Desde el 3 de marzo de 2026, cuatro ex altos mandos de la Armada Argentina enfrentan un juicio oral en Río Gallegos por el hundimiento del ARA San Juan (SUSJ), ocurrido el 15 de noviembre de 2017 con 44 tripulantes a bordo. Los cargos son por incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de los deberes del oficio y estrago culposo agravado por la muerte de la tripulación. El debate procura dilucidar si existen conductas reprochables penalmente por parte de los ahora acusados, como permitir o no impedir la zarpada del buque en supuesto mal estado.

El corazón del juicio radica precisamente en el análisis técnico de las condiciones del submarino: cuál era su estado de alistamiento a la hora de hacerse a la mar con el fin de cumplir su última orden. Cuáles eran las tareas y reparaciones pendientes y en qué grado afectaban -si afectaban- la seguridad de la nave a la hora de navegar.

Así las cosas, Infobae analizó una serie de documentos clasificados como confidenciales que integran el acervo probatorio del proceso en curso, a cargo del juez Mario Reynaldi, presidente del Tribunal Oral Federal de Santa Cruz. Leídos en secuencia, permiten reconstruir cómo la Marina planificó la misión que el SUSJ llevaba a cabo cuando naufragó a unos 500 kilómetros de la costa: una cascada de órdenes que fue delineando de lo más general a lo más preciso de la actividad, desde el alto mando operacional hasta llegar al comando del buque.

Los cuatro imputados ocupaban, al momento de los hechos, diferentes posiciones jerárquicas dentro del escalafón. El de mayor rango es Luis Enrique López Mazzeo, entonces contralmirante en manos del Comando de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada (COAA). Bajo sus órdenes directas actuaba Claudio Javier Villamide, ex capitán de navío y comandante de la Fuerza de Submarinos (COFS), uno de los componentes que integran el COAA. Los otros dos son Héctor Aníbal Alonso, capitán de navío y ex jefe del Estado Mayor del COFS, y Hugo Miguel Correa, capitán de fragata y ex jefe del Departamento de Operaciones de ese mismo órgano.

La primera orden que puso en marcha la misión

El primer documento es el más abarcativo y traza el marco general de las operaciones que se desarrollarían luego entre octubre y noviembre. El 5 de septiembre de 2017 a las 7:50, López Mazzeo cursó desde el COAA un mensaje naval al Comando de la Flota de Mar (COFM), con copia informativa al Área Naval Austral, al Comando de Aviación Naval, al Comando de la Fuerza de Submarinos y al Comando de Infantería de Marina.

El mensaje ordenaba al COFM “efectuar planificación” de las actividades en el marco de la denominada “Tercera Etapa de Mar” del año naval 2017. Los parámetros: comenzar el 26 de octubre con un cronograma de entre 25 y 30 días de duración, 12 días propulsados y tres de estadía en la Base Naval de Ushuaia.

Las actividades previstas incluían el hundimiento del ex aviso ARA Comodoro Somellera y ejercicios de tiro naval sobre blanco remolcado; reconocimiento del litoral marítimo y puertos patagónicos; vigilancia y control de los espacios marítimos en áreas de jurisdicción e interés y en el Área Marina Protegida Namuncurá-Banco Burwood; tránsito por canales fueguinos, ejercitación anfibia y juego táctico, entre otras. En ese nivel del escalafón, la misión era todavía un conjunto de objetivos sin designación de medios navales ni responsabilidades específicas para cada unidad.

El documento convocaba además a una reunión de coordinación para el 14 de septiembre a las 10 en la Base Naval Puerto Belgrano, con todos los comandos destinatarios del mensaje.

El plan esquemático de la Tercera Etapa de Mar

La respuesta llegó en forma de Plan Esquemático RGP–11/17 «C», confeccionado por el contralmirante Rafael Prieto desde el Comando de la Flota de Mar en Puerto Belgrano, con fecha 17 de septiembre de 2017 -tres días después de esa reunión-. Prieto, aunque par orgánico de los comandantes de Aviación Naval, Infantería de Marina y la Fuerza de Submarinos (todos dependientes del COAA), fue designado como Oficial en Comando Táctico con el fin de definir con mayor precisión el proceso de planeamiento de las tareas a realizar. El plan, luego aprobado por el COAA, ya fijó una duración tentativa de entre 28 y 30 días y precisó que la zona del hundimiento del ex ARA Comodoro Somellera estaría comprendida en un cuadrado de 25 millas náuticas “con centro situado en posición LAT 54° 00,0′ S LONG 064°,0′ W”.

Como medios propios de la Flota de Mar figuraban dos destructores MEKO 360, dos corbetas MEKO 140, un buque logístico, un buque transporte y un aviso, más un conjunto de aviones y helicópteros. A eso se preveía sumar, provenientes de otros organismos de la Armada, hasta dos corbetas y submarinos más, lanchas rápidas y patrulleras y una compañía de Infantería de Marina.

La misión consignada en el documento era “conformar una Fuerza de Tareas y zarpar a partir del 26 de octubre y dirigirse al puerto de Ushuaia ejecutando adiestramiento naval integrado”, hundir el ex aviso ARA Comodoro Somellera “entre el 01 y 03 de noviembre en área asignada”, “planificar y ejecutar hasta dos operaciones anfibias” y, durante el repliegue desde Ushuaia, “realizar reconocimiento del litoral marítimo y vigilancia y control de los espacios marítimos”, previendo arribar a Puerto Belgrano a partir del 25 de noviembre. El propósito declarado en el texto era “continuar con el adiestramiento naval integrado previsto para el corriente año naval y difundir el quehacer naval en puertos del litoral marítimo argentino”.

