Pablo Maximiliano Amín, condenado a prisión perpetua en 2009 por estrangular a su pareja, mutilar su cuerpo y arrastrarlo por los pasillos de un hotel de Tucumán, accedió a un régimen de salidas transitorias. La medida, otorgada después de 18 años de encierro, le permite salir del penal de Villa Urquiza dos veces al mes bajo custodia judicial.

El femicidio que llevó a “El loco” a quedar tras las rejas ocurrió en 2007 y la víctima fue María Marta Arias, una joven de 23 años con quien se había casado unos meses antes.

La decisión fue adoptada por la jueza de Ejecución Penal y respaldada por el Tribunal de Impugnación, aun ante la oposición expresa del Ministerio Público Fiscal (MPF). Según explicó El Liberal, el convicto deberá respetar el régimen impuesto de tres horas por salida.

La resolución judicial se fundamentó en los criterios establecidos por la ley de Ejecución Penal, que permiten acceder a estos beneficios cuando el recluso cumple con buena conducta y reúne los requisitos formales que exige la normativa vigente.

El brutal ataque conmocionó a la población, tras conocerse los detalles de cómo fue ultrajado el cuerpo sin vida de Arias. La historia se remonta a los hechos ocurridos el 27 de octubre de 2007. La pareja, oriunda de Santiago del Estero, viajó a Tucumán para asistir a un congreso junto a otros cuatro compañeros de trabajo. Se alojaron en el hotel Catalinas Park y les tocó la habitación 514. Durante esa jornada, los testigos relataron que Amín manifestó comportamientos atípicos, como episodios de insomnio y declaraciones que denotaban paranoia. Durante la tarde, en compañía de su esposa, afirmó en una plaza pública que era perseguido por alguien que quería matarlo y tuvo que ser asistido por agentes policiales. En ese contexto, el comisario a cargo escuchó frases como: “Ella ya no me quiere. Me quiere alejar de todos. No quiero hablar con mi esposa, no quiero hablar con mis amigos. No confío en nadie”.

Amín fue llevado al hospital y, tras permanecer bajo observación durante una hora, se le dio el alta médica. Posteriormente, cuando parecía que el hombre se había recuperado del episodio sufrido, la pareja y sus compañeros cenaron en las inmediaciones al hotel y regresaron para descansar. De acuerdo con la causa, ambos ingresaron al ascensor de la mano y se dirigieron a la habitación, y a partir de ese instante se desencadenaron los violentos acontecimientos. Según el expediente judicial, el hombre —experto en artes marciales— atacó a Arias mientras dormía, utilizando fuertes maniobras de estrangulamiento.

El nivel de agresión empleado se extendió hasta después de la muerte. Le extrajo los ojos y los depositó sobre la cama; lesionó gravemente las zonas íntimas de la víctima y la agredió físicamente. Luego, retiró el cuerpo de la habitación y lo desplazó por las escaleras hasta el primer piso, donde continuó golpeándolo. Un empleado del hotel advirtió la situación y dio aviso a las autoridades. Al llegar la Policía, el hombre manifestó: “No se preocupen, estoy en estado de emoción violenta”. Según el jefe policial, el condenado padeció “un brote psicótico, por ello decía que escuchaba voces que le indicaban hacer lo que hizo”.

La investigación judicial determinó la autoría material del hombre, que en aquel entonces tenía 27 años, en el crimen y dos años más tarde fue condenado a prisión perpetua. “Mientras estaba acostado me puse sobre ella y comencé a apretarle el cuello con las manos con todas mis fuerzas", sostuvo durante la audiencia acusatoria. Durante el proceso, los motivos exactos del asesinato no quedaron esclarecidos. Entre las hipótesis del expediente figura la existencia de supuestas fotografías que involucraban a la víctima y que podrían haber sido un desencadenante del ataque. Sin embargo, esa circunstancia no llegó a comprobarse fehacientemente durante el juicio oral ni quedó asentada como causa directa en la condena.

Habiendo transcurrido 10 años de su ingreso al sistema penitenciario, Amín contrajo matrimonio civil y religioso con una mujer que conoció durante su reclusión en el pabellón de máxima seguridad del penal.

El tribunal de Rafaela, Santa Fe, condenó a prisión perpetua a Evelio “Yiyo” Ramallo, tras hallarlo culpable de instigar homicidios y organizar una asociación ilícita para cometer delitos graves mientras permanecía detenido en el penal federal de Ezeiza. Se trata de un delincuente de alto perfil que en el pasado ya había sido condenado por delitos de igual naturaleza.

La resolución judicial se dio a conocer esta semana, gracias a un acuerdo abreviado alcanzado entre la defensa y la fiscalía, una vía procesal que permitió evitar las declaraciones de decenas de víctimas y testigos. En la audiencia, el hombre de 39 años se refirió a los delitos por los cuales se lo condenó. “No soy un loco ni un monstruo. Nunca me metí con personas de bien”, dijo, tal como pudo reconstruir el medio local Rafaela Noticias.

La sentencia estuvo a cargo de los jueces Gustavo Bumaguin, Juan Gabriel Peralta y José Luis Estévez, quienes avalaron la postura de la Fiscalía local, representada por Carlos Vottero. La autoridad indicó que Ramallo fue condenado por diez ilícitos, entre ellos el homicidio agravado de Rudy Leonel González, perpetrado el 3 de agosto de 2021, y los asesinatos de Miguel Ángel Mendoza y Marcelo Ariel Sánchez el 21 de diciembre del mismo año. Además, le atribuyeron la instigación de seis tentativas de homicidio, cinco cometidas en Rafaela y una en Bella Italia.

De acuerdo con la exposición de la Fiscalía, ordenó estos crímenes desde el penal, utilizando teléfonos móviles e intermediarios para impartir directrices y distribuir pagos entre los integrantes de su asociación ilícita. “Se probó que la organización criminal que lideraba cometió ilícitos en Rafaela y alrededores entre agosto de 2021 y el 27 de febrero de 2022″, sostuvo la parte acusadora durante el proceso, de acuerdo a la cobertura de Rosario3.

Esta era la forma de actuar de Ramallo, estando en diferentes penales emblemáticos como Piñero, Coronda, el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza, Rawson y Chaco. En su estadía en la cárcel de Piñero, dirigía una banda criminal que se dedicaba a comercializar cocaína y marihuana. Su presencia en la provincia de Córdoba motivó a la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de la ciudad de San Francisco a llevar a cabo una exhaustiva investigación. Así fue como principios de agosto de 2021, la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) de Córdoba llevó adelante un operativo coordinado que involucró a más de 80 agentes, 30 patrulleros y 14 grupos tácticos. Como parte de esta acción, se realizaron ocho allanamientos en simultáneo en diferentes localidades de ambas provincias, lo que permitió la detención de ocho personas vinculadas a la organización delictiva: cuatro hombres y tres mujeres cuyas edades oscilaban entre los 18 y los 46 años. En ese mismo año, la Justicia provincial le unificó las penas en 23 años.

Por aquel entonces, ya contaba con un extenso prontuario de tráfico de estupefacientes y acusaciones por amenazas, coacciones y tentativas de homicidio. “Es un criminal muy pesado, muy agresivo, incluso con las personas que trabajaban para él, los tenía amenazados”, manifestaron a Infobae. El procedimiento también incluyó un registro en la celda en la que se alojaba Ramallo, donde encontraron un plato con restos de cocaína y varios elementos incriminatorios.

Uno de los últimos hechos en los que estuvo involucrado tuvo lugar en marzo del año pasado, cuando se ejecutó un megaoperativo en las mismas dos provincias mencionadas. Por un lado, se desplegaron 21 allanamientos en las localidades cordobesas de Morteros, Brinkmann y Porteña; mientras que otros 25 ocurrían en paralelo en Rafaela, Sauce Viejo, Suardi y Frontera. Como resultado del procedimiento, 22 personas fueron detenidas.

