El conflicto entre el Gobierno y las empresas de colectivos por el pago de subsidios y la suba del precio del gasoil que derivó en la reducción de la frecuencia de los servicios sigue abierto. Mientras sigue la negociación entre ambas partes para normalizar la situación, las dificultades para los pasajeros continúan ya que hay muchas líneas que no repusieron la cantidad de colectivos que quitaron en los últimos días.

Ayer se realizó una reunión entre la secretaría de Transporte y las empresas de colectivos que operan en el AMBA que no terminó de la mejor manera. Aunque las autoridades nacionales se comprometieron a abrir un canal de diálogo para avanzar en un nuevo sistema de subsidios y así terminar con los recurrentes reclamos por más fondos, las compañías insisten en la exigencia del pago de la deuda y advierten que, si no se regulariza la situación, no podrán continuar operando y se agravarán las demoras.

“No, no hubo acuerdo”, sintetizó ante Infobae un directivo de una de las cámaras del sector. “Hay una mesa técnica, que se reunirá el martes, para evaluar cómo resolver la disparada del gasoil sin trasladarla a tarifa. También hay un compromiso de las cámaras de hacer todo lo posible para mejorar los servicios”, explicó el directivo, quien aclaró que hay una “situación dispar” en las empresas. La normalización de las frecuencias no es igual para todas.

Luego del encuentro, las autoridades nacionales emitieron un comunicado en el que se anunció la creación de ese ámbito de discusión para avanzar en un nuevo esquema. “Durante la reunión, las autoridades nacionales propusieron avanzar en una reestructuración integral del sistema, que presenta desequilibrios estructurales y demandas persistentes, con el fin de mejorar su eficiencia y sustentabilidad. En este marco, se acordó la conformación de mesas de trabajo técnicas para establecer un canal permanente de diálogo entre el Estado y las cámaras empresarias”, destacaron en el comunicado de la Secretaría de Transporte.

Si bien las empresas ya confirmaron que van a asistir a ese encuentro la semana que viene, la respuesta del Gobierno no las convenció y continúan pidiendo que sen pague la deuda acumulada que, según denuncian, llega a casi los 120.000 millones de pesos.

“Crearon una comisión, ¿para qué? Para nada. El martes, por supuesto, estaremos allí, pero en concreto, en la reunión de hoy había un punto central, que era la deuda. Ellos nos ofrecieron un bono, pero no tenemos novedades o respuestas concretas ni sobre esto ni respecto al otro planteo, que es el precio del combustible", cuestionó uno de los representantes de las compañías al salir de la reunión.

Entre los asistentes estuvieron el secretario Coordinador de Infraestructura,Carlos Frugoni; el secretario de Transporte de la Nación, Fernando Herrmann; y el subsecretario de Transporte Automotor,Fernando Cortés. Por el sector empresario participaron Luciano Fusaro (AAETA), Luis Brusca Ferreira (CEUTUPBA), Roberto Rodríguez (CTPBA), Daniel De Ingeniis (CETUBA) y Daniel Tenisci (CEAP).

La jornada de ayer acumuló escenas de un sistema colapsado, con colectivos abarrotados, largas esperas en las paradas y muchas líneas que no pudieron funcionar en virtud del paro que determinó la UTA. La normalización de ese escenario, explican en las empresas no solo será gradual sino que además no está asegurada.

Además de los subsidios, otra cuestión clave que provocó la reducción de un 30% en la circulación de las líneas de colectivo fue el aumento del combustible tras el estallido del conflcito en Oriente Medio. “El sistema enfrenta un déficit crítico de costos de gasoil debido a la brecha entre el precio real de mercado y el valor reconocido en la estructura de costo definida con precios de enero de 2026. Mientras que las empresas deben adquirir el combustible a valores que oscilan entre los $2.100 y los $2.444 por litro, la estructura de costos oficial solo reconoce $1.750 por litro”, comentaron en un comunicado de la Asociación Argentina de Empresas de Transporte Automotor (AAETA).

Las líneas de colectivo 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194, 195 y 197 no prestan servicio o lo hacen con frecuencias reducidas, tanto en recorridos urbanos como interjurisdiccionales.

Bajo este contexto, las paradas de colectivos volvieron a estar en el foco de atención, tras la reducción de frecuencia que se implementó días atrás.

“Voy para Lanús. Los últimos tres o cuatro días, viajar fue un quilombo. Hoy vine rápido, pero el tema es volver ahora. Vamos a ver si me subo al próximo que venga”, confirmó uno de los pasajeros que esperaba en Once.

Luego, otra de las personas que estaban allí, se acercó a las cámaras de la señal de TN y dijo: “Es un quilombo terrible viajar. A la mañana estuve dos horas para venir al centro. La jornada laboral hay que cortarla más temprano para intentar llegar”.

“Vengo desde Fiorito a trabajar en Capital, en un local de ropa. Esta mañana viajé como dos horas y media”, dijo otro usuario. Una mujer, remarcó la hora de ida y a la que regresa, para dimensionar el tiempo que pasa fuera de su casa: “Fue un lío total venir a la mañana. Salgo a las 6 de la mañana de mi casa y llego tipo 19 o 20. Trabajo de limpieza”.

Luego, otro hombre, en este caso un trabajador de construcción de 64 años, dio su testimonio de cómo padece las horas de espera. “Hace una hora que estoy esperando el colectivo. Yo viajo hacia Olimpo. Suelo tardar una hora y ahora se extendió a dos. Es complicado, es más cansador viajar que trabajar”, contó.

Una hora más tarde, alrededor de las 19, la situación en Once seguía de la misma manera. “Desde hace dos semanas que ya venimos con quilombo. En todos lados hay fila. Antes venían de a tres colectivos, ahora uno solo”, dijo un hombre que aguardaba por el transporte público para regresar a su casa.

Las autoridades recomendaron a los usuarios planificar sus desplazamientos con antelación y contemplar otras opciones de transporte, ya que se esperaba una jornada marcada por fuertes demoras, espacios colapsados y servicios alternativos desbordados.

El paro ocurre en un contexto de tensión creciente entre el sector empresarial, los empleados y el Gobierno nacional, con reclamos centrados en el financiamiento del sistema, retrasos en los pagos y dificultades para cubrir los costos operativos y salariales.

Las empresas que todavía no han percibido los pagos estatales redujeron las frecuencias en un 30%, lo que ha generado una disminución del servicio y ha afectado a miles de pasajeros.

Los choferes, representados por la Unión Tranviarios Automotor (UTA) respondieron en este contexto al asegurar que no han cobrado sus sueldos correspondientes al mes de marzo, cuando transcurre el noveno día de abril.

El Gobierno aseguró que el Estado nacional ya pagó los subsidios del mes de abril a las líneas de colectivos y que aplicará sanciones a las empresas que no cumplan con el compromiso de mejorar la frecuencia del servicio.

La Secretaría de Transporte señaló en un comunicado que, a través de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), “se encuentra fiscalizando la prestación de los servicios de transporte urbano de pasajeros, habiéndose detectado en el día de la fecha una disminución en la cantidad de unidades de colectivos en circulación respecto de la jornada de ayer”.

"Esta situación se verifica luego de que el Estado Nacional cumpliera con el pago de los subsidios correspondientes al cuarto día hábil del mes de abril, y pese al compromiso asumido por las empresas prestatarias de sostener y mejorar la frecuencia de los servicios", agregó el comunicado, tras las quejas de las empresas del sector justamente por el atraso en la cancelación de esos pagos y por el aumento en el costo del gasoil, uno de sus insumos esenciales.

“La Secretaría de Transporte reafirma su compromiso de garantizar la correcta prestación del servicio público y de proteger a los usuarios, aplicando todas las medidas necesarias ante cualquier incumplimiento”, apuntó el comunicado.

El organismo recordó que la violación del régimen diario de frecuencias, tanto diurnas como nocturnas, en el transporte urbano de pasajeros puede ser sancionada con multas que van de 500 a 15.000 boletos mínimos. Asimismo, cuando la prestación del servicio se interrumpa por un lapso de 5 días consecutivos o 10 días alternados en un mismo año, se considerará que el servicio ha sido abandonado por el operador. Ese abandono puede ser causal suficiente para disponer la caducidad del permiso de explotación.

A última hora de ayer, la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA) había emitido un comunicado en el que destacaba “la situación de extrema gravedad financiera que atraviesa las empresas de colectivos del AMBA”. Las causas de ese escenario extremo, explicó la entidad, son “la suba del costo del gasoil y el atraso del pago de compensaciones, la cual obligó a una readecuación operativa de emergencia en las líneas de jurisdicción nacional y provincial del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)”.

Desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires se asegura que la Nación no transfirió 46.000 millones de pesos correspondientes adiciembre, enero y febrero y que esa deuda incrementa las dificultades para cumplir con los compromisos asumidos por las empresas y para mantener la prestación normal de los servicios.

La estructura de costos de las empresas de transporte público se compone en un quince por ciento del gasto en combustible. El incremento del precio del gasoil, sumado a la exigencia de pago en efectivo por parte de las petroleras, agravó la situación de las compañías. El ministro de Transporte convocó a las cámaras empresarias del sector para buscar alternativas y definir estrategias que permitan afrontar la coyuntura. El objetivo de la reunión es encontrar un equilibrio entre la capacidad de financiamiento estatal y la necesidad de mantener el servicio.

Así lo explicó Martín Marinucci, ministro de Transporte bonaerense, en una entrevista a Infobae en Vivo. Ante este contexto, el Gobierno provincial decidió adelantar pagos de subsidios correspondientes al mes de abril y aumentar el porcentaje de anticipo, que asciende a un 60% del total. El funcionario explicó que se trata de una medida excepcional para evitar la interrupción del servicio mientras continúan las negociaciones con las cámaras empresarias y las autoridades nacionales.

El ministro subrayó que el mayor riesgo para el sistema es la quiebra de empresas. La falta de rentabilidad y la imposibilidad de cubrir los costos operativos ponen en peligro la continuidad de servicios esenciales para miles de bonaerenses. Marinucci afirmó que “el mayor riesgo que se da en esta situación es que muchas empresas están al borde de la quiebra y eso significa no reducción del servicio, eliminación de servicios y desconectividad por parte de los bonaerenses hacia sus lugares de manera cotidiana”.

El debate sobre el financiamiento del transporte incluye la discusión acerca del impuesto al combustible, que recauda el Estado nacional. Marinucci señaló que la Nación no coparticipa estos fondos con las provincias y que ese ingreso creció al ritmo del aumento del precio del combustible. La falta de transferencia de estos recursos limita la capacidad de las provincias para sostener el sistema y obliga a buscar alternativas dentro de los márgenes presupuestarios disponibles.

El aumento del precio del gasoil, que pasó a costar dos mil cincuenta pesos por litro, provocó que las compañías de colectivos enfrenten dificultades para adquirir combustible. En la provincia de Buenos Aires, algunas empresas implementaron reducciones en la frecuencia de sus servicios, mientras que otras optaron por medidas de fuerza. Una de las situaciones más críticas corresponde a la empresa General San Martín, ubicada en la zona norte, que suspendió completamente la circulación de sus unidades debido a que los conductores no cobraron sus salarios.

El resto de las líneas que operan en la provincia mantiene servicios, aunque con menores frecuencias. El ministro Marinucci remarcó que la reducción responde a la necesidad de las empresas de ajustar su estructura de costos frente a la suba del combustible. Según el funcionario, “el impacto que genera la estructura de costo, este aumento de combustible, definitivamente hace inviable el sistema y definitivamente es imposible que las empresas puedan, con efectivo, como le exige hoy YPF o como le exige otras petroleras, ir a pagar el combustible que necesitan”.

El sistema de colectivos que atraviesa la General Paz, es decir, las líneas interjurisdiccionales entre Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, representa el sector más afectado. Estas líneas sufren una disminución en la frecuencia superior al treinta por ciento en los últimos días. Por su parte, las líneas provinciales experimentan una reducción menor, aunque las empresas argumentan que la decisión no responde a una estrategia propia sino a la imposibilidad de afrontar el aumento de costos.

Las concesiones estatales establecen frecuencias y horarios obligatorios para cada línea. La disminución de servicios implica un incumplimiento de los contratos de concesión. Desde el Ministerio de Transporte bonaerense, se realizan auditorías para verificar la reducción de frecuencias y se evalúa el impacto de estas medidas en la compensación a las empresas. Marinucci explicó: “Hoy se incumple el convenio, el contrato de concesión que tienen las empresas. Las empresas cuando participan para tener una determinada traza con una determinada línea, se comprometen y se firma una determinada frecuencia con sus paradas correspondientes en determinados horarios, con lo cual ahí es donde se está incumpliendo”.

El conflicto no solo involucra a las empresas y al Estado provincial, sino también a los trabajadores del sector. Algunos gremios denunciaron demoras en el pago de salarios, situación que derivó en la suspensión de servicios en ciertas líneas. La combinación de suba de costos y retraso en los pagos generó tensiones entre los distintos actores involucrados. Los empresarios pidieron anticipos de subsidios para poder afrontar los gastos operativos y cumplir con sus obligaciones laborales.

El Gobierno provincial sostiene el sistema de transporte a través de un esquema de subsidios. Marinucci detalló que la provincia destina sesenta y cinco mil millones de pesos mensuales para sostener una tarifa subsidiada, lo que permite que el usuario pague solo una parte del costo real del pasaje. Las líneas provinciales, que van de la 200 a la 499, y las municipales, que van de la 500 en adelante, reciben estos aportes para garantizar la continuidad del servicio. El funcionario precisó que el aporte provincial alcanza una suma considerable y se utiliza para cubrir el déficit generado por el desfase entre la tarifa técnica y el valor que abonan los pasajeros.

El Estado nacional también tiene responsabilidades en el financiamiento del sistema de transporte. Según Marinucci, la Nación adeuda pagos correspondientes al atributo social, un programa que representa unos dieciséis mil millones de pesos para la provincia. El ministro indicó que el Estado nacional no transfirió cuarenta y seis mil millones de pesos correspondientes a los meses de diciembre, enero y febrero. Esta deuda incrementa las dificultades para cumplir con los compromisos asumidos por las empresas y para mantener la prestación normal de los servicios.

