Las aplicaciones de préstamos fraudulentas, conocidas como “montadeudas”, registraron más de cinco mil 800 reportes ante la Policía Cibernética de la Ciudad de México solo entre enero y febrero de 2026. La Unidad de Inteligencia Cibernética de la PDI emite una serie de recomendaciones para que la ciudadanía no caiga en este esquema de fraude y extorsión.

Estas plataformas operan sin registro ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ni ante la CONDUSEF. Se presentan como instituciones financieras legales y atraen a sus víctimas mediante publicidad engañosa en redes sociales que promete dinero inmediato, sin historial crediticio y sin documentación.

Cómo operan los montadeudas

Al momento de la descarga, la aplicación solicita permisos para acceder a los contactos, la galería de fotos, la ubicación y los archivos del teléfono. Con esa información, los operadores presionan al deudor con mensajes difamatorios enviados a sus familiares y círculos sociales.

Una vez entregado el préstamo, los intereses suben sin previo aviso. Si el usuario se retrasa en el pago, comienzan las amenazas, los insultos y las extorsiones directas para forzar la liquidación de montos muy superiores a los pactados.

La doctora en derecho Erika Vanesa García Rico lo describe así: “Las aplicaciones ‘montadeudas’ otorgan préstamos aparentemente sin garantías y con bajos intereses, pero cambian las condiciones sin previo aviso“. Eso las vuelve impagables y abre la puerta a la extorsión sistemática.

Recomendaciones de la PDI para no ser víctima

1. Verifica el listado de prestamistas con reporte de fraude. Antes de descargar cualquier aplicación de préstamo, consulta el registro del Consejo Ciudadano disponible en consejociudadanomx.org. Si la plataforma aparece en ese listado, no la instales bajo ninguna circunstancia.

2. Confirma el registro ante la CONDUSEF. Toda aplicación financiera que opere legalmente en México debe estar inscrita en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros). Una búsqueda rápida en ese portal confirma si la plataforma es legítima antes de aceptar cualquier crédito.

3. Lee los términos y condiciones antes de aceptar. Ningún préstamo debe aceptarse sin revisar el contrato completo. Las instituciones reguladas especifican con claridad los montos, las fechas de pago y las tasas de interés sin cambiarlas después.

4. Desconfía de anuncios en redes sociales que prometan préstamos rápidos y sin restricciones. Ese tipo de publicidad es una señal de alerta. Las financieras legales no operan exclusivamente a través de promociones en plataformas digitales ni ofrecen aprobación sin ningún tipo de verificación.

5. Lee los comentarios de otros usuarios antes de instalar. Las reseñas y calificaciones en las tiendas de aplicaciones revelan experiencias previas. Una app con quejas reiteradas sobre cobros abusivos o acoso debe descartarse de inmediato.

6. Otorga solo los permisos básicos al instalar cualquier aplicación. Si una app de préstamos solicita acceso a tus contactos, cámara, fotos, micrófono o ubicación, cancela la instalación. Esos permisos son la materia prima del esquema de extorsión.

7. No compartas datos personales ni bancarios a través de aplicaciones no verificadas. Las instituciones reguladas no solicitan identificaciones oficiales ni información de tarjetas por canales informales. Cualquier solicitud de ese tipo es una señal de fraude.

8. No cedas ante amenazas ni realices pagos indebidos. Ángel González Badillo, director general de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, advierte que “aunque pagues la deuda, ellos seguirán exigiendo más”. Pagar no detiene el acoso; solo lo alimenta.

Qué hacer si ya eres víctima

9. Alerta a tus contactos de inmediato. Pídeles que reporten y bloqueen los mensajes provenientes de números desconocidos. Eso limita el alcance del daño a tu reputación y reduce la presión que ejercen los operadores.

10. Elimina el contenido personal del dispositivo. Antes de desinstalar la aplicación, realiza capturas de pantalla de las conversaciones dentro de la plataforma, los montos del depósito y los pagos ya efectuados. Esas imágenes son la prueba para la denuncia.

11. Bloquea los permisos concedidos y cambia tus contraseñas. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX recomienda revocar de inmediato el acceso que la app tiene sobre el dispositivo y actualizar todas las claves de acceso a cuentas bancarias y redes sociales.

12. Presenta la denuncia ante el Ministerio Público más cercano. Acude con las capturas de pantalla como respaldo. La extorsión está contemplada en el Código Penal Federal con penas de hasta ocho años de prisión, y las autoridades cuentan con facultades para actuar contra estas plataformas.

13. Comunícate al Consejo Ciudadano. La línea 55 5533 5533 ofrece orientación jurídica gratuita y confidencial para víctimas de montadeudas. El servicio está disponible para cualquier persona que haya sido objeto de acoso o extorsión por parte de estas aplicaciones.

14. Contacta a la Unidad de Inteligencia Cibernética de la PDI. La dependencia atiende reportes a través del número (55) 5242 6489 y del correo ciberneticapdi@fgjcdmx.gob.mx. Documentar cada intento de extorsión y notificarlo a las autoridades es el paso que más dificulta la operación de estas redes.

15. Denuncia ante la Policía Cibernética de tu entidad. El directorio de unidades estatales está disponible en gob.mx/sspc. Cada reporte fortalece la base de datos que permite identificar, rastrear y desmantelar las redes de montadeudas que operan en el país.

El fraude en trámites de pasaporte aumentó en México durante los primeros meses de 2026. La Policía de Investigación (PDI) emitió una alerta pública tras detectar un incremento en casos de personas que perdieron su dinero ante gestores falsos y sitios web apócrifos que imitan los portales del gobierno.

Estas son las 14 recomendaciones que debes seguir para protegerte:

• Verifica que el sitio web sea oficial

El portal legítimo de la SRE termina siempre en .gob.mx. Cualquier dirección que use extensiones como “.com.mx”, “.net” o “.org” no pertenece al gobierno mexicano y puede ser una trampa para robar tus datos.

• Agenda tu cita únicamente en canales autorizados

La SRE dispone de tres vías oficiales para agendar citas: el sitio web citas.sre.gob.mx, el teléfono 55 8932 4827 y el mismo número por WhatsApp. No existe ningún otro canal autorizado para este fin.

• Desconfía de los gestores que ofrecen adelantar tu cita

La SRE confirmó que no existen intermediarios autorizados para agilizar el trámite de pasaporte. Toda persona que ofrezca conseguirte una cita más rápida a cambio de dinero es un defraudador.

• No realices pagos en tiendas de conveniencia

El pago del pasaporte no se efectúa en tiendas de conveniencia, en efectivo ni mediante transferencias a cuentas personales. La dependencia fue directa en su advertencia: “El pago del trámite de tu pasaporte no se realiza en tiendas de conveniencia, cuentas personales ni mediante enlaces en redes sociales”.

• Revisa la razón social antes de hacer cualquier depósito

Antes de transferir cualquier cantidad, verifica que los datos bancarios de la referencia de pago muestren como beneficiario a una institución gubernamental. Si no aparece la razón social oficial, no deposites bajo ninguna circunstancia.

• Paga solo en bancos autorizados

El pago de derechos se realiza exclusivamente en instituciones bancarias como BBVA, Banorte, Citibanamex, Santander, HSBC y otras participantes del sistema. Tu banco más cercano o la aplicación de banca móvil son las vías seguras.

• No compartas tu información personal en redes sociales

Ningún trámite oficial de pasaporte requiere que envíes documentos, fotografías o datos personales por mensajes directos en redes sociales. Cualquier solicitud de este tipo es una señal de alerta inmediata.

• No proporciones datos financieros a terceros

Tu número de cuenta, CLABE interbancaria o información de tarjetas no forman parte del proceso de solicitud de pasaporte. Ningún funcionario ni representante de la SRE te los pedirá por ningún medio.

• Descarga la línea de captura desde el portal oficial

Una vez que agendas tu cita en el portal oficial, el sistema genera un formato único de pago con tu línea de captura. Ese documento es el único instrumento válido para liquidar el trámite en el banco.

• Conoce los precios oficiales vigentes para 2026

Los costos establecidos en la Ley Federal de Derechos son tres: mil 730 pesos mexicanos por 3 años de vigencia, dos mil 350 pesos por seis años y cuatro 120 pesos por 10 años. Si alguien te cobra una cantidad diferente, el trámite no es legítimo.

• Verifica si tienes derecho a descuento

Las personas mayores de 60 años, con discapacidad comprobable y los trabajadores agrícolas con contrato vigente en Canadá tienen derecho a un descuento del 50 por ciento sobre el costo del trámite. Este beneficio aplica directamente en el banco, con la documentación que lo acredite.

• Lleva tus documentos en original y con datos coincidentes

La SRE exige que la información contenida en el acta de nacimiento y en la identificación oficial coincida en su totalidad. Los documentos con tachaduras, borraduras o enmendaduras pierden validez y pueden retrasar o cancelar tu trámite.

Recuerda que el trámite es estrictamente personal. Nadie puede presentarse en tu lugar ni gestionar el proceso a distancia por cuenta propia. Tu presencia en la oficina de la SRE es un requisito sin excepción.

Para aclarar requisitos, confirmar pagos o reportar intentos de fraude, comunícate al 55 8932 4827 o visita gob.mx/sre. La orientación oficial es gratuita y está disponible todos los días hábiles.

La Policía de Investigación de la Ciudad de México emite una alerta ante el crecimiento del fraude conocido como “salvo buen cobro”, una modalidad que deja al vendedor sin su producto y sin dinero en cuestión de horas. La Fiscalía General de Justicia de la CDMX respalda las recomendaciones y pone a disposición de la ciudadanía atención directa las 24 horas.

La leyenda “salvo buen cobro” (SBC) aparece en la aplicación bancaria del vendedor cuando recibe un depósito de un banco distinto al suyo. Ese mensaje no confirma que el dinero ya esté disponible: solo indica que la operación está en proceso de verificación y puede tardar hasta 48 horas en resolverse.

¿Cómo opera el engaño?

Los estafadores ubican un artículo en venta —con frecuencia un automóvil— a través de redes sociales o portales de compraventa. Acuerdan el precio con rapidez y proponen pagar mediante transferencia electrónica o cheque, generalmente en fin de semana, cuando los bancos permanecen cerrados.

Una vez en el punto de encuentro, el delincuente muestra una captura de pantalla del supuesto pago. El vendedor revisa su aplicación, ve el monto reflejado en su saldo total y entrega el producto. Horas después, o al siguiente día hábil, el banco revierte la operación porque el cheque carecía de fondos o era falso, y el dinero desaparece de la cuenta.

La diferencia entre saldo total y saldo disponible es la clave del fraude. El dinero solo es real cuando el estado de cuenta muestra la palabra “en firme”, no antes.

¿Qué hacer antes de cerrar cualquier venta?

La primera medida es identificar el banco del comprador antes de aceptar cualquier forma de pago. Si la transferencia proviene de una institución distinta a la del vendedor, el riesgo de que aparezca la leyenda SBC aumenta de forma directa.

La Condusef recomienda priorizar el pago en efectivo o, en su defecto, exigir una transferencia vía SPEI, que se acredita de forma inmediata y elimina el periodo de espera interbancario. El efectivo sigue siendo el método más seguro para transacciones entre particulares.

Ninguna venta debe cerrarse en fin de semana si el pago se realiza mediante cheque o transferencia interbancaria. Los bancos no procesan verificaciones en días inhábiles y ese lapso es exactamente el margen que los defraudadores necesitan para consumar el ilícito.

Las cinco reglas que la Policía de Investigación recomienda aplicar

La primera regla es no entregar ningún documento de propiedad —título, escritura, factura— hasta que los fondos aparezcan liberados en la cuenta. La entrega anticipada de papeles es lo que convierte una transacción fallida en un fraude consumado.

La segunda es exigir cheques certificados y confirmar directamente con el banco emisor que tienen fondos antes de completar la operación. La certificación no garantiza por sí sola que el cheque sea legítimo si proviene de una institución diferente.

La tercera regla es no ceder ante la presión del tiempo. Los estafadores suelen argumentar urgencia o enviar un servicio de mensajería para recoger la mercancía de inmediato. Esa prisa es una herramienta deliberada para impedir que el vendedor verifique el pago.

La cuarta es no aceptar capturas de pantalla como comprobante de pago. Las imágenes se falsifican con facilidad y no tienen validez ante ninguna institución bancaria ni ante el Ministerio Público.

La quinta es documentar toda transacción con un contrato de compraventa que incluya copias de las identificaciones oficiales de ambas partes, y realizarla en un lugar público, en día hábil y con testigos presentes.

¿Qué hacer si ya fue víctima?

Quien haya caído en esta modalidad de fraude debe mantener la calma y no confrontar al estafador. La Policía de Investigación de la CDMX instruye a las víctimas a no “engancharse” y a presentar de inmediato la denuncia correspondiente.

La denuncia se puede interponer de forma digital en www.denunciadigital.cdmx.gob.mx o mediante atención telefónica directa las 24 horas en los números 55 5345-5026 y 55 5200-9000. Conservar capturas de pantalla, comprobantes y datos del comprador resulta indispensable para respaldar cualquier investigación.

La Policía de Investigación (PDI) de la Ciudad de México alertó este miércoles sobre una modalidad de fraude que afecta a personas que intentan tramitar su certificado de estudios. Los delincuentes se aprovechan de la necesidad urgente de ese documento para cobrar dinero a cambio de un trámite que no pueden realizar.

El engaño opera bajo una premisa simple: ofrecer atajos que no existen. La Secretaría de Educación Pública (SEP) es la única autoridad facultada para emitir certificados de estudios y no utiliza intermediarios de ningún tipo para ese proceso.

¿Qué hace la SEP y qué no hace?

Ninguna aplicación, sitio web externo ni persona particular tiene autorización para tramitar un certificado de estudios en nombre de la SEP. Quien ofrezca ese servicio a cambio de un pago opera al margen de la ley.

La condición para obtener un certificado es haber acreditado las materias correspondientes. Cualquier oferta que garantice el documento sin ese requisito previo es, por definición, una estafa.

La trampa del pago anticipado

Uno de los mecanismos más frecuentes del fraude es la solicitud de transferencias o depósitos bancarios. La PDI advierte que ningún pago debe realizarse sin antes verificar que la fuente sea oficial y confiable.

Los estafadores suelen crear urgencia artificial para presionar a sus víctimas. Ante cualquier solicitud de dinero por este trámite, la recomendación es detener la operación de inmediato y no transferir ninguna cantidad.

¿Cómo identificar un sitio o contacto falso?

Los delincuentes replican la apariencia de portales gubernamentales para capturar datos personales y bancarios. Una letra cambiada en la dirección web o un dominio distinto a gob.mx son señales de que el sitio no es legítimo.

