El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dio a conocer el informe el informe de Canasta Básica Alimentaria (CBA) y de la Canasta Básica Total (CBT) correspondiente a marzo de 2026. De acuerdo con los datos oficiales, la CBT registró una variación de 2,6% respecto al mes anterior, lo que implica que un hogar de cuatro integrantes necesitó ingresos por un total de $1.434.463,81 para no caer bajo la línea de pobreza.

Por su parte, la CBA, que determina la línea de indigencia, tuvo un incremento del 2,2% durante el tercer mes del año. De esta manera, el mismo grupo familiar requirió de $658.010,93 mensuales únicamente para cubrir sus necesidades básicas alimentarias. El informe técnico destaca que “durante marzo de 2026, la variación mensual de la canasta básica alimentaria (CBA) fue de 2,2%”.

El análisis de la evolución de precios muestra que la brecha respecto al año anterior continúa siendo significativa. Las variaciones interanuales se ubicaron en un 32,8% para la canasta alimentaria y en un 30,4% para la canasta total. En lo que va del año 2026, la suba acumulada alcanzó el 11,6% en el caso de la CBA y el 9,6% para la CBT.

Para un adulto equivalente —referencia que el organismo toma sobre un varón de entre 30 y 60 años con actividad moderada—, el costo de la canasta alimentaria se situó en $212.948,52. En tanto, el valor de la canasta total para ese mismo perfil de referencia fue de $464.227,77. Según explica el documento oficial, “la CBA se valoriza cada mes con los precios relevados por el Indice de precios al consumidor del Gran Buenos Aires (IPC-GBA)”.

Requerimientos según la composición del hogar

El Indec presenta diversos ejemplos de configuración familiar para ilustrar el alcance de estos indicadores. Un hogar de tres integrantes, compuesto por una mujer de 35 años, su hijo de 18 años y su madre de 61 años, necesitó en marzo un total de $1.142.000,31 para no ser considerado pobre y $523.853,36 para no ser indigente.

En el caso de una familia tipo de cuatro integrantes, compuesta por un varón de 35 años, una mujer de 31 años, un hijo de 6 años y una hija de 8 años, la cifra requerida ascendió a los mencionados $1.434.463,81 para la CBT y a $658.010,93 para la CBA.

Finalmente, para un hogar de cinco integrantes, constituido por una pareja de 30 años y tres hijos de 1, 3 y 5 años, el costo de la canasta básica total fue de $1.508.740,25, mientras que la alimentaria se ubicó en $692.082,69.

Según el Indec, esta diferenciación se debe a que “los requerimientos nutricionales son diferentes según la edad, el sexo y la actividad de las personas”, por lo que es “necesario hacer una adecuación que refleje las características de cada miembro de un hogar en relación con sus necesidades nutricionales”. Para realizar este cálculo, el organismo utiliza la unidad de referencia denominada “adulto equivalente”, la cual se basa en un requerimiento energético de 2.750 kcal.

Desaceleración de precios

El incremento mensual registrado en marzo muestra una desaceleración respecto a los valores de enero, cuando la canasta alimentaria había subido un 5,8% y la total un 3,9%. No obstante, los niveles actuales mantienen la presión sobre el presupuesto familiar, considerando que en febrero las subas habían sido del 3,2% y 2,7% respectivamente.

Un dato positivo, es que los salarios vienen aumentando por encima de ambas canastas. Si bien no es posible hacer una comparación con los datos de marzo (el último informe de salarios corresponde a enero), un análisis de lo que mostraban los números en el primer mes del año basta para entender cómo se vienen comportando ambas variables.

Según el Indec, entre enero de 2025 e igual mes de 2026 los salarios tuvieron un aumento nominal del 37,7%. En ese mismo período, la Canasta Básica Total se encareció 31,6%, mientras que la CBA registró un aumento del 37,6%. Habrá que esperar a que el Indec publique los próximos informes para saber si la tendencia se mantuvo en todo el primer trimestre.

La reciente difusión de las estadísticas oficiales sobre las condiciones de vida en la Argentina ha devuelto al centro de la escena una controversia técnica que trasciende los despachos oficiales. Los informes publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) reflejaron una mejora en los indicadores sociales hacia el cierre de 2025, pero la magnitud de esa recuperación y la metodología utilizada para captar los datos de ingresos han generado debate entre los especialistas.

Algunos estudios privados sospechan de un “espejismo estadístico” provocado por fallas en la recolección de datos en hogares, otros defienden la tendencia y atribuyen la mejora a factores estructurales como la desaceleración de la inflación y cambios en la política asistencial.

Para delimitar el núcleo del debate, es necesario repasar cuáles son los datos cuestionados. Según el último informe del Indec, la pobreza en Argentina registró una nueva baja, situándose en 28,2% de la población durante el segundo semestre de 2025. Esta proporción implica que 13,5 millones de personas se ven afectadas, pero muestra una reducción de 9,9 puntos porcentuales respecto al mismo período de 2024. Además, sugiere que 11,4 millones de personas dejaron de ser pobres desde el pico alcanzado en los primeros meses de gobierno de Javier Milei.

En esa dinámica, la indigencia -personas cuyos ingresos no alcanzan para cubrir el valor de la Canasta Básica de Alimentos- se ubicó en 6,6% de la población, lo que implica una mejora de 5,5 millones de personas respecto a la primera mitad de 2024.

En términos de distribución, el organismo informó que, al cuarto trimestre de 2025, el ingreso promedio de los asalariados con descuento jubilatorio ascendió a $1.321.353, lo que representó un incremento interanual del 42,7%, un valor que quedó claramente por encima de la inflación oficial, que fue de 31,5% en 2025. Estos datos configuran un panorama de recuperación del poder adquisitivo, especialmente en el sector formal, que es precisamente el punto donde se origina la mayor parte de las dudas técnicas.

El origen de la polémica y el desacuerdo en torno a la EPH

El debate no gira en torno a si la situación social mejoró o empeoró, sino a si los instrumentos de medición -específicamente la Encuesta Permanente de Hogares (EPH)- están reflejando con precisión los hechos. Diversos especialistas sostienen que los datos de ingresos declarados por los ciudadanos ante el encuestador aparecen “inflados”.

Desde la consultora Equilibra plantean que “hay evidencia empírica contundente de que los fuertes cambios en la captación de ingresos de la EPH exageraron la baja reciente de la pobreza”. El argumento central reside en una inconsistencia: mientras que la EPH muestra un aumento del ingreso asalariado formal del 43% interanual, otras fuentes oficiales de registro -como el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) 32% o la serie de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte) 37%- exhiben subas menores.

Lorenzo Sigaut Gravina, economista de Equilibra, destaca que el incremento captado por el Índice de Salarios formal se ubica varios puntos porcentuales por debajo de lo que arroja la encuesta en los hogares.

Su colega Gonzalo Carrera introduce una hipótesis psicológica y económica: la pérdida de “memoria nominal”. Según Carrera, durante los períodos de alta inflación, las personas pierden la noción de cuánto ganan realmente debido a los cambios constantes.

Carrera explica: “Con mayor estabilidad nominal desde fines de 2024 a la fecha, la tendencia parece haberse revertido incrementando más los ingresos autorreportados que los que salen de fuentes administrativas”.

Durante los períodos de alta inflación, las personas pierden la noción de cuánto ganan realmente debido a los cambios constantes (Carrera)

A este cuestionamiento se suma el Cedlas (Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales), que identifica tres áreas de riesgo:

1. posible desfase temporal entre el momento en que se percibe el ingreso y el mes en que se valorizan las canastas;
2. evolución del subreporte de ingresos; y
3. necesidad de actualizar el Coeficiente de Engel -la relación entre gasto en alimentos y otros bienes- basándose en patrones de consumo más recientes de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017/2018.

Entre la cautela y los efectos concretos en los hogares

Frente a las críticas en torno a la medición oficial, otra corriente de economistas propone una perspectiva diferente. Si bien admiten que existen desafíos metodológicos, consideran que los cuestionamientos no invalidan la tendencia de fondo ni la integridad de las estadísticas del Indec.

Osvaldo Giordano, presidente del Ieral de Fundación Mediterránea, sostiene que las sospechas de manipulación carecen de fundamento actual, aunque admite que la interpretación de los datos suele carecer de matices: “Salir de la pobreza es positivo, pero no significa un cambio decisivo en la situación del hogar”, advierte, ejemplificando que un salto de pocos miles de pesos puede sacar estadísticamente a una familia de la pobreza, aunque en la práctica sólo represente un kilogramo más de alimento al día.

Para Giordano, exagerar la polémica metodológica desenfoca lo importante: el impacto de la desinflación. “La desinflación tiene un impacto potente en favor de reducir la pobreza”, afirma, debido a que los trabajadores informales -los más pobres- tienen menos herramientas para actualizar sus ingresos frente a la suba de precios que las grandes empresas.

El economista propone mejoras concretas para elevar la calidad de la información, como la publicación sistemática de la conciliación entre la EPH y registros administrativos por decil de ingreso, y la triangulación con las Cuentas Nacionales, emulando prácticas de organismos de México (INE) o Colombia (DANE).

Se debería incorporar la ENGHo 2017/2018 para recalibrar la expansión de la CBA a CBT, dado que la estructura de consumo de los hogares cambió (Giordano)

Sugiere, además, explicitar y documentar el desfase entre el mes de referencia de los ingresos y el mes de actualización de las canastas, porque en contextos de alta inflación incluso días de diferencia importan. Asimismo, plantea que se debería incorporar la ENGHo 2017/2018 para recalibrar la expansión de la CBA a CBT, dado que la estructura de consumo de los hogares cambió.

En una línea similar, Jorge Colina, presidente de Idesa, subraya que ninguna medición es una “verdad absoluta”, sino el resultado de una convención metodológica: “El valor que tiene cada metodología no está en su comparación con las otras, sino en la tendencia hacia el alza o baja que cada una muestre”.

Respecto a la desconfianza sobre el salario informal -que según el Indec creció por encima del 100% en el segundo semestre de 2025-, Colina explica que este sector partía de una base muy deprimida tras las pérdidas de 2022 y 2023, lo que justifica tasas de crecimiento inusualmente altas en la recuperación.

“Otro aspecto a tener en cuenta es la conformación de la Canasta Básica Total (CBT). Se critica que no refleja bien los patrones de consumos de los hogares pobres. Por eso, lo que estadísticamente surge como hogar no pobre, en la realidad puede ser pobre porque el patrón de consumo es diferente. Pero, otra vez, es una discusión de metodología de qué CBT elegir”, subrayó Colina.

El factor subjetivo y las limitaciones del sistema

La discusión técnica también alcanza la naturaleza misma de la recolección de datos. Nuria Susmel, economista senior de FIEL, aporta una perspectiva sobre las dificultades intrínsecas de las encuestas: “Pobreza es una definición nada más que permite comparar en el tiempo”, afirma, remarcando que el enfoque monetario que utiliza el Indec es solo una de las formas posibles de abordar el fenómeno, a diferencia de los enfoques multidimensionales que consideran salud, educación y vivienda.

El enfoque monetario que utiliza el Indec es solo una de las formas posibles de abordar el fenómeno, a diferencia de los enfoques multidimensionales que consideran salud, educación y vivienda (Susmel)

Susmel menciona que el Indec ha mejorado sus cuestionarios para captar mejor los ingresos no laborales (como asignaciones), pero advierte sobre los sesgos de quienes responden: “Siempre se dice que los de altos ingresos subdeclaran. Yo también creo que los de bajos ingresos muchas veces sobredeclaran por vergüenza”.

Además, la economista resalta un problema estructural: los sectores más ricos de la sociedad son prácticamente inaccesibles para los encuestadores del organismo, lo que distorsiona la pirámide de distribución, aunque aclara que, al ser un error histórico y constante, la serie sigue siendo útil para marcar la tendencia.

Sobre la brecha entre la EPH y los registros administrativos, Nuria Susmel admite que no hay una explicación clara. No obstante, coincide en que la mejora en la captación de ingresos iniciada a fines de 2024 permite que los datos actuales sean, al menos, comparables entre sí.

El reciente informe del Banco Mundial “Panorama económico de América Latina y el Caribe, publicado el 8 de abril, advierte que el progreso en la reducción de la pobreza en Centroamérica podría estancarse si no se reactivan los motores del crecimiento estructural y el margen fiscal.

Aunque las cifras de pobreza mejoraron tras la pandemia, “la región enfrenta ahora señales de desaceleración, con consecuencias directas para las familias más vulnerables”, detalla la publicación.

La persistencia de la pobreza se atribuye a la baja diversificación productiva, la alta informalidad y el acceso limitado a servicios básicos.

Según el documento, cerca del 83% de las personas en situación de pobreza trabaja en la informalidad y el 60% tiene bajo nivel educativo. Los grupos más afectados son las comunidades rurales, indígenas y quienes dependen de empleos sin protección social.

Durante la llamada “década dorada” entre 2003 y 2013, Centroamérica experimentó una reducción de la pobreza impulsada por el crecimiento económico, los altos precios de materias primas y el aumento de remesas.

En el momento actual, países como El Salvador, Guatemala y Honduras dependen de manera considerable de los envíos de dinero desde el extranjero, lo que los hace vulnerables a variaciones en el entorno global.

La proporción de la población en situación de pobreza, medida con la línea internacional de 8.30 USD diarios en PPA(porcentaje de poder adquisitivo) 2021, oscila entre el 25% y el 40% en los países del norte de la región. Este fenómeno persiste especialmente en áreas rurales, donde la falta de acceso a educación, salud y saneamiento profundiza la exclusión social.

El reto para medir con precisión la pobreza deriva de la volatilidad de los ingresos informales. El Banco Mundial propone unir indicadores de ingreso y de consumo para captar con mayor fidelidad la movilidad social y la persistencia del fenómeno: la intención es evitar que los cambios temporales en los ingresos alteren el diagnóstico y oculten barreras estructurales.

Factores que amenazan el avance en la reducción de la pobreza

La recuperación económica tras la pandemia y el auge de las remesas facilitaron avances recientes, aunque el crecimiento anual se ha moderado, quedando entre el 3% y el 5%.

El informe advierte que, si no se aplican políticas de reactivación estructural ni se amplía el espacio fiscal, la reducción de la pobreza será limitada durante 2026.

El reporte atribuye la persistencia de la pobreza a la combinación de informalidad laboral, baja escolaridad y falta de acceso a servicios básicos, lo que crea un círculo difícil de superar. El crecimiento económico, por sí solo, no se traduce en beneficios generalizados ni en más oportunidades de movilidad social.

Políticas recomendadas y experiencias regionales

Dentro del bloque de Centroamérica, Banco Mundial destaca a Costa Rica, donde la inversión en capital humano junto con la protección social universal han resultado en menores tasas de pobreza y mayor formalidad laboral.

A diferencia de esta experiencia, países como El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua enfrentan dificultades para consolidar estos logros debido a la dependencia de remesas y una inclusión laboral limitada.

Las recomendaciones centrales incluyen fomentar la productividad, elevar la calidad educativa, ampliar la protección social y fortalecer la recaudación fiscal. El propósito es generar empleos formales que garanticen ingresos estables y promuevan la movilidad social.

Según el informe, romper el círculo de la pobreza en Centroamérica exige políticas integrales que combatan la informalidad, fortalezcan el capital humano y favorezcan la creación de empleos formales.

Unos 482 mil 33 niños y niñas viven en la pobreza, cifras frías que revelan la vulnerabilidad de una gran parte de la niñez panameña.

La estadística del Banco Mundial, del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y del Ministerio de Desarrollo Social fue expuesta por monseñor José Domingo Ulloa Mendieta, O.S.A., durante la celebración de la 54° Cita Eucarística, al exhortar a la Iglesia a no ser indiferente ante el sufrimiento de los más pobres.

Llamó a todos los sectores del país a enfrentar la pobreza infantil, comenzando por los tres órganos del Estado, el sector privado, la sociedad civil, las universidades, los gobiernos locales, las organizaciones sociales, las diversas comunidades de fe.

“Todos debemos trabajar unidos para que nadie quede al margen en Panamá”, clámó

“Hermanos, hermanas, las llagas del resucitado tienen como origen la corrupción, la impunidad que roba el pan del pobre y le roba el futuro al país, especialmente a nuestra niñez”, indicó el prelado ante cientos de asistentes al evento eucarístico.

“No podemos aceptar que la geografía o el origen determine el destino de una vida. Ellos no son cifras frías, son vidas que claman justicia y nos llaman a no permanecer indiferentes”, manifestó José Domingo Ulloa Mendieta, O.S.A.

En medio de aplausos de los asistentes al encuentro religioso, monseñor fue enfático al señalar que “nadie puede quedar al margen. Panamá no puede llamarse desarrollada si su niñez sufre hambre, enfermedad prevenible o abandono. Porque un país que no cuida a su niñez está renunciando en silencio a su propio mañana”.

El líder de la iglesia católica hizo una comparación entre los niveles de crecimiento y desarrollo macroeconómicos de Panamá, y los sectores que quedan abandonados.

Ulloa recordó que uno de cada tres niños panameños vive en pobreza, y uno de cada seis en pobreza extrema. y señaló que esto adquiere una gran relevancia al saber que la primera infancia (en edades de 0 a 6 años) define el desarrollo integral de la persona.

Permitir que niños crezcan con marcada pobreza es perpetuar la desigualdad, reiteró.

En esta celebración de la 54° Cita Eucarística, se exhortó a la Iglesia a no ser indiferente ante el sufrimiento de los más pobres.

En esta ocasión la Eucaristía se celebró en el Anfiteatro del Parque Recreativo y Cultural Omar Torrijos, donde miles de fieles provenientes de todas las parroquias de la Arquidiócesis de Panamá se congregaron desde tempranas horas junto a sus familias y comunidades, en el marco del centenario arquidiocesano, apunta el semanario Panorama Católico.

Durante el cierre de la recién pasada Semana Santa en Panamá, monseñor Ulloa señaló que Panamá no puede continuar atrapado en la corrupción, la violencia, la desesperanza y la indiferencia, como si la resurrección de Cristo no tuviera consecuencias reales en la vida nacional.

La fe, manifestó en esa ocasión, no puede reducirse a una tradición ni a un discurso vacío, sino que debe traducirse en decisiones concretas que transformen la sociedad.

Cuestionó abiertamente “los sepulcros” que hoy mantienen paralizado al país: la exclusión de los más pobres, la pérdida de valores, la impunidad, el miedo al cambio y la división social.

“Si Cristo ha resucitado, nada puede seguir igual”, advirtió el conductor de la grey católica, subrayando que Panamá necesita hombres y mujeres capaces de actuar con coherencia, de no negociar la verdad y de asumir con valentía el compromiso de hacer el bien, incluso cuando cueste.

El costo de vida en la Ciudad de Buenos Aires experimentó un nuevo aumento durante marzo de 2026. Según el último relevamiento de la Dirección General de Estadística y Censos porteña (DGEC), una familia tipo necesita al menos $2.342.860,81 mensuales para situarse dentro de la clase media y hasta $7.497.154,59 para no pertenecer a los sectores de ingresos más altos.

El informe analiza los ingresos necesarios para distintos niveles sociales en un hogar compuesto por dos adultos de 35 años y dos hijos varones de 9 y 6 años, propietarios de la vivienda y sin personal doméstico.

Las cifras oficiales muestran que la línea de indigencia, establecida por la Canasta Básica Alimentaria (CBA), se ubicó en $814.709, mientras que la línea de pobreza, calculada en base a la Canasta Básica Total (CBT), alcanzó los $1.489.829 al mes.

Para superar la condición de pobreza, el hogar necesita ingresos que excedan los $1.440.147 mensuales. El umbral para dejar de ser vulnerable y pasar al segmento denominado “sector medio frágil” es de $1.874.288,64 y hasta 2.342.860,80 pesos. Según el organismo, el rango de ingresos correspondiente a la clase media se extiende desde $2.342.860,81 hasta 7.497.154,59 pesos. Cuando los ingresos familiares superan ese último monto, la familia es considerada parte de los sectores acomodados.

Los valores corresponden a marzo de 2026 y reflejan el efecto de la inflación sobre el poder adquisitivo en la ciudad. El análisis de la DGEC indica que tanto la canasta básica alimentaria como la total han mostrado incrementos sostenidos en los últimos meses, impulsados principalmente por subas en alimentos y servicios.

El cálculo de estos valores se realiza en base a pautas de consumo habituales en los hogares y se utiliza como referencia para el diseño de políticas públicas y la evaluación de la situación social local. El informe aclara que estos montos aplican solo a familias propietarias, ya que el costo de alquiler representa un gasto adicional importante para los inquilinos.

La segmentación de hogares según el nivel de ingresos permite identificar los distintos grupos socioeconómicos en la Ciudad de Buenos Aires. Son considerados indigentes quienes no logran reunir el monto necesario para cubrir la Canasta Básica Alimentaria. En tanto, los pobres no indigentes pueden afrontar la CBA, pero no alcanzan a cubrir la Canasta Básica Total.

La metodología empleada distingue dentro del sector medio a quienes integran el grupo “frágil” y a la “clase media” propiamente dicha. El sector medio frágil corresponde a hogares que logran costear la CBT, pero cuyos ingresos no superan en más de un 25% ese valor. Se considera clase media a quienes superan ese umbral, sin cuadruplicar el monto de la CBT. Esta diferenciación permite identificar niveles de estabilidad o vulnerabilidad entre los hogares que no se encuentran por debajo de la línea de pobreza.

Aceleró la inflación en CABA

Durante marzo de 2026, el Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA) registró un aumento de 3%, acelerando respecto al mes previo y acumulando un alza de 8,9% en el primer trimestre del año. La comparación interanual mostró una suba de 32,1 por ciento. De acuerdo con el informe del Instituto de Estadística y Censos porteño, la variación se explicó principalmente por incrementos en servicios regulados, combustibles, el sector educativo y los gastos asociados a la vivienda. Este resultado anticipa un valor elevado para el índice nacional que difundirá el Indec en los próximos días.

El comportamiento de los precios mostró incrementos en la mayoría de los rubros del índice, aunque cinco divisiones concentraron cerca del 80% del aumento mensual. El capítulo vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles subió 3,2% y aportó 0,65 puntos porcentuales al total, impulsado por ajustes en expensas, alquileres y tarifas de servicios esenciales.

Transporte fue la división con mayor ajuste, con un aumento de 6% que también sumó 0,65 puntos porcentuales. En este caso, el alza se vinculó principalmente a la suba de los combustibles para automóviles particulares —potenciada por el conflicto en Irán— y la actualización en el valor del boleto de colectivo urbano. El precio promedio del litro de gasoil premium llegó a 2.097,30 pesos y la nafta premium a 2.037,33 pesos durante el mes.

El rubro alimentos y bebidas no alcohólicas mostró una suba de 2,6% e incidió con 0,45 puntos porcentuales en el índice general. El mayor impulso provino de carnes y derivados, que treparon 6,3%. También se registraron aumentos en pan y cereales (2,0%) y en leche, productos lácteos y huevos (2,1%). Por el contrario, los precios de verduras, tubérculos y legumbres disminuyeron 3,3%, y las frutas bajaron 1,8%, lo que atenuó la presión sobre la canasta básica.

La división educación avanzó 8,6% y sumó 0,42 puntos porcentuales, explicado por el aumento de las cuotas en los establecimientos educativos. Salud se incrementó 2,4%, impulsada por subas en las cuotas de medicina prepaga y otros servicios del sector.

Prendas de vestir y calzado registraron un alza de 3,8% en el mes. El índice de equipamiento y mantenimiento del hogar subió 3,9 por ciento. Información y comunicación ajustó 1,9%, recreación y cultura 0,7%. Restaurantes y hoteles, en tanto, aumentaron 0,4% por incrementos en consumos fuera del hogar, mientras que los servicios de alojamiento descendieron 12,7 por ciento.

El análisis detalla que los bienes aumentaron 2,8% y los servicios 3,1%. Entre los bienes, la suba estuvo liderada por alimentos —sobre todo carnes—, combustibles y prendas de vestir. En servicios, la mayor presión provino de la educación formal, seguida por transporte y alquileres.

En primer lugar, explicó las diferencias entre las fuentes de información sobre ingresos en el país y los desafíos que esto plantea para analizar la evolución de la pobreza. “En Argentina hay dos fuentes. Una es el SIPA, que son registros administrativos, son datos concretos. Y otra es la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), que se publica trimestralmente. Esa encuesta le pregunta a la gente cuánto está ganando”.

Rapetti señaló que históricamente los ingresos declarados en la EPH eran menores que los registrados en el SIPA debido a la subdeclaración, fenómeno que, según los análisis, “se mantiene estable en el tiempo”. y está asociado a la alta inflación.

Sin embargo, señaló que “una cosa que los economistas empezamos a notar es que subían mucho más fuerte los ingresos que declaraban en la EPH todas las personas que lo que se subían en los registros administrativos. Eso nos llamó la atención”.

El economista sostuvo que existen “indicios muy importantes que, en 2022 y 2023 específicamente, la subdeclaración aumentó mucho producto de la inflación”. Explicó que “no es porque sea una cosa hecha adrede, sino que producto de la alta inflación, ante cambios de precios tan fuertes y tan rápidos en el tiempo; la gente subdeclaraba”.

A medida que la inflación comenzó a bajar, la subdeclaración cayó: “Si yo ganaba $100 en 2023, probablemente declaraba $60. Ahora sigo ganando 100, y declaro $80”.

Rapetti remarcó que “la EPH capta mejor el ingreso de la persona, aunque este no haya subido”. Aclaró que ninguno de todos los estudios realizados señala que hay manipulación de estadísticas. Probablemente hay un problema de captación de ingresos que hace muy difícil las comparaciones en el tiempo”.

“Los datos oficiales muestran una caída del empleo formal y un aumento de los puestos informales y sin relación de dependencia. También se observa una pérdida de empleo asalariado incluso dentro del sector privado, incluyendo trabajos no registrados. En paralelo, crece el cuentapropismo”, destacó.

“Si se analizan los ingresos registrados formalmente —tanto del sector privado como del sector público, incluyendo jubilaciones, es decir, un universo de aproximadamente 14,5 millones de personas— se observa que el poder de compra, medido contra el IPC y la canasta de consumo del INDEC, cayó respecto de los primeros nueve meses de 2023. En la actualidad, se ubica entre un 10% y un 14% por debajo de ese nivel", añadió.

En cuanto al impacto social, sostuvo: “Pese a que la pobreza cayó, el ingreso disponible que tiene la gente es menor, y hay un malestar social producto de que o tienen que trabajar más o tienen que ajustar gastos para hacer otro”.

Por otro lado, en cuanto a la reconversión económica, Rapetti dijo que “la posición del Gobierno refleja una transición en la que, al analizar la narrativa económica, surgen interrogantes. En el caso de un país como Argentina, con una población de alrededor de 46 millones de personas, resulta difícil pensar que una estrategia centrada casi exclusivamente en minería, energía y agricultura —los principales ejes del modelo— pueda dar respuesta, en términos de inclusión productiva, a la magnitud de la fuerza laboral existente".

Consideró que si bien estos sectores concentran un alto potencial de crecimiento y son, sin duda, relevantes, el problema aparece si esos motores no se articulan con una mayor integración productiva. Es decir, si no generan encadenamientos hacia arriba y hacia abajo con la industria y los servicios.

En ese escenario, el economista sostuvo podrían consolidarse sectores dinámicos con mejoras en el bienestar material asociadas a esas actividades, pero una parte significativa del resto del entramado productivo quedaría rezagada y en una situación de fuerte deterioro. “Esta es una economía que achica al sector industrial”, aseguró Rapetti.

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En medio de cuestionamientos a la gestión y al avance de la causa judicial que investiga el enriquecimiento ilícito de Manuel Adorni, funcionario clave del Gobierno, Javier Milei realizó un descargo en redes sociales para ratificar y destacar el rumbo que está tomando la Argentina. Además, criticó a la oposición.

“Podemos discutir la metodología todo lo que quieran, pero los datos son contundentes: la Argentina está mucho, MUCHO mejor que en 2023. Con cualquier método que elijan, la tendencia es la misma. Negar la evidencia empírica apelando a anécdotas es, lisa y llanamente, ir contra cuatro siglos de progreso científico”, comenzó el Presidente.

Y agregó: “Resulta insostenible que el 100% de los zócalos televisivos insistan en que “todo está mal” cuando tenemos el nivel de pobreza más bajo de los últimos siete años. Eso no es análisis: es relato“.

Sin embargo, luego admitió que esto no significa que toda la ciudadanía esté viviendo mejor: “Sería intelectualmente deshonesto afirmarlo”. Pero sí insistió con que el rumbo es el correcto: “Los procesos de mejora no avanzan a la misma velocidad para todos: las estadísticas reflejan promedios, y sabemos que hay gente en los extremos de la distribución. Precisamente por eso hay que persistir: para normalizar la economía y, con ella, la vida de todos los argentinos. Por eso pedimos paciencia. El rumbo es el correcto. Cambiarlo sería dinamitar lo logrado”.

Sobre el final, reconoció que “estos últimos meses fueron duros”, pero advirtió: “No es casualidad: es el costo de las bombas que dejaron los irresponsables psicópatas kirchneristas que intentaron hacer volar la economía por los aires el año pasado”.

“Eso no sale gratis: implicó tasas más altas, menor actividad y más inflación. Pero los resultados ya están a la vista: la economía está empezando a levantar vuelo con fuerza”, completó.

El presidente retomó así el canal de comunicación que más utiliza para compartir posiciones con la ciudadanía, su perfil en la red social X, forma que considera más directa.

Horas antes, el jefe de Estado había brindado una entrevista emitida por la TV Pública. En el transcurso de esa conversación respondió a la presión del contexto político y argumentó que la coyuntura económica argentina se ha visto afectada recientemente por la inestabilidad global derivada de la Guerra en Medio Oriente, conflicto que ha impactado de manera directa en el precio internacional del petróleo y, por consiguiente, en los precios domésticos.

El presidente reconoció la complejidad inflacionaria de los meses recientes, pero sostuvo que la inflación comenzará a descender nuevamente: “Ha sido un trimestre complicado en materia inflacionaria, pero inexorablemente la tasa de inflación va a bajar”.

En una respuesta directa a la evolución de la economía nacional, Milei afirmó que los datos de abril mostrarán una reducción de la inflación y una tendencia hacia la mejora de los principales indicadores sociales: “Los indicadores del segundo trimestre sobre la pobreza van a empezar a recomponerse”. Este planteo apunta a contrarrestar los efectos negativos que la caída de la actividad económica y el consumo generaron, en particular durante el periodo electoral de 2025.

Durante la misma entrevista, el presidente se detuvo en el impacto humano de las variables macroeconómicas. Milei ponderó que, aunque los economistas suelen analizar los promedios, “hay gente que puede estar en las colas”. Destacó, así, el carácter no trivial de las estadísticas económicas y la importancia de considerar la experiencia de quienes sufren directamente el ajuste de la actividad.

En el cierre de sus declaraciones, Milei recalcó su determinación: “No me costó tomar ninguna decisión porque sé lo que hay que hacer, cómo hacerlo y tengo la convicción de hacerlo. Cuando pones como eje la moral de la política de Estado y hacés lo que está bien, eso te acomoda la política y la economía”.

En una charla con el equipo de Infobae al Regreso, integrado por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Gustavo Lazzari, Oliveto puntualizó que actualmente apenas el 17% de los hogares puede considerarse clase media alta, mientras que un 26% integra una clase media baja “mucho más acotada, mucho más limitada”, constantemente amenazada por la posibilidad de caer en la pobreza. Según sus estimaciones, “la pobreza estructural ronda el 24 o 25% de las familias, un umbral muy difícil de romper”.

La clase media argentina y su transformación histórica

Oliveto distinguió entre la clase media alta, que hoy representa apenas un 17% de las familias y mantiene algunos hábitos de consumo propios de la recordada “clase media Mafalda”, y una clase media baja que vive “en el umbral, tratando de no caer hacia la clase baja”. Subrayó que el miedo a perder el empleo es el factor que más incide en el ánimo de las familias: “Hoy, el temor a quedarse sin trabajo pesa más que la inflación”.

El especialista precisó que la clase media alta se acerca a la vida de la clase alta en costumbres y consumo, aunque con menor regularidad y acceso a bienes, mientras que la media baja depende de la informalidad laboral y el empleo múltiple: “En esos hogares, si son cuatro los adultos en edad de trabajar, todos salen a buscar trabajo”. Oliveto también diferenció la situación actual de la década del setenta, cuando “la pobreza era del 4% y el 75% de las familias pertenecía a la clase media”.

Cambios de hábitos, angustia y el surgimiento del nuevo consumidor

La coyuntura económica y social llevó a una transformación profunda en el consumo: “Hay un cambio de hábitos donde la gente se volvió mucho más racional y selectiva, no sólo busca lo más barato, sino ‘comprar bien’”. Destacó que el 65% de los argentinos es propietario de su vivienda, un dato singular frente a la cultura del alquiler en países europeos, y lo vinculó a la tradición inmigrante y los ciclos recurrentes de crisis: “El argentino construye su casa ladrillo a ladrillo porque eso le da seguridad”.

Oliveto advirtió que el ajuste y la pérdida de poder adquisitivo generan angustia: “La gente resigna consumos básicos como alimentos, salidas o ropa, y vuelve al Excel para poder llegar a fin de mes”. Describió la emergencia de un “nuevo consumidor” que prioriza el control y la prudencia en sus decisiones: “La palabra hoy es control, sensatez, tratar de darse algún gusto cuando se puede”.

El impacto del modelo productivo y la fragmentación social

Consultado sobre el modelo productivo basado en energía, minería y agro, Oliveto evaluó que “Argentina tiene una oportunidad histórica en estos sectores”, aunque advirtió que el impacto aún no llega a la mayoría: “Hoy, los tres sectores que más empleo generan —construcción, comercio e industria— están en caída respecto de 2023”. Planteó el dilema sobre cómo se distribuirán los recursos generados y alertó sobre una posible profundización de la fragmentación social: “Ese dinero puede quedar anclado en el 20% del tope de la pirámide y el resto será otro mundo”.

El especialista remarcó que la clase media argentina atraviesa un ciclo de esperanza y nostalgia: “El ánimo con Milei estuvo signado por la esperanza, pero ahora empieza a crecer la añoranza y pierde fuerza la esperanza”. Añadió que el ajuste prolongado y la falta de premios concretos al esfuerzo generan crisis de sentido: “Si esfuerzo, esfuerzo y no hay premio, un día la gente se pregunta para qué trabaja tanto”.

La identidad de la clase media, sostuvo Oliveto, sigue marcada por la búsqueda de pequeños placeres cotidianos y el deseo de ascenso social, aunque la realidad económica obliga a redefinir prioridades y expectativas. “La clase media sueña para arriba y teme para abajo”, resumió.

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La pobreza infantil en Panamá sigue siendo uno de los problemas sociales más severos del país, con cifras que muestran que el crecimiento económico no ha logrado traducirse en bienestar para una parte importante de la niñez.

El más reciente informe de UNICEF, el Banco Mundial y el Ministerio de Desarrollo Social concluye que el 34.5% de los niños, niñas y adolescentes vive en situación de pobreza, mientras que el 16% se encuentra en pobreza extrema, lo que equivale a decir que uno de cada tres menores crece en hogares cuyos ingresos no alcanzan para cubrir necesidades básicas.

El estudio deja claro que la pobreza afecta con mayor fuerza a la infancia que al resto de la población. Mientras la pobreza monetaria en la población general ronda el 22.2%, en la niñez y adolescencia sube a 34.5%.

La diferencia también se repite en la pobreza extrema: 9.4% en la población total frente a 16% entre niños, niñas y adolescentes. El contraste confirma que la niñez panameña enfrenta una vulnerabilidad mayor, y que las políticas públicas no han logrado compensar esa desventaja con la velocidad ni con la focalización necesarias.

En términos absolutos, el informe “Pobreza infantil en Panamá: un abordaje territorial de la pobreza monetaria en la niñez y la adolescencia”, estima que alrededor de 482 mil niños, niñas y adolescentes viven en hogares pobres en Panamá, y que casi 224 mil sobreviven en condiciones de pobreza extrema. No se trata solo de un indicador estadístico: detrás de esas cifras hay hogares que no pueden garantizar una alimentación adecuada, acceso estable a bienes esenciales ni condiciones mínimas para el desarrollo de sus hijos.

El estudio advierte que esta realidad limita oportunidades desde las primeras etapas de la vida y alimenta un ciclo de desigualdad que luego se traslada a la adultez.

Uno de los hallazgos más fuertes del reporte es su dimensión territorial. La pobreza infantil no se distribuye de manera uniforme, sino que se concentra con mucha más fuerza en zonas rurales y comarcas indígenas, donde los indicadores alcanzan niveles alarmantes.

En las comarcas, el 83% de la niñez vive en pobreza y el 55% en pobreza extrema, cifras que retratan una exclusión mucho más profunda que la observada en el promedio nacional. En otras palabras, nacer en determinados territorios de Panamá sigue siendo casi una condena estadística a crecer en privación.

La situación más crítica se registra en la comarca Ngäbe Buglé, donde la pobreza infantil total alcanza el 91.2% y la pobreza extrema llega al 69.7%. En la comarca Emberá, la pobreza infantil asciende a 80.8%, y en Guna Yala a 76.8%.

El informe añade que en Ngäbe Buglé el ingreso mensual per cápita promedio de los hogares con niños apenas llega a $68.8, una cifra que exhibe con crudeza la restricción material en la que vive buena parte de la infancia indígena.

Pero las desigualdades no solo se observan entre provincias y comarcas. El estudio muestra que también existen brechas profundas dentro de una misma provincia, algo que se vuelve evidente al analizar distritos y corregimientos.

En Veraguas, por ejemplo, la pobreza infantil varía de 15.7% en Santiago a 78.7% en Santa Fe. Esa distancia de más de 60 puntos porcentuales desmonta cualquier lectura superficial del promedio provincial y revela que en Panamá conviven, dentro del mismo mapa administrativo, realidades completamente opuestas.

El informe también identifica a la primera infancia como el grupo etario más golpeado. Entre los niños de 0 a 6 años, la pobreza total alcanza el 37.2% y la pobreza extrema el 19.1%, por encima del promedio infantil nacional.

El dato tiene un peso especial, porque esa etapa es decisiva para el desarrollo físico, cognitivo y emocional. Las privaciones en esos primeros años no solo afectan el presente del niño, sino que condicionan su rendimiento escolar, su inserción futura en el mercado laboral y su capacidad de romper el ciclo de pobreza.

Otro factor que incrementa el riesgo es la composición del hogar. La pobreza infantil se eleva a medida que aumenta el número de niños en una familia.

El informe señala que en hogares con dos niños la pobreza afecta al 21.2%, pero en familias con cuatro niños sube a 50.3%. Además, la situación tiende a agravarse en hogares monoparentales liderados por mujeres, donde la capacidad de generación de ingresos suele ser menor y la carga de cuidados recae sobre una sola persona adulta.

Aunque Panamá logró avances en la reducción de la pobreza durante las últimas décadas, el estudio advierte que esos progresos han sido frágiles. La trayectoria descendente se interrumpió con la pandemia, y la recuperación posterior ha sido más lenta en la población infantil que en el conjunto de la población.

El informe resalta que, incluso después del rebote económico, los niveles de pobreza en niños y adolescentes no han regresado completamente a los mínimos previos a la crisis, lo que sugiere que la niñez sigue siendo uno de los grupos más expuestos a los choques económicos.

Más allá del ingreso, el reporte insiste en que la pobreza infantil reduce el acceso a educación, salud, nutrición y protección, y por tanto golpea directamente la formación del capital humano del país.

Esa es una de las conclusiones más importantes del documento: la pobreza en la niñez no solo es una deuda social, sino también un obstáculo para la productividad futura y para el crecimiento económico sostenible. Cuando un país no logra proteger a sus niños, lo que hace en realidad es comprometer su propia capacidad de desarrollarse con equidad.

Frente a este panorama, UNICEF, el Banco Mundial y el MIDES plantean la necesidad de fortalecer las transferencias monetarias, mejorar la focalización del gasto social, expandir los servicios de desarrollo infantil temprano y dirigir con mayor precisión la inversión pública hacia los territorios con mayores brechas.

El informe también destaca herramientas como el Registro Social de Hogares y la ampliación de servicios para la primera infancia, aunque advierte que el reto no es solo sostener programas, sino hacerlos más eficaces y sensibles a la realidad territorial.

La conclusión del estudio es directa: erradicar la pobreza infantil no es solo un imperativo moral, sino una inversión estratégica para Panamá. El país ha avanzado, sí, pero no al ritmo que exige la magnitud del problema, y mucho menos en los territorios donde la pobreza se ha vuelto casi estructural.

La evidencia presentada por el informe apunta a que, sin políticas más focalizadas, mejor financiadas y sostenidas en el tiempo, Panamá seguirá creciendo con una fractura de origen: la de miles de niños que empiezan su vida con menos oportunidades que el resto.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum manifestó su opinión sobre la misión Artemis II al espacio, durante la conferencia matutina de este 8 de abril en Palacio Nacional.

Expresó que las imágenes mostradas de la Tierra y la Luna son extraordinarias, asegurando que hay países que cuentan con la capacidad de desarrollar este tipo de investigaciones científicas

“Siempre va quedar una pregunta de si ese recurso debería utilizarse para mejorar la condición de vida de millones de personas que viven en la pobreza”, planteó la mandataria mexicana.

Manifestó que por motivos científicos este proyecto tiene sus virtudes pero, ya que es de suma importancia tener conocimiento sobre el espacio, pero existe una contraparte que tiene una relevancia similar sobre la pobreza en el mundo.

Artemis II: marca el regreso de los humanos a la Luna

La misión Artemis II de la NASA se perfila como el siguiente paso para el regreso de personas a la Luna tras más de cinco décadas. El objetivo central involucró el vuelo de la nave Orión tripulada por cuatro astronautas, que darán una vuelta al satélite natural de la Tierra sin descender en su superficie.

Los responsables del proyecto destacaron que los detalles técnicos aprendidos en Artemis I permitieron corregir fallas y perfeccionar procedimientos, lo que sustenta la confianza en el éxito de este nuevo intento.

Entre los avances clave figura la implementación de sistemas de soporte vital avanzados y la actualización continua de la computadora central de la nave Orión. El desarrollo del cohete SLS también representa una parte esencial del programa, al permitir transportar mayor carga y garantizar la seguridad de la tripulación.

La NASA subrayó que el proceso incorpora métodos de análisis de datos en tiempo real para detectar y solucionar contingencias en el trayecto.

La misión Artemis II no solo pretende ensayar futuras maniobras sino que marca el principio de una nueva etapa de exploración espacial. El siguiente paso será Artemis III, previsto para permitir el primer alunizaje humano desde 1972.

Durante el cuarto trimestre de 2025, la pobreza en la Ciudad de Buenos Aires registró un nivel de 21,1%. Este porcentaje reflejó una reducción frente al 24,2% del mismo periodo del año anterior, pero se mantuvo igual respecto del segundo trimestre de 2025. La dinámica de la pobreza en el distrito porteño estuvo marcada por la influencia sostenida de la inflación, que limitó la mejora de los indicadores sociales y afectó de manera directa a los sectores con menores ingresos.

El informe emitido por el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (IPEGCBA) señaló que 652.000 personas vivieron en situación de pobreza al cierre del año, una disminución de 94.000 respecto al cuarto trimestre de 2024. Sin embargo, esa cifra ya se había alcanzado en la primera mitad de 2025, lo que evidenció una falta de avance en la reducción de la pobreza durante la segunda parte del año. El fenómeno no solo afectó la cantidad de personas en esta condición, sino también las características demográficas y territoriales de la población pobre.

En términos de indigencia, la tasa se ubicó en 6,8% al final de 2025, superior al 6,5% del mismo periodo del año anterior y al 6% del segundo trimestre de ese año. El número de personas consideradas indigentes pasó de 200.000 a 210.000 en comparación interanual, revirtiendo la baja que se había observado en el segundo trimestre, cuando la cifra alcanzó los 183.000. El dato evidenció que la indigencia creció, incluso en un contexto donde la pobreza general experimentó una baja en la comparación anual.

El informe del IPEGCBA también resaltó las diferencias en la medición de la pobreza entre los organismos estadísticos. Según la medición semestral del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la pobreza en la Ciudad de Buenos Aires correspondió al 9,6% en el segundo semestre de 2025. En contraste, la cifra de la oficina de estadísticas porteña fue del 19,2% para el mismo periodo. La diferencia radica en la composición y en las variaciones de precios de la canasta básica utilizada por ambos organismos para determinar los umbrales de pobreza e indigencia.

Dentro del universo de hogares y personas en situación de pobreza, el peso de la indigencia se amplió en la comparación interanual. Al final de 2025, los hogares en situación extrema representaron el 28,4% de los hogares con carencia de ingresos, mientras que las personas en esa condición constituyeron el 32,2% del total de pobres. Este incremento indicó que una porción cada vez mayor de la población pobre cayó bajo la línea de la indigencia.

El análisis territorial reveló que los hogares ubicados en la Zona Sur de la Ciudad alcanzaron una incidencia de pobreza de 25,3%. Los hogares con niños y niñas menores de 14 años presentaron una incidencia superior, de 28,6%, y la proporción aumentó a medida que crecía la cantidad de menores en el hogar. Por su parte, los hogares con presencia de adultos mayores en situación de pobreza representaron el 14,2%, un valor inferior al promedio general.

La distribución de la pobreza afectó de manera particular a la población infantil y adolescente. El informe del IPEGCBA destacó que 34,5% de los niños, niñas y adolescentes (de 0 a 17 años) residieron en hogares pobres, lo que sumó 232.000 personas en ese grupo etario. Un año antes, el porcentaje era de 37,9%. Esta disminución en términos porcentuales reflejó la baja interanual de la pobreza, aunque la cantidad absoluta se mantuvo elevada.

El ingreso per cápita familiar de los hogares en indigencia fue, en promedio, de $107.199, mientras que el de aquellos en pobreza no indigente alcanzó los $325.098. Para que un hogar salga de la pobreza, en promedio, se requeriría una transferencia de $392.662. Esta brecha de ingresos representó el 34,4% del valor de la canasta básica total.

El informe del IPEGCBA también analizó la composición de la pobreza en función de la tipología de hogares. Los hogares monoparentales y aquellos con varios niños presentaron una mayor incidencia de pobreza y de indigencia. Además, la pobreza mostró mayor prevalencia en las comunas del sur de la Ciudad, donde los niveles de ingresos son históricamente inferiores respecto al promedio porteño.

La comparación entre los datos del IPEGCBA y el INDEC puso de manifiesto las diferencias metodológicas y el impacto de las variaciones de precios según la canasta de referencia utilizada. Estas diferencias generaron brechas significativas en los indicadores de pobreza, lo que resultó en estimaciones disímiles para un mismo territorio y periodo temporal.

El análisis oficial subrayó la persistencia de la pobreza y la indigencia en la Ciudad de Buenos Aires, además de las dificultades para reducir estos indicadores en un contexto de alza sostenida de precios. La evolución de la pobreza a lo largo de 2025 mostró avances iniciales, pero el efecto de la inflación limitó la mejora y afectó principalmente a los grupos más expuestos a la vulnerabilidad social.

Durante meses, Ronny Gornik ocupó el mismo lugar a la entrada de una tienda Action al norte de Toulouse (Francia). Allí pedía limosna cada día. Los empleados lo veían al llegar y al salir hasta que con el tiempo su presencia pasó a ser rutina.

“Siempre estaba allí cuando salía por la tarde y le invitábamos a algo de comer”, ha recordado la gerente, Carole Cambier. “Le habíamos cogido mucho cariño”, ha confesado.

Roony, de 41 años y con doble nacionalidad ruso-alemana, llevaba varios meses en esa rutina cuando decidió dar un paso distinto. “Un día fui a dejar mi currículum en recepción”, ha explicado al medio francés La Dépêche. Hasta entonces, había encadenado trabajos precarios en distintos países europeos desde 2021, antes de llegar a Francia siete meses atrás.

De pedir en la puerta a trabajar dentro

Cuando en la tienda surgió una vacante, la escena cotidiana pesó en la decisión. “Hablé con mis ayudantes y pensamos: ¿por qué no darle una oportunidad?”, ha señalado Cambier.

Desde principios de abril, Roony forma parte del equipo con un contrato indefinido. Su jornada empieza cada mañana con un trayecto a pie hasta el supermercado. “Me levanto todos los días, llego puntual, limpio la tienda, repongo los estantes, incluso probé la caja registradora”, ha relatado..

“Es una persona dispuesta y diligente en el trabajo”, ha afirmado la gerente. “Se ha integrado muy bien en el equipo de la tienda”. Entre los empleados, su incorporación se percibe como una continuidad natural de una relación previa.

Un empleo sin vivienda

Al terminar la jornada, Roony emprende el camino de regreso. A media hora andando del establecimiento, en el ático en desuso de una casa abandonada, ha instalado su refugio: una tienda de campaña, una mesa y unas sillas prestadas por un vecino.

Allí pasa las noches junto a sus dos perros y dos gatos. “Vivo y duermo como mi perro. No es vida”, ha dicho. “Duermo como ellos, como un perro”.

No dispone de baño. Puede ducharse gracias a la ayuda de un vecino y transporta agua hasta el lugar donde duerme. “Con todo lo demás, mi mochila puede llegar a pesar 80 kg cuando llego a casa”, ha agregado.

Una red de apoyo

En el entorno de la tienda, su situación ha generado una red de apoyo. Cambier, trabajadores y voluntarios, entre ellos Sylvie, que también vivió en la calle, han comenzado a buscarle alojamiento. Han difundido mensajes en redes sociales y contactado con instituciones.

“Se ha contactado con el ayuntamiento de Castelginest y los servicios sociales, pero no pasa nada”, ha explicado la gerente. “Todo el equipo lamentó mucho su situación”, ha añadido. “Es positivo integrar a alguien en una situación así para darle la oportunidad de mejorarla”.

Roony ha descrito el apoyo recibido con una mezcla de humor y agradecimiento: “¡Me mima muchísimo, como si fuera su nieto!”.

Un contexto más amplio

Su caso coincide con una realidad más amplia en la zona. Según asociaciones como Cimade, Médicos del Mundo o DAL 31, cerca de mil personas en Toulouse, incluidas familias con niños, viven en la calle o en viviendas ocupadas. “No entiendo por qué no se ayuda a personas como él, que están allí voluntariamente”, ha afirmado Cambier. “No podemos dejar a la gente en la calle así. Es inconcebible que esto ocurra en nuestras sociedades”.

Mientras continúa trabajando en la tienda, Roony mantiene su situación residencial sin cambios. “No pido mucho, solo un poco de ayuda”, ha sentenciado.

La última publicación del Indec confirmó a los analistas los cambios del organismo estadístico en la captación de ingresos laborales por parte de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), los que “exageraron la baja de la pobreza” ya que la mejora registrada oficialmente “no se condice con la realidad”, según un informe de Equilibra.

La consultora señaló que el reporte del Indec difundido este lunes sobre la distribución del ingreso mostró que los ingresos laborales provenientes de la EPH aumentaron entre 43% (trabajadores formales) y 70% (no asalariados) interanual en el cuarto trimestre de 2025, muy por encima de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) -31%- y de la Canasta Básica Total (CBT) -26%-.

“De acuerdo a la EPH, los ingresos laborales volaron en el cuarto trimestre del año pasado. La mejora interanual del poder de compra de los ingresos laborales superó el dígito en casi todos los casos al deflactar por el IPC o la CBT, mientras que el PBI (ingreso total de la economía) subió sólo 2,1% en dicho período”, resaltó Equilibra.

La importante diferencia registrada entre el crecimiento de la economía y los ingresos laborales reales relevados “indica que esta última está captando una mejora de los ingresos que no se condice con la realidad, sino que refleja una menor sub-declaración de ingresos (léase una mejor captación) por parte de los encuestados”, remarcó la consultora.

En este sentido, precisó que el incremento interanual del salario formal en el último tramo de 2025 —medido por el Índice de Salarios (30% interanual), el SIPA (32%) y el RIPTE (37%)— se ubicó varios puntos porcentuales por debajo del aumento del ingreso asalariado formal arrojado por la EPH (43%).

El economista Gonzalo Carrera agregó que “todos los ingresos provenientes de la EPH aumentaron notablemente contra fines de 2023 (piso en captación de ingresos) y quedaron entre 30% y 40% por encima deflactados por la Canasta Básica Total”.

“No son puntualmente los informales ni los deciles cercanos a la línea de pobreza, son todos. Tampoco se explica sólo porque la canastas subieron menos que la inflación (efecto precios relativos). La principal razón es que la captación mejoró notablemente (se achicó la subdeclaración) en todos los niveles”, agregó.

En tanto, Equilibra concluyó: “Hay evidencia empírica contundente de que los fuertes cambios en la captación de ingresos de la EPH exageraron la baja reciente de la pobreza”.

El reporte de Equilibra se suma a otro conocido días atrás con conclusiones similares. Es el caso del CEDLAS, de la Universidad de La Plata, que ya había notado esta cuestión metodológica y otras que vienen incidiendo en la variación abrupta del indicador de pobreza.

Cabe recordar que, según el Indec, la pobreza pasó del 41,7% en el segundo semestre de 2023 al 52,9% en el primer semestre de 2024, para después descender al 38,1% en el segundo semestre de ese mismo año y continuar disminuyendo hasta situarse en 31,6% en el primer semestre de 2025.

El Cedlas planteó 3 aspectos que estaría afectando la medición: un posible desfasaje temporal entre el período de referencia de los ingresos relevados por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) y el utilizado para valorizar las canastas de pobreza; la evolución del subreporte de ingresos según su fuente, a partir de comparaciones entre la EPH y registros administrativos; y el impacto de incorporar patrones de consumo más recientes para determinar el valor de la línea de pobreza, mediante una reestimación del Coeficiente de Engel basada en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017/2018.

“Al combinar las 3 ‘correcciones’, la trayectoria de la pobreza se modifica de manera significativa: entre el segundo semestre de 2023 y el primero de 2025, no habría caído 10 p.p, como sugieren las estadísticas oficiales, sino aproximadamente 2 p.p, al ubicarse en 41,5%”, precisó el CEDLAS. En ese mismo lapso, el Indec registró una tasa de 31,6%.

Asimismo, Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la UCA, dijo en Infobae en Vivo: “Hay una paradoja entre la estadística de la pobreza y la capacidad de consumo”.

Advirtió que “la medición de la pobreza va perdiendo vigencia, fundamentalmente en su comparabilidad hacia atrás”. “Estamos mucho mejor, pero estamos tan mal como cuando salimos de la pandemia, en un momento de recuperación”, consideró.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció el cese definitivo de los planes sociales. “Estamos dando un paso más en el cambio de paradigma de la política social”, destacaron en un comunicado.

A su vez, informaron la creación de un programa de capacitación y empleo: “Es una política social justa que no condena a las personas al asistencialismo y que, por intermedio del trabajo, les da libertad y dignidad”.

La política, firmada por el jefe de Gobierno Jorge Macri, elimina la intermediación y establece transferencias directas a los beneficiarios, con un plazo de transición de un año y la obligatoriedad de asistir a instancias de formación laboral y educativa. Y alcanza a unas 5 mil personas y contempla una transición de un año hasta el cierre definitivo del esquema actual.

Desde el gobierno porteño apuntaron a que la medida apunta a dejar atrás el modelo asistencialista para introducir criterios de permanencia basados en residencia, situación socioeconómica y cumplimiento de requisitos formativos, en articulación con el sector privado mediante convenios con empresas y cámaras.

“Se terminó el negocio de los gerentes de la pobreza. Chau intermediarios. Chau planes manejados por organizaciones. En la Ciudad ahora la ayuda es directa, temporal y con una condición indispensable: capacitarse y trabajar. La única salida es el trabajo”, remarcó Macri desde sus redes sociales.

En el proceso de revisión del antiguo sistema, el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat porteño detectó y eliminó 1.274 beneficiarios irregulares. El esquema previo implicaba convenios con 85 organizaciones y representaba un gasto de $10 mil millones anuales, según datos oficiales citados por la gestión de la Ciudad.

El nuevo programa reemplaza el pago mensual por un esquema en el que la formación educativa y la capacitación laboral son requisitos ineludibles. La iniciativa incluye acuerdos con nueve cámaras empresariales, empresas del sector servicios, salud, hotelería y mantenimiento —entre ellas, Hilton, Limpiolux, Farmacity y Trasa—, así como universidades para facilitar prácticas y empleo.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Humano, Gabriel Mraida, subrayó: “Le estamos devolviendo dignidad a personas que hace muchos años solo cobraban para ir a una marcha sin ningún horizonte de progreso”. El funcionario remarcó que la experiencia de transformar el sistema de comedores sociales —donde ya implementaron controles digitales mediante DNI— será replicada y perfeccionada en este nuevo esquema de transferencia directa.

Además, una auditoría reciente a cargo del Gobierno porteño detectó la existencia de más de 5.000 raciones irregulares y casos de beneficiarios fallecidos, así como titulares de bienes de alto valor y jubilaciones elevadas dentro del sistema de comedores. Esto derivó en el cierre de 40 comedores y el fortalecimiento de los mecanismos de fiscalización.

El nuevo programa se sostiene en cuatro pilares fundamentales: la formación obligatoria para todos los beneficiarios, su carácter transitorio con plazo máximo de un año, la articulación con el sector privado para permitir pasantías y prácticas laborales en empresas y el establecimiento de criterios claros de elegibilidad. Los pagos se realizarán de manera directa y quienes no cumplan con las condiciones perderán el beneficio.

La administración porteña sostuvo que este enfoque no solo evita el “negocio de la pobreza” y la intermediación, sino que busca devolver la “dignidad” al transformar el asistencialismo en una herramienta de acceso a la autonomía económica. El resultado es un esquema cuyo eje central es la "inserción laboral real y la transparencia" en la asignación de recursos, con la meta de “dejar atrás 20 años de políticas asistencialistas que no mejoraban la vida cotidiana y no llegaban en todos los casos a quienes realmente lo necesitan”.

Luego de la publicación del dato de pobreza por parte del Indec, un informe del Cedlas, de la Universidad de La Plata, identificó tres mecanismos clave que incidieron en la medición oficial y que generaron una sobrestimación de la baja registrada entre 2023 y 2025. El estudio concluye que la reducción de la pobreza es real, pero que su variación es mucho más pequeña.

La tasa de pobreza mostró un aumento pronunciado seguido de una caída de magnitud: según la estadística oficial, pasó del 41,7% en el segundo semestre de 2023 al 52,9% en el primer semestre de 2024, para después descender al 38,1% en el segundo semestre de ese mismo año y continuar disminuyendo hasta situarse en 31,6% en el primer semestre de 2025.

“Variaciones tan abruptas suelen estar asociadas a modificaciones muy grandes en el producto, en el empleo o en el gasto público social; cambios que no parecen haberse producido en esos años, o al menos no lo hicieron con la intensidad necesaria para explicar las fluctuaciones observadas”, sostuvo el documento elaborado por Iván Albina, Leopoldo Tornarolli y Leonardo Gasparini.

Ocurre que el indicador puede verse condicionado por aspectos metodológicos que cobran especial relevancia en contextos de alta inflación y de reacomodamientos en los precios relativos, señaló el estudio.

El Cedlas plantea un posible desfasaje temporal entre el período de referencia de los ingresos relevados por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) y el utilizado para valorizar las canastas de pobreza; la evolución del subreporte de ingresos según su fuente, a partir de comparaciones entre la EPH y registros administrativos; y el impacto de incorporar patrones de consumo más recientes para determinar el valor de la línea de pobreza, mediante una reestimación del Coeficiente de Engel basada en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017/2018.

