El costo del alquiler redefine la situación económica de miles de hogares porteños. Al descontar ese gasto del ingreso familiar, unas 233.000 personas caen a un estrato socioeconómico inferior, la indigencia se multiplica por más de tres y la población no vulnerable se reduce en cinco puntos porcentuales.

Aunque los hogares inquilinos de la Ciudad de Buenos Aires presentan un perfil socioeconómico muy similar al promedio de la población, el peso del alquiler altera de manera significativa esa realidad cuando se considera el ingreso efectivamente disponible.

Así surge de un informe de la Fundación Tejido Urbano, que advierte que el costo de acceder y sostener una vivienda en alquiler provoca un descenso en la estratificación social de casi una cuarta parte de la población inquilina.

Según la Encuesta Anual de Hogares (EAH) del Instituto de Estadísticas porteño (IECBA), el 54,3% de los hogares inquilinos pertenece al estrato medio, una proporción prácticamente idéntica a la del conjunto de la Ciudad (53,8%). Sin embargo, la presencia de inquilinos en los sectores de mayores ingresos es menor: apenas el 10,5% integra el estrato acomodado, frente al 16,2% del total de los hogares.

Al mismo tiempo, los hogares que alquilan muestran una leve sobrerrepresentación en los sectores de menores ingresos. El 4% se encuentra en situación de indigencia (contra 3,3% del total), el 10% bajo la línea de pobreza (9% en el conjunto de la población), el 10,8% en condición de vulnerabilidad (8,6%) y el 10,5% en situación de fragilidad (9,1%).

En términos de ingresos, las diferencias son reducidas. Actualizados a abril, los hogares inquilinos registran un ingreso familiar promedio de $1.827.898 mensuales, apenas un 1,7% inferior al promedio de la Ciudad, que alcanza los $1.858.653.

Sin embargo, para Tejido Urbano, la menor participación de inquilinos entre los hogares de mayores ingresos refleja una capacidad patrimonial más limitada para afrontar los costos de acceso y permanencia en el mercado de alquileres.

El informe sostiene que las mediciones habituales de pobreza y estratificación presentan una limitación para analizar la situación de quienes alquilan, ya que clasifican a los hogares únicamente según su ingreso monetario y no contemplan el peso que representa el alquiler sobre la economía familiar.

Para dimensionar ese efecto, la Fundación realizó un ejercicio de reclasificación que descuenta del ingreso familiar el costo estimado del alquiler antes de ubicar a cada hogar en un estrato socioeconómico.

Los resultados muestran un cambio importante. En total, 233.284 personas pertenecientes a hogares inquilinos modifican su nivel de estratificación, lo que representa cerca del 8% de la población de la Ciudad y aproximadamente uno de cada cuatro inquilinos.

El mayor impacto se observa en los sectores más vulnerables. La proporción de personas en situación de indigencia pasa del 1,9% al 6,9%, mientras que la pobreza aumenta del 7% al 9,7%.

En paralelo, la población considerada vulnerable desciende al 30,1% y la población no vulnerable cae alrededor de cinco puntos porcentuales, hasta ubicarse en torno al 53,2%.

Para Tejido Urbano, este fenómeno refleja la creciente distancia entre los ingresos nominales y los ingresos realmente disponibles una vez afrontado el gasto habitacional.

“Lo que aparece es un reordenamiento social significativo: hogares que no eran considerados pobres en términos estrictamente monetarios pasan a ubicarse en situaciones de pobreza o mayor fragilidad cuando se incorpora el costo de acceder y sostener una vivienda en alquiler. La pobreza ‘tradicional’ subestima la fragilidad y parte de la clase media urbana está sostenida artificialmente por mediciones pre-habitacionales”, señalaron desde la Fundación.

Y aclararon que el ejercicio no pretende reemplazar las mediciones oficiales de pobreza, sino complementarlas con una dimensión habitacional que permita reflejar con mayor precisión los ingresos efectivamente disponibles de los hogares urbanos.

Al mismo tiempo, el informe asegura que alquilar ya no es algo “temporal” y el acceso a la vivienda propia se retrasó 10 años.

“El mercado locativo ha dejado de ser exclusivo de jóvenes que se emancipan para abarcar casi toda la vida adulta. Históricamente, en 2005, la mayoría de las personas lograba pasar del alquiler a la propiedad entre los 30 y 35 años; hoy, ese equilibrio recién se alcanza a los 45 años”, precisó Tejido Urbano.

“Esta postergación de una década en las trayectorias residenciales responde a que solo 1 de cada 5 hogares inquilinos cuenta actualmente con los ingresos formales necesarios para calificar a un crédito hipotecario, dejando al resto en una dependencia permanente del mercado de alquileres”, agregó.

La pobreza extrema, según la encuesta de hogares, muestra un aumento entre 2019 y 2025 en El Salvador. Según el economista César Villalona, la encuesta revela que el porcentaje de familias en pobreza extrema subió del cuatro por ciento en el área urbana en 2019 a poco más de siete por ciento en 2025. En las zonas rurales, este indicador pasó de cinco a diez por ciento en el mismo periodo.

Villalona explicó que la pobreza extrema se define por la imposibilidad de adquirir los productos de la canasta básica: veintidós en el área urbana y quince en la rural.

Señaló que una familia es considerada en pobreza extrema cuando no logra cubrir esos alimentos básicos con sus ingresos. Según el economista, este cambio implica que más hogares están enfrentando dificultades severas para cubrir sus necesidades alimentarias.

Por otro lado, la pobreza relativa corresponde a quienes logran cubrir la alimentación, pero carecen de vivienda adecuada, energía, agua o transporte. Villalona indicó que este grupo ha disminuido, ya que muchas familias han caído en la categoría de pobreza extrema.

La preocupación social es evidente. Según la encuesta de la UCA de 2025, el setenta y un por ciento de la población percibe de manera negativa la situación económica. Villalona subrayó que los principales motivos de preocupación son el alza de los precios y la falta de empleo, a los que se suman dificultades de salud, acceso a vivienda y servicios.

Brecha entre salarios y costo de vida

El salario mínimo urbano en El Salvador es de $408. En el sector de la construcción este monto es ligeramente superior. Sin embargo, los salarios mínimos en el campo varían entre $270 y poco más de $300.

Villalona detalló en la entrevista Encuentro, que el costo de la vida urbana, considerando vivienda, vestuario y servicios básicos, supera los $525 al mes. En el área rural, este gasto mensual ronda los $395.

El economista hizo énfasis en que ningún salario mínimo cubre estos costos. El salario promedio nacional se sitúa en $460, y entre las mujeres, la media es de $410. En cuanto a las pensiones, el ochenta por ciento de los beneficiarios recibe montos cercanos a la mínima establecida en $304. Ante este panorama, muchas familias dependen de las remesas enviadas desde el exterior para cubrir sus necesidades.

Empleo formal en descenso y expansión de la informalidad

Villalona advirtió que la informalidad laboral ha crecido durante los últimos años. En 2019, el sesenta y cinco por ciento de la población ocupada trabajaba en el sector informal, sin seguridad social ni cobertura legal. Para 2025, la cifra aumentó al setenta por ciento.

El economista atribuyó este incremento a la falta de generación de empleo formal y a despidos en diversos sectores. En el sector público, se han registrado más de treinta mil despidos. Las maquilas han perdido cuarenta mil empleos desde 2022. El sector industrial reportó una reducción de diez mil puestos de trabajo en el último año, y el campo ha perdido más de setenta mil empleos al comparar cifras actuales con años recientes.

A pesar de que la construcción y el sistema financiero han creado nuevos empleos (treinta mil y veinte mil respectivamente), Villalona señaló que estos no compensan la demanda de trabajo de las personas menos calificadas ni de quienes retornan del extranjero. La informalidad se mantiene como característica predominante en el mercado laboral salvadoreño.

En Nicaragua, los ciudadanos destinan parte de sus ingresos al pago de uno de los impuestos al consumo más altos de Centroamérica, mientras enfrentan condiciones económicas que limitan su calidad de vida. El país aplica una tasa del 15% en el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el porcentaje más elevado de la región, lo que marca una diferencia significativa respecto a países vecinos con contextos económicos más favorables.

De acuerdo con Nicaragua Investiga, la estructura impositiva en Nicaragua ubica a su población entre las más gravadas de América Latina. El 15% de IVA se aplica sobre la mayoría de las compras cotidianas, lo que reduce la capacidad de compra de las familias, especialmente en alimentos y bienes básicos. Solo Honduras iguala esta tasa, mientras que en El Salvador y Costa Rica la cifra es del 13%, en Guatemala alcanza el 12%, en Belice el 12.5% y en Panamá apenas llega al 7%.

El peso del IVA en la economía familiar resulta aún más relevante ante la comparación de indicadores sociales y salariales. Tanto Nicaragua como Honduras presentan los salarios más bajos y los mayores índices de pobreza en Centroamérica, a pesar de que sus habitantes pagan el mayor porcentaje de impuesto al consumo de la región. Esta situación evidencia una brecha entre la presión fiscal y el bienestar social, ya que el aumento en la recaudación no se traduce en mejoras tangibles para la mayoría.

El modelo económico impulsado por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo defiende la recaudación como mecanismo para financiar el desarrollo y la equidad. Sin embargo, los resultados muestran un escenario distinto. El nivel de bienestar social no supera al de países vecinos con tasas de IVA más bajas y mayor cobertura de servicios públicos. Mientras tanto, la población debe asumir gastos adicionales para suplir deficiencias en áreas como salud, educación y seguridad.

El impacto del IVA afecta de manera regresiva a los sectores más vulnerables. La carga del impuesto recae proporcionalmente más sobre quienes destinan la mayor parte de sus ingresos al consumo de bienes esenciales. En este contexto, la recaudación fiscal no logra revertir la pobreza estructural ni mejorar las condiciones de vida cuando los fondos públicos se orientan a prioridades distintas de la inversión en infraestructura, educación y salud.

El análisis económico pone en cuestión la efectividad de la política fiscal vigente. Mientras Panamá y Costa Rica logran ofrecer mejores índices de desarrollo humano con esquemas tributarios menos exigentes, los nicaragüenses deben enfrentar una doble carga: pagar el impuesto más alto de Centroamérica y costear, de forma privada, servicios fundamentales. El modelo concentrado en la recaudación indirecta limita el margen de maniobra de quienes tienen menos recursos y profundiza las desigualdades existentes.

El caso de Nicaragua ilustra cómo una elevada presión impositiva puede coexistir con bajos niveles de bienestar, especialmente cuando la gestión de los recursos públicos no prioriza la mejora de los servicios básicos. La situación económica de los hogares nicaragüenses se ve condicionada por una política fiscal que, lejos de aliviar la carga sobre los sectores vulnerables, incrementa los desafíos para alcanzar mejores condiciones de vida.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundió los nuevos valores de las canastas básicas, los indicadores que determinan cuánto necesita ganar una familia para no caer bajo la línea de pobreza o de indigencia en el Gran Buenos Aires.

La referencia es el hogar tipo, compuesto por un varón de 35 años, una mujer de 31 años, un hijo de 6 años y una hija de 8 años. Para este grupo de cuatro integrantes, la Canasta Básica Total (CBT) alcanzó en junio un valor de $1.531.472,91. Ese monto representa la línea de pobreza: todo hogar con ingresos por debajo de esa cifra queda clasificado técnicamente como pobre.

En el mismo mes, la Canasta Básica Alimentaria (CBA) de esa misma familia llegó a $689.852,67. Ese valor determina la línea de indigencia: si los ingresos del hogar no alcanzan siquiera para cubrir la alimentación básica, el grupo familiar es considerado indigente. Según el organismo, la variación mensual de la canasta básica alimentaria fue de 1,3% mientras que la de la canasta básica total fue de 2,2 por ciento.

Los incrementos acumulados

Desde diciembre de 2025, la CBT del hogar tipo acumula una suba de 17%, al pasar de $1.308.713,26 a los $1.531.472,91 registrados en junio. En el mismo período, la CBA subió también 17%, desde $589.510,48 hasta $689.852,67.

En términos interanuales, la comparación con junio de 2025 muestra incrementos más pronunciados. La CBT aumentó 35,7% en los últimos doce meses, mientras que la CBA lo hizo 36,3% en el mismo lapso.

Qué pasa con otros hogares

El Indec también publica cada mes los valores de las canastas para otros tipos de hogar, dado que la composición familiar incide directamente en los montos que determinan si un grupo es pobre o indigente.

Para un hogar de tres integrantes, compuesto por una mujer de 35 años, su hijo de 18 años y su madre de 61 años, la CBT de junio fue de $1.219.230,86 y la CBA de $549.203,09. Se trata del hogar con el costo de vida más bajo de los tres ejemplos que presenta el organismo, dado que sus integrantes equivalen en total a 2,46 adultos equivalentes.

En el otro extremo, el hogar de cinco integrantes, un varón y una mujer, ambos de 30 años, con tres hijos de 1, 3 y 5 años, registró en junio una CBT de $1.610.772,48 y una CBA de $725.573,19. Este grupo suma 3,25 adultos equivalentes y, por lo tanto, enfrenta el mayor costo de vida de los tres casos analizados.

¿Por arriba o por debajo de la inflación?

El avance de las canastas básicas se dio en un contexto de aceleración de los precios en general. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) aumentó 1,9% en junio, con una variación interanual de 33,5% y un acumulado de 16,8% en el primer semestre del año.

De esta manera, tanto la CBA como la CBT crecieron por encima del nivel general de precios en la comparación interanual y en lo acumulado del año, mientras que en la variación mensual la CBT también superó al IPC, con un alza de 2,2% frente al 1,9% del índice general. La CBA, en cambio, tuvo en junio una suba mensual de 1,3%, por debajo del 1,9% registrado por el IPC en el mismo mes.

Los valores que publica mensualmente el Indec corresponden al Gran Buenos Aires y se actualizan con los precios relevados por el Índice de Precios al Consumidor del mismo aglomerado. Con estos datos, una familia tipo de cuatro integrantes necesitó en junio ingresos superiores a $1.531.472,91 para no ser considerada pobre, y de al menos $689.852,67 para no caer en la indigencia.

Gustavo Petro poco a poco se despide de la presidencia de Colombia con una serie de declaraciones que, a su modo de ver la realidad del país, muestran cierto tinte de orgullo en su cuenta de X.

En su más reciente post, el jefe de Estado saliente afirmó haber encabezado “uno de los mejores gobiernos de la historia” del país y enumeró una serie de logros sociales y económicos al frente del Estado. La publicación estuvo acompañada de fotografías en las que aparece sonriente y con actitud distendida.

“Estoy tranquilo planeando el futuro”, escribió el mandatario saliente, cuyo gobierno concluye el 6 de agosto de 2026. “Hicimos uno de los mejores gobiernos de la historia de Colombia”, afirmó sin rodeos.

Los datos que Petro pone sobre la mesa

En su publicación, el presidente respaldó esa afirmación con cifras concretas. Señaló que la pobreza se ubica en el 25% de la población total para abril de este año, una reducción que calificó de “sustancial”.

Según datos del Dane, la pobreza monetaria llegó al 28% al cierre de 2025, su nivel más bajo en lo que va del siglo, mientras que la pobreza multidimensional cayó al 9,9%, por debajo del umbral del 10% por primera vez en la historia reciente del país.

Petro también destacó la reducción de la desigualdad social —el coeficiente de Gini descendió de 0,551 en 2024 a 0,531 en 2025— y aseguró que Colombia es el tercer país de la Ocde en disminuir la tasa de desocupación laboral.

El desempleo cerró 2025 en 8,9%, su mínimo desde 2001, según la entidad encargada de recolectar datos y analizar la estadística oficial de los diferentes sectores en el país. En materia de salud, afirmó haber reducido a la mitad la tasa de mortalidad infantil durante su mandato, cifra que fuentes oficiales vinculan al subsidio a madres cabeza de familia y a la expansión de equipos de salud en regiones.

Un balance que no todos comparten

El propio mandatario cerró su mensaje con una frase que resume el tono de la publicación: “Puedo sonreír tranquilo”.

La imagen que acompañó la publicaci´ lo muestra de cuerpo entero, con lentes de sol, chaqueta de lino beige y una sonrisa amplia, en una pose relajada que contrasta con el clima político de los últimos meses de su gobierno.

La invitación de Petro a marchar el 20 de julio

El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, volvió a convocar a una movilización nacional para el 20 de julio de 2026, en medio de su rechazo a la elección de Abelardo de la Espriella como presidente electo.

A través de sus redes sociales, Petro sostuvo que el “poder real” no está en las instituciones que certificaron el resultado electoral, sino en “la mayoría del pueblo”, y llamó a sus simpatizantes a salir a las plazas públicas del país.

En su mensaje, el mandatario insistió en desconocer la legitimidad del triunfo de De la Espriella y cuestionó a los sectores que respaldan al presidente electo. También cargó contra El Tiempo por informar sobre un primer consejo de ministros del nuevo gobierno y afirmó que ese tipo de reunión no puede considerarse válida mientras él siga siendo presidente. Incluso calificó esa situación como una forma de “sedición” en democracias más sólidas.

Petro aseguró que, una vez deje la presidencia el 7 de agosto de 2026, será “un hombre libre” y convocará al “pueblo libre” a manifestarse. En ese marco, invitó a “dar el grito por la segunda independencia” el 20 de julio y dijo: “Vamos a bailar porque el baile espanta las energías oscuras”.

La convocatoria tiene una carga política y simbólica especial, ya que coincide con la instalación del nuevo Congreso para el periodo 2026-2030.

Ser de clase media en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) requirió en junio de 2026 un ingreso familiar mensual de al menos $2.493.587,18 para un hogar tipo de cuatro integrantes, según el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Idecba). Ese misma familia quedó bajo la línea de indigencia si no alcanzó $858.406,87 y debió superar $1.577.313,83 para no ser pobre.

Para una familia tipo de la Ciudad de Buenos Aires, el umbral oficial para ingresar al sector medio fue de $2.493.587,18 mensuales y el rango de esa franja llegó hasta 7.979.478,95 pesos. Por debajo de $858.406,87, el hogar se ubicó en la indigencia, y por debajo de $1.577.313,83, en la pobreza no indigente, de acuerdo con IDECBA.

El rango completo del sector medio o clase media fue de $2.493.587,18 a $7.979.478,95 mensuales, según el cuadro de estratificación de Idecba. Por encima de ese límite, el informe ubicó a los hogares en los sectores acomodados.

La referencia corresponde al Hogar 1, que el organismo define como una pareja de 35 años, ambos económicamente activos y propietarios de la vivienda, con dos hijos varones de nueve y seis años. Sobre esa composición, el organismo estadístico ordenó los ingresos teóricos mínimos y máximos de cada estrato social en la Ciudad.

La escala de ingresos por estrato en CABA

La escala comenzó con los hogares en situación de indigencia, que en junio de 2026 quedaron entre $0 y $858.406,87 de ingreso total familiar teórico. El siguiente tramo fue el de pobreza no indigente, entre $858.406,88 y 1.577.313,83 pesos.

A partir de allí, los no pobres vulnerables se ubicaron entre $1.577.313,84 y 1.994.869,73 pesos. El sector medio frágil quedó delimitado entre $1.994.869,74 y 2.493.587,17 pesos.

El siguiente escalón fue el del sector medio o clase media, con ingresos de $2.493.587,18 a 7.979.478,95 peos. Desde $7.979.478,96, Idecba clasificó a los hogares como sectores acomodados.

La estratificación distingue seis grupos y clasifica a las personas según el estrato del hogar al que pertenecen. Según la entidad porteña, esa división permite identificar a los sectores más desprotegidos y también la heterogeneidad de los hogares no pobres en la Ciudad.

Pobreza e indigencia

Para no ser indigente, un hogar como el de referencia debió cubrir al menos la línea de indigencia, equivalente a la Canasta Básica Alimentaria (CBA). En junio de 2026, ese valor fue de $858.407 para el Hogar 1, mientras que el cuadro de estratos fijó el corte exacto en 858.406,87 pesos.

Para no ser pobre, el ingreso debió superar la línea de pobreza, que corresponde a la Canasta Básica Total (CBT). En ese mismo mes, Idecba la ubicó en $1.577.314 para el mismo hogar y en $1.577.313,83 como límite exacto dentro de la estratificación.

El informe también publicó la Canasta Total del Sistema de Canastas de Consumo, que no debe confundirse con la CBT. Para el hogar de referencia, esa Canasta Total valió $1.994.870 en junio de 2026 y funcionó como umbral entre los no pobres vulnerables y el sector medio frágil.

La inflación se desaceleró en CABA

El Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA) presentó un incremento de 1,8% en junio, de acuerdo con el último reporte del Idecba. Este resultado marca un nuevo retroceso respecto al 2,1% anotado en mayo, con una variación interanual del 32,6 por ciento. Se trata del tercer descenso consecutivo en la medición mensual.

El comportamiento de los precios tuvo diferencias según los componentes del índice. Los bienes experimentaron un alza de 1,5% en el mes, en tanto que los servicios subieron 2 por ciento. Dentro del rubro bienes, los incrementos más significativos correspondieron a alimentos, especialmente verduras, productos panificados y lácteos. También se observaron aumentos en medicamentos, autos, combustibles y productos de limpieza. El acumulado inflacionario en lo que va de 2026 se ubica en 16 por ciento.

En cuanto a los servicios, las principales subas se registraron en alquileres, sueldos del servicio doméstico y precios en restaurantes, bares y locales de comida. Otros aumentos relevantes se dieron en cuotas de medicina prepaga, pasaje de colectivo urbano y gastos comunes de vivienda.

La división vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles reportó una suba de 2,2%, con una incidencia de 0,44 puntos porcentuales sobre el nivel general, impulsada por ajustes en alquileres y tarifas de agua. Alimentos y bebidas no alcohólicas subieron un 1,6%, principalmente por el encarecimiento de verduras (5,9%), pan y cereales (2%) y lácteos (1,7%). El sector salud registró una variación de 2,9%, atribuida sobre todo a aumentos en medicina prepaga.

Entre otros rubros, transporte registró un alza de 2,1%, mientras que equipamiento y mantenimiento del hogar subió 4,1%, impulsado por mejoras salariales en el personal doméstico y mayores precios en productos de limpieza. Prendas de vestir y calzado mostró una reducción de 0,7 por ciento.

Los precios regulados avanzaron 2% y los bienes y servicios estacionales promediaron una suba de 0,1%. La inflación núcleo, agrupada bajo la categoría “resto IPCBA”, subió 1,9% durante junio.

En el análisis interanual, los principales aportes a la suba general provinieron de vivienda, alimentos, transporte y restaurantes y hoteles, que explicaron el 63,7% de la variación total. Según el informe, dentro del segmento alimentos, carnes y derivados aumentaron 40,6% en el último año, verduras 36,2% y panificados 28,3 por ciento.

El Perú vuelve a encontrarse frente a una decisión que marcará a las próximas generaciones. La pregunta no es si tenemos litio o uranio. La verdadera pregunta es si seguiremos exportando minerales o si, por primera vez en nuestra historia republicana, decidiremos exportar conocimiento. Cada cierto tiempo la historia ofrece a los países una oportunidad difícil de repetir. Hace cien años fue el petróleo. Hace cincuenta, los semiconductores. Hoy son los minerales estratégicos que sostienen la transición energética y la nueva economía del conocimiento. Mientras el mundo observa el crecimiento del litio para fabricar baterías y el renacimiento del uranio para garantizar seguridad energética, el Perú enfrenta otra vez el mismo dilema de siempre: vender el recurso o construir la industria.

No es una discusión minera. Es una discusión sobre qué tipo de país queremos ser.

Un cambio de narrativa que vale la pena reconocer

Durante décadas, el Perú habló de minería casi exclusivamente como extracción y exportación. En el próximo Foro Internacional “Uranio y Litio: Pilares del Liderazgo Energético para el Desarrollo Minero, Tecnológico y de Ciudades Inteligentes” aparece otro vocabulario: minerales estratégicos, liderazgo energético, innovación tecnológica, ciudades inteligentes, transición energética. Es un salto conceptual real. El Estado empieza a hablar el idioma geopolítico de los minerales críticos, el mismo que ya manejan Australia, Chile o Corea del Sur.

El uranio regresa a la conversación pública

De los dos minerales, el uranio es probablemente el más relevante de discutir. El Perú siempre tuvo potencial uranífero, pero el tema quedó congelado durante años por miedo social, desconocimiento técnico, ausencia de una estrategia nuclear nacional y un debate capturado por posiciones ideológicas antes que técnicas.

Que hoy reaparezca vinculado a energía limpia, seguridad energética, tecnología avanzada e industrialización —y no a la vieja retórica del arma nuclear— es un cambio enorme. Ese giro conceptual es, en sí mismo, una oportunidad que pocas generaciones tienen.

El litio solo no basta

Muchos países creen que tener el recurso los convierte automáticamente en potencia industrial. Eso es falso: tener el recurso no significa industrializar; tener reservas no significa tener la tecnología; tener soberanía estatal sobre el mineral no significa tener una cadena de valor.

La pregunta clave nunca fue “¿tenemos litio?”. La pregunta correcta es “¿qué industria vamos a construir alrededor del litio y el uranio?”. Ahí es donde entra lo que he llamado la Economía de Neutrones: así como el litio mueve la economía de los electrones —baterías, electromovilidad, almacenamiento—, el uranio mueve la economía de los neutrones: medicina nuclear, radioisótopos, agricultura de precisión, nuevos materiales, generación limpia. Ninguna de las dos economías depende principalmente del mineral. Dependen del talento que sepamos formar alrededor de él.

El RP-10 y el IPEN: una plataforma, no solo un combustible

El documento que enmarca el próximo Foro habla de innovación tecnológica, investigación, desarrollo y sostenibilidad. Eso abre un espacio que pocas veces hemos sabido ocupar: posicionar al RP-10, a los laboratorios nucleares y al Centro Nuclear de Huarangal como base real de producción de radioisótopos médicos, dopado neutrónico de silicio, irradiación industrial, trazabilidad isotópica para agroexportación e hidrología isotópica para seguridad alimentaria e hídrica.

El uranio no debe venderse solo como combustible. Debe venderse como plataforma de industrialización científica, con una hoja de ruta concreta que acompañe esa ambición.

Lo que este momento exige

El Foro es la oportunidad correcta para dar el siguiente paso: pasar de nombrar los minerales como estratégicos a dotarlos de instrumentos operativos reales. El Decreto Supremo que los declaró “críticos y estratégicos” fue un primer paso necesario; el propio sector ya reconoce que hace falta una ley técnica específica para completarlo.

Ya hemos demostrado que en el Perú sí se puede recorrer ese camino. Cuando desde el IPEN impulsamos lo que hoy es la Ley 23560, construimos un marco institucional con consecuencias reales para la actividad nuclear del país, no solo una declaración de buenas intenciones.

Esa experiencia me deja una convicción clara: lo que el litio y el uranio necesitan ahora es una ley del Congreso que los declare estratégicos con instrumentos propios —incentivos claros, plazos de ejecución, mandato de coordinación entre Minem, Produce e IPEN—, porque una ley tiene la permanencia que un reglamento no puede garantizar por sí solo.

Ese es el siguiente paso natural del Foro: convertir el liderazgo energético que hoy se declara en una hoja de ruta con plan nuclear nacional, financiamiento industrial definido y una estrategia de formación de capital humano a veinte años.

Lo verdaderamente estratégico

La combinación litio-uranio puede convertir al Perú en centro energético regional, proveedor de materiales estratégicos y nodo tecnológico sudamericano. Pero solo si el país pasa de “exportador de roca” a “productor de tecnología”. Eso exige política de Estado sostenida, reforma institucional, integración real entre universidad e industria, soberanía tecnológica e infraestructura científica.

El Centro Nuclear de Huarangal tiene el terreno, la trayectoria y el equipo humano para convertirse en polo científico-industrial, parque tecnológico y hub de materiales avanzados. Lo que falta es la ley que lo permita y el financiamiento que lo sostenga. La historia ofrece pocas oportunidades para cambiar el destino de una nación. El litio y el uranio pueden ser una de ellas. Pero solo si entendemos que el verdadero recurso estratégico no está bajo tierra: está en la inteligencia de nuestra gente y en la ley que todavía tenemos que escribir para protegerla.

Durante años, el aumento de la polarización política se ha atribuido al deterioro de las condiciones económicas y sociales. La desigualdad, el desempleo, la pérdida de poder adquisitivo o incluso la inmigración han sido señalados para justificar el auge de las posiciones extremas. Sin embargo, un estudio publicado en el número 43 de Panorama Social, la revista de ciencias sociales de Funcas, concluye que esta explicación tan habitual no resiste al análisis estadístico y ninguna de esas variables explica la radicalización ideológica de los españoles. Tras analizar casi cuatro décadas de datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), los autores sostienen que el principal motor del extremismo no es económico, sino político: la percepción de que los partidos están cada vez más alejados entre sí.

La investigación concluye que ninguno de esos factores económicos o sociales tiene un peso estadísticamente relevante a la hora de predecir la tendencia de una persona a situarse en posiciones más extremas. El factor que realmente impulsa la radicalización es político: la percepción de que los partidos están cada vez más alejados entre sí desde el punto de vista ideológico.

El trabajo, firmado por Mariano Torcal, de la Universitat Pompeu Fabra, y Emily Carty, de la Universidad de Salamanca, analiza información de más de 70.000 personas recopilada entre 1987 y 2024. Los autores pusieron a prueba el efecto de variables como la desigualdad (medida mediante el índice de Gini), el gasto social, la renta per cápita, el desempleo y el porcentaje de inmigración. El resultado fue claro: ninguna de ellas ofrece una relación consistente con el aumento del extremismo. Solo el gasto social muestra un efecto muy limitado en uno de los modelos estadísticos, pero desaparece cuando el análisis incorpora otros factores.

En cambio, la percepción ciudadana de la distancia ideológica entre los partidos sí aparece como un predictor sólido. Su coeficiente alcanza el 0,413 y apenas varía aunque se añadan nuevas variables al modelo. En la práctica, esto significa que por cada punto que aumenta la percepción de que los partidos están más enfrentados ideológicamente, el extremismo individual crece 0,413 puntos, un efecto muy superior al de cualquier otro factor analizado.

Los autores relacionan este fenómeno con el denominado partisan sorting, un proceso descrito por la literatura científica según el cual, cuando los partidos endurecen su confrontación y marcan más sus diferencias, muchos ciudadanos terminan desplazando también sus propias posiciones hacia los extremos.

Hombre, de derechas y religioso: el perfil con mayor tendencia al extremismo

Entre las características individuales, la posición ideológica previa es el segundo factor con mayor capacidad para predecir el extremismo, con un coeficiente de 0,119. Los datos muestran que los ciudadanos situados en la derecha son quienes más se han desplazado hacia posiciones extremas durante el periodo analizado. La práctica religiosa intensa, medida como la asistencia a misa varias veces por semana, también aparece como un predictor importante, con un coeficiente de 0,396.

El estudio detecta además importantes diferencias por género. Las mujeres presentan de forma sistemática niveles de extremismo inferiores a los de los hombres, con coeficientes que oscilan entre -0,078 y -0,094 según el modelo empleado. En cambio, el nivel educativo no ofrece un patrón claro. La educación secundaria superior muestra un efecto positivo en algunos análisis, pero los estudios universitarios no alcanzan una significación estadística relevante cuando se tienen en cuenta el resto de variables.

Otro de los resultados rompe con una idea bastante extendida. Una mayor fragmentación del sistema de partidos se asocia con un menor extremismo ciudadano. Los autores plantean que los sistemas multipartidistas permiten canalizar mejor la diversidad de preferencias políticas sin que los votantes tengan que desplazarse hacia posiciones más radicales. Por el contrario, los sistemas más bipolares favorecen una mayor presión hacia la polarización.

El extremismo aumenta cuando el PP está en la oposición y se disparó con Sánchez

Los dos indicadores elaborados por Torcal y Carty, el índice de extremismo ideológico individual y el de polarización bipolar agregada, muestran una tendencia creciente desde 2002. El punto de inflexión se sitúa con la llegada de José Luis Rodríguez Zapatero al Gobierno en 2004, en un contexto marcado por los atentados del 11-M y la reacción política que siguió a su inesperada victoria electoral. La tendencia continúa durante los gobiernos de Mariano Rajoy y alcanza sus niveles más altos durante los mandatos de Pedro Sánchez.

Los investigadores destacan además que el extremismo aumenta especialmente cuando el Partido Popular ocupa la oposición. A ello se suma la aparición de Podemos y Vox, que ampliaron el abanico ideológico tanto por la izquierda como por la derecha y ofrecieron a los votantes referencias políticas situadas en posiciones más extremas.

En tiempos donde las redes sociales operan como cajas de resonancia para el agravio y las identidades políticas se construyen a partir de la aniquilación discursiva del otro, las palabras de Nelson Mandela funcionan como un cable a tierra, una bofetada de lucidez humanista. La frase que corona este artículo no es un eslogan biempensante de manual de autoayuda; es la conclusión empírica de un hombre que pasó 27 años encerrado en una celda por desafiar a uno de los regímenes de segregación racial más atroces.

“Nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel, su origen o su religión. La gente debe aprender a odiar, y si pueden aprender a odiar, se les puede enseñar a amar”, se lee en El largo camino hacia la libertad (Long Walk to Freedom), la monumental autobiografía publicada en 1994, el mismo año en que Mandela se convirtió en el primer presidente negro de Sudáfrica tras las elecciones democráticas que sepultaron el apartheid. Fue un hecho histórico para la región y para el mundo.

El valor histórico de este libro es incalculable. No se trata de una mera recopilación de memorias escrita desde la comodidad del retiro. El núcleo de la obra comenzó a gestarse de manera clandestina en la prisión de Robben Island durante la década de 1970. Mandela escribía de noche, a mano, en hojas que luego sus compañeros ocultaban en los huertos de la cárcel o contrabandeaban hacia el exterior. Así transformó el dolor punitivo en alta política de reconciliación.

Para entender de dónde brota esta idea, hay que situarse en el capítulo 62 del libro. Mandela evoca los momentos más oscuros de su confinamiento, aquellos días en que el aislamiento y el maltrato físico amenazaban con quebrar la resistencia de los presos políticos. Fue allí, en el microcosmos de la opresión, donde el líder sudafricano afinó su agudeza sociológica. Allí relata cómo observaba los rostros de sus jóvenes guardias blancos, muchachos criados bajo el adoctrinamiento del nacionalismo afrikáner.

Mandela notó que cuando las jerarquías se relajaban un instante, esos carceleros mostraban destellos de una humanidad genuina, una compasión que no encajaba con el libreto oficial del odio estatal. Esa observación microscópica le otorgó una certeza macroscópica: el racismo no viene inscripto en el ADN humano. Para que un joven blanco odiara a un hombre negro, había sido necesaria una maquinaria educativa, legal y cultural previa. Se requería un esfuerzo social para torcer la naturaleza humana.

De hecho, la frase original del libro esconde una continuación que suele ser omitida en las citas rápidas, pero que dota a su pensamiento de un cierre definitivo: “Porque el amor nace más naturalmente en el corazón humano que su opuesto”. Esta cita no es un accesorio en la biografía de Mandela; es la síntesis perfecta de todo su legado político y filosófico. El pensamiento de Madiba —nombre del clan con el que se le conoce afectuosamente— se estructuró sobre dos pilares que esta frase condensa.

El primero es la plasticidad cultural del ser humano: al definir el odio como un comportamiento aprendido, le quita el carácter de “inevitable”, y si el odio es una construcción técnica, puede ser desmontada mediante la política y la educación. El segundo es la reconciliación como pragmatismo: si a la gente se le puede enseñar a amar, la construcción de una Sudáfrica democrática no requería la expulsión ni el exterminio de la minoría blanca opresora, sino su reeducación ciudadana.

Esta premisa evitó una guerra civil que el mundo entero daba por sentada. Fue la misma filosofía que lo llevó a usar el mundial de rugby de 1995 y la camiseta de los Springboks como un puente pedagógico hacia la unidad nacional, una gesta inmortalizada años después por el director Clint Eastwood en la película Invictus. ¿Por qué esta declaración sigue quemando las manos de quien la lee hoy? Porque el siglo XXI ha perfeccionado los métodos para “enseñar a odiar”.

Para el odio ya no se necesitan leyes de segregación explícitas; hoy bastan los algoritmos de optimización de la atención que alimentan las cámaras de eco en las plataformas digitales. El diseño contemporáneo del debate público nos entrena diariamente para la sospecha, la polarización y la deshumanización del adversario político, cultural o religioso. A más de tres décadas de El largo camino hacia la libertad, su advertencia se mantiene intacta: hay que fortalecer el tejido social.

¿Quién es Nelson Mandela?

Nelson Rolihlahla Mandela —nacido el 18 de julio de 1918 en Mvezo, Sudáfrica— fue un abogado, activista contra el apartheid y político que se convirtió en una de las figuras morales más imponentes de la historia contemporánea. Tras fundar la Liga de la Juventud del Congreso Nacional Africano (ANC) y liderar la resistencia armada contra el régimen supremacista blanco, fue capturado en 1962 y condenado a cadena perpetua. Pasó 27 años en prisión, la mayor parte en la dura cárcel de Robben Island.

Allí, en la cárcel, se convirtió en el símbolo global de la lucha por los derechos humanos. Liberado en 1990 bajo una inmensa presión internacional, lideró las negociaciones para desmantelar la segregación legal, lo que le valió el Premio Nobel de la Paz en 1993 junto a Frederik de Klerk, y al año siguiente asumió como el primer presidente negro y democrático de su nación (1994-1999). Su obra escrita e intelectual es un testimonio directo de su pragmatismo y resiliencia política.

Además de El largo camino hacia la libertad, su pensamiento quedó registrado en obras fundamentales como No hay camino fácil hacia la libertad, Conversaciones conmigo mismo y Cartas desde la prisión de Nelson Mandela. Tras retirarse de la vida pública para dedicarse a la filantropía y a la lucha contra el VIH a través de su fundación, Madiba falleció el 5 de diciembre de 2013 a los 95 años en Johannesburgo debido a una infección respiratoria crónica, dejando un legado imperecedero.

A menos de dos meses y medio de la fecha límite para presentar el Presupuesto 2027, el gobierno de Javier Milei dejó entrever las proyecciones económicas que espera para el año que viene, con crecimiento, baja de la inflación y la pobreza, y detalló cómo se desenvolvió la ejecución presupuestaria durante los primeros cinco meses de 2026.

En las últimas horas, el Ministerio de Economía presentó al Congreso el Informe de Avance sobre la Elaboración del Presupuesto, en el que destaca la continuidad del proceso de “normalización y crecimiento” de la economía argentina para el período 2027-2029.

Según el documento, el escenario previsto se basa en la consolidación de la estabilidad macroeconómica, la baja de la inflación y la mejora de los principales indicadores de la demanda agregada. “El crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) para el Ejercicio 2027 estará sustentado en una mejora de la inversión que redundará en mejores condiciones para el desarrollo de proyectos productivos, la recuperación del consumo privado y el sostenimiento de una contribución positiva del sector externo”, resalta el texto, que lleva la firma del ministro Luis Caputo.

Proyecciones para 2027-2029

Las estimaciones oficiales subrayan la relevancia de la evolución de los precios, ya que se prevé “una desaceleración significativa de la inflación”, lo que fortalecería la recuperación de los salarios reales y del ingreso disponible en los hogares. Según el equipo económico, este escenario “mejorará las condiciones para la toma de decisiones de consumo e inversión” y creará un entorno favorable para el crecimiento de la economía.

El informe proyecta que el mercado laboral mostrará una evolución positiva, con una reducción de la tasa de desempleo y una generación de empleo alineada con el crecimiento de la actividad económica. En materia social, la proyección oficial indica que “la tasa de la pobreza continuaría reduciéndose, al igual que la indigencia, que registraría una disminución gradual”. Además, se estima una mejora sostenida del coeficiente de Gini, indicador clave para medir la desigualdad, lo que reflejaría avances en la distribución del ingreso en el país.

En palabras del documento enviado por Economía al Congreso, el escenario de mediano plazo contempla “la consolidación de un proceso de crecimiento económico sostenido, acompañado por una reducción persistente de la inflación, una mejora de los ingresos reales, avances en los indicadores laborales y sociales y un fortalecimiento de los equilibrios macroeconómicos”.

Recursos impositivos y deuda pública

Por otro lado, el texto detalla que “las estimaciones de recursos impositivos y de aportes y contribuciones de la Seguridad Social se han realizado en el marco de lo previsto en el cronograma aprobado por la Resolución N° 446/26 del Ministerio de Economía, previendo un leve incremento real anual de los recursos durante el trienio, principalmente impulsado por la variación de la actividad y el incremento de las exportaciones”. El reporte agrega que, pese a este crecimiento, la gestión continuará con su objetivo de “devolver recursos al sector privado, mejorar la competitividad y sostener la apertura económica”.

En cuanto a la deuda pública, la programación del servicio de la deuda interna y externa para el período 2027-2029 fue realizada “en concordancia con los objetivos de sostenibilidad de la deuda pública, fortalecimiento del mercado de financiamiento y mantenimiento del equilibrio fiscal”. De acuerdo con el Palacio de Hacienda, estas proyecciones constituyen un insumo clave para la determinación de los límites financieros que serán comunicados a las distintas jurisdicciones y entidades.

A la vez, el informe también aborda la programación de gastos a ser financiados con préstamos de organismos internacionales y convenios bilaterales. El Gobierno anticipó que continuará con las acciones orientadas a la normalización institucional y el cierre progresivo de las Unidades Ejecutoras de Programas con Financiamiento Externo (UEPEX) cuyos programas hayan finalizado. El objetivo de esta política es “optimizar la asignación de recursos humanos y financieros y fortalecer la sostenibilidad de las cuentas públicas”, en línea con la búsqueda del equilibrio presupuestario y la disciplina fiscal.

Ejecución presupuestaria de 2026

Durante los primeros cinco meses de 2026, la Administración Pública Nacional registró “un resultado primario superavitario, en base devengado, de $8.425.328,7 millones (equivalente al 0,7% del PBI)” y “un resultado financiero también positivo de $2.660.474,5 millones”, según detalla el documento oficial. Los recursos totales percibidos entre enero y mayo representaron el 40,1% del presupuesto vigente.

El grueso provino de ingresos impositivos y aportes y contribuciones a la seguridad social, que alcanzaron $34.191.171,1 millones y $20.886.294,1 millones, respectivamente. El informe incluye un dato extraordinario: los recursos de capital incorporaron $1.039.903,3 millones derivados de la licitación para la operación privada de las centrales hidroeléctricas, aunque aclaró que “sin contabilizar estos ingresos, el superávit primario sería de $7.385.425,4 millones”.

Además, la cartera económica puntualizó que los ingresos impositivos experimentaron un incremento de $6.218.022,3 millones, equivalente a un 22,2% más que en igual período del año anterior, impulsados principalmente por tributos ligados a la actividad económica interna como el Impuesto al Valor Agregado (IVA) neto de reintegros, los débitos y créditos bancarios y ganancias. A la vez, “los aportes y contribuciones a la seguridad social resultaron mayores en $4.466.663,2 millones (27,2%) con relación a iguales meses del año anterior”.

En cuanto a los gastos, la Administración Pública Nacional devengó el 39,2% del nivel estimado para el ejercicio, totalizando $56.363.500,2 millones, lo que representa un aumento de $12.329.943,7 millones (28%) respecto de igual período de 2025. El gasto primario, que excluye intereses, ascendió a $50.598.646,0 millones, con una suba de $10.897.287,5 millones (27,4%) frente al año previo.

Entre los principales rubros del gasto primario, se destacan las prestaciones de la seguridad social, que sumaron $6.954.248,3 millones, principalmente por la aplicación de la política de movilidad de los haberes previsionales y la Ley de Reparación Histórica. Los intereses netos y otras rentas de la propiedad representaron $2.143.018,2 millones, mientras que las remuneraciones alcanzaron $1.314.145,6 millones en el marco de las políticas salariales vigentes. Las asignaciones familiares sumaron $1.131.830,5 millones y las compensaciones en materia energética ascendieron a $1.053.849,4 millones.

En la estructura porcentual del gasto ejecutado, los Servicios Sociales representaron el 73,9% del total, con una fuerte incidencia de la Seguridad Social (59,7%), Educación y Cultura (4,9%), Salud (4,9%) y Promoción y Asistencia Social (2,3%). La finalidad Deuda Pública explicó el 10,3% y los Servicios Económicos el 6,7%, con énfasis en Energía, Combustibles y Minería (4,1%) y Transporte (2%).

La ciudad de Nueva York ampliará Fair Fares con USD 54 millones adicionales dentro del presupuesto fiscal de 2027, una decisión que permitirá a unas 340.000 personas más acceder a un descuento del 50% en metro, autobús y transporte adaptado, y elevará a cerca de 1,3 millones el total de residentes de bajos ingresos que podrán pagar menos por sus desplazamientos diarios.

La medida formó parte del acuerdo presupuestario municipal de USD 125.800 millones. El cambio central será el nuevo umbral de ingresos: la elegibilidad pasará del 150% al 200% del umbral federal de pobreza.

El Concejo Municipal de Nueva York informó sobre el acuerdo fiscal alcanzado con el alcalde Zohran Mamdani.

Según informó The New York Times, diario estadounidense, el aumento del umbral al 200% del nivel federal de pobreza ampliará el acceso a trabajadores de ingresos bajos y medios bajos que hasta ahora quedaban excluidos por superar el límite anterior; con la nueva regla, podrían calificar personas con ingresos cercanos a USD 32.000 al año y familias de cuatro integrantes con ingresos de unos USD 66.000 anuales.

Según el Concejo Municipal, el presupuesto del ejercicio fiscal 2027 suma USD 54 millones en nuevos fondos a los USD 120.600.000 ya asignados a Fair Fares, una ampliación que permitirá incorporar a 340.000 nuevos beneficiarios y llevar el total de elegibles a cerca de 1,3 millones de residentes.

Cómo funciona Fair Fares

El programa Fair Fares funciona desde 2019 con el objetivo de abaratar el transporte público para neoyorquinos con menos ingresos. En la actualidad ofrece una rebaja del 50% en las tarifas del metro, los autobuses locales, el ferrocarril de Staten Island, el tranvía de Roosevelt Island y viajes de transporte adaptado que cumplan los requisitos.

En su página oficial, la ciudad define a Fair Fares NYC como un programa municipal para ayudar a residentes de bajos ingresos a reducir el costo de sus traslados.

El mismo sitio precisa que el descuento alcanza a viajes elegibles en metro y autobuses y que también puede aplicarse a traslados en el servicio de transporte adaptado Access-A-Ride cuando las cuentas están vinculadas.

Cualquier residente de la ciudad que cumpla con los nuevos topes de ingreso, además de los requisitos de identidad, residencia e ingresos que exige la solicitud oficial.

En los canales oficiales del programa, el gobierno municipal indica que los solicitantes deben realizar el trámite por vía digital y que, si necesitan asistencia, pueden comunicarse con el 311 o acudir a los puntos habilitados.

Una vez aprobada, la cuenta del usuario permite aplicar la tarifa reducida a sus viajes. La plataforma oficial del programa también ofrece herramientas para consultar el estado del trámite, renovar beneficios y administrar la cuenta en línea.

El plan se inserta en la discusión sobre el costo del transporte público

La ampliación no supone transporte gratuito, una propuesta que algunos concejales y defensores del sistema vienen impulsando en la ciudad. La decisión municipal apuesta, en cambio, por reforzar un mecanismo ya existente que reduce a la mitad el costo del viaje para quienes reúnen las condiciones.

El alcalde Zohran Mamdani ha mantenido su defensa de autobuses más rápidos y, con el tiempo, gratuitos. El comunicado del acuerdo presupuestario presentado por el Concejo Municipal ubicó la expansión de Fair Fares dentro de una agenda de asequibilidad y de reducción de costos para residentes que dependen del transporte público para ir al trabajo, a la escuela o a servicios esenciales.

La discusión sobre el precio del transporte y la cobertura social del sistema también estuvo presente en el seguimiento de medios locales. CBS News, cadena estadounidense, informó que el acuerdo presupuestario incorporó la expansión del descuento para 340.000 personas adicionales, junto con otras partidas negociadas en el tramo final antes del cierre del plazo de aprobación.

El acuerdo fiscal también incorpora otras partidas. Entre ellas figuran cuentas de ahorro universitario de USD 1.000 para todos los niños de preescolar de escuelas públicas mediante la ampliación de NYC Kids RISE y USD 700.000 para un programa piloto de tarjetas OMNY destinadas a estudiantes de la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY), según el detalle difundido por el Concejo Municipal de Nueva York.

A eso se suman USD 175 millones en el ejercicio fiscal 2027 y USD 125 millones a partir del ejercicio fiscal 2028 para ampliar el acceso a vales de vivienda. El presupuesto también reserva USD 79.100.000 para restablecer financiación de parques, bibliotecas e instituciones culturales, USD 86.400.000 para servicios jurídicos de inmigración y USD 6.250.000 para el Departamento de Investigación, incluida la financiación del informe sobre las toxinas del 11-S.

La pobreza en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) se mantuvo en el primer trimestre de 2026 y alcanzó al 21,1% de las personas y al 17,2% de los hogares, mientras la indigencia llegó al 8,9% y al 6,8%, respectivamente.

Según el informe Condiciones de vida en CABA del Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Idecba), el deterioro también redujo el peso de la clase media y del sector medio frágil, sin cambios significativos en los sectores acomodados en la comparación interanual.

En la Ciudad de Buenos Aires, la pobreza por ingresos aumentó frente al primer trimestre de 2025 y también frente al cuarto trimestre de 2025. De acuerdo los datos oficiales, en la comparación interanual el mayor salto se dio en la indigencia, mientras que frente al trimestre previo creció el número de hogares y personas pobres y, en el caso de las personas, la pobreza total se mantuvo en 21,1% con una composición más afectada por la indigencia.

El cuadro general dejó 651.000 personas y 236.000 hogares en situación de pobreza. Dentro de ese total, 274.000 personas y 93.000 hogares no reunieron ingresos suficientes para cubrir la canasta básica alimentaria, que marca la línea de indigencia.

La pobreza no indigente abarcó al 10,4% de los hogares y al 12,2% de las personas. El informe también precisó que los hogares vulnerables, con ingresos por encima de la canasta básica total pero por debajo de la canasta total del sistema de consumo, representaron el 9,7% de los hogares y el 10,4% de la población.

Sumados pobres y vulnerables, la franja en vulnerabilidad llegó al 26,9% de los hogares, unos 369.000, y al 31,5% de las personas, unas 971.000. A la vez, dentro de la población pobre ganó peso la indigencia: pasó a representar el 39,6% de los hogares pobres y el 42,0% de las personas pobres.

Qué cambió frente al primer trimestre de 2025

En la comparación interanual, la pobreza en personas pasó de 19,9% a 21,1%, mientras la indigencia avanzó de 6,2% a 8,9 por ciento. Entre los hogares, la pobreza subió de 15,2% a 17,2% y la indigencia de 4,1% a 6,8 por ciento.

Ese movimiento implicó 37.000 hogares más y 83.000 personas más en condición de indigencia. El propio informe de Idecba señaló que se trató del primer aumento de la pobreza luego de cinco trimestres de reducción interanual.

El documento vinculó ese deterioro con el hecho de que, en los hogares más vulnerables, las subas de ingresos no superaron el costo de la canasta básica. También indicó que, en el mismo período, las tasas de actividad y empleo se expandieron levemente y la desocupación no mostró cambios significativos.

Qué pasó respecto del cierre de 2025

Frente al cuarto trimestre de 2025, la pobreza en hogares subió de 15,7% a 17,2% y la indigencia de 4,5% a 6,8 por ciento. En personas, la pobreza total se mantuvo en 21,1%, pero cambió su composición.

La indigencia en personas avanzó de 6,8% a 8,9%, mientras la pobreza no indigente bajó de 14,3% a 12,2 por ciento. Según el informe, el aumento frente al trimestre previo en el número de hogares y personas en situación de pobreza se explicó, sobre todo, por la expansión de la pobreza no indigente.

Esa comparación, de todos modos, exige cautela. Desde el organismo estadístico advirtieron que la medición más adecuada es la interanual, porque las variaciones entre trimestres pueden reflejar factores estacionales en empleo, ingresos y precios.

Cómo se movieron la clase media y los sectores acomodados

En los estratos no pobres, la participación de los sectores medios volvió a reducirse. El sector medio frágil representó el 8,5% de los hogares y el 9,7% de las personas, equivalentes a 117.000 hogares y 300.000 personas.

Ese segmento registró una caída interanual cercana a dos puntos porcentuales. La clase media concentró el 50,8% de los hogares y el 47,2% de las personas, unos 698.000 hogares y 1.458.000 personas, con bajas de 1,7 puntos en hogares y 1,4 puntos en población.

Los sectores acomodados reunieron al 13,8% de los hogares y al 11,6% de las personas, unos 189.000 hogares y 358.000 personas. En ese estrato, el cambio interanual fue poco significativo.

El deterioro también se reflejó en otros indicadores sociales. Los hogares más afectados por la pobreza fueron los de la Zona Sur, con 24,9%, y los que tienen niños y niñas menores de 14 años, con 26,2 por ciento.

Entre niños, niñas y adolescentes de cero a 17 años, el 34,0% vivía en hogares pobres. El ingreso per cápita familiar promedio fue de $111.231 en los hogares indigentes y de $337.194 en los pobres no indigentes.

A su vez, un hogar pobre necesitó en promedio $501.201 para salir de esa situación, una brecha equivalente al 44,2% de la canasta básica total. Los hogares pobres tuvieron además un tamaño medio de 2,8 integrantes, por encima del 2,3 del promedio porteño.

Con más peso de la indigencia y de la vulnerabilidad, la estructura social de la Ciudad perdió participación en sus tramos medios. El resultado fue una contracción de los sectores intermedios, mientras los estratos acomodados se mantuvieron sin cambios relevantes en la comparación con un año atrás.

La distribución del ingreso en la Argentina urbana se deterioró en los primeros tres meses de 2026. El indicador que mide la desigualdad entre los hogares retrocedió a un nivel que no se registraba desde comienzos de 2024, según el informe de Evolución de la Distribución del Ingreso que el Indec publicó este miércoles, basado en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH).

El Coeficiente de Gini del ingreso per cápita familiar de las personas llegó a 0,442 puntos en el primer trimestre de 2026, frente a 0,435 que había registrado en el mismo período de 2025. Es el valor más alto desde el primer trimestre de 2024, cuando había alcanzado 0,467 en el pico más elevado de la serie reciente, en pleno impacto de la devaluación de diciembre de 2023.

El Coeficiente de Gini es uno de los instrumentos estadísticos más utilizados para medir la desigualdad en la distribución del ingreso. Toma valores entre 0 y 1: cuanto más cerca del 0, mayor es la igualdad; cuanto más cerca del 1, mayor es la concentración. A diferencia de otros indicadores —como la brecha entre los extremos de la distribución—, el Gini toma en cuenta al conjunto de la población y no solo los valores en los extremos. El Indec lo calcula con datos desagregados, lo que lo hace más preciso que si se utilizaran agrupamientos por deciles.

La brecha entre ricos y pobres

Otro indicador que mide la distancia entre los extremos de la distribución es la brecha entre el decil más alto y el más bajo del ingreso per cápita familiar. En el primer trimestre de 2026, la mediana del decil 10 fue 15 veces mayor que la del decil 1, el mismo cociente que en igual período de 2025. Sin embargo, ese valor es superior al que se registró durante los tres trimestres anteriores, cuando la brecha había sido de 13, en el tercer trimestre de 2025. El propio informe aclara que esta variación responde en parte al “efecto del aguinaldo”: los resultados del primer y tercer trimestre de cada año están afectados por su captación, mientras que los del segundo y cuarto no lo están.

El decil 10 concentró el 33,5% del ingreso total, con un ingreso medio de $2.435.937. En el extremo opuesto, el decil 1 reunió apenas el 1,8% del ingreso, con un promedio de $130.550. La diferencia de promedios entre ambos extremos fue de 19 veces.

