En el patio de una vivienda de El Cajama, una comunidad del municipio habanero de La Lisa, Yoandra Casalis y Manuel González encontraron una vía doméstica para enfrentar la escasez de alimentos: convirtieron un terreno cubierto de maleza en un huerto que aporta alimentos a su mesa y a familias vecinas.

Cada tarde, al volver de sus trabajos, la pareja atiende los cultivos. En el espacio producen plátanos, ajíes, cebollinos, guanábana, chirimoya, anón, fruta bomba, calabaza y cerezas. Una parte se destina al consumo del hogar y otra llega a residentes del edificio y de la zona que necesitan alimentos frescos.

“El patio lo tenemos mucho mejor”, contó Casalis a la agencia Xinhua. Antes, dijo, el terreno estaba cubierto por hierbas altas. Ahora, la familia obtiene cebollín y cilantro para preparar sus comidas, una reducción de gastos que adquiere valor ante el deterioro del poder de compra de los hogares cubanos.

Un patio que reduce gastos y abastece a los vecinos

El huerto no surgió sobre tierra fértil. Manuel González explicó que el suelo contenía rellenos procedentes de obras de construcción. Para comenzar a sembrar, trasladó tierra y materia orgánica hasta el patio. Con el tiempo, la parcela empezó a dar resultados y se convirtió en un apoyo para la economía familiar.

La experiencia refleja una respuesta cotidiana de muchos cubanos ante la falta de productos y los altos precios. Los patios, balcones, parcelas y espacios compartidos se transformaron en fuentes de vegetales, condimentos y frutas que permiten complementar una dieta cada vez más difícil de sostener con los ingresos disponibles. González distribuye parte de la cosecha entre los apartamentos del edificio donde vive.

La agricultura urbana, suburbana y familiar comenzó a desarrollarse en Cuba a fines de 1987. El programa busca aprovechar terrenos en ciudades y periferias para producir alimentos cerca de los consumidores. Según el reporte de Xinhua, existen más de 1 millón de patios y parcelas vinculados a esa iniciativa en la isla.

Datos oficiales citados por la agencia indican que esos espacios pueden alcanzar 20 kilogramos de material vegetal utilizable por metro cuadrado al año, sin químicos sintéticos. En algunas de las principales ciudades, las fincas urbanas aportan una parte de los vegetales frescos que llegan a la población.

La crisis alimentaria obliga a modificar hábitos de consumo

El recurso a la siembra doméstica ocurre en un escenario de restricciones que afecta a la mayor parte de la población. Un informe del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) señaló que ocho de cada diez cubanos dejaron de consumir al menos una de las comidas diarias durante los seis meses previos a su publicación, debido a la falta de dinero o de alimentos.

La situación alcanza con mayor fuerza a las personas mayores. El estudio indicó que nueve de cada diez cubanos de más de 61 años se habían saltado el desayuno, el almuerzo o la cena en ese período. Solo el 19% de los encuestados afirmó que no había tenido que omitir ninguna comida.

El sondeo realizado en 79 municipios mostró que el 63% de los hogares consultados declaró dificultades para comprar bienes esenciales y el 68% informó ingresos mensuales inferiores a 20,001 pesos cubanos. El observatorio estimó que esa suma se ubicaba por debajo de su cálculo de subsistencia para un hogar de tres integrantes.

La pérdida de valor del peso cubano, la inflación, la escasez de productos básicos y las limitaciones de la canasta subsidiada han empujado a las familias a ajustar sus consumos. En ese contexto, cultivar condimentos, frutas o vegetales en casa evita algunas compras y aporta variedad a una alimentación marcada por la incertidumbre.

El 94% de los encuestados vive en extrema pobreza

Otro informe del OCDH, difundido recientemente, estimó que el 94% de los cubanos vive en extrema pobreza, según los estándares utilizados por la entidad. El documento se elaboró a partir de 1,318 entrevistas realizadas en julio a residentes de la isla.

Los apagones encabezaron la lista de problemas que los encuestados consideraron urgentes, seguidos por la crisis alimentaria y el costo de vida. También aparecieron la situación sanitaria, los salarios, la inseguridad, el deterioro de las viviendas y las dificultades de acceso a medicamentos.

Para familias como la de Casalis y González, el patio funciona como una reserva alimentaria de pequeña escala. La pareja no depende por completo de la cosecha, pero el cultivo de cebollín, cilantro, calabaza o fruta bomba permite reducir la necesidad de acudir al mercado y, en ocasiones, compartir alimentos con quienes viven cerca.

El huerto de La Lisa muestra una práctica extendida en barrios cubanos: aprovechar cualquier superficie disponible para producir una parte de lo que falta en la mesa. En una economía donde la capacidad de compra se redujo para amplios sectores, la tierra detrás de una casa puede convertirse en una herramienta de subsistencia para los cubanos.

¿Cuántos porteños salieron de la pobreza gracias a la gestión pública de CABA? ¿Cuántas personas fuera del sistema consiguieron un trabajo formal después de pasar por un programa del GCBA? No se miden los resultados que den respuesta a esas preguntas, porque la política social en CABA sigue poniendo el foco en asistir “lastimosamente” a esa pobreza estructural a la que no logra ni siquiera incomodar. Vale de ejemplo que Ciudadanía Porteña -el subsidio directo alimentario más extendido- entrega un promedio de $ 100.000 mensuales a los indigentes, cuando solo para subsistir se necesita un mínimo de $ 247.000.

Siempre encuentran otro culpable (factores económicos, condiciones macro, inflación), pero lo cierto es que la forma de aplicar los recursos es equivocada.

El problema es que la asistencia no es un puente, sino un destino. Mientras el indicador del éxito de las carteras sociales siga midiendo cuántas viandas se entregan o cuántos subsidios se liquidan, en lugar de cuántos ciudadanos logran dejar de necesitarlos, el gasto público no actuará como un trampolín de progreso, sino como un ancla al subdesarrollo. Los recursos no están logrando transformar vulnerabilidad en autonomía.

Un gobierno verdaderamente eficiente no se jacta del tamaño de su red de contención, sino de la velocidad con la que sus ciudadanos logran salir de ella. La política social debe tener como único horizonte el empleo formal y trabajar con el sector privado para conseguir ese objetivo que beneficia a todos. Está comprobado que hay demanda de empleo en CABA, por eso decenas de miles de personas entran a la ciudad a diario.

Se transfieren fondos para mantener a las personas en el límite del consumo, pero no para insertarlas en la economía formal y, como esa política cronifica la situación, el presupuesto exige mantener una presión fiscal asfixiante sobre el comercio local, las pymes y los profesionales independientes. Se castiga con impuestos al sector privado —el único capaz de generar empleo genuino— para sostener una burocracia de reparto que devuelve dependencia en lugar de autonomía. Los que aportan no pueden expandirse y crecer, y los pobres siguen siendo pobres. Quién gana? Nadie. Los burócratas de turno.

Hay una forma de salir de esta trampa mortal generada por una mirada equivocada y cómoda de cómo acercarse a los porteños que están fuera del sistema. Se puede dar una oportunidad de reinserción laboral a todas las familias que están bajo la línea de pobreza en CABA si se pone foco en que sean absorbidos por el sector productivo privado que se revitaliza con la reducción de la presión fiscal, fruto de la mejor y más efectiva asignación de recursos. El estado se ha convertido en el gran responsable del estancamiento y la estigmatización de miles de porteños que sólo necesitan un trabajo: hay que reducir la estructura burocrática y construir el puente entre la vulnerabilidad y el empleo privado formal.

En los modelos de reinserción laboral que desarrollamos en 2024 y 2025 (Proyecto Matías y AIDE), nuestro indicador de resultados fueron las altas de ARCA de nuevos trabajadores que logramos reinsertar y que no volvieron a la calle: el 87% accedió a un trabajo formal en menos de 60 días y el 65% lo sostuvo pasados los 6 meses. La mayoría de las personas que están detrás de estos números eran estancados del sistema asistencialista de nuestra Ciudad. Si se le diera una oportunidad fuerte a la empleabilidad de los más pobres, la política pública podría medirse con indicadores genuinos y dejar de hacerse trampa.

De la pobreza se sale trabajando, y la mejor política social para los más vulnerables es un trabajo en el sector productivo. Y si no me creen, pregúntenles a ellos.

La pobreza alcanzó al 61.1% de los hogares de Honduras en 2026, según los resultados de la nueva Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples, presentada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), organismo oficial de estadística del país.

El dato interrumpe cuatro años de reducción consecutiva e implica un incremento de un punto porcentual frente al 60.1% registrado en 2025.

En términos absolutos, el INE contabilizó 1,702.006 hogares en condición de pobreza, frente a 1,625,077 un año antes. En 2021, la pobreza alcanzaba al 73,6% de los hogares hondureños y descendió de manera consecutiva hasta llegar al 60,1% en 2025.

El deterioro no se limitó al indicador general. La encuesta registró también un aumento de la pobreza extrema, que pasó del 38,3% en 2025 al 39.7% en 2026. En 2021, ese indicador alcanzaba al 53,7% de los hogares. La mayor caída de la serie se produjo entre 2021 y 2022, cuando la pobreza extrema pasó de 53,7% a 43,2%.

Entre 2025 y 2026, el número de hogares considerados pobres aumentó en 76,929, al pasar de 1.625.077 a 1.702.006. Durante ese mismo período, los hogares clasificados como no pobres crecieron en 8.437, de 1.077.107 a 1.085.544.

La diferencia entre ambos movimientos explica por qué el porcentaje nacional de pobreza aumentó después de la reducción registrada en los cuatro años anteriores.

El desempleo también subió

La encuesta examinó además el comportamiento del mercado laboral y encontró un aumento en la tasa de desocupación. La fuerza de trabajo está integrada por 4.085.577 personas, de las cuales 3.795.263 se encontraban ocupadas al momento de la medición.

El número de personas desempleadas llegó a 290.314, equivalente a una tasa de desocupación del 7,1%. El resultado representa un aumento respecto al 4,9% registrado en 2025.

La tasa, con todo, se ubica por debajo del 8,6% de 2021, cuando el desempleo alcanzó uno de los niveles más altos de la serie.

La situación laboral va más allá del número de personas que aparecen oficialmente como desempleadas. El INE contabilizó 2.077.483 personas con problemas de empleo, una categoría que permite observar otras dificultades dentro del mercado laboral además de la desocupación.

El dato adquiere relevancia al analizarlo junto con el aumento de la pobreza registrado durante el mismo período, aunque la encuesta no establece que uno de estos indicadores sea la causa directa del otro.

Ese componente permite observar el problema desde otra perspectiva: no solo cuántos hogares se encuentran por debajo del umbral de pobreza, sino también cómo se distribuyen los ingresos entre los distintos grupos.

Un escenario mixto

Los resultados publicados este jueves presentan un panorama de dos caras para Honduras. Por un lado, la pobreza y la pobreza extrema siguen por debajo de los niveles de 2021. Por otro, ambos indicadores aumentaron en 2026 después de varios años de reducción.

Algo similar ocurre con el mercado laboral: la tasa de desempleo del 7,1% supera la registrada en 2025, pero permanece por debajo del 8,6% de 2021.

La encuesta corresponde a junio de 2026 y constituye una de las principales fuentes estadísticas para conocer las condiciones económicas y laborales de los hogares hondureños.

Ezequiel, de 10 años, vende ajos y pan cada mañana por las calles de Cuba para ayudar a su madre y sus hermanos, después de la muerte de su padre y mientras la familia vive en un antiguo almacén con peligro de derrumbe. Su historia fue difundida por el creador de contenido David Vela y publicada por CiberCuba.

La precariedad de su hogar se inserta en un escenario de pobreza alimentaria y habitacional que afecta a miles de familias. UNICEF calcula que el 9% de los niños cubanos sufre pobreza alimentaria grave y que el 33% de los menores de cinco años atraviesa pobreza alimentaria moderada, mientras el Observatorio Cubano de Derechos Humanos estima que 89 % de los hogares del país vive en pobreza extrema.

El niño recorría las calles ofreciendo su mercancía cuando Vela lo encontró. “¡Pan y el pan! Venga papi un momentico”, gritaba Ezequiel, que todavía no había comido ese día.

La respuesta sobre el destino del dinero fue inmediata: “Para ayudar a mi mamá y a mis hermanos”. Cada pan cuesta 100 pesos, y la venta de ajos completa los ingresos que el niño intenta llevar a su casa.

Un almacén sin divisiones y con riesgo de derrumbe

La vivienda de la familia está en el barrio de Camposanto, adonde Vela acompañó a Ezequiel después de hablar con él. El lugar es un antiguo almacén sin divisiones adecuadas y con un ventilador como único mobiliario mencionado.

“Mira aquí es donde yo vivo, esto es un almacén”, explicó el niño al mostrar el espacio. Cuando le preguntaron qué pediría si pudiera elegir algo, respondió: “Que me quedé en una casa, porque esto aquí está en peligro de lube (derrumbe)”.

El déficit habitacional cubano supera las 900.000 viviendas y, en La Habana, se derrumban cerca de 1.000 edificios cada año. Human Rights Watch documentó en 2026 que hay familias instaladas en escuelas y construcciones abandonadas, en condiciones similares a las de Ezequiel.

La falta de una vivienda segura se suma a la ausencia de un proveedor adulto en su familia. La venta callejera representa para él una tarea que, por su edad, debería estar reemplazada por la escuela, el juego y el cuidado familiar.

Vela pidió ayuda para conseguirle ropa, alimentos y mejoras para el lugar donde vive. “Al niño le hace falta ropita, le hace falta comida y mejora un poco su casita que hay en un almacén, si se le pudiera comprar la casa al niño fuera lo ideal”, sostuvo el creador de contenido.

Menores que trabajan para sostener a sus familias

Ezequiel no es el único menor que ha salido a vender alimentos en las calles cubanas durante 2026. En los primeros meses del año se conocieron casos de niños que ofrecían pan, coquitos o polvorones para aportar a la subsistencia de sus hogares.

El Observatorio Cubano de Conflictos registró 71 denuncias de trabajo y mendicidad infantil durante 2025. Esa cifra contrasta con la posición de la Unión de Jóvenes Comunistas, que el 12 de junio, Día Mundial contra el Trabajo Infantil, afirmó: “Gracias a la Revolución, el trabajo infantil no es una realidad en nuestro país”.

La declaración de la organización juvenil provocó críticas en redes sociales. El caso de David Vela expuso, además, cómo la combinación de pobreza, inseguridad alimentaria y deterioro de las viviendas alcanza a familias sin ingresos suficientes.

Quienes quieran colaborar con Ezequiel pueden comunicarse con Vela mediante WhatsApp al +53 55898008. “Ayudemos a Ezequiel a vivir un poquito más como el niño que es y un poquito menos como el adulto que las circunstancias lo están obligando a ser”, escribió al difundir el video.

Producción agrícola en caída y mercados dependientes de importaciones

La crisis alimentaria cubana está vinculada al descenso de la producción local y a la falta de recursos estatales para importar cerca del 80% de los alimentos que necesita la población. Entre 2018 y 2023, la producción de carne de cerdo cayó 95%, la de arroz se redujo 87%, la de frijoles descendió 70% y la de leche bajó 58%, según datos recopilados por BBC.

El sector agrícola recibe menos presupuesto estatal que actividades como el turismo. La intervención del Estado, el control de la tierra y los bajos pagos a los productores también limitan las cosechas.

Los apagones y la escasez de combustible dificultan el riego, el traslado de productos y su conservación. La dependencia de compras externas agrava el desabastecimiento cuando el país no dispone de divisas para importar alimentos.

El deterioro también afecta a Lima Metropolitana. Un especialista advirtió que la pobreza en la capital pasó del 14% antes de la pandemia al 27% y situó a la ciudad entre las zonas con mayores dificultades de acceso a alimentos del país. La recuperación económica no llegó de la misma forma a todos los hogares y las redes comunitarias continúan cubriendo necesidades básicas.

La distancia entre Arequipa y Lima no modifica la incertidumbre diaria de muchas familias. En Chocñihuaki, una comunidad alpaquera de la provincia de Condesuyos, Basilia Ancasi alimenta a los suyos con la carne de sus animales y recurre al trueque para obtener papas o chuño. En Huáscar, Emilio Gaspar depende de la comida que recibe en una olla común para él y sus dos nietos.

Una alpaca puede representar un mes de comida para una familia en Arequipa

Basilia Ancasi, de 36 años, vive a unos 5.000 metros sobre el nivel del mar, cerca de la frontera entre Arequipa y Cuzco. Tiene 100 alpacas y vende alrededor de 20 por año. Si cada animal se comercializa a 250 soles, obtiene 5.000 soles anuales, equivalentes a unos 416 soles mensuales o 13 soles por día.

La crianza de alpacas sostiene la economía doméstica, aunque los ingresos no siempre alcanzan para cubrir otras necesidades. Cuando necesita papas o chuño, Basilia intercambia animales con comerciantes de la zona. Por una alpaca puede recibir un saco de papas de cinco arrobas o dos arrobas de chuño. La carne de un animal sacrificado puede durar un mes gracias a las bajas temperaturas.

En la comunidad, el frío condiciona la alimentación, la salud y la educación. La casa de piedra de Basilia no evita que las heladas atraviesen sus siete frazadas. Durante las madrugadas, la temperatura puede bajar hasta -20 °C, lo que también afecta a las alpacas, expuestas a neumonía y enfermedades bronquiales. La pérdida de animales reduce aún más los recursos disponibles para las familias.

La escuela y la posta existen, pero no cuentan con servicios permanentes

Los pobladores de Chocñihuaki conviven con infraestructura sin funcionamiento pleno. Hay postes de luz, pero no electricidad; una posta médica, pero sin personal de salud; y una escuela, la institución educativa 4057, donde los alumnos pierden parte del calendario lectivo por la ausencia temporal de docentes durante los meses de frío.

El alcalde de Callarí, John Raúl Uranova Condori, reconoció que en la práctica se dictan tres semanas de clases por mes. El sistema de alternancia reduce el tiempo de enseñanza y deja a los estudiantes de esta comunidad con una carga escolar inferior a la del resto del país. La diferencia acumulada equivale a dos meses y cinco días menos de clases al año.

Francisco Huamaní Cirincha, uno de los comuneros, señaló que la llegada de equipos de televisión fue un hecho inusual para la localidad. También describió el impacto de la migración: existen alrededor de 180 comuneros empadronados, pero solo permanece cerca del 40%. La falta de servicios y oportunidades empuja a los jóvenes hacia otras ciudades, mientras los adultos mayores quedan al frente de la crianza de animales.

Inflación, recesión y falta de políticas profundizaron el estancamiento

El Índice Global del Hambre 2025, presentado por la red Alianza 2015, ubicó a Perú en niveles similares a los de hace una década. El informe considera indicadores de mortalidad infantil, malnutrición crónica, desnutrición aguda infantil y retraso en el crecimiento de niños y niñas.

El diagnóstico atribuye el estancamiento a varios factores. Entre ellos aparecen la inflación, las consecuencias internacionales de la guerra entre Rusia y Ucrania, la recesión y la inestabilidad política peruana. El crecimiento económico, según el análisis, no reduce por sí solo el hambre ni la pobreza si no se acompaña de políticas públicas dirigidas a los sectores con menores ingresos.

La advertencia también alcanza a los efectos del fenómeno de El Niño, que puede reducir la capacidad de producción y autoalimentación de comunidades rurales. Loreto, La Libertad, Puno, Huancavelica, Huánuco y Cajamarca figuran entre las regiones con indicadores más complejos. La meta de hambre cero para 2030 aparece fuera de alcance ante la falta de avances sostenidos durante los últimos 15 años.

Emilio Gaspar consigue 15 soles por día con la venta de plástico

En la parte alta de Huáscar, en San Juan de Lurigancho, Emilio Gaspar, de 71 años, sube el cerro para retirar el almuerzo que entrega la olla común Señor de los Milagros. Tiene diabetes, mareos y caídas frecuentes, pero debe asegurar la comida para él y sus dos nietos.

De lunes a viernes, la olla común cubre parte de la alimentación de la familia. Durante el fin de semana, cuando el comedor no abre, Emilio cocina con lo que logra conseguir. A veces no tiene alimentos disponibles y sale a recolectar plástico para venderlo. Por esa tarea obtiene alrededor de 15 soles diarios, un ingreso que debe alcanzar para cualquier comida que pueda preparar.

Maribel Ascona y otras vecinas cocinan para 56 personas en el comedor comunitario. Allí atienden también a cinco adultos mayores que requieren comida, medicamentos y ropa. La organización nació durante la pandemia, pero se mantuvo activa porque muchas personas que perdieron sus empleos no lograron recuperar ingresos estables. Las familias reciben menestras de instituciones públicas, aunque reclaman más apoyo, un local con agua y luz, y asistencia específica para los ancianos.

En ambos extremos del país, el valor de los bienes familiares queda condicionado por la urgencia. Emilio depende del precio que le paguen por el plástico que recoge. Basilia enfrenta ofertas de intermediarios que pueden reducir a 200 soles el valor de una alpaca. Para los dos, la comida del día depende de recursos mínimos y de redes comunitarias que intentan compensar la ausencia de servicios básicos.

Una niña cubana de siete años propuso vender su cabello para que su madre, Santi Batista, pudiera comprar un ventilador recargable ante los prolongados apagones y las altas temperaturas que afectan a su familia en Pesquería, una comunidad rural del municipio de Baraguá, en Ciego de Ávila. Informó el Periódico de Cuba

La menor, una de dos hermanas gemelas, tomó la decisión por iniciativa propia para que ambas pudieran usar el equipo cuando se interrumpe el suministro eléctrico. Batista relató la situación en redes sociales, donde el caso generó ofrecimientos de ayuda.

Según el Periódico de Cuba, la madre viajó con la niña a la ciudad para intentar concretar la venta, pero los posibles compradores ofrecieron 20,000 pesos cubanos por el cabello. La cifra fue considerada insuficiente por usuarios que le recomendaron no cortar el pelo de la menor.

Batista cuestionó las condiciones que llevaron a su hija a tomar esa decisión: “¿Hasta cuándo vamos a estar sufriendo con la situación de este país?”.

Un cubano residente en Florida ofreció públicamente comprar el ventilador recargable para evitar que la niña tuviera que desprenderse de su cabello. Hasta el momento no se conoció si esa ayuda llegó a la familia.

Calor y déficit eléctrico en Ciego de Ávila

La búsqueda de un ventilador ocurre durante una etapa de altas temperaturas y cortes de electricidad de larga duración. El Centro Meteorológico Provincial de Ciego de Ávila pronosticó máximas de hasta 34°C para el miércoles 16 de septiembre en localidades del interior de la provincia.

El déficit previsto para el horario de máxima demanda también expone la dimensión de los apagones. La Unión Eléctrica calculó una disponibilidad de 1.120 MW frente a una demanda de 3,200 MW, con una afectación estimada de 2,110 MW para el 15 de septiembre.

Residentes de Ciego de Ávila habían denunciado meses atrás desigualdades en la distribución del servicio, con circuitos que permanecían entre 18 y 24 horas sin electricidad. La empresa estatal había advertido que los cortes podían agravarse entre septiembre y diciembre por mantenimientos programados, averías y una generación incapaz de cubrir la demanda.

El episodio tiene antecedentes en la isla. En 2023, otra madre cubana consideró vender su cabello para comprar útiles escolares y zapatos para su hijo, gastos que no podía afrontar con sus ingresos.

Niños incorporados a la subsistencia familiar

La escasez y el deterioro de los servicios básicos han trasladado a niños y adolescentes parte de las estrategias de supervivencia de sus hogares. El Food Monitor Program advirtió que cada vez más menores realizan actividades para aportar al sustento familiar.

La situación económica alcanza a la mayoría de los hogares, de acuerdo con el IX Estudio sobre Derechos Sociales del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. La investigación, realizada entre junio y julio de 2026, estimó que el 94% de los cubanos vive en condiciones de pobreza extrema.

Ocho de cada diez personas consultadas afirmaron que debieron privarse de alguna comida por falta de dinero o de alimentos.

Uno de cada cuatro inquilinos de mercado que hoy no figura como pobre en las estadísticas oficiales pasa a estarlo en el momento en que paga el alquiler. Así se desprende de un estudio de Fedea que analiza los microdatos de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) entre 2014 y 2025. El trabajo concluye que el coste de la vivienda suma 1,95 millones de pobres adicionales en España y eleva la tasa nacional del 19,5% al 23,5% cuando se descuenta ese gasto de la renta disponible.

La proporción de personas que cruzan el umbral de pobreza al pagar su vivienda varía según el régimen de tenencia. Entre quienes alquilan a precio de mercado y no eran pobres según su renta, el 25,4% pasa a serlo tras pagar el alquiler. Entre quienes alquilan por debajo de precio de mercado (vivienda protegida, casas de familiares, contratos de renta antigua...), la proporción es del 15,4%. En los propietarios con hipoteca ese salto se reduce al 3,2%, mientras que en los propietarios sin deuda y en los hogares que residen en cesión gratuita el fenómeno resulta nulo, porque su coste de acceso a la vivienda es cero por definición.

Entre quienes residen en alquiler de mercado, la tasa de pobreza pasa del 32,8% al 49,9% al descontar ese pago, un salto de 17 puntos porcentuales que no tiene equivalente en ningún otro régimen.

Ocho de cada diez “nuevos pobres” pagan alquiler

Entre los 1,95 millones de personas que caen en la pobreza tras pagar la vivienda, el peso del alquiler resulta todavía más nítido. Quienes residen en alquiler de mercado explican el 72,5% de ese total, y si se suma el alquiler por debajo de precio de mercado, la proporción llega al 80,2%. En otras palabras, ocho de cada diez personas que aparecen como pobres solo después de pagar su vivienda son inquilinas.

Esa concentración contrasta con el peso demográfico del alquiler de mercado, que representa apenas el 17,1% de la población española. La sobrerrepresentación es, por tanto, superior a cuatro veces: un régimen que agrupa a menos de dos de cada diez habitantes concentra prácticamente tres cuartas partes de toda la pobreza que la renta convencional no detecta.

Quiénes son los inquilinos que caen en la pobreza

La edad marca una de las diferencias más claras en el perfil de las personas que cruzan el umbral: la tasa de entrada a la pobreza por esta vía alcanza el 11,9% entre las personas que integran hogares jóvenes, con persona de referencia menor de 35 años, frente a apenas el 1,8% entre los mayores de 65 años.

En cuanto al país de origen, la tasa es del 2,7% cuando esa persona nació en España y asciende al 19,5% cuando nació fuera de la Unión Europea (UE). Este último grupo representa apenas el 12,3% de la población no pobre según la métrica convencional, pero concentra el 48,1% de quienes caen en la pobreza al pagar la vivienda.

Cataluña y Madrid concentran el 41,8% de esta pobreza vinculada al pago de la vivienda, con 450.000 y 370.000 personas respectivamente, según el desglose por comunidades autónomas del estudio. Ambos territorios figuran también entre los de mayor exposición a gastos residenciales elevados: en Madrid, el 23,7% de la población destina más de 10.000 euros anuales a vivienda, frente al 9,4% de la media nacional.

En un contexto marcado por la pérdida de empleo formal, la caída de los ingresos y una creciente precarización laboral, el Indec dará a conocer el próximo jueves 24 de septiembre los datos oficiales de pobreza e indigencia correspondientes al primer semestre de 2026. Las estimaciones privadas anticipan un empeoramiento de ambos indicadores, en un escenario en el que el deterioro de las condiciones económicas de los hogares volvió a ganar protagonismo.

Distintos especialistas observan un cambio de tendencia: la fase de descenso iniciada en la segunda mitad de 2024 se agotó. La pobreza tocó un mínimo de 26,9% en el tercer trimestre de 2025, subió a 29,9% en el cuarto y se habría ubicado en 30% en el primero de 2026. La indigencia siguió la misma trayectoria, pasando de 6% a 6,5%. El valor del segundo trimestre del año sería incluso mayor, ya que los trimestres pares no capturan el aguinaldo.

De este modo, según el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la UCA, la pobreza del primer semestre oscilaría entre el 31% y el 32%, lo que implicaría entre 1,5 y 2 millones de nuevos pobres.

“La mejora previa del indicador se apoyó en dos motores que dejaron de funcionar. Por un lado, los ingresos reales se recuperaron parcialmente desde los primeros meses de 2024. Por el otro, los precios relativos jugaron a favor, ya que las canastas se incrementaban por debajo de la inflación. Este mecanismo se revirtió desde el último trimestre de 2025”, explicó Agustín Salvia, director del ODSA.

En paralelo, “la recuperación de los ingresos de los ocupados perdió dinamismo, en un contexto de estancamiento económico. A eso se suman un mercado de trabajo que mantiene relativamente estable la cantidad de empleo, pero reduce su calidad, con un avance de 2,2 puntos porcentuales en la tasa de informalidad y, en líneas generales, una mayor participación de ocupaciones inestables, asociadas a menores recursos”, señaló.

Por otro lado, advirtió que la medición de la pobreza del Indec parte de supuestos que podrían haber exagerado la caída registrada en los últimos años. Esto se explica fundamentalmente por una menor subdeclaración de los ingresos en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) y, en menor medida, por la falta de actualización de los ponderadores de la Canasta Básica Total (CBT).

“Que la baja se interrumpa incluso en la serie con la metodología oficial sugiere que la situación efectiva de los hogares podría ser menos favorable que la que reflejan los números publicados”, sostuvo Salvia.

Desde el Centro de Investigación y Acción Social (CIAS), el investigador Santiago Poy apuntó: “Todo sugiere que llevamos alrededor de tres trimestres seguidos con una situación socioeconómica más compleja”. Aunque consideró que la pobreza aumentó respecto del 28,2% del segundo semestre de 2025, mostró cautela porque la EPH viene dando “sorpresas en la medición”.

El especialista remarcó que “algunos ‘motores’ de la baja de la pobreza se quedaron sin nafta”. Las canastas subieron por encima de la inflación y las principales ayudas sociales, como la AUH, no registraron mejoras significativas en términos reales. A su vez, programas como el Progresar, Acompañamiento Social y Volver al Trabajo perdieron cobertura.

“Entonces pasa a ser muy importante lo que ocurra en el mercado de trabajo y cómo lo capture la EPH. De acuerdo a los datos disponibles, el empleo formal se redujo y los salarios empeoraron en relación al año pasado. El resultado de este semestre va a depender de cómo se comporte el sector informal, y si empieza a presentar signos de saturación”, subrayó Poy.

“Más allá de la evolución en el corto plazo, las fluctuaciones de las devaluaciones o picos de inflación, el problema de fondo es que tenemos casi el 30% de la población viviendo en la pobreza, una pauta que se consolidó a partir de la crisis de 2018 y que no se logra revertir”, añadió.

Matías Maito, director del programa de Capacitación y Estudios sobre el Trabajo y el Desarrollo (CETyD), de la Universidad Nacional de San Martín, afirmó que existen dos factores que van a impactar en los niveles de pobreza: el cambio en la composición del empleo y la pérdida generalizada de poder adquisitivo.

En cuanto al mercado laboral, se están destruyendo puestos formales, al tiempo que avanza la precarización. Si bien desde el Gobierno aseguran que esto responde a la elección de modalidades de trabajo más flexibles y que los monotributistas tienen ingresos similares a los empleados registrados, de los 500.000 nuevos puestos creados en los últimos años, solo el 5% pertenece a ese régimen.

El 95% restante correspondió, en su mayoría, a cuentapropistas informales y, en menor medida, a asalariados informales. Además, lo que percibe mensualmente un trabajador de este segmento equivale a apenas el 37% de lo que cobra un empleado formal del sector privado.

En tanto, el nowcast de la Universidad Torcuato Di Tella estimó una tasa de pobreza de 31,3% para el semestre marzo-agosto, con un intervalo de confianza del 95%. Esa cifra se traduce en 9,4 millones de personas que viven en hogares urbanos pobres.

El informe precisó que la CBT acumuló una suba interanual de 34,7% en los primeros seis meses del año, frente a un incremento de 25% en el ingreso total familiar, una brecha que hizo retroceder el poder adquisitivo y elevó la incidencia de la pobreza.

En agosto, la CBT aumentó 2,6%, por encima de la inflación, que fue de 1,7%, y un hogar compuesto por cuatro integrantes necesitó $1.605.497 para no ser pobre. Por su parte, la CBA también se incrementó 2,6%, por lo que esa misma familia debió contar con $726.469 para no caer en la indigencia.

La pobreza total se mantuvo estable entre 2019 y 2025, pero su composición cambió: la pobreza relativa disminuyó, mientras que la pobreza extrema creció, según afirmó el economista Rafael Lemus.

Lemus situó el aumento de la pobreza extrema en los hogares en un rango de cerca de 4.7 % a más de 7 %. Sostuvo que una parte de las familias que estaban en pobreza relativa habría pasado a una condición de mayores privaciones. “Muchos de los pobres relativos están migrando a una peor situación, que es pobreza extrema”, expresó.

El economista definió la pobreza extrema como la situación de las familias que no reúnen ingresos suficientes para comprar los alimentos mínimos del mes. Situó esa referencia en USD 260 mensuales, de acuerdo con los datos oficiales a los que aludió. Aclaró que ese monto cubre únicamente una canasta alimentaria.

Lemus explicó, en Radio YSUCA, que una canasta de ese tipo incluye 11 productos urbanos y ocho rurales. Mencionó alimentos como arroz y frijoles para describir el consumo considerado dentro de esa medición. Según señaló, USD 260 no cubren transporte, comunicaciones, educación, salud, vivienda ni otros gastos familiares.

Según Lemus, los hogares en pobreza extrema enfrentan mayores obstáculos para mejorar sus ingresos porque pueden carecer de tierra, maquinaria, equipo, insumos u otros recursos productivos. Añadió que algunos organismos se han referido al riesgo alimentario en El Salvador. “Estamos creciendo en la peor pobreza”, afirmó.

La pobreza extrema creció en todos los departamentos

Lemus sostuvo que la pobreza extrema aumentó en todos los departamentos entre 2019 y 2025. Añadió que, en algunos territorios, el indicador llegó a duplicarse. Mencionó a Chalatenango, Cabañas y San Salvador entre los lugares donde identificó ese comportamiento.

En San Salvador, el economista señaló que la pobreza extrema pasó de cerca de 2 % a más de 4 %. Precisó que el departamento mantiene una incidencia menor frente a otros territorios, pero destacó que la proporción se duplicó durante el período que citó.

Sobre Cabañas, Lemus afirmó que en 2019 se encontraba entre los departamentos con menor pobreza extrema. Según su exposición, para 2025 pasó a ocupar el primer lugar de esa clasificación. Durante el programa no detalló las cifras completas de todos los departamentos.

El entrevistado afirmó que el incremento de la pobreza extrema no se concentra en una sola zona del país, sino que se presenta en diversos territorios, incluidos departamentos que antes registraban menores niveles de esa condición.

Lemus también afirmó que el empleo, las inversiones y el dinamismo económico se concentran principalmente en San Salvador y La Libertad. Según explicó, al observar otros departamentos se encuentran comunidades con menor actividad económica y mayores dificultades en las condiciones de vida de los hogares.

El economista consideró que las inversiones no se han distribuido con una estrategia que permita llevar actividad productiva y oportunidades de ingreso a todo el territorio. “Ese crecimiento no solo es concentrado en pocas manos, sino también en dos departamentos”, expresó al referirse a San Salvador y La Libertad.

Según Lemus, la evaluación del crecimiento económico debe incorporar su alcance territorial. Planteó que los resultados no solo deben medirse por los indicadores generales, sino también por las oportunidades de empleo, inversión e ingresos en los departamentos con menor dinamismo.

El aumento de precios redujo el poder de compra

Para explicar los cambios en el poder adquisitivo de los hogares, Lemus comparó precios de productos de consumo cotidiano entre 2019 y 2026. Según dijo, en 2019 una moneda de USD 0,25 permitía comprar cuatro tortillas, mientras que ahora esa misma cantidad alcanza para dos tortillas.

El economista también utilizó el precio de las pupusas como referencia. Afirmó que en 2019 se podían comprar tres pupusas por USD 1, mientras que actualmente una pupusa cuesta alrededor de USD 1. Agregó que las pupusas de especialidad pueden costar entre USD 1.25 y USD 1.50.

Lemus aclaró que esos ejemplos no sustituyen el índice general de inflación, que incluye alimentos, vestuario, transporte y otros rubros. Sin embargo, sostuvo que permiten observar de forma cotidiana cómo una familia con el mismo ingreso compra una menor cantidad de comida.

El entrevistado afirmó que el componente de alimentos acumuló un aumento de 31 % desde mayo de 2019. Según explicó, una familia que antes compraba determinada cantidad de bienes y servicios con USD 100 necesitaría ahora cerca de USD 131 para adquirir el mismo volumen.

El economista indicó que, con USD 100, un hogar solo puede comprar el equivalente al 69 % de los productos y servicios que obtenía antes de ese incremento acumulado. “El índice de alimentos ha crecido 31 % acumulado”, afirmó durante la conversación en YSUCA.

Lemus señaló que el índice de inflación contiene distintos tipos de gasto, como alimentos, vestuario y transporte. Su explicación se concentró en el efecto de los precios de la comida sobre las familias que destinan una proporción mayor de sus ingresos a la compra de alimentos.

Los hogares necesitan USD 520 para superar la pobreza

Lemus explicó que los USD 260 mensuales mencionados como parámetro de pobreza extrema corresponden solamente a los ingresos requeridos para adquirir alimentos. Aclaró que un hogar con ese monto no tendría recursos suficientes para transporte, teléfono, educación, salud ni otras necesidades cotidianas.

Para superar la pobreza total, el economista afirmó que una familia necesitaría recibir alrededor de USD 520 al mes. “Si un hogar al mes recibe menos de USD 520, está en el grupo de pobres”, sostuvo al explicar la diferencia entre la canasta alimentaria y el conjunto de gastos familiares.

Según Lemus, los hogares con ingresos inferiores a USD 260 mensuales se ubican en pobreza extrema porque no pueden cubrir ni siquiera la alimentación mínima. Añadió que una enfermedad o un gasto inesperado puede obligar a esas familias a reducir otras necesidades, ya que sus recursos se concentran en la comida.

El economista describió algunas decisiones que, según dijo, toman las familias cuando sus ingresos no alcanzan para mantener sus compras habituales. Mencionó hogares que adquieren menos carne, menos pollo o cantidades más pequeñas de productos que antes compraban con mayor frecuencia.

Lemus también aludió a familias que recurren a macarrones u otras comidas de menor costo para completar la alimentación del día. Señaló que esos ajustes aparecen en testimonios de personas entrevistadas en mercados sobre las restricciones de sus presupuestos.

El entrevistado mencionó la sopa de frijoles, el casamiento y los frijoles fritos como preparaciones que permiten aprovechar los ingredientes durante varios tiempos de comida. Según explicó, estas alternativas forman parte de la administración doméstica de los recursos disponibles cuando el dinero no alcanza.

“Todo ese malabarismo de la mamá para lograr salvar la categoría del mes y dar alimentos (...) es una lucha de que alcance”, expresó Lemus. El economista presentó esas prácticas como parte de los esfuerzos cotidianos de los hogares para sostener la alimentación durante el mes.

El secretario general de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), Alejandro “Peluca” Gramajo, participó este sábado de una audiencia con el papa León XIV en el Vaticano, en el marco del cierre del IV Encuentro Sinodal Fratelli Tutti: Diálogo Socio-Ambiental Norte-Sur, celebrado en Roma entre el 10 y el 12 de septiembre. Durante el encuentro, el dirigente gremial le entregó al Sumo Pontífice un informe de diagnóstico de más de 60 páginas sobre el deterioro social y económico de la Argentina, mientras que el pontífice, en su discurso ante los participantes del mundo, sostuvo que los grandes desafíos sociales y tecnológicos de la época “requieren responsabilidad compartida” y llamó a que el desarrollo actual “no deje nuevas ruinas a su paso”.

El encuentro, organizado de forma conjunta por el Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño (CELAM), la Pontificia Comisión para América Latina y la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB), convocó a dirigentes sindicales, empresarios, académicos, bancos de desarrollo y movimientos populares de todo el continente. La iniciativa nació hace cinco años por impulso del papa Francisco, con antecedentes previos en Washington y Bogotá, con el objetivo de promover el diálogo social y profundizar el vínculo de la Iglesia con las organizaciones comunitarias.

La delegación argentina que asistió a la cumbre estuvo integrada por los dirigentes sindicales Gerardo Martínez, de la Confederación General del Trabajo (CGT) y miembro titular del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y Cristian Jerónimo, uno de los tres cotitulares de la central obrera; Gramajo, en representación de la UTEP; Marta Pujadas, presidenta del Consejo Sindical de Asesoramiento Técnico de la Organización de los Estados Americanos (OEA); Daniel Funes de Rioja, presidente de la Organización Internacional de Empleadores (OIE), y el sacerdote Carlos “Charly” Olivero, coordinador de Comunidades Organizadas.

La audiencia se realizó el sábado en el Palacio Apostólico Vaticano, al cierre de tres jornadas de diálogo desarrolladas en la Casa Generalicia de La Salle, en Roma.

“Qué humanidad queremos construir”: el mensaje central del Papa

En su discurso, pronunciado en español e inglés, León XIV saludó también a representantes de la Conferencia Eclesial Amazónica, de organismos internacionales, bancos regionales de cooperación, empresas, fundaciones, centrales sindicales, cámaras de empleadores y universidades, según recogió Vatican News. El pontífice remarcó que la amplitud de esa representación confiere un interés particular al encuentro, ya que reúne a actores con responsabilidades decisivas en la vida social, económica y cultural, y sostuvo que su presencia expresa la voluntad de traducir el diálogo en modelos de desarrollo “más humanos, sostenibles y solidarios”.

El Papa vinculó el encuentro con el llamado que había formulado ante el Colegio Cardenalicio el 10 de mayo de 2025 a sostener un “diálogo valiente y confiado con el mundo contemporáneo”. Explicó que ese diálogo no constituye para la Iglesia una actividad secundaria, sino parte de su misión evangelizadora, que exige mirar de frente la realidad de quienes padecen con mayor gravedad las consecuencias de los cambios sociales, económicos y tecnológicos.

Frente al avance de la tecnología y la inteligencia artificial, el pontífice planteó que la pregunta decisiva no es si aceptar o rechazar determinadas herramientas, sino “qué humanidad queremos construir y qué lugar tendrá en ella cada persona”. En ese marco, llamó a recuperar la lógica de la subsidiariedad y valoró la iniciativa de la Iglesia en las Américas para promover una Agenda de Responsabilidad Compartida Norte-Sur de Cooperación Multisectorial. “Los grandes desafíos sociales requieren responsabilidad compartida, participación y colaboración entre los distintos cuerpos de la sociedad”, sostuvo, de acuerdo con la transcripción difundida por el medio vaticano.

Referencias a la encíclica Magnifica Humanitas y advertencia sobre la polarización

León XIV retomó conceptos de su primera encíclica, Magnifica Humanitas, sobre la necesidad de un principio de unidad que oriente el pluralismo hacia fundamentos comunes. “Escuchar verdaderamente las diferencias no significa diluirlas, sino aprender a discernirlas y a buscar, desde ellas, aquello que puede servir al bien de todos”, afirmó, y advirtió sobre el riesgo de las narrativas polarizadas en una época en la que “el enfrentamiento puede convertirse fácilmente en instrumento de poder”.

En la parte de su alocución pronunciada en inglés, el Papa se refirió a las “res novae”, las nuevas realidades de la época, y señaló la responsabilidad de las empresas, llamadas a reconocer el trabajo y la dignidad como medidas de éxito, y de los ciudadanos, convocados a cultivar la responsabilidad y el sentido de la verdad. Citó su propia encíclica para sostener que las tensiones y diferencias “pueden convertirse en fuerzas creativas cuando están guiadas por la responsabilidad compartida”.

Sobre la Doctrina Social de la Iglesia, aclaró que no se trata de un manual de principios y normas que deba aplicarse mecánicamente, sino de un proceso de discernimiento compartido, cuyo valor no puede medirse solo por el número de personas que respaldan un consenso, sino por el impacto que ese consenso tiene “en la vida de quienes poseen menos poder para defenderse”.

La imagen de Nehemías y el llamado a “reconstruir lo que se ha derrumbado”

Al cierre de su intervención, el pontífice recurrió a la figura bíblica de Nehemías, reconstructor de Jerusalén, como imagen de una tarea colectiva. “Al igual que Nehemías, deben entrar en las obras de la historia —laboratorios de investigación, empresas tecnológicas, escuelas, medios de comunicación, instituciones y comunidades locales— para reconstruir lo que se ha derrumbado y proteger lo que está amenazado”, señaló, en una cita textual de Magnifica Humanitas.

El Papa concluyó con un llamado a cultivar una “cultura de la negociación” que contribuya a la paz, y expresó su deseo de que “el progreso de nuestra época no deje nuevas ruinas a su paso” y que todo lo que se construya sea “un hogar y un refugio para todos, empezando por los más necesitados”. La audiencia finalizó con el rezo conjunto del Padre Nuestro y la bendición apostólica.

El Papa retomó nuevamente la figura de Nehemías para remarcar que este no reconstruyó Jerusalén solo, sino que convocó a su pueblo y cada persona asumió la parte que le correspondía. Bajo esa lógica, cerró su discurso con una convocatoria directa a los presentes: “Ahora les toca a ustedes reconocer qué parte de esta labor compartida se les ha confiado. Que el progreso de nuestra época no deje nuevas ruinas a su paso, y que todo lo que construyamos sea verdaderamente un hogar y un refugio para todos, empezando por los más necesitados”.

El cuestionamiento de la UTEP a las cifras oficiales de pobreza

En paralelo al discurso papal, el informe entregado por Gramajo cuestiona la metodología con la que el Estado argentino mide la pobreza. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), en el segundo semestre de 2025 —última medición oficial disponible— el 21% de los hogares se encontraba por debajo de la línea de pobreza, lo que incluía al 28,2% de las personas. Dentro de ese universo, el 4,8% de los hogares estaba bajo la línea de indigencia, es decir, el 6,3% de las personas. En términos absolutos, esto representa 2.145.000 hogares pobres, que incluyen a 8.474.000 personas, y 494.000 hogares indigentes, con 1.884.000 personas en esa condición.

El documento sostiene que esa medición subestima sistemáticamente la privación real. Según un estudio del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG Data) citado en el informe, si se actualiza la línea de pobreza con los patrones de consumo reales y se incorpora el costo del alquiler, la pobreza real trepa al 39% de los hogares, casi el doble de la cifra oficial, lo que equivale a 4 millones de hogares pobres frente a los 2,1 millones que reporta el INDEC. En términos de población, ese “sinceramiento metodológico” eleva la pobreza al 48% y deja fuera de las estadísticas oficiales a más de 6 millones de personas.

Empleo informal, cierre de empresas y salarios por debajo de la canasta básica

El informe dedica un extenso apartado a la desestructuración del mercado laboral. De acuerdo con datos del INDEC citados en el documento, la tasa de informalidad alcanzó el 43% en el último cuatrimestre de 2025, con picos del 57,3% entre los varones de hasta 29 años y del 59,7% entre las mujeres de ese mismo rango etario. Esto implica que más de nueve millones de trabajadores realizan sus tareas sin aportes jubilatorios ni cobertura de seguridad social.

En materia de cierre de empresas, el documento cita un relevamiento del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) según el cual, entre 2023 y marzo de 2026, la cantidad de empleadores registrados cayó de 512.357 a 485.909, una contracción de 26.448 empresas, equivalente a 31 cierres por día. El fenómeno explica, en parte, la pérdida de 341.396 puestos de trabajo en ese período.

El informe también compara los ingresos con el costo de vida: el salario de un empleo formal ronda en promedio 1.200.000 pesos (unos 800 dólares), mientras que el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVyM) establecido por el Gobierno para julio de 2026 es de 372.400 pesos y el costo de la canasta básica total para una familia de cuatro integrantes se ubica en 1.500.000 pesos.

Uno de los ejes centrales del informe es la eliminación del Programa Volver al Trabajo, que otorgaba una asignación fija de 78.000 pesos mensuales a más de 900.000 personas de entre 18 y 49 años. El programa era la continuidad del Salario Social Complementario (SSC), equivalente al 50% del Salario Mínimo Vital y Móvil, congelado a valores de noviembre de 2023, lo que —según el documento— derivó en una pérdida de poder adquisitivo estimada en el 74% por efecto de la inflación.

Tras un amparo judicial que la UTEP obtuvo con base en el principio de no regresión de derechos sociales, los pagos se sostuvieron hasta que, en julio de 2026, la Sala I de la Cámara Federal de San Martín revocó la medida cautelar. Así, agosto de 2026 fue el primer mes sin el pago de los 78.000 pesos para el universo de beneficiarios. El 7 de agosto, día de San Cayetano, la organización presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia, que fue denegado, aunque el litigio de fondo continúa abierto.

El desfinanciamiento de las obras en los barrios populares

El informe también detalla el impacto de la disolución del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), decretada en mayo de 2025. Según el documento, la medida implicó una reducción del 94% en los desembolsos previstos, con perjuicio para más de 200.000 familias. Los fondos que estaban destinados a las obras fueron reasignados: 204.000 millones de pesos en letras del Tesoro y bonos, 64.000 millones en un fondo común de inversión y 95.600 millones en cuentas del Banco Nación.

De acuerdo con relevamientos del Centro para la Integración Socio Urbana (CISUR) y la fundación Fundar citados en el informe, el FISU había ejecutado o tenía en marcha 1.394 obras —1.277 de integración socio urbana y 117 de desarrollo de lotes con servicios—, de las cuales 474 estaban finalizadas (34%) y 330 con un avance superior al 50% (24%). El fondo había generado, además, 23.900 lotes con servicios, más de 250.000 mejoras de vivienda a través del programa Mi Pieza y 850.000 Certificados de Vivienda Familiar, con más de 1.300 barrios beneficiados por al menos una obra.

El propio documento describe la magnitud del déficit estructural en los barrios populares registrados en el ReNaBaP, que agrupan a más de 5.600 asentamientos con cerca de 5 millones de habitantes: el 92% carece de conexión formal de agua, el 98% no tiene acceso formal a gas natural, el 97% no cuenta con red cloacal formal y el 66% depende de conexiones eléctricas irregulares. Un relevamiento de CISUR de mayo de 2026 agrega que el 96,93% de los hogares presenta al menos una situación de déficit habitacional, el 48% acumula más de un problema simultáneo y el 10% habita viviendas calificadas como irrecuperables. El informe cita, además, un dato de mortalidad diferencial: la edad promedio de fallecimiento en los barrios populares es de 60,6 años, frente a los 71,6 años del promedio nacional.

En el capítulo dedicado a la emergencia alimentaria, el informe sostiene que la inseguridad alimentaria dejó de ser un problema coyuntural para transformarse en un rasgo estructural, con un salto que —según los datos citados— viene escalando desde el 15,7% registrado en 2014. El documento remarca el rol que cumplen las organizaciones de la economía popular ante el retiro estatal: solo el Banco de Alimentos Buenos Aires distribuyó durante 2025 7,28 millones de kilos de alimentos, equivalentes a más de 21,8 millones de platos, a través de 1.335 organizaciones y con alcance a 354.027 personas.

El informe señala también que entre el 70% y el 80% de quienes coordinan, cocinan y sostienen los comedores comunitarios son mujeres que realizan esa tarea de forma no remunerada, un trabajo de cuidado que —según una estimación citada en el documento— representa el 15,9% del Producto Bruto Interno (PBI) del país si se contabilizara el total de las tareas domésticas y de cuidados no remuneradas.

Infancia, salud mental y consumos problemáticos

El documento dedica un capítulo específico al impacto de la crisis sobre la niñez. Según los datos allí consignados, correspondientes al primer semestre de 2025, el 45,4% de los niños y niñas de entre 0 y 14 años vivía en hogares bajo la línea de pobreza y el 10% en la indigencia. Además, el 36,8% de los chicos de entre 6 y 17 años “aprende poco o podría aprender más” y el 18,1% presenta síntomas de tristeza o ansiedad, según la percepción de sus adultos de referencia.

En materia de salud mental, el informe cita indicadores según los cuales una de cada cuatro personas en la Argentina (entre el 26,7% y el 28,1%) presenta algún problema de esa índole. El 49% de los argentinos refirió sufrir estrés y ansiedad frecuentes durante 2025, el 8,7% declaró padecer depresión mayor y los trastornos vinculados al consumo de sustancias afectarían a cerca del 10% de la población. Sobre este último punto, el documento advierte que la experiencia territorial de los dispositivos comunitarios registra “situaciones de inicio en niñas y niños de apenas 8 y 9 años en contextos de alta vulnerabilidad social”, a lo que se suma el crecimiento de las apuestas en línea entre los más jóvenes.

Frente a ese diagnóstico, la delegación de la UTEP expuso ante el Papa lo que definió como la “reserva moral, productiva y comunitaria” de la economía popular. En ese marco, presentó el trabajo de las promotoras territoriales, una propuesta de Estatuto Laboral y la plataforma cooperativa Cuidarnos, un proyecto que conecta a familias que requieren cuidados con trabajadoras capacitadas en la atención de adultos mayores.

Gramajo vinculó esta iniciativa con los debates en torno a la encíclica Magnifica Humanitas: “Si la tecnología queda en manos de unos pocos, sólo agrava la exclusión y profundiza el pluriempleo”, había señalado el dirigente antes de la audiencia, y sostuvo que Cuidarnos “demuestra que la tecnología puede estar al servicio de la dignidad humana”.

El pedido de la UTEP de cara a la llegada del Papa al país

Al cierre de la jornada, desde la UTEP remarcaron la expectativa que genera la visita papal en los barrios populares. “Con inmensa gratitud en el corazón y una profunda esperanza comunitaria, le transmitimos que nuestro pueblo lo espera con los brazos abiertos para su histórica visita pastoral en noviembre. Su llegada a la Argentina será un abrazo indispensable para aliviar el alma de los que sufren y una llama viva para reafirmar que la paz social solo se construye garantizando la sagrada agenda de Tierra, Techo y Trabajo”.

En diálogo con Infobae, Alejandro Gramajo destacó las palabras del León XIV quien afirmó que: “El diálogo con el mundo no constituye para la Iglesia una actividad secundaria, sino que pertenece a su propia misión evangelizadora. La Iglesia anuncia el Evangelio en medio de las circunstancias concretas en las que viven los pueblos y, por ello, está llamada a mirar de frente la realidad de hombres y mujeres”.

Su Santidad también destacó: “El imperativo del Evangelio de cuidar a los pobres exige, además, que esa mirada se dirija de modo particular hacia quienes padecen con mayor gravedad las consecuencias de los cambios sociales, económicos y tecnológicos.”

El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y el Banco Nacional de Panamá formalizaron un préstamo A/B por hasta $500 millones, destinado a ampliar el crédito para más de 3.300 pequeñas y medianas empresas. La operación no constituye deuda soberana contratada por el Gobierno, sino un financiamiento otorgado directamente a Banconal para canalizarlo hacia sectores productivos.

El acuerdo fue suscrito por Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF, y Milciades Denis, subgerente general de Finanzas y Tesorería de Banconal, con la presencia del ministro Felipe Chapman. Es el primer préstamo de esta modalidad estructurado por CAF en Panamá y su mayor operación local de ventanilla no soberana.

Mediante este mecanismo, CAF participa directamente en el tramo A del crédito y moviliza capital de entidades privadas para el tramo B. La estructura incorporó $400 millones de siete instituciones internacionales, mientras Banco Nacional asumirá la obligación financiera y colocará los fondos entre los beneficiarios que cumplan las condiciones.

BBVA New York Branch actuó como organizador principal, acompañado por Bladex, Commerzbank, Occidental Bank de Barbados, Bradesco Bank, BlueOrchard y Bancaribe Curaçao. Díaz-Granados destacó que algunas de estas instituciones ingresan por primera vez a Panamá, atraídas por una operación que combina recursos multilaterales con capital privado internacional

Al menos el 50% del dinero será dirigido al financiamiento de actividades agropecuarias y agroindustriales, principalmente en áreas rurales. Los recursos también respaldarán pymes productivas y proyectos verdes relacionados con eficiencia energética, energías renovables y sostenibilidad, con atención especial a empresas encabezadas por mujeres.

La proyección establece que más de 3.300 pequeñas y medianas empresas recibirán financiamiento, incluyendo al menos 1.000 lideradas por mujeres. El programa pretende facilitar capital para adquirir tecnología, modernizar procesos y aumentar la producción, mientras estimula la generación de empleos en comunidades rurales.

Díaz-Granados explicó que CAF no pretende limitarse a entregar recursos. El financiamiento será acompañado por asistencia técnica y promoción en el interior del país, para que los productores conozcan las líneas disponibles y puedan utilizarlas, en lugar de mantener programas con escasa divulgación o concentrados en los centros urbanos.

“Es conocimiento generado por especialistas de la región para la región”, afirmó al referirse al Reporte de Economía y Desarrollo 2026. El presidente de CAF señaló que el documento busca cambiar la conversación sobre la ruralidad, al presentarla como un territorio de oportunidades y no solamente como un conjunto de carencias que deben resolverse.

El ejecutivo identificó tres grandes agendas que tendrán como escenario el mundo rural: seguridad alimentaria, sostenibilidad ambiental y transición energética. En esos territorios se encuentran las tierras para producir alimentos, los recursos naturales y la capacidad energética que necesitará la región, pero también algunas de sus mayores concentraciones de pobreza.

Díaz-Granados destacó que América Latina y el Caribe cuentan con una relación favorable entre población y disponibilidad territorial. Sin embargo, advirtió que el potencial natural no se ha transformado plenamente en productividad, bienestar o empleos de calidad, mientras las tasas de pobreza rural continúan duplicando las registradas en las ciudades.

En el caso panameño, sostuvo que cerca del 15% de las exportaciones tiene origen en actividades vinculadas con el mundo rural. Panamá puede aprovechar su posición geográfica, conectividad marítima y plataforma logística para diversificar esa producción y convertirse en un referente, siempre que mejore la tecnología, la infraestructura y el acceso al crédito.

El presidente de CAF también resaltó que aproximadamente el 68% del territorio panameño mantiene cobertura boscosa, situación que coloca al país entre los de mejor balance regional de carbono. Ese patrimonio representa una oportunidad para desarrollar bioeconomía y servicios ambientales, pero exige políticas que garanticen la conservación efectiva de los bosques.

Milciades Denis destacó que el acuerdo no se limita a suministrar liquidez al Banco Nacional. La operación incorpora una estrategia de cooperación técnica internacional, con herramientas para mejorar la estructuración de créditos agropecuarios y fortalecer la evaluación de los riesgos propios de las actividades rurales.

El funcionario explicó que la iniciativa permitirá modernizar las metodologías utilizadas por la banca pública y ofrecer un acompañamiento más cercano a los productores. Esto incluye capacitaciones en educación financiera y habilidades de gestión, además de instrumentos para vincular la colocación de crédito con resultados ambientales, sociales y económicos medibles.

Según Denis, la operación refleja una evolución del negocio bancario, porque combina la entrega de capital con criterios ambientales, sociales y de gobernanza. El objetivo es que el financiamiento no termine únicamente contabilizado como una cartera de préstamos, sino que permita conocer qué cambios produce entre empresas, trabajadores y comunidades.

CAF proporcionará además cooperación técnica no reembolsable al Banco Nacional, destinada a mejorar sus capacidades institucionales. El acompañamiento incluirá herramientas para analizar proyectos agropecuarios, medir la huella de carbono, gestionar riesgos y ofrecer educación financiera a productores y pequeños empresarios.

Chapman respaldó el programa, pero insistió en que uno de sus principales retos será la divulgación. El ministro contó que frecuentemente conversa con productores que desconocen los mecanismos de apoyo disponibles, pese a que existen herramientas para financiar inversiones, incorporar tecnología y crear empleos en sus propias comunidades.

El titular del Ministerio de Economía y Finanzas pidió a CAF y al Banco Nacional llevar la información fuera de la capital. “Muchos dicen: ‘No sabemos que esto existe’”, relató Chapman, al advertir que un crédito sin promoción ni acompañamiento pierde efectividad, especialmente entre empresas pequeñas con menor acceso a asesoría especializada.