Estas dimensiones no solo tienen efectos sobre el nivel de pobreza, sino también sobre su evolución.

Más en detalle, en cuanto al desfasaje temporal, el informe explica que los ingresos reportados en la EPH suelen referirse al mes anterior al de la entrevista, mientras que las canastas de pobreza se valorizan con los precios vigentes en el mes de la encuesta. La diferencia es poco relevante en momentos de baja inflación, pero en escenarios de aceleración puede llevar a una sobreestimación, algo que impactó sobre todo entre fines de 2023 y principios 2024.

Respecto al subreporte de ingresos, el estudio muestra que la evolución de los ingresos en la EPH no coincide con los registros administrativos. En ese sentido, parte de la reducción de la pobreza observada en las estadísticas oficiales puede atribuirse a una mayor captación por parte de la encuesta y no exclusivamente a una transformación real en las condiciones económicas de los hogares.

Sobre este punto, el Cedlas destaca que incidieron tanto los ajustes en el cuestionario introducidos a partir del cuarto trimestre de 2023 como las fuertes variaciones en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que pueden afectar la capacidad de los entrevistados para recordar sus ingresos.

Como resultado, se encuentra que la pobreza se sobreestimó entre el segundo semestre de 2021 y los primeros 6 meses de 2024, y se subestimó antes y después de ese período.

En relación a los patrones de consumo, el reporte resalta que la Canasta Básica Total (CBT) sigue definiéndose con ponderadores basados en la ENGHo 2004/05. Al actualizarla con los de la ENGHo 2017/18, donde los servicios tienen mayor peso, la pobreza es más alta en todos los períodos analizados, con brechas variables y superiores a 5 puntos porcentuales (p.p).

“Al combinar las 3 ‘correcciones’, la trayectoria de la pobreza se modifica de manera significativa: entre el segundo semestre de 2023 y el primero de 2025, no habría caído 10 p.p, como sugieren las estadísticas oficiales, sino aproximadamente 2 p.p, al ubicarse en 41,5%”, precisó el CEDLAS. En ese mismo lapso, el Indec registró una tasa de 31,6%.

En este marco, vale mencionar que Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la UCA, dijo en Infobae en Vivo: “Hay una paradoja entre la estadística de la pobreza y la capacidad de consumo”.

Y advirtió que “la medición de la pobreza va perdiendo vigencia, fundamentalmente en su comparabilidad hacia atrás”.

“Estamos mucho mejor, pero estamos tan mal como cuando salimos de la pandemia, en un momento de recuperación”, consideró.

Al mismo tiempo, un análisis del Ieral (Fundación Mediterránea) proyectó: “La evolución futura del indicador de pobreza estará fuertemente condicionada por la dinámica de los precios. En un escenario en el que los alimentos crecen por encima del nivel general, incluso ajustes salariales alineados con la inflación promedio pueden resultar insuficientes para sostener el poder adquisitivo de los hogares más vulnerables”.

En la misma línea, la consultora LCG señaló que existen factores concurrentes que “pondrían un freno al descenso de la tasa de pobreza”. Entre ellos, mencionó una inflación estancada en torno al 3% mensual y salarios formales con paritarias homologadas por debajo de ese nivel.

Se añade el deterioro en las condiciones del mercado de trabajo: la suba de la desocupación en el cuarto trimestre de 2025, junto con una “mayor tasa de sobreocupación y mayor demanda de empleo por subocupación”, ponen de manifiesto la necesidad de mayores ingresos.

Tal vez no era lo más apropiado. Pero así fue. El martes a las 16 horas, el Indec informó que la pobreza había descendido, en el último semestre del 2025, al 28,2 por ciento. Un minuto después, apareció el primer tuit celebratorio: “La pobreza bajó al 28,2 por ciento. Es la más baja en 7 años. Fin.”. Lo firmaba el aún jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Mezclar pobreza con Adorni no parece en estos días el método más inteligente para difundir un logro importante. Pero, ¿es realmente un logro lo que difundía Adorni o se trata de una manipulación estadística? En el Gobierno no estaban para esas preguntas. Unos minutos después, otra cuenta de Twitter, la de la Oficina de Respuesta Presidencial, posteó dos imágenes. En una se veían a Alberto Fernández y a Sergio Massa. “52,3: Más de la mitad de los argentinos en la pobreza”. En la otra, aparecían Javier Milei y Luis Caputo: “28,2. La pobreza más baja en 7 años”. O sea, para el Gobierno la pobreza bajó 25 puntos en su gestión. Javier Milei lo tradujo en una cifra concreta en varios de sus discursos: “Sacamos a 15 millones de personas de la pobreza”. Se trata de un número fantástico, en cualquier sentido que se le quiera dar a la palabra.

Es difícil que esos datos coexistan con otros que pertenecen a la misma realidad. Por ejemplo, el Observatorio de la industria láctea informó que entre enero y febrero se consumió un 25 por ciento menos de leche fluida que hace siete años y 10 por ciento menos que en el momento en que asumió Milei. Más aún, 2026 fue el peor año en ese sentido de la última década, si se exceptúa el 2024, en el que también gobernaba Milei. Entonces, ¿hay muchos menos pobres pero a cada vez más gente no le alcanzan los ingresos para comprar leche? ¿Cómo funcionará eso? El Indec, al mismo tiempo, registra caídas de consumo en supermercados en comparación con noviembre de 2023. La periodista Rosalía Costantino enumeró otros datos de contexto: “Tenemos niveles RéCORD de mora en todo tipo de créditos y préstamos, siendo mayor la mora en los montos más chicos de préstamos (es decir, la gente que más se endeuda es la que menos ingresos tiene y la que menos puede pagar la cuota de la deuda). Cae el poder de compra del salario hace 6 meses consecutivos. Pierde casi 10% la jubilación mínima con bono vs nov 23, cae el poder de compra de la AUH con la canasta alimentaria”.

El contraste entre el número de pobreza que difunde el Indec y esas otras realidades ha generado una polémica cada vez más relevante entre los máximos especialistas en pobreza del país. Como se verá, no se trata de una campaña opositora sino de algo mucho más profundo y documentado.

Para entender lo que pasa, conviene primero despejar un dato incorrecto. Nadie toma en serio que la diferencia entre la herencia recibida por Milei y la situación actual sea de 25 puntos o de 15 millones de pobres. La maniobra oficialista es fácil de detectar. El Gobierno analiza la variación entre el pico (52,3) y la situación actual (28,2). El problema es que el pico se produjo en el primer semestre de gobierno de Milei, y fue posterior a la gran devaluación de diciembre del 2023, que tuvo un enorme impacto en los precios. El Frente de Todos dejó una herencia de pobreza altísima, de 41 por ciento. Pero no es lo mismo 41 que 52. Así las cosas, la diferencia real, según las cifras del Indec, entre la herencia y la situación actual, sería de 13 puntos. Recibió 41 y ahora hay 28 por ciento de pobres. Aún cuando ese número represente la mitad del logro que se atribuye Milei, sería igual gigantesco.

Pero la historia no termina allí. El índice de pobreza surge de cruzar dos datos: los precios de la canasta básica con los ingresos de la población. Cualquier variación de uno u otro factor, por las razones que fuera, modifica el resultado final. En enero de este año, como se sabe, Marco Lavagna renunció a conducir el Indec porque el Gobierno no le permitía modificar la composición de la canasta que mide la evolución de los precios pese a que se había comprometido a hacerlo. Ese pequeño escándalo puso a mucha gente en guardia, porque todavía está fresco el recuerdo de la intervención del organismo en 2007. La actual canasta subestima la influencia de los aumentos de servicios dispuestos por este gobierno. La canasta alternativa hubiera reflejado mayores índices de inflación en estos dos años.

Martín Gonzalez Rosada es un investigador de la Universidad Di Tella que hace varios años mide mensualmente la evolución de la pobreza. Se trata de un estudioso de muy bajo perfil. Esa condición fue afectada por Javier Milei. Como González Rosada difundía números mensuales en los que la pobreza bajaba más de lo que había informado el Indec en la medición previa, Milei empezó a citarlo y el Ministerio de Capital Humano a difundir sus datos. Cada mes, la cuenta de Twitter presidencial celebraba los números de Gonzalez Rosada. El mismo científico analizó cuánto sería la pobreza si se midiera con la canasta de precios que el Gobierno no le deja utilizar al Indec. “Habría cinco o seis puntos más de pobreza”, declaró. Esa proyección figura en su página web.

El Gobierno dice que la pobreza disminuyó 25 puntos. Si se tiene en cuenta su período real de Gobierno, las cifras del Indec reflejan que la pobreza habría caído 13 puntos. Pero si se midiera con la canasta actualizada, según los cálculos del técnico más citado por Milei, la caída sería de alrededor de 8 puntos.

Pero la historia tampoco termina acá.

En octubre de 2025, el economista Emanuel Alvarez Agis difundió un dato curioso. Si se mira la evolución de los salarios comparados con la inflación hay dos comportamientos distintos: los salarios formales evolucionan casi como los precios, pero los informales superan esa evolución en más de un cien por ciento. Dicho de otro modo, el ingreso de los trabajadores en negro habría aumentado abrumadoramente, según el Indec, por encima de la inflación. No hay forma de congeniar ese dato con los números de consumo masivo, por ejemplo.

Ese es otro punto que generó alertas y consultas de todo tipo entre los estudiosos del tema en la Argentina. La versión que más consenso genera entre los investigadores es que ese registro exagerado obedece a que las preguntas de la Encuesta Permanente de Hogares permiten acceder a un panorama más preciso que antes del 2023: captan ingresos que antes no captaban. Entonces, no es que los asalariados en negro ganen más, sino que se registra que ganan más.

El primero que se animó a hacer un cálculo sobre el tema fue el ecomonista Martín Rapetti. A principios de enero difundió un trabajo en el que sostenía que esa modificación en el registro del ingreso disminuiría en un 4 por ciento la brecha entre la pobreza heredada y la actual. Hace pocos días, ese trabajo fue complementado por un paper que difundió el Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (CEDLAS). La conclusión fue muy contundente y rebotó mucho en las redes sociales: la baja real de la pobreza al primer semestre del año pasado fue, según sus cálculos, un 2 por ciento. Se trataría de alrededor de un millón de pobres menos que en 2023. El paper del CEDLAS generó un impacto fuerte entre los académicos, políticos y periodistas que observan este debate porque el prestigio de sus investigadores es indiscutible y trasciende las fronteras del país. Entre otros, Martín Tetaz y Hernan Lacunza expresaron en las redes que el registro de ingresos ha cambiado y eso tiene impacto en la comparación entre la pobreza heredada y la actual. El Indec no ha hecho ninguna manifestación pública sobre el tema.

Milei dice 25 por ciento. El Cedlas dice 2 por ciento. ¿Quién tiene razón?

Pero hay más.

Los especialistas coinciden en que desde octubre del año pasado, con el aumento de la inflación, la pobreza volvió a crecer. Eso se puede ver en los informes mensuales de Gonzalez Rosada, por ejemplo, donde la curva descendente pega la vuelta. Curiosamente, desde que se produjo ese cambio, Milei ya no se refiere a los números de este investigador, y el Ministerio de Capital Humano dejó de publicarlos.

El cambio de tendencia se refleja en muchos otros informes. La consultora ex Quanty está integrada por técnicos del Indec, que trabajan para la Universidad de Buenos Aires. En base a datos del Indec y de la Universidad Di Tella cuantificaron la cantidad de pobres en los últimos años. Sus números eran y son buenos para evaluar la gestión libertaria. En esos registros, Milei recibió 18 millones de pobres. Seis meses después la cifra había trepado a 25 millones. La caída de la inflación produjo un descenso vertical de ese número y tocó un piso de 13 millones en el tercer trimestre del año pasado. Pero luego empezó a subir y, a fin de año, el número era de 15,5 millones. O sea que, según esos cálculos, en el mejor momento, Milei y Caputo habían logrado que los 18 millones de pobres heredados disminuyeran a 13. No habían disminuido en 15 millones pero sí en 5: un gran logro. Pero en el último trimestre del año pasado, el número aumentó en 2,7 millones. La diferencia entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025 sería de 2.5 millones, alrededor de un 5 por ciento de la población. Faltan contabilizar los dos primeros meses de este año, donde la inflación siguió alta.

Este debate está destinado a alterar los nervios de la Casa Rosada. En principio, porque pondrá la lupa en los números que difunde el Indec y especialmente en los que surgen de la Encuesta Permanente de Hogares que, como su nombre lo indica, es una encuesta. Al cierre de esta nota, el Centro de Estudios Económicos del Banco Provincia de Buenos Aires señalaba que existen diferencias muy grandes entre los salarios formales registrados en el Índice de Salarios del Indec y los que refleja la Encuesta Permanente de Hogares del Indec. Los primeros son mucho más bajos que los segundos. Pero son los segundos los que se usan para calcular quién es pobre y quién no. ¿Es un problema técnico? ¿Es un problema de otra índole? En todo caso, sería mejor explicarlo.

La propaganda y las exageraciones alrededor de la caída del número de pobreza han sido un punto central de la estrategia discursiva oficial. Depende el día, o el funcionario, el Gobierno rescató a 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 o 15 millones de argentinos de la pobreza. Pero el mecanismo se extiende a casi todos los sectores de la economía. Hace dos semanas, por ejemplo, Milei se apoyaba en el número mayorista para sostener que la inflación empezaba con 0. En diez días se verá que seguramente empieza con 3 y que la mayorista no debe ser tomada como número de referencia. La semana pasada Caputo se burlaba de los periodistas que reflejaban los problemas de actividad y consumo de la economía. El miércoles reconoció que el periodismo tenía razón: “Puede ser que la producción haya caído en febrero y que la inflación haya crecido en marzo”. Hace dos semanas, Federico Sturzenegger sostenía que el Gobierno había creado 400 mil empleos. El Indec lo desmintió: el desempleo creció de 5,7 a 7,5 desde la asunción de Milei. Y así hasta el infinito.

Se trata de un patrón que consume una energía interminable y refleja una ingenuidad y un voluntarismo casi infantiles. Bajar la pobreza es muy difícil en un país como la Argentina. Nadie dijo que no lo sería. Pero suponer que alguien la baja porque dice que la baja es una tontería contraproducente. Milei tiene el mérito de haber aumentado los aportes de la Asignación por Hijo y de la tarjeta Alimentar, dos instrumentos creados por gobiernos anteriores de ideología antagónica. La caída de la inflación mejoró aún más la situación, lo que refleja la irresponsabilidad del gobierno anterior, que la dejó crecer por encima del 200 por ciento. Pero la pelea recién empieza y los últimos datos reflejan que el tejido social se ha deteriorado nuevamente.

Ninguna persona seria podría sostener que hay 25 por ciento menos de pobres que en diciembre de 2023.

Los datos, siempre, son los datos.

Por eso, mejor cuidarlos.

El experimento de libre mercado de Argentina, impulsado por el presidente Javier Milei, ha vuelto a desafiar a los agoreros. Las cifras de la agencia de estadística del país, publicadas esta semana, muestran una drástica disminución de la tasa de pobreza.

El porcentaje de argentinos que vivían en la pobreza era del 28% a finales de 2025. Una mejora considerable. Desde que asumió la presidencia en diciembre de 2023, una de las principales críticas a la agenda de libre mercado de Milei ha sido que las cifras de pobreza se mantenían persistentemente altas. La tasa nacional de pobreza alcanzó un máximo del 53% en el primer semestre de 2024, pero desde entonces ha ido disminuyendo.

El presidente, que se autodefine como libertario, ha priorizado el combate a la hiperinflación para impulsar el crecimiento económico. Sus reformas incluyeron el recorte drástico de los subsidios estatales y una reducción considerable de la nómina del sector público, lo que generó el primer superávit fiscal anual de Argentina en prácticamente 123 años. La inflación anual cayó de un asombroso 200% cuando asumió el cargo a un 33% en el año que finalizó en febrero.

Execonomista —y discípulo de Milton Friedman y Adam Smith—, Milei siempre ha comprendido que el socialismo conduce a la pobreza y el capitalismo a la prosperidad. Tras su sorpresiva victoria, actuó con rapidez para romper el dominio socialista en Argentina, retomando la misma política de desmantelamiento que empuñó durante la campaña electoral contra un Estado burocrático sobredimensionado.

Esta apuesta ha dado sus frutos, ya que Argentina registró un crecimiento del 4,4% el año pasado, recuperándose rápidamente de una breve recesión en 2024. Milei tendrá que lidiar con las consecuencias de la guerra con Irán, que amenaza con elevar los precios en todo el mundo. Sin embargo, organismos como el Fondo Monetario Internacional predicen que el país seguirá registrando impresionantes tasas de crecimiento en 2026 y 2027, superando sustancialmente la tasa promedio de América Latina.

El próximo desafío de Milei será el desempleo. La eliminación de más de 60.000 empleos en el sector público ha contribuido a una tasa de desempleo más alta, del 7,5%. No obstante, las fuerzas del mercado pueden abordar el problema, ya que un sector privado en expansión crea empleos que esos trabajadores pueden cubrir.

El presidente argentino elogia frecuentemente a su ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien ha modificado o eliminado más de 14.000 regulaciones en menos de un año y medio. Esto impulsará la inversión privada y el crecimiento.

La rápida transformación de Argentina, de casi un siglo de socialismo a capitalismo de libre mercado, continúa demostrando la superioridad de este último. Es raro que podamos presenciar un experimento tan radical en tiempo real. Sin embargo, no sorprende que esté funcionando.

*Por el Consejo Editorial (c) 2026, The Washington Post

El obispo emérito ángel Garachana urgió este miércoles a una “renovación profunda” del sistema judicial en Honduras, tras la polémica resolución inicial que otorgó medidas sustitutivas a prisión a Iván Velásquez, acusado de liderar la presunta estafa piramidal “Koriun Inversiones”. El religioso, de nacionalidad española, afirmó que la crisis de confianza en la institución judicial tiene un impacto directo sobre la dignidad ciudadana y señaló que las festividades de la Semana Santa son un momento clave para reivindicar valores cívicos en la sociedad hondureña, según informó la agencia EFE.

Al abordar la resolución revocada este miércoles que inicialmente permitía a Velásquez evitar la prisión preventiva tras el colapso de su empresa, Garachana destacó la capacidad económica del acusado frente a la indefensión de los afectados. “Tiene para dar 25 millones de lempiras (USD 941.775) y no hay dinero para devolver a aquellos a quienes les han robado”, denunció el obispo, subrayando que la mayoría de las víctimas son “gente pobre”, mientras, según su entender, las autoridades aún no esclarecen el destino de los fondos.

La causa de “Koriun Inversiones” se hizo pública en mayo de 2025, con la detención de Velásquez por delitos que incluyen lavado de activos, desobediencia, tenencia ilegal de armas y municiones de uso prohibido, y asociación para delinquir, de acuerdo con EFE. Las denuncias sostienen que la firma habría captado millones de lempiras prometiendo rendimientos altos e inmediatos para derretirse luego en incumplimientos, dejando a cientos de inversionistas desprotegidos. Esta situación generó protestas de ciudadanos que se trasladaron hasta Tegucigalpa para exigir justicia cuando la medida sustitutiva fue otorgada.

Garachana: “Necesitamos jueces con ética y conciencia moral”

Durante la misa Crismal en Tegucigalpa, Garachana remarcó que la transformación que demanda la justicia hondureña debe centrarse en las personas más que en la estructura. “Honduras necesita una renovación profunda del sistema judicial. Y la renovación no es tanto la institución, son las personas, jueces con ética, con conciencia, con moral, porque, aunque sepan todas las leyes, si no tienen conciencia moral, van a ser injustos”, sostuvo el religioso, oriundo de Barbadillo de Herreros, España, citado por EFE.

El obispo ilustró la percepción colectiva sobre el proceder judicial en Honduras mediante una imagen evocadora: “La justicia gráficamente la pintamos con los ojos cerrados. ¿Pero qué decimos en Honduras? Que a veces se destapa el ojo para ver si es rico, si es pobre, si es poderoso, si es un descalzo”. Según Garachana, la inequidad en el trato judicial perpetúa la desconfianza y debilita la cohesión social.

Un llamado a la dignidad frente a la crisis social

Junto a sus críticas al aparato judicial, Garachana llamó a la sociedad hondureña a vivir la Semana Santa desde la dignidad, independientemente de convicciones religiosas. “La Semana Santa es como un test de cristiandad, para algunos son vacaciones, para otros es una vivencia del sentido cristiano, estén donde estén, pero para todos, creyentes o no creyentes, lo importante es portarnos dignamente como personas, no tener nuestra dignidad humana rodando por el suelo por el alcohol y el desorden”, enfatizó el obispo, en palabras recogidas por EFE.

Frente a la persistente pobreza y exclusión, Garachana demandó a los políticos acciones concretas para priorizar el bien común sobre intereses particulares. Condenó también la violencia y la guerra, advirtiendo que “la humanidad parece llevar a ‘Caín en las venas’ en lugar de apostar por la hermandad y la paz entre las naciones”.

El otorgamiento y revocación de medidas sustitutivas a Velásquez, en un contexto de protesta social y reclamo colectivo, se ha convertido para Garachana en un índice del deterioro de la justicia hondureña. La persistencia de víctimas esperando la restitución de sus ahorros y la percepción de que la ley favorece a quienes pueden respaldar garantías millonarias amplifican una demanda generalizada de integridad y equidad, según el testimonio del obispo emérito a EFE.

Salvia mencionó varios factores que explican la disminución de 9,9 puntos porcentuales interanual en ese indicador y de 1,9 puntos porcentuales en el caso de la indigencia, que llegó a 6,3% en dicho período.

Planteó que analizar la caída de la pobreza requiere “algunos matices”, al distinguir entre su contenido y su sustentabilidad en el tiempo. En ese sentido, indicó que existe un componente real vinculado a la evolución de los ingresos frente a la canasta básica alimentaria, que aumentó por debajo del nivel general de precios, lo que permitió “una caída sustantiva de la indigencia”, un dato que consideró “más legítimo” en términos de representación estadística.

En cuanto a la pobreza, Salvia señaló: “Las remuneraciones del sector privado le han ganado a la canasta básica”, dado que mientras los salarios se ajustan por el índice general de precios, la canasta alimentaria lo hace por el valor de los alimentos.

Y agregó un factor de carácter estructural: la caída demográfica. “Los hogares son más chicos, hay menos niños y menos bocas que alimentar dentro de un mismo ingreso”, describió, aclarando que se trata de una tendencia de largo plazo.

Sin embargo, Salvia aseguró que estos avances no siempre se perciben en el bolsillo. Esto se debe, detalló, a un cambio en los precios relativos desde 2024: en el último trimestre, tarifas como transporte, electricidad, agua y comunicaciones aumentaron por encima del índice general de precios.

Al mismo tiempo, describió: “Las clases medias bajas dicen: ‘¿Cómo puede ser que sea menos pobre si no me alcanza y no tengo más plata para consumir?’”.

Según explicó, esto se debe a un cambio en la estructura del gasto de los hogares. “Buena parte del ingreso hoy se destina a pagar tarifas. Son servicios que antes también se tenían, pero ahora se pagan más caros”, señaló. Como consecuencia, el ingreso disponible para otros consumos se reduce.

En ese marco, si bien los alimentos han bajado en términos relativos, otros gastos esenciales limitan la capacidad de consumo. “No podés arreglar tu casa, no podés comprar determinados bienes o servicios que necesitás, no podés invertir más en educación”, enumeró.

Esto genera una percepción contradictoria: “La gente te dice: ‘Estoy más pobre, no menos pobre que antes’”.

Para Salvia, esta situación refleja una tensión de fondo: “Hay una paradoja entre la estadística de la pobreza y la capacidad de consumo”. Mientras el indicador muestra una mejora, no necesariamente capta las restricciones reales que enfrentan los hogares en su vida cotidiana.

Por otra parte, Salvia advirtió que “la medición de la pobreza va perdiendo vigencia, sobre todo en su comparabilidad hacia atrás”, aunque remarcó que “hay una mejora en la situación económico-social de la gente” tanto respecto del año pasado como en relación con el peor momento del último semestre de 2023.

Según explicó, la mejora es “sustantiva”, principalmente por la caída de la inflación, que permitió una recuperación relativa. Sin embargo, al comparar la capacidad de consumo actual con otros períodos, aclaró: “No hemos llegado a niveles como los de 2015, cuando la pobreza se ubicaba en torno al 28%–29%, ni tampoco a los alcanzados en 2018″.

“Estamos llegando a una situación pospandemia. Es decir, estamos mucho mejor, pero estamos tan mal como cuando salimos de la pandemia, en un momento de recuperación”, sostuvo.

En cuanto a la evolución reciente, señaló que el tercer trimestre mostraba niveles de pobreza de “26% o casi 27%”, mientras que en el cuarto trimestre —con un componente estacional— se elevó a “29,5%”. Para el primer trimestre del año, indicó que la tendencia “es como si se hubiese revertido la caída, se hubiese estabilizado y estuviese aumentando”.

Al analizar el fenómeno en perspectiva histórica, Salvia subrayó que “la Argentina nunca ha podido bajar de un 29%–30% de pobreza” en los últimos 20 años. “La pobreza estructural argentina pone un límite porque no hay buenos empleos, porque los empleos están precarizados, porque no se está creando empleo y porque las remuneraciones del sector privado formal no están creciendo significativamente”.

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En una charla con el equipo de Infobae al Amanecer, integrado por Nacho Girón, Luciana Rubinska y Belén Escobar, Otermín relató que “cuando recorrés los barrios populares de Lomas de Zamora, ves que la realidad es otra: antes había progreso, construcción, asado en las casas; hoy la situación es mucho más difícil”. El intendente explicó que, si bien las estadísticas oficiales muestran una baja al 28% en la pobreza, “esos datos son muy fríos, son una foto de un momento que ya quedó atrás”.

“Lo que vemos en la provincia de Buenos Aires es un deterioro constante”, aseguró Otermín. Para el jefe comunal, “las cosas no están bien, ni en términos generales ni en lo cotidiano”. Relató que, pese a los anuncios de baja en la pobreza, “en los barrios populares ya no se ve el humo del asado, ni la construcción o los programas que antes estaban presentes”.

Al ser consultado sobre los índices oficiales, Otermín enfatizó: “No hay que enamorarse del dato duro, porque si no uno también se aleja de la realidad”. Para el intendente, “el dato que muestran hoy es una foto de diciembre; la situación se fue deteriorando y el ajuste después de las elecciones fue muy fuerte, con consecuencias directas en el consumo y la vida de las familias”.

Recordó que durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner “había progreso, se veía obra pública y programas sociales en los barrios”, mientras que en la actualidad “sobrevivir se volvió muy caro en Argentina”. Otermín remarcó: “Lo que no puede ser tan caro en Argentina es sobrevivir”.

Otermín reconoció que la derrota electoral del peronismo y el triunfo de La Libertad Avanza “fue consecuencia del fracaso del sistema político”. Según su análisis, “la gente eligió la novedad porque ni el candidato del peronismo ni los del establishment lograron representar la demanda social”. Admitió: “No pudimos cumplir nuestro contrato electoral, no generamos las condiciones para que nuestra gente viva bien”.

El intendente profundizó sobre la falta de propuestas alternativas de la oposición: “Creo que las ideas del peronismo están claras: defender la producción y la soberanía nacional, pero también tenemos que hacer una autocrítica colectiva de cómo viene el país y hacia dónde va”. Consideró que “no es momento de hablar de candidaturas para 2027, pero sí de reconstruir una expectativa y una esperanza”.

“El gobierno nacional sostiene que Milei va a reelegir, pero no veo que haya certezas de cara al 2027; la legitimidad política se construye día a día y la sociedad no da cheques en blanco”, analizó.

Al referirse a la situación interna del peronismo, Otermín admitió: “Las tensiones existen, son legítimas y más aún después de lo que pasó con el gobierno anterior y el impacto del ajuste de Milei”. Describió la situación de Cristina Kirchner como “triste”, señalando que “la metieron presa para que no sea candidata” y que “la proscripción judicial sería un escándalo en cualquier otro país”.

Sobre la conducción partidaria, sostuvo: “Institucionalmente, Cristina sigue siendo la presidenta del Partido Justicialista y mucha gente se siente identificada con ella, aunque el tiempo de su gobierno parece lejano para las nuevas generaciones”. Otermín apuntó que “el peronismo está unido por una contraseña universal, el compañerismo, aunque haya diferencias de matiz”.

En cuanto a propuestas para el futuro, resaltó: “El peronismo tiene que repensar la idea de comunidad, potenciar la inversión privada y recuperar la capacidad de conversar con todos los sectores”. Consideró que “la centralidad no puede estar solo en el Estado” y que “hay que amigarse con la industria y el campo”.

Finalmente, sobre su propio futuro político, Otermín negó buscar una candidatura a gobernador bonaerense: “Hoy tengo una responsabilidad institucional y me interesa aportar para hacer las cosas bien. La clave está en escuchar a los vecinos y aplicar nuevas tecnologías para mejorar la gestión”.

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Los datos de pobreza del segundo semestre del 2025 confirmaron una mejora sensible de los indicadores socioeconómicos. En sólo seis meses, cerca de 1,54 millones de argentinos dejaron de ser pobres y 269 mil personas salieron de la indigencia. El resultado fue consecuencia de que los ingresos familiares crecieron por encima de los aumentos de los insumos de primera necesidad. En detalle, los salarios aumentaron en promedio un 18,3% entre junio y diciembre del año pasado, mientras que el costo de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) subió 11,9% y el de la Canasta Básica Total (CBT) se incrementó 11,3 por ciento.

Ahora bien, esos mismos indicadores (salarios, CBA y CBT) muestran una situación completamente diferente en el inicio del 2026 y siembran dudas respecto a lo que pueda ocurrir en el primer semestre de este año.

Un análisis del Ieral (Fundación Mediterránea) pone de manifiesto una inversión en la tendencia de los precios relativos que afecta directamente el poder de compra de los sectores más vulnerables. Según la entidad, la evolución futura de la pobreza está “fuertemente condicionada por la dinámica de los precios”. En un escenario donde los alimentos crecen por encima del nivel general, incluso los ajustes salariales alineados con la inflación promedio pueden resultar insuficientes para sostener el consumo de los hogares.

Al observar el comportamiento anualizado a febrero de 2026, el informe detalla que los salarios del sector privado registrado aumentaron un 32,3%, quedando por debajo de la inflación general, que fue del 36,2%. Sin embargo, la disparidad es más aguda al comparar los ingresos con los bienes esenciales: el incremento salarial quedó “considerablemente por detrás del aumento en los precios de los alimentos (40,4%) y de la canasta básica alimentaria (42,1%) en el mismo periodo”. Esta brecha indica que, aunque los salarios totales mostraron un crecimiento del 37,8%, este dinamismo no alcanza para compensar el encarecimiento de la CBA.

Por su parte, un análisis de Equilibra destaca que, aunque la indigencia y la pobreza se redujeron en el cierre de 2025, la CBA y la CBT treparon por encima de la inflación en ese período. En el segundo semestre del año pasado, la suba mensual de la CBA y la CBT fue de 2,6% y 2,5% respectivamente, superando el 2,3% del IPC Nacional. Esta presión se intensificó hacia el final del año.

“La aceleración de la inflación a fines del año produjo caídas del poder adquisitivo contra el tercer trimestre de 2025. La bajas fueron de 1,4% en salarios privados formales y de 2,2% en los ingresos de los empleados públicos. Además, cayeron 2,1% las jubilaciones mínimas, 1,1% la Asignación por Hijo y 6,6% la Tarjeta alimentar. Peor aún, si se comparan estos ingresos contra la CBT, las pérdidas se amplifican en 1,2 p.p. en dicho cuarto del año”, destacó la consultora.

El freno en la velocidad de descenso

La consultora LCG advierte que, con tres meses transcurridos del primer semestre de 2026, existen factores concurrentes que “pondrían un freno en el descenso de la tasa de pobreza”. Entre ellos se destaca una inflación estancada en torno al 3% mensual y salarios formales con paritarias homologadas por debajo de esos porcentajes, lo que implica una caída real de los haberes.

A este escenario de ingresos se suma un deterioro en las condiciones del mercado de trabajo. El informe de LCG señala que el ascenso de la tasa de desocupación en el cuarto trimestre de 2025, junto con una “mayor tasa de sobreocupación y mayor demanda de empleo por subocupación”, marcan la necesidad de mayores ingresos en los hogares para evitar caer bajo la línea de pobreza.

En términos de profundidad, los datos reflejan que salir de la condición de pobreza sigue siendo un desafío de magnitud para las familias. El ingreso familiar promedio de los hogares pobres cubre apenas el 64,3% de la CBT. Según LCG, los pobres “siguen siendo prácticamente igual de pobres”, dado que la mejora en la brecha fue de solo 1,3 puntos porcentuales.

Disparidades regionales y de edad

La mejora registrada hacia finales de 2025, que llevó la pobreza al 28,2% y la indigencia al 6,3%, no fue uniforme en todo el territorio ni en todas las franjas etarias. LCG destaca que, si bien hubo reducciones importantes en el NOA y el NEA, estas regiones mantienen tasas por encima del 32%. El Conurbano bonaerense, por su parte, presenta la segunda mayor tasa de pobreza del país (32,6%) y concentra más del 50% de los pobres totales.

En cuanto a la composición por edad, la pobreza en menores de 14 años se ubicó en 41,3%, manteniéndose 13 puntos porcentuales por encima del promedio general. Asimismo, se observó un dato negativo en el segmento de jóvenes de entre 15 y 29 años, donde la indigencia ascendió levemente en el semestre hasta alcanzar el 8,4 por ciento.

Los factores estructurales y metodológicos

Más allá de la coyuntura de precios y salarios, las consultoras advierten sobre elementos que podrían distorsionar o limitar la mejora de los indicadores sociales. LCG menciona que la línea de pobreza utiliza ponderadores de gasto de la encuesta de 2004/05, lo que no refleja los cambios en los patrones de consumo actuales ni en los precios relativos. Esta falta de actualización genera una “subestimación de la línea de pobreza”, efecto que se ha acentuado desde la no actualización del índice de inflación minorista en febrero.

Finalmente, el Ieral concluye que la mejora en el indicador no debe ocultar “fragilidades persistentes”. El desafío de mediano plazo sigue siendo interrumpir la transmisión intergeneracional de la pobreza mediante el foco en la educación y la generación de “trabajos mejor remunerados” y con ingresos sostenibles en el tiempo. En el corto plazo, la combinación de una actividad debilitada en sectores intensivos en empleo y la pérdida de poder adquisitivo frente a la canasta alimentaria ponen bajo cuestionamiento si la tendencia de 2025 podrá sostenerse durante la primera mitad de 2026.

En la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) 2025 se detalla el acceso de la población a servicios básicos a nivel nacional. Según el informe de la institución, el 89.7% de los hogares salvadoreños dispone de servicio de electricidad, mientras que existen disparidades en el acceso a agua por cañería propia, instalaciones sanitarias adecuadas y sistemas de recolección de desechos sólidos entre distintos segmentos sociales.

De acuerdo con la EHPM 2025, elaborada y presentada por el Banco Central de Reserva de El Salvador (BCR), hay un total de 1.830.656 hogares que cuentan con electricidad, sobre un total nacional de 2.043.222. Las cifras oficiales señalan que las familias en situación de pobreza presentan menor acceso a este servicio: el 85.5% de los hogares pobres dispone de electricidad, frente al 90.9% de los hogares que no se encuentran en situación de pobreza, según el Banco Central de Reserva (BCR).

Respecto al acceso al agua, el informe cuantifica que el 80,8% de los hogares del país recibe agua a través de cañería dentro o fuera de la vivienda (1.650.406 hogares). El 6.7% depende de la cañería del vecino, mientras que alternativas como el uso de pozos, camiones cisterna o la recolección de agua lluvia son menos frecuentes y se encuentran principalmente en zonas rurales.

En los hogares pobres, el acceso por cañería propia llega al 75,9%, cifra que asciende al 82.3% en aquellos hogares que no se consideran pobres.

Acceso a saneamiento e instalaciones sanitarias

El estudio nacional destaca que 714.929 hogares disponen de inodoro conectado a un sistema de alcantarillado (35% del total nacional). Otras alternativas, como inodoros con fosa séptica (582.412 hogares), representan un 28,5%. Por otro lado, el 3,8% de los hogares del país carece de instalación sanitaria alguna (18.379 hogares), situación más frecuente en áreas rurales y en hogares en situación de pobreza extrema.

En el aspecto de recolección de desechos sólidos, la encuesta indica que el 60,6% de los hogares recibe el servicio de recolección domiciliaria pública (1.239.649 hogares). El 2,4% utiliza recolección privada, otro 2,4% deposita los desechos en contenedores y el 3,1% los entierra. El 3,1% de los hogares quema sus residuos y el 2,5% los deja en cualquier lugar. Estas prácticas son más comunes entre familias que viven en zonas rurales y en pobreza extrema, según la EHPM 2025.

El Banco Central de Reserva explicó que los resultados de la EHPM 2025 mantienen la consistencia metodológica de la edición anterior mientras se desarrolla una nueva metodología basada en el VII Censo de Población y VI de Vivienda 2024. “El objetivo es incorporar mejores prácticas internacionales y garantizar información estadística de calidad y oportuna”, destacó la institución en el mismo documento.

Brechas, factores y cambios metodológicos

El reporte oficial señala el acceso desigual a los servicios básicos se mantiene como un desafío en el país y atribuye la diferencia principalmente a factores de ubicación, nivel de ingresos y situación de pobreza. El BCR comunicó que la nueva metodología permitirá una mejor interpretación y comparabilidad de los indicadores en futuras ediciones de la encuesta.

La cumbre del G20 en Sudáfrica de fines de 2025 dejó en evidencia un cruce conceptual entre dos visiones sobre la desigualdad y el desarrollo. Federico Pinedo, exsenador y representante de la Argentina en el foro, difundió un extenso análisis en respuesta al informe presentado por el economista estadounidense y Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, y su equipo. El texto del ex presidente provisional del Senado, publicado por el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), expone una crítica frontal a los lineamientos de política económica propuestos por Stiglitz y utiliza el caso argentino como advertencia sobre los riesgos de replicar ese enfoque.

Pinedo arranca su crítica señalando el eje central del documento de Stiglitz: la idea de que la prosperidad de unos depende de la pobreza de otros. “La tesis del documento tiene como premisa la idea de que unos señores prósperos saben que no lo serían si no aumentaran la pobreza de otros”, sostiene. Para el autor, esta visión presupone un “juego de suma cero” en la generación de riqueza, un planteo que rechaza de plano. “Considero que esa premisa es completamente falsa”, marca en el arranque.

A consideración del articulista, los autores proponen la adopción de políticas que vayan más allá de la mera progresividad fiscal. Entre las recomendaciones, se destaca la creación de impuestos diferenciales, la división de grandes empresas para reducir su tamaño y poder de mercado, y el impulso de medidas orientadas a limitar las desigualdades educativas, en particular, mediante el cuestionamiento a la llamada privatización de la educación. Además, se sugieren otras acciones orientadas a modificar la “distribución de capacidades” tanto a nivel nacional como internacional.

Apoyado en la experiencia argentina, el sherpa argentino ante el G20 advierte que muchas de las propuestas impulsadas por el Premio Nobel de Economía ya se aplicaron en el país y derivaron en consecuencias negativas.

“Nuestro país, la Argentina, ha implementado casi todas esas políticas y, además, ha tenido momentos de estatización del comercio exterior y manipulación del valor del cambio de divisas”, recuerda el ex funcionario. Entre las medidas citadas por Stiglitz, se enumeran la provisión estatal de educación, salud, seguridad social y vivienda, la suba de impuestos, la creación de reservas estatales de alimentos y el control de precios.

El resultado, según el análisis de Federico Pinedo, fue una sucesión de crisis económicas profundas: “Esas políticas han generado tres hiperinflaciones (1975, 1989-91 y 2023), una gran depresión (2002), el 50% de pobreza, más del 40% de trabajo informal con estancamiento del empleo privado formal entre 2011 y 2025, y una caída extraordinaria del ingreso per cápita en comparación con nuestra propia región y contra el promedio mundial”. Este diagnóstico es presentado como una advertencia directa a quienes promueven recetas similares a nivel internacional.

A la vez, el texto plantea que la lógica de mercado “sacó de la pobreza a miles de millones de personas”, en oposición a la mirada de Stiglitz que lo describe como generador de desigualdad y pobreza. El ex titular del bloque del Pro en la Cámara de Diputados observa que, tras el colapso de los modelos de planificación estatal en el siglo XX, “no es clara la alternativa sugerida” por el Nobel norteamericano.

En el debate sobre la educación, Pinedo rechaza que se la catalogue como un derecho estatal y cuestiona la crítica de Stiglitz a la “privatización” en este sector. “La educación, de la que derivan habilidades y capacidades para el trabajo, el desarrollo personal y la integración a cadenas de valor, no es un derecho de los Gobiernos o del Estado, sino que es un derecho humano, personal, de cada uno y de cada padre respecto de sus hijos”, sostiene el exfuncionario. Y va más allá: “Cuestionar desde las políticas públicas la ‘privatización’ de la educación es, además de absurdo, antinatural y excepcionalmente antihumano y, por lo tanto, antisocial”.

El análisis de Pinedo dedica varias páginas a diferenciar el enfoque argentino en el G20 del que impulsa el equipo de Stiglitz. El abogado recuerda que la posición oficial de la Argentina fue defender la responsabilidad nacional en el desarrollo, la previsibilidad jurídica y la igualdad ante la ley.

“La Argentina sostuvo en soledad que el desarrollo nacional dependía fundamentalmente de políticas internas, de marcos de reglas y de convivencia que generaran previsibilidad, justicia e igualdad ante la ley, con un fuerte énfasis en la educación y capacitación para el trabajo”, reseña. Junto a esto, el país defendió “los equilibrios macroeconómicos, el funcionamiento de los mercados y un sistema de comercio abierto y sin distorsiones de la competencia”, consigna en el artículo difundido por CARI.

En tal sentido, el articulista se muestra escéptico ante la propuesta de financiar políticas sociales a nivel multilateral y alerta sobre los riesgos de imponer desde organismos internacionales una agenda igualitarista que ignore la autodeterminación de los pueblos. “La dosis de cada valor debe ser establecida en un sistema democrático por el pueblo en cada elección periódica y de acuerdo a las circunstancias, y no por tecnocracias internacionales que busquen imponer su mirada, aunque nadie las haya votado para gobernar”, afirma en su escrito.

El texto también subraya la importancia de los equilibrios macroeconómicos y del funcionamiento de los mercados, como elementos necesarios para el desarrollo sostenido. Pinedo señala que las políticas que priorizan la intervención estatal, el control de precios y la estatización de sectores estratégicos no han sido exitosas en la Argentina y, en su opinión, tampoco pueden serlo en otros países. Además, considera que la experiencia argentina constituye un ejemplo que debería ser tenido en cuenta en el debate global sobre desigualdad y desarrollo.

El exsenador hace hincapié en que la igualdad ante la ley y la previsibilidad normativa son condiciones indispensables para atraer inversiones, fomentar el empleo y mejorar la calidad de vida. En tanto, sostiene que el desarrollo no puede depender exclusivamente de transferencias o programas financiados externamente, sino que requiere reglas claras y un entorno de competencia genuina.

“En conclusión, no es raro que la desigualdad haya aumentado en un mundo que desde su origen hasta 1800 había crecido el 1%, mientras que desde el año 2000 en solo 25 años duplicó su riqueza (como reconoce el Reporte Stiglitz), pues si aún hay en el mundo población que vive en economías de subsistencia, sin comercio y sin Estado de derecho, las desigualdades se tienen que haber agigantado. La creación de riqueza de la revolución digital es monumental, pero no estaríamos mejor sin ella”, agrega.

Pinedo plantea que la discusión pública sobre la igualdad no suele ubicarse entre dos extremos irreales: el igualitarismo absoluto, que conduce al estancamiento total, y el desinterés completo por los demás. Según el ex senador, “ninguna de las dos cosas se corresponde con la realidad de los sentimientos humanos”.

En su visión, existe consenso en que el Estado debe construir infraestructura de acceso común y garantizar derechos y obligaciones que funcionen como “igualadoras de base”. El ex funcionario considera fundamental que quienes gobiernan desarrollen mecanismos para financiar servicios esenciales. Remarca que es importante que los gobiernos generen “mecanismos para financiar esos objetivos: educación, salud, infraestructura general, seguridad, justicia, mecanismos de deliberación pública y organización política”.

Y suma que, a esos pilares, debe sumarse el Estado de derecho, que garantice “la igualdad ante la ley, las libertades personales, la propiedad y una justicia imparcial que aplique la ley en forma igual para todos”. A su entender, ese marco permitiría crear condiciones para erradicar la pobreza a través del proceso de destrucción creativa que describió Schumpeter, “sacando recursos de sectores parasitarios para llevarlos a los que satisfagan mejor las necesidades de cada uno y del conjunto”.

Por último, advierte que es necesario velar porque los intercambios entre personas se realicen bajo reglas de igualdad, evitando abusos y preservando a los mercados de distorsiones. “Habrá que velar por que los intercambios entre las personas se realicen respetando reglas de igualdad y no abuso, preservando a los mercados de su distorsión mediante acciones que restrinjan la competencia nacional e internacional, controlando monopolios y eliminando privilegios, garantizando libertad y acceso a los mercados de bienes y servicios”, afirma.

“La igualdad no puede ser el valor único y superior, como no lo pueden ser ni la libertad sin orden ni respeto por la dignidad de todas las personas, ni el orden que postergue la dignidad y la libertad de todos. Atacar la pobreza es un objetivo necesario; aumentar la satisfacción de las necesidades humanas va en el mismo sentido; que los que pueden eduquen a los demás de la mejor manera posible y los que sanan hagan lo mismo es un objetivo social. La justicia de dar a cada uno lo suyo, con los valores del respeto y la responsabilidad, también. Igualar todo lo desigual, no”, concluye el artículo.

Los datos oficiales publicados esta tarde por el Indec confirmaron lo que el Gobierno nacional ya había anticipado hace varios meses: la pobreza y la indigencia bajaron en el primer semestre. En detalle, los números indican que entre el segundo semestre de 2024 e igual período de 2025, el índice de pobreza se redujo de 38,1% a 28,2%, lo que marcó una baja de 9 puntos porcentuales. Al mismo tiempo, la indigencia disminuyó del 8,2% al 6,3% (-1,9 puntos porcentuales).

Ahora bien, más allá de la mejora, los indicadores socioeconómicos de la Argentina están lejos de ser los ideales. La pobreza aún afecta a 13,5 millones de personas y la indigencia a 3 millones de habitantes, tomando en cuenta tanto a la población urbana como a la rural.

Grandes disparidades en el país

Como se mencionó, el índice general de pobreza del segundo semestre del año pasado fue de 28,2%, pero si se analizan los resultados por ciudad, se encuentra que algunas jurisdicciones tienen números bastante más altos. Otras, en cambio, muestran indicadores mucho más positivos.

Para entender estas diferencias, se puede hacer un repaso por zona geográfica y jurisdicción. En el Gran Buenos Aires, por ejemplo, la pobreza fue del 28,3% en el segundo semestre -casi idéntica a la nacional-, pero fue muy diferente el resultado para las dos ciudades que integran esa zona. Mientras que en Ciudad Autónoma de Buenos Aires la pobreza afectó al 9,6% de la población, en los “partidos del Gran Buenos Aires” el índice de pobreza fue de 32,6%.

En la región de Cuyo el resultado fue bastante parejo. El aglomerado mejor posicionado fue el Gran San Luis, con una pobreza del 30,1% en el segundo semestre, seguido por Gran Mendoza (31,9%) y el Gran San Juan (34%).

En el Noreste, el índice de pobreza fue del 32,7% en el segundo semestre de 2025. En esa región se encuentra una de las jurisdicciones con mayor nivel de pobreza del país. Se trata de Gran Resistencia, donde el 42,2% de la población es pobre. En tanto, la ciudad con mejor resultado de esa región fue Posadas, con un índice de 27,3%.

En lo que respecta al Noroeste (28,4% de pobreza general), el peor resultado lo tuvo La Rioja. Si bien la provincia siguió la tendencia general y mejoró sus números en el último año, su tasa de pobreza sigue siendo alta (36,7%). El aglomerado Gran Tucumán- Tafí Viejo tuvo la pobreza más baja (23,6%).

La región Pampeana también estuvo cerca del promedio general, con un índice de pobreza del 26,2% en el período analizado, pero en su interior hubo brechas muy amplias. Se destaca por sobre el resto el caso de Concordia, que mantiene un índice de pobreza del 49,9%. En el extremo opuesto, el Gran Rosario registró un índice de pobreza del 22,3%.

Por su parte, la Patagonia mostró en la segunda mitad del 2025 un índice de pobreza del 25,4%. La tasa más alta se registró en el aglomerado de Rawson-Trelew (32,9%), mientras que el indicador más bajo lo mantuvo Neuquén-Plottier (22,4%).

Las mejoras más significativas

La pobreza bajó 9 puntos porcentuales a nivel país en el último año, pero algunos aglomerados urbanos lograron mejoras mucho más importantes. Tal es así, que 15 jurisdicciones registraron bajas de sus índices de pobreza superiores a 10 puntos.

El mejor resultado a nivel nacional se registró en Santiago del Estero - La Banda, donde la cantidad de pobres se redujo 19,2 puntos porcentuales entre el segundo semestre de 2024 e igual período de 2025. Completaron el podio Gran Resistencia (-18,6 puntos) y Formosa (-18,3).

Más atrás aparecen Gran Tucumán - Tafí Viejo (-17,2 puntos), Posadas (-16,1), Río Cuarto (-14,7) y Jujuy - Palpalá (-13,4 puntos), entre otras ciudades.

La que menor variación registraron fueron los aglomerados de Bahía Blanca - Cerri (mejora de 2,9 puntos), Rawson - Trelew (-3,9) y Corrientes (-4,7%).

El dato positivo, es que los 31 aglomerados relevados por el Indec tuvieron una disminución de sus niveles de pobreza en el período analizado. En el marco general, los grandes ganadores fueron CABA, que tuvo el índice de pobreza más bajo (fue el único por debajo del 10%) y Santiago del Estero - La Banda, que con su fuerte mejora de 19,2 puntos, dejó de ser una de las ciudades más pobres del país.

Durante el segundo semestre de 2025, la pobreza se ubicó en 28,2% y la indigencia en 6,3%, según informó el Indec. En este sentido, la reducción interanual fue de 9,9 puntos porcentuales respecto al mismo periodo de 2024, cuando el índice abarcaba al 38,1% de la población.

La cifra actual implica que aproximadamente 13,5 millones de argentinos se encuentran bajo la línea de pobreza, sobre una población total estimada en 47,9 millones de habitantes, y que 3 millones viven en situación de indigencia. Este número es, sin embargo, el más bajo desde el primer semestre de 2018, durante la gestión de Mauricio Macri, cuando se ubicó en 27,3 por ciento.

El dato tuvo fuerte repercusión en el Gobierno, al punto que la plana mayor de La Libertad Avanza celebró el descenso de la pobreza con diversas publicaciones en sus redes sociales.

En primer lugar, el presidente Javier Milei publicó en su cuenta de X: “La pobreza sigue bajando. Dato no relato. MAGA!”, escribió en sus redes sociales junto con un posteo anterior del Ministerio de Capital Humano que resaltaba los principales datos del informe del Indec.

Este mismo mensaje también se replicó en la cuenta oficial de la ministra de Capital Humano, Sandra Petovello.

LA POBREZA SIGUE BAJANDO.
Dato no relato.
MAGA! https://t.co/rAGqBGhU6n

— Javier Milei (@JMilei) March 31, 2026

En su análisis del informe, el ministro de Economía, Luis Caputo, enfatizó: “La pobreza es la más baja en más de siete años”. Además de resaltar la caída interanual, Caputo subrayó el contraste con el pico alcanzado al inicio de la actual administración: “En el segundo semestre de 2025 la pobreza se ubicó en 28,2%, en tanto la indigencia fue de 6,3%. En relación al primer semestre de 2024, la reducción fue de 24,7 y 11,8 puntos porcentuales, respectivamente”.

Y completó su mensaje: “La fuerte baja en la pobreza y la indigencia se sustentan en el crecimiento económico, el proceso de desinflación y el refuerzo en los programas sociales sin intermediarios desde el inició de la gestión”.

También se sumó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien escribió: “La pobreza cayó al 28,2% en el segundo semestre del 2025. Es el registro más bajo de los últimos 7 años. Fin”.

En tanto, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, posteó: “Inflación en baja, economía en crecimiento, ayuda social más inteligente. Lo que debería haber sido siempre. VLLC!”.

La pobreza tocó su nivel más bajo en siete años

El dato del segundo semestre de 2025 confirma una baja sostenida desde el pico registrado a comienzos de 2024, cuando la pobreza había trepado al 52,9% tras la devaluación y el salto inflacionario. Desde entonces, el indicador fue retrocediendo de manera gradual hasta ubicarse en 38,1% en el segundo semestre de 2024 y en 31,6% durante la primera mitad de 2025, en paralelo con la desaceleración de la inflación.

La cifra actual, además, es la más baja desde el primer semestre de 2018. También implica una reducción interanual de 9,9 puntos porcentuales y una caída respecto del semestre anterior, lo que consolida una tendencia descendente después del fuerte deterioro social registrado al comienzo del programa económico.

En términos de población, la mejora también se refleja en la cantidad de personas que salieron de la pobreza en el último año. Si se compara con el máximo registrado a comienzos de 2024, la cantidad de argentinos por debajo de la línea de pobreza se redujo en más de 11 millones, mientras que la indigencia cayó en más de 5 millones, según la extrapolación de los datos del Indec al total del país.

De hecho, si se compara con el primer semestre de 2025, un total de 1,54 millones de personas dejaron de estar por debajo de la línea de pobreza -medida por la Canasta Básica Total (CBT)-, mientras que otras 269 mil salieron de la indigencia al recuperar ingresos suficientes para acceder a la Canasta Básica de Alimentos (CBA).

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dio a conocer que, en el segundo semestre de 2025, la pobreza se ubicó en 28,2% y la indigencia en 6,3% en los principales centros urbanos del país. En la extrapolación al total del país, esa cifra, extrapolada por la cantidad total de la población, significa que hay 13,5 millones de argentinos pobres al cierre del segundo año de mandato de Javier Milei.

La extrapolación de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec al total del país de 47,9 millones de habitantes, arroja que la pobreza afecta a 13,5 millones de personas y la indigencia a 3 millones de habitantes.

La cifra actual marca el nivel más bajo de pobreza desde el primer semestre de 2018, durante la gestión de Mauricio Macri, cuando se ubicó en 27,3 por ciento. El índice de indigencia, por su parte, es el menor desde la primera mitad de 2018, periodo en el que el organismo estadístico reportó que alcanzaba al 6,7% de la población.

El dato implica una baja significativa -de 9,9 puntos porcentuales- respecto al segundo semestre de 2024, cuando la pobreza se ubicó en 38,1% y la indigencia en 8,2 por ciento. También evidenció una desaceleración en relación al primer semestre de 2025, cuando se posicionaron en 31,6% y 6,9%, respectivamente.

Respecto del primer semestre de 2025, se produjo una baja de 1,54 millones de personas que no alcanzaron ingresos suficientes para adquirir la Canasta Básica Total (CBT) y se redujo en 269 mil el universo de quienes no acceden por sus propios medios a consumir la Canasta Básica de Alimentos (CBA).

En comparación con el máximo registrado en el primer semestre de 2024, utilizado como referencia por el presidente y el equipo económico, la cantidad de personas en situación de pobreza descendió en 11,4 millones y la indigencia se redujo en 5,5 millones.

“En relación al primer semestre de 2024, cuando la pobreza y la indigencia ascendieron a 52,9% y 18,1%, la reducción fue de 24,7 p.p. y 11,8 p.p., respectivamente. La incidencia de la pobreza fue la más baja desde el primer semestre de 2018. La fuerte baja en la pobreza y la indigencia se sustentan en el crecimiento económico, el proceso de desinflación y el refuerzo en los programas sociales sin intermediarios desde el inició de la gestión”, destacó el ministro de Economía, Luis Caputo.

Al comienzo de la gestión de Javier Milei, tras la devaluación del peso, en los primeros meses de 2024, la pobreza saltó a 52,9% y la indigencia se ubicó en 18,1 por ciento. Luego de ello, con la implementación del nuevo programa económico y la desaceleración de la inflación, en el segundo semestre, bajó a 38,1% y 8,2%, respectivamente, para cerrar el primer año de mandato.

Desde el Poder Ejecutivo esperaban consolidar una tendencia descendente en ambos indicadores socioeconómicos. En esta oportunidad, el escenario era más complejo debido a que en los últimos meses del año pasado, la inflación se aceleró en gran parte por los incrementos del rubro Alimentos y bebidas, de gran incidencia en la Canasta Básica Total (CBT) y la Canasta Básica Alimentaria (CBA) que son los que marcan la línea de pobreza e indigencia.

La evolución de la pobreza

La proporción de personas en situación de pobreza e indigencia depende de la capacidad de los hogares para cubrir la CBA y la CBT con sus ingresos. En el semestre analizado, los ingresos familiares crecieron en promedio un 18,3%, mientras que el costo de la CBA subió 11,9% y el de la CBT, 11,3 por ciento. Esto significa que el aumento de los ingresos superó al de ambas canastas, lo que favoreció una reducción tanto en la pobreza como en la indigencia en comparación con el semestre anterior.

Al medir la brecha de pobreza —la diferencia entre los ingresos de los hogares pobres y el valor de la CBT— se registró un valor de 35,7 por ciento. En promedio, los hogares pobres tuvieron ingresos por $783.493, frente a una CBT promedio de $1.219.130 para este grupo. La distancia entre ingresos y canasta total disminuyó respecto a la primera mitad de 2025.

Al observar las edades, el 41,3% de las personas de entre 0 y 14 años vive en hogares por debajo de la línea de pobreza. En el grupo de 15 a 29 años el porcentaje fue de 32,6%, y en el de 30 a 64 años, de 24,6%. En el caso de las personas de 65 años o más, el 9,7% se encuentra bajo la línea de pobreza.

En cuanto a las regiones, la pobreza entre personas alcanzó el 28,3% en el Gran Buenos Aires, 32,3% en Cuyo, 32,7% en el Noreste, 28,4% en el Noroeste, 26,2% en la región Pampeana y 25,4% en la Patagonia. Por el lado de la indigencia, los valores fueron: 7,0% para Gran Buenos Aires, 4,6% para Cuyo, 7,5% en el Noreste, 3,8% en el Noroeste, 6,2% en Pampeana y 4,0% en la Patagonia.

“La pobreza en Argentina se calcula de manera semestral a partir de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) y responde a un criterio de ingresos: mide qué porcentaje de la población no alcanza a cubrir la Canasta Básica Total (CBT) y, en el caso de la indigencia, la Canasta Básica Alimentaria (CBA)”, destacó Facundo Beltramone, economista de Fundación Libertad.

Por eso, el comportamiento de alimentos y bebidas es determinante —define la indigencia y tiene fuerte peso en la pobreza— como también la evolución de los ingresos, especialmente los no registrados y las transferencias sociales como Asignación Universal por Hijo (AUH) y asignaciones, que concentran gran parte del ingreso de los sectores más vulnerables.

Si bien la secuencia reciente muestra un cambio muy marcado, la pobreza pasó de 41,7% en el segundo semestre de 2023 a 52,9% en el primer semestre de 2024, en medio del shock inflacionario inicial. Y a partir de ahí comenzó una rápida corrección, con una baja a 38,1% en el segundo semestre de 2024 y a 31,6% en el primer semestre de 2025. A partir de allí, la dinámica de los salarios y precios —sobre todo de alimentos— fue distinta.