En las escuchas que integraron el expediente que llevaron a la reciente condena, Ramallo expresaba abiertamente su intención de “adueñarse de Rafaela” y de mantener el dominio criminal: “Voy a seguir haciendo plata para celebrar y voy a seguir matando gente. A mí no me pueden parar más que me maten”.

La Justicia encontró culpable a Ramiro Joel Sosa por el brutal femicidio de Susana Cáceres ocurrido en noviembre de 2022. El cuerpo de la víctima fue hallado 10 días después de su desaparición en un descampado con heridas mortales. El acusado, quien era su vecino, quedó detenido seis meses después del crimen, y en las últimas horas lo condenaron a prisión perpetua.

De acuerdo al veredicto dictado por el Tribunal Oral Criminal Nº 1 de Morón, el joven de 25 años fue condenado por homicidio agravado criminis causae por haber sido ejecutado por un hombre contra una mujer mediando violencia de género y por su comisión con ensañamiento por el uso de arma, y robo agravado por el uso de arma.

El tribunal integrado por los jueces Juan Carlos Uboldi, Claudio Chaminade y Julia de la Llana coincidió con el pedido del fiscal Leonardo Lisa y dictó la pena máxima prevista en el Código Penal para este tipo de delitos, según detalló el portal Primerplanoonline.

La lectura del veredicto causó alivio entre los familiares y allegados de la víctima. Adriana, prima de Susana Cáceres, expresó que “los hijos ahora tienen el consuelo de que al menos se hizo justicia”. El mismo portal indicó que una amiga de la víctima también se refirió al fallo: “No existe la felicidad después de lo que le pasó a ella, pero al menos podemos confiar en la justicia”.

El caso

La investigación comenzó con la intensa búsqueda de Cáceres, quien fue vista por última vez el 8 de noviembre de 2022 cuando salió de su casa para pagar una deuda. Le dijo a su madre que regresaría pronto y esa fue la última vez que la familia la vio con vida. Según supieron los investigadores, la mujer había vendido algunos electrodomésticos y llevaba consigo menos de 10 mil pesos al momento de su desaparición.

La búsqueda se extendió durante diez días hasta que se halló el cuerpo de Cáceres a la vera de la colectora del Camino del Buen Ayre y el río Reconquista, en un descampado entre Moreno e Ituzaingó, a unos dos kilómetros de su domicilio. La identificaron gracias a los tatuajes de su cuerpo.

El informe de autopsia ordenado por la fiscal del caso, Luisa Pontecorvo de la UFI N° 3 de Moreno, determinó que la mujer, mamá de cuatro hijos, sufrió múltiples puñaladas en el pecho, estrangulamiento y golpes en la cabeza con elementos contundentes. Las lesiones evidenciaron un ensañamiento en el ataque, ya que el cuerpo también presentaba hematomas y signos claros de asfixia. La causa de muerte fue definida como un shock hipovolémico originado por heridas punzantes y traumatismo de cráneo. La data de muerte, según los forenses, fue de entre siete y diez días antes del hallazgo. Además, la autopsia constató la existencia de lesiones compatibles con abuso.

El caso presentó algunas dificultades al comienzo, ya que no estaba claro el destino al que se dirigía la mujer de 42 años, ni el motivo exacto por el cual había salido de su domicilio. Además, varias personas del entorno fueron investigadas, tales como la ex pareja, identificada como Alberto. A pesar de que allanaron su casa y practicaron la prueba del luminol, no encontraron ninguna prueba que pudiera vincularlo con la situación. Otro de los sospechosos fue Ramón Rosa Lescano, quien había estado trabajando en una empresa constructora y había pruebas que lo vinculaban con la escena.

A raíz de los análisis de las cámaras de seguridad de la zona, las autoridades lograron visualizar a la víctima y a Sosa en el entorno donde se cometió el asesinato. Los agentes de la DDI de la Policía Bonaerense -que lo detuvieron luego de que varios vecinos lo reconocieran en las imágenes-, pudieron confirmar que se trataba de un vecino de la víctima que no contaba con antecedentes penales.

El arresto se concretó en la casa de la madre del acusado. Allí, se incautaron una bicicleta, una visera rosa atribuida a la víctima y una cuchilla. Un vecino declaró que el día captado en el video, Sosa dijo que se fue con Cáceres y luego le confesó haber mantenido relaciones sexuales con ella.

La Justicia condenó a perpetua a Jacinto Ríos, quien en abril de 2023 denunció que habían asesinado a golpes a su pareja de aquel entonces, Rosario Domínguez, y poco después quedó detenido por el crimen. El cadáver de la mujer estaba tirado en una plantación de kiwis, a pocos metros del lugar donde residían junto con sus hijos, en la ciudad balnearia de Miramar.

Tras el veredicto del Tribunal Oral en lo Criminal N° 3, integrado por los jueces Juan Manuel Sueyro, Federico Wacker Schroder y Juan Galarreta, trascendió que el acusado continuará alojado en el complejo penitenciario de Batán. Al final de la audiencia, los familiares de la mujer de 27 años, asesinada de un disparo, destacaron el fallo como una decisión justa y reparadora dentro del drama familiar que atraviesan desde hace más de dos años. “Logramos lo que esperábamos, perpetua para el femicida de mi hermana. Yo sé que esto no nos la va a devolver, pero nos da tranquilidad. Fue un fallo justo por ella y por sus hijos”, expresó la hermana de la víctima.

Según informó el portal 0223.com de Mar del Plata, la mujer subrayó el trabajo realizado por la fiscal Ana María Caro. “Él intentó modificar las cosas, pero todas las pruebas estaban en su contra. Hizo una atrocidad con mi hermana, esa es la realidad”, sostuvo contra Ríos, quien en su declaración final pidió disculpas a los familiares “por el dolor que había causado”.

La investigación por el asesinato comenzó en abril de 2023, cuando la Policía encontró el cuerpo sin vida de Domínguez, en una plantación de kiwis ubicada sobre la ruta 77, en el paraje Santa Irene, a siete kilómetros del centro de Miramar. El primer dato aportado a la causa fue el llamado al 911 que realizó el propio Ríos, entonces pareja de la víctima y padre de sus tres hijos, quien denunció el supuesto hallazgo del cadáver.

La Policía constató ni bien llegó al lugar que la mujer tenía heridas profundas y múltiples lesiones en la cabeza y el rostro, sin signos vitales. La familia habitaba en una instalación cercana al predio rural en el que se descubrió el cuerpo. De acuerdo con lo que reconstruyó la Fiscalía, la pareja mantenía una relación de seis años marcada por reiterados episodios de violencia de género, alternando momentos de convivencia con separaciones producto de esta conflictividad. Días antes del crimen, la pareja había vuelto a convivir tras un nuevo intento de reconciliación.

Las circunstancias del hallazgo generaron rápidamente sospechas sobre la versión del hombre. Él le había dicho a los oficiales que desconocía el paradero de su esposa y que la había encontrado por azar en el predio. Durante la revisión médica que le practicaron los forenses, Ríos presentaba lesiones y arañazos en la espalda que, según los peritos, eran compatibles con maniobras defensivas de la mujer. Además, la Policía detectó contradicciones en su relato y comprobó, mediante contacto con la familia de Domínguez, que el hombre se había comunicado con ellos previamente, alegando que desconocía el paradero de la joven.

La autopsia reveló que el cuerpo de la mujer presentaba un disparo de arma calibre .28 en el oído izquierdo y múltiples golpes en la cabeza, la mandíbula y el tórax ocasionados por un objeto contundente y con filo. Las pericias determinaron que el crimen se produjo en el mismo sector de la plantación donde fue encontrado el cadáver, en una zona alejada de la vivienda principal del predio. Estos elementos fueron considerados fundamentales en el desarrollo de la instrucción y el posterior juicio oral.

En la segunda y última jornada de audiencia judicial por el crimen de Naiara Durán, la Fiscalía pidió perpetua para el principal acusado y ex pareja de la joven; 20 años para quien era su novia al momento del crimen y seis para el papá de esta última. La solicitud se dio a conocer luego de las declaraciones de más de 20 testigos y de los imputados.

