En Ginebra, Suiza, la conferencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se convirtió nuevamente en las últimas horas en el escenario del enfrentamiento entre el gobierno de Javier Milei y la CGT.

Tras las fuertes críticas cegetistas, el embajador argentino ante las Naciones Unidas, Carlos Foradori, en nombre de la administración libertaria, dio un discurso en el que defendió enfáticamente las medidas oficiales y criticó al sindicalismo por su “estruendoso silencio” en la gestión de Alberto Fernández: “No se llevó a cabo ninguna huelga nacional (mientras) El actual gobierno, en dos años y medio ya tiene un récord de cuatro”.

A partir de las palabras del diplomático argentino, que habló por segundo año consecutivo ante la OIT debido a que no asistió ningún funcionario gubernamental, se estableció una suerte de contrapunto con la CGT ya que este viernes, en su intervención ante la conferencia como delegado titular del sector de los trabajadores, Gerardo Martínez, insistió en los duros cuestionamientos al Gobierno: dijo que “el mensaje de la política sigue siendo la confrontación y el desprecio al que vive en la pobreza o al que trabaja en la informalidad”.

“El Gobierno desatiende demandas urgentes en términos económicos y sociales”, señaló el secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, que fue elegido vicepresidente de la conferencia de la OIT, en un discurso en el que también rechazó “el cepo salarial” en las paritarias y atacó a la Casa Rosada por haber impulsado “la ley de reforma laboral, propatronal que elimina derechos, que aplauden y celebran los empresarios oportunistas, y busca transferir al sector privado el rol del Estado afectando los valores de la justicia social”.

Foradori, quien habló hace 24 horas, dijo en su discurso que había escuchado “con respeto” la intervención del cotitular de la CGT Jorge Sola (Seguros), pero advirtió que sus objeciones se alejaron de la “discusión principal” de la OIT y, tras destacar que “los hechos son inmunes a las ideologías”, repasó cifras de crecimiento, inflación, pobreza y superávit financiero en la Argentina.

Entre los datos destacados, detalló que en diciembre de 2023 el déficit consolidado del Tesoro y del Banco Central superaba el 15% del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que la pobreza se estimaba en 41,7% de la población y la inflación avanzaba a un ritmo cercano al 1% diario. El diplomático comparó este escenario con las cifras de 2025 y 2026, reportando que, según datos y proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), el país alcanzó un crecimiento económico del 4,4% en 2025, y se prevé un aumento adicional del 3,5% para 2026, frente a un promedio regional de 2,3%.

En materia de inflación, detalló que la variación anual cayó al 32,4%, con un alza mensual de 2,6% en abril. Dijo que la Argentina alcanzó el superávit financiero por primera vez desde 2010, con un saldo equivalente al 0,3 % del PIB en 2025 y manteniendo tanto superávit primario como financiero en el primer trimestre de 2026, según las cifras que aportó.

En relación con los índices sociales, Foradori informó que el índice de pobreza cayó desde el 52,9% en el primer semestre de 2024 hasta el 28,2% en el segundo semestre de 2025, y afirmó que la Asignación Universal por Hijo (AUH) experimentó un aumento superior al 560% comparado con diciembre de 2023, recuperando más del 100% del poder adquisitivo real, mientras que la prestación Alimentar amplió su cobertura en más de 600 mil adolescentes y creció 137% en igual período.

Cuando habló sobre la evolución de las condiciones laborales, mencionó que la tasa de desempleo se ubicó en 7,5%, “uno de los niveles más bajos en varias décadas”, aunque la informalidad laboral afecta al 40% de los trabajadores. Tras ello, recordó que el Congreso aprobó una ley laboral destinada a incentivar la formalidad, la contratación y la adecuación normativa a las nuevas dinámicas productivas y tecnológicas.

“Nada de esto significa que no existan problemas ni que el Gobierno sea infalible. Nada de esto significa que no haya errores y errores por corregir -admitió-. Significa algo mucho más simple y mucho más poderoso: que los argentinos decidieron democráticamente dar una oportunidad al cambio. Y lo dijeron con la herramienta más poderosa que tiene una democracia, que es el voto”.

Foradori agregó enseguida: “Se habló de que el Gobierno ejercía autoritarismo. Pues bien, con más del 40% de apoyo a nivel nacional en octubre pasado, el pueblo argentino ratificó el rumbo del Gobierno”.

Por eso consideró que “los cambios ofrecen resistencias, pero la visión del pueblo implicó, como una siembra de conciencia colectiva, que haciendo siempre lo mismo íbamos a llegar a idénticos y penosos resultados”. “Esto demuestra, conforme nos enseña la historia, que las naciones no fracasan cuando enfrentan dificultades, fracasan cuando pierden la voluntad de superarlas. La Argentina ha recuperado esa voluntad”, concluyó.

Por su parte, Gerardo Martínez comenzó su discurso describiendo un panorama internacional marcado por una “policrisis” donde, según resaltó, “la pobreza y la desigualdad avanzan de la mano de guerras y de la recesión económica". En ese contexto, cuestionó el retroceso del multilateralismo global y recordó que la crisis financiera de 2008 se resolvió a partir del esfuerzo de los Estados, mientras que los países desarrollados siguen siendo apenas 40 sobre un total de 190.

El representante de la CGT subrayó que el 10% de la población mundial concentra el 75% de la riqueza, un fenómeno que se incrementó en el último medio siglo: dijo que la fortuna acumulada por los 1000 mayores multimillonarios pasó de representar el 3% del PIB mundial hace 40 años a más del 17% en la actualidad.

Martínez remarcó que se atraviesa “un período histórico de extrema concentración económica global”, y consideró que, ante ese panorama, resulta “impostergable un nuevo contrato social que redefina el equilibrio entre capital y trabajo”. Sostuvo que de no actuar a tiempo, “el destino de más pobreza es inexorable”.

Luego, el líder de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) vinculó el auge de la inteligencia artificial y la automatización con el riesgo de una “justicia social artificial” si las innovaciones tecnológicas no se subordinan a objetivos de desarrollo real. Respaldó su mirada en la encíclica del papa León XIV y subrayó: “Toda introducción de automatización debe ir acompañada de medidas verificables de protección del empleo, recalificación y participación de los trabajadores, y de la sociedad en su conjunto”.

Martínez denunció que, en América Latina, las brechas históricas se agravan con una mayor expansión de la informalidad y el desempleo, y alertó sobre “asesinatos, persecuciones y encarcelamientos” contra dirigentes sindicales y gremios, situando a la libertad sindical y el diálogo social como pilares de la democracia.

Al apuntar a la situación en la Argentina, le apuntó al Gobierno porque "el mensaje de la política sigue siendo la confrontación y el desprecio al que vive en la pobreza o al que trabaja en la informalidad".

Tras destacar que “el Gobierno desatiende demandas urgentes en términos económicos y sociales”, dijo que “los costos del ajuste profundizan la pérdida del poder adquisitivo y la precarización del empleo existente”.

Uno de los tramos más duros de su discurso fue cuando criticó la Ley de Modernización Laboral: “En connivencia con las administraciones provinciales, el Gobierno aprobó la ley de reforma laboral, propatronal que elimina derechos, que aplauden y celebran los empresarios oportunistas, y que busca transferir al sector privado el rol del estado afectando los valores de la justicia social”.

“Desde el sindicalismo argentino -sostuvo luego- reafirmamos nuestro compromiso de promover un pacto económico y social que impulse la sostenibilidad económica, con políticas orientadas a incrementar la producción, la innovación, la inversión, la generación de empleo y la formalización laboral".

Sin embargo, aunque puntualizó que “una mesa de diálogo sostenible será la llave maestra para resolver los problemas estructurales de nuestro país”, Martínez se quejó de que “tenemos propuestas y las ignoran”.

A continuación, enfatizó: “Reclamamos el libre ejercicio de la negociación colectiva y rechazamos toda imposición de un techo a la negociación salarial. Debemos reiterarlo una vez mas: no al cepo salarial".

El sindicalista defendió “un proyecto de país donde el capital este al servicio de la economía y la economía al servicio del bienestar social” y, para finalizar, indicó: “Sostenemos la necesidad de una agenda de diálogo para una Argentina del desarrollo, con derechos, con mas protección social y donde nadie sea prescindible".

Tradicionalmente, la pobreza ha sido definida como la ausencia de dinero. Es decir, no tener los ingresos necesarios para cubrir el costo de la Canasta Básica Familiar (S/ 1848 por un mes para una familia de 4 personas), que incluye bienes y servicios requeridos para vivir de manera apropiada. No obstante, la experiencia de las personas que están en situación de pobreza va mucho más allá de la falta de ingresos.

Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la pobreza no es simplemente un tema económico, sino un fenómeno que tiene múltiples dimensiones e incluye no solo la falta de ingresos, sino también la carencia de habilidades básicas para vivir con dignidad.

La pobreza multidimensional es una medida de la pobreza que considera diversos factores presentes en los hogares, desde su nivel de vida básico hasta el acceso a escolaridad, agua limpia y atención de salud. Ya que, por las brechas en servicios para la comunidad presentes en algunas regiones, se pueden contar con los ingresos suficientes, es decir no ser pobre monetario; sin embargo, en algunas zonas del país no se cuentan con los servicios básicos necesarios, tales como: agua potable, electricidad, centros de salud y escuelas de calidad.

La pobreza no se limita a la falta de ingresos. El Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) permite medir las carencias en salud, educación y calidad de vida.

Desde un enfoque monetario, la pobreza supone la insuficiencia de recursos monetarios para adquirir una canasta de consumo mínima aceptable socialmente. En consecuencia, están en situación de pobreza aquellas personas cuyo consumo mensual resulte inferior al gasto mínimo para alcanzar un nivel de vida aceptable.

Con esta metodología, la medición de la pobreza se basa en una estimación sobre la posibilidad de las personas de adquirir ciertos bienes; sin embargo, no se evalúa cómo se gastó ese monto o si se destinó mayoritariamente a cubrir necesidades básicas.

La pobreza monetaria mide cuánto hay en el bolsillo para alimentarse y vivir razonablemente, mientras que la pobreza multidimensional profundiza en la carencia de oportunidades para el desarrollo.

Los desafíos que persisten más allá de los ingresos incluyen las limitaciones en el acceso a servicios de salud, que disminuyeron del 28,4 % al 22,5 %; las limitaciones en educación, que disminuyeron del 52,3% al 51,1%; y las limitaciones en vivienda adecuada, que disminuyeron del 32,6 % al 32,4% entre 2024 y 2025.

El progreso en la reducción de la pobreza multidimensional se concentra en un mayor acceso a servicios de salud. Sin embargo, preocupa el retroceso en la cobertura de servicios básicos. Entre 2019 y 2025, la proporción de peruanos que accedió a agua a través de red pública en sus hogares disminuyó de 89,8 % a 88,1%, lo que equivale a 820.000 personas menos.

La obligación de los Estados de asegurar que las personas disfruten plenamente de sus derechos está estrechamente relacionada con el problema de la pobreza. Por esta razón, la ONU sostiene que eliminar la pobreza no es simplemente un deber moral, sino también una obligación legal conforme a las leyes internacionales de derechos humanos.

Es fundamental considerar que los derechos humanos, constitucionales o fundamentales son componentes cruciales y pilares de todo sistema democrático y constitucional de derecho, así como de las estructuras internacionales que protegen los derechos humanos.

Algunos residentes de Washington D.C. ahora tendrán que demostrar que trabajan o son voluntarios para poder recibir ayuda con los alimentos, un cambio impuesto por el gobierno federal que, según los abogados de los residentes más pobres de la ciudad, aumentará el hambre en los próximos meses y años.

Los requisitos laborales, que se están implementando gradualmente en todo el país, se aplican a los adultos que dependen del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) y que no cumplen con los requisitos para otras exenciones, como tener hijos pequeños o una discapacidad.

Una nueva ley les exige demostrar que trabajan al menos 20 horas semanales o que participan en un programa de capacitación o voluntariado aprobado durante un número determinado de horas al mes.

Según funcionarios del Departamento de Servicios Humanos de DC, la elegibilidad para el programa SNAP podría verse afectada por el cambio, que entró en vigor localmente el lunes.

Sin embargo, los críticos advierten que los nuevos requisitos podrían afectar a un mayor porcentaje de los 133.000 residentes de la ciudad que reciben SNAP, porque algunos podrían pensar erróneamente que ya no reúnen los requisitos para recibir los beneficios.

“Una de nuestras mayores preocupaciones es que haya personas que, a pesar de cumplir los requisitos para recibir estos beneficios, queden desamparadas”, declaró Jessica Berger, abogada supervisora ​​de Legal Aid DC, que ayuda a las personas a acceder a los beneficios públicos.

“La investigación nos indica que las personas más vulnerables y con mayores obstáculos son las que terminan perdiendo el acceso a estos beneficios ”.

A nivel nacional, los efectos de estos cambios podrían ser significativos. La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó el año pasado que, en promedio, alrededor de 3,2 millones de personas podrían dejar de recibir los beneficios del programa SNAP cada mes si entraran en vigor los nuevos requisitos laborales.

En Washington D.C., la implementación será gradual y las autoridades enfatizan que nadie perderá sus beneficios de inmediato.

En cambio, los requisitos laborales entrarán en vigor cuando un beneficiario de SNAP deba recertificar su elegibilidad ante la ciudad. En algunos casos, la recertificación se requiere cada seis meses, mientras que a otros hogares se les asignan intervalos más largos.

La directora del Departamento de Servicios Humanos, Rachel Pierre, declaró en una entrevista que la agencia se había puesto en contacto con los beneficiarios del programa SNAP para informarles sobre el cambio, y prometió que la ciudad ayudaría a los residentes a mantener sus beneficios siempre que fuera posible en medio de los nuevos requisitos.

“Cuando una familia o un individuo sufre inseguridad alimentaria o económica, nuestra labor es asegurarnos de que puedan acceder a los servicios y recursos a los que tienen derecho”, dijo Pierre, quien reconoció que le preocupaba que la gente optara por no renovar su certificación o incumpliera los requisitos y perdiera sus beneficios.

Berger afirmó que la comunicación de la ciudad debería ser más clara y personalizada. Explicó que los mensajes generales sobre los requisitos laborales podrían llevar a los residentes que cumplen los requisitos para obtener una exención a pensar que ya no son elegibles para el programa SNAP.

Sin embargo, Pierre indicó que la ciudad solo puede determinar quién califica para una exención una vez que solicita o renueva sus beneficios.

Berger comentó que la organización Legal Aid ya ha recibido consultas de clientes que están confundidos con los cambios.

Un cliente que llamó recientemente por un asunto ajeno mencionó de pasada que perdería sus beneficios del programa SNAP. Sin embargo, Berger explicó que, en realidad, esta persona estaba exenta porque tiene hijos menores de 14 años.

En Washington D.C., los nuevos requisitos laborales aumentarán las responsabilidades administrativas de una agencia que, en algunos casos, ya tiene dificultades para responder a la alta demanda de asistencia alimentaria.

En 2024, la ciudad recibió una multa de 4,4 millones de dólares del gobierno federal por pagar con demasiada frecuencia, ya sea de más o de menos, las prestaciones a los beneficiarios del programa SNAP.

Pierre afirmó que la agencia lleva meses actualizando sus sistemas y capacitando a su personal para prepararse para las nuevas normas.

Además de crear nuevos desafíos para el gobierno municipal, Berger argumentó que los cambios tenían su origen en ideas erróneas sobre los pobres.

“La mayoría de los hogares que reciben SNAP tienen personas trabajando”, dijo. “Por lo tanto, la idea de que las personas no trabajan y deben trabajar para obtener estos beneficios se basa en estereotipos sobre las personas que necesitan asistencia pública ” .

La ciudad ha estado trabajando para crear oportunidades de voluntariado en organizaciones locales sin fines de lucro, las cuales, según Pierre, ofrecerán al menos 1600 plazas para los residentes interesados ​​en participar para ayudar a cumplir con los requisitos del programa SNAP.

© 2026, The Washington Post

La pobreza monetaria en República Dominicana disminuyó a su nivel más bajo de la última década, ubicándose en 15.4 % durante el primer trimestre de 2026, de acuerdo con el informe preliminar presentado por el Ministerio de Hacienda y Economía. Este resultado representa una reducción de 2.6 puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior, cuando la tasa era de 18.1%.

El informe oficial señala que esta disminución está relacionada con el crecimiento económico observado en el mismo tiempo. El Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE) registró una variación acumulada de 4.1%, lo que sugiere que la expansión de la producción nacional permitió mejoras en los ingresos de los hogares más vulnerables.

Además, la aplicación de aumentos en los salarios mínimos sectorizados y no sectorizados, implementados desde abril del año pasado hasta febrero de 2026, benefició a los ciudadanos con menor poder adquisitivo.

Según la información validada por la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) y el Banco Central de la República Dominicana (BCRD), “los ingresos laborales percibidos durante los últimos 12 meses, comprendidos entre abril de 2025 y marzo de 2026, reflejaron un incremento al comparar con los reportados entre abril de 2024 y marzo de 2025.

Esto permitió que la contribución del ingreso laboral a la reducción de la pobreza alcanzara 3.74 puntos porcentuales, contrarrestando así el efecto de la inflación”, detalla el boletín oficial.

Al analizar los datos por territorio, la pobreza rural mantiene una incidencia superior a la urbana, situándose en 18.8 %, cuatro puntos por encima del 14.8 % que se registra en las ciudades.

El reporte recuerda que la pobreza monetaria se define como la situación de déficit entre los ingresos de los hogares y los recursos necesarios para adquirir una canasta básica de bienes y servicios.

La pobreza tiene rostro de mujer en República Dominicana

El Análisis del Desempeño Económico y Social 2025, difundido por las autoridades en las últimas semanas, señala que la pobreza monetaria bajó a su mínimo en diez años, aunque persisten brechas estructurales que limitan una reducción equitativa.

Según el documento, la incidencia general de la pobreza pasó de 19.0 % en 2024 a 17.3 % en 2025, mientras que la pobreza extrema disminuyó de 2.4% a 2.2%. Esto equivale a que 172,346 personas superaron la línea de pobreza durante ese periodo.

El informe enfatiza que la reducción de la pobreza se debió principalmente al efecto crecimiento, con una baja de 3.9 puntos porcentuales, aunque el efecto distribución y la inflación, con aumentos de 0.7 y 1.5 puntos respectivamente, limitaron el avance.

Persisten desafíos sustanciales, como la mayor incidencia entre la población menor de 15 años, donde la tasa llega a 30.1 %, casi el doble del promedio nacional, y la afectación más alta en los hogares encabezados por mujeres, cuya tasa supera en 3.8 puntos la de los hogares con jefatura masculina.

El índice de feminización de la pobreza aumentó de 21.2 a 26.0 entre 2024 y 2025.

El análisis territorial muestra que la región Norte registró la mayor baja, con una caída de 3.1 puntos, mientras que las regiones Ozama y Sur mantienen los niveles más elevados de pobreza.

El documento advierte que estas cifras reflejan la persistencia de brechas estructurales, especialmente entre la infancia, los hogares con jefatura femenina y las zonas con mayor rezago, lo que dificulta una mejora equitativa del bienestar social.

En esa lectura, el dato que usó para medir el cambio fue doble. Por un lado, afirmó que el Gobierno inició su gestión con más de 50 puntos de pobreza y que hoy ese nivel está por debajo de 30; por otro, señaló que el riesgo país bajó de más de 2.000 puntos a 500.

Miedziak habló en Infobae en Vivo antes del inicio del encuentro del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas, que este año lleva como lema “Nuevo Contexto Global: El Desafío de la Consolidación”. Desde allí planteó que la discusión ya no pasa solo por corregir desequilibrios, sino por definir si las mejoras recientes pueden sostenerse en un país donde economía y política suelen moverse juntas.

Para el presidente del IAEF, la principal novedad es el cambio de eje de la incertidumbre: antes estaba concentrada en la Argentina y ahora se desplazó al exterior. La consecuencia, según su planteo, es que el país ganó previsibilidad relativa, pero todavía necesita completar reformas para transformarla en competitividad duradera.

La incertidumbre, fuera de la Argentina

En la antesala del congreso, Miedziak describió un escenario internacional inestable y contrapuso esa situación con la dinámica local. “En Argentina parece que tenemos por primera vez en casi la historia más previsibilidad de lo que puede pasar por el mundo. Nadie está esperando cosas que pasaron siempre en Argentina, como que haya una gran volatilidad o que haya una inflación que nadie está esperando. Y en el mundo nadie sabe qué va a pasar en dos o tres semanas”, dijo el ejecutivo.

Su planteo no se limitó al contraste coyuntural. También remarcó que la consolidación argentina exige mirar la economía junto con la política, porque en el país ambos planos siguen estrechamente ligados y eso impide analizar los resultados de manera aislada.

Para explicar esa idea, recurrió a una comparación regional. “El caso de Perú a mí me encanta, porque en Perú el presidente del Banco Central lleva veinte años, con lo cual vos tenés muchos vaivenes políticos, pero la economía está bastante estable. Acá en Argentina siempre tenés que ver qué es lo que pasa”, dijo Miedziak.

Baja de la pobreza y del riesgo país

Miedziak sostuvo que en casi “treinta años” de gobierno se hicieron “muchas cosas bien” y eligió un criterio principal para juzgar resultados. “Creo que el más importante que uno tiene que ver es el índice de pobreza y tenemos que evaluar a todos los gobernantes por si hay más o menos pobres. Este es un gobierno que empezó con más de cincuenta puntos y tiene hoy menos de treinta puntos”, dijo el presidente del IAEF.

Luego sumó un segundo termómetro y lo presentó como una referencia menos expuesta a cuestionamientos locales. “Hay uno muy bueno que es el riesgo país, que todos lo conocen, que es básicamente cuál es el riesgo de hacer negocios en nuestro país. Y eso a mí me gusta mucho, porque es uno de los indicadores que los argentinos no pueden manipular”, planteó.

Sobre ese punto, precisó la magnitud del descenso y marcó a la vez el límite de la mejora. “El Gobierno empezó con más de 2.000 puntos, hoy está en 500. Queda un largo camino por recorrer. Yo le cuento a tu audiencia, por ejemplo, que acá del otro lado del río de La Plata, el riesgo país es de cincuenta puntos. O sea, es tremendo lo que falta, pero también es mucho lo que se hizo”, comparó Miedziak.

En esa misma secuencia, agregó que la inflación también muestra una tendencia descendente cuando se la observa en términos anuales, aunque no desarrolló cifras adicionales sobre ese indicador durante la entrevista.

La reforma tributaria, una cuenta pendiente

Miedziak recordó que en la edición anterior del congreso el IAEF había pedido tres cambios: una reforma laboral, un Estado más ágil y una reforma tributaria. Según su balance, dos de esos puntos registraron avances, mientras que el tercero sigue abierto y aparece como el obstáculo principal para mejorar la competitividad.

“La reforma laboral se dio, ahora lo que resta es ver cómo es la implementación de esa reforma”, dijo Miedziak. Sobre el segundo punto, sostuvo que ya existe un Ministerio de Desregulación y mencionó al ministro Federico Sturzenegger como el funcionario encargado de impulsar una estructura estatal más ágil.

El reclamo más enfático estuvo puesto en los impuestos. “Todavía falta una reforma muy grande, que es lo que tiene que ver con la reforma tributaria. Argentina no está para competir con muchos países y cuando encima de esa diferencia de competitividad le sumás que el costo impositivo es muy grande, es lo que todavía falta”, dijo.

A continuación explicó por qué, a su juicio, esa discusión es más compleja que las otras: “Creo que es algo bastante complicado, porque tenés tres diferentes entes que tienen que ponerse de acuerdo. Vos tenés impuestos municipales, tenés impuestos provinciales y después tenés los impuestos federales”.

Según su descripción, hubo reducciones tributarias parciales, pero no una coordinación integral entre niveles del Estado. “El país estuvo haciendo unas bajas de impuestos, pero, a decisión propia, me parece que falta todavía esa mesa para que, bueno, el costo impositivo no sea el que estamos teniendo y sobre todo el que creo que te prohíbe bastante la competitividad a nivel mundial”, enfatizó el titular del IAEF.

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Mirá la entrevista completa a Pablo Miedziak, presidente del IAEF

El Salvador experimenta un crecimiento económico impulsado principalmente por la construcción y el turismo, pero enfrenta el desafío de generar empleos suficientes para su población, según el economista y expresidente del Banco Central de Reserva (BCR), Carlos Acevedo.

Durante los últimos tres años, la economía salvadoreña alcanzó un promedio de crecimiento del 3.3%, una cifra que supera el promedio regional de América Latina y coloca al país en una posición favorable dentro del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).

De acuerdo con declaraciones Carlos Acevedo, a través de una entrevista matutina en Diálogo 21, “este año, dependiendo de las fuentes, las proyecciones van entre 3 y 3.5% por ciento”, ese ritmo de expansión representa un cambio respecto al bajo desempeño registrado entre 2000 y 2022, cuando el promedio fue de 2%.

El sector de la construcción ha sido uno de los motores más visibles de este avance. “A pesar del dinamismo de la construcción, que está generando un montón de empleos, existe la percepción de que solo los grandes constructores se benefician, pero hay un efecto multiplicador importante porque la construcción implica contratación de mano de obra, desde ingenieros hasta albañiles”, señaló Acevedo.

El economista explicó que este sector también demanda materiales, equipos y servicios, lo cual impacta en distintos niveles de la economía.

El turismo se suma como otra fuente de actividad que aporta al crecimiento. El país ha incrementado la llegada de visitantes y generado nuevas oportunidades, mientras las remesas familiares continúan representando un flujo relevante de divisas que ayuda a sostener el consumo interno.

Según Acevedo, “el ingreso de remesas y el turismo han dado un respiro a la economía”, aunque advirtió que estos factores no han sido suficientes para que toda la población perciba mejoría en su calidad de vida.

El progreso económico comienza a reflejarse en algunas estadísticas sociales. Acevedo destacó que “la última Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples arrojó una tasa de pobreza total del 22.5 %, la más baja jamás registrada en El Salvador”.

Esto significa que, por primera vez desde que existen registros, la pobreza se redujo en términos relativos; sin embargo, el propio economista advirtió que “uno de cada cuatro hogares está en situación de pobreza, lo cual es inaceptable”, y subrayó que cerca de medio millón de personas viven en pobreza extrema.

Uno de los principales retos que enfrenta El Salvador es la creación de empleos formales y bien remunerados. Según Acevedo, “el reto es empezar a levantar aún más la tasa de crecimiento para que se genere mayor empleo”, y recalcó la importancia de generar oportunidades laborales como mecanismo principal para reducir la pobreza.

“El factor principal para la reducción de la pobreza es el empleo”, reiteró el economista, citando estudios del Banco Mundial.

El costo de la vida se mantiene como una preocupación central para buena parte de la ciudadanía. Aunque la inflación bajó a niveles en torno al 2.2 %, Acevedo explicó que “la gente resiste el alto costo de la vida porque los precios desde el 2022 han crecido más de lo que han crecido los ingresos”.

Esto provoca que muchas familias ajusten su consumo y modifiquen hábitos alimenticios para afrontar la carestía. Acevedo también alertó sobre el impacto que podrían tener factores externos como el precio internacional del petróleo y eventuales sequías, que pueden influir negativamente en los precios de la canasta básica.

El analista reconoció que, pese a la mejora en algunos indicadores, el entorno para atraer inversión extranjera directa sigue siendo limitado. “El Salvador todavía sigue teniendo problemas para atraer inversión. Somos el penúltimo país en la región en ese sentido”, advirtió Acevedo.

La apuesta por la educación y la actualización de la infraestructura escolar se presenta como un elemento clave de mediano y largo plazo para mejorar la competitividad en el sector de empleo. Acevedo sostuvo que “la clave es apostarle a un crecimiento económico inclusivo, que genere empleos de calidad con salarios de calidad”. Enfatizó la relevancia de invertir en educación y en mejorar la formación docente, aunque los resultados de ese esfuerzo se verán con el tiempo.

El INEI presentó las cifras de pobreza, mostrando que el 25.7% de la población peruana vive en condiciones de pobreza monetaria, menor al 27.6% del 2024. Como siempre, los promedios ocultan las disparidades regionales: Ica, Madre de Dios y Moquegua, tienen menos del 10% de su población en condición de pobreza, mientras que Cajamarca y Loreto, se superan el 40%.

De otro lado, el 47.3% de la población peruana sufre de inseguridad alimentaria moderada y un 4.3% de la severa, lo cual quiere decir que la población tiene un limitado consumo de alimentos (25.2%), enfrenta vulnerabilidad económica y/o requiere utilizar más de 2 estrategias de afrontamiento (45%), como vender activos o utilizar ahorros para comprar alimentos. La inseguridad alimentaria se produce porque: a) no existen alimentos disponibles; b) existen problemas de acceso, es decir, las familias no los pueden comprar porque no tienen recursos financieros o porque los precios son excesivos; y/o, c) los hogares no pueden utilizar y distribuir los alimentos de manera eficiente dentro del hogar, porque no tienen insumos complementarios adecuados (energía, refrigeración).

La pobreza se relaciona con la inseguridad alimentaria, en varias dimensiones: a nivel país la pobreza limita los recursos para producir y/o importar alimentos; en lo subnacional puede reducir los recursos para construir caminos y mercados que permiten poner los alimentos a disposición de la población; a nivel del hogar, al reducir los recursos para comprar alimentos de calidad.

Siete regiones tienen más del 45% de la población en inseguridad alimentaria y también más del 30% de la población en pobreza monetaria; mientras que otras trece regiones también tienen más del 45% de su población con inseguridad alimentaria, pero con menos de 30% e incluso 20% de la población en pobreza. Entonces, la lucha contra la pobreza debe ser una prioridad, pero reducir la inseguridad alimentaria debe ser un objetivo específico de esa prioridad.

Por ello, la estrategia debe abordar dos niveles: en un primer nivel, generar las condiciones para recuperar tasas de crecimiento del PBI superiores al 6%, para reducir la pobreza en el país; ello requiere fomentar la inversión pública y privada, lograr un gasto público eficiente, y tener una institucionalidad operativa, honesta y estable. Pero en un segundo nivel, se requiere implementar estrategias en relación con la disponibilidad, acceso y uso de alimentos.

En este segundo nivel, la investigación “Mecanismos para reducir la Inseguridad Alimentaria: el rol de la productividad agraria, y las mejoras en disponibilidad, acceso y uso de los alimentos” publicada en “Agenda 2026” propone acciones para cada uno de esos pilares. Para la mayor disponibilidad, se requiere elevar la productividad agrícola, a través de mejorar los insumos de producción: semillas, riego, y capacidad técnica, así como lograr una mayor diversidad de cultivos en el ámbito rural, especialmente en zonas altoandinas; para un mejor acceso a alimentos, se requiere esquemas de provisión para la población de menores recursos (p.e, vales de consumo); y programas alimentarios focalizados en población que sufre inseguridad alimentaria de manera específica, y que la distribución no sea sólo con el criterio de pobreza.

Estas estrategias, propuestas por el Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, enfrentan actualmente oportunidades, pero también riesgos: en cuanto a oportunidades, estamos en una fase de altos precios de los minerales, lo cual favorece nuestros términos de intercambio y esto implica más recursos públicos en el corto y mediano plazo, así como mayores inversiones del sector privado, todo lo cual puede contribuir a elevar el crecimiento. Además, el boom tecnológico con la inteligencia artificial puede brindar oportunidades para el sector agrario, y ello contribuir a mejor las condiciones de disponibilidad de alimentos. En el caso de los riesgos, la potencial presencia de un Fenómeno El Niño, de una intensidad no vista en décadas, y la incertidumbre electoral, que detiene la inversión, son factores que afectan la implementación de las estrategias antes mencionadas. Frente a ello, se debe aprovechar las oportunidades y actuar sobre los riesgos, lo que implica prevenir y tener planes de acción. Lo que no podemos hacer es quedarnos paralizados.

La República Dominicana registró una disminución en la tasa de pobreza monetaria general, que alcanzó el 15.4 % durante el primer trimestre de 2026, según el último informe emitido por el Ministerio de Hacienda y Economía (MHE). Esta cifra refleja una reducción de 2.6 puntos porcentuales en comparación con el mismo periodo de 2025, cuando el índice se ubicó en 18.1 %. El descenso, validado por la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) y el Banco Central de la República Dominicana (BCRD), se atribuye a factores como el aumento del ingreso laboral y la expansión de la actividad económica nacional.

El reporte oficial del Gobierno dominicano vincula este retroceso de la pobreza a la evolución positiva del Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE), que acumuló una variación de 4.1 % durante los primeros tres meses del año. El comportamiento sugiere que la expansión de la actividad productiva incidió en la mejora de los ingresos de los sectores más vulnerables, de acuerdo con el análisis difundido por el MHE.

La información, avalada por la ONE y el BCRD, enfatiza que los ingresos laborales percibidos entre abril de 2025 y marzo de 2026 reflejaron un incremento respecto al mismo periodo del año anterior. Según detalla el boletín oficial, la contribución del ingreso laboral a la reducción de la pobreza fue de un 3.74 puntos porcentuales, cifra que permitió contrarrestar el impacto de la inflación en el poder adquisitivo de los hogares.

“Los ingresos laborales percibidos durante los últimos 12 meses, comprendidos entre abril de 2025 y marzo de 2026, reflejaron un incremento al comparar con los reportados entre abril de 2024 y marzo de 2025. Esto permitió que la contribución del ingreso laboral a la reducción de la pobreza alcanzara 3.74 puntos porcentuales, contrarrestando así el efecto de la inflación”, señala el boletín elaborado por el propio Ministerio de Hacienda y Economía.

Otra variable clave señalada por el MHE fue la implementación del aumento de los salarios mínimos sectorizados y no sectorizados, ejecutado entre abril de 2025 y febrero de 2026. Esta medida benefició a los ciudadanos de menor poder adquisitivo, aportando al descenso de la pobreza monetaria general en el país.

Es importante recalcar que la definición de pobreza monetaria, utilizada por las autoridades dominicanas, corresponde a la insuficiencia de ingresos en los hogares para cubrir el costo de una canasta normativa de bienes y servicios básicos. Los cálculos y variaciones reportados emplean los valores originales con máxima precisión, aunque las cifras publicadas están redondeadas para facilitar su exposición, lo que puede generar pequeñas discrepancias en operaciones aritméticas, según el propio documento.

Brecha entre la pobreza rural y urbana

El informe también destaca diferencias territoriales en la distribución de la pobreza. La pobreza rural se mantiene como la más elevada, situándose en 18.8 %, lo que representa 4.0 puntos porcentuales por encima del nivel registrado en zonas urbanas, donde la incidencia alcanza el 14.8 %.

El Gobierno atribuye esta brecha a factores estructurales y de acceso a oportunidades económicas en las distintas regiones de la isla.

La pobreza en Guatemala alcanza al 56% de la población y no muestra cambios de fondo pese a que la Organización de las Naciones Unidas ejecutó USD 923 millones en proyectos de desarrollo entre 2021 y 2025, según su Informe Anual de Resultados 2025.

El documento atribuye la persistencia del problema a la falta de oportunidades y al peso de la informalidad laboral.

El informe de Naciones Unidas señala que la pobreza extrema se mantiene en 16.2% y que 67.9% de los trabajadores sigue en la informalidad. Entre niños, niñas y adolescentes, 80.8% vive en precariedad económica, un indicador que, de acuerdo con el organismo, agrava el riesgo de rezago educativo y vulnerabilidad social.

En el mismo período, la ONU ejecutó 378 iniciativas y reportó avances puntuales en servicios sociales y prevención de crisis. La agencia también registró ataques contra defensores de derechos humanos, periodistas y operadores de justicia, y advirtió sobre el uso del sistema penal contra actores vinculados a investigaciones de corrupción.

Los datos del informe de la ONU sobre pobreza e informalidad

El Informe Anual de Resultados 2025 de Naciones Unidas sitúa en 56% la proporción de guatemaltecos en situación de pobreza, sobre una población de 18.7 millones de habitantes. El organismo vinculó el estancamiento con dos factores: falta de oportunidades y informalidad laboral sostenida.

En el detalle, la ONU consignó que la pobreza extrema permanece en 16.2%, mientras que 67.9% de la fuerza laboral continúa en la economía informal. Para la población menor de edad, el reporte ubicó en 80.8% el porcentaje de niños, niñas y adolescentes que viven en precariedad económica.

Fondos ejecutados y evolución del financiamiento internacional

Naciones Unidas informó que, en conjunto, ejecutó USD 923 millones en Guatemala durante el ciclo 2021-2025, a través de 378 iniciativas. El documento también describió una caída en la ejecución anual después del pico de USD 250,1 millones en 2022.

Según el mismo informe, la ejecución se redujo en los años siguientes hasta cerrar en USD 187.9 millones en 2025. La ONU atribuyó esa trayectoria a una tendencia descendente en la movilización de fondos internacionales durante la etapa final del quinquenio.

Resultados reportados en servicios sociales y acciones ante la sequía

Durante el último año del período evaluado, Naciones Unidas informó que 4.5 millones de personas ampliaron su acceso a servicios sociales esenciales a través de programas de asistencia.

Entre las medidas, el organismo indicó que brindó apoyo logístico para la instalación de más de 50.000 pisos de concreto en viviendas vulnerables.

Con ese componente, la ONU reportó que se declaró a diez municipios libres de pisos de tierra.

En paralelo, el informe consignó la primera acción anticipatoria colectiva de Centroamérica frente a la sequía en el Corredor Seco, que, según el organismo, asistió de forma preventiva a 67,500 personas en riesgo de inseguridad alimentaria.

Miguel Barreto, coordinador residente de la ONU en Guatemala, planteó: "Construir capacidades previas" y anticipar riesgos para reducir vulnerabilidades antes de que las crisis se profundicen. También anunció una nueva intervención orientada a mitigar el fenómeno de El Niño, dentro de la estrategia preventiva del sistema de Naciones Unidas.

Ataques y denuncias por el uso del derecho penal

El informe de la ONU documentó 1,465 ataques contra defensores de derechos humanos, periodistas y operadores de justicia. En ese apartado, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunció la "instrumentalización del derecho penal" por parte del Ministerio Público.

Según la oficina, esa práctica se utilizó para criminalizar a jueces y fiscales que investigan corrupción y violaciones graves de derechos humanos. El reporte vinculó ese contexto con un deterioro de condiciones para el trabajo de actores del sistema judicial y del periodismo.

La respuesta del Gobierno y el foco del plan 2026-2030

Al recibir el informe, el presidente Bernardo Arévalo de León afirmó: "Resultados concretos" son clave para sostener la confianza en las instituciones democráticas. La Presidencia enmarcó la discusión en la necesidad de que las políticas públicas se traduzcan en mejoras verificables para la población.

De acuerdo con Naciones Unidas y el Gobierno guatemalteco, el próximo ciclo estratégico 2026-2030 incorporará movilidad humana y migración como prioridad nacional de desarrollo, en un giro de agenda tras el quinquenio 2021-2025 marcado por el estancamiento de los indicadores de pobreza y el deterioro social consignado en el informe.

Salimos temprano por el barrio con Gringa, la perra de la casa. Son cuadras tranquilas pero a esta hora el barrio está especialmente desierto. Se van iluminando algunas bombitas en las ventanas, se corre alguna cortina, alguien prende una hornalla. Gringa viene suave, siempre un poco en babia, pero de golpe ve algo, ha visto algo. Por la vereda se arrastra, viene salticando, una bolsa de esas que ahora te cobran en los supermercados, vacía; Gringa va hacia un zaguán y desde ahí sale un gruñido. Un gruñido, unos ojos perdidos, la mandíbula que cuelga. Es un hombre. Ponele.

No lo puedo evitar: pienso “es un hombre” y pienso “si esto es un hombre”. Y Si esto es un hombre es, claro, el título de ese libro tremendo de Primo Levi, un judío italiano, químico, arrancado por el nazismo de su buena vida en Turín para ser tirado como basura a Auschwitz. Levi -que vivió para contarlo- detalla la vida -sí, vida- en el campo, el frío tremendo de prisioneros descalzos, el dolor permanente de los pies de quienes andan en ese invierno polaco con cualquier zapato, porque ya no tienen nada, de la sopa como única comida pero, encima: ¿cómo va a comerla sin cuchara? Cuenta, Primo Levi, las peleas por la parte de arriba, la más grasosa, de ese caldo inmundo. Habla del compañero al que acaban de señalar para ir a la muerte pero que antes le dona sus cubiertos. Y de los que se rindieron, habla de los que ya son fantasmas.

Primo Levi -pienso- es sometido por un regimen que busca exterminarlo. Que decide todo: qué puede y qué no puede decir, a qué hora tiene que dormir, cómo hacer su cama: todo. El hombre del zaguán, en cambio, es víctima de lo contrario. Nadie decide sobre él, se ha vuelto invisible, inexistente. No lo persigue un régimen totalitario: reina el individualismo, que mata con la indiferencia. Una sociedad que parece haber decidido que no tenemos nada que ver unos con otros, que si alguien se cae mejor que se le ocurra solo cómo levantarse, que es bueno y justo que sobrevivan los más fuertes, que no somos manada, compatriotas, ninguna cosa. Una sociedad orgullosa de no tener nada que ver con los que no pudieron, con los que no quisieron, con los que no pudieron querer.

Al principio, Primo Levi se sorprende de que lo dañen sin odio. Entiende, entendería, que le pegaran por algún motivo pero cuando le dan una paliza porque sí, para que vaya poniéndose en su lugar, se queda perplejo. Es la entrada nomás, ya se va a ir acostumbrando a que, como le dice un guardia que le impide beber, “acá no hay razones”. De a poco, verá gente con ropa ridícula, paso extraño, brazos rígidos, y sabrá que mañana nomás él será así. “Una masa humana” son sus compañeros a veces, caída ya toda dignidad.

Si esto es un hombre, pensé durante mucho tiempo, hablaba de eso, de un humano que sufre dolor físico, moral, espiritual sin saber por qué; que es desnudado, separado de su familia, objeto de arbitrariedades como norma. Masa humana, de a poco eso no es un hombre, pensé. Pero ahora creo otra cosa.

Ahora creo que “si esto es un hombre” señala también al guardia que pega por pegar, a veces por obediencia, a veces porque puede. Señala al vivillo de la ciudad vecina que se acerca al alambrado a cambiarle al prisionero una camisa -la única, la que tiene puesta- por unos panes, y el prisionero se queda pecho al aire porque el hambre manda. “Si esto es un hombre” señala al que camina erguido frente a esos desgraciados contrahechos y elige cuáles van a ser exterminados. Si eso es un hombre. Si ese asco es un humano.

Paso por la misma vereda unos días después. El tipo -¿es el mismo?- está acostado, con una de esas camperas verdes que tienen una capucha con un vivo de piel, casi junto al cordón, paralelo al container de la basura. Como quien se acuesta frente al mar, está acostado frente al container. Y come: con una mano se sostiene la cabeza, con la otra va sacando unos bizcochitos de grasa de una bolsa. Come eso, que ojalá no haya agarrado del tacho, con los ojos a la altura de las ruedas de los autos. No hay más solo: creo que veo el hueso de la palabra “soledad”.

Paso, vuelvo con leche para hacer yogurt, llegamos a casa, está la estufa prendida, Gringa se echa en su colchoncito. Tengo cocina, olla, fuego, cuchara. Soy una más, yo también lo dejo atrás. Esto y ninguna otra cosa, digo, es un hombre. Todo eso; el que está tirado, el que sigue de largo, los que festejan el sálvese quien pueda.

No hay red, no hay Estado, no hay semejantes, no hay cuidado que se merezca sólo por ser humano. Solo la bolsa al viento, solo la calle. Mientras no lo barran también.

Marcos Galperín, fundador de Mercado Libre y uno de los empresarios más influyentes del país —con una fortuna personal que supera los USD 7.500 millones—, volvió a respaldar públicamente al Gobierno nacional. A través de sus redes, el empresario enumeró una serie de indicadores económicos que, según sostuvo, reflejan una mejora significativa de la situación del país.

No es la primera vez que Galperín defiende la gestión de Javier Milei. A lo largo de los últimos meses, el empresario ha tomado posición de manera reiterada en favor de las políticas económicas del Gobierno, convirtiéndose en una de las voces del sector privado más activas en ese sentido.

El posteo del empresario

En su publicación, Galperín abrió con una referencia directa a lo que describió como una ofensiva sostenida contra la administración nacional. “Luego de meses de que todo el sistema de poder haya atacado al Gobierno de una manera inédita”, escribió, para luego listar los indicadores que, a su entender, marcan un punto de inflexión.

“Hoy tenemos: 447 palos de dólares comprados en un día, tasas bajando, inflación bajando, EMAE [Estimador Mensual de Actividad Económica] y economía creciendo, inflación bajando, tipo de cambio estable, reservas en niveles récord, superávit fiscal, superávit comercial, empleo privado creciendo, pobreza bajando”, enumeró en su cuenta oficial de X.

“¿Alguien más está viendo lo mismo que veo yo? Me parece que se dio vuelta la tortilla”, cerró el empresario en su posteo.

Los datos del BCRA

Junto con su mensaje, Galperín compartió una infografía del BCRA correspondiente al jueves 28 de mayo de 2026, que publica diariamente el organismo con sus principales variables. En efecto, la entidad sumó USD 447 millones, la segunda compra más alta del año, con lo que el acumulado anual supera los USD 9.600 millones, cifra que representa más del 96% de la meta de compras de divisas para este año.

Al cierre de la jornada, las reservas brutas llegaron a USD 48.511 millones, una suba diaria de 644 millones de dólares. Este monto marca el valor más elevado en casi siete años y supera el máximo registrado en febrero por la actual gestión.

En cuanto a las tasas, el informe consignó una Tasa Nominal Anual (TNA) de 22,81% para el Tamar—Tasa Mayorista de la República Argentina— y de 20,69% para el Badlar, ambas correspondientes a bancos privados. El tipo de cambio minorista promedio vendedor se ubicó en $1.430,454 por dólar.

Una voz que respalda al Gobierno

El posteo de Galperín se enmarca en una postura que el empresario ha sostenido de manera consistente desde que Milei asumió la presidencia. En distintas oportunidades, el fundador de Mercado Libre se ha expresado a favor de la orientación económica del Gobierno, en particular en lo referido al ajuste fiscal y a la desregulación.

En esta ocasión, su mensaje apunta a trazar un contraste entre lo que describe como una presión sostenida del “sistema de poder” sobre la administración y los resultados que, según él, empiezan a verificarse en los indicadores macroeconómicos. La publicación fue acompañada por datos oficiales del BCRA, que el propio organismo difunde a diario, y que Galperín utilizó como respaldo de su argumento.

En ese sentido, el empresario no hizo distinciones entre variables de corto y largo plazo: puso en el mismo plano la compra de divisas del día con tendencias más estructurales como la reducción de la pobreza o el crecimiento del empleo privado. Su publicación generó repercusión en la red social, en línea con el rol que el ejecutivo viene ocupando como una de las figuras del sector privado más activas en el debate económico y político del país.

La polémica con las jubilaciones

A comienzos de mayo, Marcos Galperín protagonizó una controversia en X que tuvo amplia repercusión. Todo comenzó con la viralización de un video periodístico, en el que una mujer mayor relataba que su haber jubilatorio no le alcanzaba para cubrir los gastos básicos, en particular el costo de los medicamentos, y que dependía de la ayuda de sus hijos para sostenerse. La mujer también aclaró que nunca había tenido empleo formal porque se había dedicado durante su vida a las tareas del hogar.

Ante ese video, Galperín respondió en la red social con un emoji de carita sonriente, gesto que fue interpretado por una parte significativa de los usuarios como una burla hacia la jubilada. La reacción del empresario generó miles de interacciones y se instaló como uno de los temas más debatidos de la jornada. El streamer Coscu —Martín Pérez Disalvo— fue una de las voces más resonantes en cuestionarlo: “¿Cómo siendo una de las personas con más guita del país te vas a reír de una jubilada?”, escribió, y destacó el valor del trabajo doméstico no remunerado. En un segundo mensaje, Coscu profundizó la crítica: “Cuando les pregunten si la plata les da la felicidad acuérdense de este ejemplo: la persona más rica de nuestro país riéndose de una jubilada que no le alcanza para los remedios.”

Galperín no respondió a esos cuestionamientos, pero sí publicó un mensaje en el que planteó su postura sobre el sistema previsional: “Si no trabajaste nunca en tu vida y tenés más de 65 años, no sos jubilado.” La frase amplificó el debate y extendió la polémica durante horas en la plataforma, con intervenciones de periodistas, usuarios y figuras públicas que sumaron sus opiniones sobre el rol del trabajo doméstico, la situación de los adultos mayores y el sistema jubilatorio argentino.

Cuatro de cada diez mujeres rurales en América Latina no cuentan con ingresos propios, de acuerdo con un análisis expuesto durante el Foro GLI Latam 2026 en Lima.

El dato muestra que, pese a los avances en capacitación, la brecha en el acceso a recursos y autonomía económica persiste para la mayoría de las agricultoras de la región, incluido Perú.

Capacidades en aumento, oportunidades estancadas

Según explicó Carolina Trivelli, investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) y ex ministra de Desarrollo e Inclusión Social, el problema no radica en la falta de formación.

“Las mujeres rurales hoy en día enfrentan las mismas oportunidades laborales que sus madres y sus abuelas. Tenemos mujeres rurales con más capacidades que antes, pero tienen las mismas posibilidades que mujeres que tenían menos capacidades que ellas”, sostuvo.

Trivelli subrayó que el estancamiento responde, en buena medida, a la ausencia de políticas públicas rurales enfocadas en cerrar las brechas de género. A su juicio, muchas iniciativas carecen de perspectiva de género y no buscan reducir la desigualdad estructural.

El acceso al financiamiento, otro obstáculo

El evento, que contó con la participación de representantes de UNESCO, CAF y FAO, abordó también las dificultades de las mujeres rurales para acceder a financiamiento.

Bárbara Auricchio, ejecutiva principal de la Dirección de Género de CAF, sostuvo que los productos financieros tradicionales no consideran la realidad de las mujeres en el campo. “Muchos instrumentos parten del supuesto de producción continua, formalidad y acceso a garantías que ellas no tienen”, explicó.

Auricchio remarcó que, sin educación financiera y digital, es poco probable que los nuevos instrumentos diseñados para el sector tengan efectividad real.

El estudio presentado en el foro muestra que, aunque casi 931.000 mujeres figuran como productoras agrarias en Perú y un 35,5% tiene titularidad sobre sus parcelas, la propiedad no garantiza acceso al crédito, especialmente en contextos de inestabilidad climática.

Cultura, identidad y derechos colectivos

Por su parte, Guiomar Alonso Cano, representante de UNESCO en Perú, profundizó en las dimensiones culturales y de identidad que afectan a las mujeres rurales. “¿Cómo puede ser central una persona que no controla los recursos?”, planteó.

Alonso Cano advirtió sobre tres riesgos emergentes para los saberes rurales: el extractivismo cultural sin reconocimiento de autoría, la instrumentalización de los conocimientos colectivos ignorando la cultura propia y la circulación masiva de contenidos digitales sin protección ni reglas claras.

“La IA y la circulación masiva de contenidos culturales, no solo iconografía, sino conocimientos complejos agrícolas, de memoria colectiva o relaciones con el territorio, circulan sin reglas ni reconocimientos. ¿Cómo se protegen los derechos colectivos de comunidades rurales y cómo se redistribuyen los beneficios? Eso todavía no lo tenemos”, agregó.

¿Distancia entre la ley y la realidad cotidiana?

Mariana Escobar, representante de la FAO en Perú, señaló que la brecha entre el avance normativo y la vida cotidiana permanece abierta.

Las resistencias culturales, especialmente en zonas rurales, y la percepción de riesgo para invertir en proyectos liderados por mujeres, dificultan la consolidación de derechos.

Escobar destacó que aún existen sectores que no consideran que invertir en mujeres requiere enfoques distintos, lo que frena decisiones de inversión y limita el desarrollo.

De esta manera, el foro invitó a repensar la visión tradicional sobre la mujer rural, pasando de verla solo como beneficiaria a reconocerla como agente política y de transformación.

El dato

• El Foro GLI Latam 2026, organizado por Pro Mujer bajo el lema “Nuevos horizontes: tecnología, territorio y poder colectivo”, reunió a participantes de más de 30 países y puso el foco en la necesidad de políticas y mecanismos de inversión con enfoque de género para cerrar las brechas en el mundo rural.

Levantar una vivienda en solo una semana y por un precio similar al de un teléfono móvil de alta gama parece una promesa difícil de creer, pero es precisamente lo que plantea Housing Now, un proyecto de casas modulares de bambú desarrollado en Myanmar por el estudio de arquitectura Blue Temple. La iniciativa está pensada para familias desplazadas por el conflicto y por desastres naturales, y combina tres ideas sencillas: materiales locales, bajo coste y rapidez de construcción.

Según la ficha del proyecto publicada por ArchDaily, medio especializado en arquitectura, cada unidad puede construirse en una semana y tiene un coste aproximado de entre 1.000 y 1.300 dólares, una cifra que el propio proyecto compara con el precio de un smartphone. No se trata de viviendas convencionales pensadas para el mercado inmobiliario europeo, sino de casas básicas, modulares y de emergencia, diseñadas para responder a una situación extrema: la falta de alojamiento seguro para familias desplazadas en Myanmar.

Cañas de bambú para construir estructuras resistentes

La clave del sistema está en el uso del bambú. Pero no del bambú de gran diámetro, más caro y difícil de conseguir, sino de cañas más pequeñas, abundantes en los mercados locales. Blue Temple agrupa estas piezas en haces y las convierte en marcos estructurales prefabricados. Cada marco integra elementos verticales, horizontales y diagonales, de forma que cuatro piezas encajadas forman el esqueleto principal de la vivienda.

El resultado es una estructura ligera, modular y más resistente de lo que podría parecer a simple vista. El sistema permite montar suelos, paredes y cubierta sobre esa base de bambú, manteniendo un diseño adaptable a las necesidades de cada familia. La vivienda puede cambiar en cuestiones como la distribución interior, la posición de las ventanas o el acceso principal, sin comprometer la estabilidad del conjunto.

El propio estudio de arquitectura presenta Housing Now como una iniciativa creada en 2019 para responder a la crisis habitacional en zonas afectadas por el conflicto en Myanmar. El programa no solo desarrolla viviendas, sino también escuelas y clínicas de bajo coste con participación de las comunidades locales.

Una prueba real: el terremoto de Myanmar

El proyecto ganó especial visibilidad después del terremoto de magnitud 7,7 que golpeó el centro de Myanmar en marzo de 2025. Según Blue Temple, 26 casas de bambú construidas en un campamento de familias desplazadas resistieron sin daños pese a encontrarse cerca de la zona afectada, a unos 15 kilómetros del epicentro.

La resistencia de estas viviendas no depende únicamente del material, sino también de la geometría. El entramado de bambú distribuye las cargas sísmicas y permite cierta flexibilidad ante los movimientos del terreno. Esa elasticidad es una de las razones por las que el bambú se ha ganado el apodo de “acero vegetal”: crece rápido, pesa poco y puede soportar esfuerzos importantes si se trabaja correctamente.

Un modelo abierto y replicable

Otra de las particularidades del proyecto es que no se plantea como un producto cerrado. Housing Now ha construido 79 unidades y ha distribuido 500 manuales do it yourself (DIY) para facilitar que otras comunidades puedan replicar el sistema.

Esa dimensión comunitaria es clave en la propuesta. Las familias participan en el montaje con apoyo técnico, lo que reduce costes y permite adaptar las casas al uso cotidiano. El objetivo no es levantar viviendas icónicas, sino ofrecer una solución práctica, rápida y asequible en lugares donde el acceso a materiales industriales, financiación o maquinaria pesada es muy limitado.

En este sentido, conviene entender bien el alcance del proyecto: no son casas milagro ni una solución exportable a cualquier país. Son viviendas de emergencia, diseñadas para un contexto concreto y con costes locales de Myanmar. Pero sí muestra algo importante: con diseño, materiales cercanos y participación comunitaria, la arquitectura puede ofrecer respuestas dignas incluso en escenarios de enorme precariedad.