“La inflación bajó a 31,5%, pero los salarios registrados crecieron por debajo (28,8%), los no registrados por encima (38,2%) y alimentos y bebidas avanzaron 32,2%, levemente por encima del nivel general. En este contexto, aunque las transferencias sociales siguen siendo relevantes y los salarios no registrados crecieron por encima de la inflación, los alimentos ya no juegan tan a favor de la caída de la pobreza como antes”, comentó Beltramone.

La amenaza que representa el fenómeno climático El Niño para Honduras ha despertado alarma entre el sector académico y las autoridades sanitarias del país, pues la proyección de expertos indica que el número de personas hondureñas en condición de inseguridad alimentaria podría escalar de 1.8 a 2.2 millones en el transcurso de este año.

El impacto de las “sequías prolongadas” en la producción agrícola se consolida como un factor clave en la agravación de la crisis alimentaria nacional, según advirtió este viernes María Luisa García, directora del Observatorio en Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.

El monitoreo más reciente, elaborado por el mencionado observatorio en coordinación con la Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, genera un dato especialmente preocupante: el incremento de 100 mil personas afectadas por inseguridad alimentaria, solo respecto al último año.

La evaluación técnica identifica un estado de emergencia alimentaria en diez de los dieciocho departamentos del país, poniendo el foco sobre regiones estructuralmente vulnerables.

El departamento de Gracias a Dios destaca con el porcentaje de población más alto en condición de “extrema vulnerabilidad alimentaria”: 48 %, producto de su aislamiento geográfico y la falta de alternativas económicas.

Junto a esta zona, el llamado Corredor Seco, que aglutina los departamentos de La Paz, Intibucá y Lempira, enfrenta una situación igualmente grave por su exposición histórica a sequías recurrentes y pobreza sostenida.

La experta de la UNAH puntualizó: “Tenemos un mapeo de diez de los dieciocho departamentos que ya están viviendo en crisis alimentaria. El más vulnerable es Gracias a Dios, seguido por el Corredor Seco”.

Lo anterior ha profundizado la vulnerabilidad de los pequeños productores agrícolas, quienes sufren tanto la falta de ingresos como la pérdida de cosechas. Las principales carencias detectadas son la ausencia de sistemas de riego eficientes, la escasa difusión de semillas tolerantes a la sequía y la limitada penetración de nuevas tecnologías en el sector rural, detalló el Observatorio.

La característica principal del evento El Niño, el calentamiento anómalo del Océano Pacífico, ha reducido la humedad del suelo y restringido notablemente las precipitaciones en amplias regiones de Centroamérica. En Honduras este fenómeno ya ha provocado un descenso sustancial en la producción de maíz y frijol, alimentos nodales de la dieta nacional.

García señaló: “La situación es preocupante porque no existen suficientes iniciativas que permitan a los productores adaptarse a estas condiciones. Las sequías van a impactar directamente la disponibilidad de alimentos y los ingresos de las familias rurales”.

Si bien la caída en la producción agrícola es un factor innegable, la directora del Observatorio enfatizó que la carencia de suficientes alimentos en el país es secundaria frente a un problema central: la imposibilidad de acceso por falta de ingresos familiares.

“En Honduras no es la disponibilidad de alimentos lo que provoca la crisis, sino la falta de ingresos que tienen las familias para poder comprarlos”, explicó García.

El deterioro económico de las zonas rurales, junto al aumento del desempleo, los bajos salarios y la elevada informalidad, obstaculiza la adquisición de alimentos incluso en momentos de relativa abundancia en los mercados. En situaciones de crisis climática, esta ecuación empeora drásticamente ante la disminución de ingresos rurales y el encarecimiento de la canasta básica, según el análisis del Observatorio.

Si no se implementan medidas urgentes, el Observatorio en Seguridad Alimentaria y Nutricional proyecta que 2.2 millones de hondureños podrían encontrarse en estado de inseguridad alimentaria durante los próximos meses. Este dato anticipa un proceso de deterioro con repercusiones sanitarias y sociales de gran magnitud.

La inseguridad alimentaria, precisa que implica no solo la insuficiencia de alimentos, sino también la imposibilidad de mantener una dieta saludable. Este fenómeno conlleva incremento en la desnutrición, abandono escolar y migración forzada, especialmente en las zonas rurales.

García demandó una respuesta multidimensional: “Urge que se tomen medidas, ya sea con sistemas de riego para los productores, con semillas resilientes a la sequía, pero sobre todo con la creación de fuentes de empleo”.

El 6 de marzo de este año, hace menos de veinte días, el ministro de Economía, Luis Caputo, fue preciso. “Pudimos sacar más de once millones de argentinos de la pobreza. Todavía la pobreza está rondando el 30 por ciento, un número aberrante. Pero insisto: miremos de dónde venimos, del 57 por ciento. Estamos significativamente mejor”.

Tres días después, el 9 de marzo, la situación había mejorado abruptamente. O al menos eso dijo el presidente Javier Milei. “Hemos bajado la pobreza en más de 27 puntos, sacando de la pobreza, en la versión de frecuencia mensual, a más de 10…a más de doce millones de personas”.

Una semana después de eso, se produjo otra mejora, más significativa aún. Eso dijo el presidente en la Bolsa de Comercio de Córdoba. “Hay cerca de 15 millones de argentinos que salieron de la pobreza. ¿Estoy diciendo que estamos bien? No. Pero estoy diciendo que sacamos a 15 millones de personas de la pobreza”.

Evidentemente, hay dos posibilidades. Una es que en solo diez días, entre el primero y el tercer discurso, cuatro millones de personas hayan salido de la pobreza. Se trataría de un récord histórico, y de una curiosidad, sobre todo porque no pasó nada en estos pocos días que justificara semejante transformación social. La otra chance es que todo esto sea un ejemplo de que el Gobierno bartolea –no existe mejor término— con las cifras de la pobreza. La evidencia que se acumula a favor de la segunda hipótesis es, como se verá, apabullante y no se refiere solo a la medición de la pobreza.

La cantidad de personas que dejaron de ser pobres constituye una referencia obsesiva en el discurso presidencial desde mucho antes del supuesto subidón de este mes. La saga es muy demostrativa. El 20 de diciembre del 2024 Milei dijo: “Sacamos de la pobreza a 8 millones de personas”. Pocos días después, el 8 de enero del 2025: “subió el número a 9 millones de personas. El 8 de junio de ese año sumó un millón más: “Los desalmados liberales bajamos 22 puntos la pobreza: sacamos a 10 millones de personas de la pobreza”. El 9 de agosto, otro millón. “La pobreza cayó al 31 por ciento. ¡Y no lo muestran! Sacamos a 11 millones de personas de la pobreza”. El 19 de septiembre: “Este gobierno sacó de la pobreza a 12 millones”. El 3 de diciembre: “Bastante laburo nos costó que 13 millones de argentinos salieran de la pobreza”. El 31, en el discurso por año nuevo: “Hoy hay 14 millones de argentinos menos en la pobreza”. El 22 de febrero, finalmente: “Sacamos 15 millones de la pobreza”.

Algo parecido ocurre con los datos de desempleo y de crecimiento. El 1 de marzo, durante la tumultuosa apertura de las sesiones ordinarias, el presidente se enredó en varias peleas a gritos con las bancadas opositoras. “¡¡La alergia que le tienen a los datos!! Estudiá burro. ¡El desempleo bajó!. Primero los datos. Pero ustedes no saben sumar. ¿Qué se puede esperar de ustedes? Dedicate a la poesía. ¡Los datos dicen que el desempleo bajó!”, se enfureció el Presidente, contra alguien a quien las cámaras no toman.

No fue solo Milei. El viernes de la semana pasada, Federico Sturzenegger publicó un largo tuit en el que sostenía. “SOBRE LOS 400.000 PUESTOS DE TRABAJO CREADOS EN LOS DOS PRIMEROS AÑOS DE LA PRESIDENCIA DE JAVIER MILEI. En su incansable intento de buscar sombras en el plan económico de Javier Milei y Luis Caputo, el argumento usado por estos días es el tema del empleo: que crece sí, pero sin empleo con empleo de baja calidad. Algunos directamente dicen que los empleos están cayendo. Los datos muestran otra cosa”.

La verdad es que el poeta opositor al que aludió Milei y los incansables que buscan sombras tenían razón. El miércoles pasado, el Indec distribuyó su informe trimestral de empleo. Los datos son categóricos. Milei recibió una economía con 5,7 por ciento de desocupados y la llevó a otra con 7,5 por ciento. Los jóvenes desocupados eran 11 por ciento hace dos años y ahora son el 16 por ciento. Si se agregan los datos del SIPA, que distribuye el mismo gobierno, se sabe que se perdieron cerca de 300 mil trabajos en relación de dependencia, o sea, en blanco, formales. Eso fue compensado en parte por la conversión de trabajadores formales en informales: en la informalidad se gana mucho menos, pero además se pierden las vacaciones, la obra social, las indemnizaciones.

Los datos oficiales informan que la creación de puestos de trabajo en los dos años es 0. La magnitud del problema se entiende con una simple comparación: con todos los problemas que tuvo, pandemia incluida, el gobierno anterior creó 1.250.000. Si a los desocupados se le suman los ocupados que quieren cambiar de empleo, o los subocupados que necesitan más trabajo, hay un treinta por ciento de la población activa con problemas serios de empleo. Entre los jóvenes, mucho más. Nada que celebrar. En cualquier caso, los datos de Milei y Sturzenegger estaban mal: el desempleo sube.

Las confusiones numéricas no se detienen allí. El viernes pasado, el Presidente y su ministro celebraban el dato de que la economía había crecido 4.4 por ciento en 2025. Ese número, por una vez, se apoya en un informe del indec que dice exactamente eso. Un año atrás, el mismo Indec, con la misma metodología, calculó que la economía había caído 1.7 por ciento. Eso deja un número de punta a punta de alrededor del 3 por ciento de crecimiento, lo que parece meritorio dado el ajuste que realizó el Gobierno. Sin embargo, Milei, Caputo y Sturzenegger, desde el primero de marzo, han dicho muchas veces que la economía creció 10 por ciento –tres veces más—en los últimos dos años.

O sea, la pobreza bajó en 8 millones, o en 15, o en algún número intermedio, vaya a saber. El desempleo bajó aunque el Indec diga que subió, y fuerte. La Argentina de Milei creció un 10 por ciento, cuando el mismo organismo calcula ese crecimiento en el 3. El último aporte a esta confusión se produjo esta semana cuando todo el Gobierno empezó a decir que la inflación era del 0 por ciento, cuando el Indec informó que es del 2,9. La pirueta se sostiene en la creencia de que la inflación mayorista, que fue del 0.9, anticipa la inflación general. Tal vez sea así. Pero en mayo del año pasado la inflación mayorista fue negativa (-0,2%) y, desde allí, la general no paró de subir. Así que tal vez sea así: y tal vez no lo sea.

Es un clásico que ocurre en todos los gobiernos. Los presidentes y sus ministros suelen dar agotadores a inútiles batallas para convencer a la sociedad de que todo anda bárbaro y que todo irá mejor aún. El mejor ejemplo de ello fue la intervención del indec del 2007, que derivó en afirmaciones inolvidables como la que sostenía que en la Argentina había menos pobres que en Alemania. Es increíble la cantidad de energía que se invierte en esa tontería. La gente sabe cómo vive. Si vive mejor, seguramente vote al gobierno más allá de que se manipulen las cifras o no. Pero, en este caso, además de la ingenuidad, sorprende el amateurismo de la maniobra, que queda tan expuesta apenas se revisa cualquier dato concreto. Encima, todo va acompañado por bravuconerías y fanfarronadas. Da ganas de pedir que alguien ponga orden. Pero se ve que no hay tiempo o no es el estilo de la casa.

De todos modos, este contraste entre el relato oficial y la realidad, permite analizar a grandes rasgos lo que está pasando en la economía y la sociedad argentina, con el cuidado del caso porque se trata de temas complejísimos.

Cuando se refieren a la evolución de la pobreza, Milei y Caputo sostienen que recibieron un 57 por ciento de pobres. Eso no fue así. La medición correspondiente al segundo semestre del 2023 informó que había 41 por ciento. O sea, muchos menos. Encima, el último mes ya había recibido el impacto de la fuerte devaluación decidida por Milei. Así que tal vez haya sido algo menor. Pero toman como dato de inicio el 57 por ciento porque sostienen que los efectos de la devaluación deben computarse a la cuenta del gobierno anterior. Ellos devaluaron pero los pobres que se generaron por esa medida pertenecen a la gestión anterior: una gran novedad en la historia de la estadística mundial. Dicho sea de paso, la primera medición del período de Milei arroja la cifra de 52,9 por ciento, no del 57.

Ahora, si recibieron algo menos de 41 por ciento, y la última medición es del 31, la caída sería de diez puntos, algo muy meritorio. El problema es que la canasta del indec no se actualizó como recomendaba el mismo Indec y eso genera todo tipo de debates. Si la inflación no se mide como se debe, eso impacta en las otras mediciones. La Universidad Di Tella, por ejemplo, sostiene que con una medición apropiada el número de pobres subiría seis puntos, o sea que la mejora sería mucho más moderada. Hay otras discusiones que la reducirían un poco más aún.

En cualquier caso, al menos por ahora, el Gobierno podría decir que bajó algo la cantidad de pobres lo que invierte la tendencia recibida. Y merecería reconocimiento por eso. Pero la exageración llevada hasta el nivel del disparate impide ver ese detalle. Para Milei sería toda una ofensa reconocerle que, hasta ahora, bajó cuatro o cinco puntos la pobreza, cuando él dice que fueron 27. Mejor, entonces, no decírselo.

Lo mismo ocurre con el crecimiento. Frente al discurso más tremendista que pronosticaba una catástrofe con la llegada de Milei al poder, ese crecimiento real del 3 por ciento es una buena noticia. En esas cifras se percibe, por ejemplo, el vertiginoso desarrollo del sector energético, que parece destinado a convertir a la Argentina en un país petrolero, con características muy distintas a lo que ocurrió en toda su historia. Eso generaría un ingreso de dólares muy importante. Se trata de un proceso que se inició con el descubrimiento de Vaca Muerta y los primeros planes de desarrollo puestos en marcha por Cristina Kirchner y Axel Kicillof. Este gobierno lo aceleró con múltiples incentivos. Su continuidad hasta ahora ha sido una política de estado virtuosa que va a aliviar las cuentas y, bien manejada, podría cambiar para bien el futuro argentino.

Ese proceso virtuoso va acompañado de un dato preocupante. Es muy inusual que la economía crezca y el empleo caiga. O sea, pareciera que se está produciendo un proceso de acumulación de riqueza que, al mismo tiempo, puede generar desintegración social, mucho más si desde el Estado no se establece una estrategia para mitigar los dolores de la transición. En la combinación de esos datos –crecimiento económico, crecimiento del desempleo—parecen anidar preguntas que necesitan ser abordadas con seriedad y menos griterío.

No se trata solo del país sino, en lo inmediato, también del Gobierno. Los estudios de opinión en estos días coinciden en que se produjo una caída relevante de la imagen presidencial y de las expectativas hacia el futuro. Eso va acompañado de una preocupación novedosa que deja a todas las demás atrás: lo que más angustia a los argentinos son los bajos salarios. La contracara de eso se puede ver en los balances deficitarios de las grandes empresas alimenticias o en la subida vertical de la morosidad. Todo eso, en medio de un festival de escándalos de corrupción.

Don Quijote de la Mancha era un hermoso personaje que se inventaba una realidad porque su vida gris le resultaba insoportable. Sus grandes batallas contra molinos de viento son recordadas a lo largo de generaciones. La historia política mundial está repleta de personajes que reproducen aquellos rasgos encantadores de ese personaje tan singular. Negación de la realidad, peleas tremebundas contra enemigos imaginarios. Tal vez no sean los rasgos más apropiados para gobernar un país. Pero tampoco se trata del peor de los defectos. Como se puede ver en estos días, hay peores.

En medio de una situación de emergencia que afecta a varias regiones del Líbano, cifras recientes indican que 53 centros médicos han interrumpido sus actividades y que, solo durante marzo, 34 trabajadores sanitarios han perdido la vida. Este contexto, caracterizado por evacuaciones masivas y ataques recurrentes, ha generado el desplazamiento forzoso de más de un millón de personas que se han visto obligadas a abandonar sus hogares en cuestión de horas. De acuerdo con la información publicada por Médicos Sin Fronteras (MSF), las operaciones militares israelíes han desencadenado consecuencias humanitarias graves tanto en el sur del país como en Beirut, donde la situación se agrava cada día.

Según consignó el medio al recoger las declaraciones de Emmanuel Massart, coordinador de emergencias de MSF en Líbano, la dinámica de los bombardeos y las órdenes de evacuación que emite el ejército israelí cubren en la actualidad un 15% del territorio libanés. Massart relató que este tipo de escenario, en el que la población se ve forzada a abandonar sus viviendas con escaso o ningún aviso para protegerse de ataques inminentes, muestra similitudes preocupantes con lo ocurrido en Gaza durante los tres años previos. En sus declaraciones, Massart sostuvo: “Lo que estamos viviendo ahora en Líbano me recuerda demasiado a lo que llevamos tres años viviendo en Gaza. Se ve claramente una repetición de un escenario en el que las personas reciben, de un día para otro, órdenes de evacuación. O a veces ni siquiera eso”.

La ONG advirtió, según informó MSF, que las personas desplazadas enfrentan múltiples traslados, pues los anuncios de nuevas evacuaciones alcanzan también a los lugares a los que llegan inicialmente en busca de refugio. Massart alertó sobre la ausencia de zonas seguras, señalando que “ya no hay realmente espacios que se puedan considerar seguros, ni siquiera en los campamentos”. En cuanto a la provisión de servicios básicos, el coordinador resaltó que existe una necesidad apremiante de atención médica, acceso a agua y estructuras sanitarias adecuadas como letrinas y duchas. Según detalló MSF, la cobertura de estos servicios dependen en este momento de unas pocas organizaciones humanitarias que todavía operan sobre el terreno y de iniciativas individuales, las cuales pueden agotarse pronto.

El medio reportó que la intensificación de las operaciones terrestres israelíes ha puesto a prueba la capacidad de respuesta de las organizaciones internacionales y locales, ya que la destrucción de infraestructuras sanitarias limita severamente la atención disponible para la población afectada. MSF recalcó que muchas de las muertes entre trabajadores sanitarios están directamente relacionadas con el contexto de hostilidades persistentes y la falta de garantías para el desempeño de tareas humanitarias.

Tal como publicó el medio, las secuelas del conflicto tienen una dimensión económica amplia, pues el Líbano ya enfrenta dificultades estructurales en la cobertura de necesidades básicas. Médicos Sin Fronteras subrayó que el 70% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza, lo que agrava el impacto de la crisis humanitaria y restringe la capacidad de las familias para hacer frente al desplazamiento y la pérdida súbita de bienes y viviendas. Además, MSF puntualizó que el desabastecimiento de suministros médicos y materiales de primeros auxilios afecta a los hospitales y clínicas que continúan abiertos en las áreas afectadas.

En cuanto a las zonas más golpeadas, MSF señaló que tanto Beirut como el sur del Líbano figuran entre las áreas con mayores niveles de evacuaciones y pérdidas materiales. El número de personas obligadas a desplazarse, que supera el millón, refleja la escala de una crisis prolongada cuya resolución requiere una intervención humanitaria urgente.

MSF ha hecho reiterados llamados a la comunidad internacional y a los gobiernos para que se refuercen los sistemas de protección para civiles, trabajadores humanitarios y centros sanitarios. A través de un mensaje directo, la organización instó a que se garantice el acceso sin restricciones a la ayuda humanitaria para las personas afectadas y que se intensifique el apoyo dirigido a cubrir las necesidades básicas, incluidas la salud, el agua y los servicios de saneamiento.

De acuerdo con los datos recogidos por el medio, las acciones bélicas en el sur del Líbano y en Beirut han transformado la situación humanitaria y han aumentado la presión sobre las organizaciones que prestan asistencia. Mientras tanto, las autoridades y organismos internacionales evalúan las alternativas disponibles para coordinar la llegada de suministros y la protección de los equipos de asistencia ante el deterioro de las condiciones de seguridad en el país.

MSF alertó que, si no se materializa un aumento en la ayuda internacional y el acceso a los desplazados sigue restringido por razones de seguridad y recursos, la crisis en el Líbano podría profundizarse en las próximas semanas. La ONG reiteró que el mantenimiento operativo de estructuras sanitarias y servicios de emergencia resulta fundamental para evitar la extensión de un escenario aún más devastador para la población civil.

Durante años, niños de entre 3 y 16 años han sido obligados a mendigar en las rotondas y mezquitas. A veces hasta 15 horas al día mientras sus padres se lucraban del dinero recolectado. Vestidos con largos vestidos y velos islámicos, los menores se hacían pasar por refugiados sirios, apelando a la generosidad de los fieles durante el Ramadán, aunque no profesaban la fe musulmana.

Las imágenes de niños pequeños limpiando cristales en semáforos o pidiendo limosna a los automovilistas se repitieron durante meses en localidades como Seine-Saint Denis, un barrio cercano a París, Aulnay-sous-Bois, Villepinte y Bondy, hasta que las autoridades iniciaron una investigación que llevó a dos familias de origen rumano ante la justicia.

Durante el juicio celebrado en los días 19 y 20, los menores fueron la principal fuente de información sobre la explotación sufrida. Uno mayor relató que llegó a mendigar durante ocho meses consecutivos, obteniendo un promedio diario de 200 euros. Otro contó que apenas había asistido a la escuela tres meses desde su llegada a Francia a los siete años, según recogen diversos medios franceses.

Gabriela G, de 17 años, fue arrestada junto a su sobrino de tres años, ambos obligados a pedir limosna. “La gente es más generosa delante de los niños”, admitió ante el juez. “Es la tradición de donde venimos. Mucha gente hace esto con niños”, explicó una de las acusadas.

Ganancias millonarias

El primer día del juicio, un perito reveló que las familias habían recaudado aproximadamente 130.000 euros en un solo mes, con la participación de unas 15 personas. La policía también halló 62.000 euros en efectivo y vales de Western Union destinados a Rumanía.

Roman K, uno de los acusados, admitió parcialmente los hechos, pero negó haber explotado directamente a los niños. “Mis hijos no estaban pidiendo limosna; simplemente estaban conmigo”, defendió su esposa ante el tribunal. Sin embargo, los jueces y los investigadores desestimaron esta versión tras constatar la escolarización incumplida y las grandes sumas de dinero en efectivo.

La investigación también reveló un patrón organizado: las mujeres se posicionaban en lugares de alto tránsito y cerca de mezquitas, con el objetivo de apelar a la sensibilidad religiosa durante el Ramadán. Según el juez Youssef Badr, “este subterfugio puede resultar muy lucrativo”.

Condenas previas y reiteración del delito

Este caso se enmarca en un contexto más amplio de explotación infantil en Francia. El 31 de octubre de 2025, otra familia fue condenada a penas de dos a cuatro años de prisión por obligar a menores de su clan familiar a mendigar durante varios años, con retirada de la patria potestad.

En ese caso, los niños trabajaban en semáforos y rotondas para recolectar dinero, y se documentó la participación de hijastras adolescentes, algunas embarazadas. Los registros domiciliarios en ambos casos evidenciaron que los ingresos de la mendicidad constituían la principal fuente de sustento para estas familias. La policía también documentó transferencias internacionales hacia Rumanía, lo que confirma la explotación sistemática y organizada.

El veredicto del caso principal de Bobigny se espera para el viernes por la noche. Según la abogada de los menores y en colaboración con la asociación SOS Víctimas 93, varios de los niños han regresado provisionalmente a convivir con sus familias tras pasar por el sistema de protección infantil.

Un reciente informe elaborado por la organización Tejido Urbano, basado en el procesamiento estadístico de datos del Censo 2022 y la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), reveló una radiografía crítica sobre las condiciones de vida en el país. De acuerdo con la investigación, de los 14,6 millones de hogares urbanos censados, 10,7 millones presentan algún tipo de problemática habitacional. Esto significa que el 73% de las familias argentinas reside en viviendas con deficiencias materiales, falta de servicios, hacinamiento o inseguridad en la tenencia.

El estudio propone una visión ampliada del déficit habitacional, incluyendo no solo las carencias materiales tradicionales, sino también la falta de escrituras y la dificultad de acceso a la propiedad que enfrentan los inquilinos. “En este trabajo se cuantifica un amplio conjunto de problemáticas para luego calcular la cantidad de hogares que están afectados por cada caso, y la superposición de problemas que pueden darse”, explica el documento técnico.

La necesidad de nuevas viviendas por condiciones críticas

El primer gran grupo identificado por Tejido Urbano corresponde a los hogares que requieren una vivienda adicional, un segmento que abarca a 1.021.798 familias, lo que representa el 9,6% del déficit total. Esta categoría agrupa tres situaciones de extrema precariedad que, en la mayoría de los casos, requieren una mudanza o un cambio estructural profundo.

La problemática más extendida en este sector es la de las viviendas irrecuperables, que afecta a más de 510.000 hogares. Se trata de ranchos, casillas o piezas en inquilinatos que no cuentan con las condiciones mínimas de habitabilidad y no pueden mejorarse con refacciones aisladas. Por otro lado, el hacinamiento crítico —definido como aquellos hogares donde conviven más de tres personas por cuarto— alcanza a 372.000 familias. Finalmente, más de 230.000 hogares se ven obligados a compartir una misma vivienda con otra familia, lo que impacta directamente en la privacidad y la salud de sus integrantes.

El informe destaca que “los hogares que tienen estas problemáticas son los que tienen los niveles más bajos de ingreso”. Específicamente, el 84% de las familias que comparten vivienda y el 79% de quienes habitan estructuras irrecuperables pertenecen a los estratos sociales más vulnerables.

Déficit en viviendas existentes: servicios y papeles

La mayor parte del problema habitacional en Argentina no reside en la falta de techos, sino en las carencias de las construcciones actuales. Este segundo grupo, denominado “necesidades en viviendas existentes”, involucra a 7,4 millones de hogares, es decir, casi el 70% de las familias con problemas habitacionales.

Dentro de este universo, la falta de acceso a servicios básicos de red (agua potable y cloacas) es la carencia más masiva, afectando a 5 millones de hogares. La investigación subraya que esta situación tiene un alto impacto en la salud pública y la calidad de vida. Asimismo, 4,7 millones de familias enfrentan la irregularidad dominial. “Las condiciones de regularidad en el dominio de las viviendas determinan el nivel de seguridad ante desalojos y abusos”, señala el texto.

Un dato relevante es que, a diferencia de los casos de viviendas irrecuperables, en este grupo existe una alta superposición de problemas. La mayoría de los hogares que habitan viviendas con materiales deficientes (como pisos de tierra o techos precarios) también carecen de servicios y de escrituras. Sin embargo, el estudio aclara que muchas de estas casas son “recuperables” mediante mejoras sencillas en pisos y techos, siempre que se garantice simultáneamente la infraestructura de red y la seguridad jurídica.

El desafío de la integración en los barrios populares

Una problemática transversal es la localización de las viviendas en entornos deficitarios. Según el Relevamiento Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP) citado en el informe, en Argentina existen 1,2 millones de familias residiendo en villas, asentamientos o conjuntos habitacionales degradados.

Para estos casos, la necesidad supera la escala individual de la casa y requiere una “integración urbana concreta”. Esto implica obras de espacio público, vialidades, equipamiento comunitario y saneamiento ambiental. El informe advierte que los procesos de mejora barrial que no finalizan con la escrituración de los lotes “suelen reproducir los males que afectaban al barrio degradado”. En situaciones de villas de alta densidad, donde el trazado de calles no permite un mínimo de calidad urbana, el estudio menciona que podrían requerirse incluso relocalizaciones de viviendas.

Inquilinos: el nuevo perfil del déficit habitacional

Finalmente, el estudio incorpora a un sector que tradicionalmente no era contabilizado como parte del déficit: los hogares inquilinos que, aunque viven en construcciones adecuadas, enfrentan la imposibilidad de acceder a la propiedad. Este grupo alcanza a 2,3 millones de hogares y representa el 21% de las problemáticas habitacionales del país.

“Alquilar puede ser una opción elegida, pero la propiedad de la vivienda tiene ventajas en términos de seguridad y resguardo del patrimonio familiar”, afirma la investigación. Este segmento presenta características sociales distintas a los grupos anteriores: el 36% son personas que viven solas, tienen un nivel educativo por encima de la media y se ubican mayoritariamente en zonas céntricas.

A diferencia de los sectores de ingresos bajos, los inquilinos poseen una “demanda latente” de mecanismos de financiamiento. El informe concluye que para este grupo, el acceso a créditos hipotecarios que permitan sortear la barrera del ahorro previo es fundamental, dado que han demostrado una alta voluntad de pago y bajos índices de morosidad histórica cuando las condiciones de préstamo son favorables.

La Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar actualmente cubren menos de la mitad del valor de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) en el Gran Buenos Aires, según datos del Observatorio de la Deuda Social de la UCA. Este porcentaje representa la proporción del ingreso mínimo necesario para que una familia acceda a una alimentación adecuada.

A pesar de que el informe de la UCA señaló una recuperación en 2024, los datos muestran que estas transferencias solo alcanzan a solventar entre el 39% y el 62% de la CBA.

La Canasta Básica Total (CBT) estima el ingreso necesario para cubrir todas las necesidades esenciales de un hogar y, en su último dato disponible, se ubicó en $1.397.672; en tanto, la CBA, que solo contempla el costo de los alimentos, alcanzó los $644.088 para una familia tipo en febrero. Los hogares cuyos ingresos no cubren la CBA se consideran en situación de indigencia, mientras que aquellos que no alcanzan la CBT son clasificados como pobres.

Según surge del informe, ni siquiera en los mejores años de la serie 2016–2026, la asistencia estatal llegó a cubrir la totalidad de la canasta, de manera que la brecha estructural se amplía con cada ajuste inflacionario.

Menos de la mitad de la canasta alimentaria

De acuerdo con los datos a febrero de 2026, los hogares tipificados como tipo C —integrados por dos adultos y tres niños— lograron una cobertura del 61,7% sobre la CBA, mientras que los hogares tipo B, conformados por dos adultos y dos niños, llegaron al 44,8%. La situación más crítica afecta a los hogares tipo A, compuestos por dos adultos y dos adolescentes, donde la cobertura alcanzó solo el 39,1 por ciento.

El panorama se agrava cuando se considera la CBT. En este caso, la cobertura desciende a 28% en hogares tipo C, 21% en hogares tipo B y 18% en hogares tipo A.

Estos porcentajes de cobertura no solo son bajos, sino que reflejan un descenso respecto de los años previos: en noviembre de 2024, las mismas transferencias cubrían el 71%, 52% y 45% de la CBA para los hogares tipo A, B y C respectivamente, y el 31%, 23% y 20% de la CBT.

Entre abril de 2016 y febrero de 2026, el comportamiento de la cobertura de la AUH (al 80%) y la Tarjeta Alimentar sobre la CBT y la CBA mostró fluctuaciones sensibles, registrando sus picos más altos en 2020, coincidentes con las políticas extraordinarias adoptadas durante la pandemia de COVID-19. En ese contexto, los hogares tipo C llegaron a cubrir el 32,6% de la CBT, los tipo B el 24,4% y los tipo A el 13,6 por ciento.

Sin embargo, poco después de ese año, los porcentajes retomaron una curva descendente. A pesar de mejoras puntuales en 2024 impulsadas por aumentos extraordinarios en los montos y la extensión de la Tarjeta Alimentar, así como la aplicación de una nueva fórmula de actualización de la AUH, la brecha nunca se cerró completamente.

El informe destaca que, incluso en 2026, los valores máximos quedaron lejos de cubrir íntegramente la canasta básica: ninguna familia tipo llegó al 100% en la serie entre 2016 y 2026. El deterioro mayor se evidenció en 2024, cuando hubo coberturas mínimas de 37,6%, 28,1% y hasta un 12% para algunos grupos familiares, lo que en la práctica significó que “hubo momentos en los que la ayuda estatal cubría apenas una décima parte de los alimentos básicos”, según la UCA.

Un aspecto central del estudio es la brecha entre la canasta oficial calculada por el Indec y la que surge de parámetros de gasto más recientes. Mientras la CBT oficial se construye en base a la Encuesta Nacional de Gastos de Hogares de 2004/2005, la revisión con datos de la ENGHo 2017/18 sugiere que la canasta alternativa es entre un 42% y un 55% mayor desde 2018, y que en consecuencia, la cobertura de AUH y Tarjeta Alimentar resulta entre un 30% y un 35% menor.

Con este ajuste, los datos de cobertura en febrero de 2026 quedarían en 12% para el hogar tipo A, 13% para el tipo B y 18% para el tipo C, entre 6 y 10 puntos porcentuales menos que la canasta oficial utilizada.

El acceso a la vivienda marca una clara línea divisoria en la desigualdad social en España, un desafío que se acentúa entre quienes alquilan, ya que el 61% no consigue ahorrar debido al elevado coste de la renta, según un nuevo informe de Oxfam Intermón que sitúa el alquiler como un obstáculo central en la economía de miles de hogares y advierte sobre el riesgo de perpetuar una brecha social de difícil superación. En contraste, indica el estudio, el 60% de quienes tienen su casa completamente pagada sí ahorra todos los meses.

“El acceso a la vivienda supone un gran esfuerzo para millones de personas pero es especialmente difícil para quienes pagan una renta. En esta situación se perpetúa la ‘trampa del alquiler’: los altos precios impiden ahorrar y dificultan reunir la entrada para una hipoteca. Como resultado, muchas personas quedan atrapadas en un mercado del alquiler cada vez más asfixiante”, ha explicado Alejandro García-Gil, autor del informe y responsable de políticas de protección social y empleo de Oxfam Intermón.

El estudio La vivienda, cimiento de desigualdades, elaborado a partir de una encuesta a más de 4.000 personas, también indica que más de la mitad de quienes viven de alquiler, el 58%, considera improbable poder adquirir una vivienda en el futuro.

La organización recuerda que, actualmente, el 85% de las personas inquilinas destina más del 30% de sus ingresos al pago de la renta y una de cada tres supera el 50%. Entre los hogares con hipoteca, la presión también es muy elevada: el 62% dedica más del 30% de sus ingresos al pago de la vivienda, y una de cada cinco, el 50%, añaden.

Mismos ingresos, menor ahorro en alquiler

El informe también evidencia que el régimen de vivienda condiciona la capacidad de ahorrar más que el propio nivel de ingresos. Entre quienes perciben el salario mínimo interprofesional (SMI), el 58,6 % de los propietarios logra ahorrar frente a solo el 32,4 % de los inquilinos. Incluso, una persona con vivienda pagada y SMI tiene más probabilidad de ahorrar que un inquilino con un salario de 2.000 euros. Un inquilino que gana 2.000 euros al mes presenta prácticamente la misma capacidad de ahorro (51,9%) que alguien con hipoteca y un salario de 1.500 euros (50,2%), añade el estudio.

Por ello, desde Oxfam Intermón advierten sobre la consolidación de una brecha estructural. “Corremos el riesgo de consolidar una brecha cada vez mayor entre quienes destinan gran parte de sus ingresos al alquiler y quienes ya cuentan con vivienda y capacidad de ahorro. Una desigualdad que puede marcar el futuro social y económico del país”, señala García-Gil.

Desahucios invisibles

El encarecimiento del alquiler no solo ha reducido la capacidad de ahorro, sino que ha incrementado la inestabilidad residencial. Una de cada tres personas inquilinas, alrededor de tres millones, sufrió en el último año los llamados “desahucios invisibles”, es decir, finalizaciones de contrato o subidas inasumibles de la renta que forzaron mudanzas. Esta situación afecta con más fuerza a personas extracomunitarias (37%) y a jóvenes menores de 35 años (31,9%), de los cuales uno de cada dos tuvo que regresar al hogar familiar. Seis de cada diez mudanzas implicaron abandonar el barrio o el municipio de residencia, lo que, según el informe, debilita las redes sociales y comunitarias.

El aumento del precio del alquiler no solo ha dejado a miles de hogares sin margen para ahorrar, sino que también ha incrementado la inestabilidad residencial. En el último año, una de cada tres personas inquilinas, alrededor de tres millones, se ha visto afectada por los llamados “desahucios invisibles”, ya que se han visto obligadas a mudarse por el fin del contrato o por subidas de renta imposibles de asumir. Estos desahucios, acalra el informe, golpean con más fuerza a personas extracomunitarias y a jóvenes menores de 35 años. En este último grupo, una de cada dos personas tuvo que regresar a casa de sus padres. Además, el 60% de las mudanzas supuso dejar atrás el barrio o el municipio, debilitando los lazos sociales y las redes de apoyo que sostienen la vida cotidiana.

Más de una cuarta parte de los residentes de Nueva York vivieron en pobreza durante 2024, una tendencia ascendente que afecta a más de 2,2 millones de personas y expone la gravedad de la crisis en la mayor ciudad de Estados Unidos.

El aumento de las cifras ocurre en un contexto de encarecimiento continuo de bienes básicos como vivienda y alimentos, mientras que las ayudas públicas y los ingresos no siguieron el mismo ritmo de crecimiento, según informó The New York Times sobre un estudio realizado por la Universidad de Columbia.

La investigación, conocida como Poverty Tracker, reveló que el 26% de la población neoyorquina se encuentra en situación de pobreza, lo que duplica el promedio nacional de 13%.

Este fenómeno persistió durante tres años consecutivos y coincide con la implementación de recortes a la red de protección social, que de acuerdo con el informe, podrían llevar cada año a 70.000 personas más por debajo del umbral de pobreza. La estimación no incluye los recortes adicionales a Medicaid derivados de la misma legislación federal.

La pregunta central que plantea el reporte Poverty Tracker fue clara: ¿Cómo afecta la crisis de asequibilidad de Nueva York al día a día de su población? En 2024, más del 50% de los residentes reconoció que, al menos en una ocasión, los altos costos les impidieron satisfacer necesidades esenciales como comprar alimentos, pagar servicios o acudir al médico.

Entre quienes perciben hasta USD 100.000 anuales por hogar de cuatro integrantes —cerca de 5 millones de personas—, un 34% no pudo cubrir sus necesidades básicas en repetidas ocasiones, una cifra solo ligeramente inferior al 38% registrado entre la población considerada pobre. Además, incluso entre aquellos con ingresos de hasta USD 150.000 anuales, 22% enfrentó carencias materiales.

Impacto de la pobreza en la vida cotidiana

Richard R. Buery Jr., director ejecutivo de la organización Robin Hood, advirtió en declaraciones a The New York Times que estas cifras reflejan una situación visible en la vida cotidiana de la ciudad: “La mayoría de las personas que ve en el metro, a fin de mes no saben si podrán alimentar a sus familias”.

El informe adopta una medición de la pobreza que incluye el costo real de vida en Nueva York, a diferencia del cálculo federal estándar, e incorpora indicadores adicionales como problemas de salud física y mental, o la privación material, que define como la imposibilidad de cubrir necesidades básicas, como alimentación o alquiler, o la falta de dinero entre dos ingresos.

La directora de investigación del Center on Poverty and Social Policy de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Columbia, Sophie M. Collyer, resumió el panorama: “El gran hallazgo es que en 2024, la privación económica en Nueva York era la norma”.

Recortes federales con acceso a la ayuda alimentaria

Los recortes federales al programa SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program) han endurecido los requisitos para acceder a la ayuda alimentaria, parte del paquete legislativo conocido como One Big Beautiful Bill Act, aprobado en el último año.

Según el informe citado por The New York Times, la reducción fue del 20% y se eliminaron exenciones para adultos de entre 55 y 64 años, jóvenes que salieron de hogares de acogida, veteranos y personas sin vivienda. De los receptores en edad laboral, la mayoría ya cuenta con empleo o reside con alguien que trabaja; quienes no lo hacen reportan discapacidades o mala salud.

Testimonios y consecuencias directas en los hogares

La situación afecta de manera directa a miles de neoyorquinos, como Martina Santos, de 67 años, quien, pese a recibir SNAP, debe a veces saltarse comidas. “Desayuno. No almuerzo —bebo mucha agua— para tener algo para cenar”, comentó, sobre su situación.

Santos, que reside cerca de Lehman College en el Bronx, colabora en organizaciones asistenciales y enseña a preparar platos saludables y económicos. Como paciente diabética, se ve obligada a priorizar alimentos que mantengan equilibrada su glucemia, aunque no siempre puede permitirse productos frescos.

Medidas propuestas y alcance de la crisis

El Poverty Tracker evalúa 3.000 hogares representativos de la ciudad y sostiene que, ante los recortes federales, se requieren medidas locales y estatales para contrarrestar el impacto, como ampliar los vales de vivienda, aumentar el crédito fiscal infantil y complementar con fondos estatales las prestaciones alimentarias.

Para el ejecutivo Buery, el alcance del problema trasciende a los perceptores de ayudas: “Esta es una crisis porque, al final, de lo que hablamos es de la estabilidad económica de la ciudad. No son solo problemas de quienes reciben SNAP, son problemas de toda la economía”.

En Haití, más de 1,4 millones de personas viven actualmente desplazadas, la mitad de ellas menores de edad, una cifra que refleja la magnitud de la emergencia humanitaria que atraviesa el país caribeño. Según la organización Mary's Meals, los niños que asisten a los centros educativos donde se ofrece un plato diario tienen una razón no solo para permanecer en las aulas, sino también para focalizarse en sus estudios y encontrar un entorno seguro. La crisis alimentaria que afecta a Haití ha escalado hasta convertirse en la peor de su historia, según consignó Mary's Meals, organización que ha emitido un llamado urgente para reforzar el apoyo internacional y evitar el agravamiento de la situación para millones de habitantes.

De acuerdo con la información de Mary's Meals, más de la mitad de la población haitiana, 5,7 millones de personas, se enfrentan a la inseguridad alimentaria, con un millón de niños incluidos en esa cifra. El programa de la entidad social asiste actualmente a casi 200.000 menores en 670 centros educativos, operando junto a socios locales para brindar alimentos en condiciones cada vez más complicadas. Tal como publicó Mary's Meals, la crisis ha generado obstáculos significativos para la continuidad educativa y el acceso a alimentos básicos, lo que convierte a la alimentación escolar en una prestación esencial que va más allá de la mera nutrición y se convierte en un sostén para la estabilidad social y la protección infantil.

Magnus MacFarlane-Barrow, fundador y director ejecutivo de la organización, afirmó que no previó un deterioro tan marcado en el país dos décadas después del inicio de sus operaciones allí. "La pobreza, el hambre y la inestabilidad siguen bloqueando el camino de los niños hacia la educación", reconoció el directivo, quien también destacó el compromiso de la entidad para mantener el programa. MacFarlane-Barrow remarcó la importancia de continuar proporcionando esa comida diaria a las niñas y niños haitianos, en medio de un contexto que amenaza con dejar fuera del sistema de aprendizaje a una generación entera.

La composición demográfica del país complica todavía más el escenario futuro: según datos difundidos por Mary's Meals, más de la mitad de la población de Haití tiene menos de 25 años y uno de cada cinco habitantes tiene entre 15 y 24 años. Estos datos sostienen el alerta sobre los riesgos de una "generación perdida", expresión que utilizan grupos humanitarios y personal local frente a una coyuntura donde carecen de acceso a servicios básicos, estabilidad y educación.

La coordinadora principal del programa de alimentación escolar en Haití de Mary's Meals, Emmline Toussaint, compartió su percepción sobre las dificultades actuales. "La situación en Haití siempre ha sido difícil, pero no recuerdo un momento tan desesperado como ahora. Recuerdo mi propia infancia: podías salir al patio y jugar con otros niños de tu edad. Hoy, si pasa un día sin escuchar disparos, es un gran día", relató Toussaint al medio. De esta manera, subrayó la gravedad del contexto de violencia, el riesgo constante y el impacto psicológico sobre la infancia haitiana.

El medio Mary's Meals señaló que el agravamiento de la situación general ha elevado considerablemente los costes asociados a la implementación de los programas de ayuda alimentaria. El incremento de los precios de los alimentos y del combustible impacta directamente en el transporte seguro de insumos, puesto que los proveedores se ven obligados a usar rutas más extensas y costosas, aunque menos peligrosas, para evitar las carreteras bajo control de bandas armadas. Estas limitaciones logísticas representan desafíos extra para llevar comida a los centros escolares y mantener la cobertura actual de beneficiarios.

El llamado de Mary's Meals invita a la comunidad internacional y local a respaldar el acceso de los menores haitianos a educación y alimentación, advirtiendo sobre una grave amenaza al futuro del país si las generaciones más jóvenes pierden estas oportunidades básicas. Según reportó la organización, esta ayuda resulta imprescindible, no solo para impedir que miles de niños y adolescentes pasen hambre, sino para sostener posibilidades educativas y fortalecer las perspectivas de Haití en los próximos años.

Luego de que se confirmaron los 14 aspirantes presidenciales con su fórmula vicepresidencial el viernes 12 de marzo de 2026, el comediante, activista y creador de contenido Alejandro Riaño compartió una de las entrevistas que dejó ver las aspiraciones de una joven senadora Paloma Valencia, y que dejó ver sus posiciones sobre varias problemáticas que, de seguro, serán el centro de los próximos debates que se avecinan.

Aspectos como la superación de la pobreza, propuestas sobre justicia, impunidad, el Acuerdo de paz, la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz), la violencia, seguridad, narcotráfico, el rol de las mujeres en la política y su relación con el expresidente Álvaro Uribe fueron algunos de los puntos que abarcaron la conversación que se llevó a cabo en 2020 en uno de los pasajes del Congreso.

Sin embargo, el famoso personaje de Riaño (y que llevó a cabo la entrevista) ‘Juanpis González Pombo’, compartió la noche del viernes 13 de marzo en su cuenta de Instagram uno de los fragmentos que generó decenas de reacciones entre los usuarios

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“Si a usted le va bien, usted puede ayudar a mucha gente. Uno no ayuda a la gente desde la pobreza, uno ayuda desde la riqueza. Y la riqueza solo se construye en el mercado, en el capitalismo y en la propiedad privada. Eso es lo que ha permitido que la humanidad salga adelante”, dijo en esa ocasión Valencia, senadora del Centro Democrático y candidata presidencial para la jornada electoral del domingo 31 de mayo de 2026 en Colombia (primera vuelta).

La congresista que busca convertirse en la primera mandataria en la historia del país, defendió que la superación de la pobreza en Colombia no tiene una respuesta sencilla, aunque destacó avances históricos.

Para ella, hace un siglo, la mayoría de los colombianos no sabía leer y carecía de zapatos, mientras que hoy existe una población más educada, y recalcó que la clave está en la expansión de los mercados y la competencia, pues considera que solo con una buena educación y acceso al mercado las personas pueden prosperar.

A su juicio, el reto es profundizar el capitalismo y garantizar la competencia, dado que “el Estado adjudica rentas” y esto impide que quienes quieren emprender puedan hacerlo en igualdad de condiciones.

También explicó que la regulación de los mercados limita la iniciativa y la innovación, y reiteró que “la riqueza solo se construye en el mercado, en el capitalismo y en la propiedad privada”.

Para Valencia, la historia reciente muestra que la competencia mejora los precios y amplía las oportunidades para todos. Por ende, puntualizó sobre la necesidad de que cualquier persona pueda vender, comprar y participar en igualdad de condiciones, sin barreras regulatorias que favorezcan a unos pocos.

Propuestas sobre justicia, impunidad y reformas institucionales

Paloma Valencia expresó en ese entonces la preocupación por la percepción de impunidad en Colombia, especialmente frente a delitos graves, y consideró que la justicia “no opera para todos igual” y afirmó que en el país “hay una impunidad del noventa y cinco por ciento”.

Ella criticó que algunos sectores se acostumbraron a que la justicia no funcione y que la corrupción sea tolerada, agregó que es urgente una reforma a la justicia, pues percibe que los ciudadanos sienten que “la justicia es para los de ruana”, mientras personas con poder o vínculos políticos logran evadir las consecuencias de sus actos.

Valencia planteó que el Congreso necesita una transformación que permita una mayor cercanía con la ciudadanía y una rendición de cuentas real, y recalcó la importancia de que las instituciones respondan a las necesidades de la gente y no a intereses particulares.

Acuerdo de paz, JEP y tratamiento a las fuerzas armadas

Paloma Valencia abordó el acuerdo de paz y la Justicia Especial para la Paz (JEP) con un enfoque crítico, al considerar que el proceso dejó vacíos en materia de justicia y reparación, especialmente en lo que respecta a las víctimas.

La candidata presidencial cuestionó en ese momento que algunos responsables de delitos graves no reciban sanciones proporcionales y sostuvo que esto afecta la confianza en las instituciones.

Valencia defendió la necesidad de que la justicia sea igual para todos y señaló que los miembros de las fuerzas armadas han sido tratados de manera desigual frente a excombatientes de grupos armados ilegales.

Además, ella reclamó que no puede haber una justicia “con privilegios para unos y castigos para otros”.

Al final de este segmento, la senadora insistió en que la paz solo es sostenible si existe verdad, justicia y reparación, y mencionó que las víctimas deben estar en el centro de cualquier proceso.

Para ella, el país necesita una revisión profunda de los acuerdos y de los mecanismos de justicia transicional.

Violencia, seguridad y narcotráfico

Paloma Valencia advirtió sobre el impacto persistente del narcotráfico en la violencia que vive Colombia en ese momento, una situación que no ha cambiado a lo corrido de 2026, luego de que por la lucha antidrogas el país, en cabeza de Gustavo Petro, vivió un momento tenso en las relaciones diplomáticas con su homólogo Donald Trump (EE. UU.).

La aspirante presidencial dijo que el fenómeno de las drogas ilícitas ha alimentado la inseguridad y ha dificultado la consolidación de la paz en varias regiones del país.

Ella aseveró que la respuesta estatal ha sido insuficiente para enfrentar a las organizaciones criminales, y advirtió que el control territorial de los grupos armados sigue afectando a las comunidades rurales, una situación que sigue teniendo matices parecidos en 2026 por parte de la presencia de grupos armados ilegales en varias regiones de Colombia, como el Clan del Golfo (autodenominado ahora Ejército Gaitanista de Colombia —EGC—), las disidencias de las Farc (al mando de alias Calarcá e Iván Mordisco) y las Autodefensas Conquistas de la Sierra Nevada (Acsn), por ejemplo.

Según Valencia, el fortalecimiento de la seguridad requiere un enfoque integral, en el que se combata el narcotráfico y, al mismo tiempo, se brinden oportunidades de desarrollo a la población más vulnerable.

La candidata habló en aquella ocasión sobre la importancia de recuperar la presencia del Estado en las zonas más afectadas y de garantizar que la justicia llegue a todos los rincones del país.

Como si el discurso fuera en 2026, Valencia reafirmó que la lucha contra el narcotráfico es central para cualquier proyecto de seguridad nacional. De hecho, ese fue uno de los puntos centrales que el presidente Petro tuvo con Trump en su reunión bilateral en la Casa Blanca (Washington), el 3 de febrero de 2026.

Mujeres en la política y políticas para madres cabeza de familia: su relación con Álvaro Uribe

Paloma Valencia compartió su visión sobre el papel de las mujeres en la política colombiana y la necesidad de impulsar políticas específicas para madres cabeza de familia.

La candidata presidencial reconoció que la representación femenina ha avanzado, pero consideró que aún existen barreras que dificultan el acceso de las mujeres a cargos de liderazgo.

La congresista que busca saltar a la Presidencia se refirió a las dificultades particulares que enfrentan las madres que sostienen solas a sus familias, señalando que muchas veces quedan excluidas de oportunidades laborales y educativas.

Ella planteó que el Estado debe implementar programas que faciliten su participación en el mercado laboral y garanticen el acceso a servicios de cuidado infantil.

Asimismo, Valencia sostuvo que apoyar a las madres cabeza de familia es fundamental para reducir la pobreza y brindar mayor equidad, y rescató la importancia de que las políticas públicas consideren las realidades y necesidades específicas de las mujeres en Colombia.

La candidata relató que su interés por la política surgió desde la juventud, influida por el ambiente familiar y el compromiso con los asuntos públicos. Ella compartió que su familia ha estado vinculada a debates nacionales y que esto marcó su formación y aspiraciones.

Sobre su trayectoria en el Senado y cómo ha asumido retos en escenarios de alta polarización, Valencia dijo que su trabajo en el Congreso la ha llevado a defender proyectos que considera clave para el país.

Valencia abordó su relación con Álvaro Uribe, reconociendo el papel del expresidente en su carrera dentro del Centro Democrático, al señalar que comparte muchas de sus preocupaciones sobre la seguridad y el desarrollo, pero dejó claro su deseo de imprimir una visión propia a su candidatura y liderazgo político.

La inflación no cede y los precios de los insumos básicos tampoco. Según un informe publicado por el Indec, la Canasta Básica Total (CBT) registró un incremento del 2,7% en febrero pasado, con lo que alcanzó un valor de $1.397.672. Por su parte, la Canasta Básica Alimentaria (CBA) aumentó 3,2% y llegó a los $644.088 para una familia tipo.

Cabe recordar, que la CBT mide el total de gastos que debe hacer una familia para cubrir el 100% de sus necesidades básicas durante un mes. Eso quiere decir que los hogares con ingresos inferiores a ese valor, son técnicamente consideradas “pobres”. La CBA, en cambio, mide únicamente el costo de los alimentos y los hogares que no llevan a cubrirla entran en la categoría de “indigentes”.

Al momento de analizar los números en mayor detalle, se encuentran algunos aspectos positivos y otros negativos. Comenzando por la CBT, los datos informados por el Indec muestran que el aumento registrado en el segundo mes del año fue inferior a la inflación general, que llegó al 2,9% en febrero. Otro dato alentador, es que ya van dos meses consecutivos con desaceleración del ritmo de aumento de la Canasta Básica Total. En detalle, la suba de la CBT había sido de 4,1% en diciembre y de 3,9% en enero.

Ahora bien, lo negativo, es que pese a mostrarse en un camino descendente, los precios que componen la CBT siguen por encima de la inflación general en el acumulado del año. De acuerdo con el Indec, la Canasta Básica Total subió 6,8% en el primer bimestre, mientras que el IPC marcó una variación del 5,9% en ese mismo período. Aunque la diferencia parece poca, no deja de ser un dato importante, porque confirma que los productos de primera necesidad, aquellos que más consumen los argentinos, están aumentando por encima del promedio.

Algo similar ocurre con la Canasta Básica Alimentaria. Las estadísticas oficiales muestran que entre enero y febrero hubo una fuerte desaceleración del ritmo de incremento de los alimentos (pasó del 5,8% al 3,2%). No obstante, tanto en enero como en febrero la CBA superó al IPC en el ritmo de ajuste, lo que condujo a una diferencia bastante amplia en el acumulado del primer bimestre. Los informes muestran que la Canasta Básica Alimentaria se encareció 9,3% entre enero y febrero, contra el mencionado 5,9% del IPC. Una vez más, son los insumos esenciales los que están subiendo a mayor ritmo.

El costo de vida por familia

Como se mencionó, la CBA alcanzó los $644.088 en febrero y la CBT llegó a $1.397.672. Esos valores son los que el Indec toma como referencia para luego medir el avance de la pobreza y la indigencia. Sin embargo, el organismo de estadísticas aclara en su informe que el costo de vida real varía bastante de un hogar a otro dependiendo de la composición del grupo familiar.

Los dos valores mencionados corresponden a un hogar compuesto por cuatro integrantes: un varón de 35 años, una mujer de 31, un hijo de 6 años y un hijo de 8 años. Pero la historia cambia para una vivienda en la que habitan solo tres personas. Para ejemplificarlo, el Indec presenta mensualmente el detalle del costo de vida para una familia compuesta por una mujer de 35 años, su hijo de 18 y su madre de 61 años. En ese caso, la Canasta Básica Alimentaria alcanza los $512.769 y la Canasta Básica Total llega a 1.112.710 de pesos.

¿Qué pasa con los hogares más numerosos? Lógicamente, el costo de vida es mayor. Un hogar compuesto por un varón y una mujer, ambos de 30 años y tres hijos de 1, 3 y 5 años, tiene que enfrentar un gasto mensual de $677.439 para cubrir sus necesidades alimenticias y debe ganar $1.470.043 para hacer frente al costo de una CBT.

Asimismo, se podrían citar muchos otros ejemplos. Lo importante, es tener en cuenta que la CBA y la CBT varían de acuerdo a la cantidad de personas que viene en el hogar, sus sexos y sus edades. De todas formas, para todos ellos los porcentaje de aumentos han sido los mismos.

En México, quien vive en una ciudad necesita al menos $4,878 al mes para que el gobierno no la considere pobre. En el campo, ese umbral es de $3,495. Si tus ingresos no llegan a eso, el Estado asume que no puedes cubrir lo básico: comida, salud, transporte, ropa y educación. Estas cifras, conocidas como Líneas de Pobreza por Ingresos, las actualiza cada mes el INEGI con los precios reales que pagan los hogares mexicanos.

Pero hay un nivel todavía más crítico: la pobreza extrema, que solo mide si alcanza para comer. Ahí, una persona en zona rural necesita $1,888 mensuales, y en la ciudad, $2,517. Son los montos mínimos para no pasar hambre.

El jitomate y la carne dispararon los precios

El problema es que la comida se está encareciendo más rápido que todo lo demás. La canasta alimentaria subió 6.5% en ciudades y 5.6% en el campo durante el último año, mientras que la inflación general fue de 4.0%. Eso significa que quienes menos tienen son los más golpeados, porque destinan una parte mayor de su ingreso a los alimentos.

El campeón de los aumentos fue el jitomate: subió 60.2% en un año. Sí, más del doble de precio. Le siguen el bistec de res con +14.2% y los alimentos y bebidas fuera del hogar con +7.2%. Para una familia que ajusta cada peso, estos números no son estadísticas: son tortillas menos, proteína que desaparece del plato.

No solo la comida aprieta el cinturón

El encarecimiento del costo de vida se refleja en las actividades cotidianas fuera del hogar. El transporte público experimentó incrementos notables, con una suba de 6,6% en zonas rurales y de 6,0% en áreas urbanas. Este aumento impacta directamente en quienes deben movilizarse diariamente para trabajar, estudiar o acceder a servicios básicos, especialmente en regiones donde las alternativas de movilidad son limitadas.

En el ámbito rural, los hogares enfrentan además un alza de 5,5% en los productos de higiene y cuidado personal. Este rubro resulta fundamental para la salud y el bienestar, por lo que el aumento de precios representa una presión adicional para los presupuestos familiares.

En las ciudades, los rubros de educación, cultura y recreación aumentaron 5,9%. Este ajuste repercute de manera particular en familias con hijos en edad escolar, dado que implica mayores desembolsos en cuotas, materiales, actividades extracurriculares y opciones de esparcimiento. El acceso a bienes y servicios vinculados a la formación y el tiempo libre se vuelve así más costoso, lo que puede limitar las posibilidades de desarrollo y participación social para los niños y adolescentes.

¿Qué nos dice todo esto?

Que aunque los titulares hablen de inflación controlada, en la vida cotidiana de millones de mexicanos los precios que más importan —la comida, el camión, la salud— siguen subiendo por encima del promedio. El poder adquisitivo sigue bajo presión, sobre todo para quienes ya estaban en el límite.

Para el año 2050, millones de personas se proyectan mudarse al norte de Texas en busca de empleo, impulsando la expansión de una economía que ya alcanza un valor de USD 2,7 billones, según la autoridad regional de desarrollo económico Texas Economic Development Corporation y la economista principal del Banco de la Reserva Federal de Dallas, Pia Orrenius.