Ahora, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de San Nicolás tendrá tiempo hasta la semana próxima para tomar una decisión y dar a conocer el veredicto. Se espera que esto ocurra el próximo miércoles al mediodía. Por un lado, Francisco Vlaeminck enfrenta cargos por homicidio agravado por el vínculo y en contexto de violencia de género; en tanto, su pareja, Daiana Franco, está imputada por homicidio simple, mientras que a su papá, Mario, le recayó el delito de encubrimiento.

El debate del miércoles en el Palacio de Tribunales estuvo marcado por la carga emocional de un nuevo aniversario del crimen de la joven, ocurrido el 13 de agosto del año 2023. En aquel entonces, Durán salió de su casa de San Pedro y no regresó más. La familia realizó la denuncia por su desaparición y se inició un operativo de búsqueda que finalizó cuatro días después, cuando la encontraron muerta dentro de un tambor de 200 litros a la orilla del río Paraná.

Personal de Prefectura Naval y de la Policía Científica descubrieron el cuerpo envuelto en un mantel y una lona, con múltiples heridas de arma blanca en la cara y el cuello, provocadas por al menos dos elementos distintos, y señales de haber permanecido con vida durante varias horas tras el ataque, según indicó el informe forense.

En un primer momento, la fiscal María del Valle Viviani, quien encabezó la acusación contra los tres imputados, ordenó la detención inmediata de quien fuera novio en aquel entonces de Durán, Mario Damián Gil, así como de la prima Antonella Russo.

Pero diez días después de cometido el homicidio, los investigadores obtuvieron registros de cámaras de seguridad donde se observaba el ingreso de la víctima al domicilio de Vlaeminck, sin que quede constancia de su salida. De acuerdo con lo detallado por La Opinión Semanario, una agente policial, que analizó los registros fílmicos, detectó la moto en la que circulaba la joven de 25, llegando a la casa ubicada en Primera Junta y Bottaro. También vio el auto de Mario Franco circular de un lado a otro en reiteradas ocasiones aquel domingo 13.

A esto se añadió otra prueba relevante. En la propiedad, los análisis de luminol detectaron sangre bajo pintura fresca y en conductos de desagüe. Además, perros especializados de la Policía Federal hallaron restos biológicos y comprobaron que una habitación había sido limpiada cuidadosamente con lavandina poco tiempo atrás.

Finalmente, los peritos identificaron el mantel utilizado para envolver el cuerpo de la joven como coincidente con objetos del hogar de los acusados.

Disturbios en la audiencia

Al momento de las declaraciones de Vlaeminck, la mamá de la joven asesinada pidió a las autoridades poder retirarse para no escucharlo. Sin embargo, el Tribunal le indicó que si lo hacía luego no podría volver a ingresar. Esto desató el enojo por parte de la mujer.

Fue en ese momento que los presentes comenzaron a gritar e insultar al hombre, y le lanzaban exclamaciones como “mataste a la madre de tu hijo”, según hizo saber La Opinión Semanario. Esto derivó en una desalojo de la sala por parte de los magistrados.

Más de 20 personas brindaron su testimonio en ambas jornadas y varios de ellos se centraron en la relación de la pareja. Entre las declaraciones se escucharon a uno de los peritos de la Policía Científica y la Federal; a la prima de la acusada; y un testigo que aportó datos del día en que encontraron el cuerpo; entre otros.

En un nuevo aniversario por la muerte de Blas Correa, el adolescente asesinado por la policía de Córdoba mientras viajaba con sus amigos en un auto, se conoció este martes que el Tribunal Superior de Justicia dejó firme las condenas contra los acusados. Las mismas habían sido dictadas en 2023 por la Cámara Octava del Crimen.

El asesinato ocurrió en 2020, tras un confuso episodio que involucró a dos individuos en moto y a Policías de la provincia que dispararon en reiteradas ocasiones contra el Fiat Argo en el que circulaba Correas junto a otros cuatro chicos. Todos regresaban de cenar, cerca de la medianoche del 6 de agosto.

Una breve discusión con los motociclistas derivo en un operativo policial sobre el cruce de las calles Vélez Sarsfield y Romagosa que aguardaba al arribo del vehículo con los jóvenes. Sin percatarse, el conductor comenzó a disminuir la velocidad para detenerse, pero al ver que uno de los agentes le apuntaba con el arma, decidió acelerar, según declaró ante la justicia. Fue allí donde se desató el resto de la escena que terminó con la vida del chico de 17 años.

La sentencia original se había anunciado en un juicio oral y público que involucró a trece miembros de la Policía provincial. Lucas Damián Gómez y Javier Catriel Alarcón recibieron la pena máxima de prisión perpetua, tras ser hallados culpables del homicidio calificado por ser integrantes de la fuerza, agravado por el uso de arma de fuego, y por la tentativa de homicidio contra el resto de los amigos de Correas.

El resto de los policías recibió penas de entre dos años y medio condicional y casi cinco años de prisión, de acuerdo con la responsabilidad de cada uno en los hechos y en el encubrimiento del crimen. La agente Wanda Micaela Esquivel fue condenada a tres años y diez meses de prisión, y la oficial Florencia Yamila Martínez, a cuatro años y tres meses. Ambas estaban presentes junto a Gómez y Alarcón al momento de los disparos y participaron posteriormente en la maniobra para “plantar” un arma a las víctimas. El subcomisario Sergio Alejandro González recibió una pena de cuatro años y diez meses, y los comisarios inspectores Walter Eduardo Soria y Jorge Ariel Galleguillo fueron penados con cuatro años y nueve y ocho meses, respectivamente, por no denunciar a tiempo lo ocurrido. Según confirmó Cadena 3, las condenas quedaron firmes.

En tanto, el subcomisario Enzo Gustavo Quiroga fue condenado a cuatro años y ocho meses; el oficial ayudante Ezequiel Agustín Vélez, a dos años y medio en suspenso, por mentir en su declaración, y los cabos Leandro Alexis Quevedo y Juan Antonio Gatica recibieron cuatro años. Al mismo tiempo, Leonardo Alejandro Martínez y Rodrigo Emanuel Toloza resultaron absueltos.

Durante la audiencia final, Gómez dirigió unas palabras a los padres del joven asesinado: “Hace dos años y casi ocho meses que le vengo pidiendo a Dios por ustedes para que les dé la fuerza necesaria. Quiero realmente pedir perdón por lo sucedido. No fue mi intención quitarle la vida a nadie, eso mi Dios lo sabe”.

El testimonio de las víctimas

Cuando los chicos se encontraban de regreso a sus casas tras haber cenado juntos, tuvieron un altercado con motociclistas por una maniobra en una avenida. Ese hecho derivó en el roce del espejo del auto, aunque nunca quedó claro si fue accidental o intencional. Sin que los jóvenes lo supieran, los hombres que circulaban en moto alertaron a dos policías sobre un supuesto auto que estaba haciendo maniobras peligrosas, lo que activó una alerta policial con la versión de que los ocupantes del Argo eran sospechosos de un robo. Poco después, un control policial los interceptó.

El chico de 18 años que manejaba explicó: “Lo primero que hice fue bajar la velocidad, puse tercera, hice un rebaje a segunda y cuando paso por el frente del móvil y al lado del policial, veo que levanta el arma y me apunta a la cabeza”. Sobre ese momento, relató: “Después que pasé al lado del policía, escuché ruidos, primero uno seco, de cuando se dispara el arma y un ruido de chapa, y después otro ruido seco y el ruido de rotura del cristal. Ahí giré para atrás el cuello y veo la luneta cristalizada”.

Uno de los jóvenes confesó: “No escuché ninguna voz de alto. Inmediatamente, sentí el sonido de un disparo y como un aire que me ‘peinó’ en la cabeza”. Las balas impactaron en el auto y provocaron la herida mortal de Blas, que alcanzó a decir: “Me dispararon” y “Llévenme a un hospital”.