Los formularios fraudulentos recolectan información que luego se usa para suplantar identidades o extorsionar a las víctimas. El solicitante debe verificar la URL antes de escribir cualquier dato personal.

El riesgo de compartir enlaces no verificados

Difundir o seguir enlaces de sitios no oficiales, aunque provengan de contactos conocidos, puede convertir al usuario en víctima. La PDI señala que esa práctica es una de las principales vías por las que el fraude se propaga.

El engaño se extiende cuando las personas comparten direcciones web falsas en grupos de mensajería o redes sociales. Detener esa cadena de difusión protege tanto al usuario como a quienes están en su entorno.

¿Qué hacer ante un contacto sospechoso?

Quien reciba una solicitud de pago o encuentre un formulario en una página no oficial debe abstenerse de proporcionar cualquier dato. La acción inmediata es comunicarse con la PDI para reportar el caso.

El canal de orientación habilitado por la PDI es el número telefónico (55) 5242 6489. También es posible enviar un reporte al correo electrónico ciberneticapdi@fgjcdmx.gob.mx con los detalles del sitio o del contacto sospechoso.

¿Por qué denunciar protege a más personas?

Presentar una denuncia no solo resguarda al afectado: también permite a las autoridades rastrear y desactivar los sitios fraudulentos. Cada reporte es un insumo directo para identificar a los responsables.

La PDI cuenta con una unidad de ciberdelitos que recibe y procesa estas denuncias de forma especializada. La información que aporten los ciudadanos es la base principal para desmantelar estas redes de engaño.

La verificación previa, el paso más eficaz

Antes de iniciar cualquier gestión, el solicitante debe confirmar que el portal o la instancia a la que acude corresponde a la SEP o a la autoridad educativa de su entidad. Ese paso previo toma poco tiempo y puede evitar pérdidas económicas o la exposición de datos sensibles.

Conocer estas medidas básicas y compartirlas con familiares o amigos que planeen tramitar su certificado reduce de forma directa la cantidad de personas que caen en estas estafas. La prevención informada es la herramienta más eficaz contra el fraude en este tipo de trámites.

Miles de personas en México enfrentan el riesgo de ser víctimas de fraude al intentar tramitar una visa oficial. Para ello, la Policía de Investigación (PDI) de la Ciudad de México emitió una serie de advertencias para que los ciudadanos reconozcan las señales de alerta antes de iniciar cualquier gestión.

El sitio oficial, primer escudo contra el engaño

El único portal autorizado para realizar el trámite de visa oficial es https://www.gob.mx/tramites/ficha/obtencion-de-visa-oficial/SRE313. Cualquier página distinta a esa dirección representa un riesgo de fraude para quien la utilice.

Los delincuentes replican la apariencia de sitios gubernamentales para capturar datos personales y bancarios de los solicitantes. Ingresar información en esos portales falsos puede derivar en robo de identidad o pérdida económica directa.

Formularios falsos, la trampa más frecuente

La PDI advierte que los ciudadanos deben evitar llenar formularios en páginas que no sean la oficial. Estos formularios fraudulentos recolectan datos que luego se usan para suplantar identidades o extorsionar a las víctimas.

Una señal de alerta inmediata es cuando un sitio solicita información personal sin que la URL corresponda al dominio gob.mx. El solicitante debe verificar esa dirección antes de escribir cualquier dato.

La trampa del pago anticipado

Si durante el trámite alguien exige un pago por adelantado, la instrucción de la PDI es clara: no realices ninguna operación. El siguiente paso obligatorio es denunciar ese intento de fraude ante las autoridades.

La única vía de pago autorizada para el trámite de visa oficial es a través del formato de pago de la Ciudad de México. Ningún otro canal, cuenta bancaria o plataforma de transferencia es válido para este proceso.

Compartir información, un riesgo que se puede evitar

Difundir o seguir enlaces de sitios no oficiales, aunque provengan de contactos conocidos, puede convertir al usuario en víctima sin que lo advierta. La PDI señala que esa práctica es una de las principales vías por las que opera el fraude.

El engaño se propaga cuando las personas comparten direcciones web falsas en grupos de mensajería o redes sociales. Detener esa cadena de difusión protege tanto al usuario como a su entorno.

¿Qué hacer si ya fuiste contactado por un sitio sospechoso?

Quien reciba una solicitud de pago o encuentre un formulario en una página no oficial debe abstenerse de proporcionar cualquier dato. La acción inmediata es comunicarse con la PDI para reportar el caso.

El canal de orientación habilitado por la PDI es el número telefónico (55) 5242 6489. También se puede enviar un reporte al correo electrónico ciberneticapdi@fgjcdmx.gob.mx con los detalles del sitio o del contacto sospechoso.

Denunciar, el paso que protege a otros

Presentar una denuncia no solo protege al afectado: también permite a las autoridades rastrear y desactivar los sitios fraudulentos. Cada reporte contribuye a reducir el alcance de estas redes de engaño.

La PDI cuenta con una unidad de ciberdelitos que recibe y procesa estas denuncias de forma especializada. La información que aporten los ciudadanos es el insumo principal para identificar a los responsables.

Verificación antes de cualquier acción

Antes de iniciar el trámite, el solicitante debe confirmar que la dirección del sitio web coincide exactamente con la URL oficial. Un carácter adicional, una letra cambiada o un dominio distinto a gob.mx son señales de que el sitio es falso.

La verificación toma menos de un minuto y puede evitar pérdidas económicas o la exposición de datos sensibles. Ese paso previo es la medida de protección más directa y accesible para cualquier ciudadano.

Resumen de las medidas esenciales

El trámite de visa oficial solo se realiza en el portal gob.mx/tramites/ficha/obtencion-de-visa-oficial/SRE313, el pago únicamente se efectúa mediante el formato de la Ciudad de México, y cualquier solicitud fuera de esos canales debe denunciarse de inmediato. La PDI atiende reportes en el teléfono (55) 5242 6489 y en el correo ciberneticapdi@fgjcdmx.gob.mx.

Conocer estas reglas básicas y compartirlas con familiares o amigos que planeen tramitar una visa reduce de forma directa la cantidad de personas que caen en estas estafas. La prevención informada es la herramienta más eficaz contra el fraude en línea.

La Policía de Investigación (PDI) alertó este sábado sobre el secuestro virtual, una modalidad de extorsión telefónica que convierte a los menores de edad en el eslabón más vulnerable de la cadena delictiva.

El mecanismo opera en dos frentes simultáneos: mientras un delincuente mantiene al menor al teléfono y lo saca de su domicilio con engaños, un cómplice llama a los padres para informarles que su hijo está secuestrado y exige dinero por su liberación.

¿Cómo funciona el engaño paso a paso?

Los extorsionadores eligen a sus víctimas con información previa. Obtienen datos personales desde perfiles públicos en redes sociales: nombres de familiares, direcciones, vehículos y rutinas cotidianas.

El primer contacto llega por teléfono desde un número desconocido, privado o extranjero. El delincuente adopta un tono agresivo desde el inicio para generar confusión y miedo en quien contesta.

Al menor se le dan instrucciones precisas para que abandone su casa y se traslade a otro lugar. Durante todo ese trayecto, los delincuentes lo mantienen conectado a la llamada para que sus padres no puedan ubicarlo.

El rol del pánico como herramienta

La incapacidad de los padres para comunicarse con su hijo es la pieza central del engaño. Esa ausencia de respuesta confirma, en apariencia, que el relato del “secuestro” es real.

En algunos casos, los delincuentes envían fotografías del menor como prueba del supuesto plagio. Esas imágenes las toma el propio joven en algún lugar público adonde fue conducido por la llamada.

Una vez que la familia realiza el depósito, los extorsionadores cortan la comunicación con el menor. En ese momento, el joven ya puede ser localizado por sus padres, quienes comprenden que fueron víctimas de un fraude.

Señales para identificar la trampa

Una llamada que exige un depósito inmediato bajo amenaza y no permite verificar el estado del familiar es la señal más clara de una extorsión. Ninguna institución oficial solicita transferencias bancarias por teléfono.

La PDI subraya que la presión del tiempo es una táctica deliberada. Los delincuentes imponen plazos muy cortos para impedir que la familia piense con calma o consulte a otras personas.

¿Qué hacer ante una llamada de este tipo?

La primera acción es conservar la calma y no proporcionar ningún dato personal, bancario ni familiar durante la llamada. Si el interlocutor pregunta con quién habla, la respuesta debe ser: “¿Con quién quiere hablar?”.

Antes de tomar cualquier decisión, la familia debe intentar comunicarse directamente con el menor desde otro teléfono. Ese paso simple es suficiente para desarticular el engaño en la mayoría de los casos.

Prevención desde el hogar

De acuerdo con la problemática, la PDI recomienda que los padres conversen con sus hijos sobre este tipo de fraudes para que sepan cómo actuar si reciben una llamada sospechosa. Un protocolo familiar acordado —como una palabra clave de verificación— puede ser determinante.

Compartir información personal en redes sociales con perfiles públicos facilita el trabajo de los delincuentes. Limitar esa exposición y configurar la privacidad de las cuentas reduce de forma directa el riesgo de ser elegido como blanco.

Denuncia y orientación

Bajo ninguna circunstancia se deben realizar depósitos o transferencias ante este tipo de llamadas. Los delincuentes diseñan el engaño precisamente para que la víctima actúe antes de pensar, por lo que detener cualquier transacción es el paso más importante.

La instrucción de la PDI es directa: cortar la comunicación de inmediato y no volver a contestar ese número. Cada segundo adicional en la llamada le da al extorsionador más tiempo para manipular a la familia.

Quienes hayan recibido una llamada de este tipo —o sospechen haberla recibido— pueden acudir a las autoridades para recibir orientación personalizada y formular su denuncia formal. El reporte oportuno permite a los investigadores rastrear los números utilizados y prevenir que otras familias caigan en el mismo fraude.

La Policía de Investigación Cibernética de la PDI atiende estos casos de forma directa. Los ciudadanos pueden comunicarse al 55 5242 6489 o escribir al correo electrónico ciberneticapdi@fgjcdmx.gob.mx para recibir asistencia, orientación preventiva o iniciar el proceso de denuncia.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX) aprehendió y obtuvo la vinculación a proceso de Héctor “N” y Miriam “N”, dos personas probablemente implicadas en un caso de extorsión agravada contra una servidora pública de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), por hechos ocurridos en la alcaldía Cuauhtémoc.

Ambos fueron trasladados desde Guadalajara, Jalisco, y enfrentan prisión preventiva tras audiencias celebradas en distintas fechas ante un juez de control capitalino.

El engaño: un accidente falso y una menor que nunca existió

El 15 de junio de 2021, la víctima recibió una llamada telefónica en su centro de trabajo. Un sujeto le informó que su jefe había protagonizado un accidente automovilístico en el que una menor de edad había perdido la vida y que, debido a que la póliza de seguro estaba vencida, era indispensable realizar depósitos de dinero para evitar consecuencias legales contra su superior. Bajo esa presión, los extorsionadores escalaron gradualmente la cantidad exigida hasta alcanzar un millón de pesos.

Antes de descubrir que todo era falso, la trabajadora realizó seis transferencias bancarias por un total de $229 mil pesos a distintas cuentas. Solo al comunicarse directamente con su jefe confirmó que nunca había estado involucrado en ningún accidente y que la información recibida era completamente inventada.

El rastreo financiero que identificó a los imputados

Un juez de control vinculó a proceso a Héctor “N” y Miriam “N” por extorsión agravada en agravio de una servidora pública de la SRE. La investigación de la Fiscalía CDMX determinó que algunas de las cuentas bancarias que recibieron parte de los $229 mil pesos transferidos por la víctima estaban registradas a nombre de ambos imputados.

El análisis de los movimientos financieros, junto con otros actos de investigación, permitió al agente del Ministerio Público construir los elementos suficientes para solicitar y obtener las órdenes de aprehensión correspondientes contra Miriam “N” y Héctor “N”.

Operativo en Jalisco: dos capturas en el mismo inmueble

Mediante el intercambio de información con instituciones de procuración de justicia y labores de seguimiento técnico, la Fiscalía de la CDMX estableció que ambos imputados se encontraban en Guadalajara, Jalisco.

En coordinación con elementos de la Fiscalía del Estado de Jalisco, agentes de la Policía de Investigación (PDI) desplegaron un operativo y aprehendieron a Miriam “N”, quien fue trasladada de inmediato a la Ciudad de México.

Las indagatorias continuaron hasta localizar a Héctor “N” y fue el 17 de junio de 2026 cuando agentes de la PDI ejecutaron la orden de aprehensión en el mismo inmueble donde había sido detenida Miriam “N”, y procedieron a su traslado a la capital.

Audiencias separadas, mismo resultado: prisión preventiva

Tras el traslado de Miriam “N”, el agente del Ministerio Público presentó ante el juez de control los datos de prueba recabados durante la investigación. La autoridad judicial determinó su vinculación a proceso por extorsión agravada y le impuso la medida cautelar de prisión preventiva.

El caso de Héctor “N” siguió el mismo camino. Durante la audiencia celebrada el 22 de junio de 2026, la Fiscalía CDMX expuso los elementos de la investigación y obtuvo su vinculación a proceso por el mismo delito. El juez también le impuso prisión preventiva.

El mismo engaño, otra vez: call center en Guadalajara usaba el esquema del “accidente del jefe”

El caso de la trabajadora de la SRE no es un hecho aislado. En abril de 2026, la Fiscalía General del Estado de Jalisco desmanteló un call center clandestino en la colonia Antigua Penal de Oblatos, en Guadalajara, donde Luis Arturo “N” y Martín “N” operaban un esquema de extorsión telefónica con el mismo patrón: llamadas a empleados de empresas en las que se les informaba que su superior había sufrido un accidente automovilístico y que la póliza de seguro estaba vencida, por lo que debían realizar depósitos urgentes para evitar consecuencias legales.

Para hacer más creíble el engaño, los operadores recopilaban información previa sobre las víctimas. Al momento de la detención, uno de los imputados se encontraba en comunicación activa con una posible víctima. En el inmueble se aseguraron teléfonos, tarjetas SIM, libretas con datos personales, directorios telefónicos y una pistola de postas.

El aumento de delitos contra la intimidad digital ha llevado a la Policía de Investigación (PDI) a difundir una serie de recomendaciones centradas en la prevención. Estas medidas forman parte de la Ley Olimpia, cuyo propósito es salvaguardar la privacidad de las mujeres en los entornos en línea.

De acuerdo con las autoridades, la iniciativa establece sanciones para la difusión o sustracción de imágenes íntimas sin consentimiento. Su función principal es proteger el derecho de las mujeres a la intimidad frente a delitos digitales, definiendo el hecho como una transgresión grave a sus derechos fundamentales.

A continuación te compartimos cómo cuidar tu privacidad ante los engaños en Internet.