Qué ganó cada grupo

El ingreso promedio per cápita del total de la población, que abarcó 30,1 millones de personas, fue de $728.008 en el primer trimestre de 2026, con una mediana de $500.000. La suma total de ingresos para esa población ascendió a $21.909.502 millones, lo que implicó un incremento nominal del 35,6% frente al mismo trimestre de 2025.

La distancia entre estratos fue pronunciada. El ingreso medio del estrato bajo —los cuatro primeros deciles del ingreso per cápita familiar— fue de $264.131, mientras que el del estrato alto —los dos últimos deciles— llegó a $1.823.599, casi siete veces más. El estrato medio, que agrupa los deciles del 5 al 8, tuvo un ingreso promedio de $644.818.

El 61,9% de la población total —18.634 miles de personas— percibió algún ingreso. Dentro de ese grupo, el ingreso promedio individual fue de $1.153.457, siempre hablando del primer trimestre del año.

La brecha de género

Entre quienes perciben ingresos, la desigualdad también se expresó en la diferencia entre varones y mujeres. El ingreso promedio individual de los varones fue de $1.352.247, frente a $959.030 de las mujeres.

La brecha de género en el ingreso de la ocupación principal —calculada como la diferencia entre ambos promedios en relación al de los varones— fue del 29,1% en el primer trimestre de 2026, frente al 27,8% del mismo período de 2025. Es el valor más elevado de toda la serie que releva el Indec desde el primer trimestre de 2022.

Formales e informales

La condición de formalidad marcó una diferencia significativa. Entre los trabajadores asalariados —9,7 millones de personas con un ingreso promedio de $1.136.558—, quienes contaban con descuento jubilatorio percibieron en promedio $1.375.143, un 35,9% más que en igual trimestre del año anterior. Los asalariados sin descuento jubilatorio, en cambio, tuvieron un ingreso promedio de $731.150, con una variación interanual del 51,3%, aunque partiendo de una base significativamente más baja. La relación entre ambos grupos evidencia que los trabajadores informales ganaron, en promedio, poco más de la mitad que sus pares formales.

Un reciente estudio de Experian Perú revela que la ansiedad por el dinero obtuvo 48,7 puntos en una escala de bienestar financiero del 0 al 100, convirtiéndose en el indicador con peor desempeño y el único que se ubica por debajo del umbral considerado neutral. La realidad económica, marcada por el aumento del costo de vida y la persistencia de la pobreza, está dejando huellas que van más allá de los números y afectan la tranquilidad cotidiana de millones de ciudadanos.

La ansiedad por no llegar a fin de mes golpea a millones de peruanos

La preocupación por quedarse sin dinero antes de terminar el mes es una experiencia cada vez más común en el Perú. Para numerosas familias, la administración del presupuesto diario se ha convertido en un ejercicio constante de sacrificios y decisiones difíciles.

“Cuando llegas tienes que pagar las cosas, entonces no alcanza. Entonces te da una desesperación, así como si fuera que te vas a desmayar. Así yo me siento”, relató a 24 Horas Maribel Gutiérrez, una trabajadora que actualmente busca sostener a su familia mediante la venta de mazamorra luego de quedarse sin empleo.

Su caso refleja la situación de miles de personas que integran el 5,9 % de la población desempleada y que han optado por el emprendimiento como alternativa para generar ingresos. Sin embargo, la informalidad y las restricciones para trabajar en espacios públicos complican aún más la posibilidad de obtener recursos estables.

El Índice de Bienestar Financiero de Experian señala que el componente relacionado con el estrés económico obtuvo uno de los puntajes más bajos dentro del estudio. En particular, la variable denominada ansiedad por dinero mostró un resultado de 48,7 puntos, evidenciando que una parte importante de la población vive con incertidumbre respecto a su capacidad para cubrir gastos básicos.

“El apartado de ansiedad por el dinero es cuando le preguntas a la persona qué tan ansiosa se siente de llegar a fin de mes, si le va a alcanzar o no el dinero. Es algo que debemos mejorar porque la salud mental puede verse seriamente afectada”, explicó Elio Peralta, consultancy and business development manager de Experian Perú, en conversación con Gestión.

Según el informe, la situación económica del país influye directamente en esta percepción. Actualmente, el 25,7 % de los peruanos vive en condición de pobreza, mientras que el acceso al crédito formal continúa siendo uno de los más bajos de la región, limitando las alternativas para enfrentar emergencias o imprevistos.

Para la directora académica de las carreras de economía de la UPC, Claudia Sícoli, los problemas financieros terminan impactando en distintos aspectos de la vida familiar.

“Muchos de los problemas financieros traen consecuencias directas en temas de salud y de relaciones familiares, ya sea de pareja o de padres con hijos. Suelen afectar a todo el entorno familiar y no solo a la persona que lo está experimentando directamente”, advirtió.

El aumento del costo de vida y los bajos ingresos agravan la situación de los adultos mayores

El economista Jorge González Izquierdo considera que existe actualmente un “divorcio entre la macro y la microeconomía”. Mientras algunos indicadores muestran estabilidad o crecimiento económico, la realidad cotidiana de los hogares refleja otra historia.

“Hay sectores de la sociedad peruana que están sujetos a un sueldo que no se reajusta desde hace un buen tiempo. Mientras los precios siguen subiendo, el sueldo no se reajusta, entonces su capacidad de compra va disminuyendo. Por eso sienten que a fin de mes ya no pueden comprar”, sostuvo en entrevista con 24 Horas.

El especialista añadió que las alzas en el costo de vida continúan avanzando a un ritmo superior al crecimiento de los ingresos familiares, especialmente entre trabajadores dependientes y personas con ingresos fijos.

Esta situación adquiere una dimensión aún más compleja en la población adulta mayor. El estudio de Experian identificó una caída significativa en los niveles de resiliencia financiera entre las personas mayores de 64 años. Mientras otros grupos etarios mantienen puntajes superiores a 60 puntos, este sector registra apenas 42,5.

La resiliencia financiera mide la capacidad para enfrentar emergencias económicas o acontecimientos inesperados sin comprometer la estabilidad del hogar. Los resultados sugieren que muchos jubilados o adultos mayores perciben que no cuentan con herramientas suficientes para responder ante enfermedades, incrementos de precios o cualquier gasto extraordinario.

“Debemos poner atención especial a esa población porque siente que ante cualquier eventualidad no va a tener las herramientas financieras para poder enfrentarlas”, señaló Peralta.

La problemática también está vinculada con la escasa cultura del ahorro y la limitada cobertura del sistema previsional. Solo alrededor del 30 % de los trabajadores peruanos se encuentra en la formalidad y realiza aportes regulares para su jubilación, dejando a una amplia mayoría expuesta a mayores dificultades económicas durante la vejez.

Pese a ello, el informe identifica una característica particular en este grupo etario: los adultos mayores presentan mejores indicadores de control financiero, con una puntuación de 69,8 puntos. Según Experian, esto estaría relacionado con hábitos de austeridad más arraigados, una menor exposición al crédito de consumo y una administración más conservadora del presupuesto familiar.

No obstante, la disciplina en el manejo del dinero no siempre resulta suficiente frente a pensiones reducidas, gastos médicos crecientes y un contexto donde el incremento de precios continúa afectando el poder adquisitivo. Para muchos peruanos, especialmente los mayores, cada compra diaria representa un nuevo cálculo para determinar si el dinero alcanzará hasta el siguiente mes.

La región de Centroamérica y República Dominicana registra altos niveles de pobreza multidimensional, según un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). La medición incluye carencias en salud, educación, vivienda, empleo, acceso a servicios y derechos, más allá del nivel de ingreso.

Las mediciones presentadas por la CEPAL y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) muestran contrastes entre los países centroamericanos. Guatemala y Honduras figuran entre los de mayor incidencia, con tasas de pobreza multidimensional superiores al 10%, mientras Costa Rica y Panamá presentan los niveles más bajos de la subregión. En República Dominicana, el índice también muestra cifras sobre acceso a servicios y bienestar.

De acuerdo con la medición global del PNUD y la Iniciativa de Pobreza y Desarrollo Humano de Oxford (OPHI), Guatemala registra una incidencia de pobreza multidimensional del 28.9% (2014/2015); Honduras, 12% (2019); El Salvador, 7.9% (2014); Nicaragua, 15.6% (2014, dato Banco Mundial); Panamá, 2.4% (2022); Costa Rica, 0.5% (2018), y República Dominicana, 2.3% (2019). Estas cifras reflejan la proporción de personas que experimentan al menos una privación grave en dimensiones como vivienda, educación o acceso a servicios básicos.

¿Cómo se mide la pobreza multidimensional?

Las mediciones nacionales, según la CEPAL, adoptaron metodologías que incluyen dimensiones como salud, educación, trabajo, acceso a servicios, vivienda, alimentación y, más recientemente, acceso a Internet. Por ejemplo, Honduras considera privaciones en salud, educación, trabajo y vivienda, mientras Guatemala suma seguridad alimentaria, empleo digno y servicios básicos.

República Dominicana incluye en su índice nacional dimensiones como vivienda y entorno, brecha digital, educación y cuidado infantil, sustento, trabajo y salud. En todos los casos, las dimensiones tienen el mismo peso relativo y los umbrales de privación varían entre el 25% y el 33% del total de privaciones posibles.

Internet y vivienda en los índices oficiales

El acceso a Internet cobró relevancia como indicador en los índices oficiales de Costa Rica, Panamá y República Dominicana desde 2015 y 2017, respectivamente. En Costa Rica, se considera que los hogares están privados si no usan Internet en casa, mientras que en Panamá y República Dominicana se aplican criterios combinados, como la frecuencia de uso y la disponibilidad de dispositivos.

Según la CEPAL, este indicador permite medir la inclusión en la sociedad de la información y las oportunidades educativas y laborales. Otro aspecto es el hacinamiento habitacional, medido por la cantidad de personas por dormitorio o por cuarto en cada hogar.

Guatemala y Honduras presentan las tasas más altas de hacinamiento en la región, con indicadores superiores al 40% de la población, según los umbrales recomendados por organismos internacionales. En Nicaragua, la incidencia también es alta, mientras Costa Rica y Panamá muestran niveles más bajos.

En República Dominicana, el indicador oficial establece privación cuando hay tres o más personas por dormitorio o aposento y, en 2022, la incidencia se ubicó en 19%.

Servicios básicos, género y límites de la información

Las brechas en el acceso a servicios básicos, como agua potable, saneamiento y electricidad, continúan afectando especialmente a las zonas rurales de Centroamérica. Los índices nacionales de pobreza multidimensional incluyeron estos indicadores para captar con más precisión la magnitud de las carencias y orientar las políticas públicas.

La CEPAL señala que la disponibilidad y calidad de la información estadística sigue siendo un reto, ya que muchas encuestas nacionales no recogen de manera sistemática datos sobre todas las dimensiones relevantes, como salud mental, seguridad ciudadana o calidad de la educación.

La desigualdad de género también aparece en la medición de la pobreza multidimensional. El informe señala que la sobrecarga de trabajo doméstico y de cuidado no remunerado recae principalmente en las mujeres, lo que limita su autonomía económica y su acceso a oportunidades laborales.

Los resultados muestran que, pese a los avances, Centroamérica y República Dominicana enfrentan retos estructurales para garantizar el acceso de toda la población a condiciones dignas de vida, educación, salud y servicios esenciales.

Según la CEPAL, la reducción de la pobreza multidimensional requiere políticas integrales que combinen intervenciones en todas las dimensiones y respondan a las especificidades de cada país, con atención tanto a las privaciones materiales como a las vinculadas con el ejercicio de derechos y la inclusión social.

Panamá ya logró algo que durante años fue una meta para el sector turístico: aumentar de forma sostenida la llegada de visitantes internacionales.

Sin embargo, el verdadero desafío ahora no está en atraer más viajeros, sino en conseguir que una mayor proporción de ellos llegue a las provincias donde persisten las mayores brechas de desarrollo económico.

Esa es la principal conclusión del estudio “Más visitantes, menos brechas: el turismo como motor del desarrollo territorial", elaborado por la consultora INDESA para el Foro de Turismo 2026 de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE).

El informe plantea que el turismo representa una de las pocas actividades económicas con capacidad para distribuir crecimiento fuera de la capital, generar empleo local y atraer inversión hacia territorios que históricamente han permanecido alejados de los principales motores económicos del país.

La reflexión surge en un contexto marcado por fuertes contrastes. Panamá figura entre las economías con mayor ingreso per cápita de América Latina, pero mantiene importantes diferencias territoriales.

Actualmente, el 83% de la actividad económica nacional se concentra en Panamá, Panamá Oeste y Colón, mientras que buena parte del interior continúa enfrentando menores oportunidades de empleo formal, ingresos e inversión productiva.

Para INDESA, las provincias ubicadas al oeste del Canal —Coclé, Herrera, Los Santos, Veraguas, Chiriquí, Bocas del Toro y Panamá Oeste— reúnen condiciones para convertirse en polos de desarrollo turístico.

Estas regiones concentran cerca del 77% de la población que reside fuera de la capital y cuentan con atractivos naturales, culturales y gastronómicos capaces de atraer una mayor cantidad de visitantes nacionales e internacionales.

La presidenta de APEDE, Giulia De Sanctis, sostiene que el valor del turismo radica precisamente en su capacidad de llevar actividad económica directamente a los territorios.

“Cuando un visitante llega a una comunidad, no solo beneficia a un hotel o restaurante; también genera oportunidades para productores, transportistas, emprendedores, artesanos y numerosos proveedores locales", destacó la dirigente empresarial.

El estudio advierte que una de las principales limitaciones para que el turismo contribuya a reducir las brechas territoriales es la concentración de los flujos de visitantes en la capital y sus alrededores.

Más del 83% de los turistas internacionales ingresan por el Aeropuerto Internacional de Tocumen y, para muchos de ellos, desplazarse hacia los principales destinos del interior implica viajes de más de tres horas.

Según los autores, esta situación restringe el efecto multiplicador que podría tener la actividad turística sobre las economías locales.

Los beneficios potenciales son significativos. De acuerdo con las estimaciones de INDESA, por cada $100 generados en hoteles y restaurantes se producen aproximadamente $60 adicionales en otros sectores de la economía.

Además, cada millón de dólares en ventas turísticas genera más de 42 empleos, una de las mayores capacidades de creación de puestos de trabajo entre las distintas actividades económicas del país.

La investigación también destaca que el turismo puede ofrecer oportunidades laborales mejor remuneradas que algunas de las actividades tradicionales del interior. El salario mediano del sector alcanza los $663.8 mensuales, más del doble del registrado en actividades agropecuarias, donde ronda los $302.9.

Para los especialistas, el reto consiste en construir las condiciones necesarias para que más visitantes lleguen a esas regiones. Eso implica fortalecer la conectividad vial y aérea, mejorar la infraestructura turística, ampliar la oferta de servicios y promover una mayor integración de proveedores locales a la cadena de valor.

El informe señala que existen señales alentadoras. Desde 2020 se han identificado inversiones potenciales por $17,820 millones en distintos sectores económicos, de las cuales cerca del 47% se localizan en el interior del país.

INDESA también cita experiencias exitosas de la región. Destinos como Punta Cana, en República Dominicana, y Guanacaste, en Costa Rica, lograron desarrollar polos turísticos fuera de sus principales centros urbanos, impulsando la inversión, el empleo y la reducción de brechas sociales en esas zonas.

Las perspectivas de largo plazo son ambiciosas. Si Panamá logra fortalecer su conectividad, infraestructura y oferta turística, el país podría alcanzar 4.4 millones de visitantes internacionales hacia 2035.

De ese total, alrededor de 1.5 millones llegarían al interior, lo que permitiría más que duplicar el gasto turístico fuera de la capital, pasando de aproximadamente $2,100 millones a $4,600 millones.

Para APEDE, el mensaje es claro: el turismo debe ocupar un lugar central dentro de la estrategia nacional de desarrollo. Más allá de la generación de divisas, el sector tiene el potencial de convertirse en una herramienta concreta para atraer inversión, crear empleos y distribuir de manera más equilibrada los beneficios del crecimiento económico en todo el territorio nacional.

Cerca del 20% de las familias hondureñas tuvo que prescindir de al menos una comida por semana durante el último año, según el informe Estado de País 2026. El estudio también advierte que persisten la vulnerabilidad social, las dificultades para cubrir alimentos y un crecimiento económico insuficiente para mejorar las condiciones de vida.

El documento señala que una parte de los hogares se vio obligada a reducir la cantidad de alimentos consumidos por las limitaciones económicas, en un contexto de aumento del costo de vida y pérdida de poder adquisitivo.

Esta situación alcanzó a cientos de miles de hogares en distintas regiones del país y muestra que el acceso a la alimentación sigue entre las principales preocupaciones de la población.

La investigación indica que la compra de alimentos se ha convertido en el gasto más difícil de cubrir para una parte de los ciudadanos, por encima de otros compromisos relacionados con vivienda, salud y educación.

Para muchas familias, el presupuesto mensual ya no alcanza para satisfacer todas las necesidades básicas y las obliga a establecer prioridades entre alimentación, transporte, medicamentos o servicios públicos.

La presión económica llevó a muchas personas a modificar hábitos de consumo, reducir porciones o buscar alternativas más económicas para sostener la alimentación familiar.

Crecimiento sin resultados

El informe también analiza el desempeño económico de Honduras durante las últimas dos décadas. Aunque el país registró períodos de crecimiento durante los primeros años del siglo XXI, impulsados por factores como la recuperación posterior al huracán Mitch y distintos programas de apoyo internacional, ese dinamismo perdió fuerza con el tiempo.

Desde finales de la década pasada, Honduras enfrentó una sucesión de acontecimientos que frenaron la expansión económica. Crisis políticas, fenómenos climáticos, emergencias sanitarias y choques internacionales afectaron la capacidad de generar crecimiento sostenido y de traducirlo en mejores condiciones de vida para la población.

Aunque la economía se mantuvo en terreno positivo, el ritmo de expansión sigue siendo insuficiente para reducir de forma significativa la pobreza y la desigualdad. El análisis sostiene que el país sigue lejos de alcanzar niveles de crecimiento que permitan acelerar la creación de empleo y ampliar las oportunidades económicas.

El peso de las remesas

Otro aspecto que señala el estudio es la creciente dependencia de las remesas familiares. Los recursos enviados por hondureños que residen en el extranjero representan una de las principales fuentes de ingreso para miles de hogares y tienen un peso determinante en el consumo interno.

Los datos muestran que las remesas superan ampliamente los ingresos por exportaciones, un comportamiento que refleja tanto la importancia de esos recursos para la economía nacional como las limitaciones del aparato productivo para generar suficientes oportunidades dentro del país.

Esa dependencia también supone riesgos. Una eventual disminución en el flujo de remesas tendría repercusiones directas sobre el consumo de miles de familias que utilizan esos recursos para cubrir alimentación, vivienda, educación y otros gastos esenciales.

El estudio plantea que el país necesita avanzar hacia un modelo económico capaz de generar bienestar de manera más amplia y sostenible.

Para ello, identifica como áreas prioritarias el fortalecimiento de la seguridad jurídica, la modernización de la infraestructura, la mejora de los servicios energéticos y el impulso a la formación técnica y tecnológica para responder a las demandas del mercado laboral.

El contraste entre las zonas humildes de Basilea y las villas miseria latinoamericanas no radica en la precariedad física ni en la ausencia de servicios básicos. Según la información recabada por la Oficina Estadística del Cantón de Basilea-Ciudad (Statistisches Amt des Kantons Basel-Stadt), Klybeck figura como el barrio con los indicadores socioeconómicos más bajos del cantón, pero mantiene condiciones materiales que distan por completo de las características de la informalidad urbana y la exclusión estructural. El término “favela”, aplicado en tono irónico por inmigrantes latinoamericanos, apunta más a la comparación estética y al contraste local que a una realidad de carencia estructural.

En la geografía urbana de Basilea, Kleinbasel se ubica en la margen norte del río Rin y representa históricamente el polo obrero e industrial de la ciudad, frente a Grossbasel, el sector histórico y financiero. Dentro de Kleinbasel, Klybeck destaca como un barrio residencial e industrial, vinculado desde sus orígenes a los complejos fabriles y habitacionales de Novartis y otras industrias químicas. El perfil poblacional de estos barrios revela una concentración de migrantes y familias obreras que, pese a su bajo poder adquisitivo local, acceden a una calidad de vida impensable en los márgenes urbanos de América Latina.

La percepción de marginalidad que recae sobre Kleinbasel y Klybeck responde, en gran parte, a un sesgo de origen interno suizo. La reputación de zona “peligrosa” surge de la concentración de poblaciones extranjeras, los alquileres más accesibles y la densidad de bares y discotecas. Según análisis locales y testimonios recabados en foros ciudadanos, la “mala fama” proviene mayormente de habitantes de cantones periféricos o rurales, donde se observa con recelo la diversidad multicultural. Los incidentes delictivos, cuando existen, suelen limitarse a riñas ocasionales en la vida nocturna y pequeñas infracciones vinculadas a la tolerancia de actividades como la prostitución en zonas específicas, como los alrededores de Claraplatz.

El nivel de vida en estos barrios se encuadra en los estándares de la clase media y trabajadora europea. La infraestructura urbana garantiza cobertura total de servicios esenciales: agua potable, electricidad, calefacción central, recolección automatizada de residuos, conectividad de alta velocidad y una red de transporte público que integra los sectores más humildes con el centro financiero sin diferencias de calidad. El sistema de tranvías, símbolo de la movilidad suiza, conecta cada rincón del distrito con puntualidad y comodidad, asegurando accesibilidad para todos los residentes.

El acceso a la educación y la salud tampoco depende del código postal. La educación pública suiza es gratuita y obligatoria, y el rendimiento escolar de los alumnos de Kleinbasel y Klybeck se mide con los mismos estándares que en cualquier otro barrio del país. El sistema sanitario, gestionado a través del seguro médico obligatorio —el Krankenkasse—, recibe subsidios estatales automáticos para los residentes de menores ingresos. El Estado cubre hasta el 100% de la cuota mensual de los seguros en los segmentos más desfavorecidos, evitando que la precariedad económica derive en exclusión sanitaria.

La estructura habitacional de Klybeck y Kleinbasel descarta la existencia de construcciones informales. Todas las viviendas, aunque pequeñas, responden a normativas estrictas de aislamiento térmico, seguridad y mantenimiento técnico. En Klybeck, el 83,3% de los residentes vive en departamentos de alquiler, y cuando los ingresos caen, las asignaciones municipales de vivienda cubren parte del alquiler para prevenir desalojos y garantizar la habitabilidad. El hacinamiento, en términos estadísticos, se traduce en familias de cuatro personas que comparten departamentos de tres ambientes, sin cuartos individuales o grandes espacios de recreación, pero sin perder acceso a los servicios básicos ni enfrentar condiciones de insalubridad.

Los indicadores demográficos del barrio de Klybeck reflejan la mayor densidad de inmigrantes de toda Basilea: el 53% de su población es extranjera, muy por encima del promedio urbano del 37,8%. Los principales orígenes son Turquía, Italia, la península balcánica, el norte de África y Europa del Este. El espacio habitable promedio por persona es de 33 metros cuadrados, mientras que en el acomodado Altstadt Grossbasel la cifra asciende a 53,7 metros cuadrados. La diversidad cultural se refleja en las escuelas: solo el 18,2% de los estudiantes de primaria tiene el alemán como lengua materna y apenas el 11,5% accede al Gymnasium, el bachillerato que habilita el ingreso directo a la universidad, frente a un promedio cantonal superior al 37%.

La brecha económica se percibe en la comparación de ingresos. El ingreso medio bruto de los hogares en Klybeck alcanza los 63.468 francos suizos anuales (aproximadamente 70.000 dólares estadounidenses), la cifra más baja del cantón. Para poner en contexto, la mediana en Basilea-Ciudad es de 81.023 francos y en los barrios más ricos, como Altstadt Grossbasel o Bettingen, supera los 115.000 y 118.000 francos anuales, respectivamente. El ingreso neto imponible individual en Klybeck ronda los 36.800 francos al año, ubicando al barrio en el último lugar de la tabla fiscal local. Además, el área registra la mayor proporción de beneficiarios de ayuda social y la menor tasa de población activa empleada del cantón.

A pesar del bajo poder adquisitivo local, la pobreza en Klybeck adquiere una forma particular. El umbral de pobreza relativa, fijado por Caritas y las oficinas sociales en unos 2.500 francos mensuales para un soltero y 4.000 para una familia tipo, sitúa a muchas familias de Klybeck cerca o por debajo de esa línea. Sin embargo, el Estado suizo interviene antes de que la carencia se traduzca en precariedad urbana visible. Las políticas públicas incluyen la reducción automática de primas médicas, el subsidio parcial o total del alquiler y la garantía de acceso a servicios públicos de calidad. La vulnerabilidad se detecta en las declaraciones de impuestos, no en el entorno físico.

El fenómeno de la gentrificación representa el principal foco de conflicto en la actualidad. El cierre de antiguas plantas industriales, como parte de los proyectos de reconversión urbana Klybeckplus y Rheinsee, liberó grandes terrenos que atrajeron a inversores y desarrolladores privados. Según estudios publicados por el Radical Housing Journal y citados por la especialista Claudia Gehriger, la especulación inmobiliaria lleva a cancelaciones masivas de contratos de alquiler y remodelaciones que afectan principalmente a las familias pobres, extranjeras y monoparentales. Este proceso de transformación urbana intensifica la competencia por los pocos alquileres accesibles y empuja a los sectores de menores recursos fuera del área central.

La pobreza energética, otro de los desafíos contemporáneos en Suiza, no se traduce en cortes de suministro o precariedad habitacional, sino en la dificultad para afrontar los costos fijos de vida. Informes recientes del grupo ReHousIn destacan que “las desigualdades, tales como la pobreza energética y los problemas sociales causados por la creciente dificultad de acceso a la vivienda, son absorbidas por el Estado”. La red de contención social impide que surjan asentamientos informales o villas miseria, pero no elimina la presión económica sobre las familias trabajadoras.

En cuanto a la seguridad, Basilea muestra tasas de criminalidad superiores al promedio suizo, aunque conserva el estatus de una de las ciudades más seguras del mundo. Kleinbasel es transitable y seguro en cualquier horario, y las advertencias locales se limitan a recomendaciones de sentido común en zonas de ocio nocturno.

La vida cultural de Kleinbasel y Klybeck se manifiesta en una agenda repleta de eventos, mercados y actividades sociales a orillas del Rin, especialmente en verano. El Matthäusmarkt, el mercado de los sábados en Matthäusplatz, atrae a residentes y visitantes, consolidando la imagen de la zona como un espacio vibrante y en transformación.

La ubicación fronteriza de Basilea aporta una dinámica económica singular. Muchos habitantes de los barrios populares cruzan regularmente a Alemania o Francia para realizar compras en euros, aprovechando la diferencia cambiaria y reduciendo los gastos en productos básicos. Este turismo de compras constituye una estrategia de ahorro para familias que enfrentan un alto costo de vida, pero disfrutan de un salario base cercano a los 4.000 francos suizos y la cobertura de un sistema de salud obligatorio.

El modelo suizo demuestra que la desigualdad de ingresos no deriva necesariamente en miseria cuando el Estado garantiza un piso de servicios idéntico para todos los ciudadanos. El estándar mínimo de bienestar en barrios como Klybeck y Kleinbasel supera ampliamente el máximo nivel alcanzado en muchos sectores urbanos de América Latina.

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) difundió que el 30,5% de la población en Perú experimentó inseguridad alimentaria moderada o severa durante 2025, según datos recogidos a través del Módulo de Inseguridad Alimentaria incluido en la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO).

La medición se basó en la Escala de Experiencia de Inseguridad Alimentaria (FIES), validada con el acompañamiento técnico de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), lo que permite comparabilidad internacional y una visión precisa de la situación.

Desigualdad geográfica y factores asociados

El informe muestra que la incidencia de inseguridad alimentaria es mayor en zonas rurales (35,4%) frente a las urbanas (29,3%). Por regiones naturales, la Selva concentra la mayor prevalencia (35,3%), mientras que a nivel departamental, Loreto (46,9%) y Puno (43,4%) encabezan la lista, en contraste con Moquegua, donde el porcentaje es el más bajo (13,7%).

La investigación, que abarca los 24 departamentos y la Provincia Constitucional del Callao, permite identificar patrones diferenciales según el entorno y el acceso a servicios.

Intensidad y rostros de la inseguridad alimentaria

La inseguridad alimentaria severa afecta al 3,4% de la población, cifra que representa a quienes enfrentaron omisión total de comidas por falta de recursos. Esta problemática es más aguda en la Selva (4,5%) y en los departamentos de Loreto y Madre de Dios, donde la prevalencia severa oscila entre el 7,4% y el 10%.

Según el INEI, el riesgo se incrementa en hogares con altos niveles de privación y en aquellos con miembros vulnerables, como niños menores de cinco años (34,2%) y personas con discapacidad (37,5%).

Brechas socioeconómicas y demográficas

El análisis revela que la inseguridad alimentaria se intensifica entre los grupos más pobres: el 44,7% del 20% más pobre y el 49,7% de quienes se encuentran en pobreza extrema la padecen.

Además, afecta más a hogares con jefatura femenina (34,9%), a quienes tienen menor nivel educativo (38,5% con educación primaria frente a 18,6% con superior) y a casas donde el jefe está desocupado (40,4%) o se desempeña en empleos informales.

Las carencias de servicios básicos, como agua, saneamiento o electricidad, agravan el panorama: sin alumbrado eléctrico, la prevalencia sube a 46,1%.

Calidad de la medición y validación internacional

El INEI implementó el módulo de inseguridad alimentaria en la ENAHO desde enero de 2025, siguiendo estándares internacionales y bajo supervisión técnica de la FAO.

La Escala FIES, adaptada al contexto peruano, fue validada con capacitaciones, pruebas piloto y revisiones metodológicas, lo que refuerza la solidez de los resultados. El informe destaca la baja tasa de no respuesta, incluso en áreas rurales y entre los estratos de menores ingresos.

Implicancias para las políticas públicas

El reporte del INEI subraya que la inseguridad alimentaria no solo refleja dificultades en el acceso a alimentos, sino que se vincula con pobreza, empleo, educación y vivienda.

El organismo sostiene que la inclusión permanente de este módulo permitirá monitorear el avance hacia el Objetivo de Desarrollo Sostenible 2 (“Hambre Cero”) y evaluar la eficacia de las políticas públicas.

La colaboración técnica con la FAO respalda la validez internacional de las cifras y facilita el diseño de intervenciones para reducir la brecha alimentaria en el país.

Los datos fueron divulgados junto con el informe nacional de pobreza monetaria correspondiente a 2025, que mostró una reducción de estos indicadores en Colombia. Según el DANE, la pobreza monetaria nacional pasó de 31,8% en 2024 a 28% en 2025, mientras que la pobreza extrema descendió de 11,7% a 9,6%.

En el caso de Manizales, la incidencia de pobreza monetaria se ubicó en 13,2%, la más baja entre las ciudades capitales evaluadas por la entidad. El indicador presentó una reducción de 3,5 puntos porcentuales, al pasar de 16,7% en 2024 a 13,2% en 2025.

La pobreza monetaria extrema también registró una disminución. El indicador pasó de 3,1% a 2,5%, una reducción de 0,6 puntos porcentuales, ubicando nuevamente a la ciudad en el primer lugar nacional en esta medición.

Según el informe del DANE, mientras Manizales registró una incidencia de pobreza monetaria de 13,2%, el promedio nacional fue de 28%, cifra que equivale a cerca de 14,4 millones de personas en condición de pobreza en Colombia. Por su parte, la pobreza extrema afectó a aproximadamente 4,97 millones de personas en el país durante 2025.

El alcalde de Manizales, Jorge Eduardo Rojas Giraldo, destacó los resultados entregados por la entidad estadística y señaló que la ciudad mantuvo los mejores indicadores del país en varias de las mediciones sociales y económicas.

“Este año, otra vez, somos la ciudad con menor pobreza monetaria, pero vale la pena decir que bajamos 3,5 puntos porcentuales en pobreza monetaria. También somos la ciudad de Colombia con menor pobreza monetaria extrema del país, quedando en 2,5%. Y el tercer dato clave es la desigualdad. Este año tenemos la menor desigualdad de Colombia, con un coeficiente de Gini de 0,436”, afirmó el mandatario.

Manizales registró el menor nivel de desigualdad entre las capitales

Otro de los indicadores destacados en la medición corresponde al coeficiente de Gini, utilizado para medir la desigualdad en la distribución de los ingresos. En una escala entre cero y uno, los valores más cercanos a cero representan una distribución más equitativa.

De acuerdo con los resultados del DANE, Manizales obtuvo un coeficiente de Gini de 0,436, el más bajo entre las 23 capitales incluidas en el estudio. La cifra representa una reducción de 0,028 puntos frente al año anterior.

A nivel nacional, el indicador también mostró una disminución. El coeficiente de Gini pasó de 0,551 en 2024 a 0,531 en 2025, uno de los descensos más importantes de los últimos años.

La directora del DANE, Piedad Urdinola, explicó que la reducción de la pobreza estuvo asociada principalmente al incremento de los ingresos disponibles de los hogares y, en menor medida, a procesos de redistribución de recursos.

La entidad también señaló que los ingresos crecieron con mayor intensidad en los sectores de menores recursos. Mientras los hogares pertenecientes al quintil de menores ingresos registraron un aumento de 11,8%, en el quintil de mayores ingresos el incremento fue de apenas 0,5%.

El ingreso per cápita de Manizales superó al de Cali, Barranquilla y Bucaramanga

La medición del DANE también mostró que Manizales alcanzó un ingreso per cápita promedio de $1.708.281 mensuales, ubicándose en el tercer lugar nacional.

La ciudad solo fue superada por Bogotá y Medellín, mientras que quedó por encima de otras capitales como Cali, Barranquilla, Bucaramanga y Pereira.

El gerente de InfiManizales, José Fernando Olarte, señaló que el resultado está relacionado con el comportamiento del empleo y la actividad económica de la ciudad.

“Somos la ciudad solamente superada por Bogotá y Medellín con el mejor ingreso per cápita. Tenemos mejor ingreso per cápita que ciudades como Cali, Barranquilla, Pereira y Bucaramanga. Ese resultado está respaldado por el crecimiento que hemos tenido en empleo, por las oportunidades que se están brindando, por el desarrollo comercial y empresarial, factores que han impactado positivamente la reducción de la pobreza y la desigualdad”, afirmó.

A nivel nacional, el ingreso promedio por persona alcanzó los $1.281.590 mensuales, un incremento de 9,6 % frente a 2024. Sin embargo, persisten diferencias importantes entre las áreas urbanas y rurales. Mientras en las cabeceras municipales el ingreso promedio fue de $1.492.582 por persona, en los centros poblados y zonas rurales se ubicó en $568.071.

Más de 1,7 millones de colombianos salieron de la pobreza en 2025

El informe del DANE indicó que aproximadamente 1,7 millones de personas dejaron de ser pobres durante 2025, mientras que cerca de un millón salió de la pobreza extrema.

El Tiempo precisó con los datos de la entidad, que una persona fue considerada pobre si contó con menos de $482.041 mensuales para cubrir sus necesidades básicas. En el caso de la pobreza extrema, el umbral se ubicó en $236.580 por persona al mes.

Para un hogar de cuatro integrantes, esto significa que se requerían ingresos superiores a $1,93 millones mensuales para superar la línea de pobreza y más de $946.320 para dejar atrás la pobreza extrema.

El descenso de la pobreza multidimensional en El Salvador durante 2025 se tradujo en una mejora palpable para miles de familias, especialmente en las zonas rurales, donde la incidencia se redujo en 1.9 puntos porcentuales.

Este avance, reportado por el Banco Central de Reserva a partir de la última Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM), señala que 20.1% de los hogares viven en pobreza multidimensional, una baja respecto al año anterior que se refleja en la salida de más de 12 mil hogares de esa condición.

En términos prácticos, la pobreza multidimensional va más allá de la falta de ingresos. En El Salvador, esta medición se basa en la privación simultánea de recursos y derechos en ámbitos como educación, vivienda, salud, servicios básicos, trabajo, seguridad social, alimentación y entorno habitacional.

El criterio oficial considera pobre multidimensional a cualquier hogar que enfrente carencias en siete o más de estos veinte indicadores.

El año 2025 marcó una tendencia alentadora: catorce de los veinte indicadores evaluados mostraron mejoras. Destacan reducciones en inseguridad alimentaria, que bajó a 15.9% entre los hogares pobres multidimensionales, y en la falta de acceso a servicios de salud, que se ubicó en 8.1%.

La baja educación en adultos y el cuido temprano inadecuado de niños también registraron descensos notables, asociados a la expansión de programas educativos y de atención a la primera infancia.

Entre los factores que explican la mejora, el informe atribuye un papel central a las políticas de seguridad. El indicador que mide la incidencia de crimen y delito descendió a 4.8%, mientras que las restricciones a la vida cotidiana debidas a la inseguridad se redujeron a 5.9%.

El Banco Central de Reserva vinculó estos resultados con la estrategia nacional de seguridad, señalando que la baja en la criminalidad ha tenido un impacto directo sobre la calidad de vida de los hogares.

El fortalecimiento de programas de educación, nutrición y cuidado infantil, junto con el despliegue de políticas públicas en zonas históricamente rezagadas, permitió que miles de familias accedieran a mejores condiciones. A su vez, la disminución del crimen y la violencia favoreció el desarrollo de comunidades rurales, tradicionalmente más vulnerables a la pobreza.

Los desafíos que siguen pendientes

El informe también reconoce problemas pendientes. El subempleo y la inestabilidad laboral aumentaron y afectaron a 65.6% de los hogares pobres multidimensionales.

La cobertura de seguridad social sigue siendo baja y el acceso al agua potable y al saneamiento mejoró poco o se mantuvo estancado.

Además, la falta de espacios públicos y la exposición a riesgos ambientales permanecen elevados, evidenciando la necesidad de políticas integrales y sostenidas.

La medición de la pobreza multidimensional en El Salvador se realiza a partir de veinte indicadores ponderados por igual.

El umbral: siete o más privaciones convierten a un hogar en pobre multidimensional. La selección de estos indicadores se basa en marcos normativos nacionales, consultas a la población afectada y recomendaciones de expertos, según detalla el informe técnico.

En síntesis, el panorama completo del informe del BCR basado en la EHPM, revela que persisten retos estructurales en empleo y acceso a servicios básicos, que requerirán atención continua y políticas de largo plazo para sostener y ampliar estos progresos.

En varios municipios de El Salvador, el aumento en la recepción de remesas familiares ha coincidido con un incremento en los índices de pobreza, de acuerdo con el economista salvadoreño Raúl Castellón.

Según el especialista, los distritos que más han experimentado crecimiento en remesas también muestran un mayor deterioro socioeconómico, una tendencia que se refleja en los datos más recientes del Banco Central de Reserva (BCR) y en los análisis realizados por distintas organizaciones.

Castellón lideró durante 2024 y parte de 2025 un proyecto con la organización internacional CARE enfocado en la digitalización de remesas, especialmente para mujeres salvadoreñas.

En entrevista con Infobae, el economista explicó que, al analizar información recabada del último censo nacional y comparar con los registros de remesas, se identificó una correlación entre el aumento de estos envíos y el crecimiento de la pobreza en distritos específicos.

“Los lugares donde más había crecido la remesa, por lo menos en algunos datos importantes, indicaba que también se había incrementado la pobreza. Particularmente me recuerdo de unos distritos de La Unión”, detalló Castellón.

El economista señaló que el estudio, denominado Proyecto de Inclusión Financiera Digital, se desarrolló con financiamiento de USAID y colaboración de ASOMI (Asociación de Empresas de Microfinanzas) y Mastercard, aunque su ejecución se interrumpió en abril de 2025. Si bien el informe final permanece confidencial por decisión de los patrocinadores, Castellón aclaró que los datos de pobreza y remesas utilizados provienen de fuentes públicas, principalmente del BCR.

Según los datos oficiales, los distritos con mayor incremento en remesas durante 2024 y 2025 incluyen San Salvador Centro (que agrupa San Salvador, Mejicanos, Ayutuxtepeque, Ciudad Delgado y Cuscatancingo), San Miguel Centro, Santa Ana Centro, Sonsonate Centro y Santa Tecla. Por ejemplo, San Salvador Centro registró $881,72 millones en remesas hasta octubre de 2025, con una variación anual del 9,9%. San Miguel Centro acumuló $484,54 millones, y Santa Ana Centro pasó de $199,61 millones en 2020 a $272,84 millones en 2025. Otros municipios destacados son Soyapango, Ilobasco, La Unión Sur y San Vicente Norte, con crecimientos porcentuales notables en el último quinquenio.

Al abordar las causas de esta paradoja, Castellón identificó tres factores principales. El primero, la destrucción de empleo formal e informal tras la pandemia, que provocó el cierre de hasta un 15% de las micro y pequeñas empresas, especialmente en el oriente del país. “Muchas de estas personas, en su expectativa, dijeron que no iban a volver a abrir el negocio y que la opción de migrar era su principal interés”, explicó.

El segundo factor es la migración, tanto externa como interna. El experto relató que la movilidad poblacional ha vaciado núcleos comerciales tradicionales y debilitado la actividad económica local, lo que se traduce en menos oportunidades de ingreso y mayor dependencia de las transferencias desde el exterior. “Hay mucho pueblo que se encuentra casi en condición como si estuviera fantasma, y son de las principales ciudades en horas que deberían ser pico”, indicó.

El tercer elemento señalado es la falta de reactivación empresarial y laboral en los distritos más afectados. Según Castellón, la rehabilitación del empleo y del tejido productivo no se ha dado de manera uniforme, lo que deja a varias zonas en situación de vulnerabilidad. “La rehabilitación de estos no fue de manera inmediata, ni se logró rehabilitar para todos los departamentos y distritos”, puntualizó.

La tendencia observada en El Salvador se enmarca en un contexto regional de crecimiento de las remesas. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) reportó que, entre enero y abril de 2026, las remesas familiares enviadas a El Salvador, Guatemala y Honduras llegaron a un total de 15,852 millones de dólares. De ese monto, El Salvador figura entre los países que más recepción presentan, consolidando el peso de estas transferencias para la economía nacional.

A pesar del impulso económico que representan las remesas, el análisis de Castellón sugiere que, en ausencia de una reactivación productiva y laboral, el flujo de recursos desde el exterior no necesariamente mejora las condiciones de vida en los municipios más beneficiados. El especialista subraya la necesidad de monitorear el fenómeno con mayor sistematicidad y de impulsar políticas que fortalezcan la economía local, especialmente en los distritos que han mostrado mayor vulnerabilidad en los últimos años.

En México, la persistencia del trabajo infantil sigue siendo una realidad alarmante que afecta a millones de niñas, niños y adolescentes. De acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI) 2022 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), cerca de 3.7 millones de menores entre cinco y 18 años llevan a cabo actividades productivas o económicas que interfieren con su desarrollo y su derecho a la educación.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define el trabajo infantil como toda actividad realizada por niñas, niños o adolescentes, remunerada o no, desarrollada al margen de la ley y en condiciones peligrosas o insalubres, que violan sus derechos o afectan negativamente su desarrollo físico, mental, psicológico, social, o que obstaculizan su educación.

El trabajo infantil se manifiesta en distintas formas: ligero, peligroso, forzado y doméstico en condiciones no adecuadas. La gravedad varía según la edad y el tipo de actividad, pero el impacto sobre la niñez es profundo y duradero. “Abordar este tema es muy importante. Desde hace tiempo estoy haciendo estudios sobre el trabajo infantil y me he dado cuenta de lo enorme que es este problema”, señala María del Carmen Macías Vázquez, especialista del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

De acuerdo a la ENTI, 2.1 millones de estos menores se encuentran en actividades no permitidas, y la inmensa mayoría, el 92.5 %, participa en labores consideradas peligrosas, como la minería o el trabajo agropecuario. A esto se suman 1.9 millones que realizan quehaceres domésticos en condiciones que no cumplen los estándares mínimos de bienestar.

El peso de la pobreza en el trabajo infantil

La pobreza es uno de los principales factores que explican la permanencia del trabajo infantil en México. “Pero hay un factor que no se nos debe escapar: la pobreza. México sigue teniendo sectores muy pobres, que en general ubicamos en el ámbito rural, pero también existen en las ciudades”, explica Macías Vázquez.

La especialista detalla que las condiciones de vida en pequeñas ciudades y poblaciones rurales marcan las mayores desigualdades, lo que se refleja en la concentración de infantes trabajadores en entidades como Guerrero, Chiapas, Nayarit, Oaxaca, Michoacán, Puebla, Colima y Zacatecas.

Guerrero, por ejemplo, registra que casi una cuarta parte de su población infantil lleva a cabo actividades productivas. “Es un problema muy complicado, pero no imposible de resolver. Solo que tendríamos que decidir, no solo social, sino también políticamente, abatir este problema”, sostiene la académica.

Normativa y realidad: brecha entre la ley y la vida cotidiana

Las tareas realizadas por niñas, niños y adolescentes fuera del marco legal y en entornos peligrosos o insalubres constituyen trabajo infantil, sin importar si reciben pago. Este tipo de actividades afecta su desarrollo físico, mental, emocional y social, y en muchas ocasiones obstaculiza su acceso a la educación.

“Estamos hablando de un trabajo prohibido porque atenta contra la seguridad, salud y bienestar de los niños”, advierte María del Carmen Macías Vázquez.

Un aspecto clave es la edad mínima permitida para trabajar. La especialista enfatiza: “Creo que algo que se debe resaltar en esta definición es la edad límite, porque contratar a menores de 15 años está fuera de la ley. Según el Convenio 138 de la OIT, esa es la edad mínima para que un niño pueda ser contratado, además de cumplir con requisitos específicos como autorización de los padres y certificado médico”.

La Ley Federal del Trabajo en México, reformada en 2012, estableció criterios claros sobre edades y ocupaciones peligrosas para los menores. Entre las actividades de mayor riesgo se encuentran la agricultura, la minería y el trabajo en la calle dentro del comercio informal. Macías Vázquez puntualiza: “Estas actividades incluyen la agricultura, la minería o el trabajo en la calle dentro del comercio informal, porque ya no se sabe si el niño sale a trabajar por necesidad o porque alguien está explotando su condición de menor”.

Además, existen formas de trabajo infantil que resultan absolutamente intolerables, como la esclavitud, la trata, el trabajo forzado, la participación en conflictos armados, la explotación sexual y la implicación en delitos como el tráfico de drogas. “Ya que contamos con marcos jurídicos, es necesario adoptar otro convenio que le diga a la sociedad que existen actos inaceptables, como lo estipula el Convenio 182 de la OIT (1999), adoptado en 2000”, explica la investigadora.

La realidad muestra que, en ocasiones, padres o tutores pueden ser sancionados por permitir que sus hijos trabajen. “Hace tiempo escuché la noticia de que llevaron a la cárcel a un padre por tener a su hijo vendiendo en la calle. En estos casos surgen las preguntas más esenciales. ¿Lo hacen por necesidad? Porque la pobreza empuja a esas actividades”, comenta Macías Vázquez. Ante esto, la académica considera fundamental que la ley se armonice con la realidad de las familias vulnerables y se privilegien las medidas preventivas y de apoyo.

“Es muy distinto a la conducta alevosa de un empleador que contrata a un menor para explotarlo con bajos salarios y jornadas excesivas”, concluye la investigadora.

Diferencias entre trabajo formativo y explotación infantil

No todo trabajo realizado por menores debe clasificarse como explotación. “El trabajo que realizan los menores puede verse desde dos ópticas. Una es el trabajo formativo: el que se hace en vacaciones para aprender un oficio, ayudar en una empresa familiar o en tareas del hogar. Estos pueden considerarse normales y permitidos”, aclara la investigadora. Sin embargo, Macías Vázquez subraya que existe una diferencia sustancial entre actividades educativas o de apoyo familiar y aquellas que vulneran derechos y exponen a riesgos.

En muchos casos, el trabajo infantil responde a una “conducta alevosa” de empleadores que buscan reducir costos, pero también a un estado de necesidad extremo en familias sin opciones. “Una cosa es hablar de la ley y otra es la realidad. No podemos evadirla porque estaríamos engañándonos. En ciudades medianas o comunidades rurales remotas existen este tipo de actividades. En muchos casos hay un estado de necesidad que los obliga a ello”.

Responsabilidad social y estatal frente al trabajo infantil

La familia y el Estado tienen la tarea de garantizar el bienestar de la niñez. “Los responsables de que un niño reciba atención y esté alejado del trabajo infantil son, en primer lugar, la familia y los padres. Pero si la familia no puede, entonces el Estado debe intervenir y brindar apoyo para garantizar el bienestar mínimo necesario”, sostiene Macías Vázquez.

La especialista reconoce que el problema es complejo y que las soluciones deben involucrar a toda la sociedad, no solo a través de leyes, sino mediante políticas públicas y programas sociales que ataquen las causas estructurales. “Me parece indignante que en una sociedad no existan las mismas oportunidades para todos y que eso lleve a discriminar a los sectores más vulnerables”.

“La responsabilidad es de todos, pero no como eslogan. No podemos darle la espalda al problema. Tenemos que hacer algo. La responsabilidad es de todos, pero principalmente del Estado”, concluye María del Carmen Macías Vázquez.

El costo de vida básico volvió a subir en mayo. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publicó este jueves los valores actualizados de las canastas básicas, los indicadores que determinan cuánto debe ganar un hogar para no ser considerado pobre o indigente.

La referencia central del informe es el hogar tipo, compuesto por un varón de 35 años, una mujer de 31 años, un hijo de 6 años y una hija de 8 años. Para este grupo de cuatro integrantes, la Canasta Básica Total (CBT) —que incluye alimentos y también bienes y servicios no alimentarios como vestimenta, transporte, educación y salud— alcanzó en mayo un valor de $1.498.741. Ese monto representa la línea de pobreza: todo hogar con ingresos por debajo de esa cifra es clasificado técnicamente como pobre.

En el mismo mes, la Canasta Básica Alimentaria (CBA) de esa misma familia llegó a $681.246. Ese valor determina la línea de indigencia: si los ingresos del hogar no alcanzan para cubrir siquiera la alimentación básica, el grupo familiar es considerado indigente.

Según el Indec, la CBA registró una variación mensual de 2,4%, mientras que la CBT avanzó 2,0% respecto a abril.

Los incrementos acumulados

Desde diciembre de 2025, la CBT acumula una suba de 14,5%, al pasar de $1.308.713 a los $1.498.741 registrados en mayo. En el mismo período, la CBA subió 15,6%, desde $589.510 hasta $681.246.

En términos interanuales, la comparación con mayo de 2025 muestra incrementos más pronunciados. La CBT aumentó 34,9% en los últimos doce meses, mientras que la CBA lo hizo 36,2% en el mismo lapso.

Para el adulto equivalente —la unidad de referencia que utiliza el Indec, basada en los requerimientos nutricionales de un varón adulto de entre 30 y 60 años con actividad moderada—, la línea de pobreza se ubicó en mayo en $485.030 y la de indigencia en $220.468.

Qué pasa con otros tipos de hogares

El Indec también publica cada mes los valores de las canastas para otros tipos de hogar, dado que la composición familiar incide directamente en los montos que determinan si un grupo es pobre o indigente.

Para un hogar de tres integrantes —compuesto por una mujer de 35 años, su hijo de 18 años y su madre de 61 años—, la CBT de mayo fue de $1.193.173 y la CBA de $542.351. Se trata del hogar con el costo de vida más bajo de los tres ejemplos que presenta el organismo, dado que sus integrantes equivalen en total a 2,46 adultos equivalentes.

En el otro extremo, el hogar de cinco integrantes —un varón y una mujer, ambos de 30 años, con tres hijos de 1, 3 y 5 años— registró en mayo una CBT de $1.576.346 y una CBA de $716.521. Este grupo suma 3,25 adultos equivalentes y, por lo tanto, enfrenta el mayor costo de vida de los tres casos analizados.

Cómo se calculan las canastas

El método que utiliza el Indec para determinar estos valores parte de la CBA, que se construye en función de los requerimientos calóricos y proteicos mínimos para cubrir las necesidades nutricionales del adulto equivalente durante un mes. Los alimentos que la integran —entre ellos pan, papa, arroz, fideos, carnes, leche, huevos, frutas y hortalizas— surgen de los patrones de consumo relevados por la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares.

A partir de la CBA se obtiene la CBT, que incorpora los gastos en bienes y servicios no alimentarios mediante la aplicación del coeficiente de Engel, definido como la relación entre los gastos alimentarios y los gastos totales de la población de referencia.

Los valores que publica mensualmente el Indec corresponden al Gran Buenos Aires y se actualizan con los precios relevados por el Índice de Precios al Consumidor del mismo aglomerado.

Durante una charla con el equipo de Infobae al Amanecer, integrado por Nacho Girón, Jime Grandinetti y Belén Escobar, Maldonado rechazó los enfoques que relativizan el impacto de la pobreza infantil: “Muchísimo dolor y tristeza. No hay encuadre académico acá. Hay puro dolor. Los números son inadmisibles en un país como Argentina, que tiene todos los recursos naturales, las capacidades humanas, estabilidad democrática, política. Estos números son ciertamente inadmisibles“.

El informe de UNICEF, elaborado sobre datos del INDEC, señaló que la pobreza infantil descendió al 42,3 % en el segundo semestre de 2025, lo que representa a 5,1 millones de niños, niñas y adolescentes. La indigencia también bajó al 9,4 %, es decir, 1.100.000 chicos.

Maldonado advirtió sobre la “tristeza” que provocan estos números, aunque reconoció: “Hay más de 50 formas de medir la pobreza en el mundo y esta es medición de pobreza monetaria. Es importante que la gente lo entienda. Solamente mide los ingresos monetarios en ciudades grandes, no mide ciudades pequeñas, solamente las familias que declaran ingresos. Acá no están las que no declaran ingresos”.

El especialista remarcó que solamente “mide si el ingreso de esa familia alcanza para comprar una canasta, el valor de una canasta alimentaria de 52 ítems”. Sobre la reciente caída de la pobreza monetaria, explicó: “Están cayendo los precios relativos de los alimentos. Y no es porque estén bajando los alimentos, sino porque están acelerando a un ritmo menor de lo que están acelerando otros bienes de la economía. Por ejemplo, alquileres, expensas, servicios, combustible, transporte. Están subiendo muchísimo y los alimentos pierden peso relativo. Esta medición particular de pobreza monetaria pierde sentido cuando los precios relativos cambian mucho”.

Cuatro formas de medir la pobreza: resultados dispares y advertencias

Maldonado subrayó que los datos varían drásticamente según el método: “Hay cuatro formas de medir la pobreza en Argentina. Hay muchas más. Cuatro son robustas desde el punto de vista teórico y metodológico, y dan resultados completamente distintos. Una da 7 %, la otra da 28 %, la otra da 51 % y la otra da 67 %. ¿Cuál es la correcta?”. Ante la consulta sobre cómo explicar tanta diferencia, fue categórico: “Porque miden cosas distintas. Miden cosas absolutamente distintas”.

El investigador comparó la variedad de mediciones con un diagnóstico médico: “¿Cuál es el mejor diagnóstico para conocer la salud de una persona? Medirle la fiebre, hacer un estudio de sangre, hacer una tomografía computada o hacer una radiografía de rayos X. ¿Cuál va a ser tu respuesta? Depende cuál es la patología que tiene el paciente, ¿cierto? Depende de qué sufre. Entonces, esto es igual”.

De acuerdo a su análisis, “7 % mide solamente NBI, necesidad básica insatisfecha, lo hace el censo. 28 % es la pobreza monetaria, esta que estamos reportando ahora, de niños llega a 42. 51 % es la de estatus y poder adquisitivo de la Asociación Argentina de Market. Y la que da 67 % es la pobreza multidimensional que el mismo informe de UNICEF dice que se mantiene a lo largo del tiempo. Y esa mide todo lo que tiene que medir. Mide vivienda, acceso a servicios, mide salud, educación y agua potable”.

