La Patagonia podría convertirse en uno de los principales polos mundiales de producción de omega-3 a partir de un recurso que durante décadas permaneció subexplotado: la anchoíta patagónica (Engraulis anchoita). Un relevamiento internacional de la Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera (FULASP) advierte que la abundancia del recurso, su composición nutricional y la elevada concentración de ácidos grasos esenciales abren una oportunidad que trasciende al negocio pesquero tradicional.

Los primeros datos de 2026 ya muestran un fuerte cambio de escala. Entre enero y julio, Argentina registró 4.548 toneladas de anchoíta desembarcadas, frente a apenas 91 toneladas en igual período de 2025, lo que representa un incremento cercano al 4.900%. El principal escenario de esta expansión fue Chubut: al 4 de agosto se contabilizaban 4.410,4 toneladas correspondientes al stock ubicado al sur del paralelo 41°, de las cuales 4.409,3 toneladas fueron desembarcadas en Rawson.

La evolución de la campaña refleja la velocidad del crecimiento. Mientras durante los primeros meses del año prácticamente no hubo desembarques, el stock patagónico alcanzó las 600 toneladas en junio y saltó a 3.735,8 toneladas en julio. Las estimaciones sectoriales ubican el cierre de la zafra chubutense entre 5.500 y 6.000 toneladas, pero la campaña terminó anticipadamente no por falta de pescado, sino por haber alcanzado el límite de la capacidad industrial disponible para procesarlo.

El verdadero atractivo de la anchoíta está en su composición. Las investigaciones citadas por FULASP estiman que los ejemplares patagónicos presentan alrededor de 34% de ácidos grasos Omega-3, una característica que los convierte en una materia prima potencial para producir aceite, EPA y DHA. Estos componentes pueden destinarse a suplementos nutricionales, alimentos funcionales, productos farmacéuticos y alimentación para la acuicultura, entre otras aplicaciones.

Anchoíta, un pez con alto valor agregado

Para Raúl Cereseto, presidente de la FULASP, esta posibilidad implica un cambio profundo en la dimensión del negocio. La anchoíta podría dejar de competir únicamente como pescado congelado, conserva o salazón para incorporarse a una cadena internacional de productos de alto valor agregado. El contexto del mercado también resulta favorable: el informe estima que el mercado mundial de aceites de omega-3 alcanzó unos US$3.040 millones en 2024 y podría llegar a US$6.240 millones en 2032, con un crecimiento anual promedio cercano al 9,4%.

La comparación internacional permite dimensionar aún más la oportunidad. Según Cereseto, el mar Cantábrico registra unas 30.000 toneladas anuales de explotación y Marruecos alrededor de 50.000, mientras que solo Chubut tendría un potencial del orden de las 100.000 toneladas sin comprometer la biomasa, de acuerdo con el relevamiento. Esa escala podría colocar a la Patagonia por encima de varias de las pesquerías de anchoa más consolidadas del mundo.

Anchoíta patagónica: fuente de omega-3 de alto valor agregado

La oportunidad, además, coincide con una transformación en la demanda mundial de alimentos. La FAO destaca el papel estratégico que tendrán los alimentos acuáticos en la seguridad alimentaria global e identifica a los ácidos grasos omega-3 entre los nutrientes de especial valor aportados por estos productos, vinculados con el desarrollo neurológico y la salud cardiovascular. Para FULASP, la combinación entre disponibilidad del recurso, calidad nutricional, demanda internacional y capacidad de industrialización permite pensar en la Patagonia como un polo productor de vanguardia.

Sin embargo, convertir ese potencial en una industria consolidada requerirá mucho más que aumentar las capturas. El informe señala la necesidad de industrializar el recurso en origen, generar inversiones y contar con reglas claras y costos competitivos. Entre los factores que podrían condicionar el desarrollo aparecen la carga tributaria, los costos laborales y energéticos, el combustible, la logística, los derechos de exportación y la previsibilidad necesaria para inversiones cuya amortización demanda varios años.

La sustentabilidad será otro componente central de la estrategia. La industria chubutense analiza avanzar hacia estándares internacionales de certificación que permitan acceder a compradores premium de Europa y Estados Unidos, mientras que el aprovechamiento del recurso deberá apoyarse en criterios científicos, trazabilidad y parámetros modernos de explotación. En ese marco, el desafío planteado por FULASP es transformar la abundancia de anchoíta en inversión, empleo, exportaciones y valor agregado nacional, aprovechando una oportunidad que podría redefinir el lugar de la Argentina en el mercado global del omega-3.

La presencia de ruido submarino en los océanos ha dejado de ser una preocupación exclusiva del ámbito científico y se ha convertido en una variable crítica para las industrias que operan en el entorno marino.

Perú, con una economía fuertemente vinculada a la pesca, los puertos y la energía, enfrenta una realidad en la que el cumplimiento ambiental ya no se limita a la gestión de residuos o emisiones visibles.

Ignorar el impacto puede representar costos económicos elevados, desde sanciones regulatorias hasta paralización de proyectos y pérdida de competitividad en los mercados internacionales, según un informe de Acústica Marina.

Los riesgos invisibles que pueden frenar la operación

El desarrollo de infraestructura portuaria, las exploraciones sísmicas y el tráfico marítimo generan emisiones acústicas capaces de propagarse a grandes distancias bajo el agua. Estos sonidos afectan directamente la fauna marina, alterando su comportamiento y desplazando especies clave para la cadena productiva.

De acuerdo con Acústica Marina, el ruido submarino no permanece en el punto de origen, sino que puede expandirse rápidamente y alterar ecosistemas alejados, incrementando el riesgo de conflictos con comunidades locales y pescadores artesanales.

“El no integrar el monitoreo acústico en las evaluaciones ambientales expone a las compañías a la posibilidad de que sus licencias sean suspendidas o sus operaciones paralizadas de forma imprevista”, señala.

En casos donde la fiscalización ambiental detecta omisiones, los proyectos pueden enfrentar sanciones económicas y judicialización, lo que representa un riesgo financiero considerable. En el contexto actual, las paralizaciones por conflictos ambientales suelen generar pérdidas millonarias, además de deteriorar la reputación corporativa.

El cumplimiento normativo y la presión internacional

El avance de la regulación global, especialmente por parte de la Organización Marítima Internacional (OMI), ha situado el ruido submarino entre los parámetros ambientales obligatorios para flotas pesqueras, terminales portuarios y operadores energéticos.

Las directrices actualizadas de la OMI buscan reducir las emisiones acústicas y mitigar sus efectos, lo que obliga a las empresas peruanas a adaptar sus procesos si desean mantener el acceso a mercados internacionales.

la certificación bajo estándares internacionales ya es una condición para operar en rutas comerciales de alta exigencia. Aquellas que no se adapten corren el riesgo de afrontar barreras de entrada o restricciones en mercados estratégicos.

Incentivos y oportunidades de inversión

La tendencia global hacia la Economía Azul, respaldada por Naciones Unidas, ha abierto la puerta a nuevos incentivos y financiamiento para proyectos que demuestren una gestión ambiental robusta.

En Perú, existen fondos públicos como ProInnóvate, pero el mayor atractivo para la industria local radica en la posibilidad de captar capitales internacionales y fondos de inversión orientados a infraestructura sostenible.

• El ruido submarino, al ser un contaminante invisible, suele incrementar la desconfianza entre las comunidades costeras y los operadores industriales.
• A través de plataformas de monitoreo continuo, es posible compartir información no sensible con pescadores artesanales y líderes locales, fortaleciendo la transparencia y la confianza técnica.
• Este modelo de gobernanza de datos ha sido destacado como un mecanismo para blindar la continuidad de los proyectos y evitar la judicialización por conflictos ambientales.

Innovación y generación de empleo especializado

La expansión de soluciones tecnológicas para la gestión del ruido submarino impulsa la demanda de profesionales calificados en ingeniería, oceanografía y análisis de datos.

El despliegue de sistemas hidroacústicos y la integración de inteligencia artificial en las operaciones marítimas están posicionando a Perú como un polo de innovación ambiental en la región.

La capacidad de exportar servicios tecnológicos y crear empleo especializado representa una oportunidad para diversificar la economía nacional y fortalecer el ecosistema de la llamada economía azul.

El Ministerio de la Producción (PRODUCE) dispuso la reactivación de la pesca del calamar gigante o pota tras la publicación de los resultados científicos de la Operación Calamar Gigante V, desarrollada por el Instituto del Mar del Perú (IMARPE).

Esta medida, enmarcada en el Plan de Reactivación Pesquera y Acuícola del Gobierno, busca recuperar la actividad productiva y proteger los ingresos de miles de familias dependientes de esta importante pesquería artesanal.

Mediante la Resolución Ministerial N.º 00304-2026-PRODUCE, el Límite Máximo de Captura Total Permisible (LMCTP) para 2026 se amplió a 709,659 toneladas, de las cuales 82,321 toneladas estarán disponibles para extracción entre el 30 de agosto y el 31 de diciembre.

La decisión se fundamenta en la evaluación científica del IMARPE, que confirmó la existencia de disponibilidad biológica para una cuota adicional sin comprometer la sostenibilidad del recurso.

Distribución de la cuota y ordenamiento de la actividad

La cuota adicional será distribuida de acuerdo a la capacidad de bodega de las embarcaciones y por periodos. Para las embarcaciones menores de 10 m³ se asignaron 19,757 toneladas, mientras que las de entre 10 y 32,6 m³ dispondrán de 62,564 toneladas.

Entre el 30 de agosto y el 30 de septiembre, se permitirá la extracción de 9,878 toneladas para las embarcaciones menores y 31,282 toneladas para las de mayor capacidad.

Para el periodo del 1 de octubre al 31 de diciembre, las cuotas serán de 9,879 y 31,282 toneladas, respectivamente. El volumen no extraído durante el primer periodo podrá acumularse para la siguiente etapa.

Además, PRODUCE estableció límites máximos de captura por faena y un número máximo de zarpes para evitar la concentración excesiva del esfuerzo pesquero y prevenir la sobreexplotación.

Las embarcaciones menores de 10 m³ tendrán un tope de 6 toneladas por faena (más 0.5 toneladas de tolerancia), las de 10 a 20 m³ podrán capturar hasta 9 toneladas (más 1 tonelada de tolerancia), y las de 20 a 32,6 m³ un máximo de 15 toneladas (más 1.5 toneladas de tolerancia).

Seguimiento, control y trazabilidad

La norma incorpora un estricto sistema de monitoreo y fiscalización. PRODUCE supervisará el avance de la extracción y podrá suspender las actividades cuando se alcance o se estime alcanzar la cuota autorizada, así como en caso de recomendaciones técnicas del IMARPE ante factores biológicos, pesqueros o ambientales.

La trazabilidad del recurso estará garantizada con el registro obligatorio de desembarques, el transporte en vehículos isotérmicos registrados, la supervisión en plantas de procesamiento y la vigilancia en puntos de desembarque autorizados.

Reactivación y fortalecimiento del sector

La reactivación de la pesca de pota responde a los estudios de situación poblacional realizados por el IMARPE y forma parte de una estrategia más amplia para recuperar la actividad pesquera, proteger el empleo y asegurar el desarrollo sostenible de las comunidades pesqueras del litoral peruano.

Como parte de los compromisos, próximamente se instalará una mesa técnica con representantes de toda la cadena productiva para establecer un plan de trabajo orientado a fortalecer el sector y priorizar acciones de desarrollo para la pesca artesanal.

Tiburones ballena frente a Tumbes, langostas verdes en Áncash y más de diez especies tropicales en las costas de Lima: el calentamiento del Pacífico oriental reescribe la geografía marina del Perú. La Comisión Multisectorial Encargada del Estudio Nacional del Fenómeno “El Niño” (ENFEN) mantiene el estado de “Alerta de El Niño Costero” y advierte, en su informe técnico del 12 de agosto de 2026, que el fenómeno se extenderá con magnitud entre fuerte y extraordinaria al menos hasta el verano austral de 2027, con efectos directos sobre la actividad pesquera y la distribución de especies a lo largo del litoral.

El Índice Costero El Niño (ICEN) registró en julio de 2026 un valor temporal de 3,29, dentro de la categoría “Cálida Fuerte”, frente a los 0,96 de marzo —categoría “Cálida Débil”—, lo que refleja una escalada sostenida en apenas cuatro meses. Para la región Niño 1+2, que abarca las aguas frente a la costa peruana, el ENFEN estima una probabilidad de 57% para condiciones “Cálidas Extraordinarias” en septiembre, escenario que se mantendría como el más probable entre agosto de 2026 y enero de 2027.

Anchoveta, fuera de su hábitat habitual

La primera temporada de pesca 2026 de la anchoveta (Engraulis ringens) del stock norte-centro fue suspendida el 11 de junio. Las prospecciones del Instituto del Mar del Perú (IMARPE) realizadas entre el 16 y el 30 de julio, entre Paita y Huacho, encontraron el recurso concentrado al sur de Salaverry, dentro de las 10 millas náuticas de la costa y a profundidades mayores a lo normal, con estructuras de tallas juveniles y presencia de larvas. Los indicadores reproductivos al 31 de julio mostraron un ligero aumento de la actividad gonadal, aunque aún por debajo de los patrones históricos.

El ENFEN proyecta que esta situación se mantendrá en las próximas semanas, con la anchoveta replegada frente a la costa central y un incremento gradual de su madurez gonadal y del proceso de desove. En la segunda temporada de pesca 2026 de la zona sur —autorizada con un Límite Máximo Total de Pesca Permisible (LMTCP) de 251.000 toneladas— no se reportaron desembarques al 10 de agosto. Otras especies transzonales como el jurel (Trachurus murphyi) y la caballa (Scomber japonicus) también presentaron distribuciones restringidas, con núcleos reducidos dentro de las 5 millas náuticas durante agosto.

Especies tropicales cambian su distribución en el litoral peruano

El calentamiento marino alteró la distribución de decenas de especies a lo largo de toda la costa. El monitoreo ambiental de los Laboratorios Costeros del IMARPE documentó la presencia de organismos propios de aguas tropicales en zonas donde históricamente no se registran:

• En Tumbes: el tiburón ballena (Rhincodon typus)
• En La Libertad: la chopa (Kyphosus elegans) y el bereche (Larimus acclivis)
• En Áncash: la melva (Auxis eudorax), la callana (Orthopristis chalcea), la langosta verde (Panulirus gracilis) y la jaiva (Callinectes arcuatus)
• En Lima: al menos diez especies de aguas cálidas, entre ellas la sierra (Scomberomorus sierra), la picuda (Sphyraena ensis) y el pampanito de hebra (Alectis ciliaris)

Frente a la costa central, el ENFEN prevé la continuidad de especies asociadas a aguas ecuatoriales —como el pez sierra y la samasa— y de aguas oceánicas, como el perico, el barrilete y el atún aleta amarilla. El machete, especie litoral propia del norte, continuará desplazado al sur de su área de distribución normal.

Temperatura del mar y productividad costera

Las anomalías positivas de la Temperatura Superficial del Mar (TSM) continuaron en aumento en el Pacífico ecuatorial central, con núcleos superiores a +3 °C (5,4 °F). La oxiclina —capa que delimita la zona de mínimo oxígeno— se ubicó por debajo de su posición climatológica frente a Paita y Chicama, con anomalías promedio de hasta 40 y 60 metros respectivamente, condición que modifica las zonas de habitabilidad para múltiples recursos marinos.

Las concentraciones de clorofila-a, indicador de biomasa fitoplanctónica, superaron los +10 µg/L entre San José y Paita durante agosto, así como frente a Chimbote, Callao y San Juan. Dentro de las 30 millas náuticas desde Lambayeque hacia el sur, los valores promedio alcanzaron 4 µg/L, ligeramente por encima de los 2,5 µg/L registrados en julio, lo que señala una productividad puntual en medio del calentamiento sostenido.

Proyecciones hasta el verano de 2027

El modelo del Centro Europeo de Predicción Meteorológica a Plazo Medio (ECMWF) prevé la predominancia de pulsos de viento del oeste sobre el Pacífico occidental y central, configuración que favorecería la generación de ondas Kelvin cálidas y el incremento de las anomalías de TSM frente al litoral peruano. Para la región Niño 3.4, la categoría “Cálida Muy Fuerte” alcanzaría una probabilidad máxima de 65% en noviembre de 2026 y se mantendría como el escenario más probable entre octubre de 2026 y febrero de 2027.

Para el verano austral diciembre 2026-marzo 2027, las categorías “Cálida Extraordinaria” y “Cálida Fuerte” en la región Niño 1+2 superarían cada una el 40% de probabilidad. El ENFEN proyecta que El Niño Costero se extendería hasta el otoño de 2027, con una disminución progresiva de la intensidad a partir de marzo. La comisión exhorta a autoridades y ciudadanía a seguir la información oficial del ENFEN y del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD), y recomienda a los tomadores de decisiones considerar los escenarios de riesgo vigentes ante la proximidad de la temporada de lluvias, prevista entre septiembre de 2026 y abril de 2027.

La pesca peruana es uno de los pilares de nuestra economía y un recurso vital para miles de familias. Sin embargo, los derechos de pesca, concebidos para contribuir al financiamiento de la investigación científica, la sanidad y la vigilancia, han dejado de cumplir ese propósito y permanecen bajo la administración del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Lo que surgió como una medida excepcional durante la emergencia sanitaria se ha prolongado en el tiempo, afectando la disponibilidad de recursos necesarios para la sostenibilidad del sector.

Durante la emergencia sanitaria, el MEF incorporó estos recursos de manera excepcional. Sin embargo, la prolongación de esta medida ha terminado afectando su destino y limitando la disponibilidad de fondos necesarios para la investigación y la fiscalización del sector.

En septiembre de 2018 se publicó el Decreto Legislativo N.° 1441, que estableció reglas para la administración de los recursos públicos. Posteriormente, mediante el Decreto Supremo N.° 043-2022-EF, se dispuso la incorporación de determinados recursos directamente recaudados al Tesoro Público, alcanzando también a los derechos de pesca. Sin embargo, el sustento legal de esta medida fue modificado posteriormente y las disposiciones que permitían su aplicación fueron derogadas por la Ley N.° 32433, aprobada en septiembre de 2025 y vigente desde enero de 2026. El propio MEF reconoció en sus documentos de programación multianual que dichas disposiciones ya no resultan aplicables. En consecuencia, corresponde adecuar la administración y el destino de estos recursos al nuevo marco legal.

La situación actual resulta difícil de justificar. El Instituto del Mar del Perú (IMARPE), responsable de generar información científica para una adecuada gestión de nuestras pesquerías, requiere recursos presupuestales para cumplir con sus funciones, mientras los derechos de pesca continúan bajo la administración del MEF. La justificación vinculada a la emergencia sanitaria terminó hace más de cuatro años, pero la medida excepcional se ha prolongado, afectando la disponibilidad de recursos que deberían contribuir al financiamiento de la investigación y la fiscalización pesquera.

Adoptar el estándar FiTI sería un paso importante para fortalecer la transparencia y recuperar la confianza ciudadana y del sector.

El presupuesto para 2027 ofrece una oportunidad para corregir esta situación. Estos recursos deben dejar de ser cifras invisibles dentro de la caja fiscal y convertirse en acciones concretas que fortalezcan la sostenibilidad del sector y la seguridad de miles de familias que dependen de él.

El Congreso de la República, el Ministerio de la Producción, el Ministerio de Economía y Finanzas y el propio Instituto del Mar del Perú tienen la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de la Ley y asegurar que los recursos generados por la pesca se destinen a la finalidad que les corresponde.

El Gobierno declaró en emergencia los subsectores pesca y acuicultura por 120 días La medida, firmada por la presidenta Keiko Sofía Fujimori Higuchi y el ministro de la Producción Juan Carlos Requejo Alemán, responde a la amenaza inminente que representa el Fenómeno El Niño 2026-2027 para la actividad pesquera y acuícola del país.

Según el Decreto Supremo N° 012-2026-PRODUCE, el objetivo es ejecutar acciones inmediatas de respuesta y reactivación económica, así como proteger a los operadores del sector.

“Las proyecciones técnicas evidencian la existencia de un Fenómeno ‘El Niño’ extraordinario y de peligro inminente”, indica.

El plan de emergencia, núcleo de la estrategia oficial

El Ministerio de la Producción (PRODUCE) deberá aprobar en los próximos 15 días hábiles un Plan de Emergencia para los subsectores pesca y acuicultura.

Esta hoja de ruta será la encargada de definir las acciones concretas tanto para la protección de la cadena productiva como para la mitigación del impacto sobre los recursos hidrobiológicos. Se priorizará la continuidad de las actividades y la promoción del desarrollo pesquero y acuícola.

El decreto detalla seis líneas de acción que guiarán la respuesta sectorial:

• Investigación científica para el aprovechamiento sostenible de los recursos hidrobiológicos.
• Establecimiento de medidas de ordenamiento pesquero para el aprovechamiento de recursos de oportunidad en contexto de emergencia.
• Facilitación administrativa y sanitaria para la adecuación y continuidad de las actividades de procesamiento.
• Facilidades de pago de multas administrativas pesqueras, acuícolas y sanitarias, sin contemplar la condonación de deudas.
• Promoción de la comercialización y dinamización del mercado de productos hidrobiológicos.
• Acceso a financiamiento para apoyar a los actores de la cadena productiva.

Seguimiento, medidas complementarias y rol institucional

La Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura tendrá a su cargo el seguimiento y la evaluación de las medidas implementadas, con la posibilidad de formular recomendaciones para optimizar la respuesta estatal.

Además, el PRODUCE queda facultado para aprobar medidas adicionales y modificar o ampliar las líneas de acción del plan, según evolucione la emergencia.

“Es de interés del Estado garantizar el bienestar económico y social de los operadores dedicados a las actividades pesqueras y acuícolas”, enfatizando el enfoque prioritario de la intervención pública.

¿Qué dijo el ENFEN?

Hace una semana, el Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) advirtió que el país enfrenta una alta probabilidad de un Fenómeno El Niño muy fuerte en los próximos meses.

Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrografía (Senamhi), esta situación es inédita desde 1950, ya que todos los modelos numéricos coinciden en la intensificación del fenómeno, con una probabilidad superior al 90% de alcanzar una intensidad muy fuerte.

El último informe del Centro de Predicciones Climáticas confirmó temperaturas oceánicas superiores a +2,0 °C en el Pacífico, ubicando este episodio entre los más intensos de las últimas décadas. Las autoridades prevén riesgos de sequías severas en el centro y sur del país, así como lluvias intensas en la región norte.

El ENFEN anunciará próximamente una alerta oficial y nuevas recomendaciones para enfrentar el evento climático, que podría tener impactos graves en Perú.

A dos horas de Kioto, el pequeño pueblo costero de Ine, en la península de Tango, conserva una de las postales urbanas más singulares de Japón: unas 230 casas de madera alineadas sobre el mar. La descripción surge de un artículo publicado por la sección de viajes de National Geographic, que repasa la historia, la actividad pesquera y los principales puntos de observación de esta localidad del norte japonés, conocida por sus tradicionales funaya.

Ine, con menos de 2.000 habitantes, está en el extremo nororiental de la península y mira al mar de Japón al este y norte. La calma de la bahía favoreció la relación del pueblo con la navegación. Frente al caserío, la isla de Aoshima actúa como barrera natural y divide el acceso al puerto en dos. El entorno tiene fondos profundos y paredes rocosas que atenúan el oleaje.

La localidad ganó visibilidad en Japón en 1993 al aparecer como escenario de la telenovela Nyobo. Durante años quedó fuera de los recorridos de visitantes extranjeros, pero en tiempos recientes atrajo interés por sus viviendas tradicionales, métodos de pesca y paisaje de mar, bosque y santuarios.

Las funaya y una arquitectura ligada al agua

El rasgo más conocido del pueblo son las funaya, construcciones levantadas a ras del agua que integran vivienda y resguardo náutico en una misma estructura. NatGeo explicó que estas casas-barco se distribuyen a lo largo de unos 5 kilómetros de costa y presentan una organización pensada para el trabajo marítimo. En la planta baja, abierta hacia el mar, se habilitó un espacio para guardar embarcaciones; en el nivel superior quedó la vivienda principal.

La fachada inferior tiene una rampa empedrada que conecta con el agua; servía para sacar las barcas de madera y evitar su deterioro. La planta baja era de madera de castaño por su resistencia a la humedad; en la parte alta se usaban vigas de pino, más flexibles, para secar redes y guardar aparejos.

La evolución de la pesca modificó la estructura de las viviendas. Las funaya más antiguas tenían techos de paja, pero entre 1880 y 1950 la prosperidad por la captura de buri impulsó su reconstrucción con dos pisos y techos de teja. El ensanche de la carretera y la incorporación de motores en los barcos alteraron la relación entre vivienda y faena. Parte del espacio antes reservado al mar se destinó a uso residencial.

Actualmente, varias de estas casas ya no guardan embarcaciones. Algunas plantas bajas se reconvirtieron en cocinas de trabajo, áreas de limpieza de pescado o sectores de secado. El vínculo con la actividad pesquera sigue visible en las fachadas y en la organización del frente costero.

Pesca, alimentos y vida cotidiana en la bahía

La historia de Ine empieza en 1191. La pesca fue clave en la economía local. NatGeo indicó que hasta inicios del período Edo se pescaba en la bahía y desde el siglo XVII los barcos salieron al mar; entonces también se pescaban ballenas en el golfo.

Hoy se pesca con almadrabas grandes, redes fijas menores, palangre y se captura calamar en la costa. En la bahía se cría seriola y se engorda atún rojo; entre septiembre y enero se vende fresco y es reconocido en Japón.

La transformación de pescado sigue en la identidad local. El secado, antes dominante en la vida del pueblo, ahora es menor. Entre los productos de la zona están el himono, el alga wakame, seriola macerada en miso y heshiko, pescado curado en salvado de arroz.

La bodega Mukai, fundada en 1754, mantiene métodos de fermentación del período Edo y usa una variedad de arroz antiguo recuperada en Ine, según NatGeo. Eso vincula al pueblo con una tradición alimentaria, además de la pesquera.

La bahía reúne ocho aldeas del conjunto portuario: Hide, Takanashi, Nishi-Hirata, Higashi-Hirata, Ōura, Tateishi, Nibi y Kameyama. Esa distribución da escala al sitio y muestra que el paisaje de casas sobre el agua integra una organización territorial mayor.

Miradores, recorridos en barco y patrimonio protegido

La vista más popular de Ine es desde el agua o puntos altos, no desde su calle principal. El mirador Funaya no Sato Ine, junto a la carretera provincial, permite ver toda la bahía y el golfo de Wakasa; allí hay restaurantes de pescado fresco y una tienda de productos locales.

La forma más directa de ver las funaya es en barco. Un barco turístico recorre la bahía en 25 minutos, sale cada media hora y lleva hasta 150 pasajeros. Siete taxis marítimos operados por vecinos ofrecen viajes de hasta 12 personas, embarcando junto al estacionamiento de Shichimenzan.

Desde Kioto se tarda dos horas en auto o se puede tomar tren hasta Miyazu y luego un autobús de menos de una hora. La cercanía con Kioto consolidó a Ine como destino de excursiones cortas.

El valor patrimonial del lugar supera la imagen de las casas sobre el mar. Incluye unas 310 hectáreas protegidas y 460 elementos catalogados: 133 viviendas principales, 113 casas-barco y 130 almacenes. NatGeo señaló que la protección reconoce la relación entre el caserío y los montes, con pino negro, pino rojo, castaño dulce y olmo japonés.

La vegetación tiene un rol en la pesca: el bosque funciona como uotsukirin, atrayendo y resguardando peces. Esta conexión entre árboles y vida marina figura en el expediente de protección.

Frente al pueblo, Aoshima alberga el santuario de Ebisu, restos de un templo antiguo y una tumba de ballenas. Hacia el interior, rumbo al cabo Kyōga, está el santuario de Urashima, fundado en 825 y vinculado con la versión más antigua del relato de Urashima Tarō, el pescador que viaja al palacio submarino, según NatGeo y el patrimonio cultural municipal.

El documental argentino Pescadores & Guitarras fue elegido finalista en los Jackson Wild / Hollywood Climate Summit Awards 2026, uno de los certámenes más reconocidos del cine de naturaleza. Con 28 minutos de duración, el documental fue escrito y dirigido por Mariano Fernández y producido por Juan María Raggio y Jumara Films. La obra cuenta con el apoyo de Studio BlueGreen y Mar Azul Uruguayo.

Esto amplifica una campaña que ya logró cambios concretos en torneos de pesca de la costa bonaerense para proteger al pez guitarra, una especie en peligro crítico de extinción. La película ya produjo un efecto fuera de la pantalla: más de cinco concursos regionales dejaron de considerar al pez guitarra como pieza válida de extracción. Entre ellos figura 24 Horas de la Corvina Negra, el torneo de pesca desde playa más multitudinario e importante de Sudamérica.

La producción competirá en Los Ángeles, Estados Unidos, en la categoría Branded Content, que distingue obras realizadas en alianza con organizaciones no gubernamentales e integradas a agendas de conservación y sustentabilidad. Los ganadores se anunciarán en una gala conjunta prevista para el 9 y 10 de noviembre de 2026. El eje del relato es la Guitarra Grande, también identificada en el texto como Melgacho o Pez Violín, un pez costero afectado por la sobrepesca. La historia sigue a los biólogos marinos Andrés Jaureguizar y Sebastián Gómez, que se internan en el mundo de la pesca recreativa y artesanal de la provincia de Buenos Aires para impulsar su protección.

La película presenta ese trabajo desde un tono descripto como fresco y divertido. Su apuesta narrativa combina divulgación científica, humor y observación del vínculo entre investigadores y pescadores locales. La respuesta central que propone el documental es concreta: para proteger a la especie, científicos y pescadores construyen una red de ciencia ciudadana en la que los ejemplares son medidos, fotografiados y marcados. El planteo del film sostiene que el conocimiento tradicional y la investigación académica pueden actuar de manera conjunta en la conservación marina.

Los Jackson Wild Media Awards son definidos en el texto fuente como los “Premios Oscar de la naturaleza”. En 2026, el festival se asoció con la Hollywood Climate Summit para lanzar un programa ampliado dedicado a narrativas ambientales dentro de la industria global del entretenimiento. Antes de esta selección en Estados Unidos, Pescadores & Guitarras tuvo su estreno oficial en Buenos Aires en el festival Sudamérica Salvaje. El cortometraje también continuará su recorrido en las selecciones oficiales del Wildlife Film Festival Rotterdam, en Países Bajos, y del Festival International du Film Ornithologique de Ménigoute, en Francia.

La actividad económica mostró en la primera mitad del año un comportamiento muy dispar. Mientras algunos rubros lograron sostener niveles de expansión de dos dígitos, otros continuaron mostrando dificultades para despegar, evidenciando una economía “a dos velocidades”.

Según el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), el indicador que mide mes a mes el nivel de actividad y que se desagrega por rama productiva, once rubros crecieron en el primer semestre del año, uno se mantuvo estable y cuatro se achicaron. Para reconstruir los resultados por sector, se promediaron los índices mensuales correspondientes a enero-junio de 2026 y se los comparó con el promedio de igual período de 2025. De esa manera surge la variación semestral de cada actividad, que no necesariamente coincide con la lectura mes a mes que difunde el organismo, pero que permite dimensionar la tendencia de fondo de cada rubro a lo largo de los primeros seis meses del año.

En ese marco, el nivel general de la economía acumuló una suba de 1,9% entre enero y junio de este año, en la comparación con el primer semestre de 2025.

Los sectores que más crecieron

La pesca fue, por lejos, la actividad con mejor desempeño del semestre, con una expansión de 34,1% respecto de igual período de 2025. El resultado estuvo empujado por el fuerte impulso exportador del sector, que en el arranque del año encadenó sucesivos máximos en la generación de divisas. Según datos oficiales difundidos a lo largo del año, las exportaciones pesqueras superaron los USD 1.000 millones en los primeros cinco meses de 2026, con una suba interanual cercana al 23% en valor.

La explotación de minas y canteras fue el segundo sector con mejor desempeño, con un alza de 14,4% en el semestre. Ese resultado está directamente vinculado al avance de Vaca Muerta. Distintos informes oficiales dieron cuenta durante el año de sucesivos récords de producción: en junio, por ejemplo, la extracción de petróleo a nivel nacional llegó a 914.900 barriles diarios, lo que implicó un salto interanual de 17,1%, con el crudo no convencional explicando ya cerca del 70% de la producción total del país. Ese crecimiento productivo se trasladó también al frente exportador, con un superávit del sector energético que en el primer semestre del año superó los USD 5.000 millones, más de 60% por encima del registrado en igual período de 2025. En julio, según informó ayer el Gobierno, la balanza energética siguió siendo positiva, con un saldo a favor de USD 892 millones.

El agro, representado en el EMAE bajo el rubro “agricultura, ganadería, caza y silvicultura”, completó el podio de las actividades más dinámicas con una suba de 9,9% entre enero y junio. El resultado se explica en gran medida por la campaña agrícola 2025/26, que combinó una cosecha de soja de 50,1 millones de toneladas, apenas por debajo del ciclo anterior, pero lograda sobre una superficie sembrada considerablemente menor.

Detrás de esos tres sectores, otras ramas también mostraron subas, aunque de una magnitud más moderada. La intermediación financiera avanzó 5,6% interanual en el primer semestre, mientras que hoteles y restaurantes creció 2,7 por ciento. La construcción, por su parte, acumuló una mejora de 2,2%, en línea con la recuperación que viene mostrando la obra privada en los últimos meses. ”Electricidad, gas y agua" y “transporte y comunicaciones” registraron subas de 1,8% cada una, y los impuestos netos de subsidios treparon 1,6 por ciento.

Con incrementos más acotados cerraron actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, con 0,7%, y servicios sociales y de salud, con 0,6 por ciento. Enseñanza fue el único sector que permaneció en el mismo nivel que un año atrás, sin variación en el semestre.

Los sectores que retrocedieron

En el otro extremo se ubicaron cuatro ramas de actividad que no lograron revertir la comparación negativa con el primer semestre de 2025. “Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales” tuvo una caída marginal, de 0,1%, mientras que comercio mayorista, minorista y reparaciones retrocedió 1,2% y administración pública se contrajo 1,4 por ciento.

La caída más pronunciada, sin embargo, correspondió a la industria manufacturera, que se achicó 1,9% en la comparación semestral. El resultado confirma una tendencia que distintos indicadores privados y oficiales vinieron señalando a lo largo del año: la producción fabril acumuló varios meses consecutivos de retrocesos interanuales, con una dinámica marcadamente desigual entre ramas. Según relevamientos del propio Indec, la apertura de importaciones golpeó de manera particular a los sectores más expuestos a la competencia externa, como el textil, que llegó a acumular caídas de producción de dos dígitos en la comparación interanual, y a la industria automotriz, que también mostró retrocesos relevantes en la primera mitad del año. A esos factores se sumó la debilidad del consumo interno, que afectó de manera transversal a distintas cadenas productivas orientadas al mercado doméstico.

De esta manera, el balance del primer semestre muestra dinámicas muy diferentes según el sector. Mientras las actividades ligadas a la explotación de recursos naturales y a la demanda externa, como la pesca, la minería y el agro, se beneficiaron del impulso exportador y de condiciones productivas favorables, la industria manufacturera continuó siendo el sector más afectado por la combinación de apertura comercial y consumo interno debilitado.

La protección de los manglares en el distrito de David, provincia de Chiriquí, se ha fortalecido tras la reciente intervención del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), que ratificó su estatus como área protegida desde 2007.

El municipio declaró oficialmente su resguardo mediante el Acuerdo Municipal N.° 21, publicado en la Gaceta Oficial, estableciendo la prioridad de estos ecosistemas por su valor social, económico y ecológico.

La delimitación precisa de la zona protegida ha sido motivo de consulta pública durante julio y agosto. Esta revisión permitirá incluir los manglares de David, Alanje y San Lorenzo bajo una sola figura de manejo, reconociendo la conexión ecológica entre estos territorios, más allá de las fronteras administrativas.

En respuesta a la necesidad de actualizar la protección, la nueva propuesta técnica incorpora la categoría internacional de “Área de Recursos Manejados”, avalada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Con este cambio, se abarcarán unas 66.600 hectáreas de manglares, cubriendo toda la extensión presente en la región.

Panamá refuerza su compromiso con la conservación, ya que la reserva de manglares de David, Alanje y San Lorenzo representará cerca de una de cada diez hectáreas de manglar que existen en el país.

El proceso para formalizar los límites de esta área protegida ha sido extenso e incluyó la participación de pescadores, comunidades, autoridades estatales y otros sectores vinculados al uso de recursos marino-costeros.

En la práctica, la protección propuesta reconoce y regula las actividades tradicionales de las comunidades locales, permitiendo que prácticas como la pesca artesanal y la extracción de concha negra continúen bajo criterios de sostenibilidad.

Según el borrador de la resolución discutida en consulta pública, estas actividades seguirán siendo esenciales para la economía local y se desarrollarán de forma ordenada y compatible con la conservación ambiental.

El Ministerio de Ambiente coordinará con los municipios de David, Alanje y San Lorenzo, la Gobernación de Chiriquí y la Autoridad de los Recursos Acuáticos la supervisión de la zona protegida.

Michele Caballero, directora de Áreas Protegidas y Biodiversidad de MiAmbiente, subrayó que “la conservación de los manglares y el uso racional y sostenible de estos recursos serán supervisados por la entidad, coordinadamente y en plena comunicación con otras entidades”.

La ampliación y formalización de la protección de los manglares en Chiriquí garantiza la continuidad de las actividades tradicionales, resguarda la biodiversidad y asegura la base económica de las comunidades que dependen de estos ecosistemas. El país mantiene desde hace décadas un marco legal que respalda la conservación y el ordenamiento de los manglares y las zonas marino-costeras en todo el territorio nacional.

La institución reitera que el proceso de formalizar los límites del área protegida de los manglares de Chiriquí seguirá construyéndose con la participación plena y en completo respeto a quienes viven, trabajan y dependen de estos ecosistemas.

“La conservación de los manglares del Golfo de Chiriquí representa una responsabilidad compartida entre el Estado y la población, por lo cual se requiere armonizar la protección de la biodiversidad con el uso sostenible de los recursos y el desarrollo de actividades productivas compatibles con el ambiente,” añadió Caballero.

La consulta pública sobre el tema realizada se hizo conforme a la ley. La sociedad, las instituciones y las comunidades locales tuvieron la oportunidad de manifestar sus inquietudes y elevar sus propuestas. Ahora inició la etapa de analizar y evaluar las numerosas opiniones y sugerencias recibidas, antes de tomar una decisión final.

MiAmbiente reiteró que seguirá consultando, escuchando y actuando con transparencia, a fin de que el área protegida de los manglares del distrito de David que existe desde el 2007 sea reforzada, ordenada, ampliada y manejada para su sostenibilidad en el tiempo, junto a las comunidades del área.

El Ministerio de la Producción (PRODUCE) aprobó un nuevo límite de captura de bonito para 2026, fijándolo en 118.200 toneladas, aplicable hasta diciembre de este año.

La medida, publicada en el diario oficial El Peruano, responde a informes científicos y técnicos del Instituto del Mar del Perú (IMARPE) que justifican la ampliación por la mayor presencia del recurso debido a las condiciones generadas por el fenómeno El Niño.

La decisión “busca garantizar la sostenibilidad y seguridad alimentaria”, en un escenario donde la pesca artesanal había enfrentado meses previos de suspensiones, cuotas parciales y veda por sobrepasar topes anteriores.

La pesca de bonito, entre suspensiones y cuotas ajustadas

Durante la primera mitad del año, la actividad de captura de bonito en el litoral peruano transitó por un escenario restrictivo. En mayo, autoridades de PRODUCE ordenaron la suspensión temporal de la pesca y el desembarque del recurso tras alcanzarse el 90% de la cuota vigente, que entonces era menor a la actual.

Esta veda se aplicó sobre una cuota que era inferior a las 93.200 toneladas fijadas posteriormente en junio mediante la Resolución Ministerial N.º 00169-2026-PRODUCE.

El contexto incluyó también medidas como la reducción de salidas permitidas por embarcación, límites diferenciados según capacidad de bodega y la exigencia de sistemas de preservación a bordo.

Nueva cuota y cronograma para la reactivación de la pesca artesanal

El nuevo tope de 118.200 toneladas anunciado en agosto modifica las reglas del juego para el resto del año. Según la resolución ministerial, la cuota se distribuye entre las embarcaciones de hasta 32,6 m³ de capacidad de bodega y se segmenta por tipo de arte de pesca y volumen de bodega.

Las embarcaciones menores a 10 m³, por ejemplo, pueden iniciar faenas a partir del 17 de agosto, mientras que aquellas de mayor capacidad lo harán desde el 27 de agosto. El cronograma escalonado busca evitar presiones excesivas sobre el stock y favorecer una extracción ordenada.

Las embarcaciones pesqueras de cerco con capacidad mayor a 20 m³ y hasta 32,6 m³ capturan como máximo el 60% de la capacidad de bodega señalada en su certificado de matrícula, con una tolerancia de hasta dos toneladas.

Sostenibilidad y monitoreo permanente, ejes de la nueva política

Los argumentos técnicos de IMARPE señalan que “el Niño implica el debilitamiento de los vientos costeros, la disminución del afloramiento de aguas frías y la incursión de masas de agua cálidas provenientes del norte y oeste”, factores que aumentan la disponibilidad del bonito.

Por ello, la ampliación del tope incorpora un manejo adaptativo y monitoreo constante sobre las actividades extractivas.

“La protección del stock desovante y de la porción juvenil de la población, mediante la aplicación oportuna de medidas de conservación durante los períodos de mayor actividad reproductiva, constituye un elemento fundamental”, sostiene.

La Dirección General de Pesca Artesanal del PRODUCE podrá modificar el listado de embarcaciones autorizadas y establecer mecanismos para su incorporación o retiro. La supervisión y fiscalización recaerán en varias dependencias y autoridades regionales, quienes deberán garantizar la difusión y cumplimiento de las normas actualizadas.

Usos principales del bonito en la cocina peruana

El bonito es un pescado muy valorado en la gastronomía peruana por su sabor intenso y su versatilidad en preparaciones tradicionales, citando algunos ejemplos:

• Escabeche de bonito
• Sudado de bonito
• Bonito frito o a la plancha
• Conservas
• Empanadas y rellenos
• Ensaladas
• Bonito con tomate o ají amarillo

Perfil nutricional

El bonito es un pescado azul con un perfil nutricional sobresaliente, caracterizado por su alto contenido de proteínas de alto valor biológico (alrededor de 23 g por cada 100 g) y su abundancia en ácidos grasos omega-3 (EPA y DHA). Estas grasas saludables ayudan a reducir los niveles de triglicéridos y colesterol LDL en sangre, disminuyen la presión arterial y combaten la inflamación sistémica, convirtiéndolo en un aliado directo para la salud cardiovascular y cerebral.

En el apartado de micronutrientes, destaca por su concentración de hierro hemínico —especialmente en su carne más oscura o “sangrecita”—, ideal para prevenir o tratar la anemia. Además, aporta dosis significativas de vitaminas del complejo B (principalmente B12, niacina y B6), esenciales para el metabolismo energético y el sistema nervioso, junto con vitaminas liposolubles A y D, y minerales clave como fósforo, potasio, magnesio y selenio.

Efecto Niño en la pesca

El Fenómeno El Niño altera drásticamente el ecosistema marino peruano al debilitar los vientos alisios e interrumpir el afloramiento costero de la corriente de Humboldt, lo que eleva la temperatura superficial del mar y reduce el fitoplancton. Esta falta de alimento y el cambio térmico provocan la migración masiva o mortandad de especies de aguas frías clave como la anchoveta, la sardina y la merluza. Como consecuencia en la cadena trófica, se registran crisis de inanición en poblaciones de aves guaneras, lobos marinos y pingüinos de Humboldt.

Al mismo tiempo, el ingreso de masas de aguas cálidas oceánicas transforma la biodiversidad marina en el Perú, atrayendo especies tropicales y de aguas cálidas como el atún, el perico, el bonito, el tiburón martillo y el langostino. Aunque esta sustitución temporal dinamiza ciertos sectores de la pesca artesanal, genera graves desbalances en la industria pesquera tradicional, modifica las rutas biológicas habituales y amenaza bancos de recursos bentónicos vulnerables como las conchas de abanico.

Especies marinas que más produce Perú

Las especies marinas que más produce el mar peruano incluyen la anchoveta y el bonito. La anchoveta es fundamental en la economía pesquera del país, ya que representa la base de la producción de harina y aceite de pescado, productos de exportación estratégica que posicionan a Perú como líder mundial. Según datos recientes, la anchoveta sigue siendo el recurso más abundante, indispensable para la industria nacional y global de alimentación acuícola. El Ministerio de la Producción también ha establecido como prioridad el manejo sostenible de este recurso, reforzando los límites de captura de acuerdo con las recomendaciones del Instituto del Mar del Perú (IMARPE).

En 2026, el bonito (Sarda chiliensis chiliensis) adquirió un rol destacado entre las especies más capturadas, con un límite de 118.200 toneladas fijado por el Ministerio de la Producción, en respuesta a condiciones oceanográficas y científicas específicas. Además de la anchoveta y el bonito, otras especies relevantes son la potas, la caballa y diversas especies de moluscos y crustáceos, cuyo volumen varía según las temporadas y las condiciones climáticas en el litoral peruano.

La pesca artesanal peruana enfrenta hoy una combinación de problemas que se han ido acumulando y que amenazan la sostenibilidad económica del sector. Miles de familias que dependen de recursos como la pota, el perico y el bonito enfrentan una situación cada vez más difícil de sostener, marcada por el incremento de los costos de operación, las limitaciones de infraestructura y cadena de frío en los desembarcaderos, la fragmentación gremial y una posición de negociación desfavorable frente a los compradores.

El resultado es un sector con márgenes cada vez más estrechos y una informalidad que sigue siendo uno de los principales obstáculos para avanzar hacia un ordenamiento efectivo y sostenible.

El problema se ha agudizado en los últimos años. Según estimaciones del propio sector pesquero, existen más de 23,000 embarcaciones artesanales registradas, aunque una parte de ellas opera al margen de las exigencias legales. A ello se suma una marcada dispersión gremial que dificulta la construcción de una agenda común y debilita la capacidad de los pescadores para defender sus intereses y mejorar sus condiciones de negociación.

En este escenario, la ley de la oferta y la demanda termina jugando en contra de quienes tienen menor capacidad de negociación. Cuando la oferta aumenta y los pescadores carecen de infraestructura suficiente para conservar sus capturas, su margen para esperar mejores precios se reduce considerablemente. El resultado es una mayor vulnerabilidad económica que profundiza los problemas estructurales del sector pesquero.

El combustible es uno de los factores que más presiona a la pesca artesanal. Una embarcación potera requiere más de 600 galones por faena, lo que representa un gasto superior a S/ 15,000 solo en diésel. Así lo señaló la Sociedad Nacional de Pesca Artesanal del Perú (SONAPESCAL) en su pronunciamiento del 14 de agosto de 2026, en el que exigió que los subsidios al combustible incluyan a la pesca artesanal y recordó que más de 7,000 embarcaciones dependen de estas pesquerías, detrás de las cuales se encuentran miles de tripulantes, comerciantes y familias. La exclusión del sector de las políticas de compensación no solo resulta injusta, sino que amenaza con debilitar una cadena productiva que abastece tanto al mercado nacional como a los mercados de exportación.

La precariedad institucional agrava el cuadro. Los desembarcaderos pesqueros artesanales (DPA), que deberían ser centros de acopio y conservación, presentan serias deficiencias de infraestructura y equipamiento. Más del 60% de sus cámaras de frío estarían inoperativas y la producción de hielo resulta insuficiente. Esto obliga a vender la captura de inmediato, reduce la capacidad de negociación y refuerza la dependencia de las plantas industriales. La falta de mantenimiento y las deficiencias en la gestión han limitado el cumplimiento de su función. Fortalecer el Fondepes y profesionalizar la gestión de los desembarcaderos es una tarea impostergable.

El Fenómeno El Niño 2026 ha añadido un componente de crisis. En zonas como Vice y Paita, las faenas fueron suspendidas por el Ministerio de la Producción, dejando a cientos de familias sin ingresos. La Asociación de Propietarios y Pescadores Artesanales del Distrito de Vice (APROPESAV) denunció, en un oficio del 3 de agosto de 2026, que la paralización, sumada al alza del combustible y a lo que considera una concertación de precios por parte de las plantas, ha dejado a los pescadores sin sustento. La carta advierte que el sector está siendo criminalizado por normas que, lejos de protegerlo, terminan tratándolo como un enemigo del Estado.

El panorama es complejo, pero tiene solución. Esta no pasa únicamente por subsidios temporales al combustible, aunque son urgentes para evitar el colapso inmediato. Se requiere una reforma integral que incluya la profesionalización de la administración de los DPA, entregándolos a empresas calificadas que garanticen su mantenimiento y operación eficiente; la reforma del Fondepes, para convertirlo en un verdadero motor de desarrollo pesquero; el diseño de políticas de apoyo diferenciadas, que reconozcan la estructura de costos de la pesca artesanal y su importancia en la generación de empleo; y el combate a la informalidad, integrando a las embarcaciones ilegales bajo un régimen de control y registro que permita ordenar el esfuerzo pesquero.

La pesca artesanal no es un sector marginal. Representa una fuente de empleo, alimento e identidad cultural para el país. “Ignorar su crisis significa profundizar la vulnerabilidad de miles de familias y renunciar a un recurso que, bien gestionado, puede ser sostenible y competitivo.”

El problema que hoy se vive en los desembarcaderos pesqueros artesanales no debería quedar relegado a los comunicados gremiales. Es una realidad que exige decisiones, pero también una revisión profunda de cómo se viene organizando y gestionando el propio sector. La fragmentación gremial, la informalidad y la deficiente administración de los desembarcaderos han contribuido a profundizar sus dificultades. Ordenar el sector, profesionalizar su gestión y generar mejores condiciones para comercializar sus productos resulta indispensable para que la pesca artesanal pueda recuperar su capacidad de generar empleo y desarrollo en las comunidades costeras.

La mayoría de tiburones y rayas no se encuentran resguardadas por las áreas marinas protegidas actuales, y el estudio determinó que menos de 10% del rango de distribución de la mayor parte de estas especies queda incluido en alguna de estas zonas.

El trabajo fue publicado en Conservation Letters y coincide con que en 2022, 196 países asumieron la meta 30x30 de conservar el 30% de zonas costeras y marinas para 2030, según el Acuerdo Mundial sobre Biodiversidad Kunming-Montreal.

Según Mongabay, a mitad del plazo solo cerca del 10% de los océanos tiene protección oficial. El estudio detectó deficiencias en los datos que los países informan sobre las restricciones vigentes en esas reservas.

Cobertura insuficiente para especies en riesgo

Para evaluar el alcance de los espacios marinos conservados sobre tiburones y rayas, los investigadores superpusieron datos espaciales de la Base de Datos Mundial sobre Áreas Protegidas con la información geográfica de la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

El análisis incluyó a casi 1.200 ejemplares y se concentró sobre todo en las zonas de no extracción, donde se prohíben actividades como la pesca, la minería y la perforación.

Entre estos animales amenazados, el 79% tiene menos del 1% de su rango dentro de zonas de no extracción en aguas nacionales. Esa proporción se eleva a aproximadamente el 90% dentro de los organismos considerados en peligro crítico.

“El simple hecho de aumentar la superficie marina protegida no significa necesariamente que estemos protegiendo realmente a las especies amenazadas”, señaló Amanda Arnold, investigadora en biodiversidad marina de la Simon Fraser University de Canadá y autora principal del estudio.

La investigadora dijo que la cobertura actual no representa toda la biodiversidad porque debería cubrir al menos una décima parte del rango de una especie, una cobertura del 20% al 40% maximizaría la preservación.

Pese a eso, pocos animales alcanzan esos niveles de resguardo, un estudio indicó que el 97,4% de la fauna marina tiene menos del 10% de su rango dentro de áreas de preservación.

Áreas protegidas bajo revisión

Más de un tercio de los tiburones y rayas enfrenta riesgo de extinción, lo que vuelve más urgente la evaluación de las herramientas de resguardo disponibles.

“Es una constante llamada de atención que nos recuerda que, si bien estamos progresando, aún nos queda un largo camino por recorrer” afirmó Mike Heithaus, ecólogo marino de la Florida International University de Estados Unidos, ajeno a la investigación.

Arnold planteó que acuerdos internacionales como el 30x30 pueden empujar la ubicación de áreas protegidas en zonas convenientes desde el punto de vista político o económico, en lugar de priorizar sitios con alto valor para la biodiversidad.

También indicó que algunas reservas fueron diseñadas en torno de especies específicas y no del conjunto biológico de cada área. Con la intención de facilitar el uso de los resultados, Arnold y sus coautores desarrollaron una herramienta que desagrega la cobertura de los territorios preservados por región y por categoría.

“Ofrece una visión general muy útil con la información disponible y sienta las bases para un trabajo realmente importante y de gran impacto en el futuro”, señaló Heithaus.

Un sistema con datos incompletos

El estudio añadió que solo un tercio de los países con reservas marinas informa el nivel de restricciones a la pesca y extracción. Arnold indicó que esa carencia impide evaluar con precisión la eficacia de los espacios protegidos.

Esa limitación adquiere mayor peso en especies como tiburones y rayas, que crecen y se reproducen con lentitud y, por esa razón, quedan más expuestas a la sobrepesca y a la captura incidental.

Los investigadores proponen incorporar metas de biodiversidad al marco 30×30 y revisar la ubicación de las áreas marinas protegidas en zonas clave para estos animales, además de hacer obligatorio el reporte de las restricciones a la captura y extracción para reforzar los cuidados.

Tiburones y rayas exigen estrategias más amplias

Gavin Naylor, director del Florida Program for Shark Research en el Florida Museum of Natural History, explicó que existe evidencia clara de que esas reservas ayudan a animales que permanecen en un mismo lugar, pero que los beneficios resultan menos seguros en especies móviles como tiburones y rayas.

Naylor sostuvo que podría ser útil cuidar zonas con valor especial, como áreas de reproducción, aunque advirtió que para la mayoría de estos animales todavía no existe información suficiente de ese nivel de detalle.

Los especialistas coincidieron en que los sectores marinos protegidos son solo una herramienta y que la preservación requiere gestión pesquera y ambiental, regulaciones, controles de pesca y tecnologías para reducir la captura incidental.

Desde que Javier Milei asumió la presidencia, en diciembre 2023, apenas tres de los catorce sectores de actividad económica lograron generar empleo privado formal en comparación con los niveles previos al cambio de gobierno, según los datos difundidos por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.

De acuerdo con la serie desestacionalizada que elabora el organismo nacional, el empleo registrado en el sector privado se ubica hoy 3,8% por debajo del nivel que tenía en noviembre de 2023, el mes previo al inicio de la actual gestión. Esa diferencia porcentual equivale a una pérdida acumulada de 241.176 puestos de trabajo formales en el sector privado durante lo que va del mandato.

El dato surge de un informe elaborado por la consultora Politikon Chaco en base a la información oficial de la Secretaría de Trabajo, que además señala que el volumen actual de empleo privado formal es el más bajo de los últimos cuatro años. En mayo de 2026 la cantidad de asalariados registrados en el sector privado, medida en términos desestacionalizados, fue de 6.131.500 personas, contra los 6.372.700 puestos que existían en noviembre de 2023.

Los sectores que crecieron y los que retrocedieron

Al observar el desempeño por rama de actividad durante toda la gestión, la Pesca fue el sector con mejor comportamiento relativo, con un incremento del 7,4% en su nivel de empleo respecto a noviembre de 2023, aunque la mejora sólo se traduce en la generación de 965 puestos de trabajo asalariados formales. Le siguió el Agro, con una suba del 4,3% (13.369 empleos nuevos), y luego la Enseñanza, que se mantuvo prácticamente estable, con una variación del 0,1% (237 trabajadores más).