El hundimiento del ex aviso ARA Comodoro Somellera quedó fijado entre el 1 y el 3 de noviembre. El buque había sido retirado del servicio activo por Resolución N° 63 del jefe del Estado Mayor General de la Armada, el contralmirante Marcelo Eduardo Hipólito Srur, firmada el 26 de abril de 2017: esa disposición lo llevó a la condición de Alistamiento VI -unidad radiada- y autorizó su uso como “buque blanco”.

El Área Naval Austral debía remolcarlo desde Ushuaia hasta la zona asignada, con arribo garantizado cuatro horas antes del inicio del ejercicio, mientras buzos tácticos instalarían las cargas explosivas previo a la zarpada. El documento consignaba también las medidas del blanco a derribar: 700 toneladas de desplazamiento, 43 metros de eslora, 10 de manga y 3 de calado.

El plan distribuía responsabilidades entre cada uno de los comandos intervinientes. A la Aviación Naval le ordenaba alistar aviones y helicópteros, planificar acciones de ataque durante el tránsito y coordinar ejercicios antisubmarinos. Al Área Naval Austral le asignaba tanto la preparación del buque blanco como la elaboración de un análisis de impacto ambiental antes del 10 de octubre. A Infantería de Marina le encargaba planificar dos operaciones de desembarco en Tierra del Fuego y embarcar personal y material en las unidades de la Flota.

Durante el repliegue desde Ushuaia, la Fuerza de Tareas debía recorrer el litoral patagónico ejerciendo vigilancia marítima, con una corbeta destacada para custodiar el Área Marina Protegida Namuncurá y la Zona Económica Exclusiva. El documento entraría en vigencia “al recibirse” y, concluida la operación, sería “incinerado sin elevar acta”.

Al Comando de la Fuerza de Submarinos, por lo demás, le imponía obligaciones precisas: alistar “hasta dos submarinos“, coordinar con la Flota las áreas y los momentos de actuación, ejecutar patrullaje continuo durante los traslados por la Zona Económica Exclusiva y designar buzos tácticos para instalar las cargas en el buque blanco y para intervenir en las operaciones de desembarco.

Las órdenes que recibió el submarino antes de zarpar

Luego del “Plan Esquemático” se emitió la Orden de Operaciones General del COFM N° 14/17, que precisó aún más las disposiciones y derivó, el 24 de octubre, en la Orden de Operaciones N° 04/17 del Comando de la Fuerza de Submarinos. Clasificado como “confidencial”, el documento fue firmado por el capitán de navío Héctor Alonso, entonces jefe del Estado Mayor del COFS -con sede en Mar del Plata-, “en ausencia” de su comandante, Claudio Villamide. En la elaboración del planeamiento también intervino el capitán de fragata Hugo Correa, en su carácter de jefe operacional.

La orden asignaba misiones concretas a los dos submarinos que debían participar de la tercera etapa de mar: el ARA San Juan y el ARA Salta. Este último recibiría tareas de adiestramiento en el área del Golfo Nuevo. El San Juan, en tanto, tendría una misión en aguas más australes estructurada en tres etapas sucesivas.

La primera era el despliegue hacia la Base Naval de Ushuaia: a partir del 24 de octubre debía iniciar tránsito directo e ingresar antes del 2 de noviembre en el área denominada “Alessia”, donde realizaría patrulla antisubmarina hasta recibir instrucciones para dirigirse a Ushuaia. La segunda era la estadía en esa base, prevista a partir del 4 de noviembre por tres días, tras la cual zarparía hacia el área “Alejandra”, al noreste del Estrecho de Magallanes, para ejecutar un ejercicio de “Ataque Submarino” a un “núcleo cortinado”. En esa maniobra de entrenamiento táctico, el submarino debe infiltrarse de manera inadvertida a través de una “cortina” de buques de guerra -dispuestos para detectarlo y neutralizarlo- y alcanzar el blanco principal protegido por esa barrera.

La tercera etapa, titulada “Patrulla Control del Mar”, instruía al SUSJ a desplazarse al área denominada “Juliana” para ejecutar “una patrulla de exploración con una permanencia de al menos diez días” en aguas del Atlántico Sur. El objetivo era identificar buques de interés que operaran dentro de la milla 200: el documento mencionaba expresamente “REEFERs, logísticos, petroleros” y embarcaciones pesqueras “sin AIS o con código AIS no registrado”. La orden precisaba que era “interés de este Comando obtener la identificación mediante imágenes fotográficas o video de los buques de interés en dicha área”. Entre los blancos de seguimiento figuraban el buque HMS Clyde, de la Royal Navy británica, y aeronaves RAF C-130 y de la gobernación de Malvinas.

La experiencia de la dotación

La orden del COFS fue enviada por un despacho (denominado en la jerga naval Grupo-Fecha-Hora) directamente al SUSJ, que para ese momento contaba con un documento administrativo firmado por su propio comandante, el capitán de fragata Pedro Fernández, donde se consignaba que la embarcación estaba apta para operar. Se trata del Índice de Calificación del Estado del Material (ICEM), que conlleva una evaluación de los distintos componentes de la nave que arroja una cifra numérica y determina el estado del buque. El resultado de examen, rubricado en septiembre de ese 2017, fue el siguiente: “4,25/5 - Buque Habilitado”.

