Una riña entre internos del Cereso de Tijuana derivó este 9 de abril en disturbios y la movilización de más de 300 agentes de seguridad, mientras familiares de los reos exigieron información sobre el estado de los involucrados. El incidente inició en el edificio seis y se extendió a otras áreas, obligando a la intervención de corporaciones como la FGE, la policía municipal, la Guardia Nacional y la policía estatal.

A las 15:00 horas, tres internos comenzaron una pelea que escaló rápidamente, involucrando a al menos 80 reclusos. El operativo de contención se prolongó durante más de 40 minutos, aunque la presencia de las fuerzas de seguridad se mantuvo por horas, señala un medio local. Tras el control de la riña, las autoridades permitieron el ingreso de tres mujeres familiares como representantes, quienes constataron la condición de los internos.

Familiares denuncian agresión de custodio y falta de información

Testigos y familiares de los internos dijeron que el disturbio habría iniciado por el maltrato de un custodio, identificado como Margarito, quien presuntamente golpeó a un reo. Una de las representantes que ingresó al penal afirma: “Sí hay un interno golpeado por el custodio. Está estable, pero lo golpeó el custodio”. El director del penal, Uriel Guerrero, niega la existencia de lesionados y asegura que la reacción de las corporaciones fue parte del protocolo de seguridad.

Las autoridades reiteran que la situación está bajo control y que los familiares pueden contactar a los internos a través de las visitas regulares y por medio de sus abogados. Sin embargo, la persistencia del cerco policial y la falta de información oficial mantienen la tensión entre los familiares.

Disturbio moviliza a 300 agentes y afecta a 80 internos

El despliegue de seguridad incluyó a cerca de 300 elementos de distintas corporaciones. El disturbio involucró a por lo menos 80 internos del Cereso, de acuerdo con los reportes. Las fuerzas estatales y federales se mantuvieron en el sitio hasta después de las 17:00 horas, momento en que comenzaron a retirarse tras asegurar el cese de los disturbios y la estabilidad al interior del penal.

El director del penal sostuvo que ninguna de las corporaciones ingresó físicamente al Cereso, pues solo montaron un cerco exterior en apoyo a las autoridades penitenciarias. Guerrero afirmó: “No hay lesionados. Se aplicó el protocolo para contener la riña y garantizar la seguridad”.

Autoridades insisten en control, familiares mantienen dudas

Pese a la confirmación oficial de que no existen lesionados y de que las condiciones dentro del penal están controladas, los familiares aseguraron en que la información es insuficiente y piden mayor transparencia. La presencia de representantes al interior del penal permitió a los familiares corroborar la condición de los internos, pero la versión oficial y la de los testigos difiere en torno a la existencia de lesionados.

El incidente ocurre en un contexto donde la seguridad interna de los penales en Baja California permanece bajo observación y los familiares de reclusos demandan mayor claridad en la comunicación oficial.

La búsqueda de un ex policía estatal que logró fugarse del Centro Integral de Justicia de Ciudad Victoria el pasado 3 de abril, después de haber sido vinculado a proceso por homicidio y otros delitos, mantiene en alerta a las autoridades de Tamaulipas y ha derivado en la detención de dos custodios señalados por facilitar su evasión. El despliegue de seguridad no se limita a la capital estatal y podría extenderse a municipios aledaños e incluso a otras entidades, en tanto la fiscalía y la Secretaría de Seguridad Pública coordinan las investigaciones para su pronta recaptura.

El reo fugado se trata de José Arturo “A”, identificado como un ex agente de la Policía Estatal (grupo élite) y ex integrante del círculo cercano al exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca. Estaba detenido desde el 30 de marzo de 2026 por cargos de homicidio calificado, abuso de autoridad y delitos cometidos en el desempeño de sus funciones.

De acuerdo con las declaraciones del fiscal general de Justicia del Estado de Tamaulipas, Jesús Eduardo Govea Orozco, existen dos personas detenidas en relación directa con la fuga ocurrida la noche del miércoles 3 de abril, alrededor de las 23:12 horas. Ambos detenidos —identificados como policías procesales responsables de la custodia y traslado del inculpado— enfrentan cargos formales por evasión de presos y permanecen bajo investigación ante la sospecha de colaboración voluntaria en los hechos.

El operativo especial de búsqueda, encabezado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, se mantiene vigente y abarca zonas urbanas y rurales de Ciudad Victoria, con patrullajes focalizados en el ejido Guadalupe y colonias vecinas. La acción coordinada de múltiples corporaciones busca restablecer el control y evitar que el fugitivo logre abandonar la región central del estado.

La fuga fue posible cuando el imputado, un ex integrante de la Policía Estatal de Tamaulipas recién puesto a disposición judicial, fue escoltado tras habérsele decretado la prisión preventiva por homicidio calificado, abuso de autoridad y delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. Según los reportes oficiales, durante el procedimiento de traslado desde el tribunal, el recluso forcejeó y logró escapar de los agentes procesales, evadiendo la vigilancia y huyendo a pie del edificio ubicado en la Avenida José Sulaimán Chagnón.

La detención de los custodios Rigoberto Mar Moreno y Estanislao Islas Hernández, ambos parte de la Guardia Estatal, señala un posible fallo de procedimiento y colaboración para la evasión del reo. El fiscal Govea Orozco ha indicado que las investigaciones también incluyen al círculo familiar del prófugo, sin descartar que otras personas puedan resultar implicadas en la facilitación de su fuga.

Hasta la fecha, no se ha confirmado la recaptura del individuo, y según explicó el titular del Secretariado Ejecutivo, Willy Zúñiga Castillo, el operativo se extiende “más allá de Ciudad Victoria” conforme a la “posible movilidad y antecedentes del fugitivo”. La estrategia puede ampliarse a varias regiones de Tamaulipas o incluso fuera del estado, atendiendo a las zonas y métodos habituales de desplazamiento del ex policía.

En relación a la posibilidad de ofrecer una recompensa que incentive la colaboración ciudadana y agilice la captura, Zúñiga Castillo puntualizó que dicha medida se evalúa “sin que hasta el momento exista un monto definido”, aunque permanece como opción abierta dentro de las acciones estatales de persecución penal.

La investigación administrativa continúa para determinar la responsabilidad de los funcionarios involucrados en la custodia y traslado, así como para identificar posibles omisiones de protocolo. De acuerdo con el reporte oficial, la fuerza pública estatal se mantiene en alerta y asegura que dispone de recursos y personal “mucho más preparados” para enfrentar y controlar cualquier intento de fuga adicional.

El Centro Integral de Justicia de Ciudad Victoria, lugar de la evasión, permanece vigilado por elementos policiales mientras se revisan las circunstancias exactas que hicieron posible el escape y se monitorean las rutas de acceso y salida que pudieran haber servido al propósito.

La situación del fugitivo, considerado de alta peligrosidad debido a las acusaciones que enfrenta, ha llevado a que las autoridades intensifiquen los protocolos de seguridad y vigilancia, sin descartar futuras detenciones que deriven de las investigaciones ya en curso.

La Fiscalía de Tamaulipas y la Secretaría de Seguridad Pública sostienen que la pesquisa sobre la fuga continuará hasta esclarecer con precisión las causas, responsables y eventuales redes de apoyo que hayan facilitado la huida del imputado.

La fuga de un ex policía estatal intensifica el operativo y las investigaciones en Tamaulipas

El 3 de abril de 2026, un ex policía estatal acusado de homicidio calificado, abuso de autoridad y delitos en el ejercicio de sus funciones logró fugarse del Centro Integral de Justicia de Ciudad Victoria tras forcejear con sus custodios. Dos policías procesales, encargados de su traslado, fueron detenidos por presuntamente facilitar la evasión. La Fiscalía mantiene abiertas varias líneas de investigación, incluidas indagatorias sobre el entorno familiar del prófugo y no descarta la posible expansión del operativo de búsqueda a otras regiones de Tamaulipas o fuera del estado, además de contemplar la oferta de una recompensa por información que lleve a su captura.

• El ex policía estatal fugado de Ciudad Victoria es buscado intensamente desde el 3 de abril de 2026, tras ser vinculado a proceso por homicidio.
• Dos custodios responsables del traslado, Rigoberto Mar Moreno y Estanislao Islas Hernández, han sido detenidos y enfrentan cargos formales por evasión de presos.
• El operativo de búsqueda, coordinado por la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Pública, podría extenderse fuera de Tamaulipas y evalúa ofrecer una recompensa.

El penal de Challapalca, considerado uno de los establecimientos de mayor seguridad del país y donde se encuentran internos de alta peligrosidad, atraviesa un proceso de reorganización. El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Jiménez Borra, realizó una supervisión inopinada en el recinto y presentó al nuevo director, Joel Franklin Quezada Márquez, quien cuenta con más de 28 años de experiencia en el sistema penitenciario.

La designación forma parte de una política orientada a reforzar el control interno en penales estratégicos. Según el ministro, la incorporación de una autoridad con trayectoria busca consolidar el orden en un establecimiento clave para el sistema penitenciario. “Es bueno que venga con nuevos aires, pero además con experiencia y capacidad, sobre todo en un penal con internos de alta peligrosidad”, señaló.

Rotación de personal y refuerzo del control interno

Uno de los principales cambios dispuestos en Challapalca es la rotación de agentes penitenciarios. Un contingente de 70 miembros del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) fue asignado al penal como parte de una estrategia para fortalecer la disciplina y evitar la consolidación de redes delictivas al interior del establecimiento.

El titular del sector explicó que esta rotación será permanente, con el objetivo de “refrescar” los equipos de seguridad y mejorar el control del orden. La medida busca reducir los riesgos de corrupción o complicidad, así como garantizar que se mantenga la autoridad dentro del penal.

Durante la visita, el ministro lideró un operativo en los pabellones junto a personal del INPE, la Policía Nacional y el Ministerio Público. En la intervención se hallaron dos teléfonos celulares ocultos en una estructura metálica dentro de una celda, lo que evidenció la persistencia del ingreso de objetos prohibidos pese a los controles existentes.

Tecnología, vigilancia y nuevas medidas logísticas

Como parte del reforzamiento del sistema de seguridad, el ministro también verificó el funcionamiento del Centro de Monitoreo y Control del penal, que opera con 138 cámaras de videovigilancia. Este sistema incluye reconocimiento facial y detección de movimientos sospechosos, herramientas clave para el seguimiento de internos de alta peligrosidad.

Además, anunció la implementación de mejoras logísticas orientadas a prevenir el ingreso de objetos ilícitos. Estas medidas se enmarcan en una política más amplia del sector Justicia que busca reducir al mínimo la posibilidad de que desde los penales se sigan cometiendo delitos.

“No habrá un penal en el país donde el Estado no esté presente, supervisando, monitoreando y vigilando”, afirmó Jiménez Borra, al destacar que el control en establecimientos como Challapalca es prioritario.

En lo que va del año, se han realizado 42 requisas ordinarias en este penal, que permitieron incautar nueve celulares, 27 accesorios, 6.5 gramos de drogas y 26 armas blancas.

Traslados de internos y rol del grupo de operaciones especiales

Los cambios en Challapalca se dan en un contexto de reordenamiento del sistema penitenciario. En enero, el INPE trasladó a 100 internos de alta peligrosidad desde distintos penales del país hacia este establecimiento, como parte de la estrategia contra la extorsión.

Los internos provienen de centros como Lurigancho, Ancón I, Castro Castro, Callao y Huaral, y están vinculados a delitos como organización criminal, robo agravado, sicariato y extorsión. Entre ellos figuran integrantes de organizaciones criminales, quienes ahora cumplen un régimen severo que limita su tiempo de patio a dos horas diarias de forma individual.

Esta operación fue ejecutada por el Grupo de Operaciones Especiales (GOES) del INPE, con apoyo de la Policía Nacional, mediante un despliegue de seguridad por tierra y aire. Esta unidad, conformada por 140 miembros, cumple un rol clave en el traslado de internos de alta peligrosidad, el control de motines y las requisas en los establecimientos penitenciarios.

Durante el 2025, el GOES ha realizado más de 400 traslados y ha participado en operativos de control que permitieron detectar objetos y sustancias prohibidas. Su labor forma parte de la estrategia estatal para reforzar el principio de autoridad y evitar que las organizaciones criminales operen desde el interior de los penales.

En ese contexto, los cambios implementados en Challapalca —nuevo director, rotación de personal y fortalecimiento del control— apuntan a consolidar este penal como un espacio de máxima seguridad bajo vigilancia constante del Estado.

Un operativo conjunto de fuerzas federales y estatales se llevó a cabo el pasado martes por la noche en el Centro de Readaptación Social “Eduardo Ruiz”, ubicado en Uruapan, Michoacán, como parte de las acciones de seguridad implementadas en la entidad.

De acuerdo con reportes, el despliegue incluyó la participación de corporaciones de distintos niveles de gobierno, quienes realizaron un cateo al interior del penal con el objetivo de reforzar el control y la vigilancia en este centro penitenciario.

La movilización no pasó desapercibida para la población. Automovilistas y vecinos de la zona reportaron una intensa presencia de elementos de seguridad, lo que generó momentos de incertidumbre ante la posibilidad de que se tratara de una fuga de personas privadas de la libertad.

Confusión y alerta entre la población

El despliegue de las fuerzas de seguridad provocó confusión entre los habitantes cercanos al penal, quienes inicialmente interpretaron el movimiento como una situación de emergencia mayor.

Algunos conductores que transitaban por la zona redujeron la velocidad o evitaron el área ante el temor de un incidente, mientras que en redes sociales comenzaron a circular versiones sobre una presunta fuga, mismas que no fueron confirmadas por las autoridades.

El operativo, sin embargo, correspondía a una revisión interna del penal, una práctica que forma parte de las estrategias para mantener el orden y detectar posibles irregularidades dentro de los centros penitenciarios.

Refuerzo de estrategia de seguridad en Michoacán

Este cateo se suma a una serie de acciones implementadas en Michoacán en los últimos meses, en medio de un contexto de violencia e inseguridad que ha obligado a reforzar la presencia de fuerzas federales en la región.

El penal de Uruapan ha sido un punto relevante dentro de estas estrategias. Apenas en fechas recientes, autoridades realizaron traslados de internos hacia penales federales como parte de operativos para despresurizar centros penitenciarios y mejorar su control.

Las autoridades no detallaron de inmediato los resultados del cateo, como posibles aseguramientos o sanciones, pero este tipo de intervenciones suelen enfocarse en la búsqueda de objetos prohibidos, drogas, armas o equipos de comunicación clandestinos.

Operativos continuarán en la región

El cateo en el penal “Eduardo Ruiz” refleja la continuidad de los operativos coordinados entre autoridades federales y estatales para recuperar el control institucional en zonas consideradas prioritarias.

La estrategia de seguridad en Michoacán ha incluido revisiones en centros penitenciarios, despliegues territoriales y acciones contra grupos delictivos, con el objetivo de reducir los índices de violencia y garantizar condiciones más seguras tanto dentro como fuera de las cárceles.

Aunque el operativo generó alarma momentánea, las autoridades buscan con estas acciones prevenir situaciones de riesgo y fortalecer el sistema penitenciario en una de las regiones más complejas del país en materia de seguridad.

Al menos dos internos del penal de Tepexi de Rodríguez, en el estado de Puebla, fueron golpeados luego de denunciar presuntas violaciones a derechos humanos dentro del centro penitenciario, situación que ya es investigada por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

De acuerdo con medios locales, las personas privadas de la libertad (PPL) realizaron transmisiones en vivo para exhibir las condiciones en las que se encuentran y solicitar apoyo de las autoridades estatales. Entre sus principales señalamientos destacaron la falta de alimentos, comida en mal estado y restricciones en las visitas familiares.

Denuncian falta de comida, atención médica y acceso a defensa

En los testimonios difundidos, uno de los internos aseguró que lleva más de dos años sin ver a su familia, mientras que otros denunciaron que las visitas son limitadas y con restricciones en el ingreso de alimentos.

También señalaron que, debido a la falta de recursos económicos, no pueden acceder a una defensa legal adecuada, lo que complica demostrar su inocencia en algunos casos.

A esto se suman denuncias por condiciones precarias al interior del penal, como la escasez de insumos básicos. Un interno afirmó que en dos años solo ha recibido de manera ocasional medicamentos, además de artículos mínimos como cobijas y productos de higiene, lo que refleja posibles violaciones a derechos humanos dentro del centro penitenciario.

Golpean a reos tras hacer públicas las denuncias

Horas después de que los internos hicieran públicas sus denuncias, uno de ellos fue agredido físicamente dentro de su celda, hecho que quedó registrado en una transmisión en vivo.

En el video se observa cómo un presunto interno ingresa al espacio y golpea al denunciante, pese a que este le advierte que está transmitiendo en ese momento, lo que ha generado preocupación por la seguridad de las personas privadas de la libertad.

Tras la agresión, familiares de uno de los afectados reportaron que perdieron contacto con él, por lo que solicitaron apoyo para conocer su estado de salud y garantizar su integridad.

SSP de Puebla ya investiga lo ocurrido

Luego de la difusión de estos hechos, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla informó que ya inició las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido dentro del penal de Tepexi de Rodríguez.

La dependencia estatal aseguró que no tolerará conductas que vulneren los derechos humanos de las personas privadas de la libertad y que actuará con firmeza en caso de confirmarse irregularidades.

Aunque hasta el momento no se han detallado posibles sanciones, las autoridades reiteraron su compromiso con el respeto a la legalidad y la integridad de los internos.

Este caso ha encendido alertas sobre las condiciones al interior del penal de Tepexi de Rodríguez, uno de los centros penitenciarios más relevantes en Puebla, y ha puesto en el foco la necesidad de supervisión y garantía de los derechos humanos dentro del sistema carcelario.

Javier Hernández nuevamente se encuentra en el ojo del huracán luego de hablar por primera vez sobre el penal fallado que resultó en la eliminación de Chivas ante Cruz Azul en los cuartos de final de la Liga MX durante el torneo Apertura 2025.

El delantero calificó ese episodio como uno de los más difíciles de su carrera y de su vida personal, y anunció que compartirá una declaración más extensa en video para dar una mayor explicación sobre lo que se ha hablado entorno a esta falla.

¿Qué dijo Chicharito?

Hernández comunicó que, tras tres meses de lo sucedido, hablará a fondo sobre cómo vivió aquel penal y su impacto. El exjugador de Chivas sostuvo que fue un momento muy complicado, y que ahora, por primera vez, expondrá sus sentimientos de forma honesta.

“Hoy quiero hablar de este momento más doloroso, no nada más de mi carrera sino de toda mi vida. Si sabes manejar toda la presión y todo lo que conlleva este momento, ya vas de gane”, se escucha al futbolista al inicio. Posteriormente una voz le pide que hable en inglés para explicarlo y le cuestiona si es un mal jugador a lo que Hernández Balcázar responde: “No, pero cometí un error en ese momento que era importante”.

Por otro lado, Chicharito explicó cuál fue su mayor error en ese tiro de penal: “Después me acerco y cambio mi carrera”, reconociendo que hubo algunas fallas en la ejecución durante el partido que pudo impulsarlo a una leyenda del club rojiblanco.

Reacciones tras el penal fallado

Tras igualar dos a dos ante Cruz Azul, el árbitro marcó un penal que en principio iba a cobrar Luis Romo. Finalmente, Javier Hernández pidió el balón y ejecutó el disparo, que pasó por encima del travesaño y sentenció la eliminación del equipo tapatío.

El técnico Gabriel Milito defendió la decisión del delantero al destacar su liderazgo: “Si alguien tenía la jerarquía de cobrar ese penal, era Javier”, afirmó tras la eliminación.

Pocos días después, se anunció la salida de Hernández de Chivas. Su última imagen fue la de un jugador cabizbajo en el Estadio Olímpico Universitario, reflejo de una despedida marcada por el golpe emocional de aquel partido.

Consecuencias en la carrera del delantero

Desde entonces, Javier Hernández no tiene equipo y se dedica a sus redes sociales. Llegó a bromear acerca de su penal fallado, aunque no había abordado el tema de forma seria, algo que ahora promete cambiar con su video.

Para este jueves, el propio delantero anticipó una declaración en sus redes en la que ahondará en los sentimientos y las consecuencias de aquel error. Mientras tanto, la afición y el entorno del fútbol mexicano esperan conocer su postura y sus planes para el futuro.

Con una trayectoria reconocida y fuera del club, Hernández subrayó que ni un error decisivo puede definir a un jugador. Su enfoque está en el aprendizaje y en la autenticidad, valores que busca transmitir en esta nueva etapa.

Un intento de introducir drogas y dispositivos prohibidos al Establecimiento de Ejecución Penal de Cipolletti fue frustrado por el personal del Servicio Penitenciario de Río Negro.

El operativo se desencadenó tras una inspección rutinaria al sector de carpintería, donde el hallazgo de sustancias ilícitas y tecnología de comunicación puso en evidencia la sofisticación de las maniobras para vulnerar los controles internos de la institución.

La revisión, efectuada en el marco de los protocolos de control habituales, se centró en un envío de materiales destinados al Taller 8 del penal. Lo que en apariencia eran simples palets de madera destinados a tareas de carpintería, ocultaba un mecanismo adaptado para eludir la vigilancia penitenciaria. El personal penitenciario detectó irregularidades en los tacos, lo que motivó una inspección más detallada y permitió descubrir el ardid.

Según informó el portal del diario Río Negro, el procedimiento reveló que la madera había sido modificada con huecos ocultos y rellenos con globos de colores, además de un recipiente con tinta utilizado como camuflaje. Al desmontar la estructura, los agentes encontraron dos envoltorios con cocaína —con un peso total de 19,3 gramos— y quince envoltorios con marihuana, que sumaban 36 gramos. También se hallaron dos chips de telefonía móvil y un auricular, elementos considerados de alto riesgo en el contexto carcelario por su uso potencial para mantener comunicaciones no autorizadas desde el interior del penal.

La intervención fue supervisada por la Fiscalía Federal de General Roca, a cargo de la fiscal Ivana Mesina.

Según indicaron fuentes del Servicio Penitenciario, el operativo fue registrado en video y fotografía, y se labraron actas conforme a los procedimientos establecidos para este tipo de actuaciones. Posteriormente, la Fiscalía inició las investigaciones para determinar la procedencia del envío y la posible existencia de connivencia con personas privadas de la libertad.

Intentaron ingresar cocaína en una comisaría de Chaco

Días atrás, el intento de ingreso de cocaína a una dependencia policial terminó con un joven de 22 años aprehendido en la Comisaría Séptima de Resistencia. La sustancia, que estaba oculta dentro de facturas destinadas a un detenido, dio positivo para cocaína tras la prueba de campo realizada por personal especializado.

El episodio ocurrió cuando el joven se presentó en la guardia de la seccional con la intención de entregar alimentos a un interno alojado en esa dependencia. Como parte del protocolo habitual de seguridad, el personal policial procedió a inspeccionar los paquetes antes de autorizar su ingreso.

Durante la revisión de los panificados, los efectivos detectaron irregularidades en la textura y el peso de los cañoncitos con dulce de leche. Al examinarlas con mayor detenimiento, encontraron cinco pequeños envoltorios de polietileno —comúnmente conocidos como “bochitas”— que contenían una sustancia blanquecina compacta, cuidadosamente escondida en el interior de los alimentos.

De inmediato, se dio intervención al Departamento Consumos Problemáticos, cuyos agentes se trasladaron hasta la dependencia para realizar las pruebas correspondientes.

Mediante el reactivo químico de campo, se confirmó que la sustancia incautada era cocaína, con un peso total de 2,7 gramos. Tras la constatación, se procedió al secuestro formal de la droga y a la notificación de las autoridades judiciales competentes.

La causa quedó en manos de la Fiscalía Antidrogas N° 1, a cargo de la doctora Andrea Lovey Pessano, quien dispuso la aprehensión inmediata del joven por presunta infracción a la Ley Nacional N° 23.737.

Además del secuestro de la sustancia, la fiscalía ordenó la apertura de actuaciones judiciales para determinar las circunstancias del hecho y establecer si el detenido actuó por cuenta propia o si formaba parte de una maniobra más amplia de suministro de drogas dentro de lugares de detención.

El joven aprehendido quedó alojado en carácter de comunicado y a disposición de la Justicia, mientras avanzan las diligencias para esclarecer completamente el hecho.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), dio a conocer que, en una acción encabezada por la Secretaría de Marina, personal de investigación y el Gabinete de Seguridad, en coordinación conautoridades del estado de Jalisco, se logró la detención de cuatro sujetos que escaparon del Centro Penitenciario Estatal de Puerto Vallarta el pasado domingo 22 de febrero.

En una publicación en su cuenta de la red social X, el titular de SSC compartió una fotografía de los detenidos y aseguró que la investigación continúa para detener a los demás reos que escaparon.

“En una acción encabezada por @SEMAR_mx, personal de investigación y el @GabSeguridadMX en coordinación con las autoridades de Jalisco, fueron detenidas 4 personas evadidas del Centro Penitenciario Estatal de Puerto Vallarta el día 22 de Febrero. La investigación continúa para detener a los demás involucrados”, posteó.

Escapan 23 internos del Penal de Ixtapa

El pasado lunes, la Secretaría de Seguridad Pública de Jalisco (SSP) confirmó que 23 personas que se encontraban privadas de la libertad en el penal de Ixtapa, ubicado en Puerto Vallarta, Jalisco, habían escapado un día antes.

El incidente ocurrió el domingo 22 de febrero, luego de que grupos armados irrumpieron en el centro penitenciario con disparos y el derribo de un portón con la ayuda de un vehículo.

Este hecho formó parte de los hechos violentos que se registraron en diversas partes del país, luego de un operativo llevado a cabo por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para captura a Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) quien enfretó a las autoridades y resultó herido de gravedad.

Por dichas lesiones, el narcotraficante perdió la vida cuando era trasladado a la Ciudad de México, de acuerdo con información de las autoridades.

El hecho en el penal de Ixtapa, generó una serie de disturbios internos.

Juan Pablo Hernández, secretario de Seguridad Pública en Jalisco, dio a conocer en conferencia de prensa, que se había implementado alertamientos a diferentes entidades federativas para localizar y capturar a los evadidos.

Confirmó que los elementos de seguridad penitenciaria intentaron repeler la agresión, pero uno de ellos murió durante el enfrentamiento.

Violencia tras la muerte de El Mencho

La fuga de los reos se dio en el contexto de una escalada de violencia en Jalisco y otros estados del país, atribuida a la reacción de de grupos criminales tras la muerte de Nemesio Osegura Cervantes, líder del CJNG.