La estructura de costos de las empresas de transporte público se compone en un quince por ciento del gasto en combustible. El incremento del precio del gasoil, sumado a la exigencia de pago en efectivo por parte de las petroleras, agravó la situación de las compañías. El ministro de Transporte convocó a las cámaras empresarias del sector para buscar alternativas y definir estrategias que permitan afrontar la coyuntura. El objetivo de la reunión es encontrar un equilibrio entre la capacidad de financiamiento estatal y la necesidad de mantener el servicio.

La provincia de Buenos Aires, según Marinucci, no puede suplir la decisión del Gobierno Nacional de subir el precio del gasoil. Ante este contexto, el Gobierno provincial decidió adelantar pagos de subsidios correspondientes al mes de abril y aumentar el porcentaje de anticipo, que asciende a un sesenta por ciento del total. El funcionario explicó que se trata de una medida excepcional para evitar la interrupción del servicio mientras continúan las negociaciones con las cámaras empresarias y las autoridades nacionales.

El ministro subrayó que el mayor riesgo para el sistema es la quiebra de empresas. La falta de rentabilidad y la imposibilidad de cubrir los costos operativos ponen en peligro la continuidad de servicios esenciales para miles de bonaerenses. Marinucci afirmó que “el mayor riesgo que se da en esta situación es que muchas empresas están al borde de la quiebra y eso significa no reducción del servicio, eliminación de servicios y desconectividad por parte de los bonaerenses hacia sus lugares de manera cotidiana”.

El debate sobre el financiamiento del transporte incluye la discusión acerca del impuesto al combustible, que recauda el Estado nacional. El ministro de Transporte bonaerense señaló que la Nación no coparticipa estos fondos con las provincias y que ese ingreso creció al ritmo del aumento del precio del combustible. La falta de transferencia de estos recursos limita la capacidad de las provincias para sostener el sistema y obliga a buscar alternativas dentro de los márgenes presupuestarios disponibles.

La tarifa técnica del sistema de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) asciende a mil novecientos cincuenta pesos, mientras que el valor abonado por los usuarios es inferior. El Estado compensa la diferencia a través de subsidios provinciales y nacionales. El ministro remarcó que, si las empresas debieran cobrar la tarifa completa, el costo para los pasajeros aumentaría considerablemente.

El conflicto entre el Gobierno nacional, la provincia y los empresarios del transporte permanece abierto. La mesa de negociación convocada por el Ministerio de Transporte bonaerense busca definir soluciones temporales y evitar la profundización de la crisis. Marinucci reiteró que la provincia prioriza el sostenimiento del servicio y la protección de los usuarios, pero advirtió que la situación financiera limita las posibilidades de incrementar los subsidios sin la participación de la Nación.

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El conflicto en el transporte público suma hoy un nuevo capítulo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde numerosas líneas de colectivos confirmaron su adhesión a la medida de fuerza la Unión Tranviarios Automotor (UTA), lo que generará una jornada con serias complicaciones para millones de usuarios.

Una extensa lista de líneas se plegará al paro, afectando tanto recorridos urbanos como interjurisdiccionales. Las líneas que no funcionarán o lo harán con una frecuencia más baja de lo habitual son la 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194, 195 y 197.

La magnitud de la medida impactará de lleno en la movilidad diaria dentro del Área Metropolitana de Buenos Aires, donde el colectivo, junto al tren, son los principales medios de transporte para trabajadores, estudiantes y usuarios en general.

El paro se enmarca en un contexto de creciente tensión entre el sector empresario, los trabajadores y el Gobierno nacional, con reclamos vinculados al financiamiento del sistema, atrasos en los pagos y dificultades para afrontar costos operativos y salariales.

Frente a este escenario, se espera una jornada con largas demoras, paradas colapsadas y alternativas de transporte saturadas. Las autoridades recomiendan a los usuarios prever con anticipación sus traslados y, en la medida de lo posible, buscar opciones alternativas.

Qué líneas de colectivos no adhieren al paro

Al mismo tiempo, un grupo de empresas confirmó qué líneas de colectivos no se adhieren a la medida de fuerza y garantizan la prestación del servicio, al menos de manera parcial.

A través de un comunicado, indicaron que las líneas 64, 65 y 151 que operan en la Ciudad de Buenos Aires funcionan con normalidad.

En tanto, el resto de los servicios bajo su órbita, tanto de jurisdicción nacional como provincial, comenzarán a normalizarse progresivamente a partir de este jueves, aunque habrá demoras y menos servicios.

Entre estas líneas se encuentran la 136, 163, 166, 176, 182, 194, 195, 228, 236, 237, 269, 276, 302, 303, 310, 322, 326, 327, 336, 365, 386, 392, 395, 441, 443B, 448, 503, 504, 507, 510, 634, 670 y 741. Según explicaron desde el sector, esta mejora en la prestación del servicio responde al ingreso de subsidios que se acreditaron durante las últimas horas.

Conflicto abierto

Mientras tanto, el conflicto sigue abierto y no se descartan nuevas medidas en los próximos días si no se alcanza un acuerdo que permita normalizar el servicio.

La medida de fuerza es llevada adelante por las empresas que aún no recibieron los pagos por parte del gobierno, luego de haber recortado en las últimas horas las frecuencias en un 30 por ciento, lo que originó una merma que perjudicó a miles de pasajeros.

Si bien el gobierno afirmó que ya había girado el dinero, la dirigencia de la UTA advirtió que esos fondos no alcanzado a todas las empresas y por tal motivo convocó al paro.

“Encontrándonos en el cuarto día hábil del mes, y sin haberse dado cumplimiento íntegro al pago de los salarios del mes de marzo en determinadas empresas del AMBA, se resuelve la retención de tareas a partir de las 00 horas del día 9 de abril, en aquellas empresas que no hayan cancelado la totalidad de los haberes, como medida de autotutela de los trabajadores representados”, aseguraron desde la UTA en un comunicado.

Las empresas de transporte de pasajeros habían anticipado ayer la gravedad de la situación mediante una nota enviada al ministro de Economía, Luis Caputo, en la que alertaron que, de no haber una actualización en la estructura de costos y el pago de subsidios adeudados,no podrán garantizar el servicio ni pagarle a los choferes.

Con información de NA

En la previa de la reunión entre el Gobierno y las empresas de colectivo, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) realizará una retención de tareas a partir de las 00 horas del 9 de abril en aquellas empresas del Área Metropolitana de Buenos Aires que no hayan completado el pago de los salarios de marzo. Esto implica que habrá una menor circulación de colectivos a partir de la medianoche.

“Informamos que, encontrándonos al cuarto día hábil del mes, sin haberse dado cumplimiento íntegro al pago de los salarios del mes de marzo en determinadas empresas del Área Metropolitana de Buenos Aires, se resuelve la retención de tareas a partir de las 00 horas del día 9 de abril del corriente, en aquellas empresas que no hayan cancelado la totalidad de los haberes, como medida de autotutela de los trabajadores representados”, reza el texto.

“Los empresarios bajaron la frecuencia de los servicios, generaron un gran malestar en los usuarios y violencia hacia nuestros representados, manifestando que no les ingresaron los subsidios nacionales ni provinciales. Nosotros queremos cobrar los sueldos y defenderemos los puestos de trabajo”, concluye el documento salarial.

Desde el gremio no supieron aclarar cuáles son las líneas en las que se realizará la retención de tareas, aunque insistieron en que la medida queda supeditada al pago de los salarios. Fuentes oficiales de la Secretaría de Transporte de la Nación aseguraron a Infobae que los fondos correspondientes a abril se transfirieron a las firmas durante la mañana de este miércoles.

Reunión clave

En medio de un clima de tensión creciente y amenazas de paro, el Gobierno convocó a las empresas de colectivos para intentar alcanzar un acuerdo sobre la actualización de los subsidios, con el objetivo de evitar la interrupción total del servicio y normalizar las frecuencias, que ya presentan demoras y recortes. Según confirmaron fuentes oficiales a Infobae, la reunión tendrá lugar este jueves a las 10:30 en la sede de la Secretaría de Transporte, conducida por Fernando Herrmann.

Al encuentro asistirán representantes de las principales cámaras empresarias del sector: la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (C.T.P.B.A.), la Cámara de Empresarios Unidos del Transporte Urbano de la Provincia de Buenos Aires (C.E.U.T. U.P.B.A.), la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (C.E.A.P.) y la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (C.E.T.U.B.A.).

La audiencia se produce en un contexto marcado por la crisis financiera de las compañías, que reclaman una actualización de los subsidios ante el alza de los costos, especialmente el gasoil, y el atraso en los pagos de compensaciones. El objetivo del encuentro es destrabar el conflicto y evitar la profundización de las medidas de fuerza que afectan a miles de usuarios en el AMBA.

Por su parte, la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (Aaeta) advirtió sobre una “situación de extrema gravedad financiera” que atraviesan las empresas de colectivos del área metropolitana debido al aumento del costo del gasoil y al atraso en el pago de compensaciones. Según argumentaron, esta situación obligó a una “readecuación operativa de emergencia” en las líneas de jurisdicción nacional y provincial, lo que se tradujo en una reducción de servicios.

Desde la entidad aclararon que la disminución de frecuencias registrada hoy “no fue por una medida de fuerza gremial, sino una racionalización técnica forzada por la falta de recursos para cubrir las necesidades del gasoil”. El déficit crítico del sistema, sostienen, surge por la brecha entre el precio real del combustible y el valor reconocido oficialmente en la estructura de costos, que sigue tomando como referencia precios de enero de 2026.

La Aaeta puntualizó que actualmente las empresas deben comprar el gasoil a valores que oscilan entre los $2.100 y $2.444 por litro, mientras que la estructura de costos oficial solo reconoce $1.750 por litro. “El sistema enfrenta un déficit crítico de costos de gasoil debido a la brecha entre el precio real de mercado y el valor reconocido en la estructura de costo”, remarcaron.

La cámara empresarial detalló que las líneas que prestan servicio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (64, 65 y 151) “estuvieron funcionando con normalidad”, mientras que el resto de las líneas nacionales y provinciales “se irán normalizando a partir de mañana”, luego del ingreso del pago de subsidios este miércoles.

Por último, la AAETA confirmó que mañana está prevista una reunión entre las autoridades de la Secretaría de Transporte de la Nación y las cámaras empresarias, y reiteró que “la solución definitiva no reside en la reducción de servicios, sino en el reconocimiento de los costos reales de los insumos básicos para brindar un servicio seguro y de calidad para los pasajeros”.

El Gobierno aplicará multas millonarias contra los sindicatos La Fraternidad y Unión Tranviarios Automotor (UTA) por incumplir la conciliación obligatoria en sus conflictos y adherir al paro nacional de la CGT el 19 de febrero pasado. Según afirmaron a Infobae fuentes oficiales, el gremio de conductores de locomotoras deberá pagar 21 mil millones de pesos, y el de choferes de colectivos, 70 mil millones de pesos.

Consultados por Infobae, en ambos sindicatos aseguraron que hasta el momento no les llegó la notificación oficial de las sanciones y prefirieron no opinar hasta que puedan analizar esa comunicación.

La medida establece un precedente relevante en materia de sanciones por no cumplir con la conciliación obligatoria y podría escalar en un enfrentamiento de mayor intensidad entre el Poder Ejecutivo y el sindicalismo.

La CGT ya anticipó su rechazo a las multas contra los dos gremios del transporte y atribuyó la medida del Gobierno a un acto de “persecución política y sindical”.

“Lejos de perseguir las legítimas acciones gremiales de los sindicatos, amparadas por la Constitución Nacional y propias de un país donde se ejerce la libertad sindical, el Gobierno debería preocuparse mejor en reaccionar ante la escalada indetenible del cierre de empresas, del aumento escandaloso del desempleo y la caída brutal del valor adquisitivo del salario y las jubilaciones”, agregó.

Además, la CGT resaltó: “Si a las autoridades del Gobierno les preocupa la altísima adhesión al último paro convocado por esta central obrera, tienen que saber que es con trabajo que se disminuye la conflictividad social, no con persecución política y sindical”.

Por su parte, la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) también condenó la sanción impuesta y se solidarizó con los dos sindicatos. En la entidad conducida por Juan Carlos Schmid advirtieron que “estas acciones constituyen un grave antecedente de presión sobre las organizaciones sindicales y una señal preocupante de avance sobre derechos fundamentales de los trabajadores, entre ellos el derecho constitucional a la organización y a la huelga”.

La Secretaría de Trabajo, que encabeza Julio Cordero, verificó el desacato de ambos sindicatos a la conciliación obligatoria el 19 de febrero pasado y dio inicio a sumarios administrativos. El comunicado de Capital Humano para anunciar esta decisión dijo que “las infracciones tipificadas en el artículo 4° del régimen general de sanciones por infracciones laborales, ratificado por Ley N° 25.212, conllevan una sanción de multa del 50% al 2000% del valor mensual del salario mínimo, vital y móvil por cada trabajador afectado".

Las multas económicas, que se graduarán según la fecha exacta de la infracción y el universo de trabajadores implicados, serían solo una de las consecuencias. La ley prevé además la posibilidad de quitar la personería a los sindicatos que violen la conciliación obligatoria.

Según Capital Humano, la aplicación de estas sanciones busca “resguardar el interés general y garantizar el cumplimiento de la normativa laboral vigente”.

La Fraternidad, encabezada por Omar Maturano, interpretó que la conciliación obligatoria sólo regía para su propio conflicto salarial y no podía aplicarse a una protesta general de la CGT por otros motivos.

Por su parte, la UTA, bajo la dirección de Roberto Fernández, argumentó que en esos días la conciliación obligatoria había sido dispuesta únicamente para el conflicto salarial de los choferes de colectivos del interior y no para los trabajadores del AMBA.

La conciliación obligatoria, de acuerdo con la ley, impone que sindicatos y empleadores abran una instancia de negociaciones durante 15 días—prorrogables por otros cinco—en la Secretaría de Trabajo. Durante ese plazo, ambas partes deben retroceder al estado anterior al conflicto, absteniéndose de tomar o continuar medidas de acción directa, bajo pena de sanción.