Este crecimiento consolidó al estado como la 8ª economía global, situándose por delante de países como Rusia, Canadá e Italia. De acuerdo con Orrenius, consultada por el diario The Dallas Morning News, esta tendencia se apoya en una combinación de factores: geográficos, industriales, demográficos y políticos.

Texas se afianza como la 8ª economía mundial gracias a ventajas geográficas, sectoriales y políticas

Desde la década de 1970, Texas mantiene un ritmo de generación de empleo y un crecimiento económico superiores al del resto de Estados Unidos, incluso al considerar períodos de crisis como las recesiones de los años ochenta. Orrenius explicó al diario The Dallas Morning News que la diferencia resulta “casi vergonzosa para el resto del país”, ya que la brecha en el crecimiento del producto interno bruto (PIB) estatal no solo se mantiene, sino que tiende a ampliarse en décadas recientes.

Uno de los principales motores es la localización del estado. Texas ocupa un territorio extenso, con acceso a puertos terrestres y marítimos: destacan el Puerto de Houston y el Puerto de Laredo, entre los mayores del país, y cuenta con una frontera estratégica con México.

La aplicación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en la década de 1990 y, posteriormente, del Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá en 2020, multiplicó el impacto económico de esa frontera, convirtiéndola en un centro para la manufactura y el comercio transfronterizo.

Las grandes áreas metropolitanas, como Dallas-Fort Worth, Houston, San Antonio y Austin, experimentaron un crecimiento debido a lo que la economista denominó economías de clúster. Orrenius señaló: “En ciudades donde las industrias se agrupan y comparten recursos y mano de obra, eso les permite crecer más rápido y pagar salarios más altos, incrementando los estándares de vida urbanos respecto a las zonas rurales”.

El segundo factor está vinculado a la evolución del tejido productivo. Si bien Texas fue inicialmente asociado al algodón, el ganado y el petróleo, el estado diversificó su economía.

La irrupción de la industria manufacturera y el crecimiento del sector logístico se potenciaron con la infraestructura de autopistas, ferrocarriles y aeropuertos.

El sector energético transformó la imagen tradicional del estado: Texas continúa liderando la producción petrolera y gasífera nacional, y también encabeza la generación de electricidad eólica y solar. Orrenius afirmó que esta diversificación hizo posible expandir la red eléctrica y exportar energía en respuesta a nuevos desafíos tecnológicos y de mercado.

La población constituye el tercer motor. El flujo ininterrumpido de nuevos residentes, tanto desde el interior del país como por inmigración, permitió sostener la demanda laboral. Texas figura sistemáticamente entre los primeros estados en recepción de migrantes.

Orrenius puntualizó que entre 2022 y 2024 se observaron “tasas máximas históricas de migración”, principalmente por inmigración hacia Texas. Este movimiento demográfico benefició sectores como energía, construcción, tecnología, salud y logística.

Sin embargo, advirtió que “el año pasado, la migración interna y externa se redujo a la mitad, y se espera que este año vuelva a caer a la mitad”, lo que plantea interrogantes sobre la capacidad del estado para sostener la ventaja competitiva en el futuro.

El último vector es la política pública: Texas destaca por mantener un marco normativo “abierto y flexible”, bajos impuestos y una carga tributaria per cápita inferior a la media nacional y a la de estados con gravámenes elevados como California y Nueva York.

Orrenius enfatizó que la inversión estatal en infraestructura —carreteras, puertos y formación laboral— fue decisiva y se basó en alianzas público-privadas y en la implementación de carreteras de peaje.

Señaló, además, que el costo de vida se mantiene por debajo del promedio nacional, pese a los aumentos inmobiliarios. También bromeó sobre la percepción local respecto a los impuestos sobre bienes raíces: “El gasto en infraestructura es realmente una de las cosas más importantes para el crecimiento”.

Todos estos factores, según Orrenius, crearon un ambiente empresarial atractivo que explica la llegada de compañías y emprendedores a Texas.

La pobreza persiste como un desafío estructural

A pesar de estas fortalezas, algunas regiones dentro del estado siguen afectadas por bolsillos de pobreza persistente, que dificultan el acceso a capacitación y a empleos mejor remunerados para ciertos sectores de la población, según señaló Orrenius al diario The Dallas Morning News. Este elemento evidencia la existencia de retos internos incluso en el contexto de crecimiento sostenido.

La cobertura forma parte de la iniciativa Future of North Texas, financiada por diversas organizaciones comunitarias, aunque The Dallas Morning News retiene el control editorial de la información publicada.

El costo de vida en la Ciudad de Buenos Aires volvió a incrementarse en febrero de 2026. Según el último informe de la Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad (DGEC), una familia tipo necesita, como mínimo, $2.269.216 al mes para integrar la clase media y hasta $7.261.490 para no ser considerada parte de los sectores acomodados.

El estudio, difundido por la Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad, evalúa los ingresos necesarios para distintos estratos sociales en un hogar compuesto por dos adultos de 35 años y dos hijos varones de 9 y 6 años, propietarios de la vivienda y sin empleados domésticos.

De acuerdo con los datos oficiales, la línea de indigencia, determinada por la Canasta Básica Alimentaria (CBA), se ubicó en $791.579, mientras que la de pobreza, medida por la Canasta Básica Total (CBT) alcanza los $1.440.147 mensuales.

Para no ser considerado pobre, el hogar debe superar los $1.440.147 de ingresos mensuales. El umbral para dejar de ser vulnerable y alcanzar el estrato “sector medio frágil” se sitúa en $1.815.373. La franja que define a la clase media va desde $2.269.216 hasta $7.261.490, según precisó el informe. Por encima de ese monto, la familia pasa a integrar los sectores de mayores ingresos.

Los valores corresponden a febrero de 2026 y evidencian el impacto de la inflación sobre el poder adquisitivo en la capital. El informe del organismo porteño señaló que los gastos de la canasta básica alimentaria y total aumentaron de forma sostenida en los últimos meses, impulsados fundamentalmente por el alza en alimentos y servicios.

De acuerdo con la entidad, estos valores se calculan en base a consumos típicos de bienes y servicios para el hogar y sirven como referencia para el diseño de políticas públicas y la medición de la situación social en el distrito. El informe también advierte que estos valores solo aplican a hogares propietarios de vivienda, ya que el costo del alquiler representa un gasto adicional significativo para quienes no cuentan con vivienda propia.

La clasificación de los hogares según el nivel de ingresos permite diferenciar los distintos estratos socioeconómicos en la Ciudad de Buenos Aires. Se considera indigentes a quienes no logran reunir el monto necesario para costear la Canasta Básica Alimentaria (CBA). Por su parte, los denominados pobres no indigentes alcanzan a cubrir la CBA, pero no logran reunir los ingresos suficientes para la Canasta Básica Total (CBT).

La metodología utilizada en la Ciudad distingue dentro de los sectores medios entre el grupo “frágil” y la “clase media” propiamente dicha. El sector medio frágil abarca a quienes pueden solventar la canasta total, aunque sus ingresos no superan en más de un 25% ese valor. En cambio, se considera clase media a los hogares cuyos ingresos superan ese umbral, sin llegar a cuadruplicar el monto de la CBT. Esta diferenciación resulta útil para observar situaciones de estabilidad o vulnerabilidad dentro del universo de hogares que no se encuentran por debajo de la línea de pobreza.

El informe señala que las referencias para las canastas y las líneas sociales se actualizan todos los meses, tomando como base los precios relevados en la Ciudad de Buenos Aires. Este sistema, vigente desde 2008, se complementa con datos sobre ingresos, lo que permite estimar qué porcentaje de la población queda por debajo de cada umbral y cómo se distribuyen los hogares en los diferentes estratos.

En este sentido, el informe resalta que el ingreso mínimo requerido para integrar la clase media en la capital se posiciona entre los más elevados del país. Esto responde tanto a la dinámica de precios como al nivel de consumo característico de la Ciudad. La actualización mensual de estos valores es clave para que el diagnóstico social refleje con mayor precisión la situación económica del momento.

El informe atribuye el aumento en los requisitos para pertenecer a la clase media a la aceleración de la inflación y al encarecimiento de los productos y servicios considerados en las canastas. Este contexto afecta especialmente a los sectores más vulnerables y a los segmentos medios frágiles, quienes pueden experimentar retrocesos sociales ante variaciones negativas en los precios o en sus fuentes de ingreso.

La reducción de homicidios y víctimas de disparos en Nueva York durante los primeros meses de 2026 contrasta de forma aguda con la realidad del Bronx, que concentra la mitad de los asesinatos de la ciudad en lo que va del año.

De los 32 homicidios registrados hasta el 1 de marzo, 16 ocurrieron en el Bronx, impulsando la preocupación de autoridades y organizaciones locales sobre las causas profundas y el futuro de la seguridad en el distrito, según información difundida por el diario local New York Daily News.

Además de representar el 50% del total de homicidios en Nueva York, concentra el 45% de las víctimas de disparos y el 44 % de los episodios de tiroteos, de acuerdo con datos publicados por la NYPD. Lejos de ser un hecho aislado, el distrito también experimentó un aumento del 14% en homicidios y del 15% en víctimas de disparos respecto al mismo período del año anterior.

Aunque las cifras generales de Nueva York muestran un descenso —con 32 asesinatos y 99 personas heridas por armas de fuego, frente a 55 y 112 respectivamente contabilizados en las mismas fechas de 2025—, el Bronx evidencia una tendencia opuesta y persistente. Entre 2022 y 2025, esta zona representó de 30% a 33% de los homicidios anuales de la ciudad.

El Bronx concentra el 50 % de los homicidios mientras la violencia disminuye en el resto de Nueva York

La fiscal de distrito del Bronx, Darcel Clark, calificó la situación como “tan trágica como intolerable” y recordó que los sectores con mayor violencia hoy son los mismos que soportaron altos niveles delictivos en los años 80. Clark señaló la necesidad de abordar aspectos estructurales que alimentan el crimen, como la pobreza, el empleo, la vivienda y la salud.

El contraste responde, en gran medida, a los indicadores socioeconómicos del Bronx, que presenta una desventaja frente al resto de la ciudad. En 2023, el ingreso familiar medio en el distrito fue de USD 48.610, un 39 % inferior al promedio urbano establecido en USD 79.480, según datos de la Universidad de Nueva York.

La tasa de pobreza alcanzó el 27,9%, nueve puntos más alta que la media local. Además, la tasa de graduación de secundaria fue la más baja de los cinco distritos, con 77,3% en 2021, y la esperanza de vida, de 78,7 años, es la segunda peor del estado de Nueva York.

Las víctimas y el impacto en la comunidad

La violencia letal no solo se manifiesta en cifras, sino en historias concretas que impactan a familias y a la comunidad. El primer asesinato de 2026 en la ciudad ocurrió en el Bronx: Issa Mbolo Isac, migrante y conductor de Uber de 55 años, fue asesinado a balazos la mañana del 1 de enero en Morris Heights tras un altercado vial, dejando a su esposa y cuatro hijos en Burkina Faso, según relataron sus familiares.

El distrito también fue escenario del primer tiroteo en el sistema de metro este año, con el asesinato de Adrian Dawodu el 10 de febrero en la estación 170th St. Dawodu falleció mientras intentaba rehacer su vida tras episodios de inestabilidad y residencia en un refugio, según contó su ex pareja al diario local New York Daily News.

El medio destaca que casos como los de Christopher Redding, estudiante y jugador de fútbol americano de la secundaria Kennedy, asesinado tras ser alcanzado por una bala fuera del Bronx Alehouse, o Lamar Simmons, víctima mortal cuando regresaba del colegio en Belmont, muestran cómo la violencia cruza edades y espacios cotidianos.

El padre de Redding expresó: “Mi hijo estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Es una verdadera tragedia. El mundo de todos ha sido destrozado”. Según New York Daily News, en ninguno de estos casos se identificó participación previa en crímenes.

Factores estructurales: pobreza, desigualdad y cultura de pandillas

Para David Caba, vicepresidente de Bronx Rises Against Gun Violence, los homicidios deben ser comprendidos a la luz de la precariedad social.

Caba recuerda la presión temprana de las pandillas en los barrios empobrecidos del sur del Bronx, al punto de intentar reclutarlo en la escuela primaria, y subraya la necesidad de mejorar oportunidades educativas, el acceso a una vivienda digna y a servicios médicos de calidad para frenar la espiral de violencia. Sostiene que en comunidades prósperas, estos recursos coinciden con menores tasas criminales.

Las organizaciones de prevención señalan que su capacidad de acción se ve limitada por la escasez de recursos. La organización local B.R.A.G., liderada por Caba y dependiente de Good Shepherd Services, opera en los precintos 46, 47 y 52 y reclama mayor inversión pública para ampliar su trabajo en la vigilancia comunitaria, programas juveniles y respuesta hospitalaria a las víctimas.

Respuestas institucionales y limitaciones policiales ante la crisis

La comisionada de la NYPD, Jessica Tisch, anunció que el Bronx será dividido en dos comandos policiales —norte y sur— y recibirá 200 oficiales adicionales, igualando la estructura organizativa implementada en Manhattan, Brooklyn y Queens. New York Daily News retoma que este ajuste irá acompañado del refuerzo de equipos especializados en homicidios, narcóticos, seguridad vecinal y delitos automovilísticos.

Tisch reconoció en su discurso anual que, pese a las mejoras globales en seguridad, “el Bronx ha experimentado más crimen per cápita que cualquier otro distrito bajo una estructura administrativa que no se ajustaba a sus necesidades”.

A pesar de estos planes, el presidente de la Police Benevolent Association, Patrick Hendry, advirtió que la escasez de agentes —con un déficit cercano a los 6.000 respecto al máximo histórico y una pérdida mensual de 250 a 300 efectivos por renuncias y jubilaciones— representa un obstáculo insalvable para cubrir la demanda de seguridad en todos los barrios.

“No importa cómo se organicen las áreas de patrullaje, la realidad es que no tenemos suficientes policías para responder a las necesidades de cada comunidad”, remarcó Hendry.

La fiscal Clark valoró el nuevo esquema policial porque, a su juicio, colocará finalmente al Bronx en “igualdad de condiciones” para combatir el crimen: “Creo que generará más oportunidades para prevenir delitos, agilizar respuestas y resolver casos”.

En la actualidad, el IMV alcanza 810.928 hogares y ofrece cobertura a 2.477.021 personas. La cuantía media recibida por familia es de 545,1 euros mensuales, elevando la nómina total del mes a 472,2 millones de euros. El crecimiento en la protección ha sido constante: en comparación con febrero del año anterior, existen 122.921 prestaciones activas más, lo que supone un aumento del 18% en hogares cubiertos y un incremento similar en personas beneficiarias.

Las estadísticas confirman que dos de cada tres titulares del IMV son mujeres, mientras que el 53,4% de quienes reciben la prestación pertenecen al mismo grupo. Un aspecto destacable es la incidencia del IMV en los hogares monoparentales, que representan el 17% de los beneficiarios, siendo la mayoría encabezados por mujeres. El 96% de estos núcleos familiares cuentan con una única adulta responsable.

Mujeres y hogares con menores, los grandes beneficiados

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, sostiene que “la pobreza severa y el riesgo de exclusión social siguen bajando, también entre las mujeres en edad de trabajar”. A su juicio, el IMV, con dos de cada tres beneficiarias mujeres, constituye “una herramienta decisiva para reducir esta vulnerabilidad y avanzar en igualdad”. En respuesta a la pregunta sobre el efecto del IMV en la pobreza, los datos del INE avalan una reducción de la tasa de pobreza entre mujeres en edad laboral respecto a 2024. Desde su puesta en marcha en 2020, el IMV ha protegido a cerca de 3,5 millones de personas, de las cuales 1,9 millones son mujeres.

Más de dos tercios de los hogares cubiertos por el IMV conviven con menores de edad. Actualmente, el 40,9% de los beneficiarios son menores, lo que equivale a 1.013.102 niñas, niños y adolescentes bajo protección. El Complemento de Ayuda para la Infancia amplía este respaldo: en febrero, 560.800 unidades de convivencia recibieron este apoyo, con una ayuda media de 66,1 euros por menor y 119,9 euros por hogar.

Hasta 115 euros adicionales por menor

Las cuantías varían según la edad: 115 euros para menores de tres años, 80,5 euros entre tres y seis años y 57,5 euros de seis a dieciocho años. Este complemento no solo cubre situaciones de pobreza severa, sino que también llega a hogares con rentas bajas o moderadas. Por ejemplo, una familia de dos adultos y dos menores puede acceder al beneficio si sus ingresos no superan 4.841,8 euros mensuales, ampliando el alcance de la red de protección frente a la pobreza infantil.

La edad media de los beneficiarios del IMV se sitúa en 28,5 años. Si se excluye a los titulares, esta cifra desciende a 20,1 años, lo que muestra un apoyo relevante para jóvenes en riesgo de exclusión. Las últimas reformas han facilitado la solicitud para personas mayores de 18 años, menores emancipados con hijos y jóvenes menores de 30 años, para quienes el periodo de vida independiente requerido ha pasado de tres a dos años.

La desigualdad golpea con especial fuerza a los hogares monoparentales en España, donde el 44,4% de las familias encabezadas por una mujer se encuentra en exclusión social, según el IX Informe FOESSA sobre exclusión y desarrollo social. Esta cifra casi duplica la tasa registrada en hogares liderados por hombres, que alcanza el 26,8%. El informe también destaca que la vulnerabilidad se agrava cuando la sustentadora principal es una mujer migrante.

Ante la persistencia de desigualdad y con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, Cáritas reclama acciones urgentes por parte de las institucioens. La organización recuerda que las mujeres representan el 65% de las personas a las que atienden y que el perfil predominante es el de mujeres mayores de 45 años, con estudios básicos y cada vez más migrantes.

“El género continúa siendo uno de los factores que más condiciona la posición social, las oportunidades y la vulnerabilidad”, señala Leticia Escutia, responsable del programa de Mujer de Cáritas Española. Según la organización, durante 2025 la mayoría de las personas acompañadas fueron madres solas al frente de familias con escasos recursos, mujeres migrantes con empleos precarios y sometidas a trabas administrativas, así como mujeres mayores con pensiones bajas y redes de apoyo insuficientes. En el ámbito rural, la situación se agrava por el limitado acceso a servicios esenciales.

“En todas ellas se repiten patrones muy claros: dificultad para acceder o mantener una vivienda estable, obstáculos para el acceso a un empleo digno y compatible con los cuidados, sobrecarga mental y física por asumir en solitario los cuidados y la economía del hogar y procesos administrativos lentos que complican aún más su salida de la pobreza”, aclara Escutia.

El informe FOESSA también refleja que la brecha de género en el desempleo permanece pese a la mejora global del empleo: en 2025 la tasa de paro femenino fue del 11,24%, frente al 8,76% masculino. Además, las mujeres cobraron un 16% menos, sufrieron una alta parcialidad involuntaria (el 72% de los contratos a tiempo parcial corresponde a mujeres) y se concentraron en la economía sumergida, sobre todo en los sectores de cuidados, limpieza y trabajo doméstico. Las barreras se amplifican con la segregación laboral, la brecha digital y la falta de reconocimiento social de los empleos esenciales desempeñados mayoritariamente por mujeres.

Eliminación de barreras administrativas para las personas migrantes

Desde Cáritas insisten en la necesidad de garantizar el acceso al mercado laboral en igualdad de condiciones, con énfasis en la formalización de empleos en sectores como el doméstico, agrícola y de servicios. También reclama la eliminación de obstáculos administrativos para la regularización de mujeres migrantes, así como mejoras en las condiciones laborales y el reconocimiento social de trabajos esenciales.

“A pesar de las dificultades, muchas mujeres han logrado salir adelante, demostrando una enorme fortaleza, resiliencia y capacidad de superación. Han enfrentado violencia, discriminación y barreras sistémicas, pero con el apoyo adecuado y el acceso a oportunidades, han conseguido transformar sus realidades y construir un futuro digno para ellas y sus familias”, concluye Escutia.

En una entrevista brindada al equipo de Infobae en Vivo, el empresario y ex CEO de HSBC, Gabriel Martino, analizó el presente económico de la Argentina, el rol del sector privado frente al nuevo paradigma de gobierno y los riesgos de desandar el camino de reformas estructurales iniciado por la gestión actual. Con una visión centrada en la necesidad de un cambio cultural, el ejecutivo advirtió que el regreso a modelos de economía cerrada y políticas populistas solo profundizaría la crisis social del país.

Para Martino, la Argentina se encuentra en un punto de inflexión donde la discusión de fondo no es personalista, sino sistémica. Al ser consultado sobre las tensiones entre el Ejecutivo y el sector empresarial, el exbanquero señaló que el país arrastra décadas de fracaso que exceden los últimos veinte años, aunque subrayó que ese período fue particularmente dañino.

En ese sentido, fue tajante respecto al futuro: “Si volvemos al populismo, la pobreza y la indigencia van a subir”. Según su visión, la sociedad debe acostumbrarse a las reglas del “mundo civilizado”, donde la apertura económica genera necesariamente ganadores y perdedores, a diferencia de una economía cerrada que, bajo la premisa de proteger, termina impidiendo el crecimiento. “Argentina era la quinta economía más cerrada del mundo, superada solo por países africanos con niveles de pobreza mucho más altos que el nuestro”, comparó.

Martino sostuvo que el empresario argentino ha sido víctima de las reglas de juego impuestas durante las etapas populistas, viéndose forzado a cerrarse para sobrevivir, pero enfatizó que es momento de mirar hacia adelante. “El empresario que piensa que este modelo no va, debe entender que este es el modelo que tienen los países ganadores”, afirmó.

La transición económica y el mercado laboral

Uno de los puntos más sensibles de la charla fue el impacto de la transición de un modelo a otro y el aumento del desempleo en sectores específicos. El empresario analizó el caso de Fate y el rol de los sindicatos, a quienes acusó de “sumar al desempleo” en lugar de generar condiciones para la creación de puestos de trabajo.

“Esta es la primera vez donde tenemos problemas de sentido común. No podemos pensar más en una economía que está cerrada para beneficiar a una cantidad X de empleos y perjudicar a 45 millones de personas”, opinó.

A pesar de la caída del empleo registrado —especialmente en el sector de la construcción, donde se perdieron más de 150.000 puestos—, Martino destacó que el nivel de desocupación actual sigue siendo menor al de la década del 90. Sin embargo, reconoció que la diferencia radica en la existencia de planes sociales que antes no estaban presentes. Para amortiguar este proceso, propuso que el dinamismo debe volver a través de la reactivación del consumo y el sistema financiero.

El rol de los bancos: del riesgo político al crédito hipotecario

Como referente del sector financiero, Martino explicó la parálisis que sufrieron las entidades bancarias recientemente. Según su análisis, la asignación de crédito era “fenomenal” hasta principios del año pasado, cuando el riesgo político detuvo las operaciones.

Actualmente, el desafío de los bancos es reconvertirse. “Los bancos ganan plata dando créditos”, recordó, y señaló que para que el sistema vuelva a funcionar se necesitan tasas de interés en pesos que sean “levemente positivas” y una baja volatilidad que genere confianza a largo plazo.

Respecto a los niveles de mora, que han alcanzado cifras preocupantes, el ex CEO de HSBC pidió no alarmarse de forma desmedida. Explicó que la mora representa casi 10% de la cartera de créditos a las familias y que “se resuelve con tasas bajas, refinanciación y crecimiento económico”.

El impacto principal para llegar a esa situación, aclaró, fue la suba de tasas y la caída de actividad del año pasado, que dejó a pymes y particulares sin capacidad de pago.

Para Martino, la solución estructural es el regreso de los préstamos al consumo y, fundamentalmente, de los créditos hipotecarios, los cuales considera la pieza clave para reactivar la construcción y generar un derrame real en la microeconomía.

Expectativas, dólares y reformas estructurales

Un dato que el empresario destacó como positivo es el cambio en la preocupación cotidiana de los argentinos: “Es interesante que en las mesas de discusión ya casi no se hable del dólar”. Martino fundamentó este optimismo en los “datos fríos” que muestran superávit gemelos y un frente externo resuelto.

Incluso proyectó un escenario favorable a mediano plazo, estimando que en dos o tres años, gracias a las exportaciones de gas y minería, “van a sobrar los dólares” en el país. No obstante, advirtió sobre la caída de la recaudación fiscal, un tema del que sugirió “ocuparse más que preocuparse”.

Finalmente, el ejecutivo hizo hincapié en que la sostenibilidad del modelo depende de la aprobación de reformas de fondo. Festejó que, por primera vez desde el regreso de la democracia, se esté discutiendo una ley laboral que ataque lo que denominó la “industria del juicio”, un problema persistente para todas las empresas.

Sin embargo, dejó una advertencia sobre el factor social y el tiempo político. “La garantía tiene que ser que esa bondad, ya sea porque hay más plata en el bolsillo o por mejora de expectativas, llegue a la gente”, concluyó, advirtiendo que, de no percibirse estas mejoras, el riesgo de “volver para atrás” en las próximas elecciones siempre está latente por la falta de crédito que la sociedad pueda otorgarle al Gobierno.

La estructura social de la Argentina se encuentra dividida en distintos estratos que se definen, principalmente, por el nivel de ingresos mensuales de cada hogar. Según el último informe del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, publicado en febrero de 2026, el país presenta una configuración muy desigual donde conviven sectores con plena capacidad de ahorro y otros que luchan por cubrir sus necesidades básicas. Estos datos, calculados a valores de octubre de 2025, permiten trazar una línea clara sobre cuánto dinero necesita una familia para pertenecer a la clase media y cuáles son las brechas que separan a los diferentes grupos de la sociedad.

Para que un hogar sea considerado parte de la “clase media integrada”, el informe de la UCA establece un rango de ingresos mensuales que va desde los $5.000.000 hasta los $15.000.000. Este segmento representa actualmente al 20% de los hogares familiares en la Argentina urbana.

Por encima de este grupo se encuentra la clase media alta, cuyos ingresos oscilan entre los $15.000.000 y los $30.000.000 mensuales, abarcando al 7% de las unidades domésticas. En la cúspide de la pirámide, la elite socioeconómica —compuesta por el 3% de los hogares más ricos— percibe ingresos con un piso de $30.000.000 por mes.

Según el ODSA, el tercio superior de la matriz social está conformado por estratos de clases medias-altas y altas que se encuentran “plenamente integrado a los circuitos formales, globalizados y de alta productividad”. Este sector se caracteriza por tener “acceso estable a bienes públicos de calidad, capacidad de ahorro, inversión en capital humano y redes de oportunidad”, lo que les permite orientar sus decisiones económicas hacia horizontes de largo plazo.

El estrato medio aspiracional y la vulnerabilidad

Inmediatamente por debajo de la clase media integrada se ubica el sector medio aspiracional, con ingresos mensuales que van de $3.500.000 a $5.000.000, representando también al 20% de los hogares. El informe describe a este tercio intermedio como una amplia clase media y media baja que se sostiene mediante “inserciones laborales formales y semi-formales, cuya estabilidad depende críticamente del ciclo económico”.

A pesar de sus ingresos, este grupo acumula “expectativas de movilidad pero sufre frustración, incertidumbre y desconfianza política ante la recurrencia de crisis macroeconómicas, la volatilidad del ingreso real y el deterioro de bienes públicos clave”.

La pirámide se completa con los sectores de menores ingresos, donde el límite de la vulnerabilidad se vuelve más estrecho:

• Medio-bajo vulnerable: hogares con ingresos entre $2.000.000 y $3.500.000 (20% de los hogares).
• Bajo no indigente: ingresos de $800.000 a $2.000.000 (20% de los hogares).
• Pobre extremo: hogares con un techo de ingresos de $800.000 mensuales (10% de los hogares).

Realidad laboral y brechas de ingresos

La capacidad de alcanzar estos niveles de ingresos está condicionada por una estructura ocupacional que, si bien muestra crecimiento económico, no genera empleo formal de manera proporcional. El informe advierte que “la actividad económica se ubicó 3,5% por encima del nivel registrado un año antes”, pero este crecimiento es liderado por sectores de “baja intensidad en el uso de mano de obra” como la agricultura y la intermediación financiera.

Esta dinámica ha profundizado la informalidad laboral, que alcanzó el 45% en 2025. Las disparidades en las remuneraciones son un factor determinante para la pertenencia a los estratos medios. Mientras que en el sector privado formal los salarios han experimentado un incremento real, el sector micro-informal continúa con desventajas estructurales. “Una remuneración media en los puestos del sector micro-informal es en promedio un tercio menos de lo que ganan los trabajadores ocupados”, señala el estudio.

Incluso para aquellos que logran superar la línea de pobreza, el “estrés económico” —entendido como la percepción subjetiva de insuficiencia de ingresos para cubrir necesidades básicas— persiste como una realidad para casi 1 de cada 2 personas en el país.

Pobreza y limitaciones de la medición

El ODSA-UCA plantea una mirada crítica sobre la caída estadística de la pobreza informada recientemente. Si bien se reconoce una “caída efectiva”, el organismo sostiene que esta se encuentra “sobrerrepresentada”. La mejora de los indicadores durante el periodo 2023-2025 habría estado “principalmente asociada a la desaceleración inflacionaria” más que a un “incremento real del poder adquisitivo o de la capacidad de consumo de los hogares”.

Además, el informe destaca que “las tendencias recientes no alteran las desigualdades estructurales por edad”. La pobreza y la indigencia siguen afectando de forma desproporcionada a la niñez, consolidando un “proceso persistente de infantilización de las privaciones”. En 2025, más del 40% de los adolescentes de 13 a 17 años permanecía en situación de pobreza monetaria.

Unas 66.000 personas viven sin techo de manera silenciosa en el condado de Miami-Dade, una cifra que multiplica por 20 el número oficial de personas consideradas “sin hogar” por las autoridades y revela la magnitud de una crisis habitacional mucho mayor que la admitida en las estadísticas.

Este fenómeno, conocido como “homelessness oculta”, engloba a miles de familias y menores que carecen de una vivienda estable, pero quedan fuera de los programas de ayuda por no ajustarse a la definición federal de “persona sin hogar”. El antropólogo y escritor Brian Goldstone ofreció en entrevista con el Miami Herald un retrato de esta población invisible y sus consecuencias sobre las políticas públicas, en un contexto de desarrollo urbano acelerado.

“Estoy hablando de una población que podría llenar el Hard Rock Stadium y más”, afirma Goldstone sobre la dimensión del fenómeno. “Si las incluyéramos como ciudad, sería la séptima más grande del condado”. Según detalla al Miami Herald, los afectados sobreviven semanas —a veces días— en hoteles de estancia prolongada, casas de familiares o vehículos, esforzándose cada jornada por no acabar definitivamente en la calle.

El especialista señala las limitaciones del sistema estadounidense para reconocer a quienes no cumplen la definición legal del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD), restringida solo a quienes están en refugios o viven directamente en la vía pública. “Trato de mostrar cómo estas familias entran en lo que llamo un reino en la sombra: hoteles, autos, apartamentos saturados. No solo son invisibles; también quedan excluidas de servicios esenciales porque no encajan en la definición oficial”, indica.

“He llegado a pensar que lo único peor que ser una persona sin techo en este país es no lograr esa denominación y, por esa razón, quedar fuera de recursos críticos”.

Factores que empujan a las familias fuera de sus hogares

Las causas iniciales de la expulsión rara vez son dramáticas; suelen ser rutinarias, como que un arrendador decida vender la propiedad o negarse a renovar un contrato. “El primer dominó que cae suele ser algo cotidiano”, explica Goldstone al Miami Herald.

Expone el caso de una pareja y sus tres hijos, quienes perdieron la estabilidad tras años de arrendamiento cuando no les renovaron el contrato. “Pensaban que estaban seguros, pero de un día para otro, al no renovárseles el contrato, perdieron su hogar aunque fueran inquilinos ejemplares”.

También relata otro caso: “Cara, madre soltera, perdió su apartamento porque el dueño no quiso arreglar el calentador de agua. Tras semanas sin poder bañar a sus hijos, decidió no pagar el alquiler y terminó siendo desalojada”. De acuerdo con Goldstone, situaciones como esta pueden marcar el inicio de un descenso difícil de revertir.

El impacto de la exclusión en el acceso a vivienda asequible

Un desalojo, indica el antropólogo, deja una marca persistente. “Coloca sobre la persona una ‘E’ escarlata”, señala Goldstone. “Para cualquier arrendador, ante dos candidatos, uno con historial de desalojo y otro sin él, no va a elegir al primero”.

La pérdida de vivienda afecta gravemente el puntaje crediticio, lo que vuelve casi imposible volver al mercado formal de alquiler. “Ese número de tres cifras se ha convertido en la llave para acceder a lo más básico: un techo”.

Cuando el puntaje baja de cierto nivel, “te unes a la clase excluida por historial crediticio”, y quedan como únicas alternativas mercados informales con frecuencia precarios.

Vivir en hoteles: precariedad y estrés crónico en menores

Las opciones frecuentes, advierte Goldstone, son hoteles de estancia prolongada, donde las condiciones resultan duras y costosas. “La gente termina pagando el doble respecto a lo que gastaban en un apartamento, compartiendo espacios diminutos con sus hijos”, describe en entrevista con el Miami Herald.

“El hotel donde pasé más tiempo, Efficiency Lodge, ni siquiera tenía césped: solo hormigón y habitaciones en estado deplorable — techos con filtraciones, ratas, moho negro, cableado defectuoso, cucarachas”.

Goldstone alerta sobre el daño invisible: “Los niños que crecen aquí están sometidos a un estrés tóxico y crónico que puede alterar su desarrollo cerebral”. Además del hacinamiento y la incertidumbre — “¿Podré quedarme esta noche con mi familia?” —, hay violencia, drogas y riesgo de perder hasta sus pocas pertenencias si no pueden pagar la noche siguiente.

A veces, algunas familias logran mudarse unos días con parientes o amigos. “Vi personalmente lo volátil que puede ser vivir en un apartamento saturado, donde incluso quienes han aceptado recibir a otra familia temen perder su propio hogar”, comenta al Miami Herald.

El acceso limitado a servicios y subsidios para personas sin hogar

El acceso a servicios públicos resulta desigual. Goldstone resume: “En este país, lo único peor que ser sin techo es no calificar formalmente como tal”. Quienes no cumplen con la definición de HUD —por ejemplo, los que viven en hoteles, autos o albergados en casas de allegados— carecen de acceso a ayudas como asistencia para el alquiler o apoyo para encontrar arrendadores que acepten mal crédito.

Incluso los subsidios de vivienda, diseñados para aliviar la crisis, son insuficientes. “Solo un 25% de quienes califican para bonificaciones realmente las recibe. Además, el arrendador puede negarse a aceptarlas sin consecuencias, sobre todo en los mercados más cotizados”, sostiene. Así, algunas familias terminan perdiendo el subsidio por la imposibilidad de encontrar quién les alquile.

Especulación inmobiliaria y fondos de inversión privados en el negocio de la pobreza

Un factor central de la crisis es la dinámica del mercado inmobiliario y los fondos de inversión privados. “Vemos cómo gran parte de la vivienda del país es comprada por firmas de Wall Street como Blackstone y Starwood Capital”, expone en el Miami Herald. “Cuando ese capital privado entra al negocio del alquiler, la prioridad pasa a ser el rendimiento para los accionistas; la consecuencia es un incremento de desalojos”.

Según Goldstone, estas empresas también adquieren hoteles de estancia prolongada, donde se alojan familias tras perder sus viviendas. “Maurice y Natalia, por ejemplo, gastaron $17.000 en solo ocho meses en un estudio diminuto. Mientras vivían allí con sus hijos, Blackstone y Starwood Capital compraron la cadena Extended Stay America por $6.000 millones, lo que muestra hasta qué punto la inseguridad se ha vuelto lucrativa”.

También señala que tanto grandes corporativos como propietarios de pocas viviendas operan bajo la misma lógica de maximizar beneficios, limitando la disponibilidad de vivienda asequible.

Alternativas y modelos de intervención en la crisis habitacional

Para Goldstone, el cambio principal debe venir de una mayor prevención. “Diseñar políticas de intervención temprana no solo tiene sentido desde el punto de vista financiero, sino que también es correcto desde una perspectiva moral, porque previene sufrimiento”, afirma. “Resulta mucho más barato dar una pequeña ayuda inmediata que afrontar las consecuencias del desplazamiento prolongado”.

Sugiere también exigir estándares mínimos de habitabilidad y controlar los desalojos por represalia. Enfatiza la necesidad de leyes de estabilización de rentas. “No tiene sentido permitir que los alquileres suban mucho por encima de la inflación, cuando las condiciones de los apartamentos no mejoran”.

Goldstone encuentra motivos de esperanza en iniciativas locales y menciona el ejemplo de Seattle como muestra de que una ciudad puede priorizar formas de vivienda social y asequible. Destaca que, aunque el panorama es adverso, se está gestando un nuevo activismo entre las personas que viven de alquiler en Estados Unidos. Nuevas redes de inquilinos ganan fuerza y organizan respuestas colectivas, probando que la organización social puede abrir oportunidades transformadoras.

Luego de la salida de la convertibilidad, se consolidó una matriz social profundamente heterogénea que perdura hasta la actualidad, mostrando importante brechas tanto en materia de ingresos como de acceso a oportunidades entre los distintos niveles socioeconómicos.

En ese marco, un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la UCA describe la situación de las familias según el lugar que ocupan en la pirámide social.

El centro de estudios señala que en el tercio superior, se configura un estrato de clases medias-altas y altas plenamente integrado a los circuitos formales, globalizados y de alta productividad.

Es un segmento con acceso estable a bienes públicos de calidad, capacidad de ahorro, inversión en capital humano y redes de oportunidad, y con capacidad de orientar sus decisiones económicas hacia horizontes de largo plazo.

En términos de ingresos, para integrar el 3% de mayores recursos, el hogar familiar requiere percibir al menos $30 millones. A continuación se ubica el 7% que conforma la clase media alta, con ingresos desde $15 millones. Luego aparece el 20% correspondiente a los sectores medios integrados, cuyo piso de ingreso se sitúa en $5 millones.

En el tercio intermedio, se ubica una amplia clase media y media baja aspiracional, “sostenida por inserciones laborales formales y semi-formales, cuya estabilidad depende críticamente del ciclo económico. Este grupo acumula expectativas de movilidad pero sufre frustración, incertidumbre y desconfianza política ante la recurrencia de crisis macroeconómicas, la volatilidad del ingreso real y el deterioro de bienes públicos clave”, indicó el ODSA.

Para pertenecer al 20% de los hogares que compone el estrato medio aspiracional es necesario percibir al menos $3.500.000, mientras que en el segmento medio bajo vulnerable el ingreso mínimo requerido es de $2 millones.

En el tercio más bajo de la distribución se agrupa una población inserta en trabajos informales, inestables o de mera subsistencia, condicionada por un entramado de baja productividad, menor nivel educativo acumulado, fragilidad laboral y fuerte dependencia de asistencia estatal.

El ODSA indica que la debilidad de los ingresos provenientes del trabajo dificulta quebrar el círculo de la pobreza y perpetúa situaciones de exclusión económica, social y territorial.

Ahora bien, el 20% que integra el segmento bajo no indigente necesita contar con ingresos de al menos $800.000. Esa misma suma, en paralelo, funciona como el límite máximo para el 10% ubicado en situación de pobreza extrema.

Puntualmente sobre este segmento, el informe asegura las medidas de liberalización aplicadas entre 2023 y 2024 profundizaron la crisis previa, aunque hacia el segundo semestre de 2024 la estabilización macroeconómica y una recuperación parcial de los ingresos comenzaron a moderar las tasas de pobreza e indigencia.

No obstante, observan que la mejora observada en los indicadores sociales durante el período 2023-2025 se asocia principalmente a la desaceleración inflacionaria, más que a una recomposición genuina del poder de compra o a un aumento sostenido de la capacidad de consumo de los hogares.

Además, el ODSA analizó: “El actual régimen libertario abre la posibilidad de dinamizar sectores competitivos, atraer inversión y reordenar incentivos que podrían elevar la productividad y habilitar nuevas trayectorias de movilidad social”.

“Sin embargo, sus límites emergen en la falta de mecanismos inclusivos de transición y en la desarticulación del entramado productivo existente, lo que amenaza con profundizarla informalidad y la pobreza estructural si no se acompaña de una estrategia capaz de generar empleos formales y políticas activas de integración territorial y de capital humano que integren socialmente a los sectores hoy excluidos del desarrollo”, añadió.

“Sin una estrategia explícita de inversión —interna y externa— orientada a expandir el tejido pyme, profesionalizar la economía informal y fortalecer el capital humano, la estabilización macro podría derivar en un orden social más desigual, con menor movilidad ascendente, mayor fragmentación y una sociedad disciplinada por la supervivencia más que integrada por oportunidades", consideró el ODSA.

El último informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (ODSA-UCA), titulado “Estabilización, nuevo ciclo y deudas sociales persistentes en una Argentina en transición”, revela un escenario de marcada polarización entre la experiencia presente y las expectativas de corto plazo. Según el relevamiento correspondiente a febrero de 2026, el 39% de los hogares proyecta que la situación económica de la Argentina empeorará en 2026.

Este pesimismo respecto a la marcha general de la economía nacional se agudiza en los sectores más vulnerables. Mientras que en el estrato medio alto el porcentaje de quienes esperan un año peor para el país es del 31,5%, esta cifra asciende al 49,1% en los hogares de nivel socioeconómico muy bajo. No obstante, el informe detecta una brecha significativa entre la percepción macroeconómica y la personal: solo el 20,6% de los encuestados anticipa que su situación económica familiar será peor este año.

El diagnóstico de la UCA describe una estructura social “profundamente heterogénea” y “reproductora de desigualdades”. En términos de movilidad intergeneracional, el 43,3% de los argentinos considera que su situación económica actual es peor que la que tuvieron sus padres. Esta percepción de movilidad descendente alcanza al 57,8% en el estrato muy bajo, frente a un 30,8% en los sectores medios-altos.

A pesar de la visión crítica sobre el presente, el informe destaca una expectativa positiva de largo plazo: “Alrededor del 82% cree que sus hijos o nietos tendrán más oportunidades que ellos”. Esta confianza en el futuro es incluso más alta en los sectores populares, llegando al 85,9% en el nivel socioeconómico muy bajo.

Pobreza y mercado laboral

El reporte analiza la dinámica de la pobreza en un contexto de reformas estructurales que el ODSA-UCA define como un “shock de ajuste”. Si bien se registra una caída en los índices de pobreza monetaria —que pasó del 45% en 2023 al 36,2% en 2025—, el Observatorio advierte que esta mejora responde principalmente a la desaceleración inflacionaria y no a un aumento real del poder adquisitivo o del consumo.

“La estructura social muestra una recuperación estadística de la pobreza, pero sobre una base metodológica frágil y sin mejoras equivalentes en consumo, bienestar ni capital humano”, sostiene el documento. La pobreza continúa afectando de forma desproporcionada a la infancia: en 2025, más del 40% de los menores de entre 13 y 17 años permanece en situación de pobreza monetaria.

En el ámbito laboral, el informe señala que, aunque la actividad económica creció un 3,5% interanual hacia fines de 2025, este crecimiento no se tradujo en la creación de empleo formal. Los sectores que lideraron la expansión, como la agricultura y la intermediación financiera, tienen una baja demanda de mano de obra. Como contrapartida, el empleo no registrado ganó protagonismo, alcanzando el 45% del total de los ocupados en el tercer trimestre de 2025.

Estrés económico y privaciones

Uno de los puntos más críticos del informe de la UCA es la distinción entre la pobreza medida exclusivamente por ingresos y lo que el Observatorio denomina “estrés económico”. Esta categoría busca capturar la experiencia subjetiva y cotidiana de los hogares argentinos, y los resultados son alarmantes: el 46% de la población manifiesta vivir bajo condiciones de estrés económico, lo que significa que, independientemente de si sus ingresos los sitúan técnicamente por encima de la línea de pobreza, perciben una incapacidad real para cubrir sus necesidades básicas.

El documento deja claro que, a pesar de la desaceleración de la inflación y una leve recomposición nominal de algunos salarios, el sentimiento de privación económica no ha cedido en la misma proporción. De hecho, en el estrato socioeconómico muy bajo, esta percepción de asfixia financiera alcanza a 7 de cada 10 hogares.

Esta situación se traduce en privaciones concretas que afectan la calidad de vida de manera estructural. El informe detalla que, si bien la inseguridad alimentaria registró una baja estadística al 17,8% en 2025, la cifra sigue siendo “críticamente alta” en los sectores más vulnerables, donde el 37% de las familias todavía reporta dificultades graves para acceder a una alimentación adecuada. Según el ODSA-UCA, esto evidencia que “la estabilización macroeconómica no ha llegado aún a las mesas de los sectores que dependen de la economía informal y la asistencia social”.

En cuanto a la salud, el 32,6% de los hogares presenta algún tipo de privación en el acceso a recursos sanitarios. Esto incluye tanto la imposibilidad de pagar medicamentos como el colapso en la atención del sistema público, que debe absorber a quienes pierden la cobertura de medicina prepaga o de obras sociales por la caída del empleo formal.

Otro indicador de deterioro persistente es el estado de la vivienda. El 55,3% de las unidades domésticas relevadas manifestó la imposibilidad total de realizar arreglos o mejoras necesarias en su infraestructura. El informe subraya que “la vivienda se ha convertido en un capital estancado; las familias priorizan la alimentación por sobre el mantenimiento básico, lo que genera un proceso de degradación del hábitat que será difícil de revertir en el corto plazo”.

Finalmente, el estudio advierte sobre la “privación de futuro” que implica el déficit en el capital humano. El 40% de los adolescentes de entre 13 y 17 años vive en hogares con privaciones múltiples que van más allá del dinero: falta de acceso a servicios básicos, hacinamiento y exclusión digital.

El director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, lanzó una advertencia contundente: la inteligencia artificial podría superar las capacidades cognitivas humanas en pocos años.

Según el CEO, el avance de los modelos de IA se encuentra en una fase tan acelerada que el umbral de la “inteligencia general superhumana” podría alcanzarse mucho antes de lo que la sociedad imagina.

Durante su intervención, Amodei sostuvo que “falta un pequeño número de años para que los modelos de IA superen las capacidades cognitivas de la mayoría de los humanos en la mayoría de las cosas”.

Cómo imagina Amodei un futuro con IA más inteligente que las personas

El ejecutivo de Anthropic presentó una visión que denominó “un país de genios en el centro de datos”, en referencia al surgimiento de sistemas de IA capaces de superar a los seres humanos en casi cualquier tarea intelectual. A su juicio, estos agentes artificiales pronto podrán coordinarse a velocidades que ningún ser humano puede igualar, creando un escenario completamente nuevo para la civilización.

“Estamos cada vez más cerca de lo que llamo el país de genios en el centro de datos, un conjunto de agentes de IA más capaces que la mayoría de los humanos en la mayoría de las cosas, y que pueden coordinarse a velocidad sobrehumana. Ese nivel de capacidad es algo que el mundo nunca ha visto antes”, afirmó.

Entre las posibilidades positivas, Amodei destacó el potencial de la IA para curar enfermedades que han sido incurables durante miles de años, mejorar la salud humana de forma radical y sacar a miles de millones de personas de la pobreza, especialmente en el sur global.

También mencionó avances en agricultura y educación, con la capacidad de mejorar significativamente las condiciones de vida en regiones históricamente desfavorecidas.

Qué riesgos identifica el CEO de Anthropic ante este avance

A pesar del optimismo sobre las aplicaciones de la IA, Amodei advirtió sobre riesgos significativos que acompañan a estos progresos. Uno de los principales es la posibilidad de comportamientos autónomos por parte de los modelos de IA, lo que podría derivar en usos indebidos tanto por individuos como por gobiernos.

Además, resaltó la amenaza de desplazamiento económico y pérdida de empleos a gran escala, a medida que las máquinas superen en productividad a los trabajadores humanos.

“Me preocupa el comportamiento autónomo de los modelos de IA, su potencial para el uso indebido por parte de individuos y gobiernos, y su potencial para el desplazamiento económico”, dijo.

También subrayó que el ritmo acelerado de la innovación puede llevar a una época de fuerte disrupción social y económica, lo que exige una cooperación estrecha entre empresas y gobiernos para mitigar los impactos negativos.

Por qué cree Amodei que la transición será tan rápida

El director de Anthropic fundamentó su advertencia en la curva de avance que han mostrado los modelos de IA en los últimos años. Según su visión, el progreso de la tecnología no es lineal, sino exponencial, y eso hace que el salto a capacidades superhumanas pueda ocurrir en un plazo sorprendentemente corto.

A modo de ejemplo, Amodei recordó que los sistemas actuales ya realizan tareas que hace poco eran dominio exclusivo de los expertos humanos. Con la coordinación de múltiples agentes artificiales trabajando juntos, la eficiencia y la capacidad de resolución de problemas podrían multiplicarse aún más.

Frente a la presión comercial que domina el sector tecnológico, Amodei subrayó que Anthropic opta por priorizar la seguridad aunque esto implique no buscar el máximo beneficio económico inmediato.

Señaló que los incentivos financieros pueden llevar a minimizar los riesgos y que es fundamental mantener un crecimiento responsable, incluso si eso significa avanzar con mayor cautela.

El ejecutivo aseguró que la compañía está comprometida con la evaluación rigurosa de sus modelos y la colaboración internacional para garantizar que el desarrollo de la inteligencia artificial beneficie a la sociedad en su conjunto, sin sacrificar la seguridad ni la ética en el proceso.

La tasa de desocupación se redujo a 6,3% en los centros urbanos durante el tercer trimestre de 2025, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) tras publicar los resultados de la Encuesta Permanente de Hogares (EPHoG) total urbano. Se trata de un dato positivo en comparación con el trimestre anterior, donde el desempleo se había ubicado en 7,6%, y respecto al mismo periodo de 2024, cuando se posicionó en 6,4 por ciento.

Según los datos oficiales, en el tercer trimestre de 2025, la población económicamente activa era de 20,6 millones de personas, de las cuales 19,3 millones estaban ocupadas (3,2 millones ocupadas demandantes de empleo y 2,2 millones subocupadas) y 1,3 millones desocupadas.

El reporte se conoce en medio de la crisis generada por el cierre de Fate, la mayor fabricante nacional de neumáticos, que dejó sin trabajo a cerca de 1.000 empleados. Esta situación profundiza las dificultades del mercado laboral y añade presión al Gobierno sobre la política de apertura de las importaciones.

A nivel de distrito, en el tercer trimestre, la mayor tasa de empleo estuvo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) con 54,1%; después la siguió La Pampa (48,4%); Santa Fe (46,5%); Córdoba (45,7%); y Jujuy (45,5%). Mientras que la mayor tasa de desempleo estuvo en Santa Cruz (10,7%), en segundo lugar quedó La Pampa (7,8%); Buenos Aires (7,7%); y Chaco (7,4%).

El dato que ilusiona

El informe del Indec corresponde a una muestra ampliada que incluye localidades urbanas de más de 2.000 habitantes, con el objetivo de retratar la realidad laboral en todo el país. De acuerdo con la comparación interanual, la tasa de desocupación nacional urbana había sido del 6,4% en el tercer trimestre de 2024. En ese período, el mercado de trabajo evidenció ajustes producto de la desaceleración económica, acompañados por variaciones en los indicadores respecto a trimestres previos.

El organismo explica que la tasa de desocupación resulta de dividir la cantidad de población desocupada por la población económicamente activa, siguiendo la definición internacional de desempleo abierto. Además, la tasa de empleo mide el porcentaje de población ocupada sobre el total de referencia, mientras que la tasa de actividad corresponde a la proporción de personas que forman parte de la fuerza laboral.

Pero el dato está en la comparativa respecto al tercer trimestre de 2024, donde la tasa de empleo alcanzó 44,2% y la de actividad, 47,2%. Asimismo, el porcentaje de ocupados demandantes de empleo —es decir, quienes buscan activamente un nuevo trabajo a pesar de tener uno— se situó en 16,7%.

El documento distingue entre población desocupada, ocupados demandantes de empleo, subocupados por insuficiencia de horas y otras categorías asociadas a la inestabilidad laboral. La subocupación total fue del 11,2%, compuesta por 7,8% de subocupados demandantes y 3,3% de subocupados no demandantes. La definición oficial aclara que forman parte de la subocupación quienes trabajan menos de 35 horas semanales por causas ajenas a su voluntad y están dispuestos a ampliar su jornada.

La desocupación muestra variaciones notorias entre provincias: Buenos Aires tuvo una tasa de 8,3%, Córdoba 6,4%, Santa Fe 5,5% y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires alcanzó 4,4%. En conjunto, los 31 aglomerados urbanos presentaron una tasa de 6,9%, mientras que provincias como Tucumán (6,8%) y Tierra del Fuego (8,1%) arrojan cifras por encima del promedio nacional urbano.

De acuerdo con la última actualización del relevamiento, la población económicamente activa urbana sumó 20.267.000 personas, con 18.973.000 ocupadas y 1.293.000 desocupadas. En los principales conglomerados urbanos, la fuerza laboral totalizó 14.362.000 personas, de las cuales 13.368.000 contaban con empleo y 994.000 estaban sin trabajo. La EPH se basa en las proyecciones del Censo Nacional de 2010, ajustadas para el periodo analizado.

Entre las definiciones clave, Indec especifica que la población ocupada comprende a quienes desarrollaron al menos una hora de trabajo remunerado en la semana de referencia. En tanto, la desocupada incluye a quienes buscaron activamente empleo y se encontraban disponibles para incorporarse al trabajo. El grupo de ocupados demandantes incluye a las personas empleadas que buscan un cambio de ocupación.

Según la encuesta, la subocupación y la demanda insatisfecha de empleo representan desafíos para el mercado laboral urbano. La tasa de ocupación demandante en 2024 fue de 16,7% a nivel nacional urbano y de 17,6% en los 31 principales aglomerados. El informe advierte que los valores pueden fluctuar según el margen de error muestral y la dinámica propia de la economía.

En cuanto a la cobertura, la EPH urbana abarca ciudades de 2.000 o más habitantes en todas las provincias, exceptuando Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su extensión completa, donde el relevamiento se acota a los 31 aglomerados principales por el operativo continuo.

El operativo de la EPH urbana del tercer trimestre de 2025 incluyó 40.610 viviendas relevadas, distribuidas entre los principales aglomerados y demás ciudades del país. La muestra comprende tanto los principales aglomerados urbanos como localidades intermedias, permitiendo la estimación de tasas diferenciadas por provincia y región. Entre los dominios de estimación figuran el total nacional urbano, los grandes conglomerados y los totales provinciales de población urbana residente en hogares particulares.

La economía española encadena varios años de crecimiento, tras cerrar 2025 con un repunte del 2,8%, pese a la inestabilidad geopolítica a nivel mundial. Sin embargo, sigue sin resolver uno de sus principales problemas estructurales: la pobreza infantil, que permanece en niveles elevados a pesar del aumento del gasto social y la mejora de la renta media. Según la última Encuesta de Condiciones de Vida del INE, el 28,4% de los niños y niñas en España vive en situación de pobreza o exclusión social, frente al 17,8% del resto de la población adulta.

La situación empeora para quienes viven en situación de pobreza severa, es decir, en hogares donde los ingresos no bastan para garantizar lo más básico: comer adecuadamente o disponer de una vivienda segura con suministros básicos como agua, luz y calefacción. En 2025, esta condición alcanzó al 12,5% de la infancia, cerca de un millón de niños y niñas, aunque la cifra registra un leve descenso frente al año previo.

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Bajo este contexto, la prestación universal por crianza de 200 euros al mes por hijo, propuesta esta semana por el Gobierno —como parte de una estrategia de desarrollo sostenible más amplia que busca reforzar el Estado del Bienestar con 100 metas hasta 2030—, se convierte en una herramienta clave para combatir la pobreza infantil.

Aunque la medida no está en marcha —de momento es solo una propuesta—, la experiencia de otros países con este tipo de ayudas económicas demuestra que son eficaces. De hecho, según datos de Unicef, la prestación por crianza sacaría a más de 270.000 niños, niñas y adolescentes de esta situación de vulnerabilidad en España si la ayuda para las familias es de 100 euros mensuales, mientras que podría sacar de la pobreza a unos 530.000 si alcanza los 200 euros al mes.

Garantizar que ningún niño o niña quede excluido

Según ha explicado el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, el objetivo de esta medida es que llegue al 100% de las familias con hijos menores a su cargo, independientemente de que sus rentas sean bajas, medias o altas, ya que en el caso de los hogares con rentas elevadas, el impacto de la ayuda se ajusta a través del sistema fiscal. En ese sentido, Unicef y Save the Children destacan a Infobae que el carácter universal de la prestación por crianza “garantiza que ningún niño o niña quede excluido por trámites burocráticos, falta de información o situaciones de estigmatización”.

“Este tipo de ayudas fortalecen el contrato social e intergeneracional, ya que todos contribuimos y nos beneficiamos del bienestar y el desarrollo de los niños y niñas de un país”, señala Gabriel González-Bueno, especialista en políticas de infancia de Unicef España. La prestación universal por crianza, añade el experto, es la única medida capaz de alcanzar “a todos los niños, niñas y adolescentes en situación de pobreza y además garantiza que aquellos que están en riesgo no lleguen a cruzar el umbral”.

Save the Children subraya que unas de las ventajas del carácter universal de esta ayuda económica es que se establece como un derecho para todas las personas con hijos menores a su cargo, asegurando su acceso sin distinciones ni requisitos restrictivos. Esto transforma la ayuda en un derecho social garantizado, no en una asistencia limitada o condicionada. De esta forma, toda familia puede reclamarla por el solo hecho de cumplir con la condición de crianza, lo que refuerza su carácter inclusivo.

Otra ventaja, añade la organización, es que “elimina el estigma que tienen algunas ayudas sociales”, así como las barreras de acceso burocráticas. Y por último, porque, de facto, las rentas medias y altas “ya están percibiendo una ayuda a la crianza, a través de las deducciones fiscales del mínimo por descendiente en el IRPF”.

“Lo que hay que hacer es reformar este sistema para que llegue a quienes más lo necesiten“, apunta Save the Children, que apunta como posible medida establecer un coeficiente que ajuste el importe de la prestación según el nivel de ingresos de cada familia, de modo que la ayuda se adapte a la situación económica de cada hogar.

La organización insiste en que la universalidad “no está reñida con la equidad”, ya que puede complementarse con mayores apoyos para quienes más lo necesitan, como el refuerzo del Complemento de Ayuda a la Infancia (CAPI), especialmente para los mayores de 6 años, y con mejoras en su difusión y acceso. “Un enfoque exclusivamente focalizado corre el riesgo de dejar fuera a hogares vulnerables que no cumplen criterios estrictos, pero que igualmente atraviesan grandes dificultades”, añaden.

Familias con rentas altas

Respecto a los hogares con ingresos altos, a veces también existen circunstancias puntuales, como desempleo, gastos imprevistos, separaciones o casos de discapacidad que no quedan reflejados en una fotografía estática de la renta. Las familias de ingresos altos pueden recibir la prestación por crianza, pero su efecto neto se compensa a través del sistema fiscal: los impuestos progresivos permiten que los hogares con más recursos contribuyan más, recuperando lo percibido sin excluir a ningún niño de la cobertura.

Ambas organizaciones destacan que invertir en infancia “no es un gasto”, sino una apuesta por la sostenibilidad social, económica y demográfica de la sociedad.

Patricia Morán llegó a España desde Argentina hace 15 años y su historia refleja la realidad de muchas familias monomarentales y migrantes. Tras separarse de su marido por violencia de género, ha sacado adelante sola a sus cuatro hijos. Su día a día transcurre entre trabajos esporádicos en la limpieza y un subsidio de poco más de 400 euros mensuales, ingresos con los que hace malabares para pagar los gastos básicos y llegar a final de mes.