Tras el deceso del líder criminal, se registraron 85 narcobloqueos en estados como Baja California, Estado de México, Michoacán, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas.

En Jalisco ocurrieron 18 de estos bloqueos, los que dificultó la respuesta de las fuerzas de seguridad y la llegada de refuerzos al penal de Ixtapa en el momento de la fuga.

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) realizó un operativo sorpresa en los pabellones 2, 4, 8 y 10 del penal Ancón I durante la madrugada, con el objetivo de reforzar el control interno y prevenir delitos cometidos desde el centro de reclusión. Más de 40 agentes penitenciarios participaron en la acción, ingresando a las celdas y a las áreas comunes en busca de objetos prohibidos.

En el procedimiento se incautaron seis teléfonos celulares y un router inalámbrico, dispositivos cuya tenencia está prohibida dentro de los establecimientos penitenciarios por su potencial uso en actividades ilícitas.

Además, los agentes decomisaron nueve manos libres, cargadores fabricados de manera artesanal, nueve cables y una batería para celular, elementos que también representan un riesgo para la seguridad institucional.

El INPE informó que todos los objetos fueron retirados del penal siguiendo los protocolos establecidos y posteriormente comunicados tanto a la Policía Nacional del Perú (PNP) como al Ministerio Público, entidades responsables de iniciar las indagaciones correspondientes sobre la procedencia y posible uso de los dispositivos.

La autoridad penitenciaria subrayó que estas intervenciones forman parte de una política permanente de control y supervisión en los centros de reclusión a nivel nacional, con el propósito de impedir la organización de delitos desde el interior de los penales.

Otro operativo: esta vez en Huaral

Más de cien litros de licor artesanal y una variedad de objetos prohibidos fueron incautados en dos operativos de requisa ejecutados en el Establecimiento Penitenciario de Huaral. El primer procedimiento comenzó a las 21:10 en el pabellón 3, segundo piso 2A, donde se encuentran 125 internos. En ese lugar, el personal realizó una revisión minuciosa para detectar y retirar elementos no autorizados.

Posteriormente, el segundo operativo se llevó a cabo en el pabellón 5, ala 1A, que alberga a 205 internos. En total, 30 agentes de seguridad penitenciaria participaron en ambas intervenciones, que permitieron hallar 114 litros de chicha fermentada, conocida como “chicha canera”.

Además, los efectivos incautaron encendedores, pipas artesanales, interruptores, tomacorrientes y cigarros. Todos estos artículos fueron decomisados siguiendo los protocolos establecidos para evitar riesgos y mantener el control dentro del recinto.

Las acciones estuvieron supervisadas por el director del penal, Eder Martínez García, quien lideró las operaciones junto a su equipo de seguridad. Desde la administración del penal se enfatizó la importancia de estas intervenciones para prevenir incidentes y garantizar un ambiente seguro tanto para los internos como para el personal.

Funciones del INPE

• Administrar y supervisar los establecimientos penitenciarios del Perú.
• Garantizar la seguridad, custodia y vigilancia de los internos.
• Ejecutar programas de rehabilitación y reinserción social.
• Gestionar actividades educativas, laborales y de salud para la población penitenciaria.
• Controlar el acceso de personas y objetos a los penales.
• Velar por el respeto de los derechos humanos de los internos.
• Realizar operativos de control para prevenir delitos y mantener el orden.
• Coordinar acciones con otras entidades estatales en materia penitenciaria.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) realizó una revisión preventiva en el Centro de Reinserción Social de Mérida, con el propósito de reforzar el control interno y la protección en el recinto penitenciario. Esta operación, coordinada dentro del Plan Nacional de Seguridad, integró la participación de fuerzas estatales y federales en un despliegue conjunto.

El operativo congregó a un contingente compuesto por agentes estatales de la Secretaría de Seguridad Pública, elementos investigadores, personal especializado en paramedicina y asesoría jurídica, así como la unidad canina K-9. A esta estructura se sumó la colaboración de la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, responsables de la vigilancia perimetral y el soporte operativo en el entorno de la penitenciaría.

Durante la inspección, el equipo localizó y decomisó objetos no autorizados en poder de la población penitenciaria. Entre los artículos incautados se identificaron instrumentos punzocortantes y filosos, como cuchillos, tijeras, hojas de filo y cortadores, además de herramientas de uso potencialmente indebido, entre las que se encontraron punzones, desarmadores y piezas metálicas improvisadas. También se retiraron encendedores y diversos accesorios cuya posesión infringe los reglamentos internos.

La revisión incluyó la intervención de binomios caninos especializados, cuya labor permitió localizar sustancias prohibidas. Se aseguraron seis bolsas pequeñas con hierba seca, presumiblemente cannabis, así como componentes y accesorios de telefonía y electrónica, incluidos chips y cables de carga. Todos los objetos confiscados se entregaron a la autoridad correspondiente para el seguimiento de las diligencias legales, conforme a los protocolos establecidos por la institución.

La Secretaría de Seguridad Pública confirmó que estas acciones forman parte de una estrategia a largo plazo para preservar condiciones de seguridad tanto al interior como en el entorno inmediato de los recintos penitenciarios. El plan contempla la repetición de revisiones similares durante el año, como medida preventiva y correctiva frente a riesgos de alteración del orden o ingreso de objetos ilícitos.

El despliegue conjunto de fuerzas federales y estatales responde a la necesidad de fortalecer la gobernabilidad penitenciaria y evitar incidentes relacionados con la tenencia de objetos peligrosos o sustancias prohibidas. La coordinación operativa entre dependencias estatales y federales constituye un componente clave del plan de seguridad, permitiendo actuar de manera oportuna ante situaciones que amenacen la integridad de la población penitenciaria y el personal.

La presencia de personal jurídico y paramédico durante la inspección garantizó la observancia de los derechos y la atención inmediata ante cualquier eventualidad. La SSP subrayó su compromiso con la transparencia y el respeto a los procedimientos legales durante este tipo de intervenciones, así como la observancia de los derechos humanos.

La localización de herramientas, instrumentos punzocortantes y dispositivos electrónicos dentro del Centro de Reinserción Social de Mérida evidencia la persistencia de intentos por introducir elementos que pueden emplearse en actividades no permitidas. La estrategia preventiva busca anticipar y neutralizar estos riesgos a fin de mantener la estabilidad institucional.

La inclusión de la unidad canina K-9 permitió profundizar en la detección de sustancias y objetos ocultos, reforzando la minuciosidad del operativo. La detección de varias bolsas con hierba seca de características similares al cannabis fue reportada a la autoridad competente, la cual inició las investigaciones de rigor.

Los cuerpos federales que participaron en la seguridad perimetral reforzaron el cerco en torno al centro penitenciario, asegurando el normal desarrollo de la inspección y el resguardo de las instalaciones. La Secretaría de Seguridad Pública reiteró que este tipo de acciones continuarán ejecutándose durante el año, en el marco de la estrategia institucional para preservar la seguridad penitenciaria.

La dependencia estatal reiteró su política de colaboración permanente con las instancias federales, con el objetivo de consolidar un entorno penitenciario seguro y libre de objetos o sustancias que puedan poner en riesgo la integridad de internos y personal.

• La Secretaría de Seguridad Pública realizó una revisión preventiva en el Centro de Reinserción Social de Mérida, donde se incautaron objetos no permitidos y sustancias presuntamente ilícitas.
• El operativo contó con la participación conjunta de fuerzas estatales y federales, incluyendo la unidad canina K-9 y cuerpos de seguridad perimetral.
• La SSP anunció que estas revisiones continuarán durante el año como parte de la estrategia para mantener la seguridad en los recintos penitenciarios.

Cinco dosis de hierba seca con las características propias de la marihuana, una dosis de polvo blanco con las características de la cocaína, tres teléfonos celulares, seis cargadores de celular, un cargador para radio, una memoria USB y cuatro cuchillos, fueron encontrados el pasado viernes en el penal de Aguarato, en Culiacán, Sinaloa.

Los objetos prohibidos fueron encontrados luego de que elementos del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES) implementaran una revisión de dos módulos del dicho centro penitenciario.

Los elementos del GOES y custodios penitenciarios, con el apoyo de una base de operaciones del Ejército Mexicano y otra de la Guardia Nacional, brindaron seguridad en la periferia del inmueble penitenciario, durante esta acción.

Las dosis de presunta droga y los objetos asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades ministeriales para que sean llevadas las investigaciones correspondientes.

Muere reo dentro de penal

Aunado a este hecho, durante la madrugada del mismo viernes, un reo murió en el Centro Penitenciario de Aguarato, en Culiacán. Así lo dio a conocer la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Sinaloa.

Por medio de una tarjeta informativa que compartió en redes sociales, la dependencia de seguridad informó sobre lo sucedido.

En el mensaje se señaló que el fallecimiento del interno se registró en el área médica de dicho Centro Penitenciario.

De acuerdo con la SSP estatal, la persona privada de la libertad murió presuntamente a consecuencia de hipertensión e insuficiencia respiratoria de origen aún por determinar.

Por estos hechos, la Dirección del Centro Penitenciario notificó a la Fiscalía General del Estado que realizará investigaciones correspondientes para esclarecer con precisión las circunstancias del fallecimiento.

Además, se dio a conocer que se estableció contacto con la familia de la persona que perdió la vida, a quienes se les brindarán todas las facilidades necesarias para la realización de los trámites administrativos y legales conducentes.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió dos criterios importantes que impactan directamente en los juicios penales en México.

Las resoluciones explican, de forma clara, en qué casos un juez puede impulsar el cambio de abogado defensor y a partir de qué momento empieza a correr el plazo para apelar una sentencia penal.

Ambos criterios buscan que las personas tengan una defensa real y que no haya confusión en los tiempos legales.

¿Puede un juez cambiar al abogado de una persona acusada?

La Corte validó el artículo 121 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que permite a la persona juzgadora promover el cambio de defensor o defensora sólo en casos muy específicos.

Esto aplica cuando el abogado demuestra una incapacidad técnica clara y repetida que ponga en riesgo la defensa de la persona imputada.

La Suprema Corte dejó en claro que no se trata de quitar abogados por cualquier error, sino de evitar que una mala defensa afecte seriamente el derecho de la persona acusada a un juicio justo.

Qué sí es incapacidad técnica y qué no

Para que proceda un cambio de defensor, deben existir señales objetivas y constantes de que el abogado no está cumpliendo con su trabajo. La Corte explicó que algunos ejemplos son:

• No conocer reglas básicas del proceso penal
• No presentar recursos o defensas sin una razón válida
• Dejar pasar actos importantes del juicio
• Abandonar de hecho la defensa de su cliente

Al mismo tiempo, el Alto Tribunal aclaró algo clave: un juez no puede cambiar a un abogado solo porque no le gusta su estrategia.

Las decisiones de defensa pueden variar y eso no significa que sean malas o incorrectas. Lo que importa es si hubo negligencia o desinterés real.

Qué debe hacer el juez antes de cambiar al abogado

La Suprema Corte también explicó que, antes de impulsar un cambio de defensor, el juez debe respetar varios pasos para proteger los derechos de la persona acusada:

• Escuchar lo que opina la persona imputada
• Respetar su derecho a elegir a su abogado
• Explicar claramente por qué considera necesario el cambio
• Dar tiempo suficiente para que el nuevo abogado prepare la defensa

Si estos pasos no se cumplen y no hay una justificación clara, el cambio de abogado puede ser inconstitucional, ya que también afecta la reputación y la independencia profesional de las y los abogados.

¿Desde cuándo se puede apelar una sentencia penal?

En otro tema, la Suprema Corte aclaró desde qué momento empiezan a contar los diez días para apelar una sentencia penal.

La Corte confirmó que el plazo comienza al día hábil siguiente de la audiencia donde el juez lee y explica la sentencia.

Esto se debe a que en esa audiencia las partes conocen directamente las razones del fallo, pueden hacer preguntas y, además, ya deben tener acceso a la versión escrita de la sentencia.

Con esta información completa, las personas pueden decidir si apelan o no.

La Corte concluyó que esta regla es clara, razonable y no limita el derecho a impugnar una sentencia.

Estas decisiones quedaron establecidas en el Amparo en Revisión 370/2025, resuelto por el Pleno de la Suprema Corte el 27 de enero de 2026, y sirven como guía para que los juicios penales sean más claros y justos para todas las personas.

Norman Quijano, exalcalde de San Salvador y excandidato presidencial de ARENA, fue entregado por las autoridades de Estados Unidos a El Salvador el día de ayer, 26 de enero de 2026 para cumplir una condena de 13 años y cuatro meses por delitos relacionados con pandillas y fraude electoral.

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que el político salvadoreño ya se encuentra bajo custodia, pero aún persiste la incógnita sobre si será enviado al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) o a una prisión común.

La FGR detalló en un comunicado que “hemos recibido a Norman Quijano por parte de las autoridades de Estados Unidos. En este momento, se le notificará formalmente su condena por los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral”.

El Ministerio Público recalcó que el exfuncionario será recluido en un centro penitenciario, aunque evitó precisar el nombre de la prisión aduciendo razones de seguridad y logística. Esta postura ha alimentado el debate sobre si Quijano será trasladado al CECOT, la mega-cárcel construida en 2023 en Tecoluca, o si, debido a su edad y condición, será ubicado en un penal para reos comunes.

El CECOT y el endurecimiento de la política carcelaria: debate sobre el destino de Quijano

El Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), inaugurado en 2023 en Tecoluca, departamento de San Vicente, es considerado la mayor cárcel de América Latina, con capacidad para albergar hasta 40,000 internos.

El gobierno salvadoreño ha destinado este centro principalmente a personas vinculadas a estructuras de pandillas, en el marco del régimen de excepción implementado desde 2022. El complejo penitenciario cuenta con estrictas medidas de seguridad, celdas sobrepobladas y limitaciones severas de contacto con el exterior.

El nombre del centro penitenciario donde será trasladado Quijano permanece bajo reserva oficial. Fuentes del Ministerio de Seguridad aseguraron que la determinación depende de protocolos internos y de una evaluación sobre el tipo de delito, la edad y el perfil del reo.

Especialistas han advertido que el ingreso de figuras políticas a centros de máxima seguridad como el CECOT podría interpretarse como una medida ejemplarizante, en línea con el endurecimiento de la política carcelaria en El Salvador.

Según informes judiciales, Quijano fue condenado en abril de 2024 por los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral, luego de que la justicia salvadoreña consideró probado que sostuvo negociaciones con cabecillas de pandillas a cambio de votos durante la campaña presidencial de 2014.

La sentencia, dictada en ausencia, se produjo cuando Quijano ya se encontraba fuera del país, residiendo en Estados Unidos desde 2021 y alegando persecución política. La entrega de Quijano cobró notoriedad internacional por la colaboración entre autoridades estadounidenses y salvadoreñas. El presidente Nayib Bukele celebró públicamente la deportación, calificándola como “un mensaje para quienes evaden la justicia”.

Posibilidad de prisión domiciliar por su edad

Otro tema en discusión es la posibilidad de que Norman Quijano pueda acceder a un régimen de prisión domiciliar, debido a su edad y condiciones de salud.

La legislación salvadoreña contempla esta alternativa para reos mayores de 60 años que no representen un peligro para la sociedad. Sin embargo, hasta ahora, ninguna autoridad ha confirmado que Quijano pueda beneficiarse de esta medida. El Ministerio de Seguridad y la FGR han evitado pronunciarse sobre esta opción, a la espera de evaluaciones médicas y jurídicas que podrían definir su situación en los próximos días.

Hasta el cierre de esta edición, ni la Dirección General de Centros Penales ni el Ministerio de Seguridad han confirmado el destino final de Quijano.

Se espera un pronunciamiento oficial en las próximas horas que podría resolver si el exfuncionario será uno de los primeros políticos en ingresar al CECOT, o si su condena transcurrirá en otro recinto penitenciario del país.

Al inicio del video, como ya es costumbre en cada una de sus publicaciones, compartió una reflexión personal: “No todas las mujeres son iguales, no todos los hombres somos iguales, y si todos o todas te tocan igual, el patrón es tuyo; el problema no es la humanidad, hay hombres sin pecado y mujeres maravillosas”.

Qué dijo Chicharito sobre el penal fallado

Tras fallar el penal decisivo en los cuartos de final del Apertura 2026 ante Cruz Azul, el cual pudo haber clasificado a Chivas a semifinales, Javier “Chicharito” Hernández anunció su retiro del Guadalajara, donde no rindió como se esperaba.

Sin embargo, el delantero ha mostrado gran estabilidad emocional en sus últimos videos, y este no es la excepción al tomar con humor uno de los episodios más dolorosos de su carrera con la frase: “Mira, no m*mes, ahí va el penal que volé”.

Además, en la descripción remata con un mensaje motivador “La vida es un juego, disfrútala, no te quedes en el qué dirán. Mereces una vida maravillosa, ¡ constrúyela!”, recalcando la importancia de disfrutar cada uno de los momentos que nos toca vivir.

Reacciones por parte del público

A diferencia de sus publicaciones previas, este video generó una oleada de respuestas positivas en redes sociales, quienes aplaudieron la actitud de Chicharito para tomarse con humor uno de los momentos más complicados de su carrera.

“Me cae bien que se lo tome a risa, hasta se me olvida el coraje que pase ese día”, comentó uno de los internautas.

Además, muchos mencionaron que extrañan a Javier Hernández dentro del futbol con frases como: “Se te perdona todo Javier, que chingón verte cómo disfrutas de la vida, lo mereces, eres una leyenda”.

Cuál será el siguiente destino de Chicharito

A más de un mes de anunciar su retiro de Chivas, Javier “Chicharito” Hernández aún no concreta un fichaje con ningún equipo, dejando su futuro deportivo en la incertidumbre.

De acuerdo a diversos reportes en los medios de comunicación, el jugador podría encontrar su siguiente destino en ESPN para las transmisiones del Mundial 2026.

Sin embargo, en los próximos meses seguramente se dará a conocer cuál será el siguiente paso de Chicharito dentro del futbol, si finalmente encuentra un equipo o decide retirarse para comenzar su carrera detrás del micrófono.

Horas antes de la visita presidencial, agentes de la PNP capturaron a un hombre y una mujer presuntamente involucrados en extorsiones contra empresas de transporte y mototaxistas del cono norte de Lima. Durante las diligencias policiales, ambos detenidos señalaron que las órdenes para cometer los delitos provenían de un interno recluido en el penal Ancón I, identificado como presunto cabecilla de la banda criminal.

Falta de control interno

Con esta información, el jefe de Estado, acompañado por el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, solicitó la ubicación inmediata del recluso señalado. Sin embargo, el procedimiento evidenció serias deficiencias en los sistemas de control del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Los registros disponibles no se encontraban consolidados en una plataforma única y confiable.

La información sobre la ubicación del interno estaba dispersa en cuadernos manuscritos, revisados por el personal penitenciario sin que se lograra una respuesta clara. En una primera verificación, el recluso figuraba como alojado en el pabellón dos, pero no fue encontrado en ese lugar. Posteriormente, aparecía registrado en el pabellón cuatro, donde tampoco se encontraba, lo que prolongó la búsqueda sin resultados concretos.

Registros de traslado erróneos

Ante la falta de precisión, el presidente solicitó explicaciones a los representantes del INPE presentes en el penal. Tras nuevas revisiones, se informó que el interno había sido trasladado al penal de Challapalca, en la región Tacna, el pasado 4 de enero. No obstante, este dato no figuraba de manera clara en los registros que se habían revisado inicialmente.

La situación generó nuevas dudas durante la diligencia. El jefe de Estado pidió corroborar la información con el establecimiento penitenciario de Challapalca, pero los intentos de comunicación no tuvieron éxito. Según se indicó, no existía un canal de comunicación directa y operativa entre ambos penales en ese momento.

Falta de documentación accesible

El escenario se complicó cuando el presidente solicitó el documento oficial que sustentara el traslado del interno. El personal del INPE señaló que dicho registro se encontraba en una oficina administrativa, pero no fue posible acceder a ella debido a que no se contaba con la llave correspondiente. Esta situación impidió la verificación inmediata de la información solicitada.

La imposibilidad de ubicar con certeza a un interno señalado como articulador de delitos, la ausencia de registros accesibles y la falta de comunicación entre establecimientos penitenciarios dejaron en evidencia problemas operativos y administrativos en la gestión del sistema penitenciario.

Necesidad de reestructuración

Tras constatar estas deficiencias, el presidente José Jerí manifestó su preocupación por el estado de la administración penitenciaria. Según señaló, la situación observada en el penal Ancón I refleja problemas estructurales en el funcionamiento del INPE, particularmente en lo referido al control interno, la trazabilidad de los internos y la gestión documental.

En ese contexto, el mandatario recalcó la necesidad de una reestructuración integral del Instituto Nacional Penitenciario. Indicó que resulta urgente implementar mejoras en los sistemas de registro, fortalecer los mecanismos de control y establecer responsabilidades claras, a fin de garantizar una gestión penitenciaria eficiente y acorde con los objetivos de seguridad del Estado.

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó sobre el intento de fuga protagonizado por un interno del penal de Piura este martes 20 de enero.

El hecho se produjo durante el reparto de alimentos en el pabellón 5, cuando Juan Carlos Gonzales García, de 23 años, buscó evadir los controles de seguridad.

Según el comunicado oficial, el interno fue detectado por el personal mientras escalaba el techo del pabellón con intención de llegar al área conocida como “tierra de nadie”, una zona adyacente a la malla perimetral del establecimiento.

El incidente ocurrió alrededor de las 13:43 horas. Tras la alerta, el agente asignado al torreón N°3 activó el protocolo de seguridad y notificó al resto del personal.

Durante el operativo, uno de los agentes efectuó disparos al aire para advertir al interno, quien decidió desistir y no continuar con su fuga. El INPE indicó que la rápida reacción de los trabajadores permitió controlar la situación y evitar que Gonzales García saliera del perímetro del penal.

Reo será trasladado y refuerzan medidas de seguridad

Tras el intento de escape, el INPE anunció el inicio del proceso para trasladar al interno a un penal de máxima seguridad, con el objetivo de evitar nuevos incidentes y reforzar los protocolos de control. Juan Carlos Gonzales García, de nacionalidad venezolana, permanece recluido mientras se gestionan los trámites para su reubicación.

Como medida preventiva, las autoridades penitenciarias informaron que se realizará una revisión integral de los techos de todos los pabellones, así como de las áreas conexas, talleres y el sector denominado “tierra de nadie”.

El propósito es identificar vulnerabilidades y fortalecer la seguridad en el establecimiento de Piura, en línea con las disposiciones del INPE para prevenir futuras fugas.

Renuncia el presidente del INPE

Iván Paredes, jefe del INPE, renunció tras verse implicado en presuntos sobornos y contrataciones irregulares. Presentó su dimisión irrevocable al presidente interino José Jerí, luego de un intento de fuga en el penal de Piura que motivó críticas adicionales a su gestión.

Paredes había sido señalado desde el año pasado por coordinar, según reportes periodísticos, el pago para facilitar la excarcelación de un exagente policial y multado por Indecopi por irregularidades como abogado.

Además, programas de investigación revelaron que otorgó contratos en el INPE a personas sin la experiencia ni estudios requeridos, tras recibirlos en su despacho. Entre los beneficiados, figuran asistentes administrativos y proveedores recientemente inscritos, todos con vínculos directos a Paredes.

Desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) de acciones disciplinarias, mientras que el presidente interino defendió que los cuestionamientos a Paredes son anteriores a su gestión.

Las acusaciones incluyen no entregar recibos, incumplir servicios legales y amenazas a denunciantes. Sergio Castro, uno de los afectados, presentó pruebas de sus reclamos y señaló temor por posibles represalias.

Cuarto Poder, dominical de América Televisión, también reportó contratos otorgados a jóvenes sin estudios universitarios ni experiencia previa en el sector público, lo que agravó la presión sobre Paredes y derivó en su salida.

La gestión de Paredes estuvo marcada por denuncias de corrupción, adjudicación irregular de contratos y señalamientos de incumplimiento ético que finalmente precipitaron su renuncia a la jefatura del INPE en un contexto de cuestionamientos institucionales.

Un operativo extraordinario realizado en el penal de Chiclayo marcó un nuevo capítulo en la estrategia del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) para frenar la criminalidad desde el interior de las cárceles.

Bajo la dirección de la Oficina Regional Norte y en coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP) y la Fiscalía, agentes intervinieron los pabellones 3 y 4 del Régimen Cerrado Ordinario, donde incautaron 219 bolsas pequeñas y envoltorios tipo ketes con sustancias similares a pasta básica, clorhidrato de cocaína y marihuana.

El hallazgo incluyó 25 agendas telefónicas, 25 pastillas de clonazepam, 12 radios, una memoria USB, conexiones clandestinas de electricidad, tomacorrientes, cables de luz, interruptores, enchufes y objetos punzocortantes.

La revisión abarcó ambientes comunes, celdas, baños y pasadizos, además de controles corporales a la población penal. El despliegue involucró a 40 agentes de seguridad del INPE y 322 efectivos de la Región Policial de Lambayeque, junto a dos canes de la Unidad Antidrogas.

La requisa fue liderada por el director regional, Antonio Coronado Sánchez, con la presencia de autoridades como el viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, Walther Iberos Guevara, el coronel PNP Ulises Benel Galarreta y el fiscal adjunto provincial Víctor David Yrigoin Vera.

Estos hallazgos forman parte de una ofensiva más amplia que, según el INPE, busca intensificar la seguridad en los establecimientos penitenciarios y garantizar el principio de autoridad. Los objetos decomisados serán puestos a disposición de las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes.

Estrategia nacional

La intervención en Chiclayo es solo una muestra del alcance de la estrategia nacional del INPE. En menos de cuatro meses, la institución ha realizado más de dos mil requisas en los 68 establecimientos penitenciarios del país.

Desde el inicio del Estado de Emergencia el 21 de octubre del 2025, se han desplegado más de 350 operativos con la finalidad de combatir la criminalidad organizada y fortalecer la seguridad ciudadana.

Las cifras oficiales reportan la incautación de 79 teléfonos celulares, 173 accesorios asociados, más de 500 litros de alcohol fermentado, 428 armas punzocortantes y 2.699 gramos de droga solo en el periodo reciente.

