La protesta anunciada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) para este jueves 30 de abril en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) impactará en la actividad aérea de todo el país. Según anticiparon las autoridades, los aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque podrían registrar demoras, cancelaciones y reprogramaciones de vuelos durante una jornada clave para el turismo, a raíz del aumento de la demanda por el fin de semana largo.

La reacción sindical llegó luego del cruce con el Gobierno nacional por la decisión de avanzar con el despido de 240 trabajadores, cifra que representa alrededor del 30% del personal civil del organismo, una parte significativa de los recursos humanos necesarios para garantizar la seguridad de la navegación aérea. De este total, 130 empleados se desempeñan en estaciones meteorológicas distribuidas en todo el país y 110 trabajan en la sede central del SMN.

El impacto concreto sobre los pasajeros se relaciona con la importancia de los informes meteorológicos en la planificación de los despegues y aterrizajes. La ausencia o limitación de estos informes compromete la operación regular de los vuelos. En este contexto, se prevén demoras, reprogramaciones e incluso cancelaciones de vuelos en todo el país. El impacto podría sentirse con mayor fuerza debido al movimiento previo a un fin de semana largo, lo que incrementa la demanda de viajes.

Las aerolíneas recomiendan chequear el estado de los servicios con anticipación y mantenerse informados a través de los canales oficiales de comunicación de líneas aéreas y aeropuertos. Como respuesta preventiva, la autoridad aeronáutica declaró que el servicio meteorológico aplicado a la aviación es esencial, y estipuló que en escenarios de huelga no puede paralizarse más del 50% del servicio.

Previo a esta medida, ATE, en representación de los trabajadores del Servicio Meteorológico, había amenazado con realizar un reclamo el viernes de la semana pasada. Sin embargo, horas después de que el paro se levantara, el Gobierno, a través del Decreto 274/2026 transfirió a la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) la facultad de garantizar la prestación del Servicio Meteorológico para la Navegación Aérea (MET), ya sea de manera directa o a través de terceros proveedores nacionales o internacionales.

El objetivo era asegurar la prestación ininterrumpida, regular y confiable de este servicio estratégico para el país. El decreto define que la interrupción, prestación deficiente o afectación del servicio puede derivar inmediatamente en demoras, cancelaciones, desvíos y restricciones operativas con impacto directo sobre usuarios, cargas, operadores y la actividad económica vinculada.

En cuanto al horizonte operativo inmediato, la Secretaría de Transporte confirmó a Infobae que el SMN continuará prestando servicios a EANA hasta por 180 días hábiles desde la puesta en vigor del decreto, plazo en el que podrían producirse cambios en el esquema de provisión de información meteorológica.

Controversia sobre la estructura y modernización del SMN

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, publicó un descargo en su cuenta en X para justificar la reducción: expuso que el SMN opera con cerca de 1.000 trabajadores y unas 100 estaciones meteorológicas en todo el país, aunque sólo 20 personas serían meteorólogos.

El funcionario lamentó el elevado número de personal de apoyo y criticó la falta de modernización tecnológica en el organismo: “La mayoría de las estaciones tienen más de 50 años y constan de un par de instrumentos muy sencillos”. Sturzenegger sostuvo que el servicio podría cumplir su función “gastando solo una mínima fracción de lo que gastamos actualmente”, y estimó que se lograría “un mejor producto con mejor tecnología y unas 150 personas”.

Declaraciones como estas recibieron un rechazo inmediato por parte de profesionales y especialistas en meteorología, e incluso generaron debate público en la red social. La polémica se profundizó con la respuesta de Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional, quien desmintió los datos del ministro y denunció un “vaciamiento” del SMN.

Según declaraciones del propio Aguiar, la cifra de estaciones meteorológicas activas asciende en realidad a 120, contradiciendo la información oficial y sumando que en la actual gestión ya se cerraron cinco estaciones. “El desguace y la falta de financiamiento e inversión provocaron que más de la mitad ya no trabajen durante la noche, dejando una ventana de entre nueve y doce horas sin cobertura”, afirmó.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció un paro en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), luego de que el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, justificara los recortes en el organismo y criticara su funcionamiento en las redes sociales. La medida de fuerza podría impactar en los vuelos, ya que la provisión de información es esencial para la seguridad y la programación de las operaciones aéreas.

El sindicato estatal reclama por el intento del Ejecutivo de despedir a 240 trabajadores, de los cuales 130 se desempeñan en las estaciones meteorológicas de todo el país y 110 en la sede central, lo que representa una reducción del 30% del personal civil.

Por ello, dispuso un paro de 24 horas para este jueves 30 de abril. De todos modos, ya habían decretado que el SMN aplicado a la aviación es servicio esencial, con lo cual la interrupción del servicio no puede ser total.

Sturzenegger había asegurado a través de su cuenta de X que el SMN cuenta con unas 100 estaciones meteorológicas en todo el país y unas 1.000 personas, de las cuales 20 son meteorólogos.

“Llama la atención tanta gente de apoyo a 20 meteorólogos, pero resulta que los datos –en la época de los satélites y las comunicaciones-se recogen manualmente (¿cómo?). Es que las estaciones no son un dechado de tecnología. La mayoría tiene más de 50 años y constan de un par de instrumentos muy sencillos“, dijo.

“Podríamos modernizar drásticamente el SMN (necesario para emergencias y alertas), gastando solo una mínima fracción de lo que gastamos actualmente, ya que en vez de tener 1.000 personas, el servicio podría ofrecer un mejor producto con mejor tecnología y unas 150 personas”, sostuvo el funcionario en X, cuyas afirmaciones fueron rechazadas de forma inmediata en la misma red social por muchos expertos en meteorología y profesionales del Servicio Meteorológico.

En respuesta, Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional, señaló: “Sturzenegger miente descaradamente. Todos los datos e información para intentar justificar el vaciamiento del Servicio Meteorológico Nacional son falsos. Las cesantías que pretenden no solo dejarán a cientos de familias en las calles, sino que ponen en riesgo servicios vitales como las alertas tempranas, los vuelos, la navegación marítima y fluvial, y producción agropecuaria”.

A su vez, precisó que no hay 100 estaciones meteorológicas, hay 120 y que en su gestión ya cerraron 5. “Es el desguace y la falta de financiamiento e inversión la que provocó que más de la mitad ya no observen de noche, dejando una ventana de entre 9 y 12 horas descubierta. El apagón meteorológico lo comenzó a realizar este gobierno el 10 de diciembre de 2023”, afirmó Aguiar.

Asimismo, cuestionó la “falta de conocimiento” del ministro por su crítica a la cantidad de meteorólogos en el organismo. Indicó que se trata de una estructura compleja de primer nivel que incluye meteorólogos, observadores, técnicos en instrumental, especialistas informática y procesamiento de datos, entre otros.

“Las estaciones combinan sistemas automáticos con observación humana, algo que sigue siendo indispensable en todo el mundo”, explicó.

Vale recordar que los trabajadores del SMN habían anticipado un paro para el viernes pasado, pero lo levantaron a último momento. Tras ese hecho, el Gobierno dispuso que la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) podrá brindar por cuenta propia o mediante la contratación de terceros el Servicio Meteorológico para la Navegación Aérea (MET).

En la actualidad, la empresa estatal recibe la prestación del SMN. Pero con la nueva normativa tendrá la facultad de contratar a cualquier proveedor, nacional o internacional, que “esté en condiciones de brindar el servicio y de suministrar la información meteorológica aeronáutica precisa y necesaria para el adecuado desarrollo de las operaciones aéreas”.

En los considerandos del Decreto 274/2026, se argumentó que la seguridad operacional del sistema requiere “la prestación ininterrumpida, regular y confiable” de los servicios de navegación aérea, incluido el MET, cuya disponibilidad resulta crítica para la planificación y ejecución de las operaciones aéreas.

“La afectación, interrupción o prestación deficiente de este servicio produce consecuencias inmediatas sobre la operación del sistema, pudiendo derivar en demoras, cancelaciones, desvíos y restricciones operativas con impacto directo en usuarios, cargas y operadores y en la actividad económica”, indica.

En la Secretaría de Transporte aclararon que el SMN continuará prestando el servicio a EANA, ya contratado, por hasta 180 días hábiles desde la entrada en vigencia del decreto.

La Asociación Bancaria dispuso un paro de actividades por 24 horas en los tesoros regionales del Banco Central de todo el país para hoy. La medida gremial responde a la decisión de la autoridad monetaria de cerrar 12 de esas oficinas del BCRA en el interior del país, que podría generar el despido de 32 trabajadores.

La medida de fuerza no impactará al resto de la actividad habitual del Banco Central ni tampoco al funcionamiento de los bancos del sistema. Por lo tanto, la atención al público en las sucursales bancarias y las operaciones de la red de cajeros automáticos funcionarán con total normalidad. Aún así, el gremio señaló que puede haber dificultades en el abastecimiento de dinero en algunas plazas del interior.

“Ante la falta de diálogo y el estancamiento de las negociaciones con las autoridades del B.C.R.A, sumado a las intimidaciones y amenazas que recibieron los trabajadores y trabajadoras de dicha entidad, que podrían perder 32 puestos de trabajo por el cierre de 12 tesoros regionales, los cuerpos orgánicos de la Asociación Bancaria han decidido efectuar un paro de 24 horas en los 21 tesoros regionales distribuidos en todo el país“, señaló un comunicado de la Asociación Bancaria.

“Por lo tanto, no habrá operaciones en los lugares mencionados, lo cual implica que ese día no haya traslado ni abastecimiento de dinero en aquellas entidades financieras que requieran dicha operatoria”, agregó el gremio.

La provisión de dinero en efectivo para los bancos de todo el país no pareciera correr riesgos excesivos por una medida de fuerza de un solo día de duración. La mayoría de los bancos podrán suplir esa inactividad de los tesoros regionales tomando algunas previsiones para que no falte el dinero en efectivo en sus sucursales. De hecho, algunos bancos líderes, de alcance nacional, tienen circuitos propios de distribución de efectivo en paralelo al funcionamiento de los tesoros del BCRA.

Al mismo tiempo, la Bancaria anticipó que puede haber más medidas de fuerza en el marco del ajuste interno que lleva adelante la entidad que preside Santiago Bausili: “De no obtener respuestas satisfactorias en la mesa de negociación con las autoridades de dicho órgano rector, se profundizará el plan de acción, con medidas de fuerza en todas las entidades oficiales y privadas que alberguen estos tesoros regionales”.

Paritaria y bono de $2 millones

Mientras se endurece la situación entre el la Asociación Bancaria y el Banco Central por la situación de los tesoros regionales, pocos días atrás el gremio cerró su paritaria. La Bancaria acordó con las cámaras empresariales su nuevo aumento salarial para marzo en sintonía con la inflación: se trata de un 3,4%, lo que llevará el salario inicial de la actividad a $2.259.305,03.

Además, el gremio que encabeza Sergio Palazzo pactó que el bono que cobrarán todos los trabajadores de la actividad por el Día del Bancario tendrá un monto mínimo de $2.014.092,28, que se corregirá en futuras actualizaciones de los salarios.

El incremento del 3,4% será de aplicación para todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, remunerativas y no remunerativas, incluyendo los adicionales convencionales y no convencionales, acumulando en los tres primeros meses del año un 9,4% sobre los salarios de diciembre 2025.

Las partes acordaron además, continuar durante abril y mayo con el mismo mecanismo y el alcance estipulado en los acuerdos salariales que se realizaron hasta el momento. Asimismo se comprometieron a continuar con la negociación paritaria en la segunda quincena de junio.

Las operaciones en Puerto Quequén comenzaron a normalizarse luego de más de dos semanas de conflicto. Transportistas, dadores de carga y autoridades alcanzaron un acuerdo tarifario que permitió destrabar los bloqueos en los accesos a la terminal y retomar la actividad logística en uno de los principales nodos agroexportadores del país.

Según informó el Consorcio de Gestión de Puerto Quequén, el entendimiento se logró en el marco de una mesa de diálogo desarrollada en la propia terminal. “Se logró destrabar el paro que se extendía por más de 15 días”, señalaron en un comunicado oficial. Como parte del acuerdo, se estableció “un incremento del 16% sobre la última tarifa vigente, aplicable a todo el hinterland de Puerto Quequén”.

La negociación contó con la intermediación del presidente interino del Consorcio, Mariano Carrillo; la diputada nacional Jimena López; y el director provincial de Permisos y Habilitaciones de Transporte de Cargas, Miguel Ángel Bettili. De acuerdo con el comunicado, también se definió que “los gastos administrativos no podrán superar el 2%”.

El esquema acordado incluye también otros puntos operativos. Por un lado, se determinó que las tarifas correspondientes a las playas de estacionamiento de Sitio 0 de Quequén S.A. “se mantendrán sin modificaciones”. Por otro, se dispuso una regulación sobre los tiempos de permanencia de los camiones: “Transcurridas 24 horas desde el ingreso de cada camión con cupo a la zona portuaria, en caso de permanecer detenido, el transportista deberá abonar la correspondiente estadía”.

Fin de las medidas de fuerza

Con el entendimiento, las partes dieron por finalizada una medida de fuerza que había paralizado la operatoria portuaria durante más de dos semanas y que había convertido a Quequén en el principal foco de conflicto dentro del sistema logístico del sur bonaerense.

El acuerdo llega luego de un período de negociaciones sin resultados concretos, en el que persistieron bloqueos en los accesos al puerto a pesar de avances parciales en otros puntos del país. En ese contexto, la terminal de Quequén se mantuvo como el último enclave con actividad interrumpida, incluso cuando otros puertos ya habían retomado su funcionamiento.

La medida de fuerza había sido impulsada por transportistas autoconvocados que reclamaban una actualización de las tarifas de flete ante el incremento de los costos operativos, en particular el precio del combustible. El conflicto se inició a comienzos de abril y, con el correr de los días, derivó en cortes totales en los accesos a la terminal, lo que impidió el ingreso de camiones y la carga de buques.

Durante ese período, distintas entidades del sector agroexportador advirtieron por el impacto económico de la paralización. La interrupción de la logística afectó el cumplimiento de contratos internacionales y generó demoras en la salida de granos en plena cosecha gruesa.

De acuerdo con estimaciones difundidas durante el conflicto, las pérdidas alcanzaron al menos USD 450 millones en una semana, como consecuencia de la imposibilidad de embarcar mercadería y los sobrecostos asociados a la demora de buques . En paralelo, se acumulaban embarcaciones a la espera de carga tanto en Quequén como en otros puertos, en un contexto de alta demanda internacional.

La situación también impactó sobre toda la cadena agroindustrial. Productores, acopios, cooperativas, industrias y exportadores se vieron afectados por la interrupción del flujo de mercadería y por las dificultades para cumplir compromisos comerciales en el exterior. En algunos casos, incluso, se evaluó el desvío de buques hacia otras terminales o hacia puertos de países vecinos.

En el plano operativo, el bloqueo provocó la acumulación de camiones y la paralización de tareas en la zona portuaria. En los días previos al acuerdo, se registraban buques fondeados a la espera de carga y un volumen significativo de granos sin poder ser despachado.

El conflicto en Quequén se dio en paralelo a negociaciones en otros puntos del país, donde se habían alcanzado acuerdos tarifarios que permitieron normalizar progresivamente la actividad. Sin embargo, un grupo de transportistas mantuvo las medidas en esa terminal, lo que prolongó la crisis logística más allá del resto del sistema.

Con el acuerdo alcanzado, se espera que la operatoria recupere gradualmente su ritmo habitual. La reanudación de las actividades permitirá avanzar en la carga de los buques demorados y en la normalización de los flujos de exportación, en un momento clave para la salida de la producción agrícola.

Luego de que se levantara el paro convocado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para este viernes 24 de abril, el Gobierno nacional oficializó una serie de modificaciones en el esquema del servicio meteorológico para la navegación aérea. De esta manera, el organismo dejará de ser el único ente habilitado para brindar la información climática para los vuelos.

Por medio de la publicación del Decreto N° 274/2026, publicado en el Boletín Oficial, se estableció un nuevo marco para la prestación de este servicio estratégico, tras cambiarse el contenido del artículo 15 de la Ley 27.161 de Navegación Aérea.

De esta manera, el Poder Ejecutivo nacional dictaminó que “la Empresa Argentina de Navegación Aérea Sociedad Anónima (EANA S.A.) deberá prestar el Servicio Meteorológico para la Navegación Aérea (MET), pudiendo hacerlo por sí o a través de terceros”.

En este sentido, la modificación implicará que la responsabilidad primaria de brindar el servicio meteorológico para la Navegación Aérea dejará de estar en manos del SMN, para quedar a cargo de la empresa de navegación aérea.

Además, la EANA S. A. también deberá verificar que el prestador del servicio cumpla con los estándares de calidad, de seguridad operacional y todos los requisitos establecidos por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

En cuanto al rol que tendrá el Servicio Meteorológico Nacional, el Gobierno dispuso que el organismo continuará prestando el servicio MET a la empresa de navegación aérea nacional de manera transitoria. De acuerdo con el documento oficial, deberán asistirlos por un plazo de hasta 180 días hábiles, contados a partir de la entrada en vigencia de la norma.

Por este motivo, confirmaron que el 10% de la Tasa de Protección al Vuelo que era destinada al SMN para esta tarea dejará de ser depositado en sus arcas, para ser transferido “en forma automática en una cuenta escritural de la Cuenta Única del Tesoro destinada a tal efecto”.

Con respecto a los cambios estructurales que tendrá el servicio, las autoridades sostuvieron que la medida tenía el objetivo de "asegurar la continuidad del servicio” en medio de la situación de urgencia generada por la medida de fuerza anunciada.

En línea con esto, apuntaron que la modificación buscará “dotar al sistema de mayor flexibilidad operativa, diversificación de prestadores, separación de funciones regulatorias y operativas, y mecanismos que permitan asegurar la prestación continua de los servicios involucrados”.

La modificación se dio en medio de un contexto confrontativo entre los trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional y el Gobierno, después de que se anunciara el cierre de 40 estaciones meteorológicas y la desvinculación de varios meteorólogos. En respuesta, habían convocado a un paro de tareas para la mañana de este viernes.

Ante las complicaciones que la medida habría de generar en el servicio aéreo en todo el país, las autoridades declararon que el cese de tareas incurría en la ilegalidad al comprometerse el funcionamiento de un servicio esencial.

Frente a esto, el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, confirmó que la convocatoria quedaba sin efecto. “Decidimos el levantamiento parcial de la medida de fuerza”, anunció en una publicación en la red social X.

Pese a que los servicios funcionarán con normalidad, el jefe sindical comunicó que se realizará una asamblea general a las 10:30 horas en la sede central del Servicio Meteorológico Nacional, que se ubica sobre la Avenida Dorrego al 4019, entre Figueroa Alcorta y Lugones.

Por otro lado, el representante gremial denunció que “el Gobierno ataca el derecho a huelga del Servicio Meteorológico Nacional. La ilegalidad es la de la Secretaría de Trabajo”, tras argumentar que no existía normativa que hubiera declarado al servicio como esencial.

En línea con esto, Aguiar reclamó que, si para el Gobierno se trataba de un servicio vital, “lo traten como esencial de la manera que corresponde: con más presupuesto, equipos, tecnología y capacitación permanente”. Asimismo, apuntó que tampoco podían “despedir a más de 140 trabajadores”.

Finalmente, el líder gremial planteó que “lo que pretende el Gobierno es prohibir el derecho a la huelga” y concluyó que “ilegal no es una huelga comunicada en tiempo y forma; lo que es ilegal es la conducta de los funcionarios de este Gobierno que están incurriendo en numerosos delitos al poner en riesgo vidas humanas, pretendiendo hacer despegar aviones sin los informes meteorológicos”.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunció el levantamiento parcial del paro del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) que había sido programado para este viernes 24 de abril, luego de que el Gobierno nacional declarara ilegal la medida convocada por los trabajadores del organismo.

La decisión fue informada por el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, por medio de un comunicado emitido en la red social X. Pese al acatamiento de la orden gubernamental, el gremialista denunció que la Secretaría de Trabajo actuó fuera de la ley al limitar el derecho a huelga en ese sector.

“Decidimos el levantamiento parcial de la medida de fuerza”, indicó el representante sindical, para luego confirmar que, en su lugar, realizarán una asamblea general resolutiva a partir de las 10:30 horas. El encuentro será en la sede central del SMN, ubicada sobre la Avenida Dorrego al 4019, entre Figueroa Alcorta y Lugones.

De esta manera, está previsto que se definan los pasos a seguir por los trabajadores, mientras persisten las diferencias entre el gremio y las autoridades nacionales sobre la legalidad de las medidas de fuerza y las condiciones laborales en uno de los organismos clave para la seguridad aérea y la prevención climática en Argentina.

En contraposición, Aguiar apuntó que “el Gobierno ataca el derecho a huelga del Servicio Meteorológico Nacional. La ilegalidad es la de la Secretaría de Trabajo”. Asimismo, sostuvo que los trabajadores del organismo se encontraban habilitados a hacer el paro, pese a que las autoridades argumentaron que era ilegal por tratarse de un servicio esencial.

“Eso es falso. Ninguna ley incluyó a ese servicio como esencial, por lo cual no existe restricción alguna para ejercer ese derecho fundamental”, remarcó. Además, exigió que, si el Gobierno considera esencial la tarea del organismo, debe garantizar presupuesto, equipamiento y capacitación permanente, en lugar de avanzar con despidos.

En línea con esto, el secretario general de ATE sostuvo que “el SMN es muy importante para el país. Por eso exigimos que lo traten como esencial de la manera que corresponde: con más presupuesto, equipos, tecnología y capacitación permanente. Y, por supuesto, si es tan esencial, no pueden despedir a más de 140 trabajadores”.

Aguiar planteó que “lo que pretende el Gobierno es prohibir el derecho a la huelga” y concluyó que “ilegal no es una huelga comunicada en tiempo y forma; lo que es ilegal es la conducta de los funcionarios de este Gobierno que están incurriendo en numerosos delitos al poner en riesgo vidas humanas, pretendiendo hacer despegar aviones sin los informes meteorológicos”.

El reclamo de los trabajadores del SMN

El paro apuntaba a instalar en la agenda pública que, ante el cierre de 40 estaciones y la desvinculación de meteorólogos, tanto la seguridad aérea como la “continuidad del servicio meteorológico esencial” estarían en riesgo.

Según la dirigencia de ATE, el problema trasciende lo laboral e incide de forma directa en el funcionamiento de las operaciones aeronáuticas y en la capacidad de prevención frente a condiciones climáticas adversas.

En las últimas semanas, los representantes gremiales del sector aeronáutico y del Instituto Nacional de Tecnología Industrial se reunieron con legisladores nacionales para exponer la situación del SMN y debatir el “feroz desguace” de áreas críticas del Estado. Según la Coordinación Nacional de ATE ANAC, el Ejecutivo nacional no dio señales de voluntad política para detener los despidos ni para resolver la crisis de recursos que afecta a estos organismos.

El conflicto se profundizó tras la confirmación de que los despidos alcanzarán a trabajadores contratados bajo los artículos 9 y 1109. Para el gremio, esto precarizaría la situación laboral y pondría en riesgo funciones clave del sector. Sobre todo, hicieron hincapié en el funcionamiento del servicio nocturno de aviación.

De hecho, el propio sindicato alertó que la reducción del SMN podría provocar un “impacto severo en la seguridad y la frecuencia de las operaciones aéreas”, ya que la labor de los técnicos resulta irremplazable para el control y la prevención de incidentes aeronáuticos.

Un paro propuesto por distintos gremios en Entre Ríos, en protesta contra la reforma previsional propuesta por el gobernador Rogelio Frigerio, movilizó a apenas 2.000 personas en Paraná este jueves. Como muestra del fracaso que representó la medida para los sindicatos, el 70% de los docentes de la provincia asistió a clases.

La protesta fue liderada por AGMER, que contó con el apoyo de otros gremios estatales, como ATE, CTA Autónoma, CTA de los Trabajadores y SADOP, además de partidos políticos de izquierda.

Según un cálculo del gobierno provincial, los sindicatos montaron un operativo que incluyó la contratación de al menos 15 colectivos, además de autos particulares y remises para forzar la presencia de manifestantes que viajaron desde distintos puntos de la provincia hacia la capital. Estiman que el costo de los vehículos pagados por los gremios fue de más de 30 millones de pesos.

De todos modos, y a pesar de los esfuerzos materiales para poner gente en las calles, el paro contó con una adhesión más que limitada. De acuerdo a datos del Consejo General de Educación (CGE), más del 70% de los docentes asistió a las aulas durante la jornada, lo que permitió el desarrollo normal de clases en la mayoría de las escuelas de la provincia.

En qué se centra la reforma previsional de Frigerio

Los puntos centrales de la propuesta oficial son mantener para el jubilado un haber del 82% sobre el bruto que percibe el activo. Esta garantía constituye una de las conquistas de los agentes públicos y representa un capital que la sociedad entrerriana considera propio, ya que ha sido defendida como un derecho adquirido ante avances restrictivos en el pasado.

Las modificaciones se proyectan en dos dimensiones: la edad jubilatoria y los regímenes especiales.

En la provincia, una mujer que trabaja para el Estado provincial puede retirarse a los 57 años y un varón a los 60. En el sector privado o para agentes del Gobierno nacional, los requisitos son 60 y 65 años, respectivamente.

Esa es la norma general. Sin embargo, las docentes pueden jubilarse a los 52 años y sus colegas varones a los 54, siempre que cumplan requisitos específicos en cuanto a años de servicio y desempeño frente al alumnado.

Los borradores de la reforma proponen que la variación de la edad sea progresiva y, en principio, no alcance ni a quienes ya cumplen condiciones para jubilarse ni a quienes les queda poco tiempo de servicio.

En la provincia, el nivel de aporte que hacen los trabajadores activos para sostener el sistema es alto, aproximadamente el 19 % del bruto. A pesar de ello, las contribuciones de 120.000 agentes en actividad y del Estado como empleador no alcanzan para cubrir los haberes de 65.000 pasivos.

Si bien el propio Frigerio encabezó las reuniones con sindicatos y partidos opositores desde un comienzo, las negociaciones no parecen estar llegando a buen puerto.

Víctor Sanzberro, senador justicialista, expuso el mes pasado, al conocer los detalles de la propuesta: “El desfinanciamiento brutal al que el gobierno nacional está sometiendo a la provincia no puede justificar que el costo del ajuste recaiga principalmente sobre trabajadores y jubilados entrerrianos”.

Los gremios, por otra parte, anticiparon su rechazo. El titular de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE Entre Ríos), Oscar Muntes, manifestó: “El ajuste no debe pasar por los trabajadores”.

A su vez, desde la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), expresaron: “No vamos a ser cómplices ni permitir ninguna reforma que siempre significará pérdida de derechos para activos y jubilados”.

Este jueves, los sindicalistas intentaron paralizar la provincia, pero la medida de fuerza no tuvo el éxito que esperaban.

En una entrevista exclusiva para Infobae a las Nueve, las meteorólogas Carolina González Moringo y Yanina García Skabar alertaron que el paro del 24 de abril, convocado por ATE en respuesta a los recortes de personal y recursos, afectará la provisión de datos oficiales para la aeronavegación y expondrá a la población a la falta de alertas climáticas críticas

En una charla con el equipo de Infobae a las Nueve, integrado por Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, González Moringo precisó: “El Servicio Meteorológico es un organismo científico-técnico con más de 150 de historia. Lo creó Sarmiento en 1872. Nuestra función es proteger a la población, fortalecer el desarrollo económico y brindar información vital para la toma de decisiones en sectores estratégicos como el transporte, la energía y la agricultura”.

La meteoróloga remarcó la gravedad del ajuste: “En febrero de 2024 éramos 1.155 personas. Hoy ya somos casi 200 menos, somos 980. Solo en marzo hubo 47 despidos y ahora están despidiendo a 140 personas más. El objetivo es dejar una planta de alrededor de 700”.

García Skabar advirtió: “El servicio meteorológico funciona las 24 horas, los 365 días del año. Si se concreta el recorte y el paro, vamos a perder mediciones, continuidad de datos y habrá horarios en los que directamente no tendremos información. Eso significa que no podremos dar un servicio con la calidad que venimos asegurando”.

Consultada sobre el paro anunciado para el 24 de abril, González Moringo fue categórica: “Si se concreta el paro del Servicio Meteorológico Nacional, no va a haber vuelos entre las 5 y las 12. Los aviones no pueden salir sin el informe oficial, porque los seguros no los cubren y no se cumple el protocolo de seguridad”.

Las especialistas explicaron que los despidos no solo reducen la capacidad operativa, sino que agravan la precarización laboral: “Todos los despedidos son contratados y son los sueldos más bajos. No van a recibir indemnización cuando se les rescinda el contrato. El salario de un observador meteorológico no supera los 800 mil pesos”, detallaron.

En cuanto a la lógica detrás de los despidos, González Moringo fue directa: “El Ministerio de Regulación nos planteó que había un número que había que reducir. Pedimos un informe, pero nunca explicaron a quién desvinculan ni bajo qué criterios. Es ajuste y gasto, nada más”.

El recorte también amenaza la continuidad de series históricas de datos: “Tenemos 120 estaciones distribuidas en todo el país, incluso en la Antártida. Si se interrumpe la medición, perdemos la historia y la estadística. No se puede discontinuar una serie que tiene más de 100 años”, sostuvo.

Sobre la supuesta sobredimensión de la planta y el atraso tecnológico, González Moringo respondió: “La planta óptima debería ser de 1.200. Hoy, con menos de mil, ya tuvimos que reducir horarios en algunas estaciones. Modernizar no es solo poner una máquina; una estación automática necesita al menos dos años de convivencia con la manual para garantizar la calidad de la serie. Además, ningún país del mundo tiene un servicio meteorológico privado: es una función estratégica del Estado”.

Respecto a la comparación con otros países, señaló: “Brasil, por ejemplo, tiene varias instituciones que cumplen funciones parciales y juntas no llegan a mil empleados. Pero el sistema argentino es integral y nuclea todo en una sola institución. Además, en muchas líneas científicas y tecnológicas somos referencia regional y en algunos casos mundial. Trabajamos con Japón, Suiza y otros países en proyectos de investigación. Tenemos supercomputadoras, corremos modelos numéricos de alta resolución y nuestras alertas sirven de modelo en la región”.

En cuanto a la diferencia entre los datos oficiales y las aplicaciones privadas, aclaró: “Muchas apps usan nuestros datos. Si no existiera el Servicio Meteorológico, ninguna app podría dar información precisa y los vuelos no podrían operar, porque el dato oficial es el único que acepta la ANAC y los seguros”.

Las meteorólogas concluyeron: “Discutir la modernización es válido, pero sin inversión es imposible. Hoy estamos en la mitad de lo que exigen los organismos internacionales en cantidad de estaciones. Para cubrir el país y sus climas, deberíamos tener el doble de observaciones. El ajuste no solo es injusto, es peligroso”.

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El Gobierno anunció que realizará un envío complementario de fondos a las empresas de colectivos que operan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) esta semana para saldar deudas pendientes. Al mismo tiempo, las autoridades y los representantes del sector acordaron programar un nuevo encuentro de trabajo dentro de los próximos 15 días, en el marco de la reestructuración del sistema de transporte y la búsqueda de soluciones para optimizar los servicios, como también normalizar los saldos que tiene la Nación, que aseguran ascienden a $ 95.000 millones.

Durante la reunión de este martes, encabezada por la Secretaría de Coordinación de Infraestructura y la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, los funcionarios presentaron un plan de acción orientado a establecer lineamientos concretos para reorganizar el sistema en el corto plazo. El objetivo principal consistió en mejorar el funcionamiento general del sistema y garantizar un nivel de servicio acorde a la demanda de los usuarios, pero sobre todo evitar un nuevo paro como el del jueves pasado con la reducción de las frecuencias.

Según comentaron fuentes de la Secretaría de Transporte de la Nación, las autoridades y las empresas analizaron variables técnicas y económicas que afectan la adecuada prestación de los servicios. Entre los puntos centrales, el Gobierno explicó que la transferencia de fondos permitirá contribuir a la regularización de las cuentas de las empresas y de las frecuencias de los servicios, un reclamo que las cámaras empresarias sostuvieron en las últimas semanas. La decisión de realizar el envío complementario de recursos busca responder a las dificultades financieras de las compañías, facilitar el pago de deudas pendientes y sostener la operación diaria.

Ante la consulta de Infobae a fuentes oficiales sobre cuál será el monto que Nación transfiera a las empresas de colectivos esta semana, no existió una respuesta al cierre de esta nota. Como tampoco la hay, hace días, sobre cuál es el monto total que el Gobierno tiene con las compañías. En el sector privado aseguran que la cifra ascendía a $ 100.000 millones por pago de subsidios de forma parcial durante el primer trimestre del año. Aunque en la previa de la reunión de este martes y de los anuncios, se realizó un envío de fondos por $ 5.000 millones.

“Las autoridades nacionales se comprometieron a cancelar una parte importante de la deuda de compensaciones (subsidios), con el pago de un saldo correspondiente al mes de febrero de 2026 durante el transcurso de la semana, lo que le permite a las empresas sostener las frecuencias en niveles mejores a los que hubo la semana pasada, pero lejos aún del ideal, debido al efecto imprevisto de la disparada del precio de gasoil“, destacaron en el comunicado de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (Aaeta). Y adelantaron que en conjunto están evaluando diferentes alternativas para evitar que la disparada del combustible afecte a las empresas y los usuarios.

Lo que fue reconocido por la Secretaria de Transporte cuando aseguraron que el encuentro sirvió para avanzar en propuestas destinadas a reducir costos operativos y transparentar los recorridos en función de la demanda real de los usuarios. Las autoridades señalaron la importancia de desarrollar herramientas que permitan optimizar el sistema, con foco en la eficiencia y la transparencia. El plan de acción contempla la implementación de medidas para mejorar la distribución de los servicios y ajustar las frecuencias de acuerdo a las necesidades detectadas en el AMBA.

“El sector no fija el precio de su actividad (lo hace el Estado). Por eso dejamos en claro, además, como hacemos siempre, que nunca pedimos, ni necesitamos subsidios, sino una tarifa de equilibrio que reconozca los costos reales de la actividad, y que sea el estado el que oriente los recursos en forma más eficiente al usuario”, concluyeron en el comunicado de Aaeta. En donde remarcan que el esquema de subsidios que se fijó es para un litro de combustible de $ 1.750 y no de $2.100 y $2.444 por litro como saltó tras el conflicto en Oriente Medio.

El diálogo entre el Estado y las cámaras empresarias del sector se formalizó en la creación de mesas técnicas de trabajo, cuyo objetivo es mantener un canal permanente de intercambio y negociación. Según el acuerdo alcanzado el jueves anterior, estas mesas buscan facilitar la identificación de soluciones conjuntas y el seguimiento de los compromisos asumidos por ambas partes. El próximo encuentro se va a llevar a cabo en el plazo de 15 días.

En la mesa de trabajo participaron el secretario coordinador de Infraestructura, Carlos Frugoni, el secretario de Transporte de la Nación, Fernando Herrmann, el subsecretario de Transporte Automotor, Fernando Cortés, y Mariano Plencovich. En representación del sector empresario, asistieron Luciano Fusaro y Oscar Álvarez por la Asociación Argentina de Empresas de Transporte Automotor (AAETA), Roberto Rodríguez de la Cámara de Transportistas del área Metropolitana de Buenos Aires (CTPBA), Daniel De Ingeniis de la Cámara Empresaria de Transporte Urbano de Buenos Aires (CETUBA), y Daniel Tenisci de la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP).

Tras varios días de servicios reducidos y complicaciones para los usuarios, el sistema de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) empieza a avanzar hacia una normalización gradual, aunque aún se mantienen algunas líneas en paro.

En términos generales, el conflicto se originó con el aumento del costo del combustible, que elevó los gastos operativos y llevó a las empresas a exigir mayores subsidios o un incremento en las tarifas, ante la imposibilidad de hacer frente, por ejemplo, al pago de salarios. No obstante, la tensión entre el Gobierno nacional y las compañías de colectivos es de larga data.

Por ahora, algunas líneas siguen afectadas por medidas de fuerza ante la falta de pago de salarios. Entre ellas se encuentran las líneas 333, 407, 437 y 707, operadas por la empresa Micro Ómnibus General San Martín (MOGSM), que continúan en paro. En el sector aseguran que se trata de una compañía “semi quebrada” que interrumpe el servicio todos los meses.

Para el resto de las líneas, habrá una mesa técnica —que se reunirá el martes— para analizar junto al Gobierno Nacional cómo afrontar el aumento del gasoil sin trasladarlo a la tarifa. Mientras tanto, las cámaras empresariales asumieron el compromiso de hacer todo lo posible para mejorar los servicios.

Por otra parte, este lunes, cinco cámaras empresarias mantendrán negociaciones con el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires. Las partes presentan posturas contrapuestas respecto de la situación financiera del sector, la gestión de los subsidios y los plazos necesarios para normalizar los pagos que garanticen tanto los salarios como la continuidad de los servicios. Desde la Provincia aseguran que no registran deudas con el sector, a excepción del compromiso correspondiente a abril, cuyo pago impacta hoy.

Según indicaron, por decisión del gobernador Axel Kicillof, el adelanto de subsidios se incrementó del 50% al 65%, con el objetivo de cubrir la masa salarial y evitar una profundización del conflicto.

En tanto, las empresas aguardan la acreditación de esos fondos, que corresponden a un saldo de $50.000 millones que debía liquidarse el viernes. Aunque desde la Provincia sostienen que la transferencia ya fue realizada, las compañías aún no han podido disponer del dinero en sus cuentas.

Fuentes de la gobernación señalaron que la situación podría resolverse durante la mañana del lunes, ya que las operaciones bancarias efectuadas fuera del horario hábil suelen acreditarse al día siguiente.

El principal problema para las empresas de transporte surgió del encarecimiento del combustible. Tras la escalada del conflicto en Oriente Medio, el precio del petróleo se disparó y, en la Argentina, los valores en el surtidor aumentaron alrededor de un 20%.

Dado que las empresas de colectivos del AMBA consumen más de un millón de litros de gasoil por día —lo que equivale a unos 411 millones de litros anuales considerando las jurisdicciones de CABA, provincial, municipal y nacional—, cualquier variación genera un impacto multiplicador inmediato.

Un informe de Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA) detalló que el sistema atraviesa un déficit crítico debido a la brecha entre el precio real de mercado del gasoil y el valor reconocido oficialmente en la estructura de costos.

Mientras las empresas abonan entre $2.100 y $2.444 por litro, el esquema estatal solo contempla $1.750. Esta diferencia, advierten, desfinancia a las compañías y reduce su capacidad para sostener la frecuencia y regularidad de los servicios. Desde AAETA advirtieron que el sistema pierde $370 millones diarios.

Para ilustrar la gravedad de la situación, se presentó el “Índice Bondi” de febrero de 2026, elaborado antes del aumento de combustibles.

De acuerdo con AAETA, el costo real de mantener el sistema ese mes fue de $387.270,60 millones, mientras que la Secretaría de Transporte reconoció $298.433,63 millones. Esto implica una diferencia de $88.836,97 millones mensuales, que impacta en la calidad del servicio, las frecuencias y la renovación de unidades.

La disputa entre el Gobierno y los empresarios de transporte automotor provocó una reducción en la frecuencia de líneas de colectivos el jueves en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que afectpi a miles de usuarios.

Este lunes, los representantes empresariales esperan tener respuestas del gobierno bonaerense, mientras aguardan una próxima reunión con la secretaria de Transporte de Nación. El reclamo principal apunta al aumento en el costo del combustible que modificó la estructura de costos. Ante este escenario, los empresarios exigen un incremento en los subsidios o una suba en la tarifa, lo que plantea un dilema para el equipo económico, ya que ambas alternativas implican un costo y debería decidirse por una.

La crisis del transporte público en el AMBA mantiene en vilo a miles de usuarios y a las empresas; estas últimas reclaman por deudas y una renegociación de los subsidios o las tarifas ante el aumento del combustible. En este contexto, este lunes, cinco cámaras mantendrán negociaciones con el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, mientras crece la expectativa por el accionar del Gobierno nacional. Las partes exponen argumentos contrapuestos sobre la situación financiera, la gestión de los subsidios y los plazos para normalizar los pagos que permitan garantizar el pago de salarios y la continuidad de los servicios.

Según informaron fuentes del Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires, el encuentro entre representantes de las cámaras empresarias y las autoridades será este lunes a las 12 del mediodía. En la provincia remarcan que no tienen deudas con el sector, salvo el compromiso correspondiente a abril, cuyo pago impacta este lunes. “Por decisión del gobernador, Axel Kicillof, el monto del adelanto del subsidio se incrementó del 50% al 65%, con la intención de cubrir la masa salarial y evitar un agravamiento del conflicto", comentaron en conversación con Infobae.

El sector empresario se encuentra a la expectativa de esa transferencia. Se trata de un saldo de $ 50.000 millones que debía liquidarse el viernes. Y si bien en la provincia aseguran que ya realizaron la transferencia, en las empresas no lograron acceder a los fondos en sus cuentas. Fuentes de la gobernación aseguraron a este medio que ya se realizó y anticipan que la situación podría resolverse en la mañana del lunes, ya que el sistema bancario traslada las operaciones efectuadas fuera de horario hábil al día siguiente.

El trasfondo

El problema para las empresas de transporte es el aumento del combustible. Tras el estallido del conflicto en Oriente Medio, el precio del petróleo se disparó y los precios en el surtidor aumentaron un 20% en la Argentina. Este salto en el precio del gasoil, denuncian en el sector privado, implica un cambio en la ecuación del negocio y por eso exigen mayores subsidios a la Secretaría de Transporte.

La Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA) publicó un comunicado en el que describió la situación como de “extrema gravedad financiera”. El documento detalló que el fuerte aumento del precio del gasoil y el atraso en el pago de compensaciones obligaron a las empresas a ajustar su operatividad. “La reducción de servicios de hoy no fue por una medida de fuerza gremial, sino una racionalización técnica forzada por la falta de recursos para cubrir las necesidades de gasoil”, expresaron desde la entidad.

El análisis de AAETA puntualizó las razones principales de la crisis. El sistema enfrenta un déficit crítico por la diferencia entre el precio real de mercado del gasoil y el valor reconocido oficialmente en la estructura de costos. Mientras las empresas pagan entre $2.100 y $2.444 por litro, el esquema de costos del Estado solo reconoce $ 1.750 por litro. Esta brecha, según remarcaron, desfinancia a las compañías y limita su capacidad para garantizar la frecuencia y regularidad de los servicios.

La cuestión está en que, tras el anuncio del alto al fuego por dos semanas del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el supuesto compromiso de Irán de liberar el estrecho de Ormuz, el precio del barril de Brent (que se toma de referencia en Argentina) tuvo una baja de entre 11% y 12% en las últimas jornadas y se ubica en torno a los USD 95. Aunque no logra volver a los niveles previos al conflicto (USD 70). A su vez, la semana pasada, la petrolera YPF comunicó que no va a llevar a cabo incrementos en los surtidores por 45 días para acompañar a los consumidores, una decisión que replicaron otras competidoras.

Pero el aumento del combustible agrava una situación de crisis preexistente. “El Gobierno tiene una deuda con las empresas de colectivos por enero, febrero y marzo. “Hay partidas que quedaron pendientes porque no tienen dinero, y cuando juntas todo, hay una bola de nieve de $150.000 millones entre Nación y provincia”, comentaron desde una de las cámaras, de la cual dos tercios son de Nación y el resto de Buenos Aires. De los cuales $ 50.000 millones son las transferencias que la provincia asegura que realizó el viernes y se van a efectuar este lunes.

Luego de la reunión con provincia, el martes, los empresarios volverán a reunirse con el Gobierno, esta vez en una mesa de trabajo. Sin embargo, en el sector privado marcan que el compromiso que tomaron algunos de ellos —al menos la mitad— de mantener la frecuencia de las líneas de colectivos no podrá extenderse por mucho tiempo más de no haber una solución.

Durante 90 minutos, el cafetero mostró lo mejor de su talento y con nueve atajadas impidió que el equipo liderado por Ángel Di María pudiera irse adelante en el marcador que terminó sin goles.

Gracias a su presentación Quintana fue elegido como la figura de la cancha y terminó con una calificación de 8.6 puntos en los principales medios especializados del continente.

En las redes sociales de Independiente del Valle reconocieron las atajadas del colombiano y realizaron varias publicaciones en las que lo llamaron “Kingtana”.

Quintana, en medio de un paro campesino

En la tarde del 10 de abril Quintana volvió a ser noticia en Colombia debido a que en redes sociales se hicieron virales videos en los que se observa que terminó padeciendo el paro nacional de camioneros que se desarrolla en la actualidad en Colombia.

Esto se debe a que el guardameta llegó al Aeropuerto Internacional Palonegro, que se encuentra ubicado al occidente de Bucaramanga, más específicamente en el municipio de Lebrija, Santander.

Aunque tiene partido ante Deportivo Cuenta el domingo 12 de abril, Quintana llegó a Colombia con permiso de su club para conocer a Nicolás, su primer hijo, que nació antes del compromiso registrado en Argentina.

Debido a los bloqueos que están haciendo campesinos en la región, Quintana tuvo que bajarse del vehículo que lo estaba llevando y terminó de hacer su recorrido en una motocicleta. Cabe recordar que Quintana jugó hasta febrero de 2026 en Atlético Bucaramanga, y cuando se confirmó su transferencia a Independiente del Valle, tomó la decisión de viajar solo a Ecuador debido a que su pareja estaba en la etapa final del embarazo.

En los videos expuestos en redes sociales se observa cómo los hinchas del Bucaramanga saludaron a Quintana, que es ídolo en la ciudad por haber sido importante en la obtención de la única estrella que tiene en su historia el equipo santandereano.

Debido a su rendimiento deportivo, algunos internautas han pedido al entrenador de la selección Colombia, Néstor Lorenzo, que tenga en cuenta a Quintana para participar en la Copa del Mundo que comienza en junio.

¿Por qué hay bloqueos en las carreteras de Colombia?

El paro nacional en Colombia comenzó por la inconformidad de organizaciones campesinas, gremios agropecuarios y veedurías ciudadanas frente a la actualización masiva de los avalúos catastrales, ordenada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac).

Esta actualización, sustentada en el artículo 49 del Plan Nacional de Desarrollo y formalizada en la Resolución 2057 del 30 de diciembre de 2025, ajustó los valores catastrales de los predios rurales en 527 municipios, equiparándolos al valor comercial de los inmuebles.

Como resultado, el impuesto predial aumentó de manera considerable para propietarios rurales y urbanos. En algunos casos, el incremento llegó al 9.000%. Los ciudadanos consideran que estos valores son insostenibles para la economía local y han denunciado que muchos no podrán pagar el nuevo impuesto.

Las principales exigencias de los manifestantes incluyen la derogatoria de la Resolución 2057, la suspensión de las actualizaciones catastrales, el cese de embargos y sanciones por no pagar el predial y una reforma estructural en la política catastral. Los bloqueos han afectado vías en al menos diez departamentos y han dejado incomunicados varios municipios, impactando la movilidad y el acceso a servicios básicos en varias zonas.

La reunión entre el Gobierno y las empresas de colectivo no terminó de la mejor manera. Aunque las autoridades nacionales se comprometieron a abrir un canal de diálogo para avanzar en un nuevo sistema de subsidios y así terminar con los recurrentes reclamos por más fondos, las compañías insisten en la exigencia del pago de la deuda y advierten que, si no se regulariza la situación, no podrán continuar operando y se agravarán las demoras.

En un marco de conflicto creciente entre las partes, funcionarios de la Secretaría de Transporte recibieron este jueves por la mañana a los representantes de las compañías que prestan servicio en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Luego del encuentro, las autoridades nacionales emitieron un comunicado en el que se anunció la creación de un ámbito de discusión, del que participarán todos los sectores involucrados, para avanzar en una reestructuración integral del esquema, que “presenta desequilibrios estructurales y demandas persistentes”.

“En este marco, se acordó la conformación de mesas de trabajo técnicas para establecer un canal permanente de diálogo entre el Estado y las cámaras empresarias”, precisó el Poder Ejecutivo.

La primera reunión de ese grupo se realizará el próximo martes por la mañana y la misma estará orientada en buscar “propuestas de reorganización del sistema y en las variantes de pago de las deudas pendientes”.

“Desde el Estado Nacional se expresó plena disposición a acompañar al sector en la implementación de soluciones que garanticen un servicio eficiente y de calidad para los usuarios, entendiendo el carácter estructural de la problemática”, señaló la Secretaría.

Si bien las empresas ya confirmaron que van a asistir a ese encuentro la semana que viene, la respuesta del Gobierno no las convenció y continúan pidiendo que sen pague la deuda acumulada que, según denuncian, llega a casi los 120 mil millones de pesos.

“Crearon una comisión, ¿para qué? Para nada. El martes, por supuesto, estaremos allí, pero en concreto, en la reunión de hoy había un punto central, que era la deuda. Ellos nos ofrecieron un bono, pero no tenemos novedades o respuestas concretas ni sobre esto ni respecto al otro planteo, que es el precio del combustible", cuestionó uno de los representantes de las compañías que participaron en la conversación de hoy.

Entre los asistentes estuvieron el secretario Coordinador de Infraestructura, Carlos Frugoni; el secretario de Transporte de la Nación, Fernando Herrmann; y el subsecretario de Transporte Automotor, Fernando Cortés. Por el sector empresario participaron Luciano Fusaro (AAETA), Luis Brusca Ferreira (CEUTUPBA), Roberto Rodríguez (CTPBA), Daniel De Ingeniis (CETUBA) y Daniel Tenisci (CEAP).

“No vemos un panorama realmente alentador en lo inmediato y, concretamente, con el tema de la racionalización del servicio, de mínima, si todo continúa como hasta ahora, seguirá habiendo un 40% menos de colectivos en la calle, y a medida que vayan pasando los días se va a ir profundizando. Esto no es una medida de fuerza, lo hacemos porque no podemos salir con más colectivo porque no tenemos posibilidades”, advirtieron desde las organizaciones privadas.

Durante el encuentro de este jueves, los funcionarios nacionales recordaron que “ayer se efectivizó, en tiempo y forma, el pago correspondiente al Régimen de Compensaciones Tarifarias del transporte público de jurisdicción nacional, equivalente al anticipo del 60% del mes de abril de 2026”.

En el plano tarifario, las autoridades destacaron que “desde enero, se implementaron actualizaciones correspondientes a los meses de febrero y marzo que acumulan un incremento del 41%”, con el objetivo de fortalecer la autonomía operativa de las empresas.

La coordinación de la mesa técnica estará a cargo de la Subsecretaría de Transporte Automotor y contará con la participación de autoridades nacionales y representantes de las cámaras empresarias, con el objetivo declarado de “consolidar un ámbito de trabajo continuo que permita avanzar en soluciones concretas”.