Perspectivas para 2026 y la advertencia sobre el rebote

Consultado sobre el futuro inmediato, Maldonado advirtió: “El mismo informe dice que se espera que crezca la pobreza y va a crecer porque hay una fuerte retirada del Estado de las cuestiones no monetarias. Entonces, cuando registremos pobreza multidimensional va a crecer. Y también hay alguna importante retirada del Estado de programas sociales que también se cuentan dentro de la pobreza multidimensional. Entonces, se espera, y el mismo informe de UNICEF lo reconoce, que va a haber tendencias de pobreza a la suba”.

El investigador insistió en que “va a mostrar un rebote, pero también me interesaría para el televidente que no es especializado, que se entienda que esta medición es superlimitada”. Y añadió que ese se ampliará “cuando se empiece a medir todos los otras accesos a derechos, cuando midamos calidad de la Educación, acceso a la Salud, acceso a servicios públicos, cuando midamos Transporte, cuando midamos esparcimiento, cuando midamos tiempo libre y calidad de ese uso del tiempo libre, los parámetros sociales que se vienen deteriorando hace mucho tiempo”.

Maldonado recalcó que la situación es estructural y excede a cualquier coyuntura política: “Porque hace mucho tiempo que se vienen deteriorando de modo sostenido y se van a seguir deteriorando. ”. Y sobre los parámetros de calidad de vida, explicó: “Me refiero a nuevos parámetros para medir la calidad de vida de las personas, que no solamente el ingreso monetario, porque lo que está pasando acá son una distorsión de precios relativos, entre los alimentos y el resto de los servicios. Se han disparado tanto el costo de los servicios, alquiler, transporte, que del total de lo que gasta una familia, los alimentos cada vez representan menos. Y cuando se mide eso, resulta que cae menos gente debajo de la pobreza”.

En ese mismo sentido, criticó la lectura reduccionista de los indicadores: “Es una falacia esto que vemos en varios medios de comunicación, de que tal presidente o tal presidenta sacó o metió seis millones, cinco millones o cuatro millones de personas en la pobreza de un semestre a otro, porque la pobreza es una condición estructural supercompleja de la que no se sale en seis meses ni se entra en seis meses. Sino que lleva décadas de construcción de esta situación tan lamentable en Argentina”.

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España registra la tasa de pobreza infantil más alta de toda la Unión Europea, con el 28,4% de los niños, niñas y adolescentes viviendo con ingresos por debajo del umbral de pobreza, según el XVI Informe El Estado de la Pobreza 2026, presentado este mes por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES) en el Congreso de los Diputados. En términos absolutos, 2,7 millones de menores están en esta situación, 8,8 puntos por encima de la media comunitaria (19,6%) y ya por delante de Bulgaria y Rumanía, que al contrario que España han logrado reducir su pobreza infantil de forma sostenida en la última década.

De hecho, el problema se agrava al constatar su resistencia al tiempo. Desde 2015, la tasa española apenas ha variado dos décimas, mientras la media de la Unión Europea mejoró 3,1 puntos en el mismo periodo. El informe, elaborado a partir de los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE) y de Eurostat, señala que la pobreza infantil en España responde a causas estructurales que no se corrigen con los ciclos de expansión económica.

La pobreza que afecta a los menores no solo supera en extensión a la del conjunto de la población (19,5%), sino que también es más profunda. La pobreza severa alcanza al 12,5% de los niños, niñas y adolescentes, frente al 8,0% del total nacional, y la brecha de pobreza infantil se sitúa en el 29,0%, tres puntos por encima de la media. La renta media anual por persona de los menores (11.220 euros) es un 28,2% inferior a la del conjunto de la población (15.620 euros), una distancia que se ha mantenido a lo largo de toda la serie histórica analizada por la EAPN-ES.

Ser hijo de madre soltera, factor de riesgo

La composición del hogar determina con fuerza la exposición al riesgo. El 50,6% de las personas en hogares monoparentales está en AROPE (el indicador europeo de riesgo de pobreza o exclusión social), y en las familias numerosas la cifra alcanza el 47,1%. En ambos casos, la tasa de pobreza severa supera el 17%. El informe recuerda que el 80,7% de los hogares monoparentales tienen a una mujer como única persona adulta a cargo, lo que subraya la desigualdad de género acumulada a lo largo del ciclo vital.

La intersección entre origen migratorio y tipo de hogar produce las situaciones de mayor vulnerabilidad. Más de la mitad de las personas de nacionalidad extracomunitaria que viven en hogares monoparentales están en pobreza severa (53,4%), según el informe de la EAPN-ES. El 67,5% de la infancia con madres o padres de origen extranjero se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social, de acuerdo con datos de la Plataforma de Infancia recogidos en un análisis paralelo publicado en junio de 2026.

Un sistema de protección pública insuficiente para la infancia

El sistema de protección social amortigua parcialmente esta realidad, aunque con una eficacia notablemente inferior a la de otros países del entorno. Sin las transferencias del Estado, excluidas las pensiones de jubilación, la pobreza infantil se dispararía del 28,4% al 35,0%, lo que equivale a más de 520.000 menores adicionales bajo el umbral. Aun con ese efecto reductor, España es el país de la UE donde las transferencias sociales menos reducen la pobreza infantil en términos relativos: un 18,9% de descenso, frente al 56,8% de Finlandia, el 56,6% de Dinamarca o el 52,0% de Irlanda.

Las prestaciones de garantía de renta (Ingreso Mínimo Vital (IMV) y rentas mínimas autonómicas) amplían su cobertura entre los menores en pobreza por tercer año consecutivo y llegan ya al 39,9% de los niños, niñas y adolescentes bajo el umbral, cuatro veces más que en 2019 (9,9 %). El Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI), vinculado al IMV, pasó de beneficiar a 661.019 menores en enero de 2024 a 850.055 en enero de 2025. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) estima, no obstante, que en 2024 el 72% de los menores con derecho a esta prestación no la recibía.

La vivienda, la gran barrera del bienestar

La vivienda actúa como factor clave para el riesgo de pobreza. Más de la mitad de quienes viven de alquiler en hogares con menores destinan más del 40% de sus ingresos al arrendamiento, según el informe. El 15,2% de los menores vive en condiciones de falta de espacio, cuatro veces más que en hogares sin menores (3,6%), y el 16,2% no puede mantener la vivienda a una temperatura adecuada durante los meses de invierno.

Además, la EAPN-ES advierte en el informe de que el crecimiento económico por sí solo no resolverá el problema. A un ritmo de expansión del PIB per cápita similar al de los últimos años, España necesitaría 39 años para erradicar la pobreza y siete para alcanzar la media europea de pobreza infantil. Así, la organización reclama un pacto de Estado que incluya medidas estructurales en materia de garantía de rentas, vivienda e inversión en infancia equiparables a las de los países europeos con mejores resultados.

Los resultados preliminares de la segunda vuelta presidencial en Perú, difundidos por Datum Internacional, permiten observar cómo se distribuyó la votación en los departamentos con mayores índices de pobreza monetaria, según el reporte de INEI de 2025.

Según el flash electoral, Keiko Fujimori (Fuerza Popular) obtuvo el 50,53% de los votos válidos y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) alcanzó el 49,47%, mostrando un escenario de empate estadístico y una diferencia mínima a nivel nacional, sujeta aún a cambios conforme avance el conteo oficial.

El análisis revela, además, una marcada preferencia por la candidatura de izquierda, representada por Sánchez, en las zonas más desfavorecidas del país, aunque existen matices y excepciones.

Cajamarca, Puno, Huánuco y Ayacucho: apoyo mayoritario a Sánchez

En Cajamarca, el departamento con mayor pobreza (41,0%), Roberto Sánchez obtuvo el 73,41% de los votos válidos, mientras que Keiko Fujimori alcanzó solo el 26,59%.

En Puno (37,5% de pobreza), Sánchez concentró el 82,21% frente al 17,79% de Fujimori, marcando la brecha más amplia en las regiones analizadas.

Un patrón similar se observa en Huánuco (35,7%), donde Sánchez obtuvo el 61,61% y Fujimori el 38,39%. En Ayacucho (33,7%), la tendencia se repite: Sánchez logró el 78,06%, mientras que Fujimori quedó con 21,94%.

Huancavelica, Pasco y Loreto: predominio de la izquierda, salvo en Loreto

En Huancavelica (34,3% de pobreza), Sánchez obtuvo el 78,87% de votos, mostrando una clara preferencia por propuestas de cambio.

En la vecina región de Pasco (36,4%), Fujimori logró una ajustada ventaja con 50,32% frente a 49,68% de Sánchez, reflejando un electorado dividido.

El caso de Loreto (40,1%) es una excepción: allí Fujimori se impuso con el 59,60% de los votos, mientras que Sánchez alcanzó 40,40%, a pesar del alto índice de pobreza.

Callao, Tumbes, Piura, Lima Metropolitana y La Libertad: voto mayoritario por Fujimori

En la Provincia Constitucional del Callao (32,1%), Fujimori obtuvo una diferencia significativa: 61,80% frente a 38,20%. En Tumbes (28,3%) y Piura (28,1%), la candidata de derecha también se impuso con 64,37% y 55,56%, respectivamente.

Finalmente, en Lima Metropolitana (26,8%), la candidata Keiko Fujimori encontró su principal bastión con 62,19% contra 37,81% de Sánchez, y en La Libertad (25,5%) la diferencia fue de 62,27% para Fujimori y 37,73% para su rival.

Un patrón diverso y fragmentado

El análisis de Datum Internacional muestra que, en varios de los departamentos con mayor pobreza monetaria, especialmente en la sierra sur y centro (Ayacucho, Puno, Huancavelica, Cajamarca, Huánuco), la preferencia electoral favoreció ampliamente al candidato de izquierda.

Sin embargo, en regiones de la costa norte y Lima, donde la pobreza monetaria también es significativa, el voto fue mayoritariamente para Keiko Fujimori.

La tendencia de apoyo a la izquierda en el sur andino y la sierra central coincide con antecedentes históricos de mayor voto contestatario en esos territorios, donde persisten brechas sociales y económicas.

Por el contrario, en la costa norte, Callao y Lima, donde la economía de mercado y la migración han tenido mayor influencia, el voto tiende a favorecer a candidatos de derecha, incluso en contextos de alta pobreza.

Es importante subrayar que estos resultados corresponden únicamente al flash electoral y variarán conforme avanza el escrutinio oficial. El mapa político regional podría modificarse a medida que se contabilicen las actas completas y se difundan los datos definitivos.

En Ginebra, Suiza, la conferencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se convirtió nuevamente en las últimas horas en el escenario del enfrentamiento entre el gobierno de Javier Milei y la CGT.

Tras las fuertes críticas cegetistas, el embajador argentino ante las Naciones Unidas, Carlos Foradori, en nombre de la administración libertaria, dio un discurso en el que defendió enfáticamente las medidas oficiales y criticó al sindicalismo por su “estruendoso silencio” en la gestión de Alberto Fernández: “No se llevó a cabo ninguna huelga nacional (mientras) El actual gobierno, en dos años y medio ya tiene un récord de cuatro”.

A partir de las palabras del diplomático argentino, que habló por segundo año consecutivo ante la OIT debido a que no asistió ningún funcionario gubernamental, se estableció una suerte de contrapunto con la CGT ya que este viernes, en su intervención ante la conferencia como delegado titular del sector de los trabajadores, Gerardo Martínez, insistió en los duros cuestionamientos al Gobierno: dijo que “el mensaje de la política sigue siendo la confrontación y el desprecio al que vive en la pobreza o al que trabaja en la informalidad”.

“El Gobierno desatiende demandas urgentes en términos económicos y sociales”, señaló el secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, que fue elegido vicepresidente de la conferencia de la OIT, en un discurso en el que también rechazó “el cepo salarial” en las paritarias y atacó a la Casa Rosada por haber impulsado “la ley de reforma laboral, propatronal que elimina derechos, que aplauden y celebran los empresarios oportunistas, y busca transferir al sector privado el rol del Estado afectando los valores de la justicia social”.

Foradori, quien habló hace 24 horas, dijo en su discurso que había escuchado “con respeto” la intervención del cotitular de la CGT Jorge Sola (Seguros), pero advirtió que sus objeciones se alejaron de la “discusión principal” de la OIT y, tras destacar que “los hechos son inmunes a las ideologías”, repasó cifras de crecimiento, inflación, pobreza y superávit financiero en la Argentina.

Entre los datos destacados, detalló que en diciembre de 2023 el déficit consolidado del Tesoro y del Banco Central superaba el 15% del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que la pobreza se estimaba en 41,7% de la población y la inflación avanzaba a un ritmo cercano al 1% diario. El diplomático comparó este escenario con las cifras de 2025 y 2026, reportando que, según datos y proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), el país alcanzó un crecimiento económico del 4,4% en 2025, y se prevé un aumento adicional del 3,5% para 2026, frente a un promedio regional de 2,3%.

En materia de inflación, detalló que la variación anual cayó al 32,4%, con un alza mensual de 2,6% en abril. Dijo que la Argentina alcanzó el superávit financiero por primera vez desde 2010, con un saldo equivalente al 0,3 % del PIB en 2025 y manteniendo tanto superávit primario como financiero en el primer trimestre de 2026, según las cifras que aportó.

En relación con los índices sociales, Foradori informó que el índice de pobreza cayó desde el 52,9% en el primer semestre de 2024 hasta el 28,2% en el segundo semestre de 2025, y afirmó que la Asignación Universal por Hijo (AUH) experimentó un aumento superior al 560% comparado con diciembre de 2023, recuperando más del 100% del poder adquisitivo real, mientras que la prestación Alimentar amplió su cobertura en más de 600 mil adolescentes y creció 137% en igual período.

Cuando habló sobre la evolución de las condiciones laborales, mencionó que la tasa de desempleo se ubicó en 7,5%, “uno de los niveles más bajos en varias décadas”, aunque la informalidad laboral afecta al 40% de los trabajadores. Tras ello, recordó que el Congreso aprobó una ley laboral destinada a incentivar la formalidad, la contratación y la adecuación normativa a las nuevas dinámicas productivas y tecnológicas.

“Nada de esto significa que no existan problemas ni que el Gobierno sea infalible. Nada de esto significa que no haya errores y errores por corregir -admitió-. Significa algo mucho más simple y mucho más poderoso: que los argentinos decidieron democráticamente dar una oportunidad al cambio. Y lo dijeron con la herramienta más poderosa que tiene una democracia, que es el voto”.

Foradori agregó enseguida: “Se habló de que el Gobierno ejercía autoritarismo. Pues bien, con más del 40% de apoyo a nivel nacional en octubre pasado, el pueblo argentino ratificó el rumbo del Gobierno”.

Por eso consideró que “los cambios ofrecen resistencias, pero la visión del pueblo implicó, como una siembra de conciencia colectiva, que haciendo siempre lo mismo íbamos a llegar a idénticos y penosos resultados”. “Esto demuestra, conforme nos enseña la historia, que las naciones no fracasan cuando enfrentan dificultades, fracasan cuando pierden la voluntad de superarlas. La Argentina ha recuperado esa voluntad”, concluyó.

Por su parte, Gerardo Martínez comenzó su discurso describiendo un panorama internacional marcado por una “policrisis” donde, según resaltó, “la pobreza y la desigualdad avanzan de la mano de guerras y de la recesión económica". En ese contexto, cuestionó el retroceso del multilateralismo global y recordó que la crisis financiera de 2008 se resolvió a partir del esfuerzo de los Estados, mientras que los países desarrollados siguen siendo apenas 40 sobre un total de 190.

El representante de la CGT subrayó que el 10% de la población mundial concentra el 75% de la riqueza, un fenómeno que se incrementó en el último medio siglo: dijo que la fortuna acumulada por los 1000 mayores multimillonarios pasó de representar el 3% del PIB mundial hace 40 años a más del 17% en la actualidad.

Martínez remarcó que se atraviesa “un período histórico de extrema concentración económica global”, y consideró que, ante ese panorama, resulta “impostergable un nuevo contrato social que redefina el equilibrio entre capital y trabajo”. Sostuvo que de no actuar a tiempo, “el destino de más pobreza es inexorable”.

Luego, el líder de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) vinculó el auge de la inteligencia artificial y la automatización con el riesgo de una “justicia social artificial” si las innovaciones tecnológicas no se subordinan a objetivos de desarrollo real. Respaldó su mirada en la encíclica del papa León XIV y subrayó: “Toda introducción de automatización debe ir acompañada de medidas verificables de protección del empleo, recalificación y participación de los trabajadores, y de la sociedad en su conjunto”.

Martínez denunció que, en América Latina, las brechas históricas se agravan con una mayor expansión de la informalidad y el desempleo, y alertó sobre “asesinatos, persecuciones y encarcelamientos” contra dirigentes sindicales y gremios, situando a la libertad sindical y el diálogo social como pilares de la democracia.

Al apuntar a la situación en la Argentina, le apuntó al Gobierno porque "el mensaje de la política sigue siendo la confrontación y el desprecio al que vive en la pobreza o al que trabaja en la informalidad".

Tras destacar que “el Gobierno desatiende demandas urgentes en términos económicos y sociales”, dijo que “los costos del ajuste profundizan la pérdida del poder adquisitivo y la precarización del empleo existente”.

Uno de los tramos más duros de su discurso fue cuando criticó la Ley de Modernización Laboral: “En connivencia con las administraciones provinciales, el Gobierno aprobó la ley de reforma laboral, propatronal que elimina derechos, que aplauden y celebran los empresarios oportunistas, y que busca transferir al sector privado el rol del estado afectando los valores de la justicia social”.

“Desde el sindicalismo argentino -sostuvo luego- reafirmamos nuestro compromiso de promover un pacto económico y social que impulse la sostenibilidad económica, con políticas orientadas a incrementar la producción, la innovación, la inversión, la generación de empleo y la formalización laboral".

Sin embargo, aunque puntualizó que “una mesa de diálogo sostenible será la llave maestra para resolver los problemas estructurales de nuestro país”, Martínez se quejó de que “tenemos propuestas y las ignoran”.

A continuación, enfatizó: “Reclamamos el libre ejercicio de la negociación colectiva y rechazamos toda imposición de un techo a la negociación salarial. Debemos reiterarlo una vez mas: no al cepo salarial".

El sindicalista defendió “un proyecto de país donde el capital este al servicio de la economía y la economía al servicio del bienestar social” y, para finalizar, indicó: “Sostenemos la necesidad de una agenda de diálogo para una Argentina del desarrollo, con derechos, con mas protección social y donde nadie sea prescindible".

Tradicionalmente, la pobreza ha sido definida como la ausencia de dinero. Es decir, no tener los ingresos necesarios para cubrir el costo de la Canasta Básica Familiar (S/ 1848 por un mes para una familia de 4 personas), que incluye bienes y servicios requeridos para vivir de manera apropiada. No obstante, la experiencia de las personas que están en situación de pobreza va mucho más allá de la falta de ingresos.

Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la pobreza no es simplemente un tema económico, sino un fenómeno que tiene múltiples dimensiones e incluye no solo la falta de ingresos, sino también la carencia de habilidades básicas para vivir con dignidad.

La pobreza multidimensional es una medida de la pobreza que considera diversos factores presentes en los hogares, desde su nivel de vida básico hasta el acceso a escolaridad, agua limpia y atención de salud. Ya que, por las brechas en servicios para la comunidad presentes en algunas regiones, se pueden contar con los ingresos suficientes, es decir no ser pobre monetario; sin embargo, en algunas zonas del país no se cuentan con los servicios básicos necesarios, tales como: agua potable, electricidad, centros de salud y escuelas de calidad.

La pobreza no se limita a la falta de ingresos. El Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) permite medir las carencias en salud, educación y calidad de vida.

Desde un enfoque monetario, la pobreza supone la insuficiencia de recursos monetarios para adquirir una canasta de consumo mínima aceptable socialmente. En consecuencia, están en situación de pobreza aquellas personas cuyo consumo mensual resulte inferior al gasto mínimo para alcanzar un nivel de vida aceptable.

Con esta metodología, la medición de la pobreza se basa en una estimación sobre la posibilidad de las personas de adquirir ciertos bienes; sin embargo, no se evalúa cómo se gastó ese monto o si se destinó mayoritariamente a cubrir necesidades básicas.

La pobreza monetaria mide cuánto hay en el bolsillo para alimentarse y vivir razonablemente, mientras que la pobreza multidimensional profundiza en la carencia de oportunidades para el desarrollo.

Los desafíos que persisten más allá de los ingresos incluyen las limitaciones en el acceso a servicios de salud, que disminuyeron del 28,4 % al 22,5 %; las limitaciones en educación, que disminuyeron del 52,3% al 51,1%; y las limitaciones en vivienda adecuada, que disminuyeron del 32,6 % al 32,4% entre 2024 y 2025.

El progreso en la reducción de la pobreza multidimensional se concentra en un mayor acceso a servicios de salud. Sin embargo, preocupa el retroceso en la cobertura de servicios básicos. Entre 2019 y 2025, la proporción de peruanos que accedió a agua a través de red pública en sus hogares disminuyó de 89,8 % a 88,1%, lo que equivale a 820.000 personas menos.

La obligación de los Estados de asegurar que las personas disfruten plenamente de sus derechos está estrechamente relacionada con el problema de la pobreza. Por esta razón, la ONU sostiene que eliminar la pobreza no es simplemente un deber moral, sino también una obligación legal conforme a las leyes internacionales de derechos humanos.

Es fundamental considerar que los derechos humanos, constitucionales o fundamentales son componentes cruciales y pilares de todo sistema democrático y constitucional de derecho, así como de las estructuras internacionales que protegen los derechos humanos.

Algunos residentes de Washington D.C. ahora tendrán que demostrar que trabajan o son voluntarios para poder recibir ayuda con los alimentos, un cambio impuesto por el gobierno federal que, según los abogados de los residentes más pobres de la ciudad, aumentará el hambre en los próximos meses y años.

Los requisitos laborales, que se están implementando gradualmente en todo el país, se aplican a los adultos que dependen del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) y que no cumplen con los requisitos para otras exenciones, como tener hijos pequeños o una discapacidad.

Una nueva ley les exige demostrar que trabajan al menos 20 horas semanales o que participan en un programa de capacitación o voluntariado aprobado durante un número determinado de horas al mes.

Según funcionarios del Departamento de Servicios Humanos de DC, la elegibilidad para el programa SNAP podría verse afectada por el cambio, que entró en vigor localmente el lunes.

Sin embargo, los críticos advierten que los nuevos requisitos podrían afectar a un mayor porcentaje de los 133.000 residentes de la ciudad que reciben SNAP, porque algunos podrían pensar erróneamente que ya no reúnen los requisitos para recibir los beneficios.

“Una de nuestras mayores preocupaciones es que haya personas que, a pesar de cumplir los requisitos para recibir estos beneficios, queden desamparadas”, declaró Jessica Berger, abogada supervisora ​​de Legal Aid DC, que ayuda a las personas a acceder a los beneficios públicos.

“La investigación nos indica que las personas más vulnerables y con mayores obstáculos son las que terminan perdiendo el acceso a estos beneficios ”.

A nivel nacional, los efectos de estos cambios podrían ser significativos. La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó el año pasado que, en promedio, alrededor de 3,2 millones de personas podrían dejar de recibir los beneficios del programa SNAP cada mes si entraran en vigor los nuevos requisitos laborales.

En Washington D.C., la implementación será gradual y las autoridades enfatizan que nadie perderá sus beneficios de inmediato.

En cambio, los requisitos laborales entrarán en vigor cuando un beneficiario de SNAP deba recertificar su elegibilidad ante la ciudad. En algunos casos, la recertificación se requiere cada seis meses, mientras que a otros hogares se les asignan intervalos más largos.

La directora del Departamento de Servicios Humanos, Rachel Pierre, declaró en una entrevista que la agencia se había puesto en contacto con los beneficiarios del programa SNAP para informarles sobre el cambio, y prometió que la ciudad ayudaría a los residentes a mantener sus beneficios siempre que fuera posible en medio de los nuevos requisitos.

“Cuando una familia o un individuo sufre inseguridad alimentaria o económica, nuestra labor es asegurarnos de que puedan acceder a los servicios y recursos a los que tienen derecho”, dijo Pierre, quien reconoció que le preocupaba que la gente optara por no renovar su certificación o incumpliera los requisitos y perdiera sus beneficios.

Berger afirmó que la comunicación de la ciudad debería ser más clara y personalizada. Explicó que los mensajes generales sobre los requisitos laborales podrían llevar a los residentes que cumplen los requisitos para obtener una exención a pensar que ya no son elegibles para el programa SNAP.

Sin embargo, Pierre indicó que la ciudad solo puede determinar quién califica para una exención una vez que solicita o renueva sus beneficios.

Berger comentó que la organización Legal Aid ya ha recibido consultas de clientes que están confundidos con los cambios.

Un cliente que llamó recientemente por un asunto ajeno mencionó de pasada que perdería sus beneficios del programa SNAP. Sin embargo, Berger explicó que, en realidad, esta persona estaba exenta porque tiene hijos menores de 14 años.

En Washington D.C., los nuevos requisitos laborales aumentarán las responsabilidades administrativas de una agencia que, en algunos casos, ya tiene dificultades para responder a la alta demanda de asistencia alimentaria.

En 2024, la ciudad recibió una multa de 4,4 millones de dólares del gobierno federal por pagar con demasiada frecuencia, ya sea de más o de menos, las prestaciones a los beneficiarios del programa SNAP.

Pierre afirmó que la agencia lleva meses actualizando sus sistemas y capacitando a su personal para prepararse para las nuevas normas.

Además de crear nuevos desafíos para el gobierno municipal, Berger argumentó que los cambios tenían su origen en ideas erróneas sobre los pobres.

“La mayoría de los hogares que reciben SNAP tienen personas trabajando”, dijo. “Por lo tanto, la idea de que las personas no trabajan y deben trabajar para obtener estos beneficios se basa en estereotipos sobre las personas que necesitan asistencia pública ” .

La ciudad ha estado trabajando para crear oportunidades de voluntariado en organizaciones locales sin fines de lucro, las cuales, según Pierre, ofrecerán al menos 1600 plazas para los residentes interesados ​​en participar para ayudar a cumplir con los requisitos del programa SNAP.

© 2026, The Washington Post

La pobreza monetaria en República Dominicana disminuyó a su nivel más bajo de la última década, ubicándose en 15.4 % durante el primer trimestre de 2026, de acuerdo con el informe preliminar presentado por el Ministerio de Hacienda y Economía. Este resultado representa una reducción de 2.6 puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior, cuando la tasa era de 18.1%.

El informe oficial señala que esta disminución está relacionada con el crecimiento económico observado en el mismo tiempo. El Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE) registró una variación acumulada de 4.1%, lo que sugiere que la expansión de la producción nacional permitió mejoras en los ingresos de los hogares más vulnerables.

Además, la aplicación de aumentos en los salarios mínimos sectorizados y no sectorizados, implementados desde abril del año pasado hasta febrero de 2026, benefició a los ciudadanos con menor poder adquisitivo.

Según la información validada por la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) y el Banco Central de la República Dominicana (BCRD), “los ingresos laborales percibidos durante los últimos 12 meses, comprendidos entre abril de 2025 y marzo de 2026, reflejaron un incremento al comparar con los reportados entre abril de 2024 y marzo de 2025.

Esto permitió que la contribución del ingreso laboral a la reducción de la pobreza alcanzara 3.74 puntos porcentuales, contrarrestando así el efecto de la inflación”, detalla el boletín oficial.

Al analizar los datos por territorio, la pobreza rural mantiene una incidencia superior a la urbana, situándose en 18.8 %, cuatro puntos por encima del 14.8 % que se registra en las ciudades.

El reporte recuerda que la pobreza monetaria se define como la situación de déficit entre los ingresos de los hogares y los recursos necesarios para adquirir una canasta básica de bienes y servicios.

La pobreza tiene rostro de mujer en República Dominicana

El Análisis del Desempeño Económico y Social 2025, difundido por las autoridades en las últimas semanas, señala que la pobreza monetaria bajó a su mínimo en diez años, aunque persisten brechas estructurales que limitan una reducción equitativa.

Según el documento, la incidencia general de la pobreza pasó de 19.0 % en 2024 a 17.3 % en 2025, mientras que la pobreza extrema disminuyó de 2.4% a 2.2%. Esto equivale a que 172,346 personas superaron la línea de pobreza durante ese periodo.

El informe enfatiza que la reducción de la pobreza se debió principalmente al efecto crecimiento, con una baja de 3.9 puntos porcentuales, aunque el efecto distribución y la inflación, con aumentos de 0.7 y 1.5 puntos respectivamente, limitaron el avance.

Persisten desafíos sustanciales, como la mayor incidencia entre la población menor de 15 años, donde la tasa llega a 30.1 %, casi el doble del promedio nacional, y la afectación más alta en los hogares encabezados por mujeres, cuya tasa supera en 3.8 puntos la de los hogares con jefatura masculina.

El índice de feminización de la pobreza aumentó de 21.2 a 26.0 entre 2024 y 2025.

El análisis territorial muestra que la región Norte registró la mayor baja, con una caída de 3.1 puntos, mientras que las regiones Ozama y Sur mantienen los niveles más elevados de pobreza.

El documento advierte que estas cifras reflejan la persistencia de brechas estructurales, especialmente entre la infancia, los hogares con jefatura femenina y las zonas con mayor rezago, lo que dificulta una mejora equitativa del bienestar social.

En esa lectura, el dato que usó para medir el cambio fue doble. Por un lado, afirmó que el Gobierno inició su gestión con más de 50 puntos de pobreza y que hoy ese nivel está por debajo de 30; por otro, señaló que el riesgo país bajó de más de 2.000 puntos a 500.

Miedziak habló en Infobae en Vivo antes del inicio del encuentro del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas, que este año lleva como lema “Nuevo Contexto Global: El Desafío de la Consolidación”. Desde allí planteó que la discusión ya no pasa solo por corregir desequilibrios, sino por definir si las mejoras recientes pueden sostenerse en un país donde economía y política suelen moverse juntas.

Para el presidente del IAEF, la principal novedad es el cambio de eje de la incertidumbre: antes estaba concentrada en la Argentina y ahora se desplazó al exterior. La consecuencia, según su planteo, es que el país ganó previsibilidad relativa, pero todavía necesita completar reformas para transformarla en competitividad duradera.

La incertidumbre, fuera de la Argentina

En la antesala del congreso, Miedziak describió un escenario internacional inestable y contrapuso esa situación con la dinámica local. “En Argentina parece que tenemos por primera vez en casi la historia más previsibilidad de lo que puede pasar por el mundo. Nadie está esperando cosas que pasaron siempre en Argentina, como que haya una gran volatilidad o que haya una inflación que nadie está esperando. Y en el mundo nadie sabe qué va a pasar en dos o tres semanas”, dijo el ejecutivo.

Su planteo no se limitó al contraste coyuntural. También remarcó que la consolidación argentina exige mirar la economía junto con la política, porque en el país ambos planos siguen estrechamente ligados y eso impide analizar los resultados de manera aislada.

Para explicar esa idea, recurrió a una comparación regional. “El caso de Perú a mí me encanta, porque en Perú el presidente del Banco Central lleva veinte años, con lo cual vos tenés muchos vaivenes políticos, pero la economía está bastante estable. Acá en Argentina siempre tenés que ver qué es lo que pasa”, dijo Miedziak.

Baja de la pobreza y del riesgo país

Miedziak sostuvo que en casi “treinta años” de gobierno se hicieron “muchas cosas bien” y eligió un criterio principal para juzgar resultados. “Creo que el más importante que uno tiene que ver es el índice de pobreza y tenemos que evaluar a todos los gobernantes por si hay más o menos pobres. Este es un gobierno que empezó con más de cincuenta puntos y tiene hoy menos de treinta puntos”, dijo el presidente del IAEF.

Luego sumó un segundo termómetro y lo presentó como una referencia menos expuesta a cuestionamientos locales. “Hay uno muy bueno que es el riesgo país, que todos lo conocen, que es básicamente cuál es el riesgo de hacer negocios en nuestro país. Y eso a mí me gusta mucho, porque es uno de los indicadores que los argentinos no pueden manipular”, planteó.

Sobre ese punto, precisó la magnitud del descenso y marcó a la vez el límite de la mejora. “El Gobierno empezó con más de 2.000 puntos, hoy está en 500. Queda un largo camino por recorrer. Yo le cuento a tu audiencia, por ejemplo, que acá del otro lado del río de La Plata, el riesgo país es de cincuenta puntos. O sea, es tremendo lo que falta, pero también es mucho lo que se hizo”, comparó Miedziak.

En esa misma secuencia, agregó que la inflación también muestra una tendencia descendente cuando se la observa en términos anuales, aunque no desarrolló cifras adicionales sobre ese indicador durante la entrevista.

La reforma tributaria, una cuenta pendiente

Miedziak recordó que en la edición anterior del congreso el IAEF había pedido tres cambios: una reforma laboral, un Estado más ágil y una reforma tributaria. Según su balance, dos de esos puntos registraron avances, mientras que el tercero sigue abierto y aparece como el obstáculo principal para mejorar la competitividad.

“La reforma laboral se dio, ahora lo que resta es ver cómo es la implementación de esa reforma”, dijo Miedziak. Sobre el segundo punto, sostuvo que ya existe un Ministerio de Desregulación y mencionó al ministro Federico Sturzenegger como el funcionario encargado de impulsar una estructura estatal más ágil.

El reclamo más enfático estuvo puesto en los impuestos. “Todavía falta una reforma muy grande, que es lo que tiene que ver con la reforma tributaria. Argentina no está para competir con muchos países y cuando encima de esa diferencia de competitividad le sumás que el costo impositivo es muy grande, es lo que todavía falta”, dijo.

A continuación explicó por qué, a su juicio, esa discusión es más compleja que las otras: “Creo que es algo bastante complicado, porque tenés tres diferentes entes que tienen que ponerse de acuerdo. Vos tenés impuestos municipales, tenés impuestos provinciales y después tenés los impuestos federales”.

Según su descripción, hubo reducciones tributarias parciales, pero no una coordinación integral entre niveles del Estado. “El país estuvo haciendo unas bajas de impuestos, pero, a decisión propia, me parece que falta todavía esa mesa para que, bueno, el costo impositivo no sea el que estamos teniendo y sobre todo el que creo que te prohíbe bastante la competitividad a nivel mundial”, enfatizó el titular del IAEF.

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Mirá la entrevista completa a Pablo Miedziak, presidente del IAEF

El Salvador experimenta un crecimiento económico impulsado principalmente por la construcción y el turismo, pero enfrenta el desafío de generar empleos suficientes para su población, según el economista y expresidente del Banco Central de Reserva (BCR), Carlos Acevedo.

Durante los últimos tres años, la economía salvadoreña alcanzó un promedio de crecimiento del 3.3%, una cifra que supera el promedio regional de América Latina y coloca al país en una posición favorable dentro del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).

De acuerdo con declaraciones Carlos Acevedo, a través de una entrevista matutina en Diálogo 21, “este año, dependiendo de las fuentes, las proyecciones van entre 3 y 3.5% por ciento”, ese ritmo de expansión representa un cambio respecto al bajo desempeño registrado entre 2000 y 2022, cuando el promedio fue de 2%.

El sector de la construcción ha sido uno de los motores más visibles de este avance. “A pesar del dinamismo de la construcción, que está generando un montón de empleos, existe la percepción de que solo los grandes constructores se benefician, pero hay un efecto multiplicador importante porque la construcción implica contratación de mano de obra, desde ingenieros hasta albañiles”, señaló Acevedo.

El economista explicó que este sector también demanda materiales, equipos y servicios, lo cual impacta en distintos niveles de la economía.

El turismo se suma como otra fuente de actividad que aporta al crecimiento. El país ha incrementado la llegada de visitantes y generado nuevas oportunidades, mientras las remesas familiares continúan representando un flujo relevante de divisas que ayuda a sostener el consumo interno.

Según Acevedo, “el ingreso de remesas y el turismo han dado un respiro a la economía”, aunque advirtió que estos factores no han sido suficientes para que toda la población perciba mejoría en su calidad de vida.

El progreso económico comienza a reflejarse en algunas estadísticas sociales. Acevedo destacó que “la última Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples arrojó una tasa de pobreza total del 22.5 %, la más baja jamás registrada en El Salvador”.

Esto significa que, por primera vez desde que existen registros, la pobreza se redujo en términos relativos; sin embargo, el propio economista advirtió que “uno de cada cuatro hogares está en situación de pobreza, lo cual es inaceptable”, y subrayó que cerca de medio millón de personas viven en pobreza extrema.

Uno de los principales retos que enfrenta El Salvador es la creación de empleos formales y bien remunerados. Según Acevedo, “el reto es empezar a levantar aún más la tasa de crecimiento para que se genere mayor empleo”, y recalcó la importancia de generar oportunidades laborales como mecanismo principal para reducir la pobreza.

“El factor principal para la reducción de la pobreza es el empleo”, reiteró el economista, citando estudios del Banco Mundial.

El costo de la vida se mantiene como una preocupación central para buena parte de la ciudadanía. Aunque la inflación bajó a niveles en torno al 2.2 %, Acevedo explicó que “la gente resiste el alto costo de la vida porque los precios desde el 2022 han crecido más de lo que han crecido los ingresos”.

Esto provoca que muchas familias ajusten su consumo y modifiquen hábitos alimenticios para afrontar la carestía. Acevedo también alertó sobre el impacto que podrían tener factores externos como el precio internacional del petróleo y eventuales sequías, que pueden influir negativamente en los precios de la canasta básica.

El analista reconoció que, pese a la mejora en algunos indicadores, el entorno para atraer inversión extranjera directa sigue siendo limitado. “El Salvador todavía sigue teniendo problemas para atraer inversión. Somos el penúltimo país en la región en ese sentido”, advirtió Acevedo.

La apuesta por la educación y la actualización de la infraestructura escolar se presenta como un elemento clave de mediano y largo plazo para mejorar la competitividad en el sector de empleo. Acevedo sostuvo que “la clave es apostarle a un crecimiento económico inclusivo, que genere empleos de calidad con salarios de calidad”. Enfatizó la relevancia de invertir en educación y en mejorar la formación docente, aunque los resultados de ese esfuerzo se verán con el tiempo.

El INEI presentó las cifras de pobreza, mostrando que el 25.7% de la población peruana vive en condiciones de pobreza monetaria, menor al 27.6% del 2024. Como siempre, los promedios ocultan las disparidades regionales: Ica, Madre de Dios y Moquegua, tienen menos del 10% de su población en condición de pobreza, mientras que Cajamarca y Loreto, se superan el 40%.

De otro lado, el 47.3% de la población peruana sufre de inseguridad alimentaria moderada y un 4.3% de la severa, lo cual quiere decir que la población tiene un limitado consumo de alimentos (25.2%), enfrenta vulnerabilidad económica y/o requiere utilizar más de 2 estrategias de afrontamiento (45%), como vender activos o utilizar ahorros para comprar alimentos. La inseguridad alimentaria se produce porque: a) no existen alimentos disponibles; b) existen problemas de acceso, es decir, las familias no los pueden comprar porque no tienen recursos financieros o porque los precios son excesivos; y/o, c) los hogares no pueden utilizar y distribuir los alimentos de manera eficiente dentro del hogar, porque no tienen insumos complementarios adecuados (energía, refrigeración).

La pobreza se relaciona con la inseguridad alimentaria, en varias dimensiones: a nivel país la pobreza limita los recursos para producir y/o importar alimentos; en lo subnacional puede reducir los recursos para construir caminos y mercados que permiten poner los alimentos a disposición de la población; a nivel del hogar, al reducir los recursos para comprar alimentos de calidad.

Siete regiones tienen más del 45% de la población en inseguridad alimentaria y también más del 30% de la población en pobreza monetaria; mientras que otras trece regiones también tienen más del 45% de su población con inseguridad alimentaria, pero con menos de 30% e incluso 20% de la población en pobreza. Entonces, la lucha contra la pobreza debe ser una prioridad, pero reducir la inseguridad alimentaria debe ser un objetivo específico de esa prioridad.

Por ello, la estrategia debe abordar dos niveles: en un primer nivel, generar las condiciones para recuperar tasas de crecimiento del PBI superiores al 6%, para reducir la pobreza en el país; ello requiere fomentar la inversión pública y privada, lograr un gasto público eficiente, y tener una institucionalidad operativa, honesta y estable. Pero en un segundo nivel, se requiere implementar estrategias en relación con la disponibilidad, acceso y uso de alimentos.

En este segundo nivel, la investigación “Mecanismos para reducir la Inseguridad Alimentaria: el rol de la productividad agraria, y las mejoras en disponibilidad, acceso y uso de los alimentos” publicada en “Agenda 2026” propone acciones para cada uno de esos pilares. Para la mayor disponibilidad, se requiere elevar la productividad agrícola, a través de mejorar los insumos de producción: semillas, riego, y capacidad técnica, así como lograr una mayor diversidad de cultivos en el ámbito rural, especialmente en zonas altoandinas; para un mejor acceso a alimentos, se requiere esquemas de provisión para la población de menores recursos (p.e, vales de consumo); y programas alimentarios focalizados en población que sufre inseguridad alimentaria de manera específica, y que la distribución no sea sólo con el criterio de pobreza.

Estas estrategias, propuestas por el Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, enfrentan actualmente oportunidades, pero también riesgos: en cuanto a oportunidades, estamos en una fase de altos precios de los minerales, lo cual favorece nuestros términos de intercambio y esto implica más recursos públicos en el corto y mediano plazo, así como mayores inversiones del sector privado, todo lo cual puede contribuir a elevar el crecimiento. Además, el boom tecnológico con la inteligencia artificial puede brindar oportunidades para el sector agrario, y ello contribuir a mejor las condiciones de disponibilidad de alimentos. En el caso de los riesgos, la potencial presencia de un Fenómeno El Niño, de una intensidad no vista en décadas, y la incertidumbre electoral, que detiene la inversión, son factores que afectan la implementación de las estrategias antes mencionadas. Frente a ello, se debe aprovechar las oportunidades y actuar sobre los riesgos, lo que implica prevenir y tener planes de acción. Lo que no podemos hacer es quedarnos paralizados.

La República Dominicana registró una disminución en la tasa de pobreza monetaria general, que alcanzó el 15.4 % durante el primer trimestre de 2026, según el último informe emitido por el Ministerio de Hacienda y Economía (MHE). Esta cifra refleja una reducción de 2.6 puntos porcentuales en comparación con el mismo periodo de 2025, cuando el índice se ubicó en 18.1 %. El descenso, validado por la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) y el Banco Central de la República Dominicana (BCRD), se atribuye a factores como el aumento del ingreso laboral y la expansión de la actividad económica nacional.

El reporte oficial del Gobierno dominicano vincula este retroceso de la pobreza a la evolución positiva del Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE), que acumuló una variación de 4.1 % durante los primeros tres meses del año. El comportamiento sugiere que la expansión de la actividad productiva incidió en la mejora de los ingresos de los sectores más vulnerables, de acuerdo con el análisis difundido por el MHE.

La información, avalada por la ONE y el BCRD, enfatiza que los ingresos laborales percibidos entre abril de 2025 y marzo de 2026 reflejaron un incremento respecto al mismo periodo del año anterior. Según detalla el boletín oficial, la contribución del ingreso laboral a la reducción de la pobreza fue de un 3.74 puntos porcentuales, cifra que permitió contrarrestar el impacto de la inflación en el poder adquisitivo de los hogares.

“Los ingresos laborales percibidos durante los últimos 12 meses, comprendidos entre abril de 2025 y marzo de 2026, reflejaron un incremento al comparar con los reportados entre abril de 2024 y marzo de 2025. Esto permitió que la contribución del ingreso laboral a la reducción de la pobreza alcanzara 3.74 puntos porcentuales, contrarrestando así el efecto de la inflación”, señala el boletín elaborado por el propio Ministerio de Hacienda y Economía.

Otra variable clave señalada por el MHE fue la implementación del aumento de los salarios mínimos sectorizados y no sectorizados, ejecutado entre abril de 2025 y febrero de 2026. Esta medida benefició a los ciudadanos de menor poder adquisitivo, aportando al descenso de la pobreza monetaria general en el país.

Es importante recalcar que la definición de pobreza monetaria, utilizada por las autoridades dominicanas, corresponde a la insuficiencia de ingresos en los hogares para cubrir el costo de una canasta normativa de bienes y servicios básicos. Los cálculos y variaciones reportados emplean los valores originales con máxima precisión, aunque las cifras publicadas están redondeadas para facilitar su exposición, lo que puede generar pequeñas discrepancias en operaciones aritméticas, según el propio documento.

Brecha entre la pobreza rural y urbana

El informe también destaca diferencias territoriales en la distribución de la pobreza. La pobreza rural se mantiene como la más elevada, situándose en 18.8 %, lo que representa 4.0 puntos porcentuales por encima del nivel registrado en zonas urbanas, donde la incidencia alcanza el 14.8 %.

El Gobierno atribuye esta brecha a factores estructurales y de acceso a oportunidades económicas en las distintas regiones de la isla.

La pobreza en Guatemala alcanza al 56% de la población y no muestra cambios de fondo pese a que la Organización de las Naciones Unidas ejecutó USD 923 millones en proyectos de desarrollo entre 2021 y 2025, según su Informe Anual de Resultados 2025.

El documento atribuye la persistencia del problema a la falta de oportunidades y al peso de la informalidad laboral.

El informe de Naciones Unidas señala que la pobreza extrema se mantiene en 16.2% y que 67.9% de los trabajadores sigue en la informalidad. Entre niños, niñas y adolescentes, 80.8% vive en precariedad económica, un indicador que, de acuerdo con el organismo, agrava el riesgo de rezago educativo y vulnerabilidad social.

En el mismo período, la ONU ejecutó 378 iniciativas y reportó avances puntuales en servicios sociales y prevención de crisis. La agencia también registró ataques contra defensores de derechos humanos, periodistas y operadores de justicia, y advirtió sobre el uso del sistema penal contra actores vinculados a investigaciones de corrupción.

Los datos del informe de la ONU sobre pobreza e informalidad

El Informe Anual de Resultados 2025 de Naciones Unidas sitúa en 56% la proporción de guatemaltecos en situación de pobreza, sobre una población de 18.7 millones de habitantes. El organismo vinculó el estancamiento con dos factores: falta de oportunidades y informalidad laboral sostenida.

En el detalle, la ONU consignó que la pobreza extrema permanece en 16.2%, mientras que 67.9% de la fuerza laboral continúa en la economía informal. Para la población menor de edad, el reporte ubicó en 80.8% el porcentaje de niños, niñas y adolescentes que viven en precariedad económica.

Fondos ejecutados y evolución del financiamiento internacional

Naciones Unidas informó que, en conjunto, ejecutó USD 923 millones en Guatemala durante el ciclo 2021-2025, a través de 378 iniciativas. El documento también describió una caída en la ejecución anual después del pico de USD 250,1 millones en 2022.

Según el mismo informe, la ejecución se redujo en los años siguientes hasta cerrar en USD 187.9 millones en 2025. La ONU atribuyó esa trayectoria a una tendencia descendente en la movilización de fondos internacionales durante la etapa final del quinquenio.

Resultados reportados en servicios sociales y acciones ante la sequía

Durante el último año del período evaluado, Naciones Unidas informó que 4.5 millones de personas ampliaron su acceso a servicios sociales esenciales a través de programas de asistencia.

Entre las medidas, el organismo indicó que brindó apoyo logístico para la instalación de más de 50.000 pisos de concreto en viviendas vulnerables.

Con ese componente, la ONU reportó que se declaró a diez municipios libres de pisos de tierra.

En paralelo, el informe consignó la primera acción anticipatoria colectiva de Centroamérica frente a la sequía en el Corredor Seco, que, según el organismo, asistió de forma preventiva a 67,500 personas en riesgo de inseguridad alimentaria.

Miguel Barreto, coordinador residente de la ONU en Guatemala, planteó: "Construir capacidades previas" y anticipar riesgos para reducir vulnerabilidades antes de que las crisis se profundicen. También anunció una nueva intervención orientada a mitigar el fenómeno de El Niño, dentro de la estrategia preventiva del sistema de Naciones Unidas.

Ataques y denuncias por el uso del derecho penal

El informe de la ONU documentó 1,465 ataques contra defensores de derechos humanos, periodistas y operadores de justicia. En ese apartado, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunció la "instrumentalización del derecho penal" por parte del Ministerio Público.

Según la oficina, esa práctica se utilizó para criminalizar a jueces y fiscales que investigan corrupción y violaciones graves de derechos humanos. El reporte vinculó ese contexto con un deterioro de condiciones para el trabajo de actores del sistema judicial y del periodismo.

La respuesta del Gobierno y el foco del plan 2026-2030

Al recibir el informe, el presidente Bernardo Arévalo de León afirmó: "Resultados concretos" son clave para sostener la confianza en las instituciones democráticas. La Presidencia enmarcó la discusión en la necesidad de que las políticas públicas se traduzcan en mejoras verificables para la población.

De acuerdo con Naciones Unidas y el Gobierno guatemalteco, el próximo ciclo estratégico 2026-2030 incorporará movilidad humana y migración como prioridad nacional de desarrollo, en un giro de agenda tras el quinquenio 2021-2025 marcado por el estancamiento de los indicadores de pobreza y el deterioro social consignado en el informe.

Salimos temprano por el barrio con Gringa, la perra de la casa. Son cuadras tranquilas pero a esta hora el barrio está especialmente desierto. Se van iluminando algunas bombitas en las ventanas, se corre alguna cortina, alguien prende una hornalla. Gringa viene suave, siempre un poco en babia, pero de golpe ve algo, ha visto algo. Por la vereda se arrastra, viene salticando, una bolsa de esas que ahora te cobran en los supermercados, vacía; Gringa va hacia un zaguán y desde ahí sale un gruñido. Un gruñido, unos ojos perdidos, la mandíbula que cuelga. Es un hombre. Ponele.

No lo puedo evitar: pienso “es un hombre” y pienso “si esto es un hombre”. Y Si esto es un hombre es, claro, el título de ese libro tremendo de Primo Levi, un judío italiano, químico, arrancado por el nazismo de su buena vida en Turín para ser tirado como basura a Auschwitz. Levi -que vivió para contarlo- detalla la vida -sí, vida- en el campo, el frío tremendo de prisioneros descalzos, el dolor permanente de los pies de quienes andan en ese invierno polaco con cualquier zapato, porque ya no tienen nada, de la sopa como única comida pero, encima: ¿cómo va a comerla sin cuchara? Cuenta, Primo Levi, las peleas por la parte de arriba, la más grasosa, de ese caldo inmundo. Habla del compañero al que acaban de señalar para ir a la muerte pero que antes le dona sus cubiertos. Y de los que se rindieron, habla de los que ya son fantasmas.

Primo Levi -pienso- es sometido por un regimen que busca exterminarlo. Que decide todo: qué puede y qué no puede decir, a qué hora tiene que dormir, cómo hacer su cama: todo. El hombre del zaguán, en cambio, es víctima de lo contrario. Nadie decide sobre él, se ha vuelto invisible, inexistente. No lo persigue un régimen totalitario: reina el individualismo, que mata con la indiferencia. Una sociedad que parece haber decidido que no tenemos nada que ver unos con otros, que si alguien se cae mejor que se le ocurra solo cómo levantarse, que es bueno y justo que sobrevivan los más fuertes, que no somos manada, compatriotas, ninguna cosa. Una sociedad orgullosa de no tener nada que ver con los que no pudieron, con los que no quisieron, con los que no pudieron querer.

Al principio, Primo Levi se sorprende de que lo dañen sin odio. Entiende, entendería, que le pegaran por algún motivo pero cuando le dan una paliza porque sí, para que vaya poniéndose en su lugar, se queda perplejo. Es la entrada nomás, ya se va a ir acostumbrando a que, como le dice un guardia que le impide beber, “acá no hay razones”. De a poco, verá gente con ropa ridícula, paso extraño, brazos rígidos, y sabrá que mañana nomás él será así. “Una masa humana” son sus compañeros a veces, caída ya toda dignidad.

Si esto es un hombre, pensé durante mucho tiempo, hablaba de eso, de un humano que sufre dolor físico, moral, espiritual sin saber por qué; que es desnudado, separado de su familia, objeto de arbitrariedades como norma. Masa humana, de a poco eso no es un hombre, pensé. Pero ahora creo otra cosa.

Ahora creo que “si esto es un hombre” señala también al guardia que pega por pegar, a veces por obediencia, a veces porque puede. Señala al vivillo de la ciudad vecina que se acerca al alambrado a cambiarle al prisionero una camisa -la única, la que tiene puesta- por unos panes, y el prisionero se queda pecho al aire porque el hambre manda. “Si esto es un hombre” señala al que camina erguido frente a esos desgraciados contrahechos y elige cuáles van a ser exterminados. Si eso es un hombre. Si ese asco es un humano.

Paso por la misma vereda unos días después. El tipo -¿es el mismo?- está acostado, con una de esas camperas verdes que tienen una capucha con un vivo de piel, casi junto al cordón, paralelo al container de la basura. Como quien se acuesta frente al mar, está acostado frente al container. Y come: con una mano se sostiene la cabeza, con la otra va sacando unos bizcochitos de grasa de una bolsa. Come eso, que ojalá no haya agarrado del tacho, con los ojos a la altura de las ruedas de los autos. No hay más solo: creo que veo el hueso de la palabra “soledad”.

Paso, vuelvo con leche para hacer yogurt, llegamos a casa, está la estufa prendida, Gringa se echa en su colchoncito. Tengo cocina, olla, fuego, cuchara. Soy una más, yo también lo dejo atrás. Esto y ninguna otra cosa, digo, es un hombre. Todo eso; el que está tirado, el que sigue de largo, los que festejan el sálvese quien pueda.

No hay red, no hay Estado, no hay semejantes, no hay cuidado que se merezca sólo por ser humano. Solo la bolsa al viento, solo la calle. Mientras no lo barran también.

Marcos Galperín, fundador de Mercado Libre y uno de los empresarios más influyentes del país —con una fortuna personal que supera los USD 7.500 millones—, volvió a respaldar públicamente al Gobierno nacional. A través de sus redes, el empresario enumeró una serie de indicadores económicos que, según sostuvo, reflejan una mejora significativa de la situación del país.

No es la primera vez que Galperín defiende la gestión de Javier Milei. A lo largo de los últimos meses, el empresario ha tomado posición de manera reiterada en favor de las políticas económicas del Gobierno, convirtiéndose en una de las voces del sector privado más activas en ese sentido.

El posteo del empresario

En su publicación, Galperín abrió con una referencia directa a lo que describió como una ofensiva sostenida contra la administración nacional. “Luego de meses de que todo el sistema de poder haya atacado al Gobierno de una manera inédita”, escribió, para luego listar los indicadores que, a su entender, marcan un punto de inflexión.

“Hoy tenemos: 447 palos de dólares comprados en un día, tasas bajando, inflación bajando, EMAE [Estimador Mensual de Actividad Económica] y economía creciendo, inflación bajando, tipo de cambio estable, reservas en niveles récord, superávit fiscal, superávit comercial, empleo privado creciendo, pobreza bajando”, enumeró en su cuenta oficial de X.

“¿Alguien más está viendo lo mismo que veo yo? Me parece que se dio vuelta la tortilla”, cerró el empresario en su posteo.

Los datos del BCRA

Junto con su mensaje, Galperín compartió una infografía del BCRA correspondiente al jueves 28 de mayo de 2026, que publica diariamente el organismo con sus principales variables. En efecto, la entidad sumó USD 447 millones, la segunda compra más alta del año, con lo que el acumulado anual supera los USD 9.600 millones, cifra que representa más del 96% de la meta de compras de divisas para este año.

Al cierre de la jornada, las reservas brutas llegaron a USD 48.511 millones, una suba diaria de 644 millones de dólares. Este monto marca el valor más elevado en casi siete años y supera el máximo registrado en febrero por la actual gestión.

En cuanto a las tasas, el informe consignó una Tasa Nominal Anual (TNA) de 22,81% para el Tamar—Tasa Mayorista de la República Argentina— y de 20,69% para el Badlar, ambas correspondientes a bancos privados. El tipo de cambio minorista promedio vendedor se ubicó en $1.430,454 por dólar.

Una voz que respalda al Gobierno

El posteo de Galperín se enmarca en una postura que el empresario ha sostenido de manera consistente desde que Milei asumió la presidencia. En distintas oportunidades, el fundador de Mercado Libre se ha expresado a favor de la orientación económica del Gobierno, en particular en lo referido al ajuste fiscal y a la desregulación.

