A pesar de su importancia, tanto en términos económicos como sociales, el sector pesquero, especialmente el de la pesca artesanal, quedó relegado en la campaña electoral. Hoy, estando muy cerca del cambio de gobierno, es buen momento para hacer un balance de lo avanzando en los últimos cinco años y los retos que quedan pendientes y que las próximas autoridades pesqueras deberán abordar.

El principal punto positivo a destacar es que se ha dado una mayor atención, aunque aún insuficiente, al ordenamiento de la pesca artesanal y de menor escala, responsable del 94% del alimento marino de origen nacional, generadora de más del 85% de empleos, en mar y tierra, relacionados con la actividad pesquera peruana. A pesar de su importancia, esta actividad se encuentra en crisis debido al exceso de capacidad de flota y la falta de medidas de manejo sobre varias de las principales especies que se aprovechan comercialmente y que hoy muestran signos de sobreexplotación, como el lenguado, el mero, el ojo de uva, las conchas de abanico y el choro, entre otras. La situación no es nueva, un estudio del 2020 ya evidenciaba que los pescadores artesanales venían realizando un mayor esfuerzo (más inversión, faenas más largas) para conseguir las mismas capturas que antaño, disminuyendo sus ingresos y llevando a que muchos de ellos vivan por debajo de la línea de pobreza.

El primero aprobó la inclusión del delito de construcción ilegal de embarcaciones pesqueras como delito ambiental en el Código Penal, y aprobó la Ley 31749 que actualizó la Ley General de Pesca para proteger mejor los hábitats costeros y reclasificar la actividad pesquera, sincerando la diferencia entre la pesca artesanal con predominio del trabajo manual de la pesca de menor escala que utiliza sistemas mecanizados similares a los de la flota industrial.

Por su parte, desde el Ejecutivo destacan la aprobación del reglamento de ordenamiento pesquero de la pota, la pesquería artesanal más grande del país en términos de volumen y exportaciones, el decreto supremo que fortaleció los requisitos para el ingreso de embarcaciones extranjeras a puertos peruanos, y los esfuerzos continuos por ampliar la cobertura del sistema de seguimiento satelital a toda la flota pesquera, con un enfoque progresivo según la capacidad de bodega de las embarcaciones.

Sin embargo, a pesar de lo avanzando, la situación sigue siendo crítica. Aún no se logra frenar el crecimiento ilegal de la flota, que según datos de IMARPE ya excede las 23 mil embarcaciones. Ninguna medida de ordenamiento será eficaz mientras el esfuerzo pesquero sigue aumentando y haya una flota operando en la ilegalidad. Prueba de ello es lo que viene sucediendo con la pesquería de pota, en la que a pesar del avance regulatorio, las últimas temporadas de pesca han estado marcadas por denuncias de pesca ilegal, reclamos por lo rápido que se llega a las cuota de captura y la consecuente disminución de los precios en playa.

En este escenario ¿cuáles deberían ser las prioridades de las nuevas autoridades del sector?

Lo primero y más importante es cerrar de forma definitiva los procesos de formalización y poner en marcha operativos de interdicción que lleven a la clausura de astilleros ilegales y el desguace de embarcaciones fantasma. La ley y el protocolo existen, toca hacerlos funcionar inyectando recursos y atendiendo los cuellos de botella que puedan existir.

Implementar las medidas de protección de la zona costera establecidas por la Ley 31749 en beneficio de la pesca artesanal, específicamente la restricción a la pesca con cerco mecanizado dentro de las 3 primeras millas marinas. A pesar de ser una medida legalmente exigible, hasta la fecha el Ministerio de la Producción se ha negado a hacerla cumplir poniendo como excusa la falta de normas complementarias, que además de no ser necesarias para fiscalizar el cumplimiento de la restricción, se encuentran aún pendientes por su propia responsabilidad ya que es la autoridad a cargo de aprobarlas.

Continuar con la ampliación de cobertura del sistema de seguimiento satelital a toda la flota, lo que permitirá contar con información oportuna que no solo fortalecerá la lucha contra la pesca ilegal, sino también la mejor comprensión de los patrones de comportamiento de la flota para la adopción de medidas de manejo.

Fortalecer al IMARPE para que cuente con los recursos y herramientas necesarias para cubrir la brecha en investigación científica, especialmente sobre recursos aprovechados por la pesca artesanal, que a pesar de ser importantes para la seguridad alimentaria del país se encuentran poco estudiados; y responder a los retos actuales como el exceso de esfuerzo pesquero, la degradación de hábitats, el cambio climático y la contaminación plástica. No es posible un buen manejo pesquero sin buena ciencia que lo respalde.

Además, utilizar los resultados de esas investigaciones, para avanzar en la adopción de medidas de manejo para la recuperación de las especies costeras, esas que son el principal insumo de nuestro plato bandera, el ceviche, hoy golpeadas por la sobrepesca y asegurar que las próximas generaciones de peruanos puedan seguir disfrutando de la riqueza marina de la que tanto nos orgullecemos.

“No es posible un buen manejo pesquero sin buena ciencia que lo respalde.”

Para finalizar, no podemos dejar de mencionar que estamos ante un fenómeno El Niño, cuyos impactos se sentirán no solo en el sector pesquero y la biodiversidad marina, sino el país en general y que requieren de una respuesta multisectorial e integrada por parte del Estado, para mitigar los daños y tomar medidas adaptativas para aprovechar las oportunidades que también trae consigo.

En los últimos días ha circulado ampliamente en redes sociales el fragmento de una entrevista en la que se cuestiona la capacidad del Instituto del Mar del Perú (IMARPE) para monitorear nuestro océano. Se afirma que no cuenta con instrumentos para medir variables esenciales como la temperatura, la salinidad o el oxígeno, que carece de embarcaciones para realizar investigación científica y que buena parte de la información que utiliza proviene simplemente de organismos internacionales.

No mencionaré al entrevistado ni el espacio donde se difundieron esas declaraciones. No porque no merezcan ser respondidas, sino porque considero que esta es una buena oportunidad para acercarnos a una institución que la mayoría de peruanos conoce de nombre, pero cuyo trabajo pocos comprenden en toda su dimensión. Después de todo, es difícil valorar aquello que no se conoce.

Cada vez que se anuncia una temporada de pesca de anchoveta, cuando se advierte sobre un posible Fenómeno El Niño o cuando el Estado debe tomar decisiones que involucran al principal ecosistema marino del país, hay una institución cuyo trabajo suele pasar inadvertido para la mayoría de ciudadanos. Ese es el IMARPE, una entidad científica que desde hace más de seis décadas estudia uno de los mares más productivos del planeta y genera información clave para su aprovechamiento sostenible.

Su labor va mucho más allá de recomendar una cuota de pesca. Sus investigadores estudian las condiciones físicas, químicas y biológicas del mar peruano, evalúan la distribución y abundancia de los recursos hidrobiológicos, analizan el impacto de la variabilidad climática sobre los ecosistemas y producen información que sirve de base para decisiones públicas que involucran la seguridad alimentaria, la economía nacional y la conservación de nuestros recursos.

Por eso resulta necesario hacer algunas precisiones.

Se ha dicho que el IMARPE no monitorea el mar porque no cuenta con una amplia red de boyas oceanográficas. Esa afirmación parte de una idea equivocada sobre cómo funciona hoy la investigación oceanográfica. Las boyas ya están desplegadas en el océano y forman parte de redes de observación que se complementan con distintos sistemas internacionales. El mar está sembrado de este tipo de instrumentos y la cooperación entre entes científicos es precisamente lo que permite ese monitoreo. El monitoreo moderno combina campañas científicas, perfiles oceanográficos obtenidos con equipos especializados, estaciones costeras, sensores instalados en embarcaciones, imágenes satelitales, modelos numéricos y redes internacionales de observación. Así trabajan los principales institutos oceanográficos del mundo y el Perú no es la excepción.

También se ha sostenido que el IMARPE no puede medir temperatura, salinidad u oxígeno en el mar. En realidad, esas variables forman parte de las observaciones que realiza de manera permanente durante sus campañas de investigación. Esa información permite comprender cómo cambian las condiciones del océano y cómo esos cambios influyen en la distribución de especies como la anchoveta, el jurel, la caballa, la pota y muchas otras de importancia económica y ecológica.

Otra afirmación señala que el IMARPE simplemente descarga información de la NOAA y la presenta como propia. Esa apreciación desconoce cómo funciona la ciencia en la actualidad. La cooperación internacional y el intercambio abierto de datos son prácticas habituales entre instituciones científicas de todo el mundo. Utilizar información proveniente de organismos internacionales no reemplaza el trabajo de campo que realizan los investigadores peruanos. Lo complementa, lo fortalece y permite integrar observaciones locales con sistemas globales para obtener diagnósticos más precisos.

Eso no significa afirmar que todo funciona perfectamente. Sería irresponsable hacerlo. El Perú necesita invertir más en investigación científica marina, fortalecer el presupuesto destinado al IMARPE, modernizar parte de su infraestructura y ampliar sus capacidades de observación. Esa necesidad ha sido reconocida desde hace años por especialistas del propio sector. Sin embargo, una cosa es señalar las limitaciones que aún existen y otra muy distinta sostener que el país no monitorea su mar o que el principal instituto científico marino carece de capacidad para hacerlo.

Quizá uno de los mayores activos del IMARPE sea precisamente aquello que pocas veces se aprecia desde fuera. Sus recomendaciones no descansan en la opinión de una sola persona ni en un único dato. Detrás de cada informe existe el trabajo de equipos multidisciplinarios conformados por biólogos, oceanógrafos, ingenieros pesqueros, estadísticos, especialistas en acústica y otros profesionales que analizan la información obtenida antes de formular recomendaciones técnicas. Ese rigor explica, entre otras cosas, por qué en distintos momentos de nuestra historia reciente también se han recomendado cuotas reducidas, cierres de temporadas o medidas de protección cuando las condiciones biológicas así lo exigían, aun cuando ello significara costos económicos para el propio sector pesquero.

Las instituciones científicas, como cualquier institución pública, deben estar abiertas al escrutinio y a la crítica. Eso fortalece la transparencia y contribuye a mejorar su trabajo. Pero esa crítica siempre será más útil cuando se sustente en evidencia y en un conocimiento adecuado de cómo funciona la investigación científica.

El Perú posee uno de los mares más ricos del planeta. Comprenderlo exige décadas de investigación, observaciones permanentes, campañas en altamar y profesionales altamente especializados. Conocer el trabajo del IMARPE no significa renunciar al espíritu crítico. Significa reconocer el valor de una institución que, con fortalezas y desafíos, constituye uno de los principales pilares científicos para entender, proteger y aprovechar responsablemente una riqueza que pertenece a todos los peruanos.

La actividad económica de abril de 2026 registró un alza interanual de 1,6% en la Argentina, aunque cayó 1,5% frente a marzo en la serie desestacionalizada. Los mayores avances correspondieron a Explotación de minas y canteras y Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, mientras Pesca anotó la baja más pronunciada, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

La economía argentina experimenta una notable inestabilidad en su nivel de actividad, caracterizada por fluctuaciones constantes que los especialistas denominan “efecto serrucho”. Durante los primeros cuatro meses de 2026, se observó una alternancia entre subidas y bajadas: enero registró una mejora, febrero una baja, marzo presentó una recuperación y abril exhibió una nueva caída en términos intermenduales.

Mientras sectores como la energía y la minería mantienen su crecimiento, el conjunto de la actividad económica sigue mostrando movimientos irregulares y sin una tendencia firme. Esto se refleja en un desarrollo “de dos velocidades”: con el agro, la minería y la energía en expansión, frente a la debilidad de la industria y la construcción.

De acuerdo a los datos oficiales del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), los sectores que más crecieron, en la medición interanual, fueron Explotación de minas y canteras, con 17,1%, y Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, con 10,9 por ciento. En el otro extremo, la mayor caída fue la de Pesca, con -28,4%, seguida por Comercio mayorista, minorista y reparaciones, con -3,2%, e Industria manufacturera, con -2,9 por ciento.

El informe también mostró una suba de 0,3% en la tendencia-ciclo. En tanto, acumuló un crecimiento de 2,1% en los primeros cuatro meses del año en relación a igual período de 2025.

En la comparación con abril de 2025, siete de los 15 sectores del EMAE registraron subas y ocho tuvieron bajas. Agricultura y minas aportaron en conjunto 1,8 puntos porcentuales al crecimiento interanual del indicador.

Los sectores con mejor desempeño en abril

Ordenados de mayor a menor variación interanual, los rubros con mejora fueron Explotación de minas y canteras, con 17,1%; Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, con 10,9%; y Electricidad, gas y agua, con 6,4 por ciento.

También avanzaron Intermediación financiera, con 4,5%; Impuestos netos de subsidios, con 2,1%; Transporte y comunicaciones, con 2,0%; y Servicios sociales y de salud, con 0,8 por ciento.

Hoteles y restaurantes quedó en 0,0%, un dato que el Indec presenta como estabilidad interanual. El resumen ejecutivo señala siete sectores con subas, aunque el cuadro sectorial ubica a esa actividad sin cambios frente a abril de 2025.

Dentro de las alzas, Agricultura tuvo el mayor peso sobre el índice general. El gráfico del informe le asignó 1,19 puntos de incidencia positiva, por delante de los 0,63 puntos de Explotación de minas y canteras.

Los sectores que frenaron la actividad

Entre las actividades con retrocesos, la baja más moderada fue la de Enseñanza, con -0,1 por ciento. Luego se ubicaron Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, con -0,2%, y Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria, con -1,3 por ciento.

La lista siguió con Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales, con -1,7%, y Construcción, con -1,8 por ciento. Después aparecieron dos ramas de fuerte peso en el nivel general: Industria manufacturera, con -2,9%, y Comercio mayorista, minorista y reparaciones, con -3,2 por ciento.

El descenso más pronunciado de todo el cuadro correspondió a Pesca, con -28,4% interanual. Esa actividad, junto con Industria manufacturera y Comercio mayorista, minorista y reparaciones, restó 0,9 puntos porcentuales a la variación interanual del EMAE.

El gráfico incluido en EMAE abr2026.pdf también mostró que las incidencias negativas más marcadas se concentraron en Industria manufacturera y Comercio mayorista, minorista y reparaciones. En abril, esas ramas tuvieron aportes de -0,41 y -0,38 puntos porcentuales, respectivamente.

Cómo impactó cada sector en el resultado general

El mapa sectorial de abril combinó pocos avances de gran magnitud con una mayoría de bajas más repartidas. Indec consignó que el EMAE nivel general avanzó 1,64% interanual, con un aporte adicional de Impuestos netos de subsidios, de 0,36 puntos, y de Electricidad, gas y agua, de 0,18.

También sumaron, aunque en menor medida, Transporte y comunicaciones, con 0,15 puntos; Intermediación financiera, con 0,10; Servicios sociales y de salud, con 0,03; y Hoteles y restaurantes, con 0,01. Enseñanza tuvo una incidencia levemente negativa de -0,00, mientras Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler restó -0,01.

Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales restó -0,03 puntos; Construcción, -0,04; y Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria, -0,05.

La foto final del mes dejó a las ramas agropecuaria y minera como principal sostén del crecimiento. En sentido inverso, la industria y el comercio ejercieron la mayor presión a la baja sobre el resultado general.

Cada 29 de junio, el Perú conmemora el Día del Pescador, una fecha que coincide con la festividad de San Pedro y San Pablo y que reconoce la labor de miles de hombres y mujeres que desarrollan esta actividad en el litoral del país. Según informó Andina Noticias, la jornada busca destacar el esfuerzo, la valentía y el compromiso de quienes salen al mar y contribuyen diariamente al abastecimiento de alimentos para la población.

La pesca artesanal forma parte de la identidad de numerosas comunidades costeras y representa una actividad económica de gran importancia para el país. Además de proveer recursos hidrobiológicos de alto valor nutricional, sostiene el ingreso de miles de familias que dependen directamente del trabajo en el mar.

De acuerdo con el citado medio, la actividad pesquera también tiene un impacto significativo en la economía nacional. Solo la cadena de suministro vinculada al sector pesquero industrial reúne a más de 3.500 micro y pequeñas empresas y contribuye a la generación de más de 250.000 empleos directos e indirectos, consolidándose como una de las actividades productivas más importantes del país.

Retos de la pesca artesanal

Pese a su relevancia económica y social, los pescadores artesanales enfrentan desafíos permanentes para desarrollar su labor. Las condiciones cambiantes del mar, los riesgos durante las faenas y la necesidad de acceder a mayores conocimientos técnicos forman parte de las dificultades que afrontan quienes viven de esta actividad.

En ese contexto, surgió el programa ¡A pescar Peruano!, una iniciativa orientada a fortalecer la pesca artesanal mediante acciones enfocadas en la seguridad en el mar y el desarrollo productivo de las familias pesqueras. El proyecto busca contribuir a que los trabajadores del sector realicen sus actividades en mejores condiciones y con mayores oportunidades de crecimiento.

En entrevista con Andina Noticias, Alexandra Moreno, jefa central de Desarrollo Sostenible y Gestión Social de TASA, señaló que el Día del Pescador representa una oportunidad para reconocer el aporte de miles de personas que sostienen una actividad fundamental para el país. Asimismo, destacó que el programa impulsa iniciativas destinadas a reforzar la seguridad de los pescadores y generar nuevas oportunidades de desarrollo para sus hogares.

Capacitación y desarrollo

Como parte de sus acciones, el programa promueve capacitaciones en reparación y mantenimiento de motores de embarcaciones, además del impulso de proyectos productivos liderados por asociaciones locales. Estas iniciativas buscan diversificar las oportunidades económicas de las familias vinculadas a la actividad pesquera y fortalecer el desarrollo de las comunidades costeras.

Por su parte, Hugo Roque Chana, secretario general del Sindicato Único de Pescadores Artesanales y Buzos Civiles del Puerto de Ilo, afirmó que los trabajadores del sector conocen los desafíos que impone el mar, pero requieren mayores herramientas para desempeñar sus labores de forma segura y mejorar las condiciones de vida de sus familias. Añadió que el trabajo conjunto con iniciativas como ¡A pescar Peruano! contribuye al fortalecimiento de la actividad pesquera.

En el Día del Pescador, el reconocimiento a quienes salen al mar cada jornada también pone en relieve la necesidad de seguir impulsando acciones que fortalezcan la seguridad, la capacitación, el desarrollo sostenible y la competitividad del sector. Según destacó Andina Noticias, valorar el trabajo de los pescadores significa también reconocer el papel que cumplen en la economía, la alimentación y el desarrollo de las comunidades del litoral peruano.

En el día del pescador, los trabajadores de este sector se encuentran en una situación crítica: la llegada del Niño Costero y el incremento de la temperatura en el mar peruano ha afectado la presencia de las especies marinas como la anchoveta. Según Macedonio Vásquez, secretario general del sindicato de pescadores de Chimbote, advirtió la poca presencia de este pez, lo que ha obligado a que las jornadas de trabajo sean más extensas.

En conversación con Exitosa, Vásquez indicó que antes se podía encontrar cardúmenes en dos o tres horas, pero ahora los pescadores pasan hasta 10 horas en esa tarea.

“Ya no son los cardúmenes grandes donde hacíamos uno o dos lances y cargábamos las lanchas. Tenemos que hacer de cuatro a cinco. A veces en barcos grandes hacen hasta ocho lances, donde el hombre de mar tiene que trabajar continuamente. Ahí no hay descanso”, indicó el representante del sector.

“Podemos empezar a trabajar a las dos de la mañana o a la una de la mañana, cuando aparece el cardumen. Ahí no hay horarios para descansar”, dijo Vásquez.

El Niño costero puede alterar qué especies habrá en la costa peruana

El dirigente sindical ubicó el problema en la base de la cadena marina. “La base primordial del océano es la anchoveta. No se le está protegiendo”, afirmó, al vincular la menor disponibilidad del recurso con los efectos acumulados de estos fenómenos.

Ante la llegada del fenómeno del Niño costero y del Niño global, el dirigente anticipó cambios en la disponibilidad de peces. Explicó que, si falta anchoveta, especies de agua fría como la cachema y la cabrilla pueden escasear porque tenderán a refugiarse en pozos de agua fría a lo largo del litoral peruano o migrarán a otras zonas.

Al mismo tiempo, indicó que podrían aparecer especies de agua caliente. Mencionó entre ellas al perico y tiburón, aunque remarcó que ese recambio no compensa lo que representa la pesca industrial de anchoveta para el empleo.

Buques pesqueros chinos siguen depredando ilegalmente la pesca

En las últimas semanas, organizaciones ambientales yrepresentantes del sector pesquero expresaron preocupación por la concentración de embarcaciones industriales cerca del límite marítimo peruano, una zona clave para la actividad económica vinculada al mar.

Imágenes recientes difundidas por el Movimiento Ecologista del Perú mostraron una extensa concentración de embarcaciones pesqueras chinas a unas 220 millas de las costas de Mollendo. Según la organización, alrededor de 300 buques permanecen en esa zona, muy cerca del límite de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) peruana.

En noviembre de 2025, distintos sectores vinculados a la pesca advirtieron sobre la presión creciente que reciben los recursos marinos en aguas próximas al Perú. La ubicación estratégica de la ZEE peruana dentro del ecosistema de la corriente de Humboldt convierte a esta zona en una de las más productivas del planeta para diversas especies comerciales.

Una plaga de peces globo mantiene en vilo la pesca profesional en las costas de Creta, donde tanto los trabajadores del mar como los especialistas consideran el avance de esta especie invasora como uno de los desafíos ambientales más serios de las últimas décadas. De acuerdo con testimonios recogidos por la agencia de noticias Euronews, los pescadores de la isla griega atraviesan una situación crítica ante la proliferación del pez globo, también identificado como Lagocephalus sceleratus, que ingresó al Mediterráneo a través del canal de Suez y actualmente domina extensas zonas de la región.

La presencia de esta especie en aguas griegas se registró por primera vez en 2005. A partir de ese momento, su expansión no tuvo freno y en solo dos décadas se extendió por todo el país. El portal de noticias internacional precisa que los pescadores de Creta y otras áreas del Mediterráneo oriental, como Chipre, advirtieron alteraciones graves tanto en la actividad pesquera como en la biodiversidad marina debido al avance de este pez.

“Se comió los peces y cortó el cabo. Los aparejos no sirven para nada. Tras solo cinco días de uso tendré que tirarlos y comprar redes nuevas”, contó Alexis Charalambakis, uno de los afectados. La agresividad de este pez venenoso, su dieta omnívora y sus mandíbulas potentes provocaron pérdidas económicas y daños materiales constantes.

Un riesgo para el ecosistema y la economía local

En los últimos años, la llegada de especies exóticas a través del canal de Suez generó preocupación en toda la cuenca mediterránea. “El mar se ha llenado de peces león, peces globo y peces corneta, todos son especies exóticas. Del canal de Suez no ha llegado ni un solo pez bueno, solo problemas”, apuntó Lambris Atsarakis, uno de los pescadores en declaraciones con Euronews.

La ausencia de depredadores naturales y la resistencia del pez globo complican aún más la situación. “Come cualquier cosa que encuentre a su paso y no parece estar amenazado por nada”, explicó otros de los pescadores. La expansión de esta especie concidió con una disminución abrupta de las poblaciones de peces comerciales, lo que llevó al sector pesquero a pedir la intervención urgente del Estado.

Las organizaciones de pescadores reclaman la creación de un programa de subvenciones para financiar la captura y retirada masiva del pez globo, con el objetivo de mitigar las pérdidas económicas y proteger la biodiversidad. De acuerdo con la bióloga marina Nota Peristeraki, del Centro Helénico de Investigaciones Marinas (ELKETHE), indicó que “nuestros estudios muestran que la especie Lagocephalus sceleratus afecta de forma significativa a los pescadores, especialmente a quienes se dedican a la pesca costera”.

Toxina mortal y desafíos científicos

El avance del pez globo no solo genera un problema económico, sino que representa una amenaza para la salud pública. Científicos consultados por la agencia de noticias, advirtieron que la toxina presente en los órganos de este animal —la tetrodotoxina— puede causar insuficiencia cardíaca y parálisis respiratoria en humanos. “Su ingestión puede ser mortal. Se requiere una especial precaución en su manipulación y consumo”, dijo la bióloga marina, Thekla Anastasiou. del Hellenic Centre for Marine Research (HCMR) en Grecia.

La investigación sobre la especie se concentra ahora en dos frentes: por un lado, entender cómo contener su expansión y reducir su impacto ecológico; por otro, buscar métodos para neutralizar la toxina y aprovechar la biomasa de estos animales de manera segura. El químico investigador del (HCMR) Manolis Mandalakis explicó que ya existen estudios orientados a eliminar la tetrodotoxina, lo que permitiría usar estos peces en la producción de fertilizantes y compost.

Mientras tanto, el sector pesquero insiste en que la situación requiere respuestas urgentes y coordinadas. “Las pérdidas económicas y ecológicas aumentan cada año, y necesitamos apoyo estatal para evitar que esta crisis se agrave”, concluyeron los representantes del gremio.

El Ministerio de la Producción (Produce) aprobó el régimen provisional que regulará la extracción de merluza durante la campaña comprendida entre julio del 2026 y junio del 2027. La disposición establece una cuota inicial de captura de 10.000 toneladas, con el objetivo de mantener la actividad pesquera bajo criterios de manejo sostenible.

La medida fue establecida mediante la Resolución Ministerial Nº 000187-2026-PRODUCE, publicada en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano. La autorización para realizar actividades extractivas tendrá vigencia desde las 00:00 horas del 1 de julio del 2026 hasta el 30 de junio del 2027.

Cuota tendrá carácter preventivo y podrá ser modificada

La norma señala que el límite máximo de captura total permisible (LMCTP) inicial de 10.000 toneladas tiene carácter precautorio, por lo que no representa una cifra definitiva para toda la temporada. Este volumen podrá ser ajustado en función de las condiciones biológicas, pesqueras o ambientales del recurso.

Para definir eventuales modificaciones, Produce tomará en cuenta la evidencia científica proporcionada por el Instituto del Mar del Perú (Imarpe). La cuota inicial se mantendrá vigente hasta que se agote o hasta que el organismo técnico entregue la información necesaria para establecer el límite máximo de captura correspondiente al periodo completo.

Aplican medidas para proteger el recurso marino

El régimen provisional también conserva medidas de ordenamiento destinadas a evitar una afectación de la población de merluza. Entre ellas se encuentra la restricción de las operaciones pesqueras al sur de los 7 grados de latitud sur, zona donde no estará permitida la actividad extractiva.

Además, las embarcaciones autorizadas deberán contar obligatoriamente con el sistema de seguimiento satelital. La regulación contempla también la suspensión de las faenas cuando la captura incidental de ejemplares juveniles supere los límites establecidos.

Imarpe realizará seguimiento durante la temporada

Produce indicó que el Imarpe continuará con el monitoreo permanente de los principales indicadores biológicos y pesqueros relacionados con la merluza. Los resultados de estas evaluaciones permitirán determinar si son necesarias nuevas acciones de conservación.

El seguimiento técnico también servirá para analizar posibles ajustes a la cuota de captura mientras se encuentre vigente el régimen provisional de pesca 2026-2027. De esta manera, las decisiones posteriores dependerán de la evolución del recurso y de la información científica disponible.

Pesca de anchoveta se reanudará el 1 de julio

El Ministerio de la Producción informó que la segunda temporada de pesca de anchoveta y anchoveta blanca en el sur del país iniciará el próximo 1 de julio y se mantendrá vigente hasta el 31 de diciembre. Sin embargo, la campaña podría concluir antes si se alcanza la cuota máxima de extracción autorizada.

La disposición fue establecida mediante la Resolución Ministerial N° 000185-2026-PRODUCE, publicada en el Diario Oficial El Peruano, y abarca el espacio marítimo comprendido desde los 16° de latitud sur hasta el límite austral del dominio marítimo peruano.

Para este periodo se aprobó un Límite Máximo Total de Captura Permisible (LMTCP) de 251.000 toneladas de anchoveta destinada al consumo humano indirecto. Esta cifra podría ser ajustada si los reportes técnicos del Instituto del Mar del Perú (Imarpe) determinan cambios vinculados al estado biológico del recurso, la actividad pesquera o las condiciones ambientales.

El volumen autorizado representa el 50% de la cuota anual correspondiente al stock sur, establecida en 502.000 toneladas. Según el Imarpe, esta decisión responde a una estrategia de manejo preventivo ante la presencia de ejemplares juveniles y el impacto de las condiciones oceanográficas relacionadas con el fenómeno de El Niño.

Produce señaló que las operaciones deberán cumplir con las normas de conservación y las reglas vigentes para garantizar la sostenibilidad del recurso. En paralelo, el Imarpe continuará con el seguimiento de la biomasa para evaluar la evolución de la temporada pesquera.

Según explicó Luis Icochea, exdirector del Instituto del Mar del Perú (IMARPE), el país atraviesa actualmente uno de los períodos de cambios más bruscos en las condiciones oceánicas. Estas variaciones no solo impactan a los peces de interés comercial, sino también a las aves marinas que dependen de ellos para alimentarse.

Los efectos del calentamiento del mar ya son visibles en distintas zonas de la costa peruana. Mientras algunas especies migran hacia aguas más profundas o cambian de ubicación, pescadores artesanales e industriales enfrentan mayores dificultades para encontrar los recursos que normalmente sustentan su actividad.

Pesca artesanal en alerta: cambios en la distribución de especies marinas

El calentamiento del mar obliga a numerosas especies a modificar sus hábitos y profundizarse en busca de condiciones más favorables. Esta situación afecta especialmente a la pesca artesanal, cuyos métodos y embarcaciones suelen estar diseñados para operar en zonas más superficiales.

De acuerdo con Icochea, los pescadores artesanales tendrán que adaptar sus aparejos y estrategias para seguir accediendo a los recursos marinos. Aunque algunas especies continúan acercándose a la costa, muchas permanecen a mayores profundidades, lo que dificulta su captura.

El especialista señaló que ya existen experiencias en el norte del país donde los pescadores están encontrando alternativas ante estas variaciones. Sin embargo, advirtió que el proceso de adaptación puede resultar complejo si las condiciones cálidas se mantienen durante un período prolongado.

La anchoveta, principal recurso pesquero del Perú, es una de las especies más sensibles a estos cambios. Icochea precisó que no desaparece del ecosistema, sino que se vuelve menos accesible para las técnicas tradicionales de pesca debido a que modifica su distribución vertical en la columna de agua.

Calor oceánico abre paso a especies ecuatorianas en Perú

Para Icochea, la pota se mantiene como una alternativa “por ahora”, aunque con una distribución variable. “Sigue en muchas zonas ahorita, pero está cambiando su distribución”, explicó, y dio un ejemplo puntual: “Hasta hace cinco días había cerca a Matarani. Ayer ha estado un poco más al sur, cerca a Ilo”.

El exdirector de IMARPE atribuyó esa capacidad de permanencia a la adaptación del recurso: “La pota es una alternativa por ahora y la pota se adapta a los cambios más bruscos”. Ese comportamiento, sin embargo, también exige seguimiento constante, porque lo que un día está disponible frente a un puerto, al siguiente puede desplazarse decenas de kilómetros.

Asimismo, comienzan a registrarse especies poco habituales en aguas peruanas. Un caso destacado es el tamboril, observado recientemente en la zona de Sechura. Según Icochea, esta especie es común en Ecuador y su presencia en el litoral peruano evidencia cómo el calentamiento del mar favorece el desplazamiento de organismos hacia nuevas áreas.

Cientos de piqueros de patas azules muertos en la costa de Tumbes por falta de alimento

Uno de los indicadores más llamativos de los cambios que experimenta el ecosistema marino es la muerte de cientos de piqueros de patas azules en la costa de Tumbes. Estas aves, conocidas por habitar principalmente en las islas Galápagos, han sido observadas debilitadas y sin capacidad para alimentarse adecuadamente.

La causa estaría relacionada con el calentamiento del mar. Los peces pequeños que constituyen la base de su dieta han descendido a profundidades mayores, entre diez y doce metros, fuera del alcance habitual de estas aves marinas, que capturan a sus presas mediante clavados relativamente superficiales.

Como consecuencia, numerosos ejemplares llegan exhaustos a desembarcaderos y playas en busca de alimento. Muchos permanecen inmóviles durante horas debido al desgaste físico provocado por los intentos fallidos de pesca.

Especialistas consideran que este fenómeno es una señal temprana de las alteraciones ecológicas asociadas a El Niño. Además de afectar a las aves marinas, la reducción de alimento disponible podría generar impactos en otras especies y reflejar desequilibrios más amplios dentro de la cadena alimenticia del ecosistema costero peruano.

El próximo 29 de junio, el puerto del Callao se convertirá en escenario de una de las celebraciones religiosas y culturales más emblemáticas del litoral peruano. Más de cien embarcaciones pesqueras recorrerán el mar chalaco en homenaje a San Pedro y San Pablo, una tradición que reúne a la comunidad pesquera, autoridades y familias en torno a la fe y la memoria de quienes dedican su vida al mar.

La jornada comenzará a las 10 de la mañana con una solemne misa en la explanada del Muelle de Pescadores de Puerto Nuevo. El acto religioso será presidido por el gobernador regional del Callao, Ciro Castillo Rojo, acompañado de autoridades regionales, representantes de la comunidad pesquera y fieles que mantienen viva esta costumbre año tras año. Esta festividad es reconocida como la más importante del primer puerto y forma parte del calendario tradicional del Callao.

Procesión marítima y reconocimiento a los pescadores

Después de la eucaristía, las autoridades y dirigentes de la Hermandad de San Pedro encabezarán un acto protocolar por el Día del Pescador. En este espacio, se rendirá homenaje a hombres y mujeres vinculados a la pesca, actividad considerada fundamental para el desarrollo económico nacional. La procesión marítima marca el momento más esperado del evento: la imagen sagrada de San Pedro será llevada al muelle y embarcada para recorrer las aguas del litoral, escoltada por una flota de cerca de 100 embarcaciones engalanadas con banderas, flores y símbolos religiosos.

Este desfile marítimo representa un símbolo de unión entre fe, cultura y el trabajo de la comunidad pesquera. Durante el recorrido, los participantes expresan su respeto por el mar y por quienes han forjado su vida en torno a esta actividad. El evento convoca a familias completas y visitantes que buscan presenciar la colorida travesía de las embarcaciones y participar en el festival artístico previsto para el cierre de la jornada.

Tradición, cultura y devoción en el mar chalaco

La festividad de San Pedro y San Pablo refleja la profunda devoción de los pescadores del Callao y su conexión histórica con el océano. Cada año, la cita reúne a los principales actores del sector pesquero, autoridades civiles y devotos en un encuentro que trasciende lo religioso para convertirse en una manifestación cultural de alcance regional. El gobierno regional del Callao ha destacado la relevancia de esta celebración al anunciar la realización de actividades complementarias, como presentaciones artísticas y espacios de convivencia familiar.

La procesión marítima del 29 de junio no solo refuerza los lazos de identidad local, sino que también promueve el reconocimiento a la labor de quienes enfrentan diariamente los desafíos del mar. Para muchos participantes, la festividad representa un momento de esperanza y gratitud, en el que la comunidad se une para honrar a sus patronos y preservar una herencia cultural que perdura a lo largo de generaciones.

Feriado del 29 de junio

Sí, el 29 de junio es feriado nacional en el Perú debido a la festividad religiosa de San Pedro y San Pablo. Esta fecha rinde homenaje a los dos apóstoles considerados columnas de la Iglesia Católica y coincide históricamente con la celebración del Día del Pescador, una jornada donde las comunidades costeras y portuarias rinden tributo a San Pedro como su santo patrón. El descanso laboral aplica de forma obligatoria tanto para el sector público como para el sector privado en todo el territorio peruano, permitiendo un espacio para el fervor religioso y el turismo interno.

Para los trabajadores, este feriado calendario en el Perú tiene un impacto directo en sus beneficios laborales según las normas de la Sunafil. Aquellos que descansen este día percibirán su remuneración ordinaria de forma habitual, mientras que los empleados del régimen privado que deban trabajar sin descanso sustitutorio posterior recibirán un pago triple por el día laborado. Esta disposición legal busca garantizar los derechos de los colaboradores durante las festividades oficiales del calendario peruano.

Cada vez que un evento extremo como El Niño o una ola de calor marina golpea nuestras costas, la noticia suele centrarse en las pérdidas: aves y lobos marinos que abandonan sus colonias, peces que cambian de distribución, mortandades de organismos y pesquerías afectadas. Sin embargo, detrás de estas crisis existe una pregunta fundamental: ¿qué permite que los ecosistemas marinos se recuperen después de un disturbio tan severo?

Una parte importante de la respuesta está en las reservas marinas y en las áreas donde la extracción de recursos está restringida o prohibida. Estos espacios funcionan como verdaderos “fondos de ahorro”, capaces de mantener poblaciones saludables y resilientes que pueden contribuir a la recuperación de ecosistemas después de eventos climáticos extremos. Cuando una población de peces o invertebrados está sometida a una intensa presión pesquera durante muchos años, los individuos grandes y más longevos suelen desaparecer primero. Esto tiene consecuencias que van mucho más allá de la reducción del número de animales. Los individuos de mayor tamaño suelen producir más huevos y larvas, y muchas veces generan descendencia de mejor calidad y con mayores probabilidades de sobrevivir. En una reserva marina, donde estos organismos pueden crecer y reproducirse sin perturbaciones, se conserva ese potencial reproductivo que resulta esencial para la recuperación de las poblaciones tras una crisis ambiental.

Diversos estudios alrededor del mundo han demostrado que —bajo condiciones climáticas normales— áreas protegidas sin pesca albergan peces más grandes, más abundantes y con una capacidad reproductiva superior a la de zonas explotadas. Después de una ola de calor marina o de un evento de El Niño, estas poblaciones pueden actuar como fuentes de larvas y juveniles que recolonizan áreas afectadas. En otras palabras, las reservas no solo protegen a las especies dentro de sus límites; también pueden beneficiar a ecosistemas vecinos y contribuir a la sostenibilidad de las pesquerías.

Este principio también aplica a numerosos invertebrados marinos. Erizos, moluscos, langostas y otros organismos bentónicos cumplen funciones ecológicas esenciales en los fondos marinos. Cuando sus poblaciones se mantienen saludables dentro de áreas protegidas, aumentan las probabilidades de que los ecosistemas recuperen su estructura y funcionamiento después de perturbaciones climáticas. La presencia de poblaciones reproductoras robustas puede acelerar la recolonización de hábitats degradados y favorecer la estabilidad ecológica a largo plazo. Pero la recuperación marina no depende únicamente de una especie. Los ecosistemas son redes complejas de interacciones. Un depredador superior influye sobre las poblaciones de sus presas; los herbívoros controlan el crecimiento de algas; los invertebrados modifican la estructura del fondo marino. Cuando estas relaciones ecológicas permanecen intactas, los ecosistemas suelen responder mejor frente a cambios ambientales abruptos.

Las aves marinas ofrecen un ejemplo particularmente ilustrativo. Especies como los pelícanos, piqueros, cormoranes o el pingüino de Humboldt dependen de la disponibilidad de peces pequeños para alimentar a sus crías. Durante eventos de El Niño, el calentamiento del océano puede reducir la productividad marina y desplazar los cardúmenes a mayores profundidades o distancias. Como consecuencia, muchas aves disminuyen su reproducción o incluso abandonan sus intentos de crianza. Sin embargo, cuando existen áreas donde las poblaciones de peces se mantienen saludables y la estructura ecológica del ecosistema permanece relativamente intacta, las probabilidades de recuperación aumentan. La protección de hábitats clave para peces puede contribuir indirectamente a la conservación de aves marinas y otros depredadores superiores. De esta manera, las reservas marinas ayudan a sostener no solo especies individuales, sino también las conexiones ecológicas que hacen posible el funcionamiento del ecosistema.

La importancia de estas áreas protegidas adquiere una nueva dimensión en el contexto del cambio climático. Los científicos proyectan que las olas de calor marinas serán cada vez más frecuentes, intensas y prolongadas durante las próximas décadas. Aunque las reservas marinas no pueden evitar el calentamiento del océano, sí pueden reducir otras presiones humanas, aumentando la capacidad de resistencia y recuperación de las especies.

Por ello, proteger de forma eficaz las reservas marinas de actividades de alto impacto, como la pesca industrial, debe entenderse como una inversión estratégica para el futuro. Son espacios donde hay mayor probabilidad que la naturaleza conserve su capacidad de regeneración, donde las especies pueden alcanzar tamaños reproductivos óptimos y donde las relaciones ecológicas esenciales permanecen activas. En un océano sometido a crecientes desafíos climáticos, estos refugios representan una de las herramientas más efectivas para fortalecer la resiliencia de la vida marina. La pregunta ya no es si necesitamos reservas marinas para enfrentar un clima cambiante. La evidencia científica indica que son una pieza clave de la solución. El verdadero desafío es garantizar que sean suficientemente amplias, tengan medidas de protección adecuadas, estén bien gestionadas y conectadas entre sí para que puedan cumplir plenamente su papel como motores de recuperación de nuestros ecosistemas marinos.

El litoral peruano atraviesa una coyuntura crítica. La Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN), confirmó en su Comunicado Oficial N.° 11-2026 del 15 de junio que el Niño Costero se prolongará hasta el verano de 2027, con alta probabilidad de magnitud fuerte entre junio y septiembre y moderada hacia fin de año. En el Pacífico central, la región Niño 3.4 muestra condiciones que podrían extender el evento hasta marzo de 2027, con una probabilidad significativa de alcanzar magnitud fuerte hacia noviembre y diciembre. La coincidencia con el cambio de gobierno convierte este fenómeno en un desafío político e institucional de primer orden.

La primera temporada de pesca de anchoveta resultó desfavorable y la segunda se presenta incierta. El calentamiento del mar ha desplazado al stock norte-centro fuera del alcance de la flota industrial, elevando costos y reduciendo capturas. La anchoveta migra hacia el sur y se dispersa verticalmente, lo que ha llevado a PRODUCE e IMARPE a suspender faenas para proteger la biomasa juvenil. Al mismo tiempo, la pesca artesanal enfrenta la dispersión de la pota hacia aguas más profundas y lejanas, encareciendo las operaciones y exponiendo a los pescadores a competir con flotas extranjeras. No obstante, especies como el perico y el bonito prosperan en aguas cálidas y podrían convertirse en válvulas de escape socioeconómicas, siempre que se cumpla con regulaciones de talla mínima y control sanitario. El verdadero reto es evitar la saturación de desembarcaderos y la caída de precios en playa.

El impacto no se limita a la pesca. El ENFEN prevé temperaturas por encima de lo normal y lluvias intensas entre septiembre y abril, lo que implica inundaciones en la costa norte, pérdida de cultivos y ciudades colapsadas, mientras la sierra sur enfrentará un déficit hídrico que podría llegar al 75 %. El informe de Macroconsult precisa que el PBI agrícola podría caer entre -3.5 % y -6.1 % en un escenario fuerte o extremo, y que el PBI pesquero se contraería entre -22 % y -33.9 %. La brecha financiera es alarmante. Sectores como MIDAGRI y la Autoridad Nacional del Agua carecen de fondos para intervenir los 1,400 puntos críticos identificados, lo que compromete seriamente la capacidad de respuesta.

El transporte y la infraestructura están en riesgo. El Ministerio de Economía y Finanzas estima pérdidas de hasta S/ 42 mil millones si no se actúa de inmediato. Puentes modulares, descolmatación de ríos y protección de servicios públicos figuran entre las intervenciones prioritarias, aunque muchas aún no cuentan con presupuesto. Los 120 días entre julio y octubre serán decisivos. El informe de la Presidencia del Consejo de Ministros y del MEF recomienda concentrar esfuerzos en la limpieza de cauces, la protección de servicios públicos y el seguimiento financiero de las metas para asegurar que cada sol asignado se traduzca en protección real.

Más que el propio Niño, lo que amenaza al país es la parálisis institucional. El cambio de gobierno del 28 de julio detendrá al Estado en pleno desarrollo del fenómeno, justo cuando se requiere capacidad de respuesta. La transferencia de mando debería contemplar un traslape de autoridades y la conformación de comités técnicos que aseguren continuidad en sectores clave como Vivienda, Agricultura, Producción e Infraestructura. El reciente informe de Macroconsult advierte que la manera en que se enfrente el Fenómeno El Niño será un indicador decisivo del rumbo del nuevo gobierno, junto con la gestión de la protesta social. La gobernabilidad precaria que se proyecta para los próximos meses hace aún más urgente que este desafío se aborde con criterio político y técnico.

El Niño 2026-2027 no puede quedar al garete. La evidencia científica ya está sobre la mesa y el ENFEN ha confirmado un evento fuerte y prolongado. La economía advierte pérdidas millonarias y los pescadores y agricultores sienten los efectos en carne propia. El verdadero reto es político. Gobernanza, financiamiento y ejecución oportuna son condiciones indispensables para evitar que la historia se repita. Cada vez que el país improvisa frente al Niño, el costo es más alto. Con el cambio de gobierno en puerta, el Perú tiene la obligación de demostrar que puede enfrentar el fenómeno con seriedad, continuidad y visión de largo plazo.

Fuentes

• Comisión Multisectorial ENFEN, Comunicado Oficial N.° 11-2026, 15 de junio de 2026.
• Francisco J. Miranda Ávalos, Entre la Alerta del ENFEN y la Brecha Financiera, Oannes, 19 de junio de 2026.
• Presidencia del Consejo de Ministros y Ministerio de Economía y Finanzas, Estado situacional y acciones ante el Fenómeno El Niño, junio de 2026.
• Macroconsult, Reunión Macroconsult, 19 de junio de 2026.

Lima experimenta un invierno atípico mientras el fenómeno de El Niño se fortalece. La ciudad, habitualmente fría y gris durante esta estación, enfrenta temperaturas elevadas y una inusual presencia de sol, según informó NPR. Científicos advierten sobre la posible llegada de un evento climático de magnitud extraordinaria al que ya denominan “Godzilla El Niño”, con amplias repercusiones en el clima mundial.

La capital de Perú, ubicada junto al océano Pacífico, suele mantener un clima estable por la influencia de la corriente de Humboldt. Este fenómeno genera una atmósfera predecible, con temperaturas promedio de 18 °C (64 °F) durante el invierno y cielos persistentemente cubiertos. Según reportó NPR, este año la situación cambió de forma abrupta debido a una masa de agua cálida proveniente del Pacífico occidental.

De acuerdo con la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos (NOAA), existe una probabilidad del 63% de que se desarrolle un El Niño “muy fuerte” entre noviembre y enero. Severine Fournier, investigadora de la NASA, explicó a NPR que este fenómeno podría extenderse hasta 2027 y provocar alteraciones climáticas desde el sudeste asiático hasta el noroeste de América. “El calentamiento del mar es sorprendente”, declaró Fabricia Laura, residente de Lima, tras disfrutar de las playas sin necesidad de traje de neopreno, algo inusual en el inicio del invierno austral.

Las autoridades peruanas y la comunidad científica coinciden en que el impacto de El Niño puede sentirse de manera especial en la región. “Las aguas cálidas se están acumulando en la costa peruana, intensificando El Niño”, señaló Fournier. NPR detalló que la combinación entre el fenómeno y el cambio climático global está amplificando los efectos, con riesgos de inundaciones en Perú, huracanes en el Pacífico central, sequías en Australia y el norte de África, y olas de calor en América del Norte y Europa.

La industria pesquera y la economía en alerta

El sector de la pesca de anchoveta, uno de los más grandes del mundo, ya sufre consecuencias. Según NPR, Perú aporta cerca del 40% de la harina de pescado utilizada globalmente en la alimentación animal y la acuicultura. La suspensión temporal de la pesca, anunciada por el gobierno el 11 de junio, busca proteger los recursos ante la disminución de los bancos de anchoveta, que podrían haberse desplazado a zonas más frías y profundas.

El fenómeno también genera preocupación internacional. En los Estados Unidos, el incremento de lluvias podría beneficiar a los agricultores afectados por la sequía, aunque existe el riesgo de inundaciones y cosechas deterioradas. Fournier precisó a NPR que “todo apunta a un El Niño”, aunque su intensidad récord dependerá de la evolución en los próximos meses.

Un fenómeno en evolución y vigilancia constante

Especialistas de la NOAA y la NASA mantienen una vigilancia estricta sobre la evolución de El Niño. Las proyecciones sugieren que el fenómeno podría transformar los patrones climáticos globales y afectar la seguridad alimentaria en distintos continentes. El impacto en la economía mundial se suma a las tensiones generadas por conflictos internacionales, según lo analizado por NPR.

La comunidad científica recomienda monitorear los próximos meses para determinar si este evento alcanzará el nivel histórico anticipado. Las autoridades peruanas continúan adoptando medidas para mitigar los efectos, mientras la población observa con atención los cambios en el clima y el mar.

Entre enero y abril del 2026, las exportaciones peruanas de alimentos del sector pesca hacia Asia Oriental sumaron US$ 342 millones 3 mil, cifra que representa un incremento de 1,9% respecto al mismo periodo del año anterior, según informó la Asociación de Exportadores (ADEX).

El crecimiento estuvo impulsado especialmente por el aumento en el volumen de envíos y la alta demanda en el mercado chino.

La pota congelada domina el mercado asiático

La pota congelada fue el producto líder en el portafolio exportador, con despachos por US$ 165 millones 853 mil, equivalentes al 48,5% del total enviado a la región.

En segundo lugar se ubicaron las jibias y calamares preparados o conservados, que alcanzaron US$ 72 millones 230 mil y representaron el 21,1% de las exportaciones.

El ranking continuó con los hígados, huevas y lechas de pescado congelados (US$ 57 millones 234 mil), langostinos enteros congelados (US$ 16 millones 64 mil), hígados y huevas preparados (US$ 9 millones 915 mil) y colas de langostino congeladas (US$ 4 millones 840 mil).

China y Corea del Sur, los destinos principales

Durante el primer cuatrimestre del año, China se consolidó como el principal destino de los alimentos pesqueros peruanos en Asia Oriental, con envíos por US$ 219 millones 868 mil.

Esto significó un crecimiento del 14,4% respecto al año anterior y representó el 64,3% del total exportado al bloque. Le siguieron Corea del Sur (US$ 78 millones), Japón (US$ 32 millones 364 mil) y Taiwán (US$ 9 millones 770 mil).

La gerenta de Servicios e Industrias Extractivas de ADEX, Lucía Rodríguez Zunino, destacó que el volumen exportado entre enero y abril alcanzó las 127.707 toneladas, superior en 88,3% a las 67.825 toneladas registradas en el mismo periodo de 2025.

China lideró también este indicador con 90.364 toneladas, equivalentes al 70,8% de los envíos, seguida de Corea del Sur y Japón.

Tendencias y retos en el mercado asiático

El informe de tendencias del CIEN-ADEX señaló que, en 2025, las exportaciones peruanas de alimentos pesqueros a Asia Oriental sumaron US$ 1.150 millones 800 mil, lo que representó el 51,5% del valor global exportado por el Perú en esta categoría. En ese año, China concentró el 60% de los envíos a la región.

Asia Oriental, conformada por economías como China, Corea del Sur, Japón y Taiwán, concentra el 24,2% de las importaciones mundiales de alimentos pesqueros.

La demanda en la subregión sigue creciendo, impulsada por la preferencia por insumos saludables, productos congelados y opciones listas para consumir.

El informe también advirtió sobre una mayor exigencia en materia de trazabilidad, inocuidad y calidad, además de cambios demográficos en países como China, Japón y Corea del Sur que favorecen el consumo de productos prácticos y ricos en valor nutricional.

Exportaciones diversificadas y oportunidades

De acuerdo con el gremio exportador, el desempeño exportador de la pesca peruana hacia Asia Oriental evidencia la relevancia del bloque como socio comercial estratégico.

Casi la mitad de los envíos corresponde a pota congelada, aunque el portafolio se diversifica con jibias, calamares, langostinos y derivados de pescado.

El reto para el sector está en adaptarse a los estándares internacionales y aprovechar las tendencias de consumo que favorecen los alimentos saludables y de alto valor agregado.

El 63,1% de la flota “potera” que, bajo bandera argentina, pesca calamar dentro de la Zona Económica Exclusiva de Argentina (ZEEA) -el área marina hasta 200 millas desde la costa continental conocida como “Mar Argentino”- es propiedad de empresas chinas, precisa un reporte que profundizó y extendió los hallazgos de una investigación internacional realizada en 2024 sobre el dominio chino de los mares del mundo mediante su “flota de aguas distantes”.

Lo novedoso del reporte, titulado “China y el control de la pesca dentro de la ZEE Argentina”, de Milko Schvartzman, investigador en pesca ilegal y conservación marina, en base a observaciones satelitales de Global Fishing Watch y la traducción de documentos del gobierno y provincias chinas, es que precisa que 53 de los 84 buques “poteros” (especializados en la pesca de calamar) que capturan esa especie bajo pabellón nacional dentro del Mar Argentino tienen como dueños o “beneficiarios finales” a empresas chinas, y que confirma un secreto a voces del sector pesquero: las empresas “embanderadas” pero propiedad de corporaciones chinas, cuentan con subsidios encubiertos de Beijing, lo que les otorga ventaja en sus ventas al gigante asiático en un claro caso de competencia desleal.