Chapman también sostuvo que el financiamiento, por sí solo, no solucionará los problemas del sector rural. Para elevar la productividad se necesitan carreteras, conectividad digital, formación, asistencia técnica y acceso a mercados, porque producir más carece de sentido si las mercancías no pueden trasladarse competitivamente hasta los compradores.

El Gobierno mantiene para 2026 una cartera superior a $600 millones en proyectos viales, según el ministro. Estas inversiones buscan reducir los tiempos de traslado de personas y productos, aunque su impacto dependerá de que las obras lleguen a los territorios con mayores dificultades de acceso y comercialización.

Chapman mencionó además el inicio del Centro de Especialidades Agropecuarias, que formará a cien jóvenes como técnicos superiores en ciencias agroalimentarias. La iniciativa persigue incorporar innovación y tecnología al campo, facilitar el relevo generacional y evitar que los jóvenes migren por falta de oportunidades laborales.

A esa estrategia se suman 10.000 becas de TalentUP Panamá en inteligencia artificial, análisis de datos, ciberseguridad y computación en la nube. El propósito consiste en vincular las nuevas competencias con turismo, logística y agroindustria, para que las empresas eleven su productividad y los trabajadores accedan a empleos mejor remunerados.

La firma coincidió con la presentación del Reporte de Economía y Desarrollo 2026 de CAF, titulado “Raíces del futuro: el nuevo mundo rural de América Latina y el Caribe”. El estudio plantea dejar de considerar la ruralidad como un problema y comenzar a entenderla como una fuente de oportunidades productivas, ambientales y culturales.

El documento analiza una región donde aproximadamente 120 millones de personas, equivalentes al 18% de la población, viven en zonas rurales. Aunque esos espacios concentran recursos decisivos para la alimentación y la biodiversidad, la pobreza rural alcanza el 34%, el doble del 17% registrado en las áreas urbanas latinoamericanas.

En Panamá, la población rural representa cerca de un tercio del total nacional, proporción superior al promedio regional. La medición armonizada incluida en el informe coloca la pobreza rural panameña en 32,3%, frente al 4,8% en las ciudades, diferencia que evidencia la profundidad de la desigualdad territorial.

La productividad constituye otro desafío. Aunque América Latina posee condiciones naturales favorables, sus rendimientos permanecen por debajo de otras regiones. En Panamá, solamente alrededor del 20% de las unidades productivas agropecuarias posee maquinaria, una limitación que reduce su capacidad para producir más y competir.

La conectividad vial también refleja rezagos. El RED 2026 calcula que el 48% de la población rural panameña vive a menos de dos kilómetros de una carretera, pero la proporción baja al 37% cuando se consideran exclusivamente vías pavimentadas, dejando a numerosas comunidades alejadas de mercados y servicios.

Las diferencias también aparecen en la calidad del suministro eléctrico. Durante el segundo semestre de 2024, la frecuencia de las interrupciones en áreas rurales de Panamá duplicó la registrada en los centros urbanos. Los cortes duraron entre dos y tres horas, aproximadamente el doble del promedio observado en las ciudades.re

Chapman señaló que la pobreza multidimensional disminuyó de 14,7% en 2022 a 12,4% en 2025, lo que representaría unas 84.000 personas menos bajo esa condición. Sin embargo, reconoció que Panamá todavía mantiene desigualdades difíciles de justificar, considerando sus recursos y las oportunidades económicas disponibles en el país.

El reto será comprobar que los $500 millones lleguen a los sectores anunciados y no se concentren entre clientes con mayor capacidad financiera. El programa ofrece una herramienta relevante, pero su impacto dependerá de las condiciones de los créditos, la divulgación y la transparencia aplicada para seleccionar beneficiarios y medir los resultados obtenidos.

La gestión del régimen de Cuba recibe una evaluación negativa de parte de casi todos los ciudadanos consultados por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), organización de la sociedad civil cubana. El IX Informe sobre el Estado de los Derechos Sociales en Cuba señala que el 95% de los encuestados desaprueba el desempeño económico y social del Ejecutivo, en un escenario marcado por pobreza, inflación, apagones y falta de alimentos.

El documento también indica que el 84% de los cubanos desconfía de las medidas económicas anunciadas por la dictadura. Ocho de cada diez de los consultados no confía en que esas disposiciones puedan mejorar la grave situación que vive la isla. Solo el 6% espera resultados favorables; el 7% no tiene una posición definida y el 3% no respondió.

El nivel de desconfianza alcanza el 88% entre las personas de 18 a 30 años. Entre quienes tienen de 61 a 70 años, el porcentaje que espera una mejora llega solo al 9%, el nivel más alto entre los grupos etarios.

La encuesta expone una distancia entre la confianza en las políticas públicas y las expectativas personales sobre el futuro. Mientras una amplia mayoría cuestiona la eficacia de las medidas oficiales, el 50% considera posible un cambio favorable para la población durante el segundo semestre de 2026.

La mitad de los encuestados espera una mejora en el corto plazo. El 32% de los entrevistados no espera una evolución favorable durante el semestre siguiente. Otro 15% manifestó no saber qué puede ocurrir y el 3% no respondió.

Las expectativas positivas alcanzan el 56% entre las personas de 18 a 30 años y entre el grupo de 46 a 60 años. Entre los mayores de 70 años, esa cifra baja al 38%, mientras que el 40% anticipa que no habrá cambios positivos.

Según el informe, el 73% calificó la gestión del régimen como muy negativa y el 22% como negativa. Solo el 3% expresó una opinión positiva, mientras que el 2% no respondió. La investigación del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) se basó en 1,318 entrevistas realizadas entre el 27 de junio y el 29 de julio de 2026 en 79 municipios, incluido el municipio especial Isla de la Juventud.

El rechazo supera el 90% entre jóvenes, adultos y mayores. La desaprobación atraviesa todos los segmentos de edad. Los porcentajes de evaluación negativa oscilan entre el 92% y el 96%, sin variaciones amplias entre jóvenes, adultos y personas mayores.

Entre los factores que condicionan esa percepción figuran el deterioro de los ingresos, la escasez de alimentos, los problemas de transporte y las deficiencias de los servicios básicos. El informe también registra que el 94% de la población vive en extrema pobreza y que ocho de cada diez personas han debido omitir alguna comida diaria durante los últimos seis meses por falta de dinero, alimentos o ambas causas.

Además, la población encuestada situó los apagones como el principal problema que debe atenderse en estos seis meses. Esa opción obtuvo el 70% de las menciones, seguida por la crisis alimentaria, con 52%, y el costo de vida, con 45%.

Cubanos urgen cambios políticos en la isla

Al consultar por el tipo de transformación deseada, el 77% eligió cambios políticos y económicos de forma simultánea. El 9% planteó reformas limitadas a la economía y el 4% priorizó modificaciones solo en el plano político. El 7% señaló el levantamiento del embargo de Estados Unidos como la principal vía de cambio. Ningún encuestado optó por mantener la situación actual.

La depreciación del peso cubano y la percepción de crisis es otro factor que golpea. El estudio incorpora el comportamiento del tipo de cambio como uno de los elementos que condicionan la vida de los hogares. La depreciación del peso cubano frente al dólar en el mercado no estatal reduce la capacidad de compra de salarios, pensiones y remesas.

El Observatorio calculó la línea de pobreza extrema con la referencia de USD 1.90 diarios por persona utilizada por el Banco Mundial. Para un hogar de tres integrantes en Cuba, ese umbral equivale a 87,210 pesos cubanos mensuales (USD 126.76). Pero el 68% de los hogares cubanos, según el informe, recibe menos de 20,001 pesos al mes (USD 29.07).

La distancia entre los ingresos declarados y el costo de bienes esenciales ayuda a explicar la desconfianza frente a las medidas económicas. Para los encuestados, la recuperación de la capacidad adquisitiva, el acceso a alimentos y la estabilidad eléctrica forman parte de las demandas urgentes que condicionan su evaluación sobre la dictadura cubana.

La Canasta Básica Alimentaria (CBA) y la Canasta Básica Total (CBT) tuvieron en agosto un ritmo de aumento más acelerado que el de los precios en general, según el informe difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El dato golpea de manera directa en la capacidad de las familias para cubrir sus necesidades básicas, en un contexto donde el poder adquisitivo de los ingresos sigue bajo presión.

En concreto, la CBT registró una variación del 2,6% en el octavo mes del año, un valor que superó por 0,9 puntos porcentuales al IPC de ese mes. Con esta suba, el costo de no caer en la pobreza para un hogar compuesto por cuatro integrantes llegó a 1.605.497 pesos. Se trata de un umbral que marca, mes a mes, cuánto necesita ganar una familia tipo para no quedar por debajo de la línea de pobreza.

De acuerdo con el informe, también la CBA registró en agosto una suba mensual de 2,6%. De esta manera, un hogar tipo 2 debe gastar $726.469 por mes para cubrir el 100% de sus necesidades alimenticias. Si los ingresos del hogar están por debajo de ese monto, es técnicamente considerado “indigente”.

Los valores por tipo de hogar

El hogar de referencia que se utiliza para la medición de la CBA y la CBT (hogar tipo 2) está compuesto por un varón de 35 años, una mujer de 31, un hijo de 6 años y una hija de 8. Sin embargo, el organismo comparte mensualmente el ejemplo de ambas canastas para otros grupos familiares con diferente composición.

Para un hogar de tres integrantes —una mujer de 35 años, su hijo de 18 y su madre de 61—, la CBA fue de $578.354,27 en agosto y la CBT llegó a 1.278.162,94 pesos.

En el caso de un hogar de cinco integrantes —un varón y una mujer, ambos de 30 años, con tres hijos de 1, 3 y 5 años—, la CBA llegó a $764.085,92 y la CBT a $1.688.629,90 en el octavo mes del año. Para un adulto equivalente, tomado como unidad de medida individual, la línea de indigencia se ubicó en $235.103,36 y la línea de pobreza en 519.578,43 pesos.

Por arriba del IPC

Al observar la evolución acumulada de las diferentes variables durante los primeros ocho meses del año, se observa que la brecha entre las canastas y la inflación general se mantiene. Entre enero y agosto, la CBA acumuló una suba de 23,2% y la CBT de 22,7%, mientras que el IPC general acumuló en el mismo período un alza de 21,3 por ciento. En los dos casos, el costo de no ser pobre o indigente avanzó por encima del nivel general de precios.

La misma tendencia se repite en la comparación interanual. Frente a agosto de 2025, la CBA trepó 39,6% y la CBT 38,3%, contra un IPC interanual de 33,5%, siempre comparando agosto de 2025 contra igual mes de este año. Esto significa que, a lo largo de los últimos doce meses, el costo de las canastas básicas creció varios puntos porcentuales por encima de la inflación general, lo que erosiona de manera particular el poder de compra de los sectores que destinan una proporción mayor de sus ingresos a alimentos y a bienes y servicios de primera necesidad.

Qué mide cada canasta

La CBA agrupa el conjunto de alimentos considerados necesarios para cubrir los requerimientos nutricionales de una persona durante un mes. Su valor determina la línea de indigencia: quienes tienen ingresos por debajo de ese monto no logran cubrir sus necesidades alimentarias mínimas. La CBT, en cambio, incluye además bienes y servicios no alimentarios —como vestimenta, transporte, salud o vivienda— y es la que fija la línea de pobreza.

Ambos indicadores se construyen a partir de los precios relevados por el Índice de Precios al Consumidor del Gran Buenos Aires (IPC-GBA) y se actualizan todos los meses.

Qué pasó en los últimos meses

El detalle mensual de las variaciones registradas en los últimos 12 meses, permite sacar algunas conclusiones interesantes. Desde agosto de 2025 hasta hoy, el mayor salto para la CBA se dio en enero de 2026, cuando registró un aumento 5,8% respecto del mes anterior. En el caso de la CBT, la variación más pronunciada fue en diciembre de 2025, cuando el costo de vida subió 4,1% en un solo mes.

Desde entonces, las subas mensuales oscilaron entre valores cercanos a 1% y poco más de 3%, hasta llegar al 2,6% registrado tanto en julio como en agosto para ambas canastas.

La pobreza monetaria en América Latina caerá en 2026 a su nivel más bajo en registros comparables, 24,8%. Sin embargo, en Perú ese avance oculta una realidad distinta: casi seis de cada diez peruanos permanecen atrapados en la indigencia o en una vulnerabilidad tan frágil que los coloca a un solo shock de distancia de recaer.

Esta es una de las principales advertencias planteadas por Giovanni Di Placido, director de Análisis, Estudios, Research y Estrategia de la Fundación Microfinanzas BBVA (FMBBVA), durante su intervención en el evento Sembrar resiliencia: Microfinanzas ante el Fenómeno El Niño, organizado en Lima por Financiera Confianza.

“El problema central de América Latina ya no es sacar personas de la pobreza, es conseguir que permanezcan fuera de ella”, sostuvo Di Placido durante su disertación. El especialista remarcó que, pese a las mejoras registradas en los ingresos monetarios de la población, la pobreza extrema regional mostró un comportamiento inverso al elevarse al 9,7%, una cifra que representa a 65 millones de personas.

El diagnóstico del representante de la FMBBVA señala que la medición anual convencional de la pobreza funciona como una fotografía, mientras que la vulnerabilidad real debe analizarse como una película en movimiento. Di Placido detalló que uno de cada tres latinoamericanos pertenece hoy a la franja de no pobres pero vulnerables. Son familias que lograron cruzar la línea de indigencia monetaria, aunque carecen de activos, ahorros, seguros o empleo formal capaz de sostenerlas frente a cualquier golpe externo sin recaer.

El modelo de desarrollo regional descansa sobre cuatro engranajes que se retroalimentan entre sí y dificultan la movilidad social ascendente. El primero corresponde al sistema educativo: aunque el 90% de los niños de la región concluye la escuela primaria, el 40% de los jóvenes de entre 20 y 24 años no logra terminar la secundaria. Sobre este punto, Di Placido advirtió que “el niño pobre ya va a la escuela, el problema es que la escuela ya no lo lleva a ninguna parte”. El segundo engranaje radica en el trabajo informal, que abarca al 47% de los ocupados de la región, quienes laboran sin contrato ni protección social alguna.

El tercero es la falta de redes de contención ante eventos adversos, mientras que el cuarto responde a un factor cognitivo provocado por la escasez económica. “Ser pobre equivale a noches sin dormir”, ilustró el especialista, quien explicó que la urgencia por sobrevivir consume la capacidad mental que una persona necesitaría para planificar su futuro.

Fuerzas que redefinen la vulnerabilidad

De cara a las próximas décadas, Di Placido remarcó que “cada época fabrica su pobreza” y que el perfil del vulnerado hacia 2040 estará moldeado por cinco fuerzas globales y territoriales que ya comienzan a manifestarse con fuerza en la región.

La primera es la expansión de los conflictos armados y la fragilidad estatal: se proyecta que para 2030 el 60% de los pobres extremos del planeta habitará en estados frágiles, donde, según explicó el especialista, “la pobreza no la cura el crecimiento, sino la paz”. La segunda fuerza es la crisis climática, que convierte a la emergencia ambiental en un evento recurrente y no en una excepción.

A estos dos factores se suma una transición demográfica acelerada, en la que América Latina duplicará su población mayor de 65 años en apenas 25 años. Esta dinámica provocará, según Di Placido, que la región “llegará a vieja antes que a rica, y antes que a formal”. El cuarto factor es el avance de la inteligencia artificial y los sistemas algorítmicos, que exponen al 40% del empleo en países de ingreso medio como Perú, Colombia y Chile.

La quinta y última fuerza señalada por el especialista es la brecha digital y de datos, que afecta directamente al acceso a oportunidades. La conectividad, definió Di Placido, funciona como “el agua potable del siglo XXI” para acceder al crédito formal, a la identidad digital y a los programas estatales de asistencia social. De ese modo, millones de familias quedan excluidas de los mecanismos que permiten sostener cualquier avance económico logrado.

El caso peruano y la informalidad

Al analizar el caso de Perú, Di Placido destacó la precariedad en Lima Metropolitana, donde la pobreza pasó de 14,2% en 2019 a 26,8% en el 2025. El rasgo estructural que define la realidad peruana es una informalidad laboral que alcanza al 69,8% de los ocupados a nivel nacional y se eleva al 89,1% entre la población en situación de pobreza.

A esto se suma que el 32,8% de los peruanos se encuentra en situación de vulnerabilidad sin ser pobre, un dato que, según el especialista, invierte la lógica habitual del problema. “Hoy hay más peruanos en riesgo de caer que pobres”, enfatizó Di Placido, quien explicó que un robo, una extorsión, una enfermedad o el impacto del Fenómeno El Niño bastan para devolver a miles de familias al punto de partida.

El microemprendimiento como motor de movilidad social real

Frente a esta coyuntura, la FMBBVA plantea que el actor con mayor capacidad de romper la trampa de la vulnerabilidad no es la gran empresa, sino el microemprendedor. En Perú, las mypes representan el 99,7% del tejido empresarial del país y generan 8,3 millones de empleos. No obstante, Di Placido advirtió que “romantizar al microemprendedor es la forma elegante de abandonarlo”, puesto que el 52% de quienes emprenden lo hace por necesidad y el 87% opera fuera de la administración tributaria como estrategia de supervivencia.

Para convertir ese trabajo informal en una trayectoria real de desarrollo y acumulación de activos, el acompañamiento financiero resulta determinante. El 63% de los clientes que ingresaron en situación de pobreza a Financiera Confianza lograron superar dicha línea al cabo de cinco años de relación crediticia productiva. El especialista destacó también el rol central de las mujeres, quienes representaron el 64% de los créditos otorgados por la entidad en 2025 y enfrentan barreras adicionales de género y de tiempo por la falta de sistemas de cuidado infantil y de adultos mayores.

Tener una vivienda propia, en condiciones dignas y con acceso a los servicios básicos, es una de las mayores aspiraciones entre las familias argentinas. Sin embargo, para una porción importante de los hogares del país esa meta está lejos de cumplirse, ya sea porque la casa que habitan necesita ser reemplazada, porque falta espacio, porque el entorno presenta riesgos ambientales o porque no cuentan con agua corriente, baño o desagüe adecuados.

Un nuevo informe del Observatorio Federal de Acceso a la Vivienda Argentina (Ofava), el primero de una serie que se publicará trimestralmente, permite dimensionar con precisión la magnitud de ese problema y detectar en qué regiones del país se concentra con mayor intensidad.

De acuerdo con el relevamiento, que toma como base la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec correspondiente al tercer trimestre de 2025, en la Argentina había 14.833.019 hogares relevados. Sobre ese universo, el informe calcula que el déficit habitacional total alcanzó a 5.983.241 hogares, equivalentes al 40,3% del total: es decir, cuatro de cada diez hogares del país enfrentan al menos una dimensión deficitaria en su hábitat.

El indicador combina distintos niveles de carencia. El más elemental es el allegamiento, situación que se da cuando dos o más grupos familiares comparten una vivienda: afecta a 430.113 hogares (2,9%) y no depende de la calidad de la construcción, sino de la relación entre la cantidad de hogares y de viviendas disponibles. A eso se suma el déficit cuantitativo básico, que agrupa a 127.916 hogares (0,9%) que residen en viviendas irrecuperables, cuyas condiciones no admiten mejora y requieren directamente ser reemplazadas.

Cuando se incorpora también el riesgo ambiental del entorno —cercanía a basurales o localización en zonas inundables—, aparece el déficit cuantitativo ampliado, que llega a 1.398.790 hogares, con lo cual el déficit cuantitativo total asciende a 1.956.819 hogares (13,2%): son los que, en rigor, necesitan directamente una vivienda nueva. A otro nivel se ubican los hogares con materialidad deficiente pero recuperable y aquellos con hacinamiento crítico, que suman 2.990.890 hogares (20,2%) y que, según el informe, “sí requieren intervenciones concretas para alcanzar estándares mínimos de habitabilidad, como una refacción o una ampliación de la vivienda”. Por último, el déficit cualitativo ampliado, que refleja carencias en el acceso a agua, baño y desagüe, alcanza a 1.035.532 hogares (7%).

El informe distingue entre ambos universos: mientras 1.956.819 hogares necesitan una vivienda nueva, otros 4.026.422 (27,1%) “pueden mejorar su situación con intervenciones directas en su vivienda o en la conexión a servicios”.

Las provincias más afectadas

La diferencia territorial es uno de los datos más marcados del informe. Jujuy encabeza el ranking del déficit habitacional total, con el 72% de sus hogares afectados por al menos una dimensión, muy por encima del promedio nacional. Le siguen San Juan y Tucumán, ambas con 60%, Chaco con 59%, Salta con 54%, y Formosa y Corrientes, con 53% cada una. En el otro extremo, CABA (16%), Río Negro y Tierra del Fuego (19% cada una) presentan los valores más bajos del país.

Ese resultado agregado esconde, sin embargo, comportamientos distintos según el tipo de carencia. En el allegamiento, Tierra del Fuego (9,1%) y Jujuy (6,7%) son las jurisdicciones más comprometidas, muy por encima del promedio nacional de 2,9%.

En el déficit cuantitativo básico —el núcleo más crítico del indicador, asociado a viviendas irrecuperables— aparece un caso claramente atípico: San Juan concentra el 13,9% de sus hogares en esa situación, un valor que, según el informe, “casi triplica al segundo más alto” —Catamarca, con 4,8%— y que contrasta fuertemente con el promedio nacional de apenas 0,9%.

En cambio, cuando se analiza el déficit cuantitativo ampliado, que incorpora los riesgos ambientales del entorno, el mapa se concentra en el norte del país: Tucumán (32,4%), Jujuy (30,3%) y Corrientes (25,1%) lideran ese indicador, seguidas por Salta (17,1%) y Buenos Aires (14,7%).

Las dimensiones cualitativas, que son las que más pesan dentro del indicador general, también muestran al norte argentino como la región más comprometida. En el caso de las viviendas con calidad de materiales recuperable más hacinamiento crítico, San Juan (39,3%), Formosa (37,3%) y Jujuy (32,3%) encabezan el ranking, seguidas de cerca por La Rioja (29,0%), Santiago del Estero (27,7%) y Chaco y Salta (27,5% cada una). El estudio señala que se trata de “un grupo de provincias del norte y centro-oeste donde más de un cuarto de los hogares presenta alguna carencia en este nivel”. Los valores más bajos se registran en Tierra del Fuego (8,7%), CABA (10,3%) y Chubut (11,0%), lo que refuerza, según el documento, “la brecha estructural entre el norte y el sur del país en materia habitacional”.

En el caso del déficit cualitativo ampliado —acceso a agua, baño y desagüe—, Chaco (14,1%), Buenos Aires (10,3%), Santiago del Estero (10,0%) y Misiones (9,4%) muestran los valores más altos, aunque el informe destaca que “ninguna provincia supera el 15%”, lo que indicaría que esta carencia, aun estando extendida, tiene una incidencia menor que los problemas sobre los materiales y el hacinamiento.

Dónde se concentra el déficit

Más allá de los porcentajes provinciales, el informe también analiza dónde se concentra el déficit en términos de cantidad de hogares. De los casi seis millones de hogares con algún tipo de carencia, cuatro millones se ubican en la Ciudad de Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires, Mendoza, Córdoba y Santa Fe, una proporción que el informe considera “casi idéntica” a la que esas jurisdicciones representan en la población total.

La Provincia de Buenos Aires concentra por sí sola el 48% del déficit habitacional total del país, pese a alojar el 40% de los hogares, y esa participación trepa al 62% si se mira únicamente el déficit cuantitativo ampliado. Córdoba y Santa Fe explican, respectivamente, el 6% y el 7% del déficit nacional. El NOA, que reúne el 10% de los hogares del país, concentra el 13% de los que tienen déficit, una brecha similar a la del NEA, donde vive el 8% de los hogares pero se acumula el 10% del déficit. En la Patagonia el fenómeno se invierte: allí habita el 6% de los hogares del país, pero solo el 3% de los que presentan carencias habitacionales.

Una situación que se mantiene relativamente estable

La serie histórica que construye el informe, con datos desde 2016, muestra que el déficit habitacional no es un fenómeno nuevo ni tiene una tendencia lineal. El indicador partió de 43,8% en 2016, bajó hasta 41,5% en 2019, repuntó a 43,1% en 2020, en el pico de la pandemia, y llegó a un mínimo de 39,3% en 2023, antes de ubicarse en el actual 40,3%.

Así, Ofava concluye que “el déficit habitacional muestra una persistencia estructural que se mueve menos que los ciclos económicos argentinos”, aunque sí reacciona ante shocks puntuales, como ocurrió con la pandemia. El ingreso del hogar también influye: el 10% más pobre de la población presenta un déficit total de 42,6%, con valores que se mantienen elevados y estables entre 42,6% y 46,7% a lo largo de los primeros cinco deciles, para descender recién hasta 23,5% en el 10% más rico.

El análisis advierte sobre los límites de la medición: los datos surgen de zonas urbanas de más de 2.000 habitantes, por lo que quedan fuera las áreas rurales, y las encuestas de hogares suelen tener dificultades para relevar a la población que vive en barrios populares o villas, lo que sugiere que esos hogares podrían estar subrepresentados en la muestra. Es decir, la fotografía que ofrece el Observatorio, con ser contundente, podría incluso estar subestimando la dimensión real del problema habitacional en el país.

Costa Rica registró una reducción en la pobreza y en la desigualdad durante el último año, pero los ingresos laborales comenzaron a mostrar señales de debilitamiento y las brechas entre hombres y mujeres continúan siendo una característica estructural del mercado de trabajo, según el más reciente informe del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica (IICE-UCR).

El estudio concluye que el país mantiene una situación relativamente estable en el mercado laboral y en los niveles de pobreza, aunque advierte sobre retos pendientes relacionados con los ingresos reales de las personas trabajadoras y las diferencias por sexo.

Uno de los principales hallazgos es la disminución de la desigualdad de ingresos. El coeficiente de Gini pasó de 0,495 en junio de 2025 a 0,485 en abril de 2026, una reducción que el informe califica como estadísticamente significativa y que apunta a una ligera mejora en la distribución de los ingresos.

Transferencias sociales ayudaron a reducir la pobreza

El IICE destacó que las transferencias públicas continúan siendo determinantes para reducir las brechas económicas.

Según el informe, sin estos recursos la desigualdad y la pobreza serían considerablemente mayores. Entre los programas con mayor incidencia aparecen las pensiones del Régimen No Contributivo, que representan más de la mitad del efecto total de las transferencias sobre la reducción de la pobreza.

La cobertura de algunos programas sociales también aumentó durante 2025, particularmente mediante las becas del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y las pensiones del Régimen No Contributivo.

Los datos muestran una mejoría significativa entre 2024 y 2025.

La pobreza total pasó de 17.95% a 15.15%, una disminución de 2.8 puntos porcentuales, mientras que la pobreza extrema cayó de 4.76% a 3.77%, es decir, 0.99 puntos porcentuales menos.

El estudio también determinó que durante ese periodo más hogares lograron salir de la pobreza y de la vulnerabilidad que los que ingresaron en esas condiciones.

La mayor parte de esa reducción estuvo relacionada con el aumento de los ingresos no laborales, categoría en la que se incluyen las transferencias públicas y privadas.

Estos recursos explicaron aproximadamente tres cuartas partes de la reducción de la pobreza total y cerca del 85% de la disminución de la pobreza extrema entre 2024 y 2025.

La mejora perdió fuerza durante 2026

Pese a los avances del año anterior, los datos más recientes apuntan a una desaceleración.

Entre junio de 2025 y abril de 2026, el IICE no encontró reducciones estadísticamente significativas ni en la pobreza total ni en la pobreza extrema.

Para los investigadores, este comportamiento sugiere que el ritmo de mejora comenzó a perder fuerza.

El panorama descrito por el instituto es, por tanto, mixto: mientras algunos indicadores sociales mejoraron, no todos los avances mantuvieron el mismo ritmo durante los primeros meses de 2026.

Mercado laboral estable, pero con brechas entre hombres y mujeres

En materia de empleo, las principales tasas permanecieron prácticamente sin cambios entre el segundo trimestre de 2025 y el mismo periodo de 2026.

Sin embargo, detrás de esa estabilidad general aparecen diferencias importantes entre hombres y mujeres.

El desempleo disminuyó entre las mujeres, particularmente entre las más jóvenes, mientras que aumentó entre los hombres de edades medias.

El informe sostiene que “las brechas de género continúan siendo una característica estructural del mercado laboral costarricense”.

Ingresos reales por hora cayeron

Otro de los puntos de preocupación está relacionado con los ingresos laborales.

Entre el segundo trimestre de 2025 y el segundo trimestre de 2026, la mediana del ingreso real por hora disminuyó 0.9%, mientras que el promedio cayó 3.4%, según los valores calculados a precios del cuarto trimestre de 2022.

El IICE señala que esta evolución refleja una pérdida de poder adquisitivo para parte de la población trabajadora, aunque los ingresos todavía se mantienen por encima de los niveles observados cuatro años atrás.

Además, varios indicadores relacionados con la calidad del empleo habían mostrado mejorías entre 2023 y 2025, particularmente el subempleo y la reducción de jornadas excesivas.

No obstante, esas mejoras también comenzaron a dar señales de estancamiento durante el último año.

La situación de la niñez en Costa Rica continúa marcada por importantes desigualdades económicas y de acceso a recursos básicos. El 21.5% de la población infantil de entre 0 y 12 años vive en condición de pobreza, mientras que un 8.7% se encuentra en pobreza extrema, según datos de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) 2025, divulgados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

Las cifras muestran que, pese a los avances sociales alcanzados por el país, una proporción significativa de niños y niñas continúa creciendo en hogares con limitaciones económicas que pueden incidir directamente en sus oportunidades de desarrollo, educación y acceso a tecnología.

Las diferencias se hacen todavía más visibles cuando los resultados se analizan por regiones de planificación. La Región Brunca registra la mayor proporción de niños y niñas en condición de pobreza, con un 29.4%.

Muy cerca aparece la Región Pacífico Central, donde el indicador alcanza el 29.1%, mientras que la Región Huetar Norte ocupa la tercera posición con un 27.5% de su población infantil viviendo en hogares pobres.

Esto significa que en esas tres regiones más de una cuarta parte de los niños y niñas enfrenta condiciones de pobreza, evidenciando las brechas territoriales que persisten dentro de Costa Rica.

Brecha digital golpea a los hogares con niños

Los problemas económicos no son los únicos desafíos revelados por la encuesta. Los datos del INEC también muestran fuertes limitaciones en materia de acceso tecnológico.

El indicador más llamativo señala que el 63.7% de la población infantil no dispone de computadora en su vivienda.

La cifra adquiere particular relevancia en un contexto en el que cada vez una mayor cantidad de actividades educativas, trámites, procesos de aprendizaje y herramientas de información dependen de dispositivos electrónicos.

Aunque la falta de conexión a internet es considerablemente menor, todavía un 9.5% de los niños y niñas no cuenta con acceso a internet desde su vivienda.

Ambos indicadores muestran dos dimensiones distintas de la brecha digital: un hogar puede disponer de conexión a internet mediante teléfonos celulares, pero no necesariamente contar con una computadora adecuada para estudiar, desarrollar tareas escolares o acceder a determinadas herramientas educativas.

Hacinamiento y educación, entre los retos pendientes

Las condiciones de vivienda también figuran entre los aspectos analizados por la Enaho. Según los resultados de 2025, el 6.6% de la población infantil vive en condiciones de hacinamiento.

Para efectos de la medición, el INEC considera que existe hacinamiento cuando más de dos personas ocupan por aposento o habitación una misma vivienda.

La situación puede tener implicaciones más allá de la infraestructura del hogar, al relacionarse con las condiciones en las que los menores descansan, estudian y desarrollan sus actividades cotidianas.

En el ámbito educativo, las cifras muestran diferencias considerables dependiendo de la edad.

Entre los niños y niñas de 2 a 6 años, el 39.5% no asiste a la educación formal. El porcentaje disminuye drásticamente en el grupo de 7 a 12 años, donde únicamente el 0.2% se encuentra fuera del sistema educativo formal.

La diferencia está asociada a las características propias de cada etapa educativa y a la mayor cobertura escolar durante las edades correspondientes a primaria. Sin embargo, los datos ponen sobre la mesa el desafío de ampliar las oportunidades de acceso a programas educativos durante los primeros años de vida.

Los resultados divulgados por el INEC fueron presentados bajo el lema “Hacia una infancia con igualdad de oportunidades” en conmemoración del Día del Niño y la Niña costarricense, que se celebra este 09 de setiembre, y reflejan que las condiciones en las que crecen los menores todavía varían ampliamente según su hogar y la zona del país en la que residen.

Las protestas ciudadanas disminuyeron en Cuba durante agosto, pero el descenso no estuvo acompañado por una mejora de las condiciones que alimentan el malestar social. La organización Cubalex documentó 94 manifestaciones pacíficas durante el mes, frente a las 200 registradas en julio, mientras los cortes eléctricos, las interrupciones del suministro de agua y gas y el deterioro de los servicios públicos continúan afectando a la población.

La mayoría de las protestas se concentró nuevamente en La Habana, que reunió el 57% de los casos registrados. Los cacerolazos volvieron a convertirse en una de las principales expresiones de descontento y estuvieron vinculados principalmente con los prolongados apagones. El momento de mayor actividad ocurrió el 4 de agosto, cuando se produjeron 16 manifestaciones después de una nueva desconexión del Sistema Electroenergético Nacional (SEN).

Cubalex señaló que el escenario social sigue marcado por “el agravamiento de la crisis multidimensional en la isla”. La organización también describió el deterioro de las condiciones económicas y sociales, junto con las fallas de la infraestructura estatal y las interrupciones de servicios esenciales.

Mientras las manifestaciones disminuyeron, otro indicador avanzó en dirección contraria. La organización contabilizó 315 hechos delictivos durante agosto, incluidos 52 homicidios, la cifra mensual más elevada desde que comenzó a registrar esta variable en 2024. Cubalex precisó que, pese al incremento, la tasa proyectada de 6,64 homicidios por cada 100.000 habitantes continúa por debajo de las registradas en varios países de América Latina.

El informe también registró 280 episodios represivos durante el mes. Entre ellos aparecen detenciones, amenazas, traslados, actos de vigilancia y seguimiento policial y situaciones de violencia o acoso. La organización identificó además problemas relacionados con la atención médica de personas detenidas, una situación que estuvo vinculada con cinco muertes bajo custodia durante agosto.

Según Cubalex, entre las vulneraciones que aparecieron con mayor frecuencia estuvieron la atención sanitaria insuficiente o negada en centros de detención y los arrestos arbitrarios seguidos de traslados. El organismo sostuvo que la crisis energética e hídrica que ya había afectado a la población en julio continuó durante agosto, al mismo tiempo que aumentó la criminalidad.

Pobreza extrema

El deterioro también aparece reflejado en un estudio independiente sobre las condiciones sociales. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos indicó, tras entrevistar a 1.318 residentes en julio, que el 94% de los cubanos se encuentra en situación de pobreza extrema. La cifra supone un aumento respecto del 89% calculado para 2025.

Los apagones aparecen como la principal preocupación de los entrevistados, seguidos por la falta de alimentos, el costo de vida, la situación sanitaria, los bajos salarios y la inseguridad. El estudio también encontró un deterioro significativo de las viviendas: casi la mitad necesita reparaciones, un 25% requiere arreglos urgentes y un 7% presenta riesgo de derrumbe.

La crisis sanitaria constituye otro de los problemas centrales. La doctora Daily Coro Bueno, del Observatorio, afirmó que existe una carencia de entre “el 40 y el 60 %” de los medicamentos considerados esenciales.

El descontento alcanza también a la gestión gubernamental. El 95% de los consultados calificó como negativa o muy negativa la actuación del régimen, mientras que el 84% dijo no confiar en las medidas económicas adoptadas para enfrentar la crisis. Además, más de tres cuartas partes reclamaron modificaciones simultáneas en el ámbito político y económico.

En este contexto, el descenso de las protestas durante agosto se produjo mientras persisten los factores que las desencadenan. Los cacerolazos vinculados con los apagones siguen apareciendo como una de las principales formas de manifestación ciudadana, en un país donde la crisis de los servicios básicos continúa condicionando la vida cotidiana.

Una familia tipo en la Ciudad de Buenos Aires requirió ingresos mensuales de al menos $2.603.556,34 en agosto para ubicarse dentro de la clase media, según el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Idecba).

La estimación corresponde al “Hogar 1”, integrado por una pareja de 35 años, con empleo y vivienda propia, y dos hijos de 9 y 6 años.

De acuerdo con la metodología del organismo porteño, los hogares de clase media son aquellos cuyos ingresos mensuales se encuentran entre $2.603.556,34 y 8.331.380,27 pesos. La medición toma como parámetro la posibilidad de adquirir bienes y servicios incluidos en distintas canastas de consumo.

Para esa misma composición familiar, el umbral de indigencia se ubicó en $903.930,35 durante agosto, mientras que la línea de pobreza alcanzó los 1.651.798,06 pesos.

El segmento de hogares no pobres vulnerables abarcó ingresos de más de $1.651.798,06 y hasta 2.082.845,06 pesos. A su vez, el sector medio frágil comprendió a quienes recibieron entre $2.082.845,06 y $2.603.556,33 al mes. Por encima de $8.331.380,28, la clasificación los ubicó entre los sectores acomodados.

El relevamiento también indicó que la Canasta Total para este hogar ascendió a $2.082.845, mientras que la Canasta Alimentaria llegó a 985.617 pesos. Según el criterio oficial, el sector medio frágil incluye a las familias con ingresos equivalentes a la Canasta Total y hasta 1,25 veces ese monto.

El esquema de Idecba contempla seis estratos: indigentes, pobres no indigentes, no pobres vulnerables, sector medio frágil, clase media y sectores acomodados. La ubicación en cada grupo depende de la relación entre los ingresos del hogar y el valor de las canastas de referencia.

La inflación desaceleró en CABA

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue de 1,7% en agosto, según el Índice de Precios al Consumidor porteño (IPCBA). La cifra representó una significativa baja frente al 2,9% de julio y llevó la variación acumulada de 2026 a 21,5 por ciento. En los últimos 12 meses, los precios aumentaron 33,3 por ciento.

La difusión del indicador local ocurrió antes de la publicación del dato nacional correspondiente a agosto, que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) prevé divulgar el 10 de septiembre. Las proyecciones privadas anticipan un resultado similar: el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central de la República Argentina (BCRA) calculó una mediana de 1,7% para ese mes.

En julio, la inflación nacional había sido de 2,1 por ciento. El indicador acumulaba entonces un incremento de 19,3% desde enero y de 33,8% en la comparación con igual mes del año anterior. De todos modos, los resultados de ambas mediciones no son directamente equivalentes, debido a que la canasta del IPCBA otorga una participación mayor a los servicios.

Cuatro divisiones concentraron buena parte de la presión sobre el índice de agosto: Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles; Alimentos y bebidas no alcohólicas; Salud; y Transporte. En total, explicaron 1,16 puntos porcentuales de la suba mensual.

El mayor aporte provino de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que aumentó 2,6% e incidió en 0,53 puntos porcentuales sobre el nivel general. Dentro de este grupo pesaron los ajustes en expensas y alquileres.

Alimentos y bebidas no alcohólicas subió 1,8% y agregó 0,32 puntos porcentuales al indicador. Las frutas encabezaron las alzas, con un aumento de 12,5 por ciento. También hubo incrementos en Pan y cereales, de 2,3%, y en Leche, productos lácteos y huevos, de 1,6 por ciento.

Salud registró una variación de 1,9%, con una incidencia de 0,17 puntos porcentuales, a partir de las actualizaciones en las cuotas de las empresas de medicina prepaga. Transporte avanzó 1,2% y contribuyó con 0,14 puntos porcentuales. El resultado reflejó aumentos en las tarifas de colectivos y subtes, además de las subas en los precios de los vehículos.

La menor inflación mensual estuvo vinculada, en parte, con la caída de algunos rubros estacionales que habían tenido aumentos durante julio. Prendas de vestir y calzado bajó 0,7%, mientras que Restaurantes y hoteles retrocedió 0,1 por ciento.

En este último caso, las tarifas de alojamiento descendieron 12,7% luego de los incrementos asociados con las vacaciones de invierno. Los paquetes turísticos cayeron 6,5% y los pasajes aéreos disminuyeron 4,5%, con efecto a la baja sobre el IPCBA.

En la medición interanual, Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles; Alimentos y bebidas no alcohólicas; Transporte; y Restaurantes y hoteles fueron las divisiones con mayor incidencia. Entre las cuatro concentraron el 62,6% del aumento de precios registrado en los últimos 12 meses.

La pobreza monetaria en República Dominicana bajó a 13.75 % en el segundo trimestre de 2026, una caída de 2.9 puntos frente al 16.65 % del mismo período de 2025.

El Gobierno vinculó la disminución a salarios mínimos por encima de la inflación, mayor empleo y expansión de los planes sociales. El dato fue presentado por el viceministro de Hacienda, Alexis Cruz, junto al presidente Luis Abinader durante La Agenda Semanal en el Palacio Nacional.

La baja se inserta en una serie más amplia: según informó la Presidencia de la República, la pobreza semestral de 2026 se ubicó en 14.58 %, lo que representa una reducción de 2.77 puntos porcentuales respecto al primer semestre de 2025, cuando había sido de 17.35 %.

Cruz sostuvo que la tendencia descendente se mantiene desde 2019, cuando el indicador rondaba el 26 %, incluso después del salto al 30 % registrado en 2020 por la pandemia.

En paralelo, la inflación acumulada en lo que va de año alcanzó 5.13 %, un nivel que el viceministro describió como levemente superior al rango meta. Aun así, proyectó que cierre 2026 cerca de 4.75 %.

La explicación oficial combina tres factores: el aumento de los salarios mínimos por encima de la inflación, la expansión del empleo formal e informal y la ampliación de los programas sociales. Cruz señaló que el componente alimentario, tanto escolar como familiar, tuvo un peso especial en ese resultado.

El funcionario afirmó que el ingreso monetario laboral total creció en todas las regiones del país. Añadió que el efecto fue más visible en las zonas con mayores niveles de pobreza absoluta y relativa.

Sobre la inflación, Cruz sostuvo que su contención elevó la capacidad de compra de los hogares con menos ingresos. “La reducción de la inflación incrementa el poder adquisitivo de las clases menos favorecidas. Mantenerla controlada ha sido parte de la política diseñada para mitigar el impacto de la crisis internacional en los precios”, dijo.

En el quintil más pobre, el ingreso subió con más fuerza en el trabajo informal

Uno de los datos subrayados por el viceministro se concentró en el quintil 1, donde se ubica la población más vulnerable. Allí, explicó, el ingreso del sector informal creció más que el del formal, una señal que, según su lectura, muestra una mejora en las condiciones de los trabajadores no sectorizados.

Por regiones, el ingreso de ese quintil aumentó 14.4 % en Ozama, 9.9 % en el Sur, 12.4 % en el Norte y 12.8 % en el Este. La publicación oficial presentó esas variaciones como parte del mismo proceso de recuperación del ingreso familiar.

Cruz también explicó que la medición de pobreza utilizada por el Ministerio contempla tres variantes: ingreso laboral, ingreso más remesas e ingreso con otros aportes, entre ellos el desayuno y el almuerzo escolar. “La tendencia a la baja se mantiene en las cuatro series publicadas en nuestro informe. Los datos, códigos y metodologías están disponibles en la página web del Ministerio para quien desee replicarlos”, afirmó el funcionario.

El viceministro definió esos resultados como parte de un “círculo virtuoso” impulsado por políticas públicas orientadas a la protección social y al estímulo del ingreso de los hogares. En ese marco, cerró con una definición política sobre el objetivo de la gestión. “Uno de los legados de esta gestión será haber llevado el hambre a cero y haber transformado el círculo vicioso de la pobreza en un círculo virtuoso de desarrollo”, concluyó.

Mathew Davis, de 49 años, vive en un refugio para personas sin hogar en Austin, Texas. Sobrevive con unos pocos cientos de dólares al mes gracias a la donación de plasma y, aun así, una tiny home de USD 450 mensuales, sin agua corriente y con baño compartido, le resulta inalcanzable. “No gano lo suficiente como para pagar realmente nada”, dijo en declaraciones recogidas por AP News.

Mientras tanto, más de 4.500 unidades catalogadas como asequibles permanecen vacías solo en su ciudad.

La mayor parte de la vivienda subsidiada construida en los últimos años quedó dirigida a personas con ingresos moderados dentro del universo de bajos recursos, no al segmento con mayor necesidad.

Para ese grupo, los precios, los requisitos administrativos y la escasez de subsidios directos hacen que incluso la oferta formal esté fuera de alcance.

El déficit habitacional golpea con más fuerza al segmento más vulnerable

En Estados Unidos hay cerca de 11 millones de hogares inquilinos de ingresos extremadamente bajos y apenas 4 millones de unidades de alquiler asequibles para ese grupo, afirmó la National Low Income Housing Coalition en su informe anual más reciente.

Ese universo incluye a trabajadores con salarios bajos, jubilados y personas con discapacidad que dependen de ingresos fijos, con ingresos por debajo de la línea federal de pobreza o equivalentes al 30% de la renta mediana de su zona.

Cerca de tres de cada cuatro de esos hogares destina más de la mitad de sus ingresos al alquiler y a los servicios básicos, aseguró la entidad. Esa carga deja escaso margen para cubrir comida, salud y transporte.

El programa federal prioriza a quienes están lejos de la pobreza extrema

El programa federal Low-Income Housing Tax Credit (LIHTC) otorga créditos fiscales a desarrolladores que construyen vivienda asequible, a cambio de reservar unidades para personas con ingresos por debajo de un porcentaje del ingreso medio de su zona, conocido como Area Median Income (AMI).

Sin embargo, apenas el 12% de las viviendas financiadas en 2024 bajo ese esquema quedó reservado para el segmento más pobre, indicó el National Council of State Housing Agencies.

En Austin, eso equivale a personas con ingresos por debajo de USD 28.000 anuales, frente a los USD 47.000 que corresponden al 50% del AMI local, el umbral más usado por el programa.

Chris Edwards, economista del Cato Institute, sostuvo ante el Congreso que el sistema es “enormemente complejo y burocrático” y que eleva los costos de construcción. A su juicio, el dinero debería llegar de forma directa a los inquilinos a través de vales de vivienda.

Otros especialistas defendieron la combinación entre créditos fiscales y subsidios personales, con el argumento de que los complejos construidos con esos beneficios están obligados a aceptar vouchers, mientras muchos propietarios privados no tienen esa exigencia.

Las vacantes se acumulan en ciudades donde lo “asequible” dejó de serlo

En Austin, la tasa de vacancia de unidades asequibles rozó el 16%, de acuerdo con datos de CoStar. El nivel saludable para ese indicador ronda el 5%.

En Denver, la vacancia entre las unidades para hogares con ingresos equivalentes al 60% del área llegó a 13% y trepó a 21% en las destinadas al 80%, de acuerdo con la Colorado Housing and Finance Authority.

En Portland, el total de viviendas asequibles vacías superó las 1.700, con una tasa general de 7,5%.

En esa última ciudad, el alquiler máximo para una unidad asequible del segmento 60% del área alcanza USD 1.444 al mes, frente al promedio de USD 1.581 de un departamento de un dormitorio en el mercado privado. Esa diferencia empuja a muchos inquilinos hacia la oferta convencional.

Jaiden Barbee, residente de Portland, afirmó que preferiría pagar un poco más antes que atravesar un proceso largo de verificación. “Preferiría gastar esos USD 200 extra para entrar a un lugar con más facilidad”, afirmó en declaraciones recogidas por la agencia estadounidense.

Los requisitos y la falta de subsidios dejan afuera a quienes tienen menos ingresos

Carmen Romero, directora ejecutiva de True Ground Housing Partners, señaló a AP News que una unidad para hogares con ingresos del 60% de la mediana en el área de Washington genera USD 1.715 mensuales, pero deja apenas USD 140 después de cubrir hipoteca y costos operativos. “Las cuentas no mienten”, aseguró.

A su vez, remarcó que una persona con ingresos extremadamente bajos solo podría pagar cerca de la mitad de ese valor.

“Nuestros gastos no hacen posible crear una unidad para el 30% del ingreso medio, salvo que exista un subsidio extraordinario que hoy no está disponible”, afirmó.

En Austin, las autoridades locales se habían propuesto crear 20.000 viviendas para personas de ingresos extremadamente bajos entre 2018 y 2027. Hasta 2024, solo se habían construido 543.

Davis, que vivió un año en su auto antes de conseguir una cama en el refugio, resumió su situación en declaraciones a AP News: “Quiero poder cerrar la puerta por la noche y dormir. Solo quiero encontrar el lugar indicado”.

Un jubilado en Cuba enfrenta la precariedad de tener que buscar empleos ocasionales pese a haber concluido su vida laboral. La pensión que recibe no cubre sus necesidades básicas y lo obliga a ofrecerse para realizar labores informales, como limpiar patios u otras tareas que aparezcan en su comunidad.

“No me da. Tengo que trabajar por fuera”, expresó al hablar de su situación.

El hombre cobra poco más de 2,000 pesos cubanos al mes, una cantidad que equivale a cerca de $83 según la cotización informal del dólar. Esa suma resulta limitada frente al costo de los alimentos, artículos de higiene, transporte y otros gastos cotidianos en la isla.

El caso fue registrado fue documentado por Árbol Invertido, exponiendo una realidad que alcanza a cientos de personas en las mismas condiciones.

El adulto mayor describe una rutina marcada por la necesidad de conseguir recursos para resolver lo indispensable. Aunque el testimonio no detalle el nombre ni el lugar exacta de la residencia refleja la realidad que las personas enfrentan en Cuba para sobrevivir.

La búsqueda diaria de productos esenciales

Consultado sobre la mayor dificultad de su día a día, el jubilado respondió que debe “buscar lo que hace falta”.

La frase retrata las limitaciones que enfrentan quienes dependen de ingresos fijos en medio de una economía con precios altos y escasez de productos básicos.

Para obtener dinero adicional, el hombre realiza trabajos temporales. No cuenta con una ocupación estable, sino que acepta cualquier actividad disponible. La limpieza de patios es una de las labores que mencionó, aunque señaló que está dispuesto a hacer otras tareas si representan una fuente de ingreso.

La necesidad de trabajar después de jubilarse refleja una situación de vulnerabilidad para los adultos mayores. Las oportunidades de empleo son limitadas y muchas de las opciones disponibles se encuentran fuera de los canales formales, sin pagos garantizados ni continuidad.

Los problemas de servicios agravan la situación

A la falta de dinero se suman fallas en servicios básicos. El jubilado mencionó interrupciones frecuentes de la electricidad y problemas con el abastecimiento de agua en su comunidad. Los apagones afectan la vida doméstica, la conservación de alimentos y las condiciones para realizar actividades diarias.

La dificultad para acceder a medicamentos también representa una preocupación para las personas de la tercera edad, que suelen requerir tratamientos permanentes o consultas médicas. La búsqueda de fármacos puede exigir tiempo, traslados y recursos económicos adicionales en un escenario de disponibilidad limitada.

Con una pensión equivalente a $80 mensuales en el mercado informal, el margen para cubrir gastos se reduce aún más. La compra de alimentos, productos de aseo o medicinas puede absorber rápidamente el dinero disponible para un jubilado que no recibe apoyo regular de familiares.

El testimonio forma parte de una serie de videos que recoge situaciones cotidianas dentro de Cuba. En esta ocasión, la cámara muestra a un hombre que enfrenta la jubilación sin la posibilidad de dejar de trabajar, debido a que su ingreso mensual no le permite sostenerse.

Michael B. Jordan confesó en el podcast On Purpose de Jay Shetty que durante gran parte de su carrera vivió entre la culpa y el síndrome del impostor. Recién hace apenas uno o dos años, reconoció haber sentido que ese camino era realmente el suyo y que podía aceptar por completo sus bendiciones.

El actor, criado en Newark, Nueva Jersey, repasó en la conversación los años en que compatibilizaba el colegio, el baloncesto, la iglesia y los viajes a Nueva York para presentarse a castings siendo un niño.

Fue en ese período, cuando comenzó a distanciarse silenciosamente de quienes lo rodeaban: “Volvías a casa con experiencias que no podías compartir con nadie. No querías que nadie se sintiera menos”.

Sus padres ocultaron la precariedad económica durante años

Jordan describió la infancia en Newark como una etapa que, vista en perspectiva, estuvo marcada por dificultades materiales que sus padres lograron mantener fuera de su campo de visión.

“Crecimos siendo muy pobres, pero no lo sentíamos así. Creo que hicieron un buen trabajo escondiendo esas cosas”, afirmó durante el episodio. Solo con los años, dijo, llegó a entender detalles que entonces le pasaban desapercibidos: “Dormíamos en la cocina con el horno abierto”. Asimismo, también recordó los períodos en que la familia se instalaba durante semanas en casa de la abuela.

El actor destacó que tener a ambos padres presentes y comprometidos con su desarrollo fue “algo poco común” en su círculo cercano. Esa estructura familiar, junto con una educación orientada hacia la disciplina y el servicio a la comunidad —con su casa como punto de encuentro del barrio—, es lo que identifica como el origen de los valores que guían su trabajo hoy.

Dos décadas de carrera marcadas por la pregunta “¿por qué yo?”

Jordan reconoció que el peso del éxito se volvió especialmente confuso a medida que avanzaba en una industria en la que cada vez veía menos personas que se parecieran a él. “Empezás a preguntarte por qué sos vos el que tiene éxito y la gente que tiene exactamente tu cara y está justo a tu lado en el día a día no lo tiene”, dijo al conductor del programa.

Esa duda, según describió, lo acompañó durante casi dos décadas. La herramienta para procesarla fue, en parte, la búsqueda deliberada de recursos: un entrenador ejecutivo, un asesor espiritual y un trabajo sostenido sobre sus propias creencias. “Hace apenas uno o dos años llegué a sentir que este era mi camino”, admitió. Hasta entonces, las bendiciones le resultaban difíciles de aceptar por completo, según afirmó el propio actor.

El nombre Michael Jordan y el chip competitivo

Uno de los episodios más reveladores de la conversación giró en torno a su propio nombre. Jordan contó que crecer con el mismo nombre que la leyenda del baloncesto lo expuso a burlas constantes que, en un primer momento, llegaron a alejarlo de los deportes.

La reacción, sin embargo, fue la opuesta a rendirse: “Me dije que iba a competir. Al menos vas a verme. Voy a ser alguien”. Ese “chip saludable”, como lo llamó, fue uno de los motores que lo empujaron a labrarse una identidad propia.

Romper ciclos generacionales como propósito declarado

A lo largo del diálogo con Shetty, Jordan formuló con claridad cuál considera su propósito actual: interrumpir los patrones que se repiten de generación en generación en su comunidad y en su familia.

“Una vez que lo ves, no podés dejar de verlo. Y yo me niego a ignorarlo”, afirmó. Mencionó a su sobrino como ejemplo concreto de por qué esa responsabilidad le resulta urgente: el niño, dijo, imita cada uno de sus gestos y posturas, lo que lo obliga a actuar con intención en todo momento.

El actor también habló de su expansión hacia los negocios como una extensión de ese mismo propósito. Mencionó su participación en el club de fútbol inglés AFC Bournemouth junto al empresario Bill Foley, así como su incursión en inversiones inmobiliarias, fondos de capital y la creación de una empresa conjunta para el desarrollo de productos propios.

“Me enteré de cosas que existen —sociedades de inversión, fondos de capital— que nunca había escuchado en mi vida. Eso es lo que quiero transmitirle a la próxima generación”, señaló.

La autenticidad como frecuencia, no como exposición total

Ante la pregunta de Shetty sobre las percepciones erróneas que circulan sobre él, Jordan adoptó una postura deliberada: prefirió no amplificar lo que considera falso. “Si le dás vida, empieza a existir”, explicó.

En cambio, definió la autenticidad en términos de energía constante: “Mi energía nunca cambió. Cuando alguien que no vi en años me dice ‘sigues siendo el mismo’, sé que no me estoy perdiendo a mí mismo”.

La pobreza sostenida daña el cerebro. Un estudio liderado por University College London (UCL) determinó que las personas que atravesaron dificultades económicas de forma prolongada durante su adultez obtuvieron peores resultados en pruebas cognitivas a los 53 años y mostraron signos de menor salud cerebral entre los 69 y 71. Los hallazgos, publicados en la revista científica Innovation in Aging, se basan en más de cinco décadas de seguimiento a 2.759 personas en el Reino Unido.

El trabajo forma parte del MRC National Survey of Health and Development, también conocido como la cohorte británica de 1946, considerada la investigación de nacimientos en curso más larga del mundo. Los participantes fueron encuestados a lo largo de su vida adulta, lo que permitió a los investigadores rastrear su situación financiera en tres momentos clave —a los 26, 43 y 53 años— y cruzar esos datos con su estado cognitivo y cerebral décadas después.

La acumulación de privaciones a lo largo de los años pesa más que los episodios aislados

El investigador Jacques Wels, del departamento de Salud y Envejecimiento a lo Largo de la Vida de UCL, subrayó que la mayoría de los estudios sobre deterioro cognitivo financiero examina la situación económica en un único momento. “Nuestro estudio, que abarca varias décadas de datos, nos permite ver que es la acumulación de dificultades a lo largo de muchos años la que se vincula con los peores resultados de salud cognitiva, y no los episodios ocasionales de adversidad”, señaló.

Los investigadores clasificaron como ingreso persistentemente bajo a quienes cayeron dentro del 20% más pobre del grupo al menos en dos de las tres mediciones. Bajo ese criterio, alrededor del 16% de los participantes —aproximadamente uno de cada seis— entró en esa categoría. Por su parte, las dificultades económicas cotidianas se midieron con preguntas sobre la capacidad de gestionar gastos y pagar facturas: cerca del 12% de los encuestados, uno de cada ocho, acumuló ese tipo de presión al menos dos veces entre los 36 y los 53 años.

Ambas condiciones mostraron asociación con peores marcadores cognitivos y cerebrales, y esa relación se mantuvo después de que los autores ajustaran los resultados por factores como la capacidad cognitiva en la infancia, el nivel educativo y las desventajas sufridas en los primeros años de vida.

El estrés crónico y la carga mental constante son los mecanismos más probables

El equipo propuso varios caminos para explicar cómo la presión financiera podría afectar al cerebro. Uno de ellos es la inflamación: el estrés crónico activa procesos inflamatorios que aceleran el envejecimiento cerebral. El otro es la carga cognitiva. Pensar de manera reiterada en las cuentas, las facturas y los gastos diarios consume recursos mentales que quedan menos disponibles para otras funciones.

Los investigadores también registraron un patrón llamativo en los datos de memoria. Aunque las personas con dificultades económicas mostraron peores resultados cognitivos a los 53 años, su rendimiento en pruebas de memoria declinó más lentamente entre los 53 y los 69. La explicación que ofrece el equipo es que esos participantes ya arrastraban una pérdida cognitiva considerable a los 53, lo que dejaba menos margen para registrar una caída adicional en los años siguientes.

Las evaluaciones cognitivas incluyeron memoria verbal y velocidad de procesamiento. En un subgrupo que luego se sometió a resonancias magnéticas, los investigadores detectaron mayor atrofia cerebral y una expansión más pronunciada de los ventrículos, es decir, el agrandamiento de las cavidades llenas de líquido dentro del cerebro, dos señales asociadas a peor salud cerebral.

El efecto fue especialmente marcado en hombres y en quienes ya partían de situaciones vulnerables

La asociación entre adversidad financiera y deterioro cognitivo resultó más intensa en tres grupos: los hombres, las personas que sufrieron desventajas en la infancia y quienes portaban la variante genética APOE-ε4, vinculada con un mayor riesgo de Alzheimer. Los varones con dificultades económicas persistentes obtuvieron peores puntajes cognitivos a los 53 años que sus pares femeninas en condiciones similares.

Los autores plantearon varias hipótesis para esa diferencia. Los hombres en situación desfavorable podían estar más expuestos a conductas perjudiciales para la salud, como el tabaquismo o el consumo problemático de alcohol. Además, en la generación nacida en 1946, los varones tendían a ser el principal sostén económico del hogar, lo que pudo intensificar el peso subjetivo de la presión financiera.