El crecimiento económico sostenido, impulsado principalmente por la inversión privada, es clave para generar empleo adecuado, ampliar la clase media y reducir la pobreza. En 2025, la pobreza monetaria en el Perú cayó de 27.6% en 2024 a 25.7%, en un contexto de crecimiento económico de 3.4% y de un repunte de 10% de la inversión privada. No obstante, el resultado se ubica por encima del nivel de 2019, cuando la pobreza alcanzaba el 20.2%; en otras palabras, existen 2.3 millones de peruanos más en situación de pobreza que antes de la pandemia.

Desempeño nacional

La mejora fue distinta entre zonas urbanas y rurales. En las ciudades, la pobreza cayó de 24.8% en 2024 a 23.4% en 2025; sin embargo, aún hay cerca de tres millones de personas más en pobreza urbana que en 2019. En contraste, en el ámbito rural la pobreza se redujo de 39.3% a 35.5% y ya se ubica por debajo de su nivel prepandemia, con casi 544 mil personas menos en esta condición frente a 2019. Así, la pobreza se ha vuelto principalmente urbana: en 2025, el 74.1% de las personas pobres vivía en zonas urbanas, una proporción mayor que antes de la pandemia (56.7%).

A esta situación se suma el aumento de la vulnerabilidad monetaria. En 2025, la población vulnerable —personas que no son pobres, pero que pueden caer en pobreza ante un choque económico adverso— pasó de 31.8% a 32.8%. Aunque esta proporción es menor que la de 2019 (34.7%), aún existen más de 11 millones de peruanos considerados vulnerables y alrededor de 452 mil más que en 2024.

La recuperación de la clase media también sigue incompleta. Según el Banco Mundial, este grupo incluye a las personas con ingresos equivalente a cerca de S/1,066 mensuales. En 2025, la clase media representó el 34% de la población, por encima del 32% de 2024, pero aún por debajo del 39% de 2019. Así, hay 909 mil peruanos menos en este grupo frente a la situación prepandemia. A nivel regional, 16 de 25 regiones registraron retrocesos en la proporción de clase media respecto de 2019, con las mayores caídas en Lima Metropolitana y Callao, Tumbes y La Libertad.

Pobreza y clase media en Piura

Piura redujo la pobreza en 2025, en un contexto de mayor dinamismo económico y laboral. La economía regional creció 4.6% y el empleo formal asalariado avanzó 4.9%, lo que contribuyó a que la pobreza monetaria disminuya de 31.9% en 2024 a 28.1% en 2025. Sin embargo, la mejora aún no alcanza para recuperar el nivel previo a la pandemia: la pobreza se mantiene por encima del 24.2% de 2019, lo que implica más de 105 mil piuranos adicionales en esta condición. Con ello, Piura se mantiene como la novena región con mayor pobreza del país.

Por su parte, la clase media en la región no solo no se ha recuperado, sino que se ha reducido. En 2025, este grupo representó el 23.5% de la población regional, por debajo del 24.6% de 2024 y lejos del 27.9% registrado en 2019. Esto equivale a más de 57 mil piuranos que salieron de la clase media respecto de la prepandemia.

La pobreza extrema también se redujo en Piura. En 2025, cayó a 3.0%, pero aún se mantiene por encima del 2.5% registrado en 2019. Este indicador incluye a quienes no logran cubrir una canasta básica de alimentos, con un gasto mensual menor a S/242 por persona (S/967 para una familia de cuatro miembros). Así, Piura registra 17 mil personas más en pobreza extrema respecto de 2019.

En adelante, el reto para Piura y el resto del país no es solo reducir la pobreza, sino consolidar una recuperación más amplia que permita ampliar la clase media. Para ello, resulta indispensable reactivar con mayor fuerza la inversión privada, principal motor de crecimiento de la economía y de generación de empleo formal. Cerrar las brechas exige impulsar un entorno más favorable para la inversión, destrabar proyectos y generar oportunidades económicas en todas las regiones.

(*) Elaborado por Stephani Maita, economista sénior del IPE, con la colaboración de Maylith Coronel.

Promedia mayo y el frío no perdona. En la Ciudad de Buenos Aires viven miles de personas en situación de calle: según los datos oficiales, son unas 1.613. Pero los últimos informes, de septiembre de 2025, obtenidos por el censo popular en la Ciudad de Buenos Aires —realizado por las organizaciones sociales, en colaboración con numerosos voluntarios y ONG—, eran 11.892 las personas sin techo. En ese contexto, la ayuda y la empatía de los propios ciudadanos y vecinos porteños juegan un rol fundamental. También lo hacen los distintos proyectos solidarios, entre ellos, Plato Caliente.

Convocados por la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA), estudiantes y graduados de la UBA se organizan cada semana en el Bar Saludable de Nutrición de la Facultad de Medicina, en Marcelo T. de Alvear 2230. Allí, voluntarios de la carrera de Nutrición elaboran platos que cumplen con los valores nutricionales necesarios, y aproximadamente 20 voluntarios de distintas carreras reparten más de 200 viandas por edición en las zonas aledañas a Plaza Houssay, donde la vulnerabilidad es extrema por el frío y la falta de techo.

Plato Caliente surgió durante la pandemia —en junio de 2020— como parte del programa “UBA en Acción” y, en seis años, repartió más de 60.000 platos calientes, con la colaboración de más de 15.000 voluntarios y 7.500 cocineros, consolidándose como una expresión del compromiso social universitario frente a la emergencia habitacional. “Cada salida es diferente. A veces encontramos familias y ciudadanos recurrentes; a veces son nuevos los rostros. Nosotros, como voluntarios, tenemos diferentes circuitos para tratar de cubrir la mayor cantidad de cuadras posibles”, cuenta Priscila Vitale, presidenta de FUBA.

La solidaridad ante todo

La solidaridad es la premisa que mueve a cada uno de los voluntarios y voluntarias que los jueves, cada quince días, se reúnen a poner su tiempo y ganas de ayudar.

“El voluntariado de Plato Caliente nace en el momento más crudo de la pandemia, cuando mucha gente en situación de calle necesitaba de una gran ayuda; y en la UBA nunca podemos quedarnos con los brazos cruzados”, revive Priscila que además de presidir la Federación, es integrante del proyecto desde sus inicios. Según explica, el trabajo se sostiene gracias al compromiso conjunto de estudiantes, graduados y voluntarios de distintas facultades, especialmente de la carrera de Nutrición.

Los jueves, las viandas se preparan en el espacio de Nutrición con alimentos obtenidos a través de donaciones que llegan tanto al patio de la facultad como al local de la FUBA. “Las viandas se preparan siempre en base a cantidad de nutrientes, proteínas y alimentos acordes a lo que tiene que tener una comida”, explica Priscila. El objetivo es que cada plato aporte el valor nutricional necesario y llegue caliente a quienes lo reciben.

La planificación del menú también forma parte del trabajo cotidiano del voluntariado. Yamila, encargada de la organización, explica que las comidas se diseñan para poder cocinar grandes cantidades sin perder calidad alimentaria. “El menú se define para que sea un menú de ollas que sea rendidor y permita hacer mucha cantidad. Un menú completo con proteínas, carbohidratos, cereales integrales y legumbres”, detalla.

Una vez terminadas las viandas, los grupos salen en recorridas organizadas por distintos circuitos alrededor de la Facultad de Medicina y Plaza Houssay. “Cada salida es diferente. A veces encontramos familias y ciudadanos recurrentes; a veces son nuevos los rostros”, agrega Priscila. Según cuenta, los recorridos buscan cubrir la mayor cantidad posible de cuadras y adaptarse a una realidad social que cambia semana a semana.

El crecimiento de personas que viven en la calle se convirtió en una de las principales preocupaciones de quienes participan del voluntariado. Las organizaciones sociales que trabajan con esta problemática cuestionan las cifras difundidas por el Gobierno nacional este año y sostienen que existe un fuerte subregistro de personas sin techo. También advierten que muchos relevamientos oficiales excluyen jurisdicciones clave, como la provincia de Buenos Aires, lo que reduce significativamente el alcance de los datos: el Gobierno relevó 9.400 personas en situación de calle en 19 provincias dejando afuera el distrito bonaerense.

Estar presente

La situación económica también impacta de forma directa en este escenario. Según cifras oficiales del INDEC, hacia fines de 2025 la desocupación alcanzó el 7,5 por ciento, superando el millón de personas sin empleo y marcando un aumento sostenido en los últimos dos años. A eso se suma el crecimiento de la informalidad laboral y la pérdida de cientos de miles de puestos de trabajo registrados desde 2023, especialmente en sectores como la industria, la construcción y el trabajo en casas particulares.

En paralelo, especialistas en economía cuestionan que los indicadores de pobreza medidos únicamente por ingresos no logran reflejar completamente el deterioro de las condiciones de vida ni la precarización creciente del mercado laboral. En ese contexto, acciones como las de Plato Caliente se consolidan como una de las principales redes de contención para quienes atraviesan situaciones extremas.

Para muchos de los voluntarios, el trabajo excede la entrega de comida. Rodrigo Moyano, licenciado en Ciencias Políticas, docente del CBC y estudiante de Trabajo Social, participa del proyecto desde 2022. Para él, la experiencia representa una manera concreta de devolverle a la sociedad lo que la universidad pública brinda todos los días.

“Plato Caliente no es solamente entregar una vianda, sino acercarse a las personas, preguntar qué tal su día, preguntar su nombre, cómo están”, admite el impacto de esa acción en él. En ese vínculo cotidiano también aparece una fuerte dimensión humana: la conciencia de las desigualdades y de las condiciones en las que viven quienes pasan las noches en la calle, especialmente durante el invierno.

Para Lucas Lauría, estudiante de cuarto año de Psicología que comenzó a participar este año después de ser invitado por compañeros de Nutrición, la experiencia es movilizante. “Me gustó mucho estar en la calle buscando gente que necesitara alimentarse o un plato caliente, ya que en estos días de frío la gente lo necesita especialmente”, cuenta.

También destaca el clima colectivo previo a cada salida y la importancia de construir compromiso social desde la universidad pública. “Estar en la facultad no solamente nos forma como profesionales, sino como personas que vivimos en esta sociedad”, afirma sobre el rol humano, especialmente frente al conflicto por la falta de presupuesto.

En un contexto atravesado por el aumento de la pobreza, la precarización laboral y el crecimiento de personas sin techo, cada dos jueves Plato Caliente vuelve a poner en marcha la misma rutina: cocinar, organizar las recorridas y salir a repartir comida caliente. Una tarea sostenida por estudiantes y voluntarios que, frente a una realidad cada vez más compleja, buscan que nadie quede completamente solo.

Los recorridos tienen tres rutas: el circuito 1 sale por la calle Paraguay Uriburu, de allí llegan hasta Avenida Corrientes y caminan hasta Callao. Luego de allí siguen hasta Avenida Córdoba, desde donde regresan hasta Uriburu.

El circuito 2 inicia su recorrida por Marcelo T. de Alvear hasta Callao y Corrientes. De allí regresa por la plaza Rodríguez Peña. El circuito 3 sale por Azcuénaga hasta Córdoba y de ahí sigue hasta Pueyrredón, desde donde continúan hasta Once.

En México, uno de cada cuatro adultos mayores de 65 años permanece en el mercado laboral, según el Instituto Nacional de Geriatría, revelando que el trabajo en la vejez es una realidad cotidiana que va más allá de la elección personal. Este segmento de la población enfrenta retos considerables en el campo ocupacional, lo que se refleja tanto en las estadísticas de participación como en las condiciones laborales y de vida.

La tasa de participación laboral de personas mayores mexicanas asciende al 25%, una cifra que, aunque no es la más alta en la región latinoamericana, evidencia las carencias del sistema de seguridad social del país. Al comparar este dato internacionalmente, los índices de Perú (43.2%), Ecuador (36.9%) y Paraguay (34.2%) superan al mexicano, ligados a sistemas aún más frágiles.

Entre los adultos mayores que trabajan en México predominan los hombres, con un 67.2% frente a un 32.8% de mujeres en la misma situación. Además, un 20% de quienes laboran se ubica en el rango de edad de 75 a 84 años, lo que indica que no solo los más cercanos a la jubilación sino también los de mayor edad continúan activos.

Sobre la educación, cerca de la mitad (49.8%) cuenta con algún año de primaria, mientras menos del 16% de quienes no trabajan tienen ese nivel educativo. Esta tendencia destaca la permanencia de adultos mayores con menor escolaridad en actividades productivas,.

El entorno donde los adultos mayores se insertan laboralmente también resulta revelador. Un 30.4% reside en zonas rurales. Las características de sus empleos reflejan la precariedad que enfrentan: el 54.3% se desempeña por cuenta propia y el 76.3% lo hace en la informalidad, muy por encima de otros grupos etarios. Esta informalidad se traduce en ausencia de prestaciones y seguridad, ya que únicamente un 11.4% tiene acceso a instituciones de salud derivado de su empleo.

Las ramas económicas en las que se concentran los mayores trabajadores muestran gran variedad, pero con claro peso en sectores de baja remuneración y limitada protección. Un 34.3% se emplea en el sector servicios, un 28% lo hace en la rama agropecuaria y 22% en actividades comerciales.

En cuanto a la remuneración, quienes siguen trabajando perciben en promedio 6 mil 999 pesos mensuales, cifra aproximadamente un 29.4% inferior al ingreso percibido por otros adultos económicamente activos, que alcanza los 9 mil 914 pesos. Este diferencial económico se suma a las dificultades de acceso a salud y prestaciones, ampliando la brecha de bienestar entre la población mayor y otros segmentos etarios.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Geriatría, el panorama confirma que gran parte de los adultos mayores mexicanos enfrenta la vejez combinando trabajo informal, bajos ingresos y escaso acceso a seguridad social, condicionando su bienestar y el de quienes dependen de ellos. Además, el análisis destaca la necesidad de políticas públicas enfocadas en mejorar la cobertura de pensiones y otros aspectos de seguridad económica.

El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) presentó los resultados de la Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones (ERESTEL 2025), con un balance favorable: el 96% de los hogares en Perú cuenta ya con acceso a internet fijo o móvil.

Esta cifra representa un crecimiento de casi 20 puntos porcentuales en seis años, según detalla el propio regulador. Alrededor de 10.3 millones de hogares están conectados a internet al cierre de 2025, un récord nacional.

Sin embargo, persisten brechas que un análisis más estricto del informe revela en el acceso y uso efectivo de servicios digitales, especialmente para adultos mayores y habitantes de zonas rurales, donde la velocidad del avance digital no alcanza a todos por igual.

El salto en conectividad no borra las brechas rurales

Según los datos de OSIPTEL, el acceso a internet en zonas rurales pasó de 41.5 % en 2019 a 85.8 % en 2025, un salto que duplica la cobertura en solo seis años.

No obstante, la distancia con las áreas urbanas sigue siendo amplia: mientras Lima Metropolitana exhibe una penetración de 99.2 %, las zonas rurales aún se mantienen por debajo del promedio nacional.

El informe evidencia que la universalización del internet en el Perú es una meta todavía pendiente en la ruralidad, donde el acceso a servicios digitales avanzados es sensiblemente menor.

Adultos mayores y segmentos vulnerables pierden paso en la digitalización

El crecimiento de la conectividad no se traduce de igual manera para todos los grupos etarios. En hogares cuyo responsable tiene 51 años o más, el acceso a internet alcanza el 92.7 % en 2025, frente al 67.7 % en 2019, una mejora significativa, aunque aún insuficiente respecto al promedio nacional.

El uso de herramientas de inteligencia artificial (IA) y servicios digitales avanzados es mucho menor entre adultos mayores, según revela la ERESTEL.

Mientras el 16.3 % de la población total utiliza IA, el porcentaje es considerablemente más bajo en este grupo, que también accede menos a comercio electrónico y billeteras digitales.

Equipamiento y acceso: la mitad del país sin laptop

El equipamiento tecnológico sigue siendo una brecha en sí misma, de acuerdo con los datos compartidos por el organismo regulador.

Aunque el 97.2 % de los hogares dispone de al menos un dispositivo móvil para conectarse a internet, solo el 54.5 % cuenta con laptop y el 65.5 % con computadora de escritorio.

Este déficit impacta de manera directa en la posibilidad de aprovechar servicios educativos, laborales y de desarrollo profesional, especialmente fuera de las grandes ciudades.

Adopción desigual de servicios digitales avanzados

La masificación de dispositivos móviles y la extensión del acceso a internet no han logrado que servicios como comercio electrónico, billeteras digitales, almacenamiento en la nube y plataformas OTT (streaming de video) alcancen una distribución homogénea.

El uso de billeteras digitales llega al 62.3 %, pero cae notablemente en zonas rurales y entre adultos mayores.

Solo el 12.4 % de la población realiza compras o ventas en línea, con predominio en Lima Metropolitana y en los estratos socioeconómicos altos.

Persisten barreras culturales, económicas y de confianza

La expansión de la conectividad no ha logrado eliminar barreras culturales y de confianza. El 46.4 % de quienes no compran por internet desconfía de la seguridad de las páginas web, mientras que un 22.1 % prefiere ver y probar el producto en persona.

Las razones para no usar servicios de almacenamiento en la nube o inteligencia artificial se asocian al desconocimiento, la falta de interés y la preocupación por la privacidad.

A pesar del avance, 2.8 % de los hogares aún no tienen dispositivos móviles para conectarse y cerca de 0.2 % sigue sin ningún servicio de telecomunicaciones, lo que representa unas 16 mil viviendas excluidas de la digitalización.

Así, el informe advierte que la transición tecnológica puede dejar rezagados a segmentos vulnerables si no se abordan las brechas de acceso, equipamiento y habilidades digitales en toda su dimensión.

Una muletilla extendida en el mundo cuando se desea criticar la gestión de un gobernante es que “a la gente la plata no le alcanza”. Con diferencias sutiles se la lee y escucha tanto en países avanzados, como en subdesarrollados. En los Estados Unidos, el Reino Unido y Canadá se usa “living paycheck to paycheck”; en Italia “non arrivare a fine mese”; en Brasil “não chegar ao fim do mês”.

Cualquiera que la exprese, sea un político o un periodista, tiene la tranquilidad que no lo podrán desmentir. La “gente” no tiene nombre ni apellido y aquel que intente contradecirlos será señalado como una persona despegada de la realidad y que no conoce a su pueblo. Siempre hay ejemplos de pobreza a la que referirse y, además, cuando a una persona en la calle le ponen un micrófono y frente a una cámara le preguntan si llega a fin de mes, difícilmente conteste que sí. A las personas les gusta mostrar bienestar frente a sus vecinos y amigos, pero no frente al público y menos a la autoridad.

Además, es real que a casi todos les gustaría tener más bienes y gastar más de lo que hoy puede con su sueldo. Esto es así porque cuando uno satisface ciertas necesidades aparecen otras que serán también conveniente satisfacerlas. Las aspiraciones, para casi todos, son infinitas y los recursos siempre son limitados.

Obviamente, no se puede negar que un país puede pasar por situaciones de crisis que repercuten en el nivel de vida. La Argentina es un claro ejemplo de sube y bajas reiteradas, además de una pérdida secular de su situación relativa respecto del promedio mundial. Pero la aseveración, de sentencias vagas y por ello irrefutables no tiene porque reflejar la realidad general.

Pero no es esto lo que se pretende analizar en estas líneas. La información estadística que disponen hoy los países, incluyendo la Argentina, es suficiente para evaluar la realidad económica y social con suficiente detalle como para no tener que apelar al concepto etéreo de “la gente”. El empleo y desempleo, la pobreza, la distribución del ingreso, los salarios y jubilaciones, el costo de la canasta familiar y los índices de precios, son datos nacionales y regionales con los que se cuenta y permiten una caracterización suficientemente correcta de la situación económica y social. La seriedad del debate público debe apoyarse en información confiable. No es correcto aducir que esa información no tiene relación con la microeconomía o con el metro cuadrado de cada uno de nosotros. No tiene sentido decir que la macroeconomía está bien, pero la micro no. Es una dialéctica hábil pero engañosa, ya que como hemos visto, al grueso de la gente su gasto, o sea su micro, siempre le resulta insuficiente. Esto es así en Buenos Aires, Zurich, Nueva York o Nairobi. Responde a la esencia del ser humano, sujeta a la envidia y al querer poseer más.

Hoy estamos viendo que los datos económicos y sociales de la Argentina comienzan a alinearse en términos positivos. La pobreza ha disminuido, el consumo aumenta, la inflación retoma la tendencia decreciente y baja el riesgo país. La política no está ayudando. Por eso, con mayor razón, deben dejarse de lado las muletillas y cuidar la seriedad con que se maneja y analiza la información económica.

La pobreza monetaria en el Perú bajó de 27.6% a 25.7% en 2025. Leído de manera aislada, el dato podría parecer una buena noticia, porque 567 mil personas salieron de la pobreza respecto al año anterior. Sin embargo, sería un error político y ético convertir esta reducción en motivo de celebración, cuando el país todavía tiene 8 millones 828 mil personas en situación de pobreza y 1 millón 614 mil en pobreza extrema; es decir, personas que no logran cubrir ni siquiera el costo de una canasta básica de alimentos.

La pobreza no debe entenderse solo preguntando cuánto ingreso tiene una familia. También debe analizarse desde su capacidad para acceder a una alimentación adecuada, educación, salud de calidad. En 2025, la línea de pobreza fue de S/ 462 por persona al mes. Es decir, una persona cuyo gasto mensual se encuentra por debajo de ese monto es considerada en situación de pobreza monetaria. Es decir, para una familia de cuatro integrantes, esto equivale a aproximadamente S/ 1848 mensuales solo para no ser considerada pobre. Por otro lado, la línea de pobreza extrema, asociada al costo de la canasta básica de alimentos, fue de S/ 260 por persona al mes. Para una familia de cuatro integrantes, representa alrededor de S/ 1040 mensuales solo para cubrir una alimentación mínima.

Ahí aparece la pregunta de fondo: ¿qué tipo de alimentación se puede garantizar con esos montos? La pregunta es necesaria porque sabemos que llenar el estómago no es lo mismo que garantizar una alimentación saludable, diversa, nutritiva, inocua y culturalmente adecuada. Una alimentación puede parecer suficiente en cantidad, pero ser insuficiente en calidad. Si no incluye alimentos ricos en hierro, proteínas de calidad, frutas, verduras y preparaciones adecuadas para la edad, aumenta el riesgo de anemia, desnutrición y otros problemas que afectan el crecimiento, el aprendizaje y la salud de niñas y niños.

Por eso el cruce entre pobreza, anemia y desnutrición crónica infantil es tan importante. Los departamentos con mayor incidencia de pobreza monetaria en 2025 son Cajamarca, con 41%; Loreto, con 40.1%; Puno, con 37.5%; Pasco, con 36.4%; y Huánuco, con 35.7%. No es casualidad que varios de estos territorios también presenten indicadores nutricionales alarmantes. Según la ENDES 2024, la anemia en niñas y niños de 6 a 35 meses alcanza 76% en Puno, 62% en Loreto, 54.4% en Pasco, 44.9% en Huánuco y 38.4% en Cajamarca. La desnutrición crónica infantil también golpea con fuerza: Cajamarca registra 20.4%, Loreto 19.5%, Huánuco 16.5%, Pasco 14.1% y Puno 11.5%.

Estos datos muestran una verdad incómoda: la pobreza no solo reduce la capacidad de compra; también deteriora la calidad de la alimentación y condiciona las posibilidades reales de desarrollo. Cuando el ingreso no alcanza, las familias pueden reducir porciones, dejar de comprar alimentos de origen animal, frutas y verduras, reemplazar preparaciones nutritivas por productos más baratos y ultra procesados, o postergar gastos en salud. Y esa decisión es muchas veces es una decisión forzada por la precariedad.

El propio patrón de gasto de los hogares confirma esta presión. En 2025, el 28.6% del gasto real promedio per cápita se destinó a alimentos dentro del hogar; 21.1% a alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles; 12.7% a alimentos fuera del hogar; 8.4% a salud; y 7.6% a transporte. Es decir, buena parte del presupuesto familiar se va en sobrevivir: comer, pagar servicios, movilizarse y atender enfermedades.

La pobreza tampoco distingue a la población según su edad, ya que, dentro de la población pobre, el 10.1% tiene de 0 a 5 años, el 12.6% de 6 a 11 años y el 14.9% de 12 a 17 años. En conjunto, el 37.6% de la población en pobreza corresponde a niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años. Esto debería encender todas las alarmas, la pobreza en la infancia no es solo una carencia temporal; puede afectar el crecimiento, el aprendizaje, la salud, la educación y las oportunidades futuras.

Por eso, reducir la pobreza no puede limitarse a mejorar un indicador anual. El país necesita una política pública que conecte ingreso, alimentación, salud, cuidado, agua segura, saneamiento, educación y desarrollo territorial. La anemia no se resuelve solo repartiendo suplementos si las familias no tienen acceso a alimentos ricos en hierro, servicios de salud oportunos y agua segura. La desnutrición crónica no se combate con bonos si los hogares no cuentan con entornos saludables y protección social efectiva.

Combatir la pobreza exige empleo digno, programas alimentarios fortalecidos, compras públicas articuladas a la agricultura familiar, vigilancia nutricional, educación alimentaria, inversión en agua y saneamiento, y servicios de salud con enfoque preventivo. Pero exige una decisión política: dejar de mirar la alimentación como asistencia y empezar a tratarla como un derecho.

Por eso hay que tener claro que la pobreza también se expresa en la mesa, en la calidad de lo que se come, en el crecimiento de una niña o un niño, en la capacidad de una familia para elegir alimentos saludables y en las oportunidades que se pierden cuando el Estado llega tarde o no llega.

En 2025, la inversión privada creció 10.0%, su mayor tasa en doce años, y el empleo formal privado avanzó 6.1%. Este dinamismo se tradujo en mayores ingresos para los hogares y permitió que la pobreza a nivel nacional descienda de 27.6% en 2024 a 25.7% en 2025. En total, 564 mil personas salieron de esa condición en el último año. No obstante, en 16 de las 25 regiones del país, la pobreza aún supera los niveles registrados antes de la pandemia.

La inversión privada impulsó la reducción de pobreza, pero todavía no se alcanza niveles prepandemia

La historia reciente muestra con claridad el vínculo entre inversión privada y reducción de la pobreza. Entre 2005 y 2014, cuando la inversión privada crecía en promedio 12.2% anual, la pobreza se redujo a la mitad (de 55.6% a 22.7%). Sin embargo, el estancamiento de la inversión en la última década (1.0% entre 2015 y 2024) frenó dicho avance.

El 2025 marcaría un punto de inflexión. La economía nacional se incrementó 3.4% y la inversión privada volvió a crecer a doble dígito, en un contexto de altos precios internacionales y confianza empresarial en terreno positivo. Además, el empleo formal asalariado del sector agro creció 14.0%, seguido de la minería (5.9%) y manufactura (3.5%). Todo ello se reflejó en una mejora del ingreso laboral promedio real, que creció 3.1% (de S/ 1,896 en 2024 a S/ 1,954 en 2025). Con estos resultados, la pobreza se redujo en su mayor ritmo desde 2013, excluyendo el rebote postpandemia.

Sin embargo, la pobreza en el Perú aún se ubica por encima de su nivel prepandemia (20.2% en 2019). Además, persisten importantes diferencias a nivel regional. Aunque regiones como Tacna, Amazonas y Junín ya redujeron su pobreza por debajo de los niveles prepandemia, otras aún muestran rezagos importantes. Destaca Lima Metropolitana, donde la pobreza pasó de 14.2% en 2019 a 27.3% en 2025, equivalente a 1.7 millones de personas adicionales en situación de pobreza respecto a 2019. Asimismo, en Loreto, Piura y Arequipa, el número de pobres todavía supera en más de 100 mil habitantes los niveles antes de pandemia.

La Libertad lidera en reducción de población pobre

En La Libertad, la pobreza pasó de 30.2% en 2024 a 25.5% en 2025. Así, unos 86 mil liberteños dejaron de ser pobres. Pese al avance, se mantiene ligeramente por encima de su nivel prepandemia (24.7%).

La reducción de la pobreza estuvo vinculada al crecimiento del agro (5.6%), sector que emplea a 1 de cada 4 trabajadores en la región. Como resultado, el empleo formal creció 12.9%. Sin embargo, el ingreso laboral promedio en la región aún se mantiene 5.5% por debajo del nivel registrado en 2019 (S/ 2,136).

Dentro de la región, la reducción de pobreza se dio tanto en áreas urbanas como rurales. Mientras que la pobreza urbana cayó de 26.1% a 21.6% entre 2024 y 2025, en el ámbito rural descendió de 49.9% a 44.9% en el mismo periodo, su menor nivel registrado. Cabe destacar que la pobreza en La Libertad tiene hoy un perfil más urbano: entre 2019 y 2025, el porcentaje de pobres que vive en ciudades aumentó de 53.0% a 70.3%.

Perspectivas

El contexto electoral abre una ventana de oportunidad para exigir compromisos concretos en materia de inversión, empleo y política social. Consolidar los avances exige impulsar la inversión privada en sectores con alta capacidad de generar empleo formal (como la agroindustria, manufactura y turismo) y adaptar la política social a una pobreza que hoy es predominantemente urbana. Sin una estrategia que combine crecimiento e inclusión, el riesgo de retroceso se agrava.

Con la colaboración de Matías Buendía

En Panamá cerca del 60% de las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en pobreza extrema vive en hogares donde la persona responsable tiene apenas educación primaria completa o menos.

Apenas un 3.3% de esos jefes de hogar han cursado educación superior, porcentaje que entre los no pobres es de 28.5%.

Los datos corresponden al informe “Pobreza Infantil en Panamá, un abordaje territorial a la pobreza monetaria en la niñez y la adolescencia”, del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef Panamá) y el Banco Mundial.

El análisis agrega que es así como el capital educativo de la jefatura del hogar ata el potencial de generación de ingresos y define, en buena medida, las oportunidades materiales de la niñez y la adolescencia.

En el país del Canal uno de cada tres niños vive en condición de pobreza y uno de cada seis, en condición de pobreza extrema, mientras que la incidencia de pobreza en la niñez es más alta que en la población general, documenta el informe.

De acuerdo con el informe, entre los niños, niñas y adolescentes en pobreza extrema, 63.1% convive con jefaturas ocupadas, 9.9% con desocupadas y 27.1% con inactivas.

Entre los no pobres estas proporciones son de 80.4%, 2.4% y 17.3%, respectivamente.

Se manifiesta que la inactividad laboral puede condensar múltiples restricciones, como la baja demanda laboral local, costos de traslado, ausencia de servicios de cuidado y, con frecuencia, responsabilidades domésticas que recaen sobre las mujeres.

Este conjunto de factores debilita el flujo de ingresos y, en consecuencia, reduce la capacidad de los hogares para sostener niveles adecuados de consumo para niños, niñas y adolescentes, así como el acceso a servicios esenciales.

Para el informe, la educación y el empleo forman un binomio que estructura las posibilidades de movilidad económica de los hogares.

“Allí donde ambos se combinan en niveles bajos -nivel educativo bajo y escasa vinculación laboral - la pobreza infantil se vuelve no solo más probable, sino también más persistente”, resume el documento.

Entre los niños, niñas y adolescentes en pobreza extrema, 48% vive en comarcas indígenas, frente a 2,2% entre los no pobres, y 80% reside en áreas rurales (24% entre los no pobres).

Las estadísticas del informe revelan que los niños, niñas y adolescentes indígenas representan 60.7% del grupo en pobreza extrema (versus 10,4% entre los no pobres) esto, pese a constituir 22.6% de la población infantil total.

En conjunto, la combinación de comarca, ruralidad y pertenencia indígena configura el principal vector estructural de riesgo para la infancia panameña, donde la exclusión territorial y la desigualdad étnica se potencian.

A ello se suma la estructura familiar: los hogares con jefatura femenina sin cónyuge alcanzan 36.5% entre los niños, niñas y adolescentes en pobreza extrema frente a 25.9% entre los no pobres.

Las jefaturas jóvenes (18–29 años) también se concentran en la pobreza extrema (12.8% frente a 7.0%). Ambas características remiten a trayectorias laborales más frágiles, ingresos inestables y sobrecarga de cuidados, lo que limita la participación económica y reduce el ingreso disponible por persona.

El documento puntualiza que la evidencia sugiere un mecanismo acumulativo de desventajas: pertenecer a una comarca o zona rural, convivir en hogares numerosos y contar con una jefatura de bajo nivel educativo son condiciones que se superponen. Esa superposición eleva la probabilidad de pobreza extrema y limita las salidas por la vía del mercado de trabajo.

Desde una perspectiva operativa, el informe de los organismos internacionales sostiene que ello refuerza la necesidad de pasar del análisis de factores aislados a la construcción de perfiles integrados de riesgo, sobre los cuales priorizar la acción estatal y calibrar la respuesta de las políticas sociales.

El Indec dio a conocer sus principales informes de precios correspondientes al mes de abril. De acuerdo con el organismo, la inflación avanzó 2,6% en abril, registrando así una desaceleración por primera vez desde mayo de 2025. En tanto, las dos canastas que miden la evolución de precios de los productos esenciales tuvieron variaciones inferiores al IPC.

En detalle, la Canasta Básica Total (CBT) se encareció 2,5% en el cuarto mes del año, llegando así a un valor de 1.469.768 pesos. Ese monto determina cuánto debe gastar una familia tipo para cubrir el 100% de sus necesidades básicas. Si un hogar tiene ingresos mensuales por debajo de ese valor, es técnicamente considerada “pobre”.

Por su parte, la Canasta Básica Alimentaria (CBA) tuvo una variación del 1,1% en abril. Con esa suba alcanzó un valor de 665.053 pesos. Ese es el costo que tiene que enfrentar una familia para cubrir sus necesidades alimentarias en el transcurso de un mes. Si un grupo familiar no llega a alcanzar ese nivel de ingresos, pasa a ser considerado “indigente”.

Las subas del 2026

Como se mencionó, tanto la CBA como la CBT tuvieron incrementos inferiores al IPC en el mes de abril. Sin embargo, en ambos casos los aumentos acumulados del primer cuatrimestre muestran una concordancia con lo ocurrido con los precios a nivel general (la inflación acumulada es de 12,3%).

Según el Indec, en los primeros cuatro meses del año la Canasta Básica Total aumentó un 12,3%, pasando de $1.308.7123 en diciembre a los mencionados $1.469.768 en abril. La CBA, en cambio, tuvo una variación levemente mayor, pasando de $589.510 a $665.053 en el período analizado (12,8% de incremento).

También hay concordancia absoluta en el acumulado de los últimos doce meses. Tanto el IPC como las dos canastas que mide el Indec registraron variaciones de 32,4% entre abril de 2025 e igual mes de 2026.

El costo de vida para cada familia

Como todos los meses, el Indec precisó cuál es la canasta básica actual correspondiente a otros grupos familiares. Si bien siempre se toma como ejemplo el caso de una familia tipo, compuesta por un varón de 35 años, una mujer de 31 años, un hijo de 6 años y una hija de 8 años, la realidad es que el costo de vida varía para cada familia.

De acuerdo a lo informado por el organismo de estadísticas, en abril pasado un hogar de tres integrantes, compuesto por una mujer de 35 años, su hijo de 18 y su madre de 61 años, debió enfrentar una CBT de $1.170.106 y una CBA de 5429.460 pesos. Es decir que su costo de vida total mensual fue de casi $300 mil menos que el de un hogar de cuatro personas.

Claro está, que el costo de vida es más alto para un hogar con más integrantes. El Indec muestra en su informe los valores correspondientes para una vivienda de cinco personas, compuesta por un varón y una mujer, ambos de 30 años, y tres hijos de 1, 3 y 5 años. En ese caso, la Canasta Básica Alimentaria llegó a los $699.490 en el mes de abril, mientras que la Canasta Básica Total alcanzó un valor de 1.545.872 pesos.

También se debe aclarar, que la CBA y la CBT varían sustancialmente entre una región y otra del país. Si bien el informe de Indec sólo muestra los valores correspondientes al Gran Buenos Aires, los informes de precios del organismo muestran grandes diferencias en los valores de los alimentos según la zona de la Argentina. Usualmente, los precios tienden a ser más altos en la región patagónica y más bajos en el norte del país, lo que configura costos de vida diferentes en cada caso.

En la nación cuya economía crece de manera sostenida al 4%, donde el riesgo país ha disminuido, el 34,5% de las niñas, niños y adolescentes vive en hogares cuyos ingresos no alcanzan para cubrir una canasta básica de bienes y servicios.

Esto, mientras que un 16% enfrenta pobreza extrema, o sea, hogares que no cuentan con ingresos suficientes para satisfacer las necesidades alimentarias.

Así lo refleja el informe “Pobreza Infantil en Panamá, un abordaje territorial a la pobreza monetaria en la niñez y la adolescencia”, cuyos datos indican que uno de cada tres niños en Panamá vive en condición de pobreza y uno de cada seis, en condición de pobreza extrema.

La incidencia de pobreza en la niñez es más alta que en la población general, señala el informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef Panamá) y el Banco Mundial.

Se refleja que está claro que la pobreza infantil en Panamá continúa siendo un desafío estructural que impacta profundamente en el desarrollo humano del país, ya que afecta a generaciones presentes y futuras, y perpetúa desigualdades sociales y económicas.

Anota que el problema se agrava en las comarcas indígenas, donde la incidencia de pobreza infantil es considerablemente más alta, ya que duplica la tasa de pobreza que afecta la niñez fuera de ellas.

En las comarcas indígenas, el 83% de la niñez vive en situación de pobreza y el 55%, en pobreza extrema.

En la comarca Ngäbe Buglé, detalla que los hogares con niñas y niños presentan ingresos promedio per cápita de apenas $68.8 mensuales.

Esta situación, siempre de acuerdo al informe, refleja desigualdades estructurales profundas, vinculadas a barreras en el acceso a recursos y servicios esenciales.

Las desigualdades territoriales no se agotan a nivel provincial, sino que se reproducen y amplifican cuando se considera la situación de los distritos y corregimientos.

Si bien existe cierta relación entre las provincias más favorables (o desfavorables) y los distritos y corregimientos que las componen, existen algunas provincias mejor posicionadas con distritos y corregimientos que requieren demandas adicionales de respuesta.

A manera de ejemplo, se puntualiza que en la provincia de Veraguas la brecha entre distritos alcanza los 63 puntos porcentuales, lo que refleja la coexistencia de distritos con niveles de pobreza infantil extremadamente altos, como Santa Fe, y otros con niveles mucho más bajos, como Santiago.

El informe hace la observación que a pesar de esta realidad el país dispone de datos y recomendaciones técnicas que pueden contribuir a fortalecer los programas de protección social haciéndolos más eficientes, garantizar el acceso a servicios básicos de calidad sin importar el lugar donde nacen y viven los niñas y niños, y consolidar instrumentos clave como el registro social de hogares.

El siguiente paso, sugiere el informe, es convertir esta evidencia en políticas públicas efectivas, capaces de generar resultados duraderos y mejorar la calidad de vida de la niñez ysus familias.

El informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y del Banco Mundial indica que la incidencia de pobreza en la niñez es más alta que en la población general.

Manifiesta que el 22,2% de la población general de Panamá vive en la pobreza frente al 34,5% de niñas, niños y adolescentes. Un 9,4% de la población general vive en situación de pobreza extrema, puntualiza.

El documento reitera que en Panamá uno de cada tres niñas y niños aún viven en situación de pobreza monetaria y uno de cada seis en pobreza extrema. Esta realidad, dice, refleja situaciones altamente dispares al interior del país.

Una familia de Arkansas (Estados Unidos) vive una situación muy atípica al descubrir que un hombre sin hogar se encontraba oculto en su casa durante al menos una semana. Este hallazgo se detectó por movimientos extraños de objetos y por la desaparición de alimentos a lo largo de dichos días.

El incidente pone de manifiesto una serie de episodios desconcertantes por parte del matrimonio formado por Dutch y Sharon Hoggatt. Se produjeron diversas acciones fuera de lo común dentro de la vivienda de esta pareja, como el cambio de lugar de algunas sillas sin una causa aparente o la desaparición de alimentos de los armarios. Esta familia comenzó a sospechar cuando no encontraron una explicación lógica a esta serie de anomalías.

Tras unos días de incertidumbre, la pareja informó de sus sospechas a su hija, Cherisee, y a su yerno, Mark Gregory, y juntos decidieron actuar realizando una inspección conjunta por la casa el miércoles 13 de abril. Después de esto, Sharon Hoggatt aprovechó la ausencia de su marido y comenzó a realizar una búsqueda que derivó en la localización de un desconocido abriendo la puerta de un armario situado bajo la escalera del sótano.

Según el testimonio de Mark Gregory: “Entró más a fondo y vi cómo se le abrían mucho los ojos. Empezó a retroceder y dijo: ‘Hay alguien ahí dentro. Veo su pierna o su pantalón vaquero’”. Ante esto, el yerno de la pareja agarró un bate de béisbol, mientras el resto de la familia aguardaba, y golpeó contra la puerta para forzar la salida del ocupante. Al cabo de unos segundos de tensión, el hombre salió de su escondite.

Todo lo que se sabe sobre el hallazgo de este hombre

El hombre que se encontró la familia Hoggatt en su sótano se trata de Preston Landis, un individuo de 41 años que fue identificado como un sin techo y, además, no mostró comportamiento violento durante este episodio. Inicialmente, pasó la noche del lunes en el espacio sanitario de la vivienda y, a la mañana siguiente, se instaló en el sótano, donde lo acondicionó con un colchón improvisado en el fondo de un armario. Pese a haber forzado la entrada, Mark Gregory afirma que la confrontación se desarrolló de manera tranquila y que “se veía claro que no era una amenaza real”. Simplemente parecía buscar un refugio para sobrevivir a la inclemencias del tiempo.

Durante el tiempo que permaneció en la vivienda, este hombre robó alimentos y algunas prendas de ropa de la familia, aunque no llegó a llevarse objetos de valor. Dutch Hoggatt asegura que no están enfadados con este señor, pero afirma que le “da lástima”. Este sentimiento es algo reiterado por la familia, quienes han expresado un alivio tras encontrar una explicación a las desapariciones que venían registrando.

Una detención tranquila y sin violencia

El desenlace de este episodio se produjo de forma pacífica y muy tranquila. Tras el descubrimiento de la familia, llamaron a la policía y estos realizaron una intervención. El proceso que realizaron fue el siguiente: la familia mantuvo al hombre bajo vigilancia y hablaron con él hasta que los agentes de la oficina del sheriff del condado de White (Arkansas) procedieron a su arresto.

Según la información aportada por La Dépêche du Midi, Preston Landis ha sido acusado formalmente de robo y allanamiento, quedando fijada una fianza de 15.000 dólares, es decir, unos 12.000 euros, para su puesta en libertad.

El caso ha generado repercusiones por su desarrollo atípico y la ausencia de violencia. Sin embargo, la reacción de los afectados ha dado una muestra de comprensión y empatía, más allá del malestar generado por la intrusión en el domicilio.

¿Es posible acabar con la pobreza? Debería ser el objetivo de cualquier sociedad. Si nos vamos a España, hay un precio para hacerlo: 24.000 millones de euros, el equivalente al 1,8% del Producto Interior Bruto (PIB) del país. Este sería el coste de llevar la renta de todos los ciudadanos españoles por debajo del umbral de la pobreza hasta el nivel mínimo considerado digno. Así lo concluye el estudio Análisis de la exclusión social y económica en España y sus territorios, publicado recientemente por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) y la Fundación Ramón Areces, bajo la dirección de la economista Carmen Herrero, con la participación de Antonio Villar y Carlos Albert.

La cifra surge del cálculo del denominado gap de riesgo de pobreza: la suma del dinero necesario para elevar los ingresos de cada persona en situación de precariedad hasta el umbral del 60% de la mediana de la renta nacional, que en 2023 se situó en 10.990 euros por unidad de consumo al año. Todas las cifras del estudio se expresan en euros constantes de 2023, lo que permite comparar los datos a lo largo del periodo analizado, que abarca de 2015 a 2023.

El trabajo, basado en los microdatos de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) del Instituto Nacional de Estadística (INE), analiza la pobreza desde tres ángulos: su incidencia —cuántas personas la padecen—, su intensidad —cuán lejos están del umbral— y la desigualdad entre quienes la sufren. En 2023, el 20,2% de la población española vivía por debajo de ese umbral, casi dos puntos menos que en 2015, cuando la tasa era del 22,1%.

El estudio del Ivie también cuantifica el coste de erradicar la forma más severa de exclusión: llevar a todas las personas en situación de pobreza extrema —aquellas con ingresos inferiores al 40% de la mediana— hasta ese segundo umbral costaría unos 8.800 millones de euros anuales, el 0,7% del PIB. Aproximadamente un 41% de quienes se encuentran en riesgo de pobreza están también en riesgo de exclusión, y ese colectivo concentra el 39% del coste total de erradicar la pobreza.

De Andalucía al País Vasco: el peso desigual según el territorio

El esfuerzo económico necesario varía de forma drástica entre comunidades autónomas. En Andalucía, la región con mayor tasa de riesgo de pobreza del país —el 30,5% en 2023—, el coste de eliminar esa situación equivale al 3,9% de su PIB regional, unos 6.665 millones de euros. En el extremo opuesto, el País Vasco, con una tasa del 10,2%, necesitaría destinar solo el 0,6% de su PIB a ese fin, unos 462 millones de euros. Es decir, para lograr el mismo objtivo los andaluces necesitarian 14 catorce veces más dinero.Entre ambos extremos se sitúan comunidades como Murcia (3,3%), Canarias (3,0%) o Castilla-La Mancha (2,7%), mientras que Madrid (0,8%), Aragón (1,0%) y Cataluña (1,2%) registran los costes relativos más bajos junto al País Vasco.

Esas diferencias no responden únicamente al tamaño de la población en riesgo de pobreza. El estudio del Ivie advierte de que las regiones con menor tasa de incidencia no son necesariamente las que presentan mejores condiciones de vida para sus pobres. La renta media de las personas en riesgo de pobreza en Navarra, por ejemplo, se sitúa entre las más bajas del país pese a que la comunidad foral tiene una de las tasas de incidencia más reducidas.

El porcentaje del PIB destinado a erradicar la pobreza disminuyó en la mayoría de comunidades entre 2015 y 2019, pero volvió a aumentar entre 2019 y 2023, tanto a nivel nacional como en la mayor parte del territorio. Ese repunte coincide con el periodo de recuperación pospandemia, en el que los umbrales de pobreza también subieron al crecer la renta mediana.

Tener empleo no garantiza escapar de la pobreza

Tener empleo no garantiza escapar de la pobreza. Según el informe, aproximadamente un tercio de las personas en riesgo de pobreza están ocupadas, una proporción que no ha variado de forma sustancial a lo largo del periodo analizado. La situación es especialmente aguda entre quienes cobran por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). En una familia media de dos adultos y dos hijos con un solo salario mínimo, la renta por unidad de consumo cae por debajo del umbral de pobreza. En Andalucía, el 20% de los trabajadores con empleo sigue en riesgo de pobreza; en Extremadura, el 16%.

La brecha territorial también se refleja en el índice de desigualdad entre los pobres. El Índice de Gini aplicado a la población en riesgo de pobreza cayó de 27,4 en 2015 a 22,3 en 2023 a escala nacional, lo que indica que las rentas dentro de ese colectivo se han homogeneizado. La mejora fue especialmente pronunciada en Canarias (más de 15 puntos), Cataluña y Castilla-La Mancha (9 puntos) y Madrid y el País Vasco (8 puntos). En sentido contrario, Navarra, Cantabria y Castilla y León registraron aumentos de la desigualdad interna entre sus pobres.

El estudio también mide la pobreza con el indicador AROPE (At Risk Of Poverty and/or Exclusion), utilizado por Eurostat para el seguimiento de los objetivos sociales de la Unión Europea (UE). Bajo ese criterio multidimensional, que incorpora la carencia material severa y la baja intensidad laboral además de la renta, la tasa española asciende al 26,5% en 2023, más de seis puntos por encima de la tasa de riesgo de pobreza estricta. España se sitúa así por detrás de países como Grecia e Italia en ese indicador, aunque por encima de la media comunitaria del 21,3%.

Las mujeres han empeorado su posición relativa a lo largo del periodo: si en 2015 partían de una situación ligeramente mejor que los hombres, en 2023 presentan mayor incidencia en todos los componentes del AROPE. Los jóvenes menores de 18 años siguen siendo el grupo más afectado, con una tasa de riesgo de pobreza del 28,9% en 2023, frente al 18,3% de los mayores de 65 años.

A propósito del Día del Seguro, es imperativo reflexionar sobre nuestra misión como industria en un contexto social desafiante. Los recientes datos de pobreza publicados revelan una realidad que no podemos ignorar: la delgada línea que separa la vulnerabilidad de la carencia extrema en nuestro país.

Cada mayo, el Perú cumple con el ritual de analizar las cifras de pobreza del año anterior. Si bien celebramos cuando los indicadores muestran un retroceso, la realidad es que muchas familias peruanas viven en un estado de “entrenamiento constante”, similar al de un atleta en el gimnasio que intenta levantar un peso crítico. Sin embargo, sin la técnica adecuada —o en nuestro caso, sin mecanismos de protección— cualquier factor externo puede hacer que las pesas caigan.

Los datos recientes nos recuerdan que no basta con “salir” de la pobreza; el verdadero reto es no regresar a ella. Hoy, una gran mayoría de peruanos se encuentra en una situación de vulnerabilidad extrema. Ser vulnerable significa que cualquier evento inesperado —un accidente, una enfermedad o la inseguridad que obliga a cerrar un negocio temprano— se convierte en el disparador que empuja a una familia de vuelta al abismo de la pobreza.

La falta de una red de seguridad social eficiente y el acceso limitado a servicios de salud de calidad actúan como barreras para el progreso sostenible. Es aquí donde el seguro deja de ser un producto financiero para convertirse en una herramienta de resiliencia social.

Un ejemplo valioso de política pública con enfoque preventivo es el trabajo del Midagri, que actualmente cubre a la mitad de los agricultores de subsistencia ante riesgos climáticos con un Seguro Agrario Catastrófico (SAC). Este seguro permite que, ante una sequía o inundación, el agricultor no pierda su medio de vida. Lamentablemente, sectores como la pesca artesanal aún carecen de este “paraguas” protector, quedando a merced de la volatilidad del entorno.

Ahora que estamos próximos a iniciar un nuevo gobierno creemos que la conversación no debe centrarse únicamente en cómo sacar a las personas de la pobreza, sino en cómo evitar que más familias caigan en ella. Recordemos que el seguro es el mecanismo que compensa los riesgos de la vida diaria: el desempleo, la invalidez o la vejez sin pensión.

En este Día del Seguro, reafirmamos nuestro compromiso de ampliar la red de asistencia y protección social. El objetivo es claro: que el esfuerzo de los peruanos por salir adelante no se vea truncado por el primer “shock” externo. Trabajemos para que el seguro sea ese aliado estratégico que transforme la vulnerabilidad en estabilidad

La Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi-2025), realizada por la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas (UCAB), halló que los migrantes venezolanos que residen en Argentina son quienes muestran “mayor potencial de retorno” al país.

Ante la ausencia de estadísticas oficiales, la Encovi se ha convertido en la principal fuente para evaluar el comportamiento de los indicadores sociales en Venezuela.

La edición de este año, presentada el jueves 7 de mayo, concluye que en promedio 10% de los migrantes venezolanos tiene planes para volver y 74% lo descarta.

“Argentina no es el principal receptor, pero mostró el mayor potencial de retorno, seguido por Colombia, Estados Unidos y Chile”, destaca el estudio, que se llevó a cabo durante el segundo trimestre de 2025 y se basa en los testimonios de hogares que tienen migrantes.

Con respecto a quienes están en Argentina, 71% respondió que no tenía planes de retorno y 29% sí. En los casos de Colombia, Estados Unidos y Chile, consideran el regreso 20%, 16% y 15%, respectivamente. “Pareciera que el incentivo por retornar estaría más presente cuando el hogar de origen es pobre”, expone el informe.

En casa

La Encovi brinda datos sobre los “migrantes retornados reportados por los hogares encuestados”. En cuanto a las naciones de procedencia, destaca Ecuador en el primer lugar con 28% contra 72% que permanece allá.

“En segundo lugar se posiciona Colombia (13% de retornados contra 87% que siguen del otro lado de la frontera). Este país ha sido el mayor receptor de la migración venezolana y dado su carácter fronterizo los movimientos de retorno pueden ser más frecuentes, incluso puede haber cierta circularidad que no estamos captando”, reconocen los expertos.

De acuerdo con las mediciones de 2021, 2023 y 2025, “el retorno se estima alrededor del 7% del total de las personas emigradas reportadas por sus hogares”. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), estima que existen “casi 7,9 millones de personas refugiadas y migrantes de Venezuela en todo el mundo”.

Sin clases

La encuesta calcula que 68,5% de los hogares venezolanos son pobres y 31,7% están sumidos en la pobreza extrema. Una mejora si se considera que en 2024 los números eran 73,2% y 36,5%, respectivamente.

“En cuanto a los niveles de pobreza extrema es evidente su disminución después del 2021 (68%), pero todavía en 1 de cada 3 hogares los ingresos no son suficientes para la satisfacción de las necesidades alimentarias”, subrayan.

La investigación dirigida por la UCAB contrasta la demanda potencial de educación, estimada en 11.064.592 -personas de 3 a 24 años de edad-, y la población escolarizada que llegaría a 7.128.882, dando una diferencia que se acerca a los 4 millones. “La cobertura total no ha conseguido remontar a los niveles alcanzados antes de la pandemia”.

La Encovi concluye que 1,2 niños, niñas y adolescentes están excluidos del sistema educativo. “Las brechas sociales en el acceso a la educación se han mantenido a lo largo de una década”, sostiene, tras indicar que mientras en el quintil más rico de la sociedad la cobertura educativa llega a 82%, en el más pobre cae a 57%.

Menos

Tomando como referencias las proyecciones de Naciones Unidas, la Encovi apunta que la población venezolana está alrededor de los 28,5 millones de personas.

“Esta misma fuente había previsto en la revisión del año 2015 (WPP-2015) que la población de Venezuela en el año 2025 superaría los 34 millones. Esa diferencia se debe principalmente a los efectos de la migración, pero también a la pérdida de efectivos por el incremento de la mortalidad y los nacimientos no ocurridos en Venezuela”, explican.

En 1990, el tamaño de los hogares promedio en el país era de 4,8 personas. Hoy llega a 3,1. Cerca de 1 de cada 7 habitantes son adultos mayores.

“Una relación de dependencia demográfica estimada en 65 dependientes infantiles y adultos mayores por cada 100 personas en edades activas. Ese nivel de la carga demográfica corresponde con el que se estimaba para Venezuela hacia el año 2040, de acuerdo con las perspectivas demográficas que se tenían previas al éxodo migratorio”, resalta la Encovi.

El informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) que denuncia que el 25,7% de la población peruana vive en pobreza monetaria esconde otra dura realidad para la capital peruana: el 41,6% de los hogares en Lima Metropolitana no cubrió sus requerimientos calóricos en 2025, superando en más de 10 puntos porcentuales al ámbito rural, donde la cifra es de 30,4%.

Esta situación, sumada al crecimiento de la pobreza extrema en Lima –que pasó de 3,3% a 3,6% en el último año pese a la reducción registrada en otras regiones–, configura un verdadero revés para las futuras políticas públicas y obliga a redimensionar el atractivo de la ciudad como destino para quienes buscan su prosperidad.

Lima, la otrora ciudad para cumplir sueños y metas

Javier Herrera, profesor visitante en el Departamento de Economía de la PUCP e integrante la Comisión Consultiva del INEI desde sus inicios, sostiene a Infobae que parte de la reducción de la pobreza en 2025 está vinculada a desplazamientos internos y movilidad social, más que a mejoras estructurales en los hogares.

En comparación con la situación prepandemia, señala que entre 2019 y 2025 el PBI acumuló un crecimiento de 10,8%, pero la tasa de pobreza sigue 5,5 puntos porcentuales por encima del nivel registrado en 2019.

