La doble carga de la malnutrición, que incluye anemia, desnutrición, sobrepeso y obesidad, dejó en Perú un costo de USD 10.585 millones en 2019, equivalente al 4,6% del producto bruto interno (PBI), según cifras del Instituto de Nutrición y Seguridad Alimentaria (INSA).

El cálculo surge de un estudio del Ministerio de Salud, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Del total, US$ 4.023 millones estuvieron vinculados al sobrepeso y la obesidad, a través de gastos médicos, reducción de la productividad laboral y muertes prematuras.

Enfermedades crónicas aumentaron 11 puntos porcentuales desde 2010

Youmi Paz Olivas, directora del INSA, dijo para Infobae Perú que el impacto excede al sistema sanitario. Una población con enfermedades prevenibles enfrenta mayores dificultades para sostener su actividad laboral, mientras el Estado y las familias destinan más recursos a tratamientos que podrían evitarse con intervenciones tempranas.

La presión sobre el sistema de salud también se refleja en el avance de las enfermedades crónicas. Datos de la Encuesta Nacional de Hogares, analizados por el Banco Central de Reserva del Perú, muestran que el 43,2% de los peruanos informó tener al menos una enfermedad crónica en 2023. La cifra representa un aumento de 11 puntos porcentuales frente a 2010.

A la vez, se amplió la proporción de personas con problemas de salud que no acudieron a un establecimiento público. Ese indicador pasó de 64,6% en 2013 a 69,7% en 2023, de acuerdo con los datos mencionados por la directora de INSA. “La nutrición no es un tema individual, sino un factor determinante del desarrollo económico del país”, afirmó Paz.

El 78,9% de los adultos entre 30 y 59 años tiene exceso de peso

La prevención aparece como una de las herramientas para reducir los costos asociados a la diabetes, la hipertensión y las enfermedades cardiovasculares. El Observatorio de Sobrepeso y Obesidad del Instituto Nacional de Salud señala que el 78,9% de los adultos de 30 a 59 años presenta exceso de peso.

Paz Olivas indicó que las políticas deben comenzar durante la niñez. Citó una intervención desarrollada en Antioquía, en Huarochirí, donde 73 niños y adolescentes con anemia leve o moderada recibieron suplementación de hierro, alimentos fortificados y educación nutricional dirigida a sus cuidadores durante seis meses.

La hemoglobina de los participantes aumentó en promedio 1,85 gramos por decilitro y el 72,6% dejó atrás la anemia. En la proyección sobre los 315 menores evaluados, la prevalencia estimada pasó de 31,1% a 8,5%. La especialista precisó que estos resultados requieren validación con grupos de control y muestras más amplias.

La brecha de atención y especialistas limita la prevención

El acceso a diagnóstico y tratamiento mantiene obstáculos. Según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar de 2022, solo el 69,4% de las personas diagnosticadas con diabetes recibió o compró medicamentos en los últimos 12 meses.

En hipertensión, menos de la mitad de los pacientes conocía su diagnóstico y solo el 5,3% alcanzaba un control adecuado, según un análisis de datos nacionales de 2018.

La directora advirtió que la disponibilidad de profesionales también es desigual. El sector público cuenta con 42 médicos especialistas por cada 100.000 habitantes, mientras la densidad de médicos bordea los 17 por cada 10.000 personas. En nutrición, la oferta varía desde 2,4 profesionales por cada 100.000 habitantes en Piura hasta 18,9 en Moquegua.

La inteligencia artificial aún depende de datos y supervisión profesional

El país avanza hacia una adopción focalizada de la inteligencia artificial en salud, con el reglamento de la Ley de Inteligencia Artificial vigente desde enero de 2026 y el desarrollo de la historia clínica electrónica en el primer nivel de atención.

Paz Olivas señaló que la tecnología puede complementar las consultas nutricionales, aunque requiere registros clínicos confiables, protocolos validados en población peruana, conectividad y supervisión humana. En el primer trimestre de 2026, el 62,7% de los hogares tenía internet, pero la cobertura rural llegó solo al 25%.

Adiuska Suárez Morton busca agua en las casas de algunos vecinos y la guarda en las vasijas que encuentra. En su vivienda de madera, ubicada en Flora y Fauna, un asentamiento informal de Marianao, no tiene un tanque que le permita conservarla para cocinar, limpiar y cuidar a su hijo de tres años.

La madre, de 38 años, llegó a La Habana desde Guantánamo después de escapar de una relación marcada por la violencia con el padre del niño. Tras denunciarlo y conseguir que fuera encarcelado, decidió trasladarse con el dinero que tenía ahorrado e iniciar una nueva vida.

La pequeña casa que compró con esos ahorros es apenas un cuarto. Adiuska intenta ampliarla de forma gradual, con los recursos que consigue después de resolver las necesidades más urgentes del hogar.

“Tengo dos hijas, una tiene 20 años y otra tiene 15 años, y un niño de tres añitos que vive conmigo aquí en La Habana”, explicó la mujer a CubaNet. El niño menor permanece a su cargo en la capital.

El salario del hospital se reparte entre la comida y el cuidado del niño

La madre trabaja como empleada de limpieza en un hospital habanero situado en la calle 26. Por esa labor recibe 20,000 pesos mensuales (aproximadamente USD 23.72, según la cotización del mercado informal de divisas reportada por CiberCuba hasta el 27 de octubre), una suma que debe distribuir entre los alimentos, los gastos de la vivienda y la atención de su hijo.

El cuidado del niño representa un desembolso fijo de 4.000 pesos al mes (aproximadamente USD 4.74, según esa misma cotización). Ese pago no contempla todo lo que necesita comer durante el día, porque Adiuska debe llevarle pan, comida, jugo, yogur u otros productos.

La mujer sale a trabajar con esa provisión preparada y vuelve a una casa en la que cada gasto requiere cálculos. El dinero disponible debe cubrir también los artículos de primera necesidad y cualquier mejora que necesite el único espacio donde viven ambos.

La madre describió de este modo el impacto de los precios en su vida cotidiana: “Estoy pasando cantidad de trabajo con los precios tan altos como están, es para volverse loca”.

Su vivienda tiene paredes de madera, pero ella la reconoce como el resultado de sus propios esfuerzos después de dejar Guantánamo. “Vivo en una casa de madera, pero como quiera es mi casa. Estoy luchando aquí sola”, afirmó.

Una vecina compartió frijoles cuando no había comida en la casa

En Flora y Fauna, la ayuda entre residentes se vuelve necesaria en los momentos de mayor escasez. Adiuska contó que existe un intercambio constante entre vecinos, quienes comparten lo poco que tienen cuando alguien enfrenta una necesidad inmediata.

“A veces los vecinos me ayudan a mí y yo los ayudo a ellos. Hace dos días yo no tenía nada de comer y la vecina me dio un poquito de potaje de frijoles”, recordó ante el medio.

Ese plato resolvió una jornada en la que no tenía alimentos en casa. La solidaridad vecinal no elimina las dificultades económicas, pero permite enfrentar situaciones puntuales mientras la madre busca cómo sostener a su hijo.

Los asentamientos informales conocidos popularmente como “llega y pon” han crecido en distintos sectores de La Habana, entre otros factores, por las dificultades para acceder a una vivienda. Contar con un terreno o una construcción en esos barrios no asegura servicios ni infraestructura estable.

Las familias deben resolver con sus propios medios los problemas de construcción, abastecimiento y acceso a recursos básicos. Para Adiuska, el agua es una de las carencias que condicionan toda la rutina doméstica.

Las vasijas reemplazan al tanque que no puede comprar

La madre no tiene dónde almacenar agua cuando logra conseguirla. Por eso debe trasladarla desde las casas de algunos vecinos y conservarla en recipientes disponibles dentro de su cuarto.

“Aquí estamos pasando mucho trabajo con el agua. Tengo que buscar agua en casa de algunos vecinos y no tengo tanque, tengo que llenar las vasijas que encuentre para poder guardarla”, detalló Adiuska a CubaNet.

La falta de un depósito obliga a improvisar cada vez que necesita una reserva. Conseguir agua se suma al trabajo en el hospital, la atención de su hijo y la búsqueda diaria de alimentos.

El problema del abastecimiento afecta a otras zonas de la capital cubana. En septiembre de 2025, EFE documentó que habitantes de Centro Habana y La Habana Vieja llevaban semanas sin recibir agua corriente y dependían de cubos y otros recipientes.

En julio de 2026, Human Rights Watch describió que los apagones y el deterioro de la infraestructura agravaban el acceso al agua en distintos barrios habaneros. La situación de Adiuska se desarrolla en medio de esas dificultades para garantizar un servicio básico.

Las fluctuaciones eléctricas también tuvieron consecuencias dentro de su casa. El televisor que poseía dejó de funcionar por problemas de voltaje, según contó.

Reemplazar ese equipo no está entre sus prioridades. La comida de su hijo, el dinero para pagar su cuidado y el agua para el hogar ocupan el primer lugar en su lista de gastos.

La meta es ampliar el cuarto y asegurar condiciones básicas

El traslado a La Habana le permitió alejarse de la violencia y obtener un espacio propio. Aun así, la casa que consiguió no tiene las condiciones que necesita para vivir con tranquilidad junto a su hijo.

Adiuska aspira a conservar su empleo y ampliar la vivienda cuando pueda reunir los materiales y el dinero necesarios. Su presente depende de su salario y de la red de vecinos que le ofrece ayuda cuando falta comida o agua.

“Esto tiene que cambiar un día porque no es fácil esto”, dijo al hablar sobre la situación del país. Para ella, esa expectativa se traduce en una necesidad concreta: que trabajar cada día alcance para alimentar a su hijo y vivir en una casa con agua y servicios básicos.

El 83% de la niñez que vive en las comarcas indígenas de Panamá se encuentra en situación de pobreza, y más de la mitad, en pobreza extrema.

El dato, difundido por UNICEF, resume la magnitud del desafío que enfrenta el nuevo Plan Nacional de Implementación del Sistema de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, aprobado por el Gobierno panameño.

La cifra no es aislada. Nueve de cada diez niños de cuatro años en esas comarcas no asisten al preescolar, según el organismo.

Las uniones tempranas, además, resultan cuatro veces más frecuentes entre niñas y adolescentes indígenas que en el resto de la población del país.

Ahora, la adopción del plan fue oficializada mediante un Decreto Ejecutivo No. 13 de 12 de octubre de 2026, publicado en la Gaceta Oficial del 23 de octubre de 2026.

Esta es una estrategia que busca fortalecer la coordinación entre las instituciones del Estado y garantizar una atención más efectiva a niños, niñas y adolescentes, especialmente a quienes enfrentan situaciones de vulnerabilidad, según se informó.

El documento establece las bases para poner en funcionamiento un sistema nacional que articule las políticas públicas, los servicios de protección y los mecanismos de respuesta institucional, en cumplimiento de la Ley 285 de 2022, afirmó el Ministerio de Desarrollo Social (Mides).

El Plan Nacional fue impulsado por dicho ministerio, y fija las bases para que un sistema nacional articule políticas públicas, servicios de protección y mecanismos de respuesta institucional.

Lo hace en cumplimiento de la Ley 285 de 2022, norma que creó el Sistema de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia en Panamá.

El plan busca responder a un problema concreto: la fragmentación de las acciones estatales dirigidas a la infancia.

Contempla medidas para prevenir la violencia, fortalecer la protección frente al abuso, ampliar la participación infantil y garantizar el acceso a educación, salud y protección social, con énfasis en la población rural, indígena y en condiciones de pobreza.

El Plan Nacional, de acuerdo a la información oficial, otorga prioridad explícita a la niñez que vive en comunidades rurales, indígenas y otros sectores vulnerables, donde el acceso a servicios y mecanismos de protección es más limitado. Los indicadores en esas zonas confirman la urgencia de ese enfoque diferenciado.

Además de la pobreza extrema que alcanza al 55% de la niñez en las comarcas indígenas, UNICEF reportó que gran parte de esos niños carece de acceso a libros.

La combinación de pobreza, exclusión educativa y normas culturales discriminatorias coloca a esta población en un riesgo específico que, según el organismo, exige respuestas diferenciadas y no solo políticas generales.

Esta desigualdad territorial se traduce también en peores resultados de salud y protección social, de acuerdo con los mismos datos. El Plan Nacional reconoce esa brecha como uno de los ejes centrales de su diseño.

La adhesión de Panamá a la Convención sobre los Derechos del Niño impulsó al país a adecuar su legislación interna.

El Plan Nacional, de acuerdo siempre al Ministerio de Desarrollo Social, se presenta así como la herramienta llamada a convertir ese marco normativo acumulado en una política operativa.

Su objetivo declarado es transformar leyes y estructuras institucionales en mecanismos capaces de llegar efectivamente a los niños, niñas y adolescentes que hoy enfrentan las mayores brechas de pobreza y exclusión en Panamá.

Con esta iniciativa, Panamá busca avanzar hacia un sistema de protección que no se limite a intervenir cuando los derechos de un menor han sido vulnerados, sino que priorice la prevención, la detección temprana de riesgos y la atención integral, dijo la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles de Arango.

El 84.3% de los nicaragüenses consultados indicó que enfrenta dificultades para cubrir los gastos básicos de alimentación y del hogar, según la decimosexta Consulta Ciudadana de septiembre de 2026 de la organización Hagamos Democracia (NIC-CR). La cifra reúne a quienes afirmaron que sus ingresos resultan insuficientes y a quienes dijeron que solo alcanzan de manera parcial.

Del total de 400 participantes, 210 personas, el 52.5%, respondieron que sus ingresos no cubren los gastos básicos. A ese grupo se suman 127 consultados, el 31.8%, que señalaron que los cubren solo parcialmente. La consulta advierte que la cobertura parcial no supone una situación económica resuelta, debido a que implica restricciones para satisfacer necesidades cotidianas.

La suma de ambos segmentos equivale a 337 personas y explica el 84.3% del total. Solo 63 participantes, el 15.8%, manifestaron que sus ingresos sí alcanzan para afrontar esos gastos. El informe precisa que se trata de una consulta descriptiva y no probabilística, por lo que sus resultados no son extrapolables a toda la población de Nicaragua, pero representan la opinión de 40 unidades territoriales del país.

El informe asocia esa situación con la percepción sobre la evolución de los precios. Un total de 224 personas, el 56% de la muestra, consideró que los precios subieron mucho durante los últimos tres meses. La consulta presenta ambos indicadores en una misma figura para describir la relación entre los ingresos de los hogares y el costo de vida percibido por quienes respondieron.

La carne, los huevos y el aceite lideraron la lista de los productos más caros

En el informe se detalla qué alimentos y productos fueron identificados como los más afectados por el aumento de precios. Entre las 374 personas que respondieron esta pregunta de selección múltiple, 301 mencionaron la carne, que representan el 80.5%. Los huevos ocuparon el segundo lugar, con 265 menciones, es decir el 70.9%, mientras que el aceite fue señalado por 238 participantes, que equivale al 63.6%.

En la lista también aparecen productos como el queso, frijoles y arroz entre los que los ciudadanos consideran que han encarecido en los últimos meses. Tampoco se quedan atrás los medicamentos y productos de higiene como jabón y detergente.

La modalidad de respuesta permitía seleccionar más de una categoría. Por ese motivo, los porcentajes no suman 100% y deben leerse como menciones de productos que los encuestados percibieron como más caros, no como una distribución exclusiva de sus gastos ni como un registro de precios de mercado.

La concentración de respuestas en alimentos de consumo frecuente coincide con el resultado sobre la capacidad de los ingresos que tienen los nicaragüenses para cubrir los gastos básicos. El informe vincula ambas dimensiones al señalar que la insuficiencia de ingresos y el encarecimiento percibido de productos alimenticios describe la presión sobre la vida cotidiana de los hogares consultados.

El 45.7% de los nicaragüenses dijo que no puede cubrir la canasta básica

Cuando les consultaron sobre combustibles y cobertura de la canasta básica, las respuestas incorporan otro indicador sobre las condiciones económicas de los participantes. De las 394 respuestas sustantivas registradas para esa pregunta, 180 personas, es decir el 45.7%, respondió que no pueden cubrir la canasta básica.

El documento aclara que el referente de la pregunta sobre la canasta básica fue actualizado frente a la consulta de junio de 2026. Por ello, aunque el informe presenta antecedentes comparativos, advierte que el cambio reduce la posibilidad de establecer una comparación directa entre ambas rondas.

La consulta fue de carácter descriptivo y no probabilístico. Sus resultados recogen las percepciones de las 400 personas participantes, pero no representan estadísticamente al conjunto de la población nicaragüense ni permiten calcular márgenes de error muestral.

Texas registró en 2025 un ingreso mediano de USD 82.625, una mejora respecto al año anterior que no alcanzó para amortiguar la presión sostenida de los costos de vivienda, según datos publicados este jueves por la Oficina del Censo de Estados Unidos. La cifra queda por debajo de la mediana nacional de USD 84.780, informó The Texas Tribune.

Ingresos al alza en Houston y San Antonio, a la baja en Dallas y McAllen

Las ganancias no se distribuyeron de manera uniforme a lo largo del territorio texano. En las áreas metropolitanas de Houston y San Antonio, el ingreso mediano de los hogares registró aumentos, mientras que en las regiones de McAllen y Dallas-Fort Worth ese mismo indicador anotó caídas.

En el plano étnico, los hogares hispanos y afroamericanos fueron los que registraron los mayores crecimientos. El ingreso mediano de los hogares hispanos alcanzó los USD 70.348, mientras que el de los hogares afroamericanos llegó a USD 64.664.

A pesar de esos aumentos, ambos grupos se mantienen muy por debajo del ingreso mediano de los hogares blancos, que se ubicó en USD 92.479. Además, la brecha entre los hogares blancos y los hispanos es más pronunciada en Texas que la que muestra el promedio nacional. Los hogares de origen asiático registraron la mayor caída proporcional: su ingreso mediano fue 2,3% menor y quedó en USD 122.370.

Baja en la pobreza general, pero sube entre adultos mayores y familias

El informe también registró una reducción en la tasa de pobreza del estado y una caída en la cantidad de niños en esa situación. Sin embargo, la cantidad de texanos mayores y de familias bajo la línea de pobreza aumentó. En cuanto a la desigualdad de ingresos, Texas sigue con niveles elevados, aunque inferiores al promedio nacional.

Más de la mitad de los inquilinos texanos, con carga habitacional excesiva

La situación más difícil es la de los inquilinos. De los 4,3 millones de arrendatarios que hay en Texas, más de la mitad queda calificada como población “con carga habitacional excesiva” (cost-burdened). Esto significa que esas personas destinan al menos el 30% de sus ingresos a cubrir el alquiler. Los alquileres mensuales, mientras tanto, se mantuvieron estables.

La situación de los propietarios de viviendas también se volvió más tensa. La proporción de dueños con hipoteca que destinan una parte excesiva de sus ingresos a los costos de vivienda creció levemente y llegó al 32% en 2025.

Para los propietarios que ya terminaron de pagar su hipoteca, hubo alivio: la factura mediana del impuesto predial bajó un 4,2% frente a la de 2024. Esa caída fue resultado de los miles de millones de dólares que la legislatura de Texas destinó desde 2020 a contener la carga impositiva sobre las propiedades. A nivel nacional, ese gravamen aumentó, aunque todavía se mantiene por debajo del promedio de Texas.

Texas mantiene la tasa más alta del país de personas sin seguro médico

La Oficina del Censo cambió este año las preguntas que formula sobre el seguro de salud, aunque los datos preliminares confirman que Texas conserva el primer lugar en desprotección médica. El estado ocupa esa posición desde hace más de una década. La agencia también sumó nuevas preguntas sobre paneles solares y vehículos eléctricos.

Los hogares del condado de Travis, donde se encuentra la Gigafábrica de Tesla, tienen una tasa de posesión de autos eléctricos que duplica la proporción estatal, según The Texas Tribune. En energía solar, los hogares urbanos encabezan la adopción, aunque más de 80.000 hogares rurales, sobre un total de 2,3 millones, informaron que cuentan con paneles. Texas se mantiene, de todos modos, por debajo de la tasa nacional del 5,2% de viviendas con paneles solares instalados.

El Salvador registra que el 28.1% de su población de entre 16 y 64 años vive en pobreza de tiempo, una condición que limita el descanso, el ocio, las actividades sociales y el cuidado personal, según el informe “Indicadores de desigualdad en el uso del tiempo en América Latina y El Caribe”, elaborado con encuestas realizadas entre 2021 y 2025.

La medición considera en esta situación a quienes, después de cumplir las actividades necesarias de la vida cotidiana, disponen de menos de 132.3 minutos diarios para sí mismos. El porcentaje salvadoreño se ubicó cerca del promedio de 29% de los siete países incluidos en la comparación regional.

La incidencia fue mayor entre las mujeres: alcanzó al 30,6%, frente al 25.1% de los hombres. La diferencia de 5.5 puntos porcentuales mostró una mayor restricción temporal para la población femenina.

Entre los países relevados, El Salvador presentó una proporción inferior a la de México, Chile, Uruguay y Argentina, pero superior a la de Perú y Colombia. El estudio organizó las actividades diarias en un horizonte de 1,440 minutos, equivalentes a las 24 horas del día.

Empleo y cuidados, las mayores restricciones para las mujeres

Las diferencias se ampliaron entre la población con empleo remunerado. El 37,5% de las mujeres ocupadas se encontraba en pobreza de tiempo, mientras que la proporción entre los hombres ocupados fue de 28,3%.

La distancia de 9,2 puntos porcentuales reflejó que la combinación entre empleo, labores domésticas y responsabilidades de cuidado recae con mayor intensidad sobre las mujeres que participan en el mercado laboral.

La desigualdad también persistió entre quienes no tenían empleo remunerado. El indicador alcanzó al 24% de las mujeres no ocupadas y al 12% de los hombres, una diferencia vinculada al peso de las tareas no pagadas dentro de los hogares.

La mayor incidencia femenina se concentró entre los 30 y 59 años: el 35,6% de las mujeres de ese grupo enfrentó pobreza de tiempo, frente al 30,3% de los hombres. Entre los 16 y 29 años, las tasas fueron de 24,4% y 18,4%, respectivamente.

En el grupo de 60 a 64 años, la brecha prácticamente desapareció. La pobreza de tiempo afectó al 22,9% de las mujeres y al 22,7% de los hombres.

La composición de los hogares también modificó las restricciones temporales. Entre las mujeres que vivían en pareja y tenían hijos o hijas, el 32,3% registró pobreza de tiempo, frente al 27,6% de los hombres de hogares con la misma configuración.

En los hogares monoparentales, la diferencia fue de 11,7 puntos porcentuales: el indicador alcanzó al 29,3% de las mujeres y al 17,6% de los hombres. El informe no detalló cómo se distribuyen las responsabilidades dentro de esos hogares.

Las mujeres que vivían en pareja sin hijos o hijas tuvieron una incidencia de 30,6%, mientras que los hombres de ese grupo llegaron al 27%. En los hogares unipersonales, las tasas fueron similares: 24,4% entre las mujeres y 24% entre los hombres.

La educación tampoco eliminó la brecha. Entre quienes tenían educación primaria o un nivel menor, la pobreza de tiempo afectó al 32.7% de las mujeres y al 28.9% de los hombres. Entre las personas con educación secundaria, las proporciones fueron de 28.7% para las mujeres y 22.4% para los hombres. En el grupo con estudios superiores a secundaria, la incidencia alcanzó al 29% entre las mujeres y al 22.2% entre los hombres.

Menos ocio y menor disponibilidad para desplazarse

La distribución desigual de las horas diarias también se expresó en las actividades recreativas, culturales, deportivas y sociales. Los hombres dedicaron 106.8 minutos diarios al ocio activo, frente a 99 minutos de las mujeres.

La brecha fue mayor en el ocio pasivo, que incluye acciones como ver televisión o escuchar música. Los hombres destinaron 156,6 minutos diarios, mientras que las mujeres emplearon 127,8 minutos.

Las mujeres también tuvieron menor disponibilidad para trasladarse por motivos laborales, al mismo tiempo que asumieron una carga superior en labores domésticas y de cuidado. El informe señaló que las horas dedicadas a una actividad condicionan las posibilidades de realizar otras.

El descanso fisiológico presentó una diferencia menor. Las mujeres durmieron en promedio 478.8 minutos diarios —cerca de siete horas y 59 minutos—, mientras que los hombres descansaron 480,6 minutos, poco más de ocho horas.

Un total de 298,713 familias no tienen ingresos suficientes para solventar sus necesidades básicas en Costa Rica, lo que sitúa la pobreza en el 15.4% de los hogares del país.

La cifra representa a cerca de 919 mil personas que enfrentan severas dificultades cotidianas para financiar gastos elementales como techo, salud, transporte y vestimenta, de acuerdo con los registros oficiales de la Encuesta Nacional de Hogares elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

Dentro de este panorama social, la pobreza extrema se mantiene congelada en un 3.8%, una condición que perjudica de manera directa a 73,830 hogares en el territorio nacional.

Esto significa que aproximadamente 243 mil ciudadanos sobreviven con entradas de dinero tan limitadas que ni siquiera alcanzan para costear la cantidad mínima de comida que requiere un ser humano para subsistir cada mes.

La proporción de viviendas que no logran cubrir el costo de vida en el país registró una variación leve de 0.2 puntos porcentuales frente al periodo anterior, cuando el indicador se ubicaba en 15.2% con 286,365 hogares afectados.

Aunque la entidad técnica señala que esta diferencia porcentual refleja estabilidad en el comportamiento general de la población, en términos absolutos la cantidad de núcleos familiares desprovistos de recursos aumentó en 12,348 familias adicionales en apenas un año.

El estancamiento en estos niveles evidencia que el crecimiento económico general no se traslada con fluidez hacia los estratos de menores ingresos en Costa Rica. Quienes integran este segmento enfrentan no solo carencias para adquirir alimentos de primera necesidad, sino también un acceso precario a:

• Servicios públicos indispensables
• Artículos de aseo e higiene personal
• Conectividad básica en sus viviendas.

La pobreza extrema golpea a 73 mil familias que no logran costear la canasta de alimentos

La situación más crítica del país recae sobre las familias en pobreza extrema, en las que los recursos monetarios disponibles por persona son inferiores al valor de la Canasta Básica Alimentaria.

Este grupo se compone de ciudadanos que no logran satisfacer los requerimientos calóricos mínimos para una nutrición adecuada, lo que deteriora la salud física y limita las oportunidades laborales y educativas de sus miembros.

El dato de 243 mil personas sumidas en esta condición extrema confirma una barrera estructural persistente. En la mayoría de estos hogares, las personas dependen de empleos ocasionales, salarios informales o jornadas parciales que no aseguran una remuneración mensual suficiente.

El umbral monetario que calcula el INEC para fijar la línea de indigencia presenta variaciones notorias de acuerdo con la zona de residencia del habitante. En los distritos rurales, el valor mensual por persona de la canasta alimentaria se situó en ₡49.591 colones (aproximadamente USD 95,50) durante setiembre de 2026, tras haber marcado ₡49.751 colones (unos USD 95,80) en agosto.

Una persona en el campo que disponga de menos de esa suma al mes cae de forma inmediata en la categoría de extrema vulnerabilidad alimentaria. Por su parte, los precios de los productos en las ciudades imponen una presión económica todavía más pesada sobre las familias.

En las áreas urbanas, el costo de la canasta básica alimentaria por persona se colocó en ₡58.664 colones (cerca de USD 113) mensuales en agosto de 2026, cifra que aumentó con respecto a los ₡58.052 colones (unos USD 111,80) observados en julio. De este modo, un hogar promedio de cuatro miembros en una zona urbana requiere al menos ₡234.656 colones (alrededor de USD 452) al mes exclusivamente para asegurar su alimentación diaria, sin contar un solo colón para vivienda, electricidad, agua o transporte.

El crecimiento económico y la creación de empleo no están llegando con la misma intensidad a todos los hogares españoles. España ha pasado de ocupar una posición intermedia en la Unión Europea a situarse entre los cinco países con mayor tasa de carencia material y social severa, un indicador que mide las dificultades para afrontar gastos básicos y mantener unas condiciones de vida adecuadas. Así lo advierte Funcas en un análisis elaborado con datos de Eurostat, que concluye que la evolución favorable de la economía no se ha traducido en una mejora proporcional para los sectores más vulnerables.

En 2015, España ocupaba el decimoquinto puesto entre los 27 países de la UE, ordenados de mayor a menor tasa de privación. Entonces, el indicador se situaba en el 7,4%, por debajo del promedio comunitario, que alcanzaba el 9,7%. Una década después, el panorama ha cambiado: en 2025, la tasa española llegó al 8,1%, mientras que la media europea descendió hasta el 6,3%.

El deterioro de la posición relativa española refleja una evolución desigual entre los países comunitarios. Aunque la economía nacional ha mantenido el crecimiento y el empleo ha avanzado durante los últimos años, la proporción de personas que acumulan dificultades materiales y sociales no ha registrado una reducción comparable. El problema resulta especialmente relevante porque afecta a quienes tienen menos margen económico para absorber imprevistos o cubrir sus necesidades cotidianas.

Un indicador que mide más que la falta de dinero

Para interpretar correctamente los datos, Funcas recuerda que la metodología europea ha cambiado. Eurostat ha sustituido el indicador de carencia material severa por el de carencia material y social severa como principal referencia. El Instituto Nacional de Estadística (INE) continúa publicando la medida anterior, por lo que el análisis de la fundación tiene en cuenta ambos indicadores para ofrecer una visión más completa de la evolución de la vulnerabilidad.

La antigua medición consideraba que existía una situación severa cuando un hogar acumulaba al menos cuatro carencias de una lista de nueve. El indicador actual exige siete privaciones de un total de trece y amplía el análisis a circunstancias individuales, además de incorporar aspectos relacionados con la participación en la vida social.

Entre los elementos que se tienen en cuenta figuran las dificultades económicas para reunirse con familiares o amigos, disfrutar de actividades de ocio, disponer de una pequeña cantidad de dinero para gastos personales o sustituir la ropa y el calzado deteriorados. En cambio, se han retirado cuestiones como no poder tener teléfono, televisión en color o lavadora, que han perdido capacidad para diferenciar las situaciones de privación debido a su menor incidencia.

Los hogares con niños soportan las mayores dificultades

La situación más desfavorable aparece en las familias con menores de 16 años. En 2025, la carencia material severa alcanzó al 8,5% de estos hogares, frente al 7,6% del conjunto de la población. Si se utiliza la medición más amplia, que incorpora las privaciones sociales, la tasa se eleva al 10,7%, frente a una media nacional del 8,1%.

La brecha también se mantiene cuando se analiza el periodo completo entre 2015 y 2025. Durante esos años, los hogares con niños registraron niveles de privación superiores a los del conjunto de la población: la diferencia media fue de 1,5 puntos porcentuales en el indicador material y de tres puntos en el de carencia material y social severa. Los datos apuntan, por tanto, a una vulnerabilidad persistente que no se limita a un solo ejercicio.

Por el contrario, entre las personas de 30 a 64 años, una franja que concentra buena parte de la población en edad laboral, las tasas se acercan más a la media. En 2025, el 8% se encontraba en situación de carencia material severa y el 8,8% en la categoría que incorpora también las privaciones sociales. La comparación sugiere que la edad y la composición del hogar siguen siendo factores importantes para entender quién afronta mayores dificultades económicas.

Los mayores mejoran su posición relativa

La evolución de las personas de 65 años o más presenta un patrón diferente. Entre 2015 y 2025, su tasa media de carencia material severa se situó 3,3 puntos por debajo de la general. También destaca la trayectoria del indicador de privación material y social: pasó del 3,5% en 2015 al 8,1% en 2018, antes de iniciar una tendencia descendente.

En 2025, esa última tasa había retrocedido hasta el 4,7%, frente al 8,1% registrado para el conjunto de la población. El resultado sitúa a los mayores en una posición comparativamente favorable dentro de España y ayuda a explicar por qué la distribución de las carencias varía tanto entre grupos de edad.

Esta diferencia no significa que todas las personas mayores estén protegidas frente a la pobreza. Los datos muestran una comparación estadística entre grupos, pero no eliminan las dificultades que pueden experimentar quienes afrontan pensiones bajas, gastos elevados o situaciones de dependencia.

España se aleja de la mejora registrada en Europa

La comparación internacional refuerza la preocupación por la trayectoria española. Durante la última década, las mayores reducciones de la carencia material y social severa se han producido principalmente en países de Europa del Este, muchos de ellos con tasas iniciales elevadas, y también en algunos países del sur del continente. En cambio, varias economías con niveles iniciales más bajos han registrado aumentos o una evolución más estable.

En este segundo grupo aparecen países como Alemania, Austria, Francia y Luxemburgo, además de los tres Estados nórdicos. España se suma a los países en los que la tasa no ha experimentado una caída significativa, pese a partir de una situación que no era especialmente favorable. El resultado es un empeoramiento de su posición relativa en el conjunto comunitario.

El patrón de mayor privación entre los menores que entre los mayores también se observa en el resto de la UE. Sin embargo, España ha dejado de destacar tanto por la desventaja relativa de los niños, cuya situación se ha aproximado a la media europea, como por la posición favorable de los mayores, cuyas tasas de carencia continúan entre las más bajas de la Unión en relación con el conjunto de la población.

La literatura de la escritora mexicana de 94 años Elena Poniatowska nunca se escribió desde los escritorios de la academia, sino desde las suelas gastadas por el pavimento. Cuando en 1969 vio la luz su novela testimonial Hasta no verte Jesús mío, el panorama de las letras hispanoamericanas sufrió un sacudón sísmico. No era la mirada condescendiente de la burguesía compadeciéndose de los desposeídos; era la voz rústica, filosa y dolorosamente real de los márgenes de la sociedad.

En el centro de esa polifonía, una frase se erige como un monumento incómodo: “¿Quién quiere usted que sea bueno en este mundo si la pura pobreza le quita a uno las ganas de tener buen corazón?“ La bondad, muchas veces, es un lujo que la miseria estructural arrebata. Para dimensionar el impacto de esta obra hay que ir a la década de 1960, cuando la joven periodista Elena Poniatowska persiguió durante meses a una lavandera y sobreviviente de la Revolución Mexicana llamada Josefina Bórquez.

En un lavadero colectivo de la Ciudad de México, tras vencer la natural desconfianza de una mujer golpeada por la historia, nació una serie de entrevistas que la autora transformaría en ficción bajo el pseudónimo de Jesusa Palancares. La obra resultante, Hasta no verte Jesús mío, inauguró en el continente la era de la narrativa testimonial, un puente de oro que conectó el periodismo con la alta literatura, abriendo el camino para libros como La noche de Tlatelolco y Nada, nadie: las voces del temblor.

Cuando Jesusa Palancares pronuncia la frase destruye cualquier idealización romántica de la pobreza. Su diagnóstico es de un materialismo descarnado: las privaciones físicas extremas, el hambre crónico y la humillación diaria operan como un ácido que carcome la moralidad. Elena Poniatowska logra plasmar aquí una de las tesis centrales de toda su trayectoria intelectual y política: la desigualdad económica no solo destruye los cuerpos, sino que también confisca la capacidad espiritual de la empatía.

¿Cómo pedirle pureza de sentimientos a quien debe transformarse en una fiera salvaje para disputar el pan de cada día? Esta idea resume a la perfección el pensamiento ético de su autora, conocida popularmente en los círculos intelectuales como “La Princesa Roja” —debido a su herencia aristocrática polaca, la cual abandonó conceptualmente para abrazar las causas de la izquierda latinoamericana—. Para la ganadora del Premio Miguel de Cervantes, escuchar a los de abajo no es un ejercicio estético.

Su producción posterior, ya sea rescatando las voces de creadoras silenciadas en su libro de ensayos Las siete cabritas o ficcionando las biografías de artistas indomables en sus novelas Tinísima (Tina Modotti) y Leonora (Leonora Carrington), siempre gira en torno a la misma obsesión: revelar las estructuras de poder que asfixian el potencial de los seres humanos. En nuestro presente hiperconectado y fracturado, la advertencia de Hasta no verte Jesús mío recobra una vigencia urgente.

En una era donde las discusiones sobre la pobreza suelen quedar atrapadas en frías estadísticas económicas o en discursos de meritocracia digital, la frase de Elena Poniatowska nos obliga a mirar el costo humano profundo de la exclusión. Detrás de cada cifra hay un corazón que se va endureciendo por necesidad. La voz de Jesusa Palancares, rescatada con maestría por la gran cronista de México, sigue siendo un espejo incómodo en el que nuestra sociedad todavía no se atreve a mirar de frente.

¿Quién es Elena Poniatowska?

Elena Poniatowska es una de las escritoras y periodistas más influyentes de la literatura hispanoamericana. Nacida en París en 1932 con ascendencia aristocrática polaca, pero radicada y nacionalizada en México desde su infancia, se la conoce como “La Princesa Roja” por su firme compromiso con las causas sociales de izquierda. Transformó el periodismo continental al ser pionera de la polifonía testimonial, dando voz en sus textos a las comunidades marginadas, trabajadores y mujeres campesinas.

Su consagración definitiva llegó con Hasta no verte Jesús mío (1969), y con su obra maestra absoluta, La noche de Tlatelolco (1971), una monumental crónica oral sobre la masacre estudiantil perpetrada en 1968. Su inigualable contribución a las letras castellanas ha sido honrada con el Premio Miguel de Cervantes en 2013 y la Medalla de Honor Belisario Domínguez en México. Hoy, a sus 94 años, vive en la Ciudad de México. Es un símbolo del periodismo comprometido y de la dignidad artística.

A finales del siglo XIX, Argentina fue el granero del mundo. Nuestros campos producían 10 millones de toneladas por año en 1920, en un territorio de 2.780.000 kilómetros cuadrados. Era una base privilegiada para avanzar hacia un desarrollo sostenible, con un horizonte de pleno empleo y pobreza cero.

Claro que esta idea contrastaba con los planes de la masonería, que no habría permitido que, desde el Río de la Plata hasta el Río Grande, dos naciones dominaran el subcontinente. Eso sucedería si Brasil y Argentina tomaban la ruta de la integración latinoamericana y avanzaban hacia un modelo proteccionista y agroindustrial. Por eso era importante impedir esa alianza mediante un conflicto permanente entre el campo y la industria, la imposición de una economía de libre mercado, la libre navegación de los ríos y la división entre ambas naciones.

Para que las plantas se desarrollen hay que cuidarlas

Históricamente, la lógica de los gobiernos argentinos durante los primeros años de la organización nacional, a partir de 1853, fue fomentar la inmigración —capital humano—, promover las inversiones —capital dinerario— y adherir al capital ideológico del individualismo y el libre cambio.

Sin embargo, no advirtieron que este último era un remedio prescripto para los países desarrollados y contraindicado para un país todavía débil, como los surgidos de las excolonias. Estas naciones requerían buenas administraciones para el conjunto de la población, educación, sentido nacional y ahorro; gobiernos fuertes y legislaciones apropiadas a las condiciones de su edad y grado de desarrollo; además de una economía orientada al crecimiento, que pudiera dejarse volar cuando tuviera alas y no fuera devorada por los buitres.

El ahorro sería la base del desarrollo, en nuestro caso, del campo y de la incipiente industria. Desde luego, la promoción de la radicación de empresas y capitales de otros países, así como su asociación con emprendimientos locales, con los capitales de la tierra y con el ahorro de los argentinos, operaba y opera como un buen fertilizante.

Cómo crecieron y se desarrollaron los pequeños países

Nuestro país, con muchos más recursos naturales, después de 200 años todavía está en vías de desarrollo. El 50% de su población se encuentra bajo la línea de pobreza o es pobre, y la Argentina continúa como un país en vías de crecimiento.

Padece una economía embrollada, con una deuda externa de USD 327.855 millones, lo que representa el 44,9% del PBI. Tiene una pequeña y mediana industria muy extendida, pero que cae periódicamente en graves crisis a causa de las políticas contradictorias de los diversos partidos de gobierno.

Pese a la magnitud y abundancia de sus recursos naturales —petróleo, litio, oro, plata y muchos otros minerales—, algunas inversiones son atraídas por las facilidades otorgadas al extractivismo, prohibido en países desarrollados como Canadá o Estados Unidos.

Desde el punto de vista social, en la Argentina actual hay un 34,6% de pobres, mientras que la indigencia alcanza el 6,5%, con un nivel general de pobreza que se ubica entre el 30% y el 32,3%, debido a la pérdida de poder adquisitivo, el incremento de la informalidad laboral, el aumento del coeficiente de Gini y las subas de tarifas y servicios, según informa el Observatorio de la Universidad Católica Argentina (UCA).

Asimismo, la entidad desmiente que exista un descenso de la pobreza y sostiene que el Gobierno sobrerrepresenta esa mejora, diferencia que atribuye a razones técnicas en la medición del problema.

Países con territorios más de siete veces inferiores al nuestro, población pobre y geografías montañosas, como Suiza, Japón y, más recientemente, Corea del Sur, pasaron a ser potencias económicas y centros financieros mundiales.

El aborto de los proyectos de oro, plata y litio es legal en nuestro país

Al volver a la evolución productiva y a la realidad, expertos en minería del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) explican, desde un enfoque técnico y científico, cientos de ejemplos factibles que fueron abortados en nuestro país porque los intereses privados prevalecieron y prevalecen sobre el interés general. Finalmente, se impone la voluntad de las multinacionales, como Barrick Gold.

La historia se repite, como hemos expuesto en esta columna en el caso del litio. Se descubrieron grandes reservas en Jujuy, Catamarca y Salta que, junto con las de los países hermanos de Bolivia y Chile, serían capaces de producir baterías de litio, si no para todo el mundo, al menos para varias terminales de automóviles eléctricos.

Es una larga historia de divisiones y dependencia, ya explicada en el siglo pasado por Manuel Baldomero Ugarte, Raúl Scalabrini Ortiz, José María Rosa y Adolfo Silenzi de Stagni. Los argentinos importaremos los autos fabricados en Asia o Europa, con baterías que incorporan el valor agregado de la mano de obra china o europea, mientras el litio extraído de Jujuy se obtiene por chirolas. Eso sí: habrá un puñado de nuevos ricos en las provincias, como los hay con el oro de San Juan.

La bendición de la tierra fértil de nuestro suelo

El campo es orgullo nacional. También es vergüenza por la incapacidad de organización: las grandes organizaciones del agro argentino debieron ocuparse de la concentración y comercialización de sus productos agrícola-ganaderos, pero cedieron esa función a las multinacionales o grandes cerealeras, que aprovecharon las reglas del libre mercado.

Como dijimos, luego de abastecer al mundo durante más de un siglo, y pese a los avances tecnológicos y científicos, la demanda masiva del gigante asiático y la organización e intermediación de las grandes cerealeras, hoy celebramos la exportación de 84 millones de toneladas entre enero y septiembre de 2026.

Sin embargo, las condiciones de la tierra y la tecnología podrían multiplicar varias veces ese volumen. Las manufacturas también podrían expandirse y superar, con creces, la producción de aceite de soja y girasol, carne congelada, productos lácteos, frutas, hortalizas y vinos, con lo que se podría paliar el déficit fiscal.

¿Qué hacer?

“Una larga tradición los ha llevado —dice Ratzinger— a considerar su cristianismo como un asunto privado, mientras que, como miembros de la comunidad de negocios, se rigen por las leyes de la economía capitalista”.

Hay que recordar a todos, cristianos o no, que existe un principio ético: ayudar al necesitado.

También es preciso aceptar que no es posible construir un mundo fraterno y sin violencia sobre la desigualdad. Es un imperativo religioso y ético. Por eso, los dirigentes políticos y sociales, las organizaciones libres del pueblo y las entidades intermedias deben alcanzar acuerdos de Estado sobre cuatro puntos:

1. En materia de distribución primaria de la renta, es decir, del reparto de la torta entre trabajo y capital, debe establecerse, tanto para los gremios como para los trabajadores autónomos económicamente dependientes, formales e informales, un régimen de salarios atado a los precios y a los niveles de inflación.
2. En materia de redistribución monetaria, debe incluirse una política tributaria que desgrave las ganancias provenientes del trabajo e incremente los impuestos sobre la tierra, el capital financiero y la transmisión gratuita de bienes. También debe garantizarse la intangibilidad de las jubilaciones y pensiones.
3. Debe restablecerse un régimen de subvenciones de los servicios públicos para el segmento de trabajadores pobres. La subvención de los servicios públicos funciona, en todo el mundo desarrollado, como un ingreso indirecto, a veces total y a veces parcial.
4. La solidaridad social impone una política que incentive, ayude y premie a las organizaciones intermedias que cumplen esa función social.

En el apartado 202, “Economía y distribución del ingreso”, de la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, el papa Francisco afirma:

“La necesidad de resolver las causas estructurales de la pobreza no puede esperar, no solo por una exigencia pragmática de obtener resultados y de ordenar la sociedad, sino para sanarla de una enfermedad que la vuelve frágil e indigna y que solo podrá llevarla a nuevas crisis. Los planes asistenciales, que atienden ciertas urgencias, solo deberían pensarse como respuestas pasajeras. Mientras no se resuelvan radicalmente los problemas de los pobres, renunciando a la autonomía absoluta de los mercados y de la especulación financiera y atacando las causas estructurales de la inequidad, no se resolverán los problemas del mundo y, en definitiva, ningún problema. La inequidad es raíz de los males sociales”.

Al cabo de 200 años de independencia, se estima que entre 300 mil millones y 400 mil millones de dólares, o incluso una cifra superior difícil de cuantificar, serían capitales de argentinos en paraísos fiscales. Mientras tanto, el Gobierno busca infructuosamente fondos de inversión y los exime de impuestos como forma de subsidiar las exportaciones. Es preciso profundizar y actuar sobre esa cuestión.

Argentinos a la pesca

Con 4.725 kilómetros de litoral marítimo, 392 kilómetros de costa sobre el Río de la Plata y 111.233 kilómetros de costa antártica y de las islas australes, la Argentina posee una inmensa riqueza ictícola en el Atlántico. Sin embargo, captura apenas 538.000 toneladas al año, lo que la ubica en el cuarto lugar de América Latina, detrás de Perú, con 5,7 millones de toneladas anuales; Chile, con 2,1 millones de toneladas anuales; y México, con 1,8 millones de toneladas al año.

La facturación varía según el producto específico.

Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y reportes del sector, las exportaciones de productos pesqueros y acuícolas de la región sitúan a Chile en el segundo lugar de América Latina, con unas 1.750.000 toneladas, y a Perú en el tercer puesto, con 2.000 toneladas métricas y 3,6 millones de toneladas de productos derivados. Chile se destaca, además, por el volumen de su industria salmonera, que ronda el millón de toneladas anuales de producción.

La cuestión del agua potable y segura

Es una vergüenza nacional que la Argentina no garantice el acceso al agua potable segura para sus 46 millones de habitantes, pese a contar con extensas cuencas hídricas y gigantescos acuíferos.

Según datos recientes del Programa Conjunto de Monitoreo de Unicef y la Organización Mundial de la Salud (OMS), y de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el 13,3% de los habitantes carece de acceso a la red de agua potable y siete millones de personas no tienen acceso a agua segura.

Argentina como una nación abstracta y ficticia

En la primera materia de la carrera de Abogacía se enseña que los elementos de un Estado son el territorio, el pueblo, el poder jurídicamente organizado y el Gobierno, portador, por delegación popular, de la más alta autoridad.

Este cronista se pregunta: ¿qué sucede cuando quienes comandan el barco en el que viajamos todos abandonan los principios del respeto a la soberanía y la independencia?

Halla este sentimiento inexplicable y recurrente, demoníaco. “El diablo es un comedor de pedazos”. La Argentina dio, a lo largo del tiempo, héroes y cobardes, santos y demonios, además de una lista interminable de políticos y empresarios: opuestos complementarios, ubicados en polos contradictorios.

Al cabo de 2000 años, el primer papa no europeo fue argentino y americano y, durante su pontificado, se convirtió en el mayor líder moral y religioso del planeta. Al mismo tiempo, el pueblo argentino eligió a un presidente que, con un discurso exuberante, anuncia por el mundo la destrucción del Estado.

El pueblo de la República Argentina dejaría de ser una nación real para convertirse en un exclave heteronómico de un imperio, algo así como una masa tirada en un “territorio suelto” dominado desde afuera.

La mala conducción y el trágico final del ARA San Juan y la política económica

Una sociedad partida es como el casco de una nave averiada, con una vía de agua que pone en peligro su flotación hasta hundirla si no se la tapona a tiempo o no se pone en marcha una bomba de achique.

El alto crecimiento de la deuda externa opera como el agua de mar en el submarino ARA San Juan: ingresó agua por un snorkel, parte del sistema de ventilación, y alcanzó el tanque de baterías. Esto produjo un cortocircuito que generó un incendio, una explosión y la pérdida de control de la nave.

Basta con ver dos o tres programas de actualidad política para presentir la gravedad de la situación. Si se trata de alguien interesado en la pobreza y no le bastan los datos de la inteligencia artificial ni los que difunden los organismos oficiales del país, debería mirar a los ojos a los pobres. Le bastará con recorrer los comedores de las parroquias y otras entidades de la ciudad de Buenos Aires, del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) o de cualquier ciudad del interior.

Allí verá miles de familias indigentes a la hora de la comida y se preguntará una y otra vez: ¿por qué hay tantos pobres en una nación tan rica? ¿Por qué existe esa realidad de no llegar a fin de mes? ¿No será que nos hemos ido desmembrando y ya no somos un Estado-nación real, sino una nación abstracta y ficticia, como lo fue el San Juan?

Señor Presidente y señoras y señores legisladores: protejan la Nación antes de que sea demasiado tarde.

Del mismo modo actuó Inglaterra cuando vendía la lana de sus ovejas a Holanda, que la manufacturaba e inundaba con sus confecciones el mercado inglés durante los siglos XVII y XVIII. También lo hizo el economista Alexander Hamilton, secretario del Tesoro de Estados Unidos, quien impulsó la economía mediante una política proteccionista y de intervencionismo estatal, con restricciones a las importaciones extranjeras.

En una fase de crecimiento industrial incipiente y frágil, estas medidas favorecieron el desarrollo. Esa fue también la solución de la mayoría de los países ricos hasta que alcanzaron un desarrollo sólido y pasaron a sostener el libre comercio.

Claro está que el proteccionismo mal administrado puede resultar nocivo para el desarrollo de una economía incipiente o con una gran desigualdad frente a otras economías. (Cómo ser más productivos, segunda parte de Economía comestible, Ha-Joon Chang, Debate, p. 67 y siguientes).

En abril de 2023, el candidato presidencial Javier Milei concurrió al programa de Alejandro Fantino. Ya era la estrella de la campaña. El clima era dramático. Fantino anunció que Milei haría una presentación que revolucionaría a la Argentina. La cámara tomaba la cara de Milei en primerísimo plano. El diálogo que se produjo entonces es uno de los grandes momentos de la propaganda política.

-Si te toca ser Presidente, ¿estás en condiciones de dolarizar la economía?—le preguntó Fantino.

-Absolutamente sí. Estamos en condiciones de dolarizar. A 320 vos ya podrías dolarizar.

-¿Dolarizar es que vos irías a un cajero y sacarías los dólares?

-Exactamente. Y empezaríamos a hacer transacciones en dólares.

-Toda la masa de pesos son aproximadamente 12 billones de pesos.

-Exacto. Que son 35 mil millones de dólares. Pero el Banco Central también tiene activos. Tiene títulos públicos que suman 72 mil millones de dólares. Yo tengo que rescatar 22 mil millones de dólares de leliqs. Dije que tengo 72 mil millones de dólares en títulos. Entonces puedo cambiar 22 mil contra 22 mil. Me quedan 50 mil de títulos públicos. Ahora tenés que rescatar la base. Son 13 mil millones de dólares.

-Todos los pesos que están dando vueltas.

-Exactamente. Tenes reservas internacionales por 3 mil millones de dólares, cancelas 3 mil. Te falta rescatar 10 mil millones de dólares. ¿Y cuánto me quedan de bonos? 50 mil millones de dólares. Pondría de garantía esos 50 mil millones de dólares, me darían 10 mil millones de dólares cash.

-Pero, ¿quién te los daría?—insistió Fantino.

Milei no dudó:

-Una institución financiera internacional de las más importantes del mundo.

-¿Ya tenés el ok?

Milei sonrió, como quien se las sabe todas:

-¿Querés que te muestre el celular?

Efectivamente, esa propuesta revolucionó la Argentina porque facilitó la llegada de Milei al poder. Fue muy inteligente. Gran parte del electorado soñaba con cobrar en dólares. El tema se transformó en uno de los debates centrales de la campaña. Milei iba por los barrios con gigantografías de billetes de dólar. Ganó. Pero los argentinos seguimos sacando pesos de los cajeros automáticos. Milei no tenía la plata. Pero eso no importaba. Lo que importaba es que le creyeran.

Pasó una vida, más de tres años intensísimos. El 12 de octubre, en una entrevista con Eduardo Feinmann, el presidente recurrió a su viejo método: apabullar con números incomprobables para resultar convincente:

-Nosotros para el año que viene tenemos vencimientos por 25 mil millones de dólares. El roll over de los acreedores argentinos está asegurado. El rollover externo ya lo tenés arreglado con organismos y otros países, con lo cual usted saca de la cuenta 23 mil millones de dólares para el año que viene. ¿Qué más tenemos para el año que viene? Por un lado, los 25 mil millones de dólares que compramos de reservas desde noviembre. Tenemos el swap con China que son 20 mil millones más. El swap con los Estados Unidos que son 20 mil millones más. Pero tenemos la posibilidad de usar dólar futuro por el equivalente de 15 mil millones, la mitad de la base monetaria. Solo con eso se puede sacar la mitad de la base monetaria. Solo ahí tengo 75 mil millones. Además, voy a tener los dólares que me entren por el comercio, póngale este año son 30 mil millones de dólares. Póngale que nos vamos a 20. Y 5 mil millones del RIGI. Tengo 125 mil millones de dólares para enfrentar cualquier corrida.

-¿O sea que usted está preocupado por una corrida?

-No. Pero me preparo.

Esta vez, Milei buscaba desactivar la creciente desconfianza que el mundo financiero tiene respecto de su programa económico, que se refleja en el vertiginoso crecimiento del riesgo país. Lo que ocurrió después es relevante: la caída de los bonos se profundizó. No le creyeron.

El relato político contiene siempre tres componentes básicos. El líder debe transmitir que, si lo siguen, el futuro será mejor, que la alternativa es espantosa y que el resultado de su Gobierno es muy bueno o, al menos, no es tan malo como parece. Milei no es una excepción, sino una exageración de ese método. En esa dinámica Milei y su equipo han ofrecido ejemplos muy notables de cómo se pueden manipular los números con tal de cumplir el objetivo. Por razones de brevedad, se eligen aquí apenas cinco ejemplos: podrían ser el doble o el triple. Pasen y vean.

Crecimiento

Milei y Caputo dicen que la economía ha crecido en 2024 y 2025 y seguirá creciendo en 2026 y 2027. Sin embargo, el Indec informa en su página que en 2024 la economía produjo 1,7 por ciento menos que en 2023. ¿De dónde sacan entonces que la economía creció? Hacen una pequeña trampa. En lugar de comparar año contra año comparan diciembre contra diciembre. En todo 2024 se produjo menos riqueza que en 2023. Esa es la forma correcta de medir. Pero como en los últimos meses hubo un fuerte repunte, diciembre de 2024 estuvo por encima de diciembre de 2023. Por eso, si en lugar de comparar años se compararan meses, y especialmente diciembre, daría eventualmente lo que dice Milei. Crecimiento del 5,5 en diciembre del 2024, del 3,5 en diciembre del 2025 y después agregarle una proyección fantasiosa que redondee 16 o 18 por ciento en el primer cuatrienio. Lo han dicho. Lo han escrito. Lo han repetido.

En esta construcción hay un detalle genial: el mes elegido. Diciembre da bárbaro. ¿Pero, que pasaría si se elige, por ejemplo, agosto? Hace unos días el Indec informó que en agosto de 2026 la actividad fue 1,7 por ciento menos que en 2025. En 2025 había sido un 2,4 más que en 2024. Y en 2024 un 3,8 menos en un año antes. Los resultados cambian dramáticamente. En los tres años la economía no hubiera crecido 10 por ciento sino caído 3,1. Si se mide correctamente, resulta que la economía cayó 1,7 en 2024, creció 4,4 en 2025 y, según el REM del banco central, crecerá menos e 1,5 este año. El total daría apenas 4 puntos de crecimiento en tres años. Menos del 1,5 anual. Un resultado muy magro.

Pobreza

Milei y Caputo dicen que su modelo rescató a la cuarta parte de la población de la pobreza, doce millones y medio de personas. En números precisos, dicen que había 57 por ciento de pobres y ahora 32. Se trata de otra trampa. Cuando Milei asumió, había 41 por ciento de pobres, no 57. Ese número se alcanzó en el segundo trimestre de 2024 y es producto de la devaluación decidida por el gobierno libertario. La pobreza actual no es de 32 sino de 33,7. La diferencia no es de 25 puntos sino de 7,3. Es un contraste enorme. Pero hay otro problema: la pobreza se mide con una canasta de bienes desactualizada porque el Gobierno no le permite al Indec renovarla. Con la canasta nueva, la medición de pobreza sería entre 5 y 6 puntos más alta. Casi no habría variación respecto de la medición de diciembre de 2023. Si se toma sólo los últimos 9 meses, la pobreza aumentó 7 puntos, es decir, 3 millones de personas, diez mil nuevos pobres por día.

Salarios

Hace unos días, el secretario de Trabajo Julio Cordero informó que el promedio salarial es de 1500 dólares, unos 2.300.000 pesos. El único número oficial que sostiene ese dato corresponde al salario bruto de los trabajadores formales, que es en realidad un poco menor: 2.237.000 pesos. El salario de bolsillo es de 1.867.000 pesos, mucho menos que 1500 dólares. Los salarios de los trabajadores informales, que son omitidos en el cálculo de Cordero, son sustancialmente menores: alrededor de 800 mil pesos. La situación cambia claramente con estos datos. Mucho más aún si se tiene en cuenta que la mitad de los trabajadores ganan por debajo de 1.200.000 pesos.

Jubilaciones

En muchas de sus recientes exposiciones, el ministro Luis Caputo sostuvo que las jubilaciones aumentaron más del 10 por ciento en términos reales durante su mandato. Es otro recurso matemático que tergiversa la realidad. Eso sucedió con la base de las jubilaciones. Pero no tienen en cuenta que el bono de 70 mil pesos, que cobra el 70 por ciento de los jubilados, está congelado desde diciembre de 2023. Con este agregado, las jubilaciones con bono, que son la inmensa mayoría, en lugar de subir, cayeron 9.5 por ciento en términos reales.

Empleo

Los líderes del Gobierno argumentan que durante esta gestión se crearon 500 mil puestos de trabajo. Los datos objetivos, que surgen de los registros oficiales de altas, y no de encuestas, reflejan que desde la llegada de Milei se perdieron 377 mil trabajos formales, que son los que más ingresos y derechos tienen. Esa cifra es un récord negativo. Durante la gestión de Alberto Fernandez se crearon 210 mil. Macri y la última Cristina crearon algunas decenas de miles. Desde el 2002, no ha habido ninguna gestión, salvo esta, que haya destruido tantos puestos en blanco. Durante los primeros años de Nestor Kirchner se crearon 5 millones. El Gobierno sostiene que, en ese contexto, “creó” 500 mil puestos de trabajo informales y que el trabajo informal es tan respetable como el formal. Los especialistas sostienen que los puestos informales que registra el Indec en sus encuestas son mayoritariamente changas que se inventan trabajadores y trabajadoras a los que no les alcanzan sus salarios para vivir o que perdieron su trabajo. Es producto de la crisis y no evidencia de ningún tipo de bonanza o expansión.

Las exigencias que le imponen Milei y Caputo a los números son realmente extremas y permanentes. Hay muchos momentos que, vistos con el diario del lunes, son realmente graciosos. En marzo pasado, el presidente escribió: “ARITMÉTICA INFLACIONARIA: A continuación presentaré cálculos que no son proyecciones pero que sirven para ver como en dinámica la inflación está cayendo. La inflación mayorista de los últimos dos meses viaja al 26 por ciento anual. A su vez la del bimestre anualizada viaja al 17 por ciento, mientras que la de febrero anualizada viaja al 13 por ciento. Ponganlo como quieran pero la inflación está bajando. Todo marcha de acuerdo al plan”. Otra vez, elige un dato bueno de un mes bueno y proyecta. No funciona así. De hecho la inflación, muchos meses después, no baja.

El discurso de un político es una herramienta que busca un solo objetivo: convencer incautos o actores del mercado. La pregunta es obvia: ¿no se le estará yendo la mano?

La falta de alimentos y el encarecimiento de los productos básicos empujan a más cubanos a buscar ayuda en comedores estatales, parroquias y comunidades religiosas.

La situación afecta en especial a adultos mayores, personas sin vivienda y jubilados cuyos ingresos ya no alcanzan para cubrir una dieta básica, según testimonios y datos recogidos por IPS Cuba en La Habana.

Sista Cabrera, de 71 años, asiste tres veces por semana a los almuerzos de La Hermana Cazuela, un proyecto de la iglesia católica San Francisco el Nuevo, en el centro histórico de la capital. La iniciativa entrega alimentos desde junio y se sostiene con donaciones de cubanos residentes en el exterior y aportes vinculados a la Iglesia.

“Hay días en que no tengo comida y los paso sin comer nada, si acaso solo un pan. Mi día a día es desesperante, un estrés horrible”, relató Cabrera a IPS Cuba mientras aguardaba su ración con un recipiente en la mano.

La mujer integra un grupo de 70 comensales atendidos por el proyecto. Antes administraba una cafetería, actividad que le permitía sostenerse e incluso ayudar a otras personas.

Un derrumbe parcial de su edificio en 2019 destruyó su fuente de ingresos y deterioró sus condiciones de vida. Desde entonces vive en un apartamento afectado por el colapso estructural, donde permanece a la espera de una solución habitacional.

La Hermana Cazuela comenzó con desayunos en febrero y luego incorporó almuerzos para personas sin techo y adultos mayores en situación de vulnerabilidad. Su coordinador, el periodista Maykel Vivero, explicó a IPS Cuba que el objetivo es acompañar a quienes carecen de recursos para alimentarse de forma estable.

La colaboradora Betzabé Bertot, integrante de la parroquia, afirmó que la demanda creció durante los últimos meses. “Había muchas personas sin comer, que a veces comían de la basura, y decidimos hacer algo para ayudarlas”, dijo.

El límite de estos proyectos está dado por la escasez de recursos. Bertot sostuvo que una de las situaciones más difíciles consiste en rechazar a personas que llegan a pedir comida cuando ya no quedan raciones disponibles. Vivero coincidió en que las iniciativas de pequeños grupos no pueden cubrir las necesidades de todos los habitantes que acuden a la iglesia.

Cabrera combina los almuerzos parroquiales con los del Sistema de Atención a las Familias (SAF), una red estatal creada hace tres décadas, durante la crisis de los años 90. El sistema gestiona más de 4,400 unidades gastronómicas y ofrece tres comidas subsidiadas por día a más de 66 mil personas en situación de vulnerabilidad económica.

La jubilada recibe cerca de USD 5 mensuales por la seguridad social. De ese monto, una parte se destina al pago de las comidas del SAF. El resto resulta insuficiente frente al precio de alimentos como el aceite vegetal, cuyo costo puede absorber el total de su ingreso mensual.

El Sistema de Atención a las Familias redujo la variedad de sus raciones

La precariedad también alcanzó a los comedores estatales. Cabrera dijo que las raciones del SAF empeoraron durante 2026. “Arroz blanco y caldo es lo que hay. Nada más. Este problema empezó en 2026. En 2025 estaba mejorcita la comida y mejor cocinada”, afirmó a IPS Cuba.

En un comedor de la calle Monte, en el centro de La Habana, 269 personas reciben alimentos cada día, una cifra superior a la de 2025, según la responsable económica del establecimiento, Lázara Rosell. La disponibilidad de frijoles, pollo y otros productos disminuyó de forma marcada.

Rosell señaló que los frijoles dejaron de ser frecuentes y que la denominada “proteína”, que suele consistir en embutidos, llega aproximadamente cada dos semanas. En 2025, esos alimentos estaban disponibles todos los días. El pollo, agregó, solo se distribuyó una vez en lo que va de 2026.

Los beneficiarios deben asistir con regularidad para no perder el cupo. Cabrera procura no faltar más de tres días, ya que el sistema puede sustituirla por otra persona de la lista de espera.

La inflación de los alimentos supera el 42% interanual

El acceso a los alimentos también se deterioró por el aumento de los precios. La Oficina Nacional de Estadística e Información informó que la inflación interanual alcanzó 28.44% al cierre de septiembre, mientras que el rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas registró un aumento de 42.66%.

Félix Villar, jubilado y usuario de un comedor del SAF, resumió la distancia entre los precios y los ingresos. “Alimentos en la calle, hay. El problema son los precios, porque no juega con ellos el salario. Con un pomo de aceite se fueron mis 4 mil pesos”, afirmó.

El salario medio estatal supera levemente los USD 9 mensuales y alcanza al 68.5% de los 4.1 millones de ocupados del país, de acuerdo con los datos citados por IPS Cuba. Un estudio de la socióloga Mayra Espina, publicado en septiembre, estimó que 66% de la población cubana vive en pobreza económica, debido a que sus ingresos no cubren una canasta básica de alimentos calculada en unos USD 14 mensuales.

La investigación identificó a 1,365,000 personas en situación de vulnerabilidad, por encima de las 876 mil reconocidas oficialmente por el Gobierno en julio. El PMA aprobó en junio más de USD 116 millones para apoyar a Cuba hasta 2030, con programas destinados a reforzar la seguridad alimentaria, asistir a estructuras de protección social y respaldar la producción local.

Panamá pidió a los gobiernos de América Latina y el Caribe que articulen sus políticas económicas, sociales y laborales para enfrentar la pobreza y evitar que las crisis reviertan los avances de las familias.

