La pesca artesanal peruana atraviesa una etapa de expansión impulsada por el repunte de las exportaciones y una mayor recuperación del sector tras los efectos climáticos registrados en años anteriores. En ese escenario, la incorporación de herramientas basadas en datos e inteligencia artificial empieza a posicionarse como un factor clave para sostener el crecimiento y elevar la competitividad de la industria.

El avance tecnológico aparece como una respuesta frente a un contexto cada vez más exigente, marcado por la variabilidad climática, mayores estándares de sostenibilidad y una presión regulatoria creciente. En particular, la trazabilidad y el análisis de información cobran relevancia para mejorar la capacidad de respuesta del sector y fortalecer su acceso a los mercados internacionales.

Un sector que busca consolidar su recuperación

Luego del impacto generado por las anomalías climáticas de 2023, la pesca peruana logró recuperar dinamismo durante 2024 y mantuvo esa tendencia a lo largo de 2025. Con miras a 2026, el sector apunta a consolidar ese desempeño apoyándose en herramientas tecnológicas que permitan optimizar operaciones y anticipar riesgos.

La actividad artesanal concentra una parte importante de este proceso. Al cierre de 2025, las estimaciones situaban en 95.900 el número de pescadores artesanales en el ámbito marítimo nacional, principalmente en las zonas costeras del norte y centro del país. A ello se suma que, en enero de 2026, el desembarque de pesca artesanal alcanzó 119 mil toneladas métricas, mientras las exportaciones crecieron 527,1% y sumaron USD 98 millones FOB.

Inteligencia artificial y datos en la operación diaria

El uso de inteligencia artificial y herramientas de análisis de datos podría generar cambios concretos en la operación cotidiana de la pesca artesanal. Entre las aplicaciones previstas figuran el monitoreo de faenas, la planificación de salidas y la optimización del consumo de combustible, además de mejoras en seguridad y trazabilidad.

Estas tecnologías también permitirían reducir tiempos improductivos y facilitar el registro de información vinculada a la actividad. De igual manera, podrían contribuir a los procesos de formalización y a una toma de decisiones más precisa tanto en el plano operativo como comercial.

La trazabilidad gana protagonismo

Para Jaime Mourão, country manager para Colombia y Perú de Bluetab, el futuro competitivo de la pesca peruana dependerá cada vez más de la capacidad del sector para tomar decisiones sustentadas en información de calidad. Según explicó, factores como la variabilidad climática y las nuevas exigencias regulatorias obligan a mejorar la eficiencia y la capacidad de adaptación.

En ese contexto, la trazabilidad adquiere una importancia estratégica dentro de toda la cadena productiva. “Los mercados internacionales valoran cada vez más la capacidad de verificar origen, legalidad y sostenibilidad a lo largo de la cadena. Por eso, los datos adquieren un valor estratégico: dejan de cumplir solo una función operativa y se convierten en una herramienta de confianza, acceso comercial y competitividad”, señala Mourão.

Desafíos pendientes para la transformación digital

Pese a su relevancia global y capacidad exportadora, la pesca peruana todavía enfrenta retos asociados a la formalización, la heterogeneidad operativa y las brechas tecnológicas, especialmente dentro del segmento artesanal. La incorporación de soluciones digitales busca justamente reducir esas diferencias y elevar los estándares de productividad.

La transformación digital también podría fortalecer el aporte de la pesca artesanal en generación de empleo, ingreso de divisas y seguridad alimentaria. En la práctica, ello implicaría avanzar hacia una actividad con mayor acceso a información, mejores capacidades de gestión y una integración más sólida con las exigencias de los mercados internacionales.

El Congreso peruano se encuentra ante una decisión que marcará el rumbo de la política ambiental y pesquera del país: aprobar o rechazar el proyecto de ley 5666/2023-CR, que plantea la prohibición absoluta de la pesca industrial en todas las Áreas Naturales Protegidas (ANP). La iniciativa, impulsada por la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, ha generado un debate intenso, entre quienes presentan la prohibición como una medida de conservación y quienes advierten que, en el fondo, se trata de una propuesta antitécnica y desproporcionada que responde más a presiones externas que a la verdadera finalidad de proteger los ecosistemas.

A primera vista, prohibir puede parecer sinónimo de conservar. Sin embargo, la realidad es más compleja. Las ANP no son espacios homogéneos: la propia Ley 26834 reconoce zonas de uso directo donde se permite el aprovechamiento sostenible, siempre bajo criterios técnicos y científicos. Una prohibición general ignora esta lógica y sustituye la gestión adaptativa por rigidez normativa.

El gremio pesquero industrial ha levantado su voz de protesta. En una carta dirigida al Presidente del Congreso, la Asociación Nacional de Armadores Pesqueros señaló que la iniciativa es “arbitraria, antitécnica y profundamente lesiva para el sector pesquero nacional”, denunciando además que nunca fueron convocados al debate pese a representar a miles de familias que dependen de esta actividad. El gremio cuestiona la ausencia de respaldo técnico y recuerda que “ni la Comisión de Producción, ni el Ministerio de la Producción, ni el Instituto del Mar del Perú emitieron opinión favorable, señalando que la propuesta genera duplicidad normativa e inseguridad jurídica”.

Más allá de las denuncias políticas, lo cierto es que el debate debe centrarse en la evidencia. El Perú cuenta con uno de los sistemas de control pesquero más estrictos de la región, con cuotas, vedas, monitoreo satelital (SISESAT) y fiscalización multisectorial. La coexistencia entre conservación y pesca industrial no es una quimera; experiencias como la Reserva Nacional Dorsal de Nasca muestran que la zonificación permite compatibilizar usos sin sacrificar los objetivos de conservación.

La tendencia internacional tampoco respalda prohibiciones generales. Los modelos modernos de conservación promueven manejo adaptativo, compatibilidad de usos y monitoreo permanente. La prohibición total es la excepción, no la regla. Ni el sistema de Naciones Unidas ni el derecho comparado establecen prohibiciones generales; la tendencia global es el manejo adaptativo, con zonificación, monitoreo y regulación específica por área.

El impacto económico y social de una medida así sería enorme. La pesca industrial formal genera empleo formal y descentralizado, sostiene cadenas productivas clave y contribuye a la seguridad alimentaria. Restringirla sin evidencia no mejora la conservación, pero sí debilita la economía formal y puede incentivar la informalidad, un efecto rebote que nadie quiere admitir.

Por ello, la Comisión de Producción del Congreso evaluó estas iniciativas en abril de 2024 y resolvió su inviabilidad, recomendando su archivo. Avanzar con una prohibición absoluta, desconociendo esa opinión técnica, implicaría legislar desde la ideología y no desde la evidencia científica ni en coherencia con la legislación ambiental y pesquera vigente.

Ante lo dicho, podemos concluir que las Áreas Naturales Protegidas requieren gestión inteligente y diferenciada, no prohibiciones generales. Una norma que elimine de manera absoluta la pesca industrial sería técnicamente infundada, jurídicamente riesgosa, económicamente dañina y ambientalmente ineficaz. La alternativa adecuada es regular cada caso mediante zonificación y monitoreo permanente, asegurando que conservación y desarrollo puedan coexistir de manera sostenible.

El Congreso tiene la responsabilidad de legislar con objetividad y transparencia, escuchando a todos los actores y basándose en evidencia científica. Prohibirlo todo puede parecer sencillo, sobre todo cuando se cede a presiones externas, pero administrar los recursos en beneficio de los peruanos exige pensar en la sociedad en su conjunto y en la sostenibilidad de nuestros ecosistemas.

El Pleno del Congreso de la República decidió no agendar el debate sobre la protección de las áreas marinas protegidas (AMP) el pasado jueves 7 de mayo de 2026 y, en su lugar, puso el acelerador a otras normas de menor urgencia ambiental, como la declaración del 25 de julio como Día del Colono Austro-Alemán.

Esta decisión dejó en suspenso una reforma legal que buscaba garantizar la conservación de ecosistemas marinos clave como Paracas y la Dorsal de Nasca, postergando nuevamente una demanda sostenida de organizaciones ambientalistas y de la pesca artesanal.

MINAM intentó frenar el debate sobre áreas protegidas

De acuerdo con fuentes de Infobae Perú, incluso el Ministerio del Ambiente (MINAM) intentó un día antes bloquear la inclusión del dictamen sobre áreas marinas protegidas en la agenda del Pleno.

La cartera argumentó que la norma era “sobrerregulatoria” y no necesaria, transmitiendo esa posición a los legisladores con la intención de que se planteara una cuestión previa que devolviera el proyecto a comisión.

Esta movida buscaba dilatar o impedir la aprobación de una ley que, para los colectivos conservacionistas, es clave para proteger las reservas marinas frente a la presión pesquera.

Fuentes legislativas percibieron esta postura como funcional a los intereses de la industria, ya que la ausencia de una norma con rango de ley mantiene la puerta abierta para la pesca industrial en áreas que deberían estar resguardadas por su valor ecológico y turístico.

El riesgo de que la iniciativa de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología quede archivada aumenta cada día que pasa sin que el Congreso la priorice en el Pleno.

Un proyecto destinado a cerrar vacíos en la protección marina

El dictamen pendiente de debate proponía modificar la Ley 26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas, incorporando el artículo 27-A para restringir la pesca industrial en áreas marinas protegidas y permitir únicamente la pesca artesanal y la acuicultura compatible con la conservación.

Esta reforma buscaba subsanar un vacío legal originado tras la eliminación, por decreto supremo, de la infracción para la pesca industrial en zonas como Paracas y la Dorsal de Nasca, a pesar de que existe una prohibición reglamentaria desde hace 25 años.

La falta de una norma legal clara ha permitido que la industria pesquera siga presionando para acceder a estos ecosistemas, generando preocupación entre quienes defienden la conservación marina y la economía local basada en el turismo y la pesca sostenible.

La agenda legislativa privilegió una conmemoración simbólica

Mientras tanto, el Congreso sí priorizó el dictamen que declara el Día del Colono Austro-Alemán, aprobado con 102 votos a favor, cero en contra y una abstención.

La norma reconoce el aporte cultural y económico de esta comunidad y dispone que el Ejecutivo, a través de varios ministerios y gobiernos regionales, organice acciones conmemorativas cada 25 de julio.

La autora del proyecto, la legisladora Nelcy Heidinger Ballesteros, saludó la aprobación como un regalo para su pueblo, mientras la presidenta de la Comisión de Cultura, Susel Paredes, sostuvo que se trata de un reconocimiento simbólico a la historia de los descendientes austroalemanes.

El tiempo se agota para la protección de las AMP

A esta hora, solo queda un mes para que el Congreso vuelva a considerar el dictamen de las AMP. Si no se debate ni se aprueba en ese plazo, la propuesta será archivada y las reservas marinas como Paracas y la Dorsal de Nasca seguirán vulnerables frente a intereses industriales.

Organizaciones ambientalistas y representantes de la pesca artesanal advierten que la falta de aprobación de la norma perpetúa la fragilidad legal de estos ecosistemas y posterga la respuesta a una demanda ciudadana de largo aliento.

Las Asociaciones de Productores (APRO) informaron que, a través del programa “Brigadas del Litoral”, lograron retirar más de 24 toneladas de residuos en playas del litoral peruano durante lo que va de 2026.

Esta iniciativa movilizó a más de 1,000 voluntarios y realizó 16 intervenciones en ocho localidades costeras, desde Puerto Malabrigo (La Libertad) hasta Tambo de Mora (Ica).

Las APRO son organizaciones civiles sin fines de lucro vinculadas a la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) en Perú.

Su objetivo es fortalecer la relación entre la industria pesquera y las comunidades locales, promoviendo la sostenibilidad y el bienestar común en las zonas de operación.

Brigadas del Litoral: una respuesta a la contaminación costera

El programa “Brigadas del Litoral” articula la participación de voluntarios locales, niños, jóvenes y trabajadores del sector pesquero en jornadas de limpieza en áreas críticas del litoral.

De acuerdo con el Ministerio del Ambiente (MINAM), el 46% de los residuos en playas de todo el país son plásticos. Además, casi el 60% de las playas del Perú no son aptas para el ingreso de bañistas, debido a la alta contaminación y problemas sanitarios registrados en 2026.

“Brigadas del Litoral articula el trabajo con las comunidades costeras para la recuperación de playas”, destacan las APRO.

Las intervenciones han tenido lugar en Puerto Malabrigo, Chimbote, Supe, Végueta, Caleta Carquín, Chancay, Pisco y Tambo de Mora, involucrando a voluntarios de distintas edades y sectores.

Sostenibilidad y colaboración en la industria pesquera

La ejecución de estas jornadas forma parte del eje de medio ambiente y sostenibilidad de las APRO, orientado a “poner en valor el aporte del sector más allá de su actividad productiva”.

El enfoque busca consolidar una intervención territorial sostenida, sumando la participación ciudadana y el trabajo colaborativo para enfrentar los desafíos de la contaminación.

Las APRO anunciaron que continuarán impulsando acciones para ampliar la conversación sobre la industria pesquera y su impacto en las comunidades. Las próximas intervenciones abordarán temas de salud, alimentación, educación y desarrollo, además del cuidado ambiental.

“Hemos superado las 24 toneladas de residuos retirados en lo que va del año”, informaron las asociaciones, subrayando el impacto colectivo alcanzado gracias a la colaboración entre la industria y las comunidades.

Regiones pesqueras clave y rol de la pesca artesanal

Las principales regiones pesqueras del Perú se concentran en el norte y centro del litoral, con Piura como la zona más relevante, al aportar el 26,4% de la producción nacional y contar con el mayor número de pescadores artesanales.

Otras áreas clave incluyen Ica, Lima y la zona norte (Tumbes, Trujillo, Chiclayo), reconocidas por su alta biodiversidad. La región norte destaca por la pesca artesanal de pota, perico y merluza, mientras que el centro concentra la pesca industrial y artesanal de anchoveta, jurel y bonito.

En la Amazonía, ciudades como Iquitos, Pucallpa y Yurimaguas son puntos importantes para la pesca continental. La pesca artesanal representa el 97% de la fuerza laboral en el sector, y la pesca industrial sustenta la exportación de harina y aceite de pescado.

El Ministerio del Ambiente (MINAM) estaría buscando bloquear la inclusión del dictamen recaído en los Proyectos de Ley 5666, 6668 y 7157, que propone incorporar el artículo 27-A en la Ley 26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas, en la agenda del Congreso prevista para este jueves 7 de mayo.

De acuerdo con fuentes consultadas en el Congreso de la República, el argumento esgrimido por el ministerio es que la norma sería “sobrerregulatoria” y carecería de necesidad real, a pesar de la presión sostenida de la industria pesquera para intervenir en áreas naturales protegidas.

La maniobra del Ejecutivo apunta a impedir que el Pleno debata un dictamen aprobado por mayoría en la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología.

La propuesta solo permitiría la pesca artesanal, de menor escala y la acuicultura, siempre que sean compatibles con los fines de cada área protegida.

Un dictamen que busca cerrar la puerta a la pesca industrial

El dictamen responde al vacío que dejó el Decreto Supremo 006-2025-PRODUCE, que eliminó la infracción para quienes pescan industrialmente en reservas protegidas.

Aunque la prohibición existe en el reglamento desde hace 25 años, la falta de rango legal ha facilitado que la industria insista en ingresar a zonas como Paracas o la Dorsal de Nasca, la mayor reserva marina del país.

Organizaciones ambientalistas y representantes artesanales han advertido a Infobae Perú que la presión de la industria sobre el Congreso no ha cesado, y que el avance de la ley sería un paso fundamental para garantizar la integridad de los ecosistemas marinos.

El proyecto fue revisado tres veces en la Comisión de Pueblos antes de llegar al Pleno. Sin embargo, en la Comisión de Producción del Congreso, los dictámenes sobre estos proyectos fueron rechazados y enviados al archivo.

“El proyecto 5666 fue archivado bajo la presidencia de Jorge Morante y los proyectos 6668 y 7157 bajo la presidencia de Tania Ramírez, ambos de Fuerza Popular. En ambas ocasiones, el fujimorismo boicoteó la aprobación”, dijo la fuente.

Incluso dentro de la Comisión de Pueblos, los fujimoristas votaron en contra, aunque no lograron bloquear el dictamen, que finalmente avanzó bajo la presidencia de Ruth Luque.

El Ejecutivo lejos de la defensa ambiental

Desde el MINAM, se ha transmitido a los legisladores que la aprobación de la ley no es necesaria, con el fin de plantear una “cuestión previa” en el Pleno para devolver el dictamen a comisión, maniobra que busca dilatar o impedir su aprobación definitiva.

La actitud del MINAM, lejos de fortalecer la defensa de las áreas protegidas, ha sido calificada como “funcional a los intereses de la industria pesquera”, por otra fuente consultada.

Reservas vulnerables y economía local en riesgo

Si la ley no se aprueba, reservas como Paracas y la Dorsal de Nasca “seguirán expuestas a la presión de la industria pesquera, tanto nacional como extranjera”, continuó.

Además, los ingresos económicos derivados del turismo quedarían amenazados ante el avance de actividades industriales incompatibles con el espíritu de conservación de estas zonas.

El resultado de la sesión de este jueves definirá si la protección de las reservas marinas se refuerza o si el Ejecutivo logra imponer criterios que favorecen otros intereses, a costa de la conservación y del interés público.

La designación de Lima como sede de la reunión anual del Grupo de Trabajo de Acústica Pesquera, Ciencia y Tecnología (FAST-WG) del Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES) en abril de 2027 es una noticia que merece celebrarse. Esto es el reconocimiento internacional a décadas de esfuerzo científico del Perú en la gestión de sus recursos marinos.

El FAST-WG se consolidó en la década de los ochenta para reunir a los principales expertos en metodologías acústicas y tecnologías aplicadas a la investigación pesquera. Desde entonces, se ha convertido en un foro donde se presentan avances, se debaten protocolos y se fortalecen proyectos de cooperación internacional. El Instituto del Mar del Perú (Imarpe), colaborador pleno del ICES desde el año 2000 gracias a la gestión del Almirante Luis Giampietri, ha mantenido una participación constante en este espacio. Pero la presencia peruana no se limita al Imarpe sino también a científicos del Instituto Humboldt de Investigación Marina y Acuícola (IHMA), de empresas pesqueras y de instituciones aliadas también han aportado conocimiento y experiencia.

La reunión de 2026 se llevó a cabo en Wageningen, Holanda, en la cual el Perú tuvo una participación activa. El Ing. Mariano Gutiérrez, director Científico del IHMA, presentó los avances logrados en el empleo de sonares para la detección acústica de cardúmenes de anchoveta, junto con otras contribuciones nacionales sobre la relación ecológica entre la anchoveta y la munida. Estos proyectos reflejan la capacidad del país para generar conocimiento de frontera.

En el marco del FAST-WG, el Perú y sus socios —Imarpe, IHMA, Simrad, la Sociedad Nacional de Pesquería, entre otros— han venido desarrollando un protocolo para el uso cuantitativo de sonares omnidireccionales. Gracias a ello, hoy es posible estimar el volumen de cada cardumen, su velocidad y dirección de natación, así como indicadores de biomasa.

La designación de Lima como sede en 2027, genera la expectativa de recibir a más de cien científicos de todo el mundo, marca un hito histórico, por primera vez Sudamérica acogerá este encuentro. Será una ocasión para mostrar al mundo los avances logrados en investigación acústica y gestión pesquera, y también para invitar a científicos de países latinoamericanos —Chile, Argentina, Ecuador, Colombia, Brasil— a sumarse a esta plataforma de cooperación regional.

La relevancia de este evento trasciende lo académico. En un contexto global donde la sostenibilidad de los recursos marinos es cada vez más cuestionada, que el Perú se posicione como anfitrión de un encuentro científico de esta magnitud envía un mensaje claro: somos un país capaz de liderar con conocimiento, de abrir nuestras puertas a la comunidad internacional y de demostrar que la pesca puede gestionarse con responsabilidad y sostenibilidad.

El reto será aprovechar esta vitrina. No basta con organizar una reunión impecable; es necesario que el Estado y el sector privado trabajen de manera articulada para que los avances presentados se traduzcan en políticas públicas sólidas y en prácticas empresariales sostenibles. La ciencia es el puente entre la explotación racional de los recursos y la preservación de los ecosistemas marinos.

En 2027, Lima no solo será sede de un evento científico, será el escenario donde se reafirme que la pesca peruana tiene futuro si se construye sobre la base del conocimiento, la cooperación y la transparencia. Esta oportunidad demostrará al mundo que el Perú no solo es un país pesquero, sino también un país científico.

El Golfo de México y Mar Caribe entraron a partir de este 4 de mayo bajo veda para la pesca de camarón en todas sus especies, como respuesta a la disminución poblacional registrada en los últimos ciclos y con el objetivo de asegurar su recuperación y conservación en la región

De acuerdo con información de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) publicada este 4 de mayo, la disposición publicada en el Diario Oficial de la Federación obliga a pescadores, comercializadores y cualquier parte involucrada a suspender toda actividad extractiva durante los plazos establecidos por especie y zona.

El acuerdo publicado fija restricciones para siete estados y zonas específicas

El comunicado especificó que, en las zonas marinas comprendidas entre la frontera con Estados Unidos en Tamaulipas y la desembocadura del río Coatzacoalcos en Veracruz, la captura de camarón queda prohibida desde las 00:00 horas del 1 de mayo hasta las 24:00 horas del 15 de agosto de 2026.

En la franja costera frente a Campeche y Tabasco, la veda para el camarón siete barbas (Xiphopenaeus kroyeri) está vigente hasta las 24:00 horas del 30 de septiembre de 2026.

Para la zona marina de Campeche y Tabasco y los caladeros de Contoy en Quintana Roo, la prohibición se extiende entre el 1 de junio y el 1 de octubre de 2026.

En los sistemas lagunarios estuarinos de Tabasco, la veda aplica del 1 de mayo al 30 de septiembre. Desde Tamaulipas hasta el río Coatzacoalcos en Veracruz, la restricción es del 30 de mayo hasta las 18:00 horas del 14 de julio.

Se mantiene la veda permanente en aguas marinas federales del Golfo y el Caribe mexicano, en la franja de 0 a 20 millas náuticas frente a Isla Aguada (Campeche) hasta los límites con Belice, incluyendo lagunas y zonas costeras de Yucatán y excluyendo episodios de apertura puntual en Contoy, Quintana Roo.

El sustento científico y el propósito de la veda

La decisión de establecer la veda respondió a la opinión técnica del Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuacultura Sustentables (IMIPAS). El diagnóstico del organismo concluye que se requiere suspender la captura para “proteger la población de camarón en el Golfo de México y Mar Caribe”.

Conapesca instruyó a quienes cuenten con existencias de camarón en estado fresco o conservado a presentar un inventario oficial utilizando el formato CONAPESCA-01-069, disponible en su sitio web y a entregarlo en la oficina más cercana. Para trasladar el crustáceo desde las zonas bajo veda, es obligatorio portar la Guía de Pesca oficial.

La autoridad advirtió que toda persona que incumpla la veda será sujeta a las sanciones previstas en la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables y otras disposiciones aplicables.

Beneficios a la salud de comer camarón

Los camarones concentran nutrientes que pueden incidir favorablemente en la salud del organismo, gracias a su aporte de proteínas, minerales esenciales y antioxidantes. Según el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD), el consumo adecuado de este marisco puede estimular la reparación de tejidos y contribuir a funciones metabólicas fundamentales, siempre que se mantenga bajo vigilancia médica y dentro de una dieta equilibrada.

Entre los minerales que contienen los camarones están hierro, magnesio, fósforo y zinc en mayores proporciones. Estos resultan necesarios para el funcionamiento celular óptimo. Además, el selenio, presente en el crustáceo, actúa como antioxidante y protege a las células de la acción de radicales libres.

La Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera (FULASP) lanzó una fuerte denuncia contra el Reino Unido al advertir sobre la existencia de un sistema estructural de explotación pesquera en las Islas Malvinas que, según sus cálculos, extrae cada año más de 260.000 toneladas de recursos originados en aguas argentinas. La entidad sostiene que el volumen capturado equivale a más de un tercio de toda la pesca nacional y configura un esquema de apropiación de recursos migratorios con fuerte impacto económico, ambiental y social.

El trabajo fue encabezado por el presidente de FULASP, Raúl Cereseto, quien viajó durante los primeros días de abril a las islas para relevar información en territorio y reunirse con autoridades locales. A partir del análisis de registros oficiales, datos privados, monitoreo satelital y relevamientos propios, la organización concluyó que Londres habría consolidado un modelo de extracción basado en la entrega de licencias pesqueras de largo plazo —de hasta 25 años— a flotas extranjeras que explotan intensivamente especies migratorias vinculadas al ecosistema del Mar Argentino.

Según el informe, durante 2024 la captura total en aguas bajo control británico alcanzó las 261.903 toneladas, uno de los niveles más elevados de los últimos años. Dentro de ese volumen sobresale el calamar Illex, con 146.689 toneladas capturadas, una de las cifras más altas de la última década. Además, FULASP señala que el Reino Unido obtendría alrededor de 39 millones de libras esterlinas anuales por permisos pesqueros, en un circuito económico que generaría cerca de 1.000 millones de dólares por año y representaría aproximadamente el 65% de los ingresos totales de las islas.

Sólo el 20% de las capturas de pesca se descargan en Malvinas

Uno de los puntos más sensibles de la denuncia es el esquema operativo de descarga y exportación. El estudio sostiene que apenas el 20% de las capturas se descarga en Malvinas, mientras que un 10% se dirige al puerto de Montevideo y el 70% restante se transfiere directamente en alta mar hacia países receptores de las cuotas. “Es muy evidente que no existe ningún tipo de desarrollo industrial en las islas, ya que incluso el volumen que se descarga en territorio isleño no genera empleo, porque se deposita directamente en contenedores refrigerados y se envía congelado”, explicó Cereseto.

La investigación también pone el foco en la presencia de entre 100 y 120 buques con licencia activa por año, cifra que puede superar las 130 embarcaciones en los picos de temporada, especialmente durante la pesca del calamar. A ello se suma la participación de flotas europeas que operan bajo licencias británicas, pese a que sus países reconocen formalmente la soberanía argentina sobre las islas. “Resulta inaceptable que países que manifiestan públicamente su respaldo a la posición argentina participen simultáneamente de un esquema que vulnera directamente sus derechos soberanos”, sostuvo el titular de FULASP.

Otro de los aspectos señalados es la presión pesquera sobre la denominada milla 201, donde parte de la flota extranjera desarrolla tareas intensivas que, en algunos casos, derivarían en incursiones ilegales sobre la Zona Económica Exclusiva argentina. El informe añade un dato alarmante: entre 2013 y 2021 se registraron 59 tripulantes fallecidos en esa región, exponiendo condiciones laborales críticas y escasos controles en una zona clave del Atlántico Sudoccidental.

Advierten un posible colapso ecológico

Desde el punto de vista ambiental, FULASP advierte sobre señales concretas de sobreexplotación. La cancelación en 2024 de la segunda temporada de pesca del calamar Loligo por falta de biomasa es presentada como un indicador claro de deterioro del recurso. La entidad considera que, de continuar este modelo extractivo sin coordinación regional ni manejo sostenible, podría producirse un colapso ecológico irreversible que afecte no solo a las especies objetivo, sino también al equilibrio biológico de todo el Atlántico Sur.

La gravedad del planteo, según el informe, se refuerza porque los propios documentos pesqueros oficiales de las islas reconocen el carácter migratorio de las especies explotadas. Entre ellas figuran la merluza común, el calamar Illex, la polaca, la merluza de cola y el bacalao de profundidad, recursos que se desplazan entre la Zona Económica Exclusiva argentina, el alta mar y las aguas bajo control británico.

“Es muy grave que los propios informes británicos reconozcan que los recursos que explotan nacen, crecen o se reproducen en aguas argentinas y que lo sigan haciendo inescrupulosamente. Es decir, no hay discusión técnica: estamos frente a un proceso de apropiación de recursos migratorios que pertenecen al ecosistema del Mar Argentino”, afirmó Cereseto.

Pesca extractiva en Malvinas: “un problema de soberanía”

Frente a este escenario, FULASP anunció una batería de presentaciones institucionales ante la Subsecretaría de Ambiente de la Nación, el Mercosur, la Cancillería Argentina y la Unión Europea. El objetivo será reclamar acciones diplomáticas, ambientales y comerciales que frenen la explotación unilateral de recursos en territorio en disputa y suspendan beneficios arancelarios a productos pesqueros provenientes de Malvinas.

“Este no es un problema pesquero: es un problema de soberanía, de desarrollo económico y de sustentabilidad ambiental. El Reino Unido ha montado un sistema de extracción sistemática de recursos argentinos con complicidades internacionales, y eso debe ser denunciado en todos los ámbitos”, concluyó Cereseto, sintetizando una denuncia que vuelve a poner en el centro del debate la explotación de los recursos naturales del Atlántico Sur y su impacto sobre la Argentina

El langostino llegó a aportar hasta USD 1.300 millones anuales en la segunda mitad de la década pasada, pero la baja de los precios internacionales y un largo conflicto entre las empresas y algunos sindicatos del sector redujeron ese valor a USD 867 millones en 2025. La temporada langostinera 2026 ya empezó, pero por falta de acuerdo laboral solo salieron a pescar 11 barcos y siguen amarrados más de un centenar.

Sin embargo, la dinámica cambió. Durante la pasada semana tres cámaras de la industria pesquera denunciaron “la insólita actitud de un gremio que paraliza la industria pesquera” y parecía cernirse sobre el sector de pesca de langostino la sombra del conflicto que en 2025 devastó la captura de la especie que más dólares -vía exportaciones- aporta a la Argentina, con picos cercanos a los USD 1.400 millones, en la segunda mitad de la década pasada.

“Luego de un 2025 en el que la pesca sufrió la parálisis de actividad más dramática de su historia, parece repetirse la situación para este año. La temporada de langostino inició el 15 de abril y hoy hay una flota de más de 100 barcos paralizada, repitiéndose el escenario de 2025, con posibles pérdidas económicas para trabajadores, comercios, empresas y municipios”, señalaron la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (Capip), la Cámara de Armadores de Pesqueros y Congeladores de la Argentina (Capeca) y el Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas (CEPA), del langostinero, que luego del conflicto de 2025 habían quedado en revisar con los gremios (principalmente el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos, SOMU, que aún lidera el moyanista Raúl Durdos) y el Sindicato Marítimo de Pescadores, Simape, que agrupa a la marinería marplatense) “condiciones económicas que pudieran dar viabilidad y sustentabilidad a este sector”.

Durante el verano hubo varios encuentros y a fin de febrero las cámaras presentaron en la Secretaría de Trabajo una propuesta, consistente en tres “tablas” de premios “por producción”, según el precio del langostino estuviera por debajo de USD 6.000 la tonelada, oscilara entre USD 6.000 y 7.500, o lo hiciera entre USD 7.500 y 12.000 la tonelada. Pero en una reunión presencial SOMU y Simape desconocieron la existencia de esa propuesta, amagando con reiterar el largo conflicto y las pérdidas de 2025. Con los otros sindicatos del sector, el de Capitanes y el de Conductores de Pesca, las relaciones son más amistosas.

Otro escenario

Este año, sin embargo, el escenario cambió. Los precios internacionales mejoraron levemente respecto de los de un año atrás, las pesqueras tienen ahora legalmente habilitada la posibilidad de hacer acuerdos a nivel de empresas, como de hecho lo hizo Conarpesa, del empresario Fernando Álvarez Castellano, que ya largó 11 barcos a pescar.

Por otra parte, los marineros perdieron muchos ingresos el año pasado y no quieren repetir la experiencia. En las elecciones sindicales hubo un movimiento tectónico al perder SOMU la seccional Puerto Madryn, la más importante junto a Mar del Plata. Los resultados fueron contestados y la resolución depende de la Justicia. Los mandatos en SOMU se prorrogaron hasta el 9 de mayo y la actual dirigencia, encabezada por Durdos, pierde día a día predicamento en las bases. El ganador de la elección en Madryn, Alexis López, quiere alcanzar un acuerdo para salir a trabajar. “El año pasado fue terrible, la gente está cansada, quieren que les digan la verdad”, declaró a Revista Puerto, una publicación especializada.

Los marineros pudieron trabajar (en pesca del langostino, la más remunerativa) a lo sumo 3 de los últimos 20 meses. Ese hartazgo, con eco en los bolsillos, se reflejó en que cuando Conarpesa abrió un registro para iniciar la campaña se anotaron más de 2.000 marineros, incluido el 100% de su propio personal. De todos modos, aunque hizo acuerdo por empresa, Álvarez Castellano, el dueño de Conarpesa, dijo que si las Cámaras llegan a uno sectorial, su empresa se ajustará a él. Para los marineros en tierra que ven colegas trabajando, el dolor del bolsillo se profundiza. Trabajando, un marinero estaría promediando hoy unos $5,8 millones mensuales estimó Agustín de la Fuente, gerente de Capip.

Conarpesa sacó sus barcos a pescar mediante un acuerdo propio con el personal, pero dijo que si las Cámaras llegan a uno sectorial, su empresa se ajustará a él

Según trascendidos sindicales del fin de semana, el acuerdo estaría a punto de llegar: sería por “la tabla del medio” (premios en función de un precio del langostino entre USD 6.000 y 7.500 la tonelada) y tomando el 90% (el porcentaje más alto) de la cotización del dólar de referencia. La reunión tendría lugar este lunes en la Secretaría de Trabajo y el eventual acuerdo podría homologarse el miércoles, a tres días de que venza el actual mandato sindical.

Incógnita

Una incógnita a develarse es si los gremios aspiran a que esa tabla rija de modo permanente. Las cámaras creen que debería valer para esta temporada, en que el precio del langostino oscila en torno de USD 7.000 la tonelada, pero que las “tres tablas” sean el marco permanente y se aplique en cada temporada la que corresponda en función de cuáles sean los precios del mercado internacional y la información oficial que publique la Subsecretaria de Pesca y Acuicultura.

El año pasado la campaña empezó muy tarde y cerró temprano, con pérdidas para todos. A nivel país, se estima que se perdieron entre USD 200 y 300 millones de exportación.

Así y todo, según datos oficiales, el sector generó en 2025 divisas por USD 2.010 millones (4,3% más que en 2024), con un volumen de 550.000 toneladas, datos solo inferiores a 2018, cuando se exportó por USD 2.149 millones.

El año pasado el crecimiento se debió a la captura y exportación de calamar (+32,5% en valor y +47,4% en volumen) pero, con baja y todo, el langostino siguió siendo la especie que más dólares aportó, los ya mencionados USD 867 millones. El aumento de las colocaciones de calamar y la caída de las de langostino hicieron que el principal mercado de destino pasara a ser China (USD 486 millones), desplazando a España (USD 373 millones) al segundo lugar.

En el primer trimestre de este año, nuevamente fue el calamar el gran propulsor y las exportaciones pesqueras totalizaron USD 668 millones. Si esta semana hay acuerdo en el sector langostinero, ese valor muy probablemente sea superado en el segundo trimestre.

El sector de Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca registró en marzo de 2026 una caída sin precedentes en las exportaciones, llevando la balanza comercial a un saldo negativo de $3,96 millones de dólares, de acuerdo con cifras del Banco Central de Reserva (BCR).

Este resultado contrasta con el mismo periodo de 2025, cuando el sector reportaba un superávit, con exportaciones valoradas en $31,55 millones de dólares. La contracción ha generado preocupación entre productores y especialistas, quienes señalan causas estructurales y coyunturales detrás de este retroceso.

Según el BCR, la disminución en el valor de las exportaciones del sector no se explica únicamente por una menor demanda internacional, sino por la propia dinámica de la producción nacional. El reporte oficial destaca que, a pesar de que algunos rubros mantuvieron volúmenes estables, los ingresos por exportaciones cayeron debido a precios internacionales menos favorables y a la limitada diversificación de la oferta exportable.

Ante este panorama, el descenso de las exportaciones en el primer trimestre de 2026 responde, en gran medida, a una baja generalizada en la producción agrícola, ganadera y pesquera. Luis Treminio, presidente de la Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios (CAMPO), atribuyó este fenómeno a una combinación de factores:

• Escasez de mano de obra
• Altos costos de insumos agrícolas
• Efectos del cambio climático
• Políticas públicas que, a su juicio, no han priorizado el fomento productivo.

“Al bajar la producción, lógicamente, no hay productos disponibles para la exportación. Esa es la razón principal por la cual las exportaciones están cayendo y las importaciones están subiendo”, explicó Treminio en entrevista para este medio.

El dirigente señaló que la estrategia oficial de implementar agromercados y una central de abasto resultó insuficiente, dado que estas infraestructuras se establecieron antes de fortalecer la producción nacional. “Lo que tenían que hacer primero era promover la producción nacional y después la formación de agromercados y la central de abasto. Al no tener producción, esos lugares se abastecen de importaciones”, agregó el presidente de CAMPO.

Por lo que, la organización de pequeños y medianos productores propone que el gobierno incremente los subsidios a la producción e implemente mecanismos de compra pública que incentiven e impulsen a los productores locales. “Hay que crear condiciones para que los productores vean que su trabajo vale la pena. Si no es así, hay desmotivación y menos gente se dedica a producir”, advirtió Treminio.

Concentración de mercados y riesgos estructurales

La dependencia de mercados tradicionales constituye otro elemento que añade vulnerabilidad al sector. Estados Unidos sigue siendo el principal destino de las exportaciones, con $17,1 millones de dólares, según el BCR.

En Europa, Bélgica $2 millones de dólares y Alemania $1,8 millones figuran como socios secundarios, debido a la demanda de café de especialidad. El ranking lo completan Reino Unido, Canadá, Guatemala, Italia, Holanda, Arabia Saudita y Hong Kong, aunque las cifras en estos mercados resultan menores.

La concentración de la oferta exportable en productos como el café expone al sector a riesgos derivados de variaciones climáticas y de las fluctuaciones en la bolsa de Nueva York. Además, la escasa presencia en mercados regionales, como la propia Centroamérica, evidencia oportunidades aún no aprovechadas para diversificar destinos y amortiguar el impacto de la volatilidad internacional.

El BCR sugiere fortalecer la tecnificación y el valor agregado en rubros con baja participación, como la horticultura y la acuicultura, que sumaron menos de US$ 1 millón en el primer trimestre. El organismo resalta la importancia de diversificar tanto los productos como los destinos para reducir la exposición a factores externos.

Las cifras del primer trimestre de 2026 colocan a la agricultura, la ganadería, la silvicultura y la pesca ante el desafío de recuperar los niveles previos de exportaciones y revertir el saldo negativo en la balanza comercial. Las decisiones sobre subsidios, incentivos y mejoras en la política sectorial serán determinantes para el desempeño del sector en los próximos meses.

A partir de este primero de mayo once especies acuáticas ingresan en periodo de veda en aguas federales mexicanas, mientras otras dos especies comienzan su etapa de aprovechamiento, de acuerdo con información difundida este martes por la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca).

La medida busca proteger recursos pesqueros en distintos estados y cuerpos de agua del país, en cumplimiento de las opiniones técnicas del Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuacultura Sustentables (IMIPAS).

Entre las restricciones más prolongadas figura la veda del caracol rosa, que se extiende hasta el 30 de noviembre en el Banco Chinchorro y diversas zonas de Quintana Roo.

Las limitaciones aplican en fechas y regiones específicas: por ejemplo, el currículum de pesca para la jaiba abarca del primero de mayo al 9 de julio en los litorales de Sonora y Sinaloa. En contraste, el bagre del Lago de Chapala quedará protegido entre el primero de mayo y el 31 de agosto en los estados de Jalisco y Michoacán.

La lista de especies sujetas a veda incluye además al caracol, la curvina golfina, la langosta, la liseta, tiburones y rayas del Océano Pacífico, tiburones del Golfo de México y Mar Caribe, la raya y la tilapia, según precisó la Conapesca en el comunicado publicado por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. La prohibición para la pesca de tilapia regirá en la Laguna de Amela, Colima, y en la presa Adolfo López Mateos “El Infiernillo” hasta finales de julio.

“Comienza el periodo de veda de tiburones y rayas en aguas de jurisdicción federal del Océano Pacífico. No se podrán capturar tiburones y rayas del Océano Pacífico. Desde las 00:00 horas del 1 de mayo y hasta las 24:00 horas del 31 de julio, en aguas de jurisdicción federal del Océano Pacífico”, así lo manifestó la Conapesca a través de redes sociales.

Dos especies con periodo de aprovechamiento: almeja generosa y charal

Mientras avanzan estas restricciones, desde el primero de mayo de 2026, dos especies cuentan con permiso para su captura: la almeja generosa podrá pescarse en Bahía Magdalena, en Baja California Sur, hasta el 9 de febrero de 2027; el charal tendrá temporada de aprovechamiento en el lago de Chapala hasta el 28 de febrero de 2027, con excepción de las áreas denominadas “ranchos charaleros”.

La veda y los permisos buscan regular actividades pesqueras para favorecer la recuperación de poblaciones y garantizar su permanencia a mediano plazo. Cada restricción obedece a rangos temporales precisos y aplica sobre áreas delimitadas, ya sea en costas, lagunas, presas, ríos o en el mar territorial correspondiente.

La veda del bagre en Chapala entrará en vigor desde las 00:00 horas del primero de mayo hasta las 24:00 horas del 31 de agosto, mientras la del caracol y la langosta se prolongará hasta el 31 de octubre en partes del litoral de Quintana Roo y de la península de Baja California respectivamente. Las tallas, artes y métodos de pesca aprobados y la duración de los permisos responden a la evaluación hecha por IMIPAS.

Conapesca insta a denunciar ante pesca ilegal

La Conapesca mantiene abierto el número telefónico 669 915 6913 para recibir denuncias sobre pesca ilegal o malas prácticas. El servicio opera las 24 horas, los 365 días del año.

Las autoridades reiteran que estas restricciones y autorizaciones buscan conservar poblaciones pesqueras y sostener la actividad a largo plazo.

El cumplimiento de las vedas y la denuncia ciudadana ante irregularidades forman parte de la estrategia de vigilancia del sector.

El Ministerio de la Producción (PRODUCE) modificó el límite máximo de captura total permisible (LMCTP) para el calamar gigante o pota (Dosidicus gigas) correspondiente al periodo enero-agosto de 2026.

Con esta decisión, el tope para la flota artesanal con permiso vigente se eleva a 371,103 toneladas, reemplazando el límite anterior fijado solo hasta junio. La medida fue oficializada mediante la Resolución Ministerial N° 00120-2026-PRODUCE, publicada el 30 de abril de 2026.

¿Qué ha pasado? El informe de IMARPE reconoce que la abundancia del calamar gigante ha mejorado respecto a años anteriores, pero también advierte que el número de embarcaciones pescando ha aumentado y que todavía no hay evidencia suficiente de una recuperación total del recurso.

Por eso, aunque se eleva la cuota general para la temporada, se establecen límites más estrictos y diferenciados para ciertos segmentos, como las embarcaciones menores a 10 m³.

Los detalles: ampliación y segmentación del límite para la extracción

La nueva resolución extiende el periodo de pesca autorizada hasta el 31 de agosto y distribuye el LMCTP de manera diferenciada para las embarcaciones artesanales menores a 10 m³ de capacidad de bodega.

Para este segmento se fija un tope específico de 46,060 toneladas entre el 27 de marzo y el 31 de agosto, incluyendo un sublímite de 19,603 toneladas para el periodo del 2 de mayo al 31 de agosto.

“La abundancia del calamar se mantiene cerca del Máximo Rendimiento Sostenible (MSY), aunque también se ha observado un aumento considerable en el número de embarcaciones operando sobre este recurso”, refirió el IMARPE.

Así, se prioriza “el límite en el esfuerzo de pesca” mientras no existan evidencias científicas de una plena recuperación del stock.

Medidas de control y cierre anticipado

La normativa otorga a la Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción (DGSFS-PA) la facultad de suspender o concluir la actividad extractiva en caso de alcanzarse el límite fijado, si así lo recomienda IMARPE por factores biológicos o ambientales, o al llegar al 31 de agosto.

De acuerdo con el documento del Ministerio de la Producción, el seguimiento y avance de las capturas será publicado oficialmente para garantizar la transparencia.

La Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura explica esta decisión busca “promover el óptimo aprovechamiento social y económico de la cuota establecida del recurso”, bajo un enfoque precautorio y adaptativo que garantice la sostenibilidad de la pesquería y la seguridad alimentaria.

Difusión y fiscalización en todo el litoral

El Ministerio de la Producción encargó a sus órganos técnicos la difusión y fiscalización de las nuevas reglas, tarea que se coordinará con los Gobiernos Regionales y la Dirección General de Capitanías y Guardacostas.

“La DGSFS-PA publica el seguimiento del avance de la extracción del recurso calamar gigante o pota durante el periodo desde el 1 de enero hasta el 31 de agosto del año 2026”, destaca la resolución.

La modificación del límite de captura responde a las perspectivas positivas para el recurso pota en 2026 tras los efectos ambientales del fenómeno El Niño, pero mantiene medidas de precaución ante el incremento del esfuerzo pesquero y la necesidad de preservar un stock saludable.

¿Por qué la pota es importante para la pesca y economía de Perú?

La pesca de pota (calamar gigante) es un pilar fundamental para el Perú, ya que es la segunda pesquería más relevante del país y sostiene la economía de miles de familias dedicadas a la actividad artesanal.

Más de 3,000 embarcaciones y alrededor de 30,000 personas dependen directamente de su extracción, lo que la convierte en la principal fuente de empleo en el sector pesquero artesanal.

Además, la pota representa cerca del 40% de las exportaciones peruanas de productos congelados, generando importantes ingresos y consolidando al país como uno de los principales productores mundiales.

Este recurso no solo impulsa la economía, sino que también aporta alto valor nutricional gracias a su riqueza en proteínas y Omega-3, claves para la salud y la seguridad alimentaria.

La cadena de valor que genera la pesca de pota se extiende a armadores, estibadores, plantas de procesamiento y transportistas, demostrando su impacto integral en la economía nacional.

El Golfo de Nicoya es, históricamente, el estuario más productivo de Costa Rica. Sin embargo, su riqueza no es inagotable. A partir de este 1° de mayo de 2026, el país inicia un nuevo periodo de veda estacional, una pausa necesaria que busca equilibrar la explotación comercial con la capacidad de regeneración de la naturaleza.

Esta medida, liderada por el INCOPESCA y el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), no es solo una prohibición, sino una inversión a largo plazo en la seguridad alimentaria y económica de las comunidades costeras.

En términos biológicos y legales, la veda es la prohibición temporal de la captura de especies marinas en una zona específica. Durante este tiempo, se detienen las actividades de extracción para permitir que los ecosistemas descansen de la presión pesquera. En el caso del Golfo de Nicoya, la restricción se extiende por tres meses, finalizando el 31 de julio de 2026.

El área de cobertura de la restricción ha sido delimitada con precisión. Según detalló el INCOPESCA, la veda comprende el sector del Golfo de Nicoya trazado por una línea recta entre Punta Torres (Peñón) y el Faro de la Isla Negritos afuera, extendiéndose hacia la parte Este de Punta Cuchillos, en la Península de Nicoya, e internándose hasta la línea entre Puerto Níspero y Puerto Moreno, en la desembocadura del río Tempisque.

Esta zona concentra los sitios de mayor reproducción y sirve como guardería natural para numerosas especies marinas, lo que convierte al estuario en uno de los ecosistemas más productivos y relevantes de Costa Rica. El respaldo técnico de la veda proviene de estudios realizados por el INCOPESCA, los cuales identifican el periodo de mayo a julio como el más importante para la regeneración de las poblaciones de peces.

Los datos recabados por los especialistas indican que si la extracción se mantuviera durante estos meses, se pondría en riesgo el reclutamiento de nuevos ejemplares, ya que se capturarían hembras en pleno desove y juveniles que no han alcanzado la talla comercial mínima. “Sin veda hoy, no habrá pesca mañana”, advirtió la entidad, remarcando la urgencia de la restricción.

Vigilancia reforzada y apoyo social durante la veda en el Golfo de Nicoya

Para asegurar el cumplimiento de la medida, el Gobierno de Costa Rica ha desplegado un operativo de vigilancia en el que participarán diferentes instituciones, tales como:

• Servicio Nacional de Guardacostas
• Ministerio de Seguridad Pública
• Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE)
• Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA).

Los controles se realizarán por mar y por tierra, incluyendo inspecciones en centros de acopio y carreteras. Las autoridades recalcaron que quienes infrinjan la veda se exponen a sanciones severas, decomiso de equipos y revocatoria de licencias.

La dimensión social de la veda es relevante. Para miles de familias, la pesca es la única fuente de ingresos. El Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) ha habilitado subsidios para titulares de licencias de pesca, pesca turística y permisos de investigación vigentes que operan en la zona de restricción. Esta ayuda económica busca amortiguar el impacto financiero durante los 92 días de inactividad extractiva, según detalló el organismo estatal.

La normativa reconoce excepciones específicas para evitar la parálisis total de la economía local. La extracción de pianguas y otros moluscos sigue permitida, siempre que los pescadores cuenten con la autorización vigente del INCOPESCA. En el caso de la sardina, se autoriza su pesca a embarcaciones semi-industriales únicamente entre el 1° de junio y el 31 de julio, bajo regulaciones estrictas de área y volumen.

La primera temporada de pesca de anchoveta 2026 se desarrolla bajo condiciones climáticas exigentes: temperaturas cálidas asociadas al fenómeno El Niño costero, una biomasa con predominio juvenil y una cuota reducida a 1.91 millones de toneladas para proteger el recurso. En este contexto, resurgen voces críticas que acusan a la industria de depredar juveniles y poner en riesgo la sostenibilidad. Sin embargo, estas afirmaciones desconocen el fondo científico y normativo que sustenta la gestión pesquera peruana, reconocida internacionalmente como ejemplo de manejo precautorio y adaptativo frente a escenarios de alta incertidumbre.

El Instituto del Mar del Perú (IMARPE) realiza dos veces al año cruceros hidroacústicos para estimar la biomasa de anchoveta y otras especies pelágicas. Se emplean métodos directos e indirectos, analizando tallas desde 5 a 18 cm, distinguiendo adultos (≥12 cm) y juveniles (<12 cm). Además, se estudian edad, dieta, condición reproductiva y variables oceanográficas. Con esta información se proyecta la biomasa adulta hasta el final de la temporada. La regla de seguridad es que no más del 35% de la biomasa adulta proyectada puede ser extraída, dejando siempre un remanente de al menos 5 millones de adultos para garantizar el desove.

Durante esta primera temporada, el Ministerio de la Producción (PRODUCE) fijó una cuota de 1.91 millones de toneladas, equivalente a la tasa máxima de explotación de 0.35. Esto deja una biomasa remanente de 4.89 millones de adultos, muy cerca del objetivo estratégico de mantener siempre 5 millones de adultos. La decisión se tomó bajo el escenario cálido moderado, considerando la influencia del fenómeno El Niño.

La captura incidental de juveniles es inevitable, pero está regulada. El Decreto Supremo 024-2016-PRODUCE establece medidas para fortalecer el control y vigilancia de la actividad extractiva, con el fin de conservar y aprovechar sosteniblemente el recurso anchoveta. Entre estas medidas se incluyen cierres dinámicos de zonas cuando se detecta alta incidencia de juveniles. Estos cierres se aplican en tiempo real, con reportes obligatorios y análisis de tallas, lo que ha garantizado en estos años la protección del recurso y la sostenibilidad de la pesquería.

Por ejemplo, mediante el Comunicado N.° 003-2026-PRODUCE/DGSFS-PA-SP se dispuso la suspensión de la actividad extractiva por cinco días en zonas frente a Malabrigo (La Libertad) y Chincha (Ica), con el objetivo de proteger juveniles. Medidas como esta se han repetido en distintas ventanas de pesca y por varios días consecutivos, siempre con la única finalidad de asegurar la sostenibilidad del recurso anchoveta.

