En una conferencia de prensa, el gobierno de Alfredo Cornejo informó que recibió más de 400 llamadas al 911, y se activaron protocolos en más de 238 escuelas afectadas. Así lo confirmó el el ministro de Educación de Mendoza, Tadeo García Zalazar, acompañado de la ministra de Seguridad y Justicia de Mendoza, Mercedes Rus.

“Las amenazas realizadas tienen una consecuencia legal para los padres y para los estudiantes”, expresó Tadeo Zalazar, que puso la mira en plataformas como TikTok, que consignó haber eliminado 1.200 videos publicados por adolescentes mendocinos replicando las intimidaciones.

“Nos contactamos con diversas redes sociales para que bajen los contenidos y publicaciones que incitaban a la violencia dentro de las escuelas y que generaban temor para asistir a los establecimientos educativos”, añadió.

Las autoridades ya adoptaron medidas con las personas identificadas. García Zalazar consignó que la cartera educativa va a presentar 19 denuncias de contravenciones donde se identificaron a los autores de las pintadas. “Recibirán las sanciones correspondientes aplicadas por las escuelas y sanciones específicas a los padres previstas por la Justicia de acuerdo al Código de Contravención”, explicó el ministro.

En este marco, una madre fue detenida y luego liberada por el delito de intimidación pública, al permitir que su hijo ingresara armado –con un arma de juguete– a clases. Será investigada por el artículo 211 del Código Penal, ante la conducta de “alarmar a la población” a través de amenazas o falsas alarmas.

El funcionario consignó que hubo más de 700 intervenciones por consultas desde las escuelas, por la ola de amenazas ya que directivos y docentes. “Movilizamos los equipos pedagógicos: hay 418 profesionales activos actuando en situaciones personalizadas, en reuniones con padres y docentes. Fortalecimos capacitación y formación en recurso humano para tomar las acciones adecuadas dentro de los centros educativos”, agregó.

Desde este lunes, varias escuelas de Mendoza aplicaron el protocolo tras la ola de amenazas de tiroteo con pintadas en los baños de los establecimientos. Decenas de instituciones pidieron a los alumnos ir a clases sin mochila, con sus útiles y meriendas en la mano, o en bolsas transparentes como medida de prevención.

“Ningún joven tendría que sentir la libertad o la liviandad de escribir estas amenazas”, consideró Rus sobre la problemática, e insistió que cada uno de estos actos es un acto de violencia porque expresa una amenaza contra la integridad física de otro joven y, al mismo tiempo, obliga a desplegar un importante operativo de seguridad.

“Hemos tenido 800 policías por día, entre consignas, patrullajes y relevos, para contemplar no solo el turno mañana, sino también el turno tarde”, detalló la funcionaria.

La Dirección General de Escuelas (DGE) informó que a partir de este miércoles se inicia una nueva fase de protocolos escolares, adaptados a las necesidades de cada institución. Contará con la participación de las familias, que serán informadas sobre las penalizaciones y la responsabilidad legal que les corresponde. Las escuelas también quedaron habilitadas para organizar jornadas de reflexión con el objetivo de recuperar un ambiente propicio para el aprendizaje.

En la misma sintonía que otras jurisdicciones, Mercedes Rus remarcó que esto no es una broma ni un juego e insistió que que por cada inscripción en la pared de una escuela o por cada amenaza difundida en redes sociales hay un delito consumado con consecuencias graves.

Unos 25 chicos ya tienen un expediente judicial abierto por las amenazas. “Van a tener una consecuencia penal. Hay seis jóvenes que tienen edad para recibir una imputación. Esto sirve para que magnifiquen que no se trata de una broma”, señaló la ministra de Seguridad.

Los casos extremos de tiradores

En paralelo, Rus recordó que desde el año pasado se realizó un trabajo conjunto con el Ministerio de Educación para capacitar a docentes y brigadistas en edificios públicos ante situaciones de un agresor armado. “Este año sacamos dos resoluciones y dos protocolos que ya están vigentes, y que además vamos a publicar en el Boletín Oficial esta semana para que todos puedan acceder”, anunció. Uno de esos protocolos está dirigido a la primera policía que llega a una situación de emergencia, mientras que el segundo está pensado especialmente para la comunidad educativa.

La guía contempla cuatro escenarios específicos: alarma o incidente por explosivos, conflictos sociales en contextos educativos, incidentes con agresor armado o tirador activo y situaciones de suicidio.

“Esperamos no tener que usar estos recursos en ninguno de estos casos. Apelamos a que la regla y lo viral sea la responsabilidad”, expresó Rus. “Nosotros vamos a seguir trabajando con la Justicia para que esto tenga las consecuencias que tiene que tener a nivel penal, y también protegiendo a la ciudadanía con los recursos de la Policía”, concluyó.

Desde las redes sociales, la DGE compartió un mensaje contundente hacia los adolescentes y sus familias. “Podés ir preso. Vos o tus padres”, señala la leyenda ante la proliferación de los mensajes intimidatorios.

El sindicato Esan subrayó que las pintadas en contra de la Ertzaintza y del consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, aparecidas en Hernani, intentan generar “un clima de señalamiento o intimidación” contra los agentes y las instituciones vascas, e insistió en que estas acciones no contribuyen en nada a la convivencia ni al respeto institucional que debe prevalecer dentro de la sociedad democrática. Según informó Esan, las pintadas surgieron en la fachada de una vivienda y en las puertas de garajes del municipio guipuzcoano, mostrando la palabra “zipaio” —calificativo utilizado de manera despectiva para referirse a la Ertzaintza— escrita en rojo y amarillo, y rematada con una diana en la última letra, junto al nombre del consejero Zupiria. El sindicato sostuvo que estos actos constituyen una agresión directa contra una institución policial que desempeña un papel relevante en la garantía de la seguridad pública en Euskadi.

Tal como publicó Esan, los responsables del sindicato consideran inadmisibles las pintadas dirigidas contra la Ertzaintza por el mensaje de hostigamiento e intimidación que transmiten no solo hacia los agentes, sino también hacia representantes políticos vinculados al área de Seguridad. Según detalló el sindicato, la aparición simultánea del término “zipaio” y del nombre del consejero en varias ubicaciones evidencia una estrategia orientada a crear un entorno hostil y de señalamiento.