La solicitud fue hecha por la titular del Ministerio de Desarrollo Social de Panamá, Beatriz Carles de Arango, quien sostuvo que el crecimiento económico, por sí solo, no alcanza para garantizar el bienestar.

“El verdadero desarrollo no se mide únicamente por cuánto crece una economía, sino también por la capacidad de un país para proteger a su gente”, afirmó durante la apertura del XVIII Foro Ministerial sobre Desarrollo de América Latina y el Caribe.

El foro reunió durante dos días en la capital panameña a delegaciones de alrededor de 20 países bajo el lema “Conectando políticas para un desarrollo resiliente”, fue organizado por el ente ministerial junto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

La nación canalera planteó que la región debe coordinar las políticas que generan empleo y oportunidades con aquellas que amplían la protección social y fortalecen las capacidades de la población.

La propuesta busca reducir las desigualdades, prevenir retrocesos ante emergencias y dar respuestas sostenibles a quienes viven en condiciones de vulnerabilidad.

La funcionaria expuso que superar la pobreza no implica necesariamente dejar atrás la vulnerabilidad.

Una recesión, una emergencia sanitaria o un desastre natural pueden afectar en poco tiempo los logros que una familia consiguió durante años, afirmó.

Para Carles de Arango, los Estados deben anticiparse a esos riesgos mediante instituciones preparadas y estrategias que integren las distintas áreas de gobierno. La coordinación institucional, indicó, permite orientar mejor los recursos y atender las necesidades de la población.

“El verdadero desarrollo no se mide únicamente por cuánto crece una economía”, señaló, a la vez que remarcó que la capacidad de prevenir retrocesos sociales debe formar parte de la evaluación de las políticas públicas.

La exposición incluyó un llamado a conectar las decisiones económicas con las políticas sociales y laborales. La primera área debe abrir posibilidades de progreso, la segunda debe proteger y desarrollar capacidades, mientras que la tercera debe facilitar la inclusión productiva.

El sismo del 9 de octubre en Panamá afectó principalmente las provincias de Los Santos, Veraguas, Herrera y Coclé, lo que en opinión de las autoridades refuerza el planteamiento sobre la preparación estatal, mostrando la necesidad de contar con mecanismos de respuesta y coordinación para asistir a las personas afectadas.

“Las emergencias pueden alterar la vida cotidiana de las familias”, dijo la titular del Ministerio de Desarrollo Social, para quien la preparación de las instituciones y la atención oportuna resultan determinantes ante las consecuencias de un evento adverso.

La funcionaria planteó, además, que las estrategias de desarrollo deben ajustarse a las transformaciones económicas, tecnológicas, ambientales y demográficas. A su juicio, las políticas necesitan continuidad más allá de los períodos gubernamentales para preservar los avances sociales.

Durante el XVIII Foro Ministerial sobre Desarrollo de América Latina y el Caribe los representantes de las naciones participantes intercambiaron experiencias, analizaron problemas compartidos y promovieron medidas para ampliar la protección social y el desarrollo inclusivo.

“Este foro representa una oportunidad para compartir aprendizajes”, manifestó Carles de Arango el día de la inauguración, manifestando que la cooperación regional puede ayudar a responder a desafíos que superan las fronteras nacionales.

La ministra cerró su intervención con un llamado a sostener una visión regional compartida. “El desarrollo resiliente que necesita América Latina y el Caribe se construye conectando políticas, articulando esfuerzos y colocando a las personas en el centro de nuestras decisiones”, concluyó.

Una familia de Santiago de Cuba acumula cuatro casos de desnutrición infantil entre sus ocho hijos menores de edad, mientras la madre pasa hasta dos días sin probar bocado para alimentarlos.

El testimonio, registrado en video y difundido por el opositor José Daniel Ferrer, retrata una crisis que combina hambre, falta de medicamentos y cortes eléctricos de hasta 36 horas seguidas.

La mujer, identificada como Lydia Santana en la grabación publicada por Árbol Invertido, aparece con uno de sus hijos en brazos. Las imágenes muestran también a los demás niños y a ella misma cortando leña para poder cocinar.

“Tenemos que ver a nuestros hijos llorar de hambre porque no tenemos cómo alimentarnos”, dice la mujer al comienzo del relato.

Una madre con ocho hijos denuncia hambre extrema en Santiago de Cuba

Lydia Santana tiene ocho hijos menores de edad, de entre tres y 16 años, y asegura que cuatro de ellos presentan desnutrición. Ella misma lleva dos días sin comer porque destina a los niños lo poco que logra conseguir. Trabaja, pero su salario no alcanza ni para “malalimentarse”, según describe en el testimonio.

“Me siento sin fuerzas. Siento que no tengo fuerzas para continuar, para ayudar a mis hijos, para sacarlos adelante”, confiesa la mujer ante la cámara, visiblemente agotada.

Sobre sus ingresos, agrega: “Yo trabajo, yo soy madre trabajadora y mi salario debería alcanzarme para mí y para alimentar a mi familia”.

Sin módulos de alimentos pese a cuatro hijos con desnutrición

La mujer denuncia que las autoridades le negaron el módulo alimentario destinado a personas con bajo peso, pese a tener cuatro hijos diagnosticados con desnutrición. Tampoco recibió el módulo para niños de cero a cuatro años.

Ese sistema de ayudas fue reformado en junio de este año: reemplazó los subsidios universales por asistencia focalizada en personas clasificadas como “vulnerables” por grupos comunitarios locales, según informó CiberCuba, portal digital de noticias sobre Cuba. El cambio generó denuncias de arbitrariedad entre quienes quedaron fuera del padrón.

En Santiago de Cuba, las propias autoridades reconocieron que más del 10% de la población provincial requiere asistencia alimentaria de emergencia, de acuerdo con el mismo medio.

Tres rodajas de pepino como almuerzo escolar

Varios de los hijos de la mujer dejaron de asistir a clases porque salen de casa sin desayuno ni merienda. Los que permanecen en el internado Abel Santamaría tampoco reciben una alimentación adecuada.

“Hace unos días lo que le dieron fue tres rodajitas de pepino”, relata la madre sobre el almuerzo servido a sus hijos en ese centro. Describe además que en otras ocasiones la comida escolar se reduce a un hongo.

Cortes de luz de más de 90 horas y medicamentos sin conseguir

A la falta de alimentos se suma la ausencia de electricidad. La mujer denuncia cortes de hasta 36 horas consecutivas y la imposibilidad de conseguir medicamentos, que debe comprar a sobreprecio porque no hay en farmacias ni hospitales.

El panorama eléctrico empeoró en las últimas semanas: en varias zonas del país los cortes superaron las 90 horas continuas sin corriente, según registró CiberCuba. La situación coincide con termoeléctricas fuera de servicio y un déficit que esta semana rozó los 2.000 megavatios.

El 94% de los cubanos vive en pobreza extrema, según un informe

El caso de la mujer no es aislado. Un informe del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, publicado en agosto y basado en más de 1.300 entrevistas en 79 municipios, concluyó que el 94% de los cubanos vive en pobreza extrema, frente al 61% registrado cuatro años atrás, según consignó CiberCuba.

El mismo estudio determinó que ocho de cada diez personas debieron saltarse alguna comida por falta de dinero o alimentos.

El gobierno cubano atribuye la crisis a las sanciones de Estados Unidos. Organizaciones opositoras, en cambio, la vinculan al deterioro acumulado del sistema estatal de producción y distribución de alimentos.

El video, difundido por Ferrer desde el exilio

José Daniel Ferrer, fundador de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y actualmente exiliado en Estados Unidos, fue quien dio a conocer el testimonio de la mujer. La organización que encabeza llegó a alimentar a más de 1,200 personas diarias en Santiago de Cuba, aunque enfrenta represión sistemática, con cordones policiales y detenciones de sus activistas, de acuerdo con CiberCuba.

Días antes de la difusión del video, Ferrer había denunciado torturas y presiones sufridas en prisión durante un acto en la sede de la ONU, al que el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla respondió calificándolo de delincuente, según el mismo portal.

En una entrevista para el El Intermedio, un programa de humor y actualidad del medio español laSexta, Juárez abordó a Milei durante el desayuno protocolar que el jefe de Estado mantuvo en el Casino de Madrid, al que también asistieron Jaime de Marichalar, exmarido de la Infanta Elena, y la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, entre otros asistentes.

Con tono satírico, Juárez le preguntó a lo lejos a Milei por qué no se había reunido con Santiago Abascal, el líder del partido ultraderechista VOX - “¿cree que le está haciendo ghosting?”, le gritó, intentando hacer que lo escuche- y después, cuestionó sus declaraciones sobre la pobreza.

En estos términos se dio el fragmento en el que discutieron Milei e Isma Juárez:

Juárez: Usted decía que no había pobreza en Argentina. Entonces, ¿los argentinos que dicen que no pueden llegar a fin de mes están haciendo ayuno intermitente?

Milei: A ver, yo no dije que no hubiera pobreza en Argentina.

Juárez: No, usted dijo que la gente podía llegar a fin de mes sí o sí.

Milei: Son cosas totalmente distintas.

Juárez: Entonces, ¿se lo están inventando?

Milei: No. Argentina tiene 32% de pobres. Ahora, cuando nosotros llegamos, los pobres eran 57%. Es decir, sacamos al 25% de la población de la pobreza.

Juárez: Pero la gente que dice que no puede llegar a fin de mes, ¿lo está fingiendo, como la gente que dice que le gusta el sushi?

Milei: Ya te lo contesto, quedate tranquilo. No pasa nada. Vamos por partes: si vos decís que no llegás a fin de mes, que el día 20 te quedaste sin dinero, ¿vos podés vivir diez días sin beber y sin comer?

Juárez: Pero entonces, ¿usted qué quiere decir? ¿Que la gente, a fin de mes, se está muriendo?

Javier Milei: No. Lo que estoy diciendo es que es un eslogan barato para afectar a la emocionalidad. De hecho, es tan así que después salieron a aclarar que no, que era que vos podés tener privaciones.

Juárez: Pero…

Javier Milei: Si vos tenés privaciones, entonces lo que mirás es el indicador de pobreza. Y hay una mejora significativa. Si vos querés abrazarte a un eslogan emocional…

Juárez: No...

Milei: Bien. Amo tu corazón, pero no puedo respetar tu cerebro.

Juárez: No, pero yo le pregunto… Bueno, no puede respetar mi cerebro.

Tras la difusión de la nota en las redes sociales, Milei compartió la entrevista en su cuenta de X, y en un tiro por elevación al resto de la prensa, esgrimió: “Un clásico de los periodistas berretas en todo el mundo... se abrazan a frases efectistas de alto contenido emocional pero el bajo IQ no les permite enfrentar el paso al debate racional... CIAO!”

Las repercusiones de ese cruce continuaron en la emisión del programa El Intermedio. Con tono de sátira y humor político, el periodista fue consultado por su intercambio con Milei. Juárez respondió con ironía que esa consideración era difícil de entender porque su cerebro estaba “sin estrenar, prácticamente”.

El conductor del programa, El Gran Wyoming, intervino en clave de humor y defendió a su compañero ante el comentario de Milei. “Como patriarca de El Intermedio, me veo obligado a marcar una línea roja”, afirmó, antes de exhortar a que se viralice la consigna “Isma no se toca”.

Al finalizar ese tramo de la conversación, Juárez comparó su discusión con el mandatario con la que tuvieron otros cronistas de medios: “Ahora que he visto las imágenes de los otros periodistas, creo que he salido hasta bien parado (risas). Creo que, por lo menos, ha dicho que tengo un poco de corazón”.

Durante su estadía en España, el mandatario también arremetió contra la periodista española de la Cadena SER, Julia Molina, a quien calificó de “gente corta intelectualmente y miserable”, después de que le preguntara si su visita a España resultaba incómoda para el Partido Popular (PP) y Vox. Fue ayer a la salida de un desayuno informativo del Nueva Economía Fórum, en el Real Casino de Madrid.

En ese marco, luego de esa seguidilla de cruces con la prensa, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) condenaron la actitud de Milei, durante su visita de este miércoles a Madrid, “donde respondió con insultos y ataques personales a los periodistas españoles que le planteaban cuestiones de interés público, como también hizo con los medios argentinos”.

“Con sus respuestas, Milei ha pretendido deslegitimar el trabajo informativo e intimidar a quienes lo ejercen, y con ello impedir que los periodistas cumplan una de sus funciones esenciales: exigir cuentas a los gobernantes”, criticó la organización.

Desde hace días, el presidente Milei viene cuestionando con dureza a periodistas, investigadores y analistas por exponer la precaria situación económica que atraviesan millones de personas, y se lanzó puntualmente a desmentir que exista población que “no llega a fin de mes”.

El disparador de la controversia encabezada por el jefe de Estado libertario fue un reciente estudio de la consultora Zentrix, en el que se indica que los ingresos de dos de cada tres argentinos alcanzan para vivir hasta el día 20 de cada mes, con picos del 72 % en menores de 40 años y del 83,3 % en la clase baja.

Todo comenzó durante su intervención en la conferencia Argentina Oil & Gas, celebrada en la sureña provincia de Neuquén, horas antes de viajar a España, Milei calificó la expresión “no llegar a fin de mes” como “una pelotudez del tamaño de una casa” propagada por el kirchnerismo y la oposición.

“No nos dejemos psicopatear por los hijos de puta que hicieron mierda al país. Nos llevaban a Cuba con escala en Venezuela. Íbamos a ir a niveles de pobreza del 90%, a hiperinflación profunda, no salíamos más de ahí”, agregó sobre los gobiernos anteriores.

Con anterioridad al estudio de Zentrix, otro análisis de la consultora Mide -correspondiente a agosto- destacó que el 59% de los argentinos considera que su situación económica es peor que seis meses atrás y que el 53% tiene que endeudarse para completar los ingresos mensuales necesarios.

“Esos caraduras e inmorales vienen a decirnos qué es lo que hay que hacer, pero, por favor, que primero tomen unos cuantos cursos de economía y después hablemos”, opinó Milei en su discurso del lunes. Y en su posterior publicación de X, afirmó que las críticas a su plan económico se basan en “todo tipo de falacias ad populum y ad hominem”.

Luiz Inácio Lula da Silva acusó a Flávio Bolsonaro de querer eliminar el histórico subsidio Bolsa Familia a cinco días de los comicios, luego de que el equipo económico del candidato ultraderechista propusiera una transición de dos años para desvincular del programa a beneficiarios que consiguieran empleo o iniciaran un emprendimiento.

El presidente brasileño y candidato a la reelección lanzó la acusación durante una caminata de campaña entre Bahía y Pernambuco, dos estados del noreste de Brasil donde el Partido de los Trabajadores concentró parte de su respaldo electoral. Lula defendió el programa social el día en que cumplió 23 años y remarcó que casi 19 millones de familias dependían de esa asistencia.

“Es el programa de inclusión social y combate al hambre más exitoso de la historia de lucha contra la pobreza en el mundo”, afirmó Lula. Luego cuestionó la propuesta que surgió desde el equipo económico de su rival: “Lamentablemente, nuestro adversario ya está amenazando con acabar con la Bolsa Familia”.

Tras las repercusiones de esas declaraciones, el equipo de Bolsonaro aclaró que ningún beneficiario perdería la ayuda si no lograba conseguir trabajo dentro de ese período. El candidato también difundió un video para rechazar las acusaciones de Lula y garantizar la continuidad del beneficio.

“El futuro ex presidente, Lula, está difundiendo una de esas noticias falsas, de las más descabelladas”, expresó Bolsonaro. “Tú, que recibes el programa Bolsa Familia, quédate tranquilo, tu beneficio está garantizado. Voy a cuidar de ti”, agregó.

Bolsa Familia entrega 691 reales mensuales, equivalentes a unos USD 137, y figura entre los principales programas de transferencia de ingresos de Brasil. El esquema se convirtió en uno de los instrumentos centrales de las políticas sociales brasileñas durante la primera década del siglo XXI y alcanzó a hogares en situación de pobreza y extrema pobreza.

Durante el acto de campaña, Lula también recordó la actuación de Bolsonaro en la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro en 2011. Según el presidente, el actual candidato fue el único diputado que votó contra un proyecto destinado a otorgar un complemento estatal a las familias en extrema pobreza que ya recibían el beneficio federal.

“Votó en contra de la creación del complemento de la Bolsa Familia: de 54 diputados, solo él votó en contra”, declaró Lula. El mandatario pidió a los votantes que consideraran esos antecedentes antes de elegir al próximo presidente y señaló que la disputa electoral ponía en debate el futuro de las ayudas sociales.

En aquel debate legislativo, Bolsonaro llamó “bolsa-farelo”, o “bolsa-migajas”, al programa de asistencia. La expresión ya había sido utilizada por su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, para cuestionar las transferencias estatales dirigidas a los sectores de menores ingresos.

La discusión sobre Bolsa Familia se sumó al intercambio de acusaciones de corrupción que enfrentó a los dos candidatos después del último debate televisado. Lula presentó ante el Tribunal Superior Electoral una autorización para divulgar sus registros bancarios, fiscales y telefónicos, siempre que Bolsonaro realizara el mismo trámite.

El documento incluyó a la primera dama, Janja da Silva, y a los cinco hijos de Lula. También identificó la participación del presidente en una empresa creada en 2011 para organizar conferencias y actos políticos. La defensa del mandatario propuso que los datos de ambos candidatos se publicaran antes del miércoles mediante el sistema de la Justicia electoral.

“Quiero ver si tiene el valor de abrir sus registros bancarios, sus registros telefónicos. Es decir, sus registros personales y comerciales”, dijo Lula ante periodistas. El presidente extendió el desafío a familiares de Bolsonaro, entre ellos Jair Bolsonaro, los hermanos del candidato y su esposa, además de pedir información sobre la relación de su rival con al menos cinco empresas, incluida una firma registrada en Madeira.

Lula reiteró el reclamo durante un acto en Porto Alegre, donde afirmó: “Es necesario de una vez por todas en este país acabar con la historia del ladrón que ataca a la gente honesta”. También cuestionó los gestos que Bolsonaro realizó durante el debate mientras sostenía un cartel con la palabra “corrupto”.

“Todo el mundo sabe la historia de cada uno. Yo no puedo permitir que un miliciano se coloque detrás de mí en el debate con la palabra corrupto escrita en la mano. Corrupta es su familia”, sostuvo el mandatario.

El presidente pidió explicaciones por 134 millones de reales, unos 23,7 millones de euros, vinculados al Banco Master, y por la compra de una mansión en Brasilia. “Quiero saber cómo se compró una cosa de diez millones de reales con un salario que es igual que el mío”, afirmó.

A cinco días de la segunda vuelta presidencial del 25 de octubre, la campaña queda atravesada por la discusión sobre la continuidad de Bolsa Familia y por los cuestionamientos cruzados sobre transparencia y patrimonio. Las encuestas mostraron una competencia ajustada entre Lula y Flávio Bolsonaro, con un nivel elevado de rechazo para ambos candidatos y un grupo de indecisos, votos en blanco y nulos que podía resultar decisivo.

(Con información de EFE)

En España hay 3 millones de trabajadores en situación de pobreza laboral, de los cuales 770.000 lo son por el coste de la vivienda, según un informe de Oxfam Intermón publicado este martes. El estudio, titulado Cuando trabajar no es suficiente: el impacto del coste de la vivienda en la pobreza laboral, revela que una de cada tres personas con empleo que alquila a precio de mercado vive en la pobreza una vez pagada la renta.

El documento se ha dado a conocer en plena crisis del acceso a la vivienda, convertida en eje central del debate político de cara a las elecciones generales anticipadas del 29 de noviembre, convocadas por el presidente Pedro Sánchez tras el rechazo del Congreso a dos decretos para contener los precios del alquiler.

La pobreza laboral se duplica al descontar los gastos de vivienda

Oxfam Intermón calcula que el 11,48% de los trabajadores se encuentran en pobreza laboral con datos de 2024, unos 2,2 millones de personas, con ingresos inferiores a 12.220 euros anuales en un hogar unipersonal o 25.663 euros en uno con dos adultos y dos menores. Al descontar el alquiler, la hipoteca o el IBI, otras 770.000 personas caen por debajo de ese umbral y la tasa se eleva al 15,49%.

El problema se ha cronificado: pasó del 11,64% en 2022 al 11,48% en 2024, pese a que el PIB creció más de un 6% en ese periodo. A ese ritmo, España tardaría 59 años en converger con la media europea, del 8,2%.

Los inquilinos de mercado y migrantes, los más expuestos

Entre quienes alquilan a precio de mercado, la tasa de pobreza laboral pasa del 19,35% antes de pagar la vivienda al 34,08% después, casi el doble. Entre los hipotecados, la tasa después de gastos es del 10,22%, y del 7,95% entre quienes ya liquidaron su vivienda. Seis veces más personas están expuestas a alquileres de mercado que a rentas protegidas, señala el informe, en un contexto de oferta escasa: el Banco de España estima un déficit acumulado de 750.000 viviendas en el país.

La pobreza laboral alcanza el 31,4% entre los extranjeros de fuera de la Unión Europea, frente al 8,7% de los españoles. Es mayor también entre los trabajadores a jornada parcial (20,62% frente al 10,38% de jornada completa) y los autónomos (21,69% frente al 10,26% de asalariados). El empleo doméstico y de cuidados (27,48%), la agricultura y pesca (26,24%) y la hostelería (21,17%) registran las tasas más altas. En los hogares con hijos el riesgo aumenta: roza el 40% en familias numerosas y alcanza el 29,6% en monoparentales.

Madrid, Cataluña y Murcia, las más afectadas por la vivienda

Andalucía tiene la tasa de pobreza laboral más alta antes de vivienda (17,65%), seguida de la Comunidad Valenciana (16,95%) y Extremadura (16,54%). Al sumar el coste habitacional, es Madrid donde más sube el indicador, del 7,29% al 12,73%, seguida de Cataluña (del 7,9% al 12,8%) y Murcia (del 15,37% al 20,23%). Entre quienes alquilan a precio de mercado, el efecto se agrava en Castilla y León, donde la tasa llega al 50,68%, y en Castilla-La Mancha, al 48,69%.

De cara a las elecciones, la organización propone blindar por ley las actualizaciones del salario mínimo interprofesional y reforzar las políticas activas de empleo para los parados de larga duración. Considera que los decretos de vivienda no resuelven el problema estructural, aunque “alivian el sufrimiento de millones de personas”. “Una política de vivienda efectiva debe permitir no solo conservar un techo, sino vivir dignamente debajo de él”, concluye el informe.

El candidato ultraderechista Flávio Bolsonaro limitará a un plazo de dos años las ayudas del Bolsa Familia, el principal programa social de subsidios para familias pobres en Brasil, en los casos en que el beneficiario consiga un empleo. La propuesta llega a menos de una semana de la segunda vuelta electoral, en una contienda que las encuestas describen cada vez más ajustada.

Según detalló Daniella Marques, coordinadora económica de la campaña y una de las candidatas a asumir el Ministerio de Hacienda en caso de victoria, el beneficiario podrá permanecer en el programa durante ese período mientras busca empleo o emprende un negocio. Cumplido el plazo, si supera el nivel de renta mínimo, será desvinculado y dejará de recibir las ayudas, explicó en una entrevista con la emisora CBN Bahia.

La medida fija una regla de transición para quienes logren insertarse en el mercado laboral, pero contempla un mecanismo de reingreso automático si la situación económica del beneficiario empeora. “Va a haber una regla de transición de dos años para que (el beneficiario) pueda abrir su negocio o aceptar un empleo formal. Y un retorno automático en caso de que salga mal”, afirmó Marques.

La funcionaria, que presidió el banco público Caixa Econômica Federal, aclaró que no habrá desvinculación del beneficiario si, transcurrido el plazo, no ha conseguido empleo. Según explicó, el objetivo es incentivar el ingreso al mercado laboral sin dejar desprotegidas a las familias que no logren superar el umbral de pobreza en ese período.

Otras medidas económicas anunciadas por la campaña

Entre las primeras acciones que impulsará si resulta electo el próximo domingo, Bolsonaro propondrá una enmienda constitucional para establecer un límite al gasto público, en una iniciativa inspirada en el presidente argentino Javier Milei. La medida se complementaría con un recorte impositivo, de beneficios fiscales y de trámites burocráticos, al que el candidato denominó “tijeretazo”.

Flávio Bolsonaro, el candidato más votado en la primera vuelta con el 47% de los sufragios, había desmentido semanas atrás las acusaciones de la campaña del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que le atribuían la intención de terminar con este subsidio de 691 reales (136 dólares) del cual dependen casi 19 millones de familias. El programa fue creado en 2003 durante el primer mandato de Lula y es considerado uno de los factores centrales en la reducción de la pobreza en Brasil durante la primera década del siglo.

Lula calificó a Flávio Bolsonaro de miliciano tras el debate televisivo

Lula afirmó este lunes que se sintió “muy incómodo” al debatir cara a cara con Flávio Bolsonaro, a quien definió como un “miliciano preparado para mentir”. El pronunciamiento llegó un día después de que ambos protagonizaran su primer debate televisivo de cara a la segunda vuelta del 25 de octubre, en un encuentro tenso marcado por cruces de acusaciones de corrupción sobre familiares de ambos candidatos.

“Les confieso que me sentí muy incómodo de participar en un debate con un miliciano, una persona descalificada, de la que no es posible sacar ni una sola media verdad”, afirmó el líder progresista en un video publicado en sus redes sociales. Flávio Bolsonaro, hijo primogénito del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, ha sido señalado por sus nexos con parientes de grupos paramilitares de Río de Janeiro.

Lula, que busca su cuarto mandato no consecutivo, recordó que a lo largo de su carrera ha debatido con dirigentes como Donald Trump, George W. Bush, Bill Clinton, Barack Obama, Xi Jinping, Vladímir Putin o Emmanuel Macron, pero nunca con alguien como su rival actual. “Porque fue preparado para mentir, fue preparado para no respetar la sabiduría del pueblo brasileño. El pueblo brasileño no se merece eso”, expresó el candidato del Partido de los Trabajadores (PT).

La pobreza monetaria en República Dominicana pasó del 30.7% en 2021 al 17.3% en 2025, según indicó la vicepresidenta Raquel Peña. Los resultados preliminares del primer semestre de 2026 situaron el promedio en 14.58%, de acuerdo con los datos que presentó.

Peña sostuvo que los avances requieren la continuidad de las políticas de protección social y una ampliación de las oportunidades de inserción productiva para las familias.

La vicepresidenta señaló que la superación de la pobreza implica atender condiciones que afectan la vida cotidiana de los hogares. Entre ellas, mencionó el acceso a la educación, los servicios esenciales y la generación de empleos de calidad.

La funcionaria afirmó que el Gobierno, bajo el liderazgo del presidente Luis Abinader, ha asumido como prioridad que el crecimiento económico se traduzca en mejores condiciones de vida y oportunidades de desarrollo para los hogares dominicanos.

Los datos incluyeron indicadores de pobreza urbana y rural

Peña indicó que la pobreza urbana disminuyó del 25% en 2019 al 15% durante el primer semestre de 2026.

En las zonas rurales, el indicador pasó del 31% al 19% en ese mismo período, según los datos expuestos por la vicepresidenta.

La funcionaria también presentó cifras sobre pobreza extrema. De acuerdo con su intervención, el indicador pasó del 8.7% en 2015 al 2.2%.

Peña afirmó, además, que la prevalencia de la subalimentación se redujo a menos del 2.5%. Según señaló, ese resultado permitió que República Dominicana saliera del Mapa del Hambre de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.

La vicepresidenta planteó que los resultados requieren mantener el fortalecimiento de las políticas sociales y ampliar las posibilidades de que los hogares mejoren sus ingresos.

Meta RD 2036 incluye objetivos para la pobreza multidimensional rural

La funcionaria se refirió a los propósitos de Meta RD 2036, que contempla reducir la pobreza multidimensional rural al 15% para 2028.

La iniciativa prevé que ese indicador se sitúe por debajo del 10% en 2036. Las acciones están dirigidas a atender distintas condiciones que limitan el bienestar de la población.

Peña sostuvo que el acompañamiento a las familias debe complementarse con medidas de inclusión productiva. La vicepresidenta vinculó ese objetivo con la necesidad de fortalecer las capacidades de los hogares.

La exposición estuvo centrada en los avances y desafíos relacionados con la erradicación de la pobreza en el país. La funcionaria presentó los resultados de las políticas públicas y los retos pendientes para sostener la reducción de los indicadores.

Supérate presentó su cobertura y los programas de protección social

Durante una jornada organizada por la Dirección de Desarrollo Social Supérate con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, Peña destacó los programas Aliméntate y Bono Gas.

Según expuso, ambas iniciativas benefician a cerca de 1.4 millones de hogares como parte de las medidas de protección social dirigidas a familias en situación de vulnerabilidad.

En ese espacio, la directora general de Supérate, Mayra Jiménez, presentó los resultados de las políticas de protección social y del acompañamiento sociofamiliar que recibe la población incluida en los programas de la institución.

La cobertura de Supérate también incluye Bono Luz, Aprende y Avanza y Supérate Mujer. La entidad desarrolla, además, iniciativas de emprendimiento e inclusión productiva.

Jiménez se refirió igualmente a las acciones relacionadas con el Sistema Nacional de Cuidados y la protección de familias en situaciones de especial vulnerabilidad.

La directora explicó que Supérate promueve mecanismos de protección social adaptativa para acompañar a los hogares ante emergencias. El objetivo planteado es reducir el riesgo de que las familias vuelvan a caer en condiciones de pobreza.

La jornada incluyó paneles sobre políticas públicas y testimonios

La actividad incluyó el panel “Políticas para la reducción de la pobreza: avances y desafíos”. Los especialistas examinaron los resultados presentados y las medidas necesarias para continuar mejorando la efectividad de las políticas públicas.

También se realizó el panel “Historias de superación: rostros de la transformación”. Allí se presentaron experiencias de personas beneficiarias de los programas sociales y los cambios que experimentaron en sus condiciones de vida.

Los testimonios pusieron de relieve el acompañamiento institucional y el esfuerzo de las familias en sus procesos de superación de la pobreza.

A la jornada asistieron Mayra Jiménez; la coordinadora residente del Sistema de las Naciones Unidas en República Dominicana, Julia Sánchez; y la alcaldesa Betty Gerónimo.

También participaron autoridades nacionales y locales, representantes de organismos internacionales y familias beneficiarias de los programas sociales.

Hoy, 17 de octubre, Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, vale la pena detenernos en una pregunta incómoda: ¿de qué sirve saber administrar el dinero cuando el dinero no alcanza?

La pregunta llega en un momento oportuno. Esta semana se lleva a cabo en México la Semana Nacional de Educación Financiera, una iniciativa de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) que busca acercar herramientas para administrar mejor los recursos, fomentar el ahorro, prevenir riesgos y tomar decisiones informadas.

Al mismo tiempo, la conmemoración internacional nos recuerda que la pobreza no puede entenderse únicamente como la falta de dinero. También implica barreras para acceder a la salud, la educación, la alimentación y una vivienda adecuada.

Las cifras ayudan a dimensionar el desafío. De acuerdo con la medición multidimensional de la pobreza del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2024 había 38.5 millones de personas en situación de pobreza en México, de las cuales siete millones vivían en pobreza extrema.

Detrás de cada cifra hay personas que todos los días deben decidir cómo distribuir sus ingresos, qué necesidades atender primero y a qué gastos renunciar. Son decisiones que, por sí solas, no garantizan un cambio en sus condiciones de vida.

Por eso, al hablar de educación financiera, es indispensable distinguir entre dos conceptos: aprender a administrar los recursos disponibles y contar con ingresos suficientes para cubrir las necesidades básicas. No son lo mismo, y confundirlos puede llevarnos a responsabilizar a las personas por circunstancias que no dependen enteramente de ellas.

Cuando administrar mejor no es suficiente

Pensemos en una persona que trabaja, recibe un ingreso y procura organizar sus gastos. Compara precios, evita compras innecesarias, utiliza el transporte público y trata de no endeudarse.

Sin embargo, después de pagar la renta, comprar alimentos y cubrir los servicios y el transporte, apenas le queda dinero disponible.

Ante esa situación, cabe preguntarse: ¿su problema es que no sabe administrar sus recursos? No necesariamente.

Es posible que existan decisiones que pueda mejorar, alternativas de consumo que desconozca o apoyos y herramientas financieras a los que no haya tenido acceso. La educación financiera puede ayudarle a identificar esas posibilidades. Pero también puede ocurrir que sus ingresos sean insuficientes frente al costo de sus necesidades básicas.

En ese escenario, ningún presupuesto, por bien elaborado que esté, puede generar por sí solo el dinero que hace falta.

Una persona puede aprender a comparar créditos, pero ese conocimiento no aumenta automáticamente su salario. Puede comprender la importancia del ahorro, pero eso no significa que disponga de un excedente para ahorrar. También puede conocer los beneficios de un seguro, aunque necesita contar con los recursos suficientes para contratarlo y mantenerlo.

Reconocer esta realidad no significa restarle valor a la educación financiera. Significa comprender sus alcances y evitar que se convierta en una explicación simplista de problemas económicos mucho más complejos.

La educación financiera puede mejorar las decisiones que tomamos con nuestros recursos, pero no sustituye las condiciones económicas necesarias para construir estabilidad.

La diferencia entre elegir y sobrevivir

Existe una diferencia fundamental entre una persona que decide cómo distribuir un ingreso suficiente y otra que debe elegir qué necesidad dejar sin atender.

La primera puede evaluar alternativas, establecer prioridades y planear objetivos a mediano y largo plazo. La segunda quizá tenga que decidir si paga la electricidad o compra alimentos suficientes para la semana; si cubre el transporte para llegar al trabajo o pospone una consulta médica.

En ambos casos existen decisiones financieras, pero las condiciones en las que se toman son radicalmente distintas.

Cuando hablamos de libertad financiera, solemos pensar en invertir, ahorrar para el retiro, comprar una propiedad o construir un patrimonio. Sin embargo, para muchas personas, la primera expresión de libertad económica consiste en algo mucho más elemental: poder cubrir sus necesidades sin vivir permanentemente al límite.

Antes de preguntarnos cuánto puede ahorrar una persona, necesitamos entender cuánto gana, cuánto cuesta sostener su hogar y qué riesgos enfrenta.

También debemos reconocer que los ingresos no dependen únicamente de la voluntad individual. En ellos influyen el acceso a empleos bien remunerados, las oportunidades educativas, las responsabilidades de cuidado, las condiciones de salud y las desigualdades que limitan el desarrollo económico.

Por eso, enseñar a administrar el dinero es importante, pero también lo es generar condiciones para que las personas puedan obtener ingresos suficientes, acceder a oportunidades laborales y construir una mayor estabilidad económica.

La educación financiera sí importa, pero no hace milagros

Aclarar los límites de la educación financiera no significa renunciar a ella. Por el contrario, permite reconocer por qué es necesaria y cómo puede contribuir al bienestar de las personas.

Comprender el funcionamiento de una tarjeta de crédito puede evitar que una deuda se vuelva inmanejable. Comparar productos financieros ayuda a identificar costos, comisiones y condiciones desfavorables. Conocer los riesgos de una inversión puede prevenir pérdidas, mientras que entender la importancia de los seguros permite anticipar el impacto económico de una enfermedad, un accidente o la pérdida de ingresos.

Aprender a planear también puede ayudar a que una persona convierta un aumento salarial en ahorro, inversión o patrimonio, en lugar de comprometerlo automáticamente en nuevos gastos.

Estas herramientas importan porque las decisiones financieras tienen consecuencias acumulativas. Una elección informada puede reducir riesgos, evitar costos innecesarios y abrir oportunidades para aprovechar mejor los recursos disponibles.

Sin embargo, debemos evitar una conclusión equivocada: creer que todas las personas pueden alcanzar los mismos resultados si simplemente aprenden a administrar mejor su dinero.

No todas parten del mismo lugar, cuentan con las mismas oportunidades ni enfrentan los mismos riesgos. Por ello, la educación financiera debe ofrecer herramientas para decidir, no convertirse en un mecanismo para juzgar a quienes viven con recursos insuficientes.

No es lo mismo no ahorrar por desconocer cómo hacerlo que no poder ahorrar porque todo el ingreso se destina a cubrir las necesidades básicas. Tampoco es igual asumir una deuda para financiar un proyecto que recurrir al crédito para comprar alimentos o pagar servicios porque el dinero ya no alcanza.

Ambas situaciones pueden requerir orientación financiera, pero sus causas y sus posibles soluciones son distintas.

El patrimonio también comienza con la estabilidad

En mi trabajo como asesora patrimonial, una de las ideas que considero fundamentales es que el patrimonio no comienza únicamente cuando una persona invierte o compra una propiedad.

También comienza cuando puede construir cierta estabilidad, proteger lo que ha conseguido y tomar decisiones pensando más allá de la siguiente quincena.

Ese proceso requiere ingresos que permitan cubrir las necesidades esenciales, posibilidades reales de ahorro, acceso a instrumentos financieros adecuados y mecanismos de protección frente a riesgos que podrían desestabilizar a una familia.

También necesita información comprensible, instituciones confiables y oportunidades para desarrollar capacidades que permitan tomar decisiones con mayor seguridad.

Desde esta perspectiva, la educación financiera puede ser una herramienta para fortalecer la autonomía económica, siempre que se acompañe de condiciones que permitan aprovechar sus beneficios. No basta con enseñar a elaborar un presupuesto si los ingresos son insuficientes para cubrir los gastos indispensables; tampoco basta con recomendar el ahorro cuando no existe margen para separar una parte del dinero sin comprometer la alimentación, la vivienda o la salud.

El reto consiste en reconocer que las decisiones individuales y las condiciones estructurales no son excluyentes. Una persona necesita herramientas para administrar sus recursos, pero también requiere oportunidades para generar ingresos suficientes, acceder a servicios básicos y protegerse ante situaciones que pueden poner en riesgo su estabilidad.

Erradicar la pobreza exige mirar más allá del presupuesto

En el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, la reflexión debe ir más allá de los consejos para gastar menos, ahorrar más o evitar las deudas.

La educación financiera forma parte de la solución porque permite tomar decisiones informadas y reducir riesgos. Sin embargo, no puede sustituir las políticas públicas, las oportunidades de empleo digno, el acceso a la educación y la salud, ni las condiciones necesarias para que las familias mejoren sus ingresos.

Enseñar a administrar el dinero es una responsabilidad importante. Garantizar que las personas tengan oportunidades reales para construir una vida digna también lo es.

La pobreza no se explica únicamente por la manera en que alguien utiliza sus recursos. Por eso, tampoco puede combatirse exclusivamente con recomendaciones financieras.

La pregunta no debería ser solo si las personas saben administrar su dinero, sino si cuentan con los recursos y las oportunidades para hacerlo de una manera que les permita vivir mejor.

Porque aprender a administrar lo que tenemos puede ayudarnos a tomar mejores decisiones. Pero para construir estabilidad, proteger el patrimonio y ampliar las oportunidades, también necesitamos que los ingresos alcancen y que las condiciones sociales permitan avanzar.

La educación financiera puede enseñar a decidir mejor; erradicar la pobreza exige, además, que existan condiciones para que esas decisiones puedan transformar la vida de las personas.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó que en México el 29.6% de la población vivía en condición de pobreza multidimensional en 2024: 38.5 millones de personas tenían ingresos insuficientes para adquirir alimentos, bienes y servicios necesarios, además de carecer de al menos uno de sus derechos sociales. La medición se difundió a propósito del Día Internacional de la Erradicación de la Pobreza, que se conmemora cada 17 de octubre.

La proporción nacional fue equivalente a casi tres de cada 10 habitantes y representó una disminución frente a 2016, cuando 43.2% de la población se encontraba en esta condición. Entre ambos años, el número de personas en pobreza multidimensional pasó de 52.2 a 38.5 millones, una reducción de 13.7 millones.

El descenso no siguió una trayectoria continua. El porcentaje bajó de 43.2% en 2016 a 41.9% en 2018, pero aumentó a 43.9% en 2020; posteriormente disminuyó a 36.3% en 2022 y llegó a 29.6% en 2024.

La pobreza multidimensional considera tanto el nivel de ingreso como el acceso a derechos sociales. Bajo este enfoque, una persona se ubicaba en pobreza cuando sus recursos económicos no alcanzaban para cubrir sus necesidades y presentaba al menos una carencia en educación, salud, seguridad social, vivienda o alimentación.

La carencia de servicios de salud aumentó frente a 2016

El acceso a los servicios de salud fue la carencia social que mostró el mayor aumento entre 2016 y 2024. En el último año de medición, 34.2% de la población, equivalente a 44.5 millones de personas, carecía de ese servicio, 18.6 puntos porcentuales más que el 15.6% registrado ocho años antes.

La carencia por acceso a la seguridad social disminuyó de 54.1% en 2016 a 48.2% en 2024. Aun con esa reducción, 62.7 millones de personas enfrentaban esta privación en el último año analizado.

Las condiciones de vivienda mostraron mejoras en el periodo. La población con carencia por calidad y espacios de la vivienda bajó de 12% a 7.9%, lo que significó pasar de 14.5 a 10.3 millones de personas; en 2024, la proporción fue de 5.7% en zonas urbanas y de 15.8% en las rurales.

La falta de servicios básicos en la vivienda también descendió, de 19.2% a 14.1% entre 2016 y 2024. La diferencia territorial permaneció amplia: 5.8% de la población urbana enfrentaba esta carencia, frente a 43.8% de la población rural.

La pobreza extrema afectó a 7 millones de personas en 2024

La pobreza extrema pasó de 8.7 millones de personas en 2016 a 7 millones en 2024. En términos porcentuales, el indicador bajó de 7.2% a 5.3%, aunque en 2020 había alcanzado 8.5%, equivalente a 10.8 millones de habitantes.

La pobreza moderada concentró a 31.5 millones de personas en 2024, o 24.2% de la población. Ese mismo año, 32.5% de los habitantes no se encontraba en pobreza ni en condición de vulnerabilidad, mientras 32.2% era vulnerable por carencias sociales y 5.8% por ingresos.

La población con al menos una carencia social disminuyó de 68.5% en 2016 a 61.7% en 2024. Pese a esta reducción, el promedio de carencias entre quienes vivían en pobreza aumentó de 2.2 a 2.5 durante el periodo, y entre las personas en pobreza extrema pasó de 3.6 a 3.8.

El indicador de alimentación nutritiva y de calidad bajó de 21.9% a 14.4% entre 2016 y 2024. A la vez, la proporción de población con ingresos inferiores a la línea de pobreza por ingresos descendió de 50.8% a 35.4%, mientras quienes tenían ingresos por debajo de la línea de pobreza extrema por ingresos pasaron de 14.9% a 9.3%.

Chiapas concentró el mayor porcentaje de pobreza multidimensional

Chiapas registró el porcentaje más alto de población en pobreza multidimensional en 2024, con 66%. Le siguieron Guerrero, con 58.1%; Oaxaca, con 51.6%; Veracruz, con 44.5%, y Puebla, con 43.4%.

En el extremo opuesto estuvieron Baja California, con 9.9%; Baja California Sur, con 10.2%; Nuevo León, con 10.6%; Coahuila, con 12.4%, y Sonora, con 14.1%. La distancia entre Chiapas y Baja California fue de 56.1 puntos porcentuales.

Chiapas también tuvo la mayor proporción de población en pobreza extrema, con 27.1%, seguido de Guerrero, con 21.3%; Oaxaca, con 16.3%; Veracruz, con 8.8%, y Puebla, con 7.3%. Baja California registró 0.4%; Nuevo León, 0.5%; Aguascalientes, 0.6%; Coahuila, 0.8%, y Colima, 1%.

El Día Internacional de la Erradicación de la Pobreza fue institucionalizado por las Naciones Unidas en 1992 para promover la dignidad de las personas en pobreza, las políticas públicas integrales y la participación social. La conmemoración de 2026 adoptó el lema “Hogares seguros para todos”, centrado en la vivienda adecuada como base para la seguridad, la participación y una vida digna.

El INEGI mantuvo una agenda de investigación sobre pobreza y desarrollo social, además del Sistema de Información de Derechos Sociales, que complementó la medición multidimensional con datos sobre acceso efectivo y brechas de desigualdad en educación, salud, alimentación, vivienda y seguridad social.

Un adulto mayor cubano relató que vive bajo un techo improvisado y cuida a su esposa postrada. “Estamos pasando más hambre que un perro amarrado”, dijo en un video difundido en redes sociales, donde mencionó que un ciclón destruyó el techo de su vivienda y que no recibió ayuda. Las imágenes muestran paredes de madera, una cubierta improvisada con plásticos y huecos por los que entra la luz.

La publicación fue compartida por la cuenta de la ciudadana “melissahabla”, que incluyó una solicitud de ayuda para la pareja. Las tomas del video muestran datos de contacto y vías para realizar aportes, además de una advertencia para que quienes envíen dinero no incluyan en el concepto referencias a Cuba, niños cubanos ni firmas, debido a posibles restricciones de pago.

Trabajos ocasionales para sostener a su esposa postrada

El adulto mayor explicó que sale a trabajar “en lo que aparece”, aunque debe dejar sola a su esposa, a quien describió como postrada. “Trabajo aquí en lo que aparece, dejando a la vieja sola”, afirmó durante el recorrido por el interior de la casa. Pese a su avanzada edad y dificultad para caminar, debe salir a buscar algún trabajo para llevar comida a casa.

El video expone las condiciones materiales en que vive la pareja. El hombre señaló los daños de la construcción y explicó que el paso de un ciclón dejó la vivienda sin cubierta. “El ciclón me llevó el techo completo. Aquí nadie me ha ayudado ni nadie ha hecho nada por nosotros”, sostuvo.

La grabación no identifica la localidad cubana donde reside la pareja ni precisa cuándo ocurrió el fenómeno meteorológico mencionado.

Sin espacios básicos: “Nos bañamos ahí, en la puerta”

El hombre también describió la falta de espacios básicos dentro de la vivienda. “Nosotros nos bañamos ahí, en la puerta”, expresó, mientras la cámara registraba la estructura deteriorada.

“Mira cómo estamos nosotros. Aquí no se para nadie a nada”, agregó. Su relato se suma a los testimonios que circulan en redes sociales sobre las dificultades que enfrentan adultos mayores en Cuba, sobre todo quienes dependen de ingresos informales, viven solos o asumen tareas de cuidado sin condiciones adecuadas.

Los ancianos no tienen camas de colchón, sino espacios improvisados con maderos para su “reposo”, cartones y un pedazo de esponja como almohada.

“Tengo que morirme con ella”

El tramo final del video se concentra en su vínculo con la mujer postrada. El hombre aseguró que seguirá a su lado pese a la falta de recursos y a los daños de la casa.

“El amor a mí me gana y eso fue lo que me dio ella a mí. Por eso yo tengo que morirme con ella. Morirme y echar pa’lante”, dijo.

La cuenta que difundió el material pidió colaboración para asistirlos. La publicación incluye información para recibir transferencias y agradece a quienes compartan el caso o dejen mensajes de apoyo. No hay datos en la captura sobre una respuesta de autoridades locales ante la situación denunciada. El video también fue divulgado por la cuenta “La Chiringa Cubana”.

Dos de cada tres personas que sufren hambre extrema en el mundo se concentran en diez países, donde 177 millones de habitantes afrontaron niveles elevados de inseguridad alimentaria aguda en 2025, según el informe de Acción contra el Hambre difundido antes del Día Mundial de la Alimentación, que se celebra el 16 de octubre.

La organización situó a Nigeria, la República Democrática del Congo, Sudán, Yemen, Afganistán, Myanmar, Bangladesh, Pakistán, Sudán del Sur y Siria como los diez países con mayor número de personas afectadas. El grupo reunió cerca de dos tercios de los 266 millones de personas que padecieron inseguridad alimentaria aguda en 47 países y territorios durante 2025.

El informe señala que la concentración del hambre se acentuó pese a que la producción mundial de alimentos resultó suficiente para abastecer a la población. La falta de acceso a la comida, los conflictos armados, los desplazamientos forzosos, la pobreza, el deterioro de los servicios básicos y los recortes de la ayuda humanitaria marcaron la situación en los territorios más afectados.

Nigeria encabezó la lista, con 30,6 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria aguda. Le siguieron la República Democrática del Congo, con 27,7 millones, y Sudán, con 24,6 millones. Yemen contabilizó 18,1 millones de personas afectadas; Afganistán, 17,4 millones; Myanmar, 16,7 millones; y Bangladesh, 16 millones. Pakistán registró 11 millones, Sudán del Sur 7,8 millones y Siria 7,2 millones.

La cifra de las diez principales crisis bajó respecto de los 196,5 millones contabilizados en el informe anterior, aunque Acción contra el Hambre advirtió que ese descenso no reflejó necesariamente una reducción real de las necesidades. La ausencia de datos de algunos territorios, entre ellos Etiopía, que reunió a casi 22 millones de personas afectadas en 2024, incidió en la comparación.

Los mayores aumentos se produjeron en Myanmar, con 2,3 millones de personas más en inseguridad alimentaria aguda; la República Democrática del Congo, con 2,1 millones; Afganistán, con 1,6 millones; y Yemen, con 1,4 millones. En esos cuatro países, los conflictos, la inestabilidad política y los desplazamientos agravaron las dificultades de las familias para conservar sus viviendas, tierras, ganado, empleos y acceso a los mercados.

Ali Ahmed, padre desplazado en el campamento de Al-Saad, en Yemen, relató al equipo de la organización: “La guerra nos obligó a huir de nuestro hogar y nos dejó sin nada. Algunos días encontramos trabajo, otros no, y a menudo no podemos permitirnos comprar suficiente comida para nuestros hijos”.

Sudán del Sur ingresó por primera vez en el grupo de los diez países con más personas afectadas. Las previsiones para 2026 indicaron que alrededor de 10 millones de habitantes, más del 80 % de su población, necesitan ayuda humanitaria. El conflicto, los desplazamientos, las restricciones al acceso de las organizaciones humanitarias y el peor brote de cólera en dos décadas aumentaron la presión sobre el sistema sanitario del país.

Por su parte, en Sudán, las estimaciones apuntaron a que 33,7 millones de personas requieren ayuda humanitaria en 2026, 3,3 millones más que el año anterior. El informe también consignó descensos en Nigeria, Sudán, Pakistán y Siria. Bangladesh presentó la mayor reducción, con 7,6 millones menos de personas afectadas que en 2024, vinculada a mejoras en la agricultura adaptada al clima y a una menor dependencia de la asistencia humanitaria.

La organización incluyó a Malí, Níger y Gaza entre los territorios de especial preocupación por la gravedad de sus crisis alimentarias y nutricionales. En Malí, se prevé que 1,54 millones de personas padecen inseguridad alimentaria aguda en 2026. En Níger, donde uno de cada cuatro niños sufrió malnutrición aguda, la previsión alcanza a 2,42 millones de personas.

En Gaza, el informe estimó que 1,6 millones de personas enfrentaban inseguridad alimentaria aguda. El 87 % de las tierras agrícolas sufrió daños y el 81 % de los invernaderos quedó destruido. Los flujos de ayuda se redujeron un 37 % y solo cerca de la mitad de los camiones que ingresaron en la Franja logró descargar los suministros.

Además, en 2025 se confirmaron dos situaciones de hambruna en un mismo año, en zonas de Sudán y Gaza. El conflicto actuó como principal detonante en ambos casos, junto con las restricciones a la ayuda, el desplazamiento de la población y la destrucción de medios de vida e infraestructuras esenciales.

Las consecuencias alcanzaron con especial fuerza a niños y mujeres. En los países analizados, 30 millones de niños sufrieron malnutrición aguda y 6,5 millones de mujeres embarazadas y lactantes padecieron la misma condición. Cerca de 10 millones de menores de cinco años atravesaron formas graves de desnutrición aguda.

El documento también registró que 1,4 millones de personas llegaron en 2025 a la fase 5 de inseguridad alimentaria, denominada Catástrofe, el nivel más extremo de la clasificación. La cifra multiplicó por nueve los 155.000 casos registrados en 2016. Más del 80 % de las personas en fase 3 o superior vivió en 33 países y territorios que aparecieron de forma repetida en los informes sobre crisis alimentarias.

(Con información de Europa Press)

El Ministerio de Desarrollo Social de Panamá (Mides) recibirá $47,416,697.00 adicionales para garantizar el cuarto pago de los Programas de Transferencia Monetaria Condicionada a las familias más vulnerables del país.

La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó recientemente el traslado de partida interinstitucional que hará posible el desembolso.

Con ese respaldo financiero, se informó que 187,056 panameños que viven en pobreza y pobreza extrema recibirán el próximo pago entre el 16 de noviembre y el 4 de diciembre de 2026.

El monto total previsto para ese desembolso asciende a $54,455,670.

Fuentes ministeriales explicaron que el traslado de partida aprobado por la Asamblea Nacional de Panamá financia cuatro programas distintos, cada uno con una población beneficiaria propia.

El esquema 120 a los 65 concentra la mayor asignación, con $35.1 millones adicionales para 117,125 beneficiarios.

El Programa Red de Oportunidades recibirá $6.3 millones para atender a 42,743 personas. Ángel Guardián necesitó $4.7 millones para 19,907 beneficiarios, mientras que el Bono Alimenticio Nutricional requirió cerca de $1.1 millones para alcanzar a 7,281 personas.

La ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles de Arango, señaló ante la comisión de presupuesto del legislativo que la aprobación de este traslado de partida, que va destinado a la atención de las poblaciones más vulnerables de nuestro país.

El Ministerio de Desarrollo Social sostiene que estos recursos ratifican su compromiso con el fortalecimiento de los Programas de Transferencia Monetaria Condicionada y con que los beneficios lleguen a quienes más los necesitan, dentro del esquema de protección social que ofrece el Estado panameño.

Mientras la entidad gubernamental gestiona el financiamiento de los pagos, avanza en paralelo un proyecto para fortalecer el Registro Nacional de Beneficiarios (Renab), la plataforma que concentra los datos de quienes reciben ayudas estatales.

Hasta el momento, dos empresas, Futuver y Sonda, presentaron propuestas para desarrollar la auditoría y el mantenimiento de ese sistema.

Una nota de prensa de la entidad indica que las ofertas de ambas compañías se centran en la administración, revisión y actualización de la información contenida en el registro.

El ministerio dijo que evaluará las propuestas conforme a los requisitos establecidos antes de definir cuál resulta seleccionada.

El Renab funciona como herramienta para integrar y verificar los datos de los beneficiarios de los Programas de Transferencia Monetaria Condicionada, entre ellos las llamadas Red de Oportunidades, 120 a los 65 y Ángel Guardián.

El sistema permite identificar a los beneficiarios, evitar duplicidades en los registros y contribuir a una asignación más eficiente y transparente de los recursos sociales.

El proyecto contempla además el mantenimiento y la actualización de la plataforma tecnológica que sostiene al Renab, y el objetivo es garantizar la confiabilidad de la información que el Ministerio de Desarrollo Social utiliza para decidir la inclusión, la exclusión y el seguimiento de los beneficiarios de los programas sociales.

Durante la actual administración, el ente gubernamental transfirió $491,289,060.00 a favor de los beneficiarios de los Programas de Transferencia Monetaria Condicionada. En ese mismo período, 15,345 panameños se incorporaron a estos esquemas de ayuda.

La incorporación de nuevos beneficiarios priorizó, de acuerdo con la institución, a las personas y familias en condiciones de mayor vulnerabilidad.

Agregó que esa lógica de focalización es la misma que sustenta tanto el reforzamiento del Renab como el traslado de partida para el cuarto pago del año.

El Renab fue concebido como una herramienta para concentrar la información de los beneficiarios de los distintos programas sociales del Estado panameño. Su función central es mejorar los procesos de verificación y focalización de las ayudas, de modo que los recursos lleguen efectivamente a la población que los necesita.

Tanto la Canasta Básica Alimentaria (CBA) como la Canasta Básica Total (CBT) aumentaron 1,7% en el mes de septiembre, quedando 0,2 puntos porcentuales por debajo de la inflación general de ese mes, según el Indec. ¿Qué representan esas mediciones? La CBA hace referencia a lo que debe gastar una familiar por mes para cubrir el 100% de sus necesidades alimentarias, mientras que la CBT mide el valor de todos los bienes y servicios que son considerados básicos para el bienestar de cualquier familia. En el primer caso, el valor determina la línea de la “indigencia” y en el segundo, la de la “pobreza”.

En este caso, con el aumento medido en septiembre, la Canasta Básica Total llegó a $1.632.505 para una familia tipo, compuesta por un varón de 35 años, una mujer de 31, un hijo de seis años y una hija de ocho. Ese hogar es el que se toma como referencia en las estadísticas generales de pobreza e indigencia.

De acuerdo con el Indec, la Canasta Básica Alimentaria de esa misma familia llegó a $738.690 en el noveno mes del año, lo que significa que las familias con ingresos por debajo de ese monto no ganan lo suficiente para alimentarse adecuadamente.

Por arriba de la inflación

Si bien las canastas básicas aumentaron menos que la inflación general en septiembre, una mirada de más largo plazo demuestra la situación opuesta. Según informó el Indec, en los primeros nueve meses del año el IPC registró una suba del 23,6 por ciento. En ese mismo período, la CBT registró una variación del 24,7%, lo que significa que los insumos de primera necesidad subieron 1,1 puntos más que la inflación.

En la comparación interanual la diferencia es aún mayor. Mientras que los productos y servicios de la Canasta Básica Total subieron en forma conjunta un 38,7% en los últimos doce meses, la inflación general registró una variación de 33,4%, de donde se desprende que hubo una diferencia de 5,3 puntos.

Con la Canasta Básica Alimentaria pasó lo mismo, aunque las diferencias son más pronunciadas. Entre enero y septiembre, los alimentos que componen la CBA tuvieron un incremento de 25,3%, es decir 1,7 puntos más que el IPC general.

Ahora bien, en la comparación entre septiembre de 2025 e igual mes de este año, se observa que la CBA registró una variación del 40%, unos 6,6 puntos porcentuales más que la inflación general.

La diferencia entre la suba de las canastas y el IPC no es un dato anecdótico, sino que puede incidir directamente la capacidad de compra de miles de hogares. Es sabido que la mayoría de las negociaciones paritarias toman como referencia la evolución de la inflación general para determinar los ajustes, pero si la CBT y la CBA suben por encima de ese valor, el resultado puede llevar a que los ingresos de los trabajadores se alejan del costo de los productos y servicios.

El costo de vida de cada hogar

Como se mencionó, la familia tipo de cuatro integrantes es la que el Indec y otros organismos estadísticos toman como referencia al momento de medir la pobreza y la indigencia, pero en la realidad es que el costo de vida de cada hogar depende de múltiples factor, principalmente de la cantidad de integrantes. Para reflejar esas diferencias, el Indec presenta mes a mes el detalle de la CBA y la CBT para otros dos grupos familiares.

Por un lado, el organismo mide el caso de un hogar de tres integrantes, compuesto por una mujer de 35 años, su hijo de 18 y su madre de 61 años. En ese caso, la Canasta Básica Total llegó en septiembre a $1.299.664 y la Canasta Básica Alimentaria alcanzó un valor de $588.083.

El otro ejemplo corresponde a un hogar de cinco integrantes, compuesto por un varón y una mujer, ambos de 30 años, y tres hijos de uno, tres y cinco años. Para esa vivienda, el valor de una CBT llega a $1.717.036 y el de una CBA alcanza los $776.939 en el mes de septiembre.

“Yo tenía 14 años y él, 22” es una de las frases más duras con las que “Flor”, nombre ficticio para cuidar la identidad de la menor, explica la otra cara de la maternidad en las zonas rurales de El Salvador.

La menor conoció al hombre que sería el padre de su hija en una apartada cancha de fútbol de su cantón, el mismo espacio que debía servir como un lugar de sana recreación para ella.

“Comenzamos a salir y, a los pocos meses, estaba embarazada”, recuerda la menor, quien, sin darse cuenta de la vulnerabilidad a la que estaba sometida, inició una relación desigual. La noticia, en sus palabras, resultó devastadora para ella y su madre.

“Sentí que necesitaba más tiempo… Una niña no debería quedar embarazada”, señala, notablemente afectada. Aún con trenzas y coletas de colores adornando su cabello, Flor es una de las casi 8,000 niñas y adolescentes que cada año se convierten en madres en El Salvador.

Aunque el país lucha por la implementación de estrategias para llevar estas cifras a “cero”, el camino por recorrer es largo y presenta múltiples obstáculos culturales, sociales y económicos.

Investigaciones presentadas por instituciones como Plan El Salvador señalan que las causas de este escenario se entrelazan con la pobreza, la violencia sexual, la falta de educación sexual integral y los matrimonios forzados que aún persisten en las zonas más apartadas.

Flor vio con impotencia cómo toda su vida se transformaba en un abrir y cerrar de ojos. Pasó de tener solo el compromiso de “hacer sus tareas y ayudar en la casa” a tener que atender a una recién nacida mientras hacía malabares para terminar el año escolar.

La maternidad adolescente compite con los planes de vida

“Ya no puedo hacer las cosas que hacía antes”, explica. “Cuando volvía de la escuela tenía que hacerle el almuerzo a mi hija. Antes hacía mis tareas al salir de clases; después las hacía cuando ella se dormía. Ser madre adolescente ha sido difícil.Cuando se enferma, no sé qué hacer o qué tiene”, explica Flor, quien se encontraba estudiando noveno grado. El último año de estudio fue un reto para la menor debido al estigma, las dificultades físicas y la carga emocional.

“Mis compañeros y mi profesora me trataron igual. En la escuela solo era una chica; fuera, ya soy madre”. Sin embargo, iniciar el bachillerato con una menor no ha sido tarea fácil para Flor, debido a que tomó clases nocturnas y tuvo largos períodos de ausencia del sistema escolar.

En El Salvador, el Código Penal considera delito grave mantener relaciones sexuales con una menor de 15 años. Hoy ella entiende que estas leyes existen para proteger a las niñas y permitirles disfrutar su infancia.

Las limitaciones de la familia de Flor no le permiten acceder a una guardería o a mejores oportunidades de estudio. Ahora, con 17 años, participa en proyectos de Plan International, a través de los cuales espera seguir desarrollándose.

“Un hijo nunca es un error, pero todo tiene su tiempo: el de disfrutar la vida y el de seguir adelante”, dice. “La vida no termina aquí. Me imagino terminando el instituto y la universidad, convertida en abogada y logrando todo lo que quiero”, aunque sus sueños hoy estén en pausa.

En el cambio de siglo entre el XIX y el XX, las pequeñas aldeas judías de la Europa Oriental, conocidas como shtetls, crujían bajo el peso de la miseria material, el aislamiento y la amenaza constante de los pogromos zaristas. En ese escenario de barro, privaciones y fe inquebrantable, un hombre decidió que la mejor manera de contar el dolor de su pueblo no era el llanto, sino la ironía. Ese hombre se llamaba Salomón Rabinóvich, más conocido como Sholem Aleijem.

De su pluma (este seudónimo, en idish, significa “la paz esté con ustedes”) brotó una de las máximas más demoledoras, lúcidas y vigentes sobre la condición humana y la brecha de clases: “La vida es un sueño para el sabio, un juego para el tonto, una comedia para el rico y una tragedia para el pobre”. Lejos de ser un aforismo abstracto de escritorio, esta frase condensa la arquitectura de su obra cumbre y funciona como el manifiesto definitivo de su pensamiento político y filosófico.

La frase pertenece a Tevie el lechero (Tevye der milkhiker, en su idish original), una serie de relatos publicados por entregas entre 1894 y 1914. La importancia de este libro en la historia de la cultura occidental es incalculable. Hasta la aparición de Sholem Aleijem (y de contemporáneos como Mendele Mojer Sforim e Iztjok Leish Peretz), el idish era considerado un dialecto menor, la “lengua de las mujeres y los analfabetos”, desplazada por el hebreo litúrgico o el ruso de las élites.

Sholem Aleijem elevó ese idioma callejero y popular a la categoría de alta literatura. Tevie el lechero es el retrato de un padre lidiando con el choque generacional de sus hijas, pero también una crónica sobre el avance del capitalismo, el desarraigo y la desintegración del mundo tradicional. Décadas más tarde, sería adaptado en Broadway (El violinista en el tejado) y al cine en 1971. Sin embargo, mientras Hollywood estetizó la pobreza, el texto original conservaba una mordacidad política mucho más afilada.

Al desarmar la cita, se revela cómo el autor entendía la desigualdad de su época (y, de forma predictiva, la del siglo XXI). Para el “sabio”, la vida es un sueño; una ilusión o un enigma intelectual que se intenta descifrar desde la distancia cognitiva. Para el “tonto”, es apenas un juego; una sucesión de eventos azarosos sin un propósito claro. Pero el núcleo político estalla en la segunda mitad de la frase, donde se contraponen los extremos de la pirámide social: la comedia del rico y la tragedia del pobre.

Para el escritor, la riqueza otorga el privilegio de la liviandad. El rico puede ver la existencia como una puesta en escena teatral donde los errores tienen solución, las deudas se pagan con dinero y el sufrimiento ajeno es mero espectáculo o filantropía de salón. En cambio, para el pobre, la vida no ofrece red de contención: la falta de pan, la enfermedad o la persecución del Estado (ayer el zarismo, hoy la exclusión del mercado) convierten el día a día en una tragedia inevitable.

Tevie, el protagonista del libro, encarna precisamente este dilema: es un trabajador que conversa con Dios y le discute de igual a igual, preguntándole por qué, si todos somos iguales ante sus ojos, algunos viajan en carroza y otros tienen que empujar el carro con sus propias manos. Esta idea resume a la perfección el pensamiento de Sholem Aleijem. A menudo apodado el “Mark Twain judío” por su uso del humor local y la sátira social, el autor jamás fue un conformista.

No buscaba que el lector se resignara a la “tragedia del pobre”, sino que utilizaba la risa como una herramienta de dignificación y resistencia. Sus personajes se ríen para no llorar, convirtiendo el chiste en una bofetada al poder y a la injusticia económica. En un presente hiperconectado, donde las crisis económicas globales vuelven a precarizar las vidas de millones mientras las élites globales observan el mundo desde la abstracción tecnológica, Sholem Aleijem nos sigue interpelando.

¿Quién es Sholem Aleijem?