En el otro extremo se ubican los sectores con las caídas más profundas. La Construcción encabeza esa lista con una baja del 14,2%, equivalente a 62.747 empleos menos que en noviembre de 2023. Le sigue la Explotación de Minas y Canteras, con una contracción del 8,4% y 7.947 puestos perdidos, y la Industria Manufacturera, con una caída del 7,2% que representa 85.561 empleos formales menos, el mayor número absoluto de pérdidas entre todos los rubros relevados.

También registraron retrocesos significativos la Intermediación Financiera (-5,7%), Transporte y otros servicios (-4,8%), Hoteles y restaurantes (-3,8%), Servicios Inmobiliarios y otros (-2,7%), Servicios Sociales y de Salud (-1,3%), Comercio (-1,1%) y Electricidad, Gas y Agua (-0,8%).

El mercado laboral en mayo

En el análisis específico del último mes relevado, el empleo privado formal a nivel nacional cayó 0,1% en la comparación desestacionalizada respecto a abril de 2026, lo que representa la pérdida de 9.059 puestos de trabajo. En ese mes, cinco sectores mostraron incrementos: el Agro (+0,7% y 2.253 empleos), Minas y Canteras (+0,3% y 292 empleos), Servicios Inmobiliarios y empresariales (+0,1% y 703 empleos), Servicios Sociales y de Salud (+0,1% y 246 empleos) y Electricidad, Gas y Agua (+0,1% y 44 empleos).

Los sectores con mejoras en mayo lograron crear en conjunto 3.538 empleos, pero esa cifra fue superada por las pérdidas de los rubros en baja, que sumaron 12.597 puestos menos. Entre estos últimos, las caídas más marcadas se dieron en Comercio (-0,3% y 4.214 empleos), Construcción (-0,5% y 1.990 empleos) y Pesca (-2,9% y 417 empleos).

El mapa provincial durante la gestión Milei

A nivel geográfico también se observa una clara desigualdad. Según la Secretaría de Trabajo, sólo tres jurisdicciones muestran hoy más empleo que en noviembre de 2023: Neuquén, con una suba del 7,6% equivalente a 10.882 puestos adicionales; Río Negro, con un incremento del 3,4% y 3.800 empleos de más; y San Juan, con una mejora del 0,4% que representa 328 puestos.

El resto de las provincias todavía no logra recuperar el nivel de empleo que tenía antes del recambio presidencial. La caída más leve se registra en Tucumán, con un descenso del 1,0%. En el otro extremo, las jurisdicciones con las bajas más pronunciadas son Santa Cruz, con una contracción del 17,0%; Tierra del Fuego, con el 16,8%; y Formosa, con el 12,0%. También se ubican entre las más afectadas Catamarca (-11,7%), Misiones (-11,3%), Chaco y La Rioja, ambas con el 10,7%.

El desempeño mensual

En el plano mensual, diez distritos mostraron mejoras en mayo respecto a abril, encabezados por San Juan, Catamarca y Neuquén, los tres con una suba del 0,5%. Por detrás se ubicaron Río Negro (+0,4%) y Chubut (+0,2%), mientras que Santiago del Estero, Corrientes, Formosa, Mendoza y Santa Fe avanzaron 0,1% cada uno. Tucumán, San Luis y Entre Ríos se mantuvieron sin variación, y once distritos registraron caídas, con Tierra del Fuego (-1,2%) y Santa Cruz (-0,6%) a la cabeza de los descensos.

El Ministerio de la Producción (PRODUCE) de Perú emitió la Resolución Ministerial Nº 00269-2026-PRODUCE, autorizando al Instituto del Mar del Perú (IMARPE) para ejecutar la Operación Calamar Gigante V entre el 23 y el 29 de agosto de 2026.

El objetivo principal es determinar los indicadores biológico-pesqueros del calamar gigante o pota (Dosidicus gigas) en el dominio marítimo nacional, una medida que busca fortalecer la base científica para la gestión sostenible de este recurso estratégico.

Fundamentos legales y científicos de la autorización

La operación se fundamenta en la necesidad de obtener información precisa sobre la dinámica poblacional del calamar gigante, cuya variabilidad se ha evidenciado en los datos científicos de 2025 y 2026.

El IMARPE resaltó la urgencia de reforzar la recolección sistemática de muestras biológicas que permitan actualizar los indicadores reproductivos y alimentarios. El Estado considera al calamar gigante como patrimonio nacional.

El plan incluye 30 embarcaciones pesqueras, cada una con hasta 32,6 m³ de capacidad de bodega, que deberán cumplir una serie de requisitos técnicos y normativos.

Objetivos y actividades de la Operación Calamar Gigante V

El IMARPE definió como objetivo general caracterizar los principales indicadores biológico-pesqueros del calamar gigante. Entre los objetivos específicos figuran:

• Identificar la distribución de tallas y morfotipos del recurso, analizando longitud, sexo y condición reproductiva.
• Estimar los índices de abundancia (CPUE) y evaluar aspectos reproductivos como madurez gonadal y proporción sexual.
• Registrar parámetros oceanográficos superficiales que inciden en la dinámica de la población.

Las embarcaciones participantes deberán operar en áreas designadas por el IMARPE, con pesca nocturna mediante línea potera y bajo estricta supervisión de observadores científicos. Se exige además la entrega de muestras biológicas y el registro electrónico de información operacional y biométrica.

Condiciones y controles para la ejecución del estudio

La Resolución Ministerial Nº 00269-2026-PRODUCE establece que el IMARPE podrá modificar el desarrollo o duración de la operación ante la ocurrencia de factores que afecten la toma de datos.

Las embarcaciones seleccionadas deberán contar con permiso de pesca vigente, sistema satelital operativo y participar en capacitaciones previas organizadas por IMARPE. Además, deben garantizar la seguridad del personal científico embarcado.

El monitoreo incluye la recolección de información por observadores y la elaboración de informes preliminares y finales. El informe final deberá ser presentado dentro de los 15 días posteriores a la culminación de la operación.

Prospección pesquera y seguimiento científico durante El Niño 2026-27

Paralelamente, la resolución autoriza una prospección pesquera del calamar gigante del 30 de agosto al 26 de septiembre de 2026.

Este estudio, que contempla la participación de embarcaciones artesanales bajo condiciones específicas, busca estimar la abundancia relativa y registrar información clave durante el evento climático El Niño 2026-27.

Las embarcaciones deberán entregar ejemplares enteros de diferentes tallas y cumplir con una cuota máxima de captura por faena, condiciones que se detallan en el anexo de la resolución. El IMARPE monitoreará la actividad y podrá recomendar la suspensión parcial o total si la evidencia científica así lo exige.

Perú extiende cuota de pota a casi medio millón de toneladas

A mediados de 2026, el Ministerio de la Producción amplió el límite máximo de captura total permisible (LMCTP) del calamar gigante a 479.311 toneladas para todo el año, según la Resolución Ministerial Nº 000141-2026-PRODUCE.

Esta decisión, sustentada en informes del IMARPE, respondió a la recuperación del recurso tras El Niño y estableció controles estrictos de trazabilidad y monitoreo digital para más de 3.000 embarcaciones artesanales, asegurando la sostenibilidad de un recurso que aporta el 40% de las exportaciones nacionales de productos congelados y sostiene a más de 30.000 personas en la cadena productiva peruana.

El dato

• El calamar gigante es considerado un depredador marino muy agresivo, voraz y feroz. En el océano se comporta como un cazador oportunista y rápido que persigue activamente a sus presas.

La aparición de casi 30 tiburones juveniles muertos en Sea Isle City, Nueva Jersey, el 12 de agosto de 2026, movilizó a autoridades ambientales, científicos y residentes, al tratarse de un suceso poco común en esa franja del Atlántico. El hallazgo, que involucró ejemplares de la especie spiny dogfish, levantó inquietudes sobre el estado de la fauna marina y la interacción entre actividades humanas y vida silvestre.

Según reportes de USA Today, respaldados por medios como ABC News y Asbury Park Press, el hecho fue reportado por una residente local durante una caminata matutina por la playa. Diversas agencias estatales, entre ellas el Departamento de Protección Ambiental de Nueva Jersey (DEP) y la División de Pesca y Vida Silvestre, analizaron el caso y descartaron la presencia de contaminantes o toxinas. Las instituciones apuntaron a factores naturales, como movimientos de marea, o a la captura accidental en faenas pesqueras, como las causas más probables.

El evento se produce en una época del año donde la presencia de tiburones y otras especies marinas cerca de la costa suele incrementarse por razones migratorias y de búsqueda de alimento. A pesar de registros previos de varamientos, la cantidad observada en esta ocasión resultó inusual y motivó el interés de la comunidad científica, de acuerdo con la información difundida por USA Today.

¿Cuántos tiburones muertos aparecieron en la costa de Nueva Jersey y cuándo sucedió?

De acuerdo con USA Today y ABC News, 29 tiburones spiny dogfish juveniles fueron hallados muertos el miércoles 12 de agosto de 2026 en un tramo de aproximadamente diez cuadras de la playa de Sea Isle City. La residente Michelle Greenling fue quien realizó el conteo inicial al recorrer el sector comprendido entre las calles 29 y 39, según declaró a CBS News y fue citado por USA Today. El hallazgo fue reportado a las autoridades locales y a la prensa, generando respuestas de organismos ambientales.

La mayoría de los ejemplares presentaba marcas rojizas en la parte inferior del cuerpo, aunque no se observaron lesiones externas evidentes que pudieran indicar causas inmediatas de muerte. El recuento y las condiciones de los animales fueron constatados por especialistas y autoridades que acudieron a la zona luego del aviso.

¿Qué especie de tiburón fue hallada muerta en Sea Isle City?

Los organismos estatales y expertos en biología marina identificaron a los animales como spiny dogfish (Squalus acanthias). Esta especie de tiburón pequeño, común en el Atlántico norte, puede alcanzar longitudes de hasta un metro y medio. Según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), los spiny dogfish suelen formar grandes cardúmenes y migran estacionalmente hacia la costa para alimentarse durante los meses cálidos.

La longevidad de la especie puede llegar a cuarenta años. Poseen dos aletas dorsales, cada una precedida por una espina característica, y se alimentan de pequeños peces y crustáceos. El avistamiento de grandes grupos cerca de la costa es habitual entre primavera y verano, de acuerdo con la información publicada por la NOAA y citada por USA Today.

¿Cuáles son las causas probables de la muerte de los tiburones en Nueva Jersey?

Las autoridades ambientales y los científicos consultados por USA Today, ABC News y NJ101.5 coincidieron en que las posibles causas del evento se centran en dos escenarios:

• Los tiburones habrían quedado atrapados en bancos de arena a causa de las mareas bajas, un fenómeno natural habitual para la especie en esa época del año.
• Otra hipótesis es la captura incidental durante actividades de pesca comercial o recreativa. En este caso, los animales podrían haber sido descartados en alta mar después de quedar retenidos en redes destinadas a otras especies.

El profesor Stephen Nagiewicz, de Stockton University, indicó a ABC News que “lo más probable es que hayan sido capturados accidentalmente y devueltos al agua, o que hayan quedado atrapados cuando buscaban alimento cerca de la costa”. El especialista en tiburones Mike Heithaus, de Florida International University, agregó en declaraciones recogidas por Fox News Digital que es raro observar tantos ejemplares varados juntos, aunque la especie es abundante en la región.

¿Descartan las autoridades contaminación o toxinas como causa de la mortandad?

La División de Pesca y Vida Silvestre de Nueva Jersey y el DEP descartaron la posibilidad de contaminación ambiental o la presencia de toxinas, según reportaron ABC News y Yahoo News. La ausencia de otras especies marinas muertas y la falta de reportes de problemas en la salud de bañistas o residentes llevaron a las autoridades a considerar poco probable una causa química.

El portavoz del DEP, Larry Hajna, explicó a NJ101.5 que “si se tratara de un agente tóxico, probablemente habríamos visto efectos en otras especies o incluso en personas”. Esta posición fue respaldada por otros especialistas citados en USA Today, quienes remarcaron que los spiny dogfish pueden ser vulnerables a varamientos masivos cuando se acercan a la costa en busca de alimento.

¿Cuáles fueron las acciones de las autoridades tras el hallazgo?

De acuerdo con USA Today, el DEP y la División de Pesca y Vida Silvestre inspeccionaron la zona y comunicaron que no abrirán una investigación formal, ya que consideran que el evento se encuentra dentro de los parámetros naturales para la especie y la región. El propio DEP señaló a NJ101.5 que estos episodios no son inusuales en temporadas de alta actividad biológica en la costa.

Las instituciones mantendrán el monitoreo habitual de la fauna marina y continuarán recopilando datos sobre los movimientos de especies en el área, pero no anticipan cambios en los protocolos de vigilancia ni en las recomendaciones para la población local.

¿Qué sucede con los tiburones tras ser hallados en la playa?

Según el seguimiento realizado por USA Today y CBS News, los tiburones ya no se encontraban en la playa cuando un equipo de prensa acudió al lugar en las horas siguientes al hallazgo. Las autoridades presumen que la marea creciente arrastró los cuerpos nuevamente mar adentro, fenómeno documentado en otros varamientos de fauna marina.

La rápida desaparición de los restos dificultó la toma de muestras o análisis adicionales, aunque los especialistas sostienen que el examen visual y la información recabada permiten orientar las hipótesis hacia procesos naturales o interacción con actividades pesqueras.

¿Cuál es la importancia ecológica del spiny dogfish y cómo afecta a la pesca en la región?

El spiny dogfish representa una especie clave en la cadena alimentaria del Atlántico norte, según la NOAA. Su presencia contribuye al equilibrio de las poblaciones de peces y crustáceos, y su abundancia lo ha convertido tanto en presa como en objetivo de pesca comercial y recreativa.

Durante los meses cálidos, los bancos de spiny dogfish se acercan a zonas costeras poco profundas, lo que incrementa las probabilidades de interacción accidental con redes y aparejos utilizados para capturar otras especies. De acuerdo con la información recopilada por USA Today y Asbury Park Press, la regulación pesquera en la región contempla límites y recomendaciones para minimizar el bycatch, aunque no siempre es posible evitarlo.

¿Qué impacto tiene este evento en la comunidad local y en el monitoreo ambiental?

El hallazgo de decenas de tiburones muertos generó inquietud entre residentes de Sea Isle City, pero hasta el momento las autoridades no reportan afectaciones directas en la salud pública ni en la biodiversidad regional. La comunidad científica subraya la importancia de mantener registros precisos de estos eventos para mejorar la comprensión de los patrones migratorios y las amenazas a la vida marina.

El monitoreo permanente y la colaboración entre agencias estatales, universidades y organizaciones ambientales permiten detectar variaciones en la fauna y responder de manera adecuada ante situaciones anómalas.

¿Se han registrado eventos similares en el pasado en Nueva Jersey?

Según antecedentes citados por USA Today y NJ101.5, la presencia de tiburones muertos en la playa no es infrecuente durante la temporada de mayor actividad biológica. Sin embargo, la cantidad observada en esta ocasión excede los registros habituales para la zona de Sea Isle City.

Especialistas como Stephen Nagiewicz afirmaron a ABC News que en más de cincuenta años de trabajo en la región no habían documentado un número tan alto de ejemplares muertos simultáneamente.

¿Qué pueden esperar los residentes y visitantes de la zona?

Las autoridades recomiendan a residentes y turistas de Sea Isle City y otras localidades costeras reportar cualquier hallazgo inusual de fauna marina a las agencias ambientales correspondientes. No se han emitido alertas para la salud pública ni restricciones para el uso recreativo de las playas.

El seguimiento de estos incidentes permitirá ajustar las estrategias de conservación y manejo pesquero según evolucione la situación. Mientras tanto, los expertos continúan analizando los datos disponibles y observando posibles cambios en los patrones de varamiento y migración de especies marinas en la región.

El Ministerio de la Producción (PRODUCE) de Perú promulgó un régimen especial temporal que habilita la captura de la anchoa plateada (Anchovia macrolepidota) ante la incidencia del Fenómeno El Niño Costero, según la Resolución Ministerial N° 00266-2026-PRODUCE.

Esta medida, sustentada por recomendaciones del Instituto del Mar del Perú (IMARPE) y la alerta vigente de la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño - ENFEN, responde a las alteraciones en la disponibilidad de recursos hidrobiológicos asociadas al evento climático.

Objetivo y aplicación del nuevo régimen pesquero

El régimen permite la extracción de anchoa plateada, también conocida como anchoa ancha, para embarcaciones de hasta 32,6 m³ de capacidad de bodega que cuenten con permiso vigente.

La medida rige desde el día posterior a su publicación y podrá mantenerse hasta el 30 de abril de 2027, aunque ese plazo puede variar según los reportes científicos que presente el IMARPE.

La decisión responde al incremento temporal de especies tropicales y subtropicales en el mar peruano debido a El Niño Costero, fenómeno que, de acuerdo con el IMARPE, “favorece la presencia y disponibilidad de recursos que no son habituales en la pesca tradicional”.

El organismo recomendó iniciar de inmediato actividades de campo para observar y documentar la dinámica de estos recursos, de acuerdo con la resolución.

Condiciones y controles para la captura de anchoa plateada

Las embarcaciones autorizadas deberán emplear artes y aparejos distintos a los tradicionales, salvo los expresamente prohibidos por la normativa vigente, y solo podrán descargar en puntos habilitados por la autoridad.

Los armadores tendrán que entregar reportes detallados de sus capturas, zonas de pesca y métodos utilizados, además de facilitar la labor de técnicos del IMARPE para la toma de muestras y el monitoreo biológico de la especie.

La Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción (DGSFS – PA) tendrá la facultad de suspender o dar por concluido el régimen especial si la evidencia científica así lo exige, o en todo caso al llegar el 30 de abril de 2027.

La participación en el régimen no otorga derechos de acceso permanente a la pesquería de la especie, según lo dispuesto por el Ministerio de la Producción.

Listado de especies y medidas de fiscalización

El anexo de la resolución detalla que, por el momento, la única especie habilitada bajo este régimen es la Anchovia macrolepidota, de la familia Engraulidae. Sin embargo, cartera podrá ampliar o modificar este listado mediante resoluciones adicionales, de acuerdo con la evidencia que aporte el IMARPE.

Vale precisar que el Perú no registra una pesca industrial ni cifras oficiales de captura comercial masiva para la Anchovia macrolepidota.

Esta especie habita de manera ocasional en la zona norte del litoral peruano, cerca de la desembocadura de ríos y manglares, pero aparece solo como captura incidental muy menor o de tipo artesanal local, sin estadísticas comerciales propias de gran escala.

En el país, la anchoa plateada no es un recurso objetivo de la gran industria pesquera. La industria nacional se concentra en la anchoveta común (Engraulis ringens), cuyos límites de captura se determinan por temporadas y bajo estricta regulación oficial.

Las acciones para fortalecer la pesca sostenible en Panamá dieron un nuevo paso con la recepción de la preevaluación de la pesquería nacional de atún con palangre bajo el estándar del Marine Stewardship Council (MSC).

Este informe técnico, entregado a la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), define el camino que podría llevar a la certificación internacional de este sector clave para la economía azul del país.

La revisión destaca los puntos a mejorar y las tareas necesarias para que Panamá cumpla con los exigentes criterios internacionales de pesca responsable.

El objetivo es garantizar la sostenibilidad, la trazabilidad y la competitividad de los productos marinos, reforzando el compromiso nacional con la gestión sostenible de los recursos acuáticos.

La pesquería panameña de atún con palangre ha iniciado su proceso de preevaluación para alinearse con los estándares del MSC, lo que representa el primer paso hacia una posible certificación internacional.

El proceso implica identificar áreas de mejora, definir acciones concretas y reforzar la cooperación entre instituciones públicas y actores del sector.

Esta iniciativa apunta a consolidar la posición de Panamá en mercados que reconocen y premian los productos certificados y ambientalmente responsables.

A la par de este avance, Panamá fue escenario del lanzamiento del proyecto internacional “Integración de cadenas de valor de la pesca marina sostenible en la Economía Azul de los Grandes Ecosistemas Marinos Costeros de la Corriente de las Canarias y el Pacífico Centroamericano”, conocido como Global Marine Commodities (GMC 2).

Esta iniciativa, financiada por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF), tendrá una duración de cinco años y se implementará en seis países de América y África.

El proyecto se desarrollará en Panamá, Guatemala y Ecuador por Centroamérica, y en Marruecos, Mauritania y Senegal por África Occidental. La ejecución estará a cargo de Sustainable Fisheries Partnership (SFP), con respaldo técnico del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la colaboración de los gobiernos locales.

El GMC 2 reconoce que detrás de cada embarcación existen miles de familias y comunidades costeras que dependen directamente de los recursos marinos. La propuesta busca fomentar el desarrollo, la inclusión y el bienestar de estos grupos, reforzando la gestión responsable de la pesca y la conservación de los ecosistemas acuáticos.

Según Eduardo Carrasquilla, administrador general de la ARAP, la iniciativa representa una oportunidad para fortalecer la pesca responsable basada en el conocimiento y la participación de quienes viven del mar.

Carrasquilla señaló que la colaboración entre organismos internacionales y actores nacionales permitirá avanzar en la gestión de pesquerías como el camarón silvestre y los grandes pelágicos, demostrando que el desarrollo económico y la conservación pueden ir de la mano.

El directivo agradeció el apoyo del GEF, el PNUD, SFP y de todos los socios involucrados, destacando que el éxito del proyecto dependerá del compromiso colectivo, especialmente de los pescadores, las comunidades costeras, la industria, la academia y la sociedad civil.

En Panamá, el proyecto se centrará en las pesquerías de camarón y grandes pelágicos (atún y dorado), sectores que generan ingresos por exportaciones, empleo y seguridad alimentaria en las comunidades costeras. Entre los objetivos principales figura el fortalecimiento de herramientas de gestión para asegurar la sostenibilidad y la conservación de la biodiversidad marina.

El proyecto GMC 2 busca transformar las cadenas de suministro de productos del mar para enfrentar retos como la sobreexplotación pesquera y la pérdida de biodiversidad.

Para lograrlo, promoverá la colaboración entre el gobierno, el sector privado, organizaciones pesqueras y otros actores clave, con el fin de mejorar la gobernanza y generar beneficios ambientales, sociales y económicos.

La iniciativa impulsará la participación de pescadores, grupos indígenas, mujeres, jóvenes y empresas en los procesos de consulta y toma de decisiones. Además, se espera mejorar la gestión de cerca de 1,4 millones de toneladas de productos del mar y beneficiar de forma directa e indirecta a unas 400 mil personas en los seis países involucrados.

El avance en la preevaluación del atún con palangre y la puesta en marcha de GMC 2 reafirman el rol de Panamá como referente regional en la gestión sostenible de los recursos marinos y en la promoción de la economía azul.

El Ministerio de la Producción (PRODUCE) autorizó, de manera excepcional, el inicio anticipado de la temporada de pesca 2026-2027 del perico (Coryphaena hippurus) a partir del 1 de septiembre de 2026, extendiendo su vigencia hasta el 30 de abril de 2027.

Esta decisión rompe con el calendario tradicional de la pesquería, que normalmente establece una veda obligatoria del 1 de mayo al 30 de septiembre y habilita la pesca únicamente entre el 1 de octubre y el 30 de abril del año siguiente.

El Niño Costero obliga a adelantar la temporada de perico

La Resolución Ministerial N° 00250-2026-PRODUCE responde a la recomendación técnica del Instituto del Mar del Perú (IMARPE), que identificó una mayor disponibilidad del recurso perico en aguas jurisdiccionales nacionales a raíz de las condiciones oceanográficas asociadas al evento El Niño Costero.

El IMARPE enfatizó la necesidad de autorizar actividades extractivas desde septiembre para recoger información científica actualizada sobre la distribución, abundancia y características biológicas del recurso, lo que permitirá adaptar la gestión pesquera a escenarios ambientales excepcionales.

La resolución establece un Límite Máximo Total de Captura (LMTC) inicial de 7.375 toneladas para el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de septiembre de 2026.

Este volumen será contabilizado dentro del LMTC global de la temporada 2026-2027, que podrá ser revisado y ajustado en función de los reportes científicos del IMARPE. El límite total definitivo para toda la temporada se determinará posteriormente, en base a la información científica disponible.

Pesca artesanal con nuevas reglas: requisitos y obligaciones

La pesca de perico en este periodo excepcional deberá realizarse únicamente con embarcaciones artesanales que cuenten con permisos vigentes.

Solo podrán zarpar a partir de las 00:00 horas del 1 de septiembre y desembarcar el recurso en los puntos autorizados por la Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción (DGSFS-PA).

El control y la fiscalización estarán a cargo de personal acreditado de Produce o de los gobiernos regionales, garantizando que se cumpla la normativa y que se mantenga la trazabilidad de la captura.

Para asegurar el monitoreo, los titulares de permisos de pesca deben entregar el “Reporte de Calas y Desembarque” y la bitácora de pesca física al desembarcar, así como mantener operativo el sistema de seguimiento satelital en cada embarcación.

Deberán además facilitar la toma de muestras científicas por parte del personal del IMARPE, que evaluará los principales indicadores biológicos y pesqueros del recurso y remitirá la información necesaria para un manejo adaptativo y sostenible.

IMARPE recomienda: ciencia y monitoreo para una pesca responsable

La normativa faculta a la DGSFS-PA a suspender o concluir la temporada si se alcanza el LMTC establecido, si el IMARPE recomienda la suspensión por razones biológicas o ambientales, o al llegar el 30 de abril de 2027. Los incumplimientos serán sancionados conforme a la Ley General de Pesca, su reglamento y las normas de fiscalización vigentes.

Esta autorización excepcional, publicada el 11 de agosto de 2026, busca aprovechar la mayor disponibilidad de perico en el contexto de El Niño Costero, asegurar la recolección de datos científicos para la toma de decisiones y preservar la sostenibilidad del recurso. La normativa y sus anexos están disponibles en la web oficial del Ministerio de la Producción.

La pesca de anchoveta en el Perú siempre ha sido un termómetro de nuestra capacidad para gobernar los recursos naturales con una perspectiva de largo plazo. En un país donde este pequeño pez sostiene decenas y cientos de miles de empleos y una industria de alcance global, las decisiones sobre su captura no pueden depender de la rutina ni de la costumbre, sino de la evidencia científica. Por ello, la reciente autorización de la Operación Eureka LXXVIII por parte del Ministerio de la Producción (PRODUCE) y el Instituto del Mar del Perú (IMARPE) merece ser valorada como una expresión concreta del manejo adaptativo en acción.

El 11 de junio se suspendió la temporada de pesca debido a la alta presencia de juveniles y a condiciones ambientales adversas. Hasta ese momento, apenas se había capturado el 25 % de la cuota autorizada de 1,91 millones de toneladas, lo que dejaba un amplio margen de aprovechamiento. En circunstancias normales, la temporada habría concluido en julio. Sin embargo, este año presenta condiciones excepcionales. El fenómeno de El Niño alteró los patrones de distribución y desove, configurando un escenario que exige respuestas flexibles y sustentadas en la evidencia científica.

La Operación Eureka busca precisamente eso, obtener una radiografía actualizada de la anchoveta y otros recursos pelágicos. Los transectos cada 15 millas, las muestras biológicas y los estudios hidroacústicos no constituyen un capricho burocrático, sino la base científica para determinar si es posible reabrir la temporada en agosto y que esta pudiera extenderse hasta septiembre. Como señaló el actual ministro de PRODUCE, Juan Carlos Requejo, “estamos poniendo la ciencia en el centro de las decisiones que necesita el sector pesquero”, que es uno de los aspectos que más enfatiza la FAO en relación con el manejo pesquero.

Este enfoque adaptativo es lo que diferencia a un país que improvisa de uno que gobierna sus recursos con responsabilidad. PRODUCE e IMARPE han demostrado que la prudencia no significa inacción, sino la capacidad de ajustar las decisiones en función de la evidencia disponible. Suspender cuando la evidencia lo exige, investigar cuando los datos lo permiten y reabrir y flexibilizar cuando las condiciones de sostenibilidad lo justifican. Esa es la lógica que debe guiar la política pesquera. La sostenibilidad de la anchoveta no depende solo de los científicos ni de los funcionarios, sino también de quienes la pescan día a día.

De otro lado, mientras la institucionalidad técnica avanza con rigor en la pesca industrial, los gremios de la pesca artesanal siguen mostrando una dispersión preocupante. En lugar de articular propuestas constructivas y una posición común frente a las decisiones que afectan al sector, en ocasiones sus pronunciamientos se concentran en cuestionamientos, pedidos de destitución de ministros o acciones de presión. Esta fragmentación y la ausencia de una voz común terminan restando representatividad y capacidad de incidencia a las propias organizaciones. El contraste resulta evidente. Mientras PRODUCE e IMARPE sustentan sus decisiones en protocolos y evidencia científica, los gremios artesanales tienen la oportunidad de fortalecer una participación basada en propuestas, diálogo y argumentos que contribuyan a la construcción de una cada vez mejor política pesquera.

No se trata de negar la importancia de la pesca artesanal ni de minimizar sus demandas. Al contrario, el país necesita que estos gremios evolucionen hacia una organización fuerte, capaz de dialogar y aportar ideas. Pero para lograrlo deben superar la tentación de la protesta permanente y asumir la responsabilidad de ser actores de política pública, es decir, necesitan construir un capital social que sea la base de la solución a su compleja problemática.

Volviendo sobre la anchoveta, su manejo adaptativo es, en esencia, una invitación a pensar la política pesquera como un proceso dinámico. No hay recetas fijas ni calendarios inamovibles. Hay evidencia, monitoreo y capacidad de reacción. En un contexto de variabilidad ambiental como el que vivimos, esa flexibilidad es la única garantía de que la anchoveta seguirá siendo patrimonio nacional y fuente de empleo para miles de familias.

“Defender la Operación Eureka no es defender a un gobierno ni a un ministro, sino defender la idea de que la ciencia debe guiar nuestras decisiones colectivas.” Es reconocer que la pesca no puede quedar atrapada en la rutina ni responder únicamente a la presión gremial, sino que debe ser gobernada con datos, prudencia y una perspectiva de largo plazo. ¿De qué otra manera podríamos conocer el estado, la distribución y el desarrollo de la anchoveta y contar con información suficiente para adoptar decisiones responsables sobre su aprovechamiento?. A los escépticos habría que recordarles que este año el Programa Eureka de IMARPE cumplió 60 años de vigencia, demostrando lo importante que es para la gestión de esta pesquería, la más importante del mundo desde hace más de 25 años.

La anchoveta nos recuerda que el Perú es un país de mar y que nuestra relación con él exige responsabilidad. PRODUCE e IMARPE han dado un paso correcto al autorizar la Operación Eureka. El reto ahora es que todos los actores, incluidos los gremios artesanales, contribuyan a que esta decisión se traduzca en una gestión responsable del recurso. La sostenibilidad no se construye únicamente con decisiones, sino con ciencia, diálogo y compromiso.

El Ministerio de la Producción (PRODUCE) autorizó el inicio de la Operación EUREKA LXXVIII, una evaluación científica a gran escala destinada a conocer el estado de la anchoveta y otros recursos pelágicos frente a las nuevas condiciones oceanográficas generadas por el fenómeno El Niño 2026-2027.

Bajo la conducción de IMARPE y con la participación del sector pesquero, la operación movilizará 22 embarcaciones industriales desde Talara hasta Morro Sama, cubriendo desde las 5 hasta las 50 millas náuticas de la costa peruana.

Esta franja costera incluye los departamentos de Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna. Prácticamente, todo el litoral.

La anchoveta huye de El Niño y la ciencia va tras ella

La Operación EUREKA LXXVIII se enfoca en obtener información actualizada sobre la distribución, abundancia y condición biológica de la anchoveta, así como sobre los cambios en el entorno marino.

El despliegue contempla evaluaciones biológicas, oceanográficas e hidroacústicas, con transectos cada 15 millas y colecta de muestras en puntos determinados por IMARPE. “Estamos poniendo la ciencia en el centro de las decisiones que necesita el sector pesquero”, afirmó el ministro de la Producción, Juan Carlos Requejo.

La operación tiene como objetivo ofrecer una radiografía precisa de la situación de los recursos pelágicos, particularmente en un contexto de variabilidad ambiental.

“La Operación EUREKA nos permitirá conocer, directamente en el mar, cómo se está comportando la anchoveta y cuáles son las condiciones oceanográficas actuales. Esta información será fundamental para tomar decisiones oportunas, responsables y orientadas a garantizar la sostenibilidad de nuestros recursos”, sostuvo Requejo.

EUREKA LXXVIII: Una expedición científica desde Piura hasta Tacna

La misión EUREKA LXXVIII es resultado de la coordinación técnica entre IMARPE, la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) y los armadores bajo la Ley N.° 26920.

Si bien estos actores participaron en la definición de los componentes científicos y logísticos, la conducción y metodología de toda la operación recaen exclusivamente en IMARPE. Se aclara que todas las capturas tienen fines científicos, sin propósitos comerciales.

“Hay que tener muy en cuenta que la Operación EUREKA no es una operación de pesca comercial. Las embarcaciones estarán abocadas exclusivamente a la investigación científica y las muestras serán obtenidas en los puntos y bajo la metodología que determine IMARPE”, precisó el ministro Requejo.

La cobertura incluye zonas operativas norte, centro-norte y sur, con una organización flexible que se consolidará conforme avance la campaña.

Temporada suspendida: la incertidumbre persiste

Actualmente, la temporada de pesca de anchoveta y anchoveta blanca en la zona Norte-Centro permanece suspendida, una medida adoptada en junio pasado antes del ingreso de Keiko Fujimori a la Presidencia y de Juan Carlos Requejo Alemán al Ministerio de la Producción.

La decisión respondió a la detección de una alta proporción de ejemplares juveniles y a condiciones ambientales adversas atribuidas al fenómeno El Niño, según informes técnicos de IMARPE.

Cuando el mar se calienta, la anchoveta desciende a profundidades fuera del alcance de las redes, se dispersa hacia aguas más frías o se acerca a la costa, donde la flota industrial no puede pescar.

En 2026, la cuota máxima autorizada fue de 1,91 millones de toneladas, la más baja en una década. Sin embargo, solo se alcanzó el 25% de esa meta, ya que más de la mitad de los peces capturados correspondían a juveniles.

Durante el periodo, PRODUCE aplicó sucesivas suspensiones: tras una primera veda de 10 días en abril, la pesca se reanudó brevemente, pero la persistencia de juveniles llevó a una nueva suspensión de quince días desde el 12 de mayo.

El sector pesquero enfrenta incertidumbre por la reducción de la biomasa, la baja productividad y el impacto de condiciones climáticas extremas.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó este 10 de agosto que el Poder Ejecutivo Federal debe emitir el Reglamento de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, con el objetivo de fortalecer la protección de los ecosistemas marinos. El Máximo Tribunal fijó un plazo de 180 días hábiles para expedirlo y publicarlo.

De acuerdo con la SCJN, el caso surgió a partir de la demanda de una comunidad dedicada a la pesca de Veracruz, que sostiene que el reglamento es fundamental para proteger los ecosistemas de los que depende su actividad y forma de vida.

En su resolución, el Pleno concluyó que contar con esa regulación fortalece la protección del derecho a un medio ambiente sano y de las comunidades que mantienen una relación directa con esos ecosistemas, según la SCJN. El asunto corresponde al Amparo en Revisión 100/2026.

Conapesca retiene 462 toneladas de producto pesquero ilegal en junio de 2026

La Conapesca retuvo 462 mil 550 kilos de producto pesquero ilegal durante junio de 2026 como parte de operativos para frenar la pesca ilegal y hacer cumplir la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, según informó el pasado 30 de julio la dependencia en un comunicado difundido por EFE.

De acuerdo con la comisión, el resultado provino de 236 actas de inspección, 1 mil 137 verificaciones, 1 mil 216 recorridos terrestres y 236 trayectos acuáticos realizados en 19 estados del país.

Las retenciones y aseguramientos se registran en Baja California, Baja California Sur, Colima, Ciudad de México, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Veracruz y Yucatán, donde el producto se mantiene bajo resguardo de forma precautoria, según el reporte citado por EFE.

En el mismo balance, los oficiales federales de pesca reportaron el decomiso de 1 mil 436 artes de pesca, 24 vehículos, 17 embarcaciones menores y nueve motores, además del arresto de tres personas, según Conapesca.

La comisión añadió que los objetos y las personas quedaron a disposición del Ministerio Público por presuntas violaciones a lo establecido en la LGPAS.

Por su parte, la Dirección General de Inspección y Vigilancia mantiene una línea telefónica disponible 24 horas, los 365 días del año, y una página web para recibir denuncias por pesca ilegal.

Suprema Corte atrae el caso por los cambios al programa urbano de Mahahual

La SCJN atrajo este 10 de agosto el caso sobre los cambios al Programa de Desarrollo Urbano de Mahahual, una decisión con la que definirá si esas modificaciones deben impugnarse como norma general o como acto administrativo y, con ello, qué vía de amparo procede, desde cuándo corre el plazo para demandar y quién puede acudir a tribunales.

Dicha determinación fue aprobada por unanimidad, según informó la propia Corte en un mensaje difundido en X y en el video de la sesión publicado en sus redes. El asunto no resuelve todavía la legalidad del proyecto turístico previsto para esa zona de Quintana Roo ni determina si puede construirse.

En la sesión, Daniel Álvarez Toledo, secretario general de acuerdos de la Suprema Corte, expuso la pregunta jurídica que estudiará el pleno: cuando se impugnan cambios a programas de desarrollo urbano por la vía del amparo, debe definirse si esos ajustes son normas generales autoaplicativas o actos administrativos de efectos particulares. De esa clasificación depende también la forma de contar el plazo para presentar la demanda.

Hugo Aguilar Ortiz, ministro presidente, sometió la solicitud a votación del Pleno y Álvarez Toledo informó el resultado unánime para ejercer la facultad de atracción. La decisión colocó en manos del Máximo Tribunal una discusión procesal que puede alterar el rumbo de los amparos promovidos contra el plan urbano de Mahahual.

La industria pesquera en el Perú ha logrado reducir de 6 a 4,2 toneladas de anchoveta la cantidad necesaria para producir una tonelada de harina de pescado, manteniendo el enfoque en la sostenibilidad y el cuidado ambiental, según la Asociación de Productores de Harina y Aceite de Pescado (APRO).

Esta mejora en eficiencia responde a la modernización de las plantas industriales y a la incorporación de tecnologías limpias y procesos de economía circular.

Modernización tecnológica y mayor eficiencia operativa

Las empresas agrupadas en las APROs implementaron sistemas de secado indirecto a vapor y procesos cerrados que permiten recuperar y reincorporar componentes como agua de cola, sanguaza, aceites y grasas al ciclo productivo.

Como resultado de estas innovaciones, la eficiencia global del proceso aumentó un 30% y el consumo de combustible se redujo en 24%, lo que permitió no solo optimizar recursos, sino también disminuir los costos operativos y el impacto en el entorno.

Araceli Lay Bustamante, portavoz de las APRO y abogada especializada en derecho administrativo, sostenibilidad y relaciones comunitarias, destacó cómo los componentes obtenidos durante cada una de las etapas de producción son recuperados y reincorporados al proceso.

“De esta manera, aprovechamos mejor la materia prima, reducimos el consumo de energía y avanzamos hacia una producción con menor impacto ambiental”, explicó la también jefa de Responsabilidad Social en la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP).

Economía circular y reutilización de materiales

El impacto de la economía circular va más allá del interior de las plantas industriales. Entre 2019 y 2026, las empresas del sector lograron recuperar más de 2,8 millones de kilos de redes de pesca en desuso, que fueron transformadas en materia prima para la fabricación de nuevos productos.

Solo en 2026 se recolectaron más de 250.000 kilos de redes, recursos que se destinaron a iniciativas ambientales y sociales, explicó Araceli Lay Bustamante.

De esta manera, el sector pesquero y anchovetero del Perú amplió el alcance de la economía circular, brindando una nueva vida útil a materiales antes considerados residuos.

La experiencia de la industria pesquera peruana demuestra que la inversión en tecnología y la recuperación de materiales generan resultados económicos y ambientales favorables. La continuidad de estos avances dependerá de la capacidad del sector para sostener la innovación y asegurar la trazabilidad de los recursos utilizados.

¿Qué son las APRO?

Las APRO representan el brazo social y ambiental de la industria pesquera en Perú. Esta organización agrupa a empresas dedicadas a la producción de harina y aceite de pescado, coordinando esfuerzos para promover prácticas sostenibles y la responsabilidad ambiental en el sector.

Existen siete APROs distribuidas en distintos puertos a nivel nacional, y la mayoría de ellas cuenta con miembros asociados a la SNP.

Por ejemplo, APRO Chicama integra a 5 asociados de la SNP y abarca 6 plantas pesqueras, entre las que se encuentran Copeinca, Diamante, Exalmar, Hayduk y TASA.

En el caso de APRO Chimbote, la organización reúne a 34 empresas, de las cuales 4 están afiliadas a la SNP y operan 5 plantas: Copeinca, Quiaza, TASA y Exalmar. Este modelo de asociación permite articular iniciativas ambientales y sociales, consolidando el compromiso del sector pesquero con la sostenibilidad y la innovación productiva.

Entre julio y octubre, a miles de kilómetros después de abandonar las aguas frías donde se alimentan, llegan al Golfo de Chiriquí las ballenas jorobadas para reproducirse, parir y criar a sus ballenatos en un ambiente de aguas cálidas y relativamente tranquilas.

Las Islas Paridas constituyen uno de los principales refugios utilizados por estos cetáceos durante esa etapa de su ciclo biológico.

Esa condición convierte al Parque Nacional Marino Golfo de Chiriquí en un sitio de importancia ecológica que trasciende las fronteras nacionales.

“El turismo representa una oportunidad para la economía local, pero debe desarrollarse con responsabilidad. Las madres con sus crías necesitan tranquilidad durante una de las etapas más sensibles de su vida, y nuestra responsabilidad es garantizar que ese proceso ocurra con la menor perturbación posible”, dijo el director regional de MiAmbiente, Ernesto Ponce.

Destacó que el fortalecimiento del control y la vigilancia, sumado a años de educación ambiental con comunidades y operadores turísticos, ha permitido conservar el área y fomentar una cultura de mayor respeto hacia la fauna marina.

El crecimiento del avistamiento de cetáceos ha convertido al Golfo de Chiriquí en uno de los destinos más atractivos para el turismo de naturaleza. Sin embargo, acercarse a una ballena implica seguir normas estrictas diseñadas para proteger tanto a los animales como a quienes los observan.

Zuleima Madrid, jefa de Costas y Mares de la entidad gubernamental, explica que las embarcaciones deben mantenerse a 250 metros de las ballenas y permanecer un máximo de 30 minutos cuando se trate de ejemplares adultos. Si hay una cría, el tiempo permitido se reduce a 15 minutos.

Las embarcaciones deben aproximarse en paralelo al desplazamiento de los animales, nunca interceptar su ruta ni rodearlos. Durante la observación, el motor permanece en posición neutral y los ecosondas deben apagarse para no interferir con la ecolocalización que utilizan estos mamíferos para orientarse, comunicarse y localizar alimento.

Madrid señaló que la entidad desarrolla actualmente un monitoreo de megafauna marina en el Pacífico y el Caribe, que incluye ballenas, delfines y aves marinas migratorias.

Los datos obtenidos también permitirán evaluar si fenómenos como El Niño están modificando las rutas migratorias o retrasando la llegada de las ballenas al Pacífico panameño.

Aunque las ballenas concentran buena parte de la atención, el corazón ecológico del parque se encuentra bajo la superficie.

Los arrecifes coralinos funcionan como auténticos viveros del mar, donde cientos de especies encuentran refugio, alimento y sitios para reproducirse. De ellos depende buena parte de la productividad pesquera del Golfo de Chiriquí.

Estos ecosistemas sostienen la base de la cadena alimentaria marina. “Los arrecifes son los viveros del mar. Allí se refugian peces, crustáceos y una enorme diversidad de organismos que dependen de este ecosistema para sobrevivir”.

Entre las especies de coral más representativas del parque sobresalen Pocillopora damicornis, de crecimiento ramificado, así como los corales masivos Porites lobata y Pavona clavus, conocidos popularmente como “múcura”.

Estos se complementan con otras especies propias del Pacífico panameño, formando estructuras arrecifales que se desarrollan principalmente entre los 20 y 30 metros de profundidad.

Su importancia explica por qué el Plan de Manejo restringe actividades que puedan afectar estos ecosistemas.

La pesca artesanal tradicional continúa permitida bajo criterios de sostenibilidad, pero los trasmallos deben colocarse lejos de las islas para evitar daños a los arrecifes.

También se prohíben los torneos de pesca y el uso de arpón, mientras que la captura de langosta solo puede realizarse manualmente y respetando tallas mínimas y periodos reproductivos.

La institución realiza evaluaciones periódicas para conocer el estado de salud de los arrecifes e identificar posibles afectaciones ocasionadas por el cambio climático, el blanqueamiento coralino, enfermedades o el fondeo de embarcaciones sobre estas frágiles estructuras.

La información obtenida orienta las decisiones de manejo y permite definir zonas donde será necesario reforzar las medidas de protección, indicó el inspector del Parque Nacional Marino Golfo de Chiriquí, Carlos Iván Saldaña.

El inicio de este nuevo gobierno trae consigo un proyecto de ley que delega facultades legislativas en diversas materias. Entre ellas destaca una de especial relevancia frente a la coyuntura marcada por el Fenómeno de El Niño, el desarrollo productivo e innovación. Este ámbito abre la posibilidad de dictar medidas orientadas a fortalecer y modernizar el marco normativo de las actividades pesqueras y acuícolas, garantizando productividad, sostenibilidad y formalización en un sector que, pese a los ciclos climáticos, continúa siendo un motor económico y social para el país.

Según un estudio elaborado por Apoyo Consultoría en 2025, la pesca industrial aportó alrededor del 2,1 % al PBI nacional y generó más de 250 mil empleos directos, con un efecto multiplicador que se refleja en sectores como transporte, logística y servicios. PRODUCE, en sus reportes oficiales1, confirmó que por cada S/ 100 producidos por la actividad pesquera se originan cerca de S/ 80 adicionales en actividades conexas, lo que evidencia su capacidad de dinamizar la economía.

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) confirmó que en los primeros meses de 2026 la producción pesquera se contrajo más del 70 % debido a la suspensión anticipada de la temporada de anchoveta, impactando también en la manufactura y otros sectores vinculados2.

Hoy, con el Fenómeno de El Niño reduciendo la actividad y poniendo en riesgo miles de puestos de trabajo, la necesidad de adoptar medidas legislativas urgentes trasciende cualquier interés gremial y se convierte en una prioridad nacional para proteger el empleo y nuestra economía.

En este contexto, los derechos de pesca, entendidos como la contraprestación económica que pagan los titulares de permisos de pesca por el aprovechamiento de los recursos hidrobiológicos, no deben concebirse únicamente como un mecanismo de recaudación. La Ley General de Pesca reconoce que los recursos hidrobiológicos constituyen patrimonio de la Nación y que su aprovechamiento debe realizarse conforme a medidas de ordenamiento sustentadas en evidencia científica y en factores biológicos, económicos y sociales.

En consecuencia, resulta coherente que, especialmente en períodos de alta variabilidad ambiental como el actual, una parte significativa de estos recursos se destine a fortalecer la investigación científica marina. Financiar estudios oceanográficos, hidroacústicos, biológicos, entre otras, permitirá generar la información necesaria para adoptar decisiones de manejo oportunas y técnicamente sustentadas, así como mejorar la capacidad del país para anticipar y responder a los cambios en el ecosistema marino y en la dinámica de las poblaciones hidrobiológicas.

Con esos recursos adicionales, el Instituto del Mar del Perú (IMARPE) podrá continuar realizando investigaciones científicas actualizadas sobre la dinámica del ecosistema marino y la distribución de la anchoveta, realizando monitoreos bio-oceanográficos para evaluar el impacto del Fenómeno de El Niño Costero 2026-2027, lo que permite ajustar las políticas de manejo pesquero de manera adaptativa y en tiempo real.

En ese contexto, la delegación de facultades debe permitir orientar parte de los derechos de pesca al financiamiento de fondos de investigación y monitoreo que permitan anticipar los efectos de fenómenos climáticos y diseñar respuestas oportunas. En un país donde los ciclos de El Niño son recurrentes, la ciencia no puede ser un lujo, sino un pilar de la política pública.

Otro aspecto importante para el sector pesquero es la zona sur del país, que durante años ha enfrentado limitaciones para el desarrollo de su actividad. Hoy, el proyecto de delegación de facultades abre la posibilidad de impulsar la pesca artesanal mediante un Fondo para el Desarrollo de la Pesca Artesanal, financiado con aportes voluntarios y contraprestaciones, sin demandar recursos del Tesoro Público. Reactivar la actividad pesquera en el sur significa generar empleo, fortalecer las cadenas productivas y promover el desarrollo regional.

La pesca artesanal en el sur no solo es fuente de ingresos, sino también de identidad cultural y cohesión social. Su fortalecimiento requiere infraestructura de desembarque y frío, acceso a mercados y mecanismos de articulación con la industria. La delegación de facultades representa una oportunidad para impulsar políticas diferenciadas que contribuyan al desarrollo sostenible de las comunidades pesqueras del sur.

Medidas frente a El Niño: fortalecer la resiliencia del sector

La suspensión de la primera temporada de pesca de anchoveta en la zona norte-centro durante 2026 evidenció la vulnerabilidad de la actividad frente a eventos climáticos extremos. Ante fenómenos recurrentes como El Niño, resulta necesario impulsar mecanismos que fortalezcan la resiliencia del sector, promuevan la diversificación de la pesca hacia especies de oportunidad, es decir, de especies que usualmente no están disponibles a la pesca, y que lo estarán en tanto duren las condiciones cálidas. Aprovechar esa mayor oferta de especies de alto valor implica, ahora, impulsar la mejora de la infraestructura de frío para la pesca artesanal para que esté alcance un óptimo aprovechamiento de la oportunidad que representa El Niño 2026-27.

La respuesta al Niño no puede limitarse a suspender temporadas o ajustar cuotas de captura. Se requiere un enfoque integral que combine sostenibilidad, competitividad e innovación, con instrumentos que mitiguen los impactos económicos y sociales sobre la cadena pesquera.

El debate sobre la delegación de facultades trasciende el ámbito pesquero. Lo que está en juego es la posibilidad de construir una política pesquera moderna, transparente y basada en evidencia. Apostar por la ciencia, fortalecer la pesca artesanal y mejorar la capacidad de respuesta frente a los efectos del cambio climático es apostar por el crecimiento sostenible del Perú.

La pesca es mucho más que cifras de producción o exportación. Es una actividad que sostiene el empleo, dinamiza las economías regionales y contribuye a la seguridad alimentaria. Modernizar su marco normativo es reconocer que el desarrollo del Perú también depende de una gestión responsable y sostenible de su riqueza marina.

Un estudio citado por Forbes reveló que una especie de tiburón considerada durante años poco frecuente en el mar Adriático mantiene una presencia constante en la región.

Investigadores registraron 319 ejemplares de tiburón linterna de vientre aterciopelado (Etmopterus spinax) frente a las costas de Vlorë, Albania, durante un programa de monitoreo vinculado a la actividad pesquera desarrollado entre 2023 y 2025.

El trabajo permitió identificar individuos de distintas etapas de desarrollo, incluidos neonatos, juveniles y hembras grávidas, un hallazgo que sugiere que determinadas zonas del talud continental del Adriático podrían funcionar como áreas de reproducción para esta especie de aguas profundas.

Los resultados fueron analizados por la científica marina y divulgadora Melissa Cristina Márquez en un informe para Forbes, donde se detalló el impacto de esta información sobre el conocimiento de los ecosistemas marinos profundos.

Una especie oculta en las profundidades del Adriático

El tiburón linterna de vientre aterciopelado pertenece a un grupo de especies adaptadas a ambientes donde la luz solar prácticamente no llega. Los ejemplares registrados durante la investigación aparecieron en capturas realizadas entre 450 y 650 metros de profundidad, especialmente en operaciones que superaban los 500 metros.

Durante años, los registros de esta especie en el Adriático fueron escasos y separados por largos períodos, una situación que llevó a considerarla como un animal poco habitual en esas aguas. Sin embargo, los nuevos datos muestran una distribución más estable de la esperada, con ejemplares capturados de manera repetida en la misma zona.

Los tiburones linterna presentan características biológicas asociadas a una recuperación poblacional lenta. Crecen de forma gradual, alcanzan la madurez en etapas avanzadas de su vida y generan una cantidad limitada de crías. Estas condiciones hacen que sean especialmente sensibles a las alteraciones provocadas por actividades humanas en sus hábitats.

La pesca profunda influye en la supervivencia de los ejemplares

Uno de los aspectos destacados por la investigación fue la diferencia en la mortalidad según el método de captura utilizado. Los ejemplares atrapados mediante redes de arrastre de fondo presentaron una mortalidad del 100% al llegar al barco, mientras que algunos individuos capturados con palangres todavía permanecían vivos al ser retirados del agua.

Según el análisis difundido por Forbes, este resultado indica que las consecuencias sobre las especies profundas no dependen únicamente del volumen de pesca, sino también de las herramientas empleadas para extraer recursos del océano.

La pesca industrial en zonas profundas representa un desafío para especies con ciclos reproductivos lentos, ya que una disminución poblacional puede tardar mucho tiempo en ser detectada. Los ecosistemas ubicados lejos de la superficie todavía cuentan con información limitada sobre sus dinámicas, sus zonas reproductivas y los movimientos de sus habitantes.

El análisis genético reveló una población con características propias

Además del registro de individuos, los investigadores realizaron estudios de ADN mediante secuencias mitocondriales COI, una técnica utilizada para analizar diferencias genéticas entre poblaciones. El análisis identificó una diversidad moderada y permitió detectar seis haplotipos previamente desconocidos.

Los resultados sugieren que los tiburones linterna del Adriático poseen una estructura genética particular, influenciada por movimientos de individuos y por cierto nivel de aislamiento regional. Esta información aporta nuevos elementos sobre la distribución de una especie cuya presencia en la zona era menos conocida.

El descubrimiento también plantea interrogantes sobre otras especies de aguas profundas que podrían utilizar sectores similares del ecosistema marino para reproducirse o desarrollarse durante sus primeras etapas de vida.

Un ecosistema todavía poco estudiado

La investigación advirtió que las actividades pesqueras en aguas profundas avanzan en ambientes donde todavía falta información básica sobre las especies que los habitan.

La identificación de una posible zona de cría para el tiburón linterna de vientre aterciopelado muestra que áreas consideradas poco relevantes pueden cumplir funciones esenciales dentro de la dinámica marina.

Los científicos señalaron que las profundidades oceánicas presentan dificultades particulares para el monitoreo. A diferencia de los ecosistemas cercanos a la superficie, donde existen registros prolongados de observación, las zonas profundas suelen depender de muestras aisladas y encuentros ocasionales.

El registro de 319 ejemplares aporta evidencia sobre la presencia continua de esta especie en el Adriático y proporciona nuevos datos para evaluar la relación entre la pesca, la conservación y el funcionamiento de los ecosistemas de gran profundidad.

La Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) emitió un comunicado en el que expresó su respaldo al pedido del Poder Ejecutivo para obtener facultades legislativas, con el objetivo de afrontar la crisis nacional derivada de la inseguridad ciudadana y los efectos del Fenómeno El Niño.