En otro orden de cosas, los datos sobre la experiencia de la tripulación fueron recabados con posterioridad en el informe elaborado por la Comisión Bicameral Especial Investigadora sobre la Desaparición, Búsqueda y Operaciones de Rescate del Submarino ARA San Juan, creada por la Ley 27.433 y presentado el 18 de julio de 2019.

Al mando de la misión del buque, como se dijo, estaba el capitán Pedro Martín Fernández, de 45 años, con 366 días de navegación acumulados en tres submarinos distintos y 5.341 horas de inmersión. El segundo al mando era el capitán de corbeta Jorge Ignacio Bergallo, con 223 días de navegación y 2.045 horas de inmersión. Le seguían el teniente de navío Fernando Villareal, jefe del Centro de Informaciones en Combate y del departamento de operaciones, con 205 días y 2.037 horas, y el teniente de navío Fernando Mendoza, jefe del departamento de máquinas y responsable del control de averías y la propulsión, con 147 días y 1.691 horas.

La dotación estaba integrada por 43 hombres y una mujer: la teniente de navío Eliana María Krawczyk, jefa del departamento de armamento y de las áreas de armas submarinas, control de tiro y material naval, con 165 días de navegación y 1.559 horas de inmersión.

Los tenientes de corbeta Jorge Mealla y Alejandro Tagliapietra eran los oficiales con menos singladuras, ya que contaban con 29 días de navegación cada uno y 595 horas de inmersión: ambos cursaban el curso de capacitación en submarinos S11 en la Escuela de Submarinos.

Entre los suboficiales y cabos submarinistas -33 en total- la experiencia se medía en años de servicio. Sus escalafones cubrían las especialidades de mecánica de sistemas, maquinistas, electricistas, comunicaciones, operaciones, servicios e informaciones. Los más veteranos eran el suboficial principal Javier Gallardo, mecánico de sistemas con 25 años en la fuerza, y el suboficial principal Alberto Sánchez, también mecánico de sistemas, con 23. En el otro extremo, distintos cabos primero llevaban entre uno y dos años desde su alta, entre ellos Luis Niz, mecánico de sistemas con un año de servicio.

El último ejercicio exitoso, cuatro días antes de la implosión

Tal como reconstruyó Infobae, el ejercicio antisubmarino en el área “Alejandra” fue el último que el San Juan llegó a completar. Su comandante lo dejó asentado en un mensaje naval clasificado como “secreto”, remitido a su comando en tierra el 11 de noviembre de 2017 a las 15:50, cuatro días antes de la trágica implosión.

El documento, dirigido a Villamide, describía el desarrollo del despliegue táctico hora por hora. El San Juan empezó moviéndose a 40 metros de profundidad y a 4 nudos cuando, pasadas las cuatro de la mañana, sus sensores captaron las primeras emisiones de sonar provenientes de los buques que debía atacar: una corbeta MEKO 140 y un destructor MEKO 360. Casi tres horas después, a las 07:45, ascendió a profundidad de periscopio -18 metros- y los avistó. El capitán Fernández ordenó cubrir puestos de combate y el submarino comenzó a maniobrar en silencio para calcular la posición y la velocidad de los blancos. Luego bajó a 65 metros y se deslizó entre los dos buques sin ser detectado. A las 08:55 comunicó por radio un “lanzamiento simulado” sobre el objetivo.

En ese marco, Fernández cerró el reporte con la siguiente evaluación: “Ejercicio ataque submarino a un núcleo cortinado con alto grado de aprovechamiento por parte de la dotación debido a que se cumplió con el rol de combate de manera integral, se penetró la cortina y se realizó lanzamiento sobre el núcleo“.

Luego del ejercicio integrado, el submarino partió a la zona asignada para cumplir la tercera y última etapa de su misión antes de volver a su apostadero. El 15 de noviembre, cuatro días después de ese informe, el ARA San Juan perdió contacto con tierra. A las 07:19 de ese día fue su última comunicación. A las 10:51 se registró la implosión.

Ciudad de México, 9 mar (EFE).- El sacerdote mexicano Juan Manuel Zavala Madrigal fue encontrado muerto este lunes en el estado de Chiapas (sur), tras haber sido reportado como desaparecido el domingo, informó la Arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez, capital del estado.

En un comunicado, la diócesis de Tuxtla Gutiérrez indicó que, de acuerdo a la información recibida por las autoridades civiles, el cuerpo fue encontrado en las inmediaciones del Centro Ecoturístico Laguna Verde, en el municipio de Coapilla.

Asimismo, detalló que las autoridades correspondientes realizan investigaciones pertinentes para esclarecer las circunstancias del "lamentable hecho" que arrebató la vida de Zavala Madrigal, quien se desempeñaba como vicario en la parroquia San Marcos Evangelista, en la ciudad de Ocotepec.

Por su parte, el ayuntamiento de dicha ciudad confirmó la muerte del sacerdote y señaló que desde la noche de ayer se desplegó un operativo de búsqueda que contó con la intervención de la Fiscalía, la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial, con el apoyo de Seguridad Pública y Protección Civil de Ocotepec y Coapilla.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas también apuntó en sus redes sociales que se ha iniciado una investigación sobre el caso.

“Un grupo multidisciplinario realiza las indagatorias a fin de esclarecer los hechos. En las próximas horas se darán a conocer los avances sobre las investigaciones”, señaló el mensaje.

Hasta el momento la FGE no ha esclarecido el motivo de la muerte del párroco.