Además, los controles reforzados en los accesos a los penales han permitido intervenir a más de 800 personas e incautar 227 celulares, 636 accesorios de telefonía y 2.433 gramos de droga en las puertas de los establecimientos penitenciarios.

El presidente del INPE, Iván Paredes Yataco, ha recalcado la determinación institucional en la lucha contra las extorsiones y delitos organizados en las cárceles.

“Estamos siendo implacables en la lucha contra la criminalidad. En tres meses de gestión, hemos realizado más de dos mil requisas en los penales del país. Hemos venido a trabajar y estamos haciendo lo que nunca antes se ha hecho en el INPE con normas y medidas más drásticas”, afirmó Paredes Yataco.

La intensificación de los operativos sorpresa y el fortalecimiento de los controles figuran como pilares para evitar que las cárceles se conviertan en centros de operaciones ilícitas.

Una riña entre dos grupos adversarios al interior del penal El Amate, ubicado en el municipio de Cintalapa, Chiapas, dejó como saldo 40 personas privadas de la libertad lesionadas, informaron fuentes oficiales. De acuerdo con los reportes, ninguno de los internos presentó heridas de gravedad que ameritaran su traslado a un hospital.

El enfrentamiento ocurrió durante la mañana del pasado miércoles, lo que obligó a las autoridades a desplegar un operativo de seguridad interinstitucional para controlar la situación y evitar que los disturbios se extendieran a otras áreas del centro penitenciario, catalogado como de mediana seguridad.

Según la información oficial, el conflicto se originó cuando un grupo de 16 reos intentó tomar el control del penal mediante extorsiones contra un grupo adversario, lo que generó inconformidad y derivó en el choque violento entre internos.

Operativo con Ejército y fuerzas estatales para retomar el control

Ante la riña, se activó un operativo con la participación de elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Estatal, la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) y la Guardia Estatal Preventiva, quienes ingresaron al penal para restablecer el orden y garantizar la seguridad tanto de los internos como del personal penitenciario.

Una funcionaria de la Secretaría de Seguridad Pública del Pueblo aseguró a reporteros que, tras la intervención de las fuerzas de seguridad, “las actividades se desarrollan conforme a los protocolos establecidos y la situación se mantiene en calma” dentro del centro penitenciario.

Luego de controlar los disturbios, soldados, policías y custodios realizaron rondines de vigilancia y supervisión en las distintas áreas del penal, con el objetivo de prevenir nuevos enfrentamientos y detectar posibles focos de riesgo.

Saldo de lesionados y vigilancia permanente

Del total de 40 internos lesionados, las autoridades precisaron que ninguno sufrió heridas de consideración, por lo que no fue necesario su traslado a hospitales. La atención médica se brindó al interior del penal, conforme a los protocolos establecidos.

El penal El Amate permanece sin mayores incidentes, aunque se mantiene un esquema de vigilancia reforzada para evitar nuevos intentos de desestabilización interna.

La policía del estado australiano de Nueva Gales del Sur, cuya capital es Sídney, trasladó este lunes al autor del ataque terrorista en la playa de Bondi desde un hospital, donde se recuperaba de varias heridas, hasta un centro penitenciario.

Equipos policiales de varios departamentos “han ayudado a los Servicios Correccionales de Nueva Gales del Sur con el traslado de un prisionero de 24 años de un hospital en North Shore (Sídney) a un centro penitenciario”, apunta la Policía en un breve comunicado, sin aportar más detalles.

Las autoridades han presentado 59 cargos contra el sospechoso, identificado como Naveed Akram, que engloban 15 por asesinato y uno por terrorismo, por el que se enfrenta a la condena máxima, de cadena perpetua.

El ataque se produjo sobre las 18:40 hora local (7:40 GMT) del 14 de diciembre, cuando dos hombres armados con rifles abrieron fuego contra una multitud congregada para celebrar un acto de la comunidad judía en un parque cercano a la famosa playa, una de las más concurridas y turísticas del país.

Catorce personas -incluido un asaltante identificado como Sajid Akram, padre de Naveed- murieron en el lugar de los hechos y otras dos, incluida una niña de 10 años y un hombre de 40, fallecieron posteriormente en el hospital.

Este lunes también se conoció que los asaltantes lanzaron contra la multitud cuatro artefactos explosivos de fabricación casera, que no llegaron a detonar, según una declaración policial preliminar compartida por un tribunal local y a la que tuvo acceso EFE.

A raíz del atentado, el Gobierno de Australia ha impulsado una serie de reformas encaminadas a reforzar el control de armas debido a que Sajid, de 50 años, contaba con una licencia legal a pesar de que su hijo Naveed había sido investigado por los Servicios de Inteligencia por sus supuestos vínculos con ideologías extremistas.

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, pidió hoy disculpas a la comunidad judía por el ataque, perpetrado durante la celebración de la festividad de Hanukkah y vinculado con la ideología del Estado Islámico.

“Siento el peso de la responsabilidad por una atrocidad que ocurrió mientras era primer ministro (...) Lamento lo que ha sufrido la comunidad judía y nuestra nación en su conjunto”, dijo Albanese en una rueda de prensa.

Sus disculpas se producen a raíz de las críticas que acusan a su Ejecutivo de no abordar de manera adecuada el aumento de los actos contra la comunidad judía, que representa el 0,4% de la población de más de 26 millones de habitantes.

Desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamás en octubre de 2023, el Gobierno australiano ha expresado su preocupación respecto a la división creada en la sociedad australiana a raíz de la guerra en Gaza.

(con información de EFE)

Con esa anotación, el Heracles lograba ponerse 2-1 ante el PSV como visitante en el Philips Stadion de Eindhoven. En el encuentro válido por la 16ª fecha de la Eredivisie, la primera división de Países Bajos, el Heracles logró nivelar dos veces el marcador del partido (una de ellas gracias a otra anotación de Hornkamp) pero tras la victoria 4-3 del PSV el foco quedó en ese penal que se pateó en el quinto minuto de descuento del primer tiempo.

Los propios jugadores comenzaron a debatir sobre el tema, más allá de que el juez principal Alex Bos no tuvo dudas en darlo por válido. En la Regla 14 de la IFAB se aclara que se deberá sancionar con amarilla si el encargado de ejecutar realiza una “finta para golpear el balón una vez que el pateador ha completado la carrera” aunque aclara que “se permite” el amague en la carrera.

La edición británica de ESPN se preguntó si es “legal” este movimiento del atacante neerlandés, aunque advirtieron que hay “cierto margen” en los reglamentos. Allí plantearon que “los jugadores pueden detenerse, titubear, hacer una pausa o realizar movimientos engañosos siempre que mantengan el impulso hacia adelante hacia el balón”, pero no pueden “fingir que van a lanzar el balón” una vez que “completó la carrera” rumbo a la ejecución.

Apenas terminó el partido, las cámaras de la edición neeerlandesa de ESPN fueron en busca del futbolista, quien demostró conocer en detalle las reglas y avisó: “Hice un pequeño salto muy tranquilo, lo que hizo que el portero se lanzara hacia la esquina. Después pude marcar con toda tranquilidad. Ya lo había hecho varias veces en los entrenamientos. Como retraso tanto el salto, el portero probablemente piensa que voy a disparar y se lanza. Así solo hay que colocarlo tranquilamente en la otra esquina. Conozco las reglas, me mantuve en movimiento. Creo que fue un buen penal. Tampoco hice ningún amague al disparar. Solo un salto en la carrera”.

Lo cierto es que el atacante de 27 años reconoció que lo había “practicado mucho” previamente y advirtió: “Estaba esperando un penalti para poder ejecutarlo”.

El accionar despertó un cierto desconcierto apenas sucedió, con una leve protesta de dos jugadores del PSV y con el arquero suplente de ese equipo, Nick Olij, acercándose a debatir con Hornkamp sobre el tema. “Nick se acercó a mí y me preguntó: ‘¿Qué tipo de penal es este?’. Yo sólo le dije: ‘Un pequeño salto, y listo’. ¿Si puedo hacerlo más seguido? Ya veremos", aseguró.

Jizz Hornkamp es un delantero que inició su camino como profesional en 2018 con la camiseta del Heerenveen. Tras pasar por Den Bosch y Willem II en su país, desembarcó en el Heracles hace dos temporadas tras el ascenso de ese club a la máxima categoría. En este calendario 2025/26 que está en marcha en las ligas europeas, ya sumó 11 goles y brindó una asistencia en 15 presentaciones: es el tercer máximo artillero de la Eredivisie detrás del japonés del Feyenoord Ayase Ueda (18 goles) y del neerlandés del PSV Guus Til (11). Aunque con un detalle: PSV y Feyenoord están primero y segundo, respectivamente, mientras que el Heracles debería jugar una Promoción para permanecer en la categoría si el torneo terminara hoy.

La rutina de control en los establecimientos penitenciarios suele transcurrir sin sobresaltos visibles, aunque cada revisión encierra la posibilidad de un hallazgo que altere el curso del día. En el penal de Varones de Arequipa, la vigilancia permanente marca el ritmo de ingreso de personas y paquetes, bajo procedimientos diseñados para impedir la entrada de objetos prohibidos.

Durante una jornada de visitas, la atención del personal de seguridad se centró en una bolsa con artículos de aseo personal. El control minucioso, aplicado como parte de las normas internas, permitió detectar irregularidades en un envase que, a simple vista, no levantaba sospechas. La escena se desarrolló en la puerta principal, punto clave de filtrado de todo lo que ingresa al recinto.

El episodio se inscribe en un contexto de alertas constantes dentro del sistema penitenciario. Las autoridades buscan reforzar los controles ante intentos reiterados de vulnerar la seguridad, una tarea que involucra tanto a agentes del Instituto Nacional Penitenciario como a otras entidades del Estado.

Hallazgo durante la revisión de paquetes

Agentes de seguridad del penal de Varones Arequipa detectaron droga camuflada en un envase de pasta dental durante la revisión de una bolsa con artículos de higiene. El paquete lo portaba el ciudadano Brai Shanon Quispe Arredondo, quien acudió al establecimiento en el día de ingreso de encomiendas.

La sustancia prohibida se encontraba acondicionada en “5 bolsitas rectangulares de plástico al interior del envase de una conocida marca”, según el reporte institucional. El procedimiento se activó de inmediato tras el hallazgo, con el aislamiento del objeto y la comunicación a las instancias correspondientes.

El paquete tenía como destinatario al interno Andrés Jimy Miranda Terrazas, recluido en el pabellón 1-2 del penal. El registro penitenciario consigna que el recluso cumple condena por el delito de “actos contra el pudor”, información que forma parte de los antecedentes vinculados al caso.

Intervención fiscal y balance de incautaciones

Conforme a los protocolos de seguridad, las autoridades dieron aviso al Ministerio Público y a la División Antidrogas de la Policía Nacional. Ambas entidades acudieron para el levantamiento de actas y la toma de prueba de campo a la sustancia incautada, pasos necesarios dentro de una intervención de esta naturaleza.

El Instituto Nacional Penitenciario informó que, en lo que va del año, el personal frustró el ingreso de “253 celulares, 3,905 gramos de droga” y realizó la intervención de “912 personas”. Estas cifras reflejan la magnitud de los intentos por introducir elementos ilegales en los centros de reclusión.

La institución recordó a los visitantes que el ingreso de objetos o sustancias prohibidas se sanciona con penas que van “desde 2 a 20 años de pena privativa de la libertad, según el Código Penal”. Este mensaje forma parte de una estrategia preventiva dirigida a quienes acuden a los penales.

Para reforzar estas acciones, el presidente del Inpe, Iván Paredes Yataco, impulsa la política institucional denominada “No juegues con tu libertad”, orientada a intensificar la seguridad de las visitas y a disuadir conductas que vulneren el control en los establecimientos penitenciarios del país.

Recordatorio de las normas

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) reiteró que el ingreso de celulares, accesorios y drogas a los establecimientos está terminantemente prohibido. La institución subrayó que quienes intentan vulnerar las normas exponen su libertad con penas severas, además de afectar la seguridad interna de los penales.

“El INPE recuerda que estos actos no solo vulneran la ley, sino que generan un riesgo para la seguridad del establecimiento. La sanción puede alcanzar hasta 20 años de privación de libertad”, indicó la entidad en un comunicado.

En el penal de Arequipa, una intervención rutinaria abrió un nuevo capítulo en las inspecciones internas. El movimiento en los pasillos del pabellón 4 se mantuvo constante desde primeras horas, con el personal de seguridad atento a cada zona común. En medio de ese recorrido, una revisión inopinada permitió detectar elementos que no debían permanecer dentro del establecimiento.

La alerta surgió en cuestión de minutos. Agentes penitenciarios encontraron cuatro dispositivos móviles y un cable con entrada USB en un punto del área común. El hallazgo sorprendió a los responsables de la seguridad interna, que dieron aviso inmediato a las autoridades externas. El procedimiento se ejecutó sin contratiempos, bajo protocolos ya establecidos.

De forma paralela, se notificó a la Fiscalía de Turno de Paucarpata y a la comisaría de Socabaya. Ambas instituciones recibieron la información correspondiente para continuar con las diligencias, tal como exige la normativa vigente dentro del sistema penitenciario. La coordinación buscó asegurar que cada elemento incautado quede registrado bajo control judicial.

La intervención respondió a una disposición expresa del director del penal, Rolando Cárdenas Campos. El equipo lo integraron el jefe de seguridad, Henry Sonco Castro, y el alcaide de servicio, Luis Medina Torres, quienes supervisaron cada paso del operativo.

Revisión interna y alerta inmediata

Según los reportes entregados por los responsables del recinto, el personal inspeccionó “los pisos de las áreas comunes” cuando encontró los objetos. La comunicación externa se realizó de inmediato, debido a que la presencia de dispositivos electrónicos implica un riesgo dentro de la dinámica carcelaria.

El equipo de seguridad informó que se mantienen acciones estrictas dentro del penal. De acuerdo con la información compartida desde el establecimiento, se busca “extremar las revisiones y rondas de vigilancia en los pabellones, a fin de frenar cualquier acto ilícito que pudiera estar gestándose”.

Incautaciones acumuladas en el 2025

La Dirección de Seguridad Penitenciaria del INPE registró cifras significativas desde enero del 2025. Según su reporte oficial, se incautaron “un total de 697 celulares”. De ese conjunto, “674 fueron decomisados en operativos y requisas; y solo 23 fueron incautados a visitantes en puerta principal”.

Los números describen la dimensión del problema dentro de los penales, donde los equipos electrónicos continúan ingresando por vías diversas. Cada intervención busca reducir ese flujo y reforzar el control institucional.

55 chips en un reloj

En noviembre, los agentes del Instituto Nacional Penitenciario revisaron aún docente del Centro de Educación Técnico Productivaque ingresó al establecimiento para cumplir funciones programadas. La verificación corporal, que forma parte de los protocolos internos, reveló un indicio inusual que encendió las alertas del personal.

Uno de los relojes que el visitante llevaba presentó señales inusuales al ser manipulado. El equipo de seguridad decidió abrir el dispositivo para descartar cualquier irregularidad y, en cuestión de segundos, confirmó la sospecha inicial. Dentro del objeto aparecieron múltiples chips de telefonía, lo que marcó el inicio de un procedimiento formal que involucró a las autoridades externas competentes.

El intervenido fue identificado como Rubén Víctor Reynoso Gonzales. La situación motivó una acción coordinada con el Ministerio Público y la Policía Nacional, tal como establecen las normas del sistema penitenciario para este tipo de hallazgos. Tras el aviso oficial, se levantaron las actas correspondientes y se procedió con la incautación del material prohibido.

El titular del Ministerio de Justicia (Minjus), Walter Martínez Laura, encabezó un operativo extraordinario en el penal de Trujillo, en el centro poblado El Milagro, iniciando así una etapa de intervención ininterrumpida en las cárceles del país.

El funcionario explicó que este tipo de requisas en cárceles se ejecutarán de manera permanente y articulada, en colaboración con las Fuerzas Armadas (FF. AA.), la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), para restaurar el principio de autoridad en estos recintos.

A diferencia de acciones pasadas, Martínez Laura subrayó que la participación coordinada de las instituciones de seguridad representa el principal cambio. 

“Los operativos que estamos haciendo, estas requisas extraordinarias, a diferencia de la que se hacían en anteriores gestiones, lo estamos haciendo de manera articulada”, resaltó.

Esta intervención, puntualizó el ministro, marca el inicio de una estrategia enfocada en evitar el ingreso y la circulación de drogas, armas y dispositivos no autorizados en los penales.

Durante el operativo en la capital de la región La Libertad, las fuerzas desplegadas actuaron en cuatro de los quince pabellones que componen el penal El Milagro.

Se incautaron 15 paquetes de sustancias ilícitas, armas blancas, teléfonos móviles y aparatos eléctricos, además de libretas con anotaciones asociadas a conductas delictivas, conforme detalló Martínez Laura a Tv Perú.

Estas acciones configuran el comienzo de un ciclo que contempla revisiones en el resto de los pabellones y otros centros penitenciarios del país en los días subsiguientes.

Capacidad superada y el plan de choque en El Milagro

El penal El Milagro enfrenta el reto de la sobrepoblación: diseñado para 1.500 internos, aloja actualmente a más de 6.300 personas privadas de libertad.

Este dato, destacado por Martínez Laura, ilustra la magnitud del desafío que enfrenta el sistema penitenciario peruano. En la acción reciente, más de 100 efectivos del Ejército Peruano -integrantes de la 32ª Brigada de Infantería-, 150 agentes policiales y 70 funcionarios del INPE participaron en la requisa.

El ministro de Defensa, César Díaz Peche, participó en la operativa y confirmó que la presencia militar y policial se mantendrá durante los próximos tres días, sin interrupción en este establecimiento.

Anunció además que esta dinámica continuará en toda la infraestructura penitenciaria nacional, ejecutando controles integrales para detectar materiales ilícitos y desarticular posibles redes criminales en el interior.

Desde el Gobierno Nacional, la consigna es clara: la seguridad y el orden en las cárceles forman parte de una lucha estructurada contra la criminalidad organizada.

En palabras recogidas por Tv Perú, Martínez Laura puntualizó: “No es que solo vengamos hoy día y después nos olvidamos del penal, sino que vamos a estar permanente y constantemente haciendo estas requisas a fin de evitar que sigan ingresando estos objetos y sustancias prohibidas de procedencia ilícita”.

Como una analogía, el ministro comparó el plan con un barrido sistemático, donde se aborda cada pabellón de forma secuencial, con controles sorpresivos y sin lapsos prolongados de inactividad. La estrategia apuesta a la vigilancia sostenida para disuadir a las mafias que operan en el entorno carcelario y limitar capacidades logísticas para delinquir desde el encierro.

La Secretaría de Seguridad Pública de Puebla (SSC Puebla) informó que se llevó a cabo la detención de un custodio cuando intentaba ingresar paquetes con presunta droga al Centro Penitenciario de Tepexi de Rodríguez, además, se reportó que una custodia también había sido detenida en la capital del estado por hechos similares.

El anuncio de las detenciones fueron realizadas mediante un comunicado de la institución, donde resalta que fue un hombre y una mujer los detenidos tras descubrirse su intento de introducir objetos no permitidos en los centros penitenciarios de Puebla y Tepexi de Rodríguez.

Las acciones, según autoridades, surgen a partir de la intensificación de los controles internos, resultado de la política de cero tolerancia a la corrupción que la institución impulsa en los recintos penitenciarios.

Esta política, impulsada por el gobierno del estado, ha sido destacada en varias ocasiones por el gobernador Alejandro Armenta.

La dependencia enfatizó que estos operativos internos buscan erradicar prácticas contrarias a la legalidad y garantizar la transparencia al interior de los centros de reclusión.

Sobre estos hechos, destacó el caso de Constantino “N”, custodio del Centro Penitenciario de Tepexi de Rodríguez que fue sorprendido cuando, durante una revisión, se le encontró posible droga escondida entre sus objetos personales.

En otros hechos, autoridades informaron que durante las labores de supervisión implementadas en el Centro Penitenciario de Puebla, autoridades de la SSP detuvo a Sandra “N”, quien fungía como custodia, debido a que intentó introducir una serie de objetos prohibidos. Entre los artículos asegurados se encuentran prendas de vestir, accesorios para equipos telefónicos y sustancias de las cuales no se tienen detalles por parte de las autoridades.

El reporte oficial reveló que el avance de las investigaciones dentro de la institución se ha acompañado de la apertura de procesos legales internos, a la par que se han formalizado las carpetas de investigación correspondientes ante la Fiscalía General del Estado de Puebla.

El Gobierno del Estado de Puebla, a través de declaraciones oficiales, afirmó que se están implementando acciones para asegurar que los centros penitenciarios operen bajo un estricto respeto a la ley y a los derechos humanos.

Las autoridades señalaron que estas medidas buscan fortalecer la legalidad en el sistema penitenciario. Asimismo, destacaron la importancia de vigilar el cumplimiento de la normatividad en todos los procesos internos de los centros penitenciarios, así como de promover la capacitación del personal para asegurar un trato respetuoso y apegado a los principios de derechos humanos.

El alcalde de San Juan de Lurigancho (SJL), Jesús Maldonado, presentó una propuesta para entregar la administración de pabellones de alta seguridad a empresas privadas en los penales de Lima y Callao.

El planteamiento surge como respuesta al estado de emergencia decretado por el presidente José Jerí en la capital peruana y su zona portuaria, medida acompañada por acciones como el patrullaje militar y operativos en penales para frenar las comunicaciones ilícitas.

Maldonado explicó que la gestión privada ha mostrado mayor eficacia que la pública en varios campos, como sucede con los servicios de recaudación municipal, por lo que considera viable replicar ese modelo en las áreas penitenciarias de máxima peligrosidad.

Según sus declaraciones a Exitosa Noticias, “hay cosas que se hacen muy bien en lo privado que en lo público es casi imposible”. La idea es que estos pabellones, donde se concentra la población de alto riesgo, pasen bajo la dirección de empresas con experiencia en seguridad, tecnología y control, garantizando el aislamiento de los internos respecto a organizaciones delictivas externas.

Maldonado compartió la propuesta directamente con el mandatario José Jerí durante la jornada inicial del estado de emergencia, en medio de un operativo realizado en el penal de Lurigancho.

El alcalde destacó que la actual declaratoria permite colaboración inédita entre serenos distritales y fuerzas armadas en patrullajes conjuntos, un avance que no se contemplaba en anteriores estados de emergencia.

Medidas complementarias

Además del control privado, el alcalde sugirió sanciones severas para las empresas telefónicas responsables de la distribución indiscriminada de chips telefónicos, herramienta esencial en el esquema de extorsiones y delitos cometidos desde las cárceles.

Según Maldonado, la venta de tarjetas SIM sin control suficiente facilita que los internos puedan mantenerse en circulación criminal, incluso tras las rejas.

“El instrumento más eficiente para las extorsiones son las llamadas telefónicas”, remarcó el burgomaestre, instando a que la penalización recaiga exclusivamente en las compañías si no pueden identificar el destino y uso de sus chips.

Paralelamente, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez, anunció un barrido integral de antenas telefónicas en los alrededores de las cárceles, otra medida orientada a cortar la comunicación ilícita.

El Ejército custodiará las cercanías de los centros penitenciarios mientras se desinstalan antenas localizadas dentro de un radio de 200 metros, donde su instalación está prohibida.

Fundamental en este contexto es el bloque electrónico aplicado dentro de los penales: solo se permitirá energía para iluminación mínima y conservación de alimentos, dejando las zonas de internos sin acceso a carga de dispositivos.

Por su parte, los recientes operativos en los penales de Lurigancho y Ancón I revelaron la persistencia del problema, con intervención de más de cien agentes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público.

Durante las pesquisas, se incautaron manuscritos, chips, celulares satelitales, armas blancas y sustancias prohibidas, evidenciando la magnitud del desafío.

El Ejecutivo afirmó que continuará con operativos, evaluación del personal y reformas en los protocolos de seguridad para transformar los penales de la capital en espacios controlados.

El titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), Walter Martínez Laura, reafirmó una postura de tolerancia cero contra la corrupción en el sistema penitenciario.

Martínez aseguró que el ministerio actuará con firmeza y rapidez para separar del cargo a los funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) implicados en hechos ilícitos, así como para imponer sanciones estrictas a los internos que infrinjan las normas vigentes.

El titular precisó que los responsables serán derivados a pabellones de régimen cerrado y máxima seguridad, como parte de un conjunto de acciones destinadas a recuperar el control en dichos espacios.

El contexto de hacinamiento presenta un desafío adicional: los establecimientos penitenciarios, con una capacidad para unos 45.000 a 48.000 internos, albergan actualmente a más de 100.000 personas privadas de libertad.

Esta sobrepoblación implica dificultades para la clasificación adecuada de internos, además de propiciar escenarios fértiles para la corrupción y actividades ilícitas internas.

Martínez informó sobre la realización de operativos de control en penales emblemáticos como Lurigancho, Castro Castro, Chimbote, Cambio Puente y Aucallama en Huaral.

Las intervenciones recientes permitieron la incautación de objetos prohibidos, tales como armas punzocortantes, radios hechizas, artefactos electrónicos, parlantes, válvulas de gas y bebidas alcohólicas artesanales producidas por los internos.

Según explicó el ministro, el objetivo es eliminar las facilidades con las que las bandas operan desde los penales y desarticular posibles redes criminales que influyen en la seguridad fuera de las cárceles.

Estos operativos forman parte de un paquete de medidas que se implementarán progresivamente en los 69 establecimientos penitenciarios del país. Entre ellas destaca la creación de pabellones de máxima seguridad dentro de los mismos penales, orientados principalmente a internos considerados de alta peligrosidad y dedicados a la extorsión.

Estos espacios tendrán restricciones de acceso, visitas y beneficios, para limitar el contacto con el exterior y cortar la estructura operativa de las bandas delictivas.

Revisión de beneficios penitenciarios

El ministro Martínez Laura puso énfasis en la transparencia y rigurosidad en el otorgamiento de beneficios penitenciarios. Explicó que no se trata de medidas automáticas, sino que cada beneficio debe cumplir estrictos requisitos, como la revisión del comportamiento, estudios, trabajo realizado al interior de la prisión y una adecuada resocialización.

Además, aclaró que los condenados por delitos graves y de alta peligrosidad no podrán acceder a reducciones de pena ni a libertades anticipadas, debiendo cumplir la totalidad de su condena sin excepción.