Entre el 9 y el 26 de abril de 2026 se han descargado 439,535 toneladas de anchoveta, lo que representa el 23% de la cuota autorizada de 1.91 millones de toneladas, según los reportes oficiales de PRODUCE e IMARPE. De ese total, 167,542 toneladas corresponden a juveniles, cifra que se mantiene dentro de los rangos proyectados por la autoridad científica. El promedio diario de desembarques ha sido cercano a 30 mil toneladas, con tallas modales de 10, 11 y 13 cm. Estos datos reflejan un monitoreo constante de tallas, acorde con las regulaciones vigentes y con las medidas precautorias que incluyen cierres dinámicos de zonas de pesca para proteger juveniles y asegurar la sostenibilidad del recurso.

La pesquería industrial peruana de anchoveta es una actividad altamente regulada, monitoreada y reconocida internacionalmente. Los cierres dinámicos, la regla del 35% y la biomasa remanente son pruebas concretas de un sistema precautorio. El DS 024-2016-PRODUCE no es un permiso de depredación, sino un instrumento legal y técnico para eliminar el descarte, transparentar la captura incidental y fortalecer la vigilancia por parte de PRODUCE.

Además, PRODUCE ha fortalecido la gestión con herramientas digitales y monitoreo satelital en tiempo real, junto con bitácoras electrónicas obligatorias que transparentan la captura y permiten aplicar cierres preventivos inmediatos. Los reportes públicos en la web de IMARPE refuerzan la confianza en el sistema y la transparencia de la información. Este modelo precautorio ha sido reconocido por la OCDE como referente mundial en sostenibilidad pesquera.

En un país como el Perú, donde fenómenos como El Niño modifican de manera drástica la distribución y composición de la biomasa, esta temporada nos recuerda una lección fundamental, que siempre debemos anticiparnos y tomar medidas oportunas para contrarrestar riesgos. La única estrategia eficaz es apostar de manera permanente por la investigación científica y por instituciones como el IMARPE, que permiten ajustar la gestión en tiempo real. La confianza en PRODUCE e IMARPE se sustenta en décadas de trabajo técnico y científico, que han garantizado la conservación de la anchoveta y de la pesquería peruana frente a escenarios cambiantes.

Un monitoreo realizado por la organización internacional Earthrace Conservation documentó un incumplimiento generalizado de las regulaciones pesqueras en el sur de Costa Rica, región reconocida por su biodiversidad marina, lo que expone un grave déficit de aplicación de la ley en zonas clave para la conservación y provoca un aumento en los riesgos sobre especies vulnerables.

En el periodo de dos meses que abarcó la investigación, efectuada entre noviembre y diciembre de 2025, la acción de observadores de Earthrace Conservation permitió identificar que el 100 % de las líneas de palangre inspeccionadas presentaron algún grado de ilegalidad y que el 77 % de los anzuelos observados utilizaban carnada viva, prohibida en áreas costeras de 30 millas náuticas.

Entre las zonas muestreadas destaca especialmente la región de Osa, señalada por albergar cerca del 38 % de las especies de cetáceos identificadas en el país y por su importancia como hábitat de reproducción y anidación para una multiplicidad de especies marinas.

Durante las labores de monitoreo, el equipo empleó una metodología no extractiva que combinó observación directa, registro fotográfico y audiovisual, recopilación de datos georreferenciados y vigilancia mediante drones.

Esto permitió la recolección de evidencia sin interferir en las actividades pesqueras. El trabajo de campo se concentró en la zona comprendida entre el Pacífico Norte de Guanacaste y el Golfo Dulce, con mayor énfasis en el sur de Quepos, área donde se encuentra la mayor concentración de pesca pelágica.

Entre las capturas presenciadas por los observadores figuran especies comerciales, como el dorado y el atún aleta amarilla; turísticas, como el pez vela; y otras de elevado valor ecológico, en especial las tortugas marinas.

El informe advierte que la utilización de carnada viva, además de incrementar la eficiencia de la pesca, aumenta el peligro de captura incidental de tiburones, aves marinas, tortugas y otras especies que forman parte del mismo ecosistema, muchas de las cuales son especialmente sensibles al impacto humano.

Earthrace Conservation enfatiza la existencia en Costa Rica de un marco regulatorio robusto, fundamentado en la Ley de Pesca y Acuicultura y en diversos compromisos internacionales. Indica que el país ha implementado modelos innovadores como las Áreas Marinas de Pesca Responsable.

No obstante, la organización subraya que existe “una brecha crítica entre la normativa vigente y su aplicación en el mar”, especialmente en el Pacífico Sur, donde los desafíos de fiscalización dificultan la efectividad de las reglas y comprometen la integridad ecológica de la zona.

El monitoreo de Earthrace Conservation revela ilegalidad sistemática en la pesca costarricense

Earthrace Conservation observa que el fenómeno documentado en el sur del país constituye un patrón claro de incumplimiento, distante de la noción de incidentes aislados. El fundador y director de la organización, Pete Bethune, indicó: "Lo que estamos viendo no son incidentes aislados, sino un patrón claro de incumplimiento en una de las regiones marinas más importantes del planeta. Sin presencia real en el mar, la ley pierde efectividad y los ecosistemas quedan expuestos“.

Como respuesta a estos hallazgos, Earthrace Conservation ha solicitado incrementar la fiscalización marina, intensificar los patrullajes, extender el uso de nuevas tecnologías de monitoreo y fortalecer la coordinación interinstitucional para salvaguardar los ecosistemas marinos.

El informe expone ejemplos concretos surgidos de sus operaciones. El caso de la embarcación Maricruz II (PQ5657), inspeccionada el 1 de noviembre de 2025, es ilustrativo: con 20 anzuelos revisados a 22 millas náuticas de la costa, se constató que diez utilizaban carnada viva, nueve carnada muerta y uno carecía de carnada, lo que evidencia las irregularidades persistentes incluso en inspecciones puntuales.

La cooperación de Earthrace Conservation con los ministerios de Ambiente de Costa Rica y Panamá ha permitido fortalecer la protección de parques nacionales y áreas marinas protegidas mediante una colaboración en la que la organización aporta embarcaciones y tripulación, y las autoridades nacionales asignan guardaparques para controlar las labores en el mar. Según el reporte, recientemente el gobierno costarricense renovó por cinco años más el contrato con la organización, que opera a bordo del exbuque de la Marina estadounidense Modoc.

Costa Rica enfrenta desafíos para hacer cumplir sus leyes ambientales

El área de Osa, identificada por Pristine Seas, National Geographic como una de las regiones con mayor biodiversidad marina del planeta, está bajo una presión creciente debido a la pesca no regulada, lo que, según el estudio de Earthrace Conservation, cuestiona la capacidad del Estado para sostener sus compromisos legales y de conservación.

El informe señala que, pese al compromiso institucional, la ausencia de presencia y vigilancia efectiva en el mar deteriora las garantías para la fauna marina, situando a la región ante “desafíos importantes en la fiscalización”.

Earthrace Conservation es una organización fundada y dirigida por Pete Bethune, con operaciones en Estados Unidos, Alemania, Francia, Nueva Zelanda, Costa Rica y Panamá, dedicada a combatir delitos ambientales como la pesca ilegal, la caza furtiva y la destrucción de hábitats.

Su modelo abarca la colaboración con autoridades nacionales, financiamiento de recursos logísticos y tecnológicos, patrullajes marinos y terrestres, así como acciones puntuales como limpiezas de playas y monitoreo de la vida silvestre.

En el remoto norte de Noruega, Henningsvær alberga el que muchos consideran el estadio de fútbol más bonito del mundo. Ubicado más allá del Círculo Polar Ártico y suspendido entre el mar y la roca, este campo nació del ingenio de una pequeña comunidad pesquera, transformándose en uno de los escenarios deportivos más singulares del planeta. Su historia y su entorno lo convierten en un fenómeno visual y cultural único, admirado por viajeros y fotógrafos de todo el mundo.

A más de 200 kilómetros al norte del círculo polar, Henningsvær se extiende sobre un conjunto de islas montañosas que emergen directamente del mar. El estadio, construido sobre uno de estos islotes, fue una respuesta a la falta de espacios amplios en una región dominada por aguas heladas y abruptos promontorios rocosos. Lejos de grandes infraestructuras y de la lógica de las grandes ligas, la comunidad local niveló el terreno y lo cubrió con una superficie artificial resistente al clima extremo, permitiendo que el fútbol se mantuviera vivo en condiciones geográficas adversas, según reseñó la periodista Clara Huguet a Viajes National Geographic.

El estadio no busca albergar grandes competiciones ni partidos de estrellas internacionales. Su objetivo primordial ha sido siempre servir como punto de encuentro para los habitantes de la localidad y como espacio de juego para los equipos juveniles y amateurs, como el Henningsvær IL. Las dimensiones del campo son menores a los estándares profesionales y no cuenta con gradas, pero esto no supone un inconveniente: apenas unas 500 personas pueden rodear el césped, cifra que se aproxima a la totalidad de la población local.

Ubicado en el corazón de las Islas Lofoten, el estadio de Henningsvær es testimonio del modo en que la tradición y la modernidad pueden convivir en uno de los entornos más extremos del mundo, consolidando su lugar como símbolo de la comunidad y como destino obligado para quienes buscan paisajes y experiencias únicas.

Un estadio suspendido entre mar y roca

La particularidad topográfica de Henningsvær determinó cada aspecto de la construcción del estadio. Ante la ausencia de terreno llano y suficiente, la comunidad optó por acondicionar un islote cercano, nivelándolo y recubriéndolo con césped sintético apto para soportar las bajas temperaturas y las frecuentes lluvias. El resultado es un campo prácticamente rodeado por agua, donde el verde del pasto contrasta con el gris de la roca y el azul intenso del mar Ártico.

Durante los meses de invierno, las condiciones climáticas imponen límites infranqueables: la nieve, el hielo y los fuertes vientos impiden cualquier tipo de práctica deportiva. El estadio se convierte así en un espacio estacional, disponible solo durante la primavera y el verano, cuando la luz y el clima lo permiten. Esta temporalidad refuerza el carácter de evento comunitario de cada partido, que reúne a vecinos y visitantes en un escenario tan espectacular como efímero.

La ausencia de gradas y la cercanía del público al campo subrayan la dimensión local y familiar del estadio. Cada encuentro se convierte en una celebración de la vida en comunidad, en una región donde el aislamiento geográfico ha impulsado la autosuficiencia y el ingenio colectivo. La singularidad del estadio ha trascendido fronteras, atrayendo la atención de medios internacionales y consolidando su prestigio como uno de los campos de fútbol más singulares del planeta.

Tradición pesquera y modernidad deportiva

El estadio de Henningsvær no solo se destaca por su ubicación, sino también por la convivencia armónica entre la actividad deportiva y las tradiciones centenarias de la pesca. En sus alrededores, se levantan estructuras de madera conocidas como hjell, utilizadas desde hace generaciones para el secado del bacalao. Estas infraestructuras, esenciales en la economía local, forman parte del paisaje y conviven con el estadio sin interferir en la práctica deportiva.

El proceso de secado del bacalao, que aprovecha el viento y la baja humedad características de la región, continúa vigente y mantiene su importancia en la vida diaria de la comunidad. Así, fútbol y pesca coexisten, reflejando la capacidad de adaptación de Henningsvær a los desafíos naturales y económicos de su entorno. La presencia de estos bastidores de madera en las inmediaciones del campo refuerza el carácter singular del estadio y su integración en el tejido social y productivo de la localidad.

La economía de Henningsvær ha estado ligada históricamente al mar y a la pesca, pero en las últimas décadas ha sabido reinventarse, incorporando nuevas actividades culturales y turísticas sin perder su esencia. El estadio de fútbol es, en este sentido, un símbolo de esa capacidad de adaptación y de la voluntad de la comunidad de preservar sus raíces mientras explora nuevas formas de conexión con el mundo exterior.

Un lugar más allá del fútbol

La localidad de Henningsvær es mucho más que su estadio. Con apenas unos cientos de habitantes, el pueblo se extiende sobre varias islas conectadas por puentes, donde la vida cotidiana sigue marcada por el ritmo del mar y el aroma a salitre. Sus calles, salpicadas de antiguas casas de madera y pequeños comercios, miran hacia el puerto, donde las barcas de los pescadores llegan cada día tras largas jornadas en el mar.

Entre los lugares de interés es destaca el KaviarFactory, un espacio expositivo instalado en una antigua fábrica de caviar que impulsa la vida cultural del pueblo. También sobresale el Henningsvær Lighthouse, que vigila la entrada al puerto y se ha convertido en uno de los emblemas paisajísticos de la región. Los alrededores ofrecen rutas de senderismo y miradores excepcionales, desde los que es posible contemplar fenómenos naturales únicos, como el sol de medianoche o las auroras boreales.

El turismo ha crecido en los últimos años, pero Henningsvær logró mantener un equilibrio entre la apertura al visitante y la preservación de su identidad. El estadio de fútbol, con su ubicación inigualable y su profunda conexión con la vida local, encarna ese espíritu: un puente entre tradición y modernidad, entre naturaleza y cultura, en uno de los rincones más espectaculares del planeta.

México intensifica acciones contra la pesca ilegal para proteger sus recursos marinos y cumplir los compromisos internacionales vigentes.

Frente a observaciones recientes de autoridades de Estados Unidos, el gobierno federal refuerza el marco legal, impulsa la cooperación interinstitucional y actualiza la vigilancia tecnológica, con efecto directo en la economía pesquera y el comercio exterior.

La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) supone un riesgo para la economía mexicana y los ecosistemas marinos. México mantiene que estas prácticas amenazan la sustentabilidad del sector, la salud de las especies y las cadenas comerciales.

Por ello, la administración actual implementa reformas legales, nuevas normas oficiales y acuerdos para cerrar el paso a productos ilícitos, proteger el empleo y asegurar la trazabilidad de productos pesqueros y acuícolas.

Pesca ilegal afecta directamente a especies protegidas

El endurecimiento de la estrategia contra la pesca INDNR impacta directamente a actores clave como la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRICULTURA) y las autoridades federales encargadas de la inspección y vigilancia, en conjunto con la Secretaría de Marina, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).

Esta coordinación interinstitucional busca preservar los empleos e ingresos de más de cuatrocientos mil productores y empresas pesqueras nacionales. Al documentar con rigor el origen legal de los productos, se protege el acceso a mercados de exportación y se limita la entrada de mercancía ilícita. México cumple así obligaciones del T-MEC en temas como la protección de la vaquita marina y el combate al tráfico ilegal de totoaba.

Entre los mecanismos desplegados destacan:

• Supervisión satelital de embarcaciones pesqueras.
• Actualización del marco regulatorio sobre vedas, artes de pesca y manejo de especies.
• Aplicación de acuerdos bilaterales sobre mamíferos marinos y uso de dispositivos excluidores de tortugas.

Estas medidas buscan distinguir actividades ilícitas localizadas de la mayoría responsable del sector.

Frenar pesca ilegal es responsabilidad internacional

Las autoridades mexicanas sostienen que la pesca ilegal es un reto compartido con otras naciones y requiere inteligencia interinstitucional y corresponsabilidad internacional. Al robustecer la supervisión y la aplicación normativa, el gobierno federal apunta a proteger los ecosistemas y consolidar cadenas productivas sustentables.

Este enfoque beneficia a los productores mexicanos porque mejora las condiciones comerciales y facilita el acceso a mercados internacionales. Expertos en la materia consideran indispensable apoyar a quienes cumplen la ley y separar sus actividades de conductas ilícitas limitadas a ciertas regiones.

Se subraya la relevancia de mantener:

• Monitoreo permanente en zonas críticas.
• Adopción de prácticas sostenibles.
• Lucha contra redes criminales que trafican especies protegidas.

El monitoreo sobre las incursiones de embarcaciones en aguas estadounidenses continúa como prioridad en el marco de compromisos bilaterales.

Mediante la revisión y discusión de regulaciones, el sector pesquero panameño presentó una propuesta con vías a incrementar el crecimiento del mercado y potenciar su posicionamiento como el principal rubro de exportación del país.

Panamá exporta productos del mar a más de 30 países, principalmente a Estados Unidos y a naciones asiáticas como China-Taiwán, Vietnam y Corea del Sur.

En 2025 los productos pesqueros, entre ellos pescados, crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos, además de grasas, aceite de pescado y preparaciones y conservas, lideraron las exportaciones del país con más de $217 millones.

La propuesta le fue presentada al presidente de la República, José Raúl Mulino, e incluye la creación de una mesa técnica de trabajo entre el sector pesquero y las instituciones vinculantes.

El objetivo, afirman los proponentes, es analizar y verificar la aplicación de normas que equilibren el manejo de los recursos acuáticos con el desarrollo del sector.

En la recomendación se establece que en 90 días la mesa técnica deberá presentar una propuesta formal al Ejecutivo, con protocolos, pilotos y hoja de ruta para la implementación de la gestión pesquera y el manejo de los recursos, para garantizar, que garantice la sostenibilidad del sistema, una mayor generación de empleo y la preservación del ecosistema.

Las intenciones de los empresarios pesqueros van más allá, pues de igual manera buscan la creación de un sistema propio de medición y verificación pesquera (MRV) entre el Estado y el sector, basado en ciencia independiente, asiento estructural de pesca y con set de datos públicos auditables.

Para que el MRV tenga éxito debe haber entidades pesqueras organizadas y legalmente constituidas, con derechos de pesca comercial (permisos o concesiones).

Debe haber compradores y consumidores interesados en productos pesqueros sostenibles y que brinden incentivos económicos para la pesca responsable, como mejor precio, acceso a un nuevo segmento de mercado y condiciones de pago más favorables.

Se debe contar con un marco regulatorio y políticas públicas que asignen y garanticen el acceso exclusivo a los recursos pesqueros, por medio de permisos, concesiones o cuotas de captura, medidas de manejo pesquero basadas en ciencia y acciones de inspección y vigilancia, de acuerdo con la “Guía para el rescate de valor de la pesca de pequeña escala”.

Como resultado de esta mesa los empresarios pesqueros panameños confían en que el primer impacto de las medidas sea el aumento de puestos de trabajo, crecimiento en mercados internacionales, mayor atracción de la inversión nacional y extranjera.

La meta también incluye poseer una regulación con sistema MRV auditable, que garantice la conservación real de los recursos marinos, así como el posicionamiento de Panamá como líder regional en pesca y acuicultura sostenible.

Durante el encuentro se presentó el plan Panamá Azul Verificable que busca la designación formal de enlaces técnicos por cada ministerio e institución competente con disponibilidad para las sesiones, la apertura de un “data room” de flota, VMS, capturas, esfuerzo pesquero, exportaciones, sanciones y mercados.

Además, pretenden la creación de un fondo de modernización pesquera verificable, orientado al fomento del desarrollo, optimización y cumplimiento del sector, según manifestó Luis Eduardo Camacho González, asesor legal de los empresarios del sector pesquero panameño.

Durante la reunión, el administrador de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá, Eduardo Carrasquilla, escuchó las inquietudes del sector pesquero y giró las instrucciones para la creación de la solicitada comisión, indica una información oficial.

En el Perú, pocas instituciones han logrado construir una reputación tan sólida y resistente como el Banco Central de Reserva del Perú. En medio de turbulentas crisis políticas, vaivenes económicos y decisiones de corto plazo que han afectado otros sectores del Estado, el BCR ha mantenido una línea clara: disciplina técnica, independencia y predictibilidad. Detrás de esa estabilidad hay algo más que buenos economistas: hay reglas claras, institucionalidad protegida y un profundo respeto por la evidencia.

Ese mismo espíritu —el de la ciencia al servicio de decisiones críticas— también vive en el Instituto del Mar del Perú (IMARPE). IMARPE cumple un rol igualmente estratégico: producir el conocimiento que permite gestionar de manera sostenible uno de los mayores activos del país, su mar. Su trabajo es la base sobre la cual se definen cuotas, temporadas de pesca y medidas que impactan directamente en la economía, el empleo y la seguridad alimentaria del Perú.

Así como el BCR ordena la política monetaria con rigor técnico, IMARPE orienta la política pesquera con evidencia científica. Ambos operan en sistemas complejos, donde decisiones apresuradas o mal informadas pueden tener consecuencias profundas y duraderas. Y en ambos casos, la calidad de la información es el punto de partida de todo.

El BCR ha consolidado su prestigio sobre tres pilares que vale la pena replicar: independencia operativa, método científico riguroso y una comunicación clara que refuerza su credibilidad. No es solo una institución técnica; es una institución en la que el país confía.

IMARPE, por su parte, ya cuenta con bases muy sólidas. Tiene equipos científicos de alto nivel, una trayectoria reconocida y una capacidad única para entender la dinámica de los ecosistemas marinos peruanos. Es, sin duda, una de las piezas más valiosas del aparato público vinculado al mar. Pero como toda institución que enfrenta desafíos cada vez más complejos —cambio climático, presión sobre los recursos, nuevas dinámicas del mercado— necesita ser fortalecida para seguir cumpliendo su rol con la misma solvencia.

Ese fortalecimiento pasa, en primer lugar, por asegurar y profundizar su autonomía e independencia de los gobiernos de turno. La ciencia funciona mejor cuando puede operar con estabilidad y sin interferencias de corto plazo. Para lograrlo se requiere modernizar su gestión y reformular el marco normativo que regula sus funciones. En segundo lugar, requiere mayores recursos para ampliar su capacidad operativa: embarcaciones de investigación, mejor equipamiento y mayor cobertura en el monitoreo del mar y sus recursos. Se trata de contar con las herramientas necesarias para producir evidencia cada vez más precisa y oportuna para el ordenamiento pesquero, pero también para responder a los retos actuales como el cambio climático y la contaminación plástica. En tercer lugar, como ha demostrado el BCR, la comunicación también importa: no solo para explicar mejor qué hace IMARPE, los protocolos que usa y los resultados de su trabajo científico, sino que pasa por establecer canales regulares para recoger e integrar tanto el trabajo científico de las instituciones académicas, como la información empírica recogida por los pescadores, para contar con resultados más robustos y ganar mayor legitimidad.

Hay una lección clara en la experiencia del BCR: las instituciones técnicas fuertes no se improvisan, se construyen con inversión, consistencia y visión de largo plazo. El Perú ya cuenta con una institución científica de primer nivel en el mar. Darle las condiciones para que alcance todo su potencial debe ser una de las prioridades del próximo Gobierno. Porque su rol es clave para la toma de decisiones que afectan no solo a nuestros recursos marinos, sino para asegurar que estos puedan seguir siendo fuente de empleo y alimento saludable para los millones de peruanos que dependen de ellos.

La acuicultura en el Perú ha sido, por años, un sector con enorme potencial, pero sin el impulso suficiente para consolidarse. Tras un 2025 marcado por caídas en especies tradicionales como la trucha y la concha de abanico, el 2026 abre un nuevo escenario.

El Ministerio de la Producción (PRODUCE) proyecta un crecimiento superior al 9 %, apoyado en beneficios tributarios, financiamiento accesible y un renovado marco sanitario. La pieza que faltaba no era la ley, sino su activación efectiva.

Según la Estadística Pesquera Mensual de la Actividad de Acuicultura (PRODUCE, 2025), el año pasado la cosecha acuícola cayó 10,5 %, pero el langostino creció 17,5 %, sosteniendo exportaciones por US$ 347,8 millones hacia Estados Unidos, Corea del Sur y España. Esa resiliencia demuestra que la acuicultura es un pilar de la economía azul que puede replicar el éxito de la agroexportación si se le brinda el entorno adecuado.

En el 2022, se promulgó la Ley N.º 31666, que estableció un marco de promoción y fortalecimiento de la acuicultura. Sin embargo, durante unos años su impacto fue limitado, pues los beneficios tributarios estaban en el papel, pero no llegaban de manera clara a los productores. En abril de 2026, SUNAT finalmente emitió las disposiciones relacionadas con el reintegro tributario del impuesto general a las ventas despuesto por la antes mencionada Ley.

Los beneficios incluyen:

• Recuperación anticipada del IGV en etapa preoperativa.
• Reintegro tributario del IGV incluso para operaciones exoneradas.
• Tasas diferenciadas del Impuesto a la Renta del 20 % con aumentos graduales posteriores.
• Depreciación acelerada del 20 % en infraestructura y equipos hasta 2031.

La diferencia es sustancial, lo que antes era una promesa normativa, hoy se convierte en una herramienta concreta para los acuicultores de menor escala (AREL) y de mediana empresa (AMYPE).

El Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (FONDEPES) complementa los beneficios tributarios con créditos blandos: tasas entre 3 % y 7 % anual, plazos de hasta 36 meses y montos de hasta S/ 192 500 para capital de trabajo, compra de equipos y ampliación de infraestructura. Solo en el primer trimestre de 2026 se otorgaron más de S/ 3,3 millones en créditos a pescadores artesanales y acuicultores.

Este financiamiento permite modernizar instalaciones, adquirir tecnología y mejorar la rentabilidad, pero también exige formalización: inscripción en el RUC y autorizaciones vigentes (AREL/AMYPE). La política pública busca así un doble objetivo: crecimiento y formalización.

Según Sanipes (Boletín institucional, abril 2026), más de 3.500 productores acuícolas participaron en programas de extensión orientados a inocuidad y sostenibilidad. Además, el Perú culminó con resultados favorables las auditorías de la Comisión Europea (DG Sante, diciembre 2025), lo que garantiza la continuidad de las exportaciones hacia la Unión Europea y consolida la credibilidad internacional del sistema sanitario nacional. La articulación entre PRODUCE, SUNAT y Sanipes es lo que convierte a la norma en motor real de desarrollo.

La diversificación hacia la concha de abanico en Sechura se impulsa con inversiones en infraestructura y laboratorios de semillas, buscando reducir la presión sobre bancos naturales. Sin embargo, estudios de sostenibilidad ambiental (Fundación Promoción Social, 2024) advierten que la bahía enfrenta riesgos de contaminación y requiere controles más estrictos de efluentes y ordenamiento territorial para evitar conflictos sociales y daños irreversibles.

La competencia internacional es intensa y países como China, Indonesia e India dominan la producción acuícola mundial. Para que el Perú logre posicionarse en ese escenario no basta con crecer en volumen, la clave está en diferenciarse a través de calidad, trazabilidad y certificaciones que transmitan confianza y sostenibilidad a los mercados más exigentes.

La acuicultura peruana dejó de ser un sector emergente y hoy se perfila como un pilar estratégico de nuestra economía azul. La ley estaba vigente desde hace años, pero lo que faltaba era su activación y articulación efectiva. Con los beneficios tributarios administrados por SUNAT, el financiamiento de FONDEPES y la vigilancia sanitaria de Sanipes, el sector cuenta con las herramientas necesarias para fortalecer su crecimiento.

No basta con aprobar buenas normas, hay que hacerlas funcionar. Esa es, finalmente, la pieza que faltaba.

Luego de confirmarse que la primera temporada de pesca de anchoveta en Perú será la más baja en una década, la industria pesquera del país andino se alista para enfrentar un segundo golpe en el segundo trimestre del año: la posible llegada de nuevas olas de calor oceánicas que amenazan con complicar aún más la captura del principal recurso marino nacional.

De acuerdo con la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP), los precios globales de los combustibles también están representando un duro revés para el sector, aunque esa presión se ve atenuada por los altos valores internacionales de la harina de pescado.

No me esperes en abril: el clima presiona a la anchoveta del Perú

Según Jessica Luna, presidenta de la SNP, la coyuntura ambiental obliga al sector a acelerar operaciones durante abril para adelantarse a los riesgos climáticos que podrían agudizarse en mayo y junio. Se están pescando, en promedio, 15.000 toneladas por día.

La temporada de pesca comenzó el 9 de abril de 2026, luego de una decisión rápida del Ministerio de la Producción (PRODUCE), motivada por la presencia de un Niño costero débil a moderado y la posibilidad de un Niño global en la segunda mitad del año.

“Tenemos un avance del 14% de la cuota a al fecha, pero la pesca se concentra sobre todo en Chicama y Callao, ya que la zona norte presenta aguas cálidas y menor presencia de anchoveta”, explicó Luna en diálogo con Infobae Perú durante el Reporte de Sostenibilidad 2025 de TASA.

La cuota autorizada para esta temporada es de 1,91 millones de toneladas, lo que genera una presión adicional sobre la industria para aprovechar cada jornada favorable.

Factores como los oleajes anómalos han generado cierres de puertos en los primeros días de faena, y el sector mantiene reuniones semanales con el ministerio y el IMARPE para ajustar la estrategia.

“Lo que tenemos ahora es lo que el mar está dando; lo más importante es avanzar de manera eficiente en abril, porque es incierto lo que pasará en los próximos meses”, enfatizó Luna.

Combustible caro, harina en alza: cuentas que no cierran fácil

El contexto de precios y costos también es desafiante. Si bien el precio del petróleo afecta los costos operativos, los valores internacionales de la harina de pescado alcanzan máximos históricos.

Según la Federal Reserve Economic Data (FRED), el precio mundial de la harina de pescado llegó a US$ 1.992 por tonelada en marzo de 2026, con picos que superan los US$ 2.500 por tonelada para calidades superiores.

En la industria anchovetera, la mayoría de barcos usa gasóleo marino (MGO) como combustible principal, aunque algunas embarcaciones emplean fuelóleo pesado o diésel tipo B. Esta dependencia vuelve a la industria especialmente vulnerable a la volatilidad de los precios internacionales.

A mediados de abril de 2026, los precios del crudo experimentaron alzas abruptas debido a las tensiones en el estrecho de Ormuz, donde bloqueos e incidentes elevaron el crudo estadounidense (WTI) hasta 103 dólares por barril.

En Perú, el valor promedio de los combustibles subió hasta un 27% en marzo y se mantiene al alza. “Los precios de la harina están un poco mejor, lo que ayuda a mitigar el impacto de la menor cuota”, afirmó la presidenta de la SNP.

Lo que no pesca Perú, se lo lleva Chile: la competencia al sur sigue abierta

En el sur del país, la anchoveta corresponde a un stock compartido con Chile y la temporada suele ser más pequeña que la del norte-centro, tanto en volumen como en impacto económico.

La primera temporada sur normalmente inicia en enero, y la segunda después de julio, aunque esto puede variar según las condiciones climáticas.

Luna advierte que, debido a diferencias normativas y falta de coordinación científica, lo que no se captura en el sur peruano termina siendo aprovechado por la flota chilena. “Lo que no pesca Perú, lo pesca Chile”, resume.

Explica que, mientras Perú mantiene una talla mínima uniforme de 12 centímetros en toda su costa, Chile emplea una talla adaptativa y estrategias regulatorias propias.

Luna insiste en la urgencia de una mayor articulación entre el IMARPE y su par chileno para compartir información y asegurar una gestión más equilibrada del recurso común.

Según la dirigente industrial, la descoordinación actual “favorece a la industria chilena y limita el potencial productivo y laboral en el sur peruano”.

La SNP no apelará al fallo de Paracas

El escenario legal para la pesca industrial en Perú cambió de manera decisiva con la sentencia definitiva de la Corte Suprema, emitida el 7 de noviembre de 2025 y notificada en enero de 2026, que prohíbe la pesca industrial en todas las áreas naturales protegidas, incluyendo la Reserva Nacional de Paracas.

El fallo, que rechaza la demanda de la SNP, es inapelable y marca un precedente para la gestión ambiental en el país, extendiéndose a parques, reservas y santuarios nacionales.

Este desenlace desfavorable para la SNP está estrechamente vinculado con otro proceso pendiente en la Reserva Nacional Dorsal de Nazca, donde la industria demanda derechos preexistentes sobre aguas superficiales.

Luna subraya la importancia de que la legislación quede clara y que los procesos se resuelvan cuanto antes por el bien del sector. “Es importante cerrar estos capítulos y que quede clara la legislación, para generar seguridad jurídica”, afirmó. Por ahora, la SNP no tiene previsto apelar el fallo sobre Paracas.

En cuanto a la Dorsal de Nazca, Luna insiste en que la gestión de áreas protegidas debe basarse en la ciencia, permitiendo la coexistencia entre pesca industrial y conservación solo cuando los criterios técnicos lo avalen. “No es lo que la industria quiere, ni lo que un político quiere, sino lo que la ciencia determine”, remarcó.

TASA, la mayor empresa pesquera del Perú, reportó la valorización de 24,883 toneladas de residuos y una reducción de 22.6% en el consumo de agua durante 2025, según su último Reporte de Sostenibilidad.

La compañía destacó estos avances en un contexto de recuperación del sector pesquero nacional, con una cuota global superior a cuatro millones de toneladas y la reactivación de más de 3,500 micro y pequeñas empresas asociadas a la cadena de suministro.

TASA reporta valorización récord de residuos en 2025

TASA consolidó su liderazgo en la exportación de harina y aceite de pescado en 2025. La compañía alcanzó ventas de 316,716 toneladas de harina y despachos de 31,910 toneladas de aceite aqua y omega, 5,016 toneladas de aceite refinado y 298 de concentrado, superando los volúmenes registrados en 2024.

El 77% de las exportaciones tuvo como destino principal a China, mientras que Alemania y Ecuador aumentaron su demanda por el valor agregado de los productos.

En materia operativa, 2025 marcó la incorporación de dos nuevas embarcaciones de última generación, una de ellas con la mayor capacidad de bodega para pesca industrial en el país.

La empresa opera con 43 embarcaciones, 7 plantas de harina y aceite de pescado, 1 planta de congelado, 1 planta de aceites concentrados y refinados, y 1 astillero propio.

Sostenibilidad se integra a la gestión diaria de la mayor pesquera de Perú

Antonio Olortegui, gerente de Asunto Corporativos, Legal y Compliance de TASA, afirmó que el “reporte refleja cómo la sostenibilidad forma parte central” de las decisiones y operación diaria de la pesquera.

“Como industria, tenemos el desafío de seguir creciendo de manera responsable, asegurando el cuidado del recurso, el desarrollo de las personas y el impacto positivo en nuestras comunidades”, dijo durante la presentación.

La gestión ambiental es uno de los ejes centrales del modelo de negocio. En 2025, TASA logró valorizar el 61% de sus residuos y reducir en 0.47 m³ el consumo de agua por cada tonelada de harina y aceite de pescado producida.

La empresa consumió 581,552 m³ de agua proveniente de pozos de captación, cifra que representa un 22.6% menos que el año anterior. Además, reaprovechó 51,318 m³ a través de sus plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas.

Certificación de energía renovable y transición hacia fuentes limpias

La compañía recibió su primer certificado de energía renovable, respaldado por AENOR, que acredita que el 100% de la energía eléctrica utilizada proviene de fuentes renovables y permite reportar cero emisiones de alcance dos asociadas a la electricidad adquirida.

En la planta de Chimbote, se reemplazó el uso de petróleo residual por gas natural para la generación de vapor, lo que permitirá reducir la huella de carbono anual hasta en 3.8%.

En gestión de residuos, valorizó el 100% de las tierras de blanqueo generadas en TASA Omega – Pucusana, más de 1,200 toneladas tras su reclasificación como residuo no peligroso. También recicló 83,850 kg de redes de pesca en alianza con Bureo y valorizó el 99.97% de sus residuos sólidos orgánicos, alcanzando 5,489 toneladas de compost.

En el astillero, la empresa valorizó 462 toneladas de tierras de arenado, que fueron reutilizadas por la Municipalidad de Chimbote en gestión de residuos locales.

TASA: CuidaMar y Crecemos Juntos avanzan en protección marina

Durante la presentación de resultados, Rodrigo Valderrama, jefe de Comunicaciones Externas y Asuntos Públicos de TASA, declaró a Infobae Perú que la sostenibilidad es transversal al negocio y explicó los cuatro ejes fundamentales: Crecemos Juntos, Familias Saludables, producción más limpia y CuidaMar. “En TASA la sostenibilidad no es solamente un área, sino que la tenemos en distintas áreas claves del negocio”, señaló.

CuidaMar, que cumplió 18 años, se relanzó en 2025 con un enfoque renovado en cultura, capacidades y comunicación. El equipo perfeccionó protocolos de manipulación y liberación de especies, logrando más de 15,000 avistamientos y 1,000 liberaciones de fauna en el año, con un acumulado histórico de cerca de 7,000 liberaciones.

En tanto, el programa Crecemos Juntos priorizó a 121 empresas dentro de una red de más de 1,500 proveedores, combinando capacitación, cultura preventiva, acceso a financiamiento y sostenibilidad.

El índice de accidentabilidad de terceros disminuyó un 53%. Además, 36 proveedores accedieron a factoring, 12 obtuvieron préstamos preferenciales y 14 fueron incorporados al programa Mide Lo Que Importa junto a Sistema B.

¿Qué le espera a TASA en los próximos años?

El bienestar de los colaboradores y sus familias se gestionó a través del programa Familias Saludables, que desde 2019 aborda vivienda, salud y finanzas familiares.

En 2025, el censo social de la empresa alcanzó al 87% de los colaboradores, lo que permitió registrar una reducción de 20 puntos porcentuales en el índice de vulnerabilidad desde la primera medición en 2019.

Durante el año, se atendieron 26 casos a través del Fondo Solidario y se desarrollaron acciones junto a Water For People – Perú para fortalecer servicios básicos en comunidades.

Respecto a la proyección para los próximos años, Valderrama indicó que la empresa planea consolidar y expandir estos programas, con énfasis en la inversión en tecnología, eficiencia energética y apoyo a las comunidades.

El dato

• La gestión de biodiversidad de TASA aportó datos al Estado peruano sobre avistamientos y proporciones de especies, y sirvió de base para el programa sectorial Salvamares de la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP).
• En la cadena de valor, TASA trabajó con 1,051 proveedores de bienes y 568 de servicios, de los cuales el 48.9% corresponde a micro y pequeñas empresas.
• Durante 2025, la empresa reportó una descarga de 1,117,530 toneladas para consumo humano indirecto, produjo 276,093 toneladas de harina y 39,954 toneladas de aceite de pescado. Se registraron además 28,937 toneladas de descarga para consumo humano directo, reflejando la escala de la operación.
• En calidad, la empresa alcanzó un 94% de satisfacción entre sus clientes y reforzó sus estándares de inocuidad e innovación, incluyendo la capacitación de 15 auditores internos en normas internacionales y la implementación de la nueva versión de MarinTrust en todas sus unidades.

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) aprobó un nuevo reglamento que define los criterios y procedimientos que deberán seguir las AFP para determinar el acceso a la jubilación de los trabajadores pesqueros incorporados al sistema privado de pensiones. Esta medida se enmarca en los recientes cambios al régimen de seguridad social de este sector.

La normativa busca optimizar la evaluación de solicitudes y asegurar que los afiliados, así como sus beneficiarios, puedan acceder a prestaciones previsionales y no previsionales en condiciones más adecuadas. Esto toma en cuenta las particularidades de la actividad pesquera, caracterizada por altos niveles de riesgo y condiciones laborales específicas.

Modalidades de acceso a la jubilación

El reglamento, oficializado mediante la Resolución SBS Nº 1120-2026, establece dos vías para que los trabajadores pesqueros accedan a una pensión. La primera corresponde al acceso regular dentro del sistema privado, permitiendo optar por las alternativas disponibles, como el retiro del fondo acumulado o el otorgamiento de una pensión bajo modalidades como renta vitalicia o retiro programado.

La segunda opción es la Pensión de Rescate Complementaria (PRC), un mecanismo mediante el cual el Estado cubre de manera vitalicia la diferencia cuando la pensión calculada en el sistema privado resulta inferior a la que se habría obtenido en la antigua Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador (CBSSP). Este esquema busca proteger los ingresos de quienes migraron al sistema actual.

Requisitos para acceder al beneficio

Para acogerse a estas alternativas, los trabajadores deberán cumplir con condiciones específicas. Entre ellas, haber alcanzado los 55 años de edad, además de acreditar al menos 25 años de actividad en el sector pesquero.

Asimismo, se exige un mínimo de 375 semanas de aportes combinados entre el sistema privado de pensiones y la CBSSP, conforme a lo establecido en el Decreto Supremo Nº 024-2025-EF, que introdujo modificaciones al reglamento de la Ley Nº 30003, norma que regula este régimen especial.

Medidas para mejorar la atención y el proceso

El reglamento incorpora disposiciones orientadas a garantizar una atención más eficiente durante todo el proceso de jubilación. En ese sentido, las AFP estarán obligadas a brindar información clara, permanente y oportuna sobre el estado de los trámites y los beneficios disponibles, así como a acompañar al afiliado en cada etapa.

También se contempla el pago oportuno de la pensión desde el momento en que se concreta la jubilación. Este ingreso será complementado con la PRC mientras la Oficina de Normalización Previsional (ONP) verifica el acceso a dicho mecanismo, evitando interrupciones en los ingresos del beneficiario.

Supervisión y articulación institucional

La norma establece condiciones para agilizar la evaluación de expedientes mediante una mejor coordinación entre las AFP y la ONP, lo que permitirá reducir tiempos y otorgar mayor predictibilidad a los solicitantes.

Finalmente, la SBS será la entidad encargada de supervisar el cumplimiento de estas disposiciones, incluyendo la calidad del servicio, la transparencia en la información y el adecuado acompañamiento a los trabajadores pesqueros durante el proceso de acceso a la jubilación.

La Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN), ente oficial peruano de monitoreo climático y oceanográfico, advirtió que el Fenómeno El Niño costero podría extenderse hasta enero de 2027. El organismo mantiene el estado de “Alerta de El Niño Costero” tras confirmar, mediante el comunicado oficial N° 07-2026 publicado el 16 de abril, que el evento continuaría con magnitud débil, aunque existe la posibilidad de que alcance magnitud moderada en los próximos meses.

En su pronunciamiento, la ENFEN anticipa que la magnitud esperada será débil la mayor parte del periodo, sin descartar episodios moderados que podrían ocurrir durante el invierno austral. Esta proyección, basada en pronósticos climáticos nacionales e internacionales, señala a la región Niño 1+2 como área de vigilancia prioritaria. El comunicado destaca que el actual fenómeno difiere de años previos por una duración considerablemente más prolongada que los episodios recientes registrados en el litoral peruano.

El fenómeno El Niño costero se refiere al calentamiento anómalo del mar frente a la costa norte y central del Perú, lo que altera los patrones de lluvia, temperatura del aire y la distribución de recursos marinos. La alerta declarada por ENFEN exige a las instituciones y a la sociedad anticipar acciones inmediatas de preparación y respuesta frente a los riesgos hidrometeorológicos y las posibles afectaciones productivas directas.

ENFEN prevé extensión de El Niño costero hasta enero de 2027

De acuerdo con el Comunicado Oficial ENFEN N° 07-2026, se considera más probable que El Niño costero persista hasta enero de 2027, con una magnitud débil, aunque persiste la posibilidad de episodios moderados, sobre todo entre junio y julio de 2026. Este pronóstico diferencial posiciona el periodo de afectación como uno de los más extensos registrados para la costa peruana en los últimos años.

El comunicado precisa: “[...] es más probable que El Niño costero continúe hasta enero de 2027 con una magnitud débil, pudiendo alcanzar una magnitud moderada entre junio y julio del presente año”.

En cuanto al Pacífico central, particularmente en la región Niño 3.4, los modelos climáticos sugieren una mayor probabilidad de condiciones neutras entre mayo y junio de 2026. A partir de julio podría desarrollarse un evento El Niño, que se extendería hasta enero de 2027 y alcanzaría mayor intensidad especialmente entre noviembre y diciembre. La dinámica del sistema oceánico y atmosférico incrementa la variabilidad del clima sudamericano, afectando la precipitación y temperatura regional.

La respuesta institucional al estado de alerta comunicado por la ENFEN establece que El Niño costero permanecerá activo hasta enero de 2027, con predominio de magnitud débil salvo transición posible a moderada en el invierno de 2026. Persisten incertidumbres sobre la evolución del fenómeno en el Pacífico central, donde se espera una vigilancia continua y acciones coordinadas ante potenciales impactos climáticos.

Costa norte registraría incremento de lluvias entre abril y junio

El pronóstico estacional de la ENFEN para la costa norte durante el trimestre abril-junio de 2026 indica que la zona experimentará lluvias en rangos de normales a superiores, con mayor concentración en abril. Este incremento ocurrirá principalmente en eventos localizados, ya que el periodo general de lluvias se encuentra en su fase final.

En materia hidrológica, la ENFEN prevé que los caudales de los ríos en la Región Hidrográfica del Pacífico se mantendrán dentro de los valores considerados normales. No obstante, la entidad advierte sobre la posibilidad de “incrementos puntuales en los ríos de la zona norte”, lo que podría derivar en desbordes o inundaciones localizadas en sectores vulnerables.

A lo largo del litoral costero, se espera que las temperaturas del aire permanezcan por encima del promedio, lo que favorecerá una mayor evaporación y podría originar incidencias vinculadas al calor, según detalla la ENFEN en su comunicado de abril de 2026.

Efectos sobre la pesca: alteración en distribución de anchoveta y bonito

El Fenómeno El Niño costero afectará una vez más la dinámica de los recursos pesqueros más importantes, en particular la anchoveta y el bonito. La ENFEN proyecta que la anchoveta, correspondiente al stock norte-centro, registre “una distribución principalmente dentro de las 48 kilómetros de la costa (30 millas)”. Este patrón evidencia una alteración respecto a su comportamiento usual, con repercusiones potenciales para los sectores de pesca industrial y artesanal.

Respecto al bonito, la ENFEN indica que su disponibilidad se mantendrá a lo largo de toda la costa, lo que permitirá que las actividades de extracción continúen en el sector pesquero en el corto plazo. Estos cambios en distribución y abundancia de especies se atribuyen a las variaciones de temperatura en aguas superficiales y subyacentes generadas por el fenómeno.

¿Perú podría verse afectado por un “Súper Niño”?

El Fenómeno El Niño podría intensificarse hasta alcanzar niveles sin precedentes hacia finales de 2026, según proyecciones del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (ECMWF). El diario estadounidense The Washington Post informa que este evento climático, en su versión de “Súper Niño”, superaría la intensidad registrada en 2015, cuando las temperaturas del Pacífico ecuatorial superaron los 2,8 °C.

La proyección del ECMWF indica que, de concretarse este escenario, Perú se vería directamente afectado por lluvias extraordinarias, inundaciones y olas de calor más prolongadas, especialmente en las regiones costeras y andinas. El fenómeno, causado por un sostenido incremento de la temperatura del Océano Pacífico, altera los patrones de humedad y precipitación, facilitando episodios extremos de clima.

Especialistas consultados por The Washington Post y el ECMWF advierten que los efectos no se limitarían a Sudamérica: regiones de África, Estados Unidos, Europa y el Caribe podrían experimentar sequías severas y cambios drásticos en la agricultura. En el caso peruano, el impacto sería especialmente grave para la infraestructura, la producción agrícola y la seguridad alimentaria, dadas las experiencias previas con eventos El Niño intensos.

La temporada de pesca de anchoveta 2026 en la zona norte-centro inicia en un contexto desafiante, marcado por la presencia del Fenómeno El Niño Costero (FEN). Las anomalías en la temperatura del mar afectan la disponibilidad de la anchoveta y han llevado a limitar la extracción de uno de los principales recursos pesqueros del país.

Desempeño del último año

En 2025, el sector pesca registró un crecimiento de 2.9% y representó alrededor de 0.9% al PBI nacional. Además, generó más de 400 mil empleos directos e indirectos, según el Ministerio de Producción. Este resultado fue impulsado principalmente por la mayor captura destinada al consumo humano directo (pescado fresco, congelado o enlatado), que creció 33.7%. No obstante, el desempeño fue parcialmente atenuado por la menor pesca de anchoveta para consumo humano indirecto (destinada a la producción de harina y aceite de pescado), que se redujo 0.3%.

La zona norte-centro concentró la mayor parte del desembarque de anchoveta del país, con cerca del 80% del total en 2025. Ese año, el desembarque de anchoveta alcanzó 2.5 millones de toneladas en la primera temporada (abril-julio) y 1.6 millones en la segunda (noviembre-febrero), cifras 0.1% y 16% menores, respectivamente, al promedio de los últimos cinco años. Esta reducción se explica por el cierre anticipado de la primera temporada ante el alto porcentaje de anchovetas jóvenes capturadas y el inicio tardío de la segunda, que además contó con una menor cuota debido a condiciones oceanográficas adversas.

Perspectivas

Para 2026, la primera temporada del norte-centro inició en abril con un límite máximo de captura de 1.9 millones de toneladas, el más bajo en una década (1.8 millones de toneladas en 2016), exceptuando 2023, porque no se realizó la primera temporada.

La menor cuota de anchoveta para 2026 se explica por las condiciones asociadas al Fenómeno El Niño Costero. Este evento ha generado un aumento en la temperatura del mar en la zona norte-centro, que en febrero alcanzó cerca de 0.4°C por encima de su promedio histórico y uno de los niveles más altos registrados en lo que va del periodo 2025-2026. Esto afecta la disponibilidad de la anchoveta al modificar su distribución y reducir su acceso a las zonas de pesca.

La Libertad, como parte de la zona de captura norte-centro, registró una contracción de 30.3% en su actividad pesquera en 2025, explicada principalmente por la menor extracción de anchoveta (-30.8%). En 2026, la menor cuota para la primera temporada limitará el volumen de desembarque y, en consecuencia, la producción de harina y aceite de pescado, vinculada al sector manufacturero primario. Esto tuvo un impacto en las exportaciones de la región, que ya se redujeron en 11.4% en 2025 y alcanzaron su nivel más bajo de los últimos nueve años.

El BCRP prevé una caída del sector pesquero de 6.6% en 2026 y estima que el FEN afectará principalmente la segunda temporada de pesca. En este contexto, la recuperación del sector requiere fortalecer su capacidad de prevención y respuesta frente a eventos climáticos, así como mejorar la infraestructura especialmente en puertos. Asimismo, resulta clave reforzar el monitoreo y la fiscalización para enfrentar la pesca ilegal, que pone en riesgo la sostenibilidad de los recursos.

(*) Elaborado por Stephani Maita, economista senior del IPE, con la colaboración de Yamilet Senosaín.

Panamá obtuvo nuevamente su acceso al mercado estadounidense para el atún aleta amarilla y sus productos derivados provenientes del Pacífico Oriental Tropical, luego de estar vetada desde el 2000.

La restricción respondía a que el país no podía certificar que sus artes de pesca, especialmente la pesca de cerco, cumplían con el estándar de “Dolphin Safe”, un sello que indica prácticas de pesca ética y sostenible en la captura de atún, una garantía de que el atún enlatado fue capturado sin dañar delfines.

En el sector pesquero, el sello es sinónimo de que se han protegido especies marinas, especialmente la vida de los cetáceos.

A la falta de la certificación se le sumó la nula participación de observadores a bordo y de registros tecnológicos precisos, propiciando el cierre del mercado de Estados Unidos, el mayor consumidor de atún enlatado y fresco del mundo.

El atún certificado como «Dolphin Safe» y con procedencia legal verificada alcanza precios significativamente más altos en los mercados internacionales. Se estima que las exportaciones de productos del mar podrían crecer entre un 15% y un 20%, señala el sitio americaretail-malls.com.

“El embargo estadounidense no era una medida arbitraria, sino que estaba fundamentado en la Ley de Protección de Mamíferos Marinos (MMPA). Estados Unidos exige que cualquier país que exporte atún a su territorio demuestre que sus métodos de pesca no dañan colateralmente a las poblaciones de delfines, que a menudo nadan junto a los bancos de atún en el Océano Pacífico Oriental”, indica.

Ahora, la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) informó que una vez cumplidos con los requerimientos, los Estados Unidos, a través de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), otorgó a Panamá un reconocimiento afirmativo (affirmative finding).

Este reconocimiento tiene una vigencia de 5 años, periodo que va del 1 de abril de 2026 al 31 de marzo de 2031, permitiendo nuevamente el acceso al mercado estadounidense para el atún aleta amarilla y sus productos derivados provenientes del Pacífico Oriental Tropical.

Esta decisión permite restablecer el acceso al mercado estadounidense para este producto, fortalecer las exportaciones del sector pesquero nacional, e incrementar la competitividad internacional de Panamá, sostiene una nota de prensa de la ARAP.