La profesora Praveetha Patalay, también de UCL, sostuvo que los resultados tienen implicaciones concretas para las políticas públicas. Para los investigadores, los datos apuntan a que reducir la pobreza crónica y acompañar a las personas en situaciones de vulnerabilidad económica podría ser también una herramienta de prevención frente al deterioro cognitivo y la demencia. El estudio, financiado por el Consejo de Investigación Médica del Reino Unido, continuará el seguimiento de los participantes de la cohorte a medida que cumplan 80 años.

El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, afirmó este 3 de septiembre que su administración logró reducir la pobreza desde cerca del 26% en 2019 hasta alrededor del 16% en el primer trimestre de 2026, además de avanzar hacia la meta de hambre cero y ejecutar más de 2,000 obras públicas en el país.

Las declaraciones fueron replicadas por la Presidencia dominicana tras la conferencia “Comunicando el relanzamiento del Gobierno”, realizada el 3 de septiembre en Santo Domingo.

Abinader sostuvo que los resultados sociales y económicos expuestos durante la actividad se produjeron en un contexto marcado por los efectos de la pandemia de covid-19 y por crisis internacionales que afectaron a la economía local.

El jefe de Estado indicó que el desafío ahora consiste en sostener la mejora de los indicadores sociales mediante políticas públicas orientadas a elevar las condiciones de vida de la población. Según expresó, la evolución de la pobreza se acompañó de medidas enfocadas en la seguridad alimentaria y en la ampliación de servicios estatales.

Durante su exposición, Abinader afirmó que la economía de República Dominicana acumuló un crecimiento de 4.5%, mientras que los salarios registraron una mejora superior a la inflación.

Abinader vinculó esos resultados con las inversiones realizadas en infraestructura y servicios públicos. Entre los sectores mencionados figuró la salud, donde el Gobierno aseguró que avanzó con la construcción, ampliación y modernización de hospitales en diversas provincias.

“Tenemos los números y los indicadores de nuestro lado”, afirmó el presidente, de acuerdo con la información oficial. El mandatario señaló que las políticas y obras desarrolladas por su administración permitieron fortalecer la capacidad de respuesta estatal en distintas áreas.

El director de Prensa de la Presidencia, Alberto Caminero, informó que durante la actual gestión se realizaron más de 2,000 obras, con una inversión superior a RD 750,000 millones (aproximadamente USD 12,800 millones).

El ministro administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista, respaldó ese planteo y sostuvo que la comunicación de las acciones gubernamentales debe asumirse como una tarea compartida entre funcionarios y voceros. Según afirmó, la población debe conocer los programas, obras y medidas que se ejecutan en el territorio.

Por su parte, el director de Información y Prensa de la Presidencia, Félix Reyna, destacó la necesidad de coordinar el trabajo de los equipos institucionales y de actualizar sus herramientas de comunicación.

República Dominicana fortaleció sus capacidades militares

En materia de defensa, Abinader aseguró que el país pasó de una posición de retaguardia a otra de vanguardia en el ámbito militar. Según su exposición, la Industria Militar Dominicana desarrolló capacidades para ensamblar y producir equipos y tecnología destinados a los organismos de seguridad.

El presidente afirmó que ese desarrollo despertó el interés de otros países de la región. Como ejemplo, mencionó la visita del presidente hondureño, Nasry Asfura, quien conoció las instalaciones y expresó interés en aeronaves y vehículos blindados ensamblados en territorio dominicano.

Abinader también aludió al interés manifestado por el presidente de Guyana sobre las capacidades industriales y tecnológicas desarrolladas por República Dominicana en el sector de defensa.

El 10 de diciembre de 2023, cuando Javier Milei recibió el bastón y la banda presidencial, la Argentina acumulaba una inflación anual superior al 200%, el déficit fiscal estaba fuera de control, las reservas netas eran negativas, el cepo cambiario estrangulaba la economía y el riesgo país rozaba los 2.000 puntos. Los precios se aceleraban a una velocidad que alimentaba el temor de un colapso y el nuevo gobierno hablaba abiertamente del riesgo de una hiperinflación.

La debilidad política del Presidente era casi tan pronunciada como los desequilibrios económicos que debía enfrentar. La Libertad Avanza tenía apenas 39 diputados nacionales sobre 257, seis senadores sobre 72, ningún gobernador y una estructura territorial inexistente. Milei llegaba a la Casa Rosada después de una carrera política extraordinariamente breve y sin ninguna de las grandes organizaciones partidarias que habían sostenido a los presidentes argentinos desde la recuperación de la democracia.

Este viernes 4 de septiembre se cumplen mil días de aquella asunción.

Y la Argentina es distinta.

No desaparecieron sus problemas estructurales ni está claro cuánto de lo ocurrido durante estos casi tres años terminará convirtiéndose en permanente. Tampoco Milei cumplió algunas de sus promesas más disruptivas: no dolarizó la economía ni cerró el Banco Central.

Pero durante sus primeros mil días avanzó simultáneamente con una cantidad extraordinaria de reglas económicas, políticas y sociales.

La inflación cayó, eliminó el déficit fiscal, el Estado nacional redujo su tamaño, se eliminaron miles de regulaciones, se modificó el régimen cambiario, cambió la legislación laboral, desactivó la intermediación de las organizaciones sociales de la asistencia y se transformó la relación del poder con la protesta callejera. Vaca Muerta aceleró su crecimiento y la minería comenzó a recibir grandes inversiones con las que el Gobierno pretende modificar en los próximos años la matriz exportadora.

También hubo un giro en la inserción internacional: con Milei, la Argentina decidió ubicarse inequívocamente en Occidente, alineada estratégicamente con Estados Unidos e Israel y alejada de la orientación geopolítica que durante los gobiernos kirchneristas había privilegiado el vínculo político con China, Rusia, Venezuela y llegó a firmar un pacto con Irán.

Pero así como giró Argentina, también cambió Milei.

El candidato que denunciaba cualquier negociación con la “casta” aceptó acordar con gobernadores y factores de poder clave. El Presidente que vio naufragar su primera Ley Ómnibus terminó construyendo mayorías para aprobar reformas. Y el dirigente que llegó sin partido nacional propio convirtió a La Libertad Avanza en una fuerza con representación en todo el país y multiplicó su presencia en el Congreso.

El giro tuvo y tiene aún costos, conflictos y contradicciones.

Jubilados, universidades, trabajadores estatales, sindicatos y organizaciones vinculadas con el área de discapacidad protagonizaron fuertes protestas. El Gobierno tuvo una enorme rotación de funcionarios, excepto las figuras omnipresentes de Karina Milei y de Santiago Caputo. Antes de jurar, Milei rompió políticamente con su vicepresidenta, Victoria Villarruel, convirtió al periodismo en su adversario y tuvo que enfrentar acusaciones judiciales contra figuras de su cercanía.

Un racconto de estos mil días no puede empezar por otro lado que por la economía.

Milei había anticipado el sentido de su programa mucho antes de entrar a la Casa Rosada. La motosierra fue uno de los símbolos centrales de su campaña y, una vez convertido en Presidente, en su primer discurso de espaldas al Congreso Nacional condensó el ajuste en otra frase que se transformó en una definición de gobierno: “No hay plata”.

No fue solamente una consigna.

El Gobierno redujo el gasto, paralizó la mayor parte de la obra pública nacional, eliminó transferencias discrecionales a las provincias, recortó subsidios, redujo estructuras estatales, revisó programas y organismos y avanzó con una reducción de la planta de empleados públicos.

La motosierra tampoco desapareció después de la campaña.

Mil días después, una motosierra todavía ocupa un lugar sobre la mesa de trabajo del despacho presidencial. La imagen resume una idea que Milei mantuvo prácticamente sin modificaciones durante toda su administración: el Estado debe gastar menos, intervenir menos y abandonar funciones que considera innecesarias.

Desde el Gobierno aseguran que la motosierra “no se apaga nunca”.

En eso no hubo gradualismo.

Luis Caputo y Federico Sturzenegger se convirtieron en ejecutores de la estabilización, la desregulación y el equilibrio fiscal dejaron de ser solamente una meta económica para transformarse en una regla política. Milei defendió el rumbo incluso mediante vetos a leyes aprobadas por el Congreso cuando consideró que podían poner en riesgo las cuentas públicas.

El resultado que el Presidente exhibe por encima de todos los demás es la inflación.

Cuando Milei asumió, los precios mayoristas corrían a un ritmo cercano al 1% diario. En julio pasado, ese mismo índice aumentó apenas 0,8% en todo el mes. La inflación minorista, que había alcanzado el 25,5% mensual en diciembre de 2023, se mueve ahora debajo del 2% mensual.

La pobreza atravesó primero el recorrido contrario.

El impacto de la devaluación, la aceleración de los precios y la caída inicial de los ingresos llevó el índice al 52,9% de las personas durante el primer semestre de 2024. Después comenzó a descender. El último dato oficial disponible, correspondiente al segundo semestre de 2025, la ubicó en 28,2%, mientras que la indigencia cayó al 6,3%.

La secuencia ayuda a explicar buena parte de la resistencia política de Milei.

El ajuste provocó inicialmente un deterioro social profundo. Pero la desaceleración de la inflación y la posterior recuperación de los ingresos permitieron revertir una parte importante de aquel impacto.

No ocurrió igual en todos los sectores.

La construcción sufrió especialmente el retiro del Estado nacional de la obra pública. Distintos segmentos industriales atravesaron períodos recesivos. Los jubilados quedaron en el centro de la discusión sobre el reparto del costo fiscal. Las universidades y las organizaciones vinculadas con discapacidad protagonizaron algunos de los conflictos presupuestarios más intensos de la gestión.

El desempleo, además, se ubicó en el 7,8% durante el primer trimestre de este año y el debate sobre la calidad del empleo y los salarios continúa abierto. Milei dice que se crearon 600 mil puestos de trabajo y desde la oposición señalan que se perdieron 300 mil empleos formales.

La discusión económica de septiembre de 2026, de todos modos, es diferente de la de diciembre de 2023.

La pregunta dejó de ser cómo evitar una crisis inflacionaria todavía mayor. Ahora es si la estabilidad puede transformarse en crecimiento sostenido y que esa mejora se sienta de manera homogénea en todo el país, pero sobre todo en los grandes y populosos conurbanos.

El dólar forma parte de esa nueva fotografía.

El libre estaba largamente por encima de los 1.000 pesos cuando Milei asumió. Desde entonces aumentó muy por debajo de la inflación acumulada, mientras el Gobierno fue desmontando restricciones cambiarias y avanzó gradualmente con la apertura del cepo.

El riesgo país recorrió un camino semejante. De niveles cercanos a los 2.000 puntos llegó este año a aproximarse a los 400, aunque posteriormente volvió a mostrar volatilidad y hoy se ubica en torno a los 500.

El Banco Central, además, modificó durante 2026 la estrategia de acumulación de reservas y compró alrededor de US$14.000 millones, por encima incluso de la meta anual acordada con el Fondo Monetario Internacional.

Pero reducir los mil días al ajuste y la estabilización sería perder una parte sustancial del proyecto libertario.

Ahí aparece con más fuerza Sturzenegger. Si Caputo representa el ordenamiento macroeconómico, el ministro encarna el intento de modificar las reglas con las que funcionan la economía y el propio Estado.

El proceso comenzó con el DNU 70/2023 y se profundizó con la creación del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. Según el relevamiento oficial, hasta julio se habían dictado 719 normas de desregulación, modificado o eliminado 2.803 normativas y cambiado miles de artículos.

No son 17.000 desregulaciones distintas y tampoco todas tuvieron la misma trascendencia. Pero la dimensión permite medir el alcance del intento del “Ministerio de rendimientos crecientes”, como suele llamarlo el Presidente.

Transporte, alquileres, comercio, actividad aerocomercial, importaciones, exportaciones, salud, organismos estatales, energía y minería fueron alcanzados por lo que el Gobierno denomina la “deep motosierra”.

Milei pretende que su legado económico no sea solamente haber bajado la inflación, sino haber cambiado las reglas con las que funciona la economía.

Vaca Muerta y la minería forman parte de esa segunda transformación.

YPF, bajo la conducción de Horacio Marín, concentró su estrategia en el shale, aumentó productividad, avanzó con la salida de campos maduros y convirtió a Vaca Muerta en el centro de su negocio.

La producción petrolera alcanzó sucesivos máximos y el crecimiento del no convencional explica buena parte de ese salto. Oleoductos, ampliación de la capacidad de transporte y proyectos de gas natural licuado forman parte de una apuesta todavía mayor: convertir a la energía en una fuente estructural de divisas y atacar una de las restricciones históricas de la economía argentina, la escasez recurrente de dólares.

La minería recorre un camino semejante.

El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), aprobado dentro de la Ley Bases, otorgó estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria de largo plazo para grandes proyectos y se convirtió en una herramienta central para atraer capitales hacia petróleo, gas y minería.

A eso se agregó este año la modificación de la Ley de Glaciares, que redefinió las reglas sobre el ambiente periglacial y amplió la capacidad de intervención de las provincias.

Cobre, litio, oro, petróleo y gas aparecen así en el horizonte de una economía que pretende modificar su matriz exportadora.

Todavía es demasiado temprano para saber si esa transformación alcanzará la escala que proyecta el Gobierno. Las inversiones energéticas y mineras requieren años. Pero la orientación está definida.

El segundo gran giro de los mil días ocurrió en el poder.

Milei descubrió muy temprano qué significaba gobernar con 39 diputados y seis senadores.

En febrero de 2024, la primera Ley Ómnibus naufragó en Diputados. El Presidente reaccionó con furia y acusó de “traidores” a legisladores y gobernadores que habían acompañado parcialmente la iniciativa.

Fue una derrota. Pero también un aprendizaje.

Meses después consiguió aprobar la Ley Bases y el paquete fiscal negociando con gobernadores, bloques provinciales, radicales y el PRO. El Pacto de Mayo, firmado en Tucumán, simbolizó también el tránsito desde aquella confrontación inicial hacia una estrategia política mucho más pragmática.

En eso, Karina Milei y Santiago Caputo resultaron determinantes.

La hermana del Presidente pasó de ser su persona de máxima confianza a convertirse en la arquitecta de la construcción nacional de La Libertad Avanza. El partido extendió su estructura territorial, incorporó dirigentes provenientes de otros espacios y comenzó a disputar poder en provincias donde dos años antes prácticamente no existía.

La relación con Mauricio Macri y el PRO recorrió el camino inverso.

El partido que había resultado decisivo para darle respaldo parlamentario, cuadros políticos y gobernabilidad durante el comienzo de la administración fue perdiendo autonomía a medida que crecía La Libertad Avanza.

El cambio puede observarse con claridad en el Senado: Milei asumió con seis legisladores. Hoy La Libertad Avanza tiene 21.

Pero esa construcción no fue lineal.

Hubo alrededor de 50 días en 2025 en los que el proyecto pareció ingresar en su momento de mayor fragilidad.

En septiembre, La Libertad Avanza sufrió una derrota de casi 14 puntos frente al peronismo en la provincia de Buenos Aires. El resultado provocó un cimbronazo político, golpeó los mercados, presionó al dólar y abrió interrogantes sobre la sustentabilidad del programa cuando todavía faltaban semanas para las elecciones legislativas nacionales.

Entonces apareció una figura inesperada en el centro de la política argentina: Scott Bessent.

El secretario del Tesoro de Donald Trump se convirtió en un protagonista determinante. Estados Unidos ya había resultado clave para facilitar el acuerdo de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional por US$20.000 millones. Frente a la nueva crisis, Washington profundizó el respaldo.

El Tesoro estadounidense intervino directamente en el mercado cambiario y puso a disposición otros US$20.000 millones mediante un swap.

El apoyo contribuyó a estabilizar el frente financiero antes de las elecciones y tuvo una dimensión que excedió a la economía: Trump mostró hasta dónde estaba dispuesto a llegar para respaldar a uno de sus principales aliados políticos en América Latina.

El 26 de octubre llegó la segunda parte de aquella historia.

Milei ganó las elecciones legislativas nacionales y consiguió además revertir, por un margen estrecho, la derrota en la provincia de Buenos Aires. En el camino, perdió su primer candidato, José Luis Espert, y tuvo que reemplazarlo por el ascendiente Diego Santilli.

En 50 días había pasado de atravesar su mayor derrota electoral y una crisis financiera a obtener el resultado que necesitaba para relanzar la segunda mitad de su mandato.

La nueva composición del Congreso abrió una segunda etapa, mucho más reformista, y con la tranquilidad de conseguir el tercio necesario para sostener un veto presidencial o, más extremo, el juicio político.

La reforma laboral fue una de sus principales expresiones. También la baja de la edad de la imputabilidad. La modificación de la Ley de Glaciares, otra. Y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que obtuvo media sanción de Diputados y espera su tratamiento en el Senado, busca convertir en una restricción legal la prohibición de financiar al Tesoro mediante emisión.

El fortalecimiento de Milei coincidió, además, con una profunda fragmentación del peronismo.

La condena definitiva de Cristina Kirchner en la causa Vialidad, su inhabilitación para ejercer cargos públicos y el cumplimiento de la pena bajo prisión domiciliaria modificaron el mapa interno del PJ.

Axel Kicillof comenzó a construir desde Buenos Aires una alternativa propia, pero el peronismo continúa sin una conducción nacional indiscutida.

Milei aprendió a gobernar aprovechando esas diferencias.

Osvaldo Jaldo, en Tucumán, y Raúl Jalil, en Catamarca, desarrollaron vínculos de cooperación con la Casa Rosada. Gustavo Sáenz, en Salta, se convirtió también en un interlocutor frecuente. Gobernadores de fuerzas provinciales, como Hugo Passalacqua, en Misiones, y Claudio Vidal, en Santa Cruz, acompañaron iniciativas relevantes.

En el extremo opuesto quedaron Kicillof, Ricardo Quintela, Gildo Insfrán, Claudio Melella y Sergio Ziliotto.

Milei no produjo la crisis del peronismo, pero aprendió a gobernar aprovechándola: explotó sus fracturas y evitó que el PJ funcionara como un bloque opositor homogéneo. Por lo menos, hasta ahora.

También cambió la calle.

La eliminación de la intermediación de las organizaciones sociales que encaró desde el primer día la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello -otra figura clave y permanente en el entorno del Presidente- más el protocolo antipiquetes instrumentado inicialmente por Patricia Bullrich modificaron una escena que durante años había formado parte de la cotidianeidad política argentina y rompía la convivencia en el espacio público.

Fue una decisión administrativa y también policial, pero fundamentalmente política: debilitó estructuras territoriales que durante años habían administrado recursos públicos y utilizado la movilización callejera como instrumento de negociación.

Eso no significó el final de la protesta.

La CGT realizó paros generales -el más rápido contra un gobierno asumido democráticamente en la historia- y enfrentó las reformas laborales. Las universidades protagonizaron movilizaciones masivas. Jubilados, trabajadores del Garrahan y organizaciones vinculadas con discapacidad encabezaron protestas.

El Gobierno consiguió modificar la lógica del piquete cotidiano.

La seguridad produjo además otra experiencia que Milei incorporó al balance de su gestión: Rosario. El Plan Bandera, desplegado junto con Santa Fe, y la ofensiva contra las organizaciones narcocriminales redujeron fuertemente los homicidios respecto de los niveles de 2023 y convirtieron a la ciudad en uno de los casos que el oficialismo utiliza para reivindicar su política de orden público. Los índices de delitos hoy están en sus niveles más bajos.

Mientras el rumbo permaneció estable, los nombres del Gobierno cambiaron a una velocidad inusual.

Milei tuvo cuatro jefes de Gabinete en mil días: Nicolás Posse, Guillermo Francos, Manuel Adorni y Diego Santilli.

También hubo sucesivos cambios en Cancillería, ministerios, secretarías y organismos.

La relación con Victoria Villarruel recorrió un camino todavía más extremo. El vínculo personal y político con Milei pasó de un malestar en sordina a una ruptura estruendosa y pública. “No es parte del Gobierno”, es la definición que repite una constante en la historia argentina.

La paradoja resulta evidente: una administración con una extraordinaria rotación de funcionarios mantuvo una extraordinaria continuidad en su orientación.

Karina Milei en la construcción política, Santiago Caputo en la estrategia, Luis Caputo en la economía, Sturzenegger en las reformas, Pettovello en la política social constituyen los pilares estables alrededor del Presidente.

Los casos judiciales introdujeron otra contradicción.

El caso $LIBRA, después de que Milei difundiera en febrero de 2025 un criptoactivo cuyo precio se derrumbó pocas horas después; la investigación sobre presuntas irregularidades en ANDIS, con los audios atribuidos a Diego Spagnuolo; el caso de José Luis Espert y su vinculación con el argentino condenado en Estados Unidos Federico “Fred” Machado; y la investigación patrimonial que alcanzó a Manuel Adorni tienen situaciones particulares, pero tuvieron un fuerte impacto puertas adentro del Gobierno.

La relación con el periodismo expone otra contradicción.

La construcción del conocimiento público de Milei sería difícil de explicar sin la extraordinaria exposición televisiva y mediática que tuvo antes de 2023. Mucho antes de convertirse en diputado, sus participaciones constantes en programas periodísticos transformaron a un economista conocido en ámbitos relativamente reducidos en una figura nacional.

Pero desde la Presidencia, en cambio, convirtió al periodismo en uno de sus adversarios recurrentes. Aquí aparece una idea transversal del proyecto libertario: la desintermediación.

Así como eliminó intermediarios en la administración de planes sociales y desafió estructuras tradicionales de la política, Milei intenta establecer un vínculo directo con sus seguidores sin reconocer necesariamente al periodismo como mediador entre el poder y la sociedad.

Hay, finalmente, otro cambio que excede la economía y la política doméstica.

Con Milei, la Argentina eligió ubicarse en Occidente.

Estados Unidos e Israel se convirtieron en sus dos principales aliados estratégicos.

La definición implicó un cambio respecto de la orientación de los gobiernos kirchneristas: la Argentina rechazó el ingreso a los BRICS que había negociado Alberto Fernández, tomó distancia del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, endureció su posición frente a Irán y colocó en el centro de su política exterior la condena al Memorándum de Entendimiento firmado con Teherán durante el gobierno de Cristina Kirchner.

También abandonó la búsqueda de una relación política preferencial con Rusia y China.

Eso no significó romper los vínculos económicos con Beijing.

China continúa siendo uno de los principales socios comerciales de la Argentina y Milei mostró, una vez en el poder, un pragmatismo mucho mayor que durante la campaña. El Gobierno preservó la relación comercial e incluso acaba de renovar por cinco años el swap con China.

La diferencia es geopolítica: puede haber comercio y financiamiento con China, pero el alineamiento estratégico está en Washington y Jerusalén.

Milei convirtió esa definición en parte de su identidad internacional. Su Gobierno reivindica explícitamente la pertenencia argentina a Occidente y vincula la defensa de Israel con la defensa de la civilización occidental.

La relación con Estados Unidos dejó además de ser solamente ideológica.

El apoyo de Trump, el papel de Bessent durante la crisis de 2025, la cooperación económica y el acercamiento estratégico demostraron que aquella decisión tuvo consecuencias concretas.

Con Israel, la relación fue todavía más explícita. Milei hizo de la defensa del Estado israelí y de la condena al terrorismo componentes centrales de su política exterior y contrapuso reiteradamente esa alianza con el Memorándum con Irán.

El Vaticano ofrece, en cambio, una demostración de cuánto pudo cambiar el propio Milei.

El candidato que había dirigido durísimos ataques contra el papa Francisco, al llegar a la Presidencia, recompuso el vínculo, se reunió con él y normalizó una relación que durante la campaña parecía imposible.

Después de la muerte del pontífice argentino, el vínculo con León XIV continuó por el camino del acercamiento. En noviembre, el nuevo Papa visitará la Argentina.

Es también una muestra de una transformación menos evidente: Milei cambió algunas de sus posiciones al mismo tiempo que intentaba cambiar la Argentina.

El Presidente que llega al día 1.000 tiene mucho más poder que aquel que recibió la banda el 10 de diciembre de 2023.

Tiene una fuerza política nacional, 21 senadores en lugar de seis, una representación considerablemente mayor en Diputados, gobernadores dispuestos a negociar y una oposición peronista fragmentada.

Tiene también resultados económicos que constituyen el principal activo de su gobierno: inflación sustancialmente menor, equilibrio fiscal, caída de la pobreza desde el pico de 2024, menor riesgo país y un sector energético que atraviesa una expansión histórica.

Y tiene una apuesta todavía inconclusa: que las desregulaciones, el RIGI, Vaca Muerta y la minería conviertan la estabilización en inversión, exportaciones y un crecimiento parejo.

Los problemas tampoco desaparecieron.

Persiste el impacto del ajuste sobre determinados sectores, la discusión sobre jubilaciones, infraestructura y servicios públicos, las dificultades de algunas actividades productivas, el desafío de la industria frente a una economía más abierta, los conflictos sociales y las investigaciones judiciales.

Milei tampoco dolarizó ni cerró el Banco Central, dos ideas que representaban la radicalidad de su campaña. La reforma de la Carta Orgánica que impulsa ahora supone, de hecho, institucionalizar un Banco Central con reglas más restrictivas antes que eliminarlo.

Por eso, los mil días permiten hablar de un giro inédito, pero no de una historia terminada.

La Argentina de septiembre de 2026 tiene una inflación diferente, otras reglas fiscales, un Estado más chico, un nuevo mapa político, otra relación con la protesta y las organizaciones sociales, nuevas prioridades productivas y una definición geopolítica mucho más nítida.

La motosierra que Milei levantaba durante la campaña sigue sobre la mesa de su despacho presidencial.

La imagen permite unir el comienzo con el presente. Pero la pregunta decisiva ya no es si Milei estaba dispuesto a utilizarla. Eso quedó contestado.

La incógnita es qué parte de lo que cortó, modificó y construyó durante estos mil días sobrevivirá a su propio gobierno y se convertirá en una transformación permanente de la Argentina.

La respuesta empezará a jugarse inmediatamente.

Porque después del día 1.000 comienza otra cuenta regresiva: la que conduce a 2027 y al intento de Javier Milei de conseguir otros cuatro años para consolidar el giro que inició aquel 10 de diciembre de 2023.

La mayoría de las proyecciones de consultoras económicas coinciden en que el dato de inflación de agosto tiene una alta probabilidad de ubicarse por debajo del 1,9%, es decir seria el menor registro en lo que va de 2026. La desaceleración de precios permitirá, en caso de mantenerse que también el nivel de pobreza calculado por el Indec siga en descenso, con buenas chances de acercarse o incluso perforar el 25% en el próximo año.

El rubro alimentos y bebidas presenta incluso una desaceleración mayor y en agosto habría subido menos del 1,5 por ciento. De esta forma, los ingresos le ganan paulatinamente al ritmo de aumento de la canasta básica, lo que debería impactar favorablemente en las futuras mediciones del índice de pobreza.

Según la última Encuesta Permanente de Hogares, el nivel de pobreza en Argentina se ubicó en el 28,6% en el último trimestre de 2025.

El índice de pobreza superó el 40% luego de la devaluación de diciembre de 2023, algo que algunos atribuyen a una decisión tomada por el gobierno de Javier Milei. Otros, en cambio, coinciden en que aquel movimiento cambiario no hizo más que blanquear un ajuste cambiario que se venía conteniendo. La disparada de los precios de aquel mes también era algo que ya estaba totalmente jugado.

No está claro si una posible disminución adicional de los niveles de pobreza tras el salto que se espera para la primera parte de 2026 favorecerá las chances electorales del Presidente en la búsqueda de la reelección. Por lo pronto, en el caso de Mauricio Macri había caído a 25,7% en 2017. Ese año el gobierno ganó las elecciones legislativas por amplio margen.

Sin embargo, los procesamientos de microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) y mediciones de la UCA para el primer trimestre de 2026 muestran que la tendencia a la baja se interrumpió, registrando un repunte que la ubicaría en torno al 30%.

El estudio conocido como “nowcast” de la Universidad Torcuato Di Tella proyecta que el consolidado del semestre completo se situará cerca del 31,6 por ciento. El dato del Indec correspondiente al primer trimestre de 2026 se conocerá el 24 de septiembre.

La urgencia del Gobierno por seguir desacelerando la inflación y al mismo tiempo reducir los niveles de pobreza es posiblemente el mejor reaseguro que los ajustes cambiarios serán casi imperceptibles en los próximos meses. En agosto, el dólar mayorista subió poco más de 1% y volvió a quedar por debajo del índice de precios proyectado del mes.

Una de las problemáticas laborales más críticas de la Argentina, es la de las personas que, aún contando con un puesto de trabajo, no perciben ingresos suficientes para cubrir la canasta básica mínima de bienes y servicios, tomada como referencia para la medición de la pobreza. Entre las principales causas de este fenómeno se encuentran tendencias que han persistido durante décadas: la reducción del poder adquisitivo de los ingresos laborales y la creciente precarización laboral.

En este sentido, desde el año 2018 se consolidó un proceso de crecimiento sostenido de la incidencia de la pobreza en los trabajadores. Según los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), el porcentaje de trabajadores en hogares pobres más que se duplicó entre los primeros trimestres de 2017 y 2024 (paso del 18,9% al 44,6%).

Un informe del Ministerio de Capital Humano resaltó que “para el primer trimestre de 2026 (último dato disponible), el 20,6% de la población ocupada se encontraba bajo la línea de pobreza, lo que representa una caída de 24 puntos porcentuales respecto al mismo periodo de 2024 y de 8 puntos porcentuales en relación al primer trimestre de 2023”.

Al proyectar esta mejora sobre la población nacional -agrega la cartera que conduce Sandra Petovello- se estima que más de un millón y medio de trabajadores lograron superar el umbral de pobreza durante este lapso.

Siete de cada diez hogares argentinos con dificultades financieras contrajeron deuda para cubrir alimentos o gastos de vivienda, según un relevamiento de la consultora Inteligencia Analítica realizado a fines de agosto.

El estudio, que relevó un segmento focalizado de la población con problemas para afrontar sus gastos (2.252 casos efectivos), encontró que el 77,2% de los consultados utilizó una deuda nueva para pagar otra anterior y que el 62,1% mantiene en la actualidad algún pago atrasado.

Casi nueve de cada diez encuestados no logra cubrir el conjunto de sus gastos

El relevamiento parte de un diagnóstico sobre la capacidad de pago de los hogares: el 86,4% de los encuestados afirma no cubrir el conjunto de sus gastos familiares. Dentro de ese universo, el 38,6% sostiene que sus ingresos ni siquiera alcanzan para las necesidades básicas, mientras que un 29,1% adicional indica que el ingreso solo cubre esas necesidades mínimas, sin margen para otros consumos. Un 18,7% dice no llegar a cubrir la totalidad de sus gastos y apenas el 13,6% afirma cubrirlos o registrar un excedente.

Según la lectura del informe, la insuficiencia de ingresos antecede al endeudamiento: el crédito aparece como una respuesta ante gastos que el ingreso corriente no logra cubrir. En ese contexto, el pago de cuotas, tarjetas y préstamos compite de manera directa con los recursos destinados a alimentación, vivienda y salud.

“El hallazgo principal no es únicamente la presencia de deuda, sino su utilización para financiar gastos corrientes y, posteriormente, para sostener el pago de la propia deuda. Esta secuencia permite interpretar los resultados como un patrón de endeudamiento defensivo: los hogares recurren al crédito para compensar ingresos insuficientes y sostener compromisos financieros que se acumulan en el tiempo”, detalló en informe.

Alimentos y vivienda concentran el destino del crédito

Al indagar sobre el motivo principal del endeudamiento, el 44,5% de los encuestados mencionó alimentos y productos básicos, y un 32% señaló servicios, impuestos, alquiler y vivienda. Ambas categorías, agrupadas por Inteligencia Analítica, explican el 76,5% del total. Muy por detrás quedan la salud o educación, con el 5,5%, y la ropa, el calzado y los bienes para el hogar, con el 5,1 por ciento. Las vacaciones y otros consumos no esenciales apenas reúnen el 0,9% de las menciones, y las apuestas, el 0,3 por ciento.

El patrón se repite al consultar por un segundo motivo de endeudamiento: el 42% volvió a mencionar servicios, alquiler e impuestos, y el 31,3% citó alimentos. La reiteración de estas categorías, según el informe, muestra que el crédito se encuentra integrado al funcionamiento ordinario del hogar y deja de operar como un adelanto de consumo para convertirse en una herramienta de cobertura de necesidades inmediatas.

La mitad del ingreso familiar se destina a pagar deudas

La carga financiera mensual resulta uno de los indicadores más marcados del relevamiento. El 56,2% de los consultados destina al menos el 40% de su ingreso al pago de deudas, y el 34,9% paga más de la mitad de lo que percibe cada mes. En términos de deuda acumulada, el 44,5% tiene compromisos superiores al 40% de su ingreso y el 59,9% supera el 30 por ciento.

La distribución promedio del presupuesto mensual muestra que el 56,2% del ingreso se destina a obligaciones financieras, frente a un 43,8% disponible para el resto de los gastos. Ese nivel de compromiso, señala el estudio, reduce la capacidad de los hogares para absorber aumentos de precios, ajustes tarifarios o cualquier deterioro adicional en los ingresos.

La tarjeta de crédito es el instrumento con mayor peso

Entre los distintos productos financieros, la tarjeta de crédito ocupa el lugar central. El 48,2% de los encuestados la identifica como su deuda principal y el 52,1% le destina el mayor pago mensual entre todas sus obligaciones.

La forma en que se cancela el resumen mensual funciona, de acuerdo con el informe, como un indicador de deterioro progresivo. El 36% de los consultados pagó el total de su último resumen, el 27,6% pagó más que el mínimo pero menos que el total, el 18,4% abonó solamente el mínimo y el 11,8% pagó incluso menos que ese mínimo. A medida que se avanza hacia los pagos parciales, aumentan de manera correlativa la refinanciación y la mora.

Ocho de cada diez recurrió a una deuda nueva para pagar otra

El 77,2% de los encuestados utilizó una nueva deuda para cancelar una obligación anterior en los últimos seis meses. De ese grupo, el 63,2% recurrió a esta práctica más de una vez y el 14% lo hizo en una sola oportunidad. Solo el 21% del total no apeló a esta estrategia.

La relación entre la refinanciación y la mora resulta directa: entre quienes no utilizaron deuda para pagar otra deuda, el 62,3% no registra atrasos, mientras que entre quienes lo hicieron en varias ocasiones esa proporción sin atrasos cae al 25,7 por ciento. El informe describe esta secuencia como un circuito que comienza con un presupuesto insuficiente, continúa con crédito para gastos corrientes, avanza hacia un mayor peso de las cuotas y termina en nueva deuda para pagar deuda, con atrasos y mayor vulnerabilidad como desenlace.

Seis de cada diez encuestados reconoce algún atraso vigente

El 62,1% de los consultados admite mantener en la actualidad alguna forma de atraso en sus pagos. De ese total, el 31,3% presenta una mora menor a tres meses, el 21% acumula tres meses o más de atraso y el 9,8% no logra precisar la antigüedad de su deuda impaga.

Ante la imposibilidad de completar un pago, las respuestas más frecuentes son pagar solamente una parte (31,1%) y pedir dinero a familiares o amigos (27,8%). Un 18,4% opta por tomar otro préstamo o usar otra tarjeta, el 8,6% deja de pagar de manera temporal y el 5,3% reduce gastos en alimentos, medicamentos u otros consumos básicos. Solo el 2,5% de los encuestados renegoció de manera formal con la entidad o persona acreedora.

Jóvenes, cuentapropistas y hogares numerosos, los más expuestos

El informe identifica diferencias significativas según edad, situación laboral y composición del hogar. Entre los 16 y los 29 años, el 83,8% utilizó una deuda para pagar otra, el porcentaje más alto de todos los tramos etarios, además de un mayor uso de billeteras virtuales y prestamistas. En la franja de 30 a 49 años, el 38,4% destina más de la mitad de su ingreso a deudas y el 25,1% registra mora prolongada.

La situación laboral también marca diferencias: entre quienes trabajan sin aportes, la mora de tres meses o más alcanza el 24,6%, frente al 16,5% de quienes sí los tienen. Los cuentapropistas presentan la mora prolongada más alta entre todas las situaciones laborales analizadas, con el 29,7 por ciento. En cuanto al tamaño del hogar, la mora prolongada asciende del 12% en los hogares unipersonales al 29,8% en los hogares de cinco integrantes o más.

El relevamiento también indagó sobre la identificación política de los encuestados. “La mora de tres meses o más alcanza el 20,9% tanto entre votantes de Massa como entre votantes de Milei. Las principales diferencias aparecen en las expectativas: 81,3% de los votantes de Massa y 54,4% de los votantes de Milei creen que su situación personal estará peor dentro de seis meses”, explicó el trabajo.

La crisis económica en Cuba ha dificultado la obtención de comida y medicinas para los gatos, poniendo en riesgo la continuidad del refugio y el bienestar de los animales que allí viven.

La malnutrición afecta casi al doble de mujeres que de hombres en Cuba, según datos que revelaron una brecha de género que el sistema de salud de la isla no reconoce oficialmente.

El 9% de las mujeres analizadas por Food Monitor Program registró un peso por debajo del umbral saludable, frente al 4.9% de los hombres. La organización examinó registros de peso y talla de 1,275 mujeres y 1,228 hombres, y la diferencia se mantuvo en todos los grupos de edad del estudio.

Cuando comer es una decisión de sacrificio

Una madre habanera de 18 años describió a Martí Noticias la mecánica cotidiana de esa estadística: la mayoría de los días come una sola vez. A veces dos. La escasez obliga a ordenar prioridades dentro del hogar, y ella siempre queda al final de esa lista.

“Lo miré durmiendo y yo nada más pensaba qué le daría cuando se despertara, qué podía darle. No tenía nada, nada, nada. No había ni agua ese día”, relató.

Su testimonio ilustra lo que Sergio Ángel Baquero, director de Proyectos de Food Monitor Program, describió a la redacción de Martí Noticias como una “dinámica de sacrificio alimentario femenino”: las mujeres reducen sus porciones, dejan de comer o reservan los mejores alimentos para sus hijos, familiares enfermos u otras personas dependientes.

La paradoja que señaló la organización es que las mujeres describieron hogares ligeramente mejor abastecidos que los hombres, pero registraron una prevalencia de bajo peso casi dos veces mayor. El sacrificio, en otras palabras, no aparece en las respuestas sobre el hogar. Aparece en el cuerpo.

Una brecha que se acentúa en la juventud y en la vejez

Entre las mujeres de 18 a 25 años, el 12.6% registró bajo peso, frente al 8.3% de los hombres del mismo rango. En el grupo de 26 a 40 años, la diferencia fue de 8.9% contra 5%.

Las provincias con mayor proporción de mujeres con bajo peso fueron Las Tunas (25%), Guantánamo (23.4%), Pinar del Río (21.4%) y Granma (20.3%).

En el otro extremo de la pirámide etaria, la vulnerabilidad también se concentró en las mujeres. El 94.7% de las mayores de 60 años teme que sus ingresos resulten insuficientes, el 92.2% ha enfrentado dificultades para conseguir medicamentos y el 87.6% depende exclusivamente de una jubilación o pensión.

El peso invisible de alimentar a una familia

La desigualdad no se reduce a cuánto comen las mujeres, sino también a cuánto trabajan para que los demás coman. Según Food Monitor Program, en el 92.1% de los hogares descritos por mujeres, al menos una participa en la preparación de los alimentos, y el 74.8% cocina sola o acompañada por otra persona.

La organización utiliza el término “feminización de la subalimentación” para describir ese doble peso: mayor incidencia de bajo peso y mayor carga en la gestión alimentaria familiar.

Un deterioro que no se detiene

El contexto en el que se inscribió este análisis de género fue el de una crisis que se agrava de forma sostenida. La proporción de encuestados que declaró haberse ido a dormir con hambre al menos una vez en el mes subió del 18.7% en 2023 al 24.6% en 2024 y al 33.9% en 2025, según la Encuesta Nacional de Seguridad Alimentaria analizada por Food Monitor Program.

Esa tendencia coincide con los datos más recientes del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), que publicó el 21 de agosto de 2026 su IX Estudio sobre el Estado de los Derechos Sociales en Cuba.

El informe, basado en 1,318 entrevistas realizadas entre junio y julio de 2026 en las 15 provincias del país, estimó que el 94% de la población vive en pobreza extrema, cinco puntos más que en la medición de 2025.

El dato que más creció en un año dentro de ese estudio es precisamente el del hambre: ocho de cada 10 cubanos dejaron de desayunar, almorzar o cenar al menos una vez en los seis meses previos a la encuesta, frente a siete de cada 10 en la medición anterior. Entre los mayores de 61 años, la proporción escala a nueve de cada 10.

El verano de 2026 agravó aún más ese escenario. Madres cubanas describieron en redes sociales los meses de julio y agosto como los más difíciles que han vivido, marcados por apagones, escasez de agua y precios fuera del alcance de cualquier salario.

El Ministerio de la Industria Alimentaria admitió en junio que durante el año no pudo distribuir aceite, pollo ni yogur a través del sistema de racionamiento. En agosto, un litro de aceite llegó a costar entre $3,000 (125 USD) y $7,000 pesos cubanos (291.60 USD) en el mercado informal.

Para la joven madre entrevistada en La Habana, esas cifras se traducen en una decisión diaria sin margen de error: cuánto puede comer ella cuando primero tiene que asegurarse de que su hijo tenga algo que llevarse a la boca.

Al eliminar la propiedad privada, el marxismo terminó aniquilando la iniciativa. El anarco capitalismo de corte libertario, en su voluntad de disolver al Estado, convierte a las sociedades organizadas en selvas donde los fuertes terminan aplastando a los débiles. Cuando el actual gobierno, en su ignorancia o en su perversión, habla de los famosos cien años de decadencia, se refiere a la década infame, al derrocamiento de Yrigoyen avalado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hecho que sometió a nuestra sociedad a una sucesión de golpes militares desde 1930 en adelante. De ese modo, la democracia, el gobierno de las mayorías, no debía ser aceptado jamás por las minorías ociosas y parasitarias, que en su impotencia nunca soportaron ni el voto popular ni la industria nacional. La pretensión del gobierno de Milei de autodenominarse “liberal” es absolutamente grotesca, y esta condición queda al desnudo cuando considera a la morosidad de los deudores como un tema privado y confronta con insultos al periodismo, lo cual define, sin duda, un infinito apartamiento de las pretensiones de libertad.

Sabido es que en los 70 éramos más que Brasil. Teníamos un desarrollo científico e industrial y una integración social que reflejaba la concepción europea, aquella donde todos los ciudadanos son partícipes del desarrollo colectivo. Hoy, sin duda, el modelo vigente impone la fotocopia de Miami, de un Estados Unidos imperial en el que la dimensión de su riqueza sirvió para imponerse en el mundo sin siquiera aceptar un proyecto de salud pública que beneficiara a la totalidad de sus habitantes. Dos concepciones del progreso, el de pocos o el de todos. Hace cien años era el de pocos y hace cincuenta, se imponía el de todos.

El modelo imperante se basa en el concepto de privatización que no es otro que el robo de lo colectivo para convertirlo en riqueza individual. La burguesía industrial es aquella que genera bienes y da trabajo en tanto que la parasitaria se ocupa de apropiarse de esos bienes colectivos para sustituir al Estado, concentrar la riqueza y abandonar a los más vulnerables. Es llamativo que el Gobierno y sus aplaudidores consideren a la usura como un acuerdo entre privados y a la opinión de los periodistas, como un daño al poder político. Es como si la casta, que hoy usurpan, perteneciera a un nivel superior al de los endeudados que no son los hijos de la modernidad del crédito, sino los perjudicados por el empobrecimiento al que esta casta libertaria somete a la sociedad. Por lo tanto, la concepción actual no ofrece ninguna otra salida política que la continuidad del robo al Estado y del abandono de las clases medias y populares. Toda estructura dogmática se asienta en un ejército de repetidores para quienes el dogma es un catecismo y su reiteración, un aburrido temor al riesgo de la duda. Conciben esta pequeñez como la expresión de una nueva ideología.

La política exterior que nos une a los Estados Unidos de Trump y al Israel de Netanyahu marca una voluntad de dependencia que rompe con la histórica neutralidad que atraviesa a nuestra sociedad en toda su historia. Frases sin sentido, cantilenas repetidas hasta el hartazgo por los libertarios, del estilo “proteger es cazar en un zoológico”, revelan el desconocimiento de un mundo donde no existe sociedad que no proteja su producción y anteponga su relación no con los valores del mercado, sino con las necesidades laborales de su población. De ahí, que se escuchen conceptos tan burdos, como el de una diputada para quien la “macro” corresponde al Estado, por lo cual involucrarlo en la “micro” es, a su entender, siempre delictivo. La economía constituye una parte significativa de la política, pero no puede ocupar su lugar. Un proyecto de país debe incluir a su burguesía industrial y a los sectores productivos, pero jamás puede estar en manos de las minorías enriquecidas que solo se ocupan de sus intereses y nunca, de las necesidades colectivas.

Volver a la política es imprescindible, más que nada en una sociedad donde el poder de sus grupos concentrados intenta imponerse como la única visión, como si los mercados fueran más relevantes que el voto y las necesidades de la sociedad. Pocas veces un fanatismo sin ideas impuso un conjunto de propuestas irracionales a las que quiso convertir en la lógica de un pensamiento que sustituya a la verdadera coherencia, aquella donde el Estado se haga cargo del desarrollo de lo necesario y lo privado se limite al lugar donde le esté impedido dañar al conjunto.

Los números que inventa el Gobierno para justificar haber sacado a millones de argentinos de la pobreza, de la marginalidad, son tan falsos que terminan situados en el plano de lo perverso, del cinismo. El Estado no puede estar al margen de la desesperación de los endeudados, siendo su obligación controlar la desmesura de los intereses que, en su desarrollo, terminan generando una nueva forma de marginalidad.

El camino que se empecinan en seguir Milei y los fanáticos que lo acompañan continuará empobreciendo a las mayorías. En consecuencia, la posibilidad de su reelección terminará desapareciendo hasta de las encuestas más oficialistas. Por su parte, los intentos de reactivación solo muestran a un gobierno con alguna conciencia de su debilidad acompañado de una supuesta ideología de la que se obstina en no salir.

Milei no está creando nada, por el contrario, lo destruye todo. Esperemos que el destino de este proyecto no sea la reelección, sino, en un acto de justicia, el enjuiciamiento y la condena de sus deleznables ejecutores.

La situación económica en Cuba atraviesa una de sus etapas más graves: ocho de cada diez personas han debido omitir alguna comida diaria por falta de dinero o alimentos, según el último informe del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH).

El deterioro de la economía familiar encuentra una de sus principales causas en el desplome del peso cubano (CUP) frente al dólar estadounidense. Desde diciembre de 2025, la moneda nacional continuó depreciándose en el mercado no estatal, referencia habitual para la población. Según los datos recopilados por el Observatorio, la línea de pobreza extrema, calculada en 1.90 dólares diarios por persona según el Banco Mundial, equivale a aproximadamente 87,210 CUP mensuales por hogar de tres integrantes (130.16 USD). Sin embargo, el 68% de los hogares declara ingresos mensuales inferiores a 20,001 CUP (29.85 USD), muy por debajo del umbral de subsistencia fijado por el Banco Mundial.

El estudio, basado en una muestra representativa de más de 1,300 entrevistas realizadas en 79 municipios, señala que el 63% de los hogares enfrenta dificultades incluso para adquirir los bienes esenciales. Solo el 6% de la población puede realizar compras más allá de lo básico, mientras que 30% apenas logra cubrir sus necesidades primarias. Esta precariedad afecta con especial fuerza a los adultos mayores, quienes constituyen el 38% de quienes no pueden acceder ni siquiera a lo esencial.

La alimentación diaria se ha convertido en un desafío para la mayoría. Ocho de cada diez cubanos han dejado de desayunar, almorzar o cenar durante los últimos seis meses debido al encarecimiento de los productos básicos y la escasez. El informe del OCDH detalla que el fenómeno se agrava en la población mayor de 61 años, donde nueve de cada diez han debido saltarse comidas. Solo 19% afirma no haber omitido ninguna comida en el periodo evaluado.

Ingresos, remesas y poder adquisitivo

El informe subraya que ocho de cada diez hogares no cuentan con los recursos suficientes para sobrevivir. Solo 4% reporta ingresos que permiten algunas compras extra, y apenas 2% puede adquirir la mayoría de los bienes que desea.

El impacto de las remesas familiares, aunque positivo para quienes las reciben, resulta limitado ante la inflación y la escasez de servicios y productos de primera necesidad. La reducción del poder adquisitivo ha reducido el efecto de los productos subsidiados, tradicionalmente considerados un paliativo en el contexto cubano.

Entre los adultos mayores de 60 años, la vulnerabilidad aumenta. El 47% de este grupo reporta ingresos inferiores a la pensión mínima oficial de 3,056 CUP mensuales (4.56 USD), y casi la totalidad de ellos atribuye la omisión de comidas a la falta de recursos o alimentos. El fenómeno afecta tanto a quienes dependen exclusivamente de pensiones estatales como a familias con ingresos mixtos, evidenciando el alcance de la emergencia alimentaria y económica.

La canasta básica y el costo de alimentarse

La canasta básica alimentaria para dos personas en La Habana, calculada en agosto de 2025 por el Food Monitor Program, sin descriptor de autoridad identificado en el texto, se situó en 41,735 CUP (62.29 USD). Esta cifra contrasta con los ingresos reales de la mayoría de las familias, que deben destinar la totalidad de sus recursos a la compra de alimentos y aun así no logran cubrir las tres comidas diarias.

El OCDH destaca que la crisis alimentaria figura entre los tres principales problemas a resolver en los próximos meses, junto con los apagones eléctricos y el incremento del coste de vida.

El contexto de crisis se ve agravado por la desconfianza hacia las medidas económicas recientes. El 84% de la población no espera mejoras derivadas de las reformas anunciadas, mientras que solo 6% mantiene alguna expectativa favorable. La percepción de colapso y precariedad se ha convertido en la norma, con un impacto directo sobre la salud, el bienestar y las perspectivas de futuro de los hogares cubanos.

El rechazo a las reformas y el reclamo de cambios

Frente a este panorama, la demanda de cambios en la economía y la política del país es mayoritaria en Cuba. El 77% de la población expresa su preferencia por transformaciones en el ámbito político y económico tanto en el ámbito político como económico, reflejando la urgencia de respuestas que permitan revertir la crisis y garantizar los derechos sociales fundamentales.

El incremento ha permitido recuperar parte del poder adquisitivo de los trabajadores, pero también mantiene abierta una pregunta: ¿es suficiente para cubrir el costo de vida actual?

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó recientemente este avance en sus redes sociales. En un video, señaló que el salario mínimo pasó de 2 mil 800 a 9 mil 584 pesos mensuales y afirmó que, como resultado, la pobreza laboral se encuentra en su nivel más bajo desde 2005.

“Con honestidad, damos resultados”, sostuvo la mandataria, al presentar el aumento salarial como uno de los resultados de la política económica de su administración.

Salario mínimo 2026: ¿cuánto reciben los trabajadores?

Para 2026, el salario mínimo general es de 315.04 pesos diarios, equivalente a aproximadamente 9 mil 582 pesos mensuales. En la Zona Libre de la Frontera Norte, el monto es mayor: 440.87 pesos diarios, alrededor de 13 mil 400 pesos al mes.

El incremento representa una recuperación importante frente a los 88.36 pesos diarios de 2018.

De acuerdo con la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami), el poder de compra también ha mejorado: mientras en 2018 un salario mínimo permitía adquirir alrededor de 0.78 canastas básicas, actualmente alcanza para cerca de 1.94.

Sin embargo, que el ingreso tenga mayor poder adquisitivo no significa necesariamente que sea suficiente para vivir con estabilidad.

La mayoría de los trabajadores gana entre uno y dos salarios mínimos

Los datos laborales muestran además que el salario mínimo continúa siendo el referente de una parte importante de la población ocupada. Durante el primer trimestre de 2026, la distribución de ingresos fue la siguiente:

• 47% de los trabajadores recibió hasta un salario mínimo.
• 30.8% obtuvo entre uno y dos salarios mínimos.
• 6.1% ganó entre dos y tres salarios mínimos.
• 2.4% recibió entre tres y cinco salarios mínimos.
• Apenas 0.8% obtuvo más de cinco salarios mínimos.
• 4.2% declaró no recibir ingresos.

En conjunto, 77.8% de las personas ocupadas se ubicó entre uno y dos salarios mínimos. Esto significa que para millones de trabajadores el incremento salarial representa una mejora, pero también constituye el ingreso con el que deben enfrentar alimentación, vivienda, transporte y servicios.

Canasta básica y salario: el dinero se queda corto

El costo de los alimentos depende de la medición utilizada. La canasta de 24 productos que monitorea el Gobierno puede encontrarse alrededor de los 900 pesos, mientras que la estimación de la ANPEC para una canasta alimentaria más amplia ronda los 2 mil 100 pesos mensuales por persona.

Además, la línea de pobreza por ingresos del Inegi —que considera alimentos y otros bienes y servicios— se ubica aproximadamente en 4 mil 884 pesos mensuales por persona en zonas urbanas.

El problema se vuelve mayor cuando existe más de un integrante en el hogar. Una familia que depende de un solo salario mínimo debe destinar una parte considerable de sus ingresos únicamente a necesidades básicas, dejando poco margen para otros gastos.

Renta, transporte y salud: los gastos que complican el presupuesto

Una persona que vive sola podría cubrir alimentación básica, transporte y algunos servicios con un salario mínimo si mantiene un presupuesto muy limitado y reside en una zona de costos moderados. Pero la situación cambia considerablemente en las grandes ciudades.

La vivienda representa uno de los principales obstáculos. En lugares como Ciudad de México, Monterrey o Guadalajara, una renta puede consumir una parte sustancial de los aproximadamente 9 mil 500 pesos mensuales.

A ello se suman electricidad, agua, gas, transporte, telefonía, medicamentos, educación y otros gastos cotidianos. El ahorro para emergencias o la posibilidad de adquirir una vivienda quedan todavía más lejos.

El empleo también enfrenta un reto: crece la informalidad

El aumento salarial ocurre además en un mercado laboral con señales de fragilidad. Datos de la ENOE correspondientes al primer trimestre de 2026 muestran que el empleo informal concentró el crecimiento de la ocupación, mientras el trabajo formal registró una reducción.

Entre el primer trimestre de 2025 y el mismo periodo de 2026 se incorporaron más de 583 mil personas a actividades informales, mientras las plazas formales disminuyeron en más de 31 mil.

Así, el debate no se limita al monto del salario mínimo. También involucra la calidad del empleo, el acceso a prestaciones y la posibilidad de que los ingresos permitan construir patrimonio.

El aumento de 2 mil 800 a casi 9 mil 600 pesos mensuales representa un avance considerable y coincide con una recuperación del poder adquisitivo y una reducción de la pobreza laboral. No obstante, para una persona que debe sostener por sí sola un hogar, especialmente en una ciudad cara, ese ingreso continúa siendo insuficiente para vivir con holgura.

La realidad, por tanto, se encuentra entre ambos datos: el salario mínimo sí ha mejorado de manera sustancial, pero el costo de la vivienda y las necesidades familiares hacen que ganar más no necesariamente signifique vivir sin dificultades económicas.

Julio suele traer consigo una sensación de renovación. Con un nuevo gobierno llega también la oportunidad de revisar aquellos desafíos estructurales que definirán el desarrollo del país en los próximos años. En el sector energético, esa reflexión resulta especialmente necesaria. La seguridad del suministro, la transición hacia una matriz más sostenible y la reducción de la pobreza energética siguen siendo tareas pendientes que exigen continuidad más allá de un periodo de gobierno. El verdadero desafío será evitar que las decisiones importantes se posterguen hasta que la realidad nos obligue a actuar.

Quizás el mayor reto que tenemos por delante no sea técnico ni financiero, sino cultural: dejar de esperar que los problemas se resuelvan solos y asumir, de una vez, la responsabilidad de construir soluciones de largo plazo.

La experiencia de marzo nos recordó por qué esa forma de actuar tiene costos. La interrupción en el único ducto que transporta el gas natural de Camisea hacia la costa afectó el abastecimiento de distintos sectores, elevó los costos de la electricidad y obligó a miles de familias y transportistas a recurrir temporalmente a alternativas más costosas. El episodio dejó una lección que no podemos permitirnos olvidar: fortalecer la infraestructura, desarrollar mecanismos de respaldo y diversificar las fuentes de abastecimiento son decisiones que debemos impulsar hoy, antes de que llegue la próxima emergencia.

La transición energética plantea un desafío distinto, pero igual de urgente: prepararnos desde hoy para el sistema energético que el país necesitará en los próximos años. A medida que las industrias avanzan hacia procesos más sostenibles y el mundo acelera su descarbonización, el Perú necesita acompañar esa transformación con una matriz energética más diversificada y de menor impacto ambiental.

La pobreza energética constituye otro desafío impostergable. Aunque el país ha logrado importantes avances en materia de acceso a la energía, millones de peruanos aún no cuentan con soluciones modernas, seguras y eficientes. De acuerdo con el último Censo Nacional, cerca de 3 millones de hogares continúan cocinando con leña, mientras que el estudio más reciente de Macroconsult, encargado por Solgas, estima que 1.7 millones viven en condición de pobreza energética. Reducir esta brecha exige acelerar el reemplazo de combustibles más contaminantes por alternativas modernas, seguras y accesibles, ampliando el acceso a energía limpia para millones de familias y contribuyendo a un desarrollo más inclusivo.

El inicio de un nuevo gobierno abre una oportunidad para encarar estos desafíos de manera distinta. La pregunta que vale la pena hacernos —como sector y como país— es qué vamos a hacer diferente para dejar de reaccionar frente a las crisis y empezar a anticiparnos a ellas. Eso implica impulsar soluciones que generen resultados desde el presente sin perder de vista el futuro. En ese esfuerzo, alternativas como el GLP pueden contribuir desde hoy a sustituir combustibles más contaminantes y ampliar el acceso a energía moderna. Reducir la pobreza energética significa que más familias puedan acceder a una energía segura, confiable y asequible, una condición indispensable para mejorar su calidad de vida y generar oportunidades de desarrollo. Más allá de cualquier fuente energética, lo que marcará la diferencia será nuestra capacidad de sostener políticas y decisiones con continuidad. Los grandes desafíos del sector requieren articulación, compromiso y la decisión de actuar hoy para construir un sistema energético más seguro, sostenible e inclusivo.

El 94% de los cubanos vive en pobreza extrema y solo el 3% aprueba la gestión del gobierno, según el IX Estudio sobre el Estado de los Derechos Sociales en Cuba, elaborado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) a partir de 1,318 entrevistas realizadas entre el 27 de junio y el 29 de julio de 2026 en las 15 provincias del país.

El resultado representó un salto de cinco puntos frente al 89% registrado en el estudio anterior, publicado en septiembre de 2025.

El umbral utilizado sigue el criterio del Banco Mundial: un ingreso diario inferior a USD 1.90 por persona. Con ese parámetro, un hogar de tres integrantes necesita al menos USD 171 al mes para no caer en esa condición.

El 68% de los hogares encuestados declara ingresos por debajo de los 20,000 pesos cubanos mensuales, menos de la cuarta parte de esa cifra.

La comida que no llega

El dato que más creció en un año es el del hambre. “Ocho de cada 10 cubanos han dejado de desayunar, almorzar o cenar”, señala el informe, frente a siete de cada 10 en la medición anterior.

Entre los mayores de 61 años, la proporción trepa a nueve de cada 10. El 36% dejó de comer por falta de dinero; el 31%, por una combinación de escasez de alimentos y de dinero.

El 63% de los hogares tiene dificultades incluso para adquirir bienes esenciales. Otro 30% logra apenas cubrir lo básico. En conjunto, nueve de cada 10 familias viven en los márgenes de la supervivencia.

Los apagones, el problema número uno

Los cortes de electricidad concentran la mayor preocupación ciudadana: el 70% los señala como su principal problema y la prioridad más urgente. Le siguen la crisis alimentaria (52%), el costo de vida (45%), la salud pública y el acceso a medicamentos (34%), los salarios (27%) y la inseguridad y la violencia (24%).