Dentro del diagnóstico realizado por el sector, se incluyen medidas para optimizar la distribución de internos conforme al nivel de peligrosidad, fortalecer los controles en visitas y sancionar con rigor los actos de corrupción o facilitación de ingreso de sustancias y objetos prohibidos.

Walter Martínez lideró personalmente un operativo de requisa en el penal de Aucallama, provincia de Huaral, acompañado de especialistas del INPE. El procedimiento se enfocó en la prevención, el refuerzo de la seguridad interna y el combate al crimen organizado desde el propio sistema penitenciario.

Más de 300 agentes penitenciarios participaron en el operativo, que se desarrolló durante la madrugada del lunes. La acción busca interrumpir las comunicaciones ilegales dentro de los establecimientos penitenciarios y reforzar la seguridad interna. Estas medidas forman parte de la estrategia impulsada por el Ejecutivo para recuperar el control de los penales y reducir el poder de las redes delictivas que operan desde prisión.

El presidente del INPE admite fallas en los bloqueadores

En declaraciones a Latina Noticias, Iván Paredes Yataco reconoció que los equipos que deberían bloquear las señales de los teléfonos celulares se encuentran desfasados. “Los internos cuentan con dispositivos de alta tecnología, superiores a los nuestros. Ese convenio fue firmado hace muchos años y la tecnología no se ha renovado”, afirmó.

El funcionario explicó que los bloqueadores de señal instalados en los penales no logran impedir la comunicación de los reclusos con el exterior. Esta situación —dijo— ha permitido que las redes criminales sigan operando desde los establecimientos penitenciarios, pese a los esfuerzos de control.

Internos mantienen comunicación con el exterior

Paredes Yataco informó que, en operativos previos, como los realizados en los penales de Ancón I, Lurigancho, El Milagro (Trujillo) y Challapalca (Tacna), se hallaron decenas de celulares, chips, memorias USB y pequeñas cantidades de droga en poder de los internos. “En Ancón I se incautaron 18 celulares que eran usados para extorsionar. En Challapalca se encontraron entre uno y dos equipos más”, precisó el presidente del INPE.

El funcionario sostuvo que estas intervenciones confirman la presencia de organizaciones criminales dentro de los penales. Aseguró que el propósito de los operativos es interrumpir las comunicaciones ilícitas y frenar las redes de extorsión que siguen afectando a empresarios, comerciantes y ciudadanos en distintas regiones del país.

Fuentes del INPE explican causas estructurales del problema

En declaraciones a Latina Noticias, el presidente del INPE, Iván Paredes Yataco, explicó que es necesario suscribir un nuevo contrato con otra empresa, ya que la actual no brinda el servicio adecuado y utiliza tecnología desactualizada. Según las fuentes del INPE consultadas por Infobae Perú, esta situación ha generado la necesidad de buscar una solución que permita un control más efectivo de las comunicaciones dentro de los penales.

Además, añadieron que el INPE está evaluando nuevos mecanismos tecnológicos que permitan garantizar un bloqueo total de señal y evitar que los internos continúen usando teléfonos o internet para coordinar delitos. El objetivo de estas acciones es reforzar el control institucional y limitar los riesgos derivados de la comunicación ilícita desde las cárceles.

El presidente José Jerí Oré se retiró del penal Miguel Castro Castro sin ofrecer declaraciones a la prensa, mientras crece la expectativa por la designación del gabinete que lo acompañará en su gobierno de transición. Los operativos liderados por el Ejecutivo y el INPE buscan reforzar la presencia del Estado en los penales y mostrar resultados concretos frente al avance del crimen organizado.

El equipo de Toluca comandado por Antonio “Turco” Mohamed sigue encendido y derrotó de manera contundente a los Rayados de Monterrey 6 goles por 2 en el Estadio Nemesio Diez en lo que fue un duelo correspondiente a la jornada 10 del Apertura 2025.

Las anotaciones por parte del conjunto local fueron realizadas por Jesús Angulo, João Paulo Dias (3) y Nicolás Federico (2), mientras que por la “Pandilla” descontó Germán Berterame y Óliver Torres.

Sin embargo, cabe señalar que las reacciones después de este encuentro no solamente estuvieron protagonizadas por el buen momento que viven los Diablos Rojos, sino también por el penal que falló Sergio Ramos.

“Turco” Mohamed predice cómo iba a cobrar el penal Sergio Ramos y celebra

Durante el minuto 19, cuando Sergio Ramos tuvo la oportunidad de aumentar la ventaja a su equipo, que en ese momento iba ganando 1-0. El defensa español fue el encargado de cobrar un penalti desde los once pasos y terminó fallando luego de que le disparara a la pelota al estilo “Panenka”.

Sin embargo, esta jugada cobró mayor relevancia debido a la intervención de Antonio Mohamed, quien tuvo un rol clave para neutralizar el disparo de Ramos. El reconocido entrenador llamó a Jesús Anguloy le indicó que transmitiera una instrucción precisa a Hugo González, el arquero local.

Al final, el guardameta mexicano que obedeció a la sugerencia de su técnico, se mantuvo inmóvil en el centro del arco durante la ejecución del penal y logró atajar el remate de Ramos, frustrando así el segundo tanto de Rayados.

El traspié de Sergio Ramos destaca como uno de sus momentos más complicados desde su arribo al fútbol mexicano. A pesar de su experiencia internacional y el prestigio de haber sido campeón del mundo, el defensor español no logró concretar una acción que pudo definir el encuentro en favor de los de Monterrey.

Toluca y Mohamed en busca del bicampeonato

Luego de la contundente victoria por 6-2 ante Rayados, el equipo bajo la dirección de Antonio Mohamed alcanzó los 22 puntos, lo que le permitió ubicarse, de forma momentánea, en la segunda posición de la tabla general del torneo Apertura 2025. El siguiente desafío para el conjunto mexiquense será el sábado próximo, recibiendo a los Cañoneros de Mazatlán en su estadio.

Actualmente, Toluca presenta una de las plantillas más completas del fútbol mexicano y muestra un rendimiento colectivo sólido. Con el impulso de estos resultados, el club se perfila como uno de los principales candidatos al título. El objetivo inmediato del cuadro “Choricero” es lograr el bicampeonato, ampliando así su historial de éxitos en el fútbol nacional.

Una visita con fines familiares terminó convertida en un intento de delito en el penal de varones de Socabaya, en Arequipa. Personal de seguridad del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) intervino a Jennifer Apaza Mantilla, quien pretendía ingresar 148 chips de telefonía, tres celulares y cigarrillos escondidos en sus partes íntimas mientras acudía a ver a su cónyuge, identificado como Jesús David Quispe.

El hecho ocurrió durante el último fin de semana y fue detectado gracias a los controles de rutina que se realizan en el establecimiento penitenciario. De inmediato, se dio aviso al Ministerio Público y a la Policía Nacional del Perú (PNP), que realizaron las actas correspondientes e iniciaron las diligencias de ley para determinar responsabilidades. El caso quedó en manos de las autoridades judiciales, ya que este tipo de conductas están tipificadas en el artículo 368-A del Código Penal.

Dos mujeres intervenidas en Arequipa por ingreso de objetos prohibidos al penal

El INPE informó que esta no fue la única intervención. En una segunda revisión, agentes penitenciarios descubrieron que otra visitante, identificada como Clarisa Mercedes Pacheco García, portaba un dispositivo USB entre sus pertenencias, el cual también fue decomisado antes de que lograra ingresar al recinto carcelario.

La institución recordó que el ingreso de objetos y sustancias prohibidas a los penales constituye un delito sancionado con penas de 4 a 6 años de prisión. En situaciones más graves, como el intento de ingresar armas, municiones o explosivos, las condenas pueden llegar hasta los 15 años de cárcel, según la normativa vigente.

El presidente del INPE, Iván Paredes Yataco, señaló que los agentes penitenciarios mantienen controles estrictos en los accesos y que estas acciones forman parte de la política institucional para reforzar la seguridad en los establecimientos penitenciarios del país. La detección de celulares, chips, memorias USB y otros artículos ilícitos busca evitar que estos objetos alteren el orden interno y sean utilizados en actividades delictivas desde el interior de los penales.

Celulares en penales: un problema que golpea a Arequipa y otras regiones del Perú

El reciente intento frustrado en el penal de varones de Socabaya, en Arequipa, es solo una muestra de un problema que se repite en diferentes cárceles del país. No se trata de un hecho aislado: en varias regiones se han registrado casos en los que visitantes, familiares o cómplices intentan introducir celulares, chips y cargadores utilizando todo tipo de métodos, desde escondites en partes íntimas hasta lanzamientos desde el exterior, drones e incluso encomiendas adulteradas.

Las autoridades saben que detrás de estos intentos hay algo más que simples visitas con objetos prohibidos. Gran parte de las extorsiones telefónicas en el Perú se originan en los penales, donde internos, en complicidad con redes criminales, buscan mantener comunicación con el exterior para seguir operando. Pese a la instalación de bloqueadores de señal y el incremento de operativos, los delincuentes no dejan de ingeniárselas para vulnerar la seguridad.

Tener un celular dentro de un penal no es un lujo para los internos, sino una herramienta clave para las mafias. Desde Arequipa y otras cárceles del país se han registrado llamadas extorsivas que atemorizan a comerciantes, empresarios y ciudadanos comunes, quienes reciben amenazas para que realicen depósitos de dinero bajo presión.

Por eso, expertos en seguridad recomiendan a la población no responder llamadas de números desconocidos y, en caso de recibir mensajes extorsivos, denunciar de inmediato a la Policía Nacional. A la par, insisten en que se debe seguir modernizando la infraestructura penitenciaria, con bloqueadores de última generación que eviten que los internos mantengan comunicación ilegal desde sus celdas.

El caso de Socabaya vuelve a poner en evidencia los desafíos del sistema penitenciario. Mientras las bandas criminales busquen mantener el control desde dentro, el INPE y la Policía tendrán que redoblar esfuerzos en revisiones, filtros y tecnología que permitan cerrarles el paso. El decomiso de 148 chips y tres celulares en Arequipa refleja, por un lado, la eficacia de los agentes que lograron impedir su ingreso, pero también la presión constante que enfrenta el Estado frente a la delincuencia organizada y las extorsiones que afectan a miles de peruanos.

La Fiscalía General del Estado de Nayarit confirmó el fallecimiento de tres personas privadas de la libertad tras una riña al interior del Centro de Reinserción Social “Venustiano Carranza” en Tepic, en un hecho ocurrido la mañana del 10 de septiembre de 2025.

De acuerdo con el comunicado oficial de la institución, las víctimas fueron identificadas como Everardo “N”, Lucio “N” y Sergio “N”.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) reportó que tras el altercado se desplegó un dispositivo de elementos de la Policía Estatal y fuerzas federales, lo que permitió recuperar el control dentro del reclusorio.

Cómo ocurrieron los hechos

La fiscalía detalló que la intervención de las autoridades facilitó el restablecimiento del orden en el penal después del ataque y señaló que se iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer las causas y circunstancias de la riña.

El Diario Oficial de la Federación señaló la importancia de la coordinación entre instituciones estatales y federales en este tipo de situaciones carcelarias. El comunicado recomendó a la ciudadanía buscar información oficial exclusivamente a través de los canales institucionales de la Fiscalía General del Estado.

De acuerdo con la autoridad estatal, cualquier actualización sobre la investigación relativa al caso del Centro de Reinserción Social “Venustiano Carranza” será proporcionada de manera oportuna por medios oficiales.

Según fuentes locales, de manera extraoficial se informó que dos de los fallecidos eran ex elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía de Nayarit y se encontraban recluidos en el penal.

Además, puntualizaron que el enfrentamiento, ocurrió desde las primeras horas del 10 de septiembre. A pesar de que no hay heridos reportados, la situación generó alerta entre los familiares de internos, quienes se manifestaron afuera del penal para que se les diera información respecto a sus parientes.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana aseguró que luego de contener la agresión, la seguridad en el penal está garantizada y calificaron los hechos como un hecho aislado pero como medida preventiva, suspendieron las visitas de este día miércoles y aseguraron que se restablecerán el día de mañana jueves 11 de septiembre.

Otro enfrentamiento reciente

Los hechos registrados no son un caso aislado, pues recientemente, en el Estado de México, durante la tarde del 28 de julio de 2025, el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Chalco registró una riña entre internos que desencadenó protestas familiares en el exterior del penal.

A pesar de los rumores sobre un amotinamiento, las autoridades estatales negaron esa versión y confirmaron que se trató solamente de un enfrentamiento, cuya magnitud no fue detallada.

Decenas de personas acudieron rápidamente a las afueras del penal, ubicado en la comunidad de Huitzilzingo, para exigir información sobre el estado de los internos. Los manifestantes bloquearon por momentos la carretera Chalco-Mixquic y la tensión creció ante la ausencia de informes oficiales sobre posibles víctimas o lesionados.

En medio de la incertidumbre, algunos familiares pintaron consignas en los muros y arrojaron piedras contra una de las puertas de acceso. Elementos de la policía respondieron dispersando a los manifestantes con gases lacrimógenos, según imágenes compartidas en redes sociales.

Los inconformes demandaron la renuncia del director del Centro Penitenciario ante la falta de información sobre sus familiares. Hasta el cierre de este reporte, ni la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) ni la dirección del penal han emitido un comunicado oficial que aclare el saldo de la riña, los presuntos motivos ni las acciones implementadas para restablecer el orden.

Algunas versiones apuntaron a la existencia de una persona herida, aunque ese dato no ha sido confirmado ni desmentido por las autoridades.

La propuesta del Gobierno de construir un penal de máxima seguridad en la isla El Frontón, ubicada frente al Callao, abrió una discusión en el ámbito político y judicial.

La presidenta Dina Boluarte visitó el terreno el pasado 31 de agosto junto a ministros y técnicos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), donde escuchó la exposición de los plazos proyectados para levantar la nueva infraestructura.

Durante la inspección, especialistas explicaron que en un lapso de cuatro meses se ejecutarían las demoliciones totales y la nivelación del terreno. Posteriormente, en enero del próximo año, se iniciaría la obra.

Según los planes, la colocación de la primera piedra está programada para mayo de 2026, con avances sustanciales en julio del mismo año.

La mandataria afirmó que el penal de alta seguridad tendrá capacidad para 2.000 internos considerados de alta peligrosidad y se construirá en un área de 57.000 metros cuadrados, con una inversión aproximada de 500 millones de soles.

Boluarte adelantó que el 3 de septiembre se firmaría un convenio entre los ministerios de Justicia, Defensa y Vivienda, con el objetivo de acortar tiempos y asegurar la viabilidad del proyecto.

“Se trabajará con apoyo de las Fuerzas Armadas para garantizar que el penal esté concluido en el plazo establecido”, anunció la presidenta.

El plan generó cuestionamientos inmediatos. El exjefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Javier Llaque, señaló que la reapertura tendría costos logísticos y financieros elevados: “Con cinco mil millones de soles se podrían construir diez penales de 500 millones de soles cada uno, con capacidad para cuatro mil internos en total”, declaró.

Ministerio Público pide retirar su voto

El 2 de septiembre, el Consejo Nacional de Política Criminal (Conapoc), liderado por el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, aprobó de manera unánime la viabilidad del nuevo penal. Sin embargo, una semana después, el Ministerio Público comunicó oficialmente que retira su voto favorable.

La decisión fue sustentada por el fiscal superior Marcial Paucar Chappa, quien suscribió el pedido: “Solicito formalmente el retiro de nuestro voto en el extremo del acuerdo que declara la viabilidad de la construcción del establecimiento penitenciario ‘El Frontón’ para jefes y cabecillas de organizaciones criminales violentas”.

El documento precisa que no se entregó un informe técnico detallado sobre la infraestructura ni sobre las condiciones destinadas a albergar a reos de alto rango en el crimen organizado. Asimismo, recuerda que el actual premier, Eduardo Arana Ysa, cuando fue titular de Justicia, opinó que no era viable levantar un penal en la isla.

La solicitud también menciona el pedido del doctor Germán Small Arana, quien requirió un análisis técnico antes de adoptar cualquier decisión. La ausencia de este informe fue uno de los principales argumentos para fundamentar la rectificación.

En ese marco, el Ministerio Público hizo oficial su posición: el retiro de su voto busca dejar constancia de que no existe consenso sobre la viabilidad del penal El Frontón, pese a la aprobación inicial en el Conapoc.

América abrió el marcador en su visita al Atlas la noche de este domingo, luego de un penal convertido por el uruguayo Brian Rodríguez en el primer tiempo, resultado de una jugada que ha vuelto a colocar al árbitro Marco Antonio “Gato” Ortiz bajo el escrutinio de seguidores y analistas del fútbol mexicano.

La acción, ocurrida al minuto 18, se generó cuando el lateral colombiano Cristian Borja avanzó por la banda izquierda, ingresó al área rojinegra y fue derribado en una jugada en la que el esférico pegó en la mano de Diego González. El silbante señaló inmediatamente la pena máxima y mostró tarjeta amarilla al infractor.

El hecho permitió a las Águilas ponerse en ventaja en el Estadio Jalisco, aunque pronto se haría evidente un dato estadístico que ha generado debate en torno a la figura del árbitro central y su desempeño en partidos recientes del equipo azulcrema.

El desarrollo del partido no se limitó a la situación del penal. Aunque América tomó la ventaja inicial, Atlas revirtió el marcador con tantos marcados por Gustavo del Prete y el propio Diego González, quien había sido amonestado por la infracción anterior. El equipo rojinegro celebró momentáneamente un tercer gol, obra de Uros Durdevic, pero la jugada se invalidó de inmediato por posición adelantada.

La estadística no implica errores arbitrales ni la concesión indebida de tiros penales, sino la coincidencia reiterada de circunstancias en el área rival que terminan con el silbante marcando la pena máxima. En la mayoría de los casos, la evaluación arbitral indica decisiones acertadas de Ortiz Nava, aunque la polémica se mantiene, alimentada por la sensibilidad del tema en partidos con una rivalidad latente o en partidos clasificatorios.

¿Qué equipos han sido afectados?

Según las estadísticas, Marco Ortiz Nava ha dirigido encuentros de América ante equipos como Tigres, León, Cruz Azul, St. Louis City, Tijuana y el de este domingo frente al Atlas. En cada uno de estos compromisos, Ortiz señaló al menos un penal a favor del club capitalino, sumando siete penales marcados en solo seis partidos arbitrados a los de Coapa.

En redes sociales, la conversación sobre el trabajo del árbitro ha trascendido el análisis técnico para instalarse como tendencia en la discusión de fanáticos de otros equipos, que critican la frecuencia de los penales pitados a favor de los azulcremas cada vez que el “Gato” Ortiz interviene. Incluso, algunos seguidores de las Águilas han ironizado al considerar a Ortiz como “el fichaje más importante” del club en el torneo.

El balance de los partidos recientes con Ortiz Nava como árbitro se resume en cuatro victorias y un empate para América—sin contar el resultado definitivo de la noche ante Atlas—, lo que incrementa la percepción de influencia arbitral a raíz de los penales señalados y las consecuencias directas en los resultados del torneo.

Mientras la LIGA MX mantiene un escrutinio sobre la labor arbitral, la recurrencia de penales marcados por Marco Ortiz cuando dirige partidos del conjunto azulcrema mantiene encendida la conversación sobre la objetividad y consistencia en la aplicación del reglamento en el fútbol profesional mexicano.

El jefe de la región policial de Lambayeque, general Luis Ángel Bolaños Melgarejo, cuestionó la instalación de teléfonos fijos en los penales, como el de Chiclayo (exPicsi). En una reciente entrevista con RPP, advirtió que estos equipos son utilizados por los internos para comunicarse con el exterior y coordinar actividades criminales, principalmente extorsiones.

En ese sentido, el general remarcó que estos aparatos representan un serio riesgo para la seguridad ciudadana, pues facilitan el contacto de los reclusos con las víctimas. “Son usados por los criminales con fines extorsivos”, enfatizó el oficial en la entrevista radial.

De acuerdo con la información brindada, en lo que va del año se han registrado 673 denuncias por extorsión en la región Lambayeque, lo que representa un incremento frente al mismo periodo del 2024, cuando se contabilizaron 614 denuncias.

Asimismo, el general Bolaños precisó al citado medio que la Policía ha logrado desarticular 660 bandas delictivas dedicadas a distintos ilícitos penales, como parte de las acciones para reducir la criminalidad en la región.

Casos de extorsión en Lambayeque

En los primeros meses de 2025, la región Lambayeque ha registrado un repunte significativo en los casos de extorsión contra comerciantes y empresarios locales. Solo en Chiclayo, los negocios enfrentan amenazas, mensajes intimidantes y exigencias de pago que se han vuelto cada vez más frecuentes. Según cifras de la Policía Nacional, entre enero y abril se reportó un incremento del 10 % en este delito respecto al mismo periodo del año anterior.

Pese a los operativos realizados, la Policía reconoce que los extorsionadores mantienen su presencia activa. Muchas de estas redes operan a distancia, utilizando penales fuera de Lambayeque para coordinar llamadas y mensajes a sus víctimas. Trujillo ha sido identificado como el principal centro de operaciones, desde donde los delincuentes continúan articulando actos intimidatorios contra comerciantes lambayecanos.

El general PNP Luis Ángel Bolaños Melgarejo informó que solo en Chiclayo se han reportado 245 denuncias por extorsión hasta abril y, que gran parte de los extorsionadores se dedican al rubro del comercio y actúan desde penales en Trujillo, donde realizan las llamadas extorsivas que mantienen bajo presión a los empresarios locales.

Extorsión desde penales

Según la Policía Nacional, un número considerable de extorsionadores opera desde el interior de penales en Lambayeque y otras regiones del país. A través de teléfonos móviles ingresados de manera clandestina, los reclusos logran comunicarse con sus víctimas, acceden a información personal y conocen sus rutinas, lo que les permite ejercer un fuerte control psicológico que, en muchos casos, dificulta que las denuncias se presenten oportunamente.

“No solo aquí en Chiclayo, sino también desde penales fuera de nuestra jurisdicción, operan con total facilidad. Pueden agenciarse de los números de teléfono de sus víctimas, a las cuales ya tienen plenamente identificadas”, explicó el general Bolaños en aquella ocasión.

En Lambayeque, los grupos criminales recurren cada vez más al uso de artefactos explosivos de fabricación casera como método de intimidación. Pese a su carácter rudimentario, estos dispositivos han sido detonados en varias ocasiones sin mayores dificultades, exponiendo las limitaciones de respuesta de las autoridades locales. La situación se agrava por la impunidad con la que actúan estas bandas, muchas de ellas vinculadas a organizaciones criminales de mayor escala, lo que mantiene a la región en un estado de vulnerabilidad permanente.

La Secretaría de Seguridad Pública de Puebla, en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN), realizó un operativo de supervisión en el penal de la capital poblana.

La acción forma parte de las estrategias de control interno para garantizar la gobernabilidad y prevenir incidentes dentro de los centros penitenciarios.

Durante la intervención, los elementos de seguridad aseguraron diversos objetos prohibidos, entre ellos armas punzocortantes, equipos y accesorios telefónicos, así como dosis de posible droga.

Refuerzan seguridad en penal de Puebla tras hallazgo de drogas y armas

A través de un comunicado las autoridades señalaron que este tipo de revisiones se llevan a cabo de forma periódica para inhibir conductas ilícitas y reforzar la seguridad interna.

Como resultado de la intervención conjunta, las autoridades federales y estatales incautaron 515 gramos de posible marihuana y cristal, 87 objetos punzocortantes, 37 recipientes para el consumo de drogas y 35 teléfonos celulares.

“Estos aseguramientos son parte de las acciones permanentes para erradicar actividades ilícitas en los penales”, precisó la Secretaría de Seguridad Pública.

Además, se localizaron otros artículos prohibidos, como bocinas, cargadores para teléfonos, audífonos, tarjetas SIM, cables y memorias USB, todos ellos asegurados para su posterior análisis e integración a las carpetas de investigación correspondientes.

El Gobierno de Puebla, encabezado por Alejandro Armenta, destacó que este tipo de operativos fortalecen la seguridad y el control en los centros penitenciarios.

“El objetivo es garantizar la correcta reinserción social de las personas privadas de la libertad y mantener la gobernabilidad al interior”, subrayaron las autoridades estatales.

Ambos reclusos aprovecharon la bulla generada por una fiesta popular en la zona de San Pedro para ejecutar su plan. Según la Policía Boliviana, la fuga se produjo alrededor de las 4:30 a.m., momento que coincidió con el cambio de guardia del personal de seguridad, lo que habría facilitado el escape. Los prófugos estaban encarcelados por delitos vinculados al tráfico de sustancias controladas.

De acuerdo con el informe preliminar de las autoridades bolivianadas, los internos salieron por una ventana, escalaron techos y descendieron por un muro hacia la avenida 20 de Octubre.

Investigación de la fuga

El director nacional de Seguridad Penitenciaria de Bolivia, David Machicado, señaló que la fuga habría sido “planificada con día y hora calculados”. Según explicó, “la música y el ruido de la fiesta distrajeron al personal”, lo que evidencia un fallo en los protocolos de seguridad del centro penitenciario.

Ante la sospecha de negligencia o posible complicidad, se inició una investigación interna. Machicado informó que al menos dos policías están bajo sospecha, pero la viceministra de Seguridad Ciudadana, Carola Arraya, precisó que ya son cuatro los funcionarios penitenciarios investigados por el hecho. “Es vital determinar si hubo complicidad interna y quiénes son los responsables de este hecho tan grave”, indicó el funcionario.

En ese sentido, reafirmó el compromiso de las autoridades por recapturar a los prófugos. “Vamos a sancionar a todos los responsables. No se escatimarán esfuerzos para recapturar a los prófugos que aún están en fuga”, concluyó Machicado

Encuentran cadáver en el mismo penal

Como si no fuera suficiente, un segundo hecho ha puesto en evidencia la vulnerabilidad del sistema carcelario boliviano. Apenas 48 horas después de la fuga, un interno de 50 años, condenado por asesinato, fue hallado sin vida en su celda del sector San Martín, dentro del mismo penal de San Pedro.

Aunque el cuerpo no presentaba signos visibles de violencia, las autoridades han dispuesto una autopsia médico-legal para esclarecer la causa del deceso. La Fiscalía abrió una investigación paralela para determinar si la muerte estuvo vinculada a otros hechos irregulares en el penal.