Durante la jornada del miércoles, Axel Emiliano “Pelusa” Rojas (20), Miguel Pastor “Patoto” Romero Molinas (20) y Ariel Acuña Vega (21) fueron hallados culpables de disparar contra el vehículo cuando intentaban perpetrar un robo. La investigación probó que los condenados actuaron en banda, armados y en un lugar poblado, además de estar acompañados por un menor de edad, cuya situación procesal comenzará a ser tratada el próximo 12 de agosto.

“Hoy tuvimos un placebo, la Justicia hizo justicia”, remarcó Eduardo Aguilera, quien el día del ataque se encontraba en el auto con su hija e intentó evadir a los ladrones.

Durante el desarrollo del juicio, se acreditó que los imputados abordaron el vehículo familiar. En un diálogo con Telefé Noticias, la mamá de Uma, María Eugenia Rodríguez, relató la primera parte de la secuencia en la que ve llegara los individuos. “Cuando ellos —los delincuentes— descienden del vehículo y veo que llevaban armas, lo primero que atino a hacer es que no disparen y que me dejaran bajar a la bebé del auto”, recordó sobre aquella fatídica mañana del 22 de enero y agregó: “Uma estaba atada en el asiento trasero”.

“Lamentablemente, vamos a tener una ausencia perpetua”, sostuvo el agente. Desde su casa, el lugar donde un año y cinco meses atrás tuvo lugar el crimen, repasó una vez más lo ocurrido. “Esa mañana yo no estaba como policía, estaba como papá de familia. Salíamos a hacer un trámite, y cuando saco el auto de frente, me sorprenden del lado de la ventanilla izquierda”, narró Eduardo.

“Cuando escucho la primera detonación, acelero el auto”, dijo. Y explicó que su impulso se debió a que trató de sacar a Uma de la línea de fuego: “Cuando me di cuenta los 20 metros, la nena se me apagó”. No obstante, la secuencia continuaba en la calle con María Eugenia.

Al mirar por el espejo retrovisor, el hombre vio que “uno de estos pibes la estaba apuntando a mi señora con la intención de quererse meter a la casa y yo tuve que decidir entre la vida de mi esposa y la vida de mi hija en menos de un segundo”. Para ese momento, el impacto de bala había alcanzado a la nena de 9 años.

Mientras los agresores escapaban, los padres intentaban parar la hemorragia que Uma había sufrido por los disparos. “Yo tenía que pensar que tenía que asistirla y a la vez que era mi hija”, enfatizó Eduardo. A pesar de los esfuerzos de la familia y de los médicos del Hospital Gandulfo, la niña falleció. “Hicimos todo lo posible y la culpa a los dos mucho tiempo nos costó“. ”La culpa es terrible. Es terrible porque vivimos con eso todos los días", lamentó el hombre.

Respecto a cómo sobrellevan los días desde aquel fatal desenlace, la pareja indicó que siguen adelante por sus otras dos hijas, aunque aseguraron: “Nos condenaron a nosotros a vivir una ausencia perpetua”.

La decisión del Tribunal incluyó también la orden de detención inmediata de Nahuel Santiago Coman, encontrado culpable como partícipe secundario del mismo delito y sentenciado a cinco años de prisión. Coman fue hallado responsable por su apoyo logístico y su presencia en la escena, sin participación directa en el disparo fatal.

La prisión perpetua para los tres principales implicados respondió a la calificación penal de robo calificado por el empleo de arma de fuego, cometido en lugar poblado y en banda, agravado por la participación de un menor. A Rojas y Molina también se les sumó la atribución de otro hecho delictivo.

En la previa del juicio oral contra el acusado por el crimen de dos menores que fueron baleados por error a metros de una comisaría en 2022, la Fiscalía solicitó que se imponga una prisión perpetua.

El hecho ocurrió en la tarde del 24 de noviembre de 2022 en el barrio Triángulo y Moderno, en la zona sudoeste de Rosario.

Allí, lo que comenzó como un día sin clases debido a una falta de agua en la escuela secundaria Lola Mora, culminó en tragedia cuando dos adolescentes, Eric Galli y Valentín Solís, perdieron la vida en un ataque armado.

La secuencia de los hechos fue brutal y rápida. A las 16:15, tres jóvenes se acercaron a las escalinatas de Sanguinetti al 5600, donde Eric y Valentín compartían una gaseosa con otro amigo. Sin mediar palabras significativas, los atacantes desenfundaron sus armas semiautomáticas y abrieron fuego. Como resultado de los disparos, que dejaron 16 vainas calibre 9 milímetros en el lugar, Eric y Valentín resultaron gravemente heridos.

El sobreviviente, quien al parecer era el verdadero objetivo del tiroteo, logró resguardarse.

Valentín fue trasladado al Hospital Carrasco, pero murió poco después de su llegada. Eric, por su parte, ingresó en estado crítico al Hospital Clemente Álvarez, donde los médicos no pudieron salvarlo. Ambos jóvenes no tenían vinculación con las causas subyacentes del ataque, siendo simplemente víctimas del entorno que les rodeaba.

Detrás de este la balacera se ocultan las internas de las bandas dedicadas al narcomenudeo en la zona. El objetivo del ataque había decidido dejar de vender drogas, una decisión que sus antiguos “socios” no estaban dispuestos a tolerar, acusándolo de “soplón”.

La madre de Valentín, en declaraciones a medios locales, expresó su dolor tras la muerte de su hijo: “Él era un chico muy bueno, no tenía nada que ver con los ajustes de cuentas ni con las drogas. Lo mataron como a un animal”. Su testimonio deja claro que el doble homicidio fue un error injustificable, fruto de la violencia sin sentido que estos negocios generan.

En el ámbito judicial, el caso avanzó rápidamente. Franco Daniel Saavedra, de 23 años, fue arrestado junto a un menor de edad por la Policía en Renan y pasaje 732, en la zona norte de Rosario, el 1º de diciembre de ese mismo año.

Según informó el portal del diario La Capital, la fiscal encargada, María de los Ángeles Granato, presentó una acusación contundente, solicitando prisión perpetua para Saavedra.

La audiencia se realizó en el Centro de Justicia Penal ante la jueza Lorena Aronne. La defensora pública Andrea Corvalán planteó que no existen elementos para demostrar con certeza la intervención del acusado en el doble crimen.

La jueza aceptó el caso, que se resolverá en un juicio oral, cuyo inicio está pendiente de programación.

Saavedra no sólo enfrenta cargos por el doble homicidio calificado, sino también por un intento de homicidio anterior, puesto que el 21 de noviembre fue vinculado a un ataque armado contra Jair Natanael R., un peluquero que sobrevivió por poco al tiroteo, en su local de Campbell al 3000 de la ciudad santafesina.

La investigación sugiere que Saavedra, junto a otros individuos aún no identificados cruzó a Jair cuando iba caminando con otra persona por Rouillón y Seguí. Conocía a ambos y los saludó.

Minutos después, junto con otras dos cómplices, los interceptó en Rouillón y Biselli y de la nada comenzaron a disparar. Algunos de los tiros hirió en la pierna, un brazo y un pie del peluquero, quien debió ser trasladado al HECA.

En este caso, el detenido fue acusado como partícipe primario de un intento de homicidio calificado.

El juicio contra la científica del Conicet acusada de matar a un amigo durante un presunto juego sexual se vio interrumpido luego de que uno de los jueces sufriera una grave complicación en su estado de salud. Tras haber sido dado de alta, establecieron la fecha para la reanudación del debate.

Guillermo Adárvez, quien integra el tribunal junto a Gerardo Fernández Caussi y Matías Parrón, debió ser atendido de urgencia tras sufrir un ataque cardíaco el fin de semana pasado.

Tal como pudo saber el portal local Tiempo de San Juan, ante esta situación, el juicio que comenzó el 8 de abril contra Luciana Teresita Bustos Sánchez, tuvo que ser interrumpido.