Sholem Aleijem, seudónimo de Salomón Yákov Nojúmovich Rabinóvich, nació el 2 de marzo de 1859 en Pereyáslav, Ucrania (entonces parte del Imperio ruso), en el seno de una familia judía tradicional que pronto sufrió la ruina económica. Tras trabajar como maestro y rabino oficial, heredó una enorme fortuna que perdió rápidamente en especulaciones bursátiles, una experiencia que marcaría su literatura y daría vida a su célebre personaje Menájem Mendl. Entonces se vio obligado a vivir de su pluma.

En ese camino fue que se convirtió en un autor prolífico y en uno de los padres fundadores de la literatura moderna en idish, elevando este dialecto popular a la categoría de arte. A través de novelas, cuentos y obras teatrales como Tevie el lechero, Las cartas de Menájem Mendl y Sheine Sheindl y Las aventuras de Mottel, el hijo del cantor, retrató con un humor punzante, ironía y profunda ternura las luces y sombras de los shtetls (aldeas judías) frente a la modernización y la miseria.

La inestabilidad política y la brutal ola de pogromos antijudíos de 1905 lo forzaron a abandonar Rusia, iniciando un largo periplo que lo llevó por Europa hasta establecerse definitivamente en Nueva York en 1914. Allí pasó sus últimos años debilitado por la tuberculosis y la pobreza, pero sin dejar de escribir ni de ser la voz de las masas de inmigrantes que abarrotaban el Lower East Side. Falleció el 13 de mayo de 1916 a los 57 años; su entierro en Queens congregó a más de cien mil personas.

Los vientos de la historia parecen imponer la moda del ascenso de las derechas. Uno se pregunta si fracasaron los progresismos o estamos viviendo una profunda crisis de la democracia. Los ricos del mundo ya superan con su poder a las naciones mismas; entre nosotros, vivimos la absurda experiencia de haber convertido el derrame en ideología.

El espejismo es claro, si dejamos a los ricos libres, habrá un futuro para los pobres. Lo perverso es que el presente del enriquecimiento de los grandes, llamado “Macro”, es desmesurado, siendo su contracara la desgracia de los más vulnerables.

Para los que hemos acumulado muchos gobiernos en nuestras vidas el actual recetario es a veces parecido y otrasuna simple fotocopia de las reiteradas dictaduras. Pensar las sociedades desde la ganancia, y no desde sus habitantes, nos lleva a coyunturas donde reinan grandes empresas manos de empresarios que ni siquiera nos asumen como su patria y que, por rebajar algunos precios, terminan destruyendo millares de puestos de trabajo. Para no mencionar la especulación financiera ilimitada y la destrucción de la industria nacional y de las Pyme. Si la política hubiera existido, si se hubiera hecho responsable del futuro colectivo, no estaríamos asistiendo al penoso espectáculo de miles de locales comerciales cerrados, con sus propietarios, inquilinos y empleados sometidos a la desesperación porque nuestra frivolidad nos llevó a recorrer un sinsentido cuyo daño era infinitamente superior al beneficio que podía proporcionar. Nunca fui marxista, pero sí, lector, y recuerdo la ocasión en que Stalin le ofreció a Mao una donación de decenas de camiones, a lo cual el estadista chino respondió: “No todavía, porque no sabría qué hacer con los obreros chinos”.

Recorrer Europa implica descubrir que esas sociedades no cayeron en estas insensatas y codiciosas tentaciones, ni siquiera en la deformación que aportan los “barrios privados”. Son países con un estado presente que cumple las funciones que requiere su ciudadanía, respetando las instituciones y la división de poderes, defendiendo y sosteniendo su soberanía, ejerciendo la necesaria percepción de aranceles para proteger su producción, entre otras medidas que constituyen la base de una nación. Sin Estado no hay nación, pero Milei y los suyos no saben de qué se trata. Las sociedades deben ser diseñadas con un proyecto en el que coincidan gobierno y oposición, diferenciando sus acentos en producción o distribución, pero jamás entregadas a manos de personajes para quienes el dinero vale más que la dignidad humana.

En la elección de Brasil hubo quienes cayeron en la simplificación de intentar compararnos, sin entender que en el caso de la sociedad brasileña, el patriotismo precede a la ideología. Ni las dictaduras ni los Bolsonaro privatizaron su patrimonio, y la vitalidad de su burguesía impidió hasta el momento cualquier tipo de dependencia extranjera. Otro dato importante es que el país hermano nunca alteró la célebre estructura diplomática de Itamaraty, gestora de una política exterior situada por encima de cambios coyunturales. Así y todo, el gobierno del exitoso presidente Lula generó una especie de cansancio que nos lleva a pensar si lo sucedido en Brasil es un avance de la derecha o una derrota momentánea de los oficialismos debido a hartazgos no siempre justificados.

Diferenciar la burguesía productiva, integrada por aquellos que generan riqueza, de la nacida con Menem y especializada en quedarse con las propiedades del Estado, es tan simple como entender la diferencia entre una visión de Patria y una colonial. En esa caricatura estamos. Asociados a conocidos testaferros, los amigos de este gobierno se apropian de los servicios públicos por precios irrisorios, como el reciente caso de AySA, en el intento de manejar un Estado paralelo y achicar los márgenes reales de todo poder democrático. La familia Caputo “privatiza” con actitud ilícita, se apropia de AySA, una empresa que está equilibrada y que necesita inversiones para dar agua y cloacas a los sectores desfavorecidos, sabiendo que eso no es negocio y que la privatización es quedarse con la ganancia y abandonar a los necesitados. Es que “privatización” no es más que el nombre técnico del saqueo. Negociar, comerciar sobre la necesidad de los que carecen de agua y cloacas es la perversión de una casta degradada que hoy dice conducirnos. Los que las tenemos pagaremos más caro, y quienes las necesitan son excluidos de toda posibilidad de acceder a esos bienes indispensables. Esto es el Liberalismo en la versión delincuencial — no es la primera vez — que hoy gobierna. Estamos ante un gobierno absolutamente delictivo que pretende, además, vender la ciudadanía argentina a quién sabe qué clase de extranjeros por cifras siderales en dólares, con la intermediación de una agencia británica, sin que sepamos a qué consecuencias de todo orden – desde el narcotráfico hasta la compra ilimitada de tierras– nos estamos exponiendo.

La imagen pública de nuestro presidente y sus insultos al periodismo y a todos los que no coincidan con su ya indiscutible fracaso nos ubica en la certeza de que solo un nuevamente fracasado ministro de Economía es experto en expandir la pobreza de los que tienen a partir de la promesa del derrame, un concepto que sólo marca el nivel de su perversión ideológica, mientras menosprecia al Arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires con total desparpajo, llamándolo Cuerva. ¿Creerá, acaso, que al omitir un apellido lo aleja de la clase a la que él sí, con uno solo pertenece? Pobre personaje, el “Toto” Caputo y su mediocre y balbuceante discurso lleno de falsedades económicas, por lo demás.

Los pueblos suelen solicitar lo que logran como en el llamativo caso de nuestra baja de inflación para afincarse en lo que carecen como en su mínimo digno derecho a la sobrevivencia. Si hay algo que los economistas conocen de sobra es que los bienes son limitados y, en consecuencia, lo que se llevan ricos y poderosos impunemente beneficiados como lo están por este gobierno — reducción de impuestos, desregulación de tarifas, alquileres, tasas, salud y educación privadas y flexibilización laboral mediante— es lo que se les saca a los pobres y ahora, también a la clase media.

Una familia tipo porteña, integrada por dos adultos de 35 años con dos hijos y vivienda propia, necesitó ingresos mensuales desde $2.669.815 para ser considerada de clase media en septiembre. El mismo hogar requirió $1.687.299 para no ser considerado pobre.

El último informe del Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (Idecba) ubica dentro del sector medio a los hogares con ingresos de entre $2.669.815 y $8.543.407 mensuales. La medición toma como referencia a una pareja con dos hijos de seis y nueve años, ambos adultos con empleo y propietarios de la vivienda.

La cifra que marca el ingreso mínimo para pertenecer a la clase media aumentó $66.259 frente a agosto, cuando el umbral se ubicaba en $2.603.556. En comparación con septiembre de 2025, el incremento fue de $672.437, equivalente a 33,7 por ciento.

El sistema de estratificación de la Ciudad de Buenos Aires define como clase media a los hogares que perciben, al menos, 1,25 veces el valor de la Canasta Total de consumo. Para la familia tipo tomada como parámetro, esa canasta alcanzó $2.135.852 en septiembre.

Por debajo de ese nivel, pero por encima de la línea de pobreza, el informe clasifica a las familias dentro del “sector medio frágil”. Para dicho mismo grupo familiar, el sector medio frágil comprendió los ingresos de entre $2.135.852 y $2.669.815 mensuales.

En tanto, quienes superaron los $8.543.407 quedaron dentro de los sectores acomodados, ya que ese monto equivale a cuatro Canastas Totales.

La línea de pobreza para el hogar de referencia ascendió a $1.687.299 mensuales. Es el ingreso necesario para cubrir la Canasta Básica Total, que incluye alimentos y otros gastos esenciales.

Las familias con ingresos inferiores a ese valor, aunque superiores a $925.941, fueron consideradas pobres no indigentes. Por debajo de los $925.941, el informe ubicó a los hogares en situación de indigencia, dado que ese monto corresponde a la Canasta Básica Alimentaria.

Los hogares no pobres vulnerables fueron aquellos con ingresos mensuales de entre $1.687.299 y $2.135.852. A su vez, el sector medio frágil comprendió a los hogares con ingresos de entre $2.135.852 y $2.669.815.

El informe también mostró diferencias según la composición familiar y la condición de tenencia de la vivienda. Una pareja joven de 25 años, sin hijos y propietaria, necesitó $1.259.163 para cubrir la Canasta Total de consumo. Para una pareja de las mismas características que alquila, el valor ascendió a $1.583.942.

En el caso de un adulto de 25 años propietario, la Canasta Total se ubicó en $775.948. Para una pareja de adultos mayores propietarios, el monto fue de $1.113.765.

Qué pasó con la inflación en CABA

El Idecba también publicó este jueves el dato de inflación: el índice de precios porteño registró un aumento del 1,8% durante septiembre. Esto representa una leve aceleración frente al 1,7% de agosto. De esta manera, acumuló un incremento del 23,7% en los primeros nueve meses de 2026.

En términos interanuales, la inflación se ubicó en 32,9%, lo que marcó una desaceleración de 0,4 puntos porcentuales frente al 33,3% del mes previo.

Cuatro divisiones concentraron el 64,9% de la incidencia sobre el aumento mensual del índice: vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles; alimentos y bebidas no alcohólicas; salud; y educación. En conjunto, estos rubros fueron los que más impacto tuvieron sobre el resultado general de septiembre.

Educación encabezó las subas, con un incremento del 2,9%, seguida por cuidado personal, protección social y otros productos, que registró un 2,4%. Prendas de vestir y calzado, por su parte, avanzó 2,3%, el mismo porcentaje que vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles.

En tanto, salud e información y comunicación tuvieron variaciones del 2,2%, mientras que alimentos y bebidas no alcohólicas subió 2,1%.

Entre los aumentos más moderados se ubicaron bebidas alcohólicas y tabaco (1,4%), transporte (1,3%), restaurantes y hoteles (1,1%), seguros y servicios financieros (1%), recreación y cultura (0,9%) y equipamiento y mantenimiento del hogar (0,3%).

La pobreza en Uruguay se redujo 2,9 puntos porcentuales en el primer semestre de 2026 en comparación al mismo período del año anterior, informó el Instituto Nacional de Estadística (INE) del país este miércoles. Esto significa que hay 95.000 personas menos bajo la línea de la pobreza, estimó el presidente de la República, Yamandú Orsi, quien celebró el dato en las redes sociales. “Es una mejora importante, pero sabemos que falta mucho”, escribió.

El 14,8% de las personas se encuentra bajo la línea de la pobreza frente al 17,7% que se registró en el primer semestre de 2025. En términos relativos, la incidencia de la pobreza entre las personas se redujo aproximadamente un 16% respecto al primer semestre de 2025.

Esto quiere decir que 148 de cada 1.000 personas está por debajo de la línea de la pobreza.

En cuanto a la pobreza extrema también hubo una mejora del indicador. La proporción de personas indigentes pasó de 1,8% a 1,2%, lo que quiere decir que 12 de cada 1.000 personas no alcanza el ingreso mínimo para cubrir las necesidades alimentarias básicas. En hogares, la indigencia fue del 1%.

La mejora también está reflejada a nivel de hogares. En el primer semestre de 2025, el 13,9% de los hogares estaba por debajo de la línea de la pobreza. Esta cifra bajó, un año después, a 11,6% (2,3 puntos porcentuales menos).

El oficialismo celebró la noticia.

“Decidimos poner primero a la gente, hoy los datos muestran que estamos avanzando”, escribió el presidente Orsi en la red social X.

“Es una mejora importante, pero sabemos que falta mucho. Mi compromiso es seguir trabajando para que el crecimiento, el empleo y las políticas públicas mejoren las condiciones de vida para cada vez más uruguayos y uruguayas”, agregó el mandatario.

El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim, explicó que la mejora de este indicador fue el resultado “de una economía que ha sido capaz de crear empleos netos e incrementar los ingresos de las personas, así como de políticas públicas específicamente orientadas a quienes más lo necesitan”.

Arim destacó que hubo un crecimiento del salario real y de la remuneración mínima, programas de “empleo protegido” y un fortalecimiento de políticas sociales. “Son todas medidas que aumentan los ingresos y las oportunidades de los hogares en situación de mayor vulnerabilidad”, escribió.

El jerarca destacó que en el proyecto de Rendición de Cuentas –aprobado en el Parlamento– se creó una Asignación Única para la Infancia y Adolescencia que unifica varias prestaciones sociales y que es una “contribución central” a las políticas del gobierno.

“El compromiso es seguir mejorando los ingresos de los hogares más vulnerables y reducir especialmente la pobreza infantil, ampliando el bienestar y las oportunidades”, finalizó el jerarca del equipo económico.

El Ministerio de Economía, por su parte, interpretó que esta caída de la pobreza es consistente con los números del mercado de trabajo.

¿Cuánto dinero necesita una familia para no ser pobre en Uruguay?

El INE realiza las estimaciones de la pobreza y de la indigencia utilizando una metodología del 2017. Un hogar se considera pobre cuando su ingreso disponible ajustado se encuentra por debajo de una línea que tiene en cuenta la canasta básica alimentaria, los gastos no alimentarios, la cantidad de integrantes, la región del país y si el hogar alquila o no su vivienda.

Por ejemplo, en junio de 2026, un hogar de tres personas que alquila en Montevideo se considera por debajo de la línea de pobreza si sus ingresos líquidos mensuales son inferiores a 58.893 pesos uruguayos (USD 1.470). Para un hogar de iguales características en el interior, la línea se ubica en 45.364 pesos uruguayos (USD 1.130).

Para una persona sola el umbral también cambia según si alquila o no y su lugar de residencia. Una persona inquilina en Montevideo necesita ingresos líquidos por 25.195 (USD 630) pesos uruguayos para estar por encima de la línea de la pobreza. Si vive fuera de la capital, requiere 20.257 pesos uruguayos (USD 505).

El video, difundido desde sus redes sociales, muestra una escena doméstica que se repite en hogares de Cuba: madres que dividen, estiran y transforman los pocos alimentos disponibles para que cada integrante de la familia reciba al menos un plato caliente.

“Soy cubana y hoy te voy a enseñar cómo hacemos para que una sola pieza de pollo alcance para cinco personas”, relató Lucía Milagros. “Cuando no hay suficiente, toca echarle más agua e ingeniárselas para que todos puedan comer algo caliente”.

El caldo para la niña y el resto de la familia

La comida partió de un gesto de solidaridad entre vecinas. La pierna de pollo no había sido comprada por la familia, sino entregada como ayuda. Con ese ingrediente, Lucía preparó un caldo al que añadió verduras y fideos para aumentar el volumen de las porciones.

“Y no, no estamos hablando de lujos, sino de poner un plato en la mesa”, afirmó la madre al referirse a la necesidad de recurrir a preparaciones que permitan distribuir una cantidad mínima de carne entre todos los miembros del hogar.

En su relato, la mujer planteó una pregunta que condensa la incertidumbre diaria detrás de cada comida: “Ahora dime tú, ¿esto alcanza o no alcanza?”. La respuesta no depende solo de las cantidades, sino de cuántas personas deben alimentarse y de qué otros productos hay disponibles en la cocina.

Mujeres cubanas y las estrategias ante la falta de alimentos

Las plataformas de redes sociales se han convertido en espacios donde mujeres cubanas exponen estrategias para enfrentar la falta de alimentos. A través de recetas, videos y testimonios, muestran cómo una pequeña porción de pollo, huevo, arroz o algún vegetal debe cubrir las necesidades de familias enteras.

La necesidad de “hacer magia” con los alimentos refleja el impacto de la crisis cotidiana bajo el régimen cubano, donde la escasez y las limitaciones para acceder a productos básicos trasladan a los hogares la carga de resolver qué habrá para comer cada día.

Lucía Milagros lo expresó desde la experiencia de quien prepara la comida y debe repartirla: “Desde afuera es fácil opinar, pero quien tiene que hacer magia aquí adentro soy yo”.

La frase resume una presión que recae con frecuencia sobre las madres: administrar una despensa insuficiente, buscar ayuda entre vecinos y convertir una porción pensada para una persona en la base de la comida de toda una familia.

“Lo que estás viendo no es un caso raro”

La mujer sostuvo que su publicación no describe una excepción. “Lo que estás viendo no es un caso raro, es la realidad de muchísimas familias en Cuba”, dijo al final de su video.

Su caldo de pollo, preparado con una pieza regalada, papa, una yuca y fideos, dejó expuesta una forma de supervivencia doméstica en la que la creatividad no responde a una elección culinaria, sino a la necesidad de que la comida alcance para todos.

El prelado vinculó la convocatoria de este fin de semana con la visita apostólica que León XIV realizará en noviembre y consideró que la marcha hacia la Basílica funcionará como una instancia de preparación. Este año, Luján espera la llegada de más de un millón de peregrinos, mientras que la organización desplegará un operativo con miles de voluntarios y la participación de gobiernos nacionales, provinciales y locales.

García Cuerva definió a la Argentina como un país “herido” por la división

Consultado sobre el escenario que encontrará el pontífice, García Cuerva señaló que la polarización política y social impacta de forma directa en la vida cotidiana. “Se va a encontrar con una Argentina herida, una Argentina dividida, con esa famosa grieta”, expresó ante la prensa.

“Una Argentina donde la descalificación y la intolerancia están a la orden del día. Una Argentina donde duele, un porcentaje muy grande de hermanos que la están pasando mal, de hermanos muy pobres desde hace muchos años”, continuó con su diagnóstico.

Y completó: “Una Argentina que está en crisis hace muchos años. Mi abuelo me decía: «Cuando vos crezcas, seguramente Argentina va a salir adelante». Yo ya crecí y la Argentina sigue en esa situación”.

No obstante, destacó la respuesta de la sociedad y su capacidad de resiliencia: “Se va a encontrar con argentinos trabajadores que todos los días se levantan, que apuestan por las familias, que apuestan por el sacrificio, que siguen luchando para salir adelante”.

La peregrinación reunirá a fieles durante 60 kilómetros entre Liniers y Luján

La 52ª Peregrinación Juvenil a Luján comenzará este sábado 3 de octubre a las 10, con la salida de la imagen cabecera de la Virgen desde el Santuario de San Cayetano, en Liniers. El recorrido hasta la Basílica de Nuestra Señora de Luján abarca unos 60 kilómetros y culminará el domingo 4 con la misa central, prevista para las 7 frente al templo.

La edición de este año tendrá como lema “Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos”. García Cuerva presidirá la celebración central del domingo y también encabezará una misa durante la noche del sábado, a las 23.30. Peregrinación a Luján: el operativo, las recomendaciones y todo lo que hay que saber antes de comenzar la caminata

Durante la conferencia de prensa, el arzobispo sostuvo que habrá más de 20.000 voluntarios involucrados en la organización y remarcó la coordinación entre la Iglesia y las autoridades. “Estamos sentados a una mesa, gobiernos nacionales y locales, está sentada la Iglesia”, señaló.

La experiencia servirá para preparar la misa de León XIV en noviembre

La llegada de los peregrinos será además una prueba para el esquema logístico que se prepara ante la visita papal. León XIV estará en la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre, con actividades previstas en Buenos Aires, Córdoba y Luján, según el programa oficial difundido por el Gobierno nacional. Se confirmó la agenda del Papa en Argentina: el lunes 9 de noviembre a las 11:30 será la misa multitudinaria en Palermo

El pontífice celebrará una misa frente a la Basílica de Luján el miércoles 11 de noviembre, en la última jornada de su estadía. Las autoridades locales calculan que la convocatoria podría oscilar entre uno y dos millones de fieles, por lo que se proyecta un corredor de concentración de dos kilómetros y una llegada escalonada de asistentes. Luján espera a millones de personas por la visita de León XIV: “Estamos más que colapsados”

García Cuerva consideró que el viaje de León XIV tendrá un carácter pastoral y que dejará desafíos para la Iglesia argentina. “Es una visita pastoral que nos va a dejar tarea para el hogar”, dijo, al referirse al compromiso que deberán asumir los fieles una vez finalizada la visita.

En medio de su participación en el Argentina Week en París, el presidente Javier Milei concedió una entrevista a Le Point, revista francesa, en la que habló sobre si aún sigue vigente su promesa de campaña de dolarizar la economía y destruir el Banco Central (BCRA). También dio su visión respecto a la apreciación del peso y a las críticas de la oposición sobre el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

La entrevista llevó como título “La deuda es profundamente inmoral”, una de las frases del mandatario argentino. Durante el diálogo, el jefe de Estado también se refirió a los nuevos datos de pobreza que publicó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), al accionar de la oposición en el Congreso, la evolución de la balanza energética y a las proyecciones de exportaciones para este año y para 2031.

El debate sobre el tipo cambo

Al responder por el aumento del costo de vida medido en dólares, Milei afirmó que la Argentina salió de “un siglo de colectivismo” y rechazó la posibilidad de revertir en 30 meses las consecuencias que atribuyó a ese período. El Presidente sostuvo que resulta insensato exigir una reparación completa en ese lapso. “Es como si el Gobierno anterior hubiera incendiado su casa y usted me reprochara, en medio de la reconstrucción, que el techo aún no esté terminado”, afirmó durante la conversación con Le Point.

El mandatario defendió la evolución del peso frente al dólar y sostuvo que el país registra fundamentos económicos que explican esa tendencia. Entre los elementos que citó, mencionó un récord de Producto Interno Bruto (PBI) per cápita, un récord de consumo, un récord de exportaciones y una inflación que, según su definición, está controlada.

“¿El peso se fortaleció frente al dólar? Evidentemente”, afirmó Milei. A continuación, enumeró las medidas y las condiciones que, según explicó, incidieron sobre la moneda local: la interrupción de la emisión sin respaldo, un recorte del 30% en el gasto público y una mayor demanda internacional de recursos naturales argentinos.

Promesas de campaña

La entrevista también abordó si aún sigue vigente la promesa de dolarizar la economía y de eliminar el BCRA que hizo durante la campaña presidencial. Milei no respondió ni por si ni por no solo afirmó que su Gobierno eliminó el mecanismo de emisión monetaria destinado a cubrir déficits fiscales, al que calificó como una estafa.

Según sostuvo, la emisión para asistir al Tesoro provocó una inflación acumulada elevada. “Eliminamos la estafa de la emisión monetaria para cubrir déficits, que había generado una enorme inflación acumulada”, dijo.

También señaló que la reciente reforma que envió al Congreso (y que está a la espera de su aprobación en Diputados) prohíbe de manera formal cualquier financiamiento del Tesoro por parte del BCRA. Presentó esa decisión como uno de los cambios centrales de su programa económico y como un límite a la posibilidad de usar la autoridad monetaria para cubrir desequilibrios de las cuentas públicas.

Sobre la dolarización, sostuvo que su administración instauró la libertad de elegir la moneda. Bajo ese esquema, afirmó que quienes apostaron contra el peso y compraron dólares durante su mandato sufrieron pérdidas. “Todos los especuladores que apostaron contra el peso y compraron dólares durante nuestro mandato terminaron en la ruina”, declaró. Milei no identificó a los sectores, empresas o personas a los que incluyó dentro de esa definición, ni dio cifras sobre esas operaciones.

Aumento de la pobreza

En otro pasaje, el Presidente respondió por los últimos datos semestrales que mostraron un repunte de alrededor de cuatro puntos porcentuales (p.p.) en la pobreza. Milei sostuvo que, al ordenar las cuentas públicas, su Gobierno tomó como referencia una pobreza real del 57%.

De acuerdo con su explicación, ese indicador descendió luego hasta el 30%, lo que representó una reducción de 27 puntos. Cuestionó que esa baja no recibiera una cobertura destacada y contrastó esa situación con las reacciones ante el incremento semestral.

“Sube un poco y gritan que es el apocalipsis”, afirmó. La frase formó parte de su respuesta a la consulta por la evolución de la pobreza y por el impacto social de las medidas económicas aplicadas por su administración.

Milei atribuyó el aumento reciente a lo que llamó “siete intentos de golpe de Estado institucional” durante el año pasada. Según sostuvo, la oposición lanzó un ataque colectivo contra la Argentina y el Congreso aprobó 40 leyes que, a su entender, buscaron afectar el equilibrio presupuestario.

El jefe de Estado afirmó que esas iniciativas frenaron la actividad económica y redujeron los salarios reales. “Cualquier otro país habría explotado”, dijo al describir las consecuencias que atribuyó al conflicto político y legislativo. También aseguró que anticipó públicamente un costo social ante lo que calificó como sabotaje. Luego sostuvo que la economía argentina retomó su marcha.

Críticas al RIGI

La entrevista incluyó una consulta sobre las críticas de la oposición al RIGI. La pregunta planteó que sectores opositores sostienen que el programa entrega reservas de litio, gas y minas del país a empresas multinacionales. Milei rechazó esa acusación con expresiones duras. “¡Qué estupidez sin nombre, proferida por analfabetos económicos!”, afirmó. Para responder, mencionó la cotización de YPF, el resultado de la balanza energética y las proyecciones sobre las ventas externas.

El Presidente sostuvo que, durante el gobierno kirchnerista, la acción de YPF cotizaba a USD 3 y que ahora supera los USD 50. También afirmó que la balanza energética pasó de un déficit de USD 5.000 millones a un superávit de USD 10.000 millones.

Según Milei, las exportaciones argentinas superarán los USD 100.000 millones este año. Agregó que ese monto llegará a un rango de entre USD 180.000 millones y USD 200.000 millones hacia 2031. El mandatario no especificó qué sectores explicarán esas proyecciones ni el peso que tendrán la energía, la minería u otras actividades.

El Presidente también cuestionó a quienes rechazan su diagnóstico económico. Dijo que no perderá tiempo con “idiotas que pretenden que dos más dos son 257.894”. Luego mencionó a los personajes Roc y Gravillon, de Los locos del volante, para describir a la oposición.

“Esa es la oposición en Argentina. Denles una calculadora para hacer una suma y se equivocarán”, afirmó Milei. La comparación cerró su respuesta sobre el RIGI, el valor de YPF, el superávit energético y las previsiones de exportaciones.

Soalala tomó a su hija menor, Landricia —una niña de 18 meses con albinismo— y la ató a su espalda con una tela. Los atacantes se la arrancaron de los brazos y huyeron. Días después, el cuerpo sin cabeza de la pequeña apareció en la casa de un curandero. Su cabeza fue hallada dentro de bolsas de plástico en una maleta, a dos kilómetros del lugar del rapto.

El caso no es aislado. Según una investigación del periódico británico The Guardian, 13 personas con albinismo fueron asesinadas en Madagascar en lo que va de 2026, todas decapitadas. La organización Albinos Madagascar, fundada en 2022, confirmó al diario que diez de las víctimas eran menores de entre nueve meses y 14 años. Es el año con más crímenes registrados contra esta comunidad.

Los ojos de los niños son el blanco más codiciado por las redes criminales

El albinismo es una condición genética hereditaria que reduce la producción de melanina en la piel, el cabello y los ojos. En el África subsahariana afecta a más de una de cada 4.000 personas en algunos países, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En Madagascar, los ojos de personas con esta condición son el elemento más buscado. Creencias locales sostienen que ungüentos elaborados con partes de sus cuerpos traen riqueza y buena fortuna. Los niños son el blanco preferido porque se cree que su inocencia potencia el efecto de esos preparados.

“La situación es muy crítica, muy cruel”, declaró Fulgence Soja, presidente de Albinos Madagascar, en declaraciones recogidas por The Guardian. “Hay muchos problemas graves que enfrentamos y nos sentimos muy inseguros”, agregó.

Las redes detrás de estos crímenes son complejas. Muluka-Anne Mitti-Drummond, experta independiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre albinismo, visitó el país en 2022 y encontró que los perpetradores incluyen familiares de las víctimas, vecinos y saqueadores de ganado conocidos como dahalos. “En muchos casos, solo se captura al intermediario, mientras que los responsables principales permanecen en la impunidad”, escribió la funcionaria.

La pobreza extrema y la inestabilidad política alimentan los crímenes

Madagascar figura entre los países más pobres del mundo: alrededor del 80% de su población vive con menos de USD 2,15 al día. En octubre de 2025, protestas lideradas por jóvenes derrocaron al presidente Andry Rajoelina. El coronel Michael Randrianirina se proclamó jefe de un gobierno de transición por un período de entre 18 y 24 meses, según detalló el periódico.

A esa fragilidad institucional se suman los efectos de la crisis climática. Sequías, inundaciones y ciclones destruyen cultivos e infraestructura, y el fenómeno de El Niño agrava la inseguridad alimentaria en las regiones más vulnerables del país.

Sabina Lauber, asesora senior de derechos humanos de la ONU en Madagascar, vinculó esa situación con el aumento de los ataques. “Madagascar es uno de los pocos países donde todos los indicadores de bienestar retrocedieron en la última década. El nivel de desesperación lleva a la gente a recurrir a prácticas dañinas para sobrevivir”, señaló al diario.

La violencia se expande desde las zonas rurales hacia las ciudades del norte

Hasta hace poco, los ataques se concentraban en las zonas más empobrecidas del interior. Hoy ocurren en todo el territorio. Tohovery Razakamanana, funcionario de derechos humanos de la ONU, advirtió a The Guardian que la violencia se extendió hacia el sureste, el oeste y el norte, y que las ciudades ya no están a salvo.

El temor forma parte de la rutina de miles de familias. Odette, de 20 años, vive en una ciudad norteña y gana unos 3.000 ariary —equivalentes a USD 0,68— trabajando en el campo. En febrero, su primo Marcellin, de 14 años y también con albinismo, fue decapitado. Su cuerpo apareció bajo un árbol de mango frente a su casa; su cabeza nunca fue encontrada.

Desde entonces, Odette duerme sobre un colchón compartido con cerca de una docena de personas en una choza de barro. “Soy una varira como Marcellin —el término malgache para personas con albinismo— y tengo mucho miedo. Me preocupa que si alguien viene, me maten”, declaró al medio.

Ante la presión pública, el gobierno tomó medidas parciales. Según el portal de noticias, el presidente desplegó su guardia personal para perseguir a los responsables y la primera dama prometió abrir un centro de refugio en el sur. Soja, que asesora al mandatario, exige un plan de acción nacional que contemple seguridad, educación y salud. “La prioridad es detener los asesinatos, porque cualquier solución a largo plazo depende de eso”, afirmó.

Razakamanana instó al gobierno a realizar un censo de personas con albinismo y a lanzar campañas de concientización. “Incluso personas educadas en la capital desconocen que el albinismo es una condición genética”, señaló. Soalala, mientras tanto, no puede dormir. Su hija Patricia, que también tiene la condición, pregunta con frecuencia dónde está su hermana.

Hasta el 2001, la inmensa mayoría de los argentinos vivíamos de nuestro trabajo —fuera o dentro de la ley—: en relación de dependencia, cuentapropismo, grandes, medianos, pequeños o microempresarios, rurales o urbanos…

Hasta diciembre del 2001, había SÓLO 137.000 SUBSIDIOS sociales individuales… Entre enero y marzo del 2002, la presidencia Duhalde distribuyó 2 millones de planes sociales para paliar las consecuencias de la crisis de ese entonces.

Al día de hoy, del 1 al 5 de cada mes, se distribuyen más de 7 millones de cheques —sin intervención de intermediarios ni “punteros”— actualizados mes por mes por indexación automática.

Hoy, entre los desocupados, semiocupados, subsidiados sociales y jubilados de menos de $1 millón y medio mensuales, más del 65% de la población vive debajo de la línea de pobreza…

La “Argentina peronista”, aunque administrada por no peronistas durante 40 de los últimos 80 años, se diluyó en la “Argentina kirchnerista”, que inauguró el ciclo del “pobrismo hegemónico”, y hoy vivimos el período “libertario” con su expectativa de una nueva era de capitalismo con prosperidad .

Pero la realidad es que la “continuidad” de la “grieta” sigue siendo nuestra seña de identidad.

Curiosamente, el agotamiento del sistema peronista-radical le da una oportunidad al liberalismo —siempre presente en el texto de nuestra Constitución Nacional— para establecer una sociedad en condiciones de generar reglas competitivas internas y externas.

Pero el tiempo de MADURACIÓN del nuevo esquema requiere una década para producir un impacto verificable en forma masiva. Eso representa 5 ELECCIONES por delante.

¿Es posible —y administrable— políticamente la “paciencia social” como para que la mayoría de la población sienta que “no va a llegar a fin de mes” durante los próximos 120 meses, y aun así, seguir creyendo?

Hagamos de cuenta que las cosas salen “muy bien” y los 120 meses se convierten mágicamente en 60 u 80 meses. Igual, se requiere la consolidación del “rumbo” en el marco de un acuerdo de unidad nacional y la aplicación de “paliativos” que ayuden a recorrer esa transición.

La viabilidad del PRESENTE no depende de la confianza en una PERSONA, sino de la SOLIDEZ institucional que Argentina pueda representar de cara al FUTURO.

El riesgo, más que el “riesgo Kuka”, sigue siendo el “riesgo argentino”... Seguro que podemos superarlo… pero tenemos que demostrarlo…

*Diego Guelar es exembajador en los EE. UU., la UE, Brasil y China.

Nilainy Sánchez Pantal, madre soltera de tres hijos, relató que afronta dificultades para cubrir la comida y el alquiler de un cuarto, tras la suspensión de una ayuda social que, según afirmó, recibía para sostener a su familia.

En un testimonio difundido por CubaNet, portal cubano de noticias independiente, la mujer explicó que debe recurrir a trabajos ocasionales, como limpieza de viviendas, venta de alimentos y encargos en la calle. Dijo que sus ingresos no alcanzan para comprar productos básicos para sus hijos, entre ellos un niño de tres años.

“Tengo que picar estos perritos en tres pedazos para que pueda alcanzar en tres”, contó mientras mostraba un paquete de salchichas que, según señaló, le costó 550 pesos. Explicó que los combina con tomates y una pequeña cantidad de grasa para preparar la cena.

La suspensión de la ayuda social agravó la situación familiar

Sánchez Pantal afirmó que Bienestar Social le retiró una asignación mensual de 15.675 pesos cubanos (aproximadamente $47 USD al cambio en el mercado informal. Según su versión, la medida se vinculó con la edad de sus hijos mayores, aunque aseguró que sigue a cargo de los tres y que los padres de los niños están presos.

“Yo no tengo esposo. El padre de los tres está preso. Yo siempre los he mantenido a ellos”, sostuvo.

La mujer también dijo que uno de sus hijos, de 16 años, dejó la escuela y comenzó a trabajar con un bicitaxi para colaborar con los gastos de la casa. Aun así, indicó que la actividad no le garantiza ingresos diarios suficientes.

“Hay veces que no me puede sacar ni el alquiler del cuarto para poderme ayudar a tener comida”, expresó.

El temor a las multas y a una citación policial

Durante su relato, Sánchez Pantal mostró una citación que, según afirmó, le entregó el jefe de sector. La mujer aseguró que desconoce el motivo del requerimiento y rechazó considerarse una persona antisocial.

“Yo no vendo drogas, yo no aprieto una cartera, yo no le quito nada a nadie. Yo todo lo hago honradamente”, afirmó.

También dijo que teme las sanciones contra su hijo por trabajar con un bicitaxi. Según relató, las multas pueden llegar a 7.000 pesos ($30 USD informales), montos que aseguró no puede afrontar con los ingresos familiares.

La madre vinculó la citación con sus reclamos públicos por la falta de alimentos y las dificultades económicas. “Decir lo que tú sientes no es ser un elemento antisocial”, sostuvo.

“El tema comida me tiene loca”

El testimonio registró las condiciones de la vivienda donde reside con sus hijos. Sánchez Pantal mostró recipientes con agua que, según explicó, utiliza para beber y bañarse, además de sectores del cuarto afectados por filtraciones y presencia de roedores.

La mujer afirmó que el niño menor no tiene calzado ni ropa suficiente y que la familia duerme en el suelo después de que una plaga afectara el lugar donde vivían.

“Todos los días me levanto a luchar un peso en la calle por la comida y tengo que estar escondida, porque si me cogen vendiendo, me llevan para la unidad”, relató.

Sánchez Pantal sostuvo que su situación no es aislada y que otras personas enfrentan problemas similares, aunque optan por no exponerlos por temor. “Como yo hay muchas personas, pero se quedan callados por miedo”, dijo.

En Argentina, del segundo semestre de 2025 al primer semestre de 2026, la pobreza alcanzó al 32,3% y la indigencia llegó al 7,5%, según datos del INDEC. El aumento respondió a una pérdida de ingresos frente al costo de la canasta y afectó a hogares pobres y sectores medios.

María Migliore, analista política, afirmó en Infobae A las Nueve que el fenómeno no mostró los rasgos de otras crisis económicas. “La canasta aumenta más que los ingresos”, explicó al referirse a la causa central del deterioro.

Al mismo tiempo indicó que el 32,3% representa cerca de nueve millones de personas en los datos relevados. Y señaló una proyección de alrededor de 15 millones de personas bajo la línea de pobreza en todo el país.

La clase media que cae bajo la línea de pobreza

Migliore ubicó a la clase media como uno de los grupos que más expresa el deterioro actual. “La clase media está cayendo en la pobreza”, afirmó.

La analista describió situaciones que afectan a hogares con ingresos previos estables. Mencionó la suspensión de pagos de obra social, las deudas con familiares y la refinanciación de tarjetas.

Según Migliore, estas familias suelen ubicarse cerca de la línea de pobreza. Pueden perder capacidad de consumo, aunque mantengan una inserción laboral y busquen sostener su nivel de vida.

La analista diferenció esa situación de la pobreza estructural que persiste en barrios populares. Sostuvo que el crecimiento económico y la estabilidad de precios no alcanzan para resolver ese problema.

Migliore señaló que cerca de cinco millones de personas viven en barrios populares. Planteó que esos hogares necesitan obras de infraestructura, acceso educativo y formación laboral.

La analista remarcó que muchas personas de esos barrios enfrentan obstáculos que exceden el ordenamiento de la economía. “Si vos no hacés una política activa de infraestructura”, dijo, esas condiciones no cambian por crecimiento económico.

También habló de una pobreza que afecta la vida cotidiana más allá de la falta de alimentos. Relacionó ese proceso con la incertidumbre sobre el acceso futuro a bienes y servicios básicos.

Migliore sostuvo que las familias enfrentan dificultades para planificar. Afirmó que el empobrecimiento también afecta la tranquilidad de quienes temen no poder sostener gastos esenciales.

Pobreza infantil y expectativas de futuro

La analista señaló que la pobreza afecta con mayor intensidad a niños y adolescentes. “La pobreza tiene edad”, afirmó antes de exponer los datos sobre la población más joven.

Migliore indicó que el 44% de los chicos de Argentina vive en situación de pobreza. Consideró que el lugar de nacimiento condiciona las oportunidades de cada persona desde sus primeros años.

Al mismo tiempo vinculó esa situación con las condiciones de vida de muchas familias. Mencionó hogares donde las madres trabajan en uno o dos empleos y aun así permanecen bajo la línea de pobreza.

También describió casos donde los chicos dejan la escuela para trabajar o cuidar a hermanos menores. Según Migliore, estas responsabilidades aparecen cuando los adultos deben salir a buscar ingresos.

La analista citó un trabajo realizado con el Cias sobre las expectativas de jóvenes de 22 y 24 años. Allí, algunos participantes expresaron dudas sobre la posibilidad de ver mejoras durante sus propias vidas.

La entrevistada también habló sobre el descrédito hacia instituciones como la escuela. Según su análisis, muchos jóvenes sienten que el sistema educativo no logra contener sus problemas cotidianos.

Migliore sostuvo que la asistencia estatal, municipal y religiosa puede ayudar a resolver urgencias. Aclaró que esas redes no garantizan una salida sostenida de la pobreza.

Trabajo informal, ingresos y endeudamiento

Entre otras cosas, la analista relacionó el crecimiento de la pobreza con la calidad del empleo. “El trabajo es precario y en malas condiciones”, afirmó al explicar por qué muchos ingresos no alcanzan.

Asimismo, señaló que el trabajo por cuenta propia representa cerca del 30% del mercado laboral. Añadió que la informalidad creció dentro de ese sector. Según detalló, la informalidad reduce los ingresos de quienes dependen de actividades sin estabilidad. Esa situación limita la capacidad de los hogares para cubrir la canasta básica.

La analista pidió vincular la política social con la discusión económica. Planteó que ambas áreas forman parte de un mismo problema y no deben tratarse por separado.

Migliore mencionó diferencias en las formas de endeudamiento. Quienes tienen más recursos pueden acudir a bancos, billeteras virtuales o familiares, según explicó.

En los barrios populares, la situación puede adoptar otras formas. La analista sostuvo que muchas familias recurren a prestamistas ante la falta de acceso a créditos formales.

“Pensar que al pobre le llega un préstamo de una fintech es no conocer la pobreza”, afirmó. Con esa frase, cuestionó las interpretaciones que no consideran las condiciones de los hogares más vulnerables.

Migliore también alertó sobre la presencia de redes vinculadas al narcotráfico en zonas desprotegidas. “El narco ocupa ese lugar”, dijo al referirse a la ausencia de prestaciones estatales.

Adultos mayores y cambios demográficos

La analista señaló que la pobreza también creció entre los adultos mayores. Explicó que ese grupo puede enfrentar una presión mayor por el costo de medicamentos y la evolución de las jubilaciones.

Migliore indicó que la canasta de pobreza no contempla el peso de los remedios. Esa ausencia, según planteó, puede afectar la lectura de las condiciones de vida de las personas mayores.

La entrevistada relacionó este proceso con el envejecimiento de la población. Dijo que hay menos chicos, que las personas viven más años y que el sistema previsional enfrenta nuevas exigencias.

Migliore consideró que Argentina debe revisar su sistema de protección social. Mencionó tanto el esquema jubilatorio como las asignaciones familiares y los cambios del mercado laboral.

La analista sostuvo que las herramientas actuales protegen solo a una parte de la población. Planteó la necesidad de integrar mejor los mecanismos de asistencia y cobertura.

También habló de la distribución territorial de la pobreza. Señaló que el conurbano concentra la mayor cantidad de personas pobres en términos nominales.

Migliore vinculó esa concentración con cambios en el modelo productivo y el empleo. Mencionó la minería, el petróleo y el litio como sectores que pueden modificar la estructura económica. “Ni cinco millones de personas se van a mudar a Vaca Muerta de manera automática”, afirmó. También sostuvo que no todas las personas cuentan con las habilidades que demandan nuevas actividades.

La analista propuso pensar opciones productivas para los grandes conurbanos. Señaló que esas áreas podrían prestar servicios vinculados con sectores exportadores mediante una cadena industrial distinta.

Incluyó a la educación dentro de esa discusión. Planteó que los jóvenes y los adultos necesitan más formación para adaptarse a transformaciones del trabajo.

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Juan Ridel Domínguez Martínez, anciano ciego que reside solo en una zona rural de Holguín, Cuba, enfrenta dificultades para alimentarse, cocinar y trasladarse a cobrar una pensión que apenas le deja recursos para el resto del mes, según un video difundido por el activista social Noly Blak.

El hombre vive en San Rafael y realiza las tareas domésticas por tacto. Duerme sobre una tabla cubierta con cartón, utiliza un cubo como recipiente sanitario y cocina con medios improvisados. Su vivienda, además, presenta filtraciones y cables eléctricos expuestos, de acuerdo con el reporte publicado por CiberCuba.

Pensión de 3,000 pesos que se reduce a 1,000 tras el viaje para cobrarla

Domínguez Martínez recibe cerca de 3,000 pesos cubanos (USD 4.48 aproximadamente) mensuales por discapacidad. Sin embargo, debe pagar 2,000 pesos (USD 2.98 aprox.) para viajar en triciclo hasta el pueblo, donde cobra el dinero. El gasto le deja unos 1,000 pesos (USD 1.40 aprox.) para comida y otras necesidades durante el mes.

En una de esas visitas, relató que llegó a la entidad bancaria tras esperar en la fila, pero el efectivo se había agotado. “Ay, Dios mío, ¿con qué yo voy a pagar los 2,000 pesos y con qué voy a comprar algo para comer?”, dijo, según recogió el medio.

La falta de electricidad también afecta su alimentación. Cuando el activista llegó a su casa, el anciano tenía arroz y un caldo de harina, pero no había podido terminar de prepararlos debido a un apagón. “Puse a hacer un poquito de arroz esta mañana y se fue la corriente”, contó.

Sin hijos ni familiares cercanos que lo asistan

El hombre no tiene hijos y aseguró que perdió a sus familiares más cercanos, incluidos sus padres y un hermano. Tampoco recuerda con precisión su edad.

El caso fue difundido en un video en Facebook por Noly Blak, identificado como Norge Ernesto Díaz Blak, promovió una colecta para asistir al adulto mayor.

La situación de Domínguez Martínez ocurre mientras numerosos jubilados cubanos enfrentan la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones, la escasez de alimentos y medicamentos, los cortes eléctricos y la falta de redes familiares de apoyo.

Los adultos mayores, entre los más afectados por la escasez

Según el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), el 79% de las personas mayores de 70 años no consigue realizar tres comidas diarias. El régimen cubano elevó recientemente la pensión mínima a 4,000 pesos, aunque el aumento no compensa el encarecimiento de los productos básicos.

Nueve de cada diez personas mayores de 61 años dejaron de desayunar, almorzar o cenar durante los seis meses evaluados. En el conjunto de la población, solo el 19% aseguró no haber omitido ninguna comida en ese período.

Los mayores de 60 años concentran una parte considerable de la precariedad: el 47% informó ingresos inferiores a la pensión mínima oficial de 3,056 pesos cubanos mensuales, equivalentes a USD 4.56. Este grupo representa además el 38% de quienes no pueden acceder siquiera a los bienes esenciales.

La omisión de comidas afecta tanto a quienes dependen exclusivamente de las pensiones estatales como a hogares con ingresos de distintas procedencias. Casi la totalidad de los adultos mayores que redujeron su alimentación atribuyó esa decisión a la falta de dinero o de productos disponibles.

La crisis alimentaria figura entre los tres problemas que la población considera prioritario resolver en los próximos meses, junto con los apagones eléctricos y el aumento del coste de vida. La percepción sobre las reformas económicas anunciadas también es negativa: el 84% no espera mejoras, frente a un 6% que conserva alguna expectativa favorable.

La encuesta reunió más de 1,300 entrevistas en 79 municipios y determinó que el 63% de los hogares tiene dificultades incluso para comprar bienes esenciales. Solo el 6% de la población puede realizar adquisiciones más allá de lo básico, mientras el 30% apenas cubre sus necesidades primarias.

J.P. Morgan, el banco más grande de los Estados Unidos, redujo a 1,5% su proyección de crecimiento para la economía argentina en 2026 luego de que la actividad se desplomara un 2,9% en julio respecto de junio.

“Esperábamos un dato débil de actividad, consistente con el contexto frágil que caracterizó el segundo trimestre, pero el dato informado (por el Indec) excedió significativamente nuestro pronóstico”, dice un informe fechado el viernes y firmado por los analistas Lucila Barbeito y Diego Pereira. De hecho, el dato del Indec casi triplicó la caída del 1% del nivel de actividad que había previsto el banco norteamericano.

Por esa razón, J.P.Morgan espera ahora una contracción anualizada de 4% durante el tercer trimestre del año. La caída del nivel de actividad en julio, subrayó el informe, es la mayor caída mensual desde abril de 2020. Si se excluye la pandemia, la crisis financiera de 2008 y el período de tensión de 2018 y 2019, agregó J.P.Morgan, desde 2004 no hubo en la economía argentina una caída de esa magnitud.

El dato de julio implicó también una caída del 1,4 respecto del mismo mes de 2025 y desestacionalizado quedó 4,5% por debajo del máximo alcanzado en marzo de 2026, mientras que el crecimiento acumulado entre enero y julio se redujo a 1,7%, desde 2,2% hasta junio, precisó el informe.

“La actividad sigue enfrentando importantes vientos en contra. La composición sectorial ofrece parte de la explicación. La minería y la producción de energía destinadas a la exportación generan una actividad limitada en los mercados internos, tanto mayoristas como minoristas, lo que implica que el crecimiento de la producción impulsado por estos sectores se traduce solo modestamente en el comercio”, indica un pasaje.

Según las estimaciones de J.P.Morgan, la industria manufacturera bajó 3,6% mensual desestacionalizado, la construcción retrocedió 4%, el comercio cayó 5,5% y otros sectores, como agricultura, transporte y servicios financieros, mostraron un desempeño por debajo de las previsiones.

El informe señaló que parte del resultado puede deberse a cuestiones puntuales, como que tuvo julio de este año tuvo un día hábil menos que el mismo mes de 2025 por el feriado puente del Día de la Independencia, y que debido al Mundial de Fútbol hubo menos horas trabajadas en algunos sectores, interrupciones del suministro de gas y condiciones climáticas que afectaron a la construcción, la minería y los servicios, factores que recientemente también señalaron miembros del equipo económico que encabeza Luis Caputo.

El banco ve riesgos a la baja para los próximos meses. Al respecto, advirtió que los indicadores disponibles para agosto apuntan a una nueva reducción del nivel de actividad en la industria y la construcción y recordó que el consumo aún enfrenta el efecto de una inflación superior a lo previsto durante el primer trimestre y de una desaceleración del crédito debido al aumento de la morosidad crediticia.

“El patrón de avance y retroceso que caracterizó a la actividad durante el primer semestre parece haberse intensificado en julio”, enfatizó. Esa dinámica, agregó, “sesga aún más a la baja los riesgos de corto plazo”.

Otros datos citados son que el empleo urbano se mantuvo casi sin cambios en julio, después de cinco meses de bajas, y quedó 1,1% por debajo del nivel de hace un año. Según J.P.Morgan, ese cuadro limita una recuperación del gasto de los hogares.

2027: crecimiento exportador, consumo privado débil

Para 2027, J.P. Morgan mantiene una proyección de crecimiento de 2,5% apoyado en un aumento del 11% de las exportaciones y aumento del consumo privado de solo 0,4%, pero espera que la inflación continúe moderándose y que el crédito en moneda local extienda la recuperación iniciada en el segundo trimestre. También prevé condiciones más flexibles para los préstamos en dólares. Pero, consigna, el crecimiento no se trasladará de forma pareja a todos los sectores.

“Las perspectivas de crecimiento probablemente continúen siendo muy desiguales”, dice el informe. La minería, la agricultura y las actividades vinculadas con las exportaciones tendrían un mayor aporte, mientras que los sectores orientados al mercado interno seguirían condicionados por la demanda. Además, señalan los autores, “es probable que persista la doble restricción de políticas monetarias y fiscales contractivas”, que mantendrían ese sesgo incluso a medida que se acerca el proceso electoral.

Al cabo de esa descripción, el banco norteamericano actualizó sus proyecciones a una caída trimestral del 4% en el tercer trimestre y a un crecimiento anual del PBI de 1,5% este año y del 2,5% para el año próximo.

El aumento de la pobreza

El informe también destacó el aumento de la pobreza (al 32,3%), que asoció al aumento del ritmo de la inflación en el primer trimestre del año, en que la canasta básica total se encareció 19,6% respecto del último trimestre del año pasado, mientras el ingreso per capita familiar creció 11,5%, más de ocho puntos menos. Destaca que ese nivel de pobreza es 0,7 puntos porcentuales superior a la del primer semestre de 2025 y 4,1 puntos superior a la del segundo.

Por último, el informe destaca que el aumento de la pobreza y la caída de la actividad coincidieron con un alza del riesgo país. El indicador de J.P. Morgan superó los 600 puntos básicos durante septiembre, en un contexto de menor acumulación de reservas y dudas sobre el financiamiento de los vencimientos de deuda.

La pobreza alcanzó al 32,3% de la población en el primer semestre del año, unas 15 millones de personas, mientras que la indigencia afectó al 7,5%, equivalente a cerca de 3,5 millones. Las cifras suponen un deterioro en relación a 2025, que se explica fundamentalmente por la debilidad del mercado laboral y los ingresos, en un escenario de estancamiento de la actividad económica. Para los próximos meses, distintos especialistas anticipan cierta estabilidad en el indicador.

En comparación con el segundo semestre de 2025, la cantidad de personas en situación de pobreza se incrementó en alrededor de 1,9 millones, en tanto que unas 538.000 se sumaron al universo de quienes no logran cubrir sus necesidades alimentarias básicas.

La consultora Equilibra estimó de manera preliminar que su medición alternativa de pobreza, que corrige por subdeclaración de ingresos y contempla canastas actualizadas de la ENGHo 2017/18, arroja una incidencia cercana al 45% de la población, 1,4 puntos porcentuales por encima del segundo semestre del año pasado.

La medición alternativa de pobreza, que corrige por subdeclaración de ingresos y contempla canastas actualizadas de la ENGHo 2017/18, arroja una incidencia cercana al 45% de la población (Equilibra)

Por otro lado, el Centro de Investigación y Acción Social (CIAS) calculó que, sin transferencias sociales como la AUH, la Tarjeta Alimentar, las Pensiones no Contributivas, el Progresar y los programas de empleo, la pobreza llegaría al 35,3% y la indigencia al 12 por ciento.

Según el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la UCA, la desmejora respondió a una combinación de factores:

• Menor dinamismo y peor calidad del empleo. La caída desestacionalizada del PBI en el segundo trimestre coincidió con destrucción de puestos registrados y expansión de ocupaciones informales y precarias. El problema no es solo la cantidad de puestos, sino también su productividad, estabilidad y remuneración.
• Menor impulso de los ingresos laborales. La recuperación del poder adquisitivo que acompañó la reducción de la pobreza perdió fuerza hacia fines de 2025. Los salarios registrados volvieron a caer en términos reales, en un contexto de mayor fragilidad del empleo.
• Reversión de los precios relativos favorables. Durante 2024 y buena parte de 2025, los alimentos y otros componentes de las canastas básicas se encarecieron por debajo de la inflación, lo que contribuyó a bajar la pobreza. Desde fines de 2025, esa dinámica se modificó: en el primer semestre, la Canasta Básica Alimentaria (CBA) avanzó 21,6% y la Canasta Básica Total (CBT) 19,8%, frente a un índice de precios de 16,8 por ciento.
• Menor capacidad protectora de las transferencias sociales. La AUH, las jubilaciones y otras prestaciones siguen siendo relevantes, pero perdieron poder de compra. Las actualizaciones rezagadas y la pérdida de cobertura real de la Prestación Alimentar frente al costo de las canastas limitaron su aporte a la reducción de la indigencia.
• Más peso de tarifas, alquileres y servicios. Estos gastos son difíciles de sustituir y vienen incrementándose por encima de otros precios y de numerosos ingresos familiares. Al absorber una porción creciente del presupuesto, dejan menos recursos para alimentos y otras necesidades.

A su vez, la consultora LCG analizó: “No solo aumentó la pobreza en el semestre, sino que los pobres son ahora más pobres. El ingreso familiar promedio de los hogares en esta condición cubre un porcentaje menor de la CBT: apenas 64,1%. En términos absolutos, la brecha equivale a $569.100 mensuales por hogar a precios de agosto”.

Proyecciones para el segundo semestre

Desde el CIAS, el investigador Santiago Poy aseguró: “En el corto plazo, sin grandes cambios ni en inflación ni en la economía en general, deberíamos encontrar hacia fin de año una situación en materia de pobreza relativamente estable. Ya estamos terminando el tercer trimestre y los datos de salarios privados, jubilaciones y asignaciones van en ese sentido”.

Sin grandes cambios ni en inflación ni en la economía en general, deberíamos encontrar hacia fin de año una situación en materia de pobreza relativamente estable (Poy)

De acuerdo con las estimaciones de Equilibra, el ingreso real registrado —deflactado por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) con una canasta actualizada a partir de la ENGHo 2017/18— cayó 0,6% mensual en julio y 3,1% interanual. Así, se situó 10,3% por debajo del promedio correspondiente a enero-septiembre de 2023. El descenso estuvo encabezado por los salarios privados formales, que cedieron 1,2% mensual y 3,2% interanual.

El economista Gonzalo Carrera señaló: “Los ingresos probablemente se mantengan estables o recuperen algo de lo perdido si la inflación registra los mismos niveles que hasta ahora en el último tramo del año. Con las canastas sin grandes variaciones, el plano internacional un poco más calmo y la carne sin sobresaltos, es posible que este semestre deje de subir la pobreza”.

Daniel Schteingart, investigador de Fundar, coincidió: “No creo que esté mejorando ni empeorando. Con los ingresos reales medio estancados, veo estabilidad en el indicador hacia fin de año”.

No creo que esté mejorando ni empeorando. Con los ingresos reales medio estancados, veo estabilidad en el indicador hacia fin de año (Schteingart)

Para el Centro de Economía Política de Argentina (CEPA), hay dos riesgos significativos que podrían sostener la pobreza al alza:

1. Aumento de las canastas: a pesar de la desaceleración de la inflación de los alimentos durante julio y agosto, que promedió 1,8% mensual, la CBA y la CBT acumularon incrementos superiores, de 5,3% y 4,8%, respectivamente, durante esos dos meses.
2. Deterioro de ingresos: a partir de los aumentos anunciados y de la inflación esperada, se proyecta una profundización de la pérdida de poder adquisitivo del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) y de los planes sociales. En tanto, la Tarjeta Alimentar, pese a su actualización, continúa con una tendencia descendente. La jubilación mínima también seguirá viendo reducida su capacidad de compra debido al congelamiento del bono.

En otro orden, LCG planteó: “La dinámica de la pobreza está asociada, por definición, a la evolución de los ingresos de los deciles más bajos y a los precios de las diversas canastas de consumo. Pero los salarios informales venían mostrando, hasta el primer trimestre de la EPH, una dinámica difícil de explicar, con incrementos en términos reales muy elevados para el desempeño de la actividad económica”.

“Alrededor de eso, se fueron dando distintos debates entre economistas y especialistas en el mercado laboral, sin un veredicto claro. Hay cierto consenso, sin embargo, de que las fuertes subas recientes en este segmento de salarios estarían compensando un déficit de registro durante los años de aceleración inflacionaria (2021-2023). Los nuevos datos de pobreza evidenciarían que estos sesgos llegaron a su fin, y que, de ahora en más, los ingresos del sector informal empezarían a exhibir aumentos más acordes a la actividad”.

Perú ocuparía el puesto 38 entre 44 países evaluados en el Índice Global de Jubilación 2026 de Natixis Investment Managers, una posición que expone contrastes en las condiciones para el retiro.

El país sobresale en las variables financieras, aunque mantiene resultados bajos en bienestar material, salud y calidad de vida.

El avance de un puesto no modifica la distancia con los países mejor ubicados

El análisis de Natixis Investment Managers (Natixis IM), elaborado junto con CoreData Research, asignó a Perú una calificación general de 48%. La cifra supone una mejora de un puesto frente a 2025, cuando habría ocupado el lugar 39.

Perú supera a Colombia, ubicada en el puesto 43, e iguala con México en el lugar 38. Chile aparece un escalón por encima, en la posición 37, mientras que Estados Unidos se ubica en el puesto 24.

El Índice Global de Jubilación (GRI, por sus siglas en inglés) reúne 18 indicadores agrupados en cuatro áreas: finanzas durante la jubilación, bienestar material, salud y calidad de vida. La medición busca comparar las condiciones económicas, institucionales y sociales que inciden en la seguridad de las personas retiradas.

Las finanzas para el retiro explican el principal resultado de Perú

El mayor respaldo para la posición peruana está en el subíndice de finanzas en la jubilación, donde el país alcanza el primer lugar global con una puntuación de 74%. El resultado se apoya en una baja carga fiscal, ubicada en el segundo lugar, y en una tasa de dependencia de la tercera edad que ocupa el cuarto puesto.

La combinación de una población relativamente joven y menores presiones tributarias contribuye a ese desempeño. También influyen la posición en endeudamiento público, sexto entre los países evaluados, y en tasas de interés, noveno. En desempleo, Perú ocupa el lugar 26.

“El caso de Perú es muy particular. El índice revela una fuerte performance en el ámbito de Finanzas en la Jubilación”, señaló José Luis León, country manager de Natixis IM en Perú. El ejecutivo remarcó que la brecha de ingresos constituye la principal limitación del país.

Los factores ambientales representan otra fortaleza relativa. Perú aparece en el puesto 21 en este indicador, asociado a su biodiversidad, su territorio amazónico y sus áreas naturales protegidas.

Los ingresos y la informalidad limitan el bienestar material

La situación cambia en bienestar material. Perú ocupa el puesto 38, con una calificación de 31%, y se sitúa último entre los 44 países en ingreso per cápita. También queda en el lugar 39 en igualdad de ingresos.

Estos resultados reflejan una distribución desigual de los beneficios del crecimiento económico y una elevada informalidad laboral. Ambas variables afectan la capacidad de ahorro y la cobertura previsional de una parte de la población.

La preocupación por la dependencia económica también aparece entre los inversionistas peruanos. Según la Encuesta Global de Inversionistas Individuales 2025 de Natixis, el 39% teme convertirse en una carga financiera para sus hijos durante la jubilación, frente al 20% del promedio global. Además, el 38% considera que podría verse obligado a volver a trabajar tras retirarse, cuando el promedio mundial es 23%.

Salud, agua y saneamiento aparecen entre las mayores deudas

En salud, Perú ocupa el puesto 42 con 48%. El gasto sanitario per cápita queda último en la medición, mientras que la esperanza de vida se sitúa en el lugar 36. La cobertura de seguros de salud tiene un resultado comparativamente mejor, con la posición 34, aunque persisten diferencias de acceso y calidad entre zonas urbanas y rurales.

La calidad de vida también ubica al país en el puesto 42, con 48%. El acceso al agua y saneamiento aparece en el último lugar, mientras que la calidad del aire ocupa el puesto 43. El informe vincula esas limitaciones con déficits de infraestructura urbana y rural.

Noruega, con 83%, e Irlanda, con 81%, lideran el índice por segundo año consecutivo. Países Bajos asciende al tercer puesto, seguido por Suiza y Dinamarca.

Cuando sabemos que alguien viene a visitarnos, casi siempre empezamos a preparar la casa. Ordenamos, acomodamos, pensamos qué vamos a ofrecerle. Si además se trata de alguien que queremos mucho, la espera tiene algo de fiesta. Y cuando quien viene es el Papa, los preparativos adquieren otra dimensión.

León XIV visitará la Argentina del 8 al 11 de noviembre. Estará en Buenos Aires, Córdoba y Luján. Será la primera visita de un Papa a nuestro país desde 1987. Y aunque todavía faltan detalles concretos sobre algunos encuentros y actividades, algo ya está sucediendo: la gente comenzó a movilizarse.

Parroquias, movimientos, instituciones y grupos de distintas partes del país empiezan a organizarse. Algunos piensan viajar a Córdoba, otros a Luján y otros a Buenos Aires, de acuerdo con las posibilidades y la geografía. Hay entusiasmo, pero también muchas preguntas. ¿Dónde podremos verlo? ¿Cómo podremos participar? ¿Qué lugares tendrán los jóvenes, los más pobres, las familias, las organizaciones sociales?

El lema elegido para la visita es “Bienvenidos todos. Vayan y anuncien”. Y quizás ahí haya una clave para entender qué significa realmente esperar al Papa. Porque una visita no consiste solamente en recibir. También supone salir. No alcanza con abrir las puertas de nuestras casas o de nuestras iglesias, hay que abrir también el corazón y estar dispuestos a escuchar.

¿Qué esperamos, en definitiva, cuando esperamos la visita de alguien? ¿Esperamos que venga a confirmar lo que pensamos, a decirnos aquello que queremos escuchar? ¿O estamos dispuestos a dejarnos sorprender?

Argentina atraviesa un momento complejo. Hay muchas personas que esperan que algo cambie, especialmente quienes viven situaciones de pobreza y vulnerabilidad. Según los últimos datos disponibles, el 32,3% de la población se encuentra en situación de pobreza.

En ese contexto, la visita de León XIV despierta naturalmente expectativas: algunos esperan una palabra de esperanza, otros un mensaje para el gobierno, otros simplemente la posibilidad de encontrarse con el Papa. Pero también vale la pena preguntarnos qué esperamos nosotros de nosotros mismos.

¿Estamos dispuestos a abrir el corazón para escuchar? ¿Estamos dispuestos a dejarnos interpelar por lo que Dios nos propone y a preguntarnos qué necesitamos cambiar nosotros? porque si no vamos a esperar que el Papa diga cosas para que “los otros cambien”.

Porque una visita del Papa no debería ser solamente una oportunidad para recibirlo, escucharlo y acompañarlo. También puede ser una ocasión para revisar nuestra propia vida, nuestra manera de vivir la fe y nuestra relación con los demás.

El lema propone una secuencia muy sencilla y al mismo tiempo exigente: recibir, escuchar, salir y anunciar. No quedarse solamente esperando. El anuncio cristiano no nace de una teoría, sino de una experiencia que se transforma en vida y que después se comparte.