Penal bajo vigilancia

La situación en el penal de San Pedro ha generado alarma en las autoridades y preocupación en la opinión pública. La Policía Boliviana ha solicitado a la ciudadanía colaborar con cualquier información que permita ubicar a los reos fugados, mientras se despliega un operativo de búsqueda a nivel nacional.

El centro penitenciario, ya cuestionado anteriormente por sus problemas de hacinamiento y falta de seguridad, ha quedado en el foco de las críticas tras estos dos hechos consecutivos. El gobierno boliviano enfrenta ahora la presión de revisar y reforzar el sistema penitenciario para evitar nuevos incidentes.

La Fiscalía también acusa al hermano del procesado de violar a esta misma menor en al menos dos ocasiones entre 2013 y 2014, por lo que pide para él diez años y diez meses de cárcel, en un juicio que se desarrollará el próximo viernes en la sección Sexta de la Audiencia de Las Palmas.

Según los hechos que describe en su escrito de acusación el Ministerio Público, el acusado, que en ese momento tenía 21 años, inició una relación con la madre de la menor en 2011 y, poco tiempo después, comenzó a lanzar comentarios a la niña, de 10 años, sobre que le "estaban creciendo los pechos", al tiempo que se paseaba en ropa interior y con el pene erecto por la vivienda en que convivían.

Estos hechos provocaron que a sus 12 años la víctima se iniciara en el consumo de hachís "como forma de evasión de la situación que estaba viviendo", según reza el escrito de Fiscalía, y que empeorara en su desempeño académico hasta el punto de que abandonó la escolarización en 2º de la ESO, así como la vivienda familiar cuando cumplió 15 años.

A consecuencia de los hechos narrados, en la actualidad la víctima presenta un ánimo inestable, fuerte sentimiento de culpa por no haber revelado los hechos y significativa afectación en su vida actual.

Presenta además sintomatología postraumática que cursa con un estado ansioso-depresivo, con alteraciones somáticas y repercusiones a nivel personal, familiar y social.

Para la Fiscalía, estos hechos son constitutivos de un delito continuado de exhibicionismo ante menor de edad y otro de abuso sexual continuado a menor de 16 años, en el caso del que era pareja de la madre de la víctima, por los que solicita las penas de uno y 12 años de prisión, respectivamente.

También para el hermano del acusado, la Fiscalía interesa pena de prisión de diez años y diez meses de cárcel por unos hechos que, en virtud del Código Penal vigente entonces, considera constitutivos de un delito continuado de abuso sexual a menor de 16 años.

El Ministerio Público solicita que el primero de ellos indemnice a la víctima, en concepto de responsabilidad civil, con 80.000 euros por los perjuicios morales causados por estos hechos, mientras que el segundo pague una cantidad de 40.000 euros por el mismo motivo. EFE

A las seis de la tarde del martes 10 de junio, el penal de Pucallpa fue escenario de una intervención inusual. El ambiente, cargado de tensión y sigilo, acompañó el ingreso coordinado de agentes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), efectivos policiales y representantes del Ministerio Público. Durante varias horas, el Módulo 1-B fue objeto de una minuciosa revisión, parte de una estrategia que las autoridades penitenciarias vienen impulsando en distintas cárceles del país.

La operación se ejecutó bajo el marco de la política institucional “Seguridad en Acción”, que promueve intervenciones extraordinarias para controlar la circulación de objetos no permitidos dentro de los penales. Aunque estas acciones no suelen ser divulgadas con frecuencia, esta intervención específica marcó un precedente dentro del penal de mínima seguridad, en una región donde las alertas de seguridad han incrementado.

“Se incautaron cocinas artesanales, objetos punzocortantes, punzopenetrantes, cables eléctricos y otros elementos prohibidos”, informó el INPE mediante un comunicado. La presencia de estos objetos en un módulo de mínima seguridad plantea interrogantes sobre los mecanismos de control anteriores y las rutas por las cuales estos artículos lograron ingresar.

Participación del Ministerio Público y control riguroso

El operativo contó con la supervisión del fiscal provincial Celso Nazario Saldivar Rivas, de la Segunda Fiscalía de Prevención del Delito de Coronel Portillo. Lo acompañaron los fiscales adjuntos provinciales David Quiñonez Gallegos y Daniela Rocca Parra. Su labor fue garantizar la legalidad de la intervención y documentar cada una de las incautaciones encontradas durante la operación.

El director del penal se refirió al procedimiento como una muestra del trabajo preventivo que viene desplegando el personal penitenciario. “Estamos haciendo un control exhaustivo al ingreso de personas, visitas y paquetes que llegan hasta la puerta principal del penal”, señaló. Para él, la ausencia de sustancias ilícitas durante la intervención es una señal positiva en cuanto a las medidas de seguridad implementadas recientemente.

El operativo, ejecutado sin incidentes, permitió fortalecer la vigilancia dentro del recinto y mostrar una acción directa frente a posibles riesgos internos. Desde la dirección del penal se explicó que este tipo de acciones continuará de forma periódica para evitar la consolidación de estructuras informales de control entre los internos.

Intento de ingreso de presunta droga en Lurigancho

Mientras en Pucallpa se desarrollaba la operación extraordinaria, otro incidente fue reportado en el penal de Lurigancho. A la 1:05 de la tarde, el interno Diego Sulca Herrera fue intervenido cuando se disponía a ingresar al pabellón 19-B portando una bolsa azul. Al revisar su contenido, el personal detectó dos bolas blanquecinas que se encontraban escondidas entre tamales.

El hallazgo activó el protocolo de emergencia interna. “Se dio cuenta del hecho a la Fiscalía de Turno y a la Policía Nacional del Perú para las diligencias que corresponden”, detalló el personal de seguridad. Aunque la sustancia aún no ha sido identificada oficialmente, se presume que se trataría de droga camuflada.

El caso de Lurigancho puso en evidencia otro mecanismo utilizado dentro de los penales: la manipulación de alimentos para ocultar sustancias ilícitas. Este tipo de situaciones refuerza la necesidad de revisar con detalle todos los elementos que ingresan a los centros penitenciarios, sin excepción.

También, los usuarios tienen las opciones de llamar a los siguientes números:

• Línea 1818: Teléfono de emergencia para reportar extorsiones.
• Celular 942841978: Contacto directo para denuncias de este tipo.
• Comisarías: Puntos de denuncia en cada distrito.

Tal y como recoge la sentencia, el Tribunal considera probado que Añel fue víctima de dos agresiones por parte del acusado, una de ellas 15 días antes de fallecer. Con todo, lo absuelven del delito de maltrato continuado que pedía la acusación particular.

Respecto a la condena por malos tratos, explican que han tenido en cuenta, fundamentalmente, el relato de dos de los testigos.

Durante el juicio, tal y como señala la sentencia, el acusado negó los hechos y afirmó que los testigos lo estaban utilizando como "cabeza de turco". A este respecto, la magistrada destaca que no se ha invocado causa concreta de animadversión subjetiva previa a la inicial declaración de los testigos".

Así, uno de ellos relató que presenció cómo, durante una discusión, la víctima le pegó un golpe en el pecho al acusado, que le devolvió una bofetada en la cara, "una buena hostia".

Otro testigo explicó que vio cómo, 15 días antes del fallecimiento de la víctima, el acusado le propinó a esta un cabezazo, también en medio de una discusión.

Otros episodios de agresiones relatados, considera la magistrada, que llegarían a representar un delito de maltrato habitual, no han podido quedar acreditados.

PENAS

Así las cosas, el Tribunal condena a 40 días de trabajos en beneficio de la comunidad al acusado por cada delito de lesiones. En caso de no prestar consentimiento a la realización de los trabajos, se le condenará a seis meses de prisión con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

También se le priva del derecho a la tenencia y porte de armas durante dos años y se le pide una indemnización de 500 euros por daños morales.

El exnovio de la joven ourensana continúa a la espera de que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) resuelva el recurso de apelación contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Ourense que ratificaba la condena, por un jurado popular, a 10 años de cárcel por el supuesto homicidio de Nerea Añel.

El acusado de agredir sexualmente y de manera continuada de su sobrina, por entonces menor de 14 años y hasta dejarla embarazada, ha reconocido los hechos y se ha declarado culpable en el juicio contra él, celebrado este lunes en la Audiencia Provincial de Cantabria y en el que se ha mostrado conforme con la pena de trece años y medio de cárcel solicitada por la fiscal y la acusación particular.

"Lo siento mucho. Estoy arrepentido", ha expresado el hombre al ejercer su derecho a la última palabra en la vista oral, en la que no ha sido interrogado por las partes al admitir lo ocurrido y al adherirse la defensa a los escritos y peticiones de las acusaciones.

En el plenario sí se ha reproducido la declaración en fase de instrucción de la víctima, que presenta discapacidad del 76 por ciento, grabación en la que explica los tocamientos y abusos y asegura que ella "no quería" que se produjeran los mismos.

"Me ponía nerviosa. No entendía lo que estaba haciendo", manifiesta en la proyección de la prueba preconstituida, en la que afirma que ella "lloraba" porque quería marcharse del lugar de los hechos pero él "no me dejaba ir", lamenta.

La menor también relata cómo el procesado le decía que "no podía" decir lo que pasaba entre ambos: "No me dejaba contarlo", asevera, para añadir que le advertía de que en caso contrario se "metía en un lío". Pero "yo lo conté" y "ahora estoy más tranquila", destaca.

"ME TOCABA POR TODAS PARTES"

En la reproducción la víctima detalla los tocamientos, "por todas partes" y por encima y por debajo de la ropa, así como las penetraciones e intentos de ella de apartarse, porque no le "gustaba" ni "quería" mantener esos encuentros, que ocurrieron en "varias" ocasiones y en diferentes horarios y estancias.

Según el escrito del ministerio público, los abusos se producían cuando la niña acudía a casa de sus tíos. Entonces, el acusado, "aprovechando los momentos en los que se encontraban a solas, la compelió a mantener relaciones sexuales con él".

Añade la fiscal que el hombre le realizó tocamientos y penetraciones, mientras la menor "trataba de zafarse sin éxito" y que fueron "múltiples" los encuentros, sin poder precisar el número exacto. Como consecuencia de estos actos, ella se quedó embarazada y dio a luz una niña cuando contaba con 15 años.

DELITOS Y PENAS

La acusación pública, que ha elevado a definitivas sus conclusiones provisionales, califica los hechos como un delito continuado de agresión sexual a menor de dieciséis años, merecedor de trece años y medio de prisión, quince de alejamiento y prohibición de comunicar con la chica, diez de privación de la patria potestad sobre la hija en común, veinte años de inhabilitación para desempeño con menores y diez más de libertad vigilada tras la salida de prisión.

En concepto de responsabilidad civil, solicita que el enjuiciado indemnice a la joven en 50.000 euros por los perjuicios causados. Además, pide que se acuerde el abono de una pensión en concepto de alimentos para la menor nacida entre ambos, así como el pago de las costas procesales.

Peticiones de la fiscal que coinciden con las del abogado de la acusación particular y con las que se ha mostrado conforme la letrada de la defensa.

UN ADULTO CON PLENAS FACULTADES Y UNA MENOR MUY VULNERABLE

Tras la práctica de la prueba y las conclusiones definitivas, la representante del ministerio público ha solicitado al tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria que dicte sentencia condenatoria, ya que el acusado ha reconocido los hechos y se ha mostrado conforme con el escrito y la pena pedida para él.

Además, ha subrayado que ya en sede judicial admitió que sabía tanto la edad de la niña como que padecía una discapacidad, por lo que ella no era "consciente" de lo que ocurría ni podía tampoco "prestar consentimiento" a las relaciones sexuales, que se prolongaron hasta que ella quedó embarazada. En este punto, ha indicado que de la prueba de ADN se desprende que él es el padre del bebé "al 99,99 por ciento".

De su lado, el abogado de la acusación particular ha contrapuesto que las relaciones sexuales juzgadas fueron mantenidas entre un adulto con "plenas facultades" y una persona "muy vulnerable y características especiales", valiéndose el primero de la "vulnerabilidad" de la segunda.

La letrada defensora ha subrayado por último que su cliente ha reconocido los hechos y se ha mostrado conforme con la condena solicitada por las acusaciones. El juicio ha quedado visto para sentencia.

El Sepa no era un presidio cualquiera: no tenía rejas altas ni torres de vigilancia, pero su aislamiento natural era suficiente para contener a quienes purgaban largas condenas. Entre árboles centenarios y senderos lodosos, cientos de presos enfrentaron un sistema penitenciario que combinaba trabajo forzado, control férreo y un entorno hostil, convirtiendo a este rincón del Perú en una de las cárceles más temidas de su tiempo.

Una prisión sin barrotes en el corazón del Amazonas

Lejos del bullicio limeño, El Sepa fue concebido como un experimento penitenciario durante el gobierno de Manuel A. Odría EN 1951. En este lugar se conjugaban la reclusión y producción agrícola. Aislado por completo, este penal utilizaba la propia selva como muralla. No existían muros de concreto ni cercas electrificadas.

El río Sepa, los pantanos y la espesa vegetación eran suficientes para evitar cualquier intento de escape. La travesía para llegar allí duraba días y exigía cruzar zonas inhóspitas donde las enfermedades, la fauna salvaje y la desorientación acechaban a cada paso.

El viaje hasta el penal era en sí mismo un castigo. Solo los prisioneros considerados irrecuperables eran trasladados a este enclave invisible desde las ciudades, donde las noticias del “infierno verde” ya circulaban entre susurros.

El trabajo como método de control y castigo

Quienes ingresaban a El Sepa no solo perdían la libertad, también se veían obligados a integrarse en un sistema de trabajo forzado. Desde la madrugada, los internos se dividían en cuadrillas para cultivar arroz, yuca, plátano o maíz. Con herramientas precarias y sin maquinaria moderna, la jornada comenzaba al alba y culminaba bajo el atardecer tropical, con el cuerpo exhausto y las manos heridas.

No trabajar equivalía a no comer. Los alimentos, producidos dentro del penal, se distribuían según la labor cumplida. La productividad era vigilada de forma constante, y cualquier desacato podía derivar en castigos físicos o aislamiento. El trabajo no solo regeneraba el suelo, también reafirmaba la jerarquía y el control absoluto de los encargados del penal, quienes imponían reglas rígidas e inflexibles.

Un clima de castigos, silencio y enfermedad

El Sepa fue temido no solo por su aislamiento, sino por el rigor con que se aplicaban las sanciones. La desobediencia se pagaba con encierros solitarios en celdas improvisadas o con tareas adicionales bajo el sol implacable. Aislados del resto del país, los presos eran invisibles ante el sistema judicial y la prensa.

Las condiciones sanitarias eran mínimas. El dengue, la malaria y las infecciones intestinales se propagaban con facilidad, mientras los medicamentos escaseaban. Morir en El Sepa podía ser cuestión de una fiebre no tratada o una herida mal curada. Las historias de abusos, golpizas y desapariciones dentro del penal han quedado en el testimonio de algunos exreclusos y personal que, con el tiempo, se atrevió a hablar.

La falta de fiscalización convirtió al penal en un microcosmos gobernado con mano dura. Para muchos, cruzar sus límites equivalía a ingresar a una tierra sin retorno.

Ecos de una reapertura que reaviva los fantasmas

Aunque El Sepa cerró sus puertas hace décadas, en los últimos años se han alzado voces que plantean su reapertura como una posible solución al hacinamiento carcelario. Desde algunas entidades estatales se evalúa la posibilidad de reactivar el centro penitenciario, adaptándolo a un modelo moderno de reclusión para internos de alta peligrosidad.

La propuesta ha generado rechazo entre especialistas en derechos humanos y organizaciones civiles que recuerdan el historial de abusos y abandono que marcó su existencia. El debate revive memorias dolorosas y plantea interrogantes sobre el uso del aislamiento como herramienta de justicia.

Hoy, la antigua infraestructura permanece invadida por la vegetación. Lo que fue una prisión ahora es un recuerdo cubierto de lodo y raíces. Sin embargo, el solo nombre de El Sepa continúa evocando temor, como si el eco de sus días más oscuros aún resonara en lo profundo de la selva.

Miami (EE.UU.) 30 ene (EFE).- Damián Valdéz Galloso, detenido por el asesinato en primer grado del reguetonero cubano El Taiger, fue acusado de manera formal este jueves en un tribunal de Miami de asesinato en primer grado, un nuevo cargo que podría suponerle la pena de muerte.

Un juez de esta ciudad del sur de Florida (EEUU) le leyó los cargos al acusado, de 49 años, después de que el miércoles un gran jurado hiciera pública la nueva acusación contra el hombre, detenido como sospechoso del asesinato del cantante cubano José Manuel Carvajal Zaldívar, de 37 años y conocido artísticamente como El Taiger.

De acuerdo a la acusación formal, Valdéz Galloso se enfrenta a tres cargos: asesinato en primer grado, manipulación de evidencia física y posesión ilegal de armas.

El acusado no se presentó en el tribunal, no obstante su abogado de oficio comunicó que se declaraba no culpable.

Antes de la acusación del gran jurado, el hombre, detenido sin derecho a fianza, afrontaba un cargo de asesinato en segundo grado e igualmente se había declarado no culpable.

Los abogados de la Fiscalía y de la defensa han sido citados para una nueva audiencia el próximo 13 de febrero, en la que se espera se sepa si la Fiscalía pedirá la pena de muerte para Valdéz Galloso.

De acuerdo al expediente judicial, la madrugada del 3 de octubre el reguetonero fue al domicilio de Valdéz-Galloso, quien tras una discusión le disparó a la víctima en la cabeza y luego la trasladó el interior de una camioneta que condujo lejos del lugar de los hechos.

El artista fue encontrado a las 6:45 horas (10:45 GMT) de ese día herido de bala en la parte trasera de una camioneta, en una zona del vecindario de Allapattah. Falleció tras haber permanecido siete días en estado crítico en el Jackson Memorial Hospital de Miami.

La noticia de su fallecimiento generó una ola de reacciones en el mundo artístico, tanto en Cuba como en Miami. EFE

Precisamente, un caso sonado a nivel nacional provocó que el alcalde de Bogotá y otras figuras públicas criticaran a un abogado penal por defender a varios de los presuntos integrantes de Los Rolex, una estructura criminal que de acuerdo con las autoridades, se dedicaba a robar y vender accesorios de lujo en la capital del país y Medellín.

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Debido a esto, y que en las audiencias registradas algunos funcionarios se refirieron al abogado Juan José Roldán, como “El abogado del diablo”, en diálogo con Infobae Colombia, el jurista aclaró que él no es culpable de las falencias y errores que cometen las autoridades y la fiscalía en el país.

En primer lugar, el nacido en Bello, Antioquia, explicó que uno de sus clientes lo comenzó a llamar diablo por la forma en que confronta a los jueces y autoridades, lo que para él es cierto, pero desde el ámbito de lo legal, ya que afirma que él solo desarma las hipótesis poco firmes en los procesos.

“El apodo, el remoquete, surge por un cliente, que me reservo su nombre, pero por su influencia se regó lo del diablo, por mi carácter, por mis estadísticas de éxito, por trabajar casos estructurales de crimen organizado, todos estos casos que se derivan de ahí. Han dado ese cimiento del diablo, pero que surge de una frase de la fiscalía, que los riega y cuida, pero cuando nace el caso yo soy el hombre del hacha”.

El jurista recordó uno de los casos más mediáticos que lideró, e indicó que es el ejemplo de que en muchas oportunidades las autoridades protagonizan “falsos positivos”, por crímenes de terceros, con material erróneo que presentan en los juicios.

“Hemos participado en casos que han movido al país, yo encabece la defensa de seis de los procesados por el caso de Maximiliano (niño asesinado en Antioquia), uno deja clara la postura de la defensa, yo defiendo a la persona humana, no miro apología al delito, ni incitó a la criminalidad, solo hago parte, estoy en contra de los falsos positivos de la fiscalía, porque ellos apoyan la impunidad haciendo trabajos mediocres y llenando lo que no hacen con alternativas salidas de la legalidad, comprando testigos y mostrando pruebas falsas”.

Roldán indicó que toma cada caso para poder ganar en los juzgados y que eso ha provocado que tenga detractores, llegando al punto de que en junio de 2024 fue víctima de un atentado en el que le dispararon en dos ocasiones.

“Creo que el defensor nace, nunca tuve en la mira una postura que no sea defender, soy amante del derecho penal, de la academia, soy un académico y soy estudiante eterno. Obviamente, amo ganar y esas son las situaciones. El señalamiento social es algo de diario, soy una persona que ha sufrido un atentado afuera de mi oficina, acompañado de mensajes de que están cansados de que defienda a bandidos. Hoy sigo y soy gerente de una firma de abogados con mi hermano Rogelio Roldán”.

Al hablar de las personas que lo señalan de ser un profesional negativo o un mal ejemplo, Roldán indicó que es normal que reciba ese tipo de críticas, pero recordó que todos los acusados deben tener un abogado defensor.

“Soy seguidor del arte de la retórica, las personas que me llaman defensor de bandidos o malos, es algo que siempre se necesita, quien haga el trabajo sucio, yo soy ese hilo entre lo malo y lo bueno, pero es una sociedad permeada, yo veo la otra cara, me toca ver la cara del humano, al fin de cuentas eso es como una venganza, el Estado se venga por la situación del ciudadano y yo tengo que mirar la situación como algo normal, es algo de entender, es un proceso de dos, no podemos pretender que la gente nos quiera, el derecho penal tiene dos áreas y yo estoy en el lado oscuro, defiendo a los que nadie defiende”.

Por último, Roldán indicó que ha recibido el sobrenombre de diablo porque entiende que no lo identifica como una persona mala, sino como alguien que señala los errores de las autoridades, recordando que en Colombia se han registrado múltiples casos en los que el material probatorio presentado no era real o tenía incongruencias para inculpar al imputado.

“Yo tengo un personaje en el litigio, soy defensor, pero salgo para mi casa y soy un ciudadano más, también espero que esto salga y marche bien. Todos los abogados actúan con el corazón, yo soy bueno en lo que hago y por eso me gusta. Les envío un mensaje a los que se preparan, que sepan que lo penal no es un juego, que luchar con las autoridades y la fiscalía es complejo, luchar contra ellos es difícil y hay que entender que es de educación, carácter y de amar lo penal. Lo que se busca es mostrar los detalles, los errores. No soy el diablo por ser una persona mala, soy eso es porque hago el trabajo bien y ellos no”.

En las inmediaciones del penal de Lurigancho, residentes de diversas zonas denuncian la acumulación de basura en la parte trasera del recinto penitenciario. Afirman que los desechos permanecen por días sin ser retirados, lo que genera olores intensos y la proliferación de insectos.

Habitantes de los asentamientos humanos Las Palmeras Dos, Andrés Avelino Cáceres y Nueva Esperanza expresan su preocupación por las condiciones en que se encuentra la zona. Según explican, la acumulación de residuos convirtió el lugar en un foco de contaminación que afecta su calidad de vida.

Uno de los principales problemas que se genera es el olor desagradable, el cual, según relatan, se intensifica cada vez que el camión recolector retira los desperdicios. Además, señalan que la presencia de insectos ha aumentado considerablemente, lo que genera temor ante posibles problemas de salud.

Vecinos afectados por la acumulación de basura

Los residentes indican que la acumulación de desechos afecta sus actividades diarias y se convierte en un obstáculo para el bienestar de sus familias. “Eso es basura, basura de todo el penal. Se acumula por una semana o semana y media. Luego llega el camión de basura, lo recogen todo y el olor que sale es insoportable”, comenta un vecino de la zona.

Otro residente expresa su molestia por la situación: “Es horrible. Todos los días pasamos por ahí porque es el único acceso a nuestras casas. No es posible convivir con tanta basura tirada. Esto afecta la salud de nuestros niños, porque aquí todos tenemos menores de edad. Regresamos del colegio al mediodía y el olor es fuerte. Además, la cantidad de moscas ha aumentado demasiado”.

El problema no solo se percibe en las calles, sino también en las viviendas cercanas. “Tengo que mantener la ventana cerrada, porque si la abro, el olor entra a la casa. Es difícil a la hora de almorzar o desayunar, porque el olor siempre está presente”, explica una vecina, quien exige soluciones inmediatas.

Exigen mayor frecuencia en el recojo de desechos

Los habitantes de los asentamientos mencionados solicitaron en reiteradas ocasiones la limpieza de la zona, pero hasta el momento no han recibido respuestas satisfactorias. “Que por favor vengan los camiones recolectores y limpien todo esto. Necesitamos que lo hagan de inmediato”, declara otro vecino afectado.

Según información obtenida por América Noticia en la puerta principal del penal, los encargados no ofrecieron declaraciones sobre la situación. No obstante, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) señala que solicitaron a la municipalidad el recojo diario de los desechos. Actualmente, esta labor se realiza de manera interdiaria, lo que, según los vecinos, resulta insuficiente para evitar los problemas que genera la acumulación de basura.

Los residentes temen que la situación tenga consecuencias en la salud de sus familias, especialmente en niños y adultos mayores. “Nos hemos dado cuenta de que toda esta basura proviene del penal. Mira cuánta basura hay. Esto no puede seguir así”, advierte un vecino, preocupado por los riesgos sanitarios que esto representa.

Hasta el momento, no se han registrado acciones concretas para solucionar el problema de manera definitiva. La comunidad sigue esperando una respuesta efectiva de las autoridades, con la esperanza de que se implementen medidas que garanticen la limpieza de la zona y el bienestar de los residentes.

Puntos críticos de acumulación en Lima

La situación en Lima recibió atención especial. En junio, la Agencia Andina informó sobre la identificación de 35 puntos críticos de acumulación de residuos en el Cercado de Lima. Entre los lugares destacados figuran jirones como Washington, Quilca y Chota, además de avenidas como Garcilaso de la Vega, Enrique Meiggs y Nicocada área afectada, en un esfuerzo por mitigar el problema.

Mediante la aplicación Reporta Residuos, se registraron más de 30 alertas. Estas zonas fueon señaladas por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) como prioritarias para intervenciones.

El reporte técnico del OEFA fue remitido a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) para garantizar la prestación adecuada de servicios de limpieza y recolección de basura. Adicionalmente, se emitieron recomendaciones específicas para de basura acumulada en las calles del Cercado de Lima. Estas notificaciones, enviadas a la MML, reflejan la preocupación de los ciudadanos ante una situación que impacta la salubridad pública. Según el OEFA, el servicio de limpieza contratado desde mayo no ha sido suficiente para atender la demanda.