En esta ocasión, su mensaje apunta a trazar un contraste entre lo que describe como una presión sostenida del “sistema de poder” sobre la administración y los resultados que, según él, empiezan a verificarse en los indicadores macroeconómicos. La publicación fue acompañada por datos oficiales del BCRA, que el propio organismo difunde a diario, y que Galperín utilizó como respaldo de su argumento.

En ese sentido, el empresario no hizo distinciones entre variables de corto y largo plazo: puso en el mismo plano la compra de divisas del día con tendencias más estructurales como la reducción de la pobreza o el crecimiento del empleo privado. Su publicación generó repercusión en la red social, en línea con el rol que el ejecutivo viene ocupando como una de las figuras del sector privado más activas en el debate económico y político del país.

La polémica con las jubilaciones

A comienzos de mayo, Marcos Galperín protagonizó una controversia en X que tuvo amplia repercusión. Todo comenzó con la viralización de un video periodístico, en el que una mujer mayor relataba que su haber jubilatorio no le alcanzaba para cubrir los gastos básicos, en particular el costo de los medicamentos, y que dependía de la ayuda de sus hijos para sostenerse. La mujer también aclaró que nunca había tenido empleo formal porque se había dedicado durante su vida a las tareas del hogar.

Ante ese video, Galperín respondió en la red social con un emoji de carita sonriente, gesto que fue interpretado por una parte significativa de los usuarios como una burla hacia la jubilada. La reacción del empresario generó miles de interacciones y se instaló como uno de los temas más debatidos de la jornada. El streamer Coscu —Martín Pérez Disalvo— fue una de las voces más resonantes en cuestionarlo: “¿Cómo siendo una de las personas con más guita del país te vas a reír de una jubilada?”, escribió, y destacó el valor del trabajo doméstico no remunerado. En un segundo mensaje, Coscu profundizó la crítica: “Cuando les pregunten si la plata les da la felicidad acuérdense de este ejemplo: la persona más rica de nuestro país riéndose de una jubilada que no le alcanza para los remedios.”

Galperín no respondió a esos cuestionamientos, pero sí publicó un mensaje en el que planteó su postura sobre el sistema previsional: “Si no trabajaste nunca en tu vida y tenés más de 65 años, no sos jubilado.” La frase amplificó el debate y extendió la polémica durante horas en la plataforma, con intervenciones de periodistas, usuarios y figuras públicas que sumaron sus opiniones sobre el rol del trabajo doméstico, la situación de los adultos mayores y el sistema jubilatorio argentino.

Cuatro de cada diez mujeres rurales en América Latina no cuentan con ingresos propios, de acuerdo con un análisis expuesto durante el Foro GLI Latam 2026 en Lima.

El dato muestra que, pese a los avances en capacitación, la brecha en el acceso a recursos y autonomía económica persiste para la mayoría de las agricultoras de la región, incluido Perú.

Capacidades en aumento, oportunidades estancadas

Según explicó Carolina Trivelli, investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) y ex ministra de Desarrollo e Inclusión Social, el problema no radica en la falta de formación.

“Las mujeres rurales hoy en día enfrentan las mismas oportunidades laborales que sus madres y sus abuelas. Tenemos mujeres rurales con más capacidades que antes, pero tienen las mismas posibilidades que mujeres que tenían menos capacidades que ellas”, sostuvo.

Trivelli subrayó que el estancamiento responde, en buena medida, a la ausencia de políticas públicas rurales enfocadas en cerrar las brechas de género. A su juicio, muchas iniciativas carecen de perspectiva de género y no buscan reducir la desigualdad estructural.

El acceso al financiamiento, otro obstáculo

El evento, que contó con la participación de representantes de UNESCO, CAF y FAO, abordó también las dificultades de las mujeres rurales para acceder a financiamiento.

Bárbara Auricchio, ejecutiva principal de la Dirección de Género de CAF, sostuvo que los productos financieros tradicionales no consideran la realidad de las mujeres en el campo. “Muchos instrumentos parten del supuesto de producción continua, formalidad y acceso a garantías que ellas no tienen”, explicó.

Auricchio remarcó que, sin educación financiera y digital, es poco probable que los nuevos instrumentos diseñados para el sector tengan efectividad real.

El estudio presentado en el foro muestra que, aunque casi 931.000 mujeres figuran como productoras agrarias en Perú y un 35,5% tiene titularidad sobre sus parcelas, la propiedad no garantiza acceso al crédito, especialmente en contextos de inestabilidad climática.

Cultura, identidad y derechos colectivos

Por su parte, Guiomar Alonso Cano, representante de UNESCO en Perú, profundizó en las dimensiones culturales y de identidad que afectan a las mujeres rurales. “¿Cómo puede ser central una persona que no controla los recursos?”, planteó.

Alonso Cano advirtió sobre tres riesgos emergentes para los saberes rurales: el extractivismo cultural sin reconocimiento de autoría, la instrumentalización de los conocimientos colectivos ignorando la cultura propia y la circulación masiva de contenidos digitales sin protección ni reglas claras.

“La IA y la circulación masiva de contenidos culturales, no solo iconografía, sino conocimientos complejos agrícolas, de memoria colectiva o relaciones con el territorio, circulan sin reglas ni reconocimientos. ¿Cómo se protegen los derechos colectivos de comunidades rurales y cómo se redistribuyen los beneficios? Eso todavía no lo tenemos”, agregó.

¿Distancia entre la ley y la realidad cotidiana?

Mariana Escobar, representante de la FAO en Perú, señaló que la brecha entre el avance normativo y la vida cotidiana permanece abierta.

Las resistencias culturales, especialmente en zonas rurales, y la percepción de riesgo para invertir en proyectos liderados por mujeres, dificultan la consolidación de derechos.

Escobar destacó que aún existen sectores que no consideran que invertir en mujeres requiere enfoques distintos, lo que frena decisiones de inversión y limita el desarrollo.

De esta manera, el foro invitó a repensar la visión tradicional sobre la mujer rural, pasando de verla solo como beneficiaria a reconocerla como agente política y de transformación.

El dato

• El Foro GLI Latam 2026, organizado por Pro Mujer bajo el lema “Nuevos horizontes: tecnología, territorio y poder colectivo”, reunió a participantes de más de 30 países y puso el foco en la necesidad de políticas y mecanismos de inversión con enfoque de género para cerrar las brechas en el mundo rural.

Levantar una vivienda en solo una semana y por un precio similar al de un teléfono móvil de alta gama parece una promesa difícil de creer, pero es precisamente lo que plantea Housing Now, un proyecto de casas modulares de bambú desarrollado en Myanmar por el estudio de arquitectura Blue Temple. La iniciativa está pensada para familias desplazadas por el conflicto y por desastres naturales, y combina tres ideas sencillas: materiales locales, bajo coste y rapidez de construcción.

Según la ficha del proyecto publicada por ArchDaily, medio especializado en arquitectura, cada unidad puede construirse en una semana y tiene un coste aproximado de entre 1.000 y 1.300 dólares, una cifra que el propio proyecto compara con el precio de un smartphone. No se trata de viviendas convencionales pensadas para el mercado inmobiliario europeo, sino de casas básicas, modulares y de emergencia, diseñadas para responder a una situación extrema: la falta de alojamiento seguro para familias desplazadas en Myanmar.

Cañas de bambú para construir estructuras resistentes

La clave del sistema está en el uso del bambú. Pero no del bambú de gran diámetro, más caro y difícil de conseguir, sino de cañas más pequeñas, abundantes en los mercados locales. Blue Temple agrupa estas piezas en haces y las convierte en marcos estructurales prefabricados. Cada marco integra elementos verticales, horizontales y diagonales, de forma que cuatro piezas encajadas forman el esqueleto principal de la vivienda.

El resultado es una estructura ligera, modular y más resistente de lo que podría parecer a simple vista. El sistema permite montar suelos, paredes y cubierta sobre esa base de bambú, manteniendo un diseño adaptable a las necesidades de cada familia. La vivienda puede cambiar en cuestiones como la distribución interior, la posición de las ventanas o el acceso principal, sin comprometer la estabilidad del conjunto.

El propio estudio de arquitectura presenta Housing Now como una iniciativa creada en 2019 para responder a la crisis habitacional en zonas afectadas por el conflicto en Myanmar. El programa no solo desarrolla viviendas, sino también escuelas y clínicas de bajo coste con participación de las comunidades locales.

Una prueba real: el terremoto de Myanmar

El proyecto ganó especial visibilidad después del terremoto de magnitud 7,7 que golpeó el centro de Myanmar en marzo de 2025. Según Blue Temple, 26 casas de bambú construidas en un campamento de familias desplazadas resistieron sin daños pese a encontrarse cerca de la zona afectada, a unos 15 kilómetros del epicentro.

La resistencia de estas viviendas no depende únicamente del material, sino también de la geometría. El entramado de bambú distribuye las cargas sísmicas y permite cierta flexibilidad ante los movimientos del terreno. Esa elasticidad es una de las razones por las que el bambú se ha ganado el apodo de “acero vegetal”: crece rápido, pesa poco y puede soportar esfuerzos importantes si se trabaja correctamente.

Un modelo abierto y replicable

Otra de las particularidades del proyecto es que no se plantea como un producto cerrado. Housing Now ha construido 79 unidades y ha distribuido 500 manuales do it yourself (DIY) para facilitar que otras comunidades puedan replicar el sistema.

Esa dimensión comunitaria es clave en la propuesta. Las familias participan en el montaje con apoyo técnico, lo que reduce costes y permite adaptar las casas al uso cotidiano. El objetivo no es levantar viviendas icónicas, sino ofrecer una solución práctica, rápida y asequible en lugares donde el acceso a materiales industriales, financiación o maquinaria pesada es muy limitado.

En este sentido, conviene entender bien el alcance del proyecto: no son casas milagro ni una solución exportable a cualquier país. Son viviendas de emergencia, diseñadas para un contexto concreto y con costes locales de Myanmar. Pero sí muestra algo importante: con diseño, materiales cercanos y participación comunitaria, la arquitectura puede ofrecer respuestas dignas incluso en escenarios de enorme precariedad.

El crecimiento económico sostenido, impulsado principalmente por la inversión privada, es clave para generar empleo adecuado, ampliar la clase media y reducir la pobreza. En 2025, la pobreza monetaria en el Perú cayó de 27.6% en 2024 a 25.7%, en un contexto de crecimiento económico de 3.4% y de un repunte de 10% de la inversión privada. No obstante, el resultado se ubica por encima del nivel de 2019, cuando la pobreza alcanzaba el 20.2%; en otras palabras, existen 2.3 millones de peruanos más en situación de pobreza que antes de la pandemia.

Desempeño nacional

La mejora fue distinta entre zonas urbanas y rurales. En las ciudades, la pobreza cayó de 24.8% en 2024 a 23.4% en 2025; sin embargo, aún hay cerca de tres millones de personas más en pobreza urbana que en 2019. En contraste, en el ámbito rural la pobreza se redujo de 39.3% a 35.5% y ya se ubica por debajo de su nivel prepandemia, con casi 544 mil personas menos en esta condición frente a 2019. Así, la pobreza se ha vuelto principalmente urbana: en 2025, el 74.1% de las personas pobres vivía en zonas urbanas, una proporción mayor que antes de la pandemia (56.7%).

A esta situación se suma el aumento de la vulnerabilidad monetaria. En 2025, la población vulnerable —personas que no son pobres, pero que pueden caer en pobreza ante un choque económico adverso— pasó de 31.8% a 32.8%. Aunque esta proporción es menor que la de 2019 (34.7%), aún existen más de 11 millones de peruanos considerados vulnerables y alrededor de 452 mil más que en 2024.

La recuperación de la clase media también sigue incompleta. Según el Banco Mundial, este grupo incluye a las personas con ingresos equivalente a cerca de S/1,066 mensuales. En 2025, la clase media representó el 34% de la población, por encima del 32% de 2024, pero aún por debajo del 39% de 2019. Así, hay 909 mil peruanos menos en este grupo frente a la situación prepandemia. A nivel regional, 16 de 25 regiones registraron retrocesos en la proporción de clase media respecto de 2019, con las mayores caídas en Lima Metropolitana y Callao, Tumbes y La Libertad.

Pobreza y clase media en Piura

Piura redujo la pobreza en 2025, en un contexto de mayor dinamismo económico y laboral. La economía regional creció 4.6% y el empleo formal asalariado avanzó 4.9%, lo que contribuyó a que la pobreza monetaria disminuya de 31.9% en 2024 a 28.1% en 2025. Sin embargo, la mejora aún no alcanza para recuperar el nivel previo a la pandemia: la pobreza se mantiene por encima del 24.2% de 2019, lo que implica más de 105 mil piuranos adicionales en esta condición. Con ello, Piura se mantiene como la novena región con mayor pobreza del país.

Por su parte, la clase media en la región no solo no se ha recuperado, sino que se ha reducido. En 2025, este grupo representó el 23.5% de la población regional, por debajo del 24.6% de 2024 y lejos del 27.9% registrado en 2019. Esto equivale a más de 57 mil piuranos que salieron de la clase media respecto de la prepandemia.

La pobreza extrema también se redujo en Piura. En 2025, cayó a 3.0%, pero aún se mantiene por encima del 2.5% registrado en 2019. Este indicador incluye a quienes no logran cubrir una canasta básica de alimentos, con un gasto mensual menor a S/242 por persona (S/967 para una familia de cuatro miembros). Así, Piura registra 17 mil personas más en pobreza extrema respecto de 2019.

En adelante, el reto para Piura y el resto del país no es solo reducir la pobreza, sino consolidar una recuperación más amplia que permita ampliar la clase media. Para ello, resulta indispensable reactivar con mayor fuerza la inversión privada, principal motor de crecimiento de la economía y de generación de empleo formal. Cerrar las brechas exige impulsar un entorno más favorable para la inversión, destrabar proyectos y generar oportunidades económicas en todas las regiones.

(*) Elaborado por Stephani Maita, economista sénior del IPE, con la colaboración de Maylith Coronel.

Promedia mayo y el frío no perdona. En la Ciudad de Buenos Aires viven miles de personas en situación de calle: según los datos oficiales, son unas 1.613. Pero los últimos informes, de septiembre de 2025, obtenidos por el censo popular en la Ciudad de Buenos Aires —realizado por las organizaciones sociales, en colaboración con numerosos voluntarios y ONG—, eran 11.892 las personas sin techo. En ese contexto, la ayuda y la empatía de los propios ciudadanos y vecinos porteños juegan un rol fundamental. También lo hacen los distintos proyectos solidarios, entre ellos, Plato Caliente.

Convocados por la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA), estudiantes y graduados de la UBA se organizan cada semana en el Bar Saludable de Nutrición de la Facultad de Medicina, en Marcelo T. de Alvear 2230. Allí, voluntarios de la carrera de Nutrición elaboran platos que cumplen con los valores nutricionales necesarios, y aproximadamente 20 voluntarios de distintas carreras reparten más de 200 viandas por edición en las zonas aledañas a Plaza Houssay, donde la vulnerabilidad es extrema por el frío y la falta de techo.

Plato Caliente surgió durante la pandemia —en junio de 2020— como parte del programa “UBA en Acción” y, en seis años, repartió más de 60.000 platos calientes, con la colaboración de más de 15.000 voluntarios y 7.500 cocineros, consolidándose como una expresión del compromiso social universitario frente a la emergencia habitacional. “Cada salida es diferente. A veces encontramos familias y ciudadanos recurrentes; a veces son nuevos los rostros. Nosotros, como voluntarios, tenemos diferentes circuitos para tratar de cubrir la mayor cantidad de cuadras posibles”, cuenta Priscila Vitale, presidenta de FUBA.

La solidaridad ante todo

La solidaridad es la premisa que mueve a cada uno de los voluntarios y voluntarias que los jueves, cada quince días, se reúnen a poner su tiempo y ganas de ayudar.

“El voluntariado de Plato Caliente nace en el momento más crudo de la pandemia, cuando mucha gente en situación de calle necesitaba de una gran ayuda; y en la UBA nunca podemos quedarnos con los brazos cruzados”, revive Priscila que además de presidir la Federación, es integrante del proyecto desde sus inicios. Según explica, el trabajo se sostiene gracias al compromiso conjunto de estudiantes, graduados y voluntarios de distintas facultades, especialmente de la carrera de Nutrición.

Los jueves, las viandas se preparan en el espacio de Nutrición con alimentos obtenidos a través de donaciones que llegan tanto al patio de la facultad como al local de la FUBA. “Las viandas se preparan siempre en base a cantidad de nutrientes, proteínas y alimentos acordes a lo que tiene que tener una comida”, explica Priscila. El objetivo es que cada plato aporte el valor nutricional necesario y llegue caliente a quienes lo reciben.

La planificación del menú también forma parte del trabajo cotidiano del voluntariado. Yamila, encargada de la organización, explica que las comidas se diseñan para poder cocinar grandes cantidades sin perder calidad alimentaria. “El menú se define para que sea un menú de ollas que sea rendidor y permita hacer mucha cantidad. Un menú completo con proteínas, carbohidratos, cereales integrales y legumbres”, detalla.

Una vez terminadas las viandas, los grupos salen en recorridas organizadas por distintos circuitos alrededor de la Facultad de Medicina y Plaza Houssay. “Cada salida es diferente. A veces encontramos familias y ciudadanos recurrentes; a veces son nuevos los rostros”, agrega Priscila. Según cuenta, los recorridos buscan cubrir la mayor cantidad posible de cuadras y adaptarse a una realidad social que cambia semana a semana.

El crecimiento de personas que viven en la calle se convirtió en una de las principales preocupaciones de quienes participan del voluntariado. Las organizaciones sociales que trabajan con esta problemática cuestionan las cifras difundidas por el Gobierno nacional este año y sostienen que existe un fuerte subregistro de personas sin techo. También advierten que muchos relevamientos oficiales excluyen jurisdicciones clave, como la provincia de Buenos Aires, lo que reduce significativamente el alcance de los datos: el Gobierno relevó 9.400 personas en situación de calle en 19 provincias dejando afuera el distrito bonaerense.

Estar presente

La situación económica también impacta de forma directa en este escenario. Según cifras oficiales del INDEC, hacia fines de 2025 la desocupación alcanzó el 7,5 por ciento, superando el millón de personas sin empleo y marcando un aumento sostenido en los últimos dos años. A eso se suma el crecimiento de la informalidad laboral y la pérdida de cientos de miles de puestos de trabajo registrados desde 2023, especialmente en sectores como la industria, la construcción y el trabajo en casas particulares.

En paralelo, especialistas en economía cuestionan que los indicadores de pobreza medidos únicamente por ingresos no logran reflejar completamente el deterioro de las condiciones de vida ni la precarización creciente del mercado laboral. En ese contexto, acciones como las de Plato Caliente se consolidan como una de las principales redes de contención para quienes atraviesan situaciones extremas.

Para muchos de los voluntarios, el trabajo excede la entrega de comida. Rodrigo Moyano, licenciado en Ciencias Políticas, docente del CBC y estudiante de Trabajo Social, participa del proyecto desde 2022. Para él, la experiencia representa una manera concreta de devolverle a la sociedad lo que la universidad pública brinda todos los días.

“Plato Caliente no es solamente entregar una vianda, sino acercarse a las personas, preguntar qué tal su día, preguntar su nombre, cómo están”, admite el impacto de esa acción en él. En ese vínculo cotidiano también aparece una fuerte dimensión humana: la conciencia de las desigualdades y de las condiciones en las que viven quienes pasan las noches en la calle, especialmente durante el invierno.

Para Lucas Lauría, estudiante de cuarto año de Psicología que comenzó a participar este año después de ser invitado por compañeros de Nutrición, la experiencia es movilizante. “Me gustó mucho estar en la calle buscando gente que necesitara alimentarse o un plato caliente, ya que en estos días de frío la gente lo necesita especialmente”, cuenta.

También destaca el clima colectivo previo a cada salida y la importancia de construir compromiso social desde la universidad pública. “Estar en la facultad no solamente nos forma como profesionales, sino como personas que vivimos en esta sociedad”, afirma sobre el rol humano, especialmente frente al conflicto por la falta de presupuesto.

En un contexto atravesado por el aumento de la pobreza, la precarización laboral y el crecimiento de personas sin techo, cada dos jueves Plato Caliente vuelve a poner en marcha la misma rutina: cocinar, organizar las recorridas y salir a repartir comida caliente. Una tarea sostenida por estudiantes y voluntarios que, frente a una realidad cada vez más compleja, buscan que nadie quede completamente solo.

Los recorridos tienen tres rutas: el circuito 1 sale por la calle Paraguay Uriburu, de allí llegan hasta Avenida Corrientes y caminan hasta Callao. Luego de allí siguen hasta Avenida Córdoba, desde donde regresan hasta Uriburu.

El circuito 2 inicia su recorrida por Marcelo T. de Alvear hasta Callao y Corrientes. De allí regresa por la plaza Rodríguez Peña. El circuito 3 sale por Azcuénaga hasta Córdoba y de ahí sigue hasta Pueyrredón, desde donde continúan hasta Once.

En México, uno de cada cuatro adultos mayores de 65 años permanece en el mercado laboral, según el Instituto Nacional de Geriatría, revelando que el trabajo en la vejez es una realidad cotidiana que va más allá de la elección personal. Este segmento de la población enfrenta retos considerables en el campo ocupacional, lo que se refleja tanto en las estadísticas de participación como en las condiciones laborales y de vida.

La tasa de participación laboral de personas mayores mexicanas asciende al 25%, una cifra que, aunque no es la más alta en la región latinoamericana, evidencia las carencias del sistema de seguridad social del país. Al comparar este dato internacionalmente, los índices de Perú (43.2%), Ecuador (36.9%) y Paraguay (34.2%) superan al mexicano, ligados a sistemas aún más frágiles.

Entre los adultos mayores que trabajan en México predominan los hombres, con un 67.2% frente a un 32.8% de mujeres en la misma situación. Además, un 20% de quienes laboran se ubica en el rango de edad de 75 a 84 años, lo que indica que no solo los más cercanos a la jubilación sino también los de mayor edad continúan activos.

Sobre la educación, cerca de la mitad (49.8%) cuenta con algún año de primaria, mientras menos del 16% de quienes no trabajan tienen ese nivel educativo. Esta tendencia destaca la permanencia de adultos mayores con menor escolaridad en actividades productivas,.

El entorno donde los adultos mayores se insertan laboralmente también resulta revelador. Un 30.4% reside en zonas rurales. Las características de sus empleos reflejan la precariedad que enfrentan: el 54.3% se desempeña por cuenta propia y el 76.3% lo hace en la informalidad, muy por encima de otros grupos etarios. Esta informalidad se traduce en ausencia de prestaciones y seguridad, ya que únicamente un 11.4% tiene acceso a instituciones de salud derivado de su empleo.

Las ramas económicas en las que se concentran los mayores trabajadores muestran gran variedad, pero con claro peso en sectores de baja remuneración y limitada protección. Un 34.3% se emplea en el sector servicios, un 28% lo hace en la rama agropecuaria y 22% en actividades comerciales.

En cuanto a la remuneración, quienes siguen trabajando perciben en promedio 6 mil 999 pesos mensuales, cifra aproximadamente un 29.4% inferior al ingreso percibido por otros adultos económicamente activos, que alcanza los 9 mil 914 pesos. Este diferencial económico se suma a las dificultades de acceso a salud y prestaciones, ampliando la brecha de bienestar entre la población mayor y otros segmentos etarios.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Geriatría, el panorama confirma que gran parte de los adultos mayores mexicanos enfrenta la vejez combinando trabajo informal, bajos ingresos y escaso acceso a seguridad social, condicionando su bienestar y el de quienes dependen de ellos. Además, el análisis destaca la necesidad de políticas públicas enfocadas en mejorar la cobertura de pensiones y otros aspectos de seguridad económica.

El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) presentó los resultados de la Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones (ERESTEL 2025), con un balance favorable: el 96% de los hogares en Perú cuenta ya con acceso a internet fijo o móvil.

Esta cifra representa un crecimiento de casi 20 puntos porcentuales en seis años, según detalla el propio regulador. Alrededor de 10.3 millones de hogares están conectados a internet al cierre de 2025, un récord nacional.

Sin embargo, persisten brechas que un análisis más estricto del informe revela en el acceso y uso efectivo de servicios digitales, especialmente para adultos mayores y habitantes de zonas rurales, donde la velocidad del avance digital no alcanza a todos por igual.

El salto en conectividad no borra las brechas rurales

Según los datos de OSIPTEL, el acceso a internet en zonas rurales pasó de 41.5 % en 2019 a 85.8 % en 2025, un salto que duplica la cobertura en solo seis años.

No obstante, la distancia con las áreas urbanas sigue siendo amplia: mientras Lima Metropolitana exhibe una penetración de 99.2 %, las zonas rurales aún se mantienen por debajo del promedio nacional.

El informe evidencia que la universalización del internet en el Perú es una meta todavía pendiente en la ruralidad, donde el acceso a servicios digitales avanzados es sensiblemente menor.

Adultos mayores y segmentos vulnerables pierden paso en la digitalización

El crecimiento de la conectividad no se traduce de igual manera para todos los grupos etarios. En hogares cuyo responsable tiene 51 años o más, el acceso a internet alcanza el 92.7 % en 2025, frente al 67.7 % en 2019, una mejora significativa, aunque aún insuficiente respecto al promedio nacional.

El uso de herramientas de inteligencia artificial (IA) y servicios digitales avanzados es mucho menor entre adultos mayores, según revela la ERESTEL.

Mientras el 16.3 % de la población total utiliza IA, el porcentaje es considerablemente más bajo en este grupo, que también accede menos a comercio electrónico y billeteras digitales.

Equipamiento y acceso: la mitad del país sin laptop

El equipamiento tecnológico sigue siendo una brecha en sí misma, de acuerdo con los datos compartidos por el organismo regulador.

Aunque el 97.2 % de los hogares dispone de al menos un dispositivo móvil para conectarse a internet, solo el 54.5 % cuenta con laptop y el 65.5 % con computadora de escritorio.

Este déficit impacta de manera directa en la posibilidad de aprovechar servicios educativos, laborales y de desarrollo profesional, especialmente fuera de las grandes ciudades.

Adopción desigual de servicios digitales avanzados

La masificación de dispositivos móviles y la extensión del acceso a internet no han logrado que servicios como comercio electrónico, billeteras digitales, almacenamiento en la nube y plataformas OTT (streaming de video) alcancen una distribución homogénea.

El uso de billeteras digitales llega al 62.3 %, pero cae notablemente en zonas rurales y entre adultos mayores.

Solo el 12.4 % de la población realiza compras o ventas en línea, con predominio en Lima Metropolitana y en los estratos socioeconómicos altos.

Persisten barreras culturales, económicas y de confianza

La expansión de la conectividad no ha logrado eliminar barreras culturales y de confianza. El 46.4 % de quienes no compran por internet desconfía de la seguridad de las páginas web, mientras que un 22.1 % prefiere ver y probar el producto en persona.

Las razones para no usar servicios de almacenamiento en la nube o inteligencia artificial se asocian al desconocimiento, la falta de interés y la preocupación por la privacidad.

A pesar del avance, 2.8 % de los hogares aún no tienen dispositivos móviles para conectarse y cerca de 0.2 % sigue sin ningún servicio de telecomunicaciones, lo que representa unas 16 mil viviendas excluidas de la digitalización.

Así, el informe advierte que la transición tecnológica puede dejar rezagados a segmentos vulnerables si no se abordan las brechas de acceso, equipamiento y habilidades digitales en toda su dimensión.

Una muletilla extendida en el mundo cuando se desea criticar la gestión de un gobernante es que “a la gente la plata no le alcanza”. Con diferencias sutiles se la lee y escucha tanto en países avanzados, como en subdesarrollados. En los Estados Unidos, el Reino Unido y Canadá se usa “living paycheck to paycheck”; en Italia “non arrivare a fine mese”; en Brasil “não chegar ao fim do mês”.

Cualquiera que la exprese, sea un político o un periodista, tiene la tranquilidad que no lo podrán desmentir. La “gente” no tiene nombre ni apellido y aquel que intente contradecirlos será señalado como una persona despegada de la realidad y que no conoce a su pueblo. Siempre hay ejemplos de pobreza a la que referirse y, además, cuando a una persona en la calle le ponen un micrófono y frente a una cámara le preguntan si llega a fin de mes, difícilmente conteste que sí. A las personas les gusta mostrar bienestar frente a sus vecinos y amigos, pero no frente al público y menos a la autoridad.

Además, es real que a casi todos les gustaría tener más bienes y gastar más de lo que hoy puede con su sueldo. Esto es así porque cuando uno satisface ciertas necesidades aparecen otras que serán también conveniente satisfacerlas. Las aspiraciones, para casi todos, son infinitas y los recursos siempre son limitados.

Obviamente, no se puede negar que un país puede pasar por situaciones de crisis que repercuten en el nivel de vida. La Argentina es un claro ejemplo de sube y bajas reiteradas, además de una pérdida secular de su situación relativa respecto del promedio mundial. Pero la aseveración, de sentencias vagas y por ello irrefutables no tiene porque reflejar la realidad general.

Pero no es esto lo que se pretende analizar en estas líneas. La información estadística que disponen hoy los países, incluyendo la Argentina, es suficiente para evaluar la realidad económica y social con suficiente detalle como para no tener que apelar al concepto etéreo de “la gente”. El empleo y desempleo, la pobreza, la distribución del ingreso, los salarios y jubilaciones, el costo de la canasta familiar y los índices de precios, son datos nacionales y regionales con los que se cuenta y permiten una caracterización suficientemente correcta de la situación económica y social. La seriedad del debate público debe apoyarse en información confiable. No es correcto aducir que esa información no tiene relación con la microeconomía o con el metro cuadrado de cada uno de nosotros. No tiene sentido decir que la macroeconomía está bien, pero la micro no. Es una dialéctica hábil pero engañosa, ya que como hemos visto, al grueso de la gente su gasto, o sea su micro, siempre le resulta insuficiente. Esto es así en Buenos Aires, Zurich, Nueva York o Nairobi. Responde a la esencia del ser humano, sujeta a la envidia y al querer poseer más.

Hoy estamos viendo que los datos económicos y sociales de la Argentina comienzan a alinearse en términos positivos. La pobreza ha disminuido, el consumo aumenta, la inflación retoma la tendencia decreciente y baja el riesgo país. La política no está ayudando. Por eso, con mayor razón, deben dejarse de lado las muletillas y cuidar la seriedad con que se maneja y analiza la información económica.

La pobreza monetaria en el Perú bajó de 27.6% a 25.7% en 2025. Leído de manera aislada, el dato podría parecer una buena noticia, porque 567 mil personas salieron de la pobreza respecto al año anterior. Sin embargo, sería un error político y ético convertir esta reducción en motivo de celebración, cuando el país todavía tiene 8 millones 828 mil personas en situación de pobreza y 1 millón 614 mil en pobreza extrema; es decir, personas que no logran cubrir ni siquiera el costo de una canasta básica de alimentos.

La pobreza no debe entenderse solo preguntando cuánto ingreso tiene una familia. También debe analizarse desde su capacidad para acceder a una alimentación adecuada, educación, salud de calidad. En 2025, la línea de pobreza fue de S/ 462 por persona al mes. Es decir, una persona cuyo gasto mensual se encuentra por debajo de ese monto es considerada en situación de pobreza monetaria. Es decir, para una familia de cuatro integrantes, esto equivale a aproximadamente S/ 1848 mensuales solo para no ser considerada pobre. Por otro lado, la línea de pobreza extrema, asociada al costo de la canasta básica de alimentos, fue de S/ 260 por persona al mes. Para una familia de cuatro integrantes, representa alrededor de S/ 1040 mensuales solo para cubrir una alimentación mínima.

Ahí aparece la pregunta de fondo: ¿qué tipo de alimentación se puede garantizar con esos montos? La pregunta es necesaria porque sabemos que llenar el estómago no es lo mismo que garantizar una alimentación saludable, diversa, nutritiva, inocua y culturalmente adecuada. Una alimentación puede parecer suficiente en cantidad, pero ser insuficiente en calidad. Si no incluye alimentos ricos en hierro, proteínas de calidad, frutas, verduras y preparaciones adecuadas para la edad, aumenta el riesgo de anemia, desnutrición y otros problemas que afectan el crecimiento, el aprendizaje y la salud de niñas y niños.

Por eso el cruce entre pobreza, anemia y desnutrición crónica infantil es tan importante. Los departamentos con mayor incidencia de pobreza monetaria en 2025 son Cajamarca, con 41%; Loreto, con 40.1%; Puno, con 37.5%; Pasco, con 36.4%; y Huánuco, con 35.7%. No es casualidad que varios de estos territorios también presenten indicadores nutricionales alarmantes. Según la ENDES 2024, la anemia en niñas y niños de 6 a 35 meses alcanza 76% en Puno, 62% en Loreto, 54.4% en Pasco, 44.9% en Huánuco y 38.4% en Cajamarca. La desnutrición crónica infantil también golpea con fuerza: Cajamarca registra 20.4%, Loreto 19.5%, Huánuco 16.5%, Pasco 14.1% y Puno 11.5%.

Estos datos muestran una verdad incómoda: la pobreza no solo reduce la capacidad de compra; también deteriora la calidad de la alimentación y condiciona las posibilidades reales de desarrollo. Cuando el ingreso no alcanza, las familias pueden reducir porciones, dejar de comprar alimentos de origen animal, frutas y verduras, reemplazar preparaciones nutritivas por productos más baratos y ultra procesados, o postergar gastos en salud. Y esa decisión es muchas veces es una decisión forzada por la precariedad.

El propio patrón de gasto de los hogares confirma esta presión. En 2025, el 28.6% del gasto real promedio per cápita se destinó a alimentos dentro del hogar; 21.1% a alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles; 12.7% a alimentos fuera del hogar; 8.4% a salud; y 7.6% a transporte. Es decir, buena parte del presupuesto familiar se va en sobrevivir: comer, pagar servicios, movilizarse y atender enfermedades.

La pobreza tampoco distingue a la población según su edad, ya que, dentro de la población pobre, el 10.1% tiene de 0 a 5 años, el 12.6% de 6 a 11 años y el 14.9% de 12 a 17 años. En conjunto, el 37.6% de la población en pobreza corresponde a niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años. Esto debería encender todas las alarmas, la pobreza en la infancia no es solo una carencia temporal; puede afectar el crecimiento, el aprendizaje, la salud, la educación y las oportunidades futuras.

Por eso, reducir la pobreza no puede limitarse a mejorar un indicador anual. El país necesita una política pública que conecte ingreso, alimentación, salud, cuidado, agua segura, saneamiento, educación y desarrollo territorial. La anemia no se resuelve solo repartiendo suplementos si las familias no tienen acceso a alimentos ricos en hierro, servicios de salud oportunos y agua segura. La desnutrición crónica no se combate con bonos si los hogares no cuentan con entornos saludables y protección social efectiva.

Combatir la pobreza exige empleo digno, programas alimentarios fortalecidos, compras públicas articuladas a la agricultura familiar, vigilancia nutricional, educación alimentaria, inversión en agua y saneamiento, y servicios de salud con enfoque preventivo. Pero exige una decisión política: dejar de mirar la alimentación como asistencia y empezar a tratarla como un derecho.

Por eso hay que tener claro que la pobreza también se expresa en la mesa, en la calidad de lo que se come, en el crecimiento de una niña o un niño, en la capacidad de una familia para elegir alimentos saludables y en las oportunidades que se pierden cuando el Estado llega tarde o no llega.

En 2025, la inversión privada creció 10.0%, su mayor tasa en doce años, y el empleo formal privado avanzó 6.1%. Este dinamismo se tradujo en mayores ingresos para los hogares y permitió que la pobreza a nivel nacional descienda de 27.6% en 2024 a 25.7% en 2025. En total, 564 mil personas salieron de esa condición en el último año. No obstante, en 16 de las 25 regiones del país, la pobreza aún supera los niveles registrados antes de la pandemia.

La inversión privada impulsó la reducción de pobreza, pero todavía no se alcanza niveles prepandemia

La historia reciente muestra con claridad el vínculo entre inversión privada y reducción de la pobreza. Entre 2005 y 2014, cuando la inversión privada crecía en promedio 12.2% anual, la pobreza se redujo a la mitad (de 55.6% a 22.7%). Sin embargo, el estancamiento de la inversión en la última década (1.0% entre 2015 y 2024) frenó dicho avance.

El 2025 marcaría un punto de inflexión. La economía nacional se incrementó 3.4% y la inversión privada volvió a crecer a doble dígito, en un contexto de altos precios internacionales y confianza empresarial en terreno positivo. Además, el empleo formal asalariado del sector agro creció 14.0%, seguido de la minería (5.9%) y manufactura (3.5%). Todo ello se reflejó en una mejora del ingreso laboral promedio real, que creció 3.1% (de S/ 1,896 en 2024 a S/ 1,954 en 2025). Con estos resultados, la pobreza se redujo en su mayor ritmo desde 2013, excluyendo el rebote postpandemia.

Sin embargo, la pobreza en el Perú aún se ubica por encima de su nivel prepandemia (20.2% en 2019). Además, persisten importantes diferencias a nivel regional. Aunque regiones como Tacna, Amazonas y Junín ya redujeron su pobreza por debajo de los niveles prepandemia, otras aún muestran rezagos importantes. Destaca Lima Metropolitana, donde la pobreza pasó de 14.2% en 2019 a 27.3% en 2025, equivalente a 1.7 millones de personas adicionales en situación de pobreza respecto a 2019. Asimismo, en Loreto, Piura y Arequipa, el número de pobres todavía supera en más de 100 mil habitantes los niveles antes de pandemia.

La Libertad lidera en reducción de población pobre

En La Libertad, la pobreza pasó de 30.2% en 2024 a 25.5% en 2025. Así, unos 86 mil liberteños dejaron de ser pobres. Pese al avance, se mantiene ligeramente por encima de su nivel prepandemia (24.7%).

La reducción de la pobreza estuvo vinculada al crecimiento del agro (5.6%), sector que emplea a 1 de cada 4 trabajadores en la región. Como resultado, el empleo formal creció 12.9%. Sin embargo, el ingreso laboral promedio en la región aún se mantiene 5.5% por debajo del nivel registrado en 2019 (S/ 2,136).

Dentro de la región, la reducción de pobreza se dio tanto en áreas urbanas como rurales. Mientras que la pobreza urbana cayó de 26.1% a 21.6% entre 2024 y 2025, en el ámbito rural descendió de 49.9% a 44.9% en el mismo periodo, su menor nivel registrado. Cabe destacar que la pobreza en La Libertad tiene hoy un perfil más urbano: entre 2019 y 2025, el porcentaje de pobres que vive en ciudades aumentó de 53.0% a 70.3%.

Perspectivas

El contexto electoral abre una ventana de oportunidad para exigir compromisos concretos en materia de inversión, empleo y política social. Consolidar los avances exige impulsar la inversión privada en sectores con alta capacidad de generar empleo formal (como la agroindustria, manufactura y turismo) y adaptar la política social a una pobreza que hoy es predominantemente urbana. Sin una estrategia que combine crecimiento e inclusión, el riesgo de retroceso se agrava.

Con la colaboración de Matías Buendía

En Panamá cerca del 60% de las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en pobreza extrema vive en hogares donde la persona responsable tiene apenas educación primaria completa o menos.

Apenas un 3.3% de esos jefes de hogar han cursado educación superior, porcentaje que entre los no pobres es de 28.5%.

Los datos corresponden al informe “Pobreza Infantil en Panamá, un abordaje territorial a la pobreza monetaria en la niñez y la adolescencia”, del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef Panamá) y el Banco Mundial.

El análisis agrega que es así como el capital educativo de la jefatura del hogar ata el potencial de generación de ingresos y define, en buena medida, las oportunidades materiales de la niñez y la adolescencia.

En el país del Canal uno de cada tres niños vive en condición de pobreza y uno de cada seis, en condición de pobreza extrema, mientras que la incidencia de pobreza en la niñez es más alta que en la población general, documenta el informe.

De acuerdo con el informe, entre los niños, niñas y adolescentes en pobreza extrema, 63.1% convive con jefaturas ocupadas, 9.9% con desocupadas y 27.1% con inactivas.

Entre los no pobres estas proporciones son de 80.4%, 2.4% y 17.3%, respectivamente.

Se manifiesta que la inactividad laboral puede condensar múltiples restricciones, como la baja demanda laboral local, costos de traslado, ausencia de servicios de cuidado y, con frecuencia, responsabilidades domésticas que recaen sobre las mujeres.

Este conjunto de factores debilita el flujo de ingresos y, en consecuencia, reduce la capacidad de los hogares para sostener niveles adecuados de consumo para niños, niñas y adolescentes, así como el acceso a servicios esenciales.

Para el informe, la educación y el empleo forman un binomio que estructura las posibilidades de movilidad económica de los hogares.

“Allí donde ambos se combinan en niveles bajos -nivel educativo bajo y escasa vinculación laboral - la pobreza infantil se vuelve no solo más probable, sino también más persistente”, resume el documento.

Entre los niños, niñas y adolescentes en pobreza extrema, 48% vive en comarcas indígenas, frente a 2,2% entre los no pobres, y 80% reside en áreas rurales (24% entre los no pobres).

Las estadísticas del informe revelan que los niños, niñas y adolescentes indígenas representan 60.7% del grupo en pobreza extrema (versus 10,4% entre los no pobres) esto, pese a constituir 22.6% de la población infantil total.

En conjunto, la combinación de comarca, ruralidad y pertenencia indígena configura el principal vector estructural de riesgo para la infancia panameña, donde la exclusión territorial y la desigualdad étnica se potencian.

A ello se suma la estructura familiar: los hogares con jefatura femenina sin cónyuge alcanzan 36.5% entre los niños, niñas y adolescentes en pobreza extrema frente a 25.9% entre los no pobres.

Las jefaturas jóvenes (18–29 años) también se concentran en la pobreza extrema (12.8% frente a 7.0%). Ambas características remiten a trayectorias laborales más frágiles, ingresos inestables y sobrecarga de cuidados, lo que limita la participación económica y reduce el ingreso disponible por persona.

El documento puntualiza que la evidencia sugiere un mecanismo acumulativo de desventajas: pertenecer a una comarca o zona rural, convivir en hogares numerosos y contar con una jefatura de bajo nivel educativo son condiciones que se superponen. Esa superposición eleva la probabilidad de pobreza extrema y limita las salidas por la vía del mercado de trabajo.

Desde una perspectiva operativa, el informe de los organismos internacionales sostiene que ello refuerza la necesidad de pasar del análisis de factores aislados a la construcción de perfiles integrados de riesgo, sobre los cuales priorizar la acción estatal y calibrar la respuesta de las políticas sociales.

El Indec dio a conocer sus principales informes de precios correspondientes al mes de abril. De acuerdo con el organismo, la inflación avanzó 2,6% en abril, registrando así una desaceleración por primera vez desde mayo de 2025. En tanto, las dos canastas que miden la evolución de precios de los productos esenciales tuvieron variaciones inferiores al IPC.

En detalle, la Canasta Básica Total (CBT) se encareció 2,5% en el cuarto mes del año, llegando así a un valor de 1.469.768 pesos. Ese monto determina cuánto debe gastar una familia tipo para cubrir el 100% de sus necesidades básicas. Si un hogar tiene ingresos mensuales por debajo de ese valor, es técnicamente considerada “pobre”.

Por su parte, la Canasta Básica Alimentaria (CBA) tuvo una variación del 1,1% en abril. Con esa suba alcanzó un valor de 665.053 pesos. Ese es el costo que tiene que enfrentar una familia para cubrir sus necesidades alimentarias en el transcurso de un mes. Si un grupo familiar no llega a alcanzar ese nivel de ingresos, pasa a ser considerado “indigente”.

Las subas del 2026

Como se mencionó, tanto la CBA como la CBT tuvieron incrementos inferiores al IPC en el mes de abril. Sin embargo, en ambos casos los aumentos acumulados del primer cuatrimestre muestran una concordancia con lo ocurrido con los precios a nivel general (la inflación acumulada es de 12,3%).

Según el Indec, en los primeros cuatro meses del año la Canasta Básica Total aumentó un 12,3%, pasando de $1.308.7123 en diciembre a los mencionados $1.469.768 en abril. La CBA, en cambio, tuvo una variación levemente mayor, pasando de $589.510 a $665.053 en el período analizado (12,8% de incremento).

También hay concordancia absoluta en el acumulado de los últimos doce meses. Tanto el IPC como las dos canastas que mide el Indec registraron variaciones de 32,4% entre abril de 2025 e igual mes de 2026.

El costo de vida para cada familia

Como todos los meses, el Indec precisó cuál es la canasta básica actual correspondiente a otros grupos familiares. Si bien siempre se toma como ejemplo el caso de una familia tipo, compuesta por un varón de 35 años, una mujer de 31 años, un hijo de 6 años y una hija de 8 años, la realidad es que el costo de vida varía para cada familia.

De acuerdo a lo informado por el organismo de estadísticas, en abril pasado un hogar de tres integrantes, compuesto por una mujer de 35 años, su hijo de 18 y su madre de 61 años, debió enfrentar una CBT de $1.170.106 y una CBA de 5429.460 pesos. Es decir que su costo de vida total mensual fue de casi $300 mil menos que el de un hogar de cuatro personas.

Claro está, que el costo de vida es más alto para un hogar con más integrantes. El Indec muestra en su informe los valores correspondientes para una vivienda de cinco personas, compuesta por un varón y una mujer, ambos de 30 años, y tres hijos de 1, 3 y 5 años. En ese caso, la Canasta Básica Alimentaria llegó a los $699.490 en el mes de abril, mientras que la Canasta Básica Total alcanzó un valor de 1.545.872 pesos.

También se debe aclarar, que la CBA y la CBT varían sustancialmente entre una región y otra del país. Si bien el informe de Indec sólo muestra los valores correspondientes al Gran Buenos Aires, los informes de precios del organismo muestran grandes diferencias en los valores de los alimentos según la zona de la Argentina. Usualmente, los precios tienden a ser más altos en la región patagónica y más bajos en el norte del país, lo que configura costos de vida diferentes en cada caso.

En la nación cuya economía crece de manera sostenida al 4%, donde el riesgo país ha disminuido, el 34,5% de las niñas, niños y adolescentes vive en hogares cuyos ingresos no alcanzan para cubrir una canasta básica de bienes y servicios.

Esto, mientras que un 16% enfrenta pobreza extrema, o sea, hogares que no cuentan con ingresos suficientes para satisfacer las necesidades alimentarias.

Así lo refleja el informe “Pobreza Infantil en Panamá, un abordaje territorial a la pobreza monetaria en la niñez y la adolescencia”, cuyos datos indican que uno de cada tres niños en Panamá vive en condición de pobreza y uno de cada seis, en condición de pobreza extrema.

La incidencia de pobreza en la niñez es más alta que en la población general, señala el informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef Panamá) y el Banco Mundial.

Se refleja que está claro que la pobreza infantil en Panamá continúa siendo un desafío estructural que impacta profundamente en el desarrollo humano del país, ya que afecta a generaciones presentes y futuras, y perpetúa desigualdades sociales y económicas.

Anota que el problema se agrava en las comarcas indígenas, donde la incidencia de pobreza infantil es considerablemente más alta, ya que duplica la tasa de pobreza que afecta la niñez fuera de ellas.

En las comarcas indígenas, el 83% de la niñez vive en situación de pobreza y el 55%, en pobreza extrema.

En la comarca Ngäbe Buglé, detalla que los hogares con niñas y niños presentan ingresos promedio per cápita de apenas $68.8 mensuales.

Esta situación, siempre de acuerdo al informe, refleja desigualdades estructurales profundas, vinculadas a barreras en el acceso a recursos y servicios esenciales.

Las desigualdades territoriales no se agotan a nivel provincial, sino que se reproducen y amplifican cuando se considera la situación de los distritos y corregimientos.

Si bien existe cierta relación entre las provincias más favorables (o desfavorables) y los distritos y corregimientos que las componen, existen algunas provincias mejor posicionadas con distritos y corregimientos que requieren demandas adicionales de respuesta.

A manera de ejemplo, se puntualiza que en la provincia de Veraguas la brecha entre distritos alcanza los 63 puntos porcentuales, lo que refleja la coexistencia de distritos con niveles de pobreza infantil extremadamente altos, como Santa Fe, y otros con niveles mucho más bajos, como Santiago.

El informe hace la observación que a pesar de esta realidad el país dispone de datos y recomendaciones técnicas que pueden contribuir a fortalecer los programas de protección social haciéndolos más eficientes, garantizar el acceso a servicios básicos de calidad sin importar el lugar donde nacen y viven los niñas y niños, y consolidar instrumentos clave como el registro social de hogares.

El siguiente paso, sugiere el informe, es convertir esta evidencia en políticas públicas efectivas, capaces de generar resultados duraderos y mejorar la calidad de vida de la niñez ysus familias.

El informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y del Banco Mundial indica que la incidencia de pobreza en la niñez es más alta que en la población general.

Manifiesta que el 22,2% de la población general de Panamá vive en la pobreza frente al 34,5% de niñas, niños y adolescentes. Un 9,4% de la población general vive en situación de pobreza extrema, puntualiza.

El documento reitera que en Panamá uno de cada tres niñas y niños aún viven en situación de pobreza monetaria y uno de cada seis en pobreza extrema. Esta realidad, dice, refleja situaciones altamente dispares al interior del país.

Una familia de Arkansas (Estados Unidos) vive una situación muy atípica al descubrir que un hombre sin hogar se encontraba oculto en su casa durante al menos una semana. Este hallazgo se detectó por movimientos extraños de objetos y por la desaparición de alimentos a lo largo de dichos días.

El incidente pone de manifiesto una serie de episodios desconcertantes por parte del matrimonio formado por Dutch y Sharon Hoggatt. Se produjeron diversas acciones fuera de lo común dentro de la vivienda de esta pareja, como el cambio de lugar de algunas sillas sin una causa aparente o la desaparición de alimentos de los armarios. Esta familia comenzó a sospechar cuando no encontraron una explicación lógica a esta serie de anomalías.

Tras unos días de incertidumbre, la pareja informó de sus sospechas a su hija, Cherisee, y a su yerno, Mark Gregory, y juntos decidieron actuar realizando una inspección conjunta por la casa el miércoles 13 de abril. Después de esto, Sharon Hoggatt aprovechó la ausencia de su marido y comenzó a realizar una búsqueda que derivó en la localización de un desconocido abriendo la puerta de un armario situado bajo la escalera del sótano.

Según el testimonio de Mark Gregory: “Entró más a fondo y vi cómo se le abrían mucho los ojos. Empezó a retroceder y dijo: ‘Hay alguien ahí dentro. Veo su pierna o su pantalón vaquero’”. Ante esto, el yerno de la pareja agarró un bate de béisbol, mientras el resto de la familia aguardaba, y golpeó contra la puerta para forzar la salida del ocupante. Al cabo de unos segundos de tensión, el hombre salió de su escondite.

Todo lo que se sabe sobre el hallazgo de este hombre

El hombre que se encontró la familia Hoggatt en su sótano se trata de Preston Landis, un individuo de 41 años que fue identificado como un sin techo y, además, no mostró comportamiento violento durante este episodio. Inicialmente, pasó la noche del lunes en el espacio sanitario de la vivienda y, a la mañana siguiente, se instaló en el sótano, donde lo acondicionó con un colchón improvisado en el fondo de un armario. Pese a haber forzado la entrada, Mark Gregory afirma que la confrontación se desarrolló de manera tranquila y que “se veía claro que no era una amenaza real”. Simplemente parecía buscar un refugio para sobrevivir a la inclemencias del tiempo.

Durante el tiempo que permaneció en la vivienda, este hombre robó alimentos y algunas prendas de ropa de la familia, aunque no llegó a llevarse objetos de valor. Dutch Hoggatt asegura que no están enfadados con este señor, pero afirma que le “da lástima”. Este sentimiento es algo reiterado por la familia, quienes han expresado un alivio tras encontrar una explicación a las desapariciones que venían registrando.

Una detención tranquila y sin violencia

El desenlace de este episodio se produjo de forma pacífica y muy tranquila. Tras el descubrimiento de la familia, llamaron a la policía y estos realizaron una intervención. El proceso que realizaron fue el siguiente: la familia mantuvo al hombre bajo vigilancia y hablaron con él hasta que los agentes de la oficina del sheriff del condado de White (Arkansas) procedieron a su arresto.

Según la información aportada por La Dépêche du Midi, Preston Landis ha sido acusado formalmente de robo y allanamiento, quedando fijada una fianza de 15.000 dólares, es decir, unos 12.000 euros, para su puesta en libertad.

El caso ha generado repercusiones por su desarrollo atípico y la ausencia de violencia. Sin embargo, la reacción de los afectados ha dado una muestra de comprensión y empatía, más allá del malestar generado por la intrusión en el domicilio.

¿Es posible acabar con la pobreza? Debería ser el objetivo de cualquier sociedad. Si nos vamos a España, hay un precio para hacerlo: 24.000 millones de euros, el equivalente al 1,8% del Producto Interior Bruto (PIB) del país. Este sería el coste de llevar la renta de todos los ciudadanos españoles por debajo del umbral de la pobreza hasta el nivel mínimo considerado digno. Así lo concluye el estudio Análisis de la exclusión social y económica en España y sus territorios, publicado recientemente por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) y la Fundación Ramón Areces, bajo la dirección de la economista Carmen Herrero, con la participación de Antonio Villar y Carlos Albert.

La cifra surge del cálculo del denominado gap de riesgo de pobreza: la suma del dinero necesario para elevar los ingresos de cada persona en situación de precariedad hasta el umbral del 60% de la mediana de la renta nacional, que en 2023 se situó en 10.990 euros por unidad de consumo al año. Todas las cifras del estudio se expresan en euros constantes de 2023, lo que permite comparar los datos a lo largo del periodo analizado, que abarca de 2015 a 2023.

El trabajo, basado en los microdatos de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) del Instituto Nacional de Estadística (INE), analiza la pobreza desde tres ángulos: su incidencia —cuántas personas la padecen—, su intensidad —cuán lejos están del umbral— y la desigualdad entre quienes la sufren. En 2023, el 20,2% de la población española vivía por debajo de ese umbral, casi dos puntos menos que en 2015, cuando la tasa era del 22,1%.

El estudio del Ivie también cuantifica el coste de erradicar la forma más severa de exclusión: llevar a todas las personas en situación de pobreza extrema —aquellas con ingresos inferiores al 40% de la mediana— hasta ese segundo umbral costaría unos 8.800 millones de euros anuales, el 0,7% del PIB. Aproximadamente un 41% de quienes se encuentran en riesgo de pobreza están también en riesgo de exclusión, y ese colectivo concentra el 39% del coste total de erradicar la pobreza.

De Andalucía al País Vasco: el peso desigual según el territorio

El esfuerzo económico necesario varía de forma drástica entre comunidades autónomas. En Andalucía, la región con mayor tasa de riesgo de pobreza del país —el 30,5% en 2023—, el coste de eliminar esa situación equivale al 3,9% de su PIB regional, unos 6.665 millones de euros. En el extremo opuesto, el País Vasco, con una tasa del 10,2%, necesitaría destinar solo el 0,6% de su PIB a ese fin, unos 462 millones de euros. Es decir, para lograr el mismo objtivo los andaluces necesitarian 14 catorce veces más dinero.Entre ambos extremos se sitúan comunidades como Murcia (3,3%), Canarias (3,0%) o Castilla-La Mancha (2,7%), mientras que Madrid (0,8%), Aragón (1,0%) y Cataluña (1,2%) registran los costes relativos más bajos junto al País Vasco.

Esas diferencias no responden únicamente al tamaño de la población en riesgo de pobreza. El estudio del Ivie advierte de que las regiones con menor tasa de incidencia no son necesariamente las que presentan mejores condiciones de vida para sus pobres. La renta media de las personas en riesgo de pobreza en Navarra, por ejemplo, se sitúa entre las más bajas del país pese a que la comunidad foral tiene una de las tasas de incidencia más reducidas.