En medio de los reclamos por mayores subsidios, este jueves las empresas de colectivos llevaron a cabo una reducción de los servicios en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) como respuesta a la crisis financiera que atraviesa el sector. Una medida que afectó a decenas de líneas y a miles de usuarios con versiones cruzadas entre los empresarios, el sindicato y el Gobierno. Pero alertan de que la medida podría replicarse en los próximos días en los viajes de larga distancia.

El problema para las empresas de transporte es el aumento del combustible. Tras el estallido del conflicto en Oriente Medio, el precio del petróleo se disparó y los precios en el surtidor aumentaron un 20% en la Argentina. Este salto en el precio del gasoil, denuncian en el sector privado, implica un cambio en la ecuación del negocio y por eso exigen mayores subsidios a la Secretaría de Transporte.

La Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA) publicó un comunicado en el que describió la situación como de “extrema gravedad financiera”. El documento detalló que el fuerte aumento del precio del gasoil y el atraso en el pago de compensaciones obligaron a las empresas a ajustar su operatividad. “La reducción de servicios de hoy no fue por una medida de fuerza gremial, sino una racionalización técnica forzada por la falta de recursos para cubrir las necesidades de gasoil”, expresaron desde la entidad.

El análisis de AAETA puntualizó las razones principales de la crisis. El sistema enfrenta un déficit crítico por la diferencia entre el precio real de mercado del gasoil y el valor reconocido oficialmente en la estructura de costos. Mientras las empresas pagan entre $2.100 y $2.444 por litro, el esquema de costos del Estado solo reconoce $ 1.750 por litro. Esta brecha, según remarcaron, desfinancia a las compañías y limita su capacidad para garantizar la frecuencia y regularidad de los servicios.

La cuestión está en que tras el anuncio del alto al fuego por dos semanas del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump y el supuesto compromiso de Irán de liberar el estrecho de Ormuz, el precio del barril de Brent (que se toma de referencia en Argentina) tuvo una baja de entre 11% y 12% en las últimas jornadas y se ubica en torno a los USD 95. Aunque no logra volver a los niveles previos al conflicto (USD 70). A su vez, la semana pasada, la petrolera YPF comunicó que no va a llevar a cabo incrementos en los surtidores por 45 días para acompañar a los consumidores, una decisión que replicaron otras competidoras.

Pero el aumento del combustible agrava una situación de crisis preexistente. “El Gobierno tiene una deuda con las empresas de colectivos por enero, febrero y marzo. Hay partidas que quedaron pendientes porque no tienen dinero, y cuando juntas todo hay una bola de nieve de $ 150.000 millones entre Nación y provincia”, comentaron desde una de las cámaras, de la cual dos tercios son de Nación y el resto de Buenos Aires.

El rol de la UTA y el pago de subsidios

Pero las horas antes de que se llevara a cabo la reducción de los servicios de colectivo en el AMBA, fue la Unión de Traviarios Automotor (UTA) quien encendió las alertas sobre la posibilidad de que los choferes de colectivo hagan un paro de sus tareas ante la falta de pago de los salarios como consecuencia de que el Gobierno no le transfirió los subsidios a las empresas. Lo que formó parte de las versiones cruzadas.

“Informamos que, encontrándonos al cuarto día hábil del mes, sin haberse dado cumplimiento íntegro al pago de los salarios del mes de marzo en determinadas empresas del AMBA, se resuelve la retención de tareas a partir de las 00 horas del día 9 de abril del corriente, en aquellas empresas que no hayan cancelado la totalidad de los haberes, como medida de autotutela de los trabajadores representados”, sostuvo el gremio el miércoles por la tarea.

La UTA remarcó que los trabajadores buscan cobrar sus sueldos y defender los puestos de trabajo. Según el sindicato, los empresarios argumentaron que la falta de pago de subsidios nacionales y provinciales les impidió cumplir con sus obligaciones salariales. Esta situación, sumada a la reducción de servicios, profundizó el clima de tensión en el sector.

Pero la Secretaría de Transporte brindó su observación en diálogo con Infobae. Afirmaron que el Gobierno Nacional realizó el pago de los subsidios como corresponde habitualmente el cuarto día hábil, que fue ayer. La cuestión está en que con los feriados de Semana Santa (jueves y viernes) la fecha se corrió hasta el pasado miércoles 8 de abril.

Hoy Transporte informó que la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), se encuentra fiscalizando la prestación de los servicios de transporte urbano de pasajeros y hoy detectó una disminución en la cantidad de unidades de colectivos en circulación respecto de la jornada de ayer. ”Esta situación se verificó luego de que el Estado Nacional cumpliera con el pago de los subsidios correspondientes al cuarto día hábil del mes de abril, y pese al compromiso asumido por las empresas prestatarias de sostener y mejorar la frecuencia de los servicios", agregaron en el comunicado.

El contrapunto entre las declaraciones de los distintos actores dejó en evidencia la falta de consenso sobre las causas y la responsabilidad de la crisis. Mientras los empresarios pusieron el foco en la insuficiencia de los subsidios y el desfase en la actualización de los costos, el Gobierno defendió la regularidad de los pagos y la apertura al diálogo.

El conflicto también puso en debate la sostenibilidad del actual esquema de subsidios al transporte público. Los empresarios reclamaron una actualización que contemple los precios de mercado y permita cubrir los costos operativos. Desde el Gobierno, en cambio, insisten en que los fondos se transfieren en tiempo y forma, y en la necesidad de mantener canales de diálogo.

Ante la consulta de Infobae a fuentes de la Secretaría de Transporte, no pudieron dar precisiones sobre el monto que se transfiere a las empresas de colectivos que operan en el AMBA en concepto de subsidios. “Es una torta gigante”, afirmaron y que no van a dar a conocer los datos. Según el Presupuesto Abierto, para 2026, la Secretaría de Transporte, tiene a disposición $3,8 billones, de los cuales a la fecha hizo uso de $672.176,47 millones.

Próximo conflicto

La situación generó un fuerte impacto entre los usuarios, que afrontaron demoras y complicaciones para trasladarse en una de las zonas urbanas más pobladas del país. Pero la preocupación no se limitó al presente inmediato: tras la reunión de este jueves no hubo acuerdo y no se sabe cómo va a continuar la frecuencia en los próximos días. Las conversaciones entre el Gobierno y las empresas continuarán el próximo martes en una mesa de trabajo, pero antes se reunirán con las autoridades de la provincia el lunes.

A su vez, una fuente del sector, adelantó a Infobae, un nuevo frente de conflicto en el transporte de larga distancia. “Ahora viene el problema de larga distancia, que quiere bajar un monto de rutas, servicios a Mar del Plata, Córdoba, que van vacíos. Un relevamiento expuso que a los empresarios no les cierra el número del negocio”, afirmó el interlocutor. Este dato plantea un escenario de incertidumbre para el futuro del transporte interurbano.

El sector del transporte atraviesa una coyuntura de alta conflictividad, con demandas cruzadas y un escenario de incertidumbre sobre la evolución de los subsidios y la actualización de los costos. El desenlace de la negociación en la Secretaría de Transporte marcará el rumbo de las próximas semanas, en las que todos los actores buscarán imponer su posición en el debate público.

En medio del conflicto por la reducción de la frecuencia de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), ante el reclamo de mayores subsidios, las autoridades de la Secretaría de Coordinación de Infraestructura y de la Secretaría de Transporte mantuvieron un encuentro este jueves con representantes de las empresas, pero no llegaron a un acuerdo y las reuniones seguirán el próximo martes en una mesa de trabajo. Con dudas sobre cómo continuará la frecuencia de los colectivos.

“Durante la reunión, las autoridades nacionales propusieron avanzar en una reestructuración integral del sistema, que presenta desequilibrios estructurales y demandas persistentes, con el fin de mejorar su eficiencia y sustentabilidad. En este marco, se acordó la conformación de mesas de trabajo técnicas para establecer un canal permanente de diálogo entre el Estado y las cámaras empresarias”, destacaron en el comunicado de la Secretaría de Transporte.

Del encuentro participaron el secretario Coordinador de Infraestructura, Carlos Frugoni; el secretario de Transporte de la Nación, Fernando Herrmann; y el subsecretario de Transporte Automotor, Fernando Cortés. Mientras que del sector empresario asistieron Luciano Fusaro (AAETA), Luis Brusca Ferreira (CEUTUPBA), Roberto Rodríguez (CTPBA), Daniel De Ingeniis (CETUBA) y Daniel Tenisci (CEAP).

La reducción de la circulación de las líneas de colectivo se da como una respuesta de las empresas ante el aumento del combustible tras el estallido del conflcito en Oriente Medio. “El sistema enfrenta un déficit crítico de costos de gasoil debido a la brecha entre el precio real de mercado y el valor reconocido en la estructura de costo definida con precios de enero de 2026. Mientras que las empresas deben adquirir el combustible a valores que oscilan entre los $2.100 y los $2.444 por litro, la estructura de costos oficial solo reconoce $1.750 por litro”, comentaron en un comunicado de la Asociación Argentina de Empresas de Transporte Automotor (AAETA).

Con independencia de estos nuevos reclamos por parte de las empresas, en la Secretaría de Transporte se esmeraron por remarcar que ayer se efectivizó, en tiempo y forma, el pago correspondiente al Régimen de Compensaciones Tarifarias del transporte público de jurisdicción nacional, equivalente al anticipo del 60% del mes de abril de 2026.

Es que el miércoles por la noche fue la Unión de Tranviarios Automotor (UTA) la que encendió la alerta sobre la posibilidad de que los choferes de colectivo hagan un paro de sus tareas ante la falta de pago de los salarios como consecuencia de que el Gobierno no le transfirió los subsidios a las empresas. “Informamos que, encontrándonos al cuarto día hábil del mes, sin haberse dado cumplimiento íntegro al pago de los salarios del mes de marzo en determinadas empresas del AMBA, se resuelve la retención de tareas a partir de las 00 horas del día 9 de abril del corriente, en aquellas empresas que no hayan cancelado la totalidad de los haberes, como medida de autotutela de los trabajadores representados”, sostuvieron.

A su vez, en el comunicado de la Secretaría de Transporte comentaron que durante la reunión se analizaron alternativas para la regularización de saldos pendientes. Pese a que desde la asunción de las nuevas autoridades, en enero, se implementaron actualizaciones correspondientes a los meses de febrero y marzo que acumulan un incremento del 41%, con el objetivo de fortalecer la autonomía operativa de las empresas.

Próxima reunión

La próxima reunión entre las autoridades de Transporte y las empresas de colectivos del AMBA se realizará el martes que viene por la mañana; habrá una mesa técnica orientada a trabajar en propuestas de reorganización del sistema y en las variantes de pago de las deudas pendientes. “Desde el Estado Nacional se expresó plena disposición a acompañar al sector en la implementación de soluciones que garanticen un servicio eficiente y de calidad para los usuarios, entendiendo el carácter estructural de la problemática”, destacaron en el comunicado.

La mesa será coordinada por la Subsecretaría de Transporte Automotor y contará con la participación de autoridades nacionales y representantes de las cámaras empresarias, con el objetivo de consolidar un ámbito de trabajo continuo que permita avanzar en soluciones concretas. La cuestión está en que el Gobierno enfrenta un dilema para resolver el conflicto: si les otorga más subsidios a las empresas de colectivos, como reclaman, implicaría un mayor gasto público. Mientras que si le permite aumentar el boleto de colectivo, impacta sobre la inflación, que en febrero se ubicó en 2,9% y viene con una tendencia de aceleración desde julio del 2025.

En pleno inicio de la cosecha gruesa, cuando el flujo de camiones hacia los puertos alcanza su pico, transportistas autoconvocados mantienen bloqueados más de 20 accesos en Bahía Blanca y Necochea. La medida ya paraliza la descarga de granos y amenaza con frenar exportaciones en un momento clave para el ingreso de divisas.

El conflicto está motivado por el reclamo de un aumento tarifario ante la escalada de costos operativos, especialmente del combustible.

Según informaron la Cámara de Puertos Privados Comerciales, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro de Exportadores de Cereales, las tensiones, que comenzaron el pasado lunes, ya ocasionan pérdidas millonarias y podrían comprometer la llegada de divisas al país.

De acuerdo con entidades empresariales, cada buque detenido representa un sobrecosto de USD 50.000 diarios para el sector exportador, monto que agrava la competitividad argentina y recae también sobre los productores. A su vez, los granos que no pueden ingresar a puerto quedan almacenados en silobolsas, lo cual implica un gasto adicional de USD 5 por tonelada.

Más allá del incremento de costos, esta obstaculización logística impide también cumplir contratos internacionales y pone en riesgo la reputación de la Argentina como proveedor confiable en los mercados globales, una preocupación reiterada por la industria aceitera y el centro de exportadores.

El desencadenante del conflicto es el aumento sostenido del gasoil, que según el índice de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeaac) marcó una suba del 24,7% solo en marzo de 2026, con una acumulación interanual del 48 por ciento.

Este incremento impulsó los costos generales del transporte de carga un 10,15% en el mismo mes, ya que el combustible representa cerca del 35% de la estructura de costos operativos del transporte y el litro de gasoil superó los $2100 en la mayoría de las plazas del país.

A este aumento se suman, además, los incrementos en neumáticos, repuestos y mantenimiento, situando los costos por encima de la inflación acumulada hasta el momento (5,9% hasta febrero) y motivando el reclamo de los transportistas, quienes exigen que las tarifas reflejen los gastos reales de la actividad.

El esquema tarifario vigente contempla diferencias según trayecto y tipo de operación: para viajes cortos de 100 kilómetros la referencia es $25.389 por tonelada, mientras que un recorrido de 500 kilómetros supera los $77.700 y trayectos largos de 1.500 kilómetros llegan a $148.417 por tonelada. Además, la estadía —que impacta cuando hay demoras en carga o descarga— se estipula en $223.180 por día. Estos valores, difundidos por las federaciones de transportistas, son orientativos, ya que la negociación con acopiadores es libre y estacional.

La mesa de negociación mediante la que se limaban este tipo de asperezas dentro del campo se trasladó desde el Ministerio de Transporte a instancias provinciales, pero se fracturó ante la falta de acuerdo sobre el incremento tarifario. Los transportistas reclamaron una suba del 15%, mientras que los acopiadores ofrecieron un 10%, según confirmaron a Infobae fuentes con conocimiento de las negociaciones. Ante la imposibilidad de conciliación, los bloqueos y retenes se multiplicaron en las principales rutas hacia los puertos.

Es por eso que las cámaras empresariales advirtieron que los persistentes cortes derivan en “retrasos de embarque, incumplimientos de contratos con el exterior e imposibilidad en el ingreso de divisas al país”. En los puertos de Bahía Blanca y Necochea, ocho muelles permanecen paralizados y los barcos comienzan a acumularse, con el riesgo de que la fila siga creciendo mientras el conflicto persista.

Los transportistas en protesta, no afiliados al sindicato de Camioneros sino organizados en federaciones y como monotributistas, argumentan que las actuales tarifas resultan insuficientes para cubrir los gastos. Uno de los manifestantes resumió el reclamo: “Con las tarifas que tenemos, perdemos plata”.

Cosecha récord y dólares en juego en medio del conflicto

El conflicto se da en un momento especialmente sensible para la economía argentina. Con el inicio de la cosecha gruesa, el campo proyecta una campaña con volúmenes récord y un fuerte ingreso de divisas en los próximos meses. Según estimaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario, la producción total de granos alcanzaría las 158 millones de toneladas, un 14% más que en el ciclo anterior, con exportaciones que podrían superar los 113 millones de toneladas.

En ese contexto, el sector agroindustrial prevé una liquidación de USD 34.530 millones en 2026, un nivel similar al del año pasado pese al salto productivo. La paradoja responde a distintos factores que moderan el ingreso de divisas. Entre ellos, el aumento de los costos logísticos a nivel global, que se dispararon entre 40% y 50% en medio de las tensiones en Medio Oriente, y que impactan directamente sobre el precio final que reciben los exportadores.

A nivel local, además, el factor geográfico agrega presión. La distancia respecto de los principales mercados consumidores —ubicados mayormente en el hemisferio norte— encarece los fletes y reduce la competitividad de los granos argentinos. En ese escenario, los bloqueos en los accesos a los puertos suman un nuevo factor de riesgo, ya que amenazan con demorar embarques y frenar el ingreso de divisas justo cuando la cosecha empieza a volcarse al circuito exportador.

El aumento de costos y el atraso en el pago de subsidios podría derivar en un freno en el servicio de colectivos este miércoles y afectar a miles de pasajeros, según comunicó Marcelo Pasciuto, director de la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (CETUBA).

Pasciuto indicó que, debido al incremento del precio del combustible, en el marco del conflicto en Medio oriente, y a la falta de transferencia del “monto del 60% de subsidio que se giran los primeros días”, la situación resulta insostenible.

Añadió que el retraso en los pagos provoca que numerosas empresas no dispongan del dinero suficiente para abonar los salarios al cuarto día hábil.

En diálogo con Futurock, afirmó: “Que mañana funcione el transporte depende de que entreguen gasoil, que los bancos otorguen descubierto y que el sindicato acompañe; si no, no sé qué empresa va a trabajar”.

Comentó también a TN que habían notificado a las autoridades de transporte sobre la problemática hace 15 días, utilizando una carta documento y una nota formal. Según explicó, no obtuvieron respuesta ni señales de interés para concretar una reunión o iniciar un espacio de diálogo.

En una entrevista con Infobae en Vivo, Luciano Fusaro, presidente de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), describió una situación que consideró “muy delicada” y afirmó que no cuentan con los recursos necesarios para poner en circulación todas las unidades.

Coincidió en que el aumento abrupto del precio del gasoil, junto con el atraso en la actualización de tarifas y subsidios estatales, compromete la frecuencia del servicio y la continuidad de las empresas.

“Durante el mes de marzo se disparó fuertemente el precio del gasoil”, afirmó Fusaro. Explicó que el combustible constituye el 20% de los costos de una empresa de colectivos y que el incremento superó todas las previsiones: “Cuando el Estado hizo la cuenta, el gasoil estaba a $1.700 y está a $2.100”.

Fusaro explicó que los ingresos de las empresas dependen de la regulación estatal y de los subsidios. Señaló que el cálculo oficial de tarifas y subsidios quedó desactualizado frente al aumento de los costos y advirtió que, sin una actualización, las empresas no cuentan con recursos para afrontar la situación.

Ya la semana pasada varias empresas de transporte urbano del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) anunciaron que a partir del miércoles 1 de abril reducirían la frecuencia de los colectivos en jurisdicción nacional y provincial.

Así lo comunicaron la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (C.T.P.B.A.), la Cámara Empresarios Unidos del Transporte Urbano de la Provincia de Buenos Aires (C.E.U.T.U.P.B.A), la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (C.E.A.P.) y la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (C.E.T.U.B.A.).

Las cámaras empresarias advirtieron que el aumento reciente del precio del gasoil dificulta la continuidad del servicio en sus condiciones habituales.

En el comunicado conjunto, señalaron que la medida surge ante “la imposibilidad de sostener los niveles habituales de prestación en el actual contexto, con los ingresos actuales”. También advirtieron que la operación del sistema “se encuentra en serio riesgo”.

Las entidades pidieron disculpas a los usuarios por los inconvenientes, solicitaron “comprensión” y reiteraron el reclamo a las autoridades para que adopten medidas que permitan recuperar la normalidad.

La reducción de frecuencias no alcanza a las empresas Dota ni Metropol. Las cámaras firmantes agrupan a una proporción significativa de las unidades que circulan por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires y el Gran La Plata. El ajuste en las frecuencias afectará especialmente los horarios pico.

Fuentes del Gobierno consultadas por Infobae calificaron el anuncio como “sorpresivo” y señalaron que fue comunicado mediante una carta documento “informal”. Explicaron que el diálogo con las cámaras empresarias “siempre está abierto”, pero consideraron que la decisión de reducir los servicios resultó repentina y sin previo aviso. Apuntaron también que el sector recibió una autorización para aumentar las tarifas hace apenas dos meses.

“No avisaron qué líneas frenan, parece una jugada estratégica para negociar, pero no se puede actualizar los precios del combustible de esta forma. Si no prestan servicio se los va a sancionar”, advirtieron tras el comunicado.

Por medio de un comunicado, la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) expresó un enérgico rechazo a presuntos hechos de represión violenta ocurridos en el estado de Tlaxcala contra miembros de dicha organización, quienes, se asegura, se encontraban ejerciendo de manera legítima su derecho constitucional a la libre manifestación.

En su comunicado, al ANTAC responsabiliza de manera directa al gobierno del estado de Tlaxcala por un ataque artero y desmedido, perpetrado contra ciudadanos, que de manera pacífica mantenían una movilización en defensa de sus derechos.

Se señaló que lo ocurrido no se podía minimizar ni justificar bajo ninguna circunstancia, y denunciaron que sus compañeros fueron agredidos con armas de fuego, golpeados y, además, varios de ellos se encuentran desaparecidos, lo cual constituye una violación flagrante a los derechos humanos y a las garantías individuales consagradas en la Constitución de México.

Esos actos, se señaló en el comunicado, no solo representan un abuso de autoridad, sino que evidencian un preocupante uso de la fuerza pública para silenciar la legítima protesta social.

“La criminalización de la lucha transportista y campesina y el uso de la violencia institucional son inaceptables en un Estado que se dice democrático”.

Se exigió que, de manera inmediata:

- Se presentara con vida a todos los compañeros desaparecidos.

- El cese inmediato de la represión contra el movimiento campesino y transportista.

- Una investigación exhaustiva, imparcial y transparente que sancione a los responsables materiales e intelectuales de los hechos.

- Garantías reales para el ejercicio libre de manifestación y la protesta social.

Se advirtió que los actos no quedarán impunes ni en el olvido, y se señaló que la unidad del gremio campesino y transportista a nivel nacional se mantendrá firme y en pie de lucha ante cualquier intento de intimidación o represión.

“Hoy más que nunca, alzamos la voz con dignidad y exigimos justicia”, se concluyó.

Además, por medio de un video, se responsabilizó Lorena Cuéllar Cisneros, gobernadora del estado, por el ataque que sufrieron los compañeros de la organización y por la desaparición de varios de ellos. Se acusó que se les atacó con gas lacrimógeno, y se dijo que los actos contra los miembros de la ANTAC, no se tolararán.

Además, se pidió la destitución de la gobernadora de Tlaxcala. También se responsabilizó al gobierno federal, nombrando directamente a Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México.

La prestación por desempleo en 2026 sigue una regla básica que muchos trabajadores desconocen en detalle: no se cobra siempre lo mismo. Durante los primeros seis meses, el paro equivale al 70% de la base reguladora, pero a partir del séptimo mes baja al 60%, lo que supone una reducción importante de ingresos.

La base reguladora es la clave para entender cuánto se cobra realmente. Se calcula a partir del promedio de las bases de cotización de los últimos 180 días trabajados. Sobre esa cantidad se aplican los porcentajes correspondientes, determinando así la cuantía bruta de la prestación.

Sin embargo, esta cifra no es libre: existen límites máximos y mínimos que condicionan lo que finalmente recibe cada beneficiario, independientemente de lo que haya cotizado, señalan los expertos de BBVA.

Topes máximos: el techo del paro en 2026

En 2026, la prestación por desempleo tiene un límite máximo que depende de si el trabajador tiene hijos a cargo. Estos topes están vinculados al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), fijado este año en 600 euros mensuales.

Así, una persona sin hijos no podrá cobrar más de 1.225 euros al mes. Si tiene un hijo a cargo, el máximo asciende a 1.400 euros, mientras que con dos o más hijos el límite alcanza los 1.575 euros mensuales.

Esto significa que, aunque un trabajador tenga una base reguladora elevada, nunca podrá superar estas cantidades. Es un factor clave que reduce la prestación en salarios medios y altos.

Cuantías mínimas

En el lado opuesto, también existen cantidades mínimas garantizadas. En 2026, una persona sin hijos cobrará al menos 560 euros mensuales, mientras que quienes tengan hijos a cargo percibirán un mínimo de 749 euros.

Estos mínimos buscan proteger a los trabajadores con bases de cotización más bajas, garantizando un ingreso básico durante la situación de desempleo. Aun así, en un contexto de inflación y encarecimiento del coste de vida, estas cuantías siguen siendo ajustadas para muchos hogares.

¿Cuánto se cobra realmente en neto?

La cifra que recibe el trabajador no es la bruta, sino la neta, y aquí entran en juego varios descuentos. Por un lado, se aplica una cotización a la Seguridad Social del 4,7% sobre la base reguladora.

Por otro, también puede aplicarse retención de IRPF, ya que la prestación por desempleo se considera rendimiento del trabajo. Esto reduce aún más el dinero final que llega al bolsillo.

No obstante, desde 2026 se ha eliminado la obligación general de presentar la declaración de la renta para todos los perceptores del paro, aunque sí deberán hacerlo quienes superen determinados ingresos.

Duración de la prestación

Otro aspecto clave es la duración de la prestación. Esta depende del tiempo cotizado previamente y puede alcanzar un máximo de 720 días, es decir, dos años.

Por ejemplo, con 360 días cotizados se tiene derecho a 120 días de prestación, mientras que para cobrar el máximo es necesario haber cotizado al menos 2.160 días. Este sistema escalonado determina tanto el tiempo como la cuantía total que percibirá el trabajador durante su situación de desempleo, señalan fuentes de BBVA.

Cuando se agota la prestación contributiva, entra en juego el subsidio por desempleo. En 2026, este asciende a 570 euros mensuales durante los primeros seis meses.

Además, desde 2025 es posible compatibilizar el cobro del paro con un empleo durante un máximo de 180 días, a través del denominado complemento de apoyo al empleo. Eso sí, para acogerse a esta opción, el salario no puede superar el 225% del IPREM, lo que equivale a unos 1.350 euros mensuales.

Estas cifras revelan que el paro en 2026 mantiene su estructura tradicional, pero con importantes matices que afectan directamente a lo que cobran los trabajadores.

Entre porcentajes decrecientes, topes y deducciones, la cantidad final puede ser muy distinta de la esperada, lo que hace imprescindible conocer bien las reglas antes de calcular la prestación.

El sindicato de trabajadores de Ecopetrol dejó abierta la posibilidad de convocar a un paro, aunque aclaró que cualquier decisión se tomará de manera autónoma y sin un calendario definido, en medio de la incertidumbre por la continuidad de Ricardo Roa al frente de la compañía.

Así lo expresó el presidente de la Unión Sindical Obrera (USO), Martín Ravelo, en una entrevista radial, en la que explicó que, hasta el momento, la junta directiva de la empresa aún se encuentra evaluando la situación del actual presidente y no ha adoptado una determinación definitiva.

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En ese contexto, el dirigente sindical señaló que la organización mantiene una exigencia clara, y es que la decisión que se tome priorice la estabilidad de la compañía. Según indicó, el tema va más allá de un cambio de nombre en la presidencia y se relaciona con los efectos que la coyuntura puede tener sobre el funcionamiento de la empresa.

Ravelo advirtió en Caracol Radio que la petrolera enfrenta un deterioro en su imagen que, de profundizarse, podría traducirse en consecuencias económicas. Explicó que ese riesgo no es abstracto, sino que está ligado a factores concretos, como la posibilidad de que autoridades de Estados Unidos intervengan en investigaciones relacionadas con la empresa.

El punto es relevante porque Ecopetrol tiene presencia en mercados internacionales y cotiza en la Bolsa de Nueva York, lo que la expone a regulaciones externas. En términos simples, esto significa que cualquier cuestionamiento que afecte su reputación puede tener efectos directos sobre su valor, su acceso a financiamiento y la confianza de inversionistas.

Frente a ese escenario, el presidente de la USO insistió en que la junta directiva debe actuar con independencia y cumplir con su responsabilidad frente al país. En sus palabras, pidió que se deje de lado cualquier consideración política o ideológica al momento de tomar decisiones.

En cuanto a las acciones del sindicato, Ravelo explicó que la organización ya adelanta una estrategia de movilización que incluye llevar el debate a espacios públicos. Sin embargo, subrayó que no existe una fecha definida para una eventual suspensión de actividades.

“Es el sindicato el que define cuándo desarrolla su agenda de movilización”, afirmó, al recalcar que las decisiones se adoptan con base en la voluntad de los trabajadores.

La posibilidad de un paro ha estado sobre la mesa en medio de versiones sobre la continuidad de Ricardo Roa, que ha generado divisiones incluso dentro de la junta directiva. Durante la entrevista se mencionó que, aunque existe al menos una postura que pide su salida, la mayoría se ha inclinado por mantenerlo en el cargo.

Ante ese panorama, el sindicato anunció que llevará nuevamente su posición a la asamblea de accionistas, en la que insistirá en la necesidad de adoptar decisiones que reduzcan los riesgos que enfrenta la empresa.

Ravelo también señaló que la organización radicó formalmente su solicitud ante la junta en una sesión reciente realizada en Bogotá, lo que muestra que el sindicato ha optado por canales institucionales para plantear sus preocupaciones.

En paralelo, la USO continuará denunciando lo que considera efectos negativos sobre la imagen de la compañía y sus posibles impactos financieros. Según explicó, si esos riesgos llegan a concretarse, podrían afectar la estabilidad de la empresa.

Aunque no hay una fecha concreta para un paro, el mensaje del sindicato es que la movilización sigue vigente. Las protestas, de acuerdo con el dirigente, se desarrollarán bajo criterios de autonomía e independencia, lo que implica que no responden a presiones externas ni a decisiones anticipadas.

De esta manera, el escenario queda abierto. Mientras la junta directiva avanza en su análisis, los trabajadores mantienen la posibilidad de intensificar sus acciones, pero sin un cronograma definido y a la espera de lo que ocurra en los próximos días.

Los choferes de Bolivia realizan este miércoles un masivo paro en La Paz en reclamo por la supuesta demora en el pago de un seguro de resarcimiento de daños mecánicos atribuibles a la calidad de la gasolina. Los conductores anunciaron al menos 44 puntos de bloqueo, aunque los medios locales reportan más.

En medio de las protestas, el presidente de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Yussef Alky, pidió a los dirigentes “reflexionar” sobre la radicalidad de la medida y afirmó que a partir de hoy iniciarán los pagos de compensación.

“Ya se están gestionando los pagos; desde mañana (miércoles) se empiezan a hacer los pagos en ventanillas para los que hubieran hecho su reporte”, afirmó el funcionario y agregó que se destinarán 2,5 millones de bolivianos (unos 360 mil dólares) para el pago de esta jornada.

Este conflicto surge luego de varias denuncias por fallas en los motores y bajo rendimiento de los vehículos, debido a la distribución de gasolina de mala calidad. En una conferencia de prensa realizada en febrero, Alky admitió que se identificaron residuos de goma y manganeso en los tanques de almacenamiento, heredados de la anterior gestión, lo que habría contaminado la gasolina.

Según una estimación del Colegio de Ingenieros Mecánicos realizada a mediados de febrero, cerca del 60% de los vehículos que estaban en talleres presentaban fallas atribuibles a la gasolina.

En medio de crecientes reclamos, el Gobierno se comprometió a resarcir los daños a través del Sistema de Registro y Evaluación de Contingencias (SREC) y se dispuso que la compensación se haría con base en el nivel de daño. A través de un comunicado, YPFB informó que hasta ayer se habían pagado 1,5 millones de bolivianos (más de 214.000 dólares) en compensaciones a “más de mil” usuarios afectados por la gasolina “desestabilizada” y que este proceso continuaría en abril.

En paralelo a la creación del seguro, se implementaron aditivos especiales y detergentes para reforzar el combustible —lo que provocó algunas demoras en los despachos— y la militarización de las plantas de refinería en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz con el objetivo de tener mayor control en la cadena de distribución luego de que el presidente Rodrigo Paz denunciara un plan de “sabotaje” en la estatal petrolera que nunca explicó técnicamente.

El Gobierno retiró en diciembre el subsidio a los combustibles que estuvo en vigencia en las últimas décadas y puso fin a los problemas de abastecimiento, tras dos años de irregularidades que provocaron filas interminables en las estaciones de servicio y perjuicios para sectores estratégicos como la agroindustria. De igual forma, se eliminó el contrabando de gasolina y diésel baratos a países vecinos.

A pesar de estos avances, en enero surgió un nuevo conflicto a raíz de los cuestionamientos sobre la calidad del combustible distribuido: los bolivianos pasaron de la escasez a la incertidumbre sobre su confiabilidad.

En ese contexto, la protesta de los choferes ha ido subiendo de tono y algunos dirigentes exigen la renuncia del presidente de YPFB y del ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, por el supuesto “incumplimiento” en los desembolsos del resarcimiento.

En una jornada caótica por el paro de transporte en La Paz, se dispuso tolerancia en el horario de trabajo y el ingreso escolar, además de la ampliación del funcionamiento del teleférico.

En distintos puntos de la carretera, especialmente en sectores estratégicos como Rumichaca, los manifestantes continúan restringiendo el tránsito, mientras la PNP interviene en algunos tramos para intentar liberar la vía. Sin embargo, la medida de fuerza refleja un quiebre entre la población y las autoridades: los transportistas y ciudadanos exigen soluciones concretas, plazos definidos y la presencia directa de representantes del Ejecutivo en la zona.

Bloqueos en la vía Los Libertadores persisten pese a intervención y maquinaria

El segundo día del paro en Ayacucho se desarrolla con bloqueos sostenidos en la vía Los Libertadores, una de las rutas más importantes del sur del país. El punto más crítico se ubica en el puente Rumichaca, donde transportistas, dirigentes y pobladores han instalado piquetes que impiden el paso de vehículos interprovinciales y de carga.

Las demandas se mantienen claras: la presencia del ministro de Transportes y Comunicaciones, la instalación de una mesa de diálogo en la región y un cronograma concreto para el asfaltado definitivo de la carretera. Además, exigen la aprobación del expediente técnico del tramo Huancavelica–Santa Inés, la asignación de presupuesto y el avance de obras pendientes.

En paralelo, el Gobierno Regional de Ayacucho, liderado por Wilfredo Oscorima, anunció el envío de maquinaria pesada para ejecutar trabajos de mantenimiento en su jurisdicción. Según el gerente general, Eduardo Huacoto, estas labores se desarrollarán en diez frentes y tendrían un plazo estimado de 80 días. No obstante, estas acciones no han logrado desactivar la protesta.

Durante la jornada también se registraron hechos que reflejan la tensión social. Comerciantes del mercado Nery García Zárate organizaron una olla común en respaldo a los manifestantes, mientras que se reportó que un mototaxista fue castigado por continuar trabajando en medio del paro. Estos episodios evidencian el alto nivel de acatamiento y la presión social existente en la región.

A esto se suma la percepción generalizada de abandono. Los transportistas han calificado la carretera como una “carretera de la muerte”, debido a los constantes accidentes, huecos profundos y tramos colapsados que ponen en riesgo a conductores, pasajeros y turistas que utilizan esta vía clave para conectar Ayacucho con la costa y otras regiones.

Protesta escala y advierten bloqueo total sin diálogo con el Gobierno

El conflicto ha entrado en una fase más crítica. Dirigentes de transportistas de carga pesada, encabezados por Edwin Canales, advirtieron que, de no instalarse una mesa de diálogo en Rumichaca, se procederá con el bloqueo total de la vía Los Libertadores, lo que impediría completamente el ingreso y salida de vehículos.

Uno de los principales puntos de discordia es el lugar donde debería realizarse el diálogo. Mientras algunas autoridades proponen reuniones en otras zonas como Vinchos, los manifestantes de Huancavelica y Ayacucho insisten en que el encuentro debe desarrollarse en su jurisdicción, como una señal de compromiso real del Ejecutivo.

La falta de consenso ha generado un entrampamiento que mantiene activa la protesta. En ese contexto, los dirigentes evalúan trasladar la medida fuera de la ciudad y concentrarla completamente en el corredor vial, lo que incrementaría el impacto de la paralización.

El posible cierre total de esta ruta estratégica genera preocupación no solo en el sector transporte, sino también en la población en general. Especialistas advierten que la interrupción prolongada podría afectar el abastecimiento de productos, generar retrasos en el transporte de mercancías y provocar eventuales incrementos de precios en mercados locales.

Mientras tanto, la presencia de la Policía Nacional del Perú continúa en distintos puntos de la vía, intentando restablecer el tránsito en medio de los bloqueos. Sin embargo, la medida de fuerza se sostiene con firmeza, impulsada por una ciudadanía que exige soluciones inmediatas tras años de promesas incumplidas.

En cualquier empresa, los conflictos relacionados con el pago de salarios pueden causar malestar entre los empleados. Aunque la normativa española establece un marco claro de garantías para los trabajadores, en la práctica siguen produciéndose situaciones de retrasos e impagos que obligan a recurrir a mecanismos legales para exigir compensación. En concreto, cuando un trabajador acumula tres nóminas impagadas, el escenario cambia radicalmente. Ignacio de la Calzada, abogado, lo expresa con contundencia en un video publicado en su perfil de TikTok (@laboral_tips): “Te deben tres nóminas: vete con indemnización y al paro”.

El artículo 29 del Estatuto de los Trabajadores establece la obligación empresarial de abonar el salario de forma puntual y en la fecha convenida, sin que puedan alegarse dificultades económicas como justificación del incumplimiento. “No es legal deberte nada”, recalca de la Calzada.

Si la deuda se limita a una nómina, la empresa queda obligada a pagar un interés del 10% anual sobre la cantidad adeudada, tal como recoge la normativa. “Si te deben cinco días no te van a pagar un 10%, sino que ese 10% tienes que calcularlo en 365 días”, aclara el especialista. Este interés opera automáticamente, sin necesidad de pacto previo, como mecanismo de compensación por el retraso.

Qué pasa cuando se acumulan los impagos

Sin embargo, el verdadero punto de inflexión jurídico no está tanto en un impago puntual como en la reiteración o persistencia del incumplimiento. La jurisprudencia del Tribunal Supremo establece que la acumulación de impagos o los retrasos continuados en el abono del salario constituyen un incumplimiento grave del empresario. Es en ese contexto donde cobra relevancia la posibilidad de extinguir el contrato con derecho a indemnización.

Un retraso prolongado también es motivo de acción. “Si, por ejemplo, se retrasan el pago de las nóminas cuando antes te pagaba el día cinco, ahora no lo hace y lleva más de seis meses y ese retraso es de más de quince días, puedes irte de tu empresa con indemnización y paro”.

Autodespido con indemnización

En estos casos, la herramienta legal es el autodespido. “Básicamente, es extinción del contrato de trabajo por instancias del trabajador porque la empresa está incumpliendo una de sus obligaciones, en este caso, el pago puntual del salario”. Técnicamente, esta figura se articula a través del artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores, que permite al empleado solicitar judicialmente la extinción indemnizada del contrato.

El proceso requiere iniciar una vía judicial, generalmente mediante la presentación de una papeleta de conciliación previa y, si no hay acuerdo, una demanda ante el juzgado de lo social. Según el abogado, se puede obtener “una indemnización por despido improcedente, es decir, 33 días, 45 por año, además de poder irte al paro porque te has ido, pero no es por tu voluntad, es por el incumplimiento de tu empresa choriza”. La referencia a 45 días corresponde a la parte de antigüedad anterior a la reforma laboral de 2012, mientras que los 33 días se aplican al periodo posterior. Si la empresa se declara insolvente o desaparece, existe una garantía adicional. “Y sí, lo vas a cobrar sí o sí, porque en caso de que tu empresa desaparezca, porque muchas veces estas empresas piratas acaban desapareciendo, te va a pagar el Fogas, Fondo de Garantía Salarial”, asegura de la Calzada.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) realizará una particular medida de fuerza en medio de una serie de modificaciones que se llevarán a cabo en la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación y protestarán ante posibles despidos.

El titular del organismo, Rodolfo Aguiar, sostuvo que realizarán un paro “a la japonesa" como una forma de manifestarse en contra de las modificaciones que se llevaron a cabo en el organismo en el sistema de información de juicios y mediaciones que deben presentar las aseguradoras. Estos ajustes, impulsados por la gestión de Claudio Stivelman, establecen nuevos requisitos y plazos para la carga y presentación de datos, generando inquietud entre los trabajadores estatales que advierten sobre la sobrecarga administrativa y el riesgo de recortes de personal.

La medida de fuerza, que se ejecutará bajo la modalidad “a la japonesa”, consiste en que los empleados atenderán reclamos en la puerta del organismo y acelerarán la resolución de expedientes para demostrar su rol central en la defensa del derecho a la salud. De acuerdo a lo informado por el sindicato, el objetivo es visibilizar la importancia de la tarea realizada por el personal ante los usuarios y exhibir públicamente las consecuencias de una eventual reducción de la plantilla.

En respuesta a la resolución de la Superintendencia, ATE expresó un rechazo enfático. El gremio, a través de un comunicado, advirtió que las recientes disposiciones no solo incrementan la presión sobre los equipos técnicos, sino que también podrían traducirse en despidos y afectaciones directas a la operatividad del organismo. Los trabajadores sostienen que la reorganización administrativa, lejos de mejorar el sistema, amenaza con debilitar los mecanismos de control y la capacidad de fiscalización estatal sobre el sector privado.

La protesta sindical fue decidida en asamblea y se llevará a cabo este viernes 20 de marzo en la sede central de la Superintendencia. El plan de acción contempla la atención de reclamos en la entrada principal y una aceleración formal de los trámites, en un gesto que busca evidenciar el compromiso del personal y la magnitud de la tarea cotidiana.

La decisión de adoptar una modalidad “a la japonesa” responde a la intención de ATE de evitar la paralización total del organismo y, en cambio, exponer que una estructura debilitada impactaría negativamente en la defensa de derechos esenciales. En palabras de Aguiar, la protesta pretende “poner en evidencia” la gravedad de la situación y enfrentar lo que consideran un intento de vaciamiento institucional.

La conducción sindical denunció además una presunta “paralización intencional” en la tramitación de reclamos, señalando que el superintendente y sus funcionarios estarían demorando expedientes para vaciar el organismo y beneficiar intereses privados. Aguiar afirmó que “desde la Superintendencia se favorecen negocios multimillonarios a cambio de la muerte de numerosos pacientes”, responsabilizando a la actual gestión por lo que consideran un ataque directo al derecho a la vida.

En el mismo sentido, el gremio denunció la existencia de sanciones aplicadas de manera desigual. Según Aguiar, las autoridades “establecen sanciones sólo para las obras sociales más chicas y miran para otro lado frente a los incumplimientos groseros de las empresas de medicina prepaga”. Este manejo discrecional, sostienen, responde a una estrategia de vaciamiento y desregulación.

Al reclamo vinculado a la actualización del sistema de información se suman otras demandas sindicales. ATE manifestó su rechazo al sistema PROMESA, una mediación prejudicial no obligatoria que, según el sindicato, trasladará costos a los beneficiarios y fomentará la judicialización de los conflictos. Esta iniciativa, advierten, representa un retroceso en el acceso a derechos para los afiliados y usuarios del sistema.

Como parte del plan de lucha, se prevé que la próxima semana se realicen nuevas acciones gremiales, incluyendo una concentración frente a la sede del organismo. ATE insiste en la necesidad de resguardar tanto las condiciones de empleo como los mecanismos de control y fiscalización, advirtiendo que cualquier intento de reducción o vaciamiento afectará la calidad de los servicios y los derechos de los usuarios.

La percepción de la situación económica nacional alcanza a más de la mitad de la población, según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que recoge en su Barómetro de marzo de 2024 que el 54% califica de mala o muy mala la coyuntura económica de España, mientras que sólo un 37,4% expresa una valoración positiva. A pesar de este pesimismo hacia el contexto económico nacional, en el ámbito de las finanzas domésticas la mayoría se muestra más satisfecha: el 65,8% considera que su situación financiera personal es buena o muy buena, frente a un 25% que reconoce dificultades económicas a nivel particular. Esta diferencia entre la percepción individual y la valoración general del país se da en un contexto de incremento en las preocupaciones sociales por el acceso a la vivienda, el empleo y la economía, según publicó el CIS.

La inquietud ciudadana por la vivienda ha alcanzado un nuevo máximo histórico en el estudio del CIS, situándose como el primer problema que señalan los españoles desde hace 16 meses consecutivos. Según reportó el CIS en su barómetro del mes de marzo, el 43,5% de los encuestados menciona el acceso a una vivienda como la principal dificultad del país, cifra que representa un aumento de siete décimas respecto de enero y que reafirma la tendencia ascendente desde finales de 2022. De acuerdo con el CIS, la preocupación social por la vivienda supera ampliamente a la de otros problemas.

La economía se sitúa, según el estudio, como el segundo asunto de mayor inquietud para la ciudadanía. El barómetro refleja que un 22,5% de los participantes considera el estado de la economía nacional como uno de los principales problemas, lo que implica un aumento de 4,4 puntos en relación al mes anterior. El CIS atribuye el incremento en parte al impacto que la guerra en Oriente Próximo y los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán han tenido en la economía global, generando más incertidumbre y temor sobre las consecuencias económicas en España. Este contexto internacional contribuye, según el organismo, a que la preocupación por la economía escale una posición y ocupe el segundo lugar en la lista de problemáticas percibidas.

Los problemas relativos a la calidad del empleo mantienen el tercer puesto en el ranking de preocupaciones sociales. El CIS detalló en su informe que las menciones a la calidad del empleo repitieron los niveles récord registrados en octubre de 2023, con un 18,3% de las respuestas, lo que supone una subida de 2,4 puntos respecto al mes anterior. El informe indica que la percepción de inseguridad o insatisfacción ante las condiciones laborales permanece en niveles elevados en un contexto de volatilidad económica y de cambios en el mercado de trabajo.

Las referencias a cuestiones relacionadas con el Gobierno y los partidos políticos presentan una reducción respecto a barómetros anteriores, anotando una caída de 2,4 puntos y situándose en el 15,4% en marzo. Aunque estas cuestiones se mantienen como la cuarta inquietud más relevante, han perdido peso frente a las menciones registradas en meses previos. Paralelamente, el CIS destaca que la preocupación por la inmigración desciende notoriamente: pierde más de la mitad de las menciones y pasa de ocupar la segunda a la quinta plaza, con un 14,8% de respuestas.

Tras estos temas principales, el barómetro sitúa a los problemas políticos en la sexta posición, con un 14,2%. El desempleo, que en febrero había alcanzado mínimos históricos en cuanto a menciones, ahora registra un repunte de más de tres puntos y se coloca en la séptima posición, alcanzando al 13,1% de encuestados. La sanidad figura en octavo lugar con el 11,6% de respuestas, mientras que el mal comportamiento de los políticos desciende más de tres puntos y queda en el 10,9%, según consignó el CIS. Los asuntos relacionados con la juventud cierran el listado de los diez temas de mayor preocupación, alcanzando el 8,8%, que supone un aumento cercano a un punto porcentual respecto al barómetro anterior.

Si se considera el análisis de los problemas personales, la crisis económica encabeza la lista con el 29,9% de menciones. A nivel individual, la preocupación por la vivienda ocupa la segunda plaza, con un 27,8%, seguida por la sanidad, cuyo 19,6% de menciones la coloca en tercer lugar. La calidad del empleo aparece como el cuarto problema en el ámbito subjetivo con un 17,3%, y el paro como el quinto, señalado por el 7,9% de los participantes, detalló el CIS.

Las cifras del barómetro también muestran cómo han evolucionado las prioridades sociales según la coyuntura internacional y los propios acontecimientos nacionales. La guerra en Oriente Próximo y sus consecuencias económicas intensifican el sentimiento de incertidumbre, potenciando la percepción de vulnerabilidad ante factores externos y su impacto sobre aspectos clave como el empleo, la economía y el acceso a la vivienda. Según informó el CIS, el estudio recoge la respuesta ciudadana en el contexto concreto de los ataques recientes en la región y la volatilidad que estas acciones han provocado en los mercados.

El análisis del CIS refleja, en su conjunto, un aumento general de las inquietudes relacionadas con cuestiones materiales, como la vivienda y la economía, al tiempo que disminuyen otras preocupaciones, como la inmigración y las disputas políticas internas, aunque siguen estando presentes en la agenda social. El repaso a las preocupaciones personales indica que la población distingue entre los problemas que afectan a toda la sociedad y aquellos que influyen en su vida cotidiana, asignando diferente peso a cada uno en función de su experiencia directa y del entorno nacional e internacional.

MIÉRCOLES, 18 de marzo de 2026 (HealthDay News) -- Comer un montón de alimentos ultraprocesados puede aumentar el riesgo de sufrir o morir por un infarto, un ictus o una enfermedad cardíaca, según un nuevo estudio.

Cada ración diaria adicional de alimentos ultraprocesados aumenta el riesgo de un evento cardíaco mayor en un 5%, según informaron los investigadores el 17 de marzo en la revista JACC Advances.

Las personas que consumen una media de más de nueve raciones diarias de alimentos ultraprocesados tienen un riesgo un 67% mayor de sufrir un infarto, ictus o paro cardíaco, según los investigadores.

"Los alimentos ultraprocesados se asocian con un mayor riesgo de enfermedades cardíacas y, aunque muchos de estos productos pueden parecer opciones de comida o tentempié convenientes para llevar en movimiento, nuestros hallazgos sugieren que deben consumirse con moderación", dijo el investigador principal , el Dr. Amier Haidar, investigador en cardiología del Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Texas en Houston, en un comunicado de prensa.

Los alimentos ultraprocesados se elaboran principalmente a partir de sustancias extraídas de alimentos integrales, como grasas saturadas, almidones y azúcares añadidos. También contienen una gran variedad de aditivos para hacerlos más sabrosos, atractivos y estables en conservación.

Ejemplos incluyen productos horneados envasados, cereales azucarados, productos listos para comer o listos para calentar y embutidos de charcutería.

Para el nuevo estudio, los investigadores analizaron datos de más de 6.800 adultos que participaron en un estudio a largo plazo sobre enfermedades cardíacas causadas por arterias obstruidas. Los participantes rellenaron cuestionarios alimentarios, a partir de los cuales los investigadores evaluaron su ingesta diaria de alimentos ultraprocesados.

Las personas del 20% más alto en consumo de ultraprocesados consumían más de nueve raciones al día de media, mientras que las del 20% más bajo consumían aproximadamente una ración al día.

Quienes consumían los alimentos más ultraprocesados tenían un 67% más de probabilidades de morir por enfermedad cardíaca o ictus, o de sufrir un infarto no fatal, un ictus o un paro cardíaco.

"Hemos controlado muchos factores en este estudio", dijo Haidar. "Independientemente de la cantidad de calorías que consumieras al día, de la calidad general de tu dieta y tras controlar factores de riesgo comunes como diabetes, hipertensión, colesterol alto y obesidad, el riesgo asociado a una mayor ingesta de alimentos ultraprocesados seguía siendo más o menos el mismo."

En general, cada ración adicional de ultraprocesados se asoció con un aumento del 5% en el riesgo de eventos cardíacos.

El vínculo era aún más fuerte entre los afroamericanos, encontraron los investigadores. Cada ración adicional suponía un 6% más de riesgo para las personas negras, en comparación con un 3% más para personas no negras.