En la misma casa conviven sus tres hijos mayores de edad, que tienen entre 21 y 26 años, y un menor de 15. Patricia cuenta a Infobae que el salario de su hija resulta imprescindible para afrontar el pago del alquiler y se muestra preocupada por la carga económica que recae sobre la joven, que tiene que anteponer las necesidades del hogar a sus propios proyectos. “Es una situación muy complicada, porque cobro un subsidio de poco más de 400 euros y no me gusta que mi hija tenga la carga de pagar el alquiler siendo tan joven”, explica la mujer. Además, con la llegada del invierno las dificultades aumentan, pues la falta de recursos le ha impedido en varias ocasiones, comprar el pellet para la estufa, lo que agrava las condiciones de una vivienda “antigua y húmeda”.

A pesar de las adversidades y de los problemas de salud que padece, Patricia mantiene una actitud positiva y agradece la labor de los servicios sociales. “Como siempre digo, aunque la situación es difícil, voy saliendo del fondo”, señala. También reconoce el valor de iniciativas como la prestación universal de 200 euros mensuales por hijo menor de 18 años que ha propuesto crear el Gobierno recientemente. En su caso, la ayuda solo llegaría para su hijo adolescente, pero sería suficiente para aliviar la presión económica y garantizar mejor el bienestar del menor”.

“Por suerte, mis hijos no son exigentes y se conforman con lo que les doy, porque hemos tenido que vivir así. Una ayuda de 200 euros al mes sería muy importante, porque así puedo invertirlo en mi hijo menor, en comprarle ropa o zapatillas, porque la adolescencia tampoco es fácil”, asegura la mujer, que también agradece la labor del Centro de Recursos para la Infancia y la Adolescencia que gestiona Save the Children en Madrid, un espacio que ofrece apoyo y actividades para niños, adolescentes y sus familias.

La pobreza infantil sigue siendo una asignatura pendiente

A pesar de que la pobreza infantil en España ha bajado 0,8 puntos en el último año, sigue condicionando la vida de muchos niños, niñas y adolescentes, sobre todo en los hogares encabezados por mujeres, como refleja el caso de Patricia. Según datos de la Encuesta de Condiciones de Vida 2025 del Instituto Nacional de Estadística (INE), el 28,4% de los menores de edad se encuentra en situación de pobreza o exclusión social, frente al 17,8% de las personas mayores de edad.

En ese sentido, Save the Children advierte que la situación es especialmente grave en los hogares monomarentales, donde la tasa de pobreza alcanza el 45,8%, frente al 22,5% de las familias que cuentan con dos adultos. Esta diferencia revela la feminización de la pobreza, relacionada con empleos precarios, contratos a tiempo parcial no elegidos y las barreras para compaginar el trabajo con el cuidado de los hijos.

La organización también recuerda que la pobreza infantil es un fenómeno estructural, vinculado precisamente “al coste de la crianza, a las dificultades de acceso a la vivienda, a la insuficiencia de políticas de apoyo a las familias y a la desigualdad de género”. “El coste de la crianza se ha convertido en una barrera para garantizar una infancia digna. Cuando las familias no pueden asumir los gastos básicos, son los niños y niñas quienes pagan el precio”, critica Catalina Perazzo, directora de influencia y desarrollo territorial de Save the Children.

Frente a este escenario, la organización también valora de forma positiva la prestación universal por hijo propuesta por el Gobierno, aunque también advierte que la medida, por sí sola, “no será suficiente para reducir de forma significativa la pobreza infantil”. Si finalmente esta ayuda económica se convierte en realidad y se diseña de forma adecuada, añaden, el impacto en las familias en situación de vulnerabilidad puede ser muy relevante, ya que permitirá “aliviar parte de los costes asociados a la crianza, aportará estabilidad económica y reducirá el riesgo de que niños y niñas crezcan con carencias que afecten a su salud, su educación y su bienestar”.

Además, concluyen, la prestación “ofrecerá seguridad a todas las familias y reconocerá el esfuerzo que supone criar, algo especialmente importante en un contexto de creciente precariedad”. Desde Save the Children también defienden el carácter universal de la ayuda, porque garantiza que ningún niño o niña quede fuera por barreras administrativas, desconocimiento o estigmatización.

Dos datos sorprendieron con la publicación del índice de inflación de enero: el aumento del IPC en sí y el fuerte incremento que tuvieron los alimentos y bebidas, que aumentaron 4,7% en el primer mes del año. Ahora, el Indec publicó un segundo informe que da cuenta de cómo se encarecieron los productos de primera necesidad en el comienzo del 2026, incluyendo por supuesto a los insumos alimenticios. Se trata del estudio de canasta básica, que mide el total de ingresos que debe tener una familia tipo para cubrir sus necesidades durante un mes.

El informe presenta dos datos. Por un lado, está la Canasta Básica Total (CBT), que incluye el costo de todos los bienes y servicios básicos para vivir y marca el nivel de ingresos que debe tener una familia tipo para no caer en la “pobreza”. En este caso, los datos del Indec muestran que la CBT se encareció 3,9% en enero (un punto por encima de la inflación), con lo que llegó a $1.360.299. Las familias con ingresos inferiores a ese monto, son técnicamente consideradas “pobres”.

Por su parte, la Canasta Básica Alimentaria (CBA), estudio que mide el total de gastos que debe hacer una familia para cubrir únicamente sus necesidades alimenticias, registró en enero un fuerte aumento del 5,8 por ciento. De esa forma, la CBA alcanzó los 623.990 pesos. Los hogares que con ingresos inferiores a ese monto, son técnicamente considerados “indigentes”.

El aumento de la CBA concuerda con el fuerte movimiento de precios que registró el rubro de “alimentos y bebidas” en la medición del IPC. Además, ejerce presión negativa a la medición de los niveles de indigencia, ya que sube la vara de lo que deben ganar las familias argentinas para no estar en esa condición. De hecho, en el acumulado de los últimos doce meses la CBA registró una suba del 37,6%, un valor que supera con amplitud al IPC de ese período (32,4%). La CBT, por su parte, acumula una variación del 31,6% en el acumulado del último año.

El costo de vida por hogar

Para la medición de la pobreza y la indigencia el Indec toma en consideración la CBA y la CBT de una familia de cuatro personas, compuesta por un varón de 35 años, una mujer de 31, un hijo de 6 años y una hija de 8. Sin embargo, el informe mensual del organismo presenta también los resultados para otros grupos familiares, con diferente cantidad de integrantes.

Lógicamente, a mayor cantidad de personas en el hogar, mayor es el costo real de ambas canastas. Así, una familia de cinco integrantes, compuesta por un varón y una mujer, ambos de 30 años y tres hijos de 1, 3 y 5 años, debe gastar $656.301 mensuales para acceder a una Canasta Básica Alimentaria y debe ganar $1.430.735 para poder adquirir una Canasta Básica Total.

Por el contrario, un hogar de sólo tres integrantes tiene que pagar menos que el hogar promedio. En ese caso, la CBA es de $496.769 y la CBT llega a $1.082.956. El hogar tomado como ejemplo está compuesta por una mujer de 35 años, su hijo de 18 años y su madre de 61.

La carrera con los salarios

Como se mencionó, la CBA y la CBT son indicadores fundamentales para medir la evolución de la indigencia y la pobreza, pero para tener una idea cercana de qué está pasando a nivel socioeconómico, se debe tener en cuenta la evolución de otra variable: los salarios.

El último dato disponible publicado por el Indec, muestra que los sueldos de los trabajadores formales se incrementaron en promedio 28,8% en el total de 2025. Con eso, los asalariados le ganaron la carrera a la Canasta Básica Total (subió 27,7% en todo el año pasado), un escenario que le quita presión a los niveles de pobreza.

No obstante, la situación cambia cuando se analiza la CBA. Es que la Canasta Básica Alimentaria tuvo un incremento del 31,2% en el transcurso del 2025, lo que significa que los sueldos quedaron por debajo del incremento del costo de los productos alimenticios. Eso, por supuesto, aumenta el riesgo de indigencia.

De todas formas, los últimos indicadores de pobreza presentados por el Gobierno dieron cuenta de una mejora de los indicadores socioeconómicos. En detalle, el Gobierno aseguró que, en un solo año, 5,2 millones de personas dejaron de ser pobres en la Argentina. El dato corresponden al tercer trimestre del 2025.

La infancia en España representa el rostro más visible de la desigualdad: el 28,4% de los menores crecen en situación de pobreza, una cifra que casi duplica la registrada entre los adultos (17,8%), según los últimos datos de la Encuesta de Condiciones de Vida del INE. Ante esta brecha, la propuesta del Gobierno de aprobar una prestación universal por crianza de hasta 200 euros al mes se plantea como una herramienta clave para aliviar la carga económica de las familias, fomentar la natalidad y reducir la pobreza infantil. Por eso organizaciones como Unicef y Save the Children piden que la medida no se quede en una promesa y que se implemente cuanto antes.

“Tiene que convertirse en una realidad para que mejore las vidas de los niños y niñas que se encuentran en situación de pobreza“, señala Lucía Losoviz, responsable de incidencia nacional de Unicef España, que destaca la necesidad de asignar el presupuesto correspondiente y aplicar la medida sin demoras, ya que la situación actual ”así lo requiere”. Y es que de acuerdo a la Encuesta de Condiciones de Vida, uno de cada tres menores en España está en riesgo de pobreza o exclusión social.

Además, aunque la tasa de pobreza infantil basada en ingresos ha descendido del 29,2% al 28,4%, la brecha con la pobreza adulta se amplía: en hogares con dos adultos y sin hijos, la tasa es del 13,8%, mientras que en hogares con dos adultos y al menos un niño asciende al 22,5%.

El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha explicado que la prestación universal por crianza ha demostrado ser eficaz en otros países donde ya se aplica, y su departamento ha aclarado que su implementación debe ir acompañada de un modelo fiscal redistributivo, progresivo y equitativo.

Mejoraría la salud y las relaciones parentales

Esta ayuda anunciada por el Gobierno, que estaría dirigida al 100% de las familias con menores de 18 años a su cargo, se integra en una estrategia de desarrollo sostenible que busca combatir problemas como el acceso a la vivienda y la brecha de género de aquí a 2030, entre otros desafíos. En esta línea, Unicef destaca el potencial de la prestación no solo para reforzar los ingresos familiares, sino para “reducir el abandono escolar, mejorar la salud infantil mediante una mejor alimentación y condiciones adecuadas en el hogar“, como poder encender la calefacción en invierno o mantener la casa a una temperatura fresca en verano con aire acondicionado.

“Este tipo de prestaciones económicas también son claves para reducir el nivel de estrés y presión sobre las decisiones familiares, mejorando la salud mental y las relaciones parentales”, indica a Infobae Gabriel González-Bueno, especialista en políticas de infancia de Unicef. Estas ayudas, añade, son especialmente importantes para reducir la pobreza infantil en España, que se encuentra entre los países de la Unión Europea donde este tipo de prestaciones tiene menor impacto y cuya inversión en protección social para familias e infancia" está muy por debajo de la media europea".

No basta la medida por sí sola

Save the Children coincide en que, si la prestación por crianza se aplica correctamente, proporcionará mayor seguridad a todas las familias y supondrá un reconocimiento al esfuerzo que implica criar hijos en un contexto de creciente precariedad. La organización recuerda que la pobreza infantil en España tiene causas estructurales, vinculadas al elevado coste de la crianza, las dificultades para acceder a la vivienda, la escasez de políticas de apoyo familiar y la desigualdad de género.

También destaca que invertir en infancia no es un gasto, sino “una apuesta por la sostenibilidad social, económica y demográfica de nuestra sociedad”. “Garantizar que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades de crecer y desarrollarse es la base de un futuro más justo y próspero para todos”, añaden.

Ambas organizaciones subrayan la importancia de que esta ayuda vaya acompañada de otras políticas relacionadas con el acceso efectivo y gratuito a servicios, como la educación 0-3 años, unas políticas de vivienda que tengan en cuenta a la infancia, y mejoras en el mercado de trabajo, especialmente desde la conciliación, además de una mayor participación de la infancia en situación de vulnerabilidad en la vida social y política.

Un pilar de la protección social

Desde Unicef defienden un modelo mixto, en el que las prestaciones universales constituyan “un pilar de la protección social para todos los hogares con niños”, complementado con ayudas focalizadas y acceso gratuito a servicios clave para las familias más vulnerables. En España, el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y el Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI) representan ese enfoque focalizado, aunque la organización advierte de que se requieren mejoras para acceder a estas ayudas.

“Lo que es necesario es construir ese pilar de prestaciones universales que son las más eficaces en reducir la pobreza infantil y, a la vez, reconocen el esfuerzo de la crianza que realizan millones de familias y del que se beneficia el resto de la sociedad", concluye González-Bueno.

Según un reciente estudio elaborado por Unicef junto al Centro de Políticas Económicas de Esade, si esta prestación fuera de 100 euros mensuales, la pobreza infantil se reduciría en 3,6 puntos porcentuales, es decir, un 11,2% menos de niños y niñas en situación de pobreza (270.000 menores). Si la prestación se sitúa en 200 euros, la reducción sería de 7,1 puntos porcentuales: un 22,1% menos de niños y niñas en situación de pobreza, lo que equivale a 530.000 menores

La tasa de riesgo de pobreza relativa en España cayó en 2025 al 19,5%, su nivel más bajo desde la crisis de 2008, según la Encuesta de Condiciones de Vida (INE) del Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondientes a 2025. El dato consolida una tendencia positiva en los indicadores sociales, pero también deja al descubierto una fractura que se agrava entre los jóvenes: la diferencia cada vez mayor entre quienes consiguen independizarse y quienes permanecen en el hogar familiar.

Según recoge Jorge Galindo, director adjunto de EsadeEcPol, en un análisis difundido por el think tank, la proporción de jóvenes de entre 16 y 34 años en situación de pobreza cayó del 22,2% en 2015 al 17,0% en 2025. Aunque la tendencia general es descendente, la recuperación no ha sido homogénea. La pandemia interrumpió el avance, con un repunte al 20,7% en 2021, y la tasa se ha mantenido estable entre el 17% y el 18% desde 2022.

Sin embargo, Galindo señala la preocupante evolución de una realidad que se está volviendo cada vez más común: el creciente número de jóvenes que ve imposible emanciparse. De hecho, el INE señala que la tasa de menores de 35 años independizados se ha reducido año tras año en la última década. El porcentaje de jóvenes emancipados bajó del 37,5% en 2015 al 27,0% en 2025, lo que significa que casi tres de cada cuatro jóvenes españoles de 16 a 34 años viven con al menos uno de sus padres. Aunque pueda parecer que aquellos que se mantienen sin ayuda financiera de su familia cuentan con economías más robustas, los datos oficiales apuntan a que poder contar con el apoyo financiero de los padres es una de las mejores garantías para correr menor riesgo de pobreza.

Los jóvenes emancipados, cada vez más pobres

En esta publicación, el sociólogo e investigador señala la existencia de una brecha de pobreza entre los jóvenes emancipados y aquellos que viven con sus padres. Aunque en su conjunto los dos grupos han logrado reducir la tasa de pobreza juvenil, esta mejora es la suma de su evolución a ritmos muy diferentes. A lo largo de la última década, la pobreza entre los jóvenes que viven con sus padres ha descendido 6,2 puntos. Entre los emancipados, en cambio, la cifra ha crecido 1,6 puntos. Por lo tanto, los jóvenes independizados han visto aumentar su probabilidad de encontrarse en situación de pobreza mientras que para los que no han abandonado la casa de sus padres se ha hecho menor, ensanchando la distancia entre las tasas de pobreza relativas de los dos colectivos hasta los 17,8 puntos.

Vistas estas diferencias, todo indica que la reducción de la pobreza juvenil agregada responde principalmente a la mejora entre quienes continúan en el hogar familiar. El análisis de EsadeEcPol revela que dos tercios de la reducción total se deben al descenso de la pobreza en este grupo, cuya tasa ha decaído hasta el 12,2% desde el 18,4% registrado diez años antes. Solo una quinta parte obedece al descenso en la proporción de jóvenes emancipados, que mantiene una tasa de pobreza del 30% (casi el triple de la de los que siguen viviendo con sus padres), frente al 28,4% de 2015.

Así, la buena noticia de la reducción de la tasa de pobreza no se corresponde necesariamente con una mejora en las condiciones de vida de los jóvenes emancipados, sino con un aumento del número de trabajadores de nuevas generaciones que no pueden permitirse la emancipación y se mantienen bajo el amparo de la economía familiar.

Estudiar no basta sin ayuda familiar

El incremento en el nivel educativo de la juventud es otro de los aspectos destacados por el artículo, que sin embargo ni tiene el impacto esperado en la tasa de pobreza ni afecta de la misma manera a los dos grupos estudiados. La proporción de jóvenes con educación terciaria, ya sea cursando o completada, ha crecido tanto en los emancipados como en los no emancipados. Entre quienes viven con sus padres, el porcentaje se acerca a dos tercios; entre los emancipados, el número sube hasta rozar el 75%.

La desagregación por nivel educativo muestra que, en 2025, la tasa de pobreza para jóvenes sin educación terciaria es del 15% si viven con sus padres y alcanza el 39,1% en el caso de los emancipados. Entre los emancipados con estudios superiores, la tasa se mantiene entre el 23% y el 25% a lo largo de la década analizada, mientras que los que viven con sus padres y cuentan con estudios terciarios mantienen el menor riesgo de pobreza, que cae desde el 16% en 2015 hasta el 11,3% en 2025.

De estos datos se desprende que la apuesta más segura para mantenerse lejos de la pobreza juvenil es cursar estudios terciarios, pero sobre todo poder depender del apoyo económico familiar. El siguiente grupo con mayor seguridad son los no emancipados sin estudios terciarios, cuyas tasas han estado generalmente por debajo de las de los independizados con formación superior en la última década, aunque en ocasiones las han sobrepasado.

El precio de la vivienda, otro gran condicionante

Las cifras ofrecidas anteriores se han calculado teniendo en cuenta solo los ingresos que entran en el hogar, por lo que dejan fuera diferencias importantes relacionadas con el precio del acceso a la vivienda, una de las principales problemáticas a las que se enfrentan las generaciones más jóvenes. No obstante, existe una manera de estimar el valor económico de vivir en una casa sin pagar un alquiler de mercado. Eso es precisamente el alquiler imputado: una cifra que calcula cuánto costaría esa vivienda si hubiera que alquilarla en condiciones normales. Se aplica tanto a quienes viven en una vivienda en propiedad como a quienes residen en una casa cedida por un familiar o siguen viviendo con sus padres.

Cuando este componente se suma a la renta del hogar, el impacto es claro: la tasa de pobreza baja mucho más entre quienes viven con sus padres (−1,5 puntos) que entre quienes ya están emancipados (−0,4 puntos), según el análisis de Galindo. Este ajuste refuerza la hipótesis de que el hogar familiar actúa como principal red de protección económica frente a la pobreza juvenil.

Con la nueva canasta de gastos de los hogares realizada en 2017/2018, que el Indec aún no aplicó para el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y que es uno de los motivos por los que renunció su ex titular, Marco Lavagna; en el tercer trimestre de 2025, la pobreza fue superior a la estimada por el Gobierno en 6,3 puntos porcentuales.

Desde el Ministerio de Capital Humano, en base a los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec, afirmaron que la incidencia de la pobreza fue de 26,9% en dicho período, lo que representa una baja interanual de 11,4 puntos porcentuales respecto del tercer trimestre de 2024, cuando alcanzó 38,3%.

En tanto, la indigencia habría sido del 6%, presentando una caída interanual de 3,2 puntos porcentuales respecto del mismo período del año anterior (9,2%).

Según estimaciones del econometrista Martín González Rozada, basadas en la Encuesta Nacional de Gastos de Hogares (ENGHo) 2017/2018, no utilizada por el Indec; la tasa de pobreza nacional habría alcanzado el 33,2% en el tercer trimestre de 2025, esto es una disminución de 25,2 puntos porcentuales respecto al pico registrado en el primer trimestre de 2024, aunque la cifra es mayor a la informada por el Ejecutivo.

El análisis del investigador de la Universidad Torcuato Di Tella también indica que la indigencia se ubicó en 5%, marcando el nivel más bajo desde el tercer trimestre de 2017. En este caso, el número es inferior al de Capital Humano, que realiza sus informes a través del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS).

Por regiones, el Noreste (NEA) mantiene la tasa más alta, con un 43,8%, seguido por el Noroeste (NOA) con 40,7%, aunque ambas regiones registraron caídas significativas de 9,2 y 4,8 puntos porcentuales, respectivamente.

En el extremo opuesto, la Patagonia presenta la menor incidencia de pobreza (26,4%), seguida por la región Pampeana (28,9%). El Gran Buenos Aires, que concentra alrededor del 45% de la población urbana del país, alcanza una tasa de 33,3%, prácticamente igual al promedio nacional.

Todas las regiones mostraron descensos, con NEA (-9,2 pp) y Cuyo (-5,9 pp) liderando las mayores reducciones respecto al trimestre anterior.

En términos de situación habitacional, en el tercer trimestre de 2025, la brecha de pobreza entre propietarios e inquilinos volvió a invertirse: los inquilinos registran una tasa de 33,4%, superior al 30,8% de los propietarios, con una diferencia de -2,6 puntos porcentuales.

Esto contrasta con el trimestre anterior, cuando la brecha era de +4,0 puntos porcentuales a favor de que los propietarios fueran más pobres, y sugiere un posible efecto estacional o un cambio en la dinámica de ingresos según el régimen de tenencia. La brecha histórica promedio se sitúa en -1,1 puntos porcentuales, con inquilinos generalmente más pobres.

Según Rozada, este cambio representa una reversión del patrón atípico que caracterizó a la Argentina en trimestres previos. Ahora, los datos se alinean con lo que ocurre en la mayoría de los países de América Latina, donde los inquilinos suelen enfrentar mayores niveles de pobreza.

Los analistas señalan que esta reversión podría estar vinculada a la recuperación diferencial de ingresos según el tipo de vivienda, a cambios en el mercado de alquileres o a factores estacionales. La persistencia de este patrón en los próximos trimestres permitirá determinar si se trata de un cambio estructural o simplemente transitorio.

Otro punto destacado por el informe es que la Canasta Básica Total (CBT) individual, con la ENGHo 2017/2018, llegaría a $344.535, en lugar de los $297.091 que surgen de la ENGHo de 2004/2005 que utiliza el Indec.

Vale mencionar que, además de la baja de la inflación, el fuerte incremento en la Asignación Universal por Hijo (AUH) y otras transferencias directas hizo que, aunque los salarios reales en el sector privado no mejoraran significativamente, los ingresos familiares crecieran por encima de la canasta básica total. Esto fue clave para la reducción estadística de la pobreza.

A su vez, según la UCA, hubo mejoras en el registro de ingresos no laborales en las encuestas por parte del Indec, lo que también impactó en las estadísticas de pobreza.

Los especialistas coinciden en que para reducirla de manera permanente y romper el piso estructural (cerca del 25%–30%), son necesarias reformas económicas profundas, crecimiento del empleo productivo y un aumento genuino del poder adquisitivo de los hogares a través del desarrollo económico sostenido.

El Partido Socialista ha destacado el descenso registrado en el abandono escolar temprano en España, cifra que, según un comunicado, ha pasado del 20% en 2015 al 12,8% en 2025. Este dato forma parte de su respuesta a las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, sobre las políticas de ayudas sociales y la situación del empleo en el país. De acuerdo con la información publicada por el medio que aportó la noticia, el PSOE rechaza los argumentos del líder de la oposición y asegura que la realidad laboral y social desmiente sus afirmaciones.

Según consignó el medio, el PSOE ha calificado de “irresponsable” la crítica de Feijóo al Ingreso Mínimo Vital (IMV). El partido responde a las declaraciones realizadas el martes por Feijóo en la asamblea general de la Asociación Valenciana de Empresarios, en las que sostuvo que, actualmente, a muchas personas “no les merece la pena trabajar y el Gobierno lo incentiva”. El PSOE considera estas manifestaciones como un ataque a una de las principales medidas destinadas a la reducción de la pobreza en España.

El partido de Gobierno defendió la efectividad del IMV como herramienta social, argumentando que protege a más de 770.000 hogares. De acuerdo con las afirmaciones de los socialistas divulgadas por el medio, el incremento en la cantidad de prestaciones concedidas no supone un fracaso, sino que demuestra que el sistema de protección social está alcanzando sectores de la población que antes no recibían ayuda, garantizando apoyo a quienes más lo necesitan.

Respecto a las cifras de empleo, el PSOE señaló que actualmente España cuenta con cerca de 22,5 millones de personas ocupadas, frente a los 20 millones que, según señalaron, aspiraba a alcanzar el anterior presidente del PP, Mariano Rajoy. A través de un comunicado citado por el medio, la formación socialista aseguró que nunca antes hubo tantos trabajadores en el país. También destacaron que, en 2025, la tasa de desempleo descendió al 9,93%, situándose por debajo del 10% por primera vez desde 2008.

El medio informó que desde la sede nacional del PSOE, Ferraz, se emitió un pronunciamiento en el que se subrayó que el IMV representa un pilar en la estrategia para combatir la exclusión social. Los socialistas además respondieron a las recientes afirmaciones de Feijóo sobre un supuesto aumento en la tasa de abandono escolar, calificando como falsa esa información y remitiendo a las estadísticas que reflejan la reducción de esta problemática durante la última década.

En sus declaraciones recogidas por el medio, el PSOE acusó al líder del PP de permitir que la desinformación se colara en el debate político y social. El partido afirmó que Feijóo muestra desprecio hacia los sectores de la sociedad que requieren mayor apoyo institucional y sugirió que su papel en la política nacional ha estado acompañado por la propagación de datos imprecisos o directamente falsos.

El medio detalló que durante el intercambio de declaraciones, los socialistas reforzaron la legitimidad y necesidad de las ayudas sociales, justificando el aumento en la cobertura del IMV con el argumento de que refleja una mayor protección. En palabras del PSOE, “que aumente el número de prestaciones no es un fracaso, es la prueba de que el sistema llega donde antes no llegaba y protege a quien más lo necesita”. Además, remarcaron que los niveles actuales de ocupación laboral no solo igualan, sino que superan los objetivos propuestos por gobiernos anteriores, reforzando su posición en el debate sobre las políticas de empleo y asistencia social.

El cruce entre ambos partidos se produce en un contexto en el que la agenda económica y social ocupa un lugar central en la disputa pública. Las cifras de empleo, la evolución del desempleo y los indicadores sobre educación y pobreza, según refleja el artículo citado, forman parte de los argumentos principales que el PSOE utiliza para defender la orientación y resultados de las políticas implementadas durante su gestión.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha propuesto este viernes la implantación de un impuesto anual del 2% para los “ultrarricos” españoles, que permitiría crear una prestación universal por crianza. La medida se crearía a imagen y semejanza de la conocida como tasa Zucman, una propuesta de gravamen a los grandes patrimonios.

El ministro se ha reunido este viernes en París con el economista galo Gabriel Zucman, promotor de la tasa que lleva su nombre, para estudiar cómo sería su aplicación en España. El gravamen del 2% se implantaría a patrimonios superiores a 100 millones de euros de forma anual. Según estimaciones del Observatorio Fiscal de la Unión Europea, esta medida permitiría recaudar hasta 5.200 millones de euros.

Con este dinero, Bustinduy ha manifestado la intención de crear una prestación universal por crianza con el objetivo de “erradicar la pobreza infantil en España”. “La tasa que tenemos de pobreza infantil es completamente inaceptable y debemos ponerle remedio cuanto antes”, ha valorado el ministro. “Por nuestra parte, hemos incidido en cómo iniciativas como la Prestación Universal por Crianza requieren, precisamente, ir acompañas de una tributación justa, que supere las limitaciones del actual modelo fiscal que hace que los ricos paguen menos que un ciudadano medio”, ha explicado ante los medios al término de su reunión con el economista.

1 de cada 3 niños vive en situación de pobreza

El último informe de Unicef sobre pobreza en España calcula que un tercio de los menores de edad viven en situación de pobreza o exclusión en el país, lo que supone aproximadamente 2,7 millones de niños y adolescentes. Estos niños “carecen de recursos económicos y materiales suficientes para su desarrollo y bienestar tanto físico como mental”, según el organismo internacional.

Unicef certificó en su estudio que la pobreza infantil en España es un problema “de carácter estructural” y “un fallo colectivo” que requiere políticas públicas. Entre ellas, proponía la creación de una Prestación Universal por Crianza de 100 o 200 euros mensuales por cada menor de 18 años, medida que recoge ahora el ministro Bustinduy. Este tipo de iniciativas lograrían, según Unicef, reducir la pobreza infantil más de un 11% en el país.

El director de la cartera de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha defendido que la aplicación de este impuesto contribuiría tanto a disminuir la pobreza infantil como a lograr una mayor justicia fiscal. En el marco de la visita oficial a París, Bustinduy también se ha reunido con Mary Beth Goodman, secretaria general adjunta de la OCDE. Durante este encuentro, discutieron líneas de cooperación para avanzar en la lucha contra la pobreza infantil y en la posible implantación de la citada prestación universal.

“Creemos que España puede ser referente, que este trabajo que se está haciendo en España a través de la cooperación y la colaboración internacional puede extenderse para garantizar que recuperemos la capacidad de control en nuestras democracias sobre los algoritmos que están determinando gran parte de la vida pública y de nuestra vida económica y social. Y queremos que España sea referente en la defensa de la gobernanza democrática de los espacios digitales”, ha concluido.

La pobreza en la Argentina volvió a mostrar una baja durante el tercer trimestre de 2025 y se ubicó en 26,9%, de acuerdo con una estimación difundida por el Ministerio de Capital Humano. El dato surge de un cálculo realizado por el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS), en base a los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Medido en cantidad de personas, esto significa que aún hay 12.849.616 personas pobres en Argentina, 5.239.474 menos que un año atrás y 6.680.087 menos que los que se contabilizaban al inicio del gobierno de Javier Milei.

Estos números no deben confundirse con los mencionados por el Gobierno, que en más de una ocasión ha afirmado que “más de 12 millones de personas salieron de la pobreza durante la gestión actual”. Lo que ocurre, es que la administración libertaria no hace la comparación con el momento en que se inició la gestión, sino con el momento en el que se dio el pico máximo de pobreza, en el primer semestre de 2024.

Cabe recordar que en los primeros meses del 2024 millones de personas comenzaron a ser “pobres”, luego de que se produjera un sinceramiento de diferentes variables de la economía. Por citar un ejemplo, el dólar sufrió una brusca devaluación que disparó la inflación en los meses siguientes. También se sinceraron tarifas y se hicieron otras correcciones que hicieron que los salarios quedaran muy retrasados, llevando a millones de personas debajo de una Canasta Básica Total (CBT). Pasado el cimbronazo, algunas variables macroeconómicas comenzaron a normalizarse y los sueldos comenzaron a recuperar de a poco el terreno perdido, provocando varias bajas consecutivas de los niveles de pobreza.

Qué dice el Gobierno

Según el informe oficial, la incidencia de la pobreza registró una caída interanual de 11,4 puntos porcentuales respecto del mismo período de 2024, cuando había alcanzado el 38,3 por ciento. De esta manera, el Gobierno destacó que la tendencia descendente se consolida tras el pico registrado en el primer trimestre de 2024.

“El Ministerio de Capital Humano informa que la pobreza en la Argentina continúa bajando”, señaló el comunicado difundido por la cartera que conduce Sandra Pettovello. En ese marco, precisó que el cálculo se realiza a partir de los datos oficiales relevados por el Indec, aunque aclaró que se trata de una proyección propia, ya que la medición oficial de pobreza se publica de forma semestral.

El documento detalló que “en el tercer trimestre del 2025, la incidencia de la pobreza fue de 26,9%”, y remarcó que este resultado se explica por una combinación de factores vinculados al contexto macroeconómico y a las políticas sociales implementadas. En palabras del Ministerio, la evolución del indicador se da “gracias a las políticas económicas implementadas por el gobierno que han contribuido a reducir la inflación y estabilizar la economía, sumado a las acciones encaradas desde este Ministerio centradas en las personas con mayor vulnerabilidad del país”.

La estimación oficial se elaboró luego de que el Indec publicara los microdatos correspondientes a la EPH del tercer trimestre de 2025. A partir de esa información, el CNCPS proyectó la incidencia de la pobreza y la indigencia para ese período. “Este cálculo lo realiza el Ministerio de Capital Humano, a través del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS), a partir de la publicación por parte de INDEC de los Microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del tercer trimestre de 2025”, precisó el comunicado.

El informe también puso el foco en la evolución reciente del indicador. Según el Gobierno, la pobreza alcanzó su nivel más alto en el primer trimestre de 2024, cuando llegó al 54,8 por ciento. Desde entonces, de acuerdo con la estimación oficial, se inició un proceso de descenso sostenido que se refleja en los datos del tercer trimestre de 2025.

En ese contexto, el Ministerio recordó que el Indec publica la medición oficial de pobreza dos veces por año. Asimismo, el comunicado indicó que la próxima medición oficial del organismo estadístico se conocerá en marzo de 2026 y estará referida al segundo semestre de 2025. Hasta entonces, las estimaciones difundidas por el Ministerio se basan en proyecciones propias realizadas a partir de los microdatos oficiales.

Además de la pobreza, el informe incluyó datos sobre la evolución de la indigencia, es decir, la pobreza extrema. Según la estimación del Ministerio de Capital Humano, la incidencia de la indigencia se ubicó en 6% durante el tercer trimestre de 2025. Este valor representa una caída interanual de 3,2 puntos porcentuales en comparación con el mismo período de 2024, cuando el indicador había sido del 9,2 por ciento.

Con estos números, se puede deducir que hay 2.866.085 indigentes en el país, lo que implica una baja de 1.479.075 personas en el último año y una reducción de 2.707.139 personas desde que empezó el gobierno de Milei.

Desde el Gobierno señalaron que la reducción de estos indicadores está vinculada a una estrategia que combina políticas macroeconómicas y sociales. En el cierre del comunicado, el Ministerio sostuvo: “Equilibrar la macroeconomía, poner un freno a la inflación y focalizar las transferencias hacia los sectores más vulnerables, de manera directa y transparente, sin intermediarios, nos está permitiendo seguir bajando la pobreza en la Argentina”.

De esta forma, el Ejecutivo presentó una nueva estimación que muestra una reducción de la pobreza y la indigencia durante el tercer trimestre de 2025, en un contexto en el que aún resta conocerse el próximo dato oficial del Indec. Mientras tanto, el oficialismo destacó la continuidad de la tendencia descendente a partir de los cálculos realizados sobre la base de información estadística oficial.

Una inversión proyectada de $23.8 millones marcará el arranque de “Latidos del Barrio”, un plan de desarrollo de 10 centros comunitarios que busca llevar cultura, deporte, salud, educación y participación ciudadana a comunidades vulnerables.

El programa fue presentado ante el Consejo de Gabinete por la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, y la ministra de Cultura, María Eugenia Herrera.

Su meta declarada es beneficiar a más de 2 millones de panameños que viven en barrios históricamente rezagados.

El diseño del programa apunta a un enfoque preventivo. Con foco en jóvenes. Para reducir factores asociados a violencia, consumo de drogas y pandillas.

La propuesta plantea centros concebidos como espacios de encuentro, formación artística y revitalización de áreas públicas, bajo la premisa de que el acceso a actividades culturales y deportivas puede traducirse en oportunidades concretas y cohesión social.

El plan se plantea a tres años. Cuatro centros se ubicarían en el área metropolitana. Seis centros se desarrollarían en distintas provincias.

La inversión total equivale a una estimación de $10.82 por persona dentro del universo de beneficiarios proyectado, un dato usado por las autoridades para sustentar el componente de inversión social y el acceso equitativo a servicios comunitarios.

Durante la presentación en Gabinete, la primera dama describió el programa como una intervención que se construye desde el territorio. Con escucha comunitaria. Con acompañamiento directo.

En su exposición, subrayó que la iniciativa busca reconocer el talento existente en los barrios y convertirlo en oportunidades, promoviendo valores vinculados a convivencia, respeto y solidaridad.

La ministra de Cultura afirmó que “Latidos del Barrio” se concibe como un programa institucional con metodología definida para fortalecer el tejido social, recuperar espacios públicos y reforzar la presencia efectiva del Estado.

No solo infraestructura. Centros vivos y multidisciplinarios. “La cultura no es un lujo”, sostuvo, al presentar el programa como una herramienta estratégica para desarrollo humano, prevención social y cohesión comunitaria.

El corazón del modelo son los centros comunitarios. Espacios multifuncionales. Con cinco ejes de trabajo. Según la explicación dada en la conferencia, la propuesta integrará cultura y arte; deporte y recreación; educación y formación para la vida; bienestar emocional, medio ambiente y salud comunitaria; y participación ciudadana con liderazgo local.

En cuanto a contenidos, el programa plantea instalaciones y actividades como canchas deportivas, bibliotecas, ludotecas, artes plásticas y salas de usos múltiples para danza y capacitaciones.

También estudios de música y grabación,cursos de inglés, áreas de ciencia y tecnología con computadoras, programación, pizarras interactivas e impresoras 3D. Incluso se mencionó la inclusión de espacios recreativos vinculados a videojuegos y aprendizaje digital, con la intención de atraer a los jóvenes sin perder el componente formativo.

La ministra indicó que el ministerio asumirá un rol de coordinación interinstitucional para articular programas públicos y sumar aliados privados en el territorio, de forma que educación, salud, deporte, prevención y cultura confluyan en los mismos puntos de intervención.

Entre los primeros proyectos mencionados como parte de la fase inicial figuran centros ubicados en la Cinta Costera, en el área de El Chorrillo; San Joaquín, en Pedregal; y Ciudad Esperanza, en Arraiján. Tres licitaciones ya fueron adjudicadas, según explicó la ministra, y se encuentran a la espera de refrendo para avanzar. Indicó que el plazo estimado para que estas obras estén listas es de aproximadamente un año.

En la conferencia se precisó además un costo de referencia por proyecto. Alrededor de $1.5 millones cada uno. La ministra remarcó que se trata de obras de escala contenida, diseñadas para ser funcionales, atractivas y replicables, con el objetivo de avanzar hacia los siete centros restantes en el marco del plan trianual.

Un componente que las autoridades presentaron como evidencia de impacto es la Red de Coros y Orquestas Juveniles. Creció de 1,215 estudiantes en 2017. A más de 8,800 en 2026. Ese salto fue citado como prueba de que la inversión cultural sostenida puede traducirse en resultados medibles en formación y participación juvenil.

El acceso a los centros sería gratuito. La ministra explicó que el ingreso se manejaría con mecanismos similares a los utilizados en programas existentes del Ministerio de Cultura, combinando matrícula, evaluación por niveles y acompañamiento formativo.

En el diseño expuesto, el funcionamiento se concentraría en horarios posteriores a la escuela, con franjas pensadas para cubrir las tardes y mantener a niños y adolescentes en entornos supervisados y productivos.

En cuanto a expansión territorial, se mencionó la intención de llegar a provincias como Darién, Chiriquí, Bocas del Toro, Colón y Coclé. La lógica del programa, según explicó la ministra, es que el centro funcione como base operativa para que maestros y equipos lleguen a los estudiantes, especialmente en comunidades donde el acceso a oferta cultural y deportiva ha sido limitado.

La tasa de riesgo de pobreza o exclusión social (AROPE) alcanzó en 2025 un nuevo mínimo situándose en el 25,7% -unos 13,5 millones de personas- frente al 25,8% del año anterior, en un contexto en el que crecieron los ingresos medios en los hogares y se redujo la población que llega a final de mes con dificultad. Así lo refleja la Encuesta de Condiciones de Vida que publica este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE) con los resultados definitivos del año 2025 (con la renta de 2024) en materia de desigualdad, ingresos, pobreza y exclusión social en España.

La encuesta indica que el ingreso medio por persona alcanzó los 15.620 euros en 2024, lo que representa un aumento del 5,5% respecto al año precedente, pero, a pesar de esa mejora, persistieran las dificultades: el 8,5% de la población reportó que llegaba a fin de mes con “mucha dificultad” en 2025, aunque este porcentaje descendió 0,6 puntos en comparación con el año previo. Otro indicador relevante es el acceso a vacaciones, ya que el 32,2% afirmó no poder ausentarse de casa al menos una semana al año; este dato mejoró 1,2 puntos respecto a 2024.

Por grupos de edad, los menores de 16 años vieron reducirse su exposición al riesgo de pobreza o exclusión social en 0,8 puntos, y la población de 65 años y más en 0,3 puntos, mientras que el rango de 16 a 64 años experimentó un ligero aumento de 0,1 puntos en la tasa AROPE.

Carencia material y social severa

En cuanto a la composición del indicador, mejoraron dos de sus tres componentes: la tasa de riesgo de pobreza relativa y el porcentaje de personas en carencia material y social severa. Sin embargo, el tercer componente, el de baja intensidad en el empleo, no mostró variación respecto al año anterior. Además, el 1,4% de la población se encontraba simultáneamente en las tres situaciones desfavorables en 2025, levemente por encima del 1,3% registrado el año previo.

Por comunidades autónomas

Los niveles más altos de riesgo de pobreza o exclusión social se registraron en 2025 en Andalucía, alcanzando un 34,7%. Castilla-La Mancha ocupó el segundo lugar con un 34%, mientras que la Región de Murcia también alcanzó un nivel elevado, al situarse en un 32,5%.

En el extremo opuesto, las regiones con menor tasa fueron el País Vasco, con un 14,7%, Illes Balears, con un 15,2%, y Navarra, con un 16,5%. Estos territorios presentan los niveles más bajos de riesgo de pobreza o exclusión social en el país.

Si se atiende únicamente al riesgo de pobreza, Andalucía vuelve a encabezar la lista con un 27,7%, seguida por la Región de Murcia con un 26,7% y Extremadura con un 26,2%. Por el contrario, el País Vasco registró la tasa más baja, un 9,3%, seguido por Illes Balears con un 11,6% y Navarra con un 12,3%.

En cuanto a las dificultades para llegar a fin de mes, Castilla-La Mancha destacó por tener el mayor porcentaje de personas que reconocen afrontar esta situación con “mucha dificultad” (12,7%), seguida de la Región de Murcia (12,1%) y Canarias (11,5%). En el otro extremo, se encuentran el País Vasco (3,8%), Aragón (4,7%) e Illes Balears (4,8%), comunidades donde menos personas reportan graves problemas económicos al finalizar el mes.

El informe definitivo de la 'Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) 2025' revela que el ingreso medio por persona en España alcanzó los 15.620 euros durante 2024, lo que representa un incremento anual del 5,5%, y que la renta neta media por hogar llegó a 38.994 euros, casi 2.000 euros más que en 2023 y el nivel más alto desde que el Instituto Nacional de Estadística (INE) comenzó a recopilar esta serie. Según publicó el INE este jueves, a pesar de este aumento de ingresos, un 25,7% de la población española seguía catalogada en 2025 como en riesgo de pobreza o exclusión social, la cifra más baja desde 2014 pero prácticamente igual que la del año anterior.

El estudio del INE, consultado por múltiples medios, expone que aunque la tasa AROPE (porcentaje de la población en riesgo de pobreza o exclusión social) descendió levemente, pasando del 25,8% de 2024 al 25,7% en 2025, la mejora resulta poco significativa consideradas las persistentes desigualdades. El mayor impacto se concentra en los menores de 16 años: el 33,9% de ellos viven bajo riesgo de pobreza, el porcentaje más elevado entre todos los grupos etarios. En contraste, la tasa baja al 25,9% para quienes tienen entre 16 y 64 años y se reduce al 19,2% para las personas mayores de 65 años.

De acuerdo con lo publicado por el INE, dos de los tres componentes que definen el riesgo de pobreza o exclusión social experimentaron mejoras respecto a 2024: la tasa de riesgo de pobreza relativa descendió y también lo hizo el porcentaje de población con carencia material y social severa, situándose este último en un 8,1%, dos décimas por debajo del año anterior y su nivel más bajo desde 2022. Sin embargo, el porcentaje de personas con baja intensidad en el empleo permaneció sin cambios.

En concreto, la proporción de la población considerada en riesgo de pobreza se situó en 2025 en el 19,5%, el nivel más bajo desde 2008. Según datos del INE, el 1,4% de la población cumplía al mismo tiempo con las tres condiciones: riesgo de pobreza, carencia material y social severa y baja intensidad en el empleo. Esta proporción representaba un ligero aumento respecto al año anterior, que fue del 1,3%.

El nivel de formación influye considerablemente en la probabilidad de encarar situaciones de precariedad. Quienes poseen estudios superiores presentan una tasa de riesgo de pobreza o exclusión social del 13,9%, mientras que el porcentaje aumenta al 24,6% entre quienes cuentan con secundaria de segunda etapa, sube al 31,5% en quienes sólo completaron la primera etapa de secundaria, y alcanza el 35,3% entre las personas con educación primaria o inferior.

El paro figura como el factor que más eleva la exposición a la pobreza o exclusión: el 55,4% de las personas desempleadas están en esta situación, seguido del 37,4% entre los inactivos no jubilados. Los ocupados registran un 16,4% y los jubilados el menor dato, con un 15,4%.

El informe del INE también puntualiza las dificultades económicas cotidianas de los hogares españoles. El 8,5% declaraba llegar a fin de mes con "mucha dificultad", una reducción respecto al 9,1% de 2024 y el mejor dato desde 2019. Respecto a la capacidad para afrontar imprevistos, el 36,4% de los hogares respondió no poder cubrir gastos inesperados, una cifra seis décimas superior al año previo. Por su parte, el 32,2% de los hogares no pudo permitir vacaciones de al menos una semana fuera del domicilio habitual, porcentaje que mejoró en comparación al 33,4% de 2024.

Los retrasos en pagos de la vivienda principal o compras a plazos afectaron al 13,3% de los hogares, nueve décimas por debajo del año anterior, según reflejó el INE en su publicación. Además, el 15,9% de las familias no logró mantener el hogar a una temperatura adecuada, cifra menor que en 2024, cuando alcanzó un 17,6%, y que en 2023, año que marcó el máximo desde el comienzo de la serie en 2004 con un 20,7%.

Respecto a la alimentación, el 5,4% de los hogares no podía permitirse comer pollo, carne o pescado al menos cada dos días, siete décimas menos que en 2024. En cuanto a bienes duraderos, el 5,4% no podía disponer de un automóvil, una décima más que el año anterior, y el 27,1% no podía sustituir muebles deteriorados, mejorando el dato del 27,7% de 2024.

La encuesta contempló también la situación de la vivienda: el 73,3% de los hogares residía en propiedad, el porcentaje más bajo registrado desde que el INE inició la serie en 2004. El 20,2% vivía de alquiler, dos décimas menos que el año anterior; el 16,7% lo hacía a precios de mercado, tres décimas menos que en 2024, y el 3,5% a precios inferiores, con un ligero aumento.

Los datos regionales muestran marcadas diferencias territoriales. Andalucía registró la tasa más elevada de riesgo de pobreza o exclusión social con un 34,7%, seguida de Castilla-La Mancha con el 34% y la Región de Murcia con el 32,5%. En el extremo opuesto se sitúan el País Vasco, Baleares y Navarra, con tasas del 14,7%, 15,2% y 16,5% respectivamente. Si se considera únicamente la tasa de riesgo de pobreza, las regiones con los porcentajes más altos fueron Andalucía (27,7%), la Región de Murcia (26,7%) y Extremadura (26,2%), mientras que País Vasco (9,3%), Baleares (11,6%) y Navarra (12,3%) presentaron los menores valores.

Las dificultades económicas para llegar a fin de mes varían también según la comunidad autónoma. Castilla-La Mancha alcanzó el porcentaje más alto, con un 12,7% de personas manifestando "mucha dificultad", seguida por la Región de Murcia (12,1%) y Canarias (11,5%). Los menores porcentajes se registraron en el País Vasco (3,8%), Aragón (4,7%) y Baleares (4,8%).

El INE señala que la encuesta se realizó entre febrero y mayo de 2025, abarcando datos de renta correspondientes a 2024. Los resultados subrayan que, aunque algunas tasas mejoran de forma marginal y el ingreso promedio por persona y por hogar aumentan, la precariedad económica afecta todavía a una proporción considerable de la población. Las diferencias por edad, nivel educativo, situación laboral y territorio continúan marcando las posibilidades de los españoles para superar las situaciones de riesgo de pobreza y exclusión social.

En la película Tiempos modernos hay una escena que sintetiza el mensaje y espíritu del filme: una máquina diseñada para evitar pausas en el trabajo alimenta a los empleados que mientras comen deben seguir cumpliendo con sus tareas. Esa película, escrita, protagonizada y dirigida por el gran Charles Chaplin, estrenada el 5 de febrero de 1936, mostró cómo la automatización y la deshumanización transformaron el mundo laboral y la vida cotidiana.

El relato comienza con una multitud desplazándose hacia su lugar de trabajo. Un reloj marca el comienzo de la jornada mientras hombres y mujeres, semejantes a las ovejas que se ven en la primera escena, caminan por la ciudad y entran a la fábrica, donde el humo y el ruido dominan el ambiente.

El presidente de la empresa Electro Steel Corp observa todo desde una gran pantalla que simboliza la vigilancia panóptica y exige a los operarios que aumenten la producción. Esa enorme pantalla desde la que el CEO de la compañía controla cada sector ilustra la pérdida de privacidad y libertad de los trabajadores. Las órdenes se transmiten por altavoces y el ritmo de la productividad se acelera sin descanso.

En el centro de la línea de montaje aparece Charlot, el vagabundo al que le dio vida Charles Chaplin. Armado con dos tenazas, intenta ensamblar piezas que se mueven a un ritmo inalcanzable. El trabajo lo supera, tropieza y frena la cadena de producción causando molestias al patrón, que reacciona con más presión y velocidad.

El protagonista de la película, sometido a la rutina mecánica, no puede seguir el ritmo y termina absorbido por la máquina, en una secuencia que combina humor y desesperación. La imagen del operario devorado por el mecanismo atroz es una de las más recordadas del filme.

En Tiempos modernos el humor físico y los gags característicos de Chaplin conviven con escenas que exponen las consecuencias de la industrialización voraz. El personaje principal, al repetir movimientos mecánicos, se convierte en parte del engranaje y pierde su individualidad.

El filme se estrenó pocos años después de la caída de la bolsa de Wall Street y de la Gran Depresión, en un contexto donde el hambre y la miseria se expandieron. Chaplin, que nació en la pobreza, conoció esas privaciones desde niño. Su padre, alcohólico, abandonó a la familia y su madre, actriz, terminó internada en una institución psiquiátrica. Él y sus hermanos crecieron en hogares y orfanatos, lo que marcó su mirada aguda sobre la desigualdad, la precariedad y la explotación. La lucha de Charlot por un pedazo de pan en Tiempos modernos remite a la infancia del director, quien nunca olvidó sus orígenes y las carencias que sufrió.

Convertido en una celebridad Chaplin tuvo la oportunidad de conversar con figuras relevantes del siglo XX como el británico Winston Churchill o el indo Mahatma Gandhi, quien influyó en su visión sobre el avance tecnológico.

Su experiencia personal, sus relaciones con líderes políticos y su recorrida por un mundo con mucha pobreza, cimentaron la gestación de Tiempos modernos, una obra que abordó la temática de la desocupación y el impacto de la tecnología sobre el mundo del trabajo. En 1931 Chaplin había dicho que: “El desempleo es la cuestión vital. La maquinaria debería beneficiar a la humanidad. No debería significar una tragedia y dejar sin trabajo”.

Otra invención de la fábrica donde reina la crueldad es el aparato —mencionado al inicio de esta nota— que pretende alimentar a los empleados mientras trabajan, eliminando el tiempo de descanso. La máquina, fuera de control, gira un choclo dentro de la boca de Charlot a toda velocidad, provocando el caos y la risa en una escena emblemática y también repleta de significado.

La crítica de Chaplin a la mecanización de la vida cotidiana sigue presente en cada secuencia del filme. El mundo que retrata está poblado por personajes que intentan conservar su humanidad en medio de la rutina y la presión constantes.

Aunque el cine sonoro ya se había impuesto, Chaplin decidió que su célebre vagabundo se despidiera sin pronunciar palabras, salvo en una escena final. En ese momento, canta una melodía cuya letra carece de sentido, ya que el actor inventó las palabras sobre la marcha. Así, el personaje habla sin decir nada, logrando que el mensaje de la película supere cualquier barrera idiomática.

La compañera de ruta y aventuras de Charlot en Tiempos modernos es Gamin, interpretada por Paulette Goddard. Ella, una joven huérfana tras la muerte de su padre en una manifestación, sobrevive robando bananas para alimentar a sus hermanos y a otros niños. Ambos personajes se apoyan mutuamente para subsistir en un entorno hostil y mecanizado. La solidaridad entre ellos contrasta con la indiferencia del resto de la sociedad.

La actriz, que conoció a Chaplin en 1931, se convirtió en su esposa entre 1936 y 1942. La personalidad de Gamin se inspiró en los rasgos de Goddard.

Chaplin describió a ambos personajes como “los dos únicos espíritus vivos en un mundo de autómatas. Somos niños sin sentido de la responsabilidad, mientras que el resto de la humanidad está agobiado por el deber. Somos espiritualmente libres”.

El filme enfrentó la censura en la Alemania de Adolfo Hitler, la Italia de Benito Mussolini, donde fue prohibido por considerarlo comunista. El célebre actor explicó: “Los dictadores parece que creen que el filme es comunista. Es absolutamente falso. En vista de los acontecimientos recientes, no me sorprende la prohibición. Pero nuestro único propósito era divertir. Se trata sólo de mi viejo personaje, en las circunstancias de 1936. Como actor no tengo objetivos políticos. El filme parte de una idea abstracta; de un impulso para decir algo sobre la forma en que la vida es manipulada y canalizada, y en la que los hombres se transforman en máquinas...”.

Años después, durante la Guerra Fría y la caza de brujas del macartismo, en Estados Unidos el propio Chaplin fue señalado como comunista. Tuvo que comparecer ante el Comité de Actividades Antinorteamericanas para responder sobre su supuesto activismo. La incomodidad con la recepción de sus películas y la presión política lo llevaron a dejar Estados Unidos y regresar a Europa.

La crítica social en su cine nunca fue bien recibida por todos. Sin embargo, el impacto de sus creaciones lo llevó a recibir un Oscar honorífico en 1972, ocasión en la que fue ovacionado durante 12 minutos, una especie de reconocimiento tardío de su influencia y de la vigencia de sus películas.

Además de ser un filme con un mensaje político profundo, Tiempos modernos fue la despedida del personaje Charlot, esa maravillosa creación de Chaplin de bastón, sombreo y bigote que ha quedado en el recuerdo de generaciones.

La temática abordada por la película Tiempos modernos sorprende por su atemporalidad. Esa es la esencia de una gran historia. La premisa de ese filme de 1936 es un mundo dominado por máquinas que provoca el desplazamiento masivo de personas. Una problemática que —cumplido el primer cuarto del siglo XXI— perdura debido a los mismos temores y amenazas de una sociedad tecnológica en rápida evolución. Temores y amenazas que se sienten en todo el mundo a medida que la inteligencia artificial, los chatbots y los coches autónomos se integran cada vez más en la vida cotidiana.

La historia de Tiempos modernos sigue siendo una referencia para quienes buscan entender el impacto de la industrialización y el avance de la tecnología en la vida de las personas, sin que haga falta añadir nada más a las imágenes y los hechos que Chaplin eligió mostrar hace 90 años.

El Observatorio Económico, Financiero y Social de la Universidad de Lima (ULIMA) publicó un informe que modifica el panorama sobre las privaciones en el país. El Reporte Trimestral Socioeconómico y de Bienestar – Diciembre 2025 analiza el impacto del Índice de Pobreza Multidimensional Nacional (IPM), y brinda una perspectiva más integral de las privaciones que afectan la calidad de vida.

Vale precisar que, mientras la pobreza monetaria se basa únicamente en el nivel de ingresos o gastos de los hogares (puedes dejar de ser pobre “por ganar 1 sol más”), la pobreza multidimensional mide carencias en varias áreas clave, como salud, educación, vivienda, empleo y acceso a servicios.

¿Hay más pobres en el Perú de lo que se cree?

El equipo dirigido por Rosa Luz Durán, Julio del Castillo, José Luis Nolazco y Paul Zevallos sostiene que la pobreza, medida únicamente por criterios monetarios, no refleja la verdadera magnitud de la exclusión en el Perú. El estudio, elaborado por el Observatorio ULIMA, propone una metodología propia para el IPM, distinta a la oficial, y subraya que la selección de dimensiones y ponderaciones transforma el diagnóstico social y redefine prioridades de política pública.

La investigación compara los resultados del IPM con los de la pobreza monetaria, mostrando que el enfoque multidimensional identifica privaciones profundas, especialmente en regiones rurales y áreas históricamente rezagadas. Para los autores, la pobreza multidimensional tiene más correspondencia con la percepción de bienestar de los hogares y revela brechas que no se ven bajo el esquema tradicional.

Regiones con más pobreza multidimensional

Según el Observatorio ULIMA, Loreto, Puno y Huánuco encabezan la lista de departamentos con mayores niveles de pobreza multidimensional, de acuerdo con el IPM.

• Loreto: 62,3% multidimensional | 43% monetaria
• Puno: 62,2% multidimensional | 39,9% monetaria
• Huánuco: 59,8% multidimensional | 39% monetaria
• Cajamarca: 52,8% multidimensional | 45% monetaria
• Huancavelica: 52,3% multidimensional | 33,4% monetaria
• Ucayali: 50,3% multidimensional | 27,1% monetaria
• Cusco: 49,1% multidimensional | 18,5% monetaria
• Amazonas: 48,5% multidimensional | 25,7% monetaria
• Ayacucho: 48,4% multidimensional | 32,8% monetaria
• Apurímac: 46,1% multidimensional | 24% monetaria
• Piura: 43,5% multidimensional | 31,9% monetaria
• San Martín: 43,3% multidimensional | 22% monetaria
• Áncash: 40,4% multidimensional | 22,8% monetaria
• Pasco: 39,1% multidimensional | 39% monetaria
• La Libertad: 36,4% multidimensional | 30,2% monetaria
• Junín: 32,8% multidimensional | 18,5% monetaria
• Tumbes: 32,1% multidimensional | 26,9% monetaria
• Lima Provincias: 30,8% multidimensional | 21,7% monetaria
• Lambayeque: 29,3% multidimensional | 14% monetaria
• Madre de Dios: 26,6% multidimensional | 11,1% monetaria
• Arequipa: 19,2% multidimensional | 15,8% monetaria
• Ica: 17,6% multidimensional | 6% monetaria
• Tacna: 17,6% multidimensional | 24% monetaria
• Moquegua: 13,1% multidimensional | 11% monetaria
• Lima Metropolitana: 12,3% multidimensional | 27,6% monetaria
• Callao: 11,5% multidimensional | 33,9% monetaria

El informe introduce dos enfoques complementarios para entender la pobreza en el país. Por un lado, presenta el mapa de las regiones con mayores niveles de pobreza multidimensional.

Por otro, identifica las zonas donde existe una “pobreza oculta”: lugares en los que la brecha entre la pobreza multidimensional y la monetaria es tan amplia que las privaciones pasan inadvertidas si solo se observa el ingreso.

Regiones donde la “pobreza oculta” es más alta

El estudio también destaca las zonas donde la brecha entre pobreza multidimensional y monetaria es mayor. En estas regiones, la “pobreza oculta” queda al descubierto gracias al IPM, mostrando que la situación es más grave de lo que reflejan las cifras convencionales.