El contexto energético se agravó durante la primera mitad del año. El 14 de julio de 2026, Cuba sufrió el tercer colapso del Sistema Eléctrico Nacional en menos de dos semanas, según el informe del programa de monitoreo alimentario Food Monitor Program.

El país produce menos del 40% del combustible que necesita. Ante la falta simultánea de gas y electricidad, miles de familias recurren a carbón, leña y fogones improvisados en patios, balcones y calles.

La escasez de combustible tiene un origen externo que el propio gobierno reconoció parcialmente.

El 29 de enero de 2026, la administración de Donald Trump firmó una orden ejecutiva que estableció aranceles adicionales sobre bienes de cualquier país que suministrara petróleo a Cuba, lo que derivó en lo que analistas describieron como un bloqueo efectivo de suministros.

Las entregas venezolanas cayeron tras la ofensiva estadounidense contra ese país el 3 de enero, y los proveedores mexicanos también retrocedieron ante la presión de Washington.

El rechazo al gobierno y la desconfianza en sus medidas

La desaprobación de la gestión de Miguel Díaz-Canel y del primer ministro Manuel Marrero Cruz alcanzó el 95%, tres puntos más que el año anterior, y el 73% la califica de “muy negativa”.

El 84% desconfía del paquete de 176 medidas económicas que el gobierno presentó en junio de 2026 y considera que no mejorarán la situación del país.

Yaxys Cires, director de Estrategia

s del OCDH, señaló que “el pueblo es el que carga con el peso de la decadencia, en especial los ancianos y los enfermos crónicos”.

En la misma presentación, realizada en Buenos Aires, Cires apuntó una contradicción que el estudio documenta: “Mientras faltaban alimentos, medicinas, electricidad y viviendas dignas, sí aparecieron recursos para construir hoteles de lujo controlados por GAESA o hacer festivales culinarios internacionales”.

Represión paralela al colapso social

El deterioro económico no ocurrió en un vacío político. En el primer semestre de 2026, el OCDH documentó al menos 1,949 acciones represivas del régimen contra ciudadanos, entre ellas 257 detenciones arbitrarias y 488 retenciones ilegales en viviendas. El 36.5% de esas acciones se dirigió contra mujeres.

Los periodistas independientes fueron uno de los sectores más golpeados, con 91 casos registrados. Solo en junio, el mes en que los apagones detonaron protestas en toda la isla, el organismo contabilizó 299 acciones represivas. El OCDH atribuyó buena parte de esos arrestos a manifestaciones pacíficas contra los cortes de luz y la escasez de alimentos.

Vivienda, infraestructura y perspectivas de cambio

El 95% de los encuestados califica como regular o malo el estado general de la infraestructura del país. La red eléctrica es la peor evaluada, con un 95% de valoración negativa. Le siguen la recogida de basura (87%), los servicios de internet y telefonía (86%), los acueductos y el alcantarillado (84%), los hospitales (82%) y las carreteras (80%).

En materia de vivienda, el 25% de las casas necesita reparación urgente, el 7% está en peligro de derrumbe y solo el 18% se encuentra en buen estado. El 4% de los encuestados vive en albergues o campamentos provisionales y el 2%, en la calle.

Pese al cuadro, el 50% de los cubanos cree que en los próximos seis meses podría producirse un cambio favorable. El 76% desea transformaciones tanto políticas como económicas, mientras que apenas el 7% menciona la eliminación del embargo estadounidense como prioridad.

Los resultados del estudio serán presentados y debatidos en un foro que se celebrará el 7 de septiembre en Madrid.

La desigualdad en la Ciudad de México abarca dimensiones mucho más amplias que la simple diferencia de ingresos entre familias. Factores como la seguridad alimentaria, la salud mental, el acceso a la cultura y la tecnología, así como la percepción de la inseguridad en ciertos entornos configuran el bienestar de los hogares capitalinos, de acuerdo con la IBERO.

Estas conclusiones surgen de un análisis reciente publicado en la revista Wellbeing, Space and Society, el cual utilizó información de la Encuesta de Bienestar Social Multidimensional de 2024. El estudio recopiló datos mediante entrevistas en cientos de hogares, cubriendo las 16 alcaldías de la capital del país con una metodología representativa y probabilística.

Uno de los resultados más relevantes es que los hogares identificados con bajo bienestar, que representaron el 3.02% de la muestra, registraron un índice promedio de 26.59, situándose en desventaja en varios aspectos fundamentales.

Carencias y exclusión social

El informe reveló que los hogares con menor bienestar enfrentan, de manera simultánea, carencias en empleo, alimentación y salud mental, así como una mayor presencia de depresión y ansiedad y una menor satisfacción con la vida. Además, la exposición al delito es mayor, junto con una percepción generalizada de inseguridad.

Según los investigadores, el problema central no radica en un solo indicador, sino en la acumulación de estas desventajas. Las familias menos favorecidas se encuentran en una posición desfavorable en múltiples áreas: salud, seguridad, acceso cultural y tecnológica, así como en la satisfacción vital. En contraste, quienes se ubican en el nivel más alto de bienestar no solo cuentan con mayores ingresos, sino que también reportan mejor salud mental, mayor acceso a actividades culturales y entornos más seguros.

Asimismo, aseguró que estas formas de exclusión social no se limitan a la falta de recursos materiales, sino que reflejan barreras estructurales complejas que afectan el desarrollo integral de las personas.

Brecha digital y acceso cultural

La investigación también destacó la desigualdad en el acceso a la tecnología, ya que los hogares con menor bienestar muestran rezago digital y dependen casi exclusivamente del teléfono móvil, muchas veces sin acceso a internet por módem. Por su parte, los grupos con mayores niveles de bienestar disfrutan de mejor conectividad y más dispositivos, lo que facilita su participación en actividades culturales y educativas.

La distancia en el acceso a la cultura es igualmente notoria. Mientras los hogares de bienestar alto tienen más oportunidades para involucrarse en dinámicas de este sector, los de niveles bajo y medio enfrentan dificultades incluso para asistir a eventos cercanos o para dedicar tiempo a la lectura. El costo, la disponibilidad de tiempo y los traslados actúan como barreras adicionales.

Finalmente, los investigadores manifestaron que estos resultados corresponden a un estudio transversal en la Ciudad de México, por lo que no es posible establecer relaciones de causa y efecto entre las variables analizadas.

En Costa Rica, la relación entre empleo y pobreza sigue siendo objeto de análisis entre especialistas y centros de investigación. Un estudio del Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible de la Universidad Nacional (Cinpe-UNA), basado en la Encuesta Nacional de Hogares de 2023, estima que acceder a un empleo de calidad podría reducir hasta en 55% la probabilidad de caer en pobreza, aunque esa mejora depende de una combinación de educación secundaria completa, conocimiento de un segundo idioma y manejo de tecnologías de información.

De acuerdo con datos del INEC, en el país existen 286 mil familias en condición de pobreza y 71 mil en pobreza extrema. El informe señala que, para quienes ya viven bajo esa condición, la probabilidad de permanecer en pobreza es de 65.6%.

Según la investigación, si ese grupo lograra completar la secundaria, manejar inglés a nivel instrumental y contar con habilidades digitales intermedias, la probabilidad de caer en pobreza se reduciría a 9.01%.

El estudio, difundido por la publicación institucional UNA Comunica, concluye que el empleo de calidad y la educación resultan factores determinantes para la movilidad social y la efectividad de las políticas públicas orientadas a la reactivación laboral y la inclusión.

El mercado laboral costarricense: crecimiento y desafíos

El análisis del Cinpe revela que el mercado laboral ha mostrado dos tendencias simultáneas en los últimos años. El primer informe macroeconómico de 2026, que abarca el periodo 2022-2026, señala que la población ocupada se mantuvo relativamente estable, pasando de 2,154,064 a 2,168,918 personas. Durante el mismo lapso, la cantidad de personas fuera de la fuerza de trabajo aumentó en 314,801, alcanzando un total de 1,955,647.

En paralelo, más de 800 mil personas continúan en la informalidad laboral, lo que puede implicar mayor exposición a salarios bajos, falta de cobertura en salud y pensiones. El informe del centro académico destaca que una parte importante del empleo en países en desarrollo sigue fuera del sector formal, lo que dificulta el acceso a beneficios sociales y estabilidad laboral, y puede limitar la capacidad de superar la pobreza.

El diagnóstico se extiende a la actividad económica. Según una evaluación del Banco Central de Costa Rica, ciertos sectores como comercio, alojamiento, servicios de comida y agropecuario han registrado crecimiento económico, pero a la vez han reducido la cantidad de puestos de trabajo disponibles. Esta dinámica también se observa en actividades profesionales, financieras y de manufactura.

Educación y formación técnica: factores clave según el estudio

Para investigadores como Marco Otoya, director del Cinpe, el acceso a empleos de calidad resulta poco probable sin una formación académica y técnica adecuada. Otoya advierte que una reducción en los presupuestos educativos podría derivar en efectos negativos sobre el mercado laboral, la calidad de la formación y, en consecuencia, sobre los niveles de pobreza. Según el director académico, una menor calidad educativa puede traducirse en menos posibilidades de inserción laboral y en una mayor presión sobre el Estado para otorgar subsidios o transferencias económicas.

El Programa Estado de la Educación indica que la inversión pública en educación ronda el 5% del PIB, por debajo del 8% fijado por la Constitución Política. Según el estudio, esta diferencia puede limitar la preparación de los estudiantes para el mercado formal.

El informe recomienda fortalecer políticas públicas que impulsen el aprendizaje de un segundo idioma y habilidades informáticas al concluir la secundaria, así como reducir la deserción escolar en primaria y secundaria. Además, incorpora una visión territorial, señalando que las regiones Huetar Caribe y Brunca presentan índices de pobreza superiores a los de la región central, y que los programas de asistencia social han mostrado efectos positivos, aunque requieren evaluación constante.

Entre otras propuestas, el Cinpe sugiere políticas para reactivar el mercado laboral formal —que representa el 84% del PIB—, promover sectores estratégicos vinculados a la tecnología y la transición energética, y alinear la educación técnica con las demandas del mercado.

La evidencia reunida apunta a que la articulación entre educación, empleo de calidad y políticas públicas puede ser relevante para enfrentar los retos de pobreza en Costa Rica. El estudio sostiene que la evaluación y el ajuste permanente de estas estrategias podrían contribuir a la movilidad social y a la inclusión laboral en el futuro cercano.

A lo largo de su vida le tocó atravesar robos repetidos y momentos límite donde debió proteger a sus hijos y a su esposa. Esas experiencias le dieron la autoridad y la empatía para hablarle de frente a quien atraviesa una situación similar. Hoy, dividiendo su tiempo entre la fe, el stand up y la gestión de viandas y asistencia en Virrey del Pino, Emanuel demuestra que la vida es más sencilla de lo que se proyecta y que la verdadera ayuda aparece cuando uno se reconoce como un aprendiz constante.

- ¿Cómo te convertiste en pastor?

- Nací en una familia cristiana, donde siempre se inculcaron los valores cristianos, sin ningún tipo de ambición hacia esa vocación o ese llamado. Simplemente una familia que siempre vio en el prójimo la oportunidad de hacer un mundo mejor. Mi papá comerciante, mi mamá peluquera. Mi papá, al cerrar el comercio, siempre dejaba un tiempo para hablar con clientes o gente del barrio. Estaba ubicado frente a una estación de ferrocarril y siempre había alguna persona en situación de calle: un sanguchito, un cafecito. Ver y empaparme de esas vivencias, ver a mi mamá cortándole el pelo a esa gente, abrir su casa y su mesa...

- ¿Los recibían en tu casa?

- Los recibíamos en casa. Esas historia a uno lo va impregnando de herramientas y te estimula a decir “¿por qué no es por acá?”. El nombre “pastor” tiene un peso importante, a mí no me interesa que me digan pastor. Ni en mis redes sociales pongo que lo soy. Me gusta que me llamen por mi nombre: Emanuel o Ema. Emanuel me suena a cuando mi mamá me retaba; Ema me parece más afectivo, más cariñoso. Pero sí, desde el año 2008 fui ordenado al ministerio junto a mi esposa y mis dos hijos. Hoy nos encontramos pastoreando aquella iglesia que, sin querer, mi papá fundó en el año 1984.

- Vos decís que no te gusta que te llamen pastor, pero cumplís un rol donde mucha gente te ve como esa persona física de referencia. ¿Qué te hace sentir eso?

- Una gran responsabilidad, un gran desafío. Entiendo eso, pero trato de descontracturar a ese Dios que muchas veces se lo pinta muy lejano o muy rígido. De hecho, no me considero normal en las formas de practicar este métier, este desafío y trato de humanizar a un Dios lejano. Sé que mucha gente se acerca con la necesidad, algunos se asombran para bien y otros para mal cuando me conocen.

- ¿Sentís que la gente que asiste a la iglesia cree que vos tenés la respuesta para todo?

- Se equivoca, porque yo tampoco las tengo todas. Hay un montón de misterios en la Biblia donde a veces uno se encuentra detenido o trabado. Siento que hay una frase que uso siempre: “la garrafa de a dos pesa menos”. En la vida hay cuestiones donde no tenés la respuesta, pero en compañía se pueden llevar mejor.

- ¿Cómo es un día en la iglesia?

- Como en una familia donde uno se puede mostrar tal como es. Es una iglesia muy desestructurada. En sus orígenes no tenía el nombre que decidimos ponerle. Cuando mis papás dejaron el pastorado, decidimos cambiarle el nombre por Iglesia Épica, porque creemos que se necesita épica para un cambio de época. Tratamos de hacer un lugar donde la gente no tenga que venir a aparentar ni encubrir nada. Es como quien va a un hospital: se muestra genuino y no anda preguntando por qué la gente está enferma. La gente va a la iglesia porque tiene problemas, y el que tiene más problemas soy yo; simplemente sé a dónde recurrir y les enseño el camino.

- ¿En qué momento pasaste de ser pastor a standapero?

- Siempre hay que encontrar una plataforma para contar verdades eternas, y creo que no hay mayor respaldo que las propias vivencias. En el año 2009, después de muchos hechos delictivos... Nosotros vivíamos en Ciudad Evita, en un barrio lindo de chalets. Nos robaron 22 veces. Veníamos de una estafa con el terreno, no teníamos los papeles en regla y no podíamos vender la casa. Yo decía: “¿Cómo voy a vender una casa donde vienen a robar?”. Parecía que al único que le robaban en el barrio era a mí.

- ¿Realmente era así?

- A mí solo. Tenía ganas de poner un cartel: “Che, robenle al vecino”. Cuando pudimos poner las cosas en orden, la vendimos y nos fuimos a otra casa en una zona mejor de Ciudad Evita donde no robaban. Y me robaron de vuelta. Esta vez fue una entradera, en 2009, cuando de eso casi no se hablaba acá. Entraron cuatro tipos un lunes a la noche, dos armados y dos drogados. Me tiraron al piso, me ataron con un cable boca abajo. Mi esposa no se había enterado porque estaba arriba cambiándole el pañal a mi hija Donatella, junto a mi hijo mayor Gianluca. Uno de los delincuentes me golpeaba pidiendo plata y me dijo: “Sabemos que tu familia está arriba. Ahora vamos a subir, vamos a matar a tus hijos y vamos a violar a tu mujer”. Esa situación hizo que se me prendieran fuego los intestinos. Literalmente sentí un fuego. Fue el desencadenante de una enfermedad que diagnosticaron dos años después: colitis ulcerosa. Bajé diez kilos, era puro hueso, pensaban que tenía cáncer y no daban con el diagnóstico. Literalmente me hacía caca en todos lados. Terminó bien, no pasó nada físico. Querían plata y les dije que se habían equivocado, que yo era un trabajador y no había dinero ahí. Le pusieron el arma en la cabeza a mi hijo, que tenía siete años. Gianluca le dijo “yo sé dónde está la plata” y le trajo su chanchito de ahorros, algo muy cruel. Mi hijo tuvo días muy difíciles después para procesar y sanar. Vendimos esa casa, nos fuimos a Ezeiza por seguridad, pero mi enfermedad me acompañó. La frase “hago caca y vuelvo” era habitual en mi casa. Usé pañales, me metí en baños ajenos o de mujeres por desesperación, conocí pastizales... Cuando estás en esa vulnerabilidad y no te enojás con tus traumas, los utilizás como herramienta para conectar con otras personas. Entendés el dolor y las enfermedades silenciosas. Cuando estaba por cumplir 50 años, mi esposa me preguntó qué iba a hacer y le dije que iba a contar mi historia con humor, porque el humor sana. Empecé a estudiar stand up, pasé por el Paseo La Plaza, el Teatro Regina, Vorterix, y cuento todas las cagadas que me mandé. La gente ríe y llora, pero es una linda oportunidad para contar verdades y conectar.

- ¿Te enojaste con Dios?

- Nunca. Hay una cita en la Biblia que dice que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entender eso tiene un fundamento: saber que yo no soy el centro de nada, soy simplemente un eslabón o una herramienta. Cuando te ponés en el centro del universo pensás “a mí no me puede pasar esto”, pero si creés que sos parte de un todo, decís “si paso esto, por algo será”. Asimilar las reglas de la vida te libra de la frustración y de ideales creados. Esto no es Disney, es la vida: duele y sufrimos. A los ocho años alguien me secuestró y me llevó a un descampado; pasó algo muy feo que en su momento naturalicé. ¿Podría haber enojado con Dios? No, porque cuando alguien me habla de una situación así hoy, puedo decirle “vení, yo te entiendo”. El peso de atravesar esas experiencias te da la autoridad para decir “sé lo que es estar en el pozo, pero también sé cómo salir”.

- ¿Cómo reaccionó la gente que asiste a la iglesia la primera vez que te escuchó hablar de esa manera?

- Fue algo rupturista. Soy como un grano para la institucionalidad de la iglesia, por mis formas y mis chistes. Quizás, siempre hice stand up sin saber que lo hacía. Fue una manera de ir a contracorriente por el simple hecho de aceptarme como soy; no necesito usar corbata ni cierta formalidad para ser pastor. Eso produjo ruido. Hay gente que se pregunta: “¿Cómo un pastor va a estar hablando de “Hago caca y vuelvo”?, y de hecho, no solamente hago stand up con eso, mi último libro se llama justamente Hago caca y vuelvo.

- ¿Hay algún prejuicio sobre los pastores que te gustaría romper?

- Muchos. Una de las razones por las cuales no me gusta que me digan pastor es por los prejuicios y etiquetas que hay sobre el rol, que a veces duelen a la familia. Lo viví como hijo de pastor y hoy me toca ser pastor en mi casa y en la iglesia. Trato de romper el estereotipo. El Jesús que conocí fue un revolucionario que escandalizó en su momento. He roto un montón de esos estándares.

- ¿Cómo nació el proyecto de la ONG La Casa del Niño?

- Pastoreando la iglesia de mis padres en Villa Celina, surgió el deseo de abrir un anexo en Ezeiza. Empezamos a reunirnos, pero los que perseveraban eran los chicos. Los padres no venían. Compartíamos tanto tiempo que estábamos los siete días de la semana con ellos. Lo hacíamos desde el 2013 hasta el 2020, que arrancó la Pandemia. Eran unos 30 chicos que venían todas las tardes; les cubríamos la cuota alimentaria, merienda, cena, apoyo escolar, recreación. En ese momento lo financiaba con mi trabajo como perito de siniestros para compañías de seguros, pagando el alquiler del galpón y los alimentos. Ahí comenzó La Casa del Niño.

- ¿Y cómo llegó la Casa del Niño a Virrey del Pino?

- En 2020, durante la pandemia, me llama Mónica, una vecina de González Catán, porque un comedor que se llamaba “Las Casitas”, al que asistían 60 chicos, se había quedado sin recursos. Conseguí donaciones con amigos y fui con la camioneta cargada desde Ezeiza. Camino a Catán, a la altura del kilómetro 32 de la Ruta 3, detrás del cementerio Los Ceibos, se me cruza un nene corriendo por la ruta: Lautaro. Me detengo por el peligro, sale el padre y veo un cartel que decía “Se reciben donaciones”. Era un lugar muy humilde a la vera del río Matanza, una zona inundable. Dejé todas las donaciones ahí, volví a buscar más recursos para González Catán, pero no podía dejar de pensar en ese cartel y en Lautaro.

- Inevitablemente pasabas siempre por ese lugar.

- Todos los días. A veces en la vida andamos tan enfocados en llegar a destino que nos olvidamos de mirar al costado, y mirar al costado te enseña a descubrir tu propósito. Empezamos a traer donaciones a Virrey del Pino. La gente cocinaba bajo un árbol en una olla a leña; no había garrafas ni baños. Construimos un galpón de madera de diez por diez metros y asistíamos a 80 personas por día con viandas.

- ¿Cómo cambió La Casa del Niño desde la primera vez que viniste hasta hoy?

- Empezó a llegar gente con ganas de ayudar. Levantamos una construcción social de 200 metros cuadrados con cocina, comedor y baños con agua caliente para que la gente se pueda bañar, cuando el río sube y se inunda. Más tarde, la fundación de Dante Gebel nos donó la infraestructura para la escuela.

- ¿Qué talleres y asistencia brindan actualmente?

- Por la crisis económica actual y la falta de presupuesto, no podemos sostener los talleres de oficio que dábamos, como panadería, peluquería o costura. Hoy nos enfocamos en garantizar la alimentación diaria, el jardín maternal para salas de 2 y 3 años abrazando el proyecto de los mil días para acompañar a las embarazadas, y el apoyo escolar.

- Después de todo lo que viviste y seguís viviendo, ¿qué aprendiste de la vida?

- Que la vida es un instante, que es más sencilla de lo que proyectamos y que nos enseñan a construir ideales que a veces no llegan y nos frustran. La vida es este momento, esta charla, mirarte a los ojos y aprender. No soy maestro de nada, soy un aprendiz de todo.

Un total de 83.949 personas en Panamá dejaron de estar en situación de pobreza multidimensional entre 2022 y 2025, según datos del Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) del Ministerio de Economía y Finanzas.

El informe oficial sostiene que la reducción de la pobreza representa una caída de 2,3 puntos porcentuales en el indicador, pasando del 14,7 % al 12,4 % en ese período.

Hoy día, la última Encuesta del Mercado Laboral de la Contraloría General de la República revela que la tasa de desempleo en el país ha alcanzado el 10.4%, dejando a más de 227 mil ciudadanos sin trabajo.

El IPM, basado en la Encuesta Continua de Hogares del Instituto Nacional de Estadística y Censo, muestra, de acuerdo al informe oficial, avances en la mayoría de los ámbitos evaluados. De los 17 indicadores de privación, 15 reflejaron mejoras, con progresos en rubros como educación, vivienda, servicios básicos, empleo, salud y entorno.

Entre los logros más notables, el documento destaca que 3.407 viviendas en zonas rurales, comarcales y de difícil acceso fueron electrificadas. Esta acción, se afirma, redujo en 39,8 % la privación relacionada con la falta de electricidad.

En el ámbito de la salud, se indica que la introducción de la herramienta SIPWEB PLUS para el monitoreo prenatal contribuyó a disminuir en 33% la privación asociada al control del embarazo.

Además, manifiesta que se dieron mejoras en la conectividad terrestre, mediante obras viales y programas de mantenimiento, permitieron reducir en 31,1 % la carencia vinculada al acceso a rutas de comunicación.

“Las regiones con mayores retrocesos en pobreza multidimensional fueron territorios históricamente postergados”, se afirma.

El informe detalla que en la Comarca Emberá se observó una baja de 16 puntos porcentuales, mientras que en Bocas del Toro el descenso fue de 9,9 puntos y en la Comarca Ngäbe Buglé, de 7,9 puntos.

El informe también indica que la “intensidad” de la pobreza disminuyó: quienes permanecen en esta condición conviven, en promedio, con menos privaciones simultáneas. El IPM se consolida como una herramienta para orientar políticas públicas y focalizar la inversión según las necesidades específicas de cada territorio.

Por otro lado, en el ámbito legislativo, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, presentó un proyecto de ley ante la Asamblea Nacional para modificar el esquema del Impuesto a la Transferencia de Bienes Inmuebles (ITBI) sobre la primera venta de viviendas nuevas.

La propuesta establece una exención para los primeros $120.000 de la base imponible en la operación de venta, sin importar el valor total del inmueble. Para propiedades con bases imponibles entre $120.000 y $200.000, se aplicará una escala tributaria preferencial solo sobre el excedente. En casos superiores a $200.000, se mantiene la exención para el tramo inicial y el resto tributa bajo el régimen general.

Esta medida, siempre según el documento oficial, busca facilitar el acceso de las familias panameñas a una vivienda principal, promover la inversión privada y el desarrollo habitacional, así como potenciar el empleo formal bajo criterios de equidad y responsabilidad fiscal.

Chapman subrayó que el acceso a una vivienda adecuada contribuye a la estabilidad familiar, al patrimonio y a la movilidad social, además de dinamizar sectores como la construcción, la industria de materiales y los servicios profesionales y financieros.

El diseño del beneficio tributario concentra su impacto en los segmentos de vivienda social, evitando que aumentos en el valor de una propiedad eliminen completamente la exención fiscal.

Aunque el ITBI corresponde legalmente al vendedor, el Ejecutivo explicó que su estructura incide en los costos y la viabilidad de los desarrollos inmobiliarios, pudiendo influir en el precio final de las viviendas.

Para compensar el impacto fiscal de la propuesta, el Gobierno presentó en paralelo una iniciativa para modernizar el Impuesto a la Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la Prestación de Servicios (ITBMS), incluyendo operaciones digitales y tecnológicas actualmente no reguladas.

Como siempre, el recetario liberal enriquece a los poderosos a la par que multiplica en los humildes la pobreza, las deudas y las necesidades.

Las promesas de mejoría, de brotes verdes, de luz después al final del túnel, todas esas ficciones son falsedades generadas para ocultar la verdad: el proyecto de un país para pocos que implica la dolorosa devaluación del país de los muchos.

Escuché, azorado, el diálogo entre Carlos Pagni y Joaquín de la Torre, personaje que representa, sin duda, un claro ejemplo de la fe del converso, alguien que perteneció al campo popular y lentamente fue abandonando todas sus convicciones de ayer. Joaquín de la Torre se refería peyorativamente a un sacerdote, el encargado del CIAS (Centro de Investigación y Acción Social), Rodrigo Zarazaga, como ‘los Zarazaga de la vida’, cuando él no logró aportar a nuestra empobrecida sociedad ningún elemento válido ni digno de consideración. Se ocuparon durante unos minutos de reivindicar el país de las estancias, como si aquella Argentina hubiera encontrado su lugar en el mundo a partir de la concentración de las tierras, de los descendientes de alambradores, de la dependencia de Inglaterra y de la enorme pobreza que sembraron, sin asumir siquiera dos elementos clave de la historia: la Revolución Industrial y la democracia.

“La patria no se vende” no fue solo una consigna, sino la recuperación de una mínima dignidad que jamás deberíamos haber transgredido ni intentado desconocer. Considerar a los millones de endeudados como un problema entre privados —Caputo dixit—, cuando fue el Estado el que, para impedir el creciente precio del dólar, definió tasas de una rentabilidad sideral y llevó a tanta gente a una coyuntura de la cual le es difícil o casi imposible salir, una vez contraída su deuda. Un Estado genuino y responsable pondría límites tales como: “Ninguna entidad pública o privada tiene derecho a más que duplicar la deuda de cualquier persona que haya necesitado del dinero de la sociedad para resolver su situación individual”.

Las encuestas, aun las mejor pagas, repiten que el Gobierno no puede ganar en primera vuelta y mucho menos, en segunda. Frente a esa coyuntura, debemos esperar el momento en el cual los mercados, ese poder superior al voto de la sociedad, le impongan al régimen una limitación concreta, que será la del valor de la moneda. Aparecen ya candidaturas liberales a presidente, cual testimonio concreto de que los más lúcidos toman nota de que al señor Milei le va a ser imposible repetir su hazaña.

Claro que, así como Alberto Fernández dejó al campo nacional y popular en su mayor nivel de degradación histórica, Milei va a terminar dejando al supuesto liberalismo en una situación donde, para la derecha, va a ser difícil durante un largo tiempo volver, salvo que sus herederos sean de una ineficiencia tal que lo equiparen o igualen en sus errores, cosa que hasta el momento a todos nos resulta absolutamente imposible.

Si pensamos en la bestialidad del ajuste de Milei y sus secuaces, la disolución del coro de niños marca la perversión de un gobierno que no vino a ahorrar, sino simplemente a destruir. El dato de que se haya aportado a la provincia de Jujuy un número de valor económico mayor que a la de Buenos Aires en mejora de las rutas desnuda un modelo según el cual, empobreciendo a la provincia de Buenos Aires, se va a sembrar una miseria que le impedirá elegir a su heredero.

Joaquín de la Torre termina proponiendo una solución que es, sin duda, continuidad de aquella del napalm o del regalo de la provincia, la eliminación del cargo de gobernador, en una clara muestra de que este personaje, que alguna vez fue intendente, tiene plena conciencia de que por más que la mediocridad de la política esté instalada, no llega al nivel necesario como para imponer un candidato de su catadura. Estamos ante un discurso irracional, de una llamativa agresividad, que muestra a las claras cómo aquellos sectores oportunistas, seguidores del poder de turno, toman conciencia de que su éxito y su logro fueron pasajeros.

Hay periodistas y políticos a quienes, después del anunciado patético final del actual presidente, les va a costar demasiado ocultar, disimular o superar la exageración de su pequeñez, de su obsecuencia, de su oficialismo a cualquier costo, en síntesis, de la construcción de una supuesta ideología cuyo elemento central era simplemente el odio a los más débiles.

El padre Zarazaga es capaz de construir una investigación sobre la provincia de Buenos Aires basada en el conocimiento y la solidaridad que perturba y enoja a algunas miradas susceptibles de apoyar la destrucción, el aislamiento o la eliminación lisa y llana de la figura del gobernador. En rigor, este grado de liberalismo sin solidaridad no soporta proceso electoral alguno, porque en alguna medida, cuando hablan de riesgo “Kuka”, están soñando con que sean los mercados los que elijan los gobiernos frente a una ciudadanía silenciosa que los escuche y se humille ante ellos.

No me canso de reiterar que hay una opción que une, que nos permitió un triunfo por el 14%, y otra que divide y trabaja para el enemigo, aquella donde perdimos desde la provincia de Buenos Aires al resto del país y redujimos nuestras fuerzas a casi la mitad.

Néstor y Cristina no tuvieron piedad contra el Menem que los había derrotado ni mucho menos contra los Duhalde que los habían instalado. Quien quiera recuperar la conducción del movimiento nacional, aquel espacio que convoque a peronistas, radicales, socialistas y hasta a conservadores, debe actuar de la misma manera, eliminando todo atisbo de retorno a aquellas causas que generaron la decadente conducción que hoy tanto perjudica a nuestro país.

Insisto en que el peronismo es solo un recuerdo que dio votos y ahora ya no los aporta, pero tenemos la remembranza de aquella patria que acompañó a Canadá, México y Brasil en su grandeza, ocupando un lugar de paridad con esas naciones. Hoy es el liberalismo el que nos reduce a la triste comparsa de los países derrotados del continente, de aquellos que no pudieron superar el cruel destino de ser colonia o patio interno del poder de Estados Unidos.

Los endeudados, desocupados y empobrecidos se acercan a los dos tercios de la sociedad, lo cual convierte en una utopía el triunfo de cualquier fuerza de derecha, cualquier esquema conservador que intente rescatar del actual gobierno decisiones rentables para las minorías, pero que nada tienen que ver con el resto de la sociedad.

En la última parte del año, la visita del Santo Padre marcará duramente los límites de la injusticia. En el presente, la Iglesia recupera los valores del ser humano por encima de los de la riqueza y del egoísmo; una sociedad digna es aquella que tiene integrada a la mayoría de sus habitantes, como lo logró Europa, como lo están logrando algunos países hermanos y como estamos nosotros cada vez más lejos de hacerlo.

No es cuestión de hablar del peronismo, que sin duda fue una lúcida etapa de nuestro pasado, sino del patriotismo. Ese que fue convocado por Perón en el 73, cuestionado y vaciado por la violencia sin sentido de los grupos guerrilleros, y que hoy necesitamos recuperar como siempre. El patriotismo es lo permanente, puede tener sus variantes peronistas, radicales, socialistas o conservadoras, pero en rigor, la carnadura de la patria y su amor a ella nos permitirán tener una burguesía industrial para ser un buen país capitalista con un pueblo trabajador que acceda dignamente a sus puestos de trabajo.

Por eso, se equivocan aquellos que creen que hubo una consigna o un eslogan que expresaba ‘la patria no se vende’. Era un acto de fe, la manifestación del dogma de toda conciencia bien nacida; el resto es un mal pasajero.

En el marco del Día de la Madre en Costa Rica, que se celebra cada 15 de agosto, resulta fundamental analizar la realidad de las mujeres que ejercen la maternidad en el país. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), hasta el segundo trimestre de 2026 se registraron un total de 1.563,467

Esto significa que el 58.3% de las mujeres costarricenses de 15 años o más son madres, una cifra a la baja respecto a 2021, cuando era de 59.4%. Por su parte en el año 2021 fue del 58.3%.

El retrato de la maternidad en Costa Rica incluye dimensiones sociales, económicas y laborales. Según la data de INEC, hasta 2025, la edad promedio para convertirse en madre por primera vez se ubica actualmente en 25.6 años, un aumento respecto a la década anterior, cuando la media era de 23.3 años.

En el ámbito educativo, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Hogares 2025, el nivel más frecuente entre las madres corresponde a la primaria completa (26.9%), mientras que solo el 7.5% reporta dominio de un segundo idioma. Respecto al estado civil, el 42.4% de las madres está casada. El análisis territorial destaca que la región Huetar Norte concentra el mayor porcentaje de madres, con un 48.6% respecto al total de mujeres de 15 años y más en esa zona.

Desafíos laborales, brecha salarial y vulnerabilidad de las madres en Costa Rica

Mientras que, en el mercado laboral, las madres enfrentan retos particulares. Hasta el segundo trimestre de 2026, 60% de las mujeres con hijos no participa en la fuerza laboral. Mientras que 37.4% de las madres tiene empleo, y la tasa de desempleo registrada entre ellas es del 6.5%. Entre las madres ocupadas, el 78.2% son asalariadas y el 20.9% se desempeña de manera independiente. El empleo informal afecta al 40.5% de las madres trabajadoras, lo que evidencia una alta vulnerabilidad económica.

El tiempo dedicado al trabajo también presenta cifras relevantes: el promedio semanal de horas efectivas trabajadas por las madres es de 37.4. El teletrabajo representa el 7.8% de las madres asalariadas, fenómeno que, aunque aún minoritario, refleja cambios en la dinámica laboral pospandemia. Al analizar los principales grupos ocupacionales, el INEC identifica que el 33% de las madres se desempeñan en servicios y ventas, mientras que el 25% ocupa posiciones elementales y el 18.1% pertenece al segmento profesional, científico o intelectual.

Según los datos hasta el segundo trimestre del presente año, el ingreso bruto promedio de una madre equivale al 79.4% del que perciben las mujeres sin hijos. Esta diferencia salarial incide directamente en el bienestar y las oportunidades de desarrollo de las familias lideradas por mujeres.

El informe también aborda la jefatura de hogar. Hasta 2025, en Costa Rica, el 45.8% de las madres son jefas de hogar, de las cuales el 14.2% vive en condición de pobreza y el 6,3% en pobreza extrema. Estos datos, provenientes de la Encuesta Nacional de Hogares, revelan la magnitud del desafío social que enfrentan muchas familias sostenidas por madres.

El aumento de la pobreza durante el primer trimestre se hizo evidente en todas las modalidades de empleo. Si bien contar con un trabajo continúa siendo fundamental para evitar que los ingresos de un hogar queden por debajo de las necesidades básicas, la pérdida de poder adquisitivo y la expansión de formas de inserción más precarias limitaron esa protección. Hacia adelante, distintos analistas anticipan mínimas variaciones en el indicador.

Revirtiendo la tendencia descendente observada desde el segundo semestre de 2024, la pobreza subió al 30% de la población en el primer trimestre de 2026 y la indigencia al 6,5% de los habitantes, lo que implica un avance de 0,1 y 0,4 puntos porcentuales, respectivamente, en comparación con los tres meses previos.

De este modo, la cantidad de residentes cuyos ingresos (laborales y no laborales) no lograron cubrir la Canasta Básica Total (CBT) se incrementó en alrededor de 1,3 millones entre el tercer trimestre de 2025 y el primero de 2026.

El Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la UCA atribuyó este fenómeno a seis factores clave:

1. Pérdida del impulso proveniente de los precios relativos. Durante el primer trimestre de 2026, la Canasta Básica Alimentaria (CBA) aumentó 11,6% y la Canasta Básica Total 9,6%, mientras que el índice salarial general lo hizo en 8,6%. Los salarios registrados crecieron todavía menos (7 por ciento).
2. Debilitamiento del mercado de trabajo. Entre los primeros trimestres de 2025 y 2026 no hubo cambios significativos en las tasas generales de empleo y desocupación. Sin embargo, la subocupación subió 1,1 puntos porcentuales (pp) y la informalidad, 2,2 pp, hasta alcanzar al 44,2% de las personas ocupadas.
3. Distribución menos favorable de la recuperación de los ingresos. En términos nominales, estos exhibieron un alza de 35,6% interanual, algo por encima de la variación del valor de las canastas de consumo, lo que explica que la pobreza aún sea menor que un año antes. Pero el coeficiente de Gini, que mide el grado de desigualdad, pasó de 0,435 a 0,442. El repunte promedio no se distribuyó de manera homogénea y resultó insuficiente para muchos hogares vulnerables.
4. Menor dinamismo y mayor heterogeneidad de la actividad económica. El PBI pasó de crecer 5,8% interanual en el primer trimestre de 2025 —en buena medida por la comparación con la recesión de comienzos de 2024— a 2,3% en el primero de 2026. En este último período, la industria manufacturera cayó 1,7% y la administración pública 1,4%. El crecimiento continuó, pero a menor ritmo y sin traducirse en una expansión generalizada de los ingresos laborales.
5. Menor capacidad protectora de las transferencias sociales. Las jubilaciones, pensiones y asignaciones se ajustan con dos meses de rezago, por lo que pierden poder adquisitivo cuando se acelera la inflación. Además, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) utilizado todavía no incorpora los ponderadores de la ENGHo 2017/18, de modo que ciertos consumos —como los servicios públicos— quedan subrepresentados.
6. Fuerte presión de los gastos fijos. La recomposición de las tarifas de energía, transporte y alquileres avanzó con mayor velocidad que el nivel general de precios y que los salarios y las prestaciones.

Cambios por categoría ocupacional

Según la consultora Empiria, el promedio entre el cuarto trimestre de 2025 y el primero de este año muestra que el porcentaje de ocupados pobres pasó del 18% al 20%, con un incremento en todos los tipos de empleo.

El porcentaje de ocupados pobres pasó del 18% al 20%, con un incremento en todos los tipos de empleo (Empiria)

Entre los cuentapropistas informales, la pobreza alcanzó al 42%, lo que representó un aumento de 2 puntos porcentuales respecto del semestre anterior. En el caso de los asalariados “en negro”, se elevó del 30% al 33 por ciento.

En las demás modalidades, la desmejora fue más moderada. La tasa llegó al 20% entre los cuentapropistas, al 9% entre los empleados públicos formales y al 11% entre los trabajadores privados registrados.

En ese contexto, el ODSA apuntó: “Los datos son consistentes con un mercado laboral que conserva puestos de trabajo, pero amplía la informalidad, la subocupación y las inserciones de bajos ingresos. La discusión no puede reducirse a cuántos empleos se generan: importa su calidad, estabilidad, productividad y capacidad efectiva para sostener a un hogar por encima de las líneas de pobreza e indigencia”.

Los datos son consistentes con un mercado laboral que conserva puestos de trabajo, pero amplía la informalidad, la subocupación y las inserciones de bajos ingresos (ODSA)

Proyecciones

Leopoldo Tornarolli, investigador del Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (Cedlas) de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), prevé que no habrá una variación importante de la pobreza en relación con las estimaciones del primer trimestre durante el resto del año. Sin embargo, considera que va a ser más alta que a finales de 2025, debido a que los ingresos crecieron por debajo de la inflación en los últimos meses.

Agustín Salvia, director del ODSA, destacó que el segundo trimestre cerraría con una tasa de pobreza de alrededor del 32% o 33% de la población. Luego, podría observarse cierta baja, impulsada por el impacto del cobro del medio aguinaldo de junio y las actualizaciones en las jubilaciones y en la Asignación Universal por Hijo (AUH).

De cara al cierre del año, Salvia no espera que baje del 33%, nivel que constituye un piso histórico y estructural para la Argentina, más allá de los ciclos de expansión del consumo o de las crisis económicas.

Desde la consultora Equilibra, el economista Lorenzo Sigaut Gravina proyecta una suba de la pobreza en el primer semestre, incluso en la medición oficial. El indicador, calculado con la Canasta Básica Total (CBT) actualizada, en base a la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) de 2017/18 y la corrección por subdeclaración de ingresos en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), ascendió a 43,5% en el período comprendido entre octubre de 2025 y marzo de 2026.

En base a la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) de 2017-2018 y la corrección por subdeclaración de ingresos en la EPH, ascendió a 43,5% en el período comprendido entre octubre de 2025 y marzo de 2026 (Sigaut Gravina)

Para el segundo semestre, Sigaut Gravina cree que la pobreza se mantendrá estable, con una mejora o deterioro mínimo, dado que “lo peor en materia de precios, tanto de la energía como de alimentos, ya pasó”. Al mismo tiempo, no observa mucho margen de recuperación de los salarios reales.

Como todo los meses, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundió los valores que permiten establecer si los ingresos de una familia alcanzan para cubrir sus necesidades básicas. El cálculo, elaborado a partir de distintos tipos de hogares en el Gran Buenos Aires, determina quiénes quedan por debajo de la línea de pobreza y quiénes, en un escalón más bajo, no logran cubrir ni siquiera el costo de la alimentación.

De acuerdo con el informe correspondiente a julio de 2026, un hogar compuesto por un varón de 35 años, una mujer de 31, un hijo de 6 y una hija de 8 necesitó ingresos de $1.564.715,90 para no ser considerado pobre. Ese monto corresponde a la Canasta Básica Total (CBT), el indicador que fija la línea de pobreza para ese grupo familiar.

Para el mismo hogar, la Canasta Básica Alimentaria (CBA) —que delimita la línea de indigencia— se ubicó en $708.016,24 durante julio. Un ingreso familiar por debajo de esa cifra implica que el grupo no logra cubrir el costo de los alimentos considerados imprescindibles, más allá de otros gastos como vivienda, transporte o salud.

Un mes de aceleración

En junio, ese mismo hogar había necesitado $1.531.472,91 para superar la línea de pobreza y $689.852,67 para no caer en la indigencia. Es decir que la CBT avanzó 2,2% respecto del mes anterior, mientras que la CBA lo hizo a un ritmo mayor, del 2,6 por ciento. Ambos indicadores mostraron así una aceleración frente a junio, cuando las variaciones mensuales habían sido de 2,2% y 1,3%, respectivamente.

Ahora bien, en lo que va de 2026, la CBT acumula una suba de 19,6%, mientras que la CBA lo hace en 20,1 por ciento. Ambos porcentajes toman como punto de partida los valores de diciembre de 2025 y reflejan el ritmo de encarecimiento que sostienen las canastas a lo largo del primer semestre y el arranque del segundo.

En la comparación interanual, la distancia se amplía todavía más. La CBT registró un incremento de 36,1% frente a julio de 2025, en tanto que la CBA aumentó 37,4% en el mismo lapso. De hecho, la canasta alimentaria volvió a mostrar el mayor incremento entre los dos indicadores, tal como había ocurrido en la mayoría de los meses previos.

Otros tipos de hogar

Además del hogar tipo, el Indec releva mensualmente los valores de otras dos composiciones familiares, que sirven como referencia adicional. Para un hogar de tres integrantes, conformado por una mujer de 35 años, su hijo de 18 y su madre de 61, la CBT de julio fue de $1.245.696,15 y la CBA de $563.663,42. Se trata, entre los tres ejemplos que difunde el organismo, del que registra el costo de vida más bajo.

En el otro extremo, un hogar de cinco integrantes, compuesto por un varón y una mujer de 30 años y tres hijos de 1, 3 y 5 años, registró en julio una CBT de $1.645.736,79 y una CBA de 744.677,28 pesos. Este grupo familiar enfrenta, por lo tanto, el costo de vida más alto entre los tres casos que publica el Indec.

Por encima de la inflación

La suba de las canastas se dio en un contexto en el que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró en julio una variación mensual de 2,1%, un acumulado de 19,3% en los primeros siete meses del año y una interanual de 33,8 por ciento.

De esta manera, tanto la CBT como la CBA crecieron por encima del nivel general de precios en las tres comparaciones disponibles: la mensual, la acumulada y la interanual. La distancia fue más marcada en la variación interanual, donde la CBA superó al IPC por 3,6 puntos porcentuales y la CBT lo hizo por 2,3 puntos.

En lo que va del año, en cambio, la brecha entre las canastas y la inflación general resultó más acotada. La CBT acumula 0,3 puntos porcentuales por encima del IPC, mientras que la CBA se ubica 0,8 puntos por delante del índice general de precios.

Por cada adulto mayor pobre en Uruguay, hay 10 niños que viven bajo la línea de la pobreza. El dato fue aportado este miércoles por el ministro de Economía, Gabriel Oddone, en una disertación organizada por la Liga de Defensa Comercial. Tras mencionar esta información, el jerarca valoró: “Es una bomba de tiempo”.

Oddone recurrió a este dato para argumentar por qué es necesario aumentar los recursos para la seguridad y para la pobreza infantil, dos focos del gobierno de Yamandú Orsi incorporados en el proyecto de Rendición de Cuentas que se discute en el Parlamento.La aprobación de este proyecto está en duda porque el oficialismo no tiene mayorías en la Cámara de Diputados y debe recurrir a votos por fuera de su bloque.

“Tenemos que destinar más recursos a atender la seguridad porque hay problemas nuevos. Hay que tener nueva tecnología, con más funcionarios. Por eso en la Rendición de Cuentas que queremos aprobar –y que estamos batallando por lograrlo– estamos creando 300 cargos de policía. No los 1.000 que nos pidió el ministro del Interior, pero sí 300 nuevos. Es un tema central”, valoró Oddone en su disertación.

Los gobiernos deben presentar todos los años el proyecto de Rendición de Cuentas, que explica en qué se gastó el dinero el año anterior y presenta ajustes presupuestales. En ese marco, el equipo económico dispuso aumentar el presupuesto en USD 31 millones, haciendo foco en la pobreza infantil, la seguridad pública, la educación y la atención a personas que viven en la calle.

El cambio más innovador del proyecto está en las transferencias para la infancia, que propone crear una asignación única para los niños y adolescentes, que va a surgir de la unificación y el fortalecimiento del sistema de transferencias (en caso que se apruebe el proyecto de ley).

Este miércoles, durante su disertación, Oddone defendió la propuesta.

“Nosotros tenemos en Uruguay por cada adulto mayor pobre, nueve o 10 niños pobres. Un tercio de los niños de este país son pobres. No solamente es injusto porque esos niños no eligieron ser pobres (viven en hogares donde hay pobreza), sino porque, aunque no tuviéramos ninguna consideración de justicia social, eso es una bomba de tiempo. Una bomba de tiempo para lo que nosotros creemos que tenemos, que es nuestra rambla, nuestra convivencia en sociedad”, dijo el secretario de Estado.

En el oficialismo hay incertidumbre sobre lo que puede pasar con el éxito parlamentario de este proyecto de ley. La Coalición Republicana –el bloque que nuclea a buena parte de la oposición– ya definió que no votará en general el texto, algo que deja al gobierno con poco margen de negociación. Cabildo Abierto, un partido que ha sido afín en otras votaciones, es la opción más viable para negociar.

La competitividad de Uruguay

La disertación de Oddone estuvo centrada en aspectos de competitividad. El ministro de Economía dijo que la “preocupación” central de un ministro de Economía en Uruguay es cómo ofrece “mejores condiciones de acceso a mercados” para que los empresarios tengan “certezas” y “menores costos”.

“Uruguay necesita, para poder volverse más competitivo, hacer un conjunto de cosas que nunca revisó porque en una economía de 8% o 9% de inflación no estaban en la primera prioridad o no se notaban tanto. Acá el punto es que bajó el agua y hay muchas cosas que nos muestran que Uruguay tiene regulaciones o arreglos institucionales –incluso muchas veces entre privados– que son de otro país”, señaló.

Para la mejora de la competitividad, el gobierno promueve una reforma estatal para bajar costos, reducir trámites y fomentar la competencia. El proyecto de ley, que se discute en el Senado, incluye cuatro capítulos: la agilización de los trámites, la facilitación del comercio exterior, la promoción de la competencia y reducción del costo de vida; y la innovación y aceleración de la inversión.

Según el economista y ex presidente del Banco Central de Reserva, Carlos Acevedo, la proporción de hogares salvadoreños en situación de pobreza ha alcanzado su nivel más bajo desde que existen registros.

Actualmente, el 22.5 % de los hogares enfrenta esta condición, una cifra que, si bien ha disminuido con el tiempo, aún representa que uno de cada cuatro o cinco hogares vive con carencias severas.

Dentro de la pobreza total, la pobreza extrema ha presentado un aumento en los últimos años. El economista atribuye este cambio a la caída de las extorsiones, lo que ha afectado especialmente a familias que antes dependían de esos ingresos asociados a las pandillas.

Acevedo comenta que muchas de estas familias han visto agravada su situación tras la pérdida de ese flujo económico.

Además, calcula que cerca de medio millón de salvadoreños se encuentra en situación de extrema pobreza, lo que implica dificultades para cubrir incluso las necesidades alimentarias básicas. Acevedo destaca la resiliencia de la población y menciona que la migración y el empleo en el sector informal continúan siendo respuestas habituales frente a la adversidad. “Tenemos un sector informal entre el sesenta y el setenta por ciento del mercado laboral”, precisa.

Sectores económicos en auge y en crisis

En el análisis sectorial, Acevedo identifica a la construcción y al turismo como los rubros con mayor dinamismo en la economía actual. El crecimiento de la construcción, explica, genera empleos en distintos niveles de la cadena productiva, desde ferreterías hasta albañiles y maestros de obra. Observa, además, que en algunos casos la demanda de trabajadores en este sector resulta mayor que la oferta disponible.

Respecto al turismo, Acevedo aclara que, aunque no existe formalmente como sector en la clasificación económica, actividades como hoteles, restaurantes y transporte muestran indicadores positivos.

No obstante, el economista advierte que persiste un déficit estructural de vivienda. Señala que la mayoría de la población no cuenta con ingresos suficientes para acceder a unidades habitacionales, ni siquiera a las más económicas.

Indica que muchas de estas propiedades son adquiridas por la diáspora o por personas con alto poder adquisitivo, mientras que la clase media y los sectores populares encuentran mayores obstáculos para acceder a una vivienda. Acevedo sostiene que la asequibilidad de la vivienda ha disminuido y lo considera una tendencia que también se observa en otros países.

Balance del acuerdo con el FMI

Sobre el acuerdo entre El Salvador y el Fondo Monetario Internacional, Acevedo menciona que, aunque se han reportado avances, hasta el momento solo existe información pública sobre la primera revisión.

“La segunda y la tercera revisión no sabemos qué ha pasado. Y la cuarta revisión, que es la que se estaría haciendo o a punto de hacer, tampoco sabemos”, indica.

El economista observa que la ausencia de información sobre las siguientes revisiones genera dudas sobre el ritmo de cumplimiento de los compromisos asumidos.

Señala que metas como la Ley de Responsabilidad Fiscal y el estudio actuarial de pensiones han presentado retrasos respecto a las fechas originalmente previstas. “Si el acuerdo estuviera funcionando bien, todo eso debería ser público”, sostuvo en entrevista en La Tribu.

Acevedo señala que el Fondo ha mostrado apertura para que reformas como la de pensiones puedan ser consideradas en función de los tiempos políticos.

“El fondo ahora es como un abuelito benévolo, que a los nietos los malcría”, comenta, y plantea que es posible que el gobierno y el FMI hayan acordado postergar ciertas medidas hasta después de las elecciones.

Reforma de pensiones

Acevedo considera que el sistema previsional enfrenta una situación compleja. Cita el informe del FMI de noviembre del año anterior, donde se señala que la deuda de pensiones representa el noventa por ciento del PIB al sumar la deuda ya emitida (alrededor del treinta por ciento) y el pasivo actuarial proyectado hasta 2070 (sesenta por ciento).

El economista plantea que para enfrentar ese desafío sería necesario revisar variables como la edad de jubilación y la tasa de cotización.

“¿Cómo le enfrentás eso? A fuerzas tenés que subir la edad de jubilación, que no es música para los oídos de nadie. Probablemente tenés que ajustar la tasa de cotización y alguna otra cosa por ahí”, explica.

Acevedo compara con el caso de Uruguay, donde la tasa de cotización es del veintiuno por ciento y la edad de jubilación se establece en sesenta y cinco o sesenta y siete años, mientras que en El Salvador la cotización actual es del dieciséis por ciento.

Destaca que cualquier reforma que busque la sostenibilidad del sistema previsional implicaría tomar decisiones difíciles y que, por el momento, el gobierno podría optar por postergarlas hasta después de las elecciones.

Una familia tipo de la Ciudad de Buenos Aires necesitó al menos $2.558.973,78 mensuales en julio para ser considerada de clase media, de acuerdo con el reporte del Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Idecba). Este umbral corresponde al denominado “Hogar 1”: una pareja de 35 años, ambos económicamente activos y propietarios de la vivienda, con dos hijos varones de 9 y 6 años.

El organismo estadístico porteño definió los límites de cada uno de los estratos sociales en base a su capacidad de acceso al consumo de bienes y servicios. Para el caso de la clase media, el ingreso familiar mensual debe ubicarse entre $2.558.973,78 y 8.188.716,07 pesos.

El informe especifica que el ingreso mínimo para no ser indigente fue de 880.937,89 pesos. En tanto, la línea de pobreza se fijó en $1.617.870,71, 2,6% más que en junio en ambos casos. Los hogares con ingresos superiores a ese monto y hasta $2.047.179,01 fueron considerados “no pobres vulnerables”. Quienes percibieron entre $2.047.179,02 y $2.558.973,77 integraron el denominado “sector medio frágil”. Aquellos con ingresos superiores a los $8.188.716,07 pertenecen a los “sectores acomodados”.

El informe del IDECBA también presentó los valores de las distintas canastas de consumo, que sirven de referencia para la estratificación social porteña. En julio, la Canasta Total para el hogar tipo ascendió a $2.047.179,02, mientras que la Canasta Alimentaria se ubicó en $969.223. El sector “medio frágil”, de acuerdo con la metodología oficial, comprende ingresos desde la CT hasta 1,25 veces ese valor.

La clasificación adoptada por el instituto estadístico divide a la población en seis grupos: indigentes, pobres no indigentes, no pobres vulnerables, sector medio frágil, clase media y sectores acomodados. Cada categoría se establece según la relación del ingreso familiar con las canastas de consumo y sus múltiplos.

La inflación se aceleró en CABA

El Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA) aumentó 2,9% en julio y acumuló una suba de 19,4% en lo que va de 2026. La variación interanual alcanzó 33,2%, lo que implicó un alza de 0,6 puntos porcentuales frente al mes anterior.

La inflación mensual en la Ciudad se explicó, en gran parte, por los incrementos en Restaurantes y hoteles, Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Transporte, Alimentos y bebidas no alcohólicas, y Recreación y cultura. Estas cinco categorías sumaron 2,11 puntos porcentuales a la variación del IPCBA en julio.

Restaurantes y hoteles tuvo la mayor incidencia, con una suba promedio de 5,3%. La dinámica respondió principalmente a los aumentos en las tarifas de alojamiento en hoteles por motivos turísticos y, en menor medida, al encarecimiento de alimentos preparados en restaurantes, bares y casas de comidas.

La segunda incidencia más relevante fue la de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que subió 2,7% y aportó 0,54 puntos porcentuales al índice general. En este rubro, influyeron los incrementos en los gastos comunes de vivienda, alquileres y tarifas residenciales de electricidad.

El segmento Transporte mostró una presión significativa durante julio, con un aumento de 3,1% y una incidencia de 0,35 puntos porcentuales en el IPCBA. Dentro de esta división, destacaron los incrementos en los pasajes aéreos y en el boleto de colectivo urbano.

Alimentos y bebidas no alcohólicas registró un aumento promedio de 1,9% y sumó 0,33 puntos porcentuales al índice general. Dentro de este rubro, el mayor ajuste se observó en verduras, tubérculos y legumbres, con una suba de 9%. Leche, productos lácteos y huevos aumentó 2,2%, mientras que pan y cereales presentó una variación de 1,6%. El desempeño del rubro estuvo influido principalmente por el avance de los precios de las verduras durante julio.

A este ritmo y con esta estrategia, Argentina ni remotamente tendrá en 30 años (fecha fijada por Milei para que seamos Suiza) la estructura básica necesaria para el desarrollo que debería tener.

Política tras política, todo indica que vamos cuesta abajo del soñado desarrollo y hacia los brazos del brutal subdesarrollo. Tan notorio es, que un simpatizante del Gobierno, conductor del canal de streaming Carajo, Alejandro Benítez, propuso construir un muro alrededor del conurbano bonaerense, esterilizar a sus habitantes y lanzar Napalm, dado que, a su criterio, quienes viven ahí “no tienen salvación”.

La agudización de la pobreza, especialmente por las caídas de las clases media-media y media-baja, el cierre de 29 mil empresas pymes industriales -según Daniel Rosato, titular de IPA- y los despidos en aumento, llevan al engrosamiento de los conurbanos.

Es absolutamente cierto que esto venía mal antes de Milei, tan cierto como que el gobierno del actual presidente lo agudizó. Los sectores más vulnerables resultaron, a través de los planes sociales, más “cuidados” a la hora de engañar los estómagos. No en su calidad alimentaria, pero sí en no sentir hambre.

El Guernica de esta Argentina no es culpa de quien lo describe, sino del que lo produce. El endeudamiento de los argentinos, según el registro del BCRA, alcanza casi a 21 millones de personas. Y casi 6 millones tienen un retraso en el pago de más de 90 días a mayo.

Este dato es coincidente en porcentaje con las PyMEs metalúrgicas. Este correlato de la realidad choca con la pared del propio Presidente, quien les dijo que “nadie les ha puesto un revolver para que se endeuden”. Este abandono lleva a que crezca la desconfianza en el Gobierno, como muestra el último Índice Di Tella, a un 6,5%. Además, lleva a otro indicador de julio que señala que el 65% de los encuestados prefiere un cambio de modelo económico. Esto evidencia el ahogo que un segmento importante de la sociedad padece, y no lo adjudica al pasado político, sino al presente. Un dato no menor: el peso de los servicios hoy ocupa el 15% del salario, cuando antes representaba el 6%.

Hoy es muy común escuchar “no llego al día 15/20”. Y en igual proporción se oye “estoy endeudado”, “no puedo pagar el colegio de mi hijo” o “la cuota que tenía ya no la pago”. Es decir, la capacidad de ahorro y consumo que tenía un amplio sector medio de la sociedad argentina, ya no existe. Es verdad que en algún momento hubo expectativas de mejoras, lo que incentivó el endeudamiento, pero luego eso no ocurrió y la espada de Damocles pasó a ser parte del “no puedo dormir”.

La desesperación de muchos trabajadores en blanco hace que busquen retiros voluntarios o acuerden despidos con la intención de ponerse al día con el ahogo del endeudamiento y luego ver qué trabajo consiguen. Los deudores no registrados por el BCRA también caen en usureros. Esto es un gran problema.

En Rosario, según el periodista Claudio Berón, especialista en temas policiales y judiciales, se vienen produciendo secuestros y balaceras para intimidar a los deudores y a sus familias para que paguen. A veces termina muy mal.