La última vez que el Estado impuso multas de este tipo fue durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando el entonces ministro de Trabajo Jorge Triaca sancionó al Sindicato de Camioneros, liderado por Hugo Moyano, con una multa de $809.790.710 mediante la Resolución N° 27.768 del 19 de julio de 2018. En ese caso, la infracción correspondió a la violación de la conciliación obligatoria en un conflicto salarial por un bono de fin de año para 182.797 trabajadores camioneros.

El sindicato de Moyano rechazó el pago y cuestionó el proceso, lo que derivó en que ya bajo la gestión de Alberto Fernández, el entonces ministro de Trabajo Claudio Moroni declarara en 2020 la “nulidad” del expediente. Según esa resolución, “no se identificó clara ni concretamente el número de los trabajadores afectados a la infracción imputada”.

El Gobierno inició sumarios a La Fraternidad y la Unión Tranviarios Automotor (UTA) por incumplir las conciliaciones obligatorias dictadas según la normativa vigente durante el último paro de la CGT.

Así lo informó el Ministerio de Capital Humano, que indicó que la decisión fue instrumentada a través de la Secretaría de Trabajo luego de que la falta de acatamiento a la conciliación obligatoria por parte de cada sindicato fue “verificada y se iniciaron las actuaciones administrativas correspondientes conforme a la fecha en la que se detectó el incumplimiento”.

A partir de los sumarios, a los dos gremios se les aplicarían fuertes multas, mientras que las sanciones previstas por la ley llegan al quite de la personería.

En el comunicado de Capital Humano, se afirma que “en función de la fecha en la que se verificó la falta de acatamiento a la conciliación obligatoria, y a los fines de la graduación de la sanción, se tendrá en consideración que las infracciones tipificadas en el artículo 4° del régimen general de sanciones por infracciones laborales, ratificado por Ley N° 25.212, conllevan una sanción de multa del 50% al 2000% del valor mensual del salario mínimo, vital y móvil por cada trabajador afectado".

“El Ministerio de Capital Humano contempla dichas sanciones con el objetivo de resguardar el interés general y garantizar el cumplimiento de la normativa laboral vigente”, concluye el comunicado oficial.

De esta forma, el Gobierno avanza con una medida que causará rechazo en todo el espectro del sindicalismo y que servirá como precedente para futuros incumplimientos de la conciliación obligatoria.

La Fraternidad, que lidera Omar Maturano y agrupa a los conductores de locomotoras, adhirió al paro de la CGT del 19 de febrero pasado aunque estaba dentro del período de la conciliación obligatoria, pero el gremio argumentó que esa medida no podía aplicarse a una protesta de la CGT ya que sólo regía para su conflicto salarial.

En el caso de la UTA, encabezada por Roberto Fernández, el argumento por el cual adhirió al paro de la CGT es que la conciliación obligatoria había sido dispuesta para el conflicto salarial de los choferes de colectivos del interior y no para los que trabajaban en el AMBA.

La conciliación obligatoria implica que empresarios y sindicalistas deben iniciar 15 días de negociaciones en audiencias en la Secretaría de Trabajo, prorrogables por otros 5, período en el cual las dos partes deben retrotraer la situación al momento previo al conflicto, lo cual implica no tomar medidas de acción directa o suspenderlas. El no acatamiento de esta obligación expone a las partes a fuertes sanciones.

El último antecedente de multas aplicadas por Trabajo por este motivo fue durante el gobierno de Mauricio Macri y afectó al Sindicato de Camioneros, que dirige Hugo Moyano. La sanción fue aplicada por el ministro de Trabajo Jorge Triaca el 19 de julio de 2018, a través de la Resolución N° 27.768, porque verificó que el gremio violó la conciliación obligatoria dictada en un conflicto por un bono de fin de año, en diciembre de 2017.

La multa aplicada a Camioneros fue de 809.790.710 pesos, calculada sobre el total de 182.797 trabajadores de la actividad. Sin embargo, el sindicato de Moyano impugnó la sanción y se negó a pagarla hasta que el gobierno de Alberto Fernández, a través del ministro de Trabajo Claudio Moroni, declaró en 2020 la “nulidad” del proceso administrativo que dio lugar a la sanción por considerar que “no se identificó clara ni concretamente el número de los trabajadores afectados a la infracción imputada”.

En declaraciones desde una de las cabeceras, el director del grupo, Marcelo Pasciuto, aseguró que “todas las líneas están funcionando con servicio regular, normal de día hábil, excepto la línea 60, que está con un servicio reducido”, debido a una mayor adhesión de choferes afiliados a la UTA.

“El presentismo fue el regular de todos los días y la única línea que está con un servicio condicionado es la 60 que muchos chóferes se adhirieron al paro. El resto está trabajando bien”, remarcó durante una entrevista con Infobae al Amanecer, conducido por Nacho Girón.

En diálogo con el equipo, que se completa con Luciana Rubinska y Belén Escobar, Pasciuto sostuvo que durante la madrugada “no hubo ningún tipo de agresión” y describió: “Una noche tranquila. Hubo muy poco movimiento durante la noche y recién a partir de las seis de la mañana se empezó a notar más gente en la calle”.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires, DOTA informó que circularán las siguientes líneas: 7, 8, 9, 20, 21, 24, 25, 28, 31, 32, 44, 50, 51, 56, 57, 60, 74, 75, 76, 78, 79, 84, 87, 91, 99, 100, 101, 106, 107, 108, 111, 115 y 117, para garantizar frecuencias en los corredores más demandados.

Además, completan la nómina las líneas 127, 128, 130, 134, 135, 146, 150, 158, 161, 164, 168, 177, 188, 263, 271, 283, 299, 370, 373, 384, 385, 388, 403, 405, 410, 429, 435, 503, 514, 520, 523 y 570, que cubrirán trayectos urbanos e interurbanos durante la jornada, según precisó la empresa.

El comunicado de otras empresas y qué líneas funcionan hoy

En la Ciudad de Buenos Aires y corredores nacionales hoy operan las líneas: 6, 7, 8, 9, 20, 21, 24, 25, 28, 31, 32, 44, 50, 51, 56, 57, 60, 76, 78, 79, 80, 84, 91, 100, 101, 106, 107, 108, 111, 115, 117, 127, 128, 130, 134, 135, 146, 150, 158, 159, 161, 164, 168, 177, 188, 263A, 271, 277, 283, 299.

Líneas provinciales y municipales: 300, 370, 372, 373, 384, 385, 388, 403, 410, 435, 503 (San Vicente), 514 (Almirante Brown), 520 (Lanús), 523, 540, 541, 542, 543, 544, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 561 (Lomas de Zamora), 562, 584, 603 y 619.

La UTA difundió un comunicado en el que sostiene: “Ratificamos nuestro compromiso histórico con la defensa del salario, el empleo y los derechos laborales, y convocamos a los trabajadores a acompañar esta medida de fuerza en todo el territorio nacional, para corta, media, larga distancia, combi y subterráneo, con responsabilidad, unidad y conciencia, en resguardo del presente y del futuro de la actividad”.

La adhesión de los principales gremios del transporte generó la detención casi total de los trenes, subtes, colectivos, taxis y servicios marítimos y aéreos. El impacto de la medida se refleja en la suspensión de vuelos comerciales y en el corte de la circulación de mercadería y servicios de navegación.

Más de 20 líneas de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) están en conflicto y permanecen sin circular este viernes, a raíz de un paro de choferes que reclaman por falta de pago de salarios y viáticos. Los conductores, que acudieron a su lugar de trabajo, realizan una retención de tareas hasta que se efectúe el cobro.

La medida afectaba este viernes a miles de usuarios en el sur, norte y parte de la Ciudad de Buenos Aires, impactando especialmente en las zonas cubiertas por las empresas Micro Ómnibus General San Martín (MOGSM), Micro Ómnibus Quilmes (MOQSA), Empresa 216 y San Juan Bautista.

El cese de actividades comenzó a las 0 horas, luego de que los empleados denunciaran la falta de acreditación de sus haberes. Según informaron los delegados de MOGSM, “no depositaron sueldos ni viáticos, por lo que a partir de las 0 horas del día 6 se realizará abstención de tareas”.

El cuerpo de delegados anticipó que no prevé tomar otras medidas adicionales, pero advirtió sobre la vulneración del “derecho básico y elemental que es el pago de salarios en tiempo y forma”.

Cuáles son las líneas de colectivo afectadas

Entre los servicios afectados, según relevó el sitio especializado Paro de Bondis, gestionado por el medio digital Ciudad de Bondis, alcanza a la empresa Micro Ómnibus General San Martín (MOGSM), que presta el servicio de las líneas 333, 407, 437 y 707.

Otra de las líneas que llevan miles de pasajeros es la 15, que no transita por su recorrido, que depende de SUR-NOR (Transportes Sur Nor C.I.S.A.).

Los conductores de la empresa Micro Ómnibus Quilmes (MOQSA) mantiene detenidas las unidades 159, 219, 300, 372, 584, 603 y 619.

Por parte de El Nuevo Halcón, no circulan las líneas 148 y 22.

En cuanto a la Empresa 216, los choferes realizan un paro parcial, con un acatamiento dividido en las medidas de fuerza. Las líneas que están en conflicto son 236, 166 (Ramal Haedo), 634, 504 Merlo y 504 Ituzaingó. Poco antes del mediodía, la huelga se interrumpió cuando la empresa terminó de depositar el cobro, según informó Primer Plano online.

En el caso de la compañía San Juan Bautista, permanecen interrumpidas las líneas 383, 500, 503, 506, 507, 508, 509, 511, 512 y 513.

Las unidades recorren sectores clave del conurbano bonaerense, tanto en el norte como en el sur, además de parte de la capital.

Con un comunicado, el cuerpo de delegados de los trabajadores de la Empresa 216 advirtieron que podrían extender la paralización a todas sus líneas si antes de las 18 horas no se acredita la totalidad de los salarios. Actualmente, solo cuatro de las nueve líneas de la compañía mantienen la medida de fuerza.

El conflicto salarial en el sector del transporte público de pasajeros en el AMBA se arrastra desde hace semanas. A finales de enero, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las empresas de transporte lograron un acuerdo paritario que contempla un incremento del 4% distribuido en tres tramos: un aumento del 1,4% en enero, otro del 1,3% en febrero y un último 1,3% en marzo. Con estos incrementos, el salario básico para los choferes alcanzará los $1.574.000 a partir de abril.

La interrupción del servicio ocurre frecuentemente al comienzo de mes en algunas de estas empresas, lo que mantiene la incertidumbre entre los usuarios, quienes dependen de estos servicios para sus traslados diarios en el área metropolitana.

Las cámaras empresarias que nuclean a las compañías de colectivos firmarán el acuerdo salarial, a partir del compromiso asumido por el Ministerio de Economía, de incorporar la totalidad del dinero que significa el aumento a los choferes, según confirmaron fuentes vinculadas a la negociación.

El aumento pactado con la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y que será homologado establece una suba del 1,4% para enero y del 1,3% tanto para febrero como para marzo.

Con estos incrementos en abril, los choferes tendrán un básico de $1.545.278,25. En enero llegará a $1.389.180, en febrero, a $1.407.239,34 y en marzo, a $1.425.533,45.

A su vez, se determinaron sumas fijas no remunerativas de $100.000 para enero, otros $100.000 para febrero y $120.000 en marzo.

En tanto, los viáticos del primer mes del año serán de $360.000, en febrero de $384.000, en marzo de $408.000 y en abril de $456.000.

De esta forma, se evitaron medidas de fuerza que amenazaban con interrumpir el servicio. El acuerdo se firmó este viernes durante un audiencia concretada en la cartera de Trabajo. En un principio, la empresas ofrecían un aumento del 1% mensual, por debajo de la inflación.

En paralelo, la Secretaría de Transporte dispuso la retención de subsidios económicos a empresas de colectivos urbanas en las que se detectaron irregularidades, como parte de una serie de controles sobre el mecanismo de compensaciones estatales al sector. Esta decisión, confirmada tras una reunión con las principales cámaras empresarias del AMBA, surge luego de una denuncia que involucra maniobras en la liquidación de subsidios y que derivó en la apertura de una auditoría integral sobre el sistema.

Las denuncias se centran en el grupo La Nueva Metropol, señalado por otras empresas por alterar la asignación de boletos con el objetivo de incrementar los subsidios recibidos.

Es que los subsidios constituyen un punto de conflicto en cada discusión paritaria, ya que, por ejemplo, en la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA) suelen advertir que el sector atraviesa una situación económica, financiera y operativa compleja, que restringe la posibilidad de otorgar recomposiciones salariales significativas.

En encuentros previos, los representantes del sector remarcaron que la ausencia de un marco financiero estable y la reducción de subsidios dificultan la implementación de acuerdos que atiendan los reclamos del gremio.

Las empresas advierten que enfrentan un “estrangulamiento financiero”, al verse obligadas a operar con ingresos estructuralmente insuficientes en un escenario de suba sostenida de los costos operativos —combustibles, insumos, repuestos, mantenimiento, seguros, cargas sociales y sostenimiento del parque móvil—.

Aunque señalan que las distorsiones tarifarias y la falta de actualizaciones adecuadas fueron planteadas ante las autoridades en múltiples presentaciones y audiencias, hasta el momento no hubo definiciones concretas.

“Mientras los precios avanzaron más rápido, las tarifas quedaron rezagadas. En 2025, la inflación acumulada alcanzó 31,5%, mientras que el boleto urbano promedio a nivel nacional registró una suba de 22,7%. La diferencia entre ambos indicadores fue de 8,8 puntos porcentuales. Aun con aumentos a lo largo del año, la evolución del boleto no acompañó el ritmo general de precios, generando un atraso tarifario que tensiona la estructura de costos y la sostenibilidad operativa del sistema”, destacó recientemente AAETA.

También, la entidad elabora el Índice Bondi, que arroja que el costo real del boleto sin subsidio en el AMBA alcanza los $1.781, mientras que la tarifa técnica (compensación del Estado + boletos vendidos) es de $1.236,81 por viaje.

Desde la Secretaría de Transporte aseguraron que el objetivo prioritario es avanzar hacia un esquema de subsidios directos al pasajero y simplificar el cuadro tarifario según las distintas secciones. Los representantes de las cámaras expresaron su conformidad y apoyo a estas iniciativas.