El estudio no pudo explicar por qué los alimentos ultraprocesados aumentan el riesgo cardíaco, pero estudios previos han demostrado que contienen muchas calorías y mucho azúcar, sal y grasas. Estos podrían llevar a las personas a comer en exceso, lo que provoca aumento de peso, inflamación y acumulación de grasa en el cuerpo, según los investigadores.

Haider tiene previsto presentar los resultados del estudio el 28 de marzo en una reunión del American College of Cardiology en Nueva Orleans.

Más información

La Universidad de Alabama-Birmingham tiene más información sobre alimentos ultraprocesados y salud del corazón.

FUENTE: Comunicado de prensa del American College of Cardiology, 17 de marzo de 2026

Este miércoles 18 de marzo iba a arrancar un nuevo cronograma de paros aéreos. Esta vez, en el marco de un reclamo salarial por parte de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), el gremio que agrupa a los trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), la medida se iba a extender por casi una semana e impactaría en varios aeropuertos de todo el país.

Sin embargo, la Secretaría de Trabajo de la Nación anunció la conciliación obligatoria en el conflicto laboral entre ATE y ANAC. La medida tendrá vigencia por el plazo de quince días a partir de las 9 AM del 18 de marzo, con el objetivo de “buscar una solución al conflicto y garantizar la normal prestación de los servicios”.

Al mismo tiempo, la cartera que se mueve bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano intimó a la organización sindical y a los trabajadores representados “a dejar sin efecto durante el período de conciliación toda medida de acción directa y a prestar servicios de manera normal y habitual”.

En paralelo, la dependencia encabezada por Julio Cordero dispuso que la ANAC deberá abstenerse de “adoptar represalias de cualquier tipo, debiendo garantizar el normal funcionamiento de las tareas” en los aeropuertos.

Cómo iba a ser el paro de ATE

De acuerdo con el calendario que había presentado el gremio, los paros se iban a realizar en 27 terminales aéreas del país, desde el 18 al 24 de marzo entre las 9 y las 12 horas, y entre las 17 y las 20 horas.

La efectividad de la medida, sin embargo, iba a ser limitada para la operación aerocomercial. Según pudo saber Infobae, los trabajadores de ANAC representados por ATE están actualmente a cargo del manejo y operación de las autobombas, indispensables para el despegue y aterrizaje de los vuelos.

No obstante, en la industria desconfiaban de que el gremio ordene la remoción o interrupción en el servicio de estos equipos, ya que hubiera puesto en riesgo la seguridad operacional e impediría cualquier aterrizaje o despegue. Según comentaron fuentes del sector a este medio, los aeropuertos más afectados hubieran sido los del interior.

Previo a la última modificación de la regulación aeronáutica, los trabajadores nucleados en ATE tenían a su cargo, entre otras funciones, el servicio Follow Me, que consiste en el guiado de aeronaves en plataforma mediante vehículos que acompañan a los aviones en tierra, especialmente en zonas de rodaje y estacionamiento.

Sin embargo, con la actualización normativa impulsada por la ANAC a fines de enero de 2026, esa tarea —junto con otras funciones operativas— pasó a estar en manos de los operadores aeroportuarios.

El nuevo esquema redefine el rol de la ANAC, que se concentra en tareas de control, supervisión y fiscalización, mientras transfiere a los explotadores de aeródromos responsabilidades operativas como la seguridad en plataforma, el control vehicular, la emisión de permisos y el propio servicio Follow Me.

Según explicó el organismo, estos cambios apuntan a mejorar la eficiencia operativa, agilizar la circulación de información crítica —como el estado de las pistas— y alinear el sistema argentino con estándares internacionales y recomendaciones de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

Más allá de esta reducción en las tareas, el reclamo salarial que motivó el paro responde a la falta de pago de “aumentos acordados correspondientes a ítems extra paritarios y apertura paritaria sectorial”, precisó el gremio en comunicado publicado en sus redes sociales. El secretario general Rodolfo Aguiar remarcó en una nota en Infobae en Vivo que “el Gobierno llevó el conflicto al límite y decidió no pagar los aumentos acordados en la ANAC”.

Según ATE, la decisión de avanzar con la medida, que ahora quedará en suspenso por al menos quince días, se dio después de un mes de negociaciones sin resultados concretos. Aguiar reiteró que el gremio agotó “todas las instancias de diálogo y las presentaciones administrativas posibles” antes de convocar al paro, responsabilizando al Ejecutivo nacional por llevar el conflicto “al límite”.

En este sentido, el representante sindical advirtió que el Gobierno es “el único y exclusivo responsable por cualquier reprogramación demora o cancelación de vuelos que existan durante esa jornada”. Para levantar la medida, la organización sindical exige que se garantice el pago de los acuerdos salariales pendientes.

Dado que reclamo tuvo escasa difusión oficial, ATE había intimado a los jefes de aeropuertos a comunicar el paro a pilotos y pasajeros y denunció que el Gobierno incurrió en una “falta grave” por no informar adecuadamente la protesta.

Los docentes y el personal no docente de las Universidades Nacionales registraron en los últimos dos años una importante caída del poder adquisitivo, tras el recorte presupuestario llevado adelante por el gobierno de Javier Milei. De este modo, la mayoría cobra menos de 1.300.000 pesos.

De acuerdo a un informe del CEPA, entre noviembre de 2023 y enero pasado, sus sueldos cayeron un 34% en promedio en términos reales. La mayor parte de esa retracción se registró en el primer semestre de 2024 y no fue compensada.

Entre los docentes con dedicación exclusiva el salario más alto corresponde al cargo de titular, con un básico bruto de 1.456.091 pesos. Por su parte, un asociado percibe $1.295.710; un adjunto, $1.135.896; un Jefe de Trabajos Prácticos, $975.510; y un auxiliar de primera, 814.961 pesos.

En el caso de los docentes con dedicación semiexclusiva, los salarios básicos se ubican entre $728.046 para un titular y $407.479 para un auxiliar de primera. El básico de un asociado alcanza $647.854, el de un adjunto, $567.943 y el de un Jefe de Trabajos Prácticos, 487.755 pesos.

Para los docentes con dedicación simple, los ingresos son considerablemente menores. Un titular percibe $364.022, un asociado, $323.923; un adjunto, $283.969 y un Jefe de Trabajos Prácticos, 243.874 pesos.

En los escalones más bajos, el auxiliar de primera tiene un salario básico de $203.736, mientras que el auxiliar de segunda registra $162.991.

En el caso del personal no docente, el salario básico bruto varía según la categoría. En la categoría 1 asciende a $1.878.437 y en la categoría 2 a 1.565.367 pesos.

En la categoría 3 el básico se ubica en $1.302.402, mientras que en las categorías inferiores los montos descienden a $1.083.250 (categoría 4), $901.653 (categoría 5), $751.367 (categoría 6) y $626.146 (categoría 7).

Como referencia, el informe indica que en enero de 2026 la Canasta Básica Alimentaria (CBA) se ubicó en $623.990, mientras que la Canasta Básica Total (CBT) —que marca la línea de pobreza para un hogar tipo— alcanzó los 1.360.299 pesos.

La Ley de Financiamiento Universitario insistida en el Congreso, que aún el Ejecutivo no aplicó, establecía la convocatoria a una paritaria nacional para que el salario básico recupere el poder adquisitivo perdido desde diciembre 2023 hasta el mes de su publicación en el Boletín Oficial (octubre de 2025). Esto implicaba un incremento salarial del 44 por ciento.

El CEPA resaltó que de haberse incorporado sobre los salarios de noviembre, el salario real del personal docente y no docente se habría ubicado apenas 1,3% por debajo del nivel registrado en noviembre 2023, recuperando la mayor parte del terreno perdido.

Por el contrario, el proyecto presentado por el Gobierno establece una recomposición sobre 2025 que se realizaría en tres cuotas trimestrales no acumulativas de 4,1%, totalizando solo un 12,3% de aumento.

Vale mencionar que los salarios representan en promedio el 86,9% del gasto universitario. “Entre 2023 y 2026 el grueso del ajuste recayó sobre los salarios del personal docente y no docente, que se redujeron 43,2%”, precisó el CEPA.

Si el Gobierno hubiese aplicado la nueva ley, el presupuesto salarial habría aumentado 36,3% real respecto de 2025, ubicándose 2,7% por encima de 2023.

En este contexto, a partir de este lunes 16 de marzo, las universidades públicas enfrentarán interrupciones en el inicio del ciclo lectivo debido a una semana de protestas convocadas por el Frente Sindical, que agrupa a docentes y no docentes.

Recientemente, la UBA emitió un comunicado y exigió la aplicación de dicha norma, ratificando la emergencia salarial y presupuestaria del 2026. “El cumplimiento de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y de Recomposición Salarial tiene por objeto garantizar el sostenimiento del financiamiento de las Universidades Nacionales y la recomposición salarial de sus trabajadores y trabajadoras”, manifestó la casa de estudios.

Y consideró como destinos prioritarios de los fondos la mejora de infraestructura universitaria, el fortalecimiento de becas estudiantiles, el financiamiento de los colegios preuniversitarios y el desarrollo de las actividades de enseñanza, investigación, extensión e internacionalización.

Aunque las nuevas generaciones de trabajadores españoles están cada vez más preparadas para el mundo laboral, su formación no siempre se traduce en un empleo en el sector deseado. Según datos de Eurostat, el 28,9% de los menores de 34 años en España ocupa un puesto que no está relacionado con sus estudios, la proporción más alta de toda la Unión Europea (UE), donde la media se sitúa en un 20,4%. En la práctica, casi tres de cada diez jóvenes empleados desempeñan un trabajo que no se corresponde con su formación académica, un fenómeno que refleja las dificultades del mercado laboral para absorber el capital humano formado en universidades y centros de formación profesional, pero también

Pese a este dato, España tiene una de las generaciones jóvenes mejor formadas de Europa. Más del 52% de los jóvenes entre 25 y 34 años posee estudios superiores, ya sea universitarios o de formación profesional avanzada, según Eurostat. Esta cifra supera ampliamente la media europea, que ronda el 43-45%, y sitúa a España entre los países con mayor nivel educativo de su población joven. En apenas dos décadas, la proporción de jóvenes con educación superior ha pasado del 34% en 2000 al 52% en la actualidad. Este crecimiento educativo ha sido especialmente marcado en áreas como ingeniería, ciencias de la salud y tecnología, aunque también ha aumentado significativamente el número de titulados en humanidades y ciencias sociales. Sin embargo, el incremento del nivel educativo no se ha traducido automáticamente en empleos acordes, y la discrepancia entre formación y ocupación se ha convertido en un rasgo estructural del mercado laboral español.

España lidera el grupo comunitario en este indicador, seguida por países como Italy y Greece, donde también es habitual que los jóvenes trabajen fuera de su área de formación. Por el contrario, Luxemburgo, Países Bajos o Suecia registran porcentajes mucho más bajos, en torno al 7-13%, que reflejan economías con mercados laborales mejor alineados con la formación de sus graduados.

Peores condiciones y talento desaprovechado

A este problema se suman las altas tasas de sobrecualificación que registra España. Según datos de la OECD, más del 35% de los trabajadores con estudios superiores ocupan puestos que no requieren ese nivel, frente a una media del 22-23% en los países del entorno. Este desajuste suele implicar peores condiciones, empleos temporales y trayectorias profesionales más limitadas, evidenciando que el talento de la juventud española está en gran parte infrautilizado. Los jóvenes que trabajan fuera de su especialidad suelen percibir sueldos inferiores, con pérdidas que oscilan entre un 10% y un 30% a lo largo de su carrera, según la OCDE.

Hostelería y comercio absorben el empleo juvenil

Además, el contexto laboral limita la capacidad de los jóvenes para encontrar empleos estables y acordes a su formación. España mantiene una tasa de paro juvenil entre el 25% y el 30%, casi el doble de la media europea, y cerca del 50% de los menores de 30 años trabaja con contratos temporales, según Eurostat. La falta de estabilidad obliga a muchos jóvenes a aceptar empleos fuera de su área como puerta de entrada al mercado laboral o como alternativa ante la precariedad, convirtiendo la sobrecualificación en una estrategia de supervivencia más que en una elección.

Estudios del Banco de España muestran que los jóvenes titulados tienden a concentrarse en sectores de menor valor añadido, como hostelería, comercio minorista y servicios administrativos. En estas áreas, la poca demanda de estudios permite emplear a jóvenes con titulaciones superiores pero no les ofrece oportunidades de desarrollo profesional. El sector tecnológico y científico crece, pero no al ritmo necesario para absorber el elevado número de graduados.

En el sistema laboral español, la carta de despido es el documento mediante el cual la empresa comunica formalmente la extinción del contrato de trabajo. La normativa exige que incluya la causa del despido y la fecha de efectos. En caso de despido disciplinario o por causas objetivas, la comunicación escrita de la razón detrás del cese es obligatoria y constituye una pieza fundamental en cualquier posible reclamación posterior ante los tribunales laborales. Precisamente por ello, la forma en que el trabajador responde en el momento de recibirla puede resultar determinante desde el punto de vista jurídico.

Muchos trabajadores creen que si firman la carta de despido ya no pueden reclamar, pero según Arpa, no es cómo funciona la legislación española. El especialista enfatiza en un video publicado en su perfil de TikTok (@abogadovictorarpa) que la firma no implica conformidad automática con la decisión empresarial, siempre que se deje constancia de la disconformidad. Si la empresa intenta convencer al trabajador de no poner “no conforme” bajo amenaza de no pagar el finiquito, Arpa es tajante: “No hagas caso, te están tomando el pelo.”

Todos los trabajadores tienen derecho a finiquito

En la práctica jurídica laboral, la firma del documento únicamente acredita que el trabajador ha recibido la comunicación, pero no supone aceptar su contenido. Por ello, la anotación “no conforme” funciona como una salvaguarda adicional que deja constancia de que el empleado no acepta la causa ni las condiciones del despido. Además, anotar la fecha exacta de recepción es especialmente importante, ya que a partir de ese momento comienzan a contarse los plazos legales para iniciar cualquier reclamación.

En caso de negativas al pago del finiquito, el abogado asegura que existe la posibilidad de reclamar: “Si no lo pagan, se lo reclamaremos, puesto que tienen obligación de pagarlo”. Esto incluye conceptos como vacaciones pendientes, pagas extras y la nómina en curso, elementos que a menudo son pasados por alto por desconocimiento o por la premura del momento.

El finiquito es la liquidación de todas las cantidades pendientes entre la empresa y el trabajador en el momento de finalizar la relación laboral. Puede incluir salario correspondiente a los días trabajados del mes, la parte proporcional de pagas extraordinarias, vacaciones no disfrutadas y otros conceptos pactados en convenio o contrato. Es importante distinguir entre el finiquito y la indemnización por despido, ya que esta última solo procede en determinados tipos de despido, como el despido improcedente o algunos despidos objetivos.

Plazo de 20 días para reclamar

Cuando una persona es despedida y tiene dudas sobre el proceso, actuar rápido resulta crucial. El margen legal para reclamar es limitado y así lo resume el especialista: “Si quieres reclamar tu despido, tenemos veinte días hábiles para hacerlo.” Superado ese plazo, el trabajador pierde cualquier posibilidad de acción.

Ese plazo de veinte días hábiles está establecido en la legislación laboral española para impugnar un despido. Antes de acudir a los tribunales, el procedimiento exige presentar una papeleta de conciliación ante el servicio administrativo correspondiente, un trámite previo obligatorio que busca alcanzar un acuerdo entre empresa y trabajador. Durante ese proceso pueden discutirse tanto la procedencia del despido como las cantidades económicas pendientes.

En pleno inicio del ciclo lectivo 2026, el sistema universitario nacional enfrenta una de sus mayores crisis recientes debido a la acuciante situación salarial de los trabajadores docentes y no docentes de las casas de estudio. A raíz de eso, el panorama promete recrudecer en los próximos días: las asociaciones docentes convocaron a un paro nacional desde el 16 de marzo, exigiendo que se aplique la Ley de Financiamiento Universitario y se convoque a paritarias.

Se trata de un asunto de larga data y sobre el cual el Poder Ejecutivo Nacional insiste en que los mecanismos de aumentos para este sector deben ser distintos. En 2024, las universidades nacionales impulsaron fuertes manifestaciones producto del atraso de las transferencias presupuestarias desde Nación, mientras que el año pasado -y con impulso de la oposición- logró sancionarse una Ley que pretendía recomponer salarios en ese sector. Javier Milei la vetó, pero la oposición lo insistió en ambas cámaras.

Al día de hoy, su aplicación se encuentra completamente paralizada pese a existir un fallo judicial que obliga al Gobierno a realizar esa transferencia. Para ganar tiempo, el oficialismo presentó un contraproyecto con menores incrementos bajo la promesa de que, en caso de aprobarse, darán los fondos para su aplicación.

La semana próxima comienza el ciclo lectivo en la amplia mayoría de instituciones universitarias nacionales y los rectores englobados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) advierten que el desarrollo del cuatrimestre podría ser crítico no solo a nivel de los salarios, sino como para gastos de funcionamiento y becas estudiantiles.

En diálogo con TN, el titular del CIN, Oscar Alpa, remarcó que el “93% del presupuesto universitario se destina a salarios, que están totalmente deprimidos” y advirtió que numerosos docentes han debido renunciar por los bajos haberes. La posición oficial del ente es la del cumplimiento de la ley vigente. Hubo rectores de universidades nacionales que no vieron con malos ojos que se apruebe el proyecto nuevo solo a los fines de que se desbloquee parte del conflicto. Esto no tiene la adhesión de todos los líderes de las casa de estudio.

El principal interlocutor con el CIN es el titular de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez; dependiente de la Secretaría de Educación, a cargo de Carlos Torrendell. “La única reunión que hubo fue en febrero. Ahí el Gobierno informó que iban a elevar un proyecto de financiamiento con sus lineamientos. Desde ese momento no se hizo otra convocatoria. El paro es por la no aplicación de la ley vigente y por no convocar a paritarias docentes”, afirmó Alpa ante la consulta de Infobae.

El presupuesto universitario registra su nivel más bajo en casi veinte años. Entre noviembre de 2023 y agosto de 2025, los salarios docentes perdieron 29% de poder adquisitivo frente a la inflación y el gasto en universidades cayó 30,4% real respecto al mismo lapso de 2023, según datos calculados por Chequeado. Para 2025, la caída real supera el 32%. Datos del portal Presupuesto Abierto muestran que, a esta altura del año, las transferencias a la gran mayoría de las universidades se ubica en el 16%.

Es por eso que las principales organizaciones docentes, como la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires y la CONADU, reclaman que se pague el 51% de recomposición salarial pendiente y denuncian el incumplimiento de la ley aprobada en octubre de 2025 por el Congreso, que ordena actualizar salarios y partidas presupuestarias al ritmo de la inflación. Frente a la falta de respuesta, anunciaron paros, movilizaciones y la posibilidad de extender las medidas “por tiempo indeterminado”.

Cifras consignadas por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) indican que el proyecto del Gobierno no actualiza la garantía salarial congelada hace un año, por lo que hay docentes que siguen cobrando $250.000; muchos de ellos por un trabajo de 10 horas semanales.

La actual Ley de Financiamiento Universitario fue sancionada tras varios vetos presidenciales revertidos por el Congreso. Esa norma obliga a recomponer salarios de docentes y no docentes en función de la inflación registrada desde diciembre de 2023, exige actualizaciones en gastos de funcionamiento y partidas para hospitales, ciencia y técnica y ordena la convocatoria periódica de paritarias con mecanismos de ajuste automático.

Sin embargo, en diciembre de 2025, el Gobierno nacional promulgó la ley pero suspendió su ejecución hasta definir nuevas fuentes de financiamiento mediante el Presupuesto, lo que llevó al CIN a presentar un amparo judicial. El juez federal Enrique Cormick falló a favor de los rectores y ordenó la aplicación inmediata de la norma. En febrero de 2026, el Ejecutivo apeló la medida y presentó un nuevo proyecto que, según las universidades y los gremios, desvirtúa el alcance original de la ley.

En el Ejecutivo parece no haber disposición en empezar a movilizar gran cantidad de temas hasta comenzado abril. “El proyecto para las universidades debería ser una excepción y tratarse en el corto plazo”, afirma una fuente gubernamental que está cerca de esas gestiones.

Integrantes del oficialismo que están ampliamente interesados en la temática de las casas de estudio afirman que se está esperando a una nueva reunión de la mesa política en la Casa Rosada para que se pueda definir una hoja de ruta de los proyectos libertarios a tratarse en el Congreso. Son conscientes de que en las próximas semanas este asunto se meterá de lleno en la agenda.

No es menor que en algo más de un mes se lleven a cabo las elecciones en la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde La Libertad Avanza quiere empezar a hacer pie en facultades como las de Derecho, Económicas e Ingeniería con sus agrupaciones. Un clima como este podría perjudicar su performance.

Cómo es el nuevo proyecto de Financiamiento Universitario

La nueva iniciativa libertaria propone una recomposición salarial limitada: tres aumentos del 4,1% cada uno, comenzando en marzo de 2026, y solo reconoce la pérdida salarial correspondiente a 2025, omitiendo lo perdido entre 2023 y 2024.

El informe del Centro de Investigación de Economía Nacional y Feduba sostiene que el proyecto oficialista “reduce la obligación de adicionar más de $2,7 billones al presupuesto 2026 a tan solo $187.744 millones”, con una diferencia de $2,5 billones que dejarían de percibir los trabajadores de la universidad pública.

Respecto a las paritarias, el proyecto mantiene la convocatoria trimestral pero elimina el requisito de ajuste mensual de haberes según la inflación del INDEC. Además, el nuevo texto limita la actualización de gastos de funcionamiento solo a casos en que la inflación anual supere el 14,3%.

La ley vigente obligaba al Poder Ejecutivo a actualizar bimestralmente las partidas para el sistema de salud universitario, la ciencia y extensión universitarias desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2025, siguiendo el índice de precios al consumidor. El nuevo proyecto oficialista reemplaza esa obligación por un aumento fijo de $80 mil millones para el sistema de salud universitario y elimina la actualización periódica.

Según el mismo medio, la modificación más relevante es la eliminación de la recomposición presupuestaria por inflación del año 2024. Lo perdido por el sistema universitario durante ese período no se recuperaría en el nuevo esquema.

Muchos trabajadores suelen tener dudas sobre qué derechos laborales que existen después de dimitir de un puesto de trabajo. Para todos ellos, el abogado Ignacio de la Calzada ha explicado que, al presentar una dimisión, el empleado siempre tiene derecho a recibir un finiquito, desmintiendo así una creencia muy extendida. El experto detalla los conceptos incluidos en este pago y explica los pasos a seguir para calcularlo y reclamarlo.

Así, De La Calzada advierte en uno de sus últimos vídeos de TikTok que existe una idea errónea respecto a la finalización del contrato por voluntad propia. “Existe la idea equivocada de que, en caso de dimisión, no tienes derecho a finiquito. Esto es total y absolutamente falso y tu empresa muchas veces no quiere que lo sepas para no pagarte”, explica el abogado.

El finiquito, resalta el experto, “es aquella cantidad que tiene que pagarte cualquier empresa en cualquier cese cuando finaliza la relación laboral”. Además, De La Calzada puntualiza que este pago abarca varios conceptos: “Esta comprende la última nómina, comprende la parte proporcional de pagas extras y comprende las vacaciones pendientes, así como, por ejemplo, horas extras o cualquier otro concepto que te deban: incentivos variables, primas...”.

¿Cómo se calcula el finiquito tras una dimisión?

La liquidación debe calcularse de acuerdo con el tiempo trabajado y los derechos generados hasta la fecha de salida. “La forma de calcularlo es bastante sencilla. Primero, si dimites el día 15, pues vas a tener derecho a 15 días de sueldo”, señala el abogado. Este cálculo inicial contempla únicamente los días efectivamente trabajados en el mes del cese.

El siguiente paso implica revisar las vacaciones acumuladas y pendientes de disfrute. “Si tienes vacaciones pendientes, recuerda que son mínimo 30 días, lo divides entre 12 meses y de ahí sacas la parte proporcional en función del tiempo que hayas trabajado”, detalla De la Calzada. “Pues llevas seis meses este año y no has disfrutado de ninguna vacaciones, tendrías derecho a 15 días”, añade, poniendo como ejemplo un caso habitual.

El cálculo de las pagas extraordinarias requiere atención al convenio colectivo aplicable. “Las pagas extras, aquí lo más importante, tienes que mirar el convenio colectivo, porque normalmente cada mes generas una doceava parte de cada paga extra”, explica. El abogado recomienda verificar desde el inicio del año hasta la fecha de dimisión cuántos meses se han trabajado, para así determinar la parte proporcional que corresponde. “Han pasado seis meses, pues tienes derecho a la mitad de la paga extra de Navidad de este año y luego, por ejemplo, la paga de verano”, afirma.

Convenios, cálculo final y la importancia del preaviso

Respecto a la paga de verano, el experto indica que “normalmente, se devenga y se genera desde julio hasta junio del año siguiente, es decir, durante los 12 meses. Entonces, si dimites en junio, prácticamente la tienes íntegra”. No obstante, recalca que cada convenio puede establecer plazos y condiciones específicas: “Hay algunas que establecen que la paga extra se genera 12 meses y la otra se genera en seis meses, de mayo a junio y de julio a diciembre. Aquí cada caso hay que mirarlo, pero es bastante sencillo”.

La suma total del finiquito se obtiene al añadir la parte proporcional de cada uno de estos conceptos. Para el cálculo del salario diario, De la Calzada recomienda una fórmula directa: “El sueldo diario ya sabes que es tu sueldo mensual bruto dividido entre 30, más o menos, y de ahí una estimación de lo que tienen que abonar cuando dimitas”.

Un aspecto fundamental para no encontrarse con descuentos inesperados radica en el preaviso. “Ahora, lo más importante, tienes que dar el preaviso, porque si no lo das, de este finiquito te pueden descontar esa falta de preaviso”, advierte el abogado. El plazo habitual es de 15 días. “Tenías que dar 15 días y das cinco, pues te van a descontar diez días de sueldo”, concluye.

De acuerdo con los datos publicados por EpData, la variación registrada en el empleo estadounidense viene acompañada de un repunte en la tasa de desempleo, lo que representa una señal de cautela en un contexto marcado por la incertidumbre global. Esta evolución de los indicadores del mercado laboral impacta tanto en la percepción de estabilidad de los trabajadores como en las expectativas de crecimiento y consumo para los próximos meses.

El informe presentado por EpData detalla que el sector laboral de Estados Unidos viene mostrando señales de desaceleración, ya que la pérdida de 92.000 puestos laborales marca una ruptura respecto a la dinámica de expansión que caracterizó buena parte del ciclo post-pandémico. Los especialistas observan cómo este retroceso se conjuga con la evolución de otros indicadores macroeconómicos, como la inflación y el comportamiento del consumo interno, que inciden en las decisiones de política monetaria de la Reserva Federal.

La tasa de paro del 4,4% implica un aumento notable frente a los registros anteriores y sugiere posibles desafíos para la recuperación de ciertos sectores económicos. Según la información difundida por EpData, la evolución de estos indicadores será clave para determinar los próximos pasos tanto de los responsables de la política económica como de los actores del mercado.

En el ámbito regional, mientras Estados Unidos enfrenta el aumento del desempleo, Chile presenta sus últimos datos de inflación. Según los gráficos publicados por EpData, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Chile aporta un panorama detallado sobre la evolución de los precios en este país sudamericano. La publicación de estos datos permite un análisis comparativo entre las economías clave de la región, identificando los principales retos que enfrentan en materia de empleo e inflación.

EpData también ofrece gráficos que ilustran los cambios recientes en el mercado laboral de Estados Unidos y en los indicadores de inflación de Chile, permitiendo visualizar la magnitud de los movimientos macroeconómicos. Los datos graficados contribuyen a generar una visión más amplia acerca del desarrollo económico regional e internacional, ofreciendo insumos tanto para analistas económicos como para la toma de decisiones empresariales y políticas.

Tanto el aumento de la tasa de desempleo en Estados Unidos como la publicación de los datos de inflación en Chile configuran un escenario en el que la vigilancia continua de los indicadores macroeconómicos se vuelve esencial para anticipar tendencias y posibles ajustes en las políticas de cada país. Para consultas adicionales o para obtener información más detallada sobre los datos, EpData pone a disposición su equipo de contacto especializado.

Los docentes de la UBA anunciaron un paro por tiempo indeterminado en reclamo de una recomposición salarial del 51 por ciento. La medida, que comenzará a regir el próximo 16 de marzo, fue comunicada en las últimas horas por la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD-UBA).

Desde el gremio advirtieron además que convocarán a una marcha federal en defensa de la educación pública. “No volvemos a las aulas hasta que nos paguen el 51 por ciento que nos deben y que se cumpla la ley vigente”, señalaron, en referencia a la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso el año pasado.

La medida de fuerza incluirá paros, movilizaciones, acciones y cortes, instalación de gazebos en la vía pública y clases públicas destinadas a difundir el conflicto, sin el dictado de contenidos del programa. “Vayamos al paro por tiempo indeterminado hasta la huelga general universitaria en defensa del salario y la universidad pública”, expresaron.

Entre las resoluciones adoptadas por AGD tras una asamblea, el gremio también informó que se mantendrá en “estado de deliberación permanente” y que convocará a una nueva asamblea para el 20 de este mes.

Entre los objetivos planteados figura continuar reclamando la convocatoria a paritarias y la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, además de manifestar su rechazo al proyecto de modificación impulsado por el Ejecutivo nacional.

La organización gremial también resolvió marchar al rectorado de la UBA y a la Secretaría de Trabajo junto al Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), movilizarse en el marco del paro transfeminista del 9 de marzo y realizar un pronunciamiento a 50 años del último golpe de Estado con un acto en la Plaza de Mayo.

“Llamamos a una gran movilización unitaria bajo las banderas de la independencia política del Estado, los gobiernos (nacional y provinciales), las patronales y la burocracia sindical”, concluyeron.

“En una asamblea de casi 150 docentes, AGD-UBA votó por unanimidad paro por tiempo indeterminado hasta ganar la aplicación de la ley de financiamiento universitario y con ella, el 51% de aumento que el Gobierno, de manera totalmente ilegal, se niega a aplicar. Empujemos la rebelión universitaria”, sostuvo Laura Carboni, secretaria general del gremio, en un posteo en su cuenta de X, acompañado por imágenes de la asamblea ocurrida el pasado martes.

En declaraciones a AM 750, Marcelo Carboni señaló que el gremio venía registrando un fuerte clima de “bronca” e “indignación” entre los docentes de la institución universitaria, luego de que el Gobierno decidiera no aplicar la Ley de Financiamiento Universitario.

“A pesar de que la ley se aprobó, se cayeron los vetos, hay un fallo judicial para que se aplique, el Gobierno tomó la decisión de no aplicarla y presentar una modificatoria que es completamente a la baja”, detalló la secretaria general, en diálogo con el periodista Victor Hugo Morales.

Y es que en octubre de 2025 el Gobierno promulgó la ley, aunque sostuvo que no podía aplicarla debido a la falta de fondos definidos para su implementación. En diciembre de ese mismo año, el juez federal Enrique Cormick dictó una medida cautelar que obligaba al Ejecutivo a cumplirla, con el respaldo de más de 40 universidades públicas.

En febrero de 2026, el Gobierno apeló esa decisión. Actualmente, la norma se encuentra vigente, pero no se está cumpliendo. En paralelo, el Ejecutivo envió un nuevo proyecto que propone modificar la normativa aprobada, con incrementos salariales escalonados del 4,1% distribuidos en tres tramos.

“Nos tienen que pagar un 51 por ciento de aumento salarial. El Gobierno se reúne con rectores para decirles que va a ofrecer en esta modificatoria un aumento del 12,3 por ciento y en tres cuotas. La indignación es total”, lamentó Carboni.

El gobierno de Kicillof busca cerrar un acuerdo paritario con todos los gremios de la administración pública, tras las medidas de fuerza que llevaron adelante esta semana. Acciones contra la administración de Javier Milei, pero con impacto en la provincia de Buenos Aires y en la que también se insmiscuye la no aceptación de la última oferta paritaria hecha por el Ejecutivo bonaerense: que fue de 3% para marzo.

Este jueves y con la presencia del propio ministro de Economía, Pablo López, el Gobierno llevó adelante una ronda de reuniones formales con los representantes de los gremios docentes primero y con los de estatales después en los que comunicó la mejora hecha en relación a la última oferta de mejora salarial. La administración de Kicillof elevó en 2 puntos el incremento para marzo proponiendo una suba del 5% para el tercer mes del año. Además buscó cerrar también abril con una suba del 2,5%; sumado al 1,5% para febrero que ya fue otorgado por decreto, ante la falta de acuerdo.

Las distintas medidas de fuerzas que la semana pasada llevaron adelante los gremios calaron también en la discusión interna del peronismo. Es que tras la apertura de sesiones, desde el Frente Renovador (FR) plantearon que el acto se dio en medio de medidas de fuerzas. “Abrimos sesiones en medio de un clima adverso. No solo porque la Provincia de Buenos Aires sigue siendo la más perjudicada por el gobierno de Milei sino también porque nuestros docentes están de paro y eso impacta sobre el sistema educativo que siempre hay que defender. Esperemos que a la brevedad se pueda resolver este conflicto porque es justo y necesario que los maestros no sigan perdiendo poder adquisitivo”, decía el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Alexis Guerrera. Mientras que la senadora Valeria Arata aseguró que “el poder legislativo empieza a funcionar pero en el poder judicial hay paro... es un reclamo justo porque comparados con Nacion y Ciudad, nuestros judiciales están super atrasados”.

Según el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) -que integran SADOP, FEB, UDOCBA, AMEP y SUTEBA- la oferta realizada se traduce en que el sueldo inicial de un maestro grado será para marzo de $800.084 y abril: $850.053. Para una maestra de grado jornada completa: $1.600.168 en marzo y $1.700.106 en abril; maestra de grado con quinta hora para el mes de marzo: $1.005.638 y abril: $1.060.424. Mientras que un profesor con 20 módulos en marzo: $1.032.198 y en abril: $1.113.838.

Los puntos acordados incluyen una cláusula de monitoreo, por la que las partes evaluarán la marcha del acuerdo paritario en la primera quincena de mayo de 2026, y una cláusula de reapertura que prevé retomar la negociación en junio de 2026 o antes, si la situación económica difiere de las proyecciones. Además, en marzo se citará a discutir el Convenio Colectivo de Trabajo y la Cogestión de Condiciones Laborales.

Los gremios docentes receptaron la propuesta y en lo que resta de la semana definirán si aceptan o rechazan. A priori, informalmente, consideran positiva la convocatoria y mejora. Las reuniones se dan luego de la medida de fuerza que llevaron adelante el lunes último que significó que las clases en las escuelas públicas bonaerenses las clases no empiecen en tiempo y forma. La argumentación de la acción varía depende del gremio en cuestión. Mientras que en la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) plantearon que la decisión se dio tras considerar insuficiente la propuesta del 3%, desde SUTEBA plantearon que el paro se daba en el marco de la medida nacional adoptada por CTERA, la confederación en la que se encuentra el gremio que conduce Roberto Baradel. Fue por el rechazo a la reforma laboral y la no apertura de paritarias nacionales. El propio Kicillof hizo referencia a la cuestión durante su apertura de sesiones. De hecho, fue la primera vez en seis años que el mandatario habló ante la Asamblea Legislativa con una medida de fuerza de impacto en las escuelas públicas. Kicillof responsabilizó al gobierno nacional.

“Con todas sus dificultades y deudas, la Argentina supo construir un sistema educativo público, científico y universitario que fue y sigue siendo admirado en la región, incluso por sociedades mucho más ricas que la nuestra. La escuela pública está en el ADN de nuestra mejor historia como país. Hoy se está realizando un paro nacional docente para reclamar contra las políticas de desfinanciamiento deliberado de la educación y contra la reforma laboral. El paro se realizó en todas las provincias, pero en 16 provincias, incluyendo la nuestra, hoy no empezaron las clases”. Desde el palco destinado a los dirigente sindicales que llegaron hasta la Cámara de Diputados bonaerense escuchaba Baradel.

Por las tarde continuaron las reuniones con los representantes estatales. Los estatales también llevaron adelante una medida de fuerza el úlitmo lunes. La oferta es de iguales características que la hecha a los docentes. Sin embargo, más allá de la cuestión salarial los gremios buscan garantizarse recategorizaciones y pases a planta. Un reaseguro por si en 2027 cambia la fuerza política que gobierne la provincia de Buenos Aires.

Por lo pronto, este miércoles, Kicillof inauguró la escuela número 300 desde que llegó a la gobernación. El acto se desarrolló en el municipio de Berazategui donde estará el flamante edificio. Allí, el mandatario, profundizó sus críticas a la gestión de Milei y planteó que “tiene que haber educación pública gratuita y de calidad y para todos y todas. Ese objetivo nos trazamos. Ese objetivo, además, y en contra de las dificultades, es lo que venimos a cumplir. Hoy, trescientas nuevas escuelas en la provincia de Buenos Aires”.

Según informó oficialmente la provincia de Buenos Aires alcanzó la inauguración de 300 nuevas escuelas, la ampliación de 485 edificios educativos y la construcción de 1.348 aulas adicionales en el marco del programa Escuelas a la Obra.

Además, en la Provincia informaron que se completaron la refacción integral de 519 establecimientos y concluyó más de 8.500 intervenciones edilicias en su sistema escolar.

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México llamó nuevamente al Sindicato Nacional de Cultura a frenar el cierre de oficinas ubicadas en Reforma 175 y retomar el diálogo, en medio de las inconformidades relacionadas con temas salariales y laborales.

A través de un comunicado, la Secretaría de Cultura advirtió que la suspensión de actividades impacta directamente en trámites internos y en la operación cotidiana de la dependencia.

Además, destacó que ha sido una de las primeras instituciones de la Administración Pública Federal en trabajar con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el análisis del tema de los salarios mínimos y otras demandas planteadas por dirigencias sindicales, tanto de esta como de otras agrupaciones de trabajadores.

La dependencia reiteró su llamado al respeto de todas y todos los trabajadores y colaboradores de la institución, al tiempo que insistió en la importancia de privilegiar el diálogo para evitar afectaciones mayores.

¿Cuáles son las demandas del SINAC?

El Sindicato Nacional de Cultura (SINAC), junto con otros sindicatos del sector, instaló un plantón indefinido en la sede de Reforma 175 exigiendo un incremento salarial del 13%, argumentando que alrededor de 2 mil trabajadores han percibido ingresos por debajo del salario mínimo durante los últimos dos años, lo que ha dificultado trámites de jubilación, el pago de créditos de vivienda y el acceso a servicios como el FOVISSSTE.

El pliego petitorio también incluye demandas adicionales como:

• Homologación salarial para que los ingresos del personal estén alineados con el salario mínimo.
• Apoyos para transporte que permitan cubrir los costos de movilidad de trabajadoras y trabajadores.
• Ayuda para útiles escolares para quienes tienen familia a su cargo.
• Entrega de vestuario laboral adecuado para personal que lo requiere.

Los manifestantes advirtieron que, de no ser atendidas sus demandas, podrían extender las acciones de cierre a otras dependencias y unidades culturales como el Museo de Culturas Populares, la Biblioteca Vasconcelos o el Centro Nacional de las Artes.

Salarios en revisión con Hacienda

En relación con las exigencias laborales, la Secretaría de Cultura indicó que el tema presupuestal debe analizarse de manera integral, al formar parte de un proceso más amplio dentro de la Administración Pública Federal.

Según lo expresado por la presidenta en referencia al asunto, se está trabajando en el cumplimiento de la ley para que el personal cuente con prestaciones suficientes; sin embargo, precisó que no es posible comprometer una fecha específica para la resolución definitiva, aunque sí se mantiene el objetivo de alcanzar el cumplimiento deseado.

Finalmente, la Secretaría de Cultura reiteró su respeto a las manifestaciones sindicales e hizo un llamado a la comprensión de los procesos y acciones en materia de política salarial que encabeza el Gobierno federal, mientras continúan las revisiones con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Un nuevo récord de afiliados a la Seguridad Social ha marcado el cierre de febrero, con 21.670.636 personas cotizando, la cifra más alta registrada en un mes de febrero desde que existen datos. Este repunte ha estado impulsado principalmente por los sectores de educación y hostelería, que aportaron más de 52.000 nuevos empleos, pero contrasta con otro hito: febrero sumó 3.584 personas más a las listas de desempleo, el mayor aumento en este mes desde 2021.

La subida del paro se ha concentrado sobre todo en el sector servicios y en el grupo de quienes no habían tenido empleo previamente, compuesto mayoritariamente por jóvenes en busca de su primera oportunidad laboral. El Ministerio de Trabajo y Economía Social puntualiza que, pese a este ascenso, el total de desempleados (2.442.646) es el más bajo para un febrero en los últimos 18 años.

La afiliación a la Seguridad Social, por su parte, registra en febrero un incremento medio de 97.004 cotizantes respecto a enero, lo que supone una subida del 0,4%. Esta evolución sitúa el repunte de este año como el tercero más elevado en un mes de febrero desde 2007, solo superado por los datos de 2023 y de los años previos a la crisis financiera.

Menos temporalidad y más empleo femenino

Pese al repunte mensual del 0,1% en los parados, el número total de personas desempleadas continúa por debajo de los registros históricos de los últimos años, lo que sugiere una recuperación del mercado laboral, aunque con matices. El incremento de afiliados a la Seguridad Social, por su parte, refuerza la idea de que la economía mantiene su capacidad de generación de empleo, al menos en algunos sectores.

En el conjunto de los últimos doce meses, el número de cotizados creció un 2,2% hasta los 474.482, mientras que el paro descendió en 150.803 personas, lo que supone una bajada del 5,8%.

La contratación indefinida, por otro lado, sigue ganando peso: el 44,1% de los contratos firmados en febrero fueron fijos, reforzando la calidad del empleo. La tasa de temporalidad bajó al 11,5%, lejos del 29,5% de hace siete años. La afiliación femenina continúa en máximos, con 10,26 millones de mujeres trabajando y una brecha de género que sigue reduciéndose. Las trabajadoras menores de 30 y mayores de 64 años lideran el crecimiento, y las bases de cotización femeninas han subido un 25,9% desde 2019.

Cataluña, Baleares y Madrid lideran en contratación

Durante febrero, la afiliación a la Seguridad Social aumentó en 15 comunidades autónomas, con Cataluña a la cabeza al sumar 23.564 nuevos ocupados. Baleares y Madrid también destacaron, con incrementos de 13.539 y 12.806 trabajadores respectivamente.

Solo Castilla-La Mancha y Extremadura experimentaron descensos mensuales en el empleo, al perder 1.657 y 775 afiliados medios, lo que supone una caída del 0,2% en ambas regiones.

En paralelo, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones informó que a finales de febrero había 11.298 trabajadores afectados por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE). De ellos, 2.710 estaban en un ERTE de fuerza mayor, 7.808 por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción (ETOP), y 780 en el Mecanismo RED dirigido al sector de automoción.

La Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) decidió aplazar el estallamiento de huelga previsto para inicios de marzo, luego de que el Sindicato Único de Trabajadores de la UACM (SUTUACM) rechazara la más reciente propuesta de aumento salarial presentada por las autoridades universitarias.

De acuerdo con un comunicado, la huelga estaba programada para estallar el 1 de marzo, pero tras una asamblea sindical, los trabajadores acordaron conceder una prórroga hasta el 12 de marzo con el objetivo de mantener abiertas las negociaciones laborales y buscar un acuerdo que atienda sus demandas.

Entre las principales exigencias del sindicato se encuentran un incremento salarial digno, el respeto al Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) y la corrección de diversas irregularidades laborales que, aseguran, se han acumulado en los últimos años.

Rechazo a la propuesta salarial de la rectoría

Durante las mesas de negociación, la rectoría presentó una oferta de aumento salarial de 3.8%, la cual fue rechazada por el sindicato al considerarla insuficiente. Los trabajadores han insistido en que su demanda central es un aumento del 13% al salario, además de mejoras en prestaciones y condiciones laborales que permitan enfrentar el impacto de la inflación.

El SUTUACM señaló que, aunque hubo avances en otros puntos relacionados con el CCT, el tema salarial sigue siendo el principal obstáculo para alcanzar un acuerdo. Por ello, la asamblea sindical determinó aplazar la huelga hasta el 12 de marzo, fecha límite para que las autoridades universitarias presenten una nueva propuesta que atienda de fondo las demandas del personal administrativo, técnico y de apoyo.

La huelga no está conjurada

El sindicato advirtió que la huelga en la UACM no está conjurada y que el aplazamiento no significa una solución definitiva al conflicto. En caso de no lograrse acuerdos satisfactorios, el paro podría estallar a mediados de marzo, lo que implicaría la suspensión total de actividades académicas y administrativas.

Además del aumento salarial, los trabajadores exigen la regularización de plazas vacantes, procesos transparentes de ingreso y promoción, así como el respeto a los derechos sindicales. Estos puntos, aseguran, son clave para garantizar la estabilidad laboral dentro de la institución.

Planteles que se verían afectados

En caso de que la huelga en la UACM se concrete, los principales planteles que se verían afectados serían aquellos donde se concentran actividades académicas, administrativas y de atención estudiantil:

• Plantel Casa Libertad (Iztapalapa)
• Plantel Cuautepec
• Plantel Centro Histórico
• Plantel Del Valle
• Plantel San Lorenzo Tezonco
• Plantel Gustavo A. Madero
• Plantel Magdalena Contreras
• Plantel Milpa Alta
• Plantel Tláhuac
• Plantel Benito Juárez, además de oficinas centrales y áreas administrativas

Un paro laboral impactaría directamente en clases, trámites escolares, servicios administrativos y actividades académicas.

Expectativa en la comunidad universitaria

La decisión de aplazar la huelga fue vista como una oportunidad para el diálogo, pero también mantiene en incertidumbre a la comunidad universitaria. Estudiantes, docentes y trabajadores permanecen atentos al avance de las negociaciones laborales, ya que de no alcanzarse acuerdos, la UACM podría enfrentar un paro indefinido a partir de mediados de marzo.

La elección de universidad pública en España empieza a tener un impacto cada vez más decisivo en la empleabilidad y los salarios de los graduados, hasta el punto de que el centro donde se estudia puede condicionar el futuro laboral tanto o más que la carrera elegida. Un reciente estudio de Funcas sobre la cohorte 2015–2016, que analiza la trayectoria académica y laboral de los estudiantes hasta 2023, muestra que las universidades públicas con mejores resultados laborales se concentran mayoritariamente en Madrid y Cataluña. De las 15 instituciones con mayor empleabilidad, 11 se encuentran en estas dos comunidades, revelando un sistema cada vez más estratificado dentro del ámbito público.

Para evaluar el efecto de la institución, los autores han realizado un análisis de clústeres que agrupa las universidades según la nota media de acceso y la tasa de afiliación laboral de sus egresados. Entre las universidades con las mejores perspectivas laborales, destaca el perfil de los centros con alta eficacia de inserción y baja selectividad de acceso, en los que los estudiantes entran con una nota media de 6,45, registran unas tasas de afiliación laboral del 63% tras graduarse y acceden a salarios en el entorno de los 25.000 euros de media a los cuatro años. Este grupo está formado por las universidades de Vic, La Rioja, Girona, Rovira y Vigil, la Politécnica de Catalunya y la Universidad Pública de Navarra.

En el extremo contrario, quienes provienen de centros menos eficaces cuentan con un salario medio de 22.288 euros, lo que representa una brecha salarial del 12% que no se reduce con el tiempo. Además, la empleabilidad en estas universidades cae hasta el 42,46% pese a que las notas de corte medias superan en casi un punto a las del grupo anterior.

El rigor académico no implica mejores empleos

El clúster que ocupa el segundo puesto de la tabla en cuanto a empleabilidad, con una tasa del 58,72%, está constituido por nueve universidades (Universidad de Barcelona, Autónoma de Barcelona, de Alcalá, Politécnica de Barcelona, Politécnica de Cartagena, Rey Juan Carlos, Politécnica de Madrid, Carlos III de Madrid, U. de León y Pompeu Fabra) en las que la nota de acceso media está entre las más altas, con un 8,14, pero donde el salario medio cae hasta los 23.384 euros al año. Además, un pequeño grupo de universidades (apenas el 6% del total) exige las notas más altas de acceso (8,71 de media) pero ofrece una empleabilidad moderada del 46% y sueldos de 22.344 euros, un fenómeno que los investigadores llaman la “paradoja de la exigencia”. Esto demuestra que la universidad pública elegida puede amplificar o limitar el impacto de la carrera, generando diferencias significativas en las oportunidades laborales.

La mayoría de las universidades con mejores resultados se sitúan en Madrid y Cataluña, mientras que otras comunidades presentan menos representación en los segmentos de alto desempeño laboral. Esta concentración supone que la ubicación geográfica de la universidad pública empieza a influir de manera determinante en la trayectoria profesional de los egresados, más allá de la elección de carrera, al condicionar el tipo de empleos al que tienen acceso después de la graduación, pero también por la influencia del entorno institucional en los centros.

Un sistema que avanza hacia la desigualdad

Históricamente, la universidad pública española ofrecía resultados relativamente homogéneos para sus graduados y la nota de acceso era el principal filtro académico. Sin embargo, el crecimiento sostenido del número de estudiantes, que ha pasado de unos 300.000 hace 50 años a más de 1,5 millones en el curso 2024–2025, y la publicación de datos oficiales sobre inserción laboral han permitido identificar diferencias significativas entre universidades y áreas de estudio. El reciente informe de Funcas apunta a que la ubicación geográfica y el perfil institucional juegan un papel decisivo en los resultados profesionales.

Por otra parte, el análisis del estudio evidencia una relación clara entre la selectividad de acceso y la empleabilidad según el área de estudio. Las carreras con alta empleabilidad, como Ingeniería Informática, Ciencias de la Salud, Veterinaria, Administración y Gestión de Empresas y Enfermería, requieren notas de acceso que oscilan entre 7,5 y 8,7 sobre 10, mientras que disciplinas como Filosofía, Bellas Artes o Historia del Arte registran notas medias de 5 a 6,5. Esta correlación confirma que la carrera sigue siendo un factor relevante en la inserción laboral, pero no explica por completo las diferencias observadas entre universidades.

Los grados con notas de corte más altas atraen estudiantes con un nivel académico y preparación similar, lo que hace que los resultados laborales sean más previsibles entre universidades. En cambio, los programas menos selectivos reciben alumnado más diverso en capacidades y preparación, y las diferencias en recursos, docentes y vínculos con el mercado laboral hacen que la empleabilidad y los salarios varíen más según la universidad.

En muchas ocasiones, la baja voluntaria es la mejor decisión para un trabajador que deja de estar satisfecho con su puesto, pero también tiene implicaciones para las prestaciones y compensaciones a las que puede acceder tras el cese de la relación laboral. Optar por este mecanismo implica entender tanto los derechos como las limitaciones que establece la legislación española, especialmente la normativa regulada en el Estatuto de los Trabajadores y en las disposiciones sobre prestaciones por desempleo. En esta línea, el abogado Sebastián Ramírez advierte sobre la importancia de conocer dos consecuencias clave antes de presentar la baja voluntaria.