El gremio advirtió sobre la gravedad del impacto en el sector pesquero industrial y la urgencia de adoptar medidas para proteger el empleo y la economía de las regiones pesqueras. En el documento, la SNP resaltó que la pesca industrial aportó el 2,1 % al Producto Bruto Interno (PBI) nacional en 2025 y generó más de 250 mil empleos directos.

Además, alertó que, según estimaciones de Apoyo Consultoría, en 2026 se podrían perder más de 78 mil puestos de trabajo en el sector si no se toman acciones inmediatas.

Sin actividad pesquera por suspensión de la temporada de anchoveta

Actualmente, la primera temporada de pesca de anchoveta en la zona norte-centro del Perú se encuentra suspendida. El Ministerio de la Producción (PRODUCE) paralizó las actividades extractivas debido al exceso de ejemplares juveniles y al impacto del calentamiento del mar asociado al Fenómeno El Niño Costero.

Esta medida afecta directamente la generación de empleo y la economía de las regiones pesqueras, ya que la anchoveta representa el principal recurso para la industria y la cadena productiva del sector.

Facultades legislativas: los cambios propuestos

Entre las facultades solicitadas por el Poder Ejecutivo al Congreso de la República se incluyen reformas en materia económica, medioambiental y administrativa.

Una de las propuestas centrales apunta a clarificar la compatibilidad entre las Áreas Naturales Protegidas (ANP) y el aprovechamiento sostenible de los recursos hidrobiológicos, como la pesca artesanal y la acuicultura.

Recientemente, la Corte Suprema resolvió una demanda de la SNP en torno a la prohibición de la pesca industrial en la Reserva Nacional de Paracas y en todas las ANP del país.

El proyecto, que ha recibido el visto bueno del sector empresarial peruano, impulsa que cualquier restricción a actividades económicas en ANP respete el marco jurídico vigente y los derechos adquiridos, y que esté sustentada en evidencia científica.

Respecto a los proyectos de inversión y gestión ambiental, el Ejecutivo plantea reglas claras para el desarrollo de infraestructura, minería o energía en ANP, exigiendo el cumplimiento de la normativa y la obtención de autorizaciones sectoriales y ambientales específicas.

Según el Gobierno, las reformas buscan equilibrar el desarrollo económico y la inversión con la conservación de los ecosistemas protegidos, reforzando la obligación de evaluación previa, participación ciudadana y control ambiental.

¿Qué es la Sociedad Nacional de Pesquería?

La Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) es la principal organización gremial empresarial privada del sector pesquero en el Perú. Agrupa a unas 60 empresas dedicadas a la pesca industrial, la acuicultura y el procesamiento de recursos marinos, como conservas, congelados, harina y aceite de pescado.

Entre sus socios principales figuran empresas líderes del sector industrial pesquero peruano, como Tecnológica de Alimentos S.A. (TASA), Pesquera Hayduk, Pesquera Exalmar, Pesquera Diamante, Corporación Pesquera Inca (Copeinca) y Austral Group.

El objetivo central de la SNP es promover la pesca responsable, la sostenibilidad de los recursos y el desarrollo formal del sector en el país. Estas compañías representan una parte fundamental de la capacidad productiva y exportadora de la industria pesquera nacional.

El aumento de cierres y restricciones en zonas de pesca se está convirtiendo en una realidad cotidiana en el oeste de Estados Unidos, donde el calor extremo ha elevado la temperatura de los ríos a niveles sin precedentes. Las autoridades han tenido que tomar medidas urgentes, prohibiendo la pesca durante ciertas horas en ríos y arroyos, en respuesta a las sucesivas olas de calor y a un panorama marcado por la sequía y la disminución de los caudales.

Este verano ha sido especialmente duro: los termómetros han batido récords y la temperatura del agua ha superado los límites soportables para la fauna acuática. La situación es tal que muchos pescadores, atraídos por la fama de lugares icónicos como el Parque Nacional de Yellowstone o el río Blackfoot en Montana, se han encontrado con regulaciones cada vez más estrictas que limitan su actividad.

En el caso de Montana, la situación se ha agravado hasta el punto de que se han impuesto restricciones vespertinas en más de 1.900 kilómetros de ríos, una extensión nunca vista hasta ahora. El fenómeno no es exclusivo de este estado: en Colorado se han restringido 1.023 kilómetros de ríos, según datos oficiales.

Desde hace una década, los cierres temporales de zonas de pesca se han vuelto habituales, especialmente entre finales de junio y principios de septiembre, tal como indica el biólogo Adam Strainer, administrador de pesca en Montana. Las restricciones buscan aliviar la presión sobre especies vulnerables y ganar tiempo mientras se esperan mejores condiciones.

El impacto del calor y la sequía en la trucha y otras especies resulta devastador. Las truchas dependen del agua fría para sobrevivir; cuando la temperatura sube, el oxígeno disuelto disminuye y los peces comienzan a sufrir estrés térmico. Este fenómeno provoca que su respiración se dificulte y su crecimiento se vea ralentizado. La trucha arcoíris y la trucha degollada son especialmente sensibles: los expertos advierten que incluso un breve contacto fuera del agua para tomar una fotografía puede resultar letal cuando los peces ya están debilitados por el calor.

En el río Yampa, en Steamboat Springs, las aguas alcanzaron los 23 ℃, provocando la muerte masiva de peces, lo que el conservacionista Kirk Deeter califica de mal presagio para las poblaciones de trucha. Además, la escasez de agua debido a la sequía acelera el calentamiento de los ríos, agravando el problema.

Las regulaciones y medidas adoptadas han sido diversas y cada vez más estrictas. El Parque Nacional de Yellowstone amplió recientemente las restricciones de pesca vespertina a todo el parque, una decisión que se suma a acciones similares en otros estados del oeste. En Montana, las autoridades ampliaron las restricciones hasta abarcar más de 1.900 kilómetros de ríos, en un intento de proteger a las especies más vulnerables durante los momentos de mayor estrés térmico.

Colorado ha seguido el mismo camino, imponiendo limitaciones en 19 ríos. Las regulaciones no se limitan a restricciones horarias: en 2016, por ejemplo, se prohibieron todas las actividades recreativas en 295 kilómetros del río Yellowstone para frenar la propagación de un parásito letal durante un episodio de aguas bajas y cálidas. Estas medidas buscan reducir el impacto humano en momentos críticos y evitar la mortalidad masiva de peces.

Las consecuencias ecológicas y económicas de estas restricciones son profundas. Por un lado, la pesca de truchas es un pilar para la economía de muchas comunidades de las Montañas Rocosas, donde miles de visitantes llegan cada año atraídos por la reputación de los ríos y la posibilidad de capturar ejemplares de trucha. Sin embargo, la incertidumbre generada por los cierres y la mala calidad del agua ha llevado a que muchos turistas pospongan o cancelen sus viajes, afectando a negocios como tiendas de artículos de pesca y guías locales.

Dan Gigone, propietario de una tienda junto al río Yellowstone, señala que cada vez más visitantes prefieren esperar al otoño, cuando las condiciones suelen mejorar. El agua caliente no solo pone en riesgo a los peces, sino que también compromete los ingresos de quienes dependen de la pesca recreativa.

En cuanto a los cambios observados en los patrones climáticos y su relación con el aumento de las olas de calor fluviales, los expertos apuntan al cambio climático provocado por la acción humana como el principal responsable. La temperatura media del planeta se eleva y las sequías se hacen más frecuentes y duraderas, lo que altera el ciclo natural de los ríos de montaña.

Un estudio reciente, dirigido por la profesora Li Li de la Universidad Estatal de Pensilvania, demostró que las “olas de calor fluviales” son cada vez más comunes en regiones dominadas por la nieve, como el norte de Estados Unidos y las Montañas Rocosas. El deshielo se reduce y el periodo en que los ríos mantienen temperaturas frías es cada vez más corto, lo que perjudica a especies como la trucha toro. El número de días con temperaturas letales para peces de agua fría se ha incrementado de manera notable en la última década.

Las adaptaciones de pescadores y escuelas de pesca reflejan la magnitud del desafío. Muchos aficionados han comenzado a liberar sus capturas de inmediato o a evitar pescar en las horas de mayor calor. Otros, como Mike Wever, adaptan su equipamiento y aceptan las restricciones, conscientes de la necesidad de proteger el recurso. Las escuelas de pesca, como la de Todd Tanner en Bigfork, han tenido que modificar sus calendarios y horarios, acortando la temporada y concentrando las clases en los meses menos cálidos. Tanner, con más de tres décadas en Montana, reconoce que este tipo de preocupaciones era impensable hace apenas 25 años. La vulnerabilidad de los ríos y la fauna obliga a repensar prácticas y a asumir que la pesca en el oeste estadounidense ya nunca será igual.

A pesar de que el Perú cuenta con tecnología satelital capaz de rastrear embarcaciones y detectar actividades ilícitas en alta mar, los gobiernos regionales —responsables de supervisar la pesca artesanal— todavía no acceden a esta información en tiempo real.

Esta brecha institucional dificulta la fiscalización efectiva de prácticas prohibidas, como la pesca de arrastre en las primeras cinco millas marinas, vigente desde hace más de 25 años, según un informe presentado por Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR).

La organización refiere que la falta de acceso a sistemas de monitoreo como el SISESAT o plataformas internacionales como Global Fishing Watch limita la capacidad de los gobiernos subnacionales para actuar ante denuncias y sancionar a los infractores.

Brechas tecnológicas y desafíos de coordinación

El Ministerio de la Producción (PRODUCE) dispone de herramientas satelitales para monitorear grandes embarcaciones bajo su competencia, pero los gobiernos regionales, que regulan la pesca artesanal, no reciben esa información de manera inmediata.

Según el análisis de DAR, la principal barrera no es la ausencia de tecnología, sino las restricciones institucionales y la falta de articulación entre entidades estatales.

Percy Grandez Barrón, consultor y autor del informe, explicó que “no existe ninguna sanción administrativa contra una embarcación que haya realizado pesca de arrastre dentro de las primeras cinco millas marinas”, lo que revela la ineficacia de la fiscalización regional.

A pesar de estas limitaciones, algunos avances recientes muestran el potencial de las herramientas tecnológicas. Hace menos de un mes, pescadores de Cabo Blanco presentaron la primera denuncia administrativa formal por pesca de arrastre prohibida en la costa norte peruana.

Esta denuncia utilizó reportes de la plataforma Skylight y registros de drones de la Reserva Nacional Mar Tropical de Grau como evidencia del recorrido y las operaciones ilícitas de una embarcación. “Es la primera denuncia formal sustentada con imágenes satelitales y drones”, detalló Grandez.

Impacto económico y ambiental de la pesca ilegal

La falta de fiscalización efectiva tiene consecuencias directas sobre la economía y los ecosistemas. Según DAR, la pesca ilegal genera pérdidas de hasta USD 23 mil millones al año en el mundo y afecta cerca de 26 millones de toneladas de recursos hidrobiológicos.

En el Perú, este delito no solo pone en riesgo la sostenibilidad de las pesquerías y la seguridad alimentaria, sino que también debilita las economías locales. Además, la presencia de redes ilegales facilita la entrada de mafias y organizaciones criminales en las zonas costeras, lo que incrementa los riesgos para las comunidades pesqueras.

Para los pescadores artesanales, la lucha contra la pesca ilegal es una cuestión de subsistencia y seguridad. Amancio Ormeño, pescador y vigilante comunal de la Reserva Nacional de Paracas, señala que la pesca ilegal reduce la disponibilidad de recursos y deteriora los ecosistemas.

“Cuando llega la autoridad, muchas veces la pesca ilegal ya terminó”, comenta Ormeño. En tanto, Miguel Martínez, presidente de la Federación Regional de Pesca Artesanal de Tumbes, advierte que la pesca ilegal “trae delincuencia y amenazas a los pescadores artesanales”.

Retos institucionales y propuestas de solución

Especialistas y autoridades coinciden en que ampliar el acceso a información satelital y fortalecer la coordinación entre el gobierno central, los gobiernos regionales y las instituciones de vigilancia es clave para enfrentar la pesca ilegal.

Denisse Linares, líder de proyectos de DAR, sostiene que “la información satelital puede aportar mucho más, pero también se necesita mejorar capacidades, presupuesto y articulación institucional”.

Por ejemplo, en la Reserva Nacional Mar Tropical de Grau, el uso de drones y plataformas de monitoreo permitió reducir en más del 98% el ingreso de embarcaciones ilegales, aunque persisten limitaciones operativas y de recursos humanos.

Las propuestas incluyen incorporar sistemas de geolocalización en todas las embarcaciones, fortalecer la respuesta institucional y promover reformas que permitan a los gobiernos regionales contar con información en tiempo real.

El objetivo común: cerrar la brecha tecnológica y de gobernanza que hoy deja a amplios sectores del mar peruano sin vigilancia efectiva frente a la pesca ilegal.

A tan solo unos minutos del centro de Mar del Plata, es posible descubrir un paisaje donde la naturaleza ocupa el lugar central. Laguna, sierras, bosques y caminos rurales se combinan con actividades recreativas, espacios culturales e historia, lo que convierte a la zona en una excelente alternativa para disfrutar en familia, con amigos o en pareja durante cualquier estación.

Uno de los principales atractivos de esta zona es la Reserva Integral Laguna de los Padres, cuyo acceso principal se encuentra a la altura del kilómetro 12 de la Ruta Nacional 226.

Este destino es uno de los más elegidos para la pesca de pejerrey, tanto desde la costa como embarcado, con la posibilidad de alquilar botes, cañas y el equipamiento necesario.

Una reserva ideal para vivir el aire libre

La Laguna de los Padres es reconocida por sus aguas tranquilas, que permiten practicar remo, canotaje y windsurf, mientras que los espacios recreativos y campamentos ofrecen la posibilidad de pasar el día en contacto con la naturaleza.

También es un lugar perfecto para recorrer sus alrededores a pie o en bicicleta, disfrutar de un picnic, compartir unos mates o simplemente contemplar el paisaje, donde las araucarias, las aves y la vegetación crean un escenario de gran belleza.

El circuito suma además un valioso recorrido por la historia regional. Muy cerca de la laguna se encuentran la Reducción Nuestra Señora del Pilar, réplica del primer asentamiento jesuita de la zona, y el Museo Municipal José Hernández, ubicado en un antiguo casco de estancia que conserva objetos, documentos y construcciones originales vinculadas con la vida rural.

En este sitio es posible visitar el galpón de esquila, el bañadero de ganado, distintas dependencias destinadas a las tareas rurales y la vivienda principal. Además, historiadores marplatenses sostienen que José Hernández vivió allí durante algunos años, etapa en la que habría encontrado inspiración para parte de la obra que luego daría origen al Martín Fierro.

Sabores regionales entre valles y sierras

Ubicado en la Ruta 226, a la altura del kilómetro 16, el camino Padre Luis Varetto conduce hacia Sierra de los Padres: un entorno donde la naturaleza se combina con la gastronomía y la producción local.

El trayecto atraviesa valles y lomadas con restaurantes, parrillas, campings y numerosos puestos que ofrecen miel, quesos, embutidos, mermeladas, así como frutas, verduras y hortalizas provenientes del Cordón Frutihortícola de General Pueyrredon.

Una vez en el destino, los visitantes pueden recorrer sus centros comerciales y gastronómicos, ideales para degustar productos regionales, descubrir propuestas culinarias y adquirir artesanías locales.

En la parte más alta de la montaña se ubican algunos de los paisajes más representativos del lugar. Allí se encuentran elegantes chalets rodeados de amplios parques, el Sierra de los Padres Golf Club, con su cancha de 18 hoyos, y un mirador panorámico que ofrece una vista privilegiada del entorno serrano. Este campo presenta fairways angostos, rodeados por abundante forestación y desniveles naturales que representan un atractivo desafío para los aficionados a este deporte.

Experiencias para toda la familia

En ese mismo sector también se encuentran el paseo de artesanos y la tradicional Gruta de los Pañuelos, uno de los sitios más emblemáticos de la zona. Entre senderos de piedra y formaciones rocosas se llega hasta la imagen de la Virgen de Luján, donde es tradición dejar un pañuelo como símbolo de agradecimiento o expresión de un deseo.

La oferta recreativa se completa con establecimientos preparados para disfrutar en familia, con piletas, juegos infantiles, fogones, canchas deportivas, laberintos naturales, muros de escalada, arquería y metegol humano.

Para quienes buscan una experiencia diferente, los vuelos de bautismo en parapente sobre las sierras y la laguna permiten apreciar el paisaje desde las alturas junto a instructores especializados, sin necesidad de experiencia previa.

Naturaleza, aventura, patrimonio, gastronomía y producción regional forman parte de un mismo recorrido, lo que convierte a Laguna y Sierra de los Padres en una de las escapadas más completas para descubrir otra de las grandes propuestas turísticas que ofrece Mar del Plata durante todo el año.

Para conocer más información sobre los servicios y atractivos de Sierra y Laguna de los Padres, se puede visitar este sitio web.

La temporada de pesca de langosta espinosa en Florida arranca este miércoles con la apertura de la mini temporada deportiva, un evento de dos días que convoca cada año a miles de buzos y navegantes en las costas del estado.

La Comisión de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC, por sus siglas en inglés) y la Guardia Costera de Estados Unidos intensificarán los patrullajes en los cuerpos de agua del estado entre el 29 y el 30 de julio de 2026, con controles de seguridad, inspecciones a embarcaciones y supervisión del cumplimiento de las normativas federales y estatales.

Asimismo, adquiere importancia porque la mini temporada de langosta es uno de los fines de semana de mayor actividad en las aguas de Florida. Durante esos dos días, los participantes con licencia vigente pueden capturar hasta 12 langostas por persona por día en la mayoría de las aguas del estado.

De igual modo, una excepción aplica para el Condado de Monroe y el Parque Nacional Biscayne, donde el límite se reduce a seis ejemplares por persona por día. Esta distinción fue reforzada por el vocero de la FWC, George Reynaud, quien detalló las restricciones ante los medios durante la jornada de capacitación previa a la temporada.

Dónde está permitido cazar y dónde no

Aunque la pesca de langosta espinosa es legal en la mayor parte de las aguas de Florida durante la mini temporada, existen zonas de veda absoluta donde la captura está prohibida.

Entre estas áreas se incluyen el Parque Nacional Everglades, el Parque Nacional Dry Tortugas, las áreas de no extracción del Santuario Marino Nacional de los Cayos de Florida, el Santuario de Langosta de la Bahía Biscayne/Card Sound y las cinco zonas de protección de arrecifes de coral dentro del Parque Nacional Biscayne. Tampoco está permitido en el Parque Estatal John Pennekamp.

Los infractores que capturen langostas en estas áreas protegidas se exponen a citaciones y sanciones impuestas tanto por la FWC como por las autoridades federales. Los oficiales de ambas agencias patrullarán esas zonas durante toda la mini temporada.

Medidas que determinan si un ejemplar es legal

Para que una langosta pueda ser retenida, su caparazón —el caparazón duro que va desde la cabeza hasta el abdomen— debe medir más de 7,6 centímetros (3 pulgadas), medición que debe realizarse en el agua. Todo buzo tiene la obligación de llevar consigo un dispositivo de medición, ya que los oficiales pueden solicitarlo en cualquier momento.

Reynaud precisó que “si ven los huevos de color naranja brillante adheridos bajo la cola, que se asemejan a una esponja de color naranja intenso, está prohibido capturarla”. La captura de hembras con huevos está vedada en toda circunstancia.

Tampoco está permitido separar la cola del cuerpo mientras el ejemplar se encuentre en el agua, ni usar dispositivos que puedan pinchar, perforar o aplastar al crustáceo. El método de captura autorizado consiste en el uso de una red y un palo para provocar el movimiento del animal.

En el Condado de Monroe, la pesca nocturna de langosta queda expresamente prohibida durante los días de la mini temporada.

Las precauciones en el agua que exige la Guardia Costera

La afluencia masiva de embarcaciones convierte este fin de semana en uno de los más peligrosos del calendario náutico de Florida. El especialista en navegación recreativa del Distrito Sureste de la Guardia Costera, Scott Szczepaniak, advirtió en un comunicado que "los navegantes deben estar preparados y hacer que esto sea lo más seguro posible".

También señaló que “una de las formas más comunes en que hemos visto personas resultar heridas es como consecuencia de colisiones con otras embarcaciones, con estructuras como puentes o con el fondo".

El teniente de la Guardia Costera, Matthew Ross insistió en que los motores deben apagarse completamente cuando haya buzos o nadadores en el agua cerca de la embarcación.

Además, enumeró una serie de requisitos para todos los navegantes:

• Verificar el funcionamiento de las luces de navegación antes de zarpar.
• No sobrecargar la embarcación respecto a su capacidad nominal.
• Mantener los dispositivos electrónicos y plotter con el brillo reducido para no afectar la visión nocturna.
• Usar el chaleco salvavidas en todo momento.

El teniente Michael Barrios, de la Unidad de Patrulla Marina del Departamento del Alguacil de Miami-Dade, recordó: “Siempre que un buzo esté en el agua, la bandera o el símbolo debe estar desplegado”. Las embarcaciones tienen la obligación de reducir la velocidad a marcha lenta dentro de un radio de unos 90 metros (300 pies) de una bandera de buzo en aguas abiertas.

La Guardia Costera también recomendó que el ambiente marino acelera los efectos del alcohol, por lo que la navegación bajo la influencia del alcohol está prohibida. Quienes planeen participar en la mini temporada deben contar con una licencia de pesca en aguas saladas y un permiso de langosta vigentes antes de ingresar al agua.

El Ministerio de la Producción (Produce) de Perú ha lanzado un proyecto normativo que modifica el marco legal pesquero y permitirá, por primera vez, que embarcaciones extranjeras capturen atún bajo la cuota asignada al país en aguas jurisdiccionales, con condiciones específicas de procesamiento local.

La Resolución Suprema N.° 009-2016-PRODUCE establece las bases de esta apertura, cuyo objetivo principal es aprovechar mucho más la capacidad de pesca de atún que Perú tiene reconocida por la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT), pero que en la práctica viene utilizando solo de forma parcial.

¿Una cuota desperdiciada?

Según datos oficiales, el gobierno peruano reconoce que actualmente solo utiliza una fracción menor de su cuota total de atún. En 2024, el desembarque nacional de atún fue de 3.743 toneladas métricas, marcando uno de los niveles más bajos de la última década. La serie histórica muestra la tendencia:

• 2020: 4.795 toneladas
• 2021: 5.078 toneladas
• 2022: 7.805 toneladas (máximo reciente)
• 2023: 4.443 toneladas
• 2024: 3.743 toneladas

Estos valores contrastan con la capacidad total asignada por la CIAT (Comisión Interamericana del Atún Tropical), que es de 8.195 metros cúbicos de bodega y permitiría capturas mucho mayores.

De acuerdo con las cifras incluidas en la exposición de motivos del proyecto, el año pasado solo ocho embarcaciones peruanas realizaron pesca comercial de atún, pese a que dieciocho estaban registradas ante la CIAT.

El país importa unas 22.600 toneladas métricas de atún congelado por año para abastecer a sus plantas, una dependencia que genera costos y limita el desarrollo industrial local. Según el propio Ministerio de la Producción, “la capacidad asignada no viene siendo utilizada de manera eficiente”, por lo que se busca revertir esa tendencia.

Cómo funcionará el nuevo régimen

El mecanismo central de la norma es el préstamo o concesión de capacidad de pesca. Esto significa que Perú no presta barcos, sino que autoriza a flotas extranjeras a utilizar parte de su cuota de captura de atún reconocida por la CIAT (Comisión Interamericana del Atún Tropical), siempre bajo la condición de que al menos la mitad de las capturas sean descargadas y procesadas en plantas nacionales durante los primeros cinco años de contrato (luego este porcentaje aumenta al 70%).

Los contratos pueden tener una vigencia de hasta diez años y requieren la aceptación expresa del Estado receptor. En el caso de los acuerdos internacionales bajo esta modalidad, el titular del permiso peruano puede transferir temporalmente su capacidad de pesca a un armador extranjero.

A cambio, la empresa foránea debe descargar una parte significativa de la pesca en territorio nacional y contratar personal peruano a bordo de los buques, según detalla la resolución.

El potencial de crecimiento para la industria

El Ministerio de la Producción calcula que, si se presta solo el 30% de la capacidad de bodega que hoy está subutilizada, podrían generarse 2.970 toneladas métricas adicionales de atún fresco por año para las plantas locales, lo que se traduciría en al menos USD 4,3 millones de ingresos directos para el sector industrial. De aprovecharse completamente la capacidad ociosa, el crecimiento en el desembarque podría duplicar o incluso triplicar los volúmenes actuales.

El texto del proyecto no menciona países específicos, pero deja abierta la puerta a cualquier nación interesada que cumpla con las condiciones y reciba autorización estatal, siempre bajo supervisión y control de las autoridades peruanas.

Las flotas que dominan el Pacífico oriental

El Pacífico oriental, donde se ubican las aguas jurisdiccionales de Perú, está dominado por flotas atuneras de Ecuador, México, Panamá, Venezuela, Colombia, Estados Unidos y, en menor medida, barcos de la Unión Europea (España) y potencias asiáticas como China y Japón.

Ecuador concentra cerca del 40% del atún capturado en la zona, seguido por México (22%), Panamá (13%) y otros países, según datos de la industria internacional (iattc - the tuna fishery in the eastern pacific ocean in 2023). Perú, en comparación, solo desembarcó —3.743 toneladas métricas— en 2024.

Supervisión y condiciones estrictas

Toda transferencia de capacidad debe ser informada, registrada y aceptada por las autoridades, y el incumplimiento de las obligaciones de descarga o pago de derechos puede derivar en la revocación de los contratos.

Además, las plantas de procesamiento con nuevas licencias podrán iniciar operaciones inmediatamente bajo un régimen excepcional, aunque estarán sujetas a inspecciones posteriores en un plazo máximo de seis meses.

El gobierno sostiene que estas medidas buscan fortalecer la cadena productiva atunera de Perú, reducir la dependencia de materia prima importada y garantizar que parte de la riqueza generada por el atún permanezca en el país.

Desde el 28 de febrero de 2026, los capitanes que intentan cruzar el Estrecho de Ormuz observan en sus pantallas de navegación algo que desafía toda lógica: supertanqueros que circulan sobre tierra firme, cargueros que atraviesan aeropuertos, buques que derivan a través de una central nuclear. No se trata de fallas técnicas aleatorias. Es el resultado de operaciones de interferencia satelital desplegadas por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, que desde el inicio del conflicto con Estados Unidos e Israel convirtió ese corredor marítimo —por el que transita el 20% del petróleo y gas del mundo— en el primer escenario documentado de guerra híbrida marítima a escala masiva. Lo que ocurre allí no es una amenaza futura ni un escenario hipotético. Es el presente del ciberespacio marítimo. Y es exactamente lo que el capitán Jorge A. Frías, secretario general de la Asociación Argentina de Capitanes, Pilotos y Patrones de Pesca y presidente de la Fundación Centro de Estudios Superiores del Mar Argentino (FUNCESMAr), advirtió durante las Jornadas de Intereses Marítimos Argentinos celebradas en Mar del Plata: la flota pesquera argentina enfrenta las mismas vulnerabilidades, y el país carece todavía de un marco normativo que las contemple.

Los expositores organizaron el problema en torno a un marco de origen naval, hoy directamente aplicable al sector pesquero: información, tecnología y personas. La información es el activo estratégico. Las decisiones de navegación y de captura ya no dependen solo de la observación directa del capitán, sino de un flujo continuo de datos como el AIS ((Automatic Identification System, o Sistema de Identificación Automática) y entre otros, la trazabilidad blockchain.

En palabras llanas: la tecnología blockchain es una base de datos distribuida, en lugar de almacenarse en un único servidor central, la información se replica simultáneamente en miles de nodos (computadoras) conectados en red. En el sector pesquero, la trazabilidad blockchain permite registrar y verificar:

• Dónde y cuándo se capturó el pescado.
• Qué embarcación lo capturó y bajo qué licencia.
• La posición GPS del buque en el momento de la captura.
• La cadena de frío durante el transporte.
• El procesamiento en tierra y la distribución hacia los mercados.

Cada uno de esos datos queda grabado de forma permanente e inmutable en la cadena. En este punto aparece lo que el capitán Frías denominó "el problema del oráculo“: el blockchain garantiza que un dato no fue modificado después de registrado, pero no puede garantizar que ese dato fuera verdadero en el momento de ingresar. Si un buque pesca en una zona prohibida del Atlántico Sur y su GPS fue manipulado mediante spoofing (técnica de engaño digital que consiste en suplantar o falsificar una señal, una identidad o una fuente de información para que un sistema receptor la tome como legítima) para mostrar una posición falsa, ese dato falso queda registrado en la cadena con la misma solidez que uno verdadero. El certificado de origen resultante es formalmente impecable y sustancialmente fraudulento.

Es por eso que la integridad de la información satelital —y su protección frente a un engaño digital que se denomina spoofing— es la base sobre la que descansa todo el sistema de trazabilidad, por más robusto que sea tecnológicamente.

Según se advirtió en la exposición, cada sensor y cada sistema automatizado de las embarcaciones es también una puerta de entrada potencial para actores maliciosos, “los sicarios cibernéticos”, según Frías. La digitalización de puertos y buques convirtió al ecosistema pesquero en un objetivo de alto valor.

Los expositores destacaron que ante esta situación crítica, que ya es una realidad en el mundo, Argentina carece de un instrumento que articule de manera integrada la ciberseguridad, la actividad pesquera y la soberanía marítima. Y la manipulación de señales satelitales -el llamado “GNSS spoofing”- no es solo una amenaza a la navegación: es, según se planteó, una herramienta técnica para el blanqueo de pesca ilegal y el fraude en la certificación de origen, con implicancias directas sobre la soberanía argentina en el Atlántico Sur.

El Estrecho de Ormuz: laboratorio de guerra híbrida marítima

Una demostración palpable sobre las advertencias y recomendaciones que se realizaron en las jornadas sobre "La ciberseguridad marítima en la cadena de valor del sector pesquero", presentada por el Capitán Jorge A. Frías quedó al descubierto en el conflicto de Medio Oriente.

Tras los ataques militares de Estados Unidos e Israel contra Irán en la operación “Epic Fury”, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica declaró el Estrecho de Ormuz “cerrado” y aplicó una estrategia de bloqueo que combina tres métodos simultáneos: ataques físicos con misiles, drones y lanchas rápidas; minado de la ruta de separación de tráfico oficial; e interferencia electrónica masiva sobre los sistemas de posicionamiento satelital. La combinación resultó más eficaz que cualquiera de esos métodos por separado.

El Institute for the Study of War calificó el mecanismo como un esquema de extorsión y advirtió que cualquier acuerdo que reconociera el control iraní sobre el estrecho constituiría un precedente con implicancias para el comercio global.

La guerra invisible a escala sin precedentes

La dimensión electrónica del bloqueo resultó tan disruptiva como la física. En las primeras 24 horas tras el inicio del conflicto, más de 1.100 buques en aguas de los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Omán e Irán sufrieron interferencias en sus sistemas de navegación satelital, según datos de la firma de inteligencia marítima Windward.

Los analistas vinculados a esa firma identificaron 35 clústeres de jamming activos de forma simultánea en la región. Los clústeres de jamming son zonas geográficas donde se concentran múltiples equipos o fuentes que emiten interferencias electrónicas de manera deliberada para bloquear o degradar señales de radiofrecuencia, especialmente las utilizadas por sistemas de navegación y posicionamiento como el GPS/GNSS.

La firma Lloyd’s List Intelligence documentó 1.735 instancias de interferencia GPS que afectaron a 655 buques solo entre el inicio del conflicto y el 3 de marzo. Los incidentes diarios escalaron de 350 al comienzo a 672 el 3 de marzo. Para el 7 de marzo, más de 1.650 embarcaciones habían experimentado interferencias en sus sistemas GPS y AIS en toda Asia Occidental, un incremento del 55% respecto a la semana anterior, según Windward.

De Ormuz al Atlántico Sur: la misma vulnerabilidad, otro escenario

Lo que la Guardia Revolucionaria iraní aplicó en el Estrecho de Ormuz no es una capacidad exclusiva de las grandes potencias militares. Es, precisamente, la advertencia que Frías llevó a Mar del Plata: los ataques cibernéticos contra el sector marítimo mundial crecieron un 300% entre 2019 y 2024, y la totalidad de los incidentes registrados en buques durante 2023 comprometió sistemas operativos críticos de navegación. La brecha entre el escenario del Golfo Pérsico y el del Atlántico Sur no es tecnológica. Es de conciencia y de preparación.

La exposición de Frías partió de una transformación que ya está en marcha en la flota argentina: la denominada “Pesca 4.0” incorpora sensores inteligentes, conectividad satelital permanente, inteligencia artificial para optimizar rutas, blockchain para la trazabilidad de los productos y sistemas automatizados que enlazan la embarcación con puertos, organismos de control y mercados internacionales. Esa misma arquitectura digital que multiplica la eficiencia es, al mismo tiempo, una superficie de ataque en expansión constante.

Un ecosistema hiperconectado con vulnerabilidades estructurales

El núcleo del problema reside en la convergencia entre dos tipos de sistemas que históricamente operaron de forma separada. Los sistemas IT —gestión comercial, comunicaciones satelitales, reportes regulatorios, trazabilidad— se integraron progresivamente con los sistemas OT, responsables del funcionamiento operativo del buque: el GPS, el AIS, las cartas electrónicas ECDIS (el sistema de navegación digital que reemplazó a las cartas náuticas en papel en los buques modernos); el control de máquinas, la propulsión y la cadena de frío. “Esa convergencia -explicó el capitán Frías-, es lo que habilita la eficiencia de la Pesca 4.0, pero también elimina el aislamiento que durante décadas protegió a los sistemas críticos. Un correo electrónico infectado o una contraseña comprometida pueden convertirse en la puerta de entrada al sistema de navegación de una embarcación”.

A esa vulnerabilidad estructural se suma una asimetría económica notable: un ataque que puede costarle al atacante apenas unos cientos de dólares tiene capacidad para paralizar una embarcación valuada en millones.

El desarrollo de la inteligencia artificial de frontera agrega una variable nueva: según se advirtió en la exposición, sus capacidades reducen la barrera técnica que antes limitaba a los atacantes menos sofisticados.

En estos caso, reforzaron los expositores, “la tecnología funciona como una espada de doble filo”. Cuanto más sofisticada, más frágil ante ataques dirigidos. La respuesta de mayor impacto y menor costo que propuso Frías es también la más simple: segmentar las redes operativas y administrativas para evitar que una intrusión en el área de gestión comercial escale hasta los sistemas de control de la embarcación.

Las personas constituyen el eslabón más crítico y el que no admite parches de software. Entre el 82% y el 95% de los incidentes exitosos comienzan con un error humano o una manipulación, no con un ataque técnico sofisticado. La paradoja del sector pesquero es que la misma conectividad satelital que acerca al tripulante con su familia lo expone durante las 24 horas como blanco de phishing, ingeniería social y chantaje digital. La respuesta exige formación obligatoria, principio de mínimo privilegio y una cultura de seguridad sostenida.

El ciberespacio como nuevo campo de batalla marítimo

Agencias de inteligencia y organismos de seguridad occidentales atribuyeron en los últimos años campañas de espionaje, sabotaje e interferencia electrónica a grupos vinculados con Rusia, China, Irán y Corea del Norte. Estos actores fueron señalados por operaciones destinadas a infiltrarse en infraestructuras críticas, interferir señales de navegación mediante técnicas de spoofing y jamming del GPS, realizar espionaje industrial, atacar puertos, empresas logísticas y redes de transporte marítimo, y obtener información estratégica sobre movimientos navales y comerciales. Ante la creciente competencia entre potencias, los buques mercantes dejaron de ser únicamente medios de transporte para convertirse también en blancos potenciales dentro de la disputa por el control de las rutas marítimas y de la información.

Para la Argentina, la amenaza más delicada es la manipulación deliberada de señales satelitales, el llamado GNSS spoofing. Esa técnica —la misma que el CGRI desplegó en el Estrecho de Ormuz— puede falsear la posición real de un buque y, además de poner en riesgo la navegación, facilitar el encubrimiento de actividades de pesca ilegal, el fraude en la certificación del origen de las capturas y afectar directamente el ejercicio de la soberanía en el Atlántico Sur.

Un llamado urgente de decisión

Uno de los mensajes centrales de la exposición apunta a desactivar una objeción previsible: la implementación de estas prácticas no requiere grandes inversiones iniciales. La higiene cibernética básica -segmentación de redes, formación del personal, protocolos mínimos de verificación de datos- genera un retorno significativo y constituye, se planteó, el punto de partida realista para la flota argentina.

Lo que sí exige la propuesta es una decisión política y gremial que integre en una única mesa de trabajo al Estado, industria y trabajadores dado que tienen un rol único e insustituible para liderar esta agenda: la oportunidad de comprometer a esa tríada en la defensa cibernética del mar argentino.

En la reunión de expertos que se realizó en Mar del Plata, se recordó que la Organización Marítima Internacional (OMI) incorporó desde enero de 2021 la gestión de riesgos cibernéticos dentro de los sistemas obligatorios de seguridad para los buques que navegan internacionalmente y una circular que aporta el marco técnico para identificar sistemas críticos y definir salvaguardias. Ambas normas son de aplicación obligatoria para los buques de bandera argentina en aguas internacionales.

Según el capitán Frías, la legislación de nuestro país, no obstante, carece de un instrumento que articule de manera integrada la ciberseguridad, la actividad pesquera y la soberanía marítima. La Ley 24.922 de Régimen Federal de Pesca no contiene disposiciones específicas de ciberseguridad para la flota ni para la cadena de valor, y el Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto no contempla la dimensión cibernética del monitoreo satelital de buques. El aporte normativo actual proviene de ordenanzas de la Prefectura Naval Argentina que, sugirió Frías, requerirán actualización.

Las propuestas de los especialistas

La exposición no se limitó al diagnóstico. Frías presentó una hoja de ruta con dos ejes: uno político-gremial y otro de capacitación.

La convocatoria incluye organismos nacionales como la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, los ministerios de Seguridad, Defensa y Relaciones Exteriores, la Armada Argentina, la Prefectura Naval, el INIDEP y el Consejo Federal Pesquero, junto con organismos internacionales como la OMI, la FAO, la OEA, Interpol y la ENISA.

El eje de capacitación se traduce en una propuesta institucional concreta: desde FUNCESMAr se impulsará el Seminario Internacional de Ciberseguridad Marítima para el Sector Pesquero, de modalidad híbrida y alcance internacional, con edición inaugural prevista para la segunda mitad de 2027.

El producto final del proceso será la primera Guía de Mejores Prácticas en Ciberseguridad para el Sector Pesquero argentino, además de un curso especializado que se incorporaría a la Diplomatura de Capitán de Pesca.

Frías finalizó su ponencia con una reflexión: “La ciberseguridad no es un costo: es una inversión en la integridad del producto argentino en el mundo”, afirmó al cierre de su exposición. “El mar no se pide prestado, se defiende. Y en el siglo XXI, defenderlo significa también defender sus datos, sus señales y su soberanía digital.”

El ciclo de vida del pez navaja perlado está marcado por una transformación sexual y una organización social poco común en el mundo marino. Un reportaje de la revista National Geographic cita el trabajo de Margarida Barcelo-Serra, del Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados en Mallorca, quien describe que todos los individuos nacen hembras y establecen un territorio propio en los fondos arenosos del Atlántico y el Mediterráneo, donde cazan camarones y se ocultan bajo la arena para dormir.

Las investigaciones recogidas revelan que, al sobrevivir el tiempo suficiente, estas hembras se transforman en machos, asumiendo el control de un grupo de hembras. El estudio detalla que el macho dominante reduce conflictos y retrasa la transición de las hembras, permitiendo que estas crezcan más antes de cambiar de sexo.

El equipo liderado por Barcelo-Serra documenta que solo los ejemplares que logran sobrevivir y crecer lo suficiente llegan a convertirse en machos reproductores. Esta dinámica asegura que el grupo mantenga su cohesión y maximice el éxito reproductivo, ya que las hembras grandes producen más huevos.

El ciclo vital del pez está así determinado por esta sucesión jerárquica, en la que la permanencia como hembra y el momento de la transición a macho resultan cruciales para la estabilidad social y biológica de la especie.

Pesca a contrarreloj obliga a los peces navaja a cambiar de sexo antes de tiempo

La extracción masiva durante la temporada provoca que ejemplares jóvenes aceleren su transición sexual, afectando la estructura social y la capacidad reproductiva de la especie. La presión pesquera altera gravemente la dinámica del pez navaja perlado.

Durante la temporada de pesca, especialmente en las Islas Baleares, los ejemplares son capturados en grandes cantidades, y hasta el 60% de la población puede ser extraída en solo unos días, según advierte Margarida Barcelo-Serra. El macho dominante, por su tamaño y conducta, suele ser el primero en caer en las trampas.

La ausencia repentina de machos adultos obliga a las hembras jóvenes a cambiar de sexo antes de alcanzar el tamaño óptimo. Los datos del estudio muestran que, en áreas protegidas, los peces alcanzan un promedio de 17,4 centímetros y cerca de cuatro años de vida, mientras que en zonas pescadas, el tamaño medio es unos 2,5 centímetros menor y la edad promedio se reduce a dos años. Este cambio precoz afecta la capacidad reproductiva, ya que las hembras más grandes producen más descendencia.

La huella genética de la pesca queda grabada en el ADN del pez navaja

El impacto de la pesca no solo se refleja en el tamaño y la estructura social, sino también en la genética de la especie. El grupo de Kees van Oers, del Instituto de Ecología de los Países Bajos, analizó el ADN de peces de reservas sin pesca y de zonas explotadas y detectó casi 300 diferencias en marcas químicas del ADN. Estas alteraciones afectan genes relacionados con el uso de energía, la excitabilidad neuronal y la regulación del sistema inmune, según cita National Geographic.

Van Oers sostiene que estas modificaciones podrían estar vinculadas al estrés causado por la desaparición repentina de machos en los grupos. Soojin Yi, de la Universidad de California, Santa Bárbara, señala que, aunque las diferencias genéticas son pequeñas y afectan solo una fracción mínima del genoma, estos resultados plantean nuevos interrogantes sobre cómo la presión pesquera podría alterar la biología molecular de la especie.

Malin Pinsky, de la Universidad de California Santa Cruz, subraya que el estudio abre la puerta a investigaciones sobre el efecto de la actividad humana en el ADN de especies silvestres.

Reservas marinas como refugio de esperanza y diversidad en los océanos

El modelo de reservas marinas, donde la pesca está prohibida durante todo el año, favorece la conservación del pez navaja perlado. Las investigaciones de Barcelo-Serra muestran que en estas áreas los peces alcanzan mayor tamaño y longevidad, y la población es más diversa, aunque genéticamente similar a la de zonas explotadas.

Esta similitud genética se explica por su reproducción: machos y hembras liberan gametos en el agua y las larvas pueden viajar largas distancias antes de asentarse.

En estas reservas, los machos pueden crecer y competir por el dominio, expresando todo su comportamiento natural. Al fecundar los huevos de las hembras, las larvas pueden repoblar zonas donde la pesca es intensa y la población está más deteriorada.

Enric Sala, director del proyecto Pristine Seas de National Geographic, destaca que estas áreas protegidas funcionan como reservorios genéticos que preservan la capacidad de adaptación y supervivencia de la especie.

La batalla por el pez navaja perlado entre la tradición y la urgencia de conservar

A pesar del impacto positivo de las reservas, los pescadores recreativos en las Islas Baleares notan que cada vez capturan menos peces navaja perlados y que los ejemplares son más pequeños que en décadas anteriores. Margarida Barcelo-Serra advierte que la preocupación por la conservación de la especie va en aumento, ya que la presión por mantener la pesca choca con la necesidad de proteger la viabilidad futura de esta población.

El desafío, según los profesionales y el estudio, es encontrar un equilibrio entre la continuidad de la pesca y la supervivencia a largo plazo del pez navaja perlado. Todo ello ocurre en un contexto donde los cambios forzados en el ciclo vital y las posibles alteraciones genéticas provocadas por la acción humana hacen más urgente la gestión y conservación de la especie.

La actividad económica volvió a mostrar en mayo un comportamiento dispar entre las distintas ramas de actividad. Mientras algunos sectores lograron sostener el ritmo de expansión que vienen exhibiendo desde comienzos de año, otros profundizaron las bajas que arrastran desde hace varios meses.

En concreto, algunas ramas de la producción primaria y de la energía continuaron mostrando dinamismo, mientras que sectores vinculados al consumo interno y a la manufactura siguieron mostrando dificultades para despegar. Esa combinación es la que terminó de definir el resultado del mes, según el último informe difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

De acuerdo con el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), el indicador general registró en mayo un incremento interanual de 0,2% respecto de igual mes de 2025. En la comparación desestacionalizada, en cambio, el índice cayó 0,5% frente a abril.

Los sectores que impulsaron la actividad en mayo

De los quince sectores que integran el EMAE, ocho registraron subas en la comparación interanual y siete mostraron caídas. Entre las actividades que crecieron, explotación de minas y canteras fue la que mostró el avance más pronunciado, con una suba interanual de 15,7 por ciento. Le siguió electricidad, gas y agua, con un incremento de 8,0 por ciento, y agricultura, ganadería, caza y silvicultura, que creció 4,6% respecto de mayo de 2025. Estos tres sectores fueron los que exhibieron los mayores porcentajes de expansión dentro del universo de actividades relevadas por el organismo estadístico.

Ahora bien, el resto de los sectores con variación positiva mostró subas más moderadas, aunque igualmente sostenidas. Construcción avanzó 1,9%, intermediación financiera creció 1,5% y servicios sociales y de salud aumentó 0,8 por ciento. Completaron el grupo de sectores con resultado favorable transporte y comunicaciones, con una suba de 0,6%, y actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, que registró un incremento de 0,4 por ciento. En conjunto, estos ocho sectores fueron los que sostuvieron el terreno positivo del índice general en mayo.

Las ramas que mostraron retrocesos

En la vereda opuesta, pesca fue el sector con la caída más marcada del mes, con una baja interanual de 29,3%, la más pronunciada de todo el cuadro sectorial. Detrás se ubicaron industria manufacturera, que retrocedió 5,6%, y comercio mayorista, minorista y reparaciones, con una disminución de 4,3 por ciento. Estas tres ramas fueron las que concentraron las bajas más significativas dentro del grupo de actividades con resultado negativo.

El resto de las actividades con variación negativa presentó bajas de menor intensidad. Hoteles y restaurantes, por ejemplo, cayó 1,8%, mientras que administración pública y defensa, retrocedió 1,4 por ciento. Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales mostró una baja de 1,3%, y enseñanza registró la disminución más leve de todo el relevamiento, con una caída de apenas 0,1% respecto de igual mes del año anterior. Se trató, en este último caso, de una variación prácticamente nula dentro del conjunto de sectores que retrocedieron.

El acumulado del año

Con el resultado de mayo, la actividad económica acumuló en los primeros cinco meses de 2026 un crecimiento de 1,7% respecto de igual período de 2025. De esta manera, el nivel de actividad sostiene una expansión acumulada moderada, que se fue construyendo mes a mes con resultados que no siempre mantuvieron la misma dirección.

En ese recorrido, enero mostró un alza de 2,0% interanual. Luego hubo una baja del 1,5% en febrero, pero a partir de marzo se registraron variaciones positivas del 6,2% (marzo), 1,7% (abril) y 0,2% (mayo), casi siempre apuntaladas por las mismas ramas de actividad, con el agro y la minería a la cabeza.

En términos desestacionalizados, mayo fue el segundo mes consecutivo de caída frente al mes anterior, luego de la baja de 1,5% registrada en abril.

Un reporte internacional de Reuters advierte que el desplazamiento de estas especies hacia zonas urbanas refleja la disminución de peces disponibles en el mar. En las últimas semanas, se han registrado concentraciones inusuales de pelícanos en Trujillo, Chimbote, Chiclayo y Pisco, donde pescadores, comerciantes y vecinos han tenido que entregarles restos de pescado para evitar que mueran de hambre. Sin embargo, detrás de esta dramática imagen también crece la preocupación por el impacto que las condiciones climáticas podrían tener en la pesca, la agricultura y las agroexportaciones.

Pelícanos abandonan sus zonas habituales y buscan comida en mercados y muelles

El biólogo marino Carlos Zavalaga explicó a Reuters que el aumento de la temperatura del mar está alterando la distribución de las especies que forman parte de la cadena alimentaria de las aves marinas. La anchoveta, uno de los principales alimentos de pelícanos, piqueros y guanayes, se desplaza hacia aguas más profundas o migra hacia otras zonas cuando las condiciones del océano cambian.

“Las aves se van de sus sitios de reproducción y también empiezan a morir por falta de comida”, señaló el especialista, citado por la agencia internacional.

La situación ya se observa en diferentes puntos de la costa. En el terminal pesquero de Víctor Larco, en Trujillo, llegaron inicialmente entre 650 y 700 pelícanos. Aunque la cifra se redujo posteriormente por el desplazamiento de las aves, alrededor de 450 ejemplares permanecían cerca de los puestos de venta en busca de restos de pescado. Comerciantes y compradores comenzaron a alimentarlos ante la escasez de alimento en el mar.

En Chimbote, ciudadanos y organizaciones ambientales también organizaron jornadas para entregar pescado a las aves que llegaron hasta los muelles y desembarcaderos. Mientras tanto, en Puerto Eten, Chiclayo, fueron encontrados más de 50 animales marinos muertos, entre tortugas, pelícanos y otras aves. Pescadores de la zona atribuyeron la situación al calentamiento del mar y a la disminución de la anchoveta, aunque las causas deben ser determinadas mediante evaluaciones especializadas.

En Pisco, los reportes de aves marinas muertas se han mantenido durante las últimas semanas. El biólogo Julio Reyes, de Acorema, explicó que el calentamiento de las aguas asociado a El Niño estaría alejando la principal fuente de alimento de estas especies, lo que provoca un debilitamiento progresivo y eleva el riesgo de mortalidad.

El Niño también amenaza a la pesca y agroexportación peruana

Las condiciones del océano también han comenzado a reflejarse en los indicadores económicos. Según Reuters, la temperatura superficial del mar se encuentra entre 2 y 5 grados Celsius por encima de lo normal, de acuerdo con el monitoreo de la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN). El organismo advirtió que no descarta un evento de magnitud extraordinaria hacia finales de 2026 y que podría extenderse hasta abril de 2027.

El impacto ya se siente en la actividad pesquera. La producción del sector cayó 31% durante los primeros cinco meses del año, mientras que la agricultura apenas creció 0,4%, afectada por las temperaturas más elevadas y las alteraciones climáticas.

La industria pesquera también teme no alcanzar la meta de exportar alrededor de US$5.000 millones este año, después de registrar ventas por US$4.600 millones en 2025. En el sector agroexportador, las proyecciones tampoco son alentadoras. Gabriel Amaro, representante de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), estimó que el fenómeno podría reducir en casi US$1.000 millones los ingresos adicionales que se esperaban para este año.

“Creemos que este El Niño podría ser el peor en 50 años”, declaró el dirigente a Reuters.

La preocupación alcanza a productos como arándanos, paltas y uvas, además de otras actividades agrícolas que dependen de condiciones climáticas relativamente estables. Las agroexportaciones alcanzaron un récord de US$15.100 millones en 2025, pero los productores advierten que el panorama comenzó a deteriorarse justo cuando se inicia una de las principales temporadas de cultivo.

Mientras los pelícanos se concentran en mercados y terminales para encontrar alimento, las autoridades y especialistas siguen evaluando el alcance de las alteraciones en el mar peruano. La imagen de estas aves buscando comida entre puestos de pescado expone, en tiempo real, el impacto de un cambio en la distribución de las especies marinas que también amenaza con extenderse a sectores estratégicos de la economía.

El pulpo común (Octopus vulgaris) ha incrementado notablemente su presencia en las aguas del suroeste de Inglaterra, según la Marine Biological Association y la Universidad de Plymouth, en colaboración con el Ministerio de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales del Reino Unido (Defra). Este fenómeno, identificado a principios de 2025 y denominado “Octopus Bloom”, se describe como el mayor aumento de esta especie en más de setenta años y, de acuerdo con la última evaluación científica, puede extenderse a otras zonas costeras.

Ante esta situación, la Marine Management Organisation (MMO) ha puesto en marcha un plan de gestión específico destinado a supervisar la evolución de la población de pulpo y asesorar en la elaboración de estrategias a largo plazo para el sector pesquero, según información recogida en la web oficial del organismo. Entre los objetivos principales figura la identificación de nuevas oportunidades comerciales y la revisión de experiencias internacionales en la explotación de este recurso.

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El crecimiento poblacional del pulpo transforma la estructura de ingresos en la flota británica

La comercialización del pulpo ha experimentado un cambio significativo. Según datos publicados por Faro de Vigo, entre enero y abril de 2026 el Reino Unido exportó cerca de 150 toneladas de pulpo a Galicia, sólo superado por países con larga tradición en esta pesquería.

La repercusión económica ha sido destacada. De acuerdo con un comunicado de Brixham Trawler Agents (BTA), citado por Faro de Vigo, la facturación de la empresa pasó de 15 millones de libras en 2024 a 77 millones en 2025. En un solo día, el 26 de mayo, BTA registró ventas récord de 103 toneladas de pulpo, con una facturación superior al millón de euros. Barry Young, director general de la compañía, declaró a la BBC que estos resultados reflejan el impacto del fenómeno en la industria pesquera local, que “no está muerta”.

La situación ha tenido efectos dispares entre los pescadores. Según lo publicado por The Times, para Sean Irvine, pescador de Brixham, la mitad de sus capturas cada semana correspondían a pulpos, lo que le permitió facturar entre 7.000 y 25.000 libras semanales. En la misma publicación, otro pescador de Cornualles explicó que ha tenido que modificar sus artes de pesca para adaptarse a la abundancia de pulpo.

El mayorista Ian Perkes declaró a The Times que la captura de pulpo se ha generalizado en toda la flota, tanto en arrastreros como en embarcaciones menores. Según sus palabras, los ingresos de algunos pescadores se han triplicado debido a la demanda, principalmente para exportación a mercados como Italia y España.

No obstante, el aumento de la población de pulpo también genera problemas. De acuerdo con The Times, Mike Cohen, director ejecutivo de la Federación Nacional de Organizaciones de Pescadores, ha advertido que la depredación del pulpo sobre especies como el cangrejo, la cigala, la langosta, vieira y el buey de mar, ha dejado a algunos pescadores sin su pesca habitual. De acuerdo con Beshlie Pool, directora ejecutiva de South Devon and Channel Shellfishermen, en declaraciones a The Times, el auge del pulpo supone un reto para la viabilidad de la pesca tradicional de cangrejo. Es necesaria, según expreso, una mayor preparación frente a posibles impactos derivados del cambio climático.

Emily Theobald, responsable de ciencia y política en la Organización de Productores Pesqueros de Cornualles, explicó al mismo medio que actualmente el pulpo se considera una “especie sin cuota”, por lo que no existen límites de captura, aunque en el futuro podrían establecerse restricciones. Según Theobald, las altas temperaturas marinas y las olas de calor asociadas al cambio climático son factores principales en el crecimiento de la población de pulpo.

Cada cierto tiempo un operativo nos recuerda que la pesca ilegal no es un problema menor ni pasajero. Esta semana fue Chimbote, con el desguace de tres embarcaciones que operaban bajo identidades clonadas y características alteradas. La noticia generó titulares, pero lo que realmente genera es el siguiente cuestionamiento: ¿qué tan sostenibles son las medidas aisladas cuando los vacíos legales y la insuficiente capacidad de fiscalización siguen permitiendo que los astilleros clandestinos se multipliquen en la costa peruana?