“Ambas partes acordaron mantener reuniones periódicas para continuar trabajando en la mejora del sistema de transporte automotor y en la calidad del servicio de las líneas nacionales que circulan por el AMBA”, comunicaron fuentes oficiales.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las empresas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) mantendrán una audiencia por la mañana de este viernes para intentar destrabar el conflicto salarial. El resultado de la audiencia será clave para determinar si se implementa una medida de fuerza, lo que podría derivar en el primer paro del año y generar complicaciones para miles de usuarios en los primeros días de febrero.

Si bien la advertencia de un eventual paro sobrevoló a la audiencia del martes pasado, donde no hubo acuerdo respecto a la paritaria para los choferes, sí existió una promesa de mejora en base a una reunión con autoridades del Gobierno. Frente a ello, la UTA fijó el encuentro de hoy como la última instancia para llegar a un acuerdo.

“Esta organización sindical manifiesta, al solo efecto conciliatorio y en la búsqueda de mantener la paz social, esta parte accede dejando expresamente planteado que asistiremos a la próxima audiencia convocada para el día viernes 30 de enero a las 11 horas, en la cual, de no lograrse firmar el aumento salarial, se anunciarán inmediatamente medidas de acción gremial”, destacaron en el comunicado con firma del secretario general, Roberto Fernández.

El sindicado pretende que las empresas presenten una propuesta superadora al 1% de aumento para los choferes de colectivos luego de reunirse con las autoridades del Ministerio de Economía, pese a que en circunstancias anteriores manifestaron que se encuentran ante una situación de “estrangulamiento financiero”.

Durante la última audiencia, las cámaras CEAP, CETUBA, CTPBA y CEUTUPBA aseguraron que tuvieron reuniones con las nuevas autoridades de la cartera de Transporte a fin de dar una respuesta al requerimiento de la entidad sindical. Además, sumaron que tendrían una reunión el jueves 29 de enero, por lo que solicitaron un cuarto intermedio. Es que el conflicto se da en medio de cambios en la Secretaría. La semana pasada, se oficializó la salida de Luis Pierrini, por motivos personales, y en su lugar se designó al arquitecto, Fernando Herrmann.

“Si los empresarios no tienen la plata, ¿qué negociación podemos realizar?”, afirmaron en la UTA tras la audiencia del 13 de enero pasado. Ante la falta de acuerdo entre las partes, la reunión tuvo que prorrogarse al 20 de enero y, frente al fracaso del diálogo, al 27 de este mes, que concluyó de la misma manera.

Las empresas aseguran que se encuentran ante un “estrangulamiento financiero”, ya que se ven forzadas a operar con ingresos estructuralmente insuficientes en un contexto de incremento constante de los costos operativos —combustibles, insumos, repuestos, mantenimiento, seguros, cargas sociales y sostenimiento del parque móvil—. Si bien aseguran que las distorsiones tarifarias y la falta de actualización adecuada fueron puestas de manifiesto a las autoridades competentes mediante múltiples presentaciones y audiencias, a la fecha no se han obtenido definiciones concretas.

La postergación de las audiencias es entendida por la UTA como una maniobra para dilatar la recomposición salarial de los choferes. Por lo que, por su lado, aseguran que de acuerdo al resultado de la reunión decidirán si toman medidas de fuerza que afecten al transporte en el AMBA.

La encrucijada

“Supimos que el 40% de las empresas se encuentra cerca de la quiebra luego del fin de los subsidios nacionales y con la dependencia total de las provincias para cubrir el costo del boleto”, señalaron desde la UTA.

El área económica enfrenta una encrucijada, aunque cuenta con el recurso de la conciliación obligatoria. Los empresarios, para otorgar un aumento superior al 1% a los choferes, requieren un incremento en los subsidios por parte del gobierno nacional, lo que contradice la política exigida por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Otra opción sería autorizar una suba en el precio del boleto, medida que, en principio, el oficialismo no está dispuesto a implementar, ya que repercutiría en la inflación que busca estabilizar en enero, después del 2,8% que se registró en diciembre.

“Todos conocen que el boleto aumenta mes a mes, pero a los trabajadores les quieren ofrecer solo un 1% de incremento salarial. Los empresarios no logran acordar con el gobierno, y los trabajadores debemos cumplir nuestras tareas con un salario que no cubre lo básico para alimentarnos, sostener un hogar o comprar un regalo de reyes para los hijos”, expresaron en la UTA a comienzos de enero.

Hasta ahora, durante la gestión de Javier Milei, este conflicto no tuvo resolución. Algunas empresas ya redujeron la cantidad de líneas activas, como ocurrió con El Nuevo Halcón 148. Actualmente, circulan cerca de 40 colectivos, cuando, según la UTA, deberían ser cinco veces más.

La situación se agravó hacia fines de 2025, cuando las compañías de colectivos del AMBA informaron al Gobierno que los salarios de noviembre se pagarían en dos cuotas, y los aguinaldos en seis partes. Frente a esto, el sindicato advirtió a la administración nacional que recaerá sobre ella la responsabilidad si los trabajadores deciden iniciar un paro que afecte el servicio de colectivos.

El conflicto, que comenzó el viernes pasado, afecta a las principales líneas del grupo transportista quilmeño como la 159, 219, 300, 372, 584, 603 y 619. Sin embargo, la línea 22, que había parado el viernes, está funcionando.

En la medida de fuerza también está involucrada la línea 148 de la empresa El Nuevo Halcón y las unidades pertenecientes a San Juan Bautista (líneas 383 y 500), que tampoco habían circulado a partir del viernes, dejando sin transporte a miles de vecinos de Florencio Varela, Quilmes, Berazategui y zonas aledañas. Según los delegados de MOQSA son “1047 los compañeros no han cobrado los salarios en su totalidad”, lo que llevó a la determinación al cese de actividades.

La imposibilidad de cobrar los salarios correspondientes al mes de octubre desencadenó que, por ejemplo, los choferes de la línea 159 adoptaran una postura más firme. Como reacción a la falta de pago, los conductores no solo detuvieron los servicios, sino que procedieron a bloquear la Avenida 14 en Berazategui y encendieron neumáticos en la intersección con el Camino General Belgrano, replicando así lo ocurrido horas antes con los trabajadores de la línea 500.

La medida de fuerza, que afecta a los servicios de colectivos que conectan la zona sur del conurbano bonaerense con la Ciudad de Buenos Aires, tiene su impacto en largas filas de las paradas de colectivos y unidades colmadas en los servicios alternativos como las líneas 98 y 116, además de un incremento considerable en los gastos de quienes, forzados por la urgencia, recurren a vehículos de aplicaciones.

Un vecino relató que un viaje hasta la estación Florencio Varela por aplicación cuesta 8 mil pesos, mientras que compartir un auto hasta Constitución sale 5000 por persona cuando viajan cuatro. “Esto se puede hacer un día o dos, pero no se aguanta mucho más”, sostuvo un usuario.

Dentro de la empresa, los ánimos están caldeados por la incertidumbre laboral. “Nunca nos pasó llegar al día diez sin cobrar, esto es una locura”, denunció otro delegado, y añadió: “Antes nos pagaban hasta con monedas, pero siempre cobramos. Ahora ni la obra social están pagando”.

Los trabajadores relatan que deben recurrir a familiares para cubrir gastos básicos mientras esperan una solución: “Le pedí plata a mi hermana, pero no se puede vivir así. Uno labura todo el mes esperando el sueldo”.

El delegado explicó que la empresa nunca había presentado inconvenientes para abonar los sueldos. “Yo llevo veinte años en la empresa, y nunca tuvimos problemas con el salario. Desde que cambió la política de manejo de subsidios y la SUBE, todo fue para peor”, afirmó. Los trabajadores responsabilizan a la falta de transferencias de fondos por parte del Gobierno nacional: “Nación no depositó lo que tenía que bajar, esa es la excusa que da la empresa”.

La decisión de la asamblea es clara: el paro se mantendrá hasta que cada trabajador, tanto de conducción como de la administración, reciba el sueldo en su totalidad. La empresa, según los delegados, argumenta que desde hace un año el Gobierno nacional modificó el esquema de pagos de los subsidios y viene depositando los fondos fuera de término: “Antes les depositaban a principios de mes. Ahora, los nueve o diez. Nosotros tenemos que cobrar el cuarto día hábil, ¿por qué lo hacen así?”.

Las puertas de MOQSA permanecen cerradas a la espera de alguna novedad, mientras los delegados sindicales insisten en que la medida se sostendrá hasta que paguen al último empleado. También remarcan que la situación es similar en las otras compañías del grupo, como El Nuevo Halcón y San Juan Bautista.

Ante la consulta sobre el impacto en los usuarios, los choferes expresan: “Les pedimos disculpas a los pasajeros, pero no nos queda otra. Esta es la única herramienta que tenemos para hacer valer nuestro reclamo”.

El paro de colectivos de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) amenaza con transformarse en un caso testigo para el gobierno de Javier Milei y para el sindicalismo que, como es tradicional, termina trastornando a miles de usuarios del transporte, esos rehenes de siempre.

Esta mañana circularon versiones acerca de una nueva instancia de negociación citada para esta tarde por el nuevo secretario de Transporte, Luis Pierrini, pero cerca del funcionario lo desmintieron ante una consulta de Infobae y advirtieron que “la UTA fue recibida ayer por Trabajo y ya tuvo su convocatoria por las paritarias”.

El problema es que la Secretaría de Trabajo se apartó anoche de las negociaciones ante la intransigencia de las partes y dejó las posibles tratativas en manos de Transporte. Eso quiere decir que, si no aparecen otros canales oficiales de diálogo, el Gobierno dejará a merced del paro a los 4,5 millones de usuarios de colectivos en el área metropolitana de Buenos Aires. Y, para colmo, en medio de la amenaza de la UTA de seguir la protesta por tiempo indeterminado (que luego desmintió a través de un comunicado).

Aun así, para este miércoles está prevista una audiencia en Trabajo entre la UTA y la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP) por la paritaria de los colectiveros a nivel nacional, ya que las negociaciones salariales que fracasaron en las últimas horas se limitaban a las empresas del AMBA, aunque el sindicato sorpresivamente extendió el paro de hoy a todo el país.

Para la administración libertaria, se recrea el escenario instalado a fines de 2024 con el feroz conflicto con los sindicatos duros en Aerolíneas Argentinas, pero potenciado porque los pasajeros de colectivos son muchos más que los de los aviones y con un perfil socioeconómico que profundiza su dependencia de ese medio de transporte.

Aun así, no es igual porque en el conflicto aeronáutico había trabajadores con mejores niveles salariales y ciertos privilegios en los convenios colectivos, mientras que los choferes de colectivos cobran sueldos más bajos y no reciben aumento desde diciembre pasado, según la UTA.

Además, como siempre sucede en esa paritaria, cualquier modificación de la grilla salarial implica sentarse a reacomodar los subsidios que reciben las empresas y eventualmente las tarifas. Y ese factor excede el margen de negociación de la Secretaría de Trabajo y vuelve a poner en escena a la Secretaría de Transporte o, en todo caso, al Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo.

El endurecimiento extremo de la UTA refleja con más dramatismo la debacle del sector dialoguista del sindicalismo, del que el líder del sindicato, Roberto Fernández, era hasta el momento uno de sus principales integrantes. De por sí, el gremio no adhirió al último paro general de la CGT con la excusa de que debía cumplir con la conciliación obligatoria dispuesta por Trabajo. Una formalidad para eludir la protesta, zafar del ala dura de la CGT y facilitar un acuerdo salarial, algo que, en definitiva, el gremio no logró y se vio obligado a declarar el paro.

Fernández asumió al frente de la UTA en 2006 ante la renuncia de Juan Manuel Palacios, a quien secundaba como secretario adjunto desde 1989. Se trata de un un peronista clásico de perfil bajo que ha negociado con todos los gobiernos de cualquier signo político y con una impronta ultradialoguista.

Es todo un desafío para el Gobierno el tablero actual: exponer a la UTA al desgaste y el desprestigio ante la sociedad por sus medidas de fuerza que atormentan a los pasajeros o buscar una salida que impida que Fernández se ponga el traje de combativo en un sector clave y en un año electoral.

Curiosamente, la Casa Rosada accedió hace un año a eliminar de la reforma laboral contenida en la Ley Bases un artículo que podría haberle servido hoy para amortiguar el efecto del paro de colectivos: era el que imponía una restrictiva reglamentación del derecho de huelga en diversas actividades que eran consideradas servicios esenciales, a las que se exigía un 75% de prestación del trabajo normal, y otras que se califican de “actividades de importancia trascendental” (como el de colectivos), obligadas a garantizar el 50% del servicio.

Ese punto, que estaba en el DNU 70 frenado por la Justicia, quiere ser reactivado ahora por el diputado nacional del PRO Gerardo Milman, que acaba de presentar un proyecto de ley en la Cámara Baja para declarar al transporte público de pasajeros como un recurso esencial, con un argumento que expuso en estos términos: “Debemos poner fin a los abusos y extorsiones de ciertos sectores sindicales que, amparados en la fragilidad del sistema de transporte público, convierten a los ciudadanos en rehenes de sus intereses”.

Este martes 6 de mayo, a partir de la medianoche, gran parte del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tiene a los servicios de colectivos paralizados, en el marco de un paro nacional de 24 horas convocado por la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que afecta a más de 300 líneas en todo el país. El conflicto, de raíz salarial, expone una vez más la tensión entre gremios, cámaras empresarias y el Gobierno en torno al financiamiento del sistema de transporte.

La medida de fuerza fue confirmada luego del fracaso de las negociaciones entre representantes sindicales, empresarios del transporte y funcionarios del Ejecutivo. La reunión, realizada de forma virtual ayer por la tarde, concluyó sin acuerdo. Tras agotarse el período de conciliación obligatoria dictado por la Secretaría de Trabajo, el gremio quedó habilitado legalmente para avanzar con el paro.

En el AMBA, donde circulan más de 9 millones de pasajeros por día, el impacto es severo. Sin embargo, algunas líneas continúan prestando servicio con normalidad, debido a que sus trabajadores no están bajo la órbita directa de la UTA o bien porque las empresas decidieron operar con el personal disponible.

A continuación, el detalle de qué líneas circulan pese al paro, cuáles adhirieron a la medida y cuáles son los motivos detrás del conflicto.