Ramírez señala que “no tienes derecho a subsidio por desempleo, también llamado paro”, una confusión frecuente entre quienes se desvinculan por iniciativa propia. Esta afirmación coincide con lo dispuesto en la normativa española que establece que la prestación contributiva por desempleo solo corresponde a quienes han perdido su empleo de manera involuntaria.

El sistema de prestaciones por desempleo “está pensado para cualquier tipo y forma de despido, pero no para los casos de baja voluntaria”, explica Ramírez en un video publicado en su perfil de TikTok (@leyesconsebas), enfatizando que la renuncia voluntaria no se considera una situación legalmente protegida. Por lo tanto, incluso si el trabajador ha cotizado el tiempo suficiente para acceder a la prestación, la baja voluntaria impide automáticamente recibirla.

No corresponde indemnización, pero sí finiquito

En cuanto a la compensación económica, Ramírez lo deja claro: “no tienes derecho a ningún tipo de indemnización, solamente a tu finiquito”. Este finiquito incluye “el salario del mes en curso, las vacaciones no disfrutadas y las pagas extras no prorrateadas, nada más”. Este aspecto de la normativa laboral española, recogida en los artículos 49 y 50 del Estatuto de los Trabajadores, establece que la indemnización solo se reconoce en casos de despido procedente o improcedente, no cuando el trabajador decide voluntariamente extinguir su contrato. Por ello, es habitual que los empleados que presentan su baja voluntaria acudan al SEPE esperando acceder a la prestación por desempleo y se encuentren con la negativa administrativa.

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) es el organismo encargado de gestionar las prestaciones por desempleo en España. Según la información oficial del SEPE, la prestación contributiva requiere que la pérdida de empleo sea involuntaria y que el trabajador cumpla un período mínimo de cotización de 360 días en los últimos seis años. Sin embargo, como remarca el experto laboralista, quienes se dan de baja voluntaria “se dan cuenta de que no tienen derecho” a la prestación, ya que la normativa solo contempla el subsidio para quienes han perdido su empleo por causas ajenas a su voluntad. Esto incluye despidos, finalización de contratos temporales y otras situaciones de terminación contractual no voluntarias.

Qué hacer si no tienes derecho a paro

Además, el SEPE ofrece información complementaria sobre posibles alternativas, como el acceso a cursos de formación o prestaciones en situaciones especiales (por ejemplo, excedencias o bajas por fuerza mayor), que no sustituyen la prestación por desempleo pero pueden ser útiles para planificar la transición laboral.

Ramírez concluye que, a la hora de presentar una baja voluntaria, “ya sabes a qué tienes derecho y a qué no”, subrayando la necesidad de informarse antes de tomar esta decisión laboral. Conocer los límites legales, planificar la salida y calcular las consecuencias económicas y de cobertura social es esencial para evitar sorpresas desagradables, garantizar la correcta liquidación del finiquito y, en su caso, organizar la búsqueda de un nuevo empleo sin depender de subsidios que no corresponden.

En medio de una situación compleja en la negociación con los gremios de la administración pública, el gobierno de Axel Kicillof actualizó la deuda que la administración nacional mantiene con la provincia de Buenos Aires y responsabilizó a la gestión de Javier Milei por un “ahogo financiero histórico”. El ministro de Economía bonaerense, Pablo López, expuso que la Provincia experimentó una pérdida total de $22,2 billones en recursos fiscales desde diciembre de 2023, lo que representa uno de los mayores recortes de fondos en los últimos años.

“Atravesamos un ahogo financiero inédito”, afirmó López. El funcionario detalló que los $22,2 billones equivalen aproximadamente a ocho años de inversión en obra pública provincial, a la mitad del presupuesto total de la administración bonaerense o a más de un año completo de recaudación propia. En términos concretos, representaría la construcción de más de 15.000 kilómetros de rutas. “El superávit nacional es deuda con las provincias”, cuestionó.

Para el titular de Economía, si se suman las deudas directas, obras paralizadas y programas eliminados —sin contar la menor recaudación por caída de la actividad—, el monto adeudado a Buenos Aires explicaría cerca del 50% del superávit primario acumulado por la Nación desde 2024. “Mientras enfrentamos el retiro de la Nación de todas las funciones del Estado, los recursos de la Provincia están históricamente deprimidos. Educación, salud, seguridad y obra pública son abandonadas por el Gobierno nacional, y nos quitan los fondos para financiarlos”, agregó López, quien calificó al modelo actual como opuesto al federalismo, al crecimiento económico y al desarrollo social.

En ese punto, la gestión bonaerense pone el foco para fundamentar su posición en la negociación paritaria con los gremios de la administración pública, incluidos estatales, docentes, judiciales y salud, entre otros. Esa instancia se viene complejizando mes a mes, con ofrecimientos que no superan el 5% de incremento salarial. Docentes, estatales y judiciales rechazaron el último ofrecimiento del Ejecutivo provincial en la instancia de negociación colectiva: fue un 3%.

Aunque políticamente hay sintonía con la mayoría de las entidades gremiales, la última oferta no conformó a los sectores, que decretaron medidas de fuerza. El mayor impacto se sentirá el próximo lunes, ya que en las escuelas públicas de la provincia de Buenos Aires no comenzarán las clases, según el calendario escolar. El Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) consideró insuficiente la propuesta. La Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), uno de los gremios que integran el frente, decretó el paro para el 2 de marzo. Sin margen, el resto de los sindicatos docentes se plegó, incluso Suteba, que lidera Roberto Baradel. A pesar de la cercanía con Kicillof, Suteba —el gremio docente más representativo— se sumó, argumentando que la decisión también respondía a la convocatoria de la central nacional, CTERA, de ir a un paro en las escuelas públicas para el 2 de marzo, fecha en la que coincide el inicio del ciclo lectivo en Buenos Aires.

Los gremios señalan, al igual que el gobierno bonaerense, que el recorte de fondos y transferencias de la Nación complica la negociación paritaria a nivel provincial. En el caso docente, uno de los puntos clave fue la eliminación del Fondo de Incentivo Docente (FONID).

Por su parte, los estatales también consideran insuficiente el ofrecimiento de la Provincia. En las últimas horas, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) elevó una nota al ministro de Trabajo, Walter Correa, para que reanude con carácter urgente la negociación paritaria. En la solicitud, la organización sindical fundamentó la necesidad de discutir un nuevo acuerdo que permita recuperar lo perdido durante los últimos meses de 2025.

Según la nota de ATE al ministerio, desde la asunción de Milei y la eliminación del cepo cambiario, la devaluación del dólar provocó una caída del 13,5% en el poder adquisitivo de los salarios estatales en apenas un mes. La entidad subrayó que la inflación se mantiene en niveles elevados y afecta de manera sostenida a los trabajadores del sector público.

El sindicato destacó que desde diciembre de 2023 hasta febrero de 2026, el costo de los servicios públicos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) subió 593%, mientras que el nivel general de precios aumentó 200%. ATE atribuyó este deterioro al “modelo de ajuste brutal” promovido por el Gobierno nacional y a los recortes de recursos que, según sus estimaciones y en línea con Kicillof, representan 22 billones de pesos menos para la Provincia de Buenos Aires.

En un comunicado, ATE sostuvo que la combinación de tarifazos y recortes nacionales “asfixió al Gobierno Provincial”, con consecuencias directas para los bonaerenses y, especialmente, para los trabajadores estatales.

El gremio resaltó que la prioridad debe ser “garantizar el salario de las y los estatales bonaerenses que sostienen todas las políticas públicas de los más de 17 millones de habitantes de la provincia”. Entre los puntos principales de su reclamo, ATE incluyó un aumento salarial de emergencia para los sectores más rezagados, especialmente los auxiliares de la educación.

Los judiciales también rechazaron el ofrecimiento del 3% para febrero, calculado sobre los salarios de enero de 2026. La Asociación Judicial Bonaerense (AJB) consideró insuficiente la propuesta. Las asambleas mandataron a la Comisión Directiva Provincial de la AJB a ejecutar un paro total de actividades en los próximos días. El reclamo se centra en que el Poder Ejecutivo de la provincia presente una nueva oferta que permita equiparar y superar la inflación acumulada. La moción contempla, además, la posibilidad de coordinar la medida de fuerza con otros gremios estatales durante la próxima semana, lo que comienza a generar inquietud en la conducción de algunos sindicatos afines al Ejecutivo, ya que deben responder al mandato de las bases. En el gobierno bonaerense aclaran que las conversaciones informales siguen y que las paritarias “están abiertas”.

Desde el 17 de febrero, en Soacha, Cundinamarca, se mantiene un paro protagonizado por el gremio de conductores del transporte público, que denuncia ser víctima de cobros extorsivos por parte de estructuras internacionales que se han consolidado en el municipio.

Debido a esta situación, residentes de las comunas más alejadas de la última estación de TransMilenio (San Mateo) se han visto obligados a caminar hasta el punto de salida de los articulados y así poder asistir a sus empleos, sitios de aprendizaje y cumplir con los trámites que deben realizar en Bogotá.

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De la misma forma, después de las 5:00 p. m., cuando la mayoría de oriundos de Soacha retornan de sus trabajos, se ha visto una gran cantidad de locales caminando hasta sus hogares ante la ausencia de buses en las vías.

En medio de la situación, Periodismo Público, un medio local en Soacha, divulgó un audio que recibieron los conductores de transporte público, en el que alias Moisés, el mismo que ha firmado los panfletos con amenazas, se atribuye el asesinato de un transportador en la noche del 14 de febrero.

“Nosotros les llegamos de la mejor manera y no nos quisieron solucionar y nos vimos en la obligación de hacer lo que hicimos con el señor Agustín. La vuelta es la siguiente: necesitamos que busquen un vocero y se reúnan todos, que lleguen a un acuerdo con nosotros. Necesitamos que nos apoyen con 100.000 pesos semanalmente”, es parte del audio mencionado.

Sobre la estructura criminal que los está extorsionando, en diálogo con Infobae Colombia, conductores del transporte público que optaron por no dar sus nombres para preservar su seguridad, afirmaron que se trataría de ciudadanos de nacionalidad venezolana que se han apoderado de varias comunas en Soacha.

A pesar de las denuncias, y de que en medio de una jornada de protesta se registró el asesinato de un “calibrador” en el municipio, el alcalde de Soacha, Julián Sánchez “Perico”, afirmó que el paro era una respuesta de los conductores por los operativos de control que se han llevado a cabo en el territorio.

“En articulación con la Dijín de la Policía Nacional, inmovilizamos 30 vehículos que operaban de manera ilegal en la ciudad y que no cumplían con las normas de seguridad exigidas para la prestación del servicio público. Durante los operativos, un pequeño grupo de conductores generó bloqueos en varios puntos. Sin embargo, gracias al respaldo de los transportadores formales y al trabajo coordinado de nuestras autoridades, logramos restablecer el servicio de manera oportuna. En Soacha seguimos actuando con determinación para proteger la legalidad, la seguridad de los usuarios y el trabajo digno de quienes sí cumplen las normas”, fue el mensaje que terminó de romper los intentos de diálogo entre el gremio de transportadores y la alcaldía municipal.

Durante la tercera jornada sin transporte público en Soacha, los conductores afirmaron que con las declaraciones entregadas por Julián Sánchez, el alcalde les dio la espalda, por lo que no tienen fecha exacta para volver al diálogo.

“Nosotros denunciamos que nos matan a dos compañeros y él sale a decir que somos ilegales. Claro que hay algunos que no tienen los papeles al día, pero es por lo mismo, porque ya no ganamos nada; si nos extorsionan, ¿de dónde pagamos las cosas?”, declaró un conductor a Infobae Colombia.

Hasta el momento, no se ha anunciado ningún tipo de diálogo entre las partes en el corto plazo; mientras tanto, miles de soachunos deberán seguir caminando por zonas con poca iluminación, nula presencia de las autoridades y ninguna solución viable a la vista.

Luego de que la lowcost Flybondi cancelara todos los vuelos programados para este jueves, ya reducidos en un principio por el paro general de la CGT en rechazo a la reforma laboral, el Gobierno aseguró que un gremio le hizo un boicot a la empresa y la dejó sin combustible. Se trataría de la Federación de Sindicatos Unidos Petroleros e Hidrocarburíferos (SUPeH).

“La aerolínea Flybondi, empresa que mantenía sus vuelos operativos en Ezeiza a pesar del paro general que afectó al resto de las aerolíneas locales, está sufriendo un boicot del ala sindical de los distribuidores de combustibles aeronáuticos”, aseguraron desde la Secretaría de Transporte

Tras retomar sus operaciones en la madrugada, la compañía no pudo concretar las salidas programadas desde el Aeropuerto de Ezeiza durante la mañana, ya que los camiones encargados del suministro aeronáutico no entregaron el combustible necesario para los aviones que permanecían en tierra.

“La empresa elevó los reclamos correspondientes y está a la espera de que se le despache el combustible correspondiente. La falta de abastecimiento responde a una medida sindical, y no empresarial, y afecta a más de 1.100 pasajeros en área de preembarque y cerca de 800 en área de check-in que tuvieron que dirigirse al aeropuerto de Ezeiza para tomar su vuelo programado”, sostuvo el comunicado oficial.

“Es necesario remarcar que los distribuidores de combustible en Ezeiza están haciendo el abastecimiento a otras empresas. Y que Flybondi está recibiendo combustible en otros aeropuertos del país”, agregó.

Sin embargo, en el comunicado emitido por la empresa no se hace alusión a un boicot, solamente a la “falta de abastecimiento de combustible”. Algunas aerolíneas del sector ya preveían que esto podía suceder y decidieron cancelar toda su operación.

En la cartera de Transporte destacan que la empresa proveedora de combustible de Flybondi es YPF Aviación, la cual estaría abasteciendo a otras aerolíneas internacionales que arriban a la terminal y no a la lowcost. De todos modos, no es la única que ofrece el servicio habitualmente en el aeropuerto.

En su comunicado, la línea aérea señaló: “Flybondi informa que, lamentablemente se ve obligada a cancelar el resto de la programación de vuelos del día debido a la falta de abastecimiento de combustible, situación derivada del paro general que se está llevando a cabo en Argentina”.

Durante las primeras horas de la mañana, operó nueve vuelos: desde/hacia el Aeropuerto Internacional de Ezeiza con destino a Río de Janeiro y Florianópolis; desde Mendoza hacia Ezeiza; desde Córdoba hacia Ushuaia y Río de Janeiro; y además un vuelo chárter Rosario–Maceió.

“Si bien la aerolínea trasladó toda su operación a Ezeiza para mitigar el impacto de la medida de fuerza, dado que allí la compañía cuenta con autoprestación de handling, se ve impedida de continuar con los vuelos programados. En consecuencia, se cancelarán 90 vuelos, afectando a más de 9.700 pasajeros”, precisaron.

Pasajeros afectados de otras aerolíneas

Ya este miércoles Aerolíneas Argentinas había comunicado que cancelaría 255 vuelos, lo que impactó sobre los 31.000 clientes que tenían su boleto para este jueves.

La lowcost JetSmart informó que la protesta sindical derivó en la suspensión de todos los vuelos previstos. La disposición alcanzó a 96 operaciones y a unos 17.000 pasajeros.

En respuesta a lo que la empresa calificó como una “circunstancia externa”, se habilitó para los usuarios la opción de cambiar la fecha de su viaje sin costo adicional ni diferencia de tarifa, con la posibilidad de volar hasta el 15 de marzo de 2026.

Además, se recomendó a los pasajeros afectados gestionar esta modificación a través del sitio web oficial, en la sección destinada a la administración de reservas.

Latam, por su parte, suspendió 46 vuelos, lo que impactó en 7.399 pasajeros. La compañía explicó que la medida obedece al paro de los empleados de Intercargo, la empresa estatal responsable de los servicios de rampa.

La aerolínea advirtió que algunos vuelos podrían no cancelarse, aunque sí presentar cambios en sus horarios o fechas. Por este motivo, sugirió a los pasajeros verificar el estado de sus vuelos.

Según estimaciones de la consultora Adventus, hay otras 19 compañías que cancelaron el 100% de sus vuelos.

Los gremios aeronáuticos decidieron adherirse al paro general de la CGT en rechazo a la reforma laboral, lo que llevó a las aerolíneas a alterar su cronograma de vuelos habitual y hacer cancelaciones y reprogramaciones. Se estima que hay más de 65.000 pasajeros afectados por la medida.

La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) y la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA) informaron este miércoles que se sumarían al cese de actividades convocado por la central sindical y en algunos casos harían movilizaciones.

“Nuestra postura ha sido clara, pública y sostenida: siempre nos opusimos a la reforma laboral porque representa un retroceso en derechos, promueve la precarización de las condiciones de trabajo y busca debilitar la negociación colectiva en nuestra actividad, así como limitar el derecho a huelga”, sostuvieron los gremios en un comunicado conjunto.

Mientras tanto, la Cámara de Compañías Aéreas en Argentina (Jurca) remarcó que se “generarán perjuicios millonarios a la actividad económica nacional en su totalidad”.

Señalaron que el alcance del paro en plena temporada de verano impide reprogramar la totalidad de los vuelos del día o reubicar a todos los pasajeros, dado el nivel de demanda propio de estas fechas y las características del transporte aéreo.

“Las aerolíneas se encuentran abocadas a implementar todas las medidas necesarias para mitigar el impacto negativo de esta huelga que provocará la cancelación de más de 400 vuelos y la afectación de más de 64.000 pasajeros y clientes de carga”, calculó Jurca, aunque esas cifras variaron a lo largo de la jornada.

De acuerdo a la consultora Adventus, para las 10:30 horas, están cancelados el 87,23% de los vuelos planificados. Hay 19 compañías que suspendieron el 100%.

La empresa más perjudicada es Aerolíneas Argentinas. Según detallaron en la línea aérea, cancelaron 255 vuelos, impactando sobre los 31.000 clientes que tenían su boleto para este jueves. En términos económicos, la pérdida asciende a USD 3 millones.

De las cancelaciones, 219 corresponden a vuelos de cabotaje, 32 a regionales y 4 a internacionales. La compañía aseguró que aplicará descuentos salariales al personal que no trabaje por adherirse al paro.

La lowcost JetSmart comunicó que la protesta sindical derivó en la suspensión de todos los vuelos previstos. La disposición alcanza a 96 operaciones y a unos 17.000 pasajeros.

Frente a lo que la firma definió como una “circunstancia externa”, puso a disposición de los usuarios la posibilidad de modificar la fecha del viaje sin penalidad ni diferencia de tarifa, con plazo para volar hasta el 15 de marzo de 2026. Asimismo, instó a quienes resultaron afectados a realizar el trámite a través de su página oficial, en el apartado de gestión de reservas.

Por su parte, Latam canceló 46 vuelos, lo que repercutió en 7.399 pasajeros. La aerolínea aclaró que se debe al paro de los trabajadores de Intercargo, la empresa estatal que brinda servicios de rampa.

“Algunos vuelos podrían no ser cancelados sino operar con alguna alteración en su horario y/o fecha de vuelo. Es por ello que sugerimos a los pasajeros que confirmen el estado de su vuelo”, subrayaron.

Para aquellos que por la situación no puedan viajar la compañía ofreció dos opciones:

• Cambios de fecha/vuelo sin costo (puede ser ida y/o regreso) para una nueva fecha dentro del año de su vuelo original.
• Solicitar la devolución sin costo dentro de la vigencia del ticket (para todos los cupones del boleto sin utilizar).

Por la mañana, Flybondi informó que concretaría 72 vuelos este jueves, pero debido a la falta de abastecimiento de combustible se vio obligada a cancelar todos.

“Si bien la aerolínea trasladó su operación a Ezeiza para mitigar el impacto de la medida de fuerza, dado que allí cuenta con autoprestación de handling, se ve impedida de continuar con los vuelos programados. En consecuencia, se cancelarán 90 vuelos, afectando a más de 9.700 pasajeros, quienes podrán autogestionar su cambio de fecha sin costo adicional en la página web”, comunicó la low cost.

En este contexto, es recomendable:

• Consultar el estado del vuelo con la aerolínea antes de dirigirse al aeropuerto.
• Revisar las notificaciones oficiales y canales de comunicación de las compañías aéreas.
• Mantenerse informado a través de los sitios web de los aeropuertos
• Considerar la posibilidad de reprogramar el viaje o solicitar cambios sin penalidad, si la aerolínea lo permite.

Los sindicatos del sector fueron de los más combativos desde el inicio de la gestión de Javier Milei. Las tensiones fueron escalando, motivadas principalmente por reclamos salariales, cambios en las condiciones laborales, el proceso de desregulación y la posible privatización Intercargo y Aerolíneas Argentinas.

De hecho, pese a no poder adherirse a la medida de la CGT por ser servicio esencial, los controladores aéreos, nucleados en la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA), anticiparon que próximamente difundirán un cronograma de paros por conflictos salariales con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), la cual depende del Gobierno.

El Gobierno asumió el costo de la marcha atrás con el artículo de las licencias por enfermedad, logró dictamen después de esa poda y apuesta a la sesión de este jueves en Diputados para aprobar la reforma laboral. Será un paso decisivo, pero no el último, porque la coronación del proyecto deberá esperar a la segunda vuelta del Senado, la semana que viene. Todo fue disparado por el impacto del artículo 44, que se sintió en el interior del oficialismo, descolocó a aliados y dejó una imagen pobre del grueso de los senadores, porque el tema pasó sin ruido en el recinto -al parecer, sin lectura- - y estalló unos días después por las declaraciones de Federico Sturzenegger. Alcanzó para darle aire a los duros de la CGT, que hoy va al paro total.

El oficialismo decidió dar de baja el grosero tema de las licencias por causas de salud cuando comprobó que, sin ese giro, no tenía asegurada la sesión de Diputados. Es decir, no contaba con los apoyos para garantizar el quórum. La amplia gama de socios y aliados no estaba dispuesta a acompañar si no era liquidado el artículo en cuestión, sin parche alguno, aunque eso determinara un nuevo capítulo en la Cámara alta. Lo registraron Martín Menem en los contactos con el armado del PRO, parte de la UCR y otros sectores; y Diego Santilli en diálogo con gobernadores. De manera pública, lo hicieron saber después Cristian Ritondo, como bloque, y Gustavo Sáenz, como señal de jefes provinciales.

Los recelos habían ganado terreno. La reacción inicial del Gobierno, cuando fue sorprendido por el oleaje que provocaron los dichos de Sturzenegger, fue tratar de dibujar alternativas que agotaran el trámite en Diputados: corrección en la reglamentación de la ley o un proyecto específico para anular después el artículo 44. El problema era más complejo. No pesaba sólo la evidente fragilidad o improcedencia de esas alternativas, sino, sobre todo, la desconfianza en el cumplimiento del Ejecutivo. Y además, el malestar por un costo inesperado y atribuido a la interna violeta.

Ese último fue un ingrediente fuerte. Desde las filas de LLA nunca aclararon del todo cómo había sido incorporado el texto, cuyo efecto se añadió a la lista de daños autogenerados. En filas del PRO y entre legisladores que juegan como aliados por indicación de sus gobernadores -del PJ o provinciales- cargaron contra la “mala praxis” violeta. Una explicación más bien exculpatoria, porque el texto estuvo en poder de sus senadores y pasó la votación. Es más, trascendió que un señalamiento sobre el tema habría llegado al bloque amarillo de diputados.

Como sea, no resultó un dato menor que aliados del oficialismo hicieran pública su posición -dar de baja sin más vueltas el artículo de las licencias por enfermedad-, además de haberla anticipado en las conversaciones con Martín Menem y, de manera más informal, con Santilli. Ritondo lo expuso como decisión del espacio o interbloque. Y la suma terminó de dar negativo para el titular de Diputados cuando llegó el mensaje de Sáenz. El gobernador salteño difundió en X la decisión del conjunto integrado también por legisladores que responden a los jefes provinciales de Tucumán, Catamarca y Misiones.

El malestar con Sturzenegger en el interior del oficialismo venía de arrastre. Fuentes libertarias dejaban circular que el ministro había sido apartado del tema cuando se conversaba en reserva con negociadores cegetistas para moderar las reacciones frente a la reforma laboral. Eso explicaba la decisión de bajar del proyecto los puntos que podrían afectar a las estructuras sindicales, como las cuotas para los gremios y la reducción de aportes a las obras sociales.

El impacto primero mediático y después político de las declaraciones del ministro sobre el recorte de licencias por cuestiones de salud también fue registrado en la interna sindical. Los más críticos con los secretarios de la CGT -Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Arguello- apuntaban ácidamente a una suerte de entendimiento para dar por cumplida la protesta con la marcha de la semana pasada. Latía también la posibilidad de algunas demandas judiciales una vez sancionada y promulgada la ley. Y se hablaba de contactos con algunos jefes cegetistas, por vía de Santiago Caputo y, al menos en este terreno, en la misma dirección que Karina Milei.

El nuevo capítulo en el trámite de la ley dio oxígeno a los gremios más duros de la CGT. El paro total no estaba planteado como alternativa real hace apenas una semana. Por supuesto, la dirigencia sindical arrastra el deterioro de su imagen. El punto, en todo caso, es que la exposición y caída del artículo 44 impactaron en la agenda pública -la conversación, en sentido amplio- muy por encima de lo que venía ocurriendo con la reforma laboral como título.

Fue notorio en las redes sociales. Y a ese cuadro se sumó el cierre de Fate. El Gobierno decidió imponer una conciliación obligatoria, para tratar de contener la situación, y además asoció la decisión empresarial con el clima de paro. En esa línea, Javier Milei no ocultó su enojo. Y vía trascendidos sobre la evaluación de Olivos y a través de las redes, la carga apuntó centralmente sobre el empresario Javier Madanes. También, sobre el sindicato.

Es sabido que Fate arrastra una situación crítica de años y también que es duro el conflicto gremial, en los últimos meses por el ajuste de salarios. Por supuesto, el otro factor -de mercado, por las importaciones- fue destacado en el mensaje de la CGT -tal vez, menos relevante en otro contexto- y por la UIA, tensionada por diferencias en su interior y últimamente más expuesta. Fue sacudida por el cruce del Gobierno con Techint y viene de un encuentro con Luis Caputo, que habría dejado poca respuesta a sus planteos.

El oficialismo confía en celebrar el paso de la reforma laboral por Diputados, aunque le reste el ultimo impulso en el Senado. Dará además batalla comunicacional por el paro de la CGT. De todos modos, lo más inquietante en ese frente sería hasta qué punto se impondrán respuestas duras desde la estructura sindical. En estas horas, renacen las especulaciones sobre judicialización de la ley o de algunos artículos, incluso más allá de movidas cegetistas. Pero por ahora, el foco sigue puesto en Diputados. El oficialismo revisa las cuentas de apoyos y espera superar cuestionamientos a otros puntos sensibles, como la creación del FAL. Javier Milei espera atento, en comunicación desde Washington.

El Ministerio de Economía calcula que el paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) para este jueves podría generar una pérdida de USD 575 millones, aunque la cifra depende del nivel de acatamiento. La protesta, impulsada en rechazo a la reforma laboral, coincide con la persistente incertidumbre en la Cámara de Diputados, donde aún falta el dictamen de comisión para tratar el proyecto.

Según fuentes oficiales de Economía consultadas por Infobae, el impacto estimado responde a proyecciones sectoriales que consideran la adhesión variable de cada rubro, en un contexto atravesado por la presión sindical y el reciente cierre de la fábrica FATE. Una fuente del Ministerio precisó que el cálculo “da aproximadamente USD 575 millones, asumiendo un acatamiento promedio de entre 30% y 50%, según la actividad”. Así, el paro se perfila como uno de los más costosos de los últimos años, aunque proporcionalmente menor respecto de huelgas anteriores con mayor participación.

La información se difundió tras la confirmación del paro nacional por parte de la CGT, que responsabilizó al Ejecutivo por el cierre de FATE y lo presentó como muestra de la crisis industrial. La central obrera sostuvo que la decisión empresarial constituye una señal de alerta para el sector manufacturero y atribuyó la situación al “fracaso del plan económico del Gobierno”. El objetivo de la medida es expresar el rechazo sindical a la reforma impulsada por el Gobierno, que, según la CGT, pone en riesgo derechos laborales y podría agravar la pérdida de empleo. En su comunicado, la central sindical describió la clausura de FATE como un llamado de atención para el sector productivo y respaldó el paro como respuesta ante el “fracaso del plan económico del Gobierno”.

La CGT vinculó la convocatoria con el cierre de FATE y la situación de la industria, argumentando que el evento refleja las dificultades que enfrenta el sector productivo ante el contexto económico y los cambios en la legislación laboral. Representantes sindicales definieron el paro nacional como una herramienta legítima para la defensa del empleo y las condiciones laborales.

Huelgas previas

Las huelgas generales previas convocadas por la CGT y otras organizaciones sindicales generaron pérdidas de hasta USD 544 millones, cifra registrada durante la medida del 9 de mayo de 2024, según datos del Instituto de Economía de la UADE. En esta ocasión, se anticipa un menor nivel de acatamiento y el Gobierno presiona por la no adhesión de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), con la amenaza de quitarle la personería jurídica al encontrarse en conciliación obligatoria.

En 2025, el paro del 10 de abril sirvió como antecedente para analizar estas variaciones. En esa oportunidad, el funcionamiento habitual de los colectivos amortiguó la caída de la actividad, con un costo económico de USD 194 millones, equivalente al 6,4% del PBI diario. No obstante, los modelos técnicos advirtieron que, sin transporte, esa jornada habría costado USD 539 millones, casi el triple, lo que subrayó la importancia de la movilidad para el comercio y la industria.

Martín Álvarez, coordinador del Instituto de Economía de la UADE, explicó la dinámica estructural de estas protestas. El economista indicó: “Nosotros siempre calculamos, más o menos, que un paro general así anda en quinientos millones de dólares, entre quinientos y seiscientos millones”. Esta estimación coincide con el impacto de otros paros masivos, como el del 9 de mayo de 2024, cuando la inactividad total generó una pérdida de USD 544 millones, alcanzando el 24,3% del PBI de ese día.

El factor determinante para el jueves próximo residió en la presencia de los colectivos en las calles: y los gremios de transporte ya anunciaron que adherirán. Álvarez destacó este punto al señalar: “El problema es cuando hay o cuando no hay colectivos. Por lo que estuve viendo, no va a haber colectivos, así que sí andará entre quinientos y seiscientos millones. Es más o menos lo que calculamos nosotros siempre, de pérdida de actividad en cada paro”. Esta previsión colocó a la medida de fuerza en el rango más alto de impacto económico, debido a que la falta de transporte impidió que los empleados de sectores no sindicalizados llegaran a sus puestos de trabajo.

Ante la consulta de Infobae a fuentes oficiales del Ministerio de Capital Humano, destacaron que está vigente la conciliación obligatoria y que, por lo tanto, no deberían adherir porque, de lo contrario, corren el riesgo de que se les quite la personería jurídica (representación sindical). Mientras que en el sindicato que conduce Roberto Fernández guardan silencio.

El escenario actual se diferencia de protestas anteriores por el menor nivel de adhesión previsto, la coyuntura industrial y el clima político. La CGT reiteró que el cierre de FATE es un mensaje de advertencia para el empleo y la producción, mientras que el Gobierno sostiene la necesidad de avanzar con la reforma laboral.

Luego de que la CGT confirmara el paro general de 24 horas previsto para este jueves, los gremios aeronáuticos anunciaron que adherirán a la medida de fuerza, lo cual afectará los vuelos tanto nacionales como internacionales durante la jornada.

El parate de actividades responde al tratamiento de la reforma laboral por parte de la Cámara de Diputados, proyecto que ya obtuvo media sanción en el Senado. Puntualmente, los sindicatos del sector fueron uno de los más combativos desde el inicio de la gestión de Javier Milei. Las tensiones fueron escalando, motivadas principalmente por cuestiones salariales, cambios en regulaciones laborales y un proceso de desregulación y la posible privatización de empresas como Intercargo y Aerolíneas Argentinas.

En un comunicado conjunto, la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) y la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA), informaron que “cuando se discuta el proyecto de ley en la Cámara de Diputados, vamos a adherir a la medida de fuerza”.

“Nuestra postura ha sido clara, pública y sostenida: siempre nos opusimos a la reforma laboral porque representa un retroceso en derechos, promueve la precarización de las condiciones de trabajo y busca debilitar la negociación colectiva en nuestra actividad, así como limitar el derecho a huelga”, sostuvieron los gremios.

“Hoy ratificamos esa posición con hechos. En unidad de acción, defendemos nuestro trabajo, nuestras condiciones laborales y el futuro de la aviación argentina. La gravedad del contexto exige firmeza, coherencia y acción colectiva para poner un límite a cualquier intento de flexibilización”, agregaron.

Aclararon que cada organización comunicará internamente y por sus canales habituales el instructivo de paro, detallando día y horarios.

Por su parte, APA manifestó: “Como venimos denunciando, esta reforma solo busca quitar derechos y avasallar a la clase trabajadora. Esta lucha no es nueva para nosotros. Como sindicato, venimos manteniendo una férrea defensa de nuestras fuentes y condiciones de trabajo tanto de las y los trabajadores en todas las empresas del sector aeronáutico, sean privadas o empresas del Estado, como Aerolíneas Argentinas, Intercargo y Fadea, que el Gobierno busca privatizar, desguazar o cerrar. No lo vamos a permitir”.

“Hemos demostrado coherencia en la lucha, defendiendo siempre los intereses de los trabajadores y trabajadoras. No vamos a claudicar ante las políticas de ajuste y entrega que busca implementar el gobierno de Javier Milei. iNo a la reforma laboral!“, expresaron.

Además, convocaron a sus afiliados a movilizarse a las 12 del mediodía en Bernardo de Irigoyen y Av. de Mayo.

En tanto, si bien las lowcost JetSmart y Flybondi tienen sus propios sindicatos, la cadena de suministro, incluyendo por ejemplo el combustible, no está asegurada para que la operación de desarrolle con normalidad.

En cuanto a los controladores aéreos, nucleados en la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA), no podrán adherir al paro porque no les dan los tiempos para notificar un cronograma, dado que son servicio público esencial, pero indican que casi no habrá vuelos.

De todos modos, el gremio, que llevó a cabo una serie de paros en diciembre en reclamo salarial, expresó a través de sus redes sociales el acompañamiento al paro, asegurando que la reforma laboral implica pérdida de derechos y genera salarios más precarizados. Llamaron a defender su convenio colectivo de trabajo, la seguridad operacional, el trabajo digno y la organización sindical.

En este contexto, es recomendable:

• Consultar el estado del vuelo con la aerolínea antes de dirigirse al aeropuerto.
• Revisar las notificaciones oficiales y canales de comunicación de las compañías aéreas.
• Mantenerse informado a través de los sitios web de los aeropuertos y redes sociales.
• Considerar la posibilidad de reprogramar el viaje o solicitar cambios sin penalidad, si la aerolínea lo permite.

Qué harán el resto de los gremios de transporte

Más allá de los vuelos, la mayoría de los medios de transporte se verán afectados. La Unión Tranviarios Automotor (UTA) resolvió a último momento adherir a la medida de fuerza. Existían dudas sobre su participación, ya que en el paro general convocado por la CGT el 10 de abril varios colectivos circularon debido a que el gremio se encontraba bajo conciliación obligatoria por un conflicto salarial.

El resto de los sindicatos del sector transporte también participará, incluyendo la Unión Ferroviaria, encabezada por Sergio Sasia; La Fraternidad, que representa a los maquinistas de trenes con Omar Maturano al frente; y la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), liderada por Juan Carlos Schmid, que agrupa a camioneros, pilotos, aeronavegantes, marítimos, fluviales y personal del subte, entre otros.

De esta manera, el gobierno libertario afrontará la cuarta medida de este tipo convocada por la CGT desde que asumió.

La Asamblea General de Estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, comunicó el cese completo de actividades académicas y administrativas tras conocerse la orden judicial que dispone la restitución de José Ismael Peña en el cargo de rector. La medida, anunciada el 17 de febrero de 2026, se mantendrá inicialmente hasta el martes 24 de febrero, día en que la asamblea volverá a reunirse para deliberar sobre la continuidad del paro.

En el pronunciamiento público conocido por El Tiempo, la asamblea sostiene que la acción de tutela interpuesta por Peña y fallada a su favor en segunda instancia “desconoce la voluntad del estudiantado y de los distintos estamentos que conforman la comunidad universitaria”.

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Los estudiantes afirman que la decisión judicial afecta la autonomía universitaria y la democracia interna, por lo que exigen la renuncia inmediata de José Ismael Peña como rector de la Universidad Nacional de Colombia.

El comunicado plantea que el Consejo Superior Universitario (CSU) debe aprobar el mecanismo de elección que se defina en la próxima plenaria de la Mesa Constituyente Universitaria (MECUN). Además, solicitan garantías para la participación efectiva de ese espacio y respaldo institucional para la realización del Encuentro Nacional de Estudiantes.

Agenda de movilización

La declaratoria de paro incluye una agenda de movilización que contempla reuniones por sedes y facultades, plantón en la Calle 26, movilización hacia el lugar de posesión y actividades académicas y culturales. Entre estas últimas, se destacan conversatorios organizados por el Departamento de Sociología y una proyección cultural prevista para esta semana.

Según el documento estudiantil, el paro se mantendrá hasta que se cumplan las exigencias planteadas o hasta que la asamblea decida lo contrario.

Fallo judicial y restitución de Peña

El fallo que motivó la reacción estudiantil fue emitido por la Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, que ordenó al Consejo Superior Universitario restituir a José Ismael Peña como rector en un plazo de 48 horas. La decisión resuelve la acción de tutela presentada por Peña y revoca una sentencia anterior del Juzgado 46 Laboral del Circuito de Bogotá, que había negado su solicitud en diciembre de 2025.

En la providencia, el tribunal establece que el CSU debe adoptar las medidas necesarias para permitir el ejercicio del cargo conforme al acta de designación del 21 de marzo de 2024. La magistrada ponente señaló que, aunque la universidad cuenta con autonomía para su organización interna, esa facultad no habilita a desconocer un acto administrativo vigente ni a neutralizar sus efectos por vías distintas al control judicial.

Antecedentes de la disputa por la rectoría

La controversia por la rectoría comenzó en noviembre de 2025, cuando la Sección Quinta del Consejo de Estado anuló el nombramiento de Leopoldo Múnera como rector y concluyó que la elección de José Ismael Peña, realizada en marzo de 2024, había sido válida. Posteriormente, el Consejo Superior Universitario interpretó que el fallo no implicaba el restablecimiento automático de Peña y designó un rector encargado mientras solicitaba una aclaración al Consejo de Estado. La solicitud fue negada.

De acuerdo con El Tiempo, el abogado Saúl Orlando León explicó que, al tratarse de una decisión en segunda instancia dentro de una acción de tutela, no procede ningún recurso adicional y su cumplimiento es obligatorio en el plazo fijado. Agregó que el expediente debe remitirse a la Corte Constitucional para una eventual revisión, aunque este trámite no suspende la orden impartida.

Argumentos del Tribunal Superior

El fallo del tribunal dispone que el CSU debe restituir a Peña “adoptando las medidas necesarias para garantizar el ejercicio del cargo por parte del accionante, conforme al acto de elección contenido en el acta 05 del 21 de marzo de 2024”.

El tribunal precisó: “Esta orden se adopta en protección directa del derecho fundamental, vulnerado, sin que indique pronunciamiento sobre eventuales controversias administrativas adicionales, que pueden ser objeto de control por la jurisdicción competente”.

La orden judicial debe ejecutarse dentro de las 48 horas siguientes a la notificación. Durante ese periodo, la sede Bogotá enfrenta la suspensión de actividades académicas y administrativas, mientras la administración central de la Universidad Nacional de Colombia no ha emitido un nuevo pronunciamiento sobre el paro.

El 15 de febrero, las autoridades en Soacha, Cundinamarca, confirmaron que Agustín González, un conductor de transporte público, fue asesinado en un ataque sicarial durante un recorrido por el municipio.

Familiares del conductor informaron a QHubo que González llevaba varios años cubriendo la ruta que conecta con la zona de Prado Vegas, cerca de donde fue asesinado.

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Testigos del hecho afirmaron que el bus se detuvo luego de que un grupo de hombres le hizo una señal para ser recogidos; acto seguido, le propinaron varios disparos a Agustín González, que murió en el lugar de los hechos.

Conductores de transporte público bloquean la autopista Sur ante crisis de inseguridad

El crimen fue el motivo por el que el gremio de conductores del transporte público en Soacha se unió sobre las 6:00 p. m. del 17 de febrero para bloquear la autopista Sur, en el lugar que conecta al municipio con Bogotá.

Sin que exista un acuerdo para que los conductores permitan el paso vehicular, medios locales han hablado con varios de los protestantes, que aseguran estar cansados de la inseguridad en Soacha.

Los conductores denuncian que son víctimas de cobros extorsivos por parte de bandas delincuenciales, y aseguran que Agustín González no fue asesinado en un intento de robo, sino como represalia por no abonar el dinero que le pedían criminales en la zona.

Hasta el momento, la autopista Sur permanece bloqueada y los ciudadanos que se movilizaban en TransMilenio han tenido que bajar de los articulados en los sectores de Terreros y León XIII para caminar hasta sus hogares.

Conductores han afirmado que mantendrán los bloqueos en las próximas jornadas hasta que la Alcaldía de Soacha tome cartas en el asunto y garantice que podrán seguir con su labor de manera segura.

De acuerdo con los transportadores, en la madrugada del 18 de febrero habrá nuevos bloqueos en el corredor que conecta a Bogotá con el sur de Cundinamarca.

Para exponer su preocupación, conductores han recordado que en la primera semana de febrero recibieron panfletos con amenazas por parte de estructuras ilegales que delinquen en el municipio, y hasta el momento las autoridades no se han pronunciado al respecto.

“La felicidad y la tranquilidad no tienen precio”, es parte del mensaje intimidatorio que fue difundido en redes sociales luego de que varios transportadores del servicio público denunciaron que estos fueron dejados en sus vehículos.

No es la primera vez que los conductores de bus en Soacha denuncian este tipo de hechos, puesto que en mayo de 2025 realizaron un plantón luego de que un colega fue asesinado en Ciudad Verde.

En el lugar de los hechos, los sicarios dejaron un panfleto en el que se afirmaba que, en caso de no pagar lo solicitado, ese sería el desenlace de los demás que hacían parte de la ruta Terreros-Ciudad Verde.

“Cordial saludo: Este llamado va para todos los transportes privados de Soacha Ciudad Verde, que desde hace un tiempo se viene haciendo un llamado para que apoyen la organización y no han hecho caso. Por eso hemos tomado la decisión de empezar a matar a los conductores hasta que no lleguen a un acuerdo con nosotros. Los que están trabajando en nuestro sector, en este momento se les hará un paro”.

Cabe recordar que en el sector residencial de Ciudad Verde no hay acceso de rutas del Sistema de Transporte Público de TransMilenio, sino que solo funcionan rutas municipales y algunos medios de transporte llamados “piratas”.

El 17 de febrero se conoció que los sindicatos de la Unidad Nacional de Protección (UNP) manifestaron su desacuerdo con los decretos 019 y 020 de 2026, relacionados con la formalización laboral en la entidad.

Representantes de la Dirección Nacional Sindical de Escoltas Profesional advirtieron que podrían iniciar un paro si no reciben una respuesta favorable a la demanda que presentarán ante el Consejo de Estado. Denuncian que los decretos vulneran derechos fundamentales de trabajadores que son padres o madres cabeza de hogar, mayores de 60 años o con hijos con enfermedades.

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Voceros de los sindicatos afirmaron que los decretos estarían blindados usando la Ley 909 de Función Pública, lo que dificultaría cualquier reestructuración, lo que generaría inconsistencias.

Los sindicatos señalan irregularidades en la derogatoria de las resoluciones 300 y 301, que afectan la contratación para la protección de firmantes de paz. También cuestionan el manual de funciones, elaborado sin los estudios técnicos requeridos por la norma. Por este motivo, manifestaron que la situación deja en incertidumbre la protección de líderes sociales, políticos y defensores de derechos humanos en Colombia.

En diálogo con Infobae Colombia, Giovanni Gallo, presidente de Analtraseg, uno de los sindicatos de escoltas de la UNP, habló sobre los motivos de los trabajadores de la unidad para entrar en paro.

En primer lugar, Gallo mencionó las dudas que hay al interior de la UNP en estos momentos: “Tenemos bastantes preguntas. ¿A quiénes van a contratar?, ¿Cómo va a ser esta contratación? No se ha hablado de la entidad que va a hacer el estudio, las evaluaciones, nada".

En ese sentido, tras la divulgación del presupuesto para 2026 de la UNP, que incluye la contratación de 6.000 personas, los sindicatos piden que se explique si habrá despidos masivos para que los nuevos vinculados sean añadidos a la unidad.

“Tampoco se ha hablado de la capacidad de armas que van a tener los contratados, ¿Dónde están las armas? Si es algo temporal, estaríamos haciendo algo grave, que es permitir que llegue el nuevo Gobierno y esas personas queden volando. Ahí, nuevamente tendrían que buscar trabajo en empresas privadas".

Otro punto que ha sido discutido es la contratación de personal que hizo parte de la firma del Acuerdo de Paz de 2016, principalmente por las dudas que existen en torno a la designación de defendidos de ese personal.

“Sentimos que el ingreso del personal de las Farc a la planta global de la UNP no es contraproducente para los protegidos. Hay muchas personas que van a rechazar. Sería una falla grande y un peligro poner a un defensor de derechos humanos que ha sido afectado por este grupo guerrillero u otros a que lo cuiden ellos mismos. Es un despropósito lo que está haciendo el señor ministro Benedetti al expedir este decreto y la UNP estaría vulnerando la seguridad de estas personas”.

Retomando el tema de las 6.000 contrataciones, Gallo indicó que debe ser pertinente saber cómo será la vinculación respecto a la preparación de los nuevos escoltas, teniendo en cuenta que deberán cuidar a personas amenazadas a nivel nacional.

“Necesito que se explique cómo va a ser la contratación, si será a dedo, van a ingresar amigos de políticos y terceros, sin preparación, que no serán refuerzo. Sabemos que las capacitaciones de las escuelas no son las mejores. ¿Dónde está la experiencia para cuidar a unas personas que son las personas más amenazadas del país? ¿Dónde está la experiencia para portar un arma? Todo".

Por último, el representante de Analtraseg le envió un mensaje al Gobierno nacional, que sigue sin responder las preguntas que han hecho los sindicatos en los últimos meses.

“No podemos esperar a que ese sea el pago del Gobierno del cambio a la gente que ha servido por muchos años e incluso los han cuidado a ellos mismos cuando han ocupado otros cargos. Llamamos y levantamos la voz de alerta, antes de que se pueda convertir en una masacre laboral”.

El oficialismo de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados quiere que el miércoles se consiga dictamen para tratar el jueves la reforma laboral en el recinto. De darse este panorama, la CGT llevará a cabo un paro nacional que tendrá la adhesión de los gremios estatales. Ante eso, el Gobierno avisa que le descontará el día a los empleados que no acudan a su lugar de trabajo o que no cumplan funciones esa jornada.

Lo confirmaron dos altas fuentes de Casa Rosada a Infobae. “Pueden hacer lo que quieran, pero están avisados de que les vamos a descontar el día a quienes se adhieran”, avisó uno de estos dos funcionarios.

Se trata de una medida que el Gobierno adoptó en los anteriores paros nacionales convocados por la central obrera. La diferencia que habrá respecto a la tercera y última movilización convocada en abril del 2025 es que esta vez no habrá colectivos, trenes, subtes ni taxis. Es decir, los sindicatos que nuclean a los principales medios de transporte de pasajeros de todo el país confirmaron que se sumarán a la medida de fuerza.

“Habrá que organizar a todos los empleados. Pero tienen que venir a trabajar sí o sí. Cómo sea”, indica un alto funcionario libertario sobre la logística que deberá ejecutar para que su planta llegue a su puesto de trabajo el día del paro nacional.

Mientras que la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), liderada por Andrés Rodríguez, adhirió al paro pero no a la movilización; la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) confirmó que saldrá a las calles a marchar frente al Congreso el mismo día en que la Cámara de Diputados trate la reforma laboral. El día que se prevé para eso es el jueves, salvo que ocurra algo impensado.

La decisión de la movilización fue comunicada por el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, quien cuestionó con dureza el proceso legislativo y la postura del Gobierno frente a los reclamos sindicales. Consultado por Infobae en vivo, explicó que la decisión de convocar a un paro con movilización responde a la necesidad de evitar que el Congreso se quede sin la presión de la calle, lo que, según su visión, facilitaría el avance legislativo del oficialismo.

“No creemos que la mejor estrategia sea hacerle el juego al Gobierno, dejando vacío el Congreso en las calles para que los diputados ahora puedan actuar con mayor facilidad de la que actuaron los senadores”, consideró, haciendo referencia al debate en la Cámara Alta. El dirigente incluso ironizó sobre la dinámica parlamentaria, señalando que durante la votación en el Senado “hubo más valijas en el Congreso que en la estación de retiro durante las vacaciones”.

Por su parte, el secretario adjunto de la CGT, Andrés Rodríguez (UPCN) justificó el paro general anunciado para este jueves, mientras se trate la reforma laboral en Diputados, y dijo que “el principal motivo” de la medida de fuerza “es que el proyecto quita derechos y no va a crear ni un solo empleo”.

El disparador del llamado al paro nacional surgió a partir de la polémica por el artículo que reducía sustancialmente el régimen de licencias médicas. Tras la crecida mediática de ese asunto, el oficialismo se vio forzado a modificar esa parte del proyecto y lo anunciará mañana en la reunión de comisiones en la Cámara de Diputados. La reforma será aprobada con modificaciones en el recinto y volverá al Senado, donde LLA busca sancionarla el viernes de la semana que viene.

Que el Gobierno haya cedido con ese aspecto hace que la consigna del paro pierda fuerza, esgrimen en la Casa Rosada. Aun así, esto podría ser una verdad a medias: a raíz de la discusión de las licencias médicas, también se puso bajo el foco mediático otros aspectos de la llamada Modernización Laboral que antes no eran siquiera conocidos.

Rodríguez recalcó que, además de la redacción de las licencias tal y como salió del Senado, “hay otros artículos muy importantes para modificar” entre los cuales mencionó “la ultraactividad de los convenios, o que un convenio de empresa sea superador de uno por actividad”, o el que obliga a “pedir permiso para hacer una asamblea” en los lugares de trabajo.

Omar Maturano, secretario general de La Fraternidad, confirmó la decisión de paralizar completamente el transporte durante el paro nacional convocado por la CGT. “Todo el transporte va a paralizar su tarea por 24 horas. Como lo ordena la CGT, que lo va a notificar este miércoles en una conferencia de prensa a las 11 de la mañana”, anticipó el dirigente, en Infobae al amanecer, con la conducción de Nacho Girón, junto a Belén Escobar y Luciana Rubinska.