Por eso, quizás la pregunta más profunda no sea solamente qué nos dirá León XIV cuando llegue a la Argentina. Tal vez sea qué estaremos dispuestos a escuchar nosotros.

La movilización ya comenzó. Falta todavía conocer muchos detalles de la visita, pero quizás lo más importante no dependa de ningún cronograma. Depende de nosotros. Porque no alcanza con esperar que las cosas cambien. Quizás también haya que preguntarnos qué estamos dispuestos a hacer para que cambien.

En apenas dieciocho meses el presidente electo el año que viene, ya sea un reelegido Javier Milei o un nuevo (o nueva) primer mandatario, estará dando su discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso ante una Asamblea Legislativa atenta a los lineamientos de un nuevo mandato presidencial.

Seguramente serán dieciocho meses muy distintos a los “mejores 18 meses de la historia” que según el ministro Caputo iban a comenzar en abril pasado, convirtiendo el camino hacia la reelección de Milei en una suerte de paseo triunfal. Sin embargo, como se excusara su anterior jefe, también ocupante de Casa Rosada, “pasaron cosas”, y en los meses venideros el proceso electoral convivirá con un panorama económico y social a todas luces muy complejo.

Previsiblemente, un gobierno urgido por recrear expectativas y encarar el proceso electoral en un contexto más difícil del que esperaba, busca reconstruir un relato que lo sostenga y que dé sentido a los trece meses que lo separan de las elecciones nacionales.

Una operación discursiva no exenta de serias dificultades y evidentes riesgos en términos de credibilidad, tanto de cara a los votantes como frente a los mercados y grandes actores económicos, en cuanto demanda desplazar las promesas hacia un futuro —siempre imprevisible e hipotético— cada vez más lejano, afirmar una vez más que “lo peor ya quedó definitivamente atrás” y pedir más paciencia y sacrificio a una sociedad cada vez más golpeada por el ajuste y atravesada por un cada vez más palpable cambio del humor social.

El propio Milei, no solo ya definitivamente lanzado a la reelección sino también tan ensimismado con que la razón asiste a su “modelo” económico como convencido de que su triunfo será eventualmente inevitable, se mostró dispuesto a apostar a esta nuevo versión del relato, aún a riesgo de potenciar el riesgo electoral al avivar las dudas de lo que ocurrirá con la economía real el año próximo. Así lo expresó en su decimonoveno viaje a Estados Unidos concluido la semana pasada, al señalar que “si somos reelectos, el 2028 va a ser el mejor año de la Argentina”.

Al “correr el arco” nuevamente, no solo se expone a tensionar aún más un clima social que comienza a horadarse con mayor rapidez al calor de una economía real que no arranca, sino que instala nuevamente la incertidumbre y la cautela entre los inversores y actores del establishment financiero que parecen volver a la actitud de “esperar y ver” antes de tomar decisiones respecto a sus posiciones y decisiones. Algo de esto último pudo verse en estos días con la disparada del riesgo país por encima de los 600 puntos básicos y la mala performance de los bonos argentinos.

Lo cierto es que el panorama con el que se encuentra el Gobierno a esta altura del año es muy diferente al escenario de una economía que transitaría un escenario de crecimiento económico con impacto palpable para la mayoría de la población y una inflación por debajo del 1% en camino a “colapsar” definitivamente.

Por el contrario, el espejo de la realidad —pese al evidente desacople del presidente y el siempre vigente recurso de asignar responsabilidades a actores ajenos— le devuelve una imagen muy distinta. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la actividad económica se desplomó 2,9% en julio respecto de junio y retrocedió 1,4% a nivel interanual, con la industria y el comercio —sectores con mayor demanda de mano de obra— como los sectores más complicados.

Una baja que, en virtud de su magnitud, pareciera no solo dejar muy poco margen para una recuperación en el tercer trimestre del año y provocar una nueva “recesión técnica” en el cierre de este 2026, sino tornar ya de imposible cumplimiento la meta del de 3% de crecimiento prevista en el Presupuesto 2027 presentado hace menos de dos semanas, y que comenzará a debatirse en Diputados la próxima semana.

Y, como si esto fuera poco, la pobreza —siempre según el INDEC— subió del 28,2% al 32,3% entre el fin de 2025 y el primer semestre de 2026, con una indigencia que pasó del 6,3% al 7,5%, lo que significa que el país tiene 1,6 millones de nuevos pobres, en un panorama de 15,4 millones de personas que no llegan a cubrir la Canasta Básica Total y experimentan un permanente estado de estrés económico.

Con la actividad en retroceso, el empleo planchado, con niveles crecientes de informalidad y erosión manifiesta del salario real, desplome del consumo masivo, y niveles de endeudamiento y mora crediticia récord para sostener gastos corrientes de las familias, la vieja aunque siempre vigente tensión entre política y economía parece instalar nuevos nubarrones sobre las perspectivas reeleccionistas de Milei.

Más aun teniendo en cuenta que sobre el complejo panorama económico se potencian los conflictos políticos, tanto en lo que respecta a las internas libertarias que se potencian, los desmarques de aliados siempre incómodos y con juego propio como el caso de Patricia Bullrich, el relanzamiento de referentes como Macri, los posicionamientos de dirigentes con potencialidad de abrevar en los votos libertarios como el caso de Villarruel, y los vínculos necesarios con los gobernadores dialoguistas.

Así las cosas, con los magros resultados del modelo en el bolsillo, y las certezas de que el panorama no se alterará significativamente durante el proceso electoral, es probable que el foco del oficialismo intente trasladarse a la política, con la intención de que sean las disputas político-electorales y las confrontaciones narrativas las que sostengan unas expectativas que difícilmente la economía pueda garantizar.

Al no tratarse de una ciencia exacta, cualquier modificación de una variable financiera puede dar lugar a mil interpretaciones. Esto es lo que sucedió esta semana con el salto del riesgo país, que el viernes finalizó por encima de los 600 puntos básicos, su máximo nivel en lo que va del año. Las lecturas respecto al deterioro de los bonos en dólares no se hicieron esperar.

Este nuevo salto se produjo un día después que el INDEC divulgara un salto de 4 puntos porcentuales en el índice de pobreza y una fuerte retracción de la actividad económica en julio. muchos analistas eligieron llegar a una conclusión que encaja perfecto: ambos fenómenos están fuertemente correlacionados. Es decir el aumento del riesgo país tiene una relación directa con la merma de la actividad.

Otros sugirieron que en realidad la responsabilidad pasa por la menor compra de dólares por parte del Banco Central, que en septiembre apenas logró sumar unos USD 232 millones. El viernes por ejemplo no pudo acumular y el promedio del mes supera apenas los USD 10 millones diarios.

También aparece como un impacto negativo la suba de tasas en Estados Unidos, tocando los niveles máximos en los últimos años. Una rendimiento de bonos del Tesoro a diez años arriba del 5% anual conspira contra las inversiones de riesgo. Los mercados emergentes se ven afectados. Pero es un hecho que Argentina sufrió más que el resto.

En septiembre el Banco Central apenas logró sumar USD 232 millones

Si bien son todas explicaciones que suenan lógicas, y en alguna medida creíbles, todo indica que influyeron realmente muy poco en esta nueva suba del riesgo país, que pasó en menos de dos meses de 402 a 610 puntos básicos.

Memoria del espanto

El mercado tiene memoria y ya sabe lo que sucederá si el kirchnerismo regresa al poder. No hace falta conjeturar ni especular. Basta mirar las experiencias recientes. La victoria de Alberto Fernández en la PASO de 2019 provocó una caída histórica de casi 60% en el índice Merval el “día después” que luego llegaría a casi el 80%. El riesgo país se fue a los 2.000 puntos básicos.

Los mercados tenían razón en entrar en pánico. Una de las primeras decisiones tomadas por el entonces flamante ministro de Economía, Martín Guzmán, fue avanzar de una en la reestructuración de la deuda. Y eso fue antes que estallara la pandemia. De hecho para febrero de 2020 Argentina ya había dejado de pagar sus bonos.

El otro episodio, ya mucho más reciente, fue la contundente victoria de los intendentes kirchneristas en el Conurbano en septiembre del año pasado. También de un día para el otro las acciones cayeron más de 20%, mientras que los bonos se derrumbaron y el riesgo país se fue a los 1.200 puntos. La recuperación de las cotizaciones llegaría un mes después, con la victoria oficialista en las elecciones legislativas, incluyendo la provincia de Buenos Aires.

Con estos antecedentes, no hay ni un motivo para pensar que un eventual regreso del kirchnerismo al poder tendría un efecto distinto para los mercados. No son pocos los que especulan que la caída incluso podría ser peor que la de 2019. Tiene lógica. Se trataría de un quinto regreso de políticas populistas y el segundo fracaso en la búsqueda de implementar política pro mercado en Argentina.

Un gobernador K en Nueva York

La visita de Axel Kicillof en Nueva York no despejó ninguna duda que pueda existir en Wall Street sobre lo que se viene en caso de una victoria suya en las elecciones del año que viene. Es cierto que el gobernador bonaerense no está obligado a contar su plan cuando falta más de un año para las elecciones. Tampoco se vieron esfuerzos por tratar de mostrarse como alguien confiable para los mercados o la búsqueda de una mayor gobernabilidad si llegara el caso.

En el caso de Kicillof fue más impactante lo que no dijo que otra cosa. No hubo compromisos claros sobre la necesidad de honrar las deuda en manos de inversores privados o con el FMI. Solo resaltó que él sí viene pagando los bonos de la provincia, pero son los mismos que fueron reestructurados en su primera gestión del 2020 al frente del gobierno bonaerense.

En Nueva York, Kicillof describió al gobierno de Milei como “una catástrofe” y se mostró en las antípodas de todo lo que se viene haciendo

Eso sí, describió al gobierno de Javier Milei como una “catástrofe” y se mostró en las antípodas de prácticamente todo lo que se viene haciendo. Aseguró que cuando fue ministro de Economía tomó medidas para aliviar el cepo cambiario, aunque tampoco fue claro respecto al esquema cambiario que implementaría si llegara a la presidencia. Habló de un “proyecto nacional” sin mayores detalles.

Podrían estar equivocados, pero los mercados tienen su veredicto. Piensan que en un nuevo gobierno que implemente medidas populistas ocurrirá lo de siempre: renegociación de la deuda “en mejores condiciones, controles cambiarios para “administrar el comercio exterior” y una marcha atrás de la apertura económica “para proteger a la industria nacional”.

Los bonos como espejo

El deterioro de los bonos reflejó estos temores. Los que vencen en 2027 rinden menos del 5% anual en dólares, pero los que lo hacen en 2028 en adelante ya están arriba del 11%. La respuesta del Gobierno es mantener a rajatabla el superávit fiscal y no desviarse del plan monetario. Además se juega a mantener la estabilidad cambiaria con reservas propias y promesas de ayuda desde Estados Unidos y china vía swaps.

¿La debilidad de la economía no cuenta, entonces, para los grandes inversores? Que la economía entre en “recesión técnica” en el tercer trimestre no parece un dato relevante. Un estudio del economista Fernando Marull mostró que de los últimos 60 años la Argentina sufrió una caída de su actividad cada 2,6 años. Quien invierte en activos locales lo sabe. Como también sabe que se trata de un país con altos niveles de pobreza estructural.

Por supuesto que la caída persistente en sectores que emplean mucha gente es un síntoma de debilidad del plan económico. Sin embargo, el deterioro en el riesgo país se relaciona en realidad con el efecto que una caída del ingreso disponible o el aumento del desempleo puede generar en el apoyo a Javier Milei.

Ni siquiera parecen demasiado serios los comentarios que hacen mención a que el discurso del Presidente “no cayó bien” entre los empresarios norteamericanos. A nadie le consta que haya sido así más allá de suposiciones. Pero tampoco parece relevante para definir una inversión financiera en Argentina.

Elección y grado de inversión

El número uno de J.P.Morgan en Argentina, Facundo Gómez Minujín, dijo algo contundente luego de recibir al Presidente en un evento organizado por el banco: “Si Milei es reelegido Argentina puede lograr el grado de inversión”, lo que a su vez representa un riesgo país en niveles de 200 puntos básicos.

El peligro latente ahora es que el aumento del riesgo país, que refleja mayor incertidumbre, derrame en otras variables locales.

Habrá que seguir con atención sobre todo la evolución del mercado cambiario. Las compras del Central fueron ínfimas en septiembre y aumentó levemente la brecha entre el dólar oficial y los financieros, especialmente el contado con liquidación. Por ahora nada demasiado preocupante.

Ignacio Abuchdid, presidente del grupo IEB, expresó así el sentimiento de los inversores: “El mercado está totalmente asustado por el riesgo electoral, es prácticamente lo único que está mirando. Las valuaciones del Merval y los bonos son absurdamente bajas. A estas valuaciones, los precios no reflejan ni los fundamentos de las compañías ni la situación real de la Argentina”.

Hace dos años y medio, el economista Carlos Rodriguez concedió un reportaje donde se atrevió a pronosticar el desenlace del programa de Javier Milei y Luis Caputo, que apenas arrancaba. Rodriguez había coordinado los equipos económicos durante la campaña libertaria. Eso reflejaba que compartía la mirada teórica del presidente y que además era un macroeconomista valorado por él. Pero a esa altura, ya había sido eyectado del entorno de Milei. El pesimismo extremo de Rodríguez se expresó de manera sintética en el título de aquella nota: “Estamos yendo hacia una depresión y no veo cómo se recuperará la inversión”. El viernes pasado, él mismo recordó ese reportaje en la red social X con un agregado un tanto melancólico: “Cuánta razón tenía hace dos años y medio…”.

Aquello ocurrió en marzo de 2024. Por entonces arrancó un debate sostenido hasta hoy acerca de la consistencia del programa libertario. Todo el mundo desde la heterodoxia económica era muy crítico. Milei no aplicaba sus instrumentos, ni se proponía sus objetivos: era de otra familia. Pero lo que más dolía al Presidente y a su equipo eran las críticas de los propios, o sea, de una multitud de economistas ortodoxos a los que conocía muy bien: Domingo Cavallo, Diego Giacomini, Miguel Angel Broda, Carlos Melconián, Mariano Fernández, Joaquín Cottani, Ricardo López Murphy, Roberto Cachanosky, Christian Buteler, entre tantos otros. Milei los empezó a odiar. Mandriles, econochantas, eran adjetivos dirigidos a ellos.

Esa pulseada tuvo varios idas y vueltas. Había momentos donde parecía que la situación se inclinaba a favor del equipo económico, como cuando se produjo el éxito del blanqueo en septiembre del 2024 y la economía empezó a rebotar gracias al crédito y a la recuperación parcial de los salarios. En otros momentos, Milei y su equipo necesitaron los salvatajes agónicos del Fondo Monetario en abril del 2025 y de la armada de Donald Trump y Scott Bessent en octubre. Los meses posteriores a las elecciones -baja de tasas, caída del riesgo país, control del dólar, compra de reservas- parecieron inclinar el destino de nuevo a favor del equipo oficial. Pero todo eso parece disiparse ahora, y de manera muy dramática, como si hubieran dado las doce en el cuento de Cenicienta.

El jueves pasado, el Indec difundió datos que reflejan la dimensión real del problema. Para entenderlo, conviene detenerse en algunos de ellos. Según el organismo oficial, la pobreza subió de 28,4 a 32,3 por ciento -4 puntos- entre el último semestre del 2025 y el primero del 2026. Pero en el mismo informe, el Indec desagrega los datos por trimestre: el 26,7 por ciento del tercer trimestre del 2025 se transforma en el 33,8 del segundo trimestre de 2026. O sea que la suba no fue de 4 puntos: fue de 7. Eso significa que desde julio del año pasado hubo tres millones más de pobres: ¡más de diez mil personas por día cayeron por debajo de la línea de la pobreza!

El Gobierno se aferra a la idea de que la pobreza disminuyó desde que Milei llegó al poder. Esos datos son discutidos entre los académicos más renombrados en el área. Pero aun así, eso no cambiaría el hecho de que el plan que eliminaba la pobreza ahora la reproduce de manera acelerada.

El segundo dato refiere al nivel de actividad. El Indec informó que en julio la economía se achicó un 2.9 por ciento. Desde los terribles meses de la pandemia, no se registraba un número semejante. Una semana antes el mismo Indec había informado que en el segundo trimestre la actividad había caído respecto del primero. Si se compara con diciembre, en los primeros siete meses del año la actividad se achicó un 4 por ciento, y mucho más si se enfoca en los sectores de la economía donde habitan la mayoría de los argentinos.

La inversión cayó verticalmente 11 por ciento en el último año. El desempleo creció levemente, pero se perdieron 340 mil puestos de trabajo en blanco y la informalidad bate récords históricos. No es casual, entonces, que cada día, los medios se pueblen de imágenes dolorosas: solo en esta semana, el cierre de la fábrica de Electrolux en Rosario, la cola interminable de desempleados en el centro de la ciudad de Córdoba, el cierre definitivo de la fábrica de Dánica en Llavallol.

La contundencia de los datos genera un angustioso interés por la capacidad del Gobierno de entender y procesar este desafío. En estas horas tan especiales se produjeron dos episodios muy concretos que permiten evaluar su reacción. Uno de ellos ocurrió en un cómodo auditorio de Manhattan, donde Javier Milei fue entrevistado por el británico John Micklethwait, jefe de Economía de Bloomberg TV. Las primeras tres preguntas fueron directo al hueso:

-Usted y yo sabemos que la economía argentina se está achicando. El segundo trimestre se redujo respecto del primero y los números de julio no son buenos. ¿No está preocupado ante la perspectiva de una recesión?

-Cuando usted llegó al poder, la demanda de la sociedad era que bajara la inflación. Ahora, eso cambió. El desempleo ha crecido y la gente demanda trabajo. ¿Cómo va a hacer para resolver el problema sin, al mismo tiempo, impulsar la inflación?

-En las encuestas, la demanda de más trabajo aparece muy destacada. En un año habrá elecciones. ¿No le preocupa perderlas?

En los tres casos, el Presidente sostuvo que las preguntas referían a cosas que no estaban ocurriendo. Milei respondió que hace 27 meses consecutivos que la Argentina crece, que las mediciones del Indec están distorsionadas por el proceso de transformación que vive la Argentina, que el desempleo no crece sino que se han creado 500 mil puestos de trabajo, y que ganará las elecciones porque la sociedad no quiere volver al pasado. Después dijo que a él le gustaría trasladarse en una camioneta Tesla Cybertruck negra decorada con un león dorado, porque eso le recordaría a Batman. “Sería espectacular”, dijo.

El otro episodio fue en el canal cordobés El Doce, donde Jorge “Petete” Martínez, otro periodista destacado y muy popular, entrevistó a Federico Sturzenegger, el ministro de Desregulación. En un momento, el funcionario explicaba que la ley de flexibilización laboral fue diseñada para que hubiera más trabajo en blanco. Martinez lo interrumpió y se produjo un cruce con momentos de tono subido.

-Claro, ministro, pero como el mercado interno está planchado, no hay poder adquisitivo, los salarios están pisados, nadie lamentablemente va a contratar un empleado. No es que uno pierde el laburo acá, cruza la esquina y consigue otro. Ese es un dato que confronta con lo que ustedes dicen.

-Hace cinco meses que los salarios le vienen ganando a la inflación…

- Perdon ministro, con todo respeto, ¿en dónde los salarios le están ganando a la inflación? Pregúntenle a los jubilados y al resto de los trabajadores…

-En los últimos cinco meses, va a ver que los salarios le vienen ganando a la inflación. Se han creado 500 mil puestos de trabajo. Después tenemos una diversidad de gente, cada uno tiene su situación personal. Tenemos que salirnos un poco de los títulos dramáticos. Tenemos una economía donde vamos a tener cuatro años de crecimiento seguido. La inflación bajó, la pobreza bajó significativamente.

-Esa es la macro, ministro, pero la gente después intenta comer todos los días. Y hay un ajuste muy fuerte con los jubilados, con los discapacitados y la promesa era ir al hueso con la casta. Y eso no ha sucedido.

-Hemos encontrado ministerios paralelos con miles y miles de empleados que eran punteros. Nosotros hemos ido desarmando todo esto. Eso ha generado ahorros que han permitido bajar impuestos. Acá en Córdoba las retenciones a los productos de exportación industriales y agropecuarios han bajado significativamente. Es un proceso que habrá que seguir. Ahora, si me disculpa, me tengo que retirar. Muchas gracias.

Y cortó el diálogo.

Así las cosas, el Presidente enfrenta una escalera de tres preguntas claves. Una: ¿pasa lo que todo el mundo dice que pasa? Dos: si eso pasa, ¿corresponde cambiar el programa económico? Tres: si las dos preguntas anteriores se responden de manera afirmativa, ¿cuáles serían esos cambios? ¿Funcionarían? De cómo responda el Gobierno esas preguntas dependerá el destino de Milei. Por ahora, pareciera que todo se traba en la primera: no pasa nada. La Argentina es la nueva tierra prometida, dijo esta semana el Presidente.

Algunos mecanismos para sostener esa mirada son de una evidente baja calidad. Por ejemplo, la foto que difunden cada semana los ministros de la cola para entrar a la obra de teatro del popular Guillermo Francella en la calle Corrientes. O el repetido argumento de Milei y Sturzenegger sobre los cuatro años seguidos de crecimiento. Los funcionarios sostienen que en 2024 la economía creció más de un 6 por ciento, cuando el Indec, oficialmente, registró una caída del 2 por ciento. A esta batería esta semana se le agregó el argumento de Luis Caputo, según el cual en julio la economía cayó porque la gente estaba mirando el Mundial.

El problema con la rigidez de estas respuestas es que los actores económicos las tienen muy medidas. Por eso, tal vez, a la gira por Wall Street le siguió una huída masiva de los bonos argentinos. Más aún: los colegas que cubrieron el evento registraron sorprendidos que a algunos financistas les resultaba más creíble Axel Kicillof que el propio Presidente. Uno de los activos de cualquier gobierno es su credibilidad y seriedad para explicar lo que pasa, especialmente cuando hay problemas serios. Abusar de estos métodos puede hacer mucho daño.

Finalmente, tal vez pase lo que parece que pasa, pero mucha gente cree que sí. Carlos Rodríguez, el protagonista del inicio de esta nota, lo explicó de esta manera en otro tuit: “No veo cómo salir de este fracaso. A medida que se acercan las elecciones, la economía muestra señales de debilitamiento y el Gobierno parece consumir parte de su capital político. Si esta tendencia continúa, podemos enfrentar más presión cambiaria, menos actividad y un deterioro de las expectativas. El problema de fondo es otro: el cambio que necesita Argentina no puede depender de la obediencia a un líder ni de una visión ideológica cerrada. Argentina necesita una alternativa amplia y transversal que mantenga lo que debe mantenerse: equilibrio fiscal, desregulación, respeto por el mérito, apertura económica y reglas estables. Pero también que haga esos cambios de manera institucional, gradual y sustentable. El populismo no es la solución. Tampoco lo es reemplazarlo por la adhesión irrestricta a un nuevo líder”.

Javier Milei cree que cumplió sus promesas de campaña. Enlista que desaceleró la inflación, que tiene estabilidad cambiaria y que bajó el gasto público. La receta seguirá siendo la misma. No muestra en la intimidad nada distinto a lo que dice en público. Deja en claro que no se moverá de sus anclas a pesar de la agotada paciencia social y del riesgo que ven los propios de perder una elección.

La semana pasada, desde Nueva York, reeditó sus plazos y solo atinó a prometer el despegue en el primer año de su segundo mandato. “Si nuestro gobierno es reelecto, 2028 será el mejor año económico de la historia de la Argentina”, lanzó ante inversores, y dijo que ese despegue se vería no solo en “términos financieros sino también en la economía real”. Una admisión de que en 1460 días el modelo no llegó a todos. Ahora pide que le renueven su contrato electoral, con resultados adversos para la micro, en un nuevo intento por gobernar expectativas de largo plazo.

“Alguna palanca hay que mover”, suele decirle Patricia Bullrich, la única dentro del elenco oficialista que le plantea a Milei un cambio de velocidad. El Gobierno quedó al filo de entrar en recesión técnica con dos trimestres seguidos de caída económica. Agosto y septiembre deberían tener un rebote extraordinario para compensar el desplome de 2,9% con el que terminó julio, la baja más profunda desde la pandemia. Los datos del mes que pasó vienen con una suba parcial que no compensa el sacudón anterior. Las voces críticas insisten en que el discurso de Milei es demasiado optimista. “Choca con la realidad de la gente”, suele decir la jefa del bloque de senadores libertarios, que a los suyos les cuenta que se lo repite al Presidente en cada reunión que puede. La respuesta es siempre la misma. “Yo muero con la mía”, la corta Milei y cierra el debate. No deja lugar para cambios. Tampoco abre la puerta a retoques.

En el Gobierno relativizan los datos económicos de la semana, que cerró con un crecimiento de la pobreza de 4,1 puntos, la caída de la actividad y una sostenida suba del riesgo país que suma incertidumbre a un contexto adverso para el oficialismo. “Le habló a los inversores”, sostiene un funcionario de trato cotidiano con Milei sobre la extensión de plazos que exhibió el Presidente en Nueva York. Pero los inversores no votan. En la Casa Rosada dicen que al electorado le hablás con la inflación y la estabilidad cambiaria.

Fórmulas e internas

Bullrich se negó esta semana a descartar su propia candidatura presidencial. Después de hablar de que ella trabajaría para que reelija el proyecto, ahora sumó este nuevo desafío. Pero lejos de enfrentarse, las diferencias los potencian. En el Gobierno volvieron a hablar de una fórmula conjunta. “Es una posibilidad”, refuerzan, a pesar de la desconfianza de Karina Milei. “El lobby petrolero apoya a Milei y el lobby agropecuario a Bullrich”, amplía un consultor político, que lejos de creer que la disputa los divide, en realidad, los contiene. Es una fórmula que cerraría el círculo de temor para los factores de poder.

La mesa política hizo catarsis después de que Bullrich dijera que el nuevo recorte en el área de discapacidad que contenía el presupuesto 2027 no se había analizado internamente. La cruzó Diego Santilli en público con una chicana, al decir que ella no se enteró porque se había ido tres minutos antes de que finalizara la reunión. El martes se dijeron sus verdades en la cara. El jefe de Gabinete insistió con su versión de una supuesta conversación en un pasillo al finalizar el encuentro. “Si fue así por qué no me llamaste y volvía, o hubieras mandado un WhatsApp al grupo para avisar”, le enrostró la senadora. “Los trapitos se lavan en casa”, retrucó Santilli. “Perfecto, pero primero tenés que enterarte de las cosas para operar sobre eso”, siguió Bullrich la discusión. Inserte aquí el meme de excelente clima laboral.

Los reordenamientos internos marcan las dinámicas de la toma de decisiones. En la época de Manuel Adorni, el funcionario llegaba y decía que el Presidente le había dado una orden y tenían que cumplirla. La llegada de Santilli, se suponía, estaba pensada como salida a ese funcionamiento. Nada de eso pasó. Santilli elige jugar la interna y tiene la necesidad de sobreactuar lealtad. Lejos de asumir un rol de amortiguador del caos, se corre de la gestión de crisis. El Gobierno ya lo vivió el año pasado, cuando terminó perdiendo la votación en el Congreso del capítulo que contenía la derogación de la emergencia en discapacidad. Ahora iban de frente a chocarse con el mismo problema.

Las tensiones son tales que Karina decidió no acompañar a Milei al viaje a las Naciones Unidas. Sí lo hará la semana que empieza a París, para la Argentina Week. En un despacho oficial explicaron que la secretaria general se quedó porque había que reencaminar la mesa política, además de ordenar la agenda frente a la confirmación de la agenda del Papa León XIV en la Argentina.

Esa dinámica oficial traba los acuerdos. La Casa Rosada no logra transmitir confianza para que los gobernadores le den finalmente el voto a la reforma electoral. El proyecto original se está reduciendo a la suspensión de las internas y ya. Pero incluso así al oficialismo le cuesta conseguir apoyos. Karina tiene que garantizar acompañamiento a la reelección de los gobernadores, pero crece la desconfianza. Nadie quiere firmar ahora para llevarse solo una promesa. El calendario le juega en contra al Gobierno. De aprobarse una reforma electoral debería ser este año pero los cierres de lista son el año que viene. El Congreso entra en modo presupuesto y se agotan las instancias de debate.

Más allá de los tiempos, lo que prima o no es cuán generosa termine siendo la hermana presidencial. “No está el número ni para suspenderlas”, se sinceró un senador libertario que participó de la cena que organizó Karina Milei en un restaurante de sushi en Villa Urquiza. Todavía hoy los invitados tratan de entender para qué los citó. Todos coinciden en describir que no hubo una charla política, que fue un encuentro social, y que en todo caso, interpretan que lo que buscó la secretaria general fue mostrar conducción política en momentos en los que la mesa política, que preside, quedó opacada por el propio Milei. “El problema que tenemos es que los aliados confían más en Bullrich que en el resto”, aporta un integrante del bloque oficialista. La intervención vía Eduardo Lule Menem y Martín Menem del espacio en el Senado encuentra su límite en los cada vez más diezmados apoyos extrapartidarios.

El Gobierno enfrenta otro problema. Sacar las PASO implicaría un enorme trabajo de contención electoral para los aliados. Sin esa herramienta, la Casa Rosada también se queda sin vehículo para que los gobernadores jueguen dentro del espacio libertario. Sin internas que integren pensamientos similares, los acuerdos dependerán de cuán dispuesta esté Karina a entregar territorios en los que podría hacer pie. Uno de los casos más emblemáticos es Salta. Así se explican las idas y vueltas del gobernador Gustavo Sáenz, que un día dice que el Gobierno no muestra reciprocidad y se le agota la paciencia y el mismo día vota las leyes del oficialismo. Nadie bajó aún a María Emilia Orozco, la candidata libertaria que el año pasado relegó al gobernador a un segundo lugar en la elección legislativa.

Casi pobres

El contexto económico se le vuelve cada vez más adverso al Gobierno para conseguir los apoyos buscados. A medida que pase el tiempo le será más difícil sobre todo ante el deterioro social. El dato de pobreza de la semana pasada deja, además de la preocupante suba, una línea a seguir. Cuántos pobres hay realmente en la Argentina.

La consultora Equilibra consideró que, medida con la canasta de consumos de 2017/18 que el Gobierno se negó a actualizar y derivó en la salida de Marco Lavagna, sumado a la corrección por subdeclaración de ingresos, la pobreza no sería del 32,3% que informó el Indec sino del 44,5%. La diferencia abruma y pone en cuestión el sistema estadístico.

En esa línea, Alfredo Serrano Mancilla, director del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag), analiza que incluso podría ser de unos puntos más. Según sus datos, se podría actualizar con una canasta 2024/25 que contemple el peso real de los servicios y además, los alquileres. En sus estudios entienden que en la Argentina se aplica una imputación marginal de ese costo. Lo que pone en cuestión es la desaparición de la clase media. Habla de los “casi pobres”, concepto acuñado por el Banco Mundial, que relativiza la salida de la pobreza monetaria. Son los que están apenas por encima del umbral de ingresos donde se hace el corte. En ese universo quedarían incluidos todos aquellos cuyas sumas de ingresos sean dos canastas básicas, alrededor de $3.000.000 por hogar.

Todavía no están los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) para poder sacar un número exacto, pero en el trabajo que hicieron de la medición anterior, esos “casi pobres” representaban un 34,5%, medido con parámetros oficiales, mientras que los pobres eran 22,5%. Con la medición alternativa, los “casi pobres” quedaban en 33,9% y los pobres en 43%. Eso hace que la clase media tenga cada vez menos representación.

El Gobierno sostiene que la suba de la pobreza es coyuntural, y que como el único objetivo de Milei es mantener la desaceleración de la inflación, el próximo semestre podría volver a los valores anteriores. Los indicadores se movieron dispares. Si bien la inflación volvió al sendero descendente, la canasta básica de julio dio una suba de 2,2% y la de agosto fue de 2,6% contra una inflación general para este último mes de 1,7%. Para la consultora Vectorial se da una nueva paradoja. El aumento de la pobreza en el primer semestre confirma que en un año de crecimiento, bajo, pero crecimiento al fin, la pobreza sube. Concluyen: “El modelo dio todo lo que podía dar”.

Ajustado

La semana cerró con un riesgo país por encima de los 600 puntos que alteró al mercado. La consultora 1816 encendió las dudas respecto del programa financiero de Luis Caputo. “Ajustado”, lo calificó y alertó que la presión sobre las reservas, que ya marcaban que era un punto a tener en cuenta, será más alta aún. “En los números oficiales se asumía que el año que viene se usaban USD 3.700 millones del saldo que tendría el Tesoro por el Programa Financiero de este año y que además el fisco le compraba USD 4.900 millones al BCRA. Entre esos números y los vencimientos de Bopreal (de hasta USD 4.000 millones si no se siguen usando para impuestos), la presión sobre las reservas iba a ser de hasta USD 12.600 millones en todo 2027, número parecido al stock actual de reservas netas. Si encima las condiciones de mercado no permiten emitir USD 5.000 millones de Bonares (el supuesto del Programa 2027), la presión sobre las reservas terminará siendo superior. Puede sonar a obviedad, pero no está de más ser explícito: a mayor dificultad para emitir títulos, más relevantes son las compras del BCRA en el Mercado Libre de Cambios. Este año esas compras fueron extraordinarias, pero en septiembre las intervenciones del Central vienen siendo marginales y probablemente eso haya contribuido al sell-off de los bonos”, resume.

Hay una economía endeudándose en dólares. En ese sentido, 1816 remarca que empresas y provincias ya emitieron deuda por USD 17.200 millones bajo ley extranjera desde octubre de 2024 y solo en septiembre llevan USD 2.650 millones. El economista Jorge Carrera, profesor de Finanzas Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata, alerta sobre ese endeudamiento que genera oferta de dólares hoy, pero también necesidad de acceso a ellos mañana, para pagar capital e intereses.

Aprobado pero

Nueva York se convirtió esta semana en vidriera de los dos polos de la política nacional. Milei y Axel Kicillof se enfrentaron al mismo tiempo y en la misma ciudad, en un virtual examen del poder. Aprobados pero, podría ser la calificación para ambas delegaciones, que fueron a buscar un objetivo y volvieron con bastantes respuestas sin dar.

El paso de Milei por Estados Unidos dejó solo una reunión bilateral, con el premier israelí Benjamin Netanyahu. El encuentro careció de una contundente definición sobre el proyecto Sea Lion en las islas Malvinas, cuyo accionista mayoritario es la empresa Navitas, de origen israelí. El Gobierno comunicó que se abordó el tema Malvinas, sin dar precisiones. En el comunicado oficial del gobierno de Netanyahu no se hizo mención al caso.

Más allá de Malvinas, la mayoría de los encuentros de Milei estuvieron dedicados a convencer al mercado de su reelección. En sus términos, Milei ratificó su alineamiento a Estados Unidos como su salvoconducto ante cualquier cimbronazo interno. Desde ese punto salió hecho. Hubo una charla que pasó por debajo del radar que dio el subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, de la que participaron grupos inversionistas. Allí el funcionario de Donald Trump reiteró que el foco norteamericano está puesto en América latina y que van a seguir apoyando, más allá del resultado electoral, a los países socios. Eso le daría garantías extras a Milei por fuera de los comicios de medio término de noviembre próximo.

Desde esa mirada, el Presidente pasó el examen. Las dudas quedaron en el modelo económico y sus posibilidades de reelegir. Las preguntas giraron siempre en torno a lo mismo. El crecimiento exiguo no alcanza para que el bienestar social le de otro mandato. La duda es si todo marcha acorde al plan. Milei se dedicó a contraponer sus números, como la creación de 500.000 nuevos puestos de trabajo en la economía informal. La preocupación del inversor, según fuentes que participaron de las charlas, sigue siendo la falta de un plan B amigable al mercado. “Eso crea nerviosismo y Milei no fue convincente”, refleja un operador de mercado.

Kicillof aprovechó la vidriera de la cumbre de las Naciones Unidas y armó su propio viaje. “No fuimos a dar examen”, se atajan a su lado. Pero buena parte de los actores económicos que lo escucharon en sus dos reuniones, una con bonistas y fondos de inversión y la otra con empresarios, evaluaron su paso pensando en una futura candidatura presidencial. “Mejor de lo esperado”, fue la conclusión que se escuchó pos encuentros.

El problema de Kicillof es que dio un paso en una maratón. Y el debe del gobernador es aún más complicado. Lo evaluaron más por lo que no dijo que por lo que dijo. Ese es su principal escollo. No convence porque no dice qué va a hacer. Los inversores esperaban definiciones sobre el futuro del RIGI, si habrá o no renegociación de deuda, cuál será su relación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) o qué acercamiento tendrá con los Estados Unidos. Este último punto no es un tema menor en función de la dependencia que dejará con ese país el actual Gobierno si Milei no logra reelegir. Entre las definiciones que no dio Kicillof está el rumbo económico, que se presupone opuesto al libertario, pero nadie logra interpretar en qué magnitud, ni tampoco se refirió a qué rol le daría al Banco Central.

Para sacarse el mote de estatista que le pone Milei, el gobernador les recordó a sus interlocutores que a pesar del ahogo financiero de la Nación a la provincia, nunca se había puesto en duda el cumplimiento de las obligaciones de deuda. Había representantes de inversores institucionales grandes como Eaton Vance, GoldenTree y BlackRock. En el ámbito empresarial sobresalió la presencia de José Luis Manzano, uno de los grandes ganadores del modelo de privatizaciones de Milei, además de representantes de compañías como Google, Meta, Microsoft, Mastercard, Dreyfus o MetLife.

Para Kicillof es un ambiente hostil. En ese mismo momento, ante otra audiencia, Milei sostenía que el riesgo país subía porque “aparecen pelotudos hablando en Nueva York”, en alusión al gobernador, al que volvió a llamar “enano soviético” ante inversores. El riesgo kuka que Kicillof trata de desmitificar y Milei agrandar, es el mismo que genera más incertidumbre que certezas para ambos.

Uno de los asistentes a los encuentros sostuvo que el inversor necesita certezas a largo plazo. Ninguno de los dos pudo garantizarla. ¿Qué los tranquiliza? Gobiernos de coalición. Milei nunca lo aceptó y relegó al Pro a ser el primo segundo. Mauricio Macri le recordó el viernes, en su vuelta a la política local, que lo tiene que escuchar más y puso en duda el mentado superávit fiscal, al que calificó de ser de “baja calidad”. Kicillof navega en la interna peronista con una Cristina Kirchner que lo acorrala todos los días en busca del candidato que lo haga caer. No puede ni con los que deberían ser propios, difícil emprender el camino a un frente más amplio, como prometió en su virtual lanzamiento de campaña.

Los desencantados hacia el ningunismo

La mayoría de las encuestas de los últimos días mantienen a Milei con una imagen en torno de los 35 a 40 puntos, competitivo pero estancado, con un consolidado rechazo a su gestión que bordea el 60%. La última encuesta de TresPuntoZero para Alaska refleja una baja de Milei de 41,6 a 38,4%. Ese sondeo destaca un fenómeno que se viene dando en otros estudios. El sostenido crecimiento del ningunismo.

Ante la pregunta de con qué opción ideológica se identifica, la opción “ninguno” llega al 26,6% y se ubica en el primer lugar de las preferencias, con el peronismo en segundo término con el 24,8%, el mileísmo con el 16,4%, el kirchnerismo con el 10,7%, el macrismo con el 4,9% y la izquierda con el 4,6%.

La apatía se refleja con los focus group de las consultoras. Infobae participó esta semana de uno de esos estudios en el que se evaluaba qué pensaban los desencantados de Milei. En general son votantes del ballotage. Llegaron a apoyarlo por el rechazo a Sergio Massa. De ahí surge como disparador común la palabra bronca. Entre los atributos que pueden reconocer del Gobierno, que son pocos, destacan la macro casi como palabra sin sentido, la baja de la inflación, la reducción parcial de la corrupción, las importaciones, con su lado bueno y su lado malo, y menos paros y manifestaciones. Los desaciertos salieron con mayor facilidad y el pizarrón no alcanzaba para listarlos.

Hablaron de endeudamiento externo, venta de tierras, quita de subsidios, atraso en los salarios, ataque a la universidad, desfinanciamiento en discapacidad, jubilaciones, educación, indigencia, inseguridad, desempleo, falta de respeto a la institucionalidad, que a nadie le interesa un blanqueo y que manda Karina. Todos tenían deudas personales, pero nadie lo mencionó per se. Solo lo reconocieron ante la pregunta precisa. Levantó la mano uno y se animaron todos. Hubo quien confesó que estaba decidido a endeudarse para las fiestas. No hablaba de comprar televisores, sino la comida y los regalos para su hijo de cuatro años. Eran de Capital Federal, con bastante conocimiento político, mitad empleados y mitad cuentapropistas. Solo para uno Milei podría llegar a ser una opción electoral de última instancia. El resto lo abandonó después de los dos años de mandato. Mieli entró en default con la paciencia social. Dura la mitad del tiempo que ahora el Presidente intenta renegociar.

El economista y diputado nacional del bloque Provincias Unidas, Martín Lousteau, volvió a cuestionar que el gobierno de Javier Milei haya sacado a millones de personas de la pobreza, y alertó que, tras el deterioro de esos indicadores, se podría incluso “empeorar el problema”.

La pobreza oficial del primer semestre del año llegó a 32,3%, luego de subir 4,1 puntos porcentuales respecto de la segunda mitad del año anterior, cuando había sido de 28,2%. Para Lousteau, ese dato erosiona la mejora que otros cálculos habían detectado luego del pico posterior a la devaluación.

Ante las nuevas cifras que exponen el deterioro de los ingresos, Lousteau realizó una clara advertencia. “La dinámica más reciente empieza a mostrar que, quizás, todo el costo del cambio de régimen no alcance para sacar a nuestros compatriotas de la pobreza, y hasta termine empeorando el problema”, expone según su análisis publicado en su blog Rumbo en disputa.

Los tres límites de la medición de pobreza

Lousteau sostuvo que la medición de la pobreza en Argentina enfrenta tres problemas metodológicos. El primero es el uso de una Canasta Básica Total (CBT) “vieja” elaborada con valores de 2004 y 2005, que, según su evaluación, subestima la incidencia de los servicios en los gastos de los hogares.

El segundo problema está vinculado con la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), que elabora el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), y que impacta durante períodos de inflación elevada, como el que atravesó el gobierno del Frente de Todos. El diputado consideró que la metodología empleada entonces sobreestimó la pobreza.

La tercera limitación afecta a los ingresos de los trabajadores informales. La encuesta no puede ponderar con precisión cuánto gana una persona que desarrolla actividades fuera del sector formal, ya que depende de las respuestas de los entrevistados.

Ante esas dificultades, Lousteau citó una investigación del Centro de Estudios Distributivos de la Universidad Nacional de La Plata (CEDLAS) que recalibra las mediciones para corregir esos desajustes. Sin embargo, señaló que la cifra difundida para el primer semestre alcanza para “erosionar la ganancia real” estimada por ese trabajo.

Su planteo es que la reducción registrada de pobreza durante 2024 y 2025 debe analizarse a la luz de las correcciones metodológicas y de la evolución más reciente de la pobreza. En ese marco, reconoció que el indicador descendió en 2024 y 2025 respecto del máximo posterior a la devaluación de diciembre de 2023. “Eso no está en discusión”, escribió, aunque planteó que el debate debe centrarse en cuánto de esa baja representó una mejora efectiva y si podía sostenerse en el tiempo.

Según su interpretación, la trayectoria favorable “primero se estancó y luego se revirtió”. El diputado describió que toda la secuencia de deterioro afecta la recuperación para modificar el régimen económico. “Estamos, otra vez, en el punto de partida”, afirmó el legislador. “Y, a juzgar por los últimos datos, hasta eso está en riesgo”, alertó.

“Si revisamos cuidadosamente la metodología y se corrigen los tres problemas mencionados, lo que queda ciertamente no es una Argentina que sacó a millones de la pobreza”, remarcó.

En otro punto de su artículo, Lousteau recuerda que la medición de pobreza por ingresos fue introducida en Estados Unidos recién en la primera mitad de 1960. Y parafrasea el libro Agenda for the Nation (1968), del premio Nobel James Tobin, quien reflexionó sobre ello al señalar que “las administraciones serán juzgadas por el éxito o fracaso en reducir la medida oficial de incidencia de la pobreza”. “Lo que quería decir es que no hay evidencia más contundente de que una política pública funciona que cuando logra “mejorar el ingreso de los pobres” (así se llamaba el capítulo que escribió) en forma sostenida. Y que esa debe ser la vara para aprobar o desaprobar una gestión", afirmó el diputado nacional.

“Con los datos oficiales, se ve que Milei pensaba algo parecido. Porque hizo un enorme hincapié en este tema, incluso exagerando las cifras”, sostuvo Lousteau. Y traza un paralelismo de la gestión libertaria con “La Farolera”, una canción española. “En España farolear significa “presumir de algo sin fundamento”. Hay cosas que lamentablemente parecen a propósito. “A la medianoche me puse a contar y todas las cuentas me salieron mal…”, ironizó el economista en el texto.

Alejandro Gutman llega puntual a la cita, en el bar de una librería porteña, con la misma energía con la que llena estadios y gimnasios de jóvenes salvadoreños. El empresario argentino, desde hace veinticinco años dedicado a proyectos sociales en El Salvador, habla con la convicción de quien ha repetido su relato cientos de veces ante auditorios muy distintos —jóvenes de barrios marcados por las pandillas, diplomáticos en Naciones Unidas, empresarios escépticos— y sigue creyendo en él. “Hay que estar”, repite varias veces durante la charla, una frase del ex director técnico Carlos Bilardo que usa como resumen de su método: no se cambia la vida de una comunidad desde un escritorio.

En El Salvador Gutman construyó, primero desde la sociedad civil y ahora desde el Estado, un modelo que bautizó “cultura de la integración”: la idea de que la pobreza no se combate solo con dinero, sino tendiendo puentes —en la escuela, la universidad, la empresa— entre los sectores marginados y el resto de la sociedad. Hoy preside, con carácter ad honorem, la Dirección de Integración, el organismo que el presidente Nayib Bukele creó a su medida para convertir en política pública lo que antes hacía, con recursos mucho más escasos, al frente de la Fundación Forever. Infobae lo entrevistó por primera vez en enero de 2021, cuando todavía dirigía la fundación, y por segunda vez en septiembre de 2023, recién nombrado en su nuevo cargo. Esta es la tercera conversación, y llega en un momento bisagra.

El 23 de agosto, Bukele anunció ante un estadio Mágico González repleto de jóvenes la entrega de 50.000 becas para estudios superiores, respaldadas por un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo. El próximo 29 de septiembre miles de bachilleres de escuelas públicas recibirán la certificación que los habilita a inscribirse en la universidad. Gutman, que fue el arquitecto técnico de ese anuncio, lo resume sin matices: “Para el país marca un cambio de época, una nueva etapa, un cambio de sistema”, dice. “Para mí es la concreción de una utopía, de una lucha de veinticinco años.”

— El 23 de agosto se hizo el anuncio de las 50.000 becas ante un estadio lleno. ¿Qué significó ese día para usted y para el país?

—Marca un cambio de época, una nueva etapa, un cambio de sistema. Es muchísimo más que hablar de un montón de becas. La historia de El Salvador es una historia llena de embudos, de falta de acceso, que impidió a millones de salvadoreños llegar a la educación superior. Ese evento reunió a 32.500 jóvenes: 23 mil de escuelas públicas, 8 mil de los 14 mil que ya son becados, y 1.500 entre maestros y directores. Marcó una nueva etapa en la que la educación superior dejó de ser un privilegio para pocos y se convirtió en un derecho para todos. Para mí es la concreción de una utopía, de una lucha de veinticinco años.

— Explíquele a alguien que no conoce El Salvador ese cambio: de privilegio a derecho.

—El Salvador es una sociedad clasista, desintegrada históricamente. Esa desintegración llevó a vidas de violencia durante generaciones: primero una guerra civil, después el fenómeno de las pandillas. Eso hizo que solo del uno al cinco por ciento de quienes terminaban la escuela pública pudiera ingresar a la universidad. Hoy ese número llega, fácilmente, a un cincuenta por ciento. Y eso pasó en dos o tres años. Cuando fui a la ONU representando a El Salvador, ministras de Finlandia y de otros países hablaban de un milagro: cómo hicimos para pasar del cinco al cincuenta por ciento.

— Muchos especialistas en pobreza sostienen que quienes crecen en comunidades marginadas no acceden a la universidad porque, entre otras cosas, sienten que no pertenecen a ese ámbito. ¿Cómo se trabaja ese obstáculo del lado de los propios jóvenes?

—Es cierto. Los chicos ni conocían las universidades. Sus familias tampoco habían tenido acceso. Y las universidades tampoco iban a buscar a sus estudiantes: le dieron la espalda a un pueblo. Hubo que hacer un cambio cultural muy grande en universidades, escuelas, familias y maestros.

— ¿Y cómo lograron ese cambio cultural?

—Todo eso que se instaló, sobre todo en Latinoamérica, de que los chicos viven en la “cultura del ni-ni” —que ni quieren estudiar ni quieren trabajar— es una mirada muy prejuiciosa e ignorante de la realidad de los jóvenes. Los chicos tienen un enorme deseo. En los primeros meses del año anduve llenando estadios, escuelas y gimnasios con cuarenta, cincuenta mil chicos, con un interés y una atención tremendos: cómo puede ser que un viejo de sesenta y cinco años como yo les hable durante una, dos, hasta tres horas y me presten atención así. Nunca tengo que levantar la voz. Si uno va con un mensaje que a los chicos no les interesa... pero, ¿cómo saben lo que les interesa si no están, si no tratan? Eso ha sido fundamental: enamorarlos, que descubran que el conocimiento no tiene por qué ser aburrido.

— ¿Y las empresas? ¿Colaboran en esta transformación?

—Son las más difíciles. Si hay algo en la sociedad salvadoreña que me ha costado modificar es la actitud del empresariado. Algunos sí colaboran, pero en general al empresario todavía le falta un camino más profundo, una mirada más enriquecida, conocer más a su gente. Y te lo dice un empresario también: a mí me ha ido muy bien, soy un agradecido. Pero en general el empresario siente que ya llegó, se queja y pide, pero le cuesta un gesto de generosidad. Inventaron la responsabilidad social empresarial, que es casi una nueva industria: es como sacarse una culpa de encima.

— El 29 de septiembre los jóvenes reciben sus certificaciones. ¿Cómo funciona el sistema, qué es ese documento y qué les permite hacer?

—Todos los chicos del último año de bachillerato de las escuelas públicas —y próximamente también de colegios privados de cuota baja— pueden hacer un proceso formativo, gratuito y voluntario. Hoy tenemos a todas las universidades del país participando del sistema. De lo que cuesta cada beca, la mitad la paga cada universidad y la otra mitad el Estado. El BID nos dio cien millones de dólares para esto. Si querés ir a la universidad, tenés que cumplir seis actividades del proceso formativo: refuerzo de Matemática y Lenguaje los sábados durante todo el año, el curso “ADN de la pobreza”, entre otras. Para escuelas técnicas hay que cumplir cuatro actividades, y para cursos vocacionales, dos. El 29 les vamos a enviar a alrededor de 23 mil jóvenes su certificado —Dirección de Integración o Dirección de Integración Plus— y con eso ya pueden inscribirse: tienen siete u ocho días para anotarse en las carreras, universidades y modalidades que quieran.

— ¿Y después? ¿Quién decide quién entra?

—Son las universidades las que deciden a quién aceptan. Si a un chico lo aceptaron en cinco carreras distintas, tiene que elegir una de inmediato y libera los demás cupos. Se hace una segunda y una tercera etapa para que todos tengan acceso.

— ¿Es la primera vez que se hace el sistema así, con las universidades eligiendo directamente?

—Sí. Antes nosotros definíamos los cupos según los requerimientos, y ahora son directamente las universidades las que eligen. Pero esto ya se hizo este año, 2026: tenemos catorce mil chicos que están terminando este primer año.

—Insiste en que esto no es un regalo.

—No lo es. Tienen que cumplir esas actividades; si no las cumplen, no acceden. Y una vez adentro, logramos algo que ojalá todas las universidades del mundo hicieran: cambiamos el sistema de ingreso. Antes, al becado le exigían más notas que a un alumno regular; si no se sacaba un siete o un ocho, perdía la beca. Hoy tiene las mismas obligaciones y los mismos derechos que cualquier alumno regular. Es un triunfo invisibilizado pero muy importante. Hoy tenemos un nivel de deserción del diez por ciento, frente a un treinta o cuarenta por ciento entre los alumnos regulares.

— ¿Cómo miden esa deserción, y qué pasa con la inserción laboral de los graduados?

—Tenemos gente en cada una de las 42 universidades siguiendo cómo les va. Sobre inserción laboral es muy pronto, recién empieza, pero vamos a publicar esos datos.

— En un país con tanta emigración histórica, ¿puede el mercado formal absorber a todos estos graduados?

—Yo creo que hoy hay mucha menos emigración y bastante más inmigración. Está volviendo gente, y tenemos que ver cómo la integramos. Además, el mundo va a cambiar enormemente en cinco o diez años, y los chicos son parte de ese mundo cambiante; ellos mismos van a encontrar nuevas salidas. No podés pensar en los chicos olvidándote de lo que les gusta, de sus sueños, de todo lo que pueden construir para el país.

— ¿Cómo se sostiene económicamente el programa a futuro?

—Hay un mecanismo que se llama CLIPP, de hasta 300 millones de dólares. Estos cien millones del BID son para los primeros años, y cuando haga falta más, en dos o tres años, se recurrirá a esos otros fondos. Fondos hay y hay voluntad política, que es importantísima.

—¿Y qué están haciendo para que esto se institucionalice, para que sobreviva cuando usted no esté más al frente y no esté más este presidente?

—Los protagonistas de este cambio son los jóvenes, los maestros, los padres, las universidades, las escuelas, el Ministerio de Educación y, por supuesto, la voluntad política del presidente, sin la cual esto hubiera sido imposible. Hoy vuelvo a sentirme libre, porque cada vez soy menos importante, y eso me da alegría. Es política pública: ya no depende solo de mí.

—La ley de “cultura de la integración” se aprobó en 2019 con el apoyo de todos los partidos. ¿Ese respaldo político transversal se mantiene hoy?

—Hoy es muy difícil que alguien se oponga. Aparecieron algunas voces disonantes, pero se apagaron rápido porque no tienen eco. Todos los presidentes anteriores, incluso alguno me dio una ley, pero nunca hubo un acompañamiento real del Estado. Una ley sin fondos y sin acompañamiento total no sirve de nada.

—¿Qué relación hay entre este cambio educativo y la política de seguridad de Bukele? Porque la primera etapa del Gobierno fue de represión.

—Represión, sí. Fue la primera etapa, y fue fundamental. El clima de seguridad que hoy tiene el país abrió las posibilidades. Yo hablo del florecimiento salvadoreño: un país donde la seguridad abrió las posibilidades. Yo soy un ejemplo claro con la fundación: logramos graduar a algunos miles, pero era un aspecto muy reducido. Los directores de escuela me cerraban la puerta. La seguridad fue lo que generó la posibilidad de este cambio de sistema. Le digo siempre al presidente: usted hizo dos cambios de sistema. Revolucionó la seguridad, y ahora revoluciona el sistema educativo.

— ¿Qué cambió en las escuelas y en las comunidades que antes eran territorio de las pandillas?

—Antes no querían estudiar en la escuela pública porque antes estaba muy asociada al pandillerismo y a situaciones de muchísima dificultad. Hoy la escuela pública tiene un nivel de seguridad como si fuera el mejor colegio del mundo. El país está viviendo una seguridad tremenda. Nosotros entramos durante veinticinco años, y prácticamente éramos los únicos que entrábamos. Hoy ya no hay pandillas ahí.

— ¿Y qué impacto tiene, a su vez, este cambio educativo sobre la seguridad?

—Un impacto tremendo, porque les está dando a los chicos, por primera vez, la posibilidad de elegir. Y junto a los chicos van las familias y los vecinos. Esa es la base para salir de la pobreza. La seguridad también se nota en que el país ganó un espacio enorme en turismo y en construcción: hay un boom tremendo, en parte por salvadoreños de afuera que quieren volver o invertir. Se están desarrollando otras zonas que antes estaban relegadas, como San Miguel o Santa Ana. Y hay lugares todavía muy alejados, como Chalatenango, donde antes la única mirada de los jóvenes era irse del país.

— ¿Ya pudieron medir el impacto de estos programas en la reducción de la pobreza?

—Para nosotros la pobreza tiene una significación que va mucho más allá de lo económico: tiene que ver con la cantidad y calidad de relaciones integradoras entre personas e instituciones. Es difícil salir de la pobreza si no crecés como persona, si no accedés a educación, si no armás una red de relaciones. Los salvadoreños dejaron de vivir con una pulsión introspectiva, centrípeta, por miedo a hablar de sus emociones, y pasaron a una pulsión centrífuga, mucho más natural, de relacionarse con otros. Ese pasaje de la introspección al florecimiento es, para mí, la mejor medida de salir de la pobreza. Lo que pasa es que los gobiernos y las organizaciones internacionales miden con parámetros cada vez más ineficientes.

— ¿Trabajan también con familias de personas detenidas o liberadas?

—Hablamos con todos, no hacemos ninguna exclusión. Hacemos ferias, festivales, actividades de continuidad académica, y no preguntamos si alguien está detenido o no, ni si le gusta o no el presidente. En la Dirección de Integración jamás preguntamos eso. En algunos casos queda cierto resentimiento, cada vez menos, aunque tengan familiares detenidos en el CECOT, la cárcel de máxima seguridad. Pero la vida de los chicos sigue, y nosotros no hacemos ninguna distinción.

— ¿Qué desafíos quedan pendientes, qué es lo que todavía no funciona como quisieran?

—Hay varios. Uno tiene que ver con las empresas, como le decía. Tengo un proyecto que ya hablé con el presidente, aunque no sé si voy a poder llevarlo adelante: el fortalecimiento de las comunidades, uno de los cinco pilares para salir de la pobreza. La participación de la gente es fundamental, aunque parezca un concepto simple no se entiende bien: no alcanza con decirle a la gente “participá”, así no funciona. Hace falta el acompañamiento del Estado nacional y local, y acercar universidades y empresas, para que la comunidad tenga sentido de pertenencia y la gente no quiera irse apenas mejora su situación. Porque si eso pasa, nunca mejora nada a nivel comunitario. La idea no es hacer una “pequeña Nueva York” en una comunidad con plata de una organización internacional, algo que después no se puede replicar ni sostener. Y hay algo que todavía falta profundizar: naturalizar más la relación con el arte y el entretenimiento —eso lo estamos haciendo bien—, con los abuelos y con la tecnología.

— De acá a cinco años, ¿qué tendría que haber pasado para decir que este modelo fue un éxito?

—Que haya relaciones integradoras naturalizadas entre personas e instituciones: entre escuelas y universidades, entre empresas y comunidades. Mejores liderazgos, una política más cerca de las comunidades, medios de comunicación que realmente escuchen a su pueblo. No puede haber desarrollo sin la participación de un pueblo; si no, queda en utopía sin cumplir. Lo que se logró en tan pocos años demuestra que es posible. Esto se construye día a día y nunca termina, porque nunca se sabe si mañana los que se beneficiaban de una sociedad desintegrada no van a querer volver a esa posición de poder.

—¿Cómo ve su propia salida y la continuidad del modelo?

—Yo todavía ocupo un rol, pero cada vez doy más pasos hacia un lugar más alejado, con la sensación de “ya le di mi vida al país”. No creo en las revoluciones de liderazgo único, porque ahí se te cae todo. Hay que dejar las cosas más o menos bien armadas. Por eso hay que cuidarse de que la política, en el mal sentido, no termine desvirtuando las cosas.

Antes de despedirse, añade, casi de improviso, una reflexión final. “Algo optimista, sobre el tema de los sueños”, dice. “Me gustaría que tantos soñadores latinoamericanos, que hicieron pequeñas cosas y a veces se frustraron, vean en esto —que costó veinticinco años construir contra todo, contra la violencia, contra las pandillas— no un ejemplo mío, sino el ejemplo de que se puede transformar una sociedad. Que sean perseverantes, que estudien, que aprendan a frustrarse y a ganar batallas importantes. Como dice esa frase popular, ‘soñar no cuesta nada’; lo que cuesta es llevar adelante esos sueños. Los sueños se conquistan, hay que pelear por ellos”.

En apenas 72 horas, el INDEC difundió cuatro informes con números realmente preocupantes, todos de rubros sensibles. El martes, publicó el relevamiento de salarios y el miércoles, difundió los de ventas en supermercados, mayoristas y shoppings, en el mes de julio. El jueves, anotó el Estimador Mensual de Actividad Económica, también de julio. Y ese mismo día, el mayor sacudón fue producido por el registro de pobreza en el primer semestre de este año. Como primera reacción, el oficialismo intentó morigerar el efecto, argumentando cuestiones de coyuntura y ensayando comparaciones estadísticas. Poco, frente al cuadro señalado. Y con un agregado: el juego político más amplio de Olivos no logra amortiguar el impacto de la sucesión de noticias de la economía. Como agravante operan, además, las internas libertarias.

Para el oficialismo, la agenda política de esta semana incluía dos renglones principales, de distinta magnitud y por eso mismo, en este orden: el nuevo viaje de Javier Milei a los Estados Unidos, para asistir a la Asamblea General de la ONU, y el Congreso. El Gobierno sabía que iban a ser días de números negativos o al menos tenía indicios firmes, además de análisis de consultoras como los que anticipaban una suba porcentual en pobreza e indigencia -algo menos que el informe del INDEC- o registraban una nueva caída del consumo masivo en agosto. El punto es que no se trata de una cuestión de circunstancia.

La demanda cruzada entre política y economía es sabida. Los oficialismos apuestan a que los resultados económicos -y más básico, el bolsillo- motoricen los planes políticos, en este caso la reelección presidencial. Cuando ocurre lo contrario -con riesgo sobre la credibilidad- la demanda se invierte: la economía necesita que el juego político del Gobierno sostenga la expectativa y corra el eje del temario público.

El giro presidencial sobre Malvinas fue interpretado en ese contexto y es algo que genera malestar en Olivos. Rechazan ese cuestionamiento como “basura” opositora. Y sostienen que la movida del Gobierno expresa una “estrategia”, cuya elaboración habría comenzado desde la llegada al poder, y no el aprovechamiento -que no sería cuestionable en sí mismo- de la presión de Donald Trump sobre el laborista Andy Burnham.

De todos modos, Malvinas fue el centro de la presencia de Milei en la ONU, con escasa chance de un encuentro en paralelo con Trump, que al final no se produjo. En el discurso ante la Asamblea General, el Presidente ratificó de hecho el alineamiento internacional y buscó explotar su habitual tono más que áspero, aunque esta vez, frente a otra platea. Por eso mismo dejó una contradicción, al reclamar una intervención más efectiva del organismo mundial que acababa de descalificar.

El otro foco de interés político, para el círculo de Olivos, estaba puesto en las dos cámaras del Congreso. Esperaba aplacar en Diputados el tema de discapacidad y coronar proyectos en el Senado, después de algunos disgustos. Lo que ocurrió es significativo, pero no nuevo: las tensiones domésticas complican hasta la coronación de jugadas propias. Vale repasarlo.

El proyecto de Presupuesto 2027 incluyó un ajuste de tal magnitud en el área de discapacidad que fue calificado como un gesto de insensibilidad por socios de LLA. También provocó rechazo dentro del oficialismo, porque desarmaba el acuerdo que venía tejiendo en Diputados para tratar de ganarle la pulseada a la oposición, que había impuesto el tratamiento efectivo del tema. El cortocircuito fue serio, porque además realimentó recelos de aliados. Hubo rápidas tratativas, con atención directa de Martín Menem, y el oficialismo dio marcha atrás con ese tramo del Presupuesto para lograr dictamen.

Visto así, el Gobierno volvía a pagar costos por un daño autoprovocado, pero salía de un terreno de derrota y allanaba su camino para ir a la búsqueda de votos, con la mirada puesta en el tratamiento en el recinto. El clima doméstico -con proyección hacia socios y dialoguistas- volvió a enrarecerse en las últimas horas, cuando trascendió que el acuerdo para lograr dictamen es cuestionado especialmente por el equipo de Luis Caputo. Es decir, no se trataría de una historia cerrada.

El malestar inicial había sido expuesto por Patricia Bullrich. Otros, en cambio, optaron por la reserva. La senadora evitó ir a la cuestión de fondo y prefirió concentrar su descarga -con señal directa a Economía- sobre dos aspectos: el desconocimiento de la “mesa política” del oficialismo y el efecto desgastante en la relación con aliados y dialoguistas en general.

Los recelos y malestares tiñen buena parte de lo que sucede en el Senado. El oficialismo pudo celebrar esta semana que finalmente logró número para convertir en ley el proyecto que recorta subsidios al consumo de gas en zonas frías. En cambio, aprobó pero con modificaciones la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central. Hubo un entendimiento, que incluyó al peronismo y tuvo a Bullrich como eje -en su condición de jefa del bloque violeta-, para modificar el requisito impuesto en el texto original del proyecto para remover a las autoridades del banco. Quedó establecida la mayoría absoluta (la mitad más uno de los votos). El Ejecutivo pretendía que fuera mayoría de dos tercios. El texto vuelve a Diputados y parece imposible revertir la decisión de la Cámara alta.

La senadora tuvo además otro gesto crítico -extensible a Jorge Macri-, respecto de la ofensiva sobre dos juezas -una porteña, Laura De Marinis, y otra de Lomas de Zamora, Marta Eba Pascual- que de diferente forma se pronunciaron en contra de la baja de la edad de imputabilidad de menores. Las dos decisiones fueron revocadas en el escalón de las cámaras. La senadora rechazó los planteos a favor del juicio político a las juezas y sostuvo que, más allá de su conocida posición en la materia, estas cuestiones deben ser resueltos en las instancias judiciales.

