Este fin de semana, la Policía de Investigaciones (PDI) confirmó mediante un comunicado la salida de su jefa de Inteligencia, Consuelo Peña, asunto que trajo inmediatas críticas de la oposición, desde donde aseguraron que la orden provino directamente de la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert.

De acuerdo a fuentes de BioBíoChile, el viernes pasado la ministra Steinert habría pedido, sin mayores explicaciones, la salida de Peña al director general de la Policía de Investigaciones, Eduardo Cerna, asunto que se concretó el sábado.

Cabe señalar que de acuerdo a la ley, la potestad de elegir al alto mando policial radica en el Presidente.

Así las cosas, y de acuerdo al medio citado, la remoción de Peña sería una “pasada de cuenta” de Steinert por desavenencias en la conformación de equipos cuando ella era fiscal regional de la región de Tarapacá y estuvo a cargo de la investigación contra el “Clan Chen”, organización delictiva de origen chino.

La tesis cobra fuerza luego de que el mismo medio revelara un oficio enviado por Steinert a Peña el 13 de marzo pasado, a solo dos días de asumir su nuevo puesto como ministra de Seguridad, solicitando información detallada sobre todos los funcionarios de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (BRIANCO) de Tarapacá que participaron en el caso “Clan Chen”, incluyendo sus antecedentes disciplinarios y las razones de sus traslados.

Así las cosas, algunos ajustes hechos por Peña, como el traslado de un funcionario muy cercano a la ministra Steinert, serían la razón de la caída de la ahora ex prefecto Consuelo Peña.

“Error gigantesco”

Una vez conocida la noticia, el senador Iván Flores (DC), quien ya había anticipado la salida de Peña, apuntó directamente a Steinert y calificó la decisión como un “error gigantesco”.

“La ministra Steinert ha cometido un error gigantesco al exigirle al director de la PDI que despida de inmediato a la subdirectora, a la segunda de a bordo, a la persona con una carrera intachable, impecable y con el reconocimiento varias veces de todo el país, producto de los operativos que se estaban haciendo en contra del narcotráfico del crimen organizado. Hoy día se le despide aparentemente por cuestiones muy secundarias. No ha habido una explicación pública de este descabezamiento de la PDI”, aseguró.

“Esperamos explicaciones de verdad, claras y transparentes ante este despido que afecta sin duda la tarea de la institución en lo que respecta a crimen organizado y narcotráfico”, agregó.

“Cuenten la verdad; no se puede estar sacando gente tan valiosa y de función tan crítica para el país, sencillamente porque a la fiscal Steinert, porque parece que actúa todavía como fiscal y no como ministra, no le gustó que le cambiaran algunas piezas”, aseguró.

De paso, pidió explicaciones al Ejecutivo:

“Yo creo que el presidente Kast, el ministro del Interior, que están por encima de la ministra tienen que dar una explicación y que sea una explicación que sea la verdad, no una explicación administrativa”, complementó Flores.

Al cierre, exigió que “se diga la verdad, por qué la sacaron y si se hace una investigación, que sea como corresponde. Si lo quieren tapar, bueno, algo huele mal aquí. La ministra está actuando como fiscal”.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó este 4 de marzo el aseguramiento de uniformes apócrifos de fuerzas armadas, fiscalías estatales y escuadrones de rescate durante un cateo en un inmueble ubicado en la zona de Chiconautla, municipio de Ecatepec.

Según el breve reporte del decomiso, la acción estuvo fundamentada desde una orden judicial emitida por un juez, en la cual participaron elementos de la FGJEM, con apoyo de la Secretaría de Marina (Marina), la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y la policía municipal de Ecatepec.

Además, se reportó el aseguramiento de presuntos explosivos, sin embargo, las autoridades no proporcionaron fotos de los mismos.

Las imágenes reveladas por la fiscalía muestran que en el sitio había chalecos tácticos de instituciones como la Defensa y la Marina; además de playeras y chamarras referentes a la Policía de investigación de la fiscalía capitalina (PDI), la Unidad de Paramédicos (UNIPAR) y de la misma fiscalía mexiquense.

Cateo revela equipo táctico y presuntos explosivos

El operativo de cateo, coordinado entre autoridades estatales y federales, permitió la localización y aseguramiento de prendas de vestir tipo uniformes que portaban insignias y emblemas.

Además, en el sitio se encontró equipo táctico diverso y objetos identificados como presuntos explosivos.

El hallazgo de uniformes apócrifos y equipo táctico reforzaría las labores de investigación para esclarecer posibles delitos relacionados con la usurpación de funciones y la utilización indebida de símbolos oficiales.

Las autoridades no informaron cuál fue el presunto hecho delictivo que derivó en la aprobación de una orden de cateo para inspeccionar el inmueble de Chiconautla.

La zona donde fue realizada la operación, formalmente conocida como el Pueblo de Santa María Chiconautla, es relevante dentro del municipio mexiquense por albergar el Centro Preventivo y de Readaptación Social de Chiconautla.

Las investigaciones continúan para determinar el origen de los uniformes y del resto del equipo asegurado, así como su posible vinculación con actividades ilícitas en la región.

Reporteros enfocados en seguridad han señalado que el lugar cateado presuntamente funcionaba como un centro de distribución de los objetos asegurados. Además, afirmaron que en el sitio fue localizado un gran altar a la muerte, o también conocida como Santa Muerte.

Reportes previos este medio señalaron que la legislación mexicana considera delito federal la fabricación, falsificación o uso indebido de uniformes, insignias y divisas de las Fuerzas Armadas o corporaciones policiales. Las penas por estas actividades pueden alcanzar hasta seis años de prisión, además de sanciones económicas y agravantes dependiendo del caso.

Recientes decomisos de uniformes apócrifos

En enero de 2026, la Fiscalía General de la República (FGR) desmanteló un taller dedicado a la fabricación de uniformes apócrifos de fuerzas armadas en el municipio de Veracruz.

Durante el cateo realizado en la colonia Malibrán, se aseguraron seis máquinas de coser industriales, una máquina cortadora de tela, herramientas de confección textil, diversos chalecos camuflados presuntamente referentes a las fuerzas federales y otros de color negro con insignias de la Policía Estatal.

En el lugar también se localizó un rollo de tela camuflada y un tramo de tela bordado con el nombre de una institución federal, sin embargo, no especificaron de cuál se trataba.

En esa ocasión todo el material quedó bajo resguardo del Ministerio Público Federal, que realizó las diligencias para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

Una operación conjunta entre la Secretaría de Marina y la policía municipal de Ecatepec permitió la detención de 10 personas presuntamente vinculadas con el delito de extorsión agravada, luego de que se hicieran pasar por agentes de seguridad y amenazaran a una pareja para exigirle una fuerte suma de dinero.

Los hechos ocurrieron sobre la avenida Recursos Hidráulicos, en la colonia Luis Donaldo Colosio, en el municipio de Ecatepec. De acuerdo con el reporte oficial, una pareja solicitó apoyo tras ser interceptada por varios sujetos que viajaban en camionetas de alta gama y una motocicleta, quienes los intimidaron asegurando pertenecer a corporaciones policiales.

Uno de los ahora detenidos afirmó ser elemento de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; sin embargo, al verificar sus datos en el sistema institucional, se confirmó que ya no formaba parte activa de la corporación.