De acuerdo con el comunicado recogido por Esan y difundido por diversos medios, el sindicato recordó que la labor de la Ertzaintza merece el reconocimiento de todas las sensibilidades políticas y sociales, definiendo al cuerpo policial como un “servicio esencial” para la ciudadanía vasca. El sindicato recalcó que los profesionales de la policía vasca frecuentemente afrontan su trabajo en situaciones complejas y con riesgos significativos, y que, en tales contextos, cualquier intento de menoscabo hacia su integridad profesional o personal solo deteriora el clima social.

El medio detalló que la organización sindical criticó de forma explícita cualquier manifestación que, lejos de fomentar la integración, incremente tensiones y obstaculice el respeto institucional que, según Esan, debe caracterizar a toda sociedad democrática. La entidad expresó su rechazo contundente frente a expresiones y acciones que buscan deslegitimar el trabajo policial a través del desprestigio o la presión sobre personas concretas que ejercen funciones públicas.

Esan aseveró, según publicó el citado medio, que continuará defendiendo la dignidad de los miembros de la Ertzaintza, así como el respeto a la institución autonómica vasca, frente a cualquier manifestación o acto dirigido a socavar su imagen o función dentro de la sociedad. La organización sindical remarcó la importancia de mantener la cohesión social y la protección del respeto institucional en todas las dimensiones del espacio público.

Varios mensajes pintados con la palabra “zipaio” en rojo y amarillo, junto a una diana en la última letra y el nombre del consejero vasco de Seguridad, Bingen Zupiria, aparecieron este domingo en la fachada de una vivienda y en puertas de garajes en Hernani, provincia de Guipúzcoa. Este término se emplea de manera despectiva para referirse a la Ertzaintza, la policía autónoma vasca. Tales expresiones gráficas han reavivado la preocupación por las estrategias de hostigamiento y amenazas dirigidas contra las instituciones y sus representantes en el País Vasco.

Según informó la agencia Europa Press, Ainhoa Domaica, parlamentaria del Partido Popular (PP) vasco y responsable de temas de Seguridad dentro de su formación, expresó su rechazo absoluto a los hechos e instó a que todas las formaciones políticas brinden una condena “sin excusas” ante lo que describió como “el permanente hostigamiento e intimidación de la izquierda euskofascista”. Para Domaica, resulta necesario que esta respuesta incluya rotundidad y la ausencia total de ambigüedades frente a los episodios de amenazas y mensajes de odio como los observados en Hernani.

La escalada de mensajes intimidatorios relacionados con la actividad de la Ertzaintza y figuras del Ejecutivo vasco en espacios públicos ha sido motivo de reiterados llamados a la unidad institucional. La parlamentaria del PP advirtió que estos actos no deben tratarse con ambigüedad y recalcó, según reportó Europa Press, su respaldo tanto a los agentes policiales como a los miembros del Gobierno Vasco que han resultado directamente afectados.

Domaica subrayó la gravedad de los mensajes y símbolos utilizados en las pintadas, apuntando en particular a la utilización de la diana en la grafía y al uso de colores llamativos, detalles que, en palabras de la dirigente del PP, incrementan la carga amenazante y refuerzan el clima de presión sobre los cuerpos policiales y representantes políticos. Ante esto, reclamó de nuevo un consenso democrático para frenar prácticas de intimidación y hostilidad hacia aquellos que desempeñan funciones públicas dentro de las instituciones autonómicas.

Los hechos ocurridos en Hernani, según publicó Europa Press, fueron calificados por la parlamentaria como un reflejo de una campaña de presión ejercida de forma continuada contra la Ertzaintza y miembros del Gobierno Vasco. Insistió en que la respuesta institucional a este tipo de episodios no debe admitir matices ni relativizaciones y solicitó al conjunto de las fuerzas parlamentarias vascas una posición común para aislar este tipo de conductas.

Europa Press detalló que para el Partido Popular del País Vasco, la condena debe incluir tanto el rechazo explícito a la expresión pública de odio como la defensa inequívoca de los miembros de la policía autonómica y el Ejecutivo, subrayando la importancia de proteger la integridad de las instituciones frente a cualquier manifestación de acoso o ataque.

La reiteración de estas acciones ha generado inquietud en diversas instancias políticas y de la sociedad, que observan con atención el desarrollo de los acontecimientos. Domaica, según consignó Europa Press, remarcó la necesidad de cooperación entre los partidos y reiteró su mensaje de apoyo hacia quienes trabajan en el ámbito de la seguridad y la gestión pública en el País Vasco.

La aparición de la palabra “zipaio”, pintada en rojo y amarillo con una diana sobre la última letra y el nombre del consejero vasco de Seguridad, Bingen Zupiria, sobre una vivienda y garajes en Hernani (Guipúzcoa), desencadenó la exigencia pública del sindicato de la Policía Vasca ErNE para que todos los partidos políticos se pronuncien de manera contundente contra lo que consideran amenazas y coacciones dirigidas tanto a la Ertzaintza como a responsables de la seguridad vasca. Según consignó el medio fuente, ErNE reclama en particular a EH Bildu —agrupación con importante representación en la localidad donde ocurrieron los hechos— que repudie estos actos y abandone cualquier postura ambigua o de justificación.

De acuerdo con la información difundida, ErNE calificó las pintadas recientes en Hernani no como un caso más de vandalismo, sino como acciones que constituyen amenazas directas contra los profesionales de la seguridad pública. El sindicato manifestó en un comunicado su condena absoluta frente a lo ocurrido y sostuvo que este tipo de hechos transgrede los principios de convivencia y respeto que, aseguran, deben regir la actividad ciudadana y el funcionamiento de las instituciones.

La denuncia de ErNE subraya que esas acciones evocan periodos anteriores de la historia vasca en los que, según su perspectiva, las amenazas y el acoso a los agentes de la policía autonómica formaban parte de estrategias de presión y exclusión social. “La sociedad vasca desea dejar definitivamente atrás” aquel contexto, indicó el sindicato, advirtiendo sobre el peligro de aceptar o normalizar esas prácticas en la actualidad.

El medio detalló que uno de los principales reclamos de ErNE apunta a la totalidad de las fuerzas políticas para que, sin excepción, declaren de manera clara y firme su rechazo a las “amenazas y coacciones” contra los agentes y responsables institucionales de la seguridad pública. Para ErNE, situar la defensa de la convivencia democrática y el respeto institucional por encima de intereses o cálculos políticos resulta esencial para evitar la repetición de este tipo de actos.