La dinámica en la que se producirá el paro del jueves también produce fricciones al interior del sindicalismo. Las diferencias no son solo entre ATE y UPCN, sino entre actores más amplios. El secretario general de la UOM de Córdoba, Rubén Urbano, definió como “bastante tibios” a los dirigentes de la CGT por no llamar a hacer un paro con movilización.

"No nos sirve un paro dominguero, un paro matero en estos momentos cruciales. No se trata de un acuerdo salarial, sino de algo gravísimo como quitar todas las leyes y derechos que tenemos los trabajadores”, remarcó, en diálogo con el periodista Eduardo Feinmann por radioMitre.

El presidente Javier Milei está cerca de lograr algo que ninguno de sus antecesores pudo conseguir en las últimas décadas, a pesar de que hubo intentos para hacerlo: una reforma laboral integral que modificaría con una sola ley varios aspectos del sistema actual. Sin embargo, en el camino comenzaron a surgir algunos imprevistos que el Gobierno intentará sortear esta semana, mientras crece el conflicto con la cúpula del gremialismo, que endureció su postura sobre este proyecto.

Recientemente, el Consejo Directivo de la CGT confirmó que llevará adelante un paro general de 24 horas -el cuarto contra la gestión libertaria- cuando la Cámara de Diputados trate la iniciativa que ya tiene media sanción del Senado

Sin embargo, en la Casa Rosada miran con especial atención y hasta último momento la decisión que pueda llegar a tomar la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que agrupa a los choferes de la gran mayoría de líneas de colectivos que circulan por el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Ese sindicato en particular ya no integra la conducción cegetista por diferencias con la elección del triunvirato y, además, suele no participar de estas medidas de fuerza y se muestra más conciliador.

Las autoridades nacionales consideran que este es un punto clave, ya que si la UTA finalmente no se suma al cese de actividades, muchas de las actividades funcionarían con normalidad y eso podría interpretarse como un respaldo de la población hacia la reforma.

“Tienen que hacer que pare el transporte, porque, de lo contrario, va a quedar en evidencia que los trabajadores no los apoyan”, señaló a Infobae una fuente del Poder Ejecutivo.

La última vez que la CGT convocó a un paro de estas características fue en abril del año pasado, en reclamo a mejoras en las jubilaciones y en contra de las políticas económicas.

En aquel momento, el gremio de los colectivos informó que se iba a adherir, pero finalmente no lo hizo luego de que la Secretaría de Trabajo, del Ministerio de Capital Humano, dictara la conciliación obligatoria.

De todas formas, según una estimación preliminar del Instituto de Economía de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), el costo económico del cese de actividades para el país fue de $208.497 millones, lo que equivalía a aproximadamente USD 194 millones.

Ahora, la UTA volvió a confirmar que se va a plegar a la protesta contra la reforma laboral, pero en Balcarce 50 no descartan que se pueda abrir una negociación y termine habiendo transporte ese día, por lo menos en lo que respecta a los micros.

Sucede que el resto de los medios de movilización también pararán, desde los trenes que son representados por la Unión Ferroviaria, liderada por Sergio Sasia, y La Fraternidad, de Omar Maturano, hasta la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) dirigida por Juan Carlos Schmid, que nuclea a Camioneros, pilotos, aeronavegantes, marítimos, fluviales y personal del subte, entre otros.

En el plano legislativo, uno de los conflictos que surgió en relación al proyecto que se está debatiendo en Diputados es el rechazo que se generó por parte de distintos sectores en torno al artículo 44 de esta iniciativa, que fue agregado a último momento durante la votación en el Senado y regula las licencias médicas por enfermedades o lesiones contraídas fuera del ámbito del trabajo.

Se trata de una idea impulsada principalmente por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que prevé una reducción del salario del empleado en esos casos en lo que tiene que dejar de cumplir sus tareas para hacer reposo, con el objetivo de aliviar la carga del privado.

La medida generó polémica, ya que implicaba, según distintas interpretaciones del texto, que una persona que tiene que someterse a tratamientos oncológicos por padecer de cáncer iba a empezar a percibir el 75% de su sueldo, mientras que otra que se haya quebrado practicando deporte -por citar un ejemplo-, pasaría a percibir el 50 por ciento del mismo.

Ante esta situación, una de las principales referentes del oficialismo, Patricia Bullrich, anunció que el Poder Ejecutivo está estudiando una manera para que esta decisión no alcance a las afecciones “severas, degenerativas”, y siempre que sean “fehacientemente comprobables”.

Tal como precisó este medio, las propias autoridades nacionales reconocen que con este apartado cometieron “una de más”, pero la idea era tener una alternativa para evitar la demora de la sanción final del proyecto, algo que ya parece inevitable.

De acuerdo con lo que precisaron fuentes del oficialismo a este medio, el texto tendrá cambios durante su tratamiento en Diputados, previsto para este jueves.

Al día siguiente, el viernes, Bullrich tendría que conseguir el dictamen para que, cumplida la semana reglamentaria, y sobre el filo del cierre de las extraordinarias, la norma sea votada en el Senado y se convierta en ley en el cierre de la semana que viene, el 27 de febrero.

Esto habría definido la ex ministra de Seguridad cuando visitó durante el feriado de este lunes a Milei en la Quinta de Olivos para conversar sobre las posibilidades que tienen a mano y lo que implicaría cada uno de los caminos.

La cuestión se seguirá discutiendo durante la próxima reunión de la Mesa Política en Casa Rosada, que se llevará adelante esta semana -probablemente el miércoles- para terminar de definir una estrategia legislativa puntual.

Si bien el encuentro todavía no fue convocado formalmente, se espera que en las próximas horas el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, lo organice junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Allí estarán también Bullrich, el asesor Santiago Caputo; el ministro del Interior, Diego Santilli; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem.

Este grupo terminaría de definir el futuro del proyecto, que el Gobierno quiere que se apruebe antes del comienzo del Periodo de sesiones ordinarias.

Japón y México presentaron las tasas de desempleo más bajas entre los países miembros de la OCDE durante el cierre del año pasado, ambas situadas en el 2,6%. Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), recogidos por Europa Press, la tasa de paro general del bloque se mantuvo en diciembre en el 5%, una cifra que no ha mostrado variaciones significativas durante 43 meses consecutivos. En contraste, España y Finlandia destacaron con los niveles de desempleo más elevados, superando el 10%, mientras en la eurozona, casi 11 millones de personas estaban en busca de empleo.

De acuerdo con la información publicada por Europa Press, la tasa de paro de la OCDE se mantuvo estable en diciembre, en línea con los registros observados desde agosto de 2025, a excepción de octubre, cuando no se calculó por la ausencia de datos de Estados Unidos tras el cierre parcial del Gobierno y la falta de información de Suiza y Nueva Zelanda. En este contexto, 22 de los países integrados a la OCDE para los que se dispone de cifras no experimentaron cambios en el índice de desempleo; siete países experimentaron reducciones y tres registraron incrementos durante el último mes del año.

Los países que presentaron las tasas de desempleo más bajas, según reportó Europa Press, fueron Japón y México, ambos con el 2,6%, seguidos por República Checa e Israel con el 3,1% cada uno, y Polonia con el 3,2%. Por el contrario, los mayores niveles correspondieron a Finlandia (10,3%) y España (10%), ambos mostrando ligeras mejorías respecto a noviembre. En el grupo de naciones con mayores cifras de desempleo también se ubicaron Suecia (8,8%), Colombia (8,5%), así como Francia y Turquía, ambos con un 7,7%.

Europa Press detalló que el número total de desempleados en los países de la OCDE descendió en 157.000 personas en diciembre, situándose en 35,204 millones. De ellos, 10,792 millones corresponden a individuos residentes en la eurozona. La persistencia de estas cifras está relacionada con tendencias estructurales en los mercados laborales de cada país, además de circunstancias económicas generales que han influenciado en la estabilidad de los registros.

Dentro de los diferentes grupos etarios, el informe de Europa Press señala una diferencia significativa entre los menores y los mayores de 25 años. La tasa de paro juvenil en la OCDE retrocedió tres décimas hasta fijarse en el 11,2% durante diciembre. En contraste, entre los mayores de 25 años, el desempleo no mostró cambios y se situó en el 4,2%. En cuanto a la distribución por países, la tendencia ascendente del paro entre los jóvenes en los Estados nórdicos sobresale hasta el punto de que en algunos momentos han desplazado a España del primer lugar en ese indicador.

Según consignó Europa Press, Suecia encabezó la tasa de desempleo juvenil en diciembre con el 23,6%, seguida por España con el 23,4% y Finlandia con el 21,8%. En el otro extremo, el desempleo entre los jóvenes mantuvo valores reducidos en Japón (2,4%), Israel (4,2%) y México (5,7%).

El estudio de Europa Press destacó que, a pesar de los desafíos económicos en distintas regiones, la estabilidad en la tasa global de desempleo de la OCDE refleja una resistencia de los mercados laborales frente a la incertidumbre internacional y las variaciones macroeconómicas de los últimos años. El reporte también subrayó la notoria divergencia entre países, tanto en las cifras globales como en las correspondientes a la juventud, donde persisten diferencias marcadas en función de factores estructurales y coyunturales.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que su gobierno revisa las condiciones laborales de los trabajadores de la Cineteca Nacional, luego de que empleados denunciaran precariedad en sus contratos, muchos de ellos bajo el esquema de honorarios.

Durante su posicionamiento, la mandataria reconoció que existe una diferencia entre lo que establece la ley y las demandas expresadas por los trabajadores respecto a estabilidad y prestaciones.

Sheinbaum explicó que su administración trabaja para fortalecer la permanencia en el empleo, especialmente ante la expansión del proyecto cultural con la nueva sede en Chapultepec.

“Una cosa es la Ley y otra es la demanda de los trabajadores de la Cineteca sobre sus condiciones de trabajo; muchos de ellos están contratados por honorarios”, señaló.

La presidenta subrayó que se busca ofrecer mayor formalidad laboral, tomando en cuenta que ahora también opera la Cineteca de Chapultepec, lo que implica la necesidad de contar con personal suficiente y con condiciones dignas.

Asimismo, precisó que cualquier modificación en las condiciones contractuales deberá revisarse con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a fin de garantizar que existan los recursos presupuestales necesarios para sostener la plantilla laboral.

“Estamos buscando fortalecer su trabajo y la permanencia en el empleo, que es lo que ellos están pidiendo”, puntualizó.

Secretaría de Cultura descarta cierre

Por su parte, la titular de la Secretaría de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, descartó que exista un paro general o riesgo de cierre en la Cineteca Nacional debido a las protestas.

La funcionaria aclaró que, si bien hubo inconformidades expresadas por un grupo reducido de trabajadores, no se trata de una suspensión formal de actividades.

“No hay un paro. Se había hablado de un paro con todos los trabajadores, pero eso no ocurrió. Hemos estado trabajando de manera importante con la presidenta y con Hacienda para fortalecer y respaldar a los trabajadores en temas de prestación de servicios”, afirmó.

Curiel de Icaza señaló que el diálogo con el personal ha sido constante y que el objetivo es encontrar soluciones que beneficien particularmente a quienes cuentan con mayor antigüedad.

Diálogo abierto y fortalecimiento institucional

De acuerdo con la Secretaría de Cultura, el gobierno federal está sensibilizado ante las demandas laborales y reconoce la importancia del trabajo que realiza el personal de la Cineteca, institución clave en la preservación y difusión del patrimonio cinematográfico del país.

La funcionaria destacó que muchos trabajadores han dedicado años de servicio a la institución y que el criterio para fortalecer su situación laboral contempla precisamente esa trayectoria.

“Estamos hablando directamente con ellos y trabajando para fortalecerlos, principalmente con un criterio que tenga que ver con un futuro con los de mayor antigüedad”, explicó.

El tema de los contratos por honorarios ha sido una constante en diversas instituciones públicas del sector cultural, donde trabajadores desempeñan funciones permanentes bajo esquemas temporales o de prestación de servicios, lo que limita el acceso a seguridad social y estabilidad laboral.

La Cineteca Nacional, considerada uno de los espacios culturales más importantes de México, enfrenta ahora el reto de consolidar su expansión en Chapultepec sin descuidar las condiciones laborales de su plantilla.

Mientras tanto, las autoridades federales mantienen mesas de diálogo con los trabajadores para avanzar en acuerdos que permitan garantizar estabilidad y continuidad operativa en ambas sedes.

Según informó EpData, durante el mes de enero la economía estadounidense logró generar 130.000 puestos de trabajo adicionales. Este crecimiento en el número de empleados coincide con una reducción en la tasa de paro, que bajó al 4,3 por ciento. La información brindada por el medio, que se apoya en gráficos y datos macroeconómicos revisados, muestra cómo el mercado laboral sigue mostrando signos de dinamismo y recuperación.

Los gráficos publicados por EpData detallan el comportamiento mensual de los principales indicadores laborales, ofreciendo una perspectiva sobre las variaciones en el empleo y el desempleo. Las tendencias reflejadas en estos datos permiten visualizar de manera precisa la forma en que la fuerza laboral estadounidense ha respondido a los cambios económicos recientes.

Según consignó EpData, la suma de 130.000 nuevos empleos en enero representa un avance para el mercado de trabajo estadounidense. Esta cifra resulta de los registros oficiales que monitorean la cantidad de personas incorporadas al mercado y se interpreta como una señal de confianza por parte de las empresas y los sectores económicos en el futuro inmediato.

El informe de EpData también señala que la tasa de paro de 4,3 por ciento alcanza uno de los niveles más bajos de los últimos periodos. Esta baja refleja la capacidad de la economía estadounidense para absorber trabajadores y mantener una base de empleo sólida frente a posibles fluctuaciones globales o internas.

La publicación detalla de qué manera estos resultados se enmarcan en el seguimiento de datos macroeconómicos de Estados Unidos, y que para una interpretación más exhaustiva se dispone de gráficos específicos sobre empleo y desempleo. Los interesados pueden consultar la fuente para observar estos indicadores visuales y profundizar en la evolución reciente del mercado laboral.

EpData pone a disposición de los usuarios mecanismos de contacto para solicitar información adicional o aclaraciones sobre las cifras publicadas, respondiendo a la demanda de transparencia y veracidad en el monitoreo económico.

Las cifras referidas a la creación de puestos de trabajo y la disminución de la tasa de desempleo son elementos centrales para el análisis del desempeño de la economía estadounidense. Estos datos intervienen en las valoraciones que se hacen desde distintos sectores, tanto políticos como empresariales, sobre la fortaleza del crecimiento económico y la estabilidad del empleo en el país.

La inclusión de gráficos y representación numérica en la información entregada por EpData refuerza la capacidad de análisis de las variaciones del mercado laboral, permitiendo interpretar mejor los ciclos de creación de empleo y cambios en la desocupación. Según el medio, este tipo de recursos facilita la comprensión de las tendencias coyunturales y la comparación con periodos anteriores.

La evolución de la tasa de paro y de la generación de empleos ha sido objeto de seguimiento constante por parte de analistas, funcionarios y medios especializados, quienes consideran estos indicadores básicos para anticipar la dirección que puede tomar la economía estadounidense. Conforme el país crea más empleos y reduce la desocupación, se abren interrogantes sobre el impacto en otros indicadores, como el consumo o la inversión.

EpData ofrece un marco de referencia actualizado respecto a estos datos, con la recomendación de consultar su página para acceder a la totalidad de gráficos y materiales estadísticos disponibles. Los detalles ofrecidos configuran el panorama laboral de Estados Unidos en el arranque de 2024, poniendo de relieve tanto los desafíos como los avances del mercado laboral nacional.

El Departamento de Trabajo de Estados Unidos reportó que el número de empleados a tiempo parcial por razones económicas disminuyó en 453.000 personas en enero, alcanzando un total de 4,888 millones. Esta caída en los empleados que trabajan a tiempo parcial de manera involuntaria se presenta junto con el anuncio de la creación de 130.000 nuevos puestos de trabajo no agrícolas en ese mes y una reducción en la tasa de desempleo, de acuerdo con la información publicada el miércoles por el organismo oficial.

Según detalló el Departamento de Trabajo, en enero la economía estadounidense generó 130.000 empleos no agrícolas, una cifra significativamente superior a los 48.000 empleos creados en diciembre, lo que muestra una aceleración en la generación de puestos de trabajo. El informe también señaló que la tasa de paro descendió al 4,3%, una décima menos que la registrada un mes antes. En comparación anual, la cifra representa un aumento de tres décimas.

De acuerdo con lo consignado en el informe oficial, el mes de enero cerró con un total de 7,362 millones de desempleados, frente a los 7,503 millones que se contaban en diciembre. Entre los desempleados, 1,835 millones corresponden a personas consideradas de larga duración, es decir, sin trabajo durante al menos 27 semanas. Este segmento equivale al 24,9% del total de desocupados registrados en el periodo.

El Departamento de Trabajo también introdujo ajustes en las cifras previas: la lectura de noviembre fue corregida a la baja, pasando de 56.000 a 41.000 empleos creados, mientras que la cifra de diciembre se revisó de 50.000 a 48.000. Así, el saldo neto de estos ajustes implica la eliminación de 17.000 puestos de trabajo respecto a los datos informados anteriormente, según los datos del organismo estadounidense.

El análisis de la tasa de participación de la fuerza laboral mostró que en enero este indicador subió una décima hasta situarse en el 62,5%. Esta tasa, que representa el porcentaje de personas en edad laboral que están empleadas o buscando empleo respecto al total de la población apta para trabajar, refleja un ligero incremento en la cantidad de personas activas dentro del mercado laboral.

El informe del Departamento de Trabajo recogió también que quienes trabajan a tiempo parcial por motivos económicos sumaron 4,888 millones en enero, después de una reducción de 453.000 respecto al mes anterior. Este grupo está compuesto por personas que desean y están disponibles para trabajar a tiempo completo, pero sólo han podido encontrar empleo a tiempo parcial o ven reducidas sus horas de trabajo por circunstancias económicas.

En el resumen del panorama laboral, el primer mes del año mostró una mayor creación de empleo respecto al cierre de 2023, aunque los ajustes a la baja en los meses anteriores resultaron en la desaparición de parte de los puestos de trabajo previamente contabilizados. Por otro lado, la tasa de paro experimentó una leve reducción mensual, aunque se mantiene por encima del nivel registrado hace un año. Además, una cuarta parte de los desempleados permanece en esa situación durante más de seis meses, según recogió el Departamento de Trabajo.

Este conjunto de datos estadísticos, divulgado oficialmente por el Departamento de Trabajo de Estados Unidos, refleja tanto movimientos positivos en la generación de empleo como ajustes y desafíos persistentes, como la presencia de altos niveles de desempleo de larga duración y los cambios en la contratación a tiempo parcial debidos a factores económicos.

Aunque la discriminación salarial a las mujeres se mantiene como un problema en todas las comunidades autónomas, Madrid destaca un año más como el territorio que registra la mayor brecha de género de España, según un informe presentado hoy por UGT. El análisis, elaborado a partir de los datos tributarios de 2024, revela que la diferencia entre lo que ganan hombres y mujeres en la región supera los 8.000 euros anuales, situando a Madrid a la cabeza de la desigualdad salarial en el país junto al Principado de Asturias. Los datos apuntan a una precarización superior en los sectores con mayor presencia femenina, dificultades de conciliación familiar que agravan la situación y unas diferencias estructurales que se extienden también a pensiones y prestación por desempleo.

De acuerdo con el informe de UGT Madrid, el salario medio anual de los hombres en la región alcanza los 35.873 euros, mientras que el de las mujeres se queda solo en 27.731 euros. Esta diferencia, de 8.142 euros, supera ampliamente el promedio estatal, que se fija en 5.156 euros. Gracias a estas dos cifras, la brecha salarial de Madrid se sitúa en el 22,7%, más de cuatro puntos por encima de la media nacional, que es del 18,8%. Durante la rueda de prensa de presentación del documento, Esther Chaves, Secretaria de Igualdad del sindicato en Madrid, ha señalado que la brecha ha comenzado a disminuir gracias en parte a los aumentos en el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que recoge cada vez a mayor parte de la población, pero se sigue manteniendo. Para Susana Huertas, Secretaria General de UGT Madrid, es precisamente la subida del SMI lo que explica la reducción de dos décimas en el porcentaje respecto al informe del año anterior, pero no se aprecian mejoras derivadas de políticas laborales de igualdad ni medidas concretas del Gobierno regional.

El informe utiliza también el Salario Medio Estimado (SME), que calcula el ingreso anual como si todas las personas hubieran trabajado a jornada completa durante todo el año. Con esta medida, UGT pretende eliminar el efecto de la parcialidad y la temporalidad, ambos factores con especial incidencia en el caso femenino, para analizar la diferencia de ingresos que responde a otros aspectos estructurales. Bajo este criterio, la brecha persiste: el SME masculino alcanza los 40.790 euros y el femenino solo 35.675 euros. Así, Madrid lidera el ranking nacional con una brecha relativa del 12,5%, frente a una media estatal del 7,35%, para la que no se tienen en cuenta los datos fiscales de Navarra y País Vasco.

La precariedad y la maternidad penalizan a las mujeres

El peso desproporcionado de las mujeres en los cuidados no profesionales es otro de los principales factores que marcan las desigualdades salariales. En Madrid, el 81,8% de las excedencias para hacerse cargo de hijos o familiares son solicitadas por mujeres, una estadística de la que se desprende que este tipo de labores recae mayormente en ellas. La necesidad de recurrir a las medidas de conciliación puede resultar limitante para el desarrollo profesional, con miles de mujeres que se ven obligadas a poner en pausa su carrera por ser madres. Mientras la paternidad no genera un impacto negativo en la vida profesional de la mayoría de hombres, “la maternidad nos penaliza muchísimo a las mujeres”, señala Chaves.

En pensiones, los hombres reciben una media anual de 27.027 euros y las mujeres 20.117 euros, con una brecha del 25,6%, por encima de la media estatal del 23,9%. Los hombres perciben una pensión equivalente al 75,3% de su salario medio anual; las mujeres, al 72,5%. Así, el sindicato sugiere que la diferencia de rentas arrastra la desigualdad hasta la época posterior al retiro, condicionando las pensiones de jubilación. Según apunta la Secretaria de Igualdad, “nos vamos a ver afectadas en toda nuestra vida, no solo en la vida laboral”. La desigualdad se traslada también a los subsidios destinados a proteger a los trabajadores. La prestación media anual por desempleo en Madrid tiene una brecha de 10,8%,más de un punto y medio superior a la media nacional, que se sitúa en el 9,1%.

Al mismo tiempo, Chaves ha destacado el rol de la parcialidad y la temporalidad en las diferencias salariales, aunque matiza que la última reforma laboral ha contribuido a corregir la prevalencia de contratos de tiempo definido. El 22% de las asalariadas madrileñas trabaja a tiempo parcial, frente al 9% de los hombres. El 13% de las mujeres tiene un contrato temporal, mientras que esta situación afecta igualmente solo al 9% de los hombres. Las mujeres también solicitan un 81,8% de las excedencias por cuidado familiar, frente al 14,2% de los hombres.

Los hombres acaparan el 71% de los sueldos más altos

Los datos tributarios de los contribuyentes de la Comunidad de Madrid demuestran que, en los tramos más bajos de la distribución salarial, correspondientes a los sueldos iguales o inferiores al valor del salario mínimo, hay 294.611 mujeres frente a 249.789 hombres. En los tramos más altos (los de las personas que cobran más de 10 veces el SMI), se registran 27.654 hombres y solo 8.903 mujeres. En el decil superior de ingresos, el 71% de quienes más cobran en Madrid son hombres.

Más allá de la brecha de género, cabe destacar que Madrid es la comunidad que contabiliza salarios más altos, en gran parte por la concentración de sedes de grandes empresas y organismos públicos en la capital. Además, la diferencia entre el SME y la mediana salarial en la región es la más pronunciada del país: el SME masculino supera a la mediana en 12.113 euros y el femenino en 6.998 euros. La diferencia, de más de 5.000 euros, revela una estructura salarial desigual en la que un grupo reducido con salarios muy altos mueven la media hacia arriba frente a una masa mucho mayor de trabajadores con salarios en los tramos más bajos. Esta polarización implica que la mayoría de madrileños y madrileñas perciben salarios por debajo del promedio estadístico calculado normalmente.

La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi) anunció que llegó a un acuerdo con la Alianza de Tranviarios de México (ATM) que beneficiará a los trabajadores del transporte público y a sus familias.

Luego de que trabajadores del Cablebús, Trolebús y Tren Ligero amenazaron con realizar un paro de labores —que afectaría principalmente a los usuarios del transporte público de la CDMX—, las autoridades explicaron que ya hay un acuerdo para cumplir con las exigencias de la ATM.

A través de un comunicado compartido en redes sociales la noche de este martes 10 de febrero, las autoridades explicaron que el convenio, resultado de varias mesas de trabajo y aprobado en asamblea general, contempla un incremento salarial del 3.5% para todas las personas trabajadoras, junto con ajustes adicionales que varían entre 9% y 11% según la categoría laboral.

Estos son los acuerdos de Semovi y ATM para no tener paro en el Trolebús, Cablebús y Tren Ligero

Además del aumento salarial, el acuerdo incluye un incremento en los vales de despensa como apoyo directo a la economía familiar de las y los trabajadores. La Semovi destacó que este paso busca mejorar las condiciones laborales dentro del sector y garantizar un servicio de calidad para los usuarios del transporte público, siguiendo la instrucción de la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina.

La dependencia informó que mantendrá una comunicación permanente con la ATM para fortalecer los lazos y formalizar este tipo de acuerdos. Entre los proyectos a futuro se contempla la expansión de las líneas del Trolebús y Cablebús, lo que permitirá mejorar la movilidad en la capital en beneficio de las personas usuarias del transporte público.

La Semovi reiteró su compromiso de continuar trabajando por mejores condiciones para los empleados del sector y por una movilidad eficiente en la Ciudad de México.

Aplazan paro de Cablebús, Trolebús y Tren Ligero hasta recibir respuesta del Gobierno CDMX

La Alianza de Tranviarios de México pospuso la huelga que amenazaba con paralizar los servicios de Trolebús, Cablebús y Tren Ligero en la Ciudad de México, al tiempo que persisten las negociaciones con la administración de Clara Brugada y la Secretaría de Movilidad (Semovi).

Este acuerdo mantiene en funcionamiento los principales transportes eléctricos y otorga un nuevo plazo, fijado para el 4 de febrero, para que las autoridades respondan a las demandas laborales del sindicato, según informó Héctor Ulises García Nieto, titular de Semovi, el 20 de enero

El sindicato advirtió que si no se alcanzaban acuerdos antes de la fecha límite, la suspensión del servicio sería inminente y dejaría sin traslado diario a miles de pasajeros que utilizan el Servicio de Transportes Eléctricos (STE). Entre los puntos más destacados de sus demandas figura un incremento salarial del 10% adicional al aumento federal, con el objetivo de compensar la desactualización de los tabuladores, que consideran rezagados frente al ajuste del 13% al salario mínimo aprobado para 2026.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) anunció una medida de fuerza que podría suspender el servicio de colectivos en el interior de Argentina el 11 de febrero de 2026. El sindicato dio un ultimátum a las empresas de transporte de las provincias, reclamando el pago de salarios con aumentos homologados en paritarias, similares a los que ya rigen en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Esta advertencia se inscribe en el contexto de negociaciones fallidas y una disputa sobre la actualización de haberes para los choferes de corta y media distancia fuera del AMBA.

El comunicado difundido por la UTA, firmado por el secretario general Roberto Fernández, sostuvo que la organización sindical decidió avanzar con una medida de fuerza si el 10 de febrero los empresarios no cumplen con los aumentos salariales acordados en paritarias. El gremio expresó que los empresarios del sector en las provincias argumentan que los recursos resultan insuficientes, pese a que los boletos en el interior poseen valores superiores a los del AMBA. La UTA planteó: “Queremos saber que no es cierto que no les alcanza”, en un mensaje dirigido a quienes administran las empresas de transporte del interior.

La amenaza de paro impacta sobre las líneas de colectivos de corta y media distancia en todo el interior del país, excluyendo a la zona del AMBA. El gremio señaló que desde diciembre mantiene reuniones con la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP) y que, tras varias audiencias en la Secretaría de Trabajo, no consiguió un principio de acuerdo. La UTA remarcó que como entidad sindical considera su deber advertir sobre la situación que atraviesan las provincias en relación con las paritarias de todo el interior, e insistió en la necesidad de replicar el esquema salarial que ya se aplica en la zona metropolitana.

El acuerdo salarial que el sindicato exige implementar en las provincias es el que se firmó recientemente para los colectiveros del AMBA, con vigencia de enero a marzo de 2026 y proyección a abril. Según fuentes gremiales, el esquema incluye incrementos escalonados y sumas no remunerativas. Para enero de 2026, el salario básico se ubica en $1.389.180, con un aumento del 1,4% y una suma extraordinaria no remunerativa de $100.000. En febrero, el básico sube a $1.407.239,34, con un incremento del 1,3%, otra suma no remunerativa de $100.000 y viáticos de $16.000 por jornada. El monto base para marzo asciende a $1.425.533,45, con un incremento del 1,3%, una suma no remunerativa de $120.000 y viáticos de $17.000 por jornada. La proyección para abril establece un salario básico de $1.545.278,25, con viáticos y adicionales por antigüedad, y la remuneración total para un chofer inicial supera los $2.000.000 al sumar todos los rubros fijos y viáticos.

El conflicto gremial en el interior mantiene en vilo la regularidad del servicio de colectivos y genera incertidumbre entre los usuarios, quienes pueden verse afectados si la medida de fuerza se concreta. El comunicado gremial enfatizó que, en todo momento, la UTA procuró la paz social y la tranquilidad de todos los sectores, y que la responsabilidad del conflicto recae sobre los empresarios que no cumplen con los acuerdos salariales. El texto distribuido por el sindicato advirtió: “En virtud de ello, se pone en conocimiento de los empresarios que el día 10/02/2026 deberá cumplirse con los salarios acordados en el ámbito del AMBA; caso contrario, el día 11/02/2026 se llevará a cabo una medida de fuerza consistente en un paro en todas las provincias del interior”.

La disputa salarial se desarrolló en paralelo al anuncio de un aumento del 41% en las tarifas de colectivos nacionales del AMBA, dispuesto por la Secretaría de Transporte, que depende del Ministerio de Economía. La resolución oficial, que se publicó en el Boletín Oficial, estableció que el incremento se realizará en dos tramos: el primero el 17 de febrero, con un aumento del 31% que llevará el boleto mínimo a $650, y el segundo el 16 de marzo, con un incremento adicional del 10% que fijará el boleto mínimo en $700. Según la Secretaría de Transporte, “la medida responde a la búsqueda de mayor competitividad del sector automotor y de una actualización en los valores de la tarifa”. Este ajuste tarifario solo afecta a las líneas de colectivos nacionales del AMBA, es decir, aquellas que cruzan la avenida General Paz o el Riachuelo, unas 104 en total.

En las provincias, la situación es diferente: los empresarios del transporte sostienen que los recursos que reciben resultan insuficientes para hacer frente a los aumentos salariales exigidos por la UTA. El gremio, por su parte, remarcó que los boletos en el interior tienen valores superiores a los del AMBA. El comunicado del sindicato, difundido por redes sociales, expresó que “resulta sorprendente reiterar que en aquellas provincias que no cuentan con una hoja de ruta definida, el análisis se limita únicamente a cuestiones financieras o de caja”.

Mientras tanto, en el AMBA, la amenaza de paro que existió para finales de enero se desactivó después de que los trabajadores y las empresas alcanzaron un acuerdo salarial por aumentos del 4%, distribuidos en tres tramos: 1,4% en enero, 1,3% en febrero y 1,3% en marzo. Los trabajadores del interior reclaman ahora que esos mismos incrementos y condiciones se apliquen en sus provincias, para equiparar sus ingresos a los de los conductores metropolitanos.

La definición de la medida de fuerza depende de lo que ocurra el 10 de febrero. La UTA informó que si los empresarios abonan los salarios con los aumentos homologados, el paro no se llevará a cabo. Caso contrario, el 11 de febrero el servicio de colectivos en el interior quedará interrumpido, afectando a miles de usuarios en distintas provincias.

¿Habrá paro de colectivos en el AMBA este miércoles 11 de febrero?

La convocatoria de paro anunciada por la UTA se circunscribe exclusivamente al interior del país y no incluye a las líneas de colectivos que operan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El gremio aclaró que el conflicto salarial y la advertencia de suspensión de servicios afectan solo a los servicios de corta y media distancia en las provincias, dejando fuera del alcance de la medida a los usuarios del transporte público en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.

En el AMBA, los representantes sindicales y las empresas de transporte alcanzaron un acuerdo salarial a finales de enero, lo que permitió desactivar una medida de fuerza que se encontraba en análisis. Ese acuerdo contempla incrementos escalonados para los choferes y sumas no remunerativas, replicando el esquema que ahora la UTA exige que se implemente en el resto del país. Por esta razón, las líneas nacionales y municipales bajo jurisdicción metropolitana funcionarán con normalidad el 11 de febrero, salvo que surjan nuevos conflictos ajenos a la negociación actual.

La situación en el AMBA difiere de la que enfrentan las provincias, tanto por los acuerdos alcanzados como por el esquema tarifario vigente. Mientras la Secretaría de Transporte dispuso una actualización en el precio del boleto para las líneas nacionales del AMBA, la discusión salarial en la región metropolitana se resolvió sin necesidad de avanzar en medidas de fuerza. De esta forma, los pasajeros del AMBA no se verán afectados por el paro anunciado para el interior y podrán contar con los servicios habituales de colectivos el miércoles 11 de febrero.

Este miércoles 4 de febrero, integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (SNTSTC ) Metro realizará una manifestación en calles de la Ciudad de México para exigir presupuesto, refacciones y mejores condiciones laborales.

El SNTSTC sostuvo que la decisión de marchar responde a la falta de respuesta de las autoridades capitalinas ante la solicitud de recursos, indispensables para el mantenimiento de trenes, vías e instalaciones fijas.

En un comunicado difundido desde el 29 de enero, el Comité Ejecutivo Nacional del sindicato puntualizó que la movilización busca soluciones que beneficien a trabajadores y usuarios del sistema, pues con ello se garantiza la seguridad en dicho transporte.

Las exigencias incluyen también asignación de presupuesto para suministro de ropa y equipo de seguridad; reorganización de plazas, además de la revisión de áreas consideradas peligrosas o insalubres para asegurar la operación cotidiana.

Ruta, horario y afectaciones viales

Aunque ya no hubo nuevos comunicados, en entrevistas radiofónicas realizadas el martes 3 de febrero, representantes del sindicato confirmaron que la marcha seguía firme y que el plan de movilización continuaba.

Según la convocatoria, la protesta parte a las 15:30 horas desde Metro Balderas con destino final en la Plaza de la Constitución.

Existen dos rutas previstas:

• Balderas – Arcos de Belén – Eje Central – 5 de Mayo – Zócalo
• Balderas – Juárez – Eje Central – 5 de Mayo – Zócalo

Aunque no se ha especificado una ruta única, las autoridades y el sindicato recomiendan evitar la zona centro durante la tarde.

¿Habrá paro en el Metro?

El sindicato y el Sistema de Transporte Colectivo (STC) aclararon en sus redes sociales y comunicados que no se prevé paro de labores ni cierre de estaciones, por lo que el servicio en las líneas del Metro continuará con normalidad durante la jornada.

¿Qué dicen las autoridades?

En respuesta a la presión sindical, la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, afirmó en una conferencia de prensa que el Metro CDMX dispondrá del mantenimiento necesario.

“En el caso del Metro, quiero decir públicamente que el Metro va a tener el mantenimiento que se necesite. No todo es para la Línea 2, sino también para otras líneas que se requieran y para el Plan General de Mantenimiento y todo lo que requiere el Metro para su mantenimiento. Allí no vamos a tener problemas”, expresó Brugada.

Cabe destacar que este 3 de febrero de 2026, la Línea A del Metro suspendió temporalmente su servicio entre Pantitlán y La Paz debido a una falla en el suministro eléctrico, ajena a la operación del sistema. La interrupción dejó a miles de pasajeros varados y provocó retrasos significativos en el traslado de la zona oriente de la capital.

El ambiente sindical en la ciudad se ha visto agitado también por la Alianza de Tranviarios de México (ATM), que había anunciado una posible huelga este 4 de febrero en los servicios de Trolebús, Tren Ligero y Cablebús, misma que se aplazó tras recibir una nueva propuesta salarial de las autoridades.

La organización sindical informó que la votación sobre la huelga se realizará el 9 de febrero y, de no alcanzar un acuerdo, la prórroga se mantendrá hasta el 3 de marzo.

Desde este martes 3 de febrero, miles de usuarios del transporte público en Puebla podrían enfrentar serios problemas de movilidad. Transportistas y taxistas anunciaron un megaparo de labores luego de que concluyera el plazo para cumplir con la revista vehicular, un proceso obligatorio que define qué unidades pueden seguir operando y cuáles serán retiradas de circulación.

De acuerdo con los organizadores, más de 20 mil unidades dejarán de prestar servicio, lo que impactará no solo a la capital poblana, sino también a su zona metropolitana. Pese a la magnitud de la protesta, hasta ahora no se han especificado las rutas que participarán, lo que ha generado incertidumbre entre los ciudadanos que dependen diariamente del transporte público.

El origen del conflicto está en la postura de la secretaria de Movilidad y Transporte, Silvia Tanús Osorio, quien advirtió que a partir de febrero todas las unidades que no hayan aprobado la revista vehicular serán retiradas del servicio. Esta inspección, que busca verificar condiciones mecánicas, seguridad y documentación, concluyó oficialmente el 30 de enero.

Las consecuencias para quienes no cumplieron son severas: multas de hasta 25 mil pesos y envío de unidades al corralón, lo que, en los hechos, implica sacar de circulación a una parte significativa del parque vehicular.

La revista vehicular fue reactivada en 2025, luego de permanecer suspendida durante 12 años. Según el gobierno estatal, su objetivo es reducir riesgos para los usuarios y evitar que unidades en mal estado sigan prestando servicio. No obstante, para los transportistas la medida es vista como una estrategia recaudatoria que no toma en cuenta la realidad económica del sector.

Las cifras oficiales reflejan la dimensión del problema. De un padrón de 35 mil unidades, solo 16 mil 548 lograron aprobar la revista, lo que deja a casi la mitad de los concesionarios en riesgo de ser sancionados o de perder su fuente de ingresos.

Ante este escenario, Samuel Méndez, representante de la Unión de Transportistas del Estado de Puebla (UTEP), confirmó que el megaparo es una forma de rechazo directo a las inspecciones y a las nuevas exigencias de regularización. Según explicó, los concesionarios llevan al menos diez años sin aumentos en las tarifas, a pesar del encarecimiento de refacciones, combustible y mantenimiento.

Desde la perspectiva de los choferes, Puebla mantiene una de las tarifas más bajas del país, lo que limita seriamente la capacidad de invertir en mejoras mecánicas y cumplir con los nuevos estándares de seguridad impuestos por la autoridad.

El conflicto plantea un choque entre dos visiones: por un lado, el gobierno estatal que busca modernizar y ordenar el transporte público; por el otro, miles de familias que dependen de las unidades como su única fuente de ingreso y que aseguran no tener margen financiero para enfrentar multas, inspecciones y renovaciones forzadas.

Mientras tanto, la ciudadanía queda en medio del conflicto. Si el paro se concreta, Puebla podría enfrentar uno de los mayores colapsos de movilidad de los últimos años, con miles de personas sin opciones claras para trasladarse a escuelas, trabajos y centros de salud.

El colectivo de jóvenes que buscan su primer empleo registró en enero una reducción de 1.755 personas en las listas de paro, una caída del 0,8%, de acuerdo con los datos entregados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social y recogidos por el medio. Esta evolución, dentro de un contexto general de aumento del desempleo provocado por el final de la campaña navideña, sitúa al total de jóvenes menores de 25 años en paro en 180.892, el nivel más bajo para este grupo etario en un mes de enero desde el inicio de la serie comparable. La noticia principal corresponde a un incremento generalizado del desempleo en España durante enero, aunque el número total de demandantes de trabajo sigue situándose en mínimos históricos para ese mes en los últimos 18 años.

Según reportó el Ministerio de Trabajo y Economía Social, el paro registrado aumentó en 30.392 personas respecto al mes anterior, lo que representa un 1,2% más. Esta subida, atribuida de forma mayoritaria al comportamiento del sector servicios tras la conclusión de la campaña navideña, deja la cifra total de desempleados en España en 2.439.062 personas. Pese a este aumento, la cifra supone el dato más bajo para un mes de enero desde 2008, detalló el medio. De acuerdo con la misma fuente, la subida de este año es inferior a la registrada en el mismo periodo en 2025, 2024 y 2023, aunque se sitúa por encima del resultado registrado en 2022.

En términos comparativos, el aumento del paro en enero fue menor que en los tres años previos, cuando se contabilizaron incrementos de 38.725 (2025), 60.404 (2024) y 70.744 (2023) personas respectivamente. El repunte de 2026 solo se ve superado en la serie reciente por el de 2022, cuando el crecimiento fue de 17.173 personas. La serie histórica, que se remonta a 1996, evidencia un comportamiento repetido en este mes: el paro siempre se incrementa en enero. El mayor repunte registrado aconteció en 2009, con cerca de 199.000 parados más, mientras que el más bajo corresponde a 1998, con poco más de 10.000 desempleados adicionales.

El análisis sectorial publicado por el Ministerio muestra que el mayor aumento se concentró en los servicios, donde el paro creció en 35.073 personas, lo que representa un aumento del 2%. En la agricultura, el incremento fue de 881 personas, un 1,2% más. Por contraste, la construcción y la industria experimentaron descensos: la construcción registró 3.793 desempleados menos, equivalente a una caída del 2,1%, y en la industria el retroceso fue de 14 personas, equivalentes a una variación del -0,01%. El colectivo sin empleo anterior, conformado principalmente por jóvenes, también presentó un descenso: 1.755 parados menos, que supone una disminución del 0,8%.

La evolución por sexos indica que el aumento del desempleo afectó con mayor intensidad a las mujeres. Según datos del Ministerio recogidos por el medio, el paro femenino experimentó un alza de 25.284 mujeres respecto al mes anterior, equivalente al 1,7%, frente a 5.108 nuevos desempleados varones, un incremento del 0,5%. Al finalizar enero de 2026, el total de mujeres inscritas en el paro ascendió a 1.469.283, lo que representa el valor más bajo para este grupo en un enero de los últimos 18 años; el total de varones se situó en 969.779 desempleados.

Por grupos de edad, el paro juvenil (menores de 25 años) creció en enero de 2026 en 4.040 personas, lo que supone un aumento del 2,3% respecto al mes anterior. Entre los mayores de 25 años, la subida fue de 26.352 personas, un 1,2% más. A pesar de este crecimiento, la cifra total de menores de 25 años en desempleo descendió hasta mínimos históricos para la serie en un primer mes del año.

A nivel autonómico, el paro solo cayó en Baleares, donde se registró una disminución de 1.260 personas. En contraste, incrementos se dieron en las otras 16 comunidades, con Andalucía a la cabeza sumando 8.046 desempleados, seguida por la Comunidad de Madrid con 3.659 y Galicia con 3.113. Analizando el dato provincial, la reducción solo se observó en Baleares, Guipúzcoa (19 menos) y Melilla (10 menos), mientras Madrid (+3.659), Sevilla (+2.380) y Asturias (+1.646) contabilizaron los aumentos más relevantes.

Respecto al colectivo de extranjeros, el número de personas desempleadas subió en 6.912 personas respecto a diciembre, un incremento del 2%. Así, el número total de inmigrantes en paro se situó en 343.693. Según publicó el Ministerio de Trabajo, esto supone 16.810 desempleados extranjeros menos que un año antes, es decir, un descenso porcentual del 4,6%.

Durante enero se formalizaron 1.163.555 contratos laborales, cifra un 4,1% inferior a la de enero de 2025. De los contratos firmados, 484.295 fueron indefinidos, un 4,7% menos que el año anterior, representando el 41,6% del total de contratos suscritos ese mes. El porcentaje resulta similar al de enero precedente, cuando fue del 41,9%. Entre los contratos indefinidos destacan 234.384 contratos a tiempo completo, un 4,7% menos. Además, se firmaron 132.940 contratos fijos discontinuos, con una caída interanual del 9,7%, y 116.971 indefinidos a tiempo parcial, que subieron un 1,7%.

Por otro lado, se registraron 679.260 contratos temporales, lo que supone una reducción del 3,7% en comparación con el mismo mes del año anterior. Estos contratos temporales alcanzaron el 58,4% de la contratación total efectuada en enero de 2026.

En cuanto a las prestaciones por desempleo, el Ministerio de Trabajo y Economía Social informó que el gasto total alcanzó en diciembre de 2025 los 2.107,3 millones de euros, un 1,1% más frente al mismo mes del año anterior. El gasto medio mensual por beneficiario, excluyendo el subsidio agrario de Andalucía y Extremadura, ascendió a 1.506,2 euros en diciembre, lo que representa un aumento del 26,3%. La prestación contributiva media bruta percibida fue de 1.039,3 euros, 20 euros más que un año antes, lo que corresponde a una subida del 2%. El número total de beneficiarios al finalizar diciembre de 2025 fue de 1.783.205 personas, un 0,3% menos que en diciembre del año anterior.

La tasa de cobertura frente al desempleo, que refleja el porcentaje de personas paradas que perciben algún tipo de prestación, se situó en diciembre de 2025 en el 79,09%. Esta cifra supone un incremento respecto al año anterior, cuando se ubicaba en el 78,08%, y constituye el valor más elevado desde 2009 para ese periodo. Tal como puntualizó el Ministerio, estos datos de prestaciones se publican con un mes de diferencia en relación a las cifras oficiales de paro.

El mercado laboral ha arrancado 2026 con un evidente deterioro. La afiliación media a la Seguridad Social cayó en 270.782 personas en enero (-1,2%), mientras que el paro registrado aumentó en 30.392 desempleados (+1,26%), hasta situarse en 2.439.062 personas, según los datos publicados este lunes por el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social. El inicio del año deja así un balance claramente negativo para el empleo tras la campaña de Navidad.

Los dos departamentos del Gobierno vinculan este retroceso al patrón estacional habitual del primer mes del año. Seguridad Social alude además a la “climatología adversa” como factor que habría condicionado la evolución del empleo.

No obstante, el mal comportamiento mensual contrasta con la lectura anual de las cifras: en los últimos doce meses la afiliación ha crecido en 477.818 personas (+2,3%) y el paro se ha reducido en 160.381 (-6,17%), lo que sitúa el número total de desempleados en el nivel más bajo para un mes de enero en casi dos décadas.

El fin de la campaña navideña castiga al sector servicios

El incremento del paro se concentra casi en exclusiva en el sector servicios, que suma 35.073 desempleados más (+2,01%) tras el fin de la actividad ligada a las fiestas. También aumenta el desempleo en la agricultura, con 881 parados adicionales (+1,19%).

En cambio, baja en la construcción, con 3.793 personas menos en situación de desempleo (-2,13%), y se mantiene prácticamente plano en la industria, con un descenso testimonial de 14 personas (-0,01%). Entre quienes buscan su primer empleo, el paro ha bajado en 1.755 personas (-0,79%).

Más de 25.000 mujeres en paro en enero de 2026

El paro femenino creció en 25.284 mujeres en el mes de enero, hasta 1.469.283, mientras que el masculino aumentó en 5.108 hombres, hasta 969.779. Pese al repunte mensual, Trabajo subraya que el desempleo entre las mujeres se mantiene en el nivel “más bajo en un mes de enero en 18 años”.

Por otra parte, entre los menores de 25 años el paro ha subido en 4.040 personas (+2,28%), aunque el ministerio destaca que también se trata del registro más reducido de la serie histórica para este mes.

Solo Baleares escapa del aumento de parados

El paro registrado ha aumentado en prácticamente todo el territorio español. Únicamente las Islas Baleares logran un descenso mensual, con 1.260 desempleados menos. En el lado contrario destacan las subidas de Andalucía (+8.046), Comunidad de Madrid (+3.659) y Galicia (+3.113), que reflejan el fuerte peso del sector servicios en estas comunidades autónomas y el efecto que tiene en ellas el fin de la campaña navideña.

Cuatro de cada diez contratos ya son indefinidos

Sin embargo, en cuanto a temporalidad se refiere, las cifras son más positivas: durante el mes de enero se firmaron 1.163.555 contratos, de los que 484.295 fueron indefinidos, lo que supone el 41,62% del total. El Ministerio de Trabajo incide en que este porcentaje consolida, a su juicio, el cambio en la estructura de la contratación tras la reforma laboral.

270.000 afiliados menos que en diciembre

En paralelo, la Seguridad Social registró una pérdida media de 270.782 cotizantes respecto a diciembre, hasta un total de 21.573.632 afiliados. El Ministerio de Inclusión interpreta este retroceso como “coherente con la evolución histórica de enero” y lo asocia tanto a la finalización de contratos temporales como al impacto del mal tiempo en determinadas actividades.

En términos desestacionalizados, el ministerio sostiene que la afiliación habría aumentado en 17.311 personas, alcanzando un “récord histórico” de 21.885.039 ocupados, un cálculo con el que el Gobierno trata de matizar la caída del dato bruto.

Casi medio millón de empleos en un año

La comparación interanual ofrece un panorama más favorable. La afiliación suma 477.818 trabajadores respecto a enero de 2025, con un crecimiento del 2,3%. El empleo femenino avanza en 235.397 afiliadas, hasta superar los 10,2 millones, mientras que los cotizantes extranjeros aumentan en 195.129 personas y ya representan el 14,1% del total. Entre los autónomos, el sistema gana 37.796 trabajadores por cuenta propia (+1,1%) en el último año.

La cobertura del paro, en máximos desde 2009

El número de beneficiarios de prestaciones alcanzó en diciembre -último dato disponible- las 1.783.205 personas, con una tasa de cobertura del 79,1%, el nivel más alto desde 2009, según los registros del SEPE. El gasto medio por beneficiario se situó en 1.506 euros mensuales, un 26,3% más que un año antes, mientras que el desembolso total en prestaciones ascendió a 2.107 millones de euros.

El sindicato La Fraternidad anunció un paro general de 24 horas para este jueves 5 de febrero en respuesta a lo que considera una “burda oferta” de recomposición salarial por parte de Trenes Argentinos y Belgrano Cargas S.A.

La medida, dispuesta por el gremio que conduce Omar Maturano, implica la interrupción total de los servicios en Trenes Argentinos Pasajeros, Belgrano Cargas, incluyendo las líneas Belgrano, Urquiza y San Martín, así como en Metrovías y Ferrovías SAC.

El conflicto se desató luego de una reunión que tuvo lugar este lunes con las autoridades de la Secretaría de Transporte, en donde el Gobierno insistió en un aumento del 1% para los salarios de enero.

La propuesta de recomposición salarial fue rechazada en forma terminante por La Fraternidad mediante un comunicado en el que anuncian el paro de este jueves y que se titula: “Los trabajadores no aceptamos limosnas”.