Mientras todo esto ocurre, el Gobierno viene con sus traspiés. Esta semana, Federico Sturzenegger debió dar marcha atrás a la eliminación de los prácticos argentinos en nuestros ríos y mares. La negativa de estos a trabajar mientras rija este decreto produjo en el comercio exterior daños económicos de grandes dimensiones, provocando la eliminación de dicho decreto.

El capítulo 3 de la Ley de Inviolabilidad de las Tierras, que permitía la venta a extranjeros sin límites, aunque después quisieron llevarlo al 25%, también capotó con las banderas de “La tierra no se vende” o “Argentina no se vende”.

Se develó así una movida cultural que comenzó con el partido Argentina-Inglaterra, cuando tras el triunfo de la Selección se desplegó una bandera con la inscripción “Las Malvinas son argentinas”. Siguió con esta movida encarnada por distintos actores, cantantes nacionales e internacionales, futbolistas, que abrazaron ese sentimiento: la defensa de la soberanía argentina. Los gobernadores, junto a sus senadores, decidieron poner el oído en este movimiento de jóvenes que convocaban a marchar en su rechazo durante el tratamiento de la ley.

Hasta ahora, con casi 3 años de gobierno anticasta -que ya no lo es-, el oficialismo viene también “equivocándose” con proyectos que tienen su corazón en los negocios, y no en políticas que beneficien a sectores masivos. La impunidad -más allá del caso Libra, Spagnuolo, Espert, Adorni- sigue viva y expuesta. El último botón de esta muestra lo protagonizó el senador Benegas Lynch, ofreciéndose con su inmobiliaria como facilitador para los extranjeros que deseen adquirir tierras argentinas, algo que aprobando la ley, como senador de la Nación, lograría. Vergonzante.

Este movimiento, que logra que miles de jóvenes lo coreen en recitales, canchas, etc., parece ocupar el lugar que debiera ser de la oposición. ¿Estamos asistiendo a la creación de un nuevo modelo de organización social con su correlato político? Quizás, jóvenes como Natalia de la Sota en Córdoba o Juan Monteverde en Rosario, lo intenten. Creen en una nueva construcción política que surge de la escucha a la gente. El desafío es alentador, aunque con resultados inciertos en épocas de influencers y redes sociales.

Argentina necesita construir una base amplia opositora que piense en la Argentina toda. Que ofrezca futuro al que siente no estar incluido. Hablo del 50% de los jóvenes menores de 24 años.

La ventaja electoral de Milei hoy es la falta de oposición. Es verdad que la ventaja que tendría ese conglomerado opositor es el propio Milei, con sus políticas y sus carencias.

La visita próxima del papa León XIV se da en momentos en donde quizás “las aguas del Mar Rojo” se puedan abrir para lograr un vaso comunicante entre quienes creen en la justicia social y los que creen en el individualismo profundo.

El FMI advirtió que Honduras concentra los peores indicadores de pobreza de América Latina y que, sin una ruptura estructural, el país seguirá reproduciendo “expulsión, desigualdad y vulnerabilidad generacional”.

La advertencia acompaña el respaldo del organismo a la nueva Estrategia de Reducción de la Pobreza 2022-2046, presentada en julio de 2026.

El diagnóstico indica que el 69.6% de la población hondureña vive en pobreza y el 46.7% en pobreza extrema, según datos de 2023 del Banco Mundial y el Instituto Nacional de Estadística de Honduras.

Más de la mitad de los habitantes, el 52%, sobrevive con menos de USD 6.85 diarios, lo que ubica al país en el último lugar de la región.

La trampa de las remesas y la migración

Un rasgo que distingue a Honduras del resto de Centroamérica es su dependencia de los envíos del exterior. Las remesas equivalen al 26% del PIB, 10 veces el promedio latinoamericano, y compensan la ausencia de empleos de calidad en una economía basada en sectores de baja productividad.

Ese modelo impulsa la migración masiva, que a su vez alimenta las remesas. El ciclo, advirtió el FMI, no genera desarrollo: consolida la vulnerabilidad estructural y vacía al país de fuerza laboral.

El peso de los desastres climáticos

Honduras encabeza el Índice de Riesgo Climático del FMI en la región. Las pérdidas tras los huracanes Eta e Iota fueron calificadas de catastróficas, y la recurrencia de inundaciones y sequías erosiona cualquier avance social acumulado.

El informe señala que la relación entre exposición climática y pobreza “crea trampas difíciles de romper”. La debilidad histórica del Estado para invertir en resiliencia social agrava ese efecto.

Brechas educativas, sanitarias y de género

Solo el 51% de los niños de cuatro a cinco años asiste a la escuela, y la cobertura secundaria es la más baja de América Latina. El sistema de salud opera con una de las menores proporciones de recursos humanos y cobertura efectiva del continente.

La situación de las mujeres concentra varias de las peores cifras. Siete de cada 10 hondureñas viven en pobreza, y el país registra la mayor tasa de femicidio de la región: 6 por cada 100,000 mujeres. La violencia, la discriminación y el desempleo femenino completan ese cuadro.

El acceso a vivienda digna, saneamiento básico y electricidad también permanece rezagado, sin que ninguno de esos déficits muestre una tendencia clara de mejora en las últimas dos décadas.

Una estrategia con horizonte de dos décadas

Frente a ese diagnóstico, el gobierno hondureño y el FMI presentaron la Estrategia de Reducción de la Pobreza 2022-2046, que el organismo describe como un viraje conceptual respecto de políticas anteriores. El eje central es el “enfoque de activos”: dotar a los más pobres de capacidades, infraestructura y oportunidades, en lugar de limitarse a transferencias asistenciales.

El plan se estructura en tres pilares. El primero apunta al crecimiento inclusivo mediante el fortalecimiento del Estado en industria, agroindustria y turismo; inversiones hospitalarias y educativas; mayor recaudación a través de la Ley de Justicia Tributaria; y proyectos energéticos de gran escala.

El segundo pilar busca universalizar salud, educación, agua y vivienda, con foco en territorios y grupos históricamente excluidos, e integrar un sistema de protección social con capacidad de respuesta ante crisis.

El tercer componente amplía programas focalizados: transferencias condicionadas como la Red Solidaria y PROASOL, becas, subsidios eléctricos y atención de emergencia, apoyados en diagnósticos territoriales precisos. Las políticas de género y adaptación climática atraviesan los tres pilares.

Condiciones que el FMI pone sobre la mesa

El organismo no entrega el respaldo sin señalar los puntos débiles. La coordinación institucional está en proceso de fortalecimiento, la cobertura de los programas sociales es parcial y el margen fiscal sigue siendo estrecho.

El acuerdo prevé un déficit controlado, expansión del espacio de inversión social y productiva, y consolidación gradual de la deuda pública.

El informe vincula el éxito de la estrategia al fortalecimiento de capacidades estatales, la transparencia y el monitoreo continuo de resultados.

Se estableció una revisión cuatrienal de metas y una evaluación final en 2046.

En un contexto de deterioro de los ingresos y aceleración inflacionaria, la pobreza subió al 30% en el primer trimestre del año y la indigencia al 6,5%, lo que implica un aumento de 0,1 y 0,4 puntos porcentuales, respectivamente, en relación al último trimestre de 2025. El dato implica que la pobreza dejó de bajar y que se produjo una reversión de la tendencia evidenciada desde fines de 2024.

Así surge de estimaciones del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la UCA, en base a los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec. En la comparación interanual, en cambio, se advierte un descenso en ambas mediciones, ya que en los primeros tres meses de 2025 la pobreza se ubicaba en 31,4% y la indigencia en 6,9%.

Por aglomerados urbanos, las mayores tasas de pobreza se observaron en Concordia (52,5%), Gran Resistencia (49,7%), Posadas (42,6%), Gran Santa Fe (39,7%) y Corrientes (38,4%).

La indigencia alcanzó sus valores más elevados en Gran Resistencia (24,3%), Concordia (11,2%), Posadas (10,7%), Gran Santa Fe (10,4%) y Corrientes (9,1%).

La cantidad de argentinos en situación de pobreza se incrementó en alrededor de 1,3 millones entre el tercer trimestre de 2025 y el primero de 2026, períodos que resultan comparables porque no tienen el efecto del aguinaldo.

“La evidencia sugiere que existe un cambio de tendencia respecto de la fase de recuperación registrada durante 2025″, remarcó la consultora ExQuanti.

Para Agustín Salvia, director del ODSA, hay seis motivos que explican el deterioro durante los primeros meses del año:

1. Pérdida del impulso proveniente de los precios relativos. Durante el primer trimestre de 2026, la Canasta Básica Alimentaria acumuló un aumento de 11,6% y la Total de 9,6%, mientras que el índice salarial total lo hizo en 8,6%. Los salarios registrados crecieron todavía menos (7%). De este modo, los ingresos dejaron de superar las líneas de pobreza y, especialmente, de indigencia
2. Debilitamiento del mercado de trabajo como factor de reducción de la pobreza. Entre los primeros trimestres de 2025 y 2026 no hubo cambios significativos en las tasas generales de empleo y desocupación. Sin embargo, la subocupación subió 1,1 puntos y la informalidad, 2,2 puntos, hasta alcanzar al 44,2% de las personas ocupadas
3. Distribución menos favorable de la recuperación de los ingresos. En términos nominales, exhibieron un alza de 35,6% interanual, algo por encima de las canastas, lo que explica que la pobreza aún sea menor que un año antes. Pero el coeficiente de Gini pasó de 0,435 a 0,442. La mejora promedio no se distribuyó de manera homogénea y resultó insuficiente para muchos hogares vulnerables
4. Menor dinamismo y mayor heterogeneidad de la actividad económica. El PBI pasó de crecer 5,8% interanual en el primer trimestre de 2025 —en buena medida por la comparación con la fuerte recesión de comienzos de 2024— a 2,3% en el primero de 2026. En este último período, la industria manufacturera cayó 1,7% y la administración pública 1,4%. El crecimiento continuó, pero a menor ritmo y sin traducirse en una expansión generalizada de los ingresos laborales
5. Menor capacidad protectora de las transferencias sociales. Las jubilaciones, pensiones y asignaciones se actualizan con dos meses de rezago, por lo que pierden poder adquisitivo cuando se aceleran los precios. Además, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) utilizado todavía no incorpora los ponderadores de la ENGHo 2017/18, de modo que ciertos consumos —como servicios públicos— quedan subrepresentados
6. Mayor presión de los gastos fijos. La recomposición de las tarifas de energía, transporte y alquileres avanzó por encima del nivel general de precios y de las actualizaciones salariales y de ingresos

El ODSA sostuvo que una reducción sostenida de la pobreza requiere que el crecimiento se traduzca en empleos productivos, protegidos y mejor remunerados.

De momento, no hay señales de que eso vaya a ocurrir en el corto plazo, en un marco en que la economía está “partida”: mientras el agro, la energía y la minería presentan avances mes a mes, el comercio, la industria y la construcción, sectores intensivos en mano de obra, continúan anotando retrocesos.

Javier Milei sostuvo este lunes que la cantidad de argentinos que no llega a fin de mes es significativamente menor a la que existía al inicio de su gobierno. El mandatario respaldó sus afirmaciones en los índices de pobreza e indigencia que, según indicó, registraron caídas históricas durante su administración.

Ante la consulta del periodista Eduardo Feinman en Radio Mitre sobre datos de una encuestadora que indica que el 86 % de los argentinos necesita dos o más empleos para cubrir sus gastos básicos, Milei cuestionó la metodología de ese tipo de sondeos. “Las encuestas tienen los problemas de las encuestas, que tienen sesgo, de cómo se plantean las preguntas”.

El jefe de Estado optó por remitirse a los indicadores oficiales de pobreza para responder al planteo. Recordó que al inicio de su gestión, tras la sincerización de los datos, la pobreza alcanzaba el 57 % de la población. “Hoy son 29 %, quiere decir que 28 % de los argentinos salió de la pobreza. Es decir, hay 14 millones de argentinos que están mejor“, afirmó. En materia de indigencia, señaló que el indicador bajó del 20 % al 6 %, y que la pobreza infantil pasó del 70 % al 42 %.

“No somos Suiza, pero estamos mucho mejor; si hay gente que no llega a fin de mes, es mucho menos que lo que había cuando nosotros iniciamos”, sostuvo Milei, al tiempo que reconoció que Argentina aún dista de los estándares de países desarrollados.

La entrevista también abordó la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Milei explicó que el objetivo central de la modificación es “extirpar definitivamente la inflación de la vida de los argentinos" y enumeró cinco ejes del proyecto. Entre ellos, la prohibición taxativa del financiamiento al Tesoro, la eliminación de la distribución de utilidades ficticias y el endurecimiento de los requisitos para remover a las autoridades del organismo, que pasarán a exigir dos tercios tanto del Senado como de la Cámara de Diputados.

El presidente descartó que la ausencia de la palabra “independencia” en el proyecto implique una debilidad institucional. “No hace falta poner la palabra independencia, porque yo puedo poner muy pomposamente la independencia y no pongo ninguno de estos cuatro elementos y el Banco Central se lo lleva puesto", argumentó. Para Milei, la verdadera autonomía del organismo reside en impedirle financiar al fisco: “Eso es equivalente a falsificar dinero. Constituye una estafa, está penalizado”.

Sobre la coyuntura económica, el mandatario afirmó que el consumo, el PBI y las exportaciones se encuentran en máximos históricos. Atribuyó el hecho de que la inflación aún no arranque en cero a lo que describió como “un ataque furioso de la política”, en referencia a proyectos legislativos que, según su lectura, presionaron el equilibrio fiscal durante el año. Señaló que la corrida cambiaria equivalió al 50 % de la base monetaria, unos 41.000 millones de dólares.

Causa Malvinas

Al ser consultado por las negociaciones diplomáticas que el Gobierno nacional lleva adelante en pos de recuperar la soberanía de las islas Malvinas, el presidente Milei aseguró que, desde su punto de vista, esa causa es “no negociable”.

“Es la causa argentina. De hecho, desde el regreso de la democracia somos los que más hicimos para el objetivo final, que es que las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, y todo el espacio marítimo circundante, vuelvan a la Argentina”, sostuvo el mandatario.

Y en esa línea, destacó que la ONU le haya exigido a Reino Unido retomar las conversaciones diplomáticas con Argentina. “Es un gran avance. Además, tenemos apoyos fuertes, históricamente de China, y ahora Estados Unidos está tomando posición hacia nuestro caso”.

Asimismo, Milei advirtió que en la propia Inglaterra las aguas ya se encuentran “divididas” en torno a la causa Malvinas. “Hay partes del espectro político que consideran que nos tienen que devolver las islas porque son nuestras. Hubo avances diplomáticos enormes; no se vieron estos avances en los últimos 40 años”, reiteró.

Sobre el cuestionado proyecto petrolero británico Sea Lion, enfocado en la explotación de un yacimiento petrolero offshore que se encuentra al norte de las islas Malvinas, el mandatario nacional señaló que ya se iniciaron los reclamos correspondientes, mientras las negociaciones continúan en el ámbito diplomático.

“Somos aliados de Estados Unidos e Israel, pero esa es una empresa privada. Un país serio no tiene injerencia sobre el sector privado. Aun así, hemos iniciado esa negociación y hemos denunciado la situación. Estas cosas no se arreglan desde la tribuna, gritando y tirando piedras. Lo hacemos sentándonos diplomáticamente a resolver estos temas”, completó.

La figura televisiva también relató cómo fueron sus primeros años en la pantalla chica, cuando trabajó sin recibir un sueldo y aceptaba prendas de vestir como parte de pago. Posteriormente, contó que su ingreso a ‘JB Noticias’ representó una oportunidad decisiva para mejorar su situación económica y comenzar una nueva etapa luego de la pérdida de su progenitora.

La conversación estuvo marcada por momentos de nostalgia, humor y profundas reflexiones sobre la pobreza, el esfuerzo y la importancia de reconocer las pequeñas oportunidades que pueden cambiar la vida de una persona.

Mónica Cabrejos recuerda que quedó sola tras la muerte de su madre

Al hablar de sus inicios como vedette, Mónica Cabrejos explicó que esa etapa le permitió conseguir mayores oportunidades laborales y contratos. Sin embargo, reconoció que, detrás de la imagen pública que construyó en la televisión, existía una joven que atravesaba un profundo dolor.

“Porque de salir ahí te salían contratos”, comentó inicialmente. Ante ello, Magaly Medina agregó: “Te salían un montón de contratos, exacto”.

Cabrejos continuó explicando que, para entonces, ya se encontraba sola y había empezado a vivir con una mayor libertad después de la muerte de su madre.

“Te salían varios contratos y ya ahí, o sea, yo, yo reconozco que ahí ya yo estaba sola en la vida. O sea, mi mamá murió cuando yo tenía dieciocho y ya yo ahí tenía veinte años y ya me había yo alocado”, expresó entre risas.

Sin embargo, aclaró que cuando decía que se había “alocado”, se refería a la molestia y frustración que sentía frente a todo lo que le había ocurrido. “Y digo que me había alocado porque yo estaba muy molesta con la vida, ¿no?”, señaló.

Cuando Magaly Medina le preguntó si realmente se sentía así, la comunicadora respondió: “Sí, claro. Mi mamá murió de una forma dura para mí, sobre todo, ¿no? Yo estaba sola. Tenía dieciocho años, Magali. Ganaba ciento diez dólares al mes. Mi mamá murió con cáncer. Yo no tenía con qué enterrarla”.

La conductora reaccionó con sorpresa y expresó: “Me muero”. Cabrejos respondió: “Sí, terrible. Estuve sola, solo con el que era mi enamorado”.

La dolorosa despedida de la madre de Mónica Cabrejos

Durante la entrevista, Magaly Medina quiso saber qué había ocurrido con el resto de la familia de la comunicadora y le preguntó: “¿Y tus hermanas y tu papá?”.

Mónica explicó que su única hermana se encontraba fuera del país y que su padre ya no estaba presente en su vida. “Mi única hermana está en Venezuela y no pudo venir. Y mi papá ya se había ido”, relató.

La psicóloga recordó que el día del entierro fue incapaz de bajar del vehículo para acompañar a su madre hasta el lugar donde sería sepultada. La tristeza era tan intensa que sintió que no podría continuar si se enfrentaba directamente a ese momento.

“El día que enterraron a mi mamá, yo ahora lo puedo hablar, porque hace años yo no lo podía pronunciar, yo no tuve el valor de bajar. Yo me quedé en el carro y el que era mi enamorado ayudó a enterrarla, porque yo no tenía el valor de bajar, porque yo sabía que si yo bajaba, yo me quebraba y literal no sabía si iba a poder seguir avanzando en la vida, ¿no? Yo tenía dieciocho años. Imagínate”, contó.

Mónica Cabrejos revela que trabajó gratis en Canal 7

Antes de ingresar a ‘JB Noticias’, Mónica Cabrejos ya había tenido una experiencia en televisión. Según relató, trabajó durante un año en Canal 7 como modelo, pero no recibía un sueldo.

“Ya estaba yo... Yo había hecho un año gratis en Canal siete pagando mi derecho de piso dizque como modelo en un programa de los sábados. Pero yo me había dado cuenta que, o sea, no me pagaban, ¿no? Me daban un pantalón de canje”, recordó.

La respuesta generó indignación en Magaly, quien comentó: “Qué miserables”. Mónica respondió entre risas: “Sí”, aunque reconoció que, en ese momento, recibir una prenda de vestir era importante debido a su situación económica.

“Pero para mí un jean era algo que yo...”, dijo antes de ser interrumpida por la conductora. “No podías comprar con tus propios recursos”, señaló Magaly.

Cabrejos confirmó: “No, entonces sí. Cada quince días me daban un jean, para mí era...”. La conductora añadió: “Ya tú te sentías superbien pagada”. “Me sentía feliz, ¿no? Porque yo iba a trabajar todos los días y no tenía ropa, entonces bien”, explicó.

El ingreso de Mónica Cabrejos a ‘JB Noticias’ y la muerte de su madre

El fotógrafo comenzó a ayudarla y le proporcionó direcciones para asistir a diferentes castings.

“Entonces, él como en septiembre me dice eso y me manda las direcciones, me llama a mi trabajo y me dice: ‘Anda al casting de Tulio Loza, anda al casting de JB’. Y yo llego al casting de JB y ahí me quedo”, relató. La primera persona que la recibió fue Christian Benavides, a quien recordó con afecto. “El primero que me recibe es Christian Benavides”, señaló.

Magaly agregó: “Que en paz descanse”. Mónica respondió: “Que en paz descanse mi hermanito del alma, mi Christian Benavides. Y me quedé. Y me quedé. Estuve haciendo pilotos y bueno, ahí en ese tiempo mi mamá murió”.

La comunicadora explicó que su madre falleció el 16 de diciembre, cuando ella apenas había participado en algunos programas. Magaly le preguntó: “¿No llegó a verte en la tele?”.

Mónica respondió entre risas: “Mejor, porque no le gustaba, te cuento”. La conductora quiso saber más y preguntó: “¿Sí?”.

“No le gustaba, porque yo me iba a escondidas”, explicó.La periodista confirmó que ‘JB Noticias’ fue su primer empleo formal y remunerado en televisión. “Sí, pagada. Sí, en JB. Yo llegué como extra”, dijo.

“Yo comía una vez al día”: Mónica Cabrejos recuerda la pobreza que vivió

El ingreso a ‘JB Noticias’ representó un cambio importante para Mónica Cabrejos. Luego de la muerte de su madre, decidió dejar el trabajo que tenía y dedicarse por completo a la televisión. “Mi mamá murió en diciembre y en enero yo digo: ‘¿Sabes qué? Como yo había tenido tanta responsabilidad toda mi vida, dije: ‘Me voy a dedicar a esto. Ya no tengo que ir todos los días a ese trabajo’”, relató.

Cabrejos explicó que llegó a un acuerdo con su antiguo jefe y logró pagar todas las deudas que tenía. “Yo le pago al señor Loaiza, que si me está viendo, tiene que saber que yo toda mi vida le estoy agradecida por todo lo que me ayudó, desinteresadamente. Arreglamos la liquidación, todo, me fui tas con tas”, señaló.

Magaly comentó: “Ya, no te dio un sol”. Mónica confirmó: “O sea, le pagué todo”.

La conductora añadió: “No te dio ni un sol de más”. La nueva etapa en televisión también le permitió cubrir necesidades básicas que antes no podía satisfacer. “Y me empecé a dedicar ya a JB. Entonces, yo decía: ‘Junto un poco de plata...”, recordó. Magaly intervino: “Tú decías: ‘Ya soy millonaria’”. Mónica respondió: “Exacto, porque además yo comía todos los días, Magali. Cuando mi mamá estaba enferma, yo comía una vez al día”.

La conductora señaló: “Y ahora sí podías tomar desayuno, almuerzo y comer”. “Sí. Claro, a veces comía ya chancay. Pero yo, o sea, para mí era importante. O sea, para mí era, literal, yo me sentía muy exitosa por comer las tres veces al día. O sea, y esto no es broma”, confesó.

Mónica Cabrejos revela que tenía ocho soles cuando murió su madre

Uno de los momentos más conmovedores de la entrevista ocurrió cuando Mónica contó cuánto dinero tenía el día que recibió la noticia de la muerte de su madre. “Magali, el día que mi mamá muere y a mí me avisan, yo tenía ocho soles como único capital. Y del centro de Lima al hospital de Neoplásicas, el taxi me costó siete. Yo me quedé con un sol en el bolsillo. O sea, yo no tenía más”, relató.

La comunicadora volvió a agradecer el apoyo que recibió de algunas personas durante esa etapa. “Por eso te digo que mi jefe me ayudó. O sea, yo tuve mucha suerte y Dios siempre ha estado conmigo”, expresó. Magaly comentó: “De cruzarte con gente...”.

Mónica completó: “Con gente buena”. La conductora añadió: “Buena que te apoyó”. “Que me ayudó desinteresadamente, porque yo ahora volteo y miro y digo: ‘Dios mío, tú siempre has estado conmigo’. Porque imagínate una chica de dieciocho años sola en la vida, o sea, sola, sin nadie que la aconseje, que la cuide, que le diga: ‘No vayas por ahí’”, manifestó.

Cabrejos recordó que, al enterarse de la muerte de su madre, sintió que todo se volvía oscuro. “O sea, yo tenía un sol en el bolsillo, Magali. O sea, cuando me dijeron que mi mamá había muerto, te juro que sentí que todo se puso negro. Así sentía que me iba a desmayar porque no sabía... y tú sabes cómo son los hospitales, ¿no?”, señaló.

Magaly respondió: “Son terribles”. Mónica sostuvo: “La gente son bien insensibles, ¿no?”. La conductora reflexionó: “La gente se vuelve fría, creo, de tanto tratar con la muerte”. “Se desensibilizan, sí”, respondió Cabrejos.

“Soy una sobreviviente”: Magaly Medina destaca la fortaleza de Mónica Cabrejos

Tras escuchar la historia, Magaly Medina destacó la capacidad de Mónica para salir adelante. “Qué bárbaro. Eres una sobreviviente, realmente”, expresó. Cabrejos respondió: “Sí, yo soy una sobreviviente”.

La conductora sostuvo que, con el paso del tiempo, la comunicadora había logrado recordar su pasado desde el agradecimiento. “Pero uno tiene que darle gracias a todo eso que pasó. Porque ahora lo puedes contar con nostalgia, con sonrisa, con agradecimiento”, señaló.

Mónica respondió: “Sí”. Magaly continuó: “Porque sobreviviste, la luchaste, guerreadeste y acá estás. Y además, no solo con tu plata en la televisión, con lo que ganaste, estudiaste una carrera y ahora eres una psicóloga”.

La conductora añadió en tono de broma: “Psicóloga bandida, pero psicóloga al fin y al cabo”.

Más de 50 mil familias dominicanas vulnerables serán beneficiadas a través de bonos estatales para cubrir alimentación, educación y otros servicios básicos. La reciente entrega de ayudas económicas en la provincia de San Juan busca aliviar el impacto de la pobreza en los hogares con menos recursos de la región.

El programa Supérate distribuyó bonos de protección social a familias de los municipios de Bohechío, El Cercado, Juan de Herrera, Las Matas de Farfán, San Juan de la Maguana y Vallejuelo. Con estos subsidios, los beneficiarios pueden acceder a productos de la canasta básica, pagar servicios de gas y electricidad, y enfrentar gastos escolares. Según la información oficial, más de 56,000 hogares han recibido el apoyo, lo que convierte a esta iniciativa en una de las intervenciones sociales más amplias del año en la zona.

Los bonos entregados contemplan ayudas directas como Aliméntate, Bono Gas y Bono Luz, destinados a garantizar la compra de alimentos, el suministro de gas licuado y el pago de la energía eléctrica para uso doméstico. Además, el programa incluye incentivos para el ámbito educativo, a través de los programas Aprende y Avanza, que alcanzan a más de 6,200 familias con hijos en edad escolar.

La selección de los beneficiarios se basa en estudios socioeconómicos que priorizan a las familias en situación de vulnerabilidad. El proceso de identificación incluye la colaboración de autoridades locales y organizaciones comunitarias, con el objetivo de dirigir los recursos públicos hacia quienes más lo necesitan. Según los registros, este enfoque ha permitido llegar a comunidades rurales y urbanas con altos índices de pobreza.

En el marco de la entrega, algunos beneficiarios señalaron la importancia de ampliar la cobertura de los programas y aumentar el monto de las ayudas. También manifestaron la necesidad de extender la protección a personas adultas mayores y personas con discapacidad, sectores que enfrentan mayores barreras para acceder a servicios básicos y oportunidades laborales.

Además del apoyo alimentario y energético, el programa Supérate incorpora iniciativas como Supérate Mujer, Fondo Nacional para la Niñez y Adolescencia con Discapacidad, que proporcionan respaldo adicional a mujeres jefas de hogar o menores con discapacidad. Estas acciones complementarias buscan reducir brechas sociales ampliando las condiciones de vida en los hogares más expuestos a la exclusión.

Las ayudas económicas se suman a una estrategia nacional de acompañamiento sociofamiliar, cuyo objetivo es contribuir a la superación de la pobreza y fortalecer la protección de derechos fundamentales. La intervención directa en comunidades de San Juan pretende elevar la calidad de vida de los residentes y optimizar el alcance de las políticas sociales, según datos difundidos por las autoridades.

Durante las jornadas de entrega, equipos técnicos orientaron a los beneficiarios sobre el uso de los subsidios y recogieron propuestas para futuras mejoras. Entre las inquietudes destacadas se encuentra la solicitud de mayor acceso a los programas y el incremento de los montos asignados, en respuesta al aumento del costo de vida y a las demandas específicas de los sectores más desfavorecidos.

El despliegue de los bonos estatales en San Juan representa un esfuerzo por garantizar que miles de familias puedan cubrir necesidades básicas y acceder a oportunidades educativas y sociales, en un contexto de desafíos económicos y sociales persistentes.

La posibilidad de elevar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) que pagan los productos de la Canasta Básica Tributaria (CBT), pasando de la tarifa reducida del 1% tal 13%, tendría consecuencias económicas mucho más severas para los hogares de menores ingresos que para las familias con mayor capacidad adquisitiva, según concluye un estudio elaborado por el investigador Leiner Vargas, del Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible (Cinpe) de la Universidad Nacional (UNA).

El análisis surge en medio del debate sobre las alternativas que estudia el Gobierno para enfrentar la situación fiscal del país.

Entre las opciones que se han mencionado figura la eliminación del beneficio tributario que actualmente tienen los productos de la canasta básica, una recomendación que también fue planteada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) como parte de la revisión del acuerdo del Crédito Flexible con Costa Rica.

De acuerdo con el informe, el principal atractivo de la medida radica en su potencial recaudatorio. Si el IVA aumentara del 1% al 13%, la recaudación pasaría de ¢42,065 millones (USD 92.5 millones) a ¢546,841 millones (USD 1,202 millones), una cifra equivalente aproximadamente al 1% del Producto Interno Bruto (PIB).

Sin embargo, el estudio advierte que el costo social de ese incremento sería considerable y recaería principalmente sobre las familias con menos recursos, debido a que destinan una mayor proporción de sus ingresos a la compra de alimentos y productos esenciales.

Los datos muestran que los hogares pertenecientes al primer quintil de ingresos —el 20% más pobre de la población— reciben en promedio ¢321,351 mensuales (USD 706). Para estas familias, el incremento del impuesto representaría una carga equivalente al 6.7% de sus ingresos.

El segundo quintil, cuyos hogares perciben en promedio ¢604,749 al mes (USD 1,329), enfrentaría un impacto estimado entre el 4% y el 5% de sus ingresos.

La magnitud del efecto se explica porque las familias más vulnerables destinan buena parte de su presupuesto a la compra de productos incluidos en la canasta básica. Mientras el primer quintil utiliza el 44.1% de sus ingresos para adquirir estos bienes, el segundo destina el 28.8%.

El informe incluso advierte que, para los hogares más pobres, el aumento del IVA equivaldría a perder cerca de un mes completo de capacidad de compra de alimentos cada año. En el caso del segundo quintil, conformado por familias vulnerables que aún no son consideradas pobres, la medida incrementaría el riesgo de que muchas caigan por debajo de la línea de pobreza.

En contraste, el impacto disminuye conforme aumenta el nivel de ingresos. Para el tercer quintil la carga sería de entre un 2.5% y un 3.5%; para el cuarto se ubicaría entre el 1.5% y el 2%; mientras que para el quinto quintil —el de mayores ingresos— el efecto rondaría entre el 0.6% y el 1%.

La diferencia responde al peso que tiene la alimentación dentro del presupuesto familiar. Mientras el primer quintil dedica casi la mitad de sus ingresos a la canasta básica, el quinto quintil, con ingresos promedio de ¢2,675,743 mensuales (USD 5.881), utiliza únicamente el 9.9% para adquirir esos mismos productos.

Además del efecto sobre el presupuesto de los hogares, el investigador estima que la homologación del impuesto provocaría un incremento inmediato del 11.9% en el precio final de alimentos esenciales como arroz, frijoles, huevos, leche y derivados, pan, harinas, pollo, carne de res, cerdo, atún y sardinas.

El documento también analiza la propuesta de crear un “IVA personalizado”, mecanismo mediante el cual el Estado devolvería el impuesto pagado por los hogares de menores ingresos. No obstante, Vargas considera que esa alternativa enfrenta importantes obstáculos.

Según el informe, las deficiencias en los registros sociales, la alta informalidad laboral —que afecta a unas 800,000 personas—, la migración irregular y la existencia de adultos mayores que no reciben pensiones dificultan identificar correctamente a todos los potenciales beneficiarios.

La investigación recuerda que experiencias similares en América Latina han registrado errores de exclusión de entre el 20% y el 40% de la población objetivo, lo que implica que miles de familias vulnerables podrían quedarse sin recibir la devolución del impuesto.

Ante ese panorama, el estudio concluye que la equiparación del IVA de la canasta básica al 13% “debe rechazarse” en las condiciones actuales.

No obstante, el investigador plantea cinco acciones que deberían cumplirse si el Gobierno decide impulsar la reforma: realizar una auditoría independiente de los registros de los hogares más vulnerables, crear un mecanismo de devolución automática, mensual y sin condicionamientos, aplicar una implementación gradual con posibilidad de reversión según indicadores de pobreza y seguridad alimentaria, valorar alternativas como una tarifa general menor con una base más amplia de productos y, finalmente, efectuar una evaluación independiente de los resultados con divulgación pública de sus hallazgos.

El debate permanece abierto, mientras el Gobierno continúa analizando distintas opciones para fortalecer las finanzas públicas sin que, hasta ahora, exista una propuesta formal para modificar la tarifa del IVA sobre la canasta básica.

El proceso de apertura económica que atraviesa la Argentina redefine, según Ricardo Arriazu, uno de los economistas más escuchados por Javier Milei, la geografía productiva del país. La transformación estructural, sostiene, generará ganadores y perdedores, y esa polarización tendrá un correlato territorial que impactará de lleno sobre el empleo y los ingresos en algunas de las regiones más pobladas del país.

Durante el Webinar de BlackTORO, Arriazu explicó que la apertura comercial va a debilitar a sectores industriales concentrados históricamente en el Gran Buenos Aires, mientras otras actividades, vinculadas a los recursos naturales, ganarán participación. El economista advirtió que ese desplazamiento productivo no se traduce de manera automática en un desplazamiento de personas. “La gente no se mueve”, señaló, y agregó que “tarda mucho en moverse, lo cual te plantea un desafío”.

Esa inercia demográfica es, para Arriazu, el corazón del problema. El economista recordó que ya había planteado esta hipótesis hace un año y la mantiene vigente: “Esto va a generar bolsones de descontento, bolsones de desempleo y de pobreza, justo en la zona políticamente más intensa”. Según explicó, se trata de un fenómeno que requiere estudio y una respuesta de política pública, no una resolución espontánea. “Hay que pensar cómo se resuelve el problema. Hay que pensarlo”, planteó.

Superávit gemelos, la gran diferencia

Más allá de ese diagnóstico, Arriazu ubicó al equilibrio fiscal como el elemento que distingue al proceso económico actual de los intentos de estabilización anteriores. Consultado sobre por qué esta vez el rumbo podría ser distinto, fue categórico: “No tengo la menor idea. Lo único que es distinto es que hemos eliminado el déficit fiscal”.

Esa eliminación del déficit, planteó, es la explicación de fondo detrás de otro fenómeno inédito: la coexistencia de superávit fiscal y superávit externo. Arriazu remarcó que Argentina va a cerrar el año con ambos resultados en positivo, algo que no había ocurrido en la historia económica reciente del país y que tampoco se replica en el resto de América Latina.

El dólar, la city y el año electoral

Otro de los ejes que Arriazu desarrolló fue el comportamiento de la demanda de dólares, a la que definió como la variable más relevante para entender la dinámica económica de corto plazo. El economista repasó que, durante el último año, los argentinos compraron 40.000 millones de dólares, y proyectó una demanda menor pero igualmente significativa para el año próximo, en un contexto marcado por las elecciones.

Arriazu insistió en que la Argentina funciona como una economía bimonetaria, en la que el dólar opera como unidad de cuenta y como resguardo patrimonial. Bajo esa lógica, sostuvo que lo que verdaderamente ordena las decisiones financieras es la tasa de interés en dólares, no la tasa real en pesos. El economista anticipó que el año próximo habrá presión cambiaria, aunque consideró que llegará en una etapa avanzada del proceso electoral. “Yo creo que la corrida va a existir, va a ser tardía, no va a ser temprana, y eso le da una enorme oportunidad al Gobierno para acumular”, afirmó.

Los siete shocks que definen el largo plazo

En la porción de la charla dedicada al mediano y largo plazo, Arriazu presentó un cálculo sobre el patrimonio de los argentinos, que estimó en cerca de cinco veces el Producto Bruto Interno, con un 80% concentrado en inmuebles y en dólares en el exterior. Ese diagnóstico lo llevó a identificar siete shocks que, a su criterio, atraviesan a la economía argentina en simultáneo: la estabilización macroeconómica, Vaca Muerta, la minería, un eventual cambio en las condiciones del sector agropecuario, la industria del conocimiento, la apertura comercial y una baja permanente del tipo de cambio real.

El economista puso como ejemplo el potencial de la minería, a la que comparó con la situación de Vaca Muerta en 2013, y mencionó la existencia de una franja cuprífera entre San Juan y La Rioja que consideró, potencialmente, la más grande del mundo. También advirtió sobre los cuellos de botella logísticos que ese crecimiento productivo puede generar: calculó que la demanda de cemento treparía a 17 millones de toneladas frente a una capacidad instalada de 13 millones, y estimó que se necesitarían 13.000 camiones adicionales y 20.000 choferes para sostener el transporte de la producción minera y agropecuaria.

Un crecimiento condicionado por la confianza

Sobre las perspectivas de crecimiento para este año, Arriazu ubicó al Producto Bruto Interno en torno al 3,5%, en base al arrastre estadístico, la mejora de la cosecha y el aumento en la producción de hidrocarburos. Aclaró, de todas formas, que el ritmo final dependerá de cuántos dólares compren los argentinos en los próximos meses, ya que una mayor demanda de divisas le resta impulso a la actividad interna.

El economista también reconoció un punto que, dijo, no logra explicar del todo: la caída del Estimador Mensual de Actividad Económica en abril y mayo. “Todavía no puedo explicar por qué cayó el EMAE en abril y mayo. No puedo. Miro todo el razonamiento económico, miro todos los flujos, miro todo. No logro entenderlo”, admitió.

Para Arriazu, la evolución de la confianza social será determinante para el año electoral, y la vinculó de manera directa con la trayectoria de la inflación y del salario real. Explicó que la percepción sobre el poder adquisitivo no debe calcularse comparando el salario y los precios del mismo mes, sino contra la inflación del período anterior, un ajuste metodológico que, según remarcó, explica buena parte de la mejora reciente en los indicadores de pobreza.

Costa Rica mantiene una deuda histórica con su población menor de edad. Así lo concluye una investigación de la Universidad Nacional (UNA), que documenta que 557,000 niños, niñas y adolescentes viven en condición de pobreza básica o extrema, mientras que la cobertura de la Red Nacional de Cuido alcanza apenas al 12 % de quienes requieren ese servicio.

Los hallazgos forman parte de la publicación La deuda de Costa Rica con sus niños, niñas y adolescentes, elaborada por la académica jubilada de la UNA Ana Teresa León Sáenz y presentada en el Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Niñez y la Adolescencia (Ineina-UNA).

El estudio, resultado de dos años de investigación, recopila información de las siete provincias del país y analiza indicadores relacionados con pobreza, violencia, salud, educación, protección social y primera infancia. Además del diagnóstico, la publicación propone una serie de acciones orientadas a reducir las brechas sociales que afectan a esta población.

“Esta publicación es un esfuerzo por sintetizar la información principal sobre la situación de la niñez por provincias. La idea es motivar a las municipalidades, las instituciones y a toda la sociedad a hacer un esfuerzo colectivo, porque ignorar esta deuda es una apuesta contra todos nosotros”, afirmó León Sáenz.

La investigadora, quien además fue la primera directora del Ineina y expresidenta ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), advirtió que la falta de inversión en la niñez no solo afecta el bienestar de miles de menores de edad, sino que también genera consecuencias sociales y económicas que se prolongan durante toda la vida y resultan más costosas de atender en la adultez.

Menos nacimientos y mayores desafíos

El análisis también evidencia cambios demográficos que podrían transformar la composición de la población costarricense durante la próxima década.

Según la investigación, los nacimientos en el país se redujeron en más de un 35 % durante los últimos diez años. De mantenerse esa tendencia, para 2034 las personas menores de edad representarían únicamente el 11.6 % de la población nacional.

A este panorama se suma otra preocupación: la limitada disponibilidad de información oficial actualizada sobre niñez y adolescencia, así como los recortes presupuestarios que, según la autora, dificultan la capacidad del Estado para diseñar políticas públicas y responder oportunamente a las necesidades de esta población.

El documento sostiene que la ausencia de datos oportunos limita la toma de decisiones y dificulta la identificación de las comunidades con mayores niveles de vulnerabilidad.

Propuestas para reducir la brecha social

Como parte de las recomendaciones, la investigación plantea fortalecer los programas preventivos dirigidos a familias en condición de vulnerabilidad, ampliar los servicios de protección para niños y adolescentes y desarrollar estrategias comunitarias que permitan atender de forma integral las principales problemáticas sociales.

Para alcanzar estos objetivos, la publicación estima necesaria una inversión cercana a los ₡40,000 millones (USD 90 mil) anuales durante un periodo de cinco años, recursos que permitirían ampliar la cobertura de programas de atención y reforzar las acciones de prevención en distintas regiones del país.

La autora sostiene que invertir durante los primeros años de vida genera beneficios sociales y económicos de largo plazo, al disminuir factores asociados con la pobreza, la violencia, la exclusión y el rezago educativo.

Científicos británicos examinaron a un grupo de más de 2.700 personas, todas nacidas en marzo de 1946, lo que significa que ahora tienen 80 años, que accedieron a que se hiciera un seguimiento de su salud y sus circunstancias sociales durante años.

En la investigación publicada la semana pasada, se descubrió que las personas que pertenecían al 20% más pobre del grupo entre los 25 y los 50 años obtenían peores resultados en las pruebas cognitivas y peores resultados en las pruebas de memoria en la mediana edad.

Quienes declararon a los investigadores haber tenido problemas para pagar sus facturas al menos dos veces entre los 30 y los 40 años también obtuvieron peores resultados posteriormente.

El artículo, publicado en la revista Innovation in Aging, señala que los efectos negativos en la salud cerebral se manifestaron en los datos incluso cuando los investigadores intentaron controlar las desventajas sufridas por los sujetos durante su infancia, así como las diferencias en su educación y cognición en esa etapa, lo que sugiere que el estrés financiero acumulado en su vida adulta fue el responsable de los cambios en sus cerebros.

El deterioro cognitivo en las personas con dificultades económicas fue más lento que en sus pares con mayores recursos en etapas posteriores de la vida. Sin embargo, los investigadores supusieron que esto se debía a que el daño ya estaba hecho y había menos que perder.

La profesora Arline Geronimus, de la Universidad de Michigan, que no participó en el estudio, se preguntó al leer la investigación si, en realidad, las personas que sufrían los peores efectos en la salud relacionados con el estrés, como enfermedades cardíacas y cáncer, ya habían fallecido entre los 50 y los 60 años.

Según el coautor Jacques Wels, lo que distingue a este estudio de otros, que han demostrado el daño cognitivo causado por el estrés financiero, es el acceso a información sobre los sujetos a lo largo de décadas de sus vidas, y no solo en un único momento.

Wels, socióloga cuantitativa que trabaja en el University College de Londres, afirmó en una entrevista que este estudio no pudo dilucidar cuánto del daño cerebral en las personas pobres fue causado por el estrés financiero en sí, que puede provocar inflamación perjudicial y ocupar espacio cognitivo que de otro modo se destinaría a otros procesos, y cuánto fue causado por comportamientos que las personas pobres tenían más probabilidades de adoptar, como fumar y beber.

Pero afirmó que los resultados sugieren firmemente que la pobreza fue la causa de los efectos en el cerebro, y no al revés, ya que los cambios en el cerebro no comenzaron a aparecer hasta que los sujetos tenían 50 años.

“Lo que pudimos hacer fue establecer una relación causal entre la presión financiera y la salud cerebral”, dijo Wels. “Tenemos algunos indicadores de la salud cerebral, como la velocidad de lectura, la velocidad de cálculo y las resonancias magnéticas cerebrales. Es un claro marcador biológico de que algo sucedió a lo largo de la vida”.

Según él, el estudio no indica claramente qué acciones pueden emprender las personas que viven en la pobreza para proteger su cerebro. Sin embargo, considera que sí sirve como advertencia para que los líderes políticos reconozcan que aliviar la pobreza también puede contribuir a reducir problemas de salud a largo plazo, como la demencia.

“Una carga financiera ocupa mucho espacio en tu cerebro”, dijo Wels.

Geronimus, cuya investigación se centra en cómo la discriminación puede tener un impacto progresivo en el cuerpo de las personas, afirmó que la conexión que establece el estudio entre las presiones financieras y la cognición puede ser demasiado simplista.

“No debemos pensar que es solo una cuestión de dinero”, dijo. “Esto pone de manifiesto las desigualdades sociales que perjudican la salud cerebral”.

© 2026, The Washington Post

En Panamá la calle se ha convertido en el último eslabón de una cadena de pobreza, exclusión social, ruptura de vínculos y problemas de salud física y mental.

Grave, el problema recién empieza a abordarse de manera articulada y con enfoque de derechos humanos, al crearse la Comisión Interinstitucional para la Garantía de Derechos y la Atención Integral de las Personas en Situación de Calle.

Será el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) la entidad responsable de coordinar la acción del Estado y articular una respuesta integral basada en derechos humanos, inclusión social y corresponsabilidad institucional

La comisión, según se informó, reúne a las principales entidades públicas y fortalece el trabajo conjunto con la sociedad civil para promover la atención, la recuperación y la inclusión social de las personas en situación de calle, consolidando un modelo permanente de coordinación que marca un antes y un después en la política social panameña.

“Por muchos años la situación de calle fue atendida mediante esfuerzos aislados y respuestas puntuales. Hoy Panamá establece un mecanismo permanente de coordinación interinstitucional que coloca a la persona en el centro de la intervención, reconoce su dignidad y promueve la restitución efectiva de sus derechos “, señaló la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles de Arango.

Añadió que el Decreto que crea la comisión refleja la convicción de que nadie debe quedar excluido de la protección del Estado ni de las oportunidades para reconstruir su proyecto de vida.

En el país las personas en situación de calle enfrentan múltiples condiciones de vulnerabilidad, entre ellas pobreza, desempleo, ruptura de vínculos familiares y comunitarios, problemas de salud física y mental, consumo problemático de sustancias, discriminación y exclusión social, factores que requieren una respuesta coordinada del Estado.

Entre las funciones de la comisión figuran la elaboración de estrategias nacionales, la coordinación de servicios especializados, el seguimiento de casos, la generación de información para la formulación de políticas públicas y la promoción de acciones orientadas a la prevención, atención e inclusión social de las personas en situación de calle.

La comisión reunirá a instituciones con competencias complementarias para ofrecer una atención multidimensional.

Se detalló que el MIDES encabezará la coordinación general y la articulación de la política de protección social; el Ministerio de Salud liderará las acciones en materia de atención médica, salud mental y tratamiento de adicciones; el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral impulsará estrategias de inserción laboral; el Ministerio de Educación promoverá procesos de reinserción educativa; y el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh) facilitará programas de capacitación para el empleo.

También participarán la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) y el Consejo Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, que atenderá los casos vinculados a personas con discapacidad; mientras que los gobiernos locales serán los encargados de fortalecer la respuesta territorial.

La información actualmente disponible sobre las personas en situación de calle en Panamá revela un fenómeno complejo, creciente y todavía poco cuantificado, en el que conviven datos censales oficiales, estimaciones municipales y diagnósticos académicos que no siempre coinciden entre sí.

En 2025, el MIDES reconocía la existencia, según el Censo de Población y Vivienda, de al menos 374 personas en situación de calle en la ciudad de Panamá, mientras diagnósticos del Municipio de Panamá y reportes periodísticos hablaban de alrededor de 1.050 a 1.059 personas en el distrito capital, con tasas muy altas de adicciones y trastornos de salud mental.

Esta divergencia numérica se inscribe en un contexto más amplio marcado por la ausencia de un registro nacional actualizado, por estimaciones que oscilan entre 250 y más de 1.000 personas sin techo solo en la capital, y por la constatación, reiterada en documentos oficiales y estudios académicos, de que el sinhogarismo ha sido históricamente invisibilizado en la agenda pública de Panamá.

El costo del alquiler redefine la situación económica de miles de hogares porteños. Al descontar ese gasto del ingreso familiar, unas 233.000 personas caen a un estrato socioeconómico inferior, la indigencia se multiplica por más de tres y la población no vulnerable se reduce en cinco puntos porcentuales.

Aunque los hogares inquilinos de la Ciudad de Buenos Aires presentan un perfil socioeconómico muy similar al promedio de la población, el peso del alquiler altera de manera significativa esa realidad cuando se considera el ingreso efectivamente disponible.

Así surge de un informe de la Fundación Tejido Urbano, que advierte que el costo de acceder y sostener una vivienda en alquiler provoca un descenso en la estratificación social de casi una cuarta parte de la población inquilina.

Según la Encuesta Anual de Hogares (EAH) del Instituto de Estadísticas porteño (IECBA), el 54,3% de los hogares inquilinos pertenece al estrato medio, una proporción prácticamente idéntica a la del conjunto de la Ciudad (53,8%). Sin embargo, la presencia de inquilinos en los sectores de mayores ingresos es menor: apenas el 10,5% integra el estrato acomodado, frente al 16,2% del total de los hogares.

Al mismo tiempo, los hogares que alquilan muestran una leve sobrerrepresentación en los sectores de menores ingresos. El 4% se encuentra en situación de indigencia (contra 3,3% del total), el 10% bajo la línea de pobreza (9% en el conjunto de la población), el 10,8% en condición de vulnerabilidad (8,6%) y el 10,5% en situación de fragilidad (9,1%).

En términos de ingresos, las diferencias son reducidas. Actualizados a abril, los hogares inquilinos registran un ingreso familiar promedio de $1.827.898 mensuales, apenas un 1,7% inferior al promedio de la Ciudad, que alcanza los $1.858.653.

Sin embargo, para Tejido Urbano, la menor participación de inquilinos entre los hogares de mayores ingresos refleja una capacidad patrimonial más limitada para afrontar los costos de acceso y permanencia en el mercado de alquileres.

El informe sostiene que las mediciones habituales de pobreza y estratificación presentan una limitación para analizar la situación de quienes alquilan, ya que clasifican a los hogares únicamente según su ingreso monetario y no contemplan el peso que representa el alquiler sobre la economía familiar.

Para dimensionar ese efecto, la Fundación realizó un ejercicio de reclasificación que descuenta del ingreso familiar el costo estimado del alquiler antes de ubicar a cada hogar en un estrato socioeconómico.

Los resultados muestran un cambio importante. En total, 233.284 personas pertenecientes a hogares inquilinos modifican su nivel de estratificación, lo que representa cerca del 8% de la población de la Ciudad y aproximadamente uno de cada cuatro inquilinos.

El mayor impacto se observa en los sectores más vulnerables. La proporción de personas en situación de indigencia pasa del 1,9% al 6,9%, mientras que la pobreza aumenta del 7% al 9,7%.

En paralelo, la población considerada vulnerable desciende al 30,1% y la población no vulnerable cae alrededor de cinco puntos porcentuales, hasta ubicarse en torno al 53,2%.

Para Tejido Urbano, este fenómeno refleja la creciente distancia entre los ingresos nominales y los ingresos realmente disponibles una vez afrontado el gasto habitacional.

“Lo que aparece es un reordenamiento social significativo: hogares que no eran considerados pobres en términos estrictamente monetarios pasan a ubicarse en situaciones de pobreza o mayor fragilidad cuando se incorpora el costo de acceder y sostener una vivienda en alquiler. La pobreza ‘tradicional’ subestima la fragilidad y parte de la clase media urbana está sostenida artificialmente por mediciones pre-habitacionales”, señalaron desde la Fundación.

Y aclararon que el ejercicio no pretende reemplazar las mediciones oficiales de pobreza, sino complementarlas con una dimensión habitacional que permita reflejar con mayor precisión los ingresos efectivamente disponibles de los hogares urbanos.

Al mismo tiempo, el informe asegura que alquilar ya no es algo “temporal” y el acceso a la vivienda propia se retrasó 10 años.

“El mercado locativo ha dejado de ser exclusivo de jóvenes que se emancipan para abarcar casi toda la vida adulta. Históricamente, en 2005, la mayoría de las personas lograba pasar del alquiler a la propiedad entre los 30 y 35 años; hoy, ese equilibrio recién se alcanza a los 45 años”, precisó Tejido Urbano.

“Esta postergación de una década en las trayectorias residenciales responde a que solo 1 de cada 5 hogares inquilinos cuenta actualmente con los ingresos formales necesarios para calificar a un crédito hipotecario, dejando al resto en una dependencia permanente del mercado de alquileres”, agregó.

La pobreza extrema, según la encuesta de hogares, muestra un aumento entre 2019 y 2025 en El Salvador. Según el economista César Villalona, la encuesta revela que el porcentaje de familias en pobreza extrema subió del cuatro por ciento en el área urbana en 2019 a poco más de siete por ciento en 2025. En las zonas rurales, este indicador pasó de cinco a diez por ciento en el mismo periodo.

Villalona explicó que la pobreza extrema se define por la imposibilidad de adquirir los productos de la canasta básica: veintidós en el área urbana y quince en la rural.

Señaló que una familia es considerada en pobreza extrema cuando no logra cubrir esos alimentos básicos con sus ingresos. Según el economista, este cambio implica que más hogares están enfrentando dificultades severas para cubrir sus necesidades alimentarias.

Por otro lado, la pobreza relativa corresponde a quienes logran cubrir la alimentación, pero carecen de vivienda adecuada, energía, agua o transporte. Villalona indicó que este grupo ha disminuido, ya que muchas familias han caído en la categoría de pobreza extrema.

La preocupación social es evidente. Según la encuesta de la UCA de 2025, el setenta y un por ciento de la población percibe de manera negativa la situación económica. Villalona subrayó que los principales motivos de preocupación son el alza de los precios y la falta de empleo, a los que se suman dificultades de salud, acceso a vivienda y servicios.

Brecha entre salarios y costo de vida

El salario mínimo urbano en El Salvador es de $408. En el sector de la construcción este monto es ligeramente superior. Sin embargo, los salarios mínimos en el campo varían entre $270 y poco más de $300.

Villalona detalló en la entrevista Encuentro, que el costo de la vida urbana, considerando vivienda, vestuario y servicios básicos, supera los $525 al mes. En el área rural, este gasto mensual ronda los $395.

El economista hizo énfasis en que ningún salario mínimo cubre estos costos. El salario promedio nacional se sitúa en $460, y entre las mujeres, la media es de $410. En cuanto a las pensiones, el ochenta por ciento de los beneficiarios recibe montos cercanos a la mínima establecida en $304. Ante este panorama, muchas familias dependen de las remesas enviadas desde el exterior para cubrir sus necesidades.

Empleo formal en descenso y expansión de la informalidad

Villalona advirtió que la informalidad laboral ha crecido durante los últimos años. En 2019, el sesenta y cinco por ciento de la población ocupada trabajaba en el sector informal, sin seguridad social ni cobertura legal. Para 2025, la cifra aumentó al setenta por ciento.

El economista atribuyó este incremento a la falta de generación de empleo formal y a despidos en diversos sectores. En el sector público, se han registrado más de treinta mil despidos. Las maquilas han perdido cuarenta mil empleos desde 2022. El sector industrial reportó una reducción de diez mil puestos de trabajo en el último año, y el campo ha perdido más de setenta mil empleos al comparar cifras actuales con años recientes.

A pesar de que la construcción y el sistema financiero han creado nuevos empleos (treinta mil y veinte mil respectivamente), Villalona señaló que estos no compensan la demanda de trabajo de las personas menos calificadas ni de quienes retornan del extranjero. La informalidad se mantiene como característica predominante en el mercado laboral salvadoreño.

En Nicaragua, los ciudadanos destinan parte de sus ingresos al pago de uno de los impuestos al consumo más altos de Centroamérica, mientras enfrentan condiciones económicas que limitan su calidad de vida. El país aplica una tasa del 15% en el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el porcentaje más elevado de la región, lo que marca una diferencia significativa respecto a países vecinos con contextos económicos más favorables.

De acuerdo con Nicaragua Investiga, la estructura impositiva en Nicaragua ubica a su población entre las más gravadas de América Latina. El 15% de IVA se aplica sobre la mayoría de las compras cotidianas, lo que reduce la capacidad de compra de las familias, especialmente en alimentos y bienes básicos. Solo Honduras iguala esta tasa, mientras que en El Salvador y Costa Rica la cifra es del 13%, en Guatemala alcanza el 12%, en Belice el 12.5% y en Panamá apenas llega al 7%.

El peso del IVA en la economía familiar resulta aún más relevante ante la comparación de indicadores sociales y salariales. Tanto Nicaragua como Honduras presentan los salarios más bajos y los mayores índices de pobreza en Centroamérica, a pesar de que sus habitantes pagan el mayor porcentaje de impuesto al consumo de la región. Esta situación evidencia una brecha entre la presión fiscal y el bienestar social, ya que el aumento en la recaudación no se traduce en mejoras tangibles para la mayoría.

El modelo económico impulsado por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo defiende la recaudación como mecanismo para financiar el desarrollo y la equidad. Sin embargo, los resultados muestran un escenario distinto. El nivel de bienestar social no supera al de países vecinos con tasas de IVA más bajas y mayor cobertura de servicios públicos. Mientras tanto, la población debe asumir gastos adicionales para suplir deficiencias en áreas como salud, educación y seguridad.

El impacto del IVA afecta de manera regresiva a los sectores más vulnerables. La carga del impuesto recae proporcionalmente más sobre quienes destinan la mayor parte de sus ingresos al consumo de bienes esenciales. En este contexto, la recaudación fiscal no logra revertir la pobreza estructural ni mejorar las condiciones de vida cuando los fondos públicos se orientan a prioridades distintas de la inversión en infraestructura, educación y salud.

El análisis económico pone en cuestión la efectividad de la política fiscal vigente. Mientras Panamá y Costa Rica logran ofrecer mejores índices de desarrollo humano con esquemas tributarios menos exigentes, los nicaragüenses deben enfrentar una doble carga: pagar el impuesto más alto de Centroamérica y costear, de forma privada, servicios fundamentales. El modelo concentrado en la recaudación indirecta limita el margen de maniobra de quienes tienen menos recursos y profundiza las desigualdades existentes.

El caso de Nicaragua ilustra cómo una elevada presión impositiva puede coexistir con bajos niveles de bienestar, especialmente cuando la gestión de los recursos públicos no prioriza la mejora de los servicios básicos. La situación económica de los hogares nicaragüenses se ve condicionada por una política fiscal que, lejos de aliviar la carga sobre los sectores vulnerables, incrementa los desafíos para alcanzar mejores condiciones de vida.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundió los nuevos valores de las canastas básicas, los indicadores que determinan cuánto necesita ganar una familia para no caer bajo la línea de pobreza o de indigencia en el Gran Buenos Aires.

La referencia es el hogar tipo, compuesto por un varón de 35 años, una mujer de 31 años, un hijo de 6 años y una hija de 8 años. Para este grupo de cuatro integrantes, la Canasta Básica Total (CBT) alcanzó en junio un valor de $1.531.472,91. Ese monto representa la línea de pobreza: todo hogar con ingresos por debajo de esa cifra queda clasificado técnicamente como pobre.

En el mismo mes, la Canasta Básica Alimentaria (CBA) de esa misma familia llegó a $689.852,67. Ese valor determina la línea de indigencia: si los ingresos del hogar no alcanzan siquiera para cubrir la alimentación básica, el grupo familiar es considerado indigente. Según el organismo, la variación mensual de la canasta básica alimentaria fue de 1,3% mientras que la de la canasta básica total fue de 2,2 por ciento.