Añade que el impacto de esta medida abarca directamente a las operaciones de la flota panameña que opera en el exterior y que forma parte de cadenas de suministro internacionales, cuyo destino final incluye el mercado estadounidense.

Insiste en que este avance refleja los esfuerzos del país en materia de control, trazabilidad y cumplimiento de estándares internacionales, consolidando la posición de Panamá en el comercio pesquero internacional.

El reconocimiento afirmativo es el requisito establecido por la legislación de los Estados Unidos para permitir la importación del atún aleta amarilla capturado por buques cerqueros de gran escala. Sin este reconocimiento, el producto se mantiene bajo embargo dentro de un esquema regulatorio.

Este mecanismo certifica que el país cumple con los estándares del Marine Mammal Protection Act (MMPA), así como con las obligaciones internacionales en materia de protección de delfines, incluyendo su participación y cumplimiento en el marco de la Comisión Interamericana del Atún Tropical y el Programa Internacional de Conservación de Delfines.

Uno de los requisitos más críticos para Panamá fue garantizar que el 100% de los lances de pesca en embarcaciones de gran escala fueran supervisados por observadores independientes, que documentan cualquier interacción con mamíferos marinos, garantizando que se sigan los protocolos de liberación y protección, aduce el sitio especializado americaretail-malls.com.

La Autoridad Nacional de Sanidad e Inocuidad en Pesca y Acuicultura (Sanipes) avanzó en el fortalecimiento del control sanitario del sector al otorgar 530 habilitaciones a infraestructuras pesqueras y acuícolas durante el primer trimestre de 2026. Esta intervención apunta a reforzar la seguridad alimentaria en el país, al asegurar que los productos hidrobiológicos cumplan con estándares adecuados desde su origen hasta su comercialización.

El impacto de estas certificaciones se refleja tanto en la protección de más de 530 mil consumidores como en el respaldo directo a 7.540 familias que dependen de estas actividades. Además, el incremento en las autorizaciones contribuye a ordenar el crecimiento del sector, promoviendo prácticas formales y condiciones más competitivas para los actores involucrados.

Mayor cobertura sanitaria en regiones clave

El número de habilitaciones registró un aumento de 47,22% en comparación con el mismo periodo de 2025, lo que equivale a 200 certificaciones adicionales entre enero y marzo. Este crecimiento evidencia un mayor despliegue de la autoridad sanitaria en distintas zonas del país, especialmente en áreas con alta actividad pesquera y acuícola.

Las autorizaciones se distribuyeron en regiones como Áncash, Arequipa, Ica, Lambayeque, Lima, Moquegua, Piura, Callao, San Martín y Tumbes. Con ello, se consolida la presencia del Estado en puntos estratégicos de la cadena productiva, fortaleciendo la supervisión y garantizando condiciones sanitarias adecuadas.

Diversidad de infraestructuras habilitadas

Entre las unidades certificadas se incluyen 247 embarcaciones artesanales y 245 vehículos destinados al transporte terrestre de productos hidrobiológicos. A estas se suman almacenes, centros de depuración, plantas de procesamiento en distintas modalidades, así como instalaciones dedicadas a la producción acuícola y de semillas.

También se autorizaron embarcaciones de mayor y menor escala, además de un punto de descarga. Todas estas infraestructuras cumplen con las exigencias sanitarias vigentes, lo que permite asegurar la calidad e inocuidad de los productos en cada etapa del proceso.

Impacto en la cadena productiva y confianza del consumidor

El viceministro de Pesca y Acuicultura, Jesús Barrientos, destacó el rol de estas certificaciones en el funcionamiento del sector. “Cada habilitación sanitaria representa una garantía concreta para el país: asegura que los productos hidrobiológicos se extraigan, transporten, procesen y comercialicen bajo condiciones seguras. Esto protege la salud de la población, fortalece la formalización y mejora la competitividad de nuestros pescadores y acuicultores en los mercados nacionales e internacionales”, afirmó.

En la misma línea, la presidenta ejecutiva de Sanipes, Mónica Saavedra, resaltó el valor de estas autorizaciones para el desarrollo ordenado del sector. “La habilitación sanitaria es el punto de partida para que una infraestructura opere dentro de la legalidad y con estándares de inocuidad. Su importancia radica en que asegura alimentos seguros para el consumo, facilita el acceso a nuevos mercados y genera confianza en toda la cadena productiva, desde el desembarque hasta la mesa de las familias peruanas”, señaló.

Proyecciones y consolidación del sistema sanitario

Sanipes prevé mantener este ritmo de crecimiento en los próximos meses, con la meta de otorgar 859 habilitaciones al cierre del primer semestre y alcanzar 2.394 certificaciones durante todo 2026. Estos objetivos buscan ampliar la cobertura sanitaria y mejorar las condiciones para la comercialización a nivel local y en mercados internacionales.

Desde su creación, la entidad ha emitido 25.533 habilitaciones sanitarias, consolidando un sistema orientado a garantizar la inocuidad de los recursos hidrobiológicos. Este avance contribuye al desarrollo sostenible de la pesca y la acuicultura, al tiempo que refuerza la confianza en los productos que llegan a los hogares peruanos.

La Cámara de Diputados aprobó con 440 votos a favor el proyecto que reforma los párrafos primero y segundo del artículo 279 de la Ley Federal del Trabajo y el artículo 5A, fracción XIX de la Ley del Seguro Social, mismo que representan un avance en materia de derechos de las personas pescadoras.

La reforma es impulsada por la diputada Azucena Arreola Trinidad junto con integrantes de la Comisión de Pesca, la cual tiene el objetivo de incorporar a la categoría de trabajadores de campo, “las actividades pesqueras”, teniendo como medida final brindarles seguridad social como uno de los efectos inmediatos derivados de la relación laboral.

Más de 200 mil personas trabajan en el sector pesquero

Entre los datos que urgen a priorizar este tipo de propuestas se encuentra la falta de formalización en el sector pesquero, así como la constante vulneración de sus derechos constitucionales, lo que va encaminado a un estado de indefensión.

Entre los datos recogidos por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) se resaltan los siguientes que durante el tercer trimestre de 2024, el sector pesquero en México registró una población ocupada de 216 mil personas. De este total, el 92.9% corresponde a hombres y el 7.1% a mujeres, con un ingreso mensual promedio de 7 mil pesos.

La mayor parte de quienes laboran en esta actividad se ubica en Sonora, Guerrero y Yucatán. La edad promedio es de 42.5 años y el nivel educativo promedio equivale a 7.77 años de escolaridad, lo que corresponde a educación básica.

El empleo informal en este sector alcanzó el 86.2%, lo que supone un incremento de 2.17 puntos porcentuales respecto al trimestre previo. Esta proporción supera en 31.5 puntos el promedio nacional de informalidad.

Quintana Roo, Oaxaca y Nuevo León reportaron una informalidad del 100% entre sus trabajadores pesqueros, mientras que Baja California Sur, Baja California y Chiapas presentaron las tasas más bajas, todas cercanas al 50%.

Conficiones informales impulsa iniciativa

En cuanto a la distribución por edad, el grupo de 35 a 44 años concentró la mayor cantidad de trabajadores, con 23 mil personas. Dentro de este segmento, el 86.7% laboraba en condiciones informales y solo el 13.3% contaba con empleo formal.

El dictamen aprobado menciona que la normatividad vigente no contempla la figura de persona pescadora, lo que dificulta su acceso al derecho a la seguridad social.

Precisa que la intención de los legisladores iniciantes es incorporar las actividades pesqueras a la categoría de trabajadores de campo, con el objetivo de otorgarles seguridad social como efecto inmediato de una relación laboral.

En febrero de 2026, la economía peruana registró un crecimiento de 3,68% en comparación con el mismo mes del año anterior, según el reporte del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Con este resultado, la producción nacional acumuló un avance de 3,61% en el primer bimestre del año, impulsada por el buen desempeño de sectores como comercio, servicios, construcción, manufactura, transporte, alojamiento y restaurantes, electricidad, gas y agua, agropecuario y telecomunicaciones.

Sin embargo, la economía -que registró una expansión interanual de 3,44%- también enfrentó caídas significativas en los sectores de pesca, minería e hidrocarburos, así como en financiero y seguros.

Comercio, servicios y construcción lideran el crecimiento

El sector comercio creció 6,06% en febrero, impulsado por el aumento de las ventas al por mayor y menor, así como el dinamismo en el comercio automotriz, favorecido por la estabilidad del tipo de cambio y un mayor acceso al crédito.

Los servicios de alojamiento y restaurantes aumentaron 7,22%, apoyados en la reactivación de los negocios gastronómicos y en la realización de eventos y celebraciones como el Día de San Valentín, carnavales y festividades regionales.

Por su parte, la construcción avanzó 8,90%, reflejado en el incremento del consumo interno de cemento y el mayor avance físico de obras públicas y privadas, especialmente en infraestructura vial y servicios básicos.

Manufactura y energía también aportan al avance

La manufactura presentó un crecimiento de 2,74%, determinado principalmente por el buen desempeño del subsector fabril no primario, con incrementos en bienes de consumo, bienes intermedios y de capital.

En tanto, el sector electricidad, gas y agua subió 2,99%, gracias a la mayor generación hidroeléctrica y de energías renovables, así como al aumento en la distribución de gas y el suministro de agua potable en empresas clave.

Agropecuario y transporte mantienen el ritmo

El sector agropecuario registró un avance de 0,71%, sostenido en el crecimiento del subsector pecuario, que compensó la disminución en varios cultivos agrícolas.

En transporte, almacenamiento y mensajería, la producción aumentó 4,10%, con mayor actividad en transporte terrestre, aéreo y acuático, y un incremento en los servicios de almacenamiento y mensajería debido al mayor requerimiento logístico.

Pesca, minería e hidrocarburos muestran retrocesos

En la otra vereda, el sector pesca se contrajo 5,20% debido a la caída en la extracción de especies continentales, pese al repunte de la pesca marítima, especialmente de anchoveta destinada a la industria.

Minería e hidrocarburos disminuyó 1,11%, lastrado sobre todo por la menor producción de hidrocarburos, aunque la minería metálica mantuvo cifras estables con ligeros avances en cobre y hierro.

El sector financiero y de seguros retrocedió 0,25%, principalmente por la reducción de créditos y depósitos en moneda extranjera, y por la caída en créditos de consumo y depósitos a plazo.

Otros sectores: telco, servicios a empresas y gobierno

El sector telecomunicaciones y otros servicios de información creció 0,57%, impulsado por el mayor uso de internet y la televisión por suscripción, pese al retroceso en telefonía y otros servicios informativos.

Los servicios prestados a empresas aumentaron 4,05%, gracias a la demanda en publicidad, investigación de mercados, turismo y servicios técnicos y administrativos.

Finalmente, los servicios de gobierno mostraron un avance de 3,57%, por la mayor actividad en administración pública, defensa y otros servicios estatales.

Con estos resultados, la economía peruana mantiene una tendencia positiva en el primer bimestre de 2026, aunque la caída de sectores clave como pesca, minería e hidrocarburos y financiero todavía puede representar un revés para sostener un crecimiento equilibrado, sobre todo cuando este año se espera el cambio de gobernantes.

Cada inicio de temporada de pesca de anchoveta en el Perú surgen voces críticas que acusan a la industria de depredar juveniles y poner en riesgo el recurso. Sin embargo, estas afirmaciones desconocen el rigor científico y normativo que sustenta la gestión pesquera peruana, reconocida internacionalmente como ejemplo de sostenibilidad.

El protocolo científico de IMARPE

El Instituto del Mar del Perú (IMARPE) realiza dos veces al año cruceros hidroacústicos para estimar la biomasa de anchoveta y otras especies pelágicas. Se emplean métodos directos (acústicos) e indirectos (analíticos), analizando tallas desde 5 a 18 cm, distinguiendo adultos (≥12 cm) y juveniles (<12 cm). Además, se estudian edad, dieta y condición reproductiva, junto con variables oceanográficas y componentes del ecosistema como fitoplancton y zooplancton.

Con esta información se proyecta la biomasa adulta hasta el final de la temporada (aprox. agosto). La cuota se calcula sobre esa biomasa proyectada, nunca sobre una foto estática. La regla de seguridad es clara: no más del 35% de la biomasa adulta proyectada puede ser extraída. El resto queda en el mar para sostener el ecosistema y asegurar el desove.

Ejemplo 2026

En la primera temporada de 2026, el Ministerio de la Producción (PRODUCE) fijó una cuota de 1.91 millones de toneladas, equivalente a la tasa máxima de explotación de 0.35. Esto deja una biomasa remanente de 4.89 millones de adultos, muy cerca del objetivo estratégico de mantener siempre 5 millones de adultos para garantizar el desove. La decisión se tomó bajo el escenario “cálido moderado a superior”, considerando la influencia del fenómeno El Niño.

Protección de juveniles

La captura incidental de juveniles es inevitable, en vista que forma parte integral de la biomasa pero está regulada. El Decreto Supremo 024-2016-PRODUCE establece medidas para fortalecer el control y vigilancia de la actividad extractiva con el fin de conservar y aprovechar sosteniblemente el recurso anchoveta. Entre estas medidas se incluyen cierres dinámicos de zonas cuando se detecta alta incidencia de juveniles. Estos cierres se aplican en tiempo real, con reportes obligatorios y análisis de las “modas” de tallas, garantizando así la protección del recurso y la sostenibilidad de la pesquería.

Ejemplo reciente: el Comunicado N.° 003-2026-PRODUCE/DGSFS-PA-SP suspendió la actividad extractiva por cinco días en zonas frente a Malabrigo (La Libertad) y Chincha (Ica) para proteger juveniles. Ejemplo histórico: la primera temporada de 2022 se cerró completamente por exceso de juveniles, coincidiendo con un evento Niño y alta abundancia juvenil. Este manejo es el llamado adaptativo que ha sido reconocido por la FAO y otras instituciones por su éxito en el manejo de nuestro recurso anchoveta.

Datos de capturas iniciales

Habiéndose iniciado esta temporada de pesca, entre el 9 y 12 de abril de 2026 se descargaron 119,446 toneladas, equivalentes al 6.24% de la cuota asignada, según el reporte oficial de PRODUCE y el IMARPE, que monitorean y regulan la actividad pesquera para garantizar la sostenibilidad del recurso. El promedio diario fue de 30 mil toneladas, con modas de 10, 11 y 13 cm en las capturas. Estos datos reflejan una actividad normal y un monitoreo constante de tallas, acorde con las regulaciones vigentes.

Reconocimiento internacional

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha calificado de “primer nivel mundial” la gestión pesquera de Perú, destacando su rigor científico y capacidad adaptativa en la administración de recursos como la anchoveta. Este reconocimiento se basa en la investigación y el análisis científico proporcionado por el Instituto del Mar del Perú (IMARPE), lo que garantiza prácticas sostenibles y precautorias.

El Banco Mundial también ha destacado avances en gobernanza, transparencia y control de la actividad pesquera de gran escala en Perú. La estrategia de mantener siempre 5 millones de adultos como biomasa remanente es única en la región y evidencia un manejo precautorio, basado en estudios científicos y monitoreos constantes para asegurar la sostenibilidad del recurso.

La pesquería industrial peruana de anchoveta no depreda juveniles. Es una actividad altamente regulada, monitoreada y reconocida internacionalmente. Los cierres dinámicos, la regla del 35% y la biomasa remanente son pruebas concretas de un sistema precautorio. Es necesario desmentir los discursos alarmistas con datos técnicos y normativos que son esenciales para una discusión responsable y transparente sobre la sostenibilidad del sector pesquero.

El sector pesquero peruano ha sostenido, durante décadas, un rol estratégico en la economía nacional, respaldado por la riqueza de sus recursos y por un esquema de ordenamiento que, en determinados ámbitos, ha alcanzado resultados reconocidos a nivel internacional. Sin embargo, esa misma trayectoria también revela la ausencia de una visión capaz de articular sostenibilidad, diversificación productiva y generación de valor. En el inicio de una nueva etapa política, se impone una mirada más rigurosa sobre los problemas que aún permanecen sin resolver y que condicionan el desarrollo del sector.

Uno de los temas que demanda una aproximación más rigurosa es la persistencia de la pesca ilegal. Su impacto no se limita al ámbito ambiental, sino que compromete la institucionalidad, distorsiona la competencia y debilita la trazabilidad de toda la cadena productiva. Hace algunos años se estimaba que la producción ilegal de harina de pescado alcanzaba 90 mil toneladas anuales, con valores que superaban los 130 millones de dólares, según un estudio de Apoyo Consultoría. Si bien no se cuenta con estimaciones recientes con ese mismo nivel de precisión, diversos indicadores muestran que esta dinámica persiste y continúa generando distorsiones significativas en el sector.

En este contexto, resulta relevante precisar el enfoque en torno al consumo humano directo de anchoveta. Se ha planteado con insistencia que el desarrollo del sector pasa por ampliar la cuota destinada a este segmento. Sin embargo, la evidencia disponible muestra que las cuotas asignadas no solo han sido suficientes, sino que de manera reiterada no han sido plenamente aprovechadas. Durante los años 2017 y 2018, con cuotas de 300 mil toneladas, los niveles de captura apenas alcanzaron el 42% y 54%, respectivamente. Incluso luego de su ajuste a 150 mil toneladas anuales, el nivel de cumplimiento promedio entre 2021 y 2023 se situó en torno al 75%.

Cuando se analiza el destino de la anchoveta capturada, surge una brecha difícil de soslayar. Considerando que cada tonelada puede generar aproximadamente 4,080 latas de conserva, los volúmenes desembarcados permitirían una producción anual superior a 150 millones de latas. Esta cifra supera incluso el volumen de conservas de atún que se comercializa en el país, que bordea los 137 millones de unidades. Sin embargo, dicha magnitud no se refleja en la oferta disponible en los distintos canales de venta, lo que evidencia una desconexión entre el potencial productivo y la realidad del mercado.

La explicación se encuentra, en buena medida, en el desvío de materia prima a lo largo de la cadena. En los últimos años se ha registrado una diferencia sostenida entre los volúmenes descargados y aquellos que efectivamente ingresan a planta, con un promedio superior a 32 mil toneladas anuales que no seguirían el circuito formal, según estimaciones sectoriales basadas en registros de desembarque y procesamiento del Ministerio de la Producción. De haberse transformado esta materia prima, incluso bajo supuestos conservadores de descarte, se habrían podido generar más de 100 millones de latas adicionales cada año para el mercado interno.

A ello se suma una dinámica creciente de exportación de anchoveta fresca hacia mercados vecinos. Entre 2019 y 2024, estos envíos pasaron de alrededor de 900 toneladas a cerca de 32 mil toneladas anuales. Solo en los primeros meses de 2025, más de 15 mil toneladas ya habían sido exportadas, representando aproximadamente el 40% de las descargas destinadas a consumo humano directo en ese periodo. Este comportamiento introduce interrogantes razonables sobre el destino final del recurso y su contribución efectiva a la generación de valor en el país.

El problema, sin embargo, no se limita a la fiscalización. El propio diseño regulatorio contempla márgenes de descarte que permite considerar hasta un 10% de merma en muelle y hasta un 40% de la materia prima en planta para ser destinada a harina residual. Estos incentivos no contribuyen a un uso eficiente del recurso y terminan debilitando el objetivo de fortalecer el consumo humano directo.

En este escenario, insistir en el incremento de cuotas como respuesta a las limitaciones del sector implica desatender la naturaleza del problema. La discusión de fondo no pasa por la disponibilidad del recurso, sino por la calidad de su aprovechamiento, la integridad de la cadena y la coherencia del marco regulatorio. Fortalecer los sistemas de trazabilidad y revisar los incentivos normativos aparecen como medidas más pertinentes para asegurar un uso eficiente del recurso.

Esta reflexión forma parte de una agenda sectorial más amplia que continúa pendiente. La lucha contra la pesca ilegal, el desarrollo de la pesquería de atún, la puesta en valor del potencial del sur, la promoción de nuevas pesquerías y el impulso a la acuicultura requieren una acción coherente y sostenida. El desafío consiste en construir una política pesquera que trascienda enfoques parciales y que, sobre la base de evidencia, sea capaz de generar valor, fortalecer la institucionalidad y proyectar al sector hacia el futuro.

Un estudio reciente confirmó que las aguas del golfo de Maine están experimentando un calentamiento acelerado, lo que afecta directamente al ciclo vital de la langosta americana y pone en riesgo el futuro de una de las principales fuentes de pesca para la economía local, según información proporcionada por el medio especializado en cambio climático Inside Climate News.

En 2015, una investigación dirigida por Andrew Pershing reveló que la temperatura superficial del golfo de Maine se está incrementando un 99 % más rápido que la media global del océano, como detalla Inside Climate News.

Este fenómeno inquieta tanto a científicos como a la industria pesquera, dado que el rápido aumento de temperaturas amenaza con modificar la fisiología, reproducción y supervivencia de la especie, comprometiendo así una actividad que durante el año pasado generó USD 619 millones para los pescadores comerciales, de acuerdo con el Departamento de Recursos Marinos de Maine.

La magnitud del recurso en riesgo se evidencia en que la pesca de langosta en Maine alcanzó las 35.800 toneladas en el último año.

Efectos ambientales en el desarrollo de la langosta

La influencia de múltiples factores ambientales sobre la langosta americana fue objeto de un estudio financiado por el programa de investigación marina del gobierno de Estados Unidos, NOAA Sea Grant, cuyos resultados fueron divulgados por Inside Climate News.

En el experimento, realizado en un laboratorio especializado de Virginia, los investigadores recrearon las condiciones actuales y futuras del golfo de Maine utilizando 24 individuos, con temperaturas proyectadas para el año 2100, así como niveles de acidificación acordes con lo anticipado para esa fecha.

El análisis se centró en cómo la combinación de calentamiento del agua y acidificación oceánica impacta el desarrollo embrionario y la fisiología de las larvas.

Emily Rivest, profesora asociada en la Batten School of Coastal & Marine Sciences de William & Mary, explicó que, aunque los embriones de langosta demostraron tolerancia a la mayor acidez, resultaron sensibles a temperaturas elevadas. Ante estas condiciones, las larvas eclosionaron a un tamaño menor, lo que incrementa la vulnerabilidad ante depredadores y reduce sus posibilidades de alcanzar la etapa juvenil.

Rivest también señaló que esta etapa es crítica porque marca el descenso de las langostas al fondo marino, esencial para la continuidad de la actividad pesquera. Destacó el colapso de la pesquería de Massachusetts como antecedente relevante: el incremento térmico en esa región debilitó a las langostas, favoreciendo enfermedades y desplazamientos hacia el norte.

Miguel Barajas, investigador del Instituto de Investigación del Golfo de Maine, subrayó que, al ser ectotermos, las langostas no regulan su temperatura corporal y dependen completamente de su entorno. Ante aguas demasiado cálidas o ácidas, las tasas metabólicas aumentan, alterando la reproducción y el crecimiento. Barajas señaló que solo considerando la interacción de estos factores es posible comprender en profundidad el futuro de la especie.

Retos para la sostenibilidad de la pesca de langosta

Para proteger la reproducción de la especie, la pesca de langosta en Maine mantiene prácticas históricas como el “V-notching”, instauradas en 1917, que consisten en marcar con una muesca en la cola a las hembras portadoras de huevos para impedir su captura.

De acuerdo con el Lobster Institute, centro de investigación especializado en crustáceos de la Universidad de Maine, una hembra de 450 gramos transporta aproximadamente 8.000 huevos, mientras que las de 4,1 kilogramos pueden portar más de 100.000. Sin embargo, los datos de NOAA muestran la enorme vulnerabilidad de la población: solo dos de cada 50.000 huevos alcanzan la talla mínima legal para su pesca.

Charles Tilburg, profesor de oceanografía en la Universidad de Nueva Inglaterra, atribuye parte del calentamiento al debilitamiento de la corriente del Labrador, que suministra agua fría desde el ártico. Según lo informado a Inside Climate News, proyecta que el golfo de Maine podría experimentar un incremento adicional de 1,1 a 2,4 °C antes de 2050, dependiendo del grado de aceleración del cambio climático inducido por la actividad humana.

La preocupación también alcanza a otros componentes ambientales. Mike Doan, científico de la organización ambiental Friends of Casco Bay, destaca el papel combinado de la temperatura y la acidificación, señalando que los cambios en la salinidad, provocados por el deshielo glaciar de Groenlandia, se añaden a la compleja red de factores que modelan las condiciones del golfo.

Michelle Brown, coordinadora de investigación y extensión del Lobster Research en la Universidad de Maine, reconoce la importancia de estos estudios para anticipar los costes económicos y gestionar la respuesta del sector ante el avance del cambio climático.

Curt Brown, pescador y copresidente del Coastal and Marine Working Group del Maine Climate Council, reafirma que el reto de preservar la pesca de langosta requiere tanto monitoreo científico como acciones colectivas sobre el modelo energético y de consumo.

De acuerdo con la información reunida por Inside Climate News, la integración de conocimiento científico y prácticas de gestión pesquera será decisiva para la resiliencia de la pesca de langosta de Maine en las próximas décadas.

En Panamá las actividades pesqueras y acuícolas han contribuido con alrededor del 0,5% del Producto Interno Bruto (PIB) y 4% del empleo nacional en los últimos años.

Las últimas cifras oficiales disponibles indican que entre enero y diciembre de 2024 las empresas acuícolas reportaron una producción total de 17,403 toneladas, cifra que muestra un incremento de 27.9 % respecto al 2023.

El vicepresidente de la Asociación Panameña de Acuicultores (ASPAC), Javier Visuetti, informó recientemente que luego de reuniones sostenidas el año pasado y en lo que va del presente con las autoridades del sector uno de los puntos más relevantes abordados fue la presentación ante los comisionados de la reglamentación de la nueva Ley de Acuicultura.

Esta ley, agregó, trata sobre la regulación de los cánones de arrendamiento, las concesiones, definiciones técnicas e incentivos, con el objetivo de impulsar el crecimiento ordenado y sostenible de la actividad acuícola del país.

Dijo que el sector acuícola se consolida como uno de los más dinámicos en materia de exportaciones, generando divisas frescas para el país y contribuyendo significativamente a la generación de empleo y estabilidad social en diversas comunidades.

La acuicultura en Panamá se inició formalmente en los primeros años de la década de 1970, y estuvo dirigida a las áreas marginadas mediante proyectos comunitarios con el propósito de atender sus necesidades nutricionales. Esta acción se vio complementada por la incursión de la empresa privada en el ámbito del cultivo de camarones, asegura la ASPAC.

Los productos obtenidos a través de la acuicultura han brindado en los últimos años una importante fuente de proteína para la población, además de posicionarse como una alternativa a los productores que buscan incursionar en el mercado nacional e internacional.

Los recursos acuáticos producto del cultivo que comprenden las especies camarón de cultivo, bójala, cobia y pámpano produjeron en el país un total de 17,403 toneladas reportadas entre los meses de enero a diciembre del 2024, con un incremento del 27.9% que significaron 3,798 toneladas adicionales reportadas con respecto al mismo periodo para el año 2023.

Dentro de este sector históricamente se le ha dado un mayor enfoque a la captura de camarones y a la exportación de pescados como corvina y pargos, así como moluscos como caracoles y almejas, los cuales representan nichos de mercado internacional importante, con potencial para generar divisas al país.

Sin embargo, para los acuicultores el crecimiento sostenido de esta industria enfrenta graves limitaciones por insuficiencia de infraestructura necesaria.

Para su pleno desarrollo se requiere de una renovada red de frigoríficos, plantas procesadoras, astilleros y terminales especializados con capacidad instalada para darle un mayor valor agregado a la creciente producción acuícola y a los desembarcos pesqueros que el país puede aprovechar de forma sostenible.

Estas restricciones en la cadena de frío, el procesamiento y la logística limitan la rentabilidad del sector e imposibilitan satisfacer cuotas internas y externas más.

Actualmente, la inversión en el sector pesquero y acuícola continúa siendo limitado en la región, lo que representa un desafío para lograr un incremento responsable, estratégico y sostenible, aduce la FAO.

Para incrementar la inversión en los sistemas alimentarios acuáticos se requiere de una serie de factores que deben ser puestos en marcha como son: elaborar estrategias y acuerdos que impulsen el desarrollo sostenible, aumentar la colaboración entre los gobiernos y el sector privado para facilitar el desarrollo de planes de inversión sostenibles e inclusivos.

También se requiere contar con estrategias que apoyen y promuevan proyectos con prácticas sostenibles que mejoren la resiliencia de las comunidades y facilitan el acceso al mercado, además de promover un entorno propicio para la inversión que fomente la innovación.

Pese a ser uno de los principales actores mundiales en pesca de captura y acuicultura, Perú enfrenta una contradicción central en la gestión de su sector pesquero: la aplicación recurrente de amnistías y reducciones de multas a pescadores y empresas que han infringido la ley.

De acuerdo con un reciente informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), esta práctica está debilitando los avances en la lucha contra la pesca ilegal y la sostenibilidad de los recursos marinos.

La propia OCDE advierte que la recurrencia de estas amnistías va en contra de los estándares del organismo y representa un obstáculo para el proceso de adhesión de Perú, que deberá fortalecer su régimen sancionador y eliminar las exoneraciones si busca avanzar en su integración internacional.

Amnistías a infractores: el Talón de Aquiles de las políticas de pesca en Perú

El informe, publicado en apoyo al proceso de adhesión de Perú a la OCDE, documenta que, a pesar de contar con un sofisticado sistema legal para el seguimiento, control y vigilancia (SCV) de las actividades pesqueras, así como de mecanismos de monitoreo electrónico y sanciones administrativas estrictas, la imposición recurrente de amnistías y la reducción drástica de multas crean incentivos perversos.

Según la OCDE, “la eficacia de las sanciones se ha visto dificultada por decisiones políticas que conceden la amnistía o el indulto a los infractores y cancelan o reducen de manera significativa el pago de multas por parte de dichos infractores, ya sean personas físicas o jurídicas”.

El caso más reciente tuvo lugar en julio de 2024, cuando el Ministerio de la Producción (PRODUCE) otorgó un recorte del 80% en el pago de sanciones pendientes. En aquella ocasión, el viceministro Jesús Barrientos dijo para Infobae Perú que la mayoría se concetraba en la pequeña pesca, aunque no aclaró si solo en número de multas o montos.

Estas exoneraciones, motivadas en principio por crisis como el fenómeno de El Niño o la pandemia de COVID-19, han dejado en evidencia, de acuerdo al informe, la limitada capacidad administrativa del Estado para cobrar sanciones y, sobre todo, minan el efecto disuasorio de la ley.

¿Un llamado a terminar con las amnistías?

El resultado, para el organismo internacional, es una sensación de impunidad que pone en riesgo la gobernanza sectorial y la salud de los recursos hidrobiológicos.

La OCDE recomienda de manera categórica reforzar el sistema de sanciones de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, y fortalecer su efecto disuasorio al garantizar que “sean proporcionales a la naturaleza y la gravedad de las infracciones, así como evitar nuevas condonaciones para el pago de multas.

Pesca en Perú: entre la excelencia técnica y los desafíos estructurales

El informe no escatima elogios al señalar que Perú es uno de los grandes actores globales de la pesca, con una producción anual de 5,5 millones de toneladas en 2022, equivalente al 3% mundial.

El país ha construido, especialmente en la gestión de la anchoveta (Engraulis ringens), uno de los sistemas de manejo adaptativo y monitoreo más sofisticados del planeta, basado en cuotas individuales por embarcación y vedas espacial-temporales en tiempo real.

La biomasa de las principales especies explotadas supera ampliamente los estándares globales: el 97% de las poblaciones evaluadas están por encima del umbral de sostenibilidad, y el 73% en niveles que maximizan la productividad, muy por encima de la media OCDE.

Sin embargo, debajo de estas fortalezas subyacen debilidades estructurales. El informe señala como retos críticos:

• Informalidad generalizada: Más del 90% de los pescadores artesanales operan fuera del registro oficial.
• Crecimiento descontrolado de la flota artesanal, en parte por la construcción o alteración ilegal de embarcaciones en astilleros informales.
• Déficit de capacidades en gobiernos regionales, especialmente en recursos humanos y tecnológicos para el SCV.
• Dificultades en la gestión de especies no monitoreadas, lo que podría conllevar sobreexplotación inadvertida.

Acuicultura y cambio climático: retos y oportunidades

Aunque la acuicultura apenas representa el 2,6% de la producción total, creció un 95% en la última década. El Gobierno aspira a convertirla en un motor de crecimiento económico, resiliente al cambio climático, mediante la Política Nacional de Acuicultura al 2030.

No obstante, este sector también enfrenta problemas de informalidad, trámites pesados y ahora, la amenaza de eventos extremos (inundaciones, sequías, enfermedades), según el foro de 38 países miembros.

El informe urge a una mayor coordinación institucional, el fortalecimiento de la Ventanilla Única de Acuicultura y la planificación espacial integrada para evitar conflictos por recursos.

Apoyo gubernamental: ¿suficiente, excesivo o de riesgo?

Perú destina en promedio 97 millones de USD al año para apoyar la pesca, monto que, aunque alto en términos absolutos, es bajo en relación con el tamaño de la flota y el empleo respecto a otros países OCDE.

Sin embargo, la mitad de ese apoyo, principalmente ayudas a ingresos e infraestructura artesanal, representa un riesgo moderado o alto de fomento de sobrepesca si no va acompañado de un sistema de manejo efectivo.

Así, el informe plantea una hoja de ruta clara para aproximar las políticas peruanas a los estándares OCDE:

• Finalizar la práctica de amnistías y asegurar el cobro efectivo de sanciones.
• Formalizar y controlar el crecimiento de la flota artesanal.
• Invertir en capacidades para gobiernos regionales y en seguimiento electrónico para el sector artesanal.
• Coordinar políticas de apoyo, evitando incentivos a la sobrecapacidad.
• Fortalecer la gobernanza ambiental y la planificación para la acuicultura ante el cambio climático.

El diagnóstico de la OCDE muestra un sector pesquero peruano robusto, con logros técnicos notables y potencial de crecimiento sostenible, pero vulnerable a decisiones políticas de corto plazo, deficiencias institucionales y viejos problemas de informalidad y sobrecapacidad.

El destino de uno de los mares más productivos del mundo pende, en buena parte, de la coherencia entre la ley, la política y la práctica, sella el documento.

El Ministerio de la Producción (PRODUCE) autorizó el inicio de la Primera Temporada de Pesca 2026 de anchoveta y anchoveta blanca en la zona norte-centro del Perú desde el 1 de abril, fijando un límite máximo de captura de 1 millón 914.049 toneladas.

Esta temporada es la más baja en la última década, descontando 2023, año en el que no se realizó la primera temporada porque la biomasa estuvo subestimada por la presencia del Fenómeno El Niño, pese a que sí se estableció una cuota inicial de 1 millón 91.000 toneladas.

En contrapartida, los efectos de El Niño Costero fueron confirmados para 2026 por la Comisión Multisectorial ENFEN, que prevé su desarrollo entre febrero y diciembre con intensidad débil a moderada.

De acuerdo con las previsiones, el fenómeno afectará especialmente la costa norte y central del país, generando mayor temperatura y lluvias, lo que incide directamente en la biomasa y distribución de la anchoveta.

Vale precisar que el informe biológico que respalda el cálculo de cuota 2026 aún no se ha publicado, pese a que suele incluir una tabla de riesgos para el stock de anchoveta.

En consecuencia, la resolución ministerial no detalla la biomasa encontrada por el Instituto del Mar del Perú (IMARPE), lo que genera incertidumbre sobre la real situación del recurso.

La anchoveta tendrá su cuota más baja en la última década

Según el PRODUCE, la medida apunta a proteger la sostenibilidad del recurso ante condiciones biológicas y ambientales desfavorables.

La evolución de las cuotas de la primera temporada de pesca de anchoveta y anchoveta blanca en la zona norte-centro en los últimos años es la siguiente:

• 2026: 1 millón 914.049 toneladas
• 2025: 3 millones de toneladas
• 2024: 2 millones 475.000 toneladas
• 2023: No hubo primera temporada (efectos del fenómeno El Niño)
• 2022: 2 millones 790.000 toneladas
• 2021: 2 millones 509.000 toneladas
• 2020: 2 millones 413.000 toneladas
• 2019: 2 millones 100.000 toneladas
• 2018: 2 millones 475.000 toneladas
• 2017: 2 millones 800.000 toneladas
• 2016: 1 millón 800.000 toneladas

El informe técnico del IMARPE fundamenta la reducción de la cuota en 2026 en la necesidad de limitar la tasa de extracción y asegurar una biomasa desovante remanente de al menos 5 millones de toneladas.

La Resolución Ministerial N° 000085-2026-PRODUCE recomienda también fortalecer el monitoreo científico y proteger la fracción juvenil del stock para evitar impactos negativos en futuras temporadas.

El Niño Costero condiciona la pesca 2026

La última vez que la cuota se ubicó por debajo de los 2 millones de toneladas fue en 2016, en un contexto de bajo rendimiento, alta incidencia de juveniles y el impacto remanente de un fenómeno de El Niño que mantuvo la biomasa cerca de la costa y forzó cierres anticipados.

En el caso de 2023, PRODUCE anunció en junio de ese año que no iniciaría la primera temporada tras una pesca exploratoria que mostró una incidencia de juveniles del 86,3% y condiciones biológicas desfavorables.

La pesca de anchoveta -que apalanca otros sectores, como manufactura- es un pilar fundamental de la economía peruana, aportando aproximadamente entre el 0,35% y el 0,8% del PBI nacional de forma directa, dependiendo de la temporada y factores climáticos.

La anchoveta, pilar económico bajo presión

El golpe se veía venir. Durante una conferencia de enero de este año, la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) informó que la industria peruana capturó en 2025 un total de 4 millones 580.000 toneladas, con exportaciones que superaron los 3.000 millones de dólares.

Durante la segunda temporada norte-centro, de noviembre de 2025 a enero de 2026, la flota industrial extrajo el 98% de la cuota asignada (1 millón 600.000 toneladas), con solo 14% de tallas menores, muy por debajo del tope histórico de 360.000 toneladas.

Sin embargo, la titular del gremio pesquero, Jessica Luna, advirtió sobre la urgencia de acelerar los cruceros científicos del IMARPE ante la previsión de un Niño Costero, señalando que cualquier retraso podría afectar la estabilidad del país y los empleos vinculados al sector.

El dato

• La resolución de PRODUCE establece que solo podrán participar embarcaciones con permisos vigentes y cuota asignada, bajo estrictas condiciones de monitoreo y control.
• Se prohíbe procesar recursos capturados fuera de los límites autorizados o provenientes de pesca artesanal, y se contemplan suspensiones inmediatas ante altos porcentajes de juveniles o especies destinadas a consumo humano directo.
• Según el Comunicado Oficial ENFEN N° 06-2026 del 27 de marzo de 2026, se mantiene el estado de “Alerta de El Niño Costero”, con probabilidad de que continúe hasta diciembre con magnitud débil, y posible moderada de mayo a julio.

La migración centroamericana hacia Estados Unidos está marcada por sueños, sacrificios y, en ocasiones, tragedias que alteran el destino de familias enteras. El caso de Pablo Reyes Perdomo, un hondureño de 30 años, refleja esta realidad tras su fallecimiento el sábado 21 de marzo en Carolina del Norte.

La tarde que cambió la vida de la familia Reyes Perdomo comenzó con planes para disfrutar de una de las actividades favoritas del hondureño: la pesca. Radicado en Raleigh desde hacía tres años, Pablo acudió a Falls Lake, en el condado de Wake, acompañado por su hermano Gustavo.

Ambos compartían la pasión por la pesca y el deseo de aprovechar un momento de descanso tras largas jornadas laborales. Cerca de la 1:20 de la tarde, junto al puente de Cheek Road, la situación se tornó dramática. Según quienes estuvieron presentes, los hermanos utilizaban una red que quedó atascada en el fondo del lago. Pablo intentó recuperarla y, en ese esfuerzo, perdió el equilibrio y cayó al agua. Lo que era un espacio de tranquilidad se transformó en escenario de emergencia.

“Cuando tratamos de ayudarlo, ya era demasiado tarde. Estamos destrozados”, relató Gustavo, aún conmocionado por lo ocurrido. Equipos de rescate y servicios de emergencia respondieron con rapidez a la llamada al 911, pero la búsqueda se extendió por tres horas.

El cuerpo de Pablo fue localizado a unos 50 metros de la orilla, en un sector del lago que no presentaba gran profundidad. Las autoridades consideraron el hecho un accidente.

La familia busca apoyo para repatriar su cuerpo y brindarle el último adiós

La muerte de Perdomo fue registrada como el primer fallecimiento por ahogamiento en Falls Lake en lo que va de 2026, según la Oficina del Sheriff del Condado de Wake. Pero para su entorno, Pablo era mucho más que una estadística. Amistades y familiares lo recuerdan como una persona solidaria, responsable y entregada a su familia.

Desde su llegada a Raleigh, el hondureño se empleó en la construcción, una de las industrias que más demanda mano de obra de migrantes centroamericanos. Su rutina diaria estaba marcada por jornadas extensas, el esfuerzo físico y la determinación de enviar remesas a Honduras, donde su esposa y su hija dependían de su apoyo.

Tras la tragedia, la familia Reyes Perdomo enfrenta ahora el reto de repatriar los restos de Pablo a Honduras. El traslado internacional implica costos elevados, inalcanzables para los recursos de la familia. Por ello, han solicitado ayuda al Consulado de Honduras en Charlotte, buscando respaldo institucional y asesoramiento en los trámites necesarios.

La comunidad hondureña y latinoamericana en Carolina del Norte ha respondido con solidaridad. El domingo 29 de marzo, en el Eliza Pool Park, se organizó una jornada de recaudación de fondos mediante la venta de platillos típicos. La actividad reunió a conocidos, amigos y vecinos que sumaron esfuerzos para apoyar a la familia.

Aunque la jornada principal concluyó, la campaña de recaudación sigue activa, pues los gastos funerarios y el traslado aún representan un desafío considerable. La historia de Pablo Reyes Perdomo ha impactado tanto a la comunidad migrante en Carolina del Norte como a su familia en Honduras.

La pesca, una actividad que le proporcionaba paz, fue el escenario de su adiós. Su esposa y su hija, en Honduras, esperan poder recibir sus restos para darle el último adiós. La comunidad continúa movilizándose para que Pablo pueda regresar a su tierra y descansar junto a los suyos.

En enero de 2026, el desembarque de pesca artesanal en Perú alcanzó un volumen de 119 mil toneladas métricas (TM), lo que representó un crecimiento de 50,8% respecto al mismo período de 2025, según detalló el Ministerio de la Producción (PRODUCE).

Este desempeño, impulsado principalmente por la captura de pota, bonito y perico, tuvo un impacto directo en el valor de las exportaciones del sector, que se incrementaron en 527,1%, totalizando 98 millones de USD-FOB, de acuerdo con datos difundidos por el Ministerio de la Producción el 26 de marzo de 2026.

La pota, el bonito y el perico disparan los desembarques artesanales

El aumento en la cadena exportadora se explica por la expansión récord en la venta exterior de pota, que creció 1.060,4%, mientras que las exportaciones de bonito y perico registraron avances de 351,9% y 284,7% respectivamente en comparación al mismo mes de 2025.

Según informó la Oficina General de Evaluación de Impacto y Estudios Económicos (OGEIEE) del Ministerio de la Producción, los principales mercados de destino para estos productos fueron China, Estados Unidos, España y Corea del Sur.

Este resultado marca una aceleración sin precedentes en la industria. Además del volumen exportado, la producción industrial de recursos hidrobiológicos provenientes de la pesca artesanal se incrementó en 103,7% respecto a enero del año anterior, detalla el informe del Ministerio de la Producción.

El crecimiento estuvo liderado por el procesamiento de productos congelados a base de pota, con un salto de 522,6%, seguido por el perico (165,7%) y el bonito (86,6%).

Exportaciones pesqueras también alcanzan cifras históricas, según cifras oficiales

La composición del top 10 de especies desembarcadas ilustra la dualidad funcional de la pesca artesanal en el país: por un lado, destacan los recursos orientados a la industria y exportación, tales como pota, bonito, perico y jurel.

Por el otro, las especies que sirven de abastecimiento a los principales mercados mayoristas con pescado fresco —lisa, tiburón, machete, pejerrey y boquichico—, constituyendo un respaldo clave para la seguridad alimentaria de numerosas familias peruanas.

El ministro de la Producción, César Quispe Luján, subrayó que el repunte global del sector se vio favorecido por incrementos considerables en los desembarques de pota (418,7 %), bonito (61,5 %), perico (137,2 %) y pejerrey (192,5 %) durante enero de 2026.

Producción industrial y exportaciones en alza: impacto en el empleo artesanal

El sector mantiene un papel relevante en la generación de empleo. Las estimaciones al cierre de 2025 refieren la existencia de 95.900 pescadores artesanales en el ámbito marítimo nacional, distribuidos mayoritariamente en las zonas costeras norte y centro.

En áreas continentales, 29.500 pescadores artesanales se concentran en departamentos amazónicos, Puno y Piura, según el balance del Ministerio de la Producción.

Este conjunto de datos confirma un escenario de expansión en la pesca artesanal peruana, tanto en términos de volumen productivo como en generación de divisas y empleo, reafirmando su incidencia estratégica en la economía y en la seguridad alimentaria nacional.

El dato

• Pota: Es el recurso más importante de la pesca artesanal peruana, genera empleo directo a más de 30 mil personas y se exporta principalmente a China, Corea y Japón.
• Bonito: Especie pelágica ampliamente consumida en Perú por su alto valor nutricional y precio accesible, habita aguas templadas entre 15°C y 22°C.
• Perico: Predador migratorio de rápido crecimiento, conocido también como dorado o mahi-mahi, muy cotizado internacionalmente por su carne blanca y suave.

El Congreso de la República busca nuevamente reabrir el proceso de formalización para embarcaciones pesqueras artesanales construidas fuera del marco legal.

El último intento proviene del congresista José Bernardo Pazo Nunura, quien presentó el 12 de marzo de 2026 un nuevo proyecto de ley, rotulado N.º 14212/2025-CR, luego de que un intento suyo previo fracasara.

La iniciativa pretende reincorporar cerca de 2.000 embarcaciones que quedaron fuera del régimen SIFORPA II, pese a que este mecanismo ya concluyó oficialmente y no logró regularizar toda la flota informal.

SIFORPA II: el antecedente y sus límites

El Sistema de Formalización Pesquera Artesanal (SIFORPA II), creado por el Decreto Legislativo 1392, permitió entre 2018 y 2023 que unas 2.400 embarcaciones artesanales accedieran a la legalidad tras cumplir con diversas etapas.

Entre ellas, figuraban la verificación física por la autoridad marítima y la obtención de permisos de pesca. Sin embargo, alrededor de 2.000 solicitudes fueron excluidas al no acreditar la existencia de las naves.

El nuevo proyecto legislativo busca que embarcaciones verificadas por la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI) puedan retomar el trámite de formalización, incluso después del cierre del proceso.

También propone que aquellas sin constancia de verificación instalen un sistema de seguimiento satelital (SISESAT) para demostrar su operatividad y acceder a una lista de espera, dependiendo de la cancelación o caducidad de permisos de otras embarcaciones.

Un debate que se repite y las objeciones técnicas

No es la primera vez que el Congreso impulsa una iniciativa similar. Proyectos previos tampoco lograron avanzar, debido a la oposición del Ministerio de la Producción (PRODUCE) y DICAPI.

Las autoridades argumentan que el marco legal ya no permite reabrir el proceso y que hacerlo podría dar luz verde a embarcaciones construidas ilegalmente luego de la fecha límite.

“Tanto el PRODUCE como la DICAPI deberían oponerse nuevamente al nuevo proyecto presentado por Pazo en atención al principio de predictibilidad”, advierte Piero Rojas, profesor de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).

El ingeniero Iván Gomez, especialista de la Fundación Innovation for Ocean Action, sostiene que la flota artesanal está al límite y que sumar más embarcaciones pondría en riesgo especies como la pota y el perico.

“La eventual incorporación de nuevas embarcaciones implicaría un incremento del esfuerzo pesquero efectivo, lo que generaría presiones adicionales sobre el recurso y comprometería su sostenibilidad biológica”, señala.

Riesgos regulatorios y críticas del sector

Representantes del sector pesquero cuestionan la antigüedad de las verificaciones y la ausencia de garantías sobre la existencia real de las embarcaciones.

“No existe ninguna garantía de que esas embarcaciones sigan siendo las mismas o que no hayan sido reemplazadas por otras construidas recientemente de manera ilegal”, aseguró Elsa Vega, presidenta de la Sociedad Nacional de Pesca Artesanal del Perú (SONAPESCAL).

El uso de sistemas de monitoreo satelital para validar embarcaciones no regularizadas también genera reparos. Según Rojas, aplicar este mecanismo a naves ilegales resulta una inconsistencia regulatoria, ya que el monitoreo está diseñado solo para flotas autorizadas.

Para Rojas, la propuesta de crear una lista de espera para sustituir permisos caducos tampoco tiene sustento en la Ley General de Pesca, que solo contempla esa figura para la flota industrial y de menor escala.

La Secretaría General de la Presidencia (Segpres), informó este jueves que retiró del Congreso el proyecto de Ley de Pesca impulsado por la administración de Gabriel Boric, el que buscaba reemplazar a la llamada “Ley Longueira”, promulgada en 2013 durante el primer gobierno de Sebastián Piñera.

Cabe recordar que la tramitación de la “Ley Longueira” estuvo marcada por el escándalo de corrupción Corpesca, el que finalizó con el senador Jaime Orpis (UDI) y la diputada Marta Isasi (Independiente) en la cárcel tras recibir sobornos de la industria, y ha sido fuertemente resistida por el gremio de pescadores artesanales y organizaciones medioambientales que acusan una ley “hecha a la medida” de las pesqueras.

Debido a esto, las críticas de la oposición no se hicieron esperar y el primero en abrir los fuegos fue el diputado y expresidente de la Comisión de Pesca de la Cámara, Jorge Brito (FA), quien calificó la “Ley Longueira” como “la mayor vergüenza de la política chilena que terminó con una diputada y un senador en la cárcel por corrupción“.

“Para tener una ley con legitimidad, justa y restituir el Estado de Derecho, impulsamos la nueva ley con más de 200 audiencias sesionando en ocho regiones del país. Este trabajo no se puede echar por la borda, la pesca artesanal está siendo duramente golpeada con el aumento del precio de los combustibles sin ninguna ayuda por parte de este Gobierno y, además, le quitan el futuro retirando el proyecto de nueva ley de pesca”, fustigó Brito.

De la misma opinión fue el senador Daniel Núñez (PC), quien sostuvo que la decisión “pone en manifiesto una vez más que el Gobierno de José Antonio Kast está al servicio de los grupos económicos, de la gran industria en Chile, en este caso avalando estas situaciones irregulares que benefician a Corpesca“.

En tanto, el senador Diego Ibáñez (FA) aseguró que el gobierno “definitivamente no quiere hacerse parte de la solución, sino parte del problema (...) El diputado Bobadilla presentó más de 200 indicaciones para retrasar la aprobación de este proyecto, y hoy no resulta extraño que se sumen al problema y no a la solución. Este es un proyecto de ley que quiere reemplazar una ley actual que terminó con un senador preso, que fue aprobada en base a coimas”.

El aludido -Sergio Bobadilla (UDI)-, retrucó por su parte que “se deben hacer los cambios que permitan generar los equilibrios entre la pesca artesanal y la pesca industrial, de tal manera que tengamos progreso y desarrollo para todos y cada uno de quienes viven de esta importante actividad. Muy bien el Gobierno al retirar este proyecto“, cerró el legislador.

“Balde de agua fría”

Por otra parte, desde la Alianza Nacional por la Defensa de la Pesca Artesanal calificaron esta jornada la decisión del Gobierno como “un balde de agua fría” y advirtieron que el malestar del sector artesanal podría traducirse en manifestaciones.