El caso ocurrido recientemente en Chimbote resulta revelador porque expone la sofisticación de las prácticas ilícitas. No se trataba de simples embarcaciones sin matrícula, sino de un esquema que utilizaba una misma identidad para extraer recursos de manera simultánea, burlando los sistemas de control y poniendo en riesgo la biomasa. La aplicación del Decreto Legislativo Nº 1393, que regula la interdicción en las actividades ilegales en pesca, permitió el desguace de motores y estructuras valorizadas en millones de soles, un paso importante que marca precedente. Sin embargo, la experiencia demuestra que clausuras aisladas suelen ser efímeras y que, al poco tiempo, los astilleros reabren con la misma maquinaria y bajo la misma lógica de ilegalidad.

El problema de fondo es institucional. La Dirección General de Capitanías y Guardacostas del Perú – DICAPI, cumple un rol clave en el control marítimo y el registro de embarcaciones, pero sus competencias se ven limitadas cuando actúa en solitario. Para que las clausuras sean efectivas se requiere un operativo conjunto que involucre a la Policía Nacional, los gobiernos regionales, OEFA y el Ministerio de la Producción -PRODUCE. Solo con un frente común se puede garantizar que los cierres no sean gestos pasajeros, sino parte de una política sostenida.

La ausencia de control ha tenido también un impacto económico profundo. En el caso de las embarcaciones destinadas al consumo humano directo, la falta de fiscalización permitió que la flota ilegal duplicara a la legal, abasteciendo a las mismas plantas y provocando que el precio de la materia prima se redujera casi a la mitad . Las naves que habían invertido en cumplir la normativa quedaron desplazadas y muchas terminaron abandonando la pesquería. En ese escenario, los operadores ilegales ofrecían apenas una fracción del valor real de las embarcaciones, interesados únicamente en las licencias para blanquear su actividad. El Estado, al permitir que la informalidad creciera hasta ese nivel, dejó desprotegidos a quienes apostaron por la legalidad.

El cálculo es sencillo y alarmante. Hoy pugnan más de cinco mil embarcaciones por obtener su legalidad. Si cada una requiere treinta toneladas mensuales, la demanda supera el millón y medio de toneladas de cuota. Este número se traduce en una presión insostenible sobre la biomasa. El Estado sí aplicó límites en pesquerías como la merluza, la anchoveta, la anguila o el bacalao, pero la expansión descontrolada de la flota deja sin piso cualquier intento de ordenamiento.

El debate sobre la interdicción y los vacíos legales no es solo técnico. En el sector se advierte que cualquier intento de regularizar indiscriminadamente a quienes operan al margen de la ley equivale a legalizar a “Pepe el Vivo”. La expresión refleja el riesgo de premiar la informalidad y castigar a quienes invirtieron en cumplir la normativa. Si el Estado no logra diferenciar entre quienes apostaron por la legalidad y quienes se aprovecharon de los vacíos normativos, el mensaje será devastador: la viveza se convierte en estrategia de éxito y la formalidad en un camino de pérdida.

En otras palabras, el desafío consiste en equilibrar la eficacia en la lucha contra la pesca ilegal con el respeto al principio de legalidad, el derecho de propiedad y el debido proceso. En el marco de nuestra legislación, la interdicción de embarcaciones clonadas se ha convertido en una herramienta central para enfrentar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR). Sin embargo, su aplicación debe estar respaldada por normas expresas y ejecutarse de manera coordinada entre PRODUCE, DICAPI, el Ministerio Público y las demás entidades competentes.

Las exportaciones no tradicionales de Perú a España sumaron US$ 459 millones 548 mil entre enero y mayo de 2026, lo que representa un crecimiento de 1.5% respecto al mismo periodo del año anterior, según informó la Asociación de Exportadores (ADEX).

Este resultado estuvo impulsado principalmente por la oferta de alimentos con valor agregado, que mantiene a España como uno de los mercados clave para la diversificación exportadora peruana.

Agroindustria y pesca marcan el ritmo de las ventas

El sector agropecuario y agroindustrial, con US$ 311 millones en envíos, y el de pesca y acuicultura, con US$ 116 millones, concentraron en conjunto el 93% de los despachos no tradicionales a España.

Según ADEX, mientras el agropecuario experimentó una contracción de -5.3%, el rubro pesquero creció 26.4%, evidenciando el dinamismo de productos como la pota y las conchas de abanico.

En el portafolio agroindustrial destacaron la palta, la uva, el pimiento piquillo, los mangos, las cebollas, las alcachofas, los espárragos y la pasta de cacao. Estos alimentos reflejan la apuesta peruana por productos de alto valor agregado, que responden a las exigencias de calidad y sostenibilidad del consumidor español.

Otros sectores y el perfil del mercado español

Además de los alimentos, otros rubros exportados fueron el químico (US$ 16,9 millones), minería no metálica (US$ 8,8 millones), siderometalurgia (US$ 1,6 millones), textil (US$ 1,2 millones), confecciones (US$ 1,1 millones), metalmecánica (US$ 834 mil) y maderas (US$ 129 mil).

El jefe de Estudios Económicos e Inteligencia Comercial del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales CIEN-ADEX, Gabriel Arrieta Padilla, explicó que, si bien las exportaciones totales a España (tradicionales y no tradicionales) registraron una ligera baja de -8.1% en los primeros cinco meses de 2026, el mercado español sigue siendo dinámico.

Señaló que en el último quinquenio, los envíos peruanos a ese destino crecieron a un ritmo promedio anual de 20% y expresó confianza en una recuperación hacia el cierre del año.

Consumidor español: calidad, salud y sostenibilidad

Según el informe ‘Voice of the Consumer 2025’ de PwC, el consumidor español combina la búsqueda de calidad, salud, sostenibilidad y conveniencia, junto con una marcada sensibilidad al precio.

Existe mayor interés por productos con origen claro, atributos diferenciadores y beneficios vinculados al bienestar. La preocupación por los alimentos ultraprocesados y el uso de pesticidas abre oportunidades para la oferta peruana, especialmente aquellos productos que aseguren trazabilidad y características asociadas a una alimentación saludable.

Importaciones y balanza comercial favorable

Las importaciones peruanas desde España alcanzaron US$ 385 millones en el mismo periodo, destacando partidas como tableros de madera, maquinaria para clasificación de frutas, artículos de belleza y conductores eléctricos de cobre.

La balanza comercial bilateral cerró con un superávit de US$ 591 millones, resultado de exportaciones por US$ 975,8 millones e importaciones por US$ 385 millones.

Con una población de cerca de 49 millones de habitantes, España es uno de los principales mercados de consumo de la Unión Europea y el segundo destino más importante para los despachos peruanos en ese bloque económico.

El dinamismo de las exportaciones no tradicionales confirma el potencial de crecimiento y diversificación de la oferta peruana en el mercado español.

Según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la cantidad total de asalariados en el sector privado creció casi 1% en el primer trimestre de este año en relación al mismo período del 2025, pero el aumento no se tradujo en más empleo registrado, sino en una expansión del trabajo no declarado. El fenómeno no es uniforme: hay ramas de actividad donde la informalidad supera ampliamente la mitad de los puestos de trabajo, mientras que en otras se mantiene en niveles relativamente bajos.

De acuerdo con el estudio de “Cuenta de generación del ingreso e insumo de mano de obra” del Indec, en los primeros tres meses de 2026 había 12.887.000 asalariados privados en el país, de los cuales 5.622.000 no estaban registrados. Eso equivale a una tasa de informalidad del 43,6%, un nivel que supera holgadamente la tercera parte del total de trabajadores asalariados privados y que representa un incremento de 1,1 punto porcentual respecto del 42,5% registrado un año antes.

Los sectores con mayor informalidad

El servicio doméstico continúa siendo, por lejos, la actividad con mayor proporción de trabajo no registrado dentro del sector privado. De los 1.731.000 asalariados que trabajan en hogares particulares, 1.261.000 lo hacen sin aportes ni cobertura social, mientras que apenas 470.000 están en blanco (72,8% de informalidad).

En la agricultura, la relación es similar: de un total de 865.000 asalariados, 521.000 no están registrados (60,2% de empleo en negro). Se trata de una de las ramas donde la informalidad estructural se mantiene estable desde hace años, sin variaciones significativas en el margen.

La construcción, por su parte, combina un alto nivel de informalidad con una de las pocas caídas del período: de los 930.000 asalariados del sector, 551.000 no están registrados, una cifra que retrocedió respecto de los 571.000 no registrados de un año atrás. Es el único de los sectores más informales donde la tasa bajó en la comparación interanual (60,2% en 2025 y 59,2% en 2026).

Evolución interanual por sector

La comparación entre el primer trimestre de 2025 y el mismo período de 2026 muestra comportamientos dispares según la rama de actividad. En comercio, el sector con mayor cantidad absoluta de asalariados del país, la informalidad subió 1,9 punto porcentual, hasta 42,5%, con una suba de 66.000 trabajadores no registrados y una caída de 13.000 en los registrados en el último año.

La industria manufacturera perdió 42.000 puestos registrados en el último año, mientras que el empleo no registrado creció en 26.000. Como resultado, la tasa de informalidad del sector pasó de 30,8% a 32,6%, un aumento de 1,8 punto porcentual.

En sentido inverso, la construcción fue la única rama entre las de mayor informalidad donde la tasa bajó, con una reducción de 1,0 punto porcentual. Ahora bien, ese descenso convivió con una pérdida neta de 18.000 asalariados totales en el sector, producto de una caída de 20.000 trabajadores no registrados que no fue compensada por el leve aumento de 2.000 en los registrados.

Otras ramas con menor peso relativo en el total de asalariados mostraron subas más pronunciadas en los niveles de informalidad. La pesca pasó de una informalidad de 19,0% a 26,1%, con un salto de 7 puntos, mientras que la electricidad, gas y agua subió 3,9 puntos, hasta 15,8%. La explotación de minas y canteras también tuvo un incremento relevante, de 3,7 puntos, hasta 12,6%.

El servicio doméstico, pese a ser ya la rama con mayor informalidad, sumó otro punto y medio porcentual en el último año, al pasar de 71,3% a 72,8%. En términos absolutos, el sector incorporó 103.000 asalariados, de los cuales 100.000 corresponden a trabajo no registrado.

El repunte del empleo asalariado, explicado por la informalidad

La cantidad total de asalariados privados del país aumentó en 91.000 personas entre el primer trimestre de 2025 y el mismo período de 2026. Sin embargo, ese crecimiento estuvo impulsado exclusivamente por el empleo no registrado, que sumó 186.000 puestos, mientras que el empleo registrado retrocedió en 95.000 puestos en el mismo lapso.

De mantenerse esta dinámica, la composición del empleo asalariado privado seguirá desplazándose hacia la informalidad, incluso en un contexto de crecimiento neto del número total de trabajadores. El resultado combinado de ambos movimientos, la caída del empleo registrado y el alza del no registrado, fue el que llevó la tasa de informalidad general del sector privado del 42,5% al 43,6% en apenas un año.

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) informó que el PBI de Perú creció apenas 1,80% en mayo de 2026 en comparación con el mismo mes de 2025, una variación que marca el menor ritmo de avance en lo que va del año y evidencia la desaceleración de la economía nacional.

El resultado se vio condicionado por el fuerte impacto del fenómeno El Niño sobre las actividades pesquera y manufacturera, sectores que históricamente sostienen parte central de la producción nacional.

La caída en pesca y manufactura arrastró el desempeño general

El informe del INEI detalla que el sector Pesca experimentó una caída de 73,10% respecto a mayo del año previo, una cifra determinada por la drástica reducción en la extracción de anchoveta destinada a la elaboración de harina y aceite de pescado.

Esta contracción no solo obedece a factores climáticos asociados a El Niño, sino también a la suspensión sucesiva de la temporada norte-centro de anchoveta, la cual había comenzado a cerrarse desde abril y al cierre de mayo permanecía suspendida.

Como resultado, en mayo de este año se desembarcaron solo 31.771 toneladas de anchoveta, frente a 1.327.933 toneladas en el mismo mes de 2025, lo que representa una caída del 97,6% en el recurso principal de la actividad.

La menor disponibilidad de anchoveta impactó de forma directa en la Manufactura, que retrocedió 10,67% en el mes, arrastrada por la fuerte baja en la elaboración y conservación de productos pesqueros.

El subsector fabril primario —estrechamente vinculado al procesamiento de anchoveta— cayó 41,70%, mientras que la producción de bienes de consumo, especialmente confecciones textiles, también disminuyó.

Comercio, minería y servicios sostuvieron el crecimiento, aunque a menor ritmo

En contraste, sectores como Comercio, Minería e Hidrocarburos y Otros Servicios mostraron variaciones positivas e impidieron un mayor estancamiento del PBI. El Comercio avanzó 6,91%, impulsado tanto por la venta mayorista como minorista, y por la expansión del comercio automotriz.

La Minería e Hidrocarburos registró un crecimiento de 2,60%, liderado por la producción de hierro, cobre, oro y gas natural. Los Otros Servicios, que incluyen alojamiento y restaurantes, también aportaron en positivo, favorecidos por campañas promocionales y mayor actividad en fechas especiales.

Otros sectores que contribuyeron al avance, aunque de manera más moderada, fueron Construcción (4,66%), Electricidad, Gas y Agua (5,21%), Transporte, Almacenamiento y Mensajería (2,42%), y Financiero y Seguros (1,79%). Pese a estos aportes, el peso de la caída en pesca y manufactura determinó el bajo crecimiento global.

El ritmo anualizado muestra desaceleración

El dato de mayo refleja un freno en la expansión interanual. La variación anualizada de la producción nacional —junio 2025 a mayo 2026— alcanzó 3,54%, pero la tendencia mensual evidencia una desaceleración, ya que las tasas interanuales de enero a abril se mantuvieron en niveles superiores (3,67% en enero, 3,71% en febrero, 3,21% en marzo y 3,73% en abril).

El resultado de mayo, condicionado por la suspensión de la temporada de anchoveta y los efectos de El Niño, marcó el menor avance del año y pone en relieve la vulnerabilidad de la economía peruana frente a choques climáticos y de oferta en sectores clave.

El fenómeno de El Niño mantiene en alerta al sector agroalimentario peruano por los efectos que ya provoca en cultivos y productos marinos. Según advirtió el ingeniero agrónomo Ulises Osorio, se observa una alteración severa del calendario agrícola y de los ciclos de pesca, situación que podría desencadenar escasez de algunos alimentos básicos en el mercado local.

Así lo detalló en declaraciones recogidas por 24 Horas, donde analizó el impacto de este fenómeno climático de larga duración, iniciado en enero y que, según estimaciones de organismo internacionales y peruanos, persistirá al menos hasta mediados de 2027.

De acuerdo con Osorio, el evento climático anómalo afecta tanto la agricultura como la pesca, generando resultados visibles en la calidad y disponibilidad de productos como la papa, el arroz, el maíz, el café y la anchoveta.

“Estamos enfrentando un anómalo evento climático de larga duración… Hay una caída en la biomasa”, afirmó el especialista. Entre los indicadores, mencionó la reducción del contenido graso y el tamaño de la anchoveta, fenómeno que altera la disponibilidad de este recurso clave en la dieta peruana y en la industria pesquera.

La afectación no se limita a productos marinos. El algarrobo, planta silvestre adaptada a condiciones de sequía, presenta una disminución del setenta por ciento en sus rendimientos. Otros cultivos como la palta y el maracuyá experimentan deterioro en color, sabor y peso, mientras que la mandarina enfrenta dificultades para alcanzar los estándares de exportación por la falta de color y dulzor, según aseveró Osorio.

Impacto en pequeños agricultores

El fenómeno golpea con más fuerza a los pequeños productores. Osorio destacó que “la inmensa mayoría de agricultura peruana es en microfundios, minifundios, a través de pequeños agricultores que no tienen esa capacidad” para invertir en nuevas tecnologías o adaptar sus cultivos.

Esta incapacidad de respuesta genera cambios en la estructura productiva, como el aumento del área destinada al arroz, que podría derivar en sobreproducción y caída de precios. Estos movimientos ya afectan a quienes siembran cebolla, sandía o maíz, cultivos que han registrado pérdidas recientes.

Por el contrario, las empresas agroexportadoras implementan soluciones tecnológicas para contrarrestar el estrés abiótico de las plantas. Osorio explicó que cultivos como el arándano requieren ahora sustratos especiales, macetas de color blanco o bicapa y protección contra el sol para mantener la producción y la calidad, con inversiones que alcanzan los cien mil dólares por hectárea.

“Las empresas agroexportadoras vienen enfrentando el evento, vienen produciendo sus mandarinas de buena calidad”, puntualizó el consultor a 24 Horas.

Zonas agrícolas y pesqueras

El efecto de El Niño no es uniforme en todo el territorio peruano. Según Osorio, la zona sur, principal productora de papa y granos, enfrenta una reducción notable en los rendimientos y un incremento de plagas asociadas al estrés de las plantas.

“La papa es uno de los cultivos más afectados cuando hay un evento El Niño”, afirmó Osorio, quien remarcó también el deterioro sanitario y la caída de calidad en productos andinos. En la selva, los cafetales y las plantaciones de cacao sufren las consecuencias del déficit hídrico y las anomalías térmicas, dificultando la producción regular.

En el ámbito marino, el consultor indicó que especies como el lenguado, machete y pejerrey tienden a migrar, mientras que la anchoveta permanece en zonas costeras con menor tamaño y menor capacidad reproductiva.

“Más del cincuenta por ciento peladilla”, precisó Osorio sobre la biomasa de anchoveta, en referencia al bajo peso y calidad del recurso. Se detalló que este fenómeno también se reflejó en eventos anteriores entre 1974 y 1982, cuando se registraron migraciones masivas y reducción de especies disponibles para la pesca local.

Cadena alimentaria

El impacto de El Niño se agrava por la dificultad para transferir tecnología y capacitación a los productores más pequeños. Osorio subrayó la necesidad de “acompañar al agricultor en buscar soluciones de manera tal que él no pierda. Y si el agricultor gana dinero, la ciudad gana dinero”.

Las grandes empresas cuentan con asesores y paquetes tecnológicos, mientras que los agricultores familiares enfrentan barreras para acceder a estos recursos.

La experiencia previa con comisiones de prevención de desastres, como la implementada entre 1997 y 1998 durante el gobierno de Alberto Fujimori, mostró la importancia de la planificación y la acción coordinada. Osorio recomendó que futuras acciones se enfoquen en la prevención efectiva, limpieza de ríos y uso racional de recursos, evitando gastos innecesarios y priorizando el respaldo técnico.

En el corto plazo, la escasez de productos como papa, maíz, café, cacao, anchoveta, palta, mandarina y maracuyá podría intensificarse si las condiciones anómalas persisten y los pequeños productores no reciben apoyo o asesoramiento.

El Gobierno Regional de Piura puso en marcha una serie de medidas preventivas para reforzar la infraestructura pesquera y acuícola de la región ante la posibilidad de un nuevo Fenómeno de El Niño. A través de la Dirección Regional de la Producción (Direpro), se realizan inspecciones técnicas y coordinaciones con distintas entidades para reducir el impacto que podrían generar lluvias intensas, oleajes anómalos, deslizamientos e inundaciones.

Las acciones están dirigidas a proteger los desembarcaderos pesqueros artesanales y otras instalaciones estratégicas, con el objetivo de asegurar la continuidad de las actividades productivas y resguardar el sustento de miles de pescadores, acuicultores y sus familias. Para ello, se priorizan intervenciones en los puntos considerados más vulnerables.

Evaluaciones para definir obras prioritarias

El director regional de la Producción, Segundo Juan Alzamora Encalada, informó que la Direpro desarrolla evaluaciones técnicas en las principales infraestructuras pesqueras de Piura con el fin de detectar zonas críticas y establecer el orden de ejecución de las obras preventivas.

“Nuestro compromiso es actuar de manera preventiva. Estamos articulando esfuerzos con las municipalidades y las entidades competentes para ejecutar obras que fortalezcan la infraestructura pesquera y permitan proteger tanto las instalaciones como las actividades económicas que dependen del mar”, señaló.

Entre las primeras intervenciones figura el Desembarcadero Pesquero Artesanal (DPA) de Los Órganos, donde la Direpro trabaja junto con la municipalidad distrital y la administración del recinto para impulsar la construcción de un muro de contención. La estructura busca impedir que el lodo ingrese durante la temporada de lluvias y afecte las áreas administrativas y el patio de maniobras.

Intervenciones en desembarcaderos pesqueros

El plan también contempla obras en otros desembarcaderos de la región. En Lobitos se gestiona el mantenimiento de la cobertura del muelle para preservar la infraestructura frente a las precipitaciones, mientras que en Máncora se promueve la construcción de un muro de contención destinado a proteger las canaletas de drenaje y el patio de maniobras.

En Talara se analiza la instalación de una cobertura para resguardar las áreas administrativas y de control de calidad. En El Ñuro, por su parte, se plantea levantar un muro de contención que contribuya a reducir los riesgos derivados de los deslizamientos de tierra durante la época de lluvias.

Las evaluaciones también alcanzan a Sechura y Yacila. En el primer caso se propone reforzar la protección del techo aligerado de las zonas utilizadas para las labores previas al desembarque. En Yacila, la iniciativa considera cubrir diversos espacios de trabajo, entre ellos la planta de tratamiento de aguas residuales, la planta de hielo, la maquinaria, el edificio administrativo y la sala de tareas previas, con la finalidad de proteger los equipos y mantener la operatividad del desembarcadero.

Atención al dique de Virrilá y a Huancabamba

La Direpro también inspeccionó el dique de Virrilá, ubicado en la provincia de Sechura, donde detectó la necesidad de reforzar la infraestructura para evitar que un eventual incremento del caudal del río Piura afecte la bahía de Sechura y perjudique la actividad acuícola desarrollada por los maricultores de la zona.

“El fortalecimiento del dique de Virrilá es una acción prioritaria para proteger la producción acuícola de la bahía de Sechura. Por ello, impulsaremos las gestiones necesarias ante el Gobierno Regional, el Ministerio de Vivienda, la Autoridad Nacional del Agua y las demás instituciones competentes para ejecutar las obras preventivas que se requieran”, precisó Alzamora Encalada.

Asimismo, el funcionario anunció que la Estación Pesquera de Huancabamba será sometida a una evaluación técnica integral para determinar las intervenciones necesarias que permitan fortalecer su infraestructura y asegurar su funcionamiento ante un eventual Fenómeno de El Niño. Con estas acciones, el Gobierno Regional busca reducir los riesgos para el sector pesquero y acuícola, así como preservar una actividad clave para la economía y la seguridad alimentaria de Piura.

Las exportaciones pesqueras argentinas mantienen un ritmo positivo y cerraron los primeros cinco meses de 2026 con ventas al exterior por USD 1.005,6 millones. Según el Informe de Coyuntura elaborado por la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca, entre enero y mayo se exportaron 291.894,3 toneladas, lo que representa una mejora interanual del 18,2% en volumen y del 22,9% en valor.

El crecimiento estuvo explicado principalmente por el desempeño de las principales pesquerías nacionales. Entre ellas se destacó el calamar, que alcanzó las 163.115,7 toneladas exportadas por un valor de USD 451 millones, con incrementos del 20,2% en volumen y del 20% en divisas respecto del mismo período del año pasado.

Otro de los protagonistas fue el langostino, uno de los productos más relevantes de la actividad pesquera argentina por su aporte de valor. Las ventas externas de crustáceos llegaron a 47.149 toneladas y generaron ingresos por USD 346 millones, marcando una suba interanual del 18,8% en volumen y del 25,1% en valor.

Los productos con mayor elaboración también acompañaron la tendencia favorable. Las exportaciones de filetes y carnes de pescado alcanzaron 30.663,8 toneladas por USD 101,1 millones, mientras que el pescado congelado —excepto filetes— llegó a 36.466,3 toneladas por USD 84,4 millones, con un destacado aumento del 38,6% en el valor exportado.

Además, se registró un fuerte crecimiento en los subproductos de aprovechamiento integral. La harina, polvo y pellets de pescado no aptos para consumo humano crecieron 72,2% en volumen y 101,1% en valor, alcanzando USD 15 millones. En tanto, las preparaciones y conservas de pescado sumaron USD 4 millones, con una mejora del 13,3% en divisas.

En materia de destinos, China volvió a ubicarse como el principal comprador de productos pesqueros argentinos, con operaciones por USD 392 millones, equivalentes al 39% del total exportado. Detrás se ubicaron España, con USD 145 millones, y Estados Unidos, con USD 56,4 millones, consolidando la presencia internacional de una cadena que busca ganar competitividad y ampliar mercados.

La pesca ilegal con explosivos sigue siendo una herida abierta en nuestro mar. Aunque prohibida desde hace décadas, esta práctica persiste en distintas zonas costeras del país y se ha convertido en un símbolo de la fragilidad institucional frente a delitos ambientales que destruyen ecosistemas y ponen en riesgo la sostenibilidad de nuestras pesquerías.

El impacto es devastador. Cada explosión arrasa con cardúmenes enteros, rompe cadenas tróficas y deja escombros submarinos que tardan años en recuperarse. La dinamita no distingue tallas ni especies, arrasa con juveniles de jurel, caballa y otras especies de importancia comercial y alimentaria. En Huarmey, por ejemplo, pescadores denunciaron recientemente explosiones en el mar de Culebras, un área que debería ser fuente de vida y que hoy se convierte en escenario de destrucción (Perupesquero 27 de mayo de 2026).

La comparación no es exagerada. Al igual que la minería informal, la pesca con explosivos genera ganancias rápidas para unos pocos y pérdidas irreparables para todos, empezando por el daño al recurso.

La normativa existe, el uso de dinamita en la actividad pesquera se encuentra expresamente prohibida y tipificada como delito en nuestra legislación peruana. Sin embargo, a pesar que algunas denuncias son materia de intervención inmediata es cierto que la capacidad de fiscalización es limitada. La Dirección General de Capitanías y Guardacostas enfrenta dificultades logísticas para patrullar extensas áreas marítimas y los gobiernos locales carecen de recursos para intervenir. El resultado es un terreno fértil para la impunidad.

El daño ambiental se traduce también en daño social, porque las comunidades costeras que dependen de la pesca artesanal ven reducidos sus ingresos y su seguridad alimentaria. En Culebras, los pescadores que cumplen la ley denuncian que la competencia desleal los empuja a la desesperación.

Una ciudadanía informada se convierte en un aliado indispensable para exigir acción y fortalecer la vigilancia.

La pesca ilegal con explosivos no puede seguir siendo tolerada, es un delito ambiental que compromete la seguridad alimentaria del país y la sostenibilidad de nuestros mares.

Cada explosión en el mar es un golpe contra nuestra sostenibilidad marina. No se trata solo de peces, o fauna, se trata de la posibilidad de que nuestros hijos y nietos conozcan un océano vivo. La lucha contra la pesca con dinamita es también una lucha por la formalización de nuestro sector pesquero.

De acuerdo con el ingeniero agroclimático Ulises Osorio, este fenómeno no solo modifica los patrones habituales de temperatura y lluvias, sino que también genera cambios que impactan directamente en los ciclos productivos de los cultivos y en los ecosistemas marinos. Según explicó, este comportamiento climático habría comenzado en 2022 y podría mantenerse hasta 2028 o incluso 2030, obligando a productores y autoridades a replantear las estrategias de adaptación frente a un contexto que calificó como distinto al registrado durante anteriores eventos de El Niño.

Fenómeno climático anómalo agrava los efectos de El Niño y reduce la producción agrícola

Durante una entrevista, Osorio explicó que el país enfrenta al mismo tiempo un El Niño costero y un El Niño global (3.4), una combinación que ya viene modificando las condiciones climáticas en diversas regiones.

Además, recordó que desde hace varios años viene advirtiendo sobre la presencia de un fenómeno climático anómalo con características similares a otro ocurrido entre 1974 y 1982, el cual estaría superponiéndose al actual episodio de El Niño.

Según explicó, este nuevo escenario está provocando variaciones extremas entre el día y la noche. Mientras las temperaturas diurnas aumentan, las nocturnas disminuyen, situación que se combina con una mayor radiación solar y fuertes vientos.

“Esos cambios tan radicales de temperatura hacen que las plantas entren a un estrés, porque la planta se prepara para frío y le viene calor, se prepara para calor y viene el frío. Entonces, la planta no sabe qué hacer. Frente al no saber qué hacer, decide simplemente no producir o producir de mala calidad“, explicó.

El especialista señaló que esta situación ya estaría reflejándose en la calidad de diversos alimentos que llegan al mercado. “Eso lo pueden comprobar ustedes con la mala calidad de sus frutas y hortalizas; la yuca que se desencaucha, sus mandarinas que no tienen dulzor o no tienen color“, manifestó.

De acuerdo con Osorio, este fenómeno habría reducido la producción agrícola en aproximadamente 40 %, afectando tanto el rendimiento como la calidad de los productos obtenidos.

Entre los cultivos más afectados mencionó el mango, el olivo y la mandarina, cuyos frutos presentan problemas de coloración, uniformidad y contenido de azúcares, factores que dificultan su comercialización, especialmente en mercados de exportación.

No obstante, advirtió que el problema no se limita a estos productos. "Bajo este anómalo evento, todos los cultivos son afectados, todos, sin excepción. Incluido plantas no cultivadas, como el algarrobo“, afirmó.

Asimismo, explicó que los efectos ya pueden observarse en prácticamente todo el territorio nacional. "Afecta costa, sierra, selva y mar. Ya vemos que los efectos son desde Tumbes hasta Tacna. La selva está sufriendo ahorita con el café, que debería estar en floración y está yéndose a vegetativo; las piñas no crecen“, comentó.

Lluvias irregulares, más friajes y riesgos para la pesca preocupan a especialistas

Las consecuencias del fenómeno no solo alcanzarían a la agricultura. Osorio advirtió que el calentamiento del mar también viene modificando la distribución de especies marinas, alterando la disponibilidad de alimento para aves y afectando la actividad pesquera en distintas zonas del litoral peruano.

En paralelo, sostuvo que el fortalecimiento de El Niño global retrasaría el inicio de las lluvias en el sur del país, mientras que el fenómeno climático anómalo favorecería un incremento de los friajes y las heladas, especialmente en la Amazonía y zonas altoandinas.

Respecto al norte peruano, indicó que el calentamiento del mar podría favorecer la ocurrencia de lluvias intensas, aunque estas no necesariamente serían generalizadas. Según explicó, las precipitaciones tenderían a presentarse de manera localizada y durante periodos relativamente cortos, lo que igualmente podría generar complicaciones para diversas actividades económicas.

Frente a este panorama, Osorio destacó que las empresas agroexportadoras han logrado adaptarse mediante la incorporación de nuevas tecnologías, asesoramiento técnico y estrategias de manejo agrícola, lo que les ha permitido mantener e incluso incrementar sus niveles de exportación.

En contraste, sostuvo que los pequeños y medianos agricultores enfrentan mayores dificultades debido a la falta de asistencia técnica y capacitación.

Como consecuencia, algunos productores estarían optando por concentrar sus siembras en cultivos considerados más seguros, como el arroz, una decisión que, de generalizarse, podría ocasionar una sobreproducción y afectar posteriormente los precios del mercado.

Por ello, insistió en que la capacitación resulta clave para enfrentar este nuevo contexto climático.

"Sean distritales o sean provinciales, ellos están haciendo cero cosas en beneficio del agricultor. Es más, el Gobierno acaba de decretar el estado de emergencia y podemos observar a nivel nacional cómo los trabajos son insignificantes en comparación del gran gasto que han tenido de presupuesto“, cuestionó.

Finalmente, remarcó que las acciones preventivas deben implementarse de manera articulada en costa, sierra y selva, con asistencia técnica dirigida a los productores para evitar pérdidas en los rendimientos, alteraciones en los ciclos de cosecha y fluctuaciones en la oferta de alimentos provocadas por este fenómeno climático anómalo que, según advirtió, podría permanecer activo durante varios años.

La silueta de los tiburones martillo ha sido materia de estudio para científicos y exploradores durante décadas. Con su cabeza en forma de “T”, estos animales cumplen una función específica en los ecosistemas marinos. Recientes observaciones documentadas por National Geographic muestran que la población global de estas especies atraviesa un marcado descenso.

Diversidad y rasgos de los tiburones martillo

En los océanos de todo el mundo existen más de nueve especies de tiburones martillo. Entre ellas destacan el tiburón martillo común (Sphyrna lewini) y el gran tiburón martillo (Sphyrna mokarran), ambos clasificados como en peligro crítico.

El artículo cita al profesor Yannis Papastamatiou de Florida International University, quien señala la preocupación existente en la comunidad científica respecto a la conservación de estos tiburones.

Por su naturaleza migratoria y social, poseen una estructura cefálica que les aporta visión panorámica y capacidad para localizar presas. Esta singularidad anatómica resulta clave para la supervivencia, ya que facilita la búsqueda de alimento y la orientación en las migraciones.

Un ejemplo recogido en el reportaje muestra a un tiburón martillo capturado accidentalmente en las costas de México, lo que evidencia la vulnerabilidad de estas especies ante la acción humana.

Amenazas por la sobrepesca y el comercio

El mayor peligro para los tiburones martillo es la sobrepesca. La alta demanda de sus aletas, especialmente en países de Asia, ha generado un comercio estimado en USD 550 millones al año. El cineasta Bertie Gregory resume la situación: “Nadar con esas aletas es como llevar un enorme signo de dólar en la espalda”.

No obstante, los expertos advierten que la pesca dirigida a obtener aletas no es el único riesgo: la captura incidental y la pesca destinada al consumo de carne también contribuyen al declive poblacional.

Papastamatiou explica que los tiburones martillo, por tratarse de especies de crecimiento lento, demoran en alcanzar la madurez sexual y producen pocas crías anualmente. Esto dificulta la recuperación de sus poblaciones.

El biólogo marino Francesco Garzon, de la Universidad de Exeter, indica que entre 73 y 100 millones de tiburones mueren al año a escala global. Desde la década de 1970, se estima que se ha perdido hasta el 75 % de los tiburones oceánicos, incluidos los martillo.

La pesca recreativa también representa un peligro, ya que no toleran el estrés y suelen morir poco después de ser capturados y liberados. Incluso una breve exposición fuera del agua puede resultar fatal, aunque el animal parezca nadar tras ser soltado.

Medidas de protección y seguimiento científico

Diversas estrategias de conservación han mostrado efectos positivos. Una de las más eficaces es el establecimiento de áreas marinas protegidas (AMP) en sitios clave como criaderos, zonas de alimentación y rutas migratorias. Garzon destaca el caso de Cabo Pulmo en México, donde la instauración de una zona de no pesca en 1995 permitió que la biomasa marina creciera un 463% en 14 años.

En mayo de 2026, Papúa Nueva Guinea anunció la creación de una nueva AMP de 200.000 km² que prohíbe actividades destructivas y beneficia también a los tiburones martillo. Estas medidas se fundamentan en expediciones científicas, como la realizada en 2024 por el proyecto National Geographic Pristine Seas.

Para que estas acciones resulten eficaces, es imprescindible comprender las migraciones de los tiburones martillo. En 2023, un equipo de investigadores rastreó a una hembra equipada con un transmisor en las islas Galápagos.

Durante 204 días siguieron su desplazamiento entre Panamá, Galápagos y una región oceánica a más de 1.770 kilómetros de distancia. El ecólogo Pelayo Salinas, de la Charles Darwin Foundation, participó en este estudio y subrayó la escasez de datos sobre la historia de vida de estas especies.

La reciente inclusión de los tiburones martillo común y gran martillo en el Apéndice I de la Convención sobre Especies Migratorias de Naciones Unidas otorga el máximo grado de protección internacional. Garzon considera que se trata de “una noticia fantástica para la conservación”, aunque Salinas advierte que la inclusión en la lista es solo un primer paso: la cooperación de los países es imprescindible para lograr resultados.

Las capturas accidentales de delfines y otras especies marinas en redes de pesca constituyen una de las amenazas principales para la fauna oceánica. Este fenómeno ocurre cuando animales no deseados quedan atrapados en redes diseñadas para capturar peces comerciales, lo que provoca impactos ecológicos negativos y pone en riesgo poblaciones enteras de especies protegidas.

Equipos internacionales evaluaron en profundidad una solución de bajo costo: el uso de botellas plásticas y de vidrio recicladas atadas a las redes de pesca para que estos animales consigan detectar y evitar las redes. Los resultados de dos estudios, publicados en Fisheries Research y Marine Mammal Science, muestran que esta técnica puede disminuir de manera significativa la captura incidental de delfines, sin afectar la pesca de especies objetivo.

Cambios observados en la interacción entre redes de pesca y fauna marina

La propuesta de utilizar botellas recicladas como herramienta para disminuir la captura accidental de delfines en redes de pesca surgió de Per Berggren, profesor emérito de conservación de megafauna marina en la School of Natural & Environmental Sciences de la Universidad de Newcastle. Buscó una solución simple y accesible que aprovecha materiales descartados como botellas de plástico y vidrio para transformar residuos en un recurso útil para la conservación marina.

Los científicos, liderados por Berggren, pusieron a prueba una idea sencilla: aprovechar botellas de plástico y vidrio recicladas para reducir la captura accidental de delfines en redes de pesca. De acuerdo con el estudio publicado en Fisheries Research, las botellas de plástico vacías se ataron a las redes para que funcionaran como “espejos” de sonido, ayudando a los delfines a detectar y esquivar el peligro.

Este efecto se logra porque las botellas llenas de aire reflejan los ecos de los pulsos sonoros que emiten los delfines para orientarse, lo que las hace mucho más perceptibles para estos animales que las redes de nylon comunes, que resultan casi invisibles para su sistema de ecolocación. Por su parte, las botellas de vidrio, equipadas con tornillos en su interior, producían sonidos al moverse, lo que también servía para alertar a los animales sobre la presencia de las redes.

Las pruebas se realizaron en pesquerías artesanales de Brasil, Perú y Zanzíbar. En Brasil, durante el periodo 2020-2022, las redes equipadas con botellas plásticas redujeron a cero la captura de delfines, mientras que las redes normales atraparon cuatro ejemplares. Aunque la diferencia no resultó estadísticamente significativa por el número de casos, la tendencia fue clara: las redes con botellas plásticas no atraparon delfines. Además, se registró un mayor peso de peces comerciales en las redes modificadas.

Por el contrario, en Perú y Zanzíbar, ni las botellas de vidrio ni las de plástico modificaron la cantidad de delfines, marsopas ni tortugas capturados en las redes. En Zanzíbar, se observó un aumento en la captura de atunes al usar botellas plásticas.

La diferencia principal con los resultados de Brasil radica en el tipo de red y su ubicación: en Brasil, la reducción de capturas accidentales se registró en redes de fondo, donde las botellas plásticas funcionaron como reflectores acústicos efectivos. En cambio, en Perú y Zanzíbar, los dispositivos se probaron en redes que operan cerca de la superficie, un entorno más ruidoso que puede dificultar que los delfines detecten el eco reflejado por las botellas.

El método fue luego ampliado en un segundo estudio publicado en Marine Mammal Science. Entre 2020 y 2025, se realizaron 318 pruebas en Brasil, y la presencia de botellas plásticas logró una reducción del 88% en la captura incidental de delfines. Además, la cantidad de peces capturados para consumo o venta no cambió entre redes convencionales y modificadas, lo que refuerza la viabilidad del método para las comunidades pesqueras.

Participación de comunidades pesqueras en la investigación

Los ensayos se estructuraron con la participación directa de pescadores de las zonas estudiadas. Según la publicación en Fisheries Research, los investigadores organizaron talleres en las comunidades para presentar el proyecto y consensuar el uso y disposición de los dispositivos reciclados. Cada embarcación participante recibió instrucciones sobre cómo instalar las botellas de vidrio o plástico en la red, con espaciados y métodos discutidos y acordados de manera colectiva.

En Brasil, las botellas plásticas (250 ml) se colocaron cada 130 metros sobre la línea superior de las redes de enmalle de fondo, sin añadir peso adicional. En Perú, se probaron botellas de vidrio de 350 ml y plásticas de 1500 ml atadas a diferentes partes de las redes, con ajustes de lastre según fue necesario tras consultas con los pescadores. Los experimentos incluyeron lances control (sin dispositivos) y lances tratamiento (con botellas), con observadores independientes que registraron datos de capturas y condiciones de pesca.

El rol del reciclaje en la protección de especies costeras

Los ensayos realizados demostraron que el uso de botellas plásticas recicladas como reflectores acústicos puede ofrecer una alternativa viable y económica para la mitigación de la captura incidental de delfines en pesquerías artesanales que emplean redes de fondo. La reducción del 88% observada en la tasa de captura incidental representa una oportunidad para implementar esta solución en otras regiones costeras del mundo.

De acuerdo con las investigaciones, esta metodología no afecta el volumen de pesca de especies objetivo, elemento fundamental para la aceptación entre las comunidades pesqueras. Además, el uso de materiales reciclados contribuye a la gestión de desechos plásticos, al darle un nuevo propósito a residuos que, de otro modo, permanecerían en el medio ambiente. “Esto sí que es reciclaje que rescata delfines”, afirmó Berggren.

Los autores de los estudios resaltaron que “el método puede ser probado en otras regiones y, si resulta eficaz, adoptado de manera amplia para mejorar la conservación de delfines costeros”. El equipo científico destacó que la fijación de las botellas a las redes se realizó con sistemas seguros para evitar desprendimientos y contaminación marina adicional.

Los resultados obtenidos en Brasil impulsaron nuevas pruebas en pesquerías de Camboya y Congo. La introducción de soluciones de bajo costo basadas en reciclaje refuerza la cooperación entre la ciencia y las comunidades pesqueras para abordar el desafío de la conservación marina.

El Ministerio de la Producción (PRODUCE) aprobó la ampliación del Límite Máximo de Captura Total Permisible (LMCTP) del calamar gigante o pota (Dosidicus gigas) a 589.230 toneladas para 2026, aplicable a todas las embarcaciones con permiso vigente.

La resolución, publicada el 4 de julio de 2026, responde a los informes técnicos del Instituto del Mar del Perú (IMARPE) y a la necesidad de ajustar el manejo pesquero a partir de datos recientes.

Esta nueva meta representa el tercer incremento consecutivo del año: en mayo, la cuota se fijó en 479.000 toneladas; en junio, se elevó a 539.230; y ahora PRODUCE coloca el techo en 589.230 toneladas para el cierre del año.

Según el documento oficial, “el nuevo LMCTP corresponde a un valor intermedio dentro del rango evaluado, adoptado bajo criterios de gradualidad, manejo basado en riesgo y aprovechamiento sostenible”.

PRODUCE precisó que, desde el 6 de julio hasta el 31 de diciembre, el límite de captura total será de 68.218 toneladas por embarcación, lo que obliga a una gestión ajustada de los esfuerzos extractivos en la segunda mitad del año.

Régimen especial y cupos para la flota artesanal menor a 10 m³

La norma también impone límites diferenciados para las embarcaciones pesqueras artesanales menores a 10 m³ de capacidad de bodega.

Entre el 27 de marzo y el 31 de diciembre, este segmento contará con un tope de 98.411 toneladas, integrado dentro del LMCTP general. Para el periodo del 6 de julio al 31 de diciembre, el cupo baja a 12.800 toneladas.

IMARPE recomendó que “desde un enfoque de manejo basado en riesgo, conviene adoptar un valor intermedio que permita equilibrar el aprovechamiento del recurso con el principio precautorio”.

El organismo técnico insistió en la necesidad de “fortalecer la observación biológica, poblacional y pesquera mediante un monitoreo activo y continuo en todo el rango de distribución de la especie”.

PRODUCE señaló que la revisión del LMCTP no constituye un objetivo permanente, sino una medida excepcional adoptada dentro de un esquema de manejo adaptativo, sujeta a evaluación continua de las condiciones del recurso.

Exportaciones impulsadas por la pota y China como principal destino

El aumento sucesivo de cuotas ha permitido que las exportaciones peruanas de pota alcancen cifras históricas. Entre enero y diciembre de 2025, el país exportó 360.550,7 toneladas de este recurso, generando US$ 1.421 millones y posicionando a la pota como el principal producto de la pesca congelada, con un 76% del volumen.

El 50% de las exportaciones pesqueras peruanas tiene como destino el mercado chino, que en el primer trimestre de 2026 incrementó en un 253,3% el volumen importado desde el Perú. El valor total de las exportaciones pesqueras del país superó los US$ 4.640 millones en 2025, impulsado principalmente por la pota y productos congelados.

No obstante, este crecimiento de la cuota se da en un contexto donde los límites de las aguas peruanas se ven amenazados por el avance de la flota china en aguas internacionales, fenómeno que también afecta a otros países de la región.

Crisis de precios y reclamo de la pesca artesanal

Sin embargo, el sector calamarero artesanal enfrenta una crisis aguda. La Sociedad Nacional de Pesca Artesanal del Perú (SONAPESCAL) advirtió que los precios de compra de la pota siguen cayendo mientras los costos operativos, especialmente el combustible, suben de forma sostenida.

“Esta combinación está generando una situación insostenible para armadores y pescadores artesanales”, alertó la entidad en un pronunciamiento de junio.

SONAPESCAL denunció que las embarcaciones realizan viajes más largos y costosos para encontrar el recurso, pero al regresar los ingresos no cubren los gastos mínimos de operación. El gremio pidió a las empresas compradoras y procesadoras “actuar con responsabilidad y transparencia, adoptando mecanismos comerciales que reconozcan la realidad económica del sector”.

Además, reclamó la intervención urgente del Ministerio de la Producción y la apertura de un diálogo que permita identificar soluciones concretas, advirtiendo que la pesca artesanal de pota es esencial para miles de familias a lo largo de la costa peruana.

El próximo martes tendrá lugar en Washington, en el ámbito de la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR, por su sigla en inglés), que encabeza Jamieson Greer, una audiencia que podría alterar el volumen y contenido del comercio y las relaciones que Argentina tiene con Estados Unidos y con China.

La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos dio de baja los “aranceles recíprocos” que había impuesto la administración Trump, que reaccionó aplicando una serie de medidas arancelarias basadas en la “Sección 122” del arsenal de herramientas del Ejecutivo, cuya vigencia máxima es de 150 días y expira el 24 de julio.

El 2 de junio pasado el USTR incluyó a Argentina en un grupo de 54 países que a su juicio “han fallado en imponer y efectivamente hacer cumplir (enforce) la prohibición de importación de bienes producidos con trabajo forzado”, lo cual, argumentó, “impone cargas y restricciones sobre el comercio de Estados Unidos”.

Ya entonces el gobierno de Trump presentó un documento titulado Acts, Policies, and Practices of Various Economies Related to the Failure to Impose and Effectively Enforce a Prohibition on the Importation of Goods Produced with Forced Labor y llamó a las partes interesadas a presentar informes, que serán ventilados este martes, para tomar la decisión final, que se debería anunciar antes del 24 de julio.

Argentina integra esa lista junto a países como Angola, Australia, Brasil, Chile, China, Colombia, Uruguay, Rusia, Arabia, Corea del Sur, Suiza y hasta su propia “madre patria”, el Reino Unido. El USTR agregó otros 6 países que sí tienen medidas contra la importación de bienes producidos con trabajo forzado, pero no las aplican con suficiente rigor: Washington incluyó allí a sus propios socios del T-MEC, Canadá y México, además de a la Unión Europea, Ecuador, Indonesia y Pakistán.

El gobierno de Trump presentó un documento titulado Acts, Policies, and Practices of Various Economies Related to the Failure to Impose and Effectively Enforce a Prohibition on the Importation of Goods Produced with Forced Labor

Sobre Argentina el documento del USTR dice que el gobierno de Javier Milei se comprometió, bajo el acuerdo bilateral firmado en noviembre, a prohibir el comercio en bienes hechos con trabajo forzado, pero -al menos hasta principios de junio- eso no había sucedido.

Opinión de exportadores y posibles medidas

¿Qué es esperable en términos de las acciones que puede llegar a tomar Estados Unidos?, le preguntó Infobae a Fernando Landa, presidente de la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA).

— “Las herramientas que tiene el gobierno americano para establecer aranceles diferenciales es bastante amplia. En particular, la sección 301 que se aplica en caso de prácticas injustas para con Estados Unidos. En el caso de Argentina, el argumento que no se ha hecho suficiente para impedir que ingresen bienes de países donde sí hay trabajo forzoso. Y propone un 10% de arancel adicional. Hay otro listado en que están la India, Brasil, en que el arancel adicional sería 12,5%, sobre los que la audiencia será el (lunes) 6 de julio. En el caso de Brasil hay temas relacionados con comercio digital, servicios de pago electrónico, aranceles preferenciales y acceso al mercado de etanol. Y hay un montón de otras cuestiones sobre las que Estados Unidos podría aplicar un arancel del 25 por ciento.

— ¿Esto puede referirse a cuestiones como el trabajo forzado de la etnia uigur en la provincia de Xinjiang o al trabajo forzado en buques de pesca chino de aguas distantes?

— Si, muy probablemente ese es el tema. Entendamos que esto también se aplica a socios comerciales como Canadá y México

— Argentina firmó en noviembre pasado un acuerdo de comercio e inversiones con EEUU. ¿Puede llegar a afectarlo?

— Los aranceles que se discutían ahí eran los aranceles recíprocos, que no se aplican más. Esto es una acción específica en función de ciertos actos o políticas que los países señalados por el USTR supuestamente aplican.

— ¿Cuál es entonces, más allá de lo político, el significado comercial o económico del acuerdo firmado en noviembre?

— Entendemos que no tiene sustentación jurídica, porque el gran compromiso por parte de Estados Unidos era la no aplicación de estos aranceles, que la Corte Suprema de EEUU dio de baja. Es una concesión que no existe más, quedó vacía de contenido.

Landa dijo, además, que el acuerdo incluía rebajas recíprocas y que tampoco Argentina lo está ejecutando en los términos acordados.

La preocupación de Estados Unidos es la competencia desleal por parte de China. Hay varias aristas, pero no es solo con nosotros (Landa)

“Hay otros compromisos, en permisos y temas de simplificación que el gobierno argentino ya estaba llevando adelante y se están cumpliendo, pero el acuerdo perdió relevancia en materia de rebajas arancelarias y difícilmente la recupere en este contexto. Es un instrumento político. La preocupación de Estados Unidos es la competencia desleal por parte de China. Hay varias aristas, pero no es solo con nosotros. EEUU también está revisando también cómo va a seguir con el T-MEC (el acuerdo con Canadá y México). Argentina tenía una cantidad de rebajas que hacer que abarcaban una porción importante de exportaciones de EEUU y que no se llevó adelante, porque hubiera sido conflictivo, por la aplicación del principio Nación Más Favorecida a otros socios comerciales, salvo que se trate de un Acuerdo de Libre Comercio, que no es el caso”.

Objeciones del Congreso de EEUU a China

Landa consideró “una hipótesis razonable” que las objeciones del USTR a Argentina vayan en línea con las que una comisión del Congreso de Estados Unidos ya hizo a China por el uso de trabajo forzado o semi-esclavo en la producción de bienes que ofrecen las plataformas Temu y Shein y también en su flota de pesca “de aguas distantes”.

Ambos temas fueron objeto de sendos informes condenatorios del “Comité Selecto” bicameral (6 senadores y 6 diputados) y bilateral (6 legisladores republicanos y 6 demócratas), cuyas portadas se ven abajo. A fin de 2025 esta Comisión emitió un crítico informe sobre el “impacto chino” en EEUU y terceros mercados en el que acusó a China de “confinar a los mercados emergentes a eslabones menores de la cadena de valor” vía la participación de entidades y empresas estatales orientadas y subsidiadas por el Estado.

Al respecto, uno de los documentos del Congreso de EEUU destacó que mientras en 2014 el porcentaje de “entidades” chinas operando a pérdida (ergo, subsidiadas) no llegaba al 12% del total, en 2024 la proporción rozaba el 23%, lo que a su vez -remarcó- “causa un daño importante a las industrias de otros países”.

El tema del “trabajo forzado” se liga a otro muy sensible para Estados Unidos: la violación de marcas y propiedad intelectual, donde también se apunta a las plataformas chinas Shein y Temu que además lo hacen, dice el informe bicameral, “en violación de la Uyghur Forced Labor Prevention Act contra el uso de mano de obra forzada”.

En ese punto, se hace referencia explícita a la represión china a la minoría uigur en la provincia de Xinjiang, donde se llega a sugerir la existencia de “campos de reeducación política” con miradores, cámaras de seguridad y altos muros y líneas de alambrados, por donde pasaron al menos un millón de personas, hecho que Washington liga a prácticas de “genocidio” y la ONU consideró “posibles crímenes de lesa humanidad”.

Importaciones argentinas, pesca y competencia china

El gobierno de Milei no parece haber sido muy receptivo a las sugerencias de Washington: en los primeros cinco meses de 2026 la importación de bienes vía Courier (de los que se presume que buena parte provienen de las plataformas chinas denunciadas por EEUU, aunque el Indec no hace precisiones al respecto) sumó USD 518 millones, 113,2% más que en igual lapso de 2025.

Un informe de la consultora Analytica en base a datos oficiales precisó que cambios regulatorios introducidos por el gobierno de Milei ampliaron el límite de compra a USD 3.000 por envío y a USD 400 la franquicia para importar bienes pagando solo IVA, “lo que redujo costos y aceleró los tiempos de entrega”.

Cambios regulatorios introducidos por el gobierno de Milei ampliaron el límite de compra a USD 3.000 por envío y a USD 400 la franquicia para importar bienes pagando solo IVA (Analytica)

Para tener idea de la dinámica de este canal comercial -que al Gobierno le sirve para que bajen ciertos precios, como indumentaria, calzado, juguetes y ciertos productos electrónicos- en 2024 las importaciones vía Courier habían sumado USD 239 millones y en 2025 rozaron los USD 900 millones, cifra que será largamente superada este año.

En cuanto a lo que Estados Unidos llamó la “ofensiva china” en materia de pesca, el informe del comité bicameral del Congreso de EEUU acusa a China de ser “la única nación que utiliza su flota de pesca de aguas distantes como extensión de sus fuerzas de seguridad marítima oficiales”, cita al respecto un análisis de la Oficina de Inteligencia Naval de EEUU, estima la flota china entre 2.000 y 16.000 embarcaciones si se incluyen naves vinculadas a milicias y con banderas extranjeras y precisa que entre 2022 y 2024 registró más de 110 millones de horas de actividad en aguas de 90 países.

La dimensión económica, agrega, afecta de manera directa a Sudamérica y estima que la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) genera en América Central y del Sur hasta USD 2.300 millones en daño económico incluyendo cerca de USD 500 millones en recaudación fiscal no percibida por los países afectados, principalmente Ecuador, Perú, Chile y la Argentina.

La flota potera y las sospechas en el sector

Una investigación reciente documentó además que la flota china de aguas distantes no solo pesca al borde de la Zona Económica Exclusiva Argentina, en la llamada “Milla 201”, sino que empresas chinas, algunas de ellas con antecedentes de pesca ilegal y propiedad de o asociadas a empresas estatales del gigante asiático, son dueñas de 53 de los 84 buques “poteros”, especializados en la pesca de calamar, que pescan con bandera argentina y dentro del Mar Argentino y lo hacen en un marco de “competencia desleal” pues disfrutan de subsidios y beneficios fiscales del Estado chino.

La ventaja ya considerable de detentar más del 63% de la flota que pesca calamar localmente podría ampliarse a raíz de la reciente resolución del Consejo Federal Pesquero (CFP) de licitar 18 nuevos permisos para ampliar la flota potera autorizada a operar dentro de la Zona Económica Exclusiva.

La decisión generó suspicacias y resistencias en el sector pesquero, en especial de las empresas con epicentro en el puerto de Mar del Plata, y denuncias anónimas sobre la acción de “personajes ajenos al sector” que solicitan “contribuciones” por los permisos a conceder.