La Iglesia católica se ha visto afectada por la ola violencia que azota al país, en octubre de 2024 el sacerdote Marcelo Pérez, también defensor de derechos humanos, fue asesinado en Chiapas.

Una patrulla de la Policía Municipal de Ixtapaluca, en el Estado de México, cayó dentro de un socavón ubicado a un costado de la autopista México-Puebla, a la altura de la unidad habitacional Santa Bárbara.

Los hechos ocurrieron el pasado lunes, cuando la patrulla no notó que a su paso había un socavón de gran profundidad, mismo que se realizó por una serie de obras que llevan un par de meses y que no han avanzado de manera significativa.

Por medio de redes sociales comenzaron a circular imágenes de la patrulla volcada dentro del socavón, así como videos donde se ve el hecho.

El incidente ocurrió en la Avenida Canal de Santa Bárbara, misma que divide a la colonia Unidad Habitacional Santa Bárbara con la colonia Alfredo del Mazo, justo a un costado de la Autopista México-Puebla con dirección a la Ciudad de México (CDMX).

El percance provocó la movilización de cuerpos de emergencia y personal policial, además de tránsito lento en carriles laterales mientras se realizaban las maniobras para rescatar el vehículo oficial.

Vecinos denunciaron que la zona presenta riesgos costantes debido a excavaciones profundas, como en la que cayó la patrulla, sin señalizaciones que prevean a los conductores, situación que se agrava en la noche o en la temporada de lluvias. El hoyo al que cayó la unidad policial forma parte de trabajos hidráulicos que se desarrollan en el acceso a Santa Bárbara.

El incidente hizo que las personas que viven en la zona hicieran un llamado para reforzar la señalización, iluminación y delimitación de zonas de obra, especialmente en vialidades de velocidad. La autoridades locales no han señalado si se iniciará una investigación administrativa para deslindar responsabilidades por las condiciones del colector.

En el video que circula por redes sociales, además de la patrulla que cayó en el socavón, también se puede ver montones de basura en las calles, lo que muestra el mal estado en el que está el municipio del oriente del Estado de México.

Cerca de ese lugar, vecinos de la unidad habitacional se han quejado de que policías hacen un retén, justo depués de un desnivel que permite el acceso de los automóviles que viajan con sentido a Puebla, para acceder a la colonia Santa Bárbara y sus alrededores, y han manifestado que los uniformados utilizan ese punto para extorsionar a los automovilistas.

Una persecución registrada en cámaras de seguridad en el municipio de Nezahualcóyotl terminó de forma insólita la noche del 18 de octubre, cuando una de las patrullas involucradas perdió el control al caer en un hoyo abierto en la vía.

El video, difundido en redes, muestra a un motociclista que circula a toda velocidad por una de las principales avenidas del municipio más poblado del Estado de México; varias unidades policiales lo siguen de cerca.

En las imágenes se aprecia cómo, debido a la velocidad y a la falta de señalización, una patrulla no advierte la zanja y su frente impacta contra la cavidad dejando la unidad inmovilizada en el carril.

Segunda patrulla logró frenar y evitar impactarse

La segunda patrulla que venía atrás logró frenar a tiempo y evitó un choque por alcance que pudo haber tenido consecuencias más graves. A pesar del fuerte golpe, no se reportaron personas lesionadas en el sitio.

Hasta el cierre de esta nota no se había emitido un comunicado oficial que explique por qué estuvo abierta la zanja ni quién autorizó los trabajos sin señalización ni acordonamiento; tampoco se han dado a conocer sanciones o responsables por la falta de advertencias en la arteria afectada. En la página oficial del gobierno municipal no aparece información pública sobre el incidente.

En redes sociales la escena generó burlas y críticas hacia la autoridad municipal. Algunos usuarios comentaron en tono sarcástico que fue “una sopa de su propio chocolate” por los trabajos mal ejecutados, mientras que otros exigieron que el gobierno local repare la vialidad y mejore la señalización para evitar más accidentes.

Personal de tránsito y elementos municipales acudieron al lugar para asegurar la zona y retirar la patrulla afectada; técnicos de servicios públicos realizaron una revisión preventiva del bache.

El caso reaviva el reclamo ciudadano sobre el estado de las vías primarias y la necesidad de supervisión en obras y reparaciones viales en puntos de alta circulación.

Un aparatoso accidente protagonizado por una patrulla de la Guardia Civil Estatal de San Luis Potosí generó indignación entre los ciudadanos, luego de que un video difundido en redes sociales evidenciara que el choque no habría sido responsabilidad del conductor civil, como inicialmente reportaron las autoridades.

Los hechos ocurrieron en un cruce vial del estado, donde un automóvil de la marca Volkswagen —mejor conocido como “vocho”— esperaba en un semáforo para dar vuelta.

En las imágenes captadas por una cámara de seguridad y compartidas por el medio local Periodista Omar Niño, se observa cómo el pequeño vehículo se acerca al cruce de manera correcta, cuando súbitamente aparece una patrulla estatal a exceso de velocidad.

La unidad oficial incluso brinca un tope antes de impactarse violentamente contra el vocho, sin que aparentemente intentara frenar. Por el impacto, la rueda delantera del escarabajo sale impactada con tal fuerza que cruza la avenida.

No iba con luces de emergencia

Lo que más llamó la atención de los internautas es que la patrulla no llevaba encendidas las torretas ni sirena, requisito obligatorio marcado por la ley cuando se acude a una emergencia o se circula por arriba de los límites establecidos.