En el caso de EH Bildu, ErNE argumenta que la organización debe tomar una posición explícita, repudiar abiertamente cualquier forma de señalamiento, amenaza o legitimación social de conductas similares y “abandonar su posición habitual de justificación de estos actos”, conforme a lo publicado por el medio. La organización sindical enfatiza que superar y desterrar estas dinámicas es una responsabilidad compartida para consolidar una sociedad libre de hostigamientos.

Según el comunicado recogido por la fuente, ErNE insiste en que las coacciones, señalamientos y amenazas a los agentes de la Ertzaintza no deben tolerarse ni convertirse en conductas normalizadas, pues constituyen, afirma, prácticas incompatibles con la democracia y con el respeto institucional que merece la Policía Vasca.

Para el sindicato, la Ertzaintza desempeña su labor como una fuerza de seguridad pública profesional y democrática al servicio de toda la sociedad del País Vasco. Por ello, reiteran que los agentes deben contar con respeto y respaldo institucional frente a quienes pretendan intimidarlos mediante cualquier tipo de hostigamiento.

El sindicato concluyó, según señaló la fuente, que continuará realizando denuncias contra cualquier ataque, amenaza o intento de coacción dirigido a los miembros de la Ertzaintza. También insistió en exigir de las instituciones y de los responsables políticos un compromiso firme para eliminar de manera definitiva este tipo de acciones y garantizar la protección de los profesionales dedicados a la seguridad pública.

De acuerdo con el relato de Europa Press, el sindicato policial Euspel formalizó una denuncia por injurias en la comisaría de la Ertzaintza tras la aparición de pintadas donde se utiliza el término "zipaio" y la expresión 'Herriaren etsaia zarete', traducida como 'sois el enemigo del pueblo'. Estas inscripciones se consideran, según la organización sindical, una manifestación de ataques personales y de señalamiento contra agentes concretos. Las pintadas no solo evidencian el rechazo hacia determinados miembros de la Ertzaintza, sino que también, como señaló González, forman parte de una campaña de acoso que se habría iniciado a principios de verano y que recientemente ha experimentado una intensificación.

Además, explicó el dirigente de Euspel, el episodio de Amurrio es parte de una secuencia de pintadas amenazantes en Álava. El medio Europa Press consignó que otro incidente similar tuvo lugar en Araia el día anterior, donde fueron hallados mensajes que rezaban "Zipaioak falanjistak sokara", una frase que se interpreta como una amenaza directa hacia los agentes al llamarlos "cipayos falangistas a la soga".

Julio González en sus declaraciones a Europa Press atribuyó este recrudecimiento del hostigamiento al contexto que siguió a los disturbios del 12 de octubre en Vitoria-Gasteiz. En esa jornada se registraron enfrentamientos y agresiones tanto hacia la Ertzaintza como contra mobiliario urbano en el marco de protestas paralelas a un acto convocado por la Falange. Este episodio dejó unos 20 agentes con heridas leves y derivó en la apertura de un procedimiento judicial que actualmente investiga la posible responsabilidad de una veintena de personas relacionadas con los hechos, según informó el propio sindicato a Europa Press.

El representante sindical subrayó el cambio en la situación de Álava, territorio que, según sus palabras reproducidas por Europa Press, en las décadas de violencia de ETA resultó menos conflictivo, al menos fuera de episodios localizados en la universidad. Señaló que el traslado de los disturbios al espacio público marca un cambio en la dinámica de conflictividad que afecta a los agentes policiales en la región.

Euspel manifestó la intención de continuar asumiendo un papel activo en la defensa de sus miembros. González recalcó ante Europa Press que el sindicato se personará en todas las causas judiciales relacionadas con agresiones o persecuciones que tengan como objetivo a los compañeros de la Ertzaintza, y reiteró la voluntad de prestar asistencia en los casos que se interpongan ante los órganos judiciales.

La organización sindical contextualizó los incidentes de las últimas semanas como una continuación de episodios ocurridos en el pasado verano, cuando ya se detectaron otras formas de persecución personal hacia integrantes del cuerpo policial, según informó Europa Press. Al respecto, González insistió en que la denuncia interpuesta busca activar los mecanismos legales de protección, al tiempo que reclama una mayor atención hacia la situación de hostigamiento que, en su opinión, afecta a los agentes en Álava.

El procedimiento abierto en un juzgado de Vitoria por los disturbios del 12 de octubre contempla la declaración formal como investigados de alrededor de veinte personas a las que se señala por su posible implicación en los altercados. Este proceso, según reportó Europa Press, se encuentra en fase de instrucción y se enmarca dentro del conjunto de iniciativas legales emprendido por Euspel para combatir el acoso, las amenazas y la exposición pública de sus afiliados y compañeros.

El sindicato llama la atención sobre el hecho de que los incidentes actuales, a juicio de González, muestran una voluntad de intimidar y presionar a los agentes vascos mediante acciones que combinan señalamiento, insultos públicos y amenazas explícitas. Europa Press indicó que la central sindical mantiene su compromiso de sostener la defensa de los policías que resulten afectados por semejantes campañas, tanto en el plano sindical como dentro de los cauces judiciales disponibles.

De acuerdo con Europa Press, estas acciones se producen tras un incidente registrado el sábado en el municipio de Araia, también en Álava, donde aparecieron inscripciones en la fachada del polideportivo local. En ellas se podía leer: "Zipaioak falanjistak sokara" ("cipayos falangistas a la soga"), mensajes igualmente dirigidos hacia agentes de la Policía Autonómica Vasca. El Departamento de Seguridad de la administración autonómica confirmó la aparición de ambas series de pintadas en tan solo dos días consecutivos.

El sindicato Euspel, al que pertenece el agente señalado, informó al medio sobre la reincidencia del hostigamiento, especificando que estos ataques no se limitan a acciones anónimas recientes, sino que tienen antecedentes verificados en instalaciones deportivas de Amurrio. Según recogió Europa Press, las pintadas emplean lenguaje que en el contexto vasco está cargado de connotaciones históricas y políticas, como la palabra "zipaio", utilizada en varias ocasiones para desacreditar a los miembros de la Ertzaintza al identificarlos como traidores o colaboradores ajenos a la causa independentista.

Las recientes manifestaciones en espacios públicos se relacionan, según fuentes consultadas por Europa Press, con una escalada de mensajes hostiles contra agentes de la policía autonómica identificados con sindicatos específicos. Tanto el hallazgo de las pintadas del domingo en Amurrio como las del sábado en Araia fueron confrontados por los órganos de seguridad, que mantienen abierto el seguimiento de estos hechos. La confirmación oficial del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, consignada por Europa Press, subraya la relevancia institucional y social que adquiere la reiteración de estos actos.