El porcentaje del PIB destinado a erradicar la pobreza disminuyó en la mayoría de comunidades entre 2015 y 2019, pero volvió a aumentar entre 2019 y 2023, tanto a nivel nacional como en la mayor parte del territorio. Ese repunte coincide con el periodo de recuperación pospandemia, en el que los umbrales de pobreza también subieron al crecer la renta mediana.

Tener empleo no garantiza escapar de la pobreza

Tener empleo no garantiza escapar de la pobreza. Según el informe, aproximadamente un tercio de las personas en riesgo de pobreza están ocupadas, una proporción que no ha variado de forma sustancial a lo largo del periodo analizado. La situación es especialmente aguda entre quienes cobran por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). En una familia media de dos adultos y dos hijos con un solo salario mínimo, la renta por unidad de consumo cae por debajo del umbral de pobreza. En Andalucía, el 20% de los trabajadores con empleo sigue en riesgo de pobreza; en Extremadura, el 16%.

La brecha territorial también se refleja en el índice de desigualdad entre los pobres. El Índice de Gini aplicado a la población en riesgo de pobreza cayó de 27,4 en 2015 a 22,3 en 2023 a escala nacional, lo que indica que las rentas dentro de ese colectivo se han homogeneizado. La mejora fue especialmente pronunciada en Canarias (más de 15 puntos), Cataluña y Castilla-La Mancha (9 puntos) y Madrid y el País Vasco (8 puntos). En sentido contrario, Navarra, Cantabria y Castilla y León registraron aumentos de la desigualdad interna entre sus pobres.

El estudio también mide la pobreza con el indicador AROPE (At Risk Of Poverty and/or Exclusion), utilizado por Eurostat para el seguimiento de los objetivos sociales de la Unión Europea (UE). Bajo ese criterio multidimensional, que incorpora la carencia material severa y la baja intensidad laboral además de la renta, la tasa española asciende al 26,5% en 2023, más de seis puntos por encima de la tasa de riesgo de pobreza estricta. España se sitúa así por detrás de países como Grecia e Italia en ese indicador, aunque por encima de la media comunitaria del 21,3%.

Las mujeres han empeorado su posición relativa a lo largo del periodo: si en 2015 partían de una situación ligeramente mejor que los hombres, en 2023 presentan mayor incidencia en todos los componentes del AROPE. Los jóvenes menores de 18 años siguen siendo el grupo más afectado, con una tasa de riesgo de pobreza del 28,9% en 2023, frente al 18,3% de los mayores de 65 años.

A propósito del Día del Seguro, es imperativo reflexionar sobre nuestra misión como industria en un contexto social desafiante. Los recientes datos de pobreza publicados revelan una realidad que no podemos ignorar: la delgada línea que separa la vulnerabilidad de la carencia extrema en nuestro país.

Cada mayo, el Perú cumple con el ritual de analizar las cifras de pobreza del año anterior. Si bien celebramos cuando los indicadores muestran un retroceso, la realidad es que muchas familias peruanas viven en un estado de “entrenamiento constante”, similar al de un atleta en el gimnasio que intenta levantar un peso crítico. Sin embargo, sin la técnica adecuada —o en nuestro caso, sin mecanismos de protección— cualquier factor externo puede hacer que las pesas caigan.

Los datos recientes nos recuerdan que no basta con “salir” de la pobreza; el verdadero reto es no regresar a ella. Hoy, una gran mayoría de peruanos se encuentra en una situación de vulnerabilidad extrema. Ser vulnerable significa que cualquier evento inesperado —un accidente, una enfermedad o la inseguridad que obliga a cerrar un negocio temprano— se convierte en el disparador que empuja a una familia de vuelta al abismo de la pobreza.

La falta de una red de seguridad social eficiente y el acceso limitado a servicios de salud de calidad actúan como barreras para el progreso sostenible. Es aquí donde el seguro deja de ser un producto financiero para convertirse en una herramienta de resiliencia social.

Un ejemplo valioso de política pública con enfoque preventivo es el trabajo del Midagri, que actualmente cubre a la mitad de los agricultores de subsistencia ante riesgos climáticos con un Seguro Agrario Catastrófico (SAC). Este seguro permite que, ante una sequía o inundación, el agricultor no pierda su medio de vida. Lamentablemente, sectores como la pesca artesanal aún carecen de este “paraguas” protector, quedando a merced de la volatilidad del entorno.

Ahora que estamos próximos a iniciar un nuevo gobierno creemos que la conversación no debe centrarse únicamente en cómo sacar a las personas de la pobreza, sino en cómo evitar que más familias caigan en ella. Recordemos que el seguro es el mecanismo que compensa los riesgos de la vida diaria: el desempleo, la invalidez o la vejez sin pensión.

En este Día del Seguro, reafirmamos nuestro compromiso de ampliar la red de asistencia y protección social. El objetivo es claro: que el esfuerzo de los peruanos por salir adelante no se vea truncado por el primer “shock” externo. Trabajemos para que el seguro sea ese aliado estratégico que transforme la vulnerabilidad en estabilidad

La Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi-2025), realizada por la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas (UCAB), halló que los migrantes venezolanos que residen en Argentina son quienes muestran “mayor potencial de retorno” al país.

Ante la ausencia de estadísticas oficiales, la Encovi se ha convertido en la principal fuente para evaluar el comportamiento de los indicadores sociales en Venezuela.

La edición de este año, presentada el jueves 7 de mayo, concluye que en promedio 10% de los migrantes venezolanos tiene planes para volver y 74% lo descarta.

“Argentina no es el principal receptor, pero mostró el mayor potencial de retorno, seguido por Colombia, Estados Unidos y Chile”, destaca el estudio, que se llevó a cabo durante el segundo trimestre de 2025 y se basa en los testimonios de hogares que tienen migrantes.

Con respecto a quienes están en Argentina, 71% respondió que no tenía planes de retorno y 29% sí. En los casos de Colombia, Estados Unidos y Chile, consideran el regreso 20%, 16% y 15%, respectivamente. “Pareciera que el incentivo por retornar estaría más presente cuando el hogar de origen es pobre”, expone el informe.

En casa

La Encovi brinda datos sobre los “migrantes retornados reportados por los hogares encuestados”. En cuanto a las naciones de procedencia, destaca Ecuador en el primer lugar con 28% contra 72% que permanece allá.

“En segundo lugar se posiciona Colombia (13% de retornados contra 87% que siguen del otro lado de la frontera). Este país ha sido el mayor receptor de la migración venezolana y dado su carácter fronterizo los movimientos de retorno pueden ser más frecuentes, incluso puede haber cierta circularidad que no estamos captando”, reconocen los expertos.

De acuerdo con las mediciones de 2021, 2023 y 2025, “el retorno se estima alrededor del 7% del total de las personas emigradas reportadas por sus hogares”. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), estima que existen “casi 7,9 millones de personas refugiadas y migrantes de Venezuela en todo el mundo”.

Sin clases

La encuesta calcula que 68,5% de los hogares venezolanos son pobres y 31,7% están sumidos en la pobreza extrema. Una mejora si se considera que en 2024 los números eran 73,2% y 36,5%, respectivamente.

“En cuanto a los niveles de pobreza extrema es evidente su disminución después del 2021 (68%), pero todavía en 1 de cada 3 hogares los ingresos no son suficientes para la satisfacción de las necesidades alimentarias”, subrayan.

La investigación dirigida por la UCAB contrasta la demanda potencial de educación, estimada en 11.064.592 -personas de 3 a 24 años de edad-, y la población escolarizada que llegaría a 7.128.882, dando una diferencia que se acerca a los 4 millones. “La cobertura total no ha conseguido remontar a los niveles alcanzados antes de la pandemia”.

La Encovi concluye que 1,2 niños, niñas y adolescentes están excluidos del sistema educativo. “Las brechas sociales en el acceso a la educación se han mantenido a lo largo de una década”, sostiene, tras indicar que mientras en el quintil más rico de la sociedad la cobertura educativa llega a 82%, en el más pobre cae a 57%.

Menos

Tomando como referencias las proyecciones de Naciones Unidas, la Encovi apunta que la población venezolana está alrededor de los 28,5 millones de personas.

“Esta misma fuente había previsto en la revisión del año 2015 (WPP-2015) que la población de Venezuela en el año 2025 superaría los 34 millones. Esa diferencia se debe principalmente a los efectos de la migración, pero también a la pérdida de efectivos por el incremento de la mortalidad y los nacimientos no ocurridos en Venezuela”, explican.

En 1990, el tamaño de los hogares promedio en el país era de 4,8 personas. Hoy llega a 3,1. Cerca de 1 de cada 7 habitantes son adultos mayores.

“Una relación de dependencia demográfica estimada en 65 dependientes infantiles y adultos mayores por cada 100 personas en edades activas. Ese nivel de la carga demográfica corresponde con el que se estimaba para Venezuela hacia el año 2040, de acuerdo con las perspectivas demográficas que se tenían previas al éxodo migratorio”, resalta la Encovi.

El informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) que denuncia que el 25,7% de la población peruana vive en pobreza monetaria esconde otra dura realidad para la capital peruana: el 41,6% de los hogares en Lima Metropolitana no cubrió sus requerimientos calóricos en 2025, superando en más de 10 puntos porcentuales al ámbito rural, donde la cifra es de 30,4%.

Esta situación, sumada al crecimiento de la pobreza extrema en Lima –que pasó de 3,3% a 3,6% en el último año pese a la reducción registrada en otras regiones–, configura un verdadero revés para las futuras políticas públicas y obliga a redimensionar el atractivo de la ciudad como destino para quienes buscan su prosperidad.

Lima, la otrora ciudad para cumplir sueños y metas

Javier Herrera, profesor visitante en el Departamento de Economía de la PUCP e integrante la Comisión Consultiva del INEI desde sus inicios, sostiene a Infobae que parte de la reducción de la pobreza en 2025 está vinculada a desplazamientos internos y movilidad social, más que a mejoras estructurales en los hogares.

En comparación con la situación prepandemia, señala que entre 2019 y 2025 el PBI acumuló un crecimiento de 10,8%, pero la tasa de pobreza sigue 5,5 puntos porcentuales por encima del nivel registrado en 2019.

Herrera cuestiona por qué, a pesar del crecimiento económico y condiciones macroeconómicas favorables, la reducción de la pobreza no ha sido más significativa.

Explica que el crecimiento de los últimos años ha sido poco redistributivo. Los sectores intensivos en mano de obra, donde se concentra la población pobre, no han crecido lo suficiente ni han estado en el centro de las políticas públicas.

Además, el diseño de las políticas sociales y económicas no se ha expandido ni adaptado a la realidad urbana, donde hoy reside una mayor proporción de la población pobre.

Movilidad social y desplazamientos, no mejoras estructurales

Herrera identifica un desacoplamiento regional: la pobreza rural disminuye sostenidamente, pero la urbana, especialmente en Lima, aumenta.

Así, la capital concentra ahora más pobreza que al menos cinco departamentos del país, perdiendo su histórico rol de polo de atracción para migrantes internos.

En cuanto a la brecha de pobreza, señala que en Lima es de 24% y en zonas rurales de 27,9%. La diferencia entre ambas brechas se redujo de 18 puntos en 2004 a solo 4 puntos, mostrando una convergencia en la intensidad de la pobreza urbana y rural.

El hambre golpea con más fuerza a la capital peruana

Sobre el déficit calórico y el hambre, Herrera subraya que el 41,6% de los hogares en Lima Metropolitana no cubre sus requerimientos calóricos, frente a 30,4% en el ámbito rural.

La incidencia de hambre -estrechamente vinculada con los índices de anemia- es ahora mayor en la capital que en las zonas rurales, superando en más de 10 puntos porcentuales, lo que exige nuevas estrategias y una mejor focalización de políticas alimentarias urbanas.

Y es que la mayoría de hogares en Perú han pasado de pobreza extrema a pobreza no extrema, o de pobreza a vulnerabilidad, quedando en alto riesgo de volver a caer nuevamente en la pobreza. Solo un pequeño porcentaje ha logrado salir completamente de este flagelo.

¿Más trabajo... más pobreza?

La situación del mercado laboral es clave: no se observa una mejora sustancial en el empleo adecuado ni una reducción de la informalidad.

Herrera distingue dos tipos de informalidad: la de sobrevivencia (trabajadores independientes de baja productividad) y la informalidad dentro de empresas formales, donde el empleo informal sirve como mecanismo de ajuste.

El crecimiento de empleos formales no compensa el aumento de la fuerza laboral ni la entrada de jóvenes al empleo informal con ingresos por debajo de la línea de pobreza.

Cada año ingresan aproximadamente 300 mil jóvenes al mercado laboral. Muchos no se incorporan a la población económicamente activa y quienes lo hacen suelen ingresar al sector informal con remuneraciones insuficientes.

“El aumento del empleo adecuado no basta para compensar la precarización y el bajo ingreso en el sector informal”, remata.

El costo de ser pobre en Lima es más alto que en provincias

Herrera detalla que el promedio nacional para la canasta básica es de 462 soles per cápita, pero en Lima Metropolitana asciende a 568 soles.

La línea de pobreza extrema es de 260 soles por persona a nivel nacional y de 307 soles en Lima, lo que dificulta a los pobres extremos en la capital cubrir el costo mínimo básico, debido a precios más altos y gastos fijos en transporte, alquiler y servicios. “Hoy es más difícil ser pobre en Lima que provincias”, grafica el docente.

En zonas rurales, la población puede recurrir al autoconsumo de alimentos, lo que no es posible en la ciudad. En el ámbito urbano, los hogares deben destinar parte de su presupuesto a transporte, alquiler y servicios, lo que los obliga a recortar gastos en alimentación y profundiza la inseguridad alimentaria.

Pobreza y criminalidad: sin relación directa

¿Esta situación puede incrementar los índices de inseguridad? Herrera aclara que no existe evidencia de que la pobreza esté asociada directamente a mayor criminalidad. En realidad, los perfiles de los delincuentes suelen corresponder a personas con niveles de vida relativamente elevados.

Por el contrario, subraya que la tendencia más crítica es la profundización de las diferencias entre la pobreza urbana y rural, y la ausencia de estrategias diferenciadas y específicas para cada entorno.

Para el experto, el crecimiento económico no ha reducido la pobreza como se esperaba, lo que revela deficiencias en los programas multisectoriales y sociales y un debilitamiento institucional para implementar políticas laborales eficientes.

¿Qué es la canasta calórica calórica o básica de alimentos?

La canasta calórica, también conocida como Canasta Básica Alimentaria (CBA), es el conjunto mínimo de alimentos que un hogar promedio necesita para cubrir sus requerimientos energéticos diarios y mantener una nutrición adecuada. Su función principal es establecer el umbral por debajo del cual una familia cae en situación de pobreza extrema o inseguridad alimentaria.

• ¿Qué incluye?

La canasta se construye a partir de los hábitos de consumo de cada población y contempla alimentos básicos como arroz, fideos, pan, carne, leche, huevos, frutas y verduras. Los institutos nacionales de estadística valoran mensualmente el costo de este conjunto de productos para monitorear el costo de vida y la inflación.

El estándar internacional de referencia, utilizado por el Programa Mundial de Alimentos (WFP) de las Naciones Unidas, fija en 2.100 calorías diarias por persona el mínimo necesario para obtener energía, junto con el balance adecuado de macronutrientes como grasas y proteínas, y micronutrientes como vitamina A y hierro. En zonas con alta desnutrición, el WFP añade alimentos especializados de alta densidad calórica dirigidos a madres gestantes, madres en período de lactancia y niños menores de cinco años.

El precio internacional del petróleo y la crisis geopolítica han provocado que la inflación en el Perú durante abril supere el 4 %, ubicándose nuevamente por encima del rango meta fijado por el Banco Central de Reserva, situado entre 1 % y 3 %. Este escenario tensiona los bolsillos de los hogares, mientras la autoridad monetaria enfrenta el desafío de controlar el alza de precios sin descuidar la estabilidad cambiaria, según advirtió Jorge Chávez, economista y expresidente del Banco Central de Reserva, en entrevista con Economía para todos.

Futuro económico incierto

Según Chávez, el incremento del índice de precios en el mes de abril ha sido impulsado principalmente por el sector transporte, en especial el aumento de los pasajes tanto en Lima Metropolitana como a nivel nacional. Esta tendencia se presenta luego de que en marzo también se registrara un alza significativa de la inflación, reflejando el impacto acumulado de factores internacionales y locales.

En palabras del economista, el país podría cerrar el año aún por encima del rango meta del Banco Central de Reserva, lo que implicaría mantener la atención sobre la evolución de los precios en los próximos meses.

El combustible y los fertilizantes presionan el costo de vida

Al analizar los sectores responsables del encarecimiento, Chávez identificó dos motores principales: la subida del precio del petróleo y los combustibles, así como el alza en los costos de insumos esenciales para la agricultura como los fertilizantes. Ambos factores han repercutido tanto en el transporte como en los alimentos, incidencias que se reflejan especialmente en productos de alto consumo como la papa y en el costo de las comidas fuera del hogar.

La presión sobre los fertilizantes, que ya venía incrementándose desde febrero y marzo, se ha trasladado a los precios de productos básicos, lo que afecta la canasta familiar peruana. A este fenómeno se suma la interrupción en la fluidez del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, derivada de la guerra en Irán, que ha elevado los costos logísticos y de importación. Chávez explicó que “el impacto viene de la incertidumbre geopolítica reinante”, generando una inflación importada.

En el caso de los alimentos consumidos fuera del hogar, los menús en restaurantes registraron también una tendencia al alza. Según el economista, este rubro es particularmente resistente a la baja, dado que sus precios se ven afectados tanto por el transporte de insumos desde zonas productoras como por el encarecimiento de materias primas.

Los datos muestran que el país ha experimentado un incremento sostenido de la inflación en los dos últimos meses, lo cual se traduce en una inflación de más del 4 % en abril, frente a un rango meta oficial de entre 1 % y 3 % del Banco Central de Reserva. Este indicador posiciona a Perú por encima de su objetivo interno, aunque aún por debajo de los picos inflacionarios observados en otros países de América Latina.

Factores internacionales y riesgos a futuro

El conflicto entre Irán y Estados Unidos ha sido un factor determinante en la volatilidad de los precios del petróleo. Chávez detalló que recientemente el barril de Brent cotizó en torno a USD 105 y alcanzó en semanas previas el nivel récord de USD 114, con “escenarios en que incluso podrían superarse los USD 120 en caso de una escalada bélica abierta”.

En términos macroeconómicos, el analista comentó que Estados Unidos experimenta un costo cercano a USD 800 a 1.000 millones diarios en gastos derivados de las tensiones en Oriente Medio. Esto incide no solo en los precios internacionales de la energía, sino también en el déficit fiscal de la economía estadounidense y en la presión sobre los fondos del tesoro a 10 años.

GNV impide que inflación sea mayor al 4%

Aunque la inflación responde principalmente a estos factores globales, existen algunos productos con comportamiento opuesto. El gas licuado de petróleo presentó una baja en sus precios debido a la normalización de la producción en el yacimiento de Camisea. Según Chávez, sin esta reducción, la tasa de inflación peruana habría sido todavía mayor.

La siguiente respuesta explica, de manera autónoma, el fenómeno inflacionario peruano reciente, las causas identificadas y sus consecuencias inmediatas:

• En abril, el índice de precios al consumidor en el Perú superó el 4 %
• Impulsado principalmente por el alza en el precio internacional del petróleo, los combustibles y los fertilizantes.
• Este incremento afecta especialmente al transporte y a los alimentos, generando presión sobre la canasta familiar
• La inflación se ubica por encima del rango meta establecido por el Banco Central de Reserva.

El rol del Banco Central y factores locales

A pesar de la coyuntura internacional, el Banco Central de Reserva del Perú ha adoptado una política monetaria prudente y, según Chávez, “mantener esta posición y no seguir bajando las tasas de referencia es lo más adecuado”. El especialista recomendó que la entidad no intervenga excesivamente en la determinación de un tipo de cambio fijo, sino que modere fluctuaciones de corto plazo para evitar presiones adicionales sobre la economía.

El contexto electoral, con una segunda vuelta entre los candidatos Sánchez (extrema izquierda) y Keiko (derecha), también introduce incertidumbre. Chávez evocó la experiencia de la segunda vuelta previa con Pedro Castillo y alertó sobre la tendencia de los agentes económicos a dolarizar activos ante escenarios de riesgo. No obstante, destacó que Perú opera ahora bajo un régimen parlamentario que limitaría cambios drásticos en política económica.

“Los 60 senadores decidirán las cosas”, afirmó el economista, descartando un escenario de volatilidad comparable al vivido anteriormente.

Respecto a las reservas internacionales, Perú mantiene una “posición cambiaria fuerte”, lo que otorga grados de libertad al Banco Central para actuar si se presentara un choque político o externo marcado. Chávez expresó que la población debe esperar precios todavía elevados en los próximos meses, aunque con tendencia a estabilizarse si el contexto internacional no se deteriora más.

Expectativas de crecimiento e impacto regional

La economía peruana atraviesa una coyuntura compleja, en la que confluyen la inflación, el calendario electoral y fenómenos climáticos como el Niño, que podría ser intenso y afectar tanto la producción agrícola como el propio crecimiento del PIB. Según Chávez, “no vamos a alcanzar el 3% de crecimiento, vamos a estar por debajo, en dos y pico por ciento”.

Pese a este entorno adverso, el economista subrayó que la economía nacional conserva estabilidad, sostenida por su política monetaria y el respeto internacional ganado por su bajo nivel inflacionario y desempeño fiscal. Las propuestas parlamentarias expansivas y las iniciativas de gasto sí afectan la perspectiva de mediano y largo plazo, pero el corto plazo permanece amparado por la solidez institucional.

A nivel latinoamericano, el especialista sostuvo que otros países enfrentan tasas de inflación aún más elevadas, lo que evidencia que el fenómeno, aunque preocupante, no es único ni exclusivo del Perú. En este contexto, la estrategia del Banco Central de Reserva y la capacidad de afrontar la volatilidad internacional se mantienen como los ejes que determinan el margen de maniobra del país frente a futuros episodios de incertidumbre y presión inflacionaria.

Cuatro de cada diez desempleados en España se encuentra en riesgo de pobreza, según el último informe sobre exclusión social y económica elaborado por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) y la Universidad de Alicante. El dato, recogido en el estudio dirigido por Carmen Herrero, sitúa a la falta de empleo como uno de los principales factores asociados a la vulnerabilidad económica, por encima incluso de otras variables estructurales como el nivel educativo, la edad o el género.

El informe, basado en los resultados de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) del Instituto Nacional de Estadística (INE), identifica que más de el 40% de las personas en situación de desempleo en 2023 tenía ingresos por debajo del 60% de la mediana nacional, el umbral utilizado para definir el riesgo de pobreza. Esta proporción se mantiene más o menos estable desde 2015, según el documento, a pesar de la recuperación económica registrada tras la crisis financiera y los efectos de la pandemia de covid-19.

La investigación del Ivie y la Universidad de Alicante resalta que el desempleo prolongado y la insuficiencia de las prestaciones sociales son dos de los elementos que más inciden en la cronificación de la pobreza. En 2023, el 22% de las personas en riesgo de pobreza en España eran parados, una proporción que apunta a una tendencia descendente desde el 33,3% registrado en 2019. Sin embargo, la tasa varía significativamente en función de la comunidad autónoma. En Andalucía, este colectivo representa el 27,6% del total y en Asturias o País Vasco también supera el 25%. Esta cifra se reduce al mínimo en Galicia y Aragón, con un 14,7% en ambos casos.

Tener empelo no elimina el riesgo de pobreza

Pese a la correlación entre el desempleo y el riesgo de exclusión social, la publicación subraya que la pobreza no afecta únicamente a quienes carecen de trabajo. Alrededor de un tercio de las personas en riesgo de pobreza en España dispone de algún tipo de empleo, aunque muchas veces con salarios bajos o inestables. El informe advierte de que, entre los asalariados que perciben menos del salario mínimo interprofesional, la probabilidad de caer en pobreza aumenta de modo significativo. Además, la situación de los parados es especialmente crítica en los hogares monoparentales y en aquellos con menores a cargo, donde los ingresos disponibles resultan insuficientes para cubrir las necesidades básicas.

Aunque en el conjunto del país un 32% de las personas en riesgo de pobreza están ocupadas, también hay fuertes diferencias entre regiones en este caso, con tasas que superan el 45% en las Islas Baleares pero caen hasta el 28,1% en Canarias.

En general, tanto los ocupados como los jubilados presentan una probabilidad similar de caer en riesgo de pobreza, situada en torno al 15%, muy por debajo de las cifras estimadas para los desempleados. Por comunidades, Andalucía lidera en la proporción de ocupados en riesgo de pobreza, que se aproximó al 20% en 2023, mientras que en Extremadura superó el 16%. Por el contrario, en País Vasco y Navarra, contar con empleo prácticamente asegura no encontrarse en situación de riesgo de pobreza.

El alcance desigual de la protección social

En cuanto al acceso a las prestaciones públicas, elemento clave en la lucha contra la exclusión social, la cobertura es desigual entre territorios y grupos sociales. La tasa de cobertura de las rentas mínimas de inserción apenas supera el 1% de la población en la mayoría de las comunidades, salvo en Navarra y País Vasco, donde alcanza el 5% y el 6% respectivamente. El documento apunta que la introducción del Ingreso Mínimo Vital, aún con dificultades de acceso, no ha compensado completamente las carencias del sistema previo.

El análisis por edades muestra que los menores de 18 años presentan tasas de riesgo de pobreza y exclusión superiores al 30% en varias comunidades autónomas, destacando como uno de los colectivos más afectados. Los jóvenes también enfrentan tasas elevadas, que comprometen sus oportunidades de desarrollo y emancipación.

Por el contrario, la situación de las personas mayores de 65 años ha mejorado: en gran parte de España, la tasa de riesgo de pobreza para este grupo es notablemente inferior a la media nacional. El informe lo atribuye a dos factores principales: la estabilidad en el pago de pensiones y el alto porcentaje de mayores que poseen vivienda en propiedad, lo que reduce su vulnerabilidad frente a aumentos en el costo de la vida o pérdidas de ingresos

Esta semana, el INEI anunció que la pobreza monetaria disminuyó 1.9 puntos porcentuales en el último año y se ubicó en 25.7%. Es positivo que aproximadamente 600 mil peruanos hayan salido de la pobreza. Sin embargo, esta noticia debe matizarse con dos datos que siguen generando preocupación:

● Existe un grupo enorme de personas que no son pobres “según la línea”, pero viven al borde. En 2025, casi un tercio de la población está en condición de vulnerabilidad: puede cubrir el costo de la canasta básica, pero está a un shock —una enfermedad, la pérdida de empleo, una mala campaña agrícola— de caer en pobreza.

● El ritmo de reducción sigue siendo insuficiente para volver al punto de partida prepandemia. El nivel de pobreza de 2025 sigue por encima del de 2019 (20.2%) e incluso del de 2013 (23.9%).

En otras palabras, todavía estamos lejos de recuperar el terreno perdido y la vulnerabilidad sigue siendo una característica principal para un porcentaje importante de peruanos. En este contexto, me gustaría resaltar tres mensajes clave a tener en cuenta al momento de debatir cómo reducir la pobreza en el Perú.

1. Sin crecimiento no hay reducción de pobreza El consenso económico muestra que la pobreza baja cuando la economía genera oportunidades sostenidas, es decir, cuando crece de manera estable. Por eso, el primer mensaje es claro: necesitamos crecer más. Y, para crecer más, el motor principal de la economía peruana es la inversión privada —grande, mediana y pequeña—: inversión que abre y expande negocios, construye, produce, exporta e innova. En el camino, crea empleo y empuja los ingresos. Sin empleo formal y productivo, el país puede repartir apoyos, pero no reducirá la pobreza de forma sostenida. La pobreza cae de manera duradera cuando el mercado laboral se fortalece y la productividad sube.

2. Entre la crisis política e institucional y la pobreza no hay cuerdas separadas La crisis política e institucional nos sale cara, y una parte importante de la factura se paga en pobreza. El Perú ha vivido años de alta incertidumbre, rotación de autoridades, agendas cortoplacistas y confrontación permanente. En ese entorno, muchas decisiones de inversión se postergan, los proyectos se demoran, el crédito se encarece y las expectativas se deterioran. La pobreza no depende únicamente de la política, claro; pero sin estabilidad es mucho más difícil sostener crecimiento y empleo, y sin esos dos no hay reducción de pobreza que perdure.

3. La calidad de la gestión pública nos afecta, y a los pobres más Incluso cuando hay recursos, la capacidad del Estado para convertirlos en servicios se ha debilitado. En los últimos cinco años hemos visto un deterioro serio de la gestión pública: menor predictibilidad, cambios constantes de equipos, programas que se rediseñan sin aprender, compras y obras que se traban, y una ejecución territorial que muchas veces no llega donde más se necesita. ¿Cómo se vincula eso con la pobreza? De manera inmediata. Si la posta no tiene medicamentos, el hogar pobre paga de su bolsillo. Si la escuela no logra aprendizajes, se recorta el futuro laboral. Si el agua no es segura, aumentan las enfermedades y se pierden días de trabajo. Peores servicios públicos empujan a las familias hacia abajo y reducen sus posibilidades de salir de la pobreza.

De cara a los próximos cinco años, un aspecto prioritario en el debate nacional debe ser cómo reducimos la pobreza y la vulnerabilidad de manera sostenida. Para lograrlo, se requiere al menos tres pilares.

Primero, crecimiento económico con inversión y productividad: reglas claras, permisos eficientes y un Estado que no sea un obstáculo. Segundo, estabilidad política e institucional: no hay política social que compense años de parálisis y desconfianza. Y tercero, reconstruir la capacidad de gestión pública: mejorar servicios, ejecutar bien, medir resultados y recuperar meritocracia. Sin ese trípode, seguiremos celebrando pequeñas mejoras anuales mientras el país se acostumbra a que uno de cada cuatro peruanos sea pobre.

La República Dominicana afronta niveles persistentes de inseguridad alimentaria aguda que afectan a más de 900,000 personas, según un informe presentado recientemente con datos extraidos entre octubre de 2024 y septiembre de 2025. E

l estudio señala que los desafíos para asegurar el acceso a una alimentación adecuada persisten en gran parte del país, aunque se proyectan leves mejoras hacia el cierre del periodo.

El informe, que analiza la situación en una población de 10.7 millones de habitantes, de las cuales unas 925,000 personas se encuentran en fase de crisis o peor, de acuerdo con la escala de Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (IPC). Esta cifra representa el 9 % de la población evaluada. Además, 1.9 millones de personas atraviesan una situación de estrés alimentario, clasificada como Fase 2 del IPC, lo que equivale al 18 % de los habitantes.

La proyección estima que 922,000 personas continuarán en Fase 3 o superior, mientras que aproximadamente 2 millones permanecerán en Fase 2. Para el tercer trimestre de 2025, se calculaba una leve reducción del problema aunque 890,000 personas se mantenían en situación de crisis y que 2 millones mantengan el nivel de estrés alimentario.

La distribución geográfica de la inseguridad alimentaria revela que las disparidades persisten en 31 provincias y el Distrito Nacional. El estudio reporta que 25 provincias se encuentran en condición de estrés alimentario durante el primer periodo analizado, mientras que 6 provincias y el Distrito Nacional presentan niveles mínimos o nulos de inseguridad alimentaria, clasificados como Fase 1. Hacia el final del periodo, la provincia de Monte Cristi se perfila como la única en transitar de Fase 2 a Fase 3 de crisis, mientras que las 24 provincias restantes se mantienen en Fase 2.

Entre los factores que explican la persistencia y el deterioro de la situación alimentaria, el informe destaca en primer lugar los altos precios de los alimentos.

Se proyecta un aumento del 3 % en los últimos cuatro meses del año de 2024, del 3.7% en el primero de 2025 y hasta del 4.9% en el segundo cuatrimestre de ese año. La inflación general se mantiene elevada por la demanda interna y el encarecimiento de los costos de producción, lo que limita el acceso a alimentos para los hogares más vulnerables.

La variabilidad climática constituye otro factor determinante. El informe estima una probabilidad superior al 70 % de ocurrencia del fenómeno La Niña hasta 2025. Este evento puede generar inundaciones, deslizamientos, plagas fúngicas y daños en la producción agrícola. La transición hacia condiciones climáticas neutras durante el segundo semestre de 2025 podría favorecer la recuperación agrícola, aunque el riesgo de eventos extremos permanece latente.

El diagnóstico resalta también la vulnerabilidad económica de los hogares. Un 23 % de la población vive en situación de pobreza y un 3.2 % en pobreza extrema. La recuperación del comercio fronterizo con Haití sigue siendo lenta, especialmente en provincias limítrofes. El estudio proyecta una disminución de remesas y un descenso en la actividad turística tras el pico estacional, lo que reduce aún más los ingresos familiares. El estudio sostiene que la suspensión del programa de alimentación escolar al cierre del ciclo lectivo en junio incrementará los gastos alimentarios en los hogares con estudiantes.

En cuanto a la respuesta humanitaria, la cobertura de la asistencia alimentaria en las zonas más afectadas cubre entre el 25 % y el 50 % de los requerimientos calóricos de al menos una cuarta parte de los hogares, y llega a superar el 50% en los casos más graves. La evidencia recopilada es más sólida en provincias como Elías Piña, Independencia, Pedernales, Duarte, Hermanas Mirabal, Peravia y San José de Ocoa.

Las perspectivas para los próximos meses apuntan a una estabilidad relativa en la inseguridad alimentaria, aunque persisten vulnerabilidades estructurales relacionadas con ingresos, precios y condiciones climáticas.

La pobreza monetaria en Perú descendió a 25,7% de la población durante 2025, de acuerdo con el más reciente informe presentado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Este resultado representa una baja de 1,9 puntos porcentuales en relación con el año anterior, cuando la tasa alcanzaba el 27,6%. Según el reporte, 567 mil personas dejaron de ser pobres en el último año, reflejando una mejora estadística, aunque el fenómeno de la vulnerabilidad continúa afectando a una proporción considerable de la sociedad.

Durante la presentación oficial de los resultados, el jefe del INEI, Gaspar Morán Flores, remarcó que “la reducción de la pobreza se acompaña de una situación de vulnerabilidad persistente”. El 32,8% de la población peruana está en un umbral crítico: cubre la canasta básica, pero podría regresar a la pobreza si enfrenta una crisis económica, pérdida de empleo o un problema de salud. Esta proporción equivale a más de uno de cada tres habitantes.

La pobreza sigue por encima del prepandemia: 5,5 puntos más que en 2019

El informe del INEI, que se fundamenta en la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), detalla que en el área urbana la pobreza cayó de 24,8% en 2024 a 23,4% en 2025, es decir, una reducción de 1,4 puntos porcentuales. En el sector rural, el descenso fue más notorio: de 39,3% a 35,5%, lo que significa una baja de 3,8 puntos porcentuales.

A pesar de estos avances, la desigualdad territorial persiste, con departamentos como Cajamarca (41,0%) y Loreto (40,1%) ubicados muy por encima del promedio nacional. En el extremo opuesto, departamentos como Ica (4,5%), Madre de Dios (7,3%) y Moquegua (7,8%) presentan los niveles más bajos de pobreza monetaria.

En cuanto al gasto real per cápita, el promedio mensual se ubicó en 920 soles durante 2025, lo que representa un aumento del 2% frente a 2024 (903 soles). Este dato muestra una recuperación parcial del consumo, aunque todavía se mantiene por debajo de los niveles previos a la pandemia de COVID-19.

El umbral de pobreza monetaria para 2025 fue fijado en 462 soles mensuales por persona, mientras que la línea de pobreza extrema se ubicó en 260 soles. Una familia de cuatro miembros requiere al menos 1.848 soles para no ser considerada pobre y 1.040 soles para evitar la pobreza extrema.

Lima tiene hoy más pobres extremos, según INEI

A pesar de la mejora en los indicadores generales, la pobreza extrema afecta al 4,7% de la población nacional. El reporte señala que en 2025, 1 millón 614.000 peruanos viven en condición de pobreza extrema.

En Lima Metropolitana, la pobreza extrema aumentó de 3,3% a 3,6%, reflejando que el crecimiento económico no se distribuye de manera homogénea en las principales ciudades. En áreas rurales, la pobreza extrema decreció de 15,5% en 2024 a 11,4% en 2025.

Más de un tercio de la población, atrapado en la vulnerabilidad

El análisis de los hogares pobres muestra que las personas con menor educación, jefes de hogar con lengua materna indígena y quienes trabajan en la informalidad enfrentan mayores obstáculos para salir de la pobreza.

Entre los hogares cuyo jefe solo alcanzó la primaria, la pobreza alcanza el 35%; en aquellos con secundaria, el 27,1%; y en los que tienen educación superior, el 11,3%. El 46,2% de la población cuyas familias tienen jefes con lengua materna indígena amazónica es pobre, frente al 23,8% de los hogares encabezados por hablantes de castellano.

El acceso a servicios básicos sigue siendo dispar. Solo el 35% de los pobres cuenta con agua con cloro adecuado, frente al 20,8% entre los pobres extremos. El 57% de los pobres accede a desagüe por red pública, cifra que baja al 36,7% en el caso de pobreza extrema.

El 40,6% de los hogares pobres tiene acceso a internet, y el uso de billeteras digitales alcanza al 21,4% de este grupo, mientras que el 9,4% de los pobres extremos utiliza estas herramientas.

La tasa de pobreza, por su parte, registra el valor más bajo de la serie histórica reciente, con un 19,5%. A pesar de esta reducción, el número de personas en situación de pobreza sigue siendo muy elevado: 9,6 millones viven con ingresos inferiores a 12.220 euros anuales por unidad de consumo. La reducción de la pobreza ha sido constante durante tres años consecutivos, pero el objetivo europeo marcado para 2025 de situar la tasa de pobreza en el 14,8% permanece lejos de alcanzarse.

En el caso de los menores de 18 años, el dato supera en 8,8 puntos la media europea y sitúa a España en el primer lugar del continente, según las cifras recogidas por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-ES). Cerca de un tercio de niños, niñas y adolescentes reside en hogares en riesgo de pobreza o exclusión social, lo que representa el grupo de edad con mayor incidencia.

Vivir en alquiler duplica la tasa de pobreza

La vivienda se consolida como uno de los principales factores de riesgo en la configuración de la pobreza y la exclusión social en España. Los datos del informe muestran una brecha significativa según el régimen de tenencia. Residir en una vivienda de alquiler a precio de mercado multiplica las posibilidades de caer en situación de vulnerabilidad: el 43,6% de quienes alquilan en estas condiciones está en riesgo de pobreza o exclusión social, frente al 19,5% de quienes poseen una vivienda en propiedad. En términos de pobreza estricta, el 32,6% de las personas que viven de alquiler se encuentra por debajo del umbral de pobreza, mientras que entre los propietarios la proporción baja al 14,5%.

La situación laboral es otro de los rasgos que más condicionan la vulnerabilidad. El desempleo incrementa de forma drástica el riesgo de pobreza y exclusión: el 55,4% de las personas desempleadas se encuentra en situación de riesgo, y el 38,7% vive bajo el umbral de pobreza. Entre quienes han salido del mercado laboral y no reciben una pensión de jubilación, el riesgo se mantiene elevado, con tasas superiores al 37%. Sin embargo, uno de los datos más reveladores es que el empleo ya no garantiza salir de la pobreza: el 11,6% de la población ocupada está en riesgo de pobreza, lo que pone de manifiesto el peso creciente de la precariedad laboral, los bajos salarios y la temporalidad. El fenómeno de los “trabajadores pobres” se ha convertido en una realidad estructural del mercado laboral español.

Extranjeros, mujeres y personas sin estudios afrontan mayor riesgo

En cuanto al efecto de la nacionalidad en el riesgo de pobreza, se aprecia que entre la población española adulta, el 20,5% está en riesgo de pobreza o exclusión social, pero este porcentaje asciende al 36,4% para extranjeros de origen comunitario y supera el 53% entre la población extracomunitaria. En términos de pobreza severa, la brecha se mantiene: la proporción de inmigrantes, especialmente de fuera de la Unión Europea, afectados por la precariedad es más del doble respecto a los nacionales.

Por su parte, el género también influye de manera decisiva en la incidencia de la pobreza. Las mujeres presentan una tasa AROPE del 26,8%, frente al 24,5% de los hombres, lo que amplía la brecha de género y coloca a las mujeres, sobre todo a las jefas de hogares monoparentales, en una situación especialmente delicada. Por último, el nivel educativo aparece como un factor de protección frente a la pobreza. Los datos muestran que el 35,3% de quienes solo han finalizado estudios primarios o inferiores está en riesgo de pobreza o exclusión social. Esta proporción desciende hasta el 13,9% entre quienes han completado estudios superiores, lo que confirma la relación directa entre formación académica y acceso a mejores condiciones de vida.

El producto interior bruto per cápita en Nicaragua sigue siendo el más bajo de Centroamérica, un dato que evidencia la brecha de bienestar económico en la región pese a cinco años consecutivos de crecimiento del PIB, según el informe presentado por el Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica, tanque de pensamiento regional (Cetcam), divulgado en Costa Rica este jueves.

El análisis, elaborado por Marco Aurelio Peña, economista nicaragüense exiliado, subraya que el incremento macroeconómico del país no se traduce en una mejora del nivel de vida para la mayoría de su población.

Además, la mayoría de los nicaragüenses no logra cubrir la mitad del costo de la canasta básica con el salario mínimo promedio, el más bajo de la subregión, como explicó Peña a la agencia EFE.

El estudio de Peña, titulado Economía del malestar: Malestar económico y entorno institucional deficiente en el contexto autocrático en Nicaragua (2023–2025), incorpora cifras comparativas: la proyección para 2025 indica que el ingreso por habitante en Nicaragua será 6.7 veces inferior al de Panamá y 1.2 veces por debajo del de Honduras, país con la segunda posición más baja del istmo.

Esta desventaja se confirma con el registro actualizado: Nicaragua presentó un ingreso por habitante de $2,953, cifra que se encuentra muy lejos del de Panamá ($19,802) y Costa Rica ($19,104), países líderes de la región.

PIB per cápita de Nicaragua y dependencia de las remesas

El informe difundido por EFE sustenta su diagnóstico utilizando datos oficiales de cada país centroamericano. Después de los niveles de Panamá y Costa Rica, figuran Guatemala, con un PIB per cápita de $6,478, seguido de El Salvador con $5,744 y Honduras con $3,637. Nicaragua cierra la lista con el ingreso medio por habitante más bajo, lo que refleja una baja productividad total, incluso siendo el país más extenso del istmo y con abundantes recursos naturales.

El crecimiento de la economía nicaragüense fue del 4.9 % en 2025 respecto de 2024, conforme a los datos del Banco Central de Nicaragua, y representó el quinto año consecutivo de incremento tras tres años previos de contracción. Peña califica este proceso de “la macroeconomía del espejismo”: aunque los índices nacionales mejoran, la estabilidad no llega a sentirse en la vida cotidiana de la población.

Entre las razones que explican la brecha está el impacto de las remesas familiares, que representan un 26.6 % del PIB de Nicaragua, según expone Peña en el estudio citado por EFE. Estas transferencias financieras han sido definidas como el “salvavidas” de muchos hogares nicaragüenses, al ser fundamentales para la subsistencia ante el insuficiente ingreso laboral.

Peña resume el desencuentro entre cifras globales y economía cotidiana en la siguiente frase difundida por EFE: “La radiografía macroeconómica se percibe irreal cuando se la contrasta con las realidades económicas de las personas y las comunidades”. Para sectores como la productora agrícola, el trabajador informal, pequeños emprendedores o profesionales independientes, la estabilidad macroeconómica tiene escasos efectos frente a la pérdida de valor real del córdoba, la moneda nacional, y la erosión constante del poder adquisitivo.

Pronóstico oficial y contexto regional

La autoridad monetaria de Nicaragua, el Banco Central de Nicaragua, ha mantenido sin cambios su previsión de crecimiento económico para 2026, ubicándolo en un rango de 3.5 % a 4.5 %, incluso ante “incertidumbre asociada a la coyuntura geopolítica y comercial”, según precisa el informe reproducido por EFE.

La combinación de baja renta per cápita, dependencia estructural de las remesas y salarios mínimos que no cubren el costo de la vida coloca a Nicaragua en una situación de vulnerabilidad económica dentro del contexto centroamericano, a pesar de los signos de recuperación en los grandes agregados macroeconómicos.

Los informes económicos publicados por el Indec en los últimos meses han mostrado señales de recuperación en algunas variables claves, como pobreza, indigencia, ingresos (en 2025) y actividad económica. Sin embargo, existen otros indicadores que han empeorado y dan cuenta de una situación complicada para millones de argentinos.

Ejemplo de esto último es el dato que tiene que ver con el acceso de los servicios públicos. Según las estadísticas oficiales, cada vez hay más personas que no acceden a al menos uno de los tres servicios de red esenciales: gas, agua y cloaca. De acuerdo con los indicadores de condiciones de vida relevados por el Indec, en el segundo semestre de 2025 el 52,9% de los argentinos no tuvo acceso a los tres servicios. Esto representa un empeoramiento de 1,3 puntos porcentuales respecto al valor registrado en la primera mitad del año pasado (51,6%) y una desmejora de 1,9 puntos en relación a la segunda mitad del 2024.

En cantidad de personas, los números son contundentes. Si bien la medición se realiza sobre la población de los 31 principales aglomerados urbanos, donde viven cerca de 30 millones de personas, la extrapolación de las tasas al total país permite conocer los resultados en un sentido mucho más amplio. Así, se deduce que en la primera mitad del 2025 había 24,48 millones de argentinos que no accedían a el gas, el agua o la cloaca. En el segundo semestre, la cifra ascendió a 25,22 millones de personas. Es decir que en sólo seis meses se sumaron 743.725 personas a esa condición.

Al momento de analizar la estadística se debe tener en cuenta que se trata de una variable bastante “estructural”. Es decir que no tiende a tener grandes cambios en períodos de tiempo cortos, aún cuando otros indicadores mejoran. No obstante, no es un dato menor que el mencionado 52,9% de personas que no acceden a los tres servicios es el segundo peor resultado de la serie histórica, que inició en el segundo semestre de 2016. Desde ese momento hasta hoy, sólo en la segunda mitad del 2020 el Indec informó un número peor (53,6%).

Los mismos resultados se obtienen si se analiza la estadística en cantidad de hogares. De acuerdo con el informe, el 47,3% de las viviendas argentinas no tiene acceso a al menos un de los tres servicios básicos. Eso representa un aumento de 1,1 puntos en relación a la primera mitad de 2025 y un incremento de 1,6 puntos porcentuales respecto a la segunda mitad del 2024. Una vez más, el indicador sólo tiene un antecedente más alto en la serie histórica (el segundo semestre de 2020, con una tasa de 47,7%).

En valores absolutos, el salto de hogares sin los tres servicios fue de 7.470.081 en el primer semestre de 2025 a 7.668.719 en el período julio-diciembre de ese mismo año, lo que marcó una diferencia de 198.638 hogares.

A qué servicios no se accede

El relevamiento del Indec permite conocer también cuál es el nivel de acceso por cada uno de los servicios. La tasa de “no acceso” más baja es la que tiene que ver con la red pública de agua corriente. Según las estadísticas oficiales, el 10,3% de los argentinos no tienen acceso al agua de red. Si bien es una tasa baja en comparación a los otros servicios, es un valor alto para lo que significa.

En lo que respecta al desagüe del inodoro a la red pública (cloaca), el porcentaje es bastante más elevado. En el segundo semestre de 2025, el 30,5% de los argentinos no tuvo acceso a ese servicio.

En tanto, el acceso al gas de red es un privilegio que tienen el 60,5% de los argentinos. El otro 30,5% no tiene conexión domiciliaria, por lo que debe acudir a garrafas o a otros recursos para sustituir el gas.

Más hacinamiento, pero mejor sanidad

Aunque los datos de acceso a los servicios públicos empeoraron, hubo otros indicadores que mostraron una mejora en el segundo semestre. Es el caso por ejemplo del indicador de “saneamiento”. Según el Indec, la cantidad de personas que habitan en hogares con saneamiento inadecuado bajó al 14,1% en el segundo semestre del año pasado, luego de haber alcanzado valores de 15,4% y 14,5% en los dos semestre anteriores.

Donde no hubo mejora fue en el nivel de hacinamiento, que se mantuvo prácticamente estable. Hoy, el 3,5% de los argentinos viven en condiciones de “hacinamiento crítico” (más de 3 personas por cuarto). En la primera mitad del 2025, el valor fue de 3,4%. Sin embargo, sí se observa una mejora en comparación a la segunda mitad del 2024, cuando la tasa de hacinamiento crítico llegó al 4,2%.

La pobreza en niños y adolescentes llegó al 53,6% en 2025, mientras que la indigencia al 10,7%. Si bien se observó una baja en los últimos dos años, las privaciones y las fuertes desigualdades sociales en las infancias persisten. Además, hubo una consolidación en la necesidad de asistencia.

Son datos de la Encuesta de la Deuda Social Argentina (EDSA), realizada por la UCA, la cual señaló que el dato del año pasado “trae alivio, pero no debemos confundir una mejora coyuntural con la solución de un problema estructural”.

En este sentido, la serie histórica de pobreza e indigencia muestra una tendencia ascendente, con picos en los momentos de crisis y descensos en los breves períodos de recuperación. El resultado neto es un aumento de la pobreza infantil en el largo plazo.

En 2010, la pobreza afectaba al 45,2% de los niños y adolescentes. En 2011-2012, disminuyó levemente (35,7% y 38,4%), pero a partir de allí inició un período de deterioro casi ininterrumpido, con picos en 2020-2021 (alrededor del 64-65%) y un máximo histórico en 2023 (62,9%).

El progreso en 2024 y 2025 resulta significativo, pero “el nivel sigue siendo muy superior al de 2010 y, por supuesto, al de los mejores años de la década pasada”, sostuvo la UCA.

En el caso de la indigencia, la trayectoria es similar, pero con oscilaciones más pronunciadas. Partió de 11,4% en 2010, bajó a 8% en 2011-2012 y luego registró un incremento sostenido que la llevó al 17,7% en 2024, el valor más alto de la serie. En 2025 descendió al 10,7%, lo que representa una caída relevante que la acerca a los registros de 2017-2018.

Inseguridad alimentaria

Por otra parte, el informe señaló que el 28,8% de los niños y adolescentes experimentó inseguridad alimentaria en 2025, con un 13,2% en su forma más severa. Si bien estos valores implican un avance respecto de 2024, no logran retornar a los niveles previos a 2017.

La problemática se concentra principalmente en los hogares de menores ingresos, con mayor incidencia en los estratos socioeconómicos bajos y en el Conurbano Bonaerense.

En este contexto, la asistencia alimentaria trepa al 64,8%, una marca récord. En perspectiva, lo que se observa es que a partir de 2020 se produjo un fuerte aumento, impulsado no solo por el acceso y la cobertura de comedores escolares y comunitarios, sino también por la incorporación de la Tarjeta Alimentar ese mismo año.

Por otra parte, el reporte detalla que la cobertura de transferencias monetarias, como la Asignación Universal por Hijo (AUH), alcanzó al 42,5% de los niños, lo que conlleva una merma de 3,3 puntos porcentuales en relación a 2024.

La UCA precisó que esta y otras transferencias no contributivas llegan mayoritariamente a quienes más lo necesitan, aunque no a la totalidad; al mismo tiempo, dejan fuera a sectores que, pese a encontrarse en situación de pobreza, quedan excluidos del sistema.

Inanina Tuñón, investigadora del ODSA, planteó: “Estas políticas no fueron diseñadas para cubrir por completo los ingresos de los hogares, sino para equiparar el salario familiar de un trabajador formal con el de uno informal. Por eso, es clave mejorar las condiciones laborales de los adultos”.

La casa de estudios también presentó otros indicadores que dan cuenta de la crisis multidimensional que atraviesan los niños de entre 0 y 17 años.

Bajó la asistencia a los médicos

Entre ellos, se encuentra que el 19,8% dejó de asistir al médico, al odontólogo o a ambos por problemas económicos durante 2025. “La atención odontológica es la más postergada, lo que evidencia una deuda histórica de las políticas sanitarias con la salud bucal, a pesar de su impacto en la nutrición, la autoestima y la calidad de vida”, remarcó el informe.

Tuñón explicó que más allá de la falta de recursos, existe una problemática estructural en la oferta del sistema de salud.

En cuanto a las condiciones habitacionales, hay avances de largo plazo, pero persisten déficits estructurales: en 2025, el 18,1% de los niños y adolescentes residía en viviendas precarias y el 20,9% en situación de hacinamiento. A su vez, el acceso a servicios básicos continúa siendo una deuda importante: el 42% se encuentra en hogares sin saneamiento adecuado.

Por otra parte, el 37,5% de dicho rango etario enfrenta privaciones en vestimenta. Además del déficit material, se evidencian efectos emocionales por este motivo.

En este marco, Tuñón puso foco en la caída de la natalidad, que, más allá de la tendencia global, constituye otra señal de los efectos que la crisis social generó en las decisiones familiares.

En 1991, el 56% de los hogares tenía niños y adolescentes menores de 18 años; según el censo de 2022, ese valor se redujo al 44%. Esto refleja una baja sostenida de la fecundidad, que se ubicó en 1,4 hijos por mujer en 2022, inferior al umbral de reemplazo (2,1).

De cada 1.000 personas en Uruguay, hay 166 que no superan el ingreso mínimo necesario para cubrir las necesidades básicas alimentarias y no alimentarias.

Así surge de los datos que el Instituto Nacional de Estadística (INE) del país reveló este lunes, que muestran que el índice de pobreza en Uruguay se mantiene estable desde hace unos 10 años (con la excepción de 2020, en la pandemia, cuando creció hasta 23,3%). Además, hay un fenómeno que se sigue registrando: la infantilización de la pobreza.

La estimación oficial está basada en el ingreso mínimo necesario para cubrir necesidades básicas alimentarias y no alimentarias.

La indigencia, en tanto, afecta a una menor proporción de la población. A nivel de las personas, la incidencia se estimó en 1,7% , 0,2 puntos porcentuales más que en el año anterior según las cifras oficiales.

En el caso de los hogares, la proporción bajo la línea de la pobreza se ubicó en 13,2%, de acuerdo con las cifras oficiales.

El INE agrega en su análisis que la edad y la ascendencia étnico-racial de las personas son variables relevantes para el análisis de la pobreza. Esta afecta en mayor medida a las personas más jóvenes y a aquellas que se declaran de ascendencia afro o negra.

“La incidencia de la pobreza es significativamente mayor entre los menores de 18 años que entre la población adulta: casi el 40% del total de personas en situación de pobreza son menores. Al desagregar por tramos de edad más pequeños, se constata que la incidencia es más elevada en las edades tempranas y disminuye a medida que aumenta la edad”, dice el informe del INE.

La capital del Uruguay, Montevideo, es la zona que registra el valor más alto de pobres. Y, dentro del interior, son las localidades más pequeñas las que presentan mayor proporción de personas debajo de la línea de la pobreza.

El diario El Observador consignó en su análisis que el último gobierno de Tabaré Vázquez (en 2020) cerró con 17,3% de la población pobre, una cifra similar a la que dejó el gobierno de Luis Lacalle Pou (en 2025). Por su parte, el guarismo en el primer año de gestión de Yamandú Orsi sigue siendo similar.

Si bien Uruguay es uno de los países de la región con un menor porcentaje de personas bajo la línea de la pobreza, hay un problema en la otra punta etaria porque este fenómeno en el país tiene cara de niño. De acuerdo a los datos citados por el diario uruguayo, por cada adulto mayor que está bajo la línea de pobreza, hay cinco menores de seis años en la misma situación.

El gobierno ha puesto foco en la pobreza infantil.

Otros datos sobre la pobreza que surgen del informe son que el porcentaje de hogares pobres es más alto en la frontera norte que limita con Brasil y en los municipios periféricos de Montevideo, consignó El Observador. A su vez, los hogares que tienen una referente mujer representan casi el 70% de los hogares pobres del país.