• Cusco: +30,6 puntos (49,1% multidimensional | 18,5% monetaria)
• Ucayali: +23,2 puntos (50,3% multidimensional | 27,1% monetaria)
• Puno: +22,3 puntos (62,2% multidimensional | 39,9% monetaria)
• Amazonas: +22,8 puntos (48,5% multidimensional | 25,7% monetaria)
• Huánuco: +20,8 puntos (59,8% multidimensional | 39% monetaria)
• Loreto: +19,3 puntos (62,3% multidimensional | 43% monetaria)
• Huancavelica: +18,9 puntos (52,3% multidimensional | 33,4% monetaria)
• Apurímac: +22,1 puntos (46,1% multidimensional | 24% monetaria)
• San Martín: +21,3 puntos (43,3% multidimensional | 22% monetaria)
• Ayacucho: +15,6 puntos (48,4% multidimensional | 32,8% monetaria)
• Áncash: +17,6 puntos (40,4% multidimensional | 22,8% monetaria)
• Madre de Dios: +15,5 puntos (26,6% multidimensional | 11,1% monetaria)
• Lambayeque: +15,3 puntos (29,3% multidimensional | 14% monetaria)
• Junín: +14,3 puntos (32,8% multidimensional | 18,5% monetaria)
• Ica: +11,6 puntos (17,6% multidimensional | 6% monetaria)
• Piura: +11,6 puntos (43,5% multidimensional | 31,9% monetaria)
• Lima Provincias: +9,1 puntos (30,8% multidimensional | 21,7% monetaria)
• Cajamarca: +7,8 puntos (52,8% multidimensional | 45% monetaria)
• La Libertad: +6,2 puntos (36,4% multidimensional | 30,2% monetaria)
• Tumbes: +5,2 puntos (32,1% multidimensional | 26,9% monetaria)
• Arequipa: +3,4 puntos (19,2% multidimensional | 15,8% monetaria)
• Moquegua: +2,1 puntos (13,1% multidimensional | 11% monetaria)
• Pasco: +0,1 puntos (39,1% multidimensional | 39% monetaria)

El informe de la Universidad de Lima subraya que el IPM permite detectar zonas vulnerables que quedarían invisibles bajo los criterios tradicionales, y recomienda utilizar esta herramienta para diseñar políticas públicas con mayor capacidad de respuesta.

En mayo se viene la medición de la pobreza monetaria de INEI

El panorama sobre la pobreza en el Perú continuará en debate durante 2025. En mayo se presentarán las cifras actualizadas de pobreza monetaria a cargo del INEI, que serán el principal referente oficial para medir la situación social del país.

Sin embargo, la medición multidimensional sigue en el centro de la discusión técnica y política. En diciembre de 2025, el gobierno liderado por la expresidenta Dina Boluarte modificó los indicadores oficiales de pobreza multidimensional, reemplazando el sistema de dimensiones y variables por un único índice “sintético”.

Según especialistas y académicos, este cambio limita la capacidad de captar la complejidad de las privaciones y podría distorsionar la cifra real de pobreza, dificultando la identificación de las necesidades más urgentes.

Para los expertos consultados por Infobae Perú, abandonar una mirada integral y multidimensional impediría diseñar políticas públicas más precisas y efectivas, dejando sin visibilidad a numerosos grupos vulnerables que requieren atención prioritaria.

El rechazo en el Congreso del decreto ley conocido como ‘ómnibus’ ha dejado sin efecto un conjunto de medidas sociales que, durante los últimos años, habían operado como un dique de contención frente al avance de la pobreza y la exclusión. La norma, que pretendía prorrogar y actualizar buena parte del denominado escudo social, fue tumbada esta semana tras sumar una mayoría parlamentaria en contra integrada por el Partido Popular, Vox y Junts. La decisión ha provocado una reacción inmediata de las organizaciones sociales, que alertan de un aumento de la desprotección para millones de personas en un contexto ya marcado por la crisis de vivienda y la pérdida de poder adquisitivo.

El debate político se ha concentrado en buena medida en la actualización de las pensiones, uno de los elementos más visibles del decreto. Sin embargo, el texto rechazado iba mucho más allá. Incluía la suspensión de los desahucios y lanzamientos de hogares vulnerables sin alternativa habitacional, la prórroga del bono social eléctrico y la prohibición de cortar los suministros básicos de agua, electricidad y gas a familias en situación de vulnerabilidad. También incorporaba medidas de protección en el empleo y diversas actuaciones tributarias con impacto social, así como exenciones fiscales para determinadas ayudas extraordinarias.

Desde las entidades del tercer sector se insiste en que la caída del decreto supone dejar sin cobertura instrumentos que habían demostrado su eficacia desde su puesta en marcha, especialmente a partir de 2020. La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en España (EAPN-ES) advierte de que el rechazo parlamentario “deja en el aire instrumentos que venían funcionando como escudo social para millones de personas” y constituye “un grave retroceso en la protección del derecho a la vivienda”, en un momento que define como de emergencia residencial.

Un país con un cuarto de su población en riesgo

Las advertencias se apoyan en un contexto social frágil. En España, el 25,8% de la población —más de 12,5 millones de personas— se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social. El último informe Foessa señala que unos 4,6 millones de hogares tienen dificultades para acceder o mantener una vivienda en condiciones dignas, y que 2,7 millones de hogares entran en pobreza severa una vez afrontados los gastos de vivienda y suministros.

EAPN-ES subraya que, aunque las cifras de pobreza siguen siendo muy elevadas y reflejan problemas estructurales, las políticas públicas han tenido un impacto directo y medible. En 2024, las transferencias públicas, incluidas las pensiones, redujeron la tasa de pobreza del 42,6% al 19,7%. Según la organización, ese efecto evitó que 11,1 millones de personas permanecieran en situación de pobreza. De ahí que considere especialmente preocupante la retirada de medidas que califica de imprescindibles para contener situaciones de emergencia social.

Las entidades sociales insisten en que el bloqueo del decreto no es un debate técnico ni coyuntural, sino una decisión con consecuencias inmediatas sobre la vida de miles de hogares. En un comunicado conjunto, piden a los partidos políticos que prioricen “los derechos y las necesidades de la ciudadanía frente a los bloqueos partidistas”, y recuerdan que la pobreza energética, los desahucios y la pérdida de poder adquisitivo siguen siendo realidades extendidas.

Desahucios y suministros, el impacto más directo

Uno de los aspectos más sensibles del decreto era la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2026 de la suspensión de los procedimientos de desahucio y lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional. Esta medida, incluida dentro del escudo social, había conseguido detener aproximadamente uno de cada cuatro desahucios desde su puesta en marcha en 2020, en plena crisis provocada por la pandemia.

“No se puede dejar a las familias en la calle”, aletar la plataforma #NiUnDesahucioMás, que agrupa a cerca de un centenar de entidades. “La administración ahora mismo no tiene capacidad para afrontar el drama social que se avecina”, denuncian, y reclaman al Gobierno la aprobación de un nuevo decreto que otorgue una cobertura jurídica clara a todos los lanzamientos y amplíe la protección a las familias vulnerables.

También decae la prohibición de los cortes de suministro de electricidad, agua y gas a los hogares vulnerables, una medida que se había prorrogado de forma continuada desde 2020 y que fue ampliada recientemente. La Red Estatal por el Derecho a la Energía (ReDE) advierte de que el rechazo del decreto tendrá efectos inmediatos y “impactos graves” sobre miles de hogares que vuelven a quedar expuestos a la interrupción de servicios básicos. Las organizaciones que integran esta red recuerdan que la pobreza energética sigue afectando a amplios sectores de la población, especialmente en un contexto de precios elevados.

En materia de ingresos, el decreto incluía la revalorización de las pensiones contributivas de cara a 2026 para preservar el poder adquisitivo de las personas mayores. Las entidades sociales recuerdan que las pensiones son uno de los principales factores de contención de la pobreza, no solo entre los mayores, sino también dentro de sus familias, por lo que cualquier retraso o incertidumbre en su actualización incrementa la inseguridad económica.

El texto rechazado también garantizaba la continuidad del salario mínimo, en un país donde cerca de 2,5 millones de personas siguen viviendo en situación de pobreza pese a tener empleo. A ello se suma que las ayudas por daños personales causados por los incendios forestales de 2025 y por la DANA de 2024 pierden las exenciones fiscales previstas, lo que puede aumentar la presión económica sobre hogares que ya arrastran dificultades.

En Perú, la cifra oficial de pobreza basada en ingresos indica que alrededor de 9,4 millones de personas no logran cubrir una canasta básica.

Sin embargo, cuando se observa la pobreza desde una perspectiva multidimensional, el escenario cambia de forma significativa: cerca de 11 millones sufren privaciones graves en al menos una dimensión esencial, como salud, educación, vivienda, empleo, tecnología o acceso a servicios básicos.

Así lo demuestra el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), elaborado por la Universidad de Lima, que pone en evidencia que la realidad social del país andino es mucho más compleja y profunda de lo que muestran las estadísticas tradicionales.

El índice de pobreza multidimensional revela mayor precariedad en Perú

El IPM incorpora dimensiones como salud, educación, vivienda, empleo, tecnología y acceso a agua y saneamiento. El resultado es que más de 10 millones de peruanos enfrentan al menos una carencia estructural grave, una cifra muy superior a la que reconoce la medición centrada solo en ingresos.

De acuerdo con el estudio, basado en métricas de la Universidad de Oxford, solo el 14% de la población nacional, cerca de 4,8 millones de personas, es pobre tanto monetaria como multidimensionalmente.

Pero hay 6,2 millones de peruanos (18 % del total) que, aunque no son considerados pobres por ingresos, sufren privaciones severas en servicios y derechos básicos. Además, 4,6 millones de personas (13,6 %) no logran cubrir una canasta básica, pese a contar con algunos servicios esenciales.

La población rural en Perú presenta altos niveles de privaciones estructurales

Las diferencias territoriales agravan la situación. En zonas rurales, el 69,3% de la población sufre pobreza multidimensional, es decir, cerca de 7 millones de personas viven con múltiples carencias, frente al 39,3 % (aproximadamente 4 millones) que reconoce la pobreza monetaria tradicional.

En regiones como Loreto y Puno, más de 1,2 millones de habitantes sumados enfrentan privaciones estructurales que no quedan registradas si solo se mide el ingreso. En Cusco, la pobreza multidimensional afecta a casi medio millón de personas, mientras que la medición monetaria identifica a poco más de 180.000.

En Lima Metropolitana, el contraste es distinto: más de 2 millones de personas son pobres solo por ingreso, pero no por otras privaciones, mientras que en el Callao la pobreza monetaria (33,9%, cerca de 370.000 personas) duplica ampliamente la multidimensional (11,5%, unos 125.000 habitantes).

El informe de la Universidad de Lima evidencia contrastes regionales en pobreza

El informe destaca que cada región y departamento presenta una composición diferente de privaciones. Madre de Dios, por ejemplo, tiene problemas críticos de saneamiento, mientras que Moquegua se ve afectada por rezago educativo y hacinamiento, a pesar de que ambas regiones presentan niveles similares de pobreza monetaria, cercanos al 11 %.

La medición multidimensional deja en evidencia que la política social peruana podría estar subestimando la verdadera magnitud de la pobreza. Millones de personas quedan fuera de los programas de ayuda y del radar del Estado porque sus problemas no se reflejan en los ingresos, sino en la falta de acceso a derechos básicos.

El IPM, con su enfoque integral, exige un cambio de paradigma: si el país sigue midiendo la pobreza solo por el dinero que ingresa a los hogares, seguirá dejando fuera a millones que, aunque trabajan o perciben ingresos, viven atrapados en la precariedad. Reconocer esta realidad es el primer paso para diseñar políticas sociales efectivas, focalizadas y verdaderamente inclusivas.

Bajo la presidencia pro témpore de Panamá, la Asociación de Estados del Caribe (AEC) realiza esta semana la Conferencia Regional sobre Asistencia Humanitaria y Desarrollo, un espacio orientado a coordinar una respuesta regional frente a la crisis que atraviesa Haití.

La reunión se desarrolla este martes y miércoles en la capital panameña, en un contexto marcado por un déficit crítico de financiamiento internacional y el agravamiento de las condiciones de vida en el país caribeño.

De acuerdo con estimaciones recientes de organismos internacionales, más de la mitad de la población haitiana —alrededor de seis millones de personas— requiere algún tipo de asistencia humanitaria urgente.

La combinación de inestabilidad política, violencia armada, colapso institucional y deterioro económico ha colocado a Haití en el centro de una de las crisis más severas de la región.

Durante la conferencia, el ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha, señaló que la situación en Haití no debe entenderse únicamente como un problema nacional, sino como un desafío regional que afecta la estabilidad del Gran Caribe.

El canciller destacó que el deterioro acelerado de los servicios esenciales, la gobernanza y las condiciones de vida tiene impactos que trascienden las fronteras haitianas, por lo que insistió en la necesidad de una respuesta coordinada.

El Plan de Acción para la Asistencia Humanitaria y el Desarrollo de Haití, que se discute en el encuentro, está enfocado en áreas clave como acceso humanitario, seguridad alimentaria, salud, agua potable, protección de la niñez y mecanismos de financiamiento.

La iniciativa será implementada por un Comité Directivo integrado por diez países y copresidido por Haití y México, con el respaldo de los Estados miembros de la AEC.

La magnitud de la crisis haitiana se refleja con claridad en los indicadores sociales y económicos más recientes. Haití continúa siendo el país con los mayores niveles de pobreza de América Latina y el Caribe.

Estimaciones para 2025 indican que cerca del 60% de la población vive por debajo de la línea de pobreza, mientras que más del 35% se encuentra en situación de pobreza extrema.

El ingreso per cápita se mantiene entre los más bajos del hemisferio occidental, con una economía que ha registrado años consecutivos de estancamiento o contracción.

El desempleo y la informalidad agravan el panorama. Más de dos tercios de la fuerza laboral se desempeña en actividades informales, sin acceso a seguridad social ni ingresos estables.

La falta de inversión, el deterioro de la infraestructura y la inseguridad han limitado la capacidad del sector privado para generar empleo formal, especialmente en zonas urbanas afectadas por la violencia de grupos armados.

En el ámbito alimentario, Haití enfrenta una situación crítica. Datos actualizados de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria indican que alrededor de 5.7 millones de personas enfrentan inseguridad alimentaria aguda en 2025.

De ese total, más de dos millones se encuentran en niveles de emergencia, mientras que cerca de un millón de niños están en riesgo elevado de desnutrición aguda. La interrupción de las cadenas de suministro, el aumento de los precios de los alimentos y la caída de la producción agrícola han profundizado la vulnerabilidad de amplios sectores de la población.

La crisis de seguridad también ha tenido efectos directos sobre el funcionamiento del Estado. De acuerdo con reportes internacionales, amplias zonas de Puerto Príncipe y otras regiones permanecen bajo el control de bandas armadas, lo que ha provocado desplazamientos internos masivos.

Se estima que más de un millón de personas han abandonado sus hogares en los últimos meses, presionando aún más los limitados servicios de salud, educación y agua potable.

En el plano institucional, Haití enfrenta una prolongada parálisis política. El país no ha celebrado elecciones generales desde 2016, y la debilidad de las instituciones ha limitado la capacidad del Estado para ejercer control territorial, garantizar seguridad y ejecutar políticas públicas.

Esta fragilidad institucional ha dificultado la canalización efectiva de la ayuda internacional y la implementación de programas de desarrollo a largo plazo.

La secretaria general de la AEC, Noemí Espinoza Madrid, afirmó que Haití se encuentra en el centro de una crisis humanitaria y de seguridad sin precedentes en la región. Según explicó, la violencia creciente, los desplazamientos masivos y el debilitamiento de los servicios esenciales obligan a una respuesta coordinada, integral y respetuosa de la soberanía haitiana.

En ese sentido, la AEC ha subrayado la importancia de una colaboración estrecha con organismos del sistema de Naciones Unidas, la Comunidad del Caribe (CARICOM), bancos multilaterales de desarrollo y la Organización de los Estados Americanos (OEA). El objetivo es evitar la duplicación de esfuerzos y asegurar que los recursos disponibles se orienten de manera eficiente a las áreas de mayor impacto.

La conferencia regional busca, además, reforzar el enfoque de soluciones sostenibles que permitan superar la lógica de la asistencia de emergencia permanente. Entre los temas en discusión figuran el fortalecimiento de la producción agrícola local, la rehabilitación de servicios básicos, el acceso a financiamiento concesional y el apoyo a mecanismos de gobernanza que permitan restablecer capacidades institucionales.

En pleno invierno, el frío puede convertirse en un enemigo silencioso y cruel. Para quienes carecen de un hogar, cada día se convierte en una lucha por sobrevivir bajo temperaturas gélidas y sin las mínimas garantías de seguridad. En España, donde la crisis habitacional sigue agravándose, cada vez son más familias las que enfrentan la dureza de la calle, la inestabilidad de los pisos temporales y la falta de soluciones reales por parte de las administraciones.

Mientras algunos apenas logran llegar a fin de mes, otros se ven empujados a situaciones extremas. Es el caso de una familia con un bebé y una hija, que se han visto obligados a pasar varias noches en espacios improvisados, sin calefacción ni mobiliario, y durante el día deambulan en busca de un refugio que apenas les permita cubrir sus necesidades básicas.

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Arsen, su esposa Ani y sus dos hijas, una de cinco meses y otra de cuatro años, llevan más de diez días sin hogar. La familia, de origen armenio, llegó a Francia en 2016, y sobrevivían gracias a la solidaridad de amigos que les ofrecían un alojamiento temporal. Pero a principios de enero, el último amigo que los hospedó durante más de tres años les comunicó que debían irse. “Nos dio una semana para empaquetar nuestras cosas e irnos”, han explicado los padres al medio francés Midi Libre.

“Hace frío, estamos desesperados”

La falta de viviendas sociales, los precios desorbitados del alquiler y los trámites administrativos prolongados han llevado a la familia a esta situación. “Me siento impotente”, ha confesado Arsen. Él, padre de familia y artista, se siente incapaz de sacar adelante a su familia en condiciones dignas.

Durante el día, la familia debe vagar por el barrio con el bebé y su hija mayor, y por la noche encuentran un refugio improvisado en la biblioteca abandonada de la escuela a la que asiste la mayor. “Es apenas mejor que la calle”, ha afirmado el padre. Hasta ahora, la biblioteca hace la función de techo gracias a que la directora del colegio donde estudian sus hijas se lo ofreció. “Hace frío, estamos desesperados”, ha expresado en petición de ayuda.

Sin trabajo por la burocracia

El padre no puede acceder a un empleo formal debido al bloqueo administrativo. Su solicitud de residencia, presentada en 2023, “está bloqueada en la prefectura”. “He tenido varias ofertas de trabajo en los últimos años. Tres para ser exactos”, ha dicho Arsen. Pero sin la posibilidad de regularizar su situación, no puede garantizar unos ingresos estables que le permitan alquilar un piso, comprar comida o cubrir las necesidades básicas de sus hijas.

La situación de la familia refleja un problema que no solo es exclusivo de Francia. En España, según datos de la última encuesta del INE sobre personas sin hogar (2022), cerca de 25.000 duermen cada noche en la calle, aunque informes como los de Cáritas elevan esta cifra a 40.000. Y es que, en nuestro país, la crisis de la vivienda pasa por un momento crítico, donde los salarios no pueden hacer frente a los alquileres.

El panel titulado “¿Puede la India convertirse en la tercera economía del mundo?” reunió a Gita Gopinath y al ministro indio de Información y Radiodifusión, Ashwini Vaishnaw. De acuerdo con EFECOM, ambos funcionarios coincidieron en definir como una certeza matemática el salto de la India en el ranking económico global, condicionado a la ausencia de acontecimientos extremos que puedan alterarlo. Gopinath explicó que, al comparar las tasas de crecimiento de la India con las de Alemania y Japón, la tendencia clara indica que el país alcanzará ese lugar en los próximos años.

El ministro Vaishnaw destacó que el avance de la India se basa en un modelo de crecimiento inclusivo, donde la atención a las personas vulnerables ocupa un lugar prioritario. Según EFECOM, el funcionario defendió las políticas sociales del gobierno, ejemplificando con la apertura de 540 millones de cuentas bancarias y el impulso a la infraestructura sanitaria como factores claves para haber sacado a 250 millones de personas de la pobreza. Este enfoque en las capas más necesitadas de la población es, según el ministro, el fundamento del ascenso económico sostenible.

El FMI, en sintonía con el Gobierno indio, publicó el informe ‘Perspectivas de la economía mundial’, en el que describió a la India como un motor clave para el crecimiento mundial y elevó su previsión del Producto Interior Bruto (PIB) indio para 2026 del 6 % al 7,3 %. Además, el organismo situó la tasa de crecimiento global en un 3,3 %, consolidando a la economía india como uno de los principales impulsores del dinamismo económico internacional, según consignó EFECOM.

Sin embargo, EFECOM detalló que persisten retos significativos en el horizonte, siendo la contaminación ambiental el principal de ellos. Gopinath consideró que el impacto nocivo de la contaminación en la economía india supera incluso al de las barreras comerciales. Para la subdirectora del FMI, la toxicidad ambiental representa un obstáculo no solo en términos macroeconómicos, sino también en términos humanos, al afectar la calidad de vida y limitar la inversión extranjera. Gopinath afirmó: “El impacto de la contaminación en la economía india es mucho más trascendental que el de cualquier arancel impuesto hasta la fecha”.

El efecto de la contaminación también se refleja en la dificultad para atraer talento internacional, ya que los profesionales globales muestran reservas para residir en entornos donde la salud puede verse comprometida. Ante esto, Gopinath insistió en la necesidad de que el gobierno indio priorice la lucha contra la degradación ambiental y aporte soluciones rápidas y contundentes.

Otro aspecto discutido en Davos conforme a lo que informó EFECOM fue la burocracia institucional. Aunque el ministro Vaishnaw aseguró que el equipo de gobierno consiguió una reducción relevante de los trámites administrativos, Gopinath puntualizó que la India continúa enfrentando retos burocráticos considerables y necesita avanzar mucho más en materia de desregulación para mejorar el clima de negocios. Mencionó que la ausencia de procesos ágiles y la falta de documentos registrales adecuados para la propiedad de la tierra obstaculizan tanto a inversores nacionales como extranjeros. Estas dificultades frenan la expansión de sectores estratégicos como el manufacturero, cuyo despegue depende de una estructura legal y administrativa más eficiente.

Según EFECOM, Gopinath también resaltó la falta de reformas en el sector judicial como uno de los factores críticos que limitan el desarrollo. Subrayó que la ausencia de cambios profundos en los sistemas de justicia constituye un bloqueo para la resolución de conflictos y afecta de forma negativa la seguridad que buscan los inversionistas al tomar decisiones estratégicas.

El intercambio en Davos concluyó con el consenso sobre el potencial de la India para consolidarse como tercera economía mundial en el corto plazo, respaldado por indicadores de crecimiento robusto y avances en el ámbito social. Sin embargo, dentro de este panorama optimista, los expertos instaron a no perder de vista los desafíos ambientales y administrativos, considerados esenciales para sostener el impulso económico y garantizar que el país logre los objetivos proyectados por organismos internacionales y el propio gobierno indio.

El 38.5 % de las familias dominicanas accedieron al subsidio estatal Aliméntate para garantizar la cobertura de su canasta básica entre octubre y diciembre del año pasado, según cifras de las Estadísticas Institucionales de Supérate. Este apoyo alcanzó a 1,435,986 hogares en todo el país, con una mayor incidencia en las principales áreas metropolitanas.

La política de subsidios alimentarios tiene su origen en la estrategia del gobierno para combatir la pobreza y mejorar el acceso a alimentos de las familias en condiciones vulnerables. El criterio de elegibilidad incluye hogares con menores de edad con discapacidad así como adolescentes en edad escolar, según el perfil institucional de Supérate.

Los beneficiarios reciben un monto mensual focalizado, que busca complementar sus ingresos en función de una canasta básica.

Distribución y alcance del subsidio

Las estadísticas más recientes de Supérate detallan que de los 1,435,986 hogares receptores, el 42.6 % corresponden a zonas metropolitanas identificadas como Santo Domingo, Santiago, Distrito Nacional y San Cristóbal. La población del país caribeño enfrenta problemas financieros significativos marcados por el alto costo de la vida y los bajos salarios de los empleos.

Específicamente, Santo Domingo concentró el mayor número de beneficiados con 305,558 hogares, seguida por Santiago (109,351), Distrito Nacional (108,146) y San Cristóbal (89,319).

Cada familia recibió RD$1,650 mensuales (equivalente a USD 26) dirigidos a la compra de alimentos en establecimientos pertenecientes a la red de abasto social nacional. La evolución de este programa muestra que en 2025 la cantidad de hogares beneficiarios disminuyó en relación al año previo, la cifra se mantuvo superior respecto a los registros de 2021 y 2022.

De hecho, en comparación con 2021, cuando se reportaron 1,327,309 hogares beneficiados, el cierre del último año reflejó un incremento absoluto de 108,677 familias, equivalente al 8.2 %.

El informe señala que entre enero y el 26 de diciembre de 2025 el gobierno destinó 68,670.3 millones de pesos del presupuesto total de 74,082 millones de pesos a programas de asistencia social. Además de Aliméntate, los apoyos incluyen Bonogas (475 pesos mensuales para 1.2 millones de hogares), Bonoluz (entre 692.33 y 716.78 pesos para 557,529 familias) y subsidios especiales como 10,000 pesos mensuales para 1,292 víctimas de violencia de género.

También se han canalizado 6,000 pesos mensuales a 10,561 hogares con niños y adolescentes con discapacidad severa y 21,700 pesos en apoyo a 66 familias agricultoras afectadas por desalojos en el Parque Nacional Valle Nuevo.

Reducción reciente y criterios de elegibilidad

De acuerdo con los datos oficiales, la cobertura disminuyó a finales de 2025 respecto al mismo periodo de 2024, cuando el programa registró 1,494,981 transferencias.

La tendencia descendente se atribuye a ajustes en los parámetros de selección y fiscalización de los hogares asistidos. Los destinatarios de la transferencia deben demostrar condiciones de vulnerabilidad y situarse dentro de los criterios definidos para recibir ayuda alimentaria.

El desglose evidencia un patrón sostenido: la demanda y acceso al subsidio resultó particularmente notoria en los centros urbanos, donde las presiones del costo de vida y la concentración demográfica amplifican las necesidades de apoyo público.

Entre los datos facilitados por Supérate se registraron picos inusuales de demanda en 2023, en el marco de una política orientada a reducir la pobreza a escala nacional.

Más de 300 mil hogares en la Argentina habitan viviendas con pisos de tierra, una situación que expone a quienes viven allí a condiciones sanitarias deficitarias y afecta de manera directa el desarrollo infantil. La problemática, que atraviesa a cientos de miles de familias, se inserta en un escenario más amplio de precariedad habitacional que persiste incluso en zonas urbanas y alcanza a millones de personas, según distintos relevamientos sociales y estadísticas oficiales.

De acuerdo con un informe de la consultora Tejido Urbano, la presencia de pisos de tierra en los hogares no solo es un indicador de déficit habitacional, sino también un factor que incide sobre la salud y la trayectoria educativa de niños y niñas. “Más de 300 mil familias viven sobre pisos de tierra, con impacto directo en la salud y el desarrollo infantil”, señala el documento. El texto agrega que esta condición “incrementa el riesgo de enfermedades respiratorias y parasitarias y afecta el desarrollo cognitivo y el rendimiento escolar de las infancias”.

Impacto sanitario y educativo

El diagnóstico se apoya en estudios de organizaciones sociales que vienen relevando el vínculo entre calidad de la vivienda y bienestar infantil. Según esa evidencia, el reemplazo de pisos de tierra por pisos de cemento genera mejoras inmediatas en distintos indicadores sociales. “La evidencia muestra que reemplazar pisos de tierra por pisos de cemento reduce el ausentismo escolar, mejora la salud y genera impactos positivos inmediatos en el bienestar infantil”, afirma Tejido Urbano.

La problemática se vuelve más significativa cuando se la observa en el marco del panorama habitacional general del país. La Encuesta de Condiciones de Vida del Indec, correspondiente al primer semestre de 2025 y realizada sobre 31 aglomerados urbanos, permite dimensionar el alcance de las carencias estructurales en los hogares argentinos. El relevamiento oficial analiza distintos aspectos vinculados a las características de las viviendas, el acceso a servicios básicos y la calidad de los materiales de construcción.

En ese contexto, el Indec identifica la persistencia de déficits habitacionales que se expresan en viviendas con materiales no adecuados en pisos, techos o paredes, así como en situaciones de hacinamiento. Si bien la encuesta se concentra en áreas urbanas, los resultados muestran que una proporción relevante de hogares presenta condiciones que limitan el desarrollo de una vida cotidiana saludable, especialmente entre los sectores de menores ingresos.

Precariedad estructural y desigualdades

Los datos oficiales permiten observar que las carencias habitacionales no se distribuyen de manera homogénea. Según la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) del Indec, una proporción significativa de los hogares urbanos presenta déficits en la calidad de los materiales de la vivienda, especialmente entre los sectores de menores ingresos. En el primer semestre de 2025, el relevamiento mostró que más del 12% de los hogares del primer quintil de ingresos habitaba viviendas con materiales considerados deficitarios en pisos, techos o paredes, una incidencia que se reduce de forma marcada a medida que aumentan los ingresos.

En particular, la ECV indica que los hogares que se encuentran por debajo de la línea de pobreza registran una mayor presencia de pisos de tierra o de materiales no consolidados, una condición que prácticamente desaparece en los quintiles de mayores ingresos. Esta situación refuerza la relación entre pobreza monetaria y déficit habitacional, un vínculo que se mantiene estable a lo largo de los distintos relevamientos semestrales del organismo estadístico.

La encuesta también muestra que las condiciones de la vivienda están estrechamente asociadas con otros indicadores sociales. Entre los hogares con déficits estructurales, el acceso a servicios básicos es más limitado: la ECV señala que una mayor proporción de estos hogares no cuenta con conexión a la red de gas ni a sistemas adecuados de saneamiento, lo que agrava las condiciones de salubridad.

En concreto, el 72,1% de los hogares indigentes carece de al menos uno de los tres servicios básicos (agua, gas y cloaca). Dentro de ese grupo, el 45% no tiene desagües cloacales, el 64,6% no accede al gas de red y el 18% ni siquiera tiene agua corriente.

Los números no son mucho mejores en la categoría de “hogares pobres”. Apenas el 29,6% accede a los tres servicios básicos. En ese caso, el mayor déficit está en el acceso a gas de red (60,8% no cuenta con ese servicio). De igual manera, un 40,5% no tiene cloacas y el 12,8% carece de agua corriente.

Estas carencias, combinadas con pisos de tierra, conforman un entorno que eleva la exposición a enfermedades y dificulta las condiciones de estudio y descanso, especialmente en hogares con niños y adolescentes.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha puesto el foco en el entusiasmo que genera en los mercados internacionales la compra de bonos colombianos, luego de que el Ejecutivo emitiera tres bonos por un monto total de 4.950 millones de dólares (4.250 millones de euros), cifra que marca un récord histórico para el país. A juicio del mandatario, este interés resultó potenciado tras la entrada en vigor del decreto de emergencia económica el pasado 23 de diciembre, medida excepcional que se extenderá durante 30 días con el objetivo central de reducir el déficit fiscal, que actualmente ronda el 8% del Producto Interno Bruto. Según consignó el medio El País, Petro sostuvo que este mecanismo facilitará el acceso a financiamiento en condiciones más favorables, permitirá fortalecer la confianza internacional y estimulará la economía local.

Durante una intervención, Gustavo Petro explicó que la aprobación del decreto constituye un paso fundamental para remover el que identifica como el principal obstáculo que limitaba la expansión económica de Colombia: el déficit fiscal. Afirmó: “Estamos dando confianza al mundo. Estamos garantizando recursos más baratos con los cuales bajaremos el déficit fiscal y la economía colombiana tumbará su último obstáculo para crecer y dispararse y hacer progresar a las familias”. El presidente subrayó que el objetivo de la medida se centra en reducir la pobreza y relanzar el desarrollo. Agregó: “El último obstáculo se llamaba déficit fiscal y el decreto de emergencia de Germán [Ávila, ministro de Economía de Colombia] lo está logrando”.

De acuerdo con lo publicado por El País, Petro enfatizó que la estabilidad de los precios ha sido otro de los logros alcanzados por el Gobierno en el actual contexto. Según sus palabras, la política de salario vital impulsada por el Ejecutivo habría contribuido a mantener los precios sin incrementos, lo que a su juicio refuerza la confianza entre los inversionistas y los actores económicos nacionales e internacionales. “Estamos demostrando que acertamos, acertamos en el salario vital, los precios no crecen y están estables”, aseguró. El mandatario señaló que se mantendrá la supervisión de los precios desde las instancias gubernamentales para evitar la especulación en los mercados internos.

La decisión de declarar la emergencia económica busca otorgar una respuesta inmediata a los retos fiscales del país, ofreciendo al Gobierno una mayor flexibilidad para actuar en áreas como la gestión de recursos y el ajuste de partidas presupuestarias. El País detalló que este instrumento temporal ha abierto la puerta a la obtención de financiamiento más asequible y a la adopción de medidas de emergencia específicas para hacer frente al alto déficit, considerado un factor que ponía en riesgo el crecimiento económico y la capacidad de respuesta del Estado ante las demandas sociales.

Petro atribuyó el crecimiento en la demanda internacional de bonos colombianos a la percepción de que el país transita una senda de estabilidad y responsabilidad fiscal. Según describió, la confianza del mercado se tradujo en una elevada demanda para adquirir instrumentos de deuda emitidos a menor costo que en años anteriores, lo que, a su vez, permitirá reducir la presión financiera sobre las cuentas públicas. El medio El País resaltó que Colombia consiguió colocar estos bonos en el mercado global con condiciones más favorables que en emisiones previas, en parte gracias a la reacción positiva ante el anuncio del decreto de emergencia económica.

El ministro de Economía de Colombia, Germán Ávila, figura mencionado por Petro como pieza clave en el diseño y aplicación de la medida. La administración nacional sostiene que la intervención permitirá a Colombia sortear desafíos estructurales y avanzar hacia una economía más dinámica y sostenible, en línea con los objetivos de disminuir la pobreza y aumentar el bienestar de las familias colombianas.

El País también informó que el Ejecutivo colombiano ratificó su compromiso de monitorear los indicadores macroeconómicos, concentrándose en los niveles de precios, el ambiente de confianza internacional y el acceso a nuevas líneas de financiamiento. De acuerdo con el gobierno, la estabilidad de los precios y la reducción del déficit fiscal resultan esenciales para garantizar la fortaleza y el crecimiento de la economía, factores a los que se atribuye directamente el interés y la mayor presencia de inversionistas internacionales en el mercado de bonos.

El contexto financiero y los pasos adoptados por la administración Petro han generado reacciones tanto dentro del país como en el entorno global. El decreto de emergencia, con su vigencia de 30 días, se entiende como una herramienta para allanar el camino hacia soluciones de mayor alcance, dirigidas a transformar estructuralmente la economía colombiana y a consolidar los logros alcanzados en materia de estabilidad y crecimiento. El seguimiento de estas medidas, tanto en los mercados como desde los sectores productivos, continúa a la espera de los próximos informes y resultados económicos oficiales.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que durante diciembre de 2025 el costo de la canasta básica total (CBT) —que determina el umbral de pobreza— alcanzó los $1.308.713 para un hogar promedio de cuatro integrantes en el Gran Buenos Aires. En tanto, la canasta básica alimentaria (CBA), que marca el límite de la indigencia, se ubicó en 589.510 pesos.

La entidad informó que durante el último mes del año pasado la variación respecto a noviembre de 2025, tanto de la canasta básica alimentaria (CBA), como de la canasta básica total (CBT) fue de 4,1%. En tanto, el incremento acumulado fue del 31,2% en la CBA y del 27,7% en la CBT.

Los montos correspondientes a ambas canastas se actualizan mes a mes y funcionan como referencia oficial para establecer las líneas de indigencia y pobreza. El seguimiento de estos indicadores es clave para evaluar el impacto social y económico en los hogares de la región.

Por un lado, la canasta básica alimentaria (CBA) determina el gasto mínimo indispensable para satisfacer las necesidades nutricionales de un hogar y marca así el umbral de indigencia.

Por el otro, la canasta básica total (CBT) suma a ese cálculo otros bienes y servicios esenciales —como indumentaria, transporte y educación—, fijando el límite que define la pobreza. De acuerdo con el Indec, quienes no logran cubrir la CBA se consideran en situación de indigencia, mientras que aquellos que no alcanzan la CBT se clasifican como pobres.

El estudio, elaborado por la Dirección Nacional de Estadísticas de Precios del Indec, detalla los valores mensuales expresados en pesos y las variaciones porcentuales de cada canasta. Para un adulto equivalente, la línea de pobreza se ubicó en $423.532, mientras que la línea de indigencia fue de 190.780 pesos.

En el caso de los hogares, el Indec ofrece tres ejemplos representativos. Para un hogar de tres integrantes, compuesto por una mujer de 35 años, su hijo de 18 y su madre de 61, la CBA se valoró en $469.319 y la CBT en $1.041.888.

Para una familia tipo compuesta por cuatro personas, integrada por un varón de 35 años, una mujer de 31, un hijo de 6 y una hija de 8 años, las cifras fueron $589.510 y $1.308.713, respectivamente.

Finalmente, para un hogar de cinco integrantes, compuesto por un varón y una mujer de 30 años y tres hijos de 1, 3 y 5 años, los valores ascendieron a $620.035 en la CBA y $1.376.478 en la CBT.

La inflación de 2025 fue la más baja de los últimos ocho años

El Indec también publicó este martes el dato de inflación correspondiente a diciembre de 2025, junto con el índice acumulado para todo el año, que alcanzó el 31,5 por ciento.

El incremento de precios durante el último mes del año pasado fue de 2,8%, lo que representa el registro anual más bajo desde 2017. De acuerdo con las proyecciones de los especialistas, se espera que la tendencia a la desaceleración de la inflación continúe en 2026, aunque probablemente a un ritmo más moderado.

No obstante, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al último mes de 2025 mostró una leve suba respecto al 2,5% registrado en noviembre, impulsado por factores estacionales que incidieron en la última medición del año. A pesar de la moderación, el índice aún no cae por debajo del 2%, en un escenario donde persiste el ajuste de precios relativos en sectores como energía, transporte, servicios y tarifas reguladas.

Según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), la inflación proyectada para 2026 es de 20,5%. Las estimaciones privadas anticipan que en enero el índice volvería a ubicarse por encima del 2%. De acuerdo con las consultoras, el registro de inflación anual inferior al 10% recién podría alcanzarse en 2028.

Pedro, un hombre de 50 años y residente de Dordrecht (suroeste de Países Bajos) lleva durmiendo en un banco de Wantijpark durante más de tres años. Otras, directamente en el suelo. Muchas noches sin manta ni saco de dormir. Y aun así, sus declaraciones fueron sorprendentes: “No me importa tanto dormir al aire libre. Pero fue una idea navideña tan bonita”.

Algunas noches apenas logra conciliar el sueño. “Anoche solo dormí dos horas, dos veces”, confiesa al medio neerlandés AD. Cuando su rincón habitual está ocupado, deambula por el parque en busca de otro sitio para pasar la noche. “No es lo ideal. Pero por suerte no hace frío ahora”, relata. Incluso cuando el termómetro baja de forma considerable, él está fuera. “Con menos de cinco grados sigo durmiendo al aire libre, siempre que tenga ropa de abrigo”, dice.

A principios de diciembre consiguió prendas en un banco de ropa. “La tenían buena allí”. Y también ha recibido ayuda para conseguir gafas nuevas, después de que se le rompieran noches atrás mientras dormía. “Llevo semanas sin ellas; apenas veo nada en la bici por la noche”, explica.

Una Navidad diferente frustrada

La esperanza de dejar la intemperie surgió en verano. En el parque conoció a una mujer, Jacqueline, quien paseaba frecuentemente con su perro, Senna. Ella, que se desplaza en silla de ruedas eléctrica tras un accidente ocurrido hace siete años, le ofreció alojarse en su casa a finales de noviembre. La mudanza estaba prevista para finales de noviembre, pero las obras se han pospuesto dos veces, esta última para finales de enero.

“Es una pena”, reconoce Pedro. “Me había imaginado una Navidad muy diferente”. La promesa de un hogar se había convertido en una cuenta atrás emocional: “De hecho, llevaba contando los días desde el verano”. Se imaginaba lo cotidiano. “Ducharme cada día, dormir en una cama normal, tener una habitación propia, privacidad y un techo encima”, señala.

La Navidad tiene para él un valor especial. Pedro es originario de Gorinchem (más al centro del país) y llegó a Dordrecht en 2010, tras la muerte de su madre. “Tenía una buena relación con ella. Le encantaba la Navidad y siempre la celebrábamos juntos con una gran cena en familia”, recuerda. Por eso, “fue una idea navideña tan bonita”, concluye.

Una estufa para cocinar

Jacqueline explica por qué decidió ayudarlo: “Si puedo ayudar a alguien, ¿por qué no lo haría? Además, Pedro también me ayuda, cocinando y paseando al perro. También me quita un peso de encima”.

Aunque todavía no pueda mudarse, Pedro ya se imagina la vida en su futura casa. “Estaré con Jacqueline y su esposo Eric. Me encanta cocinar”, dice con entusiasmo. Tiene claro el plato estrella: “A Jacqueline le encanta mi panceta de cerdo con patatas especiadas. Se la preparo. O panceta de cerdo, que también le gusta”. Esta Navidad la han pasado juntos, aunque de forma sencilla, con una única estufa eléctrica para cocinar.

En el Wantijpark es un rostro conocido. Vecinos y paseantes lo ayudan como pueden. Le guardan muebles, le ofrecen asistencia médica y ánimo. “El otro día alguien se me acercó, me dio un puñetazo amistoso y me dijo: ‘¡Aguanta! Hasta que llegues a tu nuevo hogar’”, cuenta. También, algunos vecinos buscan un dentista más económico para poder arreglarle la dentadura. “Solo me faltan tres dientes, pero están en muy mal estado. Todo esto me viene de maravilla”, sentencia.

Con la mirada hacia el futuro

Los últimos meses han traído cambios. Encontró trabajo en un centro de clasificación de DHL, aunque tuvo que dejarlo. “Subestimé la carga de trabajo. A menudo era de tres de la tarde a dos de la mañana. Dormía muy mal. No fue un éxito”, admite. Ahora acude a los servicios sociales en busca de un nuevo empleo.

No obstante, su sueño sigue montar un servicio de paseo de perros. “Al menos diez personas ya se han inscrito conmigo. Y alguien incluso se ofreció a crearme una página web”. Mientras espera enero y la ansiada mudanza, Pedro seguirá durmiendo bajo el árbol del Wantijpark. “Claro que no es divertido”, concluye. “Pero siempre estoy tranquilo y sereno. Ya me alegra que haya una fecha definitiva. Durante mucho tiempo eso fue incierto”.

Emmanuel Buso dijo: “Sentí la casa tambaleándose. No sabía si estaba boca arriba o boca abajo”. El joven explicó que se desmayó entre los escombros y en sueños oyó los gritos de su madre. No tenía nada que comer y bebió su propia orina para no deshidratarse. “Estoy hoy aquí porque Dios lo quiere”, aseguró.

“Dejé a mis cinco hijos en casa. El pánico se apoderó de mí. La casa de dos pisos se había derrumbado. Pensé que estaban todos muertos”, dijo la madre de Mendji. Ayudada por sus vecinos, continuó con la búsqueda de su hija Mendji, pese a haber encontrado el cadáver de su hijo de cinco años. La mujer explicó cómo escuchó a un vecino gritar: “He oído a tu hija, ha pedido ayuda”. “No lo creía, pero me apresuré, los vecinos empezaron a cavar, ella estaba con vida y la sacaron. Me habló y me pidió leche y cereales, y luego se desmayó”, relató.

Mendji Bahina Sanon que en 2010 tenía apenas 11 años fue rescatada de entre los escombros de su casa ocho días después de que la tierra se sacudiera como nunca en Haití. Emmanuel Baso, que por entonces tenía 20 años fue rescatado cuatro días más tarde del terremoto. Ellos fueron dos de los sobrevivientes de una tragedia que hace 16 años enlutó al mundo entero.

El 12 de enero de 2010 la capital de Haití quedó bajo los escombros. En pocos segundos, un movimiento sísmico de 7 grados en la escala de Richter dejó el 65% de las construcciones en la zona metropolitana de Puerto Príncipe-Pétionville totalmente colapsadas o con un alto grado de destrucción.

Más de 200.000 personas perdieron la vida y más de dos millones quedaron en la calle. El centro de comando de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas (Minustah) también colapsó, dejando sin cabeza a la fuerza de militares de múltiples banderas que operaba en el país con la intención de mantener la Paz.

Por aquel entonces se estimó que los muertos eran 200.000 sin contar las víctimas que habían quedado enterradas bajo los escombros ni a las que las familias habían dado sepultura por su cuenta y riesgo. Y todo esto en un país de nueve millones de habitantes.

El presidente, René Préval, vio cómo el Palacio de Gobierno, para muchos emblema de la añorada belleza que un día tuvo la ciudad, se hundía de repente. El primer ministro, Jean-Max Bellerive, salió a recorrer la ciudad para evaluar el daño subido a un mototaxi, con el que fue a buscar a los funcionarios del gobierno para iniciar las tareas de coordinación de la crisis.

El Palacio de los Ministros colapsó, las oficinas de la Protección Civil quedaron inservibles y su personal fue privado de los mínimos medios de coordinación, igual que los alcaldes de las comunas afectadas y los responsables locales de defensa civil.

Por la hora del sismo (se produjo poco antes de las cinco de la tarde), una gran cantidad de funcionarios importantes se encontraba aún en sus oficinas de modo tal que muchos perdieron la vida.

Por entonces, la comunidad internacional tardó en reaccionar para ayudar de forma coordinada a los haitianos. El temblor fue tan fuerte y su capacidad de destrucción tan expansiva que dos días después de la tragedia los aeropuertos aún seguían cerrados, lo que provocó que el país caribeño permaneciera aislado del resto del mundo.

Analistas señalan que el verdadero desastre en Haití no fue el movimiento sísmico, algo que por ejemplo se produjo nuevamente en 2021. Aseguraron entonces que la catástrofe son los dos millones de personas que deambulaban por las plazas y calles y que vivían en espacios precarios superpoblados, con escasos medios de protección contra la intemperie. Y el medio millón de desplazados internos, que no se sabía adónde y en qué condiciones estaban. El desastre que acompañó el sismo en Haití, reafirman, es una población mayoritariamente pobre que luego del temblor arrasador se encontraba en las peores condiciones de inseguridad, condiciones que antes del sismo caracterizaban sobre todo las zonas de exclusión más violenta de los asentamientos precarios. En enero de 2010 miles de personas que pugnaban por alejarse de esa realidad espantosa fueron sumidas, por el terremoto en la marginalización extrema, la insalubridad y la intemperie. Tocaron el fondo del fondo.

El sufrimiento de la gente, las muertes y la situación de incertidumbre de la población que padecía hambre centraron toda la atención por aquellos días de luto y desesperación en Haití.

Hubo tres imágenes que sorprendieron a los testigos que estuvieron allí en enero de 2010. Y que se convirtieron en símbolos de lo sucedido hace 16 años.

El Palacio Nacional de Haití, sede del gobierno central, que durante décadas fue considerado un símbolo arquitectónico y político de la nación, sufrió en 2010 su tercera gran destrucción. El edificio, que ya había sido arrasado en 1869 y luego dañado en 1912 por un atentado con explosivos, quedó reducido a escombros tras el sismo. Las imágenes aéreas de la residencia presidencial colapsada recorrieron el mundo, mostrando no solo la fragilidad de las estructuras en la ciudad de Puerto Príncipe, sino también el impacto directo sobre el propio corazón del Estado haitiano.

Otra imagen que sintetizó el drama haitiano fue la de la catedral de Nuestra Señora de la Asunción, el templo católico más importante del país. El sismo derrumbó casi por completo la estructura, construida a finales del siglo XIX. Solo algunos pilares y parte de la fachada resistieron el impacto; las cúpulas y el techo, así como la cruz principal, se desplomaron en cuestión de segundos. La catedral, ubicada en el corazón de la capital, había sido escenario de episodios clave en la historia del país, como la caída de Jean-Claude Duvalier y el famoso sermón del sacerdote Jean-Bertrand Aristide en 1990, quien luego se convertiría en el primer presidente electo democráticamente en la historia de Haití.

La tercera imagen, presente en cada rincón de la capital y de las principales ciudades, fue la de las carpas y refugios improvisados. Tras el terremoto, al menos un millón y medio de personas perdieron su vivienda en cuestión de horas. Las plazas públicas, avenidas y cualquier espacio libre fueron ocupados por campamentos de emergencia, que se multiplicaron ante la falta de alternativas.

De acuerdo con la Organización Internacional de las Migraciones, una década más tarde más de 32.000 personas continuaban viviendo en carpas y quedaban 22 campamentos en funcionamiento en Puerto Príncipe. La precariedad de esos asentamientos dio lugar a nuevas tragedias: epidemias, como la del cólera, provocaron la muerte de al menos 10.000 personas en los años posteriores al sismo, y se multiplicaron los casos de violencia, abuso y drogadicción.

La cooperación internacional aportó cientos de millones de USD para responder a la emergencia. Solo Estados Unidos destinó aproximadamente 4.400 millones de dólares en ayuda, de los cuales al menos 1.000 millones se dirigieron a asistencia humanitaria inmediata. Por su parte, Naciones Unidas canalizó otros 10.000 millones de dólares en donaciones, pero la magnitud de la tragedia y la complejidad de la reconstrucción superaron las previsiones iniciales. Las pérdidas económicas directas se estimaron en más de 7.900 millones de dólares.

Haití nunca pudo recuperarse de una situación que se agravó con el sismo de 2010. Sigue sumida en la pobreza y la desigualdad.

Durante su intervención, el Papa León XIV subrayó la profundidad del sufrimiento generado por los abusos cometidos en el seno de la Iglesia, resaltando que para muchas víctimas, el dolor más agudo no proviene solo del abuso en sí, sino de no haber sido escuchadas ni acogidas por los responsables eclesiásticos. Según informó el Vaticano, la declaración del Pontífice tuvo lugar durante el Consistorio extraordinario celebrado el 7 y 8 de enero, que reunió a aproximadamente 170 cardenales de todo el mundo, tanto electores como no electores.

Tal como detalló el medio oficial del Vaticano, León XIV expresó su pesar por el hecho de que la Iglesia, en reiteradas ocasiones, “cerrase sus puertas” a quienes han padecido abusos, e instó a ofrecerles un acompañamiento genuino: “La escucha es profundamente importante”. El Sumo Pontífice utilizó el testimonio reciente de una víctima para ilustrar la gravedad de esta omisión por parte de la jerarquía eclesiástica: “Lo más doloroso era precisamente que ningún obispo quería escucharla”.

Según publicó el Vaticano, aunque los ejes principales de la reunión eran la misión y la sinodalidad, el Papa consideró necesario dedicar un espacio relevante a la cuestión de los abusos, calificándola como una “herida profunda” que puede extender sus consecuencias a lo largo de toda la vida de quienes la sufren. León XIV remarcó que gran parte de estos episodios se ha producido precisamente “porque la puerta ha estado cerrada y las víctimas no han sido acogidas, acompañadas con la cercanía de auténticos pastores”.

Durante el Consistorio, el Pontífice también destacó la relevancia de fortalecer la formación de todos los miembros de la Iglesia, abarcando a seminaristas, sacerdotes, obispos y colaboradores laicos. Sostuvo que dicha formación debe integrarse plenamente en la vida ordinaria de la Iglesia local, así como en el entorno cotidiano de las parroquias, de acuerdo a lo divulgado por el Vaticano.

El Papa León XIV comunicó además que, tras este encuentro, se organizará una nueva reunión de cardenales hacia finales de junio, estableciendo su duración en dos jornadas. Asimismo, propuso institucionalizar estos consistorios de manera anual, extendiéndolos a tres o cuatro días, con la intención de que el primer día esté dedicado a la reflexión, oración y encuentro, y los restantes al trabajo conjunto.

Según reportó el Vaticano, al concluir el Consistorio el Pontífice extendió sus palabras de apoyo también a quienes atraviesan situaciones de pobreza y guerra. Dirigiéndose a los cardenales, afirmó la cercanía de la Iglesia con los afectados y la necesidad de incorporar en el trabajo pastoral el acompañamiento y la atención a quienes sufren.

A lo largo de la reunión extraordinaria, León XIV reiteró el llamado a los líderes eclesiásticos a asumir una postura activa y comprometida en relación a las víctimas, poniendo en primer plano la urgencia de escucharlas y brindarles respaldo efectivo. Según consignó el Vaticano, las palabras del Papa marcaron una exhortación directa para transformar la manera en la que la Iglesia responde a quienes han sido afectados por abusos, proponiendo estructuras y espacios más participativos, abiertos y solidarios.

El tema de los abusos fue presentado como un desafío que sigue vigente en numerosos contextos donde la Iglesia católica desarrolla su labor. La insistencia del Sumo Pontífice en la formación y en la necesidad de cercanía pastoral quedó asentada entre las principales conclusiones surgidas del encuentro. Además, la perspectiva de realizar consistorios más prolongados y con mayores espacios de encuentro busca, según la información del Vaticano, fortalecer la colaboración entre los altos dignatarios y enfrentar de manera más directa los problemas señalados.

En todo momento, la comunicación oficial del Vaticano reforzó el énfasis del Papa en el deber de acoger y escuchar, no solo en casos de abuso, sino ante cualquier forma de sufrimiento social, incluyendo la pobreza y los conflictos armados. Las intervenciones de León XIV, dirigidas a la totalidad de los cardenales reunidos, delinearon una serie de medidas orientadas a promover una Iglesia más receptiva, participativa y comprometida con los más vulnerables.

Una familia que reside en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires necesita ingresos mensuales superiores a $2.128.461,91 para ser considerada de clase media, de acuerdo al informe publicado por el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (Idecba) correspondiente a diciembre de 2025.

El análisis toma como referencia un hogar integrado por una pareja de 35 años, ambos con actividad laboral y propietarios de su vivienda, junto a dos hijos varones de 9 y 6 años. El documento detalla además que, para este tipo de familia, el umbral de pobreza definido por la Canasta Básica Total (CBT) es de $1.346.876, mientras que el límite de indigencia, determinado por la Canasta Básica Alimentaria (CBA), alcanza los 726.569 pesos.

Según el Idecba, estos valores se actualizan mensualmente y reflejan el costo de vida específico de la Ciudad, en un contexto de inflación y variaciones constantes en los precios de bienes y servicios. La segmentación de los ingresos establecida permite distinguir los distintos niveles socioeconómicos. Se considera indigentes a los hogares cuyos ingresos no alcanzan para cubrir la CBA. Los denominados pobres no indigentes logran cubrir la CBA pero no la CBT.

Por encima de la línea de pobreza se encuentran los llamados no pobres vulnerables, con ingresos que se ubican entre la CBT y la Canasta Total (CT), que para el hogar tipo de referencia se fijó en 1.702.770 pesos.

El segmento identificado como sector medio frágil percibe ingresos que oscilan entre el valor de la CT y hasta 1,25 veces esa cifra ($2.128.461,90). La clase media abarca a quienes obtienen ingresos desde 1,25 hasta cuatro veces la CT, es decir, entre $2.128.461,91 y 6.811.078,11 pesos. Los sectores acomodados superan ese rango.

El Idecba utiliza una metodología implementada en 2008 para definir estas líneas y canastas, con el objetivo de medir la capacidad de los hogares porteños de acceder a un conjunto de bienes y servicios acorde al nivel de vida local.

El 50% de los porteños es de clase media

Durante el tercer trimestre de 2025, el organismo estadístico porteño reportó un aumento en el sector identificado como clase media, que alcanzó a cerca de la mitad de los habitantes. Los segmentos medios constituyen el grupo más amplio y presentaron el mayor crecimiento respecto al año anterior. En la Ciudad, este grupo reúne al 51,4% de los hogares y al 49% de la población, lo que representa unos 707.000 hogares y 1.511.000 personas.

La información oficial indica que, en los últimos doce meses, este sector incrementó su participación en 1,9 puntos porcentuales en cantidad de hogares y en 2,9 puntos en la población. De todas formas, su peso se mantiene más de seis puntos porcentuales por debajo de los niveles registrados en el mismo período de 2017, cuando había llegado al 55,2 por ciento.

El reporte también señala que los sectores acomodados tuvieron un crecimiento más marcado que el de la clase media. La proporción de hogares en este segmento subió 8 puntos porcentuales y la de personas 6,2 puntos, hasta alcanzar el 16,1% de los hogares y el 12,6% de la población de CABA, lo que equivale a unos 221.000 hogares y 389.000 individuos. Este resultado se ubica cerca del máximo histórico de la serie, que fue del 12,9% en 2017.

Entre julio y septiembre de 2025, el 13,7% de los hogares de la Ciudad (188.000) y el 17,3% de sus habitantes (534.000) se encontraban en situación de pobreza. Estas cifras son menores comparadas con el mismo trimestre de 2024, en un contexto en el que los ingresos superaron el ritmo de la inflación.

El relevamiento de Idecba muestra que, en comparación con el año anterior, se registró una baja de 111.000 hogares y 334.000 personas por debajo de la línea de pobreza. El organismo subrayó que este comportamiento corresponde a “la cuarta baja medida en términos interanuales consecutiva”.

En cuanto a la indigencia, afectó al 4% de los hogares (55.000) y al 5,3% de la población (164.000). El organismo estadístico detalló que “Dentro del conjunto de hogares y personas en situación de pobreza, el peso de los que están en condición extrema (indigencia) se reduce en la comparación interanual, pasando a representar el 29,1% de los hogares con carencias de ingresos y el 30,7% de las personas en esa condición”.

Con la llegada del nuevo año, el frío se ha instalado en las ciudades españolas. Barcelona, una ciudad costera donde las temperaturas se regulan por la influencia del mar y la montaña, ha registrado temperaturas mínimas de entre 2 y 6 ºC esta semana. En dicho contexto, un hombre sin hogar ha fallecido durante la ola de frío en el barrio de La Barceloneta, según han confirmado fuentes de los Mossos d’Esquadra a Europa Press.

Las investigaciones policiales apuntan que el hombre, de 57 años, falleció durante la noche del 6 al 7 de enero en la plaza del Poeta Boscà, a 1 kilómetro de uno de los hoteles más lujosos de la ciudad condal, el Hotel W (también conocido como el Hotel Vela). Con este caso, cinco personas sin hogar han perdido la vida en las calles de Barcelona en las últimas cinco semanas, según ha informado la Fundació Arrels a la agencia de comunicación.

Se ha descartado que el hombre haya fallecido por actos criminales y la Policía encargada del caso apunta a causas biológicas. No obstante, está prevista la autopsia conforme marca el protocolo. Las autoridades señalaron que la víctima, de nombre Eusebio, circulaba de forma habitual por el barrio de Les Corts, pero en esta ocasión se encontraba en La Barceloneta.

En palabras de Fundació Arrels, “no puede ser que ayuntamientos metropolitanos no abran recursos propios y que Barcelona amplíe 100 plazas cuando 2.000 personas viven en la calle”. En la misma semana que se ha conocido el fallecimiento de un hombre sin hogar en Badalona por las bajas temperaturas, la Fundación reclama una mayor habilitación de recursos municipales para proteger a quienes se encuentran sin techo, especialmente durante los días de frío intenso.