El debate tenía fecha de continuidad el próximo lunes, pero se postergó para el 19 de mayo, con el fin de que el magistrado pueda recuperarse durante estas cuatro semanas y retomar sus funciones en el tribunal. De no poder reincorporarse, el juicio tendría que empezar desde cero, lo que implicaría que todos los testigos que han sido convocados hasta ahora tengan que volver a declarar. Esto demoraría aún más la resolución del caso.

La última audiencia se llevó a cabo el miércoles 16 de abril, justo antes de la Semana Santa y, hasta la próxima convocatoria, habrá transcurrido poco más de un mes.

Sánchez está acusada de “homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar alevosía en perjuicio de Amarfil, Marcelo José“, durante un presunto juego sexual. El episodio tuvo lugar la noche del 16 de enero de 2024, cuando Bustos, de 34 años, pasó a buscar a la víctima por su casa en un Ford Fiesta color gris. Juntos fueron a un local de comidas y, en horas de la madrugada, se estacionaron cerca del aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento, donde mantuvieron relaciones.

El expediente —al que tuvo acceso Infobae— describe cómo fueron los minutos antes de que se produjera el deceso. “En estas circunstancias, la pareja se dispuso a mantener un encuentro sexual en el interior del rodado; Marcelo José Amarfil se encontraba en el asiento del conductor, completamente desnudo, con la movilidad de sus manos reducida, debido a que tenía colocadas unas muñequeras de cuero, color marrón oscuro, con un gancho y cadena (esto es un accesorio sexual y/o erótico); además, Amarfil se encontraba sin poder ver, toda vez que tenía sus ojos cubiertos con un antifaz de tela negra (similar a los que se usan para dormir), mientras que Luciana Bustos se encontraba en el asiento del acompañante”, relata la reconstrucción del caso.

Según los detalles revelados por la investigación, Bustos habría aprovechado el momento de vulnerabilidad de Amarfil para tomar un cuchillo, el cual había afilado días antes, y aplicarle seis cortes. Una de las heridas fue en el rostro y otra en el cuello, lo que resultó ser fatal debido a que “seccionó completamente la arteria carótida primaria derecha, además de vasos y arterias”. El hombre logró romper el elemento que lo mantenía atado al volante y, gravemente herido, salió del vehículo e intentó huir a pie, pero finalmente perdió la vida junto a su auto debido a un shock hipovolémico.

Un policía que realizaba una recorrida de seguridad de rutina por la zona, se encontró con Bustos, quien estaba sin remera, en ropa interior y con un líquido de color rojo en sus manos. “Mi amigo se mató, se mató con un cuchillo”, le manifestó.

En tanto, el abogado de la acusada, Néstor Olivera, aseguró que el ataque fue en legítima defensa ante un intento de abuso sexual de parte de la víctima. “Ella es lesbiana y está en pareja con una mujer desde hace cuatro años”, sostuvo.

Corre la madrugada del 29 de diciembre de 2001 y los diarios que acaban de llegar a los kioscos muestran en sus tapas imágenes de la represión en Plaza de Mayo, donde una multitud se movilizó para protestar por la situación económica, y también informan que la Corte Suprema sostenía la vigencia del “corralito” que aprisionaba los ahorros – y los sueldos – de los argentinos.

Hace nueve días que renunció el radical Fernando De la Rúa y en el país los presidentes se reemplazan como si fueran cambios de jugadores en un partido de fútbol. Ahora gobierna el peronista Adolfo Rodríguez Saá, pero sus días también están contados. Recién empieza ese último sábado del diciembre más vertiginoso y caliente del que se tiene memoria cuando los cuatro pibes se sientan a tomar algo – una cerveza, una gaseosa – alrededor de una de las mesas del shop de la estación de servicio de Gaona y Bahía Blanca, en el barrio porteño de Floresta. Tienen entre 23 y 25 años, se llaman Maximiliano Tasca, Cristian Gómez, Adrián Matassa y Enrique Díaz y los une la amistad y la coincidencia de ser hinchas de All Boys, el equipo que está en el corazón del barrio. El playero de la estación de servicio, Pablo, despacha en los surtidores, y dentro del local, Sandra Bravo, atiende a los escasos clientes noctámbulos. En otra mesa está sentado un policía con uniforme de la Federal. Se llama Juan de Dios Velaztiqui, cumple funciones en la Comisaría 43 y está encargado de la seguridad del lugar.

Los pibes miran las escenas de las protestas que muestra el televisor, donde el zócalo dice que ya suman 36 los muertos por la sangrienta represión policial de esos días. De pronto, una de las imágenes en la pantalla le arranca un comentario en voz alta a Maximiliano Tasca. Es la de un manifestante que golpea a un policía. El pibe, que ese año se ha recibido de licenciado en Relaciones Internacionales, dice sin dirigirse a nadie en particular:

-¡Por fin! Una vez que les toca a ellos…

El policía Velaztiqui se levanta de asiento como si en su traste se hubiera activado un resorte, desenfunda la pistola reglamentaria – una Browning 9 milímetros – y grita:

-¡Basta!

No se conforma con el grito que sale de su boca, sino que también hace vomitar fuego a la de su arma. Primero le dispara a Maximiliano por la espalda; es un tiro a quemarropa, a apenas 40 centímetros del cuerpo, que le entra por la nuca: una ejecución. El pibe muere antes de que su cuerpo quede desparramado en el piso, apoyado sobre su hombro derecho. Otro de los pibes se levanta y se cubre la cara con la mano en un gesto inútil: la bala de punta hueca – una bala ilegal en un arma reglamentaria – le entra por la axila. Es Gómez, que también muere al instante. Matassa es la tercera víctima de la furia de Velaztiqui, que le dispara cuando trata de escapar. Con varias balas en el cuerpo, queda agonizando y morirá horas después en el Hospital Álvarez. Enrique Díaz es el último de los pibes y el único que tiene suerte: corre y alcanza a salir del shop mientras el policía le dispara tratando de matarlo por la espalda hasta vaciar el cargador; las balas rompen los vidrios del lugar, pero no dan en el blanco. Con los tres pibes desparramados en el piso del local, los muertos de diciembre de 2001 suman ahora 39. La Masacre de Floresta acaba de consumarse.

Montar una escena

El suboficial Juan de Dios Velaztiqui no se conforma con matar a sangre fría; también quiere quedar impune. A los 61 años, es un tipo curtido en esas cosas, que después de jubilarse se había reincorporado a la fuerza dieciocho meses antes de aquella noche infame. Su experiencia se remonta a los años de la dictadura cuando, entre otras cosas, condujo la violenta represión durante un partido de fútbol entre Defensores de Belgrano y Nueva Chicago, cuando los hinchas del equipo de Mataderos cantaron la marcha peronista en las tribunas. Hubo decenas de detenidos y Velaztiqui, que por entonces tenía el grado de sargento primero de Caballería se ensañó con ellos. Quedó tan en evidencia que, en el relato de esos hechos, el diario Crónica lo apodó “El Trotador”, porque los obligó a correr con las manos en la nuca hasta la comisaría mientras los hacía golpear con bastones por los hombres a su mando.

Juzgado por eso en 1985, terminó absuelto. Ahora, esa madrugada del 29 de diciembre de 2001, pretende nuevamente eludir el castigo por su crimen. Sin vacilar, arrastra, uno tras otro, los cuerpos desde el piso del shop hasta la playa de la estación de servicio. Después consigue un cuchillo Tramontina y lo deja cerca de uno de ellos. No le importan los testigos, ni la mirada entre atónita y aterrada del playero. Tampoco que la encargada del local, Sandra Bravo, le gritara: “¡Hijo de puta! ¡Por qué los mataste si no te hicieron nada!”.