La ONG Provea reclamó el viernes la fijación de un salario mínimo digno en Venezuela, al que el actual, equivalente a 27 centavos de dólar al mes según el tipo de cambio oficial, representa una situación de “pobreza extrema”.

La organización recordó que el Banco Mundial define el umbral de pobreza internacional en tres dólares diarios para países de bajos ingresos, mientras que en Venezuela el ingreso mínimo mensual está por debajo de esa cifra.

Provea también advirtió que el salario mínimo, base para prestaciones y otros pagos laborales, continúa estancado en 130 bolívares desde hace cuatro años, cuando equivalía a unos 30 dólares mensuales, pero la inflación lo devaluó de manera drástica.

En los últimos años, la política salarial del régimen se concentró en el pago de dos bonificaciones para los trabajadores públicos, que no inciden en prestaciones ni beneficios laborales, y que suman 190 dólares: uno de 40 dólares por concepto de alimentación y otro de 150 dólares denominado “ingreso de guerra económica”, ambos depositados en bolívares al tipo de cambio oficial.

Según la ONG Centro de Documentación y Análisis de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM), en marzo una familia requirió 692,32 dólares para cubrir la canasta básica de alimentos, un incremento del 7,24% respecto al mes anterior, cuando el costo era de 645,6 dólares. El cálculo se basa en una familia tipo de cinco integrantes.

En este contexto, sindicatos y trabajadores marcharon en Caracas en las últimas semanas para exigir aumentos salariales y mejoras laborales. La presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, anunció que se realizará un aumento “responsable” el próximo 1 de mayo, aunque no precisó si se tratará de un incremento al salario mínimo o a las bonificaciones de los trabajadores del sector público.

Por su parte, la Federación Venezolana de Maestros (FVM) convocó al sector educativo a una jornada nacional de asambleas de trabajadores el 22 de abril para exigir un sueldo “justo, suficiente y digno”, tras más de cuatro años sin incrementos del salario mínimo, que actualmente equivale a unos 27 centavos de dólar mensuales.

“Nuestra profesión y nuestra dignidad no pueden seguir esperando. Es momento de alzar la voz por la educación del país”, expresó la FVM en un comunicado.

La jornada buscará discutir la “crítica realidad” derivada del estancamiento salarial, mientras el costo de vida sigue en aumento y las autoridades “se niegan a reunirse con los legítimos representantes de los trabajadores”, según la convocatoria. La federación señaló que las autoridades educativas y laborales “no dan respuesta a las peticiones y demandas del magisterio”, sin dejar de lado la discusión inmediata de la convención colectiva.

La FVM denunció además la suspensión de salarios sin el debido proceso, el acoso laboral contra docentes y señaló que “muchos son presionados, amenazados o intimidados por ejercer su derecho a reclamar mejoras salariales, participar en protestas, denunciar irregularidades o exigir el respeto a sus derechos laborales”. Entre las prácticas mencionadas figuran amenazas de sanciones, cambios arbitrarios de funciones, apertura de procesos administrativos sin justificación y suspensión de salarios, lo que genera un clima de temor y persecución en el sistema educativo.

Distintos sectores laborales han retomado las protestas en este nuevo contexto que atraviesa Venezuela desde la captura del ex dictador Nicolás Maduro en Caracas por fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero. El jueves, trabajadores entregaron una carta a la Embajada de EE.UU. en Caracas solicitando su mediación ante el Gobierno venezolano para mejoras salariales, la liberación de presos políticos y la convocatoria a elecciones presidenciales.

(Con información de EFE)

María Elena pasa seguido por esta cuadra que queda a unos trescientos metros de la casa que comparte desde que nació con su mamá y sus dos hermanos. Pasa tan seguido, tan cotidianamente, que nada le llama la atención. Pero se acuerda a la perfección del día en que esta cuadra fue el corazón de una fiesta nacional. Fue el 29 de junio de 1986. Argentina le ganó 3 a 2 la final del Mundial de México a Alemania Federal y en Azamor al 500, en Villa Fiorito, no entraba un alfiler.

“Pude llegar hasta la esquina, no se podía caminar ni un centímetro más porque la cuadra estalló de gente. Me trajo mi papá, que nos había hecho quedar quietos a mí y a mis hermanos después de que Burruchaga metiera el tercer gol. En la cuadra volaban los papelitos, todos queríamos acercarnos a la casa de Diego, había una alegría que nunca volví a sentir en el barrio”, le cuenta María Elena a Infobae.

Ahora María Elena, que tiene 46 años, cuida a su mamá y a su hermano discapacitado, y cuando consigue, limpia casas por 6.000 pesos por hora, está parada delante de la casa natal de Diego Armando Maradona con un tupper vacío. Espera su turno para que se lo llenen con el guiso lentejas que ella y toda su familia van a cenar: dos ollas enormes arden en el patio delantero de la casa en la que vivieron Doña Tota, Don Diego y sus ocho hijos. Esta casa es, una vez por semana y en medio de un barrio en el que el hambre se hace sentir, la sede de una olla popular que alimenta a los vecinos de Villa Fiorito.

La economía, un problema día a día

“Hoy estoy preparando unas 250 porciones, pero a veces hay que hacerlas más chiquitas para que alcance para todos los que vienen a buscar”, cuenta María Torres. Tiene un palo largo de madera en la mano que oficia de cuchara de madera en sus ollas enormes. Es ella la que indica cuándo alguno de sus ayudantes tienen que poner más agua, o arroz, o menudos de pollo. Es ella la que indica cómo se van a distribuir los alimentos secos que las familias se van a llevar, además del guiso: hay harina, latas de arvejas, paquetes de arroz, pan dulce.

“Cocino hace 15 años en distintas ollas populares y comedores del barrio. En enero, cuando pasamos con la caravana de Reyes Magos por la puerta de la casa que fue de Diego, la dueña actual nos dijo que quería dar una mano pero que no tenía plata para colaborar. Entonces se me ocurrió esta idea: hacer acá una olla popular. Arrancamos a mediados de marzo, todos los jueves preparamos la cena para la gente del barrio”, dice María, que tiene 38 años, todos vividos en Fiorito.

Su guiso se cuece al calor de la leña que juntaron los integrantes de la ONG Sal de la Tierra, a la que pertenece María y que encabeza Leonardo, un pastor evangelista que trabaja en este pedacito de Lomas de Zamora que crece del lado bonaerense del Riachuelo. La ONG empezó a trabajar en Villa Fiorito en 2002, al calor de la gran crisis socioeconómica de ese verano en el que la Argentina se incendió. Ahora coordinan cinco espacios, entre comedores comunitarios y ollas populares, todos en el barrio. “Desde fines de 2023 hasta ahora, la demanda de comida de parte de nuestros vecinos creció por lo menos 300%”, dice Leonardo.

Mientras María cocina el guiso, suenan cumbias en el patio de esta casa que ahora es de una familia dedicada al cartoneo. Alguien cambia una lamparita para que se vea un poco mejor en este patio en el que dos murales narran la historia del hombre que hizo de Fiorito una leyenda: uno muestra al Diego que se llevó el mundo por delante en 1986, con la camiseta celeste y blanca y el gesto desafiante; en el otro, Maradona le da un beso a doña Tota y Chitoro los mira de cerca.

Un cartel antiguo de estación de tren dice “Fiorito”, y hay camisetas y bufandas y banderas de Boca, de Argentinos Juniors, del Nápoli, de la Selección.Los parlantes tienen una funda que los protege de la garúa, y la funda muestra a Diego con distintos modelos de pelo, de barba, de camiseta, de vida.

Hay, tirada por ahí, la lona de una pileta: la trajo María por si a la lluvia se le ocurría poner bajo amenaza al guiso, pero no hizo falta. Algunos de sus ocho hijos la ayudan a ordenar la fila de los que esperan con el tupper vacío y deslizan que el guiso está riquísimo, pero que las verdaderas especialidades de María son los canelones de verdura y una tortilla de papa imperdible.

“Acá en el barrio nosotros damos cena todas las noches en alguno de nuestros espacios. Y ahora arrancamos con una copa de leche los sábados. Hay cada vez más hambre y menos trabajo. Vas a ver que hoy, que llovió mucho, va a haber mucha gente: acá cuando no se puede salir a cartonear el hambre pega más duro. Y esto es día por día”, describe Leonardo.

“Me acostumbré a comer sólo al mediodía”

María Elena, la mujer que se acuerda de los festejos de 1986, tiene un grupo de WhatsApp con algunas vecinas de Fiorito. Se avisan entre todas dónde habrá reparto de cena cada tarde. Se ayudan con harina, aceite o fideos cuando se acerca el fin de mes, que cada vez se llega más rápido. “Ahora por suerte volvieron a funcionar varias ollas en el barrio, pero durante varios meses había muy pocas. Y en ese momento yo me acostumbré a comer sólo al mediodía, para la cena no había nada”, describe.

Ella y Rosa, otra vecina, ayudan a Jazmín, una joven con retraso madurativo que es la encargada de llenar los tuppers que cenarán en su casa. La acompañan en el camino de vuelta y se cercioran de que, al otro día, Jazmín se entere dónde podrá conseguir algo de comida caliente para pasar la noche.

“Yo bajé como 15 kilos en los últimos dos años. Y es porque tengo menos para comer. Las ollas populares nos salvan la vida, es la forma de tener algo en la panza y de que coma mi familia”, dice María Elena, que tiene 46 años. “Cada vez está más difícil conseguir trabajo de limpieza porque es un gasto que recortó muchísima gente; y acá en el barrio surgían changas de vez en cuando, pero no hay laburo para nadie”, suma.

La primera vez que hizo la fila para llevarse algo de comida del patio en el que se crió Diego Armando Maradona, se emocionó. “Me acordé de ese día que salimos campeones, y hay mucha gente que se emociona cuando viene por primera vez. Es impresionante entrar, aunque sea unos pasitos, al patio, y que la ayuda venga desde acá. Está viniendo gente de todos lados. Porque es la casa de Diego y porque hay hambre en todos lados”, reflexiona.

Del hambre de doña Tota a la de hoy

Ramona supervisa a sus nietos, que hacen la fila para llevarse guiso a casa. Ella no puede sumarse a esa espera sobre el barro de la vereda: la artrosis de sus piernas se lo impide. Es misionera pero vive hace 14 años en Villa Fiorito. Hasta hace un tiempo, lavaba ropa ajena en su casa a cambio de plata, pero ya nadie puede pagar por eso.

Cocina pan casero, chipa y tortas fritas: cobra 2.000 pesos por el pan con chicharrón. Y las mañanas que le toca cuidar a cuatro chicos desde las 6 hasta el mediodía, cobra 20.000 pesos. “Yo trabajo todos los días, cocino para vender, cuido chicos cuando me llaman, lavo cuando me traen ropa. Pero ya me llaman muy poco y no me traen ropa casi nunca. Limpiar casas ya no puedo, me duele el cuerpo. Pero cocino, lo que pasa es que cuando pasan los primeros días del mes, ya se vende muy poco porque nadie tiene plata”, dice Ramona, que no sabe leer ni escribir pero que, gracias al boca en boca que comparte con sus vecinos, no necesita de ningún grupo de WhatsApp para enterarse dónde hay una olla popular de la que llevarse una cena.

“Todas las noches busco cena por algún lado, y si sobra, sirve para el mediodía siguiente. No hay manera si no, y mis nietos tienen que comer”, asegura Ramona, atenta a sus chicos. “A mí me parece hermoso esto que están haciendo en la casa de Diego. Después de que se murió, habían dicho que iba a ser un museo. Después de eso no dijeron nada más. Iba a ser un museo pero esto es muchísimo mejor porque acá en Fiorito tenemos hambre”, sostiene Ramona.

En la calle Azamor, los perros les ladran a las motos, las motos les hacen luces a los chicos que juegan a la pelota, y las mujeres hacen fila para que algo de ese guiso que humea y huele maravillosamente llegue a sus mesas. De fondo, la casa de la que salía Maradona para embarrarse en el potrero. Esta casa de la que alguna vez dijo que era tan chica que él y sus hermanos soñaban “todos lo mismo”, y en la que doña Tota les decía a sus hijos que no iba a cenar porque le dolía la panza.

“A los 13 años me di cuenta que mi vieja nunca había sufrido del estómago. Nunca tuvo dolor de estómago, siempre quiso que comiéramos nosotros. Y cada vez que llegaba la comida, decía: ‘me duele el estómago’. ¡Mentira!, era porque no alcanzaba”, dijo Diego alguna vez, conmovido. Ese hambre parece perpetua en Villa Fiorito.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dio a conocer el informe el informe de Canasta Básica Alimentaria (CBA) y de la Canasta Básica Total (CBT) correspondiente a marzo de 2026. De acuerdo con los datos oficiales, la CBT registró una variación de 2,6% respecto al mes anterior, lo que implica que un hogar de cuatro integrantes necesitó ingresos por un total de $1.434.463,81 para no caer bajo la línea de pobreza.

Por su parte, la CBA, que determina la línea de indigencia, tuvo un incremento del 2,2% durante el tercer mes del año. De esta manera, el mismo grupo familiar requirió de $658.010,93 mensuales únicamente para cubrir sus necesidades básicas alimentarias. El informe técnico destaca que “durante marzo de 2026, la variación mensual de la canasta básica alimentaria (CBA) fue de 2,2%”.

El análisis de la evolución de precios muestra que la brecha respecto al año anterior continúa siendo significativa. Las variaciones interanuales se ubicaron en un 32,8% para la canasta alimentaria y en un 30,4% para la canasta total. En lo que va del año 2026, la suba acumulada alcanzó el 11,6% en el caso de la CBA y el 9,6% para la CBT.

Para un adulto equivalente —referencia que el organismo toma sobre un varón de entre 30 y 60 años con actividad moderada—, el costo de la canasta alimentaria se situó en $212.948,52. En tanto, el valor de la canasta total para ese mismo perfil de referencia fue de $464.227,77. Según explica el documento oficial, “la CBA se valoriza cada mes con los precios relevados por el Indice de precios al consumidor del Gran Buenos Aires (IPC-GBA)”.

Requerimientos según la composición del hogar

El Indec presenta diversos ejemplos de configuración familiar para ilustrar el alcance de estos indicadores. Un hogar de tres integrantes, compuesto por una mujer de 35 años, su hijo de 18 años y su madre de 61 años, necesitó en marzo un total de $1.142.000,31 para no ser considerado pobre y $523.853,36 para no ser indigente.

En el caso de una familia tipo de cuatro integrantes, compuesta por un varón de 35 años, una mujer de 31 años, un hijo de 6 años y una hija de 8 años, la cifra requerida ascendió a los mencionados $1.434.463,81 para la CBT y a $658.010,93 para la CBA.

Finalmente, para un hogar de cinco integrantes, constituido por una pareja de 30 años y tres hijos de 1, 3 y 5 años, el costo de la canasta básica total fue de $1.508.740,25, mientras que la alimentaria se ubicó en $692.082,69.

Según el Indec, esta diferenciación se debe a que “los requerimientos nutricionales son diferentes según la edad, el sexo y la actividad de las personas”, por lo que es “necesario hacer una adecuación que refleje las características de cada miembro de un hogar en relación con sus necesidades nutricionales”. Para realizar este cálculo, el organismo utiliza la unidad de referencia denominada “adulto equivalente”, la cual se basa en un requerimiento energético de 2.750 kcal.

Desaceleración de precios

El incremento mensual registrado en marzo muestra una desaceleración respecto a los valores de enero, cuando la canasta alimentaria había subido un 5,8% y la total un 3,9%. No obstante, los niveles actuales mantienen la presión sobre el presupuesto familiar, considerando que en febrero las subas habían sido del 3,2% y 2,7% respectivamente.

Un dato positivo, es que los salarios vienen aumentando por encima de ambas canastas. Si bien no es posible hacer una comparación con los datos de marzo (el último informe de salarios corresponde a enero), un análisis de lo que mostraban los números en el primer mes del año basta para entender cómo se vienen comportando ambas variables.

Según el Indec, entre enero de 2025 e igual mes de 2026 los salarios tuvieron un aumento nominal del 37,7%. En ese mismo período, la Canasta Básica Total se encareció 31,6%, mientras que la CBA registró un aumento del 37,6%. Habrá que esperar a que el Indec publique los próximos informes para saber si la tendencia se mantuvo en todo el primer trimestre.

La reciente difusión de las estadísticas oficiales sobre las condiciones de vida en la Argentina ha devuelto al centro de la escena una controversia técnica que trasciende los despachos oficiales. Los informes publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) reflejaron una mejora en los indicadores sociales hacia el cierre de 2025, pero la magnitud de esa recuperación y la metodología utilizada para captar los datos de ingresos han generado debate entre los especialistas.

Algunos estudios privados sospechan de un “espejismo estadístico” provocado por fallas en la recolección de datos en hogares, otros defienden la tendencia y atribuyen la mejora a factores estructurales como la desaceleración de la inflación y cambios en la política asistencial.

Para delimitar el núcleo del debate, es necesario repasar cuáles son los datos cuestionados. Según el último informe del Indec, la pobreza en Argentina registró una nueva baja, situándose en 28,2% de la población durante el segundo semestre de 2025. Esta proporción implica que 13,5 millones de personas se ven afectadas, pero muestra una reducción de 9,9 puntos porcentuales respecto al mismo período de 2024. Además, sugiere que 11,4 millones de personas dejaron de ser pobres desde el pico alcanzado en los primeros meses de gobierno de Javier Milei.

En esa dinámica, la indigencia -personas cuyos ingresos no alcanzan para cubrir el valor de la Canasta Básica de Alimentos- se ubicó en 6,6% de la población, lo que implica una mejora de 5,5 millones de personas respecto a la primera mitad de 2024.

En términos de distribución, el organismo informó que, al cuarto trimestre de 2025, el ingreso promedio de los asalariados con descuento jubilatorio ascendió a $1.321.353, lo que representó un incremento interanual del 42,7%, un valor que quedó claramente por encima de la inflación oficial, que fue de 31,5% en 2025. Estos datos configuran un panorama de recuperación del poder adquisitivo, especialmente en el sector formal, que es precisamente el punto donde se origina la mayor parte de las dudas técnicas.

El origen de la polémica y el desacuerdo en torno a la EPH

El debate no gira en torno a si la situación social mejoró o empeoró, sino a si los instrumentos de medición -específicamente la Encuesta Permanente de Hogares (EPH)- están reflejando con precisión los hechos. Diversos especialistas sostienen que los datos de ingresos declarados por los ciudadanos ante el encuestador aparecen “inflados”.

Desde la consultora Equilibra plantean que “hay evidencia empírica contundente de que los fuertes cambios en la captación de ingresos de la EPH exageraron la baja reciente de la pobreza”. El argumento central reside en una inconsistencia: mientras que la EPH muestra un aumento del ingreso asalariado formal del 43% interanual, otras fuentes oficiales de registro -como el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) 32% o la serie de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte) 37%- exhiben subas menores.

Lorenzo Sigaut Gravina, economista de Equilibra, destaca que el incremento captado por el Índice de Salarios formal se ubica varios puntos porcentuales por debajo de lo que arroja la encuesta en los hogares.

Su colega Gonzalo Carrera introduce una hipótesis psicológica y económica: la pérdida de “memoria nominal”. Según Carrera, durante los períodos de alta inflación, las personas pierden la noción de cuánto ganan realmente debido a los cambios constantes.

Carrera explica: “Con mayor estabilidad nominal desde fines de 2024 a la fecha, la tendencia parece haberse revertido incrementando más los ingresos autorreportados que los que salen de fuentes administrativas”.

Durante los períodos de alta inflación, las personas pierden la noción de cuánto ganan realmente debido a los cambios constantes (Carrera)

A este cuestionamiento se suma el Cedlas (Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales), que identifica tres áreas de riesgo:

1. posible desfase temporal entre el momento en que se percibe el ingreso y el mes en que se valorizan las canastas;
2. evolución del subreporte de ingresos; y
3. necesidad de actualizar el Coeficiente de Engel -la relación entre gasto en alimentos y otros bienes- basándose en patrones de consumo más recientes de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017/2018.

Entre la cautela y los efectos concretos en los hogares

Frente a las críticas en torno a la medición oficial, otra corriente de economistas propone una perspectiva diferente. Si bien admiten que existen desafíos metodológicos, consideran que los cuestionamientos no invalidan la tendencia de fondo ni la integridad de las estadísticas del Indec.

Osvaldo Giordano, presidente del Ieral de Fundación Mediterránea, sostiene que las sospechas de manipulación carecen de fundamento actual, aunque admite que la interpretación de los datos suele carecer de matices: “Salir de la pobreza es positivo, pero no significa un cambio decisivo en la situación del hogar”, advierte, ejemplificando que un salto de pocos miles de pesos puede sacar estadísticamente a una familia de la pobreza, aunque en la práctica sólo represente un kilogramo más de alimento al día.

Para Giordano, exagerar la polémica metodológica desenfoca lo importante: el impacto de la desinflación. “La desinflación tiene un impacto potente en favor de reducir la pobreza”, afirma, debido a que los trabajadores informales -los más pobres- tienen menos herramientas para actualizar sus ingresos frente a la suba de precios que las grandes empresas.

El economista propone mejoras concretas para elevar la calidad de la información, como la publicación sistemática de la conciliación entre la EPH y registros administrativos por decil de ingreso, y la triangulación con las Cuentas Nacionales, emulando prácticas de organismos de México (INE) o Colombia (DANE).

Se debería incorporar la ENGHo 2017/2018 para recalibrar la expansión de la CBA a CBT, dado que la estructura de consumo de los hogares cambió (Giordano)

Sugiere, además, explicitar y documentar el desfase entre el mes de referencia de los ingresos y el mes de actualización de las canastas, porque en contextos de alta inflación incluso días de diferencia importan. Asimismo, plantea que se debería incorporar la ENGHo 2017/2018 para recalibrar la expansión de la CBA a CBT, dado que la estructura de consumo de los hogares cambió.

En una línea similar, Jorge Colina, presidente de Idesa, subraya que ninguna medición es una “verdad absoluta”, sino el resultado de una convención metodológica: “El valor que tiene cada metodología no está en su comparación con las otras, sino en la tendencia hacia el alza o baja que cada una muestre”.

Respecto a la desconfianza sobre el salario informal -que según el Indec creció por encima del 100% en el segundo semestre de 2025-, Colina explica que este sector partía de una base muy deprimida tras las pérdidas de 2022 y 2023, lo que justifica tasas de crecimiento inusualmente altas en la recuperación.

“Otro aspecto a tener en cuenta es la conformación de la Canasta Básica Total (CBT). Se critica que no refleja bien los patrones de consumos de los hogares pobres. Por eso, lo que estadísticamente surge como hogar no pobre, en la realidad puede ser pobre porque el patrón de consumo es diferente. Pero, otra vez, es una discusión de metodología de qué CBT elegir”, subrayó Colina.

El factor subjetivo y las limitaciones del sistema

La discusión técnica también alcanza la naturaleza misma de la recolección de datos. Nuria Susmel, economista senior de FIEL, aporta una perspectiva sobre las dificultades intrínsecas de las encuestas: “Pobreza es una definición nada más que permite comparar en el tiempo”, afirma, remarcando que el enfoque monetario que utiliza el Indec es solo una de las formas posibles de abordar el fenómeno, a diferencia de los enfoques multidimensionales que consideran salud, educación y vivienda.

El enfoque monetario que utiliza el Indec es solo una de las formas posibles de abordar el fenómeno, a diferencia de los enfoques multidimensionales que consideran salud, educación y vivienda (Susmel)

Susmel menciona que el Indec ha mejorado sus cuestionarios para captar mejor los ingresos no laborales (como asignaciones), pero advierte sobre los sesgos de quienes responden: “Siempre se dice que los de altos ingresos subdeclaran. Yo también creo que los de bajos ingresos muchas veces sobredeclaran por vergüenza”.

Además, la economista resalta un problema estructural: los sectores más ricos de la sociedad son prácticamente inaccesibles para los encuestadores del organismo, lo que distorsiona la pirámide de distribución, aunque aclara que, al ser un error histórico y constante, la serie sigue siendo útil para marcar la tendencia.

Sobre la brecha entre la EPH y los registros administrativos, Nuria Susmel admite que no hay una explicación clara. No obstante, coincide en que la mejora en la captación de ingresos iniciada a fines de 2024 permite que los datos actuales sean, al menos, comparables entre sí.

El reciente informe del Banco Mundial “Panorama económico de América Latina y el Caribe, publicado el 8 de abril, advierte que el progreso en la reducción de la pobreza en Centroamérica podría estancarse si no se reactivan los motores del crecimiento estructural y el margen fiscal.

Aunque las cifras de pobreza mejoraron tras la pandemia, “la región enfrenta ahora señales de desaceleración, con consecuencias directas para las familias más vulnerables”, detalla la publicación.

La persistencia de la pobreza se atribuye a la baja diversificación productiva, la alta informalidad y el acceso limitado a servicios básicos.

Según el documento, cerca del 83% de las personas en situación de pobreza trabaja en la informalidad y el 60% tiene bajo nivel educativo. Los grupos más afectados son las comunidades rurales, indígenas y quienes dependen de empleos sin protección social.

Durante la llamada “década dorada” entre 2003 y 2013, Centroamérica experimentó una reducción de la pobreza impulsada por el crecimiento económico, los altos precios de materias primas y el aumento de remesas.

En el momento actual, países como El Salvador, Guatemala y Honduras dependen de manera considerable de los envíos de dinero desde el extranjero, lo que los hace vulnerables a variaciones en el entorno global.

La proporción de la población en situación de pobreza, medida con la línea internacional de 8.30 USD diarios en PPA(porcentaje de poder adquisitivo) 2021, oscila entre el 25% y el 40% en los países del norte de la región. Este fenómeno persiste especialmente en áreas rurales, donde la falta de acceso a educación, salud y saneamiento profundiza la exclusión social.

El reto para medir con precisión la pobreza deriva de la volatilidad de los ingresos informales. El Banco Mundial propone unir indicadores de ingreso y de consumo para captar con mayor fidelidad la movilidad social y la persistencia del fenómeno: la intención es evitar que los cambios temporales en los ingresos alteren el diagnóstico y oculten barreras estructurales.

Factores que amenazan el avance en la reducción de la pobreza

La recuperación económica tras la pandemia y el auge de las remesas facilitaron avances recientes, aunque el crecimiento anual se ha moderado, quedando entre el 3% y el 5%.

El informe advierte que, si no se aplican políticas de reactivación estructural ni se amplía el espacio fiscal, la reducción de la pobreza será limitada durante 2026.

El reporte atribuye la persistencia de la pobreza a la combinación de informalidad laboral, baja escolaridad y falta de acceso a servicios básicos, lo que crea un círculo difícil de superar. El crecimiento económico, por sí solo, no se traduce en beneficios generalizados ni en más oportunidades de movilidad social.

Políticas recomendadas y experiencias regionales

Dentro del bloque de Centroamérica, Banco Mundial destaca a Costa Rica, donde la inversión en capital humano junto con la protección social universal han resultado en menores tasas de pobreza y mayor formalidad laboral.

A diferencia de esta experiencia, países como El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua enfrentan dificultades para consolidar estos logros debido a la dependencia de remesas y una inclusión laboral limitada.

Las recomendaciones centrales incluyen fomentar la productividad, elevar la calidad educativa, ampliar la protección social y fortalecer la recaudación fiscal. El propósito es generar empleos formales que garanticen ingresos estables y promuevan la movilidad social.

Según el informe, romper el círculo de la pobreza en Centroamérica exige políticas integrales que combatan la informalidad, fortalezcan el capital humano y favorezcan la creación de empleos formales.

Unos 482 mil 33 niños y niñas viven en la pobreza, cifras frías que revelan la vulnerabilidad de una gran parte de la niñez panameña.

La estadística del Banco Mundial, del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y del Ministerio de Desarrollo Social fue expuesta por monseñor José Domingo Ulloa Mendieta, O.S.A., durante la celebración de la 54° Cita Eucarística, al exhortar a la Iglesia a no ser indiferente ante el sufrimiento de los más pobres.

Llamó a todos los sectores del país a enfrentar la pobreza infantil, comenzando por los tres órganos del Estado, el sector privado, la sociedad civil, las universidades, los gobiernos locales, las organizaciones sociales, las diversas comunidades de fe.

“Todos debemos trabajar unidos para que nadie quede al margen en Panamá”, clámó

“Hermanos, hermanas, las llagas del resucitado tienen como origen la corrupción, la impunidad que roba el pan del pobre y le roba el futuro al país, especialmente a nuestra niñez”, indicó el prelado ante cientos de asistentes al evento eucarístico.

“No podemos aceptar que la geografía o el origen determine el destino de una vida. Ellos no son cifras frías, son vidas que claman justicia y nos llaman a no permanecer indiferentes”, manifestó José Domingo Ulloa Mendieta, O.S.A.

En medio de aplausos de los asistentes al encuentro religioso, monseñor fue enfático al señalar que “nadie puede quedar al margen. Panamá no puede llamarse desarrollada si su niñez sufre hambre, enfermedad prevenible o abandono. Porque un país que no cuida a su niñez está renunciando en silencio a su propio mañana”.

El líder de la iglesia católica hizo una comparación entre los niveles de crecimiento y desarrollo macroeconómicos de Panamá, y los sectores que quedan abandonados.

Ulloa recordó que uno de cada tres niños panameños vive en pobreza, y uno de cada seis en pobreza extrema. y señaló que esto adquiere una gran relevancia al saber que la primera infancia (en edades de 0 a 6 años) define el desarrollo integral de la persona.

Permitir que niños crezcan con marcada pobreza es perpetuar la desigualdad, reiteró.

En esta celebración de la 54° Cita Eucarística, se exhortó a la Iglesia a no ser indiferente ante el sufrimiento de los más pobres.

En esta ocasión la Eucaristía se celebró en el Anfiteatro del Parque Recreativo y Cultural Omar Torrijos, donde miles de fieles provenientes de todas las parroquias de la Arquidiócesis de Panamá se congregaron desde tempranas horas junto a sus familias y comunidades, en el marco del centenario arquidiocesano, apunta el semanario Panorama Católico.

Durante el cierre de la recién pasada Semana Santa en Panamá, monseñor Ulloa señaló que Panamá no puede continuar atrapado en la corrupción, la violencia, la desesperanza y la indiferencia, como si la resurrección de Cristo no tuviera consecuencias reales en la vida nacional.

La fe, manifestó en esa ocasión, no puede reducirse a una tradición ni a un discurso vacío, sino que debe traducirse en decisiones concretas que transformen la sociedad.

Cuestionó abiertamente “los sepulcros” que hoy mantienen paralizado al país: la exclusión de los más pobres, la pérdida de valores, la impunidad, el miedo al cambio y la división social.

“Si Cristo ha resucitado, nada puede seguir igual”, advirtió el conductor de la grey católica, subrayando que Panamá necesita hombres y mujeres capaces de actuar con coherencia, de no negociar la verdad y de asumir con valentía el compromiso de hacer el bien, incluso cuando cueste.

El costo de vida en la Ciudad de Buenos Aires experimentó un nuevo aumento durante marzo de 2026. Según el último relevamiento de la Dirección General de Estadística y Censos porteña (DGEC), una familia tipo necesita al menos $2.342.860,81 mensuales para situarse dentro de la clase media y hasta $7.497.154,59 para no pertenecer a los sectores de ingresos más altos.

El informe analiza los ingresos necesarios para distintos niveles sociales en un hogar compuesto por dos adultos de 35 años y dos hijos varones de 9 y 6 años, propietarios de la vivienda y sin personal doméstico.

Las cifras oficiales muestran que la línea de indigencia, establecida por la Canasta Básica Alimentaria (CBA), se ubicó en $814.709, mientras que la línea de pobreza, calculada en base a la Canasta Básica Total (CBT), alcanzó los $1.489.829 al mes.

Para superar la condición de pobreza, el hogar necesita ingresos que excedan los $1.440.147 mensuales. El umbral para dejar de ser vulnerable y pasar al segmento denominado “sector medio frágil” es de $1.874.288,64 y hasta 2.342.860,80 pesos. Según el organismo, el rango de ingresos correspondiente a la clase media se extiende desde $2.342.860,81 hasta 7.497.154,59 pesos. Cuando los ingresos familiares superan ese último monto, la familia es considerada parte de los sectores acomodados.

Los valores corresponden a marzo de 2026 y reflejan el efecto de la inflación sobre el poder adquisitivo en la ciudad. El análisis de la DGEC indica que tanto la canasta básica alimentaria como la total han mostrado incrementos sostenidos en los últimos meses, impulsados principalmente por subas en alimentos y servicios.

El cálculo de estos valores se realiza en base a pautas de consumo habituales en los hogares y se utiliza como referencia para el diseño de políticas públicas y la evaluación de la situación social local. El informe aclara que estos montos aplican solo a familias propietarias, ya que el costo de alquiler representa un gasto adicional importante para los inquilinos.

La segmentación de hogares según el nivel de ingresos permite identificar los distintos grupos socioeconómicos en la Ciudad de Buenos Aires. Son considerados indigentes quienes no logran reunir el monto necesario para cubrir la Canasta Básica Alimentaria. En tanto, los pobres no indigentes pueden afrontar la CBA, pero no alcanzan a cubrir la Canasta Básica Total.

La metodología empleada distingue dentro del sector medio a quienes integran el grupo “frágil” y a la “clase media” propiamente dicha. El sector medio frágil corresponde a hogares que logran costear la CBT, pero cuyos ingresos no superan en más de un 25% ese valor. Se considera clase media a quienes superan ese umbral, sin cuadruplicar el monto de la CBT. Esta diferenciación permite identificar niveles de estabilidad o vulnerabilidad entre los hogares que no se encuentran por debajo de la línea de pobreza.

Aceleró la inflación en CABA

Durante marzo de 2026, el Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA) registró un aumento de 3%, acelerando respecto al mes previo y acumulando un alza de 8,9% en el primer trimestre del año. La comparación interanual mostró una suba de 32,1 por ciento. De acuerdo con el informe del Instituto de Estadística y Censos porteño, la variación se explicó principalmente por incrementos en servicios regulados, combustibles, el sector educativo y los gastos asociados a la vivienda. Este resultado anticipa un valor elevado para el índice nacional que difundirá el Indec en los próximos días.

El comportamiento de los precios mostró incrementos en la mayoría de los rubros del índice, aunque cinco divisiones concentraron cerca del 80% del aumento mensual. El capítulo vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles subió 3,2% y aportó 0,65 puntos porcentuales al total, impulsado por ajustes en expensas, alquileres y tarifas de servicios esenciales.

Transporte fue la división con mayor ajuste, con un aumento de 6% que también sumó 0,65 puntos porcentuales. En este caso, el alza se vinculó principalmente a la suba de los combustibles para automóviles particulares —potenciada por el conflicto en Irán— y la actualización en el valor del boleto de colectivo urbano. El precio promedio del litro de gasoil premium llegó a 2.097,30 pesos y la nafta premium a 2.037,33 pesos durante el mes.

El rubro alimentos y bebidas no alcohólicas mostró una suba de 2,6% e incidió con 0,45 puntos porcentuales en el índice general. El mayor impulso provino de carnes y derivados, que treparon 6,3%. También se registraron aumentos en pan y cereales (2,0%) y en leche, productos lácteos y huevos (2,1%). Por el contrario, los precios de verduras, tubérculos y legumbres disminuyeron 3,3%, y las frutas bajaron 1,8%, lo que atenuó la presión sobre la canasta básica.

La división educación avanzó 8,6% y sumó 0,42 puntos porcentuales, explicado por el aumento de las cuotas en los establecimientos educativos. Salud se incrementó 2,4%, impulsada por subas en las cuotas de medicina prepaga y otros servicios del sector.

Prendas de vestir y calzado registraron un alza de 3,8% en el mes. El índice de equipamiento y mantenimiento del hogar subió 3,9 por ciento. Información y comunicación ajustó 1,9%, recreación y cultura 0,7%. Restaurantes y hoteles, en tanto, aumentaron 0,4% por incrementos en consumos fuera del hogar, mientras que los servicios de alojamiento descendieron 12,7 por ciento.

El análisis detalla que los bienes aumentaron 2,8% y los servicios 3,1%. Entre los bienes, la suba estuvo liderada por alimentos —sobre todo carnes—, combustibles y prendas de vestir. En servicios, la mayor presión provino de la educación formal, seguida por transporte y alquileres.

En primer lugar, explicó las diferencias entre las fuentes de información sobre ingresos en el país y los desafíos que esto plantea para analizar la evolución de la pobreza. “En Argentina hay dos fuentes. Una es el SIPA, que son registros administrativos, son datos concretos. Y otra es la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), que se publica trimestralmente. Esa encuesta le pregunta a la gente cuánto está ganando”.

Rapetti señaló que históricamente los ingresos declarados en la EPH eran menores que los registrados en el SIPA debido a la subdeclaración, fenómeno que, según los análisis, “se mantiene estable en el tiempo”. y está asociado a la alta inflación.

Sin embargo, señaló que “una cosa que los economistas empezamos a notar es que subían mucho más fuerte los ingresos que declaraban en la EPH todas las personas que lo que se subían en los registros administrativos. Eso nos llamó la atención”.

El economista sostuvo que existen “indicios muy importantes que, en 2022 y 2023 específicamente, la subdeclaración aumentó mucho producto de la inflación”. Explicó que “no es porque sea una cosa hecha adrede, sino que producto de la alta inflación, ante cambios de precios tan fuertes y tan rápidos en el tiempo; la gente subdeclaraba”.

A medida que la inflación comenzó a bajar, la subdeclaración cayó: “Si yo ganaba $100 en 2023, probablemente declaraba $60. Ahora sigo ganando 100, y declaro $80”.

Rapetti remarcó que “la EPH capta mejor el ingreso de la persona, aunque este no haya subido”. Aclaró que ninguno de todos los estudios realizados señala que hay manipulación de estadísticas. Probablemente hay un problema de captación de ingresos que hace muy difícil las comparaciones en el tiempo”.

“Los datos oficiales muestran una caída del empleo formal y un aumento de los puestos informales y sin relación de dependencia. También se observa una pérdida de empleo asalariado incluso dentro del sector privado, incluyendo trabajos no registrados. En paralelo, crece el cuentapropismo”, destacó.

“Si se analizan los ingresos registrados formalmente —tanto del sector privado como del sector público, incluyendo jubilaciones, es decir, un universo de aproximadamente 14,5 millones de personas— se observa que el poder de compra, medido contra el IPC y la canasta de consumo del INDEC, cayó respecto de los primeros nueve meses de 2023. En la actualidad, se ubica entre un 10% y un 14% por debajo de ese nivel", añadió.

En cuanto al impacto social, sostuvo: “Pese a que la pobreza cayó, el ingreso disponible que tiene la gente es menor, y hay un malestar social producto de que o tienen que trabajar más o tienen que ajustar gastos para hacer otro”.

Por otro lado, en cuanto a la reconversión económica, Rapetti dijo que “la posición del Gobierno refleja una transición en la que, al analizar la narrativa económica, surgen interrogantes. En el caso de un país como Argentina, con una población de alrededor de 46 millones de personas, resulta difícil pensar que una estrategia centrada casi exclusivamente en minería, energía y agricultura —los principales ejes del modelo— pueda dar respuesta, en términos de inclusión productiva, a la magnitud de la fuerza laboral existente".

Consideró que si bien estos sectores concentran un alto potencial de crecimiento y son, sin duda, relevantes, el problema aparece si esos motores no se articulan con una mayor integración productiva. Es decir, si no generan encadenamientos hacia arriba y hacia abajo con la industria y los servicios.

En ese escenario, el economista sostuvo podrían consolidarse sectores dinámicos con mejoras en el bienestar material asociadas a esas actividades, pero una parte significativa del resto del entramado productivo quedaría rezagada y en una situación de fuerte deterioro. “Esta es una economía que achica al sector industrial”, aseguró Rapetti.

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En medio de cuestionamientos a la gestión y al avance de la causa judicial que investiga el enriquecimiento ilícito de Manuel Adorni, funcionario clave del Gobierno, Javier Milei realizó un descargo en redes sociales para ratificar y destacar el rumbo que está tomando la Argentina. Además, criticó a la oposición.

“Podemos discutir la metodología todo lo que quieran, pero los datos son contundentes: la Argentina está mucho, MUCHO mejor que en 2023. Con cualquier método que elijan, la tendencia es la misma. Negar la evidencia empírica apelando a anécdotas es, lisa y llanamente, ir contra cuatro siglos de progreso científico”, comenzó el Presidente.

Y agregó: “Resulta insostenible que el 100% de los zócalos televisivos insistan en que “todo está mal” cuando tenemos el nivel de pobreza más bajo de los últimos siete años. Eso no es análisis: es relato“.

Sin embargo, luego admitió que esto no significa que toda la ciudadanía esté viviendo mejor: “Sería intelectualmente deshonesto afirmarlo”. Pero sí insistió con que el rumbo es el correcto: “Los procesos de mejora no avanzan a la misma velocidad para todos: las estadísticas reflejan promedios, y sabemos que hay gente en los extremos de la distribución. Precisamente por eso hay que persistir: para normalizar la economía y, con ella, la vida de todos los argentinos. Por eso pedimos paciencia. El rumbo es el correcto. Cambiarlo sería dinamitar lo logrado”.

Sobre el final, reconoció que “estos últimos meses fueron duros”, pero advirtió: “No es casualidad: es el costo de las bombas que dejaron los irresponsables psicópatas kirchneristas que intentaron hacer volar la economía por los aires el año pasado”.

“Eso no sale gratis: implicó tasas más altas, menor actividad y más inflación. Pero los resultados ya están a la vista: la economía está empezando a levantar vuelo con fuerza”, completó.

El presidente retomó así el canal de comunicación que más utiliza para compartir posiciones con la ciudadanía, su perfil en la red social X, forma que considera más directa.

Horas antes, el jefe de Estado había brindado una entrevista emitida por la TV Pública. En el transcurso de esa conversación respondió a la presión del contexto político y argumentó que la coyuntura económica argentina se ha visto afectada recientemente por la inestabilidad global derivada de la Guerra en Medio Oriente, conflicto que ha impactado de manera directa en el precio internacional del petróleo y, por consiguiente, en los precios domésticos.

El presidente reconoció la complejidad inflacionaria de los meses recientes, pero sostuvo que la inflación comenzará a descender nuevamente: “Ha sido un trimestre complicado en materia inflacionaria, pero inexorablemente la tasa de inflación va a bajar”.

En una respuesta directa a la evolución de la economía nacional, Milei afirmó que los datos de abril mostrarán una reducción de la inflación y una tendencia hacia la mejora de los principales indicadores sociales: “Los indicadores del segundo trimestre sobre la pobreza van a empezar a recomponerse”. Este planteo apunta a contrarrestar los efectos negativos que la caída de la actividad económica y el consumo generaron, en particular durante el periodo electoral de 2025.

Durante la misma entrevista, el presidente se detuvo en el impacto humano de las variables macroeconómicas. Milei ponderó que, aunque los economistas suelen analizar los promedios, “hay gente que puede estar en las colas”. Destacó, así, el carácter no trivial de las estadísticas económicas y la importancia de considerar la experiencia de quienes sufren directamente el ajuste de la actividad.

En el cierre de sus declaraciones, Milei recalcó su determinación: “No me costó tomar ninguna decisión porque sé lo que hay que hacer, cómo hacerlo y tengo la convicción de hacerlo. Cuando pones como eje la moral de la política de Estado y hacés lo que está bien, eso te acomoda la política y la economía”.

En una charla con el equipo de Infobae al Regreso, integrado por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Gustavo Lazzari, Oliveto puntualizó que actualmente apenas el 17% de los hogares puede considerarse clase media alta, mientras que un 26% integra una clase media baja “mucho más acotada, mucho más limitada”, constantemente amenazada por la posibilidad de caer en la pobreza. Según sus estimaciones, “la pobreza estructural ronda el 24 o 25% de las familias, un umbral muy difícil de romper”.

La clase media argentina y su transformación histórica

Oliveto distinguió entre la clase media alta, que hoy representa apenas un 17% de las familias y mantiene algunos hábitos de consumo propios de la recordada “clase media Mafalda”, y una clase media baja que vive “en el umbral, tratando de no caer hacia la clase baja”. Subrayó que el miedo a perder el empleo es el factor que más incide en el ánimo de las familias: “Hoy, el temor a quedarse sin trabajo pesa más que la inflación”.

El especialista precisó que la clase media alta se acerca a la vida de la clase alta en costumbres y consumo, aunque con menor regularidad y acceso a bienes, mientras que la media baja depende de la informalidad laboral y el empleo múltiple: “En esos hogares, si son cuatro los adultos en edad de trabajar, todos salen a buscar trabajo”. Oliveto también diferenció la situación actual de la década del setenta, cuando “la pobreza era del 4% y el 75% de las familias pertenecía a la clase media”.

Cambios de hábitos, angustia y el surgimiento del nuevo consumidor

La coyuntura económica y social llevó a una transformación profunda en el consumo: “Hay un cambio de hábitos donde la gente se volvió mucho más racional y selectiva, no sólo busca lo más barato, sino ‘comprar bien’”. Destacó que el 65% de los argentinos es propietario de su vivienda, un dato singular frente a la cultura del alquiler en países europeos, y lo vinculó a la tradición inmigrante y los ciclos recurrentes de crisis: “El argentino construye su casa ladrillo a ladrillo porque eso le da seguridad”.

Oliveto advirtió que el ajuste y la pérdida de poder adquisitivo generan angustia: “La gente resigna consumos básicos como alimentos, salidas o ropa, y vuelve al Excel para poder llegar a fin de mes”. Describió la emergencia de un “nuevo consumidor” que prioriza el control y la prudencia en sus decisiones: “La palabra hoy es control, sensatez, tratar de darse algún gusto cuando se puede”.

El impacto del modelo productivo y la fragmentación social

Consultado sobre el modelo productivo basado en energía, minería y agro, Oliveto evaluó que “Argentina tiene una oportunidad histórica en estos sectores”, aunque advirtió que el impacto aún no llega a la mayoría: “Hoy, los tres sectores que más empleo generan —construcción, comercio e industria— están en caída respecto de 2023”. Planteó el dilema sobre cómo se distribuirán los recursos generados y alertó sobre una posible profundización de la fragmentación social: “Ese dinero puede quedar anclado en el 20% del tope de la pirámide y el resto será otro mundo”.

El especialista remarcó que la clase media argentina atraviesa un ciclo de esperanza y nostalgia: “El ánimo con Milei estuvo signado por la esperanza, pero ahora empieza a crecer la añoranza y pierde fuerza la esperanza”. Añadió que el ajuste prolongado y la falta de premios concretos al esfuerzo generan crisis de sentido: “Si esfuerzo, esfuerzo y no hay premio, un día la gente se pregunta para qué trabaja tanto”.

La identidad de la clase media, sostuvo Oliveto, sigue marcada por la búsqueda de pequeños placeres cotidianos y el deseo de ascenso social, aunque la realidad económica obliga a redefinir prioridades y expectativas. “La clase media sueña para arriba y teme para abajo”, resumió.

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La pobreza infantil en Panamá sigue siendo uno de los problemas sociales más severos del país, con cifras que muestran que el crecimiento económico no ha logrado traducirse en bienestar para una parte importante de la niñez.

El más reciente informe de UNICEF, el Banco Mundial y el Ministerio de Desarrollo Social concluye que el 34.5% de los niños, niñas y adolescentes vive en situación de pobreza, mientras que el 16% se encuentra en pobreza extrema, lo que equivale a decir que uno de cada tres menores crece en hogares cuyos ingresos no alcanzan para cubrir necesidades básicas.

El estudio deja claro que la pobreza afecta con mayor fuerza a la infancia que al resto de la población. Mientras la pobreza monetaria en la población general ronda el 22.2%, en la niñez y adolescencia sube a 34.5%.

La diferencia también se repite en la pobreza extrema: 9.4% en la población total frente a 16% entre niños, niñas y adolescentes. El contraste confirma que la niñez panameña enfrenta una vulnerabilidad mayor, y que las políticas públicas no han logrado compensar esa desventaja con la velocidad ni con la focalización necesarias.

En términos absolutos, el informe “Pobreza infantil en Panamá: un abordaje territorial de la pobreza monetaria en la niñez y la adolescencia”, estima que alrededor de 482 mil niños, niñas y adolescentes viven en hogares pobres en Panamá, y que casi 224 mil sobreviven en condiciones de pobreza extrema. No se trata solo de un indicador estadístico: detrás de esas cifras hay hogares que no pueden garantizar una alimentación adecuada, acceso estable a bienes esenciales ni condiciones mínimas para el desarrollo de sus hijos.

El estudio advierte que esta realidad limita oportunidades desde las primeras etapas de la vida y alimenta un ciclo de desigualdad que luego se traslada a la adultez.

Uno de los hallazgos más fuertes del reporte es su dimensión territorial. La pobreza infantil no se distribuye de manera uniforme, sino que se concentra con mucha más fuerza en zonas rurales y comarcas indígenas, donde los indicadores alcanzan niveles alarmantes.

En las comarcas, el 83% de la niñez vive en pobreza y el 55% en pobreza extrema, cifras que retratan una exclusión mucho más profunda que la observada en el promedio nacional. En otras palabras, nacer en determinados territorios de Panamá sigue siendo casi una condena estadística a crecer en privación.

La situación más crítica se registra en la comarca Ngäbe Buglé, donde la pobreza infantil total alcanza el 91.2% y la pobreza extrema llega al 69.7%. En la comarca Emberá, la pobreza infantil asciende a 80.8%, y en Guna Yala a 76.8%.

El informe añade que en Ngäbe Buglé el ingreso mensual per cápita promedio de los hogares con niños apenas llega a $68.8, una cifra que exhibe con crudeza la restricción material en la que vive buena parte de la infancia indígena.

Pero las desigualdades no solo se observan entre provincias y comarcas. El estudio muestra que también existen brechas profundas dentro de una misma provincia, algo que se vuelve evidente al analizar distritos y corregimientos.

En Veraguas, por ejemplo, la pobreza infantil varía de 15.7% en Santiago a 78.7% en Santa Fe. Esa distancia de más de 60 puntos porcentuales desmonta cualquier lectura superficial del promedio provincial y revela que en Panamá conviven, dentro del mismo mapa administrativo, realidades completamente opuestas.

El informe también identifica a la primera infancia como el grupo etario más golpeado. Entre los niños de 0 a 6 años, la pobreza total alcanza el 37.2% y la pobreza extrema el 19.1%, por encima del promedio infantil nacional.

El dato tiene un peso especial, porque esa etapa es decisiva para el desarrollo físico, cognitivo y emocional. Las privaciones en esos primeros años no solo afectan el presente del niño, sino que condicionan su rendimiento escolar, su inserción futura en el mercado laboral y su capacidad de romper el ciclo de pobreza.

Otro factor que incrementa el riesgo es la composición del hogar. La pobreza infantil se eleva a medida que aumenta el número de niños en una familia.

El informe señala que en hogares con dos niños la pobreza afecta al 21.2%, pero en familias con cuatro niños sube a 50.3%. Además, la situación tiende a agravarse en hogares monoparentales liderados por mujeres, donde la capacidad de generación de ingresos suele ser menor y la carga de cuidados recae sobre una sola persona adulta.

Aunque Panamá logró avances en la reducción de la pobreza durante las últimas décadas, el estudio advierte que esos progresos han sido frágiles. La trayectoria descendente se interrumpió con la pandemia, y la recuperación posterior ha sido más lenta en la población infantil que en el conjunto de la población.

El informe resalta que, incluso después del rebote económico, los niveles de pobreza en niños y adolescentes no han regresado completamente a los mínimos previos a la crisis, lo que sugiere que la niñez sigue siendo uno de los grupos más expuestos a los choques económicos.

Más allá del ingreso, el reporte insiste en que la pobreza infantil reduce el acceso a educación, salud, nutrición y protección, y por tanto golpea directamente la formación del capital humano del país.

Esa es una de las conclusiones más importantes del documento: la pobreza en la niñez no solo es una deuda social, sino también un obstáculo para la productividad futura y para el crecimiento económico sostenible. Cuando un país no logra proteger a sus niños, lo que hace en realidad es comprometer su propia capacidad de desarrollarse con equidad.

Frente a este panorama, UNICEF, el Banco Mundial y el MIDES plantean la necesidad de fortalecer las transferencias monetarias, mejorar la focalización del gasto social, expandir los servicios de desarrollo infantil temprano y dirigir con mayor precisión la inversión pública hacia los territorios con mayores brechas.

El informe también destaca herramientas como el Registro Social de Hogares y la ampliación de servicios para la primera infancia, aunque advierte que el reto no es solo sostener programas, sino hacerlos más eficaces y sensibles a la realidad territorial.

La conclusión del estudio es directa: erradicar la pobreza infantil no es solo un imperativo moral, sino una inversión estratégica para Panamá. El país ha avanzado, sí, pero no al ritmo que exige la magnitud del problema, y mucho menos en los territorios donde la pobreza se ha vuelto casi estructural.

La evidencia presentada por el informe apunta a que, sin políticas más focalizadas, mejor financiadas y sostenidas en el tiempo, Panamá seguirá creciendo con una fractura de origen: la de miles de niños que empiezan su vida con menos oportunidades que el resto.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum manifestó su opinión sobre la misión Artemis II al espacio, durante la conferencia matutina de este 8 de abril en Palacio Nacional.

Expresó que las imágenes mostradas de la Tierra y la Luna son extraordinarias, asegurando que hay países que cuentan con la capacidad de desarrollar este tipo de investigaciones científicas

“Siempre va quedar una pregunta de si ese recurso debería utilizarse para mejorar la condición de vida de millones de personas que viven en la pobreza”, planteó la mandataria mexicana.

Manifestó que por motivos científicos este proyecto tiene sus virtudes pero, ya que es de suma importancia tener conocimiento sobre el espacio, pero existe una contraparte que tiene una relevancia similar sobre la pobreza en el mundo.

Artemis II: marca el regreso de los humanos a la Luna

La misión Artemis II de la NASA se perfila como el siguiente paso para el regreso de personas a la Luna tras más de cinco décadas. El objetivo central involucró el vuelo de la nave Orión tripulada por cuatro astronautas, que darán una vuelta al satélite natural de la Tierra sin descender en su superficie.

Los responsables del proyecto destacaron que los detalles técnicos aprendidos en Artemis I permitieron corregir fallas y perfeccionar procedimientos, lo que sustenta la confianza en el éxito de este nuevo intento.

Entre los avances clave figura la implementación de sistemas de soporte vital avanzados y la actualización continua de la computadora central de la nave Orión. El desarrollo del cohete SLS también representa una parte esencial del programa, al permitir transportar mayor carga y garantizar la seguridad de la tripulación.

La NASA subrayó que el proceso incorpora métodos de análisis de datos en tiempo real para detectar y solucionar contingencias en el trayecto.

La misión Artemis II no solo pretende ensayar futuras maniobras sino que marca el principio de una nueva etapa de exploración espacial. El siguiente paso será Artemis III, previsto para permitir el primer alunizaje humano desde 1972.

Durante el cuarto trimestre de 2025, la pobreza en la Ciudad de Buenos Aires registró un nivel de 21,1%. Este porcentaje reflejó una reducción frente al 24,2% del mismo periodo del año anterior, pero se mantuvo igual respecto del segundo trimestre de 2025. La dinámica de la pobreza en el distrito porteño estuvo marcada por la influencia sostenida de la inflación, que limitó la mejora de los indicadores sociales y afectó de manera directa a los sectores con menores ingresos.

El informe emitido por el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (IPEGCBA) señaló que 652.000 personas vivieron en situación de pobreza al cierre del año, una disminución de 94.000 respecto al cuarto trimestre de 2024. Sin embargo, esa cifra ya se había alcanzado en la primera mitad de 2025, lo que evidenció una falta de avance en la reducción de la pobreza durante la segunda parte del año. El fenómeno no solo afectó la cantidad de personas en esta condición, sino también las características demográficas y territoriales de la población pobre.

En términos de indigencia, la tasa se ubicó en 6,8% al final de 2025, superior al 6,5% del mismo periodo del año anterior y al 6% del segundo trimestre de ese año. El número de personas consideradas indigentes pasó de 200.000 a 210.000 en comparación interanual, revirtiendo la baja que se había observado en el segundo trimestre, cuando la cifra alcanzó los 183.000. El dato evidenció que la indigencia creció, incluso en un contexto donde la pobreza general experimentó una baja en la comparación anual.