El argumento de la ampliación de la flota es que en los 90 y hasta principios de este siglo hubo hasta 150 buques poteros operando en el Mar Argentino, lo cual sugiere que ampliar la flota es factible y mejoraría en decenas de miles de toneladas y en varios centenares de millones de dólares la captura. Pero quienes se oponen sostienen el escaso sustento científico de la medida y que la comparación es engañosa, pues los buques de entonces tenían bodegas de hasta 600 toneladas, los 18 a agregar lo harían con bodegas de 1.000 toneladas o más, lo que redundaría en un gran aumento del llamado “esfuerzo pesquero”, a riesgo biológico de agotar la pesquería.

La decisión de licitar 18 nuevos permisos a “poteros” se respaldó en un breve informe del director nacional de investigaciones del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero, Otto Whöler, que en una entrevista con Revista Puerto, una publicación especializada, se refirió también a la presión que sobre la pesquería influyen la flota (mayormente china) que opera en la “Milla 201″ y los buques que pescan con licencia de Malvinas, ocupada por Inglaterra.

Según el funcionario, 18 nuevos poteros son “un número muy acotado, comparado con los 350 que hay afuera, más otros 150 arrastreros que pescan calamar y que este año pescaron mucho más que los poteros en la Milla 201. Y si le sumamos las 105 licencias que da Malvinas para explotar solamente el stock Sudpatagónico, no es nada. Lo que queremos hacer (...) es aumentar al menos un poco la tasa de captura. Malvinas está pescando con 105 buques poteros sobre un solo stock, el Sudpatagónico. Nosotros tenemos 84 barcos para pescar tres stocks, que son el Desovante de Verano, el Sudpatagónico y el Bonaerense Norpatagónico.

Argentina, dijo el funcionario, “tiene que asumir un liderazgo en el manejo del calamar del Atlántico Sur (...) tenemos una flota muy disminuida respecto al resto de los actores (...) todos los años vemos el problema, las capturas que ocurren fuera de nuestra Zona Económica Exclusiva y lo único que hacemos es asombrarnos de lo que ocurre ahí, pero no ejercemos ningún tipo de acción”.

En sentido opuesto, el sindicato de Conductores Navales (Siconara) envió una nota al titular del Consejo Federal Pesquero (CFP), Antonio López Cazorla en la que dice que la clave del volumen de pesca de calamar es la masa biológica anual y no el número de barcos. Cita al respecto que la flota potera congeladora “llegó a su máximo de 98 unidades en 2003 y obtuvo 127.031 toneladas” pero que “con solo 89 buques en 2006 se alcanzó el récord histórico de 260.907 toneladas”.

La ampliación de la flota de calamar, detrás de la cual muchos temen venga un nuevo aumento de la presencia de empresas chinas, es además vista como un anticipo de la “cuotificación” de la pesca de langostino

Detrás de la ampliación de la flota de calamar muchos temen venga un nuevo aumento de la presencia de empresas chinas. Además, muchos ven la medida como un anticipo de la “cuotificación” de la pesca de langostino, la especie más importante por valor total de exportación.

Varias pesqueras marplatenses también enviaron una nota a López Cazorla para que detenga ese proceso “hasta tanto no se aclaren adecuadamente los motivos por los cuales existen personas fuera del Consejo que se están reuniendo con distintos armadores para notificarles cuánta cuota de langostino le tocaría a cada buque o empresa o cuál sería el criterio de asignación que estipularía una eventual normativa”. Y preguntan “si esas personas, consultoras y/o estudios (…) están actuando en nombre del CFP”.

En la posición opuesta, las empresas de buques “tangoneros” congeladores (esto es, que pescan langostino y lo procesan a bordo) están a favor de cuotificar, porque -alegan- así lo manda la ley y porque ordenaría el subsector, a partir de la distribución de los volúmenes de Captura Máxima Permisible (CMP) que cada año fije el Inidep en base a campañas de investigación y criterios científicos.

Sospechas y certezas

Detrás de las sospechas de irregularidades, asoma una certeza: gracias a los subsidios y el margen económico que tienen, las firmas mejor posicionadas para aportar 18 nuevos “poteros” son chinas, porque amén de la ventaja de los subsidios del estado chino pueden disponer, en poco tiempo, de buques a satisfacción de quienes evalúen las ofertas, sea que estas se decida por criterios técnico-científicos o por el nivel de “efectividades conducentes”.

Un experto que sigue la pesca marina y participó en estudios financiados por ONG internacionales de denuncia de las prácticas pesqueras chinas, incluido el uso de trabajo semi-esclavo, comentó a Infobae que si bien la embajada de EEUU en Buenos Aires convenció al gobierno argentino de excluir del aumento de la flota de pesca de calamar a empresas estatales, la licitación en curso no incluye el requisito de identificación de los “beneficiarios finales”, esto es, los verdaderos dueños, que suelen ser de ojos rasgados y contar con el apoyo de Beijing.

El peso de China en el comercio y la política argentina

Del otro lado de la presión norteamericana para disminuir la presencia e influencia china en Argentina están los datos, que siguen dándole muy favorables a la potencia asiática.

Por una parte, el Banco Central está negociando la renovación del canje de monedas con su par de China, que vence en agosto y aporta unos USD 19.000 millones de las “reservas brutas” del BCRA.

Además, precisa un estudio que el economista Ricardo Carciofi expuso ante el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), hasta ahora las compras a China han sido funcionales a los objetivos del Gobierno, que desde 2024 y sobre todo en 2025 avanzó en la apertura comercial y desmontó mecanismos no arancelarios (medidas antidumping, control de importaciones) para contener la inflación.

El gigante asiático, dice la investigación, fue “el país que más aumentó su participación en todo el espectro del menú importador: bienes de capital, insumos y artículos de consumo, incluyendo las compras por plataforma”.

En 2025, precisa, las importaciones provenientes de China crecieron 54,9% respecto a 2024, ritmo que duplica el de las importaciones totales y deja muy atrás el aumento de las compras a otros socios comerciales: Brasil, EEUU y Europa, como muestra el gráfico de arriba. Ante esa situación, destaca, “el Gobierno ha elegido no confrontar y ha renunciado a poner en práctica mecanismos de defensa comercial”.

En los últimos días ha circulado ampliamente en redes sociales el fragmento de una entrevista en la que se cuestiona la capacidad del Instituto del Mar del Perú (IMARPE) para monitorear nuestro océano. Se afirma que no cuenta con instrumentos para medir variables esenciales como la temperatura, la salinidad o el oxígeno, que carece de embarcaciones para realizar investigación científica y que buena parte de la información que utiliza proviene simplemente de organismos internacionales.

No mencionaré al entrevistado ni el espacio donde se difundieron esas declaraciones. No porque no merezcan ser respondidas, sino porque considero que esta es una buena oportunidad para acercarnos a una institución que la mayoría de peruanos conoce de nombre, pero cuyo trabajo pocos comprenden en toda su dimensión. Después de todo, es difícil valorar aquello que no se conoce.

Cada vez que se anuncia una temporada de pesca de anchoveta, cuando se advierte sobre un posible Fenómeno El Niño o cuando el Estado debe tomar decisiones que involucran al principal ecosistema marino del país, hay una institución cuyo trabajo suele pasar inadvertido para la mayoría de ciudadanos. Ese es el IMARPE, una entidad científica que desde hace más de seis décadas estudia uno de los mares más productivos del planeta y genera información clave para su aprovechamiento sostenible.

Su labor va mucho más allá de recomendar una cuota de pesca. Sus investigadores estudian las condiciones físicas, químicas y biológicas del mar peruano, evalúan la distribución y abundancia de los recursos hidrobiológicos, analizan el impacto de la variabilidad climática sobre los ecosistemas y producen información que sirve de base para decisiones públicas que involucran la seguridad alimentaria, la economía nacional y la conservación de nuestros recursos.

Por eso resulta necesario hacer algunas precisiones.

Se ha dicho que el IMARPE no monitorea el mar porque no cuenta con una amplia red de boyas oceanográficas. Esa afirmación parte de una idea equivocada sobre cómo funciona hoy la investigación oceanográfica. Las boyas ya están desplegadas en el océano y forman parte de redes de observación que se complementan con distintos sistemas internacionales. El mar está sembrado de este tipo de instrumentos y la cooperación entre entes científicos es precisamente lo que permite ese monitoreo. El monitoreo moderno combina campañas científicas, perfiles oceanográficos obtenidos con equipos especializados, estaciones costeras, sensores instalados en embarcaciones, imágenes satelitales, modelos numéricos y redes internacionales de observación. Así trabajan los principales institutos oceanográficos del mundo y el Perú no es la excepción.

También se ha sostenido que el IMARPE no puede medir temperatura, salinidad u oxígeno en el mar. En realidad, esas variables forman parte de las observaciones que realiza de manera permanente durante sus campañas de investigación. Esa información permite comprender cómo cambian las condiciones del océano y cómo esos cambios influyen en la distribución de especies como la anchoveta, el jurel, la caballa, la pota y muchas otras de importancia económica y ecológica.

Otra afirmación señala que el IMARPE simplemente descarga información de la NOAA y la presenta como propia. Esa apreciación desconoce cómo funciona la ciencia en la actualidad. La cooperación internacional y el intercambio abierto de datos son prácticas habituales entre instituciones científicas de todo el mundo. Utilizar información proveniente de organismos internacionales no reemplaza el trabajo de campo que realizan los investigadores peruanos. Lo complementa, lo fortalece y permite integrar observaciones locales con sistemas globales para obtener diagnósticos más precisos.

Eso no significa afirmar que todo funciona perfectamente. Sería irresponsable hacerlo. El Perú necesita invertir más en investigación científica marina, fortalecer el presupuesto destinado al IMARPE, modernizar parte de su infraestructura y ampliar sus capacidades de observación. Esa necesidad ha sido reconocida desde hace años por especialistas del propio sector. Sin embargo, una cosa es señalar las limitaciones que aún existen y otra muy distinta sostener que el país no monitorea su mar o que el principal instituto científico marino carece de capacidad para hacerlo.

Quizá uno de los mayores activos del IMARPE sea precisamente aquello que pocas veces se aprecia desde fuera. Sus recomendaciones no descansan en la opinión de una sola persona ni en un único dato. Detrás de cada informe existe el trabajo de equipos multidisciplinarios conformados por biólogos, oceanógrafos, ingenieros pesqueros, estadísticos, especialistas en acústica y otros profesionales que analizan la información obtenida antes de formular recomendaciones técnicas. Ese rigor explica, entre otras cosas, por qué en distintos momentos de nuestra historia reciente también se han recomendado cuotas reducidas, cierres de temporadas o medidas de protección cuando las condiciones biológicas así lo exigían, aun cuando ello significara costos económicos para el propio sector pesquero.

Las instituciones científicas, como cualquier institución pública, deben estar abiertas al escrutinio y a la crítica. Eso fortalece la transparencia y contribuye a mejorar su trabajo. Pero esa crítica siempre será más útil cuando se sustente en evidencia y en un conocimiento adecuado de cómo funciona la investigación científica.

El Perú posee uno de los mares más ricos del planeta. Comprenderlo exige décadas de investigación, observaciones permanentes, campañas en altamar y profesionales altamente especializados. Conocer el trabajo del IMARPE no significa renunciar al espíritu crítico. Significa reconocer el valor de una institución que, con fortalezas y desafíos, constituye uno de los principales pilares científicos para entender, proteger y aprovechar responsablemente una riqueza que pertenece a todos los peruanos.

A pesar de su importancia, tanto en términos económicos como sociales, el sector pesquero, especialmente el de la pesca artesanal, quedó relegado en la campaña electoral. Hoy, estando muy cerca del cambio de gobierno, es buen momento para hacer un balance de lo avanzando en los últimos cinco años y los retos que quedan pendientes y que las próximas autoridades pesqueras deberán abordar.

El principal punto positivo a destacar es que se ha dado una mayor atención, aunque aún insuficiente, al ordenamiento de la pesca artesanal y de menor escala, responsable del 94% del alimento marino de origen nacional, generadora de más del 85% de empleos, en mar y tierra, relacionados con la actividad pesquera peruana. A pesar de su importancia, esta actividad se encuentra en crisis debido al exceso de capacidad de flota y la falta de medidas de manejo sobre varias de las principales especies que se aprovechan comercialmente y que hoy muestran signos de sobreexplotación, como el lenguado, el mero, el ojo de uva, las conchas de abanico y el choro, entre otras. La situación no es nueva, un estudio del 2020 ya evidenciaba que los pescadores artesanales venían realizando un mayor esfuerzo (más inversión, faenas más largas) para conseguir las mismas capturas que antaño, disminuyendo sus ingresos y llevando a que muchos de ellos vivan por debajo de la línea de pobreza.

El primero aprobó la inclusión del delito de construcción ilegal de embarcaciones pesqueras como delito ambiental en el Código Penal, y aprobó la Ley 31749 que actualizó la Ley General de Pesca para proteger mejor los hábitats costeros y reclasificar la actividad pesquera, sincerando la diferencia entre la pesca artesanal con predominio del trabajo manual de la pesca de menor escala que utiliza sistemas mecanizados similares a los de la flota industrial.

Por su parte, desde el Ejecutivo destacan la aprobación del reglamento de ordenamiento pesquero de la pota, la pesquería artesanal más grande del país en términos de volumen y exportaciones, el decreto supremo que fortaleció los requisitos para el ingreso de embarcaciones extranjeras a puertos peruanos, y los esfuerzos continuos por ampliar la cobertura del sistema de seguimiento satelital a toda la flota pesquera, con un enfoque progresivo según la capacidad de bodega de las embarcaciones.

Sin embargo, a pesar de lo avanzando, la situación sigue siendo crítica. Aún no se logra frenar el crecimiento ilegal de la flota, que según datos de IMARPE ya excede las 23 mil embarcaciones. Ninguna medida de ordenamiento será eficaz mientras el esfuerzo pesquero sigue aumentando y haya una flota operando en la ilegalidad. Prueba de ello es lo que viene sucediendo con la pesquería de pota, en la que a pesar del avance regulatorio, las últimas temporadas de pesca han estado marcadas por denuncias de pesca ilegal, reclamos por lo rápido que se llega a las cuota de captura y la consecuente disminución de los precios en playa.

En este escenario ¿cuáles deberían ser las prioridades de las nuevas autoridades del sector?

Lo primero y más importante es cerrar de forma definitiva los procesos de formalización y poner en marcha operativos de interdicción que lleven a la clausura de astilleros ilegales y el desguace de embarcaciones fantasma. La ley y el protocolo existen, toca hacerlos funcionar inyectando recursos y atendiendo los cuellos de botella que puedan existir.

Implementar las medidas de protección de la zona costera establecidas por la Ley 31749 en beneficio de la pesca artesanal, específicamente la restricción a la pesca con cerco mecanizado dentro de las 3 primeras millas marinas. A pesar de ser una medida legalmente exigible, hasta la fecha el Ministerio de la Producción se ha negado a hacerla cumplir poniendo como excusa la falta de normas complementarias, que además de no ser necesarias para fiscalizar el cumplimiento de la restricción, se encuentran aún pendientes por su propia responsabilidad ya que es la autoridad a cargo de aprobarlas.

Continuar con la ampliación de cobertura del sistema de seguimiento satelital a toda la flota, lo que permitirá contar con información oportuna que no solo fortalecerá la lucha contra la pesca ilegal, sino también la mejor comprensión de los patrones de comportamiento de la flota para la adopción de medidas de manejo.

Fortalecer al IMARPE para que cuente con los recursos y herramientas necesarias para cubrir la brecha en investigación científica, especialmente sobre recursos aprovechados por la pesca artesanal, que a pesar de ser importantes para la seguridad alimentaria del país se encuentran poco estudiados; y responder a los retos actuales como el exceso de esfuerzo pesquero, la degradación de hábitats, el cambio climático y la contaminación plástica. No es posible un buen manejo pesquero sin buena ciencia que lo respalde.

Además, utilizar los resultados de esas investigaciones, para avanzar en la adopción de medidas de manejo para la recuperación de las especies costeras, esas que son el principal insumo de nuestro plato bandera, el ceviche, hoy golpeadas por la sobrepesca y asegurar que las próximas generaciones de peruanos puedan seguir disfrutando de la riqueza marina de la que tanto nos orgullecemos.

“No es posible un buen manejo pesquero sin buena ciencia que lo respalde.”

Para finalizar, no podemos dejar de mencionar que estamos ante un fenómeno El Niño, cuyos impactos se sentirán no solo en el sector pesquero y la biodiversidad marina, sino el país en general y que requieren de una respuesta multisectorial e integrada por parte del Estado, para mitigar los daños y tomar medidas adaptativas para aprovechar las oportunidades que también trae consigo.

La actividad económica de abril de 2026 registró un alza interanual de 1,6% en la Argentina, aunque cayó 1,5% frente a marzo en la serie desestacionalizada. Los mayores avances correspondieron a Explotación de minas y canteras y Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, mientras Pesca anotó la baja más pronunciada, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

La economía argentina experimenta una notable inestabilidad en su nivel de actividad, caracterizada por fluctuaciones constantes que los especialistas denominan “efecto serrucho”. Durante los primeros cuatro meses de 2026, se observó una alternancia entre subidas y bajadas: enero registró una mejora, febrero una baja, marzo presentó una recuperación y abril exhibió una nueva caída en términos intermenduales.

Mientras sectores como la energía y la minería mantienen su crecimiento, el conjunto de la actividad económica sigue mostrando movimientos irregulares y sin una tendencia firme. Esto se refleja en un desarrollo “de dos velocidades”: con el agro, la minería y la energía en expansión, frente a la debilidad de la industria y la construcción.

De acuerdo a los datos oficiales del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), los sectores que más crecieron, en la medición interanual, fueron Explotación de minas y canteras, con 17,1%, y Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, con 10,9 por ciento. En el otro extremo, la mayor caída fue la de Pesca, con -28,4%, seguida por Comercio mayorista, minorista y reparaciones, con -3,2%, e Industria manufacturera, con -2,9 por ciento.

El informe también mostró una suba de 0,3% en la tendencia-ciclo. En tanto, acumuló un crecimiento de 2,1% en los primeros cuatro meses del año en relación a igual período de 2025.

En la comparación con abril de 2025, siete de los 15 sectores del EMAE registraron subas y ocho tuvieron bajas. Agricultura y minas aportaron en conjunto 1,8 puntos porcentuales al crecimiento interanual del indicador.

Los sectores con mejor desempeño en abril

Ordenados de mayor a menor variación interanual, los rubros con mejora fueron Explotación de minas y canteras, con 17,1%; Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, con 10,9%; y Electricidad, gas y agua, con 6,4 por ciento.

También avanzaron Intermediación financiera, con 4,5%; Impuestos netos de subsidios, con 2,1%; Transporte y comunicaciones, con 2,0%; y Servicios sociales y de salud, con 0,8 por ciento.

Hoteles y restaurantes quedó en 0,0%, un dato que el Indec presenta como estabilidad interanual. El resumen ejecutivo señala siete sectores con subas, aunque el cuadro sectorial ubica a esa actividad sin cambios frente a abril de 2025.

Dentro de las alzas, Agricultura tuvo el mayor peso sobre el índice general. El gráfico del informe le asignó 1,19 puntos de incidencia positiva, por delante de los 0,63 puntos de Explotación de minas y canteras.

Los sectores que frenaron la actividad

Entre las actividades con retrocesos, la baja más moderada fue la de Enseñanza, con -0,1 por ciento. Luego se ubicaron Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, con -0,2%, y Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria, con -1,3 por ciento.

La lista siguió con Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales, con -1,7%, y Construcción, con -1,8 por ciento. Después aparecieron dos ramas de fuerte peso en el nivel general: Industria manufacturera, con -2,9%, y Comercio mayorista, minorista y reparaciones, con -3,2 por ciento.

El descenso más pronunciado de todo el cuadro correspondió a Pesca, con -28,4% interanual. Esa actividad, junto con Industria manufacturera y Comercio mayorista, minorista y reparaciones, restó 0,9 puntos porcentuales a la variación interanual del EMAE.

El gráfico incluido en EMAE abr2026.pdf también mostró que las incidencias negativas más marcadas se concentraron en Industria manufacturera y Comercio mayorista, minorista y reparaciones. En abril, esas ramas tuvieron aportes de -0,41 y -0,38 puntos porcentuales, respectivamente.

Cómo impactó cada sector en el resultado general

El mapa sectorial de abril combinó pocos avances de gran magnitud con una mayoría de bajas más repartidas. Indec consignó que el EMAE nivel general avanzó 1,64% interanual, con un aporte adicional de Impuestos netos de subsidios, de 0,36 puntos, y de Electricidad, gas y agua, de 0,18.

También sumaron, aunque en menor medida, Transporte y comunicaciones, con 0,15 puntos; Intermediación financiera, con 0,10; Servicios sociales y de salud, con 0,03; y Hoteles y restaurantes, con 0,01. Enseñanza tuvo una incidencia levemente negativa de -0,00, mientras Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler restó -0,01.

Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales restó -0,03 puntos; Construcción, -0,04; y Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria, -0,05.

La foto final del mes dejó a las ramas agropecuaria y minera como principal sostén del crecimiento. En sentido inverso, la industria y el comercio ejercieron la mayor presión a la baja sobre el resultado general.

Cada 29 de junio, el Perú conmemora el Día del Pescador, una fecha que coincide con la festividad de San Pedro y San Pablo y que reconoce la labor de miles de hombres y mujeres que desarrollan esta actividad en el litoral del país. Según informó Andina Noticias, la jornada busca destacar el esfuerzo, la valentía y el compromiso de quienes salen al mar y contribuyen diariamente al abastecimiento de alimentos para la población.

La pesca artesanal forma parte de la identidad de numerosas comunidades costeras y representa una actividad económica de gran importancia para el país. Además de proveer recursos hidrobiológicos de alto valor nutricional, sostiene el ingreso de miles de familias que dependen directamente del trabajo en el mar.

De acuerdo con el citado medio, la actividad pesquera también tiene un impacto significativo en la economía nacional. Solo la cadena de suministro vinculada al sector pesquero industrial reúne a más de 3.500 micro y pequeñas empresas y contribuye a la generación de más de 250.000 empleos directos e indirectos, consolidándose como una de las actividades productivas más importantes del país.

Retos de la pesca artesanal

Pese a su relevancia económica y social, los pescadores artesanales enfrentan desafíos permanentes para desarrollar su labor. Las condiciones cambiantes del mar, los riesgos durante las faenas y la necesidad de acceder a mayores conocimientos técnicos forman parte de las dificultades que afrontan quienes viven de esta actividad.

En ese contexto, surgió el programa ¡A pescar Peruano!, una iniciativa orientada a fortalecer la pesca artesanal mediante acciones enfocadas en la seguridad en el mar y el desarrollo productivo de las familias pesqueras. El proyecto busca contribuir a que los trabajadores del sector realicen sus actividades en mejores condiciones y con mayores oportunidades de crecimiento.

En entrevista con Andina Noticias, Alexandra Moreno, jefa central de Desarrollo Sostenible y Gestión Social de TASA, señaló que el Día del Pescador representa una oportunidad para reconocer el aporte de miles de personas que sostienen una actividad fundamental para el país. Asimismo, destacó que el programa impulsa iniciativas destinadas a reforzar la seguridad de los pescadores y generar nuevas oportunidades de desarrollo para sus hogares.

Capacitación y desarrollo

Como parte de sus acciones, el programa promueve capacitaciones en reparación y mantenimiento de motores de embarcaciones, además del impulso de proyectos productivos liderados por asociaciones locales. Estas iniciativas buscan diversificar las oportunidades económicas de las familias vinculadas a la actividad pesquera y fortalecer el desarrollo de las comunidades costeras.

Por su parte, Hugo Roque Chana, secretario general del Sindicato Único de Pescadores Artesanales y Buzos Civiles del Puerto de Ilo, afirmó que los trabajadores del sector conocen los desafíos que impone el mar, pero requieren mayores herramientas para desempeñar sus labores de forma segura y mejorar las condiciones de vida de sus familias. Añadió que el trabajo conjunto con iniciativas como ¡A pescar Peruano! contribuye al fortalecimiento de la actividad pesquera.

En el Día del Pescador, el reconocimiento a quienes salen al mar cada jornada también pone en relieve la necesidad de seguir impulsando acciones que fortalezcan la seguridad, la capacitación, el desarrollo sostenible y la competitividad del sector. Según destacó Andina Noticias, valorar el trabajo de los pescadores significa también reconocer el papel que cumplen en la economía, la alimentación y el desarrollo de las comunidades del litoral peruano.

En el día del pescador, los trabajadores de este sector se encuentran en una situación crítica: la llegada del Niño Costero y el incremento de la temperatura en el mar peruano ha afectado la presencia de las especies marinas como la anchoveta. Según Macedonio Vásquez, secretario general del sindicato de pescadores de Chimbote, advirtió la poca presencia de este pez, lo que ha obligado a que las jornadas de trabajo sean más extensas.

En conversación con Exitosa, Vásquez indicó que antes se podía encontrar cardúmenes en dos o tres horas, pero ahora los pescadores pasan hasta 10 horas en esa tarea.

“Ya no son los cardúmenes grandes donde hacíamos uno o dos lances y cargábamos las lanchas. Tenemos que hacer de cuatro a cinco. A veces en barcos grandes hacen hasta ocho lances, donde el hombre de mar tiene que trabajar continuamente. Ahí no hay descanso”, indicó el representante del sector.

“Podemos empezar a trabajar a las dos de la mañana o a la una de la mañana, cuando aparece el cardumen. Ahí no hay horarios para descansar”, dijo Vásquez.

El Niño costero puede alterar qué especies habrá en la costa peruana

El dirigente sindical ubicó el problema en la base de la cadena marina. “La base primordial del océano es la anchoveta. No se le está protegiendo”, afirmó, al vincular la menor disponibilidad del recurso con los efectos acumulados de estos fenómenos.

Ante la llegada del fenómeno del Niño costero y del Niño global, el dirigente anticipó cambios en la disponibilidad de peces. Explicó que, si falta anchoveta, especies de agua fría como la cachema y la cabrilla pueden escasear porque tenderán a refugiarse en pozos de agua fría a lo largo del litoral peruano o migrarán a otras zonas.

Al mismo tiempo, indicó que podrían aparecer especies de agua caliente. Mencionó entre ellas al perico y tiburón, aunque remarcó que ese recambio no compensa lo que representa la pesca industrial de anchoveta para el empleo.

Buques pesqueros chinos siguen depredando ilegalmente la pesca

En las últimas semanas, organizaciones ambientales yrepresentantes del sector pesquero expresaron preocupación por la concentración de embarcaciones industriales cerca del límite marítimo peruano, una zona clave para la actividad económica vinculada al mar.

Imágenes recientes difundidas por el Movimiento Ecologista del Perú mostraron una extensa concentración de embarcaciones pesqueras chinas a unas 220 millas de las costas de Mollendo. Según la organización, alrededor de 300 buques permanecen en esa zona, muy cerca del límite de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) peruana.

En noviembre de 2025, distintos sectores vinculados a la pesca advirtieron sobre la presión creciente que reciben los recursos marinos en aguas próximas al Perú. La ubicación estratégica de la ZEE peruana dentro del ecosistema de la corriente de Humboldt convierte a esta zona en una de las más productivas del planeta para diversas especies comerciales.

Una plaga de peces globo mantiene en vilo la pesca profesional en las costas de Creta, donde tanto los trabajadores del mar como los especialistas consideran el avance de esta especie invasora como uno de los desafíos ambientales más serios de las últimas décadas. De acuerdo con testimonios recogidos por la agencia de noticias Euronews, los pescadores de la isla griega atraviesan una situación crítica ante la proliferación del pez globo, también identificado como Lagocephalus sceleratus, que ingresó al Mediterráneo a través del canal de Suez y actualmente domina extensas zonas de la región.

La presencia de esta especie en aguas griegas se registró por primera vez en 2005. A partir de ese momento, su expansión no tuvo freno y en solo dos décadas se extendió por todo el país. El portal de noticias internacional precisa que los pescadores de Creta y otras áreas del Mediterráneo oriental, como Chipre, advirtieron alteraciones graves tanto en la actividad pesquera como en la biodiversidad marina debido al avance de este pez.

“Se comió los peces y cortó el cabo. Los aparejos no sirven para nada. Tras solo cinco días de uso tendré que tirarlos y comprar redes nuevas”, contó Alexis Charalambakis, uno de los afectados. La agresividad de este pez venenoso, su dieta omnívora y sus mandíbulas potentes provocaron pérdidas económicas y daños materiales constantes.

Un riesgo para el ecosistema y la economía local

En los últimos años, la llegada de especies exóticas a través del canal de Suez generó preocupación en toda la cuenca mediterránea. “El mar se ha llenado de peces león, peces globo y peces corneta, todos son especies exóticas. Del canal de Suez no ha llegado ni un solo pez bueno, solo problemas”, apuntó Lambris Atsarakis, uno de los pescadores en declaraciones con Euronews.

La ausencia de depredadores naturales y la resistencia del pez globo complican aún más la situación. “Come cualquier cosa que encuentre a su paso y no parece estar amenazado por nada”, explicó otros de los pescadores. La expansión de esta especie concidió con una disminución abrupta de las poblaciones de peces comerciales, lo que llevó al sector pesquero a pedir la intervención urgente del Estado.

Las organizaciones de pescadores reclaman la creación de un programa de subvenciones para financiar la captura y retirada masiva del pez globo, con el objetivo de mitigar las pérdidas económicas y proteger la biodiversidad. De acuerdo con la bióloga marina Nota Peristeraki, del Centro Helénico de Investigaciones Marinas (ELKETHE), indicó que “nuestros estudios muestran que la especie Lagocephalus sceleratus afecta de forma significativa a los pescadores, especialmente a quienes se dedican a la pesca costera”.

Toxina mortal y desafíos científicos

El avance del pez globo no solo genera un problema económico, sino que representa una amenaza para la salud pública. Científicos consultados por la agencia de noticias, advirtieron que la toxina presente en los órganos de este animal —la tetrodotoxina— puede causar insuficiencia cardíaca y parálisis respiratoria en humanos. “Su ingestión puede ser mortal. Se requiere una especial precaución en su manipulación y consumo”, dijo la bióloga marina, Thekla Anastasiou. del Hellenic Centre for Marine Research (HCMR) en Grecia.

La investigación sobre la especie se concentra ahora en dos frentes: por un lado, entender cómo contener su expansión y reducir su impacto ecológico; por otro, buscar métodos para neutralizar la toxina y aprovechar la biomasa de estos animales de manera segura. El químico investigador del (HCMR) Manolis Mandalakis explicó que ya existen estudios orientados a eliminar la tetrodotoxina, lo que permitiría usar estos peces en la producción de fertilizantes y compost.

Mientras tanto, el sector pesquero insiste en que la situación requiere respuestas urgentes y coordinadas. “Las pérdidas económicas y ecológicas aumentan cada año, y necesitamos apoyo estatal para evitar que esta crisis se agrave”, concluyeron los representantes del gremio.

El Ministerio de la Producción (Produce) aprobó el régimen provisional que regulará la extracción de merluza durante la campaña comprendida entre julio del 2026 y junio del 2027. La disposición establece una cuota inicial de captura de 10.000 toneladas, con el objetivo de mantener la actividad pesquera bajo criterios de manejo sostenible.

La medida fue establecida mediante la Resolución Ministerial Nº 000187-2026-PRODUCE, publicada en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano. La autorización para realizar actividades extractivas tendrá vigencia desde las 00:00 horas del 1 de julio del 2026 hasta el 30 de junio del 2027.

Cuota tendrá carácter preventivo y podrá ser modificada

La norma señala que el límite máximo de captura total permisible (LMCTP) inicial de 10.000 toneladas tiene carácter precautorio, por lo que no representa una cifra definitiva para toda la temporada. Este volumen podrá ser ajustado en función de las condiciones biológicas, pesqueras o ambientales del recurso.

Para definir eventuales modificaciones, Produce tomará en cuenta la evidencia científica proporcionada por el Instituto del Mar del Perú (Imarpe). La cuota inicial se mantendrá vigente hasta que se agote o hasta que el organismo técnico entregue la información necesaria para establecer el límite máximo de captura correspondiente al periodo completo.

Aplican medidas para proteger el recurso marino

El régimen provisional también conserva medidas de ordenamiento destinadas a evitar una afectación de la población de merluza. Entre ellas se encuentra la restricción de las operaciones pesqueras al sur de los 7 grados de latitud sur, zona donde no estará permitida la actividad extractiva.

Además, las embarcaciones autorizadas deberán contar obligatoriamente con el sistema de seguimiento satelital. La regulación contempla también la suspensión de las faenas cuando la captura incidental de ejemplares juveniles supere los límites establecidos.

Imarpe realizará seguimiento durante la temporada

Produce indicó que el Imarpe continuará con el monitoreo permanente de los principales indicadores biológicos y pesqueros relacionados con la merluza. Los resultados de estas evaluaciones permitirán determinar si son necesarias nuevas acciones de conservación.

El seguimiento técnico también servirá para analizar posibles ajustes a la cuota de captura mientras se encuentre vigente el régimen provisional de pesca 2026-2027. De esta manera, las decisiones posteriores dependerán de la evolución del recurso y de la información científica disponible.

Pesca de anchoveta se reanudará el 1 de julio

El Ministerio de la Producción informó que la segunda temporada de pesca de anchoveta y anchoveta blanca en el sur del país iniciará el próximo 1 de julio y se mantendrá vigente hasta el 31 de diciembre. Sin embargo, la campaña podría concluir antes si se alcanza la cuota máxima de extracción autorizada.

La disposición fue establecida mediante la Resolución Ministerial N° 000185-2026-PRODUCE, publicada en el Diario Oficial El Peruano, y abarca el espacio marítimo comprendido desde los 16° de latitud sur hasta el límite austral del dominio marítimo peruano.

Para este periodo se aprobó un Límite Máximo Total de Captura Permisible (LMTCP) de 251.000 toneladas de anchoveta destinada al consumo humano indirecto. Esta cifra podría ser ajustada si los reportes técnicos del Instituto del Mar del Perú (Imarpe) determinan cambios vinculados al estado biológico del recurso, la actividad pesquera o las condiciones ambientales.

El volumen autorizado representa el 50% de la cuota anual correspondiente al stock sur, establecida en 502.000 toneladas. Según el Imarpe, esta decisión responde a una estrategia de manejo preventivo ante la presencia de ejemplares juveniles y el impacto de las condiciones oceanográficas relacionadas con el fenómeno de El Niño.

Produce señaló que las operaciones deberán cumplir con las normas de conservación y las reglas vigentes para garantizar la sostenibilidad del recurso. En paralelo, el Imarpe continuará con el seguimiento de la biomasa para evaluar la evolución de la temporada pesquera.

Según explicó Luis Icochea, exdirector del Instituto del Mar del Perú (IMARPE), el país atraviesa actualmente uno de los períodos de cambios más bruscos en las condiciones oceánicas. Estas variaciones no solo impactan a los peces de interés comercial, sino también a las aves marinas que dependen de ellos para alimentarse.

Los efectos del calentamiento del mar ya son visibles en distintas zonas de la costa peruana. Mientras algunas especies migran hacia aguas más profundas o cambian de ubicación, pescadores artesanales e industriales enfrentan mayores dificultades para encontrar los recursos que normalmente sustentan su actividad.

Pesca artesanal en alerta: cambios en la distribución de especies marinas

El calentamiento del mar obliga a numerosas especies a modificar sus hábitos y profundizarse en busca de condiciones más favorables. Esta situación afecta especialmente a la pesca artesanal, cuyos métodos y embarcaciones suelen estar diseñados para operar en zonas más superficiales.

De acuerdo con Icochea, los pescadores artesanales tendrán que adaptar sus aparejos y estrategias para seguir accediendo a los recursos marinos. Aunque algunas especies continúan acercándose a la costa, muchas permanecen a mayores profundidades, lo que dificulta su captura.

El especialista señaló que ya existen experiencias en el norte del país donde los pescadores están encontrando alternativas ante estas variaciones. Sin embargo, advirtió que el proceso de adaptación puede resultar complejo si las condiciones cálidas se mantienen durante un período prolongado.

La anchoveta, principal recurso pesquero del Perú, es una de las especies más sensibles a estos cambios. Icochea precisó que no desaparece del ecosistema, sino que se vuelve menos accesible para las técnicas tradicionales de pesca debido a que modifica su distribución vertical en la columna de agua.

Calor oceánico abre paso a especies ecuatorianas en Perú

Para Icochea, la pota se mantiene como una alternativa “por ahora”, aunque con una distribución variable. “Sigue en muchas zonas ahorita, pero está cambiando su distribución”, explicó, y dio un ejemplo puntual: “Hasta hace cinco días había cerca a Matarani. Ayer ha estado un poco más al sur, cerca a Ilo”.

El exdirector de IMARPE atribuyó esa capacidad de permanencia a la adaptación del recurso: “La pota es una alternativa por ahora y la pota se adapta a los cambios más bruscos”. Ese comportamiento, sin embargo, también exige seguimiento constante, porque lo que un día está disponible frente a un puerto, al siguiente puede desplazarse decenas de kilómetros.

Asimismo, comienzan a registrarse especies poco habituales en aguas peruanas. Un caso destacado es el tamboril, observado recientemente en la zona de Sechura. Según Icochea, esta especie es común en Ecuador y su presencia en el litoral peruano evidencia cómo el calentamiento del mar favorece el desplazamiento de organismos hacia nuevas áreas.

Cientos de piqueros de patas azules muertos en la costa de Tumbes por falta de alimento

Uno de los indicadores más llamativos de los cambios que experimenta el ecosistema marino es la muerte de cientos de piqueros de patas azules en la costa de Tumbes. Estas aves, conocidas por habitar principalmente en las islas Galápagos, han sido observadas debilitadas y sin capacidad para alimentarse adecuadamente.

La causa estaría relacionada con el calentamiento del mar. Los peces pequeños que constituyen la base de su dieta han descendido a profundidades mayores, entre diez y doce metros, fuera del alcance habitual de estas aves marinas, que capturan a sus presas mediante clavados relativamente superficiales.

Como consecuencia, numerosos ejemplares llegan exhaustos a desembarcaderos y playas en busca de alimento. Muchos permanecen inmóviles durante horas debido al desgaste físico provocado por los intentos fallidos de pesca.

Especialistas consideran que este fenómeno es una señal temprana de las alteraciones ecológicas asociadas a El Niño. Además de afectar a las aves marinas, la reducción de alimento disponible podría generar impactos en otras especies y reflejar desequilibrios más amplios dentro de la cadena alimenticia del ecosistema costero peruano.

El próximo 29 de junio, el puerto del Callao se convertirá en escenario de una de las celebraciones religiosas y culturales más emblemáticas del litoral peruano. Más de cien embarcaciones pesqueras recorrerán el mar chalaco en homenaje a San Pedro y San Pablo, una tradición que reúne a la comunidad pesquera, autoridades y familias en torno a la fe y la memoria de quienes dedican su vida al mar.

La jornada comenzará a las 10 de la mañana con una solemne misa en la explanada del Muelle de Pescadores de Puerto Nuevo. El acto religioso será presidido por el gobernador regional del Callao, Ciro Castillo Rojo, acompañado de autoridades regionales, representantes de la comunidad pesquera y fieles que mantienen viva esta costumbre año tras año. Esta festividad es reconocida como la más importante del primer puerto y forma parte del calendario tradicional del Callao.

Procesión marítima y reconocimiento a los pescadores

Después de la eucaristía, las autoridades y dirigentes de la Hermandad de San Pedro encabezarán un acto protocolar por el Día del Pescador. En este espacio, se rendirá homenaje a hombres y mujeres vinculados a la pesca, actividad considerada fundamental para el desarrollo económico nacional. La procesión marítima marca el momento más esperado del evento: la imagen sagrada de San Pedro será llevada al muelle y embarcada para recorrer las aguas del litoral, escoltada por una flota de cerca de 100 embarcaciones engalanadas con banderas, flores y símbolos religiosos.

Este desfile marítimo representa un símbolo de unión entre fe, cultura y el trabajo de la comunidad pesquera. Durante el recorrido, los participantes expresan su respeto por el mar y por quienes han forjado su vida en torno a esta actividad. El evento convoca a familias completas y visitantes que buscan presenciar la colorida travesía de las embarcaciones y participar en el festival artístico previsto para el cierre de la jornada.

Tradición, cultura y devoción en el mar chalaco

La festividad de San Pedro y San Pablo refleja la profunda devoción de los pescadores del Callao y su conexión histórica con el océano. Cada año, la cita reúne a los principales actores del sector pesquero, autoridades civiles y devotos en un encuentro que trasciende lo religioso para convertirse en una manifestación cultural de alcance regional. El gobierno regional del Callao ha destacado la relevancia de esta celebración al anunciar la realización de actividades complementarias, como presentaciones artísticas y espacios de convivencia familiar.

La procesión marítima del 29 de junio no solo refuerza los lazos de identidad local, sino que también promueve el reconocimiento a la labor de quienes enfrentan diariamente los desafíos del mar. Para muchos participantes, la festividad representa un momento de esperanza y gratitud, en el que la comunidad se une para honrar a sus patronos y preservar una herencia cultural que perdura a lo largo de generaciones.

Feriado del 29 de junio

Sí, el 29 de junio es feriado nacional en el Perú debido a la festividad religiosa de San Pedro y San Pablo. Esta fecha rinde homenaje a los dos apóstoles considerados columnas de la Iglesia Católica y coincide históricamente con la celebración del Día del Pescador, una jornada donde las comunidades costeras y portuarias rinden tributo a San Pedro como su santo patrón. El descanso laboral aplica de forma obligatoria tanto para el sector público como para el sector privado en todo el territorio peruano, permitiendo un espacio para el fervor religioso y el turismo interno.

Para los trabajadores, este feriado calendario en el Perú tiene un impacto directo en sus beneficios laborales según las normas de la Sunafil. Aquellos que descansen este día percibirán su remuneración ordinaria de forma habitual, mientras que los empleados del régimen privado que deban trabajar sin descanso sustitutorio posterior recibirán un pago triple por el día laborado. Esta disposición legal busca garantizar los derechos de los colaboradores durante las festividades oficiales del calendario peruano.

Cada vez que un evento extremo como El Niño o una ola de calor marina golpea nuestras costas, la noticia suele centrarse en las pérdidas: aves y lobos marinos que abandonan sus colonias, peces que cambian de distribución, mortandades de organismos y pesquerías afectadas. Sin embargo, detrás de estas crisis existe una pregunta fundamental: ¿qué permite que los ecosistemas marinos se recuperen después de un disturbio tan severo?

Una parte importante de la respuesta está en las reservas marinas y en las áreas donde la extracción de recursos está restringida o prohibida. Estos espacios funcionan como verdaderos “fondos de ahorro”, capaces de mantener poblaciones saludables y resilientes que pueden contribuir a la recuperación de ecosistemas después de eventos climáticos extremos. Cuando una población de peces o invertebrados está sometida a una intensa presión pesquera durante muchos años, los individuos grandes y más longevos suelen desaparecer primero. Esto tiene consecuencias que van mucho más allá de la reducción del número de animales. Los individuos de mayor tamaño suelen producir más huevos y larvas, y muchas veces generan descendencia de mejor calidad y con mayores probabilidades de sobrevivir. En una reserva marina, donde estos organismos pueden crecer y reproducirse sin perturbaciones, se conserva ese potencial reproductivo que resulta esencial para la recuperación de las poblaciones tras una crisis ambiental.

Diversos estudios alrededor del mundo han demostrado que —bajo condiciones climáticas normales— áreas protegidas sin pesca albergan peces más grandes, más abundantes y con una capacidad reproductiva superior a la de zonas explotadas. Después de una ola de calor marina o de un evento de El Niño, estas poblaciones pueden actuar como fuentes de larvas y juveniles que recolonizan áreas afectadas. En otras palabras, las reservas no solo protegen a las especies dentro de sus límites; también pueden beneficiar a ecosistemas vecinos y contribuir a la sostenibilidad de las pesquerías.

Este principio también aplica a numerosos invertebrados marinos. Erizos, moluscos, langostas y otros organismos bentónicos cumplen funciones ecológicas esenciales en los fondos marinos. Cuando sus poblaciones se mantienen saludables dentro de áreas protegidas, aumentan las probabilidades de que los ecosistemas recuperen su estructura y funcionamiento después de perturbaciones climáticas. La presencia de poblaciones reproductoras robustas puede acelerar la recolonización de hábitats degradados y favorecer la estabilidad ecológica a largo plazo. Pero la recuperación marina no depende únicamente de una especie. Los ecosistemas son redes complejas de interacciones. Un depredador superior influye sobre las poblaciones de sus presas; los herbívoros controlan el crecimiento de algas; los invertebrados modifican la estructura del fondo marino. Cuando estas relaciones ecológicas permanecen intactas, los ecosistemas suelen responder mejor frente a cambios ambientales abruptos.

Las aves marinas ofrecen un ejemplo particularmente ilustrativo. Especies como los pelícanos, piqueros, cormoranes o el pingüino de Humboldt dependen de la disponibilidad de peces pequeños para alimentar a sus crías. Durante eventos de El Niño, el calentamiento del océano puede reducir la productividad marina y desplazar los cardúmenes a mayores profundidades o distancias. Como consecuencia, muchas aves disminuyen su reproducción o incluso abandonan sus intentos de crianza. Sin embargo, cuando existen áreas donde las poblaciones de peces se mantienen saludables y la estructura ecológica del ecosistema permanece relativamente intacta, las probabilidades de recuperación aumentan. La protección de hábitats clave para peces puede contribuir indirectamente a la conservación de aves marinas y otros depredadores superiores. De esta manera, las reservas marinas ayudan a sostener no solo especies individuales, sino también las conexiones ecológicas que hacen posible el funcionamiento del ecosistema.

La importancia de estas áreas protegidas adquiere una nueva dimensión en el contexto del cambio climático. Los científicos proyectan que las olas de calor marinas serán cada vez más frecuentes, intensas y prolongadas durante las próximas décadas. Aunque las reservas marinas no pueden evitar el calentamiento del océano, sí pueden reducir otras presiones humanas, aumentando la capacidad de resistencia y recuperación de las especies.

Por ello, proteger de forma eficaz las reservas marinas de actividades de alto impacto, como la pesca industrial, debe entenderse como una inversión estratégica para el futuro. Son espacios donde hay mayor probabilidad que la naturaleza conserve su capacidad de regeneración, donde las especies pueden alcanzar tamaños reproductivos óptimos y donde las relaciones ecológicas esenciales permanecen activas. En un océano sometido a crecientes desafíos climáticos, estos refugios representan una de las herramientas más efectivas para fortalecer la resiliencia de la vida marina. La pregunta ya no es si necesitamos reservas marinas para enfrentar un clima cambiante. La evidencia científica indica que son una pieza clave de la solución. El verdadero desafío es garantizar que sean suficientemente amplias, tengan medidas de protección adecuadas, estén bien gestionadas y conectadas entre sí para que puedan cumplir plenamente su papel como motores de recuperación de nuestros ecosistemas marinos.

El litoral peruano atraviesa una coyuntura crítica. La Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN), confirmó en su Comunicado Oficial N.° 11-2026 del 15 de junio que el Niño Costero se prolongará hasta el verano de 2027, con alta probabilidad de magnitud fuerte entre junio y septiembre y moderada hacia fin de año. En el Pacífico central, la región Niño 3.4 muestra condiciones que podrían extender el evento hasta marzo de 2027, con una probabilidad significativa de alcanzar magnitud fuerte hacia noviembre y diciembre. La coincidencia con el cambio de gobierno convierte este fenómeno en un desafío político e institucional de primer orden.

La primera temporada de pesca de anchoveta resultó desfavorable y la segunda se presenta incierta. El calentamiento del mar ha desplazado al stock norte-centro fuera del alcance de la flota industrial, elevando costos y reduciendo capturas. La anchoveta migra hacia el sur y se dispersa verticalmente, lo que ha llevado a PRODUCE e IMARPE a suspender faenas para proteger la biomasa juvenil. Al mismo tiempo, la pesca artesanal enfrenta la dispersión de la pota hacia aguas más profundas y lejanas, encareciendo las operaciones y exponiendo a los pescadores a competir con flotas extranjeras. No obstante, especies como el perico y el bonito prosperan en aguas cálidas y podrían convertirse en válvulas de escape socioeconómicas, siempre que se cumpla con regulaciones de talla mínima y control sanitario. El verdadero reto es evitar la saturación de desembarcaderos y la caída de precios en playa.

El impacto no se limita a la pesca. El ENFEN prevé temperaturas por encima de lo normal y lluvias intensas entre septiembre y abril, lo que implica inundaciones en la costa norte, pérdida de cultivos y ciudades colapsadas, mientras la sierra sur enfrentará un déficit hídrico que podría llegar al 75 %. El informe de Macroconsult precisa que el PBI agrícola podría caer entre -3.5 % y -6.1 % en un escenario fuerte o extremo, y que el PBI pesquero se contraería entre -22 % y -33.9 %. La brecha financiera es alarmante. Sectores como MIDAGRI y la Autoridad Nacional del Agua carecen de fondos para intervenir los 1,400 puntos críticos identificados, lo que compromete seriamente la capacidad de respuesta.

El transporte y la infraestructura están en riesgo. El Ministerio de Economía y Finanzas estima pérdidas de hasta S/ 42 mil millones si no se actúa de inmediato. Puentes modulares, descolmatación de ríos y protección de servicios públicos figuran entre las intervenciones prioritarias, aunque muchas aún no cuentan con presupuesto. Los 120 días entre julio y octubre serán decisivos. El informe de la Presidencia del Consejo de Ministros y del MEF recomienda concentrar esfuerzos en la limpieza de cauces, la protección de servicios públicos y el seguimiento financiero de las metas para asegurar que cada sol asignado se traduzca en protección real.

Más que el propio Niño, lo que amenaza al país es la parálisis institucional. El cambio de gobierno del 28 de julio detendrá al Estado en pleno desarrollo del fenómeno, justo cuando se requiere capacidad de respuesta. La transferencia de mando debería contemplar un traslape de autoridades y la conformación de comités técnicos que aseguren continuidad en sectores clave como Vivienda, Agricultura, Producción e Infraestructura. El reciente informe de Macroconsult advierte que la manera en que se enfrente el Fenómeno El Niño será un indicador decisivo del rumbo del nuevo gobierno, junto con la gestión de la protesta social. La gobernabilidad precaria que se proyecta para los próximos meses hace aún más urgente que este desafío se aborde con criterio político y técnico.

El Niño 2026-2027 no puede quedar al garete. La evidencia científica ya está sobre la mesa y el ENFEN ha confirmado un evento fuerte y prolongado. La economía advierte pérdidas millonarias y los pescadores y agricultores sienten los efectos en carne propia. El verdadero reto es político. Gobernanza, financiamiento y ejecución oportuna son condiciones indispensables para evitar que la historia se repita. Cada vez que el país improvisa frente al Niño, el costo es más alto. Con el cambio de gobierno en puerta, el Perú tiene la obligación de demostrar que puede enfrentar el fenómeno con seriedad, continuidad y visión de largo plazo.

Fuentes

• Comisión Multisectorial ENFEN, Comunicado Oficial N.° 11-2026, 15 de junio de 2026.
• Francisco J. Miranda Ávalos, Entre la Alerta del ENFEN y la Brecha Financiera, Oannes, 19 de junio de 2026.
• Presidencia del Consejo de Ministros y Ministerio de Economía y Finanzas, Estado situacional y acciones ante el Fenómeno El Niño, junio de 2026.
• Macroconsult, Reunión Macroconsult, 19 de junio de 2026.

Lima experimenta un invierno atípico mientras el fenómeno de El Niño se fortalece. La ciudad, habitualmente fría y gris durante esta estación, enfrenta temperaturas elevadas y una inusual presencia de sol, según informó NPR. Científicos advierten sobre la posible llegada de un evento climático de magnitud extraordinaria al que ya denominan “Godzilla El Niño”, con amplias repercusiones en el clima mundial.

La capital de Perú, ubicada junto al océano Pacífico, suele mantener un clima estable por la influencia de la corriente de Humboldt. Este fenómeno genera una atmósfera predecible, con temperaturas promedio de 18 °C (64 °F) durante el invierno y cielos persistentemente cubiertos. Según reportó NPR, este año la situación cambió de forma abrupta debido a una masa de agua cálida proveniente del Pacífico occidental.

De acuerdo con la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos (NOAA), existe una probabilidad del 63% de que se desarrolle un El Niño “muy fuerte” entre noviembre y enero. Severine Fournier, investigadora de la NASA, explicó a NPR que este fenómeno podría extenderse hasta 2027 y provocar alteraciones climáticas desde el sudeste asiático hasta el noroeste de América. “El calentamiento del mar es sorprendente”, declaró Fabricia Laura, residente de Lima, tras disfrutar de las playas sin necesidad de traje de neopreno, algo inusual en el inicio del invierno austral.

Las autoridades peruanas y la comunidad científica coinciden en que el impacto de El Niño puede sentirse de manera especial en la región. “Las aguas cálidas se están acumulando en la costa peruana, intensificando El Niño”, señaló Fournier. NPR detalló que la combinación entre el fenómeno y el cambio climático global está amplificando los efectos, con riesgos de inundaciones en Perú, huracanes en el Pacífico central, sequías en Australia y el norte de África, y olas de calor en América del Norte y Europa.

La industria pesquera y la economía en alerta

El sector de la pesca de anchoveta, uno de los más grandes del mundo, ya sufre consecuencias. Según NPR, Perú aporta cerca del 40% de la harina de pescado utilizada globalmente en la alimentación animal y la acuicultura. La suspensión temporal de la pesca, anunciada por el gobierno el 11 de junio, busca proteger los recursos ante la disminución de los bancos de anchoveta, que podrían haberse desplazado a zonas más frías y profundas.

El fenómeno también genera preocupación internacional. En los Estados Unidos, el incremento de lluvias podría beneficiar a los agricultores afectados por la sequía, aunque existe el riesgo de inundaciones y cosechas deterioradas. Fournier precisó a NPR que “todo apunta a un El Niño”, aunque su intensidad récord dependerá de la evolución en los próximos meses.

Un fenómeno en evolución y vigilancia constante

Especialistas de la NOAA y la NASA mantienen una vigilancia estricta sobre la evolución de El Niño. Las proyecciones sugieren que el fenómeno podría transformar los patrones climáticos globales y afectar la seguridad alimentaria en distintos continentes. El impacto en la economía mundial se suma a las tensiones generadas por conflictos internacionales, según lo analizado por NPR.

La comunidad científica recomienda monitorear los próximos meses para determinar si este evento alcanzará el nivel histórico anticipado. Las autoridades peruanas continúan adoptando medidas para mitigar los efectos, mientras la población observa con atención los cambios en el clima y el mar.

Entre enero y abril del 2026, las exportaciones peruanas de alimentos del sector pesca hacia Asia Oriental sumaron US$ 342 millones 3 mil, cifra que representa un incremento de 1,9% respecto al mismo periodo del año anterior, según informó la Asociación de Exportadores (ADEX).

El crecimiento estuvo impulsado especialmente por el aumento en el volumen de envíos y la alta demanda en el mercado chino.

La pota congelada domina el mercado asiático

La pota congelada fue el producto líder en el portafolio exportador, con despachos por US$ 165 millones 853 mil, equivalentes al 48,5% del total enviado a la región.

En segundo lugar se ubicaron las jibias y calamares preparados o conservados, que alcanzaron US$ 72 millones 230 mil y representaron el 21,1% de las exportaciones.

El ranking continuó con los hígados, huevas y lechas de pescado congelados (US$ 57 millones 234 mil), langostinos enteros congelados (US$ 16 millones 64 mil), hígados y huevas preparados (US$ 9 millones 915 mil) y colas de langostino congeladas (US$ 4 millones 840 mil).