Nada de eso le importa al asesino Velaztiqui que, con los viejos métodos aprendidos durante la dictadura, pretende hacer pasar su triple crimen como un enfrentamiento. Dirá que, con ese cuchillo Tramontina, los pibes intentaron asaltar la estación de servicio y que lo suyo fue simplemente tratar de evitarlo para cumplir con su deber. Por eso, él mismo se ocupa de llamar a la comisaría y esa es la historia que les cuenta a los policías que llegan al lugar. También la que repetirá, una y otra vez, hasta el cansancio.

Mientras tanto, el relato verdadero sobre los asesinatos que perpetró en la estación de servicio corre como un reguero de pólvora por el barrio de Floresta, que amanece en llamas. Los vecinos protestan masivamente frente a la comisaría y como única respuesta reciben una brutal represión.

Perpetua para un asesino

El juicio contra Velaztiqui comenzó el 25 de febrero de 2003, con los testimonios de los testigos, que fueron desbaratando en sus declaraciones la escena que el policía había pretendido montar para justificar los asesinatos. La primera en contar los hechos fue la cajera del shop, Sandra Bravo, que describió a los chicos como clientes habituales del local de la estación de servicio, donde siempre se habían comportado de manera tranquila y respetuosa. Contó también, en un relato estremecedor, la muerte de Maximiliano. Dijo que cuando recibió el disparo en la nuca “se le movieron los pelitos así (utilizó las manos para graficar la escena) y los ojos parecía que se le estaban saliendo”.

Enrique Díaz, el pibe que pudo escapar y fue el único sobreviviente de aquella masacre señaló con el dedo a Velaztiqui cuando el presidente del Tribunal le preguntó si el autor estaba en la sala: “Ese señor”, dijo. También contó que Maximiliano había hecho el comentario en voz alta que provocó la reacción criminal del policía, pero que de ninguna manera había sido una provocación. “Ninguno de nosotros le dirigió la palabra (a Velaztiqui). No lo teníamos presente”, explicó.

Otro testigo, Roberto Rochaix, un aviador e instructor de vuelo que estaba ocasionalmente en la estación de servicio, también desbarató el montaje del policía. “No vi a estos muchachos ni con cuchillos, ni con revólveres, ni con pistolas, ni con ningún elemento contundente”, declaró. Y confirmó el testimonio de la cajera diciendo que Velaztiqui disparó “a quemarropa”.

Sentado en el banquillo de los acusados, el policía asesino ocultaba sus emociones detrás de un par de anteojos oscuros. La defensa lo justificó diciendo que había sido operado de cataratas en el 2000 y que sufría de fotofobia. Sin embargo, su cinismo y falta de arrepentimiento quedaron en evidencia cuando se lo escuchó decirle a su defensor, en un tono que sonó amenazante: “Mejor que me saques de ésta”.

Con los hechos demostrados, la defensa intentó atenuar la condena del policía – que se negó a declarar durante el juicio - con el argumento que había actuado “bajo una emoción violenta”. Todos los testigos lo desmintieron: “Estaba normal, tranquilo” antes, durante y después de disparar, dijo uno de ellos.

El juicio fue corto y el 10 de marzo el Tribunal Oral en lo Criminal 13 condenó a Velaztiqui a prisión perpetua al considerar probado que el suboficial de la Policía Federal había cometido el triple homicidio con “alevosía”. El defensor oficial Mariano Maciel apeló la sentencia insistiendo en que el condenado había actuado bajo emoción violenta, pero en junio de ese mismo año la Sala IV de Casación -integrada por Amelia Berraz de Vidal, Gustavo Hornos y Ana María de Durañona y Vedia- rechazó los argumentos y confirmó la condena.

Los tres jóvenes asesinados en la Masacre de Floresta fueron las tres últimas víctimas fatales del sangriento diciembre argentino de 2001. Su memoria sigue viva en el barrio, donde se los recuerda con murales en Plaza Ciudad de Udine y la Plaza del Corralón, donde los rostros de Maximiliano Tasca, Cristian Gómez y Adrián Matassa están rodeados con los colores de All Boys, el equipo de sus amores.

La Justicia condenó a los últimos dos acusados de matar a Héctor José Kuciukas, el policía de la Ciudad de Buenos Aires asesinado en 2021 tras un intento de robo en la vereda de su casa, ubicada en el partido de Avellaneda. Según dio a conocer el portal DiarioConurbano, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Avellaneda-Lanús sentenció este lunes a cadena perpetua a Walter Verón y Ariel Escobar, bajo la figura de “robo agravado por el empleo de arma de fuego, en lugar poblado y en banda, en concurso real con homicidio criminis causae”.

Kuciukas tenía 58 años y se desempeñaba como efectivo de la División Conductas Delictivas y Eventos Deportivos de la Ciudad, aunque el día que lo asesinaron estaba de civil. Todo se desató durante la mañana del 9 de julio del 2021, cuando se disponía a salir con su familia del domicilio ubicado en la calle Cangallo al 1900 en Gerli.

Estando adentro de un Renault Logan Gris, fueron interceptados por tres delincuentes a bordo de un Chevrolet Corsa color gris que intentaron robarles a punta de pistola. Al momento de escapar, los malvivientes dispararon varias veces contra el auto y uno de los tiros impactó en el pecho del oficial. A pesar de ser trasladado de inmediato al Hospital Perón, por un vecino que acudió en su ayuda, Kuciukas falleció a los pocos minutos de ingresar al centro médico.

Felipe “El Pájaro” Sosa fue la tercera persona acusada y condenada a 18 años de prisión, durante el primer juicio que se desarrolló. El TOC N° 1 lo declaró culpable de “homicidio en ocasión de robo agravado por el empleo de arma de fuego”. La detención de Sosa se produjo en febrero de 2022, a través de la DDI de ese distrito. Al momento de la detención pudieron identificarlo como el conductor del vehículo en el que los delincuentes abordaron al policía para robarle y después asesinarlo.

El reclamo de Ciudad a la Provincia

En agosto pasado, el ministro de Seguridad porteño, Waldo Wolff, hizo un descargo a través de su cuenta de X (ex Twitter) en donde se refería a los reiterados sucesos de violencia cometidos hacia efectivos de la Ciudad, y que en su gran mayoría terminaron en asesinatos.

“De los últimos doce Policías de la Ciudad caídos en cumplimiento del deber, once fueron asesinados en PBA. Esta semana, tras recibir tres tiros, fue víctima el oficial Castelli, en Lomas de Zamora. A esta hora seguimos esperando los resultados de las acciones del Juzgado correspondiente para que apresen a los asesinos que siguen prófugos”, escribía Wolff.

El reclamo se desató luego de que Juan Manuel Castelli fuera víctima de dos motochorros que intentaron robarle sus pertenecías en Lomas de Zamora, cuando se dirigía a trabajar. Recibió dos disparos y falleció a fines de agosto. Castelli, de 41 años, era oficial Mayor en la fuerza porteña y prestaba servicios en la Alcaldía N°12 de Saavedra.

En el transcurso de 2023, tres incidentes mortales fueron registrados en el partido de La Matanza. Las víctimas fueron Fernando Ignacio Gómez Guzmán y Fabián Esteban Aguirre, ambos en Isidro Casanova, y Cristian Emanuel Ferreyra Anania en La Tablada, todos ellos miembros de la Policía de la Ciudad. Estos eventos se suman a una serie de ataques que han afectado a las fuerzas de seguridad en los últimos años.

En 2022, el oficial Juan José Alajarín fue asesinado en Glew, partido de Almirante Brown, mientras que en 2021, se registraron múltiples homicidios de policías en diferentes localidades del conurbano. Entre las víctimas de ese año se encuentran Claudio Daniel Escariz en Ituzaingó, Rodrigo Guillermo Becker en Caseros, partido de Tres de Febrero, y Fernando Oscar Méndez Bautista en Villa Tesei, partido de Morón.

La lista de oficiales caídos en 2021 también incluye a Héctor José Kuciukas en Gerli, partido de Avellaneda, Alejandro Jesús Sagripanti en Burzaco, partido de Almirante Brown, y Marino Nicolás Romero en Laferrere, partido de La Matanza.