Qué líneas circulan durante el paro

Según confirmaron fuentes oficiales a Infobae y declaraciones del director de la empresa DOTA, Marcelo Pasciuto, las líneas operadas por los grupos DOTA y Metropol funcionan con normalidad, salvo decisión individual de los choferes. DOTA, que controla alrededor del 70% del servicio en el AMBA, cuenta con trabajadores nucleados también en la Unión de Conductores de la República Argentina (UCRA), un sindicato distinto a la UTA, lo que permite que varias unidades sigan circulando.

En la Ciudad de Buenos Aires, circulan las siguientes líneas de DOTA: 6, 7, 8, 9, 12, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 31, 44, 50, 51, 56, 57, 74, 76, 78, 79, 84, 87, 91, 99, 100, 101, 106, 107, 108, 111, 115, 117, 127, 130, 134, 135, 146, 150, 158, 161, 164, 168, 177 y 188.

Por parte de Metropol, están en servicio las líneas: 65, 90, 136, 151, 163, 176, 182, 194 y 195.

En la provincia de Buenos Aires, DOTA informó que operarán las siguientes líneas: 256, 263, 271, 299, 370, 384, 385, 388, 403, 405, 421, 429, 435, 440, 503, 514, 520, 540, 550, 551, 552, 553, 570 y 740.

Las líneas de Metropol que prestarán servicio en el conurbano bonaerense son: 228, 237, 276, 310, 322, 326, 327, 336, 365, 386, 392 y 448.

Aunque estas líneas están anunciadas como operativas, desde el sector gremial advirtieron que la adhesión podría variar dependiendo de las decisiones que adopten los conductores, por lo que no se descartan interrupciones intermitentes.

Qué líneas de colectivos adhirieron al paro

Se estima que más de 300 líneas están afectadas por la huelga. Estas unidades corresponden mayoritariamente a empresas cuyas dotaciones están afiliadas a la UTA, y, por tanto, respondieron al llamado del gremio liderado por Roberto Fernández.

Entre las líneas que no prestan servicio este martes se encuentran: 1, 2, 4, 10, 15, 17, 19, 22, 29, 32, 33, 34, 37, 39, 41, 42, 45, 46, 47, 49, 53, 55, 59, 61, 62, 63, 64, 67, 68, 70, 71, 75, 86, 88, 92, 93, 95, 96, 97, 102, 103, 105, 109, 110, 113, 114, 118, 119, 123, 124, 126, 128, 129, 133, 140, 143, 145, 148, 152, 153, 154, 159, 160, 166, 169, 172, 174, 178, 179, 180, 181, 184, 185, 193, entre otras.

Todas ellas comprenden recorridos tanto urbanos como interurbanos y afectan a una gran proporción de trabajadores, estudiantes y personas que dependen del transporte público como medio principal de movilidad.

Por qué hay paro de colectivos

El conflicto salarial entre la UTA y las cámaras empresariales del sector lleva semanas sin avances. El sindicato reclama un aumento del 40%, en línea con la escalada inflacionaria y el deterioro del poder adquisitivo. Por su parte, las cámaras —como AAETA— sostienen que no están en condiciones de ofrecer más del 6% de incremento por cuestiones financieras.

El ofrecimiento incluía un salario básico de $1.270.000 a partir de junio, sumado a pagos no remunerativos de $40.000, $50.000 y $70.000 en fechas específicas, lo cual fue considerado “una falta de respeto” por el gremio. La propuesta fue rechazada de plano en un comunicado oficial de la UTA.

Desde la Secretaría de Transporte, ahora encabezada por Luis Pierrini, señalaron que el reclamo gremial “excede las pautas oficiales” y calificaron la medida como “extorsiva”. A su vez, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, se apartó de las negociaciones tras el vencimiento de la conciliación obligatoria, delegando la continuidad de las tratativas a Transporte.

Además del reclamo gremial, las empresas denuncian un congelamiento tarifario que impacta en la sustentabilidad del servicio. Según la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), más del 50% de las líneas del AMBA no ha actualizado sus tarifas en los últimos ocho meses.

Las negociaciones salariales con la Unión Tranviarios Automotor (UTA) volvieron a fracasar y, de esta forma, se ratificó el paro de 24 horas, que comenzó este martes a las 00 hs y afecta a más de 300 líneas de colectivos en el AMBA y en el resto del país.

“Está confirmada la medida de fuerza, no hay ninguna base en la negociación y la misma medida es en todo el país”, dijo a Infobae un dirigente de UTA.

Por su parte, la Secretaría de Transporte dijo que la UTA “decretó un paro extorsivo por no haber recibido un aumento de sueldo del 40%, el cual supera ampliamente las pautas salariales de Gobierno, por lo que el gremio resolvió tomar de rehenes a los pasajeros y no prestar tareas luego de meses de negociación”.

En un comunicado de prensa, informó que, en realidad, “el paro afecta a las líneas de colectivo del AMBA: 103 líneas de jurisdicción nacional que circulan en el AMBA, a las 31 de CABA que circulan por la Ciudad y a las 102 de Provincia de Buenos Aires”.

La Secretaría de Transporte, además, destacó que “hay líneas de colectivos que no acatarán el paro” que pertenecen a las empresas del grupo Metropol y Dota, por lo que “se espera que más del 50% de las empresas de transporte no acate la huelga”.

En ese sentido, difundió una nómina de líneas de colectivos que funcionarán normalmente: en CABA, las líneas de la empresa DOTA 6, 7, 8, 9, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 31, 32, 44, 50, 51, 56, 57, 60, 74, 75, 76, 78, 79, 84, 87, 91, 98, 99, 100, 101, 106, 107, 108, 111, 115, 117, 127, 128, 130, 134, 135, 146, 150, 158, 161, 164, 168, 177 y 188, y las de METROPOL, 65, 90, 136, 151, 163, 176, 182, 194, 195.

En la provincia de Buenos Aires, las líneas de DOTA 256, 263, 271, 299, 370, 384, 385, 388, 403, 405, 429 y 435, y de METROPOL 228, 365, 326, 386, 327, 336, 392, 322, 237, 276, 310 y 448.

La reunión de ayer entre sindicalistas y empresarios citada por la Secretaría de Trabajo se hizo de manera virtual luego de un contacto previo de los funcionarios con las cámaras del sector, que finalizó sin ningún acuerdo.

En el encuentro, la UTA ratificó su reclamo salarial, mientras que las cámaras insistieron en un incremento del 6%, monto que supera “las posibilidades económicas” de las empresas, según advirtieron, y también está por encima de la pauta oficial para las paritarias.

Los funcionarios de Trabajo se corrieron de las negociaciones porque “no hay voluntad de acuerdo”, según trascendió, y ahora las tratativas pasaron a ser encabezadas por la Secretaría de Transporte, que este fin de semana pasó a ser conducida por Luis Pierrini en reemplazo de Franco Mogetta.

De esta forma, miles de pasajeros sufrirán nuevamente la paralización de un servicio esencial como el de colectivos, pese a que en el Gobierno aseguraron a Infobae que “siguen buscando una solución al conflicto”.

Mientras se desarrollaba el encuentro virtual convocado por Trabajo, un grupo de disidentes de la conducción de la UTA se reunió ante la sede del gremio para reclamar un importante aumento salarial e incluso arrojaron huevos contra el frente del edificio.

El conflicto entre el gremio que lidera Roberto Fernández y las cámaras empresariales no es nuevo. En las últimas semanas, las negociaciones no lograron avances significativos. El sector patronal ofreció un incremento salarial de menos del 6% para febrero, marzo, abril, mayo y junio. A partir de junio, propusieron un salario básico de 1.270.000 pesos, lo que fue rechazado de manera tajante por el gremio. A este aumento, se sumaron sumas no remunerativas: 40.000 pesos para el 26 de mayo, 50.000 pesos el 16 de junio y 70.000 pesos el 15 de julio.

Para la UTA, estas propuestas fueron insuficientes y se calificaron de “falta de respeto” en un comunicado, donde destacó que el aumento propuesto no llega ni siquiera el 1% mensual, lo que considera inaceptable. Para el gremio, la oferta empresarial es un “ataque a la dignidad” de los trabajadores, “especialmente considerando que el costo de vida en el país sigue aumentando”.

Al estar vencido el período de conciliación obligatoria, el sindicato quedó liberado para realizar medidas de fuerza y la Secretaría Trabajo legalmente ya no puede tomar medidas para frenarlas.

El fracaso de las anteriores negociaciones también está relacionado con la política de tarifas congeladas, que impacta directamente en los costos operativos del transporte. La Asociación Argentina de Empresarios de Transporte Automotor (AAETA), representando a las empresas, explicó que más de la mitad de las líneas del AMBA tienen tarifas congeladas desde hace más de ocho meses. Para las empresas, las tarifas desactualizadas y la falta de ajustes tarifarios durante 2025 son un factor clave en la falta de acuerdo.

El próximo martes 6 de mayo podría marcar una nueva paralización de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La Unión Tranviarios Automotor (UTA), gremio que agrupa a los trabajadores del sector, anunció la medida de fuerza tras el fracaso de las negociaciones paritarias con las cámaras empresariales. En el centro de la disputa está el reclamo de un incremento salarial para los choferes, quienes exigen un aumento en su salario básico de 1.200.000 pesos a 1.700.000 pesos.

La situación se volvió aún más compleja con el cambio en la Secretaría de Transporte, que pasó a ser ocupada por Luis Pierrini en reemplazo de Franco Mogetta. Este cambio generó incertidumbre, ya que Pierrini asumió con la tarea de intentar mediar entre las partes, aunque no se sabe aún si logrará evitar el paro. Desde la UTA, Gabriel Gusso, secretario gremial del sindicato, dejó en claro que, de no haber cambios sustanciales en la propuesta, el paro se llevará a cabo. La amenaza de un cese de actividades afecta a más de 300 líneas de colectivos, lo que podría generar graves trastornos para quienes dependen del transporte público.

Los números de la disputa salarial

El conflicto entre el gremio y las cámaras empresariales no es nuevo. En las últimas semanas, las negociaciones no lograron avances significativos. Las cámaras empresariales ofrecieron un incremento salarial de menos del 6% para los meses de febrero, marzo, abril, mayo y junio. A partir de junio, propusieron un salario básico de 1.270.000 pesos, lo que fue rechazado de manera tajante por el gremio. A este aumento, se sumaron sumas no remunerativas: 40.000 pesos para el 26 de mayo, 50.000 pesos el 16 de junio y 70.000 pesos el 15 de julio.

Sin embargo, para la UTA, estas propuestas fueron insuficientes y se calificaron de “falta de respeto”. El sindicato expresó su disconformidad en un comunicado y destacó que el aumento propuesto no cubre ni siquiera el 1% mensual, lo que considera inaceptable para los choferes. Desde la UTA, se sostuvo que la oferta empresarial es un “ataque a la dignidad” de los trabajadores, especialmente considerando que el costo de vida en el país sigue aumentando.

El paro anunciado para el 6 de mayo

La medida de fuerza anunciada es de 24 horas y afectaría a más de 300 líneas de colectivos que prestan servicios en el AMBA. Las líneas que no funcionarían el martes 6 de mayo incluyen las más importantes, como la línea 1, línea 2, línea 10 y línea 12, entre muchas otras. En total, se estima que alrededor de 87 mil millones de pesos de subsidios estatales al sector del transporte público están en juego, lo que complica aún más las posibilidades de alcanzar un acuerdo.

En cuanto a las posibles soluciones a la crisis, el Gobierno convocó a una nueva reunión para el lunes 5 de mayo con el objetivo de intentar evitar el paro. Sin embargo, los gremialistas se mostraron pesimistas respecto a las posibilidades de un acuerdo. Gabriel Gusso, en diálogo con los medios, afirmó que “no hay ninguna razón para levantar el paro” y que el gremio ya se encuentra en una situación que les permite hacer uso de la conciliación obligatoria, que ya había vencido. En este sentido, la posibilidad de suspender la medida de fuerza parece cada vez más lejana.

El fracaso de las anteriores negociaciones también está relacionado con la política de tarifas congeladas, que impacta directamente en los costos operativos del transporte. La Asociación Argentina de Empresarios de Transporte Automotor (AAETA), representando a las empresas, explicó que más de la mitad de las líneas del AMBA tienen tarifas congeladas desde hace más de ocho meses. Para las empresas, las tarifas desactualizadas y la falta de ajustes tarifarios durante 2025 son un factor clave en la falta de acuerdo.

El cambio en la Secretaría de Transporte complicó aún más el escenario. Luis Pierrini, quien asumió el cargo de secretario de Transporte, enfrenta la difícil tarea de solucionar el conflicto sin contar con antecedentes en el área de transporte. Pierrini es un empresario mendocino del rubro de seguros, pero su falta de experiencia en gestión de transporte genera dudas sobre su capacidad para resolver el conflicto.

Uno de los puntos más delicados del conflicto es la postura del Gobierno sobre los subsidios y los ajustes tarifarios, ya que el sector del transporte público depende de un alto nivel de subsidios para mantener el servicio funcionando. Sin embargo, las diferencias entre el Gobierno, las cámaras empresariales y el gremio se mantienen, lo que genera un contexto tenso en las negociaciones.

La intervención del Ejecutivo es clave, ya que la capacidad de dictar una nueva conciliación obligatoria es limitada, y el paro podría concretarse si no se llega a un acuerdo. En este sentido, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, expresó su deseo de encontrar una solución sin que el paro avance, instando a la UTA a considerar que el cambio en la Secretaría de Transporte podría ser una oportunidad para llegar a un acuerdo.

El impacto de la medida de fuerza

De concretarse el paro, más de 300 líneas de colectivos dejarían de funcionar en el AMBA, lo que afectaría a miles de usuarios que dependen del transporte público para sus desplazamientos diarios. Las empresas de colectivos, por su parte, argumentan que el impacto económico de una nueva medida de fuerza sería grave, ya que los costos operativos ya están por encima de los ingresos que generan las tarifas actuales.

El paro de colectivos no solo es un problema económico para las empresas de transporte, sino que también puede generar un fuerte impacto social, afectando a los usuarios que se verían obligados a buscar alternativas, muchas veces más costosas o poco accesibles, para movilizarse. La falta de acuerdos entre las partes ha dejado en el aire la posibilidad de que esta crisis se resuelva antes del 6 de mayo.