Primer aseguramiento: arma, chaleco PDI y vehículo sin placas

Metros adelante del punto de la denuncia, fuerzas municipales y navales interceptaron una camioneta Seat Cupra roja, sin placas y con vidrios polarizados. En la unidad viajaban:

1. Rubén Omar “N”, de 39 años
2. Gerardo “N”, de 22 años
3. Erick Alejandro “N”, de 24 años

Durante la inspección preventiva, los uniformados localizaron:

• Un arma **Glock 25 calibre .380
• Un cargador abastecido
• Cartuchos útiles
• Equipo balístico
• Un chaleco con la leyenda “PDI”

Ninguno de los tripulantes pudo acreditar la portación legal del arma ni la autenticidad del equipo táctico. Por ello, fueron puestos a disposición del Ministerio Público por su probable responsabilidad en portación indebida de arma de fuego y extorsión.

Segundo operativo: más armas, dinero y celulares

De manera paralela, otros siete presuntos implicados fueron ubicados sobre la calle Cafetales, en la colonia Potrero del Rey. Se desplazaban en:

1. Una BMW X6 azul
2. Una Mercedes-Benz roja
3. Una motocicleta Vento

Todos los vehículos circulaban sin placas de identificación y tras una revisión, las autoridades aseguraron:

1. 46 mil pesos en efectivo
2. 12 teléfonos celulares
3. Un arma Glock 19X
4. 17 cartuchos útiles

Los detenidos fueron identificados como:

• José Manuel “N”, de 23 años
• Ageo Damián “N”, de 24 años
• Sergio Adán “N”, de 27 años
• Julia “N”, de 34 años
• Víctor Manuel “N”, de 35 años
• Eduardo “N”**, de 35 años
• Miguel Ángel “N”**, de 23 años

Todos quedaron a disposición de la autoridad ministerial para determinar su situación jurídica por los delitos de portación indebida de arma de fuego y presunta extorsión.

Simulaban operativos para intimidar

De acuerdo con fuentes municipales, el grupo presuntamente utilizaba vehículos de lujo, armas cortas y chalecos con insignias oficiales para aparentar operativos de investigación y así coaccionar a sus víctimas. El uso de tecnología de monitoreo urbano y patrullajes coordinados permitió ubicar rápidamente las unidades implicadas.

Autoridades locales destacaron que este tipo de acciones forman parte de la estrategia para combatir delitos de alto impacto en la región, particularmente aquellos relacionados con la simulación de funciones públicas y la extorsión.

Las investigaciones continúan para determinar si los detenidos están relacionados con otros casos similares registrados en la zona oriente del Valle de México.

Un presunto agresor identificado como Adalberto “M” fue abatido tras un nuevo ataque armado contra instituciones de seguridad y procuración de justicia en el municipio de Coahuayana, Michoacán, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).

De acuerdo con el informe oficial de la Fiscalía, los hechos se originaron luego de que el señalado agrediera a su propio hermano en un domicilio ubicado sobre la calle Hidalgo, esquina con Mariano Escobedo, en la localidad de El Camalote. Al acudir al sitio para realizar las primeras diligencias derivadas de la denuncia, personal de la Fiscalía Regional de Coalcomán fue atacado a balazos por el investigado.

Durante este primer ataque, un Policía de Investigación (PDI) resultó lesionado, por lo que fue trasladado vía aérea a un hospital del municipio de Charo, donde actualmente recibe atención médica especializada.

Nuevo enfrentamiento y operativo interinstitucional

Tras la agresión al agente, se desplegó un operativo coordinado entre la FGE, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Policía Municipal de Coahuayana, con el objetivo de ubicar y detener al agresor.

Sin embargo, durante las labores de localización, Adalberto “M” volvió a atacar con arma de fuego a los elementos de seguridad. Al repeler la agresión y actuar conforme a los protocolos de uso legítimo de la fuerza, el presunto agresor fue abatido en el lugar.

La Fiscalía de Michoacán informó que continúan las actuaciones correspondientes conforme a la ley, con el fin de llevar a cabo la identificación oficial del cuerpo y los trámites para la entrega a sus familiares.

Plan Michoacán, Harfuch revela avances de la ofensiva contra el crimen organizado

Por su parte, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, reveló los avances del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, donde detalló que 932 personas fueron detenidas, 924 armas de fuego ya fueron aseguradas, 22.9 toneladas de droga fueron incautadas y 17 laboratorios clandestinos fueron destruidos.

Harfuch también adelantó que se fortaleció la estrategia antiextorsión, lo que dejó como resultado la detención de 180 personas por dicho delito.

Ejército Mexicano blinda Michoacán con más de 10 mil efectivos

Por su parte, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Ricardo Trevilla Trejo anunció que se desplegaron 10 mil 506 elementos federales, además de:

• 5 helicópteros
• 18 drones
• 5 células contra explosivos
• 3 vehículos desminadores
• 3 equipos antidrón
• 1 S.A.N.T
• 41 sistemas antidrón
• Mil 31 vehículos
• 4 escáner

El titular de la Defensa también señaló que se desplegaron diversos equipos de inteligencia en Morelia, Uruapan y Apatzingán para estudiar el terreno y permitir el avance de las investigaciones y detenciones de los responsables en hechos delictivos en el estado de Michoacán.

135 detenidos, 110 vehículos asegurados y casi media tonelada de droga incautada en 28 días de operativo

Trevilla Trejo también detalló que el despliegue de la Defensa en el estado de Michoacán permitió los siguientes avances:

• 135 detenidos
• 57 armas de fuego incautadas
• 6 mil 919 cartuchos recuperados
• 363 cargadores asegurados
• 445.5 kilogramos de droga incautada
• 1 área de concentración con 7 mil 300 kilogramos y 28 mil 800 litros de sustancias químicas asegurado
• 110 vehículos recuperados
• 89 artefactos explosivos desarmados
• 53 kilogramos de material explosivo asegurado
• 629 mil 55 pesos en efectivo incautados
• 8 campamentos usados por grupos criminales destruidos
• 14 tomas clandestinas inhabilitadas

Mala semana para las policías chilenas. Este miércoles, el Primer Juzgado de Garantía de Santiago dejó en prisión preventiva a siete ex funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) que desviaban buena parte de los cigarrillos y drogas que decomisaban. En paralelo, ocho ex carabineros fueron detenidos en la región de Valparaíso, acusados de pertenecer a una banda que robaba vehículos.

En el primer caso, los detectives fueron identificados como Cristóbal Machuca Padilla; el subcomisario Felipe Burgos Gallardo; la subcomisaria Catalina Cáceres Cáceres; el inspector Diego Muñoz Pineda; el inspector Sebastián Illanes Cifuentes; la subinspectora Shiara Hernández Rocha y el agente policial Jaime Urrutia Rodríguez, quienes entregaban al civil Agustín Moreno Guidotti las especies robadas para reducirlas.

Todos fueron formalizados por asociación ilícita, malversación de caudales públicos, tráfico ilícito de drogas, receptación aduanera, tenencia ilegal de armas y municiones, falsificación de instrumentos públicos y obstrucción a la investigación, decretando el tribunal 180 días para la investigación.

De acuerdo al fiscal Marcelo Soto, las diligencias arrojaron que había “un contrabando de cigarrillos, un tema relativo a tráfico y todo se refiere precisamente a quedarse con parte de los procedimientos en los cuales se vinculaban”.

Sin duda el hecho más grave investigado corresponde a un operativo realizado en marzo de este año en la comuna santiaguina de Independencia, en el que los imputados decomisaron alrededor de 74 kilos de marihuana pero declararon solo 13 al Ministerio Público, esfumándose los más de 60 kilos restantes, los que según el persecutor fueron entregados al civil Agustín Moreno Guidotti para “moverla” por mayor y al detalle.