Herrera cuestiona por qué, a pesar del crecimiento económico y condiciones macroeconómicas favorables, la reducción de la pobreza no ha sido más significativa.

Explica que el crecimiento de los últimos años ha sido poco redistributivo. Los sectores intensivos en mano de obra, donde se concentra la población pobre, no han crecido lo suficiente ni han estado en el centro de las políticas públicas.

Además, el diseño de las políticas sociales y económicas no se ha expandido ni adaptado a la realidad urbana, donde hoy reside una mayor proporción de la población pobre.

Movilidad social y desplazamientos, no mejoras estructurales

Herrera identifica un desacoplamiento regional: la pobreza rural disminuye sostenidamente, pero la urbana, especialmente en Lima, aumenta.

Así, la capital concentra ahora más pobreza que al menos cinco departamentos del país, perdiendo su histórico rol de polo de atracción para migrantes internos.

En cuanto a la brecha de pobreza, señala que en Lima es de 24% y en zonas rurales de 27,9%. La diferencia entre ambas brechas se redujo de 18 puntos en 2004 a solo 4 puntos, mostrando una convergencia en la intensidad de la pobreza urbana y rural.

El hambre golpea con más fuerza a la capital peruana

Sobre el déficit calórico y el hambre, Herrera subraya que el 41,6% de los hogares en Lima Metropolitana no cubre sus requerimientos calóricos, frente a 30,4% en el ámbito rural.

La incidencia de hambre -estrechamente vinculada con los índices de anemia- es ahora mayor en la capital que en las zonas rurales, superando en más de 10 puntos porcentuales, lo que exige nuevas estrategias y una mejor focalización de políticas alimentarias urbanas.

Y es que la mayoría de hogares en Perú han pasado de pobreza extrema a pobreza no extrema, o de pobreza a vulnerabilidad, quedando en alto riesgo de volver a caer nuevamente en la pobreza. Solo un pequeño porcentaje ha logrado salir completamente de este flagelo.

¿Más trabajo... más pobreza?

La situación del mercado laboral es clave: no se observa una mejora sustancial en el empleo adecuado ni una reducción de la informalidad.

Herrera distingue dos tipos de informalidad: la de sobrevivencia (trabajadores independientes de baja productividad) y la informalidad dentro de empresas formales, donde el empleo informal sirve como mecanismo de ajuste.

El crecimiento de empleos formales no compensa el aumento de la fuerza laboral ni la entrada de jóvenes al empleo informal con ingresos por debajo de la línea de pobreza.

Cada año ingresan aproximadamente 300 mil jóvenes al mercado laboral. Muchos no se incorporan a la población económicamente activa y quienes lo hacen suelen ingresar al sector informal con remuneraciones insuficientes.

“El aumento del empleo adecuado no basta para compensar la precarización y el bajo ingreso en el sector informal”, remata.

El costo de ser pobre en Lima es más alto que en provincias

Herrera detalla que el promedio nacional para la canasta básica es de 462 soles per cápita, pero en Lima Metropolitana asciende a 568 soles.

La línea de pobreza extrema es de 260 soles por persona a nivel nacional y de 307 soles en Lima, lo que dificulta a los pobres extremos en la capital cubrir el costo mínimo básico, debido a precios más altos y gastos fijos en transporte, alquiler y servicios. “Hoy es más difícil ser pobre en Lima que provincias”, grafica el docente.

En zonas rurales, la población puede recurrir al autoconsumo de alimentos, lo que no es posible en la ciudad. En el ámbito urbano, los hogares deben destinar parte de su presupuesto a transporte, alquiler y servicios, lo que los obliga a recortar gastos en alimentación y profundiza la inseguridad alimentaria.

Pobreza y criminalidad: sin relación directa

¿Esta situación puede incrementar los índices de inseguridad? Herrera aclara que no existe evidencia de que la pobreza esté asociada directamente a mayor criminalidad. En realidad, los perfiles de los delincuentes suelen corresponder a personas con niveles de vida relativamente elevados.

Por el contrario, subraya que la tendencia más crítica es la profundización de las diferencias entre la pobreza urbana y rural, y la ausencia de estrategias diferenciadas y específicas para cada entorno.

Para el experto, el crecimiento económico no ha reducido la pobreza como se esperaba, lo que revela deficiencias en los programas multisectoriales y sociales y un debilitamiento institucional para implementar políticas laborales eficientes.

¿Qué es la canasta calórica calórica o básica de alimentos?

La canasta calórica, también conocida como Canasta Básica Alimentaria (CBA), es el conjunto mínimo de alimentos que un hogar promedio necesita para cubrir sus requerimientos energéticos diarios y mantener una nutrición adecuada. Su función principal es establecer el umbral por debajo del cual una familia cae en situación de pobreza extrema o inseguridad alimentaria.

• ¿Qué incluye?

La canasta se construye a partir de los hábitos de consumo de cada población y contempla alimentos básicos como arroz, fideos, pan, carne, leche, huevos, frutas y verduras. Los institutos nacionales de estadística valoran mensualmente el costo de este conjunto de productos para monitorear el costo de vida y la inflación.

El estándar internacional de referencia, utilizado por el Programa Mundial de Alimentos (WFP) de las Naciones Unidas, fija en 2.100 calorías diarias por persona el mínimo necesario para obtener energía, junto con el balance adecuado de macronutrientes como grasas y proteínas, y micronutrientes como vitamina A y hierro. En zonas con alta desnutrición, el WFP añade alimentos especializados de alta densidad calórica dirigidos a madres gestantes, madres en período de lactancia y niños menores de cinco años.

El precio internacional del petróleo y la crisis geopolítica han provocado que la inflación en el Perú durante abril supere el 4 %, ubicándose nuevamente por encima del rango meta fijado por el Banco Central de Reserva, situado entre 1 % y 3 %. Este escenario tensiona los bolsillos de los hogares, mientras la autoridad monetaria enfrenta el desafío de controlar el alza de precios sin descuidar la estabilidad cambiaria, según advirtió Jorge Chávez, economista y expresidente del Banco Central de Reserva, en entrevista con Economía para todos.

Futuro económico incierto

Según Chávez, el incremento del índice de precios en el mes de abril ha sido impulsado principalmente por el sector transporte, en especial el aumento de los pasajes tanto en Lima Metropolitana como a nivel nacional. Esta tendencia se presenta luego de que en marzo también se registrara un alza significativa de la inflación, reflejando el impacto acumulado de factores internacionales y locales.

En palabras del economista, el país podría cerrar el año aún por encima del rango meta del Banco Central de Reserva, lo que implicaría mantener la atención sobre la evolución de los precios en los próximos meses.

El combustible y los fertilizantes presionan el costo de vida

Al analizar los sectores responsables del encarecimiento, Chávez identificó dos motores principales: la subida del precio del petróleo y los combustibles, así como el alza en los costos de insumos esenciales para la agricultura como los fertilizantes. Ambos factores han repercutido tanto en el transporte como en los alimentos, incidencias que se reflejan especialmente en productos de alto consumo como la papa y en el costo de las comidas fuera del hogar.

La presión sobre los fertilizantes, que ya venía incrementándose desde febrero y marzo, se ha trasladado a los precios de productos básicos, lo que afecta la canasta familiar peruana. A este fenómeno se suma la interrupción en la fluidez del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, derivada de la guerra en Irán, que ha elevado los costos logísticos y de importación. Chávez explicó que “el impacto viene de la incertidumbre geopolítica reinante”, generando una inflación importada.

En el caso de los alimentos consumidos fuera del hogar, los menús en restaurantes registraron también una tendencia al alza. Según el economista, este rubro es particularmente resistente a la baja, dado que sus precios se ven afectados tanto por el transporte de insumos desde zonas productoras como por el encarecimiento de materias primas.

Los datos muestran que el país ha experimentado un incremento sostenido de la inflación en los dos últimos meses, lo cual se traduce en una inflación de más del 4 % en abril, frente a un rango meta oficial de entre 1 % y 3 % del Banco Central de Reserva. Este indicador posiciona a Perú por encima de su objetivo interno, aunque aún por debajo de los picos inflacionarios observados en otros países de América Latina.

Factores internacionales y riesgos a futuro

El conflicto entre Irán y Estados Unidos ha sido un factor determinante en la volatilidad de los precios del petróleo. Chávez detalló que recientemente el barril de Brent cotizó en torno a USD 105 y alcanzó en semanas previas el nivel récord de USD 114, con “escenarios en que incluso podrían superarse los USD 120 en caso de una escalada bélica abierta”.

En términos macroeconómicos, el analista comentó que Estados Unidos experimenta un costo cercano a USD 800 a 1.000 millones diarios en gastos derivados de las tensiones en Oriente Medio. Esto incide no solo en los precios internacionales de la energía, sino también en el déficit fiscal de la economía estadounidense y en la presión sobre los fondos del tesoro a 10 años.

GNV impide que inflación sea mayor al 4%

Aunque la inflación responde principalmente a estos factores globales, existen algunos productos con comportamiento opuesto. El gas licuado de petróleo presentó una baja en sus precios debido a la normalización de la producción en el yacimiento de Camisea. Según Chávez, sin esta reducción, la tasa de inflación peruana habría sido todavía mayor.

La siguiente respuesta explica, de manera autónoma, el fenómeno inflacionario peruano reciente, las causas identificadas y sus consecuencias inmediatas:

• En abril, el índice de precios al consumidor en el Perú superó el 4 %
• Impulsado principalmente por el alza en el precio internacional del petróleo, los combustibles y los fertilizantes.
• Este incremento afecta especialmente al transporte y a los alimentos, generando presión sobre la canasta familiar
• La inflación se ubica por encima del rango meta establecido por el Banco Central de Reserva.

El rol del Banco Central y factores locales

A pesar de la coyuntura internacional, el Banco Central de Reserva del Perú ha adoptado una política monetaria prudente y, según Chávez, “mantener esta posición y no seguir bajando las tasas de referencia es lo más adecuado”. El especialista recomendó que la entidad no intervenga excesivamente en la determinación de un tipo de cambio fijo, sino que modere fluctuaciones de corto plazo para evitar presiones adicionales sobre la economía.

El contexto electoral, con una segunda vuelta entre los candidatos Sánchez (extrema izquierda) y Keiko (derecha), también introduce incertidumbre. Chávez evocó la experiencia de la segunda vuelta previa con Pedro Castillo y alertó sobre la tendencia de los agentes económicos a dolarizar activos ante escenarios de riesgo. No obstante, destacó que Perú opera ahora bajo un régimen parlamentario que limitaría cambios drásticos en política económica.

“Los 60 senadores decidirán las cosas”, afirmó el economista, descartando un escenario de volatilidad comparable al vivido anteriormente.

Respecto a las reservas internacionales, Perú mantiene una “posición cambiaria fuerte”, lo que otorga grados de libertad al Banco Central para actuar si se presentara un choque político o externo marcado. Chávez expresó que la población debe esperar precios todavía elevados en los próximos meses, aunque con tendencia a estabilizarse si el contexto internacional no se deteriora más.

Expectativas de crecimiento e impacto regional

La economía peruana atraviesa una coyuntura compleja, en la que confluyen la inflación, el calendario electoral y fenómenos climáticos como el Niño, que podría ser intenso y afectar tanto la producción agrícola como el propio crecimiento del PIB. Según Chávez, “no vamos a alcanzar el 3% de crecimiento, vamos a estar por debajo, en dos y pico por ciento”.

Pese a este entorno adverso, el economista subrayó que la economía nacional conserva estabilidad, sostenida por su política monetaria y el respeto internacional ganado por su bajo nivel inflacionario y desempeño fiscal. Las propuestas parlamentarias expansivas y las iniciativas de gasto sí afectan la perspectiva de mediano y largo plazo, pero el corto plazo permanece amparado por la solidez institucional.

A nivel latinoamericano, el especialista sostuvo que otros países enfrentan tasas de inflación aún más elevadas, lo que evidencia que el fenómeno, aunque preocupante, no es único ni exclusivo del Perú. En este contexto, la estrategia del Banco Central de Reserva y la capacidad de afrontar la volatilidad internacional se mantienen como los ejes que determinan el margen de maniobra del país frente a futuros episodios de incertidumbre y presión inflacionaria.

Cuatro de cada diez desempleados en España se encuentra en riesgo de pobreza, según el último informe sobre exclusión social y económica elaborado por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) y la Universidad de Alicante. El dato, recogido en el estudio dirigido por Carmen Herrero, sitúa a la falta de empleo como uno de los principales factores asociados a la vulnerabilidad económica, por encima incluso de otras variables estructurales como el nivel educativo, la edad o el género.

El informe, basado en los resultados de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) del Instituto Nacional de Estadística (INE), identifica que más de el 40% de las personas en situación de desempleo en 2023 tenía ingresos por debajo del 60% de la mediana nacional, el umbral utilizado para definir el riesgo de pobreza. Esta proporción se mantiene más o menos estable desde 2015, según el documento, a pesar de la recuperación económica registrada tras la crisis financiera y los efectos de la pandemia de covid-19.

La investigación del Ivie y la Universidad de Alicante resalta que el desempleo prolongado y la insuficiencia de las prestaciones sociales son dos de los elementos que más inciden en la cronificación de la pobreza. En 2023, el 22% de las personas en riesgo de pobreza en España eran parados, una proporción que apunta a una tendencia descendente desde el 33,3% registrado en 2019. Sin embargo, la tasa varía significativamente en función de la comunidad autónoma. En Andalucía, este colectivo representa el 27,6% del total y en Asturias o País Vasco también supera el 25%. Esta cifra se reduce al mínimo en Galicia y Aragón, con un 14,7% en ambos casos.

Tener empelo no elimina el riesgo de pobreza

Pese a la correlación entre el desempleo y el riesgo de exclusión social, la publicación subraya que la pobreza no afecta únicamente a quienes carecen de trabajo. Alrededor de un tercio de las personas en riesgo de pobreza en España dispone de algún tipo de empleo, aunque muchas veces con salarios bajos o inestables. El informe advierte de que, entre los asalariados que perciben menos del salario mínimo interprofesional, la probabilidad de caer en pobreza aumenta de modo significativo. Además, la situación de los parados es especialmente crítica en los hogares monoparentales y en aquellos con menores a cargo, donde los ingresos disponibles resultan insuficientes para cubrir las necesidades básicas.

Aunque en el conjunto del país un 32% de las personas en riesgo de pobreza están ocupadas, también hay fuertes diferencias entre regiones en este caso, con tasas que superan el 45% en las Islas Baleares pero caen hasta el 28,1% en Canarias.

En general, tanto los ocupados como los jubilados presentan una probabilidad similar de caer en riesgo de pobreza, situada en torno al 15%, muy por debajo de las cifras estimadas para los desempleados. Por comunidades, Andalucía lidera en la proporción de ocupados en riesgo de pobreza, que se aproximó al 20% en 2023, mientras que en Extremadura superó el 16%. Por el contrario, en País Vasco y Navarra, contar con empleo prácticamente asegura no encontrarse en situación de riesgo de pobreza.

El alcance desigual de la protección social

En cuanto al acceso a las prestaciones públicas, elemento clave en la lucha contra la exclusión social, la cobertura es desigual entre territorios y grupos sociales. La tasa de cobertura de las rentas mínimas de inserción apenas supera el 1% de la población en la mayoría de las comunidades, salvo en Navarra y País Vasco, donde alcanza el 5% y el 6% respectivamente. El documento apunta que la introducción del Ingreso Mínimo Vital, aún con dificultades de acceso, no ha compensado completamente las carencias del sistema previo.

El análisis por edades muestra que los menores de 18 años presentan tasas de riesgo de pobreza y exclusión superiores al 30% en varias comunidades autónomas, destacando como uno de los colectivos más afectados. Los jóvenes también enfrentan tasas elevadas, que comprometen sus oportunidades de desarrollo y emancipación.

Por el contrario, la situación de las personas mayores de 65 años ha mejorado: en gran parte de España, la tasa de riesgo de pobreza para este grupo es notablemente inferior a la media nacional. El informe lo atribuye a dos factores principales: la estabilidad en el pago de pensiones y el alto porcentaje de mayores que poseen vivienda en propiedad, lo que reduce su vulnerabilidad frente a aumentos en el costo de la vida o pérdidas de ingresos

Esta semana, el INEI anunció que la pobreza monetaria disminuyó 1.9 puntos porcentuales en el último año y se ubicó en 25.7%. Es positivo que aproximadamente 600 mil peruanos hayan salido de la pobreza. Sin embargo, esta noticia debe matizarse con dos datos que siguen generando preocupación:

● Existe un grupo enorme de personas que no son pobres “según la línea”, pero viven al borde. En 2025, casi un tercio de la población está en condición de vulnerabilidad: puede cubrir el costo de la canasta básica, pero está a un shock —una enfermedad, la pérdida de empleo, una mala campaña agrícola— de caer en pobreza.

● El ritmo de reducción sigue siendo insuficiente para volver al punto de partida prepandemia. El nivel de pobreza de 2025 sigue por encima del de 2019 (20.2%) e incluso del de 2013 (23.9%).

En otras palabras, todavía estamos lejos de recuperar el terreno perdido y la vulnerabilidad sigue siendo una característica principal para un porcentaje importante de peruanos. En este contexto, me gustaría resaltar tres mensajes clave a tener en cuenta al momento de debatir cómo reducir la pobreza en el Perú.

1. Sin crecimiento no hay reducción de pobreza El consenso económico muestra que la pobreza baja cuando la economía genera oportunidades sostenidas, es decir, cuando crece de manera estable. Por eso, el primer mensaje es claro: necesitamos crecer más. Y, para crecer más, el motor principal de la economía peruana es la inversión privada —grande, mediana y pequeña—: inversión que abre y expande negocios, construye, produce, exporta e innova. En el camino, crea empleo y empuja los ingresos. Sin empleo formal y productivo, el país puede repartir apoyos, pero no reducirá la pobreza de forma sostenida. La pobreza cae de manera duradera cuando el mercado laboral se fortalece y la productividad sube.

2. Entre la crisis política e institucional y la pobreza no hay cuerdas separadas La crisis política e institucional nos sale cara, y una parte importante de la factura se paga en pobreza. El Perú ha vivido años de alta incertidumbre, rotación de autoridades, agendas cortoplacistas y confrontación permanente. En ese entorno, muchas decisiones de inversión se postergan, los proyectos se demoran, el crédito se encarece y las expectativas se deterioran. La pobreza no depende únicamente de la política, claro; pero sin estabilidad es mucho más difícil sostener crecimiento y empleo, y sin esos dos no hay reducción de pobreza que perdure.

3. La calidad de la gestión pública nos afecta, y a los pobres más Incluso cuando hay recursos, la capacidad del Estado para convertirlos en servicios se ha debilitado. En los últimos cinco años hemos visto un deterioro serio de la gestión pública: menor predictibilidad, cambios constantes de equipos, programas que se rediseñan sin aprender, compras y obras que se traban, y una ejecución territorial que muchas veces no llega donde más se necesita. ¿Cómo se vincula eso con la pobreza? De manera inmediata. Si la posta no tiene medicamentos, el hogar pobre paga de su bolsillo. Si la escuela no logra aprendizajes, se recorta el futuro laboral. Si el agua no es segura, aumentan las enfermedades y se pierden días de trabajo. Peores servicios públicos empujan a las familias hacia abajo y reducen sus posibilidades de salir de la pobreza.

De cara a los próximos cinco años, un aspecto prioritario en el debate nacional debe ser cómo reducimos la pobreza y la vulnerabilidad de manera sostenida. Para lograrlo, se requiere al menos tres pilares.

Primero, crecimiento económico con inversión y productividad: reglas claras, permisos eficientes y un Estado que no sea un obstáculo. Segundo, estabilidad política e institucional: no hay política social que compense años de parálisis y desconfianza. Y tercero, reconstruir la capacidad de gestión pública: mejorar servicios, ejecutar bien, medir resultados y recuperar meritocracia. Sin ese trípode, seguiremos celebrando pequeñas mejoras anuales mientras el país se acostumbra a que uno de cada cuatro peruanos sea pobre.

La República Dominicana afronta niveles persistentes de inseguridad alimentaria aguda que afectan a más de 900,000 personas, según un informe presentado recientemente con datos extraidos entre octubre de 2024 y septiembre de 2025. E

l estudio señala que los desafíos para asegurar el acceso a una alimentación adecuada persisten en gran parte del país, aunque se proyectan leves mejoras hacia el cierre del periodo.

El informe, que analiza la situación en una población de 10.7 millones de habitantes, de las cuales unas 925,000 personas se encuentran en fase de crisis o peor, de acuerdo con la escala de Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (IPC). Esta cifra representa el 9 % de la población evaluada. Además, 1.9 millones de personas atraviesan una situación de estrés alimentario, clasificada como Fase 2 del IPC, lo que equivale al 18 % de los habitantes.

La proyección estima que 922,000 personas continuarán en Fase 3 o superior, mientras que aproximadamente 2 millones permanecerán en Fase 2. Para el tercer trimestre de 2025, se calculaba una leve reducción del problema aunque 890,000 personas se mantenían en situación de crisis y que 2 millones mantengan el nivel de estrés alimentario.

La distribución geográfica de la inseguridad alimentaria revela que las disparidades persisten en 31 provincias y el Distrito Nacional. El estudio reporta que 25 provincias se encuentran en condición de estrés alimentario durante el primer periodo analizado, mientras que 6 provincias y el Distrito Nacional presentan niveles mínimos o nulos de inseguridad alimentaria, clasificados como Fase 1. Hacia el final del periodo, la provincia de Monte Cristi se perfila como la única en transitar de Fase 2 a Fase 3 de crisis, mientras que las 24 provincias restantes se mantienen en Fase 2.

Entre los factores que explican la persistencia y el deterioro de la situación alimentaria, el informe destaca en primer lugar los altos precios de los alimentos.

Se proyecta un aumento del 3 % en los últimos cuatro meses del año de 2024, del 3.7% en el primero de 2025 y hasta del 4.9% en el segundo cuatrimestre de ese año. La inflación general se mantiene elevada por la demanda interna y el encarecimiento de los costos de producción, lo que limita el acceso a alimentos para los hogares más vulnerables.

La variabilidad climática constituye otro factor determinante. El informe estima una probabilidad superior al 70 % de ocurrencia del fenómeno La Niña hasta 2025. Este evento puede generar inundaciones, deslizamientos, plagas fúngicas y daños en la producción agrícola. La transición hacia condiciones climáticas neutras durante el segundo semestre de 2025 podría favorecer la recuperación agrícola, aunque el riesgo de eventos extremos permanece latente.

El diagnóstico resalta también la vulnerabilidad económica de los hogares. Un 23 % de la población vive en situación de pobreza y un 3.2 % en pobreza extrema. La recuperación del comercio fronterizo con Haití sigue siendo lenta, especialmente en provincias limítrofes. El estudio proyecta una disminución de remesas y un descenso en la actividad turística tras el pico estacional, lo que reduce aún más los ingresos familiares. El estudio sostiene que la suspensión del programa de alimentación escolar al cierre del ciclo lectivo en junio incrementará los gastos alimentarios en los hogares con estudiantes.

En cuanto a la respuesta humanitaria, la cobertura de la asistencia alimentaria en las zonas más afectadas cubre entre el 25 % y el 50 % de los requerimientos calóricos de al menos una cuarta parte de los hogares, y llega a superar el 50% en los casos más graves. La evidencia recopilada es más sólida en provincias como Elías Piña, Independencia, Pedernales, Duarte, Hermanas Mirabal, Peravia y San José de Ocoa.

Las perspectivas para los próximos meses apuntan a una estabilidad relativa en la inseguridad alimentaria, aunque persisten vulnerabilidades estructurales relacionadas con ingresos, precios y condiciones climáticas.

La pobreza monetaria en Perú descendió a 25,7% de la población durante 2025, de acuerdo con el más reciente informe presentado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Este resultado representa una baja de 1,9 puntos porcentuales en relación con el año anterior, cuando la tasa alcanzaba el 27,6%. Según el reporte, 567 mil personas dejaron de ser pobres en el último año, reflejando una mejora estadística, aunque el fenómeno de la vulnerabilidad continúa afectando a una proporción considerable de la sociedad.

Durante la presentación oficial de los resultados, el jefe del INEI, Gaspar Morán Flores, remarcó que “la reducción de la pobreza se acompaña de una situación de vulnerabilidad persistente”. El 32,8% de la población peruana está en un umbral crítico: cubre la canasta básica, pero podría regresar a la pobreza si enfrenta una crisis económica, pérdida de empleo o un problema de salud. Esta proporción equivale a más de uno de cada tres habitantes.

La pobreza sigue por encima del prepandemia: 5,5 puntos más que en 2019

El informe del INEI, que se fundamenta en la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), detalla que en el área urbana la pobreza cayó de 24,8% en 2024 a 23,4% en 2025, es decir, una reducción de 1,4 puntos porcentuales. En el sector rural, el descenso fue más notorio: de 39,3% a 35,5%, lo que significa una baja de 3,8 puntos porcentuales.

A pesar de estos avances, la desigualdad territorial persiste, con departamentos como Cajamarca (41,0%) y Loreto (40,1%) ubicados muy por encima del promedio nacional. En el extremo opuesto, departamentos como Ica (4,5%), Madre de Dios (7,3%) y Moquegua (7,8%) presentan los niveles más bajos de pobreza monetaria.

En cuanto al gasto real per cápita, el promedio mensual se ubicó en 920 soles durante 2025, lo que representa un aumento del 2% frente a 2024 (903 soles). Este dato muestra una recuperación parcial del consumo, aunque todavía se mantiene por debajo de los niveles previos a la pandemia de COVID-19.

El umbral de pobreza monetaria para 2025 fue fijado en 462 soles mensuales por persona, mientras que la línea de pobreza extrema se ubicó en 260 soles. Una familia de cuatro miembros requiere al menos 1.848 soles para no ser considerada pobre y 1.040 soles para evitar la pobreza extrema.

Lima tiene hoy más pobres extremos, según INEI

A pesar de la mejora en los indicadores generales, la pobreza extrema afecta al 4,7% de la población nacional. El reporte señala que en 2025, 1 millón 614.000 peruanos viven en condición de pobreza extrema.

En Lima Metropolitana, la pobreza extrema aumentó de 3,3% a 3,6%, reflejando que el crecimiento económico no se distribuye de manera homogénea en las principales ciudades. En áreas rurales, la pobreza extrema decreció de 15,5% en 2024 a 11,4% en 2025.

Más de un tercio de la población, atrapado en la vulnerabilidad

El análisis de los hogares pobres muestra que las personas con menor educación, jefes de hogar con lengua materna indígena y quienes trabajan en la informalidad enfrentan mayores obstáculos para salir de la pobreza.

Entre los hogares cuyo jefe solo alcanzó la primaria, la pobreza alcanza el 35%; en aquellos con secundaria, el 27,1%; y en los que tienen educación superior, el 11,3%. El 46,2% de la población cuyas familias tienen jefes con lengua materna indígena amazónica es pobre, frente al 23,8% de los hogares encabezados por hablantes de castellano.

El acceso a servicios básicos sigue siendo dispar. Solo el 35% de los pobres cuenta con agua con cloro adecuado, frente al 20,8% entre los pobres extremos. El 57% de los pobres accede a desagüe por red pública, cifra que baja al 36,7% en el caso de pobreza extrema.

El 40,6% de los hogares pobres tiene acceso a internet, y el uso de billeteras digitales alcanza al 21,4% de este grupo, mientras que el 9,4% de los pobres extremos utiliza estas herramientas.

La tasa de pobreza, por su parte, registra el valor más bajo de la serie histórica reciente, con un 19,5%. A pesar de esta reducción, el número de personas en situación de pobreza sigue siendo muy elevado: 9,6 millones viven con ingresos inferiores a 12.220 euros anuales por unidad de consumo. La reducción de la pobreza ha sido constante durante tres años consecutivos, pero el objetivo europeo marcado para 2025 de situar la tasa de pobreza en el 14,8% permanece lejos de alcanzarse.

En el caso de los menores de 18 años, el dato supera en 8,8 puntos la media europea y sitúa a España en el primer lugar del continente, según las cifras recogidas por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-ES). Cerca de un tercio de niños, niñas y adolescentes reside en hogares en riesgo de pobreza o exclusión social, lo que representa el grupo de edad con mayor incidencia.

Vivir en alquiler duplica la tasa de pobreza

La vivienda se consolida como uno de los principales factores de riesgo en la configuración de la pobreza y la exclusión social en España. Los datos del informe muestran una brecha significativa según el régimen de tenencia. Residir en una vivienda de alquiler a precio de mercado multiplica las posibilidades de caer en situación de vulnerabilidad: el 43,6% de quienes alquilan en estas condiciones está en riesgo de pobreza o exclusión social, frente al 19,5% de quienes poseen una vivienda en propiedad. En términos de pobreza estricta, el 32,6% de las personas que viven de alquiler se encuentra por debajo del umbral de pobreza, mientras que entre los propietarios la proporción baja al 14,5%.

La situación laboral es otro de los rasgos que más condicionan la vulnerabilidad. El desempleo incrementa de forma drástica el riesgo de pobreza y exclusión: el 55,4% de las personas desempleadas se encuentra en situación de riesgo, y el 38,7% vive bajo el umbral de pobreza. Entre quienes han salido del mercado laboral y no reciben una pensión de jubilación, el riesgo se mantiene elevado, con tasas superiores al 37%. Sin embargo, uno de los datos más reveladores es que el empleo ya no garantiza salir de la pobreza: el 11,6% de la población ocupada está en riesgo de pobreza, lo que pone de manifiesto el peso creciente de la precariedad laboral, los bajos salarios y la temporalidad. El fenómeno de los “trabajadores pobres” se ha convertido en una realidad estructural del mercado laboral español.

Extranjeros, mujeres y personas sin estudios afrontan mayor riesgo

En cuanto al efecto de la nacionalidad en el riesgo de pobreza, se aprecia que entre la población española adulta, el 20,5% está en riesgo de pobreza o exclusión social, pero este porcentaje asciende al 36,4% para extranjeros de origen comunitario y supera el 53% entre la población extracomunitaria. En términos de pobreza severa, la brecha se mantiene: la proporción de inmigrantes, especialmente de fuera de la Unión Europea, afectados por la precariedad es más del doble respecto a los nacionales.

Por su parte, el género también influye de manera decisiva en la incidencia de la pobreza. Las mujeres presentan una tasa AROPE del 26,8%, frente al 24,5% de los hombres, lo que amplía la brecha de género y coloca a las mujeres, sobre todo a las jefas de hogares monoparentales, en una situación especialmente delicada. Por último, el nivel educativo aparece como un factor de protección frente a la pobreza. Los datos muestran que el 35,3% de quienes solo han finalizado estudios primarios o inferiores está en riesgo de pobreza o exclusión social. Esta proporción desciende hasta el 13,9% entre quienes han completado estudios superiores, lo que confirma la relación directa entre formación académica y acceso a mejores condiciones de vida.

El producto interior bruto per cápita en Nicaragua sigue siendo el más bajo de Centroamérica, un dato que evidencia la brecha de bienestar económico en la región pese a cinco años consecutivos de crecimiento del PIB, según el informe presentado por el Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica, tanque de pensamiento regional (Cetcam), divulgado en Costa Rica este jueves.

El análisis, elaborado por Marco Aurelio Peña, economista nicaragüense exiliado, subraya que el incremento macroeconómico del país no se traduce en una mejora del nivel de vida para la mayoría de su población.

Además, la mayoría de los nicaragüenses no logra cubrir la mitad del costo de la canasta básica con el salario mínimo promedio, el más bajo de la subregión, como explicó Peña a la agencia EFE.

El estudio de Peña, titulado Economía del malestar: Malestar económico y entorno institucional deficiente en el contexto autocrático en Nicaragua (2023–2025), incorpora cifras comparativas: la proyección para 2025 indica que el ingreso por habitante en Nicaragua será 6.7 veces inferior al de Panamá y 1.2 veces por debajo del de Honduras, país con la segunda posición más baja del istmo.

Esta desventaja se confirma con el registro actualizado: Nicaragua presentó un ingreso por habitante de $2,953, cifra que se encuentra muy lejos del de Panamá ($19,802) y Costa Rica ($19,104), países líderes de la región.

PIB per cápita de Nicaragua y dependencia de las remesas

El informe difundido por EFE sustenta su diagnóstico utilizando datos oficiales de cada país centroamericano. Después de los niveles de Panamá y Costa Rica, figuran Guatemala, con un PIB per cápita de $6,478, seguido de El Salvador con $5,744 y Honduras con $3,637. Nicaragua cierra la lista con el ingreso medio por habitante más bajo, lo que refleja una baja productividad total, incluso siendo el país más extenso del istmo y con abundantes recursos naturales.

El crecimiento de la economía nicaragüense fue del 4.9 % en 2025 respecto de 2024, conforme a los datos del Banco Central de Nicaragua, y representó el quinto año consecutivo de incremento tras tres años previos de contracción. Peña califica este proceso de “la macroeconomía del espejismo”: aunque los índices nacionales mejoran, la estabilidad no llega a sentirse en la vida cotidiana de la población.

Entre las razones que explican la brecha está el impacto de las remesas familiares, que representan un 26.6 % del PIB de Nicaragua, según expone Peña en el estudio citado por EFE. Estas transferencias financieras han sido definidas como el “salvavidas” de muchos hogares nicaragüenses, al ser fundamentales para la subsistencia ante el insuficiente ingreso laboral.

Peña resume el desencuentro entre cifras globales y economía cotidiana en la siguiente frase difundida por EFE: “La radiografía macroeconómica se percibe irreal cuando se la contrasta con las realidades económicas de las personas y las comunidades”. Para sectores como la productora agrícola, el trabajador informal, pequeños emprendedores o profesionales independientes, la estabilidad macroeconómica tiene escasos efectos frente a la pérdida de valor real del córdoba, la moneda nacional, y la erosión constante del poder adquisitivo.

Pronóstico oficial y contexto regional

La autoridad monetaria de Nicaragua, el Banco Central de Nicaragua, ha mantenido sin cambios su previsión de crecimiento económico para 2026, ubicándolo en un rango de 3.5 % a 4.5 %, incluso ante “incertidumbre asociada a la coyuntura geopolítica y comercial”, según precisa el informe reproducido por EFE.

La combinación de baja renta per cápita, dependencia estructural de las remesas y salarios mínimos que no cubren el costo de la vida coloca a Nicaragua en una situación de vulnerabilidad económica dentro del contexto centroamericano, a pesar de los signos de recuperación en los grandes agregados macroeconómicos.

Los informes económicos publicados por el Indec en los últimos meses han mostrado señales de recuperación en algunas variables claves, como pobreza, indigencia, ingresos (en 2025) y actividad económica. Sin embargo, existen otros indicadores que han empeorado y dan cuenta de una situación complicada para millones de argentinos.

Ejemplo de esto último es el dato que tiene que ver con el acceso de los servicios públicos. Según las estadísticas oficiales, cada vez hay más personas que no acceden a al menos uno de los tres servicios de red esenciales: gas, agua y cloaca. De acuerdo con los indicadores de condiciones de vida relevados por el Indec, en el segundo semestre de 2025 el 52,9% de los argentinos no tuvo acceso a los tres servicios. Esto representa un empeoramiento de 1,3 puntos porcentuales respecto al valor registrado en la primera mitad del año pasado (51,6%) y una desmejora de 1,9 puntos en relación a la segunda mitad del 2024.

En cantidad de personas, los números son contundentes. Si bien la medición se realiza sobre la población de los 31 principales aglomerados urbanos, donde viven cerca de 30 millones de personas, la extrapolación de las tasas al total país permite conocer los resultados en un sentido mucho más amplio. Así, se deduce que en la primera mitad del 2025 había 24,48 millones de argentinos que no accedían a el gas, el agua o la cloaca. En el segundo semestre, la cifra ascendió a 25,22 millones de personas. Es decir que en sólo seis meses se sumaron 743.725 personas a esa condición.

Al momento de analizar la estadística se debe tener en cuenta que se trata de una variable bastante “estructural”. Es decir que no tiende a tener grandes cambios en períodos de tiempo cortos, aún cuando otros indicadores mejoran. No obstante, no es un dato menor que el mencionado 52,9% de personas que no acceden a los tres servicios es el segundo peor resultado de la serie histórica, que inició en el segundo semestre de 2016. Desde ese momento hasta hoy, sólo en la segunda mitad del 2020 el Indec informó un número peor (53,6%).

Los mismos resultados se obtienen si se analiza la estadística en cantidad de hogares. De acuerdo con el informe, el 47,3% de las viviendas argentinas no tiene acceso a al menos un de los tres servicios básicos. Eso representa un aumento de 1,1 puntos en relación a la primera mitad de 2025 y un incremento de 1,6 puntos porcentuales respecto a la segunda mitad del 2024. Una vez más, el indicador sólo tiene un antecedente más alto en la serie histórica (el segundo semestre de 2020, con una tasa de 47,7%).

En valores absolutos, el salto de hogares sin los tres servicios fue de 7.470.081 en el primer semestre de 2025 a 7.668.719 en el período julio-diciembre de ese mismo año, lo que marcó una diferencia de 198.638 hogares.

A qué servicios no se accede

El relevamiento del Indec permite conocer también cuál es el nivel de acceso por cada uno de los servicios. La tasa de “no acceso” más baja es la que tiene que ver con la red pública de agua corriente. Según las estadísticas oficiales, el 10,3% de los argentinos no tienen acceso al agua de red. Si bien es una tasa baja en comparación a los otros servicios, es un valor alto para lo que significa.

En lo que respecta al desagüe del inodoro a la red pública (cloaca), el porcentaje es bastante más elevado. En el segundo semestre de 2025, el 30,5% de los argentinos no tuvo acceso a ese servicio.

En tanto, el acceso al gas de red es un privilegio que tienen el 60,5% de los argentinos. El otro 30,5% no tiene conexión domiciliaria, por lo que debe acudir a garrafas o a otros recursos para sustituir el gas.

Más hacinamiento, pero mejor sanidad

Aunque los datos de acceso a los servicios públicos empeoraron, hubo otros indicadores que mostraron una mejora en el segundo semestre. Es el caso por ejemplo del indicador de “saneamiento”. Según el Indec, la cantidad de personas que habitan en hogares con saneamiento inadecuado bajó al 14,1% en el segundo semestre del año pasado, luego de haber alcanzado valores de 15,4% y 14,5% en los dos semestre anteriores.

Donde no hubo mejora fue en el nivel de hacinamiento, que se mantuvo prácticamente estable. Hoy, el 3,5% de los argentinos viven en condiciones de “hacinamiento crítico” (más de 3 personas por cuarto). En la primera mitad del 2025, el valor fue de 3,4%. Sin embargo, sí se observa una mejora en comparación a la segunda mitad del 2024, cuando la tasa de hacinamiento crítico llegó al 4,2%.

La pobreza en niños y adolescentes llegó al 53,6% en 2025, mientras que la indigencia al 10,7%. Si bien se observó una baja en los últimos dos años, las privaciones y las fuertes desigualdades sociales en las infancias persisten. Además, hubo una consolidación en la necesidad de asistencia.

Son datos de la Encuesta de la Deuda Social Argentina (EDSA), realizada por la UCA, la cual señaló que el dato del año pasado “trae alivio, pero no debemos confundir una mejora coyuntural con la solución de un problema estructural”.

En este sentido, la serie histórica de pobreza e indigencia muestra una tendencia ascendente, con picos en los momentos de crisis y descensos en los breves períodos de recuperación. El resultado neto es un aumento de la pobreza infantil en el largo plazo.

En 2010, la pobreza afectaba al 45,2% de los niños y adolescentes. En 2011-2012, disminuyó levemente (35,7% y 38,4%), pero a partir de allí inició un período de deterioro casi ininterrumpido, con picos en 2020-2021 (alrededor del 64-65%) y un máximo histórico en 2023 (62,9%).

El progreso en 2024 y 2025 resulta significativo, pero “el nivel sigue siendo muy superior al de 2010 y, por supuesto, al de los mejores años de la década pasada”, sostuvo la UCA.

En el caso de la indigencia, la trayectoria es similar, pero con oscilaciones más pronunciadas. Partió de 11,4% en 2010, bajó a 8% en 2011-2012 y luego registró un incremento sostenido que la llevó al 17,7% en 2024, el valor más alto de la serie. En 2025 descendió al 10,7%, lo que representa una caída relevante que la acerca a los registros de 2017-2018.

Inseguridad alimentaria

Por otra parte, el informe señaló que el 28,8% de los niños y adolescentes experimentó inseguridad alimentaria en 2025, con un 13,2% en su forma más severa. Si bien estos valores implican un avance respecto de 2024, no logran retornar a los niveles previos a 2017.

La problemática se concentra principalmente en los hogares de menores ingresos, con mayor incidencia en los estratos socioeconómicos bajos y en el Conurbano Bonaerense.

En este contexto, la asistencia alimentaria trepa al 64,8%, una marca récord. En perspectiva, lo que se observa es que a partir de 2020 se produjo un fuerte aumento, impulsado no solo por el acceso y la cobertura de comedores escolares y comunitarios, sino también por la incorporación de la Tarjeta Alimentar ese mismo año.

Por otra parte, el reporte detalla que la cobertura de transferencias monetarias, como la Asignación Universal por Hijo (AUH), alcanzó al 42,5% de los niños, lo que conlleva una merma de 3,3 puntos porcentuales en relación a 2024.

La UCA precisó que esta y otras transferencias no contributivas llegan mayoritariamente a quienes más lo necesitan, aunque no a la totalidad; al mismo tiempo, dejan fuera a sectores que, pese a encontrarse en situación de pobreza, quedan excluidos del sistema.

Inanina Tuñón, investigadora del ODSA, planteó: “Estas políticas no fueron diseñadas para cubrir por completo los ingresos de los hogares, sino para equiparar el salario familiar de un trabajador formal con el de uno informal. Por eso, es clave mejorar las condiciones laborales de los adultos”.

La casa de estudios también presentó otros indicadores que dan cuenta de la crisis multidimensional que atraviesan los niños de entre 0 y 17 años.

Bajó la asistencia a los médicos

Entre ellos, se encuentra que el 19,8% dejó de asistir al médico, al odontólogo o a ambos por problemas económicos durante 2025. “La atención odontológica es la más postergada, lo que evidencia una deuda histórica de las políticas sanitarias con la salud bucal, a pesar de su impacto en la nutrición, la autoestima y la calidad de vida”, remarcó el informe.

Tuñón explicó que más allá de la falta de recursos, existe una problemática estructural en la oferta del sistema de salud.

En cuanto a las condiciones habitacionales, hay avances de largo plazo, pero persisten déficits estructurales: en 2025, el 18,1% de los niños y adolescentes residía en viviendas precarias y el 20,9% en situación de hacinamiento. A su vez, el acceso a servicios básicos continúa siendo una deuda importante: el 42% se encuentra en hogares sin saneamiento adecuado.

Por otra parte, el 37,5% de dicho rango etario enfrenta privaciones en vestimenta. Además del déficit material, se evidencian efectos emocionales por este motivo.

En este marco, Tuñón puso foco en la caída de la natalidad, que, más allá de la tendencia global, constituye otra señal de los efectos que la crisis social generó en las decisiones familiares.

En 1991, el 56% de los hogares tenía niños y adolescentes menores de 18 años; según el censo de 2022, ese valor se redujo al 44%. Esto refleja una baja sostenida de la fecundidad, que se ubicó en 1,4 hijos por mujer en 2022, inferior al umbral de reemplazo (2,1).

De cada 1.000 personas en Uruguay, hay 166 que no superan el ingreso mínimo necesario para cubrir las necesidades básicas alimentarias y no alimentarias.

Así surge de los datos que el Instituto Nacional de Estadística (INE) del país reveló este lunes, que muestran que el índice de pobreza en Uruguay se mantiene estable desde hace unos 10 años (con la excepción de 2020, en la pandemia, cuando creció hasta 23,3%). Además, hay un fenómeno que se sigue registrando: la infantilización de la pobreza.

La estimación oficial está basada en el ingreso mínimo necesario para cubrir necesidades básicas alimentarias y no alimentarias.

La indigencia, en tanto, afecta a una menor proporción de la población. A nivel de las personas, la incidencia se estimó en 1,7% , 0,2 puntos porcentuales más que en el año anterior según las cifras oficiales.

En el caso de los hogares, la proporción bajo la línea de la pobreza se ubicó en 13,2%, de acuerdo con las cifras oficiales.

El INE agrega en su análisis que la edad y la ascendencia étnico-racial de las personas son variables relevantes para el análisis de la pobreza. Esta afecta en mayor medida a las personas más jóvenes y a aquellas que se declaran de ascendencia afro o negra.

“La incidencia de la pobreza es significativamente mayor entre los menores de 18 años que entre la población adulta: casi el 40% del total de personas en situación de pobreza son menores. Al desagregar por tramos de edad más pequeños, se constata que la incidencia es más elevada en las edades tempranas y disminuye a medida que aumenta la edad”, dice el informe del INE.

La capital del Uruguay, Montevideo, es la zona que registra el valor más alto de pobres. Y, dentro del interior, son las localidades más pequeñas las que presentan mayor proporción de personas debajo de la línea de la pobreza.

El diario El Observador consignó en su análisis que el último gobierno de Tabaré Vázquez (en 2020) cerró con 17,3% de la población pobre, una cifra similar a la que dejó el gobierno de Luis Lacalle Pou (en 2025). Por su parte, el guarismo en el primer año de gestión de Yamandú Orsi sigue siendo similar.

Si bien Uruguay es uno de los países de la región con un menor porcentaje de personas bajo la línea de la pobreza, hay un problema en la otra punta etaria porque este fenómeno en el país tiene cara de niño. De acuerdo a los datos citados por el diario uruguayo, por cada adulto mayor que está bajo la línea de pobreza, hay cinco menores de seis años en la misma situación.

El gobierno ha puesto foco en la pobreza infantil.

Otros datos sobre la pobreza que surgen del informe son que el porcentaje de hogares pobres es más alto en la frontera norte que limita con Brasil y en los municipios periféricos de Montevideo, consignó El Observador. A su vez, los hogares que tienen una referente mujer representan casi el 70% de los hogares pobres del país.

La ONG Provea reclamó el viernes la fijación de un salario mínimo digno en Venezuela, al que el actual, equivalente a 27 centavos de dólar al mes según el tipo de cambio oficial, representa una situación de “pobreza extrema”.

La organización recordó que el Banco Mundial define el umbral de pobreza internacional en tres dólares diarios para países de bajos ingresos, mientras que en Venezuela el ingreso mínimo mensual está por debajo de esa cifra.

Provea también advirtió que el salario mínimo, base para prestaciones y otros pagos laborales, continúa estancado en 130 bolívares desde hace cuatro años, cuando equivalía a unos 30 dólares mensuales, pero la inflación lo devaluó de manera drástica.

En los últimos años, la política salarial del régimen se concentró en el pago de dos bonificaciones para los trabajadores públicos, que no inciden en prestaciones ni beneficios laborales, y que suman 190 dólares: uno de 40 dólares por concepto de alimentación y otro de 150 dólares denominado “ingreso de guerra económica”, ambos depositados en bolívares al tipo de cambio oficial.

Según la ONG Centro de Documentación y Análisis de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM), en marzo una familia requirió 692,32 dólares para cubrir la canasta básica de alimentos, un incremento del 7,24% respecto al mes anterior, cuando el costo era de 645,6 dólares. El cálculo se basa en una familia tipo de cinco integrantes.

En este contexto, sindicatos y trabajadores marcharon en Caracas en las últimas semanas para exigir aumentos salariales y mejoras laborales. La presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, anunció que se realizará un aumento “responsable” el próximo 1 de mayo, aunque no precisó si se tratará de un incremento al salario mínimo o a las bonificaciones de los trabajadores del sector público.

Por su parte, la Federación Venezolana de Maestros (FVM) convocó al sector educativo a una jornada nacional de asambleas de trabajadores el 22 de abril para exigir un sueldo “justo, suficiente y digno”, tras más de cuatro años sin incrementos del salario mínimo, que actualmente equivale a unos 27 centavos de dólar mensuales.

“Nuestra profesión y nuestra dignidad no pueden seguir esperando. Es momento de alzar la voz por la educación del país”, expresó la FVM en un comunicado.

La jornada buscará discutir la “crítica realidad” derivada del estancamiento salarial, mientras el costo de vida sigue en aumento y las autoridades “se niegan a reunirse con los legítimos representantes de los trabajadores”, según la convocatoria. La federación señaló que las autoridades educativas y laborales “no dan respuesta a las peticiones y demandas del magisterio”, sin dejar de lado la discusión inmediata de la convención colectiva.

La FVM denunció además la suspensión de salarios sin el debido proceso, el acoso laboral contra docentes y señaló que “muchos son presionados, amenazados o intimidados por ejercer su derecho a reclamar mejoras salariales, participar en protestas, denunciar irregularidades o exigir el respeto a sus derechos laborales”. Entre las prácticas mencionadas figuran amenazas de sanciones, cambios arbitrarios de funciones, apertura de procesos administrativos sin justificación y suspensión de salarios, lo que genera un clima de temor y persecución en el sistema educativo.

Distintos sectores laborales han retomado las protestas en este nuevo contexto que atraviesa Venezuela desde la captura del ex dictador Nicolás Maduro en Caracas por fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero. El jueves, trabajadores entregaron una carta a la Embajada de EE.UU. en Caracas solicitando su mediación ante el Gobierno venezolano para mejoras salariales, la liberación de presos políticos y la convocatoria a elecciones presidenciales.

(Con información de EFE)

María Elena pasa seguido por esta cuadra que queda a unos trescientos metros de la casa que comparte desde que nació con su mamá y sus dos hermanos. Pasa tan seguido, tan cotidianamente, que nada le llama la atención. Pero se acuerda a la perfección del día en que esta cuadra fue el corazón de una fiesta nacional. Fue el 29 de junio de 1986. Argentina le ganó 3 a 2 la final del Mundial de México a Alemania Federal y en Azamor al 500, en Villa Fiorito, no entraba un alfiler.

“Pude llegar hasta la esquina, no se podía caminar ni un centímetro más porque la cuadra estalló de gente. Me trajo mi papá, que nos había hecho quedar quietos a mí y a mis hermanos después de que Burruchaga metiera el tercer gol. En la cuadra volaban los papelitos, todos queríamos acercarnos a la casa de Diego, había una alegría que nunca volví a sentir en el barrio”, le cuenta María Elena a Infobae.

Ahora María Elena, que tiene 46 años, cuida a su mamá y a su hermano discapacitado, y cuando consigue, limpia casas por 6.000 pesos por hora, está parada delante de la casa natal de Diego Armando Maradona con un tupper vacío. Espera su turno para que se lo llenen con el guiso lentejas que ella y toda su familia van a cenar: dos ollas enormes arden en el patio delantero de la casa en la que vivieron Doña Tota, Don Diego y sus ocho hijos. Esta casa es, una vez por semana y en medio de un barrio en el que el hambre se hace sentir, la sede de una olla popular que alimenta a los vecinos de Villa Fiorito.

La economía, un problema día a día

“Hoy estoy preparando unas 250 porciones, pero a veces hay que hacerlas más chiquitas para que alcance para todos los que vienen a buscar”, cuenta María Torres. Tiene un palo largo de madera en la mano que oficia de cuchara de madera en sus ollas enormes. Es ella la que indica cuándo alguno de sus ayudantes tienen que poner más agua, o arroz, o menudos de pollo. Es ella la que indica cómo se van a distribuir los alimentos secos que las familias se van a llevar, además del guiso: hay harina, latas de arvejas, paquetes de arroz, pan dulce.

“Cocino hace 15 años en distintas ollas populares y comedores del barrio. En enero, cuando pasamos con la caravana de Reyes Magos por la puerta de la casa que fue de Diego, la dueña actual nos dijo que quería dar una mano pero que no tenía plata para colaborar. Entonces se me ocurrió esta idea: hacer acá una olla popular. Arrancamos a mediados de marzo, todos los jueves preparamos la cena para la gente del barrio”, dice María, que tiene 38 años, todos vividos en Fiorito.

Su guiso se cuece al calor de la leña que juntaron los integrantes de la ONG Sal de la Tierra, a la que pertenece María y que encabeza Leonardo, un pastor evangelista que trabaja en este pedacito de Lomas de Zamora que crece del lado bonaerense del Riachuelo. La ONG empezó a trabajar en Villa Fiorito en 2002, al calor de la gran crisis socioeconómica de ese verano en el que la Argentina se incendió. Ahora coordinan cinco espacios, entre comedores comunitarios y ollas populares, todos en el barrio. “Desde fines de 2023 hasta ahora, la demanda de comida de parte de nuestros vecinos creció por lo menos 300%”, dice Leonardo.

Mientras María cocina el guiso, suenan cumbias en el patio de esta casa que ahora es de una familia dedicada al cartoneo. Alguien cambia una lamparita para que se vea un poco mejor en este patio en el que dos murales narran la historia del hombre que hizo de Fiorito una leyenda: uno muestra al Diego que se llevó el mundo por delante en 1986, con la camiseta celeste y blanca y el gesto desafiante; en el otro, Maradona le da un beso a doña Tota y Chitoro los mira de cerca.

Un cartel antiguo de estación de tren dice “Fiorito”, y hay camisetas y bufandas y banderas de Boca, de Argentinos Juniors, del Nápoli, de la Selección.Los parlantes tienen una funda que los protege de la garúa, y la funda muestra a Diego con distintos modelos de pelo, de barba, de camiseta, de vida.

Hay, tirada por ahí, la lona de una pileta: la trajo María por si a la lluvia se le ocurría poner bajo amenaza al guiso, pero no hizo falta. Algunos de sus ocho hijos la ayudan a ordenar la fila de los que esperan con el tupper vacío y deslizan que el guiso está riquísimo, pero que las verdaderas especialidades de María son los canelones de verdura y una tortilla de papa imperdible.

“Acá en el barrio nosotros damos cena todas las noches en alguno de nuestros espacios. Y ahora arrancamos con una copa de leche los sábados. Hay cada vez más hambre y menos trabajo. Vas a ver que hoy, que llovió mucho, va a haber mucha gente: acá cuando no se puede salir a cartonear el hambre pega más duro. Y esto es día por día”, describe Leonardo.

“Me acostumbré a comer sólo al mediodía”

María Elena, la mujer que se acuerda de los festejos de 1986, tiene un grupo de WhatsApp con algunas vecinas de Fiorito. Se avisan entre todas dónde habrá reparto de cena cada tarde. Se ayudan con harina, aceite o fideos cuando se acerca el fin de mes, que cada vez se llega más rápido. “Ahora por suerte volvieron a funcionar varias ollas en el barrio, pero durante varios meses había muy pocas. Y en ese momento yo me acostumbré a comer sólo al mediodía, para la cena no había nada”, describe.

Ella y Rosa, otra vecina, ayudan a Jazmín, una joven con retraso madurativo que es la encargada de llenar los tuppers que cenarán en su casa. La acompañan en el camino de vuelta y se cercioran de que, al otro día, Jazmín se entere dónde podrá conseguir algo de comida caliente para pasar la noche.

“Yo bajé como 15 kilos en los últimos dos años. Y es porque tengo menos para comer. Las ollas populares nos salvan la vida, es la forma de tener algo en la panza y de que coma mi familia”, dice María Elena, que tiene 46 años. “Cada vez está más difícil conseguir trabajo de limpieza porque es un gasto que recortó muchísima gente; y acá en el barrio surgían changas de vez en cuando, pero no hay laburo para nadie”, suma.

La primera vez que hizo la fila para llevarse algo de comida del patio en el que se crió Diego Armando Maradona, se emocionó. “Me acordé de ese día que salimos campeones, y hay mucha gente que se emociona cuando viene por primera vez. Es impresionante entrar, aunque sea unos pasitos, al patio, y que la ayuda venga desde acá. Está viniendo gente de todos lados. Porque es la casa de Diego y porque hay hambre en todos lados”, reflexiona.