La semana pasada, Maturano brindó detalles sobre el conflicto: “Perdimos aproximadamente un 35, 38 por ciento del salario. Dicen que no hay inflación, que no hay emisión, pero sí hay deuda, hay bonos y eso es emisión”, dijo al sitio Mundo Gremial.

Además, remarcó que la lucha excede lo económico e incluye un reclamo por el deterioro del material rodante: “La prioridad no es solamente salarial, sino también el estado del material rodante, que se va cayendo”.

El dirigente sindical también cuestionó la falta de interlocutores en la Secretaría de Transporte: “No sabemos con quién hablar, con quién discutir, porque cada tres meses, seis meses, ocho meses nos cambian la gente que está a cargo del ferrocarril”.

Según Maturano, que tiene una postura ultraopositora, “hay una falta de seguridad y desidia por parte del Gobierno hacia la empresa; están tratando de bajarle el precio a nuestro reclamo, como lo hace con todo”.

La última medida de fuerza de La Fraternidad fue en septiembre pasado cuando las formaciones de las líneas Roca, Mitre, San Martín, Sarmiento, Urquiza y Belgrano Sur, que funcionan en el AMBA, circularon a una velocidad máxima de 30 km/h, también por reclamos salariales y de mejoras laborales. En aquel momento, la medida duró dos días hasta que el Gobierno dictó la conciliación obligatoria.

Maturano lidera el ala dura de los gremios ferroviarios, ya que las otras organizaciones del sector, la Unión Ferroviaria (UF), la Asociación de Señaleros (ASFA) y la Asociación del Personal de Dirección de los Ferrocarriles Argentinos y Puertos (APDFA), tienen una actitud dialoguista ante el Gobierno y negocian en tándem sus aumentos salariales dentro de la pauta oficial.

Sin embargo, La Fraternidad anunció la semana pasada un acuerdo de recomposición salarial con las empresas privadas de transporte de cargas Nuevo Central Argentino (NCA), Ferroexpreso Pampeano (FEPSA) y Ferrosur Roca, que establece una mejora escalonada en el sector.

El convenio firmado incluye el pago de una suma no remunerativa del 4% con los salarios de enero, calculada sobre el salario básico, la antigüedad promedio por categoría, las bonificaciones normales y habituales y los viáticos por pernocte promedio.

Además, se pactó el pago de una suma no remunerativa del 6% que será abonada con los sueldos de febrero en los mismos conceptos salariales, y desde marzo habrá una mejora del 8% que impactará de manera directa en los salarios básicos de esas empresas y en los adicionales.

La idea original de los trabajadores estatales de la aviación civil nucleados en ATE de hacer un paro total en aeropuertos este lunes se desintegró. Los referentes sindicales aseguraron a Infobae que la medida se hará de todos modos, pero más adelante, ya que tienen que cumplir con la ley de esencialidad que indica un aviso previo de al menos cinco días.

De todas maneras, podrían generarse demoras en los vuelos de algunos aeropuertos nacionales por las asambleas permanentes que lleva adelante el gremio, como consecuencia de un atraso en el pago de sueldos y la quita de un aumento salarial que ya había sido pactado entre las partes y procesado en el sistema de liquidación.

Ante ese panorama, en ATE estudian cuándo podría ser la nueva fecha del paro total. Este lunes, los delegados harán el anuncio que corresponde por ley. De modo que si deben pasar como mínimo cinco días hábiles para efectivizar la medida de fuerza, una fecha probable para que se efectvice el paro es el lunes 9 de febrero.

“Todavía no lo definimos”, respondieron a este medio desde ATE. Pero fuentes del gremio indicaron que es una posibilidad más que concreta que sea ese día.

Tal vez se conozca mañana mismo en la conferencia de prensa que darán referentes de ATE en el aeropuerto internacional Ministro Pistarini (EZE) a las 11 en la Terminal C. “Vamos a informar cómo continúan las medidas de fuerza en todo el país por la falta de pago de ANAC, y vamos a confirmar cómo será el alcance del paro general y las acciones de asamblea permanente la semana previa bajo el esquema de esenciabilidad”, explicó Belelli.

Es, aunque nadie lo diga de manera oficial, la fecha que tienen en mente, pero antes deben comunicarlo a las bases y cumplir con la formalidad que establece la ley de esencialidad para oficializar en el calendario el paro.

La ley dice que es obligatorio comunicar la convocatoria por escrito tanto al empresario o empresarios afectados como a la autoridad laboral competente. El preaviso debe realizarse con una antelación mínima de cinco días naturales a su fecha de inicio, o de diez días naturales si la empresa presta servicios públicos.

En este caso, el conflicto es de los trabajadores nucleados en ATE con el Gobierno; puntualmente, con la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y las secretarías de Trabajo y Empleo Público.

Fuentes de ANAC comentaron a este medio que están trabajando para evitar el paro y que esperan que “no haya afectaciones de operaciones” aéreas, es decir, de vuelos.

La medida se decidió luego de que las autoridades del organismo estatal dieran marcha atrás con un incremento salarial previamente acordado y no depositaran los sueldos el 31 de enero como, dicen desde ATE, estaba pactado.

Y esto, remarcaron en la Asociación Trabajadores del Estado, ocurrió luego de que otro gremio, la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA), cuestionara al Gobierno el acuerdo no los incluya en el aumento. “Entonces el Gobierno dijo ‘ok, no hay aumento para nadie’”, narraron desde ATE.

El paro -cuando sea- afectará por 24 horas todos los servicios de control terrestre, bomberos, sanidad, inspectores y administrativos y, por consecuencia, la totalidad de los vuelos, excepto los del Estado, sanitarios, humanitarios y traslado de órganos vitales para personas que esperan un trasplante.

Esto ocurrirá en los aproximidamente 30 aeropuertos nacionales e internacionales que hay en el país. Si el paro efectivamente es el 9 de febrero, ese día es probable que todos los vuelos se cancelen.

“El paro está confirmado. Hubo un incumplimiento de acuerdos salariales del Gobierno, la ANAC no pagó en tiempo y forma los sueldos y nos dicen que el aumento liquidado y acordado quedó sin efecto. Por eso vamos a esta medida. No sabemos cuándo vamos a cobrar y están desconociendo un aumento que había sido liquidado”, comentó el sábado a Infobae Marcelo Belelli, delegado de ATE en el aeropuerto internacional de Ezeiza. Hasta ayer, la fecha de paro era el lunes 2 pero durante el transcurso del día los abogados del gremio advirtieron que había que cumplir con la ley de esenciabilidad.

De todos modos, durante todo este domingo y, probablemente, la semana que empieza, habrá en casi todos los aeropuertos estado de asamblea permanente, lo que podría generar algunas demoras.

Por caso, este domingo, según la cartelera de Aeroparque, hay atrasos en vuelos a Resistencia, por JetSmart, a Ushuaia y El Calafate, por Aerolíneas Argentinas, y a San Pablo (Brasil), por Latam.

Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, anunció el paro en su cuenta de la red social X el sábado, antes de saber que la fecha sería más adelante.

“El Gobierno tomó la INCOMPRENSIBLE DECISIÓN de dar marcha atrás con un incremento salarial ya acordado, reliquidar los haberes y DEJAR A LOS TRABAJADORES SIN SALARIOS. Cabe destacar que el aumento ya figuraba en los recibos de sueldo y así lo pudieron constatar todos los trabajadores en el sistema (SARHA)”, escribió el referente gremial este sábado por la mañana y remarcó que “si no se cumple con las actas firmadas y se cancelan los haberes como corresponde, EL LUNES A LAS 00HS EL PARO SERÁ TOTAL”, escribió el líder gremial.

En el documento que Belelli envió el sábado a Oscar Villabona, administrador de la ANAC, se explica que, según lo denunciado por ATE, el Gobierno dejó sin efecto un incremento en el adicional por “racionamiento” que no sólo había sido acordado sino que estaba liquidado.

El sistema SAHRA les permitió detectar a los referentes del gremio que los recibos de sueldos ya estaban confeccionados con el acuerdo y, sin embargo, por razones desconocidas, dieron marcha atrás desde ANAC.

“Estas decisiones perjudican gravemente el salario de las y los trabajadores, generan incertidumbre, tensiones innecesarias y constituyen un claro retroceso sobre derechos ya conquistados”, escribió Belelli a Villabona y atribuyó el retroceso en la decisión a cuestiones “políticas”.

Belelli apuntó directamente a las autoridades de ANAC y a la secretaría de Transporte, a cargo desde hace unos días de Fernando Herrmann, y la secretaría de Empleo Público.

“No permitiremos que decisiones políticas de funcionarios continúen afectando el salario y la estabilidad de los y las trabajadores/as del organismo”, concluyó Belelli.

Los trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) nucleados en el gremio ATE anunciaron este sábado un paro total en todos los aeropuertos del país para el lunes 2 de febrero, en pleno recambio turístico.

La medida se decidió luego de que las autoridades del organismo estatal dieran marcha atrás con un incremento salarial previamente acordado y no depositaran los sueldos el 31 de enero como, dicen desde ATE, estaba pactado.

El paro afectará por 24 horas todos los servicios de control terrestre, bomberos, sanidad, inspectores y administrativos y, por consecuencia, la totalidad de los vuelos, excepto los del Estado, sanitarios, humanitarios y traslado de órganos vitales para personas que esperan un trasplante.

“El paro está confirmado. Hubo un incumplimiento de acuerdos salariales del Gobierno, la ANAC no pagó en tiempo y forma los sueldos y nos dicen que el aumento liquidado y acordado quedó sin efecto. Por eso vamos a esta medida. No sabemos cuándo vamos a cobrar y están desconociendo un aumento que había sido liquidado”, comentó a Infobae Marcelo Belelli, delegado de ATE en el aeropuerto internacional de Ezeiza.

El representante gremial además advirtió que los trabajadores ya están en estado de asamblea permanente “y puede haber demoras” desde este sábado en los vuelos desde y hacia los aeropuertos del país.

Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, anunció el paro en su cuenta de la red social X. “El Gobierno tomó la INCOMPRENSIBLE DECISIÓN de dar marcha atrás con un incremento salarial ya acordado, reliquidar los haberes y DEJAR A LOS TRABAJADORES SIN SALARIOS. Cabe destacar que el aumento ya figuraba en los recibos de sueldo y así lo pudieron constatar todos los trabajadores en el sistema (SARHA)”, escribió el referente gremial este sábado por la mañana y remarcó que “si no se cumple con las actas firmadas y se cancelan los haberes como corresponde, EL LUNES A LAS 00HS EL PARO SERÁ TOTAL”.

Belelli compartió con este medio la carta que este mismo sábado envió a Oscar Villabona, administrador de la ANAC, donde anuncia que desde hoy los trabajadores están en “estado de asamblea permanente”.

En el documento se explica que, según lo denunciado por ATE, el Gobierno dejó sin efecto un incremento en el adicional por “racionamiento” que no sólo había sido acordado sino que estaba liquidado.

El sistema SAHRA les permitió detectar a los referentes del gremio que los recibos de sueldos ya estaban confeccionados con el acuerdo y, sin embargo, por razones desconocidas, dieron marcha atrás desde ANAC.

“Estas decisiones perjudican gravemente el salario de las y los trabajadores, generan incertidumbre, tensiones innecesarias y constituyen un claro retroceso sobre derechos ya conquistados”, escribió Belelli a Villabona y atribuyó el retroceso en la decisión a cuestiones “políticas”.

Belelli apuntó directamente a las autoridades de ANAC y a la secretaría de Transporte, a cargo desde hace unos días de Fernando Herrmann, y la secretaría de Empleo Público.

“No permitiremos que decisiones políticas de funcionarios continúen afectando el salario y la estabilidad de los y las trabajadores/as del organismo”, concluyó Belelli.

Consultada la secretaría de Transporte nacional sobre el conflicto, respondió a través de un vocero que no iban a expedirse sobre el tema: “Nada por el momento”.

La Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía dispuso la retención de subsidios económicos a empresas de colectivos urbanas en las que se detectaron irregularidades, como parte de una serie de controles sobre el mecanismo de compensaciones estatales al sector. Esta decisión, confirmada tras una reunión con las principales cámaras empresarias del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), surge luego de una denuncia que involucra maniobras en la liquidación de subsidios y que derivó en la apertura de una auditoría integral sobre el sistema.

Las denuncias apuntan especialmente al grupo La Nueva Metropol, acusado por otras empresas de modificar la asignación de boletos para aumentar el monto de subsidios percibidos. La maniobra habría consistido en la entrega de boletos de recorridos largos a pasajeros que realizaban trayectos cortos, lo que incrementa el monto de compensaciones liquidadas por el Estado. La situación generó fuertes tensiones entre los principales actores del sector y motivó la intervención estatal.

En respuesta, la Secretaría de Transporte instruyó a la Dirección de Fondos Fiduciarios para realizar de inmediato una auditoría integral sobre el sistema SUBE y los parámetros operativos, extendiendo el control a todas las empresas del sistema y no solo a la denunciada.

La auditoría contará con el apoyo de informes técnicos de Nación Servicios S.A. y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), además de fiscalizaciones prácticas y presenciales en las unidades de colectivo. El objetivo de este procedimiento es implementar correcciones que eviten futuras irregularidades y asegurar que la distribución de recursos públicos se realice bajo estrictos criterios de transparencia y exactitud.

El origen de esta medida puede vincularse a la reciente modificación del sistema de subsidios, impulsada por la resolución 45/2024. La normativa desplazó el foco de la asignación de compensaciones, dejando de priorizar la oferta (kilómetros recorridos y consumo de combustible) y pasando a calcular los montos según la demanda efectiva de pasajeros, con datos provistos por el sistema SUBE y el índice de pasajeros por kilómetro (IPK). Esta transición dejó al descubierto desplazamientos inusuales en la validación de boletos que, según los denunciantes, permitirían a ciertas empresas duplicar el importe a liquidar.

Las cámaras empresarias del sector sostienen que la maniobra denunciada habría generado un desvío estimado en 30.000 millones de pesos, y algunas anticipan la presentación de una causa penal ante la Justicia. En tanto, desde el grupo señalado rechazan las acusaciones y atribuyen los cambios a la adaptación a la nueva regulación, que busca corregir la llamada “evasión gris” en el sistema de boletos.

La Secretaría de Transporte indicó que las medidas se aplicarán de inmediato y tendrán carácter transitorio, mientras se verifica técnicamente lo ocurrido. El objetivo, subrayaron el Secretario Coordinador de Infraestructura, Carlos Frugoni, y el Secretario de Transporte, Fernando Herrmann, es garantizar que la distribución de subsidios se ajuste a la normativa vigente y mantener la transparencia en el uso de recursos públicos.

La paritaria que negocian los colectiveros con el Gobierno

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las cámaras empresarias del transporte público retomarán el viernes desde las 11 la negociación salarial en la Secretaría de Trabajo, con el objetivo de evitar un paro que dejaría sin colectivos a millones de usuarios en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

El sector sindical enfatizó que los choferes “atraviesan una situación económica sumamente delicada, con necesidades urgentes e inmediatas” y que esa realidad “no admite más dilaciones”, según un comunicado de la UTA tras la última reunión fallida. Este llamado se produce cuando la instancia de diálogo es considerada, tanto por gremialistas como por empresarios, como la última oportunidad para destrabar el conflicto y mantener la paz social.

El reclamo apunta a elevar el salario básico, actualmente en $1.370.000, a más de $1.550.000 para compensar la pérdida de poder adquisitivo sufrida recientemente. Aunque las empresas admiten la presión salarial, insisten en que no pueden convalidar el aumento sin una actualización de subsidios o ajuste de tarifas, lo que representa el principal escollo para avanzar en la paritaria.

Las negociaciones, iniciadas formalmente a mediados de enero, han atravesado múltiples propuestas, cuartos intermedios y encuentros sin acuerdo definitivo. Hasta el momento, la UTA mantuvo una postura que describe como “conciliadora”, privilegiando la continuidad del servicio.

La jornada del viernes será decisiva: de no alcanzarse un entendimiento, el sindicato advirtió que comunicará acciones gremiales en forma inmediata. El desenlace de la audiencia determinará tanto el futuro del salario de los trabajadores como la continuidad regular del transporte en los próximos días.

El Producto Interior Bruto (PIB) de la eurozona aumentó un 1,5% en el conjunto de 2025 tras la expansión del 0,3% registrada en el cuarto trimestre del año, según los datos adelantados este viernes por la oficina comunitaria de estadística Eurostat. Este avance en el crecimiento, el línea con el contabilizado los tres meses anteriores, se complementa con una evolución sin cambios del desempleo, que volvió a marcar una tasa del 6,2% en diciembre.

La tabla de países de la Unión Europea con los índices de paro más altos la lidera Finlandia, que ya superó por primera vez a España en este ránking en noviembre. Con un 10,3%, el país nórdico vuelve a colocarse por delante del 10% de España, que ocupa el segundo puesto según los datos oficiales y sigue destacando en desempleo juvenil.

En el conjunto de la Unión Europea, el crecimiento anual del PIB fue del 1,6%. Esta cifra, pese a colocarse más de un punto por debajo del avance del 2,8% de España, supera en una décima las expectativas tanto del Banco Central Europeo (BCE), que en diciembre elevó dos décimas su previsión hasta el 1,4%, como del Fondo Monetario Internaciona (FMI), que también anticipaba un incremento del 1,4%.

Entre octubre y diciembre, el PIB de los Veintisiete subió un 0,3% respecto al trimestre anterior, cuando el incremento había sido del 0,4%. En la comparación interanual del último trimestre, la economía de la zona euro se expandió un 1,3%, mientras que el conjunto de la UE mostró un aumento del 1,4%. En cuanto a las previsiones para la UE en los próximos años, el BCE anticipa una expansión de 1,2% en 2026 y 1,4% en 2027. Por su parte, el FMI prevé una leve moderación al 1,3% en 2026 y una recuperación al 1,4% para 2027.

La Unión Europea suma un total de 13 millones de parados

El mercado laboral europeo, por su parte, cerró 2025 sin grandes sobresaltos, con una tasa de desempleo que se mantuvo estable en el 5,9% en la Unión Europea en diciembre. La incorporación de Bulgaria a la eurozona desde el 1 de enero contribuyó a que la tasa de desempleo del área del euro también se estabilizara en el 6,2% durante los dos últimos meses del año. Si se excluye el efecto de la adhesión búlgara y se analizan solo los veinte miembros previos, en cambio, la cifra de diciembre queda en un 6,3%, una décima menos que el mes anterior.

Más allá de Finalndia y España, destacan por sus niveles de desempleo elevados Suecia (8,8%), Francia (7,7%), Grecia (7,5%) y Letonia (7%), seguidos de cerca por Luxemburgo (6,9%), Lituania (6,6%), Bélgica (6,4%), Estonia (6,3%) y Rumanía (6%). Por debajo del promedio comunitario se situaron Austria y Eslovaquia (5,8%), junto con Dinamarca, Italia y Portugal (5,6%). Las tasas más bajas, por otro lado, correspondieron a Chequia (3,1%), Malta y Polonia (3,2%) y Bulgaria (3,3%).

En términos absolutos, la Unión Europea contabilizaba en diciembre 13 millones de personas sin empleo, de las cuales 10,8 millones residían en la zona euro. La reducción respecto al mes previo fue de 94.000 desempleados en el bloque y de 61.000 en la eurozona. En comparación con diciembre de 2024, la UE disminuyó el número de parados en 71.000 personas, mientras que la eurozona sumó 5.000 desempleados adicionales.

El desempleo juvenil roza el 15%

La situación de los jóvenes sigue siendo un reto: cerca de 2,9 millones de menores de 25 años estaban desempleados en la UE, con una tasa del 14,7%, lo que supone dos décimas menos que el mes anterior. En la eurozona, casi 2,6 millones de jóvenes se encontraban sin trabajo, con una tasa del 14,3%, una décima por debajo de la cifra precedente.

En cuanto a la brecha de género, el desempleo femenino en la UE se redujo una décima y se colocó en el 6% en diciembre, mientras que el masculino permaneció estable en el 5,8%. Dentro de la zona euro, ambas tasas se mantuvieron sin cambios en 6,4% para mujeres y 6,1% para hombres.

(Noticia en ampliación)

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las empresas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) mantendrán una audiencia por la mañana de este viernes para intentar destrabar el conflicto salarial. El resultado de la audiencia será clave para determinar si se implementa una medida de fuerza, lo que podría derivar en el primer paro del año y generar complicaciones para miles de usuarios en los primeros días de febrero.

Si bien la advertencia de un eventual paro sobrevoló a la audiencia del martes pasado, donde no hubo acuerdo respecto a la paritaria para los choferes, sí existió una promesa de mejora en base a una reunión con autoridades del Gobierno. Frente a ello, la UTA fijó el encuentro de hoy como la última instancia para llegar a un acuerdo.

“Esta organización sindical manifiesta, al solo efecto conciliatorio y en la búsqueda de mantener la paz social, esta parte accede dejando expresamente planteado que asistiremos a la próxima audiencia convocada para el día viernes 30 de enero a las 11 horas, en la cual, de no lograrse firmar el aumento salarial, se anunciarán inmediatamente medidas de acción gremial”, destacaron en el comunicado con firma del secretario general, Roberto Fernández.

El sindicado pretende que las empresas presenten una propuesta superadora al 1% de aumento para los choferes de colectivos luego de reunirse con las autoridades del Ministerio de Economía, pese a que en circunstancias anteriores manifestaron que se encuentran ante una situación de “estrangulamiento financiero”.

Durante la última audiencia, las cámaras CEAP, CETUBA, CTPBA y CEUTUPBA aseguraron que tuvieron reuniones con las nuevas autoridades de la cartera de Transporte a fin de dar una respuesta al requerimiento de la entidad sindical. Además, sumaron que tendrían una reunión el jueves 29 de enero, por lo que solicitaron un cuarto intermedio. Es que el conflicto se da en medio de cambios en la Secretaría. La semana pasada, se oficializó la salida de Luis Pierrini, por motivos personales, y en su lugar se designó al arquitecto, Fernando Herrmann.

“Si los empresarios no tienen la plata, ¿qué negociación podemos realizar?”, afirmaron en la UTA tras la audiencia del 13 de enero pasado. Ante la falta de acuerdo entre las partes, la reunión tuvo que prorrogarse al 20 de enero y, frente al fracaso del diálogo, al 27 de este mes, que concluyó de la misma manera.

Las empresas aseguran que se encuentran ante un “estrangulamiento financiero”, ya que se ven forzadas a operar con ingresos estructuralmente insuficientes en un contexto de incremento constante de los costos operativos —combustibles, insumos, repuestos, mantenimiento, seguros, cargas sociales y sostenimiento del parque móvil—. Si bien aseguran que las distorsiones tarifarias y la falta de actualización adecuada fueron puestas de manifiesto a las autoridades competentes mediante múltiples presentaciones y audiencias, a la fecha no se han obtenido definiciones concretas.

La postergación de las audiencias es entendida por la UTA como una maniobra para dilatar la recomposición salarial de los choferes. Por lo que, por su lado, aseguran que de acuerdo al resultado de la reunión decidirán si toman medidas de fuerza que afecten al transporte en el AMBA.

La encrucijada

“Supimos que el 40% de las empresas se encuentra cerca de la quiebra luego del fin de los subsidios nacionales y con la dependencia total de las provincias para cubrir el costo del boleto”, señalaron desde la UTA.

El área económica enfrenta una encrucijada, aunque cuenta con el recurso de la conciliación obligatoria. Los empresarios, para otorgar un aumento superior al 1% a los choferes, requieren un incremento en los subsidios por parte del gobierno nacional, lo que contradice la política exigida por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Otra opción sería autorizar una suba en el precio del boleto, medida que, en principio, el oficialismo no está dispuesto a implementar, ya que repercutiría en la inflación que busca estabilizar en enero, después del 2,8% que se registró en diciembre.

“Todos conocen que el boleto aumenta mes a mes, pero a los trabajadores les quieren ofrecer solo un 1% de incremento salarial. Los empresarios no logran acordar con el gobierno, y los trabajadores debemos cumplir nuestras tareas con un salario que no cubre lo básico para alimentarnos, sostener un hogar o comprar un regalo de reyes para los hijos”, expresaron en la UTA a comienzos de enero.

Hasta ahora, durante la gestión de Javier Milei, este conflicto no tuvo resolución. Algunas empresas ya redujeron la cantidad de líneas activas, como ocurrió con El Nuevo Halcón 148. Actualmente, circulan cerca de 40 colectivos, cuando, según la UTA, deberían ser cinco veces más.

La situación se agravó hacia fines de 2025, cuando las compañías de colectivos del AMBA informaron al Gobierno que los salarios de noviembre se pagarían en dos cuotas, y los aguinaldos en seis partes. Frente a esto, el sindicato advirtió a la administración nacional que recaerá sobre ella la responsabilidad si los trabajadores deciden iniciar un paro que afecte el servicio de colectivos.

El Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo Metro (SNTSTC) dio a conocer que realizarán una marcha para exigir que el gobierno de la Ciudad de México atienda sus demandas. A través de un comunicado difundido en sus canales oficiales informaron las acciones que realizarán y las posibles afectaciones.

De acuerdo con el comunicado emitido el 29 de enero de 2026, la organización sindical señaló que, hasta la fecha, no han recibido respuesta de las autoridades sobre la carencia de presupuesto necesario para la adquisición de materiales y refacciones destinadas al mantenimiento de trenes, vías e instalaciones fijas.

Además, advirtieron que persisten otros temas laborales que impactan directamente en el funcionamiento del sistema y la seguridad de los usuarios, por ello, convocaron a todos los trabajadores del Metro CDMX a participar en este paro de labores y marchar hacia el Zócalo de la CDMX.

¿Cuándo habrá marcha del Sindicato de Trabajadores del Metro CDMX?

El Sindicato Nacional de Trabajadores del STC Metro anunció que realizará una marcha de protesta el próximo miércoles 4 de febrero, a partir de las 15:30 horas, en respuesta a la falta de atención del Gobierno de la Ciudad de México frente a diversas problemáticas que afectan al Metro.

La movilización partirá de la estación del Metro Balderas y culminará en el Zócalo Capitalino. El Comité Ejecutivo Nacional del sindicato hizo un llamado a todos los trabajadores del Metro para sumarse a la protesta, cuyo objetivo es visibilizar la situación ante la opinión pública y exigir una respuesta inmediata a la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina.

El sindicato enfatizó la importancia de la participación solidaria para lograr que sus demandas sean escuchadas y se atiendan las necesidades tanto de los empleados como de los usuarios del Metro.

¿Habrá paro en el Metro CDMX?

Hasta el momento, el STC Metro no ha informado sobre alguna afectación al servicio de las 12 líneas de la red del Metro CDMX. Se espera que el paro de labores sean en áreas administrativas sin mayores afectaciones a los usuarios.

El Sindicato de Trabajadores del Metro CDMX ha presentado una serie de demandas que consideran prioritarias y que, según sus declaraciones, no han recibido respuesta por parte de las autoridades. Entre los puntos enlistados destaca:

• La solicitud de una revisión urgente de los tableros de Control Óptico en todas las terminales de línea del sistema, así como la adquisición de mobiliario necesario para el desarrollo de las labores diarias.
• Otra de las demandas consiste en el retiro inmediato de los trenes que han sido dados de baja y que actualmente ocupan espacios en la línea, sin ser aptos para permanecer en esos lugares.
• El sindicato también exige la entrega del proyecto Metro-Energía, ubicado en las instalaciones de Delicias 67, para que sea operado por técnicos especializados en esa materia.

Respecto al mantenimiento de la red, los trabajadores han solicitado la rehabilitación de la Línea A, enfatizando la urgencia de atender el lado oriente que corresponde al Estado de México. Esta petición busca prevenir inundaciones en las vías, un problema recurrente durante la temporada de lluvias. Asimismo, han pedido que la representación sindical sea informada y participe en los procesos de capacitación para el mantenimiento del material rodante de la Línea 12.

Tras el fracaso de la reunión de este martes, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las cámaras empresarias del transporte de pasajeros acordaron para este viernes una nueva instancia de diálogo con el fin de intentar destrabar las negociaciones paritarias que mantienen abiertas desde comienzos de año. El objetivo principal de este encuentro, que comenzará a las 11 de la mañana, es buscar un acuerdo salarial que evite la profundización del conflicto y un eventual paro que afectaría al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y otras jurisdicciones del país.

El llamado a la reunión fue confirmado por los representantes gremiales tras una serie de encuentros previos que no arrojaron un acuerdo, en los cuales el sindicato rechazó las propuestas empresariales por considerarlas insuficientes para compensar la pérdida del poder adquisitivo de los salarios de los choferes.

En un nuevo comunicado, el gremio sostuvo que continuará con la discusión hasta agotar todas las instancias de diálogo e instó a las cámaras empresarias a presentar una oferta salarial que, a su criterio, esté “a la altura de la situación económica actual”. El texto añade que, de no existir una propuesta superadora, el sindicato definirá las medidas de acción gremial correspondientes para garantizar la defensa de los intereses de los trabajadores. Este anuncio incluye, entre otras acciones, la posibilidad de un paro de actividades.

El conflicto, que se ha prolongado durante varias semanas, tiene en su centro la recomposición de los salarios de los choferes en un contexto de inflación elevada y aumento del costo de vida. En audiencias anteriores, las cámaras empresarias realizaron una oferta que la UTA calificó como “insuficiente” y rechazó formalmente.

Las partes vienen manteniendo un intercambio continuo. El último encuentro, realizado hace pocos días en la Secretaría de Trabajo, finalizó sin acercamientos significativos. Las fuentes sindicales remarcaron que la oferta empresarial —cercana a un 1% de aumento— no cubre la pérdida acumulada frente a la inflación y resulta incompatible con el sostenimiento de un salario acorde a las necesidades básicas.

Desde el lado de las cámaras empresarias, se argumenta que el sector atraviesa una situación “económica, financiera y operativa crítica” que limita su capacidad de ofrecer recomposiciones salariales sustanciales sin asistencia pública o cambios en la estructura de costos. En reuniones anteriores, los representantes empresariales subrayaron que la falta de un marco financiero estable y la reducción de subsidios complican la ejecución de acuerdos que satisfagan las demandas del gremio.

En este contexto, la reunión del viernes será considerada por ambas partes como una instancia estratégica para definir si continúan las negociaciones o si se activa un plan de lucha gremial. Según el comunicado de la UTA, el sindicato evaluará el resultado de la reunión en función de si existe una propuesta que pueda ser trasladada a las bases. No se detalló la modalidad específica de las posibles medidas de acción gremial que se podrían anunciar, pero sí se precisó que estas se definirán luego del encuentro.

La negociación paritaria en el sector del transporte de pasajeros ha sido un punto de atención en las últimas semanas debido a su potencial impacto en la movilidad cotidiana de millones de usuarios. En las audiencias anteriores, la tensión entre las necesidades del personal y la situación financiera de las empresas fue un tema recurrente, sin que se lograran consensos definitivos.

Antecedentes del conflicto

El conflicto paritario entre la UTA y las cámaras empresarias de transporte no es nuevo en el calendario de negociaciones del sector, pero tomó mayor relevancia en los últimos encuentros luego de que las partes no coincidieran en el porcentaje de aumento que debía aplicarse a los salarios. La UTA rechazó la primera oferta empresarial, lo que llevó a la convocatoria de nuevas audiencias en la Secretaría de Trabajo.

El sindicato argumentó que los incrementos salariales anteriores no habían logrado compensar la escalada de precios y que, frente a un aumento continuo del boleto, los trabajadores debían obtener un ajuste que cubriera esa brecha. A su vez, las cámaras empresarias señalaron que la situación económica actual del sector, marcada por costos crecientes y falta de respaldo financiero adecuado, condiciona su capacidad de ofrecer mejoras salariales de mayor magnitud sin un apoyo externo o cambios en la normativa vigente.

Desde el punto de vista oficial, el Ministerio de Trabajo participó activamente de las audiencias como órgano convocante, con el propósito de facilitar el diálogo y evitar que el conflicto derive en medidas de fuerza que afecten el transporte público. La agenda oficial incluyó la articulación de espacios de negociación entre los actores involucrados, aunque hasta el momento no se logró un acuerdo definitivo.

En ese marco, el último antecedente formal del conflicto fue la audiencia virtual realizada este martes 27 de enero, convocada por el Ministerio de Capital Humano. Allí participaron representantes de la UTA y de todas las cámaras empresarias del sector, junto a funcionarios de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo.

Durante ese encuentro, las cámaras empresarias señalaron que mantienen conversaciones con las carteras de Economía y Transporte y solicitaron un cuarto intermedio, a la espera de definiciones oficiales que les permitan formular una propuesta salarial. En ese sentido, indicaron que aguardaban precisiones tras una reunión prevista con autoridades del área de Transporte.

Por su parte, la UTA dejó constancia de que el conflicto “lejos de atenuarse, se ha profundizado” y afirmó que, pese a los meses de negociación y a las instancias de diálogo promovidas por la autoridad laboral, “no se ha logrado hasta la fecha un ofrecimiento empresario serio, concreto y acorde a la grave problemática salarial planteada”.

En ese mismo sentido, el sindicato remarcó que los trabajadores del transporte automotor de pasajeros atraviesan una situación económica “sumamente delicada”, producto del deterioro del poder adquisitivo frente al aumento del costo de vida, y advirtió que esa realidad “no admite más dilaciones”.

Finalmente, y en un pasaje central del acta, la organización sindical dejó expresamente planteado que “de no lograrse un acuerdo salarial en la próxima audiencia a convocarse, se anunciarán inmediatamente medidas de acción gremial”.

Tras el vencimiento de la prórroga de la conciliación obligatoria que disolvió las medidas de fuerza propuestas por Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa), el gremio de los controladores aéreos, en la previa a las fiestas, y sin acuerdo con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), el sindicato retomará su cronograma de paros en los aeropuertos del país.

La discusión entre las partes, que ya lleva varios meses de tensiones, asambleas, paros y hasta denuncias judiciales, excede el ámbito salarial, ya que el planteo principal es el incumplimiento del Convenio Colectivo de Trabajo, entre otras críticas.

“Transcurridos los plazos, no se logró arribar a un acuerdo, por lo que el Plenario ratificó la adopción de medidas legítimas de acción sindical a partir del mes de febrero, que se anunciarán oportunamente”, informó Atepsa en un comunicado.

En tanto, EANA remarcó que los servicios de navegación aérea están considerados esenciales por ley, por lo que el gremio no puede disponer medidas de fuerza de manera intempestiva. En caso de avanzar con un plan de acción sindical, Atepsa debería presentar un cronograma con al menos cinco días de anticipación y las medidas no podrían afectar más del 45% de las operaciones aéreas.

Según pudo saber Infobae, hasta el momento no hay un cronograma de paros concreto, algo que EANA podría utilizar con la voluntad de alcanzar una solución al conflicto y evitar el impacto que una eventual escalada podría generar sobre pasajeros, trabajadores y el sistema aeronáutico.

Atepsa, por su parte, cuestionó el tratamiento del conflicto: “Se debatieron tanto la situación actual, como así también, las acciones a seguir, debido a la falta de respuestas por parte de las autoridades de EANA que, desde agosto del año pasado, no asume los compromisos asumidos ni aporta solución al conflicto”.

Frente a este escenario, el gremio aseguró que “las medidas legítimas de acción sindical serán las consecuencias directas del incumplimiento, la desidia y la falta de diálogo por parte de EANA, por lo que, desde Atepsa ratificamos la voluntad de diálogo y de resolución, pero no convalidaremos dilaciones ni acuerdos que luego no cumplen”.

La magnitud del conflicto es tal porque el trabajo de los controladores aéreos es indispensable para la actividad aeronáutica. Ubicados en las Torres de Control o los Centros de Control de Área (ACC), son los encargados de gestionar el tránsito aéreo, separar y guiar a los aviones durante sus vuelos, despegues y aterrizajes en todos los aeropuertos del país.

EANA, por su parte, es la prestadora de este tipo de servicios en el país, mientras que su personal se encuentra nucleado en la Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa).

Un conflicto más que salarial

Más allá de las discusiones paritarias, al tratarse de una empresa pública no se define de manera individual, sino que es la Oficina Nacional de Empleo Público el área que establece el marco de referencia que el Gobierno está dispuesto a ofrecer a los gremios. La disputa entre EANA y Atepsa también involucra investigaciones judiciales y denuncias penales por presuntas maniobras irregulares que alcanzan a ex y actuales autoridades.

Durante 2025, el conflicto tuvo múltiples episodios, con medidas de fuerza que afectaron la actividad aérea, especialmente en momentos de alta demanda como las vacaciones de invierno y las fiestas de fin de año.

Tras un acuerdo alcanzado en agosto, que preveía una suba salarial del 15% en cuatro tramos, las protestas se suspendieron. Sin embargo, en noviembre y diciembre el gremio retomó paros y asambleas que volvieron a impactar en la operatoria aérea, lo que derivó en la intervención de la Secretaría de Trabajo mediante la conciliación obligatoria.

En paralelo a este conflicto, avanza en los tribunales de Comodoro Py una investigación judicial que involucra a la conducción de Atepsa y a la ex presidenta de EANA, Gabriela Logatto, durante el gobierno anterior. La causa se centra en una presunta maniobra fraudulenta vinculada a un supuesto acuerdo paritario firmado a fines de 2023, cuya existencia no pudo ser acreditada en los registros administrativos, legales ni contables de la empresa estatal.

El expediente se inició a partir de una presentación judicial del propio sindicato, que reclamó la aplicación de un acta con aumentos salariales anticipados para el primer trimestre de 2024. Según la denuncia, el documento nunca fue incorporado a los circuitos formales ni aplicado mientras Logatto estuvo al frente de EANA, por lo que la Justicia investiga su rol y el de la secretaria general de ATEPSA, Paola Barritta —hija de José “El Abuelo” Barritta, histórico jefe de la barra brava de Boca—.

En paralelo, EANA presentó una denuncia penal contra el gremio al considerar que algunas medidas de protesta pusieron en riesgo la seguridad operacional, entre ellas la colocación de una bandera sindical en el exterior de una torre de control, que —según la empresa— podría haber interferido con la operación aérea.

La cifra de personas activas alcanzó cerca de 25 millones al cierre de 2025 tras crecer en casi medio millón a lo largo del año. El Instituto Nacional de Estadística (INE), según publicó el medio, informó además que la tasa de desempleo juvenil descendió hasta el 23%, su mínimo desde la crisis financiera. Sobre este contexto demográfico y laboral, la Encuesta de Población Activa (EPA) confirmó que la creación de empleo y la mejora de la calidad del trabajo se han mantenido como tendencias destacadas en el mercado laboral español.

Según reportó el INE este martes, el número de personas desempleadas bajó en 118.400 durante 2025, un 4,5% menos que el año anterior. Paralelamente, el empleo registró un avance con 605.400 nuevos puestos (+2,8%), lo que impulsó la cifra de empleados hasta los 22.463.300, un dato inédito que marca un máximo histórico. Al finalizar el año, el número total de personas sin empleo se situó en 2.477.100, el nivel más bajo desde el segundo trimestre de 2008. La tasa de paro cayó al 9,93%, medio punto por debajo de 2024 y el valor más reducido observado desde el primer trimestre de 2008.

El medio señaló que la reducción del desempleo en 2025 fue menor que en años previos: en 2024 se eliminaron 265.300 puestos de desempleo y en 2023, 193.400. Aun así, la bajada de 2025 resultó superior a la registrada en 2022, cuando el retroceso fue de 79.900 personas. Respecto a la creación de empleo, los datos de 2025 superaron los 468.100 nuevos puestos anotados en 2024, pero quedaron por debajo de los 783.000 generados en 2023. Con este comportamiento, el paro enlaza cinco ejercicios consecutivos de descensos, mientras que la ocupación también suma cinco años de crecimiento desde la pérdida de 622.000 empleos ocasionada por la Covid-19 en 2020.

Durante el último trimestre de 2025, la EPA añadió que el desempleo bajó en 136.100 personas, un recorte del 5,2%, si bien esta reducción resultó inferior a la del mismo periodo de 2024, cuando la cifra de desempleados disminuyó en 158.600. La creación de empleo en el cuarto trimestre alcanzó las 76.200 personas (+0,3%), resultado que iguala el mejor registro obtenido en un periodo similar desde 2021.

De acuerdo con el informe del INE, la mayor parte de los empleos generados en 2025 correspondió al sector privado, que sumó 555.300 ocupados, es decir, aproximadamente el 92% del total del nuevo empleo. La inmensa mayoría de esos puestos, el 95%, fueron de jornada completa, con un incremento de 574.700 personas (+3%), frente a los 30.700 empleos de media jornada (+1%).

El desglose contractual mostró, según detalló el medio, un incremento de 547.500 asalariados con contrato indefinido, lo que implica un aumento del 3,5%. Por el contrario, la contratación temporal apenas creció en 22.400 personas (+0,8%). En consecuencia, la temporalidad en el empleo privado se situó en el 12,4%.

La evaluación del titular de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, recogida por el INE en su análisis, calificó el escenario actual con las palabras: “Los datos muestran un mercado laboral más fuerte, más estable, con empleo de mayor calidad, y que sienta una base sólida para seguir ampliando el bienestar de todos los ciudadanos.”

El análisis de la EPA indicó que la recuperación iniciada tras la crisis sanitaria de 2020 se ha consolidado, manteniendo la tendencia descendente del desempleo durante un lustro consecutivo y mostrando un crecimiento continuo de la ocupación. El nivel alcanzado en la tasa de paro, inferior al 10%, refleja un retorno a valores previos al impacto financiero de 2008, lo que constata el fortalecimiento de la economía nacional, de acuerdo con los datos oficiales del INE.

En cuanto a la estructura del empleo creado, el INE consignó que la calidad de los contratos se ha incrementado, manifestada en el destacado aumento de la contratación indefinida frente a la temporalidad. La proporción de puestos a jornada completa consolidó, además, el perfil de estabilidad laboral señalado por el organismo.

En el segmento de jóvenes, la tasa de desempleo situada en el 23% marcó un mínimo desde la crisis financiera, lo que implica avances en la integración laboral de menores de 30 años, según publicó el INE. Este descenso acompaña los progresos observados en el conjunto de la población activa, que se acercó a los 25 millones tras sumar cerca de medio millón de personas en el último año.

El informe también señaló que el ritmo de descenso del paro en 2025 superó el observado en 2022, pese a no alcanzar la magnitud de la caída registrada en los dos años previos, confirmando la desaceleración de la reducción pero sin revertir la tendencia general. La EPA presentó, con estos resultados, un panorama en el que la generación de empleo y el avance en la calidad contractual se han sostenido, al tiempo que el desempleo siguió una trayectoria descendente.

La contribución clave del sector privado al alza de la ocupación y la significativa mejora en la proporción de contratos indefinidos corroboró, según Economía y datos de la EPA referidos por el INE, la robustez del contexto laboral al término de 2025. Las cifras difundidas reforzaron el posicionamiento del empleo como uno de los motores de la recuperación y el crecimiento tras el impacto de la pandemia, continuidad que el INE y el Gobierno han destacado en su valoración oficial.

Alrededor de 20 mil trabajadores del sector salud confirmaron que acatarán un paro el miércoles 28 de enero en Lima Metropolitana, en respuesta a una serie de incumplimientos que atribuyen al Ministerio de Salud (Minsa). La medida fue anunciada por la Federación Regional de Salud de Lima Metropolitana (FERLIMA), que alertó sobre despidos considerados arbitrarios y otras demandas laborales pendientes.

El gremio sostiene que la protesta busca visibilizar problemáticas que se arrastran desde fines del año pasado y que, hasta ahora, no han tenido una respuesta concreta por parte de las autoridades. La jornada de lucha incluirá una movilización en la capital y concentrará a personal asistencial y administrativo de distintos establecimientos.

Anuncio del paro y movilización en Lima

La decisión de ir al paro fue adoptada recientemente durante una Asamblea Regional del gremio. Así lo informó a Exitosa el secretario de Prensa y Propaganda de la federación, Leodan Loayza Palomino, quien precisó que la medida tendrá alcance metropolitano y se desarrollará con una movilización hacia el frontis del Minsa.

Según explicó el dirigente, la convocatoria responde a la falta de avances en mesas de diálogo y a la persistencia de medidas que afectan la estabilidad laboral. En ese sentido, remarcó que la protesta del 28 de enero apunta a exigir soluciones inmediatas y a frenar acciones que, desde la perspectiva del sindicato, vulneran derechos de los trabajadores del sector.

Demandas del gremio y rechazo a despidos

Dentro de la denominada “plataforma de lucha”, FERLIMA ha definido tres ejes centrales que sustentan el paro. “Tenemos tres puntos importantes que estamos manejando para esta movilización: la apertura del practicador del soporte nutricional y riesgo ocupacional, es la homologación de incentivos de la CAFAE y los despidos”, señaló Loayza Palomino.

Sobre este último punto, el dirigente manifestó un rechazo frontal a los despidos que, según indicó, se vienen produciendo desde diciembre. Detalló que más de 250 trabajadores bajo el régimen CAS —incluido personal indeterminado— y locadores de servicios han sido cesados en establecimientos de atención primaria del cono norte de Lima, situación que el gremio considera injustificada y que ha motivado la convocatoria a la paralización.

El Minsa amplía el retiro de fórmulas infantiles

El Ministerio de Salud (Minsa) dispuso el retiro preventivo de diversas fórmulas infantiles de la marca Alula Gold Premium luego de identificarse una posible contaminación con cereulida, una toxina de origen bacteriano que, en ciertos niveles, puede provocar molestias gastrointestinales en bebés. La decisión fue comunicada por la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa) y se sustenta en la aplicación del principio de precaución ante eventuales riesgos para la salud pública.

La alerta sanitaria comprende los productos Alula Gold Premium (0 a 12 meses), Alula Gold 1 Premium, Alula Gold 2 Premium y Alula Gold Comfort Premium. Todas estas fórmulas son importadas por Sanulac Nutrición Perú S.A.C., empresa que inició el proceso formal de retiro de los lotes observados desde el 22 de enero de 2026, conforme a lo dispuesto por el Minsa.

Según la autoridad sanitaria, la cereulida fue detectada en el ingrediente Omega 6 ARA empleado en la fabricación de estas fórmulas. La presencia de esta sustancia, cuando supera determinados umbrales, puede representar un riesgo para la salud, motivo por el cual se ordenó el retiro inmediato de los productos mientras se desarrollan las evaluaciones técnicas y análisis correspondientes.

En ese contexto, el Minsa recomendó a padres, madres y cuidadores abstenerse de adquirir o suministrar las fórmulas involucradas, como medida preventiva para proteger la salud de los menores. Esta indicación se mantendrá hasta que concluyan las investigaciones y se determine que los productos son seguros para el consumo.

Asimismo, la alerta fue notificada a las Direcciones Regionales de Salud (Diresa), Gerencias Regionales de Salud (Geresa) y Direcciones de Redes Integradas de Salud (DIRIS) en todo el país. Estas instancias, junto con los gobiernos locales, han intensificado las labores de supervisión para garantizar que los productos sean retirados de establecimientos comerciales como supermercados, boticas, farmacias y otros puntos de venta.

El conflicto entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las empresas de transporte mantiene la tensión. Mañana será un día clave, ya que, si no se llega a un acuerdo sobre los sueldos de los choferes, existe la la posibilidad de que el sindicato decida implementar medidas de fuerza que afectarán a los pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). De esa manera, podría convertirse en el primer paro de transporte del año.

La cuestión de fondo es paritaria: mientras que las empresas de transporte aseguran que atraviesan una “situación económica, financiera y operativa crítica y excepcionalmente grave”, la parte sindical alega que el boleto de colectivo aumenta todos los meses y se ofrece una suba salarial del 1%.

El martes a las 15 horas está programada una audiencia virtual convocada por el Ministerio de Capital Humano, de la cual participarán la UTA; la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (Aaeta); la Cámara Empresaria del Autotransporte de Pasajeros (CEAP); la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (Cetuba); la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (Ctpba); la Cámara de Empresarios Unidos del Transporte Urbano de Pasajeros de Buenos Aires (Ceutupba).

“Si los empresarios no tienen la plata, ¿qué negociación podemos realizar?”, afirmaron en la UTA durante la audiencia del 13 de enero pasado, que ante la falta de acuerdo entre las partes tuvo que prorrogarse al 20 de enero a las 14:00 horas, die en el que tampoco hubo acercamientos. Es así que los contactos derivaron en una tercera audiencia para este martes 27 de enero.

Las empresas aseguran que se encuentran ante un “estrangulamiento financiero”, ya que se ven forzadas a operar con ingresos estructuralmente insuficientes en un contexto de incremento constante y acelerado de los costos operativos —combustibles, insumos, repuestos, mantenimiento, seguros, cargas sociales y sostenimiento del parque móvil—. Y que si bien aseguran que las distorsiones tarifarias y la falta de actualización adecuada fueron puestas de manifiesto a las autoridades competentes mediante múltiples presentaciones y audiencias, a la fecha no se han obtenido definiciones concretas.

La postergación de las audiencias es entendida por la UTA como una maniobra para dilatar la recomposición salarial de los choferes. Por lo que por su lado aseguran que de acuerdo al resultado de la reunión decidirán si toman medidas de fuerza que afecten al transporte en el AMBA.

A su vez, se tratará del debut por parte del secretario de Transporte, Fernando Herrmann. La semana pasada se produjo la salida de Luis Pierrini, que renunció por razones personales, según destacaron en el comunicado del Ministerio de Economía, quien asumió en mayo de 2025, reemplazando a Franco Mogetta.

La encrucijada

“Nos enteramos que el 40% de las empresas están al borde de la quiebra tras el fin de los subsidios nacionales con la dependencia exclusiva de las provincias del costo del boleto”, destacaron en la UTA.

El equipo económico se encuentra ante una encrucijada, aunque con el as bajo la manga de la conciliación obligatoria. Es que los empresarios, para darles aumento a los choferes por encima del 1%, necesitan más subsidios por parte del Gobierno Nacional, lo que va en contra de la política que exige el Fondo Monetario Internacional (FMI). O que le permitan aumentar el boleto, que el ministro de Economía, Luis Caputo, no tiene ningún interés en que se suceda, ya que impactaría sobre la inflación que pretende que retome el sendero de la desaceleración en enero tras el 2,8% que marcó en diciembre.

“Todos saben que el boleto sube todos los meses, pero a los trabajadores pretenden ofrecerles el 1% de suba salarial. Los empresarios no llegan a un acuerdo con el gobierno, y los trabajadores estamos obligados a trabajar con un sueldo que no alcanza para comer, mantener un hogar, o comprar un regalo de reyes a nuestros hijos”, destacaron en la UTA a principios de enero.

A este dilema, en lo que va de mandato de Javier Milei, no se le encontró una solución. Y ya hay empresas que redujeron las líneas en circulación, como es el caso de El Nuevo Halcón 148. En la actualidad circulan cerca de 40 unidades cuando, según la UTA, debería hacerlo el quíntuple. “Estamos trabajando de manera casi inhumana y sin siquiera cobrar nuestros sueldos y el aguinaldo que ya pasó”, destacaron en un comunicado de la UTA.