Debe tenerse en cuenta que China es el principal consumidor e importador mundial de calamar y que en abril la venta de “calamares y potas” explicó el 12% de las exportaciones argentinas a ese país, casi igualando el porcentaje de las de carne vacuna (13%).

El calamar es la especie más buscada por la flota china, en particular en el “agujero azul” del Mar Argentino. Por ser una especie fotosensible, la pesca de noche. De ahí la luminosidad nocturna en la “Milla 201″, tan notable que fue captada desde la luna por fotos de la Mision Artemis II.

Schvartzman agrega que más de la mitad de la flota de pesca de calamar argentina se encuentra bajo el control de cinco corporaciones de pesca del gigante asiático: Shanghai Fisheries Group Co. Ltd. (estado provincial), Zhejiang Ocean Family Co. Ltd., Qingdao Haoyang Ocean Fishery Co. Ltd., Dalian Huafeng Aquatic Products Co. Ltd. y China National Fisheries Corporation (CNFC) que gozan de subsidios encubiertos del Estado chino.

Normativa china

El reporte muestra que, según la norma 260/200017 de la Administración General de Aduanas y el Ministerio de Agricultura de China, los productos capturados por empresas pesqueras chinas en aguas extranjeras se consideran “productos nacionales” y están exentos del pago de aranceles al ingresar a ese país.

Para la Aduana y el Ministerio de Agricultura de China los productos capturados por empresas pesqueras chinas en aguas extranjeras se consideran “productos nacionales”

En 2019 la Oficina de Desarrollo Oceánico de Weihai, provincia de Shandong, mencionaba textualmente que en los últimos años el número de embarcaciones pesqueras que faenan en alta mar en el Atlántico Sudoccidental “ha seguido aumentando y la producción de calamar ha seguido disminuyendo, pero existen abundantes recursos pesqueros en la Zona Económica Exclusiva Argentina de 200 millas náuticas. (...) bajo la modalidad de pesca cooperativa, y se ha explorado con éxito una nueva modalidad de cooperación en la pesca del calamar en aguas lejanas”.

Otra nota, en el sitio oficial del gobierno de Rongcheng, afirma: “este año, Bodelong Group Co. Ltd. adquirió la empresa argentina Patagonia Fishing S.A”, de la que Bodelong poseía el 95% de las acciones, y que gracias a eso "es la primera vez que los pesqueros de nuestra provincia ingresan a las aguas de las 200 millas náuticas de Argentina en la modalidad de pesca cooperativa, y exploran con éxito un nuevo esquema de cooperación en la pesca de calamar”.

Estrategia de apropiación y ventajas impositivas

Según Schvartzman, la apropiación del caladero de pesca argentino ha sido parte de un plan estratégico, que para la normativa china las embarcaciones continúan bajo nacionalidad china, su ingreso al caladero de Argentina es una autorización derivada de un acuerdo de cooperación y los productos capturados dentro de la ZEE Argentina son productos de origen chino.

Se trata, afirma, de competencia desigual y asimetría de mercado, teniendo en cuenta que más del 95% de la captura de pesca argentina se destina a la exportación. En 1997 el Ministerio de Finanzas chino dictó la norma 64/199720, que excluye del pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a productos pesqueros obtenidos en alta mar o por la flota pesquera que opere dentro de la jurisdicción marítima de otro país y cuyo beneficiario final esté registrado en China.

Así, los productos acuáticos (y sus procesados) “capturados por pesqueras chinas en alta mar o en aguas extranjeras de conformidad con los acuerdos pertinentes y devueltos a China para su venta” se consideran productos nacionales y están exentos de derechos de importación e impuesto al valor agregado relacionado con la importación.

Competencia desigual y asimetría de mercado, teniendo en cuenta que más del 95% de la captura de pesca argentina se destina a la exportación (Schvartzman)

El reporte muestra que el Informe Financiero de 2023 de la empresa Zhejiang Ocean Family Co. Ltd., que posee subsidiarias en Argentina y Kiribati y opera embarcaciones de bandera argentina, resalta la ventaja arancelaria de sus operaciones en Argentina.

De este modo, las empresas pesqueras de capitales chinos que operan en Argentina bajo una filial local y a través de embarcaciones con bandera argentina y bajo normas argentinas han estado enviando sus productos pesqueros a China exentas de impuestos aduaneros e IVA, mientras que las empresas registradas en Argentina y con embarcaciones bajo pabellón argentino pero cuyo capital controlante pertenecía a entidades locales o de otra nacionalidad han pagado estos impuestos para ingresar sus productos a China, principal destino de las exportaciones pesqueras argentinas.

“Para Argentina, el calamar es biológicamente argentino, legalmente extraído bajo permiso o cuota argentina y exportado desde puertos de Argentina, pero fiscalmente entra a las plantas de procesamiento de China como si hubiese sido pescado por un barco bajo bandera de China, en alta mar. Para la normativa de China, la pesca dentro de la ZEE de Argentina no es ‘importada’, es propia, y los productos capturados dentro del Mar Argentino son productos nacionales chinos. El arancel que aplica China a la importación de calamar congelado es del 12%, al que se le suma el IVA de importación de un 9%“, escribió Schvartzman. Eso configura una ventaja económica de un 21% para exportar a China, desde donde a su vez se los vende a otros mercados, donde, luego de procesamiento en China, nuevamente compite con productos argentinos.

Para la normativa de China, la pesca dentro de la ZEE de Argentina no es ‘importada’, es propia, y los productos capturados dentro del Mar Argentino son productos nacionales chinos

Subraya el autor, “las empresas pesqueras radicadas en Argentina bajo control de capitales argentinos u otra nacionalidad deben competir varias veces con un producto capturado en el mismo caladero pero subsidiado por China: por un lado dentro del marco de costos nacionales, por otro lado ante el principal mercado de exportación, y luego en otros mercados internacionales”.

Esta competencia desigual perjudica a las empresas de capitales nacionales argentinos y de otros países que mantienen filiales radicadas en Argentina, como pesqueras de capitales de Canadá, Corea del Sur, España, Estados Unidos y Noruega que han invertido en Argentina y deben competir bajo asimetrías de mercado con las empresas chinas radicadas en el país.

Este tipo de exención, enfatiza el trabajo, “es un subsidio con el cual se benefició la competencia desleal dentro del mercado argentino y afecta de manera ilegítima la competencia en el comercio internacional de productos pesqueros. Teniendo en cuenta que el calamar (Illex argentinus) es la segunda especie por volumen de captura global, el impacto en el comercio mundial es significativo”. De hecho, facilita a las empresas chinas desplazar a las empresas de capitales nacionales y de terceros países del Mar Argentino “en un proceso de completa extranjerización a manos de capitales estatales y privados de China”.

Expansión, fraude y pesca ilegal

Para dimensionar el subsidio encubierto, Schvartzman precisa que durante 2025 Argentina exportó calamar por 193.385 toneladas y un monto de USD 550 millones. China fue el principal destino, con 124.037 toneladas por USD 337 millones. En base a los datos de captura por embarcación de enero a abril de este año y asumiendo que las de bandera argentina pero propiedad china capturaron en proporción a su número de buques sobre el total de la flota y cuota de las ventas a China, eso implica ventas por USD 216 millones. Sobre esa cifra, una ventaja o subsidio encubierto del 21% (exención de tasas aduaneras e IVA) resulta en un beneficio “extra” de USD 45 millones respecto de sus competidores locales.

“Esta ventaja económica implica una distorsión de mercado que hace imposible la competencia legítima, inclinando la balanza y permitiendo a los capitales chinos tener un excedente que les permite absorber los altos costos operativos de los puertos argentinos (combustible, estiba, salarios gremiales, etc.) e incluso los impositivos (nacionales, provinciales y municipales), además de las retenciones (derechos de exportación) que fija la legislación argentina, costos que para un armador local independiente son determinantes”, dice el estudio.

De cara al futuro, nota el investigador, lo crucial es que con ese beneficio extra de USD 45 millones cada año las corporaciones estatales y privadas chinas “abanderadas” con pabellón argentino pueden seguir adquiriendo empresas argentinas, financiando la expansión de su flota abanderada dentro de la Zona Económica Exclusiva de la Argentina (ZEEA).

Un buque congelador potero como los que operan en el Mar Argentino puede tener un precio de mercado de entre USD 3 y 6 millones, dependiendo de su estado, características y antigüedad. Si se toma un valor medio de USD 4,5 millones, el subsidio del Estado chino a sus empresas basadas en Argentina permite comprar unas 10 embarcaciones industriales congeladoras por año. “Con este nivel de subsidio estatal, las empresas chinas necesitarán tan solo de 2 a 3 años para terminar de adquirir la totalidad de la flota de calamar nacional. Es imposible para los armadores locales competir con una diferencia de costos de más del 20%. De seguir el proceso de adquisición de la industria de pesca nacional argentina a través de subsidios del Estado chino, en menos de una década, la totalidad de la flota pesquera de Argentina estará en manos de China”, alerta el informe.

Con este nivel de subsidio estatal, las empresas chinas necesitarán tan solo de 2 a 3 años para terminar de adquirir la totalidad de la flota de calamar nacional

Milko Schvartzman

Además de los efectos económicos del status “cooperativo” de pesca china en Mar Argentino, el reporte también destaca que al menos el 15,5% de los beneficiarios finales/controlantes de la flota está vinculado a la pesca ilegal, algo que viola la Ley Federal de Pesca. Solo en 2025 y lo que va de 2026 ocurrieron al menos cuatro casos de embarcaciones bajo control de corporaciones de pesca chinas que realizaron pesca ilegal dentro de la ZEEA, en algunos casos bajo banderas de “conveniencia”, como la de Vanuatu, que ante esa información retiró el uso de su bandera a empresas chinas que operan en la Milla 201 y rápidamente se “reembanderaron” con pabellón de Tanzania.

“Si bien los pesqueros ilegales chinos fueron detectados y sancionados, no se ha realizado ningún tipo de protesta diplomática ante el Estado asiático, ni se ha investigado a los beneficiarios finales de estas embarcaciones para verificar que no estuvieran operando dentro de la ZEE de Argentina con permisos de pesca nacionales”, resalta Schvartzman.

El informe también documenta el fraude laboral mediante tripulaciones encubiertas y el fenómeno de “lavado biológico” en plantas de procesamiento en tierra, donde la captura regulada, legal, argentina es mezclada con pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) procedente de la “Milla 201”, vulnerando la trazabilidad internacional y exponiendo a todo el sector pesquero argentino al riesgo de sanciones comerciales.

Falta de controles, lavado biológico y violaciones laborales

El informe reseña que en 2006 el Consejo Federal Pesquero rechazó el pedido de otorgamiento de licencia de pesca a la China National Fisheries Corporation (CNFC), subordinada al Ministerio de Agricultura de China y vinculada directamente a las estructuras de control del Partido Comunista Chino, porque en marzo de 2005 la Prefectura Naval Argentina había capturado a un pesquero de su propiedad (Zhong Yuan Yu 1) realizando pesca ilegal dentro de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) argentina.

Sin embargo, en 2013, luego de la firma de un “Acuerdo Estratégico” con China, se dejó de exigir a los solicitantes el detalle de estructura societaria y vínculos corporativos y se olvidaron los antecedentes de pesca ilegal, otorgándole licencia para pescar en el Mar Argentino a los buques Ming Wang y Ming Yuan que habían sido rechazados ocho años antes debido a sus vínculos con la CNFC y la pesca ilegal en el Mar Argentino. Y la mala conducta continuó: en 2016 un buque (Lu Yan Yuan Yu 010) de la misma empresa, pero no autorizado a pescar en la ZEEA, fue detectado, intentó huir y fue finalmente hundido. Los tripulantes fueron auxiliados por la misma PNA y por los buques Zhong Yuan Yu 11 y Lu Yan Yuan Yu 016, de la misma CNFC, que también hacían pesca ilegal y tenían antecedentes de piratería pesquera (bajo bandera de Ghana), lo que no impidió que fueran visitados por el entonces embajador de China en la Argentina, en Puerto Madryn, donde fueron retenidos por un tiempo.

“Las tres embarcaciones pertenecían a empresas del mismo grupo corporativo estatal chino. El Lu Yan Yuan Yu 010 era propiedad de Shandong Yantai Marine Fisheries Co.; el Lu Yan Yuan Yu 016 pertenecía a China Yantai Marine Fisheries Co.; y el Zhong Yuan Yu 11 pertenecía a Zhong Yu Global Seafood. Todas subsidiarias de CNFC”, dice el reporte.

Otro caso notable es el de Shanghai Fishery Group (SFG), cuyos barcos Huali 8 (detenido mucho tiempo después en Indonesia), Hu Shun Yu 6, Hu Shun Yu 7 y Hu Shun Yu 8 hicieron pesca ilegal, pese a lo cual en enero de 2024 el actual gobierno argentino les permitió incorporar a su flota esos tres barcos para pescar en la ZEEA.

Otro aspecto controvertido del accionar de las pesqueras de propiedad final china pero “abanderadas” con pabellón argentino y que actúan en la ZEEA es lo que el informe llama “fraude operacional”, por falta de control sobre las tripulaciones. “Mediante una maniobra sistemática, estas empresas utilizan capitanes y oficiales de nacionalidad china en violación directa de la normativa nacional, la cual prohíbe estrictamente que ciudadanos extranjeros ocupen cargos de jerarquía en la flota local. Este fraude se ejecuta mediante la figura del personal ‘de firma’: se embarcan capitanes y oficiales argentinos que, en la práctica, viajan simplemente como pasajeros y perciben un salario sin prestar el servicio real. Su función es figurar como tripulación al mando para dar una fachada de legalidad. Una vez que la embarcación zarpa, el control real del barco es asumido por los ciudadanos chinos”, explica el reporte.

Como evidencia, el informe muestra el listado embarcado en un buque de Fenix International, filial local de Zhejiang Ocean Family Co. Ltd., que opera en el Mar Argentino. La lista incluye siete tripulantes chinos, todos con el mismo domicilio, Lima 355, a su vez sede en CABA de cinco pesqueras chinas, dijo Schvartzman a Infobae.

“Esto no ocurre en otros países, pasa aquí por falta de transparencia y de exigencia de información sobre el beneficiario final (propiedad corporativa) y laxitud de otorgamiento de permisos de pesca”, subrayó el investigador.

Otro perjuicio al sector pesquero local es que, al mezclar en las plantas de procesamiento chino las capturas en aguas internacionales con las realizadas por firmas chinas dentro del Mar Argentino del “Illex argentinus”, una denominación reconocida internacionalmente, se pierde la trazabilidad del producto y se compromete el prestigio de la denominación.

“Para un inspector de sanidad o un departamento de compras de un supermercado en España, Italia o Estados Unidos resulta técnicamente imposible descifrar qué porcentaje del calamar Illex argentinus fue pescado bajo las normas y controles, laborales, sanitarios y ambientales (vedas, cuotas y artes de pesca sustentables) de la Argentina, y qué porcentaje proviene de los buques que operan de manera depredatoria y con denuncias de abusos a los derechos humanos en la Milla 201. El calamar de la ZEE Argentina es utilizado en la práctica para blanquear los estándares del calamar obtenido mediante pesca Indnr”, describe el documento.

“En los últimos años se han documentado casos de abuso laboral, trata de personas a bordo de la flota de pesca de aguas distantes que opera en el Océano Atlántico Sur, especialmente la flota de bandera china”, dice el informe, que cita incidentes de muerte a bordo debido a maltratos, malnutrición o falta de tratamiento de enfermedades. “Si bien dentro de la ZEE de Argentina existen normativas y ciertos controles sobre el cumplimiento de los derechos laborales a bordo, la flota nacional no queda exenta de casos de violación a los Derechos Humanos”, dice un pasaje, y cita dos casos al respecto:

La muerte en 2021 del Jefe de Máquinas del potero Xin Shi Ji 89 (de Fenix International, la ya citada filial local de Zhejiang Ocean Family Co. Ltd.), Manuel Quiquinte, quien falleció por Covid a bordo del buque luego de que el capitán (o las autoridades en tierra de la empresa) no autorizaran su traslado a puerto para ser tratado. El capitán fue imputado por abandono de persona.

La denuncia por abusos y puesta en riesgo de vida humana en alta mar de dos tripulantes argentinos del buque Xin Shi Ji 28, de Zhejiang Ocean Family Co. Ltd., luego de que uno de ellos grabó con su celular el riesgoso traslado de un compañero enfermo en un cestillo hacia otro barco de la misma empresa, el Xin Shi Ji 91. Así lo describe el informe: “En una filmación de la maniobra, se muestra cómo el trabajador se golpea violentamente contra el casco de la embarcación. Tras la difusión del material, un oficial del buque confrontó a los marineros exigiéndoles borrar el video bajo amenazas de “graves consecuencias” a bordo y de impedirles volver a embarcar en el futuro. Los tripulantes cuestionaron que la empresa priorizó el ahorro de combustible y costos operativos por sobre la salud de un trabajador. Ante la situación, la madre de uno de los afectados radicó denuncia ante Prefectura Naval y el SOMU Puerto Madryn intervino presentando una denuncia formal contra el capitán del Xin Shi Ji 28 por amenazas y hostigamiento”.

Riesgos para el futuro y advertencias

La investigación subraya que la falta de controles, de transparencia y trazabilidad y la laxa aplicación de la Ley Federal de Pesca han permitido la competencia ilegítima, el fraude pesquero, abusos a tripulantes y que empresas chinas dueñas de embarcaciones con antecedentes de pesca ilegal operen en el Mar Argentino al punto de detentar hoy casi dos tercios de la flota pesquera de calamar nacional, gozando además de subsidios encubiertos de Beijing. “De continuar esta situación, en unos pocos años, el total de la flota pesquera en aguas nacionales será de capitales y control chinos”, advierte.

Al abrir el Gobierno, a través del Consejo Pesquero, la ampliación de licencias de pesca de calamar para 18 nuevas embarcaciones (a sumarse a las 84 existentes), si bien entre los requisitos se excluye a empresas con estructuras de capitales estatales, el proceso de licitación no incluye la exigencia de que los postulantes informen su estructura de capital y beneficiarios finales, el mismo error que permitió a las empresas chinas adueñarse ya de dos tercios del caladero nacional.

“De no corregirse la metodología de esta nueva licitación sobre el caladero argentino, no servirá más que para entregar lo último que queda de la captura de calamar dentro de la ZEE (Illex argentinus) a la flota de pesca INDNR de la ‘Milla 201’”, dice tersamente el informe.

Pescadores artesanales de Costa Rica podrían acceder a nuevas oportunidades económicas gracias al proyecto de ley para la Diversificación Sostenible de la Pesca Artesanal y su Integración al Turismo, presentado por la Fracción del Frente Amplio en la Asamblea Legislativa. La propuesta introduce las denominadas “licencias duales”, que permitirían a los titulares de licencias de pesca artesanal realizar actividades turísticas a bordo de sus mismas embarcaciones, sin modificar su actividad principal.

El proyecto de ley 25,620 plantea la adición de varios artículos a la Ley de Pesca y Acuicultura y a la Ley de Fomento del Turismo Rural Comunitario. El objetivo es crear una habilitación turística complementaria de pesca, gestionada por el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA) en coordinación con el Instituto Costarricense de Turismo (ICT). De aprobarse, los pescadores podrán ofrecer servicios turísticos en sus propias embarcaciones, ampliando las fuentes de ingreso y promoviendo alternativas sostenibles.

La iniciativa incorpora el artículo 79 ter a la legislación pesquera, donde se establece que el INCOPESCA, en coordinación con el ICT, otorgará la habilitación turística complementaria de pesca al titular de licencia comercial de pequeña o mediana escala que lo solicite, permitiendo así la operación dual y la diversificación de la actividad productiva. Esta medida busca fortalecer la economía de las comunidades costeras y mitigar el impacto de las vedas pesqueras, al permitir actividades turísticas durante esos periodos.

El diputado José María Villalta, impulsor del proyecto, destacó que la reforma tiene un enfoque territorial y responde a la necesidad de crear más y mejores empleos en las zonas costeras. “Con esta nueva iniciativa creamos más y mejores oportunidades de empleo en zonas costeras al permitir que las y los pescadores artesanales puedan ampliar las actividades productivas de sus embarcaciones”, afirmó Villalta en declaraciones recogidas por la bancada del Frente Amplio.

La propuesta considera que las embarcaciones registradas podrán brindar servicios turísticos durante todo el año, siempre que mantengan su actividad pesquera comercial. De acuerdo con el comunicado, esta habilitación permitirá a los pescadores mantener su acceso a los recursos marinos y, al mismo tiempo, participar en la industria turística, que representa un componente importante para la economía costarricense.

Villalta añadió que la reforma contribuirá al desarrollo sostenible de la pesca artesanal y permitirá a los pescadores diversificar su actividad durante las épocas de veda, facilitando la pesca de otras especies y el aprovechamiento de temporadas bajas para el turismo. “Esta reforma tiene enfoque territorial y contribuirá al desarrollo de la actividad pesquera sostenible. Además, las y los pescadores podrán realizar actividades turísticas durante épocas de veda, pudiendo recurrir a la pesca de otras especies”, subrayó el legislador.

El Frente Amplio sostiene que la iniciativa responde a demandas históricas de los pescadores artesanales, quienes han solicitado mayor flexibilidad y opciones para enfrentar la estacionalidad y las fluctuaciones del sector. El proyecto será debatido en comisiones antes de pasar a discusión en el plenario legislativo.

Con este planteamiento, la bancada del Frente Amplio busca establecer una herramienta legal que modernice la normativa pesquera y fortalezca la integración entre las actividades tradicionales y el turismo, en línea con los esfuerzos de desarrollo rural sostenible.

El Perú enfrenta nuevamente la fuerza de El Niño y sus efectos negativos sobre la productividad del mar. La decisión de suspender la primera temporada de pesca de anchoveta 2026 en la zona norte-centro no es un cierre definitivo, sino una pausa estratégica. El Ministerio de la Producción (PRODUCE) fijó una cuota máxima de 1,9 millones de toneladas —la más baja en una década—, pero solo se avanzó un 25% antes de la suspensión. La medida busca proteger la biomasa frente a la alta presencia de juveniles y condiciones oceanográficas cálidas.

El Comunicado Oficial ENFEN N° 11-2026 confirma que el Niño Costero se prolongará hasta el verano de 2027, con probabilidad de magnitud fuerte entre junio y septiembre, y moderada hasta diciembre. En paralelo, el Niño del Pacífico central se desarrollará hasta marzo de 2027, con mayor intensidad hacia fin de año. Las temperaturas del aire seguirán por encima de lo normal y las condiciones cálidas alterarán la distribución vertical y latitudinal de la anchoveta, además de favorecer la presencia inusual de especies oceánicas.

La suspensión golpea directamente a la pesca industrial, que depende de la anchoveta para producir harina y aceite de pescado, insumos clave para la industria de alimentos balanceados y la exportación. Al respecto, la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) advirtió que cualquier retraso o recorte en la primera temporada afecta el 1,5% del PBI nacional, ya que compromete divisas y pone en riesgo más de 250.000 empleos vinculados a la cadena productiva. No obstante, lo concreto es que de reanudarse las actividades en tanto no mejoren las condiciones oceanográficas, los barcos de pesca hallarán la anchoveta en zonas profundas, inaccesibles a los artes de pesca de cerco, o bien dentro de las primeros cinco millas donde también es inaccesible.

El impacto de este fenómeno no se limita sólo al sector pesquero, sino que también afecta a la agricultura pues enfrenta pérdidas por lluvias y calor extremo; la ganadería y la industria alimentaria sufren por el encarecimiento de insumos derivados de la anchoveta; y la infraestructura portuaria y vial se ve comprometida por oleajes y precipitaciones. El Niño, así, golpea transversalmente a la economía nacional.

Sin embargo, el panorama es distinto para la pesca artesanal. Aunque los cierres de puertos por oleajes anómalos afectan la continuidad del trabajo y la invasión de la jaiba morada, daña redes y depreda peces, El Niño también trae abundancia de especies de alto valor como atún, perico y bonito. Para los pescadores artesanales, esto representa una oportunidad de diversificación y acceso a mercados más rentables.

Para la pesca artesanal, El Niño puede abrir una ventana de diversificación y acceso a mercados de mayor valor. No se trata de contraponerla con la pesca industrial, sino de reconocer que mientras la industria se ve limitada por la suspensión de la anchoveta, la flota artesanal encuentra oportunidades en especies alternativas como el atún o el perico. El verdadero desafío está en convertir esa abundancia en desarrollo sostenible, lo que exige infraestructura adecuada y políticas de apoyo que permitan transformar la coyuntura en beneficio duradero para el país.

El problema es que la cadena de frío sigue siendo deficitaria y lo que podría colocarse en mercados de mayor valor termina quedando en circuitos locales a precios irrisorios. Sin infraestructura adecuada y apoyo técnico, esa oportunidad se desvanece. No obstante, con inversión en plantas de frío y buen transporte la pesca artesanal podría convertirse en un verdadero pilar de seguridad alimentaria y desarrollo regional.

El Niño es un fenómeno natural, pero moderar sus efectos depende de nuestra capacidad de respuesta y acción. Para la pesca industrial, la suspensión de la temporada es un golpe duro que amenaza divisas y empleo. Para la pesca artesanal, en cambio, puede abrir una ventana de oportunidad si se logra superar las limitaciones de infraestructura.

El Niño no distingue entre artesanal e industrial, afecta a todo el sector pesquero y más y, con ello, a la economía nacional. La diferencia está en que mientras la industria sufre las consecuencias de la suspensión de la temporada de pesca de la anchoveta y la incertidumbre de la reapertura, pues la sostenibilidad del recurso es la prioridad; la pesca artesanal, puede encontrar oportunidades en especies alternativas. El reto es que el Estado y el sector privado trabajen juntos para transformar esas oportunidades en desarrollo sostenible.

Las decisiones legislativas que se debaten actualmente en Perú y Chile sobre la pesca del calamar gigante (Dosidicus gigas), también conocido como pota, han encendido las alarmas entre los principales compradores internacionales de este recurso.

Procesadores, importadores y compradores agrupados en la Mesa Redonda Global sobre la Cadena de Suministro del Calamar han difundido una nota en la que advierten sobre los riesgos de aumentar el esfuerzo pesquero sin respaldo científico, lo que podría comprometer la sostenibilidad de la pesquería y la estabilidad futura del mercado.

Preocupación por los cambios legislativos en Perú y Chile

Los representantes de la Mesa Redonda Global del Calamar, participantes de la Sustainable Fisheries Partnership (SFP), señalaron que las reformas legislativas en discusión, como la Ley N.º 14212/2025-CR en Perú y el proyecto Boletín n.º 18.173-21 en Chile, podrían permitir el ingreso de nuevas embarcaciones y el regreso de la pesca de arrastre industrial en determinadas zonas.

De acuerdo con el comunicado, estas iniciativas no consideran evaluaciones científicas sólidas y podrían provocar un aumento significativo del esfuerzo pesquero, situación que incrementa la presión sobre el recurso y amenaza los avances logrados en materia de manejo responsable.

En el caso peruano, ka iniciativa -actualmente en comisión y aún sin pasar al Pleno-, plantea reabrir el acceso a permisos para embarcaciones artesanales no formalizadas en etapas anteriores, lo que permitiría regularizar más de 2.000 naves fuera del marco legal vigente.

Esta propuesta, impulsada por el congresista José Pazo Nunura y avalada con observaciones por el Ministerio de la Producción (PRODUCE), ha generado preocupación entre organismos técnicos y ambientales. Según advierten, facilitaría el ingreso de flota adicional en pesquerías como pota y perico, ambas actualmente al límite de explotación.

El Congreso extendió una semana más la legislatura y el proyecto podría ser incluido en la agenda en los próximos días, lo que mantiene en alerta a los actores del sector pesquero.

Un recurso clave con impacto social y económico

El calamar gigante es la principal pesquería de cefalópodos a nivel mundial y sustento de miles de pescadores, trabajadores, exportadores y procesadores en la región.

Según la Mesa Redonda, la estabilidad de la cadena de valor depende de la sostenibilidad a largo plazo del recurso y de una gestión pesquera que garantice tanto la seguridad alimentaria como el bienestar social de las comunidades costeras.

En los últimos años, Perú y Chile han implementado medidas que fortalecieron el control pesquero y promovieron el uso responsable del calamar gigante.

El comunicado destaca que estos avances se lograron gracias a la colaboración entre gestores pesqueros, institutos de investigación, organizaciones no gubernamentales y el propio sector pesquero. Sin embargo, el debate legislativo actual plantea un potencial retroceso.

En Perú, la propuesta de registrar 2.000 nuevos buques fuera del marco legal, sumados a los 3.500 ya formalizados, podría elevar la captura a niveles difíciles de sostener, especialmente cuando la pesquería ya ha alcanzado el 83% de la cuota de 2026.

Incertidumbre para el mercado internacional

Los compradores internacionales alertan que cualquier incremento del esfuerzo pesquero sin evaluación científica genera incertidumbre en toda la cadena de suministro.

Esto pone en riesgo la capacidad de mantener mercados estables y sostenibles, y podría afectar la demanda global de calamar gigante proveniente de Perú y Chile.

El comunicado enfatiza el apoyo de los compradores a los pescadores artesanales y a todos los actores que han promovido la gestión responsable en los últimos años, e insta a las autoridades a preservar las decisiones que han garantizado la sustentabilidad del recurso.

La Mesa Redonda Global sobre la Cadena de Suministro del Calamar concluyó que la sostenibilidad del calamar gigante es un objetivo compartido y que la protección de los avances alcanzados es clave para asegurar el futuro de la pesquería y la estabilidad de los medios de vida de miles de familias.

En su mensaje, los compradores internacionales reiteraron la importancia de evitar medidas que incrementen la presión sobre el recurso sin sustento científico y pidieron a las autoridades de Perú y Chile que mantengan el enfoque en la gestión responsable y la conservación a largo plazo.

El Consejo Federal Pesquero (CFP) confirmó el retiro definitivo del denominado “Procedimiento de Optimización Productiva de Merluza Común”, una propuesta impulsada por el Gobierno nacional que habilitaba la transferencia de cuotas de captura de merluza desde la flota fresquera hacia la flota congeladora. La iniciativa había despertado una fuerte oposición de distintos sectores vinculados a la actividad pesquera.

La decisión quedó plasmada en el Acta N° 15/2026 del organismo, donde se informa que, durante el tratamiento de las presentaciones realizadas por la CGT y la CGT Regional Mar del Plata-Batán, la Autoridad de Aplicación comunicó formalmente el retiro del proyecto. De esta manera, se puso fin a una discusión que había generado polémica en la cadena pesquera.

El esquema promovido por el Gobierno nacional contemplaba que los buques fresqueros que no utilizaran la totalidad de sus cuotas de captura resignaran esos volúmenes para integrarlos a un fondo común, que posteriormente podría ser asignado a embarcaciones congeladoras.

Desde distintos sectores se advirtió que esta modalidad favorecía a la pesca congeladora en detrimento de la actividad industrial desarrollada en tierra, especialmente en ciudades como Mar del Plata.

Desde la provincia de Buenos Aires, el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, aseguró que “Este es un logro de todos”, y consideró que la propuesta no solo contradecía el espíritu de la Ley Federal de Pesca, sino que también perjudicaba al entramado productivo provincial. “Además de ir en contra de la Ley de Pesca, este proyecto iba contra todo el sector”, remarcó.

“Asimetría “persisente”

La iniciativa había sido elaborada por la Dirección Nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera bajo el nombre de “Procedimiento de Optimización Productiva de Merluza Hubbsi”.. Sobre esa base, el Gobierno argumentaba la existencia de u Según el diagnóstico oficial que acompañaba el proyecto, entre 2010 y 2023 la flota fresquera habría acumulado unas 202.500 toneladas de cuota no capturada, mientras que la flota congeladora registraba necesidades operativas superiores a las cuotas originalmente asignadasna “asimetría persistente” en el aprovechamiento del recurso que justificaba una redistribución más estable.

¿En que consistía el proyecto del Gobierno Nacional?

Se proponía reemplazar el mecanismo vigente de cesiones temporales por un procedimiento de dos etapas con vigencia hasta 2039, cuando concluye el actual régimen de cuotificación. En una primera instancia se abriría un registro para que los buques congeladores interesados presentaran proyectos técnicos y económicos detallando el volumen requerido, el nivel de empleo comprometido, las descargas previstas en puertos argentinos y el cumplimiento de obligaciones laborales y fiscales. Posteriormente, el Consejo Federal Pesquero definiría la cantidad de toneladas a redistribuir y las condiciones de asignación.

La segunda etapa contemplaba la creación de un Fondo de Optimización Productiva dentro de la Reserva de Administración. Ese fondo se integraría con las toneladas que los titulares de buques fresqueros decidieran ceder de manera voluntaria e irrevocable hasta el final del período de cuotificación. Uno de los puntos más cuestionados era justamente que la cesión dejaría de ser anual para transformarse en una transferencia de largo plazo, lo que implicaba que quienes resignaran parte de sus cuotas perderían definitivamente ese volumen hasta 2039.

El proyecto también establecía una regla de distribución según la cual el 85% de las toneladas reasignadas quedaría para los congeladores beneficiarios y el 15% restante pasaría a conformar una reserva destinada exclusivamente a atender necesidades de la flota fresquera. De acuerdo con las proyecciones oficiales, el mecanismo podría movilizar entre 5.000 y 10.000 toneladas de merluza. Sin embargo, gremios, empresarios y gobiernos provinciales cuestionaron los datos utilizados para justificar la medida y alertaron sobre sus posibles consecuencias para el empleo y el agregado de valor en tierra.

Merluza, un recurso pesquero estratégico que enfrenta desafíos

La merluza común (Merluccius hubbsi) es el principal recurso pesquero de la Argentina y una de las especies más importantes para la economía nacional. Su explotación sostiene miles de puestos de trabajo en ciudades costeras, especialmente en Mar del Plata, donde la actividad pesquera y el procesamiento industrial dependen en gran medida de este recurso.

Además de su impacto laboral, la merluza representa más del 60% del consumo interno de pescado. Al mismo tiempo, junto con el langostino y el calamar, integra el grupo de especies que posicionan a la pesca como uno de los principales complejos exportadores del país.

El recurso enfrenta desafíos vinculados a la sobrepesca y la captura de ejemplares juveniles, por lo que el Consejo Federal Pesquero establece cuotas máximas de captura y regula la actividad para garantizar la sostenibilidad de una especie considerada estratégica para el empleo, el abastecimiento interno y la generación de divisas.

Autoridades de varias instituciones realizaron un operativo fluvial en el Parque Nacional Río Dulce para verificar el cumplimiento de los períodos de veda y la normativa pesquera vigente, con inspecciones a embarcaciones de pesca artesanal en Izabal. La intervención se desarrolló en el marco del Plan Control Protección de Vedas 2026.

Según informó este jueves el portal del Ministerio de Medio Ambiente, Agricultura y Alimentación (MAGA), la Delegación Regional del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), el operativo contó con acompañamiento técnico de la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura (DIPESCA), del MAGA y de la División de Protección a la Naturaleza (DIPRONA).

El operativo se desarrolló en el tramo comprendido entre el Castillo de San Felipe de Lara y la comunidad Las Brisas, dentro de la Zona de Uso Intensivo del área protegida, en el municipio de Livingston, departamento de Izabal.

Alcance de las inspecciones

Durante la jornada se realizaron recorridos de vigilancia en sectores fluviales y ribereños. También se inspeccionaron embarcaciones artesanales para revisar los aparejos utilizados y las especies capturadas, con el objetivo de constatar el cumplimiento de disposiciones legales y técnicas orientadas a la conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos pesqueros.

Este mes, el Ministerio de Agricultura de Guatemala fijó una veda de atún en el Pacífico oriental con dos períodos de restricción para la pesca de aleta amarilla, barrilete y patudo, según informó el MAGA.

La prohibición regirá del 6 de agosto al 8 de octubre de 2026 y del 9 de noviembre de 2026 al 11 de enero de 2027. El MAGA precisó que, durante las fechas de restricción, los buques cerqueros deberán suspender sus operaciones de pesca en las zonas delimitadas por la normativa.

El acuerdo abarca capturas de atún aleta amarilla, barrilete y patudo en el Pacífico oriental, de acuerdo con lo publicado en el diario oficial.

Motivos y marco legal de la restricción: La cartera de Agricultura explicó que la disposición responde a compromisos internacionales asumidos por Guatemala, orientados a la protección de especies altamente migratorias y a la sostenibilidad de la actividad pesquera.

La normativa advirtió que el incumplimiento se sancionará conforme la Ley General de Pesca y Acuicultura, con medidas que pueden incluir decomiso de aparejos y del producto pesquero en los casos que correspondan.

Los datos oficiales exponen que los beneficios de implementar vedas y proteger nuestros ecosistemas son fundamentales para el equilibrio del planeta. Asimismo, resultan cruciales para cuidar a las especies más vulnerables, defendiendo a las poblaciones en riesgo o peligro de extinción y enfocándose en la conservación de los entornos naturales que son vitales para evitar su desaparición.

Por otro lado, estas acciones funcionan como un escudo para blindar las áreas protegidas, poniendo a salvo las zonas marinas de cualquier impacto negativo o daño causado por actividades que se realizan fuera de ellas.

Al mismo tiempo, ayudan a fomentar el conocimiento y el ecoturismo, haciendo más comprensible el funcionamiento de estos entornos para impulsar la educación ambiental, la concienciación y el turismo responsable.

El Ministerio de la Producción oficializó este 11 de junio la suspensión de las actividades extractivas del recurso anchoveta y anchoveta blanca desde el extremo norte del dominio marítimo peruano hasta los 16º00’S.

La medida, publicada en el diario oficial El Peruano, responde a recomendaciones técnicas del Instituto del Mar del Perú (IMARPE) tras detectarse una alta presencia de ejemplares juveniles y condiciones ambientales desfavorables durante la Primera Temporada de Pesca 2026.

Reiteradas suspensiones marcan la campaña más baja en una década

La temporada de anchoveta 2026 arrancó bajo fuertes restricciones. El Ministerio de la Producción fijó una cuota máxima de 1 millón 914.049 toneladas, la más baja en diez años, afectada por el impacto del fenómeno El Niño Costero, según datos reportados por El Peruano y la agencia oficial.

En abril, la cartera ya había establecido suspensiones temporales de diez días en zonas estratégicas del litoral norte-centro, ante el aumento de capturas de ejemplares juveniles.

Entre el 24 de abril y el 3 de mayo, la pesca se detuvo en tramos específicos desde el extremo norte hasta los 16º00’S, dentro de las primeras 20 a 30 millas náuticas. Esta decisión se sustentó en informes técnicos del IMARPE, que advertían sobre la presencia de juveniles menores a la talla permitida y recomendaban reforzar el monitoreo científico.

Persisten los problemas: capturas, juveniles y biomasa

La reanudación de la pesca tras el primer periodo de veda no logró disminuir la incidencia de juveniles. El 12 de mayo, el Ministerio impuso una nueva suspensión de quince días, desde los 06° hasta los 14° de latitud sur, luego de que el IMARPE detectara eventos de enmallamiento superiores al 50% y una elevada proporción de ejemplares pequeños.

El reporte técnico del organismo científico reconoce: “Las medidas adoptadas no han sido suficientes para reducir la interacción de la flota con las concentraciones juveniles”.

Hasta el 3 de junio, el desembarque acumulado de anchoveta en la región norte-centro sumaba 471.111 toneladas, de las cuales el 51,6% en número correspondía a juveniles, según los datos oficiales. Esta cifra representa apenas el 24,6% de la cuota máxima autorizada para la temporada. El escaso avance de las capturas refleja el efecto combinado del calentamiento de las aguas y la sobreabundancia de ejemplares jóvenes.

Decisión basada en el enfoque precautorio: Cuando el mar no da, no da

La reciente Resolución Ministerial Nº 00162-2026-PRODUCE recoge las advertencias del IMARPE sobre la intensificación de condiciones cálidas y la vulnerabilidad del stock de anchoveta.

El documento oficial subraya la necesidad de aplicar un enfoque precautorio para proteger el reclutamiento y la renovación del stock norte-centro, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad de la pesquería.

La suspensión se mantendrá vigente hasta que el Ministerio de la Producción, en atención a nueva evidencia científica provista por el IMARPE, autorice su levantamiento total, parcial o progresivo mediante resolución viceministerial. Las investigaciones científicas que requieran embarcaciones deberán contar con autorización específica y plan de trabajo validado.

Repercusiones económicas y antecedentes de una temporada compleja

La situación actual marca un nuevo episodio en una campaña caracterizada por las restricciones y la baja productividad. La cuota establecida en 2026 es un 36% menor que la del año anterior, cuando ascendió a 3 millones de toneladas.

En 2023, la temporada fue cancelada por completo debido a la insuficiencia de biomasa reproductiva, también bajo la influencia del fenómeno El Niño.

El sector pesquero, que aporta entre 0,35% y 0,8% al PBI nacional, enfrenta incertidumbre ante la persistencia de factores climáticos adversos. La Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) ha advertido sobre la necesidad de acelerar los estudios científicos para preservar el recurso y los empleos relacionados.

Sanciones y cumplimiento bajo monitoreo estricto

El Ministerio recordó que el incumplimiento de la suspensión conlleva sanciones conforme a la Ley General de Pesca y su reglamento. La Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción coordina acciones de monitoreo, mientras la Marina de Guerra del Perú respalda el cumplimiento de la normativa en el ámbito marítimo.

La publicación oficial de la resolución y su difusión digital refuerzan el compromiso institucional con la transparencia y la preservación de los recursos hidrobiológicos, en un contexto de máxima vigilancia sobre la evolución de la biomasa y el desarrollo de la temporada pesquera.

La bancada de Fuerza Popular presiona para que se apruebe el polémico “REINFO pesquero” en la recta final del actual Congreso de la República.

Esta iniciativa legislativa, que busca modificar el marco de formalización para embarcaciones pesqueras, se discute mientras el país se mantiene pendiente del desenlace electoral y la pesquería de calamar gigante o pota llega al límite de su capacidad anual.

El proyecto de ley y su trasfondo

El Proyecto de Ley N.° 14212/2025-CR, conocido como “REINFO pesquero”, propone regularizar embarcaciones que, según denuncias, fueron construidas fuera del marco legal en astilleros clandestinos.

Esta propuesta, promovida por el partido liderado por Keiko Fujimori, obtuvo opinión favorable con observaciones del Ministerio de la Producción (PRODUCE). Diversos actores del sector pesquero han manifestado que la norma podría beneficiar a más de 2.000 barcos cuya construcción habría incumplido la normativa vigente.

Registros recientes difundidos en redes sociales por la congresista Maricruz Zeta Chunga, integrante de Fuerza Popular, junto a dirigentes que apoyan el proyecto, han evidenciado reuniones sostenidas en oficinas del Congreso.

El problema con la pesquería de pota

Mientras transcurren estas gestiones políticas, el Ministerio de la Producción informó mediante un comunicado que la cuota anual de captura de calamar gigante ya alcanza cerca del 90% de ejecución.

Este dato adquiere relevancia, ya que aún resta más de medio año para agotar el plazo de pesca autorizado, lo que indica que la actividad pesquera se acerca rápidamente a su límite legal.

La presidenta de la Sociedad Nacional de Pesca Artesanal del Perú (SONAPESCAL), Elsa Vega Pardo, advirtió sobre las contradicciones que atraviesa la política pesquera nacional.

“Resulta contradictorio que, mientras la pesquería de pota se ha convertido en una verdadera carrera olímpica, se pretenda dar una nueva oportunidad a embarcaciones que, bajo la norma vigente, debieron ser confiscadas y retiradas del sistema”, dijo.

Restricciones para la flota formal

Vega remarcó que la problemática no se limita a la legalización de embarcaciones fuera de norma. Cientos de barcos formalizados desde 2018 continúan enfrentando restricciones para extraer y desembarcar pota, a pesar de contar con los permisos correspondientes.

SONAPESCAL solicitó recientemente al Ministerio de la Producción que atienda la situación de la flota formal, integrada por pescadores que han demostrado operar históricamente sobre este recurso. Según la dirigente, el Estado optó por no responder y priorizó el avance del “REINFO pesquero”, lo que podría interpretarse como un incentivo para quienes incumplieron las reglas.

“Hoy cientos de embarcaciones formales enfrentan restricciones para extraer y desembarcar pota, pese a que existen desde el 2018. Desde SONAPESCAL se solicitó recientemente al Ministerio de la Producción atender la situación de embarcaciones formales y que demostraron haber operado en el recurso por años, sin embargo, han optado por no responder e intentan premiar a los que incumplieron las normas”, sostuvo Vega.

Debate sobre la legalidad y credibilidad institucional

El debate no solo involucra aspectos técnicos o económicos, sino que ha puesto en cuestión la credibilidad de las reglas establecidas por el propio Estado para el sector pesquero artesanal.

Diversos representantes del gremio consideran que la aprobación acelerada del “REINFO pesquero” en el cierre del Congreso podría interpretarse como un reconocimiento a la informalidad en detrimento de quienes apostaron por la legalidad.

Mientras Perú espera conocer la definición política que marcará el próximo gobierno, en el Congreso se mantiene la presión para que esta propuesta sea debatida y votada antes del cambio de legislatura.

La aprobación o rechazo del “REINFO pesquero” se perfila como un test para la coherencia y transparencia de la política pública en el sector pesquero.

La pesca incidental, conocida como bycatch, causa cada año la muerte de miles de especies marinas protegidas en aguas del Reino Unido, según el primer análisis nacional realizado por la organización ambiental Wildlife and Countryside Link (WCL). El estudio, citado por el periódico británico The Guardian, expone que delfines, ballenas, aves marinas, focas y tiburones quedan atrapados y mueren en redes y artes de pesca dirigidas a otras especies comerciales.

La investigación, titulada “Hidden in the haul: The true scale of bycatch”, estima que más de 1.000 marsopas y delfines comunes, al menos 10.000 aves marinas y cerca de 500 focas pierden la vida anualmente como resultado de la actividad pesquera. La cifra incluye también la muerte de seis ballenas jorobadas y 30 ballenas minke por enredos en sogas de pesca, así como la captura de más de 1.000 salmones atlánticos en peligro y unas 120 toneladas de tiburones, rayas y mantarrayas protegidas.

La organización advirtió que “el alcance de la destrucción que revela este informe es impactante, con animales muriendo de formas innecesarias y terribles”, según el director ejecutivo de la entidad, Richard Benwell, en declaraciones recogidas por The Guardian.

El reporte subraya que la magnitud real del bycatch podría ser mucho mayor, ya que solo una fracción de la flota pesquera británica monitorea este fenómeno. Por ejemplo, apenas el 0,05% de los barcos de dragado cuenta con sistemas de control, lo que limita la precisión de las estimaciones.

Artes de pesca y especies más afectadas

Entre los métodos de pesca analizados, las redes de enmalle representan el mayor riesgo para las aves marinas como frailecillos, alcatraces y araos, que quedan atrapados y mueren ahogados al sumergirse en busca de alimento. Según datos de BirdLife International, estas redes causan cerca de 400.000 muertes de aves marinas a nivel mundial cada año.

La pesca con redes de arrastre y el uso de sogas entre nasas en Escocia provocaron la muerte de ballenas y otras especies de gran tamaño. El informe enfatiza que los cetáceos muertos por bycatch son una de las razones por las que el Reino Unido no cumple sus obligaciones legales para alcanzar un buen estado ambiental en parte de sus mares.

El documento señala que las embarcaciones extranjeras que operan en aguas británicas no fueron incluidas en el análisis, lo cual sugiere que el panorama podría ser aún más grave. Además, la mayoría de los casos de bycatch permanece oculta o no es reportada, dificultando la implementación de soluciones efectivas.

Reclamos y propuestas de mitigación

Las organizaciones que integran la WCL solicitan al gobierno británico medidas más estrictas para controlar el bycatch. Entre las propuestas figura la adopción de monitoreo electrónico obligatorio en todas las embarcaciones, incluidas las menores de 10 metros de eslora, responsables de una proporción considerable de capturas accidentales.

Algunas iniciativas locales mostraron resultados positivos. En la bahía de Filey en Yorkshire, pescadores y conservacionistas colaboraron en el uso de redes más pesadas, lo que redujo el número anual de aves marinas atrapadas de 700 a apenas cuatro o cinco. En Escocia, la introducción de sogas lastradas entre nasas disminuyó el riesgo de enredos de ballenas.

El gobierno británico, a través de un portavoz del Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales (Defra), aseguró estar comprometido con la restauración de los ecosistemas marinos y anunció la puesta en marcha del programa Clean Catch, que utiliza monitoreo electrónico para recopilar datos y evaluar la eficacia de las medidas de mitigación.

La responsable de conservación marina en The Wildlife Trusts, Ruth Williams, explicó al diario británico que “para muchos en la industria pesquera, el bycatch es un resultado indeseado y angustiante”, ya que estas especies cumplen un papel esencial en la salud de los mares y su desaparición puede alterar gravemente los ecosistemas.

La coalición conservacionista reclama que se avance en la modernización de las técnicas de pesca y que se refuercen los controles.

La tormenta tropical Cristina continúa generando preocupación en el litoral Pacífico de Honduras, donde las autoridades ordenaron la suspensión preventiva de la pesca artesanal y la navegación en el Golfo de Fonseca debido al incremento del oleaje y las condiciones peligrosas en el mar.

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), a través del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), emitió una advertencia urgente dirigida a pescadores, comerciantes y habitantes de las comunidades costeras, recomendando detener toda actividad marítima mientras persistan los efectos indirectos del fenómeno climático.

De acuerdo con las autoridades, el fuerte oleaje podría alcanzar alturas de hasta ocho pies, situación que representa un riesgo significativo para embarcaciones pequeñas y medianas que diariamente realizan faenas de pesca artesanal en la zona sur del país.

“Esta es una medida preventiva, prudente y necesaria para proteger la vida y los bienes de nuestros pescadores y familias costeras. El fuerte oleaje representa un peligro real para embarcaciones pequeñas y medianas”, indicó Copeco a través de un comunicado oficial.

La institución mantiene alerta amarilla en toda la franja costera del Pacífico hondureño y específicamente en el municipio de Alianza, departamento de Valle, debido a las lluvias persistentes, el aumento del nivel del mar y el riesgo de inundaciones en sectores vulnerables.

El jefe del Sistema de Alerta Temprana de Copeco, Juan José Reyes, informó que el impacto del fenómeno ya comienza a reflejarse en distintas comunidades costeras del sur del país, donde varias familias han resultado afectadas por el ingreso del agua a sus viviendas.

Según detalló el funcionario, al menos 14 familias reportan inundaciones en sus casas producto del incremento del oleaje y las lluvias intermitentes registradas durante las últimas horas.

Las afectaciones también golpean directamente al sector pesquero, una de las principales fuentes económicas de la zona. El alcalde de Marcovia, Choluteca, Nahún Cálix, manifestó que alrededor de 150 familias enfrentan problemas derivados de las lluvias y las restricciones marítimas impuestas como medida de prevención.

Asimismo, señaló que más de 2,500 pescadores comprendidos entre Punta Condega y Punta Ratón permanecen sin poder salir a trabajar, situación que representa importantes pérdidas económicas para cientos de hogares que dependen exclusivamente de la pesca artesanal.

“Las familias están preocupadas porque muchas viven del día a día y no pueden salir al mar debido al peligro que representan las condiciones actuales”, expresó el edil durante una intervención en medios nacionales.

La tormenta tropical Cristina se localiza aproximadamente a 150 kilómetros al suroeste del Golfo de Fonseca y mantiene un desplazamiento hacia el oeste, con vientos sostenidos de hasta 65 kilómetros por hora.

Los pronósticos de Cenaos indican que durante las próximas horas podrían intensificarse las condiciones adversas debido al desplazamiento del sistema hacia el oeste-noroeste, lo que seguirá provocando influencia indirecta sobre Honduras, así como en El Salvador y Guatemala.

Ante este panorama, Copeco recomendó a la población evitar cruzar ríos crecidos, mantenerse informada a través de canales oficiales y atender las instrucciones de los comités de emergencia municipal y local.

Las autoridades también pidieron especial precaución a quienes residen en sectores bajos o cercanos a playas, ya que el aumento del nivel del mar podría provocar nuevas inundaciones y daños en viviendas vulnerables.

Los organismos de protección civil aseguraron que mantienen monitoreo permanente sobre el comportamiento del fenómeno y no descartan ampliar las alertas si las lluvias y el oleaje continúan incrementando su intensidad durante este miércoles y jueves.