Los mensajes encontrados en las localidades alavesas reflejan patrones de intimidación dirigidos selectivamente, lo que fue resaltado por los representantes sindicales de Euspel. Según detalló Europa Press, el acoso hacia el agente de la Policía autonómica vasca persiste a través de mensajes en espacios públicos que lo individualizan como destinatario. El sindicato denunció la continuidad de la señalización personal por vía de inscripciones en lugares de concurrencia social.

Europa Press registró además la preocupación de los agentes implicados y de la representación sindical por el impacto de estas prácticas tanto en el clima laboral dentro del cuerpo como en la convivencia de los municipios. Los ataques, producidos en un corto intervalo de tiempo y en distintas localidades cercanas, intensificaron la atención sobre la seguridad y la exposición de los funcionarios policiales en determinadas zonas del País Vasco.

Con la reiteración de estos mensajes, el Departamento de Seguridad ha activado mecanismos para su seguimiento y ha perfilado las denuncias correspondientes. Las autoridades analizaron posibles vínculos entre los hechos reportados en Amurrio y Araia, dada la similitud de las inscripciones y la temporalidad de su aparición. Según Europa Press, el caso sigue bajo investigación para esclarecer la autoría y el móvil detrás de los hechos.

El gobierno autonómico emitió un comunicado para condenar la aparición de estas pintadas, consideradas "inaceptables e intolerantes", expresiones que, de acuerdo con el texto oficial reproducido por el medio, "atentan contra la convivencia y contra la vocación profesional de las y los agentes de la Ertzaintza". El Departamento de Seguridad subrayó que estos hechos impactan directamente en la armonía social y afectan tanto a la imagen como al compromiso profesional del personal policial.

Según consignó el comunicado citado por el medio, las pintadas se localizaron este sábado por la mañana en Araia, concretamente en la entrada, el lateral y la parte trasera del polideportivo municipal. El Departamento de Seguridad detalló que los mensajes no solo constituyen un acto de descalificación hacia la Ertzaintza en su conjunto, sino que también señalan de forma individual a un miembro del cuerpo en la localidad, lo que agrava la dimensión del ataque.

A lo largo del comunicado, el Gobierno vasco expuso su preocupación por el efecto de estas acciones en la convivencia comunitaria, advirtiendo que la proliferación de mensajes hostiles vulnera principios básicos de respeto social. El Departamento señaló que estas expresiones comprometen la relación entre la ciudadanía y las instituciones de seguridad pública, obstaculizando el desarrollo de la labor policial orientada al servicio y protección de la población vasca.

El gobierno autonómico concluyó el texto trasladando "su solidaridad y apoyo al ertzaina que se ha visto señalado con estas pintadas", expresión con la que buscó reforzar el respaldo institucional al colectivo ante la presión y la estigmatización derivadas de estos hechos. A través de esta muestra de apoyo, las autoridades quisieron expresar su compromiso con la integridad y la función pública de los integrantes de la Ertzaintza frente a cualquier manifestación de hostilidad.

De acuerdo con la información publicada por el medio, el Departamento de Seguridad reafirmó la importancia de mantener un clima de respeto en los espacios públicos y en la interacción entre la ciudadanía y los agentes policiales. Las autoridades autonómicas recalcaron que la aparición de frases ofensivas y amenazas en espacios de uso municipal puede tener consecuencias negativas para la convivencia local y para el ejercicio de la función pública.

El Gobierno vasco expresó que persistirá en su esfuerzo por garantizar que las labores policiales se desarrollen con dignidad y seguridad, insistiendo en que no se tolerarán actos que amenacen la integridad profesional ni la tranquilidad social en los municipios de Euskadi. Según reportó el medio, el ejecutivo autonómico reiteró su condena a cualquier acto que, directa o indirectamente, alimente el clima de desacuerdo o la hostilidad hacia los servidores públicos encargados de velar por la seguridad ciudadana.

Tal como reportó la fuente original, Euspel reclamó que estas pintadas no solo recuperan formas de acoso del pasado, sino que emplean además nuevas etiquetas ideológicas sobre los agentes. El sindicato expresó en un comunicado que actualmente se observa un empeoramiento del ambiente hacia la policía en Euskadi, mencionando que "volvemos a tiempos en los que un compañero sale de casa y se encuentra pintadas llamándole 'zipaio' y amenazándole con colgarle". Según precisó el sindicato, la novedad en esta ocasión es que los autores de las pintadas justifican las amenazas utilizando el término "falangistas", en referencia a que la intervención policial y posterior denuncia ante el juzgado alimenta, a ojos de estos sectores, la idea de que los agentes representan el fascismo, mientras que quienes se enfrentan a ellos se consideran a sí mismos defensores de la democracia.

En el comunicado recogido por el medio, Euspel aludió a un procedimiento judicial que se sigue en un juzgado de Vitoria-Gasteiz, originado tras una denuncia interpuesta por el propio sindicato contra personas implicadas en altercados violentos ocurridos el 20 de octubre. Esos incidentes se produjeron durante una manifestación de la Falange, en la que grupos de contramanifestantes se enfrentaron con miembros de la Ertzaintza y causaron daños al mobiliario urbano. Según relató la agrupación sindical, el clima actual en Euskadi ofrece condiciones que favorecen la aparición y consolidación de este tipo de comportamientos, lo que consideran motivo de alarma.

El medio consignó que Euspel manifestó especial preocupación por el hecho de que se recuperen actitudes y acciones que el sindicato asocia con momentos anteriores de extrema conflictividad en el territorio. El comunicado incluyó la reflexión: "Nos preguntamos qué sucede en la actual realidad política y social de Euskadi para que estos sectores vuelvan a cobrar relevancia y se envalentonen hasta el punto de reavivar actitudes y acciones propias de la etapa terrorista".

Según publicó la fuente, el sindicato anunció que la denuncia ante la justicia no se limitará a este caso puntual: la central se comprometió a continuar personándose como acusación particular en procedimientos que afecten directamente a agentes de la Ertzaintza. La organización sindical subrayó la importancia de proteger a sus miembros y valoró que los procesos en marcha no solo buscan compensaciones materiales por las lesiones sufridas por sus afiliados, sino también que los responsables de las agresiones reciban penas de privación de libertad.

