Después del retiro de la compañía uruguaya Amaszonas –de capitales bolivianos–, en Uruguay se habló de la posibilidad de tener una aerolínea de bandera. Las autoridades del gobierno –y en especial en el Ministerio de Turismo– se ilusionaban con esta chance, aunque con el paso del tiempo las posibilidades de concreción disminuían. Sin embargo, esta semana hubo un nuevo impulso para que se concrete esta posibilidad.

De la inversión se comenzó a hablar públicamente el lunes por la tarde, cuando ejecutivos de la nueva aerolínea, la Sociedad Uruguaya de Aviación (SUA), fueron a la sede en la que está instalado el presidente electo de Uruguay, Yamandú Orsi, para hacer la transición del gobierno. Hasta allí llegaron Paul Elberese y Antonio Rama, aunque ambos se retiraron sin hacer declaraciones.

Un día después, y en el aeropuerto de Carrasco, SUA oficializó el acuerdo con la empresa letona Airbaltic para poner en marcha una nueva compañía que pretende conectar Uruguay con la región a finales de este año, según informó el diario uruguayo El País. Argentina, Brasil, Chile y Paraguay son los destinos previstos para la nueva aerolínea, según su CEO, Antonio Rama.

El inicio de las operaciones está previsto para fines de 2025.

Airbaltic es la encargada de diseñar los aspectos técnicos de esta nueva empresa, que comenzará a operar con 20 aviones desde Uruguay, al menos según la información que presentaron el martes. Rama no confirmó la procedencia de los fondos, aunque desmintió que fueran árabes, como había trascendido originalmente. El CEO sostuvo que la intención de la empresa es cerrar nuevos acuerdos para luego concluir en la última fase, que sería la de certificación de los permisos para explotar las rutas.

El ministro de Turismo, Eduardo Sanguinetti, destacó en la presentación que en Uruguay “están dadas” las condiciones “para mejorar la conectividad”. Consideró que el mayor desarrollo de nuevos destinos va a estimular al sector turístico. Resaltó, además, que el lanzamiento del nuevo proyecto es un paso importante, pero aclaró que la concreción de la inversión requerirá tiempo.

El ministro también fue consultado por las experiencias fallidas que ha tenido Uruguay a lo largo del tiempo con las aerolíneas. En 2012, la estatal Pluna dejó de operar por graves problemas económicos. Luego comenzó a operar Alas Uruguay, pero lo hizo por poco tiempo.

El ministro explicó que los modelos de negocio actuales “tienen un análisis profundo” para comenzar a operar. Explicó, además, que la normativa que regía cuando se produjeron los cierres de las compañías era “restringida y contraria” al desarrollo de la actividad aeronáutica.

Otro fracaso fue el de UAIR, una aerolínea low cost que voló al Mercosur entre 2003 y 2005 y a la que también estuvo vinculado Rama. Consultado sobre esa mala experiencia, el CEO de SUA reconoció que le había ido mal, pero señaló que se levantó de ese fracaso y aseguró que ahora viene a “hacer un negocio serio y sólido”. “No vengo a probar”, señaló.

El ejecutivo agregó que ese fracaso le dio la “experiencia como para saber los lugares donde se puede fallar, cuáles son los peligros y cómo solucionarlos”.

Desde 2020, Rama venía dialogando con el gobierno de Luis Lacalle Pou para establecer a Qatar Airways, después de que dejó operar en Buenos Aires, informó El Observador.

Una de las claves para concretar la inversión fue una modificación legal realizada por el gobierno. Se trata del decreto 15/024, que aprobó cambios en el reglamento de los servicios de transporte público y los servicios de trabajo aéreo. En los hechos, esto provoca la eliminación de las restricciones a que los capitales extranjeros conformen aerolíneas de bandera uruguaya y suprime la constitución de garantías para el pago de eventuales multas.

Los juicios internacionales que enfrenta el Estado uruguayo fueron uno de los temas técnicos de la transición entre el gobierno de Luis Lacalle Pou y el de Yamandú Orsi, que asume el 1° de marzo. El intercambio de información ha estado marcado por algunas polémicas –la falta de datos o las diferencias en algunos temas–, pero en torno a las demandas internacionales hay una única línea. El futuro prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, dijo que en este tema Uruguay ha logrado una “política de Estado”.

La reunión de Díaz fue con el actual secretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, y el objetivo del encuentro fue hacer lo mismo que sucedió en 2020, como recuerda La Diaria. Ese año, Miguel Ángel Toma, funcionario del gobierno de Tabaré Vázquez, se juntó con Ferrés para informarle sobre las demandas internacionales que deberá afrontar en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial.

El gobierno actual le entregó a Díaz un documento con la información sobre el estado actual de todos los arbitrajes internacionales entablados contra Uruguay y él aseguró que, en términos generales, “no hay sorpresas” con la información recibida.

La “verdadera política de Estado” está instalada en Uruguay desde que el país la tabacalera Philip Morris demandó a Uruguay por presuntos perjuicios derivados de la normativa restrictiva al tabaco que impulsó el primer gobierno de Vázquez. El tribunal internacional le terminó dando entonces la razón a Uruguay.

Díaz destacó que antes la estrategia de los juicios internacionales estaba en la Cancillería, pero desde entonces pasó a Presidencia, algo que él ve como positivo.

“Hay una serie de pasos y protocolos que se han seguido en el gobierno anterior, en este gobierno y que seguramente los vamos a seguir en el gobierno entrante, porque han demostrado ser exitosos”, dijo el futuro prosecretario de la Presidencia.

Hay cinco juicios internacionales contra Uruguay, aunque dos están vinculados al mismo tema: la demanda entablada por la minera Aratirí, de capitales indios, que tuvo en Uruguay un proyecto de explotación a cielo abierto. La compañía reclama más de USD 3.500 millones en un proceso judicial que inició en 2018, durante el segundo gobierno de Vázquez.

Otro de los casos abiertos, aunque está terminando, se refiere a la aerolínea uruguaya Pluna, que cerró en 2012. “Según se nos informó, hubo un acuerdo transaccional que se estaría liquidando en estos días”, detalló Díaz.

Este acuerdo implica que próximamente el Estado uruguayo realice “los pagos”. “Seguramente en los primeros días de febrero se van a hacer los pagos. Hay un monto establecido, ese monto una vez que se abone se hará público. No hay ningún secreto respecto de ese punto, no les digo la cifra ahora porque no me la acuerdo de memoria, pero hay una transacción que finalmente estaría en condiciones de cumplirse y que el Estado uruguayo va a cumplir”, señaló el futuro jerarca.

El cierre de Pluna había provocado una demanda de la empresa panameña Latin American Regional Aviation Holding (Larah), por un supuesto incumplimiento del tratado de protección de inversiones entre Uruguay y Panamá. La demanda inicial fue presentada en 2019 y pedía un total de USD 860 millones. A principios de 2024, en tanto, Uruguay fue condenado a pagar USD 30 millones más intereses.

Hay otros dos arbitrajes internacionales que recién se están iniciando, detalló Díaz, y prefirió no adelantar los detalles.

Uno refiere al acuerdo alcanzado entre Uruguay y la empresa belga Katoen Natie, por la concesión del Puerto de Montevideo. Los accionistas de Montecon –otra de las empresas que opera en la terminal de la capital uruguaya– iniciaron una demanda con el argumento de que el Estado uruguayo incumplió los tratados de inversión que tiene con Chile y Canadá. De forma preliminar, fijó el monto de la demanda en USD 600 millones.