China y Corea del Sur, los destinos principales

Durante el primer cuatrimestre del año, China se consolidó como el principal destino de los alimentos pesqueros peruanos en Asia Oriental, con envíos por US$ 219 millones 868 mil.

Esto significó un crecimiento del 14,4% respecto al año anterior y representó el 64,3% del total exportado al bloque. Le siguieron Corea del Sur (US$ 78 millones), Japón (US$ 32 millones 364 mil) y Taiwán (US$ 9 millones 770 mil).

La gerenta de Servicios e Industrias Extractivas de ADEX, Lucía Rodríguez Zunino, destacó que el volumen exportado entre enero y abril alcanzó las 127.707 toneladas, superior en 88,3% a las 67.825 toneladas registradas en el mismo periodo de 2025.

China lideró también este indicador con 90.364 toneladas, equivalentes al 70,8% de los envíos, seguida de Corea del Sur y Japón.

Tendencias y retos en el mercado asiático

El informe de tendencias del CIEN-ADEX señaló que, en 2025, las exportaciones peruanas de alimentos pesqueros a Asia Oriental sumaron US$ 1.150 millones 800 mil, lo que representó el 51,5% del valor global exportado por el Perú en esta categoría. En ese año, China concentró el 60% de los envíos a la región.

Asia Oriental, conformada por economías como China, Corea del Sur, Japón y Taiwán, concentra el 24,2% de las importaciones mundiales de alimentos pesqueros.

La demanda en la subregión sigue creciendo, impulsada por la preferencia por insumos saludables, productos congelados y opciones listas para consumir.

El informe también advirtió sobre una mayor exigencia en materia de trazabilidad, inocuidad y calidad, además de cambios demográficos en países como China, Japón y Corea del Sur que favorecen el consumo de productos prácticos y ricos en valor nutricional.

Exportaciones diversificadas y oportunidades

De acuerdo con el gremio exportador, el desempeño exportador de la pesca peruana hacia Asia Oriental evidencia la relevancia del bloque como socio comercial estratégico.

Casi la mitad de los envíos corresponde a pota congelada, aunque el portafolio se diversifica con jibias, calamares, langostinos y derivados de pescado.

El reto para el sector está en adaptarse a los estándares internacionales y aprovechar las tendencias de consumo que favorecen los alimentos saludables y de alto valor agregado.

El 63,1% de la flota “potera” que, bajo bandera argentina, pesca calamar dentro de la Zona Económica Exclusiva de Argentina (ZEEA) -el área marina hasta 200 millas desde la costa continental conocida como “Mar Argentino”- es propiedad de empresas chinas, precisa un reporte que profundizó y extendió los hallazgos de una investigación internacional realizada en 2024 sobre el dominio chino de los mares del mundo mediante su “flota de aguas distantes”.

Lo novedoso del reporte, titulado “China y el control de la pesca dentro de la ZEE Argentina”, de Milko Schvartzman, investigador en pesca ilegal y conservación marina, en base a observaciones satelitales de Global Fishing Watch y la traducción de documentos del gobierno y provincias chinas, es que precisa que 53 de los 84 buques “poteros” (especializados en la pesca de calamar) que capturan esa especie bajo pabellón nacional dentro del Mar Argentino tienen como dueños o “beneficiarios finales” a empresas chinas, y que confirma un secreto a voces del sector pesquero: las empresas “embanderadas” pero propiedad de corporaciones chinas, cuentan con subsidios encubiertos de Beijing, lo que les otorga ventaja en sus ventas al gigante asiático en un claro caso de competencia desleal.

Debe tenerse en cuenta que China es el principal consumidor e importador mundial de calamar y que en abril la venta de “calamares y potas” explicó el 12% de las exportaciones argentinas a ese país, casi igualando el porcentaje de las de carne vacuna (13%).

El calamar es la especie más buscada por la flota china, en particular en el “agujero azul” del Mar Argentino. Por ser una especie fotosensible, la pesca de noche. De ahí la luminosidad nocturna en la “Milla 201″, tan notable que fue captada desde la luna por fotos de la Mision Artemis II.

Schvartzman agrega que más de la mitad de la flota de pesca de calamar argentina se encuentra bajo el control de cinco corporaciones de pesca del gigante asiático: Shanghai Fisheries Group Co. Ltd. (estado provincial), Zhejiang Ocean Family Co. Ltd., Qingdao Haoyang Ocean Fishery Co. Ltd., Dalian Huafeng Aquatic Products Co. Ltd. y China National Fisheries Corporation (CNFC) que gozan de subsidios encubiertos del Estado chino.

Normativa china

El reporte muestra que, según la norma 260/200017 de la Administración General de Aduanas y el Ministerio de Agricultura de China, los productos capturados por empresas pesqueras chinas en aguas extranjeras se consideran “productos nacionales” y están exentos del pago de aranceles al ingresar a ese país.

Para la Aduana y el Ministerio de Agricultura de China los productos capturados por empresas pesqueras chinas en aguas extranjeras se consideran “productos nacionales”

En 2019 la Oficina de Desarrollo Oceánico de Weihai, provincia de Shandong, mencionaba textualmente que en los últimos años el número de embarcaciones pesqueras que faenan en alta mar en el Atlántico Sudoccidental “ha seguido aumentando y la producción de calamar ha seguido disminuyendo, pero existen abundantes recursos pesqueros en la Zona Económica Exclusiva Argentina de 200 millas náuticas. (...) bajo la modalidad de pesca cooperativa, y se ha explorado con éxito una nueva modalidad de cooperación en la pesca del calamar en aguas lejanas”.

Otra nota, en el sitio oficial del gobierno de Rongcheng, afirma: “este año, Bodelong Group Co. Ltd. adquirió la empresa argentina Patagonia Fishing S.A”, de la que Bodelong poseía el 95% de las acciones, y que gracias a eso "es la primera vez que los pesqueros de nuestra provincia ingresan a las aguas de las 200 millas náuticas de Argentina en la modalidad de pesca cooperativa, y exploran con éxito un nuevo esquema de cooperación en la pesca de calamar”.

Estrategia de apropiación y ventajas impositivas

Según Schvartzman, la apropiación del caladero de pesca argentino ha sido parte de un plan estratégico, que para la normativa china las embarcaciones continúan bajo nacionalidad china, su ingreso al caladero de Argentina es una autorización derivada de un acuerdo de cooperación y los productos capturados dentro de la ZEE Argentina son productos de origen chino.

Se trata, afirma, de competencia desigual y asimetría de mercado, teniendo en cuenta que más del 95% de la captura de pesca argentina se destina a la exportación. En 1997 el Ministerio de Finanzas chino dictó la norma 64/199720, que excluye del pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a productos pesqueros obtenidos en alta mar o por la flota pesquera que opere dentro de la jurisdicción marítima de otro país y cuyo beneficiario final esté registrado en China.

Así, los productos acuáticos (y sus procesados) “capturados por pesqueras chinas en alta mar o en aguas extranjeras de conformidad con los acuerdos pertinentes y devueltos a China para su venta” se consideran productos nacionales y están exentos de derechos de importación e impuesto al valor agregado relacionado con la importación.

Competencia desigual y asimetría de mercado, teniendo en cuenta que más del 95% de la captura de pesca argentina se destina a la exportación (Schvartzman)

El reporte muestra que el Informe Financiero de 2023 de la empresa Zhejiang Ocean Family Co. Ltd., que posee subsidiarias en Argentina y Kiribati y opera embarcaciones de bandera argentina, resalta la ventaja arancelaria de sus operaciones en Argentina.

De este modo, las empresas pesqueras de capitales chinos que operan en Argentina bajo una filial local y a través de embarcaciones con bandera argentina y bajo normas argentinas han estado enviando sus productos pesqueros a China exentas de impuestos aduaneros e IVA, mientras que las empresas registradas en Argentina y con embarcaciones bajo pabellón argentino pero cuyo capital controlante pertenecía a entidades locales o de otra nacionalidad han pagado estos impuestos para ingresar sus productos a China, principal destino de las exportaciones pesqueras argentinas.

“Para Argentina, el calamar es biológicamente argentino, legalmente extraído bajo permiso o cuota argentina y exportado desde puertos de Argentina, pero fiscalmente entra a las plantas de procesamiento de China como si hubiese sido pescado por un barco bajo bandera de China, en alta mar. Para la normativa de China, la pesca dentro de la ZEE de Argentina no es ‘importada’, es propia, y los productos capturados dentro del Mar Argentino son productos nacionales chinos. El arancel que aplica China a la importación de calamar congelado es del 12%, al que se le suma el IVA de importación de un 9%“, escribió Schvartzman. Eso configura una ventaja económica de un 21% para exportar a China, desde donde a su vez se los vende a otros mercados, donde, luego de procesamiento en China, nuevamente compite con productos argentinos.

Para la normativa de China, la pesca dentro de la ZEE de Argentina no es ‘importada’, es propia, y los productos capturados dentro del Mar Argentino son productos nacionales chinos

Subraya el autor, “las empresas pesqueras radicadas en Argentina bajo control de capitales argentinos u otra nacionalidad deben competir varias veces con un producto capturado en el mismo caladero pero subsidiado por China: por un lado dentro del marco de costos nacionales, por otro lado ante el principal mercado de exportación, y luego en otros mercados internacionales”.

Esta competencia desigual perjudica a las empresas de capitales nacionales argentinos y de otros países que mantienen filiales radicadas en Argentina, como pesqueras de capitales de Canadá, Corea del Sur, España, Estados Unidos y Noruega que han invertido en Argentina y deben competir bajo asimetrías de mercado con las empresas chinas radicadas en el país.

Este tipo de exención, enfatiza el trabajo, “es un subsidio con el cual se benefició la competencia desleal dentro del mercado argentino y afecta de manera ilegítima la competencia en el comercio internacional de productos pesqueros. Teniendo en cuenta que el calamar (Illex argentinus) es la segunda especie por volumen de captura global, el impacto en el comercio mundial es significativo”. De hecho, facilita a las empresas chinas desplazar a las empresas de capitales nacionales y de terceros países del Mar Argentino “en un proceso de completa extranjerización a manos de capitales estatales y privados de China”.

Expansión, fraude y pesca ilegal

Para dimensionar el subsidio encubierto, Schvartzman precisa que durante 2025 Argentina exportó calamar por 193.385 toneladas y un monto de USD 550 millones. China fue el principal destino, con 124.037 toneladas por USD 337 millones. En base a los datos de captura por embarcación de enero a abril de este año y asumiendo que las de bandera argentina pero propiedad china capturaron en proporción a su número de buques sobre el total de la flota y cuota de las ventas a China, eso implica ventas por USD 216 millones. Sobre esa cifra, una ventaja o subsidio encubierto del 21% (exención de tasas aduaneras e IVA) resulta en un beneficio “extra” de USD 45 millones respecto de sus competidores locales.

“Esta ventaja económica implica una distorsión de mercado que hace imposible la competencia legítima, inclinando la balanza y permitiendo a los capitales chinos tener un excedente que les permite absorber los altos costos operativos de los puertos argentinos (combustible, estiba, salarios gremiales, etc.) e incluso los impositivos (nacionales, provinciales y municipales), además de las retenciones (derechos de exportación) que fija la legislación argentina, costos que para un armador local independiente son determinantes”, dice el estudio.

De cara al futuro, nota el investigador, lo crucial es que con ese beneficio extra de USD 45 millones cada año las corporaciones estatales y privadas chinas “abanderadas” con pabellón argentino pueden seguir adquiriendo empresas argentinas, financiando la expansión de su flota abanderada dentro de la Zona Económica Exclusiva de la Argentina (ZEEA).

Un buque congelador potero como los que operan en el Mar Argentino puede tener un precio de mercado de entre USD 3 y 6 millones, dependiendo de su estado, características y antigüedad. Si se toma un valor medio de USD 4,5 millones, el subsidio del Estado chino a sus empresas basadas en Argentina permite comprar unas 10 embarcaciones industriales congeladoras por año. “Con este nivel de subsidio estatal, las empresas chinas necesitarán tan solo de 2 a 3 años para terminar de adquirir la totalidad de la flota de calamar nacional. Es imposible para los armadores locales competir con una diferencia de costos de más del 20%. De seguir el proceso de adquisición de la industria de pesca nacional argentina a través de subsidios del Estado chino, en menos de una década, la totalidad de la flota pesquera de Argentina estará en manos de China”, alerta el informe.

Con este nivel de subsidio estatal, las empresas chinas necesitarán tan solo de 2 a 3 años para terminar de adquirir la totalidad de la flota de calamar nacional

Milko Schvartzman

Además de los efectos económicos del status “cooperativo” de pesca china en Mar Argentino, el reporte también destaca que al menos el 15,5% de los beneficiarios finales/controlantes de la flota está vinculado a la pesca ilegal, algo que viola la Ley Federal de Pesca. Solo en 2025 y lo que va de 2026 ocurrieron al menos cuatro casos de embarcaciones bajo control de corporaciones de pesca chinas que realizaron pesca ilegal dentro de la ZEEA, en algunos casos bajo banderas de “conveniencia”, como la de Vanuatu, que ante esa información retiró el uso de su bandera a empresas chinas que operan en la Milla 201 y rápidamente se “reembanderaron” con pabellón de Tanzania.

“Si bien los pesqueros ilegales chinos fueron detectados y sancionados, no se ha realizado ningún tipo de protesta diplomática ante el Estado asiático, ni se ha investigado a los beneficiarios finales de estas embarcaciones para verificar que no estuvieran operando dentro de la ZEE de Argentina con permisos de pesca nacionales”, resalta Schvartzman.

El informe también documenta el fraude laboral mediante tripulaciones encubiertas y el fenómeno de “lavado biológico” en plantas de procesamiento en tierra, donde la captura regulada, legal, argentina es mezclada con pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) procedente de la “Milla 201”, vulnerando la trazabilidad internacional y exponiendo a todo el sector pesquero argentino al riesgo de sanciones comerciales.

Falta de controles, lavado biológico y violaciones laborales

El informe reseña que en 2006 el Consejo Federal Pesquero rechazó el pedido de otorgamiento de licencia de pesca a la China National Fisheries Corporation (CNFC), subordinada al Ministerio de Agricultura de China y vinculada directamente a las estructuras de control del Partido Comunista Chino, porque en marzo de 2005 la Prefectura Naval Argentina había capturado a un pesquero de su propiedad (Zhong Yuan Yu 1) realizando pesca ilegal dentro de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) argentina.

Sin embargo, en 2013, luego de la firma de un “Acuerdo Estratégico” con China, se dejó de exigir a los solicitantes el detalle de estructura societaria y vínculos corporativos y se olvidaron los antecedentes de pesca ilegal, otorgándole licencia para pescar en el Mar Argentino a los buques Ming Wang y Ming Yuan que habían sido rechazados ocho años antes debido a sus vínculos con la CNFC y la pesca ilegal en el Mar Argentino. Y la mala conducta continuó: en 2016 un buque (Lu Yan Yuan Yu 010) de la misma empresa, pero no autorizado a pescar en la ZEEA, fue detectado, intentó huir y fue finalmente hundido. Los tripulantes fueron auxiliados por la misma PNA y por los buques Zhong Yuan Yu 11 y Lu Yan Yuan Yu 016, de la misma CNFC, que también hacían pesca ilegal y tenían antecedentes de piratería pesquera (bajo bandera de Ghana), lo que no impidió que fueran visitados por el entonces embajador de China en la Argentina, en Puerto Madryn, donde fueron retenidos por un tiempo.

“Las tres embarcaciones pertenecían a empresas del mismo grupo corporativo estatal chino. El Lu Yan Yuan Yu 010 era propiedad de Shandong Yantai Marine Fisheries Co.; el Lu Yan Yuan Yu 016 pertenecía a China Yantai Marine Fisheries Co.; y el Zhong Yuan Yu 11 pertenecía a Zhong Yu Global Seafood. Todas subsidiarias de CNFC”, dice el reporte.

Otro caso notable es el de Shanghai Fishery Group (SFG), cuyos barcos Huali 8 (detenido mucho tiempo después en Indonesia), Hu Shun Yu 6, Hu Shun Yu 7 y Hu Shun Yu 8 hicieron pesca ilegal, pese a lo cual en enero de 2024 el actual gobierno argentino les permitió incorporar a su flota esos tres barcos para pescar en la ZEEA.

Otro aspecto controvertido del accionar de las pesqueras de propiedad final china pero “abanderadas” con pabellón argentino y que actúan en la ZEEA es lo que el informe llama “fraude operacional”, por falta de control sobre las tripulaciones. “Mediante una maniobra sistemática, estas empresas utilizan capitanes y oficiales de nacionalidad china en violación directa de la normativa nacional, la cual prohíbe estrictamente que ciudadanos extranjeros ocupen cargos de jerarquía en la flota local. Este fraude se ejecuta mediante la figura del personal ‘de firma’: se embarcan capitanes y oficiales argentinos que, en la práctica, viajan simplemente como pasajeros y perciben un salario sin prestar el servicio real. Su función es figurar como tripulación al mando para dar una fachada de legalidad. Una vez que la embarcación zarpa, el control real del barco es asumido por los ciudadanos chinos”, explica el reporte.

Como evidencia, el informe muestra el listado embarcado en un buque de Fenix International, filial local de Zhejiang Ocean Family Co. Ltd., que opera en el Mar Argentino. La lista incluye siete tripulantes chinos, todos con el mismo domicilio, Lima 355, a su vez sede en CABA de cinco pesqueras chinas, dijo Schvartzman a Infobae.

“Esto no ocurre en otros países, pasa aquí por falta de transparencia y de exigencia de información sobre el beneficiario final (propiedad corporativa) y laxitud de otorgamiento de permisos de pesca”, subrayó el investigador.

Otro perjuicio al sector pesquero local es que, al mezclar en las plantas de procesamiento chino las capturas en aguas internacionales con las realizadas por firmas chinas dentro del Mar Argentino del “Illex argentinus”, una denominación reconocida internacionalmente, se pierde la trazabilidad del producto y se compromete el prestigio de la denominación.

“Para un inspector de sanidad o un departamento de compras de un supermercado en España, Italia o Estados Unidos resulta técnicamente imposible descifrar qué porcentaje del calamar Illex argentinus fue pescado bajo las normas y controles, laborales, sanitarios y ambientales (vedas, cuotas y artes de pesca sustentables) de la Argentina, y qué porcentaje proviene de los buques que operan de manera depredatoria y con denuncias de abusos a los derechos humanos en la Milla 201. El calamar de la ZEE Argentina es utilizado en la práctica para blanquear los estándares del calamar obtenido mediante pesca Indnr”, describe el documento.

“En los últimos años se han documentado casos de abuso laboral, trata de personas a bordo de la flota de pesca de aguas distantes que opera en el Océano Atlántico Sur, especialmente la flota de bandera china”, dice el informe, que cita incidentes de muerte a bordo debido a maltratos, malnutrición o falta de tratamiento de enfermedades. “Si bien dentro de la ZEE de Argentina existen normativas y ciertos controles sobre el cumplimiento de los derechos laborales a bordo, la flota nacional no queda exenta de casos de violación a los Derechos Humanos”, dice un pasaje, y cita dos casos al respecto:

La muerte en 2021 del Jefe de Máquinas del potero Xin Shi Ji 89 (de Fenix International, la ya citada filial local de Zhejiang Ocean Family Co. Ltd.), Manuel Quiquinte, quien falleció por Covid a bordo del buque luego de que el capitán (o las autoridades en tierra de la empresa) no autorizaran su traslado a puerto para ser tratado. El capitán fue imputado por abandono de persona.

La denuncia por abusos y puesta en riesgo de vida humana en alta mar de dos tripulantes argentinos del buque Xin Shi Ji 28, de Zhejiang Ocean Family Co. Ltd., luego de que uno de ellos grabó con su celular el riesgoso traslado de un compañero enfermo en un cestillo hacia otro barco de la misma empresa, el Xin Shi Ji 91. Así lo describe el informe: “En una filmación de la maniobra, se muestra cómo el trabajador se golpea violentamente contra el casco de la embarcación. Tras la difusión del material, un oficial del buque confrontó a los marineros exigiéndoles borrar el video bajo amenazas de “graves consecuencias” a bordo y de impedirles volver a embarcar en el futuro. Los tripulantes cuestionaron que la empresa priorizó el ahorro de combustible y costos operativos por sobre la salud de un trabajador. Ante la situación, la madre de uno de los afectados radicó denuncia ante Prefectura Naval y el SOMU Puerto Madryn intervino presentando una denuncia formal contra el capitán del Xin Shi Ji 28 por amenazas y hostigamiento”.

Riesgos para el futuro y advertencias

La investigación subraya que la falta de controles, de transparencia y trazabilidad y la laxa aplicación de la Ley Federal de Pesca han permitido la competencia ilegítima, el fraude pesquero, abusos a tripulantes y que empresas chinas dueñas de embarcaciones con antecedentes de pesca ilegal operen en el Mar Argentino al punto de detentar hoy casi dos tercios de la flota pesquera de calamar nacional, gozando además de subsidios encubiertos de Beijing. “De continuar esta situación, en unos pocos años, el total de la flota pesquera en aguas nacionales será de capitales y control chinos”, advierte.

Al abrir el Gobierno, a través del Consejo Pesquero, la ampliación de licencias de pesca de calamar para 18 nuevas embarcaciones (a sumarse a las 84 existentes), si bien entre los requisitos se excluye a empresas con estructuras de capitales estatales, el proceso de licitación no incluye la exigencia de que los postulantes informen su estructura de capital y beneficiarios finales, el mismo error que permitió a las empresas chinas adueñarse ya de dos tercios del caladero nacional.

“De no corregirse la metodología de esta nueva licitación sobre el caladero argentino, no servirá más que para entregar lo último que queda de la captura de calamar dentro de la ZEE (Illex argentinus) a la flota de pesca INDNR de la ‘Milla 201’”, dice tersamente el informe.

Pescadores artesanales de Costa Rica podrían acceder a nuevas oportunidades económicas gracias al proyecto de ley para la Diversificación Sostenible de la Pesca Artesanal y su Integración al Turismo, presentado por la Fracción del Frente Amplio en la Asamblea Legislativa. La propuesta introduce las denominadas “licencias duales”, que permitirían a los titulares de licencias de pesca artesanal realizar actividades turísticas a bordo de sus mismas embarcaciones, sin modificar su actividad principal.

El proyecto de ley 25,620 plantea la adición de varios artículos a la Ley de Pesca y Acuicultura y a la Ley de Fomento del Turismo Rural Comunitario. El objetivo es crear una habilitación turística complementaria de pesca, gestionada por el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA) en coordinación con el Instituto Costarricense de Turismo (ICT). De aprobarse, los pescadores podrán ofrecer servicios turísticos en sus propias embarcaciones, ampliando las fuentes de ingreso y promoviendo alternativas sostenibles.

La iniciativa incorpora el artículo 79 ter a la legislación pesquera, donde se establece que el INCOPESCA, en coordinación con el ICT, otorgará la habilitación turística complementaria de pesca al titular de licencia comercial de pequeña o mediana escala que lo solicite, permitiendo así la operación dual y la diversificación de la actividad productiva. Esta medida busca fortalecer la economía de las comunidades costeras y mitigar el impacto de las vedas pesqueras, al permitir actividades turísticas durante esos periodos.

El diputado José María Villalta, impulsor del proyecto, destacó que la reforma tiene un enfoque territorial y responde a la necesidad de crear más y mejores empleos en las zonas costeras. “Con esta nueva iniciativa creamos más y mejores oportunidades de empleo en zonas costeras al permitir que las y los pescadores artesanales puedan ampliar las actividades productivas de sus embarcaciones”, afirmó Villalta en declaraciones recogidas por la bancada del Frente Amplio.

La propuesta considera que las embarcaciones registradas podrán brindar servicios turísticos durante todo el año, siempre que mantengan su actividad pesquera comercial. De acuerdo con el comunicado, esta habilitación permitirá a los pescadores mantener su acceso a los recursos marinos y, al mismo tiempo, participar en la industria turística, que representa un componente importante para la economía costarricense.

Villalta añadió que la reforma contribuirá al desarrollo sostenible de la pesca artesanal y permitirá a los pescadores diversificar su actividad durante las épocas de veda, facilitando la pesca de otras especies y el aprovechamiento de temporadas bajas para el turismo. “Esta reforma tiene enfoque territorial y contribuirá al desarrollo de la actividad pesquera sostenible. Además, las y los pescadores podrán realizar actividades turísticas durante épocas de veda, pudiendo recurrir a la pesca de otras especies”, subrayó el legislador.

El Frente Amplio sostiene que la iniciativa responde a demandas históricas de los pescadores artesanales, quienes han solicitado mayor flexibilidad y opciones para enfrentar la estacionalidad y las fluctuaciones del sector. El proyecto será debatido en comisiones antes de pasar a discusión en el plenario legislativo.

Con este planteamiento, la bancada del Frente Amplio busca establecer una herramienta legal que modernice la normativa pesquera y fortalezca la integración entre las actividades tradicionales y el turismo, en línea con los esfuerzos de desarrollo rural sostenible.

El Perú enfrenta nuevamente la fuerza de El Niño y sus efectos negativos sobre la productividad del mar. La decisión de suspender la primera temporada de pesca de anchoveta 2026 en la zona norte-centro no es un cierre definitivo, sino una pausa estratégica. El Ministerio de la Producción (PRODUCE) fijó una cuota máxima de 1,9 millones de toneladas —la más baja en una década—, pero solo se avanzó un 25% antes de la suspensión. La medida busca proteger la biomasa frente a la alta presencia de juveniles y condiciones oceanográficas cálidas.

El Comunicado Oficial ENFEN N° 11-2026 confirma que el Niño Costero se prolongará hasta el verano de 2027, con probabilidad de magnitud fuerte entre junio y septiembre, y moderada hasta diciembre. En paralelo, el Niño del Pacífico central se desarrollará hasta marzo de 2027, con mayor intensidad hacia fin de año. Las temperaturas del aire seguirán por encima de lo normal y las condiciones cálidas alterarán la distribución vertical y latitudinal de la anchoveta, además de favorecer la presencia inusual de especies oceánicas.

La suspensión golpea directamente a la pesca industrial, que depende de la anchoveta para producir harina y aceite de pescado, insumos clave para la industria de alimentos balanceados y la exportación. Al respecto, la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) advirtió que cualquier retraso o recorte en la primera temporada afecta el 1,5% del PBI nacional, ya que compromete divisas y pone en riesgo más de 250.000 empleos vinculados a la cadena productiva. No obstante, lo concreto es que de reanudarse las actividades en tanto no mejoren las condiciones oceanográficas, los barcos de pesca hallarán la anchoveta en zonas profundas, inaccesibles a los artes de pesca de cerco, o bien dentro de las primeros cinco millas donde también es inaccesible.

El impacto de este fenómeno no se limita sólo al sector pesquero, sino que también afecta a la agricultura pues enfrenta pérdidas por lluvias y calor extremo; la ganadería y la industria alimentaria sufren por el encarecimiento de insumos derivados de la anchoveta; y la infraestructura portuaria y vial se ve comprometida por oleajes y precipitaciones. El Niño, así, golpea transversalmente a la economía nacional.

Sin embargo, el panorama es distinto para la pesca artesanal. Aunque los cierres de puertos por oleajes anómalos afectan la continuidad del trabajo y la invasión de la jaiba morada, daña redes y depreda peces, El Niño también trae abundancia de especies de alto valor como atún, perico y bonito. Para los pescadores artesanales, esto representa una oportunidad de diversificación y acceso a mercados más rentables.

Para la pesca artesanal, El Niño puede abrir una ventana de diversificación y acceso a mercados de mayor valor. No se trata de contraponerla con la pesca industrial, sino de reconocer que mientras la industria se ve limitada por la suspensión de la anchoveta, la flota artesanal encuentra oportunidades en especies alternativas como el atún o el perico. El verdadero desafío está en convertir esa abundancia en desarrollo sostenible, lo que exige infraestructura adecuada y políticas de apoyo que permitan transformar la coyuntura en beneficio duradero para el país.

El problema es que la cadena de frío sigue siendo deficitaria y lo que podría colocarse en mercados de mayor valor termina quedando en circuitos locales a precios irrisorios. Sin infraestructura adecuada y apoyo técnico, esa oportunidad se desvanece. No obstante, con inversión en plantas de frío y buen transporte la pesca artesanal podría convertirse en un verdadero pilar de seguridad alimentaria y desarrollo regional.

El Niño es un fenómeno natural, pero moderar sus efectos depende de nuestra capacidad de respuesta y acción. Para la pesca industrial, la suspensión de la temporada es un golpe duro que amenaza divisas y empleo. Para la pesca artesanal, en cambio, puede abrir una ventana de oportunidad si se logra superar las limitaciones de infraestructura.

El Niño no distingue entre artesanal e industrial, afecta a todo el sector pesquero y más y, con ello, a la economía nacional. La diferencia está en que mientras la industria sufre las consecuencias de la suspensión de la temporada de pesca de la anchoveta y la incertidumbre de la reapertura, pues la sostenibilidad del recurso es la prioridad; la pesca artesanal, puede encontrar oportunidades en especies alternativas. El reto es que el Estado y el sector privado trabajen juntos para transformar esas oportunidades en desarrollo sostenible.

Las decisiones legislativas que se debaten actualmente en Perú y Chile sobre la pesca del calamar gigante (Dosidicus gigas), también conocido como pota, han encendido las alarmas entre los principales compradores internacionales de este recurso.

Procesadores, importadores y compradores agrupados en la Mesa Redonda Global sobre la Cadena de Suministro del Calamar han difundido una nota en la que advierten sobre los riesgos de aumentar el esfuerzo pesquero sin respaldo científico, lo que podría comprometer la sostenibilidad de la pesquería y la estabilidad futura del mercado.

Preocupación por los cambios legislativos en Perú y Chile

Los representantes de la Mesa Redonda Global del Calamar, participantes de la Sustainable Fisheries Partnership (SFP), señalaron que las reformas legislativas en discusión, como la Ley N.º 14212/2025-CR en Perú y el proyecto Boletín n.º 18.173-21 en Chile, podrían permitir el ingreso de nuevas embarcaciones y el regreso de la pesca de arrastre industrial en determinadas zonas.

De acuerdo con el comunicado, estas iniciativas no consideran evaluaciones científicas sólidas y podrían provocar un aumento significativo del esfuerzo pesquero, situación que incrementa la presión sobre el recurso y amenaza los avances logrados en materia de manejo responsable.

En el caso peruano, ka iniciativa -actualmente en comisión y aún sin pasar al Pleno-, plantea reabrir el acceso a permisos para embarcaciones artesanales no formalizadas en etapas anteriores, lo que permitiría regularizar más de 2.000 naves fuera del marco legal vigente.

Esta propuesta, impulsada por el congresista José Pazo Nunura y avalada con observaciones por el Ministerio de la Producción (PRODUCE), ha generado preocupación entre organismos técnicos y ambientales. Según advierten, facilitaría el ingreso de flota adicional en pesquerías como pota y perico, ambas actualmente al límite de explotación.

El Congreso extendió una semana más la legislatura y el proyecto podría ser incluido en la agenda en los próximos días, lo que mantiene en alerta a los actores del sector pesquero.

Un recurso clave con impacto social y económico

El calamar gigante es la principal pesquería de cefalópodos a nivel mundial y sustento de miles de pescadores, trabajadores, exportadores y procesadores en la región.

Según la Mesa Redonda, la estabilidad de la cadena de valor depende de la sostenibilidad a largo plazo del recurso y de una gestión pesquera que garantice tanto la seguridad alimentaria como el bienestar social de las comunidades costeras.

En los últimos años, Perú y Chile han implementado medidas que fortalecieron el control pesquero y promovieron el uso responsable del calamar gigante.

El comunicado destaca que estos avances se lograron gracias a la colaboración entre gestores pesqueros, institutos de investigación, organizaciones no gubernamentales y el propio sector pesquero. Sin embargo, el debate legislativo actual plantea un potencial retroceso.

En Perú, la propuesta de registrar 2.000 nuevos buques fuera del marco legal, sumados a los 3.500 ya formalizados, podría elevar la captura a niveles difíciles de sostener, especialmente cuando la pesquería ya ha alcanzado el 83% de la cuota de 2026.

Incertidumbre para el mercado internacional

Los compradores internacionales alertan que cualquier incremento del esfuerzo pesquero sin evaluación científica genera incertidumbre en toda la cadena de suministro.

Esto pone en riesgo la capacidad de mantener mercados estables y sostenibles, y podría afectar la demanda global de calamar gigante proveniente de Perú y Chile.

El comunicado enfatiza el apoyo de los compradores a los pescadores artesanales y a todos los actores que han promovido la gestión responsable en los últimos años, e insta a las autoridades a preservar las decisiones que han garantizado la sustentabilidad del recurso.

La Mesa Redonda Global sobre la Cadena de Suministro del Calamar concluyó que la sostenibilidad del calamar gigante es un objetivo compartido y que la protección de los avances alcanzados es clave para asegurar el futuro de la pesquería y la estabilidad de los medios de vida de miles de familias.

En su mensaje, los compradores internacionales reiteraron la importancia de evitar medidas que incrementen la presión sobre el recurso sin sustento científico y pidieron a las autoridades de Perú y Chile que mantengan el enfoque en la gestión responsable y la conservación a largo plazo.

El Consejo Federal Pesquero (CFP) confirmó el retiro definitivo del denominado “Procedimiento de Optimización Productiva de Merluza Común”, una propuesta impulsada por el Gobierno nacional que habilitaba la transferencia de cuotas de captura de merluza desde la flota fresquera hacia la flota congeladora. La iniciativa había despertado una fuerte oposición de distintos sectores vinculados a la actividad pesquera.

La decisión quedó plasmada en el Acta N° 15/2026 del organismo, donde se informa que, durante el tratamiento de las presentaciones realizadas por la CGT y la CGT Regional Mar del Plata-Batán, la Autoridad de Aplicación comunicó formalmente el retiro del proyecto. De esta manera, se puso fin a una discusión que había generado polémica en la cadena pesquera.

El esquema promovido por el Gobierno nacional contemplaba que los buques fresqueros que no utilizaran la totalidad de sus cuotas de captura resignaran esos volúmenes para integrarlos a un fondo común, que posteriormente podría ser asignado a embarcaciones congeladoras.

Desde distintos sectores se advirtió que esta modalidad favorecía a la pesca congeladora en detrimento de la actividad industrial desarrollada en tierra, especialmente en ciudades como Mar del Plata.

Desde la provincia de Buenos Aires, el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, aseguró que “Este es un logro de todos”, y consideró que la propuesta no solo contradecía el espíritu de la Ley Federal de Pesca, sino que también perjudicaba al entramado productivo provincial. “Además de ir en contra de la Ley de Pesca, este proyecto iba contra todo el sector”, remarcó.

“Asimetría “persisente”

La iniciativa había sido elaborada por la Dirección Nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera bajo el nombre de “Procedimiento de Optimización Productiva de Merluza Hubbsi”.. Sobre esa base, el Gobierno argumentaba la existencia de u Según el diagnóstico oficial que acompañaba el proyecto, entre 2010 y 2023 la flota fresquera habría acumulado unas 202.500 toneladas de cuota no capturada, mientras que la flota congeladora registraba necesidades operativas superiores a las cuotas originalmente asignadasna “asimetría persistente” en el aprovechamiento del recurso que justificaba una redistribución más estable.

¿En que consistía el proyecto del Gobierno Nacional?

Se proponía reemplazar el mecanismo vigente de cesiones temporales por un procedimiento de dos etapas con vigencia hasta 2039, cuando concluye el actual régimen de cuotificación. En una primera instancia se abriría un registro para que los buques congeladores interesados presentaran proyectos técnicos y económicos detallando el volumen requerido, el nivel de empleo comprometido, las descargas previstas en puertos argentinos y el cumplimiento de obligaciones laborales y fiscales. Posteriormente, el Consejo Federal Pesquero definiría la cantidad de toneladas a redistribuir y las condiciones de asignación.

La segunda etapa contemplaba la creación de un Fondo de Optimización Productiva dentro de la Reserva de Administración. Ese fondo se integraría con las toneladas que los titulares de buques fresqueros decidieran ceder de manera voluntaria e irrevocable hasta el final del período de cuotificación. Uno de los puntos más cuestionados era justamente que la cesión dejaría de ser anual para transformarse en una transferencia de largo plazo, lo que implicaba que quienes resignaran parte de sus cuotas perderían definitivamente ese volumen hasta 2039.

El proyecto también establecía una regla de distribución según la cual el 85% de las toneladas reasignadas quedaría para los congeladores beneficiarios y el 15% restante pasaría a conformar una reserva destinada exclusivamente a atender necesidades de la flota fresquera. De acuerdo con las proyecciones oficiales, el mecanismo podría movilizar entre 5.000 y 10.000 toneladas de merluza. Sin embargo, gremios, empresarios y gobiernos provinciales cuestionaron los datos utilizados para justificar la medida y alertaron sobre sus posibles consecuencias para el empleo y el agregado de valor en tierra.

Merluza, un recurso pesquero estratégico que enfrenta desafíos

La merluza común (Merluccius hubbsi) es el principal recurso pesquero de la Argentina y una de las especies más importantes para la economía nacional. Su explotación sostiene miles de puestos de trabajo en ciudades costeras, especialmente en Mar del Plata, donde la actividad pesquera y el procesamiento industrial dependen en gran medida de este recurso.

Además de su impacto laboral, la merluza representa más del 60% del consumo interno de pescado. Al mismo tiempo, junto con el langostino y el calamar, integra el grupo de especies que posicionan a la pesca como uno de los principales complejos exportadores del país.

El recurso enfrenta desafíos vinculados a la sobrepesca y la captura de ejemplares juveniles, por lo que el Consejo Federal Pesquero establece cuotas máximas de captura y regula la actividad para garantizar la sostenibilidad de una especie considerada estratégica para el empleo, el abastecimiento interno y la generación de divisas.

Autoridades de varias instituciones realizaron un operativo fluvial en el Parque Nacional Río Dulce para verificar el cumplimiento de los períodos de veda y la normativa pesquera vigente, con inspecciones a embarcaciones de pesca artesanal en Izabal. La intervención se desarrolló en el marco del Plan Control Protección de Vedas 2026.

Según informó este jueves el portal del Ministerio de Medio Ambiente, Agricultura y Alimentación (MAGA), la Delegación Regional del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), el operativo contó con acompañamiento técnico de la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura (DIPESCA), del MAGA y de la División de Protección a la Naturaleza (DIPRONA).

El operativo se desarrolló en el tramo comprendido entre el Castillo de San Felipe de Lara y la comunidad Las Brisas, dentro de la Zona de Uso Intensivo del área protegida, en el municipio de Livingston, departamento de Izabal.

Alcance de las inspecciones

Durante la jornada se realizaron recorridos de vigilancia en sectores fluviales y ribereños. También se inspeccionaron embarcaciones artesanales para revisar los aparejos utilizados y las especies capturadas, con el objetivo de constatar el cumplimiento de disposiciones legales y técnicas orientadas a la conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos pesqueros.

Este mes, el Ministerio de Agricultura de Guatemala fijó una veda de atún en el Pacífico oriental con dos períodos de restricción para la pesca de aleta amarilla, barrilete y patudo, según informó el MAGA.

La prohibición regirá del 6 de agosto al 8 de octubre de 2026 y del 9 de noviembre de 2026 al 11 de enero de 2027. El MAGA precisó que, durante las fechas de restricción, los buques cerqueros deberán suspender sus operaciones de pesca en las zonas delimitadas por la normativa.

El acuerdo abarca capturas de atún aleta amarilla, barrilete y patudo en el Pacífico oriental, de acuerdo con lo publicado en el diario oficial.

Motivos y marco legal de la restricción: La cartera de Agricultura explicó que la disposición responde a compromisos internacionales asumidos por Guatemala, orientados a la protección de especies altamente migratorias y a la sostenibilidad de la actividad pesquera.

La normativa advirtió que el incumplimiento se sancionará conforme la Ley General de Pesca y Acuicultura, con medidas que pueden incluir decomiso de aparejos y del producto pesquero en los casos que correspondan.

Los datos oficiales exponen que los beneficios de implementar vedas y proteger nuestros ecosistemas son fundamentales para el equilibrio del planeta. Asimismo, resultan cruciales para cuidar a las especies más vulnerables, defendiendo a las poblaciones en riesgo o peligro de extinción y enfocándose en la conservación de los entornos naturales que son vitales para evitar su desaparición.

Por otro lado, estas acciones funcionan como un escudo para blindar las áreas protegidas, poniendo a salvo las zonas marinas de cualquier impacto negativo o daño causado por actividades que se realizan fuera de ellas.

Al mismo tiempo, ayudan a fomentar el conocimiento y el ecoturismo, haciendo más comprensible el funcionamiento de estos entornos para impulsar la educación ambiental, la concienciación y el turismo responsable.

El Ministerio de la Producción oficializó este 11 de junio la suspensión de las actividades extractivas del recurso anchoveta y anchoveta blanca desde el extremo norte del dominio marítimo peruano hasta los 16º00’S.

La medida, publicada en el diario oficial El Peruano, responde a recomendaciones técnicas del Instituto del Mar del Perú (IMARPE) tras detectarse una alta presencia de ejemplares juveniles y condiciones ambientales desfavorables durante la Primera Temporada de Pesca 2026.

Reiteradas suspensiones marcan la campaña más baja en una década

La temporada de anchoveta 2026 arrancó bajo fuertes restricciones. El Ministerio de la Producción fijó una cuota máxima de 1 millón 914.049 toneladas, la más baja en diez años, afectada por el impacto del fenómeno El Niño Costero, según datos reportados por El Peruano y la agencia oficial.

En abril, la cartera ya había establecido suspensiones temporales de diez días en zonas estratégicas del litoral norte-centro, ante el aumento de capturas de ejemplares juveniles.

Entre el 24 de abril y el 3 de mayo, la pesca se detuvo en tramos específicos desde el extremo norte hasta los 16º00’S, dentro de las primeras 20 a 30 millas náuticas. Esta decisión se sustentó en informes técnicos del IMARPE, que advertían sobre la presencia de juveniles menores a la talla permitida y recomendaban reforzar el monitoreo científico.

Persisten los problemas: capturas, juveniles y biomasa

La reanudación de la pesca tras el primer periodo de veda no logró disminuir la incidencia de juveniles. El 12 de mayo, el Ministerio impuso una nueva suspensión de quince días, desde los 06° hasta los 14° de latitud sur, luego de que el IMARPE detectara eventos de enmallamiento superiores al 50% y una elevada proporción de ejemplares pequeños.

El reporte técnico del organismo científico reconoce: “Las medidas adoptadas no han sido suficientes para reducir la interacción de la flota con las concentraciones juveniles”.

Hasta el 3 de junio, el desembarque acumulado de anchoveta en la región norte-centro sumaba 471.111 toneladas, de las cuales el 51,6% en número correspondía a juveniles, según los datos oficiales. Esta cifra representa apenas el 24,6% de la cuota máxima autorizada para la temporada. El escaso avance de las capturas refleja el efecto combinado del calentamiento de las aguas y la sobreabundancia de ejemplares jóvenes.

Decisión basada en el enfoque precautorio: Cuando el mar no da, no da

La reciente Resolución Ministerial Nº 00162-2026-PRODUCE recoge las advertencias del IMARPE sobre la intensificación de condiciones cálidas y la vulnerabilidad del stock de anchoveta.

El documento oficial subraya la necesidad de aplicar un enfoque precautorio para proteger el reclutamiento y la renovación del stock norte-centro, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad de la pesquería.

La suspensión se mantendrá vigente hasta que el Ministerio de la Producción, en atención a nueva evidencia científica provista por el IMARPE, autorice su levantamiento total, parcial o progresivo mediante resolución viceministerial. Las investigaciones científicas que requieran embarcaciones deberán contar con autorización específica y plan de trabajo validado.

Repercusiones económicas y antecedentes de una temporada compleja

La situación actual marca un nuevo episodio en una campaña caracterizada por las restricciones y la baja productividad. La cuota establecida en 2026 es un 36% menor que la del año anterior, cuando ascendió a 3 millones de toneladas.

En 2023, la temporada fue cancelada por completo debido a la insuficiencia de biomasa reproductiva, también bajo la influencia del fenómeno El Niño.

El sector pesquero, que aporta entre 0,35% y 0,8% al PBI nacional, enfrenta incertidumbre ante la persistencia de factores climáticos adversos. La Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) ha advertido sobre la necesidad de acelerar los estudios científicos para preservar el recurso y los empleos relacionados.

Sanciones y cumplimiento bajo monitoreo estricto

El Ministerio recordó que el incumplimiento de la suspensión conlleva sanciones conforme a la Ley General de Pesca y su reglamento. La Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción coordina acciones de monitoreo, mientras la Marina de Guerra del Perú respalda el cumplimiento de la normativa en el ámbito marítimo.

La publicación oficial de la resolución y su difusión digital refuerzan el compromiso institucional con la transparencia y la preservación de los recursos hidrobiológicos, en un contexto de máxima vigilancia sobre la evolución de la biomasa y el desarrollo de la temporada pesquera.

La bancada de Fuerza Popular presiona para que se apruebe el polémico “REINFO pesquero” en la recta final del actual Congreso de la República.

Esta iniciativa legislativa, que busca modificar el marco de formalización para embarcaciones pesqueras, se discute mientras el país se mantiene pendiente del desenlace electoral y la pesquería de calamar gigante o pota llega al límite de su capacidad anual.

El proyecto de ley y su trasfondo

El Proyecto de Ley N.° 14212/2025-CR, conocido como “REINFO pesquero”, propone regularizar embarcaciones que, según denuncias, fueron construidas fuera del marco legal en astilleros clandestinos.

Esta propuesta, promovida por el partido liderado por Keiko Fujimori, obtuvo opinión favorable con observaciones del Ministerio de la Producción (PRODUCE). Diversos actores del sector pesquero han manifestado que la norma podría beneficiar a más de 2.000 barcos cuya construcción habría incumplido la normativa vigente.

Registros recientes difundidos en redes sociales por la congresista Maricruz Zeta Chunga, integrante de Fuerza Popular, junto a dirigentes que apoyan el proyecto, han evidenciado reuniones sostenidas en oficinas del Congreso.

El problema con la pesquería de pota

Mientras transcurren estas gestiones políticas, el Ministerio de la Producción informó mediante un comunicado que la cuota anual de captura de calamar gigante ya alcanza cerca del 90% de ejecución.

Este dato adquiere relevancia, ya que aún resta más de medio año para agotar el plazo de pesca autorizado, lo que indica que la actividad pesquera se acerca rápidamente a su límite legal.

La presidenta de la Sociedad Nacional de Pesca Artesanal del Perú (SONAPESCAL), Elsa Vega Pardo, advirtió sobre las contradicciones que atraviesa la política pesquera nacional.

“Resulta contradictorio que, mientras la pesquería de pota se ha convertido en una verdadera carrera olímpica, se pretenda dar una nueva oportunidad a embarcaciones que, bajo la norma vigente, debieron ser confiscadas y retiradas del sistema”, dijo.

Restricciones para la flota formal

Vega remarcó que la problemática no se limita a la legalización de embarcaciones fuera de norma. Cientos de barcos formalizados desde 2018 continúan enfrentando restricciones para extraer y desembarcar pota, a pesar de contar con los permisos correspondientes.

SONAPESCAL solicitó recientemente al Ministerio de la Producción que atienda la situación de la flota formal, integrada por pescadores que han demostrado operar históricamente sobre este recurso. Según la dirigente, el Estado optó por no responder y priorizó el avance del “REINFO pesquero”, lo que podría interpretarse como un incentivo para quienes incumplieron las reglas.

“Hoy cientos de embarcaciones formales enfrentan restricciones para extraer y desembarcar pota, pese a que existen desde el 2018. Desde SONAPESCAL se solicitó recientemente al Ministerio de la Producción atender la situación de embarcaciones formales y que demostraron haber operado en el recurso por años, sin embargo, han optado por no responder e intentan premiar a los que incumplieron las normas”, sostuvo Vega.

Debate sobre la legalidad y credibilidad institucional

El debate no solo involucra aspectos técnicos o económicos, sino que ha puesto en cuestión la credibilidad de las reglas establecidas por el propio Estado para el sector pesquero artesanal.

Diversos representantes del gremio consideran que la aprobación acelerada del “REINFO pesquero” en el cierre del Congreso podría interpretarse como un reconocimiento a la informalidad en detrimento de quienes apostaron por la legalidad.

Mientras Perú espera conocer la definición política que marcará el próximo gobierno, en el Congreso se mantiene la presión para que esta propuesta sea debatida y votada antes del cambio de legislatura.

La aprobación o rechazo del “REINFO pesquero” se perfila como un test para la coherencia y transparencia de la política pública en el sector pesquero.

La pesca incidental, conocida como bycatch, causa cada año la muerte de miles de especies marinas protegidas en aguas del Reino Unido, según el primer análisis nacional realizado por la organización ambiental Wildlife and Countryside Link (WCL). El estudio, citado por el periódico británico The Guardian, expone que delfines, ballenas, aves marinas, focas y tiburones quedan atrapados y mueren en redes y artes de pesca dirigidas a otras especies comerciales.

La investigación, titulada “Hidden in the haul: The true scale of bycatch”, estima que más de 1.000 marsopas y delfines comunes, al menos 10.000 aves marinas y cerca de 500 focas pierden la vida anualmente como resultado de la actividad pesquera. La cifra incluye también la muerte de seis ballenas jorobadas y 30 ballenas minke por enredos en sogas de pesca, así como la captura de más de 1.000 salmones atlánticos en peligro y unas 120 toneladas de tiburones, rayas y mantarrayas protegidas.

La organización advirtió que “el alcance de la destrucción que revela este informe es impactante, con animales muriendo de formas innecesarias y terribles”, según el director ejecutivo de la entidad, Richard Benwell, en declaraciones recogidas por The Guardian.

El reporte subraya que la magnitud real del bycatch podría ser mucho mayor, ya que solo una fracción de la flota pesquera británica monitorea este fenómeno. Por ejemplo, apenas el 0,05% de los barcos de dragado cuenta con sistemas de control, lo que limita la precisión de las estimaciones.

Artes de pesca y especies más afectadas

Entre los métodos de pesca analizados, las redes de enmalle representan el mayor riesgo para las aves marinas como frailecillos, alcatraces y araos, que quedan atrapados y mueren ahogados al sumergirse en busca de alimento. Según datos de BirdLife International, estas redes causan cerca de 400.000 muertes de aves marinas a nivel mundial cada año.

La pesca con redes de arrastre y el uso de sogas entre nasas en Escocia provocaron la muerte de ballenas y otras especies de gran tamaño. El informe enfatiza que los cetáceos muertos por bycatch son una de las razones por las que el Reino Unido no cumple sus obligaciones legales para alcanzar un buen estado ambiental en parte de sus mares.

El documento señala que las embarcaciones extranjeras que operan en aguas británicas no fueron incluidas en el análisis, lo cual sugiere que el panorama podría ser aún más grave. Además, la mayoría de los casos de bycatch permanece oculta o no es reportada, dificultando la implementación de soluciones efectivas.

Reclamos y propuestas de mitigación

Las organizaciones que integran la WCL solicitan al gobierno británico medidas más estrictas para controlar el bycatch. Entre las propuestas figura la adopción de monitoreo electrónico obligatorio en todas las embarcaciones, incluidas las menores de 10 metros de eslora, responsables de una proporción considerable de capturas accidentales.

Algunas iniciativas locales mostraron resultados positivos. En la bahía de Filey en Yorkshire, pescadores y conservacionistas colaboraron en el uso de redes más pesadas, lo que redujo el número anual de aves marinas atrapadas de 700 a apenas cuatro o cinco. En Escocia, la introducción de sogas lastradas entre nasas disminuyó el riesgo de enredos de ballenas.

El gobierno británico, a través de un portavoz del Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales (Defra), aseguró estar comprometido con la restauración de los ecosistemas marinos y anunció la puesta en marcha del programa Clean Catch, que utiliza monitoreo electrónico para recopilar datos y evaluar la eficacia de las medidas de mitigación.

La responsable de conservación marina en The Wildlife Trusts, Ruth Williams, explicó al diario británico que “para muchos en la industria pesquera, el bycatch es un resultado indeseado y angustiante”, ya que estas especies cumplen un papel esencial en la salud de los mares y su desaparición puede alterar gravemente los ecosistemas.

La coalición conservacionista reclama que se avance en la modernización de las técnicas de pesca y que se refuercen los controles.

La tormenta tropical Cristina continúa generando preocupación en el litoral Pacífico de Honduras, donde las autoridades ordenaron la suspensión preventiva de la pesca artesanal y la navegación en el Golfo de Fonseca debido al incremento del oleaje y las condiciones peligrosas en el mar.

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), a través del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), emitió una advertencia urgente dirigida a pescadores, comerciantes y habitantes de las comunidades costeras, recomendando detener toda actividad marítima mientras persistan los efectos indirectos del fenómeno climático.

De acuerdo con las autoridades, el fuerte oleaje podría alcanzar alturas de hasta ocho pies, situación que representa un riesgo significativo para embarcaciones pequeñas y medianas que diariamente realizan faenas de pesca artesanal en la zona sur del país.

“Esta es una medida preventiva, prudente y necesaria para proteger la vida y los bienes de nuestros pescadores y familias costeras. El fuerte oleaje representa un peligro real para embarcaciones pequeñas y medianas”, indicó Copeco a través de un comunicado oficial.

La institución mantiene alerta amarilla en toda la franja costera del Pacífico hondureño y específicamente en el municipio de Alianza, departamento de Valle, debido a las lluvias persistentes, el aumento del nivel del mar y el riesgo de inundaciones en sectores vulnerables.

El jefe del Sistema de Alerta Temprana de Copeco, Juan José Reyes, informó que el impacto del fenómeno ya comienza a reflejarse en distintas comunidades costeras del sur del país, donde varias familias han resultado afectadas por el ingreso del agua a sus viviendas.

Según detalló el funcionario, al menos 14 familias reportan inundaciones en sus casas producto del incremento del oleaje y las lluvias intermitentes registradas durante las últimas horas.

Las afectaciones también golpean directamente al sector pesquero, una de las principales fuentes económicas de la zona. El alcalde de Marcovia, Choluteca, Nahún Cálix, manifestó que alrededor de 150 familias enfrentan problemas derivados de las lluvias y las restricciones marítimas impuestas como medida de prevención.

Asimismo, señaló que más de 2,500 pescadores comprendidos entre Punta Condega y Punta Ratón permanecen sin poder salir a trabajar, situación que representa importantes pérdidas económicas para cientos de hogares que dependen exclusivamente de la pesca artesanal.

“Las familias están preocupadas porque muchas viven del día a día y no pueden salir al mar debido al peligro que representan las condiciones actuales”, expresó el edil durante una intervención en medios nacionales.

La tormenta tropical Cristina se localiza aproximadamente a 150 kilómetros al suroeste del Golfo de Fonseca y mantiene un desplazamiento hacia el oeste, con vientos sostenidos de hasta 65 kilómetros por hora.

Los pronósticos de Cenaos indican que durante las próximas horas podrían intensificarse las condiciones adversas debido al desplazamiento del sistema hacia el oeste-noroeste, lo que seguirá provocando influencia indirecta sobre Honduras, así como en El Salvador y Guatemala.

Ante este panorama, Copeco recomendó a la población evitar cruzar ríos crecidos, mantenerse informada a través de canales oficiales y atender las instrucciones de los comités de emergencia municipal y local.

Las autoridades también pidieron especial precaución a quienes residen en sectores bajos o cercanos a playas, ya que el aumento del nivel del mar podría provocar nuevas inundaciones y daños en viviendas vulnerables.