El informe del IPEGCBA también resaltó las diferencias en la medición de la pobreza entre los organismos estadísticos. Según la medición semestral del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la pobreza en la Ciudad de Buenos Aires correspondió al 9,6% en el segundo semestre de 2025. En contraste, la cifra de la oficina de estadísticas porteña fue del 19,2% para el mismo periodo. La diferencia radica en la composición y en las variaciones de precios de la canasta básica utilizada por ambos organismos para determinar los umbrales de pobreza e indigencia.

Dentro del universo de hogares y personas en situación de pobreza, el peso de la indigencia se amplió en la comparación interanual. Al final de 2025, los hogares en situación extrema representaron el 28,4% de los hogares con carencia de ingresos, mientras que las personas en esa condición constituyeron el 32,2% del total de pobres. Este incremento indicó que una porción cada vez mayor de la población pobre cayó bajo la línea de la indigencia.

El análisis territorial reveló que los hogares ubicados en la Zona Sur de la Ciudad alcanzaron una incidencia de pobreza de 25,3%. Los hogares con niños y niñas menores de 14 años presentaron una incidencia superior, de 28,6%, y la proporción aumentó a medida que crecía la cantidad de menores en el hogar. Por su parte, los hogares con presencia de adultos mayores en situación de pobreza representaron el 14,2%, un valor inferior al promedio general.

La distribución de la pobreza afectó de manera particular a la población infantil y adolescente. El informe del IPEGCBA destacó que 34,5% de los niños, niñas y adolescentes (de 0 a 17 años) residieron en hogares pobres, lo que sumó 232.000 personas en ese grupo etario. Un año antes, el porcentaje era de 37,9%. Esta disminución en términos porcentuales reflejó la baja interanual de la pobreza, aunque la cantidad absoluta se mantuvo elevada.

El ingreso per cápita familiar de los hogares en indigencia fue, en promedio, de $107.199, mientras que el de aquellos en pobreza no indigente alcanzó los $325.098. Para que un hogar salga de la pobreza, en promedio, se requeriría una transferencia de $392.662. Esta brecha de ingresos representó el 34,4% del valor de la canasta básica total.

El informe del IPEGCBA también analizó la composición de la pobreza en función de la tipología de hogares. Los hogares monoparentales y aquellos con varios niños presentaron una mayor incidencia de pobreza y de indigencia. Además, la pobreza mostró mayor prevalencia en las comunas del sur de la Ciudad, donde los niveles de ingresos son históricamente inferiores respecto al promedio porteño.

La comparación entre los datos del IPEGCBA y el INDEC puso de manifiesto las diferencias metodológicas y el impacto de las variaciones de precios según la canasta de referencia utilizada. Estas diferencias generaron brechas significativas en los indicadores de pobreza, lo que resultó en estimaciones disímiles para un mismo territorio y periodo temporal.

El análisis oficial subrayó la persistencia de la pobreza y la indigencia en la Ciudad de Buenos Aires, además de las dificultades para reducir estos indicadores en un contexto de alza sostenida de precios. La evolución de la pobreza a lo largo de 2025 mostró avances iniciales, pero el efecto de la inflación limitó la mejora y afectó principalmente a los grupos más expuestos a la vulnerabilidad social.

Durante meses, Ronny Gornik ocupó el mismo lugar a la entrada de una tienda Action al norte de Toulouse (Francia). Allí pedía limosna cada día. Los empleados lo veían al llegar y al salir hasta que con el tiempo su presencia pasó a ser rutina.

“Siempre estaba allí cuando salía por la tarde y le invitábamos a algo de comer”, ha recordado la gerente, Carole Cambier. “Le habíamos cogido mucho cariño”, ha confesado.

Roony, de 41 años y con doble nacionalidad ruso-alemana, llevaba varios meses en esa rutina cuando decidió dar un paso distinto. “Un día fui a dejar mi currículum en recepción”, ha explicado al medio francés La Dépêche. Hasta entonces, había encadenado trabajos precarios en distintos países europeos desde 2021, antes de llegar a Francia siete meses atrás.

De pedir en la puerta a trabajar dentro

Cuando en la tienda surgió una vacante, la escena cotidiana pesó en la decisión. “Hablé con mis ayudantes y pensamos: ¿por qué no darle una oportunidad?”, ha señalado Cambier.

Desde principios de abril, Roony forma parte del equipo con un contrato indefinido. Su jornada empieza cada mañana con un trayecto a pie hasta el supermercado. “Me levanto todos los días, llego puntual, limpio la tienda, repongo los estantes, incluso probé la caja registradora”, ha relatado..

“Es una persona dispuesta y diligente en el trabajo”, ha afirmado la gerente. “Se ha integrado muy bien en el equipo de la tienda”. Entre los empleados, su incorporación se percibe como una continuidad natural de una relación previa.

Un empleo sin vivienda

Al terminar la jornada, Roony emprende el camino de regreso. A media hora andando del establecimiento, en el ático en desuso de una casa abandonada, ha instalado su refugio: una tienda de campaña, una mesa y unas sillas prestadas por un vecino.

Allí pasa las noches junto a sus dos perros y dos gatos. “Vivo y duermo como mi perro. No es vida”, ha dicho. “Duermo como ellos, como un perro”.

No dispone de baño. Puede ducharse gracias a la ayuda de un vecino y transporta agua hasta el lugar donde duerme. “Con todo lo demás, mi mochila puede llegar a pesar 80 kg cuando llego a casa”, ha agregado.

Una red de apoyo

En el entorno de la tienda, su situación ha generado una red de apoyo. Cambier, trabajadores y voluntarios, entre ellos Sylvie, que también vivió en la calle, han comenzado a buscarle alojamiento. Han difundido mensajes en redes sociales y contactado con instituciones.

“Se ha contactado con el ayuntamiento de Castelginest y los servicios sociales, pero no pasa nada”, ha explicado la gerente. “Todo el equipo lamentó mucho su situación”, ha añadido. “Es positivo integrar a alguien en una situación así para darle la oportunidad de mejorarla”.

Roony ha descrito el apoyo recibido con una mezcla de humor y agradecimiento: “¡Me mima muchísimo, como si fuera su nieto!”.

Un contexto más amplio

Su caso coincide con una realidad más amplia en la zona. Según asociaciones como Cimade, Médicos del Mundo o DAL 31, cerca de mil personas en Toulouse, incluidas familias con niños, viven en la calle o en viviendas ocupadas. “No entiendo por qué no se ayuda a personas como él, que están allí voluntariamente”, ha afirmado Cambier. “No podemos dejar a la gente en la calle así. Es inconcebible que esto ocurra en nuestras sociedades”.

Mientras continúa trabajando en la tienda, Roony mantiene su situación residencial sin cambios. “No pido mucho, solo un poco de ayuda”, ha sentenciado.

La última publicación del Indec confirmó a los analistas los cambios del organismo estadístico en la captación de ingresos laborales por parte de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), los que “exageraron la baja de la pobreza” ya que la mejora registrada oficialmente “no se condice con la realidad”, según un informe de Equilibra.

La consultora señaló que el reporte del Indec difundido este lunes sobre la distribución del ingreso mostró que los ingresos laborales provenientes de la EPH aumentaron entre 43% (trabajadores formales) y 70% (no asalariados) interanual en el cuarto trimestre de 2025, muy por encima de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) -31%- y de la Canasta Básica Total (CBT) -26%-.

“De acuerdo a la EPH, los ingresos laborales volaron en el cuarto trimestre del año pasado. La mejora interanual del poder de compra de los ingresos laborales superó el dígito en casi todos los casos al deflactar por el IPC o la CBT, mientras que el PBI (ingreso total de la economía) subió sólo 2,1% en dicho período”, resaltó Equilibra.

La importante diferencia registrada entre el crecimiento de la economía y los ingresos laborales reales relevados “indica que esta última está captando una mejora de los ingresos que no se condice con la realidad, sino que refleja una menor sub-declaración de ingresos (léase una mejor captación) por parte de los encuestados”, remarcó la consultora.

En este sentido, precisó que el incremento interanual del salario formal en el último tramo de 2025 —medido por el Índice de Salarios (30% interanual), el SIPA (32%) y el RIPTE (37%)— se ubicó varios puntos porcentuales por debajo del aumento del ingreso asalariado formal arrojado por la EPH (43%).

El economista Gonzalo Carrera agregó que “todos los ingresos provenientes de la EPH aumentaron notablemente contra fines de 2023 (piso en captación de ingresos) y quedaron entre 30% y 40% por encima deflactados por la Canasta Básica Total”.

“No son puntualmente los informales ni los deciles cercanos a la línea de pobreza, son todos. Tampoco se explica sólo porque la canastas subieron menos que la inflación (efecto precios relativos). La principal razón es que la captación mejoró notablemente (se achicó la subdeclaración) en todos los niveles”, agregó.

En tanto, Equilibra concluyó: “Hay evidencia empírica contundente de que los fuertes cambios en la captación de ingresos de la EPH exageraron la baja reciente de la pobreza”.

El reporte de Equilibra se suma a otro conocido días atrás con conclusiones similares. Es el caso del CEDLAS, de la Universidad de La Plata, que ya había notado esta cuestión metodológica y otras que vienen incidiendo en la variación abrupta del indicador de pobreza.

Cabe recordar que, según el Indec, la pobreza pasó del 41,7% en el segundo semestre de 2023 al 52,9% en el primer semestre de 2024, para después descender al 38,1% en el segundo semestre de ese mismo año y continuar disminuyendo hasta situarse en 31,6% en el primer semestre de 2025.

El Cedlas planteó 3 aspectos que estaría afectando la medición: un posible desfasaje temporal entre el período de referencia de los ingresos relevados por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) y el utilizado para valorizar las canastas de pobreza; la evolución del subreporte de ingresos según su fuente, a partir de comparaciones entre la EPH y registros administrativos; y el impacto de incorporar patrones de consumo más recientes para determinar el valor de la línea de pobreza, mediante una reestimación del Coeficiente de Engel basada en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017/2018.

“Al combinar las 3 ‘correcciones’, la trayectoria de la pobreza se modifica de manera significativa: entre el segundo semestre de 2023 y el primero de 2025, no habría caído 10 p.p, como sugieren las estadísticas oficiales, sino aproximadamente 2 p.p, al ubicarse en 41,5%”, precisó el CEDLAS. En ese mismo lapso, el Indec registró una tasa de 31,6%.

Asimismo, Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la UCA, dijo en Infobae en Vivo: “Hay una paradoja entre la estadística de la pobreza y la capacidad de consumo”.

Advirtió que “la medición de la pobreza va perdiendo vigencia, fundamentalmente en su comparabilidad hacia atrás”. “Estamos mucho mejor, pero estamos tan mal como cuando salimos de la pandemia, en un momento de recuperación”, consideró.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció el cese definitivo de los planes sociales. “Estamos dando un paso más en el cambio de paradigma de la política social”, destacaron en un comunicado.

A su vez, informaron la creación de un programa de capacitación y empleo: “Es una política social justa que no condena a las personas al asistencialismo y que, por intermedio del trabajo, les da libertad y dignidad”.

La política, firmada por el jefe de Gobierno Jorge Macri, elimina la intermediación y establece transferencias directas a los beneficiarios, con un plazo de transición de un año y la obligatoriedad de asistir a instancias de formación laboral y educativa. Y alcanza a unas 5 mil personas y contempla una transición de un año hasta el cierre definitivo del esquema actual.

Desde el gobierno porteño apuntaron a que la medida apunta a dejar atrás el modelo asistencialista para introducir criterios de permanencia basados en residencia, situación socioeconómica y cumplimiento de requisitos formativos, en articulación con el sector privado mediante convenios con empresas y cámaras.

“Se terminó el negocio de los gerentes de la pobreza. Chau intermediarios. Chau planes manejados por organizaciones. En la Ciudad ahora la ayuda es directa, temporal y con una condición indispensable: capacitarse y trabajar. La única salida es el trabajo”, remarcó Macri desde sus redes sociales.

En el proceso de revisión del antiguo sistema, el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat porteño detectó y eliminó 1.274 beneficiarios irregulares. El esquema previo implicaba convenios con 85 organizaciones y representaba un gasto de $10 mil millones anuales, según datos oficiales citados por la gestión de la Ciudad.

El nuevo programa reemplaza el pago mensual por un esquema en el que la formación educativa y la capacitación laboral son requisitos ineludibles. La iniciativa incluye acuerdos con nueve cámaras empresariales, empresas del sector servicios, salud, hotelería y mantenimiento —entre ellas, Hilton, Limpiolux, Farmacity y Trasa—, así como universidades para facilitar prácticas y empleo.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Humano, Gabriel Mraida, subrayó: “Le estamos devolviendo dignidad a personas que hace muchos años solo cobraban para ir a una marcha sin ningún horizonte de progreso”. El funcionario remarcó que la experiencia de transformar el sistema de comedores sociales —donde ya implementaron controles digitales mediante DNI— será replicada y perfeccionada en este nuevo esquema de transferencia directa.

Además, una auditoría reciente a cargo del Gobierno porteño detectó la existencia de más de 5.000 raciones irregulares y casos de beneficiarios fallecidos, así como titulares de bienes de alto valor y jubilaciones elevadas dentro del sistema de comedores. Esto derivó en el cierre de 40 comedores y el fortalecimiento de los mecanismos de fiscalización.

El nuevo programa se sostiene en cuatro pilares fundamentales: la formación obligatoria para todos los beneficiarios, su carácter transitorio con plazo máximo de un año, la articulación con el sector privado para permitir pasantías y prácticas laborales en empresas y el establecimiento de criterios claros de elegibilidad. Los pagos se realizarán de manera directa y quienes no cumplan con las condiciones perderán el beneficio.

La administración porteña sostuvo que este enfoque no solo evita el “negocio de la pobreza” y la intermediación, sino que busca devolver la “dignidad” al transformar el asistencialismo en una herramienta de acceso a la autonomía económica. El resultado es un esquema cuyo eje central es la "inserción laboral real y la transparencia" en la asignación de recursos, con la meta de “dejar atrás 20 años de políticas asistencialistas que no mejoraban la vida cotidiana y no llegaban en todos los casos a quienes realmente lo necesitan”.

Luego de la publicación del dato de pobreza por parte del Indec, un informe del Cedlas, de la Universidad de La Plata, identificó tres mecanismos clave que incidieron en la medición oficial y que generaron una sobrestimación de la baja registrada entre 2023 y 2025. El estudio concluye que la reducción de la pobreza es real, pero que su variación es mucho más pequeña.

La tasa de pobreza mostró un aumento pronunciado seguido de una caída de magnitud: según la estadística oficial, pasó del 41,7% en el segundo semestre de 2023 al 52,9% en el primer semestre de 2024, para después descender al 38,1% en el segundo semestre de ese mismo año y continuar disminuyendo hasta situarse en 31,6% en el primer semestre de 2025.

“Variaciones tan abruptas suelen estar asociadas a modificaciones muy grandes en el producto, en el empleo o en el gasto público social; cambios que no parecen haberse producido en esos años, o al menos no lo hicieron con la intensidad necesaria para explicar las fluctuaciones observadas”, sostuvo el documento elaborado por Iván Albina, Leopoldo Tornarolli y Leonardo Gasparini.

Ocurre que el indicador puede verse condicionado por aspectos metodológicos que cobran especial relevancia en contextos de alta inflación y de reacomodamientos en los precios relativos, señaló el estudio.

El Cedlas plantea un posible desfasaje temporal entre el período de referencia de los ingresos relevados por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) y el utilizado para valorizar las canastas de pobreza; la evolución del subreporte de ingresos según su fuente, a partir de comparaciones entre la EPH y registros administrativos; y el impacto de incorporar patrones de consumo más recientes para determinar el valor de la línea de pobreza, mediante una reestimación del Coeficiente de Engel basada en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017/2018.

Estas dimensiones no solo tienen efectos sobre el nivel de pobreza, sino también sobre su evolución.

Más en detalle, en cuanto al desfasaje temporal, el informe explica que los ingresos reportados en la EPH suelen referirse al mes anterior al de la entrevista, mientras que las canastas de pobreza se valorizan con los precios vigentes en el mes de la encuesta. La diferencia es poco relevante en momentos de baja inflación, pero en escenarios de aceleración puede llevar a una sobreestimación, algo que impactó sobre todo entre fines de 2023 y principios 2024.

Respecto al subreporte de ingresos, el estudio muestra que la evolución de los ingresos en la EPH no coincide con los registros administrativos. En ese sentido, parte de la reducción de la pobreza observada en las estadísticas oficiales puede atribuirse a una mayor captación por parte de la encuesta y no exclusivamente a una transformación real en las condiciones económicas de los hogares.

Sobre este punto, el Cedlas destaca que incidieron tanto los ajustes en el cuestionario introducidos a partir del cuarto trimestre de 2023 como las fuertes variaciones en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que pueden afectar la capacidad de los entrevistados para recordar sus ingresos.

Como resultado, se encuentra que la pobreza se sobreestimó entre el segundo semestre de 2021 y los primeros 6 meses de 2024, y se subestimó antes y después de ese período.

En relación a los patrones de consumo, el reporte resalta que la Canasta Básica Total (CBT) sigue definiéndose con ponderadores basados en la ENGHo 2004/05. Al actualizarla con los de la ENGHo 2017/18, donde los servicios tienen mayor peso, la pobreza es más alta en todos los períodos analizados, con brechas variables y superiores a 5 puntos porcentuales (p.p).

“Al combinar las 3 ‘correcciones’, la trayectoria de la pobreza se modifica de manera significativa: entre el segundo semestre de 2023 y el primero de 2025, no habría caído 10 p.p, como sugieren las estadísticas oficiales, sino aproximadamente 2 p.p, al ubicarse en 41,5%”, precisó el CEDLAS. En ese mismo lapso, el Indec registró una tasa de 31,6%.

En este marco, vale mencionar que Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la UCA, dijo en Infobae en Vivo: “Hay una paradoja entre la estadística de la pobreza y la capacidad de consumo”.

Y advirtió que “la medición de la pobreza va perdiendo vigencia, fundamentalmente en su comparabilidad hacia atrás”.

“Estamos mucho mejor, pero estamos tan mal como cuando salimos de la pandemia, en un momento de recuperación”, consideró.

Al mismo tiempo, un análisis del Ieral (Fundación Mediterránea) proyectó: “La evolución futura del indicador de pobreza estará fuertemente condicionada por la dinámica de los precios. En un escenario en el que los alimentos crecen por encima del nivel general, incluso ajustes salariales alineados con la inflación promedio pueden resultar insuficientes para sostener el poder adquisitivo de los hogares más vulnerables”.

En la misma línea, la consultora LCG señaló que existen factores concurrentes que “pondrían un freno al descenso de la tasa de pobreza”. Entre ellos, mencionó una inflación estancada en torno al 3% mensual y salarios formales con paritarias homologadas por debajo de ese nivel.

Se añade el deterioro en las condiciones del mercado de trabajo: la suba de la desocupación en el cuarto trimestre de 2025, junto con una “mayor tasa de sobreocupación y mayor demanda de empleo por subocupación”, ponen de manifiesto la necesidad de mayores ingresos.

Tal vez no era lo más apropiado. Pero así fue. El martes a las 16 horas, el Indec informó que la pobreza había descendido, en el último semestre del 2025, al 28,2 por ciento. Un minuto después, apareció el primer tuit celebratorio: “La pobreza bajó al 28,2 por ciento. Es la más baja en 7 años. Fin.”. Lo firmaba el aún jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Mezclar pobreza con Adorni no parece en estos días el método más inteligente para difundir un logro importante. Pero, ¿es realmente un logro lo que difundía Adorni o se trata de una manipulación estadística? En el Gobierno no estaban para esas preguntas. Unos minutos después, otra cuenta de Twitter, la de la Oficina de Respuesta Presidencial, posteó dos imágenes. En una se veían a Alberto Fernández y a Sergio Massa. “52,3: Más de la mitad de los argentinos en la pobreza”. En la otra, aparecían Javier Milei y Luis Caputo: “28,2. La pobreza más baja en 7 años”. O sea, para el Gobierno la pobreza bajó 25 puntos en su gestión. Javier Milei lo tradujo en una cifra concreta en varios de sus discursos: “Sacamos a 15 millones de personas de la pobreza”. Se trata de un número fantástico, en cualquier sentido que se le quiera dar a la palabra.

Es difícil que esos datos coexistan con otros que pertenecen a la misma realidad. Por ejemplo, el Observatorio de la industria láctea informó que entre enero y febrero se consumió un 25 por ciento menos de leche fluida que hace siete años y 10 por ciento menos que en el momento en que asumió Milei. Más aún, 2026 fue el peor año en ese sentido de la última década, si se exceptúa el 2024, en el que también gobernaba Milei. Entonces, ¿hay muchos menos pobres pero a cada vez más gente no le alcanzan los ingresos para comprar leche? ¿Cómo funcionará eso? El Indec, al mismo tiempo, registra caídas de consumo en supermercados en comparación con noviembre de 2023. La periodista Rosalía Costantino enumeró otros datos de contexto: “Tenemos niveles RéCORD de mora en todo tipo de créditos y préstamos, siendo mayor la mora en los montos más chicos de préstamos (es decir, la gente que más se endeuda es la que menos ingresos tiene y la que menos puede pagar la cuota de la deuda). Cae el poder de compra del salario hace 6 meses consecutivos. Pierde casi 10% la jubilación mínima con bono vs nov 23, cae el poder de compra de la AUH con la canasta alimentaria”.

El contraste entre el número de pobreza que difunde el Indec y esas otras realidades ha generado una polémica cada vez más relevante entre los máximos especialistas en pobreza del país. Como se verá, no se trata de una campaña opositora sino de algo mucho más profundo y documentado.

Para entender lo que pasa, conviene primero despejar un dato incorrecto. Nadie toma en serio que la diferencia entre la herencia recibida por Milei y la situación actual sea de 25 puntos o de 15 millones de pobres. La maniobra oficialista es fácil de detectar. El Gobierno analiza la variación entre el pico (52,3) y la situación actual (28,2). El problema es que el pico se produjo en el primer semestre de gobierno de Milei, y fue posterior a la gran devaluación de diciembre del 2023, que tuvo un enorme impacto en los precios. El Frente de Todos dejó una herencia de pobreza altísima, de 41 por ciento. Pero no es lo mismo 41 que 52. Así las cosas, la diferencia real, según las cifras del Indec, entre la herencia y la situación actual, sería de 13 puntos. Recibió 41 y ahora hay 28 por ciento de pobres. Aún cuando ese número represente la mitad del logro que se atribuye Milei, sería igual gigantesco.

Pero la historia no termina allí. El índice de pobreza surge de cruzar dos datos: los precios de la canasta básica con los ingresos de la población. Cualquier variación de uno u otro factor, por las razones que fuera, modifica el resultado final. En enero de este año, como se sabe, Marco Lavagna renunció a conducir el Indec porque el Gobierno no le permitía modificar la composición de la canasta que mide la evolución de los precios pese a que se había comprometido a hacerlo. Ese pequeño escándalo puso a mucha gente en guardia, porque todavía está fresco el recuerdo de la intervención del organismo en 2007. La actual canasta subestima la influencia de los aumentos de servicios dispuestos por este gobierno. La canasta alternativa hubiera reflejado mayores índices de inflación en estos dos años.

Martín Gonzalez Rosada es un investigador de la Universidad Di Tella que hace varios años mide mensualmente la evolución de la pobreza. Se trata de un estudioso de muy bajo perfil. Esa condición fue afectada por Javier Milei. Como González Rosada difundía números mensuales en los que la pobreza bajaba más de lo que había informado el Indec en la medición previa, Milei empezó a citarlo y el Ministerio de Capital Humano a difundir sus datos. Cada mes, la cuenta de Twitter presidencial celebraba los números de Gonzalez Rosada. El mismo científico analizó cuánto sería la pobreza si se midiera con la canasta de precios que el Gobierno no le deja utilizar al Indec. “Habría cinco o seis puntos más de pobreza”, declaró. Esa proyección figura en su página web.

El Gobierno dice que la pobreza disminuyó 25 puntos. Si se tiene en cuenta su período real de Gobierno, las cifras del Indec reflejan que la pobreza habría caído 13 puntos. Pero si se midiera con la canasta actualizada, según los cálculos del técnico más citado por Milei, la caída sería de alrededor de 8 puntos.

Pero la historia tampoco termina acá.

En octubre de 2025, el economista Emanuel Alvarez Agis difundió un dato curioso. Si se mira la evolución de los salarios comparados con la inflación hay dos comportamientos distintos: los salarios formales evolucionan casi como los precios, pero los informales superan esa evolución en más de un cien por ciento. Dicho de otro modo, el ingreso de los trabajadores en negro habría aumentado abrumadoramente, según el Indec, por encima de la inflación. No hay forma de congeniar ese dato con los números de consumo masivo, por ejemplo.

Ese es otro punto que generó alertas y consultas de todo tipo entre los estudiosos del tema en la Argentina. La versión que más consenso genera entre los investigadores es que ese registro exagerado obedece a que las preguntas de la Encuesta Permanente de Hogares permiten acceder a un panorama más preciso que antes del 2023: captan ingresos que antes no captaban. Entonces, no es que los asalariados en negro ganen más, sino que se registra que ganan más.

El primero que se animó a hacer un cálculo sobre el tema fue el ecomonista Martín Rapetti. A principios de enero difundió un trabajo en el que sostenía que esa modificación en el registro del ingreso disminuiría en un 4 por ciento la brecha entre la pobreza heredada y la actual. Hace pocos días, ese trabajo fue complementado por un paper que difundió el Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (CEDLAS). La conclusión fue muy contundente y rebotó mucho en las redes sociales: la baja real de la pobreza al primer semestre del año pasado fue, según sus cálculos, un 2 por ciento. Se trataría de alrededor de un millón de pobres menos que en 2023. El paper del CEDLAS generó un impacto fuerte entre los académicos, políticos y periodistas que observan este debate porque el prestigio de sus investigadores es indiscutible y trasciende las fronteras del país. Entre otros, Martín Tetaz y Hernan Lacunza expresaron en las redes que el registro de ingresos ha cambiado y eso tiene impacto en la comparación entre la pobreza heredada y la actual. El Indec no ha hecho ninguna manifestación pública sobre el tema.

Milei dice 25 por ciento. El Cedlas dice 2 por ciento. ¿Quién tiene razón?

Pero hay más.

Los especialistas coinciden en que desde octubre del año pasado, con el aumento de la inflación, la pobreza volvió a crecer. Eso se puede ver en los informes mensuales de Gonzalez Rosada, por ejemplo, donde la curva descendente pega la vuelta. Curiosamente, desde que se produjo ese cambio, Milei ya no se refiere a los números de este investigador, y el Ministerio de Capital Humano dejó de publicarlos.

El cambio de tendencia se refleja en muchos otros informes. La consultora ex Quanty está integrada por técnicos del Indec, que trabajan para la Universidad de Buenos Aires. En base a datos del Indec y de la Universidad Di Tella cuantificaron la cantidad de pobres en los últimos años. Sus números eran y son buenos para evaluar la gestión libertaria. En esos registros, Milei recibió 18 millones de pobres. Seis meses después la cifra había trepado a 25 millones. La caída de la inflación produjo un descenso vertical de ese número y tocó un piso de 13 millones en el tercer trimestre del año pasado. Pero luego empezó a subir y, a fin de año, el número era de 15,5 millones. O sea que, según esos cálculos, en el mejor momento, Milei y Caputo habían logrado que los 18 millones de pobres heredados disminuyeran a 13. No habían disminuido en 15 millones pero sí en 5: un gran logro. Pero en el último trimestre del año pasado, el número aumentó en 2,7 millones. La diferencia entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025 sería de 2.5 millones, alrededor de un 5 por ciento de la población. Faltan contabilizar los dos primeros meses de este año, donde la inflación siguió alta.

Este debate está destinado a alterar los nervios de la Casa Rosada. En principio, porque pondrá la lupa en los números que difunde el Indec y especialmente en los que surgen de la Encuesta Permanente de Hogares que, como su nombre lo indica, es una encuesta. Al cierre de esta nota, el Centro de Estudios Económicos del Banco Provincia de Buenos Aires señalaba que existen diferencias muy grandes entre los salarios formales registrados en el Índice de Salarios del Indec y los que refleja la Encuesta Permanente de Hogares del Indec. Los primeros son mucho más bajos que los segundos. Pero son los segundos los que se usan para calcular quién es pobre y quién no. ¿Es un problema técnico? ¿Es un problema de otra índole? En todo caso, sería mejor explicarlo.

La propaganda y las exageraciones alrededor de la caída del número de pobreza han sido un punto central de la estrategia discursiva oficial. Depende el día, o el funcionario, el Gobierno rescató a 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 o 15 millones de argentinos de la pobreza. Pero el mecanismo se extiende a casi todos los sectores de la economía. Hace dos semanas, por ejemplo, Milei se apoyaba en el número mayorista para sostener que la inflación empezaba con 0. En diez días se verá que seguramente empieza con 3 y que la mayorista no debe ser tomada como número de referencia. La semana pasada Caputo se burlaba de los periodistas que reflejaban los problemas de actividad y consumo de la economía. El miércoles reconoció que el periodismo tenía razón: “Puede ser que la producción haya caído en febrero y que la inflación haya crecido en marzo”. Hace dos semanas, Federico Sturzenegger sostenía que el Gobierno había creado 400 mil empleos. El Indec lo desmintió: el desempleo creció de 5,7 a 7,5 desde la asunción de Milei. Y así hasta el infinito.

Se trata de un patrón que consume una energía interminable y refleja una ingenuidad y un voluntarismo casi infantiles. Bajar la pobreza es muy difícil en un país como la Argentina. Nadie dijo que no lo sería. Pero suponer que alguien la baja porque dice que la baja es una tontería contraproducente. Milei tiene el mérito de haber aumentado los aportes de la Asignación por Hijo y de la tarjeta Alimentar, dos instrumentos creados por gobiernos anteriores de ideología antagónica. La caída de la inflación mejoró aún más la situación, lo que refleja la irresponsabilidad del gobierno anterior, que la dejó crecer por encima del 200 por ciento. Pero la pelea recién empieza y los últimos datos reflejan que el tejido social se ha deteriorado nuevamente.

Ninguna persona seria podría sostener que hay 25 por ciento menos de pobres que en diciembre de 2023.

Los datos, siempre, son los datos.

Por eso, mejor cuidarlos.

El experimento de libre mercado de Argentina, impulsado por el presidente Javier Milei, ha vuelto a desafiar a los agoreros. Las cifras de la agencia de estadística del país, publicadas esta semana, muestran una drástica disminución de la tasa de pobreza.

El porcentaje de argentinos que vivían en la pobreza era del 28% a finales de 2025. Una mejora considerable. Desde que asumió la presidencia en diciembre de 2023, una de las principales críticas a la agenda de libre mercado de Milei ha sido que las cifras de pobreza se mantenían persistentemente altas. La tasa nacional de pobreza alcanzó un máximo del 53% en el primer semestre de 2024, pero desde entonces ha ido disminuyendo.

El presidente, que se autodefine como libertario, ha priorizado el combate a la hiperinflación para impulsar el crecimiento económico. Sus reformas incluyeron el recorte drástico de los subsidios estatales y una reducción considerable de la nómina del sector público, lo que generó el primer superávit fiscal anual de Argentina en prácticamente 123 años. La inflación anual cayó de un asombroso 200% cuando asumió el cargo a un 33% en el año que finalizó en febrero.

Execonomista —y discípulo de Milton Friedman y Adam Smith—, Milei siempre ha comprendido que el socialismo conduce a la pobreza y el capitalismo a la prosperidad. Tras su sorpresiva victoria, actuó con rapidez para romper el dominio socialista en Argentina, retomando la misma política de desmantelamiento que empuñó durante la campaña electoral contra un Estado burocrático sobredimensionado.

Esta apuesta ha dado sus frutos, ya que Argentina registró un crecimiento del 4,4% el año pasado, recuperándose rápidamente de una breve recesión en 2024. Milei tendrá que lidiar con las consecuencias de la guerra con Irán, que amenaza con elevar los precios en todo el mundo. Sin embargo, organismos como el Fondo Monetario Internacional predicen que el país seguirá registrando impresionantes tasas de crecimiento en 2026 y 2027, superando sustancialmente la tasa promedio de América Latina.

El próximo desafío de Milei será el desempleo. La eliminación de más de 60.000 empleos en el sector público ha contribuido a una tasa de desempleo más alta, del 7,5%. No obstante, las fuerzas del mercado pueden abordar el problema, ya que un sector privado en expansión crea empleos que esos trabajadores pueden cubrir.

El presidente argentino elogia frecuentemente a su ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien ha modificado o eliminado más de 14.000 regulaciones en menos de un año y medio. Esto impulsará la inversión privada y el crecimiento.

La rápida transformación de Argentina, de casi un siglo de socialismo a capitalismo de libre mercado, continúa demostrando la superioridad de este último. Es raro que podamos presenciar un experimento tan radical en tiempo real. Sin embargo, no sorprende que esté funcionando.

*Por el Consejo Editorial (c) 2026, The Washington Post

El obispo emérito ángel Garachana urgió este miércoles a una “renovación profunda” del sistema judicial en Honduras, tras la polémica resolución inicial que otorgó medidas sustitutivas a prisión a Iván Velásquez, acusado de liderar la presunta estafa piramidal “Koriun Inversiones”. El religioso, de nacionalidad española, afirmó que la crisis de confianza en la institución judicial tiene un impacto directo sobre la dignidad ciudadana y señaló que las festividades de la Semana Santa son un momento clave para reivindicar valores cívicos en la sociedad hondureña, según informó la agencia EFE.

Al abordar la resolución revocada este miércoles que inicialmente permitía a Velásquez evitar la prisión preventiva tras el colapso de su empresa, Garachana destacó la capacidad económica del acusado frente a la indefensión de los afectados. “Tiene para dar 25 millones de lempiras (USD 941.775) y no hay dinero para devolver a aquellos a quienes les han robado”, denunció el obispo, subrayando que la mayoría de las víctimas son “gente pobre”, mientras, según su entender, las autoridades aún no esclarecen el destino de los fondos.

La causa de “Koriun Inversiones” se hizo pública en mayo de 2025, con la detención de Velásquez por delitos que incluyen lavado de activos, desobediencia, tenencia ilegal de armas y municiones de uso prohibido, y asociación para delinquir, de acuerdo con EFE. Las denuncias sostienen que la firma habría captado millones de lempiras prometiendo rendimientos altos e inmediatos para derretirse luego en incumplimientos, dejando a cientos de inversionistas desprotegidos. Esta situación generó protestas de ciudadanos que se trasladaron hasta Tegucigalpa para exigir justicia cuando la medida sustitutiva fue otorgada.

Garachana: “Necesitamos jueces con ética y conciencia moral”

Durante la misa Crismal en Tegucigalpa, Garachana remarcó que la transformación que demanda la justicia hondureña debe centrarse en las personas más que en la estructura. “Honduras necesita una renovación profunda del sistema judicial. Y la renovación no es tanto la institución, son las personas, jueces con ética, con conciencia, con moral, porque, aunque sepan todas las leyes, si no tienen conciencia moral, van a ser injustos”, sostuvo el religioso, oriundo de Barbadillo de Herreros, España, citado por EFE.

El obispo ilustró la percepción colectiva sobre el proceder judicial en Honduras mediante una imagen evocadora: “La justicia gráficamente la pintamos con los ojos cerrados. ¿Pero qué decimos en Honduras? Que a veces se destapa el ojo para ver si es rico, si es pobre, si es poderoso, si es un descalzo”. Según Garachana, la inequidad en el trato judicial perpetúa la desconfianza y debilita la cohesión social.

Un llamado a la dignidad frente a la crisis social

Junto a sus críticas al aparato judicial, Garachana llamó a la sociedad hondureña a vivir la Semana Santa desde la dignidad, independientemente de convicciones religiosas. “La Semana Santa es como un test de cristiandad, para algunos son vacaciones, para otros es una vivencia del sentido cristiano, estén donde estén, pero para todos, creyentes o no creyentes, lo importante es portarnos dignamente como personas, no tener nuestra dignidad humana rodando por el suelo por el alcohol y el desorden”, enfatizó el obispo, en palabras recogidas por EFE.

Frente a la persistente pobreza y exclusión, Garachana demandó a los políticos acciones concretas para priorizar el bien común sobre intereses particulares. Condenó también la violencia y la guerra, advirtiendo que “la humanidad parece llevar a ‘Caín en las venas’ en lugar de apostar por la hermandad y la paz entre las naciones”.

El otorgamiento y revocación de medidas sustitutivas a Velásquez, en un contexto de protesta social y reclamo colectivo, se ha convertido para Garachana en un índice del deterioro de la justicia hondureña. La persistencia de víctimas esperando la restitución de sus ahorros y la percepción de que la ley favorece a quienes pueden respaldar garantías millonarias amplifican una demanda generalizada de integridad y equidad, según el testimonio del obispo emérito a EFE.

Salvia mencionó varios factores que explican la disminución de 9,9 puntos porcentuales interanual en ese indicador y de 1,9 puntos porcentuales en el caso de la indigencia, que llegó a 6,3% en dicho período.

Planteó que analizar la caída de la pobreza requiere “algunos matices”, al distinguir entre su contenido y su sustentabilidad en el tiempo. En ese sentido, indicó que existe un componente real vinculado a la evolución de los ingresos frente a la canasta básica alimentaria, que aumentó por debajo del nivel general de precios, lo que permitió “una caída sustantiva de la indigencia”, un dato que consideró “más legítimo” en términos de representación estadística.

En cuanto a la pobreza, Salvia señaló: “Las remuneraciones del sector privado le han ganado a la canasta básica”, dado que mientras los salarios se ajustan por el índice general de precios, la canasta alimentaria lo hace por el valor de los alimentos.

Y agregó un factor de carácter estructural: la caída demográfica. “Los hogares son más chicos, hay menos niños y menos bocas que alimentar dentro de un mismo ingreso”, describió, aclarando que se trata de una tendencia de largo plazo.

Sin embargo, Salvia aseguró que estos avances no siempre se perciben en el bolsillo. Esto se debe, detalló, a un cambio en los precios relativos desde 2024: en el último trimestre, tarifas como transporte, electricidad, agua y comunicaciones aumentaron por encima del índice general de precios.

Al mismo tiempo, describió: “Las clases medias bajas dicen: ‘¿Cómo puede ser que sea menos pobre si no me alcanza y no tengo más plata para consumir?’”.

Según explicó, esto se debe a un cambio en la estructura del gasto de los hogares. “Buena parte del ingreso hoy se destina a pagar tarifas. Son servicios que antes también se tenían, pero ahora se pagan más caros”, señaló. Como consecuencia, el ingreso disponible para otros consumos se reduce.

En ese marco, si bien los alimentos han bajado en términos relativos, otros gastos esenciales limitan la capacidad de consumo. “No podés arreglar tu casa, no podés comprar determinados bienes o servicios que necesitás, no podés invertir más en educación”, enumeró.

Esto genera una percepción contradictoria: “La gente te dice: ‘Estoy más pobre, no menos pobre que antes’”.

Para Salvia, esta situación refleja una tensión de fondo: “Hay una paradoja entre la estadística de la pobreza y la capacidad de consumo”. Mientras el indicador muestra una mejora, no necesariamente capta las restricciones reales que enfrentan los hogares en su vida cotidiana.

Por otra parte, Salvia advirtió que “la medición de la pobreza va perdiendo vigencia, sobre todo en su comparabilidad hacia atrás”, aunque remarcó que “hay una mejora en la situación económico-social de la gente” tanto respecto del año pasado como en relación con el peor momento del último semestre de 2023.

Según explicó, la mejora es “sustantiva”, principalmente por la caída de la inflación, que permitió una recuperación relativa. Sin embargo, al comparar la capacidad de consumo actual con otros períodos, aclaró: “No hemos llegado a niveles como los de 2015, cuando la pobreza se ubicaba en torno al 28%–29%, ni tampoco a los alcanzados en 2018″.

“Estamos llegando a una situación pospandemia. Es decir, estamos mucho mejor, pero estamos tan mal como cuando salimos de la pandemia, en un momento de recuperación”, sostuvo.

En cuanto a la evolución reciente, señaló que el tercer trimestre mostraba niveles de pobreza de “26% o casi 27%”, mientras que en el cuarto trimestre —con un componente estacional— se elevó a “29,5%”. Para el primer trimestre del año, indicó que la tendencia “es como si se hubiese revertido la caída, se hubiese estabilizado y estuviese aumentando”.

Al analizar el fenómeno en perspectiva histórica, Salvia subrayó que “la Argentina nunca ha podido bajar de un 29%–30% de pobreza” en los últimos 20 años. “La pobreza estructural argentina pone un límite porque no hay buenos empleos, porque los empleos están precarizados, porque no se está creando empleo y porque las remuneraciones del sector privado formal no están creciendo significativamente”.

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En una charla con el equipo de Infobae al Amanecer, integrado por Nacho Girón, Luciana Rubinska y Belén Escobar, Otermín relató que “cuando recorrés los barrios populares de Lomas de Zamora, ves que la realidad es otra: antes había progreso, construcción, asado en las casas; hoy la situación es mucho más difícil”. El intendente explicó que, si bien las estadísticas oficiales muestran una baja al 28% en la pobreza, “esos datos son muy fríos, son una foto de un momento que ya quedó atrás”.

“Lo que vemos en la provincia de Buenos Aires es un deterioro constante”, aseguró Otermín. Para el jefe comunal, “las cosas no están bien, ni en términos generales ni en lo cotidiano”. Relató que, pese a los anuncios de baja en la pobreza, “en los barrios populares ya no se ve el humo del asado, ni la construcción o los programas que antes estaban presentes”.

Al ser consultado sobre los índices oficiales, Otermín enfatizó: “No hay que enamorarse del dato duro, porque si no uno también se aleja de la realidad”. Para el intendente, “el dato que muestran hoy es una foto de diciembre; la situación se fue deteriorando y el ajuste después de las elecciones fue muy fuerte, con consecuencias directas en el consumo y la vida de las familias”.

Recordó que durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner “había progreso, se veía obra pública y programas sociales en los barrios”, mientras que en la actualidad “sobrevivir se volvió muy caro en Argentina”. Otermín remarcó: “Lo que no puede ser tan caro en Argentina es sobrevivir”.

Otermín reconoció que la derrota electoral del peronismo y el triunfo de La Libertad Avanza “fue consecuencia del fracaso del sistema político”. Según su análisis, “la gente eligió la novedad porque ni el candidato del peronismo ni los del establishment lograron representar la demanda social”. Admitió: “No pudimos cumplir nuestro contrato electoral, no generamos las condiciones para que nuestra gente viva bien”.

El intendente profundizó sobre la falta de propuestas alternativas de la oposición: “Creo que las ideas del peronismo están claras: defender la producción y la soberanía nacional, pero también tenemos que hacer una autocrítica colectiva de cómo viene el país y hacia dónde va”. Consideró que “no es momento de hablar de candidaturas para 2027, pero sí de reconstruir una expectativa y una esperanza”.

“El gobierno nacional sostiene que Milei va a reelegir, pero no veo que haya certezas de cara al 2027; la legitimidad política se construye día a día y la sociedad no da cheques en blanco”, analizó.

Al referirse a la situación interna del peronismo, Otermín admitió: “Las tensiones existen, son legítimas y más aún después de lo que pasó con el gobierno anterior y el impacto del ajuste de Milei”. Describió la situación de Cristina Kirchner como “triste”, señalando que “la metieron presa para que no sea candidata” y que “la proscripción judicial sería un escándalo en cualquier otro país”.

Sobre la conducción partidaria, sostuvo: “Institucionalmente, Cristina sigue siendo la presidenta del Partido Justicialista y mucha gente se siente identificada con ella, aunque el tiempo de su gobierno parece lejano para las nuevas generaciones”. Otermín apuntó que “el peronismo está unido por una contraseña universal, el compañerismo, aunque haya diferencias de matiz”.

En cuanto a propuestas para el futuro, resaltó: “El peronismo tiene que repensar la idea de comunidad, potenciar la inversión privada y recuperar la capacidad de conversar con todos los sectores”. Consideró que “la centralidad no puede estar solo en el Estado” y que “hay que amigarse con la industria y el campo”.

Finalmente, sobre su propio futuro político, Otermín negó buscar una candidatura a gobernador bonaerense: “Hoy tengo una responsabilidad institucional y me interesa aportar para hacer las cosas bien. La clave está en escuchar a los vecinos y aplicar nuevas tecnologías para mejorar la gestión”.

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Los datos de pobreza del segundo semestre del 2025 confirmaron una mejora sensible de los indicadores socioeconómicos. En sólo seis meses, cerca de 1,54 millones de argentinos dejaron de ser pobres y 269 mil personas salieron de la indigencia. El resultado fue consecuencia de que los ingresos familiares crecieron por encima de los aumentos de los insumos de primera necesidad. En detalle, los salarios aumentaron en promedio un 18,3% entre junio y diciembre del año pasado, mientras que el costo de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) subió 11,9% y el de la Canasta Básica Total (CBT) se incrementó 11,3 por ciento.

Ahora bien, esos mismos indicadores (salarios, CBA y CBT) muestran una situación completamente diferente en el inicio del 2026 y siembran dudas respecto a lo que pueda ocurrir en el primer semestre de este año.

Un análisis del Ieral (Fundación Mediterránea) pone de manifiesto una inversión en la tendencia de los precios relativos que afecta directamente el poder de compra de los sectores más vulnerables. Según la entidad, la evolución futura de la pobreza está “fuertemente condicionada por la dinámica de los precios”. En un escenario donde los alimentos crecen por encima del nivel general, incluso los ajustes salariales alineados con la inflación promedio pueden resultar insuficientes para sostener el consumo de los hogares.

Al observar el comportamiento anualizado a febrero de 2026, el informe detalla que los salarios del sector privado registrado aumentaron un 32,3%, quedando por debajo de la inflación general, que fue del 36,2%. Sin embargo, la disparidad es más aguda al comparar los ingresos con los bienes esenciales: el incremento salarial quedó “considerablemente por detrás del aumento en los precios de los alimentos (40,4%) y de la canasta básica alimentaria (42,1%) en el mismo periodo”. Esta brecha indica que, aunque los salarios totales mostraron un crecimiento del 37,8%, este dinamismo no alcanza para compensar el encarecimiento de la CBA.

Por su parte, un análisis de Equilibra destaca que, aunque la indigencia y la pobreza se redujeron en el cierre de 2025, la CBA y la CBT treparon por encima de la inflación en ese período. En el segundo semestre del año pasado, la suba mensual de la CBA y la CBT fue de 2,6% y 2,5% respectivamente, superando el 2,3% del IPC Nacional. Esta presión se intensificó hacia el final del año.

“La aceleración de la inflación a fines del año produjo caídas del poder adquisitivo contra el tercer trimestre de 2025. La bajas fueron de 1,4% en salarios privados formales y de 2,2% en los ingresos de los empleados públicos. Además, cayeron 2,1% las jubilaciones mínimas, 1,1% la Asignación por Hijo y 6,6% la Tarjeta alimentar. Peor aún, si se comparan estos ingresos contra la CBT, las pérdidas se amplifican en 1,2 p.p. en dicho cuarto del año”, destacó la consultora.

El freno en la velocidad de descenso

La consultora LCG advierte que, con tres meses transcurridos del primer semestre de 2026, existen factores concurrentes que “pondrían un freno en el descenso de la tasa de pobreza”. Entre ellos se destaca una inflación estancada en torno al 3% mensual y salarios formales con paritarias homologadas por debajo de esos porcentajes, lo que implica una caída real de los haberes.

A este escenario de ingresos se suma un deterioro en las condiciones del mercado de trabajo. El informe de LCG señala que el ascenso de la tasa de desocupación en el cuarto trimestre de 2025, junto con una “mayor tasa de sobreocupación y mayor demanda de empleo por subocupación”, marcan la necesidad de mayores ingresos en los hogares para evitar caer bajo la línea de pobreza.

En términos de profundidad, los datos reflejan que salir de la condición de pobreza sigue siendo un desafío de magnitud para las familias. El ingreso familiar promedio de los hogares pobres cubre apenas el 64,3% de la CBT. Según LCG, los pobres “siguen siendo prácticamente igual de pobres”, dado que la mejora en la brecha fue de solo 1,3 puntos porcentuales.

Disparidades regionales y de edad

La mejora registrada hacia finales de 2025, que llevó la pobreza al 28,2% y la indigencia al 6,3%, no fue uniforme en todo el territorio ni en todas las franjas etarias. LCG destaca que, si bien hubo reducciones importantes en el NOA y el NEA, estas regiones mantienen tasas por encima del 32%. El Conurbano bonaerense, por su parte, presenta la segunda mayor tasa de pobreza del país (32,6%) y concentra más del 50% de los pobres totales.

En cuanto a la composición por edad, la pobreza en menores de 14 años se ubicó en 41,3%, manteniéndose 13 puntos porcentuales por encima del promedio general. Asimismo, se observó un dato negativo en el segmento de jóvenes de entre 15 y 29 años, donde la indigencia ascendió levemente en el semestre hasta alcanzar el 8,4 por ciento.

Los factores estructurales y metodológicos

Más allá de la coyuntura de precios y salarios, las consultoras advierten sobre elementos que podrían distorsionar o limitar la mejora de los indicadores sociales. LCG menciona que la línea de pobreza utiliza ponderadores de gasto de la encuesta de 2004/05, lo que no refleja los cambios en los patrones de consumo actuales ni en los precios relativos. Esta falta de actualización genera una “subestimación de la línea de pobreza”, efecto que se ha acentuado desde la no actualización del índice de inflación minorista en febrero.

Finalmente, el Ieral concluye que la mejora en el indicador no debe ocultar “fragilidades persistentes”. El desafío de mediano plazo sigue siendo interrumpir la transmisión intergeneracional de la pobreza mediante el foco en la educación y la generación de “trabajos mejor remunerados” y con ingresos sostenibles en el tiempo. En el corto plazo, la combinación de una actividad debilitada en sectores intensivos en empleo y la pérdida de poder adquisitivo frente a la canasta alimentaria ponen bajo cuestionamiento si la tendencia de 2025 podrá sostenerse durante la primera mitad de 2026.

En la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) 2025 se detalla el acceso de la población a servicios básicos a nivel nacional. Según el informe de la institución, el 89.7% de los hogares salvadoreños dispone de servicio de electricidad, mientras que existen disparidades en el acceso a agua por cañería propia, instalaciones sanitarias adecuadas y sistemas de recolección de desechos sólidos entre distintos segmentos sociales.

De acuerdo con la EHPM 2025, elaborada y presentada por el Banco Central de Reserva de El Salvador (BCR), hay un total de 1.830.656 hogares que cuentan con electricidad, sobre un total nacional de 2.043.222. Las cifras oficiales señalan que las familias en situación de pobreza presentan menor acceso a este servicio: el 85.5% de los hogares pobres dispone de electricidad, frente al 90.9% de los hogares que no se encuentran en situación de pobreza, según el Banco Central de Reserva (BCR).

Respecto al acceso al agua, el informe cuantifica que el 80,8% de los hogares del país recibe agua a través de cañería dentro o fuera de la vivienda (1.650.406 hogares). El 6.7% depende de la cañería del vecino, mientras que alternativas como el uso de pozos, camiones cisterna o la recolección de agua lluvia son menos frecuentes y se encuentran principalmente en zonas rurales.

En los hogares pobres, el acceso por cañería propia llega al 75,9%, cifra que asciende al 82.3% en aquellos hogares que no se consideran pobres.

Acceso a saneamiento e instalaciones sanitarias

El estudio nacional destaca que 714.929 hogares disponen de inodoro conectado a un sistema de alcantarillado (35% del total nacional). Otras alternativas, como inodoros con fosa séptica (582.412 hogares), representan un 28,5%. Por otro lado, el 3,8% de los hogares del país carece de instalación sanitaria alguna (18.379 hogares), situación más frecuente en áreas rurales y en hogares en situación de pobreza extrema.

En el aspecto de recolección de desechos sólidos, la encuesta indica que el 60,6% de los hogares recibe el servicio de recolección domiciliaria pública (1.239.649 hogares). El 2,4% utiliza recolección privada, otro 2,4% deposita los desechos en contenedores y el 3,1% los entierra. El 3,1% de los hogares quema sus residuos y el 2,5% los deja en cualquier lugar. Estas prácticas son más comunes entre familias que viven en zonas rurales y en pobreza extrema, según la EHPM 2025.

El Banco Central de Reserva explicó que los resultados de la EHPM 2025 mantienen la consistencia metodológica de la edición anterior mientras se desarrolla una nueva metodología basada en el VII Censo de Población y VI de Vivienda 2024. “El objetivo es incorporar mejores prácticas internacionales y garantizar información estadística de calidad y oportuna”, destacó la institución en el mismo documento.

Brechas, factores y cambios metodológicos

El reporte oficial señala el acceso desigual a los servicios básicos se mantiene como un desafío en el país y atribuye la diferencia principalmente a factores de ubicación, nivel de ingresos y situación de pobreza. El BCR comunicó que la nueva metodología permitirá una mejor interpretación y comparabilidad de los indicadores en futuras ediciones de la encuesta.

La cumbre del G20 en Sudáfrica de fines de 2025 dejó en evidencia un cruce conceptual entre dos visiones sobre la desigualdad y el desarrollo. Federico Pinedo, exsenador y representante de la Argentina en el foro, difundió un extenso análisis en respuesta al informe presentado por el economista estadounidense y Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, y su equipo. El texto del ex presidente provisional del Senado, publicado por el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), expone una crítica frontal a los lineamientos de política económica propuestos por Stiglitz y utiliza el caso argentino como advertencia sobre los riesgos de replicar ese enfoque.

Pinedo arranca su crítica señalando el eje central del documento de Stiglitz: la idea de que la prosperidad de unos depende de la pobreza de otros. “La tesis del documento tiene como premisa la idea de que unos señores prósperos saben que no lo serían si no aumentaran la pobreza de otros”, sostiene. Para el autor, esta visión presupone un “juego de suma cero” en la generación de riqueza, un planteo que rechaza de plano. “Considero que esa premisa es completamente falsa”, marca en el arranque.

A consideración del articulista, los autores proponen la adopción de políticas que vayan más allá de la mera progresividad fiscal. Entre las recomendaciones, se destaca la creación de impuestos diferenciales, la división de grandes empresas para reducir su tamaño y poder de mercado, y el impulso de medidas orientadas a limitar las desigualdades educativas, en particular, mediante el cuestionamiento a la llamada privatización de la educación. Además, se sugieren otras acciones orientadas a modificar la “distribución de capacidades” tanto a nivel nacional como internacional.

Apoyado en la experiencia argentina, el sherpa argentino ante el G20 advierte que muchas de las propuestas impulsadas por el Premio Nobel de Economía ya se aplicaron en el país y derivaron en consecuencias negativas.

“Nuestro país, la Argentina, ha implementado casi todas esas políticas y, además, ha tenido momentos de estatización del comercio exterior y manipulación del valor del cambio de divisas”, recuerda el ex funcionario. Entre las medidas citadas por Stiglitz, se enumeran la provisión estatal de educación, salud, seguridad social y vivienda, la suba de impuestos, la creación de reservas estatales de alimentos y el control de precios.

El resultado, según el análisis de Federico Pinedo, fue una sucesión de crisis económicas profundas: “Esas políticas han generado tres hiperinflaciones (1975, 1989-91 y 2023), una gran depresión (2002), el 50% de pobreza, más del 40% de trabajo informal con estancamiento del empleo privado formal entre 2011 y 2025, y una caída extraordinaria del ingreso per cápita en comparación con nuestra propia región y contra el promedio mundial”. Este diagnóstico es presentado como una advertencia directa a quienes promueven recetas similares a nivel internacional.