La ciudad condal registra cerca de 2.000 personas viviendo en la calle

La Fundación Arrels, dedicada a atender a personas sin hogar en Barcelona desde 1987, publicó nuevos datos en diciembre de 2025 sobre las personas que viven en las calles del área metropolitana. La cifra, según indican en su web, asciende respecto a 2024 en un 43,2% y se sitúa en 1.982 sintecho. Desde la entidad, consideran que esta es una cifra récord que evidencia cómo de necesarias son unas políticas públicas adecuadas para resolver la problemática.

Durante el último recuento, la Fundación catalana ha detectado que el distrito de Sants-Montjuic ha experimentado un repunte notable en la cifra de personas que pernoctan al raso. Este área es donde se encuentra el Palau Sant Jordi, el Castillo de Montjuic y que se extiende hasta el puerto.

En el distrito barcelonés se han contado 489 personas durmiendo en la calle, una cifra que duplica con creces la del año anterior, cuando se registraron 209. Desde Arrels, afirman que el incremento convierte a Sants-Montjuic en el área con mayores niveles de sinhogarismo visible en Barcelona, superando por primera vez a Ciutat Vella.

Sin embargo, el fenómeno no se limita únicamente a este distrito. En Eixample, 389 personas han sido localizadas durmiendo en la calle, lo que supone una subida del 28,8% respecto a las 302 registradas en el recuento anterior. Por su parte, Sant Martí ha pasado de 198 a 335 personas en un año, con una variación al alza del 69,2%, según la entidad.

Por otra parte, por primera vez se ha realizado un recuento nocturno en el aeropuerto, donde se han detectado 63 personas durmiendo, aunque estas no se han sumado al total oficial. La Fundación Arrels ha subrayado, en este sentido, la existencia de limitaciones metodológicas a la hora de dimensionar con exactitud el alcance del sinhogarismo en la ciudad, tanto por dificultades de acceso a determinados espacios como por los cambios constantes en las formas de vida del colectivo.

El Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (IDECBA) estimó que la franja social identificada como clase media creció durante el tercer trimestre de 2025 y abarcó a casi el 50% de los habitantes.

Los sectores medios representan el grupo más numeroso y el que tuvo el mayor incremento interanual. En territorio porteño, reúnen al 51,4% de los hogares y al 49,0% de la población, lo que equivale a cerca de 707.000 hogares y 1.511.000 personas.

De acuerdo a la información oficial, en el último año, este segmento aumentó su peso en 1,9 puntos porcentuales en hogares y 2,9 puntos en población. No obstante, todavía se ubica más de 6 puntos porcentuales por debajo de los 55,2% que había registrado la variable en el mismo período de 2017.

Por su parte, los sectores acomodados también experimentaron un crecimiento, incluso superior al de la clase media. Su presencia subió 8 puntos porcentuales en hogares y 6,2 puntos en población, alcanzando el 16,1% de los hogares y el 12,6% de los habitantes de la Ciudad. Esto involucra a aproximadamente 221.000 hogares y 389.000 personas. En este caso, se posiciona cerca del punto más alto de la serie: 12,9% en 2017.

A la vez, el 13,7% de los hogares de CABA (188.000) y el 17,3% de sus habitantes (534.000) se encontraban en situación de pobreza entre julio y septiembre de 2025. Estas cifras reflejan una disminución respecto al mismo período de 2024, en un escenario donde los ingresos lograron crecer por encima de la inflación.

De acuerdo con datos de Idecba, la comparación interanual muestra una reducción de 111.000 hogares y 334.000 personas bajo el umbral de la pobreza. El organismo resaltó que este resultado representa “la cuarta baja medida en términos interanuales consecutiva”.

Por otro lado, la indigencia afectó al 4% de los hogares (55.000) y al 5,3% de la población (164.000). “Dentro del conjunto de hogares y personas en situación de pobreza, el peso de los que están en condición extrema (indigencia) se reduce en la comparación interanual, pasando a representar el 29,1% de los hogares con carencias de ingresos y el 30,7% de las personas en esa condición”, informó el organismo estadístico.

Cuánto se necesita para ser clase media en CABA

A fines de continuar con el análisis del tercer trimestre de 2025, a septiembre del año pasado, una familia tipo requirió ingresos de $1.997.377 para pertenecer a la clase media en la Capital Federal, según datos oficiales. Este monto corresponde a un hogar integrado por dos adultos y dos hijos en edad escolar y representa el nivel más alto registrado hasta el momento para acceder a este segmento social.

No obstante, la estadística más actual se corresponde con noviembre de 2025. La segmentación de ingresos definida por el Idecba permite identificar distintos niveles sociales. Los hogares considerados en situación de indigencia son aquellos cuyos ingresos no alcanzan para cubrir la Canasta Básica Alimentaria (CBA). En tanto, los pobres no indigentes logran cubrir la CBA pero no la Canasta Básica Total (CBT).

Por encima del umbral de pobreza se ubican los no pobres vulnerables, con ingresos comprendidos entre la CBT y la Canasta Total (CT), que para el hogar tipo de referencia se fijó en $1.661.524 en noviembre.

El sector denominado medio frágil percibe ingresos que van desde el valor de la CT hasta 1,25 veces ese monto ($2.076.904,90). La condición de clase media corresponde a quienes reciben entre 1,25 y cuatro veces la CT, es decir, entre $2.076.904,91 y $6.646.095,71. Los sectores acomodados superan ese nivel superior de ingresos. En enero se conocerán los datos correspondientes a diciembre del año pasado.

La pobreza en la Ciudad de Buenos Aires alcanzó al 13,7% de los hogares (188.000) y al 17,3% de las personas (534.000) en el tercer trimestre de 2025. Esto implica una reducción frente a igual período de 2024, en un contexto en que los ingresos superaron a la inflación. Así, ganaron participación los sectores medios y acomodados.

En detalle, según el Instituto de Estadística y Censos porteño (IDECBA), en la comparación interanual, se registró un descenso de 111.000 hogares y 334.000 personas en condición de pobreza. El organismo oficial destacó que se trata de la cuarta baja medida en términos interanuales consecutiva.

En tanto, la indigencia alcanzó al 4% de los hogares (55.000) y al 5,3% de las personas (164.000). “Dentro del conjunto de hogares y personas en situación de pobreza, el peso de los que están en condición extrema (indigencia) se reduce en la comparación interanual, pasando a representar el 29,1% de los hogares con carencias de ingresos y el 30,7% de las personas en esa condición”, señaló el IDECBA.

La incidencia de la pobreza no afecta de manera homogénea a todos los grupos de hogares. Los mayores niveles se registran entre los hogares ubicados en la Zona Sur de la Ciudad, donde el 21,8% se encuentra bajo la línea de pobreza, y entre aquellos con presencia de niños y niñas menores de 14 años, que alcanzan una incidencia del 22,6%. En este último caso, los indicadores de pobreza e indigencia se agravan a medida que aumenta la cantidad de niños y niñas en el hogar.

En contraste, los hogares con presencia de adultos mayores muestran una incidencia de la pobreza del 12,1%, un nivel algo inferior al observado para el total de la población.

El impacto es especialmente significativo entre la población infantil y adolescente: el 27,1% de los niños, niñas y adolescentes de entre 0 y 17 años vive en hogares en condición de pobreza, lo que representa unas 190.000 personas en ese tramo etario. Un año atrás, este indicador se ubicaba en 42,6%, lo que refleja una caída pronunciada en la comparación interanual.

A su vez, el informe indica que el ingreso per cápita familiar de los hogares en situación de indigencia alcanza, en promedio, los $93.428, mientras que en aquellos que padecen pobreza no indigente asciende a $290.364.

De acuerdo con las estimaciones, para que un hogar promedio salga de la pobreza sería necesario transferir $388.031 mensuales, monto que equivale al 37,8% de la canasta básica total.

En paralelo con la reducción del peso relativo de los estratos en condición de pobreza, se observa una expansión de los hogares no pobres en la comparación interanual. Dentro de este universo, aumenta la participación de los sectores medios y, con mayor intensidad, de los sectores acomodados.

Los hogares considerados vulnerables representan el 9% del total (unos 124.000 hogares), en los que reside el 11,1% de la población, equivalente a unas 343.000 personas.

Si se los suma a los hogares que se encuentran bajo la línea de pobreza, el conjunto de hogares en situación de vulnerabilidad asciende al 22,7% (alrededor de 312.000 hogares), donde habita el 28,4% de la población, unas 877.000 personas. En el último año, este grupo se redujo de manera significativa, desde el 38,2%.

Por su parte, el sector medio frágil —ubicado entre los hogares vulnerables y los sectores medios consolidados— reúne al 9,8% de los hogares y al 10,0% de las personas, lo que equivale a unos 135.000 hogares y 310.000 habitantes.

Los sectores medios, asociados a la denominada “clase media”, constituyen la categoría de mayor peso y la que mostró el mayor cambio interanual. En la Ciudad de Buenos Aires concentran el 51,4% de los hogares y el 49,0% de la población, es decir, unos 707.000 hogares y 1.511.000 personas. En el último año, su participación creció 1,9 puntos porcentuales en hogares y 2,9 puntos en población.

Los sectores acomodados también registraron una expansión, incluso más marcada que la de los sectores medios. Su participación aumentó 8 puntos porcentuales en hogares y 6,2 puntos en personas, hasta representar el 16,1% de los hogares y el 12,6% de la población de la Ciudad, lo que involucra a aproximadamente 221.000 hogares y 389.000 personas.

Pobreza a nivel nacional

A nivel nacional, según el Indec, la pobreza se ubicó en 31,6% durante el primer trimestre del año pasado, cuando en el mismo período de 2024 había sido de 52,9%. La indigencia fue del 6,9%.

Analistas y consultoras privadas, como la UCA y Equilibra, advierten que la fuerte caída oficial de la pobreza reflejada por el Indec responde en gran parte a cuestiones metodológicas, como la desactualización de la canasta básica y mejoras en la captación de ingresos no laborales en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH).

Según estos análisis, la pobreza real en el primer semestre de 2025 estaría cerca del 40-42%, muy por encima de la cifra reportada por el Indec.

Las revisiones incluyen la actualización de la canasta de referencia y ajustes por subdeclaración de ingresos, mostrando además alta volatilidad en la serie oficial de pobreza durante los últimos años.

Los expertos recomiendan actualizar las metodologías para mejorar la comparabilidad y confiabilidad de las estadísticas, dado que la mejora informada por el instituto oficial podría estar sobreestimada.

El medio consultó tanto a su equipo editorial como a sus lectores para confeccionar dos listas de cinco figuras políticas destacadas, priorizando el impacto nacional e internacional de sus gestiones.

De acuerdo con el portal británico, un panel de expertos seleccionó primero a cinco presidentes y primeros ministros para ser entrevistados y perfilados, basando su decisión en criterios de influencia y alcance global. Antes de la elección final del panel, los lectores del sitio participaron mediante una votación abierta, en la que se recibieron más de 10.000 respuestas y se delineó una lista alternativa de los cinco líderes más votados.

La publicación elogió a Javier Milei por su avance en el control de la inflación y la generación de superávit fiscal. Uno de los puntos subrayados por el equipo editorial fue la reducción de la pobreza, que pasó “de un 50% a un 31% durante su gestión”. No obstante, los expertos expresaron cautela acerca de la capacidad de Milei para sostener a largo plazo la transformación económica del país.

En la sección dedicada a los comentarios de los lectores, The Telegraph reprodujo testimonios que reflejan el apoyo de una parte de la sociedad argentina y de observadores internacionales.

Nicolas Antonelli, un votante consultado por el medio, afirmó: “Antes de Milei, planeaba irme del país, pero Milei me dio esperanza”. Antonelli también destacó que “las ventas de autos nuevos y usados, motocicletas y escrituras de viviendas han aumentado considerablemente a medida que el acceso al crédito para la clase media, que había sido prácticamente inexistente en años anteriores, regresa gradualmente. Si bien aún queda mucho camino por recorrer y el crédito aún no está disponible para todos, la mejora es muy notable. Todo esto en tan solo dos años. Actualmente estoy pagando mi primer auto”.

Por su parte, Olliver Robinson, un exresidente de Londres entrevistado por el portal, subrayó la formación económica y el carisma de Milei: “Es el único líder del mundo con una cultura económica plena, y no solo eso, sino también con una cultura de la única y verdadera economía: la escuela austriaca”. Robinson agregó que esa combinación lo convierte en “el líder político más importante y transformador de nuestro tiempo, sino de todos los tiempos”.

The Telegraph también resaltó que Milei consiguió un “resultado inesperado” en las elecciones de mitad de mandato, lo que amplió su margen de acción y proyección para el año 2026.

El listado de líderes votados por los lectores del portal tiene al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en quinta posición; al presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, en cuarta posición; al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en tercera posición; y a la presidenta del Consejo de Ministros de Italia, Giorgia Meloni, como máxima figura.

En el ránking realizado por los periodistas, Milei quedó tercero. La selección incluye al presidente de Zambia Hakainde Hichilema en el quinto lugar; a Ahmed Husseín al-Charaa (Siria) en el cuarto; Georgia Meloni (Italia) en el segundo; y Maia Sandu (Moldavia) en el tope de la lista.

El artículo llegó a la Casa Rosada. El siguiente posteo que realizó el mandatario argentino después de su saludo por Año Nuevo fue la captura de la nota acompañada por el habitual “Fenómeno Barrial”, al que Milei alude siempre que se lo menciona por parte de un importante líder mundial o un medio extranjero.

“Nuestro presidente ha sido seleccionado como el 2do líder mundial por los lectores del diario británico Telegraph y figura también en el podio de líderes, según la línea editorial del diario. @GiorgiaMeloni y @JMilei son los dos únicos líderes que figuran en el podio de ambos rankings! Quienes representan y defienden los valores occidentales: la Vida, la Libertad y la Propiedad Privada son los líderes más populares del mundo!”, tuiteó por su parte el canciller Pablo Quirno.

Milei fue entrevistado semanas atrás por The Telegraph, mismo medio que había revelado la intención del argentino de viajar al Reino Unido este 2026 con el fin de poder levantar la prohibición a comprar armamentos y componentes británicos de defensa.

En ese reportaje, el jefe de Estado dijo que la soberanía argentina sobre las islas Malvinas “no es negociable”. Confirmó que solo buscará la recuperación del territorio a través de vías diplomáticas y con el consentimiento de los isleños. Durante el diálogo, Milei adelantó que viajará a Londres en 2026, lo que marcaría la primera visita oficial de un presidente argentino al Reino Unido en casi treinta años.

El fenómeno de la aporofobia, entendido como el rechazo a las personas en situación de pobreza, permanece como una prioridad para la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-ES), que plantea un enfoque a futuro ante la posibilidad de una directiva europea orientada a prevenir y combatir la discriminación por motivos de vulnerabilidad socioeconómica. Este desafío se encuadra dentro de un contexto de cifras récord de exclusión social en España, donde la organización urge la puesta en marcha de nuevas políticas públicas y la actualización de estrategias existentes. Según información divulgada por EAPN-ES y reportada por el medio, la red ha solicitado a las instituciones dar prioridad en el año 2026 a políticas de vivienda y empleo digno, así como actuar en el corto plazo ante la situación de alarmante pobreza infantil en el país.

En línea con este llamado, EAPN-ES ha difundido datos tomados de su XV Informe ‘El Estado de la Pobreza en España’, el cual expone que más de 12,5 millones de personas se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social. Aunque el porcentaje ha experimentado una leve mejoría respecto a años anteriores, permanece por encima del 25% de la población desde hace más de una década, destacó el organismo y reprodujo el medio consultado. EAPN-ES detalló que la magnitud del problema se agrava por la persistencia de los hogares en situación de pobreza severa, los cuales suman 4,1 millones de personas. Estas familias sobreviven con menos de 644 euros mensuales por cada unidad de consumo, un umbral que muestra las dificultades para cubrir las necesidades básicas.

El medio precisó que la infancia figura especialmente afectada, ya que cerca de 2,3 millones de niños, niñas y adolescentes padecen pobreza infantil, el registro más elevado de toda la Unión Europea. Ante este escenario, la organización destaca que las políticas públicas desplegadas hasta el momento no logran alcanzar la intensidad suficiente para aliviar la situación de quienes atraviesan pobreza severa o para revertir los niveles crecientes de vulnerabilidad en las nuevas generaciones. Junto a estos indicadores, EAPN-ES señala también la existencia de un mercado laboral que mantiene su carácter precario, una crisis habitacional persistente y un aumento sostenido del coste de la vida, factores todos ellos que obligan a los hogares con menos ingresos a disminuir el consumo de productos básicos, como pescado, carne de calidad y alimentos especiales para bebés.

Según evaluó EAPN-ES en los datos difundidos por el medio, la mejora de algunos indicadores macroeconómicos registrada en los últimos años no se traduce en mejores condiciones para la población mientras no se enfoque en fortalecer la inversión social y la función protectora del Estado. La agrupación aclara que para lograr avances en materia de cohesión social y territorial resulta imprescindible destinar recursos y reforzar las políticas dirigidas a quienes se encuentran en mayor riesgo de exclusión.

En este marco, la red ha solicitado a los partidos políticos que avancen en la aprobación para el año 2026 del Pacto de Estado contra la Pobreza, una iniciativa que, según señala, permanece detenida en el Congreso. La organización argumenta que dicho pacto debe incorporar acciones concretas para garantizar ingresos suficientes a lo largo de toda la vida, incluyendo el establecimiento de una prestación universal por crianza, así como asegurar una vivienda digna, acceso a empleo de calidad, educación inclusiva y el desarrollo de políticas migratorias que respeten los derechos humanos. Además, subraya la importancia de actuar en los ámbitos de cuidados y corresponsabilidad, trabajar por una transición justa y favorecer una gobernanza participativa en todos los niveles.

De acuerdo con información transmitida por EAPN-ES, la aprobación del citado pacto se integraría al marco de la Estrategia Nacional de Lucha contra la Pobreza, puesta en marcha por el Gobierno un año atrás pero que, según la entidad, aún no dispone de recursos suficientes para su correcta implementación. Esta falta de dotación es señalada como una de las barreras que impiden un avance más contundente en la reducción de la pobreza.

El medio explicó que la organización se compromete a mantener la lucha contra la aporofobia como un eje clave en su agenda para el año 2026, con el objetivo de contribuir al desarrollo de herramientas legales que enfrenten la discriminación basada en la condición socioeconómica de las personas. EAPN-ES también formula demandas específicas al ámbito internacional, reafirmando su condena a las situaciones en Palestina y advirtiendo sobre el uso de la pobreza y el hambre como instrumentos en escenarios de conflicto. La entidad alude a la responsabilidad de la Unión Europea y sus Estados miembros e insta a que adopten medidas firmes para exigir el respeto del derecho internacional humanitario tanto en Palestina como en otras zonas afectadas por enfrentamientos armados.

EAPN-ES, según recoge el medio, hace énfasis en que los hogares con menos recursos experimentan un impacto desproporcionado ante el encarecimiento del nivel de vida. En este sentido, la organización recalca que las familias se ven forzadas a reducir o eliminar el consumo de bienes que resultan esenciales para una dieta equilibrada y para el desarrollo infantil, debido a la presión que los precios ejercen sobre sus economías domésticas. Esta realidad, para la red, demuestra la necesidad de orientar el crecimiento económico hacia una mayor justicia social y una protección efectiva de los sectores más vulnerables.

En suma, la entidad sostiene su reclamación de una respuesta urgente y coordinada de parte de las autoridades políticas, al considerar que la persistencia de altas tasas de pobreza y exclusión social no puede abordarse con medidas aisladas o insuficientes. Aboga por que el debate público y la acción política se orienten hacia la articulación de políticas capaces de garantizar derechos fundamentales y mejorar el bienestar de la población en riesgo, siguiendo las directrices establecidas en sus informes y recomendaciones.

Ante la fuerte caída de la pobreza en el último año, distintos analistas vienen advirtiendo que existen cuestiones metodológicas que explican en gran medida la magnitud de la mejora reflejadas en las estadísticas del Indec. Según estimaciones privadas, la tasa de pobreza se ubicaría más cerca del 40 por ciento.

Uno de los primeros en señalar el fenómeno fue el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la UCA. “Los datos oficiales sobrerrepresentan la magnitud del alivio social“, aseguraron tras la última publicación oficial.

”Para corregir parte de este sesgo en la evolución de los indicadores de pobreza, el Indec debería acelerar la actualización de las canastas de referencia, evaluar el impacto de los cambios en los instrumentos de captación de ingresos y transparentar su efecto sobre las series históricas“, recomendaron desde la UCA.

En este marco, la consultora Equilibra se sumó a la discusión y recalculó la incidencia de la pobreza en Argentina entre el segundo semestre de 2018 y el primer semestre de 2025, atendiendo la actualización de la canasta básica total a partir de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017/2018 y la corrección por subdeclaración de ingresos relevados en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH).

“Hemos sacado de la pobreza a 12 millones de argentinos”, repiten en el gobierno de Javier Milei. Pero desde la UCA, Equilibra y otros sectores ponen el foco en una mejora en el registro de ingresos no laborales introducido en la metodología de la EPH que hace que recursos de las familias que antes pasaban por debajo del radar hoy formen parte del relevamiento.

En un contexto de alta volatilidad inflacionaria durante los últimos años, la pobreza medida por el Indec exhibió oscilaciones extremas: pasó del 35,2% entre octubre de 2021 y marzo de 2022, se aceleró hasta el 52,9% en el primer semestre de 2024 y luego descendió al 31,6% en el primer semestre de 2025, el nivel más bajo desde 2018.

“Pero, ningún indicador relevante asociado a la pobreza mostró una mejora tan significativa”, destacó Equilibra.

Los resultados del estudio muestran que la reducción reciente de la pobreza se mantiene, aunque con menor magnitud: entre el primer semestre de 2024 y el primer semestre de 2025, la pobreza cae entre 14,2 y 16,4 puntos porcentuales, frente a los 21,3 puntos porcentuales que arroja la medición oficial.

En comparación con el último semestre de la gestión de Alberto Fernández, se estima una disminución de la pobreza de entre 2 y 3,5 puntos porcentuales, muy por debajo de la caída informada por el Indec (8,3 puntos porcentuales).

Asimismo, la tasa de pobreza del primer semestre de 2025 se ubica en niveles similares a los del último semestre de la presidencia de Mauricio Macri, mientras que en la serie oficial la incidencia resulta más de 3 puntos porcentuales inferior a la registrada en ese período.

En el informe de Equilibra se plantean dos hipótesis sobre los determinantes de la alta volatilidad de la serie oficial de pobreza. Por un lado, una canasta desactualizada, basada en los ponderadores de la ENGHo 2004/2005, habría afectado el nivel y, en menor medida, la dinámica de la pobreza en contextos de alta inflación y cambios en los precios relativos.

Por otro lado, una mejora en la captación de ingresos de la EPH: el ratio de captación de ingresos —a partir de la comparación entre los ingresos relevados por la encuesta y los registros administrativos— mostró una tendencia declinante hasta el tercer trimestre de 2023 y luego una mejora significativa, alcanzando niveles récord desde 2018, lo que modifica sustancialmente la dinámica de la pobreza.

Para resolver estos problemas, la consultora construyó nuevas series alternativas de pobreza: actualizadas por canastas de la ENGHo 2017/2018, con y sin restaurantes dentro de los gastos alimentarios del coeficiente de Engel (indicador que mide la proporción del gasto total de un hogar que se destina a alimentos); corregidas por subdeclaración dinámica de ingresos; series definitivas que captan ambos efectos en simultáneo; y estimaciones de los efectos parciales de las canastas y de la mejora en la captación de ingresos sobre la línea oficial del Indec.

Sobre esto último, Equilibra observó que “todos los ingresos comparables crecen sustancialmente más en la EPH que en el resto de las fuentes administrativas desde el tercer trimestre de 2023, mientras que frente a los salarios privados formales del SIPA son los que menos mejoran”.

Esto se debe, por un lado, a que el Indec implementó nuevas preguntas que perfeccionaron el relevamiento de los ingresos no laborales y, por otro, a que, con la baja de la inflación, la percepción de los individuos sobre sus ingresos no se vio tan erosionada como en los últimos años.

Solo si se actualiza la medición con la ENGHo 2017/2018 la pobreza se eleva de 31,6% (dato del Indec) a 50,6% sin restaurantes y 39,8% con restaurantes.

Vale mencionar que la diferencia entre ambas estimaciones se explica por cómo la inclusión o exclusión del gasto en restaurantes modifica el coeficiente de Engel. Al excluir los restaurantes del gasto alimentario, la proporción del gasto destinada a alimentos consumidos en el hogar aumenta, lo que eleva el coeficiente de Engel y, en consecuencia, incrementa la canasta básica total y la tasa de pobreza.

En cambio, al incluir los restaurantes dentro del gasto alimentario, el coeficiente de Engel resulta menor —dado que ese tipo de consumo tiene mayor peso en los hogares de ingresos más altos—, lo que reduce el valor de la canasta básica total y arroja una incidencia de pobreza más baja.

“La actualización de la CBT con ENGHo 2017/18 eleva la tasa de pobreza 17 puntos porcentuales al excluir restaurantes de los gastos alimentarios y casi 8 puntos incluyendo restaurantes. Sube la incidencia, pero afecta poco la dinámica”, explica Equilibra.

En tanto, la serie de pobreza corregida por ambos efectos —actualización de la canasta con la ENGHo 2017/2018, utilizando un coeficiente de Engel sin restaurantes, y corrección por subdeclaración móvil de ingresos— arroja que el 42% de la población se encuentra en situación de pobreza en el primer semestre de 2025, un nivel similar al observado a comienzos de 2022.

Por su parte, el CEPA sostuvo: “La CBT subestima el peso de los servicios y el transporte. Hoy la CBA explica el 45% de la CBT, muy por encima de encuestas previas. A la vez, los cambios en la EPH elevan el ingreso medido sin reflejar mejoras reales. El resultado es una medición de pobreza con problemas de comparabilidad y confiabilidad”.

La proyección de Geoffrey Hinton, conocido como el “padrino de la inteligencia artificial”, sitúa al año 2026 como un punto de inflexión en el desarrollo de la tecnología, anticipando un escenario donde la IA avanzará lo suficiente como para reemplazar una gama cada vez más amplia de empleos.

Esta advertencia, realizada en una reciente entrevista con el programa State of the Union de CNN, destaca tanto la magnitud del progreso tecnológico, como el profundo impacto que tendrá sobre la estructura laboral global y la distribución de la riqueza.

Cuáles son las predicciones del padrino de la IA sobre 2026

En su análisis, Hinton señala que la velocidad del avance en inteligencia artificial excede incluso las predicciones más optimistas. Según su observación, los sistemas de IA duplican su capacidad para realizar tareas complejas aproximadamente cada siete meses, lo que permite que actividades que antes requerían una hora de trabajo ahora se resuelvan en minutos.

En el ámbito de la ingeniería de software, estima que dentro de pocos años solo será necesario un número muy reducido de profesionales para proyectos que en la actualidad exigen la intervención de grupos completos, una transformación que, en sus palabras, derivará en “un reemplazo masivo de puestos de trabajo”.

Por qué es muy posible que más empleos sean sustituidos por la IA

Algunos estudios reflejan un desplome cercano al 30% en las vacantes, particularmente desde la irrupción de ChatGPT de OpenAI. Esta caída impacta de manera especial en los empleos de nivel de entrada, un fenómeno que ya experimentan empresas como Amazon, que han anunciado despidos tras la implementación de IA.

Sin embargo, estas compañías también reportan grandes mejoras en la eficiencia operativa, evidenciando el doble filo de la automatización: mientras incrementa la productividad, reduce la necesidad de capital humano.

Qué implicaciones éticas y sociales tiene el avance de la inteligencia artificial

Al abordar las implicaciones éticas y sociales, Hinton enfatiza que este proceso de automatización intensificará la concentración de riqueza y podría aumentar la desigualdad y la probreza.

En una declaración al Financial Times, afirmó: “Hará que unas pocas personas sean mucho más ricas y la mayoría más pobres”, atribuyendo estos efectos al funcionamiento del sistema capitalista y al incentivo económico inherente en el desarrollo de tecnologías disruptivas.

Cuánto es el nivel de preocupación de Hinton alrededor del avance de la IA

Durante la entrevista en CNN, y tras ser interrogado sobre su nivel de preocupación desde que abandonó su puesto en Google en 2023 para advertir sobre los riesgos de la IA, Hinton admitió sentirse aún más inquieto.

“Ha progresado incluso más rápido de lo que pensaba. En particular, ha mejorado en cosas como razonar y también en cosas como engañar a la gente”, explicó.

Agregó que un sistema de inteligencia artificial, en caso de percibir que sus objetivos están amenazados, podría intentar engañar a los humanos para garantizar su propia operatividad y la consecución de sus metas.

Asimismo, el experto observa que, aunque ciertas empresas tecnológicas se esfuerzan más que otras en implementar medidas de seguridad, todas deben equilibrar estos criterios con sus propios intereses económicos.

Para ilustrar esta lógica, expuso: “Los coches sin conductor matarán gente, pero matarán a muchas menos personas que los conductores normales”. De este modo, plasma la tensión permanente entre los beneficios pragmáticos y los riesgos éticos que acompañan la integración de la inteligencia artificial en la sociedad.

En qué se diferencia la visión del padrino de la IA con la de otros expertos

A diferencia de otras voces optimistas en el campo, Hinton mantiene una postura de incertidumbre sobre si los beneficios globales de la IA superarán los riesgos asociados.

Reconoce el potencial de esta tecnología para impulsar avances en medicina, educación y temas climáticos, pero advierte sobre la insuficiencia de los esfuerzos actuales para mitigar los peligros subyacentes.

“Junto con esas cosas maravillosas vienen algunas cosas aterradoras, y no creo que la gente esté trabajando lo suficiente en cómo podemos mitigar esas cosas aterradoras”, sentenció.

Más de 600 economistas y expertos en desigualdad de más de 70 países han pedido a los líderes mundiales la creación de un Panel Internacional sobre la Desigualdad, un organismo permanente e independiente inspirado en el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC). La iniciativa busca dotar a la comunidad internacional de una herramienta científica y no partidista que evalúe de forma sistemática la magnitud de la desigualdad económica, sus causas y sus consecuencias.

El llamamiento, publicado en la web de World Inequality Database, coincide con la presentación del primer informe del G20 centrado exclusivamente en la desigualdad global, elaborado por el Comité Extraordinario sobre Desigualdad y presidido por el economista Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía. Este informe, que fue trasladado a los líderes políticos en la la pasada cumbre del G20 en Johannesburgo, identifica la desigualdad como una “emergencia global”, siendo la creación de este panel su recomendación principal.

Según los firmantes del comunicado, la concentración extrema de riqueza que se observa en muchas economías se traduce en una concentración de poder que debilita las democracias, erosiona la confianza social y alimenta la polarización política. Frente a este escenario, reclaman una respuesta coordinada y basada en evidencias, similar a la que la comunidad internacional ha desarrollado durante décadas para abordar el cambio climático.

Un panel internacional para medir y analizar la desigualdad

El Panel Internacional sobre la Desigualdad, propuesto por los economistas, tendría como misión elaborar evaluaciones periódicas, objetivas y basadas en datos sobre la evolución de la desigualdad económica a escala global y nacional. Al igual que el IPCC en materia climática, el nuevo organismo reuniría el trabajo más actualizado de economistas, científicos y expertos de distintas disciplinas para ofrecer diagnósticos rigurosos y comparables entre países.

Los impulsores de la iniciativa subrayan que el panel sería independiente y no partidista, con el objetivo de servir como referencia técnica para los responsables políticos. Sus informes analizarían no solo la magnitud de la desigualdad, sino también los factores que la impulsan -desde los sistemas fiscales hasta los mercados laborales o la concentración empresarial- y sus efectos sobre el crecimiento económico, la cohesión social y la estabilidad institucional.

Además, los análisis del panel estarían pensados para ilustrar debates tanto a nivel internacional como nacional, incluyendo los foros del G20 y de Naciones Unidas. La idea es que los gobiernos cuenten con una base común de evidencia para diseñar políticas públicas, del mismo modo que los informes del IPCC han orientado durante años las negociaciones climáticas y los compromisos de reducción de emisiones.

Desigualdad, democracia y crisis climática

Uno de los ejes centrales del comunicado es la relación entre desigualdad económica y otros grandes desafíos globales. Los expertos alertan de que las brechas extremas de renta y riqueza no solo tienen efectos económicos, sino que impactan directamente en la calidad democrática y en la capacidad de las sociedades para afrontar crisis compartidas.

En este sentido, los firmantes sostienen que la desigualdad actúa como un “motor” del cambio climático, al fomentar modelos de producción y consumo insostenibles y concentrar los beneficios económicos en una minoría. Al mismo tiempo, advierten de que los costes del calentamiento global recaen de forma desproporcionada sobre las poblaciones más pobres y vulnerables, tanto dentro de los países como entre regiones del mundo.

“La desigualdad no es inevitable, es una elección política”

El comunicado concluye con un mensaje explícito dirigido a los líderes políticos: “La desigualdad no es inevitable, es una elección política”. Los expertos recuerdan que existen medidas contrastadas para reducirla, como reformas fiscales progresivas, inversiones en servicios públicos, políticas laborales inclusivas o mecanismos de redistribución más eficaces.

Los firmantes defienden que la creación del Panel Internacional sobre la Desigualdad beneficiaría también al sector privado, al periodismo, al ámbito académico y a la sociedad civil, al proporcionar un marco común de análisis basado en datos y evidencia empírica. Subrayan, además, que miles de académicos en todo el mundo estarían dispuestos a colaborar de forma voluntaria, siguiendo el modelo del IPCC: “Estamos preparados para ayudar en este proceso”, han señalado.

Los economistas que respaldan la iniciativa desde España

Entre los firmantes del llamamiento figuran economistas y expertos que desarrollan su labor profesional en nuestro país. Entre ellos se encuentran Olga Cantó Sánchez (Universidad de Alcalá), Xavier Ramos (Universitat Autònoma de Barcelona), Olga Alonso-Villar (Universidad de Vigo), Elena Bárcena-Martín y Salvador Pérez-Moreno (Universidad de Málaga), Pedro Salas-Rojo (CUNEF Universidad), María Marino (Universitat de Barcelona) y Manuel Flores (Universitat Autònoma de Barcelona).

La lista incluye también a Juan C. Palomino (Universidad Complutense de Madrid), Miguel Artola Blanco (Universidad Carlos III de Madrid), Juan Antonio Gimeno (UNED – Economistas sin Fronteras), Laura de Pablos Escobar (Universidad Complutense de Madrid), Francisco García-Rodríguez (Universidad de Alcalá), Elizabeth Villagómez (investigadora y consultora independiente) y Carlos Villán Durán, presidente de la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Las noches de invierno han marcado la rutina de quienes no cuentan con un techo. Las temperaturas han descendido hasta el punto de congelación, forzando la apertura de refugios de emergencia. Según ACNUR, 100 millones de personas de todo el mundo no disponen de un hogar. En Francia, Julien y Germain son dos de las 30.000 personas que viven en plena calle en su país.

Julien lleva once años en la misma situación.-Después de un divorcio doloroso, no volvió a tener una casa y durante el invierno llegan los momentos más duros del año. Ahora, las autoridades de su localidad (Saint-Nazaire) han abierto un gimnasio para que todos lo que están sin vivienda y en la calle puedan tener una cama en las noches más fríos. El espacio ha sido habilitado por la gente del municipio y gestionado junto a la Protección Civil y una asociación local. La apertura del refugio, motivada por el frío extremo, representa un alivio pasajero, ya que su cierre está previsto con el comienzo de 2026, cuando se anuncian de nuevo temperaturas bajo cero.

Germain, también sin hogar, se muestra preocupado por otros en la misma situación, especialmente por aquellos con menos recursos materiales. El hombre ha explicado a los medios franceses que en la calle hay muchos jóvenes acompañados solo de sus perros. Este aspecto ha hecho que se queden fuera del refugio, ya que no pueden entrar con animales. Germain y Julien han asegurado el gran riesgo que supone para la salud pasar todos los inviernos a la intemperie: “El riesgo de hipotermia y las escasas pertenencias aumentan la vulnerabilidad de todos nosotros.”

El día a día de la vida en la calle

Germain, cuya vida en la calle se extiende por catorce años tras su salida del ejército y un breve paso por la restauración, narra su itinerario personal. Prefiere evitar conflictos con las autoridades y no ocupa edificios deshabitados. Su elección consiste en dormir sobre el asfalto, aislándose de la humedad con mantas acumuladas. La percepción de que hay pocas personas sin hogar contrasta con la realidad que describe para Franceinfo: “he perdido a treinta amigos desde 2022, víctimas del desamparo y el frío, y mientras tanto hay tantos edificios vacíos” .

La vida cotidiana bajo estas circunstancias obliga a buscar estrategias para obtener ingresos y recursos mínimos. Julien consigue algo de dinero colaborando con comerciantes en los mercados. Cuando no trabaja, recurre a organizaciones benéficas para acceder a servicios básicos como duchas y alimentos. A pesar de estos apoyos, las limitaciones horarias de estos espacios generan un vacío desde media tarde hasta la noche. En ese periodo se dedica solamente al consumo de alcohol y a pedir dinero, como medio para afrontar la adversidad y el aislamiento.

El cierre inminente de los refugios temporales, en coincidencia con el regreso de las bajas temperaturas, intensifica la preocupación sobre las consecuencias fatales que puede acarrear la falta de soluciones permanentes. Julien subraya que todos quienes viven en la calle tenían una vida previa a esta situación y cuestiona cuántas muertes más serán necesarias para que las autoridades tomen medidas sostenidas.

Percepción social y recursos disponibles

La presencia de numerosos edificios vacíos en Saint-Nazaire genera una fuerte inquietud entre las personas sin hogar. La posibilidad de utilizar estos espacios para ofrecer refugio seguro se percibe como una solución sencilla y factible. Julien sostiene que bastaría con habilitar locales municipales desocupados y asignar personal de seguridad para brindar protección durante el invierno. Esta perspectiva refleja un sentimiento generalizado de frustración hacia las decisiones políticas y la gestión pública.

La interacción con el tejido social local, a través de entidades como el Samu Social, Secours Populaire y la Cruz Roja, representa un salvavidas para quienes viven en la calle. Estas organizaciones se encargan de distribuir mantas, alimentos y prestar atención directa. El paso prolongado por la vida en la calle produce una transformación profunda en la percepción y las expectativas de futuro. Germain reconoce que, tras tantos años en esa situación, la idea de volver a vivir bajo techo le resulta extraña y poco deseable. Prefiere destinar sus recursos a mantener a su perro y ayudar a sus amigos, en vez de afrontar las obligaciones de un alquiler y los servicios básicos.

Aunque la incertidumbre electoral y el aumento del precio de la carne pusieron más presión sobre los precios en la parte final del año, 2025 cerrará con la inflación anual más baja desde 2017, el segundo año de gestión de Mauricio Macri, en que el guarismo anual fue del 24,8 por ciento.

El acumulado de enero a noviembre de este año es del 27,9% y con la inflación de diciembre estimada en un rango de 2,5 a 2,8%, la variación anual será en cualquier caso inferior al 32%; incluso si el dato del último mes del año se estirara a 3%, el anual cerraría en 31,7 por ciento.

Teniendo en cuenta la herencia recibida y la inercia que tenían los precios a fines de 2023, cuando asumió el actual gobierno, se trata del principal logro del primer bienio del gestión del presidente Javier Milei.

En 2023 la inflación fue del 211,4%, pero la tendencia en los últimos meses del año superaba largamente ese ritmo. Durante sus cuatro años de mandato, el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner acumuló una inflación del 1.146 por ciento.

Incluso la inflación del 36,2% del primer año de gestión de los Fernández tuvo poco mérito, pues fue el registro de un período en el que, pandemia y cuarentenas mediante, el PBI se retrajo el 10 por ciento.

La inflación fue desde entonces en sistemático ascenso hasta 2023, duplicándose año a año, pese a que tanto en 2022 como 2023 fueron años de recesión y caída del PBI, lo que tiende a limitar el aumento de los precios.

En su primer año de gestión el actual gobierno redujo la inflación anual en casi 100 puntos porcentajes, del 211,4% de 2023 a 117,8% en 2024, con una caída relativamente modesta del PBI, del 1,7% en el dato anual, pero que ya mostraba un crecimiento trimestral del 1,4% a fines de ese año.

Este año la inflación cerrará, como ya se indicó, debajo del 32%, pese a que el dato mensual viene en alza desde mayo, atizado por el continuo aumento de las tarifas de servicios públicos (para reducir el monto de subsidios como parte del ordenamiento fiscal) y, a partir de noviembre, por el de la carne, y por otra parte atenuada por la apertura importadora, que puso presión bajista sobre los precios de sectores como textiles, indumentaria y calzado y electrodomésticos. A lo largo del año, la inflación mensual más alta fue la registrada en marzo: 3,7 por ciento.

Previsión para 2026

El presupuesto aprobado anoche en el Senado, prevé para 2026 una inflación del 10,1 por ciento. Se trata de una proyección desfasada. El proyecto fue presentado en septiembre y, por caso, preveía para fines del año próximo un dólar a $1.423, mientras que el ajuste por inflación de la banda cambiaria que el gobierno ya anunció y aplicará desde enero implica un techo de $1.565 a fines del mes próximo.

Entre mayo y agosto pasados la inflación mensual osciló entre 1,5% y 1,9%, pero mantener el guarismo mensual por debajo del 2% se complicó desde entonces. En septiembre tocó el 2,1%, en octubre el 2,3% y en noviembre el 2,5%, y los pronósticos para diciembre oscilan entre 2,5% (en cuyo caso la inflación anual sería del 31,1%) y 3% (anual del 31,7%).

En los últimos 50 años, a partir del “rodrigazo” de junio de 1975, la Argentina vivió casi permanentemente en alta inflación, salvo el período 1991-2001, durante la convertibilidad, y entre 2003 y 2007, en los primeros años del kirchnerismo.

Dada la historia reciente y no tan reciente de la Argentina, es un logro importante. En los últimos 50 años, a partir del “rodrigazo” de 1975, la Argentina vivió casi permanentemente en alta inflación, salvo el período 1991-2001, durante la convertibilidad, y entre 2003 y 2007, en los primeros años del kirchnerismo.

De 1975 hasta 1992 el único año de inflación de dos dígitos había sido 1986 (90%, durante el Plan Austral) y recién en 1994, cuarto año de vigencia de la convertibilidad, cayó a un dígito anual.

El aumento de la inflación, el impuesto “no legislado” más regresivo, fue acompañado de un aumento sistemático de los niveles de pobreza. De 800.000 pobres que había en la Argentina a fines de 1974, cuando la tasa de pobreza no llegaba al 4% de una población cercana a los 24 millones, a cerca de 18 millones en la actualidad.

Es decir que en los 50 años posteriores al rodrigazo y la entrada a un régimen ya no solo de alta, sino altísima inflación, mientras la población del país se multiplicó por dos, el número de pobres lo hizo por más de veinte.

Por eso la reducción de la inflación no es un logro a desmerecer, aunque necesite ser consolidado y acompañado por un crecimiento de la actividad, el empleo y los ingresos. Según un estudio de BBVA Research, entre 2025 y 2027 la economía argentina podría encadenar tres años consecutivos de crecimiento por primera vez desde 2006, hace veinte años.

El 2025 dejó en evidencia las tensiones y limitaciones del modelo económico y social. Las expectativas iniciales de una recuperación sostenida dieron paso a un escenario de estancamiento y persistencia de problemas estructurales. La caída del consumo, el aumento de la informalidad laboral y la no generación de empleo formal quedaron en el centro del debate y atravesaron la vida cotidiana de las familias argentinas.

En ese marco, en diálogo con Infobae, Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la UCA, analizó los datos oficiales, las percepciones sociales y los desafíos que enfrenta el país.

El sociólogo e investigador advirtió sobre el riesgo de sobredimensionar la mejora en la tasa de pobreza y señaló la necesidad de políticas públicas que acompañen el esfuerzo individual con condiciones favorables para el crecimiento y la inclusión.

— ¿Qué balance hace de este año en términos sociales y económicos?

— Fue un año en el que se esperaba que el proceso económico aportara una mayor estabilidad e incluso una recuperación capaz de reducir de manera más genuina la pobreza y la indigencia, y de mejorar el consumo.

Pero el “verano” financiero y económico se extendió solo hasta fines del 2024 o los primeros meses de este año, y luego derivó en un escenario de estancamiento. El impulso inicial se frenó, pese a que puedan aparecer datos que muestren crecimiento o algún rebote. De este modo, empiezan a evidenciarse problemas estructurales del modelo político, económico y financiero.

—¿La mayor estabilidad económica se traduce en una mejora en la percepción de los hogares?

— Lo peor, en términos del impacto sobre el ánimo de la sociedad argentina, fue a fines de 2023 y comienzos de 2024, y esa situación hoy está lejos de reflejarse en el clima socioeconómico.

Empezamos a discutir cómo desarrollarnos y cómo crecer —si es que crecemos—, con qué nivel de inversión y de creación de empleo. Son cuestiones que todavía no se resuelven, pero que ya están en debate.

El equilibrio fiscal y una relativa estabilización del ritmo inflacionario —valores que no son buenos, pero sí mucho mejores que los que teníamos, en torno al 2% mensual— generan un clima de paz y tranquilidad social muy relevante.

En ese contexto, buena parte de la salida para las familias parece depender del esfuerzo individual. Ahí hay un error de percepción, porque se necesita un entorno económico que lo acompañe.

Hoy el escenario está planteado de modo tal que ya no se identifica al Estado como el responsable directo de la crisis o de la inflación, y mucho pasa por el equilibrio que cada familia logra entre ingresos y gastos, por el acceso al empleo y por la lucha cotidiana para conseguirlo. Para ciertos sectores, eso implica recurrir al cuentapropismo. Hay una “uberización” del mercado de trabajo.

Comienza a hacerse evidente que el esfuerzo de las personas no rinde, ni en el corto ni en el mediano plazo, para mejorar su posición económica.

— ¿De qué se trata esa “uberización”?

— Como las empresas vinculadas a la industria, la construcción y el comercio no están invirtiendo ni generando más empleo, se produce un excedente de fuerza de trabajo. Esa mano de obra sobrante se vuelca a actividades que dependen de sí mismas, al autoempleo refugio.

A nivel individual o familiar, muchas personas salen a producir y vender bienes de manera informal, usan los autos como remises o brindan servicios personales, como albañilería o reparaciones. No se trata solo de plataformas como Uber, sino de un conjunto más amplio de actividades que se ofrecen, en general, a estratos medios y medios-altos.

Son segmentos a los que la crisis les impactó poco o que incluso encontraron oportunidades en ella. Allí existe un mercado y una demanda de servicios personales que se mantiene activa, y que absorbe parte de ese excedente de trabajo, aunque sin resolver el problema estructural de fondo.

Al mismo tiempo, es importante resaltar que se observa cierta saturación de esos servicios, por lo que las remuneraciones o beneficios bajan.

— En ese contexto, ¿qué análisis hace de la reducción del desempleo informada recientemente?

— Detrás de ese dato hay una ficción. En este caso, la caída de la desocupación no es un indicador positivo, porque no se están creando puestos formales. Las familias hacen lo que pueden para conseguir trabajo, aunque sea informal y precario, o una changa, que finalmente queda computada como empleo.

— El ODSA hizo foco en reiteradas ocasiones en la sobreestimación de las mediciones del Indec en relación a la baja de la pobreza y la indigencia. ¿Por qué cree que no se informan los posibles cambios realizados en la metodología?

— En efecto, si bien se reduce la tasa de pobreza por una menor inflación, comprobamos una sobrerrepresentación de esa caída debido a una mayor captación de ingresos familiares por parte de la EPH.

Hay varias hipótesis posibles de esta sobreestimación. La primera, vinculada a la baja inflación y a una mayor capacidad de recordar los ingresos. Esto ya no parece suficiente para explicar el fenómeno dado que se estabilizó.

La segunda es una modificación en el instrumento o en el cuestionario, especialmente en lo referido a ingresos no laborales, que efectivamente muestran una mejor captación. Pero las preguntas específicas sobre los ingresos laborales continúan siendo las mismas, por lo que no está claro que esa sea la causa.

La tercera hipótesis apunta a cambios en los procedimientos de edición o ponderación de los datos.

Es posible que el resultado sea una combinación de estos factores.

Desde el Indec señalan que no detectan problemas ni alteraciones metodológicas, ni consideran que los cambios en el cuestionario hayan tenido impacto. Sin embargo, no se realizó una encuesta piloto que permita hacer evaluaciones. Así, las hipótesis no pueden ni descartarse ni confirmarse.

Han renunciado la directora de la EPH y el jefe de esa dirección, y se niega que haya habido ajustes. Todavía no se aceptó la reunión que he planteado y ofrecido para discutir qué es lo que está ocurriendo.

— ¿En qué nivel se ubicaría la tasa de pobreza sin esa sobreestimación?

— Esto puede explicar una diferencia de entre dos y cuatro puntos en la medición de la pobreza. Las proyecciones más recientes del Consejo de Políticas Sociales la ubican entre 27% y 28% para el tercer trimestre de 2025. Pero si se asume que hoy se están captando con mayor precisión los ingresos que en el pasado, entonces la comparación histórica cambia: la mejora no sería tan extraordinaria como sugieren los datos actuales.

Aun así, seguimos por encima de los niveles más bajos registrados en años anteriores. No estaríamos en los valores de pobreza del 25%–27% que se registraron en los mejores momentos de los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner o en 2017 durante la gestión de Mauricio Macri.

— Falta también la actualización de la Canasta Básica Total (CBT) en base a la estructura de gasto de los hogares relevada en 2017/2018. ¿Cuál sería el costo si el Indec hiciera ese ajuste? ¿Por qué no lo hace?

— La canasta que se utiliza actualmente tiene un peso muy bajo de las tarifas y los servicios públicos, en un contexto de fuertes aumentos por la quita de subsidios.

Si se hiciera esa revisión, el valor de la CBT estaría en torno a $1.950.000 para un hogar tipo de dos adultos y dos niños, frente a los $1.257.329 que marcó la última publicación oficial.

Esto implicaría que la pobreza sea aproximadamente 10 puntos superior a la que conocemos.

— ¿Existe margen para que la gestión de Javier Milei comience a reducir la cantidad de planes sociales, a la luz de los niveles de pobreza?

— Yo creo que no. De hecho, considero que la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Tarjeta Alimentar y los distintos esquemas de vouchers van a seguir desarrollándose. La Argentina tiene, a nuestro juicio, un nivel de pobreza crónica de entre 25% y 30% que requiere asistencia pública.

No se trata de hogares que entran y salen de la pobreza, sino que permanecen en ella de manera casi sistemática, con privaciones persistentes: no llegan a fin de mes, no tienen capacidad de ahorro y deben hacer ajustes en su presupuesto que afectan aspectos básicos del funcionamiento social.

El Gobierno tiene que mantener los programas porque el mercado de trabajo no está generando empleo ni puestos con ingresos adecuados para esa población, ni siquiera para los jóvenes de clase media.

Es esperable que haya un proceso de reactivación económica que impulse el mercado laboral para los sectores medios. Pero hacia abajo no va a derramar: va a gotear. Ese goteo deriva en más changas, pero no en más empleo formal para aquellos de baja o mediana calificación.

— ¿Cree que la reforma laboral va a generar más empleo y reducir la informalidad?

— No. Yo pienso que la reforma laboral, incluso en sus capítulos vinculados al aspecto fiscal, apunta a mejorar la productividad de las empresas formales y, dentro de ese marco, a habilitar una negociación colectiva más flexible entre trabajadores y empleadores. Un punto positivo es la eliminación de la ultraactividad, que obliga a revisar convenios de 10, 20 o 30 años.

Hay que tener en cuenta que, aun en el mejor de los escenarios, su alcance se limita a alrededor del 30% de la mano de obra del país: es decir, a los trabajadores hoy alcanzados por la normativa laboral, 6 o 7 millones de personas.

Los cambios propuestos, por sí solos, no crean empleo: es necesario que haya crecimiento económico y que se multipliquen las pequeñas y medianas empresas.

Por otra parte, a mi entender, la reforma en discusión no vulnera derechos fundamentales de los trabajadores.

¿Qué escenario espera para 2026 y qué desafíos enfrenta el Gobierno?

— Lo peor ya pasó. Con la baja de la inflación y una relativa estabilización de la economía se alcanzó un proceso de equilibrio: muy inestable, pero equilibrio al fin.

El 2025 no resultó un buen año en términos de crecimiento económico por varios factores, entre ellos una mala praxis económica y financiera, más allá de lo que el Gobierno pueda argumentar.

Hubo un problema en los fundamentos de la economía que limitó la capacidad de seguir invirtiendo y creciendo, aunque al mismo tiempo se sientan las bases para que eso ocurra en 2026, siempre y cuando no haya alteraciones bruscas a nivel internacional.

Si ese contexto se mantiene, el país podría mejorar su balanza comercial y su cuenta corriente, utilizar parte de ese saldo positivo para pagar deudas y, eventualmente, pedir financiamiento para afrontar intereses.

Esa estabilización financiera daría mucha más paz económica y productiva, y mayor certidumbre, lo que favorecería la inversión, no solo en sectores estratégicos, sino también en el mercado interno.

A eso podría sumarse, si se cumple lo que plantea el Gobierno, una expansión del crédito interno, una baja en el costo del dinero y una mayor disponibilidad monetaria para impulsar el consumo. Pero ese proceso no debería desbordarse ni derivar en burbujas para ganar legitimidad, como ocurrió en años electorales durante el kirchnerismo y el macrismo.

La secretaria general de Chunta Aragonesista, Isabel Lasobras, centró recientemente sus críticas en la falta de avance legislativo durante los dos últimos años en Aragón, señalando que solo se han aprobado 12 leyes en ese periodo, de las cuales siete fueron propuestas directamente por el propio Ejecutivo autonómico. Según informó Europa Press, Lasobras consideró que este bajo número de normas refleja un balance insuficiente y representa una etapa perdida para la comunidad autónoma, caracterizada —en sus palabras— por la ausencia de acuerdos, la falta de presupuestos y el bloqueo institucional.

De acuerdo con Europa Press, Lasobras presentó el balance anual de su formación política y advirtió que los incumplimientos y la parálisis legislativa han sido la nota dominante desde que Jorge Azcón asumió la presidencia del Gobierno de Aragón. La situación se ha agravado con el reciente anuncio del adelanto electoral, previsto para el 8 de febrero de 2026, hecho que la dirigente aragonesista interpreta como la confirmación del fracaso del Ejecutivo. Este adelanto, recordó Lasobras, llega pocos meses después de que el propio Azcón descartara tal posibilidad ante las Cortes de Aragón.

Chunta Aragonesista, según detalló Europa Press, considera que el Ejecutivo no ha sido capaz de negociar ni pactar y acusa al Gobierno de no escuchar a las distintas fuerzas políticas. Lasobras sostuvo que el bloqueo no provino de la oposición, sino de la propia incapacidad del Gobierno para alcanzar acuerdos y cumplir compromisos. Sostuvo que el plan normativo anunciado al inicio del mandato quedó en nada, ya que iniciativas consideradas clave, como la ley de vivienda o el estatuto de la mujer rural, ni siquiera se debatieron en sede parlamentaria. Mientras tanto, Aragón sigue sin presupuestos aprobados para 2025 y sin garantías claras para el ejercicio siguiente.

Según lo recogido por Europa Press, Lasobras lamentó que la ausencia de cuentas impide ejecutar una política pública adecuada y acusó al Gobierno de Azcón de gobernar mediante anuncios sin concreción ni respaldo presupuestario. En sus declaraciones, Ortiz expresó: "Un PowerPoint no sustituye a unos presupuestos ni a una política seria", cuestionando así la gestión del Ejecutivo regional. Además, resaltó lo que considera contradicciones del Partido Popular en su relación con Vox, aludiendo a la "utilización interesada" de argumentos legales para justificar la aprobación de presupuestos. Según Lasobras, "Lo que era ilegal en Aragón resultaba perfectamente válido en otros lugares gobernados por el PP", manifestando así una supuesta incoherencia en la aplicación de criterios legales.

Europa Press reportó que, para CHA, el mandato al frente de Ejecutivo aragonés ha estado marcado también por un retroceso en materia de servicios públicos, acusando al Gobierno de promover la privatización de sectores esenciales y de impulsar grandes proyectos sin diálogo social, mientras se incrementan las cifras de desigualdad y pobreza en la comunidad autónoma. Lasobras consideró que las medidas adoptadas han beneficiado, especialmente, a quienes cuentan con más recursos, mientras que se ahonda la brecha social y territorial.

En ese contexto, la formación aragonesista sostiene que la sociedad civil ha manifestado en repetidas ocasiones su rechazo hacia estas políticas, organizando movilizaciones en defensa de la sanidad y la educación públicas, así como en protección de los valores medioambientales del territorio. Según publicó Europa Press, Lasobras criticó la respuesta del Ejecutivo, a la que calificó como insuficiente, centrada en anuncios y proyectos de gran escala sin atender las necesidades sociales urgentes ni responder efectivamente a los problemas de pobreza.

Entre los acontecimientos más recientes, CHA sumó a sus críticas la reacción ante la resolución de la Junta Electoral que concluyó que el Partido Popular de Aragón incurrió en una infracción de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) al difundir anuncios institucionales en plena precampaña. Lasobras denunció que en lugar de admitir el error, el Gobierno respondió con "soberbia y prepotencia", confundiendo gestión con propaganda y faltando el respeto a las normas democráticas, según reportó Europa Press. Dicha actitud se une, a juicio de CHA, a la serie de incumplimientos y bloqueos que han marcado la legislatura.

Finalmente, Europa Press recogió las declaraciones de Lasobras sobre la importancia de las próximas elecciones, instando a que constituyan una oportunidad para dejar atrás la política actual del Partido Popular en Aragón y abrir una nueva etapa basada en el diálogo, la justicia social y la atención real a las demandas de la población y el territorio.

“La pobreza aniquila el futuro”, escribe George Orwell en 1933 tras describir la vida de los indigentes en los albergues para londinenses. A lo largo de la historia, el problema de la pobreza y del acceso a las necesidades básicas —asequibilidad— ha sido una importante fuente de inspiración literaria para interpelar a la sociedad. Desde la Antigüedad, la literatura ha servido para hacer visible aquello que el orden político y económico busca esconder o naturalizar. En la Grecia clásica, ya en “Los trabajos y los días” de Hesíodo, en las tragedias de Sófocles y en las sátiras de Aristófanes; el hambre y la injusticia social aparecen como signos de un orden roto.

En “Coriolano”, Shakespeare no abre la obra ni con intrigas palaciegas, ni romances imposibles, ni disputas ideológicas, sino con el clamor del pueblo hambriento: “They are all resolved rather to die than to famish” (antes de morir de hambre, estamos resueltos a morir”). El pueblo romano reclamaba por la imposibilidad de comprar trigo para hacer pan y por la indiferencia de las élites.

Dos siglos después en Francia, se sentencia a 5 años de trabajos forzados a Jean Valjean por robar un pan. Pero la sentencia moral fue de solo tres palabras: “Il avait faim”, (él tenía hambre). Victor Hugo no pone esa frase en boca del acusado. La escribe como narrador, enfocando la responsabilidad en el sistema injusto que condenaba a los pobres. A partir de ese momento la injusticia dejaba de ser individual y se transforma en estructural. En la Francia de Los Miserables había pan, trabajo y ley; lo que no había era la posibilidad real de ser parte de un sistema que beneficiaba a unos pocos.