Y quedó de manifiesto, sobre el cierre del 2025, cuando las empresas de colectivo del AMBA le comunicaron al Gobierno que los salarios de noviembre se abonarán en dos cuotas, mientras que los aguinaldos se pagarán en seis partes. Lo que llevó a la UTA a advertirle a la administración nacional que sería la responsable si los trabajadores realizan un paro que afecte el servicio de colectivos.

Emprender en España sigue siendo, para muchas personas, un proyecto tan atractivo como incierto. La falta de ahorro previo, el miedo a dejar una fuente de ingresos estable y la dificultad para acceder a financiación son algunos de los principales frenos para quienes se plantean iniciar un negocio propio tras quedarse en paro. En ese contexto, existen mecanismos legales pensados precisamente para facilitar ese salto al emprendimiento, aunque siguen siendo desconocidos para una parte importante de la población.

Uno de ellos es la capitalización del paro, una opción que permite transformar la prestación por desempleo en un recurso directo para poner en marcha un proyecto empresarial. Así lo explica el abogado Sebastián Ramírez, que aclara que es posible “cobrar todo el paro de golpe en un solo pago si quieres emprender”.

Esta fórmula está diseñada para personas que se encuentran en situación de desempleo y quieren iniciar una actividad por cuenta propia o desarrollar una idea empresarial. El objetivo del sistema no es solo proteger al desempleado, sino ofrecerle un impulso económico inicial que le permita arrancar su proyecto sin depender exclusivamente de préstamos o financiación externa.

La herramienta consiste en que el Estado adelanta, en un único pago, el importe total de la prestación por desempleo que le correspondería a una persona durante los meses siguientes. En lugar de recibir el paro mes a mes, el beneficiario puede percibirlo íntegramente de forma anticipada. Según Ramírez, esta cantidad puede ser “fácilmente más de treinta mil euros”, dependiendo del tiempo de prestación acumulado y de la base reguladora de cada trabajador.

Es necesario presentar una memoria de proyecto

Este mecanismo no es automático ni inmediato. Existen una serie de requisitos y procedimientos que deben cumplirse. Entre ellos, uno de los más relevantes es la presentación de una memoria del proyecto. El solicitante debe justificar que existe una idea empresarial concreta, viable y coherente, que no se trata simplemente de una solicitud de dinero, sino de un plan real de emprendimiento.

Además del proyecto, la administración analiza otros factores relacionados con la situación del solicitante, el tipo de actividad que quiere desarrollar y el uso previsto de los fondos. Es decir, el dinero debe utilizarse para poner en marcha el negocio: inversión inicial, gastos de constitución, equipamiento, alquiler de local, herramientas de trabajo o cualquier otro elemento necesario para iniciar la actividad.

Este modelo cambia la lógica tradicional del paro como prestación pasiva. En lugar de limitarse a garantizar un ingreso temporal, lo convierte en una herramienta activa de reinserción laboral, basada en la iniciativa personal y en la creación de proyectos propios. El desempleado deja de ser únicamente un receptor de ayuda para convertirse en un agente económico activo.

En este sentido, la capitalización del paro no es solo una cuestión económica, sino también cultural. Supone entender el emprendimiento como una salida laboral legítima y respaldada por el sistema, no como una decisión individual sin apoyo institucional. El Estado, a través de este mecanismo, asume que emprender también es una forma de empleo y que merece apoyo público.

La Seguridad Social registró en noviembre 14.358 afiliados menos respecto a octubre, un retroceso mensual que contrasta con la tendencia positiva del último año. Al mismo tiempo, el número de personas desempleadas descendió hasta 2.424.961, la cifra más baja en un mes de noviembre desde 2007, según los datos difundidos este martes por los Ministerios de Inclusión y Trabajo.

El paro bajó en 18.805 personas en comparación con el mes anterior, un descenso moderado que se concentra principalmente en mujeres y jóvenes menores de 25 años. La afiliación, por su parte, se redujo en la serie original pese a que la serie desestacionalizada alcanzó un nuevo máximo histórico por encima de los 21,8 millones de ocupados.

Este comportamiento desigual deja un mes marcado por señales de enfriamiento en el ritmo de creación de empleo, mientras que el descenso del paro consolida una mejora estructural que se mantiene desde hace meses.

Caída mensual de afiliación, pero cifra récord en la serie descentralizada

La Seguridad Social cerró noviembre con 21.825.233 afiliados en la serie original, lo que implica un aumento interanual de 522.771 ocupados, un 2,5% más que hace un año. Sin embargo, el retroceso mensual de 14.358 afiliados refleja un menor dinamismo respecto a ejercicios anteriores, a pesar de que el Ministerio de Inclusión subraya que esta caída es más moderada que la registrada en noviembre de 2024.

En cambio, la serie desestacionalizada mantiene la tendencia al alza. En noviembre sumó 44.734 afiliados y alcanzó 21.838.253 ocupados, el nivel más alto de toda la serie histórica. La afiliación diaria también permaneció por encima de los 21,8 millones de trabajadores de forma ininterrumpida desde el 17 de noviembre.

Por sectores, el comportamiento es dispar. En los últimos doce meses destacan los incrementos en transporte y almacenamiento (+8%), agricultura (+5,7%), actividades artísticas y recreativas (+5,1%) y construcción (+4,7%). En los sectores de mayor valor añadido, como información y comunicación (+3,3%) o actividades profesionales, científicas y técnicas (+3%), el crecimiento es más moderado.

El número de trabajadores autónomos se mantiene en cifras récord, con 3,42 millones de afiliados. No obstante, el crecimiento anual es reducido, del 1,2%, y se concentra en dos actividades: información y comunicación, y actividades profesionales, científicas y técnicas, que aportan el 64% del empleo creado en el colectivo. Si se añaden actividades sanitarias y educación, estos sectores explican casi la totalidad del aumento anual.

Descenso moderado del paro: baja el desempleo femenino y en menores de 25 años

El paro registrado se situó en 2.424.961 personas, tras una reducción mensual de 18.805 demandantes de empleo, un 0,77% menos que en octubre. Se trata del mejor dato para un mes de noviembre desde 2007. En términos interanuales, el desempleo acumula una caída de 161.057 personas, un 6,23% menos que hace un año.

El comportamiento por sexo muestra diferencias significativas. El desempleo femenino bajó en 14.370 mujeres en noviembre, una caída que triplica la del desempleo masculino, que se redujo en 4.435 personas. En comparación anual, el paro femenino disminuye en 90.705 mujeres, mientras que el masculino lo hace en 70.352.

El paro juvenil también mejora. Entre los menores de 25 años, el desempleo se redujo en 5.476 personas, lo que deja el total en 188.322 jóvenes parados, la cifra más baja de la serie en un mes de noviembre.

Se reduce en once comunidades autónomas, pero aumenta en seis

Por sectores, el paro baja en todos. Los servicios lideran el descenso con 13.013 parados menos, seguidos de industria (-1.552), agricultura (-1.332), construcción (-881) y el colectivo sin empleo anterior (-2.027). Pese a ello, la caída en servicios —el sector más numeroso— es moderada, del 0,73%.

El comportamiento territorial es desigual. El desempleo se reduce en once comunidades autónomas, con descensos destacados en Andalucía (-6.934), Madrid (-3.903), Cataluña (-3.119), Comunidad Valenciana (-2.240), Canarias (-1.852), Galicia (-1.223), Aragón (-1.046), Principado de Asturias (-502), Región de Murcia (-483), Cantabria (-314) y La Rioja (-85).

En cambio, aumenta en seis territorios: Islas Baleares (+2.534), Castilla y León (+1.035), País Vasco (+753), Navarra (+265), Castilla-La Mancha (+239) y Extremadura (+202).

Contratación indefinida estable y un gran aumento del gasto en prestaciones

Durante noviembre se firmaron 1.296.203 contratos, de los cuales 534.997 fueron indefinidos, el 41,27% del total. Aunque la contratación indefinida se mantiene en niveles elevados respecto a ejercicios anteriores, casi seis de cada diez contratos registrados siguen siendo temporales.

Los datos de prestaciones del mes de octubre muestran un gasto medio por beneficiario de 1.465,3 euros, un 31,1% más que un año antes. La tasa de cobertura se sitúa en 77,71%, la más alta para un mes de octubre en la serie histórica, y el gasto total asciende a 2.006,45 millones de euros.

El bienestar de un trabajador en su puesto de trabajo depende de varios factores, muchos de ellos bajo el control de su empleador. A veces, las empresas pueden tomar decisiones o permitir situaciones que hacen que el empleado deje de estar cómodo desempeñando sus funciones y quiera buscar otros oportunidades, pero la dimisión no siempre es la forma óptima de hacerlo. Existen casos en los que, si la actuación de la compañía no ha sido la adecuada, se puede reclamar el abandono del puesto con indeminzación y derecho a paro.

Aunque en el lenguaje coloquial se suele hablar de “autodespido”, la figura no implica una dimisión voluntaria, sino un mecanismo jurídico específico previsto en la normativa laboral y avalado por los tribunales para abandonar el puesto de trabajo por voluntad propia pero conseverando el derecho a paro.

Así lo explica el abogado Ignacio de la Calzada, que detalla que este procedimiento está regulado en el artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores y requiere siempre una intervención judicial. Es el juez quien, tras analizar las circunstancias, declara extinguida la relación laboral por incumplimientos graves del empresario, equiparando sus efectos a los de un despido improcedente.

Las razones para ‘autodespedirse’

Entre los supuestos más habituales se encuentra la modificación sustancial de las condiciones de trabajo sin respetar los requisitos legales. Según cuenta De la Calzada en un video publicado en su perfil de TikTok (@laboral_tips), se da cuando la empresa altera aspectos esenciales de forma relevante, como el horario, la jornada o las funciones, sin concretar una causa justificada ni dar el preaviso adecuado, y de manera perjudicial para el empleado. Cambiar una jornada continuada por una partida o degradar profesionalmente a un trabajador son solo algunos ejemplos de decisiones empresariales que pueden afectar tanto a la vida personal como a la dignidad profesional del trabajador.

Otro de los escenarios que permiten acudir a esta vía es el incumplimiento reiterado de las obligaciones salariales. El abogado precisa que la jurisprudencia considera especialmente grave que la empresa adeude al menos tres nóminas completas o que mantenga retrasos continuados en el pago durante más de seis meses. El experto también subraya la importancia de atender a la fecha habitual de cobro pactada con la empresa, ya que el retraso se computa desde ese día concreto.

El acoso laboral constituye la tercera de las razones más habituales para iniciar este procedimiento. En estos casos, no solo se produce un incumplimiento contractual, sino una vulneración directa de derechos fundamentales del trabajador, como la dignidad, la integridad física y psíquica, la igualdad y la salud. La existencia de estas conductas, si se logra acreditar ante el juez, refuerza la gravedad del incumplimiento empresarial y justifica la extinción del contrato.

Cuánto paga la empresa al trabajador

Cuando el juzgado estima la demanda, el trabajador podrá dejar su puesto con una compensación económica relevante. La empresa debe abonar al empleado la indemnización correspondiente a un despido improcedente, es decir, 33 días de salario por año trabajado, o 45 días por los periodos anteriores a 2012. Además, en los casos en los que se haya producido una vulneración de derechos fundamentales, puede añadirse una indemnización adicional por daños y perjuicios.

Para finalizar el video, de la Calzada insiste en que este mecanismo no debe confundirse con una baja voluntaria. Al tratarse de una resolución judicial del contrato por causa imputable al empleador, el trabajador mantiene intacto su derecho a solicitar la prestación por desempleo. En definitiva, se trata de una herramienta de protección que permite al empleado poner fin a una situación laboral insostenible sin renunciar a la cobertura económica que la ley prevé para estos supuestos.

Héctor Ulises García Nieto, titular de la Secretaría de Movilidad (Semovi), informó que no habrá afectaciones al servicio del Trolebús, Tren Ligero y Cablebús en la Ciudad de México. A las 20:30 horas de este 20 de enero confirmó que no habrá huelga por parte de la Alianza de Tranviarios de México del Servicio de Transportes Eléctricos (STE).

“Con el propósito de no afectar a la ciudadanía, la Alianza de Tranviarios de México (ATM), acordó que brindará servicio de forma habitual en Trolebús, Tren Ligero y Cablebús operado por @STECDMX. Mantendremos las mesas de negociación para llegar a acuerdos que beneficien sus condiciones laborales”, compartió en redes sociales.

El nuevo plazo acordado se fijó para el 4 de febrero, para entonces, trabajadores del Servicio de Transportes Eléctricos (STE) esperan el cumplimiento de sus peticiones ante las autoridades capitalinas. Seguirán las mesas de diálogo entre el sindicato y la Semovi.

La tarde de este martes 20 de febrero se realizó una reunión para determinar las acciones a realizar por parte de la Alianza de Tranviarios, así como la respuesta del gobierno de Clara Brugada.

¿Trolebús, Cablebús y Tren Ligero entrarán en paro?

El gobierno de Clara Brugada junto con la Semovi aseguraron que seguirán las mesas de diálogo con el sindicato para no afectar a la población con la suspensión del servicio del STE.

Más temprano, los trabajadores realizaron una asamblea en la que acordaron escuchar la última propuesta de las autoridades y volver a reunirse por la tarde. Las reuniones incluyeron la participación de funcionarios como el secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, quien reafirmó la disposición al diálogo y la búsqueda de soluciones para el beneficio de todos los involucrados.

Por su parte, el secretario de Gobierno, César Cravioto, expresó su confianza en que el sindicato será flexible ante los planteamientos presentados por las autoridades de Movilidad y Finanzas.

“Hay una reunión en Semovi, donde va a estar también el subsecretario aquí de Finanzas, la gente de Semovi, vamos a estar atentos. Yo confío mucho en que el Sindicato de Tranviarios —que siempre ha sido un sindicato que ve por los usuarios, que ve por la ciudad—, va a estar flexible a sus demandas, a los planteamientos que se les haga a través del secretario de Movilidad y el subsecretario de Finanzas y que se llegue a un acuerdo", informó César Cravioto en conferencia de prensa.

El sindicato advierte que, de no alcanzarse un acuerdo para la nueva fecha, la suspensión se haría en febrero y afectará directamente a miles de pasajeros que dependen a diario de estos servicios gestionados por el Servicio de Transportes Eléctricos (STE).

¿Qué exigen los trabajadores del Servicio de Transportes Eléctricos?

Entre las principales demandas de la ATM está un incremento salarial del 10% adicional al aumento federal, con el objetivo de proteger los tabuladores salariales, los cuales consideran desfasados tras el ajuste del 13% al salario mínimo aprobado para 2026.

• La organización subraya la desigualdad interna, al señalar que más de dos mil empleados perciben el mismo salario, independientemente de sus funciones y responsabilidades en el STE.
• La carencia de insumos básicos constituye otro eje central de la protesta. El sindicato denuncia la falta de herramientas operativas y materiales de protección, lo cual, a su juicio, supone un riesgo para la seguridad tanto de los trabajadores como de los usuarios.
• Sostiene que la falta de estos recursos compromete la continuidad del servicio y exhibe deficiencias en la gestión administrativa del sistema.

Respecto al impacto sobre la población, el sindicato advierte que la suspensión del servicio afectaría a miles de usuarios. Según la organización, este vacío refleja la falta de un plan público de la Secretaría de Movilidad para mitigar las consecuencias para los pasajeros.

Por primera vez desde que existen registros comparables, los trabajadores mayores de 55 años en España presentan una tasa de paro superior a la del grueso de la población activa. En concreto, el desempleo sénior se sitúa en el 9,8% en 2025, frente al 9,4% de los trabajadores de entre 25 y 54 años, lo que revela un cambio de tendencia en la estructura del mercado laboral español.

Así lo constata un informe elaborado por la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), a partir de microdatos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del INE. El estudio subraya que la inversión de la situación, que durante décadas benefició a los trabajadores de más edad, se produjo por primera vez en 2023 y se mantiene en la actualidad.

“El empeoramiento relativo experimentado por los mayores a lo largo de las últimas décadas ha sido muy sustancial”, advierte el informe, y destaca que en 1994 la tasa de paro de los mayores de 55 años era 9,2 puntos porcentuales inferior a la del grupo de 25 a 54 años. Esa brecha se fue reduciendo progresivamente hasta desaparecer y darse la vuelta.

Más dificultades para volver al mercado laboral

El informe distingue con claridad entre dos realidades dentro del colectivo sénior. Por un lado, quienes han mantenido una trayectoria laboral continuada disfrutan, en promedio, de empleos de mayor calidad y estabilidad. Por otro lado, quienes acceden por primera vez al mercado laboral a edades avanzadas o, al perder su empleo o reengancharse tras periodos de inactividad, deben “volver a empezar”, se enfrentan a obstáculos mucho mayores.

Estos mayores que tienen que volver a empezar sufren más dificultades de inserción, con menos oportunidades, peores condiciones y menor estabilidad que los trabajadores de menor edad en circunstancias similares, señala el estudio. La menor probabilidad de encontrar empleo va acompañada, además, de una mayor duración del desempleo.

Los datos sobre la duración del desempleo confirman el escenario. El informe detalla que el 57,9% de los parados de 55 o más años son de larga duración, una cifra que contrasta con el 36,1% de los desempleados en el grupo de 25 a 54 años y el 17,8% entre los jóvenes de 16 a 24 años (tres veces menos).

Empleos más precarios y de menor cualificación

Cuando los trabajadores sénior logran reinsertarse en el mercado laboral, las condiciones de los nuevos empleos suelen ser peores. Entre los asalariados mayores con menos de un año de antigüedad, el 52,6% tiene un contrato temporal, frente al 2% de temporalidad entre quienes acumulan más de 25 años en la misma empresa. Además, un 10% de estos nuevos empleos son contratos de muy corta duración -de hasta tres meses- y un 4,5% corresponde a fijos discontinuos.

La precariedad se refleja también en el tipo de ocupaciones. Solo un 15,6% de los mayores recién empleados accede a puestos de alta cualificación, mientras que el 29,4% trabaja en ocupaciones elementales. Estas cifras son peores que las de los trabajadores de 25 a 54 años en la misma situación y también que las de los jóvenes recién incorporados al mercado laboral.

El deterioro se extiende al plano salarial. Aunque la ganancia media anual de los mayores de 55 años es superior a la del resto de asalariados (30.038 euros frente a 26.855 euros), quienes llevan menos de un año en su empleo perciben de media 19.558 euros anuales, una cifra incluso inferior a la de los trabajadores de 25 a 54 años con la misma antigüedad (19.837 euros) y muy alejada de los 40.520 euros que alcanzan quienes han mantenido una carrera profesional ininterrumpida durante tres décadas.

La formación, una palanca clave pero no suficiente

El estudio subraya que la formación mejora la empleabilidad de los trabajadores sénior, aunque no garantiza por sí sola ni el acceso al empleo ni su calidad. Entre los mayores de 55 años con estudios superiores, la tasa de paro se reduce hasta el 5,4%, aumenta la estabilidad de los nuevos empleos y casi la mitad accede a puestos altamente cualificados. En estos casos, los salarios pueden alcanzar los 34.000 euros anuales.

En un contexto de envejecimiento demográfico, presión sobre el sistema de pensiones y escasez creciente de mano de obra joven, la Fundación BBVA y el Ivie reclaman una apuesta decidida por la formación continua a lo largo de toda la vida laboral y por políticas activas que combatan los estereotipos asociados a la edad. “La inversión más valiosa continúa siendo la que se hace en las personas, incluidas las mayores”, concluye el informe.

La Alianza de Tranviarios de México (ATM) confirmó la posibilidad de una huelga y paro de labores en el Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México (STE). La decisión responde a una crisis administrativa, falta de insumos considerados esenciales y el estancamiento en las negociaciones salariales y contractuales.

Trabajadores del STE han insistido que, en caso de no ser atendidos por el Gobierno de la CDMX, iniciarían una huelga y el transporte público eléctrico sería el principal afectado.

Es decir que el paro afectaría la operación del Trolebús, Cablebús y el Tren Ligero, lo que pondría en riesgo el servicio para miles de usuarios en la capital, según detalló la Alianza de Tranviarios de México STE.

¿Cuándo habrá paro de labores en el Trolebús, Cablebús y Tren Ligero?

De acuerdo con la Alianza de Tranviarios, esperan que en próximos días tengan un acuerdo con las autoridades capitalinas, la huelga está programada para las primeras horas del miércoles 21 de enero de 2026.

La organización sindical argumenta que la falta de insumos como:

• Uniformes completos
• Equipo de protección y herramientas
• Deficiente calidad de los materiales entregados

El nulo apoyo y equipamiento compromete la seguridad y el funcionamiento diario del sistema. El sindicato subraya que estas carencias demuestran el rezago administrativo existente.

El secretario general de la Alianza de Tranviarios de México, Gerardo Martínez Hernández, explicó que los trabajadores han cumplido con todos los procesos ante la autoridad laboral. Sin embargo, la ausencia de propuestas concretas de solución y la insuficiencia de insumos llevaron a la ratificación de la huelga.

Trabajadores del STE exigen aumento salarial

Otro factor relevante es el ajuste del 13% al salario mínimo aprobado para 2026, que, según el sindicato, igualó los ingresos en los niveles iniciales del tabulador salarial. Ello provocó que más de dos mil trabajadores reciban el mismo salario pese a desempeñar funciones y responsabilidades diferentes.

El secretario de la ATM puntualizó que este incremento al salario mínimo no sustituye los aumentos derivados del contrato colectivo ni soluciona las distorsiones internas en el tabulador. Solo un grupo reducido de trabajadores mantiene una diferencia marginal respecto al salario base, lo que, según la organización, diluye conquistas previas y desincentiva la carrera profesional dentro del sistema.

En el plano administrativo, la Alianza de Tranviarios indica que los recientes cambios en la Secretaría de Administración y Finanzas han frenado cualquier avance en propuestas de incremento presupuestario. Por ello, cuestionaron que las autoridades usen la reorganización interna y la preparación del Mundial 2026 como argumentos para justificar la falta de respuestas para los trabajadores. “Lo único que vemos son pretextos y cambios de funcionarios, pero ninguna respuesta real para las y los trabajadores”, sostuvo ante la prensa.

El sindicato señala que la negociación colectiva y la revisión salarial siguen estancadas. Además, acusan a la administración de no presentar ningún proyecto técnico ni hoja de ruta para resolver las demandas, lo que atribuyen a una falta de voluntad política.

• De concretarse la huelga, se suspendería el servicio de Trolebús, Cablebús y Tren Ligero, sistemas fundamentales para la movilidad diaria en la Ciudad de México.
• Actualmente, la organización mantiene una apertura al diálogo, pero ha puesto en marcha un programa de acciones y la instalación de una Comisión de Huelga. La Alianza de Tranviarios de México STE advierte que su margen de espera se ha agotado y permanecen a la espera de propuestas reales de solución.

Al cierre de esta información, la Secretaría de Movilidad (Semovi) no ha presentado un plan de contingencia ni ha anunciado medidas para los usuarios ante un eventual paro, según la Alianza de Tranviarios de México STE.

El mercado laboral de los países desarrollados no hace más que mejorar, pese al contexto económico y geopolítico mundial. Según un estudio publicado este jueves por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la tasa de empleo en el conjunto de los estados ha alcanzado niveles récord durante el tercer trimestre de 2025. Y España está entre las regiones que mejoran sus datos. Nuestro país figura entre aquellos que han alcanzado máximos históricos y, además, entre los que más han mejorado su situación en los últimos años.

Entre los meses de julio y septiembre de 2025, el porcentaje de población ocupada sobre el total de personas en edad de trabajar, que según la OCDE son aquellas que están entre los 15 y los 64 años, se situó en el 70,3% para el conjunto de la organización. Se trata del tercer trimestre consecutivo en el que este indicador permanece en ese nivel, el más elevado desde que comenzaron los registros comparables en 2005. Esta estabilidad en máximos refleja, según los analistas, la resistencia del empleo frente al endurecimiento de las condiciones financieras y a la pérdida de impulso del crecimiento económico en muchos países.

España lidera el avance del empleo entre los países que marcan récords

Sin embargo, aunque las cifras positivas se han repetido en varios países, no ha ocurrido lo mismo en todos. Francia, Grecia, Hungría, Japón, Corea del Sur, Polonia, Portugal, España y Turquía han alcanzado en el tercer trimestre las mayores tasas de empleo de toda la serie histórica. En nuestro país, concretamente, el porcentaje ha alcanzado el 67%, un nivel nunca antes visto, que confirma la mejora estructural del mercado laboral tras los cambios normativos y la recuperación posterior a la pandemia de 2020.

Más allá de los datos, la evolución deja ver el avance de la economía. España se sitúa entre los países donde más ha crecido la tasa de empleo en este periodo, con un aumento de 3,5 puntos porcentuales. Esta subida contrasta con la media de la OCDE, que apenas supera un punto porcentual (1,4). Solo algunos países del sur y del este de Europa, tradicionalmente más rezagados, han tenido mejoras más pronunciadas.

Avances rápidos desde la cola del mercado laboral

Grecia encabeza este ranking de avances, con un incremento cercano a los ocho puntos, seguida de Polonia y Turquía. En estos casos, la mejora parte de niveles históricamente bajos y responde tanto a la recuperación cíclica como a reformas del mercado de trabajo y a una mayor incorporación de colectivos que antes tenían una presencia limitada en el empleo. Sin embargo, estos progresos no siempre se traducen en tasas elevadas en términos absolutos.

De hecho, Turquía continúa siendo el país con menor tasa de empleo de toda la OCDE, pese a su fuerte crecimiento desde 2019. El 55,1% de su población en edad de trabajar tiene un empleo, un porcentaje muy por debajo del resto de socios. Esta brecha se explica, en gran medida, por la escasa participación de las mujeres en el mercado laboral, un factor que lastra el indicador global.

Después de Turquía, los niveles más bajos de empleo se concentran en Italia y en varios países latinoamericanos miembros de la OCDE. Costa Rica, México, Colombia y Chile presentan tasas claramente inferiores a la media del organismo.

España abandona el primer puesto del desempleo

La fortaleza del empleo también se refleja en la evolución del paro, aunque con matices entre los países. En noviembre, la tasa de desempleo del conjunto de la OCDE se mantuvo estable en el 5%, sin cambios respecto a los últimos datos comparables. Este estancamiento en niveles relativamente bajos apunta a un mercado laboral ajustado, donde la creación de empleo empieza a moderarse, pero sin provocar un repunte del paro.

Con esto, España ha dejado de encabezar el ranking de países con mayor desempleo dentro de la organización. La tasa española ha descendido una décima en noviembre, hasta el 10,4%, mientras que Finlandia ha registrado un aumento de dos décimas, situándose en el 10,6%. Aunque el paro en España sigue siendo elevado en comparación con la media de la OCDE, el cambio de posición refleja una mejora gradual, en línea con el aumento del empleo de los últimos trimestres.

En conjunto, los datos de la OCDE apunta a un mercado laboral que ha demostrado una capacidad de adaptación mayor de la prevista por la inestabilidad de los últimos años. No obstante, el organismo advierte en su análisis que aún existen problemas sin resolver, como la reducción de las desigualdades entre países, la mejora de la calidad del empleo y la necesidad de integrar plenamente a jóvenes, mujeres y trabajadores de mayor edad.

La medida, adoptada en respuesta a la ola de extorsiones, cobros de cupos y asesinatos de choferes, tendrá un impacto directo en miles de usuarios, especialmente en los distritos del sur de Lima. De acuerdo con los voceros del sector, más de 22 mil unidades dejarán de circular y al menos 320 empresas de transporte acatarán la protesta. En este escenario, Lima Sur se perfila como una de las zonas más afectadas debido a la alta concentración de rutas que conectan con el centro, el este y el norte de la ciudad.

Paro de transportistas: rutas de Lima Sur que suspenderán su servicio este 14 de enero

Las empresas que operan en Villa El Salvador, San Juan de Miraflores, Lurín, Pachacámac y Chorrillos han confirmado su adhesión al paro, por lo que sus recorridos no estarán operativos durante toda la jornada. Entre las líneas más utilizadas por los vecinos de Lima Sur que dejarán de circular figuran rutas extensas que conectan con distritos estratégicos como Ate, La Victoria, San Borja, el Cercado de Lima y San Juan de Lurigancho.

Una de las empresas con mayor impacto es Los Chinos – ETUCHISA, conocida por cubrir trayectos de largo alcance. Su ruta 1802, popularmente llamada “La A”, conecta Villa El Salvador con Puente Piedra, atravesando distritos clave como San Juan de Miraflores, Surco, San Borja, Ate, Rímac y San Martín de Porres. También quedará suspendida la ruta 8108, que cumple un rol similar al unir el sur y el norte de Lima por avenidas principales.

Otra línea importante que no operará es El Rápido, cuya ruta 8105, conocida como “La 5”, va desde Villa El Salvador hasta Carabayllo, recorriendo la Panamericana Sur y Norte, así como ejes viales como Túpac Amaru y Juan Velasco Alvarado. Se trata de una de las rutas con mayor número de pasajeros diarios provenientes del sur de la capital.

En el caso de Sur Lima S.A., la empresa suspenderá su conocida ruta 3702, “El Chorrillano”, que conecta Chorrillos con San Juan de Lurigancho, pasando por la Vía de Evitamiento, la Panamericana Sur y avenidas clave de Lima Sur como Huaylas y Defensores del Morro. Esta ruta es utilizada por trabajadores y estudiantes que se desplazan entre el sur y el este de la ciudad.

También se suman al paro El Márquez S.A., que cubre el trayecto Punta Hermosa – Chorrillos, con paradas en zonas de alta demanda como Miraflores, así como ETUL4SA – La C, una de las rutas más extensas, que conecta Lurín con Lurigancho-Chosica a través de la Panamericana Sur y la Carretera Central, cruzando distritos como Villa El Salvador, San Borja, Ate y Chaclacayo.

Empresas de transporte de Lima Sur que acatan el apagado de motores

El listado de empresas que paralizarán sus servicios en Lima Sur incluye a operadores con recorridos troncales que articulan el sur con otros puntos de la capital. Real Star del Perú S.A.C. ha confirmado que no operarán sus rutas 1120 (Pachacámac – La Victoria) y 1248 (San Martín de Porres – Pachacámac/Lurín), las cuales utilizan vías como la Panamericana Sur, Circunvalación, Puente Atocongo y la avenida Pachacútec, fundamentales para la movilidad diaria en distritos como Villa El Salvador y San Juan de Miraflores.

A esta paralización se suma la Empresa de Servicios Múltiples Nuevo Perú S.A.C., que suspenderá rutas de gran alcance como la 1242 (Ancón – Pachacámac) y la 8111 (Santa Rosa – Pachacámac). Ambas líneas atraviesan Lima Sur mediante ejes como la Panamericana Sur, la Vía de Evitamiento y avenidas troncales de Lurín y Villa El Salvador, por lo que su ausencia se sentirá desde las primeras horas del día.

Otra empresa clave es Nueva América S.A., cuya ruta 1702, conocida como “A”, conecta San Juan de Miraflores con Carabayllo utilizando la Vía Expresa y la Panamericana Sur. Esta línea es una de las más utilizadas por quienes se desplazan desde Lima Sur hacia el centro financiero y comercial de la capital.

También acatarán el paro E.S.T. Santa Catalina S.A. (ESTSACASA), que une Villa El Salvador con San Juan de Lurigancho mediante la llamada “Ruta B”, pasando por avenidas como Circunvalación, Canadá, México y Abancay, y la Empresa de Transportes Santo Cristo de Pachacamilla S.A., cuya ruta 8306 (“La 10E”) recorre desde Villa El Salvador hasta SJL, atravesando puntos neurálgicos como el Óvalo Higuereta, Plaza Bolognesi y Puente Caquetá.

Finalmente, se suman al apagado de motores Express Pachacámac S.A., que cubre el extenso trayecto Manchay – Carabayllo, y la ET 41, que conecta Villa El Salvador con Ventanilla, atravesando la Panamericana Norte y el eje Alfonso Ugarte – Salaverry, consolidando un escenario de paralización casi total del transporte público para los vecinos de Lima Sur durante este 14 de enero.

La paralización incluirá el apagado de motores y la suspensión total del servicio en gran parte de la capital y el primer puerto. Según los voceros de los gremios, cerca de 12,000 unidades dejarán de circular, lo que representa uno de los mayores paros del sector en los últimos meses. Mientras tanto, desde el Ejecutivo, el Presidente del Consejo de Ministros ha minimizado la protesta y ha deslizado acusaciones contra algunos dirigentes, declaraciones que han elevado aún más la tensión en la antesala de la jornada.

¿Qué empresas y gremios de transporte acatarían el paro en Lima y Callao?

De acuerdo con información brindada por Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de Transporte y vocero de Transportes Unidos, y por Julio Rau Rau, presidente de la Corporación Nacional de Empresas de Transporte (Conet), alrededor de 250 empresas formales se sumarían a la paralización. Esto implicará que rutas clave de los cuatro conos de Lima —norte, sur, este y oeste— queden sin atención durante toda la jornada.

Entre los gremios que han confirmado su participación se encuentran la Empresa de Transportes Unidos, la Asociación de Transportistas Nacional e Internacional (Asotrani), la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra) y la propia Conet. A ellos se suma la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano de Lima y Callao, cuyo presidente, Héctor Vargas, aseguró que el 100 % de las empresas formales afiliadas acatarán la medida.

Vargas explicó que se trata de un reclamo sectorial y no de una acción política. En ese sentido, indicó que los gremios han presentado propuestas al Ejecutivo para que se acelere la reglamentación de normas vinculadas a la seguridad ciudadana y se informe con claridad quiénes estarán a cargo de la nueva unidad de élite anunciada por el Gobierno.

Por su parte, Julio Rau Rau detalló que no se realizará una marcha masiva, sino un apagado de motores, mientras una comisión de dirigentes acudirá al Congreso de la República. “Nosotros hemos acordado paralizar… todas las empresas de transporte urbano de Lima y Callao”, señaló en declaraciones a RPP.

Empresas de transporte que podrían paralizar sus servicios

Dentro de las compañías afiliadas a Transportes Unidos que han sido mencionadas por los dirigentes, figuran las siguientes:

• La 50 (ruta San Sebastián)
• Santa Catalina
• Cristo Pachacamilla y Cristo de Pachacámac
• Nueva América
• Huáscar (línea R28, actualmente paralizada tras ataques en Lurín)
• Edilberto Ramos
• El Urbanito
• Rápido y Nuevo Perú

Martín Ojeda remarcó que la movilización será pacífica y que el objetivo central es exigir respuestas frente a la expansión de las mafias que operan en el transporte público. “Es una acción por un tema principal: salvar el país. No se trata de normalizar los pagos por extorsión, sino de erradicar a estas bandas criminales”, sostuvo.

Desde Asotrani Perú, el dirigente Walter Carrera confirmó que las coordinaciones se mantienen activas debido a un contexto cambiante, marcado también por la etapa electoral. “La situación es caótica, especialmente en Lima y Callao. Ya no queremos ningún muerto más”, declaró, al tiempo que reiteró el pedido de acciones concretas contra el sicariato y la extorsión.

El impacto del paro de transportistas del 14 de enero se sentirá en los principales corredores viales de Lima Metropolitana y en buena parte del Callao, con concentraciones de unidades en puntos estratégicos y la suspensión del servicio urbano durante gran parte del día.

Por primera vez desde que existen registros comparables, Finlandia se ha posicionado como el país de la Unión Europea con mayor tasa de desempleo ajustada estacionalmente, al subir al 10,6% en noviembre, desbancando del primer lugar del ranking a España, cuya tasa bajó a 10,4%, según ha informado este jueves la oficina estadística de la UE, Eurostat.

Este histórico ‘sorpasso’ se ha producido tras un incremento de dos décimas en la tasa de desempleo de Finlandia respecto a octubre, mientras que España descendió una décima. El cambio en el ranking se produce en un contexto de transformaciones económicas profundas en Finlandia.

Según explicó el Ministerio de Empleo y Asuntos Económicos de Finlandia, la subida del desempleo responde, en parte, a las reformas estructurales implementadas por el Gobierno para reducir la deuda pública. Además, las empresas buscan aumentar la productividad a través de recortes de costos en vez de expandir sus operaciones o invertir, como reconoció la subsecretaria de Estado, Elina Pylkkänen, en declaraciones a la cadena nacional YLE.

Las medidas han implicado una reducción de empleos tanto en el sector privado como en el público, junto a un estancamiento económico que, según Eurostat, llevó a Finlandia a la tasa de paro más alta de 15 años. En los últimos meses, el mercado laboral finlandés vio crecer la cantidad de personas que buscan empleo, incluidos numerosos migrantes, mientras la oferta de trabajo disminuyó considerablemente.

El Banco de Finlandia estima que la economía del país crecerá un 0,8% este año, cifra inferior en tres décimas a la previsión del Ministerio de Finanzas. Eurostat aclara en su comunicado que para calcular la tasa de desempleo de Finlandia utilizó datos de la tendencia y no ajustados estacionalmente, como suele hacerse en otros países, por lo que la comparativa directa requiere matices técnicos.

La tasa de paro en la zona euro cae hasta el 6,3%

En cuanto a la tasa de desempleo de la zona euro descendió una décima en noviembre hasta situarse en el 6,3%, mientras que en el conjunto de la Unión Europea se mantuvo estable en el 6 %, según los datos de Eurostat.

En términos absolutos, en noviembre había 13,22 millones de personas desempleadas en la UE, de las cuales 10,9 millones residían en los países que comparten la moneda única. En España, el número de parados se redujo hasta los 2,58 millones, frente a los 2,6 millones del mes anterior, y también por debajo de los 2,62 millones registrados en noviembre de 2024.

En comparación mensual, el desempleo descendió en 97.000 personas en el conjunto de la UE y en 71.000 en la eurozona. Sin embargo, en términos interanuales, el paro aumentó en 416.000 personas en los Veintisiete y en 253.000 en el área del euro.

Entre las principales economías comunitarias, la tasa de paro se mantuvo sin cambios en Alemania (3,8%) y Francia (7,7%), mientras que Italia registró una caída de una décima, hasta el 5,7%. Los niveles más bajos de desempleo se observaron en Malta (3,1%), Polonia (3,2%) y Chequia (3,2%).

El paro femenino baja al 6,2%

Por género, la tasa de desempleo femenino en la UE bajó en noviembre al 6,2%, frente al 6,3 % de octubre, mientras que la masculina se mantuvo estable en el 5,8%. En la eurozona, el paro entre las mujeres descendió una décima hasta el 6,5%, y el de los hombres permaneció sin cambios en el 6,1%.

El desempleo juvenil se mantuvo estable en la zona euro en el 14,6%, mientras que en el conjunto de la UE descendió una décima, hasta el 15,1%.

En total, había 2,33 millones de jóvenes en paro en los países del euro y 2,92 millones en toda la Unión. España volvió a liderar el paro juvenil, con una tasa del 25%, pese a registrar una mejora de cuatro décimas respecto a octubre, seguida de Suecia (24,9%) y Finlandia (22,6%).

España ha aprobado con nota en la evaluación de los mercados. La agencia europea EthiFinance Ratings ha elevado la calificación crediticia de España hasta ‘A+’, con perspectiva estable, apoyándose en la fortaleza de los principales indicadores macroeconómicos. Su informe destaca el crecimiento por encima de la media de la eurozona, la moderación de la inflación y la mejora gradual de las finanzas públicas.

Por contra, el informe también pone de relieve que la mejora de los grandes indicadores no elimina los problemas estructurales que siguen condicionando la realidad económica de muchos ciudadanos.

Según las estimaciones de EthiFinance, la economía española habría cerrado 2025 con un crecimiento del 3%, un ritmo superior al de la mayoría de países de la eurozona. La agencia prevé que esta evolución se mantenga en los próximos años, con un avance del 2,3% en 2026 y del 2% en 2027, una trayectoria que, según su análisis, refleja una normalización del ciclo económico tras varios ejercicios de fuerte expansión y que constituye uno de los principales factores que explican la mejora del rating soberano de España.

Inflación más contenida y estabilidad monetaria

Otro de los elementos clave señalados por la agencia es la evolución de los precios. EthiFinance estima que la inflación continuará descendiendo y se situará en torno al 2,1% en 2026, en línea con el objetivo del Banco Central Europeo (BCE).

El informe añade que, según sus previsiones, no se esperan nuevas bajadas de tipos de interés en 2026, lo que refuerza un escenario de mayor estabilidad macroeconómica, aunque sin estímulos adicionales desde la política monetaria.

Déficit bajo control y deuda aún elevada

En el ámbito de las finanzas públicas, la agencia valora positivamente que España mantenga el déficit por debajo del 3% del PIB, el límite marcado por las reglas fiscales europeas. En concreto, estima un déficit del 2,9% en 2025 y del 2,7% en 2026.

La deuda pública, por su parte, seguiría descendiendo en porcentaje del PIB, hasta situarse en torno al 100% en 2025 y en el 98,2% en 2026, gracias al crecimiento nominal de la economía. No obstante, EthiFinance subraya que la elevada deuda sigue siendo una de las principales vulnerabilidades del perfil crediticio, ya que en términos absolutos continúa aumentando.

Un mercado laboral que avanza, pero con desequilibrios

El informe reconoce una mejora progresiva de las condiciones del mercado laboral y prevé que la tasa de paro continúe descendiendo hasta situarse en el 10% en 2026. Aun así, los datos oficiales muestran que la situación sigue siendo delicada: la tasa de desempleo en España se mantiene elevada (alrededor del 10,4% según la EPA más reciente) y el paro entre menores de 25 años supera el 25%, muy por encima de la media europea.

Estos desequilibrios, junto con una elevada proporción de empleo vulnerable -un tipo de ocupación marcada por la temporalidad, los bajos salarios y la falta de estabilidad, especialmente entre los jóvenes-, limitan el impacto real del crecimiento económico sobre una parte importante de la población.

La falta de Presupuestos, un riesgo institucional

Más allá de los datos macroeconómicos, la agencia lanza una advertencia sobre el contexto político e institucional. La posible tercera prórroga de los Presupuestos Generales del Estado de 2023 limita, según el informe, la capacidad legislativa y la ejecución de políticas públicas, aumenta la rigidez fiscal y acentúa la dependencia de decretos y prórrogas presupuestarias. Esta situación reduce la previsibilidad fiscal a medio plazo y podría terminar afectando a la inversión y al crecimiento económico.

‘Suficiente’ en medio ambiente y gobernanza

En su evaluación ESG, EthiFinance considera que España presenta un perfil social sólido, con un Índice de Desarrollo Humano de 0,918 en 2023, aunque sin perder de vista desafíos persistentes como el paro estructural y el empleo juvenil.

En el ámbito medioambiental, pese a las mejoras recientes en emisiones de CO₂ por habitante y en producción de energía renovable, los indicadores siguen situándose por debajo de lo que correspondería a la calificación soberana. En gobernanza, la agencia alerta de que los escándalos de corrupción y la fragmentación parlamentaria deterioran la confianza en las instituciones y dificultan la adopción de reformas estructurales clave.

Una mejora macro que no llega aún al bolsillo

En conjunto, la mejora del rating refuerza la imagen de estabilidad de la economía española y facilita su financiación en los mercados. Sin embargo, los datos del informe reflejan que esta fortaleza macroeconómica convive con problemas estructurales -como el paro juvenil, la elevada deuda pública y el bloqueo presupuestario- que siguen condicionando la situación económica de muchos ciudadanos y explican por qué la mejora no termina de aterrizar en su vida cotidiana.

El inicio del 2026 estuvo marcado por un cese de actividades académicas en el departamento del Chocó, luego de que la Junta Directiva del Sindicato Unión de Maestros (UMACH) declarara un estado de movilización permanente.

La decisión se produjo tras confirmarse el no pago del salario correspondiente a diciembre de 2025 para docentes y personal administrativo adscrito a la planta departamental, según información publicada por Blu Radio.

De acuerdo con lo informado por la organización sindical, la medida afecta a instituciones educativas oficiales del departamento y se mantendrá hasta que se haga efectivo el desembolso de los recursos adeudados.

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El sindicato indicó que la falta de pago impacta tanto a maestros como a trabajadores administrativos vinculados al sector educativo.

En la ciudad de Quibdó, las concentraciones fueron convocadas para realizarse de manera diaria en el Parque del Centenario. Según el cronograma anunciado, las manifestaciones comenzarán el martes 13 de enero de 2026 a partir de las 9:00 de la mañana, como parte de las acciones definidas por la UMACH para visibilizar la situación.

La organización explicó que el origen del problema estaría relacionado con una serie de embargos judiciales que afectaron las cuentas del Sistema General de Participaciones (SGP) destinadas al sector educativo. Estos recursos, de acuerdo con el sindicato, son los que habitualmente se utilizan para cubrir obligaciones salariales y otros compromisos asociados al funcionamiento del sistema educativo departamental.

Según la UMACH, no se recibió información oportuna sobre la existencia de dichas medidas judiciales, lo que habría impedido adelantar acciones preventivas para proteger los fondos asignados al pago de la nómina de fin de año. Esta falta de comunicación fue señalada como uno de los factores que incidieron en la actual situación laboral.

En un comunicado oficial firmado por el presidente del sindicato, Turís Martínez Pérez, y el secretario general, Yanco Ibargüen Valencia, la organización expresó cuestionamientos frente a la decisión del departamento de retomar la administración del servicio educativo. En el documento se afirma que “pudieron más las ansias de poder que las amenazas que se preveían sobre los recursos”, en referencia a los riesgos financieros advertidos previamente.

El sindicato también solicitó explicaciones detalladas sobre el destino de los recursos que permanecen embargados. En ese sentido, elevó una petición formal a la oficina jurídica de la Gobernación del Chocó para conocer información precisa sobre las sentencias que ordenaron los embargos, los despachos judiciales que los emitieron y los abogados involucrados en los procesos.

Asimismo, la UMACH pidió que se informe el valor exacto de las deudas que dieron lugar a las medidas cautelares, así como los conceptos jurídicos asociados a cada obligación. El objetivo de esta solicitud, según el sindicato, es contar con claridad sobre las razones que mantienen bloqueados los pagos correspondientes a la nómina de diciembre.

Otro de los puntos señalados por la organización sindical tiene que ver con el manejo administrativo de la Secretaría de Educación departamental. En su pronunciamiento, la UMACH manifestó reparos frente a la creación de varios sindicatos en el sector educativo, los cuales, según su denuncia, estarían vinculados a compromisos de carácter político.

De acuerdo con lo expresado en el comunicado, estas organizaciones sindicales habrían sido creadas con el propósito de facilitar permisos sindicales para asuntos personales, situación que, según la UMACH, incidiría en la dinámica administrativa del sector educativo y en la gestión de los recursos disponibles.

Mientras no se concrete el pago de los salarios adeudados, el sindicato reiteró el llamado a los educadores y al personal administrativo para que no asistan a sus lugares de trabajo. La UMACH señaló que esta directriz se mantendrá vigente como parte del cese de actividades anunciado para el inicio del año académico.

Adicionalmente, la organización informó que las jornadas de protesta no se limitarán a la capital departamental. En los municipios no certificados del Chocó también se desarrollarán manifestaciones, en coordinación con las directrices emitidas por la Junta Directiva del sindicato.

La UMACH indicó que las acciones de movilización buscan llamar la atención sobre la situación salarial y administrativa que enfrenta el sector educativo en el departamento. Según lo informado, el sindicato continuará comunicando cualquier avance relacionado con el pago de la nómina y las gestiones adelantadas ante las autoridades departamentales.

El mercado laboral español mantendrá su impulso en 2026, con previsiones al alza de creación de empleo y reducción de la tasa de paro, pero con desafíos relevantes en costes laborales, regulación y productividad. Según BBVA Research, la OCDE y el Instituto Nacional de Estadística, aunque la economía española seguirá creciendo este año y generando empleo más que la media europea, las empresas afrontarán presiones adicionales, entre ellas, avanzar en la adaptación tecnológica.

Las buenas perspectivas para 2026 se apoyan en el balance positivo de 2025, con la economía española registrando un crecimiento superior al esperado gracias a la solidez de la demanda interna y el mayor aprovechamiento de los fondos europeos NextGenerationEU.

Rafael Doménech, economista jefe de Economías Desarrolladas en BBVA Research, estima que el Producto Interior Bruto ha repuntado un 2,9% en el último año, lo que “se ha traducido en un aumento de la afiliación a la Seguridad Social y del empleo de aproximadamente un 2,5% respecto a 2024″.

El aumento de la creación de empleo ha permitido que la tasa de paro cayera en 2025 hasta situarse en una media anual del 10,6%. Doménech subraya que el comportamiento del empleo el año pasado siguió apoyándose “en gran medida” en la población extranjera, “fundamental para compensar el envejecimiento de la fuerza laboral nativa y cubrir la demanda en sectores clave”. A pesar de estos avances, reconoce que persisten retos como la baja productividad por ocupado, “que apenas remonta debido, en parte, a la reducción de horas trabajadas por empleado”.

Más de 1,5 millones de empleos en tres años

Las perspectivas para 2026 indican la continuidad de esta tendencia positiva, aunque en un entorno de leve desaceleración. BBVA Research proyecta que el Producto Interior Bruto (PIB) aumentará un 2,4% -cinco décimas menos que en 2025-, impulsando el dinamismo del mercado de trabajo.

Se espera que el empleo crezca 2,3% este año, lo que permitiría reducir la tasa de paro hasta el 10% en promedio anual. Si se cumplen estas previsiones, entre 2024 y 2026 la economía nacional habrá generado más de 1,5 millones de puestos de trabajo. Sin embargo, BBVA Research advierte que se mantendrán riesgos asociados a la baja productividad y la acumulación de costes, factores que podrían ralentizar la creación de empleo a medio plazo.

Estas cifras hacen que en 2026 España mantenga una posición mejor que la media europea en cuanto a generación de empleo y descenso del paro, pero presenta vulnerabilidades. Según los analistas de la OCDE, la “productividad española y el ingreso per cápita siguen rezagados respecto a la media europea, lastrados en parte por el reducido tamaño medio empresarial”.

Esta situación hace que las pymes sean especialmente susceptibles ante cualquier incremento de los costes laborales unitarios. Además, a medida que avanza el ciclo económico y disminuye la tasa de paro, las empresas encuentran más dificultades para cubrir vacantes.

Aumento de costes de las empresas

Estos factores hacen prever fuertes presiones sobre la estructura de costes de las empresas. “En primer lugar, la negociación para un nuevo aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) sigue presionando la estructura salarial, con el objetivo de ganar poder adquisitivo más allá de la inflación prevista, un 2,5% para 2026”, precisa Rafael Doménech.

A esto se suma el efecto arrastre de la subida de los salarios públicos, que actúa como referencia en la negociación colectiva del sector privado, añadiendo presión a los costes salariales totales.