Riesgos y espacios vulnerables en internet

La protección de la información privada depende, en gran medida, de conocer los espacios más expuestos. El correo electrónico, las redes sociales y los servicios de almacenamiento en la nube representan puntos críticos donde se concentran los riesgos de filtración.

Guardar fotografías o documentos personales en estas plataformas incrementa la posibilidad de accesos no autorizados. Por ello, se recomienda no utilizar estos servicios para almacenar contenido íntimo o sensible.

Contraseñas seguras y control de acceso

Las contraseñas funcionan como la primera barrera de defensa. El uso de claves débiles o compartidas facilita el acceso indebido a dispositivos y cuentas personales. Cambiar las contraseñas con frecuencia y evitar compartirlas protege la información desde el primer momento.

Es fundamental prestar atención a las contraseñas de computadoras, ya que desde un solo equipo se puede acceder a múltiples plataformas. Mantenerlas seguras y privadas constituye una medida de protección indispensable.

La importancia de cerrar sesiones

Dejar sesiones abiertas en dispositivos compartidos o públicos es uno de los descuidos más habituales y peligrosos. Cerrar las sesiones luego de cada uso dificulta que otras personas accedan a cuentas personales sin autorización.

Este tipo de negligencia permite que terceros, con acceso físico al equipo, puedan explorar, copiar o divulgar datos privados en minutos. La prevención pasa por adoptar el hábito de cerrar todo acceso al finalizar su utilización.

Videollamadas y trato con desconocidos

Las videollamadas requieren precauciones adicionales, ya que existe la posibilidad de que la otra persona grabe el contenido sin consentimiento. Minimizar los riesgos implica evitar compartir información sensible y no interactuar con desconocidos en estos canales digitales.

El contacto con personas sin identificación clara, a través de videollamadas, puede derivar en situaciones de vulnerabilidad. La recomendación es limitar este tipo de interacciones para reducir la exposición a posibles delitos.

Conductas sancionadas por la Ley Olimpia

La difusión de imágenes o datos íntimos ajenos, sin autorización, constituye un delito tipificado por la Ley Olimpia. La sanción se aplica incluso cuando el material fue obtenido con consentimiento, si en el momento de la difusión no existe autorización expresa.

La clave para determinar la responsabilidad penal es la ausencia de consentimiento en la divulgación. Compartir información privada de terceros, aunque en su origen haya existido confianza, puede implicar consecuencias legales.

Protección legal y acciones recomendadas

La existencia de la Ley Olimpia otorga herramientas jurídicas para que las víctimas puedan identificar y denunciar vulneraciones a su intimidad. Esta legislación ha logrado convertir en delito conductas que antes quedaban sin castigo.

Para protegerse frente a estos delitos, la recomendación principal es conocer el alcance de la ley y adoptar medidas preventivas en el manejo de datos personales. La información y la prevención son las mejores defensas frente a la violencia digital.

En caso de denunciar un caso de violencia digital amparado por la Ley Olimpia, debes acudir directamente a la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de tu localidad para levantar una carpeta de investigación por el delito de violación a la intimidad sexual. Dependiendo de tu estado, existen canales de apoyo, orientación y vías digitales.

Rogelio “N” fue vinculado a proceso por abuso sexual agravado y violación agravada contra una menor, hija de su expareja en la alcaldía Xochimilco, Ciudad de México, y permanecerá en prisión preventiva mientras avanza la investigación.

El caso salió a la luz el 5 de junio de 2026, cuando la madre de la víctima notó que su hija presentaba lesiones y sangrado que requerían atención médica. La trasladó de inmediato a un hospital, donde la niña señaló a Rogelio “N” como su agresor.

Al día siguiente, el personal médico notificó a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX), que inició las indagatorias correspondientes.

Amenazas y silencio forzado

Durante la entrevista especializada realizada por personal capacitado de la institución, la víctima relató episodios ocurridos entre mayo y julio de 2024.

Según su testimonio, Rogelio “N” aprovechaba las ausencias de la madre para ingresar a la habitación de la niña, donde la agredía sexualmente. Para mantenerla en silencio, la amenazaba con hacerle daño a su madre. El miedo que le generaban esas conductas llevó a la menor a colocar seguro y bloquear la puerta de su cuarto como medida de protección, bloqueando la puerta de su cuarto para intentar impedir que Rogelio “N” entrara.

El miedo que le generaban esas conductas llevó a la menor a colocar seguro y bloquear la puerta de su cuarto ubicado en un domicilio de la alcaldía Xochimilco.

La captura y el proceso judicial

Los testimonios, dictámenes periciales y demás datos de prueba reunidos durante la investigación permitieron al agente del Ministerio Público solicitar una orden de aprehensión contra el imputado.

La Policía de Investigación (PDI) ejecutó esa orden el 21 de junio de 2026, al momento en que Rogelio “N” salía de una audiencia relacionada con otro proceso penal en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.

Al día siguiente, durante la audiencia inicial, la Fiscalía CDMX formuló imputación y presentó las pruebas recabadas. Con base en esos elementos, la autoridad judicial determinó vincular a proceso a Rogelio “N” por los delitos de abuso sexual agravado y violación agravada.

La autoridad judicial determinó vincular a proceso a Rogelio “N” por los delitos de abuso sexual agravado y violación agravada.

El juez impuso la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Protocolos para evitar la revictimización

La Fiscalía CDMX subrayó que la atención a la víctima se realizó mediante procedimientos diseñados específicamente para proteger la integridad de niñas, niños y adolescentes.

Esos protocolos buscan evitar la revictimización durante el proceso judicial y garantizar el acceso a la justicia, la verdad y la reparación integral del daño. La institución indicó que continúa fortaleciendo la investigación en el caso.

El abuso sexual infantil en México: dimensión y cifras

En México, 1 de cada 4 niñas y 1 de cada 6 niños han sido víctimas de violencia sexual antes de cumplir los 18 años, según estimaciones de la organización Early Institute. A pesar de esa magnitud, solo 1 de cada 100 casos llega a ser denunciado, de acuerdo con organizaciones civiles especializadas en protección de la infancia.

Dónde ocurre y quién agrede

El 75% de las agresiones sexuales contra menores registradas en 2024 ocurrió dentro de una vivienda, según la Secretaría de Salud. El agresor pertenece con frecuencia al entorno inmediato de la víctima: el 13.4% de los casos tuvo como responsable al padre o al padrastro, según la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).

La organización civil Te Protejo México recibió entre 2024 y julio de 2025 reportes de casi 30 mil víctimas identificadas. El 84.5% de los menores afectados en ese período tenían entre 3 y 13 años, y el 88.1% eran de sexo femenino.

Impunidad y acceso a la justicia

El panorama judicial agrava la situación. De cada mil casos de abuso sexual infantil en México, solo 10 llegan a juicio y apenas uno recibe sentencia condenatoria, lo que equivale a un índice de impunidad del 99%. En términos generales, el 97% de los delitos cometidos contra menores permanece impune.

Las penas que contempla la ley

El Código Penal Federal establece penas de entre seis y 13 años de prisión por abuso sexual cometido contra una persona menor de 18 años, incluso con su consentimiento. Si el delito se comete con violencia, la pena se incrementa en una mitad adicional sobre el mínimo y el máximo.

Por el delito de violación, la ley federal prevé entre ocho y 20 años de prisión. Cuando la víctima es menor de edad y existe una relación de confianza, parentesco o convivencia con el agresor —circunstancias que configuran la modalidad agravada—, las sanciones se elevan conforme a los códigos penales de cada entidad federativa.

El ciberbullying afecta a millones de menores en México y se consolida como un problema social que las autoridades capitalinas ya no tratan como un asunto privado. Para ello, la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) emitió este miércoles un conjunto de recomendaciones para prevenir este delito y habilitó canales oficiales de denuncia para quienes lo padecen.

El fenómeno se define como toda situación en la que una persona es molestada, amenazada, acosada, humillada, avergonzada, desprestigiada o abusada a través de medios digitales. Su alcance en el país es medible: de acuerdo con el Módulo sobre Ciberacoso (MOCIBA) 2024 del INEGI, 3 millones de personas de entre 12 y 17 años experimentaron alguna situación de ciberacoso en 2022, lo que equivalía al 23 por ciento de los usuarios de internet en ese rango de edad a nivel nacional.

¿Qué hace el ciberbullying a sus víctimas?

Las consecuencias del ciberacoso trascienden la pantalla y se instalan en la vida cotidiana de quienes lo sufren. Un estudio de Kaspersky señala que el estrés constante es una de las principales secuelas, reportada por un tercio de los padres consultados en la región.

El retraimiento social es otro efecto documentado: el 29 por ciento de los padres observa que sus hijos tienden a aislarse tras recibir agresiones en línea. Ese aislamiento se traduce en menor participación en actividades extracurriculares y en la pérdida de vínculos interpersonales.

A esas consecuencias se suman la baja en el desempeño escolar, las dificultades para dormir, episodios de depresión y una reducción de la autoestima. Todas estas secuelas pueden prolongarse si no se interviene a tiempo.

El riesgo más grave que advierte la PDI es que las víctimas de este delito, en muchas ocasiones, pueden atentar contra su propia vida. Por esa razón, las autoridades insisten en que la comunicación familiar es una herramienta de protección directa, no solo un gesto de cercanía.

Lo que la PDI recomienda a familias y menores

La Policía de Investigación plantea que la prevención comienza en el hogar, con la educación de los menores en valores éticos y el fomento del respeto hacia sus compañeros. Esa base formativa es el primer filtro antes de que un niño o adolescente interactúe en entornos digitales.

La segunda recomendación apunta al comportamiento en línea: se debe evitar la publicación y la difusión de mensajes que busquen dañar la imagen de una persona. Cualquier contenido que humille, despresti­gie o amenace a otro usuario puede constituir el inicio de una conducta delictiva.

El diálogo entre padres e hijos ocupa un lugar central en el protocolo de la PDI. Las familias deben abrir conversaciones regulares sobre lo que sus hijos viven en el entorno digital, sin esperar a que el daño ya sea visible.

Esa comunicación abierta permite detectar señales de alerta antes de que la situación escale. Un menor que cambia su comportamiento, se aísla o muestra tristeza persistente puede estar sufriendo acoso digital sin haberlo dicho a nadie.

¿Cómo y dónde denunciar en la Ciudad de México?

La FGJCDMX subraya que existen leyes vigentes que protegen los derechos de las víctimas de ciberbullying y que la institución las hace valer. Conocer esos marcos legales es el primer paso para actuar con certeza frente a una situación de acoso digital.

Quien sufra o presencie este delito puede obtener orientación al teléfono (55) 5200 9000, disponible para recibir reportes y canalizar a las víctimas con las áreas competentes. La denuncia formal también se puede presentar en línea a través del portal www.denunciadigital.cdmx.gob.mx.

El subregistro es uno de los obstáculos más documentados en estos casos: estudios regionales indican que solo el dos por ciento de los incidentes de acoso digital llega a reportarse ante una línea de ayuda o autoridad. La vergüenza y la falta de redes de apoyo son las barreras más frecuentes que impiden a las víctimas dar ese paso.

La PDI reitera que denunciar no es opcional cuando está en juego la integridad de un menor. El acceso a los canales oficiales es gratuito y la institución está obligada a actuar sobre cada reporte recibido.

La publicidad engañosa circula hoy en redes sociales, correos electrónicos y mensajes de WhatsApp con una mecánica simple: precios imposibles, descuentos exagerados y descripciones diseñadas para que el consumidor actúe antes de pensar. La Policía de Investigaciones Digital (PDI) advierte que este tipo de fraude opera en múltiples canales digitales al mismo tiempo para ampliar su alcance.

El engaño funciona porque los delincuentes imitan la estética de tiendas legítimas y usan fotografías reales de productos para dar apariencia de autenticidad. Una oferta que parece irresistible —un artículo de marca a una fracción de su precio real— es, con frecuencia, la señal de alerta más clara de que algo no está bien.

¿Cómo reconocer una oferta fraudulenta?

El primer filtro que recomienda la PDI es la desconfianza ante cualquier promoción que llegue por canales no solicitados, como un SMS, un correo o un mensaje en cadena. Los estafadores difunden estos anuncios de forma masiva precisamente porque saben que un porcentaje de los destinatarios no verificará la fuente antes de hacer clic.

El precio es el segundo indicador. Cuando un producto se ofrece muy por debajo de su valor de mercado, la PDI señala que esa brecha no es una oportunidad: es una trampa. La presión para cerrar la compra de forma inmediata —frases como “oferta por tiempo limitado” o “últimas unidades”— refuerza la urgencia artificial que los estafadores necesitan para que la víctima no tome tiempo de verificar.

El riesgo de las redes Wi-Fi públicas en compras digitales

Uno de los errores más frecuentes entre las víctimas de fraude digital es completar una transacción económica desde una red Wi-Fi pública. La PDI prohíbe expresamente el uso de estas redes al momento de realizar compras en línea, ya que permiten a terceros interceptar datos bancarios y contraseñas en tiempo real.

La recomendación es usar siempre datos móviles o una red privada y conocida al ingresar información de pago. Una conexión segura no garantiza que el sitio sea legítimo, pero elimina uno de los vectores de robo más comunes.

¿Qué hacer antes de ingresar a un enlace?

Antes de abrir cualquier enlace recibido por correo electrónico o aplicación de mensajería, la PDI pide al usuario que revise la dirección web con atención. Los dominios fraudulentos suelen contener errores ortográficos, guiones o extensiones inusuales que los diferencian del sitio oficial de la marca que intentan imitar.

Si el enlace lleva a una página que solicita datos personales o bancarios sin que el usuario haya iniciado una compra, la instrucción es cerrar el sitio de inmediato. Ninguna tienda legítima requiere información financiera antes de que el consumidor decida comprar.

La denuncia como herramienta de protección colectiva

Quien cae en una trampa de publicidad engañosa tiene canales concretos para actuar. La PDI pone a disposición de la ciudadanía la línea de orientación (55) 5242 6489 y el correo ciberneticapdi@fgjcdmx.gob.mx para reportar casos y recibir asistencia.

Las denuncias ante PROFECO también son un mecanismo válido: los números habilitados son el 55688722 y el 8004688722. Reportar un fraude no solo abre una investigación, sino que alerta a las autoridades sobre patrones de operación que pueden proteger a otras personas.

Medidas preventivas adicionales

La PDI recomienda no difundir anuncios sospechosos recibidos por WhatsApp o correo electrónico, ya que cada reenvío amplía el alcance del fraude y expone a más personas al engaño. Detener la cadena de difusión es una acción de prevención tan eficaz como denunciar.

Colocar contraseñas en las aplicaciones con información financiera y revisar los permisos de acceso que cada app tiene sobre el dispositivo son medidas adicionales que reducen el daño en caso de que el usuario haya interactuado con un sitio malicioso. La PDI también aconseja activar notificaciones bancarias por SMS para detectar movimientos no reconocidos con rapidez.