Otro de los delitos investigados corresponde a varias diligencias realizadas en noviembre de 2024 en las que los acusados incautaron miles de cajetillas de cigarrillos, una magra parte de los cuales fueron entregados como evidencia recién un año después a la fiscalía local con notorias incongruencias en el papeleo.

Carabineros robaban autos

En tanto, en la región de Valparaíso ocho excarabineros fueron detenidos -junto a dos civiles-, acusados de formar parte de una banda dedicada al robo y receptación de vehículos, quienes fueron formalizados por los delitos de cohecho, obstrucción a la investigación, violación de secreto, hurto, corrupción e incumplimiento de deberes militares, quedando con distintas medidas cautelares menos gravosas.

Casi todos laboraban en la Tercera Comisaría de Valparaíso (120 kms al noroeste de Santiago), y uno de ellos incluso tenía antecedentes previos por porte de arma de fuego, amenazas, estafa y abuso sexual a menor de 14 años.

Según el fiscal de Valparaíso, Felipe González, los ahora exuniformados robaban partes de vehículos que estaban bajo su resguardo y las vendían en el mercado negro, utilizando información policial para cometer este y otros delitos.

Todos fueron suspendidos de sus cargos, mientras que el tribunal decretó seis meses para la investigación.

Un elemento de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) fue asesinado en Tlalnepantla, Estado de México. Al parecer, el hombre atacado investigaba casos de homicidios.

Los primeros reportes indican que el ataque contra el elemento fue realizado en San Miguel Chalma durante el 12 de noviembre. Los responsables del ataque serían sujeto que llegaron al sitio en una motocicleta y accionaron sus armas de fuego contra el elemento de seguridad.

El sujeto fue identificado como Esteban “E“, según los primeros datos revelados por el periodista Antonio Nieto, quien destaca que en la agresión participaron al menos dos sujetos luego de recibir una llamada.

Por su parte, el portal Nmás señala que el policía fue interceptado a las afueras de un establecimiento con lo que inició una persecución que terminó cerca de una farmacia, sitio donde fue asesinado.

Por los hechos violentos, el sitio fue acordonado mientras inician las primeras averiguaciones del caso, agentes de la Guardia Nacional y del Policía Municipal llegaron al lugar y hasta el momento no hay reportes de personas detenidas por el ataque armado.

Asesinatos de policías en el Edomex

Cabe recordar que apenas a inicios de octubre pasado fue informado el asesinato de José Jacinto Ponce Alfaro, quien se desempeñaba como jefe del Sector Policial Tlatelolco y que fue víctima de un asalto en Chalco, el cual provocó que la esposa del uniformada quedara lesionada.

"Este hecho no quedará impune; desde el primer momento contamos con el apoyo y trabajamos en coordinación con la @FiscaliaEdomex y la @SS_Edomex para identificar y detener a los responsables y llevarlos ante la justicia“, escribió el titular de la policía capitalina, Pablo Vázquez Camacho.

La agresión fue realizado en la colonia Benito Juárez en un día de descanso del elemento de seguridad.

Para el 4 de octubre la Fiscalía mexiquense informó el arresto de Misael “N”, alias El Chino y/o El Negro, quien fue capturado por su presunta relación con el crimen contra el policía.

Por su parte, en julio de 2024 fue asesinado Milton Morales Figueroa, este último era Coordinador General de la Unidad de Estrategia Táctica y Operaciones Especiales de la SSC.

“Derivado de un cobarde ataque ocurrido en #Coacalco, Estado de México, mi compañero y amigo Comisario Jefe Milton Morales Figueroa perdió la vida“, compartió en sus redes sociales Pablo Vázquez Camacho en dicha ocasión.

La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) condenó el asesinato de uno de sus estudiantes, quien murió tras un asalto en las inmediaciones del campus poniente. De acuerdo con información difundida por la institución el ataque ocurrió entre la noche del viernes 7 y la madrugada del 8 de noviembre, cerca de la Facultad de Estomatología.

El joven identificado como Jorge Eduardo Dávila Ramírez, de 23 años, pasante de servicio social en el departamento de cirugía maxilofacial, fue interceptado por sujetos armados al salir de la facultad. Según reportes preliminares, los asaltantes intentaron despojarlo de su automóvil. El estudiante se resistió y los agresores dispararon antes de huir del área.

Elementos de la policía municipal y paramédicos llegaron poco después y trasladaron al lesionado al Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”, ubicado a pocos metros. El joven falleció durante la madrugada del sábado debido a la gravedad de las heridas.

Mediante un comunicado, la Facultad de Estomatología expresó sus condolencias a la familia, amistades y comunidad universitaria. En el documento, la institución describió al alumno como un joven de buen rendimiento y con vocación por su carrera. La universidad precisó que el ataque no ocurrió dentro de las instalaciones, pero sí en el entorno inmediato de la zona universitaria poniente.

El texto universitario demandó a las autoridades una investigación pronta y justa, así como el reforzamiento de la vigilancia y seguridad en las áreas cercanas a los recintos estudiantiles.

El documento dado a conocer mediante redes sociales detalló: “Expresamos nuestras más sentidas condolencias y solidaridad a su familia, amistades y a la comunidad de esta entidad académica, donde será especialmente recordado por su buen rendimiento y amor a su profesión”

Investigación de la Fiscalía

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) realiza labores de esclarecimiento. Según los primeros datos recabados por la Policía de Investigación (PDI), personas desconocidas habrían agredido al joven, quien fue trasladado a un hospital para recibir atención médica, informándose su fallecimiento poco tiempo después.

El cuerpo fue llevado al Servicio Médico Legal (SEMELE) con el propósito de que se le practique la necropsia exigida por la ley y así determinar la causa real del fallecimiento.

La FGESLP mantiene una coordinación estrecha con las autoridades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), con la finalidad de esclarecer las circunstancias en las que se produjo el hecho y establecer las posibles responsabilidades.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) confirmó la detención de Febronio “N”, señalado como probable responsable del feminicidio de Alma Elena Sánchez Marcelo, una joven de 30 años originaria de Chiapas, cuyo cuerpo fue hallado el 14 de agosto dentro de una obra en construcción en la colonia Narvarte, alcaldía Benito Juárez.

La captura se realizó el 1 de octubre en Poza Rica, Veracruz, gracias a labores de inteligencia y seguimiento realizadas por la Policía de Investigación (PDI) de la capital en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGEV). El detenido fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Norte en la Ciudad de México, donde un juez determinará su situación jurídica.

El viaje de Alma Elena y su desaparición: la reconstrucción de un crimen en CDMX

Alma Elena había viajado a la Ciudad de México el 15 de junio desde Chiapas con el objetivo de mejorar sus oportunidades laborales. Su familia la describió como una mujer trabajadora y determinada, que buscaba estabilidad económica y un futuro más seguro.

El 7 de agosto se presentó la denuncia por su desaparición. Desde entonces, la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México y la FGJCDMX iniciaron un operativo para dar con su paradero. La ficha de búsqueda, difundida por sus familiares y colectivos, describía algunas señas particulares que facilitaron la investigación, como una cicatriz en el brazo derecho y un tatuaje en la clavícula.

De acuerdo con las indagatorias, Alma Elena había mantenido contacto con Febronio “N”, su expareja, quien trabajaba como vigilante en una construcción de la colonia Narvarte. Este vínculo permitió a las autoridades trazar una línea de investigación que resultó clave.

El hallazgo en la Narvarte: el punto de quiebre en el feminicidio

El 14 de agosto, tras obtener una orden de cateo, agentes ministeriales, policías de investigación, peritos especializados y binomios caninos ingresaron al predio ubicado en Zempoala 104, el cual se encontraba asegurado por el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA).