Por supuesto, la disputa entre Olivos y Bullrich no se circunscribe a estas últimas muestras de juego propio. Existen diferentes especulaciones sobre la apuesta de la senadora para las elecciones del 2027. Está claro, en cambio, que se trata de un proceso de construcción política. Y eso es lo que provoca tensión con el círculo de Olivos. El efecto aumenta cuando la economía hace crujir la realidad política.

La semana amplificó esas preocupaciones. El informe sobre salarios del mes de julio indica que el promedio de los trabajadores registrados -privados y públicos- estuvo dos décimas por encima de la inflación respecto del mes anterior y quedó 3,7 puntos porcentuales por debajo en la comparación interanual. Sólo la heterogénea franja de trabajo informal, siempre motivo de discusión, supera al IPC.

Los registros de julio sobre ventas en supermercados, mayoristas y shoppings expusieron números variados, con una mejora interanual en el último rubro. Sin embargo, los tres mostraron bajas en el acumulado de los primeros siete meses del año.

El informe del EMAE mostró caídas en relación con el mes anterior (-2,9%) y también en el registro interanual (-1,4%). Como viene sucediendo desde hace rato, algunos renglones como minería, producción agropecuaria, pesca -esta vez, de manera muy significativa- muestran crecimiento y otros como industria y comercio repiten caídas.

El peor dato, claro, lo aportó el informe sobre pobreza en el primer semestre de este año. Llegó al 32,3%, que traducido a nivel nacional representa dos millones más de pobres y eleva a 15 millones el total. Las cifras exponen un crecimiento en comparación con el primer semestre del 2025 (31,6%), una diferencia que es mayor si se toman los segundos seis meses del año pasado (28,2%).

Dos datos se destacan por encima de todo. El primero: se quiebra la línea de descenso anotada a partir del pico del primer semestre del 2024 y extendida hasta el final del 2025. El segundo, más de fondo: se afirma un piso duro de pobreza, alrededor del 30%. Declaraciones en la vereda libertaria -con arrastre de autocelebración- y condenas desde franjas opositoras -con aire de chicana- sólo agregan patetismo político. Se trata del peor registro de la realidad.

Montado en la excitante semana neoyorquina de la Asamblea General de la ONU, Donald Trump tomó la delantera con el asunto de la inteligencia artificial, cambiándole el nombre.

A Trump el término “artificial” le suena degradante, lo remite a algo fake, y en función de eso dispone comenzar a utilizar la expresión “superinteligencia” (SI) en toda la documentación oficial.

“It is not fake, it’s actually amazing”. El nombre salió de una encuesta que publicó en Truth Social el lunes anterior: “SUPER INTELLIGENCE VS. SUPERIOR INTELLIGENCE?”. Ganó “super intelligence” con el 30%.

De la inteligencia artificial (IA) a la superinteligencia (SI).

Aunque, hasta donde se sabe, Trump no libró una orden ejecutiva para la implementación, en la práctica la excentricidad ya comenzó a generar impacto: los representantes estadounidenses dijeron “SI” en una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre IA.

Es probable que el presidente estadounidense haya decidido el cambio sin disponer de información suficiente. El término “superinteligencia” tiene hoy en el léxico de los entendidos una acepción técnica específica.

Para los especialistas, “superintelligence” no es otra forma de decir “inteligencia artificial”. Es una categoría muy específica, y por ahora hipotética.

La jerga del sector distingue tres niveles: la IA estrecha (ANI), capaz de hacer bien tareas limitadas; la IA general (AGI), preparada para igualar a los humanos en tareas intelectuales complejas, y la superinteligencia (ASI), entrenada para mejorarse a sí misma superando con creces la inteligencia humana.

La iniciativa de Trump lo posiciona en una paradoja. En el mundo de la seguridad de la IA, la expresión “superinteligencia” está ligada al riesgo existencial. Si existiera, podría escapar al control humano. Alude a la advertencia que los CEO tecnológicos reivindican pidiendo pausa o regulación y que el mismísimo Trump rechaza de plano.

La iniciativa trumpista, que alcanzó estado público en plena Asamblea de la ONU, lleva a preguntarse quién asesora al “líder más poderoso de la historia de la humanidad” —como lo definió el mismísimo Milei— a la hora de anuncios tan rimbombantes.

La misma cuestión podría aplicarse a nuestro inefable presidente, a quien la crudeza de los datos duros descalificó en cuestión de horas.

“Somos los que más hicimos por los sectores vulnerables”, dijo el libertario ante más de 300 empresarios, financistas, académicos, diplomáticos y directivos de grandes empresas.

Javier Milei reivindicó llevar adelante “una política propobre”, devolviendo a los argentinos 100.000 millones de dólares y sacando de la pobreza a 14 millones de personas. También se jactó de que el recorte del 30% del gasto permitió el crecimiento de la economía del 6,9%.

Apenas horas después —y tal como estaba previsto— se conoció el dato de pobreza.

El INDEC oficializó una suba de más de 4 puntos en el indicador de pobreza. En solo seis meses pasó del 28,2% al 32,3%. Hoy, 15,4 millones de argentinos se encuentran por debajo de la línea de pobreza. La cantidad de personas que viven en la indigencia —gente que apenas suma recursos para una alimentación de baja calidad— pasó del 6,3% al 7,5%.

Nada que no se supiera y que venía siendo advertido desde hacía semanas por los analistas económicos y sociales. Milei terminó dando explicaciones del bajón en el escenario menos indicado.

En una entrevista pública en The Economic Club of New York —con la que cerró la gira por Nueva York— fue interpelado por un incisivo John Micklethwait, editor en jefe de Bloomberg News, quien lo confrontó con datos duros: la economía cayó 0,6% en el segundo trimestre y los economistas bajaron su pronóstico a cerca del 2,1%.

Una cuestión tan sensible como el desempleo lo encontró a Milei reivindicando que buena parte de los casi 250.000 empleos asalariados privados que se perdieron fueron reemplazados por trabajo informal. Aseguró que los salarios del sector no registrado están “60% arriba”.

En la misma entrevista —en la que se presentó como alguien que vino a romper el Estado y llamó “enano soviético” a Axel Kicillof— defenestró las chances de eventuales outsiders que osen desafiarlo en su propio espacio político.

“Si pueden comprar un bien de primera calidad, ¿por qué van a optar por uno de segunda por el mismo precio?”. Nada que ayude a la imagen de país que se fue a representar.

Tampoco ayudó a captar el interés ni la buena voluntad de potenciales inversores el paso del gobernador bonaerense por la Gran Manzana.

“No solo no hay un milagro, sino que estamos sufriendo una verdadera catástrofe: se han perdido miles de empleos, cierres de empresas, caída de salarios”.

“Si aparecen pelotudos hablando por Nueva York, sube el riesgo país”, había chicaneado Milei horas antes, en la sede del Citibank en Tribeca.

El juego de la polarización electoral tiene costos muy altos y está siendo llevado al extremo por los dos hombres con mayor representación política de la Argentina. Están jugando con fuego. El riesgo país crece. Espantan inversores. Todos perdemos.

Mientras Milei definió a Trump y Netanyahu como los “dos grandes héroes de la humanidad”, gracias a los cuales Occidente está renaciendo, Kicillof ofreció la contracara junto al español Pedro Sánchez en la Gracie Mansion, residencia del alcalde Zohran Mamdani.

El regreso a casa supone la vuelta brusca a una realidad hostil para el presidente libertario. Del glamour de Manhattan a las desventuras domésticas sin escala.

En Olivos lo recibió el plantel civil reincorporado. Se trata de los 12 empleados que asisten a la intimidad presidencial y que habían sido cesanteados el jueves por razones que no se lograron determinar, en medio de una rabieta de Milei por supuestas filtraciones.

Quien no regresó a su “zona de confort” fue Belén Agudiez, mano derecha de Karina Milei. Las versiones la ubican en el ojo del huracán que arrasó la quinta presidencial la pasada semana.

En la Rosada también lo esperan sobresaltos. El mediático desmarque de Patricia Bullrich —que salió a escena tarareando a Lali Espósito— escaló cuando la mismísima jefa del bloque libertario acusó de mentir al jefe de Gabinete, Diego Santilli.

La senadora no parece dispuesta a permitir que le limen su capital político: da rienda suelta a su frontalidad y se despacha cuando siente que algo la deja descolocada.

La poltrona senatorial la protege de desplazamientos y funciona como una cúpula de hierro frente a las iras que seguramente generan sus arrestos independentistas. Milei ordenó bancar: nada de victimizarla. La prefieren adentro.

Nunca negó que quiere ser presidenta, pero guarda las formas. Los más próximos aseguran que está cuidando a su electorado. Los analistas de opinión coinciden en que, si bien los números acompañan a Bullrich, por el momento no le da para cortarse sola. Cualquier amague podría ser interpretado como un acto de deslealtad y esto la haría retroceder en la consideración popular.

La idea de que le gustaría competir con el mismísimo Milei en unas PASO —por el momento, una mera hipótesis— la coloca en un lugar muy incómodo. El Gobierno tiene una prioridad legislativa: suspender o eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias para impedir que la oposición logre organizarse.

La noticia es muy buena: un megapaquete de financiamiento por USD 7.000 millones para 2027, destinado a obras de infraestructura que aceleren la salida de materias primas, minería y energía hacia el Atlántico. Pero no logra aplacar las demandas urgentes de quienes padecen la micro.

La pobreza suele resumirse en un porcentaje, pero detrás de ese número existe una metodología que combina dos variables centrales: el valor de una canasta de bienes y servicios y los ingresos declarados por los hogares. Martín Lousteau puso el foco sobre ese mecanismo y planteó que algunas diferencias en la forma de medir ambos componentes pueden modificar la lectura sobre la evolución de la pobreza en Argentina.

Durante una columna en Infobae a la Tarde, el diputado nacional explicó que el indicador depende de la línea que establece cuánto necesita una familia para cubrir una canasta determinada y de los ingresos que ese hogar declara. “Si medís más mal alguna de las dos, tu indicador de pobreza está distorsionado con respecto a la realidad”, afirmó.

Cómo se mide la pobreza en Argentina

La medición parte de dos canastas. La Canasta Básica Alimentaria (CBA) establece el umbral de indigencia, mientras que la Canasta Básica Total (CBT) incorpora, además de los alimentos, otros bienes y servicios necesarios para determinar la línea de pobreza.

El cálculo se realiza comparando ese valor con los ingresos de los hogares relevados por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). Si los ingresos no alcanzan para cubrir la Canasta Básica Total, el hogar queda por debajo de la línea de pobreza.

Para Lousteau, uno de los puntos centrales de la discusión está justamente en la información sobre ingresos. “La medición de cuánto gana la gente es una pregunta que se le hace a la gente: ‘¿Cuánto ganaste?’”, explicó.

En algunos casos, las respuestas pueden compararse con registros administrativos. Esto sucede con asalariados privados registrados, empleados públicos y jubilados. La verificación resulta más compleja entre trabajadores informales, independientes y cuentapropistas.

El economista sostuvo que existen diferencias entre los ingresos declarados en la EPH y los que aparecen en registros disponibles. Según su exposición, la encuesta muestra, por ejemplo, aumentos de ingresos entre asalariados registrados que no coinciden con la evolución de las fuentes administrativas.

Para Lousteau, esa diferencia puede afectar directamente el indicador: “Si vos captás ingresos que son más altos que los reales, estás subestimando la pobreza. Y si te suben mucho esos ingresos, estás sobreestimando cuán rápido está bajando la pobreza”.

Una canasta construida con consumos de hace dos décadas

El segundo punto de su planteo está relacionado con la composición de la canasta utilizada para establecer la línea de pobreza.

Lousteau cuestionó que la estructura de consumo de referencia corresponda a la encuesta realizada en 2004-2005, cuando posteriormente se llevó a cabo otra, en 2017-2018. El argumento es que los hábitos de consumo de los hogares cambiaron y que algunos rubros tienen hoy un peso distinto dentro del presupuesto familiar.

“Ahora los servicios públicos pesan mucho más”, señaló. Desde esa perspectiva, si determinados gastos representan actualmente una porción mayor de los ingresos pero no tienen el mismo peso en la estructura de referencia, la línea de pobreza puede no reflejar completamente esos cambios.

Lousteau vinculó esta discusión con los trabajos realizados para actualizar la canasta y con la salida de Marco Lavagna del INDEC. También citó un estudio del Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (CEDLAS), de la Universidad Nacional de La Plata, según el cual una estructura de consumo actualizada modificaría el nivel estimado de pobreza.

El desfasaje entre los ingresos y los precios

El tercer factor señalado por el diputado es temporal. La información sobre ingresos relevada por la EPH y el valor de la canasta no necesariamente corresponden al mismo momento.

“La canasta es la de hoy, pero tu plata es la del mes anterior”, explicó Lousteau. Según su planteo, en períodos de inflación elevada esa diferencia puede tener un impacto significativo porque los precios y los ingresos evolucionan a distinta velocidad.

También mencionó otro posible efecto vinculado con la declaración de ingresos. De acuerdo con una hipótesis analizada por el CEDLAS, en contextos de inflación elevada las personas pueden tener mayores dificultades para recordar y declarar correctamente cuánto ganaron.

“Cuando hay mucha inflación, la gente no se acuerda bien cuánto gana y generalmente subreporta”, sostuvo. De todos modos, el propio Lousteau reconoció que existen interrogantes entre los especialistas sobre las causas y la magnitud de esas diferencias.

Qué cambia cuando se ajusta la medición

La discusión adquiere relevancia al comparar la evolución oficial con las estimaciones que incorporan estos factores.

Lousteau señaló que, según la serie oficial, la pobreza pasó de 41,7% al comienzo de la gestión de Javier Milei a 31,6% en el primer semestre de 2025, una reducción de 10,1 puntos porcentuales.

Sin embargo, al incorporar las correcciones analizadas por el CEDLAS, el punto de partida cambia. “En realidad partimos de 43,1”, sostuvo. A partir de esa serie corregida, planteó que la pobreza habría aumentado con fuerza después de la devaluación y la aceleración inflacionaria de fines de 2023 y luego habría descendido hasta quedar en niveles similares a los iniciales.

El planteo de Lousteau también se vincula con la evolución de los ingresos y el empleo. “Si perdés fuente de trabajo, si el salario pierde con respecto a la inflación, tenés más pobres”, afirmó.

En esa línea, sostuvo que la desaceleración de la inflación no alcanza por sí sola para explicar una mejora social. Para que los hogares abandonen de manera sostenida la pobreza, planteó, también debe recuperarse el poder adquisitivo y mejorar el mercado laboral.

El diputado cuestionó además la evolución de la actividad económica y sostuvo que, después de una recuperación inicial asociada a la recomposición salarial, el blanqueo y el crecimiento del crédito, la economía volvió a mostrar un escenario de estancamiento.

“El termómetro está mal y te mide la fiebre mal. Y yo qué sé si te estoy curando la infección o no”, concluyó.

La discusión, así, excede la disputa por un porcentaje puntual. El debate está en cómo se construye ese número: qué consumos se consideran, cómo se actualiza su valor, qué ingresos se toman y con qué precisión pueden ser relevados. Para Lousteau, esas decisiones metodológicas son determinantes para interpretar qué está ocurriendo con la pobreza y cuánto de una variación estadística responde efectivamente a un cambio en las condiciones de vida de los hogares.

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La pobreza en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) alcanzó al 21,9% de las personas en el segundo trimestre de 2026 y al 17,3% de los hogares, mientras la indigencia llegó al 6,3% y al 4,5%, respectivamente, según el informe Condiciones de vida en CABA del Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Idecba).

Las cifras registraron un deterioro frente a los primeros tres meses del año, cuando la pobreza había llegado al 21,1% de las personas y al 17,2% de los hogares. En el caso de la indigencia, esta había ascendido al 8,9% y al 6,8%, respectivamente, por lo que se registró una mejora intertrimestral del indicador.

“Esta evolución resulta de una variación en los ingresos de los hogares más vulnerables cercana a la dinámica de la canasta básica total”, precisó el informe y agregó respecto de los ingresos laborales: “Se observa una pérdida del poder adquisitivo para todos los conceptos. A su vez, dentro de los ingresos no laborales, solo las jubilaciones y pensiones tienen una dinámica interanual que supera a la de los precios”.

En valores absolutos, la pobreza afecta a 239.000 hogares y a 675.000 personas de la Ciudad. La indigencia impacta sobre el 4,5% de los hogares (63.000 hogares) y el 6,3% de las personas (193.000 personas).

Así, durante el primer semestre, la pobreza en la Ciudad alcanzó al 17,3% de los hogares y al 21,5% de las personas. En la comparación interanual, el indicador mostró un incremento de 1,3 puntos porcentuales entre los hogares y de 1 punto entre las personas, impulsado principalmente por el avance de la indigencia.

En paralelo, se redujo la proporción de hogares y personas que no se encuentran en situación de pobreza. El mayor retroceso se registró entre los sectores medios frágiles, cuya participación cayó 1,3 puntos porcentuales en el caso de los hogares y 1,6 puntos entre las personas.

El Idecba señaló que “una revisión de las mediciones de pobreza de períodos anteriores muestra que, en el último trimestre de 2024, comienza un descenso en la incidencia de la pobreza desde valores que habían sido máximos dentro la serie histórica iniciada en 2015. Esa disminución se interrumpe en el primer trimestre de 2026 cuando la pobreza crece”.

“De esta manera, la vuelta en el segundo trimestre de 2026 a una incidencia en torno a la de un año atrás se inscribe en una trayectoria reciente de desmejora. Incluso si la comparación se hace contra el trimestre comparable inmediato anterior -cuarto trimestre de 2025-, se observa un aumento de 1,6 puntos porcentuales en el porcentaje de hogares en condición de pobreza y de 0,8 en personas”.

El informe oficial indicó que los hogares ubicados en la zona sur registraron una incidencia de la pobreza de 24,9% en el segundo trimestre del año, mientras que aquellos con niños y niñas menores de 14 años alcanzaron el 28,2%. En cambio, entre los hogares con adultos mayores la pobreza se ubicó en 13,5%, por debajo del promedio del conjunto de los hogares porteños.

La evolución también fue diferente según la composición familiar. En los hogares con niños y niñas menores de 14 años, la incidencia de la pobreza aumentó frente al mismo trimestre de 2025, cuando alcanzaba el 27%. Por el contrario, entre los hogares con adultos mayores se produjo una reducción: un año atrás, la pobreza afectaba al 16,3% de este grupo.

En cuanto a los ingresos, el ingreso per cápita familiar promedio de los hogares en situación de indigencia se ubicó en $147.659, mientras que entre aquellos en condición de pobreza no indigente alcanzó los $373.129.

La brecha de ingresos —es decir, la diferencia entre los ingresos del hogar y el valor de la Canasta Básica Total (CBT)— fue de $424.597 en promedio. Esto implica que ese sería el monto promedio adicional que necesitaría cada hogar pobre para superar el umbral de pobreza.

La brecha de ingresos representó, además, el 34% del valor de la Canasta Básica Total. Los hogares en situación de pobreza estuvieron conformados, en promedio, por 2,8 integrantes, frente a los 2,2 miembros del conjunto de los hogares porteños. Esta diferencia está vinculada con una mayor presencia de niños, niñas y adolescentes en los hogares que atraviesan esa condición.

El 35,5% de los niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 años de la Ciudad vive en hogares en condición de pobreza, lo que equivale a unas 239.500 personas. La proporción aumentó frente al mismo período del año anterior, cuando alcanzaba el 32,5%.

Por otra parte, los hogares en situación de vulnerabilidad representan el 10,2% del total, unos 141.000 hogares, y concentran al 10,9% de la población, alrededor de 337.000 personas. Si se suman a los hogares en condición de pobreza, el conjunto de hogares vulnerables alcanza al 27,5%, unos 380.000 hogares, donde reside el 32,8% de la población porteña, aproximadamente 1.012.000 personas. Este porcentaje también se incrementó en el último año, desde el 31,6%, lo que implica una suba de 1,2 puntos porcentuales.

Por encima de este grupo se encuentra el sector medio frágil, que reúne al 8,4% de los hogares y al 8,9% de las personas, unas 116.000 familias y 276.000 habitantes. A su vez, los sectores medios asociados a la denominada “clase media” constituyen el segmento más numeroso: representan el 53,5% de los hogares y el 49,6% de la población de la Ciudad, con unos 737.000 hogares y 1.532.000 personas.

Por último, los sectores acomodados concentran el 10,6% de los hogares y el 8,7% de la población, equivalentes a unos 146.000 hogares y 267.000 personas. En comparación con el trimestre anterior, no se registraron cambios significativos en la incidencia de la pobreza.

Cabe mencionar que a nivel nacional, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), en el primer semestre del año la pobreza se ubicó en 32,3% y la indigencia en 7,5% en los principales centros urbanos del país. Al extrapolar estos porcentajes al total de la población, esto equivale a unos 15,56 millones de argentinos pobres y 3,61 millones indigentes.

Durante una entrevista con Infobae a las Nueve, donde dialogó con Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, el obispo relató que la cantidad de personas asistidas por los comedores creció de 2.000 antes de la pandemia a 22 mil durante la emergencia sanitaria. “Terminó la pandemia, se bajó a 18 mil. Y ahora estamos en 21 mil”.

El obispo ubicó la situación actual cerca de los niveles que se registraron durante las restricciones sanitarias. “Estamos igual que en la pandemia, asistiendo desde distintos lugares a familias, a chicos, a ancianos, en una situación de vulnerabilidad muy grande”, afirmó.

También se refirió a la presencia de personas en situación de calle en el centro de San Justo, donde reside desde hace 12 años: “Ha ido creciendo absolutamente la cantidad de gente que duerme en la calle, la gente que viene a la mañana a buscar el desayuno, la gente que viene a bañarse, a usar los baños”.

Para García, la dificultad de acceso a una vivienda explica parte de ese crecimiento. “Es la falta de trabajo, la falta de plata para poder alquilar una piecita o una casa, o estar así en la plaza como lo vemos en la puerta de los bancos y en lugares donde hay posibilidad de pasar la noche”, dijo.

Al ser consultado por el impacto sobre los sectores medios, planteó que el deterioro se manifestó también en las escuelas. “Colegios con cuota ínfima, colegios con algunos cuota cero. Cómo la necesidad hace que los chicos, en algunos casos cuota cero, ya no vayan ni siquiera al colegio cuota cero porque no tienen los papás dónde dejarlo, dónde darles de comer”.

“El índice de morosidad también es muy grande”, agregó sobre las instituciones educativas con aranceles bajos. Y definió el cambio en los hogares que hasta hace una década podían sostener sus gastos: “Ahora son pobres los que eran clase media hace diez años, ahora son pobres”.

El obispo enumeró las situaciones que observa entre las familias que se acercan a los comedores. “Pobres porque no llegan a fin de mes, pobres porque no pueden pagar el alquiler, pobres porque no les alcanza o se endeudan, el famoso tema de la deuda para poder comer y van trasladando la deuda mes a mes”.

García contó una escena que presenció el día anterior en una farmacia, cuando una jubilada consultó si podía abonar sus remedios en cuotas. “Yo esto nunca lo tuve que hacer, de pagar en partes, pagar en cuotas, pero ya no llego”, recordó que le dijo la mujer al farmacéutico.

“Familias que antes no se acercaban a los comedores ahora se están acercando”, indicó. Sobre ese proceso, precisó: “Primero con mucha vergüenza y después ya con mucha resignación”.

Ante la consulta sobre la capacidad de los comedores, García señaló que las organizaciones intentan responder a la demanda, aunque consideró que existen necesidades que quedan fuera de esa red. “Se trata de dar abasto. Creemos que no se da abasto porque hay todo un submundo que se maneja con otras coordenadas”.

En ese punto, expuso una de las definiciones centrales de la entrevista: “En nuestros barrios, el narcotráfico es el pan nuestro de cada día”. Para el obispo, esas estructuras ofrecen respuestas inmediatas frente a urgencias que no encuentran contención institucional.

“Es directamente proporcional a la ausencia del Estado el crecimiento del narcotráfico”, afirmó. García incluyó entre esas falencias el acceso a la educación, la salud, las oficinas públicas y la Justicia.

El titular del Obispado de San Justo remarcó que su descripción no se limitaba a otros países ni a una representación ficticia. “No es una novela colombiana o venezolana. Estoy hablando de La Matanza, estuvimos el año pasado en Rosario con esta situación”.

García sostuvo que las redes narco ofrecen dinero, medicamentos o ingresos cotidianos a cambio de tareas vinculadas con la venta de sustancias. “Desde la plata para un remedio, a cambio de un servicio, desde tener una cuota cotidiana por la venta de distintas sustancias o el paso del sobrecito en tantos autos”.

Cuando le preguntaron por las edades de los chicos expuestos a esas redes, evitó definirlos de inmediato como trabajadores del narcomenudeo. “No sé si están empezando a trabajar, están criándose en esa cultura”, respondió.

El obispo describió las privaciones que, según dijo, atraviesan algunos barrios. “Hay barrios en los cuales los chicos tienen acceso a una pipeta de droga antes que a un libro. No han conocido un libro, no han conocido un cuaderno, no conocen una lapicera”.

“Un soldadito. Algunos llegan, otros no llegan”, sostuvo sobre los adolescentes que más tarde son reclutados. Según relató, hay hogares atravesados por el encarcelamiento, consumos problemáticos, prostitución y tareas de baja escala dentro de las redes de venta de drogas.

García cuestionó una mirada que, a su criterio, simplifica las condiciones de vida en los barrios populares. “Hay una visión demasiado romántica del pobre en el mal sentido”, afirmó, antes de mencionar a padres sin empleo, jóvenes reclutados y mujeres que recurren a la prostitución para obtener ingresos.

Frente a esa realidad, García describió el trabajo de las organizaciones comunitarias y de la Iglesia en los barrios. “Hay muchas familias que le ponen el pecho a esta realidad, que se comprometen asumiendo este rol de Estado desde una comunidad organizada que busca salidas”.

El obispo resumió esa tarea en “las famosas tres C”: “El colegio, el club y la capilla”. Explicó que esos espacios buscan que los chicos permanezcan vinculados con la educación, las actividades deportivas, los oficios y una red de contención cotidiana.

Sobre la escuela, dijo: “El chico pueda crecer, socializarse y no solamente aprender conceptos, sino entrar como una familia distinta en la cual ocupa la mayor parte de su día”.

Respecto de los clubes, planteó que permiten aprender reglas, convivir con otros chicos y desarrollar capacidades por fuera de la calle. “No solamente un deporte, sino a veces un oficio. Va creciendo desde el arte, desde lo más noble que tiene en su vida, se reconoce valorado”.

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En el primer semestre de 2026, los adultos de 65 años y más fueron el grupo etario con mayor aumento de la pobreza en la Argentina: la tasa trepó del 9,7% al 14,8%, un incremento de 5,1 puntos porcentuales respecto al segundo semestre de 2025.

El dato surge del informe de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El salto en los adultos mayores supera al registrado en todos los demás grupos. Entre los jóvenes de 15 a 29 años, la pobreza pasó de 32,6% a 36,9%, una suba de 4,3 puntos porcentuales. En el grupo de 30 a 64 años, el incremento fue de 4,2 puntos porcentuales: de 24,6% a 28,8 por ciento.

En tanto, los niños y adolescentes de entre 0 y 14 años continúan siendo los más expuestos a la pobreza: en el primer semestre de 2026, el 44,5% de ese grupo se ubicó por debajo de la línea, frente al 41,3% del semestre anterior, un alza de 3,2 puntos porcentuales. Si bien el aumento es el menor en términos relativos entre los grupos relevados, la incidencia sigue siendo la más alta de todos los rangos etarios.

La pobreza general subió 4,1 puntos porcentuales en seis meses

A nivel agregado, la pobreza en los 31 aglomerados urbanos alcanzó al 32,3% de las personas en el primer semestre de 2026, contra el 28,2% del segundo semestre de 2025, lo que implica una suba de 4,1 puntos porcentuales. En todos los grupos de edad, el incremento superó ese promedio general, salvo en los niños de 0 a 14 años, cuya variación fue levemente inferior.

La indigencia también aumentó en todos los segmentos. En el total, pasó del 6,3% al 7,5% entre ambos períodos. El grupo de 65 años y más fue también aquí el que más varió en términos absolutos: de 1,4% a 2,2%, una diferencia de 0,8 puntos porcentuales. Los menores de 14 años registraron la indigencia más alta: 10,8% en el primer semestre de 2026, frente al 8,6% del período anterior.

En términos absolutos, la pobreza afecta a unos 15,56 millones de argentinos en los principales centros urbanos del país, y la indigencia a otros 3,61 millones. Respecto al segundo semestre de 2025, hay 2,05 millones de pobres más y cerca de 600.000 nuevos indigentes.

Pese al deterioro semestral, el Indec señaló que ambos indicadores se mantienen muy por debajo de los registros del primer semestre de 2024, cuando la pobreza había trepado al 52,9% y la indigencia al 18,1%. Luis Caputo, ministro de Economía, destacó ese contraste en su cuenta de X: “Frente a dicho período, la tasa de pobreza se redujo de 52,9% a 32,3%, en tanto la de indigencia cayó de 18,1% a 7,5%”.

Los ingresos crecieron menos que las canastas

Una de las causas del aumento semestral es la divergencia entre ingresos y precios de las canastas básicas. Según el Indec, el ingreso per cápita familiar creció en promedio un 11,5% durante el período, cifra que quedó por debajo del encarecimiento de los alimentos y los servicios esenciales: la Canasta Básica Alimentaria (CBA) subió un 21,4% y la Canasta Básica Total (CBT), un 19,6 por ciento.

Esa brecha redujo el poder adquisitivo de los hogares más vulnerables. Entre los hogares pobres, el ingreso total familiar promedio fue de $922.755, frente a una CBT de $1.440.395, lo que implica una brecha de pobreza de 35,9%. La CBT de junio, que incorpora alimentos, vestimenta, transporte, educación y salud, ascendió a $1.531.473 para un hogar de referencia tipo.

Las diferencias regionales, otro factor del cuadro

El promedio nacional también encubre disparidades geográficas marcadas. El Noreste es la región con mayor incidencia de pobreza, con 41,5% de su población por debajo de la línea, seguido por Cuyo, con 36,7%, y el Gran Buenos Aires, con 32,1%. En el extremo opuesto, la Patagonia registra el menor índice regional, con 28,4 por ciento.

A nivel de aglomerado, Concordia concentra la incidencia más alta del país: 56,2% de sus habitantes son pobres, el único caso que supera la mitad de la población. Le siguen Gran Resistencia, con 48,6%, y Posadas, con 42,2%. En el extremo opuesto, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires registra 13,9%, el valor más bajo de los 31 aglomerados relevados.

Además de los datos económicos que muestran un retroceso de la actividad y un repunte de la pobreza, el cierre del trimestre tampoco viene fácil para el Gobierno. Lejos en el tiempo quedaron las promesas de Luis Caputo respecto a la bonanza económica que sucedería en los últimos 18 meses de mandato presidencial. Ahora aparecen nuevas dificultades que incluso condicionan también lo que puede suceder en la última parte de 2026.

El repunte del riesgo país a lo largo del mes fue notable y prácticamente no dio respiro. Ayer volvió a subir 2,2% y quedó en 578 puntos básicos. Este incremento ya tiene consecuencias concretas. Por tercera vez, el Tesoro saldrá a refinanciar deuda sin colocar nuevos títulos en dólares. La nueva operatoria está prevista para el próximo lunes.

El equipo económico no quiere convalidar tasas arriba del 10% y se tiene que conformar con emisiones en pesos o ajustadas al tipo de cambio oficial de corto plazo. El plan financiero de 2027, sin embargo, prevé la emisión de USD 5.000 millones en Bonar 29, algo que hoy luce muy complicado.

La suba del riesgo país, que quedó cerca de los 600 puntos y volvió a los niveles de fines del año pasado, también provoca otros efectos secundarios. Por ejemplo, complica la emisión de nueva deuda a provincias y empresas, que este año consiguieron financiarse a tasas cercanas al 8% y plazo de hasta diez años.

Ayer San Juan finalmente logró colocar su primer bono internacional por USD 600 millones y pagó una tasa apenas por debajo del 10% anual. El mercado esperaba un rendimiento cercano al 9% al lanzarse la operación hace un par de semanas, pero la provincia tuvo que aceptar un rendimiento superior para conseguir el monto que había salido a buscar.

Otro de los peligros relacionados con un aumento adicional del riesgo país es que la mayor incertidumbre se traslade al mercado cambiario. La posibilidad de un aumento de la compra de divisas o también de un desarme de posiciones en pesos para incrementar los niveles de dolarización son riesgos relacionados con un panorama más complicado desde lo político.

El proceso de desinflación aparece como otro escollo. Por lo pronto, el 1,7% de agosto luce difícil de ser perforado en los próximos meses. Los datos de septiembre no son muy alentadores. Según un relevamiento de la consultora LCG, la inflación de alimentos y bebidas en la cuarta semana del mes aumentó 1,7% y acumula un incremento de 2,7% en las últimas cuatro semanas. Además, la consultora identificó “un incremento importante en la cantidad de productos con aumento”.

Con esta evolución, es difícil que el índice de inflación repita y menos perfore el nivel del mes pasado. El mejor escenario es que el índice fluctúe entre 1,7% y 2% hasta fin de año. La suba de naftas que estaría definiendo YPF en las próximas horas también le pondría presión a los precios para el mes que viene. No solo por el impacto directo de los combustibles en el índice, sino además por otros sectores que se verían directamente afectados como el transporte y la logística.

El Gobierno enfrenta así el último trimestre del año con una situación de mayor incertidumbre y pocas noticias positivas. A la suba del riesgo país y una inflación que por el momento encontró un piso, se suman un nivel de actividad en caída, aumento de los niveles de pobreza (en el primer semestre) y un Banco Central que redujo a un mínimo la compra de dólares diaria. El promedio de septiembre, de hecho, se ubica en menos de USD 10 millones diarios.

Para enfrentar los previsibles dardos de la oposición y de la Iglesia por la gestión social en la previa -o durante- la llegada del Papa, en la Casa Rosada estaban decididos a apelar al argumento de la disminución de la pobreza durante la administración de Javier Milei. Ayer, cuando se conoció la importante suba en la cifra oficial, más de un funcionario se lamentó.

El grave retroceso porcentual en la cifra más sensible que mide el INDEC debilita al Gobierno, en términos discursivos, en plena recta final antes de la visita de León XIV al país. Es la principal bandera que Milei esgrime ante las críticas por las repercusiones sociales de su política económica, junto con las erogaciones destinadas a los sectores más vulnerables a través del sostenimiento y la actualización de la Asignación Universal por Hijo (AUH). El nuevo dato del INDEC le quita fuerza a ese argumento cuando cobran cada vez mayor relevancia las voces (usualmente críticas con el mileismo) de la jerarquía eclesiástica, a menos de siete semanas de que el Papa pise suelo argentino.

El INDEC confirmó que la pobreza alcanzó a 32,3% de la población —unos 15,5 millones de personas—, 4 puntos por encima del 28,2% del semestre anterior, cortando de manera definitiva la racha descendente que el índice venía mostrando desde el pico de 52,9% del primer semestre de 2024.

La indigencia también empeoró: subió 1,2 puntos porcentuales y afectó a unos 2,2 millones de personas en los aglomerados relevados —cerca de 3,6 millones si se proyecta al total del país—. El deterioro social se completó con otro dato oficial conocido el mismo día: la actividad económica (EMAE) cayó 2,9% en julio frente a junio, en términos desestacionalizados, y 1,4% en la comparación interanual.

La mayor parte de la plana principal del Gobierno evitó referirse puntualmente al número de pobreza, que quedó prácticamente de manera exclusiva en manos del ministro de Economía. A través de su cuenta de X, Luis Caputo reconoció la suba pero eligió relativizarla comparándola con el punto de partida de la gestión: “Ambas tasas registraron una fuerte baja en relación al primer semestre de 2024”, escribió, remarcando que la pobreza bajó de 52,9% a 32,3% y la indigencia de 18,1% a 7,5% en esa comparación de dos años.

Fue la misma lógica de “ciclo” con la que el ministro había explicado, horas antes, la caída de la actividad de julio, atribuida a “shocks transitorios” y a la menor cantidad de horas trabajadas por el Mundial.

Mientras la respuesta al dato social recaía en Caputo, Milei eligió resaltar, en primera persona, otra noticia del mismo día, la aprobación en el Senado de la su proyecto estrella, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Desde Estados Unidos, el Presidente celebró en redes: “Comienza el fin de la inflación. ¡Viva la libertad, carajo!”.

Las críticas de la iglesia se arrastran desde el inicio del Gobierno, que arrancó la relación con el pie izquierdo, con las críticas de Milei a Francisco durante la campaña que lo llevó a la Presidencia. Y la cúpula eclesiástica le marca la cancha al oficialismo desde entonces con los ya clásicos, repetidos señalamientos públicos sobre la cuestión social, las formas y la necesidad de diálogo.

Sin ir más lejos, el arzobispo de Córdoba, monseñor Ángel Rossi, uno de los más críticos con el Gobierno, cuestionó semanas atrás los anuncios oficiales sobre la baja de la pobreza, con ironía. Rossi estuvo sentado junto al entonces cardenal Robert Prevost durante el cónclave que lo consagró como León XIV. Y Córdoba será una de las paradas de la gira papal.

La crítica se sumó al documento difundido por la Comisión Episcopal de Pastoral Social al cierre de la Semana Social 2026, bajo el lema “Puentes hacia el Bien Común”, que reivindicó el acceso al alimento, la vivienda, el trabajo digno, la educación y la salud como exigencias concretas de la dignidad humana. Meses antes, en el último tedeum con el Presidente presente, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, había advertido sobre “el camino de la crueldad hacia los más débiles”.

Hasta ahora, los libertarios respondieron a esos cuestionamientos apelando a la caída sostenida de la pobreza y a la asistencia social sostenida a través de la AUH. Pero el combo de pobreza en alza, indigencia en alza y actividad económica en baja le quita apoyo a ese argumento justo cuando más lo necesitaban: a las puertas de una visita papal que, reconocen en la propia Casa Rosada, tendrá un fuerte componente pastoral pero inevitablemente estará atravesada por la lectura social del país.

Con la visita confirmada para noviembre, cada dato social o económico que se conozca entre ahora y esa fecha se va a leer en la clave que fijó la propia Iglesia: la distancia entre los indicadores que exhibe el Gobierno y lo que, según los obispos, efectivamente llega “al plato” de las familias. La pregunta que queda abierta es si Balcarce 50 ajusta el tono de su discurso social antes de la llegada de León XIV, o si sostiene la apuesta a explicar los números como una excepción dentro de una tendencia que, aseguran, sigue siendo favorable. Por ahora parece que primara lo segundo. De hecho, el combo de datos del INDEC se conoció horas después de que Milei, ante empresarios e inversores en el Economic Club de Nueva York, afirmara que si es reelecto en 2027, “el 2028 será el mejor año económico de la historia argentina”.

El índice nacional de pobreza esconde diferencias entre regiones e incluso entre ciudades de una misma región. El último informe del Indec, que releva la situación de los 31 principales aglomerados urbanos en el primer semestre del año, permite ver ese mapa en detalle.

En Concordia, más de la mitad de la población es pobre, lo que significa que sus ingresos no alcanza para cubrir el costo de una Canasta Básica Total (CBT). Según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), el 56,2% de las personas de ese aglomerado se ubicó por debajo de la línea de pobreza en el primer semestre de 2026, lo que equivale a 94.000 personas. Es la incidencia más alta de todo el listado y la única que supera el 50 por ciento. En términos de hogares, el porcentaje es de 43,6 por ciento.

Como marco general, el informe indica que en el total de los 31 aglomerados la pobreza alcanzó al 32,3% de las personas, es decir, 9.729.000, y al 24,4% de los hogares. Sobre ese promedio se ordena el resto del mapa.

Ahora bien, el Indec no mide la pobreza por provincia, sino por aglomerado urbano, y esos aglomerados se agrupan en seis regiones estadísticas. Por eso, la comparación se hace entre ciudades y regiones, no entre jurisdicciones completas. Los aglomerados de menos de 500.000 habitantes tienen una incidencia de 35,0% en personas, frente a 31,7% en los de 500.000 y más. Concordia y Gran Resistencia, los dos primeros del ranking, integran el primer grupo.

Las regiones más pobres

Al ordenar el mapa por regiones, el Noreste registra la mayor incidencia de pobreza en personas, con 41,5 por ciento. Le sigue Cuyo, con 36,7%, y luego Gran Buenos Aires, con 32,1 por ciento. Más abajo se ubican el Noroeste (31,5%), la región Pampeana (30,3%) y Patagonia (28,4 por ciento).

Dentro del Noreste, Gran Resistencia es el segundo aglomerado con más pobreza del país: 48,6% de las personas y 40,3% de los hogares. Posadas registra 42,2% y Corrientes, 41,0 por ciento. Formosa, en cambio, se ubica en 29,9%, por debajo del promedio de los 31 aglomerados.

Cuyo, la segunda región en el ranking, tiene valores parecidos en sus tres aglomerados: Gran Mendoza (36,9%), Gran San Juan (36,8%) y Gran San Luis (35,7 por ciento). De esta manera, los tres superan el promedio general.

Brechas dentro de una misma región

Las mayores diferencias aparecen, sin embargo, dentro de una misma región. En Gran Buenos Aires, CABA tiene la incidencia más baja del listado, con 11,1% de personas pobres, mientras que en los Partidos del GBA el porcentaje es de 36,9 por ciento. En términos absolutos, los Partidos del GBA reúnen 4.888.000 personas pobres, alrededor de la mitad del total de los 31 aglomerados, y la Ciudad, 334.000.

La región Pampeana, con un promedio de 30,3%, reúne a la vez el aglomerado con más pobreza del país y algunos de los valores más bajos. Detrás de Concordia aparecen Gran Santa Fe (38,6%), Gran La Plata (37,8%) y San Nicolás-Villa Constitución (35,5%), entre otros. En el otro extremo, Mar del Plata tiene 20,4%; de pobreza.

En el Noroeste, Santiago del Estero-La Banda (38,5%), La Rioja (38,4%) y Gran Catamarca (37,3%) superan el promedio de los 31 aglomerados, mientras que Salta (29,7%), Gran Tucumán-Tafí Viejo (27,9%) y Jujuy-Palpalá (27,6%) quedan por debajo.

Patagonia es la región con menor incidencia, pero también muestra diferencias internas. Comodoro Rivadavia-Rada Tilly llega a 37,2%, Rawson-Trelew a 35,1% y Viedma-Carmen de Patagones a 33,2%, los tres por encima del promedio general. Ushuaia-Río Grande registra 25,9%; Río Gallegos, 25,6%; y Neuquén-Plottier, 19,6%, el valor más bajo de la región.

A nivel país, se observa una brecha de 45,1 puntos entre el índice de pobreza más alto (Concordia) y el más bajo (CABA), lo que deja en evidencia que, más allá de los valores promedio, la realidad de las familias es muy diferente en cada región.

Dónde creció y dónde cayó la pobreza

En la comparación con el primer semestre de 2025, la pobreza subió 0,7 puntos porcentuales en el total de los 31 aglomerados. El informe señala que no se observan cambios significativos respecto al mismo semestre del año anterior. Dentro de ese promedio, sin embargo, hubo aglomerados con movimientos de signo contrario.

El mayor aumento se dio en Comodoro Rivadavia-Rada Tilly, donde la pobreza subió 10,3 p.p. desde el 26,9% que registraba un año antes. Le siguen Concordia, con un alza de 7,0 p.p. desde 49,2%, y Viedma-Carmen de Patagones, con 6,5 p.p. desde 26,7%. La Rioja y Santiago del Estero-La Banda aumentaron 6,0 p.p. cada una, y Rawson-Trelew, 5,0 p.p.

Por regiones, Cuyo fue la que más creció, con 2,9 p.p., seguida por el Noreste, con 2,5 p.p. En Cuyo, Gran San Luis subió 5,4 p.p., Gran Mendoza, 3,4 p.p. desde 33,5%, y Gran San Juan, 0,8 p.p. En el Noreste, Posadas aumentó 4,1 p.p. y Corrientes, 3,6 p.p.

Ahora bien, la pobreza también bajó en varios aglomerados. La mayor caída se registró en Mar del Plata, con 7,1 p.p. menos desde 27,5%, seguida por Río Gallegos, con 6,7 p.p. menos desde 32,3%, y Neuquén-Plottier, con 6,4 p.p. menos desde 26,0%. Gran Rosario descendió 5,0 p.p. desde 28,1%; la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 4,0 p.p. desde 15,1%; y Jujuy-Palpalá, 3,6 p.p. desde 31,2%. En el Noroeste, Gran Tucumán-Tafí Viejo también bajó, 2,9 p.p. La región Pampeana fue la única con una variación negativa, de 0,2 p.p.

Entre esos aglomerados, Mar del Plata, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Neuquén-Plottier y Santiago del Estero-La Banda tienen coeficientes de variación en el rango en el que el Indec pide considerar las estimaciones con cuidado.

El ministro de Economía, Luis Caputo, se refirió al alza de los indicadores de pobreza e indigencia durante el primer semestre de 2026 y puso el énfasis en que ambos niveles se mantienen por debajo de los registrados en igual período de 2024.

El funcionario nacional se expresó luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informara que la pobreza alcanzó al 32,3% de las personas y la indigencia, al 7,5 por ciento.

“Si bien las tasas de pobreza y de indigencia se incrementaron 4,1 puntos porcentuales y 1,2 puntos porcentuales en relación al semestre previo, ambas tasas registraron una fuerte baja en relación al primer semestre de 2024”, escribió Caputo en su cuenta de X. Según precisó, la pobreza pasó de 52,9% a 32,3% frente a aquel período, mientras que la indigencia descendió de 18,1% a 7,5 por ciento.

Subió la pobreza

El Indec informó que la pobreza alcanzó al 32,3% de la población de los principales aglomerados urbanos durante el primer semestre de 2026. La indigencia, en tanto, se ubicó en 7,5 por ciento. Proyectados sobre el total de habitantes del país, esos porcentajes representan a 15,56 millones de personas en situación de pobreza y a 3,61 millones que no lograron cubrir la canasta básica alimentaria.

Frente al segundo semestre de 2025, la pobreza avanzó 4,1 puntos porcentuales, desde el 28,2%, y sumó unos 2,05 millones de personas. La incidencia también quedó por encima del 31,6% que se había registrado en el primer semestre del año pasado. El indicador alcanzó al 24,4% de los hogares.

La indigencia aumentó 1,2 puntos porcentuales respecto del 6,3% registrado en los últimos seis meses de 2025. El alza equivalió a 595.300 personas más en esa condición y llevó la incidencia al 5,6% de los hogares. En la comparación interanual, el índice subió 0,6 puntos porcentuales.

Los niños y adolescentes de hasta 14 años fueron el grupo etario con mayor incidencia: el 44,5% vivía en hogares pobres. Entre quienes tenían de 15 a 29 años, la proporción fue de 36,9%; para la franja de 30 a 64 años, de 28,8%; y entre las personas de 65 años o más, de 14,8 por ciento.

El Noreste concentró el mayor nivel regional de pobreza, con una incidencia de 41,5%, seguido por Cuyo, con 36,7 por ciento. En Gran Buenos Aires, el indicador llegó a 32,1%, aunque la diferencia entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los partidos bonaerenses fue de 23 puntos: 13,9% y 36,9%, respectivamente. El Noreste también encabezó el índice de indigencia, con 10,5%, seguido por Gran Buenos Aires, con 8,4 por ciento.

En la región Pampeana, la pobreza fue de 30,3%; en el Noroeste, de 31,5%; y en la Patagonia, de 28,4%, el menor porcentaje entre las regiones. Concordia fue el aglomerado con mayor proporción de personas bajo la línea de pobreza, con 56,2%. Detrás se ubicaron Gran Resistencia, con 48,6%, y Posadas, con 42,2%. Para la indigencia, la región Pampeana registró 7,2%; Cuyo, 5%; el Noroeste, 4,3%; y la Patagonia, 4,2 por ciento.

El Indec también señaló que los ingresos familiares por persona crecieron 11,5% en promedio durante el período, por debajo de la variación de las canastas básicas. La canasta básica alimentaria (CBA) aumentó 21,4%, mientras que la canasta básica total (CBT) se incrementó 19,6 por ciento.

Esa brecha deterioró el poder de compra de los hogares y explica el avance de la pobreza y la indigencia respecto del semestre previo. En los hogares pobres, el ingreso familiar total promedio llegó a $922.755, frente a una CBT de 1.440.395 pesos. La distancia entre ambos valores ubicó la brecha de pobreza en 35,9 por ciento.

Al menos 2.6 millones de hogares en México enfrentaron alguna restricción en el acceso a los alimentos por falta de dinero o recursos, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Intercensal 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El dato corresponde a 6.5% de los hogares incluidos en el levantamiento, realizado en poco más de 7.3 millones de viviendas particulares habitadas. La encuesta fue levantada entre el 6 de octubre y el 14 de noviembre de 2025, con el 15 de octubre como fecha de referencia.

El indicador no se limita a preguntar si una familia tenía comida disponible, sino que identifica situaciones de restricción alimentaria asociadas específicamente con la falta de dinero o recursos. Entre las variables que se utilizan para medir este tipo de condiciones están la reducción de alimentos, comer menos de lo necesario, sentir hambre y no comer o, en casos más severos, dejar de comer durante todo un día.

Tabasco y Oaxaca, entre las entidades con mayores restricciones

Las diferencias territoriales son amplias. Tabasco presentó la proporción más elevada del país, con 15.3% de los hogares, seguido de Oaxaca, con 10.1%.

La concentración también aparece cuando los resultados se observan a escala municipal. Entre los 753 municipios para los que la encuesta permite este tipo de estimaciones, San Martín Peras, Oaxaca, registró 47% de los hogares con alguna restricción alimentaria, la proporción más alta reportada.

En segundo lugar se ubicó Atlamajalcingo del Monte, Guerrero, con 41.6%.

El comportamiento regional coincide con problemas alimentarios que ya habían sido identificados por mediciones anteriores. En su diagnóstico sobre el derecho a la alimentación, el entonces Coneval reportó que en 2022 18.2% de la población mexicana presentaba carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad. Tabasco registraba 38.9%, Guerrero 31.5% y Oaxaca 28.6%, entre las proporciones más elevadas.

Aunque las mediciones no son idénticas —la EIC 2025 reporta hogares con restricciones alimentarias y el indicador de Coneval incorpora dimensiones adicionales de seguridad y calidad de la alimentación—, ambas muestran que las mayores dificultades se concentran de manera importante en entidades del sur del país.

Menores, otro foco de la falta de recursos

La Encuesta Intercensal también encontró situaciones de hambre entre hogares donde viven menores de edad.

3.9% de los hogares reportó que algún integrante menor de 18 años sintió hambre, pero no comió por falta de dinero o recursos. Tabasco volvió a registrar la proporción más alta, con 9.5%, seguido de Guerrero, con 6.1%.

La medición contempla además situaciones como que los menores coman menos de lo necesario, que se reduzca la cantidad servida o que tengan una alimentación basada en una variedad limitada de alimentos.

El problema ocurre en un contexto donde los ingresos provenientes de programas gubernamentales tienen una presencia creciente en los hogares. La EIC 2025 reportó que 41.4% de los hogares recibió recursos monetarios de programas sociales federales o estatales, frente a 25% en 2020. Guerrero, Oaxaca y Chiapas registraron las mayores proporciones.

Especialistas piden focalizar los apoyos

Para Carlos Hernández García, director de Análisis en Vardez Capital, las cifras reflejan un problema relacionado con el poder adquisitivo: la existencia de alimentos no garantiza que las familias puedan comprarlos si sus ingresos son insuficientes o inestables.

El especialista planteó, en declaraciones a El Universal, que se requieren apoyos dirigidos a los hogares más vulnerables, además de medidas de mayor alcance relacionadas con empleo formal, mejores ingresos y productividad.

Por su parte, Clemente Ruiz Durán, investigador del Posgrado de Economía de la UNAM, consideró necesario revisar los programas de alimentación existentes y vincularlos con la información generada por el Inegi para identificar las zonas con mayores necesidades.

La propia Encuesta Intercensal fue diseñada, entre otros objetivos, para aportar información que permita orientar la planeación y ejecución de políticas públicas hasta el nivel municipal. Además, los programas federales de alimentación contemplan la identificación de localidades con carencias para ampliar el abasto social.

El panorama deja así una diferencia marcada entre entidades y municipios: mientras el promedio nacional de hogares con restricciones alimentarias fue de 6.5%, en algunos municipios del sur la proporción llegó a representar casi la mitad de las viviendas.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que, durante el primer semestre de 2026, la pobreza se ubicó en 32,3% y la indigencia en 7,5% en los principales centros urbanos del país. Al extrapolar estos porcentajes al total de la población, la cifra equivale a unos 15,56 millones de argentinos pobres y 3,61 millones indigentes.

El dato implica un aumento de 4,1 puntos porcentuales respecto al segundo semestre de 2025, cuando la pobreza se ubicó en 28,2 por ciento. Esto implica que hay 2,05 millones de pobres más que hacia fines del año previo y afectó al 24,4% de los hogares. A la vez, se mantuvo por encima del nivel del primer semestre de 2025, cuando el indicador se posicionó en 31,6 por ciento.

En cuanto a la indigencia, también experimentó un alza de 1,2 puntos porcentuales en relación al 6,3% que había arrojado en los seis meses anteriores, lo que se traduce en 595.300 nuevos indigentes y alcanzó al 5,6% de los hogares. Si se la compara con el primer semestre 2025, la suba fue de 0,6 puntos porcentuales.

La pobreza afectó al 44,5% de los chicos y adolescentes de hasta 14 años. En el segmento de 15 a 29 años, la incidencia fue de 36,9%; entre las personas de 30 a 64 años, de 28,8%; y en la población de 65 años o más, de 14,8 por ciento.

“Si bien las tasas de pobreza y de indigencia se incrementaron 4,1 p.p. y 1,2 p.p. en relación al semestre previo, ambas tasas registraron una fuerte baja en relación al primer semestre de 2024. Frente a dicho período, la tasa de pobreza se redujo de 52,9% a 32,3%, en tanto la de indigencia cayó de 18,1% a 7,5%”, declaró el ministro de Economía, Luis Caputo, en su cuenta oficial de X.

Al poner la lupa sobre las regiones, el Noreste registró la incidencia regional más alta, con 41,5%, seguido por Cuyo, con 36,7%. En Gran Buenos Aires, la pobreza afectó al 32,1% de la población, aunque la brecha fue amplia entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 13,9%, y los partidos del Gran Buenos Aires, donde llegó al 36,9%. La indigencia, por su parte, fue más elevada en el Noreste, con 10,5%, seguida por Gran Buenos Aires, con 8,4 por ciento.

La región Pampeana tuvo una incidencia de pobreza de 30,3%, mientras que el Noroeste alcanzó 31,5% y la Patagonia, 28,4%, el menor registro regional. Entre los aglomerados, Concordia presentó la mayor proporción de personas bajo la línea de pobreza, con 56,2%, seguida por Gran Resistencia, con 48,6%, y Posadas, con 42,2%. En materia de indigencia, la región Pampeana registró 7,2%; Cuyo, 5%; el Noroeste, 4,3%; y la Patagonia, 4,2%.

En paralelo, el Indec informó que el ingreso per cápita familiar creció en promedio 11,5% durante el período analizado, por debajo de los aumentos registrados en las canastas básicas: la canasta básica alimentaria (CBA) subió 21,4% y la canasta básica total (CBT), 19,6 por ciento.

Esta diferencia redujo la capacidad de compra de los hogares y elevó las tasas de pobreza e indigencia frente al semestre anterior. Entre los hogares pobres, la brecha de pobreza alcanzó 35,9%: el ingreso total familiar promedio fue de $922.755, mientras que la CBT necesaria para ese mismo grupo llegó a 1.440.395 pesos.

En tanto, la Canasta Básica Total (CBT) amplía esa cobertura e incorpora, además de los alimentos, otros bienes y servicios esenciales, como vestimenta, transporte, educación y salud, y se utiliza para establecer la línea de pobreza. En junio, ascendió a $1.531.473 para el mismo hogar de referencia.

Algunos de los factores que, según distintos especialistas, explican la desmejora en la tasa de pobreza durante los primeros seis meses del año son:

• Se frenó la recuperación del ingreso real que había comenzado en los primeros meses de 2024. Los ingresos de los ocupados perdieron dinamismo en un contexto de estancamiento económico.
• Las canastas básicas volvieron a aumentar por encima de la inflación. El factor de “precios relativos” que antes favorecía la reducción de la pobreza se revirtió desde el último trimestre de 2025.
• El poder adquisitivo de los hogares cayó: en los primeros seis meses del año, la CBT subió 34,7% interanual, frente a un aumento de 25% en el ingreso familiar total.
• Se redujo el empleo formal y avanzaron formas laborales precarias. El crecimiento de puestos se concentró en cuentapropistas informales y asalariados informales, con remuneraciones más bajas que las del empleo registrado.
• Las transferencias sociales perdieron capacidad de compensación. La Asignación Universal por Hijo (AUH) no registró mejoras significativas en términos reales.
• Algunos programas sociales perdieron cobertura, entre ellos Progresar, Acompañamiento Social y Volver al Trabajo.
• La medición oficial puede subestimar el deterioro efectivo de los hogares por los cambios en la subdeclaración de ingresos en la EPH y el atraso en la actualización de ponderadores de la Canasta Básica Total.

Con Javier Milei en Nueva York, el Gobierno afrontará un “superjueves” económico y político marcado por dos frentes centrales: la difusión de los datos de actividad económica, pobreza e indigencia, y una sesión en el Senado que pondrá a prueba la capacidad del oficialismo para convertir en ley dos proyectos con media sanción: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y cambios en el régimen de Zonas Frías.

A las 16, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dará a conocer el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) de julio y el informe de pobreza e indigencia correspondiente al primer semestre de 2026. La publicación de ambos relevamientos concentrará la atención sobre la evolución de la economía y las condiciones de ingresos de los hogares, en un escenario donde las mediciones sectoriales y las estimaciones privadas anticipan resultados desfavorables.

¿Economía serrucho?

Las consultoras proyectaron un resultado negativo para el EMAE y esperan que el indicador vuelva a registrar una baja en julio a pesar de que el ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que a esta altura del año estaríamos en los “mejores 18 meses”.

La previsión de los privados se apoya, en parte, en los últimos números oficiales de la industria y la construcción, dos sectores que mostraron descensos durante el octavo mes del año. Los datos reflejaron variaciones negativas tanto en la comparación mensual como frente a los registros de julio de 2025.

Según el Indec, la actividad industrial retrocedió 5% en relación con junio y anotó una contracción de 4,9% frente a julio del año pasado. La industria acumuló una caída de 2,6% en los primeros siete meses de 2026. El desempeño del sector forma parte de los antecedentes que toman las consultoras para anticipar una variación negativa en la medición general de actividad.

La construcción también reflejó una retracción. En la medición mensual desestacionalizada, el sector mostró una baja de 4,6%, mientras que la variación interanual marcó una caída de 4,5%. Pese a esos resultados, la construcción conservó una variación positiva en el acumulado de 2026: entre enero y julio, registró una mejora de 1,7% en comparación con el mismo período de 2025.

Nuevos datos de pobreza

En paralelo, el organismo estadístico informará las cifras de pobreza e indigencia correspondientes al primer semestre de 2026. El último dato oficial, de la segunda mitad de 2025, arrojó una pobreza de 28,2% y una indigencia de 6,3 por ciento.

Las estimaciones privadas anticipan un deterioro de ambos indicadores en un contexto donde las condiciones económicas de los hogares volvieron a ocupar un lugar central. El Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA) proyectó que la pobreza del primer semestre se ubicaría en una franja de entre 31% y 32 por ciento. Ese resultado implicaría un aumento de entre 1,5 y 2 millones de nuevos pobres, de acuerdo con las estimaciones de esa entidad.

Reforma del BCRA

En el Senado, el oficialismo buscará la aprobación de la reforma de la Carta Orgánica del BCRA y de los cambios en Zonas Frías. Si la Cámara alta los aprueba, ambas propuestas se convertirán en Ley esta última. Todo indica que el Gobierno cuenta con los votos necesarios para avanzar con la iniciativa. No así con la la Carta Orgánico del BCRA porque sufrió modificaciones respecto a los votos que se deben contar para la remoción del directorio y presidente.

El tratamiento para ambos proyectos la semana anterior se postergó porque esa mayoría no estaba asegurada y solo se votó Inocencia Fiscal II. El panorama parece haber cambió luego de una serie de reuniones del jefe de Gabinete, Diego Santilli, con gobernadores y por el accionar de Patricia Bullrich.

En caso de convertirse en ley, la reforma de la Carta Orgánica de la autoridad monetaria implicará cuatro cambios centrales. En primer lugar, se define que la misión fundamental de la entidad volverá a ser la preservación del valor de la moneda.

A su vez, se prohibirá el financiamiento del Estado por parte del Banco Central, restricción que alcanzará al Tesoro Nacional, a los gobiernos provinciales y a los municipios. La iniciativa también impedirá la compra de títulos públicos del Estado nacional en el mercado primario.

Además, cambiarán las condiciones para apartar al presidente y al directorio del Central: se necesitarán una mayoría absoluta en ambas cámaras del Congreso para avanzar con esa decisión. En simultáneo, se restringirá el pago de dividendos que provengan de los resultados derivados de la prestación del servicio de liquidez.

Cambios en Zonas Frías

Al mismo tiempo, los focos estarán puestos en el proyecto de Zonas Frías. De convertirse en ley, el beneficio automático volverá a las áreas originales del programa: la Patagonia, Malargüe (Mendoza) y la Puna. En esas regiones se mantendrán los subsidios al consumo residencial de gas natural y gas propano por redes.

La propuesta modifica la situación de las zonas que se incorporaron al régimen en 2021. Para esos territorios, los descuentos quedarán restringidos a los hogares que acrediten vulnerabilidad. El proyecto elimina el criterio geográfico para las provincias de zonas templadas e intermedias y establece un esquema focalizado en función de los ingresos de cada hogar.

El nuevo régimen alcanzará a los hogares con ingresos iguales o inferiores a tres canastas básicas totales para un “hogar 2”, bajo los parámetros del Indec. Ese límite equivale a $4,4 millones, a partir del valor de la canasta básica de una familia de cuatro integrantes, compuesta por dos adultos y dos menores.

También podrán acceder al subsidio, sin importar su nivel de ingresos, los hogares donde viva una persona con Certificado de Vivienda Familiar del Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP) o que perciba una Pensión Vitalicia a Veteranos de Malvinas. En los hogares que cuenten con una persona titular del Certificado Único de Discapacidad (CUD), la incorporación quedará sujeta a una evaluación posterior de la Secretaría de Energía.

Para las zonas incorporadas por la ampliación de 2021, el beneficio quedará limitado a los hogares de menores ingresos incluidos en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). Ese sistema surgió del Decreto 943/2025, dictado durante el gobierno de Javier Milei, y definirá la continuidad de los descuentos para los usuarios alcanzados por el nuevo esquema.

El Gobierno de Javier Milei se prepara para recibir esta tarde un dato adverso sobre la evolución de la pobreza en la Argentina. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundirá a las 16 el indicador correspondiente al primer semestre de 2026 y, según pudo saber Infobae de fuentes oficiales, en la Casa Rosada anticipan un aumento de entre dos y tres puntos porcentuales respecto del 28,2% alcanzado durante los últimos seis meses del año pasado. La explicación de la administración libertaria estará centrada en el impacto de la aceleración inflacionaria de comienzos de año y la consecuente pérdida de poder adquisitivo de los hogares.

La difusión del informe se producirá horas después de que el Presidente reivindicara, durante una conferencia ante empresarios e inversores en Nueva York, los resultados sociales de su programa económico. “Somos los que más hicimos por los sectores más vulnerables”, aseguró Milei en la sede central del Citi. Allí sostuvo que la reducción de la inflación permitió devolverles a los argentinos 100.000 millones de dólares y afirmó que su gestión había sacado de la pobreza a 14 millones de personas. Fue una de las principales definiciones del mandatario durante su exposición en Nueva York, en la que defendió el ajuste fiscal y anticipó una nueva etapa de reformas para 2027.

El resultado que se conocerá esta tarde obligará al Gobierno a explicar la interrupción de una trayectoria descendente que comenzó después del primer semestre de 2024, cuando la pobreza alcanzó al 52,9% de la población y la indigencia llegó al 18,1%. Desde entonces, ambos indicadores registraron una reducción sostenida hasta ubicarse en el 28,2% y el 6,3%, respectivamente, durante la segunda mitad de 2025.

De acuerdo con lo que pudo reconstruir Infobae a partir de conversaciones con fuentes oficiales que trabajan en el análisis de los indicadores sociales, la posición será que el incremento previsto representa un retroceso respecto de los niveles alcanzados a finales del año pasado. Sin embargo, los porcentajes permanecerían por debajo de los registrados al comienzo de la gestión y, especialmente, del máximo alcanzado durante los primeros seis meses de 2024.

La estimación oficial y el impacto de la inflación

En el Gobierno consideran que la evolución acumulada de los indicadores constituye un elemento central para interpretar el nuevo resultado. El deterioro, no obstante, expondrá una dificultad para sostener la recuperación social alcanzada durante los últimos dos años y abrirá interrogantes sobre los ingresos, el empleo y la capacidad de las familias para afrontar el costo de los bienes y servicios esenciales.

La expectativa oficial es que la posterior desaceleración de los precios permita recuperar la trayectoria descendente de la pobreza durante la segunda mitad del año, siempre que esté acompañada por una mejora de los ingresos de los hogares.

Según pudo saber Infobae, los cálculos que circulan en distintos sectores del Gobierno anticipan un incremento de entre dos y tres puntos porcentuales en los indicadores de pobreza e indigencia, aunque la magnitud definitiva se conocerá con la publicación del INDEC.

En el caso de la pobreza, esa estimación implicaría que el porcentaje de personas cuyos ingresos no alcanzan para cubrir el costo de la canasta básica total volvería a superar el 30%, después de haber descendido al 28,2% en el segundo semestre de 2025.