¿Qué hacer si ya eres víctima?

Si el usuario realizó un pago en un sitio fraudulento, el primer paso es contactar al banco de inmediato para bloquear la tarjeta involucrada. La velocidad de esa acción determina, en muchos casos, si los fondos son recuperables.

Antes de desinstalar cualquier aplicación sospechosa, la PDI pide tomar capturas de pantalla de las conversaciones, los montos pagados y los datos del vendedor. Esa documentación es la base de la denuncia formal ante la Agencia del Ministerio Público más cercana al domicilio del afectado.

El buzón de voz de tu teléfono móvil se convirtió en una puerta de entrada para el robo de cuentas de WhatsApp. La Policía de Investigación (PDI) de la Ciudad de México emitió una serie de recomendaciones para que los usuarios cierren esa vulnerabilidad antes de que los delincuentes la exploten.

El mecanismo del fraude es directo. Los ciberdelincuentes marcan al número de la víctima mientras la línea está ocupada, de modo que el código de verificación de seis dígitos que WhatsApp envía por llamada cae directamente al buzón de voz. Luego acceden a ese buzón, recuperan el código y toman control total de la cuenta.

¿Cómo funciona el ataque al buzón de voz?

Una vez que los delincuentes obtienen el código, bloquean a la víctima de su propia cuenta. A partir de ese momento, usan la identidad de la persona para contactar a sus familiares y amigos, solicitar transferencias de dinero o distribuir enlaces maliciosos entre los contactos de la cuenta robada.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México confirmó que este esquema aprovecha tres factores: la confianza del entorno social de la víctima, la urgencia artificial que generan los mensajes y el desconocimiento tecnológico sobre el funcionamiento del buzón de voz.

El paso más importante: desactivar el buzón

La medida preventiva que la PDI coloca al frente de sus recomendaciones es la desactivación del buzón de voz. El procedimiento se realiza desde la aplicación del operador de telefonía móvil en cuatro pasos: ingresar a la sección de servicios, seleccionar la pestaña de servicios activos, tocar la opción de buzón inteligente y aceptar los términos para desactivarlo.

Quien prefiera no hacerlo por la aplicación tiene una alternativa: llamar directamente a la línea de atención al cliente del operador para completar el proceso vía telefónica.

Protección adicional dentro de WhatsApp

La desactivación del buzón elimina el canal de entrada, pero no es la única barrera disponible. WhatsApp ofrece la verificación en dos pasos, una función que añade un PIN personal al proceso de registro de la cuenta en cualquier dispositivo nuevo.

Con ese PIN activo, aunque un atacante consiga el código de seis dígitos, no puede completar el acceso sin el segundo factor de autenticación. La PDI recomienda activar esta función de forma inmediata, antes de que ocurra cualquier intento de fraude.

Señales de alerta que no deben ignorarse

Los usuarios deben reconocer los patrones que anteceden al ataque. Los delincuentes suelen contactar a la víctima haciéndose pasar por un conocido, por soporte técnico de WhatsApp o por personal de una institución financiera, y construyen un pretexto para que la persona espere o reenvíe un código de verificación.

WhatsApp nunca contacta a sus usuarios por teléfono para solicitar códigos de restablecimiento ni confirmaciones de dos pasos. Cualquier llamada o mensaje que pida ese tipo de información es una señal de fraude.

¿Qué hacer si ya robaron la cuenta?

Si la sesión se cerró de forma inesperada, la víctima debe abrir WhatsApp en su dispositivo e iniciar sesión con su número para recibir un nuevo código por SMS. En caso de que el atacante haya configurado un PIN propio de verificación en dos pasos, la recuperación requiere un periodo de espera de siete días antes de que el sistema permita el acceso con un código nuevo.

Como alternativa, se puede escribir al correo support@whatsapp.com con el asunto “Cuenta robada” y el número telefónico en formato internacional, para solicitar el cierre de todas las sesiones activas.

¿Dónde reportar el fraude?

La PDI pone a disposición de la ciudadanía la línea (55) 5242 6489 para orientación sobre este tipo de delitos. Las consultas también pueden dirigirse al correo ciberneticapdi@fgjcdmx.gob.mx.

La denuncia oportuna es la herramienta que permite a las autoridades detener el daño, deslindar a la víctima de cualquier responsabilidad derivada del uso ilícito de su cuenta y alertar a otros usuarios sobre las modalidades activas de fraude.

La Policía de Investigación (PDI) de la Ciudad de México alerta sobre una práctica que afecta a miles de personas: las llamadas de cobranza ilegal provenientes de aplicaciones de préstamos que operan fuera de toda regulación financiera. Solo entre enero y febrero de 2026, la Policía Cibernética de la CDMX registró más de 5.800 reportes por aplicaciones de préstamos fraudulentas, la cifra más alta de ciberdelitos en la capital.

Estas plataformas, conocidas como “montadeudas”, ofrecen créditos rápidos sin verificación en el Buró de Crédito y sin registro ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Una vez que el usuario acepta el préstamo, los operadores inician ciclos de cobranza agresiva con amenazas, difamación ante familiares y extorsión directa.

Cómo operan estas aplicaciones fraudulentas

Al momento de la descarga, estas apps solicitan permisos para acceder a los contactos, la galería de fotos, la ubicación y los archivos del teléfono. Con esa información, los operadores presionan a los deudores con el envío de mensajes a sus círculos sociales y familiares.

El esquema incluye el cobro de montos muy superiores a los pactados, incluso antes de la fecha de vencimiento. Según la doctora en derecho Erika Vanesa García Rico, estas plataformas “otorgan préstamos aparentemente sin garantías y con bajos intereses, pero cambian las condiciones sin previo aviso“, lo que las vuelve impagables y abre la puerta a la extorsión.

Qué hacer si ya eres víctima

Si recibes llamadas o mensajes de cobranza ilegal de una aplicación de préstamos, la PDI establece una serie de pasos concretos. El primer paso es alertar a todos tus contactos para que reporten y bloqueen los mensajes provenientes de números desconocidos.

A continuación, elimina todo el contenido personal que tengas almacenado en el dispositivo. Antes de desinstalar la aplicación, realiza capturas de pantalla de las conversaciones dentro de la plataforma donde adquiriste el préstamo, así como de los montos del depósito y de los pagos que ya realizaste.

Con esas pruebas en mano, acude a la Agencia del Ministerio Público más cercana a tu domicilio para presentar la denuncia correspondiente. La PDI pone a disposición de la ciudadanía la línea de orientación (55) 5242 6489 y el correo electrónico ciberneticapdi@fgjcdmx.gob.mx.

Por qué no debes ceder a las amenazas

Ángel González Badillo, director general de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, advierte que pagar no detiene el acoso: “Aunque pagues la deuda, ellos seguirán exigiendo más”. La recomendación es no ceder a ninguna presión económica y documentar cada intento de extorsión.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX (SSC) refuerza esa postura y añade que el usuario debe bloquear de inmediato los permisos que la aplicación tiene sobre el dispositivo. Cambiar contraseñas y denunciar ante la Policía Cibernética son pasos que deben seguirse en paralelo.

Cómo verificar si una app es legal

Toda aplicación financiera que opere en México debe tener registro en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF. Una búsqueda rápida en ese sistema permite confirmar si la plataforma es legítima antes de aceptar cualquier crédito.

Las financieras reguladas nunca usan cuentas personales para sus transacciones ni solicitan adelantos con excusas como “liberar el préstamo” o “pagar un seguro”. El cambio frecuente de número de contacto y la ausencia de un canal oficial de comunicación son señales de alerta inmediatas.

Las sanciones que enfrentan los responsables

En México, la extorsión está contemplada en el Código Penal con penas de hasta ocho años de prisión. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), mediante el Amparo en Revisión 323/2025 resuelto en enero de 2026, confirmó además que la CONDUSEF tiene plenas facultades para multar a las instituciones financieras que no transparenten sus métodos de cobranza.

Las multas por prácticas abusivas van de 13.458 pesos hasta 134.580 pesos, y la responsabilidad recae en la entidad contratante aunque el acoso lo ejecute un despacho externo. La Fiscalía del Estado de México, por su parte, recibió 1.084 denuncias por extorsión entre julio de 2025 y marzo de 2026, de las cuales el 62% correspondió a la modalidad no presencial.

La Policía de Investigación (PDI) de la Ciudad de México advirtió este martes de proteger los datos biométricos ante el aumento de fraudes y suplantación de identidad en la capital del país. Los identificadores como el iris o el rostro, a diferencia de una contraseña, no pueden modificarse ni recuperarse si llegan a manos equivocadas.

A continuación, te compartimos algunas recomendaciones clave para evitar riesgos y salvaguardar tu información.

El riesgo de fotografiar tu iris

Permitir que alguien tome una imagen de tu iris te convierte en blanco potencial de suplantación de identidad. Los delincuentes usan esas imágenes para crear réplicas del patrón ocular y engañar sistemas de reconocimiento biométrico.

Compartir datos de reconocimiento facial con terceros no autorizados también abre la puerta a que esa información se comercialice con fines ilícitos. Organizaciones criminales compran y venden bases de datos biométricas en mercados clandestinos digitales.

Vender tu iris es vender tu identidad

El iris es un identificador único e irrepetible: entregarlo equivale a ceder la identidad de forma definitiva. No existe ningún procedimiento para “cancelar” o sustituir un iris comprometido, a diferencia de lo que ocurre con una tarjeta bancaria o una clave de acceso.

Quienes ofrecen dinero o criptomonedas a cambio del escaneo del iris operan bajo un esquema que la PDI califica de engañoso. La promesa de ganancias o inversiones en criptomonedas no justifica el riesgo permanente que representa ceder esa información.

¿Qué revisar antes de usar una app o un sitio web?

Antes de acceder a cualquier aplicación o página que solicite datos biométricos, el usuario debe leer con atención las políticas de privacidad. Esos documentos deben especificar con claridad cómo se almacenarán los datos, quién tendrá acceso a ellos y por cuánto tiempo se conservarán.

Si una plataforma no ofrece respuestas claras sobre el uso y el resguardo de la información biométrica, la recomendación de la PDI es no proporcionar ningún dato. La falta de transparencia en ese punto es una señal de alerta.

¿Cómo actuar si ya compartiste tus datos?

Quien sospeche que entregó datos biométricos de forma indebida debe contactar de inmediato a las autoridades. La Unidad de Inteligencia Cibernética de la PDI brinda orientación especializada a través del teléfono (55) 5242 6489 y del correo electrónico ciberneticapdi@fgjcdmx.gob.mx.

La denuncia oportuna permite a las autoridades rastrear posibles usos fraudulentos de la información y actuar antes de que el daño se extienda. El tiempo de respuesta resulta determinante en estos casos.

¿Por qué los datos biométricos merecen protección especial?

Los datos biométricos —iris, huella dactilar, reconocimiento facial— son considerados información altamente sensible por la legislación mexicana. Su carácter permanente e irreemplazable los distingue de cualquier otro tipo de dato personal.

Un dato biométrico robado puede vincularse a cuentas bancarias, trámites gubernamentales o accesos digitales, lo que amplía el margen de fraude de forma indefinida. Por esa razón, la PDI subraya que la protección de esta información debe ser una prioridad personal, no una decisión tomada a la ligera ante una oferta económica.

La Ciudad de México registra casos documentados de personas que cedieron su iris a cambio de bonos en efectivo o tokens digitales sin conocer el destino real de esa información. La PDI insiste en que ningún beneficio económico compensa la exposición permanente que implica la pérdida de un identificador biológico único.

La Policía de Investigación (PDI) de la Ciudad de México identificó tres modalidades principales mediante las cuales los delincuentes obtienen datos personales para robar la identidad de sus víctimas: la recolección de residuos, la suplantación y la duplicación de tarjetas.

Cada una de estas técnicas representa un riesgo concreto para cualquier persona que no tome precauciones básicas con su información y sus documentos.

Para ello, es fundamental aprender a identificar estas prácticas y tomar medidas simples para protegerte. Aquí te explicamos cómo funcionan y qué puedes hacer para evitar convertirte en una víctima.

¿Cómo operaron los delincuentes?

En la modalidad de recolección de residuos, los estafadores buscan entre la basura en busca de facturas, tickets de compra y cualquier documento que contenga datos personales para construir un perfil de la víctima y actuar en su nombre.

La segunda opción es la suplantación. En esta, los delincuentes fingen ser representantes de instituciones financieras o empresas, y contactan a sus víctimas mediante llamadas telefónicas o mensajes emergentes para extraerles contraseñas y datos de acceso a sus cuentas.

La tercera modalidad, conocida como duplicación, involucra el uso de dispositivos electrónicos de almacenamiento especiales. Con esos aparatos, los criminales copian la información y los números de tarjetas de crédito o débito para clonarlas sin que el titular conozca de dicho movimiento.

¿Qué recomienda la PDI para protegerse?

La PDI aconsejó destruir la información personal antes de desechar cualquier documento. Para ello, se deben romper o rayar los datos que aparezcan en tickets de compra y papeles con datos sensibles, de modo que nadie pueda recuperarlos de la basura.

Ante las llamadas o mensajes sospechosos, la autoridad fue categórica, la PDI recomienda no proporcionar ningún dato bajo ese tipo de contacto, sin importar cuán oficial pareciera el interlocutor.

Respecto al uso de tarjetas, la PDI instruyó a no perderlas de vista en ningún momento del proceso de pago. Ante el robo o extravío, la recomendación fue doble: denunciar el hecho ante las autoridades y dar aviso inmediato al banco para bloquear los plásticos afectados.

¿Dónde denunciar y recibir orientación?

Quien fue víctima de robo de identidad tiene a su disposición el portal www.denunciadigital.cdmx.gob.mx para presentar su denuncia en línea. La plataforma está habilitada para recibir reportes de manera ágil y sin necesidad de acudir en persona a una instalación.

La PDI también puso a disposición de la ciudadanía la línea telefónica (55) 5200 9000 para orientación y asesoría. Ese número concentra la atención a víctimas y a quienes sospecharon haber sido blanco de alguna de las tres modalidades descritas.

La autoridad subrayó que la denuncia oportuna es la herramienta más efectiva para detener el daño y deslindar a la víctima de cualquier responsabilidad derivada del uso ilícito de sus datos.

Este fin de semana, la Policía de Investigaciones (PDI) confirmó mediante un comunicado la salida de su jefa de Inteligencia, Consuelo Peña, asunto que trajo inmediatas críticas de la oposición, desde donde aseguraron que la orden provino directamente de la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert.

De acuerdo a fuentes de BioBíoChile, el viernes pasado la ministra Steinert habría pedido, sin mayores explicaciones, la salida de Peña al director general de la Policía de Investigaciones, Eduardo Cerna, asunto que se concretó el sábado.