A los habitués de la vida nocturna de Posadas, Misiones, en la década de los ‘80, no les costaba identificar a Luis Raúl Menocchio como un Isidoro Cañones de carne y hueso. Alto, pintón y siempre bien empilchado, la jugaba de playboy y no le iba mal con eso. Plata en los bolsillos nunca le faltaba, aunque no se la ganaba porque venía de los cultivos de yerba mate de su padre, un próspero empresario con vinculaciones políticas que tenía siempre la billetera abierta para él. Eso le permitía ser el alma de la noche comprando tragos, droga y otros placeres en los boliches de la ciudad. Por entonces no había cumplido 30 años y sentía que tenía esa vida asegurada sin la necesidad de rebajarse a trabajar.

Nacido en 1959, lo educaron con esmero, quizás con la esperanza de que algún día se pusiera a la cabeza de la empresa familiar, un establecimiento de 500 hectáreas en la localidad misionera de General Urquiza. También se esperaba de él que incursionara en la política siguiendo los pasos de su padre, que había sido legislador provincial y cumplido una breve gestión como presidente del Banco de Misiones. Sin embargo, a Luis Raúl no le interesaban ni una cosa ni la otra, y cuando los vientos de la prosperidad se convirtieron en ráfagas de adversidad no vaciló en convertirse en un asesino que, para conseguir dinero, dejó un reguero de muertes de un lado y del otro de la frontera entre la Argentina y Paraguay.

No se sabe bien la causa de ese quiebre en el rumbo de su vida, porque se trata de una historia oscura. Hay quienes sostienen que a fines de los ‘80 el padre Luis Raúl fue acusado de vender toneladas su producción que ya habían sido compradas por la Comisión Reguladora de la Producción y Comercialización de la Yerba Mate y debió enfrentar cargos de fraude que mandaron a pique la economía familiar. Otros, en cambio, dicen que simplemente el hombre se cansó de mantener a su hijo y le cortó radicalmente los víveres.

La cuestión es que el hijo pródigo se quedó sin un peso y debió rebuscárselas para seguir viviendo a todo vapor. Así, por una u otra razón, aquel Isidoro Cañones de carne y hueso se convirtió en “El Gusano” o “El hombre de las mil caras”. El segundo apodo surgió por las cirugías estéticas a las que se sometió para cambiar su aspecto y falsear su identidad.

Negocios oscuros

Sus primeros pasos conocidos en el mundo del delito los dio en Paraguay. Cruzó el Paraná a principios de los ‘90 y se instaló en Encarnación, donde ya tenía los contactos y un dinero de origen incierto para iniciar unos emprendimientos con fachada de empresas legítimas.

Primero se asoció con varios empresarios locales para poner una empresa de televisión por cable, una novedad en esos tiempos donde por las pantallas solo podían verse canales de la TV abierta. En negocio funcionaba bien y el dinero entraba a raudales, pero no todos los socios se beneficiaban con él. Aprovechando que estaba a cargo de las finanzas, Menocchio desviaba el dinero para sus propios bolsillos y los de algunos asociados en las sombras –no los legales– que habían puesto el capital sucio que era necesario lavar.

Lo acusaron de estafas, debió dejar la empresa y enfrentar demandas en los tribunales, pero nada de eso lo amilanó. Mientras gambeteaba los procedimientos judiciales de la mano de buenos abogados, montó una nueva empresa, esta vez una transportadora de caudales, cuyos camiones cargados de dinero no tardaron en sufrir una ola de asaltos mientras transitaban la ruta entre Encarnación y Asunción. En este caso Menocchio no tuvo en cuenta que con la plata de los bancos no conviene meterse: lo investigaron y descubrieron que era el cerebro detrás de los robos. Terminó condenado a cuatro años de cárcel por piratería del asfalto.

Doble crimen en Asunción

Recuperó la libertad con el nuevo milenio y se instaló en Asunción, donde pronto recuperó sus viejos hábitos de Isidoro Cañones en los boliches más conspicuos de la capital paraguaya. En el ambiente se lo conocía como “El Gusano” y organizaba fiestas fastuosas entre cuyos invitados VIP se contaban jueces, fiscales, políticos y empresarios, pero esa imagen casi banal ocultaba su verdadera ocupación, la de dealer a gran escala y cobrador de cuentas de la distribución narco en la noche de la ciudad.

La noche del 15 de agosto de 2004, “El Gusano” fue a cobrar una deuda a Eduardo Fidel Maciel, propietario de “Puerto Madero”, uno de los locales nocturnos más famosos de la época. El empresario le pidió un nuevo plazo porque andaba corto de fondos, una excusa que venía repitiendo desde hacía tiempo. Los testigos dijeron después que los dos hombres conversaron un rato amigablemente, sin que se notara ninguna tensión entre ellos, y que “El Gusano” bebió algunos whiskies por cuenta de la casa.

Estaba bien entrada la madrugada del 16 cuando Menocchio, Maciel y la novia de éste, Graciela Méndez, de 19 años, salieron del local y se subieron a la camioneta Ford Explorer del “Gusano”. Fue la última vez que se vio con vida a la pareja, que desapareció de los lugares que solía frecuentar. La policía interrogó al “Gusano”, que aseguró que los había llevado directamente a la casa de Maciel.

Once días más tarde, unos vecinos de Laguna Grande, cerca de la ciudad de Fernando de Mora, encontraron dos tambores de 200 litros semisumergidos cerca de la orilla del espejo de agua. Estaban sellados con cemento y despedían un fuerte olor a podrido. Al abrir el primero de los tanques, la policía encontró el cuerpo desnudo de un hombre con cinco balazos, tres en el tórax y dos en la cabeza; en el segundo había una mujer con dos balas incrustadas en el pecho. El crimen tenía un inconfundible sello mafioso.

Cuando las víctimas fueron identificadas como Eduardo Maciel y Graciela Méndez se libró una orden de detención contra Menocchio, pero hacía días que “El Gusano” había cruzado la frontera hacia la Argentina, aunque como sospechoso estaba impedido de salir del país. Luego se supo que había viajado en avión a la capital argentina, algo imposible sin ayuda desde el poder.

Otro nombre, otra muerte

En Buenos aires, el prófugo se sometió a una serie de cirugías estéticas para cambiar su rostro y borró parcialmente sus huellas digitales con ácido. Con ese nuevo aspecto se hizo de un documento falso a nombre de Hugo Jara. Así nació el sobrenombre de “El hombre de las mil caras”.

Se hizo pasar como chef de alta escuela y así lo conoció el productor cinematográfico Claudio Nozzi, con quien trabó rápida amistad y llegó a pasar una larga temporada en su casa, en un exclusivo country del conurbano norte de Buenos Aires. También hacían frecuentes paseos en el yate de Nozzi.

Al mismo tiempo, el falso Jara se hacía pasar ante otras personas como socio de Nozzi, con quien, decía, estaban comprometidos en la producción de una película con un presupuesto de diez millones de dólares. Eso le contó, por ejemplo, a una mujer a la que invitó a navegar unos días por el Paraná en el yate del productor de cine.

A principios de marzo de 2005, la familia de Nozzi denunció a la policía que hacía varios días que no tenía noticias de él. Como el hombre no aparecía por ningún lado, la policía envió una patrulla al yate, que estaba atracado en Corrientes. Cuando los policías llegaron, en el barco todavía había rastros de una fiesta, con botellas esparcidas por doquier. Los atendió Hugo Jara, que se presentó como el cocinero y les dijo que no sabía nada de Claudio, que había bajado a tierra la noche anterior.

El supuesto Jara estaba todavía prestando declaración en una comisaría correntina cuando llegó la información de un cadáver carcomido por los peces que se había encontrado en un banco de arena. El cuerpo tenía cadenas y dos anclas en las piernas, pero quedó al descubierto por la bajante del agua. La autopsia reveló que lo habían asesinado golpeándole con algún objeto la cabeza y, más tarde, el estudio de ADN identificó al muerto como Claudio Nozzi.