A pesar de ello, en un primer comunicado las autoridades señalaron que el responsable del percance habría sido el conductor del vocho, insinuando que habría invadido el paso de la unidad oficial.

Sin embargo, el video rápidamente contradijo esa versión y provocó una ola de críticas hacia la corporación. Usuarios exigieron que se deslinden responsabilidades de manera imparcial y que no se intente culpar a un ciudadano cuando las pruebas señalan lo contrario.

Hasta el momento se desconoce el estado de salud del conductor del vocho, aunque testigos señalan que resultó con lesiones debido al fuerte impacto. Tampoco se ha informado si los agentes de la patrulla fueron sometidos a algún peritaje o control interno para determinar si actuaron conforme al protocolo.

Colectivos ciudadanos y defensores viales han insistido en la necesidad de revisar el actuar de las fuerzas de seguridad en las calles y recalcaron que el uso correcto de sirenas y luces no es opcional, sino una obligación contemplada en el Reglamento de Tránsito.

Se espera que en las próximas horas la Secretaría de Seguridad Pública del estado emita una postura oficial actualizada y transparente, pues la presión pública crece mientras el video continúa viralizándose. En tanto, la ciudadanía exige justicia y un proceso claro que no deje lugar a privilegios para los responsables.

Un video que circula en redes sociales ha causado indignación y sorpresa entre los usuarios: muestra a dos presuntos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México involucrados en presuntos actos sexuales a bordo de una patrulla oficial.

Tras la difusión del clip, la dependencia ya inició una investigación interna.

El video que circuló en redes

La grabación, de aproximadamente dos minutos de duración fue difundida a través de la red social X y muestra a una pareja de uniformados en la parte frontal de una patrulla con las luces encendidas, mientras aparentemente mantienen una interacción íntima.

El video ha sido replicado en diversas plataformas, generando críticas por el uso indebido del vehículo oficial y por la falta de profesionalismo de los elementos implicados.

Ante esto, las autoridades decidieron tomar cartas en el asunto.

Lo que informó la SSC

A través de un comunicado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó este 05 de agosto que ya se abrió una investigación administrativa interna a cargo de la Dirección General de Asuntos Internos.

“Personal de la Dirección General de Asuntos Internos de esta Secretaría tomó conocimiento e inició la carpeta de investigación administrativa interna; los dos policías ya fueron identificados y serán citados a rendir su declaración”, señaló la SSC.

Asimismo, la dependencia subrayó que este tipo de conductas no serán aceptadas y ahondó en que los involucrados podrían ser acreedores a penalizaciones conforme a la ley.

“La Secretaría de Seguridad Ciudadana reitera que no tolerará ningún acto contrario a los protocolos de actuación policial, así como a los principios que nos rigen como Institución, todos los casos fuera de la normatividad serán investigados y sancionados”.

Hasta el momento no se han revelado más detalles respecto a los elementos de seguridad involucrados, ni el lugar exacto donde ocurrió el incidente. La investigación continúa en curso.

Jayden Ballard, un joven de 19 años ha sido acusado de hacerse pasar por un oficial y de tomar ilegalmente un vehículo policial en el condado de Wicomico.

Ballard, residente de Salisbury, habría operado un vehículo patrulla marcado y vestido el uniforme oficial, realizando paradas de tráfico falsas en distintas zonas del condado.

La policía estatal ha solicitado a cualquier persona que haya tenido contacto con Ballard en estas circunstancias que se comunique con la División de Ejecución Criminal.

Una de las víctimas de las falsas paradas de tráfico lo denunció tras no identificarse

De acuerdo con la información publicada por el medio Fox News, el caso comenzó a tomar forma el 12 de enero, cuando una víctima denunció que una patrulla de la Policía Estatal de Salisbury la detuvo cerca de las 00:30 horas (hora local) en la intersección de South Division y Milford. Según los documentos judiciales, el supuesto agente no se identificó y solo explicó el motivo de la detención.

La víctima entregó su licencia y registro, y Ballard, tras regresar brevemente al vehículo policial, le devolvió los documentos junto con un folleto de víctimas criminales del estado de Maryland.

El afectado relató a la policía que el encuentro le resultó extraño, sobre todo porque el agente aparentaba tener solo 19 años. Un mes después, la víctima descubrió que Ballard no era un agente real y que había compartido imágenes suyas con el uniforme a través de Snapchat.

La investigación reveló que Ballard vivía con un agente de la Policía Estatal de Maryland

El agente, entrevistado por los investigadores, explicó que conoció a Ballard tras coincidir en varios viajes organizados por el MSP Berlin Barrack y que, posteriormente, le ofreció una habitación en alquiler.

Más tarde, el agente supo que Ballard había tomado fotografías con su uniforme y las había publicado en redes sociales. Según el informe policial, el agente informó de estos hechos a sus superiores y pidió a Ballard que abandonara la vivienda. Además, aseguró que nunca autorizó a Ballard a usar su uniforme ni a conducir su patrulla.

La Policía Estatal de Maryland confirmó a WBOC que el agente implicado ha sido suspendido con goce de sueldo mientras se desarrolla la investigación interna. Por su parte, Ballard recibió una citación penal el 12 de febrero y, durante un interrogatorio, según los investigadores, ofreció una confesión completa. Actualmente enfrenta cargos por suplantación de identidad de un agente de policía y robo de vehículo.