Del hambre de doña Tota a la de hoy

Ramona supervisa a sus nietos, que hacen la fila para llevarse guiso a casa. Ella no puede sumarse a esa espera sobre el barro de la vereda: la artrosis de sus piernas se lo impide. Es misionera pero vive hace 14 años en Villa Fiorito. Hasta hace un tiempo, lavaba ropa ajena en su casa a cambio de plata, pero ya nadie puede pagar por eso.

Cocina pan casero, chipa y tortas fritas: cobra 2.000 pesos por el pan con chicharrón. Y las mañanas que le toca cuidar a cuatro chicos desde las 6 hasta el mediodía, cobra 20.000 pesos. “Yo trabajo todos los días, cocino para vender, cuido chicos cuando me llaman, lavo cuando me traen ropa. Pero ya me llaman muy poco y no me traen ropa casi nunca. Limpiar casas ya no puedo, me duele el cuerpo. Pero cocino, lo que pasa es que cuando pasan los primeros días del mes, ya se vende muy poco porque nadie tiene plata”, dice Ramona, que no sabe leer ni escribir pero que, gracias al boca en boca que comparte con sus vecinos, no necesita de ningún grupo de WhatsApp para enterarse dónde hay una olla popular de la que llevarse una cena.

“Todas las noches busco cena por algún lado, y si sobra, sirve para el mediodía siguiente. No hay manera si no, y mis nietos tienen que comer”, asegura Ramona, atenta a sus chicos. “A mí me parece hermoso esto que están haciendo en la casa de Diego. Después de que se murió, habían dicho que iba a ser un museo. Después de eso no dijeron nada más. Iba a ser un museo pero esto es muchísimo mejor porque acá en Fiorito tenemos hambre”, sostiene Ramona.

En la calle Azamor, los perros les ladran a las motos, las motos les hacen luces a los chicos que juegan a la pelota, y las mujeres hacen fila para que algo de ese guiso que humea y huele maravillosamente llegue a sus mesas. De fondo, la casa de la que salía Maradona para embarrarse en el potrero. Esta casa de la que alguna vez dijo que era tan chica que él y sus hermanos soñaban “todos lo mismo”, y en la que doña Tota les decía a sus hijos que no iba a cenar porque le dolía la panza.

“A los 13 años me di cuenta que mi vieja nunca había sufrido del estómago. Nunca tuvo dolor de estómago, siempre quiso que comiéramos nosotros. Y cada vez que llegaba la comida, decía: ‘me duele el estómago’. ¡Mentira!, era porque no alcanzaba”, dijo Diego alguna vez, conmovido. Ese hambre parece perpetua en Villa Fiorito.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dio a conocer el informe el informe de Canasta Básica Alimentaria (CBA) y de la Canasta Básica Total (CBT) correspondiente a marzo de 2026. De acuerdo con los datos oficiales, la CBT registró una variación de 2,6% respecto al mes anterior, lo que implica que un hogar de cuatro integrantes necesitó ingresos por un total de $1.434.463,81 para no caer bajo la línea de pobreza.

Por su parte, la CBA, que determina la línea de indigencia, tuvo un incremento del 2,2% durante el tercer mes del año. De esta manera, el mismo grupo familiar requirió de $658.010,93 mensuales únicamente para cubrir sus necesidades básicas alimentarias. El informe técnico destaca que “durante marzo de 2026, la variación mensual de la canasta básica alimentaria (CBA) fue de 2,2%”.

El análisis de la evolución de precios muestra que la brecha respecto al año anterior continúa siendo significativa. Las variaciones interanuales se ubicaron en un 32,8% para la canasta alimentaria y en un 30,4% para la canasta total. En lo que va del año 2026, la suba acumulada alcanzó el 11,6% en el caso de la CBA y el 9,6% para la CBT.

Para un adulto equivalente —referencia que el organismo toma sobre un varón de entre 30 y 60 años con actividad moderada—, el costo de la canasta alimentaria se situó en $212.948,52. En tanto, el valor de la canasta total para ese mismo perfil de referencia fue de $464.227,77. Según explica el documento oficial, “la CBA se valoriza cada mes con los precios relevados por el Indice de precios al consumidor del Gran Buenos Aires (IPC-GBA)”.

Requerimientos según la composición del hogar

El Indec presenta diversos ejemplos de configuración familiar para ilustrar el alcance de estos indicadores. Un hogar de tres integrantes, compuesto por una mujer de 35 años, su hijo de 18 años y su madre de 61 años, necesitó en marzo un total de $1.142.000,31 para no ser considerado pobre y $523.853,36 para no ser indigente.

En el caso de una familia tipo de cuatro integrantes, compuesta por un varón de 35 años, una mujer de 31 años, un hijo de 6 años y una hija de 8 años, la cifra requerida ascendió a los mencionados $1.434.463,81 para la CBT y a $658.010,93 para la CBA.

Finalmente, para un hogar de cinco integrantes, constituido por una pareja de 30 años y tres hijos de 1, 3 y 5 años, el costo de la canasta básica total fue de $1.508.740,25, mientras que la alimentaria se ubicó en $692.082,69.

Según el Indec, esta diferenciación se debe a que “los requerimientos nutricionales son diferentes según la edad, el sexo y la actividad de las personas”, por lo que es “necesario hacer una adecuación que refleje las características de cada miembro de un hogar en relación con sus necesidades nutricionales”. Para realizar este cálculo, el organismo utiliza la unidad de referencia denominada “adulto equivalente”, la cual se basa en un requerimiento energético de 2.750 kcal.

Desaceleración de precios

El incremento mensual registrado en marzo muestra una desaceleración respecto a los valores de enero, cuando la canasta alimentaria había subido un 5,8% y la total un 3,9%. No obstante, los niveles actuales mantienen la presión sobre el presupuesto familiar, considerando que en febrero las subas habían sido del 3,2% y 2,7% respectivamente.

Un dato positivo, es que los salarios vienen aumentando por encima de ambas canastas. Si bien no es posible hacer una comparación con los datos de marzo (el último informe de salarios corresponde a enero), un análisis de lo que mostraban los números en el primer mes del año basta para entender cómo se vienen comportando ambas variables.

Según el Indec, entre enero de 2025 e igual mes de 2026 los salarios tuvieron un aumento nominal del 37,7%. En ese mismo período, la Canasta Básica Total se encareció 31,6%, mientras que la CBA registró un aumento del 37,6%. Habrá que esperar a que el Indec publique los próximos informes para saber si la tendencia se mantuvo en todo el primer trimestre.

La reciente difusión de las estadísticas oficiales sobre las condiciones de vida en la Argentina ha devuelto al centro de la escena una controversia técnica que trasciende los despachos oficiales. Los informes publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) reflejaron una mejora en los indicadores sociales hacia el cierre de 2025, pero la magnitud de esa recuperación y la metodología utilizada para captar los datos de ingresos han generado debate entre los especialistas.

Algunos estudios privados sospechan de un “espejismo estadístico” provocado por fallas en la recolección de datos en hogares, otros defienden la tendencia y atribuyen la mejora a factores estructurales como la desaceleración de la inflación y cambios en la política asistencial.

Para delimitar el núcleo del debate, es necesario repasar cuáles son los datos cuestionados. Según el último informe del Indec, la pobreza en Argentina registró una nueva baja, situándose en 28,2% de la población durante el segundo semestre de 2025. Esta proporción implica que 13,5 millones de personas se ven afectadas, pero muestra una reducción de 9,9 puntos porcentuales respecto al mismo período de 2024. Además, sugiere que 11,4 millones de personas dejaron de ser pobres desde el pico alcanzado en los primeros meses de gobierno de Javier Milei.

En esa dinámica, la indigencia -personas cuyos ingresos no alcanzan para cubrir el valor de la Canasta Básica de Alimentos- se ubicó en 6,6% de la población, lo que implica una mejora de 5,5 millones de personas respecto a la primera mitad de 2024.

En términos de distribución, el organismo informó que, al cuarto trimestre de 2025, el ingreso promedio de los asalariados con descuento jubilatorio ascendió a $1.321.353, lo que representó un incremento interanual del 42,7%, un valor que quedó claramente por encima de la inflación oficial, que fue de 31,5% en 2025. Estos datos configuran un panorama de recuperación del poder adquisitivo, especialmente en el sector formal, que es precisamente el punto donde se origina la mayor parte de las dudas técnicas.

El origen de la polémica y el desacuerdo en torno a la EPH

El debate no gira en torno a si la situación social mejoró o empeoró, sino a si los instrumentos de medición -específicamente la Encuesta Permanente de Hogares (EPH)- están reflejando con precisión los hechos. Diversos especialistas sostienen que los datos de ingresos declarados por los ciudadanos ante el encuestador aparecen “inflados”.

Desde la consultora Equilibra plantean que “hay evidencia empírica contundente de que los fuertes cambios en la captación de ingresos de la EPH exageraron la baja reciente de la pobreza”. El argumento central reside en una inconsistencia: mientras que la EPH muestra un aumento del ingreso asalariado formal del 43% interanual, otras fuentes oficiales de registro -como el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) 32% o la serie de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte) 37%- exhiben subas menores.

Lorenzo Sigaut Gravina, economista de Equilibra, destaca que el incremento captado por el Índice de Salarios formal se ubica varios puntos porcentuales por debajo de lo que arroja la encuesta en los hogares.

Su colega Gonzalo Carrera introduce una hipótesis psicológica y económica: la pérdida de “memoria nominal”. Según Carrera, durante los períodos de alta inflación, las personas pierden la noción de cuánto ganan realmente debido a los cambios constantes.

Carrera explica: “Con mayor estabilidad nominal desde fines de 2024 a la fecha, la tendencia parece haberse revertido incrementando más los ingresos autorreportados que los que salen de fuentes administrativas”.

Durante los períodos de alta inflación, las personas pierden la noción de cuánto ganan realmente debido a los cambios constantes (Carrera)

A este cuestionamiento se suma el Cedlas (Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales), que identifica tres áreas de riesgo:

1. posible desfase temporal entre el momento en que se percibe el ingreso y el mes en que se valorizan las canastas;
2. evolución del subreporte de ingresos; y
3. necesidad de actualizar el Coeficiente de Engel -la relación entre gasto en alimentos y otros bienes- basándose en patrones de consumo más recientes de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017/2018.

Entre la cautela y los efectos concretos en los hogares

Frente a las críticas en torno a la medición oficial, otra corriente de economistas propone una perspectiva diferente. Si bien admiten que existen desafíos metodológicos, consideran que los cuestionamientos no invalidan la tendencia de fondo ni la integridad de las estadísticas del Indec.

Osvaldo Giordano, presidente del Ieral de Fundación Mediterránea, sostiene que las sospechas de manipulación carecen de fundamento actual, aunque admite que la interpretación de los datos suele carecer de matices: “Salir de la pobreza es positivo, pero no significa un cambio decisivo en la situación del hogar”, advierte, ejemplificando que un salto de pocos miles de pesos puede sacar estadísticamente a una familia de la pobreza, aunque en la práctica sólo represente un kilogramo más de alimento al día.

Para Giordano, exagerar la polémica metodológica desenfoca lo importante: el impacto de la desinflación. “La desinflación tiene un impacto potente en favor de reducir la pobreza”, afirma, debido a que los trabajadores informales -los más pobres- tienen menos herramientas para actualizar sus ingresos frente a la suba de precios que las grandes empresas.

El economista propone mejoras concretas para elevar la calidad de la información, como la publicación sistemática de la conciliación entre la EPH y registros administrativos por decil de ingreso, y la triangulación con las Cuentas Nacionales, emulando prácticas de organismos de México (INE) o Colombia (DANE).

Se debería incorporar la ENGHo 2017/2018 para recalibrar la expansión de la CBA a CBT, dado que la estructura de consumo de los hogares cambió (Giordano)

Sugiere, además, explicitar y documentar el desfase entre el mes de referencia de los ingresos y el mes de actualización de las canastas, porque en contextos de alta inflación incluso días de diferencia importan. Asimismo, plantea que se debería incorporar la ENGHo 2017/2018 para recalibrar la expansión de la CBA a CBT, dado que la estructura de consumo de los hogares cambió.

En una línea similar, Jorge Colina, presidente de Idesa, subraya que ninguna medición es una “verdad absoluta”, sino el resultado de una convención metodológica: “El valor que tiene cada metodología no está en su comparación con las otras, sino en la tendencia hacia el alza o baja que cada una muestre”.

Respecto a la desconfianza sobre el salario informal -que según el Indec creció por encima del 100% en el segundo semestre de 2025-, Colina explica que este sector partía de una base muy deprimida tras las pérdidas de 2022 y 2023, lo que justifica tasas de crecimiento inusualmente altas en la recuperación.

“Otro aspecto a tener en cuenta es la conformación de la Canasta Básica Total (CBT). Se critica que no refleja bien los patrones de consumos de los hogares pobres. Por eso, lo que estadísticamente surge como hogar no pobre, en la realidad puede ser pobre porque el patrón de consumo es diferente. Pero, otra vez, es una discusión de metodología de qué CBT elegir”, subrayó Colina.

El factor subjetivo y las limitaciones del sistema

La discusión técnica también alcanza la naturaleza misma de la recolección de datos. Nuria Susmel, economista senior de FIEL, aporta una perspectiva sobre las dificultades intrínsecas de las encuestas: “Pobreza es una definición nada más que permite comparar en el tiempo”, afirma, remarcando que el enfoque monetario que utiliza el Indec es solo una de las formas posibles de abordar el fenómeno, a diferencia de los enfoques multidimensionales que consideran salud, educación y vivienda.

El enfoque monetario que utiliza el Indec es solo una de las formas posibles de abordar el fenómeno, a diferencia de los enfoques multidimensionales que consideran salud, educación y vivienda (Susmel)

Susmel menciona que el Indec ha mejorado sus cuestionarios para captar mejor los ingresos no laborales (como asignaciones), pero advierte sobre los sesgos de quienes responden: “Siempre se dice que los de altos ingresos subdeclaran. Yo también creo que los de bajos ingresos muchas veces sobredeclaran por vergüenza”.

Además, la economista resalta un problema estructural: los sectores más ricos de la sociedad son prácticamente inaccesibles para los encuestadores del organismo, lo que distorsiona la pirámide de distribución, aunque aclara que, al ser un error histórico y constante, la serie sigue siendo útil para marcar la tendencia.

Sobre la brecha entre la EPH y los registros administrativos, Nuria Susmel admite que no hay una explicación clara. No obstante, coincide en que la mejora en la captación de ingresos iniciada a fines de 2024 permite que los datos actuales sean, al menos, comparables entre sí.

El reciente informe del Banco Mundial “Panorama económico de América Latina y el Caribe, publicado el 8 de abril, advierte que el progreso en la reducción de la pobreza en Centroamérica podría estancarse si no se reactivan los motores del crecimiento estructural y el margen fiscal.

Aunque las cifras de pobreza mejoraron tras la pandemia, “la región enfrenta ahora señales de desaceleración, con consecuencias directas para las familias más vulnerables”, detalla la publicación.

La persistencia de la pobreza se atribuye a la baja diversificación productiva, la alta informalidad y el acceso limitado a servicios básicos.

Según el documento, cerca del 83% de las personas en situación de pobreza trabaja en la informalidad y el 60% tiene bajo nivel educativo. Los grupos más afectados son las comunidades rurales, indígenas y quienes dependen de empleos sin protección social.

Durante la llamada “década dorada” entre 2003 y 2013, Centroamérica experimentó una reducción de la pobreza impulsada por el crecimiento económico, los altos precios de materias primas y el aumento de remesas.

En el momento actual, países como El Salvador, Guatemala y Honduras dependen de manera considerable de los envíos de dinero desde el extranjero, lo que los hace vulnerables a variaciones en el entorno global.

La proporción de la población en situación de pobreza, medida con la línea internacional de 8.30 USD diarios en PPA(porcentaje de poder adquisitivo) 2021, oscila entre el 25% y el 40% en los países del norte de la región. Este fenómeno persiste especialmente en áreas rurales, donde la falta de acceso a educación, salud y saneamiento profundiza la exclusión social.

El reto para medir con precisión la pobreza deriva de la volatilidad de los ingresos informales. El Banco Mundial propone unir indicadores de ingreso y de consumo para captar con mayor fidelidad la movilidad social y la persistencia del fenómeno: la intención es evitar que los cambios temporales en los ingresos alteren el diagnóstico y oculten barreras estructurales.

Factores que amenazan el avance en la reducción de la pobreza

La recuperación económica tras la pandemia y el auge de las remesas facilitaron avances recientes, aunque el crecimiento anual se ha moderado, quedando entre el 3% y el 5%.

El informe advierte que, si no se aplican políticas de reactivación estructural ni se amplía el espacio fiscal, la reducción de la pobreza será limitada durante 2026.

El reporte atribuye la persistencia de la pobreza a la combinación de informalidad laboral, baja escolaridad y falta de acceso a servicios básicos, lo que crea un círculo difícil de superar. El crecimiento económico, por sí solo, no se traduce en beneficios generalizados ni en más oportunidades de movilidad social.

Políticas recomendadas y experiencias regionales

Dentro del bloque de Centroamérica, Banco Mundial destaca a Costa Rica, donde la inversión en capital humano junto con la protección social universal han resultado en menores tasas de pobreza y mayor formalidad laboral.

A diferencia de esta experiencia, países como El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua enfrentan dificultades para consolidar estos logros debido a la dependencia de remesas y una inclusión laboral limitada.

Las recomendaciones centrales incluyen fomentar la productividad, elevar la calidad educativa, ampliar la protección social y fortalecer la recaudación fiscal. El propósito es generar empleos formales que garanticen ingresos estables y promuevan la movilidad social.

Según el informe, romper el círculo de la pobreza en Centroamérica exige políticas integrales que combatan la informalidad, fortalezcan el capital humano y favorezcan la creación de empleos formales.

Unos 482 mil 33 niños y niñas viven en la pobreza, cifras frías que revelan la vulnerabilidad de una gran parte de la niñez panameña.

La estadística del Banco Mundial, del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y del Ministerio de Desarrollo Social fue expuesta por monseñor José Domingo Ulloa Mendieta, O.S.A., durante la celebración de la 54° Cita Eucarística, al exhortar a la Iglesia a no ser indiferente ante el sufrimiento de los más pobres.

Llamó a todos los sectores del país a enfrentar la pobreza infantil, comenzando por los tres órganos del Estado, el sector privado, la sociedad civil, las universidades, los gobiernos locales, las organizaciones sociales, las diversas comunidades de fe.

“Todos debemos trabajar unidos para que nadie quede al margen en Panamá”, clámó

“Hermanos, hermanas, las llagas del resucitado tienen como origen la corrupción, la impunidad que roba el pan del pobre y le roba el futuro al país, especialmente a nuestra niñez”, indicó el prelado ante cientos de asistentes al evento eucarístico.

“No podemos aceptar que la geografía o el origen determine el destino de una vida. Ellos no son cifras frías, son vidas que claman justicia y nos llaman a no permanecer indiferentes”, manifestó José Domingo Ulloa Mendieta, O.S.A.

En medio de aplausos de los asistentes al encuentro religioso, monseñor fue enfático al señalar que “nadie puede quedar al margen. Panamá no puede llamarse desarrollada si su niñez sufre hambre, enfermedad prevenible o abandono. Porque un país que no cuida a su niñez está renunciando en silencio a su propio mañana”.

El líder de la iglesia católica hizo una comparación entre los niveles de crecimiento y desarrollo macroeconómicos de Panamá, y los sectores que quedan abandonados.

Ulloa recordó que uno de cada tres niños panameños vive en pobreza, y uno de cada seis en pobreza extrema. y señaló que esto adquiere una gran relevancia al saber que la primera infancia (en edades de 0 a 6 años) define el desarrollo integral de la persona.

Permitir que niños crezcan con marcada pobreza es perpetuar la desigualdad, reiteró.

En esta celebración de la 54° Cita Eucarística, se exhortó a la Iglesia a no ser indiferente ante el sufrimiento de los más pobres.

En esta ocasión la Eucaristía se celebró en el Anfiteatro del Parque Recreativo y Cultural Omar Torrijos, donde miles de fieles provenientes de todas las parroquias de la Arquidiócesis de Panamá se congregaron desde tempranas horas junto a sus familias y comunidades, en el marco del centenario arquidiocesano, apunta el semanario Panorama Católico.

Durante el cierre de la recién pasada Semana Santa en Panamá, monseñor Ulloa señaló que Panamá no puede continuar atrapado en la corrupción, la violencia, la desesperanza y la indiferencia, como si la resurrección de Cristo no tuviera consecuencias reales en la vida nacional.

La fe, manifestó en esa ocasión, no puede reducirse a una tradición ni a un discurso vacío, sino que debe traducirse en decisiones concretas que transformen la sociedad.

Cuestionó abiertamente “los sepulcros” que hoy mantienen paralizado al país: la exclusión de los más pobres, la pérdida de valores, la impunidad, el miedo al cambio y la división social.

“Si Cristo ha resucitado, nada puede seguir igual”, advirtió el conductor de la grey católica, subrayando que Panamá necesita hombres y mujeres capaces de actuar con coherencia, de no negociar la verdad y de asumir con valentía el compromiso de hacer el bien, incluso cuando cueste.

El costo de vida en la Ciudad de Buenos Aires experimentó un nuevo aumento durante marzo de 2026. Según el último relevamiento de la Dirección General de Estadística y Censos porteña (DGEC), una familia tipo necesita al menos $2.342.860,81 mensuales para situarse dentro de la clase media y hasta $7.497.154,59 para no pertenecer a los sectores de ingresos más altos.

El informe analiza los ingresos necesarios para distintos niveles sociales en un hogar compuesto por dos adultos de 35 años y dos hijos varones de 9 y 6 años, propietarios de la vivienda y sin personal doméstico.

Las cifras oficiales muestran que la línea de indigencia, establecida por la Canasta Básica Alimentaria (CBA), se ubicó en $814.709, mientras que la línea de pobreza, calculada en base a la Canasta Básica Total (CBT), alcanzó los $1.489.829 al mes.

Para superar la condición de pobreza, el hogar necesita ingresos que excedan los $1.440.147 mensuales. El umbral para dejar de ser vulnerable y pasar al segmento denominado “sector medio frágil” es de $1.874.288,64 y hasta 2.342.860,80 pesos. Según el organismo, el rango de ingresos correspondiente a la clase media se extiende desde $2.342.860,81 hasta 7.497.154,59 pesos. Cuando los ingresos familiares superan ese último monto, la familia es considerada parte de los sectores acomodados.

Los valores corresponden a marzo de 2026 y reflejan el efecto de la inflación sobre el poder adquisitivo en la ciudad. El análisis de la DGEC indica que tanto la canasta básica alimentaria como la total han mostrado incrementos sostenidos en los últimos meses, impulsados principalmente por subas en alimentos y servicios.

El cálculo de estos valores se realiza en base a pautas de consumo habituales en los hogares y se utiliza como referencia para el diseño de políticas públicas y la evaluación de la situación social local. El informe aclara que estos montos aplican solo a familias propietarias, ya que el costo de alquiler representa un gasto adicional importante para los inquilinos.

La segmentación de hogares según el nivel de ingresos permite identificar los distintos grupos socioeconómicos en la Ciudad de Buenos Aires. Son considerados indigentes quienes no logran reunir el monto necesario para cubrir la Canasta Básica Alimentaria. En tanto, los pobres no indigentes pueden afrontar la CBA, pero no alcanzan a cubrir la Canasta Básica Total.

La metodología empleada distingue dentro del sector medio a quienes integran el grupo “frágil” y a la “clase media” propiamente dicha. El sector medio frágil corresponde a hogares que logran costear la CBT, pero cuyos ingresos no superan en más de un 25% ese valor. Se considera clase media a quienes superan ese umbral, sin cuadruplicar el monto de la CBT. Esta diferenciación permite identificar niveles de estabilidad o vulnerabilidad entre los hogares que no se encuentran por debajo de la línea de pobreza.

Aceleró la inflación en CABA

Durante marzo de 2026, el Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA) registró un aumento de 3%, acelerando respecto al mes previo y acumulando un alza de 8,9% en el primer trimestre del año. La comparación interanual mostró una suba de 32,1 por ciento. De acuerdo con el informe del Instituto de Estadística y Censos porteño, la variación se explicó principalmente por incrementos en servicios regulados, combustibles, el sector educativo y los gastos asociados a la vivienda. Este resultado anticipa un valor elevado para el índice nacional que difundirá el Indec en los próximos días.

El comportamiento de los precios mostró incrementos en la mayoría de los rubros del índice, aunque cinco divisiones concentraron cerca del 80% del aumento mensual. El capítulo vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles subió 3,2% y aportó 0,65 puntos porcentuales al total, impulsado por ajustes en expensas, alquileres y tarifas de servicios esenciales.

Transporte fue la división con mayor ajuste, con un aumento de 6% que también sumó 0,65 puntos porcentuales. En este caso, el alza se vinculó principalmente a la suba de los combustibles para automóviles particulares —potenciada por el conflicto en Irán— y la actualización en el valor del boleto de colectivo urbano. El precio promedio del litro de gasoil premium llegó a 2.097,30 pesos y la nafta premium a 2.037,33 pesos durante el mes.

El rubro alimentos y bebidas no alcohólicas mostró una suba de 2,6% e incidió con 0,45 puntos porcentuales en el índice general. El mayor impulso provino de carnes y derivados, que treparon 6,3%. También se registraron aumentos en pan y cereales (2,0%) y en leche, productos lácteos y huevos (2,1%). Por el contrario, los precios de verduras, tubérculos y legumbres disminuyeron 3,3%, y las frutas bajaron 1,8%, lo que atenuó la presión sobre la canasta básica.

La división educación avanzó 8,6% y sumó 0,42 puntos porcentuales, explicado por el aumento de las cuotas en los establecimientos educativos. Salud se incrementó 2,4%, impulsada por subas en las cuotas de medicina prepaga y otros servicios del sector.

Prendas de vestir y calzado registraron un alza de 3,8% en el mes. El índice de equipamiento y mantenimiento del hogar subió 3,9 por ciento. Información y comunicación ajustó 1,9%, recreación y cultura 0,7%. Restaurantes y hoteles, en tanto, aumentaron 0,4% por incrementos en consumos fuera del hogar, mientras que los servicios de alojamiento descendieron 12,7 por ciento.

El análisis detalla que los bienes aumentaron 2,8% y los servicios 3,1%. Entre los bienes, la suba estuvo liderada por alimentos —sobre todo carnes—, combustibles y prendas de vestir. En servicios, la mayor presión provino de la educación formal, seguida por transporte y alquileres.

En primer lugar, explicó las diferencias entre las fuentes de información sobre ingresos en el país y los desafíos que esto plantea para analizar la evolución de la pobreza. “En Argentina hay dos fuentes. Una es el SIPA, que son registros administrativos, son datos concretos. Y otra es la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), que se publica trimestralmente. Esa encuesta le pregunta a la gente cuánto está ganando”.

Rapetti señaló que históricamente los ingresos declarados en la EPH eran menores que los registrados en el SIPA debido a la subdeclaración, fenómeno que, según los análisis, “se mantiene estable en el tiempo”. y está asociado a la alta inflación.

Sin embargo, señaló que “una cosa que los economistas empezamos a notar es que subían mucho más fuerte los ingresos que declaraban en la EPH todas las personas que lo que se subían en los registros administrativos. Eso nos llamó la atención”.

El economista sostuvo que existen “indicios muy importantes que, en 2022 y 2023 específicamente, la subdeclaración aumentó mucho producto de la inflación”. Explicó que “no es porque sea una cosa hecha adrede, sino que producto de la alta inflación, ante cambios de precios tan fuertes y tan rápidos en el tiempo; la gente subdeclaraba”.

A medida que la inflación comenzó a bajar, la subdeclaración cayó: “Si yo ganaba $100 en 2023, probablemente declaraba $60. Ahora sigo ganando 100, y declaro $80”.

Rapetti remarcó que “la EPH capta mejor el ingreso de la persona, aunque este no haya subido”. Aclaró que ninguno de todos los estudios realizados señala que hay manipulación de estadísticas. Probablemente hay un problema de captación de ingresos que hace muy difícil las comparaciones en el tiempo”.

“Los datos oficiales muestran una caída del empleo formal y un aumento de los puestos informales y sin relación de dependencia. También se observa una pérdida de empleo asalariado incluso dentro del sector privado, incluyendo trabajos no registrados. En paralelo, crece el cuentapropismo”, destacó.

“Si se analizan los ingresos registrados formalmente —tanto del sector privado como del sector público, incluyendo jubilaciones, es decir, un universo de aproximadamente 14,5 millones de personas— se observa que el poder de compra, medido contra el IPC y la canasta de consumo del INDEC, cayó respecto de los primeros nueve meses de 2023. En la actualidad, se ubica entre un 10% y un 14% por debajo de ese nivel", añadió.

En cuanto al impacto social, sostuvo: “Pese a que la pobreza cayó, el ingreso disponible que tiene la gente es menor, y hay un malestar social producto de que o tienen que trabajar más o tienen que ajustar gastos para hacer otro”.

Por otro lado, en cuanto a la reconversión económica, Rapetti dijo que “la posición del Gobierno refleja una transición en la que, al analizar la narrativa económica, surgen interrogantes. En el caso de un país como Argentina, con una población de alrededor de 46 millones de personas, resulta difícil pensar que una estrategia centrada casi exclusivamente en minería, energía y agricultura —los principales ejes del modelo— pueda dar respuesta, en términos de inclusión productiva, a la magnitud de la fuerza laboral existente".

Consideró que si bien estos sectores concentran un alto potencial de crecimiento y son, sin duda, relevantes, el problema aparece si esos motores no se articulan con una mayor integración productiva. Es decir, si no generan encadenamientos hacia arriba y hacia abajo con la industria y los servicios.

En ese escenario, el economista sostuvo podrían consolidarse sectores dinámicos con mejoras en el bienestar material asociadas a esas actividades, pero una parte significativa del resto del entramado productivo quedaría rezagada y en una situación de fuerte deterioro. “Esta es una economía que achica al sector industrial”, aseguró Rapetti.

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En medio de cuestionamientos a la gestión y al avance de la causa judicial que investiga el enriquecimiento ilícito de Manuel Adorni, funcionario clave del Gobierno, Javier Milei realizó un descargo en redes sociales para ratificar y destacar el rumbo que está tomando la Argentina. Además, criticó a la oposición.

“Podemos discutir la metodología todo lo que quieran, pero los datos son contundentes: la Argentina está mucho, MUCHO mejor que en 2023. Con cualquier método que elijan, la tendencia es la misma. Negar la evidencia empírica apelando a anécdotas es, lisa y llanamente, ir contra cuatro siglos de progreso científico”, comenzó el Presidente.

Y agregó: “Resulta insostenible que el 100% de los zócalos televisivos insistan en que “todo está mal” cuando tenemos el nivel de pobreza más bajo de los últimos siete años. Eso no es análisis: es relato“.

Sin embargo, luego admitió que esto no significa que toda la ciudadanía esté viviendo mejor: “Sería intelectualmente deshonesto afirmarlo”. Pero sí insistió con que el rumbo es el correcto: “Los procesos de mejora no avanzan a la misma velocidad para todos: las estadísticas reflejan promedios, y sabemos que hay gente en los extremos de la distribución. Precisamente por eso hay que persistir: para normalizar la economía y, con ella, la vida de todos los argentinos. Por eso pedimos paciencia. El rumbo es el correcto. Cambiarlo sería dinamitar lo logrado”.

Sobre el final, reconoció que “estos últimos meses fueron duros”, pero advirtió: “No es casualidad: es el costo de las bombas que dejaron los irresponsables psicópatas kirchneristas que intentaron hacer volar la economía por los aires el año pasado”.

“Eso no sale gratis: implicó tasas más altas, menor actividad y más inflación. Pero los resultados ya están a la vista: la economía está empezando a levantar vuelo con fuerza”, completó.

El presidente retomó así el canal de comunicación que más utiliza para compartir posiciones con la ciudadanía, su perfil en la red social X, forma que considera más directa.

Horas antes, el jefe de Estado había brindado una entrevista emitida por la TV Pública. En el transcurso de esa conversación respondió a la presión del contexto político y argumentó que la coyuntura económica argentina se ha visto afectada recientemente por la inestabilidad global derivada de la Guerra en Medio Oriente, conflicto que ha impactado de manera directa en el precio internacional del petróleo y, por consiguiente, en los precios domésticos.

El presidente reconoció la complejidad inflacionaria de los meses recientes, pero sostuvo que la inflación comenzará a descender nuevamente: “Ha sido un trimestre complicado en materia inflacionaria, pero inexorablemente la tasa de inflación va a bajar”.

En una respuesta directa a la evolución de la economía nacional, Milei afirmó que los datos de abril mostrarán una reducción de la inflación y una tendencia hacia la mejora de los principales indicadores sociales: “Los indicadores del segundo trimestre sobre la pobreza van a empezar a recomponerse”. Este planteo apunta a contrarrestar los efectos negativos que la caída de la actividad económica y el consumo generaron, en particular durante el periodo electoral de 2025.

Durante la misma entrevista, el presidente se detuvo en el impacto humano de las variables macroeconómicas. Milei ponderó que, aunque los economistas suelen analizar los promedios, “hay gente que puede estar en las colas”. Destacó, así, el carácter no trivial de las estadísticas económicas y la importancia de considerar la experiencia de quienes sufren directamente el ajuste de la actividad.

En el cierre de sus declaraciones, Milei recalcó su determinación: “No me costó tomar ninguna decisión porque sé lo que hay que hacer, cómo hacerlo y tengo la convicción de hacerlo. Cuando pones como eje la moral de la política de Estado y hacés lo que está bien, eso te acomoda la política y la economía”.

En una charla con el equipo de Infobae al Regreso, integrado por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Gustavo Lazzari, Oliveto puntualizó que actualmente apenas el 17% de los hogares puede considerarse clase media alta, mientras que un 26% integra una clase media baja “mucho más acotada, mucho más limitada”, constantemente amenazada por la posibilidad de caer en la pobreza. Según sus estimaciones, “la pobreza estructural ronda el 24 o 25% de las familias, un umbral muy difícil de romper”.

La clase media argentina y su transformación histórica

Oliveto distinguió entre la clase media alta, que hoy representa apenas un 17% de las familias y mantiene algunos hábitos de consumo propios de la recordada “clase media Mafalda”, y una clase media baja que vive “en el umbral, tratando de no caer hacia la clase baja”. Subrayó que el miedo a perder el empleo es el factor que más incide en el ánimo de las familias: “Hoy, el temor a quedarse sin trabajo pesa más que la inflación”.

El especialista precisó que la clase media alta se acerca a la vida de la clase alta en costumbres y consumo, aunque con menor regularidad y acceso a bienes, mientras que la media baja depende de la informalidad laboral y el empleo múltiple: “En esos hogares, si son cuatro los adultos en edad de trabajar, todos salen a buscar trabajo”. Oliveto también diferenció la situación actual de la década del setenta, cuando “la pobreza era del 4% y el 75% de las familias pertenecía a la clase media”.

Cambios de hábitos, angustia y el surgimiento del nuevo consumidor

La coyuntura económica y social llevó a una transformación profunda en el consumo: “Hay un cambio de hábitos donde la gente se volvió mucho más racional y selectiva, no sólo busca lo más barato, sino ‘comprar bien’”. Destacó que el 65% de los argentinos es propietario de su vivienda, un dato singular frente a la cultura del alquiler en países europeos, y lo vinculó a la tradición inmigrante y los ciclos recurrentes de crisis: “El argentino construye su casa ladrillo a ladrillo porque eso le da seguridad”.

Oliveto advirtió que el ajuste y la pérdida de poder adquisitivo generan angustia: “La gente resigna consumos básicos como alimentos, salidas o ropa, y vuelve al Excel para poder llegar a fin de mes”. Describió la emergencia de un “nuevo consumidor” que prioriza el control y la prudencia en sus decisiones: “La palabra hoy es control, sensatez, tratar de darse algún gusto cuando se puede”.

El impacto del modelo productivo y la fragmentación social

Consultado sobre el modelo productivo basado en energía, minería y agro, Oliveto evaluó que “Argentina tiene una oportunidad histórica en estos sectores”, aunque advirtió que el impacto aún no llega a la mayoría: “Hoy, los tres sectores que más empleo generan —construcción, comercio e industria— están en caída respecto de 2023”. Planteó el dilema sobre cómo se distribuirán los recursos generados y alertó sobre una posible profundización de la fragmentación social: “Ese dinero puede quedar anclado en el 20% del tope de la pirámide y el resto será otro mundo”.

El especialista remarcó que la clase media argentina atraviesa un ciclo de esperanza y nostalgia: “El ánimo con Milei estuvo signado por la esperanza, pero ahora empieza a crecer la añoranza y pierde fuerza la esperanza”. Añadió que el ajuste prolongado y la falta de premios concretos al esfuerzo generan crisis de sentido: “Si esfuerzo, esfuerzo y no hay premio, un día la gente se pregunta para qué trabaja tanto”.

La identidad de la clase media, sostuvo Oliveto, sigue marcada por la búsqueda de pequeños placeres cotidianos y el deseo de ascenso social, aunque la realidad económica obliga a redefinir prioridades y expectativas. “La clase media sueña para arriba y teme para abajo”, resumió.

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La pobreza infantil en Panamá sigue siendo uno de los problemas sociales más severos del país, con cifras que muestran que el crecimiento económico no ha logrado traducirse en bienestar para una parte importante de la niñez.

El más reciente informe de UNICEF, el Banco Mundial y el Ministerio de Desarrollo Social concluye que el 34.5% de los niños, niñas y adolescentes vive en situación de pobreza, mientras que el 16% se encuentra en pobreza extrema, lo que equivale a decir que uno de cada tres menores crece en hogares cuyos ingresos no alcanzan para cubrir necesidades básicas.

El estudio deja claro que la pobreza afecta con mayor fuerza a la infancia que al resto de la población. Mientras la pobreza monetaria en la población general ronda el 22.2%, en la niñez y adolescencia sube a 34.5%.

La diferencia también se repite en la pobreza extrema: 9.4% en la población total frente a 16% entre niños, niñas y adolescentes. El contraste confirma que la niñez panameña enfrenta una vulnerabilidad mayor, y que las políticas públicas no han logrado compensar esa desventaja con la velocidad ni con la focalización necesarias.

En términos absolutos, el informe “Pobreza infantil en Panamá: un abordaje territorial de la pobreza monetaria en la niñez y la adolescencia”, estima que alrededor de 482 mil niños, niñas y adolescentes viven en hogares pobres en Panamá, y que casi 224 mil sobreviven en condiciones de pobreza extrema. No se trata solo de un indicador estadístico: detrás de esas cifras hay hogares que no pueden garantizar una alimentación adecuada, acceso estable a bienes esenciales ni condiciones mínimas para el desarrollo de sus hijos.

El estudio advierte que esta realidad limita oportunidades desde las primeras etapas de la vida y alimenta un ciclo de desigualdad que luego se traslada a la adultez.

Uno de los hallazgos más fuertes del reporte es su dimensión territorial. La pobreza infantil no se distribuye de manera uniforme, sino que se concentra con mucha más fuerza en zonas rurales y comarcas indígenas, donde los indicadores alcanzan niveles alarmantes.

En las comarcas, el 83% de la niñez vive en pobreza y el 55% en pobreza extrema, cifras que retratan una exclusión mucho más profunda que la observada en el promedio nacional. En otras palabras, nacer en determinados territorios de Panamá sigue siendo casi una condena estadística a crecer en privación.

La situación más crítica se registra en la comarca Ngäbe Buglé, donde la pobreza infantil total alcanza el 91.2% y la pobreza extrema llega al 69.7%. En la comarca Emberá, la pobreza infantil asciende a 80.8%, y en Guna Yala a 76.8%.

El informe añade que en Ngäbe Buglé el ingreso mensual per cápita promedio de los hogares con niños apenas llega a $68.8, una cifra que exhibe con crudeza la restricción material en la que vive buena parte de la infancia indígena.

Pero las desigualdades no solo se observan entre provincias y comarcas. El estudio muestra que también existen brechas profundas dentro de una misma provincia, algo que se vuelve evidente al analizar distritos y corregimientos.

En Veraguas, por ejemplo, la pobreza infantil varía de 15.7% en Santiago a 78.7% en Santa Fe. Esa distancia de más de 60 puntos porcentuales desmonta cualquier lectura superficial del promedio provincial y revela que en Panamá conviven, dentro del mismo mapa administrativo, realidades completamente opuestas.

El informe también identifica a la primera infancia como el grupo etario más golpeado. Entre los niños de 0 a 6 años, la pobreza total alcanza el 37.2% y la pobreza extrema el 19.1%, por encima del promedio infantil nacional.

El dato tiene un peso especial, porque esa etapa es decisiva para el desarrollo físico, cognitivo y emocional. Las privaciones en esos primeros años no solo afectan el presente del niño, sino que condicionan su rendimiento escolar, su inserción futura en el mercado laboral y su capacidad de romper el ciclo de pobreza.

Otro factor que incrementa el riesgo es la composición del hogar. La pobreza infantil se eleva a medida que aumenta el número de niños en una familia.

El informe señala que en hogares con dos niños la pobreza afecta al 21.2%, pero en familias con cuatro niños sube a 50.3%. Además, la situación tiende a agravarse en hogares monoparentales liderados por mujeres, donde la capacidad de generación de ingresos suele ser menor y la carga de cuidados recae sobre una sola persona adulta.

Aunque Panamá logró avances en la reducción de la pobreza durante las últimas décadas, el estudio advierte que esos progresos han sido frágiles. La trayectoria descendente se interrumpió con la pandemia, y la recuperación posterior ha sido más lenta en la población infantil que en el conjunto de la población.

El informe resalta que, incluso después del rebote económico, los niveles de pobreza en niños y adolescentes no han regresado completamente a los mínimos previos a la crisis, lo que sugiere que la niñez sigue siendo uno de los grupos más expuestos a los choques económicos.

Más allá del ingreso, el reporte insiste en que la pobreza infantil reduce el acceso a educación, salud, nutrición y protección, y por tanto golpea directamente la formación del capital humano del país.

Esa es una de las conclusiones más importantes del documento: la pobreza en la niñez no solo es una deuda social, sino también un obstáculo para la productividad futura y para el crecimiento económico sostenible. Cuando un país no logra proteger a sus niños, lo que hace en realidad es comprometer su propia capacidad de desarrollarse con equidad.

Frente a este panorama, UNICEF, el Banco Mundial y el MIDES plantean la necesidad de fortalecer las transferencias monetarias, mejorar la focalización del gasto social, expandir los servicios de desarrollo infantil temprano y dirigir con mayor precisión la inversión pública hacia los territorios con mayores brechas.

El informe también destaca herramientas como el Registro Social de Hogares y la ampliación de servicios para la primera infancia, aunque advierte que el reto no es solo sostener programas, sino hacerlos más eficaces y sensibles a la realidad territorial.

La conclusión del estudio es directa: erradicar la pobreza infantil no es solo un imperativo moral, sino una inversión estratégica para Panamá. El país ha avanzado, sí, pero no al ritmo que exige la magnitud del problema, y mucho menos en los territorios donde la pobreza se ha vuelto casi estructural.

La evidencia presentada por el informe apunta a que, sin políticas más focalizadas, mejor financiadas y sostenidas en el tiempo, Panamá seguirá creciendo con una fractura de origen: la de miles de niños que empiezan su vida con menos oportunidades que el resto.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum manifestó su opinión sobre la misión Artemis II al espacio, durante la conferencia matutina de este 8 de abril en Palacio Nacional.

Expresó que las imágenes mostradas de la Tierra y la Luna son extraordinarias, asegurando que hay países que cuentan con la capacidad de desarrollar este tipo de investigaciones científicas

“Siempre va quedar una pregunta de si ese recurso debería utilizarse para mejorar la condición de vida de millones de personas que viven en la pobreza”, planteó la mandataria mexicana.

Manifestó que por motivos científicos este proyecto tiene sus virtudes pero, ya que es de suma importancia tener conocimiento sobre el espacio, pero existe una contraparte que tiene una relevancia similar sobre la pobreza en el mundo.

Artemis II: marca el regreso de los humanos a la Luna

La misión Artemis II de la NASA se perfila como el siguiente paso para el regreso de personas a la Luna tras más de cinco décadas. El objetivo central involucró el vuelo de la nave Orión tripulada por cuatro astronautas, que darán una vuelta al satélite natural de la Tierra sin descender en su superficie.

Los responsables del proyecto destacaron que los detalles técnicos aprendidos en Artemis I permitieron corregir fallas y perfeccionar procedimientos, lo que sustenta la confianza en el éxito de este nuevo intento.

Entre los avances clave figura la implementación de sistemas de soporte vital avanzados y la actualización continua de la computadora central de la nave Orión. El desarrollo del cohete SLS también representa una parte esencial del programa, al permitir transportar mayor carga y garantizar la seguridad de la tripulación.

La NASA subrayó que el proceso incorpora métodos de análisis de datos en tiempo real para detectar y solucionar contingencias en el trayecto.

La misión Artemis II no solo pretende ensayar futuras maniobras sino que marca el principio de una nueva etapa de exploración espacial. El siguiente paso será Artemis III, previsto para permitir el primer alunizaje humano desde 1972.

Durante el cuarto trimestre de 2025, la pobreza en la Ciudad de Buenos Aires registró un nivel de 21,1%. Este porcentaje reflejó una reducción frente al 24,2% del mismo periodo del año anterior, pero se mantuvo igual respecto del segundo trimestre de 2025. La dinámica de la pobreza en el distrito porteño estuvo marcada por la influencia sostenida de la inflación, que limitó la mejora de los indicadores sociales y afectó de manera directa a los sectores con menores ingresos.

El informe emitido por el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (IPEGCBA) señaló que 652.000 personas vivieron en situación de pobreza al cierre del año, una disminución de 94.000 respecto al cuarto trimestre de 2024. Sin embargo, esa cifra ya se había alcanzado en la primera mitad de 2025, lo que evidenció una falta de avance en la reducción de la pobreza durante la segunda parte del año. El fenómeno no solo afectó la cantidad de personas en esta condición, sino también las características demográficas y territoriales de la población pobre.

En términos de indigencia, la tasa se ubicó en 6,8% al final de 2025, superior al 6,5% del mismo periodo del año anterior y al 6% del segundo trimestre de ese año. El número de personas consideradas indigentes pasó de 200.000 a 210.000 en comparación interanual, revirtiendo la baja que se había observado en el segundo trimestre, cuando la cifra alcanzó los 183.000. El dato evidenció que la indigencia creció, incluso en un contexto donde la pobreza general experimentó una baja en la comparación anual.

El informe del IPEGCBA también resaltó las diferencias en la medición de la pobreza entre los organismos estadísticos. Según la medición semestral del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la pobreza en la Ciudad de Buenos Aires correspondió al 9,6% en el segundo semestre de 2025. En contraste, la cifra de la oficina de estadísticas porteña fue del 19,2% para el mismo periodo. La diferencia radica en la composición y en las variaciones de precios de la canasta básica utilizada por ambos organismos para determinar los umbrales de pobreza e indigencia.

Dentro del universo de hogares y personas en situación de pobreza, el peso de la indigencia se amplió en la comparación interanual. Al final de 2025, los hogares en situación extrema representaron el 28,4% de los hogares con carencia de ingresos, mientras que las personas en esa condición constituyeron el 32,2% del total de pobres. Este incremento indicó que una porción cada vez mayor de la población pobre cayó bajo la línea de la indigencia.

El análisis territorial reveló que los hogares ubicados en la Zona Sur de la Ciudad alcanzaron una incidencia de pobreza de 25,3%. Los hogares con niños y niñas menores de 14 años presentaron una incidencia superior, de 28,6%, y la proporción aumentó a medida que crecía la cantidad de menores en el hogar. Por su parte, los hogares con presencia de adultos mayores en situación de pobreza representaron el 14,2%, un valor inferior al promedio general.

La distribución de la pobreza afectó de manera particular a la población infantil y adolescente. El informe del IPEGCBA destacó que 34,5% de los niños, niñas y adolescentes (de 0 a 17 años) residieron en hogares pobres, lo que sumó 232.000 personas en ese grupo etario. Un año antes, el porcentaje era de 37,9%. Esta disminución en términos porcentuales reflejó la baja interanual de la pobreza, aunque la cantidad absoluta se mantuvo elevada.

El ingreso per cápita familiar de los hogares en indigencia fue, en promedio, de $107.199, mientras que el de aquellos en pobreza no indigente alcanzó los $325.098. Para que un hogar salga de la pobreza, en promedio, se requeriría una transferencia de $392.662. Esta brecha de ingresos representó el 34,4% del valor de la canasta básica total.

El informe del IPEGCBA también analizó la composición de la pobreza en función de la tipología de hogares. Los hogares monoparentales y aquellos con varios niños presentaron una mayor incidencia de pobreza y de indigencia. Además, la pobreza mostró mayor prevalencia en las comunas del sur de la Ciudad, donde los niveles de ingresos son históricamente inferiores respecto al promedio porteño.

La comparación entre los datos del IPEGCBA y el INDEC puso de manifiesto las diferencias metodológicas y el impacto de las variaciones de precios según la canasta de referencia utilizada. Estas diferencias generaron brechas significativas en los indicadores de pobreza, lo que resultó en estimaciones disímiles para un mismo territorio y periodo temporal.

El análisis oficial subrayó la persistencia de la pobreza y la indigencia en la Ciudad de Buenos Aires, además de las dificultades para reducir estos indicadores en un contexto de alza sostenida de precios. La evolución de la pobreza a lo largo de 2025 mostró avances iniciales, pero el efecto de la inflación limitó la mejora y afectó principalmente a los grupos más expuestos a la vulnerabilidad social.

Durante meses, Ronny Gornik ocupó el mismo lugar a la entrada de una tienda Action al norte de Toulouse (Francia). Allí pedía limosna cada día. Los empleados lo veían al llegar y al salir hasta que con el tiempo su presencia pasó a ser rutina.

“Siempre estaba allí cuando salía por la tarde y le invitábamos a algo de comer”, ha recordado la gerente, Carole Cambier. “Le habíamos cogido mucho cariño”, ha confesado.

Roony, de 41 años y con doble nacionalidad ruso-alemana, llevaba varios meses en esa rutina cuando decidió dar un paso distinto. “Un día fui a dejar mi currículum en recepción”, ha explicado al medio francés La Dépêche. Hasta entonces, había encadenado trabajos precarios en distintos países europeos desde 2021, antes de llegar a Francia siete meses atrás.

De pedir en la puerta a trabajar dentro

Cuando en la tienda surgió una vacante, la escena cotidiana pesó en la decisión. “Hablé con mis ayudantes y pensamos: ¿por qué no darle una oportunidad?”, ha señalado Cambier.

Desde principios de abril, Roony forma parte del equipo con un contrato indefinido. Su jornada empieza cada mañana con un trayecto a pie hasta el supermercado. “Me levanto todos los días, llego puntual, limpio la tienda, repongo los estantes, incluso probé la caja registradora”, ha relatado..

“Es una persona dispuesta y diligente en el trabajo”, ha afirmado la gerente. “Se ha integrado muy bien en el equipo de la tienda”. Entre los empleados, su incorporación se percibe como una continuidad natural de una relación previa.

Un empleo sin vivienda

Al terminar la jornada, Roony emprende el camino de regreso. A media hora andando del establecimiento, en el ático en desuso de una casa abandonada, ha instalado su refugio: una tienda de campaña, una mesa y unas sillas prestadas por un vecino.

Allí pasa las noches junto a sus dos perros y dos gatos. “Vivo y duermo como mi perro. No es vida”, ha dicho. “Duermo como ellos, como un perro”.

No dispone de baño. Puede ducharse gracias a la ayuda de un vecino y transporta agua hasta el lugar donde duerme. “Con todo lo demás, mi mochila puede llegar a pesar 80 kg cuando llego a casa”, ha agregado.

Una red de apoyo

En el entorno de la tienda, su situación ha generado una red de apoyo. Cambier, trabajadores y voluntarios, entre ellos Sylvie, que también vivió en la calle, han comenzado a buscarle alojamiento. Han difundido mensajes en redes sociales y contactado con instituciones.

“Se ha contactado con el ayuntamiento de Castelginest y los servicios sociales, pero no pasa nada”, ha explicado la gerente. “Todo el equipo lamentó mucho su situación”, ha añadido. “Es positivo integrar a alguien en una situación así para darle la oportunidad de mejorarla”.

Roony ha descrito el apoyo recibido con una mezcla de humor y agradecimiento: “¡Me mima muchísimo, como si fuera su nieto!”.

Un contexto más amplio

Su caso coincide con una realidad más amplia en la zona. Según asociaciones como Cimade, Médicos del Mundo o DAL 31, cerca de mil personas en Toulouse, incluidas familias con niños, viven en la calle o en viviendas ocupadas. “No entiendo por qué no se ayuda a personas como él, que están allí voluntariamente”, ha afirmado Cambier. “No podemos dejar a la gente en la calle así. Es inconcebible que esto ocurra en nuestras sociedades”.

Mientras continúa trabajando en la tienda, Roony mantiene su situación residencial sin cambios. “No pido mucho, solo un poco de ayuda”, ha sentenciado.

La última publicación del Indec confirmó a los analistas los cambios del organismo estadístico en la captación de ingresos laborales por parte de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), los que “exageraron la baja de la pobreza” ya que la mejora registrada oficialmente “no se condice con la realidad”, según un informe de Equilibra.

La consultora señaló que el reporte del Indec difundido este lunes sobre la distribución del ingreso mostró que los ingresos laborales provenientes de la EPH aumentaron entre 43% (trabajadores formales) y 70% (no asalariados) interanual en el cuarto trimestre de 2025, muy por encima de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) -31%- y de la Canasta Básica Total (CBT) -26%-.

“De acuerdo a la EPH, los ingresos laborales volaron en el cuarto trimestre del año pasado. La mejora interanual del poder de compra de los ingresos laborales superó el dígito en casi todos los casos al deflactar por el IPC o la CBT, mientras que el PBI (ingreso total de la economía) subió sólo 2,1% en dicho período”, resaltó Equilibra.

La importante diferencia registrada entre el crecimiento de la economía y los ingresos laborales reales relevados “indica que esta última está captando una mejora de los ingresos que no se condice con la realidad, sino que refleja una menor sub-declaración de ingresos (léase una mejor captación) por parte de los encuestados”, remarcó la consultora.

En este sentido, precisó que el incremento interanual del salario formal en el último tramo de 2025 —medido por el Índice de Salarios (30% interanual), el SIPA (32%) y el RIPTE (37%)— se ubicó varios puntos porcentuales por debajo del aumento del ingreso asalariado formal arrojado por la EPH (43%).

El economista Gonzalo Carrera agregó que “todos los ingresos provenientes de la EPH aumentaron notablemente contra fines de 2023 (piso en captación de ingresos) y quedaron entre 30% y 40% por encima deflactados por la Canasta Básica Total”.

“No son puntualmente los informales ni los deciles cercanos a la línea de pobreza, son todos. Tampoco se explica sólo porque la canastas subieron menos que la inflación (efecto precios relativos). La principal razón es que la captación mejoró notablemente (se achicó la subdeclaración) en todos los niveles”, agregó.

En tanto, Equilibra concluyó: “Hay evidencia empírica contundente de que los fuertes cambios en la captación de ingresos de la EPH exageraron la baja reciente de la pobreza”.

El reporte de Equilibra se suma a otro conocido días atrás con conclusiones similares. Es el caso del CEDLAS, de la Universidad de La Plata, que ya había notado esta cuestión metodológica y otras que vienen incidiendo en la variación abrupta del indicador de pobreza.

Cabe recordar que, según el Indec, la pobreza pasó del 41,7% en el segundo semestre de 2023 al 52,9% en el primer semestre de 2024, para después descender al 38,1% en el segundo semestre de ese mismo año y continuar disminuyendo hasta situarse en 31,6% en el primer semestre de 2025.

El Cedlas planteó 3 aspectos que estaría afectando la medición: un posible desfasaje temporal entre el período de referencia de los ingresos relevados por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) y el utilizado para valorizar las canastas de pobreza; la evolución del subreporte de ingresos según su fuente, a partir de comparaciones entre la EPH y registros administrativos; y el impacto de incorporar patrones de consumo más recientes para determinar el valor de la línea de pobreza, mediante una reestimación del Coeficiente de Engel basada en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017/2018.