La discusión ambiental actual se ha convertido en un terreno de extremos que afectan directamente a la pesca y al mundo marítimo. Mientras unos niegan el cambio climático y sus impactos sobre los océanos, otros plantean prohibiciones absolutas que desconocen la importancia de la actividad pesquera para la seguridad alimentaria y el equilibrio ecológico. En medio de esa tensión surge la necesidad de una transición racional que reconozca los riesgos del calentamiento global y al mismo tiempo valore el papel de la pesca regulada como parte de la solución.

François Gerlotto en ¿Cataclismo o transición? La ecología entre la espada y la pared advierte que la humanidad enfrenta un episodio sin precedentes, marcado por la introducción masiva de contaminantes y gases de efecto invernadero en la atmósfera. Su reflexión es puntual al señalar que, o avanzamos hacia un modelo de transición racional o nos precipitamos hacia el colapso. Esa advertencia se vuelve especialmente relevante cuando observamos decisiones políticas que han debilitado la capacidad de anticipar fenómenos climáticos. La retirada de sistemas de monitoreo en el Pacífico durante la administración de Donald Trump es un ejemplo de cómo el negacionismo político puede dejar a sectores estratégicos sin información vital, exponiendo a la pesca y la agricultura a riesgos que podrían devastar producción, empleo y seguridad alimentaria.

En el otro extremo aparece el catastrofismo radical representado por Paul Watson y la organización Sea Shepherd (entre otros) que han sostenido la necesidad de cerrar de manera indefinida todas las pesquerías del mundo. Esa visión desconoce que existen casos exitosos de manejo sostenible como la anchoveta peruana, donde la pesca industrial regulada ha demostrado ser compatible con la conservación y con la seguridad alimentaria. Presentar la agricultura y la ganadería como sustitutos de la pesca es un error grave. La ganadería es una de las principales fuentes de metano, un gas de efecto invernadero mucho más potente que el dióxido de carbono, mientras que la agricultura intensiva depende de pesticidas y fertilizantes que contaminan suelos y aguas. La pesca en cambio no requiere de esos insumos y su huella ecológica es considerablemente menor, lo que la convierte en una alternativa más eficiente y sostenible, pero ello no lo dice, porque las propuestas catastrofistas, como en el caso de las negacionistas, están fuertemente impregnadas de ideología.

En un país como el Perú prohibir la pesca sería un error ambiental y económico. La presión se trasladaría a la Amazonía para abrir campos de cultivo con deforestación masiva y pérdida de biodiversidad. Las irrigaciones en la costa son costosas y lentas de implementar, lo que haría inviable reemplazar la proteína pesquera con agricultura intensiva. La pesca regulada en cambio ofrece proteína de alta calidad con baja huella ambiental y constituye un pilar de nuestra seguridad alimentaria y económica.

La ortodoxia económica ha sostenido la idea de un crecimiento perpetuo que ignora las externalidades ambientales y sociales. Las propuestas de una economía verde suelen quedarse en un barniz de sostenibilidad que no cuestiona los impactos de fondo. Frente a ello la ecología política plantea principios sólidos. La Declaración de Estocolmo de 1972 afirmó que el hombre es criatura y creador de su entorno y que tiene la responsabilidad de transformarlo sin destruir las condiciones de vida. Esa visión obliga a colocar la ciencia y la ética en el centro de las decisiones económicas.

El verdadero desafío no es prohibir ni negar sino construir un modelo productivo que reconozca el cambio climático y lo asuma con responsabilidad. La industria pesquera lejos de ser enemiga de la ecología es parte de la solución. Genera empleo, divisas y proteína con una huella ambiental reducida. Apostar por ella es apostar por la transición y no por el cataclismo.

No se trata de negar el cambio climático ni de prohibir la pesca, sino de gestionarla con ciencia y responsabilidad. Bien administrada, la pesca asegura proteína de calidad, empleo y estabilidad económica, y se convierte en una herramienta concreta para enfrentar los desafíos que ya vivimos.

La pesca artesanal de calamar gigante o pota atraviesa una nueva crisis en Perú. Según la Sociedad Nacional de Pesca Artesanal del Perú (Sonapescal), la caída del precio en los principales puertos y el alza constante de los costos operativos ponen en jaque la sostenibilidad de miles de familias que dependen de esta actividad.

Sucede que las jornadas de captura de esta especie marina pueden tomar varios días, por lo que los pescadores salen al mar con la esperanza de que el valor de la pota cubra sus gastos y deje alguna ganancia.

Sin embargo, al regresar al muelle se encuentran con un escenario aún más adverso: los precios han caído respecto al momento de zarpar y, en muchos casos, el costo del combustible también ha subido durante la faena.

El derrumbe de los precios y la insuficiencia de los ingresos

A esto se suma el aumento incesante de insumos como hielo, víveres y repuestos para el mantenimiento de las embarcaciones. La falta de previsibilidad deja a los pescadores y armadores sin capacidad de calcular si su trabajo tendrá o no recompensa.

La gravedad de la crisis se refleja en los precios actuales. En Paita, el kilo de pota se paga hoy a 2,2 soles y en el Callao apenas llega a 1,7 soles.

Este derrumbe contrasta con el promedio de 3 soles que se registraba en muelle a comienzos de año, y resulta aún más dramático si se compara con los 3,5 soles del mismo periodo en 2023, cuando el combustible era más accesible.

Incluso en periodos de escasez, cuando lo habitual sería que el precio supere los 5 soles por kilo, los valores actuales no se han recuperado, dejando a los trabajadores sin margen para sostener sus operaciones, de acuerdo con Sonapescal.

Armadores y tripulantes: los más golpeados

El golpe más fuerte lo sienten los armadores, responsables de financiar todo el viaje: combustible, hielo, alimentación y mantenimiento. Si la embarcación sufre un desperfecto en altamar o al regreso, no existen ingresos suficientes para afrontar reparaciones en varadero.

“El armador o dueño está aún más expuesto, porque si su embarcación necesita un arreglo o mantenimiento en varadero, simplemente no tendría cómo afrontarlo”, advierte Elsa Vega, presidenta de SONAPESCAL.

Para los tripulantes, la situación no es menos crítica. Sus ingresos dependen de cada faena y del precio que logran por la pota.

“Con los precios actuales, los ingresos no alcanzan para sostener la canasta familiar del pescador”, señala Vega. En muchos casos, después de días en el mar, las familias regresan sin siquiera cubrir los gastos básicos.

Un modelo comercial que profundiza la desigualdad

Para SONAPESCAL, el problema se agrava porque la cadena comercial traslada la mayor parte del riesgo y la pérdida a los pescadores y armadores artesanales.

El gremio rechaza que empresas compradoras y plantas procesadoras ajusten precios sin reconocer el esfuerzo y el costo de cada viaje al mar. “No se puede exigir mayores esfuerzos productivos mientras los ingresos siguen reduciéndose y los costos no dejan de subir”, insisten desde la organización.

La entidad gremial exige al Ministerio de la Producción (PRODUCE) y a las autoridades competentes que intervengan de manera urgente. La falta de reglas claras y de espacios de diálogo deja el mercado a merced de la especulación y los abusos.

Sonapescal pide mecanismos comerciales transparentes y precios que reflejen al menos los costos reales, para que la actividad no termine desapareciendo. Y es que la pesca artesanal de pota es estratégica para la economía y la seguridad alimentaria del país, pero mientras quienes asumen el riesgo trabajan a pérdida, el futuro de miles de familias peruanas permanece a la mar.

El Congreso de Perú ha vuelto a bloquear el debate de un dictamen clave para impedir la pesca industrial en la Reserva Nacional de Paracas, dejando en la incertidumbre la protección de este ecosistema pese a los reiterados reclamos de pescadores artesanales.

La sesión plenaria prevista para abordar el tema no fue agendada, lo que genera preocupación entre las comunidades locales que llevan más de dos años solicitando una decisión definitiva.

Ojo de pez: el rol de Fuerza Popular en la protección de las ANP

El dictamen busca anular los efectos del Decreto Supremo N° 006-2025-PRODUCE, aprobado por el Ejecutivo en abril de 2025.

La norma eliminó la fiscalización y sanción efectiva sobre la pesca industrial en áreas naturales protegidas (ANP), como Paracas, y generó un vacío legal que permite a las empresas operar en la reserva sin riesgo de sanción, debilitando la protección ambiental vigente desde 2001.

Los tres proyectos de ley contenidos en el dictamen (PL 5666/2023, PL 6668/2023 y PL 7157/2023) proponen restituir el marco previo y otorgar rango de ley a la reglamentación que resguarda estas áreas. El dictamen, que ya recibió el visto bueno de la Comisión de Pueblos Andinos en 2024, permanece estancado en el Pleno.

La reciente suspensión de la sesión del 4 de junio, decidida por Fernando Rospigliosi, presidente del Congreso y representante de Fuerza Popular, ocurrió en medio de tensiones políticas por el balotaje presidencial y la renuncia del ministro de Comercio Exterior y Turismo, José Reyes Llanos.

El candidato Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, había solicitado que se incluyera la derogación de las “leyes procrimen” en la agenda, pero la iniciativa tampoco prosperó.

¿Un decreto que podría deteriorar la protección de Paracas?

En este contexto, los pescadores artesanales, agrupados en la coalición “Defendamos Paracas”, han intensificado sus gestiones en Lima.

“La industria, a través de acciones populares y otros mecanismos legales, ha intentado derribar la protección de la reserva. El Congreso mantiene sin debate los proyectos para restablecerla”, advirtió José Hernández, presidente del Comité de Gestión de la Reserva Nacional de Paracas.

Un intento de la industria por impugnar la reglamentación ambiental mediante acciones judiciales, incluyendo la vía penal, no prosperó en su momento, pero dejó en evidencia la fragilidad del marco regulatorio. “Solo en junio hemos venido cuatro veces para pedir que se apruebe el dictamen que ya pasó por comisión”, sostuvo Hernández.

El dirigente recordó que el Comité de Gestión de la Reserva reúne a unas 60 organizaciones de pescadores, maricultores y operadores turísticos, quienes han elaborado pronunciamientos públicos y visitado el Congreso de manera recurrente.

“La afectación sería desastrosa. La actividad industrial en Paracas sería terrible, esto afecta pesca, turismo y todo el entorno”, recalcó el vocero.

León XIV, representante de otro pescador en la Tierra

El respaldo de la Iglesia Católica se volvió un factor visible en la demanda. Hernández informó que enviaron una carta al Papa León XIV a través de monseñor Pedro Barreto, quien ha acompañado públicamente la causa de los pescadores artesanales de Paracas.

“El simple hecho de relacionar esta actividad con los pescadores artesanales trae a colación que San Pedro fue el primer Papa y también era pescador. Ellos están a favor de nosotros y han lanzado mensajes de apoyo”, señaló Hernández.

Monseñor Barreto, figura central en la Iglesia peruana, transmitió el mensaje a las autoridades eclesiásticas en el Vaticano y, según los representantes de los pescadores, su intervención motivó pronunciamientos de otros obispos y organizaciones sociales sobre la situación en la reserva.

El Congreso se podría ir sin blindar las reservas marinas

Otra preocupación de las comunidades radica en que la industria pesquera puede beneficiarse de la “retroactividad benigna” del decreto, permitiendo que sanciones previas por pesca ilegal queden sin efecto.

Entre 2020 y 2021, once empresas pesqueras fueron sancionadas en Paracas con multas que superan los 12 millones de soles. “No estamos en contra de la pesca industrial, solo protegemos Paracas y las áreas naturales protegidas, que apenas cubren el 0,8% del mar. Pueden pescar en otros sitios”, remarcó Hernández.

El esfuerzo de los pescadores artesanales implica dejar sus labores y familias para viajar de manera frecuente a Lima. “Las dirigentes han dejado sus negocios y a sus hijos por amor a la tierra y al sector”, reveló.

De cualquier forma, la falta de respuestas concretas y el temor al archivo definitivo del dictamen acentúan la incertidumbre sobre el futuro de la reserva. “Tenemos confianza en que el tema pueda ser debatido y aprobado antes del recambio parlamentario; si no, el riesgo es que se pierda la protección por completo”, sentenció el hombre de mar.

En el marco del Día Internacional de la Lucha contra la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada (INDNR), la Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera (FULASP) lanzó una advertencia que encendió las alarmas sobre la situación en el Atlántico Sudoccidental. Según un reciente informe de la entidad, la actividad de las flotas extranjeras que operan sobre el límite de la milla 201 alcanzó niveles sin precedentes y ya representa una de las principales amenazas para los recursos pesqueros argentinos.

La investigación sostiene que cada año entre 400 y 600 embarcaciones provenientes principalmente de China, Corea del Sur y Taiwán se concentran en las inmediaciones de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) argentina para capturar especies migratorias asociadas al ecosistema nacional. El fenómeno no sólo crece en magnitud, sino también en intensidad: entre 2019 y 2024 el nivel de extracción aumentó un 65%, mientras que el esfuerzo pesquero de la flota china se incrementó un 85%.

Los números recopilados por FULASP muestran una diferencia cada vez más marcada entre las capturas nacionales y las realizadas por embarcaciones extranjeras. Mientras la pesca argentina desembarca entre 750.000 y 900.000 toneladas anuales de productos pesqueros, las estadísticas internacionales ubican las capturas efectuadas en el Atlántico Sudoccidental entre 1,5 y 3 millones de toneladas por año.

La pesca extranjera ya multiplica por cuatro las capturas argentinas

Esto implica que, según la especie considerada y la temporada analizada, las extracciones realizadas por las flotas internacionales pueden representar entre dos y cuatro veces el volumen obtenido por toda la industria pesquera argentina. El informe advierte que buena parte de esas capturas corresponden a especies transzonales que migran regularmente entre la plataforma continental argentina y las áreas de alta mar donde operan los buques extranjeros.

Calamar, el más buscado

Entre las especies más afectadas aparece el calamar Illex argentinus, uno de los recursos más perseguidos por las flotas internacionales y una pieza fundamental dentro de la cadena alimentaria marina. Este cefalópodo constituye alimento para merluzas, mamíferos marinos, aves oceánicas y numerosas especies comerciales de importancia económica.

“El verdadero problema no es solamente que se lleven más volumen que la pesca argentina. El daño más grave es biológico: muchas especies están siendo capturadas antes de completar su ciclo natural”, explicó Raúl Cereseto, presidente de FULASP. El especialista agregó que “en el caso del calamar, que vive apenas uno o dos años y cumple un rol central en la cadena alimentaria, una mala combinación de sobrepesca y cambio ambiental puede generar que en el corto plazo estemos discutiendo no una pérdida económica, sino el agotamiento de recursos fundamentales para la pesca argentina y para todo el ecosistema del Atlántico Sur”.

Las advertencias encuentran respaldo en estudios de la Environmental Justice Foundation (EJF), organización internacional dedicada a investigar delitos ambientales y pesca ilegal. La entidad señaló que, en el caso del calamar Illex, la combinación de presión pesquera y condiciones ambientales desfavorables “podría provocar un colapso poblacional en apenas un año, porque es una especie de ciclo muy corto”.

A este escenario se suma otro dato que preocupa a los especialistas. Según informes oficiales de las Islas Malvinas, durante 2024 se capturaron 261.903 toneladas de recursos pesqueros bajo licencias otorgadas por el Reino Unido. Para FULASP, estas cifras reflejan una presión extractiva creciente sobre especies migratorias compartidas por todo el Atlántico Sur.

Merluza común, una de las especies más vulnerables

La merluza común también figura entre las especies vulnerables. Los propios reportes pesqueros de las islas reconocen que la merluza hubbsi desova principalmente en aguas costeras patagónicas y posteriormente puede desplazarse hacia la plataforma de Malvinas para alimentarse. Sólo durante 2024 se registraron allí capturas por 54.714,5 toneladas, el cuarto valor anual más alto desde 1989.

Algo similar ocurre con la merluza de cola. Estudios genéticos y de microquímica de otolitos citados en los informes indican que existiría conectividad entre las poblaciones del Atlántico Sudoccidental y el Pacífico Sudoriental, lo que refuerza la hipótesis de que se trata de un mismo stock compartido entre Argentina, Chile y Malvinas.

Para los especialistas, la situación adquiere mayor gravedad porque existen antecedentes recientes que muestran señales de agotamiento. En 2024, las autoridades pesqueras de Malvinas suspendieron la segunda temporada de captura del calamar Loligo luego de que la biomasa estimada descendiera por debajo del umbral de conservación fijado en 10.000 toneladas.

Biodiversidad en peligro

La fundación advirtió que, de mantenerse el actual nivel de explotación, podrían verse comprometidos recursos estratégicos para la economía nacional, afectando exportaciones, empleo, producción de alimentos y biodiversidad. Cereseto resumió el problema con una analogía vinculada al sector agropecuario: “Si en un campo con mil vacas, nacen trescientos terneros por año y usted faena doscientos cincuenta animales adultos, el rodeo se mantiene, pero si empieza a matar terneros, vacas jóvenes y hembras antes de que puedan reproducirse, tarde o temprano ese rodeo desaparece”. Y concluyó: “En el mar ocurre exactamente lo mismo. Cuando cientos de embarcaciones capturan especies antes de que completen su ciclo biológico, el problema pasa a ser ecológico, comprometiendo la capacidad de recuperación de recursos que tardaron miles de años en consolidarse y que sostienen empleo, exportaciones y biodiversidad para toda la Argentina”.

El aumento sostenido del precio de los combustibles, la amenaza de un nuevo fenómeno de El Niño y los efectos cada vez más visibles del cambio climático sobre los océanos se han convertido en algunas de las principales preocupaciones de la industria pesquera latinoamericana.

Estos temas dominan la agenda de la 11.ª Reunión Ordinaria de la Alianza Latinoamericana para la Pesca Sustentable (ALPESCAS), que se desarrolla en Panamá y reúne a representantes de gremios pesqueros y acuícolas de toda la región.

El encuentro, que se celebra del 3 al 5 de junio, congrega a dirigentes empresariales, autoridades gubernamentales y organismos internacionales para intercambiar experiencias y definir posiciones comunes frente a los desafíos que enfrenta una actividad clave para la seguridad alimentaria de millones de personas.

Durante la inauguración, el administrador general de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), Eduardo Carrasquilla, destacó que la reunión permite abordar asuntos que afectan directamente la productividad del sector, entre ellos el cambio climático, el costo de los combustibles, las regulaciones internacionales y los procesos de certificación pesquera.

También resaltó la participación de representantes de Brasil, Chile, Ecuador, Argentina, Perú y otros países vinculados a la actividad pesquera regional.

Uno de los temas que más preocupa a la industria es el incremento de los costos operativos. Osciel Velásquez, presidente de ALPESCAS, explicó que actualmente el combustible representa más del 50% de los costos de operación de muchas flotas pesqueras de América Latina. Según indicó, esta situación está afectando tanto a las embarcaciones como a las industrias asociadas, además de repercutir en los mercados de consumo.

Velásquez señaló que algunas flotas de la región han reducido o suspendido operaciones debido al incremento de los costos, mientras que ciertos mercados enfrentan problemas de abastecimiento. En ese contexto, sostuvo que la misión de la industria es garantizar el suministro de productos pesqueros sin comprometer la sostenibilidad de los recursos marinos.

La situación también preocupa en Panamá. Gustavo Zúñiga, presidente de la Cámara Nacional de la Pesca y la Acuicultura de Panamá (CNPA), explicó que el sector ha logrado mantener sus operaciones pese al aumento del combustible, aunque reconoció que el impacto económico se ha reflejado principalmente en la comercialización de los productos.

Según Zúñiga, el encarecimiento del combustible ha debilitado el poder de compra de algunos mercados internacionales a los que exporta la industria panameña, afectando la demanda. No obstante, destacó que el país ha logrado sostener la actividad productiva sin llegar a paralizaciones como las registradas en otras naciones.

A las preocupaciones económicas se suma el comportamiento de los océanos frente a la posibilidad de un nuevo episodio intenso de El Niño. Los representantes del sector reconocen que el aumento de la temperatura del mar ya comienza a generar alteraciones en la distribución de algunas especies, un fenómeno que podría intensificarse en los próximos meses.

Velásquez advirtió que países como Ecuador, Perú y Chile ya han experimentado afectaciones importantes sobre determinadas pesquerías debido a los cambios en las condiciones oceánicas. Entre las especies más vulnerables mencionó la anchoveta y el jurel, cuyo comportamiento puede verse alterado por las variaciones de temperatura y el fenómeno de El Niño.

Desde la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Javier Villanueva, oficial principal de Pesca y Acuicultura para América Latina y el Caribe, explicó que el cambio climático está modificando la distribución geográfica de numerosas especies marinas.

El especialista indicó que los cambios de temperatura pueden alterar los ciclos de crecimiento y reproducción de los recursos pesqueros, obligando a los países a desarrollar sistemas de monitoreo y mecanismos de adaptación para evitar la sobreexplotación de especies sometidas a estrés ambiental.

Villanueva señaló que las especies pequeñas, como sardinas y anchovetas, suelen ser las más sensibles a las variaciones térmicas, mientras que especies de mayor movilidad, como los túnidos, tienen más capacidad para desplazarse y adaptarse a los cambios en las condiciones oceánica

La FAO considera que uno de los principales desafíos para la región consiste en fortalecer la investigación científica y el manejo sostenible de los recursos. Según Villanueva, las decisiones sobre cuotas, temporadas y métodos de extracción deben sustentarse en información técnica que permita garantizar la conservación de las poblaciones marinas a largo plazo.

Durante la reunión también se analizan los resultados de la reciente Conferencia Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, el desarrollo de nuevas certificaciones de pesca sostenible, la expansión de áreas marinas protegidas y las implicaciones de nuevas regulaciones internacionales para el comercio de productos pesqueros.

Por parte del Gobierno panameño, la ARAP informó que actualmente evalúa mecanismos para apoyar al sector frente al aumento de los costos energéticos.

Carrasquilla explicó que ya está en marcha un subsidio dirigido a la pesca artesanal y que las autoridades estudian alternativas para extender algún tipo de apoyo a segmentos de la pesca industrial, especialmente a embarcaciones camaroneras, atuneras, sardineras y palangreras que dependen fuertemente del diésel.

Según Carrasquilla, poco más del 45% de la flota pesquera artesanal ya está registrada en el sistema Panamá Conecta para acceder al beneficio. El funcionario añadió que la entidad analiza, junto con equipos técnicos y el Ministerio de Economía y Finanzas, cómo incorporar eventualmente a otros segmentos pesqueros para aliviar parte del impacto del combustible.

La reunión concluirá con una declaración regional en la que los representantes de la industria pesquera latinoamericana fijarán posiciones comunes sobre sostenibilidad, competitividad, seguridad alimentaria y adaptación al cambio climático, temas que hoy se han convertido en factores determinantes para el futuro de una actividad que abastece de alimentos a millones de personas dentro y fuera de la región.

El posible ingreso a aguas peruanas de más de 2.000 embarcaciones artesanales construidas fuera del marco legal ha tomado un nuevo impulso en el Congreso de la República tras el respaldo de la bancada de Fuerza Popular.

De acuerdo con fuentes de Infobae Perú, el objetivo es acelerar el debate del Proyecto de Ley N.° 14212/2025-CR, impulsado por el congresista José Pazo Nunura (Somos Perú), antes de que el recambio parlamentario y la transición a un Congreso bicameral en julio de 2026 obliguen a reiniciar el trámite legislativo.

El REINFO pesquero gana aliados en el Congreso

En la sesión de la Comisión de Producción celebrada el pasado lunes 1 de junio, la congresista Maricruz Zeta Chunga facilitó el ingreso de dirigentes de pescadores artesanales para solicitar, ante los miembros de la comisión, la priorización del predictamen de la iniciativa. Posteriormente, la legisladora publicó en sus redes sociales:

“Hoy gestionamos el ingreso de mis hermanos pescadores artesanales Alexander José Eche Chunga, Claudio Pazo Álvarez, Pedro Huamayalli Oliva, Roberto Chapilliquén Ruiz y Román Paiva Eche a la Comisión de Producción, donde solicitaron priorizar el predictamen del Proyecto de Ley N.° 14212/2025-CR, que busca fortalecer la formalización de las embarcaciones pesqueras artesanales y brindar seguridad jurídica a miles de pescadores”, expresó.

La congresista anunció que, tras la gestión, se programó una sesión extraordinaria de la comisión para el 9 de junio a las 10:00 a. m., instancia en la que se espera avanzar con la propuesta.

Tanto la congresista Zeta Chunga como el autor del proyecto, Pazo Nunura, son naturales de Piura, región donde la provincia de Sechura se ha convertido en el epicentro de la proliferación de astilleros informales.

El propio Pazo Nunura ha sido señalado en informes previos por vínculos familiares con el negocio de la construcción y operación de embarcaciones en el norte del país.

Fuerza Popular y Piura, motores de la presión legislativa

El proyecto busca reabrir una ventana de formalización para naves que quedaron fuera de los procesos previos, especialmente el SIFORPA II (Sistema de Formalización Pesquera Artesanal), implementado entre 2018 y 2023.

El SIFORPA II estableció reglas estrictas para la regularización de la flota artesanal: acreditación física, inspecciones técnicas, matrícula y cumplimiento de plazos.

Solo las embarcaciones existentes antes de 2018 pudieron intentar formalizarse. Aquellas que no cumplieron los requisitos quedaron fuera del proceso y no pueden operar legalmente.

Desde 2015, la construcción de nuevas embarcaciones artesanales está prohibida en el país, salvo reemplazo por siniestro o antigüedad, con base en estudios del Instituto del Mar del Perú (IMARPE) sobre el sobredimensionamiento de la flota y la sobreexplotación de especies como pota y perico.

Esta restricción, reforzada por el Código Penal desde 2024, define como delito ambiental la construcción y modificación de naves sin autorización.

Un debate repetido: rechazos previos y cambio de postura en PRODUCE

Es la tercera vez que el congresista Pazo Nunura intenta impulsar una norma de este tipo; las dos anteriores fueron rechazadas por el Ministerio de la Producción (PRODUCE), la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI) y el IMARPE, debido al riesgo para la sostenibilidad de especies ya plenamente explotadas.

No obstante, el Ministerio de la Producción cambió su postura y, mediante el Oficio N.° 00000591-2026PRODUCE/SG, declaró el proyecto como “viable con observaciones”, pese a que en marzo de este año había considerado “no viable” una propuesta similar del congresista Jorge Marticorena.

Organismos medioambientales como Oceana Perú y gremios industriales como la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) coinciden con especialistas en que la reapertura de procesos excepcionales para formalizar embarcaciones irregulares no debería ser viable.

Advierten que estas medidas incentivan la informalidad, premian a quienes incumplieron la ley y agravan la sobreexplotación de especies totalmente explotadas desde 2021. El resultado de la sesión extraordinaria del 9 de junio será decisivo para el futuro de la política de formalización de la flota artesanal en el país.

La industria pesquera argentina continúa fortaleciendo su presencia en los mercados internacionales. Durante el primer cuatrimestre de 2026, las exportaciones del sector registraron un crecimiento interanual del 32% en valor y del 28% en volumen, según informó la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

De acuerdo con los datos procesados por la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca sobre la base de estadísticas del INDEC, las ventas externas alcanzaron un total de 867 millones de dólares.

En tanto, en volúmenes sumaron 249.412 toneladas exportadas, entre enero y abril de este año.

Entre los productos que mostraron los mayores incrementos en volumen exportado se destacaron los moluscos congelados, con una suba del 43%, seguidos por el pescado fresco o refrigerado, que creció 45%. También registraron resultados positivos los crustáceos congelados, con un aumento del 20%, y las preparaciones y conservas de pescado, que avanzaron 27% respecto del mismo período de 2025.

El desempeño exportador estuvo acompañado por una sólida demanda internacional. Los principales destinos de los productos pesqueros argentinos fueron Estados Unidos, China, España y Brasil, mercados que continúan concentrando una parte significativa de las compras externas del sector.

Desde la cartera agropecuaria destacaron que estos resultados reflejan la competitividad de la pesca nacional y la creciente valoración de los productos argentinos en los mercados globales. Además, remarcaron el aporte de la actividad al desarrollo productivo de las economías regionales vinculadas a la captura, procesamiento y comercialización de recursos marinos.

Un sobrevuelo realizado por Infobae Perú sobre al menos 4 puntos estratégicos de Pucusana ha permitido identificar un nuevo patrón: talleres que operan con total hermetismo, portones cerrados y vigilancia privada. En sus interiores, se observa el entremezclado de trabajos legítimos de reparación y la construcción de nuevas embarcaciones.

La frontera entre la legalidad y la ilegalidad se desdibuja en estos espacios, incluso cerca a la base de la FAP. Una práctica reciente, según revelaron fuentes especializadas, consiste en cubrir las estructuras con toldos opacos, incluso en días sin lluvia ni garúa, con el único propósito de evitar la detección aérea o satelital.

“Antes, los barcos estaban a la vista, pero ahora los cubren. Es una forma de protegerse de los drones del Estado y de la prensa”, indicó a Infobae Perú un trabajador del sector, bajo estricta reserva de identidad.

La situación en Pucusana replica patrones observados históricamente en astilleros ilegales de Moquegua y Sechura, donde la lejanía y la falta de vigilancia estatal favorecieron la proliferación de talleres clandestinos.

La diferencia radica en que hoy este fenómeno se instala en pleno corazón del abastecimiento pesquero limeño, en una zona densamente poblada y sometida a controles formales.

Un sistema cerrado, una flota sobredimensionada y una mafia en expansión

La construcción artesanal de nuevas embarcaciones está prohibida en el país desde 2015, salvo la excepción de reemplazo por siniestro o antigüedad. Esta medida se basa en los estudios del Instituto del Mar del Perú (Imarpe), que advierte desde hace más de una década sobre el sobredimensionamiento de la flota y la sobreexplotación de especies clave como la pota, el perico, la lorna y la lisa.

La normativa vigente, incluida la modificación del Código Penal en 2024, tipifica como delito ambiental la construcción y modificación de embarcaciones sin autorización. En la práctica, sin embargo, la vigilancia resulta insuficiente. Según cálculos del sector y organizaciones ambientalistas, más de 2.000 embarcaciones artesanales operan en la costa peruana sin haber completado su registro formal.

Los astilleros ilegales explotan la ambigüedad: se mimetizan con talleres de reparación, alternan entre trabajos legales y la construcción clandestina de nuevas naves, y adoptan estrategias de ocultamiento cada vez más sofisticadas.

El fenómeno va más allá de la simple construcción ilegal. Desde el sector se denuncia la existencia de mafias dedicadas a la clonación de matrículas y a la venta ilegal de permisos de pesca y registros de embarcación. Las redes sociales, en particular Facebook, se han convertido en el nuevo mercado negro donde se comercializan documentos y matrículas falsas.

“Es habitual encontrar anuncios de venta de permisos o matrículas a precios elevados. Luego, dos embarcaciones idénticas pueden operar en puertos distintos con la misma documentación”, dijo otra fuente vinculada al sector.

Las embarcaciones construidas fuera del marco legal no solo aumentan el esfuerzo pesquero sobre especies ya sobreexplotadas, sino que además suelen ser naves de mayor tamaño y capacidad. Muchas superan las 27 toneladas, lo que las convierte en unidades de alto impacto para la pesca de especies vulnerables.

¿Qué dice el Ministerio de la Producción?

Consultado por Infobae Perú, el Ministerio de la Producción (Produce) sostuvo que mantiene una vigilancia permanente en los principales puntos pesqueros de Lima, con énfasis en Pucusana.

Según la entidad, se emplean ocho drones de última generación, dos de ellos con visión térmica para operativos nocturnos, y se utilizan herramientas tecnológicas para el monitoreo y la vigilancia de la actividad pesquera artesanal.

El ministerio remarcó que la información recogida a través de estos sistemas se transfiere a la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI) y al Ministerio Público, quienes tienen la responsabilidad de ejecutar acciones de fiscalización, control e interdicción.

Además, asegura que la cartera ha redoblado esfuerzos por implementar el Sistema SISESAT Pesquero, que permite el seguimiento satelital en tiempo real de más de 3.400 embarcaciones artesanales en todo el país, verificando que operen en zonas autorizadas y fortaleciendo la trazabilidad desde la extracción hasta el desembarque.

Sin embargo, también es cierto que, en medio de la controversia por el crecimiento de la construcción ilegal, el Congreso reactivó el debate sobre la formalización de embarcaciones. El Ministerio de la Producción respaldó con observaciones el Proyecto de Ley N.° 14212/2025-CR, presentado por el congresista José Pazo Nunura, que busca reabrir el acceso a permisos para más de 2.000 embarcaciones artesanales que no lograron formalizarse en procesos anteriores.

La iniciativa representa un giro en la política estatal, que durante más de una década mantuvo restringido el crecimiento de la flota artesanal para proteger los recursos marinos.

Especialistas y autoridades ambientales advierten que la reapertura podría incentivar la informalidad, premiar a quienes no cumplieron los requisitos previos y agravar la sobreexplotación de especies como la pota y el perico, ya consideradas plenamente explotadas por los estudios del Imarpe.

En respuesta a la creciente preocupación, el ministerio ha señalado que su opinión técnica sobre el proyecto se limita a proponer un mecanismo de sustitución de permisos caducados, sin aumentar la flota autorizada.

El problema con la sobreexplotación pesquera

Para Carmen Heck Franco, vicepresidenta adjunta de Oceana Perú, el avance de la informalidad pesquera y la persistencia de la construcción ilegal en Pucusana solo pueden entenderse al analizar cómo los mecanismos de control son sorteados sistemáticamente.

Heck señala que la prohibición de construir embarcaciones nuevas, vigente desde 2015 y reforzada con el decreto de interdicción de 2018 y la reciente inclusión en el Código Penal, no logró frenar la actividad clandestina porque la supervisión real sobre los astilleros suele ser débil o nula.

Sostiene que, aunque los marcos legales existen y los protocolos multisectoriales están aprobados, nunca se ejecutaron operativos de envergadura en la capital.

“El protocolo de interdicción para desguazar embarcaciones ilegales fue aprobado, pero hasta ahora no se conoce de acciones organizadas en Lima bajo esa normativa”, explicó.

La experta advierte que la ilegalidad no solo prolifera por la pasividad de las autoridades, sino también por la sofisticación de los armadores. Heck resalta que, en la práctica, muchas embarcaciones ilegales logran operar usando matrículas “clonadas” o permisos adquiridos de manera fraudulenta, a menudo comercializados abiertamente en redes sociales.

Enfatiza que, mientras la flota formal cumple con la trazabilidad y el monitoreo, las naves irregulares encuentran grietas en el sistema para introducirse en las cadenas de comercialización, dificultando el control estatal y dejando a las autoridades con información incompleta o confusa sobre la verdadera dimensión de la pesca ilegal.

Así, Heck subraya que la presión sobre las especies no se distribuye de manera equitativa, y que los recursos más consumidos en la mesa popular limeña, como la lorna y la lisa, ya muestran signos claros de sobreexplotación.

La especialista sostiene que la única manera de revertir la tendencia es priorizar el seguimiento satelital universal y articular una fiscalización activa, porque “hasta que no se asignen recursos y se haga efectiva la voluntad política, la clandestinidad seguirá creciendo y poniendo en jaque el futuro de la pesca artesanal y el abastecimiento de Lima”.

Un nuevo REINFO pesquero en camino

Pero la postura contra la reapertura de procesos de formalización, que el sector define como un punto crítico bajo el rótulo de “REINFO pesquero”, es compartida por la gran pesca industrial.

Desde la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP), la presidenta Jessica Luna remarca que la industria impulsa programas de responsabilidad social en los que también instruye a pescadores artesanales en prácticas sostenibles y monitoreo satelital, buscando un estándar común para todos los actores del sector.

La SNP advierte que la construcción ilegal de embarcaciones genera una competencia desleal que obliga a los formales a operar en condiciones más costosas y menos seguras, afectando la sostenibilidad del recurso y el bienestar de los pescadores que sí cumplen con la normativa.

“El crecimiento desmedido de embarcaciones sin control afecta la sostenibilidad de los recursos, el medio ambiente y los ecosistemas”, señala Luna, quien además considera que reabrir el registro pesquero artesanal solo repetirá los errores del pasado y debilitará el control estatal en zonas estratégicas como Pucusana.

La organización privada reclama mayor fiscalización, el fortalecimiento del monitoreo satelital y la protección de la pesca formal que cumple con los estándares legales y ambientales.

Luna también subraya que, mientras la industria pesquera formal respeta una regulación estricta e invierte en modernas embarcaciones para operar en armonía con el medio ambiente, subsiste un sector que se resiste a la formalización y opera sin ningún control.

En esta línea, ladirigente hace un llamado de alerta sobre las presiones desde el Congreso para ampliar procesos de formalización, lo que —según la SNP— abriría la puerta a repetir una historia de caos y descontrol del registro pesquero.

La inacción institucional y la falta de recursos podrían convertir Pucusana en tierra de nadie

Pero, en el fondo, el problema es la falta de interdicciones ejemplificadoras. Para César Ipenza, abogado especializado en delitos ambientales, el problema pasa también por una falta de seguimiento y trazabilidad a los insumos y materiales que alimentan la construcción clandestina de embarcaciones.

Ipenza remarca que la vigilancia no debe limitarse solo a los barcos, sino a todo el ecosistema de actores y proveedores.

“Para construir una embarcación demandas insumos, madera o insumos para poder armarlas. Y esto obviamente pasa también por un trabajo de investigación. ¿Quiénes son los que proveen? ¿Quiénes son los que arman? Porque no están en una zona sumamente distante o escondidos, las autoridades saben dónde es”, respondió en diálogo con Infobae Perú.

Ipenza subraya que la ausencia de operativos tipo interdicción, como los que se ven en la minería ilegal, evidencia una diferencia de prioridades dentro del Estado.

Señala que movilizar a marinos, policías y fiscales en zonas pesqueras requiere recursos que no han sido asignados y cuestiona que, a pesar de existir un marco penal que sanciona la construcción ilegal, no se hayan implementado acciones coordinadas de gran escala.

“Mi lectura inicial del Ministerio de la Producción es que no le da atención a esto. Y por otro lado, no hay las condiciones para los recursos, porque movilizar a marinos, a la policía y los fiscales en estas zonas, obviamente demanda muchos recursos. Y si la fiscalía no tiene, difícilmente va a poder implementar el protocolo de intervención de astilleros”, señaló.

Para el abogado, sin una estrategia de trazabilidad y sin recursos destinados a la acción, la construcción ilegal continuará operando a la vista y paciencia de las autoridades.

La pesca y el desembarque de bonito quedaron temporalmente paralizados en todo el litoral peruano, luego de que la actividad alcanzara un nivel de captura cercano al límite establecido para garantizar la conservación de esta especie durante el 2026. La medida fue comunicada por el Ministerio de la Producción (Produce), que dispuso la interrupción de las operaciones vinculadas a este recurso en todos los puntos de la costa nacional.

La decisión responde al cumplimiento de los parámetros fijados para la actual temporada pesquera. Según informó el sector, ya se ha alcanzado el 90% del Máximo Rendimiento Sostenible (MRS) previsto para el bonito, umbral que activa mecanismos de control orientados a evitar una explotación excesiva y a preservar la disponibilidad futura del recurso.

Medida busca evitar la sobreexplotación

La restricción fue aplicada por la Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción en el marco de las disposiciones de ordenamiento pesquero aprobadas para este año. Dichas normas establecieron límites máximos de captura con el objetivo de mantener una extracción compatible con la capacidad de recuperación natural de la especie.

Desde Produce señalaron que la determinación se sustenta en criterios técnicos y científicos que permiten monitorear el estado de las poblaciones marinas y regular su aprovechamiento. En ese contexto, el viceministro de Pesca y Acuicultura, Jesús Barrientos, destacó la importancia de respetar las cuotas establecidas para garantizar la sostenibilidad de la actividad.

“Las cuotas de captura se establecen sobre la base de criterios técnicos y científicos para asegurar la sostenibilidad del recurso bonito y evitar su sobreexplotación. El cumplimiento de estas medidas es fundamental para proteger el equilibrio del ecosistema marino y garantizar la continuidad de la pesca artesanal en beneficio de miles de familias peruanas”, afirmó.

No hay puntos habilitados para desembarque

Como parte de la suspensión, Produce precisó que actualmente no existe ningún lugar autorizado para recibir desembarques de bonito en el país. Esto se debe a que también dejó de tener vigencia la relación de desembarcaderos que contaban con autorización para operar con esta especie.

La entidad recordó que la paralización de la extracción se produjo de manera progresiva, conforme se verificaba el cumplimiento de los topes de captura asignados a las diferentes flotas habilitadas. Estas acciones forman parte de los mecanismos de control previstos por la autoridad pesquera para administrar el recurso de forma ordenada.

Llamado al cumplimiento de las disposiciones

El ministerio exhortó a todos los actores involucrados en la cadena productiva, incluyendo armadores, transportistas, operadores de desembarcaderos, comerciantes, mercados, restaurantes y plantas procesadoras, a acatar las restricciones vigentes.

Asimismo, la cartera reafirmó que continuará desarrollando labores de supervisión y fiscalización a lo largo de la costa peruana. El objetivo, indicó, es reforzar la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, además de asegurar que los recursos hidrobiológicos sean aprovechados de manera responsable para preservar la actividad pesquera en el largo plazo.

Tres buzos murieron este lunes en el sector Las Peceras, en Santa Cruz de Yojoa, departamento de Cortés, Honduras, mientras hacían mantenimiento en jaulas de cultivo de tilapia de la empresa acuícola Aquafinca, cerca de la represa hidroeléctrica Francisco Morazán, conocida como “El Cajón”. Las autoridades investigan las causas.

Las víctimas fueron identificadas como Jackson Andonie Chavarría Sandoval, de 23 años; Benigno Matute, de 20; y Raúl Ulloa, de 23, empleados de la compañía que realizaban trabajos subacuáticos en estructuras de producción.

El incidente ocurrió alrededor de las 11:00, según información preliminar. Personal de la zona alertó sobre una situación irregular durante la inmersión y se activaron equipos de rescate, pero los tres trabajadores fueron hallados muertos en el área de trabajo.

Las autoridades competentes iniciaron diligencias para esclarecer lo ocurrido, en un hecho que impactó a la comunidad y al sector acuícola de la zona norte del país.

Una hipótesis preliminar de los equipos investigadores apunta a una posible falla del equipo de seguridad usado durante la inmersión o a su utilización incompleta. Las causas oficiales, de todos modos, quedarán establecidas con los peritajes.

Equipos de Medicina Forense y agentes de investigación realizaron el levantamiento de los cuerpos y documentaron la escena para reunir pruebas que permitan determinar responsabilidades.

Investigaciones en curso

Hasta el momento, no se informó de manera pública si los trabajadores contaban con todo el equipo de protección requerido ni si existían protocolos específicos de supervisión durante la operación subacuática. Esos puntos forman parte de la investigación, según fuentes vinculadas al procedimiento.

La empresa Aquafinca expresó su pesar por lo sucedido y aseguró que colaborará con las autoridades durante el proceso, según comunicó la compañía.

También informó que contratará a un experto internacional en seguridad de buceo industrial para realizar una auditoría técnica independiente orientada a establecer las causas del accidente.

El área donde ocurrió el accidente concentra actividad acuícola por la operación de empresas que cultivan tilapia con aguas del Lago de Yojoa y el entorno de “El Cajón”, con producción destinada al mercado interno y a la exportación, de acuerdo con fuentes del sector.

Auditoría anunciada

Conocidos de las víctimas indicaron que eran trabajadores con experiencia en buceo industrial. Especialistas en seguridad ocupacional consultados por medios locales advierten que trabajos subacuáticos como inspección y reparación implican riesgos por la presión, la visibilidad limitada y la dependencia de equipos de respiración y comunicación. Una falla en el suministro de aire o en los protocolos de inmersión puede resultar fatal en minutos.

Organizaciones sindicales y referentes de seguridad laboral en Honduras han pedido en otras ocasiones mayor supervisión estatal y empresarial en actividades de alto riesgo. En este caso, familiares de las víctimas reclaman que se establezca si hubo fallas humanas, técnicas o administrativas, mientras las autoridades continúan tomando testimonios y reuniendo información técnica.

La muerte de los tres jóvenes ha generado preocupación entre trabajadores del sector acuícola y habitantes de Santa Cruz de Yojoa, donde muchos califican el hecho como una de las tragedias laborales más impactantes registradas recientemente en la zona. Personas cercanas a las víctimas aseguraron que los buzos tenían experiencia en este tipo de operaciones y conocían los riesgos asociados a las labores subacuáticas, por lo que esperan que las investigaciones permitan esclarecer qué ocurrió durante la jornada de trabajo.

El Gobierno peruano decidió ampliar la suspensión de la pesca de anchoveta en gran parte del litoral norte-centro del país debido al incremento de la temperatura del mar y al avance del El Niño Costero, fenómeno que ya empieza a alterar la distribución de una de las especies más importantes para la economía nacional. La medida, oficializada por el Ministerio de la Producción (Produce), se mantendrá vigente hasta el próximo 10 de junio y busca evitar un impacto mayor sobre el recurso hidrobiológico más explotado del Perú.

La decisión se da en un contexto de alerta creciente por las condiciones oceánicas frente a la costa peruana. Informes técnicos del Instituto del Mar del Perú (Imarpe) advierten que las ondas Kelvin cálidas y el calentamiento sostenido del océano están empujando a los cardúmenes hacia zonas más profundas y alejadas de la franja habitual de pesca. Esta situación no solo dificulta las faenas extractivas, sino que también incrementa el riesgo de captura de ejemplares juveniles, fundamentales para garantizar la renovación del stock anchovetero.

Produce amplía suspensión de pesca de anchoveta hasta junio por calentamiento del mar

La nueva disposición amplía por otros 15 días la paralización temporal de la primera temporada de pesca de anchoveta 2026, que inicialmente había sido suspendida el pasado 12 de mayo. Según la resolución emitida por Produce, la restricción continuará aplicándose en una extensa zona comprendida entre los 6° y 14° de latitud sur, dentro de las primeras 30 millas náuticas del litoral peruano.

De acuerdo con Imarpe, las actuales condiciones oceanográficas están modificando el hábitat natural de la especie. El calentamiento del mar reduce el afloramiento costero, un proceso clave que permite el ascenso de nutrientes desde el fondo marino hacia la superficie y que sostiene la alta productividad biológica del ecosistema peruano. Sin este fenómeno, disminuye la disponibilidad de alimento para la anchoveta y otras especies marinas.

Los especialistas también alertaron que el recurso estaría desplazándose hacia aguas más frías y profundas, e incluso hacia el sur del país, complicando las labores de captura industrial. Además, el escenario cálido favorece una mayor presencia de ejemplares juveniles cerca de las zonas de pesca, situación que podría afectar la sostenibilidad del recurso si no se aplican medidas preventivas.

La suspensión ocurre luego de 28 días de actividades extractivas en las que ya se habían desembarcado más de 450 mil toneladas de anchoveta, equivalente al 23,6 % de la cuota total autorizada para esta primera temporada. El sector pesquero industrial observa con preocupación la evolución de las condiciones climáticas, especialmente porque la anchoveta peruana es la principal materia prima para la producción de harina y aceite de pescado, productos claves en las exportaciones nacionales.

Preocupación en el mercado internacional

El impacto económico también genera inquietud fuera del Perú. La harina de pescado ha alcanzado precios récord en los mercados internacionales durante este año y analistas advierten que un evento intenso de El Niño podría provocar nuevas alzas, afectando principalmente a grandes importadores como China.

Las proyecciones internacionales tampoco son alentadoras. El Centro de Predicción Climática de Estados Unidos elevó recientemente la probabilidad de que El Niño evolucione hacia una fase fuerte o muy fuerte entre noviembre y enero próximos. En paralelo, el Comité Multisectorial encargado del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) estima que el Niño Costero podría alcanzar una intensidad moderada en los siguientes meses.

El sector pesquero representa alrededor del 1,5 % del Producto Bruto Interno del Perú y genera aproximadamente 250 mil empleos directos e indirectos, según datos de la Sociedad Nacional de Pesca. Por ello, las decisiones vinculadas a la actividad anchovetera suelen tener repercusiones económicas, laborales y comerciales en distintas regiones del país.

En los últimos meses hemos visto desfilar en redes sociales y medios a figuras mediáticas que, con videos improvisados, exigen al Congreso aprobar una ley que “blinde” para siempre el acceso de la pesca industrial a las áreas naturales protegidas. Lo curioso es que estos voceros improvisados, sin conocimiento técnico ni experiencia en el sector, repiten un libreto que simplifica el problema y señala a la pesca industrial como el gran enemigo de la fauna marina.

La realidad es más compleja. La pesca industrial regulada, aunque con impactos, no ha sido responsable de la desaparición de especies ni del deterioro de poblaciones como pingüinos, lobos marinos o aves guaneras. Los factores que sí amenazan seriamente a la fauna son la pesca ilegal y el uso de explosivos, la contaminación marina, el turismo depredatorio y la expansión urbana que invade territorios antes ocupados por la fauna. Sin embargo, nada de esto aparece en los videos que circulan en redes.

Conviene recordar que las áreas naturales protegidas son instrumentos de conservación impulsados por la Convención sobre Diversidad Biológica. Su finalidad es garantizar protección y manejo sostenible, no prohibir de manera absoluta toda actividad económica. En el caso peruano, las cinco millas marinas constituyen de hecho una zona protegida. Sumadas al 7% de áreas reconocidas oficialmente, representan alrededor del 10% del mar peruano bajo conservación, cumpliendo el acuerdo inicial.

Los compromisos internacionales en materia de conservación establecen la meta de alcanzar un 30% de áreas marinas protegidas. Interpretar esa cifra como una prohibición absoluta de la pesca industrial desconoce la existencia de mecanismos razonables, como la zonificación vertical, que permiten compatibilizar la protección de la biodiversidad con actividades económicas reguladas. La evidencia científica muestra que no existe interacción significativa entre lo que ocurre en la superficie y lo que sucede a profundidades de dos mil a cuatro mil metros, y pasar por alto esta realidad constituye un error conceptual que distorsiona el debate.

La discusión pública suele pasar por alto otro aspecto relevante, el crecimiento acelerado de la pesca artesanal y sus impactos. Un estudio publicado en Frontiers in Marine Science por De la Puente et al. (2020) reconstruyó el esfuerzo pesquero artesanal entre 1950 y 2018 y concluyó que “la flota de pequeña escala ha crecido mucho más rápido que las capturas, generando una caída significativa en los ingresos de los pescadores y en la eficiencia económica”. Mientras se demoniza a la pesca industrial, se ignora que la pesca artesanal también enfrenta serios problemas de sostenibilidad y que muchos pescadores viven hoy en condiciones de relativa pobreza.

El mismo estudio advierte que los pescadores que usan artes poco selectivas o ilegales han mantenido ingresos más estables, lo que revela una paradoja: la informalidad y la falta de regulación terminan siendo más rentables que la legalidad. Este hallazgo debería ser central en cualquier debate serio sobre conservación y pesca, pero rara vez aparece en los discursos mediáticos.

Reducir el debate a “pesca industrial versus fauna marina” es una simplificación que invisibiliza amenazas reales y contradicciones internas del sector. La conservación marina exige políticas integrales, basadas en ciencia y derecho, no campañas emocionales ni consignas ideológicas. Blindar la biodiversidad significa enfrentar la pesca ilegal, la contaminación y el turismo depredador, al tiempo que se reconoce la importancia de una pesca industrial regulada y sostenible.

El Perú tiene compromisos internacionales que cumplir, pero también tiene la obligación de garantizar seguridad alimentaria, empleo y desarrollo. La clave está en diseñar mecanismos de conservación inteligentes, que distingan entre actividades reguladas y prácticas ilegales, y que reconozcan la diversidad de nuestro mar.

La fauna marina no necesita frases hechas ni videos virales, necesita políticas públicas serias. Señalar a la pesca industrial como único culpable es un error que invisibiliza las verdaderas amenazas. Si realmente queremos proteger nuestras áreas naturales y la biodiversidad, debemos enfrentar la pesca ilegal, la contaminación y el turismo depredador con la misma energía con que algunos atacan a la industria regulada. Solo así podremos cumplir nuestros compromisos internacionales sin sacrificar desarrollo ni caer en discursos simplistas.

A menos de un mes del cambio de gobierno, el Ministerio de la Producción (PRODUCE) avaló con observaciones el Proyecto de Ley N.º 14212/2025-CR, impulsado por el congresista José Pazo Nunura, que propone reabrir el acceso a permisos para embarcaciones artesanales no formalizadas en etapas anteriores.

Esta decisión marca un giro respecto a la política que el Estado ha sostenido durante la última década, orientada a limitar el crecimiento de la flota artesanal para resguardar la sostenibilidad de los recursos pesqueros.

El PRODUCE cede ante la presión de gremios pesqueros

El panorama de la pesca artesanal en Perú se encuentra marcado por años de informalidad y un crecimiento constante del número de embarcaciones, según el especialista en derecho pesquero Piero Rojas Vásquez.