A la vez, el texto plantea que la lógica de mercado “sacó de la pobreza a miles de millones de personas”, en oposición a la mirada de Stiglitz que lo describe como generador de desigualdad y pobreza. El ex titular del bloque del Pro en la Cámara de Diputados observa que, tras el colapso de los modelos de planificación estatal en el siglo XX, “no es clara la alternativa sugerida” por el Nobel norteamericano.

En el debate sobre la educación, Pinedo rechaza que se la catalogue como un derecho estatal y cuestiona la crítica de Stiglitz a la “privatización” en este sector. “La educación, de la que derivan habilidades y capacidades para el trabajo, el desarrollo personal y la integración a cadenas de valor, no es un derecho de los Gobiernos o del Estado, sino que es un derecho humano, personal, de cada uno y de cada padre respecto de sus hijos”, sostiene el exfuncionario. Y va más allá: “Cuestionar desde las políticas públicas la ‘privatización’ de la educación es, además de absurdo, antinatural y excepcionalmente antihumano y, por lo tanto, antisocial”.

El análisis de Pinedo dedica varias páginas a diferenciar el enfoque argentino en el G20 del que impulsa el equipo de Stiglitz. El abogado recuerda que la posición oficial de la Argentina fue defender la responsabilidad nacional en el desarrollo, la previsibilidad jurídica y la igualdad ante la ley.

“La Argentina sostuvo en soledad que el desarrollo nacional dependía fundamentalmente de políticas internas, de marcos de reglas y de convivencia que generaran previsibilidad, justicia e igualdad ante la ley, con un fuerte énfasis en la educación y capacitación para el trabajo”, reseña. Junto a esto, el país defendió “los equilibrios macroeconómicos, el funcionamiento de los mercados y un sistema de comercio abierto y sin distorsiones de la competencia”, consigna en el artículo difundido por CARI.

En tal sentido, el articulista se muestra escéptico ante la propuesta de financiar políticas sociales a nivel multilateral y alerta sobre los riesgos de imponer desde organismos internacionales una agenda igualitarista que ignore la autodeterminación de los pueblos. “La dosis de cada valor debe ser establecida en un sistema democrático por el pueblo en cada elección periódica y de acuerdo a las circunstancias, y no por tecnocracias internacionales que busquen imponer su mirada, aunque nadie las haya votado para gobernar”, afirma en su escrito.

El texto también subraya la importancia de los equilibrios macroeconómicos y del funcionamiento de los mercados, como elementos necesarios para el desarrollo sostenido. Pinedo señala que las políticas que priorizan la intervención estatal, el control de precios y la estatización de sectores estratégicos no han sido exitosas en la Argentina y, en su opinión, tampoco pueden serlo en otros países. Además, considera que la experiencia argentina constituye un ejemplo que debería ser tenido en cuenta en el debate global sobre desigualdad y desarrollo.

El exsenador hace hincapié en que la igualdad ante la ley y la previsibilidad normativa son condiciones indispensables para atraer inversiones, fomentar el empleo y mejorar la calidad de vida. En tanto, sostiene que el desarrollo no puede depender exclusivamente de transferencias o programas financiados externamente, sino que requiere reglas claras y un entorno de competencia genuina.

“En conclusión, no es raro que la desigualdad haya aumentado en un mundo que desde su origen hasta 1800 había crecido el 1%, mientras que desde el año 2000 en solo 25 años duplicó su riqueza (como reconoce el Reporte Stiglitz), pues si aún hay en el mundo población que vive en economías de subsistencia, sin comercio y sin Estado de derecho, las desigualdades se tienen que haber agigantado. La creación de riqueza de la revolución digital es monumental, pero no estaríamos mejor sin ella”, agrega.

Pinedo plantea que la discusión pública sobre la igualdad no suele ubicarse entre dos extremos irreales: el igualitarismo absoluto, que conduce al estancamiento total, y el desinterés completo por los demás. Según el ex senador, “ninguna de las dos cosas se corresponde con la realidad de los sentimientos humanos”.

En su visión, existe consenso en que el Estado debe construir infraestructura de acceso común y garantizar derechos y obligaciones que funcionen como “igualadoras de base”. El ex funcionario considera fundamental que quienes gobiernan desarrollen mecanismos para financiar servicios esenciales. Remarca que es importante que los gobiernos generen “mecanismos para financiar esos objetivos: educación, salud, infraestructura general, seguridad, justicia, mecanismos de deliberación pública y organización política”.

Y suma que, a esos pilares, debe sumarse el Estado de derecho, que garantice “la igualdad ante la ley, las libertades personales, la propiedad y una justicia imparcial que aplique la ley en forma igual para todos”. A su entender, ese marco permitiría crear condiciones para erradicar la pobreza a través del proceso de destrucción creativa que describió Schumpeter, “sacando recursos de sectores parasitarios para llevarlos a los que satisfagan mejor las necesidades de cada uno y del conjunto”.

Por último, advierte que es necesario velar porque los intercambios entre personas se realicen bajo reglas de igualdad, evitando abusos y preservando a los mercados de distorsiones. “Habrá que velar por que los intercambios entre las personas se realicen respetando reglas de igualdad y no abuso, preservando a los mercados de su distorsión mediante acciones que restrinjan la competencia nacional e internacional, controlando monopolios y eliminando privilegios, garantizando libertad y acceso a los mercados de bienes y servicios”, afirma.

“La igualdad no puede ser el valor único y superior, como no lo pueden ser ni la libertad sin orden ni respeto por la dignidad de todas las personas, ni el orden que postergue la dignidad y la libertad de todos. Atacar la pobreza es un objetivo necesario; aumentar la satisfacción de las necesidades humanas va en el mismo sentido; que los que pueden eduquen a los demás de la mejor manera posible y los que sanan hagan lo mismo es un objetivo social. La justicia de dar a cada uno lo suyo, con los valores del respeto y la responsabilidad, también. Igualar todo lo desigual, no”, concluye el artículo.

Los datos oficiales publicados esta tarde por el Indec confirmaron lo que el Gobierno nacional ya había anticipado hace varios meses: la pobreza y la indigencia bajaron en el primer semestre. En detalle, los números indican que entre el segundo semestre de 2024 e igual período de 2025, el índice de pobreza se redujo de 38,1% a 28,2%, lo que marcó una baja de 9 puntos porcentuales. Al mismo tiempo, la indigencia disminuyó del 8,2% al 6,3% (-1,9 puntos porcentuales).

Ahora bien, más allá de la mejora, los indicadores socioeconómicos de la Argentina están lejos de ser los ideales. La pobreza aún afecta a 13,5 millones de personas y la indigencia a 3 millones de habitantes, tomando en cuenta tanto a la población urbana como a la rural.

Grandes disparidades en el país

Como se mencionó, el índice general de pobreza del segundo semestre del año pasado fue de 28,2%, pero si se analizan los resultados por ciudad, se encuentra que algunas jurisdicciones tienen números bastante más altos. Otras, en cambio, muestran indicadores mucho más positivos.

Para entender estas diferencias, se puede hacer un repaso por zona geográfica y jurisdicción. En el Gran Buenos Aires, por ejemplo, la pobreza fue del 28,3% en el segundo semestre -casi idéntica a la nacional-, pero fue muy diferente el resultado para las dos ciudades que integran esa zona. Mientras que en Ciudad Autónoma de Buenos Aires la pobreza afectó al 9,6% de la población, en los “partidos del Gran Buenos Aires” el índice de pobreza fue de 32,6%.

En la región de Cuyo el resultado fue bastante parejo. El aglomerado mejor posicionado fue el Gran San Luis, con una pobreza del 30,1% en el segundo semestre, seguido por Gran Mendoza (31,9%) y el Gran San Juan (34%).

En el Noreste, el índice de pobreza fue del 32,7% en el segundo semestre de 2025. En esa región se encuentra una de las jurisdicciones con mayor nivel de pobreza del país. Se trata de Gran Resistencia, donde el 42,2% de la población es pobre. En tanto, la ciudad con mejor resultado de esa región fue Posadas, con un índice de 27,3%.

En lo que respecta al Noroeste (28,4% de pobreza general), el peor resultado lo tuvo La Rioja. Si bien la provincia siguió la tendencia general y mejoró sus números en el último año, su tasa de pobreza sigue siendo alta (36,7%). El aglomerado Gran Tucumán- Tafí Viejo tuvo la pobreza más baja (23,6%).

La región Pampeana también estuvo cerca del promedio general, con un índice de pobreza del 26,2% en el período analizado, pero en su interior hubo brechas muy amplias. Se destaca por sobre el resto el caso de Concordia, que mantiene un índice de pobreza del 49,9%. En el extremo opuesto, el Gran Rosario registró un índice de pobreza del 22,3%.

Por su parte, la Patagonia mostró en la segunda mitad del 2025 un índice de pobreza del 25,4%. La tasa más alta se registró en el aglomerado de Rawson-Trelew (32,9%), mientras que el indicador más bajo lo mantuvo Neuquén-Plottier (22,4%).

Las mejoras más significativas

La pobreza bajó 9 puntos porcentuales a nivel país en el último año, pero algunos aglomerados urbanos lograron mejoras mucho más importantes. Tal es así, que 15 jurisdicciones registraron bajas de sus índices de pobreza superiores a 10 puntos.

El mejor resultado a nivel nacional se registró en Santiago del Estero - La Banda, donde la cantidad de pobres se redujo 19,2 puntos porcentuales entre el segundo semestre de 2024 e igual período de 2025. Completaron el podio Gran Resistencia (-18,6 puntos) y Formosa (-18,3).

Más atrás aparecen Gran Tucumán - Tafí Viejo (-17,2 puntos), Posadas (-16,1), Río Cuarto (-14,7) y Jujuy - Palpalá (-13,4 puntos), entre otras ciudades.

La que menor variación registraron fueron los aglomerados de Bahía Blanca - Cerri (mejora de 2,9 puntos), Rawson - Trelew (-3,9) y Corrientes (-4,7%).

El dato positivo, es que los 31 aglomerados relevados por el Indec tuvieron una disminución de sus niveles de pobreza en el período analizado. En el marco general, los grandes ganadores fueron CABA, que tuvo el índice de pobreza más bajo (fue el único por debajo del 10%) y Santiago del Estero - La Banda, que con su fuerte mejora de 19,2 puntos, dejó de ser una de las ciudades más pobres del país.

Durante el segundo semestre de 2025, la pobreza se ubicó en 28,2% y la indigencia en 6,3%, según informó el Indec. En este sentido, la reducción interanual fue de 9,9 puntos porcentuales respecto al mismo periodo de 2024, cuando el índice abarcaba al 38,1% de la población.

La cifra actual implica que aproximadamente 13,5 millones de argentinos se encuentran bajo la línea de pobreza, sobre una población total estimada en 47,9 millones de habitantes, y que 3 millones viven en situación de indigencia. Este número es, sin embargo, el más bajo desde el primer semestre de 2018, durante la gestión de Mauricio Macri, cuando se ubicó en 27,3 por ciento.

El dato tuvo fuerte repercusión en el Gobierno, al punto que la plana mayor de La Libertad Avanza celebró el descenso de la pobreza con diversas publicaciones en sus redes sociales.

En primer lugar, el presidente Javier Milei publicó en su cuenta de X: “La pobreza sigue bajando. Dato no relato. MAGA!”, escribió en sus redes sociales junto con un posteo anterior del Ministerio de Capital Humano que resaltaba los principales datos del informe del Indec.

Este mismo mensaje también se replicó en la cuenta oficial de la ministra de Capital Humano, Sandra Petovello.

LA POBREZA SIGUE BAJANDO.
Dato no relato.
MAGA! https://t.co/rAGqBGhU6n

— Javier Milei (@JMilei) March 31, 2026

En su análisis del informe, el ministro de Economía, Luis Caputo, enfatizó: “La pobreza es la más baja en más de siete años”. Además de resaltar la caída interanual, Caputo subrayó el contraste con el pico alcanzado al inicio de la actual administración: “En el segundo semestre de 2025 la pobreza se ubicó en 28,2%, en tanto la indigencia fue de 6,3%. En relación al primer semestre de 2024, la reducción fue de 24,7 y 11,8 puntos porcentuales, respectivamente”.

Y completó su mensaje: “La fuerte baja en la pobreza y la indigencia se sustentan en el crecimiento económico, el proceso de desinflación y el refuerzo en los programas sociales sin intermediarios desde el inició de la gestión”.

También se sumó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien escribió: “La pobreza cayó al 28,2% en el segundo semestre del 2025. Es el registro más bajo de los últimos 7 años. Fin”.

En tanto, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, posteó: “Inflación en baja, economía en crecimiento, ayuda social más inteligente. Lo que debería haber sido siempre. VLLC!”.

La pobreza tocó su nivel más bajo en siete años

El dato del segundo semestre de 2025 confirma una baja sostenida desde el pico registrado a comienzos de 2024, cuando la pobreza había trepado al 52,9% tras la devaluación y el salto inflacionario. Desde entonces, el indicador fue retrocediendo de manera gradual hasta ubicarse en 38,1% en el segundo semestre de 2024 y en 31,6% durante la primera mitad de 2025, en paralelo con la desaceleración de la inflación.

La cifra actual, además, es la más baja desde el primer semestre de 2018. También implica una reducción interanual de 9,9 puntos porcentuales y una caída respecto del semestre anterior, lo que consolida una tendencia descendente después del fuerte deterioro social registrado al comienzo del programa económico.

En términos de población, la mejora también se refleja en la cantidad de personas que salieron de la pobreza en el último año. Si se compara con el máximo registrado a comienzos de 2024, la cantidad de argentinos por debajo de la línea de pobreza se redujo en más de 11 millones, mientras que la indigencia cayó en más de 5 millones, según la extrapolación de los datos del Indec al total del país.

De hecho, si se compara con el primer semestre de 2025, un total de 1,54 millones de personas dejaron de estar por debajo de la línea de pobreza -medida por la Canasta Básica Total (CBT)-, mientras que otras 269 mil salieron de la indigencia al recuperar ingresos suficientes para acceder a la Canasta Básica de Alimentos (CBA).

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dio a conocer que, en el segundo semestre de 2025, la pobreza se ubicó en 28,2% y la indigencia en 6,3% en los principales centros urbanos del país. En la extrapolación al total del país, esa cifra, extrapolada por la cantidad total de la población, significa que hay 13,5 millones de argentinos pobres al cierre del segundo año de mandato de Javier Milei.

La extrapolación de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec al total del país de 47,9 millones de habitantes, arroja que la pobreza afecta a 13,5 millones de personas y la indigencia a 3 millones de habitantes.

La cifra actual marca el nivel más bajo de pobreza desde el primer semestre de 2018, durante la gestión de Mauricio Macri, cuando se ubicó en 27,3 por ciento. El índice de indigencia, por su parte, es el menor desde la primera mitad de 2018, periodo en el que el organismo estadístico reportó que alcanzaba al 6,7% de la población.

El dato implica una baja significativa -de 9,9 puntos porcentuales- respecto al segundo semestre de 2024, cuando la pobreza se ubicó en 38,1% y la indigencia en 8,2 por ciento. También evidenció una desaceleración en relación al primer semestre de 2025, cuando se posicionaron en 31,6% y 6,9%, respectivamente.

Respecto del primer semestre de 2025, se produjo una baja de 1,54 millones de personas que no alcanzaron ingresos suficientes para adquirir la Canasta Básica Total (CBT) y se redujo en 269 mil el universo de quienes no acceden por sus propios medios a consumir la Canasta Básica de Alimentos (CBA).

En comparación con el máximo registrado en el primer semestre de 2024, utilizado como referencia por el presidente y el equipo económico, la cantidad de personas en situación de pobreza descendió en 11,4 millones y la indigencia se redujo en 5,5 millones.

“En relación al primer semestre de 2024, cuando la pobreza y la indigencia ascendieron a 52,9% y 18,1%, la reducción fue de 24,7 p.p. y 11,8 p.p., respectivamente. La incidencia de la pobreza fue la más baja desde el primer semestre de 2018. La fuerte baja en la pobreza y la indigencia se sustentan en el crecimiento económico, el proceso de desinflación y el refuerzo en los programas sociales sin intermediarios desde el inició de la gestión”, destacó el ministro de Economía, Luis Caputo.

Al comienzo de la gestión de Javier Milei, tras la devaluación del peso, en los primeros meses de 2024, la pobreza saltó a 52,9% y la indigencia se ubicó en 18,1 por ciento. Luego de ello, con la implementación del nuevo programa económico y la desaceleración de la inflación, en el segundo semestre, bajó a 38,1% y 8,2%, respectivamente, para cerrar el primer año de mandato.

Desde el Poder Ejecutivo esperaban consolidar una tendencia descendente en ambos indicadores socioeconómicos. En esta oportunidad, el escenario era más complejo debido a que en los últimos meses del año pasado, la inflación se aceleró en gran parte por los incrementos del rubro Alimentos y bebidas, de gran incidencia en la Canasta Básica Total (CBT) y la Canasta Básica Alimentaria (CBA) que son los que marcan la línea de pobreza e indigencia.

La evolución de la pobreza

La proporción de personas en situación de pobreza e indigencia depende de la capacidad de los hogares para cubrir la CBA y la CBT con sus ingresos. En el semestre analizado, los ingresos familiares crecieron en promedio un 18,3%, mientras que el costo de la CBA subió 11,9% y el de la CBT, 11,3 por ciento. Esto significa que el aumento de los ingresos superó al de ambas canastas, lo que favoreció una reducción tanto en la pobreza como en la indigencia en comparación con el semestre anterior.

Al medir la brecha de pobreza —la diferencia entre los ingresos de los hogares pobres y el valor de la CBT— se registró un valor de 35,7 por ciento. En promedio, los hogares pobres tuvieron ingresos por $783.493, frente a una CBT promedio de $1.219.130 para este grupo. La distancia entre ingresos y canasta total disminuyó respecto a la primera mitad de 2025.

Al observar las edades, el 41,3% de las personas de entre 0 y 14 años vive en hogares por debajo de la línea de pobreza. En el grupo de 15 a 29 años el porcentaje fue de 32,6%, y en el de 30 a 64 años, de 24,6%. En el caso de las personas de 65 años o más, el 9,7% se encuentra bajo la línea de pobreza.

En cuanto a las regiones, la pobreza entre personas alcanzó el 28,3% en el Gran Buenos Aires, 32,3% en Cuyo, 32,7% en el Noreste, 28,4% en el Noroeste, 26,2% en la región Pampeana y 25,4% en la Patagonia. Por el lado de la indigencia, los valores fueron: 7,0% para Gran Buenos Aires, 4,6% para Cuyo, 7,5% en el Noreste, 3,8% en el Noroeste, 6,2% en Pampeana y 4,0% en la Patagonia.

“La pobreza en Argentina se calcula de manera semestral a partir de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) y responde a un criterio de ingresos: mide qué porcentaje de la población no alcanza a cubrir la Canasta Básica Total (CBT) y, en el caso de la indigencia, la Canasta Básica Alimentaria (CBA)”, destacó Facundo Beltramone, economista de Fundación Libertad.

Por eso, el comportamiento de alimentos y bebidas es determinante —define la indigencia y tiene fuerte peso en la pobreza— como también la evolución de los ingresos, especialmente los no registrados y las transferencias sociales como Asignación Universal por Hijo (AUH) y asignaciones, que concentran gran parte del ingreso de los sectores más vulnerables.

Si bien la secuencia reciente muestra un cambio muy marcado, la pobreza pasó de 41,7% en el segundo semestre de 2023 a 52,9% en el primer semestre de 2024, en medio del shock inflacionario inicial. Y a partir de ahí comenzó una rápida corrección, con una baja a 38,1% en el segundo semestre de 2024 y a 31,6% en el primer semestre de 2025. A partir de allí, la dinámica de los salarios y precios —sobre todo de alimentos— fue distinta.

“La inflación bajó a 31,5%, pero los salarios registrados crecieron por debajo (28,8%), los no registrados por encima (38,2%) y alimentos y bebidas avanzaron 32,2%, levemente por encima del nivel general. En este contexto, aunque las transferencias sociales siguen siendo relevantes y los salarios no registrados crecieron por encima de la inflación, los alimentos ya no juegan tan a favor de la caída de la pobreza como antes”, comentó Beltramone.

La amenaza que representa el fenómeno climático El Niño para Honduras ha despertado alarma entre el sector académico y las autoridades sanitarias del país, pues la proyección de expertos indica que el número de personas hondureñas en condición de inseguridad alimentaria podría escalar de 1.8 a 2.2 millones en el transcurso de este año.

El impacto de las “sequías prolongadas” en la producción agrícola se consolida como un factor clave en la agravación de la crisis alimentaria nacional, según advirtió este viernes María Luisa García, directora del Observatorio en Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.

El monitoreo más reciente, elaborado por el mencionado observatorio en coordinación con la Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, genera un dato especialmente preocupante: el incremento de 100 mil personas afectadas por inseguridad alimentaria, solo respecto al último año.

La evaluación técnica identifica un estado de emergencia alimentaria en diez de los dieciocho departamentos del país, poniendo el foco sobre regiones estructuralmente vulnerables.

El departamento de Gracias a Dios destaca con el porcentaje de población más alto en condición de “extrema vulnerabilidad alimentaria”: 48 %, producto de su aislamiento geográfico y la falta de alternativas económicas.

Junto a esta zona, el llamado Corredor Seco, que aglutina los departamentos de La Paz, Intibucá y Lempira, enfrenta una situación igualmente grave por su exposición histórica a sequías recurrentes y pobreza sostenida.

La experta de la UNAH puntualizó: “Tenemos un mapeo de diez de los dieciocho departamentos que ya están viviendo en crisis alimentaria. El más vulnerable es Gracias a Dios, seguido por el Corredor Seco”.

Lo anterior ha profundizado la vulnerabilidad de los pequeños productores agrícolas, quienes sufren tanto la falta de ingresos como la pérdida de cosechas. Las principales carencias detectadas son la ausencia de sistemas de riego eficientes, la escasa difusión de semillas tolerantes a la sequía y la limitada penetración de nuevas tecnologías en el sector rural, detalló el Observatorio.

La característica principal del evento El Niño, el calentamiento anómalo del Océano Pacífico, ha reducido la humedad del suelo y restringido notablemente las precipitaciones en amplias regiones de Centroamérica. En Honduras este fenómeno ya ha provocado un descenso sustancial en la producción de maíz y frijol, alimentos nodales de la dieta nacional.

García señaló: “La situación es preocupante porque no existen suficientes iniciativas que permitan a los productores adaptarse a estas condiciones. Las sequías van a impactar directamente la disponibilidad de alimentos y los ingresos de las familias rurales”.

Si bien la caída en la producción agrícola es un factor innegable, la directora del Observatorio enfatizó que la carencia de suficientes alimentos en el país es secundaria frente a un problema central: la imposibilidad de acceso por falta de ingresos familiares.

“En Honduras no es la disponibilidad de alimentos lo que provoca la crisis, sino la falta de ingresos que tienen las familias para poder comprarlos”, explicó García.

El deterioro económico de las zonas rurales, junto al aumento del desempleo, los bajos salarios y la elevada informalidad, obstaculiza la adquisición de alimentos incluso en momentos de relativa abundancia en los mercados. En situaciones de crisis climática, esta ecuación empeora drásticamente ante la disminución de ingresos rurales y el encarecimiento de la canasta básica, según el análisis del Observatorio.

Si no se implementan medidas urgentes, el Observatorio en Seguridad Alimentaria y Nutricional proyecta que 2.2 millones de hondureños podrían encontrarse en estado de inseguridad alimentaria durante los próximos meses. Este dato anticipa un proceso de deterioro con repercusiones sanitarias y sociales de gran magnitud.

La inseguridad alimentaria, precisa que implica no solo la insuficiencia de alimentos, sino también la imposibilidad de mantener una dieta saludable. Este fenómeno conlleva incremento en la desnutrición, abandono escolar y migración forzada, especialmente en las zonas rurales.

García demandó una respuesta multidimensional: “Urge que se tomen medidas, ya sea con sistemas de riego para los productores, con semillas resilientes a la sequía, pero sobre todo con la creación de fuentes de empleo”.

El 6 de marzo de este año, hace menos de veinte días, el ministro de Economía, Luis Caputo, fue preciso. “Pudimos sacar más de once millones de argentinos de la pobreza. Todavía la pobreza está rondando el 30 por ciento, un número aberrante. Pero insisto: miremos de dónde venimos, del 57 por ciento. Estamos significativamente mejor”.

Tres días después, el 9 de marzo, la situación había mejorado abruptamente. O al menos eso dijo el presidente Javier Milei. “Hemos bajado la pobreza en más de 27 puntos, sacando de la pobreza, en la versión de frecuencia mensual, a más de 10…a más de doce millones de personas”.

Una semana después de eso, se produjo otra mejora, más significativa aún. Eso dijo el presidente en la Bolsa de Comercio de Córdoba. “Hay cerca de 15 millones de argentinos que salieron de la pobreza. ¿Estoy diciendo que estamos bien? No. Pero estoy diciendo que sacamos a 15 millones de personas de la pobreza”.

Evidentemente, hay dos posibilidades. Una es que en solo diez días, entre el primero y el tercer discurso, cuatro millones de personas hayan salido de la pobreza. Se trataría de un récord histórico, y de una curiosidad, sobre todo porque no pasó nada en estos pocos días que justificara semejante transformación social. La otra chance es que todo esto sea un ejemplo de que el Gobierno bartolea –no existe mejor término— con las cifras de la pobreza. La evidencia que se acumula a favor de la segunda hipótesis es, como se verá, apabullante y no se refiere solo a la medición de la pobreza.

La cantidad de personas que dejaron de ser pobres constituye una referencia obsesiva en el discurso presidencial desde mucho antes del supuesto subidón de este mes. La saga es muy demostrativa. El 20 de diciembre del 2024 Milei dijo: “Sacamos de la pobreza a 8 millones de personas”. Pocos días después, el 8 de enero del 2025: “subió el número a 9 millones de personas. El 8 de junio de ese año sumó un millón más: “Los desalmados liberales bajamos 22 puntos la pobreza: sacamos a 10 millones de personas de la pobreza”. El 9 de agosto, otro millón. “La pobreza cayó al 31 por ciento. ¡Y no lo muestran! Sacamos a 11 millones de personas de la pobreza”. El 19 de septiembre: “Este gobierno sacó de la pobreza a 12 millones”. El 3 de diciembre: “Bastante laburo nos costó que 13 millones de argentinos salieran de la pobreza”. El 31, en el discurso por año nuevo: “Hoy hay 14 millones de argentinos menos en la pobreza”. El 22 de febrero, finalmente: “Sacamos 15 millones de la pobreza”.

Algo parecido ocurre con los datos de desempleo y de crecimiento. El 1 de marzo, durante la tumultuosa apertura de las sesiones ordinarias, el presidente se enredó en varias peleas a gritos con las bancadas opositoras. “¡¡La alergia que le tienen a los datos!! Estudiá burro. ¡El desempleo bajó!. Primero los datos. Pero ustedes no saben sumar. ¿Qué se puede esperar de ustedes? Dedicate a la poesía. ¡Los datos dicen que el desempleo bajó!”, se enfureció el Presidente, contra alguien a quien las cámaras no toman.

No fue solo Milei. El viernes de la semana pasada, Federico Sturzenegger publicó un largo tuit en el que sostenía. “SOBRE LOS 400.000 PUESTOS DE TRABAJO CREADOS EN LOS DOS PRIMEROS AÑOS DE LA PRESIDENCIA DE JAVIER MILEI. En su incansable intento de buscar sombras en el plan económico de Javier Milei y Luis Caputo, el argumento usado por estos días es el tema del empleo: que crece sí, pero sin empleo con empleo de baja calidad. Algunos directamente dicen que los empleos están cayendo. Los datos muestran otra cosa”.

La verdad es que el poeta opositor al que aludió Milei y los incansables que buscan sombras tenían razón. El miércoles pasado, el Indec distribuyó su informe trimestral de empleo. Los datos son categóricos. Milei recibió una economía con 5,7 por ciento de desocupados y la llevó a otra con 7,5 por ciento. Los jóvenes desocupados eran 11 por ciento hace dos años y ahora son el 16 por ciento. Si se agregan los datos del SIPA, que distribuye el mismo gobierno, se sabe que se perdieron cerca de 300 mil trabajos en relación de dependencia, o sea, en blanco, formales. Eso fue compensado en parte por la conversión de trabajadores formales en informales: en la informalidad se gana mucho menos, pero además se pierden las vacaciones, la obra social, las indemnizaciones.

Los datos oficiales informan que la creación de puestos de trabajo en los dos años es 0. La magnitud del problema se entiende con una simple comparación: con todos los problemas que tuvo, pandemia incluida, el gobierno anterior creó 1.250.000. Si a los desocupados se le suman los ocupados que quieren cambiar de empleo, o los subocupados que necesitan más trabajo, hay un treinta por ciento de la población activa con problemas serios de empleo. Entre los jóvenes, mucho más. Nada que celebrar. En cualquier caso, los datos de Milei y Sturzenegger estaban mal: el desempleo sube.

Las confusiones numéricas no se detienen allí. El viernes pasado, el Presidente y su ministro celebraban el dato de que la economía había crecido 4.4 por ciento en 2025. Ese número, por una vez, se apoya en un informe del indec que dice exactamente eso. Un año atrás, el mismo Indec, con la misma metodología, calculó que la economía había caído 1.7 por ciento. Eso deja un número de punta a punta de alrededor del 3 por ciento de crecimiento, lo que parece meritorio dado el ajuste que realizó el Gobierno. Sin embargo, Milei, Caputo y Sturzenegger, desde el primero de marzo, han dicho muchas veces que la economía creció 10 por ciento –tres veces más—en los últimos dos años.

O sea, la pobreza bajó en 8 millones, o en 15, o en algún número intermedio, vaya a saber. El desempleo bajó aunque el Indec diga que subió, y fuerte. La Argentina de Milei creció un 10 por ciento, cuando el mismo organismo calcula ese crecimiento en el 3. El último aporte a esta confusión se produjo esta semana cuando todo el Gobierno empezó a decir que la inflación era del 0 por ciento, cuando el Indec informó que es del 2,9. La pirueta se sostiene en la creencia de que la inflación mayorista, que fue del 0.9, anticipa la inflación general. Tal vez sea así. Pero en mayo del año pasado la inflación mayorista fue negativa (-0,2%) y, desde allí, la general no paró de subir. Así que tal vez sea así: y tal vez no lo sea.

Es un clásico que ocurre en todos los gobiernos. Los presidentes y sus ministros suelen dar agotadores a inútiles batallas para convencer a la sociedad de que todo anda bárbaro y que todo irá mejor aún. El mejor ejemplo de ello fue la intervención del indec del 2007, que derivó en afirmaciones inolvidables como la que sostenía que en la Argentina había menos pobres que en Alemania. Es increíble la cantidad de energía que se invierte en esa tontería. La gente sabe cómo vive. Si vive mejor, seguramente vote al gobierno más allá de que se manipulen las cifras o no. Pero, en este caso, además de la ingenuidad, sorprende el amateurismo de la maniobra, que queda tan expuesta apenas se revisa cualquier dato concreto. Encima, todo va acompañado por bravuconerías y fanfarronadas. Da ganas de pedir que alguien ponga orden. Pero se ve que no hay tiempo o no es el estilo de la casa.

De todos modos, este contraste entre el relato oficial y la realidad, permite analizar a grandes rasgos lo que está pasando en la economía y la sociedad argentina, con el cuidado del caso porque se trata de temas complejísimos.

Cuando se refieren a la evolución de la pobreza, Milei y Caputo sostienen que recibieron un 57 por ciento de pobres. Eso no fue así. La medición correspondiente al segundo semestre del 2023 informó que había 41 por ciento. O sea, muchos menos. Encima, el último mes ya había recibido el impacto de la fuerte devaluación decidida por Milei. Así que tal vez haya sido algo menor. Pero toman como dato de inicio el 57 por ciento porque sostienen que los efectos de la devaluación deben computarse a la cuenta del gobierno anterior. Ellos devaluaron pero los pobres que se generaron por esa medida pertenecen a la gestión anterior: una gran novedad en la historia de la estadística mundial. Dicho sea de paso, la primera medición del período de Milei arroja la cifra de 52,9 por ciento, no del 57.

Ahora, si recibieron algo menos de 41 por ciento, y la última medición es del 31, la caída sería de diez puntos, algo muy meritorio. El problema es que la canasta del indec no se actualizó como recomendaba el mismo Indec y eso genera todo tipo de debates. Si la inflación no se mide como se debe, eso impacta en las otras mediciones. La Universidad Di Tella, por ejemplo, sostiene que con una medición apropiada el número de pobres subiría seis puntos, o sea que la mejora sería mucho más moderada. Hay otras discusiones que la reducirían un poco más aún.

En cualquier caso, al menos por ahora, el Gobierno podría decir que bajó algo la cantidad de pobres lo que invierte la tendencia recibida. Y merecería reconocimiento por eso. Pero la exageración llevada hasta el nivel del disparate impide ver ese detalle. Para Milei sería toda una ofensa reconocerle que, hasta ahora, bajó cuatro o cinco puntos la pobreza, cuando él dice que fueron 27. Mejor, entonces, no decírselo.

Lo mismo ocurre con el crecimiento. Frente al discurso más tremendista que pronosticaba una catástrofe con la llegada de Milei al poder, ese crecimiento real del 3 por ciento es una buena noticia. En esas cifras se percibe, por ejemplo, el vertiginoso desarrollo del sector energético, que parece destinado a convertir a la Argentina en un país petrolero, con características muy distintas a lo que ocurrió en toda su historia. Eso generaría un ingreso de dólares muy importante. Se trata de un proceso que se inició con el descubrimiento de Vaca Muerta y los primeros planes de desarrollo puestos en marcha por Cristina Kirchner y Axel Kicillof. Este gobierno lo aceleró con múltiples incentivos. Su continuidad hasta ahora ha sido una política de estado virtuosa que va a aliviar las cuentas y, bien manejada, podría cambiar para bien el futuro argentino.

Ese proceso virtuoso va acompañado de un dato preocupante. Es muy inusual que la economía crezca y el empleo caiga. O sea, pareciera que se está produciendo un proceso de acumulación de riqueza que, al mismo tiempo, puede generar desintegración social, mucho más si desde el Estado no se establece una estrategia para mitigar los dolores de la transición. En la combinación de esos datos –crecimiento económico, crecimiento del desempleo—parecen anidar preguntas que necesitan ser abordadas con seriedad y menos griterío.

No se trata solo del país sino, en lo inmediato, también del Gobierno. Los estudios de opinión en estos días coinciden en que se produjo una caída relevante de la imagen presidencial y de las expectativas hacia el futuro. Eso va acompañado de una preocupación novedosa que deja a todas las demás atrás: lo que más angustia a los argentinos son los bajos salarios. La contracara de eso se puede ver en los balances deficitarios de las grandes empresas alimenticias o en la subida vertical de la morosidad. Todo eso, en medio de un festival de escándalos de corrupción.

Don Quijote de la Mancha era un hermoso personaje que se inventaba una realidad porque su vida gris le resultaba insoportable. Sus grandes batallas contra molinos de viento son recordadas a lo largo de generaciones. La historia política mundial está repleta de personajes que reproducen aquellos rasgos encantadores de ese personaje tan singular. Negación de la realidad, peleas tremebundas contra enemigos imaginarios. Tal vez no sean los rasgos más apropiados para gobernar un país. Pero tampoco se trata del peor de los defectos. Como se puede ver en estos días, hay peores.

En medio de una situación de emergencia que afecta a varias regiones del Líbano, cifras recientes indican que 53 centros médicos han interrumpido sus actividades y que, solo durante marzo, 34 trabajadores sanitarios han perdido la vida. Este contexto, caracterizado por evacuaciones masivas y ataques recurrentes, ha generado el desplazamiento forzoso de más de un millón de personas que se han visto obligadas a abandonar sus hogares en cuestión de horas. De acuerdo con la información publicada por Médicos Sin Fronteras (MSF), las operaciones militares israelíes han desencadenado consecuencias humanitarias graves tanto en el sur del país como en Beirut, donde la situación se agrava cada día.

Según consignó el medio al recoger las declaraciones de Emmanuel Massart, coordinador de emergencias de MSF en Líbano, la dinámica de los bombardeos y las órdenes de evacuación que emite el ejército israelí cubren en la actualidad un 15% del territorio libanés. Massart relató que este tipo de escenario, en el que la población se ve forzada a abandonar sus viviendas con escaso o ningún aviso para protegerse de ataques inminentes, muestra similitudes preocupantes con lo ocurrido en Gaza durante los tres años previos. En sus declaraciones, Massart sostuvo: “Lo que estamos viviendo ahora en Líbano me recuerda demasiado a lo que llevamos tres años viviendo en Gaza. Se ve claramente una repetición de un escenario en el que las personas reciben, de un día para otro, órdenes de evacuación. O a veces ni siquiera eso”.

La ONG advirtió, según informó MSF, que las personas desplazadas enfrentan múltiples traslados, pues los anuncios de nuevas evacuaciones alcanzan también a los lugares a los que llegan inicialmente en busca de refugio. Massart alertó sobre la ausencia de zonas seguras, señalando que “ya no hay realmente espacios que se puedan considerar seguros, ni siquiera en los campamentos”. En cuanto a la provisión de servicios básicos, el coordinador resaltó que existe una necesidad apremiante de atención médica, acceso a agua y estructuras sanitarias adecuadas como letrinas y duchas. Según detalló MSF, la cobertura de estos servicios dependen en este momento de unas pocas organizaciones humanitarias que todavía operan sobre el terreno y de iniciativas individuales, las cuales pueden agotarse pronto.

El medio reportó que la intensificación de las operaciones terrestres israelíes ha puesto a prueba la capacidad de respuesta de las organizaciones internacionales y locales, ya que la destrucción de infraestructuras sanitarias limita severamente la atención disponible para la población afectada. MSF recalcó que muchas de las muertes entre trabajadores sanitarios están directamente relacionadas con el contexto de hostilidades persistentes y la falta de garantías para el desempeño de tareas humanitarias.

Tal como publicó el medio, las secuelas del conflicto tienen una dimensión económica amplia, pues el Líbano ya enfrenta dificultades estructurales en la cobertura de necesidades básicas. Médicos Sin Fronteras subrayó que el 70% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza, lo que agrava el impacto de la crisis humanitaria y restringe la capacidad de las familias para hacer frente al desplazamiento y la pérdida súbita de bienes y viviendas. Además, MSF puntualizó que el desabastecimiento de suministros médicos y materiales de primeros auxilios afecta a los hospitales y clínicas que continúan abiertos en las áreas afectadas.

En cuanto a las zonas más golpeadas, MSF señaló que tanto Beirut como el sur del Líbano figuran entre las áreas con mayores niveles de evacuaciones y pérdidas materiales. El número de personas obligadas a desplazarse, que supera el millón, refleja la escala de una crisis prolongada cuya resolución requiere una intervención humanitaria urgente.

MSF ha hecho reiterados llamados a la comunidad internacional y a los gobiernos para que se refuercen los sistemas de protección para civiles, trabajadores humanitarios y centros sanitarios. A través de un mensaje directo, la organización instó a que se garantice el acceso sin restricciones a la ayuda humanitaria para las personas afectadas y que se intensifique el apoyo dirigido a cubrir las necesidades básicas, incluidas la salud, el agua y los servicios de saneamiento.

De acuerdo con los datos recogidos por el medio, las acciones bélicas en el sur del Líbano y en Beirut han transformado la situación humanitaria y han aumentado la presión sobre las organizaciones que prestan asistencia. Mientras tanto, las autoridades y organismos internacionales evalúan las alternativas disponibles para coordinar la llegada de suministros y la protección de los equipos de asistencia ante el deterioro de las condiciones de seguridad en el país.

MSF alertó que, si no se materializa un aumento en la ayuda internacional y el acceso a los desplazados sigue restringido por razones de seguridad y recursos, la crisis en el Líbano podría profundizarse en las próximas semanas. La ONG reiteró que el mantenimiento operativo de estructuras sanitarias y servicios de emergencia resulta fundamental para evitar la extensión de un escenario aún más devastador para la población civil.

Durante años, niños de entre 3 y 16 años han sido obligados a mendigar en las rotondas y mezquitas. A veces hasta 15 horas al día mientras sus padres se lucraban del dinero recolectado. Vestidos con largos vestidos y velos islámicos, los menores se hacían pasar por refugiados sirios, apelando a la generosidad de los fieles durante el Ramadán, aunque no profesaban la fe musulmana.

Las imágenes de niños pequeños limpiando cristales en semáforos o pidiendo limosna a los automovilistas se repitieron durante meses en localidades como Seine-Saint Denis, un barrio cercano a París, Aulnay-sous-Bois, Villepinte y Bondy, hasta que las autoridades iniciaron una investigación que llevó a dos familias de origen rumano ante la justicia.

Durante el juicio celebrado en los días 19 y 20, los menores fueron la principal fuente de información sobre la explotación sufrida. Uno mayor relató que llegó a mendigar durante ocho meses consecutivos, obteniendo un promedio diario de 200 euros. Otro contó que apenas había asistido a la escuela tres meses desde su llegada a Francia a los siete años, según recogen diversos medios franceses.

Gabriela G, de 17 años, fue arrestada junto a su sobrino de tres años, ambos obligados a pedir limosna. “La gente es más generosa delante de los niños”, admitió ante el juez. “Es la tradición de donde venimos. Mucha gente hace esto con niños”, explicó una de las acusadas.

Ganancias millonarias

El primer día del juicio, un perito reveló que las familias habían recaudado aproximadamente 130.000 euros en un solo mes, con la participación de unas 15 personas. La policía también halló 62.000 euros en efectivo y vales de Western Union destinados a Rumanía.

Roman K, uno de los acusados, admitió parcialmente los hechos, pero negó haber explotado directamente a los niños. “Mis hijos no estaban pidiendo limosna; simplemente estaban conmigo”, defendió su esposa ante el tribunal. Sin embargo, los jueces y los investigadores desestimaron esta versión tras constatar la escolarización incumplida y las grandes sumas de dinero en efectivo.

La investigación también reveló un patrón organizado: las mujeres se posicionaban en lugares de alto tránsito y cerca de mezquitas, con el objetivo de apelar a la sensibilidad religiosa durante el Ramadán. Según el juez Youssef Badr, “este subterfugio puede resultar muy lucrativo”.

Condenas previas y reiteración del delito

Este caso se enmarca en un contexto más amplio de explotación infantil en Francia. El 31 de octubre de 2025, otra familia fue condenada a penas de dos a cuatro años de prisión por obligar a menores de su clan familiar a mendigar durante varios años, con retirada de la patria potestad.

En ese caso, los niños trabajaban en semáforos y rotondas para recolectar dinero, y se documentó la participación de hijastras adolescentes, algunas embarazadas. Los registros domiciliarios en ambos casos evidenciaron que los ingresos de la mendicidad constituían la principal fuente de sustento para estas familias. La policía también documentó transferencias internacionales hacia Rumanía, lo que confirma la explotación sistemática y organizada.

El veredicto del caso principal de Bobigny se espera para el viernes por la noche. Según la abogada de los menores y en colaboración con la asociación SOS Víctimas 93, varios de los niños han regresado provisionalmente a convivir con sus familias tras pasar por el sistema de protección infantil.

Un reciente informe elaborado por la organización Tejido Urbano, basado en el procesamiento estadístico de datos del Censo 2022 y la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), reveló una radiografía crítica sobre las condiciones de vida en el país. De acuerdo con la investigación, de los 14,6 millones de hogares urbanos censados, 10,7 millones presentan algún tipo de problemática habitacional. Esto significa que el 73% de las familias argentinas reside en viviendas con deficiencias materiales, falta de servicios, hacinamiento o inseguridad en la tenencia.

El estudio propone una visión ampliada del déficit habitacional, incluyendo no solo las carencias materiales tradicionales, sino también la falta de escrituras y la dificultad de acceso a la propiedad que enfrentan los inquilinos. “En este trabajo se cuantifica un amplio conjunto de problemáticas para luego calcular la cantidad de hogares que están afectados por cada caso, y la superposición de problemas que pueden darse”, explica el documento técnico.

La necesidad de nuevas viviendas por condiciones críticas

El primer gran grupo identificado por Tejido Urbano corresponde a los hogares que requieren una vivienda adicional, un segmento que abarca a 1.021.798 familias, lo que representa el 9,6% del déficit total. Esta categoría agrupa tres situaciones de extrema precariedad que, en la mayoría de los casos, requieren una mudanza o un cambio estructural profundo.

La problemática más extendida en este sector es la de las viviendas irrecuperables, que afecta a más de 510.000 hogares. Se trata de ranchos, casillas o piezas en inquilinatos que no cuentan con las condiciones mínimas de habitabilidad y no pueden mejorarse con refacciones aisladas. Por otro lado, el hacinamiento crítico —definido como aquellos hogares donde conviven más de tres personas por cuarto— alcanza a 372.000 familias. Finalmente, más de 230.000 hogares se ven obligados a compartir una misma vivienda con otra familia, lo que impacta directamente en la privacidad y la salud de sus integrantes.

El informe destaca que “los hogares que tienen estas problemáticas son los que tienen los niveles más bajos de ingreso”. Específicamente, el 84% de las familias que comparten vivienda y el 79% de quienes habitan estructuras irrecuperables pertenecen a los estratos sociales más vulnerables.

Déficit en viviendas existentes: servicios y papeles

La mayor parte del problema habitacional en Argentina no reside en la falta de techos, sino en las carencias de las construcciones actuales. Este segundo grupo, denominado “necesidades en viviendas existentes”, involucra a 7,4 millones de hogares, es decir, casi el 70% de las familias con problemas habitacionales.

Dentro de este universo, la falta de acceso a servicios básicos de red (agua potable y cloacas) es la carencia más masiva, afectando a 5 millones de hogares. La investigación subraya que esta situación tiene un alto impacto en la salud pública y la calidad de vida. Asimismo, 4,7 millones de familias enfrentan la irregularidad dominial. “Las condiciones de regularidad en el dominio de las viviendas determinan el nivel de seguridad ante desalojos y abusos”, señala el texto.

Un dato relevante es que, a diferencia de los casos de viviendas irrecuperables, en este grupo existe una alta superposición de problemas. La mayoría de los hogares que habitan viviendas con materiales deficientes (como pisos de tierra o techos precarios) también carecen de servicios y de escrituras. Sin embargo, el estudio aclara que muchas de estas casas son “recuperables” mediante mejoras sencillas en pisos y techos, siempre que se garantice simultáneamente la infraestructura de red y la seguridad jurídica.

El desafío de la integración en los barrios populares

Una problemática transversal es la localización de las viviendas en entornos deficitarios. Según el Relevamiento Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP) citado en el informe, en Argentina existen 1,2 millones de familias residiendo en villas, asentamientos o conjuntos habitacionales degradados.

Para estos casos, la necesidad supera la escala individual de la casa y requiere una “integración urbana concreta”. Esto implica obras de espacio público, vialidades, equipamiento comunitario y saneamiento ambiental. El informe advierte que los procesos de mejora barrial que no finalizan con la escrituración de los lotes “suelen reproducir los males que afectaban al barrio degradado”. En situaciones de villas de alta densidad, donde el trazado de calles no permite un mínimo de calidad urbana, el estudio menciona que podrían requerirse incluso relocalizaciones de viviendas.

Inquilinos: el nuevo perfil del déficit habitacional

Finalmente, el estudio incorpora a un sector que tradicionalmente no era contabilizado como parte del déficit: los hogares inquilinos que, aunque viven en construcciones adecuadas, enfrentan la imposibilidad de acceder a la propiedad. Este grupo alcanza a 2,3 millones de hogares y representa el 21% de las problemáticas habitacionales del país.

“Alquilar puede ser una opción elegida, pero la propiedad de la vivienda tiene ventajas en términos de seguridad y resguardo del patrimonio familiar”, afirma la investigación. Este segmento presenta características sociales distintas a los grupos anteriores: el 36% son personas que viven solas, tienen un nivel educativo por encima de la media y se ubican mayoritariamente en zonas céntricas.

A diferencia de los sectores de ingresos bajos, los inquilinos poseen una “demanda latente” de mecanismos de financiamiento. El informe concluye que para este grupo, el acceso a créditos hipotecarios que permitan sortear la barrera del ahorro previo es fundamental, dado que han demostrado una alta voluntad de pago y bajos índices de morosidad histórica cuando las condiciones de préstamo son favorables.

La Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar actualmente cubren menos de la mitad del valor de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) en el Gran Buenos Aires, según datos del Observatorio de la Deuda Social de la UCA. Este porcentaje representa la proporción del ingreso mínimo necesario para que una familia acceda a una alimentación adecuada.

A pesar de que el informe de la UCA señaló una recuperación en 2024, los datos muestran que estas transferencias solo alcanzan a solventar entre el 39% y el 62% de la CBA.

La Canasta Básica Total (CBT) estima el ingreso necesario para cubrir todas las necesidades esenciales de un hogar y, en su último dato disponible, se ubicó en $1.397.672; en tanto, la CBA, que solo contempla el costo de los alimentos, alcanzó los $644.088 para una familia tipo en febrero. Los hogares cuyos ingresos no cubren la CBA se consideran en situación de indigencia, mientras que aquellos que no alcanzan la CBT son clasificados como pobres.

Según surge del informe, ni siquiera en los mejores años de la serie 2016–2026, la asistencia estatal llegó a cubrir la totalidad de la canasta, de manera que la brecha estructural se amplía con cada ajuste inflacionario.

Menos de la mitad de la canasta alimentaria

De acuerdo con los datos a febrero de 2026, los hogares tipificados como tipo C —integrados por dos adultos y tres niños— lograron una cobertura del 61,7% sobre la CBA, mientras que los hogares tipo B, conformados por dos adultos y dos niños, llegaron al 44,8%. La situación más crítica afecta a los hogares tipo A, compuestos por dos adultos y dos adolescentes, donde la cobertura alcanzó solo el 39,1 por ciento.

El panorama se agrava cuando se considera la CBT. En este caso, la cobertura desciende a 28% en hogares tipo C, 21% en hogares tipo B y 18% en hogares tipo A.

Estos porcentajes de cobertura no solo son bajos, sino que reflejan un descenso respecto de los años previos: en noviembre de 2024, las mismas transferencias cubrían el 71%, 52% y 45% de la CBA para los hogares tipo A, B y C respectivamente, y el 31%, 23% y 20% de la CBT.

Entre abril de 2016 y febrero de 2026, el comportamiento de la cobertura de la AUH (al 80%) y la Tarjeta Alimentar sobre la CBT y la CBA mostró fluctuaciones sensibles, registrando sus picos más altos en 2020, coincidentes con las políticas extraordinarias adoptadas durante la pandemia de COVID-19. En ese contexto, los hogares tipo C llegaron a cubrir el 32,6% de la CBT, los tipo B el 24,4% y los tipo A el 13,6 por ciento.

Sin embargo, poco después de ese año, los porcentajes retomaron una curva descendente. A pesar de mejoras puntuales en 2024 impulsadas por aumentos extraordinarios en los montos y la extensión de la Tarjeta Alimentar, así como la aplicación de una nueva fórmula de actualización de la AUH, la brecha nunca se cerró completamente.

El informe destaca que, incluso en 2026, los valores máximos quedaron lejos de cubrir íntegramente la canasta básica: ninguna familia tipo llegó al 100% en la serie entre 2016 y 2026. El deterioro mayor se evidenció en 2024, cuando hubo coberturas mínimas de 37,6%, 28,1% y hasta un 12% para algunos grupos familiares, lo que en la práctica significó que “hubo momentos en los que la ayuda estatal cubría apenas una décima parte de los alimentos básicos”, según la UCA.

Un aspecto central del estudio es la brecha entre la canasta oficial calculada por el Indec y la que surge de parámetros de gasto más recientes. Mientras la CBT oficial se construye en base a la Encuesta Nacional de Gastos de Hogares de 2004/2005, la revisión con datos de la ENGHo 2017/18 sugiere que la canasta alternativa es entre un 42% y un 55% mayor desde 2018, y que en consecuencia, la cobertura de AUH y Tarjeta Alimentar resulta entre un 30% y un 35% menor.

Con este ajuste, los datos de cobertura en febrero de 2026 quedarían en 12% para el hogar tipo A, 13% para el tipo B y 18% para el tipo C, entre 6 y 10 puntos porcentuales menos que la canasta oficial utilizada.

El acceso a la vivienda marca una clara línea divisoria en la desigualdad social en España, un desafío que se acentúa entre quienes alquilan, ya que el 61% no consigue ahorrar debido al elevado coste de la renta, según un nuevo informe de Oxfam Intermón que sitúa el alquiler como un obstáculo central en la economía de miles de hogares y advierte sobre el riesgo de perpetuar una brecha social de difícil superación. En contraste, indica el estudio, el 60% de quienes tienen su casa completamente pagada sí ahorra todos los meses.

“El acceso a la vivienda supone un gran esfuerzo para millones de personas pero es especialmente difícil para quienes pagan una renta. En esta situación se perpetúa la ‘trampa del alquiler’: los altos precios impiden ahorrar y dificultan reunir la entrada para una hipoteca. Como resultado, muchas personas quedan atrapadas en un mercado del alquiler cada vez más asfixiante”, ha explicado Alejandro García-Gil, autor del informe y responsable de políticas de protección social y empleo de Oxfam Intermón.

El estudio La vivienda, cimiento de desigualdades, elaborado a partir de una encuesta a más de 4.000 personas, también indica que más de la mitad de quienes viven de alquiler, el 58%, considera improbable poder adquirir una vivienda en el futuro.

La organización recuerda que, actualmente, el 85% de las personas inquilinas destina más del 30% de sus ingresos al pago de la renta y una de cada tres supera el 50%. Entre los hogares con hipoteca, la presión también es muy elevada: el 62% dedica más del 30% de sus ingresos al pago de la vivienda, y una de cada cinco, el 50%, añaden.

Mismos ingresos, menor ahorro en alquiler

El informe también evidencia que el régimen de vivienda condiciona la capacidad de ahorrar más que el propio nivel de ingresos. Entre quienes perciben el salario mínimo interprofesional (SMI), el 58,6 % de los propietarios logra ahorrar frente a solo el 32,4 % de los inquilinos. Incluso, una persona con vivienda pagada y SMI tiene más probabilidad de ahorrar que un inquilino con un salario de 2.000 euros. Un inquilino que gana 2.000 euros al mes presenta prácticamente la misma capacidad de ahorro (51,9%) que alguien con hipoteca y un salario de 1.500 euros (50,2%), añade el estudio.

Por ello, desde Oxfam Intermón advierten sobre la consolidación de una brecha estructural. “Corremos el riesgo de consolidar una brecha cada vez mayor entre quienes destinan gran parte de sus ingresos al alquiler y quienes ya cuentan con vivienda y capacidad de ahorro. Una desigualdad que puede marcar el futuro social y económico del país”, señala García-Gil.

Desahucios invisibles

El encarecimiento del alquiler no solo ha reducido la capacidad de ahorro, sino que ha incrementado la inestabilidad residencial. Una de cada tres personas inquilinas, alrededor de tres millones, sufrió en el último año los llamados “desahucios invisibles”, es decir, finalizaciones de contrato o subidas inasumibles de la renta que forzaron mudanzas. Esta situación afecta con más fuerza a personas extracomunitarias (37%) y a jóvenes menores de 35 años (31,9%), de los cuales uno de cada dos tuvo que regresar al hogar familiar. Seis de cada diez mudanzas implicaron abandonar el barrio o el municipio de residencia, lo que, según el informe, debilita las redes sociales y comunitarias.

El aumento del precio del alquiler no solo ha dejado a miles de hogares sin margen para ahorrar, sino que también ha incrementado la inestabilidad residencial. En el último año, una de cada tres personas inquilinas, alrededor de tres millones, se ha visto afectada por los llamados “desahucios invisibles”, ya que se han visto obligadas a mudarse por el fin del contrato o por subidas de renta imposibles de asumir. Estos desahucios, acalra el informe, golpean con más fuerza a personas extracomunitarias y a jóvenes menores de 35 años. En este último grupo, una de cada dos personas tuvo que regresar a casa de sus padres. Además, el 60% de las mudanzas supuso dejar atrás el barrio o el municipio, debilitando los lazos sociales y las redes de apoyo que sostienen la vida cotidiana.