“Al combinar las 3 ‘correcciones’, la trayectoria de la pobreza se modifica de manera significativa: entre el segundo semestre de 2023 y el primero de 2025, no habría caído 10 p.p, como sugieren las estadísticas oficiales, sino aproximadamente 2 p.p, al ubicarse en 41,5%”, precisó el CEDLAS. En ese mismo lapso, el Indec registró una tasa de 31,6%.

Asimismo, Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la UCA, dijo en Infobae en Vivo: “Hay una paradoja entre la estadística de la pobreza y la capacidad de consumo”.

Advirtió que “la medición de la pobreza va perdiendo vigencia, fundamentalmente en su comparabilidad hacia atrás”. “Estamos mucho mejor, pero estamos tan mal como cuando salimos de la pandemia, en un momento de recuperación”, consideró.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció el cese definitivo de los planes sociales. “Estamos dando un paso más en el cambio de paradigma de la política social”, destacaron en un comunicado.

A su vez, informaron la creación de un programa de capacitación y empleo: “Es una política social justa que no condena a las personas al asistencialismo y que, por intermedio del trabajo, les da libertad y dignidad”.

La política, firmada por el jefe de Gobierno Jorge Macri, elimina la intermediación y establece transferencias directas a los beneficiarios, con un plazo de transición de un año y la obligatoriedad de asistir a instancias de formación laboral y educativa. Y alcanza a unas 5 mil personas y contempla una transición de un año hasta el cierre definitivo del esquema actual.

Desde el gobierno porteño apuntaron a que la medida apunta a dejar atrás el modelo asistencialista para introducir criterios de permanencia basados en residencia, situación socioeconómica y cumplimiento de requisitos formativos, en articulación con el sector privado mediante convenios con empresas y cámaras.

“Se terminó el negocio de los gerentes de la pobreza. Chau intermediarios. Chau planes manejados por organizaciones. En la Ciudad ahora la ayuda es directa, temporal y con una condición indispensable: capacitarse y trabajar. La única salida es el trabajo”, remarcó Macri desde sus redes sociales.

En el proceso de revisión del antiguo sistema, el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat porteño detectó y eliminó 1.274 beneficiarios irregulares. El esquema previo implicaba convenios con 85 organizaciones y representaba un gasto de $10 mil millones anuales, según datos oficiales citados por la gestión de la Ciudad.

El nuevo programa reemplaza el pago mensual por un esquema en el que la formación educativa y la capacitación laboral son requisitos ineludibles. La iniciativa incluye acuerdos con nueve cámaras empresariales, empresas del sector servicios, salud, hotelería y mantenimiento —entre ellas, Hilton, Limpiolux, Farmacity y Trasa—, así como universidades para facilitar prácticas y empleo.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Humano, Gabriel Mraida, subrayó: “Le estamos devolviendo dignidad a personas que hace muchos años solo cobraban para ir a una marcha sin ningún horizonte de progreso”. El funcionario remarcó que la experiencia de transformar el sistema de comedores sociales —donde ya implementaron controles digitales mediante DNI— será replicada y perfeccionada en este nuevo esquema de transferencia directa.

Además, una auditoría reciente a cargo del Gobierno porteño detectó la existencia de más de 5.000 raciones irregulares y casos de beneficiarios fallecidos, así como titulares de bienes de alto valor y jubilaciones elevadas dentro del sistema de comedores. Esto derivó en el cierre de 40 comedores y el fortalecimiento de los mecanismos de fiscalización.

El nuevo programa se sostiene en cuatro pilares fundamentales: la formación obligatoria para todos los beneficiarios, su carácter transitorio con plazo máximo de un año, la articulación con el sector privado para permitir pasantías y prácticas laborales en empresas y el establecimiento de criterios claros de elegibilidad. Los pagos se realizarán de manera directa y quienes no cumplan con las condiciones perderán el beneficio.

La administración porteña sostuvo que este enfoque no solo evita el “negocio de la pobreza” y la intermediación, sino que busca devolver la “dignidad” al transformar el asistencialismo en una herramienta de acceso a la autonomía económica. El resultado es un esquema cuyo eje central es la "inserción laboral real y la transparencia" en la asignación de recursos, con la meta de “dejar atrás 20 años de políticas asistencialistas que no mejoraban la vida cotidiana y no llegaban en todos los casos a quienes realmente lo necesitan”.

Luego de la publicación del dato de pobreza por parte del Indec, un informe del Cedlas, de la Universidad de La Plata, identificó tres mecanismos clave que incidieron en la medición oficial y que generaron una sobrestimación de la baja registrada entre 2023 y 2025. El estudio concluye que la reducción de la pobreza es real, pero que su variación es mucho más pequeña.

La tasa de pobreza mostró un aumento pronunciado seguido de una caída de magnitud: según la estadística oficial, pasó del 41,7% en el segundo semestre de 2023 al 52,9% en el primer semestre de 2024, para después descender al 38,1% en el segundo semestre de ese mismo año y continuar disminuyendo hasta situarse en 31,6% en el primer semestre de 2025.

“Variaciones tan abruptas suelen estar asociadas a modificaciones muy grandes en el producto, en el empleo o en el gasto público social; cambios que no parecen haberse producido en esos años, o al menos no lo hicieron con la intensidad necesaria para explicar las fluctuaciones observadas”, sostuvo el documento elaborado por Iván Albina, Leopoldo Tornarolli y Leonardo Gasparini.

Ocurre que el indicador puede verse condicionado por aspectos metodológicos que cobran especial relevancia en contextos de alta inflación y de reacomodamientos en los precios relativos, señaló el estudio.

El Cedlas plantea un posible desfasaje temporal entre el período de referencia de los ingresos relevados por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) y el utilizado para valorizar las canastas de pobreza; la evolución del subreporte de ingresos según su fuente, a partir de comparaciones entre la EPH y registros administrativos; y el impacto de incorporar patrones de consumo más recientes para determinar el valor de la línea de pobreza, mediante una reestimación del Coeficiente de Engel basada en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017/2018.

Estas dimensiones no solo tienen efectos sobre el nivel de pobreza, sino también sobre su evolución.

Más en detalle, en cuanto al desfasaje temporal, el informe explica que los ingresos reportados en la EPH suelen referirse al mes anterior al de la entrevista, mientras que las canastas de pobreza se valorizan con los precios vigentes en el mes de la encuesta. La diferencia es poco relevante en momentos de baja inflación, pero en escenarios de aceleración puede llevar a una sobreestimación, algo que impactó sobre todo entre fines de 2023 y principios 2024.

Respecto al subreporte de ingresos, el estudio muestra que la evolución de los ingresos en la EPH no coincide con los registros administrativos. En ese sentido, parte de la reducción de la pobreza observada en las estadísticas oficiales puede atribuirse a una mayor captación por parte de la encuesta y no exclusivamente a una transformación real en las condiciones económicas de los hogares.

Sobre este punto, el Cedlas destaca que incidieron tanto los ajustes en el cuestionario introducidos a partir del cuarto trimestre de 2023 como las fuertes variaciones en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que pueden afectar la capacidad de los entrevistados para recordar sus ingresos.

Como resultado, se encuentra que la pobreza se sobreestimó entre el segundo semestre de 2021 y los primeros 6 meses de 2024, y se subestimó antes y después de ese período.

En relación a los patrones de consumo, el reporte resalta que la Canasta Básica Total (CBT) sigue definiéndose con ponderadores basados en la ENGHo 2004/05. Al actualizarla con los de la ENGHo 2017/18, donde los servicios tienen mayor peso, la pobreza es más alta en todos los períodos analizados, con brechas variables y superiores a 5 puntos porcentuales (p.p).

“Al combinar las 3 ‘correcciones’, la trayectoria de la pobreza se modifica de manera significativa: entre el segundo semestre de 2023 y el primero de 2025, no habría caído 10 p.p, como sugieren las estadísticas oficiales, sino aproximadamente 2 p.p, al ubicarse en 41,5%”, precisó el CEDLAS. En ese mismo lapso, el Indec registró una tasa de 31,6%.

En este marco, vale mencionar que Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la UCA, dijo en Infobae en Vivo: “Hay una paradoja entre la estadística de la pobreza y la capacidad de consumo”.

Y advirtió que “la medición de la pobreza va perdiendo vigencia, fundamentalmente en su comparabilidad hacia atrás”.

“Estamos mucho mejor, pero estamos tan mal como cuando salimos de la pandemia, en un momento de recuperación”, consideró.

Al mismo tiempo, un análisis del Ieral (Fundación Mediterránea) proyectó: “La evolución futura del indicador de pobreza estará fuertemente condicionada por la dinámica de los precios. En un escenario en el que los alimentos crecen por encima del nivel general, incluso ajustes salariales alineados con la inflación promedio pueden resultar insuficientes para sostener el poder adquisitivo de los hogares más vulnerables”.

En la misma línea, la consultora LCG señaló que existen factores concurrentes que “pondrían un freno al descenso de la tasa de pobreza”. Entre ellos, mencionó una inflación estancada en torno al 3% mensual y salarios formales con paritarias homologadas por debajo de ese nivel.

Se añade el deterioro en las condiciones del mercado de trabajo: la suba de la desocupación en el cuarto trimestre de 2025, junto con una “mayor tasa de sobreocupación y mayor demanda de empleo por subocupación”, ponen de manifiesto la necesidad de mayores ingresos.

Tal vez no era lo más apropiado. Pero así fue. El martes a las 16 horas, el Indec informó que la pobreza había descendido, en el último semestre del 2025, al 28,2 por ciento. Un minuto después, apareció el primer tuit celebratorio: “La pobreza bajó al 28,2 por ciento. Es la más baja en 7 años. Fin.”. Lo firmaba el aún jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Mezclar pobreza con Adorni no parece en estos días el método más inteligente para difundir un logro importante. Pero, ¿es realmente un logro lo que difundía Adorni o se trata de una manipulación estadística? En el Gobierno no estaban para esas preguntas. Unos minutos después, otra cuenta de Twitter, la de la Oficina de Respuesta Presidencial, posteó dos imágenes. En una se veían a Alberto Fernández y a Sergio Massa. “52,3: Más de la mitad de los argentinos en la pobreza”. En la otra, aparecían Javier Milei y Luis Caputo: “28,2. La pobreza más baja en 7 años”. O sea, para el Gobierno la pobreza bajó 25 puntos en su gestión. Javier Milei lo tradujo en una cifra concreta en varios de sus discursos: “Sacamos a 15 millones de personas de la pobreza”. Se trata de un número fantástico, en cualquier sentido que se le quiera dar a la palabra.

Es difícil que esos datos coexistan con otros que pertenecen a la misma realidad. Por ejemplo, el Observatorio de la industria láctea informó que entre enero y febrero se consumió un 25 por ciento menos de leche fluida que hace siete años y 10 por ciento menos que en el momento en que asumió Milei. Más aún, 2026 fue el peor año en ese sentido de la última década, si se exceptúa el 2024, en el que también gobernaba Milei. Entonces, ¿hay muchos menos pobres pero a cada vez más gente no le alcanzan los ingresos para comprar leche? ¿Cómo funcionará eso? El Indec, al mismo tiempo, registra caídas de consumo en supermercados en comparación con noviembre de 2023. La periodista Rosalía Costantino enumeró otros datos de contexto: “Tenemos niveles RéCORD de mora en todo tipo de créditos y préstamos, siendo mayor la mora en los montos más chicos de préstamos (es decir, la gente que más se endeuda es la que menos ingresos tiene y la que menos puede pagar la cuota de la deuda). Cae el poder de compra del salario hace 6 meses consecutivos. Pierde casi 10% la jubilación mínima con bono vs nov 23, cae el poder de compra de la AUH con la canasta alimentaria”.

El contraste entre el número de pobreza que difunde el Indec y esas otras realidades ha generado una polémica cada vez más relevante entre los máximos especialistas en pobreza del país. Como se verá, no se trata de una campaña opositora sino de algo mucho más profundo y documentado.

Para entender lo que pasa, conviene primero despejar un dato incorrecto. Nadie toma en serio que la diferencia entre la herencia recibida por Milei y la situación actual sea de 25 puntos o de 15 millones de pobres. La maniobra oficialista es fácil de detectar. El Gobierno analiza la variación entre el pico (52,3) y la situación actual (28,2). El problema es que el pico se produjo en el primer semestre de gobierno de Milei, y fue posterior a la gran devaluación de diciembre del 2023, que tuvo un enorme impacto en los precios. El Frente de Todos dejó una herencia de pobreza altísima, de 41 por ciento. Pero no es lo mismo 41 que 52. Así las cosas, la diferencia real, según las cifras del Indec, entre la herencia y la situación actual, sería de 13 puntos. Recibió 41 y ahora hay 28 por ciento de pobres. Aún cuando ese número represente la mitad del logro que se atribuye Milei, sería igual gigantesco.

Pero la historia no termina allí. El índice de pobreza surge de cruzar dos datos: los precios de la canasta básica con los ingresos de la población. Cualquier variación de uno u otro factor, por las razones que fuera, modifica el resultado final. En enero de este año, como se sabe, Marco Lavagna renunció a conducir el Indec porque el Gobierno no le permitía modificar la composición de la canasta que mide la evolución de los precios pese a que se había comprometido a hacerlo. Ese pequeño escándalo puso a mucha gente en guardia, porque todavía está fresco el recuerdo de la intervención del organismo en 2007. La actual canasta subestima la influencia de los aumentos de servicios dispuestos por este gobierno. La canasta alternativa hubiera reflejado mayores índices de inflación en estos dos años.

Martín Gonzalez Rosada es un investigador de la Universidad Di Tella que hace varios años mide mensualmente la evolución de la pobreza. Se trata de un estudioso de muy bajo perfil. Esa condición fue afectada por Javier Milei. Como González Rosada difundía números mensuales en los que la pobreza bajaba más de lo que había informado el Indec en la medición previa, Milei empezó a citarlo y el Ministerio de Capital Humano a difundir sus datos. Cada mes, la cuenta de Twitter presidencial celebraba los números de Gonzalez Rosada. El mismo científico analizó cuánto sería la pobreza si se midiera con la canasta de precios que el Gobierno no le deja utilizar al Indec. “Habría cinco o seis puntos más de pobreza”, declaró. Esa proyección figura en su página web.

El Gobierno dice que la pobreza disminuyó 25 puntos. Si se tiene en cuenta su período real de Gobierno, las cifras del Indec reflejan que la pobreza habría caído 13 puntos. Pero si se midiera con la canasta actualizada, según los cálculos del técnico más citado por Milei, la caída sería de alrededor de 8 puntos.

Pero la historia tampoco termina acá.

En octubre de 2025, el economista Emanuel Alvarez Agis difundió un dato curioso. Si se mira la evolución de los salarios comparados con la inflación hay dos comportamientos distintos: los salarios formales evolucionan casi como los precios, pero los informales superan esa evolución en más de un cien por ciento. Dicho de otro modo, el ingreso de los trabajadores en negro habría aumentado abrumadoramente, según el Indec, por encima de la inflación. No hay forma de congeniar ese dato con los números de consumo masivo, por ejemplo.

Ese es otro punto que generó alertas y consultas de todo tipo entre los estudiosos del tema en la Argentina. La versión que más consenso genera entre los investigadores es que ese registro exagerado obedece a que las preguntas de la Encuesta Permanente de Hogares permiten acceder a un panorama más preciso que antes del 2023: captan ingresos que antes no captaban. Entonces, no es que los asalariados en negro ganen más, sino que se registra que ganan más.

El primero que se animó a hacer un cálculo sobre el tema fue el ecomonista Martín Rapetti. A principios de enero difundió un trabajo en el que sostenía que esa modificación en el registro del ingreso disminuiría en un 4 por ciento la brecha entre la pobreza heredada y la actual. Hace pocos días, ese trabajo fue complementado por un paper que difundió el Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (CEDLAS). La conclusión fue muy contundente y rebotó mucho en las redes sociales: la baja real de la pobreza al primer semestre del año pasado fue, según sus cálculos, un 2 por ciento. Se trataría de alrededor de un millón de pobres menos que en 2023. El paper del CEDLAS generó un impacto fuerte entre los académicos, políticos y periodistas que observan este debate porque el prestigio de sus investigadores es indiscutible y trasciende las fronteras del país. Entre otros, Martín Tetaz y Hernan Lacunza expresaron en las redes que el registro de ingresos ha cambiado y eso tiene impacto en la comparación entre la pobreza heredada y la actual. El Indec no ha hecho ninguna manifestación pública sobre el tema.

Milei dice 25 por ciento. El Cedlas dice 2 por ciento. ¿Quién tiene razón?

Pero hay más.

Los especialistas coinciden en que desde octubre del año pasado, con el aumento de la inflación, la pobreza volvió a crecer. Eso se puede ver en los informes mensuales de Gonzalez Rosada, por ejemplo, donde la curva descendente pega la vuelta. Curiosamente, desde que se produjo ese cambio, Milei ya no se refiere a los números de este investigador, y el Ministerio de Capital Humano dejó de publicarlos.

El cambio de tendencia se refleja en muchos otros informes. La consultora ex Quanty está integrada por técnicos del Indec, que trabajan para la Universidad de Buenos Aires. En base a datos del Indec y de la Universidad Di Tella cuantificaron la cantidad de pobres en los últimos años. Sus números eran y son buenos para evaluar la gestión libertaria. En esos registros, Milei recibió 18 millones de pobres. Seis meses después la cifra había trepado a 25 millones. La caída de la inflación produjo un descenso vertical de ese número y tocó un piso de 13 millones en el tercer trimestre del año pasado. Pero luego empezó a subir y, a fin de año, el número era de 15,5 millones. O sea que, según esos cálculos, en el mejor momento, Milei y Caputo habían logrado que los 18 millones de pobres heredados disminuyeran a 13. No habían disminuido en 15 millones pero sí en 5: un gran logro. Pero en el último trimestre del año pasado, el número aumentó en 2,7 millones. La diferencia entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025 sería de 2.5 millones, alrededor de un 5 por ciento de la población. Faltan contabilizar los dos primeros meses de este año, donde la inflación siguió alta.

Este debate está destinado a alterar los nervios de la Casa Rosada. En principio, porque pondrá la lupa en los números que difunde el Indec y especialmente en los que surgen de la Encuesta Permanente de Hogares que, como su nombre lo indica, es una encuesta. Al cierre de esta nota, el Centro de Estudios Económicos del Banco Provincia de Buenos Aires señalaba que existen diferencias muy grandes entre los salarios formales registrados en el Índice de Salarios del Indec y los que refleja la Encuesta Permanente de Hogares del Indec. Los primeros son mucho más bajos que los segundos. Pero son los segundos los que se usan para calcular quién es pobre y quién no. ¿Es un problema técnico? ¿Es un problema de otra índole? En todo caso, sería mejor explicarlo.

La propaganda y las exageraciones alrededor de la caída del número de pobreza han sido un punto central de la estrategia discursiva oficial. Depende el día, o el funcionario, el Gobierno rescató a 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 o 15 millones de argentinos de la pobreza. Pero el mecanismo se extiende a casi todos los sectores de la economía. Hace dos semanas, por ejemplo, Milei se apoyaba en el número mayorista para sostener que la inflación empezaba con 0. En diez días se verá que seguramente empieza con 3 y que la mayorista no debe ser tomada como número de referencia. La semana pasada Caputo se burlaba de los periodistas que reflejaban los problemas de actividad y consumo de la economía. El miércoles reconoció que el periodismo tenía razón: “Puede ser que la producción haya caído en febrero y que la inflación haya crecido en marzo”. Hace dos semanas, Federico Sturzenegger sostenía que el Gobierno había creado 400 mil empleos. El Indec lo desmintió: el desempleo creció de 5,7 a 7,5 desde la asunción de Milei. Y así hasta el infinito.

Se trata de un patrón que consume una energía interminable y refleja una ingenuidad y un voluntarismo casi infantiles. Bajar la pobreza es muy difícil en un país como la Argentina. Nadie dijo que no lo sería. Pero suponer que alguien la baja porque dice que la baja es una tontería contraproducente. Milei tiene el mérito de haber aumentado los aportes de la Asignación por Hijo y de la tarjeta Alimentar, dos instrumentos creados por gobiernos anteriores de ideología antagónica. La caída de la inflación mejoró aún más la situación, lo que refleja la irresponsabilidad del gobierno anterior, que la dejó crecer por encima del 200 por ciento. Pero la pelea recién empieza y los últimos datos reflejan que el tejido social se ha deteriorado nuevamente.

Ninguna persona seria podría sostener que hay 25 por ciento menos de pobres que en diciembre de 2023.

Los datos, siempre, son los datos.

Por eso, mejor cuidarlos.

El experimento de libre mercado de Argentina, impulsado por el presidente Javier Milei, ha vuelto a desafiar a los agoreros. Las cifras de la agencia de estadística del país, publicadas esta semana, muestran una drástica disminución de la tasa de pobreza.

El porcentaje de argentinos que vivían en la pobreza era del 28% a finales de 2025. Una mejora considerable. Desde que asumió la presidencia en diciembre de 2023, una de las principales críticas a la agenda de libre mercado de Milei ha sido que las cifras de pobreza se mantenían persistentemente altas. La tasa nacional de pobreza alcanzó un máximo del 53% en el primer semestre de 2024, pero desde entonces ha ido disminuyendo.

El presidente, que se autodefine como libertario, ha priorizado el combate a la hiperinflación para impulsar el crecimiento económico. Sus reformas incluyeron el recorte drástico de los subsidios estatales y una reducción considerable de la nómina del sector público, lo que generó el primer superávit fiscal anual de Argentina en prácticamente 123 años. La inflación anual cayó de un asombroso 200% cuando asumió el cargo a un 33% en el año que finalizó en febrero.

Execonomista —y discípulo de Milton Friedman y Adam Smith—, Milei siempre ha comprendido que el socialismo conduce a la pobreza y el capitalismo a la prosperidad. Tras su sorpresiva victoria, actuó con rapidez para romper el dominio socialista en Argentina, retomando la misma política de desmantelamiento que empuñó durante la campaña electoral contra un Estado burocrático sobredimensionado.

Esta apuesta ha dado sus frutos, ya que Argentina registró un crecimiento del 4,4% el año pasado, recuperándose rápidamente de una breve recesión en 2024. Milei tendrá que lidiar con las consecuencias de la guerra con Irán, que amenaza con elevar los precios en todo el mundo. Sin embargo, organismos como el Fondo Monetario Internacional predicen que el país seguirá registrando impresionantes tasas de crecimiento en 2026 y 2027, superando sustancialmente la tasa promedio de América Latina.

El próximo desafío de Milei será el desempleo. La eliminación de más de 60.000 empleos en el sector público ha contribuido a una tasa de desempleo más alta, del 7,5%. No obstante, las fuerzas del mercado pueden abordar el problema, ya que un sector privado en expansión crea empleos que esos trabajadores pueden cubrir.

El presidente argentino elogia frecuentemente a su ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien ha modificado o eliminado más de 14.000 regulaciones en menos de un año y medio. Esto impulsará la inversión privada y el crecimiento.

La rápida transformación de Argentina, de casi un siglo de socialismo a capitalismo de libre mercado, continúa demostrando la superioridad de este último. Es raro que podamos presenciar un experimento tan radical en tiempo real. Sin embargo, no sorprende que esté funcionando.

*Por el Consejo Editorial (c) 2026, The Washington Post

El obispo emérito ángel Garachana urgió este miércoles a una “renovación profunda” del sistema judicial en Honduras, tras la polémica resolución inicial que otorgó medidas sustitutivas a prisión a Iván Velásquez, acusado de liderar la presunta estafa piramidal “Koriun Inversiones”. El religioso, de nacionalidad española, afirmó que la crisis de confianza en la institución judicial tiene un impacto directo sobre la dignidad ciudadana y señaló que las festividades de la Semana Santa son un momento clave para reivindicar valores cívicos en la sociedad hondureña, según informó la agencia EFE.

Al abordar la resolución revocada este miércoles que inicialmente permitía a Velásquez evitar la prisión preventiva tras el colapso de su empresa, Garachana destacó la capacidad económica del acusado frente a la indefensión de los afectados. “Tiene para dar 25 millones de lempiras (USD 941.775) y no hay dinero para devolver a aquellos a quienes les han robado”, denunció el obispo, subrayando que la mayoría de las víctimas son “gente pobre”, mientras, según su entender, las autoridades aún no esclarecen el destino de los fondos.

La causa de “Koriun Inversiones” se hizo pública en mayo de 2025, con la detención de Velásquez por delitos que incluyen lavado de activos, desobediencia, tenencia ilegal de armas y municiones de uso prohibido, y asociación para delinquir, de acuerdo con EFE. Las denuncias sostienen que la firma habría captado millones de lempiras prometiendo rendimientos altos e inmediatos para derretirse luego en incumplimientos, dejando a cientos de inversionistas desprotegidos. Esta situación generó protestas de ciudadanos que se trasladaron hasta Tegucigalpa para exigir justicia cuando la medida sustitutiva fue otorgada.

Garachana: “Necesitamos jueces con ética y conciencia moral”

Durante la misa Crismal en Tegucigalpa, Garachana remarcó que la transformación que demanda la justicia hondureña debe centrarse en las personas más que en la estructura. “Honduras necesita una renovación profunda del sistema judicial. Y la renovación no es tanto la institución, son las personas, jueces con ética, con conciencia, con moral, porque, aunque sepan todas las leyes, si no tienen conciencia moral, van a ser injustos”, sostuvo el religioso, oriundo de Barbadillo de Herreros, España, citado por EFE.

El obispo ilustró la percepción colectiva sobre el proceder judicial en Honduras mediante una imagen evocadora: “La justicia gráficamente la pintamos con los ojos cerrados. ¿Pero qué decimos en Honduras? Que a veces se destapa el ojo para ver si es rico, si es pobre, si es poderoso, si es un descalzo”. Según Garachana, la inequidad en el trato judicial perpetúa la desconfianza y debilita la cohesión social.

Un llamado a la dignidad frente a la crisis social

Junto a sus críticas al aparato judicial, Garachana llamó a la sociedad hondureña a vivir la Semana Santa desde la dignidad, independientemente de convicciones religiosas. “La Semana Santa es como un test de cristiandad, para algunos son vacaciones, para otros es una vivencia del sentido cristiano, estén donde estén, pero para todos, creyentes o no creyentes, lo importante es portarnos dignamente como personas, no tener nuestra dignidad humana rodando por el suelo por el alcohol y el desorden”, enfatizó el obispo, en palabras recogidas por EFE.

Frente a la persistente pobreza y exclusión, Garachana demandó a los políticos acciones concretas para priorizar el bien común sobre intereses particulares. Condenó también la violencia y la guerra, advirtiendo que “la humanidad parece llevar a ‘Caín en las venas’ en lugar de apostar por la hermandad y la paz entre las naciones”.

El otorgamiento y revocación de medidas sustitutivas a Velásquez, en un contexto de protesta social y reclamo colectivo, se ha convertido para Garachana en un índice del deterioro de la justicia hondureña. La persistencia de víctimas esperando la restitución de sus ahorros y la percepción de que la ley favorece a quienes pueden respaldar garantías millonarias amplifican una demanda generalizada de integridad y equidad, según el testimonio del obispo emérito a EFE.

Salvia mencionó varios factores que explican la disminución de 9,9 puntos porcentuales interanual en ese indicador y de 1,9 puntos porcentuales en el caso de la indigencia, que llegó a 6,3% en dicho período.

Planteó que analizar la caída de la pobreza requiere “algunos matices”, al distinguir entre su contenido y su sustentabilidad en el tiempo. En ese sentido, indicó que existe un componente real vinculado a la evolución de los ingresos frente a la canasta básica alimentaria, que aumentó por debajo del nivel general de precios, lo que permitió “una caída sustantiva de la indigencia”, un dato que consideró “más legítimo” en términos de representación estadística.

En cuanto a la pobreza, Salvia señaló: “Las remuneraciones del sector privado le han ganado a la canasta básica”, dado que mientras los salarios se ajustan por el índice general de precios, la canasta alimentaria lo hace por el valor de los alimentos.

Y agregó un factor de carácter estructural: la caída demográfica. “Los hogares son más chicos, hay menos niños y menos bocas que alimentar dentro de un mismo ingreso”, describió, aclarando que se trata de una tendencia de largo plazo.

Sin embargo, Salvia aseguró que estos avances no siempre se perciben en el bolsillo. Esto se debe, detalló, a un cambio en los precios relativos desde 2024: en el último trimestre, tarifas como transporte, electricidad, agua y comunicaciones aumentaron por encima del índice general de precios.

Al mismo tiempo, describió: “Las clases medias bajas dicen: ‘¿Cómo puede ser que sea menos pobre si no me alcanza y no tengo más plata para consumir?’”.

Según explicó, esto se debe a un cambio en la estructura del gasto de los hogares. “Buena parte del ingreso hoy se destina a pagar tarifas. Son servicios que antes también se tenían, pero ahora se pagan más caros”, señaló. Como consecuencia, el ingreso disponible para otros consumos se reduce.

En ese marco, si bien los alimentos han bajado en términos relativos, otros gastos esenciales limitan la capacidad de consumo. “No podés arreglar tu casa, no podés comprar determinados bienes o servicios que necesitás, no podés invertir más en educación”, enumeró.

Esto genera una percepción contradictoria: “La gente te dice: ‘Estoy más pobre, no menos pobre que antes’”.

Para Salvia, esta situación refleja una tensión de fondo: “Hay una paradoja entre la estadística de la pobreza y la capacidad de consumo”. Mientras el indicador muestra una mejora, no necesariamente capta las restricciones reales que enfrentan los hogares en su vida cotidiana.

Por otra parte, Salvia advirtió que “la medición de la pobreza va perdiendo vigencia, sobre todo en su comparabilidad hacia atrás”, aunque remarcó que “hay una mejora en la situación económico-social de la gente” tanto respecto del año pasado como en relación con el peor momento del último semestre de 2023.

Según explicó, la mejora es “sustantiva”, principalmente por la caída de la inflación, que permitió una recuperación relativa. Sin embargo, al comparar la capacidad de consumo actual con otros períodos, aclaró: “No hemos llegado a niveles como los de 2015, cuando la pobreza se ubicaba en torno al 28%–29%, ni tampoco a los alcanzados en 2018″.

“Estamos llegando a una situación pospandemia. Es decir, estamos mucho mejor, pero estamos tan mal como cuando salimos de la pandemia, en un momento de recuperación”, sostuvo.

En cuanto a la evolución reciente, señaló que el tercer trimestre mostraba niveles de pobreza de “26% o casi 27%”, mientras que en el cuarto trimestre —con un componente estacional— se elevó a “29,5%”. Para el primer trimestre del año, indicó que la tendencia “es como si se hubiese revertido la caída, se hubiese estabilizado y estuviese aumentando”.

Al analizar el fenómeno en perspectiva histórica, Salvia subrayó que “la Argentina nunca ha podido bajar de un 29%–30% de pobreza” en los últimos 20 años. “La pobreza estructural argentina pone un límite porque no hay buenos empleos, porque los empleos están precarizados, porque no se está creando empleo y porque las remuneraciones del sector privado formal no están creciendo significativamente”.

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En una charla con el equipo de Infobae al Amanecer, integrado por Nacho Girón, Luciana Rubinska y Belén Escobar, Otermín relató que “cuando recorrés los barrios populares de Lomas de Zamora, ves que la realidad es otra: antes había progreso, construcción, asado en las casas; hoy la situación es mucho más difícil”. El intendente explicó que, si bien las estadísticas oficiales muestran una baja al 28% en la pobreza, “esos datos son muy fríos, son una foto de un momento que ya quedó atrás”.

“Lo que vemos en la provincia de Buenos Aires es un deterioro constante”, aseguró Otermín. Para el jefe comunal, “las cosas no están bien, ni en términos generales ni en lo cotidiano”. Relató que, pese a los anuncios de baja en la pobreza, “en los barrios populares ya no se ve el humo del asado, ni la construcción o los programas que antes estaban presentes”.

Al ser consultado sobre los índices oficiales, Otermín enfatizó: “No hay que enamorarse del dato duro, porque si no uno también se aleja de la realidad”. Para el intendente, “el dato que muestran hoy es una foto de diciembre; la situación se fue deteriorando y el ajuste después de las elecciones fue muy fuerte, con consecuencias directas en el consumo y la vida de las familias”.

Recordó que durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner “había progreso, se veía obra pública y programas sociales en los barrios”, mientras que en la actualidad “sobrevivir se volvió muy caro en Argentina”. Otermín remarcó: “Lo que no puede ser tan caro en Argentina es sobrevivir”.

Otermín reconoció que la derrota electoral del peronismo y el triunfo de La Libertad Avanza “fue consecuencia del fracaso del sistema político”. Según su análisis, “la gente eligió la novedad porque ni el candidato del peronismo ni los del establishment lograron representar la demanda social”. Admitió: “No pudimos cumplir nuestro contrato electoral, no generamos las condiciones para que nuestra gente viva bien”.

El intendente profundizó sobre la falta de propuestas alternativas de la oposición: “Creo que las ideas del peronismo están claras: defender la producción y la soberanía nacional, pero también tenemos que hacer una autocrítica colectiva de cómo viene el país y hacia dónde va”. Consideró que “no es momento de hablar de candidaturas para 2027, pero sí de reconstruir una expectativa y una esperanza”.

“El gobierno nacional sostiene que Milei va a reelegir, pero no veo que haya certezas de cara al 2027; la legitimidad política se construye día a día y la sociedad no da cheques en blanco”, analizó.

Al referirse a la situación interna del peronismo, Otermín admitió: “Las tensiones existen, son legítimas y más aún después de lo que pasó con el gobierno anterior y el impacto del ajuste de Milei”. Describió la situación de Cristina Kirchner como “triste”, señalando que “la metieron presa para que no sea candidata” y que “la proscripción judicial sería un escándalo en cualquier otro país”.

Sobre la conducción partidaria, sostuvo: “Institucionalmente, Cristina sigue siendo la presidenta del Partido Justicialista y mucha gente se siente identificada con ella, aunque el tiempo de su gobierno parece lejano para las nuevas generaciones”. Otermín apuntó que “el peronismo está unido por una contraseña universal, el compañerismo, aunque haya diferencias de matiz”.

En cuanto a propuestas para el futuro, resaltó: “El peronismo tiene que repensar la idea de comunidad, potenciar la inversión privada y recuperar la capacidad de conversar con todos los sectores”. Consideró que “la centralidad no puede estar solo en el Estado” y que “hay que amigarse con la industria y el campo”.

Finalmente, sobre su propio futuro político, Otermín negó buscar una candidatura a gobernador bonaerense: “Hoy tengo una responsabilidad institucional y me interesa aportar para hacer las cosas bien. La clave está en escuchar a los vecinos y aplicar nuevas tecnologías para mejorar la gestión”.

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Los datos de pobreza del segundo semestre del 2025 confirmaron una mejora sensible de los indicadores socioeconómicos. En sólo seis meses, cerca de 1,54 millones de argentinos dejaron de ser pobres y 269 mil personas salieron de la indigencia. El resultado fue consecuencia de que los ingresos familiares crecieron por encima de los aumentos de los insumos de primera necesidad. En detalle, los salarios aumentaron en promedio un 18,3% entre junio y diciembre del año pasado, mientras que el costo de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) subió 11,9% y el de la Canasta Básica Total (CBT) se incrementó 11,3 por ciento.

Ahora bien, esos mismos indicadores (salarios, CBA y CBT) muestran una situación completamente diferente en el inicio del 2026 y siembran dudas respecto a lo que pueda ocurrir en el primer semestre de este año.

Un análisis del Ieral (Fundación Mediterránea) pone de manifiesto una inversión en la tendencia de los precios relativos que afecta directamente el poder de compra de los sectores más vulnerables. Según la entidad, la evolución futura de la pobreza está “fuertemente condicionada por la dinámica de los precios”. En un escenario donde los alimentos crecen por encima del nivel general, incluso los ajustes salariales alineados con la inflación promedio pueden resultar insuficientes para sostener el consumo de los hogares.

Al observar el comportamiento anualizado a febrero de 2026, el informe detalla que los salarios del sector privado registrado aumentaron un 32,3%, quedando por debajo de la inflación general, que fue del 36,2%. Sin embargo, la disparidad es más aguda al comparar los ingresos con los bienes esenciales: el incremento salarial quedó “considerablemente por detrás del aumento en los precios de los alimentos (40,4%) y de la canasta básica alimentaria (42,1%) en el mismo periodo”. Esta brecha indica que, aunque los salarios totales mostraron un crecimiento del 37,8%, este dinamismo no alcanza para compensar el encarecimiento de la CBA.

Por su parte, un análisis de Equilibra destaca que, aunque la indigencia y la pobreza se redujeron en el cierre de 2025, la CBA y la CBT treparon por encima de la inflación en ese período. En el segundo semestre del año pasado, la suba mensual de la CBA y la CBT fue de 2,6% y 2,5% respectivamente, superando el 2,3% del IPC Nacional. Esta presión se intensificó hacia el final del año.

“La aceleración de la inflación a fines del año produjo caídas del poder adquisitivo contra el tercer trimestre de 2025. La bajas fueron de 1,4% en salarios privados formales y de 2,2% en los ingresos de los empleados públicos. Además, cayeron 2,1% las jubilaciones mínimas, 1,1% la Asignación por Hijo y 6,6% la Tarjeta alimentar. Peor aún, si se comparan estos ingresos contra la CBT, las pérdidas se amplifican en 1,2 p.p. en dicho cuarto del año”, destacó la consultora.

El freno en la velocidad de descenso

La consultora LCG advierte que, con tres meses transcurridos del primer semestre de 2026, existen factores concurrentes que “pondrían un freno en el descenso de la tasa de pobreza”. Entre ellos se destaca una inflación estancada en torno al 3% mensual y salarios formales con paritarias homologadas por debajo de esos porcentajes, lo que implica una caída real de los haberes.

A este escenario de ingresos se suma un deterioro en las condiciones del mercado de trabajo. El informe de LCG señala que el ascenso de la tasa de desocupación en el cuarto trimestre de 2025, junto con una “mayor tasa de sobreocupación y mayor demanda de empleo por subocupación”, marcan la necesidad de mayores ingresos en los hogares para evitar caer bajo la línea de pobreza.

En términos de profundidad, los datos reflejan que salir de la condición de pobreza sigue siendo un desafío de magnitud para las familias. El ingreso familiar promedio de los hogares pobres cubre apenas el 64,3% de la CBT. Según LCG, los pobres “siguen siendo prácticamente igual de pobres”, dado que la mejora en la brecha fue de solo 1,3 puntos porcentuales.

Disparidades regionales y de edad

La mejora registrada hacia finales de 2025, que llevó la pobreza al 28,2% y la indigencia al 6,3%, no fue uniforme en todo el territorio ni en todas las franjas etarias. LCG destaca que, si bien hubo reducciones importantes en el NOA y el NEA, estas regiones mantienen tasas por encima del 32%. El Conurbano bonaerense, por su parte, presenta la segunda mayor tasa de pobreza del país (32,6%) y concentra más del 50% de los pobres totales.

En cuanto a la composición por edad, la pobreza en menores de 14 años se ubicó en 41,3%, manteniéndose 13 puntos porcentuales por encima del promedio general. Asimismo, se observó un dato negativo en el segmento de jóvenes de entre 15 y 29 años, donde la indigencia ascendió levemente en el semestre hasta alcanzar el 8,4 por ciento.

Los factores estructurales y metodológicos

Más allá de la coyuntura de precios y salarios, las consultoras advierten sobre elementos que podrían distorsionar o limitar la mejora de los indicadores sociales. LCG menciona que la línea de pobreza utiliza ponderadores de gasto de la encuesta de 2004/05, lo que no refleja los cambios en los patrones de consumo actuales ni en los precios relativos. Esta falta de actualización genera una “subestimación de la línea de pobreza”, efecto que se ha acentuado desde la no actualización del índice de inflación minorista en febrero.

Finalmente, el Ieral concluye que la mejora en el indicador no debe ocultar “fragilidades persistentes”. El desafío de mediano plazo sigue siendo interrumpir la transmisión intergeneracional de la pobreza mediante el foco en la educación y la generación de “trabajos mejor remunerados” y con ingresos sostenibles en el tiempo. En el corto plazo, la combinación de una actividad debilitada en sectores intensivos en empleo y la pérdida de poder adquisitivo frente a la canasta alimentaria ponen bajo cuestionamiento si la tendencia de 2025 podrá sostenerse durante la primera mitad de 2026.

En la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) 2025 se detalla el acceso de la población a servicios básicos a nivel nacional. Según el informe de la institución, el 89.7% de los hogares salvadoreños dispone de servicio de electricidad, mientras que existen disparidades en el acceso a agua por cañería propia, instalaciones sanitarias adecuadas y sistemas de recolección de desechos sólidos entre distintos segmentos sociales.

De acuerdo con la EHPM 2025, elaborada y presentada por el Banco Central de Reserva de El Salvador (BCR), hay un total de 1.830.656 hogares que cuentan con electricidad, sobre un total nacional de 2.043.222. Las cifras oficiales señalan que las familias en situación de pobreza presentan menor acceso a este servicio: el 85.5% de los hogares pobres dispone de electricidad, frente al 90.9% de los hogares que no se encuentran en situación de pobreza, según el Banco Central de Reserva (BCR).

Respecto al acceso al agua, el informe cuantifica que el 80,8% de los hogares del país recibe agua a través de cañería dentro o fuera de la vivienda (1.650.406 hogares). El 6.7% depende de la cañería del vecino, mientras que alternativas como el uso de pozos, camiones cisterna o la recolección de agua lluvia son menos frecuentes y se encuentran principalmente en zonas rurales.

En los hogares pobres, el acceso por cañería propia llega al 75,9%, cifra que asciende al 82.3% en aquellos hogares que no se consideran pobres.

Acceso a saneamiento e instalaciones sanitarias

El estudio nacional destaca que 714.929 hogares disponen de inodoro conectado a un sistema de alcantarillado (35% del total nacional). Otras alternativas, como inodoros con fosa séptica (582.412 hogares), representan un 28,5%. Por otro lado, el 3,8% de los hogares del país carece de instalación sanitaria alguna (18.379 hogares), situación más frecuente en áreas rurales y en hogares en situación de pobreza extrema.

En el aspecto de recolección de desechos sólidos, la encuesta indica que el 60,6% de los hogares recibe el servicio de recolección domiciliaria pública (1.239.649 hogares). El 2,4% utiliza recolección privada, otro 2,4% deposita los desechos en contenedores y el 3,1% los entierra. El 3,1% de los hogares quema sus residuos y el 2,5% los deja en cualquier lugar. Estas prácticas son más comunes entre familias que viven en zonas rurales y en pobreza extrema, según la EHPM 2025.

El Banco Central de Reserva explicó que los resultados de la EHPM 2025 mantienen la consistencia metodológica de la edición anterior mientras se desarrolla una nueva metodología basada en el VII Censo de Población y VI de Vivienda 2024. “El objetivo es incorporar mejores prácticas internacionales y garantizar información estadística de calidad y oportuna”, destacó la institución en el mismo documento.

Brechas, factores y cambios metodológicos

El reporte oficial señala el acceso desigual a los servicios básicos se mantiene como un desafío en el país y atribuye la diferencia principalmente a factores de ubicación, nivel de ingresos y situación de pobreza. El BCR comunicó que la nueva metodología permitirá una mejor interpretación y comparabilidad de los indicadores en futuras ediciones de la encuesta.

La cumbre del G20 en Sudáfrica de fines de 2025 dejó en evidencia un cruce conceptual entre dos visiones sobre la desigualdad y el desarrollo. Federico Pinedo, exsenador y representante de la Argentina en el foro, difundió un extenso análisis en respuesta al informe presentado por el economista estadounidense y Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, y su equipo. El texto del ex presidente provisional del Senado, publicado por el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), expone una crítica frontal a los lineamientos de política económica propuestos por Stiglitz y utiliza el caso argentino como advertencia sobre los riesgos de replicar ese enfoque.

Pinedo arranca su crítica señalando el eje central del documento de Stiglitz: la idea de que la prosperidad de unos depende de la pobreza de otros. “La tesis del documento tiene como premisa la idea de que unos señores prósperos saben que no lo serían si no aumentaran la pobreza de otros”, sostiene. Para el autor, esta visión presupone un “juego de suma cero” en la generación de riqueza, un planteo que rechaza de plano. “Considero que esa premisa es completamente falsa”, marca en el arranque.

A consideración del articulista, los autores proponen la adopción de políticas que vayan más allá de la mera progresividad fiscal. Entre las recomendaciones, se destaca la creación de impuestos diferenciales, la división de grandes empresas para reducir su tamaño y poder de mercado, y el impulso de medidas orientadas a limitar las desigualdades educativas, en particular, mediante el cuestionamiento a la llamada privatización de la educación. Además, se sugieren otras acciones orientadas a modificar la “distribución de capacidades” tanto a nivel nacional como internacional.

Apoyado en la experiencia argentina, el sherpa argentino ante el G20 advierte que muchas de las propuestas impulsadas por el Premio Nobel de Economía ya se aplicaron en el país y derivaron en consecuencias negativas.

“Nuestro país, la Argentina, ha implementado casi todas esas políticas y, además, ha tenido momentos de estatización del comercio exterior y manipulación del valor del cambio de divisas”, recuerda el ex funcionario. Entre las medidas citadas por Stiglitz, se enumeran la provisión estatal de educación, salud, seguridad social y vivienda, la suba de impuestos, la creación de reservas estatales de alimentos y el control de precios.

El resultado, según el análisis de Federico Pinedo, fue una sucesión de crisis económicas profundas: “Esas políticas han generado tres hiperinflaciones (1975, 1989-91 y 2023), una gran depresión (2002), el 50% de pobreza, más del 40% de trabajo informal con estancamiento del empleo privado formal entre 2011 y 2025, y una caída extraordinaria del ingreso per cápita en comparación con nuestra propia región y contra el promedio mundial”. Este diagnóstico es presentado como una advertencia directa a quienes promueven recetas similares a nivel internacional.

A la vez, el texto plantea que la lógica de mercado “sacó de la pobreza a miles de millones de personas”, en oposición a la mirada de Stiglitz que lo describe como generador de desigualdad y pobreza. El ex titular del bloque del Pro en la Cámara de Diputados observa que, tras el colapso de los modelos de planificación estatal en el siglo XX, “no es clara la alternativa sugerida” por el Nobel norteamericano.

En el debate sobre la educación, Pinedo rechaza que se la catalogue como un derecho estatal y cuestiona la crítica de Stiglitz a la “privatización” en este sector. “La educación, de la que derivan habilidades y capacidades para el trabajo, el desarrollo personal y la integración a cadenas de valor, no es un derecho de los Gobiernos o del Estado, sino que es un derecho humano, personal, de cada uno y de cada padre respecto de sus hijos”, sostiene el exfuncionario. Y va más allá: “Cuestionar desde las políticas públicas la ‘privatización’ de la educación es, además de absurdo, antinatural y excepcionalmente antihumano y, por lo tanto, antisocial”.

El análisis de Pinedo dedica varias páginas a diferenciar el enfoque argentino en el G20 del que impulsa el equipo de Stiglitz. El abogado recuerda que la posición oficial de la Argentina fue defender la responsabilidad nacional en el desarrollo, la previsibilidad jurídica y la igualdad ante la ley.

“La Argentina sostuvo en soledad que el desarrollo nacional dependía fundamentalmente de políticas internas, de marcos de reglas y de convivencia que generaran previsibilidad, justicia e igualdad ante la ley, con un fuerte énfasis en la educación y capacitación para el trabajo”, reseña. Junto a esto, el país defendió “los equilibrios macroeconómicos, el funcionamiento de los mercados y un sistema de comercio abierto y sin distorsiones de la competencia”, consigna en el artículo difundido por CARI.

En tal sentido, el articulista se muestra escéptico ante la propuesta de financiar políticas sociales a nivel multilateral y alerta sobre los riesgos de imponer desde organismos internacionales una agenda igualitarista que ignore la autodeterminación de los pueblos. “La dosis de cada valor debe ser establecida en un sistema democrático por el pueblo en cada elección periódica y de acuerdo a las circunstancias, y no por tecnocracias internacionales que busquen imponer su mirada, aunque nadie las haya votado para gobernar”, afirma en su escrito.

El texto también subraya la importancia de los equilibrios macroeconómicos y del funcionamiento de los mercados, como elementos necesarios para el desarrollo sostenido. Pinedo señala que las políticas que priorizan la intervención estatal, el control de precios y la estatización de sectores estratégicos no han sido exitosas en la Argentina y, en su opinión, tampoco pueden serlo en otros países. Además, considera que la experiencia argentina constituye un ejemplo que debería ser tenido en cuenta en el debate global sobre desigualdad y desarrollo.

El exsenador hace hincapié en que la igualdad ante la ley y la previsibilidad normativa son condiciones indispensables para atraer inversiones, fomentar el empleo y mejorar la calidad de vida. En tanto, sostiene que el desarrollo no puede depender exclusivamente de transferencias o programas financiados externamente, sino que requiere reglas claras y un entorno de competencia genuina.

“En conclusión, no es raro que la desigualdad haya aumentado en un mundo que desde su origen hasta 1800 había crecido el 1%, mientras que desde el año 2000 en solo 25 años duplicó su riqueza (como reconoce el Reporte Stiglitz), pues si aún hay en el mundo población que vive en economías de subsistencia, sin comercio y sin Estado de derecho, las desigualdades se tienen que haber agigantado. La creación de riqueza de la revolución digital es monumental, pero no estaríamos mejor sin ella”, agrega.

Pinedo plantea que la discusión pública sobre la igualdad no suele ubicarse entre dos extremos irreales: el igualitarismo absoluto, que conduce al estancamiento total, y el desinterés completo por los demás. Según el ex senador, “ninguna de las dos cosas se corresponde con la realidad de los sentimientos humanos”.

En su visión, existe consenso en que el Estado debe construir infraestructura de acceso común y garantizar derechos y obligaciones que funcionen como “igualadoras de base”. El ex funcionario considera fundamental que quienes gobiernan desarrollen mecanismos para financiar servicios esenciales. Remarca que es importante que los gobiernos generen “mecanismos para financiar esos objetivos: educación, salud, infraestructura general, seguridad, justicia, mecanismos de deliberación pública y organización política”.

Y suma que, a esos pilares, debe sumarse el Estado de derecho, que garantice “la igualdad ante la ley, las libertades personales, la propiedad y una justicia imparcial que aplique la ley en forma igual para todos”. A su entender, ese marco permitiría crear condiciones para erradicar la pobreza a través del proceso de destrucción creativa que describió Schumpeter, “sacando recursos de sectores parasitarios para llevarlos a los que satisfagan mejor las necesidades de cada uno y del conjunto”.

Por último, advierte que es necesario velar porque los intercambios entre personas se realicen bajo reglas de igualdad, evitando abusos y preservando a los mercados de distorsiones. “Habrá que velar por que los intercambios entre las personas se realicen respetando reglas de igualdad y no abuso, preservando a los mercados de su distorsión mediante acciones que restrinjan la competencia nacional e internacional, controlando monopolios y eliminando privilegios, garantizando libertad y acceso a los mercados de bienes y servicios”, afirma.

“La igualdad no puede ser el valor único y superior, como no lo pueden ser ni la libertad sin orden ni respeto por la dignidad de todas las personas, ni el orden que postergue la dignidad y la libertad de todos. Atacar la pobreza es un objetivo necesario; aumentar la satisfacción de las necesidades humanas va en el mismo sentido; que los que pueden eduquen a los demás de la mejor manera posible y los que sanan hagan lo mismo es un objetivo social. La justicia de dar a cada uno lo suyo, con los valores del respeto y la responsabilidad, también. Igualar todo lo desigual, no”, concluye el artículo.

Los datos oficiales publicados esta tarde por el Indec confirmaron lo que el Gobierno nacional ya había anticipado hace varios meses: la pobreza y la indigencia bajaron en el primer semestre. En detalle, los números indican que entre el segundo semestre de 2024 e igual período de 2025, el índice de pobreza se redujo de 38,1% a 28,2%, lo que marcó una baja de 9 puntos porcentuales. Al mismo tiempo, la indigencia disminuyó del 8,2% al 6,3% (-1,9 puntos porcentuales).

Ahora bien, más allá de la mejora, los indicadores socioeconómicos de la Argentina están lejos de ser los ideales. La pobreza aún afecta a 13,5 millones de personas y la indigencia a 3 millones de habitantes, tomando en cuenta tanto a la población urbana como a la rural.

Grandes disparidades en el país

Como se mencionó, el índice general de pobreza del segundo semestre del año pasado fue de 28,2%, pero si se analizan los resultados por ciudad, se encuentra que algunas jurisdicciones tienen números bastante más altos. Otras, en cambio, muestran indicadores mucho más positivos.

Para entender estas diferencias, se puede hacer un repaso por zona geográfica y jurisdicción. En el Gran Buenos Aires, por ejemplo, la pobreza fue del 28,3% en el segundo semestre -casi idéntica a la nacional-, pero fue muy diferente el resultado para las dos ciudades que integran esa zona. Mientras que en Ciudad Autónoma de Buenos Aires la pobreza afectó al 9,6% de la población, en los “partidos del Gran Buenos Aires” el índice de pobreza fue de 32,6%.

En la región de Cuyo el resultado fue bastante parejo. El aglomerado mejor posicionado fue el Gran San Luis, con una pobreza del 30,1% en el segundo semestre, seguido por Gran Mendoza (31,9%) y el Gran San Juan (34%).

En el Noreste, el índice de pobreza fue del 32,7% en el segundo semestre de 2025. En esa región se encuentra una de las jurisdicciones con mayor nivel de pobreza del país. Se trata de Gran Resistencia, donde el 42,2% de la población es pobre. En tanto, la ciudad con mejor resultado de esa región fue Posadas, con un índice de 27,3%.

En lo que respecta al Noroeste (28,4% de pobreza general), el peor resultado lo tuvo La Rioja. Si bien la provincia siguió la tendencia general y mejoró sus números en el último año, su tasa de pobreza sigue siendo alta (36,7%). El aglomerado Gran Tucumán- Tafí Viejo tuvo la pobreza más baja (23,6%).

La región Pampeana también estuvo cerca del promedio general, con un índice de pobreza del 26,2% en el período analizado, pero en su interior hubo brechas muy amplias. Se destaca por sobre el resto el caso de Concordia, que mantiene un índice de pobreza del 49,9%. En el extremo opuesto, el Gran Rosario registró un índice de pobreza del 22,3%.

Por su parte, la Patagonia mostró en la segunda mitad del 2025 un índice de pobreza del 25,4%. La tasa más alta se registró en el aglomerado de Rawson-Trelew (32,9%), mientras que el indicador más bajo lo mantuvo Neuquén-Plottier (22,4%).

Las mejoras más significativas

La pobreza bajó 9 puntos porcentuales a nivel país en el último año, pero algunos aglomerados urbanos lograron mejoras mucho más importantes. Tal es así, que 15 jurisdicciones registraron bajas de sus índices de pobreza superiores a 10 puntos.

El mejor resultado a nivel nacional se registró en Santiago del Estero - La Banda, donde la cantidad de pobres se redujo 19,2 puntos porcentuales entre el segundo semestre de 2024 e igual período de 2025. Completaron el podio Gran Resistencia (-18,6 puntos) y Formosa (-18,3).

Más atrás aparecen Gran Tucumán - Tafí Viejo (-17,2 puntos), Posadas (-16,1), Río Cuarto (-14,7) y Jujuy - Palpalá (-13,4 puntos), entre otras ciudades.

La que menor variación registraron fueron los aglomerados de Bahía Blanca - Cerri (mejora de 2,9 puntos), Rawson - Trelew (-3,9) y Corrientes (-4,7%).

El dato positivo, es que los 31 aglomerados relevados por el Indec tuvieron una disminución de sus niveles de pobreza en el período analizado. En el marco general, los grandes ganadores fueron CABA, que tuvo el índice de pobreza más bajo (fue el único por debajo del 10%) y Santiago del Estero - La Banda, que con su fuerte mejora de 19,2 puntos, dejó de ser una de las ciudades más pobres del país.