En 2012, el país contaba con poco más de 16.000 naves artesanales registradas. Para 2023, el registro superaba las 23.000, lo que representa un incremento cercano al 44%.

Para frenar esta tendencia, entre 2016 y 2018 se implementaron procesos extraordinarios de formalización como el Régimen de Cooperativas Pesqueras y el SIFORPA II, que incorporaron más de 3.400 embarcaciones a la legalidad, de acuerdo con cifras oficiales.

Estos mecanismos establecieron reglas estrictas: la acreditación física de las naves, la superación de inspecciones técnicas y el cumplimiento de plazos concretos. El mensaje institucional era que la formalización sería temporal, no indefinida.

Sin embargo, gremios pesqueros han presionado reiteradamente al Congreso para reabrir el proceso, alegando que unas 2.000 solicitudes quedaron fuera del SIFORPA II por no cumplir los requisitos establecidos. “El mensaje es profundamente negativo: quien incumplió las reglas también podría terminar siendo beneficiado”, dijo Vásquez.

IMARPE y el Ministerio del Ambiente advierten sobre la sobreexplotación

El proyecto de ley impulsado por Pazo Nunura contempla dos cambios principales. El primero, que embarcaciones con constancias de verificación de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI) de 2018, pero que no concluyeron su formalización, puedan acceder nuevamente a permisos.

El segundo, la creación de una “lista de espera” para que naves que nunca acreditaron su existencia física puedan, en el futuro, obtener permisos al caducar derechos de la flota actual.

El ministerio declaró la iniciativa “viable con observaciones”, restringiendo el acceso a pesquerías de pota y perico, que ya presentan altos niveles de explotación, y sugiriendo un régimen jurídico para la reasignación de permisos.

La decisión ha generado preocupación en sectores técnicos y ambientales. El Instituto del Mar del Perú (IMARPE) ha advertido que las especies objetivo, como pota y perico, se encuentran ya al límite de explotación sostenible.

Desde el Ministerio del Ambiente (MINAM), un informe reciente concluyó que el proyecto no resulta viable por el riesgo que implica para la conservación de los recursos hidrobiológicos.

¿Un proyecto de ley que reabre la puerta a la informalidad?

Especialistas y organizaciones ambientalistas cuestionan la validez de aceptar documentos de verificación con más de ocho años de antigüedad como prueba de la existencia y condiciones actuales de las embarcaciones.

Además, consideran que trasladar derechos pesqueros a naves que no cumplieron los procedimientos iniciales puede incentivar la informalidad.

“La posición asumida por PRODUCE representa un grave retroceso en la lucha contra la pesca ilegal y contradice las políticas públicas que el propio Estado defendió durante años”, advierte Piero Rojas.

El debate en torno a la iniciativa coincide con la proximidad del cierre de la actual gestión gubernamental, lo que ha acrecentado el interés de los gremios pesqueros y del sector político.

Mientras tanto, expertos y autoridades ambientales insisten en que la reapertura de estos procesos pondría en riesgo la sostenibilidad de la pesca artesanal y debilitaría el marco regulatorio.

El río Potomac enfrenta una crisis ambiental inédita tras dos derrames que exponen fallas regulatorias y ponen en riesgo el suministro de agua para más de cinco millones de personas en el área de Washington D.C.

Tal como reportó Inside Climate News, el colapso de una tubería cloacal en Maryland y una fuga masiva de combustible en la base militar Joint Base Andrews, ocurridos entre diciembre de 2025 y enero de 2026, revelan deficiencias históricas en la vigilancia y gestión ambiental. En abril, la organización American Rivers lo catalogó como el río más amenazado de Estados Unidos.

El primer incidente ocurrió en enero de 2026, cuando una tubería de 60 años conocida como Potomac Interceptor colapsó cerca del corredor de Clara Barton Parkway, en el condado de Montgomery. Según Inside Climate News, se liberaron 243 millones de galones de aguas residuales sin tratar en el río durante tres semanas.

El segundo episodio, fechado el 11 de diciembre de 2025, involucró una falla en el sistema de combustible de la base Joint Base Andrews, en el condado de Prince George’s, donde se filtraron 32.000 galones de combustible de aviación; solo se recuperaron 10.000 galones, mientras que los 22.000 restantes ingresaron al ambiente y alcanzaron Piscataway Creek, un afluente directo del Potomac.

Fallas institucionales y contaminación histórica

Estos hechos, relatados por Inside Climate News, muestran una cadena de retrasos y omisiones. El Departamento de Medio Ambiente de Maryland (MDE) confirmó que el sistema de combustible de la base no superó una prueba de hermeticidad el 11 de diciembre de 2025, pero el estado fue notificado del derrame más de tres meses después, el 23 de marzo de 2026, cuando la base reportó una mancha de aceite y olores a petróleo en Piscataway Creek al National Response Center, la instancia federal para reportar descargas peligrosas.

Aunque la base es de propiedad federal, Maryland tiene autoridad para aplicar sanciones por infracciones ambientales y exigir remediación.

Un portavoz de la base militar reconoció a Inside Climate News que la cifra de 22.000 galones derramados se basó en un inventario mensual de combustible recibido el 8 de abril, aunque aún no se sabe cuántos alcanzaron el arroyo.

La contaminación en Piscataway Creek no comenzó con la fuga de combustible. Según Inside Climate News, Dean Naujoks, investigador de Potomac Riverkeeper Network, ya en 2022 había identificado niveles extremos de PFAS (sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas) en peces del arroyo, con marcas 1,4 millones de veces superiores al estándar de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) para agua potable.

El origen fue la práctica militar de sofocar incendios de combustible de aviación con espuma cargada de estos compuestos, conocidos como “químicos eternos”. El primer informe oficial sobre PFAS en la base data de 2018, pero la advertencia estatal sobre consumo de peces recién se emitió en 2023 y, según testimonios recogidos por Inside Climate News, tuvo escaso alcance en las comunidades ribereñas.

El procesamiento institucional de ambos incidentes fue objeto de críticas. DC Water y autoridades estatales conocían la fragilidad de la tubería, pero postergaron su reparación, de acuerdo con Inside Climate News.

La difusión de advertencias sobre consumo de pescado contaminado fue limitada, y la respuesta pública a la crisis consistió en foros poco efectivos, con escaso margen para reclamos directos.

Comunidades vulnerables y demandas de reparación

La crisis afecta de manera particular a las comunidades vulnerables. La Nación India Piscataway, cuya relación ancestral con el arroyo supera los 15.000 años, señaló en una declaración formal que el derrame cloacal restringió la pesca, la caza y la recolección de alimentos y medicinas tradicionales.

“El agua no es simplemente un lujo o una comodidad para todas las personas, sino el nutriente más importante para la vida misma”, recoge el texto citado por Inside Climate News.

Según la tribu nativa, a comienzos de febrero los niveles de bacterias fecales seguían 2.700 veces por encima del límite seguro y científicos detectaron la presencia de MRSA, una bacteria resistente a antibióticos. El derrame podría afectar la recolección de mariscos más de 80 kilómetros río abajo del punto de colapso.

El impacto sobre las comunidades ribereñas incluye:

• Restricción de actividades tradicionales como pesca, caza y recolección de alimentos y medicinas.
• Exposición a contaminantes químicos y bacterias peligrosas.
• Falta de información clara y oportuna sobre riesgos sanitarios.
• Escasa capacidad de incidencia en decisiones sobre infraestructura crítica y control ambiental.

Frente a la presión social, funcionarios de Maryland organizaron en abril de 2025 un foro público sobre Piscataway Creek y la base militar, aunque, según Naujoks, el formato evitó la rendición de cuentas al suprimir la sesión tradicional de preguntas y respuestas.

Inside Climate News recogió que la señalización sobre consumo de pescado contaminado solo se implementó en dos puntos del arroyo, pese a la extensión del área afectada y la cantidad de familias que dependen de la pesca de subsistencia.

Las autoridades federales y estatales mantuvieron posturas divergentes sobre el alcance del daño y los pasos siguientes. La EPA informó que las advertencias recreativas sobre calidad del agua se levantaron tras las acciones de remediación, mientras que Maryland supervisa la limpieza ejecutada por la Fuerza Aérea y no solicitó ayuda adicional.

El científico Don Boesch, con décadas de monitoreo sobre el estuario, declaró a Inside Climate News que el efecto a largo plazo del derrame cloacal sobre el oxígeno del río y el riesgo de mortandad de peces dependerá del volumen de descarga de agua durante el verano, pero enfatizó que DC Water era consciente del riesgo de falla y postergó inversiones necesarias.

Las demandas sociales y científicas tras la crisis, documentadas por Inside Climate News, incluyen:

• Investigación penal sobre la demora en el reporte del derrame de combustible.
• Muestreo público de todos los cuerpos de agua y peces afectados por la base militar, no solo en Piscataway Creek.
• Restablecimiento y ampliación de fondos federales para remediación ambiental.
• Señalización efectiva de las zonas de riesgo para la pesca de subsistencia.
• Participación ciudadana real en la planificación de obras y control ambiental.

El reclamo de responsabilidades también llegó al Congreso. Miembros de la delegación de Maryland enviaron cartas al secretario de la Fuerza Aérea y a DC Water para exigir explicaciones.

El senador Chris Van Hollen afirmó a Inside Climate News que “estos derrames están sometiendo a una presión aún mayor a nuestras vías fluviales ya sobrecargadas, dañando nuestro ambiente y las vidas y medios de subsistencia que dependen de él”. Su oficina indicó que la Fuerza Aérea aún no había respondido a la carta ni identificado el origen de la fuga de combustible.

La senadora Angela Alsobrooks subrayó la necesidad de evitar futuras filtraciones y reconoció la desventaja de las familias más afectadas, con menor capacidad de incidir en las decisiones sobre infraestructura militar y servicios públicos.

El futuro del Potomac: desafíos y vigilancia pública

El caso del Potomac revela los riesgos de infraestructuras envejecidas, falta de transparencia y desprotección de comunidades frente a catástrofes ambientales.

Según Inside Climate News, la vigilancia institucional y la presión pública serán determinantes para prevenir nuevos episodios en una de las principales fuentes de agua potable de los Estados Unidos.

El Ministerio de la Producción (Produce) anunció una inversión de S/ 22,9 millones destinada al fortalecimiento del CiteProductivo San Martín, con el objetivo de impulsar el desarrollo tecnológico y productivo de la cadena pesquera amazónica en la región. La intervención busca mejorar los procesos vinculados a la conservación y transformación de recursos hidrobiológicos, además de brindar mayores herramientas a productores y micro y pequeñas empresas.

Durante una visita de trabajo a San Martín, el titular de Produce, César Quispe Luján, destacó que la obra forma parte de las acciones orientadas a culminar proyectos estratégicos en el corto plazo. “Hay un compromiso del Gobierno de culminar la mayor cantidad de obras posibles en el corto plazo. Acá ya nos encontramos en un saldo de obra, son más de 22 millones de soles de inversión para desarrollar toda la cadena pesquera local y apoyar a los productores de la región”, señaló.

Nuevas áreas para el procesamiento pesquero

La ampliación del CiteProductivo San Martín contempla la implementación de espacios especializados para optimizar el tratamiento y transformación de productos hidrobiológicos. Entre las áreas previstas se encuentran zonas destinadas al tratamiento de materia prima, procesos de envasado, curado y empaquetado.

Estas instalaciones permitirán mejorar las condiciones de producción y conservación de los recursos pesqueros amazónicos, con infraestructura diseñada para responder a estándares técnicos y sanitarios. La iniciativa apunta a fortalecer la competitividad del sector y generar mayores oportunidades comerciales para los productores locales.

Infraestructura para conservación y capacitación

El proyecto también incluye ambientes orientados al almacenamiento y conservación de productos, como una zona de refrigeración, cámara frigorífica y túnel de congelamiento. A ello se suman áreas para capacitación técnica, un laboratorio especializado y espacios de descarga y rampas para operaciones logísticas.

Asimismo, se prevé la implementación de una planta de tratamiento de agua potable y otra para aguas residuales, con el fin de garantizar procesos adecuados en las operaciones del centro. Estas mejoras buscan elevar la capacidad operativa del Cite y ampliar el alcance de los servicios tecnológicos que ofrece en la región.

Más de 28.000 servicios tecnológicos brindados

Entre el 2016 y marzo del 2025, el CiteProductivo San Martín otorgó 28.892 servicios tecnológicos a 10.245 unidades productivas regionales, según informó Produce. El centro cumple una función de acompañamiento técnico para productores y mype que buscan desarrollar nuevos productos o mejorar sus procesos.

“El objetivo principal del Cite es transferir tecnología a los productores y a las mype. Aquí pueden venir con una idea de desarrollo de un producto y nosotros, con nuestros equipos, con nuestro personal, les ayudamos a que esa idea de producto se haga realidad. Además, también el Cite a que las mype puedan obtener sus certificaciones y con eso abrir mercados, mercados nacionales e internacionales”, aseguró el ministro.

Encuentro con cooperativas de San Martín

Como parte de su agenda en la región, César Quispe Luján encabezó una jornada de fortalecimiento cooperativo junto a representantes de 17 cooperativas agrarias y de ahorro y crédito. La actividad reunió a más de 60 directivos, trabajadores y socios vinculados a organizaciones que agrupan a más de 247.000 asociados en San Martín.

Durante el encuentro, Produce resaltó la importancia de la asociatividad y el trabajo conjunto como herramientas para mejorar la competitividad de las cooperativas. La cartera también remarcó que continúa promoviendo organizaciones preparadas para responder a las exigencias del mercado y ampliar sus oportunidades de crecimiento.

En el Perú, la competitividad del sector pesquero no depende únicamente de las embarcaciones ni de las plantas de procesamiento.

Detrás de toda la operación existe una extensa red de micro y pequeñas empresas (MYPE) que sostienen servicios críticos para el funcionamiento del sector.

Actualmente, más de 3.500 MYPE participan en distintas etapas de la cadena pesquera, brindando servicios especializados que resultan fundamentales para mantener la continuidad operativa en puertos, plantas y centros de distribución.

Servicios indispensables para la cadena pesquera

De acuerdo con un análisis de TASA, estas empresas se encargan de actividades como mantenimiento industrial, soporte mecánico, logística, transporte, almacenamiento y limpieza industrial.

Su labor permite que las operaciones pesqueras continúen de forma eficiente, asegurando que cada eslabón de la cadena cumpla con los estándares requeridos tanto en territorio nacional como en mercados internacionales.

El mantenimiento industrial y el soporte mecánico son esenciales para que las embarcaciones, maquinarias y equipos funcionen correctamente durante toda la temporada de pesca.

Las MYPE de logística, transporte y almacenamiento, a su vez, permiten el traslado eficaz de insumos y productos, además de asegurar que la cadena de frío y las condiciones de conservación se mantengan en óptimo estado.

La limpieza industrial también juega un papel clave en la operación diaria, garantizando condiciones sanitarias y operativas adecuadas en cada etapa del proceso.

Impacto económico y generación de empleo

Durante una temporada de pesca, las MYPE movilizan alrededor de S/2.600 millones y están vinculadas a cerca de 250.000 empleos directos e indirectos en el país.

Esta dinámica no solo fortalece la actividad pesquera, sino que también dinamiza economías locales en distintas regiones costeras.

A nivel nacional, las MYPE representan el 99,2% de las unidades económicas formales y generan más de 10 millones de puestos de trabajo, aportando además el 20,6% del PBI.

El fortalecimiento de estas empresas resulta crucial para el desarrollo económico y el empleo a nivel regional.

Su presencia permite la integración de comunidades costeras a la cadena de valor, promoviendo la especialización y la generación de oportunidades laborales.

Proveedores fortalecidos, cadena más competitiva

La exigencia de mayores estándares de trazabilidad, sostenibilidad y eficiencia operativa ha llevado a que el fortalecimiento de proveedores sea cada vez más relevante para industrias exportadoras como la pesca.

Cerrar brechas en gestión empresarial, liquidez, seguridad y capacidades operativas resulta clave para mejorar la resiliencia y competitividad del sector.

Empresas del sector han implementado programas orientados al desarrollo de proveedores. Desde 2024, se busca fortalecer capacidades de gestión, habilidades digitales y prevención entre las empresas proveedoras.

Solo en 2025, Crecemos Juntos de TASA trabajó con más de 1.600 proveedores de bienes y servicios, de los cuales el 48.9% correspondió a micro, pequeñas y medianas empresas. El programa también contribuyó a una reducción de 53% en el índice de accidentabilidad entre los participantes.

Acceso a financiamiento y profesionalización

A estas iniciativas se suma un programa de factoring sostenible, desarrollado en alianza con una entidad financiera, que permitirá a más de 1,500 proveedores acceder a financiamiento en condiciones preferenciales mediante el adelanto del cobro de facturas.

Estas herramientas buscan acompañar a las MYPE en su profesionalización y capacidad para responder a estándares cada vez más exigentes, consolidando su rol en la sostenibilidad y competitividad de la pesca peruana.

Estados Unidos le revocó la visa a Pablo Ferrara Raisberg, ex funcionario de la Cancillería argentina durante la gestión de Diana Mondino, al acusarlo de haberse enriquecido mediante pesca ilegal, una medida que llegó después de su salida del cargo por el caso de la merluza negra en Tierra del Fuego y en medio de una nueva política migratoria anunciada por Washington.

La sanción fue informada por el subsecretario de Estado Christopher Landau en la red social X. Allí precisó que el Departamento de Estado aplicó una nueva política para restringir la emisión de visas a 24 individuos y ubicó entre ellos a Ferrara Raisberg y al mexicano José Ali Amado.

Landau sostuvo en ese mensaje que la protección de “la abundancia de los océanos del mundo de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada” es “una prioridad global” de Estados Unidos. También afirmó: “Aquellos que ilegalmente agotan los recursos pesqueros disponibles para EE.UU. y el mundo no son bienvenidos en nuestro país”.

Ferrara Raisberg no podrá volver a ingresar a territorio estadounidense. Según el texto fuente, había llegado al Palacio San Martín en diciembre de 2023 de la mano de Mondino, con quien mantenía un vínculo académico y un lazo familiar lejano.

Quién es Ferrara Raisberg

Antes de su paso por el Consejo Federal Pesquero, Ferrara Raisberg era conocido en el sector por su trayectoria ligada a la defensa ambiental marina. Según Pescare, en 2001 presentó “un amparo colectivo ambiental en la Corte Suprema de la Nación con el objetivo de frenar la pesca ilegal y depredadora en la Zona Económica Exclusiva de nuestro país y sus áreas adyacentes, en una causa que fue contra el Estado Nacional”.

Especialista en Derecho Internacional Público, con formación en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y un doctorado en la Universidad de California, Ferrara Raisberg se desempeñó como profesor asistente en el South China Sea Institute hasta 2024. Un vínculo que no habría pasado inadvertido para el Departamento de Estado de Donald Trump.

Durante su paso por la Cancillería, Ferrara Raisberg fue designado como representante de esa dependencia ante el Consejo Federal Pesquero. Y permaneció en el cargo hasta marzo de 2024, cuando fue desplazado junto con el director nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera Julián Suárez.

La salida de ambos ocurrió en medio de acusaciones por supuestas presiones para favorecer a un empresario chino, en un caso de pesca ilegal de merluza negra frente a Tierra del Fuego. El conflicto comenzó un mes antes, cuando empresas del sector denunciaron que el buque Tai An, de la empresa Prodesur SA, de origen argentino y capitales chinos, transportaba 142 toneladas de carga pese a que tenía autorización para llevar solo cinco.

En ese entonces, las firmas competidoras alertaron a la Subsecretaría de Pesca sobre esa presunta irregularidad. El funcionario que debía enviar la nota a la Prefectura Naval para ordenar el regreso del barco a puerto era Suárez, pero esa instancia no avanzó por una supuesta intervención de Ferrara Raisberg.

Ferrara Raisberg llamó en tono intimidatorio a Suárez y le pidió que no interviniera en el asunto, con el argumento de que podrían surgir problemas judiciales si el buque era obligado a regresar a la terminal portuaria.

Después de esa llamada, el coordinador nacional acudió al subsecretario de Pesca Juan Antonio López Cazorla para que definiera qué hacer con el Tai An. La decisión fue que el barco no regresara al puerto de Ushuaia, pese a que infringía las reglas del Consejo Federal Pesquero.

Suárez renunció días más tarde. Ferrara Raisberg también presentó su dimisión ante Mondino mientras la entonces canciller estaba en Vietnam.

El caso continuó después de la salida de los funcionarios. En mayo de 2024, se conoció que la merluza negra capturada ilegalmente por el Tai An podía ser liberada porque Prodesur aceptó pagar una multa equivalente al 30% del total cargado para poder vender la mercadería en el mercado internacional. Además de esa multa, el buque quedó habilitado para regresar a la zona de pesca.

La revocación de la visa estadounidense se conoció dos años después de esa controversia, en un contexto de disputas comerciales entre Estados Unidos y China y un día después de difundirse el “Programa de protección de Bienes Comunes Globales”, un acuerdo entre la Armada Argentina y la Cuarta Flota del Comando Sur para realizar durante los próximos cinco años tareas de vigilancia y monitoreo conjunto en el Mar Argentino con Estados Unidos.

En tiempos de incertidumbre climática, la pesca del jurel se ha convertido en un espejo de nuestras fragilidades. La Organización Regional de Ordenación Pesquera del Pacífico Sur (OROP-PS) discute en Lima cómo evaluar poblaciones con métodos que requieren revisión y validación constante. La baja disponibilidad del recurso en aguas peruanas y la caída de capturas en Chile no son solo un fenómeno biológico, sino que representan también un desafío para la gobernanza pesquera. En este contexto, la ciencia no puede ser un accesorio, sino el soporte indispensable de la legislación y de las decisiones de política pública.

El Jack Mackerel Benchmark Workshop de la OROP, que reune esta semana en Lima a especialistas de IMARPE, IFOP y otros institutos, pone bajo escrutinio los métodos científicos que usamos para evaluar la biomasa del jurel. Los índices acústicos, que buscan estimar la abundancia de peces a partir de señales de sonido, son solo un método, así como hay otros que se basan en modelos que pueden sobredimensionar o subestimar poblaciones. Los indicadores de captura por unidad de esfuerzo (CPUE), por su parte, reflejan la eficiencia de la flota, pero no necesariamente la disponibilidad real del recurso. En otras palabras, los instrumentos con los que navegamos podrían estar desajustados frente a un ecosistema cada vez más cambiante.

La hipótesis de El Niño como factor disruptivo es plausible. Las anomalías oceanográficas alteran corrientes, temperaturas y disponibilidad de nutrientes, desplazando cardúmenes hacia zonas menos accesibles. Sin embargo, atribuir la ausencia del jurel únicamente a este fenómeno sería simplificar demasiado. La ciencia debe reconocer que los ecosistemas marinos son dinámicos y que los modelos tradicionales quizá no capturan toda su complejidad.

En paralelo, el Ministerio de la Producción (Produce) regula la pesca del jurel mediante cuotas específicas y periodos de captura para embarcaciones artesanales e industriales. Mediante la Resolución Ministerial N° 052-2026-PRODUCE, PRODUCE estableció los límites de extracción distribuidos en franjas trimestrales y cuatrimestrales, con el objetivo de asegurar un acceso equitativo y evitar el agotamiento temprano del recurso. Además, Perú cuenta con una asignación internacional de 34 169 toneladas para faenar en alta mar, otorgada en el marco de la OROP. La Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción monitorea en tiempo real las descargas en muelles y puertos, reforzando la vigilancia sobre caballa y jurel.

Estas disposiciones muestran un esfuerzo institucional por ordenar la actividad pesquera. Sin embargo, la base científica que las respalda se enfrenta a la incertidumbre que imponen los fenómenos climáticos y la variabilidad del ecosistema. La baja disponibilidad actual del jurel y caballa no es solo un asunto biológico, sino también institucional, porque obliga a revisar cómo se construyen los indicadores. ¿Cómo sostener acuerdos regionales de manejo si los datos deben ajustarse constantemente a un entorno cambiante?

Al respecto, el aporte del Instituto Humboldt (IHMA), gracias a las gestiones de su Comité Científico, la OROP creó el Grupo de Trabajo de Monitoreo del Hábitat, presidido por el Dr. Mariano Gutiérrez entre 2018 y 2024. La herramienta principal fue la acústica cuantitativa, aplicada en talleres conjuntos con la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) para evaluar, entre otros aspectos, la biomasa de jurel y caballa utilizando data acústica colectada a bordo de barcos de pesca. Cada año, los informes presentados vía PRODUCE han demostrado que Perú cumple con las medidas de compatibilidad que le permiten desarrollar una gestión paralela a la de la OROP-PS. Este esfuerzo ha fortalecido la posición nacional y ha generado beneficios económicos para las empresas pesqueras, al apoyar la actividad del IMARPE para recolectar información acústica a gran escala para sustentar las cuotas de pesca que se dan cada año.

El IHMA también ha contribuido con boletines oceanográficos semanales y bases de datos que integran temporadas de pesca y programas como Salvamares. Sin embargo, todo este acervo corre el riesgo de perderse sin financiamiento adecuado, justo cuando se anuncia un período de calentamiento que podría derivar en El Niño de intensidad incierta en 2026–2027. La paradoja es evidente: en el momento en que más necesitamos información sólida, la sostenibilidad de los programas científicos depende de apoyos financieros aún no asegurados.

El taller en Lima es, en ese sentido, una oportunidad para repensar la relación entre ciencia y política. No basta con ajustar modelos o revisar echogramas; se requiere un enfoque más amplio que incorpore la variabilidad ambiental, la incertidumbre y la necesidad de decisiones precautorias.

¿Por qué importa tanto un pez cuya presencia hoy es limitada? Porque el jurel no solo representa un recurso económico, sino también un símbolo de cómo gestionamos nuestros recursos hidrobiológicos. Su escasez nos recuerda que la sostenibilidad no se alcanza con decretos aislados, sino con ciencia sólida, instituciones que inspiren confianza y políticas capaces de reconocer la complejidad del océano. La verdadera lección es clara: ¿cómo sostener la pesca si seguimos aferrados a certezas frágiles en lugar de asumir la incertidumbre como motor de innovación y prudencia?

El Ministerio de la Producción (Produce) aprobó una nueva ampliación del límite máximo de captura total permisible (LMCTP) del calamar gigante o pota (Dosidicus gigas), fijándolo en 479.311 toneladas para todo el año 2026.

La disposición, oficializada mediante la Resolución Ministerial Nº 000141-2026-PRODUCE, responde a informes técnicos del Instituto del Mar del Perú (IMARPE) y busca asegurar la sostenibilidad de un recurso clave para la economía pesquera nacional. La norma extiende la vigencia del LMCTP, que antes aplicaba solo hasta junio, y lo establece para todo el año.

¿Cómo evolucionó el límite de captura de la pota en 2026?

Durante el primer semestre de 2026, el Ministerio de la Producción ajustó en varias ocasiones el límite de captura del calamar gigante.

A finales de marzo, mediante la Resolución Ministerial Nº 000075-2026-PRODUCE, se fijó un LMCTP de 305.417 toneladas para la pesca artesanal con permisos vigentes, en respuesta a un informe de IMARPE que identificó una abundancia cercana al máximo rendimiento sostenible, pero también un aumento en el esfuerzo pesquero.

Posteriormente, a finales de abril, la Resolución Ministerial Nº 00120-2026-PRODUCE elevó el límite a 371.103 toneladas para el periodo enero-agosto, debido a una mayor disponibilidad del recurso.

En ambas oportunidades, el ministerio estableció cuotas diferenciadas y controles estrictos, especialmente para embarcaciones menores a 10 m³, así como requisitos de trazabilidad y monitoreo digital de capturas. El objetivo fue mantener la transparencia y la posibilidad de suspender la pesca si se detectaban riesgos biológicos o ambientales.

La pota está desbordando en aguas peruanas

La última modificación amplía la vigencia del LMCTP hasta el 31 de diciembre de 2026 e incrementa el límite a 479.311 toneladas para embarcaciones pesqueras artesanales con permiso vigente.

El sustento técnico proviene de IMARPE, que en su informe más reciente señala que las condiciones ambientales posteriores al fenómeno El Niño han favorecido la recuperación del hábitat, con una mayor disponibilidad de calamar gigante durante 2025 y proyecciones favorables para 2026.

El modelo poblacional de IMARPE indica que la abundancia del recurso se mantiene cerca del máximo rendimiento sostenible, aunque recomienda limitar la captura al nuevo tope y mantener restricciones sobre el esfuerzo pesquero, dada la expansión de la flota artesanal y la falta de evidencia de recuperación plena del stock.

Medidas diferenciadas y control del esfuerzo pesquero

La nueva resolución establece, para embarcaciones artesanales menores a 10 m³ de capacidad de bodega, un límite de captura de 72.030 toneladas entre el 27 de marzo y el 31 de diciembre de 2026.

Para el periodo del 20 de mayo al 31 de diciembre, este grupo dispondrá de un tope de 33.501 toneladas, como parte del límite general.

La Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción (DGSFS-PA) tiene la facultad de concluir o suspender las actividades extractivas si se alcanzan los límites establecidos o si IMARPE lo recomienda por razones biológicas, pesqueras o ambientales.

Además, se señala que la DGSFS-PA publicará el avance de la extracción durante todo el año, garantizando el seguimiento y control de la actividad.

La pota, un recurso clave en la seguridad alimentaria del país

El calamar gigante es fundamental para la economía peruana: representa alrededor del 40% de las exportaciones nacionales de productos congelados y es la segunda pesquería más relevante del Perú.

La actividad involucra a más de 3.000 embarcaciones artesanales y sostiene a más de 30.000 personas en toda la cadena productiva.

Además, la pota, el segundo recurso hidrobiológico más importante del país -detrás de la anchoveta-, aporta proteínas y ácidos grasos Omega-3, contribuyendo a la seguridad alimentaria y a la salud pública.

El fuerte crecimiento en la cantidad de accidentes náuticos en Florida durante 2025 ha encendido las alarmas de autoridades y usuarios de las vías fluviales, marcando un claro incremento respecto a años anteriores. El reciente informe estadístico anual de la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida reveló que se registraron 694 accidentes náuticos “debidamente notificados” en 2025, una cifra que supera a los 685 reportados en 2024 y a los 659 de 2023. Este aumento se atribuye principalmente a la creciente congestión en los canales y cuerpos de agua del estado, donde la afluencia de embarcaciones —tanto registradas como no registradas— ha convertido la navegación en una actividad cada vez más riesgosa.

Las cifras muestran una tendencia ascendente en la frecuencia de incidentes, en un contexto donde la demanda recreativa y residencial sobre los recursos hídricos de Florida sigue en expansión. Los canales y ríos del estado, descritos en el informe como cada vez más concurridos, se ven saturados por el flujo constante de residentes y turistas que buscan aprovechar el estilo de vida náutico, lo que incrementa las probabilidades de colisiones y accidentes. La congestión es un factor determinante que, de acuerdo con el informe, potencia el riesgo de choques y dificulta la labor de prevención y control por parte de las autoridades.

En cuanto a las consecuencias humanas de estos incidentes, el informe detalla que durante 2025 se registraron 51 fallecimientos en 41 accidentes, una cifra que, si bien es inferior a las 81 muertes vinculadas a 76 accidentes en 2024, sigue siendo significativa. La estadística refleja que el descenso en la cantidad de muertes no se corresponde necesariamente con una reducción en el número total de accidentes, lo que sugiere que las condiciones peligrosas persisten a pesar de los esfuerzos por mejorar la seguridad en las aguas de Florida.

El análisis de las causas de los decesos revela que el ahogamiento fue responsable de poco más de la mitad de las muertes registradas en 2025. Una circunstancia repetida en estos episodios fue la caída por la borda, que provocó 10 de las muertes reportadas. Por otro lado, la colisión con objetos fijos se ubicó como la segunda causa más frecuente, con ocho fallecimientos asociados a este tipo de impacto. Estos datos resaltan la importancia de la prevención y la vigilancia, así como la necesidad de mayor conciencia acerca de los riesgos al navegar, especialmente en condiciones de alta densidad de embarcaciones.

En el contexto del aumento de accidentes, el informe llama la atención sobre la magnitud del parque náutico de Florida. El estado cuenta actualmente con casi 1,03 millones de embarcaciones registradas, pero la cifra real de barcos que transitan por sus aguas podría ser mucho mayor: se estima que hasta un millón de embarcaciones no registradas utilizan activamente los canales y lagos de Florida. Esta enorme cantidad de vehículos acuáticos, sumada a la llegada frecuente de visitantes que alquilan o traen sus propias embarcaciones, genera una presión constante sobre el espacio disponible y complica la gestión del tráfico fluvial.

La congestión de las vías fluviales no solo afecta a la seguridad, sino que también plantea desafíos logísticos para la aplicación de la ley y la educación sobre prácticas responsables de navegación. El informe oficial describe cómo la popularidad de los recursos hídricos de Florida atrae cada año a más personas, lo que refuerza la necesidad de controles y campañas de concientización dirigidas tanto a residentes como a turistas.

Otro aspecto relevante que surge del análisis de los accidentes mortales es el tipo y el tamaño de las embarcaciones involucradas, así como el perfil de quienes las operan. La mayoría de las embarcaciones implicadas en accidentes con resultado fatal medían 6,4 metros o menos, lo que indica que las naves más pequeñas —posiblemente por su accesibilidad y menor exigencia técnica— concentran el mayor riesgo. Además, el informe destaca que la mayoría de los operadores involucrados en choques mortales tenía 35 años o más, un dato que desafía la percepción común de que los accidentes graves afectan principalmente a jóvenes inexpertos. Esta información sugiere la urgencia de reforzar la formación y actualización en seguridad náutica para todos los grupos etarios.

El consumo de alcohol y drogas sigue siendo un factor de peso en los accidentes más graves. Según el informe de la División de Aplicación de la Ley de la comisión, el 14 % de las muertes en accidentes náuticos estuvieron influenciadas por el consumo de estas sustancias, lo que subraya la necesidad de mayores controles y campañas de sensibilización sobre los peligros de combinar la navegación con el consumo de alcohol o drogas. La estadística revela que, pese a las advertencias, una proporción significativa de operadores continúa desoyendo las recomendaciones, con consecuencias fatales.

Por último, el informe presta especial atención a la incidencia de accidentes relacionados con motos acuáticas. Estas embarcaciones, que representan el 17 % de la flota registrada en Florida, estuvieron implicadas en 12 muertes durante 2025. El documento detalla que se reportaron 161 accidentes con motos acuáticas, lo que equivale al 23 % de todos los accidentes náuticos notificables. De estos incidentes, casi la mitad (72) involucraron colisiones entre dos embarcaciones, lo que evidencia el alto potencial de riesgo que supone la operación de este tipo de vehículos en condiciones de tráfico denso y con posibles conductores con escasa experiencia.

El panorama descrito por el informe estatal pone de manifiesto los retos que enfrenta Florida para garantizar la seguridad en sus vías fluviales, en un contexto de crecimiento sostenido de la actividad náutica y de presión sobre los recursos disponibles.

Finalizó la campaña de investigación oceanográfica “Área Adyacente 2026”,La misión fue llevada adelante por científicos del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) desarrollada en la denominada milla 201, organismo de referencia en el estudio y conservación de los recursos marinos argentinos, que tiene sede en Mar del Plata y depende de la órbita nacional.

El INIDEP es el principal organismo científico del país dedicado a la investigación pesquera y oceanográfica. Entre sus funciones se destacan el monitoreo de los ecosistemas marinos, la evaluación del estado de las especies comerciales y el asesoramiento técnico para el diseño de políticas de manejo sustentable de los recursos del Mar Argentino. En esta oportunidad, el trabajo se realizó a bordo del Buque de Investigación Pesquera Oceanográfica Víctor Angelescu, una de las plataformas científicas más modernas de la región.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación informó que, durante 23 días de navegación, los investigadores analizaron un sector estratégico del Atlántico Sur donde la Argentina ejerce derechos soberanos exclusivos sobre el lecho y el subsuelo marino. La campaña tuvo como objetivo estudiar la conexión biológica entre la plataforma continental y el talud oceánico, además de evaluar el impacto de las flotas extranjeras que realizan pesca no reglamentada sobre especies transzonales como la merluza y el calamar.

Fuerte impacto ambiental de la pesca no reglamentada

La expedición, coordinada junto al Grupo Interministerial Área Adyacente, alcanzó profundidades de hasta 2.291 metros e integró distintas disciplinas científicas para obtener una radiografía completa del ecosistema marino. Entre los principales hallazgos se confirmó la predominancia de especies clave como merluza, calamar y nototenia, además del estudio de los llamados “peces linterna” o mictófidos, fundamentales en la transferencia de energía entre las aguas superficiales y las profundidades oceánicas.

Los científicos también identificaron alrededor de 180 tipos de organismos en el lecho marino, entre ellos corales y esponjas, considerados hábitats vulnerables que requieren medidas especiales de conservación. Asimismo, mediante muestreos con rastras y cámaras submarinas, se detectó que el 76,2% de los lances de pesca de fondo contenían basura marina, principalmente restos de redes y equipos pertenecientes a flotas extranjeras, evidenciando el impacto ambiental de la pesca no reglamentada en la zona.

Además de su relevancia científica, la campaña permitirá que, con los datos obtenidos, se fortalezca la posición del país en foros internacionales respaldando reclamos sobre la conservación de los recursos pesqueros y se pueda denunciar el daño transfronterizo provocado por actividades pesqueras no reguladas en una de las áreas más sensibles del Atlántico Sur.

Flota de Buques de Investigación Pesquera (BIP)

Para recolectar datos directos en alta mar, el INIDEPopera barcos especializados equipados con laboratorios avanzados:

1. El BIP Víctor Angelescu es utilizado para investigaciones acústicas y de fondo en el talud continental.
2. El BIP Mar Argentino está orientado, principalmente, a la investigación pesquera costera y oceanográfica.
3. BIP Eduardo L. Holmberg es un buque histórico adaptado para relevamientos de altura de mediano y gran porte.

La pesca artesanal peruana atraviesa una etapa de expansión impulsada por el repunte de las exportaciones y una mayor recuperación del sector tras los efectos climáticos registrados en años anteriores. En ese escenario, la incorporación de herramientas basadas en datos e inteligencia artificial empieza a posicionarse como un factor clave para sostener el crecimiento y elevar la competitividad de la industria.

El avance tecnológico aparece como una respuesta frente a un contexto cada vez más exigente, marcado por la variabilidad climática, mayores estándares de sostenibilidad y una presión regulatoria creciente. En particular, la trazabilidad y el análisis de información cobran relevancia para mejorar la capacidad de respuesta del sector y fortalecer su acceso a los mercados internacionales.

Un sector que busca consolidar su recuperación

Luego del impacto generado por las anomalías climáticas de 2023, la pesca peruana logró recuperar dinamismo durante 2024 y mantuvo esa tendencia a lo largo de 2025. Con miras a 2026, el sector apunta a consolidar ese desempeño apoyándose en herramientas tecnológicas que permitan optimizar operaciones y anticipar riesgos.

La actividad artesanal concentra una parte importante de este proceso. Al cierre de 2025, las estimaciones situaban en 95.900 el número de pescadores artesanales en el ámbito marítimo nacional, principalmente en las zonas costeras del norte y centro del país. A ello se suma que, en enero de 2026, el desembarque de pesca artesanal alcanzó 119 mil toneladas métricas, mientras las exportaciones crecieron 527,1% y sumaron USD 98 millones FOB.

Inteligencia artificial y datos en la operación diaria

El uso de inteligencia artificial y herramientas de análisis de datos podría generar cambios concretos en la operación cotidiana de la pesca artesanal. Entre las aplicaciones previstas figuran el monitoreo de faenas, la planificación de salidas y la optimización del consumo de combustible, además de mejoras en seguridad y trazabilidad.

Estas tecnologías también permitirían reducir tiempos improductivos y facilitar el registro de información vinculada a la actividad. De igual manera, podrían contribuir a los procesos de formalización y a una toma de decisiones más precisa tanto en el plano operativo como comercial.

La trazabilidad gana protagonismo

Para Jaime Mourão, country manager para Colombia y Perú de Bluetab, el futuro competitivo de la pesca peruana dependerá cada vez más de la capacidad del sector para tomar decisiones sustentadas en información de calidad. Según explicó, factores como la variabilidad climática y las nuevas exigencias regulatorias obligan a mejorar la eficiencia y la capacidad de adaptación.

En ese contexto, la trazabilidad adquiere una importancia estratégica dentro de toda la cadena productiva. “Los mercados internacionales valoran cada vez más la capacidad de verificar origen, legalidad y sostenibilidad a lo largo de la cadena. Por eso, los datos adquieren un valor estratégico: dejan de cumplir solo una función operativa y se convierten en una herramienta de confianza, acceso comercial y competitividad”, señala Mourão.

Desafíos pendientes para la transformación digital

Pese a su relevancia global y capacidad exportadora, la pesca peruana todavía enfrenta retos asociados a la formalización, la heterogeneidad operativa y las brechas tecnológicas, especialmente dentro del segmento artesanal. La incorporación de soluciones digitales busca justamente reducir esas diferencias y elevar los estándares de productividad.

La transformación digital también podría fortalecer el aporte de la pesca artesanal en generación de empleo, ingreso de divisas y seguridad alimentaria. En la práctica, ello implicaría avanzar hacia una actividad con mayor acceso a información, mejores capacidades de gestión y una integración más sólida con las exigencias de los mercados internacionales.

El Congreso peruano se encuentra ante una decisión que marcará el rumbo de la política ambiental y pesquera del país: aprobar o rechazar el proyecto de ley 5666/2023-CR, que plantea la prohibición absoluta de la pesca industrial en todas las Áreas Naturales Protegidas (ANP). La iniciativa, impulsada por la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, ha generado un debate intenso, entre quienes presentan la prohibición como una medida de conservación y quienes advierten que, en el fondo, se trata de una propuesta antitécnica y desproporcionada que responde más a presiones externas que a la verdadera finalidad de proteger los ecosistemas.

A primera vista, prohibir puede parecer sinónimo de conservar. Sin embargo, la realidad es más compleja. Las ANP no son espacios homogéneos: la propia Ley 26834 reconoce zonas de uso directo donde se permite el aprovechamiento sostenible, siempre bajo criterios técnicos y científicos. Una prohibición general ignora esta lógica y sustituye la gestión adaptativa por rigidez normativa.

El gremio pesquero industrial ha levantado su voz de protesta. En una carta dirigida al Presidente del Congreso, la Asociación Nacional de Armadores Pesqueros señaló que la iniciativa es “arbitraria, antitécnica y profundamente lesiva para el sector pesquero nacional”, denunciando además que nunca fueron convocados al debate pese a representar a miles de familias que dependen de esta actividad. El gremio cuestiona la ausencia de respaldo técnico y recuerda que “ni la Comisión de Producción, ni el Ministerio de la Producción, ni el Instituto del Mar del Perú emitieron opinión favorable, señalando que la propuesta genera duplicidad normativa e inseguridad jurídica”.

Más allá de las denuncias políticas, lo cierto es que el debate debe centrarse en la evidencia. El Perú cuenta con uno de los sistemas de control pesquero más estrictos de la región, con cuotas, vedas, monitoreo satelital (SISESAT) y fiscalización multisectorial. La coexistencia entre conservación y pesca industrial no es una quimera; experiencias como la Reserva Nacional Dorsal de Nasca muestran que la zonificación permite compatibilizar usos sin sacrificar los objetivos de conservación.

La tendencia internacional tampoco respalda prohibiciones generales. Los modelos modernos de conservación promueven manejo adaptativo, compatibilidad de usos y monitoreo permanente. La prohibición total es la excepción, no la regla. Ni el sistema de Naciones Unidas ni el derecho comparado establecen prohibiciones generales; la tendencia global es el manejo adaptativo, con zonificación, monitoreo y regulación específica por área.

El impacto económico y social de una medida así sería enorme. La pesca industrial formal genera empleo formal y descentralizado, sostiene cadenas productivas clave y contribuye a la seguridad alimentaria. Restringirla sin evidencia no mejora la conservación, pero sí debilita la economía formal y puede incentivar la informalidad, un efecto rebote que nadie quiere admitir.

Por ello, la Comisión de Producción del Congreso evaluó estas iniciativas en abril de 2024 y resolvió su inviabilidad, recomendando su archivo. Avanzar con una prohibición absoluta, desconociendo esa opinión técnica, implicaría legislar desde la ideología y no desde la evidencia científica ni en coherencia con la legislación ambiental y pesquera vigente.

Ante lo dicho, podemos concluir que las Áreas Naturales Protegidas requieren gestión inteligente y diferenciada, no prohibiciones generales. Una norma que elimine de manera absoluta la pesca industrial sería técnicamente infundada, jurídicamente riesgosa, económicamente dañina y ambientalmente ineficaz. La alternativa adecuada es regular cada caso mediante zonificación y monitoreo permanente, asegurando que conservación y desarrollo puedan coexistir de manera sostenible.

El Congreso tiene la responsabilidad de legislar con objetividad y transparencia, escuchando a todos los actores y basándose en evidencia científica. Prohibirlo todo puede parecer sencillo, sobre todo cuando se cede a presiones externas, pero administrar los recursos en beneficio de los peruanos exige pensar en la sociedad en su conjunto y en la sostenibilidad de nuestros ecosistemas.

El Pleno del Congreso de la República decidió no agendar el debate sobre la protección de las áreas marinas protegidas (AMP) el pasado jueves 7 de mayo de 2026 y, en su lugar, puso el acelerador a otras normas de menor urgencia ambiental, como la declaración del 25 de julio como Día del Colono Austro-Alemán.

Esta decisión dejó en suspenso una reforma legal que buscaba garantizar la conservación de ecosistemas marinos clave como Paracas y la Dorsal de Nasca, postergando nuevamente una demanda sostenida de organizaciones ambientalistas y de la pesca artesanal.

MINAM intentó frenar el debate sobre áreas protegidas

De acuerdo con fuentes de Infobae Perú, incluso el Ministerio del Ambiente (MINAM) intentó un día antes bloquear la inclusión del dictamen sobre áreas marinas protegidas en la agenda del Pleno.

La cartera argumentó que la norma era “sobrerregulatoria” y no necesaria, transmitiendo esa posición a los legisladores con la intención de que se planteara una cuestión previa que devolviera el proyecto a comisión.

Esta movida buscaba dilatar o impedir la aprobación de una ley que, para los colectivos conservacionistas, es clave para proteger las reservas marinas frente a la presión pesquera.

Fuentes legislativas percibieron esta postura como funcional a los intereses de la industria, ya que la ausencia de una norma con rango de ley mantiene la puerta abierta para la pesca industrial en áreas que deberían estar resguardadas por su valor ecológico y turístico.

El riesgo de que la iniciativa de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología quede archivada aumenta cada día que pasa sin que el Congreso la priorice en el Pleno.

Un proyecto destinado a cerrar vacíos en la protección marina

El dictamen pendiente de debate proponía modificar la Ley 26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas, incorporando el artículo 27-A para restringir la pesca industrial en áreas marinas protegidas y permitir únicamente la pesca artesanal y la acuicultura compatible con la conservación.

Esta reforma buscaba subsanar un vacío legal originado tras la eliminación, por decreto supremo, de la infracción para la pesca industrial en zonas como Paracas y la Dorsal de Nasca, a pesar de que existe una prohibición reglamentaria desde hace 25 años.

La falta de una norma legal clara ha permitido que la industria pesquera siga presionando para acceder a estos ecosistemas, generando preocupación entre quienes defienden la conservación marina y la economía local basada en el turismo y la pesca sostenible.

La agenda legislativa privilegió una conmemoración simbólica

Mientras tanto, el Congreso sí priorizó el dictamen que declara el Día del Colono Austro-Alemán, aprobado con 102 votos a favor, cero en contra y una abstención.

La norma reconoce el aporte cultural y económico de esta comunidad y dispone que el Ejecutivo, a través de varios ministerios y gobiernos regionales, organice acciones conmemorativas cada 25 de julio.

La autora del proyecto, la legisladora Nelcy Heidinger Ballesteros, saludó la aprobación como un regalo para su pueblo, mientras la presidenta de la Comisión de Cultura, Susel Paredes, sostuvo que se trata de un reconocimiento simbólico a la historia de los descendientes austroalemanes.

El tiempo se agota para la protección de las AMP

A esta hora, solo queda un mes para que el Congreso vuelva a considerar el dictamen de las AMP. Si no se debate ni se aprueba en ese plazo, la propuesta será archivada y las reservas marinas como Paracas y la Dorsal de Nasca seguirán vulnerables frente a intereses industriales.

Organizaciones ambientalistas y representantes de la pesca artesanal advierten que la falta de aprobación de la norma perpetúa la fragilidad legal de estos ecosistemas y posterga la respuesta a una demanda ciudadana de largo aliento.

Las Asociaciones de Productores (APRO) informaron que, a través del programa “Brigadas del Litoral”, lograron retirar más de 24 toneladas de residuos en playas del litoral peruano durante lo que va de 2026.

Esta iniciativa movilizó a más de 1,000 voluntarios y realizó 16 intervenciones en ocho localidades costeras, desde Puerto Malabrigo (La Libertad) hasta Tambo de Mora (Ica).

Las APRO son organizaciones civiles sin fines de lucro vinculadas a la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) en Perú.

Su objetivo es fortalecer la relación entre la industria pesquera y las comunidades locales, promoviendo la sostenibilidad y el bienestar común en las zonas de operación.

Brigadas del Litoral: una respuesta a la contaminación costera

El programa “Brigadas del Litoral” articula la participación de voluntarios locales, niños, jóvenes y trabajadores del sector pesquero en jornadas de limpieza en áreas críticas del litoral.

De acuerdo con el Ministerio del Ambiente (MINAM), el 46% de los residuos en playas de todo el país son plásticos. Además, casi el 60% de las playas del Perú no son aptas para el ingreso de bañistas, debido a la alta contaminación y problemas sanitarios registrados en 2026.

“Brigadas del Litoral articula el trabajo con las comunidades costeras para la recuperación de playas”, destacan las APRO.

Las intervenciones han tenido lugar en Puerto Malabrigo, Chimbote, Supe, Végueta, Caleta Carquín, Chancay, Pisco y Tambo de Mora, involucrando a voluntarios de distintas edades y sectores.

Sostenibilidad y colaboración en la industria pesquera

La ejecución de estas jornadas forma parte del eje de medio ambiente y sostenibilidad de las APRO, orientado a “poner en valor el aporte del sector más allá de su actividad productiva”.

El enfoque busca consolidar una intervención territorial sostenida, sumando la participación ciudadana y el trabajo colaborativo para enfrentar los desafíos de la contaminación.

Las APRO anunciaron que continuarán impulsando acciones para ampliar la conversación sobre la industria pesquera y su impacto en las comunidades. Las próximas intervenciones abordarán temas de salud, alimentación, educación y desarrollo, además del cuidado ambiental.

“Hemos superado las 24 toneladas de residuos retirados en lo que va del año”, informaron las asociaciones, subrayando el impacto colectivo alcanzado gracias a la colaboración entre la industria y las comunidades.

Regiones pesqueras clave y rol de la pesca artesanal

Las principales regiones pesqueras del Perú se concentran en el norte y centro del litoral, con Piura como la zona más relevante, al aportar el 26,4% de la producción nacional y contar con el mayor número de pescadores artesanales.

Otras áreas clave incluyen Ica, Lima y la zona norte (Tumbes, Trujillo, Chiclayo), reconocidas por su alta biodiversidad. La región norte destaca por la pesca artesanal de pota, perico y merluza, mientras que el centro concentra la pesca industrial y artesanal de anchoveta, jurel y bonito.

En la Amazonía, ciudades como Iquitos, Pucallpa y Yurimaguas son puntos importantes para la pesca continental. La pesca artesanal representa el 97% de la fuerza laboral en el sector, y la pesca industrial sustenta la exportación de harina y aceite de pescado.

El Ministerio del Ambiente (MINAM) estaría buscando bloquear la inclusión del dictamen recaído en los Proyectos de Ley 5666, 6668 y 7157, que propone incorporar el artículo 27-A en la Ley 26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas, en la agenda del Congreso prevista para este jueves 7 de mayo.

De acuerdo con fuentes consultadas en el Congreso de la República, el argumento esgrimido por el ministerio es que la norma sería “sobrerregulatoria” y carecería de necesidad real, a pesar de la presión sostenida de la industria pesquera para intervenir en áreas naturales protegidas.

La maniobra del Ejecutivo apunta a impedir que el Pleno debata un dictamen aprobado por mayoría en la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología.

La propuesta solo permitiría la pesca artesanal, de menor escala y la acuicultura, siempre que sean compatibles con los fines de cada área protegida.

Un dictamen que busca cerrar la puerta a la pesca industrial

El dictamen responde al vacío que dejó el Decreto Supremo 006-2025-PRODUCE, que eliminó la infracción para quienes pescan industrialmente en reservas protegidas.

Aunque la prohibición existe en el reglamento desde hace 25 años, la falta de rango legal ha facilitado que la industria insista en ingresar a zonas como Paracas o la Dorsal de Nasca, la mayor reserva marina del país.