Durante la inspección, se detectó una zona de cemento que no correspondía con la estructura original. Al excavar, con apoyo del Heroico Cuerpo de Bomberos, se encontró el cuerpo de Alma Elena en medio de los muros y varillas. A la par, la FGJCDMX confirmó que presentaba signos de violencia, por lo que el caso se integró bajo el protocolo de feminicidio.

La noticia conmocionó tanto a su familia como a organizaciones feministas y colectivos de búsqueda, quienes señalaron la urgencia de fortalecer las medidas de prevención y respuesta frente a la violencia contra las mujeres en la capital.

El sospechoso y su detención

Desde las primeras diligencias, la investigación apuntó hacia Febronio “N”, exnovio de la víctima. Según la carpeta de investigación, él fue quien convenció a Alma Elena de viajar a la Ciudad de México y posteriormente habría intentado desviar a los familiares sobre su paradero, asegurando que ella había regresado a Chiapas.

Tras semanas de búsqueda, agentes de la Policía de Investigación lograron ubicarlo en Veracruz. La FGJCDMX informó que las diligencias permitieron establecer su probable responsabilidad en el feminicidio, lo que derivó en su captura.

En el operativo participaron también elementos de la Fiscalía de Veracruz. Tras su aprehensión, fue trasladado de inmediato a la capital mexicana, donde quedó a disposición de un juez de control.

La FGJCDMX señaló que la indagatoria se desarrolla con perspectiva de género y enfoque en derechos humanos, garantizando el acceso a la justicia para la familia de la víctima. Se realizan peritajes de criminalística, antropología y fotografía forense, además de pruebas de ADN para corroborar plenamente la identidad del cuerpo.

Justicia y memoria: la petición final de los familiares de Alma Elena

Familiares de Alma Elena han señalado que buscan justicia y que la vida de la joven no quede reducida a una estadística. Han destacado su esfuerzo por construir un mejor futuro y subrayaron que el feminicidio arrebató a una mujer con proyectos, sueños y derechos.

El caso permanece bajo investigación y será el Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX) el que determine la responsabilidad de Febronio “N”. Mientras tanto, organizaciones de derechos humanos han insistido en que la justicia debe incluir medidas de reparación integral y garantías de no repetición.

Un episodio de violencia se registró en Villa Gobernador Gálvez, en la región sur del departamento Rosario, en la provincia de Santa Fe. Allí, un hombre fue baleado y permanece hospitalizado tras una fuerte discusión. Por el hecho, la Policía detuvo a un sospechoso en el marco de una causa por abuso de arma y lesiones graves. Además, secuestraron armas y dinero en efectivo.

El incidente fue reportado en las últimas horas del domingo y motivó un importante operativo policial en la zona ribereña de la ciudad, ubicada a pocos kilómetros de Rosario. El rápido despliegue permitió ubicar y socorrer a la víctima, así como detener a la persona señalada como presunto autor del disparo.

Tal como pudieron reconstruir las autoridades, el hecho ocurrió en las inmediaciones de Kenney y Avenida de La Ribera, donde se registró un discusión entre dos hombres, que habría escalado rápidamente. La alerta policial se generó a partir de una comunicación que notificó la presencia de una persona herida, según informó el portal Rosario3.

Al llegar al lugar, un móvil de la Policía de Acción Táctica encontró a un hombre tendido en el suelo y halló elementos balísticos que confirmaron la gravedad del episodio. De inmediato, solicitaron la presencia de una ambulancia del sistema de emergencias SIES y el apoyo de la Policía de Investigaciones (PDI) para preservar la escena y recabar pruebas.

Según el parte policial, la víctima presentaba una herida de arma de fuego en el tórax, lo que motivó su urgente traslado al Hospital Anselmo Gamen de Villa Gobernador Gálvez. Debido a la gravedad del cuadro y tras una primera atención, el hombre fue derivado de inmediato al Hospital Provincial de Rosario.

El diagnóstico médico inicial informó un hemoneumotórax, una afección caracterizada por la acumulación de aire y sangre en el espacio pleural, consecuencia directa del impacto de bala. Este tipo de lesión implica un alto riesgo para la salud del paciente y requiere atención clínica especializada.

Hasta el momento, no trascendió oficialmente la identidad del herido ni detalles precisos sobre su evolución.

El operativo desplegado en la zona no solo garantizó la asistencia a la víctima, sino que permitió en pocas horas la detención del presunto agresor. Durante el patrullaje pedestre, efectivos policiales ubicaron y aprehendieron en su domicilio a un hombre de 36 años.

En el procedimiento, la Policía secuestró una escopeta calibre 16 —presuntamente utilizada en el hecho— con culata de madera y caño de metal, además de cartuchos para dicha arma y la suma de 313.000 pesos en efectivo. Todos los elementos quedaron a disposición de la Fiscalía para ser incorporados como prueba en la causa.

El hombre quedó arrestado bajo los delitos de abuso de armas, heridas por arma de fuego y tenencia indebida de arma de fuego, figuras contempladas en el Código Penal y perseguidas por las unidades fiscales especializadas del Ministerio Público de la Acusación.

La comisaría 29ª de Villa Gobernador Gálvez intervino en la investigación, articulando los procedimientos con las áreas de Criminalística y la Policía de Investigaciones para preservar la escena y recopilar la evidencia balística y testimonial necesaria. La Fiscalía continúa con la toma de declaraciones y el análisis de los elementos secuestrados para determinar la dinámica precisa de los hechos.

El detenido permanece a disposición de la Justicia mientras avanzan las actuaciones procesales y se esperan avances en la recolección de pruebas, incluidas pericias balísticas y resultados forenses, para esclarecer los motivos y responsabilidades en el ataque.

Durante la mañanera del día de hoy, la presidenta Claudia Shienbaum fue cuestionada sobre el operativo que se llevó a cabo en el Estado de México el pasado 21 de julio de este año.

Este operativo llamado Operación Liberación en 11 municipios del Estado de México tenía el objetivo de debilitar la presencia criminal en zonas conflictivas mediante cateos, aseguramiento de negocios e investigaciones.

Sin embargo, se registraron bloqueos carreteros y enfrentamientos con la población civil en municipios como Tlatlaya, Luvianos y Temascaltepec.

“Fue un operativo muy importante, fueron muchos inmuebles y muchas personas detenidas. Participó las autoiridaes del Estados de México con el apoyo de México”, mencionó la presidenta.

También explicó que este operativo se llevó a cabo gracias a las denuncias al 089 y con una investigación previa, además aclaró que esa zona del Edomex sufre un problema de extorsión importante.

“Hubo población que no estuvo de acuerdo, incluso cerraron carreteras, y siempre se actúa con responsabilidad para evitar que haya una confrontación mayor”, agregó.

La presidenta se negó a emitir una opinión respecto a las personas involucradas en los bloqueos, pues mencionó que se tenían que conocer sus identidades y razones por las cuales se comportaron de esta manera.

 “Lo cierto es que vamos a seguir actuando en la detención de personas que se dedican a la extorsión”, concluyó la mandatara.

El pasado lunes autoridades federales y estatales continuaron con la Operación Liberación en 11 municipios del Estado de México para debilitar la presencia criminal en zonas conflictivas por medio de cateos, aseguramiento de negocios e investigaciones en la zona, sin embargo, reportaron resistencia civil en al menos tres municipios.