Cabe señalar que de acuerdo a la ley, la potestad de elegir al alto mando policial radica en el Presidente.

Así las cosas, y de acuerdo al medio citado, la remoción de Peña sería una “pasada de cuenta” de Steinert por desavenencias en la conformación de equipos cuando ella era fiscal regional de la región de Tarapacá y estuvo a cargo de la investigación contra el “Clan Chen”, organización delictiva de origen chino.

La tesis cobra fuerza luego de que el mismo medio revelara un oficio enviado por Steinert a Peña el 13 de marzo pasado, a solo dos días de asumir su nuevo puesto como ministra de Seguridad, solicitando información detallada sobre todos los funcionarios de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (BRIANCO) de Tarapacá que participaron en el caso “Clan Chen”, incluyendo sus antecedentes disciplinarios y las razones de sus traslados.

Así las cosas, algunos ajustes hechos por Peña, como el traslado de un funcionario muy cercano a la ministra Steinert, serían la razón de la caída de la ahora ex prefecto Consuelo Peña.

“Error gigantesco”

Una vez conocida la noticia, el senador Iván Flores (DC), quien ya había anticipado la salida de Peña, apuntó directamente a Steinert y calificó la decisión como un “error gigantesco”.

“La ministra Steinert ha cometido un error gigantesco al exigirle al director de la PDI que despida de inmediato a la subdirectora, a la segunda de a bordo, a la persona con una carrera intachable, impecable y con el reconocimiento varias veces de todo el país, producto de los operativos que se estaban haciendo en contra del narcotráfico del crimen organizado. Hoy día se le despide aparentemente por cuestiones muy secundarias. No ha habido una explicación pública de este descabezamiento de la PDI”, aseguró.

“Esperamos explicaciones de verdad, claras y transparentes ante este despido que afecta sin duda la tarea de la institución en lo que respecta a crimen organizado y narcotráfico”, agregó.

“Cuenten la verdad; no se puede estar sacando gente tan valiosa y de función tan crítica para el país, sencillamente porque a la fiscal Steinert, porque parece que actúa todavía como fiscal y no como ministra, no le gustó que le cambiaran algunas piezas”, aseguró.

De paso, pidió explicaciones al Ejecutivo:

“Yo creo que el presidente Kast, el ministro del Interior, que están por encima de la ministra tienen que dar una explicación y que sea una explicación que sea la verdad, no una explicación administrativa”, complementó Flores.

Al cierre, exigió que “se diga la verdad, por qué la sacaron y si se hace una investigación, que sea como corresponde. Si lo quieren tapar, bueno, algo huele mal aquí. La ministra está actuando como fiscal”.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó este 4 de marzo el aseguramiento de uniformes apócrifos de fuerzas armadas, fiscalías estatales y escuadrones de rescate durante un cateo en un inmueble ubicado en la zona de Chiconautla, municipio de Ecatepec.

Según el breve reporte del decomiso, la acción estuvo fundamentada desde una orden judicial emitida por un juez, en la cual participaron elementos de la FGJEM, con apoyo de la Secretaría de Marina (Marina), la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y la policía municipal de Ecatepec.

Además, se reportó el aseguramiento de presuntos explosivos, sin embargo, las autoridades no proporcionaron fotos de los mismos.

Las imágenes reveladas por la fiscalía muestran que en el sitio había chalecos tácticos de instituciones como la Defensa y la Marina; además de playeras y chamarras referentes a la Policía de investigación de la fiscalía capitalina (PDI), la Unidad de Paramédicos (UNIPAR) y de la misma fiscalía mexiquense.

Cateo revela equipo táctico y presuntos explosivos

El operativo de cateo, coordinado entre autoridades estatales y federales, permitió la localización y aseguramiento de prendas de vestir tipo uniformes que portaban insignias y emblemas.

Además, en el sitio se encontró equipo táctico diverso y objetos identificados como presuntos explosivos.

El hallazgo de uniformes apócrifos y equipo táctico reforzaría las labores de investigación para esclarecer posibles delitos relacionados con la usurpación de funciones y la utilización indebida de símbolos oficiales.

Las autoridades no informaron cuál fue el presunto hecho delictivo que derivó en la aprobación de una orden de cateo para inspeccionar el inmueble de Chiconautla.

La zona donde fue realizada la operación, formalmente conocida como el Pueblo de Santa María Chiconautla, es relevante dentro del municipio mexiquense por albergar el Centro Preventivo y de Readaptación Social de Chiconautla.

Las investigaciones continúan para determinar el origen de los uniformes y del resto del equipo asegurado, así como su posible vinculación con actividades ilícitas en la región.

Reporteros enfocados en seguridad han señalado que el lugar cateado presuntamente funcionaba como un centro de distribución de los objetos asegurados. Además, afirmaron que en el sitio fue localizado un gran altar a la muerte, o también conocida como Santa Muerte.

Reportes previos este medio señalaron que la legislación mexicana considera delito federal la fabricación, falsificación o uso indebido de uniformes, insignias y divisas de las Fuerzas Armadas o corporaciones policiales. Las penas por estas actividades pueden alcanzar hasta seis años de prisión, además de sanciones económicas y agravantes dependiendo del caso.

Recientes decomisos de uniformes apócrifos

En enero de 2026, la Fiscalía General de la República (FGR) desmanteló un taller dedicado a la fabricación de uniformes apócrifos de fuerzas armadas en el municipio de Veracruz.

Durante el cateo realizado en la colonia Malibrán, se aseguraron seis máquinas de coser industriales, una máquina cortadora de tela, herramientas de confección textil, diversos chalecos camuflados presuntamente referentes a las fuerzas federales y otros de color negro con insignias de la Policía Estatal.

En el lugar también se localizó un rollo de tela camuflada y un tramo de tela bordado con el nombre de una institución federal, sin embargo, no especificaron de cuál se trataba.

En esa ocasión todo el material quedó bajo resguardo del Ministerio Público Federal, que realizó las diligencias para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

Una operación conjunta entre la Secretaría de Marina y la policía municipal de Ecatepec permitió la detención de 10 personas presuntamente vinculadas con el delito de extorsión agravada, luego de que se hicieran pasar por agentes de seguridad y amenazaran a una pareja para exigirle una fuerte suma de dinero.

Los hechos ocurrieron sobre la avenida Recursos Hidráulicos, en la colonia Luis Donaldo Colosio, en el municipio de Ecatepec. De acuerdo con el reporte oficial, una pareja solicitó apoyo tras ser interceptada por varios sujetos que viajaban en camionetas de alta gama y una motocicleta, quienes los intimidaron asegurando pertenecer a corporaciones policiales.

Uno de los ahora detenidos afirmó ser elemento de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; sin embargo, al verificar sus datos en el sistema institucional, se confirmó que ya no formaba parte activa de la corporación.

Primer aseguramiento: arma, chaleco PDI y vehículo sin placas

Metros adelante del punto de la denuncia, fuerzas municipales y navales interceptaron una camioneta Seat Cupra roja, sin placas y con vidrios polarizados. En la unidad viajaban:

1. Rubén Omar “N”, de 39 años
2. Gerardo “N”, de 22 años
3. Erick Alejandro “N”, de 24 años

Durante la inspección preventiva, los uniformados localizaron:

• Un arma **Glock 25 calibre .380
• Un cargador abastecido
• Cartuchos útiles
• Equipo balístico
• Un chaleco con la leyenda “PDI”

Ninguno de los tripulantes pudo acreditar la portación legal del arma ni la autenticidad del equipo táctico. Por ello, fueron puestos a disposición del Ministerio Público por su probable responsabilidad en portación indebida de arma de fuego y extorsión.

Segundo operativo: más armas, dinero y celulares

De manera paralela, otros siete presuntos implicados fueron ubicados sobre la calle Cafetales, en la colonia Potrero del Rey. Se desplazaban en:

1. Una BMW X6 azul
2. Una Mercedes-Benz roja
3. Una motocicleta Vento

Todos los vehículos circulaban sin placas de identificación y tras una revisión, las autoridades aseguraron:

1. 46 mil pesos en efectivo
2. 12 teléfonos celulares
3. Un arma Glock 19X
4. 17 cartuchos útiles

Los detenidos fueron identificados como:

• José Manuel “N”, de 23 años
• Ageo Damián “N”, de 24 años
• Sergio Adán “N”, de 27 años
• Julia “N”, de 34 años
• Víctor Manuel “N”, de 35 años
• Eduardo “N”**, de 35 años
• Miguel Ángel “N”**, de 23 años

Todos quedaron a disposición de la autoridad ministerial para determinar su situación jurídica por los delitos de portación indebida de arma de fuego y presunta extorsión.

Simulaban operativos para intimidar

De acuerdo con fuentes municipales, el grupo presuntamente utilizaba vehículos de lujo, armas cortas y chalecos con insignias oficiales para aparentar operativos de investigación y así coaccionar a sus víctimas. El uso de tecnología de monitoreo urbano y patrullajes coordinados permitió ubicar rápidamente las unidades implicadas.

Autoridades locales destacaron que este tipo de acciones forman parte de la estrategia para combatir delitos de alto impacto en la región, particularmente aquellos relacionados con la simulación de funciones públicas y la extorsión.

Las investigaciones continúan para determinar si los detenidos están relacionados con otros casos similares registrados en la zona oriente del Valle de México.

Un presunto agresor identificado como Adalberto “M” fue abatido tras un nuevo ataque armado contra instituciones de seguridad y procuración de justicia en el municipio de Coahuayana, Michoacán, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).

De acuerdo con el informe oficial de la Fiscalía, los hechos se originaron luego de que el señalado agrediera a su propio hermano en un domicilio ubicado sobre la calle Hidalgo, esquina con Mariano Escobedo, en la localidad de El Camalote. Al acudir al sitio para realizar las primeras diligencias derivadas de la denuncia, personal de la Fiscalía Regional de Coalcomán fue atacado a balazos por el investigado.

Durante este primer ataque, un Policía de Investigación (PDI) resultó lesionado, por lo que fue trasladado vía aérea a un hospital del municipio de Charo, donde actualmente recibe atención médica especializada.

Nuevo enfrentamiento y operativo interinstitucional

Tras la agresión al agente, se desplegó un operativo coordinado entre la FGE, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Policía Municipal de Coahuayana, con el objetivo de ubicar y detener al agresor.

Sin embargo, durante las labores de localización, Adalberto “M” volvió a atacar con arma de fuego a los elementos de seguridad. Al repeler la agresión y actuar conforme a los protocolos de uso legítimo de la fuerza, el presunto agresor fue abatido en el lugar.

La Fiscalía de Michoacán informó que continúan las actuaciones correspondientes conforme a la ley, con el fin de llevar a cabo la identificación oficial del cuerpo y los trámites para la entrega a sus familiares.

Plan Michoacán, Harfuch revela avances de la ofensiva contra el crimen organizado

Por su parte, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, reveló los avances del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, donde detalló que 932 personas fueron detenidas, 924 armas de fuego ya fueron aseguradas, 22.9 toneladas de droga fueron incautadas y 17 laboratorios clandestinos fueron destruidos.

Harfuch también adelantó que se fortaleció la estrategia antiextorsión, lo que dejó como resultado la detención de 180 personas por dicho delito.

Ejército Mexicano blinda Michoacán con más de 10 mil efectivos

Por su parte, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Ricardo Trevilla Trejo anunció que se desplegaron 10 mil 506 elementos federales, además de:

• 5 helicópteros
• 18 drones
• 5 células contra explosivos
• 3 vehículos desminadores
• 3 equipos antidrón
• 1 S.A.N.T
• 41 sistemas antidrón
• Mil 31 vehículos
• 4 escáner

El titular de la Defensa también señaló que se desplegaron diversos equipos de inteligencia en Morelia, Uruapan y Apatzingán para estudiar el terreno y permitir el avance de las investigaciones y detenciones de los responsables en hechos delictivos en el estado de Michoacán.

135 detenidos, 110 vehículos asegurados y casi media tonelada de droga incautada en 28 días de operativo

Trevilla Trejo también detalló que el despliegue de la Defensa en el estado de Michoacán permitió los siguientes avances:

• 135 detenidos
• 57 armas de fuego incautadas
• 6 mil 919 cartuchos recuperados
• 363 cargadores asegurados
• 445.5 kilogramos de droga incautada
• 1 área de concentración con 7 mil 300 kilogramos y 28 mil 800 litros de sustancias químicas asegurado
• 110 vehículos recuperados
• 89 artefactos explosivos desarmados
• 53 kilogramos de material explosivo asegurado
• 629 mil 55 pesos en efectivo incautados
• 8 campamentos usados por grupos criminales destruidos
• 14 tomas clandestinas inhabilitadas

Mala semana para las policías chilenas. Este miércoles, el Primer Juzgado de Garantía de Santiago dejó en prisión preventiva a siete ex funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) que desviaban buena parte de los cigarrillos y drogas que decomisaban. En paralelo, ocho ex carabineros fueron detenidos en la región de Valparaíso, acusados de pertenecer a una banda que robaba vehículos.

En el primer caso, los detectives fueron identificados como Cristóbal Machuca Padilla; el subcomisario Felipe Burgos Gallardo; la subcomisaria Catalina Cáceres Cáceres; el inspector Diego Muñoz Pineda; el inspector Sebastián Illanes Cifuentes; la subinspectora Shiara Hernández Rocha y el agente policial Jaime Urrutia Rodríguez, quienes entregaban al civil Agustín Moreno Guidotti las especies robadas para reducirlas.

Todos fueron formalizados por asociación ilícita, malversación de caudales públicos, tráfico ilícito de drogas, receptación aduanera, tenencia ilegal de armas y municiones, falsificación de instrumentos públicos y obstrucción a la investigación, decretando el tribunal 180 días para la investigación.

De acuerdo al fiscal Marcelo Soto, las diligencias arrojaron que había “un contrabando de cigarrillos, un tema relativo a tráfico y todo se refiere precisamente a quedarse con parte de los procedimientos en los cuales se vinculaban”.

Sin duda el hecho más grave investigado corresponde a un operativo realizado en marzo de este año en la comuna santiaguina de Independencia, en el que los imputados decomisaron alrededor de 74 kilos de marihuana pero declararon solo 13 al Ministerio Público, esfumándose los más de 60 kilos restantes, los que según el persecutor fueron entregados al civil Agustín Moreno Guidotti para “moverla” por mayor y al detalle.

Otro de los delitos investigados corresponde a varias diligencias realizadas en noviembre de 2024 en las que los acusados incautaron miles de cajetillas de cigarrillos, una magra parte de los cuales fueron entregados como evidencia recién un año después a la fiscalía local con notorias incongruencias en el papeleo.