El alcance de las acciones de Ballard podría ser mayor

El capitán del Servicio de Emergencias Médicas de Lower Somerset declaró a WBOC que Ballard habría robado un vehículo de emergencias médicas años atrás, cuando aún era menor de edad, y que la Policía de Crisfield fue notificada en ese momento. Además, Ballard era voluntario de la Compañía de Bomberos Voluntarios de Fruitland durante el presunto incidente con el vehículo policial, aunque la compañía ha confirmado que ya no mantiene relación con él.

El juicio de Ballard está programado para el 24 de septiembre, según los registros judiciales en línea. La policía estatal ha reiterado su llamado a la ciudadanía para que cualquier persona que haya interactuado con Ballard mientras se hacía pasar por agente se ponga en contacto con las autoridades.

Los investigadores sostienen que Ballard operó el vehículo patrulla y realizó controles de tráfico ilegales en todo el condado de Wicomico. Las imágenes lo muestran vestido con un uniforme beige y una radio adherida al pecho. La policía estatal ha subrayado que la forma en que Ballard obtuvo acceso al uniforme y al vehículo sigue bajo investigación, según confirmó el medio Fox News.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México abrió una carpeta de investigación interna luego de que se viralizara un video en redes sociales donde se observa a dos policías uniformados teniendo actos sexuales dentro de una patrulla oficial, presuntamente durante horas de servicio.

El incidente, ocurrido el pasado 5 de agosto, ha generado indignación pública y reacciones inmediatas por parte de la institución, que aseguró que no tolerará conductas que vulneren los principios y protocolos de la corporación.

A través de una tarjeta informativa, la SSC confirmó que personal de la Dirección General de Asuntos Internos ya tiene conocimiento del caso y que los elementos involucrados han sido plenamente identificados. Ambos han sido citados a declarar para continuar con el proceso administrativo correspondiente, que definirá si hubo violaciones al reglamento interno y al Código de Conducta institucional.

En el video, presuntamente grabado desde una ventana de un domicilio, se observa a una mujer y un hombre con uniforme oficial realizando actos íntimos dentro de una de las nuevas patrullas entregadas recientemente por el Gobierno capitalino. El clip se hizo viral rápidamente, generando críticas tanto por el uso indebido del vehículo oficial como por la falta de profesionalismo de los elementos involucrados.

Aunque hasta el momento no se ha informado si los policías continúan en funciones operativas o si han sido retirados temporalmente, fuentes cercanas a la corporación, citadas por MVS, aseguran que podrían enfrentar sanciones que van desde la suspensión temporal hasta la baja definitiva. La decisión dependerá del resultado de la investigación y de la gravedad de las faltas administrativas cometidas.

El Código de Conducta de la SSC establece que los elementos policiales deben mantener una conducta ética, tanto en su vida profesional como personal, y evitar acciones que afecten la imagen institucional o el bienestar colectivo. Asimismo, el protocolo de actuación subraya que el uso de instalaciones, vehículos o recursos públicos para fines ajenos a la función policial constituye una falta grave.

En su comunicado, la SSC reiteró que “no tolerará ningún acto contrario a los protocolos de actuación policial, así como a los principios que nos rigen como Institución”, y enfatizó que “todos los casos fuera de la normatividad serán investigados y sancionados”. La corporación, actualmente dirigida por Pablo Vázquez, busca enviar un mensaje claro sobre el compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas dentro de las fuerzas del orden.

Se espera que en los próximos días se brinden más detalles sobre el avance del proceso disciplinario y las posibles sanciones. Mientras tanto, la opinión pública continúa atenta al desenlace del caso, que ha puesto nuevamente en el centro del debate la importancia del profesionalismo, la vigilancia interna y el uso responsable de los recursos públicos dentro de los cuerpos de seguridad de la capital.

Una cámara instalada en el tablero del patrullero captó el momento en que ambos oficiales caminaban por el lateral de la autopista. En cuestión de segundos, ambos salieron corriendo de la toma justo antes de que el SUV impactara contra el vehículo del sargento. El video muestra claramente la proximidad del incidente y la rapidez con la que los oficiales reaccionaron para salvar sus vidas.

Según las autoridades, el SUV primero golpeó la parte trasera del automóvil que había colisionado con el ciervo, antes de girar hacia la autopista, donde finalmente se detuvo. A pesar de la violencia del impacto, tanto el agente estatal como el alguacil resultaron ilesos.

La reacción inmediata de los oficiales evitó una tragedia en segundos

La secuencia registrada por la cámara a bordo documenta con claridad el riesgo que enfrentan los primeros en llegar a una emergencia vial. El patrullero y el alguacil caminaban juntos a lo largo del arcén cuando el SUV se desvió repentinamente del camino. Ambos reaccionaron instintivamente, corriendo fuera de cámara solo segundos antes de que el vehículo impactara directamente contra la patrulla del sargento.

De acuerdo con la Oficina del Alguacil del Condado de Volusia, el SUV golpeó primero la parte trasera del automóvil involucrado en el choque con el animal, lo que provocó que el SUV girara violentamente hacia los carriles de la I-95. Allí se detuvo tras el accidente. Los oficiales se dirigieron de inmediato al conductor del otro vehículo, quien se encontraba consciente y manifestaba síntomas relacionados con un posible esguince cervical.

El conductor del SUV no fue identificado y no se ha confirmado si enfrentará cargos

Las autoridades locales no informaron si el conductor del SUV sufrió lesiones tras el incidente ni si será sometido a cargos. La investigación sobre el accidente seguía en curso al momento de la publicación, y no se revelaron detalles sobre el estado físico del conductor o las causas específicas por las que el vehículo salió de la vía.