De acuerdo con datos presentados por autoridades federales, elementos de la Policía de Investigación (PDI) y agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), reportaron bloqueos carreteros en zonas como Tlatlaya, Livianos, Temascaltepec, entre otros, lo que derivó en confrontamientos entre elementos de seguridad la población civil.

Informes federales apuntan que en las zonas de Temascaltepec, Tlatlaya, Luvianos, Valle de Bravo, Tejupilco, Villa Victoria y municipios aledaños (mismos donde se llevaron a cabo los operativos), se concentran actos delictivos de La Familia Michoacana, cuyas células se dedican principalmente a acaparar mercados de alimentos, ganado, robo de material de construcción y distribuir las tierras para al agricultura.

El operativo encabezado por elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, Secretaría de Seguridad mexiquense, Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y Guardia Nacional (GN) buscará atacar las operaciones financieras de las células delictivas, disminuir el índice de extorsiones a empresarios locales y hacia los productores agrícolas estatales.

¿Qué es la Operación Liberación?

De acuerdo con la FGJEM, también conocida como Operación Restitución que dio inicio el 16 de mayo en 25 municipios del Estado de México, son las acciones coordinadas entre elementos federales, estatales y municipales que tiene como objetivo asegurar inmuebles con denuncia de despojo a través de técnicas de investigación, cateo e inspecciones.

Algunos municipios en los que se realiza dicho operativo son:

• Almoloya de Juárez
• Atenco
• Atizapán de Zaragoza
• Calimaya
• Chalco
• Chimalhuacán
• Coacalco
• Cuautitlán
• Cuautitlán Izcalli
• Ecatepec
• Ixtapaluca
• Huehuetoca
• Huixquilucan
• La Paz
• Lerma
• Metepec
• Nezahualcóyotl
• Nicolás Romero
• Tecámac
• Texcoco
• Tezoyuca
• Tlalnepantla
• Toluca
• Tultitlán
• Valle de Chalco

Crean unidad de despojo tras caso doña Carlota

Tras registrase el caso de Carlota “N”, quien en compañía de sus dos hijos asesinó a dos hombres y lesionó a un adolescente por la invasión de su domicilio en el municipio de Chalco, la Fiscalía del Edomex informó la creación de la Unidad Especial para la Investigación de los Delitos de Despojo y Contra la Seguridad de la Propiedad y Posesión de Inmuebles.

Dicha unidad tiene como objetivo atender el ilícito de invasión a propiedades y despojos.

Tras la creación de la unidad especial, la Fiscalía del Edomex informó que se han recuperado más de 500 inmuebles en más de 11 municipios.

Una fuerte movilización de cuerpos de seguridad se registró este jueves por la mañana en la zona de Ciudad Renacimiento, en Acapulco, Guerrero, luego de que fueran localizadas dos granadas de fragmentación sin detonar en inmediaciones de la comandancia de la Policía de Investigación (PDI) y oficinas gubernamentales locales.

De acuerdo con los reportes preliminares, hombres armados habrían arrojado los artefactos explosivos alrededor de las 10:00 horas en dos puntos distintos: uno sobre una ventana del edificio policial y otro en un área verde ubicada a 70 metros de la Coordinación Regional de la corporación.

Dichos dispositivos fueron ubicados sobre las avenidas Eje Central y Vicente Guerrero, a la altura de la Unidad Deportiva Jorge Campos y de la estación de Bomberos del municipio.

Ante el hallazgo, elementos de la Guardia Nacional desplegaron un operativo de seguridad que incluyó acordonamiento del área en un radio de hasta 500 metros. También se suspendió la circulación vehicular y peatonal durante más de cuatro horas.

Durante el operativo, el escuadrón antibombas del Ejército mexicano, apoyado por peritos, acudieron al sitio para realizar la desactivación y recolección de las granadas, las cuales fueron colocadas en una unidad blindada especializada tras el levantamiento.

Oficinas públicas, comercios evacuados y antecedentes de intimidación a agentes de seguridad

Como medida preventiva, autoridades ordenaron el cierre de múltiples oficinas públicas y negocios en los alrededores de Ciudad Renacimiento. Entre las instalaciones evacuadas se encuentran oficinas del Registro Civil del INE, Telecom, recaudación de rentas, así como una funeraria, restaurantes, entre más locales.

Este hecho ocurre en un contexto creciente de violencia en la región. Apenas el pasado 2 de junio, el cuerpo desmembrado de una mujer fue dejado frente a las instalaciones de la misma comandancia de la Policía Ministerial, en un mensaje directo hacia las autoridades de seguridad.

La presencia de explosivos en instalaciones policiales refuerza la hipótesis de que se trata de actos de intimidación dirigidos contra las corporaciones de seguridad pública.

Violencia en Guerrero sigue bajo investigación de fuerzas federales

El fin de semana anterior, se registraron un total de ocho asesinatos en tres municipios del estado de Guerrero, así como la quema de dos taxis, y el hallazgo de un cuerpo calcinado al interior de la cajuela de uno de ellos.

El sábado 21 de junio fueron asesinados dos hombres en el municipio de Acapulco y dos unidades de transporte público de la ruta Kilómetro 30-Las Cruces fueron calcinados en distintos hechos.

De acuerdo con medios locales, dentro de un taxi se encontró un cuerpo calcinado, hubo unidades de transporte público quemadas, mensajes amenazantes que hasta la fecha no han sido reveladas por las autoridades y personas asesinadas con armas de fuego.

El sujeto fue detenido recientemente en Melipilla, donde el Juzgado de Garantía ordenó su prisión preventiva mientras dure la investigación en su contra. El Ministerio Público solicitó esta medida tras comprobar que Quispe estaba vinculado a una serie de hurtos en más de diez comunas del país, y que, además, había formado parte de una organización criminal desarticulada en el norte del Perú.

Captado en farmacias, almacenes y peluquerías

El modo de actuar de Quispe se repitió en varios puntos del país: ingresaba a establecimientos comerciales fingiendo ser un cliente común. Una vez dentro, observaba el movimiento de los trabajadores y esperaba el momento adecuado para apropiarse de objetos personales, en especial celulares y dispositivos electrónicos.

Pese a su contextura física, su desplazamiento era veloz y aprovechaba cualquier descuido. Entre las ciudades donde fue visto están Viña del Mar, Concepción, Temuco, Puerto Varas, Melipilla, Quilicura, Buin, Los Andes, Puerto Montt y Puente Alto. La mayoría de estos robos quedó registrado en videos que circularon ampliamente en redes sociales, donde el rostro de Quispe se volvió conocido para la opinión pública.

A pesar de que los registros visuales eran numerosos, solo existían dos denuncias formales en su contra antes de su reciente captura. En uno de los casos, una víctima utilizó una aplicación de rastreo para ubicar su celular robado, lo que permitió dar con la dirección donde se escondía Quispe. Esa evidencia fue clave para que la Policía de Investigaciones pudiera intervenir.

En Perú lo conocían como “El Gordo Frank”

Antes de aparecer en los archivos policiales chilenos, Quispe ya había sido fichado por las autoridades peruanas. En octubre de 2022, fue arrestado durante un operativo de la División de Investigación Criminal de Trujillo, ciudad ubicada al norte del país. En esa oportunidad, operaba junto a otros dos sujetos, identificados como Carlos Valera y Sandra Purizaca, conocidos como “El Chino” y “La Chama”, respectivamente.

Los tres formaban parte de la banda conocida como “Los Caperos de Aranjuez”, una agrupación dedicada al hurto de objetos en restaurantes, farmacias, tiendas de ropa y discotecas. Durante su intervención, la policía incautó un automóvil, seis teléfonos móviles, una tablet, prendas sustraídas de centros comerciales y otros objetos reportados como robados. En aquel momento, Quispe fue presentado bajo el alias de “El Gordo Frank”.