Luego del anuncio de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) para una nueva medida de fuerza anunciada para el próximo martes 6 de mayo, el Gobierno convocó a una reunión para este lunes entre el gremio y la cámara empresarial para evitar que avance el paro.

El flamante secretario de Transporte, Luis Pierrini, quien asumió el cargo en reemplazo de Franco Mogetta, trabaja contra reloj para alcanzar un acuerdo entre los representantes sindicales y las cámaras empresariales. Desde el Gobierno ya no tiene posibilidad de dictar una nueva conciliación obligatoria, por lo que en caso de que el gremio continúe con la misma postura, el próximo martes habrá paro.

El encuentro se realizará mediante videoconferencia desde las 14 de este lunes. Justamente, en la última cumbre, que ocurrió el pasado 30 de abril no se llegó a un acuerdo y desde la UTA anunciaron la nueva medida de fuerza.

Justamente, el gremio emitió un comunicado para anunciar el reclamo y señaló: “Los empresarios han ofrecido por los meses de febrero, marzo, abril, mayo y junio un incremento remunerativo de menos del 6% a pagarse a partir del mes de junio. Con ello se ofrecen sumas no remunerativas de $40.000 para el 26 de mayo; $50.000 el 16 de junio y $70.000 el 15 de julio. Una falta de respeto“.

“Pese a las gestiones realizadas por este Consejo Directivo Nacional, hasta el momento no se ha podido mejorar el ofrecimiento empresarial y se ha agotado el periodo de Conciliación Laboral Obligatoria. Conforme ello, como primera medida, se ha resuelto un paro de actividades por 24 horas para el día martes 06 de mayo del corriente, a partir de las 00:00 hs. a nivel nacional, en empresas de transporte de pasajeros de corta y media distancia“, completó el escrito.

En ese sentido, el reclamo de los choferes de colectivos es llevar el salario básico desde los 1.200.000 pesos actuales a 1.700.000 pesos. Sin embargo, desde las cámaras empresariales advirtieron que, por el momento, se está lejos de alcanzar un acuerdo: “Hicimos un ofrecimiento al gremio que está en línea con los números que nosotros vemos, considerando que la mitad de líneas de colectivos del AMBA tienen la tarifa congelada hace 8 meses”, señaló hoy Luciano Fusaro, presidente de la Asociación Argentina de Empresarios de Transporte Automotor (AAETA).

“Toda esta estructura que utiliza el gobierno para determinar el costo de lo que cuesta movilizar los 18 mil colectivos en el AMBA se calculó con los precios que tenía la economía en diciembre, y no incluyó ninguna partida presupuestaria para ajustes tarifarios este año. Nosotros hicimos una oferta, pero el gremio la considera insuficiente”, agregó en diálogo con TN.

En tanto, se refirió a los precios de los boletos y el dinero que reciben las empresas para negociar con los choferes: “Es el Estado el que nos autoriza a nosotros y decide la tarifa que vamos a obtener. Siempre es una tarifa simbólica en relación al costo. Recordemos que el 70% está subsidiado. Se nos maneja la caja desde afuera. Nosotros siempre ofrecemos lo máximo para evitar un conflicto, pero hasta ahora las herramientas arriba de la mesa fueron escasas”.

Por su parte, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en diálogo con Radio Mitre, se refirió a la medida anunciada por la agrupación que conduce Roberto Fernández para el martes y señaló: “Yo le diría a los dirigentes de la UTA que estamos con un cambio de secretario de Transporte, que tal vez sería un buen momento de suspender unos días el paro y sentarnos para analizar el tema y ver qué alternativas podemos encontrar para solucionar el problema“.

Pierrini, flamante titular de la Secretaría de Transporte, es un empresario mendocino del rubro de seguros, pero al que no se le conocen en el currículum antecedentes en el área de gestión de transporte. Hasta ahora no se sabe si, junto con Mogetta, también renunciarán sus tres subsecretarios, también oriundos de la provincia de Córdoba y con un perfil mucho más técnico. Se trata del subsecretario de Transporte aéreo, Hernán Gómez, el de Transporte Ferroviario, Martín Ferreiro y el de Transporte Automotor, Mariano Plencovich.

En estos casos, el Ejecutivo intentó siempre mantenerse al margen de la discusión paritaria, aunque tanto la UTA como las empresas tuvieron en cada pulseada de este tipo un elemento de tensión que marcó la diferencia a la hora de cerrar un acuerdo salarial: la cantidad de subsidios que Transporte podía bajar hacia el sector.

Se trata de una discusión que contempla unos 87 mil millones de pesos mensuales de subvenciones que cubren el costo de funcionamiento del sistema de transporte de colectivos que dependen de la jurisdicción nacional.

El cambio de secretario de Transporte, que tendrá lugar en los próximos días tras las salida de Franco Mogetta, uno de los funcionarios que iniciaron su mandato junto con el del presidente Javier Milei, se dará en un contexto crítico que será un conflicto entre empresas y gremios de colectivos por una tajada de subsidios que el Ministerio de Economía sostiene con mano de hierro.

El mismo lunes habrá una audiencia entre la UTA y las cámaras del sector ante la Secretaría de Trabajo para intentar destrabar la discusión salarial, que ya tiene al martes 6 con fecha anunciada de paro de 24 horas. Transporte, en términos generales, siempre intentó mantenerse fuera de la mesa de decisión paritaria bajo la administración de Mogetta, aunque tanto la UTA como las empresas tuvieron en cada pulseada de este tipo un elemento de tensión que marcó la diferencia a la hora de cerrar una cuerdo salarial: la cantidad de subsidios que Transporte podía bajar hacia el sector.

Se trata de una discusión que contempla unos 87 mil millones de pesos mensuales de subvenciones que cubrir el costo de funcionamiento del sistema de transporte de colectivos que dependen de la jurisdicción nacional. La columna vertebral del ida y vuelta constante, de todas formas, versa sobre cómo está diseñada la propia estructura de costos que termina por definir cuándo dinero provendrá desde el presupuesto público.

En ese marco es que asumirá en los próximos días Luis Pierrini, empresario mendocino del rubro de seguros pero al que no se le conocen en el currículum antecedentes en el área de gestión de transporte. Fuentes oficiales aseguraron que todavía no está definido si, junto con Mogetta, también renunciarán sus tres subsecretarios, también oriundos de la provincia de Córdoba y con un perfil mucho más técnico. Son el subsecretario de Transporte aéreo es Hernán Gómez, el de Transporte Ferroviario es Martín Ferreiro y el de Transporte Automotor es Mariano Plencovich.

Entre los empresarios del sector automotor hubo sorpresa por la salida inesperada de Mogetta, un funcionario que se había mostrado con buena sintonía con el jefe del Palacio de Hacienda Luis Caputo, que era su superior directo en el organigrama.

Algunas otras cuestiones regulatorias del transporte pasaron por otros despachos, a pocas cuadras de distancia: se trata de los que corresponden al ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, un funcionario que estuvo muy encima de cuestiones como la eliminación de restricciones al transporte automotor y que impulsa la eliminación de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).

Como informe de balance de gestión de Mogetta, la Secretaría de Transporte informó que en el segmento de transporte automotor se implementó un “ordenamiento y eficientización de subsidios” junto con la “corrección de inequidades”, lo que incluyó el traspaso de competencias a las jurisdicciones que correspondía.

Según el documento, “Nación dejó de administrar el transporte de CABA y PBA que no le correspondía” y se concretó “el traspaso de las 31 líneas de colectivos a CABA, dejando de subsidiarlas, así como también se dejó de subsidiar las líneas municipales de la provincia de Buenos Aires”.

La participación del Tesoro Nacional en el financiamiento del sistema de colectivos se redujo a partir de la actualización de tarifas. La relación entre tarifa y subsidio pasó de 8%-92% a una nueva proporción de 25%-75 por ciento. Las compensaciones y subsidios al sistema, de acuerdo con el informe, “se han reducido vs noviembre 2023 en más de un 35%”.

También se implementaron medidas para mejorar la eficiencia del sistema. Se eliminaron “subsidios que no se revisaban y no tenían sentido” y se registró una “reducción del parque móvil: 1.637 colectivos menos”. La actualización del esquema de subsidios apuntó a evitar prácticas como la circulación de unidades únicamente para percibir subsidios de gasoil. Según el documento, se aplicó un “nuevo cálculo de subsidios a las empresas” y una “eficientización de frecuencias”.

Entre las empresas consideran que el trabajo técnico que hizo Mogetta y su equipo fue bueno, pero que los límites de la política económica de este gobierno, que son muy estrictos en lo fiscal, evitaron que las tarifas de transporte público tengan una recomposición tarifaria mayor como las que tuvo la energía.

Según un informe de la Asociación Argentina de Empresas de Transporte Automotor (AAETA), la Resolución 8/2025 actualizó las variables utilizadas para calcular los niveles de subsidios, e incorporó la inflación acumulada desde julio de 2024 y las nuevas paritarias firmadas en octubre. La última actualización de estos cálculos había tenido lugar en septiembre de 2024. El boleto mínimo se mantenía congelado en $371 desde agosto para las líneas de jurisdicción nacional, mientras que en febrero de 2025 la Ciudad de Buenos Aires llevó la tarifa a $408 para las 31 líneas bajo su órbita.

En cuanto a las compensaciones, “el gobierno nacional continúa con una política de reducción de subsidios mediante su licuación frente a la inflación”, consideró esa entidad. Según sus estimaciones, entre octubre de 2024 y junio de 2025, el monto total mensual de subsidios nacionales pasará de $78.000 millones a $87.000 millones, lo que representa un incremento de solo 11%, frente a una inflación esperada de 21% para el mismo período.

Por su parte, un informe del Observatorio de Tarifas y Subsidios IIEP (Conicet) planteó que el recorte de las transferencias destinadas al Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura del Transporte —principal canal de financiamiento para el transporte automotor— fue del 24% en términos nominales y del 54% en términos reales.

Esta reducción impactó directamente en el volumen de subsidios reconocidos a los operadores de colectivos, especialmente en el AMBA. El informe señala que “los subsidios al transporte público automotor del AMBA surgen del cálculo de costos del sector que realiza la Secretaría de Transporte”, y que el valor técnico por pasajero transportado asciende a $1.339, mientras que el Estado reconoce $1.019​.

La brecha entre el costo estimado por el IIEP y el monto reconocido oficialmente implica que la diferencia debe ser absorbida por el Estado mediante subsidios. Esta diferencia técnica representa una fuente persistente de tensión presupuestaria, más aún cuando se señala que la convergencia reciente entre ambos valores no obedece a una actualización realista de precios, sino a “un pronunciado ajuste en los pasajeros transportados considerados para los meses de enero y febrero de 2025”​.

Además, se destaca que “los servicios del interior muestran una cobertura tarifaria del orden del 30%, similar a la que exhiben los servicios del AMBA”, lo que sugiere una dependencia generalizada de subsidios, aunque con diferencias regionales notables. La cobertura tarifaria del sistema ferroviario, por su parte, alcanza apenas al 5% y podría deteriorarse aún más si se mantiene el congelamiento de tarifas​.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) definió un paro de colectivos por 24 horas en todo el país para el próximo martes 6 de mayo debido al fracaso de la negociación paritaria con las empresas del sector y el vencimiento del período de conciliación obligatoria dictado por el Gobierno nacional.

“Los empresarios han ofrecido por los meses de febrero, marzo, abril, mayo y junio un incremento remunerativo de menos del 6% a pagarse a partir del mes de junio. Con ello se ofrecen sumas no remunerativas de $40.000 para el 26 de mayo; $50.000 el 16 de junio y $70.000 el 15 de julio. Una falta de respeto", expresó la UTA a través de un comunicado.

La audiencia de este miércoles entre las partes concluyó sin una definición que permita desactivar la medida de fuerza.

“Pese a las gestiones realizadas por este Consejo Directivo Nacional, hasta el momento no se ha podido mejorar el ofrecimiento empresarial y se ha agotado el periodo de Conciliación Laboral Obligatoria. Conforme ello, como primera medida, se ha resuelto un paro de actividades por 24 horas para el día martes 06 de mayo del corriente, a partir de las 00:00 hs. a nivel nacional, en empresas de transporte de pasajeros de corta y media distancia", anunció la UTA.

En representación de los trabajadores estuvieron en la reunión Roberto Fernández, Jorge Kiener, Luis Arcando y Francisco Valdez, quienes remarcaron que el gremio reclama llevar el salario básico de los choferes desde los 1.200.000 pesos actuales a 1.700.000 pesos.

La discusión salarial quedó estancada desde el 7 de marzo, cuando el Estado activó la conciliación obligatoria ante la falta de avances. Desde entonces, la UTA participó de diversas reuniones sin lograr compromisos formales por parte de las empresas. En la última audiencia, los empresarios no presentaron ninguna oferta concreta ante el Ministerio de Capital Humano, lo que generó un fuerte rechazo por parte de los sindicalistas.

Las cámaras empresariales argumentaron que el esquema vigente de tarifas y subsidios los deja en una posición de desfinanciamiento estructural. El secretario de FATAP, Gustavo Larrea, afirmó durante la audiencia que el sector “no puede formular ninguna propuesta” por carecer de los fondos necesarios. Además, señaló que el déficit operativo alcanza el 40%, teniendo en cuenta la diferencia entre los costos reales y los ingresos provenientes de tarifas y subsidios estatales.

La UTA ya había rechazado una propuesta de bonos no remunerativos presentada por las empresas en reuniones anteriores. Esa oferta contemplaba pagos de $40.000 el 26 de mayo, $50.000 el 16 de junio y $70.000 el 15 de julio, además de establecer un salario básico de $1.270.000. Para el gremio, ese esquema equivale a menos del 1% de aumento mensual frente a una inflación que ronda el 3% o 4%, y calificó la propuesta como un “avasallamiento a la dignidad” de los trabajadores.

El conflicto se inscribe en un contexto de deterioro del sistema de transporte urbano. Según el Índice Bondi, elaborado por la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), el precio real del boleto sin subsidios fue de $1.596,40 en marzo, pero los usuarios pagaron un mínimo de $371,13, con un promedio aún menor por efecto de los descuentos aplicados al acumular viajes. En ese escenario, las empresas recibieron $973,76 por boleto, muy por debajo del valor técnico que reclaman.