La Oficina del Alguacil del Condado de Volusia no mencionó si el SUV circulaba a alta velocidad o si las condiciones climáticas pudieron haber influido en el accidente. Tampoco se han dado a conocer informes sobre consumo de alcohol o sustancias, ni si el conductor se encontraba distraído. Hasta ahora, los datos disponibles apuntan únicamente a la secuencia captada por el video y a la declaración oficial en redes sociales.

Un llamado urgente a la precaución en zonas de emergencia vial

En su mensaje publicado en Facebook, la Oficina del Alguacil del Condado de Volusia subrayó la importancia de reducir la velocidad y cambiar de carril cuando se circula cerca de vehículos de emergencia o autos averiados al borde de la carretera. “POR FAVOR, permanezcan atentos a las luces de emergencia y háganse a un lado por los socorristas, vehículos de servicio y autos averiados en la carretera. Esto estuvo a un segundo de convertirse en una tragedia”, escribió la entidad.

La ley de “moverse hacia el carril opuesto” está vigente en el estado de Florida y exige a los conductores que se desplacen a otro carril cuando se aproximan a vehículos detenidos con luces intermitentes en la orilla. En caso de que no sea posible cambiar de carril, los conductores deben reducir significativamente la velocidad para proteger a los trabajadores de emergencia y a otros involucrados en el incidente.

Este accidente pone de relieve el riesgo constante al que se enfrentan los agentes que prestan auxilio en autopistas de alta velocidad. Según NBC Miami, tanto el agente estatal como el alguacil involucrados en este incidente están de regreso en sus funciones habituales y no sufrieron lesiones físicas, aunque el evento puso a prueba su capacidad de respuesta ante una amenaza inminente.

La difusión del video ha provocado múltiples reacciones en redes sociales, donde usuarios expresaron preocupación por la seguridad de los trabajadores en carretera. Las autoridades esperan que el impacto visual del video ayude a generar conciencia pública sobre la necesidad de actuar con responsabilidad al volante, especialmente en las zonas donde se prestan servicios de emergencia.

De acuerdo con las autoridades, el accidente tuvo lugar alrededor de la 1:30 a. m., cuando los agentes recibieron múltiples reportes sobre un vehículo que avanzaba en dirección contraria por los carriles principales de la East Freeway, cerca de North Main. Los agentes acudieron al lugar y, al intentar interceptar al conductor, se produjo la colisión frontal.

Detalles del accidente y estado de los involucrados

El vehículo de patrulla, que tenía las luces de emergencia encendidas, chocó de frente con el automóvil conducido por Arévalo. A pesar de la gravedad del impacto, tanto los agentes como el conductor resultaron ilesos, según detallaron las autoridades. Los policías, sin embargo, sufrieron heridas menores y están en proceso de recuperación.

Tras el choque, los oficiales intentaron asistir a Arévalo en el lugar de los hechos antes de proceder con su detención. Posteriormente, el conductor fue trasladado a la cárcel del condado de Harris, donde enfrenta cargos por conducir en estado de ebriedad.

Investigación y declaraciones oficiales

El sargento Bondurant, quien lidera la investigación, confirmó que el estado de ebriedad de Arévalo fue el factor determinante que lo llevó a conducir en sentido contrario por la autopista. Este comportamiento puso en riesgo no solo su vida, sino también la de otros conductores y los agentes que respondieron al llamado de emergencia.

En un video difundido por la Oficina del Sheriff del Condado de Harris, los dos agentes involucrados en el accidente compartieron detalles sobre el encuentro con el conductor. En sus declaraciones, destacaron la importancia de actuar rápidamente para evitar que el incidente tuviera consecuencias más graves.

Datos sobre la conducción en estado de ebriedad

En 2022, los accidentes de tráfico relacionados con el consumo de alcohol cobraron la vida de 13,524 personas en los Estados Unidos, según informó la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA, por sus siglas en inglés). Este dato alarmante refleja que, en promedio, una persona perdió la vida cada 39 minutos debido a choques provocados por conductores bajo los efectos del alcohol. Estas cifras subrayan la gravedad de un problema que, según la agencia, es completamente prevenible.

De acuerdo con la NHTSA, el consumo de alcohol afecta directamente al sistema nervioso central, lo que disminuye las capacidades necesarias para conducir de manera segura. El alcohol, una vez ingerido, se absorbe rápidamente a través de las paredes del estómago y el intestino delgado, ingresando al torrente sanguíneo.

Allí permanece hasta que el hígado lo metaboliza, un proceso que no ocurre de inmediato, lo que permite que el nivel de alcohol en la sangre, conocido como Concentración de Alcohol en la Sangre (BAC, por sus siglas en inglés), aumente progresivamente.

El riesgo de accidentes de tráfico se incrementa de manera exponencial cuando el BAC alcanza los 0.08 gramos de alcohol por decilitro de sangre (g/dL), el límite legal para conducir en los 50 estados de Estados Unidos, el Distrito de Columbia y Puerto Rico. Sin embargo, en Utah, este límite es más estricto, fijado en 0.05 g/dL.

Según detalló la NHTSA, incluso niveles más bajos de alcohol en la sangre pueden afectar las habilidades de conducción. En 2022, 2,337 personas fallecieron en accidentes en los que los conductores tenían un BAC de entre 0.01 y 0.07 g/dL, lo que demuestra que no es necesario estar legalmente ebrio para que el alcohol influya negativamente en la capacidad de manejar.