Organizaciones ambientalistas y representantes artesanales han advertido a Infobae Perú que la presión de la industria sobre el Congreso no ha cesado, y que el avance de la ley sería un paso fundamental para garantizar la integridad de los ecosistemas marinos.

El proyecto fue revisado tres veces en la Comisión de Pueblos antes de llegar al Pleno. Sin embargo, en la Comisión de Producción del Congreso, los dictámenes sobre estos proyectos fueron rechazados y enviados al archivo.

“El proyecto 5666 fue archivado bajo la presidencia de Jorge Morante y los proyectos 6668 y 7157 bajo la presidencia de Tania Ramírez, ambos de Fuerza Popular. En ambas ocasiones, el fujimorismo boicoteó la aprobación”, dijo la fuente.

Incluso dentro de la Comisión de Pueblos, los fujimoristas votaron en contra, aunque no lograron bloquear el dictamen, que finalmente avanzó bajo la presidencia de Ruth Luque.

El Ejecutivo lejos de la defensa ambiental

Desde el MINAM, se ha transmitido a los legisladores que la aprobación de la ley no es necesaria, con el fin de plantear una “cuestión previa” en el Pleno para devolver el dictamen a comisión, maniobra que busca dilatar o impedir su aprobación definitiva.

La actitud del MINAM, lejos de fortalecer la defensa de las áreas protegidas, ha sido calificada como “funcional a los intereses de la industria pesquera”, por otra fuente consultada.

Reservas vulnerables y economía local en riesgo

Si la ley no se aprueba, reservas como Paracas y la Dorsal de Nasca “seguirán expuestas a la presión de la industria pesquera, tanto nacional como extranjera”, continuó.

Además, los ingresos económicos derivados del turismo quedarían amenazados ante el avance de actividades industriales incompatibles con el espíritu de conservación de estas zonas.

El resultado de la sesión de este jueves definirá si la protección de las reservas marinas se refuerza o si el Ejecutivo logra imponer criterios que favorecen otros intereses, a costa de la conservación y del interés público.

La designación de Lima como sede de la reunión anual del Grupo de Trabajo de Acústica Pesquera, Ciencia y Tecnología (FAST-WG) del Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES) en abril de 2027 es una noticia que merece celebrarse. Esto es el reconocimiento internacional a décadas de esfuerzo científico del Perú en la gestión de sus recursos marinos.

El FAST-WG se consolidó en la década de los ochenta para reunir a los principales expertos en metodologías acústicas y tecnologías aplicadas a la investigación pesquera. Desde entonces, se ha convertido en un foro donde se presentan avances, se debaten protocolos y se fortalecen proyectos de cooperación internacional. El Instituto del Mar del Perú (Imarpe), colaborador pleno del ICES desde el año 2000 gracias a la gestión del Almirante Luis Giampietri, ha mantenido una participación constante en este espacio. Pero la presencia peruana no se limita al Imarpe sino también a científicos del Instituto Humboldt de Investigación Marina y Acuícola (IHMA), de empresas pesqueras y de instituciones aliadas también han aportado conocimiento y experiencia.

La reunión de 2026 se llevó a cabo en Wageningen, Holanda, en la cual el Perú tuvo una participación activa. El Ing. Mariano Gutiérrez, director Científico del IHMA, presentó los avances logrados en el empleo de sonares para la detección acústica de cardúmenes de anchoveta, junto con otras contribuciones nacionales sobre la relación ecológica entre la anchoveta y la munida. Estos proyectos reflejan la capacidad del país para generar conocimiento de frontera.

En el marco del FAST-WG, el Perú y sus socios —Imarpe, IHMA, Simrad, la Sociedad Nacional de Pesquería, entre otros— han venido desarrollando un protocolo para el uso cuantitativo de sonares omnidireccionales. Gracias a ello, hoy es posible estimar el volumen de cada cardumen, su velocidad y dirección de natación, así como indicadores de biomasa.

La designación de Lima como sede en 2027, genera la expectativa de recibir a más de cien científicos de todo el mundo, marca un hito histórico, por primera vez Sudamérica acogerá este encuentro. Será una ocasión para mostrar al mundo los avances logrados en investigación acústica y gestión pesquera, y también para invitar a científicos de países latinoamericanos —Chile, Argentina, Ecuador, Colombia, Brasil— a sumarse a esta plataforma de cooperación regional.

La relevancia de este evento trasciende lo académico. En un contexto global donde la sostenibilidad de los recursos marinos es cada vez más cuestionada, que el Perú se posicione como anfitrión de un encuentro científico de esta magnitud envía un mensaje claro: somos un país capaz de liderar con conocimiento, de abrir nuestras puertas a la comunidad internacional y de demostrar que la pesca puede gestionarse con responsabilidad y sostenibilidad.

El reto será aprovechar esta vitrina. No basta con organizar una reunión impecable; es necesario que el Estado y el sector privado trabajen de manera articulada para que los avances presentados se traduzcan en políticas públicas sólidas y en prácticas empresariales sostenibles. La ciencia es el puente entre la explotación racional de los recursos y la preservación de los ecosistemas marinos.

En 2027, Lima no solo será sede de un evento científico, será el escenario donde se reafirme que la pesca peruana tiene futuro si se construye sobre la base del conocimiento, la cooperación y la transparencia. Esta oportunidad demostrará al mundo que el Perú no solo es un país pesquero, sino también un país científico.

El Golfo de México y Mar Caribe entraron a partir de este 4 de mayo bajo veda para la pesca de camarón en todas sus especies, como respuesta a la disminución poblacional registrada en los últimos ciclos y con el objetivo de asegurar su recuperación y conservación en la región

De acuerdo con información de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) publicada este 4 de mayo, la disposición publicada en el Diario Oficial de la Federación obliga a pescadores, comercializadores y cualquier parte involucrada a suspender toda actividad extractiva durante los plazos establecidos por especie y zona.

El acuerdo publicado fija restricciones para siete estados y zonas específicas

El comunicado especificó que, en las zonas marinas comprendidas entre la frontera con Estados Unidos en Tamaulipas y la desembocadura del río Coatzacoalcos en Veracruz, la captura de camarón queda prohibida desde las 00:00 horas del 1 de mayo hasta las 24:00 horas del 15 de agosto de 2026.

En la franja costera frente a Campeche y Tabasco, la veda para el camarón siete barbas (Xiphopenaeus kroyeri) está vigente hasta las 24:00 horas del 30 de septiembre de 2026.

Para la zona marina de Campeche y Tabasco y los caladeros de Contoy en Quintana Roo, la prohibición se extiende entre el 1 de junio y el 1 de octubre de 2026.

En los sistemas lagunarios estuarinos de Tabasco, la veda aplica del 1 de mayo al 30 de septiembre. Desde Tamaulipas hasta el río Coatzacoalcos en Veracruz, la restricción es del 30 de mayo hasta las 18:00 horas del 14 de julio.

Se mantiene la veda permanente en aguas marinas federales del Golfo y el Caribe mexicano, en la franja de 0 a 20 millas náuticas frente a Isla Aguada (Campeche) hasta los límites con Belice, incluyendo lagunas y zonas costeras de Yucatán y excluyendo episodios de apertura puntual en Contoy, Quintana Roo.

El sustento científico y el propósito de la veda

La decisión de establecer la veda respondió a la opinión técnica del Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuacultura Sustentables (IMIPAS). El diagnóstico del organismo concluye que se requiere suspender la captura para “proteger la población de camarón en el Golfo de México y Mar Caribe”.

Conapesca instruyó a quienes cuenten con existencias de camarón en estado fresco o conservado a presentar un inventario oficial utilizando el formato CONAPESCA-01-069, disponible en su sitio web y a entregarlo en la oficina más cercana. Para trasladar el crustáceo desde las zonas bajo veda, es obligatorio portar la Guía de Pesca oficial.

La autoridad advirtió que toda persona que incumpla la veda será sujeta a las sanciones previstas en la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables y otras disposiciones aplicables.

Beneficios a la salud de comer camarón

Los camarones concentran nutrientes que pueden incidir favorablemente en la salud del organismo, gracias a su aporte de proteínas, minerales esenciales y antioxidantes. Según el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD), el consumo adecuado de este marisco puede estimular la reparación de tejidos y contribuir a funciones metabólicas fundamentales, siempre que se mantenga bajo vigilancia médica y dentro de una dieta equilibrada.

Entre los minerales que contienen los camarones están hierro, magnesio, fósforo y zinc en mayores proporciones. Estos resultan necesarios para el funcionamiento celular óptimo. Además, el selenio, presente en el crustáceo, actúa como antioxidante y protege a las células de la acción de radicales libres.

La Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera (FULASP) lanzó una fuerte denuncia contra el Reino Unido al advertir sobre la existencia de un sistema estructural de explotación pesquera en las Islas Malvinas que, según sus cálculos, extrae cada año más de 260.000 toneladas de recursos originados en aguas argentinas. La entidad sostiene que el volumen capturado equivale a más de un tercio de toda la pesca nacional y configura un esquema de apropiación de recursos migratorios con fuerte impacto económico, ambiental y social.

El trabajo fue encabezado por el presidente de FULASP, Raúl Cereseto, quien viajó durante los primeros días de abril a las islas para relevar información en territorio y reunirse con autoridades locales. A partir del análisis de registros oficiales, datos privados, monitoreo satelital y relevamientos propios, la organización concluyó que Londres habría consolidado un modelo de extracción basado en la entrega de licencias pesqueras de largo plazo —de hasta 25 años— a flotas extranjeras que explotan intensivamente especies migratorias vinculadas al ecosistema del Mar Argentino.

Según el informe, durante 2024 la captura total en aguas bajo control británico alcanzó las 261.903 toneladas, uno de los niveles más elevados de los últimos años. Dentro de ese volumen sobresale el calamar Illex, con 146.689 toneladas capturadas, una de las cifras más altas de la última década. Además, FULASP señala que el Reino Unido obtendría alrededor de 39 millones de libras esterlinas anuales por permisos pesqueros, en un circuito económico que generaría cerca de 1.000 millones de dólares por año y representaría aproximadamente el 65% de los ingresos totales de las islas.

Sólo el 20% de las capturas de pesca se descargan en Malvinas

Uno de los puntos más sensibles de la denuncia es el esquema operativo de descarga y exportación. El estudio sostiene que apenas el 20% de las capturas se descarga en Malvinas, mientras que un 10% se dirige al puerto de Montevideo y el 70% restante se transfiere directamente en alta mar hacia países receptores de las cuotas. “Es muy evidente que no existe ningún tipo de desarrollo industrial en las islas, ya que incluso el volumen que se descarga en territorio isleño no genera empleo, porque se deposita directamente en contenedores refrigerados y se envía congelado”, explicó Cereseto.

La investigación también pone el foco en la presencia de entre 100 y 120 buques con licencia activa por año, cifra que puede superar las 130 embarcaciones en los picos de temporada, especialmente durante la pesca del calamar. A ello se suma la participación de flotas europeas que operan bajo licencias británicas, pese a que sus países reconocen formalmente la soberanía argentina sobre las islas. “Resulta inaceptable que países que manifiestan públicamente su respaldo a la posición argentina participen simultáneamente de un esquema que vulnera directamente sus derechos soberanos”, sostuvo el titular de FULASP.

Otro de los aspectos señalados es la presión pesquera sobre la denominada milla 201, donde parte de la flota extranjera desarrolla tareas intensivas que, en algunos casos, derivarían en incursiones ilegales sobre la Zona Económica Exclusiva argentina. El informe añade un dato alarmante: entre 2013 y 2021 se registraron 59 tripulantes fallecidos en esa región, exponiendo condiciones laborales críticas y escasos controles en una zona clave del Atlántico Sudoccidental.

Advierten un posible colapso ecológico

Desde el punto de vista ambiental, FULASP advierte sobre señales concretas de sobreexplotación. La cancelación en 2024 de la segunda temporada de pesca del calamar Loligo por falta de biomasa es presentada como un indicador claro de deterioro del recurso. La entidad considera que, de continuar este modelo extractivo sin coordinación regional ni manejo sostenible, podría producirse un colapso ecológico irreversible que afecte no solo a las especies objetivo, sino también al equilibrio biológico de todo el Atlántico Sur.

La gravedad del planteo, según el informe, se refuerza porque los propios documentos pesqueros oficiales de las islas reconocen el carácter migratorio de las especies explotadas. Entre ellas figuran la merluza común, el calamar Illex, la polaca, la merluza de cola y el bacalao de profundidad, recursos que se desplazan entre la Zona Económica Exclusiva argentina, el alta mar y las aguas bajo control británico.

“Es muy grave que los propios informes británicos reconozcan que los recursos que explotan nacen, crecen o se reproducen en aguas argentinas y que lo sigan haciendo inescrupulosamente. Es decir, no hay discusión técnica: estamos frente a un proceso de apropiación de recursos migratorios que pertenecen al ecosistema del Mar Argentino”, afirmó Cereseto.

Pesca extractiva en Malvinas: “un problema de soberanía”

Frente a este escenario, FULASP anunció una batería de presentaciones institucionales ante la Subsecretaría de Ambiente de la Nación, el Mercosur, la Cancillería Argentina y la Unión Europea. El objetivo será reclamar acciones diplomáticas, ambientales y comerciales que frenen la explotación unilateral de recursos en territorio en disputa y suspendan beneficios arancelarios a productos pesqueros provenientes de Malvinas.

“Este no es un problema pesquero: es un problema de soberanía, de desarrollo económico y de sustentabilidad ambiental. El Reino Unido ha montado un sistema de extracción sistemática de recursos argentinos con complicidades internacionales, y eso debe ser denunciado en todos los ámbitos”, concluyó Cereseto, sintetizando una denuncia que vuelve a poner en el centro del debate la explotación de los recursos naturales del Atlántico Sur y su impacto sobre la Argentina

El langostino llegó a aportar hasta USD 1.300 millones anuales en la segunda mitad de la década pasada, pero la baja de los precios internacionales y un largo conflicto entre las empresas y algunos sindicatos del sector redujeron ese valor a USD 867 millones en 2025. La temporada langostinera 2026 ya empezó, pero por falta de acuerdo laboral solo salieron a pescar 11 barcos y siguen amarrados más de un centenar.

Sin embargo, la dinámica cambió. Durante la pasada semana tres cámaras de la industria pesquera denunciaron “la insólita actitud de un gremio que paraliza la industria pesquera” y parecía cernirse sobre el sector de pesca de langostino la sombra del conflicto que en 2025 devastó la captura de la especie que más dólares -vía exportaciones- aporta a la Argentina, con picos cercanos a los USD 1.400 millones, en la segunda mitad de la década pasada.

“Luego de un 2025 en el que la pesca sufrió la parálisis de actividad más dramática de su historia, parece repetirse la situación para este año. La temporada de langostino inició el 15 de abril y hoy hay una flota de más de 100 barcos paralizada, repitiéndose el escenario de 2025, con posibles pérdidas económicas para trabajadores, comercios, empresas y municipios”, señalaron la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (Capip), la Cámara de Armadores de Pesqueros y Congeladores de la Argentina (Capeca) y el Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas (CEPA), del langostinero, que luego del conflicto de 2025 habían quedado en revisar con los gremios (principalmente el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos, SOMU, que aún lidera el moyanista Raúl Durdos) y el Sindicato Marítimo de Pescadores, Simape, que agrupa a la marinería marplatense) “condiciones económicas que pudieran dar viabilidad y sustentabilidad a este sector”.

Durante el verano hubo varios encuentros y a fin de febrero las cámaras presentaron en la Secretaría de Trabajo una propuesta, consistente en tres “tablas” de premios “por producción”, según el precio del langostino estuviera por debajo de USD 6.000 la tonelada, oscilara entre USD 6.000 y 7.500, o lo hiciera entre USD 7.500 y 12.000 la tonelada. Pero en una reunión presencial SOMU y Simape desconocieron la existencia de esa propuesta, amagando con reiterar el largo conflicto y las pérdidas de 2025. Con los otros sindicatos del sector, el de Capitanes y el de Conductores de Pesca, las relaciones son más amistosas.

Otro escenario

Este año, sin embargo, el escenario cambió. Los precios internacionales mejoraron levemente respecto de los de un año atrás, las pesqueras tienen ahora legalmente habilitada la posibilidad de hacer acuerdos a nivel de empresas, como de hecho lo hizo Conarpesa, del empresario Fernando Álvarez Castellano, que ya largó 11 barcos a pescar.

Por otra parte, los marineros perdieron muchos ingresos el año pasado y no quieren repetir la experiencia. En las elecciones sindicales hubo un movimiento tectónico al perder SOMU la seccional Puerto Madryn, la más importante junto a Mar del Plata. Los resultados fueron contestados y la resolución depende de la Justicia. Los mandatos en SOMU se prorrogaron hasta el 9 de mayo y la actual dirigencia, encabezada por Durdos, pierde día a día predicamento en las bases. El ganador de la elección en Madryn, Alexis López, quiere alcanzar un acuerdo para salir a trabajar. “El año pasado fue terrible, la gente está cansada, quieren que les digan la verdad”, declaró a Revista Puerto, una publicación especializada.

Los marineros pudieron trabajar (en pesca del langostino, la más remunerativa) a lo sumo 3 de los últimos 20 meses. Ese hartazgo, con eco en los bolsillos, se reflejó en que cuando Conarpesa abrió un registro para iniciar la campaña se anotaron más de 2.000 marineros, incluido el 100% de su propio personal. De todos modos, aunque hizo acuerdo por empresa, Álvarez Castellano, el dueño de Conarpesa, dijo que si las Cámaras llegan a uno sectorial, su empresa se ajustará a él. Para los marineros en tierra que ven colegas trabajando, el dolor del bolsillo se profundiza. Trabajando, un marinero estaría promediando hoy unos $5,8 millones mensuales estimó Agustín de la Fuente, gerente de Capip.

Conarpesa sacó sus barcos a pescar mediante un acuerdo propio con el personal, pero dijo que si las Cámaras llegan a uno sectorial, su empresa se ajustará a él

Según trascendidos sindicales del fin de semana, el acuerdo estaría a punto de llegar: sería por “la tabla del medio” (premios en función de un precio del langostino entre USD 6.000 y 7.500 la tonelada) y tomando el 90% (el porcentaje más alto) de la cotización del dólar de referencia. La reunión tendría lugar este lunes en la Secretaría de Trabajo y el eventual acuerdo podría homologarse el miércoles, a tres días de que venza el actual mandato sindical.

Incógnita

Una incógnita a develarse es si los gremios aspiran a que esa tabla rija de modo permanente. Las cámaras creen que debería valer para esta temporada, en que el precio del langostino oscila en torno de USD 7.000 la tonelada, pero que las “tres tablas” sean el marco permanente y se aplique en cada temporada la que corresponda en función de cuáles sean los precios del mercado internacional y la información oficial que publique la Subsecretaria de Pesca y Acuicultura.

El año pasado la campaña empezó muy tarde y cerró temprano, con pérdidas para todos. A nivel país, se estima que se perdieron entre USD 200 y 300 millones de exportación.

Así y todo, según datos oficiales, el sector generó en 2025 divisas por USD 2.010 millones (4,3% más que en 2024), con un volumen de 550.000 toneladas, datos solo inferiores a 2018, cuando se exportó por USD 2.149 millones.

El año pasado el crecimiento se debió a la captura y exportación de calamar (+32,5% en valor y +47,4% en volumen) pero, con baja y todo, el langostino siguió siendo la especie que más dólares aportó, los ya mencionados USD 867 millones. El aumento de las colocaciones de calamar y la caída de las de langostino hicieron que el principal mercado de destino pasara a ser China (USD 486 millones), desplazando a España (USD 373 millones) al segundo lugar.

En el primer trimestre de este año, nuevamente fue el calamar el gran propulsor y las exportaciones pesqueras totalizaron USD 668 millones. Si esta semana hay acuerdo en el sector langostinero, ese valor muy probablemente sea superado en el segundo trimestre.

El sector de Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca registró en marzo de 2026 una caída sin precedentes en las exportaciones, llevando la balanza comercial a un saldo negativo de $3,96 millones de dólares, de acuerdo con cifras del Banco Central de Reserva (BCR).

Este resultado contrasta con el mismo periodo de 2025, cuando el sector reportaba un superávit, con exportaciones valoradas en $31,55 millones de dólares. La contracción ha generado preocupación entre productores y especialistas, quienes señalan causas estructurales y coyunturales detrás de este retroceso.

Según el BCR, la disminución en el valor de las exportaciones del sector no se explica únicamente por una menor demanda internacional, sino por la propia dinámica de la producción nacional. El reporte oficial destaca que, a pesar de que algunos rubros mantuvieron volúmenes estables, los ingresos por exportaciones cayeron debido a precios internacionales menos favorables y a la limitada diversificación de la oferta exportable.

Ante este panorama, el descenso de las exportaciones en el primer trimestre de 2026 responde, en gran medida, a una baja generalizada en la producción agrícola, ganadera y pesquera. Luis Treminio, presidente de la Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios (CAMPO), atribuyó este fenómeno a una combinación de factores:

• Escasez de mano de obra
• Altos costos de insumos agrícolas
• Efectos del cambio climático
• Políticas públicas que, a su juicio, no han priorizado el fomento productivo.

“Al bajar la producción, lógicamente, no hay productos disponibles para la exportación. Esa es la razón principal por la cual las exportaciones están cayendo y las importaciones están subiendo”, explicó Treminio en entrevista para este medio.

El dirigente señaló que la estrategia oficial de implementar agromercados y una central de abasto resultó insuficiente, dado que estas infraestructuras se establecieron antes de fortalecer la producción nacional. “Lo que tenían que hacer primero era promover la producción nacional y después la formación de agromercados y la central de abasto. Al no tener producción, esos lugares se abastecen de importaciones”, agregó el presidente de CAMPO.

Por lo que, la organización de pequeños y medianos productores propone que el gobierno incremente los subsidios a la producción e implemente mecanismos de compra pública que incentiven e impulsen a los productores locales. “Hay que crear condiciones para que los productores vean que su trabajo vale la pena. Si no es así, hay desmotivación y menos gente se dedica a producir”, advirtió Treminio.

Concentración de mercados y riesgos estructurales

La dependencia de mercados tradicionales constituye otro elemento que añade vulnerabilidad al sector. Estados Unidos sigue siendo el principal destino de las exportaciones, con $17,1 millones de dólares, según el BCR.

En Europa, Bélgica $2 millones de dólares y Alemania $1,8 millones figuran como socios secundarios, debido a la demanda de café de especialidad. El ranking lo completan Reino Unido, Canadá, Guatemala, Italia, Holanda, Arabia Saudita y Hong Kong, aunque las cifras en estos mercados resultan menores.

La concentración de la oferta exportable en productos como el café expone al sector a riesgos derivados de variaciones climáticas y de las fluctuaciones en la bolsa de Nueva York. Además, la escasa presencia en mercados regionales, como la propia Centroamérica, evidencia oportunidades aún no aprovechadas para diversificar destinos y amortiguar el impacto de la volatilidad internacional.

El BCR sugiere fortalecer la tecnificación y el valor agregado en rubros con baja participación, como la horticultura y la acuicultura, que sumaron menos de US$ 1 millón en el primer trimestre. El organismo resalta la importancia de diversificar tanto los productos como los destinos para reducir la exposición a factores externos.

Las cifras del primer trimestre de 2026 colocan a la agricultura, la ganadería, la silvicultura y la pesca ante el desafío de recuperar los niveles previos de exportaciones y revertir el saldo negativo en la balanza comercial. Las decisiones sobre subsidios, incentivos y mejoras en la política sectorial serán determinantes para el desempeño del sector en los próximos meses.

A partir de este primero de mayo once especies acuáticas ingresan en periodo de veda en aguas federales mexicanas, mientras otras dos especies comienzan su etapa de aprovechamiento, de acuerdo con información difundida este martes por la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca).

La medida busca proteger recursos pesqueros en distintos estados y cuerpos de agua del país, en cumplimiento de las opiniones técnicas del Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuacultura Sustentables (IMIPAS).

Entre las restricciones más prolongadas figura la veda del caracol rosa, que se extiende hasta el 30 de noviembre en el Banco Chinchorro y diversas zonas de Quintana Roo.

Las limitaciones aplican en fechas y regiones específicas: por ejemplo, el currículum de pesca para la jaiba abarca del primero de mayo al 9 de julio en los litorales de Sonora y Sinaloa. En contraste, el bagre del Lago de Chapala quedará protegido entre el primero de mayo y el 31 de agosto en los estados de Jalisco y Michoacán.

La lista de especies sujetas a veda incluye además al caracol, la curvina golfina, la langosta, la liseta, tiburones y rayas del Océano Pacífico, tiburones del Golfo de México y Mar Caribe, la raya y la tilapia, según precisó la Conapesca en el comunicado publicado por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. La prohibición para la pesca de tilapia regirá en la Laguna de Amela, Colima, y en la presa Adolfo López Mateos “El Infiernillo” hasta finales de julio.

“Comienza el periodo de veda de tiburones y rayas en aguas de jurisdicción federal del Océano Pacífico. No se podrán capturar tiburones y rayas del Océano Pacífico. Desde las 00:00 horas del 1 de mayo y hasta las 24:00 horas del 31 de julio, en aguas de jurisdicción federal del Océano Pacífico”, así lo manifestó la Conapesca a través de redes sociales.

Dos especies con periodo de aprovechamiento: almeja generosa y charal

Mientras avanzan estas restricciones, desde el primero de mayo de 2026, dos especies cuentan con permiso para su captura: la almeja generosa podrá pescarse en Bahía Magdalena, en Baja California Sur, hasta el 9 de febrero de 2027; el charal tendrá temporada de aprovechamiento en el lago de Chapala hasta el 28 de febrero de 2027, con excepción de las áreas denominadas “ranchos charaleros”.

La veda y los permisos buscan regular actividades pesqueras para favorecer la recuperación de poblaciones y garantizar su permanencia a mediano plazo. Cada restricción obedece a rangos temporales precisos y aplica sobre áreas delimitadas, ya sea en costas, lagunas, presas, ríos o en el mar territorial correspondiente.

La veda del bagre en Chapala entrará en vigor desde las 00:00 horas del primero de mayo hasta las 24:00 horas del 31 de agosto, mientras la del caracol y la langosta se prolongará hasta el 31 de octubre en partes del litoral de Quintana Roo y de la península de Baja California respectivamente. Las tallas, artes y métodos de pesca aprobados y la duración de los permisos responden a la evaluación hecha por IMIPAS.

Conapesca insta a denunciar ante pesca ilegal

La Conapesca mantiene abierto el número telefónico 669 915 6913 para recibir denuncias sobre pesca ilegal o malas prácticas. El servicio opera las 24 horas, los 365 días del año.

Las autoridades reiteran que estas restricciones y autorizaciones buscan conservar poblaciones pesqueras y sostener la actividad a largo plazo.

El cumplimiento de las vedas y la denuncia ciudadana ante irregularidades forman parte de la estrategia de vigilancia del sector.

El Ministerio de la Producción (PRODUCE) modificó el límite máximo de captura total permisible (LMCTP) para el calamar gigante o pota (Dosidicus gigas) correspondiente al periodo enero-agosto de 2026.

Con esta decisión, el tope para la flota artesanal con permiso vigente se eleva a 371,103 toneladas, reemplazando el límite anterior fijado solo hasta junio. La medida fue oficializada mediante la Resolución Ministerial N° 00120-2026-PRODUCE, publicada el 30 de abril de 2026.

¿Qué ha pasado? El informe de IMARPE reconoce que la abundancia del calamar gigante ha mejorado respecto a años anteriores, pero también advierte que el número de embarcaciones pescando ha aumentado y que todavía no hay evidencia suficiente de una recuperación total del recurso.

Por eso, aunque se eleva la cuota general para la temporada, se establecen límites más estrictos y diferenciados para ciertos segmentos, como las embarcaciones menores a 10 m³.

Los detalles: ampliación y segmentación del límite para la extracción

La nueva resolución extiende el periodo de pesca autorizada hasta el 31 de agosto y distribuye el LMCTP de manera diferenciada para las embarcaciones artesanales menores a 10 m³ de capacidad de bodega.

Para este segmento se fija un tope específico de 46,060 toneladas entre el 27 de marzo y el 31 de agosto, incluyendo un sublímite de 19,603 toneladas para el periodo del 2 de mayo al 31 de agosto.

“La abundancia del calamar se mantiene cerca del Máximo Rendimiento Sostenible (MSY), aunque también se ha observado un aumento considerable en el número de embarcaciones operando sobre este recurso”, refirió el IMARPE.

Así, se prioriza “el límite en el esfuerzo de pesca” mientras no existan evidencias científicas de una plena recuperación del stock.

Medidas de control y cierre anticipado

La normativa otorga a la Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción (DGSFS-PA) la facultad de suspender o concluir la actividad extractiva en caso de alcanzarse el límite fijado, si así lo recomienda IMARPE por factores biológicos o ambientales, o al llegar al 31 de agosto.

De acuerdo con el documento del Ministerio de la Producción, el seguimiento y avance de las capturas será publicado oficialmente para garantizar la transparencia.

La Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura explica esta decisión busca “promover el óptimo aprovechamiento social y económico de la cuota establecida del recurso”, bajo un enfoque precautorio y adaptativo que garantice la sostenibilidad de la pesquería y la seguridad alimentaria.

Difusión y fiscalización en todo el litoral

El Ministerio de la Producción encargó a sus órganos técnicos la difusión y fiscalización de las nuevas reglas, tarea que se coordinará con los Gobiernos Regionales y la Dirección General de Capitanías y Guardacostas.

“La DGSFS-PA publica el seguimiento del avance de la extracción del recurso calamar gigante o pota durante el periodo desde el 1 de enero hasta el 31 de agosto del año 2026”, destaca la resolución.

La modificación del límite de captura responde a las perspectivas positivas para el recurso pota en 2026 tras los efectos ambientales del fenómeno El Niño, pero mantiene medidas de precaución ante el incremento del esfuerzo pesquero y la necesidad de preservar un stock saludable.

¿Por qué la pota es importante para la pesca y economía de Perú?

La pesca de pota (calamar gigante) es un pilar fundamental para el Perú, ya que es la segunda pesquería más relevante del país y sostiene la economía de miles de familias dedicadas a la actividad artesanal.

Más de 3,000 embarcaciones y alrededor de 30,000 personas dependen directamente de su extracción, lo que la convierte en la principal fuente de empleo en el sector pesquero artesanal.

Además, la pota representa cerca del 40% de las exportaciones peruanas de productos congelados, generando importantes ingresos y consolidando al país como uno de los principales productores mundiales.

Este recurso no solo impulsa la economía, sino que también aporta alto valor nutricional gracias a su riqueza en proteínas y Omega-3, claves para la salud y la seguridad alimentaria.

La cadena de valor que genera la pesca de pota se extiende a armadores, estibadores, plantas de procesamiento y transportistas, demostrando su impacto integral en la economía nacional.

El Golfo de Nicoya es, históricamente, el estuario más productivo de Costa Rica. Sin embargo, su riqueza no es inagotable. A partir de este 1° de mayo de 2026, el país inicia un nuevo periodo de veda estacional, una pausa necesaria que busca equilibrar la explotación comercial con la capacidad de regeneración de la naturaleza.

Esta medida, liderada por el INCOPESCA y el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), no es solo una prohibición, sino una inversión a largo plazo en la seguridad alimentaria y económica de las comunidades costeras.

En términos biológicos y legales, la veda es la prohibición temporal de la captura de especies marinas en una zona específica. Durante este tiempo, se detienen las actividades de extracción para permitir que los ecosistemas descansen de la presión pesquera. En el caso del Golfo de Nicoya, la restricción se extiende por tres meses, finalizando el 31 de julio de 2026.

El área de cobertura de la restricción ha sido delimitada con precisión. Según detalló el INCOPESCA, la veda comprende el sector del Golfo de Nicoya trazado por una línea recta entre Punta Torres (Peñón) y el Faro de la Isla Negritos afuera, extendiéndose hacia la parte Este de Punta Cuchillos, en la Península de Nicoya, e internándose hasta la línea entre Puerto Níspero y Puerto Moreno, en la desembocadura del río Tempisque.

Esta zona concentra los sitios de mayor reproducción y sirve como guardería natural para numerosas especies marinas, lo que convierte al estuario en uno de los ecosistemas más productivos y relevantes de Costa Rica. El respaldo técnico de la veda proviene de estudios realizados por el INCOPESCA, los cuales identifican el periodo de mayo a julio como el más importante para la regeneración de las poblaciones de peces.

Los datos recabados por los especialistas indican que si la extracción se mantuviera durante estos meses, se pondría en riesgo el reclutamiento de nuevos ejemplares, ya que se capturarían hembras en pleno desove y juveniles que no han alcanzado la talla comercial mínima. “Sin veda hoy, no habrá pesca mañana”, advirtió la entidad, remarcando la urgencia de la restricción.

Vigilancia reforzada y apoyo social durante la veda en el Golfo de Nicoya

Para asegurar el cumplimiento de la medida, el Gobierno de Costa Rica ha desplegado un operativo de vigilancia en el que participarán diferentes instituciones, tales como:

• Servicio Nacional de Guardacostas
• Ministerio de Seguridad Pública
• Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE)
• Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA).

Los controles se realizarán por mar y por tierra, incluyendo inspecciones en centros de acopio y carreteras. Las autoridades recalcaron que quienes infrinjan la veda se exponen a sanciones severas, decomiso de equipos y revocatoria de licencias.

La dimensión social de la veda es relevante. Para miles de familias, la pesca es la única fuente de ingresos. El Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) ha habilitado subsidios para titulares de licencias de pesca, pesca turística y permisos de investigación vigentes que operan en la zona de restricción. Esta ayuda económica busca amortiguar el impacto financiero durante los 92 días de inactividad extractiva, según detalló el organismo estatal.

La normativa reconoce excepciones específicas para evitar la parálisis total de la economía local. La extracción de pianguas y otros moluscos sigue permitida, siempre que los pescadores cuenten con la autorización vigente del INCOPESCA. En el caso de la sardina, se autoriza su pesca a embarcaciones semi-industriales únicamente entre el 1° de junio y el 31 de julio, bajo regulaciones estrictas de área y volumen.

La primera temporada de pesca de anchoveta 2026 se desarrolla bajo condiciones climáticas exigentes: temperaturas cálidas asociadas al fenómeno El Niño costero, una biomasa con predominio juvenil y una cuota reducida a 1.91 millones de toneladas para proteger el recurso. En este contexto, resurgen voces críticas que acusan a la industria de depredar juveniles y poner en riesgo la sostenibilidad. Sin embargo, estas afirmaciones desconocen el fondo científico y normativo que sustenta la gestión pesquera peruana, reconocida internacionalmente como ejemplo de manejo precautorio y adaptativo frente a escenarios de alta incertidumbre.

El Instituto del Mar del Perú (IMARPE) realiza dos veces al año cruceros hidroacústicos para estimar la biomasa de anchoveta y otras especies pelágicas. Se emplean métodos directos e indirectos, analizando tallas desde 5 a 18 cm, distinguiendo adultos (≥12 cm) y juveniles (<12 cm). Además, se estudian edad, dieta, condición reproductiva y variables oceanográficas. Con esta información se proyecta la biomasa adulta hasta el final de la temporada. La regla de seguridad es que no más del 35% de la biomasa adulta proyectada puede ser extraída, dejando siempre un remanente de al menos 5 millones de adultos para garantizar el desove.

Durante esta primera temporada, el Ministerio de la Producción (PRODUCE) fijó una cuota de 1.91 millones de toneladas, equivalente a la tasa máxima de explotación de 0.35. Esto deja una biomasa remanente de 4.89 millones de adultos, muy cerca del objetivo estratégico de mantener siempre 5 millones de adultos. La decisión se tomó bajo el escenario cálido moderado, considerando la influencia del fenómeno El Niño.

La captura incidental de juveniles es inevitable, pero está regulada. El Decreto Supremo 024-2016-PRODUCE establece medidas para fortalecer el control y vigilancia de la actividad extractiva, con el fin de conservar y aprovechar sosteniblemente el recurso anchoveta. Entre estas medidas se incluyen cierres dinámicos de zonas cuando se detecta alta incidencia de juveniles. Estos cierres se aplican en tiempo real, con reportes obligatorios y análisis de tallas, lo que ha garantizado en estos años la protección del recurso y la sostenibilidad de la pesquería.

Por ejemplo, mediante el Comunicado N.° 003-2026-PRODUCE/DGSFS-PA-SP se dispuso la suspensión de la actividad extractiva por cinco días en zonas frente a Malabrigo (La Libertad) y Chincha (Ica), con el objetivo de proteger juveniles. Medidas como esta se han repetido en distintas ventanas de pesca y por varios días consecutivos, siempre con la única finalidad de asegurar la sostenibilidad del recurso anchoveta.

Entre el 9 y el 26 de abril de 2026 se han descargado 439,535 toneladas de anchoveta, lo que representa el 23% de la cuota autorizada de 1.91 millones de toneladas, según los reportes oficiales de PRODUCE e IMARPE. De ese total, 167,542 toneladas corresponden a juveniles, cifra que se mantiene dentro de los rangos proyectados por la autoridad científica. El promedio diario de desembarques ha sido cercano a 30 mil toneladas, con tallas modales de 10, 11 y 13 cm. Estos datos reflejan un monitoreo constante de tallas, acorde con las regulaciones vigentes y con las medidas precautorias que incluyen cierres dinámicos de zonas de pesca para proteger juveniles y asegurar la sostenibilidad del recurso.

La pesquería industrial peruana de anchoveta es una actividad altamente regulada, monitoreada y reconocida internacionalmente. Los cierres dinámicos, la regla del 35% y la biomasa remanente son pruebas concretas de un sistema precautorio. El DS 024-2016-PRODUCE no es un permiso de depredación, sino un instrumento legal y técnico para eliminar el descarte, transparentar la captura incidental y fortalecer la vigilancia por parte de PRODUCE.

Además, PRODUCE ha fortalecido la gestión con herramientas digitales y monitoreo satelital en tiempo real, junto con bitácoras electrónicas obligatorias que transparentan la captura y permiten aplicar cierres preventivos inmediatos. Los reportes públicos en la web de IMARPE refuerzan la confianza en el sistema y la transparencia de la información. Este modelo precautorio ha sido reconocido por la OCDE como referente mundial en sostenibilidad pesquera.

En un país como el Perú, donde fenómenos como El Niño modifican de manera drástica la distribución y composición de la biomasa, esta temporada nos recuerda una lección fundamental, que siempre debemos anticiparnos y tomar medidas oportunas para contrarrestar riesgos. La única estrategia eficaz es apostar de manera permanente por la investigación científica y por instituciones como el IMARPE, que permiten ajustar la gestión en tiempo real. La confianza en PRODUCE e IMARPE se sustenta en décadas de trabajo técnico y científico, que han garantizado la conservación de la anchoveta y de la pesquería peruana frente a escenarios cambiantes.

Un monitoreo realizado por la organización internacional Earthrace Conservation documentó un incumplimiento generalizado de las regulaciones pesqueras en el sur de Costa Rica, región reconocida por su biodiversidad marina, lo que expone un grave déficit de aplicación de la ley en zonas clave para la conservación y provoca un aumento en los riesgos sobre especies vulnerables.

En el periodo de dos meses que abarcó la investigación, efectuada entre noviembre y diciembre de 2025, la acción de observadores de Earthrace Conservation permitió identificar que el 100 % de las líneas de palangre inspeccionadas presentaron algún grado de ilegalidad y que el 77 % de los anzuelos observados utilizaban carnada viva, prohibida en áreas costeras de 30 millas náuticas.

Entre las zonas muestreadas destaca especialmente la región de Osa, señalada por albergar cerca del 38 % de las especies de cetáceos identificadas en el país y por su importancia como hábitat de reproducción y anidación para una multiplicidad de especies marinas.

Durante las labores de monitoreo, el equipo empleó una metodología no extractiva que combinó observación directa, registro fotográfico y audiovisual, recopilación de datos georreferenciados y vigilancia mediante drones.

Esto permitió la recolección de evidencia sin interferir en las actividades pesqueras. El trabajo de campo se concentró en la zona comprendida entre el Pacífico Norte de Guanacaste y el Golfo Dulce, con mayor énfasis en el sur de Quepos, área donde se encuentra la mayor concentración de pesca pelágica.

Entre las capturas presenciadas por los observadores figuran especies comerciales, como el dorado y el atún aleta amarilla; turísticas, como el pez vela; y otras de elevado valor ecológico, en especial las tortugas marinas.

El informe advierte que la utilización de carnada viva, además de incrementar la eficiencia de la pesca, aumenta el peligro de captura incidental de tiburones, aves marinas, tortugas y otras especies que forman parte del mismo ecosistema, muchas de las cuales son especialmente sensibles al impacto humano.

Earthrace Conservation enfatiza la existencia en Costa Rica de un marco regulatorio robusto, fundamentado en la Ley de Pesca y Acuicultura y en diversos compromisos internacionales. Indica que el país ha implementado modelos innovadores como las Áreas Marinas de Pesca Responsable.

No obstante, la organización subraya que existe “una brecha crítica entre la normativa vigente y su aplicación en el mar”, especialmente en el Pacífico Sur, donde los desafíos de fiscalización dificultan la efectividad de las reglas y comprometen la integridad ecológica de la zona.

El monitoreo de Earthrace Conservation revela ilegalidad sistemática en la pesca costarricense

Earthrace Conservation observa que el fenómeno documentado en el sur del país constituye un patrón claro de incumplimiento, distante de la noción de incidentes aislados. El fundador y director de la organización, Pete Bethune, indicó: "Lo que estamos viendo no son incidentes aislados, sino un patrón claro de incumplimiento en una de las regiones marinas más importantes del planeta. Sin presencia real en el mar, la ley pierde efectividad y los ecosistemas quedan expuestos“.

Como respuesta a estos hallazgos, Earthrace Conservation ha solicitado incrementar la fiscalización marina, intensificar los patrullajes, extender el uso de nuevas tecnologías de monitoreo y fortalecer la coordinación interinstitucional para salvaguardar los ecosistemas marinos.

El informe expone ejemplos concretos surgidos de sus operaciones. El caso de la embarcación Maricruz II (PQ5657), inspeccionada el 1 de noviembre de 2025, es ilustrativo: con 20 anzuelos revisados a 22 millas náuticas de la costa, se constató que diez utilizaban carnada viva, nueve carnada muerta y uno carecía de carnada, lo que evidencia las irregularidades persistentes incluso en inspecciones puntuales.

La cooperación de Earthrace Conservation con los ministerios de Ambiente de Costa Rica y Panamá ha permitido fortalecer la protección de parques nacionales y áreas marinas protegidas mediante una colaboración en la que la organización aporta embarcaciones y tripulación, y las autoridades nacionales asignan guardaparques para controlar las labores en el mar. Según el reporte, recientemente el gobierno costarricense renovó por cinco años más el contrato con la organización, que opera a bordo del exbuque de la Marina estadounidense Modoc.

Costa Rica enfrenta desafíos para hacer cumplir sus leyes ambientales

El área de Osa, identificada por Pristine Seas, National Geographic como una de las regiones con mayor biodiversidad marina del planeta, está bajo una presión creciente debido a la pesca no regulada, lo que, según el estudio de Earthrace Conservation, cuestiona la capacidad del Estado para sostener sus compromisos legales y de conservación.

El informe señala que, pese al compromiso institucional, la ausencia de presencia y vigilancia efectiva en el mar deteriora las garantías para la fauna marina, situando a la región ante “desafíos importantes en la fiscalización”.

Earthrace Conservation es una organización fundada y dirigida por Pete Bethune, con operaciones en Estados Unidos, Alemania, Francia, Nueva Zelanda, Costa Rica y Panamá, dedicada a combatir delitos ambientales como la pesca ilegal, la caza furtiva y la destrucción de hábitats.

Su modelo abarca la colaboración con autoridades nacionales, financiamiento de recursos logísticos y tecnológicos, patrullajes marinos y terrestres, así como acciones puntuales como limpiezas de playas y monitoreo de la vida silvestre.

En el remoto norte de Noruega, Henningsvær alberga el que muchos consideran el estadio de fútbol más bonito del mundo. Ubicado más allá del Círculo Polar Ártico y suspendido entre el mar y la roca, este campo nació del ingenio de una pequeña comunidad pesquera, transformándose en uno de los escenarios deportivos más singulares del planeta. Su historia y su entorno lo convierten en un fenómeno visual y cultural único, admirado por viajeros y fotógrafos de todo el mundo.

A más de 200 kilómetros al norte del círculo polar, Henningsvær se extiende sobre un conjunto de islas montañosas que emergen directamente del mar. El estadio, construido sobre uno de estos islotes, fue una respuesta a la falta de espacios amplios en una región dominada por aguas heladas y abruptos promontorios rocosos. Lejos de grandes infraestructuras y de la lógica de las grandes ligas, la comunidad local niveló el terreno y lo cubrió con una superficie artificial resistente al clima extremo, permitiendo que el fútbol se mantuviera vivo en condiciones geográficas adversas, según reseñó la periodista Clara Huguet a Viajes National Geographic.

El estadio no busca albergar grandes competiciones ni partidos de estrellas internacionales. Su objetivo primordial ha sido siempre servir como punto de encuentro para los habitantes de la localidad y como espacio de juego para los equipos juveniles y amateurs, como el Henningsvær IL. Las dimensiones del campo son menores a los estándares profesionales y no cuenta con gradas, pero esto no supone un inconveniente: apenas unas 500 personas pueden rodear el césped, cifra que se aproxima a la totalidad de la población local.

Ubicado en el corazón de las Islas Lofoten, el estadio de Henningsvær es testimonio del modo en que la tradición y la modernidad pueden convivir en uno de los entornos más extremos del mundo, consolidando su lugar como símbolo de la comunidad y como destino obligado para quienes buscan paisajes y experiencias únicas.

Un estadio suspendido entre mar y roca

La particularidad topográfica de Henningsvær determinó cada aspecto de la construcción del estadio. Ante la ausencia de terreno llano y suficiente, la comunidad optó por acondicionar un islote cercano, nivelándolo y recubriéndolo con césped sintético apto para soportar las bajas temperaturas y las frecuentes lluvias. El resultado es un campo prácticamente rodeado por agua, donde el verde del pasto contrasta con el gris de la roca y el azul intenso del mar Ártico.

Durante los meses de invierno, las condiciones climáticas imponen límites infranqueables: la nieve, el hielo y los fuertes vientos impiden cualquier tipo de práctica deportiva. El estadio se convierte así en un espacio estacional, disponible solo durante la primavera y el verano, cuando la luz y el clima lo permiten. Esta temporalidad refuerza el carácter de evento comunitario de cada partido, que reúne a vecinos y visitantes en un escenario tan espectacular como efímero.

La ausencia de gradas y la cercanía del público al campo subrayan la dimensión local y familiar del estadio. Cada encuentro se convierte en una celebración de la vida en comunidad, en una región donde el aislamiento geográfico ha impulsado la autosuficiencia y el ingenio colectivo. La singularidad del estadio ha trascendido fronteras, atrayendo la atención de medios internacionales y consolidando su prestigio como uno de los campos de fútbol más singulares del planeta.

Tradición pesquera y modernidad deportiva

El estadio de Henningsvær no solo se destaca por su ubicación, sino también por la convivencia armónica entre la actividad deportiva y las tradiciones centenarias de la pesca. En sus alrededores, se levantan estructuras de madera conocidas como hjell, utilizadas desde hace generaciones para el secado del bacalao. Estas infraestructuras, esenciales en la economía local, forman parte del paisaje y conviven con el estadio sin interferir en la práctica deportiva.

El proceso de secado del bacalao, que aprovecha el viento y la baja humedad características de la región, continúa vigente y mantiene su importancia en la vida diaria de la comunidad. Así, fútbol y pesca coexisten, reflejando la capacidad de adaptación de Henningsvær a los desafíos naturales y económicos de su entorno. La presencia de estos bastidores de madera en las inmediaciones del campo refuerza el carácter singular del estadio y su integración en el tejido social y productivo de la localidad.

La economía de Henningsvær ha estado ligada históricamente al mar y a la pesca, pero en las últimas décadas ha sabido reinventarse, incorporando nuevas actividades culturales y turísticas sin perder su esencia. El estadio de fútbol es, en este sentido, un símbolo de esa capacidad de adaptación y de la voluntad de la comunidad de preservar sus raíces mientras explora nuevas formas de conexión con el mundo exterior.

Un lugar más allá del fútbol

La localidad de Henningsvær es mucho más que su estadio. Con apenas unos cientos de habitantes, el pueblo se extiende sobre varias islas conectadas por puentes, donde la vida cotidiana sigue marcada por el ritmo del mar y el aroma a salitre. Sus calles, salpicadas de antiguas casas de madera y pequeños comercios, miran hacia el puerto, donde las barcas de los pescadores llegan cada día tras largas jornadas en el mar.

Entre los lugares de interés es destaca el KaviarFactory, un espacio expositivo instalado en una antigua fábrica de caviar que impulsa la vida cultural del pueblo. También sobresale el Henningsvær Lighthouse, que vigila la entrada al puerto y se ha convertido en uno de los emblemas paisajísticos de la región. Los alrededores ofrecen rutas de senderismo y miradores excepcionales, desde los que es posible contemplar fenómenos naturales únicos, como el sol de medianoche o las auroras boreales.

El turismo ha crecido en los últimos años, pero Henningsvær logró mantener un equilibrio entre la apertura al visitante y la preservación de su identidad. El estadio de fútbol, con su ubicación inigualable y su profunda conexión con la vida local, encarna ese espíritu: un puente entre tradición y modernidad, entre naturaleza y cultura, en uno de los rincones más espectaculares del planeta.

México intensifica acciones contra la pesca ilegal para proteger sus recursos marinos y cumplir los compromisos internacionales vigentes.

Frente a observaciones recientes de autoridades de Estados Unidos, el gobierno federal refuerza el marco legal, impulsa la cooperación interinstitucional y actualiza la vigilancia tecnológica, con efecto directo en la economía pesquera y el comercio exterior.

La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) supone un riesgo para la economía mexicana y los ecosistemas marinos. México mantiene que estas prácticas amenazan la sustentabilidad del sector, la salud de las especies y las cadenas comerciales.

Por ello, la administración actual implementa reformas legales, nuevas normas oficiales y acuerdos para cerrar el paso a productos ilícitos, proteger el empleo y asegurar la trazabilidad de productos pesqueros y acuícolas.

Pesca ilegal afecta directamente a especies protegidas

El endurecimiento de la estrategia contra la pesca INDNR impacta directamente a actores clave como la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRICULTURA) y las autoridades federales encargadas de la inspección y vigilancia, en conjunto con la Secretaría de Marina, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).

Esta coordinación interinstitucional busca preservar los empleos e ingresos de más de cuatrocientos mil productores y empresas pesqueras nacionales. Al documentar con rigor el origen legal de los productos, se protege el acceso a mercados de exportación y se limita la entrada de mercancía ilícita. México cumple así obligaciones del T-MEC en temas como la protección de la vaquita marina y el combate al tráfico ilegal de totoaba.

Entre los mecanismos desplegados destacan:

• Supervisión satelital de embarcaciones pesqueras.
• Actualización del marco regulatorio sobre vedas, artes de pesca y manejo de especies.
• Aplicación de acuerdos bilaterales sobre mamíferos marinos y uso de dispositivos excluidores de tortugas.

Estas medidas buscan distinguir actividades ilícitas localizadas de la mayoría responsable del sector.

Frenar pesca ilegal es responsabilidad internacional

Las autoridades mexicanas sostienen que la pesca ilegal es un reto compartido con otras naciones y requiere inteligencia interinstitucional y corresponsabilidad internacional. Al robustecer la supervisión y la aplicación normativa, el gobierno federal apunta a proteger los ecosistemas y consolidar cadenas productivas sustentables.

Este enfoque beneficia a los productores mexicanos porque mejora las condiciones comerciales y facilita el acceso a mercados internacionales. Expertos en la materia consideran indispensable apoyar a quienes cumplen la ley y separar sus actividades de conductas ilícitas limitadas a ciertas regiones.

Se subraya la relevancia de mantener:

• Monitoreo permanente en zonas críticas.
• Adopción de prácticas sostenibles.
• Lucha contra redes criminales que trafican especies protegidas.

El monitoreo sobre las incursiones de embarcaciones en aguas estadounidenses continúa como prioridad en el marco de compromisos bilaterales.

Mediante la revisión y discusión de regulaciones, el sector pesquero panameño presentó una propuesta con vías a incrementar el crecimiento del mercado y potenciar su posicionamiento como el principal rubro de exportación del país.

Panamá exporta productos del mar a más de 30 países, principalmente a Estados Unidos y a naciones asiáticas como China-Taiwán, Vietnam y Corea del Sur.

En 2025 los productos pesqueros, entre ellos pescados, crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos, además de grasas, aceite de pescado y preparaciones y conservas, lideraron las exportaciones del país con más de $217 millones.