Los incrementos acumulados

Desde diciembre de 2025, la CBT del hogar tipo acumula una suba de 17%, al pasar de $1.308.713,26 a los $1.531.472,91 registrados en junio. En el mismo período, la CBA subió también 17%, desde $589.510,48 hasta $689.852,67.

En términos interanuales, la comparación con junio de 2025 muestra incrementos más pronunciados. La CBT aumentó 35,7% en los últimos doce meses, mientras que la CBA lo hizo 36,3% en el mismo lapso.

Qué pasa con otros hogares

El Indec también publica cada mes los valores de las canastas para otros tipos de hogar, dado que la composición familiar incide directamente en los montos que determinan si un grupo es pobre o indigente.

Para un hogar de tres integrantes, compuesto por una mujer de 35 años, su hijo de 18 años y su madre de 61 años, la CBT de junio fue de $1.219.230,86 y la CBA de $549.203,09. Se trata del hogar con el costo de vida más bajo de los tres ejemplos que presenta el organismo, dado que sus integrantes equivalen en total a 2,46 adultos equivalentes.

En el otro extremo, el hogar de cinco integrantes, un varón y una mujer, ambos de 30 años, con tres hijos de 1, 3 y 5 años, registró en junio una CBT de $1.610.772,48 y una CBA de $725.573,19. Este grupo suma 3,25 adultos equivalentes y, por lo tanto, enfrenta el mayor costo de vida de los tres casos analizados.

¿Por arriba o por debajo de la inflación?

El avance de las canastas básicas se dio en un contexto de aceleración de los precios en general. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) aumentó 1,9% en junio, con una variación interanual de 33,5% y un acumulado de 16,8% en el primer semestre del año.

De esta manera, tanto la CBA como la CBT crecieron por encima del nivel general de precios en la comparación interanual y en lo acumulado del año, mientras que en la variación mensual la CBT también superó al IPC, con un alza de 2,2% frente al 1,9% del índice general. La CBA, en cambio, tuvo en junio una suba mensual de 1,3%, por debajo del 1,9% registrado por el IPC en el mismo mes.

Los valores que publica mensualmente el Indec corresponden al Gran Buenos Aires y se actualizan con los precios relevados por el Índice de Precios al Consumidor del mismo aglomerado. Con estos datos, una familia tipo de cuatro integrantes necesitó en junio ingresos superiores a $1.531.472,91 para no ser considerada pobre, y de al menos $689.852,67 para no caer en la indigencia.

Gustavo Petro poco a poco se despide de la presidencia de Colombia con una serie de declaraciones que, a su modo de ver la realidad del país, muestran cierto tinte de orgullo en su cuenta de X.

En su más reciente post, el jefe de Estado saliente afirmó haber encabezado “uno de los mejores gobiernos de la historia” del país y enumeró una serie de logros sociales y económicos al frente del Estado. La publicación estuvo acompañada de fotografías en las que aparece sonriente y con actitud distendida.

“Estoy tranquilo planeando el futuro”, escribió el mandatario saliente, cuyo gobierno concluye el 6 de agosto de 2026. “Hicimos uno de los mejores gobiernos de la historia de Colombia”, afirmó sin rodeos.

Los datos que Petro pone sobre la mesa

En su publicación, el presidente respaldó esa afirmación con cifras concretas. Señaló que la pobreza se ubica en el 25% de la población total para abril de este año, una reducción que calificó de “sustancial”.

Según datos del Dane, la pobreza monetaria llegó al 28% al cierre de 2025, su nivel más bajo en lo que va del siglo, mientras que la pobreza multidimensional cayó al 9,9%, por debajo del umbral del 10% por primera vez en la historia reciente del país.

Petro también destacó la reducción de la desigualdad social —el coeficiente de Gini descendió de 0,551 en 2024 a 0,531 en 2025— y aseguró que Colombia es el tercer país de la Ocde en disminuir la tasa de desocupación laboral.

El desempleo cerró 2025 en 8,9%, su mínimo desde 2001, según la entidad encargada de recolectar datos y analizar la estadística oficial de los diferentes sectores en el país. En materia de salud, afirmó haber reducido a la mitad la tasa de mortalidad infantil durante su mandato, cifra que fuentes oficiales vinculan al subsidio a madres cabeza de familia y a la expansión de equipos de salud en regiones.

Un balance que no todos comparten

El propio mandatario cerró su mensaje con una frase que resume el tono de la publicación: “Puedo sonreír tranquilo”.

La imagen que acompañó la publicaci´ lo muestra de cuerpo entero, con lentes de sol, chaqueta de lino beige y una sonrisa amplia, en una pose relajada que contrasta con el clima político de los últimos meses de su gobierno.

La invitación de Petro a marchar el 20 de julio

El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, volvió a convocar a una movilización nacional para el 20 de julio de 2026, en medio de su rechazo a la elección de Abelardo de la Espriella como presidente electo.

A través de sus redes sociales, Petro sostuvo que el “poder real” no está en las instituciones que certificaron el resultado electoral, sino en “la mayoría del pueblo”, y llamó a sus simpatizantes a salir a las plazas públicas del país.

En su mensaje, el mandatario insistió en desconocer la legitimidad del triunfo de De la Espriella y cuestionó a los sectores que respaldan al presidente electo. También cargó contra El Tiempo por informar sobre un primer consejo de ministros del nuevo gobierno y afirmó que ese tipo de reunión no puede considerarse válida mientras él siga siendo presidente. Incluso calificó esa situación como una forma de “sedición” en democracias más sólidas.

Petro aseguró que, una vez deje la presidencia el 7 de agosto de 2026, será “un hombre libre” y convocará al “pueblo libre” a manifestarse. En ese marco, invitó a “dar el grito por la segunda independencia” el 20 de julio y dijo: “Vamos a bailar porque el baile espanta las energías oscuras”.

La convocatoria tiene una carga política y simbólica especial, ya que coincide con la instalación del nuevo Congreso para el periodo 2026-2030.

Ser de clase media en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) requirió en junio de 2026 un ingreso familiar mensual de al menos $2.493.587,18 para un hogar tipo de cuatro integrantes, según el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Idecba). Ese misma familia quedó bajo la línea de indigencia si no alcanzó $858.406,87 y debió superar $1.577.313,83 para no ser pobre.

Para una familia tipo de la Ciudad de Buenos Aires, el umbral oficial para ingresar al sector medio fue de $2.493.587,18 mensuales y el rango de esa franja llegó hasta 7.979.478,95 pesos. Por debajo de $858.406,87, el hogar se ubicó en la indigencia, y por debajo de $1.577.313,83, en la pobreza no indigente, de acuerdo con IDECBA.

El rango completo del sector medio o clase media fue de $2.493.587,18 a $7.979.478,95 mensuales, según el cuadro de estratificación de Idecba. Por encima de ese límite, el informe ubicó a los hogares en los sectores acomodados.

La referencia corresponde al Hogar 1, que el organismo define como una pareja de 35 años, ambos económicamente activos y propietarios de la vivienda, con dos hijos varones de nueve y seis años. Sobre esa composición, el organismo estadístico ordenó los ingresos teóricos mínimos y máximos de cada estrato social en la Ciudad.

La escala de ingresos por estrato en CABA

La escala comenzó con los hogares en situación de indigencia, que en junio de 2026 quedaron entre $0 y $858.406,87 de ingreso total familiar teórico. El siguiente tramo fue el de pobreza no indigente, entre $858.406,88 y 1.577.313,83 pesos.

A partir de allí, los no pobres vulnerables se ubicaron entre $1.577.313,84 y 1.994.869,73 pesos. El sector medio frágil quedó delimitado entre $1.994.869,74 y 2.493.587,17 pesos.

El siguiente escalón fue el del sector medio o clase media, con ingresos de $2.493.587,18 a 7.979.478,95 peos. Desde $7.979.478,96, Idecba clasificó a los hogares como sectores acomodados.

La estratificación distingue seis grupos y clasifica a las personas según el estrato del hogar al que pertenecen. Según la entidad porteña, esa división permite identificar a los sectores más desprotegidos y también la heterogeneidad de los hogares no pobres en la Ciudad.

Pobreza e indigencia

Para no ser indigente, un hogar como el de referencia debió cubrir al menos la línea de indigencia, equivalente a la Canasta Básica Alimentaria (CBA). En junio de 2026, ese valor fue de $858.407 para el Hogar 1, mientras que el cuadro de estratos fijó el corte exacto en 858.406,87 pesos.

Para no ser pobre, el ingreso debió superar la línea de pobreza, que corresponde a la Canasta Básica Total (CBT). En ese mismo mes, Idecba la ubicó en $1.577.314 para el mismo hogar y en $1.577.313,83 como límite exacto dentro de la estratificación.

El informe también publicó la Canasta Total del Sistema de Canastas de Consumo, que no debe confundirse con la CBT. Para el hogar de referencia, esa Canasta Total valió $1.994.870 en junio de 2026 y funcionó como umbral entre los no pobres vulnerables y el sector medio frágil.

La inflación se desaceleró en CABA

El Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA) presentó un incremento de 1,8% en junio, de acuerdo con el último reporte del Idecba. Este resultado marca un nuevo retroceso respecto al 2,1% anotado en mayo, con una variación interanual del 32,6 por ciento. Se trata del tercer descenso consecutivo en la medición mensual.

El comportamiento de los precios tuvo diferencias según los componentes del índice. Los bienes experimentaron un alza de 1,5% en el mes, en tanto que los servicios subieron 2 por ciento. Dentro del rubro bienes, los incrementos más significativos correspondieron a alimentos, especialmente verduras, productos panificados y lácteos. También se observaron aumentos en medicamentos, autos, combustibles y productos de limpieza. El acumulado inflacionario en lo que va de 2026 se ubica en 16 por ciento.

En cuanto a los servicios, las principales subas se registraron en alquileres, sueldos del servicio doméstico y precios en restaurantes, bares y locales de comida. Otros aumentos relevantes se dieron en cuotas de medicina prepaga, pasaje de colectivo urbano y gastos comunes de vivienda.

La división vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles reportó una suba de 2,2%, con una incidencia de 0,44 puntos porcentuales sobre el nivel general, impulsada por ajustes en alquileres y tarifas de agua. Alimentos y bebidas no alcohólicas subieron un 1,6%, principalmente por el encarecimiento de verduras (5,9%), pan y cereales (2%) y lácteos (1,7%). El sector salud registró una variación de 2,9%, atribuida sobre todo a aumentos en medicina prepaga.

Entre otros rubros, transporte registró un alza de 2,1%, mientras que equipamiento y mantenimiento del hogar subió 4,1%, impulsado por mejoras salariales en el personal doméstico y mayores precios en productos de limpieza. Prendas de vestir y calzado mostró una reducción de 0,7 por ciento.

Los precios regulados avanzaron 2% y los bienes y servicios estacionales promediaron una suba de 0,1%. La inflación núcleo, agrupada bajo la categoría “resto IPCBA”, subió 1,9% durante junio.

En el análisis interanual, los principales aportes a la suba general provinieron de vivienda, alimentos, transporte y restaurantes y hoteles, que explicaron el 63,7% de la variación total. Según el informe, dentro del segmento alimentos, carnes y derivados aumentaron 40,6% en el último año, verduras 36,2% y panificados 28,3 por ciento.

El Perú vuelve a encontrarse frente a una decisión que marcará a las próximas generaciones. La pregunta no es si tenemos litio o uranio. La verdadera pregunta es si seguiremos exportando minerales o si, por primera vez en nuestra historia republicana, decidiremos exportar conocimiento. Cada cierto tiempo la historia ofrece a los países una oportunidad difícil de repetir. Hace cien años fue el petróleo. Hace cincuenta, los semiconductores. Hoy son los minerales estratégicos que sostienen la transición energética y la nueva economía del conocimiento. Mientras el mundo observa el crecimiento del litio para fabricar baterías y el renacimiento del uranio para garantizar seguridad energética, el Perú enfrenta otra vez el mismo dilema de siempre: vender el recurso o construir la industria.

No es una discusión minera. Es una discusión sobre qué tipo de país queremos ser.

Un cambio de narrativa que vale la pena reconocer

Durante décadas, el Perú habló de minería casi exclusivamente como extracción y exportación. En el próximo Foro Internacional “Uranio y Litio: Pilares del Liderazgo Energético para el Desarrollo Minero, Tecnológico y de Ciudades Inteligentes” aparece otro vocabulario: minerales estratégicos, liderazgo energético, innovación tecnológica, ciudades inteligentes, transición energética. Es un salto conceptual real. El Estado empieza a hablar el idioma geopolítico de los minerales críticos, el mismo que ya manejan Australia, Chile o Corea del Sur.

El uranio regresa a la conversación pública

De los dos minerales, el uranio es probablemente el más relevante de discutir. El Perú siempre tuvo potencial uranífero, pero el tema quedó congelado durante años por miedo social, desconocimiento técnico, ausencia de una estrategia nuclear nacional y un debate capturado por posiciones ideológicas antes que técnicas.

Que hoy reaparezca vinculado a energía limpia, seguridad energética, tecnología avanzada e industrialización —y no a la vieja retórica del arma nuclear— es un cambio enorme. Ese giro conceptual es, en sí mismo, una oportunidad que pocas generaciones tienen.

El litio solo no basta

Muchos países creen que tener el recurso los convierte automáticamente en potencia industrial. Eso es falso: tener el recurso no significa industrializar; tener reservas no significa tener la tecnología; tener soberanía estatal sobre el mineral no significa tener una cadena de valor.

La pregunta clave nunca fue “¿tenemos litio?”. La pregunta correcta es “¿qué industria vamos a construir alrededor del litio y el uranio?”. Ahí es donde entra lo que he llamado la Economía de Neutrones: así como el litio mueve la economía de los electrones —baterías, electromovilidad, almacenamiento—, el uranio mueve la economía de los neutrones: medicina nuclear, radioisótopos, agricultura de precisión, nuevos materiales, generación limpia. Ninguna de las dos economías depende principalmente del mineral. Dependen del talento que sepamos formar alrededor de él.

El RP-10 y el IPEN: una plataforma, no solo un combustible

El documento que enmarca el próximo Foro habla de innovación tecnológica, investigación, desarrollo y sostenibilidad. Eso abre un espacio que pocas veces hemos sabido ocupar: posicionar al RP-10, a los laboratorios nucleares y al Centro Nuclear de Huarangal como base real de producción de radioisótopos médicos, dopado neutrónico de silicio, irradiación industrial, trazabilidad isotópica para agroexportación e hidrología isotópica para seguridad alimentaria e hídrica.

El uranio no debe venderse solo como combustible. Debe venderse como plataforma de industrialización científica, con una hoja de ruta concreta que acompañe esa ambición.

Lo que este momento exige

El Foro es la oportunidad correcta para dar el siguiente paso: pasar de nombrar los minerales como estratégicos a dotarlos de instrumentos operativos reales. El Decreto Supremo que los declaró “críticos y estratégicos” fue un primer paso necesario; el propio sector ya reconoce que hace falta una ley técnica específica para completarlo.

Ya hemos demostrado que en el Perú sí se puede recorrer ese camino. Cuando desde el IPEN impulsamos lo que hoy es la Ley 23560, construimos un marco institucional con consecuencias reales para la actividad nuclear del país, no solo una declaración de buenas intenciones.

Esa experiencia me deja una convicción clara: lo que el litio y el uranio necesitan ahora es una ley del Congreso que los declare estratégicos con instrumentos propios —incentivos claros, plazos de ejecución, mandato de coordinación entre Minem, Produce e IPEN—, porque una ley tiene la permanencia que un reglamento no puede garantizar por sí solo.

Ese es el siguiente paso natural del Foro: convertir el liderazgo energético que hoy se declara en una hoja de ruta con plan nuclear nacional, financiamiento industrial definido y una estrategia de formación de capital humano a veinte años.

Lo verdaderamente estratégico

La combinación litio-uranio puede convertir al Perú en centro energético regional, proveedor de materiales estratégicos y nodo tecnológico sudamericano. Pero solo si el país pasa de “exportador de roca” a “productor de tecnología”. Eso exige política de Estado sostenida, reforma institucional, integración real entre universidad e industria, soberanía tecnológica e infraestructura científica.

El Centro Nuclear de Huarangal tiene el terreno, la trayectoria y el equipo humano para convertirse en polo científico-industrial, parque tecnológico y hub de materiales avanzados. Lo que falta es la ley que lo permita y el financiamiento que lo sostenga. La historia ofrece pocas oportunidades para cambiar el destino de una nación. El litio y el uranio pueden ser una de ellas. Pero solo si entendemos que el verdadero recurso estratégico no está bajo tierra: está en la inteligencia de nuestra gente y en la ley que todavía tenemos que escribir para protegerla.

Durante años, el aumento de la polarización política se ha atribuido al deterioro de las condiciones económicas y sociales. La desigualdad, el desempleo, la pérdida de poder adquisitivo o incluso la inmigración han sido señalados para justificar el auge de las posiciones extremas. Sin embargo, un estudio publicado en el número 43 de Panorama Social, la revista de ciencias sociales de Funcas, concluye que esta explicación tan habitual no resiste al análisis estadístico y ninguna de esas variables explica la radicalización ideológica de los españoles. Tras analizar casi cuatro décadas de datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), los autores sostienen que el principal motor del extremismo no es económico, sino político: la percepción de que los partidos están cada vez más alejados entre sí.

La investigación concluye que ninguno de esos factores económicos o sociales tiene un peso estadísticamente relevante a la hora de predecir la tendencia de una persona a situarse en posiciones más extremas. El factor que realmente impulsa la radicalización es político: la percepción de que los partidos están cada vez más alejados entre sí desde el punto de vista ideológico.

El trabajo, firmado por Mariano Torcal, de la Universitat Pompeu Fabra, y Emily Carty, de la Universidad de Salamanca, analiza información de más de 70.000 personas recopilada entre 1987 y 2024. Los autores pusieron a prueba el efecto de variables como la desigualdad (medida mediante el índice de Gini), el gasto social, la renta per cápita, el desempleo y el porcentaje de inmigración. El resultado fue claro: ninguna de ellas ofrece una relación consistente con el aumento del extremismo. Solo el gasto social muestra un efecto muy limitado en uno de los modelos estadísticos, pero desaparece cuando el análisis incorpora otros factores.

En cambio, la percepción ciudadana de la distancia ideológica entre los partidos sí aparece como un predictor sólido. Su coeficiente alcanza el 0,413 y apenas varía aunque se añadan nuevas variables al modelo. En la práctica, esto significa que por cada punto que aumenta la percepción de que los partidos están más enfrentados ideológicamente, el extremismo individual crece 0,413 puntos, un efecto muy superior al de cualquier otro factor analizado.

Los autores relacionan este fenómeno con el denominado partisan sorting, un proceso descrito por la literatura científica según el cual, cuando los partidos endurecen su confrontación y marcan más sus diferencias, muchos ciudadanos terminan desplazando también sus propias posiciones hacia los extremos.

Hombre, de derechas y religioso: el perfil con mayor tendencia al extremismo

Entre las características individuales, la posición ideológica previa es el segundo factor con mayor capacidad para predecir el extremismo, con un coeficiente de 0,119. Los datos muestran que los ciudadanos situados en la derecha son quienes más se han desplazado hacia posiciones extremas durante el periodo analizado. La práctica religiosa intensa, medida como la asistencia a misa varias veces por semana, también aparece como un predictor importante, con un coeficiente de 0,396.

El estudio detecta además importantes diferencias por género. Las mujeres presentan de forma sistemática niveles de extremismo inferiores a los de los hombres, con coeficientes que oscilan entre -0,078 y -0,094 según el modelo empleado. En cambio, el nivel educativo no ofrece un patrón claro. La educación secundaria superior muestra un efecto positivo en algunos análisis, pero los estudios universitarios no alcanzan una significación estadística relevante cuando se tienen en cuenta el resto de variables.

Otro de los resultados rompe con una idea bastante extendida. Una mayor fragmentación del sistema de partidos se asocia con un menor extremismo ciudadano. Los autores plantean que los sistemas multipartidistas permiten canalizar mejor la diversidad de preferencias políticas sin que los votantes tengan que desplazarse hacia posiciones más radicales. Por el contrario, los sistemas más bipolares favorecen una mayor presión hacia la polarización.

El extremismo aumenta cuando el PP está en la oposición y se disparó con Sánchez

Los dos indicadores elaborados por Torcal y Carty, el índice de extremismo ideológico individual y el de polarización bipolar agregada, muestran una tendencia creciente desde 2002. El punto de inflexión se sitúa con la llegada de José Luis Rodríguez Zapatero al Gobierno en 2004, en un contexto marcado por los atentados del 11-M y la reacción política que siguió a su inesperada victoria electoral. La tendencia continúa durante los gobiernos de Mariano Rajoy y alcanza sus niveles más altos durante los mandatos de Pedro Sánchez.

Los investigadores destacan además que el extremismo aumenta especialmente cuando el Partido Popular ocupa la oposición. A ello se suma la aparición de Podemos y Vox, que ampliaron el abanico ideológico tanto por la izquierda como por la derecha y ofrecieron a los votantes referencias políticas situadas en posiciones más extremas.

En tiempos donde las redes sociales operan como cajas de resonancia para el agravio y las identidades políticas se construyen a partir de la aniquilación discursiva del otro, las palabras de Nelson Mandela funcionan como un cable a tierra, una bofetada de lucidez humanista. La frase que corona este artículo no es un eslogan biempensante de manual de autoayuda; es la conclusión empírica de un hombre que pasó 27 años encerrado en una celda por desafiar a uno de los regímenes de segregación racial más atroces.

“Nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel, su origen o su religión. La gente debe aprender a odiar, y si pueden aprender a odiar, se les puede enseñar a amar”, se lee en El largo camino hacia la libertad (Long Walk to Freedom), la monumental autobiografía publicada en 1994, el mismo año en que Mandela se convirtió en el primer presidente negro de Sudáfrica tras las elecciones democráticas que sepultaron el apartheid. Fue un hecho histórico para la región y para el mundo.

El valor histórico de este libro es incalculable. No se trata de una mera recopilación de memorias escrita desde la comodidad del retiro. El núcleo de la obra comenzó a gestarse de manera clandestina en la prisión de Robben Island durante la década de 1970. Mandela escribía de noche, a mano, en hojas que luego sus compañeros ocultaban en los huertos de la cárcel o contrabandeaban hacia el exterior. Así transformó el dolor punitivo en alta política de reconciliación.

Para entender de dónde brota esta idea, hay que situarse en el capítulo 62 del libro. Mandela evoca los momentos más oscuros de su confinamiento, aquellos días en que el aislamiento y el maltrato físico amenazaban con quebrar la resistencia de los presos políticos. Fue allí, en el microcosmos de la opresión, donde el líder sudafricano afinó su agudeza sociológica. Allí relata cómo observaba los rostros de sus jóvenes guardias blancos, muchachos criados bajo el adoctrinamiento del nacionalismo afrikáner.

Mandela notó que cuando las jerarquías se relajaban un instante, esos carceleros mostraban destellos de una humanidad genuina, una compasión que no encajaba con el libreto oficial del odio estatal. Esa observación microscópica le otorgó una certeza macroscópica: el racismo no viene inscripto en el ADN humano. Para que un joven blanco odiara a un hombre negro, había sido necesaria una maquinaria educativa, legal y cultural previa. Se requería un esfuerzo social para torcer la naturaleza humana.

De hecho, la frase original del libro esconde una continuación que suele ser omitida en las citas rápidas, pero que dota a su pensamiento de un cierre definitivo: “Porque el amor nace más naturalmente en el corazón humano que su opuesto”. Esta cita no es un accesorio en la biografía de Mandela; es la síntesis perfecta de todo su legado político y filosófico. El pensamiento de Madiba —nombre del clan con el que se le conoce afectuosamente— se estructuró sobre dos pilares que esta frase condensa.

El primero es la plasticidad cultural del ser humano: al definir el odio como un comportamiento aprendido, le quita el carácter de “inevitable”, y si el odio es una construcción técnica, puede ser desmontada mediante la política y la educación. El segundo es la reconciliación como pragmatismo: si a la gente se le puede enseñar a amar, la construcción de una Sudáfrica democrática no requería la expulsión ni el exterminio de la minoría blanca opresora, sino su reeducación ciudadana.

Esta premisa evitó una guerra civil que el mundo entero daba por sentada. Fue la misma filosofía que lo llevó a usar el mundial de rugby de 1995 y la camiseta de los Springboks como un puente pedagógico hacia la unidad nacional, una gesta inmortalizada años después por el director Clint Eastwood en la película Invictus. ¿Por qué esta declaración sigue quemando las manos de quien la lee hoy? Porque el siglo XXI ha perfeccionado los métodos para “enseñar a odiar”.

Para el odio ya no se necesitan leyes de segregación explícitas; hoy bastan los algoritmos de optimización de la atención que alimentan las cámaras de eco en las plataformas digitales. El diseño contemporáneo del debate público nos entrena diariamente para la sospecha, la polarización y la deshumanización del adversario político, cultural o religioso. A más de tres décadas de El largo camino hacia la libertad, su advertencia se mantiene intacta: hay que fortalecer el tejido social.

¿Quién es Nelson Mandela?

Nelson Rolihlahla Mandela —nacido el 18 de julio de 1918 en Mvezo, Sudáfrica— fue un abogado, activista contra el apartheid y político que se convirtió en una de las figuras morales más imponentes de la historia contemporánea. Tras fundar la Liga de la Juventud del Congreso Nacional Africano (ANC) y liderar la resistencia armada contra el régimen supremacista blanco, fue capturado en 1962 y condenado a cadena perpetua. Pasó 27 años en prisión, la mayor parte en la dura cárcel de Robben Island.

Allí, en la cárcel, se convirtió en el símbolo global de la lucha por los derechos humanos. Liberado en 1990 bajo una inmensa presión internacional, lideró las negociaciones para desmantelar la segregación legal, lo que le valió el Premio Nobel de la Paz en 1993 junto a Frederik de Klerk, y al año siguiente asumió como el primer presidente negro y democrático de su nación (1994-1999). Su obra escrita e intelectual es un testimonio directo de su pragmatismo y resiliencia política.

Además de El largo camino hacia la libertad, su pensamiento quedó registrado en obras fundamentales como No hay camino fácil hacia la libertad, Conversaciones conmigo mismo y Cartas desde la prisión de Nelson Mandela. Tras retirarse de la vida pública para dedicarse a la filantropía y a la lucha contra el VIH a través de su fundación, Madiba falleció el 5 de diciembre de 2013 a los 95 años en Johannesburgo debido a una infección respiratoria crónica, dejando un legado imperecedero.

A menos de dos meses y medio de la fecha límite para presentar el Presupuesto 2027, el gobierno de Javier Milei dejó entrever las proyecciones económicas que espera para el año que viene, con crecimiento, baja de la inflación y la pobreza, y detalló cómo se desenvolvió la ejecución presupuestaria durante los primeros cinco meses de 2026.

En las últimas horas, el Ministerio de Economía presentó al Congreso el Informe de Avance sobre la Elaboración del Presupuesto, en el que destaca la continuidad del proceso de “normalización y crecimiento” de la economía argentina para el período 2027-2029.

Según el documento, el escenario previsto se basa en la consolidación de la estabilidad macroeconómica, la baja de la inflación y la mejora de los principales indicadores de la demanda agregada. “El crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) para el Ejercicio 2027 estará sustentado en una mejora de la inversión que redundará en mejores condiciones para el desarrollo de proyectos productivos, la recuperación del consumo privado y el sostenimiento de una contribución positiva del sector externo”, resalta el texto, que lleva la firma del ministro Luis Caputo.

Proyecciones para 2027-2029

Las estimaciones oficiales subrayan la relevancia de la evolución de los precios, ya que se prevé “una desaceleración significativa de la inflación”, lo que fortalecería la recuperación de los salarios reales y del ingreso disponible en los hogares. Según el equipo económico, este escenario “mejorará las condiciones para la toma de decisiones de consumo e inversión” y creará un entorno favorable para el crecimiento de la economía.

El informe proyecta que el mercado laboral mostrará una evolución positiva, con una reducción de la tasa de desempleo y una generación de empleo alineada con el crecimiento de la actividad económica. En materia social, la proyección oficial indica que “la tasa de la pobreza continuaría reduciéndose, al igual que la indigencia, que registraría una disminución gradual”. Además, se estima una mejora sostenida del coeficiente de Gini, indicador clave para medir la desigualdad, lo que reflejaría avances en la distribución del ingreso en el país.

En palabras del documento enviado por Economía al Congreso, el escenario de mediano plazo contempla “la consolidación de un proceso de crecimiento económico sostenido, acompañado por una reducción persistente de la inflación, una mejora de los ingresos reales, avances en los indicadores laborales y sociales y un fortalecimiento de los equilibrios macroeconómicos”.

Recursos impositivos y deuda pública

Por otro lado, el texto detalla que “las estimaciones de recursos impositivos y de aportes y contribuciones de la Seguridad Social se han realizado en el marco de lo previsto en el cronograma aprobado por la Resolución N° 446/26 del Ministerio de Economía, previendo un leve incremento real anual de los recursos durante el trienio, principalmente impulsado por la variación de la actividad y el incremento de las exportaciones”. El reporte agrega que, pese a este crecimiento, la gestión continuará con su objetivo de “devolver recursos al sector privado, mejorar la competitividad y sostener la apertura económica”.

En cuanto a la deuda pública, la programación del servicio de la deuda interna y externa para el período 2027-2029 fue realizada “en concordancia con los objetivos de sostenibilidad de la deuda pública, fortalecimiento del mercado de financiamiento y mantenimiento del equilibrio fiscal”. De acuerdo con el Palacio de Hacienda, estas proyecciones constituyen un insumo clave para la determinación de los límites financieros que serán comunicados a las distintas jurisdicciones y entidades.

A la vez, el informe también aborda la programación de gastos a ser financiados con préstamos de organismos internacionales y convenios bilaterales. El Gobierno anticipó que continuará con las acciones orientadas a la normalización institucional y el cierre progresivo de las Unidades Ejecutoras de Programas con Financiamiento Externo (UEPEX) cuyos programas hayan finalizado. El objetivo de esta política es “optimizar la asignación de recursos humanos y financieros y fortalecer la sostenibilidad de las cuentas públicas”, en línea con la búsqueda del equilibrio presupuestario y la disciplina fiscal.

Ejecución presupuestaria de 2026

Durante los primeros cinco meses de 2026, la Administración Pública Nacional registró “un resultado primario superavitario, en base devengado, de $8.425.328,7 millones (equivalente al 0,7% del PBI)” y “un resultado financiero también positivo de $2.660.474,5 millones”, según detalla el documento oficial. Los recursos totales percibidos entre enero y mayo representaron el 40,1% del presupuesto vigente.

El grueso provino de ingresos impositivos y aportes y contribuciones a la seguridad social, que alcanzaron $34.191.171,1 millones y $20.886.294,1 millones, respectivamente. El informe incluye un dato extraordinario: los recursos de capital incorporaron $1.039.903,3 millones derivados de la licitación para la operación privada de las centrales hidroeléctricas, aunque aclaró que “sin contabilizar estos ingresos, el superávit primario sería de $7.385.425,4 millones”.

Además, la cartera económica puntualizó que los ingresos impositivos experimentaron un incremento de $6.218.022,3 millones, equivalente a un 22,2% más que en igual período del año anterior, impulsados principalmente por tributos ligados a la actividad económica interna como el Impuesto al Valor Agregado (IVA) neto de reintegros, los débitos y créditos bancarios y ganancias. A la vez, “los aportes y contribuciones a la seguridad social resultaron mayores en $4.466.663,2 millones (27,2%) con relación a iguales meses del año anterior”.

En cuanto a los gastos, la Administración Pública Nacional devengó el 39,2% del nivel estimado para el ejercicio, totalizando $56.363.500,2 millones, lo que representa un aumento de $12.329.943,7 millones (28%) respecto de igual período de 2025. El gasto primario, que excluye intereses, ascendió a $50.598.646,0 millones, con una suba de $10.897.287,5 millones (27,4%) frente al año previo.

Entre los principales rubros del gasto primario, se destacan las prestaciones de la seguridad social, que sumaron $6.954.248,3 millones, principalmente por la aplicación de la política de movilidad de los haberes previsionales y la Ley de Reparación Histórica. Los intereses netos y otras rentas de la propiedad representaron $2.143.018,2 millones, mientras que las remuneraciones alcanzaron $1.314.145,6 millones en el marco de las políticas salariales vigentes. Las asignaciones familiares sumaron $1.131.830,5 millones y las compensaciones en materia energética ascendieron a $1.053.849,4 millones.

En la estructura porcentual del gasto ejecutado, los Servicios Sociales representaron el 73,9% del total, con una fuerte incidencia de la Seguridad Social (59,7%), Educación y Cultura (4,9%), Salud (4,9%) y Promoción y Asistencia Social (2,3%). La finalidad Deuda Pública explicó el 10,3% y los Servicios Económicos el 6,7%, con énfasis en Energía, Combustibles y Minería (4,1%) y Transporte (2%).

La ciudad de Nueva York ampliará Fair Fares con USD 54 millones adicionales dentro del presupuesto fiscal de 2027, una decisión que permitirá a unas 340.000 personas más acceder a un descuento del 50% en metro, autobús y transporte adaptado, y elevará a cerca de 1,3 millones el total de residentes de bajos ingresos que podrán pagar menos por sus desplazamientos diarios.

La medida formó parte del acuerdo presupuestario municipal de USD 125.800 millones. El cambio central será el nuevo umbral de ingresos: la elegibilidad pasará del 150% al 200% del umbral federal de pobreza.

El Concejo Municipal de Nueva York informó sobre el acuerdo fiscal alcanzado con el alcalde Zohran Mamdani.

Según informó The New York Times, diario estadounidense, el aumento del umbral al 200% del nivel federal de pobreza ampliará el acceso a trabajadores de ingresos bajos y medios bajos que hasta ahora quedaban excluidos por superar el límite anterior; con la nueva regla, podrían calificar personas con ingresos cercanos a USD 32.000 al año y familias de cuatro integrantes con ingresos de unos USD 66.000 anuales.

Según el Concejo Municipal, el presupuesto del ejercicio fiscal 2027 suma USD 54 millones en nuevos fondos a los USD 120.600.000 ya asignados a Fair Fares, una ampliación que permitirá incorporar a 340.000 nuevos beneficiarios y llevar el total de elegibles a cerca de 1,3 millones de residentes.

Cómo funciona Fair Fares

El programa Fair Fares funciona desde 2019 con el objetivo de abaratar el transporte público para neoyorquinos con menos ingresos. En la actualidad ofrece una rebaja del 50% en las tarifas del metro, los autobuses locales, el ferrocarril de Staten Island, el tranvía de Roosevelt Island y viajes de transporte adaptado que cumplan los requisitos.

En su página oficial, la ciudad define a Fair Fares NYC como un programa municipal para ayudar a residentes de bajos ingresos a reducir el costo de sus traslados.

El mismo sitio precisa que el descuento alcanza a viajes elegibles en metro y autobuses y que también puede aplicarse a traslados en el servicio de transporte adaptado Access-A-Ride cuando las cuentas están vinculadas.

Cualquier residente de la ciudad que cumpla con los nuevos topes de ingreso, además de los requisitos de identidad, residencia e ingresos que exige la solicitud oficial.

En los canales oficiales del programa, el gobierno municipal indica que los solicitantes deben realizar el trámite por vía digital y que, si necesitan asistencia, pueden comunicarse con el 311 o acudir a los puntos habilitados.

Una vez aprobada, la cuenta del usuario permite aplicar la tarifa reducida a sus viajes. La plataforma oficial del programa también ofrece herramientas para consultar el estado del trámite, renovar beneficios y administrar la cuenta en línea.

El plan se inserta en la discusión sobre el costo del transporte público

La ampliación no supone transporte gratuito, una propuesta que algunos concejales y defensores del sistema vienen impulsando en la ciudad. La decisión municipal apuesta, en cambio, por reforzar un mecanismo ya existente que reduce a la mitad el costo del viaje para quienes reúnen las condiciones.

El alcalde Zohran Mamdani ha mantenido su defensa de autobuses más rápidos y, con el tiempo, gratuitos. El comunicado del acuerdo presupuestario presentado por el Concejo Municipal ubicó la expansión de Fair Fares dentro de una agenda de asequibilidad y de reducción de costos para residentes que dependen del transporte público para ir al trabajo, a la escuela o a servicios esenciales.

La discusión sobre el precio del transporte y la cobertura social del sistema también estuvo presente en el seguimiento de medios locales. CBS News, cadena estadounidense, informó que el acuerdo presupuestario incorporó la expansión del descuento para 340.000 personas adicionales, junto con otras partidas negociadas en el tramo final antes del cierre del plazo de aprobación.

El acuerdo fiscal también incorpora otras partidas. Entre ellas figuran cuentas de ahorro universitario de USD 1.000 para todos los niños de preescolar de escuelas públicas mediante la ampliación de NYC Kids RISE y USD 700.000 para un programa piloto de tarjetas OMNY destinadas a estudiantes de la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY), según el detalle difundido por el Concejo Municipal de Nueva York.

A eso se suman USD 175 millones en el ejercicio fiscal 2027 y USD 125 millones a partir del ejercicio fiscal 2028 para ampliar el acceso a vales de vivienda. El presupuesto también reserva USD 79.100.000 para restablecer financiación de parques, bibliotecas e instituciones culturales, USD 86.400.000 para servicios jurídicos de inmigración y USD 6.250.000 para el Departamento de Investigación, incluida la financiación del informe sobre las toxinas del 11-S.

La pobreza en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) se mantuvo en el primer trimestre de 2026 y alcanzó al 21,1% de las personas y al 17,2% de los hogares, mientras la indigencia llegó al 8,9% y al 6,8%, respectivamente.

Según el informe Condiciones de vida en CABA del Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Idecba), el deterioro también redujo el peso de la clase media y del sector medio frágil, sin cambios significativos en los sectores acomodados en la comparación interanual.

En la Ciudad de Buenos Aires, la pobreza por ingresos aumentó frente al primer trimestre de 2025 y también frente al cuarto trimestre de 2025. De acuerdo los datos oficiales, en la comparación interanual el mayor salto se dio en la indigencia, mientras que frente al trimestre previo creció el número de hogares y personas pobres y, en el caso de las personas, la pobreza total se mantuvo en 21,1% con una composición más afectada por la indigencia.

El cuadro general dejó 651.000 personas y 236.000 hogares en situación de pobreza. Dentro de ese total, 274.000 personas y 93.000 hogares no reunieron ingresos suficientes para cubrir la canasta básica alimentaria, que marca la línea de indigencia.

La pobreza no indigente abarcó al 10,4% de los hogares y al 12,2% de las personas. El informe también precisó que los hogares vulnerables, con ingresos por encima de la canasta básica total pero por debajo de la canasta total del sistema de consumo, representaron el 9,7% de los hogares y el 10,4% de la población.

Sumados pobres y vulnerables, la franja en vulnerabilidad llegó al 26,9% de los hogares, unos 369.000, y al 31,5% de las personas, unas 971.000. A la vez, dentro de la población pobre ganó peso la indigencia: pasó a representar el 39,6% de los hogares pobres y el 42,0% de las personas pobres.

Qué cambió frente al primer trimestre de 2025

En la comparación interanual, la pobreza en personas pasó de 19,9% a 21,1%, mientras la indigencia avanzó de 6,2% a 8,9 por ciento. Entre los hogares, la pobreza subió de 15,2% a 17,2% y la indigencia de 4,1% a 6,8 por ciento.

Ese movimiento implicó 37.000 hogares más y 83.000 personas más en condición de indigencia. El propio informe de Idecba señaló que se trató del primer aumento de la pobreza luego de cinco trimestres de reducción interanual.

El documento vinculó ese deterioro con el hecho de que, en los hogares más vulnerables, las subas de ingresos no superaron el costo de la canasta básica. También indicó que, en el mismo período, las tasas de actividad y empleo se expandieron levemente y la desocupación no mostró cambios significativos.

Qué pasó respecto del cierre de 2025

Frente al cuarto trimestre de 2025, la pobreza en hogares subió de 15,7% a 17,2% y la indigencia de 4,5% a 6,8 por ciento. En personas, la pobreza total se mantuvo en 21,1%, pero cambió su composición.

La indigencia en personas avanzó de 6,8% a 8,9%, mientras la pobreza no indigente bajó de 14,3% a 12,2 por ciento. Según el informe, el aumento frente al trimestre previo en el número de hogares y personas en situación de pobreza se explicó, sobre todo, por la expansión de la pobreza no indigente.

Esa comparación, de todos modos, exige cautela. Desde el organismo estadístico advirtieron que la medición más adecuada es la interanual, porque las variaciones entre trimestres pueden reflejar factores estacionales en empleo, ingresos y precios.

Cómo se movieron la clase media y los sectores acomodados

En los estratos no pobres, la participación de los sectores medios volvió a reducirse. El sector medio frágil representó el 8,5% de los hogares y el 9,7% de las personas, equivalentes a 117.000 hogares y 300.000 personas.

Ese segmento registró una caída interanual cercana a dos puntos porcentuales. La clase media concentró el 50,8% de los hogares y el 47,2% de las personas, unos 698.000 hogares y 1.458.000 personas, con bajas de 1,7 puntos en hogares y 1,4 puntos en población.

Los sectores acomodados reunieron al 13,8% de los hogares y al 11,6% de las personas, unos 189.000 hogares y 358.000 personas. En ese estrato, el cambio interanual fue poco significativo.

El deterioro también se reflejó en otros indicadores sociales. Los hogares más afectados por la pobreza fueron los de la Zona Sur, con 24,9%, y los que tienen niños y niñas menores de 14 años, con 26,2 por ciento.

Entre niños, niñas y adolescentes de cero a 17 años, el 34,0% vivía en hogares pobres. El ingreso per cápita familiar promedio fue de $111.231 en los hogares indigentes y de $337.194 en los pobres no indigentes.

A su vez, un hogar pobre necesitó en promedio $501.201 para salir de esa situación, una brecha equivalente al 44,2% de la canasta básica total. Los hogares pobres tuvieron además un tamaño medio de 2,8 integrantes, por encima del 2,3 del promedio porteño.

Con más peso de la indigencia y de la vulnerabilidad, la estructura social de la Ciudad perdió participación en sus tramos medios. El resultado fue una contracción de los sectores intermedios, mientras los estratos acomodados se mantuvieron sin cambios relevantes en la comparación con un año atrás.

La distribución del ingreso en la Argentina urbana se deterioró en los primeros tres meses de 2026. El indicador que mide la desigualdad entre los hogares retrocedió a un nivel que no se registraba desde comienzos de 2024, según el informe de Evolución de la Distribución del Ingreso que el Indec publicó este miércoles, basado en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH).

El Coeficiente de Gini del ingreso per cápita familiar de las personas llegó a 0,442 puntos en el primer trimestre de 2026, frente a 0,435 que había registrado en el mismo período de 2025. Es el valor más alto desde el primer trimestre de 2024, cuando había alcanzado 0,467 en el pico más elevado de la serie reciente, en pleno impacto de la devaluación de diciembre de 2023.

El Coeficiente de Gini es uno de los instrumentos estadísticos más utilizados para medir la desigualdad en la distribución del ingreso. Toma valores entre 0 y 1: cuanto más cerca del 0, mayor es la igualdad; cuanto más cerca del 1, mayor es la concentración. A diferencia de otros indicadores —como la brecha entre los extremos de la distribución—, el Gini toma en cuenta al conjunto de la población y no solo los valores en los extremos. El Indec lo calcula con datos desagregados, lo que lo hace más preciso que si se utilizaran agrupamientos por deciles.

La brecha entre ricos y pobres

Otro indicador que mide la distancia entre los extremos de la distribución es la brecha entre el decil más alto y el más bajo del ingreso per cápita familiar. En el primer trimestre de 2026, la mediana del decil 10 fue 15 veces mayor que la del decil 1, el mismo cociente que en igual período de 2025. Sin embargo, ese valor es superior al que se registró durante los tres trimestres anteriores, cuando la brecha había sido de 13, en el tercer trimestre de 2025. El propio informe aclara que esta variación responde en parte al “efecto del aguinaldo”: los resultados del primer y tercer trimestre de cada año están afectados por su captación, mientras que los del segundo y cuarto no lo están.

El decil 10 concentró el 33,5% del ingreso total, con un ingreso medio de $2.435.937. En el extremo opuesto, el decil 1 reunió apenas el 1,8% del ingreso, con un promedio de $130.550. La diferencia de promedios entre ambos extremos fue de 19 veces.

Qué ganó cada grupo

El ingreso promedio per cápita del total de la población, que abarcó 30,1 millones de personas, fue de $728.008 en el primer trimestre de 2026, con una mediana de $500.000. La suma total de ingresos para esa población ascendió a $21.909.502 millones, lo que implicó un incremento nominal del 35,6% frente al mismo trimestre de 2025.

La distancia entre estratos fue pronunciada. El ingreso medio del estrato bajo —los cuatro primeros deciles del ingreso per cápita familiar— fue de $264.131, mientras que el del estrato alto —los dos últimos deciles— llegó a $1.823.599, casi siete veces más. El estrato medio, que agrupa los deciles del 5 al 8, tuvo un ingreso promedio de $644.818.

El 61,9% de la población total —18.634 miles de personas— percibió algún ingreso. Dentro de ese grupo, el ingreso promedio individual fue de $1.153.457, siempre hablando del primer trimestre del año.

La brecha de género

Entre quienes perciben ingresos, la desigualdad también se expresó en la diferencia entre varones y mujeres. El ingreso promedio individual de los varones fue de $1.352.247, frente a $959.030 de las mujeres.

La brecha de género en el ingreso de la ocupación principal —calculada como la diferencia entre ambos promedios en relación al de los varones— fue del 29,1% en el primer trimestre de 2026, frente al 27,8% del mismo período de 2025. Es el valor más elevado de toda la serie que releva el Indec desde el primer trimestre de 2022.

Formales e informales

La condición de formalidad marcó una diferencia significativa. Entre los trabajadores asalariados —9,7 millones de personas con un ingreso promedio de $1.136.558—, quienes contaban con descuento jubilatorio percibieron en promedio $1.375.143, un 35,9% más que en igual trimestre del año anterior. Los asalariados sin descuento jubilatorio, en cambio, tuvieron un ingreso promedio de $731.150, con una variación interanual del 51,3%, aunque partiendo de una base significativamente más baja. La relación entre ambos grupos evidencia que los trabajadores informales ganaron, en promedio, poco más de la mitad que sus pares formales.

Un reciente estudio de Experian Perú revela que la ansiedad por el dinero obtuvo 48,7 puntos en una escala de bienestar financiero del 0 al 100, convirtiéndose en el indicador con peor desempeño y el único que se ubica por debajo del umbral considerado neutral. La realidad económica, marcada por el aumento del costo de vida y la persistencia de la pobreza, está dejando huellas que van más allá de los números y afectan la tranquilidad cotidiana de millones de ciudadanos.

La ansiedad por no llegar a fin de mes golpea a millones de peruanos

La preocupación por quedarse sin dinero antes de terminar el mes es una experiencia cada vez más común en el Perú. Para numerosas familias, la administración del presupuesto diario se ha convertido en un ejercicio constante de sacrificios y decisiones difíciles.

“Cuando llegas tienes que pagar las cosas, entonces no alcanza. Entonces te da una desesperación, así como si fuera que te vas a desmayar. Así yo me siento”, relató a 24 Horas Maribel Gutiérrez, una trabajadora que actualmente busca sostener a su familia mediante la venta de mazamorra luego de quedarse sin empleo.

Su caso refleja la situación de miles de personas que integran el 5,9 % de la población desempleada y que han optado por el emprendimiento como alternativa para generar ingresos. Sin embargo, la informalidad y las restricciones para trabajar en espacios públicos complican aún más la posibilidad de obtener recursos estables.

El Índice de Bienestar Financiero de Experian señala que el componente relacionado con el estrés económico obtuvo uno de los puntajes más bajos dentro del estudio. En particular, la variable denominada ansiedad por dinero mostró un resultado de 48,7 puntos, evidenciando que una parte importante de la población vive con incertidumbre respecto a su capacidad para cubrir gastos básicos.

“El apartado de ansiedad por el dinero es cuando le preguntas a la persona qué tan ansiosa se siente de llegar a fin de mes, si le va a alcanzar o no el dinero. Es algo que debemos mejorar porque la salud mental puede verse seriamente afectada”, explicó Elio Peralta, consultancy and business development manager de Experian Perú, en conversación con Gestión.

Según el informe, la situación económica del país influye directamente en esta percepción. Actualmente, el 25,7 % de los peruanos vive en condición de pobreza, mientras que el acceso al crédito formal continúa siendo uno de los más bajos de la región, limitando las alternativas para enfrentar emergencias o imprevistos.

Para la directora académica de las carreras de economía de la UPC, Claudia Sícoli, los problemas financieros terminan impactando en distintos aspectos de la vida familiar.

“Muchos de los problemas financieros traen consecuencias directas en temas de salud y de relaciones familiares, ya sea de pareja o de padres con hijos. Suelen afectar a todo el entorno familiar y no solo a la persona que lo está experimentando directamente”, advirtió.

El aumento del costo de vida y los bajos ingresos agravan la situación de los adultos mayores

El economista Jorge González Izquierdo considera que existe actualmente un “divorcio entre la macro y la microeconomía”. Mientras algunos indicadores muestran estabilidad o crecimiento económico, la realidad cotidiana de los hogares refleja otra historia.

“Hay sectores de la sociedad peruana que están sujetos a un sueldo que no se reajusta desde hace un buen tiempo. Mientras los precios siguen subiendo, el sueldo no se reajusta, entonces su capacidad de compra va disminuyendo. Por eso sienten que a fin de mes ya no pueden comprar”, sostuvo en entrevista con 24 Horas.

El especialista añadió que las alzas en el costo de vida continúan avanzando a un ritmo superior al crecimiento de los ingresos familiares, especialmente entre trabajadores dependientes y personas con ingresos fijos.

Esta situación adquiere una dimensión aún más compleja en la población adulta mayor. El estudio de Experian identificó una caída significativa en los niveles de resiliencia financiera entre las personas mayores de 64 años. Mientras otros grupos etarios mantienen puntajes superiores a 60 puntos, este sector registra apenas 42,5.

La resiliencia financiera mide la capacidad para enfrentar emergencias económicas o acontecimientos inesperados sin comprometer la estabilidad del hogar. Los resultados sugieren que muchos jubilados o adultos mayores perciben que no cuentan con herramientas suficientes para responder ante enfermedades, incrementos de precios o cualquier gasto extraordinario.

“Debemos poner atención especial a esa población porque siente que ante cualquier eventualidad no va a tener las herramientas financieras para poder enfrentarlas”, señaló Peralta.

La problemática también está vinculada con la escasa cultura del ahorro y la limitada cobertura del sistema previsional. Solo alrededor del 30 % de los trabajadores peruanos se encuentra en la formalidad y realiza aportes regulares para su jubilación, dejando a una amplia mayoría expuesta a mayores dificultades económicas durante la vejez.

Pese a ello, el informe identifica una característica particular en este grupo etario: los adultos mayores presentan mejores indicadores de control financiero, con una puntuación de 69,8 puntos. Según Experian, esto estaría relacionado con hábitos de austeridad más arraigados, una menor exposición al crédito de consumo y una administración más conservadora del presupuesto familiar.

No obstante, la disciplina en el manejo del dinero no siempre resulta suficiente frente a pensiones reducidas, gastos médicos crecientes y un contexto donde el incremento de precios continúa afectando el poder adquisitivo. Para muchos peruanos, especialmente los mayores, cada compra diaria representa un nuevo cálculo para determinar si el dinero alcanzará hasta el siguiente mes.

La región de Centroamérica y República Dominicana registra altos niveles de pobreza multidimensional, según un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). La medición incluye carencias en salud, educación, vivienda, empleo, acceso a servicios y derechos, más allá del nivel de ingreso.

Las mediciones presentadas por la CEPAL y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) muestran contrastes entre los países centroamericanos. Guatemala y Honduras figuran entre los de mayor incidencia, con tasas de pobreza multidimensional superiores al 10%, mientras Costa Rica y Panamá presentan los niveles más bajos de la subregión. En República Dominicana, el índice también muestra cifras sobre acceso a servicios y bienestar.

De acuerdo con la medición global del PNUD y la Iniciativa de Pobreza y Desarrollo Humano de Oxford (OPHI), Guatemala registra una incidencia de pobreza multidimensional del 28.9% (2014/2015); Honduras, 12% (2019); El Salvador, 7.9% (2014); Nicaragua, 15.6% (2014, dato Banco Mundial); Panamá, 2.4% (2022); Costa Rica, 0.5% (2018), y República Dominicana, 2.3% (2019). Estas cifras reflejan la proporción de personas que experimentan al menos una privación grave en dimensiones como vivienda, educación o acceso a servicios básicos.

¿Cómo se mide la pobreza multidimensional?

Las mediciones nacionales, según la CEPAL, adoptaron metodologías que incluyen dimensiones como salud, educación, trabajo, acceso a servicios, vivienda, alimentación y, más recientemente, acceso a Internet. Por ejemplo, Honduras considera privaciones en salud, educación, trabajo y vivienda, mientras Guatemala suma seguridad alimentaria, empleo digno y servicios básicos.

República Dominicana incluye en su índice nacional dimensiones como vivienda y entorno, brecha digital, educación y cuidado infantil, sustento, trabajo y salud. En todos los casos, las dimensiones tienen el mismo peso relativo y los umbrales de privación varían entre el 25% y el 33% del total de privaciones posibles.

Internet y vivienda en los índices oficiales

El acceso a Internet cobró relevancia como indicador en los índices oficiales de Costa Rica, Panamá y República Dominicana desde 2015 y 2017, respectivamente. En Costa Rica, se considera que los hogares están privados si no usan Internet en casa, mientras que en Panamá y República Dominicana se aplican criterios combinados, como la frecuencia de uso y la disponibilidad de dispositivos.

Según la CEPAL, este indicador permite medir la inclusión en la sociedad de la información y las oportunidades educativas y laborales. Otro aspecto es el hacinamiento habitacional, medido por la cantidad de personas por dormitorio o por cuarto en cada hogar.

Guatemala y Honduras presentan las tasas más altas de hacinamiento en la región, con indicadores superiores al 40% de la población, según los umbrales recomendados por organismos internacionales. En Nicaragua, la incidencia también es alta, mientras Costa Rica y Panamá muestran niveles más bajos.

En República Dominicana, el indicador oficial establece privación cuando hay tres o más personas por dormitorio o aposento y, en 2022, la incidencia se ubicó en 19%.

Servicios básicos, género y límites de la información

Las brechas en el acceso a servicios básicos, como agua potable, saneamiento y electricidad, continúan afectando especialmente a las zonas rurales de Centroamérica. Los índices nacionales de pobreza multidimensional incluyeron estos indicadores para captar con más precisión la magnitud de las carencias y orientar las políticas públicas.

La CEPAL señala que la disponibilidad y calidad de la información estadística sigue siendo un reto, ya que muchas encuestas nacionales no recogen de manera sistemática datos sobre todas las dimensiones relevantes, como salud mental, seguridad ciudadana o calidad de la educación.

La desigualdad de género también aparece en la medición de la pobreza multidimensional. El informe señala que la sobrecarga de trabajo doméstico y de cuidado no remunerado recae principalmente en las mujeres, lo que limita su autonomía económica y su acceso a oportunidades laborales.

Los resultados muestran que, pese a los avances, Centroamérica y República Dominicana enfrentan retos estructurales para garantizar el acceso de toda la población a condiciones dignas de vida, educación, salud y servicios esenciales.

Según la CEPAL, la reducción de la pobreza multidimensional requiere políticas integrales que combinen intervenciones en todas las dimensiones y respondan a las especificidades de cada país, con atención tanto a las privaciones materiales como a las vinculadas con el ejercicio de derechos y la inclusión social.

Panamá ya logró algo que durante años fue una meta para el sector turístico: aumentar de forma sostenida la llegada de visitantes internacionales.

Sin embargo, el verdadero desafío ahora no está en atraer más viajeros, sino en conseguir que una mayor proporción de ellos llegue a las provincias donde persisten las mayores brechas de desarrollo económico.

Esa es la principal conclusión del estudio “Más visitantes, menos brechas: el turismo como motor del desarrollo territorial", elaborado por la consultora INDESA para el Foro de Turismo 2026 de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE).

El informe plantea que el turismo representa una de las pocas actividades económicas con capacidad para distribuir crecimiento fuera de la capital, generar empleo local y atraer inversión hacia territorios que históricamente han permanecido alejados de los principales motores económicos del país.

La reflexión surge en un contexto marcado por fuertes contrastes. Panamá figura entre las economías con mayor ingreso per cápita de América Latina, pero mantiene importantes diferencias territoriales.

Actualmente, el 83% de la actividad económica nacional se concentra en Panamá, Panamá Oeste y Colón, mientras que buena parte del interior continúa enfrentando menores oportunidades de empleo formal, ingresos e inversión productiva.

Para INDESA, las provincias ubicadas al oeste del Canal —Coclé, Herrera, Los Santos, Veraguas, Chiriquí, Bocas del Toro y Panamá Oeste— reúnen condiciones para convertirse en polos de desarrollo turístico.

Estas regiones concentran cerca del 77% de la población que reside fuera de la capital y cuentan con atractivos naturales, culturales y gastronómicos capaces de atraer una mayor cantidad de visitantes nacionales e internacionales.

La presidenta de APEDE, Giulia De Sanctis, sostiene que el valor del turismo radica precisamente en su capacidad de llevar actividad económica directamente a los territorios.

“Cuando un visitante llega a una comunidad, no solo beneficia a un hotel o restaurante; también genera oportunidades para productores, transportistas, emprendedores, artesanos y numerosos proveedores locales", destacó la dirigente empresarial.

El estudio advierte que una de las principales limitaciones para que el turismo contribuya a reducir las brechas territoriales es la concentración de los flujos de visitantes en la capital y sus alrededores.

Más del 83% de los turistas internacionales ingresan por el Aeropuerto Internacional de Tocumen y, para muchos de ellos, desplazarse hacia los principales destinos del interior implica viajes de más de tres horas.

Según los autores, esta situación restringe el efecto multiplicador que podría tener la actividad turística sobre las economías locales.

Los beneficios potenciales son significativos. De acuerdo con las estimaciones de INDESA, por cada $100 generados en hoteles y restaurantes se producen aproximadamente $60 adicionales en otros sectores de la economía.

Además, cada millón de dólares en ventas turísticas genera más de 42 empleos, una de las mayores capacidades de creación de puestos de trabajo entre las distintas actividades económicas del país.

La investigación también destaca que el turismo puede ofrecer oportunidades laborales mejor remuneradas que algunas de las actividades tradicionales del interior. El salario mediano del sector alcanza los $663.8 mensuales, más del doble del registrado en actividades agropecuarias, donde ronda los $302.9.

Para los especialistas, el reto consiste en construir las condiciones necesarias para que más visitantes lleguen a esas regiones. Eso implica fortalecer la conectividad vial y aérea, mejorar la infraestructura turística, ampliar la oferta de servicios y promover una mayor integración de proveedores locales a la cadena de valor.

El informe señala que existen señales alentadoras. Desde 2020 se han identificado inversiones potenciales por $17,820 millones en distintos sectores económicos, de las cuales cerca del 47% se localizan en el interior del país.

INDESA también cita experiencias exitosas de la región. Destinos como Punta Cana, en República Dominicana, y Guanacaste, en Costa Rica, lograron desarrollar polos turísticos fuera de sus principales centros urbanos, impulsando la inversión, el empleo y la reducción de brechas sociales en esas zonas.

Las perspectivas de largo plazo son ambiciosas. Si Panamá logra fortalecer su conectividad, infraestructura y oferta turística, el país podría alcanzar 4.4 millones de visitantes internacionales hacia 2035.

De ese total, alrededor de 1.5 millones llegarían al interior, lo que permitiría más que duplicar el gasto turístico fuera de la capital, pasando de aproximadamente $2,100 millones a $4,600 millones.

Para APEDE, el mensaje es claro: el turismo debe ocupar un lugar central dentro de la estrategia nacional de desarrollo. Más allá de la generación de divisas, el sector tiene el potencial de convertirse en una herramienta concreta para atraer inversión, crear empleos y distribuir de manera más equilibrada los beneficios del crecimiento económico en todo el territorio nacional.