Carabineros robaban autos

En tanto, en la región de Valparaíso ocho excarabineros fueron detenidos -junto a dos civiles-, acusados de formar parte de una banda dedicada al robo y receptación de vehículos, quienes fueron formalizados por los delitos de cohecho, obstrucción a la investigación, violación de secreto, hurto, corrupción e incumplimiento de deberes militares, quedando con distintas medidas cautelares menos gravosas.

Casi todos laboraban en la Tercera Comisaría de Valparaíso (120 kms al noroeste de Santiago), y uno de ellos incluso tenía antecedentes previos por porte de arma de fuego, amenazas, estafa y abuso sexual a menor de 14 años.

Según el fiscal de Valparaíso, Felipe González, los ahora exuniformados robaban partes de vehículos que estaban bajo su resguardo y las vendían en el mercado negro, utilizando información policial para cometer este y otros delitos.

Todos fueron suspendidos de sus cargos, mientras que el tribunal decretó seis meses para la investigación.

Un elemento de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) fue asesinado en Tlalnepantla, Estado de México. Al parecer, el hombre atacado investigaba casos de homicidios.

Los primeros reportes indican que el ataque contra el elemento fue realizado en San Miguel Chalma durante el 12 de noviembre. Los responsables del ataque serían sujeto que llegaron al sitio en una motocicleta y accionaron sus armas de fuego contra el elemento de seguridad.

El sujeto fue identificado como Esteban “E“, según los primeros datos revelados por el periodista Antonio Nieto, quien destaca que en la agresión participaron al menos dos sujetos luego de recibir una llamada.

Por su parte, el portal Nmás señala que el policía fue interceptado a las afueras de un establecimiento con lo que inició una persecución que terminó cerca de una farmacia, sitio donde fue asesinado.

Por los hechos violentos, el sitio fue acordonado mientras inician las primeras averiguaciones del caso, agentes de la Guardia Nacional y del Policía Municipal llegaron al lugar y hasta el momento no hay reportes de personas detenidas por el ataque armado.

Asesinatos de policías en el Edomex

Cabe recordar que apenas a inicios de octubre pasado fue informado el asesinato de José Jacinto Ponce Alfaro, quien se desempeñaba como jefe del Sector Policial Tlatelolco y que fue víctima de un asalto en Chalco, el cual provocó que la esposa del uniformada quedara lesionada.

"Este hecho no quedará impune; desde el primer momento contamos con el apoyo y trabajamos en coordinación con la @FiscaliaEdomex y la @SS_Edomex para identificar y detener a los responsables y llevarlos ante la justicia“, escribió el titular de la policía capitalina, Pablo Vázquez Camacho.

La agresión fue realizado en la colonia Benito Juárez en un día de descanso del elemento de seguridad.

Para el 4 de octubre la Fiscalía mexiquense informó el arresto de Misael “N”, alias El Chino y/o El Negro, quien fue capturado por su presunta relación con el crimen contra el policía.

Por su parte, en julio de 2024 fue asesinado Milton Morales Figueroa, este último era Coordinador General de la Unidad de Estrategia Táctica y Operaciones Especiales de la SSC.

“Derivado de un cobarde ataque ocurrido en #Coacalco, Estado de México, mi compañero y amigo Comisario Jefe Milton Morales Figueroa perdió la vida“, compartió en sus redes sociales Pablo Vázquez Camacho en dicha ocasión.

La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) condenó el asesinato de uno de sus estudiantes, quien murió tras un asalto en las inmediaciones del campus poniente. De acuerdo con información difundida por la institución el ataque ocurrió entre la noche del viernes 7 y la madrugada del 8 de noviembre, cerca de la Facultad de Estomatología.

El joven identificado como Jorge Eduardo Dávila Ramírez, de 23 años, pasante de servicio social en el departamento de cirugía maxilofacial, fue interceptado por sujetos armados al salir de la facultad. Según reportes preliminares, los asaltantes intentaron despojarlo de su automóvil. El estudiante se resistió y los agresores dispararon antes de huir del área.

Elementos de la policía municipal y paramédicos llegaron poco después y trasladaron al lesionado al Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”, ubicado a pocos metros. El joven falleció durante la madrugada del sábado debido a la gravedad de las heridas.

Mediante un comunicado, la Facultad de Estomatología expresó sus condolencias a la familia, amistades y comunidad universitaria. En el documento, la institución describió al alumno como un joven de buen rendimiento y con vocación por su carrera. La universidad precisó que el ataque no ocurrió dentro de las instalaciones, pero sí en el entorno inmediato de la zona universitaria poniente.

El texto universitario demandó a las autoridades una investigación pronta y justa, así como el reforzamiento de la vigilancia y seguridad en las áreas cercanas a los recintos estudiantiles.

El documento dado a conocer mediante redes sociales detalló: “Expresamos nuestras más sentidas condolencias y solidaridad a su familia, amistades y a la comunidad de esta entidad académica, donde será especialmente recordado por su buen rendimiento y amor a su profesión”

Investigación de la Fiscalía

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) realiza labores de esclarecimiento. Según los primeros datos recabados por la Policía de Investigación (PDI), personas desconocidas habrían agredido al joven, quien fue trasladado a un hospital para recibir atención médica, informándose su fallecimiento poco tiempo después.

El cuerpo fue llevado al Servicio Médico Legal (SEMELE) con el propósito de que se le practique la necropsia exigida por la ley y así determinar la causa real del fallecimiento.

La FGESLP mantiene una coordinación estrecha con las autoridades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), con la finalidad de esclarecer las circunstancias en las que se produjo el hecho y establecer las posibles responsabilidades.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) confirmó la detención de Febronio “N”, señalado como probable responsable del feminicidio de Alma Elena Sánchez Marcelo, una joven de 30 años originaria de Chiapas, cuyo cuerpo fue hallado el 14 de agosto dentro de una obra en construcción en la colonia Narvarte, alcaldía Benito Juárez.

La captura se realizó el 1 de octubre en Poza Rica, Veracruz, gracias a labores de inteligencia y seguimiento realizadas por la Policía de Investigación (PDI) de la capital en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGEV). El detenido fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Norte en la Ciudad de México, donde un juez determinará su situación jurídica.

El viaje de Alma Elena y su desaparición: la reconstrucción de un crimen en CDMX

Alma Elena había viajado a la Ciudad de México el 15 de junio desde Chiapas con el objetivo de mejorar sus oportunidades laborales. Su familia la describió como una mujer trabajadora y determinada, que buscaba estabilidad económica y un futuro más seguro.

El 7 de agosto se presentó la denuncia por su desaparición. Desde entonces, la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México y la FGJCDMX iniciaron un operativo para dar con su paradero. La ficha de búsqueda, difundida por sus familiares y colectivos, describía algunas señas particulares que facilitaron la investigación, como una cicatriz en el brazo derecho y un tatuaje en la clavícula.

De acuerdo con las indagatorias, Alma Elena había mantenido contacto con Febronio “N”, su expareja, quien trabajaba como vigilante en una construcción de la colonia Narvarte. Este vínculo permitió a las autoridades trazar una línea de investigación que resultó clave.

El hallazgo en la Narvarte: el punto de quiebre en el feminicidio

El 14 de agosto, tras obtener una orden de cateo, agentes ministeriales, policías de investigación, peritos especializados y binomios caninos ingresaron al predio ubicado en Zempoala 104, el cual se encontraba asegurado por el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA).

Durante la inspección, se detectó una zona de cemento que no correspondía con la estructura original. Al excavar, con apoyo del Heroico Cuerpo de Bomberos, se encontró el cuerpo de Alma Elena en medio de los muros y varillas. A la par, la FGJCDMX confirmó que presentaba signos de violencia, por lo que el caso se integró bajo el protocolo de feminicidio.

La noticia conmocionó tanto a su familia como a organizaciones feministas y colectivos de búsqueda, quienes señalaron la urgencia de fortalecer las medidas de prevención y respuesta frente a la violencia contra las mujeres en la capital.

El sospechoso y su detención

Desde las primeras diligencias, la investigación apuntó hacia Febronio “N”, exnovio de la víctima. Según la carpeta de investigación, él fue quien convenció a Alma Elena de viajar a la Ciudad de México y posteriormente habría intentado desviar a los familiares sobre su paradero, asegurando que ella había regresado a Chiapas.

Tras semanas de búsqueda, agentes de la Policía de Investigación lograron ubicarlo en Veracruz. La FGJCDMX informó que las diligencias permitieron establecer su probable responsabilidad en el feminicidio, lo que derivó en su captura.

En el operativo participaron también elementos de la Fiscalía de Veracruz. Tras su aprehensión, fue trasladado de inmediato a la capital mexicana, donde quedó a disposición de un juez de control.

La FGJCDMX señaló que la indagatoria se desarrolla con perspectiva de género y enfoque en derechos humanos, garantizando el acceso a la justicia para la familia de la víctima. Se realizan peritajes de criminalística, antropología y fotografía forense, además de pruebas de ADN para corroborar plenamente la identidad del cuerpo.

Justicia y memoria: la petición final de los familiares de Alma Elena

Familiares de Alma Elena han señalado que buscan justicia y que la vida de la joven no quede reducida a una estadística. Han destacado su esfuerzo por construir un mejor futuro y subrayaron que el feminicidio arrebató a una mujer con proyectos, sueños y derechos.

El caso permanece bajo investigación y será el Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX) el que determine la responsabilidad de Febronio “N”. Mientras tanto, organizaciones de derechos humanos han insistido en que la justicia debe incluir medidas de reparación integral y garantías de no repetición.

Un episodio de violencia se registró en Villa Gobernador Gálvez, en la región sur del departamento Rosario, en la provincia de Santa Fe. Allí, un hombre fue baleado y permanece hospitalizado tras una fuerte discusión. Por el hecho, la Policía detuvo a un sospechoso en el marco de una causa por abuso de arma y lesiones graves. Además, secuestraron armas y dinero en efectivo.

El incidente fue reportado en las últimas horas del domingo y motivó un importante operativo policial en la zona ribereña de la ciudad, ubicada a pocos kilómetros de Rosario. El rápido despliegue permitió ubicar y socorrer a la víctima, así como detener a la persona señalada como presunto autor del disparo.

Tal como pudieron reconstruir las autoridades, el hecho ocurrió en las inmediaciones de Kenney y Avenida de La Ribera, donde se registró un discusión entre dos hombres, que habría escalado rápidamente. La alerta policial se generó a partir de una comunicación que notificó la presencia de una persona herida, según informó el portal Rosario3.

Al llegar al lugar, un móvil de la Policía de Acción Táctica encontró a un hombre tendido en el suelo y halló elementos balísticos que confirmaron la gravedad del episodio. De inmediato, solicitaron la presencia de una ambulancia del sistema de emergencias SIES y el apoyo de la Policía de Investigaciones (PDI) para preservar la escena y recabar pruebas.

Según el parte policial, la víctima presentaba una herida de arma de fuego en el tórax, lo que motivó su urgente traslado al Hospital Anselmo Gamen de Villa Gobernador Gálvez. Debido a la gravedad del cuadro y tras una primera atención, el hombre fue derivado de inmediato al Hospital Provincial de Rosario.

El diagnóstico médico inicial informó un hemoneumotórax, una afección caracterizada por la acumulación de aire y sangre en el espacio pleural, consecuencia directa del impacto de bala. Este tipo de lesión implica un alto riesgo para la salud del paciente y requiere atención clínica especializada.

Hasta el momento, no trascendió oficialmente la identidad del herido ni detalles precisos sobre su evolución.

El operativo desplegado en la zona no solo garantizó la asistencia a la víctima, sino que permitió en pocas horas la detención del presunto agresor. Durante el patrullaje pedestre, efectivos policiales ubicaron y aprehendieron en su domicilio a un hombre de 36 años.

En el procedimiento, la Policía secuestró una escopeta calibre 16 —presuntamente utilizada en el hecho— con culata de madera y caño de metal, además de cartuchos para dicha arma y la suma de 313.000 pesos en efectivo. Todos los elementos quedaron a disposición de la Fiscalía para ser incorporados como prueba en la causa.

El hombre quedó arrestado bajo los delitos de abuso de armas, heridas por arma de fuego y tenencia indebida de arma de fuego, figuras contempladas en el Código Penal y perseguidas por las unidades fiscales especializadas del Ministerio Público de la Acusación.

La comisaría 29ª de Villa Gobernador Gálvez intervino en la investigación, articulando los procedimientos con las áreas de Criminalística y la Policía de Investigaciones para preservar la escena y recopilar la evidencia balística y testimonial necesaria. La Fiscalía continúa con la toma de declaraciones y el análisis de los elementos secuestrados para determinar la dinámica precisa de los hechos.

El detenido permanece a disposición de la Justicia mientras avanzan las actuaciones procesales y se esperan avances en la recolección de pruebas, incluidas pericias balísticas y resultados forenses, para esclarecer los motivos y responsabilidades en el ataque.

Durante la mañanera del día de hoy, la presidenta Claudia Shienbaum fue cuestionada sobre el operativo que se llevó a cabo en el Estado de México el pasado 21 de julio de este año.

Este operativo llamado Operación Liberación en 11 municipios del Estado de México tenía el objetivo de debilitar la presencia criminal en zonas conflictivas mediante cateos, aseguramiento de negocios e investigaciones.

Sin embargo, se registraron bloqueos carreteros y enfrentamientos con la población civil en municipios como Tlatlaya, Luvianos y Temascaltepec.

“Fue un operativo muy importante, fueron muchos inmuebles y muchas personas detenidas. Participó las autoiridaes del Estados de México con el apoyo de México”, mencionó la presidenta.

También explicó que este operativo se llevó a cabo gracias a las denuncias al 089 y con una investigación previa, además aclaró que esa zona del Edomex sufre un problema de extorsión importante.

“Hubo población que no estuvo de acuerdo, incluso cerraron carreteras, y siempre se actúa con responsabilidad para evitar que haya una confrontación mayor”, agregó.

La presidenta se negó a emitir una opinión respecto a las personas involucradas en los bloqueos, pues mencionó que se tenían que conocer sus identidades y razones por las cuales se comportaron de esta manera.

 “Lo cierto es que vamos a seguir actuando en la detención de personas que se dedican a la extorsión”, concluyó la mandatara.

El pasado lunes autoridades federales y estatales continuaron con la Operación Liberación en 11 municipios del Estado de México para debilitar la presencia criminal en zonas conflictivas por medio de cateos, aseguramiento de negocios e investigaciones en la zona, sin embargo, reportaron resistencia civil en al menos tres municipios.

De acuerdo con datos presentados por autoridades federales, elementos de la Policía de Investigación (PDI) y agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), reportaron bloqueos carreteros en zonas como Tlatlaya, Livianos, Temascaltepec, entre otros, lo que derivó en confrontamientos entre elementos de seguridad la población civil.