El congelamiento tarifario impuesto desde agosto para las líneas nacionales también constituye un factor central en el desequilibrio del sector. Las cámaras empresariales actúan como intermediarias entre los usuarios y el Estado, pero aseguran que no tienen margen para solventar mejoras salariales. El Ministerio de Economía y la Secretaría de Transporte deben definir si autorizan un aumento del boleto o una suba en los subsidios para destrabar el conflicto.

Durante las negociaciones, las autoridades de la Secretaría de Trabajo, bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, intentaron mediar sin éxito. El secretario de conciliación, Guido Arocco, fue quien encabezó las audiencias y certificó que las partes no lograron acercar posiciones. Desde el Gobierno nacional, sin embargo, se mantiene una postura de no intervención directa, al considerar que se trata de una paritaria entre privados, a pesar de que el Estado define tanto los valores tarifarios como el esquema de subsidios.

Las imágenes dejan en claro la mecánica de los dos ladrones, que se cambiaron de ropa y quitaron la patente del auto en el que se movilizaban, pero también abre un interrogante, ya que el agresor dejó pasar tres colectivos antes de subirse al interno 8: ¿fue al azar o un ataque premeditado?

Quizá por ello la Justicia y la Policía Bonaerense investigan si lo ocurrido está relacionado con otro similar que tuvo lugar en Virrey del Pino hace menos de un mes. “No es un caso más. El robo al chofer de colectivo está, pero hay que ver si hay algo detrás”, precisaron a Infobae fuentes judiciales.

En ese sentido, las cámaras de seguridad han sido clave. Allí se logró divisar cómo los dos delincuentes llegaron a bordo de un auto blanco (Chevrolet Corsa), se cambiaron de ropa en el interior del vehículo y luego le sacaron la patente al coche. Luego, uno de ellos se fue caminando y el otro en el rodado.

Las imágenes siguieron el recorrido del sospechoso que iba a pie. Caminó hasta la Ruta 3, la cruzó e ingresó al metrobus. “Dejó pasar tres colectivos de la empresa Almafuerte antes de subirse al interno 8″, remarcaron las fuentes del caso consultadas por este medio.

Tras el robo, en el cruce de Ruta 3 y Albarracín, el colectivero detuvo la marcha de la unidad y allí descendió el sospechoso: salió corriendo en sentido a Zinny y abordó el Chevrolet Corsa color blanco donde lo esperaba su cómplice.

La causa la investiga el fiscal Marcelo Diomede del departamento judicial de La Matanza y el modus operandi del ataque ha despertado muchas sospechas. Quizá por ello, las fuentes del caso admitieron que “no sería el primer hecho de estas características”, y destacaron la necesidad de “profundizar la investigación”.

El episodio se produjo la madrugada del domingo, cuando el delincuente que abordó la unidad con fines de robo agredió violentamente al conductor. Los sospechosos aún no han sido identificados.

La víctima sufrió cortes significativos en el rostro, fue atendida de urgencia y se encuentra fuera de peligro.

A raíz del ataque, los delegados de la empresa Almafuerte decidieron implementar una medida de fuerza por 24 horas en reclamo de mayor seguridad. “La empresa va a estar paralizada”, manifestaron a este medio.

Otro chofer de la línea 378, en diálogo con el canal TN, confirmó que su colega ya descansa en su casa, aunque advirtió que “tendrá una larga recuperación porque le desfiguraron la cara”. También cuestionó el compromiso de las autoridades municipales en materia de seguridad: “Hace un mes nos prometieron que habría más presencia policial, estuvieron dos días y desaparecieron”.

El otro caso que investiga la Justicia

Los investigadores de este hecho miran con lupa los puntos de conexión con un ataque previo ocurrido en Virrey del Pino el pasado 21 de marzo, donde un colectivero de la línea 218, también perteneciente a Almafuerte, fue brutalmente agredido durante un intento de robo.

El hecho tuvo lugar en el cruce de los barrios San Javier y Oro Verde. De acuerdo con fuentes policiales, la víctima, identificada como Lucas Ybarra, fue atacada con un arma blanca en el rostro durante su recorrido por el sur del distrito. Al igual que como ocurrió en La Matanza este domingo.

Ybarra, quien avisó inmediatamente a sus compañeros de lo sucedido, relató: “Me dieron masa en la cara. Bajé la gente y me fui. Me hizo pelota, estoy lleno de sangre”.

Según relató Fabio Dalseno, delegado de la empresa, la víctima recibió dos “puntazos” en la frente y un corte en la cara. “Lo quiso matar, sin mediar palabra, una locura descomunal”.

“La UTA adhiere a la medida de la CGT, pero no puede parar porque está en conciliación obligatoria”. De esta forma, uno de los máximos dirigentes del gremio de los choferes de colectivos confirmó a Infobae que no se sumarán al paro nacional de 24 horas dispuesto para este jueves 10 de abril, en lo que será un fuerte golpe contra la paralización total de actividades impulsada por la central obrera.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA), que lidera Roberto Fernández, está en pleno conflicto salarial que derivó en una huelga que fue frenada por la Secretaría de Trabajo al dictar la conciliación obligatoria, que obliga a las partes a negociar y a no tomar medidas que interfieran en esas tratativas. En caso contrario, se prevén sanciones para el sindicato que no acate lo establecido por la ley.

En realidad, el Gobierno presionó a la UTA al advertir que le aplicaría medidas si se suman al paro de la CGT: “En la medida en que haya una conciliación obligatoria, la tiene que cumplir”, advirtieron a Infobae en el Gobierno. Otros dirigentes sindicales, en cambio, consideran que legalmente no podrían aplicarle sanciones porque la protesta cegetista tiene otros fundamentos que el conflicto salarial que afecta a los choferes de colectivos.

Hay quienes incluso sugieren que hay una variante intermedia que la UTA, de impronta dialoguista, hasta ahora no instrumentaría: la conciliación obligatoria sólo se aplica a las actividades en el AMBA, por lo que podría no parar allí y sí adherir a la huelga en el interior.

Si este jueves funcionan normalmente los colectivos, se debilitará notoriamente el tercer paro general de la CGT contra el gobierno de Javier Milei, aunque los otros sindicatos del transporte ratificaron que adherirán a la huelga, en un amplio espectro que incluye al transporte automotor de pasajeros y de carga, ferroviarios, aeronáuticos, subterráneos, astilleros, portuarios y marítimos.

La decisión surgió tras una reunión de más de 3 horas de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), encabezada por Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento), en donde se avanzó en la organización del paro en los distintos sectores y en la movilización de este miércoles de cada sindicato para apoyar la concentración de los jubilados ante el Congreso.

Tras el encuentro, Juan Pablo Brey (aeronavegantes), secretario de Prensa de la CATT, dijo: “El Gobierno tendrá que abrir los canales de diálogo o asumir que en un sistema democrático, la protesta y la diversidad de opiniones son tan válidas como los resultados que obtuvo en las elecciones”.

Por su parte, Schmid, quien conduce la Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval (FeMPINRA), destacó que, “además de los reclamos generales de la CGT, nuestra área está golpeada por la desregulación de distintos sectores promovida por el Gobierno” y “además nos enfrentamos a la limitación que intentan imponer a partir de sus paupérrimos protocolos de seguridad y el freno al derecho de huelga”.

Consultado sobre la decisión de la UTA de no adherir al paro de la CGT, Schmid señaló: “Los trabajadores de UTA que son asaltados, que sufren agresiones en sus recorridos por el conurbano y los que dejan los riñones en los servicios de larga distancia tienen los mismos problemas que tenemos los portuarios, los marítimos, los aéreos, los camioneros, los recolectores de residuos o los subterráneos. Por lo tanto, esa pregunta, además de Fernández, que ya nos tiene acostumbrados a este tipo de vacilaciones, se la tiene que hacer cada uno de los trabajadores que todos los días sube al colectivo y tiene que trabajar montón de horas para llevarse una moneda a la casa”.

Mientras, la CGT también alista sus preparativos para la medida de fuerza: este martes, a las 15, sus máximos dirigentes realizarán una conferencia de prensa en el Salón Felipe Vallese de la sede cegetista de Azopardo 802 para brindar detalles respecto de la movilización al Congreso y el paro general, y también se presentará un documento con los reclamos en que se basa la protesta.

El encuentro cegetista graficará la división que generó el nuevo paro contra Milei: no irán dirigentes que discrepan con profundizar el enfrentamiento con el Gobierno como Gerardo Martínez (UOCRA), adalid del sector dialoguista, que tiene previsto un viaje al interior, al igual que los representantes de la Federación de Trabajadores de Comercio (FAECYS), que dirige Armando Cavalieri.

Según las primeras informaciones, un atacante lo habría apuñalado en el rostro sin mediar palabra mientras la víctima se encontraba trabajando. El hecho ocurrió este jueves por la noche, pasadas las 21, en el barrio San Javier. Tras el ataque, el agresor escapó, y el chofer tuvo que ser trasladado de urgencia a un hospital.

La suspensión del servicio, vigente desde anoche, afecta a las líneas 218, 622, 378, 325, 284 y 628, pertenecientes a la empresa de transporte Almafuerte. La medida regirá hasta la medianoche de hoy.

En 2020, un chofer de la misma línea, Pablo Flores, fue asesinado de cuatro disparos en Virrey del Pino cuando estaba de servicio. Los atacantes abordaron el colectivo y le dispararon tres tiros en la cabeza y uno en el abdomen.

“Estamos cansados, con bronca, que nos prometan”, lamentó Fabio Dalseno, delegado de la empresa de transporte. En diálogo con Radio Mitre, precisó que el chofer agredido recibió dos “puntazos” en la frente y un corte en la cara: “Lo quiso matar, sin mediar palabra, una locura descomunal. Creo que ni un animal”.

os por la gente, lo hacemos por los delincuentes que están en la calle. Nosotros salimos de nuestras casas y no sabemos si llegamos. Justo ahí, donde mataron a Pablo Flores, siempre tenemos lo mismo, en el mismo recorrido. Nosotros lo único que pedimos es que nos den seguridad, somos laburantes”, señaló un trabajador de la empresa, durante un móvil de C5N. Confirmó que la víctima es Lucas Ibarra, de 32 años, aunque no precisó el motivo del ataque.

En octubre del año pasado, un conductor de la línea 350 fue brutalmente agredido por un hombre. El agresor ascendió a la unidad en el partido de Moreno y abonó un viaje hasta la localidad de Manzanares, alrededor del kilómetro 59 de la Ruta Nacional 8, en Pilar. A la altura del barrio El Panchito (dos kilómetros después, el 61), el pasajero decidió unilateralmente que iba a viajar más allá del boleto que había sacado y así comenzó una discusión con el chofer, quien había relevado a otro compañero de trabajo luego de que finalizó el trayecto corto.

Cuando el conductor de la unidad, perteneciente a la empresa Ruta Bus, le indicó al hombre que debía bajarse del medio de transporte (que ya estaba a la altura del Río Luján) el pasajero atacó a golpes de puño al chofer. Producto de la pelea, el colectivero terminó con lesiones en la cabeza, pómulos y boca.

“El sujeto había sacado su boleto desde Moreno hasta Manzanares, pero como quería ir hasta Fátima se puso a discutir con el chofer, que ni siquiera era quien lo había hecho subir a la unidad”, explicó un delegado gremial al portal local Pilar a diario.

Para evitar recibir estos daños, los choferes exigen que haya cabinas de protección en cada unidad de transporte. “La persona está identificada y se hizo la denuncia”, indicó el delegado, y precisó que “el chofer está en reposo”. Además, lamentó que “estas agresiones son moneda corriente en todas partes”, agregó.

La Cámara de Transporte de la Provincia de Buenos Aires (CTPBA) levantó el paro de colectivos que había anunciado para este domingo 9 de febrero tras llegar a un acuerdo con el Gobierno bonaerense por los fondos que reclamaban para el sector.

Según comunicaron desde la entidad, las autoridades de la provincia transfirieron este viernes el monto de las compensaciones tarifarias que debían de este mes y saldaron una deuda pendiente del año pasado. En consecuencia, a 48 horas del comienzo de la medida de fuerza, decidieron suspender la protesta.

La solución al conflicto fue brindada por el ministerio de Transporte provincial, a cargo de Martín Marinucci, quien asumió el puesto apenas comenzó el 2025. En caso de no resolverse el problema, desde CTPBA amenazaban con frenar todo el servicio durante el último día de este fin de semana y, además, acortar el horario de funcionamiento entre las 6 y las 22 por tiempo indeterminado.

“Será según la capacidad con la que pueda funcionar cada empresa, de acuerdo a los fondos con los que cuenten para costear el combustible y la cantidad de personal”, había indicado a Infobae una fuente del sector empresario.

Desde la organización aseguraban que, de no pagarse los fondos adeudados, en febrero iba a resultar imposible para las compañías pagar los salarios de los trabajadores y comprarle combustible a las petroleras.

Además, en el comunicado en el que anunciaron el paro este jueves, habían reclamado: “Hemos denunciado en reiteradas oportunidades la falta de recursos para poder seguir operando a las autoridades concedentes, como así también a la Unión Tranviarios Automotor (UTA), advirtiendo la grave y complicada situación que atraviesa el sector, ya que venimos operando con costos atrasados e insuficientes”.

No obstante, los costos a los que refirieron en el documento no los define la Provincia, sino la secretaría de Transporte nacional, a cargo de Franco Mogetta. “Nunca se ajustaron a costos reales, dejando a las empresas sin capacidad operativa (las prestatarias trabajan con un 45% menos de los recursos necesarios para la explotación)”, había afirmado la Cámara.

“Esta dura decisión es para racionalizar de manera eficiente los servicios y no perjudicar a los pasajeros que se dirigen a sus respectivos destinos”, se completaba comunicado que informaba del paro que, finalmente, no ocurrirá.

El antecedente de enero

A mediados de enero ya se había dado una situación similar: las empresas habían anunciado un paro de 24 horas por una deuda de 39 mil millones de pesos.

“Estaba faltando la firma de una adenda para que Nación autorice lo que provincia de Buenos Aires tiene que pagar”, habían justificado desde la Provincia entonces. Ese trámite se demoró más de dos semanas, pero llegó justo antes de la fecha estipulada para la medida de fuerza, que finalmente quedó sin efecto.