Los organismos de protección civil aseguraron que mantienen monitoreo permanente sobre el comportamiento del fenómeno y no descartan ampliar las alertas si las lluvias y el oleaje continúan incrementando su intensidad durante este miércoles y jueves.

La discusión ambiental actual se ha convertido en un terreno de extremos que afectan directamente a la pesca y al mundo marítimo. Mientras unos niegan el cambio climático y sus impactos sobre los océanos, otros plantean prohibiciones absolutas que desconocen la importancia de la actividad pesquera para la seguridad alimentaria y el equilibrio ecológico. En medio de esa tensión surge la necesidad de una transición racional que reconozca los riesgos del calentamiento global y al mismo tiempo valore el papel de la pesca regulada como parte de la solución.

François Gerlotto en ¿Cataclismo o transición? La ecología entre la espada y la pared advierte que la humanidad enfrenta un episodio sin precedentes, marcado por la introducción masiva de contaminantes y gases de efecto invernadero en la atmósfera. Su reflexión es puntual al señalar que, o avanzamos hacia un modelo de transición racional o nos precipitamos hacia el colapso. Esa advertencia se vuelve especialmente relevante cuando observamos decisiones políticas que han debilitado la capacidad de anticipar fenómenos climáticos. La retirada de sistemas de monitoreo en el Pacífico durante la administración de Donald Trump es un ejemplo de cómo el negacionismo político puede dejar a sectores estratégicos sin información vital, exponiendo a la pesca y la agricultura a riesgos que podrían devastar producción, empleo y seguridad alimentaria.

En el otro extremo aparece el catastrofismo radical representado por Paul Watson y la organización Sea Shepherd (entre otros) que han sostenido la necesidad de cerrar de manera indefinida todas las pesquerías del mundo. Esa visión desconoce que existen casos exitosos de manejo sostenible como la anchoveta peruana, donde la pesca industrial regulada ha demostrado ser compatible con la conservación y con la seguridad alimentaria. Presentar la agricultura y la ganadería como sustitutos de la pesca es un error grave. La ganadería es una de las principales fuentes de metano, un gas de efecto invernadero mucho más potente que el dióxido de carbono, mientras que la agricultura intensiva depende de pesticidas y fertilizantes que contaminan suelos y aguas. La pesca en cambio no requiere de esos insumos y su huella ecológica es considerablemente menor, lo que la convierte en una alternativa más eficiente y sostenible, pero ello no lo dice, porque las propuestas catastrofistas, como en el caso de las negacionistas, están fuertemente impregnadas de ideología.

En un país como el Perú prohibir la pesca sería un error ambiental y económico. La presión se trasladaría a la Amazonía para abrir campos de cultivo con deforestación masiva y pérdida de biodiversidad. Las irrigaciones en la costa son costosas y lentas de implementar, lo que haría inviable reemplazar la proteína pesquera con agricultura intensiva. La pesca regulada en cambio ofrece proteína de alta calidad con baja huella ambiental y constituye un pilar de nuestra seguridad alimentaria y económica.

La ortodoxia económica ha sostenido la idea de un crecimiento perpetuo que ignora las externalidades ambientales y sociales. Las propuestas de una economía verde suelen quedarse en un barniz de sostenibilidad que no cuestiona los impactos de fondo. Frente a ello la ecología política plantea principios sólidos. La Declaración de Estocolmo de 1972 afirmó que el hombre es criatura y creador de su entorno y que tiene la responsabilidad de transformarlo sin destruir las condiciones de vida. Esa visión obliga a colocar la ciencia y la ética en el centro de las decisiones económicas.

El verdadero desafío no es prohibir ni negar sino construir un modelo productivo que reconozca el cambio climático y lo asuma con responsabilidad. La industria pesquera lejos de ser enemiga de la ecología es parte de la solución. Genera empleo, divisas y proteína con una huella ambiental reducida. Apostar por ella es apostar por la transición y no por el cataclismo.

No se trata de negar el cambio climático ni de prohibir la pesca, sino de gestionarla con ciencia y responsabilidad. Bien administrada, la pesca asegura proteína de calidad, empleo y estabilidad económica, y se convierte en una herramienta concreta para enfrentar los desafíos que ya vivimos.

La pesca artesanal de calamar gigante o pota atraviesa una nueva crisis en Perú. Según la Sociedad Nacional de Pesca Artesanal del Perú (Sonapescal), la caída del precio en los principales puertos y el alza constante de los costos operativos ponen en jaque la sostenibilidad de miles de familias que dependen de esta actividad.

Sucede que las jornadas de captura de esta especie marina pueden tomar varios días, por lo que los pescadores salen al mar con la esperanza de que el valor de la pota cubra sus gastos y deje alguna ganancia.

Sin embargo, al regresar al muelle se encuentran con un escenario aún más adverso: los precios han caído respecto al momento de zarpar y, en muchos casos, el costo del combustible también ha subido durante la faena.

El derrumbe de los precios y la insuficiencia de los ingresos

A esto se suma el aumento incesante de insumos como hielo, víveres y repuestos para el mantenimiento de las embarcaciones. La falta de previsibilidad deja a los pescadores y armadores sin capacidad de calcular si su trabajo tendrá o no recompensa.

La gravedad de la crisis se refleja en los precios actuales. En Paita, el kilo de pota se paga hoy a 2,2 soles y en el Callao apenas llega a 1,7 soles.

Este derrumbe contrasta con el promedio de 3 soles que se registraba en muelle a comienzos de año, y resulta aún más dramático si se compara con los 3,5 soles del mismo periodo en 2023, cuando el combustible era más accesible.

Incluso en periodos de escasez, cuando lo habitual sería que el precio supere los 5 soles por kilo, los valores actuales no se han recuperado, dejando a los trabajadores sin margen para sostener sus operaciones, de acuerdo con Sonapescal.

Armadores y tripulantes: los más golpeados

El golpe más fuerte lo sienten los armadores, responsables de financiar todo el viaje: combustible, hielo, alimentación y mantenimiento. Si la embarcación sufre un desperfecto en altamar o al regreso, no existen ingresos suficientes para afrontar reparaciones en varadero.

“El armador o dueño está aún más expuesto, porque si su embarcación necesita un arreglo o mantenimiento en varadero, simplemente no tendría cómo afrontarlo”, advierte Elsa Vega, presidenta de SONAPESCAL.

Para los tripulantes, la situación no es menos crítica. Sus ingresos dependen de cada faena y del precio que logran por la pota.

“Con los precios actuales, los ingresos no alcanzan para sostener la canasta familiar del pescador”, señala Vega. En muchos casos, después de días en el mar, las familias regresan sin siquiera cubrir los gastos básicos.

Un modelo comercial que profundiza la desigualdad

Para SONAPESCAL, el problema se agrava porque la cadena comercial traslada la mayor parte del riesgo y la pérdida a los pescadores y armadores artesanales.

El gremio rechaza que empresas compradoras y plantas procesadoras ajusten precios sin reconocer el esfuerzo y el costo de cada viaje al mar. “No se puede exigir mayores esfuerzos productivos mientras los ingresos siguen reduciéndose y los costos no dejan de subir”, insisten desde la organización.

La entidad gremial exige al Ministerio de la Producción (PRODUCE) y a las autoridades competentes que intervengan de manera urgente. La falta de reglas claras y de espacios de diálogo deja el mercado a merced de la especulación y los abusos.

Sonapescal pide mecanismos comerciales transparentes y precios que reflejen al menos los costos reales, para que la actividad no termine desapareciendo. Y es que la pesca artesanal de pota es estratégica para la economía y la seguridad alimentaria del país, pero mientras quienes asumen el riesgo trabajan a pérdida, el futuro de miles de familias peruanas permanece a la mar.

El Congreso de Perú ha vuelto a bloquear el debate de un dictamen clave para impedir la pesca industrial en la Reserva Nacional de Paracas, dejando en la incertidumbre la protección de este ecosistema pese a los reiterados reclamos de pescadores artesanales.

La sesión plenaria prevista para abordar el tema no fue agendada, lo que genera preocupación entre las comunidades locales que llevan más de dos años solicitando una decisión definitiva.

Ojo de pez: el rol de Fuerza Popular en la protección de las ANP

El dictamen busca anular los efectos del Decreto Supremo N° 006-2025-PRODUCE, aprobado por el Ejecutivo en abril de 2025.

La norma eliminó la fiscalización y sanción efectiva sobre la pesca industrial en áreas naturales protegidas (ANP), como Paracas, y generó un vacío legal que permite a las empresas operar en la reserva sin riesgo de sanción, debilitando la protección ambiental vigente desde 2001.

Los tres proyectos de ley contenidos en el dictamen (PL 5666/2023, PL 6668/2023 y PL 7157/2023) proponen restituir el marco previo y otorgar rango de ley a la reglamentación que resguarda estas áreas. El dictamen, que ya recibió el visto bueno de la Comisión de Pueblos Andinos en 2024, permanece estancado en el Pleno.

La reciente suspensión de la sesión del 4 de junio, decidida por Fernando Rospigliosi, presidente del Congreso y representante de Fuerza Popular, ocurrió en medio de tensiones políticas por el balotaje presidencial y la renuncia del ministro de Comercio Exterior y Turismo, José Reyes Llanos.

El candidato Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, había solicitado que se incluyera la derogación de las “leyes procrimen” en la agenda, pero la iniciativa tampoco prosperó.

¿Un decreto que podría deteriorar la protección de Paracas?

En este contexto, los pescadores artesanales, agrupados en la coalición “Defendamos Paracas”, han intensificado sus gestiones en Lima.

“La industria, a través de acciones populares y otros mecanismos legales, ha intentado derribar la protección de la reserva. El Congreso mantiene sin debate los proyectos para restablecerla”, advirtió José Hernández, presidente del Comité de Gestión de la Reserva Nacional de Paracas.

Un intento de la industria por impugnar la reglamentación ambiental mediante acciones judiciales, incluyendo la vía penal, no prosperó en su momento, pero dejó en evidencia la fragilidad del marco regulatorio. “Solo en junio hemos venido cuatro veces para pedir que se apruebe el dictamen que ya pasó por comisión”, sostuvo Hernández.

El dirigente recordó que el Comité de Gestión de la Reserva reúne a unas 60 organizaciones de pescadores, maricultores y operadores turísticos, quienes han elaborado pronunciamientos públicos y visitado el Congreso de manera recurrente.

“La afectación sería desastrosa. La actividad industrial en Paracas sería terrible, esto afecta pesca, turismo y todo el entorno”, recalcó el vocero.

León XIV, representante de otro pescador en la Tierra

El respaldo de la Iglesia Católica se volvió un factor visible en la demanda. Hernández informó que enviaron una carta al Papa León XIV a través de monseñor Pedro Barreto, quien ha acompañado públicamente la causa de los pescadores artesanales de Paracas.

“El simple hecho de relacionar esta actividad con los pescadores artesanales trae a colación que San Pedro fue el primer Papa y también era pescador. Ellos están a favor de nosotros y han lanzado mensajes de apoyo”, señaló Hernández.

Monseñor Barreto, figura central en la Iglesia peruana, transmitió el mensaje a las autoridades eclesiásticas en el Vaticano y, según los representantes de los pescadores, su intervención motivó pronunciamientos de otros obispos y organizaciones sociales sobre la situación en la reserva.

El Congreso se podría ir sin blindar las reservas marinas

Otra preocupación de las comunidades radica en que la industria pesquera puede beneficiarse de la “retroactividad benigna” del decreto, permitiendo que sanciones previas por pesca ilegal queden sin efecto.

Entre 2020 y 2021, once empresas pesqueras fueron sancionadas en Paracas con multas que superan los 12 millones de soles. “No estamos en contra de la pesca industrial, solo protegemos Paracas y las áreas naturales protegidas, que apenas cubren el 0,8% del mar. Pueden pescar en otros sitios”, remarcó Hernández.

El esfuerzo de los pescadores artesanales implica dejar sus labores y familias para viajar de manera frecuente a Lima. “Las dirigentes han dejado sus negocios y a sus hijos por amor a la tierra y al sector”, reveló.

De cualquier forma, la falta de respuestas concretas y el temor al archivo definitivo del dictamen acentúan la incertidumbre sobre el futuro de la reserva. “Tenemos confianza en que el tema pueda ser debatido y aprobado antes del recambio parlamentario; si no, el riesgo es que se pierda la protección por completo”, sentenció el hombre de mar.

En el marco del Día Internacional de la Lucha contra la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada (INDNR), la Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera (FULASP) lanzó una advertencia que encendió las alarmas sobre la situación en el Atlántico Sudoccidental. Según un reciente informe de la entidad, la actividad de las flotas extranjeras que operan sobre el límite de la milla 201 alcanzó niveles sin precedentes y ya representa una de las principales amenazas para los recursos pesqueros argentinos.

La investigación sostiene que cada año entre 400 y 600 embarcaciones provenientes principalmente de China, Corea del Sur y Taiwán se concentran en las inmediaciones de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) argentina para capturar especies migratorias asociadas al ecosistema nacional. El fenómeno no sólo crece en magnitud, sino también en intensidad: entre 2019 y 2024 el nivel de extracción aumentó un 65%, mientras que el esfuerzo pesquero de la flota china se incrementó un 85%.

Los números recopilados por FULASP muestran una diferencia cada vez más marcada entre las capturas nacionales y las realizadas por embarcaciones extranjeras. Mientras la pesca argentina desembarca entre 750.000 y 900.000 toneladas anuales de productos pesqueros, las estadísticas internacionales ubican las capturas efectuadas en el Atlántico Sudoccidental entre 1,5 y 3 millones de toneladas por año.

La pesca extranjera ya multiplica por cuatro las capturas argentinas

Esto implica que, según la especie considerada y la temporada analizada, las extracciones realizadas por las flotas internacionales pueden representar entre dos y cuatro veces el volumen obtenido por toda la industria pesquera argentina. El informe advierte que buena parte de esas capturas corresponden a especies transzonales que migran regularmente entre la plataforma continental argentina y las áreas de alta mar donde operan los buques extranjeros.

Calamar, el más buscado

Entre las especies más afectadas aparece el calamar Illex argentinus, uno de los recursos más perseguidos por las flotas internacionales y una pieza fundamental dentro de la cadena alimentaria marina. Este cefalópodo constituye alimento para merluzas, mamíferos marinos, aves oceánicas y numerosas especies comerciales de importancia económica.

“El verdadero problema no es solamente que se lleven más volumen que la pesca argentina. El daño más grave es biológico: muchas especies están siendo capturadas antes de completar su ciclo natural”, explicó Raúl Cereseto, presidente de FULASP. El especialista agregó que “en el caso del calamar, que vive apenas uno o dos años y cumple un rol central en la cadena alimentaria, una mala combinación de sobrepesca y cambio ambiental puede generar que en el corto plazo estemos discutiendo no una pérdida económica, sino el agotamiento de recursos fundamentales para la pesca argentina y para todo el ecosistema del Atlántico Sur”.

Las advertencias encuentran respaldo en estudios de la Environmental Justice Foundation (EJF), organización internacional dedicada a investigar delitos ambientales y pesca ilegal. La entidad señaló que, en el caso del calamar Illex, la combinación de presión pesquera y condiciones ambientales desfavorables “podría provocar un colapso poblacional en apenas un año, porque es una especie de ciclo muy corto”.

A este escenario se suma otro dato que preocupa a los especialistas. Según informes oficiales de las Islas Malvinas, durante 2024 se capturaron 261.903 toneladas de recursos pesqueros bajo licencias otorgadas por el Reino Unido. Para FULASP, estas cifras reflejan una presión extractiva creciente sobre especies migratorias compartidas por todo el Atlántico Sur.

Merluza común, una de las especies más vulnerables

La merluza común también figura entre las especies vulnerables. Los propios reportes pesqueros de las islas reconocen que la merluza hubbsi desova principalmente en aguas costeras patagónicas y posteriormente puede desplazarse hacia la plataforma de Malvinas para alimentarse. Sólo durante 2024 se registraron allí capturas por 54.714,5 toneladas, el cuarto valor anual más alto desde 1989.

Algo similar ocurre con la merluza de cola. Estudios genéticos y de microquímica de otolitos citados en los informes indican que existiría conectividad entre las poblaciones del Atlántico Sudoccidental y el Pacífico Sudoriental, lo que refuerza la hipótesis de que se trata de un mismo stock compartido entre Argentina, Chile y Malvinas.

Para los especialistas, la situación adquiere mayor gravedad porque existen antecedentes recientes que muestran señales de agotamiento. En 2024, las autoridades pesqueras de Malvinas suspendieron la segunda temporada de captura del calamar Loligo luego de que la biomasa estimada descendiera por debajo del umbral de conservación fijado en 10.000 toneladas.

Biodiversidad en peligro

La fundación advirtió que, de mantenerse el actual nivel de explotación, podrían verse comprometidos recursos estratégicos para la economía nacional, afectando exportaciones, empleo, producción de alimentos y biodiversidad. Cereseto resumió el problema con una analogía vinculada al sector agropecuario: “Si en un campo con mil vacas, nacen trescientos terneros por año y usted faena doscientos cincuenta animales adultos, el rodeo se mantiene, pero si empieza a matar terneros, vacas jóvenes y hembras antes de que puedan reproducirse, tarde o temprano ese rodeo desaparece”. Y concluyó: “En el mar ocurre exactamente lo mismo. Cuando cientos de embarcaciones capturan especies antes de que completen su ciclo biológico, el problema pasa a ser ecológico, comprometiendo la capacidad de recuperación de recursos que tardaron miles de años en consolidarse y que sostienen empleo, exportaciones y biodiversidad para toda la Argentina”.

El aumento sostenido del precio de los combustibles, la amenaza de un nuevo fenómeno de El Niño y los efectos cada vez más visibles del cambio climático sobre los océanos se han convertido en algunas de las principales preocupaciones de la industria pesquera latinoamericana.

Estos temas dominan la agenda de la 11.ª Reunión Ordinaria de la Alianza Latinoamericana para la Pesca Sustentable (ALPESCAS), que se desarrolla en Panamá y reúne a representantes de gremios pesqueros y acuícolas de toda la región.

El encuentro, que se celebra del 3 al 5 de junio, congrega a dirigentes empresariales, autoridades gubernamentales y organismos internacionales para intercambiar experiencias y definir posiciones comunes frente a los desafíos que enfrenta una actividad clave para la seguridad alimentaria de millones de personas.

Durante la inauguración, el administrador general de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), Eduardo Carrasquilla, destacó que la reunión permite abordar asuntos que afectan directamente la productividad del sector, entre ellos el cambio climático, el costo de los combustibles, las regulaciones internacionales y los procesos de certificación pesquera.

También resaltó la participación de representantes de Brasil, Chile, Ecuador, Argentina, Perú y otros países vinculados a la actividad pesquera regional.

Uno de los temas que más preocupa a la industria es el incremento de los costos operativos. Osciel Velásquez, presidente de ALPESCAS, explicó que actualmente el combustible representa más del 50% de los costos de operación de muchas flotas pesqueras de América Latina. Según indicó, esta situación está afectando tanto a las embarcaciones como a las industrias asociadas, además de repercutir en los mercados de consumo.

Velásquez señaló que algunas flotas de la región han reducido o suspendido operaciones debido al incremento de los costos, mientras que ciertos mercados enfrentan problemas de abastecimiento. En ese contexto, sostuvo que la misión de la industria es garantizar el suministro de productos pesqueros sin comprometer la sostenibilidad de los recursos marinos.

La situación también preocupa en Panamá. Gustavo Zúñiga, presidente de la Cámara Nacional de la Pesca y la Acuicultura de Panamá (CNPA), explicó que el sector ha logrado mantener sus operaciones pese al aumento del combustible, aunque reconoció que el impacto económico se ha reflejado principalmente en la comercialización de los productos.

Según Zúñiga, el encarecimiento del combustible ha debilitado el poder de compra de algunos mercados internacionales a los que exporta la industria panameña, afectando la demanda. No obstante, destacó que el país ha logrado sostener la actividad productiva sin llegar a paralizaciones como las registradas en otras naciones.

A las preocupaciones económicas se suma el comportamiento de los océanos frente a la posibilidad de un nuevo episodio intenso de El Niño. Los representantes del sector reconocen que el aumento de la temperatura del mar ya comienza a generar alteraciones en la distribución de algunas especies, un fenómeno que podría intensificarse en los próximos meses.

Velásquez advirtió que países como Ecuador, Perú y Chile ya han experimentado afectaciones importantes sobre determinadas pesquerías debido a los cambios en las condiciones oceánicas. Entre las especies más vulnerables mencionó la anchoveta y el jurel, cuyo comportamiento puede verse alterado por las variaciones de temperatura y el fenómeno de El Niño.

Desde la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Javier Villanueva, oficial principal de Pesca y Acuicultura para América Latina y el Caribe, explicó que el cambio climático está modificando la distribución geográfica de numerosas especies marinas.

El especialista indicó que los cambios de temperatura pueden alterar los ciclos de crecimiento y reproducción de los recursos pesqueros, obligando a los países a desarrollar sistemas de monitoreo y mecanismos de adaptación para evitar la sobreexplotación de especies sometidas a estrés ambiental.

Villanueva señaló que las especies pequeñas, como sardinas y anchovetas, suelen ser las más sensibles a las variaciones térmicas, mientras que especies de mayor movilidad, como los túnidos, tienen más capacidad para desplazarse y adaptarse a los cambios en las condiciones oceánica

La FAO considera que uno de los principales desafíos para la región consiste en fortalecer la investigación científica y el manejo sostenible de los recursos. Según Villanueva, las decisiones sobre cuotas, temporadas y métodos de extracción deben sustentarse en información técnica que permita garantizar la conservación de las poblaciones marinas a largo plazo.

Durante la reunión también se analizan los resultados de la reciente Conferencia Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, el desarrollo de nuevas certificaciones de pesca sostenible, la expansión de áreas marinas protegidas y las implicaciones de nuevas regulaciones internacionales para el comercio de productos pesqueros.

Por parte del Gobierno panameño, la ARAP informó que actualmente evalúa mecanismos para apoyar al sector frente al aumento de los costos energéticos.

Carrasquilla explicó que ya está en marcha un subsidio dirigido a la pesca artesanal y que las autoridades estudian alternativas para extender algún tipo de apoyo a segmentos de la pesca industrial, especialmente a embarcaciones camaroneras, atuneras, sardineras y palangreras que dependen fuertemente del diésel.

Según Carrasquilla, poco más del 45% de la flota pesquera artesanal ya está registrada en el sistema Panamá Conecta para acceder al beneficio. El funcionario añadió que la entidad analiza, junto con equipos técnicos y el Ministerio de Economía y Finanzas, cómo incorporar eventualmente a otros segmentos pesqueros para aliviar parte del impacto del combustible.

La reunión concluirá con una declaración regional en la que los representantes de la industria pesquera latinoamericana fijarán posiciones comunes sobre sostenibilidad, competitividad, seguridad alimentaria y adaptación al cambio climático, temas que hoy se han convertido en factores determinantes para el futuro de una actividad que abastece de alimentos a millones de personas dentro y fuera de la región.

El posible ingreso a aguas peruanas de más de 2.000 embarcaciones artesanales construidas fuera del marco legal ha tomado un nuevo impulso en el Congreso de la República tras el respaldo de la bancada de Fuerza Popular.

De acuerdo con fuentes de Infobae Perú, el objetivo es acelerar el debate del Proyecto de Ley N.° 14212/2025-CR, impulsado por el congresista José Pazo Nunura (Somos Perú), antes de que el recambio parlamentario y la transición a un Congreso bicameral en julio de 2026 obliguen a reiniciar el trámite legislativo.

El REINFO pesquero gana aliados en el Congreso

En la sesión de la Comisión de Producción celebrada el pasado lunes 1 de junio, la congresista Maricruz Zeta Chunga facilitó el ingreso de dirigentes de pescadores artesanales para solicitar, ante los miembros de la comisión, la priorización del predictamen de la iniciativa. Posteriormente, la legisladora publicó en sus redes sociales:

“Hoy gestionamos el ingreso de mis hermanos pescadores artesanales Alexander José Eche Chunga, Claudio Pazo Álvarez, Pedro Huamayalli Oliva, Roberto Chapilliquén Ruiz y Román Paiva Eche a la Comisión de Producción, donde solicitaron priorizar el predictamen del Proyecto de Ley N.° 14212/2025-CR, que busca fortalecer la formalización de las embarcaciones pesqueras artesanales y brindar seguridad jurídica a miles de pescadores”, expresó.

La congresista anunció que, tras la gestión, se programó una sesión extraordinaria de la comisión para el 9 de junio a las 10:00 a. m., instancia en la que se espera avanzar con la propuesta.

Tanto la congresista Zeta Chunga como el autor del proyecto, Pazo Nunura, son naturales de Piura, región donde la provincia de Sechura se ha convertido en el epicentro de la proliferación de astilleros informales.

El propio Pazo Nunura ha sido señalado en informes previos por vínculos familiares con el negocio de la construcción y operación de embarcaciones en el norte del país.

Fuerza Popular y Piura, motores de la presión legislativa

El proyecto busca reabrir una ventana de formalización para naves que quedaron fuera de los procesos previos, especialmente el SIFORPA II (Sistema de Formalización Pesquera Artesanal), implementado entre 2018 y 2023.

El SIFORPA II estableció reglas estrictas para la regularización de la flota artesanal: acreditación física, inspecciones técnicas, matrícula y cumplimiento de plazos.

Solo las embarcaciones existentes antes de 2018 pudieron intentar formalizarse. Aquellas que no cumplieron los requisitos quedaron fuera del proceso y no pueden operar legalmente.

Desde 2015, la construcción de nuevas embarcaciones artesanales está prohibida en el país, salvo reemplazo por siniestro o antigüedad, con base en estudios del Instituto del Mar del Perú (IMARPE) sobre el sobredimensionamiento de la flota y la sobreexplotación de especies como pota y perico.

Esta restricción, reforzada por el Código Penal desde 2024, define como delito ambiental la construcción y modificación de naves sin autorización.

Un debate repetido: rechazos previos y cambio de postura en PRODUCE

Es la tercera vez que el congresista Pazo Nunura intenta impulsar una norma de este tipo; las dos anteriores fueron rechazadas por el Ministerio de la Producción (PRODUCE), la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI) y el IMARPE, debido al riesgo para la sostenibilidad de especies ya plenamente explotadas.

No obstante, el Ministerio de la Producción cambió su postura y, mediante el Oficio N.° 00000591-2026PRODUCE/SG, declaró el proyecto como “viable con observaciones”, pese a que en marzo de este año había considerado “no viable” una propuesta similar del congresista Jorge Marticorena.

Organismos medioambientales como Oceana Perú y gremios industriales como la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) coinciden con especialistas en que la reapertura de procesos excepcionales para formalizar embarcaciones irregulares no debería ser viable.

Advierten que estas medidas incentivan la informalidad, premian a quienes incumplieron la ley y agravan la sobreexplotación de especies totalmente explotadas desde 2021. El resultado de la sesión extraordinaria del 9 de junio será decisivo para el futuro de la política de formalización de la flota artesanal en el país.

La industria pesquera argentina continúa fortaleciendo su presencia en los mercados internacionales. Durante el primer cuatrimestre de 2026, las exportaciones del sector registraron un crecimiento interanual del 32% en valor y del 28% en volumen, según informó la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

De acuerdo con los datos procesados por la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca sobre la base de estadísticas del INDEC, las ventas externas alcanzaron un total de 867 millones de dólares.

En tanto, en volúmenes sumaron 249.412 toneladas exportadas, entre enero y abril de este año.

Entre los productos que mostraron los mayores incrementos en volumen exportado se destacaron los moluscos congelados, con una suba del 43%, seguidos por el pescado fresco o refrigerado, que creció 45%. También registraron resultados positivos los crustáceos congelados, con un aumento del 20%, y las preparaciones y conservas de pescado, que avanzaron 27% respecto del mismo período de 2025.

El desempeño exportador estuvo acompañado por una sólida demanda internacional. Los principales destinos de los productos pesqueros argentinos fueron Estados Unidos, China, España y Brasil, mercados que continúan concentrando una parte significativa de las compras externas del sector.

Desde la cartera agropecuaria destacaron que estos resultados reflejan la competitividad de la pesca nacional y la creciente valoración de los productos argentinos en los mercados globales. Además, remarcaron el aporte de la actividad al desarrollo productivo de las economías regionales vinculadas a la captura, procesamiento y comercialización de recursos marinos.

Un sobrevuelo realizado por Infobae Perú sobre al menos 4 puntos estratégicos de Pucusana ha permitido identificar un nuevo patrón: talleres que operan con total hermetismo, portones cerrados y vigilancia privada. En sus interiores, se observa el entremezclado de trabajos legítimos de reparación y la construcción de nuevas embarcaciones.

La frontera entre la legalidad y la ilegalidad se desdibuja en estos espacios, incluso cerca a la base de la FAP. Una práctica reciente, según revelaron fuentes especializadas, consiste en cubrir las estructuras con toldos opacos, incluso en días sin lluvia ni garúa, con el único propósito de evitar la detección aérea o satelital.

“Antes, los barcos estaban a la vista, pero ahora los cubren. Es una forma de protegerse de los drones del Estado y de la prensa”, indicó a Infobae Perú un trabajador del sector, bajo estricta reserva de identidad.

La situación en Pucusana replica patrones observados históricamente en astilleros ilegales de Moquegua y Sechura, donde la lejanía y la falta de vigilancia estatal favorecieron la proliferación de talleres clandestinos.

La diferencia radica en que hoy este fenómeno se instala en pleno corazón del abastecimiento pesquero limeño, en una zona densamente poblada y sometida a controles formales.

Un sistema cerrado, una flota sobredimensionada y una mafia en expansión

La construcción artesanal de nuevas embarcaciones está prohibida en el país desde 2015, salvo la excepción de reemplazo por siniestro o antigüedad. Esta medida se basa en los estudios del Instituto del Mar del Perú (Imarpe), que advierte desde hace más de una década sobre el sobredimensionamiento de la flota y la sobreexplotación de especies clave como la pota, el perico, la lorna y la lisa.

La normativa vigente, incluida la modificación del Código Penal en 2024, tipifica como delito ambiental la construcción y modificación de embarcaciones sin autorización. En la práctica, sin embargo, la vigilancia resulta insuficiente. Según cálculos del sector y organizaciones ambientalistas, más de 2.000 embarcaciones artesanales operan en la costa peruana sin haber completado su registro formal.

Los astilleros ilegales explotan la ambigüedad: se mimetizan con talleres de reparación, alternan entre trabajos legales y la construcción clandestina de nuevas naves, y adoptan estrategias de ocultamiento cada vez más sofisticadas.

El fenómeno va más allá de la simple construcción ilegal. Desde el sector se denuncia la existencia de mafias dedicadas a la clonación de matrículas y a la venta ilegal de permisos de pesca y registros de embarcación. Las redes sociales, en particular Facebook, se han convertido en el nuevo mercado negro donde se comercializan documentos y matrículas falsas.

“Es habitual encontrar anuncios de venta de permisos o matrículas a precios elevados. Luego, dos embarcaciones idénticas pueden operar en puertos distintos con la misma documentación”, dijo otra fuente vinculada al sector.

Las embarcaciones construidas fuera del marco legal no solo aumentan el esfuerzo pesquero sobre especies ya sobreexplotadas, sino que además suelen ser naves de mayor tamaño y capacidad. Muchas superan las 27 toneladas, lo que las convierte en unidades de alto impacto para la pesca de especies vulnerables.

¿Qué dice el Ministerio de la Producción?

Consultado por Infobae Perú, el Ministerio de la Producción (Produce) sostuvo que mantiene una vigilancia permanente en los principales puntos pesqueros de Lima, con énfasis en Pucusana.

Según la entidad, se emplean ocho drones de última generación, dos de ellos con visión térmica para operativos nocturnos, y se utilizan herramientas tecnológicas para el monitoreo y la vigilancia de la actividad pesquera artesanal.

El ministerio remarcó que la información recogida a través de estos sistemas se transfiere a la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI) y al Ministerio Público, quienes tienen la responsabilidad de ejecutar acciones de fiscalización, control e interdicción.

Además, asegura que la cartera ha redoblado esfuerzos por implementar el Sistema SISESAT Pesquero, que permite el seguimiento satelital en tiempo real de más de 3.400 embarcaciones artesanales en todo el país, verificando que operen en zonas autorizadas y fortaleciendo la trazabilidad desde la extracción hasta el desembarque.

Sin embargo, también es cierto que, en medio de la controversia por el crecimiento de la construcción ilegal, el Congreso reactivó el debate sobre la formalización de embarcaciones. El Ministerio de la Producción respaldó con observaciones el Proyecto de Ley N.° 14212/2025-CR, presentado por el congresista José Pazo Nunura, que busca reabrir el acceso a permisos para más de 2.000 embarcaciones artesanales que no lograron formalizarse en procesos anteriores.

La iniciativa representa un giro en la política estatal, que durante más de una década mantuvo restringido el crecimiento de la flota artesanal para proteger los recursos marinos.

Especialistas y autoridades ambientales advierten que la reapertura podría incentivar la informalidad, premiar a quienes no cumplieron los requisitos previos y agravar la sobreexplotación de especies como la pota y el perico, ya consideradas plenamente explotadas por los estudios del Imarpe.

En respuesta a la creciente preocupación, el ministerio ha señalado que su opinión técnica sobre el proyecto se limita a proponer un mecanismo de sustitución de permisos caducados, sin aumentar la flota autorizada.

El problema con la sobreexplotación pesquera

Para Carmen Heck Franco, vicepresidenta adjunta de Oceana Perú, el avance de la informalidad pesquera y la persistencia de la construcción ilegal en Pucusana solo pueden entenderse al analizar cómo los mecanismos de control son sorteados sistemáticamente.

Heck señala que la prohibición de construir embarcaciones nuevas, vigente desde 2015 y reforzada con el decreto de interdicción de 2018 y la reciente inclusión en el Código Penal, no logró frenar la actividad clandestina porque la supervisión real sobre los astilleros suele ser débil o nula.

Sostiene que, aunque los marcos legales existen y los protocolos multisectoriales están aprobados, nunca se ejecutaron operativos de envergadura en la capital.

“El protocolo de interdicción para desguazar embarcaciones ilegales fue aprobado, pero hasta ahora no se conoce de acciones organizadas en Lima bajo esa normativa”, explicó.

La experta advierte que la ilegalidad no solo prolifera por la pasividad de las autoridades, sino también por la sofisticación de los armadores. Heck resalta que, en la práctica, muchas embarcaciones ilegales logran operar usando matrículas “clonadas” o permisos adquiridos de manera fraudulenta, a menudo comercializados abiertamente en redes sociales.

Enfatiza que, mientras la flota formal cumple con la trazabilidad y el monitoreo, las naves irregulares encuentran grietas en el sistema para introducirse en las cadenas de comercialización, dificultando el control estatal y dejando a las autoridades con información incompleta o confusa sobre la verdadera dimensión de la pesca ilegal.

Así, Heck subraya que la presión sobre las especies no se distribuye de manera equitativa, y que los recursos más consumidos en la mesa popular limeña, como la lorna y la lisa, ya muestran signos claros de sobreexplotación.

La especialista sostiene que la única manera de revertir la tendencia es priorizar el seguimiento satelital universal y articular una fiscalización activa, porque “hasta que no se asignen recursos y se haga efectiva la voluntad política, la clandestinidad seguirá creciendo y poniendo en jaque el futuro de la pesca artesanal y el abastecimiento de Lima”.

Un nuevo REINFO pesquero en camino

Pero la postura contra la reapertura de procesos de formalización, que el sector define como un punto crítico bajo el rótulo de “REINFO pesquero”, es compartida por la gran pesca industrial.

Desde la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP), la presidenta Jessica Luna remarca que la industria impulsa programas de responsabilidad social en los que también instruye a pescadores artesanales en prácticas sostenibles y monitoreo satelital, buscando un estándar común para todos los actores del sector.

La SNP advierte que la construcción ilegal de embarcaciones genera una competencia desleal que obliga a los formales a operar en condiciones más costosas y menos seguras, afectando la sostenibilidad del recurso y el bienestar de los pescadores que sí cumplen con la normativa.

“El crecimiento desmedido de embarcaciones sin control afecta la sostenibilidad de los recursos, el medio ambiente y los ecosistemas”, señala Luna, quien además considera que reabrir el registro pesquero artesanal solo repetirá los errores del pasado y debilitará el control estatal en zonas estratégicas como Pucusana.

La organización privada reclama mayor fiscalización, el fortalecimiento del monitoreo satelital y la protección de la pesca formal que cumple con los estándares legales y ambientales.

Luna también subraya que, mientras la industria pesquera formal respeta una regulación estricta e invierte en modernas embarcaciones para operar en armonía con el medio ambiente, subsiste un sector que se resiste a la formalización y opera sin ningún control.

En esta línea, ladirigente hace un llamado de alerta sobre las presiones desde el Congreso para ampliar procesos de formalización, lo que —según la SNP— abriría la puerta a repetir una historia de caos y descontrol del registro pesquero.

La inacción institucional y la falta de recursos podrían convertir Pucusana en tierra de nadie

Pero, en el fondo, el problema es la falta de interdicciones ejemplificadoras. Para César Ipenza, abogado especializado en delitos ambientales, el problema pasa también por una falta de seguimiento y trazabilidad a los insumos y materiales que alimentan la construcción clandestina de embarcaciones.

Ipenza remarca que la vigilancia no debe limitarse solo a los barcos, sino a todo el ecosistema de actores y proveedores.

“Para construir una embarcación demandas insumos, madera o insumos para poder armarlas. Y esto obviamente pasa también por un trabajo de investigación. ¿Quiénes son los que proveen? ¿Quiénes son los que arman? Porque no están en una zona sumamente distante o escondidos, las autoridades saben dónde es”, respondió en diálogo con Infobae Perú.

Ipenza subraya que la ausencia de operativos tipo interdicción, como los que se ven en la minería ilegal, evidencia una diferencia de prioridades dentro del Estado.

Señala que movilizar a marinos, policías y fiscales en zonas pesqueras requiere recursos que no han sido asignados y cuestiona que, a pesar de existir un marco penal que sanciona la construcción ilegal, no se hayan implementado acciones coordinadas de gran escala.

“Mi lectura inicial del Ministerio de la Producción es que no le da atención a esto. Y por otro lado, no hay las condiciones para los recursos, porque movilizar a marinos, a la policía y los fiscales en estas zonas, obviamente demanda muchos recursos. Y si la fiscalía no tiene, difícilmente va a poder implementar el protocolo de intervención de astilleros”, señaló.

Para el abogado, sin una estrategia de trazabilidad y sin recursos destinados a la acción, la construcción ilegal continuará operando a la vista y paciencia de las autoridades.

La pesca y el desembarque de bonito quedaron temporalmente paralizados en todo el litoral peruano, luego de que la actividad alcanzara un nivel de captura cercano al límite establecido para garantizar la conservación de esta especie durante el 2026. La medida fue comunicada por el Ministerio de la Producción (Produce), que dispuso la interrupción de las operaciones vinculadas a este recurso en todos los puntos de la costa nacional.

La decisión responde al cumplimiento de los parámetros fijados para la actual temporada pesquera. Según informó el sector, ya se ha alcanzado el 90% del Máximo Rendimiento Sostenible (MRS) previsto para el bonito, umbral que activa mecanismos de control orientados a evitar una explotación excesiva y a preservar la disponibilidad futura del recurso.

Medida busca evitar la sobreexplotación

La restricción fue aplicada por la Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción en el marco de las disposiciones de ordenamiento pesquero aprobadas para este año. Dichas normas establecieron límites máximos de captura con el objetivo de mantener una extracción compatible con la capacidad de recuperación natural de la especie.

Desde Produce señalaron que la determinación se sustenta en criterios técnicos y científicos que permiten monitorear el estado de las poblaciones marinas y regular su aprovechamiento. En ese contexto, el viceministro de Pesca y Acuicultura, Jesús Barrientos, destacó la importancia de respetar las cuotas establecidas para garantizar la sostenibilidad de la actividad.

“Las cuotas de captura se establecen sobre la base de criterios técnicos y científicos para asegurar la sostenibilidad del recurso bonito y evitar su sobreexplotación. El cumplimiento de estas medidas es fundamental para proteger el equilibrio del ecosistema marino y garantizar la continuidad de la pesca artesanal en beneficio de miles de familias peruanas”, afirmó.

No hay puntos habilitados para desembarque

Como parte de la suspensión, Produce precisó que actualmente no existe ningún lugar autorizado para recibir desembarques de bonito en el país. Esto se debe a que también dejó de tener vigencia la relación de desembarcaderos que contaban con autorización para operar con esta especie.

La entidad recordó que la paralización de la extracción se produjo de manera progresiva, conforme se verificaba el cumplimiento de los topes de captura asignados a las diferentes flotas habilitadas. Estas acciones forman parte de los mecanismos de control previstos por la autoridad pesquera para administrar el recurso de forma ordenada.

Llamado al cumplimiento de las disposiciones

El ministerio exhortó a todos los actores involucrados en la cadena productiva, incluyendo armadores, transportistas, operadores de desembarcaderos, comerciantes, mercados, restaurantes y plantas procesadoras, a acatar las restricciones vigentes.

Asimismo, la cartera reafirmó que continuará desarrollando labores de supervisión y fiscalización a lo largo de la costa peruana. El objetivo, indicó, es reforzar la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, además de asegurar que los recursos hidrobiológicos sean aprovechados de manera responsable para preservar la actividad pesquera en el largo plazo.

Tres buzos murieron este lunes en el sector Las Peceras, en Santa Cruz de Yojoa, departamento de Cortés, Honduras, mientras hacían mantenimiento en jaulas de cultivo de tilapia de la empresa acuícola Aquafinca, cerca de la represa hidroeléctrica Francisco Morazán, conocida como “El Cajón”. Las autoridades investigan las causas.

Las víctimas fueron identificadas como Jackson Andonie Chavarría Sandoval, de 23 años; Benigno Matute, de 20; y Raúl Ulloa, de 23, empleados de la compañía que realizaban trabajos subacuáticos en estructuras de producción.

El incidente ocurrió alrededor de las 11:00, según información preliminar. Personal de la zona alertó sobre una situación irregular durante la inmersión y se activaron equipos de rescate, pero los tres trabajadores fueron hallados muertos en el área de trabajo.

Las autoridades competentes iniciaron diligencias para esclarecer lo ocurrido, en un hecho que impactó a la comunidad y al sector acuícola de la zona norte del país.

Una hipótesis preliminar de los equipos investigadores apunta a una posible falla del equipo de seguridad usado durante la inmersión o a su utilización incompleta. Las causas oficiales, de todos modos, quedarán establecidas con los peritajes.

Equipos de Medicina Forense y agentes de investigación realizaron el levantamiento de los cuerpos y documentaron la escena para reunir pruebas que permitan determinar responsabilidades.

Investigaciones en curso

Hasta el momento, no se informó de manera pública si los trabajadores contaban con todo el equipo de protección requerido ni si existían protocolos específicos de supervisión durante la operación subacuática. Esos puntos forman parte de la investigación, según fuentes vinculadas al procedimiento.

La empresa Aquafinca expresó su pesar por lo sucedido y aseguró que colaborará con las autoridades durante el proceso, según comunicó la compañía.

También informó que contratará a un experto internacional en seguridad de buceo industrial para realizar una auditoría técnica independiente orientada a establecer las causas del accidente.

El área donde ocurrió el accidente concentra actividad acuícola por la operación de empresas que cultivan tilapia con aguas del Lago de Yojoa y el entorno de “El Cajón”, con producción destinada al mercado interno y a la exportación, de acuerdo con fuentes del sector.

Auditoría anunciada

Conocidos de las víctimas indicaron que eran trabajadores con experiencia en buceo industrial. Especialistas en seguridad ocupacional consultados por medios locales advierten que trabajos subacuáticos como inspección y reparación implican riesgos por la presión, la visibilidad limitada y la dependencia de equipos de respiración y comunicación. Una falla en el suministro de aire o en los protocolos de inmersión puede resultar fatal en minutos.

Organizaciones sindicales y referentes de seguridad laboral en Honduras han pedido en otras ocasiones mayor supervisión estatal y empresarial en actividades de alto riesgo. En este caso, familiares de las víctimas reclaman que se establezca si hubo fallas humanas, técnicas o administrativas, mientras las autoridades continúan tomando testimonios y reuniendo información técnica.

La muerte de los tres jóvenes ha generado preocupación entre trabajadores del sector acuícola y habitantes de Santa Cruz de Yojoa, donde muchos califican el hecho como una de las tragedias laborales más impactantes registradas recientemente en la zona. Personas cercanas a las víctimas aseguraron que los buzos tenían experiencia en este tipo de operaciones y conocían los riesgos asociados a las labores subacuáticas, por lo que esperan que las investigaciones permitan esclarecer qué ocurrió durante la jornada de trabajo.

El Gobierno peruano decidió ampliar la suspensión de la pesca de anchoveta en gran parte del litoral norte-centro del país debido al incremento de la temperatura del mar y al avance del El Niño Costero, fenómeno que ya empieza a alterar la distribución de una de las especies más importantes para la economía nacional. La medida, oficializada por el Ministerio de la Producción (Produce), se mantendrá vigente hasta el próximo 10 de junio y busca evitar un impacto mayor sobre el recurso hidrobiológico más explotado del Perú.

La decisión se da en un contexto de alerta creciente por las condiciones oceánicas frente a la costa peruana. Informes técnicos del Instituto del Mar del Perú (Imarpe) advierten que las ondas Kelvin cálidas y el calentamiento sostenido del océano están empujando a los cardúmenes hacia zonas más profundas y alejadas de la franja habitual de pesca. Esta situación no solo dificulta las faenas extractivas, sino que también incrementa el riesgo de captura de ejemplares juveniles, fundamentales para garantizar la renovación del stock anchovetero.

Produce amplía suspensión de pesca de anchoveta hasta junio por calentamiento del mar

La nueva disposición amplía por otros 15 días la paralización temporal de la primera temporada de pesca de anchoveta 2026, que inicialmente había sido suspendida el pasado 12 de mayo. Según la resolución emitida por Produce, la restricción continuará aplicándose en una extensa zona comprendida entre los 6° y 14° de latitud sur, dentro de las primeras 30 millas náuticas del litoral peruano.

De acuerdo con Imarpe, las actuales condiciones oceanográficas están modificando el hábitat natural de la especie. El calentamiento del mar reduce el afloramiento costero, un proceso clave que permite el ascenso de nutrientes desde el fondo marino hacia la superficie y que sostiene la alta productividad biológica del ecosistema peruano. Sin este fenómeno, disminuye la disponibilidad de alimento para la anchoveta y otras especies marinas.

Los especialistas también alertaron que el recurso estaría desplazándose hacia aguas más frías y profundas, e incluso hacia el sur del país, complicando las labores de captura industrial. Además, el escenario cálido favorece una mayor presencia de ejemplares juveniles cerca de las zonas de pesca, situación que podría afectar la sostenibilidad del recurso si no se aplican medidas preventivas.

La suspensión ocurre luego de 28 días de actividades extractivas en las que ya se habían desembarcado más de 450 mil toneladas de anchoveta, equivalente al 23,6 % de la cuota total autorizada para esta primera temporada. El sector pesquero industrial observa con preocupación la evolución de las condiciones climáticas, especialmente porque la anchoveta peruana es la principal materia prima para la producción de harina y aceite de pescado, productos claves en las exportaciones nacionales.

Preocupación en el mercado internacional

El impacto económico también genera inquietud fuera del Perú. La harina de pescado ha alcanzado precios récord en los mercados internacionales durante este año y analistas advierten que un evento intenso de El Niño podría provocar nuevas alzas, afectando principalmente a grandes importadores como China.

Las proyecciones internacionales tampoco son alentadoras. El Centro de Predicción Climática de Estados Unidos elevó recientemente la probabilidad de que El Niño evolucione hacia una fase fuerte o muy fuerte entre noviembre y enero próximos. En paralelo, el Comité Multisectorial encargado del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) estima que el Niño Costero podría alcanzar una intensidad moderada en los siguientes meses.

El sector pesquero representa alrededor del 1,5 % del Producto Bruto Interno del Perú y genera aproximadamente 250 mil empleos directos e indirectos, según datos de la Sociedad Nacional de Pesca. Por ello, las decisiones vinculadas a la actividad anchovetera suelen tener repercusiones económicas, laborales y comerciales en distintas regiones del país.

En los últimos meses hemos visto desfilar en redes sociales y medios a figuras mediáticas que, con videos improvisados, exigen al Congreso aprobar una ley que “blinde” para siempre el acceso de la pesca industrial a las áreas naturales protegidas. Lo curioso es que estos voceros improvisados, sin conocimiento técnico ni experiencia en el sector, repiten un libreto que simplifica el problema y señala a la pesca industrial como el gran enemigo de la fauna marina.

La realidad es más compleja. La pesca industrial regulada, aunque con impactos, no ha sido responsable de la desaparición de especies ni del deterioro de poblaciones como pingüinos, lobos marinos o aves guaneras. Los factores que sí amenazan seriamente a la fauna son la pesca ilegal y el uso de explosivos, la contaminación marina, el turismo depredatorio y la expansión urbana que invade territorios antes ocupados por la fauna. Sin embargo, nada de esto aparece en los videos que circulan en redes.

Conviene recordar que las áreas naturales protegidas son instrumentos de conservación impulsados por la Convención sobre Diversidad Biológica. Su finalidad es garantizar protección y manejo sostenible, no prohibir de manera absoluta toda actividad económica. En el caso peruano, las cinco millas marinas constituyen de hecho una zona protegida. Sumadas al 7% de áreas reconocidas oficialmente, representan alrededor del 10% del mar peruano bajo conservación, cumpliendo el acuerdo inicial.

Los compromisos internacionales en materia de conservación establecen la meta de alcanzar un 30% de áreas marinas protegidas. Interpretar esa cifra como una prohibición absoluta de la pesca industrial desconoce la existencia de mecanismos razonables, como la zonificación vertical, que permiten compatibilizar la protección de la biodiversidad con actividades económicas reguladas. La evidencia científica muestra que no existe interacción significativa entre lo que ocurre en la superficie y lo que sucede a profundidades de dos mil a cuatro mil metros, y pasar por alto esta realidad constituye un error conceptual que distorsiona el debate.

La discusión pública suele pasar por alto otro aspecto relevante, el crecimiento acelerado de la pesca artesanal y sus impactos. Un estudio publicado en Frontiers in Marine Science por De la Puente et al. (2020) reconstruyó el esfuerzo pesquero artesanal entre 1950 y 2018 y concluyó que “la flota de pequeña escala ha crecido mucho más rápido que las capturas, generando una caída significativa en los ingresos de los pescadores y en la eficiencia económica”. Mientras se demoniza a la pesca industrial, se ignora que la pesca artesanal también enfrenta serios problemas de sostenibilidad y que muchos pescadores viven hoy en condiciones de relativa pobreza.

El mismo estudio advierte que los pescadores que usan artes poco selectivas o ilegales han mantenido ingresos más estables, lo que revela una paradoja: la informalidad y la falta de regulación terminan siendo más rentables que la legalidad. Este hallazgo debería ser central en cualquier debate serio sobre conservación y pesca, pero rara vez aparece en los discursos mediáticos.

Reducir el debate a “pesca industrial versus fauna marina” es una simplificación que invisibiliza amenazas reales y contradicciones internas del sector. La conservación marina exige políticas integrales, basadas en ciencia y derecho, no campañas emocionales ni consignas ideológicas. Blindar la biodiversidad significa enfrentar la pesca ilegal, la contaminación y el turismo depredador, al tiempo que se reconoce la importancia de una pesca industrial regulada y sostenible.

El Perú tiene compromisos internacionales que cumplir, pero también tiene la obligación de garantizar seguridad alimentaria, empleo y desarrollo. La clave está en diseñar mecanismos de conservación inteligentes, que distingan entre actividades reguladas y prácticas ilegales, y que reconozcan la diversidad de nuestro mar.

La fauna marina no necesita frases hechas ni videos virales, necesita políticas públicas serias. Señalar a la pesca industrial como único culpable es un error que invisibiliza las verdaderas amenazas. Si realmente queremos proteger nuestras áreas naturales y la biodiversidad, debemos enfrentar la pesca ilegal, la contaminación y el turismo depredador con la misma energía con que algunos atacan a la industria regulada. Solo así podremos cumplir nuestros compromisos internacionales sin sacrificar desarrollo ni caer en discursos simplistas.

A menos de un mes del cambio de gobierno, el Ministerio de la Producción (PRODUCE) avaló con observaciones el Proyecto de Ley N.º 14212/2025-CR, impulsado por el congresista José Pazo Nunura, que propone reabrir el acceso a permisos para embarcaciones artesanales no formalizadas en etapas anteriores.

Esta decisión marca un giro respecto a la política que el Estado ha sostenido durante la última década, orientada a limitar el crecimiento de la flota artesanal para resguardar la sostenibilidad de los recursos pesqueros.

El PRODUCE cede ante la presión de gremios pesqueros

El panorama de la pesca artesanal en Perú se encuentra marcado por años de informalidad y un crecimiento constante del número de embarcaciones, según el especialista en derecho pesquero Piero Rojas Vásquez.

En 2012, el país contaba con poco más de 16.000 naves artesanales registradas. Para 2023, el registro superaba las 23.000, lo que representa un incremento cercano al 44%.

Para frenar esta tendencia, entre 2016 y 2018 se implementaron procesos extraordinarios de formalización como el Régimen de Cooperativas Pesqueras y el SIFORPA II, que incorporaron más de 3.400 embarcaciones a la legalidad, de acuerdo con cifras oficiales.

Estos mecanismos establecieron reglas estrictas: la acreditación física de las naves, la superación de inspecciones técnicas y el cumplimiento de plazos concretos. El mensaje institucional era que la formalización sería temporal, no indefinida.

Sin embargo, gremios pesqueros han presionado reiteradamente al Congreso para reabrir el proceso, alegando que unas 2.000 solicitudes quedaron fuera del SIFORPA II por no cumplir los requisitos establecidos. “El mensaje es profundamente negativo: quien incumplió las reglas también podría terminar siendo beneficiado”, dijo Vásquez.

IMARPE y el Ministerio del Ambiente advierten sobre la sobreexplotación

El proyecto de ley impulsado por Pazo Nunura contempla dos cambios principales. El primero, que embarcaciones con constancias de verificación de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI) de 2018, pero que no concluyeron su formalización, puedan acceder nuevamente a permisos.

El segundo, la creación de una “lista de espera” para que naves que nunca acreditaron su existencia física puedan, en el futuro, obtener permisos al caducar derechos de la flota actual.

El ministerio declaró la iniciativa “viable con observaciones”, restringiendo el acceso a pesquerías de pota y perico, que ya presentan altos niveles de explotación, y sugiriendo un régimen jurídico para la reasignación de permisos.

La decisión ha generado preocupación en sectores técnicos y ambientales. El Instituto del Mar del Perú (IMARPE) ha advertido que las especies objetivo, como pota y perico, se encuentran ya al límite de explotación sostenible.

Desde el Ministerio del Ambiente (MINAM), un informe reciente concluyó que el proyecto no resulta viable por el riesgo que implica para la conservación de los recursos hidrobiológicos.

¿Un proyecto de ley que reabre la puerta a la informalidad?

Especialistas y organizaciones ambientalistas cuestionan la validez de aceptar documentos de verificación con más de ocho años de antigüedad como prueba de la existencia y condiciones actuales de las embarcaciones.

Además, consideran que trasladar derechos pesqueros a naves que no cumplieron los procedimientos iniciales puede incentivar la informalidad.

“La posición asumida por PRODUCE representa un grave retroceso en la lucha contra la pesca ilegal y contradice las políticas públicas que el propio Estado defendió durante años”, advierte Piero Rojas.