En el terreno regulatorio, aunque la propuesta de reducción de la jornada laboral máxima a 37,5 horas semanales, que hubiera implicado un encarecimiento directo del coste por hora trabajada sin ajuste de los salarios, no se haya implementado, se ha anunciado la aplicación estricta de un nuevo registro horario digital interoperable con la Inspección de Trabajo.

Se trata de un sistema que, en opinión de Rafael Doménech, “elimina la flexibilidad informal y endurece el control, lo que supone un reto organizativo y de gestión para las pymes, haciendo que la reducción de jornada sea efectiva y rígida de manera inmediata”.

Cotizaciones

En cuanto a la Seguridad Social, la cuña fiscal sobre el trabajo seguirá aumentando, prevén los analistas, una tendencia contraria, según ello, a la recomendada por organismos internacionales, como la OCDE, que sugieren reducir las cotizaciones empresariales de los trabajadores de bajos ingresos para fomentar la contratación.

Los costes no salariales continuarán al alza en 2026 a través de varias vías, vaticina Doménech, como el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, “cuya sobrecotización sigue consolidándose”; la aplicación de la cuota de solidaridad para los salarios más altos; el destope progresivo de las bases máximas de cotización, “que aumentarán por encima de la inflación, elevando el coste de contratación de talento cualificado”, según el experto. También estima que se producirá un incremento de las cuotas para los trabajadores autónomos.

Nuevas tecnologías para mejorar la productividad

Otro de los retos a los que se enfrenta España este año es a la necesidad de integrar eficazmente las nuevas tecnologías para mejorar la productividad. Según los datos de la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares del INE de 2025, la adopción de la Inteligencia Artificial Generativa presenta una clara asimetría: aunque el 37,9% de la población de 16 a 74 años ya ha utilizado estas herramientas, su uso con fines profesionales se limita al 17,9%, frente al 30,2% que las emplea para fines privados.

El jefe de Economías Desarrolladas de BBVA Research reconoce que existe una marcada brecha generacional que presiona a las empresas a invertir en reciclaje profesional.

Por otro lado, la flexibilidad laboral muestra signos de estancamiento. El teletrabajo ha descendido ligeramente hasta situarse en el 14,8% de los ocupados (-0,3 puntos respecto a 2024), lo que “podría dificultar la atracción de talento joven que demanda estos modelos híbridos”, indica el experto.

Luces y sombras

Todos estos factores hacen que el escenario laboral para 2026 se configure con luces y sombras. Se espera que la inercia positiva mantenida desde 2025 y las cifras de crecimiento y empleo proporcionen cierta estabilidad.

No obstante, la acumulación de costes regulatorios y salariales podría debilitar el ritmo de creación de empleo a medio plazo, especialmente en un contexto con escasez de mano de obra en algunos sectores y la productividad como asignatura pendiente.

El gran reto, según Doménech, será conseguir que la evolución de la regulación y la demografía no comprometan la inversión ni la sostenibilidad del sistema, en un entorno donde las tecnologías disruptivas demandan una rápida adaptación para garantizar el futuro del estado del bienestar.

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, resaltó que la reforma laboral en vigor desde hace cuatro años permitió que en diciembre de 2025 la mitad de los contratos firmados fueran indefinidos, una cifra muy por encima de los datos anteriores a la entrada en vigor de la normativa. En ese contexto, Díaz insistió en que esa estabilidad en el empleo y la mejora en las condiciones laborales contribuyeron de manera decisiva a que “miles de familias” terminaran el año “con más certezas y menos miedos”. De acuerdo con lo publicado por el medio original, la vicepresidenta segunda del Gobierno expresó su valoración sobre los resultados positivos en el ámbito del desempleo durante el cierre de 2025 a través de su cuenta de Bluesky.

Según recogió el medio, la ministra enfocó sus declaraciones en los efectos de la reforma laboral y el incremento del salario mínimo interprofesional, que ha experimentado un aumento del 61% en los últimos años. Díaz remarcó que desde la entrada en vigor de la reforma, el mercado de trabajo reflejó mes tras mes mejoras sostenidas, desmintiendo previsiones negativas previas a la normativa: “Los agoreros de la derecha se equivocaron”, afirmó la titular de Trabajo según consignó el medio. A su vez, adelantó que para 2026 el Gobierno volverá a aumentar el salario mínimo interprofesional, asegurando la continuidad de las políticas laborales impulsadas desde el Ejecutivo.

De acuerdo a lo consignado por la fuente, Díaz subrayó la incidencia de estas medidas en los segmentos poblacionales que históricamente habían enfrentado mayores obstáculos de acceso al empleo: mujeres y jóvenes. Reportó que la afiliación de mujeres a la Seguridad Social alcanzó niveles sin precedentes y el desempleo femenino experimentó una nueva reducción, con 22.096 mujeres menos en situación de desempleo durante diciembre de 2025. Por su parte, el desempleo juvenil también registró un descenso relevante, situándose en el nivel más bajo para ese mes desde que existen registros, tras una disminución de 11.470 jóvenes desempleados.

Según informó el medio, la vicepresidenta insistió en que la característica más destacada de la reforma laboral reside en el aumento de la estabilidad laboral. En diciembre de 2025, indicó Díaz, la mitad de los contratos firmados fueron de carácter indefinido. Antes de la reforma laboral, únicamente uno de cada diez contratos tenía esa condición. Este cambio responde, en palabras de la ministra citadas por el medio, a una transformación estructural del mercado trabajo que prioriza las garantías y seguridad para los trabajadores.

La ministra también celebró que el crecimiento del empleo haya coincidido con la política de incremento sostenido del salario mínimo. “El empleo ha crecido a la vez que aumentábamos el salario mínimo interprofesional en un 61%. Este 2026 volveremos a subirlo”, afirmó Díaz según recogió el medio. Pese a unos resultados que describió como positivos, manifestó que persiste una tarea pendiente respecto a las familias que aún se encuentran en situación de desempleo, y recalcó el compromiso del Gobierno con la ampliación de derechos en el año 2026. Díaz concluyó su mensaje expresando: “España va mejor cuando cuidamos a quienes nos sostienen”, en referencia a la relevancia de las políticas laborales para el bienestar social, consignó el medio original.

La vicepresidenta segunda contextualizó sus declaraciones en el marco de un período de resultados favorables en las cifras laborales, destacando la solidez de la afiliación femenina y la recuperación del mercado laboral juvenil como dos referencias claves de la evolución reciente. Díaz atribuyó estos avances a la combinación de reformas dirigidas a la estabilidad en el empleo y la mejora de los salarios. Argumentó, según publicó el medio, que la transformación del panorama laboral en cuatro años de aplicación de la reforma se refleja en los datos, mes a mes, y que estos contravienen los pronósticos críticos previos a la implementación de los cambios.

La ministra estableció el incremento de contratos indefinidos como un indicador paradigmático del rumbo del mercado de trabajo tras la reforma laboral. Señaló que, comparando la situación previa a la reforma con el último mes del año 2025, la proporción de contratos fijos pasó de uno de cada diez a uno de cada dos. Consideró este avance como el “mayor cambio” que introdujo la política laboral impulsada por el Ejecutivo.

En esa línea, el medio destaca que la ministra evitó cualquier tono triunfalista y reconoció la existencia de retos persistentes en el ámbito laboral. Puso en valor los logros alcanzados, pero insistió en que todavía persiste un volumen significativo de familias sin empleo, lo que exige mantener el foco en el diseño y puesta en marcha de políticas públicas orientadas al empleo y la estabilidad. Díaz expresó: “Sabemos que queda mucho trabajo por hacer y muchas familias en desempleo que necesitan políticas que pongan en el centro la vida de la gente. Este 2026 seguiremos ganando derechos”.

El medio también reflejó el llamado a la perseverancia en materia laboral y social, expresado por la vicepresidenta segunda, así como su compromiso con la continuidad de las políticas que apuntan a la mejora de las condiciones de trabajo y a la protección de los sectores más vulnerables. Díaz reiteró que las cifras publicadas a finales de 2025 demuestran los efectos de las reformas y respaldan la estrategia asumida desde el Ejecutivo en materia de empleo, salarios y derechos laborales.

El mercado laboral cerró 2025 con un comportamiento desigual en su último mes. El paro registrado bajó en diciembre en 16.291 personas, un descenso del 0,7% respecto a noviembre, mientras que la afiliación a la Seguridad Social aumentó en 19.180 ocupados, una subida moderada para un mes que habitualmente concentra uno de los mayores incrementos del año debido a la campaña navideña. Con estos datos, el número total de parados se situó en 2.408.670 personas, y el de afiliados alcanzó los 21.844.414.

Uno de los datos más positivos del mes se encuentra en el paro juvenil. El desempleo entre los menores de 25 años descendió en 11.470 personas en diciembre, un recorte del 6,1% mensual, hasta un total de 176.852 jóvenes, la cifra más baja de toda la serie histórica para este colectivo. La evolución contrasta con el comportamiento más contenido del mercado laboral en su conjunto y refuerza el peso de los contratos asociados a campañas estacionales.

En términos interanuales, el paro se redujo en 152.048 personas, lo que supone un descenso del 5,9% respecto a diciembre de 2024. Con ello, el desempleo encadena 56 meses consecutivos de caídas interanuales, aunque el ritmo de mejora se ha ido moderando en los últimos tramos del año.

La bajada del paro se concentra en los servicios

El descenso del desempleo en diciembre se apoyó principalmente en el sector servicios, donde el paro cayó en 14.287 personas (-0,8%), en línea con el refuerzo de plantillas ligado al comercio, la hostelería y la logística durante la Navidad. También se registraron descensos en agricultura, con 1.531 parados menos, y entre el colectivo sin empleo anterior, que redujo su cifra en 7.725 personas.

Por el contrario, el paro aumentó en los sectores menos expuestos a la estacionalidad. En construcción, el desempleo creció en 5.568 personas (+3,2%), mientras que en industria subió en 1.684 (+0,9%).

Andalucía, Comunidad Valenciana y Madrid concentran las mayores caídas del paro

El descenso del paro no fue homogéneo en todo el país. En diciembre, el número de desempleados se redujo en 10 comunidades autónomas, con las mayores caídas registradas en Andalucía, donde el paro bajó en 12.271 personas, seguida de la Comunidad Valenciana (-2.173) y la Comunidad de Madrid (-1.504).

Por sexo, el paro femenino descendió en 22.096 mujeres (-1,5%) en diciembre, hasta situarse en 1.443.999, mientras que el masculino aumentó en 5.805 hombres (+0,6%), hasta 964.671. En el último año, el desempleo se ha reducido tanto entre mujeres como entre hombres, aunque el comportamiento mensual ha sido dispar.

La afiliación avanza a menor ritmo en diciembre

La afiliación a la Seguridad Social aumentó en diciembre en 19.180 personas en términos medios, una cifra contenida para un mes que habitualmente concentra uno de los mayores incrementos del año. En diciembre de 2024, la afiliación creció en 35.500 ocupados, y en diciembre de 2023 lo hizo en 29.936, lo que confirma que el avance registrado al cierre de 2025 ha sido más moderado que en otros finales de ejercicio recientes.

En el conjunto de 2025, el número de afiliados creció en 506.451 personas, lo que permitió cerrar el año en niveles récord. En términos desestacionalizados, la afiliación sumó 33.076 ocupados en diciembre y superó por primera vez los 21,87 millones, consolidando máximos históricos en la serie.

Afiliación por sectores y colectivos

Los mayores avances interanuales en afiliación se registraron en transporte y almacenamiento (+6,9%), agricultura (+5,4%), actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento (+5,3%), suministro de agua (+5,1%) y construcción (+4,6%). También destacó el aumento de afiliados en educación, con un crecimiento del 3,9% en el último año.

Asimismo, el empleo siguió creciendo entre las mujeres, que alcanzaron una media de 10,35 millones de afiliadas en diciembre, y entre los trabajadores extranjeros, que rozaron los 3,1 millones, equivalentes al 14,1% del total de cotizantes. Por su parte, el número de autónomos se situó en 3.425.767, con un aumento anual del 1,2%, aunque con una evolución más contenida en el último mes del año.

Menos contratos y aumento del gasto en prestaciones

Durante diciembre se firmaron 1.230.356 contratos, de los que 458.808 fueron indefinidos, lo que representa el 37,3% del total. El volumen global de contratación fue inferior al de otros diciembres, en línea con la moderación observada en la afiliación mensual.

En cuanto a las prestaciones por desempleo, en noviembre -último dato disponible- hubo 1.838.267 beneficiarios, con una tasa de cobertura del 81,2%, la más alta para ese mes en la serie histórica. El gasto medio mensual por beneficiario se situó en 1.464,5 euros, un 29,6% más que un año antes, y la inversión total superó los 2.037 millones de euros.

“No presentes la baja voluntaria en tu trabajo, presenta el autodespido”. Con este mensaje directo y sin rodeos, el abogado Sebastián Ramírez, conocido en TikTok como @leyesconsebas, alerta a los trabajadores sobre una decisión que puede tener importantes consecuencias económicas y legales. En uno de sus vídeos recientes, advierte de que muchas personas abandonan su empleo pensando que no tienen otra salida, cuando en realidad la empresa está incumpliendo sus obligaciones y existe una alternativa legal que protege mejor sus derechos.

Ramírez explica que es muy habitual que los trabajadores opten por marcharse de forma voluntaria sin revisar antes su situación laboral. “No os imagináis la cantidad de trabajadores que quieren presentar su baja voluntaria cuando en lugar tienen derecho al autodespido porque realmente la empresa está haciendo las cosas mal”, afirma en el vídeo. En estos casos, señala, la decisión de firmar una dimisión puede suponer la pérdida de derechos que después ya no se pueden recuperar.

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Cuándo tiene sentido presentar una baja voluntaria

El abogado aclara que la baja voluntaria no es incorrecta en todos los casos. “Evidentemente, tienes que presentar la baja voluntaria cuando, por ejemplo, te quieres cambiar a otro trabajo o estás simplemente cansado, pero no ocurre nada fuera de la normalidad”, explica. Es decir, cuando la salida responde a una decisión personal y no existe ningún incumplimiento por parte de la empresa, esta es la vía habitual.

El problema aparece cuando el trabajador se va porque la empresa no está cumpliendo la ley. Según Ramírez, en estos supuestos la baja voluntaria no solo no soluciona el problema, sino que puede agravar la situación del empleado al dejarle sin protección económica.

Incumplimientos empresariales que dan derecho al autodespido

En su intervención, el abogado enumera algunos ejemplos claros. “Si la empresa te está pagando tarde, no te paga o te hacen situaciones incómodas que no te permiten ir a trabajar con normalidad, tienes derecho al autodespido”, señala. También menciona los cambios importantes en las condiciones laborales o los incumplimientos reiterados como situaciones que no deben resolverse con una renuncia.

Tal y como explica en la descripción del vídeo, “muchísimos trabajadores se marchan pensando que ‘no hay otra opción’, cuando en realidad la empresa no está cumpliendo con sus obligaciones”. En estos casos, insiste, no se trata de irse porque uno quiere, sino porque la situación obliga a hacerlo.

Indemnización y acceso al paro

Una de las claves del autodespido es que permite al trabajador salir de la empresa sin perder derechos económicos. “Con el autodespido tendrás derecho a indemnización y también a subsidio por desempleo”, subraya Ramírez. Esto marca una diferencia fundamental respecto a la baja voluntaria, que en la mayoría de los casos impide cobrar el paro.

Por eso, el abogado insiste en la importancia de informarse antes de firmar nada. “Una decisión mal tomada puede costarte mucho dinero y tiempo”, advierte. Su mensaje final es claro: antes de presentar una baja voluntaria, conviene analizar si la empresa está incumpliendo la ley, porque en muchos casos el autodespido es la opción que realmente protege al trabajador.

El porcentaje de trabajadores mayores de 55 años con contratos temporales y en puestos poco cualificados supera al de cualquier otro grupo, según el más reciente informe de la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie). Tal como detalló la Fundación BBVA en esta investigación basada en microdatos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística (INE), sólo el 15,6% de los empleados sénior con menos de un año en su puesto accede a empleos de alta cualificación, mientras un 29,4% ocupa posiciones elementales. Esta proporción contrasta negativamente con la de trabajadores más jóvenes con similar antigüedad en el puesto.

De acuerdo con el informe publicado por la Fundación BBVA y el Ivie, la tasa de paro en España entre las personas de 55 años o más alcanzó el 9,8% en el año 2025, superando a la del grupo entre 25 y 54 años, que se situó en el 9,4%. Se trata de la primera vez que esto ocurre, según consignó el informe, lo que marca un cambio en la tendencia histórica por la que los mayores presentaban tradicionalmente un nivel de desempleo inferior al de otros colectivos laborales. La investigación distingue entre aquellos que han mantenido una trayectoria laboral sin interrupciones y quienes han perdido su empleo a partir de los 55 años, acceden por primera vez o retornan al mercado laboral después de un periodo de inactividad, posicionando a este último grupo como el que enfrenta una mayor precariedad.

El desempleo de larga duración afecta especialmente a este segmento. Según la Fundación BBVA y el Ivie, el 57,9% de los mayores de 55 años desempleados lleva más de un año buscando trabajo, mientras que en el grupo de 25 a 54 años ese porcentaje desciende al 36,1%, y entre quienes tienen entre 16 y 24 años se sitúa en el 17,8%. Esta situación dificulta considerablemente la reinserción de los trabajadores senior y condiciona la calidad de los empleos a los que logran acceder.

La temporalidad acentuada es una de las consecuencias del deterioro observado. El estudio indica que el 52,6% de los asalariados mayores con menos de un año de antigüedad firma contratos temporales, con un 10% de contrataciones inferior a tres meses y un 4,5% de contratos fijos discontinuos. Para quienes han permanecido en la misma empresa más de 25 años, la temporalidad desciende al 2%. En el caso de quienes se ven obligados a reincorporarse al mercado laboral a una edad avanzada, las condiciones de contratación y estabilidad resultan sensiblemente peores.

En materia salarial, el informe revela que, aunque la ganancia media anual de los trabajadores mayores se calcula en 30.038 euros, superior a los 26.855 euros de la franja entre 25 y 54 años, ese dato refleja sobre todo a quienes han sostenido empleos estables durante largos periodos. Los sénior que regresan al trabajo y suman menos de un año de antigüedad se sitúan en una media de 19.558 euros, por debajo de los 19.837 euros que perciben sus homólogos de 25 a 54 años en idéntica situación, y a considerable distancia de los 40.520 euros anuales obtenidos por quienes mantuvieron una carrera laboral ininterrumpida por más de tres décadas. El medio Fundación BBVA detalló que este diferencial salarial se observa junto a una mayor pérdida de estabilidad y calidad ocupacional entre quienes reingresan al circuito laboral en edades avanzadas.

La brecha que se observa en la remuneración y en la estabilidad laboral se acompaña de un reparto desigual en el tipo de empleos: menos ocupaciones altamente cualificadas y más labores elementales entre los nuevos empleados senior respecto de los jóvenes. El estudio de la Fundación BBVA y el Ivie resalta que estos indicadores no sólo evidencian un empeoramiento relativo para los mayores, sino que dibujan también una mayor vulnerabilidad ante los vaivenes del mercado laboral.

Ante estos datos, la investigación apuntó que la formación ejerce un papel fundamental en la mejora tanto de la empleabilidad como de las condiciones laborales de los mayores. El paro entre sénior con estudios superiores desciende hasta el 5,4% y la proporción de puestos cualificados y contratos estables aumenta notablemente en ese segmento. No obstante, el informe advierte que la formación, por sí sola, no supone una garantía plena de acceso o calidad en el empleo, y que otros factores, como la discriminación por edad y los prejuicios existentes en los procesos de selección, también afectan las opciones laborales de estas personas, tal como recogió el documento.

Dentro de un escenario en el que la población envejece con rapidez y existen presiones adicionales sobre el sistema de pensiones y sobre la cobertura de vacantes laborales, el informe reclama políticas activas para reforzar la formación continua durante toda la vida laboral y combatir los estereotipos de edad. Además, solicita un esfuerzo mayor por parte de las empresas, instándolas a invertir en el talento sénior como fórmula para asegurar no solo la sostenibilidad del empleo, sino la competitividad general del tejido productivo.

El documento recuerda que una parte importante de los trabajadores mayores carecieron de oportunidades educativas equivalentes a las de generaciones más jóvenes, lo que implica la necesidad de apoyos enfocados en la recualificación y la adaptación a los nuevos requerimientos del mercado. Según lo informado por la Fundación BBVA, la inversión en capital humano sigue constituyendo uno de los recursos más relevantes, incluidas las personas en las etapas avanzadas de su vida profesional.

Las recomendaciones del informe abogan por integrar activamente a los trabajadores mayores en planes de formación y reciclaje profesional, con el objetivo de reducir la brecha en estabilidad, cualificación y remuneración que se ha agrandado en los últimos años. De acuerdo con la Fundación BBVA, una estrategia centrada en la valoración de la experiencia y el potencial de los sénior podría atenuar el deterioro en la calidad del empleo de este colectivo, optimizando el aprovechamiento de su conocimiento acumulado y su disponibilidad para permanecer activos durante más tiempo.

El sindicato de controladores aéreos inició una serie de medidas de fuerza que se extenderán durante las próximas semanas y que, sólo en los dos primeros días de paro, ya afectaron al menos a 41.363 pasajeros de las principales aerolíneas del país.

El cese de operaciones de la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) surge a raíz de un conflicto gremial con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) por paritarias y presuntos acuerdos incumplidos.

Este miércoles y jueves el plan de acción alcanzó a los vuelos nacionales y las líneas aéreas debieron realizar decenas de reprogramaciones.

En primer lugar, Aerolíneas Argentinas tuvo que hacer cambios en 155 despegues, ya sea por demoras o adelantamientos, lo que impactó sobre 20.063 pasajeros. Resaltan que de momento no registraron cancelaciones.

Por su parte, los usuarios de Flybondi afectados ascendieron a 13.000, luego de reprogramar unos 82 vuelos, incluyendo modificaciones en los aeropuertos de salida.

“No se descartan demoras adicionales en el resto de la programación del día”, señaló la lowcost sobre la jornada de hoy.

En tanto, desde JetSmart indicaron que en su caso el número de pasajeros perjudicados llegó a 8.300. “Logramos no tener cancelaciones”, destacan.

El conflicto

Las demandas centrales del gremio que llevaron a profundizar las medidas de fuerza implementadas en noviembre son: la reincorporación de trabajadores despedidos sin causa en aeropuertos con emergencia dotacional y con estabilidad laboral reconocida, la negativa de EANA a rever la complejidad de aeropuertos y trayectoria, actualización de refrigerios y los constantes incumplimientos al convenio colectivo.

“Estas situaciones fueron planteadas hace más de 3 meses sin obtener respuestas que permitan destrabar el conflicto”, manifestaron desde ATEPSA.

En contraposición, fuentes oficiales afirmaron: “En función a la postura amenazante y extorsiva por parte del gremio ATEPSA de llevar adelante medidas de fuerza durante el mes de diciembre, es importante dejar en claro que las mismas son ilegítimas y persiguen un claro objetivo político con el único fin de causar daño en plena época de Fiestas”.

“Este accionar del gremio no responde a cuestiones de índole paritario o laboral, sino que está motivado por intereses netamente políticos y personales de la cúpula gremial. A pesar de la postura intransigente y beligerante del gremio, desde EANA se está trabajando ininterrumpidamente para lograr destrabar el conflicto con el objetivo de garantizar la normalidad en la operación de los vuelos en plena época de Fiesta”, dijeron.

“Es evidente que el argumento del gremio sobre la falta de voluntad de diálogo por parte de EANA es falso, se trata de una excusa para implementar las medidas”, añadieron.

Además, señalaron que el mes pasado, cuando se interrumpieron las operaciones de la aviación de carga, el acuerdo paritario aún se encontraba vigente. Denunciaron que el sindicato paralizó por completo las capacitaciones de todo el personal y suspendió el mantenimiento técnico de la infraestructura tecnológica de los servicios de navegación aérea.

El cronograma del paro de controladores

Los próximos paros se llevarán a cabo en los siguientes días y horarios:

• Jueves 18 de diciembre, de 16 a 19 horas: afecta los despegues de vuelos con destino nacional.
• Martes 23 de diciembre, de 19 a 23 horas: afecta los despegues de vuelos con destino nacional.
• Sábado 27 de diciembre, de 14 a 17 horas: afecta vuelos con destino internacional en todos los aeropuertos del país.
• Lunes 29 de diciembre, de 8 a 11 horas: afecta toda la aviación en todos los aeropuertos del país.

ATEPSA informó que sólo se afectarán despegues de aeronaves, restringiendo las autorizaciones de aeronaves en tierra. A su vez, no se recibirán ni transmitirán planes de vuelo en el horario del paro.

“Por otro lado, se considerarán dentro de las medidas legítimas de acción sindical, toda actividad o acción que no afecte las operaciones en desarrollo (Ej. mantenimiento de equipamiento local o vía comisión, mensajería NOTAM y COM, etc.)”, comunicaron.

“Quedan exceptuadas de la medida todas las operaciones de aeronaves que eventualmente se declaren en emergencia, como aquellas que presten servicio sanitario, humanitario, de estado y/o búsqueda y salvamento”, detallaron.

La cifra de desempleados de larga duración en Estados Unidos ascendió en noviembre a más de 1,9 millones, lo que supone el 24,4% del total de personas sin trabajo y refleja un aumento generalizado del desempleo en ese periodo. Según informó el Departamento de Trabajo, la economía estadounidense logró generar 64.000 nuevos puestos de trabajo no agrícolas durante ese mes, aunque la tasa de desempleo avanzó al 4,6%, superando las cifras de meses previos.

De acuerdo con los datos detallados por el Departamento de Trabajo y recogidos por el medio, este incremento en la desocupación contrasta con la destrucción provisional de 105.000 empleos registrada en octubre. Además, el ministerio revisó a la baja los resultados de agosto y septiembre: en agosto, la estimación inicial se ajustó en 22.000 posiciones, pasando de una pérdida de 4.000 a una de 26.000 empleos, mientras que en septiembre la revisión rebajó el crecimiento de 119.000 a 108.000. Estos ajustes han supuesto la eliminación de 33.000 puestos que previamente se daban por creados.

El Departamento de Trabajo afirmó que, debido al cese temporal de actividades del Gobierno, no se publicaron datos de desempleo en octubre, lo que impidió comparar con ese mes. Así, la tasa de paro en noviembre, con un 4,6%, mostró una separación respecto al rango de entre 4% y 4,2% que se mantenía desde mayo de 2024, y en comparación anual aumentó cuatro décimas. El total de desempleados alcanzó los 7.831.000 en noviembre, frente a los 7.603.000 de septiembre.

El informe, citado por el medio, muestra que el número de trabajadores empleados a tiempo parcial por razones económicas registró un incremento de 909.000 personas desde septiembre, llegando a los 5.488.000 casos. Esta cifra sugiere una tendencia en el mercado laboral a ofrecer más horas reducidas, bien por falta de demanda de tiempo completo o por situaciones empresariales adversas.

El análisis de la participación de la fuerza laboral, también reportado por el Departamento de Trabajo, indicó una presencia del 62,5% de la población activa en el mercado laboral, apenas una décima más que en el periodo anterior. Este dato sugiere una ligera mejora pese al aumento en la cifra de desempleados.

De acuerdo con los registros oficiales interpretados por el medio, se observa que la proporción de parados de larga duración, es decir, personas sin empleo durante 27 semanas o más, se ha mantenido alta respecto al conjunto de la población desempleada, representando casi una cuarta parte del total durante noviembre.

Las revisiones históricas reflejadas por el organismo indican que los informes mensuales pueden variar significativamente tras nuevas estimaciones y recuentos de datos, lo que resulta en fluctuaciones visibles en los balances de puestos de trabajo reportados con anterioridad.

La Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) presentó ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 3, a cargo del juez Daniel Eduardo Rafecas, una denuncia penal contra la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa) por presuntas infracciones y delitos vinculados a la seguridad operacional del sistema de navegación aérea durante el paro de controladores que se desarrolla en los aeropuertos del país.

El texto de la denuncia detalla que la protesta, que impactó en más de 24.000 pasajeros por demoras y reprogramaciones de vuelos nacionales en su primera jornada, generó una situación que podría haber comprometido la seguridad de las operaciones en plena temporada alta de viajes.

EANA, organismo a cargo de la gestión del servicio de navegación aérea, señala en su presentación que la colocación de elementos relacionados con la medida de fuerza en torres de control (banderas) y la interrupción de tareas operativas esenciales constituyen una conducta que no solo obstaculiza la normal labor de la infraestructura aeronáutica, sino que pone en riesgo la seguridad operacional y la integridad de terceros, incluyendo pasajeros, tripulaciones y personal técnico.

La denuncia, radicada el 17 de diciembre de 2025, se ajusta a la Prevención Sumaria Nro. 779AER/2025, caratulada como “Averiguación de Delito Contra la Seguridad de la Aeronavegación”, y remarca que la decisión de llevar adelante el paro en plena época de mayor tráfico aéreo expone a consecuencias que exceden el ámbito laboral para ingresar en el terreno penal.

Riesgos operativos y marco jurídico

En la presentación judicial, EANA subrayó la existencia de riesgos concretos para la seguridad aérea derivado de la acción gremial y la interrupción de funciones propias de los controladores. El organismo refirió que, de desprenderse elementos colocados como parte de la protesta o al suspenderse tareas operativas críticas, se podría comprometer la seguridad de las aeronaves en pleno vuelo o maniobra, así como la integridad física de pasajeros y tripulaciones.

En concreto, a lo que EANA hace referencia, es una bandera que se colgó en el exterior de una torre de control. “La colocación de dicha bandera en las torres citadas, no solo obstaculiza la normal labor sino también, el peligro que ello puede ocasionar a terceros en caso de que dicha bandera se desprenda del lugar de colocación”, alertaron en la denuncia.

El documento, al que accedió Infobae, aportó como prueba imágenes y otras documentaciones que acompañaron la argumentación de EANA, en el marco de la investigación penal que ahora está en manos del juzgado federal. La presentación también recordó los derechos y garantías involucrados en procedimientos penales, tanto para víctimas como para testigos, conforme a la Ley 27.372 del Código Procesal Penal de la Nación.

Desde ATEPSA, en tanto, el reclamo gremial fue difundido en redes sociales y comunicados públicos en los que se afirmó que la huelga responde a reclamos salariales, reincorporación de trabajadores despedidos sin causa, estabilidad laboral y condiciones operativas en aeropuertos con emergencia dotacional.

Apertura de la causa y próximos pasos

Con la denuncia formalizada ante el juzgado de Rafecas, el expediente judicial ahora deberá avanzar en la evaluación de responsabilidades penales por parte del magistrado y la eventual intervención de las partes para ampliar testimonios, aportar peritajes o nuevas pruebas que permitan delimitar si las acciones sindicales configuran delitos relacionados con la seguridad de la navegación aérea.

La causa se suma a un conflicto que ya venía tensionando las relaciones laborales y operativas en el sistema de aviación nacional, poniendo en el centro del debate la compatibilidad entre la protesta gremial y la garantía de un servicio esencial para miles de viajeros en un momento clave del calendario turístico argentino.

Medidas de fuerza y afectación del tráfico aéreo

El paro, dispuesto por ATEPSA, comenzó con una primera jornada entre las 8 y las 11 de la mañana del miércoles 17 de diciembre, afectando a vuelos nacionales en todos los aeropuertos del país. La protesta forma parte de un cronograma de paros escalonados que se extenderá hasta el 29 de diciembre, en medio de las fiestas de fin de año y el arranque de la temporada de verano.

Según las compañías aéreas, los cambios generaron demoras, reprogramaciones y algunas cancelaciones que impactaron en al menos 24.000 pasajeros, especialmente en vuelos domésticos. En Aerolíneas Argentinas, se reportaron 67 vuelos con retrasos y 25 adelantamientos de salida afectando a miles de viajeros, sin que por el momento se registraran cancelaciones masivas en ese operador.

Las aerolíneas low cost también sufrieron ajustes: Flybondi debió cancelar y reprogramar una parte de sus servicios, mientras que JetSmart informó modificaciones en la programación de sus vuelos.

La tensión aumenta en Lima y Callao con la inminente expiración del plazo otorgado por el gremio de transportistas al gobierno para obtener respuestas concretas ante la inseguridad, a través de la presentación de un plan maestro para frenar las extorsiones.

Hoy, martes 16 de diciembre, se cumple el plazo de siete días hábiles fijado por los transportistas formales, quienes decidirán en una reunión clave si ejecutan un paro de 48 horas, medida que podría afectar a millones de usuarios.

El ultimátum fue planteado la semana anterior por representantes del sector, quienes exigieron al gobierno de José Jerí y a las principales autoridades del país un plan efectivo frente a la ola de extorsiones y violencia que afecta diariamente a los trabajadores y pasajeros.

El sector, integrado especialmente por empresas de los conos urbanos, ya denunció la intensificación de los ataques delictivos, situación que los obliga a invertir en medidas excepcionales de seguridad y modificar sus operaciones habituales.

Martín Ojeda, vocero del gremio Transportes Unidos, advirtió en declaraciones a 24 Horas que si la reunión programada para el martes no arroja soluciones inmediatas y verificables, la convocatoria al paro será inminente: “Nosotros no hemos nacido para hacer paros, pero tampoco hemos nacido para transportar bajo el riesgo de la vida por sicarios. Que lo tengan claro”.

Una crisis de seguridad

El panorama para el sector ha empeorado durante el último año. A La Noticia TV, Martín Ojeda afirmó que “este año asesinaron a 69 choferes de buses y unos 300 mototaxistas” en el ámbito del transporte formal de Lima y Callao.

Tres de cada cuatro empresas formales estarían siendo víctimas de extorsión—una proporción alarmante, señaló el representante—sin que el estado de emergencia vigente haya logrado frenar estos delitos. “El mensaje que están dando es que el estado de emergencia no funciona”, agregó.

La persistencia y severidad de la criminalidad ha forzado a empresas como Vipusa, en el distrito de Ancón, al norte de la capital peruana, a blindar el 60% de su flota con cabinas cerradas, puertas metálicas, y ventanas reforzadas.

Las unidades suman además placas adicionales y zonas críticas protegidas, en una transformación acelerada que ha elevado el costo operativo e impacta la rutina laboral de choferes y cobradores. Los trabajadores relataron al medio que usar chalecos antibalas se ha tornado indispensable para sobrevivir en las rutas más riesgosas.

Medidas de protección

La inversión en seguridad se volvió prioritaria para los transportistas. De un reporte de 24 Horas, se desprende que cada bus blindado implica un gasto promedio de S/3.000 por unidad, monto asumido por las propias empresas.

Por el momento, el precio del pasaje no ha sido modificado, aunque, según directivos de la compañía, cualquier variación en las tarifas dependerá de la evolución económica de la empresa y las condiciones de los usuarios.

La Noticia TV también recogió las preocupaciones del gremio Transportes Unidos por la falta de resultados de operaciones policiales y la necesidad de reformas estructurales.

Ojeda citó la cifra de “unas 380 empresas, unas 22,500 unidades y 40,000 conductores”, de las cuales la mayoría soporta amenazas diarias.

En ese sentido, lamentó la complicidad ocasional de policías vinculados a delitos, y abogó por medidas drásticas, como incrementar las capturas y endurecer las sanciones, a la vez que pidió un aumento de recursos públicos para combatir a las bandas que buscan el control territorial de las rutas.

Expectativa

Mañana, cuando vence el plazo, está programado un encuentro entre representantes del Ejecutivo, el Legislativo, el Poder Judicial y la Fiscalía con delegados del gremio.

Esta sería la cuarta ocasión en el año en que los transportistas de este gremio acatan una medida extrema, tras paros anteriores, ante la percepción de que las muertes, amenazas y asaltos se han convertido en hechos habituales dentro de la actividad.

“La solución es que el Ejecutivo, Legislativo, Poder Judicial y Ministerio Público hagan respetar la Constitución y dé la seguridad del caso con los procedimientos que la ley les otorga. Lamentablemente eso no está sucediendo”, manifestó Ojeda a La Noticia TV.

Además, el dirigente sostuvo que “esperemos que se dé esta reunión con algunas salidas y de esta manera evitar un paro que ya sencillamente nos preocupa”.

La incertidumbre persiste sobre el desenlace de la cita del martes. No existe certeza respecto a la fecha de inicio del paro, ya que dependerá del resultado de la reunión, aunque la opción de una paralización a partir del miércoles 17 de diciembre no ha sido descartada por los gremios convocantes.

Entretanto, otras compañías del sector observan y replican medidas de resguardo, mientras se refuerza el llamado por una respuesta estatal, en un contexto atravesado por las amenazas reiteradas y la proximidad de las fiestas navideñas.

Tal como anticiparon días atrás desde la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA), este miércoles comienza la primera jornada de paro que será parte de una serie de acciones que se extenderán durante cinco días. El cronograma complicará los vuelos nacionales e internacionales durante diciembre, fechas que coinciden con Navidad y Año Nuevo.

La decisión responde a un conflicto con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) por cuestiones salariales y de otras índoles. Hoy, por ejemplo, el gremio que nuclea a los controladores aéreos no desarrollará tareas entre las 8 y las 11 de la mañana. En teoría, esta acción debería afectar solamente a los vuelos con destinos nacionales.

En un comunicado que compartieron la semana pasada en redes sociales, el sindicato argumentó: “Desde la asunción de las actuales autoridades de EANA en 2024, han mostrado una intransigencia brutal y una ausencia de diálogo, no solo para resolver las cuestiones salariales de sus trabajadores, sino también frente a varias situaciones operativas que venimos denunciando".

A su vez, explicaron que la medida busca la reincorporación de trabajadores despedidos sin causa en aeropuertos con emergencia dotacional y estabilidad laboral reconocida, la revisión de la complejidad de aeropuertos y trayectorias, la actualización de refrigerios y el cumplimiento del convenio colectivo.

“El proceso de persecución y despido de técnicos y técnicas en varios servicios, sistema cuidadosamente oculto por los responsables de EANA y del Ministerio de Transporte, ha vuelto insostenible la situación laboral en los aeropuertos de todo el país. Estos despidos afectan directamente la seguridad operacional y contravienen la vigencia del convenio colectivo de trabajo", detallaron.

ATEPSA ratificó los días de paro anunciados en un principio. De esta manera, el cronograma quedó conformado de la siguiente manera:

• Miércoles 17 de diciembre, de 8 a 11 horas: afecta los despegues de vuelos con destino nacional.
• Jueves 18 de diciembre, de 16 a 19 horas: afecta los despegues de vuelos con destino nacional.
• Martes 23 de diciembre, de 19 a 23 horas: afecta los despegues de vuelos con destino nacional.
• Sábado 27 de diciembre, de 14 a 17 horas: afecta vuelos con destino internacional en todos los aeropuertos del país.
• Lunes 29 de diciembre, de 8 a 11 horas: afecta toda la aviación en todos los aeropuertos del país.

A su vez, aclararon que esto afectarán solamente autorizaciones de despegue, mientras que no se recibirán ni transmitirán planes de vuelo durante las franjas horarias del paro. Se mantendrá “los servicios mínimos indispensables, garantizando todas las operaciones en emergencia, humanitarias, sanitarias, de Estado y búsqueda y salvamento, de acuerdo a lo estipulado en la normativa vigente”, detallaron.

Por parte de la Empresa Argentina de Navegación Aérea, respondieron a la medida con un contundente rechazo a través de un texto publicado en su sitio web, en donde calificaron de inadmisible la decisión con la que “pretenden afectar un servicio esencial garantizado por ley interrumpiendo el normal desarrollo del transporte aéreo de pasajeros en plena época de Fiestas de fin de año, en el que los vuelos son fundamentales para cientos de miles de argentinos“.

Al mismo tiempo, recordaron que también “durante las vacaciones de invierno pretendieron llevar a cabo medidas de fuerza y ahora intentan tomar de rehenes a los argentinos durante los últimos días del año” y responsabilizaron a los integrantes del gremio de intentar “paralizar durante 30 días consecutivos todas las capacitaciones del personal y la totalidad de las tareas técnicas fundamentales para el mantenimiento de la infraestructura tecnológica esencial para los servicios de navegación aérea”, cuando tomaron la misma decisión meses atrás.

Pese a la postura gremial, desde EANA “se está trabajando ininterrumpidamente para lograr destrabar el conflicto con el objetivo de garantizar la normalidad en la operación de los vuelos”, insistieron desde el organismo.

En este sentido, la Secretaría de Trabajo convocó a una nueva audiencia para hoy a las 10 para continuar las negociaciones. Desde el sindicato reiteraron su postura: “Continuarán las medidas legítimas de acción sindical a partir del 17 de diciembre en los días y horarios publicados, afectando directamente los vuelos con destinos nacionales y destinos internacionales, en todos los aeropuertos del país”.

El sindicato de controladores aéreos difundió el cronograma de medidas de fuerza que impactará sobre los vuelos de cabotaje e internacionales en las próximas semanas. Los paros se dan a raíz de un conflicto gremial con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) por paritarias y presuntos acuerdos incumplidos.

La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) ya había concretado en noviembre un plan de acción que afectó la aviación de carga, denunciando el incumplimiento de compromisos por parte de la empresa. Sostienen que no recibieron respuestas a los reclamos y, por este motivo, resolvieron profundizar las medidas.

Las demandas centrales del gremio son la reincorporación de trabajadores despedidos sin causa en aeropuertos con emergencia dotacional y con estabilidad laboral reconocida, la negativa de EANA a rever la complejidad de aeropuertos y trayectoria, actualización de refrigerios y los constantes incumplimientos al convenio colectivo. “Estas situaciones fueron planteadas hace más de 3 meses sin obtener respuestas que permitan destrabar el conflicto”, manifestaron desde ATEPSA.

En contraposición, fuentes oficiales afirmaron: “En función a la postura amenazante y extorsiva por parte del gremio ATEPSA de llevar adelante medidas de fuerza durante el mes de diciembre, es importante dejar en claro que las mismas son ilegítimas y persiguen un claro objetivo político con el único fin de causar daño en plena época de Fiestas”.

“Este accionar del gremio no responde a cuestiones de índole paritario o laboral, sino que está motivado por intereses netamente políticos y personales de la cúpula gremial. A pesar de la postura intransigente y beligerante del gremio, desde EANA se está trabajando ininterrumpidamente para lograr destrabar el conflicto con el objetivo de garantizar la normalidad en la operación de los vuelos en plena época de Fiesta”, precisaron.

“Es evidente que el argumento del gremio sobre la falta de voluntad de diálogo por parte de EANA es falso, se trata de una excusa para implementar las medidas”, añadieron.

También, remarcaron que el mes pasado, cuando se interrumpieron las operaciones para vuelos de carga, aún seguía vigente el acuerdo paritario. Y denunciaron que el sindicato paralizó el 100% de las capacitaciones de todo el personal y todo el mantenimiento técnico de la infraestructura tecnológica de los servicios de navegación aérea.

El cronograma del paro de controladores

La Secretaría de Trabajo fijó una nueva audiencia para este miércoles 17 de diciembre a las 10 horas con para continuar las negociaciones. De momento, el paro sigue firme y el cronograma previsto por ATEPSA quedó de la siguiente manera:

• Miércoles 17 de diciembre de 8 a 11 horas: afectación de los despegues de vuelos con destino nacional
• Jueves 18 de diciembre de 16 a 19 horas: afectación de los despegues de vuelos con destino nacional
• Martes 23 de diciembre de 19 a 23 horas: afectación de los despegues de vuelos con destino nacional
• Sábado 27 de diciembre de 14 a 17 horas: afectación de vuelos con destino internacional en todos los aeropuertos del país
• Lunes 29 de diciembre de 8 a 11 horas: afectación a toda la aviación en todos los aeropuertos del país.

El gremio aclaró que sólo se afectarán despegues de aeronaves, restringiendo las autorizaciones de aeronaves en tierra. Además, no se recibirán ni transmitirán planes de vuelo en el horario del paro.

“Por otro lado, se considerarán dentro de las medidas legítimas de acción sindical, toda actividad o acción que no afecte las operaciones en desarrollo (Ej. mantenimiento de equipamiento local o vía comisión, mensajería NOTAM y COM, etc.)”, comunicaron.

“Quedan exceptuadas de la medida todas las operaciones de aeronaves que eventualmente se declaren en emergencia, como aquellas que presten servicio sanitario, humanitario, de estado y/o búsqueda y salvamento”, indicaron.

Estas disposiciones ofrecen un marco claro para proteger los derechos del trabajador frente a conductas empresariales irregulares, asegurando que la responsabilidad de la ruptura contractual recaiga sobre el empleador y no sobre quien sufre la situación.

El retraso o el impago de salarios por parte de una empresa constituye un problema recurrente que, según explica el abogado Sebastían Ramírez, puede habilitar al trabajador para abandonar su puesto sin represalias, según lo establece la normativa laboral. En un video publicado en su perfil de TikTok (@leyesconsebas), Ramírez afirma: “La empresa no me paga. ¿Qué puedo hacer ante esta situación? Y es que lastimosamente es una situación que se repite mucho más de lo deseado”.

“Será un juez el que te dé la razón”

La reiteración de estos incumplimientos, como el retraso habitual en los pagos cada mes o la acumulación de varios salarios sin abonar, otorga al trabajador la posibilidad de dar por finalizado su contrato con derecho a indemnización y prestación por desempleo. “Si se trata de una situación reiterada, que por ejemplo cada mes te pagan tarde o que llevan varios salarios acumulados en los que no te pagan, puedes extinguir tu contrato de trabajo con derecho a indemnización y a paro”, detalla el abogado.

El abogado indica además que esta opción está contemplada en el Estatuto de los Trabajadores, subrayando que se trata de un derecho, puesto que la decisión no surge de la voluntad propia del empleado sino de “que no te están pagando o te pagan cada mes tarde”. Una vez solicitada la extinción del contrato, es un juez quien determina la procedencia del reclamo: “Tras ello, será un juez el que te dé la razón y te podrás marchar de la empresa para buscar otro empleo en el que te paguen a tiempo y puntual”, explica.

Qué dice la ley sobre estos casos

Tal y como describe el letrado, el Estatuto de los Trabajadores establece mecanismos legales para proteger a los empleados frente a impagos o retrasos salariales. Según el Artículo 50, constituye una causa justificada para solicitar la extinción del contrato de trabajo la “falta de pago o los retrasos continuados en el abono del salario pactado”. Esta medida convierte al trabajador en beneficiario de las indemnizaciones correspondientes a un despido improcedente, garantizando así la protección económica frente a incumplimientos de la empresa.

La ley aclara que se considera incumplimiento grave cuando el retraso no es puntual, sino habitual o acumulativo, afectando varias mensualidades o superando los quince días respecto a la fecha de pago acordada. En estos casos, el trabajador puede acudir a la jurisdicción social, donde será un juez quien determine la procedencia de la solicitud. Si el fallo le da la razón, podrá abandonar la empresa sin penalización, accediendo además a la prestación por desempleo. De este modo, la normativa asegura que la responsabilidad del incumplimiento recae sobre el empleador, brindando al empleado una vía legal clara para proteger sus derechos y su estabilidad económica.

Así lo confirmó este lunes Martín Ojeda, representante de los transportistas de los conos de la capital peruana, quien precisó que la decisión respecto a acatar una nueva paralización todavía está en evaluación y dependerá de una importante reunión que estaba programada para ayer, martes 2 de diciembre, junto al gobierno.

Durante las últimas horas, numerosos usuarios de redes sociales han mostrado inquietud y dudas respecto a la circulación regular del transporte público. La preocupación surgió luego de que ocurriera el pasado lunes un nuevo ataque contra dos buses de la empresa La Estrella, en el distrito de San Martín de Porres. La unidades fueron quemadas en horas de la madrugada.

En anteriores oportunidades, el gremio ya había advertido que acataría la medida de fuerza de regitrarse algún ataque más contra un conductor, unidad o pasajero.

Consultado sobre el tema, Ojeda explicó que la decisión de ir a paro no ha sido tomada. Detalló que los delegados de los conos de Lima y Callao mantendrán una reunión descentralizada con la presencia de representantes del gobierno interino de José Jerí en el taller de una de las empresas, donde se abordarán demandas del sector, así como preocupaciones relacionadas con la seguridad.

Bajo presión

Ojeda relató la gravedad de la situación actual: “Estamos hartos de lo que ustedes indican, así, hartos. Estado de emergencia, inservible. No, no pasa nada”. Recordó que en lo que va del año el gremio ha realizado tres huelgas, más una serie de protestas ante la falta de resultados y atención por parte de las autoridades.

El dirigente remarcó que los ataques y amenazas contra los transportistas se han normalizado al punto de que las noticias sobre incidentes son cotidianas: “Atentado contra el transporte es como si nada. Antes de entrar me llamó una empresa: ‘Martín, me están volviendo a extorsionar’. O sea, ¿dónde estamos?”.

Sobre las dificultades que enfrenta el sector, el dirigente cuestionó duramente la efectividad de las medidas adoptadas como el estado de emergencia, la burocracia de las empresas operadoras telefónicas y la falta de investigación contra las bandas responsables de los ataques.

Además, subrayó que el problema de fondo es la carencia de una verdadera Policía de Investigaciones y la falta de recursos para combatir el crimen organizado.

El proceso de decisión

Pese al descontento y las presiones de las bases, Ojeda aclaró que la decisión final sobre un posible paro corresponde a los delegados de los conos: “Si fuera por mí, yo le hubiera plantado los buses afuera de Palacio de Gobierno. Pero esa es la elección de los delegados”.

La reunión es clave, en caso de concretarse. Existe la posibilidad de que, dependiendo de las respuestas del ministro y las autoridades, se anuncie posteriormente un paro de 48 horas. Ojeda señaló que están a la espera de lo que se resuelva, por lo que cualquier medida de fuerza como la paralización del transporte en Lima y Callao se comunicará solo después del encuentro. “No estamos para hacer huelgas, pero estamos cansados de esto”, enfatizó.

Exigencia de soluciones

El líder gremial reiteró la demanda de acciones concretas para garantizar la seguridad en el sector. Criticó la falta de investigaciones profundas y el uso de estrategias, como la transformación de policías uniformados en agentes de inteligencia sin experiencia previa.

“En la policía se desactivó la División de Investigaciones hace más de veinte años. A la policía que sale (de las escuelas), se tiene que perfeccionar quiénes son investigadores, quiénes son de calle, quiénes son de penales. Tú no puedes colocar a alguien que nunca ha visto investigaciones, a hacer investigación”, reprochó.

Los transportistas destacan que las respuestas ofrecidas hasta el momento son insuficientes frente a la violencia y la criminalidad que impactan no solo al gremio, sino también a los usuarios del transporte público, que cuando se producen estas protestas quedan sin opciones de traslado.

Hasta el momento, la única certeza para los usuarios es que no habrá paro hoy, miércoles 3 de diciembre. Sin embargo, dependiendo de los resultados de la reunión programada, no se descarta que los delegados puedan anunciar medidas como un paro de 48 horas en los días posteriores. El gremio permanece en alerta y a la espera de soluciones concretas por parte del gobierno.