Durante el segundo semestre de 2025, la pobreza se ubicó en 28,2% y la indigencia en 6,3%, según informó el Indec. En este sentido, la reducción interanual fue de 9,9 puntos porcentuales respecto al mismo periodo de 2024, cuando el índice abarcaba al 38,1% de la población.

La cifra actual implica que aproximadamente 13,5 millones de argentinos se encuentran bajo la línea de pobreza, sobre una población total estimada en 47,9 millones de habitantes, y que 3 millones viven en situación de indigencia. Este número es, sin embargo, el más bajo desde el primer semestre de 2018, durante la gestión de Mauricio Macri, cuando se ubicó en 27,3 por ciento.

El dato tuvo fuerte repercusión en el Gobierno, al punto que la plana mayor de La Libertad Avanza celebró el descenso de la pobreza con diversas publicaciones en sus redes sociales.

En primer lugar, el presidente Javier Milei publicó en su cuenta de X: “La pobreza sigue bajando. Dato no relato. MAGA!”, escribió en sus redes sociales junto con un posteo anterior del Ministerio de Capital Humano que resaltaba los principales datos del informe del Indec.

Este mismo mensaje también se replicó en la cuenta oficial de la ministra de Capital Humano, Sandra Petovello.

LA POBREZA SIGUE BAJANDO.
Dato no relato.
MAGA! https://t.co/rAGqBGhU6n

— Javier Milei (@JMilei) March 31, 2026

En su análisis del informe, el ministro de Economía, Luis Caputo, enfatizó: “La pobreza es la más baja en más de siete años”. Además de resaltar la caída interanual, Caputo subrayó el contraste con el pico alcanzado al inicio de la actual administración: “En el segundo semestre de 2025 la pobreza se ubicó en 28,2%, en tanto la indigencia fue de 6,3%. En relación al primer semestre de 2024, la reducción fue de 24,7 y 11,8 puntos porcentuales, respectivamente”.

Y completó su mensaje: “La fuerte baja en la pobreza y la indigencia se sustentan en el crecimiento económico, el proceso de desinflación y el refuerzo en los programas sociales sin intermediarios desde el inició de la gestión”.

También se sumó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien escribió: “La pobreza cayó al 28,2% en el segundo semestre del 2025. Es el registro más bajo de los últimos 7 años. Fin”.

En tanto, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, posteó: “Inflación en baja, economía en crecimiento, ayuda social más inteligente. Lo que debería haber sido siempre. VLLC!”.

La pobreza tocó su nivel más bajo en siete años

El dato del segundo semestre de 2025 confirma una baja sostenida desde el pico registrado a comienzos de 2024, cuando la pobreza había trepado al 52,9% tras la devaluación y el salto inflacionario. Desde entonces, el indicador fue retrocediendo de manera gradual hasta ubicarse en 38,1% en el segundo semestre de 2024 y en 31,6% durante la primera mitad de 2025, en paralelo con la desaceleración de la inflación.

La cifra actual, además, es la más baja desde el primer semestre de 2018. También implica una reducción interanual de 9,9 puntos porcentuales y una caída respecto del semestre anterior, lo que consolida una tendencia descendente después del fuerte deterioro social registrado al comienzo del programa económico.

En términos de población, la mejora también se refleja en la cantidad de personas que salieron de la pobreza en el último año. Si se compara con el máximo registrado a comienzos de 2024, la cantidad de argentinos por debajo de la línea de pobreza se redujo en más de 11 millones, mientras que la indigencia cayó en más de 5 millones, según la extrapolación de los datos del Indec al total del país.

De hecho, si se compara con el primer semestre de 2025, un total de 1,54 millones de personas dejaron de estar por debajo de la línea de pobreza -medida por la Canasta Básica Total (CBT)-, mientras que otras 269 mil salieron de la indigencia al recuperar ingresos suficientes para acceder a la Canasta Básica de Alimentos (CBA).

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dio a conocer que, en el segundo semestre de 2025, la pobreza se ubicó en 28,2% y la indigencia en 6,3% en los principales centros urbanos del país. En la extrapolación al total del país, esa cifra, extrapolada por la cantidad total de la población, significa que hay 13,5 millones de argentinos pobres al cierre del segundo año de mandato de Javier Milei.

La extrapolación de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec al total del país de 47,9 millones de habitantes, arroja que la pobreza afecta a 13,5 millones de personas y la indigencia a 3 millones de habitantes.

La cifra actual marca el nivel más bajo de pobreza desde el primer semestre de 2018, durante la gestión de Mauricio Macri, cuando se ubicó en 27,3 por ciento. El índice de indigencia, por su parte, es el menor desde la primera mitad de 2018, periodo en el que el organismo estadístico reportó que alcanzaba al 6,7% de la población.

El dato implica una baja significativa -de 9,9 puntos porcentuales- respecto al segundo semestre de 2024, cuando la pobreza se ubicó en 38,1% y la indigencia en 8,2 por ciento. También evidenció una desaceleración en relación al primer semestre de 2025, cuando se posicionaron en 31,6% y 6,9%, respectivamente.

Respecto del primer semestre de 2025, se produjo una baja de 1,54 millones de personas que no alcanzaron ingresos suficientes para adquirir la Canasta Básica Total (CBT) y se redujo en 269 mil el universo de quienes no acceden por sus propios medios a consumir la Canasta Básica de Alimentos (CBA).

En comparación con el máximo registrado en el primer semestre de 2024, utilizado como referencia por el presidente y el equipo económico, la cantidad de personas en situación de pobreza descendió en 11,4 millones y la indigencia se redujo en 5,5 millones.

“En relación al primer semestre de 2024, cuando la pobreza y la indigencia ascendieron a 52,9% y 18,1%, la reducción fue de 24,7 p.p. y 11,8 p.p., respectivamente. La incidencia de la pobreza fue la más baja desde el primer semestre de 2018. La fuerte baja en la pobreza y la indigencia se sustentan en el crecimiento económico, el proceso de desinflación y el refuerzo en los programas sociales sin intermediarios desde el inició de la gestión”, destacó el ministro de Economía, Luis Caputo.

Al comienzo de la gestión de Javier Milei, tras la devaluación del peso, en los primeros meses de 2024, la pobreza saltó a 52,9% y la indigencia se ubicó en 18,1 por ciento. Luego de ello, con la implementación del nuevo programa económico y la desaceleración de la inflación, en el segundo semestre, bajó a 38,1% y 8,2%, respectivamente, para cerrar el primer año de mandato.

Desde el Poder Ejecutivo esperaban consolidar una tendencia descendente en ambos indicadores socioeconómicos. En esta oportunidad, el escenario era más complejo debido a que en los últimos meses del año pasado, la inflación se aceleró en gran parte por los incrementos del rubro Alimentos y bebidas, de gran incidencia en la Canasta Básica Total (CBT) y la Canasta Básica Alimentaria (CBA) que son los que marcan la línea de pobreza e indigencia.

La evolución de la pobreza

La proporción de personas en situación de pobreza e indigencia depende de la capacidad de los hogares para cubrir la CBA y la CBT con sus ingresos. En el semestre analizado, los ingresos familiares crecieron en promedio un 18,3%, mientras que el costo de la CBA subió 11,9% y el de la CBT, 11,3 por ciento. Esto significa que el aumento de los ingresos superó al de ambas canastas, lo que favoreció una reducción tanto en la pobreza como en la indigencia en comparación con el semestre anterior.

Al medir la brecha de pobreza —la diferencia entre los ingresos de los hogares pobres y el valor de la CBT— se registró un valor de 35,7 por ciento. En promedio, los hogares pobres tuvieron ingresos por $783.493, frente a una CBT promedio de $1.219.130 para este grupo. La distancia entre ingresos y canasta total disminuyó respecto a la primera mitad de 2025.

Al observar las edades, el 41,3% de las personas de entre 0 y 14 años vive en hogares por debajo de la línea de pobreza. En el grupo de 15 a 29 años el porcentaje fue de 32,6%, y en el de 30 a 64 años, de 24,6%. En el caso de las personas de 65 años o más, el 9,7% se encuentra bajo la línea de pobreza.

En cuanto a las regiones, la pobreza entre personas alcanzó el 28,3% en el Gran Buenos Aires, 32,3% en Cuyo, 32,7% en el Noreste, 28,4% en el Noroeste, 26,2% en la región Pampeana y 25,4% en la Patagonia. Por el lado de la indigencia, los valores fueron: 7,0% para Gran Buenos Aires, 4,6% para Cuyo, 7,5% en el Noreste, 3,8% en el Noroeste, 6,2% en Pampeana y 4,0% en la Patagonia.

“La pobreza en Argentina se calcula de manera semestral a partir de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) y responde a un criterio de ingresos: mide qué porcentaje de la población no alcanza a cubrir la Canasta Básica Total (CBT) y, en el caso de la indigencia, la Canasta Básica Alimentaria (CBA)”, destacó Facundo Beltramone, economista de Fundación Libertad.

Por eso, el comportamiento de alimentos y bebidas es determinante —define la indigencia y tiene fuerte peso en la pobreza— como también la evolución de los ingresos, especialmente los no registrados y las transferencias sociales como Asignación Universal por Hijo (AUH) y asignaciones, que concentran gran parte del ingreso de los sectores más vulnerables.

Si bien la secuencia reciente muestra un cambio muy marcado, la pobreza pasó de 41,7% en el segundo semestre de 2023 a 52,9% en el primer semestre de 2024, en medio del shock inflacionario inicial. Y a partir de ahí comenzó una rápida corrección, con una baja a 38,1% en el segundo semestre de 2024 y a 31,6% en el primer semestre de 2025. A partir de allí, la dinámica de los salarios y precios —sobre todo de alimentos— fue distinta.

“La inflación bajó a 31,5%, pero los salarios registrados crecieron por debajo (28,8%), los no registrados por encima (38,2%) y alimentos y bebidas avanzaron 32,2%, levemente por encima del nivel general. En este contexto, aunque las transferencias sociales siguen siendo relevantes y los salarios no registrados crecieron por encima de la inflación, los alimentos ya no juegan tan a favor de la caída de la pobreza como antes”, comentó Beltramone.

La amenaza que representa el fenómeno climático El Niño para Honduras ha despertado alarma entre el sector académico y las autoridades sanitarias del país, pues la proyección de expertos indica que el número de personas hondureñas en condición de inseguridad alimentaria podría escalar de 1.8 a 2.2 millones en el transcurso de este año.

El impacto de las “sequías prolongadas” en la producción agrícola se consolida como un factor clave en la agravación de la crisis alimentaria nacional, según advirtió este viernes María Luisa García, directora del Observatorio en Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.

El monitoreo más reciente, elaborado por el mencionado observatorio en coordinación con la Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, genera un dato especialmente preocupante: el incremento de 100 mil personas afectadas por inseguridad alimentaria, solo respecto al último año.

La evaluación técnica identifica un estado de emergencia alimentaria en diez de los dieciocho departamentos del país, poniendo el foco sobre regiones estructuralmente vulnerables.

El departamento de Gracias a Dios destaca con el porcentaje de población más alto en condición de “extrema vulnerabilidad alimentaria”: 48 %, producto de su aislamiento geográfico y la falta de alternativas económicas.

Junto a esta zona, el llamado Corredor Seco, que aglutina los departamentos de La Paz, Intibucá y Lempira, enfrenta una situación igualmente grave por su exposición histórica a sequías recurrentes y pobreza sostenida.

La experta de la UNAH puntualizó: “Tenemos un mapeo de diez de los dieciocho departamentos que ya están viviendo en crisis alimentaria. El más vulnerable es Gracias a Dios, seguido por el Corredor Seco”.

Lo anterior ha profundizado la vulnerabilidad de los pequeños productores agrícolas, quienes sufren tanto la falta de ingresos como la pérdida de cosechas. Las principales carencias detectadas son la ausencia de sistemas de riego eficientes, la escasa difusión de semillas tolerantes a la sequía y la limitada penetración de nuevas tecnologías en el sector rural, detalló el Observatorio.

La característica principal del evento El Niño, el calentamiento anómalo del Océano Pacífico, ha reducido la humedad del suelo y restringido notablemente las precipitaciones en amplias regiones de Centroamérica. En Honduras este fenómeno ya ha provocado un descenso sustancial en la producción de maíz y frijol, alimentos nodales de la dieta nacional.

García señaló: “La situación es preocupante porque no existen suficientes iniciativas que permitan a los productores adaptarse a estas condiciones. Las sequías van a impactar directamente la disponibilidad de alimentos y los ingresos de las familias rurales”.

Si bien la caída en la producción agrícola es un factor innegable, la directora del Observatorio enfatizó que la carencia de suficientes alimentos en el país es secundaria frente a un problema central: la imposibilidad de acceso por falta de ingresos familiares.

“En Honduras no es la disponibilidad de alimentos lo que provoca la crisis, sino la falta de ingresos que tienen las familias para poder comprarlos”, explicó García.

El deterioro económico de las zonas rurales, junto al aumento del desempleo, los bajos salarios y la elevada informalidad, obstaculiza la adquisición de alimentos incluso en momentos de relativa abundancia en los mercados. En situaciones de crisis climática, esta ecuación empeora drásticamente ante la disminución de ingresos rurales y el encarecimiento de la canasta básica, según el análisis del Observatorio.

Si no se implementan medidas urgentes, el Observatorio en Seguridad Alimentaria y Nutricional proyecta que 2.2 millones de hondureños podrían encontrarse en estado de inseguridad alimentaria durante los próximos meses. Este dato anticipa un proceso de deterioro con repercusiones sanitarias y sociales de gran magnitud.

La inseguridad alimentaria, precisa que implica no solo la insuficiencia de alimentos, sino también la imposibilidad de mantener una dieta saludable. Este fenómeno conlleva incremento en la desnutrición, abandono escolar y migración forzada, especialmente en las zonas rurales.

García demandó una respuesta multidimensional: “Urge que se tomen medidas, ya sea con sistemas de riego para los productores, con semillas resilientes a la sequía, pero sobre todo con la creación de fuentes de empleo”.

El 6 de marzo de este año, hace menos de veinte días, el ministro de Economía, Luis Caputo, fue preciso. “Pudimos sacar más de once millones de argentinos de la pobreza. Todavía la pobreza está rondando el 30 por ciento, un número aberrante. Pero insisto: miremos de dónde venimos, del 57 por ciento. Estamos significativamente mejor”.

Tres días después, el 9 de marzo, la situación había mejorado abruptamente. O al menos eso dijo el presidente Javier Milei. “Hemos bajado la pobreza en más de 27 puntos, sacando de la pobreza, en la versión de frecuencia mensual, a más de 10…a más de doce millones de personas”.

Una semana después de eso, se produjo otra mejora, más significativa aún. Eso dijo el presidente en la Bolsa de Comercio de Córdoba. “Hay cerca de 15 millones de argentinos que salieron de la pobreza. ¿Estoy diciendo que estamos bien? No. Pero estoy diciendo que sacamos a 15 millones de personas de la pobreza”.

Evidentemente, hay dos posibilidades. Una es que en solo diez días, entre el primero y el tercer discurso, cuatro millones de personas hayan salido de la pobreza. Se trataría de un récord histórico, y de una curiosidad, sobre todo porque no pasó nada en estos pocos días que justificara semejante transformación social. La otra chance es que todo esto sea un ejemplo de que el Gobierno bartolea –no existe mejor término— con las cifras de la pobreza. La evidencia que se acumula a favor de la segunda hipótesis es, como se verá, apabullante y no se refiere solo a la medición de la pobreza.

La cantidad de personas que dejaron de ser pobres constituye una referencia obsesiva en el discurso presidencial desde mucho antes del supuesto subidón de este mes. La saga es muy demostrativa. El 20 de diciembre del 2024 Milei dijo: “Sacamos de la pobreza a 8 millones de personas”. Pocos días después, el 8 de enero del 2025: “subió el número a 9 millones de personas. El 8 de junio de ese año sumó un millón más: “Los desalmados liberales bajamos 22 puntos la pobreza: sacamos a 10 millones de personas de la pobreza”. El 9 de agosto, otro millón. “La pobreza cayó al 31 por ciento. ¡Y no lo muestran! Sacamos a 11 millones de personas de la pobreza”. El 19 de septiembre: “Este gobierno sacó de la pobreza a 12 millones”. El 3 de diciembre: “Bastante laburo nos costó que 13 millones de argentinos salieran de la pobreza”. El 31, en el discurso por año nuevo: “Hoy hay 14 millones de argentinos menos en la pobreza”. El 22 de febrero, finalmente: “Sacamos 15 millones de la pobreza”.

Algo parecido ocurre con los datos de desempleo y de crecimiento. El 1 de marzo, durante la tumultuosa apertura de las sesiones ordinarias, el presidente se enredó en varias peleas a gritos con las bancadas opositoras. “¡¡La alergia que le tienen a los datos!! Estudiá burro. ¡El desempleo bajó!. Primero los datos. Pero ustedes no saben sumar. ¿Qué se puede esperar de ustedes? Dedicate a la poesía. ¡Los datos dicen que el desempleo bajó!”, se enfureció el Presidente, contra alguien a quien las cámaras no toman.

No fue solo Milei. El viernes de la semana pasada, Federico Sturzenegger publicó un largo tuit en el que sostenía. “SOBRE LOS 400.000 PUESTOS DE TRABAJO CREADOS EN LOS DOS PRIMEROS AÑOS DE LA PRESIDENCIA DE JAVIER MILEI. En su incansable intento de buscar sombras en el plan económico de Javier Milei y Luis Caputo, el argumento usado por estos días es el tema del empleo: que crece sí, pero sin empleo con empleo de baja calidad. Algunos directamente dicen que los empleos están cayendo. Los datos muestran otra cosa”.

La verdad es que el poeta opositor al que aludió Milei y los incansables que buscan sombras tenían razón. El miércoles pasado, el Indec distribuyó su informe trimestral de empleo. Los datos son categóricos. Milei recibió una economía con 5,7 por ciento de desocupados y la llevó a otra con 7,5 por ciento. Los jóvenes desocupados eran 11 por ciento hace dos años y ahora son el 16 por ciento. Si se agregan los datos del SIPA, que distribuye el mismo gobierno, se sabe que se perdieron cerca de 300 mil trabajos en relación de dependencia, o sea, en blanco, formales. Eso fue compensado en parte por la conversión de trabajadores formales en informales: en la informalidad se gana mucho menos, pero además se pierden las vacaciones, la obra social, las indemnizaciones.

Los datos oficiales informan que la creación de puestos de trabajo en los dos años es 0. La magnitud del problema se entiende con una simple comparación: con todos los problemas que tuvo, pandemia incluida, el gobierno anterior creó 1.250.000. Si a los desocupados se le suman los ocupados que quieren cambiar de empleo, o los subocupados que necesitan más trabajo, hay un treinta por ciento de la población activa con problemas serios de empleo. Entre los jóvenes, mucho más. Nada que celebrar. En cualquier caso, los datos de Milei y Sturzenegger estaban mal: el desempleo sube.

Las confusiones numéricas no se detienen allí. El viernes pasado, el Presidente y su ministro celebraban el dato de que la economía había crecido 4.4 por ciento en 2025. Ese número, por una vez, se apoya en un informe del indec que dice exactamente eso. Un año atrás, el mismo Indec, con la misma metodología, calculó que la economía había caído 1.7 por ciento. Eso deja un número de punta a punta de alrededor del 3 por ciento de crecimiento, lo que parece meritorio dado el ajuste que realizó el Gobierno. Sin embargo, Milei, Caputo y Sturzenegger, desde el primero de marzo, han dicho muchas veces que la economía creció 10 por ciento –tres veces más—en los últimos dos años.

O sea, la pobreza bajó en 8 millones, o en 15, o en algún número intermedio, vaya a saber. El desempleo bajó aunque el Indec diga que subió, y fuerte. La Argentina de Milei creció un 10 por ciento, cuando el mismo organismo calcula ese crecimiento en el 3. El último aporte a esta confusión se produjo esta semana cuando todo el Gobierno empezó a decir que la inflación era del 0 por ciento, cuando el Indec informó que es del 2,9. La pirueta se sostiene en la creencia de que la inflación mayorista, que fue del 0.9, anticipa la inflación general. Tal vez sea así. Pero en mayo del año pasado la inflación mayorista fue negativa (-0,2%) y, desde allí, la general no paró de subir. Así que tal vez sea así: y tal vez no lo sea.

Es un clásico que ocurre en todos los gobiernos. Los presidentes y sus ministros suelen dar agotadores a inútiles batallas para convencer a la sociedad de que todo anda bárbaro y que todo irá mejor aún. El mejor ejemplo de ello fue la intervención del indec del 2007, que derivó en afirmaciones inolvidables como la que sostenía que en la Argentina había menos pobres que en Alemania. Es increíble la cantidad de energía que se invierte en esa tontería. La gente sabe cómo vive. Si vive mejor, seguramente vote al gobierno más allá de que se manipulen las cifras o no. Pero, en este caso, además de la ingenuidad, sorprende el amateurismo de la maniobra, que queda tan expuesta apenas se revisa cualquier dato concreto. Encima, todo va acompañado por bravuconerías y fanfarronadas. Da ganas de pedir que alguien ponga orden. Pero se ve que no hay tiempo o no es el estilo de la casa.

De todos modos, este contraste entre el relato oficial y la realidad, permite analizar a grandes rasgos lo que está pasando en la economía y la sociedad argentina, con el cuidado del caso porque se trata de temas complejísimos.

Cuando se refieren a la evolución de la pobreza, Milei y Caputo sostienen que recibieron un 57 por ciento de pobres. Eso no fue así. La medición correspondiente al segundo semestre del 2023 informó que había 41 por ciento. O sea, muchos menos. Encima, el último mes ya había recibido el impacto de la fuerte devaluación decidida por Milei. Así que tal vez haya sido algo menor. Pero toman como dato de inicio el 57 por ciento porque sostienen que los efectos de la devaluación deben computarse a la cuenta del gobierno anterior. Ellos devaluaron pero los pobres que se generaron por esa medida pertenecen a la gestión anterior: una gran novedad en la historia de la estadística mundial. Dicho sea de paso, la primera medición del período de Milei arroja la cifra de 52,9 por ciento, no del 57.

Ahora, si recibieron algo menos de 41 por ciento, y la última medición es del 31, la caída sería de diez puntos, algo muy meritorio. El problema es que la canasta del indec no se actualizó como recomendaba el mismo Indec y eso genera todo tipo de debates. Si la inflación no se mide como se debe, eso impacta en las otras mediciones. La Universidad Di Tella, por ejemplo, sostiene que con una medición apropiada el número de pobres subiría seis puntos, o sea que la mejora sería mucho más moderada. Hay otras discusiones que la reducirían un poco más aún.

En cualquier caso, al menos por ahora, el Gobierno podría decir que bajó algo la cantidad de pobres lo que invierte la tendencia recibida. Y merecería reconocimiento por eso. Pero la exageración llevada hasta el nivel del disparate impide ver ese detalle. Para Milei sería toda una ofensa reconocerle que, hasta ahora, bajó cuatro o cinco puntos la pobreza, cuando él dice que fueron 27. Mejor, entonces, no decírselo.

Lo mismo ocurre con el crecimiento. Frente al discurso más tremendista que pronosticaba una catástrofe con la llegada de Milei al poder, ese crecimiento real del 3 por ciento es una buena noticia. En esas cifras se percibe, por ejemplo, el vertiginoso desarrollo del sector energético, que parece destinado a convertir a la Argentina en un país petrolero, con características muy distintas a lo que ocurrió en toda su historia. Eso generaría un ingreso de dólares muy importante. Se trata de un proceso que se inició con el descubrimiento de Vaca Muerta y los primeros planes de desarrollo puestos en marcha por Cristina Kirchner y Axel Kicillof. Este gobierno lo aceleró con múltiples incentivos. Su continuidad hasta ahora ha sido una política de estado virtuosa que va a aliviar las cuentas y, bien manejada, podría cambiar para bien el futuro argentino.

Ese proceso virtuoso va acompañado de un dato preocupante. Es muy inusual que la economía crezca y el empleo caiga. O sea, pareciera que se está produciendo un proceso de acumulación de riqueza que, al mismo tiempo, puede generar desintegración social, mucho más si desde el Estado no se establece una estrategia para mitigar los dolores de la transición. En la combinación de esos datos –crecimiento económico, crecimiento del desempleo—parecen anidar preguntas que necesitan ser abordadas con seriedad y menos griterío.

No se trata solo del país sino, en lo inmediato, también del Gobierno. Los estudios de opinión en estos días coinciden en que se produjo una caída relevante de la imagen presidencial y de las expectativas hacia el futuro. Eso va acompañado de una preocupación novedosa que deja a todas las demás atrás: lo que más angustia a los argentinos son los bajos salarios. La contracara de eso se puede ver en los balances deficitarios de las grandes empresas alimenticias o en la subida vertical de la morosidad. Todo eso, en medio de un festival de escándalos de corrupción.

Don Quijote de la Mancha era un hermoso personaje que se inventaba una realidad porque su vida gris le resultaba insoportable. Sus grandes batallas contra molinos de viento son recordadas a lo largo de generaciones. La historia política mundial está repleta de personajes que reproducen aquellos rasgos encantadores de ese personaje tan singular. Negación de la realidad, peleas tremebundas contra enemigos imaginarios. Tal vez no sean los rasgos más apropiados para gobernar un país. Pero tampoco se trata del peor de los defectos. Como se puede ver en estos días, hay peores.

En medio de una situación de emergencia que afecta a varias regiones del Líbano, cifras recientes indican que 53 centros médicos han interrumpido sus actividades y que, solo durante marzo, 34 trabajadores sanitarios han perdido la vida. Este contexto, caracterizado por evacuaciones masivas y ataques recurrentes, ha generado el desplazamiento forzoso de más de un millón de personas que se han visto obligadas a abandonar sus hogares en cuestión de horas. De acuerdo con la información publicada por Médicos Sin Fronteras (MSF), las operaciones militares israelíes han desencadenado consecuencias humanitarias graves tanto en el sur del país como en Beirut, donde la situación se agrava cada día.

Según consignó el medio al recoger las declaraciones de Emmanuel Massart, coordinador de emergencias de MSF en Líbano, la dinámica de los bombardeos y las órdenes de evacuación que emite el ejército israelí cubren en la actualidad un 15% del territorio libanés. Massart relató que este tipo de escenario, en el que la población se ve forzada a abandonar sus viviendas con escaso o ningún aviso para protegerse de ataques inminentes, muestra similitudes preocupantes con lo ocurrido en Gaza durante los tres años previos. En sus declaraciones, Massart sostuvo: “Lo que estamos viviendo ahora en Líbano me recuerda demasiado a lo que llevamos tres años viviendo en Gaza. Se ve claramente una repetición de un escenario en el que las personas reciben, de un día para otro, órdenes de evacuación. O a veces ni siquiera eso”.

La ONG advirtió, según informó MSF, que las personas desplazadas enfrentan múltiples traslados, pues los anuncios de nuevas evacuaciones alcanzan también a los lugares a los que llegan inicialmente en busca de refugio. Massart alertó sobre la ausencia de zonas seguras, señalando que “ya no hay realmente espacios que se puedan considerar seguros, ni siquiera en los campamentos”. En cuanto a la provisión de servicios básicos, el coordinador resaltó que existe una necesidad apremiante de atención médica, acceso a agua y estructuras sanitarias adecuadas como letrinas y duchas. Según detalló MSF, la cobertura de estos servicios dependen en este momento de unas pocas organizaciones humanitarias que todavía operan sobre el terreno y de iniciativas individuales, las cuales pueden agotarse pronto.

El medio reportó que la intensificación de las operaciones terrestres israelíes ha puesto a prueba la capacidad de respuesta de las organizaciones internacionales y locales, ya que la destrucción de infraestructuras sanitarias limita severamente la atención disponible para la población afectada. MSF recalcó que muchas de las muertes entre trabajadores sanitarios están directamente relacionadas con el contexto de hostilidades persistentes y la falta de garantías para el desempeño de tareas humanitarias.

Tal como publicó el medio, las secuelas del conflicto tienen una dimensión económica amplia, pues el Líbano ya enfrenta dificultades estructurales en la cobertura de necesidades básicas. Médicos Sin Fronteras subrayó que el 70% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza, lo que agrava el impacto de la crisis humanitaria y restringe la capacidad de las familias para hacer frente al desplazamiento y la pérdida súbita de bienes y viviendas. Además, MSF puntualizó que el desabastecimiento de suministros médicos y materiales de primeros auxilios afecta a los hospitales y clínicas que continúan abiertos en las áreas afectadas.

En cuanto a las zonas más golpeadas, MSF señaló que tanto Beirut como el sur del Líbano figuran entre las áreas con mayores niveles de evacuaciones y pérdidas materiales. El número de personas obligadas a desplazarse, que supera el millón, refleja la escala de una crisis prolongada cuya resolución requiere una intervención humanitaria urgente.

MSF ha hecho reiterados llamados a la comunidad internacional y a los gobiernos para que se refuercen los sistemas de protección para civiles, trabajadores humanitarios y centros sanitarios. A través de un mensaje directo, la organización instó a que se garantice el acceso sin restricciones a la ayuda humanitaria para las personas afectadas y que se intensifique el apoyo dirigido a cubrir las necesidades básicas, incluidas la salud, el agua y los servicios de saneamiento.

De acuerdo con los datos recogidos por el medio, las acciones bélicas en el sur del Líbano y en Beirut han transformado la situación humanitaria y han aumentado la presión sobre las organizaciones que prestan asistencia. Mientras tanto, las autoridades y organismos internacionales evalúan las alternativas disponibles para coordinar la llegada de suministros y la protección de los equipos de asistencia ante el deterioro de las condiciones de seguridad en el país.

MSF alertó que, si no se materializa un aumento en la ayuda internacional y el acceso a los desplazados sigue restringido por razones de seguridad y recursos, la crisis en el Líbano podría profundizarse en las próximas semanas. La ONG reiteró que el mantenimiento operativo de estructuras sanitarias y servicios de emergencia resulta fundamental para evitar la extensión de un escenario aún más devastador para la población civil.

Durante años, niños de entre 3 y 16 años han sido obligados a mendigar en las rotondas y mezquitas. A veces hasta 15 horas al día mientras sus padres se lucraban del dinero recolectado. Vestidos con largos vestidos y velos islámicos, los menores se hacían pasar por refugiados sirios, apelando a la generosidad de los fieles durante el Ramadán, aunque no profesaban la fe musulmana.

Las imágenes de niños pequeños limpiando cristales en semáforos o pidiendo limosna a los automovilistas se repitieron durante meses en localidades como Seine-Saint Denis, un barrio cercano a París, Aulnay-sous-Bois, Villepinte y Bondy, hasta que las autoridades iniciaron una investigación que llevó a dos familias de origen rumano ante la justicia.

Durante el juicio celebrado en los días 19 y 20, los menores fueron la principal fuente de información sobre la explotación sufrida. Uno mayor relató que llegó a mendigar durante ocho meses consecutivos, obteniendo un promedio diario de 200 euros. Otro contó que apenas había asistido a la escuela tres meses desde su llegada a Francia a los siete años, según recogen diversos medios franceses.

Gabriela G, de 17 años, fue arrestada junto a su sobrino de tres años, ambos obligados a pedir limosna. “La gente es más generosa delante de los niños”, admitió ante el juez. “Es la tradición de donde venimos. Mucha gente hace esto con niños”, explicó una de las acusadas.

Ganancias millonarias

El primer día del juicio, un perito reveló que las familias habían recaudado aproximadamente 130.000 euros en un solo mes, con la participación de unas 15 personas. La policía también halló 62.000 euros en efectivo y vales de Western Union destinados a Rumanía.

Roman K, uno de los acusados, admitió parcialmente los hechos, pero negó haber explotado directamente a los niños. “Mis hijos no estaban pidiendo limosna; simplemente estaban conmigo”, defendió su esposa ante el tribunal. Sin embargo, los jueces y los investigadores desestimaron esta versión tras constatar la escolarización incumplida y las grandes sumas de dinero en efectivo.

La investigación también reveló un patrón organizado: las mujeres se posicionaban en lugares de alto tránsito y cerca de mezquitas, con el objetivo de apelar a la sensibilidad religiosa durante el Ramadán. Según el juez Youssef Badr, “este subterfugio puede resultar muy lucrativo”.

Condenas previas y reiteración del delito

Este caso se enmarca en un contexto más amplio de explotación infantil en Francia. El 31 de octubre de 2025, otra familia fue condenada a penas de dos a cuatro años de prisión por obligar a menores de su clan familiar a mendigar durante varios años, con retirada de la patria potestad.

En ese caso, los niños trabajaban en semáforos y rotondas para recolectar dinero, y se documentó la participación de hijastras adolescentes, algunas embarazadas. Los registros domiciliarios en ambos casos evidenciaron que los ingresos de la mendicidad constituían la principal fuente de sustento para estas familias. La policía también documentó transferencias internacionales hacia Rumanía, lo que confirma la explotación sistemática y organizada.

El veredicto del caso principal de Bobigny se espera para el viernes por la noche. Según la abogada de los menores y en colaboración con la asociación SOS Víctimas 93, varios de los niños han regresado provisionalmente a convivir con sus familias tras pasar por el sistema de protección infantil.

Un reciente informe elaborado por la organización Tejido Urbano, basado en el procesamiento estadístico de datos del Censo 2022 y la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), reveló una radiografía crítica sobre las condiciones de vida en el país. De acuerdo con la investigación, de los 14,6 millones de hogares urbanos censados, 10,7 millones presentan algún tipo de problemática habitacional. Esto significa que el 73% de las familias argentinas reside en viviendas con deficiencias materiales, falta de servicios, hacinamiento o inseguridad en la tenencia.

El estudio propone una visión ampliada del déficit habitacional, incluyendo no solo las carencias materiales tradicionales, sino también la falta de escrituras y la dificultad de acceso a la propiedad que enfrentan los inquilinos. “En este trabajo se cuantifica un amplio conjunto de problemáticas para luego calcular la cantidad de hogares que están afectados por cada caso, y la superposición de problemas que pueden darse”, explica el documento técnico.

La necesidad de nuevas viviendas por condiciones críticas

El primer gran grupo identificado por Tejido Urbano corresponde a los hogares que requieren una vivienda adicional, un segmento que abarca a 1.021.798 familias, lo que representa el 9,6% del déficit total. Esta categoría agrupa tres situaciones de extrema precariedad que, en la mayoría de los casos, requieren una mudanza o un cambio estructural profundo.

La problemática más extendida en este sector es la de las viviendas irrecuperables, que afecta a más de 510.000 hogares. Se trata de ranchos, casillas o piezas en inquilinatos que no cuentan con las condiciones mínimas de habitabilidad y no pueden mejorarse con refacciones aisladas. Por otro lado, el hacinamiento crítico —definido como aquellos hogares donde conviven más de tres personas por cuarto— alcanza a 372.000 familias. Finalmente, más de 230.000 hogares se ven obligados a compartir una misma vivienda con otra familia, lo que impacta directamente en la privacidad y la salud de sus integrantes.

El informe destaca que “los hogares que tienen estas problemáticas son los que tienen los niveles más bajos de ingreso”. Específicamente, el 84% de las familias que comparten vivienda y el 79% de quienes habitan estructuras irrecuperables pertenecen a los estratos sociales más vulnerables.

Déficit en viviendas existentes: servicios y papeles

La mayor parte del problema habitacional en Argentina no reside en la falta de techos, sino en las carencias de las construcciones actuales. Este segundo grupo, denominado “necesidades en viviendas existentes”, involucra a 7,4 millones de hogares, es decir, casi el 70% de las familias con problemas habitacionales.

Dentro de este universo, la falta de acceso a servicios básicos de red (agua potable y cloacas) es la carencia más masiva, afectando a 5 millones de hogares. La investigación subraya que esta situación tiene un alto impacto en la salud pública y la calidad de vida. Asimismo, 4,7 millones de familias enfrentan la irregularidad dominial. “Las condiciones de regularidad en el dominio de las viviendas determinan el nivel de seguridad ante desalojos y abusos”, señala el texto.

Un dato relevante es que, a diferencia de los casos de viviendas irrecuperables, en este grupo existe una alta superposición de problemas. La mayoría de los hogares que habitan viviendas con materiales deficientes (como pisos de tierra o techos precarios) también carecen de servicios y de escrituras. Sin embargo, el estudio aclara que muchas de estas casas son “recuperables” mediante mejoras sencillas en pisos y techos, siempre que se garantice simultáneamente la infraestructura de red y la seguridad jurídica.

El desafío de la integración en los barrios populares

Una problemática transversal es la localización de las viviendas en entornos deficitarios. Según el Relevamiento Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP) citado en el informe, en Argentina existen 1,2 millones de familias residiendo en villas, asentamientos o conjuntos habitacionales degradados.

Para estos casos, la necesidad supera la escala individual de la casa y requiere una “integración urbana concreta”. Esto implica obras de espacio público, vialidades, equipamiento comunitario y saneamiento ambiental. El informe advierte que los procesos de mejora barrial que no finalizan con la escrituración de los lotes “suelen reproducir los males que afectaban al barrio degradado”. En situaciones de villas de alta densidad, donde el trazado de calles no permite un mínimo de calidad urbana, el estudio menciona que podrían requerirse incluso relocalizaciones de viviendas.

Inquilinos: el nuevo perfil del déficit habitacional

Finalmente, el estudio incorpora a un sector que tradicionalmente no era contabilizado como parte del déficit: los hogares inquilinos que, aunque viven en construcciones adecuadas, enfrentan la imposibilidad de acceder a la propiedad. Este grupo alcanza a 2,3 millones de hogares y representa el 21% de las problemáticas habitacionales del país.

“Alquilar puede ser una opción elegida, pero la propiedad de la vivienda tiene ventajas en términos de seguridad y resguardo del patrimonio familiar”, afirma la investigación. Este segmento presenta características sociales distintas a los grupos anteriores: el 36% son personas que viven solas, tienen un nivel educativo por encima de la media y se ubican mayoritariamente en zonas céntricas.

A diferencia de los sectores de ingresos bajos, los inquilinos poseen una “demanda latente” de mecanismos de financiamiento. El informe concluye que para este grupo, el acceso a créditos hipotecarios que permitan sortear la barrera del ahorro previo es fundamental, dado que han demostrado una alta voluntad de pago y bajos índices de morosidad histórica cuando las condiciones de préstamo son favorables.

La Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar actualmente cubren menos de la mitad del valor de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) en el Gran Buenos Aires, según datos del Observatorio de la Deuda Social de la UCA. Este porcentaje representa la proporción del ingreso mínimo necesario para que una familia acceda a una alimentación adecuada.

A pesar de que el informe de la UCA señaló una recuperación en 2024, los datos muestran que estas transferencias solo alcanzan a solventar entre el 39% y el 62% de la CBA.

La Canasta Básica Total (CBT) estima el ingreso necesario para cubrir todas las necesidades esenciales de un hogar y, en su último dato disponible, se ubicó en $1.397.672; en tanto, la CBA, que solo contempla el costo de los alimentos, alcanzó los $644.088 para una familia tipo en febrero. Los hogares cuyos ingresos no cubren la CBA se consideran en situación de indigencia, mientras que aquellos que no alcanzan la CBT son clasificados como pobres.

Según surge del informe, ni siquiera en los mejores años de la serie 2016–2026, la asistencia estatal llegó a cubrir la totalidad de la canasta, de manera que la brecha estructural se amplía con cada ajuste inflacionario.

Menos de la mitad de la canasta alimentaria

De acuerdo con los datos a febrero de 2026, los hogares tipificados como tipo C —integrados por dos adultos y tres niños— lograron una cobertura del 61,7% sobre la CBA, mientras que los hogares tipo B, conformados por dos adultos y dos niños, llegaron al 44,8%. La situación más crítica afecta a los hogares tipo A, compuestos por dos adultos y dos adolescentes, donde la cobertura alcanzó solo el 39,1 por ciento.

El panorama se agrava cuando se considera la CBT. En este caso, la cobertura desciende a 28% en hogares tipo C, 21% en hogares tipo B y 18% en hogares tipo A.

Estos porcentajes de cobertura no solo son bajos, sino que reflejan un descenso respecto de los años previos: en noviembre de 2024, las mismas transferencias cubrían el 71%, 52% y 45% de la CBA para los hogares tipo A, B y C respectivamente, y el 31%, 23% y 20% de la CBT.

Entre abril de 2016 y febrero de 2026, el comportamiento de la cobertura de la AUH (al 80%) y la Tarjeta Alimentar sobre la CBT y la CBA mostró fluctuaciones sensibles, registrando sus picos más altos en 2020, coincidentes con las políticas extraordinarias adoptadas durante la pandemia de COVID-19. En ese contexto, los hogares tipo C llegaron a cubrir el 32,6% de la CBT, los tipo B el 24,4% y los tipo A el 13,6 por ciento.

Sin embargo, poco después de ese año, los porcentajes retomaron una curva descendente. A pesar de mejoras puntuales en 2024 impulsadas por aumentos extraordinarios en los montos y la extensión de la Tarjeta Alimentar, así como la aplicación de una nueva fórmula de actualización de la AUH, la brecha nunca se cerró completamente.

El informe destaca que, incluso en 2026, los valores máximos quedaron lejos de cubrir íntegramente la canasta básica: ninguna familia tipo llegó al 100% en la serie entre 2016 y 2026. El deterioro mayor se evidenció en 2024, cuando hubo coberturas mínimas de 37,6%, 28,1% y hasta un 12% para algunos grupos familiares, lo que en la práctica significó que “hubo momentos en los que la ayuda estatal cubría apenas una décima parte de los alimentos básicos”, según la UCA.

Un aspecto central del estudio es la brecha entre la canasta oficial calculada por el Indec y la que surge de parámetros de gasto más recientes. Mientras la CBT oficial se construye en base a la Encuesta Nacional de Gastos de Hogares de 2004/2005, la revisión con datos de la ENGHo 2017/18 sugiere que la canasta alternativa es entre un 42% y un 55% mayor desde 2018, y que en consecuencia, la cobertura de AUH y Tarjeta Alimentar resulta entre un 30% y un 35% menor.

Con este ajuste, los datos de cobertura en febrero de 2026 quedarían en 12% para el hogar tipo A, 13% para el tipo B y 18% para el tipo C, entre 6 y 10 puntos porcentuales menos que la canasta oficial utilizada.

El acceso a la vivienda marca una clara línea divisoria en la desigualdad social en España, un desafío que se acentúa entre quienes alquilan, ya que el 61% no consigue ahorrar debido al elevado coste de la renta, según un nuevo informe de Oxfam Intermón que sitúa el alquiler como un obstáculo central en la economía de miles de hogares y advierte sobre el riesgo de perpetuar una brecha social de difícil superación. En contraste, indica el estudio, el 60% de quienes tienen su casa completamente pagada sí ahorra todos los meses.

“El acceso a la vivienda supone un gran esfuerzo para millones de personas pero es especialmente difícil para quienes pagan una renta. En esta situación se perpetúa la ‘trampa del alquiler’: los altos precios impiden ahorrar y dificultan reunir la entrada para una hipoteca. Como resultado, muchas personas quedan atrapadas en un mercado del alquiler cada vez más asfixiante”, ha explicado Alejandro García-Gil, autor del informe y responsable de políticas de protección social y empleo de Oxfam Intermón.

El estudio La vivienda, cimiento de desigualdades, elaborado a partir de una encuesta a más de 4.000 personas, también indica que más de la mitad de quienes viven de alquiler, el 58%, considera improbable poder adquirir una vivienda en el futuro.

La organización recuerda que, actualmente, el 85% de las personas inquilinas destina más del 30% de sus ingresos al pago de la renta y una de cada tres supera el 50%. Entre los hogares con hipoteca, la presión también es muy elevada: el 62% dedica más del 30% de sus ingresos al pago de la vivienda, y una de cada cinco, el 50%, añaden.

Mismos ingresos, menor ahorro en alquiler

El informe también evidencia que el régimen de vivienda condiciona la capacidad de ahorrar más que el propio nivel de ingresos. Entre quienes perciben el salario mínimo interprofesional (SMI), el 58,6 % de los propietarios logra ahorrar frente a solo el 32,4 % de los inquilinos. Incluso, una persona con vivienda pagada y SMI tiene más probabilidad de ahorrar que un inquilino con un salario de 2.000 euros. Un inquilino que gana 2.000 euros al mes presenta prácticamente la misma capacidad de ahorro (51,9%) que alguien con hipoteca y un salario de 1.500 euros (50,2%), añade el estudio.

Por ello, desde Oxfam Intermón advierten sobre la consolidación de una brecha estructural. “Corremos el riesgo de consolidar una brecha cada vez mayor entre quienes destinan gran parte de sus ingresos al alquiler y quienes ya cuentan con vivienda y capacidad de ahorro. Una desigualdad que puede marcar el futuro social y económico del país”, señala García-Gil.

Desahucios invisibles

El encarecimiento del alquiler no solo ha reducido la capacidad de ahorro, sino que ha incrementado la inestabilidad residencial. Una de cada tres personas inquilinas, alrededor de tres millones, sufrió en el último año los llamados “desahucios invisibles”, es decir, finalizaciones de contrato o subidas inasumibles de la renta que forzaron mudanzas. Esta situación afecta con más fuerza a personas extracomunitarias (37%) y a jóvenes menores de 35 años (31,9%), de los cuales uno de cada dos tuvo que regresar al hogar familiar. Seis de cada diez mudanzas implicaron abandonar el barrio o el municipio de residencia, lo que, según el informe, debilita las redes sociales y comunitarias.

El aumento del precio del alquiler no solo ha dejado a miles de hogares sin margen para ahorrar, sino que también ha incrementado la inestabilidad residencial. En el último año, una de cada tres personas inquilinas, alrededor de tres millones, se ha visto afectada por los llamados “desahucios invisibles”, ya que se han visto obligadas a mudarse por el fin del contrato o por subidas de renta imposibles de asumir. Estos desahucios, acalra el informe, golpean con más fuerza a personas extracomunitarias y a jóvenes menores de 35 años. En este último grupo, una de cada dos personas tuvo que regresar a casa de sus padres. Además, el 60% de las mudanzas supuso dejar atrás el barrio o el municipio, debilitando los lazos sociales y las redes de apoyo que sostienen la vida cotidiana.

Más de una cuarta parte de los residentes de Nueva York vivieron en pobreza durante 2024, una tendencia ascendente que afecta a más de 2,2 millones de personas y expone la gravedad de la crisis en la mayor ciudad de Estados Unidos.

El aumento de las cifras ocurre en un contexto de encarecimiento continuo de bienes básicos como vivienda y alimentos, mientras que las ayudas públicas y los ingresos no siguieron el mismo ritmo de crecimiento, según informó The New York Times sobre un estudio realizado por la Universidad de Columbia.

La investigación, conocida como Poverty Tracker, reveló que el 26% de la población neoyorquina se encuentra en situación de pobreza, lo que duplica el promedio nacional de 13%.

Este fenómeno persistió durante tres años consecutivos y coincide con la implementación de recortes a la red de protección social, que de acuerdo con el informe, podrían llevar cada año a 70.000 personas más por debajo del umbral de pobreza. La estimación no incluye los recortes adicionales a Medicaid derivados de la misma legislación federal.

La pregunta central que plantea el reporte Poverty Tracker fue clara: ¿Cómo afecta la crisis de asequibilidad de Nueva York al día a día de su población? En 2024, más del 50% de los residentes reconoció que, al menos en una ocasión, los altos costos les impidieron satisfacer necesidades esenciales como comprar alimentos, pagar servicios o acudir al médico.

Entre quienes perciben hasta USD 100.000 anuales por hogar de cuatro integrantes —cerca de 5 millones de personas—, un 34% no pudo cubrir sus necesidades básicas en repetidas ocasiones, una cifra solo ligeramente inferior al 38% registrado entre la población considerada pobre. Además, incluso entre aquellos con ingresos de hasta USD 150.000 anuales, 22% enfrentó carencias materiales.

Impacto de la pobreza en la vida cotidiana

Richard R. Buery Jr., director ejecutivo de la organización Robin Hood, advirtió en declaraciones a The New York Times que estas cifras reflejan una situación visible en la vida cotidiana de la ciudad: “La mayoría de las personas que ve en el metro, a fin de mes no saben si podrán alimentar a sus familias”.

El informe adopta una medición de la pobreza que incluye el costo real de vida en Nueva York, a diferencia del cálculo federal estándar, e incorpora indicadores adicionales como problemas de salud física y mental, o la privación material, que define como la imposibilidad de cubrir necesidades básicas, como alimentación o alquiler, o la falta de dinero entre dos ingresos.

La directora de investigación del Center on Poverty and Social Policy de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Columbia, Sophie M. Collyer, resumió el panorama: “El gran hallazgo es que en 2024, la privación económica en Nueva York era la norma”.

Recortes federales con acceso a la ayuda alimentaria

Los recortes federales al programa SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program) han endurecido los requisitos para acceder a la ayuda alimentaria, parte del paquete legislativo conocido como One Big Beautiful Bill Act, aprobado en el último año.

Según el informe citado por The New York Times, la reducción fue del 20% y se eliminaron exenciones para adultos de entre 55 y 64 años, jóvenes que salieron de hogares de acogida, veteranos y personas sin vivienda. De los receptores en edad laboral, la mayoría ya cuenta con empleo o reside con alguien que trabaja; quienes no lo hacen reportan discapacidades o mala salud.

Testimonios y consecuencias directas en los hogares

La situación afecta de manera directa a miles de neoyorquinos, como Martina Santos, de 67 años, quien, pese a recibir SNAP, debe a veces saltarse comidas. “Desayuno. No almuerzo —bebo mucha agua— para tener algo para cenar”, comentó, sobre su situación.

Santos, que reside cerca de Lehman College en el Bronx, colabora en organizaciones asistenciales y enseña a preparar platos saludables y económicos. Como paciente diabética, se ve obligada a priorizar alimentos que mantengan equilibrada su glucemia, aunque no siempre puede permitirse productos frescos.

Medidas propuestas y alcance de la crisis

El Poverty Tracker evalúa 3.000 hogares representativos de la ciudad y sostiene que, ante los recortes federales, se requieren medidas locales y estatales para contrarrestar el impacto, como ampliar los vales de vivienda, aumentar el crédito fiscal infantil y complementar con fondos estatales las prestaciones alimentarias.

Para el ejecutivo Buery, el alcance del problema trasciende a los perceptores de ayudas: “Esta es una crisis porque, al final, de lo que hablamos es de la estabilidad económica de la ciudad. No son solo problemas de quienes reciben SNAP, son problemas de toda la economía”.

En Haití, más de 1,4 millones de personas viven actualmente desplazadas, la mitad de ellas menores de edad, una cifra que refleja la magnitud de la emergencia humanitaria que atraviesa el país caribeño. Según la organización Mary's Meals, los niños que asisten a los centros educativos donde se ofrece un plato diario tienen una razón no solo para permanecer en las aulas, sino también para focalizarse en sus estudios y encontrar un entorno seguro. La crisis alimentaria que afecta a Haití ha escalado hasta convertirse en la peor de su historia, según consignó Mary's Meals, organización que ha emitido un llamado urgente para reforzar el apoyo internacional y evitar el agravamiento de la situación para millones de habitantes.

De acuerdo con la información de Mary's Meals, más de la mitad de la población haitiana, 5,7 millones de personas, se enfrentan a la inseguridad alimentaria, con un millón de niños incluidos en esa cifra. El programa de la entidad social asiste actualmente a casi 200.000 menores en 670 centros educativos, operando junto a socios locales para brindar alimentos en condiciones cada vez más complicadas. Tal como publicó Mary's Meals, la crisis ha generado obstáculos significativos para la continuidad educativa y el acceso a alimentos básicos, lo que convierte a la alimentación escolar en una prestación esencial que va más allá de la mera nutrición y se convierte en un sostén para la estabilidad social y la protección infantil.

Magnus MacFarlane-Barrow, fundador y director ejecutivo de la organización, afirmó que no previó un deterioro tan marcado en el país dos décadas después del inicio de sus operaciones allí. "La pobreza, el hambre y la inestabilidad siguen bloqueando el camino de los niños hacia la educación", reconoció el directivo, quien también destacó el compromiso de la entidad para mantener el programa. MacFarlane-Barrow remarcó la importancia de continuar proporcionando esa comida diaria a las niñas y niños haitianos, en medio de un contexto que amenaza con dejar fuera del sistema de aprendizaje a una generación entera.

La composición demográfica del país complica todavía más el escenario futuro: según datos difundidos por Mary's Meals, más de la mitad de la población de Haití tiene menos de 25 años y uno de cada cinco habitantes tiene entre 15 y 24 años. Estos datos sostienen el alerta sobre los riesgos de una "generación perdida", expresión que utilizan grupos humanitarios y personal local frente a una coyuntura donde carecen de acceso a servicios básicos, estabilidad y educación.

La coordinadora principal del programa de alimentación escolar en Haití de Mary's Meals, Emmline Toussaint, compartió su percepción sobre las dificultades actuales. "La situación en Haití siempre ha sido difícil, pero no recuerdo un momento tan desesperado como ahora. Recuerdo mi propia infancia: podías salir al patio y jugar con otros niños de tu edad. Hoy, si pasa un día sin escuchar disparos, es un gran día", relató Toussaint al medio. De esta manera, subrayó la gravedad del contexto de violencia, el riesgo constante y el impacto psicológico sobre la infancia haitiana.

El medio Mary's Meals señaló que el agravamiento de la situación general ha elevado considerablemente los costes asociados a la implementación de los programas de ayuda alimentaria. El incremento de los precios de los alimentos y del combustible impacta directamente en el transporte seguro de insumos, puesto que los proveedores se ven obligados a usar rutas más extensas y costosas, aunque menos peligrosas, para evitar las carreteras bajo control de bandas armadas. Estas limitaciones logísticas representan desafíos extra para llevar comida a los centros escolares y mantener la cobertura actual de beneficiarios.

El llamado de Mary's Meals invita a la comunidad internacional y local a respaldar el acceso de los menores haitianos a educación y alimentación, advirtiendo sobre una grave amenaza al futuro del país si las generaciones más jóvenes pierden estas oportunidades básicas. Según reportó la organización, esta ayuda resulta imprescindible, no solo para impedir que miles de niños y adolescentes pasen hambre, sino para sostener posibilidades educativas y fortalecer las perspectivas de Haití en los próximos años.

Luego de que se confirmaron los 14 aspirantes presidenciales con su fórmula vicepresidencial el viernes 12 de marzo de 2026, el comediante, activista y creador de contenido Alejandro Riaño compartió una de las entrevistas que dejó ver las aspiraciones de una joven senadora Paloma Valencia, y que dejó ver sus posiciones sobre varias problemáticas que, de seguro, serán el centro de los próximos debates que se avecinan.

Aspectos como la superación de la pobreza, propuestas sobre justicia, impunidad, el Acuerdo de paz, la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz), la violencia, seguridad, narcotráfico, el rol de las mujeres en la política y su relación con el expresidente Álvaro Uribe fueron algunos de los puntos que abarcaron la conversación que se llevó a cabo en 2020 en uno de los pasajes del Congreso.

Sin embargo, el famoso personaje de Riaño (y que llevó a cabo la entrevista) ‘Juanpis González Pombo’, compartió la noche del viernes 13 de marzo en su cuenta de Instagram uno de los fragmentos que generó decenas de reacciones entre los usuarios

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“Si a usted le va bien, usted puede ayudar a mucha gente. Uno no ayuda a la gente desde la pobreza, uno ayuda desde la riqueza. Y la riqueza solo se construye en el mercado, en el capitalismo y en la propiedad privada. Eso es lo que ha permitido que la humanidad salga adelante”, dijo en esa ocasión Valencia, senadora del Centro Democrático y candidata presidencial para la jornada electoral del domingo 31 de mayo de 2026 en Colombia (primera vuelta).

La congresista que busca convertirse en la primera mandataria en la historia del país, defendió que la superación de la pobreza en Colombia no tiene una respuesta sencilla, aunque destacó avances históricos.