Cerca del 20% de las familias hondureñas tuvo que prescindir de al menos una comida por semana durante el último año, según el informe Estado de País 2026. El estudio también advierte que persisten la vulnerabilidad social, las dificultades para cubrir alimentos y un crecimiento económico insuficiente para mejorar las condiciones de vida.

El documento señala que una parte de los hogares se vio obligada a reducir la cantidad de alimentos consumidos por las limitaciones económicas, en un contexto de aumento del costo de vida y pérdida de poder adquisitivo.

Esta situación alcanzó a cientos de miles de hogares en distintas regiones del país y muestra que el acceso a la alimentación sigue entre las principales preocupaciones de la población.

La investigación indica que la compra de alimentos se ha convertido en el gasto más difícil de cubrir para una parte de los ciudadanos, por encima de otros compromisos relacionados con vivienda, salud y educación.

Para muchas familias, el presupuesto mensual ya no alcanza para satisfacer todas las necesidades básicas y las obliga a establecer prioridades entre alimentación, transporte, medicamentos o servicios públicos.

La presión económica llevó a muchas personas a modificar hábitos de consumo, reducir porciones o buscar alternativas más económicas para sostener la alimentación familiar.

Crecimiento sin resultados

El informe también analiza el desempeño económico de Honduras durante las últimas dos décadas. Aunque el país registró períodos de crecimiento durante los primeros años del siglo XXI, impulsados por factores como la recuperación posterior al huracán Mitch y distintos programas de apoyo internacional, ese dinamismo perdió fuerza con el tiempo.

Desde finales de la década pasada, Honduras enfrentó una sucesión de acontecimientos que frenaron la expansión económica. Crisis políticas, fenómenos climáticos, emergencias sanitarias y choques internacionales afectaron la capacidad de generar crecimiento sostenido y de traducirlo en mejores condiciones de vida para la población.

Aunque la economía se mantuvo en terreno positivo, el ritmo de expansión sigue siendo insuficiente para reducir de forma significativa la pobreza y la desigualdad. El análisis sostiene que el país sigue lejos de alcanzar niveles de crecimiento que permitan acelerar la creación de empleo y ampliar las oportunidades económicas.

El peso de las remesas

Otro aspecto que señala el estudio es la creciente dependencia de las remesas familiares. Los recursos enviados por hondureños que residen en el extranjero representan una de las principales fuentes de ingreso para miles de hogares y tienen un peso determinante en el consumo interno.

Los datos muestran que las remesas superan ampliamente los ingresos por exportaciones, un comportamiento que refleja tanto la importancia de esos recursos para la economía nacional como las limitaciones del aparato productivo para generar suficientes oportunidades dentro del país.

Esa dependencia también supone riesgos. Una eventual disminución en el flujo de remesas tendría repercusiones directas sobre el consumo de miles de familias que utilizan esos recursos para cubrir alimentación, vivienda, educación y otros gastos esenciales.

El estudio plantea que el país necesita avanzar hacia un modelo económico capaz de generar bienestar de manera más amplia y sostenible.

Para ello, identifica como áreas prioritarias el fortalecimiento de la seguridad jurídica, la modernización de la infraestructura, la mejora de los servicios energéticos y el impulso a la formación técnica y tecnológica para responder a las demandas del mercado laboral.

El contraste entre las zonas humildes de Basilea y las villas miseria latinoamericanas no radica en la precariedad física ni en la ausencia de servicios básicos. Según la información recabada por la Oficina Estadística del Cantón de Basilea-Ciudad (Statistisches Amt des Kantons Basel-Stadt), Klybeck figura como el barrio con los indicadores socioeconómicos más bajos del cantón, pero mantiene condiciones materiales que distan por completo de las características de la informalidad urbana y la exclusión estructural. El término “favela”, aplicado en tono irónico por inmigrantes latinoamericanos, apunta más a la comparación estética y al contraste local que a una realidad de carencia estructural.

En la geografía urbana de Basilea, Kleinbasel se ubica en la margen norte del río Rin y representa históricamente el polo obrero e industrial de la ciudad, frente a Grossbasel, el sector histórico y financiero. Dentro de Kleinbasel, Klybeck destaca como un barrio residencial e industrial, vinculado desde sus orígenes a los complejos fabriles y habitacionales de Novartis y otras industrias químicas. El perfil poblacional de estos barrios revela una concentración de migrantes y familias obreras que, pese a su bajo poder adquisitivo local, acceden a una calidad de vida impensable en los márgenes urbanos de América Latina.

La percepción de marginalidad que recae sobre Kleinbasel y Klybeck responde, en gran parte, a un sesgo de origen interno suizo. La reputación de zona “peligrosa” surge de la concentración de poblaciones extranjeras, los alquileres más accesibles y la densidad de bares y discotecas. Según análisis locales y testimonios recabados en foros ciudadanos, la “mala fama” proviene mayormente de habitantes de cantones periféricos o rurales, donde se observa con recelo la diversidad multicultural. Los incidentes delictivos, cuando existen, suelen limitarse a riñas ocasionales en la vida nocturna y pequeñas infracciones vinculadas a la tolerancia de actividades como la prostitución en zonas específicas, como los alrededores de Claraplatz.

El nivel de vida en estos barrios se encuadra en los estándares de la clase media y trabajadora europea. La infraestructura urbana garantiza cobertura total de servicios esenciales: agua potable, electricidad, calefacción central, recolección automatizada de residuos, conectividad de alta velocidad y una red de transporte público que integra los sectores más humildes con el centro financiero sin diferencias de calidad. El sistema de tranvías, símbolo de la movilidad suiza, conecta cada rincón del distrito con puntualidad y comodidad, asegurando accesibilidad para todos los residentes.

El acceso a la educación y la salud tampoco depende del código postal. La educación pública suiza es gratuita y obligatoria, y el rendimiento escolar de los alumnos de Kleinbasel y Klybeck se mide con los mismos estándares que en cualquier otro barrio del país. El sistema sanitario, gestionado a través del seguro médico obligatorio —el Krankenkasse—, recibe subsidios estatales automáticos para los residentes de menores ingresos. El Estado cubre hasta el 100% de la cuota mensual de los seguros en los segmentos más desfavorecidos, evitando que la precariedad económica derive en exclusión sanitaria.

La estructura habitacional de Klybeck y Kleinbasel descarta la existencia de construcciones informales. Todas las viviendas, aunque pequeñas, responden a normativas estrictas de aislamiento térmico, seguridad y mantenimiento técnico. En Klybeck, el 83,3% de los residentes vive en departamentos de alquiler, y cuando los ingresos caen, las asignaciones municipales de vivienda cubren parte del alquiler para prevenir desalojos y garantizar la habitabilidad. El hacinamiento, en términos estadísticos, se traduce en familias de cuatro personas que comparten departamentos de tres ambientes, sin cuartos individuales o grandes espacios de recreación, pero sin perder acceso a los servicios básicos ni enfrentar condiciones de insalubridad.

Los indicadores demográficos del barrio de Klybeck reflejan la mayor densidad de inmigrantes de toda Basilea: el 53% de su población es extranjera, muy por encima del promedio urbano del 37,8%. Los principales orígenes son Turquía, Italia, la península balcánica, el norte de África y Europa del Este. El espacio habitable promedio por persona es de 33 metros cuadrados, mientras que en el acomodado Altstadt Grossbasel la cifra asciende a 53,7 metros cuadrados. La diversidad cultural se refleja en las escuelas: solo el 18,2% de los estudiantes de primaria tiene el alemán como lengua materna y apenas el 11,5% accede al Gymnasium, el bachillerato que habilita el ingreso directo a la universidad, frente a un promedio cantonal superior al 37%.

La brecha económica se percibe en la comparación de ingresos. El ingreso medio bruto de los hogares en Klybeck alcanza los 63.468 francos suizos anuales (aproximadamente 70.000 dólares estadounidenses), la cifra más baja del cantón. Para poner en contexto, la mediana en Basilea-Ciudad es de 81.023 francos y en los barrios más ricos, como Altstadt Grossbasel o Bettingen, supera los 115.000 y 118.000 francos anuales, respectivamente. El ingreso neto imponible individual en Klybeck ronda los 36.800 francos al año, ubicando al barrio en el último lugar de la tabla fiscal local. Además, el área registra la mayor proporción de beneficiarios de ayuda social y la menor tasa de población activa empleada del cantón.

A pesar del bajo poder adquisitivo local, la pobreza en Klybeck adquiere una forma particular. El umbral de pobreza relativa, fijado por Caritas y las oficinas sociales en unos 2.500 francos mensuales para un soltero y 4.000 para una familia tipo, sitúa a muchas familias de Klybeck cerca o por debajo de esa línea. Sin embargo, el Estado suizo interviene antes de que la carencia se traduzca en precariedad urbana visible. Las políticas públicas incluyen la reducción automática de primas médicas, el subsidio parcial o total del alquiler y la garantía de acceso a servicios públicos de calidad. La vulnerabilidad se detecta en las declaraciones de impuestos, no en el entorno físico.

El fenómeno de la gentrificación representa el principal foco de conflicto en la actualidad. El cierre de antiguas plantas industriales, como parte de los proyectos de reconversión urbana Klybeckplus y Rheinsee, liberó grandes terrenos que atrajeron a inversores y desarrolladores privados. Según estudios publicados por el Radical Housing Journal y citados por la especialista Claudia Gehriger, la especulación inmobiliaria lleva a cancelaciones masivas de contratos de alquiler y remodelaciones que afectan principalmente a las familias pobres, extranjeras y monoparentales. Este proceso de transformación urbana intensifica la competencia por los pocos alquileres accesibles y empuja a los sectores de menores recursos fuera del área central.

La pobreza energética, otro de los desafíos contemporáneos en Suiza, no se traduce en cortes de suministro o precariedad habitacional, sino en la dificultad para afrontar los costos fijos de vida. Informes recientes del grupo ReHousIn destacan que “las desigualdades, tales como la pobreza energética y los problemas sociales causados por la creciente dificultad de acceso a la vivienda, son absorbidas por el Estado”. La red de contención social impide que surjan asentamientos informales o villas miseria, pero no elimina la presión económica sobre las familias trabajadoras.

En cuanto a la seguridad, Basilea muestra tasas de criminalidad superiores al promedio suizo, aunque conserva el estatus de una de las ciudades más seguras del mundo. Kleinbasel es transitable y seguro en cualquier horario, y las advertencias locales se limitan a recomendaciones de sentido común en zonas de ocio nocturno.

La vida cultural de Kleinbasel y Klybeck se manifiesta en una agenda repleta de eventos, mercados y actividades sociales a orillas del Rin, especialmente en verano. El Matthäusmarkt, el mercado de los sábados en Matthäusplatz, atrae a residentes y visitantes, consolidando la imagen de la zona como un espacio vibrante y en transformación.

La ubicación fronteriza de Basilea aporta una dinámica económica singular. Muchos habitantes de los barrios populares cruzan regularmente a Alemania o Francia para realizar compras en euros, aprovechando la diferencia cambiaria y reduciendo los gastos en productos básicos. Este turismo de compras constituye una estrategia de ahorro para familias que enfrentan un alto costo de vida, pero disfrutan de un salario base cercano a los 4.000 francos suizos y la cobertura de un sistema de salud obligatorio.

El modelo suizo demuestra que la desigualdad de ingresos no deriva necesariamente en miseria cuando el Estado garantiza un piso de servicios idéntico para todos los ciudadanos. El estándar mínimo de bienestar en barrios como Klybeck y Kleinbasel supera ampliamente el máximo nivel alcanzado en muchos sectores urbanos de América Latina.

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) difundió que el 30,5% de la población en Perú experimentó inseguridad alimentaria moderada o severa durante 2025, según datos recogidos a través del Módulo de Inseguridad Alimentaria incluido en la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO).

La medición se basó en la Escala de Experiencia de Inseguridad Alimentaria (FIES), validada con el acompañamiento técnico de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), lo que permite comparabilidad internacional y una visión precisa de la situación.

Desigualdad geográfica y factores asociados

El informe muestra que la incidencia de inseguridad alimentaria es mayor en zonas rurales (35,4%) frente a las urbanas (29,3%). Por regiones naturales, la Selva concentra la mayor prevalencia (35,3%), mientras que a nivel departamental, Loreto (46,9%) y Puno (43,4%) encabezan la lista, en contraste con Moquegua, donde el porcentaje es el más bajo (13,7%).

La investigación, que abarca los 24 departamentos y la Provincia Constitucional del Callao, permite identificar patrones diferenciales según el entorno y el acceso a servicios.

Intensidad y rostros de la inseguridad alimentaria

La inseguridad alimentaria severa afecta al 3,4% de la población, cifra que representa a quienes enfrentaron omisión total de comidas por falta de recursos. Esta problemática es más aguda en la Selva (4,5%) y en los departamentos de Loreto y Madre de Dios, donde la prevalencia severa oscila entre el 7,4% y el 10%.

Según el INEI, el riesgo se incrementa en hogares con altos niveles de privación y en aquellos con miembros vulnerables, como niños menores de cinco años (34,2%) y personas con discapacidad (37,5%).

Brechas socioeconómicas y demográficas

El análisis revela que la inseguridad alimentaria se intensifica entre los grupos más pobres: el 44,7% del 20% más pobre y el 49,7% de quienes se encuentran en pobreza extrema la padecen.

Además, afecta más a hogares con jefatura femenina (34,9%), a quienes tienen menor nivel educativo (38,5% con educación primaria frente a 18,6% con superior) y a casas donde el jefe está desocupado (40,4%) o se desempeña en empleos informales.

Las carencias de servicios básicos, como agua, saneamiento o electricidad, agravan el panorama: sin alumbrado eléctrico, la prevalencia sube a 46,1%.

Calidad de la medición y validación internacional

El INEI implementó el módulo de inseguridad alimentaria en la ENAHO desde enero de 2025, siguiendo estándares internacionales y bajo supervisión técnica de la FAO.

La Escala FIES, adaptada al contexto peruano, fue validada con capacitaciones, pruebas piloto y revisiones metodológicas, lo que refuerza la solidez de los resultados. El informe destaca la baja tasa de no respuesta, incluso en áreas rurales y entre los estratos de menores ingresos.

Implicancias para las políticas públicas

El reporte del INEI subraya que la inseguridad alimentaria no solo refleja dificultades en el acceso a alimentos, sino que se vincula con pobreza, empleo, educación y vivienda.

El organismo sostiene que la inclusión permanente de este módulo permitirá monitorear el avance hacia el Objetivo de Desarrollo Sostenible 2 (“Hambre Cero”) y evaluar la eficacia de las políticas públicas.

La colaboración técnica con la FAO respalda la validez internacional de las cifras y facilita el diseño de intervenciones para reducir la brecha alimentaria en el país.

Los datos fueron divulgados junto con el informe nacional de pobreza monetaria correspondiente a 2025, que mostró una reducción de estos indicadores en Colombia. Según el DANE, la pobreza monetaria nacional pasó de 31,8% en 2024 a 28% en 2025, mientras que la pobreza extrema descendió de 11,7% a 9,6%.

En el caso de Manizales, la incidencia de pobreza monetaria se ubicó en 13,2%, la más baja entre las ciudades capitales evaluadas por la entidad. El indicador presentó una reducción de 3,5 puntos porcentuales, al pasar de 16,7% en 2024 a 13,2% en 2025.

La pobreza monetaria extrema también registró una disminución. El indicador pasó de 3,1% a 2,5%, una reducción de 0,6 puntos porcentuales, ubicando nuevamente a la ciudad en el primer lugar nacional en esta medición.

Según el informe del DANE, mientras Manizales registró una incidencia de pobreza monetaria de 13,2%, el promedio nacional fue de 28%, cifra que equivale a cerca de 14,4 millones de personas en condición de pobreza en Colombia. Por su parte, la pobreza extrema afectó a aproximadamente 4,97 millones de personas en el país durante 2025.

El alcalde de Manizales, Jorge Eduardo Rojas Giraldo, destacó los resultados entregados por la entidad estadística y señaló que la ciudad mantuvo los mejores indicadores del país en varias de las mediciones sociales y económicas.

“Este año, otra vez, somos la ciudad con menor pobreza monetaria, pero vale la pena decir que bajamos 3,5 puntos porcentuales en pobreza monetaria. También somos la ciudad de Colombia con menor pobreza monetaria extrema del país, quedando en 2,5%. Y el tercer dato clave es la desigualdad. Este año tenemos la menor desigualdad de Colombia, con un coeficiente de Gini de 0,436”, afirmó el mandatario.

Manizales registró el menor nivel de desigualdad entre las capitales

Otro de los indicadores destacados en la medición corresponde al coeficiente de Gini, utilizado para medir la desigualdad en la distribución de los ingresos. En una escala entre cero y uno, los valores más cercanos a cero representan una distribución más equitativa.

De acuerdo con los resultados del DANE, Manizales obtuvo un coeficiente de Gini de 0,436, el más bajo entre las 23 capitales incluidas en el estudio. La cifra representa una reducción de 0,028 puntos frente al año anterior.

A nivel nacional, el indicador también mostró una disminución. El coeficiente de Gini pasó de 0,551 en 2024 a 0,531 en 2025, uno de los descensos más importantes de los últimos años.

La directora del DANE, Piedad Urdinola, explicó que la reducción de la pobreza estuvo asociada principalmente al incremento de los ingresos disponibles de los hogares y, en menor medida, a procesos de redistribución de recursos.

La entidad también señaló que los ingresos crecieron con mayor intensidad en los sectores de menores recursos. Mientras los hogares pertenecientes al quintil de menores ingresos registraron un aumento de 11,8%, en el quintil de mayores ingresos el incremento fue de apenas 0,5%.

El ingreso per cápita de Manizales superó al de Cali, Barranquilla y Bucaramanga

La medición del DANE también mostró que Manizales alcanzó un ingreso per cápita promedio de $1.708.281 mensuales, ubicándose en el tercer lugar nacional.

La ciudad solo fue superada por Bogotá y Medellín, mientras que quedó por encima de otras capitales como Cali, Barranquilla, Bucaramanga y Pereira.

El gerente de InfiManizales, José Fernando Olarte, señaló que el resultado está relacionado con el comportamiento del empleo y la actividad económica de la ciudad.

“Somos la ciudad solamente superada por Bogotá y Medellín con el mejor ingreso per cápita. Tenemos mejor ingreso per cápita que ciudades como Cali, Barranquilla, Pereira y Bucaramanga. Ese resultado está respaldado por el crecimiento que hemos tenido en empleo, por las oportunidades que se están brindando, por el desarrollo comercial y empresarial, factores que han impactado positivamente la reducción de la pobreza y la desigualdad”, afirmó.

A nivel nacional, el ingreso promedio por persona alcanzó los $1.281.590 mensuales, un incremento de 9,6 % frente a 2024. Sin embargo, persisten diferencias importantes entre las áreas urbanas y rurales. Mientras en las cabeceras municipales el ingreso promedio fue de $1.492.582 por persona, en los centros poblados y zonas rurales se ubicó en $568.071.

Más de 1,7 millones de colombianos salieron de la pobreza en 2025

El informe del DANE indicó que aproximadamente 1,7 millones de personas dejaron de ser pobres durante 2025, mientras que cerca de un millón salió de la pobreza extrema.

El Tiempo precisó con los datos de la entidad, que una persona fue considerada pobre si contó con menos de $482.041 mensuales para cubrir sus necesidades básicas. En el caso de la pobreza extrema, el umbral se ubicó en $236.580 por persona al mes.

Para un hogar de cuatro integrantes, esto significa que se requerían ingresos superiores a $1,93 millones mensuales para superar la línea de pobreza y más de $946.320 para dejar atrás la pobreza extrema.

El descenso de la pobreza multidimensional en El Salvador durante 2025 se tradujo en una mejora palpable para miles de familias, especialmente en las zonas rurales, donde la incidencia se redujo en 1.9 puntos porcentuales.

Este avance, reportado por el Banco Central de Reserva a partir de la última Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM), señala que 20.1% de los hogares viven en pobreza multidimensional, una baja respecto al año anterior que se refleja en la salida de más de 12 mil hogares de esa condición.

En términos prácticos, la pobreza multidimensional va más allá de la falta de ingresos. En El Salvador, esta medición se basa en la privación simultánea de recursos y derechos en ámbitos como educación, vivienda, salud, servicios básicos, trabajo, seguridad social, alimentación y entorno habitacional.

El criterio oficial considera pobre multidimensional a cualquier hogar que enfrente carencias en siete o más de estos veinte indicadores.

El año 2025 marcó una tendencia alentadora: catorce de los veinte indicadores evaluados mostraron mejoras. Destacan reducciones en inseguridad alimentaria, que bajó a 15.9% entre los hogares pobres multidimensionales, y en la falta de acceso a servicios de salud, que se ubicó en 8.1%.

La baja educación en adultos y el cuido temprano inadecuado de niños también registraron descensos notables, asociados a la expansión de programas educativos y de atención a la primera infancia.

Entre los factores que explican la mejora, el informe atribuye un papel central a las políticas de seguridad. El indicador que mide la incidencia de crimen y delito descendió a 4.8%, mientras que las restricciones a la vida cotidiana debidas a la inseguridad se redujeron a 5.9%.

El Banco Central de Reserva vinculó estos resultados con la estrategia nacional de seguridad, señalando que la baja en la criminalidad ha tenido un impacto directo sobre la calidad de vida de los hogares.

El fortalecimiento de programas de educación, nutrición y cuidado infantil, junto con el despliegue de políticas públicas en zonas históricamente rezagadas, permitió que miles de familias accedieran a mejores condiciones. A su vez, la disminución del crimen y la violencia favoreció el desarrollo de comunidades rurales, tradicionalmente más vulnerables a la pobreza.

Los desafíos que siguen pendientes

El informe también reconoce problemas pendientes. El subempleo y la inestabilidad laboral aumentaron y afectaron a 65.6% de los hogares pobres multidimensionales.

La cobertura de seguridad social sigue siendo baja y el acceso al agua potable y al saneamiento mejoró poco o se mantuvo estancado.

Además, la falta de espacios públicos y la exposición a riesgos ambientales permanecen elevados, evidenciando la necesidad de políticas integrales y sostenidas.

La medición de la pobreza multidimensional en El Salvador se realiza a partir de veinte indicadores ponderados por igual.

El umbral: siete o más privaciones convierten a un hogar en pobre multidimensional. La selección de estos indicadores se basa en marcos normativos nacionales, consultas a la población afectada y recomendaciones de expertos, según detalla el informe técnico.

En síntesis, el panorama completo del informe del BCR basado en la EHPM, revela que persisten retos estructurales en empleo y acceso a servicios básicos, que requerirán atención continua y políticas de largo plazo para sostener y ampliar estos progresos.

En varios municipios de El Salvador, el aumento en la recepción de remesas familiares ha coincidido con un incremento en los índices de pobreza, de acuerdo con el economista salvadoreño Raúl Castellón.

Según el especialista, los distritos que más han experimentado crecimiento en remesas también muestran un mayor deterioro socioeconómico, una tendencia que se refleja en los datos más recientes del Banco Central de Reserva (BCR) y en los análisis realizados por distintas organizaciones.

Castellón lideró durante 2024 y parte de 2025 un proyecto con la organización internacional CARE enfocado en la digitalización de remesas, especialmente para mujeres salvadoreñas.

En entrevista con Infobae, el economista explicó que, al analizar información recabada del último censo nacional y comparar con los registros de remesas, se identificó una correlación entre el aumento de estos envíos y el crecimiento de la pobreza en distritos específicos.

“Los lugares donde más había crecido la remesa, por lo menos en algunos datos importantes, indicaba que también se había incrementado la pobreza. Particularmente me recuerdo de unos distritos de La Unión”, detalló Castellón.

El economista señaló que el estudio, denominado Proyecto de Inclusión Financiera Digital, se desarrolló con financiamiento de USAID y colaboración de ASOMI (Asociación de Empresas de Microfinanzas) y Mastercard, aunque su ejecución se interrumpió en abril de 2025. Si bien el informe final permanece confidencial por decisión de los patrocinadores, Castellón aclaró que los datos de pobreza y remesas utilizados provienen de fuentes públicas, principalmente del BCR.

Según los datos oficiales, los distritos con mayor incremento en remesas durante 2024 y 2025 incluyen San Salvador Centro (que agrupa San Salvador, Mejicanos, Ayutuxtepeque, Ciudad Delgado y Cuscatancingo), San Miguel Centro, Santa Ana Centro, Sonsonate Centro y Santa Tecla. Por ejemplo, San Salvador Centro registró $881,72 millones en remesas hasta octubre de 2025, con una variación anual del 9,9%. San Miguel Centro acumuló $484,54 millones, y Santa Ana Centro pasó de $199,61 millones en 2020 a $272,84 millones en 2025. Otros municipios destacados son Soyapango, Ilobasco, La Unión Sur y San Vicente Norte, con crecimientos porcentuales notables en el último quinquenio.

Al abordar las causas de esta paradoja, Castellón identificó tres factores principales. El primero, la destrucción de empleo formal e informal tras la pandemia, que provocó el cierre de hasta un 15% de las micro y pequeñas empresas, especialmente en el oriente del país. “Muchas de estas personas, en su expectativa, dijeron que no iban a volver a abrir el negocio y que la opción de migrar era su principal interés”, explicó.

El segundo factor es la migración, tanto externa como interna. El experto relató que la movilidad poblacional ha vaciado núcleos comerciales tradicionales y debilitado la actividad económica local, lo que se traduce en menos oportunidades de ingreso y mayor dependencia de las transferencias desde el exterior. “Hay mucho pueblo que se encuentra casi en condición como si estuviera fantasma, y son de las principales ciudades en horas que deberían ser pico”, indicó.

El tercer elemento señalado es la falta de reactivación empresarial y laboral en los distritos más afectados. Según Castellón, la rehabilitación del empleo y del tejido productivo no se ha dado de manera uniforme, lo que deja a varias zonas en situación de vulnerabilidad. “La rehabilitación de estos no fue de manera inmediata, ni se logró rehabilitar para todos los departamentos y distritos”, puntualizó.

La tendencia observada en El Salvador se enmarca en un contexto regional de crecimiento de las remesas. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) reportó que, entre enero y abril de 2026, las remesas familiares enviadas a El Salvador, Guatemala y Honduras llegaron a un total de 15,852 millones de dólares. De ese monto, El Salvador figura entre los países que más recepción presentan, consolidando el peso de estas transferencias para la economía nacional.

A pesar del impulso económico que representan las remesas, el análisis de Castellón sugiere que, en ausencia de una reactivación productiva y laboral, el flujo de recursos desde el exterior no necesariamente mejora las condiciones de vida en los municipios más beneficiados. El especialista subraya la necesidad de monitorear el fenómeno con mayor sistematicidad y de impulsar políticas que fortalezcan la economía local, especialmente en los distritos que han mostrado mayor vulnerabilidad en los últimos años.

En México, la persistencia del trabajo infantil sigue siendo una realidad alarmante que afecta a millones de niñas, niños y adolescentes. De acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI) 2022 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), cerca de 3.7 millones de menores entre cinco y 18 años llevan a cabo actividades productivas o económicas que interfieren con su desarrollo y su derecho a la educación.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define el trabajo infantil como toda actividad realizada por niñas, niños o adolescentes, remunerada o no, desarrollada al margen de la ley y en condiciones peligrosas o insalubres, que violan sus derechos o afectan negativamente su desarrollo físico, mental, psicológico, social, o que obstaculizan su educación.

El trabajo infantil se manifiesta en distintas formas: ligero, peligroso, forzado y doméstico en condiciones no adecuadas. La gravedad varía según la edad y el tipo de actividad, pero el impacto sobre la niñez es profundo y duradero. “Abordar este tema es muy importante. Desde hace tiempo estoy haciendo estudios sobre el trabajo infantil y me he dado cuenta de lo enorme que es este problema”, señala María del Carmen Macías Vázquez, especialista del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

De acuerdo a la ENTI, 2.1 millones de estos menores se encuentran en actividades no permitidas, y la inmensa mayoría, el 92.5 %, participa en labores consideradas peligrosas, como la minería o el trabajo agropecuario. A esto se suman 1.9 millones que realizan quehaceres domésticos en condiciones que no cumplen los estándares mínimos de bienestar.

El peso de la pobreza en el trabajo infantil

La pobreza es uno de los principales factores que explican la permanencia del trabajo infantil en México. “Pero hay un factor que no se nos debe escapar: la pobreza. México sigue teniendo sectores muy pobres, que en general ubicamos en el ámbito rural, pero también existen en las ciudades”, explica Macías Vázquez.

La especialista detalla que las condiciones de vida en pequeñas ciudades y poblaciones rurales marcan las mayores desigualdades, lo que se refleja en la concentración de infantes trabajadores en entidades como Guerrero, Chiapas, Nayarit, Oaxaca, Michoacán, Puebla, Colima y Zacatecas.

Guerrero, por ejemplo, registra que casi una cuarta parte de su población infantil lleva a cabo actividades productivas. “Es un problema muy complicado, pero no imposible de resolver. Solo que tendríamos que decidir, no solo social, sino también políticamente, abatir este problema”, sostiene la académica.

Normativa y realidad: brecha entre la ley y la vida cotidiana

Las tareas realizadas por niñas, niños y adolescentes fuera del marco legal y en entornos peligrosos o insalubres constituyen trabajo infantil, sin importar si reciben pago. Este tipo de actividades afecta su desarrollo físico, mental, emocional y social, y en muchas ocasiones obstaculiza su acceso a la educación.

“Estamos hablando de un trabajo prohibido porque atenta contra la seguridad, salud y bienestar de los niños”, advierte María del Carmen Macías Vázquez.

Un aspecto clave es la edad mínima permitida para trabajar. La especialista enfatiza: “Creo que algo que se debe resaltar en esta definición es la edad límite, porque contratar a menores de 15 años está fuera de la ley. Según el Convenio 138 de la OIT, esa es la edad mínima para que un niño pueda ser contratado, además de cumplir con requisitos específicos como autorización de los padres y certificado médico”.

La Ley Federal del Trabajo en México, reformada en 2012, estableció criterios claros sobre edades y ocupaciones peligrosas para los menores. Entre las actividades de mayor riesgo se encuentran la agricultura, la minería y el trabajo en la calle dentro del comercio informal. Macías Vázquez puntualiza: “Estas actividades incluyen la agricultura, la minería o el trabajo en la calle dentro del comercio informal, porque ya no se sabe si el niño sale a trabajar por necesidad o porque alguien está explotando su condición de menor”.

Además, existen formas de trabajo infantil que resultan absolutamente intolerables, como la esclavitud, la trata, el trabajo forzado, la participación en conflictos armados, la explotación sexual y la implicación en delitos como el tráfico de drogas. “Ya que contamos con marcos jurídicos, es necesario adoptar otro convenio que le diga a la sociedad que existen actos inaceptables, como lo estipula el Convenio 182 de la OIT (1999), adoptado en 2000”, explica la investigadora.

La realidad muestra que, en ocasiones, padres o tutores pueden ser sancionados por permitir que sus hijos trabajen. “Hace tiempo escuché la noticia de que llevaron a la cárcel a un padre por tener a su hijo vendiendo en la calle. En estos casos surgen las preguntas más esenciales. ¿Lo hacen por necesidad? Porque la pobreza empuja a esas actividades”, comenta Macías Vázquez. Ante esto, la académica considera fundamental que la ley se armonice con la realidad de las familias vulnerables y se privilegien las medidas preventivas y de apoyo.

“Es muy distinto a la conducta alevosa de un empleador que contrata a un menor para explotarlo con bajos salarios y jornadas excesivas”, concluye la investigadora.

Diferencias entre trabajo formativo y explotación infantil

No todo trabajo realizado por menores debe clasificarse como explotación. “El trabajo que realizan los menores puede verse desde dos ópticas. Una es el trabajo formativo: el que se hace en vacaciones para aprender un oficio, ayudar en una empresa familiar o en tareas del hogar. Estos pueden considerarse normales y permitidos”, aclara la investigadora. Sin embargo, Macías Vázquez subraya que existe una diferencia sustancial entre actividades educativas o de apoyo familiar y aquellas que vulneran derechos y exponen a riesgos.

En muchos casos, el trabajo infantil responde a una “conducta alevosa” de empleadores que buscan reducir costos, pero también a un estado de necesidad extremo en familias sin opciones. “Una cosa es hablar de la ley y otra es la realidad. No podemos evadirla porque estaríamos engañándonos. En ciudades medianas o comunidades rurales remotas existen este tipo de actividades. En muchos casos hay un estado de necesidad que los obliga a ello”.

Responsabilidad social y estatal frente al trabajo infantil

La familia y el Estado tienen la tarea de garantizar el bienestar de la niñez. “Los responsables de que un niño reciba atención y esté alejado del trabajo infantil son, en primer lugar, la familia y los padres. Pero si la familia no puede, entonces el Estado debe intervenir y brindar apoyo para garantizar el bienestar mínimo necesario”, sostiene Macías Vázquez.

La especialista reconoce que el problema es complejo y que las soluciones deben involucrar a toda la sociedad, no solo a través de leyes, sino mediante políticas públicas y programas sociales que ataquen las causas estructurales. “Me parece indignante que en una sociedad no existan las mismas oportunidades para todos y que eso lleve a discriminar a los sectores más vulnerables”.

“La responsabilidad es de todos, pero no como eslogan. No podemos darle la espalda al problema. Tenemos que hacer algo. La responsabilidad es de todos, pero principalmente del Estado”, concluye María del Carmen Macías Vázquez.

El costo de vida básico volvió a subir en mayo. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publicó este jueves los valores actualizados de las canastas básicas, los indicadores que determinan cuánto debe ganar un hogar para no ser considerado pobre o indigente.

La referencia central del informe es el hogar tipo, compuesto por un varón de 35 años, una mujer de 31 años, un hijo de 6 años y una hija de 8 años. Para este grupo de cuatro integrantes, la Canasta Básica Total (CBT) —que incluye alimentos y también bienes y servicios no alimentarios como vestimenta, transporte, educación y salud— alcanzó en mayo un valor de $1.498.741. Ese monto representa la línea de pobreza: todo hogar con ingresos por debajo de esa cifra es clasificado técnicamente como pobre.

En el mismo mes, la Canasta Básica Alimentaria (CBA) de esa misma familia llegó a $681.246. Ese valor determina la línea de indigencia: si los ingresos del hogar no alcanzan para cubrir siquiera la alimentación básica, el grupo familiar es considerado indigente.

Según el Indec, la CBA registró una variación mensual de 2,4%, mientras que la CBT avanzó 2,0% respecto a abril.

Los incrementos acumulados

Desde diciembre de 2025, la CBT acumula una suba de 14,5%, al pasar de $1.308.713 a los $1.498.741 registrados en mayo. En el mismo período, la CBA subió 15,6%, desde $589.510 hasta $681.246.

En términos interanuales, la comparación con mayo de 2025 muestra incrementos más pronunciados. La CBT aumentó 34,9% en los últimos doce meses, mientras que la CBA lo hizo 36,2% en el mismo lapso.

Para el adulto equivalente —la unidad de referencia que utiliza el Indec, basada en los requerimientos nutricionales de un varón adulto de entre 30 y 60 años con actividad moderada—, la línea de pobreza se ubicó en mayo en $485.030 y la de indigencia en $220.468.

Qué pasa con otros tipos de hogares

El Indec también publica cada mes los valores de las canastas para otros tipos de hogar, dado que la composición familiar incide directamente en los montos que determinan si un grupo es pobre o indigente.

Para un hogar de tres integrantes —compuesto por una mujer de 35 años, su hijo de 18 años y su madre de 61 años—, la CBT de mayo fue de $1.193.173 y la CBA de $542.351. Se trata del hogar con el costo de vida más bajo de los tres ejemplos que presenta el organismo, dado que sus integrantes equivalen en total a 2,46 adultos equivalentes.

En el otro extremo, el hogar de cinco integrantes —un varón y una mujer, ambos de 30 años, con tres hijos de 1, 3 y 5 años— registró en mayo una CBT de $1.576.346 y una CBA de $716.521. Este grupo suma 3,25 adultos equivalentes y, por lo tanto, enfrenta el mayor costo de vida de los tres casos analizados.

Cómo se calculan las canastas

El método que utiliza el Indec para determinar estos valores parte de la CBA, que se construye en función de los requerimientos calóricos y proteicos mínimos para cubrir las necesidades nutricionales del adulto equivalente durante un mes. Los alimentos que la integran —entre ellos pan, papa, arroz, fideos, carnes, leche, huevos, frutas y hortalizas— surgen de los patrones de consumo relevados por la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares.

A partir de la CBA se obtiene la CBT, que incorpora los gastos en bienes y servicios no alimentarios mediante la aplicación del coeficiente de Engel, definido como la relación entre los gastos alimentarios y los gastos totales de la población de referencia.

Los valores que publica mensualmente el Indec corresponden al Gran Buenos Aires y se actualizan con los precios relevados por el Índice de Precios al Consumidor del mismo aglomerado.

Durante una charla con el equipo de Infobae al Amanecer, integrado por Nacho Girón, Jime Grandinetti y Belén Escobar, Maldonado rechazó los enfoques que relativizan el impacto de la pobreza infantil: “Muchísimo dolor y tristeza. No hay encuadre académico acá. Hay puro dolor. Los números son inadmisibles en un país como Argentina, que tiene todos los recursos naturales, las capacidades humanas, estabilidad democrática, política. Estos números son ciertamente inadmisibles“.

El informe de UNICEF, elaborado sobre datos del INDEC, señaló que la pobreza infantil descendió al 42,3 % en el segundo semestre de 2025, lo que representa a 5,1 millones de niños, niñas y adolescentes. La indigencia también bajó al 9,4 %, es decir, 1.100.000 chicos.

Maldonado advirtió sobre la “tristeza” que provocan estos números, aunque reconoció: “Hay más de 50 formas de medir la pobreza en el mundo y esta es medición de pobreza monetaria. Es importante que la gente lo entienda. Solamente mide los ingresos monetarios en ciudades grandes, no mide ciudades pequeñas, solamente las familias que declaran ingresos. Acá no están las que no declaran ingresos”.

El especialista remarcó que solamente “mide si el ingreso de esa familia alcanza para comprar una canasta, el valor de una canasta alimentaria de 52 ítems”. Sobre la reciente caída de la pobreza monetaria, explicó: “Están cayendo los precios relativos de los alimentos. Y no es porque estén bajando los alimentos, sino porque están acelerando a un ritmo menor de lo que están acelerando otros bienes de la economía. Por ejemplo, alquileres, expensas, servicios, combustible, transporte. Están subiendo muchísimo y los alimentos pierden peso relativo. Esta medición particular de pobreza monetaria pierde sentido cuando los precios relativos cambian mucho”.

Cuatro formas de medir la pobreza: resultados dispares y advertencias

Maldonado subrayó que los datos varían drásticamente según el método: “Hay cuatro formas de medir la pobreza en Argentina. Hay muchas más. Cuatro son robustas desde el punto de vista teórico y metodológico, y dan resultados completamente distintos. Una da 7 %, la otra da 28 %, la otra da 51 % y la otra da 67 %. ¿Cuál es la correcta?”. Ante la consulta sobre cómo explicar tanta diferencia, fue categórico: “Porque miden cosas distintas. Miden cosas absolutamente distintas”.

El investigador comparó la variedad de mediciones con un diagnóstico médico: “¿Cuál es el mejor diagnóstico para conocer la salud de una persona? Medirle la fiebre, hacer un estudio de sangre, hacer una tomografía computada o hacer una radiografía de rayos X. ¿Cuál va a ser tu respuesta? Depende cuál es la patología que tiene el paciente, ¿cierto? Depende de qué sufre. Entonces, esto es igual”.

De acuerdo a su análisis, “7 % mide solamente NBI, necesidad básica insatisfecha, lo hace el censo. 28 % es la pobreza monetaria, esta que estamos reportando ahora, de niños llega a 42. 51 % es la de estatus y poder adquisitivo de la Asociación Argentina de Market. Y la que da 67 % es la pobreza multidimensional que el mismo informe de UNICEF dice que se mantiene a lo largo del tiempo. Y esa mide todo lo que tiene que medir. Mide vivienda, acceso a servicios, mide salud, educación y agua potable”.

Perspectivas para 2026 y la advertencia sobre el rebote

Consultado sobre el futuro inmediato, Maldonado advirtió: “El mismo informe dice que se espera que crezca la pobreza y va a crecer porque hay una fuerte retirada del Estado de las cuestiones no monetarias. Entonces, cuando registremos pobreza multidimensional va a crecer. Y también hay alguna importante retirada del Estado de programas sociales que también se cuentan dentro de la pobreza multidimensional. Entonces, se espera, y el mismo informe de UNICEF lo reconoce, que va a haber tendencias de pobreza a la suba”.

El investigador insistió en que “va a mostrar un rebote, pero también me interesaría para el televidente que no es especializado, que se entienda que esta medición es superlimitada”. Y añadió que ese se ampliará “cuando se empiece a medir todos los otras accesos a derechos, cuando midamos calidad de la Educación, acceso a la Salud, acceso a servicios públicos, cuando midamos Transporte, cuando midamos esparcimiento, cuando midamos tiempo libre y calidad de ese uso del tiempo libre, los parámetros sociales que se vienen deteriorando hace mucho tiempo”.

Maldonado recalcó que la situación es estructural y excede a cualquier coyuntura política: “Porque hace mucho tiempo que se vienen deteriorando de modo sostenido y se van a seguir deteriorando. ”. Y sobre los parámetros de calidad de vida, explicó: “Me refiero a nuevos parámetros para medir la calidad de vida de las personas, que no solamente el ingreso monetario, porque lo que está pasando acá son una distorsión de precios relativos, entre los alimentos y el resto de los servicios. Se han disparado tanto el costo de los servicios, alquiler, transporte, que del total de lo que gasta una familia, los alimentos cada vez representan menos. Y cuando se mide eso, resulta que cae menos gente debajo de la pobreza”.

En ese mismo sentido, criticó la lectura reduccionista de los indicadores: “Es una falacia esto que vemos en varios medios de comunicación, de que tal presidente o tal presidenta sacó o metió seis millones, cinco millones o cuatro millones de personas en la pobreza de un semestre a otro, porque la pobreza es una condición estructural supercompleja de la que no se sale en seis meses ni se entra en seis meses. Sino que lleva décadas de construcción de esta situación tan lamentable en Argentina”.

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España registra la tasa de pobreza infantil más alta de toda la Unión Europea, con el 28,4% de los niños, niñas y adolescentes viviendo con ingresos por debajo del umbral de pobreza, según el XVI Informe El Estado de la Pobreza 2026, presentado este mes por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES) en el Congreso de los Diputados. En términos absolutos, 2,7 millones de menores están en esta situación, 8,8 puntos por encima de la media comunitaria (19,6%) y ya por delante de Bulgaria y Rumanía, que al contrario que España han logrado reducir su pobreza infantil de forma sostenida en la última década.

De hecho, el problema se agrava al constatar su resistencia al tiempo. Desde 2015, la tasa española apenas ha variado dos décimas, mientras la media de la Unión Europea mejoró 3,1 puntos en el mismo periodo. El informe, elaborado a partir de los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE) y de Eurostat, señala que la pobreza infantil en España responde a causas estructurales que no se corrigen con los ciclos de expansión económica.

La pobreza que afecta a los menores no solo supera en extensión a la del conjunto de la población (19,5%), sino que también es más profunda. La pobreza severa alcanza al 12,5% de los niños, niñas y adolescentes, frente al 8,0% del total nacional, y la brecha de pobreza infantil se sitúa en el 29,0%, tres puntos por encima de la media. La renta media anual por persona de los menores (11.220 euros) es un 28,2% inferior a la del conjunto de la población (15.620 euros), una distancia que se ha mantenido a lo largo de toda la serie histórica analizada por la EAPN-ES.

Ser hijo de madre soltera, factor de riesgo

La composición del hogar determina con fuerza la exposición al riesgo. El 50,6% de las personas en hogares monoparentales está en AROPE (el indicador europeo de riesgo de pobreza o exclusión social), y en las familias numerosas la cifra alcanza el 47,1%. En ambos casos, la tasa de pobreza severa supera el 17%. El informe recuerda que el 80,7% de los hogares monoparentales tienen a una mujer como única persona adulta a cargo, lo que subraya la desigualdad de género acumulada a lo largo del ciclo vital.

La intersección entre origen migratorio y tipo de hogar produce las situaciones de mayor vulnerabilidad. Más de la mitad de las personas de nacionalidad extracomunitaria que viven en hogares monoparentales están en pobreza severa (53,4%), según el informe de la EAPN-ES. El 67,5% de la infancia con madres o padres de origen extranjero se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social, de acuerdo con datos de la Plataforma de Infancia recogidos en un análisis paralelo publicado en junio de 2026.

Un sistema de protección pública insuficiente para la infancia

El sistema de protección social amortigua parcialmente esta realidad, aunque con una eficacia notablemente inferior a la de otros países del entorno. Sin las transferencias del Estado, excluidas las pensiones de jubilación, la pobreza infantil se dispararía del 28,4% al 35,0%, lo que equivale a más de 520.000 menores adicionales bajo el umbral. Aun con ese efecto reductor, España es el país de la UE donde las transferencias sociales menos reducen la pobreza infantil en términos relativos: un 18,9% de descenso, frente al 56,8% de Finlandia, el 56,6% de Dinamarca o el 52,0% de Irlanda.

Las prestaciones de garantía de renta (Ingreso Mínimo Vital (IMV) y rentas mínimas autonómicas) amplían su cobertura entre los menores en pobreza por tercer año consecutivo y llegan ya al 39,9% de los niños, niñas y adolescentes bajo el umbral, cuatro veces más que en 2019 (9,9 %). El Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI), vinculado al IMV, pasó de beneficiar a 661.019 menores en enero de 2024 a 850.055 en enero de 2025. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) estima, no obstante, que en 2024 el 72% de los menores con derecho a esta prestación no la recibía.

La vivienda, la gran barrera del bienestar

La vivienda actúa como factor clave para el riesgo de pobreza. Más de la mitad de quienes viven de alquiler en hogares con menores destinan más del 40% de sus ingresos al arrendamiento, según el informe. El 15,2% de los menores vive en condiciones de falta de espacio, cuatro veces más que en hogares sin menores (3,6%), y el 16,2% no puede mantener la vivienda a una temperatura adecuada durante los meses de invierno.

Además, la EAPN-ES advierte en el informe de que el crecimiento económico por sí solo no resolverá el problema. A un ritmo de expansión del PIB per cápita similar al de los últimos años, España necesitaría 39 años para erradicar la pobreza y siete para alcanzar la media europea de pobreza infantil. Así, la organización reclama un pacto de Estado que incluya medidas estructurales en materia de garantía de rentas, vivienda e inversión en infancia equiparables a las de los países europeos con mejores resultados.

Los resultados preliminares de la segunda vuelta presidencial en Perú, difundidos por Datum Internacional, permiten observar cómo se distribuyó la votación en los departamentos con mayores índices de pobreza monetaria, según el reporte de INEI de 2025.

Según el flash electoral, Keiko Fujimori (Fuerza Popular) obtuvo el 50,53% de los votos válidos y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) alcanzó el 49,47%, mostrando un escenario de empate estadístico y una diferencia mínima a nivel nacional, sujeta aún a cambios conforme avance el conteo oficial.

El análisis revela, además, una marcada preferencia por la candidatura de izquierda, representada por Sánchez, en las zonas más desfavorecidas del país, aunque existen matices y excepciones.

Cajamarca, Puno, Huánuco y Ayacucho: apoyo mayoritario a Sánchez

En Cajamarca, el departamento con mayor pobreza (41,0%), Roberto Sánchez obtuvo el 73,41% de los votos válidos, mientras que Keiko Fujimori alcanzó solo el 26,59%.

En Puno (37,5% de pobreza), Sánchez concentró el 82,21% frente al 17,79% de Fujimori, marcando la brecha más amplia en las regiones analizadas.

Un patrón similar se observa en Huánuco (35,7%), donde Sánchez obtuvo el 61,61% y Fujimori el 38,39%. En Ayacucho (33,7%), la tendencia se repite: Sánchez logró el 78,06%, mientras que Fujimori quedó con 21,94%.

Huancavelica, Pasco y Loreto: predominio de la izquierda, salvo en Loreto

En Huancavelica (34,3% de pobreza), Sánchez obtuvo el 78,87% de votos, mostrando una clara preferencia por propuestas de cambio.

En la vecina región de Pasco (36,4%), Fujimori logró una ajustada ventaja con 50,32% frente a 49,68% de Sánchez, reflejando un electorado dividido.

El caso de Loreto (40,1%) es una excepción: allí Fujimori se impuso con el 59,60% de los votos, mientras que Sánchez alcanzó 40,40%, a pesar del alto índice de pobreza.

Callao, Tumbes, Piura, Lima Metropolitana y La Libertad: voto mayoritario por Fujimori

En la Provincia Constitucional del Callao (32,1%), Fujimori obtuvo una diferencia significativa: 61,80% frente a 38,20%. En Tumbes (28,3%) y Piura (28,1%), la candidata de derecha también se impuso con 64,37% y 55,56%, respectivamente.

Finalmente, en Lima Metropolitana (26,8%), la candidata Keiko Fujimori encontró su principal bastión con 62,19% contra 37,81% de Sánchez, y en La Libertad (25,5%) la diferencia fue de 62,27% para Fujimori y 37,73% para su rival.

Un patrón diverso y fragmentado

El análisis de Datum Internacional muestra que, en varios de los departamentos con mayor pobreza monetaria, especialmente en la sierra sur y centro (Ayacucho, Puno, Huancavelica, Cajamarca, Huánuco), la preferencia electoral favoreció ampliamente al candidato de izquierda.

Sin embargo, en regiones de la costa norte y Lima, donde la pobreza monetaria también es significativa, el voto fue mayoritariamente para Keiko Fujimori.

La tendencia de apoyo a la izquierda en el sur andino y la sierra central coincide con antecedentes históricos de mayor voto contestatario en esos territorios, donde persisten brechas sociales y económicas.

Por el contrario, en la costa norte, Callao y Lima, donde la economía de mercado y la migración han tenido mayor influencia, el voto tiende a favorecer a candidatos de derecha, incluso en contextos de alta pobreza.

Es importante subrayar que estos resultados corresponden únicamente al flash electoral y variarán conforme avanza el escrutinio oficial. El mapa político regional podría modificarse a medida que se contabilicen las actas completas y se difundan los datos definitivos.

En Ginebra, Suiza, la conferencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se convirtió nuevamente en las últimas horas en el escenario del enfrentamiento entre el gobierno de Javier Milei y la CGT.

Tras las fuertes críticas cegetistas, el embajador argentino ante las Naciones Unidas, Carlos Foradori, en nombre de la administración libertaria, dio un discurso en el que defendió enfáticamente las medidas oficiales y criticó al sindicalismo por su “estruendoso silencio” en la gestión de Alberto Fernández: “No se llevó a cabo ninguna huelga nacional (mientras) El actual gobierno, en dos años y medio ya tiene un récord de cuatro”.

A partir de las palabras del diplomático argentino, que habló por segundo año consecutivo ante la OIT debido a que no asistió ningún funcionario gubernamental, se estableció una suerte de contrapunto con la CGT ya que este viernes, en su intervención ante la conferencia como delegado titular del sector de los trabajadores, Gerardo Martínez, insistió en los duros cuestionamientos al Gobierno: dijo que “el mensaje de la política sigue siendo la confrontación y el desprecio al que vive en la pobreza o al que trabaja en la informalidad”.

“El Gobierno desatiende demandas urgentes en términos económicos y sociales”, señaló el secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, que fue elegido vicepresidente de la conferencia de la OIT, en un discurso en el que también rechazó “el cepo salarial” en las paritarias y atacó a la Casa Rosada por haber impulsado “la ley de reforma laboral, propatronal que elimina derechos, que aplauden y celebran los empresarios oportunistas, y busca transferir al sector privado el rol del Estado afectando los valores de la justicia social”.

Foradori, quien habló hace 24 horas, dijo en su discurso que había escuchado “con respeto” la intervención del cotitular de la CGT Jorge Sola (Seguros), pero advirtió que sus objeciones se alejaron de la “discusión principal” de la OIT y, tras destacar que “los hechos son inmunes a las ideologías”, repasó cifras de crecimiento, inflación, pobreza y superávit financiero en la Argentina.

Entre los datos destacados, detalló que en diciembre de 2023 el déficit consolidado del Tesoro y del Banco Central superaba el 15% del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que la pobreza se estimaba en 41,7% de la población y la inflación avanzaba a un ritmo cercano al 1% diario. El diplomático comparó este escenario con las cifras de 2025 y 2026, reportando que, según datos y proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), el país alcanzó un crecimiento económico del 4,4% en 2025, y se prevé un aumento adicional del 3,5% para 2026, frente a un promedio regional de 2,3%.

En materia de inflación, detalló que la variación anual cayó al 32,4%, con un alza mensual de 2,6% en abril. Dijo que la Argentina alcanzó el superávit financiero por primera vez desde 2010, con un saldo equivalente al 0,3 % del PIB en 2025 y manteniendo tanto superávit primario como financiero en el primer trimestre de 2026, según las cifras que aportó.

En relación con los índices sociales, Foradori informó que el índice de pobreza cayó desde el 52,9% en el primer semestre de 2024 hasta el 28,2% en el segundo semestre de 2025, y afirmó que la Asignación Universal por Hijo (AUH) experimentó un aumento superior al 560% comparado con diciembre de 2023, recuperando más del 100% del poder adquisitivo real, mientras que la prestación Alimentar amplió su cobertura en más de 600 mil adolescentes y creció 137% en igual período.

Cuando habló sobre la evolución de las condiciones laborales, mencionó que la tasa de desempleo se ubicó en 7,5%, “uno de los niveles más bajos en varias décadas”, aunque la informalidad laboral afecta al 40% de los trabajadores. Tras ello, recordó que el Congreso aprobó una ley laboral destinada a incentivar la formalidad, la contratación y la adecuación normativa a las nuevas dinámicas productivas y tecnológicas.

“Nada de esto significa que no existan problemas ni que el Gobierno sea infalible. Nada de esto significa que no haya errores y errores por corregir -admitió-. Significa algo mucho más simple y mucho más poderoso: que los argentinos decidieron democráticamente dar una oportunidad al cambio. Y lo dijeron con la herramienta más poderosa que tiene una democracia, que es el voto”.

Foradori agregó enseguida: “Se habló de que el Gobierno ejercía autoritarismo. Pues bien, con más del 40% de apoyo a nivel nacional en octubre pasado, el pueblo argentino ratificó el rumbo del Gobierno”.

Por eso consideró que “los cambios ofrecen resistencias, pero la visión del pueblo implicó, como una siembra de conciencia colectiva, que haciendo siempre lo mismo íbamos a llegar a idénticos y penosos resultados”. “Esto demuestra, conforme nos enseña la historia, que las naciones no fracasan cuando enfrentan dificultades, fracasan cuando pierden la voluntad de superarlas. La Argentina ha recuperado esa voluntad”, concluyó.

Por su parte, Gerardo Martínez comenzó su discurso describiendo un panorama internacional marcado por una “policrisis” donde, según resaltó, “la pobreza y la desigualdad avanzan de la mano de guerras y de la recesión económica". En ese contexto, cuestionó el retroceso del multilateralismo global y recordó que la crisis financiera de 2008 se resolvió a partir del esfuerzo de los Estados, mientras que los países desarrollados siguen siendo apenas 40 sobre un total de 190.

El representante de la CGT subrayó que el 10% de la población mundial concentra el 75% de la riqueza, un fenómeno que se incrementó en el último medio siglo: dijo que la fortuna acumulada por los 1000 mayores multimillonarios pasó de representar el 3% del PIB mundial hace 40 años a más del 17% en la actualidad.

Martínez remarcó que se atraviesa “un período histórico de extrema concentración económica global”, y consideró que, ante ese panorama, resulta “impostergable un nuevo contrato social que redefina el equilibrio entre capital y trabajo”. Sostuvo que de no actuar a tiempo, “el destino de más pobreza es inexorable”.

Luego, el líder de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) vinculó el auge de la inteligencia artificial y la automatización con el riesgo de una “justicia social artificial” si las innovaciones tecnológicas no se subordinan a objetivos de desarrollo real. Respaldó su mirada en la encíclica del papa León XIV y subrayó: “Toda introducción de automatización debe ir acompañada de medidas verificables de protección del empleo, recalificación y participación de los trabajadores, y de la sociedad en su conjunto”.

Martínez denunció que, en América Latina, las brechas históricas se agravan con una mayor expansión de la informalidad y el desempleo, y alertó sobre “asesinatos, persecuciones y encarcelamientos” contra dirigentes sindicales y gremios, situando a la libertad sindical y el diálogo social como pilares de la democracia.

Al apuntar a la situación en la Argentina, le apuntó al Gobierno porque "el mensaje de la política sigue siendo la confrontación y el desprecio al que vive en la pobreza o al que trabaja en la informalidad".

Tras destacar que “el Gobierno desatiende demandas urgentes en términos económicos y sociales”, dijo que “los costos del ajuste profundizan la pérdida del poder adquisitivo y la precarización del empleo existente”.

Uno de los tramos más duros de su discurso fue cuando criticó la Ley de Modernización Laboral: “En connivencia con las administraciones provinciales, el Gobierno aprobó la ley de reforma laboral, propatronal que elimina derechos, que aplauden y celebran los empresarios oportunistas, y que busca transferir al sector privado el rol del estado afectando los valores de la justicia social”.

“Desde el sindicalismo argentino -sostuvo luego- reafirmamos nuestro compromiso de promover un pacto económico y social que impulse la sostenibilidad económica, con políticas orientadas a incrementar la producción, la innovación, la inversión, la generación de empleo y la formalización laboral".

Sin embargo, aunque puntualizó que “una mesa de diálogo sostenible será la llave maestra para resolver los problemas estructurales de nuestro país”, Martínez se quejó de que “tenemos propuestas y las ignoran”.

A continuación, enfatizó: “Reclamamos el libre ejercicio de la negociación colectiva y rechazamos toda imposición de un techo a la negociación salarial. Debemos reiterarlo una vez mas: no al cepo salarial".

El sindicalista defendió “un proyecto de país donde el capital este al servicio de la economía y la economía al servicio del bienestar social” y, para finalizar, indicó: “Sostenemos la necesidad de una agenda de diálogo para una Argentina del desarrollo, con derechos, con mas protección social y donde nadie sea prescindible".

Tradicionalmente, la pobreza ha sido definida como la ausencia de dinero. Es decir, no tener los ingresos necesarios para cubrir el costo de la Canasta Básica Familiar (S/ 1848 por un mes para una familia de 4 personas), que incluye bienes y servicios requeridos para vivir de manera apropiada. No obstante, la experiencia de las personas que están en situación de pobreza va mucho más allá de la falta de ingresos.

Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la pobreza no es simplemente un tema económico, sino un fenómeno que tiene múltiples dimensiones e incluye no solo la falta de ingresos, sino también la carencia de habilidades básicas para vivir con dignidad.

La pobreza multidimensional es una medida de la pobreza que considera diversos factores presentes en los hogares, desde su nivel de vida básico hasta el acceso a escolaridad, agua limpia y atención de salud. Ya que, por las brechas en servicios para la comunidad presentes en algunas regiones, se pueden contar con los ingresos suficientes, es decir no ser pobre monetario; sin embargo, en algunas zonas del país no se cuentan con los servicios básicos necesarios, tales como: agua potable, electricidad, centros de salud y escuelas de calidad.

La pobreza no se limita a la falta de ingresos. El Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) permite medir las carencias en salud, educación y calidad de vida.

Desde un enfoque monetario, la pobreza supone la insuficiencia de recursos monetarios para adquirir una canasta de consumo mínima aceptable socialmente. En consecuencia, están en situación de pobreza aquellas personas cuyo consumo mensual resulte inferior al gasto mínimo para alcanzar un nivel de vida aceptable.

Con esta metodología, la medición de la pobreza se basa en una estimación sobre la posibilidad de las personas de adquirir ciertos bienes; sin embargo, no se evalúa cómo se gastó ese monto o si se destinó mayoritariamente a cubrir necesidades básicas.