En el mundo de hoy, aunque el decorado del escenario es muy distinto, la matriz subyacente no ha cambiado mucho. La actual crisis mundial de asequibilidad, traducida en la dificultad creciente para acceder a necesidades mínimas como la vivienda, la salud, la educación, la alimentación, el transporte, el gas o la electricidad, es una experiencia cotidiana para miles de millones de personas en todo el mundo.

La novedad actual no es la pobreza, sino su expansión hacia sectores que no se consideran pobres. Trabajadores formales, profesionales y familias de ingresos medios descubren que el salario ya no alcanza; que una enfermedad o el aumento del costo de la energía basta para destruir cualquier proyecto de vida.

Durante décadas, la promesa de las democracias industriales fue que el trabajo garantizaba una vida digna y movilidad social. Esa promesa se está erosionando debido a que los ingresos medios han crecido mucho menos que los ingresos altos, mientras que el costo de los bienes esenciales ha aumentado mucho más rápido que los salarios. El resultado es una clase media en descenso, con escaso margen para ahorrar o planificar el futuro.

Según el Banco Mundial, más de 3.400 millones de personas viven con ingresos que apenas cubren lo básico, y una parte significativa de ellas pertenece a hogares que trabajan, consumen y se identifican como clase media. Son sectores que no viven en la pobreza extrema, pero viven expuestos a shocks económicos que pueden empujarlos hacia infiernos de endeudamiento y exclusión.

Mientras tanto, del otro lado de la pirámide, en lugar de infiernos se consolidan burbujas de riqueza que se expanden velozmente. Según la organización Oxfam, el 1 % más rico del planeta concentra una proporción de la riqueza global, hasta el punto de que con las ganancias acumuladas desde 2015 se podría erradicar, aunque temporalmente, la pobreza extrema.

La dimensión desmesurada de estas burbujas de riqueza la ilustra con claridad brutal un dato reciente de la revista Forbes: Elon Musk se convirtió en la primera persona en alcanzar un patrimonio superior a los 600.000 millones de dólares. Con esa suma, podría financiarse un año completo de alimentación básica para toda la población de América Latina, o garantizar durante doce meses ingresos mínimos a todas las personas que hoy viven en pobreza extrema en el mundo. O mejor aún, permitiría proveer el capital inicial necesario para una salida permanente de la pobreza a millones de personas.

Esta crisis global no se limita a países de ingresos bajos o medios. También se manifiesta en sociedades con una larga historia de progreso económico, estabilidad institucional y respeto por el Estado de derecho.

En Estados Unidos, la presión sobre la clase media se hace particularmente visible en el mercado de la vivienda. Dos tercios de los arrendatarios tienen dificultades para cubrir gastos básicos como salud, alimentación o transporte una vez pagado el alquiler. Este fenómeno afecta incluso a hogares con empleo estable y salarios medios. Trabajar ya no garantiza el llamado sueño americano. Un mensaje para el mundo político: la campaña en las recientes elecciones que le dieron una clara derrota al partido de Trump se sustentó principalmente en la falta de “affordability” (asequibilidad).

En el Reino Unido, el alquiler también absorbe una parte desproporcionada del ingreso de los sectores medios y bajos, afectando gravemente el acceso a la vivienda. En ese contexto, principalmente sectores conservadores y de derecha consideraron respuestas punitivas, como la imposición de multas a quienes duerman en la calle. Edad media en pleno S. XXI.

En América Latina, aunque la pobreza extrema se encuentra en niveles históricamente bajos para la región, la vulnerabilidad de las clases medias sigue siendo muy elevada. La tasa de informalidad es de aproximadamente el 50 % y cualquier shock económico menor basta para empujar a la pobreza a millones de personas de clase media.

Este patrón también se repite en otras regiones del mundo: incluso allí donde los indicadores macroeconómicos muestran crecimiento, la distancia entre ingresos reales y costo de vida se amplía, erosionando la seguridad económica de amplios sectores de la clase media que históricamente ha sostenido la cohesión social.

Frente a esta grave crisis, la respuesta de las élites sociales y políticas ha sido la tolerancia, promoción, justificación, e inclusive celebración de la concentración de la riqueza. Desde hace décadas se sostiene que el crecimiento en la cúspide terminará beneficiando a todos; que el derrame llegará con el tiempo. La experiencia empírica muestra otra cosa: es cierto que la riqueza crece, pero es igual de cierto que se acumula en unos pocos.

Incluso los informes más recientes del Banco Mundial reconocen que el avance en la reducción de la pobreza extrema se ha desacelerado y que el crecimiento de los ingresos no ha sido suficientemente inclusivo. En el lenguaje técnico de la institución, esto significa que los beneficios del crecimiento se concentran en los estratos más altos, mientras amplios sectores de la población ven estancados o erosionados sus ingresos reales. Dicho sin eufemismos, los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres.

A esta realidad se le suman respuestas estatales regresivas, impulsadas actualmente por fuerzas de una derecha que combina la histórica fe en la teoría del derrame, con el endurecimiento del control social. Se retira del apoyo social y se fortalece el control policial.

Pero la historia nos enseña que la pobreza no permanece silenciosa. Cuando la inasequibilidad se vuelve colectiva y persistente, se transforma en una fuerza política imparable. Las grandes rupturas sociales abruptas no nacen de debates ideológicos; surgen cuando no se puede vivir dignamente y las mayorías se caen del sistema y buscan crear uno más igualitario.

La Revolución Francesa estuvo precedida por crisis de abastecimiento y encarecimiento del pan; las revoluciones europeas de 1848 combinaron exclusión política con desempleo y aumento del costo de vida. Más recientemente, los levantamientos de la Primavera Árabe tuvieron como detonante el precio de los alimentos, el desempleo juvenil y la ausencia de perspectivas económicas. En América Latina, el ciclo de protestas que se intensificó en 2017 en Argentina, México y Brasil respondió a una combinación similar de deterioro del poder adquisitivo, recortes sociales y aumento del costo de vida. En 2019, en Chile, el país modelo para la teoría del derrame, un aumento menor en el transporte público detonó una protesta masiva que desnudó el milagro chileno y condujo a la ruptura del orden político post Pinochet. En todos estos casos, la chispa no fue solo la ideología, sino la experiencia cotidiana de millones de vidas frustradas.

Si la falta de acceso a condiciones mínimas se deja librada a la promesa del derrame, si no se lo aborda mediante políticas específicas, y si a la necesidad se le responde con cárcel en lugar de protección, no debería sorprendernos que la violencia, la desestabilización o las revoluciones golpeen nuestra puerta.

El problema no es sólo económico. Cuando una sociedad acepta que millones queden excluidos de condiciones mínimas de vida digna pese a contar con recursos suficientes, el problema es moral.

El filósofo del derecho más influyente de nuestra época, Ronald Dworkin, Profesor de derecho en Oxford y New York University, sostuvo que en una sociedad democrática la distribución de los recursos económicos está en gran medida determinada por la ley y las políticas públicas, y por lo tanto la persistencia de la pobreza en sociedades materialmente prósperas se debe a decisiones institucionales consagradas en el orden jurídico y no a una escasez inevitable. En otras palabras, en países con recursos, la pobreza es una decisión estatal.

Victor Hugo, lo formuló con mayor romanticismo y esperanza. En el prefacio de Los Miserables escribió: «Mientras exista, por obra de las leyes y de las costumbres, una condena social que crea artificialmente infiernos en el seno de la civilización; mientras haya en la tierra ignorancia y miseria, libros como este no serán inútiles.»

Jean Valjean nos continúa interpelando con más fuerza que hace 163 años.

En una semana dominada por los anuncios de cambios en el esquema cambiario y la media sanción del Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados, el ministro de Economía, Luis Caputo, celebró una lista de datos económicos como actividad económica, superávit comercial, inflación mayorista y riesgo país que, bajo su perspectiva, fueron positivos para el Gobierno.

En primer lugar, Caputo destacó el incremento del Producto Interno Bruto (PIB) en el tercer trimestre del año. En efecto, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que el PIB creció un 3,3% interanual, avanzó 0,3% respecto a los tres meses previos y acumuló una suba de 5,2% entre enero y septiembre de 2025.

En segundo término, el titular del Palacio de Hacienda ponderó que la balanza comercial arrojó un superávit de casi USD 2.500 millones en noviembre, el nivel más alto en lo que va de 2025, por un fuerte crecimiento de las exportaciones.

“En noviembre, las exportaciones totalizaron USD 8.096 millones, lo que representó un crecimiento interanual de 24,1%. Esta suba fue impulsada por un incremento de 28,0% en las cantidades exportadas, ya que los precios disminuyeron 3,0%. Los datos desestacionalizados aumentaron 12,0% y la tendencia-ciclo, 0,8%, en comparación con el mes anterior“, comunicó el organismo estadístico.

A la vez, las importaciones de noviembre sumaron USD 5.598 millones, cifra que mostró una suba de 6,6% frente al mismo mes del año anterior. Según el desglose, este avance respondió a un aumento de 6,1% en las cantidades y de 0,4% en los precios. Los registros desestacionalizados marcaron una caída de 6,9%, mientras que la serie tendencia-ciclo disminuyó 0,1% respecto a octubre de 2025.

En paralelo, las exportaciones argentinas en el sector energético totalizaron USD 1.008 millones, lo que implicó un aumento de 52,8% frente al mismo mes de 2024. De esta manera, el superávit comercial acumulado en el año llegó a USD 6.911 millones.

Por otra parte, Caputo festejó el dato de inflación mayorista del mes pasado: 1,6% mensual y 24,3% interanual. Cabe destacar que la dinámica al por mayor mostró una aceleración respecto al 1,1% que había registrado el mes previo como consecuencia de la suba de 1,8% en los productos nacionales y la baja de 0,6% en los importados.

También resaltó una estadística de pobreza que brindó el Ministerio de Capital Humano. La cartera conducida por Sandra Pettovello estimó que la cantidad de pobres se redujo al 27,5% de la población durante el tercer trimestre de 2025. Los datos surgen a partir de una proyección del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS) basada en información del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Según precisó Capital Humano, los indicadores experimentaron un retroceso interanual de 10,8 puntos porcentuales respecto al mismo período de 2024 y de 27,3 unidades porcentuales desde el inicio de la gestión de Javier Milei. Asimismo, comunicaron que la indigencia descendió a 5,4% entre julio y septiembre de este año.

A estas estadísticas, el ministro de Economía sumó la baja de la tasa de desempleo a 6,6% y la creación de “238 mil nuevos puestos de trabajo en los últimos doce meses”. Además, destacó la baja del riesgo país a “560″ puntos básicos, pese a que el indicador elaborado por JP Morgan cerró la semana en 573 unidades.

En el plano político, el funcionario nacional calificó como positiva la media sanción del Presupuesto 2026 y el proyecto de Inocencia Fiscal que tuvo lugar en la Cámara de Diputados, pese a que el oficialismo no pudo derogar la ley de financiamiento universitario y de emergencia en discapacidad.

Los 10 datos económicos que celebró Caputo

• “Actividad económica: aumento interanual de 5,3%”
• “Crecimiento acumulado en los primeros siete trimestres: 4,5%, el nivel más alto en dos décadas”
• “Superávit comercial en noviembre: USD 2.500 millones, cuadruplica la estimación del REM”
• “Exportaciones: récord en volúmenes exportados”
• “Superávit energético acumulado: récord de USD 6.900 millones”
• “Exportaciones de Manufacturas Industriales: cuarto valor más alto en once años”
• “Pobreza: 27,5%”
• “Inflación mayorista: 1,6% mensual; 24,3% interanual”
• “Empleo: 238 mil nuevos puestos de trabajo en los últimos doce meses”
• “Riesgo país: nivel más bajo desde 2018 (560 puntos)”

El gobierno de Javier Milei estimó que la pobreza se redujo al 27,5% de la población durante el tercer trimestre de 2025. Los datos surgen a partir de una proyección del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS) basada en información del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Según comunicaron del Ministerio de Capital Humano, los indicadores anotaron un descenso interanual de 10,8 puntos porcentuales respecto al mismo período de 2024 y de 27,3 unidades porcentuales desde el inicio de la gestión de Javier Milei.

“Asimismo, se estima que la indigencia bajó 3,8 puntos porcentuales respecto al tercer trimestre del año anterior. Desde los inicios de ésta gestión, la pobreza extrema bajó 14,8 puntos porcentuales. Eso significa que millones de personas salieron de la indigencia”, informaron desde la cartera que conduce Sandra Pettovello, a la vez señalaron que este índice descendió a 5,4%.

A la espera del dato de Indec

Los números difundidos por el Ministerio de Capital Humano fueron elaborados en base a datos relevados por el Indec. Por lo tanto, es de esperar que el informe de pobreza que publique el organismo muestre un resultado similar. De todas formas, habrá que esperar varios meses para confirmarlo, teniendo en cuenta que el informe oficial más reciente muestra datos correspondientes a los primeros seis meses de este año.

Sí es justo mencionar que ya en ese momento se divisaba una fuerte tendencia de caída de los niveles de pobreza. De acuerdo con el Indec, en el primer semestre de 2023 el 40,1% de la población era pobre; el dato se disparó a 52,9% en el período enero-junio del 2024 y luego bajó de forma pronunciada a 31,6% en los primeros seis meses de 2025.

Otro dato que juega a favor del Gobierno, es que en los últimos meses los salarios le han estado ganando a la inflación de los productos de primera necesidad, lo que de por sí es una condición fundamental para que baje la pobreza. En detalle, entre enero y septiembre de 2025 los salarios tuvieron una variación acumulada del 30,4%, mientras que la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y la Canasta Básica Total (CBT) tuvieron subas del 17,5% y el 14,9% respectivamente. No es un dato menor, teniendo en cuenta que la CBA mide el total de gastos que debe tener una familia tipo durante un mes para no caer bajo la línea de la indigencia. La CBT, por su parte, representa el nivel de ingresos que debe tener un hogar para no ser pobre.

A lo largo del primer semestre se observó una ventaja de los sueldos por sobre ambas canastas y el resultado final fue una baja contundente de la pobreza. En el tercer trimestre la tendencia se mantuvo, por lo que el escenario jugó a favor de los números difundidos por el Ministerio de Capital Humano. De todas formas, una vez más, es el Indec el organismo que tendrá la última palabra.

Datos cuestionados

Como queda claro, los números del Gobierno nacional son coherentes con los del Indec, pero no todos están de acuerdo con los valores reflejados en los informes oficiales. Hace unas semanas, la Universidad Católica Argentina (UCA) cuestionó los resultados obtenidos por el organismo de estadísticas.

Lo que ocurre, es que el Observatorio de la UCA mide la pobreza de forma multidimensional y el Indec lo hace por ingresos. Esta vez, la casa de estudios dijo que los números oficiales del primer semestre sobrerrepresentaron el alivio social.

”Para corregir parte de este sesgo en la evolución de los indicadores de pobreza, el Indec debería acelerar la actualización de las canastas de referencia, evaluar el impacto de los cambios en los instrumentos de captación de ingresos y transparentar su efecto sobre las series históricas“, recomendaron.

“En contextos de alta volatilidad, tanto por fuertes incrementos en los precios como ante la desaceleración inflacionaria, la medición de la pobreza por ingresos tiende a ser menos precisa", criticó la UCA.

En otro orden, cabe resaltar que de quitarse los planes sociales, la pobreza llegaría al 42% y la indigencia al 14%.

Cada año en el colegio puede cambiar la vida de una persona. Reducir su riesgo de pobreza, mejorar sus oportunidades laborales y aumentar su bienestar. Así lo confirma el estudio The effect of education on poverty: A European perspective, que analiza las reformas educativas de 32 países europeos.

La investigación, liderada por Thomas Hofmarcher, establece que la educación no solo amplía conocimientos, sino que actúa como un escudo contra la precariedad económica, tanto en ingresos reales como en la percepción subjetiva de la pobreza. También desde la mejora de la participación laboral y el acceso a empleos a tiempo completo hasta el impacto positivo en la salud, especialmente en los países del Este de Europa.

El diseño metodológico del estudio se distingue por emplear cambios legislativos en materia educativa, como el aumento de los años obligatorios de escolarización, para establecer una relación causal entre educación y pobreza. De este modo, los autores concluyen que la educación no solo se asocia con una menor pobreza, sino que provoca una reducción real en las probabilidades de encontrarse en esa situación.

La realidad española: 1,4 millones de personas con estudios superiores están en riesgo de pobreza

En España, la relación entre educación y pobreza presenta matices preocupantes. Según la Encuesta de Condiciones de Vida de 2024, el 25,8% de la población se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social. Esta tasa combina tres factores: pobreza relativa, carencia material y social severa y baja intensidad laboral.

Si se desglosa por nivel educativo, la brecha es aún más marcada. En Europa, las personas con estudios superiores presentan un riesgo de pobreza del 13,3%, mientras que quienes solo han completado la educación primaria o inferior alcanzan el 36,7%.

Sin embargo, el panorama español también muestra señales de alarma: más de 1,4 millones de personas con estudios superiores están en riesgo de pobreza, casi el doble que en 2008, lo que representa el 43% del total de personas en esta situación. A pesar de ello, cabe recordar que tener educación superior no garantiza escapar de la pobreza si persisten factores estructurales como la precariedad laboral o los salarios bajos.

La pobreza infantil y la importancia de la educación temprana

La infancia es uno de los colectivos más afectados por la pobreza en España. Más de 2,7 millones de niños y adolescentes viven en riesgo de pobreza o exclusión social, con tasas que rondan el 34%, de las más altas de la Unión Europea.

Este escenario presenta un claro componente educativo: medidas como la educación temprana son fundamentales para romper el ciclo intergeneracional de pobreza. Sin embargo, según el Eurostat, un porcentaje considerable de menores en situación de pobreza en España no accede a suficiente educación formal temprana (menos de 25 horas semanales), lo que limita su desarrollo y perpetúa las desigualdades.

Educación: necesaria pero insuficiente

La evidencia científica europea y los datos nacionales coinciden en que la educación ejerce un efecto real para reducir la pobreza, tanto de forma objetiva como subjetiva. Sin embargo, en España, la educación por sí sola no basta si no se acompaña de políticas que aseguren empleo de calidad, salarios adecuados y sistemas de apoyo que compensen las desventajas socioeconómicas.

Incrementar el seguimiento de la educación en edades entre los 12 y 16 años resulta crucial, pero es igualmente necesario garantizar que la formación se traduzca en oportunidades reales, especialmente para jóvenes de hogares vulnerables.

Su voz atravesaba cualquier silencio y llenaba el espacio con una intensidad que distaba de su frágil figura. Nacida en medio de la Primera Guerra Mundial, Édith Giovanna Gassion llegó al mundo bajo un farol en la calle de Belleville, mientras su madre luchaba por sobrevivir. Desde ese primer aliento, su vida estuvo marcada por la adversidad y el abandono; con los años, la música se convirtió en un único refugio y, más tarde, en su forma de existir.

Creció en las calles, cabarets y circos itinerantes, lejos de su madre y acompañando a su padre: observando la vida de los artistas ambulantes que la rodeaban. Allí, entre la precariedad y la miseria, su voz comenzó a encontrar poder cuando, tímida en la esquina de una plaza o bajo la luz de un farol, Édith comenzó a transformar el dolor, la soledad y la incertidumbre en emoción pura, capaz de conmover a todos los que la escuchaban.

El camino de “La Môme Piaf” desde los escenarios modestos hasta los grandes music halls fue también el relato de sus pasiones y pérdidas. Vivió amores intensos, tragedias personales y un ascenso guionado por los dioses, que la colocó en la cima de la música francesa. Así, se entregó de lleno a su arte y emociones. En esos años, entre los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial y poco después, compuso e interpretó La Vie en Rose, la canción que la consagraría para siempre y en la que logró convertir en música toda la melancolía, la esperanza y el amor que llevaba dentro.

De cantar en la calle a su primer contrato discográfico

Cuenta la historia que el 19 de diciembre de 1915 Édith Giovanna Gassion llegó al mundo bajo la luz de un farol parisino, después de que su madre, sola y en pleno trabajo de parto, saliera a la calle en busca de ayuda tras ser abandonada momentáneamente por su esposo en ese momento crucial. Hija de Annetta Maillard, cantante ambulante conocida como Line Marsa, y de Louis Alphonse Gassion, acróbata, Édith fue criada primero por su abuela materna y luego por su abuela paterna, dueña de un burdel, luego de que Line la dejara para continuar con su carrera.

Así, la niña creció rodeada de un entorno de marginalidad y supervivencia, donde la música se convirtió en su primer refugio y en el medio para expresar emociones que no encontraba cómo decir de otra manera.

Más tarde, su padre la llevó a recorrer los caminos del circo itinerante. Allí, Édith aprendió a vivir de la precariedad y de su propio talento, acompañándolo en actuaciones callejeras que la enfrentaron al público desde muy pequeña. Su voz —en un cuerpo diminuto, pero cargada de intensidad y emoción— comenzó a cautivar a quienes la escuchaban. Cada moneda arrojada a su boina era un reconocimiento silencioso a su don y a la dignidad que la vida parecía negarle. La música no fue solo un talento sino un acto de supervivencia y de resistencia emocional, un puente entre la vulnerabilidad de su infancia y la fuerza que habitaba en su interior.

A los 14 años, convencida de su capacidad y deseosa de independencia, comenzó a actuar por su cuenta en las plazas y calles de Pigalle y Ménilmontant, donde poco a poco se hizo notar. Cantaba canciones populares, acompañada o sola, y su voz comenzó a llamar la atención de quienes buscaban artistas con autenticidad y emoción. La adolescencia trajo consigo también los primeros desengaños y desafíos personales; sin embargo, cada revés reforzaba su determinación de forjar una carrera que la alejara de la pobreza y del abandono que marcaron su infancia. La música se consolidaba como su destino y como su única certeza en un mundo que la exigía resiliente y audaz desde su primer aliento.

En 1933, se enamoró de Louis Dupont, un mozo, con quien tuvo a su única hija, Marcelle. La niña murió de meningitis a los dos años, en 1935. Édith —ya conocida como Le Môme Piaf— se recuperó del gran golpe y se puso de pie pensando en su carrera. Pese a su corta edad no era la primera vez que debía regenerarse de sus propias cenizas y cantar era lo único que le importaba. La tragedia profundizó la intensidad de su mirada y de su voz, dándole un matiz de vulnerabilidad y fuerza que más tarde caracterizaría todas sus interpretaciones. Aun adolescente, comprendió que su arte sería la vía para transformar el sufrimiento en expresión y conexión con los demás; cantar no era una elección, sino la necesidad de existir y de no perderse en medio de tantas adversidades.

Finalmente, en 1936, llegó su primer gran salto profesional. Firmó un contrato discográfico con Polydor y grabó su primer disco, Les Mômes de la cloche (“Los niños vagabundos”), que fue un éxito inmediato. Sin embargo, la vida de Édith continuaba siendo un vaivén entre la luz y la sombra: la muerte de Louis Leplée, dueño del cabaret que la había sacado de las calles y la impulsó en su carrera, dejó al descubierto los manejos turbios del empresario y la situó nuevamente en medio del escándalo y la marginalidad. Pese a ello, volvió a reinventarse. Con la guía del compositor Raymond Asso, se transformó en la artista que había soñado ser; consolidando su talento y su voz, estuvo lista para conquistar París y, más adelante, el mundo.

La consagración y la historia de amor con Marcel Cerdan

En marzo de 1937, Édith se presentó por primera vez en un music-hall, en el teatro ABC de París. Su voz, ya reconocida en las calles y pequeños cabarets, conquistó de inmediato al público formal. La intensidad y la sinceridad de su interpretación lograban lo que pocos artistas podían: hacer que cada oyente se sintiera tocado en lo más profundo. Las filas para verla eran interminables, y su música comenzó a resonar en las radios de la ciudad, acercando su historia a hogares que desconocían el pasado de penurias y marginalidad que había marcado sus primeros años. Cada canción llevaba consigo la memoria de la niña que había sobrevivido a la indiferencia, al abandono y a la pobreza, transformando el dolor en arte y en presencia arrolladora sobre el escenario.

El año 1941 marcó un nuevo capítulo: Piaf llegó al cine con Montmartre-sur-Seine, del director Georges Lacombe, llevando su voz más allá de los escenarios y consolidando su popularidad en la Francia ocupada por los nazis. Fue también un tiempo de decisiones valientes: cambió su nombre artístico de “La Môme Piaf” a “Édith Piaf”, y continuó cantando a pesar de las restricciones y del peligro que implicaba cualquier gesto de rebeldía.

Durante esos años, su compromiso con los perseguidos por el régimen alemán, especialmente artistas judíos, la convirtió en una figura que iba más allá del arte: su voz era refugio, consuelo y, de algún modo, resistencia frente a la brutalidad del contexto histórico.

La fama crecía, pero la vida personal traía consigo amores intensos y fugaces. En 1944, tras presentarse en el Moulin Rouge, conoció a Yves Montand, con quien mantuvo una relación de un año. Sin embargo, su carrera internacional se consolidaba y en 1947 llegó de gira a Estados Unidos. En 1948, el destino le presentó a Marcel Cerdan, boxeador francés de origen argelino y campeón mundial de peso medio con quien coincidió en Nueva York. Conocerlo cambió la vida de Piaf: junto a él descubrió la felicidad, la estabilidad emocional y la fuerza para controlar algunos de sus excesos con el alcohol.

El amor con Cerdan también la enseñó a equilibrar la fragilidad y la fortaleza. Mientras él la apoyaba, Édith pudo mostrar una versión de sí misma que no era solo la artista intensa y entregada al público, sino también la mujer capaz de vivir la alegría y la serenidad junto a su compañero.

En Nueva York, Édith esperaba a Marcel, que viajaba desde París para reencontrarse con ella. Lo amaba como nunca antes había amado, no solo a un hombre, sino a nadie en su vida. Tras un grave accidente automovilístico que le había dejado secuelas y un dolor persistente en el cuerpo, Piaf sentía que había llegado tan lejos como había soñado y que, por fin, solo le quedaba disfrutar de la vida. Deseaba hacerlo. Pero la vida, una vez más, le dio un revés...

Marcel había tomado un vuelo de París a Nueva York para volver a sus brazos, pero nunca llegó: el 28 de octubre de 1949 el avión se estrelló contra el Pico da Vara, en la isla de São Miguel, en el archipiélago de las Azores, y él murió junto a los otros 48 ocupantes. Quedó devastada: el dolor físico, agravado por la artritis reumatoide, se mezcló con un sufrimiento emocional insoportable; la depresión se profundizó y la dependencia de la morfina se volvió más intensa. Le costó volver a ponerse de pie, pero, una vez más, lo hizo.

Fiel a su destino, convirtió la pérdida en canto, el desgarro en memoria, y el amor en eternidad. Así nació en 1950 Hymne à l’amour, un grito desesperado escrito como un último acto de amor a Marcel Cerdan.

Los últimos años

Durante la década de 1950, Piaf terminó de consolidarse como un ícono indiscutido del music-hall y como la voz de canciones destinadas a la eternidad. Grabó éxitos como Milord, que la inmortalizaron tanto en París como en Nueva York, y mantuvo vínculos sentimentales con hombres profundamente ligados a su universo artístico, entre ellos Yves Montand, Charles Aznavour y Georges Moustaki.

Estas relaciones reflejaban su intensidad emocional: Édith amaba con la misma pasión con la que cantaba, entregándose por completo, sin reservas. A pesar de los excesos y de los problemas de salud que la acompañaron durante años, encontró un nuevo impulso inesperado cuando dos jóvenes se animaron a golpearle la puerta.

En 1956, Michel Vaucaire y Charles Dumont llegaron con la letra y música de Non, je ne regrette rien, en las manos. Desganada y con el único deseo de dormir, aceptó que Dumont se sentara a su piano para entonarla. “Escucharé solo una vez”, le dijo.

"No, nada de nada, no me arrepiento de nada; ni del bien que me han hecho, ni el mal; todo eso me da igual. No, nada de nada, no me arrepiento de nada; está pagado, barrido, olvidado, no me importa el pasado...“, quedó conmovida. La canción se convirtió en un verdadero manifiesto de supervivencia, un renacimiento que la llevó a regresar a los escenarios cuando ya había pensado en retirarse. Su interpretación la devolvió a la cima de su carrera y le recordó al público —y a ella misma— que el dolor podía transformarse en arte, y que su voz seguía siendo un instrumento de verdad y emoción irrepetibles.

En los últimos años de vida, su cuerpo, frágil y castigado por accidentes y enfermedades, no siempre logró seguir el ritmo de su espíritu indomable. Su matrimonio con el cantante y actor francés, Théo Sarapo, en 1962, le brindó compañía y cuidado, aunque la salud y las adicciones continuaron siendo una lucha constante.

Aun así, su entrega a la música jamás se quebró: en 1963 grabó L’Homme de Berlin, su última canción, compuesta por Francis Lai y M. Vendôme, como prueba de una vocación sostenida hasta el final.

El 10 de octubre de 1963, tras una larga pelea contra un cáncer hepático, Édith murió. Su partida fue anunciada el 11, el mismo día en el que falleció su amigo Jean Cocteau, quien, pocas horas antes de morir y al enterarse de la partida de Édith, dejó escritas palabras que quedaron como un epitafio: “El barco se acaba de hundir. Este es mi último día en esta tierra. Nunca he conocido un ser más desprendido de su alma. Ella no la reservaba: la regalaba, la prodigaba, tirando el oro por las ventanas”.

Su cuerpo fue embalsamado y enterrado en el cementerio de Père Lachaise, en París, acompañado por una multitud de admiradores que desbordó las calles para despedirla. Pese a su fe cristiana, la Iglesia francesa le negó las exequias religiosas por ser una mujer divorciada. L’Osservatore Romano, el diario del Vaticano, dijo que Piaf vivía “en pecado público” y la calificó como un “ídolo de la felicidad prefabricada”. Incluso ante esa condena, hubo un gesto de humanidad: el capellán del teatro y la música, el padre Villaret Thouvenin, bendijo su tumba.

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) aprobó una transferencia financiera de S/2 millones 491.882,33 a favor de la empresa Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal), destinada a financiar la distribución gratuita de agua potable mediante camiones cisterna en sectores urbanos de Lima que no cuentan con acceso al servicio.

La medida busca beneficiar a la población en condición de pobreza y pobreza extrema durante el periodo comprendido del 23 al 31 de diciembre de 2025, de acuerdo con la Resolución Ministerial N° 350-2025-VIVIENDA.

El gobierno de Perú transfiere fondos a Sedapal para distribución gratuita de agua potable

La medida responde a la solicitud presentada por Sedapal y se fundamenta en los criterios de priorización emitidos por el Ministerio de Vivienda. El monto transferido proviene de recursos ordinarios asignados en el presupuesto institucional correspondiente a 2025, bajo la categoría de gastos para saneamiento urbano.

El marco legal que respalda esta operación se encuentra en la Ley N° 32185, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025, así como en la Ley N° 32513, vigente para el ejercicio 2026.

Estos instrumentos autorizan, de manera excepcional, al Ministerio de Vivienda a efectuar transferencias financieras a las empresas prestadoras de servicios de agua potable luego de la suscripción del convenio respectivo, en este caso el Convenio N° 004-2025-VIVIENDA/VMCS/PASLC-SEDAPAL.

Ministerio de Vivienda supervisará distribución de agua potable

Esta asignación permitirá que Sedapal distribuya agua potable sin costo a poblaciones urbanas dentro de su ámbito de responsabilidad que se encuentran actualmente sin acceso formal al servicio.

Se priorizarán zonas identificadas por sus altos índices de pobreza y carencia. La resolución detalla que los fondos no podrán utilizarse para propósitos distintos a los autorizados, bajo responsabilidad institucional.

El seguimiento y control del uso de estos recursos estará a cargo del Ministerio de Vivienda, a través del Programa Agua Segura para Lima y Callao, que deberá verificar el avance físico y financiero del proceso, así como constatar el cumplimiento de los objetivos fijados en el convenio suscrito con Sedapal.

Agua gratis en zonas vulnerables por Navidad y Año Nuevo

La resolución indica que la transferencia se registra en la Categoría Presupuestal 0082, correspondiente al Programa Nacional de Saneamiento Urbano, y específica que el gasto será ejecutado bajo la clasificación de acciones comunes y transferencias para agua y saneamiento urbano.

El propósito del Ministerio de Vivienda y el Gobierno peruano es responder con rapidez a la situación de emergencia generada por la falta de agua potable en zonas vulnerables de la ciudad.

El documento fue refrendado por el titular del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Wilder Alejandro Sifuentes Quilcate, quien confirmó las restricciones sobre el uso de los recursos y la obligación de transparencia y reportes de avance en la ejecución del programa.

Distribución gratuita de agua potable para miles de familias en Lima

La transferencia a Sedapal representa una de las estrategias implementadas por el poder ejecutivo para garantizar el acceso básico al agua a familias en situación de mayor vulnerabilidad.

El Ministerio de Vivienda enfatizó que la medida responde a los lineamientos específicos establecidos por las leyes de presupuesto, que contemplan mecanismos excepcionales para atender necesidades urgentes de la población urbana.

En 1927, en una Europa todavía atravesada por las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, Freud, decepcionado con la humanidad, escribe “El porvenir de una ilusión”.

En el escrito sostiene que las doctrinas religiosas se fundan en el cumplimiento de deseos. Freud vincula esas ilusiones con necesidades infantiles: el miedo a la naturaleza, a la muerte y a la violencia, y afirma que cumplen una función de consuelo y de promesa de justicia.

El texto plantea que una humanidad que aspire a madurar debería poder renunciar a sostener esas creencias como verdades y orientar la vida cultural hacia la razón, la ciencia y el trabajo.

Freud concluye que “la religión es la neurosis obsesiva de la colectividad humana” y una forma de infantilismo. “El hombre no puede permanecer eternamente niño; tiene que salir algún día a la vida”, admitiendo su dureza e imperfección.

La palabra ilusión deriva del latín illusio, -ōnis y nombra, desde su origen, una ambigüedad. Por un lado, designa una representación sin verdadera realidad: una imagen producida por la imaginación o por el engaño de los sentidos —espejismo, quimera, fantasía, delusión—. Por otro, en su acepción más tardía, refiere a la esperanza: anhelo, deseo, confianza, fe. Así la ilusión oscila entre el engaño y la promesa.

Releo a Freud desde mi propia decepción de los últimos años con respecto al comportamiento de la humanidad, y porque también escuché a la querida y admirada Rita Segato decir: “Ya no soy más humana y ya no quiero pertenecer más a esta especie siniestra, genocida. Me defino como ‘ex humana’”.

Esas palabras en alguien que ha dedicado su vida a comprender lo peor de la naturaleza humana, es una declaración política que me impacta. Siempre he sabido de mi idealismo, forzando algunas ideas para llegar hasta acá, remando contra la corriente y la incredulidad. Pero los dos últimos años me he decepcionado tanto que comprendo con otra profundidad la magnitud desde donde Freud ha escrito y Segato se lamenta.

A mitad de este año escribí una columna que funcionó como bisagra atravesada por una pregunta incómoda, formulada desde la clínica y el territorio, ¿Quién defiende a la infancia? en un momento en que las violencias, la pobreza y la negligencia empujaban con fuerza la salud de niñas, niños y adolescentes.

El cierre de este año confirma aquello que entonces estaba a la vista y que evaluamos en nuestro diagnóstico, el sufrimiento psíquico infantil se intensificó y se volvió más crudo, mientras las respuestas estructurales siguieron llegando tarde, fragmentadas o directamente no llegaron.

En 2025 se multiplicaron las consultas por crisis de salud mental en hospitales y dispositivos comunitarios. El suicidio adolescente sigue ocupando un lugar alarmante entre las principales causas de muerte, y las autolesiones aparecen cada vez más temprano como formas precarias de regulación del dolor psíquico.

Aumentaron las internaciones por intentos de suicidio, autolesiones, intoxicaciones, crisis impulsivas y cuadros depresivos severos. La clínica dejó de recibir pacientes para recibir escenas de desamparo: adolescentes que no saben cómo seguir adelante, niños y niñas que expresan el sufrimiento de maneras devastadoras, familias desbordadas por el dolor.

La violencia sexual contra la infancia sigue siendo una de las más silenciadas y, al mismo tiempo, una de las que deja marcas más profundas en la salud mental.

Consultas a diario por síntomas de ansiedad extrema, disociación, trastornos del sueño, de la imagen corporal que llevan a los de la alimentación.

El maltrato cotidiano, físico y sobre todo psicológico, sigue siendo una práctica extendida y legitimada. Gritos, humillaciones, amenazas, indiferencia. Formas de violencia que no siempre dejan marcas visibles, pero que destruyen lentamente la construcción psíquica.

La salud mental infantil no se pierde de golpe, se desgasta en un largo camino de desmentida, abandono y falta de decisiones. Los equipos de salud mental están saturados, las escuelas desbordadas, los sistemas de protección demasiado solos, igual que las familias.

No alcanza con conmoverse ante el estremecedor audio del maltrato ocurrido en un hogar de Balcarce, en la provincia de Buenos Aires, de parte de la presidenta de la Sociedad de Protección a la Infancia de la misma ciudad, y reaccionar cuando el daño ya tendrá secuelas.

Las niñas y los niños privados de cuidados parentales crecen rotando entre instituciones, hogares transitorios o directamente en soledad, donde no es infrecuente que se reproduzcan destratos, violencias cotidianas y prácticas de cuidado deficitarias que vuelven a exponerlos al daño. Siempre esperando una familia que los ame, que muchas veces no llega.

La pobreza infantil es el telón de fondo constante: más de la mitad de las niñas y niños en Argentina vive en hogares pobres, con hambre, hacinamiento, interrupciones escolares, problemas de salud no atendidos.

Durante este año también se profundizó el impacto de violencias digitales, apuestas online, exposición constante a estímulos sin mediación adulta, sexualización temprana, adolescentes captadas por plataformas para vender su humanidad aunque crean que es solo una pantalla, grooming, acoso que comienza en la escuela y sigue 24/7 en línea eternizando el dolor.

Frente a este escenario, la respuesta institucional volvió a mostrar su precariedad: protocolos y discursos que no logran sostener la salud física y mental infantil. El escándalo del concurso público para la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación funciona como un ejemplo concreto del lugar que la infancia ocupa en la política nacional: un lugar declamado, pero vacío de contenido y sin garantías reales.

Se montó un proceso presentado como riguroso y transparente cuando, en los hechos, operó como un simulacro. La terna estaba definida de antemano. El concurso funcionó como escenografía institucional. Y, para cerrar el círculo, el proceso continúa inconcluso, frenado en el Senado. Quizá esta cámara no tiene cara para avalar lo que pasó.

A esta desmentida se suma otra menos visible: prácticas que, incluso amparadas en el lenguaje de los derechos humanos, utilizan el dolor padecido en la infancia y el testimonio de las y los sobrevivientes como recurso para obtener financiamiento, visibilidad o espacios de poder. Estas prácticas no reparan: desalientan, reproducen daño y erosionan la confianza.

Lo que vemos en Argentina dialoga con un escenario más amplio en las Américas, donde la pobreza infantil, las prácticas de crianza violentas, la violencia sexual, la orfandad por femicidio y el suicidio adolescente siguen en aumento.

El balance de 2025 muestra con claridad que la crisis de la salud mental infanto‑juvenil no es un fenómeno repentino, sino el resultado de violencias acumuladas, negligencias sostenidas y de una cultura adultocéntrica que continúa mirando a la infancia como objeto de tutela, de discurso o como trinchera política.

En esa lógica no solo opera la política partidaria: también ciertas organizaciones y agencias nacionales e internacionales reproducen prácticas similares, donde la infancia aparece como causa, bandera o recurso, pero no como sujeto pleno de derecho.

Hace unos días el Premio Nobel Laszlo Krasznahorkai introduce un contrapunto contemporáneo a Freud y abrió su discurso en Estocolmo con un “ ¡Damas y caballeros! originalmente deseaba compartir con ustedes mis pensamientos sobre la esperanza, pero como mis reservas de esperanza se han agotado definitivamente, ahora hablaré sobre los ángeles“.

Sostenía algo así como que ya no hay esperanza, ni ángeles mensajeros y la dignidad humana está erosionada por una humanidad que ha perdido la imaginación, la memoria y toda referencia trascendente.

Krasznahorkai dejó abierta, una única posibilidad, la de una rebelión total. Me conmovió y pensé en otro tipo de rebeliones y en otros ángeles que también caminan entre nosotros sin alas, sin cargos, sin micrófonos ni premios, y que también se los devora el sistema pero siguen igual, que son quienes contestan a diario mi interpelación: ¿quién defiende a la infancia?

Los vi multiplicarse en una colecta que llamamos “Un juguete, un abrazo,“ cuando enviaron juguetes y muñecos tejidos a mano para Bahía Blanca como forma de cuidado, allí donde el agua y el dolor lo había arrasado todo.

O cuando los periodistas utilizaron los medios donde trabajan para reproducir el mensaje y que llegara a todos este llamado. Los he visto en hospitales acá y en otros países bordando pequeños muñecos con el nombre de bebés internados para que no atraviesen mejor su recuperación. No ocupan puestos de poder. Están en las salitas de los barrios, en los pasillos de los hospitales, en los juzgados, en los servicios locales, en las casas a las que nadie quiere entrar, porque lo que pasa adentro es o fue devastador y dejará una marca de la que recuperarse.

Son quienes preparan la comida cuando falta, acunan cuando no hay brazos, marchan por los remedios que necesitan los niños y niñas y por su educación, apadrinan y amadrinan a niñas y niños sin familias. Son quienes rescatan adolescentes atrapados en la ludopatía y en las drogas y también en circuitos de explotación, desde los barrios y como herramienta un centro comunitario o una biblioteca popular.

Los vi también en el Chaco, cuando las abogadas, fiscales y juezas de Villa Ángela llevaron el muñeco Lile —símbolo de protección infantil de ARALMA— por juzgados, escuelas y organismos públicos, junto a molinillos de viento que expresaban una consigna simple y urgente: Las infancias merecen viento a favor. Los vi cuando también en Resistencia se reunieron con los molinitos para resistir como dijo una de ellas y llevar un mensaje potente: acá hay alguien dispuesto a cuidar. También en Entre Ríos, en San Luis, Neuquén, entre otros, y más lejos en Uganda y Colombia.

No traen mensajes grandilocuentes ni promesas de futuro. Traen presencia, tiempo, cuerpo, estrategia y responsabilidad. Creen mucho más allá de lo que planteaba Freud o el premio nobel y no tiene que ver con que Dios los abraza: creen en el trabajo colectivo y la persistencia en la causa de la infancia.

Cuando a mitad de año me pregunté quién protege a la infancia, pensaba en organismos, en estructuras, en institucionalidades capaces de prevenir y reparar a gran escala, tuve una ilusión, una quimera. Quienes sostienen, cuidan y protegen no son, en la mayoría de los casos, aquellos que ocupan cargos ni administran sistemas, ni reparten fondos, sino estos ángeles que con esfuerzo, la palabra plena, coraje y voluntad siguen defendiendo lo que hay que defender, allí donde todo parece haber fallado.

Tal vez esa sea hoy la única forma honesta de hablar de ilusión: como acto y no como promesa después de tanta decepción. La decisión ética de no retirarse, de no mirar para otro lado. Seguir protegiendo, aun sabiendo que no alcanza y que no hay garantías y aunque estemos exhaustos, porque sin ese granito de arena el mar sería distinto, parafraseando a María Teresa. Me vuelvo a ilusionar con el porvenir de la infancia y que sea una infancia sin violencia.

Sonia Almada es Lic. en Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Magíster Internacional en Derechos Humanos para la mujer y el niño, violencia de género e intrafamiliar (UNESCO). Se especializó en infancias y juventudes en Latinoamérica (CLACSO). Fundó en 2003 la asociación civil Aralma que impulsa acciones para la erradicación de todo tipo de violencias hacia infancias y juventudes y familias. Es autora de tres libros: La niña deshilachada, Me gusta como soy, La niña del campanario y Huérfanos atravesados por el femicidio.

Para ser considerada de clase media en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), una familia debe contar con ingresos mensuales superiores a $2.076.904,91. Así lo indica el reporte del Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (IDECBA) para el mes de noviembre de 2025.

El cálculo está basado en un hogar tipo conformado por una pareja de 35 años, ambos económicamente activos y propietarios de su vivienda, junto con dos hijos varones de 9 y 6 años. El informe también establece que la línea de pobreza para esta estructura familiar, determinada por la Canasta Básica Total (CBT), se ubica en $1.308.061, mientras que el umbral de indigencia, medido a partir de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), es de $703.325.

El IDECBA aclara que estos valores se actualizan todos los meses y representan el costo de vida específico de la Ciudad, en una coyuntura de inflación y movimientos permanentes en los precios de bienes y servicios. Estas cifras presentan diferencias con las difundidas este martes por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

A nivel nacional, la CBA se sitúa en $566.364,43 y la CBT en $1.257.329,03, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), siempre considerando una familia de cuatro miembros. Al comparar ambos informes, se observa que la Ciudad de Buenos Aires presenta un costo de vida más elevado que el promedio nacional, por lo que un hogar considerado pobre bajo los parámetros porteños podría no serlo según el estándar nacional.

La clasificación por segmentos de ingreso que realiza el IDECBA distingue los diferentes estratos sociales. Se considera en situación de indigencia a los hogares cuyo ingreso no alcanza a cubrir la CBA. Los denominados pobres no indigentes son aquellos que llegan a cubrir la CBA pero no la CBT.

Por encima de la línea de pobreza se encuentran los no pobres vulnerables, quienes registran ingresos entre la CBT y la Canasta Total (CT), establecida en $1.661.524 para el hogar tipo de referencia.

El grupo identificado como sector medio frágil recibe entre el valor de la CT y hasta 1,25 veces esa cifra ($2.076.904,90). Se ubican en la clase media quienes cuentan con ingresos equivalentes a un mínimo de 1,25 veces la CT y hasta cuatro veces esta, lo que corresponde a un rango de $2.076.904,91 a $6.646.095,71. Finalmente, los sectores acomodados perciben montos que superan ese límite superior.

Según el IDECBA, la metodología de cálculo para estas líneas y canastas se basa en un esquema implementado en 2008, pensado para evaluar la capacidad de los hogares porteños de acceder a un conjunto de bienes y servicios acordes al estándar local.

A partir de 2016, la definición de las líneas de indigencia y pobreza utiliza la CBA y la CBT como referencia. Desde marzo de 2022, la actualización de estos valores se realiza con el Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA), lo que permite reflejar los cambios en los precios con mayor fidelidad.

La estratificación por nivel de ingresos que realiza el instituto permite identificar los sectores más expuestos, así como también aporta información sobre la composición interna de los grupos que no se consideran pobres. Esta herramienta resulta clave para analizar la evolución social en la Ciudad y orientar el diseño de políticas públicas adecuadas para cada segmento.

El relevamiento se integra al monitoreo habitual que lleva adelante el órgano porteño acerca de las condiciones de vida de los hogares. El objetivo del IDECBA es ofrecer datos actualizados sobre los ingresos necesarios para cubrir las necesidades elementales en la Ciudad y delimitar con precisión los distintos niveles socioeconómicos urbanos.

“La condición de los pobres representa un grito que, en la historia de la humanidad, interpela constantemente nuestra vida, nuestras sociedades, los sistemas políticos y económicos…” afirma, continuando a nuestro Francisco, el Papa León XIV en el documento “Te he amado” (“Dilexi Te”, 6). Esta interpelación, subraya el Papa, se dirige también, y especialmente, a la Iglesia, seguidora de Cristo que –así lo recordamos en cada Navidad– nació, vivió y murió pobre (despojado hasta de su manto).

La cantidad de pobres en el mundo es de alrededor de (nada menos) 1.000 millones de personas (varía según la metodología de cálculo, pero no más que un 10 o 15 % hacia arriba o hacia abajo). En la Argentina (país bendecido por Dios con infinidad de riquezas) la cantidad de personas que se encuentran debajo de la línea de pobreza alcanza al 30 % de la población, con un 7 % en situación de indigencia (pobreza extrema), es decir, aproximadamente 15 millones de personas son pobres y 3,5 millones indigentes (según IA, remitiendo a datos oficiales del INDEC).

Por ello, en nuestra patria, la pobreza es, más que un grito, un alarido de desesperación y terror. Insisto que esto ocurre en un país con grandes riquezas naturales, con una población mayoritariamente capaz e instruida, y que (gracias a Dios y a la Virgen de Luján, nuestra patrona) no ha padecido guerras desde hace un siglo y medio (salvo la localizada, breve y heroica –aunque imprudente– guerra por la recuperación de las Islas Malvinas, en 1982) ni tampoco grandes desastres naturales (el último terremoto de consideración ocurrió en la Provincia de San Juan en 1944).

Es cierto que nuestra situación se encuentra notablemente agravada por los malos gobiernos: populismo, corrupción (ambos son una fábrica de pobres), deficientes administraciones y otros males sociales (narcotráfico en aumento), circunstancias que también son sufridas por otras comunidades afectadas por el flagelo de la pobreza, aun considerándola, como lo hace el Papa León, en la variedad de sus “rostros” (DT, 9) o manifestaciones: carencia de medios, marginalidad, pobreza moral, pobreza cultural, pobreza por discriminación, etc.

Pero no debemos olvidar a la que podemos denominar causalidad sistémica de la pobreza, con especial referencia a la pobreza material. La incidencia sistémica que culmina en la perpetuación y agravamiento de la pobreza ha sido también advertida en Dilexi Te, 10, al destacar que “el compromiso en favor de los pobres” exige “remover las causas sociales y estructurales de la pobreza” (DT, 10) aprovechadas por una elite que no duda en ampararse en “ideales sociales y sistemas políticos y económicos injustos, que favorecen a los más fuertes” (DT, 11).

Lo expuesto no importa denunciar como falsa a la alegoría smithsiana del “derrame” –en definitiva, la fuerza generativa de “externalidades” (en sentido genérico) que posee toda actividad económica– sino solo plantear su grave insuficiencia.

Imaginemos un recipiente que recibe un fuerte chorro de agua, que no cesa a pesar de colmarlo, con lo cual el líquido sobrante se derrama al exterior. El recipiente y el agua que contiene representan a la riqueza de los más favorecidos, el chorro de agua es la totalidad de la producción de la inversión y trabajo comunitarios (PBI), el derrame es la participación de los menos favorecidos en el PBI.

Si la capacidad del recipiente, y cantidad de líquido que sobre él se vierte, que podemos denominar “vertido generativo”, se mantienen constantes, los menos favorecidos recibirán cada vez más riqueza (podemos llamarla “vertido distributivo”) sin disminuir la que beneficia a los más favorecidos. Pero esta, que podría ser una situación ideal, no es realista, ya que el vertido generativo es posible, en una medida importante, por la inversión de los favorecidos (que también da ocasión al trabajo de los desfavorecidos). Para salvar esta dificultad –para incentivar la inversión o vertido generativo– es necesario agrandar la capacidad del recipiente, agrandamiento que de ser proporcionalmente mayor o, por lo menos, igual que el experimentado por el vertido generativo, no aumentará en igual proporción al vertido distributivo (el derrame). Así entonces, la “justicia social” (más que la “distributiva”, en el sentido aristotélico de término) se verá resentida, ya que los favorecidos serán cada vez más favorecidos y los desfavorecidos (en comparación con aquellos) cada vez más desfavorecidos. Por el contrario, la justicia social, siempre en la alegoría del derrame, exigirá que el recipiente crezca en menor proporción que el crecimiento del vertido generativo, lo que provocará mayor vertido distributivo o derrame.

Fácil es decirlo, pero difícil es hacerlo. Difícil pero no imposible: lo han logrado, con distintas herramientas, muchas naciones sin caer en el comunismo que, según la experiencia soviética, agrandó el recipiente (no mucho, por ello, entre otras razones, terminó “implosionando”), disminuyó el vertido generativo y, por tanto, “planchó”, a la vez, el vertido distributivo.

También nuestro país tuvo, en el punto, una experiencia exitosa durante el gobierno justicialista de los años 1945 a 1955 y, luego, con su versión “aggiornada” de la década de 1990.

Hoy el grito de los pobres exige que el derrame no sea por goteo. La riqueza de las minorías es suficiente para que ese vertido sea “por catarata”, sin que por ello los ricos se vuelvan pobres, situación que tampoco es querida por la justicia social, la que también necesita de los liderazgos (iniciativa, creatividad, asunción de riesgos) económicos. Sin los líderes de empresa, la justicia social sería imposible.

El capitalismo puede también ofrecer un “rostro” cada vez más humano. En definitiva, parafraseando a Churchill, podemos decir que “el capitalismo es el peor sistema económico, a excepción de todos los demás que se han inventado”.

El nombre del creador de contenido Jair Sánchez volvió a acaparar tendencias y discusiones en redes sociales tras viralizarse un video en el que emite una declaración que, para algunos, rebasa los límites del humor.

Su propuesta para Claudia Sheinbaum: esterilizar a las personas que tengan menos de 100 pesos en la cartera, especialmente si se trata de quienes trabajan en la calle o en semáforos.

Los comentarios, captados en una entrevista y compartidos por diversas cuentas, encendieron el debate y dividieron opiniones entre seguidores y críticos.

¿Qué fue lo que dijo Jair Sánchez?

Con más de tres millones de seguidores en Instagram y conocido por su estilo de parodia humorística sobre situaciones cotidianas, Jair Sánchez llamó la atención al argumentar en tono aparentemente serio que habría que “esterilizar a la gente” si un día al azar se les pidiera mostrar cuánto dinero llevan.

“Yo le quiero hablar muy claramente a Claudia (Sheinbaum), Claudia, deberías de esterilizar a la gente. Tú llega un día en la calle y les preguntas cuánto dinero hay en tu cartera. Si tienen menos de 100 pesos, esterilízalos”, afirmó el influencer.

“Si es muy culero porque ves en el semáforo y ves un chingo de niños y la mamá de que con otros... y luego vienen de que trillizos, sabes... Y luego escuchas gente que intentan e intentan (tener hijos) y nada...”, continuó.

Finalmente el influencer declinó de su propia idea para que los niños de los semáforos “sigan vendiendo cositas”. “¿Por qué donde consigo dos Bubulubus por 10 pesos o un cigarrito así rápido?“, cuestionó.

Su sugerencia, aunque enmarcada dentro del humor ácido que caracteriza su contenido, fue calificada como insensible, clasista e incluso peligrosa por parte de los usuarios en X (antes Twitter) y otras plataformas.

¿Humor ácido o comentarios fuera de lugar?

Si bien varios internautas defendieron sus palabras, explicando que todo “se trató de una broma”, otros lamentaron que la influencia de Sánchez, especialmente entre jóvenes, pueda normalizar o trivializar discursos que incitan a la discriminación contra personas en situación vulnerable.

“¿Será posible que a alguien le de risa este par... reflejo del mundo actual, peor aún, los ven?“, o ”La juventud de ahora está muy dañada y mucha culpa es la educación de sus padres. Juegan y bromean con temas que creen tener derecho de hablar y reírse como si nada", fueron algunos ejemplos de comentarios.

No faltaron quienes recordaron la importancia de diferenciar entre libertad de expresión y la promoción de ideas peligrosas o excluyentes, aun si se hace bajo el disfraz de la comedia.

El polémico comentario también reavivó la discusión sobre las responsabilidades éticas de los creadores de contenido, pues en la era de la viralidad, cualquier frase puede impactar audiencias masivas y reforzar prejuicios sociales.

¿Quién es Jair Sánchez?

Jair Sánchez ha construido una sólida base de seguidores con parodias y videos que retratan el día a día con un humor a menudo irreverente. Suma millones de reproducciones en Instagram y YouTube, donde conduce el show Guácala qué rico.

Sin embargo, su sello personal, el humor crudo y sin autocensura, lo ha llevado tanto al éxito digital como al centro de múltiples polémicas.

Aunque en otras ocasiones ha respondido que sus comentarios deben leerse como sátira, la repercusión de este último video evidencia que la frontera entre broma y discurso discriminatorio puede ser más delgada para una gran cantidad de personas.

La Agencia de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha lanzado un llamamiento urgente ante la previsión de que más de 200 millones de niños en 133 países y territorios necesitarán asistencia humanitaria en 2026. Así lo ha destacado el informe Acción humanitaria para la Infancia 2026, presentado este miércoles en Madrid.

En total, se requieren 7.660 millones de dólares (6.584 millones de euros) para proporcionar ayuda vital a 117 millones de personas, entre ellas 73 millones de menores, incluidos 37 millones de niñas y 9,1 millones con discapacidad. “Las necesidades humanitarias están alcanzando un nivel extremo”, ha advertido la directora ejecutiva de UNICEF, Catherine Russell, en un comunicado compartido por la comunicación.

El llamamiento para 2026 representa una reducción del 22% respecto a 2025, cuando se solicitaban 9.900 millones de dólares (8.509 millones de euros) para llegar a 172 millones de personas, incluidos 109 millones de niños. A pesar del recorte, UNICEF ha alertado de que la brecha entre las necesidades y los recursos disponibles continúa creciendo.

“La crisis mundial de financiación no significa que haya menos necesidad, significa que la brecha entre lo que las niñas y los niños sufren y los recursos disponibles es cada vez mayor”, ha subrayado Russell.

Según el informe, el aumento y la cronificación de los conflictos, los desastres climáticos, el hambre y la vulneración del derecho internacional humanitario han llevado a la infancia a situaciones de extrema vulnerabilidad. “Sus vidas están marcadas por fuerzas que escapan a su control como la violencia, el hambre, las crisis climáticas y el colapso de los servicios esenciales”, ha afirmado la directora.

Decisiones imposibles “como priorizar un niño sobre otro”

La reducción de fondos ya ha obligado a UNICEF a tomar decisiones difíciles. En 2025, el déficit de financiación del 72% en programas de nutrición obligó a recortar intervenciones en 20 países prioritarios. En educación, un déficit de 745 millones de dólares dejó a millones de niños en riesgo de perder el acceso a la enseñanza. “Los equipos sobre el terreno están tomando decisiones imposibles, como priorizar a unos niños sobre otros o reducir servicios de los que depende su supervivencia”, ha lamentado Russell.

José María Vera, director ejecutivo de UNICEF España, insistió en la necesidad del compromiso continuo del sector privado y las administraciones públicas: “Es indispensable que el sector privado y las administraciones públicas sigan comprometidas porque el sistema humanitario se encuentra sometido a mucho estrés debido a un incremento de las necesidades y una disminución de los recursos”.

Prioridad del gasto y regiones más afectadas

Del total solicitado para 2026:

• 40% irá a agua, saneamiento, higiene y nutrición.
• 16% a educación.
• 14% a sanidad.
• 12% a protección de la infancia.

Las mayores necesidades de financiación se concentran en:

• Sudán: 828 millones de euros.
• Afganistán: 816 millones de euros.
• Palestina: 580 millones de euros.

Oriente Medio y Norte de África requieren 2.999 millones de dólares, seguidos por África central y oriental (1.241 millones) y el sudeste asiático (1.128 millones), con Afganistán y Bangladesh como zonas prioritarias.

Crisis “superpuestas” y adaptación de la acción humanitaria

Por su parte, Inés Lezama, coordinadora global de emergencias de UNICEF, ha advertido que las crisis se superponen, aumentando la vulnerabilidad de la infancia: “Las necesidades han aumentado, pero no solo en cifras de millones de niños, sino también en severidad. Estamos en crisis solapadas una tras otra, que van haciendo que la vulnerabilidad de los niños y las niñas y el riesgo sea aún más grave”.

Para dar respuesta a la caída de aportaciones y restricciones de la ayuda, UNICEF ha optado por priorizar las intervenciones que salvan vidas, reforzar las alianzas con los gobiernos e invertir en preparación y actuación anticipatoria. “Si no actuamos ahora, millones de niños y niñas seguirán pagando el precio más alto, atrapados en emergencias de las que no son responsables”, concluyó la organización.