Las autoridades peruanas informaron que esta banda se especializaba en delitos contra el patrimonio bajo la modalidad de hurto agravado y receptación. El grupo ya había sido vinculado a múltiples casos similares dentro de Trujillo.

Vínculos entre ambos países

Tras la reciente detención en Chile, el fiscal Patricio Martínez confirmó que el Ministerio Público está reuniendo antecedentes sobre la actividad delictiva de Quispe en su país de origen. El objetivo es conocer si posee antecedentes judiciales previos que puedan ser considerados en el proceso chileno. De comprobarse, esto podría influir en la calificación jurídica de los delitos cometidos en territorio nacional.

El propio Martínez señaló que, si las víctimas cuyos casos fueron viralizados en redes sociales hubieran interpuesto denuncias formales, la respuesta del sistema judicial habría sido distinta. Por ahora, el único caso que permitió su formalización fue el robo de un teléfono celular en un negocio de Puente Alto, que inicialmente solo le valió una medida de firma mensual y arraigo nacional.

La situación cambió el 10 de junio, cuando fue arrestado nuevamente, esta vez en Melipilla, donde un nuevo delito permitió solicitar una medida cautelar más severa. El tribunal accedió a dictar prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación, la cual tendrá un plazo inicial de 90 días.

Pruebas clave: videos y objetos incautados

Entre las pruebas reunidas por la Fiscalía se encuentran registros visuales de alta calidad que muestran el accionar de Quispe en distintos establecimientos, además de las declaraciones de testigos y dueños de los locales afectados. La recopilación de estos materiales fue fundamental para sustentar la solicitud de prisión preventiva.

En paralelo, la policía analiza si Quispe contaba con cómplices operando en Chile, tal como ocurrió en Perú con la banda que integraba. Hasta el momento, no se ha confirmado si formaba parte de una red estructurada en el país, pero los patrones de sus delitos y la cantidad de ciudades involucradas han encendido alertas entre las autoridades.

De acuerdo con un informe de Teletrece de Chile, la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile logró identificarlo y detenerlo gracias a una denuncia oportuna y la utilización de sistemas de localización.

Un modus operandi repetido

La creciente notoriedad de Denis Quispe no es solo consecuencia de la cantidad de delitos que se le atribuyen, sino también de la manera en que estos han sido documentados. Cámaras de seguridad instaladas en locales comerciales -principalmente en barrios como Vicuña Mackenna- han registrado numerosos hurtos cometidos por este delincuente. Tal como lo describe El Mercurio de Chile, su método consiste en distraer a los dependientes y aprovechar momentos diminutos de descuido para sustraer objetos de valor, como celulares y computadores. “Primero hizo así un manoteo, una broma, abrió y desconectó el celular”, relató una de las víctimas cuya experiencia quedó registrada en video y fue compartida ampliamente en plataformas digitales.

En la comuna de Melipilla, las cámaras captaron a Quispe en el interior de una peluquería, donde su comportamiento levantó inmediatamente sospechas entre los empleados. “Se notó enseguida que buscaba algo”, indicó una testigo, quien destacó el nerviosismo del individuo y la actitud vigilante que adoptó rápidamente.

La repetición de su técnica delictiva, sumada a la viralización de los videos, hizo que numerosos locales comerciales adoptaran medidas de precaución y que ciudadanos en distintas comunas de Chile reportaran su paso por las redes sociales. Incluso en Perú, Quispe había sido vigilado por las autoridades debido a informes sobre su presunta participación en una banda criminal oriunda de Trujillo.

Detención y una polémica decisión judicial

El episodio más reciente, fechado el 6 de junio de 2025, muestra a Denis Quispe actuando junto a un cómplice en un pequeño almacén de Puente Alto. Tal y como precisó. Ambos llegaron al establecimiento simulando ser clientes. En cuestión de segundos, Quispe se apropió del teléfono móvil de la dueña del local, un robo que fue advertido poco tiempo después por la afectada. Gracias a una aplicación de localización, la mujer rastreó su dispositivo hasta una vivienda en la comuna de Quinta Normal, lo que permitió a la PDI organizar un operativo y capturarlo.

El proceso judicial en torno a Denis Quispe ha comenzado a levantar críticas. A pesar de la abundante evidencia audiovisual y los antecedentes de robos previos, el Ministerio Público chileno solo cuenta con dos o tres denuncias formales en su contra en territorio chileno. “Actualmente el Ministerio Público no tiene más que dos o tres denuncias, por lo que solo existe un mínimo de identidad de investigaciones en contra del imputado”, apuntó un fiscal. Esta situación ha impedido que se dictara la prisión preventiva, y ni siquiera se le aplicó arresto domiciliario tras la última audiencia.

El Juzgado de Garantía de Melipilla ha ordenado que Denis Quispe permanezca detenido hasta que se realice la audiencia de formalización mediante videoconferencia, donde se decidirá si sigue privado de libertad o se le otorga la libertad provisional. Según fuentes del Ministerio Público chileno, también se investiga su posible relación con una agrupación criminal en Trujillo, lo cual podría agravar sus cargos y derivar en coordinaciones bilaterales entre autoridades chilenas y peruanas.

Francisco Javier “N”, alias “El Fefe”, presunto líder de plaza, fue detenido por autoridades en Yucatán tras más de seis años prófugo.

La detención se realizó en un punto de revisión instalado sobre la autopista Mérida-Cancún como parte de los operativos de seguridad permanente de la Secretaría de Seguridad Pública del estado.

Javier “N”, de 36 años, es originario de Tabasco y era requerido por un juez federal con sede en Cancún, Quintana Roo, por su presunta participación en delitos de alto impacto relacionados con la delincuencia organizada.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán y la Fiscalía General de la República (FGR), apuntaron que:

“‘El Fefe’ se desplazaba en un vehículo particular, y fue identificado por agentes durante una inspección de rutina. Tras confirmar la identidad y la vigilancia de la orden de reaprehensión, fue detenido sin que se reportaran incidentes mayores”.

Asimismo, la Agencia de Investigación Criminal resaltó que Francisco Javier “N”, enfrenta acusaciones por delitos como homicidio, extorsión, cobro de piso, portación de armas de fuego, portación de armas y explosivos de uso exclusivo del Ejército, entre otros cargos.

Tras su captura, el detenido fue entregado al personal de la Agencia de Investigación Criminal de la FGR, quienes se encargaron de su traslado inmediato al estado de Quintana Roo, mismo donde será sentenciado ante el juez de Distrito del Centro de Justicia Penal Federal en Cancún.

“Francisco Javier era considerado uno de los principales objetivos de las autoridades federales, al estar vinculado con operaciones violentas en la zona norte de Quintana Roo, especialmente en Cancún, donde se presume que lideraba actividades de extorsión y actos de violencia ligados al control de territorios”, informaron autoridades federales.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán, destacó la importancia de los puntos de control carretero como herramienta clave para detectar a personas en situación de búsqueda. Asimismo, reiteró su compromiso de colaboración con las instancias federales para garantizar la seguridad y el combate a la criminalidad de la región.

¿Qué Cárteles se encuentran en disputa dentro de Quintana Roo?

Lo que alguna vez fue territorio del Cártel del Golfo, creado por Juan García Ábrego, ahora se disputa por diversas células criminales como: Los Zetas Vieja Escuela, La Familia Inzunza, El Tren de Aragua e incluso por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa (CDS), siendo estos últimos, los cárteles que operan en todo el estado.