Ello, puesto que de acuerdo a su presidente, Hernán Cortés, “retirar este proyecto es, en la práctica, darle respiración artificial a la actual Ley Longueira, una normativa nacida de la corrupción que tanto daño le ha hecho a Chile”.

“La ciudadanía no va a aceptar que se mantenga una ley nacida de la corrupción. Si el camino institucional se cierra o se dilata artificialmente para favorecer a un grupo acotado de pesqueras que se repartieron la torta del mar, el malestar va a desbordar cualquier posibilidad de diálogo”, remató el dirigente de los pescadores artesanales.

El Ministerio de la Producción (PRODUCE) estableció un Límite Máximo de Captura Total Permisible (LMCTP) de 305.417 toneladas para el recurso calamar gigante o pota (Dosidicus gigas), correspondiente al periodo de enero a junio de 2026.

La medida, aprobada mediante la Resolución Ministerial N° 000075-2026-PRODUCE, resulta aplicable a las actividades extractivas de embarcaciones pesqueras artesanales que cuenten con permiso de pesca vigente.

El nuevo límite de captura regirá hasta junio de 2026 para la pesca artesanal

La disposición del Ministerio de la Producción responde a un análisis técnico realizado por el Instituto del Mar del Perú (IMARPE), que evaluó los indicadores biológicos, pesqueros y poblacionales del calamar gigante, así como las condiciones ambientales recientes.

Según el informe técnico, la abundancia del recurso se mantiene cerca del máximo rendimiento sostenible, aunque se advierte un aumento en el número de embarcaciones dedicadas a su captura.

IMARPE recomendó no superar las 479.311 toneladas anuales, sugiriendo un enfoque precautorio y adaptativo para garantizar la sostenibilidad del recurso.

El análisis técnico de IMARPE fundamentó el incremento de la cuota

El Ministerio de la Producción determinó que, dentro del LMCTP, existe un límite específico de 30.295 toneladas para embarcaciones artesanales menores a 10 m³ de capacidad de bodega, las cuales están exentas de límite de zarpes mensuales durante el periodo vigente, aunque su captura se contabiliza dentro del total autorizado.

La resolución establece que la actividad extractiva debe realizarse únicamente con línea potera y exige que todas las embarcaciones cuenten con habilitación sanitaria vigente. Además, solo podrán transportar el recurso en vehículos isotérmicos registrados ante la autoridad competente.

Las plantas procesadoras solo recibirán pota de origen autorizado

El registro, monitoreo y control de las operaciones se realizará a través de la plataforma digital del Ministerio de la Producción. Las embarcaciones sin sistema de seguimiento satelital deberán notificar previamente su zarpe, lugar y fecha, y documentar la provisión de hielo antes de cada faena.

Los titulares de permisos o sus representantes son responsables de registrar el desembarque y el destino del recurso mediante los formatos oficiales, tanto digitales como físicos en caso de contingencia.

Las plantas de procesamiento solo podrán recibir calamar gigante procedente de embarcaciones y transportes debidamente registrados. La recepción del recurso debe ser reportada en un plazo no mayor a 48 horas, y la información validada con los datos registrados durante el desembarque.

De acuerdo con el Ministerio de la Producción, el incumplimiento de estos procedimientos, o el transporte del recurso en vehículos no autorizados, será sancionado conforme a lo dispuesto en el marco normativo vigente, incluyendo decomisos.

La fiscalización contará con videovigilancia: incumplimiento será sancionado con decomisos

El monitoreo biológico y pesquero permanecerá bajo responsabilidad del IMARPE, que informará periódicamente sobre la evolución de la pesquería y podrá recomendar ajustes en el límite de captura si la situación lo requiere.

La autoridad pesquera podrá concluir o suspender las actividades extractivas si se alcanza el límite máximo, si así lo aconsejan factores biológicos o ambientales, o si el periodo culmina el 30 de junio de 2026.

Los puntos de desembarque autorizados contarán con cámaras de videovigilancia operativas, y las acciones de fiscalización estarán coordinadas con gobiernos regionales y autoridades marítimas.

Durante décadas, la sardina (Sardinops sagax sagax) fue una de las especies más emblemáticas de la pesca peruana. Su presencia marcó un ciclo productivo que sostuvo la industria de harina y aceite de pescado, especialmente entre principios de los años 80 y fines de los 90.

Sin embargo, actualmente resulta prácticamente imposible encontrar sardinas en cantidades relevantes en el litoral peruano. ¿Por qué desapareció esta especie que alguna vez fue abundante?

Un mar sin sardinas: el auge y caída de una pesquería emblemática

La historia de la sardina es inseparable de la anchoveta (Engraulis ringens). Ambas especies no pueden coexistir en grandes cantidades por largos periodos debido a diferencias en sus requerimientos de temperatura, alimentación y regímenes oceánicos.

Cuando el clima favorece a una, la otra disminuye drásticamente o prácticamente desaparece. Así, el auge de la sardina coincidió con el colapso de la anchoveta a inicios de los 80, favorecida por un cambio en las condiciones marinas y por la falta de regulación pesquera.

Durante ese periodo, la sardina llegó a sostener capturas anuales de entre 2,5 y 3,5 millones de toneladas, principalmente en los puertos de Chimbote y Paita, según datos de Oceana.

La rivalidad entre anchoveta y sardina: ciclos, clima y competencia en el océano

El manejo pesquero de entonces era mínimo: no existían cuotas individuales, ni seguimiento satelital, ni certificadoras independientes y el control estatal era precario. La pesca industrial, con redes de cerco, permitía sacar todo lo que se podía mientras las condiciones lo permitieran. Era el viejo oeste de la pesquería.

Cuando el régimen oceánico volvió a cambiar, el Fenómeno El Niño de 1997-98 arrasó con las condiciones favorables para la sardina. La especie colapsó, y la anchoveta recuperó su predominancia en el ecosistema marino peruano.

Desde entonces, la sardina no ha logrado recuperarse. Hoy, solo se reportan capturas anecdóticas, principalmente a manos de la pesca artesanal con redes de cerco. En otros países, como Chile, la sardina sigue sosteniendo pesquerías importantes, aunque corresponde a especies o géneros distintos a la peruana.

La sardina peruana es un pez algo más grande que la anchoveta, llega hasta 25-26 cm y tiene una apariencia similar a la del pejerrey. Durante su auge, fue fundamental para la economía pesquera nacional, pero actualmente no existen las condiciones ambientales ni biológicas para que vuelva a ser abundante.

Las perspectivas de que la sardina vuelva a las costas peruanas dependen de factores ambientales y de la dinámica de la anchoveta. Mientras la anchoveta mantenga poblaciones altas, la sardina no tendrá espacio para prosperar.

¿Podría regresar a aguas peruanas? Solo un cambio drástico en el régimen oceánico, con una disminución marcada de la anchoveta, podría abrir la puerta para la sardina, aunque en volúmenes probablemente insuficientes para reactivar la industria a gran escala.

IMARPE confirma: presencia esporádica y sin señales de recuperación

La información más reciente del Instituto del Mar del Perú (IMARPE) confirma este escenario. Entre enero y septiembre de 2025, apenas se habían registrado 418 kilogramos de sardina desembarcados en Áncash, principalmente en el puerto El Dorado.

Estos volúmenes son mínimos si se comparan con los niveles históricos y corresponden a capturas incidentales, no a una recuperación real de la especie. IMARPE precisa que los desembarques anuales no han superado las 6.000 toneladas desde 2013, con cifras cada vez más bajas: 65 toneladas en 2021, 16 en 2022, 0 en 2023 y solo 2,6 en 2024.

“La sardina continúa mostrando una presencia esporádica y reducida, sin evidencias que permitan afirmar una recuperación poblacional sostenida”, refiere el reporte del organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de la Producción (PRODUCE).

IMARPE añade que estos registros actuales están vinculados a fenómenos puntuales, como la presencia de aguas subtropicales superficiales en la costa, y no deben interpretarse como señales de abundancia.

El instituto mantiene el monitoreo permanente de la sardina y de los principales recursos pelágicos, subrayando la importancia de un manejo precautorio y adaptativo frente a la incertidumbre climática y ambiental.

Así, la historia de la sardina en el Perú es un reflejo de la fragilidad de los recursos marinos ante la sobreexplotación y los cambios climáticos. El caso destaca la necesidad de políticas de manejo preventivo y la importancia de la vigilancia científica para evitar nuevos colapsos y preservar la sostenibilidad de la pesca nacional.

Mujeres en acción: científicas, pescadoras y lideresas en defensa del mar peruano

Este y otros temas fueron abordados durante la presentación de “Heroínas de la Mar”, un libro que narra las historias de 18 mujeres que trabajan por la protección del océano peruano.

Entre las protagonistas figuran Marilú Bouchon, investigadora del IMARPE especializada en anchoveta; Obla Paliza, pionera en el estudio de cachalotes; Evelyn La Madrid, fiscal que lidera operativos contra el tráfico de especies marinas; Kerstin Forsberg, científica experta en mantarrayas; Elsa Vega, primera presidenta mujer de la Sociedad Nacional de Pesca Artesanal; y Fany León, recolectora de conchas negras y guardiana de los manglares de Tumbes.

El libro, presentado el viernes 13 de marzo en Miraflores, busca visibilizar el rol fundamental de las mujeres en la ciencia, la pesca sostenible y la conservación marina, además de exponer los retos que enfrenta el mar peruano, como la sobrepesca, la contaminación y la escasa presencia femenina en espacios de decisión y gobernanza pesquera.

La industria pesquera peruana cerró la segunda temporada de anchoveta 2025 en la zona norte-centro con un desempeño cercano al máximo autorizado, consolidando uno de los principales pilares de la actividad exportadora del país. Con este resultado, el sector entra en una fase clave de preparación para la siguiente campaña, en la que se prioriza la anticipación frente a riesgos.

De cara a 2026, las empresas enfocan sus esfuerzos no solo en la puesta a punto de su capacidad operativa, sino también en la gestión de factores externos como el clima y la logística. Este enfoque busca asegurar la continuidad de las operaciones en un contexto marcado por posibles variaciones ambientales.

Cierre de temporada con alto nivel de cumplimiento

De acuerdo con el Ministerio de la Producción (Produce), la descarga total de anchoveta alcanzó 1.596.013 toneladas, lo que representa el 97,91% del Límite Máximo Total de Captura Permisible fijado en 1.630.000 toneladas para la segunda temporada de 2025 en la zona norte-centro.

Este nivel de cumplimiento refleja un desempeño alineado con las proyecciones del sector, en un contexto donde la sostenibilidad del recurso y el respeto de las cuotas siguen siendo factores determinantes para la continuidad de la actividad pesquera.

Etapa de mantenimiento y preparación operativa

Con la temporada concluida, las empresas del norte-centro han iniciado labores de mantenimiento en embarcaciones y plantas de procesamiento de harina y aceite de pescado. Estas tareas incluyen inspecciones técnicas en astilleros autorizados, así como la revisión de equipos industriales conforme a las especificaciones de los fabricantes.

En paralelo, la actividad en la zona sur continúa según la cuota vigente, mientras el resto del sector se alista para la primera temporada de 2026, que usualmente se desarrolla entre abril y junio, sujeta a los informes científicos del Instituto del Mar del Perú (Imarpe).

Riesgos climáticos y planificación del sector

Especialistas advierten que la planificación de la próxima campaña debe considerar variables climáticas y logísticas que podrían afectar las operaciones. En ese sentido, la prevención adquiere un rol central para mitigar posibles impactos en la actividad.

“Luego de cada temporada es importante revisar el estado de las embarcaciones, los equipos y los sistemas de protección financiera. La pesca es una actividad expuesta a riesgos operativos y climáticos, por lo que una adecuada gestión preventiva ayuda a reducir impactos ante eventuales incidentes”, señaló Gustavo Nole, Gerente Comercial de Marine Business & Aviation de Gallagher Perú.

Evaluación de riesgos y medidas preventivas

Reportes del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) alertan sobre la posibilidad de lluvias en distintas zonas del país durante el año, lo que ha llevado a algunas empresas a revisar sus estrategias de protección frente a eventos que puedan afectar la operación, el almacenamiento o el transporte.

En ese contexto, especialistas recomiendan evaluar de forma integral la preparación antes de cada campaña, considerando tanto aspectos operativos como mecanismos de cobertura ante riesgos. Esto incluye desde la revisión de embarcaciones hasta la planificación logística y la protección de infraestructura.

Recomendaciones para la próxima campaña

Entre las principales acciones sugeridas figuran la inspección del casco, maquinaria y sistemas de navegación de las embarcaciones, así como el mantenimiento preventivo de equipos críticos en plantas industriales. También se plantea revisar los protocolos de seguridad en faenas marítimas y procesos productivos.

Asimismo, se recomienda fortalecer la planificación logística y analizar mecanismos de protección financiera, como seguros para flota, transporte e infraestructura. “La estructura de riesgos en la pesca puede variar según el tamaño de la flota, la zona de operación y el tipo de actividad que realiza cada armador. Por eso, antes de cada temporada es recomendable revisar tanto los aspectos operativos como los mecanismos de protección disponibles para la actividad”, finaliza Gustavo Nole, Gerente Comercial de Marine Business & Aviation de Gallagher Perú.

Un paseo de pesca en la costa de Texas terminó en tragedia el miércoles 18 de marzo de 2026, cuando los cuerpos de un hombre de 28 años y su hijo de cuatro fueron recuperados en las aguas de Hog Bayou, cerca de Port Lavaca. El hallazgo se produjo tras horas de intensa búsqueda en la zona, un pequeño arroyo costero situado a unos 110 kilómetros al norte de Corpus Christi. El operativo fue confirmado por el Departamento de Seguridad Pública de Texas, que encabezó la recuperación de los cuerpos en este paraje frecuentado por familias para actividades recreativas.

El entorno de Hog Bayou es conocido por su tranquilidad y su atractivo para la pesca, lo que hace que la magnitud del hecho impacte aún más a la comunidad local. La zona combina áreas de aguas poco profundas y corrientes impredecibles, características que pueden resultar peligrosas, especialmente para quienes no están familiarizados con sus riesgos. La recuperación de los cuerpos tuvo lugar apenas horas después de que trabajadores de la Autoridad del Río Guadalupe-Blanco encontraran a dos niños pequeños solos en la rampa para botes de la bahía, lo que dio inicio a la investigación.

La cronología de los acontecimientos quedó marcada por el relato de los niños sobrevivientes, ambos hijos del hombre fallecido. Según informaron las autoridades, los pequeños, de cuatro y seis años, permanecieron en el área del arroyo desde la noche anterior, expuestos a las inclemencias del clima y a la incertidumbre tras haber presenciado el accidente. Los hermanos relataron que la familia había estado pescando hasta tarde y que, en un momento, uno de sus hermanos, también de cuatro años, cayó al agua de manera accidental.

En ese instante, según el testimonio de los niños, su padre no dudó en lanzarse al agua para intentar rescatar al pequeño. Sin embargo, ninguno de los dos volvió a salir a la superficie. Este relato, compartido por los guardabosques de Texas en una publicación oficial, fue clave para reconstruir el tiempo y las circunstancias en que ocurrió la tragedia. La noche transcurrió con los dos hermanos restantes solos, esperando ayuda en la orilla del arroyo. Al ser encontrados por el equipo de mantenimiento, los niños detallaron que habían permanecido en el lugar desde la noche anterior, lo que evidenció la gravedad y la rapidez con la que se desarrollaron los hechos.

El operativo de búsqueda y rescate se activó de inmediato tras la notificación recibida por la Oficina del Sheriff del Condado de Calhoun, que advirtió sobre la ausencia de la familia, “conocida por última vez pescando en Hog Bayou”. Esta alerta movilizó a una serie de organismos, entre ellos los guardabosques de Texas, el Departamento de Seguridad Pública de Texas, la División de Gestión de Emergencias de Texas, la propia Oficina del Sheriff del Condado de Calhoun y la organización sin fines de lucro Hunter Hadley’s Quest Inc., especializada en rescate acuático en Port Lavaca.

Los equipos desplegaron recursos terrestres y aéreos: barcos, aviones, drones y tecnología de imágenes térmicas para rastrear tanto las aguas como la costa del pantano. Según el reporte oficial, a partir del hallazgo de los niños, la búsqueda se intensificó y, en cuestión de horas, se logró localizar primero al padre, alrededor de la una de la tarde, y posteriormente al niño de cuatro años, cerca de las dos y media. Ambos fueron rescatados por el personal del Departamento de Seguridad Pública, aunque ya sin signos vitales.

Este despliegue coordinado ejemplificó la capacidad de respuesta ante emergencias de las autoridades locales y estatales, así como el compromiso de las organizaciones civiles en la región. La operación fue seguida de cerca por la comunidad, que aguardaba noticias sobre el desenlace de la tragedia.

La identidad de las víctimas no fue revelada públicamente en los comunicados oficiales, en respeto a la privacidad de la familia. Sin embargo, la organización Hunter Hadley’s Quest Inc. se refirió al padre como el “único sostén de la familia”, subrayando la dimensión de la pérdida que ahora enfrenta el núcleo familiar. La publicación de la entidad, difundida un día después del hallazgo, mencionó la “pesada carga” que supone para los sobrevivientes esta “pérdida inimaginable”.

El caso conmocionó a los residentes de Port Lavaca y sus alrededores, quienes reconocen la vulnerabilidad de quienes acuden a disfrutar de los espacios naturales de la región. La tragedia puso de manifiesto los riesgos asociados a actividades aparentemente simples como la pesca en familia, especialmente en áreas donde las condiciones del agua pueden variar repentinamente y presentar peligros para adultos y niños por igual.

El incidente también visibilizó el papel de los equipos de rescate y la importancia de la cooperación entre agencias para atender emergencias en entornos rurales y costeros. La rápida respuesta permitió esclarecer los hechos y brindar asistencia a los niños sobrevivientes, quienes permanecieron a salvo gracias a la intervención oportuna de las autoridades y los equipos de búsqueda.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, informó que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) dispondrá de más atribuciones para vigilar de manera estricta el uso de las ayudas implementadas tras la crisis generada por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. El Ejecutivo busca frenar posibles prácticas especulativas por parte de empresas beneficiarias de los subsidios estatales y garantizar que el dinero público se utilice para amortiguar el impacto económico en los sectores afectados. Según publicó el medio, las organizaciones agrarias han señalado que en las semanas recientes se detectó un incremento en la especulación y el alza de precios del gasóleo agrícola, lo que motivó a los productores a exigir la intervención de la CNMC.

Como parte de las acciones para mitigar el efecto de la guerra sobre la economía nacional, el Gobierno implementó un plan de 5.000 millones de euros compuesto por 80 medidas, según informó la agencia oficial. El paquete aprobado por el Consejo de Ministros extraordinario tiene como fin apoyar a sectores esenciales y preservar el poder adquisitivo de los hogares españoles, en especial en lo relacionado con los productos básicos de la canasta familiar.

El plan contempla descuentos de 20 céntimos por cada litro de combustible para agricultores, ganaderos, pescadores y transportistas, quienes podrán beneficiarse al repostar en sus vehículos, camiones, autobuses, ambulancias o furgonetas. El medio consignó que estos descuentos, sumados a la rebaja del IVA en carburantes del 21% al 10% —el mínimo que permite la normativa de la Unión Europea—, podrían traducirse en una reducción final de hasta 30 céntimos por litro, lo que representa un ahorro aproximado de 20 euros por vehículo.

La medida no solo se aplica a carburantes, sino que también incorpora un apoyo de igual cuantía destinada específicamente a la compra de fertilizantes para el sector agrícola, dado que la guerra ha encarecido estos insumos, lo que incide en el valor final de productos como el aceite. El descuento por la reducción del IVA será asumido por los consumidores finales que adquieran los carburantes y la ayuda se canalizará a través de la Agencia Tributaria y de las administraciones forales de País Vasco y Navarra.

El Ejecutivo fijó como plazo para la vigencia de estas ayudas el 30 de junio, periodo tras el cual se evaluará la situación. Según detalló el Gobierno, estas medidas buscan atender las demandas expresadas por los agricultores, ganaderos y pescadores ante el encarecimiento de los costos de producción como resultado del conflicto internacional.

Para facilitar la liquidez, el Gobierno amplió en 300 millones de euros la línea de créditos ICO-MAPA-Saeca, orientada al sector agroalimentario y marítimo-pesquero. De acuerdo con lo reportado por fuentes oficiales, con esta medida se pretende fortalecer la financiación de las empresas afectadas y garantizar la continuidad del suministro de alimentos.

El presidente Sánchez declaró en conferencia de prensa que los sectores beneficiados desempeñan un papel significativo en el tejido productivo del país y se han visto especialmente perjudicados por el contexto internacional, por lo que consideró prioritario evitar aumentos de precios adicionales en la cesta de la compra. Sánchez sostuvo que el Gobierno actuará con firmeza para castigar a cualquier empresa que obtenga un lucro indebido de las ayudas estatales, afirmando: “Es un dinero que pagan los ciudadanos con sus impuestos y debe volver íntegro a ellos. Por tanto, creo que un Gobierno y las autoridades competentes, lo que no podemos tolerar es que, por pura codicia, algunos intenten sacar tajada de esta guerra”.

La intervención de la CNMC responde, según publicó el medio, a las denuncias de organizaciones agrarias que han reclamado una vigilancia rigurosa tras detectar abusos de algunas compañías y una afectación directa en sus explotaciones debido al encarecimiento del gasóleo y demás insumos. El paquete de medidas, subrayó el Gobierno, está diseñado para beneficiar directamente a los 20 millones de hogares que existen en España, así como a tres millones de empresas.

El plan aprobado incluye tanto ayudas directas como modificaciones fiscales, con el propósito de controlar el costo de los alimentos básicos y asegurar que la economía nacional resista los efectos del conflicto. La distribución y pago de las ayudas se efectuará a través de los mecanismos ordinarios de la Administración central y las haciendas forales de territorios con régimen fiscal propio.

El Congreso de la República ha enviado a la congeladora diversos proyectos de ley que buscan anular el Decreto Supremo N° 006-2025-PRODUCE, una norma que cambió radicalmente las reglas para la fiscalización y sanción de la pesca industrial en áreas naturales protegidas del país.

Esta norma, aprobada por el Ministerio de la Producción (Produce) en abril de 2025, generó un vacío legal que impide sancionar a quienes pescan a gran escala en reservas marinas como Paracas, lo que ha provocado preocupación en comunidades locales, gremios ambientales y expertos del sector.

Un decreto que cambió las reglas en la fiscalización pesquera

El origen del problema está en la aprobación de este decreto, que modificó el Reglamento de la Ley General de Pesca y el reglamento de fiscalización y sanción de las actividades pesqueras y acuícolas, textos que venían rigiendo por más de veinte años.

La norma eliminó la autoridad clara para fiscalizar y sancionar la pesca industrial en Áreas Naturales Protegidas (ANP), a pesar de que la prohibición seguía vigente desde 2001.

Además, el decreto establece que una denuncia penal contra actividades ilegales solo puede presentarse una vez concluido el proceso administrativo, lo que puede tardar años. Antes, las denuncias penales podían hacerse en paralelo, lo que permitía actuar rápidamente.

La reacción fue inmediata: 19 exministros y exviceministros de distintos gobiernos expresaron públicamente su rechazo, argumentando que la norma no fortalece el control estatal, sino que lo debilita y facilita la impunidad de la pesca industrial en zonas protegidas.

El propio Congreso ha visto entrar iniciativas legislativas impulsadas por la congresista Silvana Robles y otros parlamentarios, destinadas a derogar el decreto y restituir la protección ambiental en estas áreas. Sin embargo, hasta ahora el debate sobre estos proyectos no ha avanzado.

Congreso no avanza con los proyectos para anular el decreto de Produce

El pasado 27 de febrero de 2026, la congresista Robles, presidenta de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, encabezó una reunión en el Museo de Sitio Julio C. Tello de Paracas junto a pescadores, dirigentes y representantes del Sernanp.

Allí, la legisladora criticó la falta de apoyo de bancadas tradicionales para avanzar con la derogatoria del decreto y lamentó que el Parlamento, tras el cambio de gobierno en julio, no incluya una comisión similar a la que ella preside, lo que dejaría sin voz institucional a quienes defienden estos temas en el Congreso.

En la reunión, pescadores y dirigentes locales manifestaron su preocupación por el impacto directo de la norma sobre la protección ambiental y el futuro de la pesca artesanal.

Ya antes los pescadores habían pedido reunirse con los últimos ministro del sector, Sergio González y el ya ratificado César Quispe Luján, para advertir sobre la posible legalización de actividades extractivas en áreas protegidas. No fueron atendidos, y el Congreso en su totalidad tampoco lo hizo, en lo que consideraron un “silencio cómplice”.

La situación es crítica. Para frenar la intentona, existe un dictamen aprobado que agrupa los 3 proyectos antes citados, el cual está listo para ser priorizado en la agenda del Pleno del Congreso de la República:

• Proyecto de Ley 5666/2023: Roberto Kamiche, Reymundo Cortez, Bazán, Limachi, Echeverría,
• Proyecto de Ley 6668/2023: Karol Paredes
• Proyecto de Ley 7157/2023: Kira Alcarraz, Paredes C., Picón, Juárez C., Luna, Zeballos

¿Empresas sancionadas podrían beneficiarse del nuevo marco?

El decreto de Produce cambió las categorías de zonas protegidas, eliminando el concepto de “áreas reservadas”, clave para la defensa de espacios como Paracas.

Ahora solo existen las zonas suspendidas, no permitidas, restringidas y prohibidas, pero ninguna de estas menciona expresamente a las áreas naturales protegidas ni a las que gestiona el Sernanp.

Esto deja un vacío legal y sin herramientas claras para sancionar a embarcaciones industriales que ingresen a estos lugares, aunque tengan protección especial.

Otro efecto preocupante es que las empresas sancionadas en el pasado pueden beneficiarse de la llamada “retroactividad benigna”, pidiendo que se les aplique el nuevo reglamento si les resulta más favorable, lo que podría anular multas impuestas por el sistema anterior.

Sanciones más flexibles y menos control sobre la pesca ilegal

Entre 2020 y 2021, 11 empresas pesqueras —8 de ellas afiliadas a la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP)— fueron sancionadas por actividades ilegales en Paracas, sumando multas por más de 12 millones de soles. Ahora, esas sanciones podrían quedar en nada, según Robles.

El decreto además flexibiliza la suspensión o cancelación de permisos, que solo aplica después de la tercera o cuarta infracción, y permite que si no se puede decomisar el producto ilegal, el infractor solo deba pagar su valor comercial.

Si no paga en 15 días, el caso se deriva a la Procuraduría, sin medidas inmediatas. La información satelital debe ser compartida por el Ministerio de la Producción con el Sernanp, pero este último no tiene potestad sancionadora, dejando a las áreas protegidas sin defensa real.

El conflicto judicial sigue: Corte Suprema y la controversia en Nasca

En el ámbito judicial, la controversia persiste. Robles recordó en Paracas que, en enero de 2026, la Corte Suprema de Perú ratificó la prohibición de la pesca industrial en áreas protegidas, incluida Paracas, al rechazar la demanda de la SNP.

Sin embargo, la disputa sigue abierta en la Reserva Dorsal de Nasca, donde la SNP busca habilitar la pesca industrial, pese al fallo judicial, detalló. El proceso todavía sigue en curso, dejando la protección de los ecosistemas marinos en la incertidumbre.

Para la legisladora, el resultado de esta reforma legal es claro: “menos posibilidades de sancionar la pesca ilegal, un marco político y judicial paralizado y una protección ambiental cada vez más debilitada”, mientras el Congreso no avanza con los proyectos de ley que podrían revertir la situación.

A medida que los inviernos se vuelven más cálidos en el hemisferio norte, el número de muertes por caídas a través del hielo aumentó, especialmente en comunidades indígenas como Kotzebue en Alaska, donde el deshielo temprano y el acortamiento de las temporadas seguras ponen en riesgo la seguridad y la subsistencia de miles de personas que dependen de la caza y la pesca, según información de Associated Press.

Esta alteración del ciclo estacional tradicional, impulsada por el cambio climático, implica un riesgo mortal inmediato, como ilustran tragedias recientes, y una degradación del conocimiento ancestral sobre el comportamiento del hielo.

Los datos presentados por Associated Press vinculan estas tragedias con el calentamiento global; investigaciones recientes muestran que los lagos del planeta pierden alrededor de 17 días de cobertura de hielo por siglo, con una aceleración del fenómeno a un ritmo seis veces mayor en los últimos 25 años.

Como resultado, la temporada de hielo en el mar de Bering es actualmente más de 40 días más corta que en la década de 1970, y en Kotzebue, la temporada de caza de focas se redujo en 26 días en comparación con hace una década.

Un caso reciente, documentado por Associated Press, muestra el impacto humano de estos cambios. Elmer Brown, de 45 años, falleció de hipotermia en noviembre de 2025 al caer con dos amigos en aguas heladas mientras cazaban caribú sobre un canal congelado al norte de Alaska.

Uno de sus acompañantes también murió ahogado. El episodio afectó a la comunidad de Kotzebue, mayoritariamente inupiaq, que durante generaciones dependió del hielo para su sustento. No es la primera vez que la familia Brown enfrenta esta tragedia: el padre de los hermanos Brown murió ahogado en 1999 durante una cacería de focas.

La transición hacia periodos de hielo menos predecibles transforma la seguridad física y la viabilidad de modos de vida ancestrales en Alaska. Tristen Pattee, habitante de la región, explica que la caza tradicional de caribú, antes realizada en agosto y septiembre en bote, suele postergarse a octubre o noviembre, coincidiendo con la formación peligrosa e incierta del hielo.

Nuevos riesgos y hechos documentados: pérdida del hielo y mortalidad creciente

Un estudio liderado por Sapna Sharma, profesora de biología en la Universidad de York, citado por Associated Press, analizó más de 4.000 muertes por ahogamiento invernal en 10 países entre 1991 y 2017.

El informe concluyó que el riesgo de mortalidad se multiplica por cinco cuando las temperaturas ascienden cerca del punto de congelación. Los meses críticos son marzo y abril, cuando la disminución de la nieve deja pasar más luz solar, debilitando el hielo interna y peligrosamente.

En Alaska, un estudio publicado en 2013 en la revista científica Journal of Public Health registró que entre 1990 y 2010 al menos 112 personas murieron tras caer al agua, con vehículos motorizados como motos de nieve presentes en la mitad de los casos.

Las etapas de mayor riesgo corresponden a los meses de cambio, noviembre y marzo, cuando el hielo se está formando o derritiendo y la urgencia de cazar o trasladarse impulsa a asumir mayores riesgos.

Las estrategias regionales de adaptación varían. En Minnesota y Wisconsin, la reducción de límites de velocidad y la ampliación de programas de seguridad redujeron los fallecimientos vinculados al hielo. Países como Alemania e Italia presentan bajas tasas de accidentes, atribuidas a regulaciones exigentes y altos niveles de cumplimiento.

En contraste, en Estonia y Letonia la mortalidad resulta mayor, debido a costumbres como la pesca sobre hielo junto al consumo de alcohol. En Canadá, la gran cantidad de lagos y la extensión territorial complican la implementación de controles efectivos.

Impacto en culturas indígenas, ecosistema y subsistencia

La inestabilidad del hielo afecta la seguridad alimentaria y la transmisión intergeneracional del conocimiento indígena. El aislamiento estacional —cuando el hielo aún es demasiado frágil para las motos pero ya no permite embarcaciones— deja a pueblos enteros sin acceso a recursos básicos.

Más del 80% de las comunidades de Alaska no están conectadas por carretera, dependiendo de las vías fluviales congeladas durante el invierno.

La reducción de la capa de hielo repercute en la cadena alimentaria. El hielo marino, según explica Andy Mahoney, profesor de geofísica del hielo en la Universidad de Alaska Fairbanks, regula brotes algales que alimentan a plancton y peces, fundamentales para especies como ballenas, morsas y narvales.

Alex Whiting, director del programa ambiental del consejo tribal de la Native Village of Kotzebue, advierte que la pérdida de días aptos para la caza y la pesca agrava la inseguridad alimentaria en la región. “Cada día que no se puede salir a cazar o pescar es un día más en que la comunidad corre el riesgo de no tener qué comer, porque se pierde una oportunidad en el año”, explica.

Whiting añade que el equilibrio del entorno depende del hielo: “El ártico solo funciona cuando está congelado —por eso es el ártico—. Todo aquí ha evolucionado para permanecer helado la mayor parte del año. Y cuando eso ya no ocurre, todo empieza a desmoronarse”.

El futuro ante la desaparición del hielo y la transformación del riesgo

Para Sharma, el desenlace de este proceso aparece documentado en los estudios científicos. Si las emisiones de gases de efecto invernadero persisten sin reducción, numerosos lagos dejarán de congelarse antes de que finalice el siglo.

“Si seguimos liberando gases de efecto invernadero al ritmo actual, miles de lagos ya no se congelarán y la gente dejará de caer por el hielo”, precisa Sharma a Associated Press.

La caída de los ahogamientos no será fruto de una mayor seguridad, sino de la extinción de las condiciones que hacían posible estas actividades generacionales.

La recuperación de la actividad pesquera en el Lago Titicaca motivó la puesta en marcha de una nueva iniciativa binacional orientada a reforzar el manejo sostenible de los recursos hidrobiológicos. La propuesta fue presentada por la Autoridad Binacional Autónoma del Lago Titicaca y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, con el propósito de promover acciones coordinadas en esta cuenca compartida por Perú y Bolivia.

El anuncio se realizó en el marco de un encuentro internacional desarrollado en Puno, donde especialistas, autoridades y representantes de organizaciones pesqueras de ambos países evalúan el estado actual de los recursos del lago. Durante la cita, el presidente ejecutivo de la ALT, Juan Ocola Salazar, destacó la importancia de implementar medidas conjuntas para enfrentar los desafíos que afectan a la pesca en la zona altiplánica.

Planificación binacional para la pesca

La iniciativa contempla avanzar en la elaboración del Plan Binacional de Ordenamiento Pesquero del Titicaca, instrumento que busca consolidar criterios comunes de gestión entre las autoridades de los dos países. Este proceso apunta a fortalecer la gobernanza del sector mediante la definición de lineamientos orientados a garantizar la sostenibilidad de la actividad en el mediano y largo plazo.

Según explicó Ocola Salazar, la estrategia se basa en el impulso de espacios de cooperación técnica que permitan articular decisiones consensuadas. La participación de instituciones científicas, organizaciones de pescadores y la sociedad civil forma parte de este enfoque, orientado a recuperar las poblaciones de especies y asegurar su aprovechamiento responsable.

Evaluación científica y gestión del recurso hídrico

El proyecto prevé la realización de diagnósticos participativos del sistema pesquero, así como acciones destinadas al manejo de los recursos hídricos compartidos. Entre las tareas previstas figura el fortalecimiento del monitoreo de las especies hidrobiológicas y la promoción del intercambio de información especializada entre entidades de ambos países.

Estas acciones buscan contribuir a una mejor toma de decisiones en materia de administración pesquera. La creación de mecanismos de coordinación técnica entre las instituciones competentes también es considerada una herramienta clave para consolidar una gestión más eficiente del ecosistema lacustre.

Importancia socioeconómica y desafíos ambientales

El Titicaca constituye uno de los sistemas de agua dulce más relevantes de América del Sur y representa una fuente esencial de ingresos para miles de familias dedicadas a la pesca artesanal. En ese contexto, la iniciativa es vista como un paso relevante hacia la adopción de un modelo productivo que combine la conservación de la biodiversidad con el bienestar de las comunidades ribereñas.

No obstante, el lago enfrenta una disminución significativa de sus especies nativas debido a factores como la sobreexplotación, la contaminación y los efectos del cambio climático, además de la presencia de especies introducidas y limitaciones en los esquemas de coordinación binacional. “El Lago Titicaca es un ecosistema compartido entre Perú y Bolivia, y su conservación requiere un esfuerzo conjunto”, afirmó el titular de la ALT, quien añadió que “Como ALT impulsamos estrategias de cooperación binacional orientados a fortalecer la gestión sostenible de la pesca en el lago en coordinación con instituciones, científicos y pescadores de ambos países”.

La captura de calamar durante el primer bimestre de 2026 marcó un récord histórico para la actividad pesquera argentina y ya duplicó los volúmenes obtenidos en el mismo período del año pasado. Se trata de la especie más capturada del país, con más de 120.000 toneladas desembarcadas en apenas dos meses, según informó la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, a través de la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Acuicultura.

De acuerdo con los datos oficiales, la captura de calamar Illex pasó de 62.221 toneladas en el primer bimestre de 2025 a 123.679 toneladas en igual período de 2026. El crecimiento se observó en todos los puertos del país y, en sólo dos meses, el volumen desembarcado ya se acerca al total registrado durante todo el año pasado, lo que confirma un inicio de campaña excepcional para el sector.

El aumento también se reflejó en todas las flotas. Tanto la flota de dedicación exclusiva como la de arrastre registraron fuertes subas. La flota potera, que en 2025 había mostrado muy buenos resultados, ya alcanzó en este comienzo de año el 60% de lo capturado en todo el ciclo anterior, mientras que la flota arrastrera superó el 75% del total registrado durante el año pasado.

Desde el área oficial explicaron que este fenómeno responde principalmente al incremento en la abundancia del recurso. La pesca de calamar se realiza durante su temporada, que se extiende de enero a agosto, aunque en los últimos años la actividad se concentró con mayor intensidad en el verano. En 2026 se detectaron concentraciones récord en relación con la serie histórica, lo que explica el fuerte salto en los desembarques.

El buen desempeño no se limitó al calamar. Otras especies también mostraron subas en el primer bimestre, entre ellas la merluza Hubbsi al sur del paralelo 41, con un incremento del 21%, y la merluza Hubbsi al norte de esa latitud dentro de la Zona Económica Exclusiva Argentina, que creció un 96%. A esto se suman mejores resultados en rayas y abadejo, lo que consolida un comienzo de año positivo para el conjunto de la actividad pesquera.

Los datos oficiales se complementan con los publicados por el INDEC, que registró en enero un aumento del 53,7% en la pesca marítima y del 32% en acuicultura. Este desempeño impactó directamente en el índice de producción industrial pesquero, que mostró una suba interanual del 49,9% en enero de 2026, impulsado principalmente por el fuerte crecimiento de la actividad extractiva en el mar.

Desde el 1 de abril al 30 de junio de 2026, quedará prohibida la pesca de la especie merluza (Merluccius hubbsi) y el uso de artes de pesca de fondo en un sector delimitado de la Zona Común de Pesca entre Argentina y Uruguay.

Esta medida abarca un área específica definida por cinco puntos geográficos y responde a la necesidad de preservar las concentraciones de ejemplares juveniles de esta especie.

La medida se hizo efectiva mediante la publicación de la resolución 01/2026, en el Boletín Oficial de la República Argentina y en el Diario Oficial de la República Oriental del Uruguay. La desición ambién prohibe el uso de redes de media agua durante el horario nocturno en el mismo sector.

Según lo dispuesto, la veda se aplicará en la zona comprendida entre los puntos 35°00’S - 52°27’W, 35°07’S - 52°10’W, 36°27’S - 53°45’W, 37°38’S - 54°56’W y 37°38’S - 55°51’W. Se informó que toda transgresión a la resolución será considerada un incumplimiento grave.

La decisión surge tras investigaciones conjuntas entre Argentina y Uruguay, realizadas bajo el marco del Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo. Los estudios confirmaron la presencia de áreas de concentración de juveniles de merluza en la Zona Común de Pesca, lo que motivó la recomendación de la Subcomisión de Recursos Vivos para establecer una veda temporal.

El documento indica que la medida busca contribuir a la conservación y explotación sostenible de la merluza. La restricción temporal pretende proteger las áreas donde se concentran los ejemplares jóvenes, garantizando la continuidad y recuperación del recurso pesquero.

La resolución instruye que se comunique la decisión tanto al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina como al Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Oriental del Uruguay, siguiendo los procedimientos habituales entre ambos países.

Récord histórico de pesca del calamar

La noticia se conoce horas después de que se revelara un dato clave respecto a la pesca en la zona. En el primer bimestre del año la captura de calamar illlex, una de las especies más valiosas y atractivas del Mar Argentino superó las 120.000 toneladas, casi duplicando los registros de igual período de 2025, según informó la Secretaría de Agricultura Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación.

Los niveles de captura de la especie, por volumen la más abundante de la pesca marítima del país, pasaron de 62.221 a 123.679 toneladas. “El crecimiento se observó en todos los puertos, alcanzando en estos dos meses, casi la totalidad de lo desembarcado en todo el 2025”, dice el comunicado oficial.

Además, el informe resalta que el aumento de los niveles de captura se observa “en todas las flotas, tanto la de dedicación exclusiva en esta especie (los llamados “poteros”), como la de arrastre”.

La flota potera, que en 2025 ya había tenido muy buenos rendimientos, alcanzó en los dos primeros dos meses el 60% de lo capturado en todo el año pasado, en tanto que la flota arrastrera ha superado el 75% de su marca anual.

Según el informe de la Secretaría, el fenómeno responde al incremento de la abundancia de los recursos. La pesca de calamar se efectúa durante su “temporada” que va de enero a agosto, pero en los últimos años se ha concentrado mayormente en el verano. Este año ha encontrado concentraciones récord con respecto a la serie histórica. Otras especies también mostraron una suba en el primer bimestre de este año, como diferentes áreas de captura de merluza hubbsi, que tuvieron aumentos interanuales de captura interanuales de 21 a 96 por ciento. También de raya y abadejo mostraron una buena performance.

Estos datos se complementan con los del Indec, que registró en enero un aumento interanual del 53,7% en pesca marítima y un 32,5% en acuicultura. La situación impactó sobre el índice de producción industrial pesquero (IPP) que ya en enero había mostrado un aumento del 49,9% interanual, propulsado por el incremento del 53,7% del mismo indicador referido a la pesca marítima y en particular por la captura de moluscos, familia a la que pertenece el calamar illex argentinus o pota argentina, un molusco cefalópodo considerado uno de los invertebrados marinos más importantes para la pesca comercial en el Atlántico Sur.

A su vez, el calamar es la especie que más atrae el interés de la flota pesquera china “de aguas distantes” que pesca al borde y ocasionalmente al interior del “Mar Argentino”, como se denomina el área de hasta 200 millas marinas desde la costa continental que es “Zona Económica Exclusiva” para los buques de bandera nacional.

La Confederación Española de Pesca (Cepesca) y la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP) han alertado en los últimos días sobre el riesgo de que la actividad pesquera nacional frene debido al encarecimiento abrupto de los costes vinculados a la actual crisis en Oriente Próximo. Estas organizaciones han avanzado que, en el encuentro de este lunes con representantes gubernamentales, solicitarán la adopción de mecanismos que mitiguen los gastos en el sector, entre los que destacan la reducción del precio del combustible, ayudas estatales por buque y una posible revisión temporal del IVA en los productos pesqueros. El objetivo de estas demandas se centra en garantizar la continuidad de la pesca y evitar disrupciones en el suministro alimentario, en un contexto marcado por una inestabilidad geopolítica que ya repercute en la economía nacional.

Según informó el medio, el Gobierno ha organizado para este lunes una serie de reuniones entre altos funcionarios y representantes de los sectores alimentario, pesquero y agrario, en respuesta al aumento de presiones económicas resultado del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán. De acuerdo con el texto, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, abrirá la jornada estableciendo un diálogo con Cepesca y la FNCP, quienes expondrán la necesidad de apoyo estatal inmediato frente al incremento de costes que afronta la flota.

Tal como detalló la fuente, entre las peticiones concretas que llevará la patronal pesquera figura la creación de medidas que disminuyan el precio de los carburantes para barcos, así como el aumento de los límites de ayudas directas que el Estado concede, pero gestionadas por buque, en vez de por empresa. Además, sostienen la conveniencia de evaluar la opción de suspender o reducir temporalmente el IVA sobre los productos relacionados, una vía para aliviar la presión financiera a lo largo de toda la cadena de valor pesquera.

Después de la reunión con el sector pesquero, Planas y el ministro de Economía, Empresa y Comercio, Carlos Cuerpo, se reunirán cerca del mediodía en el Ministerio de Economía con representantes de la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB), así como con el sector de fertilizantes y piensos, según consignó la fuente original. Ya en horario vespertino, a las 18:00, el responsable de Agricultura tiene previsto un nuevo encuentro con las principales organizaciones profesionales agrarias —Asaja, COAG, UPA y Unión de Uniones— y con portavoces de cooperativas agroalimentarias, continuando así la ronda de consultas directas con los grupos demandantes de soluciones ante la escalada de precios.

Estas reuniones suceden pocos días después de un encuentro de alto nivel mantenido el pasado jueves entre miembros del Ejecutivo, sindicatos y representantes empresariales. De acuerdo con el texto, la reunión estuvo encabezada por las vicepresidentas primera y segunda, María Jesús Montero y Yolanda Díaz, junto a la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen; el titular de Economía, Carlos Cuerpo, y la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz. El principal objetivo de dicho encuentro fue abordar posibles mecanismos de protección social y económica ante el deterioro de las condiciones derivadas del conflicto en Oriente Próximo.

Tras esa cita, Carlos Cuerpo anunció que el Gobierno se encuentra elaborando un real decreto ley que incluya respuestas fiscales para frenar el alza en los costes energéticos. Según publicó la fuente, la propuesta gubernamental se enmarca en el diseño de apoyos destinados especialmente a la agricultura y al transporte por carretera, sectores que también se ven intensamente afectados por la coyuntura geopolítica. A pesar de la presión existente, el Ejecutivo ha mostrado reservas sobre la reedición de medidas como la bonificación de 0,20 euros por litro de carburante aplicada durante la guerra en Ucrania, así como sobre nuevas rebajas al IVA en alimentos. Según explicó Cuerpo, la posición oficial consiste en estudiar con detalle cada alternativa antes de decidir si se aplican estos mecanismos compensatorios de manera análoga a episodios anteriores.

El ministro de Economía enfatizó que la respuesta estatal priorizará los sectores que más sienten el impacto de la guerra, principalmente el campo y el transporte, y que la estrategia del Gobierno para mitigar los efectos sobre la economía nacional se compone de cuatro ejes centrales. Los primeros dos se centran en avanzar en la transición hacia energías renovables, electrificación y adaptación ecológica, considerados factores clave para moderar la vulnerabilidad ante crisis externas. Los otros dos puntos buscan reducir el coste de la electricidad y del conjunto de la energía, priorizando para ello medidas fiscales específicas.

Según remarca la información original, el plan que prepara el Ejecutivo apuesta por el rigor, la flexibilidad y la capacidad de adaptación para responder a la evolución del conflicto en Oriente Próximo y su impacto económico interno. Las autoridades han dado prioridad a establecer contactos directos con los sectores más expuestos, a fin de identificar soluciones que permitan mantener la actividad y frenar un posible aumento insostenible de costes para agricultores, pescadores y actores de la industria alimentaria.

Un diagnóstico técnico sobre el estado del ambiente marino-costero del Pacífico panameño advierte que la región enfrenta crecientes presiones ambientales vinculadas a la sobreexplotación pesquera, la contaminación y la expansión de especies invasoras, factores que podrían comprometer la sostenibilidad de uno de los ecosistemas más productivos del país.

El estudio fue elaborado en el marco del proyecto Pacífico Sostenible, financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF), implementado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y ejecutado por WWF Mesoamérica, con participación de autoridades e instituciones científicas.

El documento, titulado Diagnóstico del Estado del Ambiente Marino-Costero del Pacífico de Panamá, señala que uno de los principales desafíos actuales es la presión sobre los recursos pesqueros, impulsada por la sobreexplotación, la pesca ilegal no declarada y no reglamentada y la captura incidental de especies.

Estas prácticas afectan directamente a poblaciones de peces y otros organismos marinos, generando riesgos para la seguridad alimentaria y los medios de vida de miles de familias que dependen de la pesca artesanal en las comunidades costeras.

El informe también advierte sobre el impacto creciente de la contaminación marina, derivada de vertidos de aguas residuales, escorrentía agrícola, residuos sólidos y plásticos que terminan en el océano.

Según el diagnóstico, estas descargas afectan la calidad del agua, los ecosistemas costeros y la biodiversidad marina, especialmente en zonas donde convergen actividades humanas intensivas como puertos, transporte marítimo, turismo y centros urbanos.

Otro riesgo identificado es la expansión de especies invasoras, muchas veces introducidas por el transporte marítimo internacional a través del agua de lastre o adheridas a los cascos de embarcaciones.

Estas especies pueden alterar el equilibrio de los ecosistemas marinos al competir con especies nativas o modificar las cadenas alimentarias, lo que representa una amenaza creciente para la biodiversidad del Pacífico panameño.

El informe menciona casos como Didemnum perlucidum, una ascidia invasora detectada en el Golfo de Chiriquí que puede desplazar corales y alterar ecosistemas marinos, así como Anomia peruviana y Saccostrea sp., moluscos considerados especies introducidas. También se han identificado organismos como el cangrejo de lodo norteamericano Rhithropanopeus harrisii, además de parásitos marinos como Perkinsus y Raillietiella frenata, cuya presencia genera preocupación por sus posibles impactos sobre la biodiversidad y las actividades pesqueras.

El estudio advierte que estas especies suelen ingresar a nuevos ecosistemas a través del agua de lastre de los buques o adheridas a los cascos de embarcaciones, lo que puede provocar cambios en las cadenas alimentarias, competencia con especies nativas y alteraciones en los ecosistemas costeros.

El diagnóstico subraya que el litoral pacífico de Panamá alberga ecosistemas críticos como manglares, arrecifes de coral, praderas de pastos marinos y zonas de alta productividad biológica, que cumplen funciones esenciales para el equilibrio ambiental.

Estos hábitats actúan como zonas de reproducción, refugio y alimentación para numerosas especies marinas, además de proteger las costas frente a la erosión y contribuir a la captura de carbono.

En términos económicos y sociales, el informe destaca que el océano Pacífico panameño sostiene actividades clave como la pesca artesanal, el turismo costero y la acuicultura, sectores que generan ingresos para miles de personas.

Se estima que alrededor del 85% del pescado consumido en comunidades locales proviene de la pesca artesanal, mientras que el turismo vinculado al litoral representa una fuente importante de empleo y desarrollo regional.

El diagnóstico recuerda además que el Pacífico de Panamá forma parte del Gran Ecosistema Marino del Pacífico Costero Centroamericano (GEM-PACA), un sistema ecológico compartido por nueve países que se extiende desde México hasta Ecuador.

Esta región concentra recursos marinos migratorios y ecosistemas transfronterizos de gran valor ecológico y económico, lo que hace necesaria una gestión regional coordinada para proteger los recursos marinos compartidos.

Frente a estos desafíos, el estudio plantea recomendaciones orientadas a fortalecer la gobernanza ambiental y mejorar la gestión de los recursos marinos.

Entre las medidas propuestas se incluyen reforzar los sistemas de monitoreo científico, fortalecer la coordinación interinstitucional y promover políticas que combatan la pesca ilegal, así como impulsar estrategias para reducir la contaminación y mejorar la calidad del agua en las zonas costeras.

El viceministro de Ambiente, Oscar Vallarino, destacó que el Pacífico panameño constituye uno de los mayores patrimonios naturales del país y es una fuente de sustento para miles de familias.

Según el funcionario, el diagnóstico proporciona una base científica sólida para orientar decisiones públicas que permitan aprovechar los recursos marinos de manera sostenible, evitando que las presiones actuales deterioren los ecosistemas.

Desde la perspectiva internacional, representantes de organismos vinculados al proyecto subrayaron que el estudio permite avanzar hacia una visión regional compartida sobre la gestión del océano Pacífico.

El objetivo es que los países involucrados puedan transformar la evidencia científica en compromisos concretos de conservación y desarrollo sostenible, fortaleciendo la cooperación entre gobiernos, científicos y comunidades costeras.