Las explicaciones que prepara la administración libertaria están vinculadas con la dinámica inflacionaria registrada durante los primeros meses de este año. Después de cerrar diciembre de 2025 con una inflación mensual del 2,8%, el índice de precios al consumidor aumentó un 2,9% en enero y febrero, y se aceleró hasta alcanzar el 3,4% en marzo.

La pobreza, el discurso presidencial y la asistencia social

Posteriormente, la inflación comenzó a moderarse: descendió al 2,6% en abril, al 2,1% en mayo y al 1,9% en junio. En julio registró un incremento del 2,1% y en agosto volvió a desacelerarse hasta el 1,7%, el último dato disponible. De acuerdo con la información recogida por Infobae, en el equipo económico consideran que la aceleración del primer trimestre es uno de los principales factores que explicarán el deterioro social reflejado en el nuevo informe.

El incremento de los precios afecta en particular a los hogares de menores ingresos, que destinan una proporción elevada de sus recursos a alimentos y otros gastos esenciales. Cuando el costo de esos bienes y servicios aumenta por encima de los ingresos disponibles, las familias pierden capacidad de compra y pueden quedar por debajo de las líneas de pobreza o indigencia. La relación entre inflación y pobreza también depende de la evolución de los salarios, las jubilaciones, el empleo y las transferencias sociales.

El aumento esperado contrastará con uno de los argumentos centrales del discurso presidencial sobre los resultados del programa económico. Durante su presentación ante empresarios e inversores en Nueva York, Milei sostuvo que la reducción de la inflación había permitido una transferencia significativa de recursos hacia la población y que ese resultado explicaba buena parte de la disminución de la pobreza.

“Somos los que más hicimos por los sectores más vulnerables”, afirmó el mandatario ante un auditorio convocado por la Fundación Federalismo y Libertad y el International Republican Institute, con el acompañamiento del Citi. El Presidente también defendió la magnitud del ajuste fiscal y sostuvo que la recuperación de la actividad económica había desmentido los pronósticos negativos sobre los efectos de su programa.

“Llevamos un track record de haber bajado la pobreza la mitad”, aseguró, antes de afirmar que su Gobierno había sacado a 14 millones de personas de esa situación. La cifra mencionada por Milei forma parte del balance que realiza el Poder Ejecutivo sobre la reducción acumulada de la pobreza desde el máximo alcanzado durante el primer semestre de 2024. La estimación no corresponde exclusivamente a las personas relevadas por el INDEC en los 31 aglomerados urbanos, sino a una proyección sobre la población nacional.

En el segundo semestre de 2023, correspondiente al cierre de la presidencia de Alberto Fernández y los primeros días de la administración de Milei, la pobreza se ubicaba en el 41,7% y la indigencia alcanzaba al 11,9%. Durante el primer semestre de 2024, después de la devaluación inicial, la aceleración inflacionaria y las primeras medidas de estabilización, los indicadores aumentaron hasta el 52,9% y el 18,1%, respectivamente.

A partir de entonces comenzó una reducción progresiva. La pobreza descendió al 38,1% durante el segundo semestre de 2024, al 31,6% en los primeros seis meses de 2025 y al 28,2% durante la segunda mitad del año pasado. La indigencia también disminuyó hasta ubicarse en el 6,3% al cierre de 2025.

Según pudo saber Infobae, esa trayectoria constituye la principal referencia que utilizará el oficialismo para contextualizar el resultado que difundirá el INDEC. Para los funcionarios consultados, el deterioro previsto durante el primer semestre de 2026 debe analizarse dentro de un proceso de reducción acumulada de los indicadores sociales, que atribuyen al ordenamiento macroeconómico y a la disminución de la inflación.

La otra parte de la explicación oficial estará vinculada con las políticas de asistencia social que administra el Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello. El Gobierno buscará destacar la decisión de mantener y reforzar las transferencias directas destinadas a los hogares de menores ingresos, principalmente a través de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Prestación Alimentar y la Asignación Mil Días, destinada a acompañar a las familias durante el embarazo y la primera infancia.

Según los cálculos oficiales a los que accedió este medio, los incrementos nominales acumulados de esas prestaciones alcanzaron el 645% para la AUH, el 228% para la Prestación Alimentar y el 2.137% para la Asignación Mil Días. En la administración libertaria también sostienen que el compromiso es mantener la cobertura conjunta de la AUH y la Prestación Alimentar en un equivalente al 95% de la Canasta Básica Alimentaria, de acuerdo con el criterio de cálculo utilizado para esas prestaciones.

La posición oficial es que la asistencia directa constituye un instrumento complementario del programa de estabilización, especialmente para amortiguar el impacto de los aumentos de precios sobre los hogares con niños y adolescentes. La administración libertaria considera que el esquema de transferencias a las familias, sin intermediación de organizaciones sociales, permitió reforzar la asistencia destinada a los sectores más vulnerables y contribuir a la reducción de la indigencia.

El alcance de esas políticas tendrá especial relevancia en el nuevo informe, porque la indigencia mide la proporción de personas que viven en hogares cuyos ingresos resultan insuficientes para cubrir la canasta básica alimentaria. El dato permitirá evaluar si los incrementos de las transferencias sociales fueron suficientes para compensar la pérdida de poder adquisitivo de los hogares de menores recursos.

Uno de los indicadores que el Gobierno seguirá con especial atención será el correspondiente a la pobreza infantil. Durante el primer semestre de 2024, el 67,1% de los menores de 18 años vivía en hogares pobres y el 27,3% se encontraba en situación de indigencia. Esos porcentajes comenzaron a reducirse hasta alcanzar el 42,3% de pobreza y el 9,4% de indigencia durante el segundo semestre de 2025.

Aunque la mejora fue significativa, el último registro disponible todavía mostraba que más de cuatro de cada diez niños y adolescentes vivían en hogares cuyos ingresos resultaban insuficientes para cubrir sus necesidades básicas. Fuentes oficiales destacaron ante Infobae que la política social del Gobierno se concentró especialmente en ese segmento, a través de las transferencias que administra Capital Humano.

El resultado del primer semestre de 2026 permitirá establecer si esa reducción también se interrumpió y cuál fue la magnitud del eventual deterioro. La evolución de ese indicador permitirá dimensionar, además, si la recuperación de los ingresos familiares alcanza a los hogares que registran mayores dificultades para superar la línea de pobreza.

Según pudo saber Infobae, la expectativa que transmiten distintos sectores del Gobierno es que el aumento de la pobreza represente un deterioro transitorio y que los indicadores vuelvan a mostrar una mejora durante el segundo semestre. Esa previsión está apoyada en la desaceleración de la inflación registrada después de marzo y en la posibilidad de que la evolución de los ingresos permita recuperar poder adquisitivo.

En la Casa Rosada consideran que la estabilidad macroeconómica, el equilibrio fiscal y una trayectoria descendente de los precios son condiciones necesarias para lograr una reducción sostenible de la pobreza. La política de asistencia directa, concentrada en las familias de menores ingresos, continuará como complemento de esa estrategia.

El nuevo dato también adquirirá relevancia para la discusión política de 2027. La reducción de la pobreza forma parte de los resultados que Milei reivindica para defender su gestión y respaldar la continuidad de su programa de reformas. Horas después de su exposición en Nueva York, la difusión del indicador obligará a la administración libertaria a explicar el aumento de la pobreza y las razones por las que considera que podrá revertirse durante la segunda mitad del año.

Un episodio fuerte del fenómeno de El Niño podría generar una pérdida acumulada cercana al 1% del Producto Interno Bruto (PIB) en el sexto trimestre posterior a su aparición.

Según el informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), publicado este lunes, esta estimación corresponde al grupo integrado por Centroamérica, Panamá y República Dominicana, Colombia, Ecuador y Perú. De acuerdo con el análisis, el efecto podría revertirse antes de dos años.

En Centroamérica, Panamá y República Dominicana, las sequías asociadas con El Niño podrían repercutir sobre la agricultura, las exportaciones, la energía y la infraestructura.

Las variaciones en las precipitaciones también podrían modificar la producción agrícola, la disponibilidad de agua y el funcionamiento de actividades vinculadas con la generación de energía, el transporte y el comercio.

La magnitud de los posibles efectos dependería de la intensidad y la duración del fenómeno, así como del nivel de exposición de cada país y sector productivo.

La revisión de estudios incluida en el informe considera impactos sobre la agricultura, la pesca, la infraestructura, el transporte, la energía y el abastecimiento de alimentos.

En Costa Rica, el informe estima que El Niño podría ampliar en 0.4 puntos porcentuales la brecha negativa entre el PIB real y su nivel potencial.

Esta brecha representa la diferencia entre el nivel de producción observado y el nivel que podría alcanzar la economía de acuerdo con su capacidad productiva.

El informe también presenta una estimación para América Latina y el Caribe bajo un escenario extremo de El Niño. En ese escenario, el impacto acumulado sobre el PIB regional podría alcanzar aproximadamente 2%, con estimaciones que se ubican entre -0.3% y -3.9%.

El documento señala que la mitad de la pérdida se produciría durante el primer año y que sus efectos económicos podrían extenderse durante varios años.

Aumento potencial de la pobreza

La reducción de la actividad económica y de los ingresos podría aumentar el número de personas en situación de pobreza. El informe de la CEPAL estima que, en América Latina y el Caribe, la pobreza adicional podría alcanzar 2.5 millones de personas en 2027, 3.8 millones en 2028, 4.4 millones en 2029 y 4.8 millones en 2030.

Las proyecciones se calculan bajo un escenario en el que el PIB regional crece 2.3% anual. Las cifras representan el número adicional de personas que podrían encontrarse en situación de pobreza en comparación con un escenario sin los efectos económicos de El Niño.

El posible aumento de la pobreza estaría relacionado con la pérdida de ingresos y con los efectos del fenómeno sobre distintas actividades productivas.

Los sectores vinculados con la agricultura, la pesca, la energía, el transporte y el abastecimiento de alimentos podrían verse expuestos a las sequías, las lluvias intensas y las alteraciones en la infraestructura.

La proyección muestra un aumento progresivo entre 2027 y 2030. Para 2030, el informe estima hasta 4.8 millones de personas adicionales en situación de pobreza bajo el escenario analizado.

Posibles efectos sobre la inflación

El fenómeno de El Niño podría ejercer presión sobre los precios debido a sus posibles efectos sobre la producción agrícola, la oferta de alimentos, el abastecimiento, la energía, el transporte y la distribución.

Para el grupo integrado por Centroamérica, Panamá y República Dominicana, Colombia, Ecuador y Perú, el informe identifica pequeños aumentos en el índice de precios al consumidor general y en el índice de precios de los alimentos.

En el caso de Centroamérica, Panamá y República Dominicana, el informe estima que una persistencia de cuatro meses del episodio de El Niño 2023-2024 habría producido aumentos acumulados de la inflación de entre 0.40 y 0.93 puntos porcentuales.

Guatemala registra el mayor incremento estimado, con 0.93 puntos porcentuales, seguida de Honduras, con 0.88. El impacto acumulado se calcula en 0.64 puntos porcentuales para El Salvador, 0.52 para Nicaragua, 0.47 para Panamá, 0.44 para Costa Rica y 0.40 para República Dominicana.

Estas cifras corresponden al efecto acumulado de cuatro meses de persistencia del fenómeno. El informe aclara que las estimaciones no incorporan otros factores que también podrían influir sobre la evolución de los precios.

Alteraciones climáticas en la región

El Niño puede modificar los patrones de temperatura y precipitación en América Latina y el Caribe. El informe identifica posibles sequías graves en sectores del norte de Sudamérica, el Caribe, México, el noreste de Brasil y la región andina.

También registra posibles lluvias excesivas en zonas de Centroamérica y el norte de Sudamérica, además de lluvias intensas en la región andina. En distintas áreas de Sudamérica, las sequías y el aumento de las temperaturas podrían favorecer los incendios forestales.

El fenómeno también estaría asociado con precipitaciones escasas durante la temporada de lluvias, episodios de altas temperaturas y lluvias abundantes durante la primavera y el verano en áreas del Cono Sur.

El mapa incluido en el informe señala aumentos de entre 0.5 °C y 2.5 °C en la temperatura superficial del océano en distintas zonas del Pacífico y el Atlántico.

Estas alteraciones climáticas podrían repercutir sobre la agricultura, las exportaciones, la pesca, la generación de energía, el abastecimiento de agua y la infraestructura.

Las sequías podrían reducir la producción y limitar la disponibilidad de agua, mientras que las lluvias intensas podrían afectar actividades productivas y servicios vinculados con la infraestructura.

Los cambios en las condiciones climáticas también podrían incidir sobre la oferta de alimentos y la actividad económica. La duración y la intensidad de los efectos dependerían de las condiciones de cada país, de la exposición de sus sectores productivos y de la persistencia del fenómeno.

En San Simón, Morazán, los productores deben adaptar sus cultivos, trasladar agua a mano y enfrentar la perdida. La sequía compromete las cosechas y limita una fuente de proteína y recursos económicos para los hogares de la zona.

En estos días se conocerá un nuevo dato oficial sobre la pobreza en Argentina. Una vez más, el espejo nos devolverá una imagen incómoda: la de un país con altos niveles de pobreza y dificultades para crear y distribuir prosperidad.

¿Qué hacen hoy las políticas públicas dirigidas a las familias pobres? La política social argentina tiene una gran capacidad para transferir dinero. Esa capacidad se construyó a lo largo de este siglo, con gobiernos de distinto signo político. Según nuestro último estudio del CIAS (Centro de Acción de Investigación y Acción Social), hoy uno de cada cinco hogares recibe una transferencia por AUH, Alimentar, una pensión no contributiva o un programa social. Sin esas ayudas sociales, la indigencia del cuarto trimestre de 2025 habría sido más del doble. Para muchas familias, estas prestaciones hacen la diferencia entre poder cubrir o no –con muchas limitaciones y esforzadas estrategias– sus necesidades alimentarias más básicas.

Pero además de reconocer su importancia, la actual coyuntura nos obliga a discutir el diseño de la política social que transfiere ingresos y qué podemos mejorar. Cuando se creó la AUH, la idea fue extender a los trabajadores informales derechos sociales que ya tenían los formales. Hoy tenemos una paradoja: dos hogares pobres pueden recibir ayudas muy diferentes según la condición laboral de los adultos.

En el último informe del CIAS señalamos que un hogar de cuatro integrantes, con ingresos cercanos a la línea de pobreza, en junio accedía a unos 60 mil pesos por asignaciones familiares contributivas (el tradicional “salario familiar”). Un hogar de características similares elegible para la AUH y la Prestación Alimentar, percibía alrededor de 400 mil pesos.

Detrás de este diseño persiste una idea: que la informalidad es un buen indicador de pobreza y la formalidad, una protección. La primera parte sigue siendo en buena medida cierta; la segunda, en cambio, es cada vez menos ajustada a la realidad. Tras años de deterioro del mercado de trabajo, tener un empleo registrado ya no garantiza que un hogar cubra sus necesidades básicas, y muchos asalariados formales viven en hogares pobres.

Por eso, las políticas de transferencia de ingresos tienen que centrarse más en las necesidades reales de las personas y las familias, y menos en su condición de formalidad. Hay experiencias cercanas que permiten pensar otras opciones. En Brasil, conseguir un empleo registrado no implica perder automáticamente el Bolsa Família (el equivalente de la AUH). En Chile, la política social reconoce distintos perfiles de vulnerabilidad social y otorga prestaciones más importantes para hogares con mayores necesidades. En Argentina, avanzar en esa dirección requiere integrar y actualizar la información social existente. Necesitamos conocer mejor a las familias y sus necesidades.

También hay que discutir a quiénes está dejando afuera la red de transferencias. Aquí las decisiones del gobierno actual importan. Durante 2024 y 2025, el fortalecimiento de la AUH convivió con un retroceso de programas dirigidos a jóvenes y personas en edad de trabajar. Nuestro informe muestra que, entre el cuarto trimestre de 2023 y el mismo período de 2025, la proporción de hogares urbanos que recibía ayuda social directa y urgente cayó del 27,4% al 22,7%. La caída se explica principalmente por Progresar y los programas derivados del ex Potenciar Trabajo. Entre los hogares sin niños pero con jóvenes de 18 a 24 años, la cobertura se redujo prácticamente a la mitad, del 33,3% al 16,9%.

Esta decisión profundiza un problema que va más allá de la coyuntura. Estar en edad de trabajar no garantiza tener un empleo, y tener un empleo no garantiza salir de la pobreza. Necesitamos pensar instrumentos que acompañen también esas situaciones: jóvenes que buscan terminar sus estudios, personas que pierden su trabajo y trabajadores cuyos ingresos son insuficientes o inestables.

Y, finalmente, aunque hay que discutir el diseño y la mejora de las “políticas contra la pobreza”, es necesario empezar a ampliar un poco la mirada. Hay que volver a pensar la política social desde el bienestar y la igualdad y no solamente desde la contención: las transferencias de ingresos, por sí solas, no generan desarrollo.

Imaginemos a una mamá que vive con sus dos hijos en un barrio popular del Conurbano: no hay asfalto, no hay veredas y cuando llueve se corta la luz y el barro dificulta que los chicos vayan a la escuela. Una transferencia les ayuda a tener lo mínimo para llevar los gastos cotidianos más básicos. Pero para cambiar radicalmente sus condiciones de vida y que sus hijos tengan una expectativa de movilidad social, hace falta también un barrio con infraestructura, una buena escuela, un centro de salud que funcione y posibilidades de conseguir un buen trabajo. De lo contrario, lo que predomina es la gestión de la pobreza, pero no su transformación.

Una política social que ayude a reducir la pobreza y genere bienestar, tiene entonces dos desafíos por delante. Primero, sostener la red de transferencias de ingresos, discutiendo también sus criterios de acceso y a qué grupos se protege menos o se está excluyendo. Segundo, invertir en lo que las transferencias no pueden comprar: cuidados, integración socio-urbana, vivienda, educación de calidad y salud, en especial allí donde la pobreza está concentrada. Sin avanzar en el primero de esos desafíos, la pobreza se vuelve más dura; sin avanzar en el segundo, se vuelve más permanente.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) advirtió que un evento extremo de El Niño generará una pérdida acumulada de al menos 2% del Producto Interno Bruto (PIB) regional en los próximos tres años y sumará 4,8 millones de personas a la pobreza hacia finales de la década.

El organismo difundió un informe especial, titulado Los efectos del fenómeno El Niño en América Latina y el Caribe, que se apoya en proyecciones de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA). Según ese pronóstico, existe una probabilidad superior al 90% de que este ciclo climático alcance una intensidad muy fuerte durante el otoño e invierno boreal de 2026-2027.

A partir de ese escenario, la CEPAL detalla las consecuencias económicas, sociales y productivas que traería un episodio de esta magnitud. Sus estimaciones indican que la mitad de la contracción del PIB se concentraría durante el primer año de ocurrencia del fenómeno, mientras que el resto se distribuiría en los dos años siguientes.

Se trataría de un evento de carácter histórico, cuyos efectos la entidad regional describe como “profundamente heterogéneos y persistentes” en materia de contracción económica, presiones inflacionarias y deterioro de sectores como la energía, la pesca y la agricultura.

Entre los rubros más vulnerables se ubica el suministro eléctrico. Las temperaturas elevadas incrementarán la demanda de electricidad en ciudades como Lima, São Paulo y Ciudad de México, al tiempo que la escasez hídrica multiplicará el riesgo de interrupciones en el servicio y sobrecostos operativos. La CEPAL atribuye esta fragilidad a una característica estructural de la matriz energética: en varios países, la generación hidroeléctrica supera el 70% del total, y más de la mitad de la capacidad instalada tiene más de 30 años de antigüedad.

Los antecedentes históricos citados en el documento anticipan además un golpe severo para la actividad pesquera. En episodios de intensidad comparable, las capturas regionales cayeron 52,7% entre 1972 y 1973, y 26,9% entre 1997 y 1998, cifras que el organismo toma como parámetro para dimensionar el riesgo actual sobre los recursos marinos.

La disponibilidad de alimentos constituye otro de los frentes señalados en el informe. Un análisis de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), incorporado al diagnóstico, calcula probabilidades superiores al 70% de que se registren sequías en los próximos meses en el Corredor Seco Centroamericano, Colombia y Venezuela, además de países del Caribe como Cuba, República Dominicana y Haití, donde la falta de lluvias amenazaría directamente las cosechas.

Frente a este panorama, se plantearon diez medidas dirigidas a los gobiernos de América Latina y el Caribe, entre las que figuran incorporar el riesgo climático como criterio permanente en el diseño de políticas públicas y destinar recursos a la protección de infraestructuras críticas. También se busca constituir fondos de reserva y fomentar la complementariedad entre fuentes de energía renovable.

José Manuel Salazar-Xirinachs, secretario ejecutivo de la CEPAL, sostuvo que “las respuestas adoptadas una vez declarada la emergencia son considerablemente más costosas que las medidas preventivas basadas en una adecuada anticipación”. El funcionario remarcó la necesidad de “pasar de una respuesta posterior a las pérdidas a una gestión anticipatoria del riesgo climático”.

(Con información de EFE)

Los hogares venezolanos destinan 41,6% de su presupuesto a gastos de alimentación, según el último estudio de Tendencias del Consumidor Venezolano de la encuestadora Datanálisis.

“El peso de la alimentación es uno de los indicadores más claros de pobreza. Mientras más alto, más pobre la sociedad. Como referencia, en Estados Unidos ronda 13% y en México 38%, incluyendo bebidas y tabaco”, detalló el economista Luis Vicente León, presidente de Datanálisis.

Aunque el porcentaje es elevado, representa 25% menos que el registrado por esta misma firma en 2018, año que marcó el pico de la crisis económica del país signada por la hiperinflación y la escasez de los productos básicos.

León advierte que “el promedio esconde distancias enormes”. “En el segmento de menor capacidad, casi uno de cada tres hogares, la alimentación supera el 55% del gasto. En el de mayor capacidad está por debajo de 25%. Solo ahí aparece espacio real para lo no esencial”, acota el consultor.

El Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM) estimó en julio que la canasta alimentaria familiar se ubicó en los 727,89 dólares. El “ingreso mínimo integral” decretado por el gobierno interino de Delcy Rodríguez llega a 240 dólares.

Ese “ingreso mínimo integral” es un bono que no tiene incidencia en los pasivos laborales, que se calculan sobre la base del salario mínimo, congelado desde hace cuatro años y que hoy equivale a menos de 20 centavos de dólar. Venezuela acumula este año una inflación de 200% y una tasa interanual que está por encima de 500%.

Datanálisis encontró que el “gasto discrecional” apenas llega al 5% del presupuesto de las familias, que tras la comida destinan su dinero a partidas fundamentales como vivienda, salud y servicios, incluida la “autogeneración eléctrica” en un país azotado por cortes de luz y largos apagones.

Marcas

León resalta que los gastos en cuidado personal alcanzan el 7,4%, por encima de salud que se ubica en 6,9%.

“Cuidado personal (51,7%) y medicamentos (44,5%) están entre las categorías donde más le cuesta al consumidor venezolano cambiar de marcas y productos. Entre los 45 y 54 años esas cifras suben a 64,1% y 61,1%”, acota el investigador.

Los números demuestran que más allá de la identificación con ciertas marcas comerciales, el consumidor venezolano está abierto a probar otras opciones para estirar sus menguados recursos.

Según Datanálisis, “80,3% prefiere pagar más por una marca conocida que comprar una más barata que rinda menos. Pero 63,5% busca otra si su marca deja de justificar lo que cuesta”.

“El estudio lo resume así: el mismo consumidor es conservador cuando necesita certeza y explorador cuando el costo de equivocarse es bajo”, sintetiza León.

Maye Musk tiene 76 años, una carrera como modelo que resurgió en la tercera edad y una historia personal marcada por años de precariedad.

El 16 de septiembre se sentó frente a la conductora Gayle King en CBS Mornings y habló de su hijo, de su pasado y del libro en el que los pone por escrito.

La entrevista llegó en un momento particular para la familia. Elon Musk acaba de convertirse en el primer trillonario de la historia tras llevar SpaceX a la bolsa, y arrastra al mismo tiempo un historial reciente de controversias: su paso por el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) y su ruptura pública con Donald Trump le dejaron una imagen polarizada.

La modelo apuntó contra quienes atacan a Elon y aseguró que actúa en beneficio del mundo

Maye fue directa al hablar del impacto público que tiene su hijo. “Solo quiere hacer el bien en el mundo, pero eso significa que pisas muchos callos”, afirmó Maye Musk.

Las críticas que recibe Elon, aseguró, provienen muchas veces de personas que ni siquiera lo conocen. “La gente es cruel. Y son extraños, o no son personas con logros propios, y aun así lanzan insultos”, sostuvo.

Para la modelo, su hijo tiene un objetivo claro. “Hace lo que es mejor para Estados Unidos y lo que es mejor para el mundo”, aseguró Maye. Y agregó: “Y si no nos gusta, siempre queda ir a Marte”, en referencia al proyecto de colonización marciana de SpaceX.

El paso de Elon Musk por el gobierno y su ruptura con Trump

Elon Musk fue una figura central durante los primeros meses del segundo mandato del presidente Donald Trump, al frente del DOGE. Su gestión fue polémica: según CBS News, desmanteló organismos públicos, redujo fondos para programas sociales y recortó ayuda al exterior.

Poco después de alejarse del gobierno, Musk atacó públicamente a Trump a través de las redes sociales y cuestionó la llamada “One Big Beautiful Bill”, la ley impulsada por el mandatario. La respuesta de Trump fue inmediata y la relación entre ambos se quebró.

Sin embargo, según informó el medio, los vínculos entre los dos hombres parecen haberse reconstituido recientemente.

El propio Musk reconoció en diciembre de 2025 que probablemente no repetiría la experiencia en DOGE.

El empresario se convirtió en el primer trillonario de la historia

Tras su salida, Musk no frenó su actividad. Respaldó candidatos republicanos en las elecciones de medio término y promovió la construcción de centros de datos.

El paso decisivo fue llevar a SpaceX a la bolsa de valores, un movimiento que lo catapultó a una categoría sin precedentes: la de primer trillonario de la historia, es decir, la primera persona en superar el billón de dólares en riqueza personal (USD 1.000.000.000.000).

De un departamento de un dormitorio a las portadas de Sports Illustrated

El otro eje de la entrevista fue la propia historia de Maye Musk. En su memoria Timeless, la modelo relata los años más duros de su vida: la salida de un matrimonio que ella misma describe como abusivo, con tres hijos pequeños a cargo. La familia emigró de Sudáfrica a Canadá, donde comenzó de cero.

Las condiciones iniciales fueron precarias. Maye y sus hijos vivieron en un departamento de un solo dormitorio y, tal como ella misma lo recordó, “dormimos en muchos sillones y pisos”. La modelo cursó su primer posgrado mientras trabajaba como dietista y criaba a sus hijos al mismo tiempo.

Cuando les preguntó por qué nunca se quejaron, la respuesta fue contundente: “Dijeron: ‘¿Si nos quejábamos, nos ibas a escuchar?’ Y yo les dije que no”, relató Maye en declaraciones a CBS News.

A los 70 años llegó el reconocimiento que la industria de la moda no le había dado antes

Décadas después de aquellos años de esfuerzo, los hijos de Maye Musk le compraron un departamento en Nueva York. Esa estabilidad le abrió una nueva etapa.

Había trabajado como modelo desde su adolescencia, pero fue recién a partir de los 70 cuando su carrera alcanzó un nivel de visibilidad inédito.

Desfiló en pasarelas internacionales, apareció en las principales revistas del mundo y en 2022 se convirtió en la mujer de mayor edad en aparecer en la portada de Sports Illustrated. “Te volvés más sabia y podés decir que no. Cuando sentís que algo es para vos, podés ponerte al frente”, afirmó.

En el patio de una vivienda de El Cajama, una comunidad del municipio habanero de La Lisa, Yoandra Casalis y Manuel González encontraron una vía doméstica para enfrentar la escasez de alimentos: convirtieron un terreno cubierto de maleza en un huerto que aporta alimentos a su mesa y a familias vecinas.

Cada tarde, al volver de sus trabajos, la pareja atiende los cultivos. En el espacio producen plátanos, ajíes, cebollinos, guanábana, chirimoya, anón, fruta bomba, calabaza y cerezas. Una parte se destina al consumo del hogar y otra llega a residentes del edificio y de la zona que necesitan alimentos frescos.

“El patio lo tenemos mucho mejor”, contó Casalis a la agencia Xinhua. Antes, dijo, el terreno estaba cubierto por hierbas altas. Ahora, la familia obtiene cebollín y cilantro para preparar sus comidas, una reducción de gastos que adquiere valor ante el deterioro del poder de compra de los hogares cubanos.

Un patio que reduce gastos y abastece a los vecinos

El huerto no surgió sobre tierra fértil. Manuel González explicó que el suelo contenía rellenos procedentes de obras de construcción. Para comenzar a sembrar, trasladó tierra y materia orgánica hasta el patio. Con el tiempo, la parcela empezó a dar resultados y se convirtió en un apoyo para la economía familiar.

La experiencia refleja una respuesta cotidiana de muchos cubanos ante la falta de productos y los altos precios. Los patios, balcones, parcelas y espacios compartidos se transformaron en fuentes de vegetales, condimentos y frutas que permiten complementar una dieta cada vez más difícil de sostener con los ingresos disponibles. González distribuye parte de la cosecha entre los apartamentos del edificio donde vive.

La agricultura urbana, suburbana y familiar comenzó a desarrollarse en Cuba a fines de 1987. El programa busca aprovechar terrenos en ciudades y periferias para producir alimentos cerca de los consumidores. Según el reporte de Xinhua, existen más de 1 millón de patios y parcelas vinculados a esa iniciativa en la isla.

Datos oficiales citados por la agencia indican que esos espacios pueden alcanzar 20 kilogramos de material vegetal utilizable por metro cuadrado al año, sin químicos sintéticos. En algunas de las principales ciudades, las fincas urbanas aportan una parte de los vegetales frescos que llegan a la población.

La crisis alimentaria obliga a modificar hábitos de consumo

El recurso a la siembra doméstica ocurre en un escenario de restricciones que afecta a la mayor parte de la población. Un informe del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) señaló que ocho de cada diez cubanos dejaron de consumir al menos una de las comidas diarias durante los seis meses previos a su publicación, debido a la falta de dinero o de alimentos.

La situación alcanza con mayor fuerza a las personas mayores. El estudio indicó que nueve de cada diez cubanos de más de 61 años se habían saltado el desayuno, el almuerzo o la cena en ese período. Solo el 19% de los encuestados afirmó que no había tenido que omitir ninguna comida.

El sondeo realizado en 79 municipios mostró que el 63% de los hogares consultados declaró dificultades para comprar bienes esenciales y el 68% informó ingresos mensuales inferiores a 20,001 pesos cubanos. El observatorio estimó que esa suma se ubicaba por debajo de su cálculo de subsistencia para un hogar de tres integrantes.

La pérdida de valor del peso cubano, la inflación, la escasez de productos básicos y las limitaciones de la canasta subsidiada han empujado a las familias a ajustar sus consumos. En ese contexto, cultivar condimentos, frutas o vegetales en casa evita algunas compras y aporta variedad a una alimentación marcada por la incertidumbre.

El 94% de los encuestados vive en extrema pobreza

Otro informe del OCDH, difundido recientemente, estimó que el 94% de los cubanos vive en extrema pobreza, según los estándares utilizados por la entidad. El documento se elaboró a partir de 1,318 entrevistas realizadas en julio a residentes de la isla.

Los apagones encabezaron la lista de problemas que los encuestados consideraron urgentes, seguidos por la crisis alimentaria y el costo de vida. También aparecieron la situación sanitaria, los salarios, la inseguridad, el deterioro de las viviendas y las dificultades de acceso a medicamentos.

Para familias como la de Casalis y González, el patio funciona como una reserva alimentaria de pequeña escala. La pareja no depende por completo de la cosecha, pero el cultivo de cebollín, cilantro, calabaza o fruta bomba permite reducir la necesidad de acudir al mercado y, en ocasiones, compartir alimentos con quienes viven cerca.

El huerto de La Lisa muestra una práctica extendida en barrios cubanos: aprovechar cualquier superficie disponible para producir una parte de lo que falta en la mesa. En una economía donde la capacidad de compra se redujo para amplios sectores, la tierra detrás de una casa puede convertirse en una herramienta de subsistencia para los cubanos.

¿Cuántos porteños salieron de la pobreza gracias a la gestión pública de CABA? ¿Cuántas personas fuera del sistema consiguieron un trabajo formal después de pasar por un programa del GCBA? No se miden los resultados que den respuesta a esas preguntas, porque la política social en CABA sigue poniendo el foco en asistir “lastimosamente” a esa pobreza estructural a la que no logra ni siquiera incomodar. Vale de ejemplo que Ciudadanía Porteña -el subsidio directo alimentario más extendido- entrega un promedio de $ 100.000 mensuales a los indigentes, cuando solo para subsistir se necesita un mínimo de $ 247.000.

Siempre encuentran otro culpable (factores económicos, condiciones macro, inflación), pero lo cierto es que la forma de aplicar los recursos es equivocada.

El problema es que la asistencia no es un puente, sino un destino. Mientras el indicador del éxito de las carteras sociales siga midiendo cuántas viandas se entregan o cuántos subsidios se liquidan, en lugar de cuántos ciudadanos logran dejar de necesitarlos, el gasto público no actuará como un trampolín de progreso, sino como un ancla al subdesarrollo. Los recursos no están logrando transformar vulnerabilidad en autonomía.

Un gobierno verdaderamente eficiente no se jacta del tamaño de su red de contención, sino de la velocidad con la que sus ciudadanos logran salir de ella. La política social debe tener como único horizonte el empleo formal y trabajar con el sector privado para conseguir ese objetivo que beneficia a todos. Está comprobado que hay demanda de empleo en CABA, por eso decenas de miles de personas entran a la ciudad a diario.

Se transfieren fondos para mantener a las personas en el límite del consumo, pero no para insertarlas en la economía formal y, como esa política cronifica la situación, el presupuesto exige mantener una presión fiscal asfixiante sobre el comercio local, las pymes y los profesionales independientes. Se castiga con impuestos al sector privado —el único capaz de generar empleo genuino— para sostener una burocracia de reparto que devuelve dependencia en lugar de autonomía. Los que aportan no pueden expandirse y crecer, y los pobres siguen siendo pobres. Quién gana? Nadie. Los burócratas de turno.

Hay una forma de salir de esta trampa mortal generada por una mirada equivocada y cómoda de cómo acercarse a los porteños que están fuera del sistema. Se puede dar una oportunidad de reinserción laboral a todas las familias que están bajo la línea de pobreza en CABA si se pone foco en que sean absorbidos por el sector productivo privado que se revitaliza con la reducción de la presión fiscal, fruto de la mejor y más efectiva asignación de recursos. El estado se ha convertido en el gran responsable del estancamiento y la estigmatización de miles de porteños que sólo necesitan un trabajo: hay que reducir la estructura burocrática y construir el puente entre la vulnerabilidad y el empleo privado formal.

En los modelos de reinserción laboral que desarrollamos en 2024 y 2025 (Proyecto Matías y AIDE), nuestro indicador de resultados fueron las altas de ARCA de nuevos trabajadores que logramos reinsertar y que no volvieron a la calle: el 87% accedió a un trabajo formal en menos de 60 días y el 65% lo sostuvo pasados los 6 meses. La mayoría de las personas que están detrás de estos números eran estancados del sistema asistencialista de nuestra Ciudad. Si se le diera una oportunidad fuerte a la empleabilidad de los más pobres, la política pública podría medirse con indicadores genuinos y dejar de hacerse trampa.

De la pobreza se sale trabajando, y la mejor política social para los más vulnerables es un trabajo en el sector productivo. Y si no me creen, pregúntenles a ellos.

La pobreza alcanzó al 61.1% de los hogares de Honduras en 2026, según los resultados de la nueva Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples, presentada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), organismo oficial de estadística del país.

El dato interrumpe cuatro años de reducción consecutiva e implica un incremento de un punto porcentual frente al 60.1% registrado en 2025.

En términos absolutos, el INE contabilizó 1,702.006 hogares en condición de pobreza, frente a 1,625,077 un año antes. En 2021, la pobreza alcanzaba al 73,6% de los hogares hondureños y descendió de manera consecutiva hasta llegar al 60,1% en 2025.

El deterioro no se limitó al indicador general. La encuesta registró también un aumento de la pobreza extrema, que pasó del 38,3% en 2025 al 39.7% en 2026. En 2021, ese indicador alcanzaba al 53,7% de los hogares. La mayor caída de la serie se produjo entre 2021 y 2022, cuando la pobreza extrema pasó de 53,7% a 43,2%.

Entre 2025 y 2026, el número de hogares considerados pobres aumentó en 76,929, al pasar de 1.625.077 a 1.702.006. Durante ese mismo período, los hogares clasificados como no pobres crecieron en 8.437, de 1.077.107 a 1.085.544.

La diferencia entre ambos movimientos explica por qué el porcentaje nacional de pobreza aumentó después de la reducción registrada en los cuatro años anteriores.

El desempleo también subió

La encuesta examinó además el comportamiento del mercado laboral y encontró un aumento en la tasa de desocupación. La fuerza de trabajo está integrada por 4.085.577 personas, de las cuales 3.795.263 se encontraban ocupadas al momento de la medición.

El número de personas desempleadas llegó a 290.314, equivalente a una tasa de desocupación del 7,1%. El resultado representa un aumento respecto al 4,9% registrado en 2025.

La tasa, con todo, se ubica por debajo del 8,6% de 2021, cuando el desempleo alcanzó uno de los niveles más altos de la serie.

La situación laboral va más allá del número de personas que aparecen oficialmente como desempleadas. El INE contabilizó 2.077.483 personas con problemas de empleo, una categoría que permite observar otras dificultades dentro del mercado laboral además de la desocupación.

El dato adquiere relevancia al analizarlo junto con el aumento de la pobreza registrado durante el mismo período, aunque la encuesta no establece que uno de estos indicadores sea la causa directa del otro.

Ese componente permite observar el problema desde otra perspectiva: no solo cuántos hogares se encuentran por debajo del umbral de pobreza, sino también cómo se distribuyen los ingresos entre los distintos grupos.

Un escenario mixto

Los resultados publicados este jueves presentan un panorama de dos caras para Honduras. Por un lado, la pobreza y la pobreza extrema siguen por debajo de los niveles de 2021. Por otro, ambos indicadores aumentaron en 2026 después de varios años de reducción.

Algo similar ocurre con el mercado laboral: la tasa de desempleo del 7,1% supera la registrada en 2025, pero permanece por debajo del 8,6% de 2021.

La encuesta corresponde a junio de 2026 y constituye una de las principales fuentes estadísticas para conocer las condiciones económicas y laborales de los hogares hondureños.

Ezequiel, de 10 años, vende ajos y pan cada mañana por las calles de Cuba para ayudar a su madre y sus hermanos, después de la muerte de su padre y mientras la familia vive en un antiguo almacén con peligro de derrumbe. Su historia fue difundida por el creador de contenido David Vela y publicada por CiberCuba.

La precariedad de su hogar se inserta en un escenario de pobreza alimentaria y habitacional que afecta a miles de familias. UNICEF calcula que el 9% de los niños cubanos sufre pobreza alimentaria grave y que el 33% de los menores de cinco años atraviesa pobreza alimentaria moderada, mientras el Observatorio Cubano de Derechos Humanos estima que 89 % de los hogares del país vive en pobreza extrema.

El niño recorría las calles ofreciendo su mercancía cuando Vela lo encontró. “¡Pan y el pan! Venga papi un momentico”, gritaba Ezequiel, que todavía no había comido ese día.

La respuesta sobre el destino del dinero fue inmediata: “Para ayudar a mi mamá y a mis hermanos”. Cada pan cuesta 100 pesos, y la venta de ajos completa los ingresos que el niño intenta llevar a su casa.

Un almacén sin divisiones y con riesgo de derrumbe

La vivienda de la familia está en el barrio de Camposanto, adonde Vela acompañó a Ezequiel después de hablar con él. El lugar es un antiguo almacén sin divisiones adecuadas y con un ventilador como único mobiliario mencionado.

“Mira aquí es donde yo vivo, esto es un almacén”, explicó el niño al mostrar el espacio. Cuando le preguntaron qué pediría si pudiera elegir algo, respondió: “Que me quedé en una casa, porque esto aquí está en peligro de lube (derrumbe)”.

El déficit habitacional cubano supera las 900.000 viviendas y, en La Habana, se derrumban cerca de 1.000 edificios cada año. Human Rights Watch documentó en 2026 que hay familias instaladas en escuelas y construcciones abandonadas, en condiciones similares a las de Ezequiel.

La falta de una vivienda segura se suma a la ausencia de un proveedor adulto en su familia. La venta callejera representa para él una tarea que, por su edad, debería estar reemplazada por la escuela, el juego y el cuidado familiar.

Vela pidió ayuda para conseguirle ropa, alimentos y mejoras para el lugar donde vive. “Al niño le hace falta ropita, le hace falta comida y mejora un poco su casita que hay en un almacén, si se le pudiera comprar la casa al niño fuera lo ideal”, sostuvo el creador de contenido.

Menores que trabajan para sostener a sus familias

Ezequiel no es el único menor que ha salido a vender alimentos en las calles cubanas durante 2026. En los primeros meses del año se conocieron casos de niños que ofrecían pan, coquitos o polvorones para aportar a la subsistencia de sus hogares.

El Observatorio Cubano de Conflictos registró 71 denuncias de trabajo y mendicidad infantil durante 2025. Esa cifra contrasta con la posición de la Unión de Jóvenes Comunistas, que el 12 de junio, Día Mundial contra el Trabajo Infantil, afirmó: “Gracias a la Revolución, el trabajo infantil no es una realidad en nuestro país”.

La declaración de la organización juvenil provocó críticas en redes sociales. El caso de David Vela expuso, además, cómo la combinación de pobreza, inseguridad alimentaria y deterioro de las viviendas alcanza a familias sin ingresos suficientes.

Quienes quieran colaborar con Ezequiel pueden comunicarse con Vela mediante WhatsApp al +53 55898008. “Ayudemos a Ezequiel a vivir un poquito más como el niño que es y un poquito menos como el adulto que las circunstancias lo están obligando a ser”, escribió al difundir el video.

Producción agrícola en caída y mercados dependientes de importaciones

La crisis alimentaria cubana está vinculada al descenso de la producción local y a la falta de recursos estatales para importar cerca del 80% de los alimentos que necesita la población. Entre 2018 y 2023, la producción de carne de cerdo cayó 95%, la de arroz se redujo 87%, la de frijoles descendió 70% y la de leche bajó 58%, según datos recopilados por BBC.

El sector agrícola recibe menos presupuesto estatal que actividades como el turismo. La intervención del Estado, el control de la tierra y los bajos pagos a los productores también limitan las cosechas.

Los apagones y la escasez de combustible dificultan el riego, el traslado de productos y su conservación. La dependencia de compras externas agrava el desabastecimiento cuando el país no dispone de divisas para importar alimentos.

El deterioro también afecta a Lima Metropolitana. Un especialista advirtió que la pobreza en la capital pasó del 14% antes de la pandemia al 27% y situó a la ciudad entre las zonas con mayores dificultades de acceso a alimentos del país. La recuperación económica no llegó de la misma forma a todos los hogares y las redes comunitarias continúan cubriendo necesidades básicas.

La distancia entre Arequipa y Lima no modifica la incertidumbre diaria de muchas familias. En Chocñihuaki, una comunidad alpaquera de la provincia de Condesuyos, Basilia Ancasi alimenta a los suyos con la carne de sus animales y recurre al trueque para obtener papas o chuño. En Huáscar, Emilio Gaspar depende de la comida que recibe en una olla común para él y sus dos nietos.

Una alpaca puede representar un mes de comida para una familia en Arequipa

Basilia Ancasi, de 36 años, vive a unos 5.000 metros sobre el nivel del mar, cerca de la frontera entre Arequipa y Cuzco. Tiene 100 alpacas y vende alrededor de 20 por año. Si cada animal se comercializa a 250 soles, obtiene 5.000 soles anuales, equivalentes a unos 416 soles mensuales o 13 soles por día.

La crianza de alpacas sostiene la economía doméstica, aunque los ingresos no siempre alcanzan para cubrir otras necesidades. Cuando necesita papas o chuño, Basilia intercambia animales con comerciantes de la zona. Por una alpaca puede recibir un saco de papas de cinco arrobas o dos arrobas de chuño. La carne de un animal sacrificado puede durar un mes gracias a las bajas temperaturas.

En la comunidad, el frío condiciona la alimentación, la salud y la educación. La casa de piedra de Basilia no evita que las heladas atraviesen sus siete frazadas. Durante las madrugadas, la temperatura puede bajar hasta -20 °C, lo que también afecta a las alpacas, expuestas a neumonía y enfermedades bronquiales. La pérdida de animales reduce aún más los recursos disponibles para las familias.

La escuela y la posta existen, pero no cuentan con servicios permanentes

Los pobladores de Chocñihuaki conviven con infraestructura sin funcionamiento pleno. Hay postes de luz, pero no electricidad; una posta médica, pero sin personal de salud; y una escuela, la institución educativa 4057, donde los alumnos pierden parte del calendario lectivo por la ausencia temporal de docentes durante los meses de frío.

El alcalde de Callarí, John Raúl Uranova Condori, reconoció que en la práctica se dictan tres semanas de clases por mes. El sistema de alternancia reduce el tiempo de enseñanza y deja a los estudiantes de esta comunidad con una carga escolar inferior a la del resto del país. La diferencia acumulada equivale a dos meses y cinco días menos de clases al año.

Francisco Huamaní Cirincha, uno de los comuneros, señaló que la llegada de equipos de televisión fue un hecho inusual para la localidad. También describió el impacto de la migración: existen alrededor de 180 comuneros empadronados, pero solo permanece cerca del 40%. La falta de servicios y oportunidades empuja a los jóvenes hacia otras ciudades, mientras los adultos mayores quedan al frente de la crianza de animales.

Inflación, recesión y falta de políticas profundizaron el estancamiento

El Índice Global del Hambre 2025, presentado por la red Alianza 2015, ubicó a Perú en niveles similares a los de hace una década. El informe considera indicadores de mortalidad infantil, malnutrición crónica, desnutrición aguda infantil y retraso en el crecimiento de niños y niñas.

El diagnóstico atribuye el estancamiento a varios factores. Entre ellos aparecen la inflación, las consecuencias internacionales de la guerra entre Rusia y Ucrania, la recesión y la inestabilidad política peruana. El crecimiento económico, según el análisis, no reduce por sí solo el hambre ni la pobreza si no se acompaña de políticas públicas dirigidas a los sectores con menores ingresos.

La advertencia también alcanza a los efectos del fenómeno de El Niño, que puede reducir la capacidad de producción y autoalimentación de comunidades rurales. Loreto, La Libertad, Puno, Huancavelica, Huánuco y Cajamarca figuran entre las regiones con indicadores más complejos. La meta de hambre cero para 2030 aparece fuera de alcance ante la falta de avances sostenidos durante los últimos 15 años.

Emilio Gaspar consigue 15 soles por día con la venta de plástico

En la parte alta de Huáscar, en San Juan de Lurigancho, Emilio Gaspar, de 71 años, sube el cerro para retirar el almuerzo que entrega la olla común Señor de los Milagros. Tiene diabetes, mareos y caídas frecuentes, pero debe asegurar la comida para él y sus dos nietos.

De lunes a viernes, la olla común cubre parte de la alimentación de la familia. Durante el fin de semana, cuando el comedor no abre, Emilio cocina con lo que logra conseguir. A veces no tiene alimentos disponibles y sale a recolectar plástico para venderlo. Por esa tarea obtiene alrededor de 15 soles diarios, un ingreso que debe alcanzar para cualquier comida que pueda preparar.

Maribel Ascona y otras vecinas cocinan para 56 personas en el comedor comunitario. Allí atienden también a cinco adultos mayores que requieren comida, medicamentos y ropa. La organización nació durante la pandemia, pero se mantuvo activa porque muchas personas que perdieron sus empleos no lograron recuperar ingresos estables. Las familias reciben menestras de instituciones públicas, aunque reclaman más apoyo, un local con agua y luz, y asistencia específica para los ancianos.

En ambos extremos del país, el valor de los bienes familiares queda condicionado por la urgencia. Emilio depende del precio que le paguen por el plástico que recoge. Basilia enfrenta ofertas de intermediarios que pueden reducir a 200 soles el valor de una alpaca. Para los dos, la comida del día depende de recursos mínimos y de redes comunitarias que intentan compensar la ausencia de servicios básicos.

Una niña cubana de siete años propuso vender su cabello para que su madre, Santi Batista, pudiera comprar un ventilador recargable ante los prolongados apagones y las altas temperaturas que afectan a su familia en Pesquería, una comunidad rural del municipio de Baraguá, en Ciego de Ávila. Informó el Periódico de Cuba

La menor, una de dos hermanas gemelas, tomó la decisión por iniciativa propia para que ambas pudieran usar el equipo cuando se interrumpe el suministro eléctrico. Batista relató la situación en redes sociales, donde el caso generó ofrecimientos de ayuda.

Según el Periódico de Cuba, la madre viajó con la niña a la ciudad para intentar concretar la venta, pero los posibles compradores ofrecieron 20,000 pesos cubanos por el cabello. La cifra fue considerada insuficiente por usuarios que le recomendaron no cortar el pelo de la menor.

Batista cuestionó las condiciones que llevaron a su hija a tomar esa decisión: “¿Hasta cuándo vamos a estar sufriendo con la situación de este país?”.

Un cubano residente en Florida ofreció públicamente comprar el ventilador recargable para evitar que la niña tuviera que desprenderse de su cabello. Hasta el momento no se conoció si esa ayuda llegó a la familia.

Calor y déficit eléctrico en Ciego de Ávila

La búsqueda de un ventilador ocurre durante una etapa de altas temperaturas y cortes de electricidad de larga duración. El Centro Meteorológico Provincial de Ciego de Ávila pronosticó máximas de hasta 34°C para el miércoles 16 de septiembre en localidades del interior de la provincia.

El déficit previsto para el horario de máxima demanda también expone la dimensión de los apagones. La Unión Eléctrica calculó una disponibilidad de 1.120 MW frente a una demanda de 3,200 MW, con una afectación estimada de 2,110 MW para el 15 de septiembre.

Residentes de Ciego de Ávila habían denunciado meses atrás desigualdades en la distribución del servicio, con circuitos que permanecían entre 18 y 24 horas sin electricidad. La empresa estatal había advertido que los cortes podían agravarse entre septiembre y diciembre por mantenimientos programados, averías y una generación incapaz de cubrir la demanda.

El episodio tiene antecedentes en la isla. En 2023, otra madre cubana consideró vender su cabello para comprar útiles escolares y zapatos para su hijo, gastos que no podía afrontar con sus ingresos.

Niños incorporados a la subsistencia familiar

La escasez y el deterioro de los servicios básicos han trasladado a niños y adolescentes parte de las estrategias de supervivencia de sus hogares. El Food Monitor Program advirtió que cada vez más menores realizan actividades para aportar al sustento familiar.

La situación económica alcanza a la mayoría de los hogares, de acuerdo con el IX Estudio sobre Derechos Sociales del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. La investigación, realizada entre junio y julio de 2026, estimó que el 94% de los cubanos vive en condiciones de pobreza extrema.

Ocho de cada diez personas consultadas afirmaron que debieron privarse de alguna comida por falta de dinero o de alimentos.

Uno de cada cuatro inquilinos de mercado que hoy no figura como pobre en las estadísticas oficiales pasa a estarlo en el momento en que paga el alquiler. Así se desprende de un estudio de Fedea que analiza los microdatos de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) entre 2014 y 2025. El trabajo concluye que el coste de la vivienda suma 1,95 millones de pobres adicionales en España y eleva la tasa nacional del 19,5% al 23,5% cuando se descuenta ese gasto de la renta disponible.

La proporción de personas que cruzan el umbral de pobreza al pagar su vivienda varía según el régimen de tenencia. Entre quienes alquilan a precio de mercado y no eran pobres según su renta, el 25,4% pasa a serlo tras pagar el alquiler. Entre quienes alquilan por debajo de precio de mercado (vivienda protegida, casas de familiares, contratos de renta antigua...), la proporción es del 15,4%. En los propietarios con hipoteca ese salto se reduce al 3,2%, mientras que en los propietarios sin deuda y en los hogares que residen en cesión gratuita el fenómeno resulta nulo, porque su coste de acceso a la vivienda es cero por definición.

Entre quienes residen en alquiler de mercado, la tasa de pobreza pasa del 32,8% al 49,9% al descontar ese pago, un salto de 17 puntos porcentuales que no tiene equivalente en ningún otro régimen.

Ocho de cada diez “nuevos pobres” pagan alquiler

Entre los 1,95 millones de personas que caen en la pobreza tras pagar la vivienda, el peso del alquiler resulta todavía más nítido. Quienes residen en alquiler de mercado explican el 72,5% de ese total, y si se suma el alquiler por debajo de precio de mercado, la proporción llega al 80,2%. En otras palabras, ocho de cada diez personas que aparecen como pobres solo después de pagar su vivienda son inquilinas.

Esa concentración contrasta con el peso demográfico del alquiler de mercado, que representa apenas el 17,1% de la población española. La sobrerrepresentación es, por tanto, superior a cuatro veces: un régimen que agrupa a menos de dos de cada diez habitantes concentra prácticamente tres cuartas partes de toda la pobreza que la renta convencional no detecta.

Quiénes son los inquilinos que caen en la pobreza

La edad marca una de las diferencias más claras en el perfil de las personas que cruzan el umbral: la tasa de entrada a la pobreza por esta vía alcanza el 11,9% entre las personas que integran hogares jóvenes, con persona de referencia menor de 35 años, frente a apenas el 1,8% entre los mayores de 65 años.

En cuanto al país de origen, la tasa es del 2,7% cuando esa persona nació en España y asciende al 19,5% cuando nació fuera de la Unión Europea (UE). Este último grupo representa apenas el 12,3% de la población no pobre según la métrica convencional, pero concentra el 48,1% de quienes caen en la pobreza al pagar la vivienda.

Cataluña y Madrid concentran el 41,8% de esta pobreza vinculada al pago de la vivienda, con 450.000 y 370.000 personas respectivamente, según el desglose por comunidades autónomas del estudio. Ambos territorios figuran también entre los de mayor exposición a gastos residenciales elevados: en Madrid, el 23,7% de la población destina más de 10.000 euros anuales a vivienda, frente al 9,4% de la media nacional.

En un contexto marcado por la pérdida de empleo formal, la caída de los ingresos y una creciente precarización laboral, el Indec dará a conocer el próximo jueves 24 de septiembre los datos oficiales de pobreza e indigencia correspondientes al primer semestre de 2026. Las estimaciones privadas anticipan un empeoramiento de ambos indicadores, en un escenario en el que el deterioro de las condiciones económicas de los hogares volvió a ganar protagonismo.

Distintos especialistas observan un cambio de tendencia: la fase de descenso iniciada en la segunda mitad de 2024 se agotó. La pobreza tocó un mínimo de 26,9% en el tercer trimestre de 2025, subió a 29,9% en el cuarto y se habría ubicado en 30% en el primero de 2026. La indigencia siguió la misma trayectoria, pasando de 6% a 6,5%. El valor del segundo trimestre del año sería incluso mayor, ya que los trimestres pares no capturan el aguinaldo.

De este modo, según el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la UCA, la pobreza del primer semestre oscilaría entre el 31% y el 32%, lo que implicaría entre 1,5 y 2 millones de nuevos pobres.

“La mejora previa del indicador se apoyó en dos motores que dejaron de funcionar. Por un lado, los ingresos reales se recuperaron parcialmente desde los primeros meses de 2024. Por el otro, los precios relativos jugaron a favor, ya que las canastas se incrementaban por debajo de la inflación. Este mecanismo se revirtió desde el último trimestre de 2025”, explicó Agustín Salvia, director del ODSA.

En paralelo, “la recuperación de los ingresos de los ocupados perdió dinamismo, en un contexto de estancamiento económico. A eso se suman un mercado de trabajo que mantiene relativamente estable la cantidad de empleo, pero reduce su calidad, con un avance de 2,2 puntos porcentuales en la tasa de informalidad y, en líneas generales, una mayor participación de ocupaciones inestables, asociadas a menores recursos”, señaló.

Por otro lado, advirtió que la medición de la pobreza del Indec parte de supuestos que podrían haber exagerado la caída registrada en los últimos años. Esto se explica fundamentalmente por una menor subdeclaración de los ingresos en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) y, en menor medida, por la falta de actualización de los ponderadores de la Canasta Básica Total (CBT).

“Que la baja se interrumpa incluso en la serie con la metodología oficial sugiere que la situación efectiva de los hogares podría ser menos favorable que la que reflejan los números publicados”, sostuvo Salvia.

Desde el Centro de Investigación y Acción Social (CIAS), el investigador Santiago Poy apuntó: “Todo sugiere que llevamos alrededor de tres trimestres seguidos con una situación socioeconómica más compleja”. Aunque consideró que la pobreza aumentó respecto del 28,2% del segundo semestre de 2025, mostró cautela porque la EPH viene dando “sorpresas en la medición”.

El especialista remarcó que “algunos ‘motores’ de la baja de la pobreza se quedaron sin nafta”. Las canastas subieron por encima de la inflación y las principales ayudas sociales, como la AUH, no registraron mejoras significativas en términos reales. A su vez, programas como el Progresar, Acompañamiento Social y Volver al Trabajo perdieron cobertura.

“Entonces pasa a ser muy importante lo que ocurra en el mercado de trabajo y cómo lo capture la EPH. De acuerdo a los datos disponibles, el empleo formal se redujo y los salarios empeoraron en relación al año pasado. El resultado de este semestre va a depender de cómo se comporte el sector informal, y si empieza a presentar signos de saturación”, subrayó Poy.

“Más allá de la evolución en el corto plazo, las fluctuaciones de las devaluaciones o picos de inflación, el problema de fondo es que tenemos casi el 30% de la población viviendo en la pobreza, una pauta que se consolidó a partir de la crisis de 2018 y que no se logra revertir”, añadió.

Matías Maito, director del programa de Capacitación y Estudios sobre el Trabajo y el Desarrollo (CETyD), de la Universidad Nacional de San Martín, afirmó que existen dos factores que van a impactar en los niveles de pobreza: el cambio en la composición del empleo y la pérdida generalizada de poder adquisitivo.

En cuanto al mercado laboral, se están destruyendo puestos formales, al tiempo que avanza la precarización. Si bien desde el Gobierno aseguran que esto responde a la elección de modalidades de trabajo más flexibles y que los monotributistas tienen ingresos similares a los empleados registrados, de los 500.000 nuevos puestos creados en los últimos años, solo el 5% pertenece a ese régimen.

El 95% restante correspondió, en su mayoría, a cuentapropistas informales y, en menor medida, a asalariados informales. Además, lo que percibe mensualmente un trabajador de este segmento equivale a apenas el 37% de lo que cobra un empleado formal del sector privado.

En tanto, el nowcast de la Universidad Torcuato Di Tella estimó una tasa de pobreza de 31,3% para el semestre marzo-agosto, con un intervalo de confianza del 95%. Esa cifra se traduce en 9,4 millones de personas que viven en hogares urbanos pobres.

El informe precisó que la CBT acumuló una suba interanual de 34,7% en los primeros seis meses del año, frente a un incremento de 25% en el ingreso total familiar, una brecha que hizo retroceder el poder adquisitivo y elevó la incidencia de la pobreza.

En agosto, la CBT aumentó 2,6%, por encima de la inflación, que fue de 1,7%, y un hogar compuesto por cuatro integrantes necesitó $1.605.497 para no ser pobre. Por su parte, la CBA también se incrementó 2,6%, por lo que esa misma familia debió contar con $726.469 para no caer en la indigencia.

La pobreza total se mantuvo estable entre 2019 y 2025, pero su composición cambió: la pobreza relativa disminuyó, mientras que la pobreza extrema creció, según afirmó el economista Rafael Lemus.

Lemus situó el aumento de la pobreza extrema en los hogares en un rango de cerca de 4.7 % a más de 7 %. Sostuvo que una parte de las familias que estaban en pobreza relativa habría pasado a una condición de mayores privaciones. “Muchos de los pobres relativos están migrando a una peor situación, que es pobreza extrema”, expresó.

El economista definió la pobreza extrema como la situación de las familias que no reúnen ingresos suficientes para comprar los alimentos mínimos del mes. Situó esa referencia en USD 260 mensuales, de acuerdo con los datos oficiales a los que aludió. Aclaró que ese monto cubre únicamente una canasta alimentaria.

Lemus explicó, en Radio YSUCA, que una canasta de ese tipo incluye 11 productos urbanos y ocho rurales. Mencionó alimentos como arroz y frijoles para describir el consumo considerado dentro de esa medición. Según señaló, USD 260 no cubren transporte, comunicaciones, educación, salud, vivienda ni otros gastos familiares.

Según Lemus, los hogares en pobreza extrema enfrentan mayores obstáculos para mejorar sus ingresos porque pueden carecer de tierra, maquinaria, equipo, insumos u otros recursos productivos. Añadió que algunos organismos se han referido al riesgo alimentario en El Salvador. “Estamos creciendo en la peor pobreza”, afirmó.

La pobreza extrema creció en todos los departamentos

Lemus sostuvo que la pobreza extrema aumentó en todos los departamentos entre 2019 y 2025. Añadió que, en algunos territorios, el indicador llegó a duplicarse. Mencionó a Chalatenango, Cabañas y San Salvador entre los lugares donde identificó ese comportamiento.

En San Salvador, el economista señaló que la pobreza extrema pasó de cerca de 2 % a más de 4 %. Precisó que el departamento mantiene una incidencia menor frente a otros territorios, pero destacó que la proporción se duplicó durante el período que citó.

Sobre Cabañas, Lemus afirmó que en 2019 se encontraba entre los departamentos con menor pobreza extrema. Según su exposición, para 2025 pasó a ocupar el primer lugar de esa clasificación. Durante el programa no detalló las cifras completas de todos los departamentos.

El entrevistado afirmó que el incremento de la pobreza extrema no se concentra en una sola zona del país, sino que se presenta en diversos territorios, incluidos departamentos que antes registraban menores niveles de esa condición.

Lemus también afirmó que el empleo, las inversiones y el dinamismo económico se concentran principalmente en San Salvador y La Libertad. Según explicó, al observar otros departamentos se encuentran comunidades con menor actividad económica y mayores dificultades en las condiciones de vida de los hogares.

El economista consideró que las inversiones no se han distribuido con una estrategia que permita llevar actividad productiva y oportunidades de ingreso a todo el territorio. “Ese crecimiento no solo es concentrado en pocas manos, sino también en dos departamentos”, expresó al referirse a San Salvador y La Libertad.

Según Lemus, la evaluación del crecimiento económico debe incorporar su alcance territorial. Planteó que los resultados no solo deben medirse por los indicadores generales, sino también por las oportunidades de empleo, inversión e ingresos en los departamentos con menor dinamismo.

El aumento de precios redujo el poder de compra

Para explicar los cambios en el poder adquisitivo de los hogares, Lemus comparó precios de productos de consumo cotidiano entre 2019 y 2026. Según dijo, en 2019 una moneda de USD 0,25 permitía comprar cuatro tortillas, mientras que ahora esa misma cantidad alcanza para dos tortillas.

El economista también utilizó el precio de las pupusas como referencia. Afirmó que en 2019 se podían comprar tres pupusas por USD 1, mientras que actualmente una pupusa cuesta alrededor de USD 1. Agregó que las pupusas de especialidad pueden costar entre USD 1.25 y USD 1.50.

Lemus aclaró que esos ejemplos no sustituyen el índice general de inflación, que incluye alimentos, vestuario, transporte y otros rubros. Sin embargo, sostuvo que permiten observar de forma cotidiana cómo una familia con el mismo ingreso compra una menor cantidad de comida.

El entrevistado afirmó que el componente de alimentos acumuló un aumento de 31 % desde mayo de 2019. Según explicó, una familia que antes compraba determinada cantidad de bienes y servicios con USD 100 necesitaría ahora cerca de USD 131 para adquirir el mismo volumen.

El economista indicó que, con USD 100, un hogar solo puede comprar el equivalente al 69 % de los productos y servicios que obtenía antes de ese incremento acumulado. “El índice de alimentos ha crecido 31 % acumulado”, afirmó durante la conversación en YSUCA.

Lemus señaló que el índice de inflación contiene distintos tipos de gasto, como alimentos, vestuario y transporte. Su explicación se concentró en el efecto de los precios de la comida sobre las familias que destinan una proporción mayor de sus ingresos a la compra de alimentos.

Los hogares necesitan USD 520 para superar la pobreza

Lemus explicó que los USD 260 mensuales mencionados como parámetro de pobreza extrema corresponden solamente a los ingresos requeridos para adquirir alimentos. Aclaró que un hogar con ese monto no tendría recursos suficientes para transporte, teléfono, educación, salud ni otras necesidades cotidianas.

Para superar la pobreza total, el economista afirmó que una familia necesitaría recibir alrededor de USD 520 al mes. “Si un hogar al mes recibe menos de USD 520, está en el grupo de pobres”, sostuvo al explicar la diferencia entre la canasta alimentaria y el conjunto de gastos familiares.

Según Lemus, los hogares con ingresos inferiores a USD 260 mensuales se ubican en pobreza extrema porque no pueden cubrir ni siquiera la alimentación mínima. Añadió que una enfermedad o un gasto inesperado puede obligar a esas familias a reducir otras necesidades, ya que sus recursos se concentran en la comida.

El economista describió algunas decisiones que, según dijo, toman las familias cuando sus ingresos no alcanzan para mantener sus compras habituales. Mencionó hogares que adquieren menos carne, menos pollo o cantidades más pequeñas de productos que antes compraban con mayor frecuencia.

Lemus también aludió a familias que recurren a macarrones u otras comidas de menor costo para completar la alimentación del día. Señaló que esos ajustes aparecen en testimonios de personas entrevistadas en mercados sobre las restricciones de sus presupuestos.