Representantes de varios partidos políticos han presentado un plan integral para hacer frente a la creciente ola de criminalidad en Perú. La propuesta, elaborada por representantes del Partido Popular Cristiano (PPC), APRA, Fuerza Moderna, Avanza País, Unidad y Paz, y respaldada por Fuerza Popular, incluye una serie de medidas y reformas a nivel legislativo, judicial y de seguridad.

El plan, denominado “Política de Seguridad y Lucha contra la Criminalidad”, contempla la construcción de un megapenal con capacidad para 20.000 internos, así como la creación de un Comando Unificado de Seguridad, dirigido por el Ejecutivo y las fuerzas de seguridad del país. La propuesta también destaca la necesidad de separar a los reos según su peligrosidad y nacionalidad.

El Comando Unificado de Seguridad, que sería dirigido por la presidenta Dina Boluarte, el primer ministro, ministros de Defensa e Interior, y las autoridades policiales y militares, se encargaría de coordinar acciones para fortalecer la presencia del Estado en las zonas más afectadas por la criminalidad. Además, se plantea una revisión profunda del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana y se propone un mayor liderazgo centralizado en la lucha contra el crimen.

Entre los asistentes a la presentación del plan, que será alcanzado a Dina Boluarte para su revisión, se encontraban Carlos Neuhaus (PPC), Juan Villarán (PPC), Gastón Barúa (Unidad y Paz), Fiorella Molinelli (Fuerza Moderna), Arturo Alegría (Fuerza Popular), Belén García (APRA), Jaime de Althaus y Roberto de la Tore (Cámara de Comercio de Lima).

Proponen la expulsión inmediata de delincuentes extranjeros

El plan de emergencia, que también aboga por mayores facultades para la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas (FF.AA.), propone la expulsión inmediata de delincuentes extranjeros y el uso de tecnologías avanzadas para mejorar la inteligencia policial. Se plantea, además, un combate frontal contra el narcotráfico y el oro ilegal, con la colaboración internacional, especialmente con Estados Unidos, para cortar las rutas de distribución de estos productos.

Entre las propuestas más relevantes también se encuentra la reforma de la PNP y del sistema judicial. Las medidas incluyen la eliminación del sistema de turnos 24x24, que actualmente limita la presencia policial en las calles, así como la creación de unidades de flagrancia que agilicen el proceso judicial de los delincuentes.

Para financiar estas reformas y proyectos, el plan sugiere que el Congreso otorgue facultades legislativas al Ejecutivo por un periodo de 60 días. Según sus impulsores, esta medida permitiría agilizar la creación de nuevas leyes que fortalezcan la seguridad ciudadana, como la reorganización de la PNP, la creación de nuevos penales y la implementación de un nuevo sistema judicial.

La creciente ola de homicidios en el Perú: cifras alarmantes de 2025

La crisis de inseguridad en el Perú se refleja en cifras escalofriantes. Hasta el 18 de marzo de 2025, el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef) ha reportado 475 homicidios en todo el país, con un promedio de un asesinato cada cuatro horas. Este aumento en los casos de violencia supera los registros de años anteriores y pone de manifiesto la incapacidad de las autoridades para frenar la creciente criminalidad.

Lima lidera las estadísticas con 160 homicidios, seguida de La Libertad (49), Callao (42), Piura (34) e Ica (20). La mayoría de las víctimas han sido atacadas con armas de fuego. Las extorsiones y el crimen organizado son las principales causas detrás de esta ola de violencia, con comerciantes, transportistas y empresarios siendo los blancos principales de las redes de sicariato.

El asesinato del cantante Paul Flores García, integrante de Armonía 10, subrayó la gravedad de la situación y llevó al Gobierno a decretar el estado de emergencia en Lima y Callao el 18 de marzo. Sin embargo, en las primeras 24 horas de esta medida, se reportaron 15 nuevos homicidios, lo que demuestra que la violencia sigue desbordando a las autoridades y afecta a diversas regiones del país.

En una entrevista con RPP, el burgomaestre defendió su propuesta, argumentando que los penales han pasado a ser verdaderas escuelas para criminales. Según De La Rosa, trasladar a estos delincuentes fuera de la capital beneficiaría directamente a la ciudadanía al disminuir la amenaza que representan.

De la Rosa aclaró que no se trata de un solo penal, sino una construcción que albergará varios penales y que contaría con el trabajo articulado de los miembros de las Fuerzas Armadas, la PNP y oficiales del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). También reveló que presentó su propuesta a los candidatos presidenciales, pero no fue tomada en cuenta.

“Estoy proponiendo la creación de la ciudad penitenciaria. Arriba, a 5000 metros sobre el nivel de mar. No te hablo de penales, sino de una ciudad penitenciaria con tres anillos: Ejército peruano, Policía Nacional y el INPE. Lo pondría, por ejemplo, en Ananea, a la falda de Rinconada, donde está la ciudad más alta del mundo, en Puno. Mucho más alto que incluso Challapalca”, declaró en el citado medio.

¿Cómo se financiaría la ciudad penitenciaria?

El alcalde del Rímac explicó que su propuesta se llevaría a cabo a largo plazo y tendría un costo aproximado de 800 millones de soles. El financiamiento para esta infraestructura penitenciaria se obtendría mediante el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI), que permite a las empresas invertir en proyectos públicos a cambio de la exoneración de tributos que, en principio, corresponderían al Estado.

“Ese proyecto de estar debe estar costando esos 800 millones. Y cómo lo hemos escuchado hace unos días, dentro del cuarto de guerra que se hablaba. Hay una predisposición de disponer de S/ 2,700 millones de obras por impuesto para la seguridad. Entonces, S/ 800 millones sacar de obras por impuestos”, agregó.

Asimismo, explicó que la elección de la ubicación se debe a que, al estar a gran altura, los delincuentes recluidos experimentarían una sensación similar a la que vive el resto del país, dado el avance de la criminalidad.

“Donde solamente se respira el 50%, para que los delincuentes sientan cómo nosotros estamos en la capital o en cualquier lugar del país. Estamos viviendo en zozobra”, comentó.

Otras medidas contra el crimen

El alcalde de Rímac, Néstor De La Rosa, ha presentado varias propuestas al Ejecutivo para mejorar la seguridad en su distrito y en Lima. Una de las principales iniciativas es la implementación de un sistema de identificación para los mototaxistas mediante chalecos con códigos QR, una medida que ya ha sido adoptada en su jurisdicción. Este sistema permite a los usuarios acceder al número de placa, DNI del conductor, color y modelo del mototaxi mediante el escaneo del código, lo que facilita su identificación y aumenta la seguridad.

Aunque la propuesta fue archivada en el Congreso, el Ejecutivo ha mostrado interés y podría aprobarla en los próximos días. Además, en el marco del estado de emergencia, De La Rosa ha solicitado al Ejército que se defina el número de militares que se desplegarán en cada distrito para reforzar el patrullaje, asegurando una colaboración efectiva con la Policía Nacional y el Serenazgo.

Por otro lado, el burgomaestre instó a sus colegas de otros distritos a reflexionar sobre su responsabilidad en la seguridad, destacando que en los últimos 120 días, el Rímac ha registrado solo un homicidio, gracias a la coordinación con la Policía y el uso de tecnología.

Una fiscal adjunta del Segundo Despacho de la Sexta Fiscalía Provincial de Lima Norte fue contactada por un efectivo de la PNP quien le alertó sobre un audio donde un ranqueado delincuente, que recientemente había sido condenado a 33 años de prisión, la amenaza con sus contactos en el exterior. El sujeto hace referencia al ‘Chino de Belaúnde’, otro de los nombres por los que se conoce a Erick Moreno.

“Este es el número de la fiscal. Comunícate con ella. Yo estoy mandándole ella para que cambie su acusación. La calle está bien insegura. La gente se muerte por terca. Evita todo el tiempo esta .... y dale solución a esta nota. A la firme a tu familia yo la tengo bien vigilada y voltearé tanto a la fiscal también”, se oye en la comunicación.

La fiscal, que por precaución mantiene su identidad en reserva, indicó que el Ministerio Público investiga diversos casos vinculados a la extorsión, donde figuran los ‘Injertos del Cono Norte’. Pese a las amenazas que recibe, la funcionaria no teme por su vida. Lo que realmente le preocupa es que ahora este se vuelva el nuevo ‘modus operandi’ de los criminales en contra de los fiscales.

“No temo por mi vida. Esto no es contra mí, sino contra la justicia. No podemos permitir que los delincuentes sigan operando con impunidad”, declaró en Domingo al Día.

Aunque la magistrada dice que los hechos están en investigación, sí pudo reconocer a la voz de José Supanta Huamaní, un delincuente que fue sentenciado a 33 años de prisión por robo agravado. Según fuentes policiales, estas amenazas estarían relacionadas con la organización criminal encabezada por ‘El Monstruo’.

¿Pero quién es este criminal condenado que, desde la cárcel, se siente con la impunidad para amenazar a fiscales y testigos? ¿Y cuál es su vínculo con Erick Moreno?

Audios amenazantes desde Ancón 1

Esta siniestra historia inicia en agosto de 2023, cuando tras un fallido asalto que tuvo lugar en la cuadra 1 del jirón San Isidro, en Comas, se capturó a José Supanta Huamaní. Gracias a las pruebas presentadas por la fiscal, que incluyeron testimonios clave y grabaciones de cámaras de seguridad, se logró una condena ejemplar para el delincuente. Sin embargo, meses después de la sentencia, la fiscal y uno de los testigos recibieron amenazas de muerte a través de audios enviados desde la cárcel.

“Te habla José Christian Supanta Huamaní del Penal Ancón 1 del pabellón 1, alias perico”, este es uno de los audios que recibió José Cortez, quien fue una de las víctimas del asalto y gracias a su rápida acción se consiguió la captura del malhechor.

En el audio, Supanta Humaní le pide que cambie su declaración ante la Fiscalía, pues ese fue el testimonio que lo condenó a prisión. ‘Perico’ le recuerda que tiene contactos en la calle y hace alusión al ‘Chino de Belaúnde’, más conocido como ‘El Monstruo’.

“Yo cuando pueda yo llamo, así estamos. En tu sector está el Chino de Belaunde. Tú sabes como están las cosas por afuera”, advierte el criminal.

El perfil del ‘Monstruo’

Erick Luis Moreno Hernández, conocido como el “Monstruo”, es uno de los criminales más peligrosos y sanguinarios del Perú. Nacido en Ica el 15 de marzo de 1991, desde joven se involucró en actividades delictivas. Tras mudarse al barrio de Belar en Comas, adoptó los apodos de ‘Chonguito’ y ‘Chino Belaunde’ y comenzó su carrera delictiva en bandas dedicadas al robo de automóviles.

A medida que escaló en el mundo criminal, Moreno Hernández se convirtió en líder de la temida banda “Los Injertos del Cono Norte”. Su nombre apareció en las noticias nacionales en 2020, cuando ordenó el secuestro de los empresarios Milton Corales Cala y Érica Frutillo Fernández. Aunque la Policía logró rescatar a las víctimas, un agente de la División de Secuestros fue asesinado en el operativo.

A pesar de su extenso prontuario, que incluye delitos como microcomercialización de drogas, homicidio, sicariato, secuestro y hurto, Moreno Hernández está prófugo de la justicia. El criminal, actualmente el asesino más buscado del Perú, tiene una sentencia de 32 años de prisión, pero se burla de las autoridades. En un video difundido, insultó a la Policía mientras disfrutaba de una bebida al lado de una piscina, retándolos a encontrarlo.

Lo ha hecho tras un acuerdo entre Fiscalía y la defensa al reconocer los hechos el procesado y acordarse una rebaja de la pena al añadir las atenuantes de confesión y anomalía psíquica.

"En el momento de los hechos, el acusado poseía un nivel intelectual límite, personalidad dependiente y dislexia, condiciones que provocaban dificultades para entender y acatar normas sociales, no entendiendo plenamente las consecuencias y las responsabilidades de sus actos", ha argumentado la representante del Ministerio Público en la Sala.

Respecto a la suspensión de la condena de prisión solicitada por el letrado de la defensa, ha quedado aplazada hasta determinar la responsabilidad civil derivada de la extinción el incendio.

Los hechos se remontan a agosto de 2020 cuando el encausado acudió al lugar de Brandariz, en el municipio de Ortigueira. Una allí, según el escrito de calificación fiscal, "con el ánimo de ocasionar un incendio que afectase a montes o masas forestales, prendió fuego con un mechero de gas sobre la vegetación de la zona, en la que se incluían especies arbóreas, en concreto, eucaliptos".

"A continuación, el acusado se desplazó con el ciclomotor unos cientos de metros a través de una pista forestal, hasta llegar al lugar de Casal, en el mismo término municipal". Entonces, añade, "prendió otro fuego con un mechero de gas sobre la vegetación de la zona, existiendo en ella las mismas especies arbóreas".

"Como consecuencia de la actuación del acusado se originaron dos incendios", expone. El primero afectó aproximadamente a unos 510 metros cuadrados y el segundo calcinó 638 metros cuadrados, sin que conste la puesta en peligro para personas o bienes materiales.

De acuerdo con el fiscal general de California, Rob Bonta, treinta oficiales del Centro de Detención Juvenil Los Padrinos están siendo acusados de abuso infantil por organizar y permitir lo que describió como “peleas de gladiadores” entre los menores bajo su custodia, según informó NCB 4.

Estas confrontaciones ocurrieron entre el 1 de julio de 2023 y el 31 de diciembre de 2023, periodo en el que se registraron cerca de 70 enfrentamientos. Según informó el fiscal, los oficiales no solo toleraron estas peleas, sino que en algunos casos las alentaron activamente.

Un video filtrado en enero de 2024 desató una investigación que ha sacudido al centro, ubicado en el condado de Los Ángeles, California. En las imágenes, se observa a un menor siendo agredido por otros jóvenes mientras agentes del centro permanecen como espectadores, algunos incluso riendo y felicitando a los agresores. Este material audiovisual reveló una práctica sistemática de violencia que, según las autoridades, se extendió durante seis meses y afectó a 143 menores.

Detalles de los cargos y el proceso judicial

El lunes, 22 de los 30 oficiales implicados fueron procesados, mientras que los ocho restantes enfrentarán los tribunales el próximo 18 de abril. Los cargos incluyen poner en peligro a un menor, abuso infantil, conspiración y agresión. Hasta el momento, las autoridades no han revelado los nombres de los acusados ni la gravedad de las lesiones sufridas por los menores involucrados.

En un comunicado oficial, el fiscal general Bonta expresó su condena hacia las acciones de los oficiales, haciendo énfasis en la responsabilidad que tienen de proteger a los menores bajo su cuidado.

“Los oficiales del Centro de Detención Juvenil Los Padrinos tienen el deber de garantizar la seguridad y el bienestar de las personas bajo su cuidado. En cambio, los oficiales acusados hoy hicieron exactamente lo contrario: supervisaron ‘peleas de gladiadores’ cuando deberían haber intervenido”, afirmó en un comunicado. Además, destacó que la presentación de cargos penales es un paso crucial para garantizar la rendición de cuentas y prevenir futuros abusos.

Impacto en los menores y el sistema de justicia juvenil

El informe presentado por el fiscal general señala que 143 menores fueron afectados por estas prácticas, muchos de los cuales resultaron heridos. Aunque no se han divulgado detalles específicos sobre las lesiones, el caso ha generado preocupación sobre las condiciones en las que se encuentran los jóvenes en centros de detención como Los Padrinos.

El caso también pone de manifiesto las fallas estructurales dentro del sistema de justicia juvenil en el condado de Los Ángeles. Según señaló NBC 4, el Centro de Detención Juvenil Los Padrinos ya había sido objeto de críticas antes de que se revelaran estos incidentes.

La Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles había declarado una emergencia local en las instalaciones, citando problemas como la falta de recursos y la escasez de personal adecuados para garantizar la seguridad de los internos, siendo esta última la raíz del problema en el centro penal.

Medidas adoptadas por las autoridades locales

En respuesta a la crisis, la Junta de Supervisores emitió una proclamación que ordena al personal y a los abogados buscar soluciones para mantener el centro operativo, a pesar de una orden estatal que exige su cierre.

Según la declaración de emergencia, la falta de personal ha sido uno de los factores principales detrás de los problemas en Los Padrinos, lo que podría haber facilitado las condiciones para que ocurrieran los abusos denunciados.

El caso ha generado un llamado a la acción para reformar el sistema de justicia juvenil en el estado de California. Las autoridades locales y estatales enfrentan ahora la presión de garantizar que los menores bajo custodia reciban un trato digno y seguro, mientras se investigan las fallas que permitieron que estas prácticas ocurrieran sin ser detectadas durante meses.

Advertencia del fiscal general

El fiscal general Bonta utilizó este caso como un ejemplo para enviar un mensaje contundente a quienes abusan de su poder en instituciones similares. “Que los cargos de hoy sean una advertencia para todos aquellos que abusan de su poder: el Departamento de Justicia de California está observando y los haremos responsables”, declaró.

Un tribunal de Irak ha condenado este jueves a diez años de cárcel al propietario de una sala de fiestas en la que murieron más de 130 personas a causa de un incendio desatado por el uso de fuegos artificiales durante la celebración de una boda en septiembre de 2023.

Así, un tribunal de Nínive ha indicado que el hombre, dueño de la Sala Al Haizam, situada en la localidad de Al Hamdaniya, ha sido sentenciado a una "pena de prisión de diez años", según ha recogido la agencia iraquí de noticias INA.

Asimismo, ha afirmado que los denunciantes "pueden reservarse el derecho a reclamar compensaciones ante los tribunales civiles" por el incendio, que dejó además cientos de heridos.

La Defensa Civil de Irak explicó tras el incendio que la sala "estaba cubierta de paneles altamente inflamables que violan las ordenanzas de seguridad" y confirmó que las llamas provocaron el derrumbe de partes de la sala por el uso de materiales "de bajo coste".

Un fisicoculturista de 48 años, oriundo de Ensenada, fue hallado sin vida este martes en el Penal N° 34 de Melchor Romero. Estaba detenido desde hacía aproximadamente seis meses, acusado de tentativa de homicidio en un contexto de violencia de género, entre otros delitos. Según trascendió, se habría quitado la vida.

El portal 0221.com.ar, detalló que el cuerpo de Martín Omentari Seticace se encontraba en la celda 61 del bloque B, en el pabellón 3 de la prisión de La Plata. Las causas por las que había sido detenido y acusado el 17 de agosto de 2024, eran “tentativa de Homicidio Calificado por el Vínculo y por su Comisión contra una mujer en un contexto de Violencia de Género, Amenazas Calificadas por el Abuso de Armas y Tenencia de Arma de Fuego de Uso Civil (dos hechos), en Concurso Real entre sí”.

El mismo medio relató que Seticace fue encontrado colgado dentro de su celda; sin embargo, la Justicia inició actuaciones para esclarecer si existieron irregularidades en la custodia del interno o alguna omisión en la vigilancia a cargo del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB)

“Todo indica que se trata de un suicidio, no había otras personas en la celda y se abrió una investigación contra funcionarios del SPB, ya que son ellos quienes deben velar por la seguridad e integridad de los internos”, indicó una fuente del caso a La Buena Info.

El violento episodio en el que se vio envuelto el fisicoculturista ocurrió en una vivienda de Ensenada, ubicada en la intersección de las calles Uruguay y Sidotti. A partir de la reconstrucción de los hechos se supo que el acusado había sometido en aquel entonces a su pareja. La había reducido colocándole un arma la boca y apretando el gatillo en dos ocasiones. Afortunadamente, los disparos no salieron y la víctima pudo alertar a la policía. “Le metió un arma en la boca a la mujer y no salió el tiro”, revelaron sobre el suceso que se había originado a raíz de un conflicto familiar. En tanto, un vocero de la investigación, añadió: “gatilló pero no salió el disparo, intentándolo nuevamente, siendo esta maniobra infructuosa”, indicó El Día.

Cuando los efectivos arribaron al lugar, Seticace se atrincheró en su vivienda y se negó a abrir la puerta. Luego de una tensa discusión con el jefe del operativo, en donde el hombre había lanzado a su perro contra uno de los oficiales para que lo ataque, lograron capturarlo. El animal debió ser asistido posteriormente por la Dirección de Veterinaria, debido a un disparo que efectuó el agente en su defensa.

Tras su captura, la policía realizó un allanamiento en su vivienda y encontró un extenso arsenal de armas, que incluía seis rifles, tres escopetas, una carabina, una granada, un sable bayoneta, catorce cuchillos y más de cien municiones.

En total, secuestraron un rifle de aire comprimido marca Gamo modelo 1000; un rifle Hastan modelo 125; un rifle marca Leyend con mira supreme 4x2 calibre 5,5; una escopeta marca Brenta extra calibre 28; una escopeta Calibre 16 marca Defensor; una carabina calibre .22 marca Mahely; un rifle de aire comprimido marca Lee; una escopeta recortada de fabricación artesanal; dos rifles de aire comprimido sin marca ni serie; seis cartuchos calibre .16; tres cartuchos calibre .38; 110 municiones calibre .22; una granada de tipo mortero; un sable bayoneta; 14 cuchillos de diferentes medidas, y una manopla.

La causa penal en su contra se encontraba radicada en la Fiscalía N° 1 de La Plata, bajo la titularidad de Ana Medina. Según detalló 0221.com.ar, el expediente había sido elevado a juicio y el Tribunal Oral y Criminal N° 2 de la ciudad capital era el encargado de dictar una sentencia sobre su responsabilidad penal en los hechos que se le imputaban.

En 2024, Mario Vargas Llosa sorprendió a sus lectores de todo el mundo al recorrer los lugares que definieron su adolescencia y juventud, y que sirvieron de escenario para sus novelas “La ciudad y los perros” y “Conversación en La Catedral”.

Con casi 89 años, el literato parecía rastrear en el Colegio Militar Leoncio Prado y en el bar ‘La Catedral’ los vestigios de su juventud y los recuerdos de sus inicios como escritor.

Álvaro Vargas Llosa capturó las visitas de su padre a estos lugares en fotografías, las cuales compartió en su cuenta de X. En cuestión de minutos, los medios de comunicación, tanto peruanos como internacionales, comenzaron a difundir las imágenes en sus sitios web.

El 19 de noviembre, compartió una imagen en la que se ve a Vargas Llosa frente al Colegio Militar Leoncio Prado, donde estudió y, según él mismo, descubrió su vocación literaria. Nueve días después, publicó otra foto en la que se ve al literato apoyado en un bastón. Él se encontraba en el frontis del local que alguna vez albergó el bar ‘La Catedral’.

El premio Nobel de Literatura también visitó locaciones que, aunque no tienen una relación directa con pasajes de su vida, están estrechamente vinculadas a su novela “Historia de Mayta”. Precisamente el 9 de febrero de 2025, Álvaro difundió una imagen de su padre durante una visita al distrito limeño de San Juan de Lurigancho.

La visita de Mario Vargas Llosa a San Juan de Lurigancho

Como parte de su recorrido por los lugares que inspiraron sus novelas, Mario Vargas Llosa visitó el Establecimiento Penitenciario Lurigancho, ubicado en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho.

El autor de “El pez en el agua” no estuvo solo. Álvaro, como en sus anteriores excursiones por distintos puntos de la capital, lo acompañó, y fue precisamente él quien compartió las fotografías que le tomaron al ilustre novelista del Perú.

“Penal de Lurigancho y alrededores, escenarios (cruciales) del último capítulo de ‘Historia de Mayta’”, indicó el hijo del escritor en su cuenta de X. Esta descripción acompañó las fotos en las que aparece Vargas Llosa con un atuendo similar al que usó en el bar ‘La Catedral’ y en el colegio Leoncio Prado.

Llevaba una camisa celeste, una chompa de hilo y un pantalón de vestir. En su mano sostenía un bastón, su fiel compañero en el tránsito por una Lima que poco se asemeja a la que retratan sus novelas.

Aparte de la fotografía en la que aparece junto a su hijo, en la publicación de Álvaro también figuran otras donde se pueden ver la fachada de la cárcel de San Juan de Lurigancho y sus alrededores.

Respecto al libro que fue recordado con la publicación de Álvaro, se sabe que trata sobre la vida del trotskista Alejandro Mayta, quien intentó liderar una revolución en 1958 y, tras ser detenido en varias ocasiones, cayó en el anonimato.

El argumento de la novela se construye a partir de la información recopilada en diversas entrevistas que el narrador realiza a personas vinculadas con el protagonista. Como en otras obras de Vargas Llosa, la historia no solo busca desentrañar la verdadera identidad de Mayta, sino también explorar la violencia como un eje central en la historia del Perú.

Es preciso señalar que en el prólogo que acompaña la edición del año 2005 de “Historia de Mayta”, el premio Nobel de Literatura escribe lo siguiente: “Sospecho que a pesar de su apariencia, esta novela no es solo la peor entendida y la más maltratada, sino la más literaria de todas la que he escrito, aunque sus apasionados críticos vieran en ella —oh manes de la ideología— solo una diatriba política”.

Un recluso fue apuñalado en un penal de Salta; incluso, una de las heridas se ubicó muy cerca del corazón. El hombre se había peleado con su compañero de celda porque este le había enviado un mensaje a su esposa.

El hecho ocurrió durante el fin de semana en el pabellón A2 de la Unidad Cercalaria 1, conocida como cárcel de Villa Las Rosas. Allí, se aloja el reconocido ladrón salteño Roberto “El Gato” Molina.

Antes del medio día del domingo, Molina se enfrentó con su compañero de celda, que fue identificado como Salinas. De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local El Tribuno, todo comenzó cuando “El Gato” le prestó su celular a Salinas para que pudiera hablar con su familia.

Luego de un par de minutos, su compañero de celda le devolvió el celular y, en ese momento, Molina se percató de que el hombre le había enviado un mensaje a su esposa. La respuesta de “El Gato” no se hizo esperar. “Se puso como loco”, narraron. En consecuencia, ambos se trenzaron en un enfrentamiento, empuñando armas blancas tumberas.

Así, Molina recibió seis puntazos, uno de ellos le rozó el corazón. Frente al estado en el que se encontraba, los especialistas del centro de Salud penitenciario decidieron que sea trasladado de urgencia al hospital San Bernardo, donde lograron estabilizarlo y permanece internado. Su estado continúa siendo crítico.

Según pudo saber el medio mencionado, esta no es la primera vez que ambos mantienen problemas de larga data porque Salinas intentó en varias oportunidades comunicarse con la esposa de Molina, algo que en la jerga carcelaria se conoce como “hacerse el picarón con la visita”.