El debate en torno a la iniciativa coincide con la proximidad del cierre de la actual gestión gubernamental, lo que ha acrecentado el interés de los gremios pesqueros y del sector político.

Mientras tanto, expertos y autoridades ambientales insisten en que la reapertura de estos procesos pondría en riesgo la sostenibilidad de la pesca artesanal y debilitaría el marco regulatorio.

El río Potomac enfrenta una crisis ambiental inédita tras dos derrames que exponen fallas regulatorias y ponen en riesgo el suministro de agua para más de cinco millones de personas en el área de Washington D.C.

Tal como reportó Inside Climate News, el colapso de una tubería cloacal en Maryland y una fuga masiva de combustible en la base militar Joint Base Andrews, ocurridos entre diciembre de 2025 y enero de 2026, revelan deficiencias históricas en la vigilancia y gestión ambiental. En abril, la organización American Rivers lo catalogó como el río más amenazado de Estados Unidos.

El primer incidente ocurrió en enero de 2026, cuando una tubería de 60 años conocida como Potomac Interceptor colapsó cerca del corredor de Clara Barton Parkway, en el condado de Montgomery. Según Inside Climate News, se liberaron 243 millones de galones de aguas residuales sin tratar en el río durante tres semanas.

El segundo episodio, fechado el 11 de diciembre de 2025, involucró una falla en el sistema de combustible de la base Joint Base Andrews, en el condado de Prince George’s, donde se filtraron 32.000 galones de combustible de aviación; solo se recuperaron 10.000 galones, mientras que los 22.000 restantes ingresaron al ambiente y alcanzaron Piscataway Creek, un afluente directo del Potomac.

Fallas institucionales y contaminación histórica

Estos hechos, relatados por Inside Climate News, muestran una cadena de retrasos y omisiones. El Departamento de Medio Ambiente de Maryland (MDE) confirmó que el sistema de combustible de la base no superó una prueba de hermeticidad el 11 de diciembre de 2025, pero el estado fue notificado del derrame más de tres meses después, el 23 de marzo de 2026, cuando la base reportó una mancha de aceite y olores a petróleo en Piscataway Creek al National Response Center, la instancia federal para reportar descargas peligrosas.

Aunque la base es de propiedad federal, Maryland tiene autoridad para aplicar sanciones por infracciones ambientales y exigir remediación.

Un portavoz de la base militar reconoció a Inside Climate News que la cifra de 22.000 galones derramados se basó en un inventario mensual de combustible recibido el 8 de abril, aunque aún no se sabe cuántos alcanzaron el arroyo.

La contaminación en Piscataway Creek no comenzó con la fuga de combustible. Según Inside Climate News, Dean Naujoks, investigador de Potomac Riverkeeper Network, ya en 2022 había identificado niveles extremos de PFAS (sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas) en peces del arroyo, con marcas 1,4 millones de veces superiores al estándar de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) para agua potable.

El origen fue la práctica militar de sofocar incendios de combustible de aviación con espuma cargada de estos compuestos, conocidos como “químicos eternos”. El primer informe oficial sobre PFAS en la base data de 2018, pero la advertencia estatal sobre consumo de peces recién se emitió en 2023 y, según testimonios recogidos por Inside Climate News, tuvo escaso alcance en las comunidades ribereñas.

El procesamiento institucional de ambos incidentes fue objeto de críticas. DC Water y autoridades estatales conocían la fragilidad de la tubería, pero postergaron su reparación, de acuerdo con Inside Climate News.

La difusión de advertencias sobre consumo de pescado contaminado fue limitada, y la respuesta pública a la crisis consistió en foros poco efectivos, con escaso margen para reclamos directos.

Comunidades vulnerables y demandas de reparación

La crisis afecta de manera particular a las comunidades vulnerables. La Nación India Piscataway, cuya relación ancestral con el arroyo supera los 15.000 años, señaló en una declaración formal que el derrame cloacal restringió la pesca, la caza y la recolección de alimentos y medicinas tradicionales.

“El agua no es simplemente un lujo o una comodidad para todas las personas, sino el nutriente más importante para la vida misma”, recoge el texto citado por Inside Climate News.

Según la tribu nativa, a comienzos de febrero los niveles de bacterias fecales seguían 2.700 veces por encima del límite seguro y científicos detectaron la presencia de MRSA, una bacteria resistente a antibióticos. El derrame podría afectar la recolección de mariscos más de 80 kilómetros río abajo del punto de colapso.

El impacto sobre las comunidades ribereñas incluye:

• Restricción de actividades tradicionales como pesca, caza y recolección de alimentos y medicinas.
• Exposición a contaminantes químicos y bacterias peligrosas.
• Falta de información clara y oportuna sobre riesgos sanitarios.
• Escasa capacidad de incidencia en decisiones sobre infraestructura crítica y control ambiental.

Frente a la presión social, funcionarios de Maryland organizaron en abril de 2025 un foro público sobre Piscataway Creek y la base militar, aunque, según Naujoks, el formato evitó la rendición de cuentas al suprimir la sesión tradicional de preguntas y respuestas.

Inside Climate News recogió que la señalización sobre consumo de pescado contaminado solo se implementó en dos puntos del arroyo, pese a la extensión del área afectada y la cantidad de familias que dependen de la pesca de subsistencia.

Las autoridades federales y estatales mantuvieron posturas divergentes sobre el alcance del daño y los pasos siguientes. La EPA informó que las advertencias recreativas sobre calidad del agua se levantaron tras las acciones de remediación, mientras que Maryland supervisa la limpieza ejecutada por la Fuerza Aérea y no solicitó ayuda adicional.

El científico Don Boesch, con décadas de monitoreo sobre el estuario, declaró a Inside Climate News que el efecto a largo plazo del derrame cloacal sobre el oxígeno del río y el riesgo de mortandad de peces dependerá del volumen de descarga de agua durante el verano, pero enfatizó que DC Water era consciente del riesgo de falla y postergó inversiones necesarias.

Las demandas sociales y científicas tras la crisis, documentadas por Inside Climate News, incluyen:

• Investigación penal sobre la demora en el reporte del derrame de combustible.
• Muestreo público de todos los cuerpos de agua y peces afectados por la base militar, no solo en Piscataway Creek.
• Restablecimiento y ampliación de fondos federales para remediación ambiental.
• Señalización efectiva de las zonas de riesgo para la pesca de subsistencia.
• Participación ciudadana real en la planificación de obras y control ambiental.

El reclamo de responsabilidades también llegó al Congreso. Miembros de la delegación de Maryland enviaron cartas al secretario de la Fuerza Aérea y a DC Water para exigir explicaciones.

El senador Chris Van Hollen afirmó a Inside Climate News que “estos derrames están sometiendo a una presión aún mayor a nuestras vías fluviales ya sobrecargadas, dañando nuestro ambiente y las vidas y medios de subsistencia que dependen de él”. Su oficina indicó que la Fuerza Aérea aún no había respondido a la carta ni identificado el origen de la fuga de combustible.

La senadora Angela Alsobrooks subrayó la necesidad de evitar futuras filtraciones y reconoció la desventaja de las familias más afectadas, con menor capacidad de incidir en las decisiones sobre infraestructura militar y servicios públicos.

El futuro del Potomac: desafíos y vigilancia pública

El caso del Potomac revela los riesgos de infraestructuras envejecidas, falta de transparencia y desprotección de comunidades frente a catástrofes ambientales.

Según Inside Climate News, la vigilancia institucional y la presión pública serán determinantes para prevenir nuevos episodios en una de las principales fuentes de agua potable de los Estados Unidos.

El Ministerio de la Producción (Produce) anunció una inversión de S/ 22,9 millones destinada al fortalecimiento del CiteProductivo San Martín, con el objetivo de impulsar el desarrollo tecnológico y productivo de la cadena pesquera amazónica en la región. La intervención busca mejorar los procesos vinculados a la conservación y transformación de recursos hidrobiológicos, además de brindar mayores herramientas a productores y micro y pequeñas empresas.

Durante una visita de trabajo a San Martín, el titular de Produce, César Quispe Luján, destacó que la obra forma parte de las acciones orientadas a culminar proyectos estratégicos en el corto plazo. “Hay un compromiso del Gobierno de culminar la mayor cantidad de obras posibles en el corto plazo. Acá ya nos encontramos en un saldo de obra, son más de 22 millones de soles de inversión para desarrollar toda la cadena pesquera local y apoyar a los productores de la región”, señaló.

Nuevas áreas para el procesamiento pesquero

La ampliación del CiteProductivo San Martín contempla la implementación de espacios especializados para optimizar el tratamiento y transformación de productos hidrobiológicos. Entre las áreas previstas se encuentran zonas destinadas al tratamiento de materia prima, procesos de envasado, curado y empaquetado.

Estas instalaciones permitirán mejorar las condiciones de producción y conservación de los recursos pesqueros amazónicos, con infraestructura diseñada para responder a estándares técnicos y sanitarios. La iniciativa apunta a fortalecer la competitividad del sector y generar mayores oportunidades comerciales para los productores locales.

Infraestructura para conservación y capacitación

El proyecto también incluye ambientes orientados al almacenamiento y conservación de productos, como una zona de refrigeración, cámara frigorífica y túnel de congelamiento. A ello se suman áreas para capacitación técnica, un laboratorio especializado y espacios de descarga y rampas para operaciones logísticas.

Asimismo, se prevé la implementación de una planta de tratamiento de agua potable y otra para aguas residuales, con el fin de garantizar procesos adecuados en las operaciones del centro. Estas mejoras buscan elevar la capacidad operativa del Cite y ampliar el alcance de los servicios tecnológicos que ofrece en la región.

Más de 28.000 servicios tecnológicos brindados

Entre el 2016 y marzo del 2025, el CiteProductivo San Martín otorgó 28.892 servicios tecnológicos a 10.245 unidades productivas regionales, según informó Produce. El centro cumple una función de acompañamiento técnico para productores y mype que buscan desarrollar nuevos productos o mejorar sus procesos.

“El objetivo principal del Cite es transferir tecnología a los productores y a las mype. Aquí pueden venir con una idea de desarrollo de un producto y nosotros, con nuestros equipos, con nuestro personal, les ayudamos a que esa idea de producto se haga realidad. Además, también el Cite a que las mype puedan obtener sus certificaciones y con eso abrir mercados, mercados nacionales e internacionales”, aseguró el ministro.

Encuentro con cooperativas de San Martín

Como parte de su agenda en la región, César Quispe Luján encabezó una jornada de fortalecimiento cooperativo junto a representantes de 17 cooperativas agrarias y de ahorro y crédito. La actividad reunió a más de 60 directivos, trabajadores y socios vinculados a organizaciones que agrupan a más de 247.000 asociados en San Martín.

Durante el encuentro, Produce resaltó la importancia de la asociatividad y el trabajo conjunto como herramientas para mejorar la competitividad de las cooperativas. La cartera también remarcó que continúa promoviendo organizaciones preparadas para responder a las exigencias del mercado y ampliar sus oportunidades de crecimiento.

En el Perú, la competitividad del sector pesquero no depende únicamente de las embarcaciones ni de las plantas de procesamiento.

Detrás de toda la operación existe una extensa red de micro y pequeñas empresas (MYPE) que sostienen servicios críticos para el funcionamiento del sector.

Actualmente, más de 3.500 MYPE participan en distintas etapas de la cadena pesquera, brindando servicios especializados que resultan fundamentales para mantener la continuidad operativa en puertos, plantas y centros de distribución.

Servicios indispensables para la cadena pesquera

De acuerdo con un análisis de TASA, estas empresas se encargan de actividades como mantenimiento industrial, soporte mecánico, logística, transporte, almacenamiento y limpieza industrial.

Su labor permite que las operaciones pesqueras continúen de forma eficiente, asegurando que cada eslabón de la cadena cumpla con los estándares requeridos tanto en territorio nacional como en mercados internacionales.

El mantenimiento industrial y el soporte mecánico son esenciales para que las embarcaciones, maquinarias y equipos funcionen correctamente durante toda la temporada de pesca.

Las MYPE de logística, transporte y almacenamiento, a su vez, permiten el traslado eficaz de insumos y productos, además de asegurar que la cadena de frío y las condiciones de conservación se mantengan en óptimo estado.

La limpieza industrial también juega un papel clave en la operación diaria, garantizando condiciones sanitarias y operativas adecuadas en cada etapa del proceso.

Impacto económico y generación de empleo

Durante una temporada de pesca, las MYPE movilizan alrededor de S/2.600 millones y están vinculadas a cerca de 250.000 empleos directos e indirectos en el país.

Esta dinámica no solo fortalece la actividad pesquera, sino que también dinamiza economías locales en distintas regiones costeras.

A nivel nacional, las MYPE representan el 99,2% de las unidades económicas formales y generan más de 10 millones de puestos de trabajo, aportando además el 20,6% del PBI.

El fortalecimiento de estas empresas resulta crucial para el desarrollo económico y el empleo a nivel regional.

Su presencia permite la integración de comunidades costeras a la cadena de valor, promoviendo la especialización y la generación de oportunidades laborales.

Proveedores fortalecidos, cadena más competitiva

La exigencia de mayores estándares de trazabilidad, sostenibilidad y eficiencia operativa ha llevado a que el fortalecimiento de proveedores sea cada vez más relevante para industrias exportadoras como la pesca.

Cerrar brechas en gestión empresarial, liquidez, seguridad y capacidades operativas resulta clave para mejorar la resiliencia y competitividad del sector.

Empresas del sector han implementado programas orientados al desarrollo de proveedores. Desde 2024, se busca fortalecer capacidades de gestión, habilidades digitales y prevención entre las empresas proveedoras.

Solo en 2025, Crecemos Juntos de TASA trabajó con más de 1.600 proveedores de bienes y servicios, de los cuales el 48.9% correspondió a micro, pequeñas y medianas empresas. El programa también contribuyó a una reducción de 53% en el índice de accidentabilidad entre los participantes.

Acceso a financiamiento y profesionalización

A estas iniciativas se suma un programa de factoring sostenible, desarrollado en alianza con una entidad financiera, que permitirá a más de 1,500 proveedores acceder a financiamiento en condiciones preferenciales mediante el adelanto del cobro de facturas.

Estas herramientas buscan acompañar a las MYPE en su profesionalización y capacidad para responder a estándares cada vez más exigentes, consolidando su rol en la sostenibilidad y competitividad de la pesca peruana.

Estados Unidos le revocó la visa a Pablo Ferrara Raisberg, ex funcionario de la Cancillería argentina durante la gestión de Diana Mondino, al acusarlo de haberse enriquecido mediante pesca ilegal, una medida que llegó después de su salida del cargo por el caso de la merluza negra en Tierra del Fuego y en medio de una nueva política migratoria anunciada por Washington.

La sanción fue informada por el subsecretario de Estado Christopher Landau en la red social X. Allí precisó que el Departamento de Estado aplicó una nueva política para restringir la emisión de visas a 24 individuos y ubicó entre ellos a Ferrara Raisberg y al mexicano José Ali Amado.

Landau sostuvo en ese mensaje que la protección de “la abundancia de los océanos del mundo de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada” es “una prioridad global” de Estados Unidos. También afirmó: “Aquellos que ilegalmente agotan los recursos pesqueros disponibles para EE.UU. y el mundo no son bienvenidos en nuestro país”.

Ferrara Raisberg no podrá volver a ingresar a territorio estadounidense. Según el texto fuente, había llegado al Palacio San Martín en diciembre de 2023 de la mano de Mondino, con quien mantenía un vínculo académico y un lazo familiar lejano.

Quién es Ferrara Raisberg

Antes de su paso por el Consejo Federal Pesquero, Ferrara Raisberg era conocido en el sector por su trayectoria ligada a la defensa ambiental marina. Según Pescare, en 2001 presentó “un amparo colectivo ambiental en la Corte Suprema de la Nación con el objetivo de frenar la pesca ilegal y depredadora en la Zona Económica Exclusiva de nuestro país y sus áreas adyacentes, en una causa que fue contra el Estado Nacional”.

Especialista en Derecho Internacional Público, con formación en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y un doctorado en la Universidad de California, Ferrara Raisberg se desempeñó como profesor asistente en el South China Sea Institute hasta 2024. Un vínculo que no habría pasado inadvertido para el Departamento de Estado de Donald Trump.

Durante su paso por la Cancillería, Ferrara Raisberg fue designado como representante de esa dependencia ante el Consejo Federal Pesquero. Y permaneció en el cargo hasta marzo de 2024, cuando fue desplazado junto con el director nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera Julián Suárez.

La salida de ambos ocurrió en medio de acusaciones por supuestas presiones para favorecer a un empresario chino, en un caso de pesca ilegal de merluza negra frente a Tierra del Fuego. El conflicto comenzó un mes antes, cuando empresas del sector denunciaron que el buque Tai An, de la empresa Prodesur SA, de origen argentino y capitales chinos, transportaba 142 toneladas de carga pese a que tenía autorización para llevar solo cinco.

En ese entonces, las firmas competidoras alertaron a la Subsecretaría de Pesca sobre esa presunta irregularidad. El funcionario que debía enviar la nota a la Prefectura Naval para ordenar el regreso del barco a puerto era Suárez, pero esa instancia no avanzó por una supuesta intervención de Ferrara Raisberg.

Ferrara Raisberg llamó en tono intimidatorio a Suárez y le pidió que no interviniera en el asunto, con el argumento de que podrían surgir problemas judiciales si el buque era obligado a regresar a la terminal portuaria.

Después de esa llamada, el coordinador nacional acudió al subsecretario de Pesca Juan Antonio López Cazorla para que definiera qué hacer con el Tai An. La decisión fue que el barco no regresara al puerto de Ushuaia, pese a que infringía las reglas del Consejo Federal Pesquero.

Suárez renunció días más tarde. Ferrara Raisberg también presentó su dimisión ante Mondino mientras la entonces canciller estaba en Vietnam.

El caso continuó después de la salida de los funcionarios. En mayo de 2024, se conoció que la merluza negra capturada ilegalmente por el Tai An podía ser liberada porque Prodesur aceptó pagar una multa equivalente al 30% del total cargado para poder vender la mercadería en el mercado internacional. Además de esa multa, el buque quedó habilitado para regresar a la zona de pesca.

La revocación de la visa estadounidense se conoció dos años después de esa controversia, en un contexto de disputas comerciales entre Estados Unidos y China y un día después de difundirse el “Programa de protección de Bienes Comunes Globales”, un acuerdo entre la Armada Argentina y la Cuarta Flota del Comando Sur para realizar durante los próximos cinco años tareas de vigilancia y monitoreo conjunto en el Mar Argentino con Estados Unidos.

En tiempos de incertidumbre climática, la pesca del jurel se ha convertido en un espejo de nuestras fragilidades. La Organización Regional de Ordenación Pesquera del Pacífico Sur (OROP-PS) discute en Lima cómo evaluar poblaciones con métodos que requieren revisión y validación constante. La baja disponibilidad del recurso en aguas peruanas y la caída de capturas en Chile no son solo un fenómeno biológico, sino que representan también un desafío para la gobernanza pesquera. En este contexto, la ciencia no puede ser un accesorio, sino el soporte indispensable de la legislación y de las decisiones de política pública.

El Jack Mackerel Benchmark Workshop de la OROP, que reune esta semana en Lima a especialistas de IMARPE, IFOP y otros institutos, pone bajo escrutinio los métodos científicos que usamos para evaluar la biomasa del jurel. Los índices acústicos, que buscan estimar la abundancia de peces a partir de señales de sonido, son solo un método, así como hay otros que se basan en modelos que pueden sobredimensionar o subestimar poblaciones. Los indicadores de captura por unidad de esfuerzo (CPUE), por su parte, reflejan la eficiencia de la flota, pero no necesariamente la disponibilidad real del recurso. En otras palabras, los instrumentos con los que navegamos podrían estar desajustados frente a un ecosistema cada vez más cambiante.

La hipótesis de El Niño como factor disruptivo es plausible. Las anomalías oceanográficas alteran corrientes, temperaturas y disponibilidad de nutrientes, desplazando cardúmenes hacia zonas menos accesibles. Sin embargo, atribuir la ausencia del jurel únicamente a este fenómeno sería simplificar demasiado. La ciencia debe reconocer que los ecosistemas marinos son dinámicos y que los modelos tradicionales quizá no capturan toda su complejidad.

En paralelo, el Ministerio de la Producción (Produce) regula la pesca del jurel mediante cuotas específicas y periodos de captura para embarcaciones artesanales e industriales. Mediante la Resolución Ministerial N° 052-2026-PRODUCE, PRODUCE estableció los límites de extracción distribuidos en franjas trimestrales y cuatrimestrales, con el objetivo de asegurar un acceso equitativo y evitar el agotamiento temprano del recurso. Además, Perú cuenta con una asignación internacional de 34 169 toneladas para faenar en alta mar, otorgada en el marco de la OROP. La Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción monitorea en tiempo real las descargas en muelles y puertos, reforzando la vigilancia sobre caballa y jurel.

Estas disposiciones muestran un esfuerzo institucional por ordenar la actividad pesquera. Sin embargo, la base científica que las respalda se enfrenta a la incertidumbre que imponen los fenómenos climáticos y la variabilidad del ecosistema. La baja disponibilidad actual del jurel y caballa no es solo un asunto biológico, sino también institucional, porque obliga a revisar cómo se construyen los indicadores. ¿Cómo sostener acuerdos regionales de manejo si los datos deben ajustarse constantemente a un entorno cambiante?

Al respecto, el aporte del Instituto Humboldt (IHMA), gracias a las gestiones de su Comité Científico, la OROP creó el Grupo de Trabajo de Monitoreo del Hábitat, presidido por el Dr. Mariano Gutiérrez entre 2018 y 2024. La herramienta principal fue la acústica cuantitativa, aplicada en talleres conjuntos con la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) para evaluar, entre otros aspectos, la biomasa de jurel y caballa utilizando data acústica colectada a bordo de barcos de pesca. Cada año, los informes presentados vía PRODUCE han demostrado que Perú cumple con las medidas de compatibilidad que le permiten desarrollar una gestión paralela a la de la OROP-PS. Este esfuerzo ha fortalecido la posición nacional y ha generado beneficios económicos para las empresas pesqueras, al apoyar la actividad del IMARPE para recolectar información acústica a gran escala para sustentar las cuotas de pesca que se dan cada año.

El IHMA también ha contribuido con boletines oceanográficos semanales y bases de datos que integran temporadas de pesca y programas como Salvamares. Sin embargo, todo este acervo corre el riesgo de perderse sin financiamiento adecuado, justo cuando se anuncia un período de calentamiento que podría derivar en El Niño de intensidad incierta en 2026–2027. La paradoja es evidente: en el momento en que más necesitamos información sólida, la sostenibilidad de los programas científicos depende de apoyos financieros aún no asegurados.

El taller en Lima es, en ese sentido, una oportunidad para repensar la relación entre ciencia y política. No basta con ajustar modelos o revisar echogramas; se requiere un enfoque más amplio que incorpore la variabilidad ambiental, la incertidumbre y la necesidad de decisiones precautorias.

¿Por qué importa tanto un pez cuya presencia hoy es limitada? Porque el jurel no solo representa un recurso económico, sino también un símbolo de cómo gestionamos nuestros recursos hidrobiológicos. Su escasez nos recuerda que la sostenibilidad no se alcanza con decretos aislados, sino con ciencia sólida, instituciones que inspiren confianza y políticas capaces de reconocer la complejidad del océano. La verdadera lección es clara: ¿cómo sostener la pesca si seguimos aferrados a certezas frágiles en lugar de asumir la incertidumbre como motor de innovación y prudencia?

El Ministerio de la Producción (Produce) aprobó una nueva ampliación del límite máximo de captura total permisible (LMCTP) del calamar gigante o pota (Dosidicus gigas), fijándolo en 479.311 toneladas para todo el año 2026.

La disposición, oficializada mediante la Resolución Ministerial Nº 000141-2026-PRODUCE, responde a informes técnicos del Instituto del Mar del Perú (IMARPE) y busca asegurar la sostenibilidad de un recurso clave para la economía pesquera nacional. La norma extiende la vigencia del LMCTP, que antes aplicaba solo hasta junio, y lo establece para todo el año.

¿Cómo evolucionó el límite de captura de la pota en 2026?

Durante el primer semestre de 2026, el Ministerio de la Producción ajustó en varias ocasiones el límite de captura del calamar gigante.

A finales de marzo, mediante la Resolución Ministerial Nº 000075-2026-PRODUCE, se fijó un LMCTP de 305.417 toneladas para la pesca artesanal con permisos vigentes, en respuesta a un informe de IMARPE que identificó una abundancia cercana al máximo rendimiento sostenible, pero también un aumento en el esfuerzo pesquero.

Posteriormente, a finales de abril, la Resolución Ministerial Nº 00120-2026-PRODUCE elevó el límite a 371.103 toneladas para el periodo enero-agosto, debido a una mayor disponibilidad del recurso.

En ambas oportunidades, el ministerio estableció cuotas diferenciadas y controles estrictos, especialmente para embarcaciones menores a 10 m³, así como requisitos de trazabilidad y monitoreo digital de capturas. El objetivo fue mantener la transparencia y la posibilidad de suspender la pesca si se detectaban riesgos biológicos o ambientales.

La pota está desbordando en aguas peruanas

La última modificación amplía la vigencia del LMCTP hasta el 31 de diciembre de 2026 e incrementa el límite a 479.311 toneladas para embarcaciones pesqueras artesanales con permiso vigente.

El sustento técnico proviene de IMARPE, que en su informe más reciente señala que las condiciones ambientales posteriores al fenómeno El Niño han favorecido la recuperación del hábitat, con una mayor disponibilidad de calamar gigante durante 2025 y proyecciones favorables para 2026.

El modelo poblacional de IMARPE indica que la abundancia del recurso se mantiene cerca del máximo rendimiento sostenible, aunque recomienda limitar la captura al nuevo tope y mantener restricciones sobre el esfuerzo pesquero, dada la expansión de la flota artesanal y la falta de evidencia de recuperación plena del stock.

Medidas diferenciadas y control del esfuerzo pesquero

La nueva resolución establece, para embarcaciones artesanales menores a 10 m³ de capacidad de bodega, un límite de captura de 72.030 toneladas entre el 27 de marzo y el 31 de diciembre de 2026.

Para el periodo del 20 de mayo al 31 de diciembre, este grupo dispondrá de un tope de 33.501 toneladas, como parte del límite general.

La Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción (DGSFS-PA) tiene la facultad de concluir o suspender las actividades extractivas si se alcanzan los límites establecidos o si IMARPE lo recomienda por razones biológicas, pesqueras o ambientales.

Además, se señala que la DGSFS-PA publicará el avance de la extracción durante todo el año, garantizando el seguimiento y control de la actividad.

La pota, un recurso clave en la seguridad alimentaria del país

El calamar gigante es fundamental para la economía peruana: representa alrededor del 40% de las exportaciones nacionales de productos congelados y es la segunda pesquería más relevante del Perú.

La actividad involucra a más de 3.000 embarcaciones artesanales y sostiene a más de 30.000 personas en toda la cadena productiva.

Además, la pota, el segundo recurso hidrobiológico más importante del país -detrás de la anchoveta-, aporta proteínas y ácidos grasos Omega-3, contribuyendo a la seguridad alimentaria y a la salud pública.

El fuerte crecimiento en la cantidad de accidentes náuticos en Florida durante 2025 ha encendido las alarmas de autoridades y usuarios de las vías fluviales, marcando un claro incremento respecto a años anteriores. El reciente informe estadístico anual de la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida reveló que se registraron 694 accidentes náuticos “debidamente notificados” en 2025, una cifra que supera a los 685 reportados en 2024 y a los 659 de 2023. Este aumento se atribuye principalmente a la creciente congestión en los canales y cuerpos de agua del estado, donde la afluencia de embarcaciones —tanto registradas como no registradas— ha convertido la navegación en una actividad cada vez más riesgosa.

Las cifras muestran una tendencia ascendente en la frecuencia de incidentes, en un contexto donde la demanda recreativa y residencial sobre los recursos hídricos de Florida sigue en expansión. Los canales y ríos del estado, descritos en el informe como cada vez más concurridos, se ven saturados por el flujo constante de residentes y turistas que buscan aprovechar el estilo de vida náutico, lo que incrementa las probabilidades de colisiones y accidentes. La congestión es un factor determinante que, de acuerdo con el informe, potencia el riesgo de choques y dificulta la labor de prevención y control por parte de las autoridades.

En cuanto a las consecuencias humanas de estos incidentes, el informe detalla que durante 2025 se registraron 51 fallecimientos en 41 accidentes, una cifra que, si bien es inferior a las 81 muertes vinculadas a 76 accidentes en 2024, sigue siendo significativa. La estadística refleja que el descenso en la cantidad de muertes no se corresponde necesariamente con una reducción en el número total de accidentes, lo que sugiere que las condiciones peligrosas persisten a pesar de los esfuerzos por mejorar la seguridad en las aguas de Florida.

El análisis de las causas de los decesos revela que el ahogamiento fue responsable de poco más de la mitad de las muertes registradas en 2025. Una circunstancia repetida en estos episodios fue la caída por la borda, que provocó 10 de las muertes reportadas. Por otro lado, la colisión con objetos fijos se ubicó como la segunda causa más frecuente, con ocho fallecimientos asociados a este tipo de impacto. Estos datos resaltan la importancia de la prevención y la vigilancia, así como la necesidad de mayor conciencia acerca de los riesgos al navegar, especialmente en condiciones de alta densidad de embarcaciones.

En el contexto del aumento de accidentes, el informe llama la atención sobre la magnitud del parque náutico de Florida. El estado cuenta actualmente con casi 1,03 millones de embarcaciones registradas, pero la cifra real de barcos que transitan por sus aguas podría ser mucho mayor: se estima que hasta un millón de embarcaciones no registradas utilizan activamente los canales y lagos de Florida. Esta enorme cantidad de vehículos acuáticos, sumada a la llegada frecuente de visitantes que alquilan o traen sus propias embarcaciones, genera una presión constante sobre el espacio disponible y complica la gestión del tráfico fluvial.

La congestión de las vías fluviales no solo afecta a la seguridad, sino que también plantea desafíos logísticos para la aplicación de la ley y la educación sobre prácticas responsables de navegación. El informe oficial describe cómo la popularidad de los recursos hídricos de Florida atrae cada año a más personas, lo que refuerza la necesidad de controles y campañas de concientización dirigidas tanto a residentes como a turistas.

Otro aspecto relevante que surge del análisis de los accidentes mortales es el tipo y el tamaño de las embarcaciones involucradas, así como el perfil de quienes las operan. La mayoría de las embarcaciones implicadas en accidentes con resultado fatal medían 6,4 metros o menos, lo que indica que las naves más pequeñas —posiblemente por su accesibilidad y menor exigencia técnica— concentran el mayor riesgo. Además, el informe destaca que la mayoría de los operadores involucrados en choques mortales tenía 35 años o más, un dato que desafía la percepción común de que los accidentes graves afectan principalmente a jóvenes inexpertos. Esta información sugiere la urgencia de reforzar la formación y actualización en seguridad náutica para todos los grupos etarios.

El consumo de alcohol y drogas sigue siendo un factor de peso en los accidentes más graves. Según el informe de la División de Aplicación de la Ley de la comisión, el 14 % de las muertes en accidentes náuticos estuvieron influenciadas por el consumo de estas sustancias, lo que subraya la necesidad de mayores controles y campañas de sensibilización sobre los peligros de combinar la navegación con el consumo de alcohol o drogas. La estadística revela que, pese a las advertencias, una proporción significativa de operadores continúa desoyendo las recomendaciones, con consecuencias fatales.

Por último, el informe presta especial atención a la incidencia de accidentes relacionados con motos acuáticas. Estas embarcaciones, que representan el 17 % de la flota registrada en Florida, estuvieron implicadas en 12 muertes durante 2025. El documento detalla que se reportaron 161 accidentes con motos acuáticas, lo que equivale al 23 % de todos los accidentes náuticos notificables. De estos incidentes, casi la mitad (72) involucraron colisiones entre dos embarcaciones, lo que evidencia el alto potencial de riesgo que supone la operación de este tipo de vehículos en condiciones de tráfico denso y con posibles conductores con escasa experiencia.

El panorama descrito por el informe estatal pone de manifiesto los retos que enfrenta Florida para garantizar la seguridad en sus vías fluviales, en un contexto de crecimiento sostenido de la actividad náutica y de presión sobre los recursos disponibles.

Finalizó la campaña de investigación oceanográfica “Área Adyacente 2026”,La misión fue llevada adelante por científicos del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) desarrollada en la denominada milla 201, organismo de referencia en el estudio y conservación de los recursos marinos argentinos, que tiene sede en Mar del Plata y depende de la órbita nacional.

El INIDEP es el principal organismo científico del país dedicado a la investigación pesquera y oceanográfica. Entre sus funciones se destacan el monitoreo de los ecosistemas marinos, la evaluación del estado de las especies comerciales y el asesoramiento técnico para el diseño de políticas de manejo sustentable de los recursos del Mar Argentino. En esta oportunidad, el trabajo se realizó a bordo del Buque de Investigación Pesquera Oceanográfica Víctor Angelescu, una de las plataformas científicas más modernas de la región.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación informó que, durante 23 días de navegación, los investigadores analizaron un sector estratégico del Atlántico Sur donde la Argentina ejerce derechos soberanos exclusivos sobre el lecho y el subsuelo marino. La campaña tuvo como objetivo estudiar la conexión biológica entre la plataforma continental y el talud oceánico, además de evaluar el impacto de las flotas extranjeras que realizan pesca no reglamentada sobre especies transzonales como la merluza y el calamar.

Fuerte impacto ambiental de la pesca no reglamentada

La expedición, coordinada junto al Grupo Interministerial Área Adyacente, alcanzó profundidades de hasta 2.291 metros e integró distintas disciplinas científicas para obtener una radiografía completa del ecosistema marino. Entre los principales hallazgos se confirmó la predominancia de especies clave como merluza, calamar y nototenia, además del estudio de los llamados “peces linterna” o mictófidos, fundamentales en la transferencia de energía entre las aguas superficiales y las profundidades oceánicas.

Los científicos también identificaron alrededor de 180 tipos de organismos en el lecho marino, entre ellos corales y esponjas, considerados hábitats vulnerables que requieren medidas especiales de conservación. Asimismo, mediante muestreos con rastras y cámaras submarinas, se detectó que el 76,2% de los lances de pesca de fondo contenían basura marina, principalmente restos de redes y equipos pertenecientes a flotas extranjeras, evidenciando el impacto ambiental de la pesca no reglamentada en la zona.

Además de su relevancia científica, la campaña permitirá que, con los datos obtenidos, se fortalezca la posición del país en foros internacionales respaldando reclamos sobre la conservación de los recursos pesqueros y se pueda denunciar el daño transfronterizo provocado por actividades pesqueras no reguladas en una de las áreas más sensibles del Atlántico Sur.

Flota de Buques de Investigación Pesquera (BIP)

Para recolectar datos directos en alta mar, el INIDEPopera barcos especializados equipados con laboratorios avanzados:

1. El BIP Víctor Angelescu es utilizado para investigaciones acústicas y de fondo en el talud continental.
2. El BIP Mar Argentino está orientado, principalmente, a la investigación pesquera costera y oceanográfica.
3. BIP Eduardo L. Holmberg es un buque histórico adaptado para relevamientos de altura de mediano y gran porte.

La pesca artesanal peruana atraviesa una etapa de expansión impulsada por el repunte de las exportaciones y una mayor recuperación del sector tras los efectos climáticos registrados en años anteriores. En ese escenario, la incorporación de herramientas basadas en datos e inteligencia artificial empieza a posicionarse como un factor clave para sostener el crecimiento y elevar la competitividad de la industria.

El avance tecnológico aparece como una respuesta frente a un contexto cada vez más exigente, marcado por la variabilidad climática, mayores estándares de sostenibilidad y una presión regulatoria creciente. En particular, la trazabilidad y el análisis de información cobran relevancia para mejorar la capacidad de respuesta del sector y fortalecer su acceso a los mercados internacionales.

Un sector que busca consolidar su recuperación

Luego del impacto generado por las anomalías climáticas de 2023, la pesca peruana logró recuperar dinamismo durante 2024 y mantuvo esa tendencia a lo largo de 2025. Con miras a 2026, el sector apunta a consolidar ese desempeño apoyándose en herramientas tecnológicas que permitan optimizar operaciones y anticipar riesgos.

La actividad artesanal concentra una parte importante de este proceso. Al cierre de 2025, las estimaciones situaban en 95.900 el número de pescadores artesanales en el ámbito marítimo nacional, principalmente en las zonas costeras del norte y centro del país. A ello se suma que, en enero de 2026, el desembarque de pesca artesanal alcanzó 119 mil toneladas métricas, mientras las exportaciones crecieron 527,1% y sumaron USD 98 millones FOB.

Inteligencia artificial y datos en la operación diaria

El uso de inteligencia artificial y herramientas de análisis de datos podría generar cambios concretos en la operación cotidiana de la pesca artesanal. Entre las aplicaciones previstas figuran el monitoreo de faenas, la planificación de salidas y la optimización del consumo de combustible, además de mejoras en seguridad y trazabilidad.

Estas tecnologías también permitirían reducir tiempos improductivos y facilitar el registro de información vinculada a la actividad. De igual manera, podrían contribuir a los procesos de formalización y a una toma de decisiones más precisa tanto en el plano operativo como comercial.

La trazabilidad gana protagonismo

Para Jaime Mourão, country manager para Colombia y Perú de Bluetab, el futuro competitivo de la pesca peruana dependerá cada vez más de la capacidad del sector para tomar decisiones sustentadas en información de calidad. Según explicó, factores como la variabilidad climática y las nuevas exigencias regulatorias obligan a mejorar la eficiencia y la capacidad de adaptación.

En ese contexto, la trazabilidad adquiere una importancia estratégica dentro de toda la cadena productiva. “Los mercados internacionales valoran cada vez más la capacidad de verificar origen, legalidad y sostenibilidad a lo largo de la cadena. Por eso, los datos adquieren un valor estratégico: dejan de cumplir solo una función operativa y se convierten en una herramienta de confianza, acceso comercial y competitividad”, señala Mourão.

Desafíos pendientes para la transformación digital

Pese a su relevancia global y capacidad exportadora, la pesca peruana todavía enfrenta retos asociados a la formalización, la heterogeneidad operativa y las brechas tecnológicas, especialmente dentro del segmento artesanal. La incorporación de soluciones digitales busca justamente reducir esas diferencias y elevar los estándares de productividad.

La transformación digital también podría fortalecer el aporte de la pesca artesanal en generación de empleo, ingreso de divisas y seguridad alimentaria. En la práctica, ello implicaría avanzar hacia una actividad con mayor acceso a información, mejores capacidades de gestión y una integración más sólida con las exigencias de los mercados internacionales.

El Congreso peruano se encuentra ante una decisión que marcará el rumbo de la política ambiental y pesquera del país: aprobar o rechazar el proyecto de ley 5666/2023-CR, que plantea la prohibición absoluta de la pesca industrial en todas las Áreas Naturales Protegidas (ANP). La iniciativa, impulsada por la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, ha generado un debate intenso, entre quienes presentan la prohibición como una medida de conservación y quienes advierten que, en el fondo, se trata de una propuesta antitécnica y desproporcionada que responde más a presiones externas que a la verdadera finalidad de proteger los ecosistemas.

A primera vista, prohibir puede parecer sinónimo de conservar. Sin embargo, la realidad es más compleja. Las ANP no son espacios homogéneos: la propia Ley 26834 reconoce zonas de uso directo donde se permite el aprovechamiento sostenible, siempre bajo criterios técnicos y científicos. Una prohibición general ignora esta lógica y sustituye la gestión adaptativa por rigidez normativa.

El gremio pesquero industrial ha levantado su voz de protesta. En una carta dirigida al Presidente del Congreso, la Asociación Nacional de Armadores Pesqueros señaló que la iniciativa es “arbitraria, antitécnica y profundamente lesiva para el sector pesquero nacional”, denunciando además que nunca fueron convocados al debate pese a representar a miles de familias que dependen de esta actividad. El gremio cuestiona la ausencia de respaldo técnico y recuerda que “ni la Comisión de Producción, ni el Ministerio de la Producción, ni el Instituto del Mar del Perú emitieron opinión favorable, señalando que la propuesta genera duplicidad normativa e inseguridad jurídica”.

Más allá de las denuncias políticas, lo cierto es que el debate debe centrarse en la evidencia. El Perú cuenta con uno de los sistemas de control pesquero más estrictos de la región, con cuotas, vedas, monitoreo satelital (SISESAT) y fiscalización multisectorial. La coexistencia entre conservación y pesca industrial no es una quimera; experiencias como la Reserva Nacional Dorsal de Nasca muestran que la zonificación permite compatibilizar usos sin sacrificar los objetivos de conservación.

La tendencia internacional tampoco respalda prohibiciones generales. Los modelos modernos de conservación promueven manejo adaptativo, compatibilidad de usos y monitoreo permanente. La prohibición total es la excepción, no la regla. Ni el sistema de Naciones Unidas ni el derecho comparado establecen prohibiciones generales; la tendencia global es el manejo adaptativo, con zonificación, monitoreo y regulación específica por área.

El impacto económico y social de una medida así sería enorme. La pesca industrial formal genera empleo formal y descentralizado, sostiene cadenas productivas clave y contribuye a la seguridad alimentaria. Restringirla sin evidencia no mejora la conservación, pero sí debilita la economía formal y puede incentivar la informalidad, un efecto rebote que nadie quiere admitir.

Por ello, la Comisión de Producción del Congreso evaluó estas iniciativas en abril de 2024 y resolvió su inviabilidad, recomendando su archivo. Avanzar con una prohibición absoluta, desconociendo esa opinión técnica, implicaría legislar desde la ideología y no desde la evidencia científica ni en coherencia con la legislación ambiental y pesquera vigente.

Ante lo dicho, podemos concluir que las Áreas Naturales Protegidas requieren gestión inteligente y diferenciada, no prohibiciones generales. Una norma que elimine de manera absoluta la pesca industrial sería técnicamente infundada, jurídicamente riesgosa, económicamente dañina y ambientalmente ineficaz. La alternativa adecuada es regular cada caso mediante zonificación y monitoreo permanente, asegurando que conservación y desarrollo puedan coexistir de manera sostenible.

El Congreso tiene la responsabilidad de legislar con objetividad y transparencia, escuchando a todos los actores y basándose en evidencia científica. Prohibirlo todo puede parecer sencillo, sobre todo cuando se cede a presiones externas, pero administrar los recursos en beneficio de los peruanos exige pensar en la sociedad en su conjunto y en la sostenibilidad de nuestros ecosistemas.

El Pleno del Congreso de la República decidió no agendar el debate sobre la protección de las áreas marinas protegidas (AMP) el pasado jueves 7 de mayo de 2026 y, en su lugar, puso el acelerador a otras normas de menor urgencia ambiental, como la declaración del 25 de julio como Día del Colono Austro-Alemán.

Esta decisión dejó en suspenso una reforma legal que buscaba garantizar la conservación de ecosistemas marinos clave como Paracas y la Dorsal de Nasca, postergando nuevamente una demanda sostenida de organizaciones ambientalistas y de la pesca artesanal.

MINAM intentó frenar el debate sobre áreas protegidas

De acuerdo con fuentes de Infobae Perú, incluso el Ministerio del Ambiente (MINAM) intentó un día antes bloquear la inclusión del dictamen sobre áreas marinas protegidas en la agenda del Pleno.

La cartera argumentó que la norma era “sobrerregulatoria” y no necesaria, transmitiendo esa posición a los legisladores con la intención de que se planteara una cuestión previa que devolviera el proyecto a comisión.

Esta movida buscaba dilatar o impedir la aprobación de una ley que, para los colectivos conservacionistas, es clave para proteger las reservas marinas frente a la presión pesquera.

Fuentes legislativas percibieron esta postura como funcional a los intereses de la industria, ya que la ausencia de una norma con rango de ley mantiene la puerta abierta para la pesca industrial en áreas que deberían estar resguardadas por su valor ecológico y turístico.

El riesgo de que la iniciativa de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología quede archivada aumenta cada día que pasa sin que el Congreso la priorice en el Pleno.

Un proyecto destinado a cerrar vacíos en la protección marina

El dictamen pendiente de debate proponía modificar la Ley 26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas, incorporando el artículo 27-A para restringir la pesca industrial en áreas marinas protegidas y permitir únicamente la pesca artesanal y la acuicultura compatible con la conservación.

Esta reforma buscaba subsanar un vacío legal originado tras la eliminación, por decreto supremo, de la infracción para la pesca industrial en zonas como Paracas y la Dorsal de Nasca, a pesar de que existe una prohibición reglamentaria desde hace 25 años.

La falta de una norma legal clara ha permitido que la industria pesquera siga presionando para acceder a estos ecosistemas, generando preocupación entre quienes defienden la conservación marina y la economía local basada en el turismo y la pesca sostenible.

La agenda legislativa privilegió una conmemoración simbólica

Mientras tanto, el Congreso sí priorizó el dictamen que declara el Día del Colono Austro-Alemán, aprobado con 102 votos a favor, cero en contra y una abstención.

La norma reconoce el aporte cultural y económico de esta comunidad y dispone que el Ejecutivo, a través de varios ministerios y gobiernos regionales, organice acciones conmemorativas cada 25 de julio.

La autora del proyecto, la legisladora Nelcy Heidinger Ballesteros, saludó la aprobación como un regalo para su pueblo, mientras la presidenta de la Comisión de Cultura, Susel Paredes, sostuvo que se trata de un reconocimiento simbólico a la historia de los descendientes austroalemanes.

El tiempo se agota para la protección de las AMP

A esta hora, solo queda un mes para que el Congreso vuelva a considerar el dictamen de las AMP. Si no se debate ni se aprueba en ese plazo, la propuesta será archivada y las reservas marinas como Paracas y la Dorsal de Nasca seguirán vulnerables frente a intereses industriales.

Organizaciones ambientalistas y representantes de la pesca artesanal advierten que la falta de aprobación de la norma perpetúa la fragilidad legal de estos ecosistemas y posterga la respuesta a una demanda ciudadana de largo aliento.

Las Asociaciones de Productores (APRO) informaron que, a través del programa “Brigadas del Litoral”, lograron retirar más de 24 toneladas de residuos en playas del litoral peruano durante lo que va de 2026.

Esta iniciativa movilizó a más de 1,000 voluntarios y realizó 16 intervenciones en ocho localidades costeras, desde Puerto Malabrigo (La Libertad) hasta Tambo de Mora (Ica).

Las APRO son organizaciones civiles sin fines de lucro vinculadas a la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) en Perú.

Su objetivo es fortalecer la relación entre la industria pesquera y las comunidades locales, promoviendo la sostenibilidad y el bienestar común en las zonas de operación.

Brigadas del Litoral: una respuesta a la contaminación costera

El programa “Brigadas del Litoral” articula la participación de voluntarios locales, niños, jóvenes y trabajadores del sector pesquero en jornadas de limpieza en áreas críticas del litoral.

De acuerdo con el Ministerio del Ambiente (MINAM), el 46% de los residuos en playas de todo el país son plásticos. Además, casi el 60% de las playas del Perú no son aptas para el ingreso de bañistas, debido a la alta contaminación y problemas sanitarios registrados en 2026.

“Brigadas del Litoral articula el trabajo con las comunidades costeras para la recuperación de playas”, destacan las APRO.

Las intervenciones han tenido lugar en Puerto Malabrigo, Chimbote, Supe, Végueta, Caleta Carquín, Chancay, Pisco y Tambo de Mora, involucrando a voluntarios de distintas edades y sectores.

Sostenibilidad y colaboración en la industria pesquera

La ejecución de estas jornadas forma parte del eje de medio ambiente y sostenibilidad de las APRO, orientado a “poner en valor el aporte del sector más allá de su actividad productiva”.

El enfoque busca consolidar una intervención territorial sostenida, sumando la participación ciudadana y el trabajo colaborativo para enfrentar los desafíos de la contaminación.

Las APRO anunciaron que continuarán impulsando acciones para ampliar la conversación sobre la industria pesquera y su impacto en las comunidades. Las próximas intervenciones abordarán temas de salud, alimentación, educación y desarrollo, además del cuidado ambiental.

“Hemos superado las 24 toneladas de residuos retirados en lo que va del año”, informaron las asociaciones, subrayando el impacto colectivo alcanzado gracias a la colaboración entre la industria y las comunidades.

Regiones pesqueras clave y rol de la pesca artesanal

Las principales regiones pesqueras del Perú se concentran en el norte y centro del litoral, con Piura como la zona más relevante, al aportar el 26,4% de la producción nacional y contar con el mayor número de pescadores artesanales.

Otras áreas clave incluyen Ica, Lima y la zona norte (Tumbes, Trujillo, Chiclayo), reconocidas por su alta biodiversidad. La región norte destaca por la pesca artesanal de pota, perico y merluza, mientras que el centro concentra la pesca industrial y artesanal de anchoveta, jurel y bonito.

En la Amazonía, ciudades como Iquitos, Pucallpa y Yurimaguas son puntos importantes para la pesca continental. La pesca artesanal representa el 97% de la fuerza laboral en el sector, y la pesca industrial sustenta la exportación de harina y aceite de pescado.

El Ministerio del Ambiente (MINAM) estaría buscando bloquear la inclusión del dictamen recaído en los Proyectos de Ley 5666, 6668 y 7157, que propone incorporar el artículo 27-A en la Ley 26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas, en la agenda del Congreso prevista para este jueves 7 de mayo.

De acuerdo con fuentes consultadas en el Congreso de la República, el argumento esgrimido por el ministerio es que la norma sería “sobrerregulatoria” y carecería de necesidad real, a pesar de la presión sostenida de la industria pesquera para intervenir en áreas naturales protegidas.

La maniobra del Ejecutivo apunta a impedir que el Pleno debata un dictamen aprobado por mayoría en la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología.

La propuesta solo permitiría la pesca artesanal, de menor escala y la acuicultura, siempre que sean compatibles con los fines de cada área protegida.

Un dictamen que busca cerrar la puerta a la pesca industrial

El dictamen responde al vacío que dejó el Decreto Supremo 006-2025-PRODUCE, que eliminó la infracción para quienes pescan industrialmente en reservas protegidas.

Aunque la prohibición existe en el reglamento desde hace 25 años, la falta de rango legal ha facilitado que la industria insista en ingresar a zonas como Paracas o la Dorsal de Nasca, la mayor reserva marina del país.

Organizaciones ambientalistas y representantes artesanales han advertido a Infobae Perú que la presión de la industria sobre el Congreso no ha cesado, y que el avance de la ley sería un paso fundamental para garantizar la integridad de los ecosistemas marinos.

El proyecto fue revisado tres veces en la Comisión de Pueblos antes de llegar al Pleno. Sin embargo, en la Comisión de Producción del Congreso, los dictámenes sobre estos proyectos fueron rechazados y enviados al archivo.

“El proyecto 5666 fue archivado bajo la presidencia de Jorge Morante y los proyectos 6668 y 7157 bajo la presidencia de Tania Ramírez, ambos de Fuerza Popular. En ambas ocasiones, el fujimorismo boicoteó la aprobación”, dijo la fuente.

Incluso dentro de la Comisión de Pueblos, los fujimoristas votaron en contra, aunque no lograron bloquear el dictamen, que finalmente avanzó bajo la presidencia de Ruth Luque.

El Ejecutivo lejos de la defensa ambiental

Desde el MINAM, se ha transmitido a los legisladores que la aprobación de la ley no es necesaria, con el fin de plantear una “cuestión previa” en el Pleno para devolver el dictamen a comisión, maniobra que busca dilatar o impedir su aprobación definitiva.

La actitud del MINAM, lejos de fortalecer la defensa de las áreas protegidas, ha sido calificada como “funcional a los intereses de la industria pesquera”, por otra fuente consultada.

Reservas vulnerables y economía local en riesgo

Si la ley no se aprueba, reservas como Paracas y la Dorsal de Nasca “seguirán expuestas a la presión de la industria pesquera, tanto nacional como extranjera”, continuó.

Además, los ingresos económicos derivados del turismo quedarían amenazados ante el avance de actividades industriales incompatibles con el espíritu de conservación de estas zonas.

El resultado de la sesión de este jueves definirá si la protección de las reservas marinas se refuerza o si el Ejecutivo logra imponer criterios que favorecen otros intereses, a costa de la conservación y del interés público.

La designación de Lima como sede de la reunión anual del Grupo de Trabajo de Acústica Pesquera, Ciencia y Tecnología (FAST-WG) del Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES) en abril de 2027 es una noticia que merece celebrarse. Esto es el reconocimiento internacional a décadas de esfuerzo científico del Perú en la gestión de sus recursos marinos.

El FAST-WG se consolidó en la década de los ochenta para reunir a los principales expertos en metodologías acústicas y tecnologías aplicadas a la investigación pesquera. Desde entonces, se ha convertido en un foro donde se presentan avances, se debaten protocolos y se fortalecen proyectos de cooperación internacional. El Instituto del Mar del Perú (Imarpe), colaborador pleno del ICES desde el año 2000 gracias a la gestión del Almirante Luis Giampietri, ha mantenido una participación constante en este espacio. Pero la presencia peruana no se limita al Imarpe sino también a científicos del Instituto Humboldt de Investigación Marina y Acuícola (IHMA), de empresas pesqueras y de instituciones aliadas también han aportado conocimiento y experiencia.

La reunión de 2026 se llevó a cabo en Wageningen, Holanda, en la cual el Perú tuvo una participación activa. El Ing. Mariano Gutiérrez, director Científico del IHMA, presentó los avances logrados en el empleo de sonares para la detección acústica de cardúmenes de anchoveta, junto con otras contribuciones nacionales sobre la relación ecológica entre la anchoveta y la munida. Estos proyectos reflejan la capacidad del país para generar conocimiento de frontera.

En el marco del FAST-WG, el Perú y sus socios —Imarpe, IHMA, Simrad, la Sociedad Nacional de Pesquería, entre otros— han venido desarrollando un protocolo para el uso cuantitativo de sonares omnidireccionales. Gracias a ello, hoy es posible estimar el volumen de cada cardumen, su velocidad y dirección de natación, así como indicadores de biomasa.

La designación de Lima como sede en 2027, genera la expectativa de recibir a más de cien científicos de todo el mundo, marca un hito histórico, por primera vez Sudamérica acogerá este encuentro. Será una ocasión para mostrar al mundo los avances logrados en investigación acústica y gestión pesquera, y también para invitar a científicos de países latinoamericanos —Chile, Argentina, Ecuador, Colombia, Brasil— a sumarse a esta plataforma de cooperación regional.

La relevancia de este evento trasciende lo académico. En un contexto global donde la sostenibilidad de los recursos marinos es cada vez más cuestionada, que el Perú se posicione como anfitrión de un encuentro científico de esta magnitud envía un mensaje claro: somos un país capaz de liderar con conocimiento, de abrir nuestras puertas a la comunidad internacional y de demostrar que la pesca puede gestionarse con responsabilidad y sostenibilidad.

El reto será aprovechar esta vitrina. No basta con organizar una reunión impecable; es necesario que el Estado y el sector privado trabajen de manera articulada para que los avances presentados se traduzcan en políticas públicas sólidas y en prácticas empresariales sostenibles. La ciencia es el puente entre la explotación racional de los recursos y la preservación de los ecosistemas marinos.

En 2027, Lima no solo será sede de un evento científico, será el escenario donde se reafirme que la pesca peruana tiene futuro si se construye sobre la base del conocimiento, la cooperación y la transparencia. Esta oportunidad demostrará al mundo que el Perú no solo es un país pesquero, sino también un país científico.