En un conmovedor acto de solidaridad y compromiso policial, dos menores de edad —un niño de 12 años y su hermanito de apenas ocho meses— fueron resguardados por elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México luego de que fueron encontrados sin supervisión de un adulto alegando que “tenían hambre”.

El hecho ocurrió en el Centro de Transferencia Modal (CETRAM) Pantitlán, en la colonia Ampliación Adolfo López Mateos, alcaldía Venustiano Carranza. Los niños se encontraban desesperados y desconocían el paradero de sus padres, por lo que optaron por salir a buscarlos.

El incidente se registró cuando efectivos de la PBI realizaban sus recorridos habituales de seguridad por los andenes y pasillos del CETRAM. Personal de seguridad privada del Mexibús alertó a los policías sobre la presencia de dos menores que habían descendido de una unidad de transporte sin el acompañamiento.

Al llegar al sitio, los uniformados se encontraron con un niño que empujaba una carriola en la que iba su hermano pequeño. Siguiendo los protocolos de actuación policial, informaron a sus superiores y entablaron un diálogo con el menor con el objetivo de obtener información sobre su situación y localizar a sus familiares.

¿Qué sucedió?

El niño, con notable madurez, explicó que su hogar se encuentra en la colonia Xaltipac, en el Estado de México. Mostró a los agentes un papel en el que estaba escrito un número telefónico. Contó que sus padres trabajan en una constructora ubicada cerca de la estación del Metro Insurgentes, en la Ciudad de México.

El menor explicó que, tras varias horas sin noticias de sus padres y ante el llanto de hambre de su hermanito, tomó la difícil decisión de salir solo de casa con el bebé para buscarlos. Su motivación era conseguir alimento y dinero para calmar al pequeño.

Los policías se comunicaron de inmediato al número proporcionado por el niño. Minutos más tarde, una pareja —un hombre de 40 años y una mujer de 38— arribó al lugar. Se identificaron como los padres de los menores y fueron reconocidos de inmediato por el niño. Luego de verificar el parentesco, los uniformados procedieron a levantar la bitácora de hechos correspondiente.

Antes de dejar ir a la familia, los oficiales brindaron una serie de recomendaciones a los padres para evitar que se repitan situaciones que pongan en riesgo la integridad física de los menores. Entre los consejos ofrecidos estuvieron mantener una mejor supervisión de sus hijos, establecer métodos de comunicación más eficaces y procurar que los menores siempre tengan a la mano medios seguros para pedir ayuda.

La familia agradeció a los elementos de la PBI por la atención, el apoyo y el trato humano con el que manejaron la situación. Finalmente, todos se retiraron del lugar de manera segura.

El caso de Lucio “N”, el joven de 18 años que abandonó a su hijo recién nacido en calles del municipio de Tultitlán, ha generado una profunda indignación en la sociedad mexicana. Este acto, captado por cámaras de seguridad y difundido ampliamente en medios de comunicación y redes sociales, ha llevado a cuestionar las posibles implicaciones legales que enfrentaría el responsable en caso de ser encontrado culpable por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM)

Este martes 11 de febrero, Lucio David fue captado por cámaras de seguridad mientras dejaba a su bebé prematuro dentro de una bolsa de plástico en la colonia Fuentes del Valle. Minutos después, vecinos alertados por el llanto del infante lo encontraron cerca de un automóvil estacionado y notificaron a las autoridades.

El bebé fue trasladado a un hospital por cuerpos de emergencia, donde se reportó su estado de salud como estable. Sin embargo, tras este hecho, la situación jurídica tanto del padre como la madre del menor podría agravarse, debido a la nueva información que ha surgido en las últimas horas.

Posibles delitos y sanciones para Lucio “N”

De acuerdo con el Código Penal del Estado de México, el presunto culpable podría enfrentar alguna de las siguientes acusaciones legales:

1. Abandono de personas: El Artículo 254 establece que quien abandone a una persona incapaz de valerse por sí misma, teniendo la obligación de cuidarla, puede ser sancionado con prisión de uno a cuatro años y una multa de cincuenta a doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Si el abandono pone en peligro la vida o causa daño grave, la pena podría aumentar.
2. Tentativa de infanticidio: Dado que el bebé fue dejado en condiciones que podrían haberle causado la muerte, las autoridades están posibilitadas para considerar este delito, el cual implicaría una intención de privar de la vida a un menor.
3. Omisión de cuidado: Al no proporcionar la atención necesaria a su hijo recién nacido, podría ser acusado de este delito, el cual sanciona a quienes, teniendo la obligación legal de cuidar a una persona, no lo hacen. Esto último pone en riesgo la integridad de la víctima.

La investigación de este crimen continúa

Tras el incidente, Lucio “N” se entregó voluntariamente a las autoridades de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), acompañado por sus padres. En su declaración en el Ministerio Público CUH-2, afirmó que actuó por miedo y nerviosismo.

Así mismo, la decisión de abandonar al bebé fue tomada de mutuo acuerdo con la madre del niño, Diana “N”. Sin embargo, esta versión contrasta con la declaración de la mujer, quien aseguró que, aparentemente, él llevaría al bebé al hospital y no que lo abandonaría.

Además, se han revelado conversaciones de WhatsApp entre Lucio y Diana en las que ambos discutían deshacerse del bebé y “tirarlo a la basura o en un canal”. Hasta el momento, estos mensajes podrían ser utilizados como evidencia en su contra.

Lo que la FGJEM podría tomar en cuenta también

Si se comprueba que ambos planearon y ejecutaron el abandono del recién nacido, podrían enfrentar cargos adicionales por conspiración y tentativa de homicidio. Asimismo, podrían perder la patria potestad del menor, lo que les impediría ejercer derechos legales sobre él en el futuro.

Los padres de Lucio “N”, joven señalado de abandonar a su bebé recién nacido en calles del municipio de Tultitlán, dieron a conocer nueva evidencia respecto a la forma en que llevaron al presunto responsable ante las autoridades del Estado de México para ser detenido por este hecho.

Previo a su llegada ante autoridades de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) en la alcaldía Cuauhtémoc, el padre y la madre de Lucio decidieron presentarlo en el Centro de Justicia para las Mujeres, ubicado en la zona de Cuautitlán Izcalli.

Ahí, el padre del acusado decidió grabar el momento en el que un funcionario de esta institución de justicia mexiquense les recibió, pero no se mostró accesible a tomar declaración o atender la situación de la familia. Por tanto, decidieron seguir al trabajador, al tiempo que le exigían que les brindaran atención.

“Vengo a grabar, es un tema de relevancia. A mí no me vas a dejar así, Lic., eh. Así como están televisados también te voy a dar televisión a ti. ¿No me vas a atender?“, se escucha en un fragmento del video.

Hasta el momento, ni la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), ni autoridades de seguridad se han pronunciado respecto al actuar del funcionario público. Así mismo, tampoco se ha dado con la identidad o el cargo del mismo por ahora.

Lucio “N”, en espera de lo que decida la autoridad

Los últimos reportes indican que la situación jurídica de Lucio “N”, de 18 años de edad, sigue en espera de ser determinada por la FGJEM. A pesar de ser llevado a instalaciones Ministerio Público CUH-2, las autoridades locales solo lograron levantar la denuncia y abrir una carpeta de investigación por el probable delito de ausencia de cuidados.

Hasta la noche de este 11 de febrero, el hombre volvió al Centro de Justicia para las Mujeres, trasladado junto a sus dos padres en un vehículo de la Policía de Investigación (PDI) de la CDMX. Sin embargo, Lucio no se encuentra detenido, ni tampoco se le ha deslindado responsabilidad alguna, solo se espera que pueda rendir su declaración ante las instancias de justicia pertinentes en las próximas horas.