El entrevistado mencionó la sopa de frijoles, el casamiento y los frijoles fritos como preparaciones que permiten aprovechar los ingredientes durante varios tiempos de comida. Según explicó, estas alternativas forman parte de la administración doméstica de los recursos disponibles cuando el dinero no alcanza.

“Todo ese malabarismo de la mamá para lograr salvar la categoría del mes y dar alimentos (...) es una lucha de que alcance”, expresó Lemus. El economista presentó esas prácticas como parte de los esfuerzos cotidianos de los hogares para sostener la alimentación durante el mes.

El secretario general de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), Alejandro “Peluca” Gramajo, participó este sábado de una audiencia con el papa León XIV en el Vaticano, en el marco del cierre del IV Encuentro Sinodal Fratelli Tutti: Diálogo Socio-Ambiental Norte-Sur, celebrado en Roma entre el 10 y el 12 de septiembre. Durante el encuentro, el dirigente gremial le entregó al Sumo Pontífice un informe de diagnóstico de más de 60 páginas sobre el deterioro social y económico de la Argentina, mientras que el pontífice, en su discurso ante los participantes del mundo, sostuvo que los grandes desafíos sociales y tecnológicos de la época “requieren responsabilidad compartida” y llamó a que el desarrollo actual “no deje nuevas ruinas a su paso”.

El encuentro, organizado de forma conjunta por el Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño (CELAM), la Pontificia Comisión para América Latina y la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB), convocó a dirigentes sindicales, empresarios, académicos, bancos de desarrollo y movimientos populares de todo el continente. La iniciativa nació hace cinco años por impulso del papa Francisco, con antecedentes previos en Washington y Bogotá, con el objetivo de promover el diálogo social y profundizar el vínculo de la Iglesia con las organizaciones comunitarias.

La delegación argentina que asistió a la cumbre estuvo integrada por los dirigentes sindicales Gerardo Martínez, de la Confederación General del Trabajo (CGT) y miembro titular del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y Cristian Jerónimo, uno de los tres cotitulares de la central obrera; Gramajo, en representación de la UTEP; Marta Pujadas, presidenta del Consejo Sindical de Asesoramiento Técnico de la Organización de los Estados Americanos (OEA); Daniel Funes de Rioja, presidente de la Organización Internacional de Empleadores (OIE), y el sacerdote Carlos “Charly” Olivero, coordinador de Comunidades Organizadas.

La audiencia se realizó el sábado en el Palacio Apostólico Vaticano, al cierre de tres jornadas de diálogo desarrolladas en la Casa Generalicia de La Salle, en Roma.

“Qué humanidad queremos construir”: el mensaje central del Papa

En su discurso, pronunciado en español e inglés, León XIV saludó también a representantes de la Conferencia Eclesial Amazónica, de organismos internacionales, bancos regionales de cooperación, empresas, fundaciones, centrales sindicales, cámaras de empleadores y universidades, según recogió Vatican News. El pontífice remarcó que la amplitud de esa representación confiere un interés particular al encuentro, ya que reúne a actores con responsabilidades decisivas en la vida social, económica y cultural, y sostuvo que su presencia expresa la voluntad de traducir el diálogo en modelos de desarrollo “más humanos, sostenibles y solidarios”.

El Papa vinculó el encuentro con el llamado que había formulado ante el Colegio Cardenalicio el 10 de mayo de 2025 a sostener un “diálogo valiente y confiado con el mundo contemporáneo”. Explicó que ese diálogo no constituye para la Iglesia una actividad secundaria, sino parte de su misión evangelizadora, que exige mirar de frente la realidad de quienes padecen con mayor gravedad las consecuencias de los cambios sociales, económicos y tecnológicos.

Frente al avance de la tecnología y la inteligencia artificial, el pontífice planteó que la pregunta decisiva no es si aceptar o rechazar determinadas herramientas, sino “qué humanidad queremos construir y qué lugar tendrá en ella cada persona”. En ese marco, llamó a recuperar la lógica de la subsidiariedad y valoró la iniciativa de la Iglesia en las Américas para promover una Agenda de Responsabilidad Compartida Norte-Sur de Cooperación Multisectorial. “Los grandes desafíos sociales requieren responsabilidad compartida, participación y colaboración entre los distintos cuerpos de la sociedad”, sostuvo, de acuerdo con la transcripción difundida por el medio vaticano.

Referencias a la encíclica Magnifica Humanitas y advertencia sobre la polarización

León XIV retomó conceptos de su primera encíclica, Magnifica Humanitas, sobre la necesidad de un principio de unidad que oriente el pluralismo hacia fundamentos comunes. “Escuchar verdaderamente las diferencias no significa diluirlas, sino aprender a discernirlas y a buscar, desde ellas, aquello que puede servir al bien de todos”, afirmó, y advirtió sobre el riesgo de las narrativas polarizadas en una época en la que “el enfrentamiento puede convertirse fácilmente en instrumento de poder”.

En la parte de su alocución pronunciada en inglés, el Papa se refirió a las “res novae”, las nuevas realidades de la época, y señaló la responsabilidad de las empresas, llamadas a reconocer el trabajo y la dignidad como medidas de éxito, y de los ciudadanos, convocados a cultivar la responsabilidad y el sentido de la verdad. Citó su propia encíclica para sostener que las tensiones y diferencias “pueden convertirse en fuerzas creativas cuando están guiadas por la responsabilidad compartida”.

Sobre la Doctrina Social de la Iglesia, aclaró que no se trata de un manual de principios y normas que deba aplicarse mecánicamente, sino de un proceso de discernimiento compartido, cuyo valor no puede medirse solo por el número de personas que respaldan un consenso, sino por el impacto que ese consenso tiene “en la vida de quienes poseen menos poder para defenderse”.

La imagen de Nehemías y el llamado a “reconstruir lo que se ha derrumbado”

Al cierre de su intervención, el pontífice recurrió a la figura bíblica de Nehemías, reconstructor de Jerusalén, como imagen de una tarea colectiva. “Al igual que Nehemías, deben entrar en las obras de la historia —laboratorios de investigación, empresas tecnológicas, escuelas, medios de comunicación, instituciones y comunidades locales— para reconstruir lo que se ha derrumbado y proteger lo que está amenazado”, señaló, en una cita textual de Magnifica Humanitas.

El Papa concluyó con un llamado a cultivar una “cultura de la negociación” que contribuya a la paz, y expresó su deseo de que “el progreso de nuestra época no deje nuevas ruinas a su paso” y que todo lo que se construya sea “un hogar y un refugio para todos, empezando por los más necesitados”. La audiencia finalizó con el rezo conjunto del Padre Nuestro y la bendición apostólica.

El Papa retomó nuevamente la figura de Nehemías para remarcar que este no reconstruyó Jerusalén solo, sino que convocó a su pueblo y cada persona asumió la parte que le correspondía. Bajo esa lógica, cerró su discurso con una convocatoria directa a los presentes: “Ahora les toca a ustedes reconocer qué parte de esta labor compartida se les ha confiado. Que el progreso de nuestra época no deje nuevas ruinas a su paso, y que todo lo que construyamos sea verdaderamente un hogar y un refugio para todos, empezando por los más necesitados”.

El cuestionamiento de la UTEP a las cifras oficiales de pobreza

En paralelo al discurso papal, el informe entregado por Gramajo cuestiona la metodología con la que el Estado argentino mide la pobreza. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), en el segundo semestre de 2025 —última medición oficial disponible— el 21% de los hogares se encontraba por debajo de la línea de pobreza, lo que incluía al 28,2% de las personas. Dentro de ese universo, el 4,8% de los hogares estaba bajo la línea de indigencia, es decir, el 6,3% de las personas. En términos absolutos, esto representa 2.145.000 hogares pobres, que incluyen a 8.474.000 personas, y 494.000 hogares indigentes, con 1.884.000 personas en esa condición.

El documento sostiene que esa medición subestima sistemáticamente la privación real. Según un estudio del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG Data) citado en el informe, si se actualiza la línea de pobreza con los patrones de consumo reales y se incorpora el costo del alquiler, la pobreza real trepa al 39% de los hogares, casi el doble de la cifra oficial, lo que equivale a 4 millones de hogares pobres frente a los 2,1 millones que reporta el INDEC. En términos de población, ese “sinceramiento metodológico” eleva la pobreza al 48% y deja fuera de las estadísticas oficiales a más de 6 millones de personas.

Empleo informal, cierre de empresas y salarios por debajo de la canasta básica

El informe dedica un extenso apartado a la desestructuración del mercado laboral. De acuerdo con datos del INDEC citados en el documento, la tasa de informalidad alcanzó el 43% en el último cuatrimestre de 2025, con picos del 57,3% entre los varones de hasta 29 años y del 59,7% entre las mujeres de ese mismo rango etario. Esto implica que más de nueve millones de trabajadores realizan sus tareas sin aportes jubilatorios ni cobertura de seguridad social.

En materia de cierre de empresas, el documento cita un relevamiento del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) según el cual, entre 2023 y marzo de 2026, la cantidad de empleadores registrados cayó de 512.357 a 485.909, una contracción de 26.448 empresas, equivalente a 31 cierres por día. El fenómeno explica, en parte, la pérdida de 341.396 puestos de trabajo en ese período.

El informe también compara los ingresos con el costo de vida: el salario de un empleo formal ronda en promedio 1.200.000 pesos (unos 800 dólares), mientras que el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVyM) establecido por el Gobierno para julio de 2026 es de 372.400 pesos y el costo de la canasta básica total para una familia de cuatro integrantes se ubica en 1.500.000 pesos.

Uno de los ejes centrales del informe es la eliminación del Programa Volver al Trabajo, que otorgaba una asignación fija de 78.000 pesos mensuales a más de 900.000 personas de entre 18 y 49 años. El programa era la continuidad del Salario Social Complementario (SSC), equivalente al 50% del Salario Mínimo Vital y Móvil, congelado a valores de noviembre de 2023, lo que —según el documento— derivó en una pérdida de poder adquisitivo estimada en el 74% por efecto de la inflación.

Tras un amparo judicial que la UTEP obtuvo con base en el principio de no regresión de derechos sociales, los pagos se sostuvieron hasta que, en julio de 2026, la Sala I de la Cámara Federal de San Martín revocó la medida cautelar. Así, agosto de 2026 fue el primer mes sin el pago de los 78.000 pesos para el universo de beneficiarios. El 7 de agosto, día de San Cayetano, la organización presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia, que fue denegado, aunque el litigio de fondo continúa abierto.

El desfinanciamiento de las obras en los barrios populares

El informe también detalla el impacto de la disolución del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), decretada en mayo de 2025. Según el documento, la medida implicó una reducción del 94% en los desembolsos previstos, con perjuicio para más de 200.000 familias. Los fondos que estaban destinados a las obras fueron reasignados: 204.000 millones de pesos en letras del Tesoro y bonos, 64.000 millones en un fondo común de inversión y 95.600 millones en cuentas del Banco Nación.

De acuerdo con relevamientos del Centro para la Integración Socio Urbana (CISUR) y la fundación Fundar citados en el informe, el FISU había ejecutado o tenía en marcha 1.394 obras —1.277 de integración socio urbana y 117 de desarrollo de lotes con servicios—, de las cuales 474 estaban finalizadas (34%) y 330 con un avance superior al 50% (24%). El fondo había generado, además, 23.900 lotes con servicios, más de 250.000 mejoras de vivienda a través del programa Mi Pieza y 850.000 Certificados de Vivienda Familiar, con más de 1.300 barrios beneficiados por al menos una obra.

El propio documento describe la magnitud del déficit estructural en los barrios populares registrados en el ReNaBaP, que agrupan a más de 5.600 asentamientos con cerca de 5 millones de habitantes: el 92% carece de conexión formal de agua, el 98% no tiene acceso formal a gas natural, el 97% no cuenta con red cloacal formal y el 66% depende de conexiones eléctricas irregulares. Un relevamiento de CISUR de mayo de 2026 agrega que el 96,93% de los hogares presenta al menos una situación de déficit habitacional, el 48% acumula más de un problema simultáneo y el 10% habita viviendas calificadas como irrecuperables. El informe cita, además, un dato de mortalidad diferencial: la edad promedio de fallecimiento en los barrios populares es de 60,6 años, frente a los 71,6 años del promedio nacional.

En el capítulo dedicado a la emergencia alimentaria, el informe sostiene que la inseguridad alimentaria dejó de ser un problema coyuntural para transformarse en un rasgo estructural, con un salto que —según los datos citados— viene escalando desde el 15,7% registrado en 2014. El documento remarca el rol que cumplen las organizaciones de la economía popular ante el retiro estatal: solo el Banco de Alimentos Buenos Aires distribuyó durante 2025 7,28 millones de kilos de alimentos, equivalentes a más de 21,8 millones de platos, a través de 1.335 organizaciones y con alcance a 354.027 personas.

El informe señala también que entre el 70% y el 80% de quienes coordinan, cocinan y sostienen los comedores comunitarios son mujeres que realizan esa tarea de forma no remunerada, un trabajo de cuidado que —según una estimación citada en el documento— representa el 15,9% del Producto Bruto Interno (PBI) del país si se contabilizara el total de las tareas domésticas y de cuidados no remuneradas.

Infancia, salud mental y consumos problemáticos

El documento dedica un capítulo específico al impacto de la crisis sobre la niñez. Según los datos allí consignados, correspondientes al primer semestre de 2025, el 45,4% de los niños y niñas de entre 0 y 14 años vivía en hogares bajo la línea de pobreza y el 10% en la indigencia. Además, el 36,8% de los chicos de entre 6 y 17 años “aprende poco o podría aprender más” y el 18,1% presenta síntomas de tristeza o ansiedad, según la percepción de sus adultos de referencia.

En materia de salud mental, el informe cita indicadores según los cuales una de cada cuatro personas en la Argentina (entre el 26,7% y el 28,1%) presenta algún problema de esa índole. El 49% de los argentinos refirió sufrir estrés y ansiedad frecuentes durante 2025, el 8,7% declaró padecer depresión mayor y los trastornos vinculados al consumo de sustancias afectarían a cerca del 10% de la población. Sobre este último punto, el documento advierte que la experiencia territorial de los dispositivos comunitarios registra “situaciones de inicio en niñas y niños de apenas 8 y 9 años en contextos de alta vulnerabilidad social”, a lo que se suma el crecimiento de las apuestas en línea entre los más jóvenes.

Frente a ese diagnóstico, la delegación de la UTEP expuso ante el Papa lo que definió como la “reserva moral, productiva y comunitaria” de la economía popular. En ese marco, presentó el trabajo de las promotoras territoriales, una propuesta de Estatuto Laboral y la plataforma cooperativa Cuidarnos, un proyecto que conecta a familias que requieren cuidados con trabajadoras capacitadas en la atención de adultos mayores.

Gramajo vinculó esta iniciativa con los debates en torno a la encíclica Magnifica Humanitas: “Si la tecnología queda en manos de unos pocos, sólo agrava la exclusión y profundiza el pluriempleo”, había señalado el dirigente antes de la audiencia, y sostuvo que Cuidarnos “demuestra que la tecnología puede estar al servicio de la dignidad humana”.

El pedido de la UTEP de cara a la llegada del Papa al país

Al cierre de la jornada, desde la UTEP remarcaron la expectativa que genera la visita papal en los barrios populares. “Con inmensa gratitud en el corazón y una profunda esperanza comunitaria, le transmitimos que nuestro pueblo lo espera con los brazos abiertos para su histórica visita pastoral en noviembre. Su llegada a la Argentina será un abrazo indispensable para aliviar el alma de los que sufren y una llama viva para reafirmar que la paz social solo se construye garantizando la sagrada agenda de Tierra, Techo y Trabajo”.

En diálogo con Infobae, Alejandro Gramajo destacó las palabras del León XIV quien afirmó que: “El diálogo con el mundo no constituye para la Iglesia una actividad secundaria, sino que pertenece a su propia misión evangelizadora. La Iglesia anuncia el Evangelio en medio de las circunstancias concretas en las que viven los pueblos y, por ello, está llamada a mirar de frente la realidad de hombres y mujeres”.

Su Santidad también destacó: “El imperativo del Evangelio de cuidar a los pobres exige, además, que esa mirada se dirija de modo particular hacia quienes padecen con mayor gravedad las consecuencias de los cambios sociales, económicos y tecnológicos.”

El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y el Banco Nacional de Panamá formalizaron un préstamo A/B por hasta $500 millones, destinado a ampliar el crédito para más de 3.300 pequeñas y medianas empresas. La operación no constituye deuda soberana contratada por el Gobierno, sino un financiamiento otorgado directamente a Banconal para canalizarlo hacia sectores productivos.

El acuerdo fue suscrito por Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF, y Milciades Denis, subgerente general de Finanzas y Tesorería de Banconal, con la presencia del ministro Felipe Chapman. Es el primer préstamo de esta modalidad estructurado por CAF en Panamá y su mayor operación local de ventanilla no soberana.

Mediante este mecanismo, CAF participa directamente en el tramo A del crédito y moviliza capital de entidades privadas para el tramo B. La estructura incorporó $400 millones de siete instituciones internacionales, mientras Banco Nacional asumirá la obligación financiera y colocará los fondos entre los beneficiarios que cumplan las condiciones.

BBVA New York Branch actuó como organizador principal, acompañado por Bladex, Commerzbank, Occidental Bank de Barbados, Bradesco Bank, BlueOrchard y Bancaribe Curaçao. Díaz-Granados destacó que algunas de estas instituciones ingresan por primera vez a Panamá, atraídas por una operación que combina recursos multilaterales con capital privado internacional

Al menos el 50% del dinero será dirigido al financiamiento de actividades agropecuarias y agroindustriales, principalmente en áreas rurales. Los recursos también respaldarán pymes productivas y proyectos verdes relacionados con eficiencia energética, energías renovables y sostenibilidad, con atención especial a empresas encabezadas por mujeres.

La proyección establece que más de 3.300 pequeñas y medianas empresas recibirán financiamiento, incluyendo al menos 1.000 lideradas por mujeres. El programa pretende facilitar capital para adquirir tecnología, modernizar procesos y aumentar la producción, mientras estimula la generación de empleos en comunidades rurales.

Díaz-Granados explicó que CAF no pretende limitarse a entregar recursos. El financiamiento será acompañado por asistencia técnica y promoción en el interior del país, para que los productores conozcan las líneas disponibles y puedan utilizarlas, en lugar de mantener programas con escasa divulgación o concentrados en los centros urbanos.

“Es conocimiento generado por especialistas de la región para la región”, afirmó al referirse al Reporte de Economía y Desarrollo 2026. El presidente de CAF señaló que el documento busca cambiar la conversación sobre la ruralidad, al presentarla como un territorio de oportunidades y no solamente como un conjunto de carencias que deben resolverse.

El ejecutivo identificó tres grandes agendas que tendrán como escenario el mundo rural: seguridad alimentaria, sostenibilidad ambiental y transición energética. En esos territorios se encuentran las tierras para producir alimentos, los recursos naturales y la capacidad energética que necesitará la región, pero también algunas de sus mayores concentraciones de pobreza.

Díaz-Granados destacó que América Latina y el Caribe cuentan con una relación favorable entre población y disponibilidad territorial. Sin embargo, advirtió que el potencial natural no se ha transformado plenamente en productividad, bienestar o empleos de calidad, mientras las tasas de pobreza rural continúan duplicando las registradas en las ciudades.

En el caso panameño, sostuvo que cerca del 15% de las exportaciones tiene origen en actividades vinculadas con el mundo rural. Panamá puede aprovechar su posición geográfica, conectividad marítima y plataforma logística para diversificar esa producción y convertirse en un referente, siempre que mejore la tecnología, la infraestructura y el acceso al crédito.

El presidente de CAF también resaltó que aproximadamente el 68% del territorio panameño mantiene cobertura boscosa, situación que coloca al país entre los de mejor balance regional de carbono. Ese patrimonio representa una oportunidad para desarrollar bioeconomía y servicios ambientales, pero exige políticas que garanticen la conservación efectiva de los bosques.

Milciades Denis destacó que el acuerdo no se limita a suministrar liquidez al Banco Nacional. La operación incorpora una estrategia de cooperación técnica internacional, con herramientas para mejorar la estructuración de créditos agropecuarios y fortalecer la evaluación de los riesgos propios de las actividades rurales.

El funcionario explicó que la iniciativa permitirá modernizar las metodologías utilizadas por la banca pública y ofrecer un acompañamiento más cercano a los productores. Esto incluye capacitaciones en educación financiera y habilidades de gestión, además de instrumentos para vincular la colocación de crédito con resultados ambientales, sociales y económicos medibles.

Según Denis, la operación refleja una evolución del negocio bancario, porque combina la entrega de capital con criterios ambientales, sociales y de gobernanza. El objetivo es que el financiamiento no termine únicamente contabilizado como una cartera de préstamos, sino que permita conocer qué cambios produce entre empresas, trabajadores y comunidades.

CAF proporcionará además cooperación técnica no reembolsable al Banco Nacional, destinada a mejorar sus capacidades institucionales. El acompañamiento incluirá herramientas para analizar proyectos agropecuarios, medir la huella de carbono, gestionar riesgos y ofrecer educación financiera a productores y pequeños empresarios.

Chapman respaldó el programa, pero insistió en que uno de sus principales retos será la divulgación. El ministro contó que frecuentemente conversa con productores que desconocen los mecanismos de apoyo disponibles, pese a que existen herramientas para financiar inversiones, incorporar tecnología y crear empleos en sus propias comunidades.

El titular del Ministerio de Economía y Finanzas pidió a CAF y al Banco Nacional llevar la información fuera de la capital. “Muchos dicen: ‘No sabemos que esto existe’”, relató Chapman, al advertir que un crédito sin promoción ni acompañamiento pierde efectividad, especialmente entre empresas pequeñas con menor acceso a asesoría especializada.

Chapman también sostuvo que el financiamiento, por sí solo, no solucionará los problemas del sector rural. Para elevar la productividad se necesitan carreteras, conectividad digital, formación, asistencia técnica y acceso a mercados, porque producir más carece de sentido si las mercancías no pueden trasladarse competitivamente hasta los compradores.

El Gobierno mantiene para 2026 una cartera superior a $600 millones en proyectos viales, según el ministro. Estas inversiones buscan reducir los tiempos de traslado de personas y productos, aunque su impacto dependerá de que las obras lleguen a los territorios con mayores dificultades de acceso y comercialización.

Chapman mencionó además el inicio del Centro de Especialidades Agropecuarias, que formará a cien jóvenes como técnicos superiores en ciencias agroalimentarias. La iniciativa persigue incorporar innovación y tecnología al campo, facilitar el relevo generacional y evitar que los jóvenes migren por falta de oportunidades laborales.

A esa estrategia se suman 10.000 becas de TalentUP Panamá en inteligencia artificial, análisis de datos, ciberseguridad y computación en la nube. El propósito consiste en vincular las nuevas competencias con turismo, logística y agroindustria, para que las empresas eleven su productividad y los trabajadores accedan a empleos mejor remunerados.

La firma coincidió con la presentación del Reporte de Economía y Desarrollo 2026 de CAF, titulado “Raíces del futuro: el nuevo mundo rural de América Latina y el Caribe”. El estudio plantea dejar de considerar la ruralidad como un problema y comenzar a entenderla como una fuente de oportunidades productivas, ambientales y culturales.

El documento analiza una región donde aproximadamente 120 millones de personas, equivalentes al 18% de la población, viven en zonas rurales. Aunque esos espacios concentran recursos decisivos para la alimentación y la biodiversidad, la pobreza rural alcanza el 34%, el doble del 17% registrado en las áreas urbanas latinoamericanas.

En Panamá, la población rural representa cerca de un tercio del total nacional, proporción superior al promedio regional. La medición armonizada incluida en el informe coloca la pobreza rural panameña en 32,3%, frente al 4,8% en las ciudades, diferencia que evidencia la profundidad de la desigualdad territorial.

La productividad constituye otro desafío. Aunque América Latina posee condiciones naturales favorables, sus rendimientos permanecen por debajo de otras regiones. En Panamá, solamente alrededor del 20% de las unidades productivas agropecuarias posee maquinaria, una limitación que reduce su capacidad para producir más y competir.

La conectividad vial también refleja rezagos. El RED 2026 calcula que el 48% de la población rural panameña vive a menos de dos kilómetros de una carretera, pero la proporción baja al 37% cuando se consideran exclusivamente vías pavimentadas, dejando a numerosas comunidades alejadas de mercados y servicios.

Las diferencias también aparecen en la calidad del suministro eléctrico. Durante el segundo semestre de 2024, la frecuencia de las interrupciones en áreas rurales de Panamá duplicó la registrada en los centros urbanos. Los cortes duraron entre dos y tres horas, aproximadamente el doble del promedio observado en las ciudades.re

Chapman señaló que la pobreza multidimensional disminuyó de 14,7% en 2022 a 12,4% en 2025, lo que representaría unas 84.000 personas menos bajo esa condición. Sin embargo, reconoció que Panamá todavía mantiene desigualdades difíciles de justificar, considerando sus recursos y las oportunidades económicas disponibles en el país.

El reto será comprobar que los $500 millones lleguen a los sectores anunciados y no se concentren entre clientes con mayor capacidad financiera. El programa ofrece una herramienta relevante, pero su impacto dependerá de las condiciones de los créditos, la divulgación y la transparencia aplicada para seleccionar beneficiarios y medir los resultados obtenidos.

La gestión del régimen de Cuba recibe una evaluación negativa de parte de casi todos los ciudadanos consultados por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), organización de la sociedad civil cubana. El IX Informe sobre el Estado de los Derechos Sociales en Cuba señala que el 95% de los encuestados desaprueba el desempeño económico y social del Ejecutivo, en un escenario marcado por pobreza, inflación, apagones y falta de alimentos.

El documento también indica que el 84% de los cubanos desconfía de las medidas económicas anunciadas por la dictadura. Ocho de cada diez de los consultados no confía en que esas disposiciones puedan mejorar la grave situación que vive la isla. Solo el 6% espera resultados favorables; el 7% no tiene una posición definida y el 3% no respondió.

El nivel de desconfianza alcanza el 88% entre las personas de 18 a 30 años. Entre quienes tienen de 61 a 70 años, el porcentaje que espera una mejora llega solo al 9%, el nivel más alto entre los grupos etarios.

La encuesta expone una distancia entre la confianza en las políticas públicas y las expectativas personales sobre el futuro. Mientras una amplia mayoría cuestiona la eficacia de las medidas oficiales, el 50% considera posible un cambio favorable para la población durante el segundo semestre de 2026.

La mitad de los encuestados espera una mejora en el corto plazo. El 32% de los entrevistados no espera una evolución favorable durante el semestre siguiente. Otro 15% manifestó no saber qué puede ocurrir y el 3% no respondió.

Las expectativas positivas alcanzan el 56% entre las personas de 18 a 30 años y entre el grupo de 46 a 60 años. Entre los mayores de 70 años, esa cifra baja al 38%, mientras que el 40% anticipa que no habrá cambios positivos.

Según el informe, el 73% calificó la gestión del régimen como muy negativa y el 22% como negativa. Solo el 3% expresó una opinión positiva, mientras que el 2% no respondió. La investigación del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) se basó en 1,318 entrevistas realizadas entre el 27 de junio y el 29 de julio de 2026 en 79 municipios, incluido el municipio especial Isla de la Juventud.

El rechazo supera el 90% entre jóvenes, adultos y mayores. La desaprobación atraviesa todos los segmentos de edad. Los porcentajes de evaluación negativa oscilan entre el 92% y el 96%, sin variaciones amplias entre jóvenes, adultos y personas mayores.

Entre los factores que condicionan esa percepción figuran el deterioro de los ingresos, la escasez de alimentos, los problemas de transporte y las deficiencias de los servicios básicos. El informe también registra que el 94% de la población vive en extrema pobreza y que ocho de cada diez personas han debido omitir alguna comida diaria durante los últimos seis meses por falta de dinero, alimentos o ambas causas.

Además, la población encuestada situó los apagones como el principal problema que debe atenderse en estos seis meses. Esa opción obtuvo el 70% de las menciones, seguida por la crisis alimentaria, con 52%, y el costo de vida, con 45%.

Cubanos urgen cambios políticos en la isla

Al consultar por el tipo de transformación deseada, el 77% eligió cambios políticos y económicos de forma simultánea. El 9% planteó reformas limitadas a la economía y el 4% priorizó modificaciones solo en el plano político. El 7% señaló el levantamiento del embargo de Estados Unidos como la principal vía de cambio. Ningún encuestado optó por mantener la situación actual.

La depreciación del peso cubano y la percepción de crisis es otro factor que golpea. El estudio incorpora el comportamiento del tipo de cambio como uno de los elementos que condicionan la vida de los hogares. La depreciación del peso cubano frente al dólar en el mercado no estatal reduce la capacidad de compra de salarios, pensiones y remesas.

El Observatorio calculó la línea de pobreza extrema con la referencia de USD 1.90 diarios por persona utilizada por el Banco Mundial. Para un hogar de tres integrantes en Cuba, ese umbral equivale a 87,210 pesos cubanos mensuales (USD 126.76). Pero el 68% de los hogares cubanos, según el informe, recibe menos de 20,001 pesos al mes (USD 29.07).

La distancia entre los ingresos declarados y el costo de bienes esenciales ayuda a explicar la desconfianza frente a las medidas económicas. Para los encuestados, la recuperación de la capacidad adquisitiva, el acceso a alimentos y la estabilidad eléctrica forman parte de las demandas urgentes que condicionan su evaluación sobre la dictadura cubana.

La Canasta Básica Alimentaria (CBA) y la Canasta Básica Total (CBT) tuvieron en agosto un ritmo de aumento más acelerado que el de los precios en general, según el informe difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El dato golpea de manera directa en la capacidad de las familias para cubrir sus necesidades básicas, en un contexto donde el poder adquisitivo de los ingresos sigue bajo presión.

En concreto, la CBT registró una variación del 2,6% en el octavo mes del año, un valor que superó por 0,9 puntos porcentuales al IPC de ese mes. Con esta suba, el costo de no caer en la pobreza para un hogar compuesto por cuatro integrantes llegó a 1.605.497 pesos. Se trata de un umbral que marca, mes a mes, cuánto necesita ganar una familia tipo para no quedar por debajo de la línea de pobreza.

De acuerdo con el informe, también la CBA registró en agosto una suba mensual de 2,6%. De esta manera, un hogar tipo 2 debe gastar $726.469 por mes para cubrir el 100% de sus necesidades alimenticias. Si los ingresos del hogar están por debajo de ese monto, es técnicamente considerado “indigente”.

Los valores por tipo de hogar

El hogar de referencia que se utiliza para la medición de la CBA y la CBT (hogar tipo 2) está compuesto por un varón de 35 años, una mujer de 31, un hijo de 6 años y una hija de 8. Sin embargo, el organismo comparte mensualmente el ejemplo de ambas canastas para otros grupos familiares con diferente composición.

Para un hogar de tres integrantes —una mujer de 35 años, su hijo de 18 y su madre de 61—, la CBA fue de $578.354,27 en agosto y la CBT llegó a 1.278.162,94 pesos.

En el caso de un hogar de cinco integrantes —un varón y una mujer, ambos de 30 años, con tres hijos de 1, 3 y 5 años—, la CBA llegó a $764.085,92 y la CBT a $1.688.629,90 en el octavo mes del año. Para un adulto equivalente, tomado como unidad de medida individual, la línea de indigencia se ubicó en $235.103,36 y la línea de pobreza en 519.578,43 pesos.

Por arriba del IPC

Al observar la evolución acumulada de las diferentes variables durante los primeros ocho meses del año, se observa que la brecha entre las canastas y la inflación general se mantiene. Entre enero y agosto, la CBA acumuló una suba de 23,2% y la CBT de 22,7%, mientras que el IPC general acumuló en el mismo período un alza de 21,3 por ciento. En los dos casos, el costo de no ser pobre o indigente avanzó por encima del nivel general de precios.

La misma tendencia se repite en la comparación interanual. Frente a agosto de 2025, la CBA trepó 39,6% y la CBT 38,3%, contra un IPC interanual de 33,5%, siempre comparando agosto de 2025 contra igual mes de este año. Esto significa que, a lo largo de los últimos doce meses, el costo de las canastas básicas creció varios puntos porcentuales por encima de la inflación general, lo que erosiona de manera particular el poder de compra de los sectores que destinan una proporción mayor de sus ingresos a alimentos y a bienes y servicios de primera necesidad.

Qué mide cada canasta

La CBA agrupa el conjunto de alimentos considerados necesarios para cubrir los requerimientos nutricionales de una persona durante un mes. Su valor determina la línea de indigencia: quienes tienen ingresos por debajo de ese monto no logran cubrir sus necesidades alimentarias mínimas. La CBT, en cambio, incluye además bienes y servicios no alimentarios —como vestimenta, transporte, salud o vivienda— y es la que fija la línea de pobreza.

Ambos indicadores se construyen a partir de los precios relevados por el Índice de Precios al Consumidor del Gran Buenos Aires (IPC-GBA) y se actualizan todos los meses.

Qué pasó en los últimos meses

El detalle mensual de las variaciones registradas en los últimos 12 meses, permite sacar algunas conclusiones interesantes. Desde agosto de 2025 hasta hoy, el mayor salto para la CBA se dio en enero de 2026, cuando registró un aumento 5,8% respecto del mes anterior. En el caso de la CBT, la variación más pronunciada fue en diciembre de 2025, cuando el costo de vida subió 4,1% en un solo mes.

Desde entonces, las subas mensuales oscilaron entre valores cercanos a 1% y poco más de 3%, hasta llegar al 2,6% registrado tanto en julio como en agosto para ambas canastas.

La pobreza monetaria en América Latina caerá en 2026 a su nivel más bajo en registros comparables, 24,8%. Sin embargo, en Perú ese avance oculta una realidad distinta: casi seis de cada diez peruanos permanecen atrapados en la indigencia o en una vulnerabilidad tan frágil que los coloca a un solo shock de distancia de recaer.

Esta es una de las principales advertencias planteadas por Giovanni Di Placido, director de Análisis, Estudios, Research y Estrategia de la Fundación Microfinanzas BBVA (FMBBVA), durante su intervención en el evento Sembrar resiliencia: Microfinanzas ante el Fenómeno El Niño, organizado en Lima por Financiera Confianza.

“El problema central de América Latina ya no es sacar personas de la pobreza, es conseguir que permanezcan fuera de ella”, sostuvo Di Placido durante su disertación. El especialista remarcó que, pese a las mejoras registradas en los ingresos monetarios de la población, la pobreza extrema regional mostró un comportamiento inverso al elevarse al 9,7%, una cifra que representa a 65 millones de personas.

El diagnóstico del representante de la FMBBVA señala que la medición anual convencional de la pobreza funciona como una fotografía, mientras que la vulnerabilidad real debe analizarse como una película en movimiento. Di Placido detalló que uno de cada tres latinoamericanos pertenece hoy a la franja de no pobres pero vulnerables. Son familias que lograron cruzar la línea de indigencia monetaria, aunque carecen de activos, ahorros, seguros o empleo formal capaz de sostenerlas frente a cualquier golpe externo sin recaer.

El modelo de desarrollo regional descansa sobre cuatro engranajes que se retroalimentan entre sí y dificultan la movilidad social ascendente. El primero corresponde al sistema educativo: aunque el 90% de los niños de la región concluye la escuela primaria, el 40% de los jóvenes de entre 20 y 24 años no logra terminar la secundaria. Sobre este punto, Di Placido advirtió que “el niño pobre ya va a la escuela, el problema es que la escuela ya no lo lleva a ninguna parte”. El segundo engranaje radica en el trabajo informal, que abarca al 47% de los ocupados de la región, quienes laboran sin contrato ni protección social alguna.

El tercero es la falta de redes de contención ante eventos adversos, mientras que el cuarto responde a un factor cognitivo provocado por la escasez económica. “Ser pobre equivale a noches sin dormir”, ilustró el especialista, quien explicó que la urgencia por sobrevivir consume la capacidad mental que una persona necesitaría para planificar su futuro.

Fuerzas que redefinen la vulnerabilidad

De cara a las próximas décadas, Di Placido remarcó que “cada época fabrica su pobreza” y que el perfil del vulnerado hacia 2040 estará moldeado por cinco fuerzas globales y territoriales que ya comienzan a manifestarse con fuerza en la región.

La primera es la expansión de los conflictos armados y la fragilidad estatal: se proyecta que para 2030 el 60% de los pobres extremos del planeta habitará en estados frágiles, donde, según explicó el especialista, “la pobreza no la cura el crecimiento, sino la paz”. La segunda fuerza es la crisis climática, que convierte a la emergencia ambiental en un evento recurrente y no en una excepción.

A estos dos factores se suma una transición demográfica acelerada, en la que América Latina duplicará su población mayor de 65 años en apenas 25 años. Esta dinámica provocará, según Di Placido, que la región “llegará a vieja antes que a rica, y antes que a formal”. El cuarto factor es el avance de la inteligencia artificial y los sistemas algorítmicos, que exponen al 40% del empleo en países de ingreso medio como Perú, Colombia y Chile.

La quinta y última fuerza señalada por el especialista es la brecha digital y de datos, que afecta directamente al acceso a oportunidades. La conectividad, definió Di Placido, funciona como “el agua potable del siglo XXI” para acceder al crédito formal, a la identidad digital y a los programas estatales de asistencia social. De ese modo, millones de familias quedan excluidas de los mecanismos que permiten sostener cualquier avance económico logrado.

El caso peruano y la informalidad

Al analizar el caso de Perú, Di Placido destacó la precariedad en Lima Metropolitana, donde la pobreza pasó de 14,2% en 2019 a 26,8% en el 2025. El rasgo estructural que define la realidad peruana es una informalidad laboral que alcanza al 69,8% de los ocupados a nivel nacional y se eleva al 89,1% entre la población en situación de pobreza.

A esto se suma que el 32,8% de los peruanos se encuentra en situación de vulnerabilidad sin ser pobre, un dato que, según el especialista, invierte la lógica habitual del problema. “Hoy hay más peruanos en riesgo de caer que pobres”, enfatizó Di Placido, quien explicó que un robo, una extorsión, una enfermedad o el impacto del Fenómeno El Niño bastan para devolver a miles de familias al punto de partida.

El microemprendimiento como motor de movilidad social real

Frente a esta coyuntura, la FMBBVA plantea que el actor con mayor capacidad de romper la trampa de la vulnerabilidad no es la gran empresa, sino el microemprendedor. En Perú, las mypes representan el 99,7% del tejido empresarial del país y generan 8,3 millones de empleos. No obstante, Di Placido advirtió que “romantizar al microemprendedor es la forma elegante de abandonarlo”, puesto que el 52% de quienes emprenden lo hace por necesidad y el 87% opera fuera de la administración tributaria como estrategia de supervivencia.

Para convertir ese trabajo informal en una trayectoria real de desarrollo y acumulación de activos, el acompañamiento financiero resulta determinante. El 63% de los clientes que ingresaron en situación de pobreza a Financiera Confianza lograron superar dicha línea al cabo de cinco años de relación crediticia productiva. El especialista destacó también el rol central de las mujeres, quienes representaron el 64% de los créditos otorgados por la entidad en 2025 y enfrentan barreras adicionales de género y de tiempo por la falta de sistemas de cuidado infantil y de adultos mayores.

Tener una vivienda propia, en condiciones dignas y con acceso a los servicios básicos, es una de las mayores aspiraciones entre las familias argentinas. Sin embargo, para una porción importante de los hogares del país esa meta está lejos de cumplirse, ya sea porque la casa que habitan necesita ser reemplazada, porque falta espacio, porque el entorno presenta riesgos ambientales o porque no cuentan con agua corriente, baño o desagüe adecuados.

Un nuevo informe del Observatorio Federal de Acceso a la Vivienda Argentina (Ofava), el primero de una serie que se publicará trimestralmente, permite dimensionar con precisión la magnitud de ese problema y detectar en qué regiones del país se concentra con mayor intensidad.

De acuerdo con el relevamiento, que toma como base la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec correspondiente al tercer trimestre de 2025, en la Argentina había 14.833.019 hogares relevados. Sobre ese universo, el informe calcula que el déficit habitacional total alcanzó a 5.983.241 hogares, equivalentes al 40,3% del total: es decir, cuatro de cada diez hogares del país enfrentan al menos una dimensión deficitaria en su hábitat.

El indicador combina distintos niveles de carencia. El más elemental es el allegamiento, situación que se da cuando dos o más grupos familiares comparten una vivienda: afecta a 430.113 hogares (2,9%) y no depende de la calidad de la construcción, sino de la relación entre la cantidad de hogares y de viviendas disponibles. A eso se suma el déficit cuantitativo básico, que agrupa a 127.916 hogares (0,9%) que residen en viviendas irrecuperables, cuyas condiciones no admiten mejora y requieren directamente ser reemplazadas.

Cuando se incorpora también el riesgo ambiental del entorno —cercanía a basurales o localización en zonas inundables—, aparece el déficit cuantitativo ampliado, que llega a 1.398.790 hogares, con lo cual el déficit cuantitativo total asciende a 1.956.819 hogares (13,2%): son los que, en rigor, necesitan directamente una vivienda nueva. A otro nivel se ubican los hogares con materialidad deficiente pero recuperable y aquellos con hacinamiento crítico, que suman 2.990.890 hogares (20,2%) y que, según el informe, “sí requieren intervenciones concretas para alcanzar estándares mínimos de habitabilidad, como una refacción o una ampliación de la vivienda”. Por último, el déficit cualitativo ampliado, que refleja carencias en el acceso a agua, baño y desagüe, alcanza a 1.035.532 hogares (7%).

El informe distingue entre ambos universos: mientras 1.956.819 hogares necesitan una vivienda nueva, otros 4.026.422 (27,1%) “pueden mejorar su situación con intervenciones directas en su vivienda o en la conexión a servicios”.

Las provincias más afectadas

La diferencia territorial es uno de los datos más marcados del informe. Jujuy encabeza el ranking del déficit habitacional total, con el 72% de sus hogares afectados por al menos una dimensión, muy por encima del promedio nacional. Le siguen San Juan y Tucumán, ambas con 60%, Chaco con 59%, Salta con 54%, y Formosa y Corrientes, con 53% cada una. En el otro extremo, CABA (16%), Río Negro y Tierra del Fuego (19% cada una) presentan los valores más bajos del país.

Ese resultado agregado esconde, sin embargo, comportamientos distintos según el tipo de carencia. En el allegamiento, Tierra del Fuego (9,1%) y Jujuy (6,7%) son las jurisdicciones más comprometidas, muy por encima del promedio nacional de 2,9%.

En el déficit cuantitativo básico —el núcleo más crítico del indicador, asociado a viviendas irrecuperables— aparece un caso claramente atípico: San Juan concentra el 13,9% de sus hogares en esa situación, un valor que, según el informe, “casi triplica al segundo más alto” —Catamarca, con 4,8%— y que contrasta fuertemente con el promedio nacional de apenas 0,9%.

En cambio, cuando se analiza el déficit cuantitativo ampliado, que incorpora los riesgos ambientales del entorno, el mapa se concentra en el norte del país: Tucumán (32,4%), Jujuy (30,3%) y Corrientes (25,1%) lideran ese indicador, seguidas por Salta (17,1%) y Buenos Aires (14,7%).

Las dimensiones cualitativas, que son las que más pesan dentro del indicador general, también muestran al norte argentino como la región más comprometida. En el caso de las viviendas con calidad de materiales recuperable más hacinamiento crítico, San Juan (39,3%), Formosa (37,3%) y Jujuy (32,3%) encabezan el ranking, seguidas de cerca por La Rioja (29,0%), Santiago del Estero (27,7%) y Chaco y Salta (27,5% cada una). El estudio señala que se trata de “un grupo de provincias del norte y centro-oeste donde más de un cuarto de los hogares presenta alguna carencia en este nivel”. Los valores más bajos se registran en Tierra del Fuego (8,7%), CABA (10,3%) y Chubut (11,0%), lo que refuerza, según el documento, “la brecha estructural entre el norte y el sur del país en materia habitacional”.

En el caso del déficit cualitativo ampliado —acceso a agua, baño y desagüe—, Chaco (14,1%), Buenos Aires (10,3%), Santiago del Estero (10,0%) y Misiones (9,4%) muestran los valores más altos, aunque el informe destaca que “ninguna provincia supera el 15%”, lo que indicaría que esta carencia, aun estando extendida, tiene una incidencia menor que los problemas sobre los materiales y el hacinamiento.

Dónde se concentra el déficit

Más allá de los porcentajes provinciales, el informe también analiza dónde se concentra el déficit en términos de cantidad de hogares. De los casi seis millones de hogares con algún tipo de carencia, cuatro millones se ubican en la Ciudad de Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires, Mendoza, Córdoba y Santa Fe, una proporción que el informe considera “casi idéntica” a la que esas jurisdicciones representan en la población total.

La Provincia de Buenos Aires concentra por sí sola el 48% del déficit habitacional total del país, pese a alojar el 40% de los hogares, y esa participación trepa al 62% si se mira únicamente el déficit cuantitativo ampliado. Córdoba y Santa Fe explican, respectivamente, el 6% y el 7% del déficit nacional. El NOA, que reúne el 10% de los hogares del país, concentra el 13% de los que tienen déficit, una brecha similar a la del NEA, donde vive el 8% de los hogares pero se acumula el 10% del déficit. En la Patagonia el fenómeno se invierte: allí habita el 6% de los hogares del país, pero solo el 3% de los que presentan carencias habitacionales.

Una situación que se mantiene relativamente estable

La serie histórica que construye el informe, con datos desde 2016, muestra que el déficit habitacional no es un fenómeno nuevo ni tiene una tendencia lineal. El indicador partió de 43,8% en 2016, bajó hasta 41,5% en 2019, repuntó a 43,1% en 2020, en el pico de la pandemia, y llegó a un mínimo de 39,3% en 2023, antes de ubicarse en el actual 40,3%.

Así, Ofava concluye que “el déficit habitacional muestra una persistencia estructural que se mueve menos que los ciclos económicos argentinos”, aunque sí reacciona ante shocks puntuales, como ocurrió con la pandemia. El ingreso del hogar también influye: el 10% más pobre de la población presenta un déficit total de 42,6%, con valores que se mantienen elevados y estables entre 42,6% y 46,7% a lo largo de los primeros cinco deciles, para descender recién hasta 23,5% en el 10% más rico.

El análisis advierte sobre los límites de la medición: los datos surgen de zonas urbanas de más de 2.000 habitantes, por lo que quedan fuera las áreas rurales, y las encuestas de hogares suelen tener dificultades para relevar a la población que vive en barrios populares o villas, lo que sugiere que esos hogares podrían estar subrepresentados en la muestra. Es decir, la fotografía que ofrece el Observatorio, con ser contundente, podría incluso estar subestimando la dimensión real del problema habitacional en el país.

Costa Rica registró una reducción en la pobreza y en la desigualdad durante el último año, pero los ingresos laborales comenzaron a mostrar señales de debilitamiento y las brechas entre hombres y mujeres continúan siendo una característica estructural del mercado de trabajo, según el más reciente informe del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica (IICE-UCR).

El estudio concluye que el país mantiene una situación relativamente estable en el mercado laboral y en los niveles de pobreza, aunque advierte sobre retos pendientes relacionados con los ingresos reales de las personas trabajadoras y las diferencias por sexo.

Uno de los principales hallazgos es la disminución de la desigualdad de ingresos. El coeficiente de Gini pasó de 0,495 en junio de 2025 a 0,485 en abril de 2026, una reducción que el informe califica como estadísticamente significativa y que apunta a una ligera mejora en la distribución de los ingresos.

Transferencias sociales ayudaron a reducir la pobreza

El IICE destacó que las transferencias públicas continúan siendo determinantes para reducir las brechas económicas.

Según el informe, sin estos recursos la desigualdad y la pobreza serían considerablemente mayores. Entre los programas con mayor incidencia aparecen las pensiones del Régimen No Contributivo, que representan más de la mitad del efecto total de las transferencias sobre la reducción de la pobreza.

La cobertura de algunos programas sociales también aumentó durante 2025, particularmente mediante las becas del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y las pensiones del Régimen No Contributivo.

Los datos muestran una mejoría significativa entre 2024 y 2025.

La pobreza total pasó de 17.95% a 15.15%, una disminución de 2.8 puntos porcentuales, mientras que la pobreza extrema cayó de 4.76% a 3.77%, es decir, 0.99 puntos porcentuales menos.

El estudio también determinó que durante ese periodo más hogares lograron salir de la pobreza y de la vulnerabilidad que los que ingresaron en esas condiciones.

La mayor parte de esa reducción estuvo relacionada con el aumento de los ingresos no laborales, categoría en la que se incluyen las transferencias públicas y privadas.

Estos recursos explicaron aproximadamente tres cuartas partes de la reducción de la pobreza total y cerca del 85% de la disminución de la pobreza extrema entre 2024 y 2025.

La mejora perdió fuerza durante 2026

Pese a los avances del año anterior, los datos más recientes apuntan a una desaceleración.

Entre junio de 2025 y abril de 2026, el IICE no encontró reducciones estadísticamente significativas ni en la pobreza total ni en la pobreza extrema.

Para los investigadores, este comportamiento sugiere que el ritmo de mejora comenzó a perder fuerza.

El panorama descrito por el instituto es, por tanto, mixto: mientras algunos indicadores sociales mejoraron, no todos los avances mantuvieron el mismo ritmo durante los primeros meses de 2026.

Mercado laboral estable, pero con brechas entre hombres y mujeres

En materia de empleo, las principales tasas permanecieron prácticamente sin cambios entre el segundo trimestre de 2025 y el mismo periodo de 2026.

Sin embargo, detrás de esa estabilidad general aparecen diferencias importantes entre hombres y mujeres.

El desempleo disminuyó entre las mujeres, particularmente entre las más jóvenes, mientras que aumentó entre los hombres de edades medias.

El informe sostiene que “las brechas de género continúan siendo una característica estructural del mercado laboral costarricense”.

Ingresos reales por hora cayeron

Otro de los puntos de preocupación está relacionado con los ingresos laborales.

Entre el segundo trimestre de 2025 y el segundo trimestre de 2026, la mediana del ingreso real por hora disminuyó 0.9%, mientras que el promedio cayó 3.4%, según los valores calculados a precios del cuarto trimestre de 2022.

El IICE señala que esta evolución refleja una pérdida de poder adquisitivo para parte de la población trabajadora, aunque los ingresos todavía se mantienen por encima de los niveles observados cuatro años atrás.

Además, varios indicadores relacionados con la calidad del empleo habían mostrado mejorías entre 2023 y 2025, particularmente el subempleo y la reducción de jornadas excesivas.

No obstante, esas mejoras también comenzaron a dar señales de estancamiento durante el último año.

La situación de la niñez en Costa Rica continúa marcada por importantes desigualdades económicas y de acceso a recursos básicos. El 21.5% de la población infantil de entre 0 y 12 años vive en condición de pobreza, mientras que un 8.7% se encuentra en pobreza extrema, según datos de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) 2025, divulgados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

Las cifras muestran que, pese a los avances sociales alcanzados por el país, una proporción significativa de niños y niñas continúa creciendo en hogares con limitaciones económicas que pueden incidir directamente en sus oportunidades de desarrollo, educación y acceso a tecnología.

Las diferencias se hacen todavía más visibles cuando los resultados se analizan por regiones de planificación. La Región Brunca registra la mayor proporción de niños y niñas en condición de pobreza, con un 29.4%.

Muy cerca aparece la Región Pacífico Central, donde el indicador alcanza el 29.1%, mientras que la Región Huetar Norte ocupa la tercera posición con un 27.5% de su población infantil viviendo en hogares pobres.

Esto significa que en esas tres regiones más de una cuarta parte de los niños y niñas enfrenta condiciones de pobreza, evidenciando las brechas territoriales que persisten dentro de Costa Rica.

Brecha digital golpea a los hogares con niños

Los problemas económicos no son los únicos desafíos revelados por la encuesta. Los datos del INEC también muestran fuertes limitaciones en materia de acceso tecnológico.

El indicador más llamativo señala que el 63.7% de la población infantil no dispone de computadora en su vivienda.

La cifra adquiere particular relevancia en un contexto en el que cada vez una mayor cantidad de actividades educativas, trámites, procesos de aprendizaje y herramientas de información dependen de dispositivos electrónicos.

Aunque la falta de conexión a internet es considerablemente menor, todavía un 9.5% de los niños y niñas no cuenta con acceso a internet desde su vivienda.

Ambos indicadores muestran dos dimensiones distintas de la brecha digital: un hogar puede disponer de conexión a internet mediante teléfonos celulares, pero no necesariamente contar con una computadora adecuada para estudiar, desarrollar tareas escolares o acceder a determinadas herramientas educativas.

Hacinamiento y educación, entre los retos pendientes

Las condiciones de vivienda también figuran entre los aspectos analizados por la Enaho. Según los resultados de 2025, el 6.6% de la población infantil vive en condiciones de hacinamiento.

Para efectos de la medición, el INEC considera que existe hacinamiento cuando más de dos personas ocupan por aposento o habitación una misma vivienda.

La situación puede tener implicaciones más allá de la infraestructura del hogar, al relacionarse con las condiciones en las que los menores descansan, estudian y desarrollan sus actividades cotidianas.

En el ámbito educativo, las cifras muestran diferencias considerables dependiendo de la edad.

Entre los niños y niñas de 2 a 6 años, el 39.5% no asiste a la educación formal. El porcentaje disminuye drásticamente en el grupo de 7 a 12 años, donde únicamente el 0.2% se encuentra fuera del sistema educativo formal.

La diferencia está asociada a las características propias de cada etapa educativa y a la mayor cobertura escolar durante las edades correspondientes a primaria. Sin embargo, los datos ponen sobre la mesa el desafío de ampliar las oportunidades de acceso a programas educativos durante los primeros años de vida.

Los resultados divulgados por el INEC fueron presentados bajo el lema “Hacia una infancia con igualdad de oportunidades” en conmemoración del Día del Niño y la Niña costarricense, que se celebra este 09 de setiembre, y reflejan que las condiciones en las que crecen los menores todavía varían ampliamente según su hogar y la zona del país en la que residen.

Las protestas ciudadanas disminuyeron en Cuba durante agosto, pero el descenso no estuvo acompañado por una mejora de las condiciones que alimentan el malestar social. La organización Cubalex documentó 94 manifestaciones pacíficas durante el mes, frente a las 200 registradas en julio, mientras los cortes eléctricos, las interrupciones del suministro de agua y gas y el deterioro de los servicios públicos continúan afectando a la población.

La mayoría de las protestas se concentró nuevamente en La Habana, que reunió el 57% de los casos registrados. Los cacerolazos volvieron a convertirse en una de las principales expresiones de descontento y estuvieron vinculados principalmente con los prolongados apagones. El momento de mayor actividad ocurrió el 4 de agosto, cuando se produjeron 16 manifestaciones después de una nueva desconexión del Sistema Electroenergético Nacional (SEN).

Cubalex señaló que el escenario social sigue marcado por “el agravamiento de la crisis multidimensional en la isla”. La organización también describió el deterioro de las condiciones económicas y sociales, junto con las fallas de la infraestructura estatal y las interrupciones de servicios esenciales.

Mientras las manifestaciones disminuyeron, otro indicador avanzó en dirección contraria. La organización contabilizó 315 hechos delictivos durante agosto, incluidos 52 homicidios, la cifra mensual más elevada desde que comenzó a registrar esta variable en 2024. Cubalex precisó que, pese al incremento, la tasa proyectada de 6,64 homicidios por cada 100.000 habitantes continúa por debajo de las registradas en varios países de América Latina.

El informe también registró 280 episodios represivos durante el mes. Entre ellos aparecen detenciones, amenazas, traslados, actos de vigilancia y seguimiento policial y situaciones de violencia o acoso. La organización identificó además problemas relacionados con la atención médica de personas detenidas, una situación que estuvo vinculada con cinco muertes bajo custodia durante agosto.

Según Cubalex, entre las vulneraciones que aparecieron con mayor frecuencia estuvieron la atención sanitaria insuficiente o negada en centros de detención y los arrestos arbitrarios seguidos de traslados. El organismo sostuvo que la crisis energética e hídrica que ya había afectado a la población en julio continuó durante agosto, al mismo tiempo que aumentó la criminalidad.

Pobreza extrema

El deterioro también aparece reflejado en un estudio independiente sobre las condiciones sociales. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos indicó, tras entrevistar a 1.318 residentes en julio, que el 94% de los cubanos se encuentra en situación de pobreza extrema. La cifra supone un aumento respecto del 89% calculado para 2025.

Los apagones aparecen como la principal preocupación de los entrevistados, seguidos por la falta de alimentos, el costo de vida, la situación sanitaria, los bajos salarios y la inseguridad. El estudio también encontró un deterioro significativo de las viviendas: casi la mitad necesita reparaciones, un 25% requiere arreglos urgentes y un 7% presenta riesgo de derrumbe.

La crisis sanitaria constituye otro de los problemas centrales. La doctora Daily Coro Bueno, del Observatorio, afirmó que existe una carencia de entre “el 40 y el 60 %” de los medicamentos considerados esenciales.

El descontento alcanza también a la gestión gubernamental. El 95% de los consultados calificó como negativa o muy negativa la actuación del régimen, mientras que el 84% dijo no confiar en las medidas económicas adoptadas para enfrentar la crisis. Además, más de tres cuartas partes reclamaron modificaciones simultáneas en el ámbito político y económico.

En este contexto, el descenso de las protestas durante agosto se produjo mientras persisten los factores que las desencadenan. Los cacerolazos vinculados con los apagones siguen apareciendo como una de las principales formas de manifestación ciudadana, en un país donde la crisis de los servicios básicos continúa condicionando la vida cotidiana.

Una familia tipo en la Ciudad de Buenos Aires requirió ingresos mensuales de al menos $2.603.556,34 en agosto para ubicarse dentro de la clase media, según el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Idecba).

La estimación corresponde al “Hogar 1”, integrado por una pareja de 35 años, con empleo y vivienda propia, y dos hijos de 9 y 6 años.

De acuerdo con la metodología del organismo porteño, los hogares de clase media son aquellos cuyos ingresos mensuales se encuentran entre $2.603.556,34 y 8.331.380,27 pesos. La medición toma como parámetro la posibilidad de adquirir bienes y servicios incluidos en distintas canastas de consumo.

Para esa misma composición familiar, el umbral de indigencia se ubicó en $903.930,35 durante agosto, mientras que la línea de pobreza alcanzó los 1.651.798,06 pesos.

El segmento de hogares no pobres vulnerables abarcó ingresos de más de $1.651.798,06 y hasta 2.082.845,06 pesos. A su vez, el sector medio frágil comprendió a quienes recibieron entre $2.082.845,06 y $2.603.556,33 al mes. Por encima de $8.331.380,28, la clasificación los ubicó entre los sectores acomodados.

El relevamiento también indicó que la Canasta Total para este hogar ascendió a $2.082.845, mientras que la Canasta Alimentaria llegó a 985.617 pesos. Según el criterio oficial, el sector medio frágil incluye a las familias con ingresos equivalentes a la Canasta Total y hasta 1,25 veces ese monto.

El esquema de Idecba contempla seis estratos: indigentes, pobres no indigentes, no pobres vulnerables, sector medio frágil, clase media y sectores acomodados. La ubicación en cada grupo depende de la relación entre los ingresos del hogar y el valor de las canastas de referencia.

La inflación desaceleró en CABA

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue de 1,7% en agosto, según el Índice de Precios al Consumidor porteño (IPCBA). La cifra representó una significativa baja frente al 2,9% de julio y llevó la variación acumulada de 2026 a 21,5 por ciento. En los últimos 12 meses, los precios aumentaron 33,3 por ciento.

La difusión del indicador local ocurrió antes de la publicación del dato nacional correspondiente a agosto, que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) prevé divulgar el 10 de septiembre. Las proyecciones privadas anticipan un resultado similar: el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central de la República Argentina (BCRA) calculó una mediana de 1,7% para ese mes.

En julio, la inflación nacional había sido de 2,1 por ciento. El indicador acumulaba entonces un incremento de 19,3% desde enero y de 33,8% en la comparación con igual mes del año anterior. De todos modos, los resultados de ambas mediciones no son directamente equivalentes, debido a que la canasta del IPCBA otorga una participación mayor a los servicios.

Cuatro divisiones concentraron buena parte de la presión sobre el índice de agosto: Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles; Alimentos y bebidas no alcohólicas; Salud; y Transporte. En total, explicaron 1,16 puntos porcentuales de la suba mensual.

El mayor aporte provino de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que aumentó 2,6% e incidió en 0,53 puntos porcentuales sobre el nivel general. Dentro de este grupo pesaron los ajustes en expensas y alquileres.

Alimentos y bebidas no alcohólicas subió 1,8% y agregó 0,32 puntos porcentuales al indicador. Las frutas encabezaron las alzas, con un aumento de 12,5 por ciento. También hubo incrementos en Pan y cereales, de 2,3%, y en Leche, productos lácteos y huevos, de 1,6 por ciento.

Salud registró una variación de 1,9%, con una incidencia de 0,17 puntos porcentuales, a partir de las actualizaciones en las cuotas de las empresas de medicina prepaga. Transporte avanzó 1,2% y contribuyó con 0,14 puntos porcentuales. El resultado reflejó aumentos en las tarifas de colectivos y subtes, además de las subas en los precios de los vehículos.

La menor inflación mensual estuvo vinculada, en parte, con la caída de algunos rubros estacionales que habían tenido aumentos durante julio. Prendas de vestir y calzado bajó 0,7%, mientras que Restaurantes y hoteles retrocedió 0,1 por ciento.

En este último caso, las tarifas de alojamiento descendieron 12,7% luego de los incrementos asociados con las vacaciones de invierno. Los paquetes turísticos cayeron 6,5% y los pasajes aéreos disminuyeron 4,5%, con efecto a la baja sobre el IPCBA.

En la medición interanual, Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles; Alimentos y bebidas no alcohólicas; Transporte; y Restaurantes y hoteles fueron las divisiones con mayor incidencia. Entre las cuatro concentraron el 62,6% del aumento de precios registrado en los últimos 12 meses.

La pobreza monetaria en República Dominicana bajó a 13.75 % en el segundo trimestre de 2026, una caída de 2.9 puntos frente al 16.65 % del mismo período de 2025.

El Gobierno vinculó la disminución a salarios mínimos por encima de la inflación, mayor empleo y expansión de los planes sociales. El dato fue presentado por el viceministro de Hacienda, Alexis Cruz, junto al presidente Luis Abinader durante La Agenda Semanal en el Palacio Nacional.

La baja se inserta en una serie más amplia: según informó la Presidencia de la República, la pobreza semestral de 2026 se ubicó en 14.58 %, lo que representa una reducción de 2.77 puntos porcentuales respecto al primer semestre de 2025, cuando había sido de 17.35 %.

Cruz sostuvo que la tendencia descendente se mantiene desde 2019, cuando el indicador rondaba el 26 %, incluso después del salto al 30 % registrado en 2020 por la pandemia.

En paralelo, la inflación acumulada en lo que va de año alcanzó 5.13 %, un nivel que el viceministro describió como levemente superior al rango meta. Aun así, proyectó que cierre 2026 cerca de 4.75 %.

La explicación oficial combina tres factores: el aumento de los salarios mínimos por encima de la inflación, la expansión del empleo formal e informal y la ampliación de los programas sociales. Cruz señaló que el componente alimentario, tanto escolar como familiar, tuvo un peso especial en ese resultado.

El funcionario afirmó que el ingreso monetario laboral total creció en todas las regiones del país. Añadió que el efecto fue más visible en las zonas con mayores niveles de pobreza absoluta y relativa.

Sobre la inflación, Cruz sostuvo que su contención elevó la capacidad de compra de los hogares con menos ingresos. “La reducción de la inflación incrementa el poder adquisitivo de las clases menos favorecidas. Mantenerla controlada ha sido parte de la política diseñada para mitigar el impacto de la crisis internacional en los precios”, dijo.

En el quintil más pobre, el ingreso subió con más fuerza en el trabajo informal

Uno de los datos subrayados por el viceministro se concentró en el quintil 1, donde se ubica la población más vulnerable. Allí, explicó, el ingreso del sector informal creció más que el del formal, una señal que, según su lectura, muestra una mejora en las condiciones de los trabajadores no sectorizados.

Por regiones, el ingreso de ese quintil aumentó 14.4 % en Ozama, 9.9 % en el Sur, 12.4 % en el Norte y 12.8 % en el Este. La publicación oficial presentó esas variaciones como parte del mismo proceso de recuperación del ingreso familiar.

Cruz también explicó que la medición de pobreza utilizada por el Ministerio contempla tres variantes: ingreso laboral, ingreso más remesas e ingreso con otros aportes, entre ellos el desayuno y el almuerzo escolar. “La tendencia a la baja se mantiene en las cuatro series publicadas en nuestro informe. Los datos, códigos y metodologías están disponibles en la página web del Ministerio para quien desee replicarlos”, afirmó el funcionario.

El viceministro definió esos resultados como parte de un “círculo virtuoso” impulsado por políticas públicas orientadas a la protección social y al estímulo del ingreso de los hogares. En ese marco, cerró con una definición política sobre el objetivo de la gestión. “Uno de los legados de esta gestión será haber llevado el hambre a cero y haber transformado el círculo vicioso de la pobreza en un círculo virtuoso de desarrollo”, concluyó.

Mathew Davis, de 49 años, vive en un refugio para personas sin hogar en Austin, Texas. Sobrevive con unos pocos cientos de dólares al mes gracias a la donación de plasma y, aun así, una tiny home de USD 450 mensuales, sin agua corriente y con baño compartido, le resulta inalcanzable. “No gano lo suficiente como para pagar realmente nada”, dijo en declaraciones recogidas por AP News.

Mientras tanto, más de 4.500 unidades catalogadas como asequibles permanecen vacías solo en su ciudad.

La mayor parte de la vivienda subsidiada construida en los últimos años quedó dirigida a personas con ingresos moderados dentro del universo de bajos recursos, no al segmento con mayor necesidad.

Para ese grupo, los precios, los requisitos administrativos y la escasez de subsidios directos hacen que incluso la oferta formal esté fuera de alcance.