Informes federales apuntan que en las zonas de Temascaltepec, Tlatlaya, Luvianos, Valle de Bravo, Tejupilco, Villa Victoria y municipios aledaños (mismos donde se llevaron a cabo los operativos), se concentran actos delictivos de La Familia Michoacana, cuyas células se dedican principalmente a acaparar mercados de alimentos, ganado, robo de material de construcción y distribuir las tierras para al agricultura.

El operativo encabezado por elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, Secretaría de Seguridad mexiquense, Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y Guardia Nacional (GN) buscará atacar las operaciones financieras de las células delictivas, disminuir el índice de extorsiones a empresarios locales y hacia los productores agrícolas estatales.

¿Qué es la Operación Liberación?

De acuerdo con la FGJEM, también conocida como Operación Restitución que dio inicio el 16 de mayo en 25 municipios del Estado de México, son las acciones coordinadas entre elementos federales, estatales y municipales que tiene como objetivo asegurar inmuebles con denuncia de despojo a través de técnicas de investigación, cateo e inspecciones.

Algunos municipios en los que se realiza dicho operativo son:

• Almoloya de Juárez
• Atenco
• Atizapán de Zaragoza
• Calimaya
• Chalco
• Chimalhuacán
• Coacalco
• Cuautitlán
• Cuautitlán Izcalli
• Ecatepec
• Ixtapaluca
• Huehuetoca
• Huixquilucan
• La Paz
• Lerma
• Metepec
• Nezahualcóyotl
• Nicolás Romero
• Tecámac
• Texcoco
• Tezoyuca
• Tlalnepantla
• Toluca
• Tultitlán
• Valle de Chalco

Crean unidad de despojo tras caso doña Carlota

Tras registrase el caso de Carlota “N”, quien en compañía de sus dos hijos asesinó a dos hombres y lesionó a un adolescente por la invasión de su domicilio en el municipio de Chalco, la Fiscalía del Edomex informó la creación de la Unidad Especial para la Investigación de los Delitos de Despojo y Contra la Seguridad de la Propiedad y Posesión de Inmuebles.

Dicha unidad tiene como objetivo atender el ilícito de invasión a propiedades y despojos.

Tras la creación de la unidad especial, la Fiscalía del Edomex informó que se han recuperado más de 500 inmuebles en más de 11 municipios.

Una fuerte movilización de cuerpos de seguridad se registró este jueves por la mañana en la zona de Ciudad Renacimiento, en Acapulco, Guerrero, luego de que fueran localizadas dos granadas de fragmentación sin detonar en inmediaciones de la comandancia de la Policía de Investigación (PDI) y oficinas gubernamentales locales.

De acuerdo con los reportes preliminares, hombres armados habrían arrojado los artefactos explosivos alrededor de las 10:00 horas en dos puntos distintos: uno sobre una ventana del edificio policial y otro en un área verde ubicada a 70 metros de la Coordinación Regional de la corporación.

Dichos dispositivos fueron ubicados sobre las avenidas Eje Central y Vicente Guerrero, a la altura de la Unidad Deportiva Jorge Campos y de la estación de Bomberos del municipio.

Ante el hallazgo, elementos de la Guardia Nacional desplegaron un operativo de seguridad que incluyó acordonamiento del área en un radio de hasta 500 metros. También se suspendió la circulación vehicular y peatonal durante más de cuatro horas.

Durante el operativo, el escuadrón antibombas del Ejército mexicano, apoyado por peritos, acudieron al sitio para realizar la desactivación y recolección de las granadas, las cuales fueron colocadas en una unidad blindada especializada tras el levantamiento.

Oficinas públicas, comercios evacuados y antecedentes de intimidación a agentes de seguridad

Como medida preventiva, autoridades ordenaron el cierre de múltiples oficinas públicas y negocios en los alrededores de Ciudad Renacimiento. Entre las instalaciones evacuadas se encuentran oficinas del Registro Civil del INE, Telecom, recaudación de rentas, así como una funeraria, restaurantes, entre más locales.

Este hecho ocurre en un contexto creciente de violencia en la región. Apenas el pasado 2 de junio, el cuerpo desmembrado de una mujer fue dejado frente a las instalaciones de la misma comandancia de la Policía Ministerial, en un mensaje directo hacia las autoridades de seguridad.

La presencia de explosivos en instalaciones policiales refuerza la hipótesis de que se trata de actos de intimidación dirigidos contra las corporaciones de seguridad pública.

Violencia en Guerrero sigue bajo investigación de fuerzas federales

El fin de semana anterior, se registraron un total de ocho asesinatos en tres municipios del estado de Guerrero, así como la quema de dos taxis, y el hallazgo de un cuerpo calcinado al interior de la cajuela de uno de ellos.

El sábado 21 de junio fueron asesinados dos hombres en el municipio de Acapulco y dos unidades de transporte público de la ruta Kilómetro 30-Las Cruces fueron calcinados en distintos hechos.

De acuerdo con medios locales, dentro de un taxi se encontró un cuerpo calcinado, hubo unidades de transporte público quemadas, mensajes amenazantes que hasta la fecha no han sido reveladas por las autoridades y personas asesinadas con armas de fuego.

El sujeto fue detenido recientemente en Melipilla, donde el Juzgado de Garantía ordenó su prisión preventiva mientras dure la investigación en su contra. El Ministerio Público solicitó esta medida tras comprobar que Quispe estaba vinculado a una serie de hurtos en más de diez comunas del país, y que, además, había formado parte de una organización criminal desarticulada en el norte del Perú.

Captado en farmacias, almacenes y peluquerías

El modo de actuar de Quispe se repitió en varios puntos del país: ingresaba a establecimientos comerciales fingiendo ser un cliente común. Una vez dentro, observaba el movimiento de los trabajadores y esperaba el momento adecuado para apropiarse de objetos personales, en especial celulares y dispositivos electrónicos.

Pese a su contextura física, su desplazamiento era veloz y aprovechaba cualquier descuido. Entre las ciudades donde fue visto están Viña del Mar, Concepción, Temuco, Puerto Varas, Melipilla, Quilicura, Buin, Los Andes, Puerto Montt y Puente Alto. La mayoría de estos robos quedó registrado en videos que circularon ampliamente en redes sociales, donde el rostro de Quispe se volvió conocido para la opinión pública.

A pesar de que los registros visuales eran numerosos, solo existían dos denuncias formales en su contra antes de su reciente captura. En uno de los casos, una víctima utilizó una aplicación de rastreo para ubicar su celular robado, lo que permitió dar con la dirección donde se escondía Quispe. Esa evidencia fue clave para que la Policía de Investigaciones pudiera intervenir.

En Perú lo conocían como “El Gordo Frank”

Antes de aparecer en los archivos policiales chilenos, Quispe ya había sido fichado por las autoridades peruanas. En octubre de 2022, fue arrestado durante un operativo de la División de Investigación Criminal de Trujillo, ciudad ubicada al norte del país. En esa oportunidad, operaba junto a otros dos sujetos, identificados como Carlos Valera y Sandra Purizaca, conocidos como “El Chino” y “La Chama”, respectivamente.

Los tres formaban parte de la banda conocida como “Los Caperos de Aranjuez”, una agrupación dedicada al hurto de objetos en restaurantes, farmacias, tiendas de ropa y discotecas. Durante su intervención, la policía incautó un automóvil, seis teléfonos móviles, una tablet, prendas sustraídas de centros comerciales y otros objetos reportados como robados. En aquel momento, Quispe fue presentado bajo el alias de “El Gordo Frank”.

Las autoridades peruanas informaron que esta banda se especializaba en delitos contra el patrimonio bajo la modalidad de hurto agravado y receptación. El grupo ya había sido vinculado a múltiples casos similares dentro de Trujillo.

Vínculos entre ambos países

Tras la reciente detención en Chile, el fiscal Patricio Martínez confirmó que el Ministerio Público está reuniendo antecedentes sobre la actividad delictiva de Quispe en su país de origen. El objetivo es conocer si posee antecedentes judiciales previos que puedan ser considerados en el proceso chileno. De comprobarse, esto podría influir en la calificación jurídica de los delitos cometidos en territorio nacional.

El propio Martínez señaló que, si las víctimas cuyos casos fueron viralizados en redes sociales hubieran interpuesto denuncias formales, la respuesta del sistema judicial habría sido distinta. Por ahora, el único caso que permitió su formalización fue el robo de un teléfono celular en un negocio de Puente Alto, que inicialmente solo le valió una medida de firma mensual y arraigo nacional.

La situación cambió el 10 de junio, cuando fue arrestado nuevamente, esta vez en Melipilla, donde un nuevo delito permitió solicitar una medida cautelar más severa. El tribunal accedió a dictar prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación, la cual tendrá un plazo inicial de 90 días.

Pruebas clave: videos y objetos incautados

Entre las pruebas reunidas por la Fiscalía se encuentran registros visuales de alta calidad que muestran el accionar de Quispe en distintos establecimientos, además de las declaraciones de testigos y dueños de los locales afectados. La recopilación de estos materiales fue fundamental para sustentar la solicitud de prisión preventiva.

En paralelo, la policía analiza si Quispe contaba con cómplices operando en Chile, tal como ocurrió en Perú con la banda que integraba. Hasta el momento, no se ha confirmado si formaba parte de una red estructurada en el país, pero los patrones de sus delitos y la cantidad de ciudades involucradas han encendido alertas entre las autoridades.

De acuerdo con un informe de Teletrece de Chile, la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile logró identificarlo y detenerlo gracias a una denuncia oportuna y la utilización de sistemas de localización.

Un modus operandi repetido

La creciente notoriedad de Denis Quispe no es solo consecuencia de la cantidad de delitos que se le atribuyen, sino también de la manera en que estos han sido documentados. Cámaras de seguridad instaladas en locales comerciales -principalmente en barrios como Vicuña Mackenna- han registrado numerosos hurtos cometidos por este delincuente. Tal como lo describe El Mercurio de Chile, su método consiste en distraer a los dependientes y aprovechar momentos diminutos de descuido para sustraer objetos de valor, como celulares y computadores. “Primero hizo así un manoteo, una broma, abrió y desconectó el celular”, relató una de las víctimas cuya experiencia quedó registrada en video y fue compartida ampliamente en plataformas digitales.

En la comuna de Melipilla, las cámaras captaron a Quispe en el interior de una peluquería, donde su comportamiento levantó inmediatamente sospechas entre los empleados. “Se notó enseguida que buscaba algo”, indicó una testigo, quien destacó el nerviosismo del individuo y la actitud vigilante que adoptó rápidamente.

La repetición de su técnica delictiva, sumada a la viralización de los videos, hizo que numerosos locales comerciales adoptaran medidas de precaución y que ciudadanos en distintas comunas de Chile reportaran su paso por las redes sociales. Incluso en Perú, Quispe había sido vigilado por las autoridades debido a informes sobre su presunta participación en una banda criminal oriunda de Trujillo.

Detención y una polémica decisión judicial

El episodio más reciente, fechado el 6 de junio de 2025, muestra a Denis Quispe actuando junto a un cómplice en un pequeño almacén de Puente Alto. Tal y como precisó. Ambos llegaron al establecimiento simulando ser clientes. En cuestión de segundos, Quispe se apropió del teléfono móvil de la dueña del local, un robo que fue advertido poco tiempo después por la afectada. Gracias a una aplicación de localización, la mujer rastreó su dispositivo hasta una vivienda en la comuna de Quinta Normal, lo que permitió a la PDI organizar un operativo y capturarlo.

El proceso judicial en torno a Denis Quispe ha comenzado a levantar críticas. A pesar de la abundante evidencia audiovisual y los antecedentes de robos previos, el Ministerio Público chileno solo cuenta con dos o tres denuncias formales en su contra en territorio chileno. “Actualmente el Ministerio Público no tiene más que dos o tres denuncias, por lo que solo existe un mínimo de identidad de investigaciones en contra del imputado”, apuntó un fiscal. Esta situación ha impedido que se dictara la prisión preventiva, y ni siquiera se le aplicó arresto domiciliario tras la última audiencia.

El Juzgado de Garantía de Melipilla ha ordenado que Denis Quispe permanezca detenido hasta que se realice la audiencia de formalización mediante videoconferencia, donde se decidirá si sigue privado de libertad o se le otorga la libertad provisional. Según fuentes del Ministerio Público chileno, también se investiga su posible relación con una agrupación criminal en Trujillo, lo cual podría agravar sus cargos y derivar en coordinaciones bilaterales entre autoridades chilenas y peruanas.

Francisco Javier “N”, alias “El Fefe”, presunto líder de plaza, fue detenido por autoridades en Yucatán tras más de seis años prófugo.

La detención se realizó en un punto de revisión instalado sobre la autopista Mérida-Cancún como parte de los operativos de seguridad permanente de la Secretaría de Seguridad Pública del estado.

Javier “N”, de 36 años, es originario de Tabasco y era requerido por un juez federal con sede en Cancún, Quintana Roo, por su presunta participación en delitos de alto impacto relacionados con la delincuencia organizada.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán y la Fiscalía General de la República (FGR), apuntaron que:

“‘El Fefe’ se desplazaba en un vehículo particular, y fue identificado por agentes durante una inspección de rutina. Tras confirmar la identidad y la vigilancia de la orden de reaprehensión, fue detenido sin que se reportaran incidentes mayores”.

Asimismo, la Agencia de Investigación Criminal resaltó que Francisco Javier “N”, enfrenta acusaciones por delitos como homicidio, extorsión, cobro de piso, portación de armas de fuego, portación de armas y explosivos de uso exclusivo del Ejército, entre otros cargos.

Tras su captura, el detenido fue entregado al personal de la Agencia de Investigación Criminal de la FGR, quienes se encargaron de su traslado inmediato al estado de Quintana Roo, mismo donde será sentenciado ante el juez de Distrito del Centro de Justicia Penal Federal en Cancún.

“Francisco Javier era considerado uno de los principales objetivos de las autoridades federales, al estar vinculado con operaciones violentas en la zona norte de Quintana Roo, especialmente en Cancún, donde se presume que lideraba actividades de extorsión y actos de violencia ligados al control de territorios”, informaron autoridades federales.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán, destacó la importancia de los puntos de control carretero como herramienta clave para detectar a personas en situación de búsqueda. Asimismo, reiteró su compromiso de colaboración con las instancias federales para garantizar la seguridad y el combate a la criminalidad de la región.

¿Qué Cárteles se encuentran en disputa dentro de Quintana Roo?

Lo que alguna vez fue territorio del Cártel del Golfo, creado por Juan García Ábrego, ahora se disputa por diversas células criminales como: Los Zetas Vieja Escuela, La Familia Inzunza, El Tren de Aragua e incluso por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa (CDS), siendo estos últimos, los cárteles que operan en todo el estado.