¿Por qué el caso de abandono del bebé se ha vuelto viral?

Usuarios de redes sociales han generado una ola de comentarios y reacciones respecto a la razón por la que este recién nacido fue abandonado en calles de la colonia Fuentes del Valle, en Tultitlán.

Las principales críticas se centran en la forma en que Lucio David sacó al pequeño de una mochila y lo dejó dentro de una bolsa de plástico en plena calle. Acto seguido, se retiró el lugar y, según se ha informado, pretendió darse a la fuga.

Un operativo por parte de personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) logró la detención de Irving “N” y Jonathan “N”, un par de hombres que son acusados por su presunta participación en actos de extorsión a personal y transportistas en la zona de la alcaldía Tlalpan.

La captura de los dos probables extorsionadores corrió a cargo de elementos de la Policía de Investigación (PDI) capitalina, quienes recibieron el reporte de la víctima de este crimen y, posteriormente, desplegaron acciones policiales para atender la situación en el lugar.

Los primeros reportes de las autoridades, así como el testimonio de la persona que fue protagonista de este suceso, han detallado que los hechos ocurrieron en la colonia 2 de octubre, lugar al que llegaron el par de presuntos implicados y encerraron al denunciante en una oficina de la ruta de transporte. Ahí dentro, le entregaron un teléfono celular para que recibiera una llamada de un supuesto líder de un grupo criminal.

De acuerdo con la información, este hombre le exigió un pago de “cuota” mensual por cada unidad. A cambio, se le brindaría protección y no causar daños o represalias al gremio.

Hasta el momento, la fiscalía de la ciudad mantiene las investigaciones correspondientes y se les tratará, con base en el Código de Procedimientos Penales, como inocentes hasta que se demuestre lo contrario.

Extorsiones y robos al transporte público en la CDMX

La extorsión al transporte público en la Ciudad de México (CDMX) es un delito que afecta tanto a usuarios como a operadores del sistema de transporte capitalino. Aunque las autoridades han implementado diversas medidas para combatirlo, persiste como una preocupación significativa tanto a pasajeros como choferes de ruta.

Según datos del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), en 2024, la alcaldía Cuauhtémoc registró 428 carpetas de investigación por robos en transporte público entre enero y mayo, lo cual representa el 24.6% de los casos en la ciudad. En mayo de ese mismo año, se reportaron 98 casos en esta demarcación.

A nivel nacional, la extorsión es uno de los delitos con mayor “cifra negra”, es decir, con un alto porcentaje de casos no denunciados. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2023, la extorsión fue el delito con un 97.4%.

La falta de denuncias se atribuye al temor de represalias por parte de los delincuentes, lo que complica la identificación y desarticulación de las bandas responsables. Además, la extorsión afecta no solo a los usuarios, sino también a los operadores y empresas de transporte, quienes se ven obligados a pagar “cuotas” ilegales para garantizar la seguridad de sus unidades y personas usuarias.

Tras un mes de permanecer hospitalizado, este 26 de diciembre se informó sobre el fallecimiento del comandante de la Policía de Investigación de la Ciudad de México de Narcomenudeo, Pascual Quintero Carrillo, a los 56 años de edad.

El servidor llegó al cargo en noviembre y dos semanas después de su asignación al frente de la dependencia encargada de combatir el narcomenudeo en la capital del país sufrió un accidente en un operativo; según la versión difundida por el periodista Carlos Jiménez el agente resbaló y cayó desde un segundo piso cuando perseguía a un narcomenudista en la alcaldía Gustavo A. Madero, las lesiones que se provocó ameritaron que fuera hospitalizado.

Después del accidente que sufrió Pascual Quintero no se había dado más información sobre su estado de salud, sino hasta este jueves en que la Fiscalía capitalina compartió la esquela publicada por la agencia de investigación lamentando el deceso del coordinador.

Tras el nombramiento de Quintero Carrillo, el periodista Carlos Jiménez reveló que el funcionario había sido señalado de cobrar cuotas a los narcomenudistas que operaban en la alcaldía Venustiano Carranza, Iztapalapa y Gustavo A. Madero, sin embargo, estas versiones no fueron aclaradas o desmentidas por la Fiscalía.

Asimismo, Carlos Jiménez evidenció a un par de elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que supuestamente llegarían a la agencia contra el narcomenudeo. Uno de ellos habría chocado una patrulla de la PDI bajo los efectos del alcohol y los acusó de estar coludidos en el cobro de renta a los narcomenudistas.

“LOS MUCHACHOS de PASCUAL… YA SE VIERON. Juan Capi-borracho chocó su patrulla; lesionó a 2 viejitos. Oscar Díaz-así duerme en la Fiscalía. Son de su grupo de “ataque” y cobro de rentas a traficantes. Pascual Quintero les prometió “jalarlos” cuando sea jefe antidrogas de PDI”, escribió Carlos Jiménez.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) confirmó a través de un comunicado que Alfonso Mendoza Ramírez asumió, desde el 4 de septiembre, el cargo de encargado de despacho en la Jefatura General de la Policía de Investigación (PDI), en sustitución de Francisco Almazán Barocio.

Según el informe de la corporación, Almazán Barocio renunció al puesto que desempeñaba desde el 4 de octubre de 2019, al cual llegó después de su estancia de tres meses como director de Investigación Criminal en fiscalías centrales de la Fiscalía capitalina.

Por su parte, el nuevo jefe de la PDI estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma del Estado de México, de la cual se graduó en el año 2004. A la fecha de su nombramiento acumula una carrera policial de 21 años en distintas dependencias de seguridad pública, tanto a nivel federal como local.

A lo largo de su trayectoria como servidor público en el rubro, ha ostentado diversos cargos en instituciones como la Agencia Federal de Investigación (AFI), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Fiscalía General de la República (FGR).

Entre ellos destaca, por ejemplo, su puesto como director general de la Policía Federal de marzo de 2009 a diciembre de 2016, durante la última etapa del sexenio de Felipe Calderón y los primeros cuatro años del presidente Enrique Peña Nieto.

Después de dicho encargo, llegó a ser director general de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) durante el periodo de diciembre de 2016 y junio de 2019.

Inició su trayectoria en la Policía de Investigación en 2019 como director de la Fuerza Antisecuestros, y desde noviembre de 2020 hasta la fecha de su reciente designación, se desempeñó como director general de Investigación Criminal en Fiscalías.

“Mendoza Ramírez ha trabajado en la coordinación de investigaciones relevantes y acciones operativas enfocadas a las detenciones de generadores de violencia involucrados en delitos de género y de alto impacto; entre sus reconocimientos destacan condecoraciones al Mérito Policial en la Ciudad de México y a nivel nacional”, resaltó la Fiscalía capitalina al anunciar este movimiento en el mando de la PDI.

Cuando circuló la noticia de la renuncia de Almazán Barocio, trascendió que su puesto podía ser ocupado por Reyna Birruete Ponce, quien es directora de Proyectos Institucionales dentro de la Jefatura General de la PDI. Ella, además de contar con una carrera en Derecho en la Universidad del Valle de México, cursó una maestría en Derechos Humanos y Seguridad Pública en el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa.

Ponce ha sido subdirectora de área en la Segob y directora general adjunta en la anterior Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal. No obstante, en una junta extraordinaria, las autoridades de la FGJCDMX se decantaron por Alfonso Mendoza para dirigir la PDI.