Jara se convirtió en sospechoso de asesinato, más cuando se comprobó que sus huellas digitales estaban parcialmente destruidas. Pasaron varios días hasta que finalmente se lo pudo identificar como quién era realmente, Luis Raúl Menocchio, prófugo de la justicia paraguaya y buscado por Interpol. La noticia repercutió en Paraguay, donde el juez Alcides Corbeta emitió un pedido de extradición para juzgarlo por los asesinatos de Maciel y Méndez, pero la justicia argentina se lo negó porque debía procesarlo por el asesinato de Nozzi.

Menocchio aseguró que el cuerpo hallado en el río no pertenecía a Nozzi, sembró dudas sobre el paradero de la víctima, y sostuvo que podría haber escapado con diez millones de dólares que le pertenecían. Con el proceso judicial en marcha, “El Gusano” pasó cuatro años preso, pero fue beneficiado con la libertad condicional luego de que su defensa argumentara que, aunque los familiares de Nozzi reconocieron el cuerpo, las pruebas de ADN no eran concluyentes.

Más asesinatos y estafas

Al salir de la cárcel, Menocchio fijó su domicilio en Misiones, mientras el proceso de extradición a Paraguay seguía estancado. Se presentaba como agente inmobiliario y con esa fachada conoció en 2010 a Manuel Roseo, 76 años, dueño de “La Fidelidad”, una estancia de miles de hectáreas situadas entre Chaco y Formosa.

El estanciero vivía con su cuñada, Nelly Bartolomé, de 73 años. Menocchio le dijo que trabajaba como intermediario y le hizo una oferta para comprar los campos. Quedaron en que, para seguir discutiendo el tema, lo visitaría en el campo.

La mañana del 13 de enero de 2011, a las 7.30, Menocchio llegó al campo de Roseo. No venía solo: lo acompañaban dos sicarios que golpearon a Roseo y a su cuñada y los asfixiaron con bolsas de plástico en la cabeza. Dejaron los cuerpos allí y escaparon sin reparar en que un peón de la estancia había visto todo. Gracias a su testimonio, “El Gusano” y sus dos cómplices fueron detenidos al día siguiente.

“Cuando lo atraparon ya había hecho un boleto de compraventa por las miles de hectáreas. Dijo que había pagado 40 millones de dólares, aunque se demostró que esa operación nunca existió”, explicó después Carlos del Corro, abogado de los herederos de Roseo. Para el letrado, al cometer los crímenes, Menocchio actuó también por cuenta de figuras encumbradas en el poder. “Hubo indicios de que se trató de un crimen por encargo. Menocchio puso en funcionamiento su maquinaria para matar a Roseo a cambio de una parte del botín, pero no podía quedarse con las tierras sin protección política y judicial. Pedimos que se investigara esa hipótesis, pero nunca se avanzó”, dijo el letrado.

En 2012, Menocchio fue sentenciado a cadena perpetua por el homicidio del productor de cine Claudio Nozzi, y un año después recibió otra perpetua por los crímenes de Manuel Roseo Y Nélida Bartolomé.

En 2014, mientras estaba detenido en una celda VIP del penal de Sáenz Peña, Chaco, intentó fugarse con ayuda desde el exterior y fue trasladado al penal de Rawson. Todavía permanece allí y, si alguna vez llega a salir, “El hombre de las mil caras” deberá enfrentar su extradición a Paraguay, donde aún siguen impunes sus dos primeros asesinatos.

Lorica (Colombia), 29 ago (EFE).- Los habitantes del pequeño y caluroso pueblo de Santa Cruz de Lorica despertaron "satisfechos" y aliviados con la noticia de que la justicia tailandesa condenó a cadena perpetua al español Daniel Sancho por el asesinato del cirujano Edwin Arrieta, oriundo de este pueblo del Caribe colombiano.

En la casa de la familia Jattin, amigas de la infancia del médico recibieron la noticia a través de celulares casi rozando la medianoche del miércoles, entre llantos y abrazándose cuando supieron que por fin se había hecho justicia con su ser querido.

"Tranquilidad en medio del dolor", "justicia" y "satisfacción" son algunas de las palabras que Victoria, Nancy y Tania pronunciaron.

"Ha sido una sentencia justa. Tendrá que pagar; sabemos que se viene una apelación, pero no hay justificación para esa apelación", aseguró a EFE Victoria Jattin, una de las amigas más cercanas de Arrieta, quien fue asesinado el 2 de agosto de 2023 en la isla de Phangan por Sancho, quien también fue condenado por el descuartizamiento del cuerpo y el robo del pasaporte del colombiano.

La familia de Arrieta recibió la noticia fuera del foco de cámaras, en su casa, que esta mañana amaneció cerrada con candado en una clara señal de su deseo de permanecer ajenos en su dolor.

Por ellos se pronunció su abogado en España, Juan Gonzalo Ospina, quien asegura que la familia considera que "se ha hecho justicia", que "nunca ha querido la pena de muerte" y que esperan que con esta cadena perpetua Sancho "pueda reflexionar el tiempo necesario para que pueda pedir perdón por este crimen atroz".

Con el asesinato del médico, quien era el sustento de la familia, sus padres, su hermana Darlin y su sobrina María Fátima quedaron desamparados, pero ninguno "ha querido nunca venganza porque esta nunca repara las heridas", si bien -dicen- "han echado en falta ese lado de humanidad", porque Sancho y su defensa "siguen insistiendo" una y otra vez "en que lo mató sin querer".

A la casa de las Jattin, donde prepararon un altar con velas y fotos del médico, también llegó Rosa María Salome, otra vecina, quien recordó que mientras esperaban la lectura de la sentencia "hubo un momento como de incertidumbre, un momento de bastante tensión, pero al final la justicia divina y la justicia tailandesa con los hechos nos dieron la razón y la verdad es que fue satisfactorio, lo que se esperaba".

Salome aseguró a EFE que "la familia de Edwin vio con justicia (la sentencia) y sé que se siente satisfecha por la noticia, ya que fue lo que se esperaba".

Esta mujer, que pasaba las tardes sentada con Arrieta en una terraza conversando cuando el médico regresaba a Lorica, enfatizó en que "lo que la familia de Edwin no quería era la pena de muerte para Sancho porque ellos son muy católicos y para nosotros, como cristianos, eso no es bíblico".

Edwin Arrieta nació en una familia humilde de Lorica, en el departamento caribeño de Córdoba, en donde su padre, Leovaldo José Arrieta, se desempeñó toda su vida como radiotécnico, y su madre, Ana Marcela Arteaga, fue profesora de primaria en Purísima, un poblado vecino.

Arrieta fue muy buen alumno y se destacó siempre en el colegio, luego en su juventud estudió medicina y como cirujano plástico se convirtió en el sostén económico de su familia.

La rectora del Instituto Ciudad Lorica, Tarcila Reyes, profesora de Arrieta, a quien recuerda como un alumno destacado, dijo a EFE que considera que la sentencia es justa: “a cada quien lo que se merece y eso hizo la justicia tailandesa".

"Yo estuve muy satisfecha, y como dice la hermana de Edwin (Darlin Arrieta), estamos satisfechos porque se hizo justicia", dijo la profesora, quien agregó que cree "que ninguno de los loriqueros aquí pedíamos pena de muerte, igual Edwin seguía muerto".

El tribunal de la Corte de Koh Samui (en Tailandia) dictó sentencia de cadena perpetua porque consideró que el hijo de los actores Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo actuó con premeditación para quitarle la vida y descuartizar el cuerpo del galeno colombiano.

La madre del médico "está muy acabada, ni habla", explicó Reyes, quien es muy cercana a la familia, por lo que consideró que aunque el castigo que recibió Sancho es justo, "no sana" la herida que deja la muerte del médico, y sobre todo por la manera como fue asesinado.

Ricardo Maldonado Rozo