El abogado de Euspel solicita sanciones de cuatro años y medio de cárcel para quienes agredieron a varios agentes en los altercados descritos durante la celebración del 12 de octubre, según informó el medio. Durante estos graves disturbios, los agentes sufrieron agresiones físicas mientras intentaban garantizar el orden público, según constan en los procedimientos activados por la acusación.

La persistencia de amenazas y actos hostiles hacia la policía vasca preocupa por el posible impacto en la convivencia y la percepción de seguridad en Euskadi. Euspel, según relató el medio, insistió en la necesidad de que la justicia actúe con determinación para frenar una escalada de hostilidad que, en su opinión, amenaza con reinstaurar dinámicas propias de periodos marcados por la violencia.

El exministro socialista José Luis Ábalos, actualmente diputado del Grupo Mixto en el Congreso e investigado por el Tribunal Supremo por presuntos delitos de corrupción, ha denunciado este miércoles un nuevo episodio de vandalismo en la puerta del garaje de su vivienda en Valencia. En un mensaje difundido en la red social X, Ábalos acompañó su denuncia con una fotografía del inmueble y comparó los hechos con “las consecuencias peligrosas de la propaganda, la desinformación y la manipulación”, acusando a quienes las realizan de ser “las mismas focas pagadas” que, según él, ya habían utilizado previamente “el falso discurso de ‘la verdadera democracia’”.

Las pintadas, realizadas con color rojo, contienen insultos directos —entre ellos “corrupto” y “putero”— y una frase que parafrasea unas palabras del presidente del Gobierno: “Son las cinco y aún no me la han comido”, aludiendo a la expresión de Pedro Sánchez —“Son las cinco y aún no he comido”— pronunciada en una comparecencia anterior. La aparición de estos mensajes se produce un día después de la comparecencia de Ábalos ante el Tribunal Supremo en el marco de la investigación por supuestos delitos de corrupción que pesa sobre él. El exministro publicó la imagen de la fachada y alertó del riesgo que, en su opinión, suponen la repetición y la difusión de consignas que polarizan.

En su post en X, Ábalos lanzó una advertencia dirigida a la sociedad y a las instituciones: “Hoy soy yo, mañana serás tú”, y subrayó que estas acciones “deberían preocupar a todos y a todas, porque más allá de mi caso, tiene que ver con los derechos fundamentales y la seguridad de las personas”. El mensaje denuncia además la eficacia persistente de técnicas de propaganda que, a su juicio, remiten al manual del propagandista nazi Joseph Goebbels —cita que recoge la idea de “una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad”— y señala cómo, según Ábalos, “se aplican las mismas fórmulas: personalizar al adversario en un único enemigo, reducir la realidad a una sola idea y repetirla hasta el hartazgo”.

Clima crispado

Ábalos relaciona las pintadas con un clima de “desinformación y manipulación” que, en su interpretación, termina por vulnerar derechos y seguridad: “Frente a la comunicación veraz, la propaganda manipula para moldear conciencias que terminan vulnerando derechos. Se llama #Autoritarismo”, escribió el exministro en X, apelando tanto a la gravedad del acto vandálico como a la necesidad de que las instituciones “cumplan con sus obligaciones de proteger a cualquier ciudadano”. La denuncia, difundida en redes, insta a “pensar detenidamente qué está pasando” y a que las autoridades competentes actúen frente a estos episodios.

No es la primera vez que la vivienda de Ábalos aparece implicada en un episodio de este tipo. El pasado mes de junio, apenas cuatro días después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registrara durante diez horas su domicilio en Valencia en busca de documentación relacionada con contratos de obra civil, la puerta del garaje amaneció con la pintada “Sánchez corrupto”. También el mes de junio, vandalizaron su vivienda con frases como “Aquí vive un putero”, entre otros insultos. Aquella intervención judicial y el posterior hallazgo de consignas en la fachada ya generaron entonces polémica y comentarios públicos sobre la tensión y el acoso que, según Ábalos, sufren figuras implicadas en causas judiciales o sometidas al escrutinio público.

El ex número tres del PSOE en la Ejecutiva de Pedro Sánchez insiste en vincular la escalada verbal y los ataques personales con fórmulas comunicativas que facilitan la deshumanización del adversario político: “Personalizar al adversario en un único enemigo, reducir la realidad a una sola idea y repetirla hasta el hartazgo”, reza su mensaje, que reproduce literalmente la estructura de su denuncia pública. Ábalos añade que estas fórmulas “terminan vulnerando derechos” y pide a las instituciones que “cumplan con sus obligaciones de proteger a cualquier ciudadano”.

La resolución se dio a conocer este miércoles, tras una audiencia realizada de manera virtual por la jueza contravencional de turno, Viviana Fernández, quien inició de oficio la causa el 22 de julio pasado, a partir de la viralización de un video en el que se observaba a los involucrados escribiendo sus nombres sobre el paisaje rocoso de la montaña.

Durante la audiencia, llevada a cabo a través de la plataforma Microsoft Teams con la colaboración del Juzgado Contravencional de Pehuajó, provincia de Buenos Aires, se presentaron Silvio Guillermo Pérez, María Mercedes Quiroga y Yolanda Graciela Quiroga, todos oriundos del partido bonaerense de Carlos Casares.

El cuarto imputado no participó de la audiencia. Los tres comparecieron sin abogado defensor, algo permitido por el Código Contravencional de Mendoza, y prestaron declaración indagatoria, instancia en la que se les exhibieron pruebas audiovisuales y documentales que acreditan los hechos denunciados.

El video que desató el proceso judicial fue grabado por un residente mendocino, que los enfrentó en el momento en que realizaban las pintadas. Ante el reproche, los turistas alegaron que “no sabían” que esa conducta estaba prohibida, aunque en la filmación se perciben actitudes desafiantes y, según lo informado, insultos por parte de una tercera persona mayor que acompañaba al grupo.

Durante sus declaraciones, los imputados reconocieron su responsabilidad, manifestaron arrepentimiento y ofrecieron disculpas públicas. “Durante su defensa, el imputado y las imputadas expusieron una gran consternación y pidieron disculpas reiteradamente al pueblo mendocino, a la Provincia y a todos los habitantes de Potrerillos”, comunicó el Ministerio Público Fiscal (MPF). También expresaron su disposición para cumplir con las medidas que determine la Justicia.