El diagnóstico también identifica oportunidades para desarrollar la llamada economía azul, un modelo que busca aprovechar los recursos marinos de manera sostenible mientras se protege la salud de los ecosistemas.

En este enfoque se promueve la participación de comunidades locales, mujeres y jóvenes en la gestión ambiental, así como la adopción de soluciones basadas en la naturaleza para enfrentar los desafíos climáticos y ambientales.

Finalmente, los autores del informe destacan que contar con información científica actualizada sobre el estado del ambiente marino-costero permitirá a Panamá diseñar políticas públicas más efectivas para proteger sus recursos oceánicos, garantizar la seguridad alimentaria y promover actividades económicas compatibles con la conservación.

En un contexto de presión creciente sobre los océanos del mundo, el estudio plantea que la sostenibilidad del Pacífico panameño dependerá de acciones coordinadas entre gobierno, sector privado, comunidades y organismos internacionales.

En el primer bimestre del año la captura de calamar illlex, una de las especies más valiosas y atractivas del Mar Argentino superó las 120.000 toneladas, casi duplicando los registros de igual período de 2025, informó la Secretaría de Agricultura Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación.

Los niveles de captura de la especie, por volumen la más abundante de la pesca marítima del país, pasaron de 62.221 a 123.679 toneladas. “El crecimiento se observó en todos los puertos, alcanzando en estos dos meses, casi la totalidad de lo desembarcado en todo el 2025”, dice el comunicado oficial.

Además, el informe resalta que el aumento de los niveles de captura se observa “en todas las flotas, tanto la de dedicación exclusiva en esta especie (los llamados “poteros”), como la de arrastre”.

La flota potera, que en 2025 ya había tenido muy buenos rendimientos, alcanzó en los dos primeros dos meses el 60% de lo capturado en todo el año pasado, en tanto que la flota arrastrera ha superado el 75% de su marca anual.

Según el informe de la Secretaría, el fenómeno responde al incremento de la abundancia de los recursos. La pesca de calamar se efectúa durante su “temporada” que va de enero a agosto, pero en los últimos años se ha concentrado mayormente en el verano. Este año ha encontrado concentraciones récord con respecto a la serie histórica. Otras especies también mostraron una suba en el primer bimestre de este año, como diferentes áreas de captura de merluza hubbsi, que tuvieron aumentos interanuales de captura interanuales de 21 a 96 por ciento. También de raya y abadejo mostraron una buena performance.

Producción Industrial Pesquera

Estos datos se complementan con los del Indec, que registró en enero un aumento interanual del 53,7% en pesca marítima y un 32,5% en acuicultura. La situación impactó sobre el índice de producción industrial pesquero (IPP) que ya en enero había mostrado un aumento del 49,9% interanual, propulsado por el incremento del 53,7% del mismo indicador referido a la pesca marítima y en particular por la captura de moluscos, familia a la que pertenece el calamar illex argentinus o pota argentina, un molusco cefalópodo considerado uno de los invertebrados marinos más importantes para la pesca comercial en el Atlántico Sur.

A su vez, el calamar es la especie que más atrae el interés de la flota pesquera china “de aguas distantes” que pesca al borde y ocasionalmente al interior del “Mar Argentino”, como se denomina el área de hasta 200 millas marinas desde la costa continental que es “Zona Económica Exclusiva” para los buques de bandera nacional.

Siempre al acecho

Como informó recientemente Infobae, los movimientos medidos en los últimos doce meses evidencian el abrumador dominio de la flota china pescando en las narices del Mar Argentino. Sobre 776 buques de pesca de aguas distantes cuyos movimientos observó el sistema Guardacostas de la Prefectura Naval Argentina (PNA), 418 son de bandera china, aunque también es posible que también todos o la mayoría de los 28 con bandera de Vanuatu sean en realidad propiedad de empresas chinas.

Con sus luces encendidas, los “poteros” chinos pescan de noche (el calamar es una especie fotosensible) y su número y concentración semeja las luces de una ciudad al borde del Mar Argentino.

Para combatir el azote de la flota potera china un arma de utilidad sería el Acuerdo de Medidas del Estado Rector de Puerto, impulsado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.

Esta semana, las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Presupuesto y Hacienda del Senado emitieron dictamen favorable para que la Argentina adhiera a ese acuerdo internacional. Allí se consideró que esa pesca constituye una amenaza directa sobre la sustentabilidad de los recursos pesqueros y sobre la competitividad de la flota argentina, en especial frente a la presión que ejerce la actividad extractiva sobre el calamar en el límite de la Zona Económica Exclusiva (esto es, “la Milla 201”).

El acuerdo impulsado por la FAO busca fijar estándares mínimos y mecanismos de cooperación entre Estados para reforzar controles, exigir información anticipada a los buques y facilitar el intercambio de datos entre autoridades portuarias, buscando entre otras cosas evitar la proliferación de “puertos de conveniencia” y cerrar espacios operativos a las flotas asociadas con la pesca ilegal. La flota china “de aguas distantes” tiene el apoyo de buques de recarga de combustible y de descarga de captura y utiliza como “conveniencia” el puerto de Montevideo.

El acuerdo establece un sistema de controles portuarios que permite a los Estados, inspeccionar buques extranjeros antes de permitir su ingreso o descarga. Entre las medidas previstas se encuentra la obligación de que las embarcaciones presenten información detallada sobre el barco, su carga, la bitácora de navegación, las operaciones de pesca realizadas, la cantidad de capturas y las autorizaciones correspondientes.

Además, prevé mecanismos de intercambio de información e inteligencia entre los países parte, lo que busca cerrar los circuitos logísticos que utilizan las flotas que operan al margen de las regulaciones. En un contexto marcado por la creciente presión de flotas extranjeras en el Atlántico Sur, la adhesión al instrumento es considerada por distintos sectores como una herramienta adicional para fortalecer los mecanismos de control y cooperación internacional en la lucha contra la pesca ilegal, principalmente de centenares de buques chinos, impulsada y subsidiada por el propio estado chino.

La ampliación del acuerdo incorpora ahora a Castilla-La Mancha y Andalucía, dos comunidades que no participaron en el marco legal de 2017 y cuya adhesión modifica de forma sustancial el alcance y la cobertura de las licencias interautonómicas. Según informó el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, este convenio facilita a cazadores y aficionados a la pesca la realización de estas actividades en todas las regiones adheridas mediante una única autorización, eliminando la necesidad de diversos trámites específicos por cada territorio.

El convenio, publicado este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), fue firmado entre el Ministerio y diez comunidades autónomas: Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunitat Valenciana, Extremadura, Galicia, Madrid, Principado de Asturias y Región de Murcia. De acuerdo con lo reportado, este nuevo marco sustituye al sistema anterior adoptado en 2017 y unifica los procedimientos administrativos en las regiones firmantes, permitiendo así prácticas de caza y pesca en aguas continentales con solo una licencia válida en todos los territorios incluidos.

El medio especificó que el objetivo de la medida es eliminar los trámites individuales requeridos hasta ahora en cada comunidad autónoma para la obtención de permisos, agilizando la gestión y mejorando la movilidad de los usuarios. Las licencias tendrán un periodo de validez de un año y se establecen tarifas fijas de 70 euros para las licencias de caza y 25 euros para las de pesca en aguas interiores. Tal como detalló el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, este sistema pretende además fortalecer la colaboración técnica y económica entre administraciones públicas, promoviendo una gestión más eficiente de los recursos y la normatividad vinculada.

En la práctica, la medida habilita a los ciudadanos que obtengan la licencia interautonómica a ejercer la caza o la pesca en todo el ámbito territorial de las comunidades que han suscrito el acuerdo, sin necesidad de realizar procedimientos diferentes en cada una. Según explicó el departamento dirigido por Luis Planas, otra de las novedades radica en el intercambio automático de información sobre sanciones: si un usuario incurre en una inhabilitación por infracciones en una región, esa restricción se renueva instantáneamente en las demás comunidades adheridas.

La plataforma Licicaz-web, implementada para soportar la gestión de las licencias, recoge y transmite los datos necesarios entre las administraciones. Según publicó el Ministerio, esta herramienta permite que los técnicos accedan en tiempo real a las altas y bajas de usuarios y comprueben el cumplimiento de los requisitos necesarios para la obtención de los permisos. De este modo, la operatividad del sistema queda garantizada por la digitalización de los procesos y la coordinación inmediata entre los diferentes organismos involucrados.

Además de simplificar la burocracia, el Ministerio destacó que el nuevo acuerdo responde a las exigencias de sostenibilidad y eficiencia, integrando la protección medioambiental con el desarrollo económico de las zonas rurales donde la caza y la pesca representan actividades significativas. De acuerdo con el informe, el convenio se define bajo los principios de eficacia y racionalidad en el uso de recursos públicos. Esta unificación de criterios también facilita la adecuación de la normativa a los distintos territorios y asegura mejores condiciones legales para los usuarios, quienes contarán con mayor seguridad jurídica al estar sus derechos y obligaciones reconocidos de manera homogénea por todas las regiones implicadas.

El acuerdo se concreta tras varios años de colaboraciones interadministrativas. En el texto publicado en el BOE se precisó que el convenio ofrece nuevas garantías y contempla procedimientos de actualización y revisión para adaptarse a posibles cambios legislativos o de gestión en el futuro. Además, las comunidades firmantes se comprometen a compartir información, resultados y datos estadísticos que permitan evaluar la efectividad del sistema y su impacto sobre el medio y la actividad social y económica relacionada.

El Ministerio también señaló que el sistema no modifica las restricciones medioambientales ni las normativas autonómicas específicas respecto a las especies o zonas protegidas; las licencias interautonómicas permiten la movilidad pero requieren el cumplimiento de las normas vigentes en cada región sobre cuándo, cómo y en qué condiciones pueden practicarse la caza o la pesca.

De acuerdo con lo consignado en el BOE, la entrada en vigor del acuerdo abre la opción para que otras comunidades puedan sumarse en el futuro, incrementando así el alcance territorial de las licencias y la colaboración institucional a nivel estatal. Se subrayó igualmente que la plataforma tecnológica puede soportar la integración de nuevos territorios sin modificar la operatividad del sistema actual.

La pesca de la medusa conocida como “bola de cañón” (Stomolophus spp.) está autorizada a lo largo de la línea costera panameña hasta el próximo 31 de diciembre, a distancias no mayores de cinco millas náuticas de la costa.

La “bola de cañón” pertenece al grupo de las Scyphozoa, especies que despiertan cada vez más el interés gastronómico, debido a que sus características son apropiadas para servir como alimento, además de que los scyphozoos comestibles suelen carecer de toxicidad, registra la literatura marítima.

Su alto consumo en ensaladas o sopas, entre otras exquisiteces, se da en países como Corea del Sur, Malasia, China, Japón, Singapur, Taiwán, Vietnam, Turquía y Rusia, entre otros, mientras que en América Latina el consumo se sitúa básicamente en Argentina, Ecuador, Nicaragua, Perú y México.

La medida de la Autoridad Marítima de Panamá detalla que la pesca está autorizada solo a 15 embarcaciones de pequeña escala o artesanal, con motores fuera de borda con un máximo de velocidad de 15 Hp (caballos de fuerza), que cuenten con sus respectivas licencias de pesca vigente.

Según la norma, establecida en la Gaceta Oficial No.30478 E, las mencionadas embarcaciones se deben limitar a capturar un total de 3,500 toneladas de desembarque anual de la medusa “bola de cañón”, que debe su nombre a su parecido con ese artefacto.

Una vez alcanzado el valor de la captura máxima permitida, se advierte que se cerrará la temporada de pesca durante este 2026, independientemente que no haya culminado su temporada de cierre.

Para la captura de la “bola de cañón” se utilizará el arte de pesca conocido como red de copo (red de bolso o cuchara), con una longitud de malla estirada de 10.16 centímetros (cuatro pulgadas) y armazón de 90 cm x 66 cm.

Solo se permitirán hasta tres pescadores por embarcación y un bolso, copo o cuchara por pescador.

Para el desembarco de la “bola de cañón” se autoriza a los puertos Panamá, Caimito y Vacamonte, aunque la autoridad aclara que podrá agregar o eliminar puertos, según la necesidad existente.

Los dueños de las embarcaciones dedicadas a este tipo de pesca deberán solicitar una autorización a la Autoridad Marítima de Panamá, e igualmente contar con la licencia vigente de pesca de pequeña embarcación o artesanal.

También se debe aportar un informe de inspección técnica de la embarcación, de los aparejos de pesca realizada por funcionarios de la entidad rectora de la pesca en el país.

Al referirse a las empresas autorizadas para el procesamiento, almacenamiento y comercialización de la medusa “bola de cañón” se informa que mensualmente deben presentar ante la Dirección General de Ordenamiento y Manejo Integral y ante la Dirección General de Investigación y Desarrollo de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) un informe de captura de medusas conforme a un formato previamente establecido.

Se insiste en que este documento debe contener la totalidad de las capturas realizadas, al igual que el procesamiento mensual efectuado y las exportaciones realizadas.

Desde la Cámara Nacional de Pesca y Acuicultura de Panamá, se dijo que en el país no se procesa la “bola de cañón”, aunque anteriormente había una empresa que lo hacía.

Panamá en 2025 exportó productos por un valor acumulado de $754.9 millones, lo que representa un aumento de $34.2 millones (4.7%) en comparación con el mismo periodo del año anterior, de acuerdo con las estadísticas del Ministerio de Comercio e Industrias.

Los productos del mar impulsaron este crecimiento, teniendo al camarón congelado como el principal producto exportado, con una participación del 12.5%, mientras que los datos del Sistema Armonizado reflejan que los pescados y crustáceos continuaron liderando con un 21.4% del total exportado, seguidos por frutas (12.8%), grasas y aceites (9.5%), fundición de hierro y acero (6.4%), alimentos preparados para animales (4.6%) y madera (4.5%).

El congresista Jorge Alfonso Marticorena Mendoza, de Alianza para el Progreso (APP) —partido liderado por el candidato presidencial César Acuña y con fuerte arraigo en el norte del país— ha presentado ante la Comisión de Producción del Congreso el Proyecto de Ley N.° 14074/2025-CR.

Esta iniciativa busca garantizar la continuidad del proceso de formalización de embarcaciones pesqueras artesanales inscritas en el marco del Decreto Legislativo Nº 1392 y plantea reactivar el Sistema de Formalización Pesquera Artesanal (SIFORPA II), un mecanismo que concluyó en 2023 tras regularizar embarcaciones artesanales medianas y grandes.

Congreso: Alianza para el Progreso reabre debate sobre formalización pesquera

La propuesta de Marticonera se suma al Proyecto de Ley N.° 12373/2025-CR, presentado anteriormente por el congresista José Bernardo Pazo Nunura y conocido como “REINFO pesquero”. Ambos proyectos apuntan a reabrir y flexibilizar las etapas del SIFORPA II, permitiendo que embarcaciones que no acreditaron su existencia en 2018 puedan volver a ingresar al proceso de formalización.

Piero Rojas, asesor legal de la Fundación Innovations for Ocean Action (I4OA), advierte sobre el impacto institucional y legal de esta tendencia parlamentaria. “Lo que corresponde ahora es que el PRODUCE y la DICAPI emitan opinión respecto del Proyecto de Ley N.° 14074/2025-CR.

Atendiendo a los antecedentes que han rodeado este tipo de iniciativas, resulta previsible que ambas entidades formulen una opinión desfavorable, en observancia de los principios de predictibilidad y seguridad jurídica”.

Rojas enfatiza que medidas de este tipo ya han sido desestimadas en el pasado, tanto por el Ministerio de la Producción como por la Dirección General de Capitanías y Guardacostas, quienes han argumentado que reabrir procesos concluidos vulnera la seguridad jurídica y compromete los compromisos internacionales contra la pesca ilegal no declarada y no reglamentada (INDNR).

SIFORPA II: PRODUCE y la DICAPI rechazan propuestas que amplían la formalización

Según el documento presentado por Marticonera, el Proyecto de Ley N.° 0974/2025-CR plantea que alrededor de 2.000 embarcaciones que no superaron la verificación y matrícula en el SIFORPA II puedan continuar el procedimiento, a pesar de no haber acreditado su existencia en el momento exigido por la normativa original.

Además, la iniciativa permite incorporar embarcaciones que no estaban en el listado inicial, siempre que acrediten existencia y construcción antes del 31 de diciembre de 2020. Esta ampliación se justifica por la declaración de plena explotación de las pesquerías de pota y perico en 2021, hecho que impide el otorgamiento de nuevos permisos de pesca para estas especies.

El SIFORPA II, implementado en 2018, exigía cinco etapas para la formalización de embarcaciones pesqueras artesanales medianas y grandes: inscripción, verificación de existencia, matrícula, protocolo técnico y permiso de pesca.

De las más de 4.500 inscripciones registradas, solo unas 2.500 lograron culminar el proceso y operar legalmente en la extracción de pota y perico, especies clave para la industria nacional de productos pesqueros congelados. El resto no superó las etapas iniciales, principalmente por no acreditar la existencia real de las embarcaciones en 2018.

La industria del perico y la pota enfrenta riesgos con nuevo ‘REINFO pesquero’

La nueva propuesta no solo reabre el proceso para las solicitudes rezagadas, sino que amplía el plazo y permite sumar embarcaciones construidas hasta fines de 2020. Según análisis técnicos, esto desvirtúa el carácter temporal y excepcional del régimen original, pensado exclusivamente para regularizar embarcaciones existentes hasta 2018.

Diversos actores del sector han advertido sobre los riesgos que implica esta iniciativa. Carlos Yenque, gerente de la Sociedad Nacional de Pesca Artesanal del Perú (SONAPESCAL), subraya que la presión sobre estas pesquerías podría ser insostenible y comprometer su sostenibilidad en el país.

“En la práctica, esta nueva propuesta de ‘REINFO pesquero’ podría propiciar la regularización irregular de más de 4.000 embarcaciones en el SIFORPA II y, sin duda, generar que los recursos pota y perico colapsen en el corto plazo”, advierte el portavoz de SONAPESCAL, organización dedicada a la pesca formal de pota en Perú.

La Comisión de Producción continúa evaluando la propuesta, que ha generado críticas tanto en el sector pesquero artesanal como en el ámbito regulatorio, donde se advierte sobre el riesgo de perder control técnico y legal en la formalización pesquera bajo presión política y electoral. El debate sigue abierto y el desenlace será clave para el futuro de la sostenibilidad y la gobernanza en la pesca artesanal peruana.

La OROP-PS, el otro frente de Perú contra la pesca ilegal

Sin embargo, no es el único frente que se libra contra la pesca ilegal desde Perú. En estos momentos, en Panamá se debate el futuro de la principal pesquería artesanal del país: la representación nacional -tanto Gobierno como pescadores-, está defendiendo con firmeza la necesidad de contener la presión pesquera ejercida por la flota china y establecer reglas más estrictas en el marco de la OROP-PS.

Según precisó Juan Carlos Riveros, director científico de Oceana, entre esas medidas se incluyen cuotas de pesca y mayores exigencias de trazabilidad, similares a las que ya se aplican en nuestro mar territorial. De este modo, se busca extender estándares de control y sostenibilidad que han demostrado ser efectivos a un ámbito más amplio, con el fin de proteger los recursos y garantizar el futuro del sector artesanal.

Durante una visita a Mazagón, en la provincia de Huelva, el portavoz de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, destacó que muchos cultivos y sectores productivos andaluces podrían enfrentar dificultades por el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur. Gavira recurrió a este argumento para presentar la postura de su partido sobre el tratado internacional y comunicó la intención de Vox de promover un referéndum nacional sobre el pacto con Mercosur si Santiago Abascal llega al Gobierno español. Según informó Europa Press, Gavira defendió que la ratificación de este acuerdo debe someterse a consulta popular por su impacto sobre el sector primario nacional.

El portavoz de Vox en Andalucía criticó la orientación que el Partido Popular de Juanma Moreno ha mostrado hacia una aplicación inmediata del acuerdo, postura que, según detalló Europa Press, también respaldó la anterior consejera de Agricultura, Carmen Crespo. Gavira argumentó que PP y PSOE no han apoyado una revisión jurídica del acuerdo ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Manifestó que, pese a la reciente ratificación del acuerdo con Mercosur por parte de los parlamentos de Argentina y Uruguay, ni el Parlamento español ni el europeo han dado pasos similares.

En declaraciones recogidas por Europa Press, Gavira advirtió que los sectores de los cítricos, la ganadería y la producción de carne en Huelva verán consecuencias negativas derivadas de la entrada en vigor del acuerdo. Afirmó además que otros productos agrícolas como la fresa, la frambuesa y los frutos rojos pueden experimentar problemas, incluso si esas consecuencias no se presentan de manera inmediata.

Manuel Gavira utilizó también su intervención para poner el foco sobre las actuaciones del Gobierno andaluz tras los recientes episodios de temporales que han afectado a las costas. Criticó que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista recurren a argumentos sobre la colaboración institucional y el cambio climático para "ocultar sus acciones". Europa Press consignó que, para Gavira, la referencia al cambio climático por parte de estas formaciones pretende desviar la atención sobre los efectos reales de las políticas en las zonas afectadas.

El portavoz precisó que Vox había respaldado en el Parlamento andaluz una propuesta del Partido Popular centrada en la rehabilitación de las zonas costeras deterioradas, aunque lamentó que los populares rechazaran incluir, como propuso Vox, ayudas destinadas al comercio, la hostelería y a los propios vecinos afectados. Gavira sostuvo que el objetivo del Partido Popular con esa iniciativa se limitaba a obtener repercusión mediática y no a ofrecer soluciones reales para quienes sufren las consecuencias de los daños costeros.

Al referirse a la respuesta institucional ante la erosión de las costas, Gavira reiteró la demanda histórica de Vox por obras e infraestructuras destinadas a prevenir y reducir los riesgos de futuros temporales. Mencionó que estos trabajos permitirían una mayor prevención y mitigación de los impactos, además de proporcionar ayudas económicas a los habitantes afectados.

En relación con el sector pesquero, Gavira respondió a preguntas de los medios señalando que la flota pesquera se encuentra amarrada desde hace tiempo debido a los temporales. Según publicó Europa Press, responsabilizó tanto a las políticas europeas como a las nacionales y autonómicas de lo que definió como un progresivo abandono del sector, lo que, trasladó, podría llevar a la desaparición de la actividad pesquera en zonas tradicionales como Huelva.

A lo largo de su intervención, Gavira subrayó que las iniciativas propuestas por Vox buscan asegurar que la población tenga mayor poder de decisión sobre acuerdos internacionales de gran calado, y que las infraestructuras y ayudas locales respondan a los intereses directos de los habitantes y sectores afectados por fenómenos meteorológicos y acuerdos económicos. Vox insistió en la consulta directa a la ciudadanía como vía para definir la aplicación futura de pactos internacionales, en este caso el relativo a Mercosur, al considerar que su impacto excede las capacidades de decisión de las instituciones representativas corrientes.

El Ministerio de la Producción oficializó la modificación de los límites de captura y medidas de manejo para los recursos jurel y bonito correspondientes al primer cuatrimestre de 2026, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad de las especies y beneficiar al mayor número posible de pescadores artesanales. Las disposiciones fueron publicadas mediante resoluciones ministeriales en el Diario Oficial El Peruano y regirán hasta el 30 de abril.

Según la norma, las medidas buscan asegurar una distribución equitativa de la cuota durante toda la temporada y evitar que los recursos se agoten de forma prematura. Para ello se estableció un esquema de control basado en criterios técnicos y científicos que permitan ordenar la actividad pesquera sin restringirla, priorizando la sostenibilidad y el acceso equilibrado.

Protección a pescadores artesanales

El esquema responde a un modelo de manejo adaptativo sustentado en evidencia proporcionada por el Instituto del Mar del Perú, entidad encargada de evaluar el estado de los recursos hidrobiológicos. Este enfoque técnico busca prevenir la depredación y garantizar que las cuotas se mantengan disponibles durante toda la temporada.

El viceministro de Pesca y Acuicultura, Jesús Barrientos, señaló que las medidas han sido aplicadas en años anteriores con resultados positivos y que son fundamentales para gestionar una flota artesanal que supera las 1.700 embarcaciones con permiso vigente. El funcionario indicó que el objetivo es que el recurso no se concentre en pocas manos y que los pescadores con menores capacidades operativas puedan participar en igualdad de condiciones.

Cuotas diferenciadas y segmentación

Para el recurso bonito se fijó un límite total de captura de 48,393 toneladas entre enero y abril. De ese volumen, 18.430 toneladas están reservadas para embarcaciones de cerco con mayor capacidad de bodega —más de 20 hasta 32,6 metros cúbicos— mientras que más de 29.000 toneladas se asignan a embarcaciones artesanales y aquellas que emplean artes pasivas de pesca.

En el caso del jurel, se establecieron límites por faena y tolerancias diferenciadas según el tamaño de bodega. Durante marzo y abril, las embarcaciones con bodegas menores a 10 metros cúbicos podrán capturar hasta 5 toneladas por viaje, mientras que las de mayor capacidad, hasta 32,6 metros cúbicos, tendrán topes de entre 15 y 20 toneladas según la quincena, bajo criterios de sostenibilidad.

Restricciones y exigencias técnicas

Como parte del ordenamiento, Produce dispuso que en marzo y abril solo podrán realizar faenas las embarcaciones de cerco que hayan efectuado como máximo dos salidas durante enero y febrero. La medida busca evitar la concentración del esfuerzo pesquero y permitir que más pescadores accedan al recurso antes de que se complete la cuota total.

Además, se recordó que todas las embarcaciones deben contar obligatoriamente con sistemas de preservación a bordo mediante hielo en proporción 2 a 1, requisito destinado a garantizar la calidad del producto. También se otorgarán beneficios de tolerancia adicional a quienes mantengan activo su sistema de seguimiento satelital, como incentivo para la formalidad y el cumplimiento de las normas.

Sostenibilidad y beneficio social

Las autoridades señalaron que el conjunto de disposiciones tiene como finalidad principal asegurar que la riqueza marina beneficie a la mayor cantidad posible de pescadores artesanales y a las familias que dependen de esta actividad económica. El enfoque combina control técnico, equidad en el acceso y preservación de los recursos para el largo plazo.

Con estas medidas, el Ejecutivo busca consolidar un modelo de pesca responsable que equilibre la explotación económica con la conservación de las especies, garantizando la continuidad de la actividad y evitando la sobreexplotación de los recursos hidrobiológicos.

Los pescadores artesanales y acuicultores que hayan sufrido pérdidas a causa de fenómenos naturales podrán postergar temporalmente el pago de sus préstamos. La medida, impulsada por el Ministerio de la Producción mediante el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (Fondepes), busca reducir la presión financiera en momentos críticos para el sector.

La disposición permite que quienes mantengan créditos vigentes accedan a una pausa en sus obligaciones, siempre que acrediten que su actividad productiva fue impactada por eventos climatológicos u otras situaciones de fuerza mayor debidamente sustentadas.

Suspensión de hasta seis meses y nuevo cronograma

El titular del Ministerio de la Producción, César Quispe Luján, precisó que la prórroga puede extenderse por un máximo de seis meses. Culminado ese periodo, la entidad financiera y el beneficiario deberán firmar una adenda que establezca un nuevo calendario de pagos acorde con la situación del usuario.

“Durante el periodo de suspensión, el beneficiario solo debe asumir el pago del seguro de desgravamen”, comentó.

El ministro añadió: “Como gobierno, sabemos que los fenómenos naturales pueden afectar seriamente la actividad productiva de nuestros pescadores artesanales y acuicultores. Por eso, esta medida busca darles un respaldo oportuno para que puedan recuperarse sin que sus obligaciones financieras se conviertan en una carga adicional”.

Requisitos y canales de atención

Para acceder a la suspensión, el solicitante debe presentar un documento emitido por el representante zonal del Fondepes que certifique la afectación de su unidad productiva. Este será el único requisito exigido para iniciar el trámite.

Los representantes zonales son profesionales desplegados en distintas regiones del país, encargados de orientar a pescadores y acuicultores tanto en la obtención de financiamiento como en la gestión de este beneficio excepcional.

Quienes deseen recibir más detalles pueden escribir al correo creditos@fondepes.gob.pe, comunicarse a la central telefónica (01) 2097700, anexo 7213, o llamar a la línea gratuita 0800 14453, habilitada exclusivamente para consultas relacionadas con créditos.

Los recientes desastres naturales en Perú

En febrero, varias zonas de Perú han sido golpeadas con fuerza por desastres naturales, especialmente debido a un patrón de lluvias intensas asociado al inicio del fenómeno climático denominado El Niño Costero, que está elevando la probabilidad de precipitaciones más fuertes y persistentes en diferentes regiones del país. Estas tormentas han desbordado quebradas urbanas, provocado huaicos e inundaciones en localidades costeras, andinas y del sur, dejando a comunidades enteras afectadas por el colapso de infraestructura y el avance del agua y el lodo.

En la región de Arequipa, en el sur, las precipitaciones prolongadas de la tercera semana de febrero causaron el desborde de torrenteras y arroyos que descendieron con gran fuerza hacia barrios y zonas residenciales. El flujo de agua, barro y piedras inundó calles, destruyó vías y obligó a evacuaciones preventivas, mientras las autoridades luchaban por restablecer servicios básicos. El desastre también dejó un número considerable de víctimas mortales y dejó a miles de personas afectadas por daños materiales y la interrupción de servicios esenciales.

La costa norte y central no quedó al margen de los impactos. En Piura, localidades como Máncora registraron inundaciones que anegaron calles y zonas residenciales, con sectores turísticos afectados por tramos de carretera inundados y estructuras dañadas por la acumulación de agua. También se han reportado huaicos y cortes en carreteras importantes en rutas como la Panamericana, lo que ha complicado la movilidad y la respuesta de emergencia en las zonas más golpeadas.

Además del impacto cotidiano en viviendas y vías, los organismos meteorológicos y de defensa civil mantienen alertas activas por riesgo de huaicos, deslizamientos e inundaciones en diversas provincias, desde la costa hasta la sierra, ya que los ríos han mostrado incrementos considerables en sus caudales y se espera que la temporada de lluvias continúe durante las próximas semanas.

Impulsada por el fuerte crecimiento del calamar y una mayor diversificación de mercados, la industria pesquera generó en 2025 más de USD 2.010 millones, reafirmando su papel estratégico en el ingreso de divisas y el desarrollo productivo, informó la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

La generación de divisas marcó un aumento del 4,3% con respecto al año anterior, a partir de un total de 549.416 toneladas exportadas, lo que indica una suba interanual del 3,9%. De acuerdo al análisis de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, se trata del segundo mejor registro histórico, sólo superado por 2018, cuando se habían colocado en el exterior productos por 2.149 millones de dólares.

Lo que impulsó este aumento fue el crecimiento de las exportaciones de calamar, respecto al 2024 éste fue del 32,5% en monto y el 47,4% en toneladas ascendiendo a 550 millones de dólares y 193.385 toneladas. Sumado a esto, se incrementaron también las ventas al exterior de merluza 2,5% y 1,3% en monto y toneladas respectivamente con exportaciones por 326 millones de dólares y 127.422 toneladas. En 2025 se exportó también merluza negra por 65 millones de dólares, corvina por 53 millones y centolla por 27 millones, para mencionar otros productos importantes de exportación

Esto permitió revertir la tendencia descendente que presentaron las exportaciones de langostino, que igualmente es el principal producto de exportación y generó divisas por 867 millones de dólares y 119.775 toneladas.

Los tres principales destinos de exportación fueron China, con 486 millones de dólares, España con 373 millones y Estados Unidos con 158 millones. Estos tres países concentraron el 50,6% de las exportaciones. En 2025, China supero a España en el ranking de importadores, impulsada por mayores compras de calamar, mientras que España redujo sus compras de langostino argentino.

En materia de precios, el langostino en sus distintos productos tuvo en el 2025 un precio promedio de 7.240 dólares por tonelada, un alza del 12,8% respecto al año anterior. El calamar mostró un precio promedio de 2.846 dólares por tonelada, una suba del 11,5% respecto al 2024. En tanto que la merluza mostró a finales de 2025 un precio promedio de 2.556 de dólares por tonelada, un aumento del 1% respecto al año anterior.

El análisis realizado por Ecologistas en Acción junto a Economistas sin Fronteras establece que una gran parte de las subvenciones perjudiciales para la biodiversidad en España, propuestas para su eliminación, asciende a 830,9 millones de euros en 2024. La organización resalta que una reorientación de estos fondos hacia la conservación de los ecosistemas permitiría reducir una cuarta parte del déficit presupuestario que existe para cumplir con los compromisos internacionales adoptados por el Estado en materia de protección natural. Esta es una de las conclusiones principales del informe que ambas entidades han difundido, en el que se alerta sobre la significativa diferencia entre los fondos públicos dirigidos a actividades agrícolas, forestales y pesqueras, en comparación con los destinados a la preservación y restauración de la naturaleza.

Según consignó Ecologistas en Acción, las administraciones públicas españolas aprobaron ayudas por un total de 7.915,3 millones de euros en 2024 a actividades y empresas vinculadas directamente con la pérdida de biodiversidad. La distribución de estos recursos revela que el 90% se canalizó al sector agrario, el 7% al forestal y el 3% al pesquero. El informe precisa que, en contraste, el presupuesto anual orientado de manera explícita a la conservación y restauración de la naturaleza, sumando los Presupuestos Generales del Estado y los fondos europeos, se sitúa en 2.000 millones de euros, lo que representa una cuarta parte de las ayudas concedidas a actividades con impacto negativo en el entorno.

El medio Ecologistas en Acción añadió que esta realidad evidencia lo que define como una “incoherencia fiscal”, adviertiendo que la brecha financiera nacional para lograr los objetivos del Convenio sobre la Diversidad Biológica asciende a 3.500 millones de euros. Desde la organización, se sostiene que reformar, reconducir o eliminar los incentivos públicos que contribuyen a la pérdida de biodiversidad permitiría resolver este desfase económico. El informe, fruto de una investigación de un año basada en datos oficiales de cuentas nacionales y autonómicas, revisa las políticas fiscales que benefician al sector primario y evalúa su impacto en los ecosistemas y las especies.

Tal como publica Ecologistas en Acción, España no ha cumplido con la meta de transformar el 50% de las subvenciones consideradas perjudiciales para la biodiversidad antes de 2025. Este compromiso está recogido en el Plan estratégico estatal del patrimonio natural y de la biodiversidad con horizonte en 2030. La organización recuerda que, en virtud del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, esta transformación constituye una obligación internacional. En su declaración, la ONG advierte que “el Estado español no solo incumple compromisos internacionales, también perjudica su propio patrimonio natural –suelo, agua, bosques, mares y especies– al financiar actividades que aceleran su deterioro”.

El informe enfatiza la importancia de las subvenciones para el sostenimiento del sector primario, pero critica que el sistema vigente favorece principalmente a grandes empresas y grupos de presión. Ecologistas en Acción sostiene la necesidad de reformular el sistema de ayudas públicas con el objetivo de alinearlo con la restauración y mantenimiento de la biodiversidad, argumentando que una política fiscal coherente serviría de apoyo a las comunidades rurales y costeras más expuestas a la degradación ambiental.

Según reportó la organización, el 84% de las subvenciones señaladas como más problemáticas en términos de su relación con la pérdida de biodiversidad corresponden a ayudas directas. El 13% restante se reparte entre diferentes exenciones fiscales relativas a combustibles y productos tóxicos usados en la agricultura. El grueso de las ayudas directas “problemáticas” proviene de fondos europeos: la Política Agraria Común (PAC) en los sectores agrario y forestal, y el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA) para el pesquero.

El estudio también recoge el papel de los fondos europeos Next Generation, particularmente aquellos destinados a la intensificación de regadíos y a la producción de bioenergía mediante la quema de biomasa forestal. Estos apoyos, según detalla la investigación, contribuyen indirectamente a la degradación de los hábitats y a la presión sobre especies silvestres.

A su vez, la investigación realiza una valoración de los diferentes incentivos fiscales en vigor y apunta a aquellos que benefician la compra y uso de plaguicidas y fertilizantes o el combustible para la pesca profesional. De acuerdo con el análisis, sería necesario reformar el 79% de las medidas fiscales analizadas y eliminar directamente el 11%, mientras que el 10% restante ya se ha suprimido.

El medio Ecologistas en Acción subraya que la suma de las subvenciones propuestas para su eliminación equivale a 830,9 millones de euros en 2024, una cifra cuya reorientación a tareas de conservación de la biodiversidad podría contribuir de manera significativa al cierre de la brecha financiera que registra España para cumplir sus compromisos de protección ambiental.

La entidad recalca en el informe presentado que el abordaje de esta cuestión no resulta únicamente una cuestión de adecuación a las normativas internacionales, sino que incide sobre intereses nacionales básicos: la protección del suelo, el agua, los bosques y los mares, así como la supervivencia de las especies que integran la biodiversidad del país.

Según publicó Ecologistas en Acción, esta es la primera investigación en España que cuantifica de forma detallada el desajuste entre los recursos públicos dirigidos a actividades que pueden acelerar el deterioro natural y aquellos realmente invertidos en conservar y restaurar los ecosistemas. El estudio reclama un rediseño del sistema fiscal que, según sostienen las organizaciones responsables del informe, permitiría tanto cumplir los acuerdos internacionales como fortalecer las economías locales más dependientes de la salud de su entorno.

Ecologistas en Acción concluye que priorizar la conservación y restauración de la biodiversidad a través de una reorientación del gasto público representa una oportunidad para avanzar hacia una política ambiental y fiscal coherente con los compromisos adquiridos y las necesidades del país.

Los resultados de la pesca de calamar en 2025 y el buen inicio de la actual temporada, que sugieren una abundante biomasa de la especie y se refleja en muy buenos datos de captura de los buques “poteros” (especializados en captura de calamar) de bandera argentina que operan dentro de la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA, o Mar Argentino), hasta 200 millas desde la costa continental, son una enorme tentación para los cerca de 500 buques extranjeros, mayormente chinos, que operan en el borde exterior, en la llamada “Milla 201”.

En razón de eso, la Armada Argentina, bajo el mando del Comando Conjunto Marítimo dispuso que el 3 de febrero zarpe un patrullero oceánico para iniciar tareas de vigilancia, control y protección de la ZEEA. A la operación se sumó una aeronave P-3 Orion de apoyo, con vuelos a baja altitud y seguimiento del accionar de la “flota extranjera de aguas distantes”.

“Ya pasamos las 50.000 toneladas”, dijo Darío Sócrate, director de la Cámara de Armadores Poteros Argentinos (CAPA), que agrupa a empresas con una flota conjunta de poco más de 80 buques, Sócrate comentó a Infobae que si bien la etapa más temprana, de captura del ‘Stock Sub-Patagónico’ no fue buena, los resultados mejoraron mucho a partir de la captura, ya no tan al sur, del ‘Stock Desovante de Verano’. Y ahora habría incluso indicios de buena pesca del calamar subpatagónico. “Ojalá la temporada siga así hasta marzo o abril”, concluyó el directivo del sector pesquero.

Precios, capturas y dólares de exportación

Los precios internacionales y la buena captura permitieron que en 2025 se exporten casi 200.000 toneladas de calamar. La especie, la más buscada por la flota china, aportó así unos USD 550 millones, más de una cuarta parte de los cerca de USD 2.000 millones de exportaciones pesqueras, un muy buen resultado para un año marcado por un conflicto que llegó a poner en peligro la pesca del langostino, la especie de pesca que más divisas aporta.

“El comportamiento de la flota extranjera en la zona adyacente es normal e idéntico al del año pasado. Incluso diría que tuvimos merma en el número de buques, ya que estamos a mitad de febrero y mitad de la campaña. Estamos reforzando la vigilancia electrónica, como se hace de noviembre a junio, cuando se intensifica la flota de aguas distantes”, dijo a Infobae el Prefecto Néstor Kiferling, director de Tráfico Marítimo Fluvial y Lacustre de la Prefectura Naval Argentina (PNA).

“La flota potera extranjera “se viene portando con una distancia de más de una milla. No observamos que haya gran riesgo de ingreso, pero el riesgo siempre está latente”, dijo Kiferling. Todos los años, explicó, esa flota se posiciona mayormente en el suroeste patagónico y “con solo esperar ahí tiene captura; no observamos anomalías”. En cambio, agregó, “sí hemos detectado algunas incursiones de flota arrastrera, hicimos el pedido a la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura que nos da herramientas para poder poner a derecho a buques infractores mediante el sistema guardacostas. Se hacen notificaciones con el nuevo procedimiento. Es un cambio de paradigma que estamos aportando desde la Prefectura Argentina al mundo”.

Corrimiento hacia Malvinas

Kiferling consideró el comportamiento de la flota potera extranjera como “normal” e incluso destacó que en los últimos días “hay un corrimiento de flota de arrastre y potera hacia Malvinas, que abrió la temporada de pesca. Estamos hablando de unos 450 a 460 buques operando en zona; y de esos, 125 se fueron a Malvinas. Nos está llamando la atención en esta campaña. Pero el nivel de captura sigue siendo parecido dentro de la ZEEA y la captura de flota extranjera”. Además, agregó, la última vino este año “un poco más tarde”.

Lo cierto es que los movimientos medidos en los últimos doce meses evidencian el abrumador dominio de la flota china pescando en las narices del Mar Argentino. Sobre 776 buques de pesca de aguas distantes cuyos movimientos se observan, 418 son de bandera china, aunque también es posible que todos o la mayoría de los 28 con bandera de Vanuatu sean en realidad propiedad de empresas chinas.

Incluso aunque no pesquen dentro del Mar Argentino, la captura en el borde externo de una especie migratoria y de corta vida como el calamar afecta la disponibilidad dentro de la Zona Económica Exclusiva. De hecho, datos suministrados en su momento por el Instituto Nacional de Investigación Pesquera (Inidep) precisan que los volúmenes de calamar capturados por la flota extranjera en la “Milla 201″ suelen superar por buen margen los capturados dentro del Mar Argentino.

De 2013 a 2023, según esos datos, los buques extranjeros capturaron más de 1,7 millones de toneladas de calamar en el borde externo, contra 1,3 millones de toneladas de la flota de bandera nacional dentro de la ZEEA. En algunos años las diferencias fueron abrumadoras. En 2015, por caso, el Inidep estimó que la flota extranjera capturó 392.000 toneladas de calamar, contra 117.00 de los buques nacionales en el “Mar Argentino”. Y que en 2021 las cifras fueron 220.000 y 114.000 toneladas respectivamente.

Además, la imagen apunta 674 “posibles encuentros”, referencia a un análisis de situaciones de proximidad y contacto entre buques de distinto tipo, por caso para reabastecimiento de combustible o trasbordo de carga pesquera.

Prefectura define además como “buques de interés” las embarcaciones que, por su actividad, comportamiento operativo, antecedentes o zonas de navegación, tienen importancia estratégica. “En su mayoría -señaló un oficial de la fuerza- se trata de unidades vinculadas a la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada (INDNR), ya sean buques de captura o de apoyo logístico”.

Los “encuentros” se analizan para, en función de proximidad y contacto entre buques en alta mar estimar, entre otros factores, determinar el volumen de carga transbordada o pesca extraída.

Los datos de “detecciones” delatan también el abrumador dominio de la flota china. Los nombres de los bancos apareados, en algún tipo de operación logística al borde del Mar Argentino y en particular cerca del “agujero azul”, entre las latitudes 43 y 47, donde la confluencia de las corrientes cálida de Brasil y fría de las Malvinas genera una alta concentración de calamares y la escasa profundidad facilita su captura, son reveladores. He aquí los nombres de algunos apareamientos en la Milla 201: Dong Fang 102 y Fu Yang 2, Bao Feng y Hai Gong You 606, Ning Feng Leng 16 y Haishun 1, Bao Yu y Hai Gong You 606, y así siguiendo.

El avance de la pesca y la acuicultura marcó un aumento del 11,2% en el desempeño económico colombiano durante 2025, acompañado por una expansión del 8% en la ganadería y un 2,9% en silvicultura y extracción de madera. Estos datos reflejan la fortaleza del sector primario en la economía nacional y permiten explicar el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del país, que alcanzó un 2,6% durante el año, en comparación con el 1,7% observado en 2024. Según informó el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el resultado anual representa una aceleración significativa respecto al ejercicio previo.

De acuerdo con el reporte divulgado por el DANE, el cuarto trimestre de 2025 mostró un avance del PIB del 2,3%. Paralelamente, el Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) correspondiente al mes de diciembre creció un 1,7% con respecto al mismo periodo de 2024, mientras que el acumulado anual de este indicador se situó en 2,7%. El medio DANE detalló que el impulso proveniente de la pesca, la acuicultura y la ganadería resultó determinante para que la economía colombiana duplicara su ritmo frente al año anterior.

En relación con los sectores con mayores variaciones en la parte final del año, las actividades artísticas, el entretenimiento y el comercio se destacaron. El DANE reportó que en el cuarto trimestre estas categorías registraron incrementos del 4,6% y del 1,6%, respectivamente. Por otro lado, el sector primario presentó una contracción del 2,6% en ese mismo trimestre, mostrando diferencias con el desempeño anual. Las actividades financieras y de seguros retrocedieron un 2,4%, mientras que el área de información y comunicaciones disminuyó un 2% en el periodo comprendido entre octubre y diciembre.

La demanda interna reflejada en el gasto de consumo final exhibió un crecimiento interanual del 3,8% en el último trimestre de 2025, según publicó el DANE. En contraste, la formación bruta de capital —indicador que mide la inversión— descendió un 9,3%, señalando un menor dinamismo en la inversión productiva durante la etapa final del año.

Con respecto al comercio exterior, las exportaciones aumentaron un 1,2% y las importaciones lo hicieron en un 1,4% durante el mismo periodo. Estos movimientos muestran una ligera mejora tanto en la venta de productos colombianos al extranjero como en la compra de bienes y servicios foráneos, según consignó el DANE.

El sector primario, en términos anuales, lideró el crecimiento nacional con un incremento del 3,1% frente a los datos de 2024. Dentro de este segmento, el avance de la pesca, la acuicultura y la ganadería destacó por su magnitud, mientras que la silvicultura y la extracción de madera mostraron un aumento más moderado.

En cuanto a la evolución sectorial durante el último tramo del año, el DANE remarcó que las ramas culturales y artísticas, junto al comercio, figuraron como los sectores de mayor crecimiento relativo. No obstante, algunas actividades como las financieras y de seguros, así como las relacionadas con la información y las comunicaciones, experimentaron caídas que contrastan con el dinamismo visto en otros sectores.

El análisis de los indicadores suministrados por el organismo estadístico nacional permite precisar que el repunte económico en 2025 se apoyó en múltiples motores, aunque predominó el sector primario. El desagregado de las cifras ratifica también la importancia de los sectores vinculados a la cultura, el entretenimiento y el comercio durante la fase final del año, mientras la formación bruta de capital evidenció dificultades, especialmente en su caída de casi un 10% interanual en el trimestre final.

Los resultados presentados por el DANE dan cuenta, así, de un repunte relevante en la actividad económica colombiana, en el que confluyeron tanto el aporte del sector primario en el resultado anual como el desempeño de los sectores culturales y comerciales al cierre del ejercicio.

Las exportaciones industriales no tradicionales de Perú alcanzaron en 2025 un nuevo máximo histórico, sumando US$10.774 millones, según el Instituto de Estudios Económicos y Sociales (IEES) de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI).

El reporte del IEES de la Sociedad Nacional de Industrias indica que el valor de estos envíos creció 15,2% respecto a 2024, logrando la tercera tasa de crecimiento más alta de los últimos catorce años.

Según cifras del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), el país se ubicó como el tercer exportador de Sudamérica, superando a Argentina y Colombia, en un contexto de dinamismo regional.

Perú lidera la expansión en la Alianza del Pacífico

El director institucional de la SNI, Antonio Castillo Garay, destacó que Perú encabezó el crecimiento de exportaciones totales dentro de la Alianza del Pacífico en 2025, con 21,8%, seguido de Chile (7,9%), México (7,6%) y Colombia (1,3%).

La tendencia ya se advertía en el primer semestre, cuando la SNI proyectó un cierre anual por encima de los USD10.000 millones en este rubro.

Castillo Garay subrayó que el impulso exportador no se debe solo a los precios internacionales, sino también al incremento de volúmenes y la mayor competitividad de los productos peruanos.

“A pesar de las restricciones y la inestabilidad del comercio internacional, el Perú ha logrado mantener el crecimiento exportador”, afirmó el alto directivo.

Sectores clave en el récord exportador, según la SNI

El crecimiento de las exportaciones industriales no tradicionales en 2025 se explicó principalmente por el desempeño del sector químico, con envíos por US$2.396,2 millones.

De acuerdo con el registro de la SNI, le siguieron el sector pesquero (US$2.277,3 millones), siderometalurgia y joyería (US$2.181 millones) y textiles (US$1.732,4 millones).

En el sector siderometalúrgico, el avance se reflejó en las exportaciones de derivados de cobre y zinc, así como cables y tubos. Según el gremio industrial, se amplió la oferta exportable hacia productos vinculados a la electromovilidad.

Por crecimiento porcentual, el sector pesquero lideró la expansión en 2025 con un alza cercana al 73% frente a 2024, impulsado por los mayores envíos de crustáceos y moluscos congelados, que aumentaron 139%. El sector químico creció 9,3%, siderometalurgia y joyería 9% y metalmecánicos 7,2%.

Nuevos destinos y diversificación de productos

El sector pesquero no solo superó las exportaciones de harina de pescado, sino que diversificó mercados, con colocaciones relevantes en Estados Unidos, la Unión Europea y Asia.

En tanto, los productos químicos muestran integración como insumos en Latinoamérica y una mayor presencia en el mercado estadounidense. Entre las principales partidas destacan crustáceos y moluscos congelados (US$1.475,1 millones), prendas de vestir y confecciones (US$1.240,7 millones).

Pero también se cuentan productos elaborados de cobre (US$1.119,7 millones), productos químicos orgánicos e inorgánicos (US$653,1 millones) y abonos y minerales en bruto (US$509,0 millones), según el Instituto de Estudios Económicos y Sociales.

Además, el gremio industrial resaltó que el sector siderometalúrgico está ampliando su oferta exportable hacia nuevas tecnologías y productos asociados a la electromovilidad. Esto representa no solo una oportunidad para la industria nacional, sino también una apuesta por la innovación y el valor agregado.

La reciente Resolución Ministerial N.º 000034-2026-PRODUCE ha encendido alarmas en el sector pesquero artesanal debido a que elimina los topes de captura por faena y desmantela los incentivos normativos que venían impulsando la adopción del monitoreo satelital en la flota de pota.

Esta decisión supone un giro respecto al modelo de gestión implementado en los últimos años, que había facilitado el control sobre la pesca, mejorado la seguridad en altamar y fortalecido el combate contra la pesca ilegal.

La supresión de límites de captura de pota genera inquietud en pesca artesanal

De acuerdo con Piero Rojas, profesor de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, la política de incentivos aplicada hasta 2025 permitió que cerca de 1.000 embarcaciones artesanales instalaran el sistema SISESAT en un solo año, con impactos positivos tanto en la trazabilidad de la actividad como en la protección de los tripulantes.

“La masificación de equipos satelitales no solo permitió hacer más efectivo el control contra la pesca ilegal, sino que también mejoró las condiciones de seguridad a bordo para miles de trabajadores”, señala.

Para el especialista, la eliminación de los incentivos normativos amenaza con detener este proceso y reabrir la brecha entre la norma y la realidad operativa de la flota artesanal.

La flota artesanal peruana enfrenta riesgos al retirar estímulos tecnológicos

El impacto negativo de la nueva resolución también es destacado por la Sociedad Nacional de Pesca Artesanal del Perú (SONAPESCAL).

Su presidenta, Elsa Vega, advierte que la eliminación de los límites individuales de captura debilita uno de los principales mecanismos que motivaba a los armadores formales a invertir en tecnología y prácticas responsables.