Este no es el primer hecho de violencia que se vive en el penal. De hecho, en octubre pasado asesinaron a uno de los reclusos. Era un peligroso sicario tucumano.

El recluso fallecido fue identificado como José Martín “El Pájaro” Castillo, quien había sido condenado por un crimen vinculado al narcotráfico. En línea con lo que informó el Ministerio de Seguridad de Salta en esa oportunidad, otro de los reclusos ingresó a su celda, forcejearon y lo golpeó brutalmente con una barra de hierro. Pese a que Castillo intentó defenderse, resultó gravemente herido y fue trasladado también al hospital San Bernardo, donde finalmente murió tras varios días de agonía. Las autoridades creen que el motivo del crimen fue un ajuste de cuentas por una deuda de drogas o por las actividades delictivas pasadas del sicario.

Asesinato en la cárcel de Piñero

Un bróker de seguros vinculado a un cargamento de cocaína valuado en 250.000 dólares con destino a Rosario en julio de 2024, murió a medidos de enero en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) a causa de múltiples heridas de arma blanca. Se trata de Agustín de la Encina, que estaba preso en la cárcel de Piñero, Santa Fe.

Desde 2021, de la Encina estaba detenido por una causa de venta de drogas, tras haber sido arrestado con 700 gramos de cocaína en un departamento de Pellegrini y Laprida, en Rosario. Inicialmente, fue trasladado a la cárcel de Coronda, en Santa Fe, y más tarde cumplía su condena en la Unidad Penitenciaria Nº 11 de Piñero, en un pabellón destinado a presos de alto perfil.

Su fallecimiento en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca), a los 26 años, ocurrió tras recibir múltiples heridas de arma blanca dentro de la cárcel. De la Encina había sido identificado también en 2024 como uno de los responsables de un cargamento de cocaína valuado en 250.000 dólares con destino a Rosario. Las autoridades investigan si su muerte estuvo relacionada con una pelea con otros reclusos.

La fiscal de Homicidios Dolosos, María de los Ángeles Granato, abrió una investigación tras la muerte de Agustín de la Encina y ordenó el secuestro de los teléfonos celulares de tres agentes del Servicio Penitenciario, con el objetivo de obtener pistas sobre el móvil del crimen y sus posibles responsables.

Mientras tanto, las autoridades trabajan en la identificación de el o los agresores dentro de la Unidad Penitenciaria Nº 11 de Piñero.

“Se está construyendo este establecimiento penitenciario, lo que demuestra que nosotros... “, decía la mandataria cuando fue interrumpida por la residente.

“Gracias a la sociedad civil, esta obra es gracias al pueblo abanquino, a los vecinos de Costa Verde, señora Boluarte”, corrigió la mujer a la jefa de Estado.

Ante este pronunciamiento, la presidenta se dirigió a la ciudadana y le dijo: “Venga para acá señora de ‘blusita’ verde para que podamos agradecer juntos a la sociedad civil”.

Inmediatamente, ella subió al estrado y amplió su mensaje al público. “Hoy es un día importante para los vecinos de este local en Tablada Alta y Costa Verde, que el año 2018 hemos apostado por una socialización para ver cristalizado el día de hoy en una primera piedra y más adelante, la construcción final de ese proyecto, mejoramiento y ampliación del servicio de readaptación social del Establecimiento Penitenciario de Abancay”, expresó.

“Gracias a cada uno de los vecinos en Costa Verde y Tablada Alta que dieron, nosotros apostamos por este proyecto, por el cual pido un fuerte voto de aplauso, porque recordemos que este proyecto necesita licencia social viva, antes, durante y después. Kausachun, Abancay”, añadió.

Luego, en diálogo con Nueva TV, se reafirmó en que su objetivo era “aclarar cómo nace y cómo se gesta esta licencia social para dar visibilidad a este proyecto tan importante, tan añorado, que sí o sí queríamos ver cristalizarse”.

“Es por ello que nosotros informamos y decimos, señora presidenta, o a las personas que han podido escuchar, que esta obra no ha sido de la mano del gobernador, no ha sido de la mano de las autoridades, ha sido de la mano del pueblo”, indicó.

En ese sentido, solicitó que se debe respetar “los acuerdos de licencia social”, como “la mano de obra, alimentación, maquinaria pesada, maquinaria amarilla, volquetes de la ciudad sin direccionamientos”.

Cárcel tendrá capacidad para 702 internos

El Establecimiento Penitenciario Abancay tendrá una capacidad de albergar a 785 internos, entre 702 hombres y 83 mujeres. De acuerdo con las autoridades, tendrá equipos de videovigilancia, un centro de educación básica y un centro de educación técnico-productiva con talleres de carpintería, zapatería, tejido, confecciones, entre otros.

Esta obra tendrá una inversión de más de 116 millones 298 mil 813 soles. La última construcción de este tipo se realizó hace 10 años con el Establecimiento Penitenciario de Cochamarca en Cerro de Pasco, el cual fue inaugurado en el 2016.

“Este penal tendrá doble importancia; la de internar a los ciudadanos que incumplieron con el marco legal y contar con talleres educacionales para resocializarlos”, dijo la presidenta.

También estuvieron presentes en la ceremonia el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana; el presidente del Instituto Penitenciario del Perú (INPE), Javier Llaque Moya; y el gobernador regional de Apurímac, Percy Godoy Medina.

Todos los meses seremos testigos de un nuevo trabajo, una nueva primera piedra, un nuevo equipamiento”, comentó el titular del Minjus.

Por su parte, Llaque afirmó que “tener ocupados a los internos es la única manera de cambiarles la vida y devolver ciudadanos distintos”.

Finalmente, Boluarte pidió a la Contraloría General de la República y al Poder Judicial establecer una mesa de trabajar para destrabar más de 2.000 proyectos paralizados.

“Encontramos obras estancadas durante años, inversiones millonarias sin ejecutar. Hoy es el momento de avanzar. Desde Abancay, hago un llamado al señor contralor y a la presidenta del Poder Judicial: trabajemos juntos para que estos proyectos sean realidad y beneficien a toda la población”, aseveró.

Un motín en el Centro de Reinserción Social de Tabasco (CREST) durante la mañana de este 19 de diciembre dejó un saldo de siete muertos, de acuerdo con la Fiscalía General del estado.

El Ministerio Público local informó en un comunicado que las personas fallecidas en este motín, que comenzó luego de que las autoridades intentaron movieron a dos generadores de violencia del Centro de Reinserción Social de Tabasco, fueron identificados como: Jorge Francisco “N” y Marcelo “N”.

Además de Mario de Jesús “N”; Alejandro “N”; Iván “N”; Cristhian “N” y Antonio “N”.

La autoridad ministerial señaló que el motín también dejó seis personas y cuatro policías lesionados.

“La Fiscalía ya ha iniciado las investigaciones correspondientes para el esclarecimiento de los sucedido”.

Reclusos del CREST se enfrentaron a las autoridades penitenciarias en un violento motín durante las primeras horas del este miércoles, cuando las fuerzas de seguridad intentaron trasladar a dos individuos identificados como generadores de violencia en la región, Javier “N” y Gerardo “N”.

El motín se desató a las 5:00 de la mañana, cuando los agentes de seguridad ingresaron al CREST con la misión de ejecutar una orden de traslado. Sin embargo, fueron recibidos con disparos y actos vandálicos, como la quema de muebles y basura en los patios del centro penitenciario, detalló Víctor Hugo Chávez, titular de la Secretaría de Seguridad, en una conferencia de prensa posterior a los hechos.

Tras tres horas de tensión, las autoridades lograron ubicar y asegurar a Gerardo “N”. No obstante, la situación continuó siendo crítica, ya que Javier “N” y sus aliados (unos 20 Personas Privadas de su Libertad) persistieron en su resistencia, disparando contra los elementos de seguridad.

Este enfrentamiento se prolongó hasta las 9:15 de la mañana, cuando finalmente Javier “N” fue detenido en el Módulo 4 del centro penitenciario.

El gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, junto con Chávez, explicaron la cronología de los eventos y presentaron el material incautado durante la operación.

El motín resultó en la muerte de las siete personas, aunque en un principió se aseguró que eran dos.

La operación de traslado, que pretendía mitigar el riesgo de violencia dentro del CREST, terminó desencadenando un episodio de caos y resistencia armada.

En el lugar fueron halladas armas, machetes y drogas, específicamente dentro de las instalaciones fue encontrado un fusil AR-15, cinco pistolas, una granada de fragmentación, un cargador de fusil, tres cargadores para pistola, así como 35 cartuchos.

También hallaron 460 dosis de marihuana, 81 de cocaína en piedras, así como un kilo 400 gramos de marihuana. Se localizaron siete celulares, cinco radios, 23 machetes, 14 cuchillos y 23 armas hechizas.

En la semifinal Cruz Azul vs América, las Águilas se llevaron la victoria de último instante con un penal. En el tiempo agregado, al minuto 90+4, Carlos Rotondi provocó una infracción en el área chica, derribó a Erick Chiquito Sánchez, por lo que el silbante marcó la sanción de penal.

Rodrigo Aguirre se encargó de cobrar de buena manera el disparo, por lo que selló el pase de su equipo a la gran final del Apertura 2024. Sin embargo, en redes sociales y entre los aficionados esta decisión arbitral causó polémica e indignación, pues algunos dudaron de la existencia del penal.

La tarde de este lunes 9 de diciembre, la Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) dio a conocer los audios del VAR y detalló cómo se llegó a esa decisión.

¿Qué dijo el VAR sobre el penal del América en la semifinal con Cruz Azul?

Por medio de un video difundido en los canales oficiales de la Comisión de Árbitros, revelaron cómo se dio la comunicación entre el VAR y el árbitro central del juego. Ambas partes determinaron que el penal fue sancionado de manera correcta, por lo que no hubo algún tipo de falta en la decisión que marcó la victoria de los azulcremas.

En cuanto el árbitro marcó penal, en el VAR empezaron a analizar las acciones de Rotondi y Sánchez, por lo que así se desenvolvió el diálogo:

Fue lo primero que expuso el VAR, posterior analizó la jugada en la que se cometió la infracción penal. “El jugador número 29 de Cruz Azul llega y lo empuja con el brazo y con el cuerpo y no juega al balón. Dame otra toma para ver que no juega al balón”, sentenció el VAR.

En cámara lenta analizaron cómo sucedió el tropezón del Chiquito, ahí determinaron que Rotondi nunca jugó al esférico, por lo que sí interfirió en la jugada de manera inadecuada, por lo que confirmaron la sanción.

Por ello, notificaron al árbitro central que su decisión fue correcta, posteriormente analizaron un posible fuera de juego: “Adonaí, el penal es claro, nada más voy a checar el posible fuera de juego... el fuera de juego no existe, completamente habilitado, ahora vamos a ver que en el remate no haya nada”.

Por último, en la acción donde Gonzalo Piovi quedó tendido en el césped, expresaron que no hubo infracción previa ni fuera de juego.

Por la fecha 23 de la Liga Profesional, Independiente Rivadavia y River Plate se enfrentaron en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. El encuentro estuvo marcado por las aspiraciones del Millonario de descontarle puntos al puntero Vélez Sarsfield y, tras comenzar abajo en el marcador por la conquista de Sebastián Villa, llegó a la igualdad tras un penal discutido por todo el banco de suplentes del local, que concretó Facundo Colidio. Sin embargo, se trató de un acuerdo del árbitro Nazareno Arasa.

La Lepra mendocina se puso al frente a los siete minutos. El colombiano Villa encontró espacios en una defensa visitante mal parada y clavó un derechazo potente que fue inatajable para Franco Armani. El ex Boca lo celebró de cara a su parcialidad y con su típico baile.

Sin embargo, los dirigidos por Marcelo Gallardo fueron en busca del empate y, tras un centro de Milton Casco, Pablo Solari falló de cabeza, la pelota dio en la mano del defensor central Sheyko Studer y Nazareno Arasa pitó penal para la Banda. Tras la revisión del VAR, se confirmó que Solari a la hora de recibir el centro estaba en fuera de juego.

Pocos minutos después, Claudio Diablito Echeverri capturó un rebote cerca del área que defendió Ezequiel Centurión, disparó y la pelota golpeó en el codo nuevamente de Studer. Arasa no dudó y cobró la pena máxima a favor de los del Muñeco. Tras unos momentos de revisión, el VAR llamó al juez para que mirara la jugada con más detenimiento, pero sostuvo su primera impresión y confirmó el penal. Facundo Colidio ganó el duelo cara a cara con su antiguo compañero y puso el 1-1 para los de Núñez.

La decisión de Arasa fue un acierto, ya que el defensor comete una infracción al interceptar el balón con el brazo, asume el riesgo al ampliar de manera voluntaria su espacio corporal para bloquear la trayectoria del balón. No se trata de una acción sujeta a interpretación, sino que es la naturaleza voluntaria y deliberada del movimiento lo que constituye la infracción.

Hasta ahí, el trabajo de Arasa venía siendo correcto; solo podía achacársele el hecho de haber dado poco descuento al final del primer tiempo cuando hubo dos revisiones largas del VAR. Sin embargo, en el final, con el gol agónico de Ezequiel Ham y los incidentes con Villa, se terminó generando una gresca de grandes proporciones que no pudo controlar. De todas formas, su intervención en las polémicas resultó acertada.

El juicio, señalado para este viernes en el Penal 1 de Lugo, no llegó a celebrarse, dado que las partes llegaron a un acuerdo de conformidad por el que el acusado reconoció los hechos y aceptó una rebaja en la condena.

Fiscalía pedía inicialmente tres años de prisión por estos hechos, que finalmente quedarán en uno y medio. Tanto el Ministerio Público como la acusación particular y la defensa se han mostrado conformes a la pena, con la que el conductor reconoce los hechos.

El acuerdo incluye la suspensión de la entrada en prisión del procesado si no delinque de nuevo en un periodo de dos años. Además, le será retirado el carnet de conducir durante dos años y medio, lo que implica su pérdida definitiva.

El accidente tuvo lugar el 16 de agosto de 2019, cuando el acusado invadió el carril contrario de circulación para hacer una maniobra sin percatarse de que por él circulaba una moto con dos ocupantes, que fallecieron.

Quito, 23 oct (EFE).- La Justicia de Ecuador condenó a Samara R. S., viuda del líder asesinado de la banda de Los Choneros, Jorge Luis Zambrano ('Rasquiña'), implicada en un caso de asociación ilícita por la liberación irregular del capo criminal.

Así lo anunció este miércoles la Fiscalía General del Estado en un comunicado en el que precisó que otros dos sujetos, Héctor R. V. y Jefferson H. G., fueron condenados por el mismo caso a tres años de prisión.

Según la Fiscalía, los implicados participaron en la liberación ilegítima de 'Rasquiña', ocurrida en 2019, ante un juez de la ciudad andina de Latacunga, donde se encontraba la prisión en la que había sido recluido en 2011 por asesinato.

Según las investigaciones de la Fiscalía y la Policía, Samara R. S., junto a abogados y funcionarios del sistema judicial y del Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi, de Latacunga, "planificó estrategias para obtener la prelibertad de 'Rasquiña'".

El Ministerio Público recordó que 'Rasquiña' había sido condenado a 20 años de prisión por asesinato, pero que la pena había sido reducida a ocho años en 2019 mediante un recurso de "rebaja de pena por ley más benigna" otorgado por un exjuez José Gerardo T. A., sentenciado en otra causa por prevaricación al haber otorgado dicha reducción de pena de forma ilegítima.

'Rasquiña', tras haber cumplido el 90 % de su condena reducida de forma ilegítima, se había acogido al beneficio de "la prelibertad" y fue liberado el 6 de junio de 2020, aunque poco tiempo después fue asesinado en un centro comercial de la ciudad costera de Manta, añadió la Fiscalía.

Por ello, el Ministerio Público había abierto una investigación en junio 2020 sobre la existencia de "una estructura delictiva implicada en actividades como robos, extorsión, tráfico de armas, tráfico de drogas, sicariato, entre otros delitos, en Guayaquil y Manta".

Información de llamadas telefónicas, mensajes de texto, audios y vídeos de móviles y en redes sociales han sido presentadas como pruebas en el caso para acusar de asociación ilícita a los tres procesados, añadió la Fiscalía.

La Sala Penal de la Corte de Justicia de la provincia de Guayas, con sede en Guayaquil, acogió dichas pruebas y sentenció a Samara R. S. a cinco años de prisión como autora mediata del delito.

También condenó a tres años de cárcel a Héctor R. V., exdirector de la Penitenciaría del Litoral, la cárcel más grande, poblada y peligrosa de Guayaquil; y a Jefferson H. G., exfuncionario de la prisión de Cotopaxi (Latacunga), como coautores, precisó la Fiscalía.

'Rasquiña' asumió el liderazgo de 'Los Choneros' en 2007, tras el asesinato de Jorge Bismark Véliz España, apodado 'Chonero' o 'Teniente España', quien fue el primer líder de la banda criminal.

Bajo su mando, la banda creció hasta controlar prácticamente el tráfico de drogas en el país y diversificó su actividad delictiva también a la extorsión, robo, tráfico de armas y sicariato.

Incluso desde prisión 'Rasquiña' logró liderar la banda y ampliar sus operaciones, para lo que reclutó a otros grupos delictivos que operaban como células en diferentes partes del país y que le rendían cuentas, como Los Tiguerones, Los Lobos o los Chone Killers, de acuerdo con las investigaciones e informes de la Policía Nacional de Ecuador.

Actualmente Los Choneros están liderados por el narcotraficante José Adolfo Macías ('Fito'), quien desde hace aproximadamente diez meses se encuentra prófugo tras haberse fugado de la Cárcel Regional de Guayaquil, donde cumplía una pena de 34 años de cárcel por narcotráfico, robo, asesinato y delincuencia organizada. EFE

Lima, 16 oct (EFE).- Al menos cinco reclusos fallecieron en el penal peruano de Huancayo, en la céntrica región de Junín, como consecuencia de un incendio desatado en la noche del martes en un taller de la prisión, informó este miércoles el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

El incendio comenzó a las 21:30 horas (2:30 GMT del miércoles) en el taller de zapatería del pabellón 2 del establecimiento penitenciario de Huancayo, detalló el INPE en un escueto comunicado publicado en la red social X.

Los cinco hombres fallecieron por asfixia, según los datos preliminares, pese a los intentos de los bomberos por extinguir el fuego, agregó la información.

De acuerdo a medios locales, otros 12 reclusos y un bombero fueron trasladados heridos al hospital Daniel Alcides Carrión de Huancayo.

El INPE informó que acudieron a la emergencia 30 bomberos y 6 vehículos, entre cisternas, ambulancia y carros asistenciales, además de 100 policías, un fiscal de turno y ambulancias de contingencia de la red de salud del Valle del Mantaro del hospital Carrión.

Asimismo, se realizó la evacuación de los internos del pabellón 2 al patio del pabellón 4 en salvaguarda de su integridad física.

Según las imágenes registradas por algunos medios de comunicación, los internos comenzaron a pedir auxilio al personal penitenciario y algunos treparon a los techos para huir de la humareda y el fuego.

Los familiares de los internos también acudieron, en la madrugada de este miércoles, a los exteriores del penal para conocer su estado, pero no recibieron mayor información del personal penitenciario.

"Hay gente que está llorando desesperada desde anoche", declaró uno de los familiares a la emisora RPP en el lugar mientras esperaba conocer oficialmente su situación. EFE

Durante un operativo en el que se intervino las celdas de los internos de 67 penales a nivel nacional, agentes del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), lograron incautar diversos elementos como droga, armas y celulares que serían utilizados como medio para realizar extorsiones desde el interior de las cárceles del país.

Durante la intervención se movilizaron 1.267 agentes del Inpe, además de 3.584 agentes de la Policía Nacional del Perú y 196 representantes del Ministerio Público, quienes verificaron la legalidad del operativo que buscó desarticular las actividades criminales que se desarrollan en coordinación con internos.

Según datos difundidos por el Ministerio de Justicia (Minjus), como resultado de la intervención, se logró incautar 2.182 envoltorios de tipo ketes que contenían diversos tipos de drogas: 940 de pasta básica de cocaína, 671 de marihuana y 571 de clorhidrato de cocaína. Además, se incautaron 244 armas blancas, 15 celulares y 9 dispositivos USB.

Menos del 0,5 % de extorsiones provienen de penales

Aunque las extorsiones desde el interior de penales en el Perú sí se producen, lo cierto es que estas no representan una cifra significativa a nivel nacional. De hecho, cifras de la Policía Nacional del Perú y del propio Ministerio de Justicia indican que apenas el 0,2 % de las denuncias registradas en lo que va del año 2024 provienen de centros penitenciarios.

Según informes del ministerio, hasta el 10 de octubre se registraron 15.384 denuncias de extorsión a nivel nacional, pero de ellas apenas 31 tuvieron como origen alguno de los penales del país. De estos casos, según el Minjus, se produjeron 21 traslados penales de mayor seguridad.

“Mientras que en el año 2023 sólo el 0.1% del total de 19,305 casos por extorsión fueron realizados desde los penales, lo cual derivó en 24 traslados de internos a penales de mayor seguridad”, se indica en la publcación oficial del ministerio a cargo de Eduardo Arana.

Rechazo al control de la Policía y FF. AA. en penales

El Ministerio de Justicia subrayó que ni la Policía Nacional ni las Fuerzas Armadas están capacitadas para cumplir con el mandato constitucional de resocialización, rehabilitación y reincorporación de los internos a la sociedad, tal como establece el numeral 22 del artículo 139 de la Constitución.

También se enfatizó que confiar el cuidado de las cárceles a la Policía y las Fuerzas Armadas implicaría revivir los lamentables incidentes ocurridos en el penal “El Sexto” en 1984, cuando la Guardia Republicana, encargada de la custodia, fue superada por un grupo de diez delincuentes, generando gran tensión en todo el Perú, lo cual fue transmitido en vivo a nivel nacional.

Esta negativa se comunicó públicamente luego de que congresistas de la bancada de Fuerza Popular propusieran que las cárceles a nivel nacional sean controladas por miembros del Ejército de manera temporal por un plazo de 120 días. El pedido fue justificado bajo la creencia de que algunos crímenes como extorsiones tenían su origen dentro de las cárceles. Una creencia equivocada, como lo afirmó el propio Ministerio de Justicia.

Los internos de este penal han encontrado en la gastronomía no solo una manera de generar ingresos, sino un camino hacia la redención y la reinserción social. Este esfuerzo, conocido como “economato”, forma parte de la iniciativa “cárceles productivas” y está supervisada por el área de trabajo del penal. Aproximadamente 350 internos, aprendices de cocina y repostería, se dedican con empeño a este oficio que les permite sustentar sus necesidades y las de sus familias.

Lecciones aprendidas entre cucharas y sartenes

Adentrarse en los economatos es una experiencia transformadora. No es solo el aprendizaje técnico lo que modifica la vida de estos hombres, sino la posibilidad de reconstruir sus sueños y forjar un futuro diferente. La capacitación en cocina no solo mejora sus habilidades culinarias, sino que también refuerza su autoestima y les da un propósito. “Iniciamos sin saber mucho, pero gracias a la guía de expertos, hemos aprendido a profesionalizarnos. Aquí dentro, cada plato es una nueva esperanza que alimenta tanto al cuerpo como al espíritu”, relató Germán a Infobae Perú, mientras termina de preparar un pedido de ceviche para compartir.

Este sentimiento de logro y propósito se refleja en el brillo de sus ojos mientras imaginan una vida más allá de las rejas. Las historias de reinserción social exitosas comienzan en estos economatos, donde los internos encuentran un refugio de creatividad y trabajo duro.

Desafíos y recompensas de estos emprendimientos

Además, esta iniciativa no solo les brinda habilidades prácticas en la cocina, sino también valores como la disciplina, el trabajo en equipo y la resiliencia. Las recompensas van más allá de las ganancias económicas; cada pequeño logro culinario representa una victoria personal y una conquista sobre las adversidades cotidianas. “Aunque la vida aquí es dura, trabajar en la cocina me da la oportunidad de sentirme útil y de aprender de mis errores”, añadió otro de los internos, subrayando la importancia de esta segunda oportunidad.

El significado del aprendizaje culinario para los internos

Cada plato que los internos preparan es una prueba de su capacidad para cambiar y adaptarse. La cocina se convierte en un refugio, un lugar donde pueden enfocarse en lo positivo y construir nuevas habilidades. “Aquí no solo aprendemos a cocinar, también aprendemos a ser mejores personas. He decidido que, cuando salga, abriré mi propio restaurante. Aplicaré todo lo que he aprendido aquí para comenzar de nuevo y contribuir a la sociedad”, dijo con determinación uno de ellos.

El aprendizaje culinario en Lurigancho representa mucho más que una simple capacitación. Para los internos, es una forma de recuperar la dignidad perdida y de demostrar a sí mismos ya sus familias que son capaces de cambiar. “La gastronomía me ha dado una nueva perspectiva de vida. He aprendido a valorar el esfuerzo y la dedicación, y eso es algo que llevaré conmigo siempre”, reflexionó Rubén a Infobae Perú. Sus palabras son un reflejo de la transformación que el económico ha traído a sus vidas.

El impacto de esta iniciativa en las vidas futuras de los internos

Para muchos, estos economatos representan una segunda oportunidad, una chispa de esperanza en medio de la oscuridad. Los internos no solo adquieren habilidades culinarias, sino también la confianza y determinación necesarias para construir un futuro mejor. “He decidido que al salir, abriré mi propio restaurante. Aquí aprenderé a cocinar, pero también aprenderé a nunca rendirme”, concluyó otro interno, mientras sueña con el día en que cruza las puertas del penal para no regresar jamás.

La gastronomía es más que una actividad comercial para estos hombres; es una herramienta de cambio social y personal. Las historias que emergen de los economatos de el Centro Penitenciario San Juan de Lurigancho son un testimonio viviente del poder transformador de una segunda oportunidad. En cada plato, en cada receta aprendida, subyace un mensaje de esperanza y redención para aquellos que buscan rehacer sus vidas y contribuir positivamente a la sociedad.

En el estadio de Fútbol Armando Maestre Pavajeau, de Valledupar, Alianza FC recibió por la ida de los octavos de final de la Copa Betplay, también conocida como Copa Colombia, al Atlético Nacional del entrenador mexicano Efraín Juárez.