La jueza Fernández evaluó los gastos derivados de las tareas de remediación ambiental llevadas a cabo por la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Mendoza, así como la situación personal de cada imputado, y resolvió imponer una sanción económica de 5.000 unidades fijas, equivalentes a $2.100.000, a pagar de manera conjunta. El monto fue notificado mediante un boleto de pago de la Administración Tributaria Mendoza (ATM), enviado por correo electrónico a las direcciones personales informadas durante el proceso. El plazo para abonar la multa es de diez días corridos a partir de la notificación.

La resolución incluyó además una sanción accesoria: cada uno de los tres imputados deberá realizar 20 horas de trabajo comunitario consistente en tareas de limpieza en espacios públicos del municipio de Carlos Casares, su lugar de residencia. Según el comunicado oficial, esta medida fue establecida como “obligación de conducta” y deberá ser cumplida de forma individual. La acreditación de las horas deberá realizarse ante el Ministerio Público Fiscal, mediante el procedimiento de Ley Compulsa, en articulación con el municipio correspondiente.

Asimismo, se advirtió que el incumplimiento de cualquiera de las sanciones, tanto la económica como la comunitaria, derivará en la conversión de la pena en arresto. Esta advertencia fue expresamente comunicada a los tres imputados durante la audiencia.

Los fundamentos completos de la sentencia serán leídos el próximo 6 de agosto, también por videoconferencia, a través de la misma plataforma digital utilizada para el desarrollo del proceso.

La causa fue abierta tras la viralización del video en redes sociales y generó la intervención directa de autoridades provinciales, entre ellas la vicegobernadora Hebe Casado, quien participó del operativo de limpieza posterior en la zona afectada. El caso encuadró legalmente bajo el artículo 138 quarter del Código Contravencional, que sanciona el daño a bienes de valor natural, histórico o cultural.

La difusión de los nombres de los turistas involucrados también circuló en plataformas digitales, luego de que el hombre que grabó el video advirtiera, durante el enfrentamiento, que los haría públicos. La causa avanzó con celeridad a partir de la prueba audiovisual obtenida y se resolvió en una sola audiencia.

La escena, capturada a plena luz del día, muestra a un hombre y una mujer en plena acción, frente a una roca sobre la que quedaron escritos los nombres “Stela, Grachu, Gui, Mari y Moni”. Mientras intentaban justificar su accionar, el conductor que los filmaba increpó: “Te voy a escrachar en todos lados”, visiblemente molesto. La respuesta del hombre fue inmediata: “No sabíamos”. La tensión fue en aumento y el cruce incluyó insultos. Sin embargo, lo más significativo ocurrió después: por primera vez desde la entrada en vigencia de la ley 9099, la Justicia Contravencional decidió actuar de oficio ante un hecho de vandalismo ambiental.

El caso recayó inicialmente en el juzgado de la jueza Viviana Fernández, quien se basó en el Artículo 138 quater del Código Contravencional de Mendoza, norma que penaliza las acciones que generen degradación ambiental no autorizada en zonas protegidas, como el Piedemonte.

La causa fue luego derivada al juzgado de la magistrada Constanza Domínguez, quien deberá definir cómo se reparará el daño. Las alternativas que prevé la ley van desde trabajos comunitarios y arrestos de hasta diez días, hasta una multa económica que podría alcanzar los 21 millones de pesos.

Desde el Ministerio de Seguridad se confirmó que los tres implicados —un matrimonio y una amiga— permanecieron en Mendoza hasta el 18 de julio. Mediante el uso de tecnología de reconocimiento facial, se logró confirmar sus identidades y reconstruir su paso por la provincia. Incluso, se determinó que las pintadas no se limitaron a Potrerillos, sino que también realizaron inscripciones similares en el túnel de Cacheuta. Además, se supo que se hospedaron en distintos puntos de la zona cordillerana y que sus nombres habían quedado estampados en distintas superficies rocosas.

En la misma línea se expresó la vicegobernadora de la provincia, Hebe Casado, que destacó el uso de inteligencia artificial para dar con los implicados. Y sumó que la herramienta es la misma que utiliza la policía en procesos de reconocimiento facial.

“Este es el caso cero de vandalismo ambiental en el que se aplica el artículo 138 quater”, afirmaron fuentes judiciales a Diario Uno, y agregaron que nunca antes se había iniciado una investigación de esta índole. La denuncia del vecino mendocino que grabó el video fue clave: “La contribución del mendocino fue fundamental para la actuación de la Policía”, señalaron. La escena registrada no solo derivó en una causa judicial, sino que también generó una reacción inmediata por parte de las autoridades provinciales.

El viernes posterior a la viralización del video, la vicegobernadora Hebe Casado participó de una jornada de limpieza junto a voluntarios de la ONG Pro Montaña. Durante toda una mañana trabajaron en la remoción de las inscripciones, utilizando materiales especializados.

“Parece que querían dejar su recuerdo de su paso por Mendoza y a nosotros los mendocinos nos encanta que nos visiten, nos alegra cuando disfrutan paisajes y de cada uno de los lugares turísticos que tenemos para ofrecer. Pero la verdad es que queremos que el resto de los que sigan lo puedan disfrutar de la misma manera, sin ningún agregado cultural”, sentenció Casado en comunicación con Radio Mitre.

Y argumentó: “Queremos usar esto como algo positivo de concientización para el resto de la ciudadanía; y que cuidemos entre todos a nuestra naturaleza y medio ambiente, que aprendamos que no hay que dañarlo o alterarlo, que si llevamos basura hay que traerla de vuelta. Y que si queremos un recuerdo saquemos una foto, no la pintemos”.

En paralelo, desde la Ciudad de Mendoza recordaron que la legislación vigente ya contempla sanciones a grafiteros que dañan el espacio público, y que existe un jurado vecinal que interviene en estos casos.

Los involucrados serán notificados en su domicilio en Carlos Casares. Según trascendió, deberán retornar a Mendoza para recibir formalmente los detalles de la causa y acordar cómo cumplirán con la sanción. Aunque la multa podría ser millonaria, también se baraja la posibilidad de establecer un monto más accesible o de permitirles realizar tareas comunitarias en su ciudad de origen. Lo cierto es que la Justicia ya tomó una decisión: los responsables del grafiti deberán reparar el daño.

Mientras tanto, el video continúa circulando en redes, replicado por usuarios y medios de todo el país. Desde el Poder Judicial remarcaron que estos hechos no pasarán desapercibidos y que ya se trabaja en reforzar las acciones de concientización ambiental en las zonas turísticas de la provincia.