Según SONAPESCAL, hasta enero de 2026, el 74% de las embarcaciones artesanales ya contaba con dispositivos satelitales, pero la falta de incentivos puede frenar la expansión de esta cobertura y dejar expuestos a los pescadores a condiciones de competencia desleal e informalidad.

¿La eliminación de incentivos complica adopción de SISESAT?

La resolución, además, llega en un contexto en el que persiste una brecha de cumplimiento: la normativa exige que, desde febrero de 2026, todas las embarcaciones con capacidad de bodega entre 20 y 32,6 m³ cuenten obligatoriamente con SISESAT, bajo sanción administrativa.

Sin los incentivos previos, muchos armadores encuentran menor motivación para invertir en los sistemas, lo que podría traducirse en una reducción efectiva del control sobre el esfuerzo pesquero y en una mayor dificultad para fiscalizar la actividad.

Un nuevo marco normativo afecta avances en formalización artesanal

Otro riesgo es el impacto sobre la presencia peruana en aguas internacionales reguladas por la Organización Regional de Ordenación Pesquera del Pacífico Sur (OROP-PS), que exige el monitoreo satelital como condición de autorización.

Si la adopción tecnológica se estanca, la flota artesanal peruana podría perder ventajas en el acceso a estos espacios y enfrentar mayores obstáculos para demostrar cumplimiento internacional.

La reciente normativa, lejos de fortalecer el ordenamiento y la sostenibilidad de la pesca artesanal de pota, introduce incertidumbre y preocupación en el sector.

La eliminación de incentivos normativos amenaza con debilitar el avance logrado en monitoreo, control y seguridad, y plantea la posibilidad de retroceder en la construcción de una pesca artesanal más formalizada y responsable.

Hace un año celebrábamos la aprobación del nuevo reglamento de ordenamiento pesquero del calamar gigante o pota. Este responde a una demanda de los actores del sector y trajo medidas importantes como definir el acceso exclusivo para la flota artesanal y a la línea potera como único arte de pesca permitido para extraer este recurso. Sin embargo, a 11 meses de su entrada en vigencia vemos que los avances hacia un ordenamiento efectivo de esta pesquería son aún lentos, y que muchas de las medidas establecidas en la tan esperada norma aún no ven la luz, trayendo consecuencias negativas para la economía de los pescadores que dependen de esta actividad.

A unas semanas del inicio de la temporada de pesca de este año, han resurgido problemas ya vistos el 2025. Los pescadores se enfrentan a precios de compra particularmente bajos y, además, a serias dificultades para colocar el producto en las plantas de procesamiento. Esta situación obedecería principalmente a la pesca excesiva concentrada en periodos cortos de tiempo registrada durante el año anterior.

Durante el 2025 se dictaminaron siete normas orientadas a fijar o ampliar la cuota de pesca, además de tres periodos en los que se restringió la actividad extractiva. Estas decisiones respondieron a cambios en la distribución del recurso y su accesibilidad para la flota pesquera, ocasionados por anomalías oceanográficas. Si bien el manejo adaptativo es recomendable en pesquerías que operan en ambientes de alta variabilidad, resulta crítico que las reglas utilizadas para el cálculo de las cuotas de pesca sean consistentes y replicables. Solo así es posible evaluar estratégicamente los resultados.

Sin desmerecer lo avanzado, como la ampliación de la cobertura del sistema satelital en la flota potera de mayor tamaño; para un manejo más ordenado, que aporte predictibilidad y permita a los actores del sector tomar decisiones económicamente razonables eliminando incentivos negativos, y si queremos evitar una nueva crisis, urge:

• Que el IMARPE elabore un protocolo claro para el cálculo de las cuotas de captura, basado en la mejor ciencia disponible. No es conveniente que, para una pesquería de la importancia de la pota, se continúe recurriendo a evaluaciones rápidas o monitoreos aislados para justificar una cuota de pesca, sin una línea argumental explícita que transparente cómo se determina la misma.
• Seguir afinando las reglas que regulan el esfuerzo pesquero durante la temporada de pesca. Esto incluye, por ejemplo, límites en el número de faenas de pesca o en los volúmenes de acarreo por embarcación, de manera proporcional a su capacidad de bodega. Algunas de estas medidas se ensayaron en el último trimestre del año pasado; sin embargo, resulta fundamental evaluar tanto su efectividad como su aceptación social.
• Es pertinente considerar el establecimiento de cuotas diferenciadas por región latitudinal o, alternativamente, la restricción del acceso de determinadas flotas a zonas específicas del territorio. Este tipo de esquemas ya se aplica en pesquerías como la del perico y la anchoveta, y responde también a la necesidad de facilitar el acceso al recurso por parte de embarcaciones de menor capacidad y autonomía.
• Contar con indicadores de desempeño de la pesquería, que permitan evaluar el impacto de las medidas adoptadas y hacer ajustes cuando sea necesario, de manera técnica y transparente. Este es un mandato legal recogido en el reglamento aprobado en marzo último, sin embargo hasta ahora no se cuenta con tan importante instrumento de gestión.

Finalmente, al inicio de un nuevo año, es indispensable demostrar que se han asimilado las lecciones del pasado y reforzar la vigilancia y fiscalización de las operaciones de pesca y de los desembarques. La pota es un recurso caracterizado por pulsos de gran abundancia; por eso, se requiere actuar con prudencia para asegurar que su aprovechamiento sea sostenible en el tiempo. Es responsabilidad del Estado gestionar este recurso estratégico de modo que contribuya a la seguridad alimentaria, la generación de empleo e ingresos económicos de un amplio componente del sector pesquero peruano y su contribución a la economía costera. Esto se ha logrado en otras pesquerías, es momento de darle a la pota el lugar que merece.

Más de 50 organizaciones de América Latina, Europa y Norteamérica presentaron un reclamo formal ante la Organización Regional de Ordenación Pesquera del Pacífico Sur (OROP-PS) para exigir límites inmediatos a la pesca ilegal del calamar gigante en alta mar, una actividad que actualmente opera sin topes de captura en aguas internacionales del Pacífico Sur.

La declaración, suscrita por gremios de pesca artesanal, empresas procesadoras y ONG ambientales, advierte que el régimen de acceso abierto en la zona de la Convención ha permitido una extracción creciente por parte de la flota de aguas distantes, principalmente china, sin un marco científico robusto que garantice la sostenibilidad de la pota (Dosidicus gigas), recurso clave para Perú y otros países ribereños.

El vacío en alta mar y la presión sobre el recurso

El calamar gigante del Pacífico Sur es uno de los productos pesqueros más relevantes para el mercado internacional. Entre 2019 y 2023, Perú concentró el 51 % de los desembarques globales, seguido por China con 41 % y Chile con 7 %. A diferencia de lo que ocurre en aguas jurisdiccionales —donde existen cuotas, vedas y controles— en alta mar la actividad se ha desarrollado bajo un esquema sin límites de captura plenamente establecidos.

El Second SPRFMO Performance Review Panel (2024) advirtió que, en comparación con otros recursos gestionados por la OROP-PS, persisten brechas en el estándar de manejo aplicado al calamar gigante. Entre los puntos señalados figuran el limitado desarrollo de asesoramiento científico robusto y la ausencia de medidas de ordenación basadas en evidencia consolidada.

Según cifras citadas en la declaración, en los últimos 13 años la flota china habría capturado alrededor de cinco millones de toneladas en aguas internacionales. Entre 2020 y 2024, los desembarques anuales superaron las 400 mil toneladas, lo que representa un incremento cercano al 65 % respecto a la década anterior. Actualmente operan aproximadamente 671 embarcaciones industriales en la zona.

Investigaciones del Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) de Chile detectaron señales de deterioro en la condición poblacional del recurso en aguas internacionales. Las organizaciones firmantes señalan que el calamar cumple un rol estratégico en los ecosistemas oceánicos, tanto como depredador como presa, por lo que su sobreexplotación podría generar impactos en cadena.

Nueve propuestas en debate rumbo a Panamá 2026

El reclamo internacional respalda nueve propuestas técnicas que serán discutidas en la 14.ª reunión de la Comisión de la OROP-PS (COMM14), prevista para marzo de 2026 en Panamá. Las iniciativas fueron presentadas por Ecuador, Perú, Estados Unidos, República de Corea, la Unión Europea y Nueva Zelanda.

Entre las medidas planteadas se incluyen la fijación de límites precautorios de captura, el congelamiento del esfuerzo pesquero en alta mar, el fortalecimiento del monitoreo y la fiscalización, y la adopción de estándares regionales vinculantes sobre bienestar de tripulantes. El documento también menciona la necesidad de mejorar los sistemas de reporte y trazabilidad de capturas.

La declaración fue suscrita por organizaciones como la Sociedad Nacional de Pesca Artesanal del Perú (SONAPESCAL), la Cámara Peruana del Calamar Gigante (CAPECAL), la Coordinadora Nacional de Jibieros de Chile, así como por entidades internacionales como Oceana, The Pew Charitable Trusts, Environmental Justice Foundation y Sustainable Fisheries Partnership.

El texto sostiene que la situación actual de la pesquería exige la aplicación estricta del enfoque precautorio conforme a los lineamientos de la FAO, y remarca que la falta de certidumbre sobre el estado del stock incrementa los riesgos para la sostenibilidad y para las comunidades que dependen de la actividad.

En Perú, más de 6.000 embarcaciones artesanales participan en la extracción de pota bajo regulaciones nacionales que incluyen vedas y cuotas científicas. La discusión que se abrirá en Panamá definirá el alcance de las futuras reglas para la pesca en alta mar del Pacífico Sur, en un escenario donde confluyen intereses productivos, ambientales y regulatorios.

El análisis de la Dirección General de Montes y Biodiversidad de Cantabria sostiene que la recuperación de la anguila europea solo resulta viable mediante acciones conjuntas en todos los países donde se distribuye la especie, conforme a las recomendaciones de la Convención para la Conservación de las Especies Migratorias. Esta postura llevó al Ejecutivo autonómico a rechazar firmemente la propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) para que la anguila europea (Anguilla anguilla) pase al Catálogo Nacional de Especies Amenazadas bajo la categoría de “en peligro de extinción”, lo que implicaría la prohibición de su captura en todo el país, según informó el medio de comunicación.

Tal como publicó el medio, la Consejería de Pesca del Gobierno cántabro adelantó que su representante votará en contra de esta propuesta central en la próxima reunión del Comité Nacional de Flora y Fauna señalada para el 17 de febrero. El Ejecutivo regional remarcó que la protección de la biodiversidad requiere decisiones basadas en datos científicos, medición de resultados tangibles y colaboración con territorios que evidenciaron eficacia en la gestión, en vez de optar por disposiciones centralizadas que, desde su perspectiva, desatienden la realidad local y los logros obtenidos.

Según explicó el medio de comunicación, la Consejería argumentó que prohibir la pesca representaría una penalización injusta para aquellas comunidades que han aplicado durante años modelos rigurosos de gestión de anguila, incorporando control de la presión pesquera, seguimientos científicos y demostraciones de éxito verificables. En ese sentido, el Gobierno autonómico identificó a Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco y Cataluña como territorios que llevan más de una década impulsando planes específicamente dirigidos a controlar la pesca y combatir la captura furtiva de anguilas. De acuerdo con la información citada, estos métodos permitieron que la actividad pesquera tradicional sobreviviera dentro de criterios de sostenibilidad, mostrando indicadores positivos de conservación de la especie.

En el caso específico de Cantabria, el medio detalló que en los últimos años se han instrumentado varias medidas, como la prohibición de la pesca recreativa, la reducción del esfuerzo pesquero, el establecimiento de paros temporales, la limitación de cupos de pescadores y la creación de zonas de reserva. Además, se han impulsado programas de repoblación y un mecanismo estricto de control y supervisión científica sobre la población de anguilas. Para el Gobierno cántabro, la combinación de estas acciones permitió compatibilizar la preservación de la especie y la continuidad de una actividad con relevancia social y económica en la región.

Según consignó la fuente, la Consejería mostró su desacuerdo ante la posibilidad de que se decida una protección máxima de la anguila a nivel estatal sin evaluar de forma objetiva y diferenciada los resultados alcanzados por los planes autonómicos. Para la administración cántabra, esta visión contradice el actual marco jurídico del ámbito comunitario europeo. Asimismo, la Consejería manifestó que “la conservación de la anguila europea no puede convertirse en una excusa para implantar prohibiciones generalizadas que no reconozcan el esfuerzo ni la eficacia de modelos locales”.

El Ejecutivo regional brindó una advertencia sobre el hecho de que se impulsa esta medida sin una postura clara del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, lo que a su juicio genera incertidumbre en el sector pesquero y evidencia la urgencia de unificar criterios dentro del Gobierno central, según reportó el medio. La Consejería reclamó que el enfoque en la recuperación de la especie debe priorizar el refuerzo contra la pesca ilegal y el tráfico internacional no autorizado de anguilas, señalados como los principales riesgos actuales para la supervivencia de la especie, en lugar de focalizar esfuerzos en restringir actividades legales, reguladas y supervisadas por procedimientos científicos.

El propio gobierno cántabro recalcó la importancia de acometer restauraciones de cauces fluviales y eliminar obstáculos a la migración, como presas, saltos de agua y centrales hidroeléctricas, medidas consideradas indispensables para favorecer la dinámica biológica de la anguila, según reflejó la fuente. Además, la Consejería reiteró que cualquier decisión futura debe basarse en estudios diferenciados por cuenca hidrográfica, eliminando propuestas generalistas que ignoran particularidades técnicas y ambientales de cada territorio.

El medio de comunicación relató que la Consejería insistió en la necesidad de valorar, con anterioridad, el posible impacto social y económico de cualquier medida restrictiva sobre las comunidades que dependen de la pesca de anguila, una práctica identificada con una tradición local significativa. Por esa razón, el Gobierno cántabro rechazó también la aplicación de moratorias que solo afecten a España, subrayando que la especie en cuestión está regulada a nivel comunitario y que países vecinos no aplican condiciones igualmente estrictas.

Al final, según la información divulgada, la administración regional reiteró su compromiso con la preservación y el restablecimiento de la anguila europea, exigiendo que cualquier abordaje sobre la especie se sustente en evidencia científica, coordinación internacional y reconocimiento del trabajo de territorios y sectores pesqueros que han demostrado competencia en la gestión sostenible.

Argentina refuerza el control de sus aguas al poner en marcha un nuevo protocolo destinado a combatir la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada (INDNR). La medida apunta a proteger los recursos marinos y fortalecer el ejercicio de la soberanía sobre la plataforma continental, en un contexto de creciente presión sobre especies de alto valor comercial.

La decisión fue oficializada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, a través de la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca. Mediante la Disposición N° 20/2026, se estableció un esquema más preciso para detectar y sancionar a buques de bandera extranjera que operen de manera ilegal dentro de la Zona Económica Exclusiva Argentina.

El eje central de la normativa es transformar criterios técnicos en parámetros objetivos y verificables. Desde ahora, ciertas conductas de navegación serán consideradas indicios formales de pesca ilegal. Por ejemplo, un buque extranjero que navegue a menos de 6 nudos y realice maniobras con cambios de rumbo compatibles con tareas de pesca podrá quedar bajo presunción de actividad ilícita.

El foco también está puesto en la flota potera, especializada en la captura de calamar, uno de los recursos más codiciados del Atlántico Sur. En estos casos, la presunción de pesca ilegal se activará si las embarcaciones navegan a 2 nudos o menos sin justificación técnica válida. Para sustentar estas evaluaciones, el control se apoyará en tecnología satelital y registros electrónicos de alta precisión integrados al Sistema Guardacostas de la Prefectura Naval Argentina.

Más allá del endurecimiento de los controles, la normativa también contempla garantías para los involucrados. Los capitanes de los buques podrán presentar descargos y documentación técnica —como reportes meteorológicos, fallas mecánicas o emergencias operativas— que expliquen sus maniobras, asegurando así el respeto al debido proceso y a los estándares internacionales de fiscalización.

La iniciativa se enmarca además en el Principio Precautorio, que habilita al Estado a actuar de manera preventiva ante el riesgo de daños graves al ecosistema marino, incluso cuando no exista certeza científica absoluta en el momento de la detección.

El Gobierno de España ha activado recientemente iniciativas enfocadas en la cooperación en movilidad legal y desarrollo económico con Mauritania, consolidando compromisos adquiridos en la I Reunión de Alto Nivel celebrada el 16 de julio de 2025, donde se pactó un crédito de 50 millones de euros a la nación africana a través del Fondo para la Promoción del Desarrollo, según informó Europa Press. Durante un encuentro en Madrid, el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, junto a su homólogo mauritano, Mohamed Salem Uld Merzug, revisaron la implementación y los avances vinculados tanto a este acuerdo financiero como a colaboraciones en migración y comercio.

El medio Europa Press reportó que ambos ministros analizaron en detalle los logros alcanzados en materia de migración ordenada, movilidad y acuerdos pesqueros, situando estos temas en el centro de las relaciones bilaterales. Albares indicó mediante un comunicado en redes sociales que la cooperación reforzada entre ambos países “salva miles de vidas en el Atlántico”, haciendo referencia a los esfuerzos conjuntos para gestionar rutas migratorias de forma segura y mejorar los mecanismos de movilidad entre los dos países. En materia comercial, la pesca se destacó como pilar de la relación, dado el impacto que tiene para ambas economías y comunidades.

Adicionalmente, según publicó Europa Press, los ministros revisaron los pasos dados tras la reciente inauguración del Instituto Cervantes en Nuakchot, que en palabras del ministro español “está en acción” después de abrir sus puertas en julio. Este nuevo centro educativo se posiciona como un elemento central de vínculo cultural, contribuyendo a la expansión del idioma español en Mauritania y al fortalecimiento de los lazos bilaterales a nivel social y lingüístico.

La cooperación entre España y Mauritania se extiende también al ámbito regional. Albares subrayó que ambas partes mantienen un compromiso con la estabilidad en el Sahel, un área de relevancia estratégica en África Occidental, y con la ampliación del trabajo conjunto entre la Unión Europea y Mauritania. El ministro apuntó que continúan desarrollándose proyectos bilaterales, orientados a un partenariado “más fuerte y profundo” para los próximos años, refiriéndose en particular a la proyección de la agenda de trabajo para 2026, según consignó Europa Press.

En los contactos entre las delegaciones, tal como detalló el medio Europa Press, se abordaron también los resultados concretos obtenidos tras la I Reunión de Alto Nivel, celebrada en el mes de julio en Madrid, donde se sentaron las bases para este período intensificado de colaboración. De esos acuerdos destaca la financiación por medio del FONPRODE, cuya gestión recae en la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo (AECID), orientada a promover proyectos que fomentan la movilidad, la economía y la estabilidad mutua.

El ministro español destacó la relación de amistad con su contraparte mauritana y reiteró la voluntad de materializar los compromisos adquiridos en la cumbre bilateral. Esta colaboración, según consideran ambas partes, repercute directamente en el desarrollo sostenible y en la seguridad tanto de España como de Mauritania, además de contribuir a la labor de la Unión Europea en la región.

El encuentro en Madrid resalta el papel de España en iniciativas europeas vinculadas al África occidental, así como su interés en afianzar la cooperación con el país mauritano en aspectos que atraviesan la política migratoria, los intercambios comerciales y la promoción educativa y cultural.

El pejerrey bonaerense es un pez nativo de la región pampeana de Sudamérica, muy valorado tanto por su sabor como por ser protagonista de la pesca deportiva en Argentina, Uruguay y Brasil.

Se distingue por su cuerpo alargado y su carne blanquísima. Es la primera especie de pez en la que se demostró que su sexo biológico está determinado tanto por factores genéticos como por condiciones ambientales.

Es decir, la descendencia puede ser macho o hembra al depender no solo de sus genes, sino también del ambiente, especialmente según la temperatura.

Los primeros intentos de cultivo de esa especie de pejerrey se hicieron en Chascomús, provincia de Buenos Aires, en 1904.

Pero recién después de la década de 1980 se produjeron colaboraciones internacionales y avances tecnológicos que hicieron posible que el cultivo en cautiverio tuviera un desarrollo más sólido.

Ahora, científicos de la Argentina, Japón, España, México y Brasil publicaron en Reviews in Aquaculture una revisión de estudios en la que integran el conocimiento actual sobre la biología, el cultivo y las adaptaciones fisiológicas del pejerrey bonaerense y resaltan su potencial para el desarrollo de la acuicultura sostenible.

“El pejerrey es un pez oportunista: aprovecha cualquier situación ventajosa para establecerse”, contó a Infobae uno de los líderes del trabajo, el doctor Gustavo Somoza, ex director del Instituto Tecnológico de Chascomús, investigador superior ad honorem del Conicet y profesor de la Escuela de Bio y Nanotecnologías de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM).

Por ejemplo, si ocurre una inundación en un campo, una población de esa especie podría colonizarlo rápidamente. Si ese cuerpo de agua se establece, es probable que otras especies puedan competir mejor y lo desplacen.

Durante las últimas cuatro décadas, se llevaron a cabo investigaciones científicas e innovaciones para resolver los obstáculos que había en el cultivo de la especie.

El apoyo económico de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) y la colaboración académica con el científico Carlos Strüssmann, de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Tokio, en Japón, fueron clave.

“Se buscó mejorar la supervivencia, el crecimiento y la adaptación del pejerrey a distintos ambientes, además de controlar la reproducción y reducir el impacto de enfermedades”, explicó.

Uno de los avances más importantes fue aprender a manejar la reproducción al usar la temperatura y la luz. Eso permite que los criaderos tengan huevos y larvas justo en el momento que lo necesitan y con una supervivencia muy alta.

Además, se crearon alimentos balanceados especiales para el pejerrey que ayudan a que crezcan sanos y fuertes, y se adapten mejor a distintos ambientes, según se detalló en la revisión cuyo primer autor fue Alejandro Mechaly, investigador en endocrinología y fisiologia de peces del Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Biotecnología del Conicet y la Fundación FIBA de Mar del Plata.

También se descubrió que el pejerrey bonaerense puede crecer tanto en agua dulce como salobre, lo que reduce el estrés y la aparición de enfermedades en los criaderos.

En el laboratorio, los científicos lograron producir pejerreyes estériles con el uso de técnicas como la triploidía, que evita la reproducción no deseada y permite dirigir más energía al crecimiento del pez.

Se generaron híbridos con otras especies, al buscar mejorar el tamaño y la velocidad de crecimiento, y se logró formar poblaciones de solo machos o solo hembras con tratamientos térmicos.

Recientemente, el doctor Somoza con los investigadores Guillermo Ortí, Yamila Cardoso y Juan Ignacio Fernandino consiguieron hacer la secuenciación del genoma del pejerrey.

“Este avance permitirá seleccionar ejemplares con mejores características para el cultivo, como mayor resistencia a enfermedades o un crecimiento más rápido”, resaltó el doctor Somoza, quien en 2024 fue reconocido por su trayectoria por la Sociedad Internacional de Endocrinología de Peces.

Horizontes sostenibles para el pejerrey

Aunque se avanzó mucho, la acuicultura sustentable del pejerrey bonaerense todavía tiene varios desafíos.

Para que sea sustentable, el cultivo del pez debe hacerse en ambientes controlados y se busca maximizar la producción sin dañar el ecosistema.

“Aún no hay una producción comercial de la especie. Sería interesante que se desarrolle en la Argentina para obtener alimentos saludables y rentables, mientras se cuida el agua, la biodiversidad y los recursos naturales”, enfatizó Somoza.

Los investigadores que hicieron la revisión publicada en Reviews in Aquaculture señalaron que aún hace falta investigar más para lograr que los sistemas de cría y alimentación del pejerrey que sean eficientes, económicos y cuiden el ambiente.

También es clave que más personas se capaciten en el manejo de la especie, y que la tecnología llegue a productores de distintas regiones para que todos puedan aprovechar los adelantos.

El trabajo en equipo entre científicos, técnicos y productores será fundamental para que la especie bonaerense tenga un lugar fuerte en la acuicultura del país.

En diálogo con Infobae, el doctor Juan Ignacio Fernandino, investigador del Conicet en el Instituto Tecnológico de Chascomús, explicó: “Ya tenemos el genoma del pejerrey bonaerense como referencia y eso nos permite avanzar en la búsqueda de genes”.

También están trabajando con la técnica de edición genética CRISPR. “Uno de los principales desafíos del pejerrey es que el crecimiento de cada ejemplar es lento y eso dificulta la producción comercial. Nuestro objetivo es reducir los tiempos de crecimiento mediante el uso de la edición genética”, comentó.

“Cuidar la biodiversidad local debería ser la prioridad de la acuicultura sustentable. De esta manera, se evitaría que el cultivo del pejerrey afecte a otras especies o al ecosistema”, subrayó el doctor Fernandino.

Si se sigue por ese camino responsable, el pejerrey bonaerense puede convertirse en una alternativa rentable, saludable y sostenible para la alimentación y la economía nacional.

Las principales organizaciones del sector pesquero europeo, así como los representantes de la transformación, comercialización y acuicultura, han elevado su voz ante la Comisión Europea para reclamar ajustes urgentes en el Reglamento de Control de la Pesca. En una carta dirigida al comisario Costas Kadis, han advertido de que la aplicación progresiva de esta nueva normativa está derivando en consecuencias que califican de desproporcionadas para la flota, la cadena comercial y las administraciones nacionales.

El sector ha denunciado que la implantación de la normativa ha supuesto una multiplicación exponencial de tareas administrativas y operativas para los profesionales, sin que exista un beneficio claro en términos de control efectivo. Esta carga, según han señalado, vulnera los principios de proporcionalidad, eficacia y eficiencia esenciales en la normativa comunitaria.

Entre los aspectos que más inquietud generan figura la obligación de declarar las capturas desde cero kilogramos y la exigencia de cumplir rigurosamente el margen de tolerancia, requisitos que consideran inviable satisfacer en el día a día, muy especialmente en las pesquerías mixtas y en los buques de menor tamaño.

Esta rigidez incrementa el riesgo de incurrir en infracciones no intencionadas y, además, puede repercutir negativamente en la seguridad de la navegación. Asimismo, según han expuesto, la norma distorsiona los sistemas de evaluación de riesgos y podría poner en entredicho el acceso a ayudas del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA).

Retrasos, sobrecostes y alteraciones en la cadena de suministro

Por otra parte, las organizaciones han puesto el foco en las deficiencias técnicas del sistema CATCH IT, que ya están provocando retrasos, sobrecostes y alteraciones en la cadena de suministro. En su configuración actual, sostienen, dicho sistema obliga a los operadores europeos a asumir una carga administrativa excesiva, incluso en aquellos casos en que autoridades y exportadores de terceros países no pueden adaptarse a la herramienta con el mismo grado de homogeneidad.

Las dificultades no se limitan a las cuestiones técnicas. El sector también ha alertado de la inseguridad jurídica que genera la falta de claridad en las responsabilidades y en la cumplimentación de los certificados de captura. Esta ambigüedad contribuye, según su análisis, a que surjan diferencias sustanciales en la aplicación de la norma entre países y a la proliferación de conflictos en los controles.

En la carta, los firmantes solicitan a la Comisión Europea la adopción urgente de medidas técnicas y cambios regulatorios. Sus propuestas incluyen, entre otras, la introducción de tolerancias razonables en las estimaciones que no superen los 100 kilogramos o que pequeños errores técnicos no se consideren infracciones graves.

También abogan por el aplazamiento de la entrada en vigor total del sistema CATCH IT hasta enero de 2027 -permitiendo que convivan los sistemas actuales y digitales-, y el retraso de las obligaciones de trazabilidad digital del artículo 58 al menos hasta 2029 en el caso de los productos del capítulo 03. Además, demandan que las exigencias de información por cada operación de pesca sean realistas y no comprometan la seguridad.

La lucha contra la pesca ilegal, un objetivo común

En el escrito dirigido a Kadis, el sector ha recordado que una política de control sólo puede ser efectiva si las normas son viables, los sistemas están plenamente operativos y las administraciones cuentan con recursos técnicos suficientes. En este sentido, han recalcado que los profesionales del mar no pueden cargar con las consecuencias de deficiencias ajenas, ya sean técnicas o administrativas.

“Compartimos plenamente el objetivo de luchar contra la pesca ilegal y reforzar la trazabilidad, pero no a costa de la seguridad en la mar, la competitividad del sector ni la viabilidad económica de miles de empresas y empleos”, subrayan las organizaciones en la carta enviada al comisario Costas Kadis.

Por último, los representantes del sector han reiterado en su escrito la disposición a colaborar con la Comisión Europea y con los Estados miembros para que la aplicación del Reglamento de Control se lleve a cabo de manera equilibrada, realista y eficaz e insistieron en que este proceso debe garantizar tanto el cumplimiento de los objetivos normativos como la protección del futuro de la pesca y la acuicultura comunitarias.

La decisión del Ministerio de la Producción (PRODUCE) de ampliar el proceso de formalización de embarcaciones pesqueras artesanales dedicadas a la extracción de pota y perico hasta julio de 2026 podría poner en jaque al sector artesanal que abastece a los mercados de todo el país, advirtió Piero Rojas, asesor legal de Innovations for Ocean Action y profesor de la Universidad Científica.

En diálogo con Infobae Perú, el especialista señaló que la reciente Resolución Ministerial N° 000019-2026-PRODUCE deja abierta la posibilidad de incorporar naves que no cumplen los requisitos biológicos ni legales exigidos por la normativa vigente.

Ministerio de la Producción amplía formalización de embarcaciones artesanales hasta 2026

Como se recuerda, el Ministerio de la Producción publicó el 29 de enero un proyecto de Decreto Supremo para modificar el Reglamento de la Ley General de Pesca y ampliar el proceso de formalización de embarcaciones artesanales que iniciaron trámite antes de julio de 2023.

Según el documento, esta medida beneficiaría a alrededor de 150 expedientes de embarcaciones pesqueras inscritas bajo el Decreto Supremo N° 006-2016-PRODUCE, en el marco de cooperativas pesqueras que buscan permisos para pota y perico.

El procedimiento propuesto consta de dos pasos: una verificación documental para comprobar que las solicitudes cumplen los requisitos técnicos y personales, y una inspección física para constatar la existencia y características de las embarcaciones.

Si la embarcación no coincide con lo declarado, se solicitaría un nuevo certificado de matrícula a la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI) antes de continuar el trámite.

¿Nuevas embarcaciones formalizadas de contrabando?

El Ministerio de la Producción fundamenta su decisión en el principio de igualdad y el derecho al trabajo de los pescadores que presentaron solicitudes antes del cierre del proceso en julio de 2023.

Según la norma citada, estos pescadores ya formaban parte de la flota activa cuando el Instituto del Mar del Perú (IMARPE) determinó que los recursos pota y perico estaban plenamente explotados.

Además, PRODUCE invoca la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento de Ordenamiento Pesquero del Perico (DS N° 017-2021-PRODUCE) para respaldar la continuidad de los trámites.

El ministerio sostiene que la prórroga no permite sumar nuevas embarcaciones ajenas al registro original ni ampliar la flota, sino que busca cerrar definitivamente expedientes pendientes y garantizar la seguridad jurídica a quienes apostaron por la formalidad.

Existen más de 100 embarcaciones construidas ilegalmente entre 2022 y 2024

Rojas Vásquez cuestiona la medida desde una perspectiva técnica y legal. Sostiene que solo es posible formalizar embarcaciones que operaron efectivamente antes de 2021, cuando IMARPE declaró los recursos como plenamente explotados, y que el artículo 12 del Reglamento de la Ley General de Pesca impide otorgar nuevos permisos para recursos en ese estado.

El catedrático agrega que la formalización debía ser una ventana limitada en el tiempo para quienes demostraran actividad pesquera previa a esa fecha, no un proceso indefinido.

“Es verosímil que 150 solicitudes presentadas recién en julio de 2023 correspondieran a embarcaciones que existieran antes de 2021. De haber sido así, desde 2018 habrían tenido la posibilidad de inscribirse para obtener permisos de pesca”, advierte.

Menciona que el Sistema de Formalización Pesquera Artesanal - SIFORPA II creado en 2018, permitió inscribir más de 4.500 embarcaciones, de las cuales aproximadamente 2.500 culminaron el proceso y operan actualmente de manera formal.

IMARPE sostiene que los recursos están plenamente explotados desde 2021

El experto también advierte sobre la existencia de construcciones ilegales de embarcaciones posteriores a 2018, para las que PRODUCE no tiene mecanismos efectivos de verificación.

“No se puede hablar de un incremento de embarcaciones en ese régimen sin que ello derive, primero, en una sospecha fundada de un origen ilegal posterior a los años en que IMARPE realizó la labor científica que determinó la plena explotación del recurso”, señala.

Piero Rojas subraya que permitir la formalización de nuevas embarcaciones puede agravar la sobreoferta de pota y perico, lo que afectaría los precios y la rentabilidad de los propios pescadores artesanales.

“El ingreso de nuevas embarcaciones, además de atentar contra la sostenibilidad pesquera del recurso, también tiene el efecto de desplomar los precios en la playa del recurso”, sostiene. PRODUCE ha aplicado topes y vedas para contener la extracción, pero la magnitud de la flota formal e informal ha limitado la eficacia de estas medidas.

DICAPI ya no podrá participar en la formalización pesquera

El especialista recalca que la función del regulador es proteger el recurso y educar al sector, para evitar acciones que terminen perjudicando a los propios pescadores.

“Es la labor del ente regulador el tener una visión más amplia del ordenamiento del recurso y realizar labores educativas y de sensibilización hacia el sector pesquero”, afirma. Pero la prórroga también enfrenta críticas en materia de fiscalización.

La Cuarta Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo N° 006-2016-PRODUCE exige la participación de DICAPI en los programas de inspección.

Sin embargo, el nuevo proyecto centraliza la verificación en manos de PRODUCE, dejando fuera a la autoridad marítima que tiene competencia para certificar la existencia de embarcaciones, explica el docente.

¿El tráfico ilegal de madera en astilleros pesqueros se repotencia?

En esta línea, advierte que la interpretación utilizada por PRODUCE del Reglamento de Ordenamiento Pesquero del Perico es incorrecta, pues la disposición invocada solo aplicaba a embarcaciones con permiso temporal vigente al momento de la entrada en vigor de la norma, no para ingresos posteriores.

“No planteaba una ventana abierta para seguir incorporando ilimitadamente a embarcaciones que aparecieran posteriormente”, enfatiza.

La problemática de la construcción ilegal de embarcaciones artesanales es reconocida por el propio Estado. Informes de la Dirección de Supervisión y Fiscalización de PRODUCE documentan la existencia de más de 100 embarcaciones en astilleros clandestinos entre 2022 y 2024, con operativos realizados en regiones como Piura, Lambayeque, Ancash, Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna.

Los reportes dan cuenta de prácticas vinculadas al tráfico ilegal de madera y otras irregularidades que afectan la sostenibilidad y la seguridad de la flota nacional.

La nueva prórroga del PRODUCE también beneficia la extensión del SIFORPA

Rojas Vásquez anticipa que la aprobación de la prórroga puede sentar un precedente legal para otros proyectos en curso, como el Proyecto de Ley N° 12372-2025, que busca permitir que alrededor de 2.000 administrados inscritos en el SIFORPA II continúen con el trámite para obtener permisos de pesca.

En ambos casos, se invoca el principio de igualdad y el derecho al trabajo, pero sin evidencia de que las embarcaciones existieran antes de las fechas límite establecidas por ley.

De acuerdo con el especialista, “de aprobarse el Proyecto de Decreto Supremo, este podría constituir un precedente normativo y argumentativo para sustentar la ampliación del proceso de formalización en el marco del SIFORPA II [también conocido como REINFO pesquero]”.

¿Salvaguardar los recursos marinos o el derecho al trabajo?

Rojas Vásquez recomienda archivar el proyecto de Decreto Supremo y declarar improcedentes las 150 solicitudes, ya que los recursos de pota y perico se encuentran plenamente explotados y la legislación vigente prohíbe otorgar nuevos derechos sobre estos.

El experto considera fundamental que el Ministerio de la Producción refuerce los mecanismos de verificación y fiscalización, priorizando la sostenibilidad de los recursos y la equidad entre los pescadores formales.

La nueva propuesta de PRODUCE abre un debate sobre la gobernanza y el futuro de la pesca artesanal en el país, en un contexto donde la presión sobre los recursos hidrobiológicos y la construcción de embarcaciones ilegales plantea desafíos crecientes para la sostenibilidad y la seguridad jurídica del sector.

El Ministerio de la Producción (Produce) oficializó el cierre de la Segunda Temporada de Pesca 2025 de anchoveta y anchoveta blanca en la zona norte-centro del litoral peruano. La medida empezará a regir desde las 00:00 horas del 1 de febrero y marca el término de las actividades extractivas correspondientes a esta campaña.

La decisión se sustenta en el alto nivel de aprovechamiento del recurso durante la temporada. Según la información oficial, la flota industrial alcanzó el 97,91% del Límite Máximo Total de Captura Permisible, establecido en 1.630.000 toneladas, lo que refleja una ejecución cercana al tope autorizado para este periodo.

Cierre tras alcanzar el límite de captura

Al 25 de enero, las descargas acumuladas sumaron 1.596.013 toneladas, cifra que motivó la aplicación del cierre anticipado. Produce explicó que este resultado es consecuencia del seguimiento constante a la actividad extractiva y al comportamiento del recurso en el mar, lo que permitió adoptar la medida en el momento oportuno.

El término de la temporada fue definido luego de evaluar los reportes técnicos del Instituto del Mar del Perú (Imarpe), así como los informes operativos de la Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción. Ambas entidades realizan un monitoreo permanente de los aspectos biológicos y del cumplimiento de las disposiciones vigentes por parte de la flota pesquera.

Sostenibilidad y protección del recurso

El titular del sector, César Quispe Luján, indicó que el cierre responde al marco de ordenamiento pesquero establecido y a la necesidad de preservar la anchoveta como recurso clave para el país. En esa línea, remarcó que las decisiones del sector se apoyan en evidencia científica y en el análisis continuo de los indicadores poblacionales.

Con el fin de la temporada extractiva, la anchoveta ingresará a una etapa de mayor actividad reproductiva propia del verano. Durante este periodo, el Imarpe continuará evaluando las condiciones biológicas y pesqueras, con el objetivo de emitir recomendaciones que aseguren la conservación del stock y permitan mantener el equilibrio entre la actividad económica y la sostenibilidad de uno de los principales recursos de la industria pesquera nacional.

Aporte nutricional de la anchoveta

La anchoveta aporta una cantidad considerable de nutrientes esenciales que la convierten en un alimento valioso para una dieta equilibrada. Este pequeño pescado es una fuente concentrada de proteínas de alta calidad, que contribuyen a la reparación y construcción de tejidos, y puede representar una parte importante del requerimiento diario de este macronutriente en una porción de unos 100 g. Además, aporta ácidos grasos omega-3, como EPA y DHA, que están asociados a la salud del corazón y del cerebro, y que ayudan a reducir procesos inflamatorios en el organismo.

Entre los micronutrientes, la anchoveta contiene minerales como hierro, calcio y selenio. El hierro favorece el transporte de oxígeno en la sangre, el calcio es vital para huesos y dientes, y el selenio actúa como antioxidante, apoyando funciones celulares y la defensa contra el estrés oxidativo. También aporta vitaminas del grupo B, especialmente niacina (B3), que participa en la liberación de energía a partir de los alimentos, y cantidades útiles de vitamina B12, importante para la salud nerviosa y la formación de glóbulos rojos.

Aunque la composición exacta puede variar según si se consume fresca o procesada, en general la anchoveta no tiene carbohidratos y su contenido de grasa total es moderado, pero con una proporción alta de grasas saludables. Esto la hace adecuada dentro de patrones alimentarios que buscan alimentos densos en nutrientes sin excesos calóricos.

El Ministerio de la Producción (Produce) presentó, mediante la Resolución Ministerial N.° 00019-2026-PRODUCE, un prerreglamento que amplía hasta el 31 de julio de 2026 el plazo para culminar la formalización de embarcaciones pesqueras artesanales.

Esta prórroga solo aplica a quienes presentaron solicitudes antes del 31 de julio de 2023 y se limita a las pesquerías de perico y pota. Según el documento, no se contemplan nuevos procesos ni se admitirán embarcaciones adicionales.

Ministerio de la Producción amplía plazo para formalizar embarcaciones de pesca artesanal

El eje principal de la propuesta es la prórroga hasta el 31 de julio de 2026 para culminar la formalización de embarcaciones artesanales que iniciaron su trámite antes del 31 de julio de 2023, bajo el Decreto Supremo N° 006-2016-PRODUCE.

Esta extensión solo beneficia a embarcaciones ya registradas y dedicadas a la pesca de perico (Coryphaena hippurus) y pota (Dosidicus gigas). Según el ministerio, no se abrirán nuevos procesos ni se aceptarán embarcaciones adicionales, sino que busca “dar cierre definitivo a los expedientes pendientes y brindar seguridad jurídica a los pescadores que apostaron por la formalidad”.

No obstante, las prórrogas y ampliaciones previas, dispuestas por decretos y resoluciones como el DS N° 003-2023-PRODUCE y la RM N° 00395-2024-PRODUCE, han sido objeto de críticas porque han prolongado indefinidamente el proceso de formalización artesanal y dificultado un cierre claro.

Además, la falta de un cierre definitivo en el proceso ha debilitado la capacidad de fiscalización y ordenamiento del sector artesanal, afectando los objetivos de sostenibilidad y manejo responsable de los recursos hidrobiológicos.

La temporada de pesca de anchoveta también sufre cambios

En el caso de la anchoveta, recurso fundamental para la economía pesquera nacional, la propuesta modifica el plazo de publicación de la resolución de inicio de temporada. Ya no será necesario un aviso con tres días hábiles de anticipación, sino que bastará con tres días calendario.

Este ajuste permite una respuesta más rápida y eficiente ante las condiciones biológicas que determinan el mejor momento para iniciar la captura, lo que es clave en el contexto de variabilidad climática y cambios en los patrones de distribución de la especie.

PRODUCE impone devolución al mar de capturas incidentales no sobrevivientes de perico

Respecto al manejo de la pesquería de perico, el prerreglamento del Ministerio de la Producción elimina la obligación de llevar a tierra las especies capturadas incidentalmente que no sobrevivan.

Ahora, estos ejemplares deberán ser devueltos al mar y reportados a IMARPE, lo que minimiza riesgos sanitarios y evita la contaminación de la cadena alimentaria. Esta medida busca alinearse con recomendaciones de manejo responsable y sostenibilidad de los recursos.

¿Una nueva ventanilla para la pesca artesanal en el Perú?

Una de las novedades más relevantes es la incorporación explícita de la Ventanilla Única del Sector Producción (VUSP) para la gestión digital de procedimientos como la nominación y asociación temporal del Límite Máximo de Captura por Embarcación (LMCE).

Gracias a la VUSP, los trámites se resolverán en un máximo de dos días calendario, lo que representa una mejora sustancial respecto a los plazos anteriores de dos días hábiles.

Este avance en digitalización facilita el acceso de los armadores y empresas a los servicios del Estado y permite optimizar recursos administrativos, especialmente en periodos de alta demanda. Esta tipo de ventanillas ya ha sido antes implementada en sectores como Comercio y Minería.

Nuevas reglas para la caducidad de permisos: ¿paso para adelante, o para atrás?

La propuesta también simplifica la caducidad de permisos de pesca: elimina la necesidad de demostrar si la embarcación estuvo en condiciones de operación, y ahora basta comprobar que no realizó actividad extractiva durante dos años consecutivos.

Además, la evaluación de caducidad se aplicará individualmente por cada recurso hidrobiológico autorizado en el permiso, permitiendo un control más detallado y eficiente.

El prerreglamento estará disponible para recibir comentarios y observaciones de ciudadanos, pescadores, gremios y empresas durante quince días calendario a través del portal institucional de Produce.

La propuesta busca cerrar el proceso de formalización iniciado hace casi una década, modernizar trámites y adaptar la normativa a un sector pesquero que necesita mayor eficiencia, sostenibilidad y seguridad jurídica para quienes cumplen con la ley.

El Ministerio de la Producción (Produce) dispuso que las embarcaciones pesqueras artesanales que cuenten con el sistema de seguimiento satelital SISESAT podrán operar sin los límites diarios o topes individuales que antes regulaban la captura de calamar gigante o pota (Dosidicus gigas) entre el 1 de enero y el 28 de febrero de 2026.

La medida, publicada el 27 de enero de 2026 mediante la Resolución Ministerial Nº 000018-2026-PRODUCE, mantiene el Límite Máximo de Captura Total Permisible (LMCTP) en 76.324 toneladas para el periodo, pero introduce una excepción clave que modifica la dinámica extractiva en la primera etapa del año.

Ministerio de la Producción modifica régimen de captura de calamar gigante en Perú

Según la información publicada en El Peruano, el LMCTP para el calamar gigante no ha experimentado cambios respecto a la resolución previa, permaneciendo en 76.324 toneladas para el periodo de inicio de 2026.

Lo que sí varía es el marco operativo: las embarcaciones artesanales equipadas con el sistema SISESAT ya no están sujetas a los topes diarios ni a tolerancias individuales, siempre que la suma global de capturas no sobrepase la cuota nacional asignada.

El SISESAT es una herramienta tecnológica que permite el monitoreo satelital en tiempo real de la posición y actividad de cada embarcación. De acuerdo con el Ministerio de la Producción, esta excepción busca incentivar la adopción de sistemas de seguimiento, robustecer los mecanismos de control y propiciar un mayor y mejor uso de la cuota global.

Así lo confirmó la Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura, que reportó que al 23 de enero de 2026 solo se había utilizado el 36,66% del límite máximo permitido.

El Gobierno exonera límites a pesca artesanal de calamar gigante bajo monitoreo SISESAT

Según los informes técnicos del Instituto del Mar del Perú (IMARPE), las condiciones para el desarrollo del calamar gigante durante la primavera de 2025 fueron óptimas, con una presencia significativa de paralarvas y juveniles en áreas alejadas de la costa.

Los pronósticos para 2026 prevén condiciones ambientales neutras y favorables, factores que sustentaron la decisión de mantener la cuota y ajustar las reglas para el acceso a la pesquería.

Antes de esta resolución, todas las embarcaciones estaban sujetas a restricciones diarias y tolerancias de captura, diseñadas para repartir de manera equitativa el uso de la cuota y evitar la sobreexplotación por parte de pocos actores.

Con el nuevo esquema, quienes cuenten con tecnología SISESAT podrán administrar su esfuerzo extractivo de manera flexible, dentro del marco nacional y bajo monitoreo constante, mientras que las embarcaciones que no dispongan de este sistema seguirán sujetas a los topes y tolerancias previos.

IMARPE respalda flexibilización de restricciones para la pesca de pota

El Ministerio de la Producción fundamentó la decisión en la Ley General de Pesca y en el Reglamento de Ordenamiento Pesquero del calamar gigante, que establecen el manejo racional y adaptativo de los recursos hidrobiológicos peruanos. La política busca alinear la gestión pesquera con la evidencia científica y las condiciones tecnológicas disponibles, promoviendo la sostenibilidad y el desarrollo de la pesca artesanal.

La Resolución Ministerial Nº 000018-2026-PRODUCE está publicada en la sede digital del ministerio. El nuevo régimen operativo para el inicio de la temporada de calamar gigante pone el foco en la modernización del sector artesanal y el uso eficiente de los recursos bajo control y vigilancia.

La Asamblea Legislativa de El Salvador recibió la iniciativa para crear la Autoridad Salvadoreña de Economía Azul (ASEA), un organismo autónomo que busca convertirse en el ente rector de las políticas nacionales sobre pesca, acuicultura y actividades conexas bajo un enfoque de sostenibilidad.

El propósito central es desarrollar un marco jurídico e institucional capaz de armonizar el crecimiento económico con la conservación de los recursos naturales, respaldando la seguridad alimentaria del país y la generación de empleo a partir del aprovechamiento responsable de los ecosistemas acuáticos, según el proyecto presentado por la ministra de Economía María Luisa Hayem Brevé, cumpliendo instrucciones directas del presidente de la República.

Entre las implicaciones inmediatas de la ley destaca el traspaso de competencias del Ministerio de Agricultura y Ganadería y del Centro de Desarrollo de la Pesca y la Acuicultura (CENDEPESCA) a la nueva autoridad. Una comisión de transición, integrada por representantes del ministerio y de la ASEA, deberá coordinar la transferencia de activos, recursos humanos y proyectos en curso.

El artículo 22 del decreto establece que “la ASEA será la institución competente para la implementación de la Ley General de Ordenación y Promoción de Pesca y Acuicultura”, consolidando así la conducción estatal del sector bajo el nuevo enfoque de economía azul.

Según el texto impulsado por el Ejecutivo, la ASEA tendrá sede principal en el municipio de La Libertad Sur, con posibilidad de abrir oficinas en cualquier parte del territorio nacional.

Entre sus principales funciones se encuentran la formulación, adopción y evaluación de políticas públicas, el control de la trazabilidad y calidad de los productos pesqueros, la fiscalización de los recursos hidrobiológicos y la promoción de alianzas tanto a nivel nacional como internacional. Además, este ente estará facultado para emitir licencias, imponer sanciones, proponer reformas legales y coordinar iniciativas de innovación y transferencia tecnológica.

“La Autoridad tendrá plena autonomía en lo financiero, administrativo, operativo y presupuestario”

Respecto al régimen financiero, el patrimonio de la ASEA estará conformado por transferencias estatales, ingresos propios por servicios, donaciones y otros recursos legales.

El artículo 16 dispone que estos fondos podrán colocarse en el sistema financiero nacional, exceptuando las asignaciones presupuestarias del Fondo General del Estado, con el objetivo de incrementar el patrimonio institucional.

¿Cómo se estructurará?

La estructura de la ASEA incluye un director ejecutivo, designado por el presidente de la República por cinco años, renovable por otro periodo igual. El director tendrá facultades para representar legalmente al organismo, aprobar el presupuesto anual, emitir normativa interna, nombrar y remover personal, así como administrar la infraestructura estatal pesquera y acuícola.

El artículo 9 detalla los requisitos para ocupar la dirección, entre ellos ser salvadoreño, mayor de cuarenta años, poseer título universitario y experiencia en la materia.

En materia de fiscalización y control, la autoridad contará con auditoría interna y podrá contratar auditorías externas cuando lo considere pertinente. El presupuesto anual y la liquidación de recursos estarán sujetos a supervisión por parte de la Corte de Cuentas de la República.

Como organismo sancionador

La ASEA asume la competencia exclusiva para imponer sanciones previstas en la Ley General de Ordenación y Promoción de Pesca y Acuicultura. La Gerencia de Ordenación y Administración Pesquera y Acuícola instruirá los procedimientos, con recurso de apelación ante el director ejecutivo. Las sanciones se suman a aquellas posibles de naturaleza medioambiental, civil o penal.

El decreto estipula que la transferencia de activos, incluyendo infraestructuras, equipos, archivos y bases de datos, sea realizada conforme al inventario elaborado por la comisión de transición. Además, la ASEA gestionará los registros nacionales de pescadores, embarcaciones y proyectos acuícolas, además, fungirá como autoridad científica y administrativa ante la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).

Entre las funciones estratégicas de la ASEA se incluye la implementación de políticas de investigación e innovación, la promoción de estándares de calidad en los productos pesqueros y el fortalecimiento de la trazabilidad y sanidad en todas las fases de la cadena de valor. Además, impartirá programas de capacitación y coordinación para el desarrollo del sector bajo “principios de economía circular”.

La iniciativa prevé expresamente que “la ASEA iniciará operaciones con las asignaciones presupuestarias disponibles correspondientes a la Unidad Presupuestaria 05 Desarrollo de la Pesca y la Acuicultura comprendidas dentro del Presupuesto del ministerio de Agricultura y Ganadería”.

En lo sucesivo, el Ministerio de Hacienda deberá asegurar la inclusión de dichas partidas en la Ley del Presupuesto General del Estado para cada ejercicio fiscal.