El juego, que estuvo marcado por la intensidad ofensiva del equipo visitante, terminó empatado 1-1, por un cuestionado penalti pitado sobre el final del partido y que le dio la igualdad al equipo vallenato, conocido antes como Alianza Petrolera.

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A pesar de que Alfredo Morelos, delantero proveniente de Europa, marcó un gol y de la preocupante posible lesión de David Ospina, el enfoque mediático del partido se ha centrado en las controvertidas decisiones arbitrales del juez central Luis Matorel.

La jugada de la polémica

En los últimos diez minutos del partido ocurrió la jugada decisiva que definiría el resultado. El árbitro central Luis Matorel sancionó un penalti a favor de Alianza FC tras considerar que el lateral Andrés Román cometió una acción imprudente contra Andrés Rentería, jugador del equipo vallenato.

Esta decisión culminó con un disparo desde los once metros que Isaac Camargo convirtió en gol, sellando el empate definitivo.

La decisión del juez ha sido ampliamente criticada, no solo en redes sociales, sino también durante la transmisión en vivo del partido. Varios comentaristas deportivos señalaron que lo ocurrido en el estadio de Valledupar fue un error flagrante que debería haber sido corregido por el VAR. Sin embargo, el partido carecía de esta asistencia arbitral, lo que dejó la polémica sin posibilidad de revisión tecnológica.

Los errores arbitrales no se limitaron al polémico penal sancionado. Irónicamente, la jugada que generó tanta controversia por su legitimidad se originó a partir de un fuera de lugar no señalado. En los videos que circulan en internet, se puede observar que el jugador de Alianza estaba adelantado cuando recibió el balón.

Además, las imágenes muestran que el lateral del cuadro Verdolaga no impacta al jugador vallenato de manera ilícita, lo que refuerza la crítica sobre la falta de fundamento en la decisión del árbitro.

En medio de las fuertes críticas en internet hacia la terna arbitral y la organización de la Copa BetPlay por no contar con el sistema VAR, el entrenador Efraín Juárez ha restado importancia a las equivocaciones.

El director técnico de Atlético Nacional reconoció que el VAR habría sido útil para asistir al árbitro, pero subrayó que los errores cometidos por el juez central son fallos humanos, desestimando cualquier teoría de decisiones intencionalmente dirigidas a perjudicar a su equipo.

“No hablo de los árbitros. A veces te dan, a veces te quitan. Son seres humanos. Hoy desafortunadamente no había VAR, que seguramente habría sido otra opción. No he tenido la oportunidad de ver la jugada, pero es parte de… El árbitro no juega con nosotros, no entrena con nosotros. Es parte del fútbol. Si analizamos el partido en general, por muchos momentos la idea de lo que pretendemos que sea del equipo, se vio. Hay que seguir ese camino y preparar la vuelta”.

El técnico mexicano destacó que las condiciones del campo en el estadio Armando Maestre Pavajeau dificultaron el juego ofensivo y el control del balón que busca implementar con Atlético Nacional. Sin embargo, a pesar de estos inconvenientes, Juárez logró mostrar destellos de la idea de juego que pretende aplicar con el único equipo colombiano que ha conquistado la Copa Libertadores en dos ocasiones.

“Mi equipo nunca se mete atrás. Todos mis cambios fueron ofensivos. Más allá de las circunstancias, hay un rival al frente que hace que a lo mejor termines más atrás. Pero no fue porque yo lo echara atrás. Hicimos cambios pensando en ir por el segundo gol. Entendiendo eso, hay una clara diferencia entre el primer tiempo y el segundo, porque no se puede jugar al fútbol. En el segundo era muy difícil. Tratamos, pero la cancha no se prestaba”, concluyó Juárez.

El 10 de septiembre de 2024, Colombia logró derrotar a Argentina como local por eliminatorias después de 17 años; sin embargo, el gol del triunfo cafetero llegó luego de una acción de juego que el árbitro sancionó como infracción dentro del área de Nicolás Otamendi sobre Daniel Muñoz y que James Rodríguez convirtió en gol.

Múltiples medios argentinos afirmaron que no había sido falta, siguiendo la postura del entrenador de la Albiceleste, Lionel Scaloni, que en rueda de prensa destacó que “ese penal, el único que lo vio fue el árbitro y los cinco del VAR”, por lo que se generó la suspicacia de que el árbitro Piero Maza estaba a favor de Colombia.

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En la conversación entre árbitros que publicó Conmebol, se escucha al AVAR Benjamín Saravia indicarle al chileno: “Piero, tenemos un penal en el área a favor de Colombia. Momento, estamos chequeando la APP”, por lo que tras observar la jugada en varias ocasiones, indicó: “listo, voy con penal sin tarjeta amarilla”.

La polémica aumentó por las publicaciones de los futbolistas argentinos en redes sociales, que con frases como “contra todo y contra todos” incentivaron a que en su país se afirmara que el arbitraje había condicionado la derrota contra Colombia.

A pesar de que se retiró de la selección Argentina, el extremo Ángel Di María apoyó a sus compatriotas y afirmó que el chileno Piero Maza había arbitrado a favor de Colombia, por lo que escribió: “Jugamos contra 12″, comentario que no fue tomado con agrado en el país cafetero.

Sin embargo, la opinión del Fideo también hizo que en redes sociales recordaran el polémico penal que se sancionó a favor de Argentina en la final del mundial de Qatar 2022, que se registró luego de que Di María cayera en el área tras un supuesto empujón de Ousmane Dembélé.

El documental sobre Di María avivó la polémica

Dos días después del partido entre Colombia y Argentina en Barranquilla, Netflix estrenó Ángel Di María: Romper la pared, un documental en el que se repasan los momentos difíciles que vivió el futbolista en su país tras las derrotas frente a Chile en la Copa América y perder la final del mundial de 2014 contra Alemania, pero también la revancha que tuvo al ganar dos torneos continentales y una copa del mundo en 2022.

Cabe mencionar que, el audiovisual recibe ese nombre debido a que tras la final de la Copa América 2021, en la que Argentina venció 1-0 a Brasil con gol de Di María, el extremo llamó a su familia y rompió en llanto tras indicarles: “Algún día se iba a romper la pared, hoy se rompió la pared”.

Durante el documental, uno de los entrevistados es el delantero Paulo Dybala, que recordó la infracción que recibió Di María por parte de Dembélé y reveló que en su opinión no era penal, pero reconoció la viveza de su compatriota para lanzarse y fingir la infracción.

“Para mí, fue un piscinazo increíble, pero él dice que lo tocó. Siempre lo jodo a Fide. Le digo: “Qué actor, qué lindo como te tiraste”. La picardía es parte del juego”, indicó Dybala sobre la jugada.

Esta frase fue mencionada por el periodista Pablo Giralt con la intención de reconocer la labor de Di María, pero múltiples usuarios colombianos se pronunciaron en los comentarios recordando que en el triunfo de Colombia contra la Albiceleste, varios comunicadores criticaron a Muñoz, asegurando que había fingido ser golpeado por Otamendi.

“Daniel Muñoz vio varias veces este video de los grandes maestros Argentinos”, “No tienen ni vergüenza y quieren buscar justificación cuando se los cobran en contra” o “Picardía cuando es a favor, robo cuando es en contra”, fueron algunos de los comentarios al respecto.

La selección Colombia fue contundente y cumplió con el objetivo de vencer al seleccionado de Argentina en la fecha 8 de las Eliminatorias Sudamericanas, equipo que es el actual campeón de la Copa América.

El gol del triunfo estuvo marcado por algunas inconformidades, pues el árbitro central del compromiso sancionó una pena máxima a favor de la Tricolor, luego de que el jugador Nicolás Otamendi golpeara a Daniel Muñoz. La claridad de la jugada no se pudo determinar en el momento y debió ser revisada por el VAR para que se determinara el cobro.

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Como era de esperarse, la decisión llegó hasta la rueda de prensa posterior al juego de ambas selecciones. Néstor Lorenzo estuvo acompañado de Richar Ríos, de 24 años de edad y jugador del Palmeiras de Brasil, que al escuchar las reacciones del técnico albiceleste Lionel Scaloni, no pudo ocultar su sentir y en su cara mostró su opinión.

Momentos antes el argentino había expresado a los medios su inconformidad: “En realidad, si me tengo que fijar en algo es en esa jugada del penal, él lo vio, yo sinceramente no es que no vea; el fútbol es un fútbol que también hay que mirar lo que hay alrededor. Lo que hizo Muñoz, él no protesta en ningún momento, bienvenido para su equipo, ya está, no hay que darle mucha vuelta. El penal condiciona el partido, podíamos intentar empatar, pero es evidente que sobre todo a nivel psicológico a ellos les dio y a nosotros nos puso nerviosos. Y hasta tuvimos para empatarlo”, dijo.

En el turno de Colombia uno de los periodistas le preguntó al técnico y al jugador su opinión sobre la jugada del penal, basada en las declaraciones de Lionel.

“Y para el profe, la acción de penal, parece dudosa, parece polémica, dice el profesor Scaloni. Lo duda mucho que haya sido. ¿Usted qué opina de esa acción?”, preguntó el periodista.

Justo en ese momento al antioqueño se le escapó una pequeña sonrisa que intentó disimular poniéndose la mano en la cara, gestó que asistentes y quienes vivieron la rueda de prensa no pasaron desapercibido, dando a entender que esas declaraciones están basadas en simples interpretaciones bajo la molestia de haber perdido en Barranquilla.

Para Ríos, el triunfo estuvo acompañado de una motivación extra el tener cerca a los suyos: “Obvio que no siempre vamos a ganar los partidos acá, pero sí es un plus tener nuestra casa llena que es Barranquilla y que nuestras familias estén en las tribunas alentándonos”, declaró.

Expresó que este tipo de enfrentamientos con selecciones grandes a nivel continental e internacional suman en el proceso preparatorio para aspirar a jugar más finales: “Siempre será importante enfrentar a selecciones que nos obligan a sacar todo lo que tenemos. Nos potencian a demostrar para qué estamos hechos, y eso lo venimos haciendo hace varios meses”, agregó.

Finalmente, agradeció a toda la afición que no los abandona y caminan junto al equipo en busca de un mismo sueño: “Quiero agradecerle a todo el mundo que nos acompaña, que vienen hasta acá y no les importa el calor, que van hasta los hoteles a apoyarnos, a los que nos envían mensajes de buena vibra. Nosotros nos sentimos muy identificados con todos los colombianos que nos apoyan desde cualquier parte del mundo”, sentenció.

La próxima salida oficial de la selección nacional será el 10 de octubre a las 3:30 de la tarde, hora Colombia, en el Estadio Municipal de El Alto en Bolivia, por una nueva jornada de las eliminatorias. Este escenario representa un gran reto para quienes los pisen, pues se encuentra a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. El 15 de octubre regresa a casa y recibirá al seleccionado de Chile en el mismo horario: 3:30 de la tarde.

El triunfo de Colombia contra Argentina por la octava fecha de las eliminatorias sudamericanas ha generado polémica en el continente, principalmente porque el gol de la victoria se registró luego de una acción que el árbitro chileno Piero Massa no considero infracción, pero segundos más tarde fue llamado por el VAR.

En la conversación entre árbitros que publicó Conmebol, se escucha al AVAR Benjamín Saravia indicarle al chileno: “Piero, tenemos un penal en el área a favor de Colombia. Momento, estamos chequeando la APP”, por lo que tras observar la jugada en varias ocasiones, indicó: “listo, voy con penal sin tarjeta amarilla”.

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La molestia de los argentinos por la decisión del árbitro se conoció en la rueda de prensa, en la que el entrenador Lionel Scaloni afirmó que “ese penal, el único que lo vio fue el árbitro y los cinco del VAR”; además, varios jugadores rechazaron tener que jugar a las 3:30 p. m. en Barranquilla.

Periodista argentino salió en defensa de Colombia

A pesar de que gran parte de los medios en Argentina rechazaron el accionar de Piero Massa, el periodista Martín Liberman no compartió la postura de sus colegas y en diálogo con El Futbolero deslegitimó las críticas de sus compatriotas y se mostró a favor de los colombianos, recordando que “en el mundial, Argentina fue totalmente beneficiado”.

“Hay muchas voces que se alzan diciendo que el árbitro fue un poco desparejo y que inclinó la cancha en favor de Colombia. Yo creo, en todo caso, que los árbitros se equivocan, que son malos, pero de ninguna manera creo que haya alguna animosidad. En todo caso, no la habría contra nosotros, contra Argentina. Si en el Mundial Argentina fue totalmente beneficiado, le dieron penales que no fueron, ¿por qué ahora habrían de perjudicarnos? Realmente no lo veo, no lo creo”, afirmó Liberman.

El periodista afirmó que el partido entre Colombia y Argentina fue parejo y que el penal a favor de los cafeteros fue claro, mientras que la jugada en la que el arquero colombiano, Camilo Vargas, chocó con Julián Álvarez, él no considera que fue infracción.

“Yo creo que la imprudencia de Otamendi no tiene ningún sentido y que perfectamente puede sancionarse como penal o también no puede ir al piso, no puede ir al suelo en pleno área. No se va al suelo en pleno área porque cuando terminas la barrida te llevaste puesto al jugador, así más no sea con el muslo, y es penal. Es penal, perfectamente puede cobrarse el penal. Yo lo vi varias veces hace un rato y me inclino más por penal que por no penal. El reclamo sobre la jugada de Julián Álvarez no me da la sensación de que sea tan claro”.

Liberman afirmó que notó una diferencia notable entre el rendimiento de Argentina contra Chile y lo realizado frente al equipo de Néstor Lorenzo, por lo que destacó que “Colombia es mucho más que Chile” y pidió que los jugadores de la Albiceleste tienen que “saber perder, así como también hay que saber ganar”

“Las actitudes de algunos jugadores argentinos quejándose después del partido, reclamándole al árbitro Piero Massa que no cobró los penales o que cobró penales que no fueron, digo, muchachos, están las dos caras de la moneda. La cara y la seca. La cara fue toda la de Qatar, con penales que no fueron, como el de Arabia, como el de la final, como el de Polonia. Todavía Szczęsny se está preguntando qué fue lo que le cobraron”, destacó el periodista argentino.

Por último, Liberman se pronunció sobre el empujón de Emiliano Martínez a un camarógrafo y aunque recriminó el accionar de su compatriota, afirmó que en Colombia hubo “exageración y una victimización” sobre la situación.

“Párrafo aparte: Martínez no se hace, no se le pega la cámara tampoco, no se ponen trofeos en el campo. Me parece que Martínez tiene cosas que son increíbles como arquero, ¿quién podría discutirlo? Pero sus gestos y actitudes creo que pueden ser corregidos”.

En la historia de los penales británicos, pocos nombres evocan tanto misterio y notoriedad como la prisión de Dartmoor. Situada en la aislada región de Devon, esta institución ha sido escenario de múltiples intentos de fuga que llamaron la atención del público y los titulares de los medios.

A lo largo de los años, Dartmoor se distinguió tanto por su severidad y régimen estricto, como también por las sorprendentes historias de aquellos que lograron burlar sus muros. Las fugas siempre han sido motivos de fascinación, y en esta cárcel, algunas de estas historias adquirieron tintes casi legendarios.

Los criminales que lograron huir de Dartmoor

Un caso particularmente intrigante es el del Frank Mitchell, alias Mad Axeman, quien desapareció hace más de 50 años. Mitchell, condenado a cadena perpetua por un secuestro violento, logró escapar el 12 de diciembre de 1966 mientras trabajaba en la reparación de una cerca en el campo de tiro de Bagga Tor, bajo la supervisión de un solo guardia.

El recluso se aprovechó del relajado régimen de la prisión y bajo la apariencia de alimentar a los ponis de Dartmoor, desapareció. Se sospecha que fue recogido por dos hombres cerca de Princetown y llevado a Londres, donde disfrutó de una comida antes de desaparecer por completo. “Nunca se encontró su cuerpo”, explicó Devon Live, aunque se sospecha que fue asesinado debido a una disputa entre pandillas el 24 de diciembre de 1966.

Otro escape notable fue el de Harold “Rubber Bones” Webb, apodado así por su habilidad para colarse por espacios reducidos. Webb escapó el 19 de noviembre de 1951 al deslizarse a través de los conductos de aire caliente, después de abrir el piso de su celda, apretar los ejes y cortar las barras de entrada de aire. Webb se disfrazó de trabajador ferroviario y tomó un tren en la estación de Brent Tor hacia Exeter, desde donde fue haciendo dedo hasta Londres. A pesar de su ingeniosa fuga, fue recapturado en menos de una semana, según el medio Plymouth Live.

En 1957, William “Foxy” Fowler logró escapar a través de los baños del museo de la prisión de Dartmoor. “Los constructores olvidaron instalar las rejas en las ventanas”, según admite el museo en su sitio web. Fowler, uno de los criminales más infames de su tiempo, era conocido por sus frecuentes intentos de fuga. Su audacia lo llevó a escapar dos veces de la prisión de máxima seguridad Parkhurst en la Isla de Wight, e incluso en una ocasión robó un bote para navegar a lo largo de la costa. Devon Live destacó que Foxy fue detenido por la policía mientras pasaba la noche con una “dama de ocio”, y le encontraron una pistola y balas escondidas bajo la almohada.

El famoso ladrón de joyas Charles “Ruby” Sparks fue protagonista de una fuga sensacional durante un motín en la prisión en enero de 1932. En medio de la revuelta, donde los reclusos incendiaron partes de la cárcel, cerca de 30 prisioneros intentaron escapar. Sin embargo, los planes fueron frustrados gracias a la rápida intervención de la policía armada y el personal militar de los Cuarteles de Crownhill. Sparks, que cumplía una condena de cinco años por robo, aprovechó el caos para intentar forzar su salida pero fue finalmente detenido. Volvió a ser encarcelado en enero de 1940, y logró evadir la captura durante 170 días, lo que lo convirtió en uno de los fugitivos más buscados de la época.

Finalmente, la historia de John Morgan, quien escapó en abril de 1898 según reporte de Devon Live, también retumba en la memoria de la prisión de Dartmoor. Morgan, quien también usaba el alias de Henry Harley, estaba cumpliendo su tercera condena de servidumbre penal cuando logró fugarse. Fue recapturado después de una emocionante persecución, consolidando su lugar en la lista de los intentos de escape más audaces.

El bicampeonato del club América ha sido criticado por la afición del futbol mexicano, en redes sociales se desató un debate sobre el supuesto “robo” que hubo en la final, ya que los internautas, analistas deportivos y exárbitros mexicanos señalaron que no había penal de Rodolfo Rotondi sobre Israel Reyes.

La Comisión de Arbitraje de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) reveló los audios del VAR del América vs Cruz Azul y cómo es que Marco Antonio Ortíz llegó a la conclusión de sentenciar penal a favor de las Águilas.

Estos audios en lugar de calmar la crítica generaron aún más reacciones negativas sobre el trabajo del Gato Ortíz, fue por ello que la Comisión compartió una postura sobre los ataques que ha recibido el silbante. A través de redes sociales compartieron un comunicado en el que avalaron su decisión.

La Comisión dedicó una carta a la afición mexicana y a la opinión pública en general, Armando Archundia Téllez, director de la Comisión de Arbitraje, ahí detalló punto a punto el desempeño que tuvo el Gato Ortiz al minuto 71 cuando ocurrió la infracción. Sostuvieron que el penal fue bien señalado y descartaron cualquier tipo de desmérito al trabajo del silbante.

“Marco Antonio Ortíz cuenta con el absoluto respaldo de la Comisión de Árbitros, su carrera y los gafetes internacionales que porta avalan las designaciones en partidos relevantes y su criterio para tomar decisiones en el campo de juego”, se puede leer en el inicio del comunicado.

En cuanto al diálogo que hubo en el VAR, audios que fueron compartidos en redes sociales como un ejercicio de transparencia, la Comisión explicó que se realizó un ejercicio correcto de debate sobre la infracción que cometió el jugador de Cruz Azul.

Sin argumentar más sobre la polémica —si era o no penal—, las autoridades de arbitraje dejaron en claro que lo que se dijo en el VAR y la decisión de Marco Antonio fue correcto de acuerdo con el reglamento de la Comisión de Arbitraje.

Además, dejaron en claro que siempre el árbitro central tendrá la última decisión sobre lo que ocurra en la cancha, pese a la revisión en VAR él podrá decidir finalmente qué pasará.

Por otra parte, negaron que en la conversación del VAR con el asistente del VAR haya sido escuchado por el silbante principal, pues en los audios uno de los asistentes asegura que no ve penal, pero cuando se abre el diálogo con el Gato Ortiz pareciera que sí lo escuchó.

“Es importante aclarar que de acuerdo al protocolo, las comunicaciones internas entre ambos, no son escuchadas por el equipo de árbitros de campo, hasta que el VAR líder del equipo de cabina abre la comunicación con el árbitro central a través de switch”, agregaron.

Por último, finalizaron diciendo que el futbol es un deporte de apreciación, por lo que no descartan que para la opinión haya otro tipo de interpretaciones, pero que toda decisión está avalada por la ética y las reglas de juego del futbol mexicano.

América se coronó bicampeón de la Liga MX tras vencer a Cruz Azul en el Estadio Azteca con un gol de Henry Martín por la vía penal. No obstante, la decisión arbitral desató una fuerte polémica entre aficionados y antiguos árbitros.

El árbitro Marco Antonio Ortiz otorgó un penal para el conjunto de Las Águilas, considerando que Rodolfo Rotondi cometió una falta sobre Israel Reyes. Esta decisión fue cuestionada, incluso tras la revisión del VAR, que respaldó la decisión inicial del silbante. Henry Martín convirtió el penal y selló el triunfo de las Águilas.

La decisión generó controversia entre aficionados y periodistas deportivos. Ex árbitros del fútbol mexicano también expresaron su desacuerdo en redes sociales, opinando que no debió sancionarse el penal.

Esto dicen los expertos

El incidente ocurrió en un desborde por la banda derecha, donde Israel Reyes logró puntear el balón antes de ser derribado por un defensor de Cruz Azul que se barrió. El árbitro del encuentro, señaló penal a favor de las Águilas. Tras revisar la jugada en el VAR, Ortiz mantuvo su decisión original, aunque las tomas del VAR dejaron la jugada abierta a múltiples interpretaciones.

Marco Antonio Rodríguez, ex árbitro, fue tajante: “No es penal”. Tras revisar el video de la jugada, agregó: “A golpe de vista puede parecer una zancadilla de Rotondi, pero Reyes construye el contacto. No hay falta”.

Rodríguez también cuestionó las instrucciones de la Comisión de Árbitros respecto al VAR: “En jugadas controvertidas, el VAR debe sugerir una revisión en monitor. De nada sirve si no abre el entendimiento a los árbitros de sus errores”.

Felipe Ramos Rizo, otro ex árbitro, también se manifestó en contra del penal y pidió que se revisara en el VAR. Sin embargo, tras la confirmación de la decisión por parte de Ortiz, Rizo continuó criticando: “Penal inexistente a favor del América, hay que revisar. Ni con el VAR, ya lo gana el América. Además, ¿dónde quedó la segunda tarjeta amarilla a Rotondi?”.

Además, señalaron una incongruencia en la actuación de Ortiz, quien no mostró la segunda tarjeta amarilla a Rodolfo Rotondi, lo cual hubiera sido consecuente de haberse considerado la falta como penal.

Por su parte, Francisco Chacón, ex árbitro y comentarista de TV Azteca, apoyó la decisión de Ortiz. “Penal bien marcado por parte del Gato Ortiz”, publicó en su cuenta de ‘X’.

Según las imágenes compartidas en el noticiero de Latina, el reo trepó por las paredes del establecimiento cuan ‘hombre araña’. Con éxito logró saltar el primer cerco de metal que estaba cubierto de alambes. Tras correr por el primer pasadizo, ve la oportunidad y trepa con mucha destreza el segundo cerco de alambres.

La situación puso al recluso en grandes aprietos pues además de que la pared era bastante alta, un agente del INPE, que vigilaba el lugar desde una caseta, ya se había percatado del hecho. El hombre no pudo hacer más que intentar esconderse en una de las columnas de la pared, pero todo fue en vano.

INPE se pronuncia

La Oficina Regional Nor Oriente San Martin del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó, a través de un comunicado, sobre el intento de fuga. Según detallaron, el incidente ocurrió aproximadamente a las 14:30 horas del día 16 de abril cuando personal de seguridad detectó las acciones sospechosas del interno Aron Mena Fernández, quien cumple condena por el delito de hurto agravado.

El suceso ha sido notificado al Ministerio Público para proceder con las investigaciones y diligencias de acuerdo con la ley.

“La autoridad penitenciaria ha dispuesto el traslado del interno a un penal de máxima seguridad, alejado de su entorno; asimismo desplegaron medidas de seguridad para garantizar el orden al interior del centro carcelario”, agregan.

Incautan celulares, armas y drogas en penales

La Policía Nacional, en colaboración con la Fiscalía y el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) del Perú, realizó una operación de gran importancia como parte de la Política de Cárceles Seguras, logrando la confiscación de numerosos objetos ilegales en las instalaciones penitenciarias.

Este megaoperativo resultó en la incautación de 2.518 quetes y 240 envoltorios de drogas, 246 armas improvisadas, 74 teléfonos móviles, entre otros objetos prohibidos.

La acción tuvo lugar en diversos establecimientos penitenciarios, destacándose la intervención en el Establecimiento Penitenciario Ancón I, liderada por el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana Ysa, y ejecutada por un equipo multidisciplinario que incluyó miembros del Grupo de Operaciones Especiales y Seguridad, oficiales de la dirección de Seguridad Integral, agentes del INPE y fiscales especializados.

En años recientes, las intervenciones en las cárceles de Perú llevadas a cabo por la Policía Nacional y el personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) han conducido a un número importante de confiscaciones, lo que refleja la problemática situación de seguridad y contrabando que afrontan estas instalaciones. A pesar de no contar con un recuento total exacto debido a la variedad y el volumen de operaciones realizadas, los resultados obtenidos son significativos y arrojan luz sobre los desafíos existentes.

Asimismo, en determinadas intervenciones se ha descubierto que los internos han creado infraestructuras para elevar su estándar de vida en prisión, incluyendo la instalación de cocinas caseras dentro de sus celdas. Estos hallazgos evidencian las dificultades que las autoridades del Perú enfrentan para asegurar el control y la seguridad en los establecimientos penitenciarios, destacando la urgencia de adoptar estrategias más efectivas que impidan la entrada de artículos no permitidos.