Para ella, hace un siglo, la mayoría de los colombianos no sabía leer y carecía de zapatos, mientras que hoy existe una población más educada, y recalcó que la clave está en la expansión de los mercados y la competencia, pues considera que solo con una buena educación y acceso al mercado las personas pueden prosperar.

A su juicio, el reto es profundizar el capitalismo y garantizar la competencia, dado que “el Estado adjudica rentas” y esto impide que quienes quieren emprender puedan hacerlo en igualdad de condiciones.

También explicó que la regulación de los mercados limita la iniciativa y la innovación, y reiteró que “la riqueza solo se construye en el mercado, en el capitalismo y en la propiedad privada”.

Para Valencia, la historia reciente muestra que la competencia mejora los precios y amplía las oportunidades para todos. Por ende, puntualizó sobre la necesidad de que cualquier persona pueda vender, comprar y participar en igualdad de condiciones, sin barreras regulatorias que favorezcan a unos pocos.

Propuestas sobre justicia, impunidad y reformas institucionales

Paloma Valencia expresó en ese entonces la preocupación por la percepción de impunidad en Colombia, especialmente frente a delitos graves, y consideró que la justicia “no opera para todos igual” y afirmó que en el país “hay una impunidad del noventa y cinco por ciento”.

Ella criticó que algunos sectores se acostumbraron a que la justicia no funcione y que la corrupción sea tolerada, agregó que es urgente una reforma a la justicia, pues percibe que los ciudadanos sienten que “la justicia es para los de ruana”, mientras personas con poder o vínculos políticos logran evadir las consecuencias de sus actos.

Valencia planteó que el Congreso necesita una transformación que permita una mayor cercanía con la ciudadanía y una rendición de cuentas real, y recalcó la importancia de que las instituciones respondan a las necesidades de la gente y no a intereses particulares.

Acuerdo de paz, JEP y tratamiento a las fuerzas armadas

Paloma Valencia abordó el acuerdo de paz y la Justicia Especial para la Paz (JEP) con un enfoque crítico, al considerar que el proceso dejó vacíos en materia de justicia y reparación, especialmente en lo que respecta a las víctimas.

La candidata presidencial cuestionó en ese momento que algunos responsables de delitos graves no reciban sanciones proporcionales y sostuvo que esto afecta la confianza en las instituciones.

Valencia defendió la necesidad de que la justicia sea igual para todos y señaló que los miembros de las fuerzas armadas han sido tratados de manera desigual frente a excombatientes de grupos armados ilegales.

Además, ella reclamó que no puede haber una justicia “con privilegios para unos y castigos para otros”.

Al final de este segmento, la senadora insistió en que la paz solo es sostenible si existe verdad, justicia y reparación, y mencionó que las víctimas deben estar en el centro de cualquier proceso.

Para ella, el país necesita una revisión profunda de los acuerdos y de los mecanismos de justicia transicional.

Violencia, seguridad y narcotráfico

Paloma Valencia advirtió sobre el impacto persistente del narcotráfico en la violencia que vive Colombia en ese momento, una situación que no ha cambiado a lo corrido de 2026, luego de que por la lucha antidrogas el país, en cabeza de Gustavo Petro, vivió un momento tenso en las relaciones diplomáticas con su homólogo Donald Trump (EE. UU.).

La aspirante presidencial dijo que el fenómeno de las drogas ilícitas ha alimentado la inseguridad y ha dificultado la consolidación de la paz en varias regiones del país.

Ella aseveró que la respuesta estatal ha sido insuficiente para enfrentar a las organizaciones criminales, y advirtió que el control territorial de los grupos armados sigue afectando a las comunidades rurales, una situación que sigue teniendo matices parecidos en 2026 por parte de la presencia de grupos armados ilegales en varias regiones de Colombia, como el Clan del Golfo (autodenominado ahora Ejército Gaitanista de Colombia —EGC—), las disidencias de las Farc (al mando de alias Calarcá e Iván Mordisco) y las Autodefensas Conquistas de la Sierra Nevada (Acsn), por ejemplo.

Según Valencia, el fortalecimiento de la seguridad requiere un enfoque integral, en el que se combata el narcotráfico y, al mismo tiempo, se brinden oportunidades de desarrollo a la población más vulnerable.

La candidata habló en aquella ocasión sobre la importancia de recuperar la presencia del Estado en las zonas más afectadas y de garantizar que la justicia llegue a todos los rincones del país.

Como si el discurso fuera en 2026, Valencia reafirmó que la lucha contra el narcotráfico es central para cualquier proyecto de seguridad nacional. De hecho, ese fue uno de los puntos centrales que el presidente Petro tuvo con Trump en su reunión bilateral en la Casa Blanca (Washington), el 3 de febrero de 2026.

Mujeres en la política y políticas para madres cabeza de familia: su relación con Álvaro Uribe

Paloma Valencia compartió su visión sobre el papel de las mujeres en la política colombiana y la necesidad de impulsar políticas específicas para madres cabeza de familia.

La candidata presidencial reconoció que la representación femenina ha avanzado, pero consideró que aún existen barreras que dificultan el acceso de las mujeres a cargos de liderazgo.

La congresista que busca saltar a la Presidencia se refirió a las dificultades particulares que enfrentan las madres que sostienen solas a sus familias, señalando que muchas veces quedan excluidas de oportunidades laborales y educativas.

Ella planteó que el Estado debe implementar programas que faciliten su participación en el mercado laboral y garanticen el acceso a servicios de cuidado infantil.

Asimismo, Valencia sostuvo que apoyar a las madres cabeza de familia es fundamental para reducir la pobreza y brindar mayor equidad, y rescató la importancia de que las políticas públicas consideren las realidades y necesidades específicas de las mujeres en Colombia.

La candidata relató que su interés por la política surgió desde la juventud, influida por el ambiente familiar y el compromiso con los asuntos públicos. Ella compartió que su familia ha estado vinculada a debates nacionales y que esto marcó su formación y aspiraciones.

Sobre su trayectoria en el Senado y cómo ha asumido retos en escenarios de alta polarización, Valencia dijo que su trabajo en el Congreso la ha llevado a defender proyectos que considera clave para el país.

Valencia abordó su relación con Álvaro Uribe, reconociendo el papel del expresidente en su carrera dentro del Centro Democrático, al señalar que comparte muchas de sus preocupaciones sobre la seguridad y el desarrollo, pero dejó claro su deseo de imprimir una visión propia a su candidatura y liderazgo político.

La inflación no cede y los precios de los insumos básicos tampoco. Según un informe publicado por el Indec, la Canasta Básica Total (CBT) registró un incremento del 2,7% en febrero pasado, con lo que alcanzó un valor de $1.397.672. Por su parte, la Canasta Básica Alimentaria (CBA) aumentó 3,2% y llegó a los $644.088 para una familia tipo.

Cabe recordar, que la CBT mide el total de gastos que debe hacer una familia para cubrir el 100% de sus necesidades básicas durante un mes. Eso quiere decir que los hogares con ingresos inferiores a ese valor, son técnicamente consideradas “pobres”. La CBA, en cambio, mide únicamente el costo de los alimentos y los hogares que no llevan a cubrirla entran en la categoría de “indigentes”.

Al momento de analizar los números en mayor detalle, se encuentran algunos aspectos positivos y otros negativos. Comenzando por la CBT, los datos informados por el Indec muestran que el aumento registrado en el segundo mes del año fue inferior a la inflación general, que llegó al 2,9% en febrero. Otro dato alentador, es que ya van dos meses consecutivos con desaceleración del ritmo de aumento de la Canasta Básica Total. En detalle, la suba de la CBT había sido de 4,1% en diciembre y de 3,9% en enero.

Ahora bien, lo negativo, es que pese a mostrarse en un camino descendente, los precios que componen la CBT siguen por encima de la inflación general en el acumulado del año. De acuerdo con el Indec, la Canasta Básica Total subió 6,8% en el primer bimestre, mientras que el IPC marcó una variación del 5,9% en ese mismo período. Aunque la diferencia parece poca, no deja de ser un dato importante, porque confirma que los productos de primera necesidad, aquellos que más consumen los argentinos, están aumentando por encima del promedio.

Algo similar ocurre con la Canasta Básica Alimentaria. Las estadísticas oficiales muestran que entre enero y febrero hubo una fuerte desaceleración del ritmo de incremento de los alimentos (pasó del 5,8% al 3,2%). No obstante, tanto en enero como en febrero la CBA superó al IPC en el ritmo de ajuste, lo que condujo a una diferencia bastante amplia en el acumulado del primer bimestre. Los informes muestran que la Canasta Básica Alimentaria se encareció 9,3% entre enero y febrero, contra el mencionado 5,9% del IPC. Una vez más, son los insumos esenciales los que están subiendo a mayor ritmo.

El costo de vida por familia

Como se mencionó, la CBA alcanzó los $644.088 en febrero y la CBT llegó a $1.397.672. Esos valores son los que el Indec toma como referencia para luego medir el avance de la pobreza y la indigencia. Sin embargo, el organismo de estadísticas aclara en su informe que el costo de vida real varía bastante de un hogar a otro dependiendo de la composición del grupo familiar.

Los dos valores mencionados corresponden a un hogar compuesto por cuatro integrantes: un varón de 35 años, una mujer de 31, un hijo de 6 años y un hijo de 8 años. Pero la historia cambia para una vivienda en la que habitan solo tres personas. Para ejemplificarlo, el Indec presenta mensualmente el detalle del costo de vida para una familia compuesta por una mujer de 35 años, su hijo de 18 y su madre de 61 años. En ese caso, la Canasta Básica Alimentaria alcanza los $512.769 y la Canasta Básica Total llega a 1.112.710 de pesos.

¿Qué pasa con los hogares más numerosos? Lógicamente, el costo de vida es mayor. Un hogar compuesto por un varón y una mujer, ambos de 30 años y tres hijos de 1, 3 y 5 años, tiene que enfrentar un gasto mensual de $677.439 para cubrir sus necesidades alimenticias y debe ganar $1.470.043 para hacer frente al costo de una CBT.

Asimismo, se podrían citar muchos otros ejemplos. Lo importante, es tener en cuenta que la CBA y la CBT varían de acuerdo a la cantidad de personas que viene en el hogar, sus sexos y sus edades. De todas formas, para todos ellos los porcentaje de aumentos han sido los mismos.

En México, quien vive en una ciudad necesita al menos $4,878 al mes para que el gobierno no la considere pobre. En el campo, ese umbral es de $3,495. Si tus ingresos no llegan a eso, el Estado asume que no puedes cubrir lo básico: comida, salud, transporte, ropa y educación. Estas cifras, conocidas como Líneas de Pobreza por Ingresos, las actualiza cada mes el INEGI con los precios reales que pagan los hogares mexicanos.

Pero hay un nivel todavía más crítico: la pobreza extrema, que solo mide si alcanza para comer. Ahí, una persona en zona rural necesita $1,888 mensuales, y en la ciudad, $2,517. Son los montos mínimos para no pasar hambre.

El jitomate y la carne dispararon los precios

El problema es que la comida se está encareciendo más rápido que todo lo demás. La canasta alimentaria subió 6.5% en ciudades y 5.6% en el campo durante el último año, mientras que la inflación general fue de 4.0%. Eso significa que quienes menos tienen son los más golpeados, porque destinan una parte mayor de su ingreso a los alimentos.

El campeón de los aumentos fue el jitomate: subió 60.2% en un año. Sí, más del doble de precio. Le siguen el bistec de res con +14.2% y los alimentos y bebidas fuera del hogar con +7.2%. Para una familia que ajusta cada peso, estos números no son estadísticas: son tortillas menos, proteína que desaparece del plato.

No solo la comida aprieta el cinturón

El encarecimiento del costo de vida se refleja en las actividades cotidianas fuera del hogar. El transporte público experimentó incrementos notables, con una suba de 6,6% en zonas rurales y de 6,0% en áreas urbanas. Este aumento impacta directamente en quienes deben movilizarse diariamente para trabajar, estudiar o acceder a servicios básicos, especialmente en regiones donde las alternativas de movilidad son limitadas.

En el ámbito rural, los hogares enfrentan además un alza de 5,5% en los productos de higiene y cuidado personal. Este rubro resulta fundamental para la salud y el bienestar, por lo que el aumento de precios representa una presión adicional para los presupuestos familiares.

En las ciudades, los rubros de educación, cultura y recreación aumentaron 5,9%. Este ajuste repercute de manera particular en familias con hijos en edad escolar, dado que implica mayores desembolsos en cuotas, materiales, actividades extracurriculares y opciones de esparcimiento. El acceso a bienes y servicios vinculados a la formación y el tiempo libre se vuelve así más costoso, lo que puede limitar las posibilidades de desarrollo y participación social para los niños y adolescentes.

¿Qué nos dice todo esto?

Que aunque los titulares hablen de inflación controlada, en la vida cotidiana de millones de mexicanos los precios que más importan —la comida, el camión, la salud— siguen subiendo por encima del promedio. El poder adquisitivo sigue bajo presión, sobre todo para quienes ya estaban en el límite.

Para el año 2050, millones de personas se proyectan mudarse al norte de Texas en busca de empleo, impulsando la expansión de una economía que ya alcanza un valor de USD 2,7 billones, según la autoridad regional de desarrollo económico Texas Economic Development Corporation y la economista principal del Banco de la Reserva Federal de Dallas, Pia Orrenius.

Este crecimiento consolidó al estado como la 8ª economía global, situándose por delante de países como Rusia, Canadá e Italia. De acuerdo con Orrenius, consultada por el diario The Dallas Morning News, esta tendencia se apoya en una combinación de factores: geográficos, industriales, demográficos y políticos.

Texas se afianza como la 8ª economía mundial gracias a ventajas geográficas, sectoriales y políticas

Desde la década de 1970, Texas mantiene un ritmo de generación de empleo y un crecimiento económico superiores al del resto de Estados Unidos, incluso al considerar períodos de crisis como las recesiones de los años ochenta. Orrenius explicó al diario The Dallas Morning News que la diferencia resulta “casi vergonzosa para el resto del país”, ya que la brecha en el crecimiento del producto interno bruto (PIB) estatal no solo se mantiene, sino que tiende a ampliarse en décadas recientes.

Uno de los principales motores es la localización del estado. Texas ocupa un territorio extenso, con acceso a puertos terrestres y marítimos: destacan el Puerto de Houston y el Puerto de Laredo, entre los mayores del país, y cuenta con una frontera estratégica con México.

La aplicación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en la década de 1990 y, posteriormente, del Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá en 2020, multiplicó el impacto económico de esa frontera, convirtiéndola en un centro para la manufactura y el comercio transfronterizo.

Las grandes áreas metropolitanas, como Dallas-Fort Worth, Houston, San Antonio y Austin, experimentaron un crecimiento debido a lo que la economista denominó economías de clúster. Orrenius señaló: “En ciudades donde las industrias se agrupan y comparten recursos y mano de obra, eso les permite crecer más rápido y pagar salarios más altos, incrementando los estándares de vida urbanos respecto a las zonas rurales”.

El segundo factor está vinculado a la evolución del tejido productivo. Si bien Texas fue inicialmente asociado al algodón, el ganado y el petróleo, el estado diversificó su economía.

La irrupción de la industria manufacturera y el crecimiento del sector logístico se potenciaron con la infraestructura de autopistas, ferrocarriles y aeropuertos.

El sector energético transformó la imagen tradicional del estado: Texas continúa liderando la producción petrolera y gasífera nacional, y también encabeza la generación de electricidad eólica y solar. Orrenius afirmó que esta diversificación hizo posible expandir la red eléctrica y exportar energía en respuesta a nuevos desafíos tecnológicos y de mercado.

La población constituye el tercer motor. El flujo ininterrumpido de nuevos residentes, tanto desde el interior del país como por inmigración, permitió sostener la demanda laboral. Texas figura sistemáticamente entre los primeros estados en recepción de migrantes.

Orrenius puntualizó que entre 2022 y 2024 se observaron “tasas máximas históricas de migración”, principalmente por inmigración hacia Texas. Este movimiento demográfico benefició sectores como energía, construcción, tecnología, salud y logística.

Sin embargo, advirtió que “el año pasado, la migración interna y externa se redujo a la mitad, y se espera que este año vuelva a caer a la mitad”, lo que plantea interrogantes sobre la capacidad del estado para sostener la ventaja competitiva en el futuro.

El último vector es la política pública: Texas destaca por mantener un marco normativo “abierto y flexible”, bajos impuestos y una carga tributaria per cápita inferior a la media nacional y a la de estados con gravámenes elevados como California y Nueva York.

Orrenius enfatizó que la inversión estatal en infraestructura —carreteras, puertos y formación laboral— fue decisiva y se basó en alianzas público-privadas y en la implementación de carreteras de peaje.

Señaló, además, que el costo de vida se mantiene por debajo del promedio nacional, pese a los aumentos inmobiliarios. También bromeó sobre la percepción local respecto a los impuestos sobre bienes raíces: “El gasto en infraestructura es realmente una de las cosas más importantes para el crecimiento”.

Todos estos factores, según Orrenius, crearon un ambiente empresarial atractivo que explica la llegada de compañías y emprendedores a Texas.

La pobreza persiste como un desafío estructural

A pesar de estas fortalezas, algunas regiones dentro del estado siguen afectadas por bolsillos de pobreza persistente, que dificultan el acceso a capacitación y a empleos mejor remunerados para ciertos sectores de la población, según señaló Orrenius al diario The Dallas Morning News. Este elemento evidencia la existencia de retos internos incluso en el contexto de crecimiento sostenido.

La cobertura forma parte de la iniciativa Future of North Texas, financiada por diversas organizaciones comunitarias, aunque The Dallas Morning News retiene el control editorial de la información publicada.

El costo de vida en la Ciudad de Buenos Aires volvió a incrementarse en febrero de 2026. Según el último informe de la Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad (DGEC), una familia tipo necesita, como mínimo, $2.269.216 al mes para integrar la clase media y hasta $7.261.490 para no ser considerada parte de los sectores acomodados.

El estudio, difundido por la Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad, evalúa los ingresos necesarios para distintos estratos sociales en un hogar compuesto por dos adultos de 35 años y dos hijos varones de 9 y 6 años, propietarios de la vivienda y sin empleados domésticos.

De acuerdo con los datos oficiales, la línea de indigencia, determinada por la Canasta Básica Alimentaria (CBA), se ubicó en $791.579, mientras que la de pobreza, medida por la Canasta Básica Total (CBT) alcanza los $1.440.147 mensuales.

Para no ser considerado pobre, el hogar debe superar los $1.440.147 de ingresos mensuales. El umbral para dejar de ser vulnerable y alcanzar el estrato “sector medio frágil” se sitúa en $1.815.373. La franja que define a la clase media va desde $2.269.216 hasta $7.261.490, según precisó el informe. Por encima de ese monto, la familia pasa a integrar los sectores de mayores ingresos.

Los valores corresponden a febrero de 2026 y evidencian el impacto de la inflación sobre el poder adquisitivo en la capital. El informe del organismo porteño señaló que los gastos de la canasta básica alimentaria y total aumentaron de forma sostenida en los últimos meses, impulsados fundamentalmente por el alza en alimentos y servicios.

De acuerdo con la entidad, estos valores se calculan en base a consumos típicos de bienes y servicios para el hogar y sirven como referencia para el diseño de políticas públicas y la medición de la situación social en el distrito. El informe también advierte que estos valores solo aplican a hogares propietarios de vivienda, ya que el costo del alquiler representa un gasto adicional significativo para quienes no cuentan con vivienda propia.

La clasificación de los hogares según el nivel de ingresos permite diferenciar los distintos estratos socioeconómicos en la Ciudad de Buenos Aires. Se considera indigentes a quienes no logran reunir el monto necesario para costear la Canasta Básica Alimentaria (CBA). Por su parte, los denominados pobres no indigentes alcanzan a cubrir la CBA, pero no logran reunir los ingresos suficientes para la Canasta Básica Total (CBT).

La metodología utilizada en la Ciudad distingue dentro de los sectores medios entre el grupo “frágil” y la “clase media” propiamente dicha. El sector medio frágil abarca a quienes pueden solventar la canasta total, aunque sus ingresos no superan en más de un 25% ese valor. En cambio, se considera clase media a los hogares cuyos ingresos superan ese umbral, sin llegar a cuadruplicar el monto de la CBT. Esta diferenciación resulta útil para observar situaciones de estabilidad o vulnerabilidad dentro del universo de hogares que no se encuentran por debajo de la línea de pobreza.

El informe señala que las referencias para las canastas y las líneas sociales se actualizan todos los meses, tomando como base los precios relevados en la Ciudad de Buenos Aires. Este sistema, vigente desde 2008, se complementa con datos sobre ingresos, lo que permite estimar qué porcentaje de la población queda por debajo de cada umbral y cómo se distribuyen los hogares en los diferentes estratos.

En este sentido, el informe resalta que el ingreso mínimo requerido para integrar la clase media en la capital se posiciona entre los más elevados del país. Esto responde tanto a la dinámica de precios como al nivel de consumo característico de la Ciudad. La actualización mensual de estos valores es clave para que el diagnóstico social refleje con mayor precisión la situación económica del momento.

El informe atribuye el aumento en los requisitos para pertenecer a la clase media a la aceleración de la inflación y al encarecimiento de los productos y servicios considerados en las canastas. Este contexto afecta especialmente a los sectores más vulnerables y a los segmentos medios frágiles, quienes pueden experimentar retrocesos sociales ante variaciones negativas en los precios o en sus fuentes de ingreso.

La reducción de homicidios y víctimas de disparos en Nueva York durante los primeros meses de 2026 contrasta de forma aguda con la realidad del Bronx, que concentra la mitad de los asesinatos de la ciudad en lo que va del año.

De los 32 homicidios registrados hasta el 1 de marzo, 16 ocurrieron en el Bronx, impulsando la preocupación de autoridades y organizaciones locales sobre las causas profundas y el futuro de la seguridad en el distrito, según información difundida por el diario local New York Daily News.

Además de representar el 50% del total de homicidios en Nueva York, concentra el 45% de las víctimas de disparos y el 44 % de los episodios de tiroteos, de acuerdo con datos publicados por la NYPD. Lejos de ser un hecho aislado, el distrito también experimentó un aumento del 14% en homicidios y del 15% en víctimas de disparos respecto al mismo período del año anterior.

Aunque las cifras generales de Nueva York muestran un descenso —con 32 asesinatos y 99 personas heridas por armas de fuego, frente a 55 y 112 respectivamente contabilizados en las mismas fechas de 2025—, el Bronx evidencia una tendencia opuesta y persistente. Entre 2022 y 2025, esta zona representó de 30% a 33% de los homicidios anuales de la ciudad.

El Bronx concentra el 50 % de los homicidios mientras la violencia disminuye en el resto de Nueva York

La fiscal de distrito del Bronx, Darcel Clark, calificó la situación como “tan trágica como intolerable” y recordó que los sectores con mayor violencia hoy son los mismos que soportaron altos niveles delictivos en los años 80. Clark señaló la necesidad de abordar aspectos estructurales que alimentan el crimen, como la pobreza, el empleo, la vivienda y la salud.

El contraste responde, en gran medida, a los indicadores socioeconómicos del Bronx, que presenta una desventaja frente al resto de la ciudad. En 2023, el ingreso familiar medio en el distrito fue de USD 48.610, un 39 % inferior al promedio urbano establecido en USD 79.480, según datos de la Universidad de Nueva York.

La tasa de pobreza alcanzó el 27,9%, nueve puntos más alta que la media local. Además, la tasa de graduación de secundaria fue la más baja de los cinco distritos, con 77,3% en 2021, y la esperanza de vida, de 78,7 años, es la segunda peor del estado de Nueva York.

Las víctimas y el impacto en la comunidad

La violencia letal no solo se manifiesta en cifras, sino en historias concretas que impactan a familias y a la comunidad. El primer asesinato de 2026 en la ciudad ocurrió en el Bronx: Issa Mbolo Isac, migrante y conductor de Uber de 55 años, fue asesinado a balazos la mañana del 1 de enero en Morris Heights tras un altercado vial, dejando a su esposa y cuatro hijos en Burkina Faso, según relataron sus familiares.

El distrito también fue escenario del primer tiroteo en el sistema de metro este año, con el asesinato de Adrian Dawodu el 10 de febrero en la estación 170th St. Dawodu falleció mientras intentaba rehacer su vida tras episodios de inestabilidad y residencia en un refugio, según contó su ex pareja al diario local New York Daily News.

El medio destaca que casos como los de Christopher Redding, estudiante y jugador de fútbol americano de la secundaria Kennedy, asesinado tras ser alcanzado por una bala fuera del Bronx Alehouse, o Lamar Simmons, víctima mortal cuando regresaba del colegio en Belmont, muestran cómo la violencia cruza edades y espacios cotidianos.

El padre de Redding expresó: “Mi hijo estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Es una verdadera tragedia. El mundo de todos ha sido destrozado”. Según New York Daily News, en ninguno de estos casos se identificó participación previa en crímenes.

Factores estructurales: pobreza, desigualdad y cultura de pandillas

Para David Caba, vicepresidente de Bronx Rises Against Gun Violence, los homicidios deben ser comprendidos a la luz de la precariedad social.

Caba recuerda la presión temprana de las pandillas en los barrios empobrecidos del sur del Bronx, al punto de intentar reclutarlo en la escuela primaria, y subraya la necesidad de mejorar oportunidades educativas, el acceso a una vivienda digna y a servicios médicos de calidad para frenar la espiral de violencia. Sostiene que en comunidades prósperas, estos recursos coinciden con menores tasas criminales.

Las organizaciones de prevención señalan que su capacidad de acción se ve limitada por la escasez de recursos. La organización local B.R.A.G., liderada por Caba y dependiente de Good Shepherd Services, opera en los precintos 46, 47 y 52 y reclama mayor inversión pública para ampliar su trabajo en la vigilancia comunitaria, programas juveniles y respuesta hospitalaria a las víctimas.

Respuestas institucionales y limitaciones policiales ante la crisis

La comisionada de la NYPD, Jessica Tisch, anunció que el Bronx será dividido en dos comandos policiales —norte y sur— y recibirá 200 oficiales adicionales, igualando la estructura organizativa implementada en Manhattan, Brooklyn y Queens. New York Daily News retoma que este ajuste irá acompañado del refuerzo de equipos especializados en homicidios, narcóticos, seguridad vecinal y delitos automovilísticos.

Tisch reconoció en su discurso anual que, pese a las mejoras globales en seguridad, “el Bronx ha experimentado más crimen per cápita que cualquier otro distrito bajo una estructura administrativa que no se ajustaba a sus necesidades”.

A pesar de estos planes, el presidente de la Police Benevolent Association, Patrick Hendry, advirtió que la escasez de agentes —con un déficit cercano a los 6.000 respecto al máximo histórico y una pérdida mensual de 250 a 300 efectivos por renuncias y jubilaciones— representa un obstáculo insalvable para cubrir la demanda de seguridad en todos los barrios.

“No importa cómo se organicen las áreas de patrullaje, la realidad es que no tenemos suficientes policías para responder a las necesidades de cada comunidad”, remarcó Hendry.

La fiscal Clark valoró el nuevo esquema policial porque, a su juicio, colocará finalmente al Bronx en “igualdad de condiciones” para combatir el crimen: “Creo que generará más oportunidades para prevenir delitos, agilizar respuestas y resolver casos”.

En la actualidad, el IMV alcanza 810.928 hogares y ofrece cobertura a 2.477.021 personas. La cuantía media recibida por familia es de 545,1 euros mensuales, elevando la nómina total del mes a 472,2 millones de euros. El crecimiento en la protección ha sido constante: en comparación con febrero del año anterior, existen 122.921 prestaciones activas más, lo que supone un aumento del 18% en hogares cubiertos y un incremento similar en personas beneficiarias.

Las estadísticas confirman que dos de cada tres titulares del IMV son mujeres, mientras que el 53,4% de quienes reciben la prestación pertenecen al mismo grupo. Un aspecto destacable es la incidencia del IMV en los hogares monoparentales, que representan el 17% de los beneficiarios, siendo la mayoría encabezados por mujeres. El 96% de estos núcleos familiares cuentan con una única adulta responsable.

Mujeres y hogares con menores, los grandes beneficiados

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, sostiene que “la pobreza severa y el riesgo de exclusión social siguen bajando, también entre las mujeres en edad de trabajar”. A su juicio, el IMV, con dos de cada tres beneficiarias mujeres, constituye “una herramienta decisiva para reducir esta vulnerabilidad y avanzar en igualdad”. En respuesta a la pregunta sobre el efecto del IMV en la pobreza, los datos del INE avalan una reducción de la tasa de pobreza entre mujeres en edad laboral respecto a 2024. Desde su puesta en marcha en 2020, el IMV ha protegido a cerca de 3,5 millones de personas, de las cuales 1,9 millones son mujeres.

Más de dos tercios de los hogares cubiertos por el IMV conviven con menores de edad. Actualmente, el 40,9% de los beneficiarios son menores, lo que equivale a 1.013.102 niñas, niños y adolescentes bajo protección. El Complemento de Ayuda para la Infancia amplía este respaldo: en febrero, 560.800 unidades de convivencia recibieron este apoyo, con una ayuda media de 66,1 euros por menor y 119,9 euros por hogar.

Hasta 115 euros adicionales por menor

Las cuantías varían según la edad: 115 euros para menores de tres años, 80,5 euros entre tres y seis años y 57,5 euros de seis a dieciocho años. Este complemento no solo cubre situaciones de pobreza severa, sino que también llega a hogares con rentas bajas o moderadas. Por ejemplo, una familia de dos adultos y dos menores puede acceder al beneficio si sus ingresos no superan 4.841,8 euros mensuales, ampliando el alcance de la red de protección frente a la pobreza infantil.

La edad media de los beneficiarios del IMV se sitúa en 28,5 años. Si se excluye a los titulares, esta cifra desciende a 20,1 años, lo que muestra un apoyo relevante para jóvenes en riesgo de exclusión. Las últimas reformas han facilitado la solicitud para personas mayores de 18 años, menores emancipados con hijos y jóvenes menores de 30 años, para quienes el periodo de vida independiente requerido ha pasado de tres a dos años.

La desigualdad golpea con especial fuerza a los hogares monoparentales en España, donde el 44,4% de las familias encabezadas por una mujer se encuentra en exclusión social, según el IX Informe FOESSA sobre exclusión y desarrollo social. Esta cifra casi duplica la tasa registrada en hogares liderados por hombres, que alcanza el 26,8%. El informe también destaca que la vulnerabilidad se agrava cuando la sustentadora principal es una mujer migrante.

Ante la persistencia de desigualdad y con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, Cáritas reclama acciones urgentes por parte de las institucioens. La organización recuerda que las mujeres representan el 65% de las personas a las que atienden y que el perfil predominante es el de mujeres mayores de 45 años, con estudios básicos y cada vez más migrantes.

“El género continúa siendo uno de los factores que más condiciona la posición social, las oportunidades y la vulnerabilidad”, señala Leticia Escutia, responsable del programa de Mujer de Cáritas Española. Según la organización, durante 2025 la mayoría de las personas acompañadas fueron madres solas al frente de familias con escasos recursos, mujeres migrantes con empleos precarios y sometidas a trabas administrativas, así como mujeres mayores con pensiones bajas y redes de apoyo insuficientes. En el ámbito rural, la situación se agrava por el limitado acceso a servicios esenciales.

“En todas ellas se repiten patrones muy claros: dificultad para acceder o mantener una vivienda estable, obstáculos para el acceso a un empleo digno y compatible con los cuidados, sobrecarga mental y física por asumir en solitario los cuidados y la economía del hogar y procesos administrativos lentos que complican aún más su salida de la pobreza”, aclara Escutia.

El informe FOESSA también refleja que la brecha de género en el desempleo permanece pese a la mejora global del empleo: en 2025 la tasa de paro femenino fue del 11,24%, frente al 8,76% masculino. Además, las mujeres cobraron un 16% menos, sufrieron una alta parcialidad involuntaria (el 72% de los contratos a tiempo parcial corresponde a mujeres) y se concentraron en la economía sumergida, sobre todo en los sectores de cuidados, limpieza y trabajo doméstico. Las barreras se amplifican con la segregación laboral, la brecha digital y la falta de reconocimiento social de los empleos esenciales desempeñados mayoritariamente por mujeres.

Eliminación de barreras administrativas para las personas migrantes

Desde Cáritas insisten en la necesidad de garantizar el acceso al mercado laboral en igualdad de condiciones, con énfasis en la formalización de empleos en sectores como el doméstico, agrícola y de servicios. También reclama la eliminación de obstáculos administrativos para la regularización de mujeres migrantes, así como mejoras en las condiciones laborales y el reconocimiento social de trabajos esenciales.

“A pesar de las dificultades, muchas mujeres han logrado salir adelante, demostrando una enorme fortaleza, resiliencia y capacidad de superación. Han enfrentado violencia, discriminación y barreras sistémicas, pero con el apoyo adecuado y el acceso a oportunidades, han conseguido transformar sus realidades y construir un futuro digno para ellas y sus familias”, concluye Escutia.

En una entrevista brindada al equipo de Infobae en Vivo, el empresario y ex CEO de HSBC, Gabriel Martino, analizó el presente económico de la Argentina, el rol del sector privado frente al nuevo paradigma de gobierno y los riesgos de desandar el camino de reformas estructurales iniciado por la gestión actual. Con una visión centrada en la necesidad de un cambio cultural, el ejecutivo advirtió que el regreso a modelos de economía cerrada y políticas populistas solo profundizaría la crisis social del país.

Para Martino, la Argentina se encuentra en un punto de inflexión donde la discusión de fondo no es personalista, sino sistémica. Al ser consultado sobre las tensiones entre el Ejecutivo y el sector empresarial, el exbanquero señaló que el país arrastra décadas de fracaso que exceden los últimos veinte años, aunque subrayó que ese período fue particularmente dañino.

En ese sentido, fue tajante respecto al futuro: “Si volvemos al populismo, la pobreza y la indigencia van a subir”. Según su visión, la sociedad debe acostumbrarse a las reglas del “mundo civilizado”, donde la apertura económica genera necesariamente ganadores y perdedores, a diferencia de una economía cerrada que, bajo la premisa de proteger, termina impidiendo el crecimiento. “Argentina era la quinta economía más cerrada del mundo, superada solo por países africanos con niveles de pobreza mucho más altos que el nuestro”, comparó.

Martino sostuvo que el empresario argentino ha sido víctima de las reglas de juego impuestas durante las etapas populistas, viéndose forzado a cerrarse para sobrevivir, pero enfatizó que es momento de mirar hacia adelante. “El empresario que piensa que este modelo no va, debe entender que este es el modelo que tienen los países ganadores”, afirmó.

La transición económica y el mercado laboral

Uno de los puntos más sensibles de la charla fue el impacto de la transición de un modelo a otro y el aumento del desempleo en sectores específicos. El empresario analizó el caso de Fate y el rol de los sindicatos, a quienes acusó de “sumar al desempleo” en lugar de generar condiciones para la creación de puestos de trabajo.

“Esta es la primera vez donde tenemos problemas de sentido común. No podemos pensar más en una economía que está cerrada para beneficiar a una cantidad X de empleos y perjudicar a 45 millones de personas”, opinó.

A pesar de la caída del empleo registrado —especialmente en el sector de la construcción, donde se perdieron más de 150.000 puestos—, Martino destacó que el nivel de desocupación actual sigue siendo menor al de la década del 90. Sin embargo, reconoció que la diferencia radica en la existencia de planes sociales que antes no estaban presentes. Para amortiguar este proceso, propuso que el dinamismo debe volver a través de la reactivación del consumo y el sistema financiero.

El rol de los bancos: del riesgo político al crédito hipotecario

Como referente del sector financiero, Martino explicó la parálisis que sufrieron las entidades bancarias recientemente. Según su análisis, la asignación de crédito era “fenomenal” hasta principios del año pasado, cuando el riesgo político detuvo las operaciones.

Actualmente, el desafío de los bancos es reconvertirse. “Los bancos ganan plata dando créditos”, recordó, y señaló que para que el sistema vuelva a funcionar se necesitan tasas de interés en pesos que sean “levemente positivas” y una baja volatilidad que genere confianza a largo plazo.

Respecto a los niveles de mora, que han alcanzado cifras preocupantes, el ex CEO de HSBC pidió no alarmarse de forma desmedida. Explicó que la mora representa casi 10% de la cartera de créditos a las familias y que “se resuelve con tasas bajas, refinanciación y crecimiento económico”.

El impacto principal para llegar a esa situación, aclaró, fue la suba de tasas y la caída de actividad del año pasado, que dejó a pymes y particulares sin capacidad de pago.

Para Martino, la solución estructural es el regreso de los préstamos al consumo y, fundamentalmente, de los créditos hipotecarios, los cuales considera la pieza clave para reactivar la construcción y generar un derrame real en la microeconomía.

Expectativas, dólares y reformas estructurales

Un dato que el empresario destacó como positivo es el cambio en la preocupación cotidiana de los argentinos: “Es interesante que en las mesas de discusión ya casi no se hable del dólar”. Martino fundamentó este optimismo en los “datos fríos” que muestran superávit gemelos y un frente externo resuelto.

Incluso proyectó un escenario favorable a mediano plazo, estimando que en dos o tres años, gracias a las exportaciones de gas y minería, “van a sobrar los dólares” en el país. No obstante, advirtió sobre la caída de la recaudación fiscal, un tema del que sugirió “ocuparse más que preocuparse”.

Finalmente, el ejecutivo hizo hincapié en que la sostenibilidad del modelo depende de la aprobación de reformas de fondo. Festejó que, por primera vez desde el regreso de la democracia, se esté discutiendo una ley laboral que ataque lo que denominó la “industria del juicio”, un problema persistente para todas las empresas.

Sin embargo, dejó una advertencia sobre el factor social y el tiempo político. “La garantía tiene que ser que esa bondad, ya sea porque hay más plata en el bolsillo o por mejora de expectativas, llegue a la gente”, concluyó, advirtiendo que, de no percibirse estas mejoras, el riesgo de “volver para atrás” en las próximas elecciones siempre está latente por la falta de crédito que la sociedad pueda otorgarle al Gobierno.

La estructura social de la Argentina se encuentra dividida en distintos estratos que se definen, principalmente, por el nivel de ingresos mensuales de cada hogar. Según el último informe del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, publicado en febrero de 2026, el país presenta una configuración muy desigual donde conviven sectores con plena capacidad de ahorro y otros que luchan por cubrir sus necesidades básicas. Estos datos, calculados a valores de octubre de 2025, permiten trazar una línea clara sobre cuánto dinero necesita una familia para pertenecer a la clase media y cuáles son las brechas que separan a los diferentes grupos de la sociedad.

Para que un hogar sea considerado parte de la “clase media integrada”, el informe de la UCA establece un rango de ingresos mensuales que va desde los $5.000.000 hasta los $15.000.000. Este segmento representa actualmente al 20% de los hogares familiares en la Argentina urbana.

Por encima de este grupo se encuentra la clase media alta, cuyos ingresos oscilan entre los $15.000.000 y los $30.000.000 mensuales, abarcando al 7% de las unidades domésticas. En la cúspide de la pirámide, la elite socioeconómica —compuesta por el 3% de los hogares más ricos— percibe ingresos con un piso de $30.000.000 por mes.

Según el ODSA, el tercio superior de la matriz social está conformado por estratos de clases medias-altas y altas que se encuentran “plenamente integrado a los circuitos formales, globalizados y de alta productividad”. Este sector se caracteriza por tener “acceso estable a bienes públicos de calidad, capacidad de ahorro, inversión en capital humano y redes de oportunidad”, lo que les permite orientar sus decisiones económicas hacia horizontes de largo plazo.

El estrato medio aspiracional y la vulnerabilidad

Inmediatamente por debajo de la clase media integrada se ubica el sector medio aspiracional, con ingresos mensuales que van de $3.500.000 a $5.000.000, representando también al 20% de los hogares. El informe describe a este tercio intermedio como una amplia clase media y media baja que se sostiene mediante “inserciones laborales formales y semi-formales, cuya estabilidad depende críticamente del ciclo económico”.

A pesar de sus ingresos, este grupo acumula “expectativas de movilidad pero sufre frustración, incertidumbre y desconfianza política ante la recurrencia de crisis macroeconómicas, la volatilidad del ingreso real y el deterioro de bienes públicos clave”.

La pirámide se completa con los sectores de menores ingresos, donde el límite de la vulnerabilidad se vuelve más estrecho:

• Medio-bajo vulnerable: hogares con ingresos entre $2.000.000 y $3.500.000 (20% de los hogares).
• Bajo no indigente: ingresos de $800.000 a $2.000.000 (20% de los hogares).
• Pobre extremo: hogares con un techo de ingresos de $800.000 mensuales (10% de los hogares).

Realidad laboral y brechas de ingresos

La capacidad de alcanzar estos niveles de ingresos está condicionada por una estructura ocupacional que, si bien muestra crecimiento económico, no genera empleo formal de manera proporcional. El informe advierte que “la actividad económica se ubicó 3,5% por encima del nivel registrado un año antes”, pero este crecimiento es liderado por sectores de “baja intensidad en el uso de mano de obra” como la agricultura y la intermediación financiera.

Esta dinámica ha profundizado la informalidad laboral, que alcanzó el 45% en 2025. Las disparidades en las remuneraciones son un factor determinante para la pertenencia a los estratos medios. Mientras que en el sector privado formal los salarios han experimentado un incremento real, el sector micro-informal continúa con desventajas estructurales. “Una remuneración media en los puestos del sector micro-informal es en promedio un tercio menos de lo que ganan los trabajadores ocupados”, señala el estudio.

Incluso para aquellos que logran superar la línea de pobreza, el “estrés económico” —entendido como la percepción subjetiva de insuficiencia de ingresos para cubrir necesidades básicas— persiste como una realidad para casi 1 de cada 2 personas en el país.

Pobreza y limitaciones de la medición

El ODSA-UCA plantea una mirada crítica sobre la caída estadística de la pobreza informada recientemente. Si bien se reconoce una “caída efectiva”, el organismo sostiene que esta se encuentra “sobrerrepresentada”. La mejora de los indicadores durante el periodo 2023-2025 habría estado “principalmente asociada a la desaceleración inflacionaria” más que a un “incremento real del poder adquisitivo o de la capacidad de consumo de los hogares”.

Además, el informe destaca que “las tendencias recientes no alteran las desigualdades estructurales por edad”. La pobreza y la indigencia siguen afectando de forma desproporcionada a la niñez, consolidando un “proceso persistente de infantilización de las privaciones”. En 2025, más del 40% de los adolescentes de 13 a 17 años permanecía en situación de pobreza monetaria.

Unas 66.000 personas viven sin techo de manera silenciosa en el condado de Miami-Dade, una cifra que multiplica por 20 el número oficial de personas consideradas “sin hogar” por las autoridades y revela la magnitud de una crisis habitacional mucho mayor que la admitida en las estadísticas.

Este fenómeno, conocido como “homelessness oculta”, engloba a miles de familias y menores que carecen de una vivienda estable, pero quedan fuera de los programas de ayuda por no ajustarse a la definición federal de “persona sin hogar”. El antropólogo y escritor Brian Goldstone ofreció en entrevista con el Miami Herald un retrato de esta población invisible y sus consecuencias sobre las políticas públicas, en un contexto de desarrollo urbano acelerado.

“Estoy hablando de una población que podría llenar el Hard Rock Stadium y más”, afirma Goldstone sobre la dimensión del fenómeno. “Si las incluyéramos como ciudad, sería la séptima más grande del condado”. Según detalla al Miami Herald, los afectados sobreviven semanas —a veces días— en hoteles de estancia prolongada, casas de familiares o vehículos, esforzándose cada jornada por no acabar definitivamente en la calle.

El especialista señala las limitaciones del sistema estadounidense para reconocer a quienes no cumplen la definición legal del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD), restringida solo a quienes están en refugios o viven directamente en la vía pública. “Trato de mostrar cómo estas familias entran en lo que llamo un reino en la sombra: hoteles, autos, apartamentos saturados. No solo son invisibles; también quedan excluidas de servicios esenciales porque no encajan en la definición oficial”, indica.

“He llegado a pensar que lo único peor que ser una persona sin techo en este país es no lograr esa denominación y, por esa razón, quedar fuera de recursos críticos”.

Factores que empujan a las familias fuera de sus hogares

Las causas iniciales de la expulsión rara vez son dramáticas; suelen ser rutinarias, como que un arrendador decida vender la propiedad o negarse a renovar un contrato. “El primer dominó que cae suele ser algo cotidiano”, explica Goldstone al Miami Herald.

Expone el caso de una pareja y sus tres hijos, quienes perdieron la estabilidad tras años de arrendamiento cuando no les renovaron el contrato. “Pensaban que estaban seguros, pero de un día para otro, al no renovárseles el contrato, perdieron su hogar aunque fueran inquilinos ejemplares”.

También relata otro caso: “Cara, madre soltera, perdió su apartamento porque el dueño no quiso arreglar el calentador de agua. Tras semanas sin poder bañar a sus hijos, decidió no pagar el alquiler y terminó siendo desalojada”. De acuerdo con Goldstone, situaciones como esta pueden marcar el inicio de un descenso difícil de revertir.

El impacto de la exclusión en el acceso a vivienda asequible

Un desalojo, indica el antropólogo, deja una marca persistente. “Coloca sobre la persona una ‘E’ escarlata”, señala Goldstone. “Para cualquier arrendador, ante dos candidatos, uno con historial de desalojo y otro sin él, no va a elegir al primero”.

La pérdida de vivienda afecta gravemente el puntaje crediticio, lo que vuelve casi imposible volver al mercado formal de alquiler. “Ese número de tres cifras se ha convertido en la llave para acceder a lo más básico: un techo”.

Cuando el puntaje baja de cierto nivel, “te unes a la clase excluida por historial crediticio”, y quedan como únicas alternativas mercados informales con frecuencia precarios.

Vivir en hoteles: precariedad y estrés crónico en menores

Las opciones frecuentes, advierte Goldstone, son hoteles de estancia prolongada, donde las condiciones resultan duras y costosas. “La gente termina pagando el doble respecto a lo que gastaban en un apartamento, compartiendo espacios diminutos con sus hijos”, describe en entrevista con el Miami Herald.

“El hotel donde pasé más tiempo, Efficiency Lodge, ni siquiera tenía césped: solo hormigón y habitaciones en estado deplorable — techos con filtraciones, ratas, moho negro, cableado defectuoso, cucarachas”.

Goldstone alerta sobre el daño invisible: “Los niños que crecen aquí están sometidos a un estrés tóxico y crónico que puede alterar su desarrollo cerebral”. Además del hacinamiento y la incertidumbre — “¿Podré quedarme esta noche con mi familia?” —, hay violencia, drogas y riesgo de perder hasta sus pocas pertenencias si no pueden pagar la noche siguiente.

A veces, algunas familias logran mudarse unos días con parientes o amigos. “Vi personalmente lo volátil que puede ser vivir en un apartamento saturado, donde incluso quienes han aceptado recibir a otra familia temen perder su propio hogar”, comenta al Miami Herald.

El acceso limitado a servicios y subsidios para personas sin hogar

El acceso a servicios públicos resulta desigual. Goldstone resume: “En este país, lo único peor que ser sin techo es no calificar formalmente como tal”. Quienes no cumplen con la definición de HUD —por ejemplo, los que viven en hoteles, autos o albergados en casas de allegados— carecen de acceso a ayudas como asistencia para el alquiler o apoyo para encontrar arrendadores que acepten mal crédito.

Incluso los subsidios de vivienda, diseñados para aliviar la crisis, son insuficientes. “Solo un 25% de quienes califican para bonificaciones realmente las recibe. Además, el arrendador puede negarse a aceptarlas sin consecuencias, sobre todo en los mercados más cotizados”, sostiene. Así, algunas familias terminan perdiendo el subsidio por la imposibilidad de encontrar quién les alquile.

Especulación inmobiliaria y fondos de inversión privados en el negocio de la pobreza

Un factor central de la crisis es la dinámica del mercado inmobiliario y los fondos de inversión privados. “Vemos cómo gran parte de la vivienda del país es comprada por firmas de Wall Street como Blackstone y Starwood Capital”, expone en el Miami Herald. “Cuando ese capital privado entra al negocio del alquiler, la prioridad pasa a ser el rendimiento para los accionistas; la consecuencia es un incremento de desalojos”.

Según Goldstone, estas empresas también adquieren hoteles de estancia prolongada, donde se alojan familias tras perder sus viviendas. “Maurice y Natalia, por ejemplo, gastaron $17.000 en solo ocho meses en un estudio diminuto. Mientras vivían allí con sus hijos, Blackstone y Starwood Capital compraron la cadena Extended Stay America por $6.000 millones, lo que muestra hasta qué punto la inseguridad se ha vuelto lucrativa”.

También señala que tanto grandes corporativos como propietarios de pocas viviendas operan bajo la misma lógica de maximizar beneficios, limitando la disponibilidad de vivienda asequible.

Alternativas y modelos de intervención en la crisis habitacional

Para Goldstone, el cambio principal debe venir de una mayor prevención. “Diseñar políticas de intervención temprana no solo tiene sentido desde el punto de vista financiero, sino que también es correcto desde una perspectiva moral, porque previene sufrimiento”, afirma. “Resulta mucho más barato dar una pequeña ayuda inmediata que afrontar las consecuencias del desplazamiento prolongado”.

Sugiere también exigir estándares mínimos de habitabilidad y controlar los desalojos por represalia. Enfatiza la necesidad de leyes de estabilización de rentas. “No tiene sentido permitir que los alquileres suban mucho por encima de la inflación, cuando las condiciones de los apartamentos no mejoran”.

Goldstone encuentra motivos de esperanza en iniciativas locales y menciona el ejemplo de Seattle como muestra de que una ciudad puede priorizar formas de vivienda social y asequible. Destaca que, aunque el panorama es adverso, se está gestando un nuevo activismo entre las personas que viven de alquiler en Estados Unidos. Nuevas redes de inquilinos ganan fuerza y organizan respuestas colectivas, probando que la organización social puede abrir oportunidades transformadoras.

Luego de la salida de la convertibilidad, se consolidó una matriz social profundamente heterogénea que perdura hasta la actualidad, mostrando importante brechas tanto en materia de ingresos como de acceso a oportunidades entre los distintos niveles socioeconómicos.

En ese marco, un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la UCA describe la situación de las familias según el lugar que ocupan en la pirámide social.

El centro de estudios señala que en el tercio superior, se configura un estrato de clases medias-altas y altas plenamente integrado a los circuitos formales, globalizados y de alta productividad.

Es un segmento con acceso estable a bienes públicos de calidad, capacidad de ahorro, inversión en capital humano y redes de oportunidad, y con capacidad de orientar sus decisiones económicas hacia horizontes de largo plazo.

En términos de ingresos, para integrar el 3% de mayores recursos, el hogar familiar requiere percibir al menos $30 millones. A continuación se ubica el 7% que conforma la clase media alta, con ingresos desde $15 millones. Luego aparece el 20% correspondiente a los sectores medios integrados, cuyo piso de ingreso se sitúa en $5 millones.

En el tercio intermedio, se ubica una amplia clase media y media baja aspiracional, “sostenida por inserciones laborales formales y semi-formales, cuya estabilidad depende críticamente del ciclo económico. Este grupo acumula expectativas de movilidad pero sufre frustración, incertidumbre y desconfianza política ante la recurrencia de crisis macroeconómicas, la volatilidad del ingreso real y el deterioro de bienes públicos clave”, indicó el ODSA.

Para pertenecer al 20% de los hogares que compone el estrato medio aspiracional es necesario percibir al menos $3.500.000, mientras que en el segmento medio bajo vulnerable el ingreso mínimo requerido es de $2 millones.

En el tercio más bajo de la distribución se agrupa una población inserta en trabajos informales, inestables o de mera subsistencia, condicionada por un entramado de baja productividad, menor nivel educativo acumulado, fragilidad laboral y fuerte dependencia de asistencia estatal.

El ODSA indica que la debilidad de los ingresos provenientes del trabajo dificulta quebrar el círculo de la pobreza y perpetúa situaciones de exclusión económica, social y territorial.

Ahora bien, el 20% que integra el segmento bajo no indigente necesita contar con ingresos de al menos $800.000. Esa misma suma, en paralelo, funciona como el límite máximo para el 10% ubicado en situación de pobreza extrema.

Puntualmente sobre este segmento, el informe asegura las medidas de liberalización aplicadas entre 2023 y 2024 profundizaron la crisis previa, aunque hacia el segundo semestre de 2024 la estabilización macroeconómica y una recuperación parcial de los ingresos comenzaron a moderar las tasas de pobreza e indigencia.

No obstante, observan que la mejora observada en los indicadores sociales durante el período 2023-2025 se asocia principalmente a la desaceleración inflacionaria, más que a una recomposición genuina del poder de compra o a un aumento sostenido de la capacidad de consumo de los hogares.

Además, el ODSA analizó: “El actual régimen libertario abre la posibilidad de dinamizar sectores competitivos, atraer inversión y reordenar incentivos que podrían elevar la productividad y habilitar nuevas trayectorias de movilidad social”.

“Sin embargo, sus límites emergen en la falta de mecanismos inclusivos de transición y en la desarticulación del entramado productivo existente, lo que amenaza con profundizarla informalidad y la pobreza estructural si no se acompaña de una estrategia capaz de generar empleos formales y políticas activas de integración territorial y de capital humano que integren socialmente a los sectores hoy excluidos del desarrollo”, añadió.

“Sin una estrategia explícita de inversión —interna y externa— orientada a expandir el tejido pyme, profesionalizar la economía informal y fortalecer el capital humano, la estabilización macro podría derivar en un orden social más desigual, con menor movilidad ascendente, mayor fragmentación y una sociedad disciplinada por la supervivencia más que integrada por oportunidades", consideró el ODSA.

El último informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (ODSA-UCA), titulado “Estabilización, nuevo ciclo y deudas sociales persistentes en una Argentina en transición”, revela un escenario de marcada polarización entre la experiencia presente y las expectativas de corto plazo. Según el relevamiento correspondiente a febrero de 2026, el 39% de los hogares proyecta que la situación económica de la Argentina empeorará en 2026.

Este pesimismo respecto a la marcha general de la economía nacional se agudiza en los sectores más vulnerables. Mientras que en el estrato medio alto el porcentaje de quienes esperan un año peor para el país es del 31,5%, esta cifra asciende al 49,1% en los hogares de nivel socioeconómico muy bajo. No obstante, el informe detecta una brecha significativa entre la percepción macroeconómica y la personal: solo el 20,6% de los encuestados anticipa que su situación económica familiar será peor este año.

El diagnóstico de la UCA describe una estructura social “profundamente heterogénea” y “reproductora de desigualdades”. En términos de movilidad intergeneracional, el 43,3% de los argentinos considera que su situación económica actual es peor que la que tuvieron sus padres. Esta percepción de movilidad descendente alcanza al 57,8% en el estrato muy bajo, frente a un 30,8% en los sectores medios-altos.

A pesar de la visión crítica sobre el presente, el informe destaca una expectativa positiva de largo plazo: “Alrededor del 82% cree que sus hijos o nietos tendrán más oportunidades que ellos”. Esta confianza en el futuro es incluso más alta en los sectores populares, llegando al 85,9% en el nivel socioeconómico muy bajo.

Pobreza y mercado laboral

El reporte analiza la dinámica de la pobreza en un contexto de reformas estructurales que el ODSA-UCA define como un “shock de ajuste”. Si bien se registra una caída en los índices de pobreza monetaria —que pasó del 45% en 2023 al 36,2% en 2025—, el Observatorio advierte que esta mejora responde principalmente a la desaceleración inflacionaria y no a un aumento real del poder adquisitivo o del consumo.

“La estructura social muestra una recuperación estadística de la pobreza, pero sobre una base metodológica frágil y sin mejoras equivalentes en consumo, bienestar ni capital humano”, sostiene el documento. La pobreza continúa afectando de forma desproporcionada a la infancia: en 2025, más del 40% de los menores de entre 13 y 17 años permanece en situación de pobreza monetaria.