Finalmente, la ley deroga los artículos 7 a 12 de la Ley General de Ordenación y Promoción de Pesca y Acuicultura y mantiene vigentes los reglamentos y disposiciones administrativas que no se opongan a la nueva regulación, hasta que sean modificados o derogados expresamente. El decreto entrará en vigencia sesenta días después de su publicación en el Diario Oficial.

La solicitud de crear un fondo de contingencia para compensar las posibles pérdidas que puedan enfrentar los productores agrarios y ganaderos tras la firma del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur se ha convertido en una de las principales demandas transmitidas por la Consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación de Cantabria, María Jesús Susinos, al Gobierno central. Según informó el Gobierno regional, Susinos ha trasladado al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, la necesidad de que se adopten un conjunto de mecanismos que otorguen protección efectiva al sector primario ante el impacto de este acuerdo comercial. De acuerdo con lo publicado, la consejera ha enfatizado los riesgos que puede suponer para los agricultores, ganaderos y pescadores cántabros la entrada en vigor de nuevas condiciones para las importaciones, reclamando un respaldo claro en los foros europeos y la revisión de las actuales salvaguardas.

La preocupación de la consejera cántabra parte de la percepción de que los productores locales se encuentran actualmente expuestos a una competencia desigual. Tal como publicó el Gobierno regional, Susinos ha recordado que mientras el sector primario de la región “está en las calles reclamando una defensa de su profesión”, las importaciones de productos agroalimentarios y pesqueros desde países del Mercosur podrían no estar sometidas a las mismas exigencias en materia de controles sanitarios, fitosanitarios y medioambientales. Ante este contexto, la titular de Desarrollo Rural ha insistido en que España debe exigir a la Comisión Europea “garantías reales y palpables” sobre el cumplimiento de las salvaguardias pactadas, asegurando que las cláusulas del acuerdo no queden, según sus palabras, “solo en humo”.

Durante su intervención en la Conferencia Sectorial de Pesca, Agricultura y Desarrollo Rural, y en los consejos consultivos de Política Pesquera y Agraria para Asuntos Comunitarios celebrados el martes, Susinos ha pedido al ministro Planas que atienda las inquietudes del sector de Cantabria. En este sentido, solicitó el refuerzo inmediato de los controles en los puntos de entrada de mercancías a la Unión Europea, especialmente en los puertos de titularidad estatal. Según detalló el Gobierno autonómico, entre las propuestas presentadas destaca la de incrementar tanto el personal como los recursos técnicos en los puntos de inspección fronteriza, para garantizar que todos los productos importados cumplan las mismas normativas a las que está sujeto el sector interno.

La consejera también planteó, según informó el medio oficial, la necesidad de establecer criterios protegidos para la política de importaciones. Para Susinos, la equiparación de exigencias regulatorias y la intensificación de los controles resultan esenciales para brindar una competencia justa a los productores nacionales, mitigando los efectos del incremento de las importaciones derivadas del acuerdo UE-Mercosur.

En el transcurso de las mismas reuniones, Susinos reiteró el apoyo del Ejecutivo de Cantabria a las labores de negociación del Ministerio en torno a la próxima Política Agraria Común (PAC). Según afirmó, “queda mucha negociación” antes de lograr un presupuesto suficiente y de avanzar en la simplificación administrativa, aspectos que considera estratégicos para la sostenibilidad y el desarrollo del sector.

En el ámbito de la sanidad animal, la consejera abordó la problemática de la dermatosis nodular contagiosa, una enfermedad que afecta a la cabaña ganadera. Según consignó el Gobierno autonómico, pidió al Ministerio que liderase una posición común en Europa para solicitar a la Comisión Europea la reclasificación de la enfermedad del grupo A al grupo B, alineándose así con las reivindicaciones del sector. La categoría actual implica la aplicación de medidas de erradicación “sumamente restrictivas”, como la obligación de sacrificar los animales afectados, restricciones de movimiento y suspensión total de la actividad ganadera en zonas extensas. Según argumentó Susinos, “esas medidas fueron comprensibles en los primeros momentos, pero ahora no resultan plenamente proporcionales al riesgo real actual”. La consejera explicó que un cambio de clasificación permitiría estrategias de control menos severas, priorizando la vacunación y limitando el impacto económico y social, sin que eso implique rebajar el nivel de protección sanitaria.

En respuesta a posibles inquietudes sobre la repercusión que tendría la bajada de la categoría de la enfermedad en los mercados internacionales, la titular de Desarrollo Rural citó su convicción de que, si tal medida fuese adoptada conjunto por todos los países de la Unión Europea, “los mercados no van a castigar a la Unión Europea”, según publicó la nota oficial.

Sobre el sector pesquero, Susinos agradeció, de acuerdo al comunicado del Gobierno de Cantabria, el compromiso mostrado por el ministro Planas al recoger la propuesta del sector pesquero nacional para flexibilizar la aplicación de determinadas obligaciones en relación con el reglamento de inspección y control. La consejera calificó como prioritario que la nueva resolución que incluya estas propuestas se publique a la mayor brevedad y que la Comisión Europea acepte las condiciones pactadas entre España y el sector pesquero en la jornada previa.

En cuanto a la delimitación definitiva del Total Admisible de Capturas (TAC) y las cuotas aplicables a la pesquería del verdel, la responsable cántabra coincidió con las organizaciones pesqueras de la región en que la reducción debe basarse en criterios científicos. Según reportó el Gobierno regional, Susinos defendió que la reducción acordada por el sector debe situarse en el 48% y no en el 70% como se había propuesto previamente en Bruselas. Durante su intervención, la consejera alertó acerca de la “incoherencia” que supondría sancionar a los estados que han cumplido la normativa, mientras que aquellos que han practicado sobrepesca durante los últimos años podrían continuar por ese camino, perjudicando a los países que cumplen. Susinos afirmó que la propuesta con la cual España y sus regiones deberían alinearse es la de una reducción del 48%, pues considera que ajustar la cuota en esa magnitud permite preservar los recursos marinos y al mismo tiempo mantener la viabilidad del sector pesquero local.

Según reiteró la consejera y recogió el Gobierno regional en su comunicado, la defensa de los intereses del sector primario cántabro ante el acuerdo de la Unión Europea con Mercosur requiere la puesta en marcha de controles reforzados, compensaciones económicas efectivas y la modificación de los reglamentos que afectan tanto a la ganadería como a la pesca. Las discusiones en las conferencias sectoriales y los consejos consultivos nacional y europeos siguen marcando la agenda de trabajo del Ejecutivo autonómico en busca de soluciones concretas para los retos que enfrentan los productores cántabros.

La petición de crear un fondo de contingencia para compensar al sector primario ante pérdidas derivadas del acuerdo con Mercosur centró una de las principales demandas trasladadas por la consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación de Cantabria, María Jesús Susinos, al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas. Según informó el Gobierno regional, Susinos intervino durante la Conferencia Sectorial de Pesca, Agricultura y Desarrollo Rural, así como en los consejos consultivos de Política Pesquera y Agraria para Asuntos Comunitarios, celebrados el martes por la tarde. En estas reuniones, la consejera expuso que el sector primario cántabro se encuentra especialmente preocupado por los efectos que pueda acarrear el reciente acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, e insistió en la necesidad de aplicar garantías efectivas que protejan a agricultores y ganaderos ante posibles perjuicios.

De acuerdo con el reporte del Gobierno cántabro, Susinos remarcó su preocupación por el posible impacto que el acuerdo con Mercosur podría generar sobre la agricultura y la ganadería en la región, destacando las protestas y movilizaciones efectuadas por los trabajadores del sector en demanda de protección para su actividad y de igualdad de exigencias sanitarias, fitosanitarias y medioambientales para los productos importados. En este sentido, solicitó al ministro Planas que el Ejecutivo escuche las reivindicaciones del sector y articule mecanismos concretos y efectivos para asegurar su defensa. La consejera reclamó al Gobierno central que exija a la Comisión Europea garantías "reales y palpables" en el cumplimiento de las salvaguardas incluidas en el acuerdo con Mercosur, argumentando que no resulta admisible conformarse con cláusulas que, en la práctica, no cuenten con efectos protectores reales.

Entre las demandas de la consejería se encuentran el refuerzo inmediato de los controles en frontera para las importaciones dirigidas a Europa y la dotación de recursos adicionales, tanto humanos como técnicos, en los puntos de inspección fronterizos presentes en los puertos estatales. Tal como publicó el Gobierno de Cantabria, el objetivo de dichas medidas sería garantizar que todos los productos externos cumplan con los mismos requisitos que ya se exigen a los productores nacionales y europeos, evitando así situaciones de competencia desleal.

En el contexto de las negociaciones sobre la nueva Política Agraria Común (PAC), Susinos expresó el respaldo del Gobierno de Cantabria al ministerio, señalando que aún resta una fase considerable de diálogo hasta que el acuerdo definitivo cuente con el presupuesto adecuado y avance en la simplificación administrativa solicitada por los agentes del sector. Esta posición, según indicó la consejera, resulta clave para asegurar que la PAC brinde las herramientas necesarias para el desarrollo del sector primario en la región.

En el ámbito de la sanidad animal, la responsable cántabra abordó específicamente la dermatosis nodular contagiosa, una enfermedad que, según sus palabras recogidas por el Gobierno regional, mantiene actualmente una clasificación de categoría A a nivel europeo, lo que exige medidas de erradicación calificadas como “extremadamente restrictivas”, como la obligación de sacrificar animales afectados, la imposición de amplias restricciones al movimiento y la suspensión de las actividades ganaderas en zonas extensas. La consejera solicitó que España asuma un liderazgo ante la Comisión Europea para solicitar la rebaja de esta clasificación a la categoría B, tal como lo solicita el sector primario. De acuerdo con la consejera, la reclasificación permitiría moderar las restricciones, priorizar la vacunación y limitar los efectos económicos y sociales sin que se vea afectado el estatus sanitario general.

Respecto a las posibles consecuencias de una reclasificación sobre los mercados internacionales a los que se exportan productos españoles, Susinos sostuvo que este efecto no resultaría negativo si tal decisión se adopta de forma coordinada por todos los países de la Unión Europea. El Gobierno cántabro subrayó la importancia de una estrategia común para evitar que el mercado penalice a los productores.

En lo que respecta al sector pesquero, la consejera agradeció el enfoque del ministro Planas en relación con la propuesta de flexibilizar las obligaciones incluidas en el reglamento de inspección y control. Planteó que la resolución en la que se recojan dichos puntos se publique sin demoras y solicitó que la Comisión Europea acepte lo acordado por España con el sector pesquero en encuentros previos. En materia de Totales Admisibles de Capturas (TAC) y cuotas para el verdel, María Jesús Susinos defendió la postura del sector pesquero cántabro y pidió que la reducción se ajuste a criterios científicos. Específicamente, remarcó que una reducción del 48% en la cuota del verdel constituye una propuesta más ajustada que la reducción del 70% adoptada inicialmente por el Consejo de Ministros en diciembre.

Según detalló el Gobierno autonómico, Susinos consideró incoherente que los estados que han incumplido con los límites de pesca en los últimos años continúen sobrepescando y negocien nuevas condiciones beneficiosas para sí mismos, mientras los estados que sí han cumplido los criterios deban acatar recortes significativos en sus cuotas y asumir en el mercado la entrada de esas capturas adicionales. En palabras de la consejera, “sería contrario al sentido común que aquellos estados que han practicado una sobrepesca de verdel durante los últimos cuatro años, de nuevo se salten los criterios científicos, y acuerden seguir sobrepescando, mientras los estados comunitarios tengamos que soportar una reducción del 70% y la entrada en el mercado de esas capturas”.

Durante las jornadas sectoriales, la consejera hizo hincapié en la necesidad de mantener una postura firme en favor de una reducción del 48% en la cuota del verdel y no del 70%, como medida alineada con la defensa del sector pesquero local. El Gobierno de Cantabria reiteró la importancia de que las negociaciones continúen en defensa de los intereses de agricultores, ganaderos y pescadores, enfatizando la necesidad de herramientas concretas, controles reforzados y medidas compensatorias para mitigar los posibles efectos adversos de las decisiones tomadas a nivel europeo.

El Ministerio de la Producción ha impuesto controles más estrictos para las embarcaciones peruanas que pescan calamar gigante o pota en aguas internacionales del Pacífico Sur.

La nueva norma, establecida por la Resolución Ministerial Nº 000016-2026-PRODUCE, exige que todas las naves inscritas ante la Organización Regional de Ordenación Pesquera del Pacífico Sur (OROP-PS) cumplan medidas de conservación, monitoreo y fiscalización alineadas con los estándares internacionales.

A partir de ahora, las embarcaciones peruanas deberán cumplir con varios requisitos clave:

• Contar con registro obligatorio y actualizado ante la OROP-PS.
• Operar con sistemas de seguimiento satelital activos durante toda la faena.
• Incorporar observadores a bordo para fiscalizar actividades y reportar datos.
• Presentar un formato especial de registro de captura y esfuerzo, diseñado por el Instituto del Mar del Perú (IMARPE), en cada desembarque autorizado,especialmente para naves menores de 15 metros de eslora.

Estas nuevas reglas buscan cerrar brechas en el control sobre la pesquería de calamar gigante, un recurso económico clave para el país y de creciente demanda internacional. El Perú es líder mundial en exportación de pota, pero enfrenta riesgos de sobreexplotación y presiones por parte de organismos internacionales y países vecinos para garantizar una extracción sostenible.

Ministerio de la Producción endurece medidas contra la pesca ilegal de pota en el Pacífico Sur

El marco de la medida se apoya en la Ley General de Pesca y en los compromisos asumidos por el Estado peruano en foros internacionales. La OROP-PS, entidad de la que Perú es miembro, regula desde hace años la pesca en alta mar y obliga a todos los países participantes a implementar sistemas de registro, monitoreo satelital y observadores independientes en sus flotas.

El Ministerio de la Producción, en coordinación con IMARPE y las autoridades regionales, será responsable de supervisar la implementación de estas medidas y de aplicar sanciones en caso de incumplimiento.

Los desembarques de pota deberán ser reportados en puntos autorizados y verificados por personal del IMARPE o fiscalizadores regionales. Si las embarcaciones no cumplen con los registros o el monitoreo requerido, podrán ser sancionadas administrativamente, en línea con la creciente presión internacional contra la pesca ilegal y la sobreexplotación de recursos marinos.

En el contexto actual, el endurecimiento de las reglas para la pesca de pota busca proteger uno de los principales motores de la economía pesquera nacional, garantizar empleos y mantener la reputación de Perú como proveedor responsable en el mercado mundial.

El cumplimiento de estos estándares también es clave para evitar restricciones comerciales o cuestionamientos sobre la sostenibilidad de la pesquería peruana de calamar gigante. La resolución ya está vigente y su texto completo será publicado en la plataforma digital del Ministerio de la Producción.

La nueva normativa exige monitoreo satelital continuo a flotas de calamar gigante

La pesca de pota en Perú durante 2025 se caracterizó por una cuota nacional elevada a 609,935 toneladas tras la recuperación del recurso post El Niño, impulsando el sector pesquero, aunque con regulaciones estrictas (suspensiones temporales, cuotas por temporada, y trazabilidad) para asegurar la sostenibilidad y el control científico.

Como se recuerda, hubo un incremento significativo en desembarques de la especie y se reforzó el manejo adaptativo por parte del Ministerio de la Producción mediante operaciones de investigación (Calamar Gigante IV) y controles científicos (IMARPE).

La Corte Suprema de Justicia de Perú emitió el pasado 7 de noviembre la sentencia definitiva que prohíbe la pesca industrial en todas las áreas naturales protegidas del país, consolidando la vigencia de una política ambiental que fue eje de conflictos judiciales y sectoriales durante los últimos años.

Aunque el contenido del fallo se conoció hace algunos días, la redacción final y la notificación formal a las partes involucradas no se habían concretado hasta esta fecha, lo que mantuvo la expectativa en el sector pesquero, ambiental y estatal. Infobae Perú pudo revisar el documento.

Paracas: Corte Suprema ratifica prohibición de la pesca industrial en la reserva marina

El máximo tribunal rechazó la demanda presentada por la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP), agrupación que reúne a las principales empresas del sector, contra el Estado peruano, representado por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP).

La SNP buscaba anular la norma que impide la extracción pesquera de gran escala en las áreas protegidas, un reclamo que se apoyaba en la interpretación de la Ley N.º 26834 sobre el aprovechamiento de recursos naturales.

La disputa se centró en la Directiva N.º 006-2021-SERNANP-DGANP, aprobada en septiembre de 2021, que formalizó la prohibición de la pesca industrial en parques, reservas y santuarios nacionales.

Esta medida había sido cuestionada por el sector empresarial, que alegaba que la ley peruana permite el uso comercial de recursos naturales en reservas nacionales bajo planes de manejo y supervisión estatal.

Antecedentes, protección legal y el interés de la industria pesquera

Durante el proceso, varias organizaciones ambientales —IDLADS PERU, Oceana INC y la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA)— solicitaron intervenir como “terceros coadyuvantes” para respaldar la defensa de la prohibición.

La Corte Suprema rechazó estas solicitudes al considerar que no existe una relación jurídica material directa entre estas entidades y SERNANP, aunque reconoció la importancia de sus aportes técnicos y permitió que expusieran sus posiciones en audiencia pública.

El tribunal fue contundente al interpretar la Ley de Áreas Naturales Protegidas. Tras analizar los artículos 21.b, 22.f y 23.d de la normativa, concluyó que la finalidad de la ley es proteger la biodiversidad y evitar la extinción de especies de flora y fauna silvestre, especialmente las que se encuentran en peligro.

La sentencia sostiene que permitir la pesca industrial en áreas protegidas contradice este objetivo y pone en riesgo la integridad de estos ecosistemas.

La justicia de Perú pone un límite a la pesca industrial en Áreas naturales protegidas

El fallo de la Corte Suprema destaca que el aprovechamiento comercial autorizado en ciertas zonas de uso directo tiene carácter prioritario para las comunidades locales, sin habilitar la extracción industrial por parte de flotas o empresas.

“Que se permita el aprovechamiento comercial no implica autorización para la extracción industrial de recursos hidrobiológicos”, precisa el texto de la sentencia. Además, el tribunal subraya que la existencia de zonas de aprovechamiento no supone legalizar actividades industriales, ya que esto sería incompatible con el mandato de conservación establecido en la ley.

En respuesta a los argumentos de la SNP sobre la validez formal de la norma, la Corte Suprema comprobó que la Resolución Presidencial N.º 198-2021-SERNANP fue publicada en el diario oficial El Peruano el 28 de septiembre de 2021 y que la directiva técnica fue difundida en el portal institucional, cumpliendo así con los requisitos legales para su entrada en vigor.

El debate judicial incluyó referencias al Decreto Supremo N.º 008-2021-MINAM, que permitió temporalmente la pesca industrial en la Reserva Nacional Dorsal de Nazca. Los jueces aclararon que este decreto es objeto de un litigio aparte y que no corresponde analizarlo en esta causa.

¿Qué dijeron Oceana y la Sociedad Nacional de Pesquería sobre el fallo?

La sentencia de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema es definitiva e inapelable. Ratifica la resolución de la Segunda Sala Constitucional de la Corte Superior de Lima y ordena la publicación del fallo en el diario oficial El Peruano, cerrando así un proceso judicial que se extendió durante más de dos años.

Carmen Heck, vicepresidanta de Oceana, aseguró que el pronunciamiento de la Corte Suprema blinda las áreas naturales protegidas frente a cualquier intento futuro de habilitar la pesca industrial, “en línea con el artículo 68 de la Constitución Política del Perú, que promueve la conservación de la biodiversidad”.

“Este fallo es clave porque zanjada la discusión sobre la pesca industrial en Areas Naturales Protegidas. SERNANP y otros actores podrán enfocarse ahora en otros importantes peligros para estos refugios, como la pesca ilegal, la pesca con explosivos, los negocios no compatibles con un área de preservación”, dijo Heck.

Más temprano, Jessica Luna, presidenta de la SNP, dijo en un encuentro con periodistas especializados que el gremio industrial aún no había sido notificado, pero que respetarían el resultado. No aclaró si interpondrían alguna apelación en instancias superiores. “La SNP siempre ha sido respetuosa de la ley peruana y de la Constitución”, remarcó Luna.

Todavía falta el fallo por la Dorsal de Nasca

El debate judicial sobre la pesca industrial en áreas protegidas de Perú no se agota con el reciente fallo sobre Paracas. Actualmente, la Primera Sala Constitucional de Lima está próxima a resolver otro proceso de alto impacto, que también involucra a la SNP.

Este caso gira en torno a la Reserva Nacional Dorsal de Nasca, una de las áreas marinas protegidas más extensas del país, donde el Decreto Supremo N° 008-2021-MINAM autorizó la pesca industrial para embarcaciones con operaciones previas a la creación de la reserva.

Organizaciones como Oceana y otras entidades han demandado la anulación de este decreto, argumentando que contradice la Constitución, la Ley de Áreas Naturales Protegidas y acuerdos internacionales, y que su aplicación pone en riesgo la biodiversidad y el equilibrio ecológico del área.

La controversia se centra en si los permisos otorgados antes de la creación de la reserva constituyen derechos adquiridos inmodificables o si pueden ser restringidos para salvaguardar el patrimonio natural. Se espera que la decisión judicial sobre la Dorsal de Nasca se conozca la próxima semana, y su resultado será clave para definir el rumbo de la gestión ambiental marina en Perú.

La industria pesquera peruana cerró 2025 con una captura total de 4,58 millones de toneladas métricas de anchoveta y anchoveta blanca, cifra que incluye tanto las dos temporadas de pesca como el remanente inicial del año, de acuerdo con datos presentados por la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP).

La segunda temporada en la zona norte-centro del litoral resultó especialmente eficiente, con una incidencia de tallas menores del 14%, muy por debajo del tope histórico de 360.000 toneladas.

La industria pesquera peruana consolida su producción en 2025

Durante la segunda temporada, que abarcó de noviembre de 2025 a enero de 2026, la cuota asignada por el Ministerio de la Producción (Produce) fue de 1,63 millones de toneladas, de las cuales se capturó el 98% (1,6 millones de toneladas).

La flota industrial, compuesta por embarcaciones de acero y madera, logró cumplir casi la totalidad del objetivo en menos de tres meses. Chicama, Chimbote y Coishco encabezaron el ranking de desembarques, con participaciones del 30,7%, 28% y cifras similares, respectivamente.

La presidenta de la SNP, Jessica Luna, destacó en conferencia de prensa que “el éxito de la temporada se explica por la regulación basada en ciencia y la gestión eficiente de la flota industrial”, según recogió Infobae Perú.

Luna subrayó que los primeros días de captura son críticos para el resultado global y que retrasos administrativos o factores climáticos pueden impactar los volúmenes anuales.

Añadió que “la clave para igualar o superar los 3.000 millones de dólares en exportaciones anuales en 2026 es iniciar la temporada de forma oportuna”, en referencia a los desafíos que plantea el reporte reciente del ENFEN sobre la posibilidad de un Fenómeno del Niño costero durante el primer trimestre del año.

La Sociedad Nacional de Pesquería advierte sobre riesgos para la campaña 2026

En términos de incidentes con tallas menores, la segunda temporada norte-centro de 2025 cerró con 230.000 toneladas, equivalentes al 14% del total capturado, según cifras oficiales recogidas por Infobae Perú.

Este porcentaje se ubicó muy por debajo del máximo registrado en campañas anteriores, donde el tope bordeó las 360.000 toneladas. El resultado fue atribuido a la combinación de vedas dinámicas, monitoreo satelital y autovedas implementadas por la propia industria.

El balance anual entre enero y diciembre reflejó la continuidad de la recuperación del sector luego de un 2023 adverso, afectado por condiciones climáticas extremas.

De acuerdo con la SNP, la suma de ambas temporadas y los remanentes permitió alcanzar los 4,58 millones de toneladas, cifra que pone a Perú entre los líderes mundiales en producción de ingredientes marinos y exportaciones de harina y aceite de pescado.

¿Cuánto mueve la pesca de anchoveta en el Perú?

En términos económicos, la segunda temporada generó cerca de 900 millones de dólares, mientras que el acumulado anual superó los 3.000 millones, según estimaciones gremiales.

En cuanto a las perspectivas para 2026, el gremio puso el foco en la necesidad de iniciar de inmediato los cruceros científicos del IMARPE. Luna advirtió que “el país no puede perder tiempo: si el crucero no se inicia ya, el calentamiento del mar previsto para abril puede comprometer el rendimiento de la próxima primera temporada”.

La presidenta de la SNP enfatizó que las decisiones deben fundamentarse en ciencia y no en consideraciones políticas, ya que “el retraso afecta el PBI nacional y la estabilidad de miles de empleos”.

SNP y un fallo que impide la pesca industrial en Paracas

Luna también fue consultada sobre el reciente fallo judicial relacionado con la pesca industrial en Paracas. Respondió que la SNP no ha sido notificada formalmente y que el proceso en cuestión discute jerarquías normativas, no la actividad pesquera en esa zona o áreas específicas.

La presidenta del gremio pesquero remarcó el respeto institucional del gremio por las decisiones judiciales y precisó que emitirán una opinión solo una vez recibida la notificación oficial.

Finalmente, precisó que el sector espera que las autoridades prioricen la gestión basada en evidencia científica, para evitar que el comportamiento del mar y la incertidumbre política impacten en la cadena productiva y exportadora durante 2026.

La aventura quedó registrada en un vlog de Marcos, donde los seguidores destacaron dos momentos clave. El primero, marcado por la paciencia y el apoyo, llegó cuando Ángela, con humor y ternura, le dijo: “Voy a esperar a que agarres el pez de tu vida”, mientras lo acompañaba durante la actividad. Sin embargo, la calma duró poco y la cantante no tardó en bromear sobre la experiencia: “¡Qué lindo este lugar, bolu...! ¿Por qué no comemos acá después en vez del pescado de mier... que querés pescar?”, se la escucha decir entre risas.

Marcos, fiel a su estilo, intentó defender su pasión: “No siento si yo…”, alcanzó a decir, mientras Ángela seguía con su humor filoso: “¿Creés que esto es un deporte?”. “Si yo tiré muy cerca”, intentó explicar él, pero ella, implacable, retrucó: “No quiero faltarle el respeto”. El streamer cerró resignado: “No hay más que esto”. Y ella selló la escena con ironía: “Un librito me deberían haber traído porque es lo mismo que tener nada”.

La salida sirvió para mostrar el costado más cotidiano y natural de la dupla, que alterna entre el trabajo, la exposición mediática y los momentos de ocio en la Costa Atlántica. Lejos de los sets de grabación y los programas en vivo, Ángela y Marcos se permitieron disfrutar y reírse de sí mismos, sumando puntos con un público que agradece la autenticidad.

La relación entre ambos, sin embargo, viene alimentando la expectativa de los fans desde hace meses. En diciembre, poco antes de cerrar el año, la tensión romántica alcanzó un nuevo pico en uno de los programas más vistos de la señal. Durante esa emisión, Nico Occhiato invitó a Davo Xeneize, quien no dudó en proponer lo que todos esperaban: el famoso “beso Margelita”.

Ángela aceptó el desafío sin dudar, mientras el equipo celebraba la posibilidad de ver en vivo ese esperado encuentro. Pero Marcos, entre risas y cierto nerviosismo, prefirió no apurarse: “¿Pero un beso en la boca? No, no hay chance. No lo agrandemos mucho. Te dije ayer que no, gordo. Beso en la boca es un montón”. Su respuesta dejó en claro que, para él, los gestos más íntimos merecen un espacio y un momento especial. Ángela, lejos de quedarse callada, fue frontal. “Un montón es esta performance, yo pensé que tenías ganas de darme un beso. Yo estoy esperando este beso hace muchísimo tiempo”, confesó, generando aún más expectativa. Sin embargo, Marcos fue honesto: “Pero demos un beso real en la realidad, que también me lo viene negando. ¿Por qué el primer beso va a ser expuesto?”. Momi Giardina, fiel a su estilo, remató: “Porque acá se expone todo”.

El clima de novela romántica subió la temperatura en el cierre del año, cuando Ángela dejó de lado su look habitual y se vistió de blanco para protagonizar una falsa boda con Teo en la terraza del edificio. La escena, cargada de guiños a la ficción y dramatismo, incluyó la clásica pregunta del oficiante: “¿Alguien se opone a la boda?”. Entre música de fondo y la expectativa de los presentes, la tensión creció hasta el desenlace.

Fue entonces cuando Marcos, visiblemente conmovido, se animó a expresar lo que sentía: “Angélica, ¿sabés lo que siento? Cuando te veo, se me explota el pecho, por favor”. Ángela respondió con sinceridad: “A mí también me pasa lo mismo, pero no…”. “¿Y entonces?”, insistió Marcos. “Me da pena hacerle esto”, dudó ella, mientras él acorralaba: “¿Por lástima vas a dejar de amar? ¿Por qué no te entregás al amor de una vez?”.

El final fue digno de una telenovela. “No lo mires a él, mirame a mí. Siempre fui yo, lo sabés”, insistió Marcos. En medio de la ovación de sus compañeros y la emoción del público, ambos sellaron la escena con un beso apasionado que se volvió viral en redes sociales en ese entonces.

El Ministerio de la Producción (PRODUCE) desplegó una agenda técnica en el Callao con foco en innovación tecnológica y control sanitario, según informó la cartera liderada por César Quispe Luján.

La jornada incluyó actividades en el CITE Pesquero, Acuícola y Agroindustrial del Instituto Tecnológico de la Producción (ITP) y una inspección a los laboratorios de la Autoridad Nacional de Sanidad e Inocuidad en Pesca y Acuicultura (Sanipes).

PRODUCE lidera jornada para fortalecer el sector pesquero en el Callao

El CITE Pesquero, Acuícola y Agroindustrial busca fortalecer la transferencia tecnológica, la capacitación y la asistencia técnica a empresas del sector, promoviendo la adopción de tecnologías que incrementen la competitividad y capacidad de innovación de las unidades productivas.

Durante la jornada, los equipos técnicos presentaron servicios especializados, entre los que figuran:

• Asistencia para la rectificación de registros sanitarios en hamburguesas de trucha.
• Tratamientos térmicos en conservas de caballa y jurel (determinación del valor Fo).
• Validación de estudios de distribución de calor en autoclaves.
• Evaluación de la viabilidad de anchoas para la obtención de biofertilizantes.
• Análisis de antioxidantes sintéticos y naturales en harina de pescado.

De acuerdo con información del ministerio, estas acciones buscan elevar los estándares de calidad y facilitar la diversificación de productos.

El rol de la ciencia en el desarrollo pesquero regional

El propio ministro de la Producción subrayó la relevancia de la ciencia y la tecnología para el desarrollo del sector. “Estamos apostando por un sector pesquero y acuícola más competitivo, con innovación, valor agregado y mayores oportunidades para nuestras mypes y productores”, afirmó Quispe Luján.

La agenda continuó en los laboratorios de Sanipes, donde se revisaron los procedimientos técnicos para el control oficial de productos pesqueros y acuícolas. Sanipes dispone de laboratorios de ensayo de aptitud, microbiología, físicoquímica y sanidad, con capacidad para analizar productos hidrobiológicos destinados al consumo humano, así como agua potable y de mar.

El ministro destacó que “el control sanitario es una garantía para los consumidores y una herramienta clave para que nuestros productos accedan a mercados cada vez más exigentes”.

Callao recibe intervención estatal enfocada en innovación pesquera y control de calidad

La visita incluyó una evaluación de los procesos que aseguran la inocuidad y trazabilidad de los productos, aspectos que resultan decisivos para mantener la confianza en el mercado interno y expandir las exportaciones peruanas.

Previamente, Quispe Luján participó en la ceremonia de izamiento del Pabellón Nacional junto a otras autoridades del Ejecutivo, reafirmando el compromiso del Gobierno con la unidad y el desarrollo.

Más tarde, el ministro formó parte de la Intervención Multisectorial en el Callao, un operativo estatal orientado a fortalecer la seguridad ciudadana y el acceso a servicios esenciales como parte de una estrategia integral para mejorar la calidad de vida en la región.

SANIPES refuerza controles en laboratorios para consumo humano y acuícola

El Ministerio de la Producción precisó que estas acciones forman parte de una política nacional para robustecer la cadena pesquera y acuícola, con énfasis en la innovación, el control sanitario y la articulación interinstitucional.

La jornada técnica en el Callao evidenció avances en la adopción de tecnologías y mejores prácticas, así como en el fortalecimiento de la vigilancia sanitaria, factores que buscan garantizar productos competitivos y seguros para el mercado nacional e internacional.

Tras diecisiete años sin un diagnóstico integral, El Salvador cuenta ahora con datos actualizados sobre el sector agropecuario y pesquero gracias a la reciente entrega de resultados del V Censo Agropecuario y el primer Censo de Pesca, ambos conducidos por el Banco Central de Reserva (BCR).

La fotografía actual proporcionada por el censo refleja que la economía agropecuaria salvadoreña depende en gran medida de los pequeños productores, quienes responden principalmente a la demanda interna. Este perfil refuerza su papel clave en la seguridad alimentaria y en la generación de ingresos para miles de hogares.

Los datos, publicados tras el operativo realizado entre mayo y julio del año pasado, no solo pintan una radiografía precisa del sector primario, sino que abren nuevas posibilidades para diseñar políticas públicas eficaces y formular estrategias fundamentadas para desarrollar la actividad agrícola y pesquera.

Estos primeros resultados ofrecen una base estadística para fortalecer la competitividad y sostenibilidad del sector productivo, así como para impulsar el desarrollo territorial a nivel nacional, de acuerdo a las autoridades.

El proyecto se distinguió por la integración de un Censo de Pesca realizado en paralelo, una novedad para el país que permite comprender de manera integral la dimensión de ese sector.

El último tramo del informe difundido por el BCR subraya el carácter estratégico de esta actualización de datos.

La coordinación del operativo involucró a entidades como el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Centro de Desarrollo de la Pesca y la Acuicultura (CENDEPESCA) y el Instituto Salvadoreño del Café para dar un enfoque interinstitucional.

El acompañamiento técnico de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) fue crucial para asegurar el rigor metodológico. Según su representante en El Salvador, Jorge Samaniego, este ejercicio estadístico se convierte en referente para la región.

Samaniego afirmó ante los medios: “El Censo Agropecuario y de Pesca de El Salvador es extremadamente confiable, sobre todo porque ha seguido las normativas y directrices internacionales y acordadas a nivel de región y a nivel global, que garantizan la calidad de los datos estadísticos, y esto implica todo el trabajo de levantamiento de datos, su procesamiento y parte analítica”.

Dentro del ámbito pecuario, la avicultura destaca como una de las actividades más dinámicas: el inventario nacional supera los 29.5 millones de aves, mientras que el 32.1% de los productores se dedica de manera exclusiva a la crianza de pollos de engorde, el 28.1% a la producción de huevo de consumo y el 27.7% a actividades mixtas, lo que revela un proceso creciente de diversificación. El canal de venta directa al consumidor final se posiciona como el principal mecanismo de comercialización.

En cuanto a la ganadería bovina, el inventario nacional alcanzó los 589,725 animales al 2 de mayo de 2025, con una clara inclinación hacia la producción de leche —el 63% de los productores de bovinos se dedica exclusivamente a esta actividad—. La venta de carne y leche se realiza mayoritariamente a través de minoristas y mayoristas, aunque la venta directa mantiene un peso considerable, incidiendo en el fomento de mercados locales y la aparición de esquemas asociativos.

La cría de cerdos constituye otra área relevante, con 143,528 animales, dedicándose el 60.5% de los productores al engorde para carne destinada al consumo nacional. Otras actividades pecuarias también muestran un aporte significativo, con 35,768 cabras y 8,077 ovejas y pelibueyes, ambos rubros orientados hacia la venta final al consumidor. La apicultura emerge como una actividad en expansión, contabilizándose 2,467 apiarios y 69,084 colmenas en todo el país.

Dentro del ámbito pesquero, los datos evidencian que la captura se realiza fundamentalmente en ríos (26.0%), esteros y bahías (24.3%), y que la mayoría de los desembarques ocurre en sitios de acceso directo a los cuerpos de agua (74.2%), lo que pone de manifiesto la estrecha relación entre la pesca y el entorno natural. Predominan embarcaciones pequeñas y medianas, sobre todo lanchas con motor fuera de borda y cayucos, operadas mayoritariamente de forma individual, ya que más de la mitad de los pescadores son propietarios de sus propios medios de navegación.

Las herramientas más utilizadas en la pesca son la red de enmalle y la atarraya. La comercialización se concentra en ventas directas —en especial de producto fresco— tanto a negocios como a consumidores que buscan adquirirlo en las playas del país. Los resultados permiten dimensionar el valor económico y social de la pesca, así como comprender la dinámica de sus procesos productivos y comerciales.

Las próximas entregas del censo serán en marzo y junio 2026 Banco Central de Reserva y posicionan a El Salvador como referente metodológico en la región gracias al apoyo de la FAO.

El Ministerio de la Producción de Perú dispuso la prohibición total de la actividad extractiva del recurso choro (Aulacomya atra) en el ámbito marítimo adyacente a los departamentos de Moquegua y Tacna durante todo el año 2026, medida que incluye la extracción, transporte, procesamiento, comercialización y almacenamiento del molusco.

Según la Resolución Ministerial N° 000002-2026-PRODUCE, la decisión responde a recomendaciones del Instituto del Mar del Perú (IMARPE), que identificó condiciones biológicas vulnerables y señales de sobreexplotación en los bancos naturales de la zona.

Ministerio de la Producción prohíbe la extracción de choro en Moquegua y Tacna durante todo 2026

IMARPE alertó que las biomasas de choro en Moquegua y Tacna se encuentran por debajo de los niveles requeridos para una adecuada renovación poblacional y reportó una alta presencia de ejemplares en tallas menores a la mínima permitida de captura, fijada en 65 milímetros de longitud valvar.

El informe técnico del instituto sostiene que la presión pesquera actual compromete la capacidad de recuperación del stock y subraya la necesidad de aplicar un enfoque precautorio orientado a la recuperación y conservación del recurso.

“Hasta contar con evidencia científica concluyente que sustente la sostenibilidad del recurso, no deberá autorizarse el aprovechamiento del recurso, aplicando el enfoque precautorio orientado a su recuperación y conservación”, refiere el documento.

La producción, captura y venta de choro quedan vetadas en el litoral de Moquegua y Tacna

La Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura, tras evaluar el informe de IMARPE, respaldó la medida y recomendó su aplicación hasta que existan condiciones que garanticen la sostenibilidad de la pesquería. La Oficina General de Asesoría Jurídica confirmó la viabilidad legal de la resolución, que recibió el visado de diversas áreas técnicas y jurídicas del Ministerio de la Producción (PRODUCE).

Durante el periodo de vigencia de la restricción, solo se permitirá el transporte, procesamiento, comercialización y almacenamiento de choro si se cuenta con documentación fehaciente que acredite que el recurso no fue extraído en las áreas restringidas de Moquegua y Tacna.

La resolución advierte que cualquier infracción a la normativa será sancionada según lo dispuesto por la Ley General de Pesca y sus reglamentos, el Reglamento de Fiscalización y Sanción de las Actividades Pesqueras y Acuícolas, y otras disposiciones legales aplicables.

PROUCE adopta una moratoria sobre el choro a raíz del informe de IMARPE por bajas biomasas

El seguimiento y monitoreo de los principales indicadores biológicos, poblacionales y pesqueros del choro quedará a cargo de IMARPE, que deberá informar sobre el inicio de las actividades extractivas o recomendar nuevas medidas según los resultados de las evaluaciones. En particular, el instituto deberá realizar una evaluación poblacional directa durante el primer trimestre de 2026 para obtener información robusta sobre biomasa y reclutamiento del recurso.

La difusión y cumplimiento de la resolución recaerán en la Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura, la Dirección General de Pesca Artesanal y la Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción, junto con los gobiernos regionales y la Dirección General de Capitanías y Guardacostas de la Marina de Guerra del Perú. La norma fue firmada por el ministro de la Producción, César Manuel Quispe Luján, y publicada en la sede digital del ministerio el mismo día de su difusión oficial.

El Ministerio de la Producción (Produce) aprobó nuevos límites de captura y condiciones técnicas para la pesca de especies clave en 2026, con base en reportes científicos del Instituto del Mar peruano (Imarpe) y análisis socioeconómicos, para asegurar la sostenibilidad de los recursos y la estabilidad económica de las familias que dependen de esta actividad.

Las recientes resoluciones ministeriales establecen cuotas diferenciadas para la pesca de jurel, caballa, bonito, calamar gigante (pota), erizo, pulpo, tiburón martillo y especies de la familia Mobulidae, entre otras.

De acuerdo con lo informado por el portafolio, la medida busca ordenar el inicio de las temporadas pesqueras, preservar los recursos marítimos y evitar impactos negativos en los ingresos de los pescadores artesanales y de mayor escala a nivel nacional.

Para el año 2026, el límite anual de captura del jurel se fijó en 175 mil toneladas, mientras que la cuota para la caballa alcanza las 84 mil toneladas. Ambas cantidades se distribuyen según el tipo de flota y el período de pesca, en función de la estacionalidad de los desembarques y la participación histórica de los distintos segmentos del sector.

El bonito tendrá una asignación de 40 779 toneladas para el periodo enero-abril, organizada por artes de pesca y tamaños de embarcación artesanal. El ministerio incluyó medidas compensatorias sugeridas por el IMARPE para evitar el deterioro del recurso tras ampliaciones de cuota en años anteriores.

El calamar gigante o pota contará con un Límite Máximo de Captura Total Permisible (LMCTP) inicial de 76 324 toneladas para enero y febrero de 2026. Esta cifra permitirá un comienzo regulado de la actividad, con control permanente sobre los indicadores biológicos y pesqueros.

De acuerdo con el viceministro de Pesca y Acuicultura, Jesús Barrientos, “cada cuota, límite de captura y condición técnica ha sido pensada con un enfoque social y económico, porque la pesca no solo genera empleo directo, sino que sostiene cadenas productivas que benefician a cientos de miles de peruanos”.

En el caso del tiburón martillo (Sphyrna zygaena), la cuota anual se estableció en 444 toneladas, bajo estrictas reglas de ordenamiento. Además, el ministerio dispuso la continuidad condicionada del régimen especial temporal para regular la captura incidental de mantarrayas, ajustando su vigencia y reforzando los requisitos de registro y calidad de información, siguiendo recomendaciones del Imarpe para proteger a estas especies sin provocar perjuicios a la flota artesanal.

Para los recursos bentónicos, el erizo (Loxechinus albus) tendrá un LMCTP de 403,83 toneladas en la zona entre El Choral y Punta Oscuyo, en Arequipa, con disposiciones orientadas a garantizar su aprovechamiento sostenible y proteger el sustento de los pescadores artesanales. El pulpo (Octopus mimus) tendrá un límite de 16,7 toneladas en 2026 dentro de la Reserva Nacional Punta Coles, en Moquegua, bajo plazos y condiciones de conservación estrictos.

Las nuevas resoluciones se fundamentan en la Ley General de Pesca y los reglamentos de ordenamiento actuales, y buscan “dar previsibilidad a la actividad extractiva, ordenar el inicio de las temporadas de pesca y asegurar que los recursos continúen siendo una fuente de empleo, ingresos y alimentación para la población”.

El Ministerio de la Producción (PRODUCE) estableció mediante la Resolución Ministerial N° 000436-2025-PRODUCE el nuevo límite de captura para el recurso tiburón martillo (Sphyrna zygaena) en el periodo anual 2026, acompañado de una serie de medidas destinadas a reforzar el monitoreo, la fiscalización y la preservación del recurso en aguas peruanas.

Según la norma publicada el 30 de diciembre en el Diario Oficial El Peruano, el límite de captura para la temporada 2026 quedó fijado en 444 toneladas, en línea con la recomendación del Instituto del Mar del Perú (IMARPE).

PRODUCE establece cuota anual para captura de tiburón martillo en 2026

Este límite se distribuye en dos etapas: 360 toneladas entre el 11 de marzo y el 30 de junio, y 84 toneladas entre el 1 de julio y el 31 de diciembre. La medida responde a la necesidad de aplicar un enfoque precautorio ante la incertidumbre sobre el estado poblacional de la especie, según el informe técnico de IMARPE, que además concluyó que el desembarque estimado para 2025 se ubicó por debajo del tope anterior.

La resolución ratifica que el tiburón martillo solo puede ser desembarcado y descargado en puntos autorizados por el Ministerio de la Producción y prohíbe expresamente el desembarque de aletas sueltas, en concordancia con las normas de ordenamiento pesquero vigentes.

Los armadores y titulares de permisos de pesca están obligados a utilizar la bitácora de pesca específica para tiburón martillo, aprobada en 2024, y a entregar esta documentación tanto a los profesionales del IMARPE como a fiscalizadores acreditados en los puntos de desembarque.

Nuevo límite de 444 toneladas para pesca de tiburón martillo en 2026

La Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción será la encargada de suspender las actividades extractivas cuando se alcance —o se estime que se alcanzará— el límite de captura anual, y en ningún caso la temporada podrá extenderse más allá del 31 de diciembre de 2026. La misma dirección implementará medidas de seguimiento y fiscalización para asegurar el cumplimiento de la cuota y evitar la pesca ilegal.

IMARPE tendrá a su cargo el monitoreo y seguimiento de los principales indicadores biológicos, pesqueros y poblacionales del tiburón martillo durante todo el periodo, debiendo informar y recomendar ajustes en las medidas de manejo si la situación del recurso lo requiere. La resolución deja abierta la posibilidad de modificar el límite de captura si así lo justifican factores biológicos, pesqueros o ambientales.

No se podrán desembarcar aletas diseccionadas

La normativa precisa que el incumplimiento de cualquiera de sus disposiciones será sancionado conforme a la Ley General de Pesca, su reglamento y el marco de fiscalización y sanción de actividades pesqueras vigente.

Además, las direcciones competentes, junto a los gobiernos regionales y la Marina de Guerra del Perú, deberán realizar acciones de difusión y vigilancia para asegurar el cumplimiento efectivo de la regulación.

Con estas disposiciones, el Estado peruano busca garantizar un manejo sostenible del tiburón martillo, una especie vulnerable a la sobreexplotación, y asegurar la continuidad de la actividad pesquera bajo criterios científicos y de conservación.

El Ministerio de la Producción (PRODUCE) autorizó el inicio de la Primera Temporada de Pesca 2026 para anchoveta (Engraulis ringens) y anchoveta blanca (Anchoa nasus) en la zona sur del mar peruano, estableciendo un Límite Máximo Total de Captura Permisible (LMTCP) de 251.000 toneladas.

La Resolución Ministerial Nº 00435-2025-PRODUCE dispone que la temporada se desarrollará entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2026, o hasta que se alcance la cuota asignada, y podrá modificarse según las condiciones biológicas, pesqueras o ambientales que reporte el Instituto del Mar del Perú (IMARPE).

Ministerio de la Producción autoriza inicio de la Primera Temporada de Pesca 2026 en el sur

La decisión responde a un informe técnico de IMARPE que señala que la biomasa de anchoveta disponible en la región sur se mantiene por encima de su nivel de referencia y que la mortalidad por pesca está por debajo del límite biológico.

En 2025, el desembarque de anchoveta en la región sur alcanzó las 262.174 toneladas, un salto de 243% respecto a 2024 y de 980% frente a 2023, lo que evidencia una recuperación significativa del recurso. El 74,5% del desembarque anual se concentró en la primera temporada.

Durante la temporada, solo podrán pescar las embarcaciones registradas y autorizadas conforme a los límites individuales de captura asignados.

Además, se establecen estrictas condiciones de conservación: se prohíbe la extracción de ejemplares por debajo de la talla mínima, con una tolerancia máxima de 10% de juveniles por faena, y se suspenderán las actividades en zonas o puertos donde se detecte una alta incidencia de ejemplares menores.

El control y seguimiento se realizará mediante el Sistema de Seguimiento Satelital (SISESAT) y con la participación de personal técnico de IMARPE a bordo de las embarcaciones.

Las autoridades suspenderán la pesca de anchoveta ante incrementos de juveniles

La normativa también regula la actividad de las plantas industriales que procesan harina y aceite de pescado, prohibiendo recibir materia prima de embarcaciones no autorizadas, con permisos suspendidos o destinadas a la pesca artesanal.

Se fijan además mecanismos para la suspensión o cierre de zonas de pesca ante situaciones que puedan afectar la sostenibilidad del recurso, como la alta presencia de especies juveniles o capturas incidentales superiores al 5% del total desembarcado.

El cumplimiento de las condiciones será supervisado por PRODUCE y sus direcciones generales, así como por las autoridades marítimas. Se prevén sanciones para las embarcaciones y plantas que incumplan los límites o participen en actividades no autorizadas.

Límite para la pesca artesanal de anchoveta en el primer semestre 2026

Recientemente, el Ministerio de la Producción también estableció un Límite Máximo Total de Captura para Consumo Humano Directo (LMTC-CHD) de anchoveta destinado a la pesca artesanal y de menor escala, fijando una cuota de 75.000 toneladas a nivel nacional para el periodo del 1 de enero al 31 de julio de 2026.

La medida, basada en recomendaciones técnicas y científicas del IMARPE, busca asegurar el abastecimiento y la sostenibilidad del recurso para el consumo humano directo, priorizando a los sectores artesanal y de menor escala.

La cuota podrá ajustarse según el monitoreo biológico y pesquero que realice IMARPE. Las capturas serán descontadas del límite anual total y la autoridad podrá suspender o concluir la temporada si se alcanzan los topes o surgen condiciones ambientales adversas.

Las plantas industriales solo podrán recibir volúmenes autorizados para consumo humano directo, y el cumplimiento de la norma estará sujeto a la fiscalización de PRODUCE y las autoridades competentes.

Segunda temporada en la zona norte-centro: cuota definitiva y avance de la pesca

En noviembre pasado, la cuota definitiva de pesca de anchoveta para la segunda temporada en la zona norte-centro del Perú fue fijada en 1,63 millones de toneladas, tras la culminación de la “Operación EUREKA LXXVII”, un estudio clave sobre el estado del recurso y las condiciones oceanográficas.

Esta cifra representa un incremento sustancial respecto al límite inicial provisional de 500.000 toneladas y refleja la buena salud de la biomasa, así como el compromiso institucional con la sostenibilidad pesquera.

El ministro de la Producción, César Quispe Luján, subrayó que la cuota establecida “refleja una condición saludable de la anchoveta y una gestión pesquera responsable”, en base a los informes científicos de IMARPE.

Según el ministerio, hasta la tercera semana de diciembre ya se había ejecutado un 72% del total asignado para esta segunda temporada, lo que evidencia el dinamismo del sector y la capacidad de respuesta de la flota industrial.

Anchoveta: ¿Cuántas temporadas de pesca tiene el Perú?

Cabe precisar que Perú cuenta con dos temporadas principales de pesca de anchoveta: una en la zona norte-centro, históricamente la más grande, y otra en la zona sur, que si bien es más corta y de menor cuota, resulta estratégica para la sostenibilidad del recurso y el desarrollo de la industria.

Ambas temporadas son fundamentales para el equilibrio del ecosistema marino y la economía pesquera nacional, de acuerdo con el Ministerio de la Producción.

Los cambios en las corrientes, el aumento de la temperatura y las transformaciones del océano Pacífico, especialmente en la costa de Japón, está desconcertando a los científicos. La corriente Kuroshio, conocida como el “río negro”, se está comportando de una manera nunca antes vista. Entre 2023 y 2024 ha avanzado 480 kilómetros más hacia el norte de lo habitual.

Este desplazamiento ha provocado que aguas cálidas lleguen a zonas donde históricamente predominaban aguas frías, alterando la temperatura del mar y provocando la modificación de manera directa de la vida marina y, por tanto, de la pesca.