La propuesta le fue presentada al presidente de la República, José Raúl Mulino, e incluye la creación de una mesa técnica de trabajo entre el sector pesquero y las instituciones vinculantes.

El objetivo, afirman los proponentes, es analizar y verificar la aplicación de normas que equilibren el manejo de los recursos acuáticos con el desarrollo del sector.

En la recomendación se establece que en 90 días la mesa técnica deberá presentar una propuesta formal al Ejecutivo, con protocolos, pilotos y hoja de ruta para la implementación de la gestión pesquera y el manejo de los recursos, para garantizar, que garantice la sostenibilidad del sistema, una mayor generación de empleo y la preservación del ecosistema.

Las intenciones de los empresarios pesqueros van más allá, pues de igual manera buscan la creación de un sistema propio de medición y verificación pesquera (MRV) entre el Estado y el sector, basado en ciencia independiente, asiento estructural de pesca y con set de datos públicos auditables.

Para que el MRV tenga éxito debe haber entidades pesqueras organizadas y legalmente constituidas, con derechos de pesca comercial (permisos o concesiones).

Debe haber compradores y consumidores interesados en productos pesqueros sostenibles y que brinden incentivos económicos para la pesca responsable, como mejor precio, acceso a un nuevo segmento de mercado y condiciones de pago más favorables.

Se debe contar con un marco regulatorio y políticas públicas que asignen y garanticen el acceso exclusivo a los recursos pesqueros, por medio de permisos, concesiones o cuotas de captura, medidas de manejo pesquero basadas en ciencia y acciones de inspección y vigilancia, de acuerdo con la “Guía para el rescate de valor de la pesca de pequeña escala”.

Como resultado de esta mesa los empresarios pesqueros panameños confían en que el primer impacto de las medidas sea el aumento de puestos de trabajo, crecimiento en mercados internacionales, mayor atracción de la inversión nacional y extranjera.

La meta también incluye poseer una regulación con sistema MRV auditable, que garantice la conservación real de los recursos marinos, así como el posicionamiento de Panamá como líder regional en pesca y acuicultura sostenible.

Durante el encuentro se presentó el plan Panamá Azul Verificable que busca la designación formal de enlaces técnicos por cada ministerio e institución competente con disponibilidad para las sesiones, la apertura de un “data room” de flota, VMS, capturas, esfuerzo pesquero, exportaciones, sanciones y mercados.

Además, pretenden la creación de un fondo de modernización pesquera verificable, orientado al fomento del desarrollo, optimización y cumplimiento del sector, según manifestó Luis Eduardo Camacho González, asesor legal de los empresarios del sector pesquero panameño.

Durante la reunión, el administrador de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá, Eduardo Carrasquilla, escuchó las inquietudes del sector pesquero y giró las instrucciones para la creación de la solicitada comisión, indica una información oficial.

En el Perú, pocas instituciones han logrado construir una reputación tan sólida y resistente como el Banco Central de Reserva del Perú. En medio de turbulentas crisis políticas, vaivenes económicos y decisiones de corto plazo que han afectado otros sectores del Estado, el BCR ha mantenido una línea clara: disciplina técnica, independencia y predictibilidad. Detrás de esa estabilidad hay algo más que buenos economistas: hay reglas claras, institucionalidad protegida y un profundo respeto por la evidencia.

Ese mismo espíritu —el de la ciencia al servicio de decisiones críticas— también vive en el Instituto del Mar del Perú (IMARPE). IMARPE cumple un rol igualmente estratégico: producir el conocimiento que permite gestionar de manera sostenible uno de los mayores activos del país, su mar. Su trabajo es la base sobre la cual se definen cuotas, temporadas de pesca y medidas que impactan directamente en la economía, el empleo y la seguridad alimentaria del Perú.

Así como el BCR ordena la política monetaria con rigor técnico, IMARPE orienta la política pesquera con evidencia científica. Ambos operan en sistemas complejos, donde decisiones apresuradas o mal informadas pueden tener consecuencias profundas y duraderas. Y en ambos casos, la calidad de la información es el punto de partida de todo.

El BCR ha consolidado su prestigio sobre tres pilares que vale la pena replicar: independencia operativa, método científico riguroso y una comunicación clara que refuerza su credibilidad. No es solo una institución técnica; es una institución en la que el país confía.

IMARPE, por su parte, ya cuenta con bases muy sólidas. Tiene equipos científicos de alto nivel, una trayectoria reconocida y una capacidad única para entender la dinámica de los ecosistemas marinos peruanos. Es, sin duda, una de las piezas más valiosas del aparato público vinculado al mar. Pero como toda institución que enfrenta desafíos cada vez más complejos —cambio climático, presión sobre los recursos, nuevas dinámicas del mercado— necesita ser fortalecida para seguir cumpliendo su rol con la misma solvencia.

Ese fortalecimiento pasa, en primer lugar, por asegurar y profundizar su autonomía e independencia de los gobiernos de turno. La ciencia funciona mejor cuando puede operar con estabilidad y sin interferencias de corto plazo. Para lograrlo se requiere modernizar su gestión y reformular el marco normativo que regula sus funciones. En segundo lugar, requiere mayores recursos para ampliar su capacidad operativa: embarcaciones de investigación, mejor equipamiento y mayor cobertura en el monitoreo del mar y sus recursos. Se trata de contar con las herramientas necesarias para producir evidencia cada vez más precisa y oportuna para el ordenamiento pesquero, pero también para responder a los retos actuales como el cambio climático y la contaminación plástica. En tercer lugar, como ha demostrado el BCR, la comunicación también importa: no solo para explicar mejor qué hace IMARPE, los protocolos que usa y los resultados de su trabajo científico, sino que pasa por establecer canales regulares para recoger e integrar tanto el trabajo científico de las instituciones académicas, como la información empírica recogida por los pescadores, para contar con resultados más robustos y ganar mayor legitimidad.

Hay una lección clara en la experiencia del BCR: las instituciones técnicas fuertes no se improvisan, se construyen con inversión, consistencia y visión de largo plazo. El Perú ya cuenta con una institución científica de primer nivel en el mar. Darle las condiciones para que alcance todo su potencial debe ser una de las prioridades del próximo Gobierno. Porque su rol es clave para la toma de decisiones que afectan no solo a nuestros recursos marinos, sino para asegurar que estos puedan seguir siendo fuente de empleo y alimento saludable para los millones de peruanos que dependen de ellos.

La acuicultura en el Perú ha sido, por años, un sector con enorme potencial, pero sin el impulso suficiente para consolidarse. Tras un 2025 marcado por caídas en especies tradicionales como la trucha y la concha de abanico, el 2026 abre un nuevo escenario.

El Ministerio de la Producción (PRODUCE) proyecta un crecimiento superior al 9 %, apoyado en beneficios tributarios, financiamiento accesible y un renovado marco sanitario. La pieza que faltaba no era la ley, sino su activación efectiva.

Según la Estadística Pesquera Mensual de la Actividad de Acuicultura (PRODUCE, 2025), el año pasado la cosecha acuícola cayó 10,5 %, pero el langostino creció 17,5 %, sosteniendo exportaciones por US$ 347,8 millones hacia Estados Unidos, Corea del Sur y España. Esa resiliencia demuestra que la acuicultura es un pilar de la economía azul que puede replicar el éxito de la agroexportación si se le brinda el entorno adecuado.

En el 2022, se promulgó la Ley N.º 31666, que estableció un marco de promoción y fortalecimiento de la acuicultura. Sin embargo, durante unos años su impacto fue limitado, pues los beneficios tributarios estaban en el papel, pero no llegaban de manera clara a los productores. En abril de 2026, SUNAT finalmente emitió las disposiciones relacionadas con el reintegro tributario del impuesto general a las ventas despuesto por la antes mencionada Ley.

Los beneficios incluyen:

• Recuperación anticipada del IGV en etapa preoperativa.
• Reintegro tributario del IGV incluso para operaciones exoneradas.
• Tasas diferenciadas del Impuesto a la Renta del 20 % con aumentos graduales posteriores.
• Depreciación acelerada del 20 % en infraestructura y equipos hasta 2031.

La diferencia es sustancial, lo que antes era una promesa normativa, hoy se convierte en una herramienta concreta para los acuicultores de menor escala (AREL) y de mediana empresa (AMYPE).

El Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (FONDEPES) complementa los beneficios tributarios con créditos blandos: tasas entre 3 % y 7 % anual, plazos de hasta 36 meses y montos de hasta S/ 192 500 para capital de trabajo, compra de equipos y ampliación de infraestructura. Solo en el primer trimestre de 2026 se otorgaron más de S/ 3,3 millones en créditos a pescadores artesanales y acuicultores.

Este financiamiento permite modernizar instalaciones, adquirir tecnología y mejorar la rentabilidad, pero también exige formalización: inscripción en el RUC y autorizaciones vigentes (AREL/AMYPE). La política pública busca así un doble objetivo: crecimiento y formalización.

Según Sanipes (Boletín institucional, abril 2026), más de 3.500 productores acuícolas participaron en programas de extensión orientados a inocuidad y sostenibilidad. Además, el Perú culminó con resultados favorables las auditorías de la Comisión Europea (DG Sante, diciembre 2025), lo que garantiza la continuidad de las exportaciones hacia la Unión Europea y consolida la credibilidad internacional del sistema sanitario nacional. La articulación entre PRODUCE, SUNAT y Sanipes es lo que convierte a la norma en motor real de desarrollo.

La diversificación hacia la concha de abanico en Sechura se impulsa con inversiones en infraestructura y laboratorios de semillas, buscando reducir la presión sobre bancos naturales. Sin embargo, estudios de sostenibilidad ambiental (Fundación Promoción Social, 2024) advierten que la bahía enfrenta riesgos de contaminación y requiere controles más estrictos de efluentes y ordenamiento territorial para evitar conflictos sociales y daños irreversibles.

La competencia internacional es intensa y países como China, Indonesia e India dominan la producción acuícola mundial. Para que el Perú logre posicionarse en ese escenario no basta con crecer en volumen, la clave está en diferenciarse a través de calidad, trazabilidad y certificaciones que transmitan confianza y sostenibilidad a los mercados más exigentes.

La acuicultura peruana dejó de ser un sector emergente y hoy se perfila como un pilar estratégico de nuestra economía azul. La ley estaba vigente desde hace años, pero lo que faltaba era su activación y articulación efectiva. Con los beneficios tributarios administrados por SUNAT, el financiamiento de FONDEPES y la vigilancia sanitaria de Sanipes, el sector cuenta con las herramientas necesarias para fortalecer su crecimiento.

No basta con aprobar buenas normas, hay que hacerlas funcionar. Esa es, finalmente, la pieza que faltaba.

Luego de confirmarse que la primera temporada de pesca de anchoveta en Perú será la más baja en una década, la industria pesquera del país andino se alista para enfrentar un segundo golpe en el segundo trimestre del año: la posible llegada de nuevas olas de calor oceánicas que amenazan con complicar aún más la captura del principal recurso marino nacional.

De acuerdo con la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP), los precios globales de los combustibles también están representando un duro revés para el sector, aunque esa presión se ve atenuada por los altos valores internacionales de la harina de pescado.

No me esperes en abril: el clima presiona a la anchoveta del Perú

Según Jessica Luna, presidenta de la SNP, la coyuntura ambiental obliga al sector a acelerar operaciones durante abril para adelantarse a los riesgos climáticos que podrían agudizarse en mayo y junio. Se están pescando, en promedio, 15.000 toneladas por día.

La temporada de pesca comenzó el 9 de abril de 2026, luego de una decisión rápida del Ministerio de la Producción (PRODUCE), motivada por la presencia de un Niño costero débil a moderado y la posibilidad de un Niño global en la segunda mitad del año.

“Tenemos un avance del 14% de la cuota a al fecha, pero la pesca se concentra sobre todo en Chicama y Callao, ya que la zona norte presenta aguas cálidas y menor presencia de anchoveta”, explicó Luna en diálogo con Infobae Perú durante el Reporte de Sostenibilidad 2025 de TASA.

La cuota autorizada para esta temporada es de 1,91 millones de toneladas, lo que genera una presión adicional sobre la industria para aprovechar cada jornada favorable.

Factores como los oleajes anómalos han generado cierres de puertos en los primeros días de faena, y el sector mantiene reuniones semanales con el ministerio y el IMARPE para ajustar la estrategia.

“Lo que tenemos ahora es lo que el mar está dando; lo más importante es avanzar de manera eficiente en abril, porque es incierto lo que pasará en los próximos meses”, enfatizó Luna.

Combustible caro, harina en alza: cuentas que no cierran fácil

El contexto de precios y costos también es desafiante. Si bien el precio del petróleo afecta los costos operativos, los valores internacionales de la harina de pescado alcanzan máximos históricos.

Según la Federal Reserve Economic Data (FRED), el precio mundial de la harina de pescado llegó a US$ 1.992 por tonelada en marzo de 2026, con picos que superan los US$ 2.500 por tonelada para calidades superiores.

En la industria anchovetera, la mayoría de barcos usa gasóleo marino (MGO) como combustible principal, aunque algunas embarcaciones emplean fuelóleo pesado o diésel tipo B. Esta dependencia vuelve a la industria especialmente vulnerable a la volatilidad de los precios internacionales.

A mediados de abril de 2026, los precios del crudo experimentaron alzas abruptas debido a las tensiones en el estrecho de Ormuz, donde bloqueos e incidentes elevaron el crudo estadounidense (WTI) hasta 103 dólares por barril.

En Perú, el valor promedio de los combustibles subió hasta un 27% en marzo y se mantiene al alza. “Los precios de la harina están un poco mejor, lo que ayuda a mitigar el impacto de la menor cuota”, afirmó la presidenta de la SNP.

Lo que no pesca Perú, se lo lleva Chile: la competencia al sur sigue abierta

En el sur del país, la anchoveta corresponde a un stock compartido con Chile y la temporada suele ser más pequeña que la del norte-centro, tanto en volumen como en impacto económico.

La primera temporada sur normalmente inicia en enero, y la segunda después de julio, aunque esto puede variar según las condiciones climáticas.

Luna advierte que, debido a diferencias normativas y falta de coordinación científica, lo que no se captura en el sur peruano termina siendo aprovechado por la flota chilena. “Lo que no pesca Perú, lo pesca Chile”, resume.

Explica que, mientras Perú mantiene una talla mínima uniforme de 12 centímetros en toda su costa, Chile emplea una talla adaptativa y estrategias regulatorias propias.

Luna insiste en la urgencia de una mayor articulación entre el IMARPE y su par chileno para compartir información y asegurar una gestión más equilibrada del recurso común.

Según la dirigente industrial, la descoordinación actual “favorece a la industria chilena y limita el potencial productivo y laboral en el sur peruano”.

La SNP no apelará al fallo de Paracas

El escenario legal para la pesca industrial en Perú cambió de manera decisiva con la sentencia definitiva de la Corte Suprema, emitida el 7 de noviembre de 2025 y notificada en enero de 2026, que prohíbe la pesca industrial en todas las áreas naturales protegidas, incluyendo la Reserva Nacional de Paracas.

El fallo, que rechaza la demanda de la SNP, es inapelable y marca un precedente para la gestión ambiental en el país, extendiéndose a parques, reservas y santuarios nacionales.

Este desenlace desfavorable para la SNP está estrechamente vinculado con otro proceso pendiente en la Reserva Nacional Dorsal de Nazca, donde la industria demanda derechos preexistentes sobre aguas superficiales.

Luna subraya la importancia de que la legislación quede clara y que los procesos se resuelvan cuanto antes por el bien del sector. “Es importante cerrar estos capítulos y que quede clara la legislación, para generar seguridad jurídica”, afirmó. Por ahora, la SNP no tiene previsto apelar el fallo sobre Paracas.

En cuanto a la Dorsal de Nazca, Luna insiste en que la gestión de áreas protegidas debe basarse en la ciencia, permitiendo la coexistencia entre pesca industrial y conservación solo cuando los criterios técnicos lo avalen. “No es lo que la industria quiere, ni lo que un político quiere, sino lo que la ciencia determine”, remarcó.

TASA, la mayor empresa pesquera del Perú, reportó la valorización de 24,883 toneladas de residuos y una reducción de 22.6% en el consumo de agua durante 2025, según su último Reporte de Sostenibilidad.

La compañía destacó estos avances en un contexto de recuperación del sector pesquero nacional, con una cuota global superior a cuatro millones de toneladas y la reactivación de más de 3,500 micro y pequeñas empresas asociadas a la cadena de suministro.

TASA reporta valorización récord de residuos en 2025

TASA consolidó su liderazgo en la exportación de harina y aceite de pescado en 2025. La compañía alcanzó ventas de 316,716 toneladas de harina y despachos de 31,910 toneladas de aceite aqua y omega, 5,016 toneladas de aceite refinado y 298 de concentrado, superando los volúmenes registrados en 2024.

El 77% de las exportaciones tuvo como destino principal a China, mientras que Alemania y Ecuador aumentaron su demanda por el valor agregado de los productos.

En materia operativa, 2025 marcó la incorporación de dos nuevas embarcaciones de última generación, una de ellas con la mayor capacidad de bodega para pesca industrial en el país.

La empresa opera con 43 embarcaciones, 7 plantas de harina y aceite de pescado, 1 planta de congelado, 1 planta de aceites concentrados y refinados, y 1 astillero propio.

Sostenibilidad se integra a la gestión diaria de la mayor pesquera de Perú

Antonio Olortegui, gerente de Asunto Corporativos, Legal y Compliance de TASA, afirmó que el “reporte refleja cómo la sostenibilidad forma parte central” de las decisiones y operación diaria de la pesquera.

“Como industria, tenemos el desafío de seguir creciendo de manera responsable, asegurando el cuidado del recurso, el desarrollo de las personas y el impacto positivo en nuestras comunidades”, dijo durante la presentación.

La gestión ambiental es uno de los ejes centrales del modelo de negocio. En 2025, TASA logró valorizar el 61% de sus residuos y reducir en 0.47 m³ el consumo de agua por cada tonelada de harina y aceite de pescado producida.

La empresa consumió 581,552 m³ de agua proveniente de pozos de captación, cifra que representa un 22.6% menos que el año anterior. Además, reaprovechó 51,318 m³ a través de sus plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas.

Certificación de energía renovable y transición hacia fuentes limpias

La compañía recibió su primer certificado de energía renovable, respaldado por AENOR, que acredita que el 100% de la energía eléctrica utilizada proviene de fuentes renovables y permite reportar cero emisiones de alcance dos asociadas a la electricidad adquirida.

En la planta de Chimbote, se reemplazó el uso de petróleo residual por gas natural para la generación de vapor, lo que permitirá reducir la huella de carbono anual hasta en 3.8%.

En gestión de residuos, valorizó el 100% de las tierras de blanqueo generadas en TASA Omega – Pucusana, más de 1,200 toneladas tras su reclasificación como residuo no peligroso. También recicló 83,850 kg de redes de pesca en alianza con Bureo y valorizó el 99.97% de sus residuos sólidos orgánicos, alcanzando 5,489 toneladas de compost.

En el astillero, la empresa valorizó 462 toneladas de tierras de arenado, que fueron reutilizadas por la Municipalidad de Chimbote en gestión de residuos locales.

TASA: CuidaMar y Crecemos Juntos avanzan en protección marina

Durante la presentación de resultados, Rodrigo Valderrama, jefe de Comunicaciones Externas y Asuntos Públicos de TASA, declaró a Infobae Perú que la sostenibilidad es transversal al negocio y explicó los cuatro ejes fundamentales: Crecemos Juntos, Familias Saludables, producción más limpia y CuidaMar. “En TASA la sostenibilidad no es solamente un área, sino que la tenemos en distintas áreas claves del negocio”, señaló.

CuidaMar, que cumplió 18 años, se relanzó en 2025 con un enfoque renovado en cultura, capacidades y comunicación. El equipo perfeccionó protocolos de manipulación y liberación de especies, logrando más de 15,000 avistamientos y 1,000 liberaciones de fauna en el año, con un acumulado histórico de cerca de 7,000 liberaciones.

En tanto, el programa Crecemos Juntos priorizó a 121 empresas dentro de una red de más de 1,500 proveedores, combinando capacitación, cultura preventiva, acceso a financiamiento y sostenibilidad.

El índice de accidentabilidad de terceros disminuyó un 53%. Además, 36 proveedores accedieron a factoring, 12 obtuvieron préstamos preferenciales y 14 fueron incorporados al programa Mide Lo Que Importa junto a Sistema B.

¿Qué le espera a TASA en los próximos años?

El bienestar de los colaboradores y sus familias se gestionó a través del programa Familias Saludables, que desde 2019 aborda vivienda, salud y finanzas familiares.

En 2025, el censo social de la empresa alcanzó al 87% de los colaboradores, lo que permitió registrar una reducción de 20 puntos porcentuales en el índice de vulnerabilidad desde la primera medición en 2019.

Durante el año, se atendieron 26 casos a través del Fondo Solidario y se desarrollaron acciones junto a Water For People – Perú para fortalecer servicios básicos en comunidades.

Respecto a la proyección para los próximos años, Valderrama indicó que la empresa planea consolidar y expandir estos programas, con énfasis en la inversión en tecnología, eficiencia energética y apoyo a las comunidades.

El dato

• La gestión de biodiversidad de TASA aportó datos al Estado peruano sobre avistamientos y proporciones de especies, y sirvió de base para el programa sectorial Salvamares de la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP).
• En la cadena de valor, TASA trabajó con 1,051 proveedores de bienes y 568 de servicios, de los cuales el 48.9% corresponde a micro y pequeñas empresas.
• Durante 2025, la empresa reportó una descarga de 1,117,530 toneladas para consumo humano indirecto, produjo 276,093 toneladas de harina y 39,954 toneladas de aceite de pescado. Se registraron además 28,937 toneladas de descarga para consumo humano directo, reflejando la escala de la operación.
• En calidad, la empresa alcanzó un 94% de satisfacción entre sus clientes y reforzó sus estándares de inocuidad e innovación, incluyendo la capacitación de 15 auditores internos en normas internacionales y la implementación de la nueva versión de MarinTrust en todas sus unidades.

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) aprobó un nuevo reglamento que define los criterios y procedimientos que deberán seguir las AFP para determinar el acceso a la jubilación de los trabajadores pesqueros incorporados al sistema privado de pensiones. Esta medida se enmarca en los recientes cambios al régimen de seguridad social de este sector.

La normativa busca optimizar la evaluación de solicitudes y asegurar que los afiliados, así como sus beneficiarios, puedan acceder a prestaciones previsionales y no previsionales en condiciones más adecuadas. Esto toma en cuenta las particularidades de la actividad pesquera, caracterizada por altos niveles de riesgo y condiciones laborales específicas.

Modalidades de acceso a la jubilación

El reglamento, oficializado mediante la Resolución SBS Nº 1120-2026, establece dos vías para que los trabajadores pesqueros accedan a una pensión. La primera corresponde al acceso regular dentro del sistema privado, permitiendo optar por las alternativas disponibles, como el retiro del fondo acumulado o el otorgamiento de una pensión bajo modalidades como renta vitalicia o retiro programado.

La segunda opción es la Pensión de Rescate Complementaria (PRC), un mecanismo mediante el cual el Estado cubre de manera vitalicia la diferencia cuando la pensión calculada en el sistema privado resulta inferior a la que se habría obtenido en la antigua Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador (CBSSP). Este esquema busca proteger los ingresos de quienes migraron al sistema actual.

Requisitos para acceder al beneficio

Para acogerse a estas alternativas, los trabajadores deberán cumplir con condiciones específicas. Entre ellas, haber alcanzado los 55 años de edad, además de acreditar al menos 25 años de actividad en el sector pesquero.

Asimismo, se exige un mínimo de 375 semanas de aportes combinados entre el sistema privado de pensiones y la CBSSP, conforme a lo establecido en el Decreto Supremo Nº 024-2025-EF, que introdujo modificaciones al reglamento de la Ley Nº 30003, norma que regula este régimen especial.

Medidas para mejorar la atención y el proceso

El reglamento incorpora disposiciones orientadas a garantizar una atención más eficiente durante todo el proceso de jubilación. En ese sentido, las AFP estarán obligadas a brindar información clara, permanente y oportuna sobre el estado de los trámites y los beneficios disponibles, así como a acompañar al afiliado en cada etapa.

También se contempla el pago oportuno de la pensión desde el momento en que se concreta la jubilación. Este ingreso será complementado con la PRC mientras la Oficina de Normalización Previsional (ONP) verifica el acceso a dicho mecanismo, evitando interrupciones en los ingresos del beneficiario.

Supervisión y articulación institucional

La norma establece condiciones para agilizar la evaluación de expedientes mediante una mejor coordinación entre las AFP y la ONP, lo que permitirá reducir tiempos y otorgar mayor predictibilidad a los solicitantes.

Finalmente, la SBS será la entidad encargada de supervisar el cumplimiento de estas disposiciones, incluyendo la calidad del servicio, la transparencia en la información y el adecuado acompañamiento a los trabajadores pesqueros durante el proceso de acceso a la jubilación.

La Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN), ente oficial peruano de monitoreo climático y oceanográfico, advirtió que el Fenómeno El Niño costero podría extenderse hasta enero de 2027. El organismo mantiene el estado de “Alerta de El Niño Costero” tras confirmar, mediante el comunicado oficial N° 07-2026 publicado el 16 de abril, que el evento continuaría con magnitud débil, aunque existe la posibilidad de que alcance magnitud moderada en los próximos meses.

En su pronunciamiento, la ENFEN anticipa que la magnitud esperada será débil la mayor parte del periodo, sin descartar episodios moderados que podrían ocurrir durante el invierno austral. Esta proyección, basada en pronósticos climáticos nacionales e internacionales, señala a la región Niño 1+2 como área de vigilancia prioritaria. El comunicado destaca que el actual fenómeno difiere de años previos por una duración considerablemente más prolongada que los episodios recientes registrados en el litoral peruano.

El fenómeno El Niño costero se refiere al calentamiento anómalo del mar frente a la costa norte y central del Perú, lo que altera los patrones de lluvia, temperatura del aire y la distribución de recursos marinos. La alerta declarada por ENFEN exige a las instituciones y a la sociedad anticipar acciones inmediatas de preparación y respuesta frente a los riesgos hidrometeorológicos y las posibles afectaciones productivas directas.

ENFEN prevé extensión de El Niño costero hasta enero de 2027

De acuerdo con el Comunicado Oficial ENFEN N° 07-2026, se considera más probable que El Niño costero persista hasta enero de 2027, con una magnitud débil, aunque persiste la posibilidad de episodios moderados, sobre todo entre junio y julio de 2026. Este pronóstico diferencial posiciona el periodo de afectación como uno de los más extensos registrados para la costa peruana en los últimos años.

El comunicado precisa: “[...] es más probable que El Niño costero continúe hasta enero de 2027 con una magnitud débil, pudiendo alcanzar una magnitud moderada entre junio y julio del presente año”.

En cuanto al Pacífico central, particularmente en la región Niño 3.4, los modelos climáticos sugieren una mayor probabilidad de condiciones neutras entre mayo y junio de 2026. A partir de julio podría desarrollarse un evento El Niño, que se extendería hasta enero de 2027 y alcanzaría mayor intensidad especialmente entre noviembre y diciembre. La dinámica del sistema oceánico y atmosférico incrementa la variabilidad del clima sudamericano, afectando la precipitación y temperatura regional.

La respuesta institucional al estado de alerta comunicado por la ENFEN establece que El Niño costero permanecerá activo hasta enero de 2027, con predominio de magnitud débil salvo transición posible a moderada en el invierno de 2026. Persisten incertidumbres sobre la evolución del fenómeno en el Pacífico central, donde se espera una vigilancia continua y acciones coordinadas ante potenciales impactos climáticos.

Costa norte registraría incremento de lluvias entre abril y junio

El pronóstico estacional de la ENFEN para la costa norte durante el trimestre abril-junio de 2026 indica que la zona experimentará lluvias en rangos de normales a superiores, con mayor concentración en abril. Este incremento ocurrirá principalmente en eventos localizados, ya que el periodo general de lluvias se encuentra en su fase final.

En materia hidrológica, la ENFEN prevé que los caudales de los ríos en la Región Hidrográfica del Pacífico se mantendrán dentro de los valores considerados normales. No obstante, la entidad advierte sobre la posibilidad de “incrementos puntuales en los ríos de la zona norte”, lo que podría derivar en desbordes o inundaciones localizadas en sectores vulnerables.

A lo largo del litoral costero, se espera que las temperaturas del aire permanezcan por encima del promedio, lo que favorecerá una mayor evaporación y podría originar incidencias vinculadas al calor, según detalla la ENFEN en su comunicado de abril de 2026.

Efectos sobre la pesca: alteración en distribución de anchoveta y bonito

El Fenómeno El Niño costero afectará una vez más la dinámica de los recursos pesqueros más importantes, en particular la anchoveta y el bonito. La ENFEN proyecta que la anchoveta, correspondiente al stock norte-centro, registre “una distribución principalmente dentro de las 48 kilómetros de la costa (30 millas)”. Este patrón evidencia una alteración respecto a su comportamiento usual, con repercusiones potenciales para los sectores de pesca industrial y artesanal.

Respecto al bonito, la ENFEN indica que su disponibilidad se mantendrá a lo largo de toda la costa, lo que permitirá que las actividades de extracción continúen en el sector pesquero en el corto plazo. Estos cambios en distribución y abundancia de especies se atribuyen a las variaciones de temperatura en aguas superficiales y subyacentes generadas por el fenómeno.

¿Perú podría verse afectado por un “Súper Niño”?

El Fenómeno El Niño podría intensificarse hasta alcanzar niveles sin precedentes hacia finales de 2026, según proyecciones del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (ECMWF). El diario estadounidense The Washington Post informa que este evento climático, en su versión de “Súper Niño”, superaría la intensidad registrada en 2015, cuando las temperaturas del Pacífico ecuatorial superaron los 2,8 °C.

La proyección del ECMWF indica que, de concretarse este escenario, Perú se vería directamente afectado por lluvias extraordinarias, inundaciones y olas de calor más prolongadas, especialmente en las regiones costeras y andinas. El fenómeno, causado por un sostenido incremento de la temperatura del Océano Pacífico, altera los patrones de humedad y precipitación, facilitando episodios extremos de clima.

Especialistas consultados por The Washington Post y el ECMWF advierten que los efectos no se limitarían a Sudamérica: regiones de África, Estados Unidos, Europa y el Caribe podrían experimentar sequías severas y cambios drásticos en la agricultura. En el caso peruano, el impacto sería especialmente grave para la infraestructura, la producción agrícola y la seguridad alimentaria, dadas las experiencias previas con eventos El Niño intensos.

La temporada de pesca de anchoveta 2026 en la zona norte-centro inicia en un contexto desafiante, marcado por la presencia del Fenómeno El Niño Costero (FEN). Las anomalías en la temperatura del mar afectan la disponibilidad de la anchoveta y han llevado a limitar la extracción de uno de los principales recursos pesqueros del país.

Desempeño del último año

En 2025, el sector pesca registró un crecimiento de 2.9% y representó alrededor de 0.9% al PBI nacional. Además, generó más de 400 mil empleos directos e indirectos, según el Ministerio de Producción. Este resultado fue impulsado principalmente por la mayor captura destinada al consumo humano directo (pescado fresco, congelado o enlatado), que creció 33.7%. No obstante, el desempeño fue parcialmente atenuado por la menor pesca de anchoveta para consumo humano indirecto (destinada a la producción de harina y aceite de pescado), que se redujo 0.3%.

La zona norte-centro concentró la mayor parte del desembarque de anchoveta del país, con cerca del 80% del total en 2025. Ese año, el desembarque de anchoveta alcanzó 2.5 millones de toneladas en la primera temporada (abril-julio) y 1.6 millones en la segunda (noviembre-febrero), cifras 0.1% y 16% menores, respectivamente, al promedio de los últimos cinco años. Esta reducción se explica por el cierre anticipado de la primera temporada ante el alto porcentaje de anchovetas jóvenes capturadas y el inicio tardío de la segunda, que además contó con una menor cuota debido a condiciones oceanográficas adversas.

Perspectivas

Para 2026, la primera temporada del norte-centro inició en abril con un límite máximo de captura de 1.9 millones de toneladas, el más bajo en una década (1.8 millones de toneladas en 2016), exceptuando 2023, porque no se realizó la primera temporada.

La menor cuota de anchoveta para 2026 se explica por las condiciones asociadas al Fenómeno El Niño Costero. Este evento ha generado un aumento en la temperatura del mar en la zona norte-centro, que en febrero alcanzó cerca de 0.4°C por encima de su promedio histórico y uno de los niveles más altos registrados en lo que va del periodo 2025-2026. Esto afecta la disponibilidad de la anchoveta al modificar su distribución y reducir su acceso a las zonas de pesca.

La Libertad, como parte de la zona de captura norte-centro, registró una contracción de 30.3% en su actividad pesquera en 2025, explicada principalmente por la menor extracción de anchoveta (-30.8%). En 2026, la menor cuota para la primera temporada limitará el volumen de desembarque y, en consecuencia, la producción de harina y aceite de pescado, vinculada al sector manufacturero primario. Esto tuvo un impacto en las exportaciones de la región, que ya se redujeron en 11.4% en 2025 y alcanzaron su nivel más bajo de los últimos nueve años.

El BCRP prevé una caída del sector pesquero de 6.6% en 2026 y estima que el FEN afectará principalmente la segunda temporada de pesca. En este contexto, la recuperación del sector requiere fortalecer su capacidad de prevención y respuesta frente a eventos climáticos, así como mejorar la infraestructura especialmente en puertos. Asimismo, resulta clave reforzar el monitoreo y la fiscalización para enfrentar la pesca ilegal, que pone en riesgo la sostenibilidad de los recursos.

(*) Elaborado por Stephani Maita, economista senior del IPE, con la colaboración de Yamilet Senosaín.

Panamá obtuvo nuevamente su acceso al mercado estadounidense para el atún aleta amarilla y sus productos derivados provenientes del Pacífico Oriental Tropical, luego de estar vetada desde el 2000.

La restricción respondía a que el país no podía certificar que sus artes de pesca, especialmente la pesca de cerco, cumplían con el estándar de “Dolphin Safe”, un sello que indica prácticas de pesca ética y sostenible en la captura de atún, una garantía de que el atún enlatado fue capturado sin dañar delfines.

En el sector pesquero, el sello es sinónimo de que se han protegido especies marinas, especialmente la vida de los cetáceos.

A la falta de la certificación se le sumó la nula participación de observadores a bordo y de registros tecnológicos precisos, propiciando el cierre del mercado de Estados Unidos, el mayor consumidor de atún enlatado y fresco del mundo.

El atún certificado como «Dolphin Safe» y con procedencia legal verificada alcanza precios significativamente más altos en los mercados internacionales. Se estima que las exportaciones de productos del mar podrían crecer entre un 15% y un 20%, señala el sitio americaretail-malls.com.

“El embargo estadounidense no era una medida arbitraria, sino que estaba fundamentado en la Ley de Protección de Mamíferos Marinos (MMPA). Estados Unidos exige que cualquier país que exporte atún a su territorio demuestre que sus métodos de pesca no dañan colateralmente a las poblaciones de delfines, que a menudo nadan junto a los bancos de atún en el Océano Pacífico Oriental”, indica.

Ahora, la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) informó que una vez cumplidos con los requerimientos, los Estados Unidos, a través de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), otorgó a Panamá un reconocimiento afirmativo (affirmative finding).

Este reconocimiento tiene una vigencia de 5 años, periodo que va del 1 de abril de 2026 al 31 de marzo de 2031, permitiendo nuevamente el acceso al mercado estadounidense para el atún aleta amarilla y sus productos derivados provenientes del Pacífico Oriental Tropical.

Esta decisión permite restablecer el acceso al mercado estadounidense para este producto, fortalecer las exportaciones del sector pesquero nacional, e incrementar la competitividad internacional de Panamá, sostiene una nota de prensa de la ARAP.

Añade que el impacto de esta medida abarca directamente a las operaciones de la flota panameña que opera en el exterior y que forma parte de cadenas de suministro internacionales, cuyo destino final incluye el mercado estadounidense.

Insiste en que este avance refleja los esfuerzos del país en materia de control, trazabilidad y cumplimiento de estándares internacionales, consolidando la posición de Panamá en el comercio pesquero internacional.

El reconocimiento afirmativo es el requisito establecido por la legislación de los Estados Unidos para permitir la importación del atún aleta amarilla capturado por buques cerqueros de gran escala. Sin este reconocimiento, el producto se mantiene bajo embargo dentro de un esquema regulatorio.

Este mecanismo certifica que el país cumple con los estándares del Marine Mammal Protection Act (MMPA), así como con las obligaciones internacionales en materia de protección de delfines, incluyendo su participación y cumplimiento en el marco de la Comisión Interamericana del Atún Tropical y el Programa Internacional de Conservación de Delfines.

Uno de los requisitos más críticos para Panamá fue garantizar que el 100% de los lances de pesca en embarcaciones de gran escala fueran supervisados por observadores independientes, que documentan cualquier interacción con mamíferos marinos, garantizando que se sigan los protocolos de liberación y protección, aduce el sitio especializado americaretail-malls.com.

La Autoridad Nacional de Sanidad e Inocuidad en Pesca y Acuicultura (Sanipes) avanzó en el fortalecimiento del control sanitario del sector al otorgar 530 habilitaciones a infraestructuras pesqueras y acuícolas durante el primer trimestre de 2026. Esta intervención apunta a reforzar la seguridad alimentaria en el país, al asegurar que los productos hidrobiológicos cumplan con estándares adecuados desde su origen hasta su comercialización.

El impacto de estas certificaciones se refleja tanto en la protección de más de 530 mil consumidores como en el respaldo directo a 7.540 familias que dependen de estas actividades. Además, el incremento en las autorizaciones contribuye a ordenar el crecimiento del sector, promoviendo prácticas formales y condiciones más competitivas para los actores involucrados.

Mayor cobertura sanitaria en regiones clave

El número de habilitaciones registró un aumento de 47,22% en comparación con el mismo periodo de 2025, lo que equivale a 200 certificaciones adicionales entre enero y marzo. Este crecimiento evidencia un mayor despliegue de la autoridad sanitaria en distintas zonas del país, especialmente en áreas con alta actividad pesquera y acuícola.

Las autorizaciones se distribuyeron en regiones como Áncash, Arequipa, Ica, Lambayeque, Lima, Moquegua, Piura, Callao, San Martín y Tumbes. Con ello, se consolida la presencia del Estado en puntos estratégicos de la cadena productiva, fortaleciendo la supervisión y garantizando condiciones sanitarias adecuadas.

Diversidad de infraestructuras habilitadas

Entre las unidades certificadas se incluyen 247 embarcaciones artesanales y 245 vehículos destinados al transporte terrestre de productos hidrobiológicos. A estas se suman almacenes, centros de depuración, plantas de procesamiento en distintas modalidades, así como instalaciones dedicadas a la producción acuícola y de semillas.

También se autorizaron embarcaciones de mayor y menor escala, además de un punto de descarga. Todas estas infraestructuras cumplen con las exigencias sanitarias vigentes, lo que permite asegurar la calidad e inocuidad de los productos en cada etapa del proceso.

Impacto en la cadena productiva y confianza del consumidor

El viceministro de Pesca y Acuicultura, Jesús Barrientos, destacó el rol de estas certificaciones en el funcionamiento del sector. “Cada habilitación sanitaria representa una garantía concreta para el país: asegura que los productos hidrobiológicos se extraigan, transporten, procesen y comercialicen bajo condiciones seguras. Esto protege la salud de la población, fortalece la formalización y mejora la competitividad de nuestros pescadores y acuicultores en los mercados nacionales e internacionales”, afirmó.

En la misma línea, la presidenta ejecutiva de Sanipes, Mónica Saavedra, resaltó el valor de estas autorizaciones para el desarrollo ordenado del sector. “La habilitación sanitaria es el punto de partida para que una infraestructura opere dentro de la legalidad y con estándares de inocuidad. Su importancia radica en que asegura alimentos seguros para el consumo, facilita el acceso a nuevos mercados y genera confianza en toda la cadena productiva, desde el desembarque hasta la mesa de las familias peruanas”, señaló.

Proyecciones y consolidación del sistema sanitario

Sanipes prevé mantener este ritmo de crecimiento en los próximos meses, con la meta de otorgar 859 habilitaciones al cierre del primer semestre y alcanzar 2.394 certificaciones durante todo 2026. Estos objetivos buscan ampliar la cobertura sanitaria y mejorar las condiciones para la comercialización a nivel local y en mercados internacionales.

Desde su creación, la entidad ha emitido 25.533 habilitaciones sanitarias, consolidando un sistema orientado a garantizar la inocuidad de los recursos hidrobiológicos. Este avance contribuye al desarrollo sostenible de la pesca y la acuicultura, al tiempo que refuerza la confianza en los productos que llegan a los hogares peruanos.

La Cámara de Diputados aprobó con 440 votos a favor el proyecto que reforma los párrafos primero y segundo del artículo 279 de la Ley Federal del Trabajo y el artículo 5A, fracción XIX de la Ley del Seguro Social, mismo que representan un avance en materia de derechos de las personas pescadoras.

La reforma es impulsada por la diputada Azucena Arreola Trinidad junto con integrantes de la Comisión de Pesca, la cual tiene el objetivo de incorporar a la categoría de trabajadores de campo, “las actividades pesqueras”, teniendo como medida final brindarles seguridad social como uno de los efectos inmediatos derivados de la relación laboral.

Más de 200 mil personas trabajan en el sector pesquero

Entre los datos que urgen a priorizar este tipo de propuestas se encuentra la falta de formalización en el sector pesquero, así como la constante vulneración de sus derechos constitucionales, lo que va encaminado a un estado de indefensión.

Entre los datos recogidos por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) se resaltan los siguientes que durante el tercer trimestre de 2024, el sector pesquero en México registró una población ocupada de 216 mil personas. De este total, el 92.9% corresponde a hombres y el 7.1% a mujeres, con un ingreso mensual promedio de 7 mil pesos.

La mayor parte de quienes laboran en esta actividad se ubica en Sonora, Guerrero y Yucatán. La edad promedio es de 42.5 años y el nivel educativo promedio equivale a 7.77 años de escolaridad, lo que corresponde a educación básica.

El empleo informal en este sector alcanzó el 86.2%, lo que supone un incremento de 2.17 puntos porcentuales respecto al trimestre previo. Esta proporción supera en 31.5 puntos el promedio nacional de informalidad.

Quintana Roo, Oaxaca y Nuevo León reportaron una informalidad del 100% entre sus trabajadores pesqueros, mientras que Baja California Sur, Baja California y Chiapas presentaron las tasas más bajas, todas cercanas al 50%.

Conficiones informales impulsa iniciativa

En cuanto a la distribución por edad, el grupo de 35 a 44 años concentró la mayor cantidad de trabajadores, con 23 mil personas. Dentro de este segmento, el 86.7% laboraba en condiciones informales y solo el 13.3% contaba con empleo formal.

El dictamen aprobado menciona que la normatividad vigente no contempla la figura de persona pescadora, lo que dificulta su acceso al derecho a la seguridad social.

Precisa que la intención de los legisladores iniciantes es incorporar las actividades pesqueras a la categoría de trabajadores de campo, con el objetivo de otorgarles seguridad social como efecto inmediato de una relación laboral.

En febrero de 2026, la economía peruana registró un crecimiento de 3,68% en comparación con el mismo mes del año anterior, según el reporte del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Con este resultado, la producción nacional acumuló un avance de 3,61% en el primer bimestre del año, impulsada por el buen desempeño de sectores como comercio, servicios, construcción, manufactura, transporte, alojamiento y restaurantes, electricidad, gas y agua, agropecuario y telecomunicaciones.

Sin embargo, la economía -que registró una expansión interanual de 3,44%- también enfrentó caídas significativas en los sectores de pesca, minería e hidrocarburos, así como en financiero y seguros.

Comercio, servicios y construcción lideran el crecimiento

El sector comercio creció 6,06% en febrero, impulsado por el aumento de las ventas al por mayor y menor, así como el dinamismo en el comercio automotriz, favorecido por la estabilidad del tipo de cambio y un mayor acceso al crédito.

Los servicios de alojamiento y restaurantes aumentaron 7,22%, apoyados en la reactivación de los negocios gastronómicos y en la realización de eventos y celebraciones como el Día de San Valentín, carnavales y festividades regionales.

Por su parte, la construcción avanzó 8,90%, reflejado en el incremento del consumo interno de cemento y el mayor avance físico de obras públicas y privadas, especialmente en infraestructura vial y servicios básicos.

Manufactura y energía también aportan al avance

La manufactura presentó un crecimiento de 2,74%, determinado principalmente por el buen desempeño del subsector fabril no primario, con incrementos en bienes de consumo, bienes intermedios y de capital.

En tanto, el sector electricidad, gas y agua subió 2,99%, gracias a la mayor generación hidroeléctrica y de energías renovables, así como al aumento en la distribución de gas y el suministro de agua potable en empresas clave.

Agropecuario y transporte mantienen el ritmo

El sector agropecuario registró un avance de 0,71%, sostenido en el crecimiento del subsector pecuario, que compensó la disminución en varios cultivos agrícolas.

En transporte, almacenamiento y mensajería, la producción aumentó 4,10%, con mayor actividad en transporte terrestre, aéreo y acuático, y un incremento en los servicios de almacenamiento y mensajería debido al mayor requerimiento logístico.

Pesca, minería e hidrocarburos muestran retrocesos

En la otra vereda, el sector pesca se contrajo 5,20% debido a la caída en la extracción de especies continentales, pese al repunte de la pesca marítima, especialmente de anchoveta destinada a la industria.

Minería e hidrocarburos disminuyó 1,11%, lastrado sobre todo por la menor producción de hidrocarburos, aunque la minería metálica mantuvo cifras estables con ligeros avances en cobre y hierro.

El sector financiero y de seguros retrocedió 0,25%, principalmente por la reducción de créditos y depósitos en moneda extranjera, y por la caída en créditos de consumo y depósitos a plazo.

Otros sectores: telco, servicios a empresas y gobierno

El sector telecomunicaciones y otros servicios de información creció 0,57%, impulsado por el mayor uso de internet y la televisión por suscripción, pese al retroceso en telefonía y otros servicios informativos.

Los servicios prestados a empresas aumentaron 4,05%, gracias a la demanda en publicidad, investigación de mercados, turismo y servicios técnicos y administrativos.

Finalmente, los servicios de gobierno mostraron un avance de 3,57%, por la mayor actividad en administración pública, defensa y otros servicios estatales.

Con estos resultados, la economía peruana mantiene una tendencia positiva en el primer bimestre de 2026, aunque la caída de sectores clave como pesca, minería e hidrocarburos y financiero todavía puede representar un revés para sostener un crecimiento equilibrado, sobre todo cuando este año se espera el cambio de gobernantes.

Cada inicio de temporada de pesca de anchoveta en el Perú surgen voces críticas que acusan a la industria de depredar juveniles y poner en riesgo el recurso. Sin embargo, estas afirmaciones desconocen el rigor científico y normativo que sustenta la gestión pesquera peruana, reconocida internacionalmente como ejemplo de sostenibilidad.

El protocolo científico de IMARPE

El Instituto del Mar del Perú (IMARPE) realiza dos veces al año cruceros hidroacústicos para estimar la biomasa de anchoveta y otras especies pelágicas. Se emplean métodos directos (acústicos) e indirectos (analíticos), analizando tallas desde 5 a 18 cm, distinguiendo adultos (≥12 cm) y juveniles (<12 cm). Además, se estudian edad, dieta y condición reproductiva, junto con variables oceanográficas y componentes del ecosistema como fitoplancton y zooplancton.

Con esta información se proyecta la biomasa adulta hasta el final de la temporada (aprox. agosto). La cuota se calcula sobre esa biomasa proyectada, nunca sobre una foto estática. La regla de seguridad es clara: no más del 35% de la biomasa adulta proyectada puede ser extraída. El resto queda en el mar para sostener el ecosistema y asegurar el desove.

Ejemplo 2026

En la primera temporada de 2026, el Ministerio de la Producción (PRODUCE) fijó una cuota de 1.91 millones de toneladas, equivalente a la tasa máxima de explotación de 0.35. Esto deja una biomasa remanente de 4.89 millones de adultos, muy cerca del objetivo estratégico de mantener siempre 5 millones de adultos para garantizar el desove. La decisión se tomó bajo el escenario “cálido moderado a superior”, considerando la influencia del fenómeno El Niño.

Protección de juveniles

La captura incidental de juveniles es inevitable, en vista que forma parte integral de la biomasa pero está regulada. El Decreto Supremo 024-2016-PRODUCE establece medidas para fortalecer el control y vigilancia de la actividad extractiva con el fin de conservar y aprovechar sosteniblemente el recurso anchoveta. Entre estas medidas se incluyen cierres dinámicos de zonas cuando se detecta alta incidencia de juveniles. Estos cierres se aplican en tiempo real, con reportes obligatorios y análisis de las “modas” de tallas, garantizando así la protección del recurso y la sostenibilidad de la pesquería.

Ejemplo reciente: el Comunicado N.° 003-2026-PRODUCE/DGSFS-PA-SP suspendió la actividad extractiva por cinco días en zonas frente a Malabrigo (La Libertad) y Chincha (Ica) para proteger juveniles. Ejemplo histórico: la primera temporada de 2022 se cerró completamente por exceso de juveniles, coincidiendo con un evento Niño y alta abundancia juvenil. Este manejo es el llamado adaptativo que ha sido reconocido por la FAO y otras instituciones por su éxito en el manejo de nuestro recurso anchoveta.

Datos de capturas iniciales

Habiéndose iniciado esta temporada de pesca, entre el 9 y 12 de abril de 2026 se descargaron 119,446 toneladas, equivalentes al 6.24% de la cuota asignada, según el reporte oficial de PRODUCE y el IMARPE, que monitorean y regulan la actividad pesquera para garantizar la sostenibilidad del recurso. El promedio diario fue de 30 mil toneladas, con modas de 10, 11 y 13 cm en las capturas. Estos datos reflejan una actividad normal y un monitoreo constante de tallas, acorde con las regulaciones vigentes.

Reconocimiento internacional

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha calificado de “primer nivel mundial” la gestión pesquera de Perú, destacando su rigor científico y capacidad adaptativa en la administración de recursos como la anchoveta. Este reconocimiento se basa en la investigación y el análisis científico proporcionado por el Instituto del Mar del Perú (IMARPE), lo que garantiza prácticas sostenibles y precautorias.

El Banco Mundial también ha destacado avances en gobernanza, transparencia y control de la actividad pesquera de gran escala en Perú. La estrategia de mantener siempre 5 millones de adultos como biomasa remanente es única en la región y evidencia un manejo precautorio, basado en estudios científicos y monitoreos constantes para asegurar la sostenibilidad del recurso.

La pesquería industrial peruana de anchoveta no depreda juveniles. Es una actividad altamente regulada, monitoreada y reconocida internacionalmente. Los cierres dinámicos, la regla del 35% y la biomasa remanente son pruebas concretas de un sistema precautorio. Es necesario desmentir los discursos alarmistas con datos técnicos y normativos que son esenciales para una discusión responsable y transparente sobre la sostenibilidad del sector pesquero.

El sector pesquero peruano ha sostenido, durante décadas, un rol estratégico en la economía nacional, respaldado por la riqueza de sus recursos y por un esquema de ordenamiento que, en determinados ámbitos, ha alcanzado resultados reconocidos a nivel internacional. Sin embargo, esa misma trayectoria también revela la ausencia de una visión capaz de articular sostenibilidad, diversificación productiva y generación de valor. En el inicio de una nueva etapa política, se impone una mirada más rigurosa sobre los problemas que aún permanecen sin resolver y que condicionan el desarrollo del sector.

Uno de los temas que demanda una aproximación más rigurosa es la persistencia de la pesca ilegal. Su impacto no se limita al ámbito ambiental, sino que compromete la institucionalidad, distorsiona la competencia y debilita la trazabilidad de toda la cadena productiva. Hace algunos años se estimaba que la producción ilegal de harina de pescado alcanzaba 90 mil toneladas anuales, con valores que superaban los 130 millones de dólares, según un estudio de Apoyo Consultoría. Si bien no se cuenta con estimaciones recientes con ese mismo nivel de precisión, diversos indicadores muestran que esta dinámica persiste y continúa generando distorsiones significativas en el sector.

En este contexto, resulta relevante precisar el enfoque en torno al consumo humano directo de anchoveta. Se ha planteado con insistencia que el desarrollo del sector pasa por ampliar la cuota destinada a este segmento. Sin embargo, la evidencia disponible muestra que las cuotas asignadas no solo han sido suficientes, sino que de manera reiterada no han sido plenamente aprovechadas. Durante los años 2017 y 2018, con cuotas de 300 mil toneladas, los niveles de captura apenas alcanzaron el 42% y 54%, respectivamente. Incluso luego de su ajuste a 150 mil toneladas anuales, el nivel de cumplimiento promedio entre 2021 y 2023 se situó en torno al 75%.