La pobreza monetaria mide cuánto hay en el bolsillo para alimentarse y vivir razonablemente, mientras que la pobreza multidimensional profundiza en la carencia de oportunidades para el desarrollo.

Los desafíos que persisten más allá de los ingresos incluyen las limitaciones en el acceso a servicios de salud, que disminuyeron del 28,4 % al 22,5 %; las limitaciones en educación, que disminuyeron del 52,3% al 51,1%; y las limitaciones en vivienda adecuada, que disminuyeron del 32,6 % al 32,4% entre 2024 y 2025.

El progreso en la reducción de la pobreza multidimensional se concentra en un mayor acceso a servicios de salud. Sin embargo, preocupa el retroceso en la cobertura de servicios básicos. Entre 2019 y 2025, la proporción de peruanos que accedió a agua a través de red pública en sus hogares disminuyó de 89,8 % a 88,1%, lo que equivale a 820.000 personas menos.

La obligación de los Estados de asegurar que las personas disfruten plenamente de sus derechos está estrechamente relacionada con el problema de la pobreza. Por esta razón, la ONU sostiene que eliminar la pobreza no es simplemente un deber moral, sino también una obligación legal conforme a las leyes internacionales de derechos humanos.

Es fundamental considerar que los derechos humanos, constitucionales o fundamentales son componentes cruciales y pilares de todo sistema democrático y constitucional de derecho, así como de las estructuras internacionales que protegen los derechos humanos.

Algunos residentes de Washington D.C. ahora tendrán que demostrar que trabajan o son voluntarios para poder recibir ayuda con los alimentos, un cambio impuesto por el gobierno federal que, según los abogados de los residentes más pobres de la ciudad, aumentará el hambre en los próximos meses y años.

Los requisitos laborales, que se están implementando gradualmente en todo el país, se aplican a los adultos que dependen del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) y que no cumplen con los requisitos para otras exenciones, como tener hijos pequeños o una discapacidad.

Una nueva ley les exige demostrar que trabajan al menos 20 horas semanales o que participan en un programa de capacitación o voluntariado aprobado durante un número determinado de horas al mes.

Según funcionarios del Departamento de Servicios Humanos de DC, la elegibilidad para el programa SNAP podría verse afectada por el cambio, que entró en vigor localmente el lunes.

Sin embargo, los críticos advierten que los nuevos requisitos podrían afectar a un mayor porcentaje de los 133.000 residentes de la ciudad que reciben SNAP, porque algunos podrían pensar erróneamente que ya no reúnen los requisitos para recibir los beneficios.

“Una de nuestras mayores preocupaciones es que haya personas que, a pesar de cumplir los requisitos para recibir estos beneficios, queden desamparadas”, declaró Jessica Berger, abogada supervisora ​​de Legal Aid DC, que ayuda a las personas a acceder a los beneficios públicos.

“La investigación nos indica que las personas más vulnerables y con mayores obstáculos son las que terminan perdiendo el acceso a estos beneficios ”.

A nivel nacional, los efectos de estos cambios podrían ser significativos. La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó el año pasado que, en promedio, alrededor de 3,2 millones de personas podrían dejar de recibir los beneficios del programa SNAP cada mes si entraran en vigor los nuevos requisitos laborales.

En Washington D.C., la implementación será gradual y las autoridades enfatizan que nadie perderá sus beneficios de inmediato.

En cambio, los requisitos laborales entrarán en vigor cuando un beneficiario de SNAP deba recertificar su elegibilidad ante la ciudad. En algunos casos, la recertificación se requiere cada seis meses, mientras que a otros hogares se les asignan intervalos más largos.

La directora del Departamento de Servicios Humanos, Rachel Pierre, declaró en una entrevista que la agencia se había puesto en contacto con los beneficiarios del programa SNAP para informarles sobre el cambio, y prometió que la ciudad ayudaría a los residentes a mantener sus beneficios siempre que fuera posible en medio de los nuevos requisitos.

“Cuando una familia o un individuo sufre inseguridad alimentaria o económica, nuestra labor es asegurarnos de que puedan acceder a los servicios y recursos a los que tienen derecho”, dijo Pierre, quien reconoció que le preocupaba que la gente optara por no renovar su certificación o incumpliera los requisitos y perdiera sus beneficios.

Berger afirmó que la comunicación de la ciudad debería ser más clara y personalizada. Explicó que los mensajes generales sobre los requisitos laborales podrían llevar a los residentes que cumplen los requisitos para obtener una exención a pensar que ya no son elegibles para el programa SNAP.

Sin embargo, Pierre indicó que la ciudad solo puede determinar quién califica para una exención una vez que solicita o renueva sus beneficios.

Berger comentó que la organización Legal Aid ya ha recibido consultas de clientes que están confundidos con los cambios.

Un cliente que llamó recientemente por un asunto ajeno mencionó de pasada que perdería sus beneficios del programa SNAP. Sin embargo, Berger explicó que, en realidad, esta persona estaba exenta porque tiene hijos menores de 14 años.

En Washington D.C., los nuevos requisitos laborales aumentarán las responsabilidades administrativas de una agencia que, en algunos casos, ya tiene dificultades para responder a la alta demanda de asistencia alimentaria.

En 2024, la ciudad recibió una multa de 4,4 millones de dólares del gobierno federal por pagar con demasiada frecuencia, ya sea de más o de menos, las prestaciones a los beneficiarios del programa SNAP.

Pierre afirmó que la agencia lleva meses actualizando sus sistemas y capacitando a su personal para prepararse para las nuevas normas.

Además de crear nuevos desafíos para el gobierno municipal, Berger argumentó que los cambios tenían su origen en ideas erróneas sobre los pobres.

“La mayoría de los hogares que reciben SNAP tienen personas trabajando”, dijo. “Por lo tanto, la idea de que las personas no trabajan y deben trabajar para obtener estos beneficios se basa en estereotipos sobre las personas que necesitan asistencia pública ” .

La ciudad ha estado trabajando para crear oportunidades de voluntariado en organizaciones locales sin fines de lucro, las cuales, según Pierre, ofrecerán al menos 1600 plazas para los residentes interesados ​​en participar para ayudar a cumplir con los requisitos del programa SNAP.

© 2026, The Washington Post

La pobreza monetaria en República Dominicana disminuyó a su nivel más bajo de la última década, ubicándose en 15.4 % durante el primer trimestre de 2026, de acuerdo con el informe preliminar presentado por el Ministerio de Hacienda y Economía. Este resultado representa una reducción de 2.6 puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior, cuando la tasa era de 18.1%.

El informe oficial señala que esta disminución está relacionada con el crecimiento económico observado en el mismo tiempo. El Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE) registró una variación acumulada de 4.1%, lo que sugiere que la expansión de la producción nacional permitió mejoras en los ingresos de los hogares más vulnerables.

Además, la aplicación de aumentos en los salarios mínimos sectorizados y no sectorizados, implementados desde abril del año pasado hasta febrero de 2026, benefició a los ciudadanos con menor poder adquisitivo.

Según la información validada por la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) y el Banco Central de la República Dominicana (BCRD), “los ingresos laborales percibidos durante los últimos 12 meses, comprendidos entre abril de 2025 y marzo de 2026, reflejaron un incremento al comparar con los reportados entre abril de 2024 y marzo de 2025.

Esto permitió que la contribución del ingreso laboral a la reducción de la pobreza alcanzara 3.74 puntos porcentuales, contrarrestando así el efecto de la inflación”, detalla el boletín oficial.

Al analizar los datos por territorio, la pobreza rural mantiene una incidencia superior a la urbana, situándose en 18.8 %, cuatro puntos por encima del 14.8 % que se registra en las ciudades.

El reporte recuerda que la pobreza monetaria se define como la situación de déficit entre los ingresos de los hogares y los recursos necesarios para adquirir una canasta básica de bienes y servicios.

La pobreza tiene rostro de mujer en República Dominicana

El Análisis del Desempeño Económico y Social 2025, difundido por las autoridades en las últimas semanas, señala que la pobreza monetaria bajó a su mínimo en diez años, aunque persisten brechas estructurales que limitan una reducción equitativa.

Según el documento, la incidencia general de la pobreza pasó de 19.0 % en 2024 a 17.3 % en 2025, mientras que la pobreza extrema disminuyó de 2.4% a 2.2%. Esto equivale a que 172,346 personas superaron la línea de pobreza durante ese periodo.

El informe enfatiza que la reducción de la pobreza se debió principalmente al efecto crecimiento, con una baja de 3.9 puntos porcentuales, aunque el efecto distribución y la inflación, con aumentos de 0.7 y 1.5 puntos respectivamente, limitaron el avance.

Persisten desafíos sustanciales, como la mayor incidencia entre la población menor de 15 años, donde la tasa llega a 30.1 %, casi el doble del promedio nacional, y la afectación más alta en los hogares encabezados por mujeres, cuya tasa supera en 3.8 puntos la de los hogares con jefatura masculina.

El índice de feminización de la pobreza aumentó de 21.2 a 26.0 entre 2024 y 2025.

El análisis territorial muestra que la región Norte registró la mayor baja, con una caída de 3.1 puntos, mientras que las regiones Ozama y Sur mantienen los niveles más elevados de pobreza.

El documento advierte que estas cifras reflejan la persistencia de brechas estructurales, especialmente entre la infancia, los hogares con jefatura femenina y las zonas con mayor rezago, lo que dificulta una mejora equitativa del bienestar social.

En esa lectura, el dato que usó para medir el cambio fue doble. Por un lado, afirmó que el Gobierno inició su gestión con más de 50 puntos de pobreza y que hoy ese nivel está por debajo de 30; por otro, señaló que el riesgo país bajó de más de 2.000 puntos a 500.

Miedziak habló en Infobae en Vivo antes del inicio del encuentro del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas, que este año lleva como lema “Nuevo Contexto Global: El Desafío de la Consolidación”. Desde allí planteó que la discusión ya no pasa solo por corregir desequilibrios, sino por definir si las mejoras recientes pueden sostenerse en un país donde economía y política suelen moverse juntas.

Para el presidente del IAEF, la principal novedad es el cambio de eje de la incertidumbre: antes estaba concentrada en la Argentina y ahora se desplazó al exterior. La consecuencia, según su planteo, es que el país ganó previsibilidad relativa, pero todavía necesita completar reformas para transformarla en competitividad duradera.

La incertidumbre, fuera de la Argentina

En la antesala del congreso, Miedziak describió un escenario internacional inestable y contrapuso esa situación con la dinámica local. “En Argentina parece que tenemos por primera vez en casi la historia más previsibilidad de lo que puede pasar por el mundo. Nadie está esperando cosas que pasaron siempre en Argentina, como que haya una gran volatilidad o que haya una inflación que nadie está esperando. Y en el mundo nadie sabe qué va a pasar en dos o tres semanas”, dijo el ejecutivo.

Su planteo no se limitó al contraste coyuntural. También remarcó que la consolidación argentina exige mirar la economía junto con la política, porque en el país ambos planos siguen estrechamente ligados y eso impide analizar los resultados de manera aislada.

Para explicar esa idea, recurrió a una comparación regional. “El caso de Perú a mí me encanta, porque en Perú el presidente del Banco Central lleva veinte años, con lo cual vos tenés muchos vaivenes políticos, pero la economía está bastante estable. Acá en Argentina siempre tenés que ver qué es lo que pasa”, dijo Miedziak.

Baja de la pobreza y del riesgo país

Miedziak sostuvo que en casi “treinta años” de gobierno se hicieron “muchas cosas bien” y eligió un criterio principal para juzgar resultados. “Creo que el más importante que uno tiene que ver es el índice de pobreza y tenemos que evaluar a todos los gobernantes por si hay más o menos pobres. Este es un gobierno que empezó con más de cincuenta puntos y tiene hoy menos de treinta puntos”, dijo el presidente del IAEF.

Luego sumó un segundo termómetro y lo presentó como una referencia menos expuesta a cuestionamientos locales. “Hay uno muy bueno que es el riesgo país, que todos lo conocen, que es básicamente cuál es el riesgo de hacer negocios en nuestro país. Y eso a mí me gusta mucho, porque es uno de los indicadores que los argentinos no pueden manipular”, planteó.

Sobre ese punto, precisó la magnitud del descenso y marcó a la vez el límite de la mejora. “El Gobierno empezó con más de 2.000 puntos, hoy está en 500. Queda un largo camino por recorrer. Yo le cuento a tu audiencia, por ejemplo, que acá del otro lado del río de La Plata, el riesgo país es de cincuenta puntos. O sea, es tremendo lo que falta, pero también es mucho lo que se hizo”, comparó Miedziak.

En esa misma secuencia, agregó que la inflación también muestra una tendencia descendente cuando se la observa en términos anuales, aunque no desarrolló cifras adicionales sobre ese indicador durante la entrevista.

La reforma tributaria, una cuenta pendiente

Miedziak recordó que en la edición anterior del congreso el IAEF había pedido tres cambios: una reforma laboral, un Estado más ágil y una reforma tributaria. Según su balance, dos de esos puntos registraron avances, mientras que el tercero sigue abierto y aparece como el obstáculo principal para mejorar la competitividad.

“La reforma laboral se dio, ahora lo que resta es ver cómo es la implementación de esa reforma”, dijo Miedziak. Sobre el segundo punto, sostuvo que ya existe un Ministerio de Desregulación y mencionó al ministro Federico Sturzenegger como el funcionario encargado de impulsar una estructura estatal más ágil.

El reclamo más enfático estuvo puesto en los impuestos. “Todavía falta una reforma muy grande, que es lo que tiene que ver con la reforma tributaria. Argentina no está para competir con muchos países y cuando encima de esa diferencia de competitividad le sumás que el costo impositivo es muy grande, es lo que todavía falta”, dijo.

A continuación explicó por qué, a su juicio, esa discusión es más compleja que las otras: “Creo que es algo bastante complicado, porque tenés tres diferentes entes que tienen que ponerse de acuerdo. Vos tenés impuestos municipales, tenés impuestos provinciales y después tenés los impuestos federales”.

Según su descripción, hubo reducciones tributarias parciales, pero no una coordinación integral entre niveles del Estado. “El país estuvo haciendo unas bajas de impuestos, pero, a decisión propia, me parece que falta todavía esa mesa para que, bueno, el costo impositivo no sea el que estamos teniendo y sobre todo el que creo que te prohíbe bastante la competitividad a nivel mundial”, enfatizó el titular del IAEF.

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Mirá la entrevista completa a Pablo Miedziak, presidente del IAEF

El Salvador experimenta un crecimiento económico impulsado principalmente por la construcción y el turismo, pero enfrenta el desafío de generar empleos suficientes para su población, según el economista y expresidente del Banco Central de Reserva (BCR), Carlos Acevedo.

Durante los últimos tres años, la economía salvadoreña alcanzó un promedio de crecimiento del 3.3%, una cifra que supera el promedio regional de América Latina y coloca al país en una posición favorable dentro del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).

De acuerdo con declaraciones Carlos Acevedo, a través de una entrevista matutina en Diálogo 21, “este año, dependiendo de las fuentes, las proyecciones van entre 3 y 3.5% por ciento”, ese ritmo de expansión representa un cambio respecto al bajo desempeño registrado entre 2000 y 2022, cuando el promedio fue de 2%.

El sector de la construcción ha sido uno de los motores más visibles de este avance. “A pesar del dinamismo de la construcción, que está generando un montón de empleos, existe la percepción de que solo los grandes constructores se benefician, pero hay un efecto multiplicador importante porque la construcción implica contratación de mano de obra, desde ingenieros hasta albañiles”, señaló Acevedo.

El economista explicó que este sector también demanda materiales, equipos y servicios, lo cual impacta en distintos niveles de la economía.

El turismo se suma como otra fuente de actividad que aporta al crecimiento. El país ha incrementado la llegada de visitantes y generado nuevas oportunidades, mientras las remesas familiares continúan representando un flujo relevante de divisas que ayuda a sostener el consumo interno.

Según Acevedo, “el ingreso de remesas y el turismo han dado un respiro a la economía”, aunque advirtió que estos factores no han sido suficientes para que toda la población perciba mejoría en su calidad de vida.

El progreso económico comienza a reflejarse en algunas estadísticas sociales. Acevedo destacó que “la última Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples arrojó una tasa de pobreza total del 22.5 %, la más baja jamás registrada en El Salvador”.

Esto significa que, por primera vez desde que existen registros, la pobreza se redujo en términos relativos; sin embargo, el propio economista advirtió que “uno de cada cuatro hogares está en situación de pobreza, lo cual es inaceptable”, y subrayó que cerca de medio millón de personas viven en pobreza extrema.

Uno de los principales retos que enfrenta El Salvador es la creación de empleos formales y bien remunerados. Según Acevedo, “el reto es empezar a levantar aún más la tasa de crecimiento para que se genere mayor empleo”, y recalcó la importancia de generar oportunidades laborales como mecanismo principal para reducir la pobreza.

“El factor principal para la reducción de la pobreza es el empleo”, reiteró el economista, citando estudios del Banco Mundial.

El costo de la vida se mantiene como una preocupación central para buena parte de la ciudadanía. Aunque la inflación bajó a niveles en torno al 2.2 %, Acevedo explicó que “la gente resiste el alto costo de la vida porque los precios desde el 2022 han crecido más de lo que han crecido los ingresos”.

Esto provoca que muchas familias ajusten su consumo y modifiquen hábitos alimenticios para afrontar la carestía. Acevedo también alertó sobre el impacto que podrían tener factores externos como el precio internacional del petróleo y eventuales sequías, que pueden influir negativamente en los precios de la canasta básica.

El analista reconoció que, pese a la mejora en algunos indicadores, el entorno para atraer inversión extranjera directa sigue siendo limitado. “El Salvador todavía sigue teniendo problemas para atraer inversión. Somos el penúltimo país en la región en ese sentido”, advirtió Acevedo.

La apuesta por la educación y la actualización de la infraestructura escolar se presenta como un elemento clave de mediano y largo plazo para mejorar la competitividad en el sector de empleo. Acevedo sostuvo que “la clave es apostarle a un crecimiento económico inclusivo, que genere empleos de calidad con salarios de calidad”. Enfatizó la relevancia de invertir en educación y en mejorar la formación docente, aunque los resultados de ese esfuerzo se verán con el tiempo.

El INEI presentó las cifras de pobreza, mostrando que el 25.7% de la población peruana vive en condiciones de pobreza monetaria, menor al 27.6% del 2024. Como siempre, los promedios ocultan las disparidades regionales: Ica, Madre de Dios y Moquegua, tienen menos del 10% de su población en condición de pobreza, mientras que Cajamarca y Loreto, se superan el 40%.

De otro lado, el 47.3% de la población peruana sufre de inseguridad alimentaria moderada y un 4.3% de la severa, lo cual quiere decir que la población tiene un limitado consumo de alimentos (25.2%), enfrenta vulnerabilidad económica y/o requiere utilizar más de 2 estrategias de afrontamiento (45%), como vender activos o utilizar ahorros para comprar alimentos. La inseguridad alimentaria se produce porque: a) no existen alimentos disponibles; b) existen problemas de acceso, es decir, las familias no los pueden comprar porque no tienen recursos financieros o porque los precios son excesivos; y/o, c) los hogares no pueden utilizar y distribuir los alimentos de manera eficiente dentro del hogar, porque no tienen insumos complementarios adecuados (energía, refrigeración).

La pobreza se relaciona con la inseguridad alimentaria, en varias dimensiones: a nivel país la pobreza limita los recursos para producir y/o importar alimentos; en lo subnacional puede reducir los recursos para construir caminos y mercados que permiten poner los alimentos a disposición de la población; a nivel del hogar, al reducir los recursos para comprar alimentos de calidad.

Siete regiones tienen más del 45% de la población en inseguridad alimentaria y también más del 30% de la población en pobreza monetaria; mientras que otras trece regiones también tienen más del 45% de su población con inseguridad alimentaria, pero con menos de 30% e incluso 20% de la población en pobreza. Entonces, la lucha contra la pobreza debe ser una prioridad, pero reducir la inseguridad alimentaria debe ser un objetivo específico de esa prioridad.

Por ello, la estrategia debe abordar dos niveles: en un primer nivel, generar las condiciones para recuperar tasas de crecimiento del PBI superiores al 6%, para reducir la pobreza en el país; ello requiere fomentar la inversión pública y privada, lograr un gasto público eficiente, y tener una institucionalidad operativa, honesta y estable. Pero en un segundo nivel, se requiere implementar estrategias en relación con la disponibilidad, acceso y uso de alimentos.

En este segundo nivel, la investigación “Mecanismos para reducir la Inseguridad Alimentaria: el rol de la productividad agraria, y las mejoras en disponibilidad, acceso y uso de los alimentos” publicada en “Agenda 2026” propone acciones para cada uno de esos pilares. Para la mayor disponibilidad, se requiere elevar la productividad agrícola, a través de mejorar los insumos de producción: semillas, riego, y capacidad técnica, así como lograr una mayor diversidad de cultivos en el ámbito rural, especialmente en zonas altoandinas; para un mejor acceso a alimentos, se requiere esquemas de provisión para la población de menores recursos (p.e, vales de consumo); y programas alimentarios focalizados en población que sufre inseguridad alimentaria de manera específica, y que la distribución no sea sólo con el criterio de pobreza.

Estas estrategias, propuestas por el Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, enfrentan actualmente oportunidades, pero también riesgos: en cuanto a oportunidades, estamos en una fase de altos precios de los minerales, lo cual favorece nuestros términos de intercambio y esto implica más recursos públicos en el corto y mediano plazo, así como mayores inversiones del sector privado, todo lo cual puede contribuir a elevar el crecimiento. Además, el boom tecnológico con la inteligencia artificial puede brindar oportunidades para el sector agrario, y ello contribuir a mejor las condiciones de disponibilidad de alimentos. En el caso de los riesgos, la potencial presencia de un Fenómeno El Niño, de una intensidad no vista en décadas, y la incertidumbre electoral, que detiene la inversión, son factores que afectan la implementación de las estrategias antes mencionadas. Frente a ello, se debe aprovechar las oportunidades y actuar sobre los riesgos, lo que implica prevenir y tener planes de acción. Lo que no podemos hacer es quedarnos paralizados.

La República Dominicana registró una disminución en la tasa de pobreza monetaria general, que alcanzó el 15.4 % durante el primer trimestre de 2026, según el último informe emitido por el Ministerio de Hacienda y Economía (MHE). Esta cifra refleja una reducción de 2.6 puntos porcentuales en comparación con el mismo periodo de 2025, cuando el índice se ubicó en 18.1 %. El descenso, validado por la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) y el Banco Central de la República Dominicana (BCRD), se atribuye a factores como el aumento del ingreso laboral y la expansión de la actividad económica nacional.

El reporte oficial del Gobierno dominicano vincula este retroceso de la pobreza a la evolución positiva del Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE), que acumuló una variación de 4.1 % durante los primeros tres meses del año. El comportamiento sugiere que la expansión de la actividad productiva incidió en la mejora de los ingresos de los sectores más vulnerables, de acuerdo con el análisis difundido por el MHE.

La información, avalada por la ONE y el BCRD, enfatiza que los ingresos laborales percibidos entre abril de 2025 y marzo de 2026 reflejaron un incremento respecto al mismo periodo del año anterior. Según detalla el boletín oficial, la contribución del ingreso laboral a la reducción de la pobreza fue de un 3.74 puntos porcentuales, cifra que permitió contrarrestar el impacto de la inflación en el poder adquisitivo de los hogares.

“Los ingresos laborales percibidos durante los últimos 12 meses, comprendidos entre abril de 2025 y marzo de 2026, reflejaron un incremento al comparar con los reportados entre abril de 2024 y marzo de 2025. Esto permitió que la contribución del ingreso laboral a la reducción de la pobreza alcanzara 3.74 puntos porcentuales, contrarrestando así el efecto de la inflación”, señala el boletín elaborado por el propio Ministerio de Hacienda y Economía.

Otra variable clave señalada por el MHE fue la implementación del aumento de los salarios mínimos sectorizados y no sectorizados, ejecutado entre abril de 2025 y febrero de 2026. Esta medida benefició a los ciudadanos de menor poder adquisitivo, aportando al descenso de la pobreza monetaria general en el país.

Es importante recalcar que la definición de pobreza monetaria, utilizada por las autoridades dominicanas, corresponde a la insuficiencia de ingresos en los hogares para cubrir el costo de una canasta normativa de bienes y servicios básicos. Los cálculos y variaciones reportados emplean los valores originales con máxima precisión, aunque las cifras publicadas están redondeadas para facilitar su exposición, lo que puede generar pequeñas discrepancias en operaciones aritméticas, según el propio documento.

Brecha entre la pobreza rural y urbana

El informe también destaca diferencias territoriales en la distribución de la pobreza. La pobreza rural se mantiene como la más elevada, situándose en 18.8 %, lo que representa 4.0 puntos porcentuales por encima del nivel registrado en zonas urbanas, donde la incidencia alcanza el 14.8 %.

El Gobierno atribuye esta brecha a factores estructurales y de acceso a oportunidades económicas en las distintas regiones de la isla.

La pobreza en Guatemala alcanza al 56% de la población y no muestra cambios de fondo pese a que la Organización de las Naciones Unidas ejecutó USD 923 millones en proyectos de desarrollo entre 2021 y 2025, según su Informe Anual de Resultados 2025.

El documento atribuye la persistencia del problema a la falta de oportunidades y al peso de la informalidad laboral.

El informe de Naciones Unidas señala que la pobreza extrema se mantiene en 16.2% y que 67.9% de los trabajadores sigue en la informalidad. Entre niños, niñas y adolescentes, 80.8% vive en precariedad económica, un indicador que, de acuerdo con el organismo, agrava el riesgo de rezago educativo y vulnerabilidad social.

En el mismo período, la ONU ejecutó 378 iniciativas y reportó avances puntuales en servicios sociales y prevención de crisis. La agencia también registró ataques contra defensores de derechos humanos, periodistas y operadores de justicia, y advirtió sobre el uso del sistema penal contra actores vinculados a investigaciones de corrupción.

Los datos del informe de la ONU sobre pobreza e informalidad

El Informe Anual de Resultados 2025 de Naciones Unidas sitúa en 56% la proporción de guatemaltecos en situación de pobreza, sobre una población de 18.7 millones de habitantes. El organismo vinculó el estancamiento con dos factores: falta de oportunidades y informalidad laboral sostenida.

En el detalle, la ONU consignó que la pobreza extrema permanece en 16.2%, mientras que 67.9% de la fuerza laboral continúa en la economía informal. Para la población menor de edad, el reporte ubicó en 80.8% el porcentaje de niños, niñas y adolescentes que viven en precariedad económica.

Fondos ejecutados y evolución del financiamiento internacional

Naciones Unidas informó que, en conjunto, ejecutó USD 923 millones en Guatemala durante el ciclo 2021-2025, a través de 378 iniciativas. El documento también describió una caída en la ejecución anual después del pico de USD 250,1 millones en 2022.

Según el mismo informe, la ejecución se redujo en los años siguientes hasta cerrar en USD 187.9 millones en 2025. La ONU atribuyó esa trayectoria a una tendencia descendente en la movilización de fondos internacionales durante la etapa final del quinquenio.

Resultados reportados en servicios sociales y acciones ante la sequía

Durante el último año del período evaluado, Naciones Unidas informó que 4.5 millones de personas ampliaron su acceso a servicios sociales esenciales a través de programas de asistencia.

Entre las medidas, el organismo indicó que brindó apoyo logístico para la instalación de más de 50.000 pisos de concreto en viviendas vulnerables.

Con ese componente, la ONU reportó que se declaró a diez municipios libres de pisos de tierra.

En paralelo, el informe consignó la primera acción anticipatoria colectiva de Centroamérica frente a la sequía en el Corredor Seco, que, según el organismo, asistió de forma preventiva a 67,500 personas en riesgo de inseguridad alimentaria.

Miguel Barreto, coordinador residente de la ONU en Guatemala, planteó: "Construir capacidades previas" y anticipar riesgos para reducir vulnerabilidades antes de que las crisis se profundicen. También anunció una nueva intervención orientada a mitigar el fenómeno de El Niño, dentro de la estrategia preventiva del sistema de Naciones Unidas.

Ataques y denuncias por el uso del derecho penal

El informe de la ONU documentó 1,465 ataques contra defensores de derechos humanos, periodistas y operadores de justicia. En ese apartado, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunció la "instrumentalización del derecho penal" por parte del Ministerio Público.

Según la oficina, esa práctica se utilizó para criminalizar a jueces y fiscales que investigan corrupción y violaciones graves de derechos humanos. El reporte vinculó ese contexto con un deterioro de condiciones para el trabajo de actores del sistema judicial y del periodismo.

La respuesta del Gobierno y el foco del plan 2026-2030

Al recibir el informe, el presidente Bernardo Arévalo de León afirmó: "Resultados concretos" son clave para sostener la confianza en las instituciones democráticas. La Presidencia enmarcó la discusión en la necesidad de que las políticas públicas se traduzcan en mejoras verificables para la población.

De acuerdo con Naciones Unidas y el Gobierno guatemalteco, el próximo ciclo estratégico 2026-2030 incorporará movilidad humana y migración como prioridad nacional de desarrollo, en un giro de agenda tras el quinquenio 2021-2025 marcado por el estancamiento de los indicadores de pobreza y el deterioro social consignado en el informe.

Salimos temprano por el barrio con Gringa, la perra de la casa. Son cuadras tranquilas pero a esta hora el barrio está especialmente desierto. Se van iluminando algunas bombitas en las ventanas, se corre alguna cortina, alguien prende una hornalla. Gringa viene suave, siempre un poco en babia, pero de golpe ve algo, ha visto algo. Por la vereda se arrastra, viene salticando, una bolsa de esas que ahora te cobran en los supermercados, vacía; Gringa va hacia un zaguán y desde ahí sale un gruñido. Un gruñido, unos ojos perdidos, la mandíbula que cuelga. Es un hombre. Ponele.

No lo puedo evitar: pienso “es un hombre” y pienso “si esto es un hombre”. Y Si esto es un hombre es, claro, el título de ese libro tremendo de Primo Levi, un judío italiano, químico, arrancado por el nazismo de su buena vida en Turín para ser tirado como basura a Auschwitz. Levi -que vivió para contarlo- detalla la vida -sí, vida- en el campo, el frío tremendo de prisioneros descalzos, el dolor permanente de los pies de quienes andan en ese invierno polaco con cualquier zapato, porque ya no tienen nada, de la sopa como única comida pero, encima: ¿cómo va a comerla sin cuchara? Cuenta, Primo Levi, las peleas por la parte de arriba, la más grasosa, de ese caldo inmundo. Habla del compañero al que acaban de señalar para ir a la muerte pero que antes le dona sus cubiertos. Y de los que se rindieron, habla de los que ya son fantasmas.

Primo Levi -pienso- es sometido por un regimen que busca exterminarlo. Que decide todo: qué puede y qué no puede decir, a qué hora tiene que dormir, cómo hacer su cama: todo. El hombre del zaguán, en cambio, es víctima de lo contrario. Nadie decide sobre él, se ha vuelto invisible, inexistente. No lo persigue un régimen totalitario: reina el individualismo, que mata con la indiferencia. Una sociedad que parece haber decidido que no tenemos nada que ver unos con otros, que si alguien se cae mejor que se le ocurra solo cómo levantarse, que es bueno y justo que sobrevivan los más fuertes, que no somos manada, compatriotas, ninguna cosa. Una sociedad orgullosa de no tener nada que ver con los que no pudieron, con los que no quisieron, con los que no pudieron querer.

Al principio, Primo Levi se sorprende de que lo dañen sin odio. Entiende, entendería, que le pegaran por algún motivo pero cuando le dan una paliza porque sí, para que vaya poniéndose en su lugar, se queda perplejo. Es la entrada nomás, ya se va a ir acostumbrando a que, como le dice un guardia que le impide beber, “acá no hay razones”. De a poco, verá gente con ropa ridícula, paso extraño, brazos rígidos, y sabrá que mañana nomás él será así. “Una masa humana” son sus compañeros a veces, caída ya toda dignidad.

Si esto es un hombre, pensé durante mucho tiempo, hablaba de eso, de un humano que sufre dolor físico, moral, espiritual sin saber por qué; que es desnudado, separado de su familia, objeto de arbitrariedades como norma. Masa humana, de a poco eso no es un hombre, pensé. Pero ahora creo otra cosa.

Ahora creo que “si esto es un hombre” señala también al guardia que pega por pegar, a veces por obediencia, a veces porque puede. Señala al vivillo de la ciudad vecina que se acerca al alambrado a cambiarle al prisionero una camisa -la única, la que tiene puesta- por unos panes, y el prisionero se queda pecho al aire porque el hambre manda. “Si esto es un hombre” señala al que camina erguido frente a esos desgraciados contrahechos y elige cuáles van a ser exterminados. Si eso es un hombre. Si ese asco es un humano.

Paso por la misma vereda unos días después. El tipo -¿es el mismo?- está acostado, con una de esas camperas verdes que tienen una capucha con un vivo de piel, casi junto al cordón, paralelo al container de la basura. Como quien se acuesta frente al mar, está acostado frente al container. Y come: con una mano se sostiene la cabeza, con la otra va sacando unos bizcochitos de grasa de una bolsa. Come eso, que ojalá no haya agarrado del tacho, con los ojos a la altura de las ruedas de los autos. No hay más solo: creo que veo el hueso de la palabra “soledad”.

Paso, vuelvo con leche para hacer yogurt, llegamos a casa, está la estufa prendida, Gringa se echa en su colchoncito. Tengo cocina, olla, fuego, cuchara. Soy una más, yo también lo dejo atrás. Esto y ninguna otra cosa, digo, es un hombre. Todo eso; el que está tirado, el que sigue de largo, los que festejan el sálvese quien pueda.

No hay red, no hay Estado, no hay semejantes, no hay cuidado que se merezca sólo por ser humano. Solo la bolsa al viento, solo la calle. Mientras no lo barran también.

Marcos Galperín, fundador de Mercado Libre y uno de los empresarios más influyentes del país —con una fortuna personal que supera los USD 7.500 millones—, volvió a respaldar públicamente al Gobierno nacional. A través de sus redes, el empresario enumeró una serie de indicadores económicos que, según sostuvo, reflejan una mejora significativa de la situación del país.

No es la primera vez que Galperín defiende la gestión de Javier Milei. A lo largo de los últimos meses, el empresario ha tomado posición de manera reiterada en favor de las políticas económicas del Gobierno, convirtiéndose en una de las voces del sector privado más activas en ese sentido.

El posteo del empresario

En su publicación, Galperín abrió con una referencia directa a lo que describió como una ofensiva sostenida contra la administración nacional. “Luego de meses de que todo el sistema de poder haya atacado al Gobierno de una manera inédita”, escribió, para luego listar los indicadores que, a su entender, marcan un punto de inflexión.

“Hoy tenemos: 447 palos de dólares comprados en un día, tasas bajando, inflación bajando, EMAE [Estimador Mensual de Actividad Económica] y economía creciendo, inflación bajando, tipo de cambio estable, reservas en niveles récord, superávit fiscal, superávit comercial, empleo privado creciendo, pobreza bajando”, enumeró en su cuenta oficial de X.

“¿Alguien más está viendo lo mismo que veo yo? Me parece que se dio vuelta la tortilla”, cerró el empresario en su posteo.

Los datos del BCRA

Junto con su mensaje, Galperín compartió una infografía del BCRA correspondiente al jueves 28 de mayo de 2026, que publica diariamente el organismo con sus principales variables. En efecto, la entidad sumó USD 447 millones, la segunda compra más alta del año, con lo que el acumulado anual supera los USD 9.600 millones, cifra que representa más del 96% de la meta de compras de divisas para este año.

Al cierre de la jornada, las reservas brutas llegaron a USD 48.511 millones, una suba diaria de 644 millones de dólares. Este monto marca el valor más elevado en casi siete años y supera el máximo registrado en febrero por la actual gestión.

En cuanto a las tasas, el informe consignó una Tasa Nominal Anual (TNA) de 22,81% para el Tamar—Tasa Mayorista de la República Argentina— y de 20,69% para el Badlar, ambas correspondientes a bancos privados. El tipo de cambio minorista promedio vendedor se ubicó en $1.430,454 por dólar.

Una voz que respalda al Gobierno

El posteo de Galperín se enmarca en una postura que el empresario ha sostenido de manera consistente desde que Milei asumió la presidencia. En distintas oportunidades, el fundador de Mercado Libre se ha expresado a favor de la orientación económica del Gobierno, en particular en lo referido al ajuste fiscal y a la desregulación.

En esta ocasión, su mensaje apunta a trazar un contraste entre lo que describe como una presión sostenida del “sistema de poder” sobre la administración y los resultados que, según él, empiezan a verificarse en los indicadores macroeconómicos. La publicación fue acompañada por datos oficiales del BCRA, que el propio organismo difunde a diario, y que Galperín utilizó como respaldo de su argumento.

En ese sentido, el empresario no hizo distinciones entre variables de corto y largo plazo: puso en el mismo plano la compra de divisas del día con tendencias más estructurales como la reducción de la pobreza o el crecimiento del empleo privado. Su publicación generó repercusión en la red social, en línea con el rol que el ejecutivo viene ocupando como una de las figuras del sector privado más activas en el debate económico y político del país.

La polémica con las jubilaciones

A comienzos de mayo, Marcos Galperín protagonizó una controversia en X que tuvo amplia repercusión. Todo comenzó con la viralización de un video periodístico, en el que una mujer mayor relataba que su haber jubilatorio no le alcanzaba para cubrir los gastos básicos, en particular el costo de los medicamentos, y que dependía de la ayuda de sus hijos para sostenerse. La mujer también aclaró que nunca había tenido empleo formal porque se había dedicado durante su vida a las tareas del hogar.

Ante ese video, Galperín respondió en la red social con un emoji de carita sonriente, gesto que fue interpretado por una parte significativa de los usuarios como una burla hacia la jubilada. La reacción del empresario generó miles de interacciones y se instaló como uno de los temas más debatidos de la jornada. El streamer Coscu —Martín Pérez Disalvo— fue una de las voces más resonantes en cuestionarlo: “¿Cómo siendo una de las personas con más guita del país te vas a reír de una jubilada?”, escribió, y destacó el valor del trabajo doméstico no remunerado. En un segundo mensaje, Coscu profundizó la crítica: “Cuando les pregunten si la plata les da la felicidad acuérdense de este ejemplo: la persona más rica de nuestro país riéndose de una jubilada que no le alcanza para los remedios.”

Galperín no respondió a esos cuestionamientos, pero sí publicó un mensaje en el que planteó su postura sobre el sistema previsional: “Si no trabajaste nunca en tu vida y tenés más de 65 años, no sos jubilado.” La frase amplificó el debate y extendió la polémica durante horas en la plataforma, con intervenciones de periodistas, usuarios y figuras públicas que sumaron sus opiniones sobre el rol del trabajo doméstico, la situación de los adultos mayores y el sistema jubilatorio argentino.

Cuatro de cada diez mujeres rurales en América Latina no cuentan con ingresos propios, de acuerdo con un análisis expuesto durante el Foro GLI Latam 2026 en Lima.

El dato muestra que, pese a los avances en capacitación, la brecha en el acceso a recursos y autonomía económica persiste para la mayoría de las agricultoras de la región, incluido Perú.

Capacidades en aumento, oportunidades estancadas

Según explicó Carolina Trivelli, investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) y ex ministra de Desarrollo e Inclusión Social, el problema no radica en la falta de formación.

“Las mujeres rurales hoy en día enfrentan las mismas oportunidades laborales que sus madres y sus abuelas. Tenemos mujeres rurales con más capacidades que antes, pero tienen las mismas posibilidades que mujeres que tenían menos capacidades que ellas”, sostuvo.

Trivelli subrayó que el estancamiento responde, en buena medida, a la ausencia de políticas públicas rurales enfocadas en cerrar las brechas de género. A su juicio, muchas iniciativas carecen de perspectiva de género y no buscan reducir la desigualdad estructural.

El acceso al financiamiento, otro obstáculo

El evento, que contó con la participación de representantes de UNESCO, CAF y FAO, abordó también las dificultades de las mujeres rurales para acceder a financiamiento.

Bárbara Auricchio, ejecutiva principal de la Dirección de Género de CAF, sostuvo que los productos financieros tradicionales no consideran la realidad de las mujeres en el campo. “Muchos instrumentos parten del supuesto de producción continua, formalidad y acceso a garantías que ellas no tienen”, explicó.

Auricchio remarcó que, sin educación financiera y digital, es poco probable que los nuevos instrumentos diseñados para el sector tengan efectividad real.

El estudio presentado en el foro muestra que, aunque casi 931.000 mujeres figuran como productoras agrarias en Perú y un 35,5% tiene titularidad sobre sus parcelas, la propiedad no garantiza acceso al crédito, especialmente en contextos de inestabilidad climática.

Cultura, identidad y derechos colectivos

Por su parte, Guiomar Alonso Cano, representante de UNESCO en Perú, profundizó en las dimensiones culturales y de identidad que afectan a las mujeres rurales. “¿Cómo puede ser central una persona que no controla los recursos?”, planteó.

Alonso Cano advirtió sobre tres riesgos emergentes para los saberes rurales: el extractivismo cultural sin reconocimiento de autoría, la instrumentalización de los conocimientos colectivos ignorando la cultura propia y la circulación masiva de contenidos digitales sin protección ni reglas claras.

“La IA y la circulación masiva de contenidos culturales, no solo iconografía, sino conocimientos complejos agrícolas, de memoria colectiva o relaciones con el territorio, circulan sin reglas ni reconocimientos. ¿Cómo se protegen los derechos colectivos de comunidades rurales y cómo se redistribuyen los beneficios? Eso todavía no lo tenemos”, agregó.

¿Distancia entre la ley y la realidad cotidiana?

Mariana Escobar, representante de la FAO en Perú, señaló que la brecha entre el avance normativo y la vida cotidiana permanece abierta.

Las resistencias culturales, especialmente en zonas rurales, y la percepción de riesgo para invertir en proyectos liderados por mujeres, dificultan la consolidación de derechos.

Escobar destacó que aún existen sectores que no consideran que invertir en mujeres requiere enfoques distintos, lo que frena decisiones de inversión y limita el desarrollo.

De esta manera, el foro invitó a repensar la visión tradicional sobre la mujer rural, pasando de verla solo como beneficiaria a reconocerla como agente política y de transformación.

El dato

• El Foro GLI Latam 2026, organizado por Pro Mujer bajo el lema “Nuevos horizontes: tecnología, territorio y poder colectivo”, reunió a participantes de más de 30 países y puso el foco en la necesidad de políticas y mecanismos de inversión con enfoque de género para cerrar las brechas en el mundo rural.

Levantar una vivienda en solo una semana y por un precio similar al de un teléfono móvil de alta gama parece una promesa difícil de creer, pero es precisamente lo que plantea Housing Now, un proyecto de casas modulares de bambú desarrollado en Myanmar por el estudio de arquitectura Blue Temple. La iniciativa está pensada para familias desplazadas por el conflicto y por desastres naturales, y combina tres ideas sencillas: materiales locales, bajo coste y rapidez de construcción.

Según la ficha del proyecto publicada por ArchDaily, medio especializado en arquitectura, cada unidad puede construirse en una semana y tiene un coste aproximado de entre 1.000 y 1.300 dólares, una cifra que el propio proyecto compara con el precio de un smartphone. No se trata de viviendas convencionales pensadas para el mercado inmobiliario europeo, sino de casas básicas, modulares y de emergencia, diseñadas para responder a una situación extrema: la falta de alojamiento seguro para familias desplazadas en Myanmar.

Cañas de bambú para construir estructuras resistentes

La clave del sistema está en el uso del bambú. Pero no del bambú de gran diámetro, más caro y difícil de conseguir, sino de cañas más pequeñas, abundantes en los mercados locales. Blue Temple agrupa estas piezas en haces y las convierte en marcos estructurales prefabricados. Cada marco integra elementos verticales, horizontales y diagonales, de forma que cuatro piezas encajadas forman el esqueleto principal de la vivienda.

El resultado es una estructura ligera, modular y más resistente de lo que podría parecer a simple vista. El sistema permite montar suelos, paredes y cubierta sobre esa base de bambú, manteniendo un diseño adaptable a las necesidades de cada familia. La vivienda puede cambiar en cuestiones como la distribución interior, la posición de las ventanas o el acceso principal, sin comprometer la estabilidad del conjunto.

El propio estudio de arquitectura presenta Housing Now como una iniciativa creada en 2019 para responder a la crisis habitacional en zonas afectadas por el conflicto en Myanmar. El programa no solo desarrolla viviendas, sino también escuelas y clínicas de bajo coste con participación de las comunidades locales.

Una prueba real: el terremoto de Myanmar

El proyecto ganó especial visibilidad después del terremoto de magnitud 7,7 que golpeó el centro de Myanmar en marzo de 2025. Según Blue Temple, 26 casas de bambú construidas en un campamento de familias desplazadas resistieron sin daños pese a encontrarse cerca de la zona afectada, a unos 15 kilómetros del epicentro.

La resistencia de estas viviendas no depende únicamente del material, sino también de la geometría. El entramado de bambú distribuye las cargas sísmicas y permite cierta flexibilidad ante los movimientos del terreno. Esa elasticidad es una de las razones por las que el bambú se ha ganado el apodo de “acero vegetal”: crece rápido, pesa poco y puede soportar esfuerzos importantes si se trabaja correctamente.

Un modelo abierto y replicable

Otra de las particularidades del proyecto es que no se plantea como un producto cerrado. Housing Now ha construido 79 unidades y ha distribuido 500 manuales do it yourself (DIY) para facilitar que otras comunidades puedan replicar el sistema.

Esa dimensión comunitaria es clave en la propuesta. Las familias participan en el montaje con apoyo técnico, lo que reduce costes y permite adaptar las casas al uso cotidiano. El objetivo no es levantar viviendas icónicas, sino ofrecer una solución práctica, rápida y asequible en lugares donde el acceso a materiales industriales, financiación o maquinaria pesada es muy limitado.

En este sentido, conviene entender bien el alcance del proyecto: no son casas milagro ni una solución exportable a cualquier país. Son viviendas de emergencia, diseñadas para un contexto concreto y con costes locales de Myanmar. Pero sí muestra algo importante: con diseño, materiales cercanos y participación comunitaria, la arquitectura puede ofrecer respuestas dignas incluso en escenarios de enorme precariedad.

El crecimiento económico sostenido, impulsado principalmente por la inversión privada, es clave para generar empleo adecuado, ampliar la clase media y reducir la pobreza. En 2025, la pobreza monetaria en el Perú cayó de 27.6% en 2024 a 25.7%, en un contexto de crecimiento económico de 3.4% y de un repunte de 10% de la inversión privada. No obstante, el resultado se ubica por encima del nivel de 2019, cuando la pobreza alcanzaba el 20.2%; en otras palabras, existen 2.3 millones de peruanos más en situación de pobreza que antes de la pandemia.

Desempeño nacional

La mejora fue distinta entre zonas urbanas y rurales. En las ciudades, la pobreza cayó de 24.8% en 2024 a 23.4% en 2025; sin embargo, aún hay cerca de tres millones de personas más en pobreza urbana que en 2019. En contraste, en el ámbito rural la pobreza se redujo de 39.3% a 35.5% y ya se ubica por debajo de su nivel prepandemia, con casi 544 mil personas menos en esta condición frente a 2019. Así, la pobreza se ha vuelto principalmente urbana: en 2025, el 74.1% de las personas pobres vivía en zonas urbanas, una proporción mayor que antes de la pandemia (56.7%).

A esta situación se suma el aumento de la vulnerabilidad monetaria. En 2025, la población vulnerable —personas que no son pobres, pero que pueden caer en pobreza ante un choque económico adverso— pasó de 31.8% a 32.8%. Aunque esta proporción es menor que la de 2019 (34.7%), aún existen más de 11 millones de peruanos considerados vulnerables y alrededor de 452 mil más que en 2024.

La recuperación de la clase media también sigue incompleta. Según el Banco Mundial, este grupo incluye a las personas con ingresos equivalente a cerca de S/1,066 mensuales. En 2025, la clase media representó el 34% de la población, por encima del 32% de 2024, pero aún por debajo del 39% de 2019. Así, hay 909 mil peruanos menos en este grupo frente a la situación prepandemia. A nivel regional, 16 de 25 regiones registraron retrocesos en la proporción de clase media respecto de 2019, con las mayores caídas en Lima Metropolitana y Callao, Tumbes y La Libertad.

Pobreza y clase media en Piura

Piura redujo la pobreza en 2025, en un contexto de mayor dinamismo económico y laboral. La economía regional creció 4.6% y el empleo formal asalariado avanzó 4.9%, lo que contribuyó a que la pobreza monetaria disminuya de 31.9% en 2024 a 28.1% en 2025. Sin embargo, la mejora aún no alcanza para recuperar el nivel previo a la pandemia: la pobreza se mantiene por encima del 24.2% de 2019, lo que implica más de 105 mil piuranos adicionales en esta condición. Con ello, Piura se mantiene como la novena región con mayor pobreza del país.

Por su parte, la clase media en la región no solo no se ha recuperado, sino que se ha reducido. En 2025, este grupo representó el 23.5% de la población regional, por debajo del 24.6% de 2024 y lejos del 27.9% registrado en 2019. Esto equivale a más de 57 mil piuranos que salieron de la clase media respecto de la prepandemia.

La pobreza extrema también se redujo en Piura. En 2025, cayó a 3.0%, pero aún se mantiene por encima del 2.5% registrado en 2019. Este indicador incluye a quienes no logran cubrir una canasta básica de alimentos, con un gasto mensual menor a S/242 por persona (S/967 para una familia de cuatro miembros). Así, Piura registra 17 mil personas más en pobreza extrema respecto de 2019.

En adelante, el reto para Piura y el resto del país no es solo reducir la pobreza, sino consolidar una recuperación más amplia que permita ampliar la clase media. Para ello, resulta indispensable reactivar con mayor fuerza la inversión privada, principal motor de crecimiento de la economía y de generación de empleo formal. Cerrar las brechas exige impulsar un entorno más favorable para la inversión, destrabar proyectos y generar oportunidades económicas en todas las regiones.

(*) Elaborado por Stephani Maita, economista sénior del IPE, con la colaboración de Maylith Coronel.

Promedia mayo y el frío no perdona. En la Ciudad de Buenos Aires viven miles de personas en situación de calle: según los datos oficiales, son unas 1.613. Pero los últimos informes, de septiembre de 2025, obtenidos por el censo popular en la Ciudad de Buenos Aires —realizado por las organizaciones sociales, en colaboración con numerosos voluntarios y ONG—, eran 11.892 las personas sin techo. En ese contexto, la ayuda y la empatía de los propios ciudadanos y vecinos porteños juegan un rol fundamental. También lo hacen los distintos proyectos solidarios, entre ellos, Plato Caliente.

Convocados por la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA), estudiantes y graduados de la UBA se organizan cada semana en el Bar Saludable de Nutrición de la Facultad de Medicina, en Marcelo T. de Alvear 2230. Allí, voluntarios de la carrera de Nutrición elaboran platos que cumplen con los valores nutricionales necesarios, y aproximadamente 20 voluntarios de distintas carreras reparten más de 200 viandas por edición en las zonas aledañas a Plaza Houssay, donde la vulnerabilidad es extrema por el frío y la falta de techo.

Plato Caliente surgió durante la pandemia —en junio de 2020— como parte del programa “UBA en Acción” y, en seis años, repartió más de 60.000 platos calientes, con la colaboración de más de 15.000 voluntarios y 7.500 cocineros, consolidándose como una expresión del compromiso social universitario frente a la emergencia habitacional. “Cada salida es diferente. A veces encontramos familias y ciudadanos recurrentes; a veces son nuevos los rostros. Nosotros, como voluntarios, tenemos diferentes circuitos para tratar de cubrir la mayor cantidad de cuadras posibles”, cuenta Priscila Vitale, presidenta de FUBA.

La solidaridad ante todo

La solidaridad es la premisa que mueve a cada uno de los voluntarios y voluntarias que los jueves, cada quince días, se reúnen a poner su tiempo y ganas de ayudar.

“El voluntariado de Plato Caliente nace en el momento más crudo de la pandemia, cuando mucha gente en situación de calle necesitaba de una gran ayuda; y en la UBA nunca podemos quedarnos con los brazos cruzados”, revive Priscila que además de presidir la Federación, es integrante del proyecto desde sus inicios. Según explica, el trabajo se sostiene gracias al compromiso conjunto de estudiantes, graduados y voluntarios de distintas facultades, especialmente de la carrera de Nutrición.

Los jueves, las viandas se preparan en el espacio de Nutrición con alimentos obtenidos a través de donaciones que llegan tanto al patio de la facultad como al local de la FUBA. “Las viandas se preparan siempre en base a cantidad de nutrientes, proteínas y alimentos acordes a lo que tiene que tener una comida”, explica Priscila. El objetivo es que cada plato aporte el valor nutricional necesario y llegue caliente a quienes lo reciben.

La planificación del menú también forma parte del trabajo cotidiano del voluntariado. Yamila, encargada de la organización, explica que las comidas se diseñan para poder cocinar grandes cantidades sin perder calidad alimentaria. “El menú se define para que sea un menú de ollas que sea rendidor y permita hacer mucha cantidad. Un menú completo con proteínas, carbohidratos, cereales integrales y legumbres”, detalla.

Una vez terminadas las viandas, los grupos salen en recorridas organizadas por distintos circuitos alrededor de la Facultad de Medicina y Plaza Houssay. “Cada salida es diferente. A veces encontramos familias y ciudadanos recurrentes; a veces son nuevos los rostros”, agrega Priscila. Según cuenta, los recorridos buscan cubrir la mayor cantidad posible de cuadras y adaptarse a una realidad social que cambia semana a semana.

El crecimiento de personas que viven en la calle se convirtió en una de las principales preocupaciones de quienes participan del voluntariado. Las organizaciones sociales que trabajan con esta problemática cuestionan las cifras difundidas por el Gobierno nacional este año y sostienen que existe un fuerte subregistro de personas sin techo. También advierten que muchos relevamientos oficiales excluyen jurisdicciones clave, como la provincia de Buenos Aires, lo que reduce significativamente el alcance de los datos: el Gobierno relevó 9.400 personas en situación de calle en 19 provincias dejando afuera el distrito bonaerense.

Estar presente

La situación económica también impacta de forma directa en este escenario. Según cifras oficiales del INDEC, hacia fines de 2025 la desocupación alcanzó el 7,5 por ciento, superando el millón de personas sin empleo y marcando un aumento sostenido en los últimos dos años. A eso se suma el crecimiento de la informalidad laboral y la pérdida de cientos de miles de puestos de trabajo registrados desde 2023, especialmente en sectores como la industria, la construcción y el trabajo en casas particulares.

En paralelo, especialistas en economía cuestionan que los indicadores de pobreza medidos únicamente por ingresos no logran reflejar completamente el deterioro de las condiciones de vida ni la precarización creciente del mercado laboral. En ese contexto, acciones como las de Plato Caliente se consolidan como una de las principales redes de contención para quienes atraviesan situaciones extremas.

Para muchos de los voluntarios, el trabajo excede la entrega de comida. Rodrigo Moyano, licenciado en Ciencias Políticas, docente del CBC y estudiante de Trabajo Social, participa del proyecto desde 2022. Para él, la experiencia representa una manera concreta de devolverle a la sociedad lo que la universidad pública brinda todos los días.

“Plato Caliente no es solamente entregar una vianda, sino acercarse a las personas, preguntar qué tal su día, preguntar su nombre, cómo están”, admite el impacto de esa acción en él. En ese vínculo cotidiano también aparece una fuerte dimensión humana: la conciencia de las desigualdades y de las condiciones en las que viven quienes pasan las noches en la calle, especialmente durante el invierno.

Para Lucas Lauría, estudiante de cuarto año de Psicología que comenzó a participar este año después de ser invitado por compañeros de Nutrición, la experiencia es movilizante. “Me gustó mucho estar en la calle buscando gente que necesitara alimentarse o un plato caliente, ya que en estos días de frío la gente lo necesita especialmente”, cuenta.

También destaca el clima colectivo previo a cada salida y la importancia de construir compromiso social desde la universidad pública. “Estar en la facultad no solamente nos forma como profesionales, sino como personas que vivimos en esta sociedad”, afirma sobre el rol humano, especialmente frente al conflicto por la falta de presupuesto.

En un contexto atravesado por el aumento de la pobreza, la precarización laboral y el crecimiento de personas sin techo, cada dos jueves Plato Caliente vuelve a poner en marcha la misma rutina: cocinar, organizar las recorridas y salir a repartir comida caliente. Una tarea sostenida por estudiantes y voluntarios que, frente a una realidad cada vez más compleja, buscan que nadie quede completamente solo.

Los recorridos tienen tres rutas: el circuito 1 sale por la calle Paraguay Uriburu, de allí llegan hasta Avenida Corrientes y caminan hasta Callao. Luego de allí siguen hasta Avenida Córdoba, desde donde regresan hasta Uriburu.

El circuito 2 inicia su recorrida por Marcelo T. de Alvear hasta Callao y Corrientes. De allí regresa por la plaza Rodríguez Peña. El circuito 3 sale por Azcuénaga hasta Córdoba y de ahí sigue hasta Pueyrredón, desde donde continúan hasta Once.

En México, uno de cada cuatro adultos mayores de 65 años permanece en el mercado laboral, según el Instituto Nacional de Geriatría, revelando que el trabajo en la vejez es una realidad cotidiana que va más allá de la elección personal. Este segmento de la población enfrenta retos considerables en el campo ocupacional, lo que se refleja tanto en las estadísticas de participación como en las condiciones laborales y de vida.

La tasa de participación laboral de personas mayores mexicanas asciende al 25%, una cifra que, aunque no es la más alta en la región latinoamericana, evidencia las carencias del sistema de seguridad social del país. Al comparar este dato internacionalmente, los índices de Perú (43.2%), Ecuador (36.9%) y Paraguay (34.2%) superan al mexicano, ligados a sistemas aún más frágiles.

Entre los adultos mayores que trabajan en México predominan los hombres, con un 67.2% frente a un 32.8% de mujeres en la misma situación. Además, un 20% de quienes laboran se ubica en el rango de edad de 75 a 84 años, lo que indica que no solo los más cercanos a la jubilación sino también los de mayor edad continúan activos.

Sobre la educación, cerca de la mitad (49.8%) cuenta con algún año de primaria, mientras menos del 16% de quienes no trabajan tienen ese nivel educativo. Esta tendencia destaca la permanencia de adultos mayores con menor escolaridad en actividades productivas,.

El entorno donde los adultos mayores se insertan laboralmente también resulta revelador. Un 30.4% reside en zonas rurales. Las características de sus empleos reflejan la precariedad que enfrentan: el 54.3% se desempeña por cuenta propia y el 76.3% lo hace en la informalidad, muy por encima de otros grupos etarios. Esta informalidad se traduce en ausencia de prestaciones y seguridad, ya que únicamente un 11.4% tiene acceso a instituciones de salud derivado de su empleo.

Las ramas económicas en las que se concentran los mayores trabajadores muestran gran variedad, pero con claro peso en sectores de baja remuneración y limitada protección. Un 34.3% se emplea en el sector servicios, un 28% lo hace en la rama agropecuaria y 22% en actividades comerciales.

En cuanto a la remuneración, quienes siguen trabajando perciben en promedio 6 mil 999 pesos mensuales, cifra aproximadamente un 29.4% inferior al ingreso percibido por otros adultos económicamente activos, que alcanza los 9 mil 914 pesos. Este diferencial económico se suma a las dificultades de acceso a salud y prestaciones, ampliando la brecha de bienestar entre la población mayor y otros segmentos etarios.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Geriatría, el panorama confirma que gran parte de los adultos mayores mexicanos enfrenta la vejez combinando trabajo informal, bajos ingresos y escaso acceso a seguridad social, condicionando su bienestar y el de quienes dependen de ellos. Además, el análisis destaca la necesidad de políticas públicas enfocadas en mejorar la cobertura de pensiones y otros aspectos de seguridad económica.