En el ámbito laboral, el informe señala que, aunque la actividad económica creció un 3,5% interanual hacia fines de 2025, este crecimiento no se tradujo en la creación de empleo formal. Los sectores que lideraron la expansión, como la agricultura y la intermediación financiera, tienen una baja demanda de mano de obra. Como contrapartida, el empleo no registrado ganó protagonismo, alcanzando el 45% del total de los ocupados en el tercer trimestre de 2025.

Estrés económico y privaciones

Uno de los puntos más críticos del informe de la UCA es la distinción entre la pobreza medida exclusivamente por ingresos y lo que el Observatorio denomina “estrés económico”. Esta categoría busca capturar la experiencia subjetiva y cotidiana de los hogares argentinos, y los resultados son alarmantes: el 46% de la población manifiesta vivir bajo condiciones de estrés económico, lo que significa que, independientemente de si sus ingresos los sitúan técnicamente por encima de la línea de pobreza, perciben una incapacidad real para cubrir sus necesidades básicas.

El documento deja claro que, a pesar de la desaceleración de la inflación y una leve recomposición nominal de algunos salarios, el sentimiento de privación económica no ha cedido en la misma proporción. De hecho, en el estrato socioeconómico muy bajo, esta percepción de asfixia financiera alcanza a 7 de cada 10 hogares.

Esta situación se traduce en privaciones concretas que afectan la calidad de vida de manera estructural. El informe detalla que, si bien la inseguridad alimentaria registró una baja estadística al 17,8% en 2025, la cifra sigue siendo “críticamente alta” en los sectores más vulnerables, donde el 37% de las familias todavía reporta dificultades graves para acceder a una alimentación adecuada. Según el ODSA-UCA, esto evidencia que “la estabilización macroeconómica no ha llegado aún a las mesas de los sectores que dependen de la economía informal y la asistencia social”.

En cuanto a la salud, el 32,6% de los hogares presenta algún tipo de privación en el acceso a recursos sanitarios. Esto incluye tanto la imposibilidad de pagar medicamentos como el colapso en la atención del sistema público, que debe absorber a quienes pierden la cobertura de medicina prepaga o de obras sociales por la caída del empleo formal.

Otro indicador de deterioro persistente es el estado de la vivienda. El 55,3% de las unidades domésticas relevadas manifestó la imposibilidad total de realizar arreglos o mejoras necesarias en su infraestructura. El informe subraya que “la vivienda se ha convertido en un capital estancado; las familias priorizan la alimentación por sobre el mantenimiento básico, lo que genera un proceso de degradación del hábitat que será difícil de revertir en el corto plazo”.

Finalmente, el estudio advierte sobre la “privación de futuro” que implica el déficit en el capital humano. El 40% de los adolescentes de entre 13 y 17 años vive en hogares con privaciones múltiples que van más allá del dinero: falta de acceso a servicios básicos, hacinamiento y exclusión digital.

El director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, lanzó una advertencia contundente: la inteligencia artificial podría superar las capacidades cognitivas humanas en pocos años.

Según el CEO, el avance de los modelos de IA se encuentra en una fase tan acelerada que el umbral de la “inteligencia general superhumana” podría alcanzarse mucho antes de lo que la sociedad imagina.

Durante su intervención, Amodei sostuvo que “falta un pequeño número de años para que los modelos de IA superen las capacidades cognitivas de la mayoría de los humanos en la mayoría de las cosas”.

Cómo imagina Amodei un futuro con IA más inteligente que las personas

El ejecutivo de Anthropic presentó una visión que denominó “un país de genios en el centro de datos”, en referencia al surgimiento de sistemas de IA capaces de superar a los seres humanos en casi cualquier tarea intelectual. A su juicio, estos agentes artificiales pronto podrán coordinarse a velocidades que ningún ser humano puede igualar, creando un escenario completamente nuevo para la civilización.

“Estamos cada vez más cerca de lo que llamo el país de genios en el centro de datos, un conjunto de agentes de IA más capaces que la mayoría de los humanos en la mayoría de las cosas, y que pueden coordinarse a velocidad sobrehumana. Ese nivel de capacidad es algo que el mundo nunca ha visto antes”, afirmó.

Entre las posibilidades positivas, Amodei destacó el potencial de la IA para curar enfermedades que han sido incurables durante miles de años, mejorar la salud humana de forma radical y sacar a miles de millones de personas de la pobreza, especialmente en el sur global.

También mencionó avances en agricultura y educación, con la capacidad de mejorar significativamente las condiciones de vida en regiones históricamente desfavorecidas.

Qué riesgos identifica el CEO de Anthropic ante este avance

A pesar del optimismo sobre las aplicaciones de la IA, Amodei advirtió sobre riesgos significativos que acompañan a estos progresos. Uno de los principales es la posibilidad de comportamientos autónomos por parte de los modelos de IA, lo que podría derivar en usos indebidos tanto por individuos como por gobiernos.

Además, resaltó la amenaza de desplazamiento económico y pérdida de empleos a gran escala, a medida que las máquinas superen en productividad a los trabajadores humanos.

“Me preocupa el comportamiento autónomo de los modelos de IA, su potencial para el uso indebido por parte de individuos y gobiernos, y su potencial para el desplazamiento económico”, dijo.

También subrayó que el ritmo acelerado de la innovación puede llevar a una época de fuerte disrupción social y económica, lo que exige una cooperación estrecha entre empresas y gobiernos para mitigar los impactos negativos.

Por qué cree Amodei que la transición será tan rápida

El director de Anthropic fundamentó su advertencia en la curva de avance que han mostrado los modelos de IA en los últimos años. Según su visión, el progreso de la tecnología no es lineal, sino exponencial, y eso hace que el salto a capacidades superhumanas pueda ocurrir en un plazo sorprendentemente corto.

A modo de ejemplo, Amodei recordó que los sistemas actuales ya realizan tareas que hace poco eran dominio exclusivo de los expertos humanos. Con la coordinación de múltiples agentes artificiales trabajando juntos, la eficiencia y la capacidad de resolución de problemas podrían multiplicarse aún más.

Frente a la presión comercial que domina el sector tecnológico, Amodei subrayó que Anthropic opta por priorizar la seguridad aunque esto implique no buscar el máximo beneficio económico inmediato.

Señaló que los incentivos financieros pueden llevar a minimizar los riesgos y que es fundamental mantener un crecimiento responsable, incluso si eso significa avanzar con mayor cautela.

El ejecutivo aseguró que la compañía está comprometida con la evaluación rigurosa de sus modelos y la colaboración internacional para garantizar que el desarrollo de la inteligencia artificial beneficie a la sociedad en su conjunto, sin sacrificar la seguridad ni la ética en el proceso.

La tasa de desocupación se redujo a 6,3% en los centros urbanos durante el tercer trimestre de 2025, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) tras publicar los resultados de la Encuesta Permanente de Hogares (EPHoG) total urbano. Se trata de un dato positivo en comparación con el trimestre anterior, donde el desempleo se había ubicado en 7,6%, y respecto al mismo periodo de 2024, cuando se posicionó en 6,4 por ciento.

Según los datos oficiales, en el tercer trimestre de 2025, la población económicamente activa era de 20,6 millones de personas, de las cuales 19,3 millones estaban ocupadas (3,2 millones ocupadas demandantes de empleo y 2,2 millones subocupadas) y 1,3 millones desocupadas.

El reporte se conoce en medio de la crisis generada por el cierre de Fate, la mayor fabricante nacional de neumáticos, que dejó sin trabajo a cerca de 1.000 empleados. Esta situación profundiza las dificultades del mercado laboral y añade presión al Gobierno sobre la política de apertura de las importaciones.

A nivel de distrito, en el tercer trimestre, la mayor tasa de empleo estuvo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) con 54,1%; después la siguió La Pampa (48,4%); Santa Fe (46,5%); Córdoba (45,7%); y Jujuy (45,5%). Mientras que la mayor tasa de desempleo estuvo en Santa Cruz (10,7%), en segundo lugar quedó La Pampa (7,8%); Buenos Aires (7,7%); y Chaco (7,4%).

El dato que ilusiona

El informe del Indec corresponde a una muestra ampliada que incluye localidades urbanas de más de 2.000 habitantes, con el objetivo de retratar la realidad laboral en todo el país. De acuerdo con la comparación interanual, la tasa de desocupación nacional urbana había sido del 6,4% en el tercer trimestre de 2024. En ese período, el mercado de trabajo evidenció ajustes producto de la desaceleración económica, acompañados por variaciones en los indicadores respecto a trimestres previos.

El organismo explica que la tasa de desocupación resulta de dividir la cantidad de población desocupada por la población económicamente activa, siguiendo la definición internacional de desempleo abierto. Además, la tasa de empleo mide el porcentaje de población ocupada sobre el total de referencia, mientras que la tasa de actividad corresponde a la proporción de personas que forman parte de la fuerza laboral.

Pero el dato está en la comparativa respecto al tercer trimestre de 2024, donde la tasa de empleo alcanzó 44,2% y la de actividad, 47,2%. Asimismo, el porcentaje de ocupados demandantes de empleo —es decir, quienes buscan activamente un nuevo trabajo a pesar de tener uno— se situó en 16,7%.

El documento distingue entre población desocupada, ocupados demandantes de empleo, subocupados por insuficiencia de horas y otras categorías asociadas a la inestabilidad laboral. La subocupación total fue del 11,2%, compuesta por 7,8% de subocupados demandantes y 3,3% de subocupados no demandantes. La definición oficial aclara que forman parte de la subocupación quienes trabajan menos de 35 horas semanales por causas ajenas a su voluntad y están dispuestos a ampliar su jornada.

La desocupación muestra variaciones notorias entre provincias: Buenos Aires tuvo una tasa de 8,3%, Córdoba 6,4%, Santa Fe 5,5% y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires alcanzó 4,4%. En conjunto, los 31 aglomerados urbanos presentaron una tasa de 6,9%, mientras que provincias como Tucumán (6,8%) y Tierra del Fuego (8,1%) arrojan cifras por encima del promedio nacional urbano.

De acuerdo con la última actualización del relevamiento, la población económicamente activa urbana sumó 20.267.000 personas, con 18.973.000 ocupadas y 1.293.000 desocupadas. En los principales conglomerados urbanos, la fuerza laboral totalizó 14.362.000 personas, de las cuales 13.368.000 contaban con empleo y 994.000 estaban sin trabajo. La EPH se basa en las proyecciones del Censo Nacional de 2010, ajustadas para el periodo analizado.

Entre las definiciones clave, Indec especifica que la población ocupada comprende a quienes desarrollaron al menos una hora de trabajo remunerado en la semana de referencia. En tanto, la desocupada incluye a quienes buscaron activamente empleo y se encontraban disponibles para incorporarse al trabajo. El grupo de ocupados demandantes incluye a las personas empleadas que buscan un cambio de ocupación.

Según la encuesta, la subocupación y la demanda insatisfecha de empleo representan desafíos para el mercado laboral urbano. La tasa de ocupación demandante en 2024 fue de 16,7% a nivel nacional urbano y de 17,6% en los 31 principales aglomerados. El informe advierte que los valores pueden fluctuar según el margen de error muestral y la dinámica propia de la economía.

En cuanto a la cobertura, la EPH urbana abarca ciudades de 2.000 o más habitantes en todas las provincias, exceptuando Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su extensión completa, donde el relevamiento se acota a los 31 aglomerados principales por el operativo continuo.

El operativo de la EPH urbana del tercer trimestre de 2025 incluyó 40.610 viviendas relevadas, distribuidas entre los principales aglomerados y demás ciudades del país. La muestra comprende tanto los principales aglomerados urbanos como localidades intermedias, permitiendo la estimación de tasas diferenciadas por provincia y región. Entre los dominios de estimación figuran el total nacional urbano, los grandes conglomerados y los totales provinciales de población urbana residente en hogares particulares.

La economía española encadena varios años de crecimiento, tras cerrar 2025 con un repunte del 2,8%, pese a la inestabilidad geopolítica a nivel mundial. Sin embargo, sigue sin resolver uno de sus principales problemas estructurales: la pobreza infantil, que permanece en niveles elevados a pesar del aumento del gasto social y la mejora de la renta media. Según la última Encuesta de Condiciones de Vida del INE, el 28,4% de los niños y niñas en España vive en situación de pobreza o exclusión social, frente al 17,8% del resto de la población adulta.

La situación empeora para quienes viven en situación de pobreza severa, es decir, en hogares donde los ingresos no bastan para garantizar lo más básico: comer adecuadamente o disponer de una vivienda segura con suministros básicos como agua, luz y calefacción. En 2025, esta condición alcanzó al 12,5% de la infancia, cerca de un millón de niños y niñas, aunque la cifra registra un leve descenso frente al año previo.

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Bajo este contexto, la prestación universal por crianza de 200 euros al mes por hijo, propuesta esta semana por el Gobierno —como parte de una estrategia de desarrollo sostenible más amplia que busca reforzar el Estado del Bienestar con 100 metas hasta 2030—, se convierte en una herramienta clave para combatir la pobreza infantil.

Aunque la medida no está en marcha —de momento es solo una propuesta—, la experiencia de otros países con este tipo de ayudas económicas demuestra que son eficaces. De hecho, según datos de Unicef, la prestación por crianza sacaría a más de 270.000 niños, niñas y adolescentes de esta situación de vulnerabilidad en España si la ayuda para las familias es de 100 euros mensuales, mientras que podría sacar de la pobreza a unos 530.000 si alcanza los 200 euros al mes.

Garantizar que ningún niño o niña quede excluido

Según ha explicado el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, el objetivo de esta medida es que llegue al 100% de las familias con hijos menores a su cargo, independientemente de que sus rentas sean bajas, medias o altas, ya que en el caso de los hogares con rentas elevadas, el impacto de la ayuda se ajusta a través del sistema fiscal. En ese sentido, Unicef y Save the Children destacan a Infobae que el carácter universal de la prestación por crianza “garantiza que ningún niño o niña quede excluido por trámites burocráticos, falta de información o situaciones de estigmatización”.

“Este tipo de ayudas fortalecen el contrato social e intergeneracional, ya que todos contribuimos y nos beneficiamos del bienestar y el desarrollo de los niños y niñas de un país”, señala Gabriel González-Bueno, especialista en políticas de infancia de Unicef España. La prestación universal por crianza, añade el experto, es la única medida capaz de alcanzar “a todos los niños, niñas y adolescentes en situación de pobreza y además garantiza que aquellos que están en riesgo no lleguen a cruzar el umbral”.

Save the Children subraya que unas de las ventajas del carácter universal de esta ayuda económica es que se establece como un derecho para todas las personas con hijos menores a su cargo, asegurando su acceso sin distinciones ni requisitos restrictivos. Esto transforma la ayuda en un derecho social garantizado, no en una asistencia limitada o condicionada. De esta forma, toda familia puede reclamarla por el solo hecho de cumplir con la condición de crianza, lo que refuerza su carácter inclusivo.

Otra ventaja, añade la organización, es que “elimina el estigma que tienen algunas ayudas sociales”, así como las barreras de acceso burocráticas. Y por último, porque, de facto, las rentas medias y altas “ya están percibiendo una ayuda a la crianza, a través de las deducciones fiscales del mínimo por descendiente en el IRPF”.

“Lo que hay que hacer es reformar este sistema para que llegue a quienes más lo necesiten“, apunta Save the Children, que apunta como posible medida establecer un coeficiente que ajuste el importe de la prestación según el nivel de ingresos de cada familia, de modo que la ayuda se adapte a la situación económica de cada hogar.

La organización insiste en que la universalidad “no está reñida con la equidad”, ya que puede complementarse con mayores apoyos para quienes más lo necesitan, como el refuerzo del Complemento de Ayuda a la Infancia (CAPI), especialmente para los mayores de 6 años, y con mejoras en su difusión y acceso. “Un enfoque exclusivamente focalizado corre el riesgo de dejar fuera a hogares vulnerables que no cumplen criterios estrictos, pero que igualmente atraviesan grandes dificultades”, añaden.

Familias con rentas altas

Respecto a los hogares con ingresos altos, a veces también existen circunstancias puntuales, como desempleo, gastos imprevistos, separaciones o casos de discapacidad que no quedan reflejados en una fotografía estática de la renta. Las familias de ingresos altos pueden recibir la prestación por crianza, pero su efecto neto se compensa a través del sistema fiscal: los impuestos progresivos permiten que los hogares con más recursos contribuyan más, recuperando lo percibido sin excluir a ningún niño de la cobertura.

Ambas organizaciones destacan que invertir en infancia “no es un gasto”, sino una apuesta por la sostenibilidad social, económica y demográfica de la sociedad.

Patricia Morán llegó a España desde Argentina hace 15 años y su historia refleja la realidad de muchas familias monomarentales y migrantes. Tras separarse de su marido por violencia de género, ha sacado adelante sola a sus cuatro hijos. Su día a día transcurre entre trabajos esporádicos en la limpieza y un subsidio de poco más de 400 euros mensuales, ingresos con los que hace malabares para pagar los gastos básicos y llegar a final de mes.

En la misma casa conviven sus tres hijos mayores de edad, que tienen entre 21 y 26 años, y un menor de 15. Patricia cuenta a Infobae que el salario de su hija resulta imprescindible para afrontar el pago del alquiler y se muestra preocupada por la carga económica que recae sobre la joven, que tiene que anteponer las necesidades del hogar a sus propios proyectos. “Es una situación muy complicada, porque cobro un subsidio de poco más de 400 euros y no me gusta que mi hija tenga la carga de pagar el alquiler siendo tan joven”, explica la mujer. Además, con la llegada del invierno las dificultades aumentan, pues la falta de recursos le ha impedido en varias ocasiones, comprar el pellet para la estufa, lo que agrava las condiciones de una vivienda “antigua y húmeda”.

A pesar de las adversidades y de los problemas de salud que padece, Patricia mantiene una actitud positiva y agradece la labor de los servicios sociales. “Como siempre digo, aunque la situación es difícil, voy saliendo del fondo”, señala. También reconoce el valor de iniciativas como la prestación universal de 200 euros mensuales por hijo menor de 18 años que ha propuesto crear el Gobierno recientemente. En su caso, la ayuda solo llegaría para su hijo adolescente, pero sería suficiente para aliviar la presión económica y garantizar mejor el bienestar del menor”.

“Por suerte, mis hijos no son exigentes y se conforman con lo que les doy, porque hemos tenido que vivir así. Una ayuda de 200 euros al mes sería muy importante, porque así puedo invertirlo en mi hijo menor, en comprarle ropa o zapatillas, porque la adolescencia tampoco es fácil”, asegura la mujer, que también agradece la labor del Centro de Recursos para la Infancia y la Adolescencia que gestiona Save the Children en Madrid, un espacio que ofrece apoyo y actividades para niños, adolescentes y sus familias.

La pobreza infantil sigue siendo una asignatura pendiente

A pesar de que la pobreza infantil en España ha bajado 0,8 puntos en el último año, sigue condicionando la vida de muchos niños, niñas y adolescentes, sobre todo en los hogares encabezados por mujeres, como refleja el caso de Patricia. Según datos de la Encuesta de Condiciones de Vida 2025 del Instituto Nacional de Estadística (INE), el 28,4% de los menores de edad se encuentra en situación de pobreza o exclusión social, frente al 17,8% de las personas mayores de edad.

En ese sentido, Save the Children advierte que la situación es especialmente grave en los hogares monomarentales, donde la tasa de pobreza alcanza el 45,8%, frente al 22,5% de las familias que cuentan con dos adultos. Esta diferencia revela la feminización de la pobreza, relacionada con empleos precarios, contratos a tiempo parcial no elegidos y las barreras para compaginar el trabajo con el cuidado de los hijos.

La organización también recuerda que la pobreza infantil es un fenómeno estructural, vinculado precisamente “al coste de la crianza, a las dificultades de acceso a la vivienda, a la insuficiencia de políticas de apoyo a las familias y a la desigualdad de género”. “El coste de la crianza se ha convertido en una barrera para garantizar una infancia digna. Cuando las familias no pueden asumir los gastos básicos, son los niños y niñas quienes pagan el precio”, critica Catalina Perazzo, directora de influencia y desarrollo territorial de Save the Children.

Frente a este escenario, la organización también valora de forma positiva la prestación universal por hijo propuesta por el Gobierno, aunque también advierte que la medida, por sí sola, “no será suficiente para reducir de forma significativa la pobreza infantil”. Si finalmente esta ayuda económica se convierte en realidad y se diseña de forma adecuada, añaden, el impacto en las familias en situación de vulnerabilidad puede ser muy relevante, ya que permitirá “aliviar parte de los costes asociados a la crianza, aportará estabilidad económica y reducirá el riesgo de que niños y niñas crezcan con carencias que afecten a su salud, su educación y su bienestar”.

Además, concluyen, la prestación “ofrecerá seguridad a todas las familias y reconocerá el esfuerzo que supone criar, algo especialmente importante en un contexto de creciente precariedad”. Desde Save the Children también defienden el carácter universal de la ayuda, porque garantiza que ningún niño o niña quede fuera por barreras administrativas, desconocimiento o estigmatización.

Dos datos sorprendieron con la publicación del índice de inflación de enero: el aumento del IPC en sí y el fuerte incremento que tuvieron los alimentos y bebidas, que aumentaron 4,7% en el primer mes del año. Ahora, el Indec publicó un segundo informe que da cuenta de cómo se encarecieron los productos de primera necesidad en el comienzo del 2026, incluyendo por supuesto a los insumos alimenticios. Se trata del estudio de canasta básica, que mide el total de ingresos que debe tener una familia tipo para cubrir sus necesidades durante un mes.

El informe presenta dos datos. Por un lado, está la Canasta Básica Total (CBT), que incluye el costo de todos los bienes y servicios básicos para vivir y marca el nivel de ingresos que debe tener una familia tipo para no caer en la “pobreza”. En este caso, los datos del Indec muestran que la CBT se encareció 3,9% en enero (un punto por encima de la inflación), con lo que llegó a $1.360.299. Las familias con ingresos inferiores a ese monto, son técnicamente consideradas “pobres”.

Por su parte, la Canasta Básica Alimentaria (CBA), estudio que mide el total de gastos que debe hacer una familia para cubrir únicamente sus necesidades alimenticias, registró en enero un fuerte aumento del 5,8 por ciento. De esa forma, la CBA alcanzó los 623.990 pesos. Los hogares que con ingresos inferiores a ese monto, son técnicamente considerados “indigentes”.

El aumento de la CBA concuerda con el fuerte movimiento de precios que registró el rubro de “alimentos y bebidas” en la medición del IPC. Además, ejerce presión negativa a la medición de los niveles de indigencia, ya que sube la vara de lo que deben ganar las familias argentinas para no estar en esa condición. De hecho, en el acumulado de los últimos doce meses la CBA registró una suba del 37,6%, un valor que supera con amplitud al IPC de ese período (32,4%). La CBT, por su parte, acumula una variación del 31,6% en el acumulado del último año.

El costo de vida por hogar

Para la medición de la pobreza y la indigencia el Indec toma en consideración la CBA y la CBT de una familia de cuatro personas, compuesta por un varón de 35 años, una mujer de 31, un hijo de 6 años y una hija de 8. Sin embargo, el informe mensual del organismo presenta también los resultados para otros grupos familiares, con diferente cantidad de integrantes.

Lógicamente, a mayor cantidad de personas en el hogar, mayor es el costo real de ambas canastas. Así, una familia de cinco integrantes, compuesta por un varón y una mujer, ambos de 30 años y tres hijos de 1, 3 y 5 años, debe gastar $656.301 mensuales para acceder a una Canasta Básica Alimentaria y debe ganar $1.430.735 para poder adquirir una Canasta Básica Total.

Por el contrario, un hogar de sólo tres integrantes tiene que pagar menos que el hogar promedio. En ese caso, la CBA es de $496.769 y la CBT llega a $1.082.956. El hogar tomado como ejemplo está compuesta por una mujer de 35 años, su hijo de 18 años y su madre de 61.

La carrera con los salarios

Como se mencionó, la CBA y la CBT son indicadores fundamentales para medir la evolución de la indigencia y la pobreza, pero para tener una idea cercana de qué está pasando a nivel socioeconómico, se debe tener en cuenta la evolución de otra variable: los salarios.

El último dato disponible publicado por el Indec, muestra que los sueldos de los trabajadores formales se incrementaron en promedio 28,8% en el total de 2025. Con eso, los asalariados le ganaron la carrera a la Canasta Básica Total (subió 27,7% en todo el año pasado), un escenario que le quita presión a los niveles de pobreza.

No obstante, la situación cambia cuando se analiza la CBA. Es que la Canasta Básica Alimentaria tuvo un incremento del 31,2% en el transcurso del 2025, lo que significa que los sueldos quedaron por debajo del incremento del costo de los productos alimenticios. Eso, por supuesto, aumenta el riesgo de indigencia.

De todas formas, los últimos indicadores de pobreza presentados por el Gobierno dieron cuenta de una mejora de los indicadores socioeconómicos. En detalle, el Gobierno aseguró que, en un solo año, 5,2 millones de personas dejaron de ser pobres en la Argentina. El dato corresponden al tercer trimestre del 2025.

La infancia en España representa el rostro más visible de la desigualdad: el 28,4% de los menores crecen en situación de pobreza, una cifra que casi duplica la registrada entre los adultos (17,8%), según los últimos datos de la Encuesta de Condiciones de Vida del INE. Ante esta brecha, la propuesta del Gobierno de aprobar una prestación universal por crianza de hasta 200 euros al mes se plantea como una herramienta clave para aliviar la carga económica de las familias, fomentar la natalidad y reducir la pobreza infantil. Por eso organizaciones como Unicef y Save the Children piden que la medida no se quede en una promesa y que se implemente cuanto antes.

“Tiene que convertirse en una realidad para que mejore las vidas de los niños y niñas que se encuentran en situación de pobreza“, señala Lucía Losoviz, responsable de incidencia nacional de Unicef España, que destaca la necesidad de asignar el presupuesto correspondiente y aplicar la medida sin demoras, ya que la situación actual ”así lo requiere”. Y es que de acuerdo a la Encuesta de Condiciones de Vida, uno de cada tres menores en España está en riesgo de pobreza o exclusión social.

Además, aunque la tasa de pobreza infantil basada en ingresos ha descendido del 29,2% al 28,4%, la brecha con la pobreza adulta se amplía: en hogares con dos adultos y sin hijos, la tasa es del 13,8%, mientras que en hogares con dos adultos y al menos un niño asciende al 22,5%.

El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha explicado que la prestación universal por crianza ha demostrado ser eficaz en otros países donde ya se aplica, y su departamento ha aclarado que su implementación debe ir acompañada de un modelo fiscal redistributivo, progresivo y equitativo.

Mejoraría la salud y las relaciones parentales

Esta ayuda anunciada por el Gobierno, que estaría dirigida al 100% de las familias con menores de 18 años a su cargo, se integra en una estrategia de desarrollo sostenible que busca combatir problemas como el acceso a la vivienda y la brecha de género de aquí a 2030, entre otros desafíos. En esta línea, Unicef destaca el potencial de la prestación no solo para reforzar los ingresos familiares, sino para “reducir el abandono escolar, mejorar la salud infantil mediante una mejor alimentación y condiciones adecuadas en el hogar“, como poder encender la calefacción en invierno o mantener la casa a una temperatura fresca en verano con aire acondicionado.

“Este tipo de prestaciones económicas también son claves para reducir el nivel de estrés y presión sobre las decisiones familiares, mejorando la salud mental y las relaciones parentales”, indica a Infobae Gabriel González-Bueno, especialista en políticas de infancia de Unicef. Estas ayudas, añade, son especialmente importantes para reducir la pobreza infantil en España, que se encuentra entre los países de la Unión Europea donde este tipo de prestaciones tiene menor impacto y cuya inversión en protección social para familias e infancia" está muy por debajo de la media europea".

No basta la medida por sí sola

Save the Children coincide en que, si la prestación por crianza se aplica correctamente, proporcionará mayor seguridad a todas las familias y supondrá un reconocimiento al esfuerzo que implica criar hijos en un contexto de creciente precariedad. La organización recuerda que la pobreza infantil en España tiene causas estructurales, vinculadas al elevado coste de la crianza, las dificultades para acceder a la vivienda, la escasez de políticas de apoyo familiar y la desigualdad de género.

También destaca que invertir en infancia no es un gasto, sino “una apuesta por la sostenibilidad social, económica y demográfica de nuestra sociedad”. “Garantizar que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades de crecer y desarrollarse es la base de un futuro más justo y próspero para todos”, añaden.

Ambas organizaciones subrayan la importancia de que esta ayuda vaya acompañada de otras políticas relacionadas con el acceso efectivo y gratuito a servicios, como la educación 0-3 años, unas políticas de vivienda que tengan en cuenta a la infancia, y mejoras en el mercado de trabajo, especialmente desde la conciliación, además de una mayor participación de la infancia en situación de vulnerabilidad en la vida social y política.

Un pilar de la protección social

Desde Unicef defienden un modelo mixto, en el que las prestaciones universales constituyan “un pilar de la protección social para todos los hogares con niños”, complementado con ayudas focalizadas y acceso gratuito a servicios clave para las familias más vulnerables. En España, el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y el Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI) representan ese enfoque focalizado, aunque la organización advierte de que se requieren mejoras para acceder a estas ayudas.

“Lo que es necesario es construir ese pilar de prestaciones universales que son las más eficaces en reducir la pobreza infantil y, a la vez, reconocen el esfuerzo de la crianza que realizan millones de familias y del que se beneficia el resto de la sociedad", concluye González-Bueno.

Según un reciente estudio elaborado por Unicef junto al Centro de Políticas Económicas de Esade, si esta prestación fuera de 100 euros mensuales, la pobreza infantil se reduciría en 3,6 puntos porcentuales, es decir, un 11,2% menos de niños y niñas en situación de pobreza (270.000 menores). Si la prestación se sitúa en 200 euros, la reducción sería de 7,1 puntos porcentuales: un 22,1% menos de niños y niñas en situación de pobreza, lo que equivale a 530.000 menores

La tasa de riesgo de pobreza relativa en España cayó en 2025 al 19,5%, su nivel más bajo desde la crisis de 2008, según la Encuesta de Condiciones de Vida (INE) del Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondientes a 2025. El dato consolida una tendencia positiva en los indicadores sociales, pero también deja al descubierto una fractura que se agrava entre los jóvenes: la diferencia cada vez mayor entre quienes consiguen independizarse y quienes permanecen en el hogar familiar.

Según recoge Jorge Galindo, director adjunto de EsadeEcPol, en un análisis difundido por el think tank, la proporción de jóvenes de entre 16 y 34 años en situación de pobreza cayó del 22,2% en 2015 al 17,0% en 2025. Aunque la tendencia general es descendente, la recuperación no ha sido homogénea. La pandemia interrumpió el avance, con un repunte al 20,7% en 2021, y la tasa se ha mantenido estable entre el 17% y el 18% desde 2022.

Sin embargo, Galindo señala la preocupante evolución de una realidad que se está volviendo cada vez más común: el creciente número de jóvenes que ve imposible emanciparse. De hecho, el INE señala que la tasa de menores de 35 años independizados se ha reducido año tras año en la última década. El porcentaje de jóvenes emancipados bajó del 37,5% en 2015 al 27,0% en 2025, lo que significa que casi tres de cada cuatro jóvenes españoles de 16 a 34 años viven con al menos uno de sus padres. Aunque pueda parecer que aquellos que se mantienen sin ayuda financiera de su familia cuentan con economías más robustas, los datos oficiales apuntan a que poder contar con el apoyo financiero de los padres es una de las mejores garantías para correr menor riesgo de pobreza.

Los jóvenes emancipados, cada vez más pobres

En esta publicación, el sociólogo e investigador señala la existencia de una brecha de pobreza entre los jóvenes emancipados y aquellos que viven con sus padres. Aunque en su conjunto los dos grupos han logrado reducir la tasa de pobreza juvenil, esta mejora es la suma de su evolución a ritmos muy diferentes. A lo largo de la última década, la pobreza entre los jóvenes que viven con sus padres ha descendido 6,2 puntos. Entre los emancipados, en cambio, la cifra ha crecido 1,6 puntos. Por lo tanto, los jóvenes independizados han visto aumentar su probabilidad de encontrarse en situación de pobreza mientras que para los que no han abandonado la casa de sus padres se ha hecho menor, ensanchando la distancia entre las tasas de pobreza relativas de los dos colectivos hasta los 17,8 puntos.

Vistas estas diferencias, todo indica que la reducción de la pobreza juvenil agregada responde principalmente a la mejora entre quienes continúan en el hogar familiar. El análisis de EsadeEcPol revela que dos tercios de la reducción total se deben al descenso de la pobreza en este grupo, cuya tasa ha decaído hasta el 12,2% desde el 18,4% registrado diez años antes. Solo una quinta parte obedece al descenso en la proporción de jóvenes emancipados, que mantiene una tasa de pobreza del 30% (casi el triple de la de los que siguen viviendo con sus padres), frente al 28,4% de 2015.

Así, la buena noticia de la reducción de la tasa de pobreza no se corresponde necesariamente con una mejora en las condiciones de vida de los jóvenes emancipados, sino con un aumento del número de trabajadores de nuevas generaciones que no pueden permitirse la emancipación y se mantienen bajo el amparo de la economía familiar.

Estudiar no basta sin ayuda familiar

El incremento en el nivel educativo de la juventud es otro de los aspectos destacados por el artículo, que sin embargo ni tiene el impacto esperado en la tasa de pobreza ni afecta de la misma manera a los dos grupos estudiados. La proporción de jóvenes con educación terciaria, ya sea cursando o completada, ha crecido tanto en los emancipados como en los no emancipados. Entre quienes viven con sus padres, el porcentaje se acerca a dos tercios; entre los emancipados, el número sube hasta rozar el 75%.

La desagregación por nivel educativo muestra que, en 2025, la tasa de pobreza para jóvenes sin educación terciaria es del 15% si viven con sus padres y alcanza el 39,1% en el caso de los emancipados. Entre los emancipados con estudios superiores, la tasa se mantiene entre el 23% y el 25% a lo largo de la década analizada, mientras que los que viven con sus padres y cuentan con estudios terciarios mantienen el menor riesgo de pobreza, que cae desde el 16% en 2015 hasta el 11,3% en 2025.

De estos datos se desprende que la apuesta más segura para mantenerse lejos de la pobreza juvenil es cursar estudios terciarios, pero sobre todo poder depender del apoyo económico familiar. El siguiente grupo con mayor seguridad son los no emancipados sin estudios terciarios, cuyas tasas han estado generalmente por debajo de las de los independizados con formación superior en la última década, aunque en ocasiones las han sobrepasado.

El precio de la vivienda, otro gran condicionante

Las cifras ofrecidas anteriores se han calculado teniendo en cuenta solo los ingresos que entran en el hogar, por lo que dejan fuera diferencias importantes relacionadas con el precio del acceso a la vivienda, una de las principales problemáticas a las que se enfrentan las generaciones más jóvenes. No obstante, existe una manera de estimar el valor económico de vivir en una casa sin pagar un alquiler de mercado. Eso es precisamente el alquiler imputado: una cifra que calcula cuánto costaría esa vivienda si hubiera que alquilarla en condiciones normales. Se aplica tanto a quienes viven en una vivienda en propiedad como a quienes residen en una casa cedida por un familiar o siguen viviendo con sus padres.

Cuando este componente se suma a la renta del hogar, el impacto es claro: la tasa de pobreza baja mucho más entre quienes viven con sus padres (−1,5 puntos) que entre quienes ya están emancipados (−0,4 puntos), según el análisis de Galindo. Este ajuste refuerza la hipótesis de que el hogar familiar actúa como principal red de protección económica frente a la pobreza juvenil.

Con la nueva canasta de gastos de los hogares realizada en 2017/2018, que el Indec aún no aplicó para el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y que es uno de los motivos por los que renunció su ex titular, Marco Lavagna; en el tercer trimestre de 2025, la pobreza fue superior a la estimada por el Gobierno en 6,3 puntos porcentuales.

Desde el Ministerio de Capital Humano, en base a los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec, afirmaron que la incidencia de la pobreza fue de 26,9% en dicho período, lo que representa una baja interanual de 11,4 puntos porcentuales respecto del tercer trimestre de 2024, cuando alcanzó 38,3%.

En tanto, la indigencia habría sido del 6%, presentando una caída interanual de 3,2 puntos porcentuales respecto del mismo período del año anterior (9,2%).

Según estimaciones del econometrista Martín González Rozada, basadas en la Encuesta Nacional de Gastos de Hogares (ENGHo) 2017/2018, no utilizada por el Indec; la tasa de pobreza nacional habría alcanzado el 33,2% en el tercer trimestre de 2025, esto es una disminución de 25,2 puntos porcentuales respecto al pico registrado en el primer trimestre de 2024, aunque la cifra es mayor a la informada por el Ejecutivo.

El análisis del investigador de la Universidad Torcuato Di Tella también indica que la indigencia se ubicó en 5%, marcando el nivel más bajo desde el tercer trimestre de 2017. En este caso, el número es inferior al de Capital Humano, que realiza sus informes a través del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS).

Por regiones, el Noreste (NEA) mantiene la tasa más alta, con un 43,8%, seguido por el Noroeste (NOA) con 40,7%, aunque ambas regiones registraron caídas significativas de 9,2 y 4,8 puntos porcentuales, respectivamente.

En el extremo opuesto, la Patagonia presenta la menor incidencia de pobreza (26,4%), seguida por la región Pampeana (28,9%). El Gran Buenos Aires, que concentra alrededor del 45% de la población urbana del país, alcanza una tasa de 33,3%, prácticamente igual al promedio nacional.

Todas las regiones mostraron descensos, con NEA (-9,2 pp) y Cuyo (-5,9 pp) liderando las mayores reducciones respecto al trimestre anterior.

En términos de situación habitacional, en el tercer trimestre de 2025, la brecha de pobreza entre propietarios e inquilinos volvió a invertirse: los inquilinos registran una tasa de 33,4%, superior al 30,8% de los propietarios, con una diferencia de -2,6 puntos porcentuales.

Esto contrasta con el trimestre anterior, cuando la brecha era de +4,0 puntos porcentuales a favor de que los propietarios fueran más pobres, y sugiere un posible efecto estacional o un cambio en la dinámica de ingresos según el régimen de tenencia. La brecha histórica promedio se sitúa en -1,1 puntos porcentuales, con inquilinos generalmente más pobres.

Según Rozada, este cambio representa una reversión del patrón atípico que caracterizó a la Argentina en trimestres previos. Ahora, los datos se alinean con lo que ocurre en la mayoría de los países de América Latina, donde los inquilinos suelen enfrentar mayores niveles de pobreza.

Los analistas señalan que esta reversión podría estar vinculada a la recuperación diferencial de ingresos según el tipo de vivienda, a cambios en el mercado de alquileres o a factores estacionales. La persistencia de este patrón en los próximos trimestres permitirá determinar si se trata de un cambio estructural o simplemente transitorio.

Otro punto destacado por el informe es que la Canasta Básica Total (CBT) individual, con la ENGHo 2017/2018, llegaría a $344.535, en lugar de los $297.091 que surgen de la ENGHo de 2004/2005 que utiliza el Indec.

Vale mencionar que, además de la baja de la inflación, el fuerte incremento en la Asignación Universal por Hijo (AUH) y otras transferencias directas hizo que, aunque los salarios reales en el sector privado no mejoraran significativamente, los ingresos familiares crecieran por encima de la canasta básica total. Esto fue clave para la reducción estadística de la pobreza.

A su vez, según la UCA, hubo mejoras en el registro de ingresos no laborales en las encuestas por parte del Indec, lo que también impactó en las estadísticas de pobreza.

Los especialistas coinciden en que para reducirla de manera permanente y romper el piso estructural (cerca del 25%–30%), son necesarias reformas económicas profundas, crecimiento del empleo productivo y un aumento genuino del poder adquisitivo de los hogares a través del desarrollo económico sostenido.

El Partido Socialista ha destacado el descenso registrado en el abandono escolar temprano en España, cifra que, según un comunicado, ha pasado del 20% en 2015 al 12,8% en 2025. Este dato forma parte de su respuesta a las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, sobre las políticas de ayudas sociales y la situación del empleo en el país. De acuerdo con la información publicada por el medio que aportó la noticia, el PSOE rechaza los argumentos del líder de la oposición y asegura que la realidad laboral y social desmiente sus afirmaciones.

Según consignó el medio, el PSOE ha calificado de “irresponsable” la crítica de Feijóo al Ingreso Mínimo Vital (IMV). El partido responde a las declaraciones realizadas el martes por Feijóo en la asamblea general de la Asociación Valenciana de Empresarios, en las que sostuvo que, actualmente, a muchas personas “no les merece la pena trabajar y el Gobierno lo incentiva”. El PSOE considera estas manifestaciones como un ataque a una de las principales medidas destinadas a la reducción de la pobreza en España.

El partido de Gobierno defendió la efectividad del IMV como herramienta social, argumentando que protege a más de 770.000 hogares. De acuerdo con las afirmaciones de los socialistas divulgadas por el medio, el incremento en la cantidad de prestaciones concedidas no supone un fracaso, sino que demuestra que el sistema de protección social está alcanzando sectores de la población que antes no recibían ayuda, garantizando apoyo a quienes más lo necesitan.

Respecto a las cifras de empleo, el PSOE señaló que actualmente España cuenta con cerca de 22,5 millones de personas ocupadas, frente a los 20 millones que, según señalaron, aspiraba a alcanzar el anterior presidente del PP, Mariano Rajoy. A través de un comunicado citado por el medio, la formación socialista aseguró que nunca antes hubo tantos trabajadores en el país. También destacaron que, en 2025, la tasa de desempleo descendió al 9,93%, situándose por debajo del 10% por primera vez desde 2008.

El medio informó que desde la sede nacional del PSOE, Ferraz, se emitió un pronunciamiento en el que se subrayó que el IMV representa un pilar en la estrategia para combatir la exclusión social. Los socialistas además respondieron a las recientes afirmaciones de Feijóo sobre un supuesto aumento en la tasa de abandono escolar, calificando como falsa esa información y remitiendo a las estadísticas que reflejan la reducción de esta problemática durante la última década.

En sus declaraciones recogidas por el medio, el PSOE acusó al líder del PP de permitir que la desinformación se colara en el debate político y social. El partido afirmó que Feijóo muestra desprecio hacia los sectores de la sociedad que requieren mayor apoyo institucional y sugirió que su papel en la política nacional ha estado acompañado por la propagación de datos imprecisos o directamente falsos.

El medio detalló que durante el intercambio de declaraciones, los socialistas reforzaron la legitimidad y necesidad de las ayudas sociales, justificando el aumento en la cobertura del IMV con el argumento de que refleja una mayor protección. En palabras del PSOE, “que aumente el número de prestaciones no es un fracaso, es la prueba de que el sistema llega donde antes no llegaba y protege a quien más lo necesita”. Además, remarcaron que los niveles actuales de ocupación laboral no solo igualan, sino que superan los objetivos propuestos por gobiernos anteriores, reforzando su posición en el debate sobre las políticas de empleo y asistencia social.

El cruce entre ambos partidos se produce en un contexto en el que la agenda económica y social ocupa un lugar central en la disputa pública. Las cifras de empleo, la evolución del desempleo y los indicadores sobre educación y pobreza, según refleja el artículo citado, forman parte de los argumentos principales que el PSOE utiliza para defender la orientación y resultados de las políticas implementadas durante su gestión.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha propuesto este viernes la implantación de un impuesto anual del 2% para los “ultrarricos” españoles, que permitiría crear una prestación universal por crianza. La medida se crearía a imagen y semejanza de la conocida como tasa Zucman, una propuesta de gravamen a los grandes patrimonios.

El ministro se ha reunido este viernes en París con el economista galo Gabriel Zucman, promotor de la tasa que lleva su nombre, para estudiar cómo sería su aplicación en España. El gravamen del 2% se implantaría a patrimonios superiores a 100 millones de euros de forma anual. Según estimaciones del Observatorio Fiscal de la Unión Europea, esta medida permitiría recaudar hasta 5.200 millones de euros.

Con este dinero, Bustinduy ha manifestado la intención de crear una prestación universal por crianza con el objetivo de “erradicar la pobreza infantil en España”. “La tasa que tenemos de pobreza infantil es completamente inaceptable y debemos ponerle remedio cuanto antes”, ha valorado el ministro. “Por nuestra parte, hemos incidido en cómo iniciativas como la Prestación Universal por Crianza requieren, precisamente, ir acompañas de una tributación justa, que supere las limitaciones del actual modelo fiscal que hace que los ricos paguen menos que un ciudadano medio”, ha explicado ante los medios al término de su reunión con el economista.

1 de cada 3 niños vive en situación de pobreza

El último informe de Unicef sobre pobreza en España calcula que un tercio de los menores de edad viven en situación de pobreza o exclusión en el país, lo que supone aproximadamente 2,7 millones de niños y adolescentes. Estos niños “carecen de recursos económicos y materiales suficientes para su desarrollo y bienestar tanto físico como mental”, según el organismo internacional.

Unicef certificó en su estudio que la pobreza infantil en España es un problema “de carácter estructural” y “un fallo colectivo” que requiere políticas públicas. Entre ellas, proponía la creación de una Prestación Universal por Crianza de 100 o 200 euros mensuales por cada menor de 18 años, medida que recoge ahora el ministro Bustinduy. Este tipo de iniciativas lograrían, según Unicef, reducir la pobreza infantil más de un 11% en el país.

El director de la cartera de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha defendido que la aplicación de este impuesto contribuiría tanto a disminuir la pobreza infantil como a lograr una mayor justicia fiscal. En el marco de la visita oficial a París, Bustinduy también se ha reunido con Mary Beth Goodman, secretaria general adjunta de la OCDE. Durante este encuentro, discutieron líneas de cooperación para avanzar en la lucha contra la pobreza infantil y en la posible implantación de la citada prestación universal.

“Creemos que España puede ser referente, que este trabajo que se está haciendo en España a través de la cooperación y la colaboración internacional puede extenderse para garantizar que recuperemos la capacidad de control en nuestras democracias sobre los algoritmos que están determinando gran parte de la vida pública y de nuestra vida económica y social. Y queremos que España sea referente en la defensa de la gobernanza democrática de los espacios digitales”, ha concluido.

La pobreza en la Argentina volvió a mostrar una baja durante el tercer trimestre de 2025 y se ubicó en 26,9%, de acuerdo con una estimación difundida por el Ministerio de Capital Humano. El dato surge de un cálculo realizado por el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS), en base a los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Medido en cantidad de personas, esto significa que aún hay 12.849.616 personas pobres en Argentina, 5.239.474 menos que un año atrás y 6.680.087 menos que los que se contabilizaban al inicio del gobierno de Javier Milei.

Estos números no deben confundirse con los mencionados por el Gobierno, que en más de una ocasión ha afirmado que “más de 12 millones de personas salieron de la pobreza durante la gestión actual”. Lo que ocurre, es que la administración libertaria no hace la comparación con el momento en que se inició la gestión, sino con el momento en el que se dio el pico máximo de pobreza, en el primer semestre de 2024.

Cabe recordar que en los primeros meses del 2024 millones de personas comenzaron a ser “pobres”, luego de que se produjera un sinceramiento de diferentes variables de la economía. Por citar un ejemplo, el dólar sufrió una brusca devaluación que disparó la inflación en los meses siguientes. También se sinceraron tarifas y se hicieron otras correcciones que hicieron que los salarios quedaran muy retrasados, llevando a millones de personas debajo de una Canasta Básica Total (CBT). Pasado el cimbronazo, algunas variables macroeconómicas comenzaron a normalizarse y los sueldos comenzaron a recuperar de a poco el terreno perdido, provocando varias bajas consecutivas de los niveles de pobreza.

Qué dice el Gobierno

Según el informe oficial, la incidencia de la pobreza registró una caída interanual de 11,4 puntos porcentuales respecto del mismo período de 2024, cuando había alcanzado el 38,3 por ciento. De esta manera, el Gobierno destacó que la tendencia descendente se consolida tras el pico registrado en el primer trimestre de 2024.

“El Ministerio de Capital Humano informa que la pobreza en la Argentina continúa bajando”, señaló el comunicado difundido por la cartera que conduce Sandra Pettovello. En ese marco, precisó que el cálculo se realiza a partir de los datos oficiales relevados por el Indec, aunque aclaró que se trata de una proyección propia, ya que la medición oficial de pobreza se publica de forma semestral.

El documento detalló que “en el tercer trimestre del 2025, la incidencia de la pobreza fue de 26,9%”, y remarcó que este resultado se explica por una combinación de factores vinculados al contexto macroeconómico y a las políticas sociales implementadas. En palabras del Ministerio, la evolución del indicador se da “gracias a las políticas económicas implementadas por el gobierno que han contribuido a reducir la inflación y estabilizar la economía, sumado a las acciones encaradas desde este Ministerio centradas en las personas con mayor vulnerabilidad del país”.

La estimación oficial se elaboró luego de que el Indec publicara los microdatos correspondientes a la EPH del tercer trimestre de 2025. A partir de esa información, el CNCPS proyectó la incidencia de la pobreza y la indigencia para ese período. “Este cálculo lo realiza el Ministerio de Capital Humano, a través del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS), a partir de la publicación por parte de INDEC de los Microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del tercer trimestre de 2025”, precisó el comunicado.

El informe también puso el foco en la evolución reciente del indicador. Según el Gobierno, la pobreza alcanzó su nivel más alto en el primer trimestre de 2024, cuando llegó al 54,8 por ciento. Desde entonces, de acuerdo con la estimación oficial, se inició un proceso de descenso sostenido que se refleja en los datos del tercer trimestre de 2025.

En ese contexto, el Ministerio recordó que el Indec publica la medición oficial de pobreza dos veces por año. Asimismo, el comunicado indicó que la próxima medición oficial del organismo estadístico se conocerá en marzo de 2026 y estará referida al segundo semestre de 2025. Hasta entonces, las estimaciones difundidas por el Ministerio se basan en proyecciones propias realizadas a partir de los microdatos oficiales.

Además de la pobreza, el informe incluyó datos sobre la evolución de la indigencia, es decir, la pobreza extrema. Según la estimación del Ministerio de Capital Humano, la incidencia de la indigencia se ubicó en 6% durante el tercer trimestre de 2025. Este valor representa una caída interanual de 3,2 puntos porcentuales en comparación con el mismo período de 2024, cuando el indicador había sido del 9,2 por ciento.

Con estos números, se puede deducir que hay 2.866.085 indigentes en el país, lo que implica una baja de 1.479.075 personas en el último año y una reducción de 2.707.139 personas desde que empezó el gobierno de Milei.

Desde el Gobierno señalaron que la reducción de estos indicadores está vinculada a una estrategia que combina políticas macroeconómicas y sociales. En el cierre del comunicado, el Ministerio sostuvo: “Equilibrar la macroeconomía, poner un freno a la inflación y focalizar las transferencias hacia los sectores más vulnerables, de manera directa y transparente, sin intermediarios, nos está permitiendo seguir bajando la pobreza en la Argentina”.

De esta forma, el Ejecutivo presentó una nueva estimación que muestra una reducción de la pobreza y la indigencia durante el tercer trimestre de 2025, en un contexto en el que aún resta conocerse el próximo dato oficial del Indec. Mientras tanto, el oficialismo destacó la continuidad de la tendencia descendente a partir de los cálculos realizados sobre la base de información estadística oficial.

Una inversión proyectada de $23.8 millones marcará el arranque de “Latidos del Barrio”, un plan de desarrollo de 10 centros comunitarios que busca llevar cultura, deporte, salud, educación y participación ciudadana a comunidades vulnerables.

El programa fue presentado ante el Consejo de Gabinete por la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, y la ministra de Cultura, María Eugenia Herrera.

Su meta declarada es beneficiar a más de 2 millones de panameños que viven en barrios históricamente rezagados.

El diseño del programa apunta a un enfoque preventivo. Con foco en jóvenes. Para reducir factores asociados a violencia, consumo de drogas y pandillas.

La propuesta plantea centros concebidos como espacios de encuentro, formación artística y revitalización de áreas públicas, bajo la premisa de que el acceso a actividades culturales y deportivas puede traducirse en oportunidades concretas y cohesión social.

El plan se plantea a tres años. Cuatro centros se ubicarían en el área metropolitana. Seis centros se desarrollarían en distintas provincias.

La inversión total equivale a una estimación de $10.82 por persona dentro del universo de beneficiarios proyectado, un dato usado por las autoridades para sustentar el componente de inversión social y el acceso equitativo a servicios comunitarios.

Durante la presentación en Gabinete, la primera dama describió el programa como una intervención que se construye desde el territorio. Con escucha comunitaria. Con acompañamiento directo.

En su exposición, subrayó que la iniciativa busca reconocer el talento existente en los barrios y convertirlo en oportunidades, promoviendo valores vinculados a convivencia, respeto y solidaridad.

La ministra de Cultura afirmó que “Latidos del Barrio” se concibe como un programa institucional con metodología definida para fortalecer el tejido social, recuperar espacios públicos y reforzar la presencia efectiva del Estado.

No solo infraestructura. Centros vivos y multidisciplinarios. “La cultura no es un lujo”, sostuvo, al presentar el programa como una herramienta estratégica para desarrollo humano, prevención social y cohesión comunitaria.

El corazón del modelo son los centros comunitarios. Espacios multifuncionales. Con cinco ejes de trabajo. Según la explicación dada en la conferencia, la propuesta integrará cultura y arte; deporte y recreación; educación y formación para la vida; bienestar emocional, medio ambiente y salud comunitaria; y participación ciudadana con liderazgo local.

En cuanto a contenidos, el programa plantea instalaciones y actividades como canchas deportivas, bibliotecas, ludotecas, artes plásticas y salas de usos múltiples para danza y capacitaciones.

También estudios de música y grabación,cursos de inglés, áreas de ciencia y tecnología con computadoras, programación, pizarras interactivas e impresoras 3D. Incluso se mencionó la inclusión de espacios recreativos vinculados a videojuegos y aprendizaje digital, con la intención de atraer a los jóvenes sin perder el componente formativo.

La ministra indicó que el ministerio asumirá un rol de coordinación interinstitucional para articular programas públicos y sumar aliados privados en el territorio, de forma que educación, salud, deporte, prevención y cultura confluyan en los mismos puntos de intervención.

Entre los primeros proyectos mencionados como parte de la fase inicial figuran centros ubicados en la Cinta Costera, en el área de El Chorrillo; San Joaquín, en Pedregal; y Ciudad Esperanza, en Arraiján. Tres licitaciones ya fueron adjudicadas, según explicó la ministra, y se encuentran a la espera de refrendo para avanzar. Indicó que el plazo estimado para que estas obras estén listas es de aproximadamente un año.

En la conferencia se precisó además un costo de referencia por proyecto. Alrededor de $1.5 millones cada uno. La ministra remarcó que se trata de obras de escala contenida, diseñadas para ser funcionales, atractivas y replicables, con el objetivo de avanzar hacia los siete centros restantes en el marco del plan trianual.

Un componente que las autoridades presentaron como evidencia de impacto es la Red de Coros y Orquestas Juveniles. Creció de 1,215 estudiantes en 2017. A más de 8,800 en 2026. Ese salto fue citado como prueba de que la inversión cultural sostenida puede traducirse en resultados medibles en formación y participación juvenil.

El acceso a los centros sería gratuito. La ministra explicó que el ingreso se manejaría con mecanismos similares a los utilizados en programas existentes del Ministerio de Cultura, combinando matrícula, evaluación por niveles y acompañamiento formativo.

En el diseño expuesto, el funcionamiento se concentraría en horarios posteriores a la escuela, con franjas pensadas para cubrir las tardes y mantener a niños y adolescentes en entornos supervisados y productivos.

En cuanto a expansión territorial, se mencionó la intención de llegar a provincias como Darién, Chiriquí, Bocas del Toro, Colón y Coclé. La lógica del programa, según explicó la ministra, es que el centro funcione como base operativa para que maestros y equipos lleguen a los estudiantes, especialmente en comunidades donde el acceso a oferta cultural y deportiva ha sido limitado.