Cuando se analiza el destino de la anchoveta capturada, surge una brecha difícil de soslayar. Considerando que cada tonelada puede generar aproximadamente 4,080 latas de conserva, los volúmenes desembarcados permitirían una producción anual superior a 150 millones de latas. Esta cifra supera incluso el volumen de conservas de atún que se comercializa en el país, que bordea los 137 millones de unidades. Sin embargo, dicha magnitud no se refleja en la oferta disponible en los distintos canales de venta, lo que evidencia una desconexión entre el potencial productivo y la realidad del mercado.

La explicación se encuentra, en buena medida, en el desvío de materia prima a lo largo de la cadena. En los últimos años se ha registrado una diferencia sostenida entre los volúmenes descargados y aquellos que efectivamente ingresan a planta, con un promedio superior a 32 mil toneladas anuales que no seguirían el circuito formal, según estimaciones sectoriales basadas en registros de desembarque y procesamiento del Ministerio de la Producción. De haberse transformado esta materia prima, incluso bajo supuestos conservadores de descarte, se habrían podido generar más de 100 millones de latas adicionales cada año para el mercado interno.

A ello se suma una dinámica creciente de exportación de anchoveta fresca hacia mercados vecinos. Entre 2019 y 2024, estos envíos pasaron de alrededor de 900 toneladas a cerca de 32 mil toneladas anuales. Solo en los primeros meses de 2025, más de 15 mil toneladas ya habían sido exportadas, representando aproximadamente el 40% de las descargas destinadas a consumo humano directo en ese periodo. Este comportamiento introduce interrogantes razonables sobre el destino final del recurso y su contribución efectiva a la generación de valor en el país.

El problema, sin embargo, no se limita a la fiscalización. El propio diseño regulatorio contempla márgenes de descarte que permite considerar hasta un 10% de merma en muelle y hasta un 40% de la materia prima en planta para ser destinada a harina residual. Estos incentivos no contribuyen a un uso eficiente del recurso y terminan debilitando el objetivo de fortalecer el consumo humano directo.

En este escenario, insistir en el incremento de cuotas como respuesta a las limitaciones del sector implica desatender la naturaleza del problema. La discusión de fondo no pasa por la disponibilidad del recurso, sino por la calidad de su aprovechamiento, la integridad de la cadena y la coherencia del marco regulatorio. Fortalecer los sistemas de trazabilidad y revisar los incentivos normativos aparecen como medidas más pertinentes para asegurar un uso eficiente del recurso.

Esta reflexión forma parte de una agenda sectorial más amplia que continúa pendiente. La lucha contra la pesca ilegal, el desarrollo de la pesquería de atún, la puesta en valor del potencial del sur, la promoción de nuevas pesquerías y el impulso a la acuicultura requieren una acción coherente y sostenida. El desafío consiste en construir una política pesquera que trascienda enfoques parciales y que, sobre la base de evidencia, sea capaz de generar valor, fortalecer la institucionalidad y proyectar al sector hacia el futuro.

Un estudio reciente confirmó que las aguas del golfo de Maine están experimentando un calentamiento acelerado, lo que afecta directamente al ciclo vital de la langosta americana y pone en riesgo el futuro de una de las principales fuentes de pesca para la economía local, según información proporcionada por el medio especializado en cambio climático Inside Climate News.

En 2015, una investigación dirigida por Andrew Pershing reveló que la temperatura superficial del golfo de Maine se está incrementando un 99 % más rápido que la media global del océano, como detalla Inside Climate News.

Este fenómeno inquieta tanto a científicos como a la industria pesquera, dado que el rápido aumento de temperaturas amenaza con modificar la fisiología, reproducción y supervivencia de la especie, comprometiendo así una actividad que durante el año pasado generó USD 619 millones para los pescadores comerciales, de acuerdo con el Departamento de Recursos Marinos de Maine.

La magnitud del recurso en riesgo se evidencia en que la pesca de langosta en Maine alcanzó las 35.800 toneladas en el último año.

Efectos ambientales en el desarrollo de la langosta

La influencia de múltiples factores ambientales sobre la langosta americana fue objeto de un estudio financiado por el programa de investigación marina del gobierno de Estados Unidos, NOAA Sea Grant, cuyos resultados fueron divulgados por Inside Climate News.

En el experimento, realizado en un laboratorio especializado de Virginia, los investigadores recrearon las condiciones actuales y futuras del golfo de Maine utilizando 24 individuos, con temperaturas proyectadas para el año 2100, así como niveles de acidificación acordes con lo anticipado para esa fecha.

El análisis se centró en cómo la combinación de calentamiento del agua y acidificación oceánica impacta el desarrollo embrionario y la fisiología de las larvas.

Emily Rivest, profesora asociada en la Batten School of Coastal & Marine Sciences de William & Mary, explicó que, aunque los embriones de langosta demostraron tolerancia a la mayor acidez, resultaron sensibles a temperaturas elevadas. Ante estas condiciones, las larvas eclosionaron a un tamaño menor, lo que incrementa la vulnerabilidad ante depredadores y reduce sus posibilidades de alcanzar la etapa juvenil.

Rivest también señaló que esta etapa es crítica porque marca el descenso de las langostas al fondo marino, esencial para la continuidad de la actividad pesquera. Destacó el colapso de la pesquería de Massachusetts como antecedente relevante: el incremento térmico en esa región debilitó a las langostas, favoreciendo enfermedades y desplazamientos hacia el norte.

Miguel Barajas, investigador del Instituto de Investigación del Golfo de Maine, subrayó que, al ser ectotermos, las langostas no regulan su temperatura corporal y dependen completamente de su entorno. Ante aguas demasiado cálidas o ácidas, las tasas metabólicas aumentan, alterando la reproducción y el crecimiento. Barajas señaló que solo considerando la interacción de estos factores es posible comprender en profundidad el futuro de la especie.

Retos para la sostenibilidad de la pesca de langosta

Para proteger la reproducción de la especie, la pesca de langosta en Maine mantiene prácticas históricas como el “V-notching”, instauradas en 1917, que consisten en marcar con una muesca en la cola a las hembras portadoras de huevos para impedir su captura.

De acuerdo con el Lobster Institute, centro de investigación especializado en crustáceos de la Universidad de Maine, una hembra de 450 gramos transporta aproximadamente 8.000 huevos, mientras que las de 4,1 kilogramos pueden portar más de 100.000. Sin embargo, los datos de NOAA muestran la enorme vulnerabilidad de la población: solo dos de cada 50.000 huevos alcanzan la talla mínima legal para su pesca.

Charles Tilburg, profesor de oceanografía en la Universidad de Nueva Inglaterra, atribuye parte del calentamiento al debilitamiento de la corriente del Labrador, que suministra agua fría desde el ártico. Según lo informado a Inside Climate News, proyecta que el golfo de Maine podría experimentar un incremento adicional de 1,1 a 2,4 °C antes de 2050, dependiendo del grado de aceleración del cambio climático inducido por la actividad humana.

La preocupación también alcanza a otros componentes ambientales. Mike Doan, científico de la organización ambiental Friends of Casco Bay, destaca el papel combinado de la temperatura y la acidificación, señalando que los cambios en la salinidad, provocados por el deshielo glaciar de Groenlandia, se añaden a la compleja red de factores que modelan las condiciones del golfo.

Michelle Brown, coordinadora de investigación y extensión del Lobster Research en la Universidad de Maine, reconoce la importancia de estos estudios para anticipar los costes económicos y gestionar la respuesta del sector ante el avance del cambio climático.

Curt Brown, pescador y copresidente del Coastal and Marine Working Group del Maine Climate Council, reafirma que el reto de preservar la pesca de langosta requiere tanto monitoreo científico como acciones colectivas sobre el modelo energético y de consumo.

De acuerdo con la información reunida por Inside Climate News, la integración de conocimiento científico y prácticas de gestión pesquera será decisiva para la resiliencia de la pesca de langosta de Maine en las próximas décadas.

En Panamá las actividades pesqueras y acuícolas han contribuido con alrededor del 0,5% del Producto Interno Bruto (PIB) y 4% del empleo nacional en los últimos años.

Las últimas cifras oficiales disponibles indican que entre enero y diciembre de 2024 las empresas acuícolas reportaron una producción total de 17,403 toneladas, cifra que muestra un incremento de 27.9 % respecto al 2023.

El vicepresidente de la Asociación Panameña de Acuicultores (ASPAC), Javier Visuetti, informó recientemente que luego de reuniones sostenidas el año pasado y en lo que va del presente con las autoridades del sector uno de los puntos más relevantes abordados fue la presentación ante los comisionados de la reglamentación de la nueva Ley de Acuicultura.

Esta ley, agregó, trata sobre la regulación de los cánones de arrendamiento, las concesiones, definiciones técnicas e incentivos, con el objetivo de impulsar el crecimiento ordenado y sostenible de la actividad acuícola del país.

Dijo que el sector acuícola se consolida como uno de los más dinámicos en materia de exportaciones, generando divisas frescas para el país y contribuyendo significativamente a la generación de empleo y estabilidad social en diversas comunidades.

La acuicultura en Panamá se inició formalmente en los primeros años de la década de 1970, y estuvo dirigida a las áreas marginadas mediante proyectos comunitarios con el propósito de atender sus necesidades nutricionales. Esta acción se vio complementada por la incursión de la empresa privada en el ámbito del cultivo de camarones, asegura la ASPAC.

Los productos obtenidos a través de la acuicultura han brindado en los últimos años una importante fuente de proteína para la población, además de posicionarse como una alternativa a los productores que buscan incursionar en el mercado nacional e internacional.

Los recursos acuáticos producto del cultivo que comprenden las especies camarón de cultivo, bójala, cobia y pámpano produjeron en el país un total de 17,403 toneladas reportadas entre los meses de enero a diciembre del 2024, con un incremento del 27.9% que significaron 3,798 toneladas adicionales reportadas con respecto al mismo periodo para el año 2023.

Dentro de este sector históricamente se le ha dado un mayor enfoque a la captura de camarones y a la exportación de pescados como corvina y pargos, así como moluscos como caracoles y almejas, los cuales representan nichos de mercado internacional importante, con potencial para generar divisas al país.

Sin embargo, para los acuicultores el crecimiento sostenido de esta industria enfrenta graves limitaciones por insuficiencia de infraestructura necesaria.

Para su pleno desarrollo se requiere de una renovada red de frigoríficos, plantas procesadoras, astilleros y terminales especializados con capacidad instalada para darle un mayor valor agregado a la creciente producción acuícola y a los desembarcos pesqueros que el país puede aprovechar de forma sostenible.

Estas restricciones en la cadena de frío, el procesamiento y la logística limitan la rentabilidad del sector e imposibilitan satisfacer cuotas internas y externas más.

Actualmente, la inversión en el sector pesquero y acuícola continúa siendo limitado en la región, lo que representa un desafío para lograr un incremento responsable, estratégico y sostenible, aduce la FAO.

Para incrementar la inversión en los sistemas alimentarios acuáticos se requiere de una serie de factores que deben ser puestos en marcha como son: elaborar estrategias y acuerdos que impulsen el desarrollo sostenible, aumentar la colaboración entre los gobiernos y el sector privado para facilitar el desarrollo de planes de inversión sostenibles e inclusivos.

También se requiere contar con estrategias que apoyen y promuevan proyectos con prácticas sostenibles que mejoren la resiliencia de las comunidades y facilitan el acceso al mercado, además de promover un entorno propicio para la inversión que fomente la innovación.

Pese a ser uno de los principales actores mundiales en pesca de captura y acuicultura, Perú enfrenta una contradicción central en la gestión de su sector pesquero: la aplicación recurrente de amnistías y reducciones de multas a pescadores y empresas que han infringido la ley.

De acuerdo con un reciente informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), esta práctica está debilitando los avances en la lucha contra la pesca ilegal y la sostenibilidad de los recursos marinos.

La propia OCDE advierte que la recurrencia de estas amnistías va en contra de los estándares del organismo y representa un obstáculo para el proceso de adhesión de Perú, que deberá fortalecer su régimen sancionador y eliminar las exoneraciones si busca avanzar en su integración internacional.

Amnistías a infractores: el Talón de Aquiles de las políticas de pesca en Perú

El informe, publicado en apoyo al proceso de adhesión de Perú a la OCDE, documenta que, a pesar de contar con un sofisticado sistema legal para el seguimiento, control y vigilancia (SCV) de las actividades pesqueras, así como de mecanismos de monitoreo electrónico y sanciones administrativas estrictas, la imposición recurrente de amnistías y la reducción drástica de multas crean incentivos perversos.

Según la OCDE, “la eficacia de las sanciones se ha visto dificultada por decisiones políticas que conceden la amnistía o el indulto a los infractores y cancelan o reducen de manera significativa el pago de multas por parte de dichos infractores, ya sean personas físicas o jurídicas”.

El caso más reciente tuvo lugar en julio de 2024, cuando el Ministerio de la Producción (PRODUCE) otorgó un recorte del 80% en el pago de sanciones pendientes. En aquella ocasión, el viceministro Jesús Barrientos dijo para Infobae Perú que la mayoría se concetraba en la pequeña pesca, aunque no aclaró si solo en número de multas o montos.

Estas exoneraciones, motivadas en principio por crisis como el fenómeno de El Niño o la pandemia de COVID-19, han dejado en evidencia, de acuerdo al informe, la limitada capacidad administrativa del Estado para cobrar sanciones y, sobre todo, minan el efecto disuasorio de la ley.

¿Un llamado a terminar con las amnistías?

El resultado, para el organismo internacional, es una sensación de impunidad que pone en riesgo la gobernanza sectorial y la salud de los recursos hidrobiológicos.

La OCDE recomienda de manera categórica reforzar el sistema de sanciones de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, y fortalecer su efecto disuasorio al garantizar que “sean proporcionales a la naturaleza y la gravedad de las infracciones, así como evitar nuevas condonaciones para el pago de multas.

Pesca en Perú: entre la excelencia técnica y los desafíos estructurales

El informe no escatima elogios al señalar que Perú es uno de los grandes actores globales de la pesca, con una producción anual de 5,5 millones de toneladas en 2022, equivalente al 3% mundial.

El país ha construido, especialmente en la gestión de la anchoveta (Engraulis ringens), uno de los sistemas de manejo adaptativo y monitoreo más sofisticados del planeta, basado en cuotas individuales por embarcación y vedas espacial-temporales en tiempo real.

La biomasa de las principales especies explotadas supera ampliamente los estándares globales: el 97% de las poblaciones evaluadas están por encima del umbral de sostenibilidad, y el 73% en niveles que maximizan la productividad, muy por encima de la media OCDE.

Sin embargo, debajo de estas fortalezas subyacen debilidades estructurales. El informe señala como retos críticos:

• Informalidad generalizada: Más del 90% de los pescadores artesanales operan fuera del registro oficial.
• Crecimiento descontrolado de la flota artesanal, en parte por la construcción o alteración ilegal de embarcaciones en astilleros informales.
• Déficit de capacidades en gobiernos regionales, especialmente en recursos humanos y tecnológicos para el SCV.
• Dificultades en la gestión de especies no monitoreadas, lo que podría conllevar sobreexplotación inadvertida.

Acuicultura y cambio climático: retos y oportunidades

Aunque la acuicultura apenas representa el 2,6% de la producción total, creció un 95% en la última década. El Gobierno aspira a convertirla en un motor de crecimiento económico, resiliente al cambio climático, mediante la Política Nacional de Acuicultura al 2030.

No obstante, este sector también enfrenta problemas de informalidad, trámites pesados y ahora, la amenaza de eventos extremos (inundaciones, sequías, enfermedades), según el foro de 38 países miembros.

El informe urge a una mayor coordinación institucional, el fortalecimiento de la Ventanilla Única de Acuicultura y la planificación espacial integrada para evitar conflictos por recursos.

Apoyo gubernamental: ¿suficiente, excesivo o de riesgo?

Perú destina en promedio 97 millones de USD al año para apoyar la pesca, monto que, aunque alto en términos absolutos, es bajo en relación con el tamaño de la flota y el empleo respecto a otros países OCDE.

Sin embargo, la mitad de ese apoyo, principalmente ayudas a ingresos e infraestructura artesanal, representa un riesgo moderado o alto de fomento de sobrepesca si no va acompañado de un sistema de manejo efectivo.

Así, el informe plantea una hoja de ruta clara para aproximar las políticas peruanas a los estándares OCDE:

• Finalizar la práctica de amnistías y asegurar el cobro efectivo de sanciones.
• Formalizar y controlar el crecimiento de la flota artesanal.
• Invertir en capacidades para gobiernos regionales y en seguimiento electrónico para el sector artesanal.
• Coordinar políticas de apoyo, evitando incentivos a la sobrecapacidad.
• Fortalecer la gobernanza ambiental y la planificación para la acuicultura ante el cambio climático.

El diagnóstico de la OCDE muestra un sector pesquero peruano robusto, con logros técnicos notables y potencial de crecimiento sostenible, pero vulnerable a decisiones políticas de corto plazo, deficiencias institucionales y viejos problemas de informalidad y sobrecapacidad.

El destino de uno de los mares más productivos del mundo pende, en buena parte, de la coherencia entre la ley, la política y la práctica, sella el documento.

El Ministerio de la Producción (PRODUCE) autorizó el inicio de la Primera Temporada de Pesca 2026 de anchoveta y anchoveta blanca en la zona norte-centro del Perú desde el 1 de abril, fijando un límite máximo de captura de 1 millón 914.049 toneladas.

Esta temporada es la más baja en la última década, descontando 2023, año en el que no se realizó la primera temporada porque la biomasa estuvo subestimada por la presencia del Fenómeno El Niño, pese a que sí se estableció una cuota inicial de 1 millón 91.000 toneladas.

En contrapartida, los efectos de El Niño Costero fueron confirmados para 2026 por la Comisión Multisectorial ENFEN, que prevé su desarrollo entre febrero y diciembre con intensidad débil a moderada.

De acuerdo con las previsiones, el fenómeno afectará especialmente la costa norte y central del país, generando mayor temperatura y lluvias, lo que incide directamente en la biomasa y distribución de la anchoveta.

Vale precisar que el informe biológico que respalda el cálculo de cuota 2026 aún no se ha publicado, pese a que suele incluir una tabla de riesgos para el stock de anchoveta.

En consecuencia, la resolución ministerial no detalla la biomasa encontrada por el Instituto del Mar del Perú (IMARPE), lo que genera incertidumbre sobre la real situación del recurso.

La anchoveta tendrá su cuota más baja en la última década

Según el PRODUCE, la medida apunta a proteger la sostenibilidad del recurso ante condiciones biológicas y ambientales desfavorables.

La evolución de las cuotas de la primera temporada de pesca de anchoveta y anchoveta blanca en la zona norte-centro en los últimos años es la siguiente:

• 2026: 1 millón 914.049 toneladas
• 2025: 3 millones de toneladas
• 2024: 2 millones 475.000 toneladas
• 2023: No hubo primera temporada (efectos del fenómeno El Niño)
• 2022: 2 millones 790.000 toneladas
• 2021: 2 millones 509.000 toneladas
• 2020: 2 millones 413.000 toneladas
• 2019: 2 millones 100.000 toneladas
• 2018: 2 millones 475.000 toneladas
• 2017: 2 millones 800.000 toneladas
• 2016: 1 millón 800.000 toneladas

El informe técnico del IMARPE fundamenta la reducción de la cuota en 2026 en la necesidad de limitar la tasa de extracción y asegurar una biomasa desovante remanente de al menos 5 millones de toneladas.

La Resolución Ministerial N° 000085-2026-PRODUCE recomienda también fortalecer el monitoreo científico y proteger la fracción juvenil del stock para evitar impactos negativos en futuras temporadas.

El Niño Costero condiciona la pesca 2026

La última vez que la cuota se ubicó por debajo de los 2 millones de toneladas fue en 2016, en un contexto de bajo rendimiento, alta incidencia de juveniles y el impacto remanente de un fenómeno de El Niño que mantuvo la biomasa cerca de la costa y forzó cierres anticipados.

En el caso de 2023, PRODUCE anunció en junio de ese año que no iniciaría la primera temporada tras una pesca exploratoria que mostró una incidencia de juveniles del 86,3% y condiciones biológicas desfavorables.

La pesca de anchoveta -que apalanca otros sectores, como manufactura- es un pilar fundamental de la economía peruana, aportando aproximadamente entre el 0,35% y el 0,8% del PBI nacional de forma directa, dependiendo de la temporada y factores climáticos.

La anchoveta, pilar económico bajo presión

El golpe se veía venir. Durante una conferencia de enero de este año, la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) informó que la industria peruana capturó en 2025 un total de 4 millones 580.000 toneladas, con exportaciones que superaron los 3.000 millones de dólares.

Durante la segunda temporada norte-centro, de noviembre de 2025 a enero de 2026, la flota industrial extrajo el 98% de la cuota asignada (1 millón 600.000 toneladas), con solo 14% de tallas menores, muy por debajo del tope histórico de 360.000 toneladas.

Sin embargo, la titular del gremio pesquero, Jessica Luna, advirtió sobre la urgencia de acelerar los cruceros científicos del IMARPE ante la previsión de un Niño Costero, señalando que cualquier retraso podría afectar la estabilidad del país y los empleos vinculados al sector.

El dato

• La resolución de PRODUCE establece que solo podrán participar embarcaciones con permisos vigentes y cuota asignada, bajo estrictas condiciones de monitoreo y control.
• Se prohíbe procesar recursos capturados fuera de los límites autorizados o provenientes de pesca artesanal, y se contemplan suspensiones inmediatas ante altos porcentajes de juveniles o especies destinadas a consumo humano directo.
• Según el Comunicado Oficial ENFEN N° 06-2026 del 27 de marzo de 2026, se mantiene el estado de “Alerta de El Niño Costero”, con probabilidad de que continúe hasta diciembre con magnitud débil, y posible moderada de mayo a julio.

La migración centroamericana hacia Estados Unidos está marcada por sueños, sacrificios y, en ocasiones, tragedias que alteran el destino de familias enteras. El caso de Pablo Reyes Perdomo, un hondureño de 30 años, refleja esta realidad tras su fallecimiento el sábado 21 de marzo en Carolina del Norte.

La tarde que cambió la vida de la familia Reyes Perdomo comenzó con planes para disfrutar de una de las actividades favoritas del hondureño: la pesca. Radicado en Raleigh desde hacía tres años, Pablo acudió a Falls Lake, en el condado de Wake, acompañado por su hermano Gustavo.

Ambos compartían la pasión por la pesca y el deseo de aprovechar un momento de descanso tras largas jornadas laborales. Cerca de la 1:20 de la tarde, junto al puente de Cheek Road, la situación se tornó dramática. Según quienes estuvieron presentes, los hermanos utilizaban una red que quedó atascada en el fondo del lago. Pablo intentó recuperarla y, en ese esfuerzo, perdió el equilibrio y cayó al agua. Lo que era un espacio de tranquilidad se transformó en escenario de emergencia.

“Cuando tratamos de ayudarlo, ya era demasiado tarde. Estamos destrozados”, relató Gustavo, aún conmocionado por lo ocurrido. Equipos de rescate y servicios de emergencia respondieron con rapidez a la llamada al 911, pero la búsqueda se extendió por tres horas.

El cuerpo de Pablo fue localizado a unos 50 metros de la orilla, en un sector del lago que no presentaba gran profundidad. Las autoridades consideraron el hecho un accidente.

La familia busca apoyo para repatriar su cuerpo y brindarle el último adiós

La muerte de Perdomo fue registrada como el primer fallecimiento por ahogamiento en Falls Lake en lo que va de 2026, según la Oficina del Sheriff del Condado de Wake. Pero para su entorno, Pablo era mucho más que una estadística. Amistades y familiares lo recuerdan como una persona solidaria, responsable y entregada a su familia.

Desde su llegada a Raleigh, el hondureño se empleó en la construcción, una de las industrias que más demanda mano de obra de migrantes centroamericanos. Su rutina diaria estaba marcada por jornadas extensas, el esfuerzo físico y la determinación de enviar remesas a Honduras, donde su esposa y su hija dependían de su apoyo.

Tras la tragedia, la familia Reyes Perdomo enfrenta ahora el reto de repatriar los restos de Pablo a Honduras. El traslado internacional implica costos elevados, inalcanzables para los recursos de la familia. Por ello, han solicitado ayuda al Consulado de Honduras en Charlotte, buscando respaldo institucional y asesoramiento en los trámites necesarios.

La comunidad hondureña y latinoamericana en Carolina del Norte ha respondido con solidaridad. El domingo 29 de marzo, en el Eliza Pool Park, se organizó una jornada de recaudación de fondos mediante la venta de platillos típicos. La actividad reunió a conocidos, amigos y vecinos que sumaron esfuerzos para apoyar a la familia.

Aunque la jornada principal concluyó, la campaña de recaudación sigue activa, pues los gastos funerarios y el traslado aún representan un desafío considerable. La historia de Pablo Reyes Perdomo ha impactado tanto a la comunidad migrante en Carolina del Norte como a su familia en Honduras.

La pesca, una actividad que le proporcionaba paz, fue el escenario de su adiós. Su esposa y su hija, en Honduras, esperan poder recibir sus restos para darle el último adiós. La comunidad continúa movilizándose para que Pablo pueda regresar a su tierra y descansar junto a los suyos.

En enero de 2026, el desembarque de pesca artesanal en Perú alcanzó un volumen de 119 mil toneladas métricas (TM), lo que representó un crecimiento de 50,8% respecto al mismo período de 2025, según detalló el Ministerio de la Producción (PRODUCE).

Este desempeño, impulsado principalmente por la captura de pota, bonito y perico, tuvo un impacto directo en el valor de las exportaciones del sector, que se incrementaron en 527,1%, totalizando 98 millones de USD-FOB, de acuerdo con datos difundidos por el Ministerio de la Producción el 26 de marzo de 2026.

La pota, el bonito y el perico disparan los desembarques artesanales

El aumento en la cadena exportadora se explica por la expansión récord en la venta exterior de pota, que creció 1.060,4%, mientras que las exportaciones de bonito y perico registraron avances de 351,9% y 284,7% respectivamente en comparación al mismo mes de 2025.

Según informó la Oficina General de Evaluación de Impacto y Estudios Económicos (OGEIEE) del Ministerio de la Producción, los principales mercados de destino para estos productos fueron China, Estados Unidos, España y Corea del Sur.

Este resultado marca una aceleración sin precedentes en la industria. Además del volumen exportado, la producción industrial de recursos hidrobiológicos provenientes de la pesca artesanal se incrementó en 103,7% respecto a enero del año anterior, detalla el informe del Ministerio de la Producción.

El crecimiento estuvo liderado por el procesamiento de productos congelados a base de pota, con un salto de 522,6%, seguido por el perico (165,7%) y el bonito (86,6%).

Exportaciones pesqueras también alcanzan cifras históricas, según cifras oficiales

La composición del top 10 de especies desembarcadas ilustra la dualidad funcional de la pesca artesanal en el país: por un lado, destacan los recursos orientados a la industria y exportación, tales como pota, bonito, perico y jurel.

Por el otro, las especies que sirven de abastecimiento a los principales mercados mayoristas con pescado fresco —lisa, tiburón, machete, pejerrey y boquichico—, constituyendo un respaldo clave para la seguridad alimentaria de numerosas familias peruanas.

El ministro de la Producción, César Quispe Luján, subrayó que el repunte global del sector se vio favorecido por incrementos considerables en los desembarques de pota (418,7 %), bonito (61,5 %), perico (137,2 %) y pejerrey (192,5 %) durante enero de 2026.

Producción industrial y exportaciones en alza: impacto en el empleo artesanal

El sector mantiene un papel relevante en la generación de empleo. Las estimaciones al cierre de 2025 refieren la existencia de 95.900 pescadores artesanales en el ámbito marítimo nacional, distribuidos mayoritariamente en las zonas costeras norte y centro.

En áreas continentales, 29.500 pescadores artesanales se concentran en departamentos amazónicos, Puno y Piura, según el balance del Ministerio de la Producción.

Este conjunto de datos confirma un escenario de expansión en la pesca artesanal peruana, tanto en términos de volumen productivo como en generación de divisas y empleo, reafirmando su incidencia estratégica en la economía y en la seguridad alimentaria nacional.

El dato

• Pota: Es el recurso más importante de la pesca artesanal peruana, genera empleo directo a más de 30 mil personas y se exporta principalmente a China, Corea y Japón.
• Bonito: Especie pelágica ampliamente consumida en Perú por su alto valor nutricional y precio accesible, habita aguas templadas entre 15°C y 22°C.
• Perico: Predador migratorio de rápido crecimiento, conocido también como dorado o mahi-mahi, muy cotizado internacionalmente por su carne blanca y suave.

El Congreso de la República busca nuevamente reabrir el proceso de formalización para embarcaciones pesqueras artesanales construidas fuera del marco legal.

El último intento proviene del congresista José Bernardo Pazo Nunura, quien presentó el 12 de marzo de 2026 un nuevo proyecto de ley, rotulado N.º 14212/2025-CR, luego de que un intento suyo previo fracasara.

La iniciativa pretende reincorporar cerca de 2.000 embarcaciones que quedaron fuera del régimen SIFORPA II, pese a que este mecanismo ya concluyó oficialmente y no logró regularizar toda la flota informal.

SIFORPA II: el antecedente y sus límites

El Sistema de Formalización Pesquera Artesanal (SIFORPA II), creado por el Decreto Legislativo 1392, permitió entre 2018 y 2023 que unas 2.400 embarcaciones artesanales accedieran a la legalidad tras cumplir con diversas etapas.

Entre ellas, figuraban la verificación física por la autoridad marítima y la obtención de permisos de pesca. Sin embargo, alrededor de 2.000 solicitudes fueron excluidas al no acreditar la existencia de las naves.

El nuevo proyecto legislativo busca que embarcaciones verificadas por la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI) puedan retomar el trámite de formalización, incluso después del cierre del proceso.

También propone que aquellas sin constancia de verificación instalen un sistema de seguimiento satelital (SISESAT) para demostrar su operatividad y acceder a una lista de espera, dependiendo de la cancelación o caducidad de permisos de otras embarcaciones.

Un debate que se repite y las objeciones técnicas

No es la primera vez que el Congreso impulsa una iniciativa similar. Proyectos previos tampoco lograron avanzar, debido a la oposición del Ministerio de la Producción (PRODUCE) y DICAPI.

Las autoridades argumentan que el marco legal ya no permite reabrir el proceso y que hacerlo podría dar luz verde a embarcaciones construidas ilegalmente luego de la fecha límite.

“Tanto el PRODUCE como la DICAPI deberían oponerse nuevamente al nuevo proyecto presentado por Pazo en atención al principio de predictibilidad”, advierte Piero Rojas, profesor de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).

El ingeniero Iván Gomez, especialista de la Fundación Innovation for Ocean Action, sostiene que la flota artesanal está al límite y que sumar más embarcaciones pondría en riesgo especies como la pota y el perico.

“La eventual incorporación de nuevas embarcaciones implicaría un incremento del esfuerzo pesquero efectivo, lo que generaría presiones adicionales sobre el recurso y comprometería su sostenibilidad biológica”, señala.

Riesgos regulatorios y críticas del sector

Representantes del sector pesquero cuestionan la antigüedad de las verificaciones y la ausencia de garantías sobre la existencia real de las embarcaciones.

“No existe ninguna garantía de que esas embarcaciones sigan siendo las mismas o que no hayan sido reemplazadas por otras construidas recientemente de manera ilegal”, aseguró Elsa Vega, presidenta de la Sociedad Nacional de Pesca Artesanal del Perú (SONAPESCAL).

El uso de sistemas de monitoreo satelital para validar embarcaciones no regularizadas también genera reparos. Según Rojas, aplicar este mecanismo a naves ilegales resulta una inconsistencia regulatoria, ya que el monitoreo está diseñado solo para flotas autorizadas.

Para Rojas, la propuesta de crear una lista de espera para sustituir permisos caducos tampoco tiene sustento en la Ley General de Pesca, que solo contempla esa figura para la flota industrial y de menor escala.

La Secretaría General de la Presidencia (Segpres), informó este jueves que retiró del Congreso el proyecto de Ley de Pesca impulsado por la administración de Gabriel Boric, el que buscaba reemplazar a la llamada “Ley Longueira”, promulgada en 2013 durante el primer gobierno de Sebastián Piñera.

Cabe recordar que la tramitación de la “Ley Longueira” estuvo marcada por el escándalo de corrupción Corpesca, el que finalizó con el senador Jaime Orpis (UDI) y la diputada Marta Isasi (Independiente) en la cárcel tras recibir sobornos de la industria, y ha sido fuertemente resistida por el gremio de pescadores artesanales y organizaciones medioambientales que acusan una ley “hecha a la medida” de las pesqueras.

Debido a esto, las críticas de la oposición no se hicieron esperar y el primero en abrir los fuegos fue el diputado y expresidente de la Comisión de Pesca de la Cámara, Jorge Brito (FA), quien calificó la “Ley Longueira” como “la mayor vergüenza de la política chilena que terminó con una diputada y un senador en la cárcel por corrupción“.

“Para tener una ley con legitimidad, justa y restituir el Estado de Derecho, impulsamos la nueva ley con más de 200 audiencias sesionando en ocho regiones del país. Este trabajo no se puede echar por la borda, la pesca artesanal está siendo duramente golpeada con el aumento del precio de los combustibles sin ninguna ayuda por parte de este Gobierno y, además, le quitan el futuro retirando el proyecto de nueva ley de pesca”, fustigó Brito.

De la misma opinión fue el senador Daniel Núñez (PC), quien sostuvo que la decisión “pone en manifiesto una vez más que el Gobierno de José Antonio Kast está al servicio de los grupos económicos, de la gran industria en Chile, en este caso avalando estas situaciones irregulares que benefician a Corpesca“.

En tanto, el senador Diego Ibáñez (FA) aseguró que el gobierno “definitivamente no quiere hacerse parte de la solución, sino parte del problema (...) El diputado Bobadilla presentó más de 200 indicaciones para retrasar la aprobación de este proyecto, y hoy no resulta extraño que se sumen al problema y no a la solución. Este es un proyecto de ley que quiere reemplazar una ley actual que terminó con un senador preso, que fue aprobada en base a coimas”.

El aludido -Sergio Bobadilla (UDI)-, retrucó por su parte que “se deben hacer los cambios que permitan generar los equilibrios entre la pesca artesanal y la pesca industrial, de tal manera que tengamos progreso y desarrollo para todos y cada uno de quienes viven de esta importante actividad. Muy bien el Gobierno al retirar este proyecto“, cerró el legislador.

“Balde de agua fría”

Por otra parte, desde la Alianza Nacional por la Defensa de la Pesca Artesanal calificaron esta jornada la decisión del Gobierno como “un balde de agua fría” y advirtieron que el malestar del sector artesanal podría traducirse en manifestaciones.

Ello, puesto que de acuerdo a su presidente, Hernán Cortés, “retirar este proyecto es, en la práctica, darle respiración artificial a la actual Ley Longueira, una normativa nacida de la corrupción que tanto daño le ha hecho a Chile”.

“La ciudadanía no va a aceptar que se mantenga una ley nacida de la corrupción. Si el camino institucional se cierra o se dilata artificialmente para favorecer a un grupo acotado de pesqueras que se repartieron la torta del mar, el malestar va a desbordar cualquier posibilidad de diálogo”, remató el dirigente de los pescadores artesanales.

El Ministerio de la Producción (PRODUCE) estableció un Límite Máximo de Captura Total Permisible (LMCTP) de 305.417 toneladas para el recurso calamar gigante o pota (Dosidicus gigas), correspondiente al periodo de enero a junio de 2026.

La medida, aprobada mediante la Resolución Ministerial N° 000075-2026-PRODUCE, resulta aplicable a las actividades extractivas de embarcaciones pesqueras artesanales que cuenten con permiso de pesca vigente.

El nuevo límite de captura regirá hasta junio de 2026 para la pesca artesanal

La disposición del Ministerio de la Producción responde a un análisis técnico realizado por el Instituto del Mar del Perú (IMARPE), que evaluó los indicadores biológicos, pesqueros y poblacionales del calamar gigante, así como las condiciones ambientales recientes.

Según el informe técnico, la abundancia del recurso se mantiene cerca del máximo rendimiento sostenible, aunque se advierte un aumento en el número de embarcaciones dedicadas a su captura.

IMARPE recomendó no superar las 479.311 toneladas anuales, sugiriendo un enfoque precautorio y adaptativo para garantizar la sostenibilidad del recurso.

El análisis técnico de IMARPE fundamentó el incremento de la cuota

El Ministerio de la Producción determinó que, dentro del LMCTP, existe un límite específico de 30.295 toneladas para embarcaciones artesanales menores a 10 m³ de capacidad de bodega, las cuales están exentas de límite de zarpes mensuales durante el periodo vigente, aunque su captura se contabiliza dentro del total autorizado.

La resolución establece que la actividad extractiva debe realizarse únicamente con línea potera y exige que todas las embarcaciones cuenten con habilitación sanitaria vigente. Además, solo podrán transportar el recurso en vehículos isotérmicos registrados ante la autoridad competente.

Las plantas procesadoras solo recibirán pota de origen autorizado

El registro, monitoreo y control de las operaciones se realizará a través de la plataforma digital del Ministerio de la Producción. Las embarcaciones sin sistema de seguimiento satelital deberán notificar previamente su zarpe, lugar y fecha, y documentar la provisión de hielo antes de cada faena.

Los titulares de permisos o sus representantes son responsables de registrar el desembarque y el destino del recurso mediante los formatos oficiales, tanto digitales como físicos en caso de contingencia.

Las plantas de procesamiento solo podrán recibir calamar gigante procedente de embarcaciones y transportes debidamente registrados. La recepción del recurso debe ser reportada en un plazo no mayor a 48 horas, y la información validada con los datos registrados durante el desembarque.

De acuerdo con el Ministerio de la Producción, el incumplimiento de estos procedimientos, o el transporte del recurso en vehículos no autorizados, será sancionado conforme a lo dispuesto en el marco normativo vigente, incluyendo decomisos.

La fiscalización contará con videovigilancia: incumplimiento será sancionado con decomisos

El monitoreo biológico y pesquero permanecerá bajo responsabilidad del IMARPE, que informará periódicamente sobre la evolución de la pesquería y podrá recomendar ajustes en el límite de captura si la situación lo requiere.

La autoridad pesquera podrá concluir o suspender las actividades extractivas si se alcanza el límite máximo, si así lo aconsejan factores biológicos o ambientales, o si el periodo culmina el 30 de junio de 2026.

Los puntos de desembarque autorizados contarán con cámaras de videovigilancia operativas, y las acciones de fiscalización estarán coordinadas con gobiernos regionales y autoridades marítimas.

Durante décadas, la sardina (Sardinops sagax sagax) fue una de las especies más emblemáticas de la pesca peruana. Su presencia marcó un ciclo productivo que sostuvo la industria de harina y aceite de pescado, especialmente entre principios de los años 80 y fines de los 90.

Sin embargo, actualmente resulta prácticamente imposible encontrar sardinas en cantidades relevantes en el litoral peruano. ¿Por qué desapareció esta especie que alguna vez fue abundante?

Un mar sin sardinas: el auge y caída de una pesquería emblemática

La historia de la sardina es inseparable de la anchoveta (Engraulis ringens). Ambas especies no pueden coexistir en grandes cantidades por largos periodos debido a diferencias en sus requerimientos de temperatura, alimentación y regímenes oceánicos.

Cuando el clima favorece a una, la otra disminuye drásticamente o prácticamente desaparece. Así, el auge de la sardina coincidió con el colapso de la anchoveta a inicios de los 80, favorecida por un cambio en las condiciones marinas y por la falta de regulación pesquera.

Durante ese periodo, la sardina llegó a sostener capturas anuales de entre 2,5 y 3,5 millones de toneladas, principalmente en los puertos de Chimbote y Paita, según datos de Oceana.

La rivalidad entre anchoveta y sardina: ciclos, clima y competencia en el océano

El manejo pesquero de entonces era mínimo: no existían cuotas individuales, ni seguimiento satelital, ni certificadoras independientes y el control estatal era precario. La pesca industrial, con redes de cerco, permitía sacar todo lo que se podía mientras las condiciones lo permitieran. Era el viejo oeste de la pesquería.

Cuando el régimen oceánico volvió a cambiar, el Fenómeno El Niño de 1997-98 arrasó con las condiciones favorables para la sardina. La especie colapsó, y la anchoveta recuperó su predominancia en el ecosistema marino peruano.

Desde entonces, la sardina no ha logrado recuperarse. Hoy, solo se reportan capturas anecdóticas, principalmente a manos de la pesca artesanal con redes de cerco. En otros países, como Chile, la sardina sigue sosteniendo pesquerías importantes, aunque corresponde a especies o géneros distintos a la peruana.

La sardina peruana es un pez algo más grande que la anchoveta, llega hasta 25-26 cm y tiene una apariencia similar a la del pejerrey. Durante su auge, fue fundamental para la economía pesquera nacional, pero actualmente no existen las condiciones ambientales ni biológicas para que vuelva a ser abundante.

Las perspectivas de que la sardina vuelva a las costas peruanas dependen de factores ambientales y de la dinámica de la anchoveta. Mientras la anchoveta mantenga poblaciones altas, la sardina no tendrá espacio para prosperar.

¿Podría regresar a aguas peruanas? Solo un cambio drástico en el régimen oceánico, con una disminución marcada de la anchoveta, podría abrir la puerta para la sardina, aunque en volúmenes probablemente insuficientes para reactivar la industria a gran escala.

IMARPE confirma: presencia esporádica y sin señales de recuperación

La información más reciente del Instituto del Mar del Perú (IMARPE) confirma este escenario. Entre enero y septiembre de 2025, apenas se habían registrado 418 kilogramos de sardina desembarcados en Áncash, principalmente en el puerto El Dorado.

Estos volúmenes son mínimos si se comparan con los niveles históricos y corresponden a capturas incidentales, no a una recuperación real de la especie. IMARPE precisa que los desembarques anuales no han superado las 6.000 toneladas desde 2013, con cifras cada vez más bajas: 65 toneladas en 2021, 16 en 2022, 0 en 2023 y solo 2,6 en 2024.

“La sardina continúa mostrando una presencia esporádica y reducida, sin evidencias que permitan afirmar una recuperación poblacional sostenida”, refiere el reporte del organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de la Producción (PRODUCE).

IMARPE añade que estos registros actuales están vinculados a fenómenos puntuales, como la presencia de aguas subtropicales superficiales en la costa, y no deben interpretarse como señales de abundancia.

El instituto mantiene el monitoreo permanente de la sardina y de los principales recursos pelágicos, subrayando la importancia de un manejo precautorio y adaptativo frente a la incertidumbre climática y ambiental.

Así, la historia de la sardina en el Perú es un reflejo de la fragilidad de los recursos marinos ante la sobreexplotación y los cambios climáticos. El caso destaca la necesidad de políticas de manejo preventivo y la importancia de la vigilancia científica para evitar nuevos colapsos y preservar la sostenibilidad de la pesca nacional.

Mujeres en acción: científicas, pescadoras y lideresas en defensa del mar peruano

Este y otros temas fueron abordados durante la presentación de “Heroínas de la Mar”, un libro que narra las historias de 18 mujeres que trabajan por la protección del océano peruano.

Entre las protagonistas figuran Marilú Bouchon, investigadora del IMARPE especializada en anchoveta; Obla Paliza, pionera en el estudio de cachalotes; Evelyn La Madrid, fiscal que lidera operativos contra el tráfico de especies marinas; Kerstin Forsberg, científica experta en mantarrayas; Elsa Vega, primera presidenta mujer de la Sociedad Nacional de Pesca Artesanal; y Fany León, recolectora de conchas negras y guardiana de los manglares de Tumbes.

El libro, presentado el viernes 13 de marzo en Miraflores, busca visibilizar el rol fundamental de las mujeres en la ciencia, la pesca sostenible y la conservación marina, además de exponer los retos que enfrenta el mar peruano, como la sobrepesca, la contaminación y la escasa presencia femenina en espacios de decisión y gobernanza pesquera.

La industria pesquera peruana cerró la segunda temporada de anchoveta 2025 en la zona norte-centro con un desempeño cercano al máximo autorizado, consolidando uno de los principales pilares de la actividad exportadora del país. Con este resultado, el sector entra en una fase clave de preparación para la siguiente campaña, en la que se prioriza la anticipación frente a riesgos.

De cara a 2026, las empresas enfocan sus esfuerzos no solo en la puesta a punto de su capacidad operativa, sino también en la gestión de factores externos como el clima y la logística. Este enfoque busca asegurar la continuidad de las operaciones en un contexto marcado por posibles variaciones ambientales.

Cierre de temporada con alto nivel de cumplimiento

De acuerdo con el Ministerio de la Producción (Produce), la descarga total de anchoveta alcanzó 1.596.013 toneladas, lo que representa el 97,91% del Límite Máximo Total de Captura Permisible fijado en 1.630.000 toneladas para la segunda temporada de 2025 en la zona norte-centro.

Este nivel de cumplimiento refleja un desempeño alineado con las proyecciones del sector, en un contexto donde la sostenibilidad del recurso y el respeto de las cuotas siguen siendo factores determinantes para la continuidad de la actividad pesquera.

Etapa de mantenimiento y preparación operativa

Con la temporada concluida, las empresas del norte-centro han iniciado labores de mantenimiento en embarcaciones y plantas de procesamiento de harina y aceite de pescado. Estas tareas incluyen inspecciones técnicas en astilleros autorizados, así como la revisión de equipos industriales conforme a las especificaciones de los fabricantes.

En paralelo, la actividad en la zona sur continúa según la cuota vigente, mientras el resto del sector se alista para la primera temporada de 2026, que usualmente se desarrolla entre abril y junio, sujeta a los informes científicos del Instituto del Mar del Perú (Imarpe).

Riesgos climáticos y planificación del sector

Especialistas advierten que la planificación de la próxima campaña debe considerar variables climáticas y logísticas que podrían afectar las operaciones. En ese sentido, la prevención adquiere un rol central para mitigar posibles impactos en la actividad.

“Luego de cada temporada es importante revisar el estado de las embarcaciones, los equipos y los sistemas de protección financiera. La pesca es una actividad expuesta a riesgos operativos y climáticos, por lo que una adecuada gestión preventiva ayuda a reducir impactos ante eventuales incidentes”, señaló Gustavo Nole, Gerente Comercial de Marine Business & Aviation de Gallagher Perú.

Evaluación de riesgos y medidas preventivas

Reportes del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) alertan sobre la posibilidad de lluvias en distintas zonas del país durante el año, lo que ha llevado a algunas empresas a revisar sus estrategias de protección frente a eventos que puedan afectar la operación, el almacenamiento o el transporte.

En ese contexto, especialistas recomiendan evaluar de forma integral la preparación antes de cada campaña, considerando tanto aspectos operativos como mecanismos de cobertura ante riesgos. Esto incluye desde la revisión de embarcaciones hasta la planificación logística y la protección de infraestructura.

Recomendaciones para la próxima campaña

Entre las principales acciones sugeridas figuran la inspección del casco, maquinaria y sistemas de navegación de las embarcaciones, así como el mantenimiento preventivo de equipos críticos en plantas industriales. También se plantea revisar los protocolos de seguridad en faenas marítimas y procesos productivos.

Asimismo, se recomienda fortalecer la planificación logística y analizar mecanismos de protección financiera, como seguros para flota, transporte e infraestructura. “La estructura de riesgos en la pesca puede variar según el tamaño de la flota, la zona de operación y el tipo de actividad que realiza cada armador. Por eso, antes de cada temporada es recomendable revisar tanto los aspectos operativos como los mecanismos de protección disponibles para la actividad”, finaliza Gustavo Nole, Gerente Comercial de Marine Business & Aviation de Gallagher Perú.

Un paseo de pesca en la costa de Texas terminó en tragedia el miércoles 18 de marzo de 2026, cuando los cuerpos de un hombre de 28 años y su hijo de cuatro fueron recuperados en las aguas de Hog Bayou, cerca de Port Lavaca. El hallazgo se produjo tras horas de intensa búsqueda en la zona, un pequeño arroyo costero situado a unos 110 kilómetros al norte de Corpus Christi. El operativo fue confirmado por el Departamento de Seguridad Pública de Texas, que encabezó la recuperación de los cuerpos en este paraje frecuentado por familias para actividades recreativas.

El entorno de Hog Bayou es conocido por su tranquilidad y su atractivo para la pesca, lo que hace que la magnitud del hecho impacte aún más a la comunidad local. La zona combina áreas de aguas poco profundas y corrientes impredecibles, características que pueden resultar peligrosas, especialmente para quienes no están familiarizados con sus riesgos. La recuperación de los cuerpos tuvo lugar apenas horas después de que trabajadores de la Autoridad del Río Guadalupe-Blanco encontraran a dos niños pequeños solos en la rampa para botes de la bahía, lo que dio inicio a la investigación.

La cronología de los acontecimientos quedó marcada por el relato de los niños sobrevivientes, ambos hijos del hombre fallecido. Según informaron las autoridades, los pequeños, de cuatro y seis años, permanecieron en el área del arroyo desde la noche anterior, expuestos a las inclemencias del clima y a la incertidumbre tras haber presenciado el accidente. Los hermanos relataron que la familia había estado pescando hasta tarde y que, en un momento, uno de sus hermanos, también de cuatro años, cayó al agua de manera accidental.

En ese instante, según el testimonio de los niños, su padre no dudó en lanzarse al agua para intentar rescatar al pequeño. Sin embargo, ninguno de los dos volvió a salir a la superficie. Este relato, compartido por los guardabosques de Texas en una publicación oficial, fue clave para reconstruir el tiempo y las circunstancias en que ocurrió la tragedia. La noche transcurrió con los dos hermanos restantes solos, esperando ayuda en la orilla del arroyo. Al ser encontrados por el equipo de mantenimiento, los niños detallaron que habían permanecido en el lugar desde la noche anterior, lo que evidenció la gravedad y la rapidez con la que se desarrollaron los hechos.

El operativo de búsqueda y rescate se activó de inmediato tras la notificación recibida por la Oficina del Sheriff del Condado de Calhoun, que advirtió sobre la ausencia de la familia, “conocida por última vez pescando en Hog Bayou”. Esta alerta movilizó a una serie de organismos, entre ellos los guardabosques de Texas, el Departamento de Seguridad Pública de Texas, la División de Gestión de Emergencias de Texas, la propia Oficina del Sheriff del Condado de Calhoun y la organización sin fines de lucro Hunter Hadley’s Quest Inc., especializada en rescate acuático en Port Lavaca.

Los equipos desplegaron recursos terrestres y aéreos: barcos, aviones, drones y tecnología de imágenes térmicas para rastrear tanto las aguas como la costa del pantano. Según el reporte oficial, a partir del hallazgo de los niños, la búsqueda se intensificó y, en cuestión de horas, se logró localizar primero al padre, alrededor de la una de la tarde, y posteriormente al niño de cuatro años, cerca de las dos y media. Ambos fueron rescatados por el personal del Departamento de Seguridad Pública, aunque ya sin signos vitales.

Este despliegue coordinado ejemplificó la capacidad de respuesta ante emergencias de las autoridades locales y estatales, así como el compromiso de las organizaciones civiles en la región. La operación fue seguida de cerca por la comunidad, que aguardaba noticias sobre el desenlace de la tragedia.

La identidad de las víctimas no fue revelada públicamente en los comunicados oficiales, en respeto a la privacidad de la familia. Sin embargo, la organización Hunter Hadley’s Quest Inc. se refirió al padre como el “único sostén de la familia”, subrayando la dimensión de la pérdida que ahora enfrenta el núcleo familiar. La publicación de la entidad, difundida un día después del hallazgo, mencionó la “pesada carga” que supone para los sobrevivientes esta “pérdida inimaginable”.

El caso conmocionó a los residentes de Port Lavaca y sus alrededores, quienes reconocen la vulnerabilidad de quienes acuden a disfrutar de los espacios naturales de la región. La tragedia puso de manifiesto los riesgos asociados a actividades aparentemente simples como la pesca en familia, especialmente en áreas donde las condiciones del agua pueden variar repentinamente y presentar peligros para adultos y niños por igual.

El incidente también visibilizó el papel de los equipos de rescate y la importancia de la cooperación entre agencias para atender emergencias en entornos rurales y costeros. La rápida respuesta permitió esclarecer los hechos y brindar asistencia a los niños sobrevivientes, quienes permanecieron a salvo gracias a la intervención oportuna de las autoridades y los equipos de búsqueda.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, informó que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) dispondrá de más atribuciones para vigilar de manera estricta el uso de las ayudas implementadas tras la crisis generada por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. El Ejecutivo busca frenar posibles prácticas especulativas por parte de empresas beneficiarias de los subsidios estatales y garantizar que el dinero público se utilice para amortiguar el impacto económico en los sectores afectados. Según publicó el medio, las organizaciones agrarias han señalado que en las semanas recientes se detectó un incremento en la especulación y el alza de precios del gasóleo agrícola, lo que motivó a los productores a exigir la intervención de la CNMC.