Como explicó la vicegobernadora durante el operativo de limpieza: “Esto no se resuelve con más carteles ni con sanciones más duras. Se trata de conciencia ambiental”.

Varias pintadas contra la Ertzaintza y el consejero vasco de Seguridad han aparecido este sábado en el frontón Ezkiaga de Hernani (Gipuzkoa). 'Ertzaintza exterminio', 'Tiro en la boka' y 'Vicente Zupiria, dueño de los perros, mejor muerto' son algunas de las frases que se pueden leer en las paredes del frontón.

En un mensaje en redes sociales sobre este asunto, la representante del PP Muriel Larrea ha escrito: "Las amenazas de muerte no tienen cabida en nuestra sociedad. Quien calla, permite. Quien justifica, participa. ¡Basta ya!". EFE

El departamento vasco de Seguridad ha informado de que la Ertzaintza ha tenido conocimiento de ellas este sábado por la mañana.

'Ertzaintza exterminio', 'Tiro en la boka' y 'Vicente Zupiria, dueño de los perros, mejor muerto' son algunas de las frases que se pueden leer en las paredes del frontón, realizadas con pintura roja y negra, unas en castellano y otras en euskera -algunas con faltas ortográficas- y con dibujos de dianas en el lugar de las letras O. Junto a una de ellas, hay además una esvástica y una estrella de David.

A las 15.00 horas las pintadas aún no habían sido borradas del frontón de este municipio, gobernado por EH Bildu, donde las pasadas fiestas de San Juan se registraron graves altercados cuando unas 200 personas trataron de acceder al Ayuntamiento, en cuyas dependencias la Policía Local protegía a un hombre al que pretendían agredir.

Estas pintadas aparecen tras haberse producido también incidentes en otras localidades, como en Azpeitia (Gipuzkoa) y Vitoria, que han dado lugar a un cruce de acusaciones entre el PNV y EH Bildu.

La coalición independentista aseguró este jueves que las actuaciones de la Ertzaintza en Azpeitia y Vitoria no se ajustaron a los principios de "proporcionalidad, contención y prevención de daños mayores", y ha pedido "una revisión y una reforma en profundidad del modelo policial".

El PNV, por su parte, dijo este viernes que EH Bildu "ha dado un paso más" al cuestionar que la Ertzaintza sea una policía democrática y ha acusado a la coalición soberanista de "poner en el disparadero" tanto a la Policía Autónoma Vasca como a las policías locales en una actitud "irresponsable". EFE

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Según medios mendocinos, se pudo establecer que son de la provincia de Buenos Aires, uno es de apellido Pérez y estuvieron en esa provincia hasta el viernes 18 de julio. En las imágenes que se viralizaron el fin de semana pasado, los se observa que el grafiti contiene los nombres de Stela, Grachu, Gui, Mari y Moni.

La escena no solo generó una oleada de reacciones en las redes sociales, sino que también derivó en una causa judicial.

La jueza contravencional Viviana Fernández tomó cartas en el asunto y decidió actuar de oficio, dando inicio a una investigación en base al artículo 138 quarter del Código Contravencional de Mendoza, que establece sanciones para quienes alteren el medioambiente en zonas protegidas sin autorización. Se trata de una falta, no de un delito penal, pero con consecuencias que pueden alcanzar dimensiones significativas.

“El que por sí o por interpósita persona produjere una degradación ambiental no autorizada sobre el Piedemonte… será sancionado con multa desde los cinco mil (5.000) U.F. hasta cincuenta mil (50.000) U.F., o con arresto de hasta diez (10) días”, establece el artículo citado, según consta en el comunicado difundido por el Poder Judicial de Mendoza.

La sanción económica, de aplicarse en su máximo, podría alcanzar una cifra abultada. Considerando que cada unidad fija tiene un valor de 420 pesos, la multa oscilaría entre 2 millones y 21 millones de pesos, según la gravedad de la infracción. Además, la normativa contempla arresto por hasta diez días,suspensión,paralización, clausura o destrucción de la intervención infractora, así como la obligación de realizar cursos sobre temática ambiental impartidos por la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial.

De acuerdo con el diario Uno de Mendoza, en las últimas horas el expediente pasó a manos de la magistrada Constanza Domínguez. La escena, compartida en distintas plataformas digitales, fue replicada por numerosos usuarios y medios locales.

“¿Cómo vas a hacer eso, viejo?”, increpó el conductor del vehículo a un hombre y una mujer que aparecen en la escena. “Te voy a escrachar en todos lados”, agrega.

Ante la amenaza, el hombre ensayó una justificación. “No sabíamos que no se podía”, se oye en la filmación, lo que desencadena una serie de insultos por parte de la persona que realizó el video. desde el costado de la ruta.

En la grabación, tomada a plena luz del día, se ve a las dos personas frente a pintadas con nombres propios sobre las formaciones rocosas mientras el conductor les reclama por el acto.

El intercambio no tardó en escalar: el automovilista respondió con insultos, visiblemente indignado por lo que consideró una falta de respeto al entorno.

Desde el Poder Judicial remarcaron que esta clase de hechos no pasan desapercibidos. “No sabíamos que no se podía”, se escucha decir en el video a uno de los turistas increpados por un conductor que los sorprendió in fraganti y grabó la escena desde su vehículo. El intercambio, cargado de tensión, fue compartido por numerosos perfiles en plataformas digitales y replicado por medios locales.

Este tipo de intervenciones, según las autoridades, no son nuevas en zonas turísticas de Mendoza. La reiteración de acciones similares, especialmente en tramos muy concurridos como los de Potrerillos, llevó a reforzar la fiscalización y a sostener campañas de concientización.

De acuerdo con el diario El Sol, la vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, encabezó este viernes una jornada de limpieza en Potrerillos, impulsada junto al Ministerio de Energía y Ambiente y la Fundación ProMontaña, en respuesta a actos de vandalismo.

Según se observa en las imágenes que difundieron los medios locales, la funcionaria supervisó las tareas de remoción de los escritos hechos por los turistas.

“Nuevamente fuimos atacados como institución judía con pintadas antisemitas y amenazas por nuestra condición de judíos, esto no se puede permitir en una sociedad como la nuestra. Llamamos diariamente al 911 pidiendo asistencia, envían policías de la Ciudad y no es suficiente”, publicó en sus redes sociales la institución.