El déficit habitacional golpea con más fuerza al segmento más vulnerable

En Estados Unidos hay cerca de 11 millones de hogares inquilinos de ingresos extremadamente bajos y apenas 4 millones de unidades de alquiler asequibles para ese grupo, afirmó la National Low Income Housing Coalition en su informe anual más reciente.

Ese universo incluye a trabajadores con salarios bajos, jubilados y personas con discapacidad que dependen de ingresos fijos, con ingresos por debajo de la línea federal de pobreza o equivalentes al 30% de la renta mediana de su zona.

Cerca de tres de cada cuatro de esos hogares destina más de la mitad de sus ingresos al alquiler y a los servicios básicos, aseguró la entidad. Esa carga deja escaso margen para cubrir comida, salud y transporte.

El programa federal prioriza a quienes están lejos de la pobreza extrema

El programa federal Low-Income Housing Tax Credit (LIHTC) otorga créditos fiscales a desarrolladores que construyen vivienda asequible, a cambio de reservar unidades para personas con ingresos por debajo de un porcentaje del ingreso medio de su zona, conocido como Area Median Income (AMI).

Sin embargo, apenas el 12% de las viviendas financiadas en 2024 bajo ese esquema quedó reservado para el segmento más pobre, indicó el National Council of State Housing Agencies.

En Austin, eso equivale a personas con ingresos por debajo de USD 28.000 anuales, frente a los USD 47.000 que corresponden al 50% del AMI local, el umbral más usado por el programa.

Chris Edwards, economista del Cato Institute, sostuvo ante el Congreso que el sistema es “enormemente complejo y burocrático” y que eleva los costos de construcción. A su juicio, el dinero debería llegar de forma directa a los inquilinos a través de vales de vivienda.

Otros especialistas defendieron la combinación entre créditos fiscales y subsidios personales, con el argumento de que los complejos construidos con esos beneficios están obligados a aceptar vouchers, mientras muchos propietarios privados no tienen esa exigencia.

Las vacantes se acumulan en ciudades donde lo “asequible” dejó de serlo

En Austin, la tasa de vacancia de unidades asequibles rozó el 16%, de acuerdo con datos de CoStar. El nivel saludable para ese indicador ronda el 5%.

En Denver, la vacancia entre las unidades para hogares con ingresos equivalentes al 60% del área llegó a 13% y trepó a 21% en las destinadas al 80%, de acuerdo con la Colorado Housing and Finance Authority.

En Portland, el total de viviendas asequibles vacías superó las 1.700, con una tasa general de 7,5%.

En esa última ciudad, el alquiler máximo para una unidad asequible del segmento 60% del área alcanza USD 1.444 al mes, frente al promedio de USD 1.581 de un departamento de un dormitorio en el mercado privado. Esa diferencia empuja a muchos inquilinos hacia la oferta convencional.

Jaiden Barbee, residente de Portland, afirmó que preferiría pagar un poco más antes que atravesar un proceso largo de verificación. “Preferiría gastar esos USD 200 extra para entrar a un lugar con más facilidad”, afirmó en declaraciones recogidas por la agencia estadounidense.

Los requisitos y la falta de subsidios dejan afuera a quienes tienen menos ingresos

Carmen Romero, directora ejecutiva de True Ground Housing Partners, señaló a AP News que una unidad para hogares con ingresos del 60% de la mediana en el área de Washington genera USD 1.715 mensuales, pero deja apenas USD 140 después de cubrir hipoteca y costos operativos. “Las cuentas no mienten”, aseguró.

A su vez, remarcó que una persona con ingresos extremadamente bajos solo podría pagar cerca de la mitad de ese valor.

“Nuestros gastos no hacen posible crear una unidad para el 30% del ingreso medio, salvo que exista un subsidio extraordinario que hoy no está disponible”, afirmó.

En Austin, las autoridades locales se habían propuesto crear 20.000 viviendas para personas de ingresos extremadamente bajos entre 2018 y 2027. Hasta 2024, solo se habían construido 543.

Davis, que vivió un año en su auto antes de conseguir una cama en el refugio, resumió su situación en declaraciones a AP News: “Quiero poder cerrar la puerta por la noche y dormir. Solo quiero encontrar el lugar indicado”.

Un jubilado en Cuba enfrenta la precariedad de tener que buscar empleos ocasionales pese a haber concluido su vida laboral. La pensión que recibe no cubre sus necesidades básicas y lo obliga a ofrecerse para realizar labores informales, como limpiar patios u otras tareas que aparezcan en su comunidad.

“No me da. Tengo que trabajar por fuera”, expresó al hablar de su situación.

El hombre cobra poco más de 2,000 pesos cubanos al mes, una cantidad que equivale a cerca de $83 según la cotización informal del dólar. Esa suma resulta limitada frente al costo de los alimentos, artículos de higiene, transporte y otros gastos cotidianos en la isla.

El caso fue registrado fue documentado por Árbol Invertido, exponiendo una realidad que alcanza a cientos de personas en las mismas condiciones.

El adulto mayor describe una rutina marcada por la necesidad de conseguir recursos para resolver lo indispensable. Aunque el testimonio no detalle el nombre ni el lugar exacta de la residencia refleja la realidad que las personas enfrentan en Cuba para sobrevivir.

La búsqueda diaria de productos esenciales

Consultado sobre la mayor dificultad de su día a día, el jubilado respondió que debe “buscar lo que hace falta”.

La frase retrata las limitaciones que enfrentan quienes dependen de ingresos fijos en medio de una economía con precios altos y escasez de productos básicos.

Para obtener dinero adicional, el hombre realiza trabajos temporales. No cuenta con una ocupación estable, sino que acepta cualquier actividad disponible. La limpieza de patios es una de las labores que mencionó, aunque señaló que está dispuesto a hacer otras tareas si representan una fuente de ingreso.

La necesidad de trabajar después de jubilarse refleja una situación de vulnerabilidad para los adultos mayores. Las oportunidades de empleo son limitadas y muchas de las opciones disponibles se encuentran fuera de los canales formales, sin pagos garantizados ni continuidad.

Los problemas de servicios agravan la situación

A la falta de dinero se suman fallas en servicios básicos. El jubilado mencionó interrupciones frecuentes de la electricidad y problemas con el abastecimiento de agua en su comunidad. Los apagones afectan la vida doméstica, la conservación de alimentos y las condiciones para realizar actividades diarias.

La dificultad para acceder a medicamentos también representa una preocupación para las personas de la tercera edad, que suelen requerir tratamientos permanentes o consultas médicas. La búsqueda de fármacos puede exigir tiempo, traslados y recursos económicos adicionales en un escenario de disponibilidad limitada.

Con una pensión equivalente a $80 mensuales en el mercado informal, el margen para cubrir gastos se reduce aún más. La compra de alimentos, productos de aseo o medicinas puede absorber rápidamente el dinero disponible para un jubilado que no recibe apoyo regular de familiares.

El testimonio forma parte de una serie de videos que recoge situaciones cotidianas dentro de Cuba. En esta ocasión, la cámara muestra a un hombre que enfrenta la jubilación sin la posibilidad de dejar de trabajar, debido a que su ingreso mensual no le permite sostenerse.

Michael B. Jordan confesó en el podcast On Purpose de Jay Shetty que durante gran parte de su carrera vivió entre la culpa y el síndrome del impostor. Recién hace apenas uno o dos años, reconoció haber sentido que ese camino era realmente el suyo y que podía aceptar por completo sus bendiciones.

El actor, criado en Newark, Nueva Jersey, repasó en la conversación los años en que compatibilizaba el colegio, el baloncesto, la iglesia y los viajes a Nueva York para presentarse a castings siendo un niño.

Fue en ese período, cuando comenzó a distanciarse silenciosamente de quienes lo rodeaban: “Volvías a casa con experiencias que no podías compartir con nadie. No querías que nadie se sintiera menos”.

Sus padres ocultaron la precariedad económica durante años

Jordan describió la infancia en Newark como una etapa que, vista en perspectiva, estuvo marcada por dificultades materiales que sus padres lograron mantener fuera de su campo de visión.

“Crecimos siendo muy pobres, pero no lo sentíamos así. Creo que hicieron un buen trabajo escondiendo esas cosas”, afirmó durante el episodio. Solo con los años, dijo, llegó a entender detalles que entonces le pasaban desapercibidos: “Dormíamos en la cocina con el horno abierto”. Asimismo, también recordó los períodos en que la familia se instalaba durante semanas en casa de la abuela.

El actor destacó que tener a ambos padres presentes y comprometidos con su desarrollo fue “algo poco común” en su círculo cercano. Esa estructura familiar, junto con una educación orientada hacia la disciplina y el servicio a la comunidad —con su casa como punto de encuentro del barrio—, es lo que identifica como el origen de los valores que guían su trabajo hoy.

Dos décadas de carrera marcadas por la pregunta “¿por qué yo?”

Jordan reconoció que el peso del éxito se volvió especialmente confuso a medida que avanzaba en una industria en la que cada vez veía menos personas que se parecieran a él. “Empezás a preguntarte por qué sos vos el que tiene éxito y la gente que tiene exactamente tu cara y está justo a tu lado en el día a día no lo tiene”, dijo al conductor del programa.

Esa duda, según describió, lo acompañó durante casi dos décadas. La herramienta para procesarla fue, en parte, la búsqueda deliberada de recursos: un entrenador ejecutivo, un asesor espiritual y un trabajo sostenido sobre sus propias creencias. “Hace apenas uno o dos años llegué a sentir que este era mi camino”, admitió. Hasta entonces, las bendiciones le resultaban difíciles de aceptar por completo, según afirmó el propio actor.

El nombre Michael Jordan y el chip competitivo

Uno de los episodios más reveladores de la conversación giró en torno a su propio nombre. Jordan contó que crecer con el mismo nombre que la leyenda del baloncesto lo expuso a burlas constantes que, en un primer momento, llegaron a alejarlo de los deportes.

La reacción, sin embargo, fue la opuesta a rendirse: “Me dije que iba a competir. Al menos vas a verme. Voy a ser alguien”. Ese “chip saludable”, como lo llamó, fue uno de los motores que lo empujaron a labrarse una identidad propia.

Romper ciclos generacionales como propósito declarado

A lo largo del diálogo con Shetty, Jordan formuló con claridad cuál considera su propósito actual: interrumpir los patrones que se repiten de generación en generación en su comunidad y en su familia.

“Una vez que lo ves, no podés dejar de verlo. Y yo me niego a ignorarlo”, afirmó. Mencionó a su sobrino como ejemplo concreto de por qué esa responsabilidad le resulta urgente: el niño, dijo, imita cada uno de sus gestos y posturas, lo que lo obliga a actuar con intención en todo momento.

El actor también habló de su expansión hacia los negocios como una extensión de ese mismo propósito. Mencionó su participación en el club de fútbol inglés AFC Bournemouth junto al empresario Bill Foley, así como su incursión en inversiones inmobiliarias, fondos de capital y la creación de una empresa conjunta para el desarrollo de productos propios.

“Me enteré de cosas que existen —sociedades de inversión, fondos de capital— que nunca había escuchado en mi vida. Eso es lo que quiero transmitirle a la próxima generación”, señaló.

La autenticidad como frecuencia, no como exposición total

Ante la pregunta de Shetty sobre las percepciones erróneas que circulan sobre él, Jordan adoptó una postura deliberada: prefirió no amplificar lo que considera falso. “Si le dás vida, empieza a existir”, explicó.

En cambio, definió la autenticidad en términos de energía constante: “Mi energía nunca cambió. Cuando alguien que no vi en años me dice ‘sigues siendo el mismo’, sé que no me estoy perdiendo a mí mismo”.

La pobreza sostenida daña el cerebro. Un estudio liderado por University College London (UCL) determinó que las personas que atravesaron dificultades económicas de forma prolongada durante su adultez obtuvieron peores resultados en pruebas cognitivas a los 53 años y mostraron signos de menor salud cerebral entre los 69 y 71. Los hallazgos, publicados en la revista científica Innovation in Aging, se basan en más de cinco décadas de seguimiento a 2.759 personas en el Reino Unido.

El trabajo forma parte del MRC National Survey of Health and Development, también conocido como la cohorte británica de 1946, considerada la investigación de nacimientos en curso más larga del mundo. Los participantes fueron encuestados a lo largo de su vida adulta, lo que permitió a los investigadores rastrear su situación financiera en tres momentos clave —a los 26, 43 y 53 años— y cruzar esos datos con su estado cognitivo y cerebral décadas después.

La acumulación de privaciones a lo largo de los años pesa más que los episodios aislados

El investigador Jacques Wels, del departamento de Salud y Envejecimiento a lo Largo de la Vida de UCL, subrayó que la mayoría de los estudios sobre deterioro cognitivo financiero examina la situación económica en un único momento. “Nuestro estudio, que abarca varias décadas de datos, nos permite ver que es la acumulación de dificultades a lo largo de muchos años la que se vincula con los peores resultados de salud cognitiva, y no los episodios ocasionales de adversidad”, señaló.

Los investigadores clasificaron como ingreso persistentemente bajo a quienes cayeron dentro del 20% más pobre del grupo al menos en dos de las tres mediciones. Bajo ese criterio, alrededor del 16% de los participantes —aproximadamente uno de cada seis— entró en esa categoría. Por su parte, las dificultades económicas cotidianas se midieron con preguntas sobre la capacidad de gestionar gastos y pagar facturas: cerca del 12% de los encuestados, uno de cada ocho, acumuló ese tipo de presión al menos dos veces entre los 36 y los 53 años.

Ambas condiciones mostraron asociación con peores marcadores cognitivos y cerebrales, y esa relación se mantuvo después de que los autores ajustaran los resultados por factores como la capacidad cognitiva en la infancia, el nivel educativo y las desventajas sufridas en los primeros años de vida.

El estrés crónico y la carga mental constante son los mecanismos más probables

El equipo propuso varios caminos para explicar cómo la presión financiera podría afectar al cerebro. Uno de ellos es la inflamación: el estrés crónico activa procesos inflamatorios que aceleran el envejecimiento cerebral. El otro es la carga cognitiva. Pensar de manera reiterada en las cuentas, las facturas y los gastos diarios consume recursos mentales que quedan menos disponibles para otras funciones.

Los investigadores también registraron un patrón llamativo en los datos de memoria. Aunque las personas con dificultades económicas mostraron peores resultados cognitivos a los 53 años, su rendimiento en pruebas de memoria declinó más lentamente entre los 53 y los 69. La explicación que ofrece el equipo es que esos participantes ya arrastraban una pérdida cognitiva considerable a los 53, lo que dejaba menos margen para registrar una caída adicional en los años siguientes.

Las evaluaciones cognitivas incluyeron memoria verbal y velocidad de procesamiento. En un subgrupo que luego se sometió a resonancias magnéticas, los investigadores detectaron mayor atrofia cerebral y una expansión más pronunciada de los ventrículos, es decir, el agrandamiento de las cavidades llenas de líquido dentro del cerebro, dos señales asociadas a peor salud cerebral.

El efecto fue especialmente marcado en hombres y en quienes ya partían de situaciones vulnerables

La asociación entre adversidad financiera y deterioro cognitivo resultó más intensa en tres grupos: los hombres, las personas que sufrieron desventajas en la infancia y quienes portaban la variante genética APOE-ε4, vinculada con un mayor riesgo de Alzheimer. Los varones con dificultades económicas persistentes obtuvieron peores puntajes cognitivos a los 53 años que sus pares femeninas en condiciones similares.

Los autores plantearon varias hipótesis para esa diferencia. Los hombres en situación desfavorable podían estar más expuestos a conductas perjudiciales para la salud, como el tabaquismo o el consumo problemático de alcohol. Además, en la generación nacida en 1946, los varones tendían a ser el principal sostén económico del hogar, lo que pudo intensificar el peso subjetivo de la presión financiera.

La profesora Praveetha Patalay, también de UCL, sostuvo que los resultados tienen implicaciones concretas para las políticas públicas. Para los investigadores, los datos apuntan a que reducir la pobreza crónica y acompañar a las personas en situaciones de vulnerabilidad económica podría ser también una herramienta de prevención frente al deterioro cognitivo y la demencia. El estudio, financiado por el Consejo de Investigación Médica del Reino Unido, continuará el seguimiento de los participantes de la cohorte a medida que cumplan 80 años.

El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, afirmó este 3 de septiembre que su administración logró reducir la pobreza desde cerca del 26% en 2019 hasta alrededor del 16% en el primer trimestre de 2026, además de avanzar hacia la meta de hambre cero y ejecutar más de 2,000 obras públicas en el país.

Las declaraciones fueron replicadas por la Presidencia dominicana tras la conferencia “Comunicando el relanzamiento del Gobierno”, realizada el 3 de septiembre en Santo Domingo.

Abinader sostuvo que los resultados sociales y económicos expuestos durante la actividad se produjeron en un contexto marcado por los efectos de la pandemia de covid-19 y por crisis internacionales que afectaron a la economía local.

El jefe de Estado indicó que el desafío ahora consiste en sostener la mejora de los indicadores sociales mediante políticas públicas orientadas a elevar las condiciones de vida de la población. Según expresó, la evolución de la pobreza se acompañó de medidas enfocadas en la seguridad alimentaria y en la ampliación de servicios estatales.

Durante su exposición, Abinader afirmó que la economía de República Dominicana acumuló un crecimiento de 4.5%, mientras que los salarios registraron una mejora superior a la inflación.

Abinader vinculó esos resultados con las inversiones realizadas en infraestructura y servicios públicos. Entre los sectores mencionados figuró la salud, donde el Gobierno aseguró que avanzó con la construcción, ampliación y modernización de hospitales en diversas provincias.

“Tenemos los números y los indicadores de nuestro lado”, afirmó el presidente, de acuerdo con la información oficial. El mandatario señaló que las políticas y obras desarrolladas por su administración permitieron fortalecer la capacidad de respuesta estatal en distintas áreas.

El director de Prensa de la Presidencia, Alberto Caminero, informó que durante la actual gestión se realizaron más de 2,000 obras, con una inversión superior a RD 750,000 millones (aproximadamente USD 12,800 millones).

El ministro administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista, respaldó ese planteo y sostuvo que la comunicación de las acciones gubernamentales debe asumirse como una tarea compartida entre funcionarios y voceros. Según afirmó, la población debe conocer los programas, obras y medidas que se ejecutan en el territorio.

Por su parte, el director de Información y Prensa de la Presidencia, Félix Reyna, destacó la necesidad de coordinar el trabajo de los equipos institucionales y de actualizar sus herramientas de comunicación.

República Dominicana fortaleció sus capacidades militares

En materia de defensa, Abinader aseguró que el país pasó de una posición de retaguardia a otra de vanguardia en el ámbito militar. Según su exposición, la Industria Militar Dominicana desarrolló capacidades para ensamblar y producir equipos y tecnología destinados a los organismos de seguridad.

El presidente afirmó que ese desarrollo despertó el interés de otros países de la región. Como ejemplo, mencionó la visita del presidente hondureño, Nasry Asfura, quien conoció las instalaciones y expresó interés en aeronaves y vehículos blindados ensamblados en territorio dominicano.

Abinader también aludió al interés manifestado por el presidente de Guyana sobre las capacidades industriales y tecnológicas desarrolladas por República Dominicana en el sector de defensa.

El 10 de diciembre de 2023, cuando Javier Milei recibió el bastón y la banda presidencial, la Argentina acumulaba una inflación anual superior al 200%, el déficit fiscal estaba fuera de control, las reservas netas eran negativas, el cepo cambiario estrangulaba la economía y el riesgo país rozaba los 2.000 puntos. Los precios se aceleraban a una velocidad que alimentaba el temor de un colapso y el nuevo gobierno hablaba abiertamente del riesgo de una hiperinflación.

La debilidad política del Presidente era casi tan pronunciada como los desequilibrios económicos que debía enfrentar. La Libertad Avanza tenía apenas 39 diputados nacionales sobre 257, seis senadores sobre 72, ningún gobernador y una estructura territorial inexistente. Milei llegaba a la Casa Rosada después de una carrera política extraordinariamente breve y sin ninguna de las grandes organizaciones partidarias que habían sostenido a los presidentes argentinos desde la recuperación de la democracia.

Este viernes 4 de septiembre se cumplen mil días de aquella asunción.

Y la Argentina es distinta.

No desaparecieron sus problemas estructurales ni está claro cuánto de lo ocurrido durante estos casi tres años terminará convirtiéndose en permanente. Tampoco Milei cumplió algunas de sus promesas más disruptivas: no dolarizó la economía ni cerró el Banco Central.

Pero durante sus primeros mil días avanzó simultáneamente con una cantidad extraordinaria de reglas económicas, políticas y sociales.

La inflación cayó, eliminó el déficit fiscal, el Estado nacional redujo su tamaño, se eliminaron miles de regulaciones, se modificó el régimen cambiario, cambió la legislación laboral, desactivó la intermediación de las organizaciones sociales de la asistencia y se transformó la relación del poder con la protesta callejera. Vaca Muerta aceleró su crecimiento y la minería comenzó a recibir grandes inversiones con las que el Gobierno pretende modificar en los próximos años la matriz exportadora.

También hubo un giro en la inserción internacional: con Milei, la Argentina decidió ubicarse inequívocamente en Occidente, alineada estratégicamente con Estados Unidos e Israel y alejada de la orientación geopolítica que durante los gobiernos kirchneristas había privilegiado el vínculo político con China, Rusia, Venezuela y llegó a firmar un pacto con Irán.

Pero así como giró Argentina, también cambió Milei.

El candidato que denunciaba cualquier negociación con la “casta” aceptó acordar con gobernadores y factores de poder clave. El Presidente que vio naufragar su primera Ley Ómnibus terminó construyendo mayorías para aprobar reformas. Y el dirigente que llegó sin partido nacional propio convirtió a La Libertad Avanza en una fuerza con representación en todo el país y multiplicó su presencia en el Congreso.

El giro tuvo y tiene aún costos, conflictos y contradicciones.

Jubilados, universidades, trabajadores estatales, sindicatos y organizaciones vinculadas con el área de discapacidad protagonizaron fuertes protestas. El Gobierno tuvo una enorme rotación de funcionarios, excepto las figuras omnipresentes de Karina Milei y de Santiago Caputo. Antes de jurar, Milei rompió políticamente con su vicepresidenta, Victoria Villarruel, convirtió al periodismo en su adversario y tuvo que enfrentar acusaciones judiciales contra figuras de su cercanía.

Un racconto de estos mil días no puede empezar por otro lado que por la economía.

Milei había anticipado el sentido de su programa mucho antes de entrar a la Casa Rosada. La motosierra fue uno de los símbolos centrales de su campaña y, una vez convertido en Presidente, en su primer discurso de espaldas al Congreso Nacional condensó el ajuste en otra frase que se transformó en una definición de gobierno: “No hay plata”.

No fue solamente una consigna.

El Gobierno redujo el gasto, paralizó la mayor parte de la obra pública nacional, eliminó transferencias discrecionales a las provincias, recortó subsidios, redujo estructuras estatales, revisó programas y organismos y avanzó con una reducción de la planta de empleados públicos.

La motosierra tampoco desapareció después de la campaña.

Mil días después, una motosierra todavía ocupa un lugar sobre la mesa de trabajo del despacho presidencial. La imagen resume una idea que Milei mantuvo prácticamente sin modificaciones durante toda su administración: el Estado debe gastar menos, intervenir menos y abandonar funciones que considera innecesarias.

Desde el Gobierno aseguran que la motosierra “no se apaga nunca”.

En eso no hubo gradualismo.

Luis Caputo y Federico Sturzenegger se convirtieron en ejecutores de la estabilización, la desregulación y el equilibrio fiscal dejaron de ser solamente una meta económica para transformarse en una regla política. Milei defendió el rumbo incluso mediante vetos a leyes aprobadas por el Congreso cuando consideró que podían poner en riesgo las cuentas públicas.

El resultado que el Presidente exhibe por encima de todos los demás es la inflación.

Cuando Milei asumió, los precios mayoristas corrían a un ritmo cercano al 1% diario. En julio pasado, ese mismo índice aumentó apenas 0,8% en todo el mes. La inflación minorista, que había alcanzado el 25,5% mensual en diciembre de 2023, se mueve ahora debajo del 2% mensual.

La pobreza atravesó primero el recorrido contrario.

El impacto de la devaluación, la aceleración de los precios y la caída inicial de los ingresos llevó el índice al 52,9% de las personas durante el primer semestre de 2024. Después comenzó a descender. El último dato oficial disponible, correspondiente al segundo semestre de 2025, la ubicó en 28,2%, mientras que la indigencia cayó al 6,3%.

La secuencia ayuda a explicar buena parte de la resistencia política de Milei.

El ajuste provocó inicialmente un deterioro social profundo. Pero la desaceleración de la inflación y la posterior recuperación de los ingresos permitieron revertir una parte importante de aquel impacto.

No ocurrió igual en todos los sectores.

La construcción sufrió especialmente el retiro del Estado nacional de la obra pública. Distintos segmentos industriales atravesaron períodos recesivos. Los jubilados quedaron en el centro de la discusión sobre el reparto del costo fiscal. Las universidades y las organizaciones vinculadas con discapacidad protagonizaron algunos de los conflictos presupuestarios más intensos de la gestión.

El desempleo, además, se ubicó en el 7,8% durante el primer trimestre de este año y el debate sobre la calidad del empleo y los salarios continúa abierto. Milei dice que se crearon 600 mil puestos de trabajo y desde la oposición señalan que se perdieron 300 mil empleos formales.

La discusión económica de septiembre de 2026, de todos modos, es diferente de la de diciembre de 2023.

La pregunta dejó de ser cómo evitar una crisis inflacionaria todavía mayor. Ahora es si la estabilidad puede transformarse en crecimiento sostenido y que esa mejora se sienta de manera homogénea en todo el país, pero sobre todo en los grandes y populosos conurbanos.

El dólar forma parte de esa nueva fotografía.

El libre estaba largamente por encima de los 1.000 pesos cuando Milei asumió. Desde entonces aumentó muy por debajo de la inflación acumulada, mientras el Gobierno fue desmontando restricciones cambiarias y avanzó gradualmente con la apertura del cepo.

El riesgo país recorrió un camino semejante. De niveles cercanos a los 2.000 puntos llegó este año a aproximarse a los 400, aunque posteriormente volvió a mostrar volatilidad y hoy se ubica en torno a los 500.

El Banco Central, además, modificó durante 2026 la estrategia de acumulación de reservas y compró alrededor de US$14.000 millones, por encima incluso de la meta anual acordada con el Fondo Monetario Internacional.

Pero reducir los mil días al ajuste y la estabilización sería perder una parte sustancial del proyecto libertario.

Ahí aparece con más fuerza Sturzenegger. Si Caputo representa el ordenamiento macroeconómico, el ministro encarna el intento de modificar las reglas con las que funcionan la economía y el propio Estado.

El proceso comenzó con el DNU 70/2023 y se profundizó con la creación del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. Según el relevamiento oficial, hasta julio se habían dictado 719 normas de desregulación, modificado o eliminado 2.803 normativas y cambiado miles de artículos.

No son 17.000 desregulaciones distintas y tampoco todas tuvieron la misma trascendencia. Pero la dimensión permite medir el alcance del intento del “Ministerio de rendimientos crecientes”, como suele llamarlo el Presidente.

Transporte, alquileres, comercio, actividad aerocomercial, importaciones, exportaciones, salud, organismos estatales, energía y minería fueron alcanzados por lo que el Gobierno denomina la “deep motosierra”.

Milei pretende que su legado económico no sea solamente haber bajado la inflación, sino haber cambiado las reglas con las que funciona la economía.

Vaca Muerta y la minería forman parte de esa segunda transformación.

YPF, bajo la conducción de Horacio Marín, concentró su estrategia en el shale, aumentó productividad, avanzó con la salida de campos maduros y convirtió a Vaca Muerta en el centro de su negocio.

La producción petrolera alcanzó sucesivos máximos y el crecimiento del no convencional explica buena parte de ese salto. Oleoductos, ampliación de la capacidad de transporte y proyectos de gas natural licuado forman parte de una apuesta todavía mayor: convertir a la energía en una fuente estructural de divisas y atacar una de las restricciones históricas de la economía argentina, la escasez recurrente de dólares.

La minería recorre un camino semejante.

El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), aprobado dentro de la Ley Bases, otorgó estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria de largo plazo para grandes proyectos y se convirtió en una herramienta central para atraer capitales hacia petróleo, gas y minería.

A eso se agregó este año la modificación de la Ley de Glaciares, que redefinió las reglas sobre el ambiente periglacial y amplió la capacidad de intervención de las provincias.

Cobre, litio, oro, petróleo y gas aparecen así en el horizonte de una economía que pretende modificar su matriz exportadora.

Todavía es demasiado temprano para saber si esa transformación alcanzará la escala que proyecta el Gobierno. Las inversiones energéticas y mineras requieren años. Pero la orientación está definida.

El segundo gran giro de los mil días ocurrió en el poder.

Milei descubrió muy temprano qué significaba gobernar con 39 diputados y seis senadores.

En febrero de 2024, la primera Ley Ómnibus naufragó en Diputados. El Presidente reaccionó con furia y acusó de “traidores” a legisladores y gobernadores que habían acompañado parcialmente la iniciativa.

Fue una derrota. Pero también un aprendizaje.

Meses después consiguió aprobar la Ley Bases y el paquete fiscal negociando con gobernadores, bloques provinciales, radicales y el PRO. El Pacto de Mayo, firmado en Tucumán, simbolizó también el tránsito desde aquella confrontación inicial hacia una estrategia política mucho más pragmática.

En eso, Karina Milei y Santiago Caputo resultaron determinantes.

La hermana del Presidente pasó de ser su persona de máxima confianza a convertirse en la arquitecta de la construcción nacional de La Libertad Avanza. El partido extendió su estructura territorial, incorporó dirigentes provenientes de otros espacios y comenzó a disputar poder en provincias donde dos años antes prácticamente no existía.

La relación con Mauricio Macri y el PRO recorrió el camino inverso.

El partido que había resultado decisivo para darle respaldo parlamentario, cuadros políticos y gobernabilidad durante el comienzo de la administración fue perdiendo autonomía a medida que crecía La Libertad Avanza.

El cambio puede observarse con claridad en el Senado: Milei asumió con seis legisladores. Hoy La Libertad Avanza tiene 21.

Pero esa construcción no fue lineal.

Hubo alrededor de 50 días en 2025 en los que el proyecto pareció ingresar en su momento de mayor fragilidad.

En septiembre, La Libertad Avanza sufrió una derrota de casi 14 puntos frente al peronismo en la provincia de Buenos Aires. El resultado provocó un cimbronazo político, golpeó los mercados, presionó al dólar y abrió interrogantes sobre la sustentabilidad del programa cuando todavía faltaban semanas para las elecciones legislativas nacionales.

Entonces apareció una figura inesperada en el centro de la política argentina: Scott Bessent.

El secretario del Tesoro de Donald Trump se convirtió en un protagonista determinante. Estados Unidos ya había resultado clave para facilitar el acuerdo de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional por US$20.000 millones. Frente a la nueva crisis, Washington profundizó el respaldo.

El Tesoro estadounidense intervino directamente en el mercado cambiario y puso a disposición otros US$20.000 millones mediante un swap.

El apoyo contribuyó a estabilizar el frente financiero antes de las elecciones y tuvo una dimensión que excedió a la economía: Trump mostró hasta dónde estaba dispuesto a llegar para respaldar a uno de sus principales aliados políticos en América Latina.

El 26 de octubre llegó la segunda parte de aquella historia.

Milei ganó las elecciones legislativas nacionales y consiguió además revertir, por un margen estrecho, la derrota en la provincia de Buenos Aires. En el camino, perdió su primer candidato, José Luis Espert, y tuvo que reemplazarlo por el ascendiente Diego Santilli.

En 50 días había pasado de atravesar su mayor derrota electoral y una crisis financiera a obtener el resultado que necesitaba para relanzar la segunda mitad de su mandato.

La nueva composición del Congreso abrió una segunda etapa, mucho más reformista, y con la tranquilidad de conseguir el tercio necesario para sostener un veto presidencial o, más extremo, el juicio político.

La reforma laboral fue una de sus principales expresiones. También la baja de la edad de la imputabilidad. La modificación de la Ley de Glaciares, otra. Y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que obtuvo media sanción de Diputados y espera su tratamiento en el Senado, busca convertir en una restricción legal la prohibición de financiar al Tesoro mediante emisión.

El fortalecimiento de Milei coincidió, además, con una profunda fragmentación del peronismo.

La condena definitiva de Cristina Kirchner en la causa Vialidad, su inhabilitación para ejercer cargos públicos y el cumplimiento de la pena bajo prisión domiciliaria modificaron el mapa interno del PJ.

Axel Kicillof comenzó a construir desde Buenos Aires una alternativa propia, pero el peronismo continúa sin una conducción nacional indiscutida.

Milei aprendió a gobernar aprovechando esas diferencias.

Osvaldo Jaldo, en Tucumán, y Raúl Jalil, en Catamarca, desarrollaron vínculos de cooperación con la Casa Rosada. Gustavo Sáenz, en Salta, se convirtió también en un interlocutor frecuente. Gobernadores de fuerzas provinciales, como Hugo Passalacqua, en Misiones, y Claudio Vidal, en Santa Cruz, acompañaron iniciativas relevantes.

En el extremo opuesto quedaron Kicillof, Ricardo Quintela, Gildo Insfrán, Claudio Melella y Sergio Ziliotto.

Milei no produjo la crisis del peronismo, pero aprendió a gobernar aprovechándola: explotó sus fracturas y evitó que el PJ funcionara como un bloque opositor homogéneo. Por lo menos, hasta ahora.

También cambió la calle.

La eliminación de la intermediación de las organizaciones sociales que encaró desde el primer día la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello -otra figura clave y permanente en el entorno del Presidente- más el protocolo antipiquetes instrumentado inicialmente por Patricia Bullrich modificaron una escena que durante años había formado parte de la cotidianeidad política argentina y rompía la convivencia en el espacio público.

Fue una decisión administrativa y también policial, pero fundamentalmente política: debilitó estructuras territoriales que durante años habían administrado recursos públicos y utilizado la movilización callejera como instrumento de negociación.

Eso no significó el final de la protesta.

La CGT realizó paros generales -el más rápido contra un gobierno asumido democráticamente en la historia- y enfrentó las reformas laborales. Las universidades protagonizaron movilizaciones masivas. Jubilados, trabajadores del Garrahan y organizaciones vinculadas con discapacidad encabezaron protestas.

El Gobierno consiguió modificar la lógica del piquete cotidiano.

La seguridad produjo además otra experiencia que Milei incorporó al balance de su gestión: Rosario. El Plan Bandera, desplegado junto con Santa Fe, y la ofensiva contra las organizaciones narcocriminales redujeron fuertemente los homicidios respecto de los niveles de 2023 y convirtieron a la ciudad en uno de los casos que el oficialismo utiliza para reivindicar su política de orden público. Los índices de delitos hoy están en sus niveles más bajos.

Mientras el rumbo permaneció estable, los nombres del Gobierno cambiaron a una velocidad inusual.

Milei tuvo cuatro jefes de Gabinete en mil días: Nicolás Posse, Guillermo Francos, Manuel Adorni y Diego Santilli.

También hubo sucesivos cambios en Cancillería, ministerios, secretarías y organismos.

La relación con Victoria Villarruel recorrió un camino todavía más extremo. El vínculo personal y político con Milei pasó de un malestar en sordina a una ruptura estruendosa y pública. “No es parte del Gobierno”, es la definición que repite una constante en la historia argentina.

La paradoja resulta evidente: una administración con una extraordinaria rotación de funcionarios mantuvo una extraordinaria continuidad en su orientación.

Karina Milei en la construcción política, Santiago Caputo en la estrategia, Luis Caputo en la economía, Sturzenegger en las reformas, Pettovello en la política social constituyen los pilares estables alrededor del Presidente.

Los casos judiciales introdujeron otra contradicción.

El caso $LIBRA, después de que Milei difundiera en febrero de 2025 un criptoactivo cuyo precio se derrumbó pocas horas después; la investigación sobre presuntas irregularidades en ANDIS, con los audios atribuidos a Diego Spagnuolo; el caso de José Luis Espert y su vinculación con el argentino condenado en Estados Unidos Federico “Fred” Machado; y la investigación patrimonial que alcanzó a Manuel Adorni tienen situaciones particulares, pero tuvieron un fuerte impacto puertas adentro del Gobierno.

La relación con el periodismo expone otra contradicción.

La construcción del conocimiento público de Milei sería difícil de explicar sin la extraordinaria exposición televisiva y mediática que tuvo antes de 2023. Mucho antes de convertirse en diputado, sus participaciones constantes en programas periodísticos transformaron a un economista conocido en ámbitos relativamente reducidos en una figura nacional.

Pero desde la Presidencia, en cambio, convirtió al periodismo en uno de sus adversarios recurrentes. Aquí aparece una idea transversal del proyecto libertario: la desintermediación.

Así como eliminó intermediarios en la administración de planes sociales y desafió estructuras tradicionales de la política, Milei intenta establecer un vínculo directo con sus seguidores sin reconocer necesariamente al periodismo como mediador entre el poder y la sociedad.

Hay, finalmente, otro cambio que excede la economía y la política doméstica.

Con Milei, la Argentina eligió ubicarse en Occidente.

Estados Unidos e Israel se convirtieron en sus dos principales aliados estratégicos.

La definición implicó un cambio respecto de la orientación de los gobiernos kirchneristas: la Argentina rechazó el ingreso a los BRICS que había negociado Alberto Fernández, tomó distancia del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, endureció su posición frente a Irán y colocó en el centro de su política exterior la condena al Memorándum de Entendimiento firmado con Teherán durante el gobierno de Cristina Kirchner.

También abandonó la búsqueda de una relación política preferencial con Rusia y China.

Eso no significó romper los vínculos económicos con Beijing.

China continúa siendo uno de los principales socios comerciales de la Argentina y Milei mostró, una vez en el poder, un pragmatismo mucho mayor que durante la campaña. El Gobierno preservó la relación comercial e incluso acaba de renovar por cinco años el swap con China.

La diferencia es geopolítica: puede haber comercio y financiamiento con China, pero el alineamiento estratégico está en Washington y Jerusalén.

Milei convirtió esa definición en parte de su identidad internacional. Su Gobierno reivindica explícitamente la pertenencia argentina a Occidente y vincula la defensa de Israel con la defensa de la civilización occidental.

La relación con Estados Unidos dejó además de ser solamente ideológica.

El apoyo de Trump, el papel de Bessent durante la crisis de 2025, la cooperación económica y el acercamiento estratégico demostraron que aquella decisión tuvo consecuencias concretas.

Con Israel, la relación fue todavía más explícita. Milei hizo de la defensa del Estado israelí y de la condena al terrorismo componentes centrales de su política exterior y contrapuso reiteradamente esa alianza con el Memorándum con Irán.

El Vaticano ofrece, en cambio, una demostración de cuánto pudo cambiar el propio Milei.

El candidato que había dirigido durísimos ataques contra el papa Francisco, al llegar a la Presidencia, recompuso el vínculo, se reunió con él y normalizó una relación que durante la campaña parecía imposible.

Después de la muerte del pontífice argentino, el vínculo con León XIV continuó por el camino del acercamiento. En noviembre, el nuevo Papa visitará la Argentina.

Es también una muestra de una transformación menos evidente: Milei cambió algunas de sus posiciones al mismo tiempo que intentaba cambiar la Argentina.

El Presidente que llega al día 1.000 tiene mucho más poder que aquel que recibió la banda el 10 de diciembre de 2023.

Tiene una fuerza política nacional, 21 senadores en lugar de seis, una representación considerablemente mayor en Diputados, gobernadores dispuestos a negociar y una oposición peronista fragmentada.

Tiene también resultados económicos que constituyen el principal activo de su gobierno: inflación sustancialmente menor, equilibrio fiscal, caída de la pobreza desde el pico de 2024, menor riesgo país y un sector energético que atraviesa una expansión histórica.

Y tiene una apuesta todavía inconclusa: que las desregulaciones, el RIGI, Vaca Muerta y la minería conviertan la estabilización en inversión, exportaciones y un crecimiento parejo.

Los problemas tampoco desaparecieron.

Persiste el impacto del ajuste sobre determinados sectores, la discusión sobre jubilaciones, infraestructura y servicios públicos, las dificultades de algunas actividades productivas, el desafío de la industria frente a una economía más abierta, los conflictos sociales y las investigaciones judiciales.

Milei tampoco dolarizó ni cerró el Banco Central, dos ideas que representaban la radicalidad de su campaña. La reforma de la Carta Orgánica que impulsa ahora supone, de hecho, institucionalizar un Banco Central con reglas más restrictivas antes que eliminarlo.

Por eso, los mil días permiten hablar de un giro inédito, pero no de una historia terminada.

La Argentina de septiembre de 2026 tiene una inflación diferente, otras reglas fiscales, un Estado más chico, un nuevo mapa político, otra relación con la protesta y las organizaciones sociales, nuevas prioridades productivas y una definición geopolítica mucho más nítida.

La motosierra que Milei levantaba durante la campaña sigue sobre la mesa de su despacho presidencial.

La imagen permite unir el comienzo con el presente. Pero la pregunta decisiva ya no es si Milei estaba dispuesto a utilizarla. Eso quedó contestado.

La incógnita es qué parte de lo que cortó, modificó y construyó durante estos mil días sobrevivirá a su propio gobierno y se convertirá en una transformación permanente de la Argentina.

La respuesta empezará a jugarse inmediatamente.

Porque después del día 1.000 comienza otra cuenta regresiva: la que conduce a 2027 y al intento de Javier Milei de conseguir otros cuatro años para consolidar el giro que inició aquel 10 de diciembre de 2023.

La mayoría de las proyecciones de consultoras económicas coinciden en que el dato de inflación de agosto tiene una alta probabilidad de ubicarse por debajo del 1,9%, es decir seria el menor registro en lo que va de 2026. La desaceleración de precios permitirá, en caso de mantenerse que también el nivel de pobreza calculado por el Indec siga en descenso, con buenas chances de acercarse o incluso perforar el 25% en el próximo año.

El rubro alimentos y bebidas presenta incluso una desaceleración mayor y en agosto habría subido menos del 1,5 por ciento. De esta forma, los ingresos le ganan paulatinamente al ritmo de aumento de la canasta básica, lo que debería impactar favorablemente en las futuras mediciones del índice de pobreza.

Según la última Encuesta Permanente de Hogares, el nivel de pobreza en Argentina se ubicó en el 28,6% en el último trimestre de 2025.

El índice de pobreza superó el 40% luego de la devaluación de diciembre de 2023, algo que algunos atribuyen a una decisión tomada por el gobierno de Javier Milei. Otros, en cambio, coinciden en que aquel movimiento cambiario no hizo más que blanquear un ajuste cambiario que se venía conteniendo. La disparada de los precios de aquel mes también era algo que ya estaba totalmente jugado.

No está claro si una posible disminución adicional de los niveles de pobreza tras el salto que se espera para la primera parte de 2026 favorecerá las chances electorales del Presidente en la búsqueda de la reelección. Por lo pronto, en el caso de Mauricio Macri había caído a 25,7% en 2017. Ese año el gobierno ganó las elecciones legislativas por amplio margen.

Sin embargo, los procesamientos de microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) y mediciones de la UCA para el primer trimestre de 2026 muestran que la tendencia a la baja se interrumpió, registrando un repunte que la ubicaría en torno al 30%.

El estudio conocido como “nowcast” de la Universidad Torcuato Di Tella proyecta que el consolidado del semestre completo se situará cerca del 31,6 por ciento. El dato del Indec correspondiente al primer trimestre de 2026 se conocerá el 24 de septiembre.

La urgencia del Gobierno por seguir desacelerando la inflación y al mismo tiempo reducir los niveles de pobreza es posiblemente el mejor reaseguro que los ajustes cambiarios serán casi imperceptibles en los próximos meses. En agosto, el dólar mayorista subió poco más de 1% y volvió a quedar por debajo del índice de precios proyectado del mes.

Una de las problemáticas laborales más críticas de la Argentina, es la de las personas que, aún contando con un puesto de trabajo, no perciben ingresos suficientes para cubrir la canasta básica mínima de bienes y servicios, tomada como referencia para la medición de la pobreza. Entre las principales causas de este fenómeno se encuentran tendencias que han persistido durante décadas: la reducción del poder adquisitivo de los ingresos laborales y la creciente precarización laboral.

En este sentido, desde el año 2018 se consolidó un proceso de crecimiento sostenido de la incidencia de la pobreza en los trabajadores. Según los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), el porcentaje de trabajadores en hogares pobres más que se duplicó entre los primeros trimestres de 2017 y 2024 (paso del 18,9% al 44,6%).

Un informe del Ministerio de Capital Humano resaltó que “para el primer trimestre de 2026 (último dato disponible), el 20,6% de la población ocupada se encontraba bajo la línea de pobreza, lo que representa una caída de 24 puntos porcentuales respecto al mismo periodo de 2024 y de 8 puntos porcentuales en relación al primer trimestre de 2023”.

Al proyectar esta mejora sobre la población nacional -agrega la cartera que conduce Sandra Petovello- se estima que más de un millón y medio de trabajadores lograron superar el umbral de pobreza durante este lapso.

Siete de cada diez hogares argentinos con dificultades financieras contrajeron deuda para cubrir alimentos o gastos de vivienda, según un relevamiento de la consultora Inteligencia Analítica realizado a fines de agosto.

El estudio, que relevó un segmento focalizado de la población con problemas para afrontar sus gastos (2.252 casos efectivos), encontró que el 77,2% de los consultados utilizó una deuda nueva para pagar otra anterior y que el 62,1% mantiene en la actualidad algún pago atrasado.

Casi nueve de cada diez encuestados no logra cubrir el conjunto de sus gastos

El relevamiento parte de un diagnóstico sobre la capacidad de pago de los hogares: el 86,4% de los encuestados afirma no cubrir el conjunto de sus gastos familiares. Dentro de ese universo, el 38,6% sostiene que sus ingresos ni siquiera alcanzan para las necesidades básicas, mientras que un 29,1% adicional indica que el ingreso solo cubre esas necesidades mínimas, sin margen para otros consumos. Un 18,7% dice no llegar a cubrir la totalidad de sus gastos y apenas el 13,6% afirma cubrirlos o registrar un excedente.

Según la lectura del informe, la insuficiencia de ingresos antecede al endeudamiento: el crédito aparece como una respuesta ante gastos que el ingreso corriente no logra cubrir. En ese contexto, el pago de cuotas, tarjetas y préstamos compite de manera directa con los recursos destinados a alimentación, vivienda y salud.

“El hallazgo principal no es únicamente la presencia de deuda, sino su utilización para financiar gastos corrientes y, posteriormente, para sostener el pago de la propia deuda. Esta secuencia permite interpretar los resultados como un patrón de endeudamiento defensivo: los hogares recurren al crédito para compensar ingresos insuficientes y sostener compromisos financieros que se acumulan en el tiempo”, detalló en informe.

Alimentos y vivienda concentran el destino del crédito

Al indagar sobre el motivo principal del endeudamiento, el 44,5% de los encuestados mencionó alimentos y productos básicos, y un 32% señaló servicios, impuestos, alquiler y vivienda. Ambas categorías, agrupadas por Inteligencia Analítica, explican el 76,5% del total. Muy por detrás quedan la salud o educación, con el 5,5%, y la ropa, el calzado y los bienes para el hogar, con el 5,1 por ciento. Las vacaciones y otros consumos no esenciales apenas reúnen el 0,9% de las menciones, y las apuestas, el 0,3 por ciento.

El patrón se repite al consultar por un segundo motivo de endeudamiento: el 42% volvió a mencionar servicios, alquiler e impuestos, y el 31,3% citó alimentos. La reiteración de estas categorías, según el informe, muestra que el crédito se encuentra integrado al funcionamiento ordinario del hogar y deja de operar como un adelanto de consumo para convertirse en una herramienta de cobertura de necesidades inmediatas.

La mitad del ingreso familiar se destina a pagar deudas

La carga financiera mensual resulta uno de los indicadores más marcados del relevamiento. El 56,2% de los consultados destina al menos el 40% de su ingreso al pago de deudas, y el 34,9% paga más de la mitad de lo que percibe cada mes. En términos de deuda acumulada, el 44,5% tiene compromisos superiores al 40% de su ingreso y el 59,9% supera el 30 por ciento.

La distribución promedio del presupuesto mensual muestra que el 56,2% del ingreso se destina a obligaciones financieras, frente a un 43,8% disponible para el resto de los gastos. Ese nivel de compromiso, señala el estudio, reduce la capacidad de los hogares para absorber aumentos de precios, ajustes tarifarios o cualquier deterioro adicional en los ingresos.

La tarjeta de crédito es el instrumento con mayor peso

Entre los distintos productos financieros, la tarjeta de crédito ocupa el lugar central. El 48,2% de los encuestados la identifica como su deuda principal y el 52,1% le destina el mayor pago mensual entre todas sus obligaciones.

La forma en que se cancela el resumen mensual funciona, de acuerdo con el informe, como un indicador de deterioro progresivo. El 36% de los consultados pagó el total de su último resumen, el 27,6% pagó más que el mínimo pero menos que el total, el 18,4% abonó solamente el mínimo y el 11,8% pagó incluso menos que ese mínimo. A medida que se avanza hacia los pagos parciales, aumentan de manera correlativa la refinanciación y la mora.

Ocho de cada diez recurrió a una deuda nueva para pagar otra

El 77,2% de los encuestados utilizó una nueva deuda para cancelar una obligación anterior en los últimos seis meses. De ese grupo, el 63,2% recurrió a esta práctica más de una vez y el 14% lo hizo en una sola oportunidad. Solo el 21% del total no apeló a esta estrategia.

La relación entre la refinanciación y la mora resulta directa: entre quienes no utilizaron deuda para pagar otra deuda, el 62,3% no registra atrasos, mientras que entre quienes lo hicieron en varias ocasiones esa proporción sin atrasos cae al 25,7 por ciento. El informe describe esta secuencia como un circuito que comienza con un presupuesto insuficiente, continúa con crédito para gastos corrientes, avanza hacia un mayor peso de las cuotas y termina en nueva deuda para pagar deuda, con atrasos y mayor vulnerabilidad como desenlace.

Seis de cada diez encuestados reconoce algún atraso vigente

El 62,1% de los consultados admite mantener en la actualidad alguna forma de atraso en sus pagos. De ese total, el 31,3% presenta una mora menor a tres meses, el 21% acumula tres meses o más de atraso y el 9,8% no logra precisar la antigüedad de su deuda impaga.

Ante la imposibilidad de completar un pago, las respuestas más frecuentes son pagar solamente una parte (31,1%) y pedir dinero a familiares o amigos (27,8%). Un 18,4% opta por tomar otro préstamo o usar otra tarjeta, el 8,6% deja de pagar de manera temporal y el 5,3% reduce gastos en alimentos, medicamentos u otros consumos básicos. Solo el 2,5% de los encuestados renegoció de manera formal con la entidad o persona acreedora.

Jóvenes, cuentapropistas y hogares numerosos, los más expuestos

El informe identifica diferencias significativas según edad, situación laboral y composición del hogar. Entre los 16 y los 29 años, el 83,8% utilizó una deuda para pagar otra, el porcentaje más alto de todos los tramos etarios, además de un mayor uso de billeteras virtuales y prestamistas. En la franja de 30 a 49 años, el 38,4% destina más de la mitad de su ingreso a deudas y el 25,1% registra mora prolongada.

La situación laboral también marca diferencias: entre quienes trabajan sin aportes, la mora de tres meses o más alcanza el 24,6%, frente al 16,5% de quienes sí los tienen. Los cuentapropistas presentan la mora prolongada más alta entre todas las situaciones laborales analizadas, con el 29,7 por ciento. En cuanto al tamaño del hogar, la mora prolongada asciende del 12% en los hogares unipersonales al 29,8% en los hogares de cinco integrantes o más.

El relevamiento también indagó sobre la identificación política de los encuestados. “La mora de tres meses o más alcanza el 20,9% tanto entre votantes de Massa como entre votantes de Milei. Las principales diferencias aparecen en las expectativas: 81,3% de los votantes de Massa y 54,4% de los votantes de Milei creen que su situación personal estará peor dentro de seis meses”, explicó el trabajo.

La crisis económica en Cuba ha dificultado la obtención de comida y medicinas para los gatos, poniendo en riesgo la continuidad del refugio y el bienestar de los animales que allí viven.

La malnutrición afecta casi al doble de mujeres que de hombres en Cuba, según datos que revelaron una brecha de género que el sistema de salud de la isla no reconoce oficialmente.

El 9% de las mujeres analizadas por Food Monitor Program registró un peso por debajo del umbral saludable, frente al 4.9% de los hombres. La organización examinó registros de peso y talla de 1,275 mujeres y 1,228 hombres, y la diferencia se mantuvo en todos los grupos de edad del estudio.

Cuando comer es una decisión de sacrificio

Una madre habanera de 18 años describió a Martí Noticias la mecánica cotidiana de esa estadística: la mayoría de los días come una sola vez. A veces dos. La escasez obliga a ordenar prioridades dentro del hogar, y ella siempre queda al final de esa lista.

“Lo miré durmiendo y yo nada más pensaba qué le daría cuando se despertara, qué podía darle. No tenía nada, nada, nada. No había ni agua ese día”, relató.

Su testimonio ilustra lo que Sergio Ángel Baquero, director de Proyectos de Food Monitor Program, describió a la redacción de Martí Noticias como una “dinámica de sacrificio alimentario femenino”: las mujeres reducen sus porciones, dejan de comer o reservan los mejores alimentos para sus hijos, familiares enfermos u otras personas dependientes.

La paradoja que señaló la organización es que las mujeres describieron hogares ligeramente mejor abastecidos que los hombres, pero registraron una prevalencia de bajo peso casi dos veces mayor. El sacrificio, en otras palabras, no aparece en las respuestas sobre el hogar. Aparece en el cuerpo.

Una brecha que se acentúa en la juventud y en la vejez

Entre las mujeres de 18 a 25 años, el 12.6% registró bajo peso, frente al 8.3% de los hombres del mismo rango. En el grupo de 26 a 40 años, la diferencia fue de 8.9% contra 5%.

Las provincias con mayor proporción de mujeres con bajo peso fueron Las Tunas (25%), Guantánamo (23.4%), Pinar del Río (21.4%) y Granma (20.3%).

En el otro extremo de la pirámide etaria, la vulnerabilidad también se concentró en las mujeres. El 94.7% de las mayores de 60 años teme que sus ingresos resulten insuficientes, el 92.2% ha enfrentado dificultades para conseguir medicamentos y el 87.6% depende exclusivamente de una jubilación o pensión.

El peso invisible de alimentar a una familia

La desigualdad no se reduce a cuánto comen las mujeres, sino también a cuánto trabajan para que los demás coman. Según Food Monitor Program, en el 92.1% de los hogares descritos por mujeres, al menos una participa en la preparación de los alimentos, y el 74.8% cocina sola o acompañada por otra persona.

La organización utiliza el término “feminización de la subalimentación” para describir ese doble peso: mayor incidencia de bajo peso y mayor carga en la gestión alimentaria familiar.

Un deterioro que no se detiene

El contexto en el que se inscribió este análisis de género fue el de una crisis que se agrava de forma sostenida. La proporción de encuestados que declaró haberse ido a dormir con hambre al menos una vez en el mes subió del 18.7% en 2023 al 24.6% en 2024 y al 33.9% en 2025, según la Encuesta Nacional de Seguridad Alimentaria analizada por Food Monitor Program.

Esa tendencia coincide con los datos más recientes del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), que publicó el 21 de agosto de 2026 su IX Estudio sobre el Estado de los Derechos Sociales en Cuba.

El informe, basado en 1,318 entrevistas realizadas entre junio y julio de 2026 en las 15 provincias del país, estimó que el 94% de la población vive en pobreza extrema, cinco puntos más que en la medición de 2025.

El dato que más creció en un año dentro de ese estudio es precisamente el del hambre: ocho de cada 10 cubanos dejaron de desayunar, almorzar o cenar al menos una vez en los seis meses previos a la encuesta, frente a siete de cada 10 en la medición anterior. Entre los mayores de 61 años, la proporción escala a nueve de cada 10.

El verano de 2026 agravó aún más ese escenario. Madres cubanas describieron en redes sociales los meses de julio y agosto como los más difíciles que han vivido, marcados por apagones, escasez de agua y precios fuera del alcance de cualquier salario.

El Ministerio de la Industria Alimentaria admitió en junio que durante el año no pudo distribuir aceite, pollo ni yogur a través del sistema de racionamiento. En agosto, un litro de aceite llegó a costar entre $3,000 (125 USD) y $7,000 pesos cubanos (291.60 USD) en el mercado informal.

Para la joven madre entrevistada en La Habana, esas cifras se traducen en una decisión diaria sin margen de error: cuánto puede comer ella cuando primero tiene que asegurarse de que su hijo tenga algo que llevarse a la boca.

Al eliminar la propiedad privada, el marxismo terminó aniquilando la iniciativa. El anarco capitalismo de corte libertario, en su voluntad de disolver al Estado, convierte a las sociedades organizadas en selvas donde los fuertes terminan aplastando a los débiles. Cuando el actual gobierno, en su ignorancia o en su perversión, habla de los famosos cien años de decadencia, se refiere a la década infame, al derrocamiento de Yrigoyen avalado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hecho que sometió a nuestra sociedad a una sucesión de golpes militares desde 1930 en adelante. De ese modo, la democracia, el gobierno de las mayorías, no debía ser aceptado jamás por las minorías ociosas y parasitarias, que en su impotencia nunca soportaron ni el voto popular ni la industria nacional. La pretensión del gobierno de Milei de autodenominarse “liberal” es absolutamente grotesca, y esta condición queda al desnudo cuando considera a la morosidad de los deudores como un tema privado y confronta con insultos al periodismo, lo cual define, sin duda, un infinito apartamiento de las pretensiones de libertad.

Sabido es que en los 70 éramos más que Brasil. Teníamos un desarrollo científico e industrial y una integración social que reflejaba la concepción europea, aquella donde todos los ciudadanos son partícipes del desarrollo colectivo. Hoy, sin duda, el modelo vigente impone la fotocopia de Miami, de un Estados Unidos imperial en el que la dimensión de su riqueza sirvió para imponerse en el mundo sin siquiera aceptar un proyecto de salud pública que beneficiara a la totalidad de sus habitantes. Dos concepciones del progreso, el de pocos o el de todos. Hace cien años era el de pocos y hace cincuenta, se imponía el de todos.

El modelo imperante se basa en el concepto de privatización que no es otro que el robo de lo colectivo para convertirlo en riqueza individual. La burguesía industrial es aquella que genera bienes y da trabajo en tanto que la parasitaria se ocupa de apropiarse de esos bienes colectivos para sustituir al Estado, concentrar la riqueza y abandonar a los más vulnerables. Es llamativo que el Gobierno y sus aplaudidores consideren a la usura como un acuerdo entre privados y a la opinión de los periodistas, como un daño al poder político. Es como si la casta, que hoy usurpan, perteneciera a un nivel superior al de los endeudados que no son los hijos de la modernidad del crédito, sino los perjudicados por el empobrecimiento al que esta casta libertaria somete a la sociedad. Por lo tanto, la concepción actual no ofrece ninguna otra salida política que la continuidad del robo al Estado y del abandono de las clases medias y populares. Toda estructura dogmática se asienta en un ejército de repetidores para quienes el dogma es un catecismo y su reiteración, un aburrido temor al riesgo de la duda. Conciben esta pequeñez como la expresión de una nueva ideología.

La política exterior que nos une a los Estados Unidos de Trump y al Israel de Netanyahu marca una voluntad de dependencia que rompe con la histórica neutralidad que atraviesa a nuestra sociedad en toda su historia. Frases sin sentido, cantilenas repetidas hasta el hartazgo por los libertarios, del estilo “proteger es cazar en un zoológico”, revelan el desconocimiento de un mundo donde no existe sociedad que no proteja su producción y anteponga su relación no con los valores del mercado, sino con las necesidades laborales de su población. De ahí, que se escuchen conceptos tan burdos, como el de una diputada para quien la “macro” corresponde al Estado, por lo cual involucrarlo en la “micro” es, a su entender, siempre delictivo. La economía constituye una parte significativa de la política, pero no puede ocupar su lugar. Un proyecto de país debe incluir a su burguesía industrial y a los sectores productivos, pero jamás puede estar en manos de las minorías enriquecidas que solo se ocupan de sus intereses y nunca, de las necesidades colectivas.

Volver a la política es imprescindible, más que nada en una sociedad donde el poder de sus grupos concentrados intenta imponerse como la única visión, como si los mercados fueran más relevantes que el voto y las necesidades de la sociedad. Pocas veces un fanatismo sin ideas impuso un conjunto de propuestas irracionales a las que quiso convertir en la lógica de un pensamiento que sustituya a la verdadera coherencia, aquella donde el Estado se haga cargo del desarrollo de lo necesario y lo privado se limite al lugar donde le esté impedido dañar al conjunto.

Los números que inventa el Gobierno para justificar haber sacado a millones de argentinos de la pobreza, de la marginalidad, son tan falsos que terminan situados en el plano de lo perverso, del cinismo. El Estado no puede estar al margen de la desesperación de los endeudados, siendo su obligación controlar la desmesura de los intereses que, en su desarrollo, terminan generando una nueva forma de marginalidad.

El camino que se empecinan en seguir Milei y los fanáticos que lo acompañan continuará empobreciendo a las mayorías. En consecuencia, la posibilidad de su reelección terminará desapareciendo hasta de las encuestas más oficialistas. Por su parte, los intentos de reactivación solo muestran a un gobierno con alguna conciencia de su debilidad acompañado de una supuesta ideología de la que se obstina en no salir.

Milei no está creando nada, por el contrario, lo destruye todo. Esperemos que el destino de este proyecto no sea la reelección, sino, en un acto de justicia, el enjuiciamiento y la condena de sus deleznables ejecutores.

La situación económica en Cuba atraviesa una de sus etapas más graves: ocho de cada diez personas han debido omitir alguna comida diaria por falta de dinero o alimentos, según el último informe del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH).

El deterioro de la economía familiar encuentra una de sus principales causas en el desplome del peso cubano (CUP) frente al dólar estadounidense. Desde diciembre de 2025, la moneda nacional continuó depreciándose en el mercado no estatal, referencia habitual para la población. Según los datos recopilados por el Observatorio, la línea de pobreza extrema, calculada en 1.90 dólares diarios por persona según el Banco Mundial, equivale a aproximadamente 87,210 CUP mensuales por hogar de tres integrantes (130.16 USD). Sin embargo, el 68% de los hogares declara ingresos mensuales inferiores a 20,001 CUP (29.85 USD), muy por debajo del umbral de subsistencia fijado por el Banco Mundial.

El estudio, basado en una muestra representativa de más de 1,300 entrevistas realizadas en 79 municipios, señala que el 63% de los hogares enfrenta dificultades incluso para adquirir los bienes esenciales. Solo el 6% de la población puede realizar compras más allá de lo básico, mientras que 30% apenas logra cubrir sus necesidades primarias. Esta precariedad afecta con especial fuerza a los adultos mayores, quienes constituyen el 38% de quienes no pueden acceder ni siquiera a lo esencial.

La alimentación diaria se ha convertido en un desafío para la mayoría. Ocho de cada diez cubanos han dejado de desayunar, almorzar o cenar durante los últimos seis meses debido al encarecimiento de los productos básicos y la escasez. El informe del OCDH detalla que el fenómeno se agrava en la población mayor de 61 años, donde nueve de cada diez han debido saltarse comidas. Solo 19% afirma no haber omitido ninguna comida en el periodo evaluado.

Ingresos, remesas y poder adquisitivo

El informe subraya que ocho de cada diez hogares no cuentan con los recursos suficientes para sobrevivir. Solo 4% reporta ingresos que permiten algunas compras extra, y apenas 2% puede adquirir la mayoría de los bienes que desea.

El impacto de las remesas familiares, aunque positivo para quienes las reciben, resulta limitado ante la inflación y la escasez de servicios y productos de primera necesidad. La reducción del poder adquisitivo ha reducido el efecto de los productos subsidiados, tradicionalmente considerados un paliativo en el contexto cubano.

Entre los adultos mayores de 60 años, la vulnerabilidad aumenta. El 47% de este grupo reporta ingresos inferiores a la pensión mínima oficial de 3,056 CUP mensuales (4.56 USD), y casi la totalidad de ellos atribuye la omisión de comidas a la falta de recursos o alimentos. El fenómeno afecta tanto a quienes dependen exclusivamente de pensiones estatales como a familias con ingresos mixtos, evidenciando el alcance de la emergencia alimentaria y económica.

La canasta básica y el costo de alimentarse

La canasta básica alimentaria para dos personas en La Habana, calculada en agosto de 2025 por el Food Monitor Program, sin descriptor de autoridad identificado en el texto, se situó en 41,735 CUP (62.29 USD). Esta cifra contrasta con los ingresos reales de la mayoría de las familias, que deben destinar la totalidad de sus recursos a la compra de alimentos y aun así no logran cubrir las tres comidas diarias.

El OCDH destaca que la crisis alimentaria figura entre los tres principales problemas a resolver en los próximos meses, junto con los apagones eléctricos y el incremento del coste de vida.

El contexto de crisis se ve agravado por la desconfianza hacia las medidas económicas recientes. El 84% de la población no espera mejoras derivadas de las reformas anunciadas, mientras que solo 6% mantiene alguna expectativa favorable. La percepción de colapso y precariedad se ha convertido en la norma, con un impacto directo sobre la salud, el bienestar y las perspectivas de futuro de los hogares cubanos.

El rechazo a las reformas y el reclamo de cambios

Frente a este panorama, la demanda de cambios en la economía y la política del país es mayoritaria en Cuba. El 77% de la población expresa su preferencia por transformaciones en el ámbito político y económico tanto en el ámbito político como económico, reflejando la urgencia de respuestas que permitan revertir la crisis y garantizar los derechos sociales fundamentales.