Como parte de las acciones para mitigar el efecto de la guerra sobre la economía nacional, el Gobierno implementó un plan de 5.000 millones de euros compuesto por 80 medidas, según informó la agencia oficial. El paquete aprobado por el Consejo de Ministros extraordinario tiene como fin apoyar a sectores esenciales y preservar el poder adquisitivo de los hogares españoles, en especial en lo relacionado con los productos básicos de la canasta familiar.

El plan contempla descuentos de 20 céntimos por cada litro de combustible para agricultores, ganaderos, pescadores y transportistas, quienes podrán beneficiarse al repostar en sus vehículos, camiones, autobuses, ambulancias o furgonetas. El medio consignó que estos descuentos, sumados a la rebaja del IVA en carburantes del 21% al 10% —el mínimo que permite la normativa de la Unión Europea—, podrían traducirse en una reducción final de hasta 30 céntimos por litro, lo que representa un ahorro aproximado de 20 euros por vehículo.

La medida no solo se aplica a carburantes, sino que también incorpora un apoyo de igual cuantía destinada específicamente a la compra de fertilizantes para el sector agrícola, dado que la guerra ha encarecido estos insumos, lo que incide en el valor final de productos como el aceite. El descuento por la reducción del IVA será asumido por los consumidores finales que adquieran los carburantes y la ayuda se canalizará a través de la Agencia Tributaria y de las administraciones forales de País Vasco y Navarra.

El Ejecutivo fijó como plazo para la vigencia de estas ayudas el 30 de junio, periodo tras el cual se evaluará la situación. Según detalló el Gobierno, estas medidas buscan atender las demandas expresadas por los agricultores, ganaderos y pescadores ante el encarecimiento de los costos de producción como resultado del conflicto internacional.

Para facilitar la liquidez, el Gobierno amplió en 300 millones de euros la línea de créditos ICO-MAPA-Saeca, orientada al sector agroalimentario y marítimo-pesquero. De acuerdo con lo reportado por fuentes oficiales, con esta medida se pretende fortalecer la financiación de las empresas afectadas y garantizar la continuidad del suministro de alimentos.

El presidente Sánchez declaró en conferencia de prensa que los sectores beneficiados desempeñan un papel significativo en el tejido productivo del país y se han visto especialmente perjudicados por el contexto internacional, por lo que consideró prioritario evitar aumentos de precios adicionales en la cesta de la compra. Sánchez sostuvo que el Gobierno actuará con firmeza para castigar a cualquier empresa que obtenga un lucro indebido de las ayudas estatales, afirmando: “Es un dinero que pagan los ciudadanos con sus impuestos y debe volver íntegro a ellos. Por tanto, creo que un Gobierno y las autoridades competentes, lo que no podemos tolerar es que, por pura codicia, algunos intenten sacar tajada de esta guerra”.

La intervención de la CNMC responde, según publicó el medio, a las denuncias de organizaciones agrarias que han reclamado una vigilancia rigurosa tras detectar abusos de algunas compañías y una afectación directa en sus explotaciones debido al encarecimiento del gasóleo y demás insumos. El paquete de medidas, subrayó el Gobierno, está diseñado para beneficiar directamente a los 20 millones de hogares que existen en España, así como a tres millones de empresas.

El plan aprobado incluye tanto ayudas directas como modificaciones fiscales, con el propósito de controlar el costo de los alimentos básicos y asegurar que la economía nacional resista los efectos del conflicto. La distribución y pago de las ayudas se efectuará a través de los mecanismos ordinarios de la Administración central y las haciendas forales de territorios con régimen fiscal propio.

El Congreso de la República ha enviado a la congeladora diversos proyectos de ley que buscan anular el Decreto Supremo N° 006-2025-PRODUCE, una norma que cambió radicalmente las reglas para la fiscalización y sanción de la pesca industrial en áreas naturales protegidas del país.

Esta norma, aprobada por el Ministerio de la Producción (Produce) en abril de 2025, generó un vacío legal que impide sancionar a quienes pescan a gran escala en reservas marinas como Paracas, lo que ha provocado preocupación en comunidades locales, gremios ambientales y expertos del sector.

Un decreto que cambió las reglas en la fiscalización pesquera

El origen del problema está en la aprobación de este decreto, que modificó el Reglamento de la Ley General de Pesca y el reglamento de fiscalización y sanción de las actividades pesqueras y acuícolas, textos que venían rigiendo por más de veinte años.

La norma eliminó la autoridad clara para fiscalizar y sancionar la pesca industrial en Áreas Naturales Protegidas (ANP), a pesar de que la prohibición seguía vigente desde 2001.

Además, el decreto establece que una denuncia penal contra actividades ilegales solo puede presentarse una vez concluido el proceso administrativo, lo que puede tardar años. Antes, las denuncias penales podían hacerse en paralelo, lo que permitía actuar rápidamente.

La reacción fue inmediata: 19 exministros y exviceministros de distintos gobiernos expresaron públicamente su rechazo, argumentando que la norma no fortalece el control estatal, sino que lo debilita y facilita la impunidad de la pesca industrial en zonas protegidas.

El propio Congreso ha visto entrar iniciativas legislativas impulsadas por la congresista Silvana Robles y otros parlamentarios, destinadas a derogar el decreto y restituir la protección ambiental en estas áreas. Sin embargo, hasta ahora el debate sobre estos proyectos no ha avanzado.

Congreso no avanza con los proyectos para anular el decreto de Produce

El pasado 27 de febrero de 2026, la congresista Robles, presidenta de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, encabezó una reunión en el Museo de Sitio Julio C. Tello de Paracas junto a pescadores, dirigentes y representantes del Sernanp.

Allí, la legisladora criticó la falta de apoyo de bancadas tradicionales para avanzar con la derogatoria del decreto y lamentó que el Parlamento, tras el cambio de gobierno en julio, no incluya una comisión similar a la que ella preside, lo que dejaría sin voz institucional a quienes defienden estos temas en el Congreso.

En la reunión, pescadores y dirigentes locales manifestaron su preocupación por el impacto directo de la norma sobre la protección ambiental y el futuro de la pesca artesanal.

Ya antes los pescadores habían pedido reunirse con los últimos ministro del sector, Sergio González y el ya ratificado César Quispe Luján, para advertir sobre la posible legalización de actividades extractivas en áreas protegidas. No fueron atendidos, y el Congreso en su totalidad tampoco lo hizo, en lo que consideraron un “silencio cómplice”.

La situación es crítica. Para frenar la intentona, existe un dictamen aprobado que agrupa los 3 proyectos antes citados, el cual está listo para ser priorizado en la agenda del Pleno del Congreso de la República:

• Proyecto de Ley 5666/2023: Roberto Kamiche, Reymundo Cortez, Bazán, Limachi, Echeverría,
• Proyecto de Ley 6668/2023: Karol Paredes
• Proyecto de Ley 7157/2023: Kira Alcarraz, Paredes C., Picón, Juárez C., Luna, Zeballos

¿Empresas sancionadas podrían beneficiarse del nuevo marco?

El decreto de Produce cambió las categorías de zonas protegidas, eliminando el concepto de “áreas reservadas”, clave para la defensa de espacios como Paracas.

Ahora solo existen las zonas suspendidas, no permitidas, restringidas y prohibidas, pero ninguna de estas menciona expresamente a las áreas naturales protegidas ni a las que gestiona el Sernanp.

Esto deja un vacío legal y sin herramientas claras para sancionar a embarcaciones industriales que ingresen a estos lugares, aunque tengan protección especial.

Otro efecto preocupante es que las empresas sancionadas en el pasado pueden beneficiarse de la llamada “retroactividad benigna”, pidiendo que se les aplique el nuevo reglamento si les resulta más favorable, lo que podría anular multas impuestas por el sistema anterior.

Sanciones más flexibles y menos control sobre la pesca ilegal

Entre 2020 y 2021, 11 empresas pesqueras —8 de ellas afiliadas a la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP)— fueron sancionadas por actividades ilegales en Paracas, sumando multas por más de 12 millones de soles. Ahora, esas sanciones podrían quedar en nada, según Robles.

El decreto además flexibiliza la suspensión o cancelación de permisos, que solo aplica después de la tercera o cuarta infracción, y permite que si no se puede decomisar el producto ilegal, el infractor solo deba pagar su valor comercial.

Si no paga en 15 días, el caso se deriva a la Procuraduría, sin medidas inmediatas. La información satelital debe ser compartida por el Ministerio de la Producción con el Sernanp, pero este último no tiene potestad sancionadora, dejando a las áreas protegidas sin defensa real.

El conflicto judicial sigue: Corte Suprema y la controversia en Nasca

En el ámbito judicial, la controversia persiste. Robles recordó en Paracas que, en enero de 2026, la Corte Suprema de Perú ratificó la prohibición de la pesca industrial en áreas protegidas, incluida Paracas, al rechazar la demanda de la SNP.

Sin embargo, la disputa sigue abierta en la Reserva Dorsal de Nasca, donde la SNP busca habilitar la pesca industrial, pese al fallo judicial, detalló. El proceso todavía sigue en curso, dejando la protección de los ecosistemas marinos en la incertidumbre.

Para la legisladora, el resultado de esta reforma legal es claro: “menos posibilidades de sancionar la pesca ilegal, un marco político y judicial paralizado y una protección ambiental cada vez más debilitada”, mientras el Congreso no avanza con los proyectos de ley que podrían revertir la situación.

A medida que los inviernos se vuelven más cálidos en el hemisferio norte, el número de muertes por caídas a través del hielo aumentó, especialmente en comunidades indígenas como Kotzebue en Alaska, donde el deshielo temprano y el acortamiento de las temporadas seguras ponen en riesgo la seguridad y la subsistencia de miles de personas que dependen de la caza y la pesca, según información de Associated Press.

Esta alteración del ciclo estacional tradicional, impulsada por el cambio climático, implica un riesgo mortal inmediato, como ilustran tragedias recientes, y una degradación del conocimiento ancestral sobre el comportamiento del hielo.

Los datos presentados por Associated Press vinculan estas tragedias con el calentamiento global; investigaciones recientes muestran que los lagos del planeta pierden alrededor de 17 días de cobertura de hielo por siglo, con una aceleración del fenómeno a un ritmo seis veces mayor en los últimos 25 años.

Como resultado, la temporada de hielo en el mar de Bering es actualmente más de 40 días más corta que en la década de 1970, y en Kotzebue, la temporada de caza de focas se redujo en 26 días en comparación con hace una década.

Un caso reciente, documentado por Associated Press, muestra el impacto humano de estos cambios. Elmer Brown, de 45 años, falleció de hipotermia en noviembre de 2025 al caer con dos amigos en aguas heladas mientras cazaban caribú sobre un canal congelado al norte de Alaska.

Uno de sus acompañantes también murió ahogado. El episodio afectó a la comunidad de Kotzebue, mayoritariamente inupiaq, que durante generaciones dependió del hielo para su sustento. No es la primera vez que la familia Brown enfrenta esta tragedia: el padre de los hermanos Brown murió ahogado en 1999 durante una cacería de focas.

La transición hacia periodos de hielo menos predecibles transforma la seguridad física y la viabilidad de modos de vida ancestrales en Alaska. Tristen Pattee, habitante de la región, explica que la caza tradicional de caribú, antes realizada en agosto y septiembre en bote, suele postergarse a octubre o noviembre, coincidiendo con la formación peligrosa e incierta del hielo.

Nuevos riesgos y hechos documentados: pérdida del hielo y mortalidad creciente

Un estudio liderado por Sapna Sharma, profesora de biología en la Universidad de York, citado por Associated Press, analizó más de 4.000 muertes por ahogamiento invernal en 10 países entre 1991 y 2017.

El informe concluyó que el riesgo de mortalidad se multiplica por cinco cuando las temperaturas ascienden cerca del punto de congelación. Los meses críticos son marzo y abril, cuando la disminución de la nieve deja pasar más luz solar, debilitando el hielo interna y peligrosamente.

En Alaska, un estudio publicado en 2013 en la revista científica Journal of Public Health registró que entre 1990 y 2010 al menos 112 personas murieron tras caer al agua, con vehículos motorizados como motos de nieve presentes en la mitad de los casos.

Las etapas de mayor riesgo corresponden a los meses de cambio, noviembre y marzo, cuando el hielo se está formando o derritiendo y la urgencia de cazar o trasladarse impulsa a asumir mayores riesgos.

Las estrategias regionales de adaptación varían. En Minnesota y Wisconsin, la reducción de límites de velocidad y la ampliación de programas de seguridad redujeron los fallecimientos vinculados al hielo. Países como Alemania e Italia presentan bajas tasas de accidentes, atribuidas a regulaciones exigentes y altos niveles de cumplimiento.

En contraste, en Estonia y Letonia la mortalidad resulta mayor, debido a costumbres como la pesca sobre hielo junto al consumo de alcohol. En Canadá, la gran cantidad de lagos y la extensión territorial complican la implementación de controles efectivos.

Impacto en culturas indígenas, ecosistema y subsistencia

La inestabilidad del hielo afecta la seguridad alimentaria y la transmisión intergeneracional del conocimiento indígena. El aislamiento estacional —cuando el hielo aún es demasiado frágil para las motos pero ya no permite embarcaciones— deja a pueblos enteros sin acceso a recursos básicos.

Más del 80% de las comunidades de Alaska no están conectadas por carretera, dependiendo de las vías fluviales congeladas durante el invierno.

La reducción de la capa de hielo repercute en la cadena alimentaria. El hielo marino, según explica Andy Mahoney, profesor de geofísica del hielo en la Universidad de Alaska Fairbanks, regula brotes algales que alimentan a plancton y peces, fundamentales para especies como ballenas, morsas y narvales.

Alex Whiting, director del programa ambiental del consejo tribal de la Native Village of Kotzebue, advierte que la pérdida de días aptos para la caza y la pesca agrava la inseguridad alimentaria en la región. “Cada día que no se puede salir a cazar o pescar es un día más en que la comunidad corre el riesgo de no tener qué comer, porque se pierde una oportunidad en el año”, explica.

Whiting añade que el equilibrio del entorno depende del hielo: “El ártico solo funciona cuando está congelado —por eso es el ártico—. Todo aquí ha evolucionado para permanecer helado la mayor parte del año. Y cuando eso ya no ocurre, todo empieza a desmoronarse”.

El futuro ante la desaparición del hielo y la transformación del riesgo

Para Sharma, el desenlace de este proceso aparece documentado en los estudios científicos. Si las emisiones de gases de efecto invernadero persisten sin reducción, numerosos lagos dejarán de congelarse antes de que finalice el siglo.

“Si seguimos liberando gases de efecto invernadero al ritmo actual, miles de lagos ya no se congelarán y la gente dejará de caer por el hielo”, precisa Sharma a Associated Press.

La caída de los ahogamientos no será fruto de una mayor seguridad, sino de la extinción de las condiciones que hacían posible estas actividades generacionales.

La recuperación de la actividad pesquera en el Lago Titicaca motivó la puesta en marcha de una nueva iniciativa binacional orientada a reforzar el manejo sostenible de los recursos hidrobiológicos. La propuesta fue presentada por la Autoridad Binacional Autónoma del Lago Titicaca y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, con el propósito de promover acciones coordinadas en esta cuenca compartida por Perú y Bolivia.

El anuncio se realizó en el marco de un encuentro internacional desarrollado en Puno, donde especialistas, autoridades y representantes de organizaciones pesqueras de ambos países evalúan el estado actual de los recursos del lago. Durante la cita, el presidente ejecutivo de la ALT, Juan Ocola Salazar, destacó la importancia de implementar medidas conjuntas para enfrentar los desafíos que afectan a la pesca en la zona altiplánica.

Planificación binacional para la pesca

La iniciativa contempla avanzar en la elaboración del Plan Binacional de Ordenamiento Pesquero del Titicaca, instrumento que busca consolidar criterios comunes de gestión entre las autoridades de los dos países. Este proceso apunta a fortalecer la gobernanza del sector mediante la definición de lineamientos orientados a garantizar la sostenibilidad de la actividad en el mediano y largo plazo.

Según explicó Ocola Salazar, la estrategia se basa en el impulso de espacios de cooperación técnica que permitan articular decisiones consensuadas. La participación de instituciones científicas, organizaciones de pescadores y la sociedad civil forma parte de este enfoque, orientado a recuperar las poblaciones de especies y asegurar su aprovechamiento responsable.

Evaluación científica y gestión del recurso hídrico

El proyecto prevé la realización de diagnósticos participativos del sistema pesquero, así como acciones destinadas al manejo de los recursos hídricos compartidos. Entre las tareas previstas figura el fortalecimiento del monitoreo de las especies hidrobiológicas y la promoción del intercambio de información especializada entre entidades de ambos países.

Estas acciones buscan contribuir a una mejor toma de decisiones en materia de administración pesquera. La creación de mecanismos de coordinación técnica entre las instituciones competentes también es considerada una herramienta clave para consolidar una gestión más eficiente del ecosistema lacustre.

Importancia socioeconómica y desafíos ambientales

El Titicaca constituye uno de los sistemas de agua dulce más relevantes de América del Sur y representa una fuente esencial de ingresos para miles de familias dedicadas a la pesca artesanal. En ese contexto, la iniciativa es vista como un paso relevante hacia la adopción de un modelo productivo que combine la conservación de la biodiversidad con el bienestar de las comunidades ribereñas.

No obstante, el lago enfrenta una disminución significativa de sus especies nativas debido a factores como la sobreexplotación, la contaminación y los efectos del cambio climático, además de la presencia de especies introducidas y limitaciones en los esquemas de coordinación binacional. “El Lago Titicaca es un ecosistema compartido entre Perú y Bolivia, y su conservación requiere un esfuerzo conjunto”, afirmó el titular de la ALT, quien añadió que “Como ALT impulsamos estrategias de cooperación binacional orientados a fortalecer la gestión sostenible de la pesca en el lago en coordinación con instituciones, científicos y pescadores de ambos países”.

La captura de calamar durante el primer bimestre de 2026 marcó un récord histórico para la actividad pesquera argentina y ya duplicó los volúmenes obtenidos en el mismo período del año pasado. Se trata de la especie más capturada del país, con más de 120.000 toneladas desembarcadas en apenas dos meses, según informó la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, a través de la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Acuicultura.

De acuerdo con los datos oficiales, la captura de calamar Illex pasó de 62.221 toneladas en el primer bimestre de 2025 a 123.679 toneladas en igual período de 2026. El crecimiento se observó en todos los puertos del país y, en sólo dos meses, el volumen desembarcado ya se acerca al total registrado durante todo el año pasado, lo que confirma un inicio de campaña excepcional para el sector.

El aumento también se reflejó en todas las flotas. Tanto la flota de dedicación exclusiva como la de arrastre registraron fuertes subas. La flota potera, que en 2025 había mostrado muy buenos resultados, ya alcanzó en este comienzo de año el 60% de lo capturado en todo el ciclo anterior, mientras que la flota arrastrera superó el 75% del total registrado durante el año pasado.

Desde el área oficial explicaron que este fenómeno responde principalmente al incremento en la abundancia del recurso. La pesca de calamar se realiza durante su temporada, que se extiende de enero a agosto, aunque en los últimos años la actividad se concentró con mayor intensidad en el verano. En 2026 se detectaron concentraciones récord en relación con la serie histórica, lo que explica el fuerte salto en los desembarques.

El buen desempeño no se limitó al calamar. Otras especies también mostraron subas en el primer bimestre, entre ellas la merluza Hubbsi al sur del paralelo 41, con un incremento del 21%, y la merluza Hubbsi al norte de esa latitud dentro de la Zona Económica Exclusiva Argentina, que creció un 96%. A esto se suman mejores resultados en rayas y abadejo, lo que consolida un comienzo de año positivo para el conjunto de la actividad pesquera.

Los datos oficiales se complementan con los publicados por el INDEC, que registró en enero un aumento del 53,7% en la pesca marítima y del 32% en acuicultura. Este desempeño impactó directamente en el índice de producción industrial pesquero, que mostró una suba interanual del 49,9% en enero de 2026, impulsado principalmente por el fuerte crecimiento de la actividad extractiva en el mar.

Desde el 1 de abril al 30 de junio de 2026, quedará prohibida la pesca de la especie merluza (Merluccius hubbsi) y el uso de artes de pesca de fondo en un sector delimitado de la Zona Común de Pesca entre Argentina y Uruguay.

Esta medida abarca un área específica definida por cinco puntos geográficos y responde a la necesidad de preservar las concentraciones de ejemplares juveniles de esta especie.

La medida se hizo efectiva mediante la publicación de la resolución 01/2026, en el Boletín Oficial de la República Argentina y en el Diario Oficial de la República Oriental del Uruguay. La desición ambién prohibe el uso de redes de media agua durante el horario nocturno en el mismo sector.

Según lo dispuesto, la veda se aplicará en la zona comprendida entre los puntos 35°00’S - 52°27’W, 35°07’S - 52°10’W, 36°27’S - 53°45’W, 37°38’S - 54°56’W y 37°38’S - 55°51’W. Se informó que toda transgresión a la resolución será considerada un incumplimiento grave.

La decisión surge tras investigaciones conjuntas entre Argentina y Uruguay, realizadas bajo el marco del Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo. Los estudios confirmaron la presencia de áreas de concentración de juveniles de merluza en la Zona Común de Pesca, lo que motivó la recomendación de la Subcomisión de Recursos Vivos para establecer una veda temporal.

El documento indica que la medida busca contribuir a la conservación y explotación sostenible de la merluza. La restricción temporal pretende proteger las áreas donde se concentran los ejemplares jóvenes, garantizando la continuidad y recuperación del recurso pesquero.

La resolución instruye que se comunique la decisión tanto al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina como al Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Oriental del Uruguay, siguiendo los procedimientos habituales entre ambos países.

Récord histórico de pesca del calamar

La noticia se conoce horas después de que se revelara un dato clave respecto a la pesca en la zona. En el primer bimestre del año la captura de calamar illlex, una de las especies más valiosas y atractivas del Mar Argentino superó las 120.000 toneladas, casi duplicando los registros de igual período de 2025, según informó la Secretaría de Agricultura Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación.

Los niveles de captura de la especie, por volumen la más abundante de la pesca marítima del país, pasaron de 62.221 a 123.679 toneladas. “El crecimiento se observó en todos los puertos, alcanzando en estos dos meses, casi la totalidad de lo desembarcado en todo el 2025”, dice el comunicado oficial.

Además, el informe resalta que el aumento de los niveles de captura se observa “en todas las flotas, tanto la de dedicación exclusiva en esta especie (los llamados “poteros”), como la de arrastre”.

La flota potera, que en 2025 ya había tenido muy buenos rendimientos, alcanzó en los dos primeros dos meses el 60% de lo capturado en todo el año pasado, en tanto que la flota arrastrera ha superado el 75% de su marca anual.

Según el informe de la Secretaría, el fenómeno responde al incremento de la abundancia de los recursos. La pesca de calamar se efectúa durante su “temporada” que va de enero a agosto, pero en los últimos años se ha concentrado mayormente en el verano. Este año ha encontrado concentraciones récord con respecto a la serie histórica. Otras especies también mostraron una suba en el primer bimestre de este año, como diferentes áreas de captura de merluza hubbsi, que tuvieron aumentos interanuales de captura interanuales de 21 a 96 por ciento. También de raya y abadejo mostraron una buena performance.

Estos datos se complementan con los del Indec, que registró en enero un aumento interanual del 53,7% en pesca marítima y un 32,5% en acuicultura. La situación impactó sobre el índice de producción industrial pesquero (IPP) que ya en enero había mostrado un aumento del 49,9% interanual, propulsado por el incremento del 53,7% del mismo indicador referido a la pesca marítima y en particular por la captura de moluscos, familia a la que pertenece el calamar illex argentinus o pota argentina, un molusco cefalópodo considerado uno de los invertebrados marinos más importantes para la pesca comercial en el Atlántico Sur.

A su vez, el calamar es la especie que más atrae el interés de la flota pesquera china “de aguas distantes” que pesca al borde y ocasionalmente al interior del “Mar Argentino”, como se denomina el área de hasta 200 millas marinas desde la costa continental que es “Zona Económica Exclusiva” para los buques de bandera nacional.

La Confederación Española de Pesca (Cepesca) y la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP) han alertado en los últimos días sobre el riesgo de que la actividad pesquera nacional frene debido al encarecimiento abrupto de los costes vinculados a la actual crisis en Oriente Próximo. Estas organizaciones han avanzado que, en el encuentro de este lunes con representantes gubernamentales, solicitarán la adopción de mecanismos que mitiguen los gastos en el sector, entre los que destacan la reducción del precio del combustible, ayudas estatales por buque y una posible revisión temporal del IVA en los productos pesqueros. El objetivo de estas demandas se centra en garantizar la continuidad de la pesca y evitar disrupciones en el suministro alimentario, en un contexto marcado por una inestabilidad geopolítica que ya repercute en la economía nacional.

Según informó el medio, el Gobierno ha organizado para este lunes una serie de reuniones entre altos funcionarios y representantes de los sectores alimentario, pesquero y agrario, en respuesta al aumento de presiones económicas resultado del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán. De acuerdo con el texto, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, abrirá la jornada estableciendo un diálogo con Cepesca y la FNCP, quienes expondrán la necesidad de apoyo estatal inmediato frente al incremento de costes que afronta la flota.

Tal como detalló la fuente, entre las peticiones concretas que llevará la patronal pesquera figura la creación de medidas que disminuyan el precio de los carburantes para barcos, así como el aumento de los límites de ayudas directas que el Estado concede, pero gestionadas por buque, en vez de por empresa. Además, sostienen la conveniencia de evaluar la opción de suspender o reducir temporalmente el IVA sobre los productos relacionados, una vía para aliviar la presión financiera a lo largo de toda la cadena de valor pesquera.

Después de la reunión con el sector pesquero, Planas y el ministro de Economía, Empresa y Comercio, Carlos Cuerpo, se reunirán cerca del mediodía en el Ministerio de Economía con representantes de la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB), así como con el sector de fertilizantes y piensos, según consignó la fuente original. Ya en horario vespertino, a las 18:00, el responsable de Agricultura tiene previsto un nuevo encuentro con las principales organizaciones profesionales agrarias —Asaja, COAG, UPA y Unión de Uniones— y con portavoces de cooperativas agroalimentarias, continuando así la ronda de consultas directas con los grupos demandantes de soluciones ante la escalada de precios.

Estas reuniones suceden pocos días después de un encuentro de alto nivel mantenido el pasado jueves entre miembros del Ejecutivo, sindicatos y representantes empresariales. De acuerdo con el texto, la reunión estuvo encabezada por las vicepresidentas primera y segunda, María Jesús Montero y Yolanda Díaz, junto a la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen; el titular de Economía, Carlos Cuerpo, y la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz. El principal objetivo de dicho encuentro fue abordar posibles mecanismos de protección social y económica ante el deterioro de las condiciones derivadas del conflicto en Oriente Próximo.

Tras esa cita, Carlos Cuerpo anunció que el Gobierno se encuentra elaborando un real decreto ley que incluya respuestas fiscales para frenar el alza en los costes energéticos. Según publicó la fuente, la propuesta gubernamental se enmarca en el diseño de apoyos destinados especialmente a la agricultura y al transporte por carretera, sectores que también se ven intensamente afectados por la coyuntura geopolítica. A pesar de la presión existente, el Ejecutivo ha mostrado reservas sobre la reedición de medidas como la bonificación de 0,20 euros por litro de carburante aplicada durante la guerra en Ucrania, así como sobre nuevas rebajas al IVA en alimentos. Según explicó Cuerpo, la posición oficial consiste en estudiar con detalle cada alternativa antes de decidir si se aplican estos mecanismos compensatorios de manera análoga a episodios anteriores.

El ministro de Economía enfatizó que la respuesta estatal priorizará los sectores que más sienten el impacto de la guerra, principalmente el campo y el transporte, y que la estrategia del Gobierno para mitigar los efectos sobre la economía nacional se compone de cuatro ejes centrales. Los primeros dos se centran en avanzar en la transición hacia energías renovables, electrificación y adaptación ecológica, considerados factores clave para moderar la vulnerabilidad ante crisis externas. Los otros dos puntos buscan reducir el coste de la electricidad y del conjunto de la energía, priorizando para ello medidas fiscales específicas.

Según remarca la información original, el plan que prepara el Ejecutivo apuesta por el rigor, la flexibilidad y la capacidad de adaptación para responder a la evolución del conflicto en Oriente Próximo y su impacto económico interno. Las autoridades han dado prioridad a establecer contactos directos con los sectores más expuestos, a fin de identificar soluciones que permitan mantener la actividad y frenar un posible aumento insostenible de costes para agricultores, pescadores y actores de la industria alimentaria.

Un diagnóstico técnico sobre el estado del ambiente marino-costero del Pacífico panameño advierte que la región enfrenta crecientes presiones ambientales vinculadas a la sobreexplotación pesquera, la contaminación y la expansión de especies invasoras, factores que podrían comprometer la sostenibilidad de uno de los ecosistemas más productivos del país.

El estudio fue elaborado en el marco del proyecto Pacífico Sostenible, financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF), implementado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y ejecutado por WWF Mesoamérica, con participación de autoridades e instituciones científicas.

El documento, titulado Diagnóstico del Estado del Ambiente Marino-Costero del Pacífico de Panamá, señala que uno de los principales desafíos actuales es la presión sobre los recursos pesqueros, impulsada por la sobreexplotación, la pesca ilegal no declarada y no reglamentada y la captura incidental de especies.

Estas prácticas afectan directamente a poblaciones de peces y otros organismos marinos, generando riesgos para la seguridad alimentaria y los medios de vida de miles de familias que dependen de la pesca artesanal en las comunidades costeras.

El informe también advierte sobre el impacto creciente de la contaminación marina, derivada de vertidos de aguas residuales, escorrentía agrícola, residuos sólidos y plásticos que terminan en el océano.

Según el diagnóstico, estas descargas afectan la calidad del agua, los ecosistemas costeros y la biodiversidad marina, especialmente en zonas donde convergen actividades humanas intensivas como puertos, transporte marítimo, turismo y centros urbanos.

Otro riesgo identificado es la expansión de especies invasoras, muchas veces introducidas por el transporte marítimo internacional a través del agua de lastre o adheridas a los cascos de embarcaciones.

Estas especies pueden alterar el equilibrio de los ecosistemas marinos al competir con especies nativas o modificar las cadenas alimentarias, lo que representa una amenaza creciente para la biodiversidad del Pacífico panameño.

El informe menciona casos como Didemnum perlucidum, una ascidia invasora detectada en el Golfo de Chiriquí que puede desplazar corales y alterar ecosistemas marinos, así como Anomia peruviana y Saccostrea sp., moluscos considerados especies introducidas. También se han identificado organismos como el cangrejo de lodo norteamericano Rhithropanopeus harrisii, además de parásitos marinos como Perkinsus y Raillietiella frenata, cuya presencia genera preocupación por sus posibles impactos sobre la biodiversidad y las actividades pesqueras.

El estudio advierte que estas especies suelen ingresar a nuevos ecosistemas a través del agua de lastre de los buques o adheridas a los cascos de embarcaciones, lo que puede provocar cambios en las cadenas alimentarias, competencia con especies nativas y alteraciones en los ecosistemas costeros.

El diagnóstico subraya que el litoral pacífico de Panamá alberga ecosistemas críticos como manglares, arrecifes de coral, praderas de pastos marinos y zonas de alta productividad biológica, que cumplen funciones esenciales para el equilibrio ambiental.

Estos hábitats actúan como zonas de reproducción, refugio y alimentación para numerosas especies marinas, además de proteger las costas frente a la erosión y contribuir a la captura de carbono.

En términos económicos y sociales, el informe destaca que el océano Pacífico panameño sostiene actividades clave como la pesca artesanal, el turismo costero y la acuicultura, sectores que generan ingresos para miles de personas.

Se estima que alrededor del 85% del pescado consumido en comunidades locales proviene de la pesca artesanal, mientras que el turismo vinculado al litoral representa una fuente importante de empleo y desarrollo regional.

El diagnóstico recuerda además que el Pacífico de Panamá forma parte del Gran Ecosistema Marino del Pacífico Costero Centroamericano (GEM-PACA), un sistema ecológico compartido por nueve países que se extiende desde México hasta Ecuador.

Esta región concentra recursos marinos migratorios y ecosistemas transfronterizos de gran valor ecológico y económico, lo que hace necesaria una gestión regional coordinada para proteger los recursos marinos compartidos.

Frente a estos desafíos, el estudio plantea recomendaciones orientadas a fortalecer la gobernanza ambiental y mejorar la gestión de los recursos marinos.

Entre las medidas propuestas se incluyen reforzar los sistemas de monitoreo científico, fortalecer la coordinación interinstitucional y promover políticas que combatan la pesca ilegal, así como impulsar estrategias para reducir la contaminación y mejorar la calidad del agua en las zonas costeras.

El viceministro de Ambiente, Oscar Vallarino, destacó que el Pacífico panameño constituye uno de los mayores patrimonios naturales del país y es una fuente de sustento para miles de familias.

Según el funcionario, el diagnóstico proporciona una base científica sólida para orientar decisiones públicas que permitan aprovechar los recursos marinos de manera sostenible, evitando que las presiones actuales deterioren los ecosistemas.

Desde la perspectiva internacional, representantes de organismos vinculados al proyecto subrayaron que el estudio permite avanzar hacia una visión regional compartida sobre la gestión del océano Pacífico.

El objetivo es que los países involucrados puedan transformar la evidencia científica en compromisos concretos de conservación y desarrollo sostenible, fortaleciendo la cooperación entre gobiernos, científicos y comunidades costeras.

El diagnóstico también identifica oportunidades para desarrollar la llamada economía azul, un modelo que busca aprovechar los recursos marinos de manera sostenible mientras se protege la salud de los ecosistemas.

En este enfoque se promueve la participación de comunidades locales, mujeres y jóvenes en la gestión ambiental, así como la adopción de soluciones basadas en la naturaleza para enfrentar los desafíos climáticos y ambientales.

Finalmente, los autores del informe destacan que contar con información científica actualizada sobre el estado del ambiente marino-costero permitirá a Panamá diseñar políticas públicas más efectivas para proteger sus recursos oceánicos, garantizar la seguridad alimentaria y promover actividades económicas compatibles con la conservación.

En un contexto de presión creciente sobre los océanos del mundo, el estudio plantea que la sostenibilidad del Pacífico panameño dependerá de acciones coordinadas entre gobierno, sector privado, comunidades y organismos internacionales.

En el primer bimestre del año la captura de calamar illlex, una de las especies más valiosas y atractivas del Mar Argentino superó las 120.000 toneladas, casi duplicando los registros de igual período de 2025, informó la Secretaría de Agricultura Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación.

Los niveles de captura de la especie, por volumen la más abundante de la pesca marítima del país, pasaron de 62.221 a 123.679 toneladas. “El crecimiento se observó en todos los puertos, alcanzando en estos dos meses, casi la totalidad de lo desembarcado en todo el 2025”, dice el comunicado oficial.

Además, el informe resalta que el aumento de los niveles de captura se observa “en todas las flotas, tanto la de dedicación exclusiva en esta especie (los llamados “poteros”), como la de arrastre”.

La flota potera, que en 2025 ya había tenido muy buenos rendimientos, alcanzó en los dos primeros dos meses el 60% de lo capturado en todo el año pasado, en tanto que la flota arrastrera ha superado el 75% de su marca anual.

Según el informe de la Secretaría, el fenómeno responde al incremento de la abundancia de los recursos. La pesca de calamar se efectúa durante su “temporada” que va de enero a agosto, pero en los últimos años se ha concentrado mayormente en el verano. Este año ha encontrado concentraciones récord con respecto a la serie histórica. Otras especies también mostraron una suba en el primer bimestre de este año, como diferentes áreas de captura de merluza hubbsi, que tuvieron aumentos interanuales de captura interanuales de 21 a 96 por ciento. También de raya y abadejo mostraron una buena performance.

Producción Industrial Pesquera

Estos datos se complementan con los del Indec, que registró en enero un aumento interanual del 53,7% en pesca marítima y un 32,5% en acuicultura. La situación impactó sobre el índice de producción industrial pesquero (IPP) que ya en enero había mostrado un aumento del 49,9% interanual, propulsado por el incremento del 53,7% del mismo indicador referido a la pesca marítima y en particular por la captura de moluscos, familia a la que pertenece el calamar illex argentinus o pota argentina, un molusco cefalópodo considerado uno de los invertebrados marinos más importantes para la pesca comercial en el Atlántico Sur.

A su vez, el calamar es la especie que más atrae el interés de la flota pesquera china “de aguas distantes” que pesca al borde y ocasionalmente al interior del “Mar Argentino”, como se denomina el área de hasta 200 millas marinas desde la costa continental que es “Zona Económica Exclusiva” para los buques de bandera nacional.

Siempre al acecho

Como informó recientemente Infobae, los movimientos medidos en los últimos doce meses evidencian el abrumador dominio de la flota china pescando en las narices del Mar Argentino. Sobre 776 buques de pesca de aguas distantes cuyos movimientos observó el sistema Guardacostas de la Prefectura Naval Argentina (PNA), 418 son de bandera china, aunque también es posible que también todos o la mayoría de los 28 con bandera de Vanuatu sean en realidad propiedad de empresas chinas.

Con sus luces encendidas, los “poteros” chinos pescan de noche (el calamar es una especie fotosensible) y su número y concentración semeja las luces de una ciudad al borde del Mar Argentino.

Para combatir el azote de la flota potera china un arma de utilidad sería el Acuerdo de Medidas del Estado Rector de Puerto, impulsado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.

Esta semana, las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Presupuesto y Hacienda del Senado emitieron dictamen favorable para que la Argentina adhiera a ese acuerdo internacional. Allí se consideró que esa pesca constituye una amenaza directa sobre la sustentabilidad de los recursos pesqueros y sobre la competitividad de la flota argentina, en especial frente a la presión que ejerce la actividad extractiva sobre el calamar en el límite de la Zona Económica Exclusiva (esto es, “la Milla 201”).

El acuerdo impulsado por la FAO busca fijar estándares mínimos y mecanismos de cooperación entre Estados para reforzar controles, exigir información anticipada a los buques y facilitar el intercambio de datos entre autoridades portuarias, buscando entre otras cosas evitar la proliferación de “puertos de conveniencia” y cerrar espacios operativos a las flotas asociadas con la pesca ilegal. La flota china “de aguas distantes” tiene el apoyo de buques de recarga de combustible y de descarga de captura y utiliza como “conveniencia” el puerto de Montevideo.

El acuerdo establece un sistema de controles portuarios que permite a los Estados, inspeccionar buques extranjeros antes de permitir su ingreso o descarga. Entre las medidas previstas se encuentra la obligación de que las embarcaciones presenten información detallada sobre el barco, su carga, la bitácora de navegación, las operaciones de pesca realizadas, la cantidad de capturas y las autorizaciones correspondientes.

Además, prevé mecanismos de intercambio de información e inteligencia entre los países parte, lo que busca cerrar los circuitos logísticos que utilizan las flotas que operan al margen de las regulaciones. En un contexto marcado por la creciente presión de flotas extranjeras en el Atlántico Sur, la adhesión al instrumento es considerada por distintos sectores como una herramienta adicional para fortalecer los mecanismos de control y cooperación internacional en la lucha contra la pesca ilegal, principalmente de centenares de buques chinos, impulsada y subsidiada por el propio estado chino.

La ampliación del acuerdo incorpora ahora a Castilla-La Mancha y Andalucía, dos comunidades que no participaron en el marco legal de 2017 y cuya adhesión modifica de forma sustancial el alcance y la cobertura de las licencias interautonómicas. Según informó el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, este convenio facilita a cazadores y aficionados a la pesca la realización de estas actividades en todas las regiones adheridas mediante una única autorización, eliminando la necesidad de diversos trámites específicos por cada territorio.

El convenio, publicado este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), fue firmado entre el Ministerio y diez comunidades autónomas: Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunitat Valenciana, Extremadura, Galicia, Madrid, Principado de Asturias y Región de Murcia. De acuerdo con lo reportado, este nuevo marco sustituye al sistema anterior adoptado en 2017 y unifica los procedimientos administrativos en las regiones firmantes, permitiendo así prácticas de caza y pesca en aguas continentales con solo una licencia válida en todos los territorios incluidos.

El medio especificó que el objetivo de la medida es eliminar los trámites individuales requeridos hasta ahora en cada comunidad autónoma para la obtención de permisos, agilizando la gestión y mejorando la movilidad de los usuarios. Las licencias tendrán un periodo de validez de un año y se establecen tarifas fijas de 70 euros para las licencias de caza y 25 euros para las de pesca en aguas interiores. Tal como detalló el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, este sistema pretende además fortalecer la colaboración técnica y económica entre administraciones públicas, promoviendo una gestión más eficiente de los recursos y la normatividad vinculada.

En la práctica, la medida habilita a los ciudadanos que obtengan la licencia interautonómica a ejercer la caza o la pesca en todo el ámbito territorial de las comunidades que han suscrito el acuerdo, sin necesidad de realizar procedimientos diferentes en cada una. Según explicó el departamento dirigido por Luis Planas, otra de las novedades radica en el intercambio automático de información sobre sanciones: si un usuario incurre en una inhabilitación por infracciones en una región, esa restricción se renueva instantáneamente en las demás comunidades adheridas.

La plataforma Licicaz-web, implementada para soportar la gestión de las licencias, recoge y transmite los datos necesarios entre las administraciones. Según publicó el Ministerio, esta herramienta permite que los técnicos accedan en tiempo real a las altas y bajas de usuarios y comprueben el cumplimiento de los requisitos necesarios para la obtención de los permisos. De este modo, la operatividad del sistema queda garantizada por la digitalización de los procesos y la coordinación inmediata entre los diferentes organismos involucrados.

Además de simplificar la burocracia, el Ministerio destacó que el nuevo acuerdo responde a las exigencias de sostenibilidad y eficiencia, integrando la protección medioambiental con el desarrollo económico de las zonas rurales donde la caza y la pesca representan actividades significativas. De acuerdo con el informe, el convenio se define bajo los principios de eficacia y racionalidad en el uso de recursos públicos. Esta unificación de criterios también facilita la adecuación de la normativa a los distintos territorios y asegura mejores condiciones legales para los usuarios, quienes contarán con mayor seguridad jurídica al estar sus derechos y obligaciones reconocidos de manera homogénea por todas las regiones implicadas.

El acuerdo se concreta tras varios años de colaboraciones interadministrativas. En el texto publicado en el BOE se precisó que el convenio ofrece nuevas garantías y contempla procedimientos de actualización y revisión para adaptarse a posibles cambios legislativos o de gestión en el futuro. Además, las comunidades firmantes se comprometen a compartir información, resultados y datos estadísticos que permitan evaluar la efectividad del sistema y su impacto sobre el medio y la actividad social y económica relacionada.

El Ministerio también señaló que el sistema no modifica las restricciones medioambientales ni las normativas autonómicas específicas respecto a las especies o zonas protegidas; las licencias interautonómicas permiten la movilidad pero requieren el cumplimiento de las normas vigentes en cada región sobre cuándo, cómo y en qué condiciones pueden practicarse la caza o la pesca.

De acuerdo con lo consignado en el BOE, la entrada en vigor del acuerdo abre la opción para que otras comunidades puedan sumarse en el futuro, incrementando así el alcance territorial de las licencias y la colaboración institucional a nivel estatal. Se subrayó igualmente que la plataforma tecnológica puede soportar la integración de nuevos territorios sin modificar la operatividad del sistema actual.

La pesca de la medusa conocida como “bola de cañón” (Stomolophus spp.) está autorizada a lo largo de la línea costera panameña hasta el próximo 31 de diciembre, a distancias no mayores de cinco millas náuticas de la costa.

La “bola de cañón” pertenece al grupo de las Scyphozoa, especies que despiertan cada vez más el interés gastronómico, debido a que sus características son apropiadas para servir como alimento, además de que los scyphozoos comestibles suelen carecer de toxicidad, registra la literatura marítima.

Su alto consumo en ensaladas o sopas, entre otras exquisiteces, se da en países como Corea del Sur, Malasia, China, Japón, Singapur, Taiwán, Vietnam, Turquía y Rusia, entre otros, mientras que en América Latina el consumo se sitúa básicamente en Argentina, Ecuador, Nicaragua, Perú y México.

La medida de la Autoridad Marítima de Panamá detalla que la pesca está autorizada solo a 15 embarcaciones de pequeña escala o artesanal, con motores fuera de borda con un máximo de velocidad de 15 Hp (caballos de fuerza), que cuenten con sus respectivas licencias de pesca vigente.

Según la norma, establecida en la Gaceta Oficial No.30478 E, las mencionadas embarcaciones se deben limitar a capturar un total de 3,500 toneladas de desembarque anual de la medusa “bola de cañón”, que debe su nombre a su parecido con ese artefacto.

Una vez alcanzado el valor de la captura máxima permitida, se advierte que se cerrará la temporada de pesca durante este 2026, independientemente que no haya culminado su temporada de cierre.

Para la captura de la “bola de cañón” se utilizará el arte de pesca conocido como red de copo (red de bolso o cuchara), con una longitud de malla estirada de 10.16 centímetros (cuatro pulgadas) y armazón de 90 cm x 66 cm.

Solo se permitirán hasta tres pescadores por embarcación y un bolso, copo o cuchara por pescador.

Para el desembarco de la “bola de cañón” se autoriza a los puertos Panamá, Caimito y Vacamonte, aunque la autoridad aclara que podrá agregar o eliminar puertos, según la necesidad existente.

Los dueños de las embarcaciones dedicadas a este tipo de pesca deberán solicitar una autorización a la Autoridad Marítima de Panamá, e igualmente contar con la licencia vigente de pesca de pequeña embarcación o artesanal.

También se debe aportar un informe de inspección técnica de la embarcación, de los aparejos de pesca realizada por funcionarios de la entidad rectora de la pesca en el país.

Al referirse a las empresas autorizadas para el procesamiento, almacenamiento y comercialización de la medusa “bola de cañón” se informa que mensualmente deben presentar ante la Dirección General de Ordenamiento y Manejo Integral y ante la Dirección General de Investigación y Desarrollo de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) un informe de captura de medusas conforme a un formato previamente establecido.

Se insiste en que este documento debe contener la totalidad de las capturas realizadas, al igual que el procesamiento mensual efectuado y las exportaciones realizadas.

Desde la Cámara Nacional de Pesca y Acuicultura de Panamá, se dijo que en el país no se procesa la “bola de cañón”, aunque anteriormente había una empresa que lo hacía.

Panamá en 2025 exportó productos por un valor acumulado de $754.9 millones, lo que representa un aumento de $34.2 millones (4.7%) en comparación con el mismo periodo del año anterior, de acuerdo con las estadísticas del Ministerio de Comercio e Industrias.

Los productos del mar impulsaron este crecimiento, teniendo al camarón congelado como el principal producto exportado, con una participación del 12.5%, mientras que los datos del Sistema Armonizado reflejan que los pescados y crustáceos continuaron liderando con un 21.4% del total exportado, seguidos por frutas (12.8%), grasas y aceites (9.5%), fundición de hierro y acero (6.4%), alimentos preparados para animales (4.6%) y madera (4.5%).

El congresista Jorge Alfonso Marticorena Mendoza, de Alianza para el Progreso (APP) —partido liderado por el candidato presidencial César Acuña y con fuerte arraigo en el norte del país— ha presentado ante la Comisión de Producción del Congreso el Proyecto de Ley N.° 14074/2025-CR.

Esta iniciativa busca garantizar la continuidad del proceso de formalización de embarcaciones pesqueras artesanales inscritas en el marco del Decreto Legislativo Nº 1392 y plantea reactivar el Sistema de Formalización Pesquera Artesanal (SIFORPA II), un mecanismo que concluyó en 2023 tras regularizar embarcaciones artesanales medianas y grandes.

Congreso: Alianza para el Progreso reabre debate sobre formalización pesquera

La propuesta de Marticonera se suma al Proyecto de Ley N.° 12373/2025-CR, presentado anteriormente por el congresista José Bernardo Pazo Nunura y conocido como “REINFO pesquero”. Ambos proyectos apuntan a reabrir y flexibilizar las etapas del SIFORPA II, permitiendo que embarcaciones que no acreditaron su existencia en 2018 puedan volver a ingresar al proceso de formalización.

Piero Rojas, asesor legal de la Fundación Innovations for Ocean Action (I4OA), advierte sobre el impacto institucional y legal de esta tendencia parlamentaria. “Lo que corresponde ahora es que el PRODUCE y la DICAPI emitan opinión respecto del Proyecto de Ley N.° 14074/2025-CR.

Atendiendo a los antecedentes que han rodeado este tipo de iniciativas, resulta previsible que ambas entidades formulen una opinión desfavorable, en observancia de los principios de predictibilidad y seguridad jurídica”.

Rojas enfatiza que medidas de este tipo ya han sido desestimadas en el pasado, tanto por el Ministerio de la Producción como por la Dirección General de Capitanías y Guardacostas, quienes han argumentado que reabrir procesos concluidos vulnera la seguridad jurídica y compromete los compromisos internacionales contra la pesca ilegal no declarada y no reglamentada (INDNR).

SIFORPA II: PRODUCE y la DICAPI rechazan propuestas que amplían la formalización

Según el documento presentado por Marticonera, el Proyecto de Ley N.° 0974/2025-CR plantea que alrededor de 2.000 embarcaciones que no superaron la verificación y matrícula en el SIFORPA II puedan continuar el procedimiento, a pesar de no haber acreditado su existencia en el momento exigido por la normativa original.

Además, la iniciativa permite incorporar embarcaciones que no estaban en el listado inicial, siempre que acrediten existencia y construcción antes del 31 de diciembre de 2020. Esta ampliación se justifica por la declaración de plena explotación de las pesquerías de pota y perico en 2021, hecho que impide el otorgamiento de nuevos permisos de pesca para estas especies.

El SIFORPA II, implementado en 2018, exigía cinco etapas para la formalización de embarcaciones pesqueras artesanales medianas y grandes: inscripción, verificación de existencia, matrícula, protocolo técnico y permiso de pesca.

De las más de 4.500 inscripciones registradas, solo unas 2.500 lograron culminar el proceso y operar legalmente en la extracción de pota y perico, especies clave para la industria nacional de productos pesqueros congelados. El resto no superó las etapas iniciales, principalmente por no acreditar la existencia real de las embarcaciones en 2018.

La industria del perico y la pota enfrenta riesgos con nuevo ‘REINFO pesquero’

La nueva propuesta no solo reabre el proceso para las solicitudes rezagadas, sino que amplía el plazo y permite sumar embarcaciones construidas hasta fines de 2020. Según análisis técnicos, esto desvirtúa el carácter temporal y excepcional del régimen original, pensado exclusivamente para regularizar embarcaciones existentes hasta 2018.

Diversos actores del sector han advertido sobre los riesgos que implica esta iniciativa. Carlos Yenque, gerente de la Sociedad Nacional de Pesca Artesanal del Perú (SONAPESCAL), subraya que la presión sobre estas pesquerías podría ser insostenible y comprometer su sostenibilidad en el país.

“En la práctica, esta nueva propuesta de ‘REINFO pesquero’ podría propiciar la regularización irregular de más de 4.000 embarcaciones en el SIFORPA II y, sin duda, generar que los recursos pota y perico colapsen en el corto plazo”, advierte el portavoz de SONAPESCAL, organización dedicada a la pesca formal de pota en Perú.

La Comisión de Producción continúa evaluando la propuesta, que ha generado críticas tanto en el sector pesquero artesanal como en el ámbito regulatorio, donde se advierte sobre el riesgo de perder control técnico y legal en la formalización pesquera bajo presión política y electoral. El debate sigue abierto y el desenlace será clave para el futuro de la sostenibilidad y la gobernanza en la pesca artesanal peruana.

La OROP-PS, el otro frente de Perú contra la pesca ilegal

Sin embargo, no es el único frente que se libra contra la pesca ilegal desde Perú. En estos momentos, en Panamá se debate el futuro de la principal pesquería artesanal del país: la representación nacional -tanto Gobierno como pescadores-, está defendiendo con firmeza la necesidad de contener la presión pesquera ejercida por la flota china y establecer reglas más estrictas en el marco de la OROP-PS.

Según precisó Juan Carlos Riveros, director científico de Oceana, entre esas medidas se incluyen cuotas de pesca y mayores exigencias de trazabilidad, similares a las que ya se aplican en nuestro mar territorial. De este modo, se busca extender estándares de control y sostenibilidad que han demostrado ser efectivos a un ámbito más amplio, con el fin de proteger los recursos y garantizar el futuro del sector artesanal.