En fotos y videos que acompañan al posteo se observa el dibujo de una esvástica nazi al costado de la puerta de ingreso al establecimiento ubicado en Tucumán 2153, a la vuelta de la sede de la AMIA de la calle Uriburu. Ya en enero de 2022, en un ataque similar, habían grafiteado la figura de una calavera, con huesos cruzados, algo que la institución educativa relacionó con “la imagen que utilizaban los nazis en su vestimenta y estandartes”.

Isaac Cohen Chaluh, presidente del centro comunitario, en diálogo con Infobae afirmó que, si bien nunca cesaron las pintadas y amenazas, en los últimos 30 días estas acciones se recrudecieron hasta llegar a la pintada que alertó a la comunidad este viernes.

“En el último tiempo recibí insultos cuando quise sacar a un grupo de la puerta de la institución. A los gritos, amenazando, sacando un cuchillo. También dejan notas por debajo de la puerta”, denunció el dirigente.

Este grupo apuntado, según cuenta Cohen Chaluh, ha tenido varios cruces con la policía, que acudió varias veces a la zona por llamadas que alertaban sobre disturbios, ocupación del espacio público, molestias a vecinos y amenazas”. En ese sentido, contó que las fuerzas de seguridad solo se presentan cuando hay un llamado al 911, pero desde la Policía de la Ciudad nunca ofrecieron una consigna.

“En la calle me insultaron varias veces, y yo no tengo ninguna identificación religiosa, solo me identifican porque somos del lugar”, destacó Cohen Chaluh.

El Centro Educativo Sefaradi en Jerusalem es una institución que está por cumplir 45 años en Argentina y está representada en varias ciudades del mundo. La sede vandalizada representa la sección latinoamericana.

Las pintadas de 2022, fueron realizadas justo frente a la puerta del establecimiento, en la que se observan dos Estrellas de David.

En junio de este año, se reveló una encuesta de la Liga Antidifamación (ADL) que sondeó las actitudes antisemitas y antiisraelíes en los países del grupo de trabajo J7, hogar de algunas de las mayores poblaciones judías fuera de Israel, y reflejó el aumento del antisemitismo. Los datos concluyeron que un 40% de los encuestados en los 7 países con una comunidad judía más numerosa (Francia, Canadá, Gran Bretaña, Argentina, Rusia, Alemania y Australia) estuvo de acuerdo en 6 de los 12 tópicos antisemitas analizados.

Según se desprende del estudio, que se realizó entre el 27 de febrero y el 8 de marzo de 2024, los encuestados del Reino Unido y Canadá tienen los promedios nacionales más bajos de creencias antisemitas, mientras que los encuestados de Argentina tienen los más altos, con un índice de 5,69, seguidos por los de Francia que alcanzaron un 4,95. Desde la Liga Antidifamación indicaron que “el 7 de octubre (fecha de los crímenes de Hamás en Israel) le dio nueva vida a los viejos tópicos antisemitas”.

Cohen Chaluh coincide en que “luego del ataque terrorista del 7 de octubre de 2023 en Israel se incrementaron en el mundo los actos antisemitas, así como las manifestaciones públicas y la incitación a la violencia en las redes sociales. También considera que ese recrudecimiento, en Argentina, “aumentó un 100%”.

Todo se descubrió en la zona de Diagonal 80 y calle 3 de la capital de la provincia de Buenos Aires y la intervención rápida de la Policía Bonaerense y de la Guardia Urbana de Prevención (GUP) permitió la identificación y detención de los sospechosos.

Ambos enfrentan cargos por el delito de daño agravado que, bajo el artículo 184 del Código Penal, tiene penas de tres meses a cuatro años de prisión pero para el mayor de edad. El régimen de seguridad juvenil establece otra escala penal en el caso de los menores.

El delito de daño agravado se aplica por los daños a bienes de uso público, como los carteles de señalización y paradas de transporte, además de los destrozos en propiedades privadas.

La Municipalidad informó que ambos detenidos también deberán enfrentar una sanción contravencional por el impacto negativo al entorno visual, en infracción a la ordenanza municipal 12.170, que penaliza cualquier tipo de grafito, pintada o marca en el espacio público con multas superiores a los cinco millones de pesos.

Además de las sanciones económicas, el juez encargado del caso evaluará la posibilidad de imponer trabajo comunitario a los detenidos, para la restauración de los espacios dañados.

“Desde la Municipalidad estamos trabajando fuertemente en el orden público y la conservación de los frentes y fachadas de comercios y edificios”, señalaron desde la comuna, resaltando su política de tolerancia cero frente al vandalismo.

En este contexto, el Municipio ejecuta el programa ‘Ciudad Limpia’, que se orienta a la limpieza y restauración de edificios públicos, patrimoniales, templos, monumentos y el mobiliario urbano. Hasta el momento, las cuadrillas municipales han restaurado más de 500 frentes vandalizados en distintas áreas de La Plata.

Otros tres detenidos por daños a la UNLP

A través del sistema de monitoreo, la Policía Bonaerense detuvo este domingo a tres hombres de 28, 32 y 36 años, respectivamente, por causar daños en la fachada de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de La Plata.

Los capturaron mientras pegaban afiches en una pared que horas antes había sido restaurada por el Municipio. En el operativo secuestraron dos pinceles, un balde de pintura de 15 litros, carteles, esmalte sintético color flúor en aerosol y un tarro con adhesivo para revestimiento.

Los afiches correspondían a la publicidad de la banda musical La Teoría del Caos.

La UFI N° 2 de La Plata les inició una causa por “daños” a los tres detenidos y, luego de finalizar las actuaciones policiales, se ordenó que todos los involucrados recuperen su libertad.

Fotos: Matías Arbotto

Jerusalén, 27 may (EFE).- El Ministerio de Exteriores de Israel ordenó este lunes al Consulado de España en Jerusalén dejar de prestar servicios consulares a partir del 1 de junio a los palestinos "residentes bajo la Autoridad Palestina", es decir, en Cisjordania ocupada.

En una nota diplomática, el ministro israelí de Exteriores, Israel Katz, formaliza esta prohibición que ya anunció el viernes en represalia al reconocimiento por parte de España del Estado palestino, que se hará oficial mañana, martes 28, y las declaraciones de la vicepresidenta Yolanda Díaz, quien cerró un discurso con el lema propalestino "Desde el río hasta el mar, Palestina será libre", que Israel considera antisemita.