En un conmovedor acto de solidaridad y compromiso policial, dos menores de edad —un niño de 12 años y su hermanito de apenas ocho meses— fueron resguardados por elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México luego de que fueron encontrados sin supervisión de un adulto alegando que “tenían hambre”.

El hecho ocurrió en el Centro de Transferencia Modal (CETRAM) Pantitlán, en la colonia Ampliación Adolfo López Mateos, alcaldía Venustiano Carranza. Los niños se encontraban desesperados y desconocían el paradero de sus padres, por lo que optaron por salir a buscarlos.

El incidente se registró cuando efectivos de la PBI realizaban sus recorridos habituales de seguridad por los andenes y pasillos del CETRAM. Personal de seguridad privada del Mexibús alertó a los policías sobre la presencia de dos menores que habían descendido de una unidad de transporte sin el acompañamiento.

Al llegar al sitio, los uniformados se encontraron con un niño que empujaba una carriola en la que iba su hermano pequeño. Siguiendo los protocolos de actuación policial, informaron a sus superiores y entablaron un diálogo con el menor con el objetivo de obtener información sobre su situación y localizar a sus familiares.

¿Qué sucedió?

El niño, con notable madurez, explicó que su hogar se encuentra en la colonia Xaltipac, en el Estado de México. Mostró a los agentes un papel en el que estaba escrito un número telefónico. Contó que sus padres trabajan en una constructora ubicada cerca de la estación del Metro Insurgentes, en la Ciudad de México.

El menor explicó que, tras varias horas sin noticias de sus padres y ante el llanto de hambre de su hermanito, tomó la difícil decisión de salir solo de casa con el bebé para buscarlos. Su motivación era conseguir alimento y dinero para calmar al pequeño.

Los policías se comunicaron de inmediato al número proporcionado por el niño. Minutos más tarde, una pareja —un hombre de 40 años y una mujer de 38— arribó al lugar. Se identificaron como los padres de los menores y fueron reconocidos de inmediato por el niño. Luego de verificar el parentesco, los uniformados procedieron a levantar la bitácora de hechos correspondiente.

Antes de dejar ir a la familia, los oficiales brindaron una serie de recomendaciones a los padres para evitar que se repitan situaciones que pongan en riesgo la integridad física de los menores. Entre los consejos ofrecidos estuvieron mantener una mejor supervisión de sus hijos, establecer métodos de comunicación más eficaces y procurar que los menores siempre tengan a la mano medios seguros para pedir ayuda.

La familia agradeció a los elementos de la PBI por la atención, el apoyo y el trato humano con el que manejaron la situación. Finalmente, todos se retiraron del lugar de manera segura.

El caso de Lucio “N”, el joven de 18 años que abandonó a su hijo recién nacido en calles del municipio de Tultitlán, ha generado una profunda indignación en la sociedad mexicana. Este acto, captado por cámaras de seguridad y difundido ampliamente en medios de comunicación y redes sociales, ha llevado a cuestionar las posibles implicaciones legales que enfrentaría el responsable en caso de ser encontrado culpable por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM)

Este martes 11 de febrero, Lucio David fue captado por cámaras de seguridad mientras dejaba a su bebé prematuro dentro de una bolsa de plástico en la colonia Fuentes del Valle. Minutos después, vecinos alertados por el llanto del infante lo encontraron cerca de un automóvil estacionado y notificaron a las autoridades.

El bebé fue trasladado a un hospital por cuerpos de emergencia, donde se reportó su estado de salud como estable. Sin embargo, tras este hecho, la situación jurídica tanto del padre como la madre del menor podría agravarse, debido a la nueva información que ha surgido en las últimas horas.

Posibles delitos y sanciones para Lucio “N”

De acuerdo con el Código Penal del Estado de México, el presunto culpable podría enfrentar alguna de las siguientes acusaciones legales:

1. Abandono de personas: El Artículo 254 establece que quien abandone a una persona incapaz de valerse por sí misma, teniendo la obligación de cuidarla, puede ser sancionado con prisión de uno a cuatro años y una multa de cincuenta a doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Si el abandono pone en peligro la vida o causa daño grave, la pena podría aumentar.
2. Tentativa de infanticidio: Dado que el bebé fue dejado en condiciones que podrían haberle causado la muerte, las autoridades están posibilitadas para considerar este delito, el cual implicaría una intención de privar de la vida a un menor.
3. Omisión de cuidado: Al no proporcionar la atención necesaria a su hijo recién nacido, podría ser acusado de este delito, el cual sanciona a quienes, teniendo la obligación legal de cuidar a una persona, no lo hacen. Esto último pone en riesgo la integridad de la víctima.

La investigación de este crimen continúa

Tras el incidente, Lucio “N” se entregó voluntariamente a las autoridades de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), acompañado por sus padres. En su declaración en el Ministerio Público CUH-2, afirmó que actuó por miedo y nerviosismo.

Así mismo, la decisión de abandonar al bebé fue tomada de mutuo acuerdo con la madre del niño, Diana “N”. Sin embargo, esta versión contrasta con la declaración de la mujer, quien aseguró que, aparentemente, él llevaría al bebé al hospital y no que lo abandonaría.

Además, se han revelado conversaciones de WhatsApp entre Lucio y Diana en las que ambos discutían deshacerse del bebé y “tirarlo a la basura o en un canal”. Hasta el momento, estos mensajes podrían ser utilizados como evidencia en su contra.

Lo que la FGJEM podría tomar en cuenta también

Si se comprueba que ambos planearon y ejecutaron el abandono del recién nacido, podrían enfrentar cargos adicionales por conspiración y tentativa de homicidio. Asimismo, podrían perder la patria potestad del menor, lo que les impediría ejercer derechos legales sobre él en el futuro.

Los padres de Lucio “N”, joven señalado de abandonar a su bebé recién nacido en calles del municipio de Tultitlán, dieron a conocer nueva evidencia respecto a la forma en que llevaron al presunto responsable ante las autoridades del Estado de México para ser detenido por este hecho.

Previo a su llegada ante autoridades de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) en la alcaldía Cuauhtémoc, el padre y la madre de Lucio decidieron presentarlo en el Centro de Justicia para las Mujeres, ubicado en la zona de Cuautitlán Izcalli.

Ahí, el padre del acusado decidió grabar el momento en el que un funcionario de esta institución de justicia mexiquense les recibió, pero no se mostró accesible a tomar declaración o atender la situación de la familia. Por tanto, decidieron seguir al trabajador, al tiempo que le exigían que les brindaran atención.

“Vengo a grabar, es un tema de relevancia. A mí no me vas a dejar así, Lic., eh. Así como están televisados también te voy a dar televisión a ti. ¿No me vas a atender?“, se escucha en un fragmento del video.

Hasta el momento, ni la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), ni autoridades de seguridad se han pronunciado respecto al actuar del funcionario público. Así mismo, tampoco se ha dado con la identidad o el cargo del mismo por ahora.

Lucio “N”, en espera de lo que decida la autoridad

Los últimos reportes indican que la situación jurídica de Lucio “N”, de 18 años de edad, sigue en espera de ser determinada por la FGJEM. A pesar de ser llevado a instalaciones Ministerio Público CUH-2, las autoridades locales solo lograron levantar la denuncia y abrir una carpeta de investigación por el probable delito de ausencia de cuidados.

Hasta la noche de este 11 de febrero, el hombre volvió al Centro de Justicia para las Mujeres, trasladado junto a sus dos padres en un vehículo de la Policía de Investigación (PDI) de la CDMX. Sin embargo, Lucio no se encuentra detenido, ni tampoco se le ha deslindado responsabilidad alguna, solo se espera que pueda rendir su declaración ante las instancias de justicia pertinentes en las próximas horas.

¿Por qué el caso de abandono del bebé se ha vuelto viral?

Usuarios de redes sociales han generado una ola de comentarios y reacciones respecto a la razón por la que este recién nacido fue abandonado en calles de la colonia Fuentes del Valle, en Tultitlán.

Las principales críticas se centran en la forma en que Lucio David sacó al pequeño de una mochila y lo dejó dentro de una bolsa de plástico en plena calle. Acto seguido, se retiró el lugar y, según se ha informado, pretendió darse a la fuga.

Un operativo por parte de personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) logró la detención de Irving “N” y Jonathan “N”, un par de hombres que son acusados por su presunta participación en actos de extorsión a personal y transportistas en la zona de la alcaldía Tlalpan.

La captura de los dos probables extorsionadores corrió a cargo de elementos de la Policía de Investigación (PDI) capitalina, quienes recibieron el reporte de la víctima de este crimen y, posteriormente, desplegaron acciones policiales para atender la situación en el lugar.

Los primeros reportes de las autoridades, así como el testimonio de la persona que fue protagonista de este suceso, han detallado que los hechos ocurrieron en la colonia 2 de octubre, lugar al que llegaron el par de presuntos implicados y encerraron al denunciante en una oficina de la ruta de transporte. Ahí dentro, le entregaron un teléfono celular para que recibiera una llamada de un supuesto líder de un grupo criminal.

De acuerdo con la información, este hombre le exigió un pago de “cuota” mensual por cada unidad. A cambio, se le brindaría protección y no causar daños o represalias al gremio.

Hasta el momento, la fiscalía de la ciudad mantiene las investigaciones correspondientes y se les tratará, con base en el Código de Procedimientos Penales, como inocentes hasta que se demuestre lo contrario.

Extorsiones y robos al transporte público en la CDMX

La extorsión al transporte público en la Ciudad de México (CDMX) es un delito que afecta tanto a usuarios como a operadores del sistema de transporte capitalino. Aunque las autoridades han implementado diversas medidas para combatirlo, persiste como una preocupación significativa tanto a pasajeros como choferes de ruta.

Según datos del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), en 2024, la alcaldía Cuauhtémoc registró 428 carpetas de investigación por robos en transporte público entre enero y mayo, lo cual representa el 24.6% de los casos en la ciudad. En mayo de ese mismo año, se reportaron 98 casos en esta demarcación.

A nivel nacional, la extorsión es uno de los delitos con mayor “cifra negra”, es decir, con un alto porcentaje de casos no denunciados. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2023, la extorsión fue el delito con un 97.4%.

La falta de denuncias se atribuye al temor de represalias por parte de los delincuentes, lo que complica la identificación y desarticulación de las bandas responsables. Además, la extorsión afecta no solo a los usuarios, sino también a los operadores y empresas de transporte, quienes se ven obligados a pagar “cuotas” ilegales para garantizar la seguridad de sus unidades y personas usuarias.

Tras un mes de permanecer hospitalizado, este 26 de diciembre se informó sobre el fallecimiento del comandante de la Policía de Investigación de la Ciudad de México de Narcomenudeo, Pascual Quintero Carrillo, a los 56 años de edad.

El servidor llegó al cargo en noviembre y dos semanas después de su asignación al frente de la dependencia encargada de combatir el narcomenudeo en la capital del país sufrió un accidente en un operativo; según la versión difundida por el periodista Carlos Jiménez el agente resbaló y cayó desde un segundo piso cuando perseguía a un narcomenudista en la alcaldía Gustavo A. Madero, las lesiones que se provocó ameritaron que fuera hospitalizado.

Después del accidente que sufrió Pascual Quintero no se había dado más información sobre su estado de salud, sino hasta este jueves en que la Fiscalía capitalina compartió la esquela publicada por la agencia de investigación lamentando el deceso del coordinador.

Tras el nombramiento de Quintero Carrillo, el periodista Carlos Jiménez reveló que el funcionario había sido señalado de cobrar cuotas a los narcomenudistas que operaban en la alcaldía Venustiano Carranza, Iztapalapa y Gustavo A. Madero, sin embargo, estas versiones no fueron aclaradas o desmentidas por la Fiscalía.

Asimismo, Carlos Jiménez evidenció a un par de elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que supuestamente llegarían a la agencia contra el narcomenudeo. Uno de ellos habría chocado una patrulla de la PDI bajo los efectos del alcohol y los acusó de estar coludidos en el cobro de renta a los narcomenudistas.

“LOS MUCHACHOS de PASCUAL… YA SE VIERON. Juan Capi-borracho chocó su patrulla; lesionó a 2 viejitos. Oscar Díaz-así duerme en la Fiscalía. Son de su grupo de “ataque” y cobro de rentas a traficantes. Pascual Quintero les prometió “jalarlos” cuando sea jefe antidrogas de PDI”, escribió Carlos Jiménez.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) confirmó a través de un comunicado que Alfonso Mendoza Ramírez asumió, desde el 4 de septiembre, el cargo de encargado de despacho en la Jefatura General de la Policía de Investigación (PDI), en sustitución de Francisco Almazán Barocio.

Según el informe de la corporación, Almazán Barocio renunció al puesto que desempeñaba desde el 4 de octubre de 2019, al cual llegó después de su estancia de tres meses como director de Investigación Criminal en fiscalías centrales de la Fiscalía capitalina.

Por su parte, el nuevo jefe de la PDI estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma del Estado de México, de la cual se graduó en el año 2004. A la fecha de su nombramiento acumula una carrera policial de 21 años en distintas dependencias de seguridad pública, tanto a nivel federal como local.

A lo largo de su trayectoria como servidor público en el rubro, ha ostentado diversos cargos en instituciones como la Agencia Federal de Investigación (AFI), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Fiscalía General de la República (FGR).

Entre ellos destaca, por ejemplo, su puesto como director general de la Policía Federal de marzo de 2009 a diciembre de 2016, durante la última etapa del sexenio de Felipe Calderón y los primeros cuatro años del presidente Enrique Peña Nieto.

Después de dicho encargo, llegó a ser director general de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) durante el periodo de diciembre de 2016 y junio de 2019.

Inició su trayectoria en la Policía de Investigación en 2019 como director de la Fuerza Antisecuestros, y desde noviembre de 2020 hasta la fecha de su reciente designación, se desempeñó como director general de Investigación Criminal en Fiscalías.

“Mendoza Ramírez ha trabajado en la coordinación de investigaciones relevantes y acciones operativas enfocadas a las detenciones de generadores de violencia involucrados en delitos de género y de alto impacto; entre sus reconocimientos destacan condecoraciones al Mérito Policial en la Ciudad de México y a nivel nacional”, resaltó la Fiscalía capitalina al anunciar este movimiento en el mando de la PDI.

Cuando circuló la noticia de la renuncia de Almazán Barocio, trascendió que su puesto podía ser ocupado por Reyna Birruete Ponce, quien es directora de Proyectos Institucionales dentro de la Jefatura General de la PDI. Ella, además de contar con una carrera en Derecho en la Universidad del Valle de México, cursó una maestría en Derechos Humanos y Seguridad Pública en el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa.

Ponce ha sido subdirectora de área en la Segob y directora general adjunta en la anterior Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal. No obstante, en una junta extraordinaria, las autoridades de la FGJCDMX se decantaron por Alfonso Mendoza para dirigir la PDI.