Dos militares bolivianos se salvaron de ser quemados por una turba que los interceptó cerca de la frontera con Chile el pasado sábado 8 de febrero. Según el informe presentado por el viceministro de Lucha Contra el Contrabando, Luis Amilcar Velásquez, un mayor y un sargento estaban escoltando un automóvil indocumentado marca Nissan que era trasladado a la Aduana Nacional en la ciudad de El Alto, colindante con La Paz.

La patrulla fue emboscada por tres vehículos de contrabandistas en la localidad de Patacamaya, distante a unos 180 kilómetros de la frontera con Chile por la única carretera que conecta con las ciudades capitales. Los agresores los golpearon brutalmente y les quitaron armas y pertenencias personales.

El viceministro Velásquez relató en una conferencia de prensa que cuando ambos militares intentaron huir fueron atropellados por un vehículo en el que iban los agresores dejándolos inconscientes en el piso. En ese momento, mujeres de Patacamaya intervinieron y lograron salvar la vida de los uniformados.

“Por fortuna, los vecinos del lugar, especialmente de unas señoras defienden a los uniformados. (Ellas) han protegido a este personal porque el grupo de delincuentes pretendía prenderles fuego. Las vecinas los recuperaron y protegieron, incluso, una de las señoras recuperó un arma de uno de los miembros de la patrulla”, explicó el viceministro.

Los dos agentes están siendo atendidos en un centro médico de El Alto.

La autoridad indicó que el ataque fue un acto de venganza por un decomiso de tres camiones de contrabando que horas antes se realizó en la frontera con Chile. Dos de los vehículos fueron trasladados a una unidad militar en la localidad de Curahuara de Carangas (a 97 kilómetros de la frontera) y el tercero incinerado debido a que presentaba fallas técnicas y estaba inutilizado.

El caso fue denunciado ante el Ministerio Público para que se realicen las investigaciones y dar la persona que organizó la emboscada. Presumen que se trata de uno de los dueños de los camiones que fueron decomisados y no descartan que sea parte de un clan familiar que opera en la ilegalidad fronteriza y que estuvo involucrado en hechos similares.

Los camiones interceptados por los militares llevaban mercadería de ropa valuada en 2,5 millones de bolivianos (cerca de 358.000 dólares).

Crímenes vinculados al contrabando

Según Velásquez, desde que se creó el Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando en el año 2018, se reportaron 176 militares heridos y 16 fallecidos en los operativos contra los delitos fronterizos.

Uno de los casos más crueles que ha estremecido al país ocurrió en enero de 2024, cuando cinco miembros del Ejército Boliviano fueron asesinados cerca de Villamontes, a unos 90 kilómetros de la frontera con Argentina. Los subtenientes Yamil Argani y José María Romero, junto a los sargentos Braulio Pacaje, Vladimir Pacasi y Ruddy Medoza, fueron incinerados dentro de su vehículo tras ser emboscados por una organización criminal.

Según las fuentes policiales, los agentes estaban persiguiendo a un vehículo cargado con sustancias químicas ilegales. En ese momento, la camioneta fue empujada fuera de la carretera y se volcó. Aprovechando la confusión de los hombres por el impacto, sus atacantes les quitaron las armas, arrojaron gasolina sobre ellos y les prendieron fuego.

Desde entonces varias voces han pedido mayor firmeza para castigar el crimen organizado y evitar que se expanda en el país.

Un bebé nació este viernes a bordo de una patrulla, luego de que su madre entrara en labor de parto en calles de la alcaldía Gustavo A. Madero.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Apango y Juventino Rosas, de la colonia Felipe Berriozábal, donde policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (CDMX) realizaban sus funciones de seguridad.

Ahí, fueron solicitados por una mujer de 61 años, quien manifestó que su hija presentaba síntomas de labor de parto por lo que requería el traslado urgente al hospital.

Ante ello, los uniformados subieron a la joven y a su madre en la patrulla y con los códigos luminosos y sonoros se dirigieron al nosocomio, pero en el trayecto el nacimiento fue inminente.

Por lo que uno de los oficiales intervino y ayudo a nacer al bebé; tras recibirlo con apoyo de la madre de la joven, lo arroparon y después de escuchar su primer llanto, la entregaron a su mamá.

A los pocos minutos arribaron al centro hospitalario donde la joven y el recién nacido recibieron la atención médica necesaria, mientras la mujer agradeció el apoyo y acompañamiento brindado a su hija.

En un comunicado la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México invitó a la población a no dudar en solicitar el apoyo de la dependencia en cualquier situación que requiera su auxilio.

Lo anterior, debido a que aseguró a que el personal está en constante capacitación para brindar auxilio y reaccionar en situaciones de riesgo.

Policías ayudan a mujeres en labor de parto

Esta no es la primera vez que personal de la SSC ayuda a mujeres en labor de parto. En septiembre oficiales de la Policía Turística atendieron el llamado de una joven en Paseo de la Reforma, la cual manifestó sentir dolor abdominal debido a su embarazo.

En ese momento, los policías solicitaron los servicios de emergencia pero al ver que el nacimiento era inminente se prepararon para recibir al bebé. Tras la llegada del recién nacido, fueron trasladados por paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas a un hospital.

Un mes atrás personal de la Policía Auxiliar ayudó a una mujer de la comunidad mixteca que entró en labor de parto en la estación Pantitlán de la Línea A, del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

Los uniformados fueron requeridos por una ciudadana de 30 años de edad, quien mencionó que tenía fuertes contracciones debido a su embarazo.