“Me sorprendió tanto que ni siquiera sé si ‘sorprendido’ es la palabra correcta”, admitió Shusaku Sugimoto, investigador de la Universidad de Tohoku en Sendai a CNN. Sus estudios muestran como las temperaturas de la costa japonesa han subido hasta 6 °C. Según Sugimoto, estos aumentos han persistido durante más de dos años, lo que ha convertido la zona en un laboratorio natural para observar los efectos del cambio climático en los océanos.

Impacto en la pesca y la sociedad

Los cambios del Kuroshio tienen consecuencias directas sobre la pesca, una actividad central en Japón. Especies típicas, como el Salmón del Pacífico o el saurio, se desplazan hacia aguas más frías y profundas, mientras que otras especies menos comunes empiezan a aparecer. Esto amenaza la economía local de muchas ciudades costeras que viven del mar.

“Estamos viendo un desplazamiento sin precedentes de las especies, algo que afecta a la pesca y, por extensión, a la alimentación de la población”, explicó Atsushi Kojima, coautor del estudio sobre la corriente. Además, el calentamiento afecta a la reproducción de los peces y a la disponibilidad de alimento en los ecosistemas marinos, complicando aún más la planificación de las capturas futuras.

Un océano que altera el clima

Por otro lado, el calentamiento de la corriente no solo altera la fauna marina. Los expertos señalan que el océano ha liberado cantidades récord de calor hacia la atmósfera, elevando la temperatura del aire en la región y provocando fenómenos extremos como lluvias intensas y olas de calor.

Este fenómeno recuerda la problemática del cambio climático en otros lugares del planeta. Recientemente, un naufragio frente a Indonesia, causado por olas inusualmente grandes, ha puesto de manifiesto cómo los océanos en transformación pueden afectar directamente a la seguridad humana y a la economía marítima. En él viajaba una familia valenciana (los padres y cuatro hijos, tres niños y una niña). Únicamente han sobrevivido la madre y la hija.

Señales de un cambio más amplio

La costa japonesa se ha convertido en un laboratorio. Los científicos han registrado olas de calor marinas prolongadas y temperaturas superficiales récord durante meses. La Subtropical Mode Water, un tipo de agua cálida y homogénea que normalmente se encuentra al sur de los 35° de latitud, ha sido detectada más de 500 km al norte, superando el paralelo 40°N, un fenómeno sin precedentes.

“Estamos presenciando transformaciones que antes parecían imposibles. Lo que ocurre frente a Japón nos da pistas de lo que podría pasar en otros océanos si el calentamiento global continúa”, señala Sugimoto. Los cambios en la columna de agua y en la temperatura del mar están generando un efecto dominó que impacta en la pesca, en los ecosistemas y en el clima regional.

El Ministerio de la Producción de Perú (Produce) publicó el Decreto Supremo N° 024-2025-PRODUCE, que modifica importantes artículos del Reglamento de Ordenamiento Pesquero (ROP) de las Macroalgas Marinas.

Entre las principales novedades destaca la implementación de un procedimiento y un plazo de 24 meses para la adecuación de licencias artesanales que cumplan condiciones propias de una operación industrial.

Magroalgas marinas: ¿En qué consiste el procedimiento de adecuación de licencias?

Esta adecuación es parte de la política de promover una actividad pesquera sostenible, garantizando el equilibrio entre el aprovechamiento de los recursos hidrobiológicos y el cumplimiento de los estándares modernos de transformación, inocuidad y trazabilidad, en sintonía con los lineamientos constitucionales y sectoriales.

Los Gobiernos Regionales tendrán 20 días hábiles contados desde la publicación del decreto para identificar las licencias de operación artesanal de macroalgas marinas que correspondan ser adecuadas a licencias industriales.

Una vez identificadas estas licencias, en un plazo máximo de 15 días hábiles, los Gobiernos Regionales deberán publicar en su sede digital el listado de plantas artesanales susceptibles de adecuación a industrial, detallando el tipo de planta (para consumo humano directo –CHD–, indirecto –CHI– o no alimenticio). Este listado se remitirá, en un máximo de 5 días calendario, a la Dirección General de Pesca para Consumo Humano Directo e Indirecto.

A partir de ese momento, las plantas identificadas tendrán 24 meses (2 años) a partir de la publicación del respectivo listado para completar su adecuación a la categoría industrial. Durante este plazo, seguirán siendo reconocidas temporalmente como artesanales.

La industria de macroalgas contará con fórmula oficial para determinar capacidad instalada

La Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción, en coordinación con los Gobiernos Regionales, implementará mecanismos de control y otorgará un Certificado de Procedencia para asegurar el origen legal de las macroalgas, documento obligatorio durante toda la cadena de producción y comercialización.

Los Gobiernos Regionales deberán remitir a la Dirección General de Pesca Artesanal las licencias artesanales otorgadas, para sistematizarlas en una base de datos nacional. También deben publicar, a los 10 días de la vigencia del Decreto, el listado actualizado de todas las plantas de procesamiento de macroalgas de su región.

Se incorpora la distinción normativa entre plantas artesanales (operaciones manuales o básicas) e industriales (procesamiento complejo, equipos especializados y mayor transformación del recurso). Produce aprobará, dentro de los 120 días posteriores a la publicación del Decreto, una fórmula oficial para determinar la capacidad instalada de las plantas industriales.

La legislación amplía controles de procedencia y trazabilidad en la industria de macroalgas

De otro lado, se ratifica que las plantas que procesan macroalgas para consumo humano (directo o indirecto) deben contar con habilitación sanitaria, mientras que las dedicadas exclusivamente a productos no alimenticios estarán exentas de este requisito para tramitar su licencia.

Con estas modificaciones, el Estado busca ordenar adecuadamente el procesamiento de macroalgas, impulsar la modernización del sector, fortalecer los controles de inocuidad y trazabilidad, y proteger el ecosistema marino y los intereses de las comunidades pesqueras. El nuevo régimen de adecuación de licencias representa un paso clave para garantizar el desarrollo sostenible y regulado de esta emergente industria.

¿Cómo se define una planta industrial de macroalgas marinas?

Según lo aprobado por el Decreto Supremo N° 024-2025-PRODUCE, una planta industrial de procesamiento de macroalgas marinas se define por incluir un conjunto de operaciones de transformación especializadas que modifican el recurso hidrobiológico, sea mediante secado artificial, extracción de compuestos, producción de derivados (como agar, carragenina o alginatos), con el uso de equipos de picado y de máquinas adicionales

Entre estas operaciones, figuran um recuperador de finos u otras técnicas complejas que se apliquen al recurso hidrobiológico. Su destino puede ser para consumo humano directo, para consumo humano indirecto o, con fines no alimenticios, de acuerdo con el Ministerio de la Producción.

La industria de las macroalgas en el Perú

En el año 2024, el Perú exportó 24.535,90 toneladas de macroalgas marinas por 21,5 millones de dólares, lo que representa una importante participación en los mercados internacionales. Entre enero y mayo del 2025, las exportaciones alcanzaron 18.569,17 toneladas por 14,7 millones de dólares FOB.

Esto indica un notable incremento en el flujo de exportaciones dentro de ese periodo y rubro. Las principales regiones exportadoras de este recurso son Ica y Arequipa, mientras que los principales mercados de destino son China (96% del total), Dinamarca y Francia.

En cuanto a las empresas exportadoras, destacan Globe Seaweed Internacional S.A.C. y Pacífico Algas Arequipa S.A.C., entre otras. Según una investigación de Mongabay Latam, la primera de estas empresas, junto a Algas Sudamérica S.A.C., son de capitales chinos y vienen concentrando el mercado en el sur sin autorización industrial.

Sin embargo, el Perú no industrializa su producción de macroalgas

Pese a este dinamismo exportador, la gran mayoría de la macroalga peruana se vende en estado natural, a diferencia de otros países que industrializan este recurso y lo transforman en productos de mayor valor agregado para industrias farmacéuticas, cosméticas, textiles, entre otras.

Esta falta de procesamiento industrial en el Perú limita el potencial de generación de valor agregado y de empleo formal, así como la diversificación de la oferta exportable y el aumento de los ingresos fiscales, según el PRODUCE. A nivel nacional, la carencia de plantas de procesamiento industrial para macroalgas reduce la competitividad peruana frente a países que ya han consolidado cadenas de valor industrializadas para estos productos.

El crecimiento del sector es también evidente a través de la existencia de diversas plantas procesadoras (secado, picado, envasado) en la región Arequipa y también en Ica. Sin embargo, la debilidad del marco normativo y los cuellos de botella en permisos y fiscalización restringen la expansión y modernización de este rubro, impactando negativamente en la descentralización económica y en la generación de empleo local en las regiones productoras.

Cultivo de algas: sostenibilidad y desafíos regulatorios

El cultivo de algas marinas ofrece una alternativa sostenible por su capacidad para absorber CO₂ y nitrógeno, lo que ayuda a mitigar el cambio climático y a restaurar ecosistemas marinos. Esta producción no requiere tierra cultivable, agua dulce ni fertilizantes químicos, factores que la diferencian de otros cultivos y disminuyen su impacto ambiental. También fomenta la biodiversidad y puede incorporarse en sistemas orientados a la restauración del entorno.

El sector impulsa innovaciones en biotecnología y economía circular. Las algas se utilizan en suplementos nutricionales, bioplásticos y aditivos para reducir emisiones en la ganadería. Estas aplicaciones abren nuevas oportunidades para enfrentar la inseguridad alimentaria y los efectos del cambio climático.

A pesar de estos beneficios, la sostenibilidad del sector enfrenta retos. La sobreexplotación y la extracción sin regulación han causado la pérdida del 38% de los bosques de macroalgas en los últimos cincuenta años, con impacto en ecosistemas y biodiversidad. En zonas como Ica, en Perú, la falta de control permitió que empresas exportadoras operaran sin licencia, lo que favoreció prácticas informales y puso en riesgo tanto el recurso como los medios de vida locales.

Existen experiencias de granjas regenerativas, como las de Santa Cruz (Argentina), que combinan generación de empleo, restauración de bosques marinos y capacitación local. Estos proyectos impulsan el recambio generacional en la pesca artesanal y buscan asegurar la conservación de los ecosistemas, a la vez que ofrecen alternativas económicas sostenibles para comunidades costeras.

Inversión china en Perú

La presencia de China en la economía peruana se ha expandido de forma notable durante las últimas dos décadas, con inversiones que superan los USD 13.000 millones en treinta y dos proyectos, según cifras de Proinversión. Estos capitales han generado cerca de 18.000 empleos, con una clara concentración en los sectores de finanzas y minería, que absorben más del 80 % de la inversión total.

Un caso emblemático es el Megapuerto de Chancay, donde Cosco Shipping Ports Chancay Peru S.A. controla el 60 % del proyecto, con una inversión inicial de USD 1.300 millones y una segunda etapa que sumará otros USD 2.300 millones. En el sector energético, el grupo China Three Gorges Corporation adquirió Luz del Sur en 2020, y, tras la compra de Enel por China Southern Power Grid Co, el capital chino pasó a controlar la totalidad del suministro eléctrico en el país.

El avance chino también se extiende a la construcción, donde se calculan inversiones por USD 7,2 millones, destacando proyectos como Río Blanco, Pampa de Pongo y la Hidrovía amazónica. El tratado de libre comercio vigente desde hace una década ha profundizado la integración económico-comercial. El embajador Song Yang resumió la apuesta: “China está apostando que Chancay se convertirá en el Shanghái de Perú”.

Sin embargo, el creciente rol de China genera inquietud en el escenario internacional. Estados Unidos ha manifestado su preocupación por el control chino sobre infraestructuras estratégicas y advierte sobre la posibilidad de que puertos como Chancay sean utilizados para fines navales. Analistas como Carlos Aquino y Farid Kahhat advierten que, si Washington percibe riesgos a su seguridad, podría tomar represalias económicas, como vetar a Perú en organismos multilaterales o limitar su ingreso a la OCDE.

Una fuente vinculada al Gobierno peruano confirmó a The Financial Times que estas inquietudes han sido formalmente comunicadas por Estados Unidos, consolidando el debate sobre el impacto geopolítico de la inversión china en el país.

El Ministerio de la Producción de Perú estableció un adelanto del Límite Máximo Total de Captura para Consumo Humano Directo (LMTC-CHD) del recurso anchoveta para el litoral nacional, dirigido a la pesca artesanal y de menor escala, por un total de 75.000 toneladas desde el 1 de enero hasta el 31 de julio de 2026.

La decisión, que figura en la Resolución Ministerial N° 000432-2025-PRODUCE, responde a recomendaciones técnicas y científicas, según informó el propio Ministerio de la Producción (PRODUCE).

PRODUCE anticipa cuota máxima de anchoveta para pesca artesanal

El documento, publicado el 24 de diciembre de 2025, recoge la opinión favorable del Instituto del Mar del Perú (IMARPE), que consideró viable el adelanto de la cuota sin afectar la sostenibilidad del recurso, bajo el supuesto de que la captura total no supere una tasa de explotación igual a E = 0,35.

De acuerdo con PRODUCE, “el adelanto del LMTC-CHD para el recurso anchoveta de 75 mil toneladas no se prevé que genere implicancias adicionales sobre la sostenibilidad del recurso, siempre y cuando (…) la captura total por temporada de pesca no supere la tasa de explotación igual a E = 0,35”, cita recogida en la resolución.

La medida, que se aplica en todo el litoral peruano, busca garantizar el abastecimiento de anchoveta destinada a consumo humano directo, priorizando a los sectores artesanal y de menor escala. Según PRODUCE, estas capturas serán descontadas del límite anual que se fije para el año 2026, en cumplimiento del esquema de regulación vigente para la actividad pesquera nacional.

El Estado asigna 75.000 toneladas como nueva cuota adelantada

El Ministerio de la Producción detalló que la cuota podrá modificarse según el seguimiento que realice el IMARPE sobre la pesquería de anchoveta.

Este monitoreo incluye indicadores biológicos, poblacionales y pesqueros, además de la evaluación de impactos sobre otras especies y los fondos marinos. Cualquier recomendación de ajuste será trasladada al ministerio para su aplicación, tal como lo estipula el marco normativo vigente.

La norma también precisa que la Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción podrá suspender o concluir las actividades extractivas si así lo recomienda el IMARPE por motivos ambientales o biológicos, o bien cuando se alcance la cuota adelantada, siempre dentro del plazo establecido, que culmina el 31 de julio de 2026.

En materia de control, la autoridad supervisa los porcentajes máximos permitidos de pesca incidental y de ejemplares juveniles, adoptando medidas correctivas cuando sea necesario.

IMARPE dictaminará modificaciones en la cuota de anchoveta

Las plantas industriales pesqueras con licencia para el procesamiento de productos destinados al consumo humano directo solo podrán recibir volúmenes autorizados de anchoveta. Esta limitación tiene el objetivo de asegurar que la materia prima se destine exclusivamente a la elaboración de conservas, congelados, curados y otros productos autorizados para el mercado nacional e internacional.

El cumplimiento de la resolución será supervisado por diferentes dependencias de PRODUCE, junto a la Dirección General de Pesca Artesanal, la Dirección General de Pesca para Consumo Humano Directo e Indirecto y las autoridades regionales y marítimas. Las infracciones a la norma serán sancionadas conforme a la Ley General de Pesca y otras disposiciones legales aplicables, de acuerdo con lo dispuesto por la resolución.

La pesca y la intermediación financiera encabezaron el crecimiento sectorial en octubre, con alzas del 91,4% y del 22,8%, respectivamente. Según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC), estos sectores no solo lideraron el grupo de doce ramas productivas que mostraron incrementos, sino que significativamente contribuyeron a que la economía argentina registre una variación interanual positiva en ese mes. El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) publicado por el organismo oficial, detalló que en octubre de 2023 la economía argentina creció un 3,2% en relación con el mismo mes del año anterior, aunque evidenció una contracción del 0,4% respecto a septiembre, efecto atribuido en parte al impacto de las elecciones legislativas celebradas en el país.

De acuerdo con los datos difundidos por el INDEC, la expansión interanual del EMAE en octubre estuvo marcada por el desempeño de doce sectores económicos que registraron avances. Además del notable aumento en pesca e intermediación financiera, impulsada principalmente por la mayor actividad de agentes y sociedades de bolsa, otros rubros también exhibieron crecimientos, aunque en menor proporción. Los impuestos netos de subsidios subieron un 8,1%, al igual que la explotación de minas y canteras, mientras que la construcción anotó un incremento del 5,7%.

El medio consignó además que entre los sectores con desempeño negativo en el EMAE de octubre figuraron la industria manufacturera, que experimentó una disminución del 2,7%. También descendieron la administración pública y defensa, ámbito que engloba los planes de seguridad social de afiliación obligatoria, con una baja del 0,8%. El sector de hoteles y restaurantes, por su parte, registró una variación negativa del 1%.

La divulgación de estos datos se produjo tras la realización de los comicios legislativos, y según reportó el INDEC, la reducción mensual del 0,4% en la actividad económica estuvo vinculada con el contexto electoral. El relevamiento detalla que sectores como la industria manufacturera y los servicios públicos enfrentaron retrocesos en este periodo, en contraste con el desempeño de las ramas que permanecieron en alza.

El informe del INDEC permite observar contrastes claros entre el comportamiento de las distintas ramas productivas. Mientras algunos ámbitos presentaron altos porcentajes de crecimiento interanual, otros no lograron sostener una tendencia expansiva. Los sectores con caídas en su nivel de actividad influyeron en la contracción mensual del EMAE respecto a septiembre, aun cuando la comparación anual refleja un avance importante.

El Estimador Mensual de Actividad Económica se elabora a partir de la recopilación de información sectorial que permite anticipar las variaciones en el Producto Interno Bruto del país. Los datos presentados por el organismo estadístico se consideran referenciales para el seguimiento de la coyuntura económica argentina y son consultados tanto por analistas como por actores de diferentes mercados.

El INDEC destacó la relevancia de la actividad registrada en la pesca, que aumentó un 91,4% interanual, y en la intermediación financiera, con un 22,8%. La mayor operatividad en sociedades de bolsa y agentes financieros se señaló como el principal motor de la suba en este rubro. Los avances en los impuestos netos de subsidios, minería y construcción también aportaron a la dinámica positiva de la economía en octubre, según el reporte oficial.

El mismo informe del INDEC puso de relieve que, pese al avance interanual, los niveles de actividad de la industria manufacturera y algunos servicios presentaron bajas frente al periodo anterior inmediato. Las ramas que enfrentaron retrocesos constituyeron una parte relevante de la explicación de la caída mensual registrada por el EMAE.

De acuerdo con los datos presentados, la administración pública y defensa, que incluye la gestión y ejecución de planes de seguridad social de afiliación obligatoria, mostró una disminución del 0,8%. El sector de alojamiento y gastronomía, categorizado por el INDEC como “hoteles y restaurantes”, descendió un 1% en octubre.

El organismo oficial enfatizó que el comportamiento de la economía argentina en octubre estuvo atravesado por factores vinculados al proceso electoral y que las cifras recabadas dan cuenta tanto de los logros sectoriales como de los desafíos que enfrentan ciertas ramas de actividad productiva. Los registros de octubre permiten identificar la coexistencia de avances y retrocesos en distintas dimensiones del entramado económico nacional, en línea con el contexto político y social vivido ese mes.

El equipo investigador liderado por Belén Rodríguez-Fonseca describió recientemente mecanismos que enlazan el estado de los océanos con la salud de los recursos pesqueros, incidiendo en las economías de países como Brasil y Senegal. Según indicó la Universidad Complutense de Madrid (UCM), estos procesos afectan de forma directa tanto la alimentación como el sustento económico de comunidades costeras repartidas por el Atlántico tropical y sur. El estudio, publicado en la revista Nature Reviews on Earth and Environment, revela que los cambios provocados por fenómenos como ‘El Niño’ y ‘La Niña’ van más allá del ecosistema marino del Pacífico, alterando el equilibrio natural a miles de kilómetros y representando una amenaza a los sistemas pesqueros atlánticos.

De acuerdo con la información difundida por la UCM, el análisis fue realizado en el marco del proyecto europeo TRIATLAS, financiado por la Unión Europea. Durante dos años, cerca de 50 investigadoras e investigadores de distintas áreas trabajaron para comprender cómo las alteraciones ocasionadas por ‘El Niño’ y ‘La Niña’ modifican las condiciones en los océanos, afectando patrones de temperatura, precipitaciones y vientos. Estos cambios conllevan variaciones en las corrientes marinas y en la disponibilidad de nutrientes, factores clave para la sostenibilidad de las pesquerías y los ciclos migratorios de los peces, detalló la UCM.

El equipo investigativo, encabezado por Rodríguez-Fonseca, incluyó a especialistas como Elena Calvo Miguélez y Lucía Montoya Carramolino, responsables de analizar datos observacionales y simulaciones climáticas. El objetivo fue aclarar cómo las fluctuaciones impulsadas por estos fenómenos climáticos influyen en la presencia de nutrientes y afectan la migración de especies relevantes para la pesca. Estas alteraciones impactan especialmente a regiones cuyas economías dependen en gran medida de los recursos marinos.

Según publicó la UCM, las científicas Teresa Losada, Irene Polo, Marta Martín del Rey y Elsa Mohino examinaron las relaciones atmosféricas que unen las cuencas del Pacífico y del Atlántico. Analizaron las complejas interacciones entre el aire y el océano que afectan la región tropical y meridional atlántica, identificando cómo la circulación y la temperatura oceánicas se convierten en variables decisivas para el sostenimiento de especies de alto valor alimenticio y económico.

El informe destaca que, aunque los orígenes de ‘El Niño’ y ‘La Niña’ se encuentran en el Pacífico, sus efectos se extienden a ecosistemas ubicados en áreas alejadas, como el Atlántico sur y tropical. Rodríguez-Fonseca advirtió, en declaraciones recogidas por la UCM, sobre el modo en que estas alteraciones climáticas trasladan sus consecuencias a las economías de comunidades costeras dependientes de la pesca, incrementando la fragilidad de sistemas ya vulnerables.

El medio universitario subrayó que la investigación pone en relieve los riesgos que enfrentan millones de personas debido a la inestabilidad de los ecosistemas marinos y la merma en la productividad pesquera. El vínculo entre los fenómenos oceanográficos y la disponibilidad de especies repercute en la seguridad alimentaria y el ingreso económico de numerosas poblaciones ribereñas, especialmente en áreas donde la pesca constituye el motor principal de subsistencia.

Tal como reportó la UCM, la variación en temperaturas superficiales del mar y en los regímenes de precipitaciones produce un entorno poco favorable para la pesca. Esta circunstancia repercute en la capacidad de las comunidades para acceder a recursos alimentarios y afecta su economía. El impacto es especialmente visible en regiones costeras del Atlántico sur y tropical, donde la pesca se consolida como fuente primordial de empleo e ingresos.

En opinión de los investigadores citados por la UCM, los hallazgos subrayan la urgencia de adoptar estrategias que fortalezcan la gestión pesquera y mejoren la resiliencia frente a las fluctuaciones provocadas por el clima. Rodríguez-Fonseca manifestó que “la investigación demuestra que debemos actuar con urgencia para proteger estos ecosistemas marinos y las pesquerías que dependen de ellos. La colaboración internacional es fundamental para mitigar los efectos del cambio climático y garantizar la sostenibilidad de las pesquerías a largo plazo”.

La UCM informó además que el agravamiento de los efectos de ‘El Niño’ y ‘La Niña’ bajo el contexto del calentamiento global impone la necesidad de adecuar la normativa y las políticas públicas para asegurar la continuidad de la pesca y el abastecimiento de alimentos. El artículo en Nature Reviews on Earth and Environment insiste en la importancia de invertir en ciencia, entender a profundidad la relación entre el Pacífico y el Atlántico y hallar soluciones que salvaguarden la biodiversidad.

El proyecto TRIATLAS, con participación destacada de la UCM, ofrece una visión global al analizar la magnitud de los impactos de los fenómenos climáticos sobre los sistemas ecológicos y económicos. El énfasis recae en fortalecer la cooperación científica internacional, requisito considerado indispensable por la UCM para anticipar desafíos y proteger los recursos marinos que resultan esenciales para millones de personas alrededor del planeta.

La restricción al ingreso de productos pesqueros procedentes de Perú marcará un giro relevante para los exportadores que trabajan con especies clave como el perico (también conocido como dorado o mahi-mahi). Esta medida, impulsada por Estados Unidos, apunta específicamente a las capturas realizadas mediante redes de enmalle o agalleras, consideradas perjudiciales para ciertas especies marinas y su ecosistema.

La medida, que entra en vigencia desde enero de 2026, se fundamenta en la aplicación del Marine Mammal Protection Act (MMPA), legislación estadounidense diseñada para minimizar el riesgo de muerte o daño incidental a mamíferos marinos como parte de la gestión pesquera internacional.

La restricción de Estados Unidos a productos pesqueros peruanos capturados con redes

La mañana de este martes 16, el Ministerio de la Producción (PRODUCE) informó que, en adelante, el espinel de superficie será el único arte de pesca permitido para la captura de perico como especie objetivo en el país. Lo que no menciona la Resolución Ministerial N° 000419-2025-PRODUCE es que la medida responde a una reciente evaluación de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA).

La oficina norteamericana señaló, en un documento al que accedió Infobae Perú, el riesgo de exclusión para las exportaciones peruanas que utilizan redes de enmalle o agalleras debido a su impacto potencial sobre mamíferos del mar, como ballenas, delfines y lobos marinos.

Con esta modificación, solo el perico capturado con espinel podrá ser certificado para la exportación a Estados Unidos, principal destino internacional de este recurso, mientras que la producción obtenida con redes quedará restringida al mercado interno, según el PRODUCE.

Ministerio de la Producción autoriza solo el espinel para exportar perico a Estados Unidos

La decisión de la NOAA se conoció a través de su informe “Comparability Finding Final Report”, donde se señala que las pesquerías peruanas de chiri (pámpano), pejerrey, tiburones, bonitos y perico —cuando son capturadas con redes— no cumplen con los requerimientos regulatorios de monitoreo, reporte y mitigación de interacciones con mamíferos marinos exigidos para la exportación a Estados Unidos.

El fallo enfatiza los bajos niveles de cobertura de observadores, la dependencia de reportes en muelle y la ausencia de evidencia suficiente sobre la eficacia de los sistemas actuales para prevenir y documentar capturas incidentales de mamíferos, especialmente en el caso de la subpoblación Chile-Perú de la ballena franca austral, considerada críticamente amenazada.

“Esto podría ser controversial porque hay una pesquería de perico con redes que podría ir al mercado interno sin mayor problema pero por cumplir con Estados Unidos sería afectada. En términos de conservación es bueno para reducir la posibilidad de captura de mamíferos marinos”, recalcó una fuente para Infobae Perú.

Las exportaciones de perico peruano a Estados Unidos quedarán limitadas por uso de redes

La Ley N° 30407 prohíbe la caza y comercialización de mamíferos marinos en Perú, pero la NOAA subraya que falta modernizar y aplicar protocolos de monitoreo y mitigación activos —incluyendo observadores a bordo, bitácoras detalladas y dispositivos acústicos de disuasión— para alinearse con los estándares estadounidenses.

Cuando las pesquerías utilizan espinel u otros aparejos selectivos, como el arrastre de baja incidencia, no pesan restricciones, por lo cual el comercio de estos productos puede continuar sin nuevas limitaciones.

El caso del perico refleja de manera clara el desafío que enfrenta Perú. Si bien cerca del 90% de las capturas destinadas a exportación utilizan espinel, un porcentaje minoritario sigue empleando redes, principalmente para el mercado interno.

Aun así, el PRODUCE acaba de oficializar que, desde la próxima temporada, el espinel de superficie será el único arte de pesca autorizado para la pesca del perico como especie objetivo, alineando la normativa local con las exigencias de Estados Unidos y facilitando que el grueso de la producción mantenga acceso irrestricto al mercado norteamericano.

La NOAA determina que pesquerías peruanas no cumplen estándares de protección de mamíferos marinos

La NOAA actualiza su lista de productos pesqueros cada cuatro años, pero las restricciones pueden ser reconsideradas si Perú presenta evidencia documental de mejoras en monitoreo o mitigación.

Mientras tanto, PRODUCE, IMARPE y MINCETUR implementan acciones coordinadas con las empresas pesqueras, incluyendo capacitaciones y desarrollo de protocolos, con el objetivo de generar los certificados de exportación y trazabilidad necesarios para demostrar que el producto peruano cumple con las nuevas exigencias.

La institución científica peruana, por su parte, reconoció limitaciones para aplicar sistemas integrales de observación en pesquerías artesanales de bajo volumen como el pejerrey y el chiri, pero en el caso del perico y el bonito, existen esfuerzos para sistematizar y reportar las interacciones con mamíferos marinos.

Sin embargo, el principal mercado afectado por la medida es el perico, cuyos envíos a Estados Unidos alcanzan valores relevantes en la balanza exportadora peruana. Las demás pesquerías restringidas presentan escaso o nulo volumen de exportación a dicho destino.

El impacto económico de la restricción estadounidense se concentra en el perico congelado

Pero, ¿qué tan relevante es el perico para la oferta peruana? En 2024, las exportaciones peruanas de perico congelado alcanzaron los US$105 millones, mostrando un crecimiento de 7,4% en valor y 15,6% en peso respecto al año anterior, con un volumen exportado de 13.000 toneladas.

Las porciones de perico congelado representaron el 72.2% de las exportaciones de esta especie, con un precio promedio de US$9,47 por kilogramo (FOB). Estados Unidos fue el principal destino, absorbiendo el 97% de las porciones enviadas y concentrando el 79.8% del total exportado, seguido por Ecuador, Guadalupe y Martinica.

Además, las cinco principales empresas exportadoras concentraron el 52% del total exportado, destacando Refrigerados Fisholg & Hijos S.A.C., Seafrost S.A.C. y Produpesca S.A.C., según el informe “Desenvolvimiento del Comercio Exterior Pesquero en el Perú 2024″ de Promperú.

Vale recordar que el Reglamento de Ordenamiento Pesquero del recurso Perico (ROP) del perico entró recién en vigor en 2024, con el objetivo de asegurar la conservación y el desarrollo sostenible de la pesquería.

Las restricciones estadounidenses podrán revisarse si Perú demuestra avances

Adicionalmente, la decisión de Estados Unidos contempla la apertura para que Perú presente propuestas técnicas de mejora, incluso con el apoyo de organismos internacionales y no gubernamentales (ONG), que permitan reconsiderar la restricción en la próxima revisión.

Tanto el sector público como privado están trabajando en un esquema de Certificado de Admisibilidad para distinguir, en los documentos de exportación, la captura de perico con espinel —que sí es aceptada— respecto de aquella obtenida con redes de enmalle, alineando el flujo comercial con el requerimiento estadounidense.

En balance, la restricción no afecta de manera significativa a la mayoría de exportaciones peruanas de perico, tiburón, chiri y pejerrey —dadas las proporciones y destinos actuales—, pero obliga a Perú a fortalecer sus políticas de monitoreo y trazabilidad para asegurar el acceso sostenible y competitivo en el mercado de Estados Unidos a partir de 2026.

Especies del mar peruano

El Perú posee uno de los mares más productivos del mundo gracias a la Corriente de Humboldt. La pesca en el país se divide principalmente en dos grandes categorías: la industrial (mayormente para harina y aceite) y el Consumo Humano Directo (CHD).

El Recurso Estrella: La Anchoveta

Es, con diferencia, la especie más pescada no solo en Perú, sino que a menudo es la pesquería de una sola especie más grande del mundo.

• Uso: Principalmente para la fabricación de harina y aceite de pescado (exportación).
• Volumen: En 2024, el desembarque total de recursos hidrobiológicos superó los 5.8 millones de toneladas, de los cuales la gran mayoría corresponde a la anchoveta.

Especies para Consumo Humano Directo (CHD)

En cuanto a lo que llega a las mesas y mercados, estas son las especies líderes:

• Pota (Calamar Gigante): Es la segunda pesquería más importante del país y la principal en el sector artesanal. Es un producto clave para la exportación (congelados).+1
• Jurel: Es el recurso más capturado para consumo interno masivo debido a su alto valor nutricional y precio accesible. En 2024 registró capturas superiores a las 232,000 toneladas.+1
• Bonito: Ha tenido un crecimiento récord recientemente (con picos de más de 71,000 toneladas a inicios de 2024). Es sumamente popular en la gastronomía local para platos como el ceviche.
• Caballa: Muy ligada a las temporadas de jurel, es fundamental para la industria de conservas y el consumo en fresco.

El Gobierno de Perú promulgó el Decreto Supremo N° 023-2025-PRODUCE, que modifica la Norma Sanitaria de Moluscos Bivalvos Vivos con el propósito de optimizar los controles sanitarios, proteger la salud pública y fortalecer la posición del sector en los mercados internacionales.

Esta actualización responde a riesgos identificados en la cadena de producción de Perú, ya que los moluscos bivalvos, debido a su naturaleza filtradora, pueden acumular bacterias, virus, metales pesados, compuestos químicos y biotoxinas marinas, representando un peligro potencial para los consumidores.

El Ministerio de la Producción (PRODUCE) impulsa la reforma tras evaluar las limitaciones del sistema anterior: los procesos sanitarios resultaban lentos, era escasa la diferenciación por especie y existían vacíos en la asignación de recursos y responsabilidades institucionales, factores que afectaban la competitividad frente a auditorías y exigencias internacionales.

Perú aprueba nueva regulación sanitaria para moluscos bivalvos vivos

El sector de moluscos bivalvos es estratégico para la economía acuícola peruana. En 2023 se desembarcaron 3.567,1 toneladas métricas, siendo la concha de abanico la principal especie, con 15.787 toneladas. El valor global de las exportaciones mundiales de estos moluscos fue de 6.000 millones de dólares en 2022.

España y Francia lideran la demanda internacional, mientras que la Unión Europea, Estados Unidos, China y Japón encabezan el mercado global. En el mismo año, Perú exportó concha de abanico por 62 millones de dólares, con España y Francia acaparando las principales compras.

A pesar de la importancia internacional, la producción nacional presenta una tendencia descendente respecto al pico de 54.340 toneladas registrado en 2019 (15.787 toneladas en 2023), lo que exige una mayor eficiencia en la gestión sanitaria y la facilitación de trámites de exportación para mantener la posición del país.

SANIPES asume control central en fiscalización de moluscos bivalvos

La nueva normativa introduce cambios estructurales en el modelo de gestión. En primer lugar, la Autoridad Nacional de Sanidad e Inocuidad en Pesca y Acuicultura (SANIPES) asume amplias funciones, desde la fiscalización y la clasificación sanitaria hasta el diseño de metodologías para áreas de producción, así como la gestión de registros y la activación de alertas tempranas por riesgos.

El reglamento regula la clasificación, revaluación y reclasificación de áreas productoras mediante procedimientos ajustados al riesgo y la evidencia científica, e incorpora alternativas técnicas para procesos específicos. El control sanitario se diferencia según especie, lo que permite procedimientos más flexibles para pectínidos como la concha de abanico, la principal especie de exportación del país.

La trazabilidad se refuerza mediante la obligatoriedad de la Declaración de Extracción, Recolección y/o Cosecha (DERC), documento que debe acompañar, tanto en formato físico como digital, toda la cadena logística desde el origen hasta el destino nacional o internacional del producto.

El Instituto del Mar del Perú (IMARPE) asume un rol técnico y científico en la gestión de riesgos, monitoreo de toxinas y apoyo en la evaluación de especies, lo que fortalece la base para la toma de decisiones regulatorias. Se regulan con mayor precisión los procesos de acondicionamiento, desvalvado, almacenamiento, transporte, procesamiento y etiquetado, con requerimientos estrictos para prevenir contaminación y garantizar la inocuidad del producto terminado.

La exportación de conchas de abanico pasará mayores filtros en Perú

La gestión de costos también se actualiza: los usuarios beneficiarios directos de la explotación —es decir, los titulares de concesiones, empresas pesqueras, acuicultores o recolectores autorizados— quedan a cargo de las evaluaciones y reclasificaciones sanitarias.

Particular relevancia recibe el proceso de exportación; la norma exige documentación y trazabilidad estricta, cumplimiento de los requisitos sanitarios del país de destino, y acciones coordinadas entre SANIPES y Aduanas para controlar el músculo abductor congelado.

Solo se permite la exportación si la normativa del mercado de destino lo autoriza. Además, se actualizan las definiciones técnicas para facilitar la interpretación, se centraliza la rectoría sectorial en SANIPES y se da un plazo de 180 días para adecuar todos los instrumentos operativos y de gestión a las nuevas reglas.

Vale precisar que las principales especies de moluscos bivalvos en Perú son la concha de abanico (la más exportada y valorada), choro, almeja, macha, mejillón y concha negra. La concha de abanico es el tercer marisco más utilizado para productos congelados.

El sector de bivalvos enfrenta descenso en producción y busca mantener competitividad

Según el PRODUCe, su nuevo enfoque privilegia la eficiencia y la competitividad económica, en línea con los retos marcados en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050. Los cambios no suponen gastos adicionales para el presupuesto público, buscan reducir los costos regulatorios operativos y fortalecer la capacidad exportadora del sector.

En el contexto de mercados cada vez más exigentes y una producción interna que enfrenta desafíos, esta actualización normativa busca representar una apuesta por mantener la seguridad y la trazabilidad en toda la cadena de valor, mejorando simultáneamente las oportunidades para los productores y la confianza de los compradores internacionales.

El crecimiento anual acumulado de la economía peruana hasta octubre alcanzó el 3,36%, mientras que la variación de los últimos doce meses cerró en 3,66%. Este resultado, reportó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), se sustentó principalmente en el avance de la pesca, la minería y los hidrocarburos, actividades que mostraron desempeños significativos y promovieron la recuperación de sectores vinculados tanto a exportaciones como al mercado interno. De acuerdo con los datos del INEI, la producción nacional de Perú en octubre experimentó un incremento interanual del 3,62%, impulsada por el dinamismo en los principales sectores extractivos e industriales.

Según el INEI, la actividad pesquera tuvo un papel destacado en este periodo, mostrando una expansión del 25,70% respecto a octubre del año anterior. El informe detalló que la captura de productos marinos, tanto para consumo directo como para la industria, presentó una mejora sustancial. Uno de los avances más notorios se dio en la elaboración de productos congelados, cuya producción subió un 81,5%. Este empuje repercutió en actividades industriales relacionadas, en particular la fabricación y conservación de pescado, crustáceos y moluscos, que experimentó un aumento del 369,3%.

El sector minero también presentó cifras favorables, con un crecimiento interanual del 6,81%. El INEI atribuyó este desempeño principalmente al incremento en la extracción de minerales estratégicos para la economía del país. El zinc aumentó un 30,9%, el estaño alcanzó una expansión de 31,7%, el molibdeno subió un 16,3% y la plata creció un 13%. Estos resultados, según consignó el INEI, consolidaron al sector minero como uno de los motores del crecimiento económico durante octubre.

La industria de hidrocarburos mostró señales de recuperación, mostrando un alza del 4,21% interanual. Los datos oficiales reflejan que la extracción de petróleo crudo avanzó un 14% y la producción de líquidos de gas natural se incrementó en un 3,2%. Según el INEI, este comportamiento positivo de los hidrocarburos complementó y reforzó el desempeño de los sectores pesquero y minero.

El repunte en los sectores extractivos repercutió en otras áreas productivas. La industria en su conjunto registró en octubre un crecimiento del 3,06%, destacado principalmente por el incremento del 23,3% en la manufactura de productos primarios de metales preciosos y metales no ferrosos. Asimismo, la construcción exhibió un aumento del 4,39%, impulsada por un mayor consumo de cemento, que subió un 9,05%. El INEI señaló que, aunque la demanda interna de materiales de construcción fue significativa, la ejecución de obras públicas mostró una disminución del 4,82%, lo cual moderó parcialmente el ritmo expansivo de este sector.

El sector de electricidad, gas y agua reflejó una tasa positiva, al registrar una expansión del 3,75% respecto al mismo mes del año anterior. Por su parte, el comercio mostró un avance del 4,09%, con un impulso visible en ventas mayoristas de computadoras, equipos periféricos y software, que crecieron un 3,68%. Además, la comercialización de vehículos contribuyó de manera relevante, al presentar un incremento del 9,75%. Según detalló el INEI, esta tendencia se relacionó con una mayor demanda de unidades motorizadas a partir de diferentes actividades sectoriales.

El rubro de alojamiento y restaurantes se integró a la tendencia positiva de la economía, con un alza del 2,86% en octubre. El crecimiento respondió, según el INEI, al incremento del 8,16% en servicios de alimentación para empresas de transporte y concesionarios, así como a la expansión del 5,48% en servicios de bebidas. Estas cifras reflejan la capacidad de recuperación de áreas del sector terciario asociadas tanto a la movilidad como a la oferta gastronómica.

El análisis realizado por el INEI sostuvo que el comportamiento favorable de la minería, los hidrocarburos y la pesca durante octubre generó un efecto de arrastre sobre las actividades industriales y comerciales ligadas a la exportación y al abastecimiento del mercado interno. El fortalecimiento de la demanda interna y el repunte de la extracción pesquera y minera actuaron como factores clave para el crecimiento registrado en la economía nacional.

Según publicó el INEI, las diferencias entre los subsectores productivos siguieron presentes. Si bien la construcción mostró signos de recuperación gracias al consumo interno de cemento, el rezago en la ejecución de obras públicas contrastó con la expansión registrada en otros sectores, como el tecnológico y el automotriz. De acuerdo con el informe, la sostenida elaboración de metales y alimentos usando recursos naturales siguió reforzando las cadenas productivas industriales y comerciales del país.

El organismo concluyó en su balance que la economía peruana, durante octubre, se apoyó principalmente en sectores estratégicos vinculados a las exportaciones nacionales y al consumo interno, con énfasis en la transformación y comercialización de minerales y productos marinos. Las cifras reportadas, según el INEI, evidencian un comportamiento positivo que se relacionó con la recuperación de la demanda interna y la reactivación en actividades extractivas y pesqueras, aun en un contexto donde persisten heterogeneidades en el desarrollo de los distintos sectores productivos.

Desde el Servicio de Guardacostas de Filipinas se reportó que los tripulantes de una veintena de embarcaciones pesqueras fueron “acosados” durante faenas legales cerca del bajío de Escola, llamado Xianbin Jiao por China, donde la guardia costera china utilizó cañones de agua, dejando tres pescadores heridos. El incidente, ocurrido en las disputadas aguas del mar de China Meridional, se produjo en un contexto de creciente tensión entre China y Filipinas por la soberanía de la zona, según consignó la agencia Europa Press.

De acuerdo con Europa Press, el Departamento de Estado de Estados Unidos emitió un comunicado en el que calificó de “agresión” la maniobra de la guardia costera china contra los buques de pescadores filipinos. El organismo estadounidense condenó en términos tajantes el uso de cañones de agua y afirmó que estas acciones amenazan la vida de los pescadores filipinos que recurren a la zona como medio de subsistencia. Washington reiteró su respaldo a Filipinas ante las “tácticas cada vez más peligrosas” empleadas por China en contra de países vecinos, señalando que este comportamiento afecta negativamente la estabilidad regional.

Según explicó Europa Press, el enfrentamiento tuvo lugar durante el sábado, cuando las embarcaciones filipinas realizaban actividades de pesca consideradas legales en las inmediaciones del bajío de Escola, un área que, si bien es reconocida como parte de la Zona Económica Exclusiva de Filipinas, también es reivindicada por China bajo el nombre de Xianbin Jiao. El portavoz filipino Jay Tarriela detalló que dos barcos de la guardia costera china iniciaron el uso de cañones de agua contra los pescadores, causando las lesiones de tres trabajadores y provocando un nuevo episodio en la prolongada disputa territorial en el mar de China Meridional.

Europa Press indicó que esta región marítima se ha mantenido como foco de rivalidad geopolítica a lo largo de varias décadas, debido a las reclamaciones superpuestas de soberanía por parte de China y de varios países del Sudeste Asiático, incluyendo Filipinas. Además de su relevancia estratégica, el mar de China Meridional es atravesado por rutas comerciales fundamentales a nivel global y, según estimaciones citadas por la prensa internacional, podría albergar abundantes reservas de petróleo y gas en sus fondos marinos, lo que intensifica el interés de los países involucrados.

En reiteradas ocasiones, según detalló Europa Press, Pekín ha adoptado acciones similares en la zona, argumentando que los buques filipinos incursionan en aguas bajo soberanía china. Esta postura ha generado frecuentes enfrentamientos con Manila y ha incrementado la preocupación de actores internacionales, principalmente de Estados Unidos, por el riesgo de que estos incidentes desemboquen en una escalada mayor en la región.

El respaldo estadounidense a Filipinas se inscribe en el marco de la alianza histórica entre ambos países, así como en la política exterior de Washington de garantizar el libre tránsito marítimo en el mar de China Meridional y mantener el equilibrio de poder regional ante el creciente protagonismo militar y marítimo de China, concluyó Europa Press.

El Ministerio de la Producción (PRODUCE) eliminó los límites de captura por faena para las embarcaciones artesanales de jurel y caballa, lo que eleva la flexibilidad para la extracción en el periodo septiembre-diciembre de 2025, aunque no representa un aumento de la cuota total anual.

La modificación se formalizó mediante la Resolución Ministerial N° 000423-2025-PRODUCE, que deja sin efecto los topes establecidos por faena contenidos en los literales g) y f) del artículo 6 de la norma previa (R.M. N° 000273-2025-PRODUCE), facilitando el aprovechamiento de las cuotas ya asignadas al sector.

PRODUCE elimina límites de captura por faena para pesca artesanal de jurel y caballa

En la regulación derogada, el literal g) del numeral 6.1 disponía que las embarcaciones cerqueras de 10 a 20 metros cúbicos podían descargar como máximo 10 toneladas por faena, más una tolerancia de 2 toneladas, y que aquellas con menos de 10 metros cúbicos no debían superar 6 toneladas por faena, con tolerancia de 1 tonelada.

Además, el literal f) del numeral 6.2 establecía que para ciertas embarcaciones no se podía superar una cuota máxima de 2,5 toneladas por faena, con tolerancia de 1,5 tonelada, durante el periodo establecido.

Sin embargo, PRODUCE constató que, hasta noviembre de 2025, la flota menor a 10 m³ solo había alcanzado un 27,5% de su cuota asignada, la flota de 10 a 20 m³ un 10,8% y la mayor a 20 hasta 32,6 m³ apenas un 0,23%.

Dados estos bajos niveles de ejecución y los informes técnicos del Instituto del Mar del Perú (IMARPE), la autoridad pesquera recomendó eliminar los límites por faena para promover un mayor aprovechamiento social y económico de la cuota global, sin desconocer la necesidad de mantener controles sobre la explotación sostenible.

Flota artesanal podrá descargar mayores volúmenes de jurel y caballa

La decisión, avalada por la Oficina General de Asesoría Jurídica, no modifica la cuota total anual sino que otorga mayor flexibilidad operacional a los armadores y pescadores, facilitando la descarga en volúmenes mayores por cada viaje autorizado según la evaluación biológica y socioeconómica.

El IMARPE continuará con el seguimiento del esfuerzo pesquero para asegurar que no se superen los límites de sostenibilidad establecidos para ambos recursos. Las medidas de control y supervisión sobre el desembarco, uso de artes de pesca, formatos obligatorios y prohibición de transbordos continúan vigentes.

Espinel de superficie será el único arte de pesca permitido para el perico

De otro lado, el PRODUCE estableció el espinel de superficie como el único arte de pesca autorizado para la captura del perico (Coryphaena hippurus) como especie objetivo en aguas peruanas, modificando la regulación vigente para la temporada 2025-2026.

La medida fue oficializada a través de la Resolución Ministerial N° 000419-2025-PRODUCE, publicada el 15 de diciembre en Lima, e incluye también cambios en el reporte obligatorio de calas y desembarque.

De acuerdo con la nueva normativa, los titulares de permisos de pesca para embarcaciones artesanales deberán consignar en el reporte de calas y desembarque el tipo de arte de pesca empleado y la ubicación precisa (coordenadas) del punto de extracción.

El IMARPE respaldó la decisión de limitar el arte de pesca al espinel de superficie a través de un informe técnico en el que se resalta su “alta selectividad y capacidad para obtener productos de mejor calidad”, además de mantener el cumplimiento de estándares internacionales de trazabilidad.

La economía de Perú registró un crecimiento de 3,62% en octubre de 2025 respecto al mismo mes del año anterior, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

El crecimiento estuvo respaldado principalmente por los sectores de Minería e Hidrocarburos, Otros Servicios, Comercio, Manufactura y Construcción, responsables de cerca del 70% del avance económico mensual.

Entre enero y octubre, la producción nacional acumuló un alza de 3,36%, mientras que la variación anual —noviembre de 2024 a octubre de 2025— fue de 3,66%.

Minería y agroexportación, motores del Perú: crecimiento de 3,62% en octubre de 2025

En minería e hidrocarburos, la expansión fue de 6,81%, empujada por el segmento minero metálico (7,18%), donde destacaron el zinc (30,9%), estaño (31,7%), molibdeno, plata, hierro y cobre.

La producción de oro, en contraste, se redujo 7%, aunque esta caída fue compensada por el incremento en otros metales. El segmento de hidrocarburos creció 4,21% tras el alza en la explotación de petróleo crudo (14%) y líquidos de gas natural (3,2%).

El sector agropecuario avanzó 1,88% en la comparación interanual, sobresaliendo el crecimiento en cultivos como fresa (152,1%), manzana (129,8%), café, papa, uva y arroz cáscara.

El desempeño fue favorecido por mayor superficie cultivada y condiciones climáticas propicias. En el subsector pecuario, la subida fue de 2,37%, con incrementos en la producción de leche, aves, porcinos y huevos.

La pesca de anchoveta se hundió en octubre: ¿Qué sostuvo al sector?

Un salto significativo se observó en el sector pesca, con un crecimiento de 25,70% gracias a la mayor captura de especies marítimas destinadas al consumo directo, especialmente en los rubros de congelado y consumo en estado fresco.

No obstante, la extracción de anchoveta para harina y aceite de pescado fue de apenas 830 toneladas —un descenso de 75,3% frente a octubre del año previo— y la pesca continental disminuyó 18,1%.

La manufactura creció 3,06%, impulsada sobre todo por el subsector fabril primario (26,15%), que registró incrementos en la elaboración y conservación de pescado, crustáceos, moluscos y productos primarios de metales preciosos.

En contraste, la manufactura no primaria bajó 2,64%, afectada por la menor producción de bienes de consumo e intermedios.

Electricidad, construcción y comercio al alza en octubre, según INEI

El sector electricidad, gas y agua subió 3,75%, con un crecimiento pronunciado en la generación hidroeléctrica y de fuentes renovables, y en la provisión de agua potable, mientras que la producción termoeléctrica mostró descenso.

En construcción, el incremento fue 4,39%, explicado por el mayor consumo interno de cemento, ligado a proyectos privados de edificios, comercios, energía y minería. El avance de obras públicas fue desigual, retrocediendo en el Gobierno Nacional pero aumentando en Gobiernos Locales y Regionales.

El sector comercio avanzó 4,09%, con dinamismo en ventas mayoristas y minoristas por el impulso del comercio electrónico, reparto a domicilio y eventos automotrices. Destacaron ventas de computadoras, combustibles y enseres domésticos.

¿Y cómo le fue a Transportes y al sector financiero?

El sector Financiero y Seguros mantuvo un comportamiento estable, con un crecimiento de los créditos del sistema financiero de 2,44% y de los depósitos de 0,05%. Por su parte, el sector Telecomunicaciones y Otros Servicios de Información se redujo -1,01%, con caídas en otros servicios de información (-1,22%) y telecomunicaciones (-0,98%).

Alojamiento y restaurantes se expandieron 2,86% gracias al dinamismo en restaurantes, actividades de catering y ferias gastronómicas.

Por último, la expansión de servicios empresariales (3,76%) y las actividades de gobierno (4,45%) completaron el cuadro positivo del informe técnico del INEI para octubre, ilustrando un escenario de crecimiento multisectorial durante el último tramo del año.