Antes de que terminara el 2024, las cámaras empresarias de transporte -a nivel provincial y nacional- ya habían advertido que no estaban en condiciones de abonar el aguinaldo de manera completa si no se aumentaban los subsidios o el boleto de colectivos, que se encuentran congelados desde agosto. Por ahora, desde el Ejecutivo no indicaron que haya intenciones de elevar ninguno de los dos.

Martín Marinucci, al asumir su gestión a principios de este año, aseguró que buscará que su gestión esté signada por el reclamo de los fondos que Nación recortó para el subsidio en el Transporte, como así también el impulso de ir hacia una Agencia Metropolitana de Transporte, tripartita entre Nación, Provincia y la Ciudad.

La Cámara de Transporte de la Provincia de Buenos Aires (CTPBA) anunció que dejarán de circular colectivos durante el domingo próximo y desde el lunes se prestarán servicios reducidos de 6 a 22 en algunas líneas provinciales y municipales. El conflicto es por falta de pagos que debe desembolsar el Gobierno bonaerense.

Según precisó la entidad en un comunicado, desde el lunes habrá transporte público solamente entre las 6 y las 22. Y, además, dentro de esa franja horaria se reducirá la frecuencia de todas las líneas. Estas restricciones son por tiempo indeterminado, hasta que se resuelva la diferencia que mantienen las empresas y el Ejecutivo provincial.

“Será según la capacidad con la que pueda funcionar cada empresa, de acuerdo a los fondos con los que cuenten para costear el combustible y la cantidad de personal”, indicó a Infobae una fuente del sector empresario.

¿Cuáles serán las líneas afectadas?

• Las líneas que se verán afectadas son todas las que van desde el número 201 en adelante.
• Aunque de momento no hubo confirmación oficial, se descarta que las del grupo Dota no adherirán a la medida. Las que circulan en territorio bonaerense son: 256, 263, 271, 299, 370, 384, 385, 388, 403, 405, 421, 429, 435, 440, 503, 514, 520, 540, 550, 551, 552, 553, 570 y 740.

Según pudo saber este medio, el paro del domingo que decidieron las empresas ocurrirá a partir de la falta de pago de las compensaciones tarifarias de este mes. Quien deberá responder al conflicto es el ministro de Transporte provincial, Martín Marinucci, quien asumió el cargo apenas comenzó el 2025.

Además, la Cámara de Transporte reclama otra deuda pendiente desde septiembre del año pasado. Con estas dos situaciones es que, según aseguraron, en febrero resultará imposible para las compañías pagar los salarios de los trabajadores y comprarle combustible a las petroleras.

“Hemos denunciado en reiteradas oportunidades la falta de recursos para poder seguir operando a las autoridades concedentes, como así también a la Unión Tranviarios Automotor (UTA), advirtiendo la grave y complicada situación que atraviesa el sector, ya que venimos operando con costos atrasados e insuficientes”, reclamó la CTPBA en el comunicado.

“Esta dura decisión es para racionalizar de manera eficiente los servicios y no perjudicar a los pasajeros que se dirigen a sus respectivos destinos”, completó el comunicado.

Desde el sector empresario indicaron a Infobae que, aunque existe un diálogo fluido con el gabinete del gobernador Axel Kicillof, no hay nuevas reuniones en el horizonte para destrabar la deuda: “Nos dijeron simplemente ‘no hay plata’, y hasta que no lleguen las compensaciones tarifarias no tenemos cómo operar normalmente”, graficaron.

A mediados de enero ya se había dado una situación similar. Las empresas habían anunciado un paro de 24 horas por una deuda de 39 mil millones de pesos.

“Estaba faltando la firma de una adenda para que Nación autorice lo que provincia de Buenos Aires tiene que pagar”, habían justificado desde la Provincia entonces. Ese trámite se demoró más de dos semanas, pero llegó justo antes de la fecha estipulada para la medida de fuerza, que finalmente quedó sin efecto.

Antes de que terminara el 2024, las cámaras empresarias de transporte -a nivel provincial y nacional- ya habían advertido que no estaban en condiciones de abonar el aguinaldo de manera completa si no se aumentaban los subsidios o el boleto de colectivos, que se encuentran congelados desde agosto. Por ahora, desde el Ejecutivo no indicaron que haya intenciones de elevar ninguno de los dos.

Algunas de las líneas afectadas son las 148, 159, 500, 4, 49, 86, 88, 96, 97, 185, 193, 205, 621, 176 y 448, que permanecían fuera de servicio durante esta mañana.

Esta decisión se toma en medio de un conflicto gremial más amplio, que incluye reclamos en diversas provincias del país.

Días atrás, las cámaras empresarias de transporte de las líneas advirtieron que no estaban en condiciones de abonar el aguinaldo de manera completa, si no se aumentan los subsidios o el boleto de colectivos, que se encuentran congelados desde agosto.

Ante esas dificultades, los representantes del sector patronal plantearon que los trabajadores perciban en “hasta seis cuotas” el Sueldo Anual Complementario (SAC), en la medida que no se resuelva la situación de los ingresos de las compañías.

En ese marco, el Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo, dictó ayer una conciliación obligatoria para desactivar un paro anunciado por la Unión de Tranviarios Automotor (UTA) previamente para las compañías radicadas en el interior del país. La medida, solicitada por la Federación de Transportadores de Automotor de Pasajeros (FATAP), establece un plazo de 15 días en el cual tanto las empresas como los trabajadores están impedidos de realizar nuevas medidas de fuerza o represalias.

La conciliación obligatoria para el interior incluye una primera audiencia de negociación entre las partes, que ha sido programada para el próximo 26 de diciembre.

Aunque la medida oficial no los alcanza, los conductores de algunas líneas que circulan por la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, como la empresa El Nuevo Halcon y la Ideal de San Justo, resolvieron plegarse a la medida de fuerza sindical.

Este miércoles también se llevó a cabo una reunión clave entre representantes de las cámaras empresarias (AAETA, CEAP, CEUTUPBA y CTPBA) y el sindicato de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) para intentar acercar posiciones.

El sector empleador de las líneas de colectivos que transitan por el Gran Buenos Aires y CABA reclaman una actualización del boleto mínimo o mayores subsidios. Desde agosto, la tarifa mínima es de $371,13.

Sin embargo, el Ministerio de Economía se mantiene firme en su decisión en mantener las restricciones presupuestarias, priorizando el equilibrio fiscal. Esta postura incrementa la tensión y podría dar lugar a nuevos conflictos que afecten el transporte público en las próximas semanas.

En paralelo, el Gobierno convocó convocado a una audiencia virtual el próximo viernes 20 de diciembre, en un nuevo intento por destrabar el conflicto y evitar una escalada en las medidas de fuerza.

El problema de siempre de esta negociación salarial es que la paritaria de UTA se firma entre los representantes del sector ante el Ministerio de Capital Humano, pero los subsidios disponibles para financiar parte de la estructura de costos se negocia en otra ventanilla.

La UTA rechazó el pago del aguinaldo en cuotas. “Nos encontramos ante un acuerdo salarial que ha sido suscripto y homologado, por tanto, debe ser cumplido”, señaló el titular de la organización gremial, Roberto Fernández.

“Toda vez que de la misma manera que en circunstancias de beneficios empresarios extraordinarios, los trabajadores son ajenos, en las circunstancias de dificultades de liquidez y/o los vaivenes y la dinámica empresarial en su relación con la autoridad de aplicación y situaciones no tan beneficiosas”, indicaron desde la entidad, en un comunicado con fecha del pasado 11 de diciembre.

Y agregaron: “También ajeno resulta a la necesidad de los trabajadores a percibir sus salarios, y de hacer efectivo el derecho a la percepción del sueldo anual complementario, razón por la cual no permitiremos plazo, cuota, quita, espera ni modalidad alguna la percepción de nuestros haberes”.

Por el momento, el paro en el AMBA de algunas empresas sigue vigente, complicando la movilidad de miles de pasajeros en las últimas semanas del año.

La CGT inició una mediación secreta ante el Gobierno para tratar de destrabar la paritaria del Sindicato de Camioneros, que este jueves tendrá una instancia decisiva para evitar medidas de fuerza cuando gremialistas y empresarios vuelvan a reunirse, a las 10, en la Secretaría de Trabajo.

Un jefe del sector dialoguista de la CGT habló en las últimas horas con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en un intento de que el Gobierno flexibilice su postura y acepte una oferta empresarial de aumento del 8,5% para el trimestre diciembre-febrero, que supera la pauta del 1% mensual que fijó el Ministerio de Economía para los incrementos salariales de los primeros meses de 2025, a tono con la inflación en baja.

En la Secretaría de Trabajo, que conduce Julio Cordero, admitieron que tras la audiencia oficial de Camioneros que se hizo este martes -y seguirá este jueves- se abrió una etapa de análisis y consultas entre las distintas áreas del Gobierno: “Lo estamos viendo todos en conjunto porque lo que hay que evitar es el traslado (del aumento) a precios. Si no, nunca se termina la rueda”, afirmaron a Infobae.

Ese día, los empresarios elevaron su oferta inicial de aumento, que pasó del 3% trimestral a un 8,5% (3% para diciembre, 2,5% para enero y 3% para febrero), e incluso accedieron a pagar un bono de $600 mil en un intento por llegar a un acuerdo. El sindicato de Hugo Moyano reclama el 15% trimestral, con un 5% para cada uno de esos meses, más un bono de $650 mil y un aporte extraordinario para la obra social.

La audiencia en Trabajo fue piloteada por la directora nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, Mara Mentoro, que, en contacto permanente con Cordero, dejó solos a los empresarios y trató de convencer al gremio de que la oferta del 8,5% era inviable para Economía.

Pese a la mediación de la CGT, en la Casa Rosada se muestran intransigentes ante los reclamos en las paritarias: “El aumento (de Camioneros) está un poco alto y después la cifra se pasa a los precios; para nosotros no puede superar la inflación”, advirtió a este medio una alta fuente gubernamental.

Si este jueves fracasan las negociaciones, Camioneros prometió iniciar un plan de lucha: “Estamos en alerta y movilización hasta el miércoles. Si no dan el aumento que corresponde, vamos al paro nacional”, dijo Hugo Moyano en un congreso de la federación, el viernes pasado”.

El escenario actual de las negociaciones salariales se convirtió en todo un desafío para el Gobierno y la CGT, ya que el techo salarial que impuso Economía amaga con romper la tregua entre los dos sectores y debilitar al sector dialoguista, que impuso por mayoría la decisión de no hacer nuevos paros y comenzar las negociaciones con los funcionarios libertarios. Esa resolución derivó en la renuncia de Pablo Moyano a la CGT y su reemplazo por Hugo Moyano y Octavio Argüello.

Como anticipó Infobae, el Gobierno suspendió a principios de semana la convocatoria a una mesa tripartita de diálogo, prevista para este miércoles, de la que iba a participar el sector empresarial, ante las presiones de la CGT para negociar sin límites los aumentos salariales.

El tope oficial en las paritarias afecta a sindicatos poderosos como Camioneros y la Federación Argentina de Trabajadores de la Sanidad (FATSA), liderado por el cotitular cegetista Héctor Daer, que negocia la revisión salarial para enero y febrero de la rama de clínicas y sanatorios, con la misma exigencia del Ministerio de Economía de no superar el 1% mensual y no trasladar la mejora a los precios.

Daer hizo duras declaraciones este lunes contra los límites del Gobierno a los aumentos salariales: “Hay una reprobación absoluta de pretender limitar las paritarias, producto de la no homologación. Es un absurdo, es absolutamente repudiable y hasta se siente como una provocación que un ministro de Economía que se jacta de que acomoda la macroeconomía, que los que tienen bono obtienen ganancias y se está fijando en el 0,5% de aumento de los trabajadores que ganan sueldos bajísimos”.

Este jueves, por otra parte, habrá otro escenario de posible conflicto entre el Gobierno y la CGT: Cordero convocó al Consejo del Salario para debatir con sindicalistas y empresarios el aumento del sueldo mínimo, que se mantiene en $271.571 desde octubre pasado.

Las dos CTA, que integran el Consejo del Salario, afirmaron que para recuperar el valor del sueldo mínimo en términos de poder adquisitivo de fines de 2015, debería aumentar a $622.323 pesos. Pero el Gobierno, en sintonía con la pauta oficial, no aceptará más de un 3% de aumento.

Además del techo a las paritarias, los dialoguistas de la CGT se quejan de que Javier Milei, en su discurso por el año de gestión, anunció la semana pasada “una verdadera reforma laboral” y que diputados de La Libertad Avanza presentaron el proyecto de ley de Promoción de Inversiones y Empleo, impulsado por el Ministerio de Economía y apoyado por la Unión Industrial Argentina (UIA), que rescata una parte del DNU 70 que plantea modificaciones en la Ley de Contrato de Trabajo.

¿Sobrevivirá el acuerdo Gobierno-CGT a este combo tan complejo? Es la duda del momento. La primera pista la dará la decisiva audiencia de Camioneros y los empresarios de este jueves, a las 10, en Trabajo.

Un chofer de colectivo recibió un botellazo por parte de un pasajero este lunes por la madrugada en su recorrido por el Conurbano bonaerense. Debido al ataque fue hospitalizado y recibió cinco puntos de sutura en la frente. En reclamo por más seguridad, las líneas 338 y 406 están de paro.

El ataque ocurrió en la localidad de Ciudad Evita, partido de La Matanza, aproximadamente a la 1.30 y cerca del Hospital Balestrini, donde un pasajero había tocado el timbre para descender y el conductor se detuvo en la parada siguiente.

Ante esto, el agresor avanzó desde el fondo de la unidad hacia el frente del colectivo, sacó una botella de un bolso y golpeó la cara del chofer, identificado como Kevin Godoy.

Tras el ataque, el colectivero sufrió una conmoción, con diversos cortes en el rostro y una profunda herida en la frente, que derivó en su hospitalización y en los cinco puntos de sutura que recibió para cerrar la herida. Este hecho generó que sus compañeros lanzaran un paro por tiempo indeterminado y el reclamo por mayores y mejores medidas de seguridad.

A su vez, los trabajadores de la línea 406, que hace el recorrido de Ramos Mejía a San Justo y que pertenece a la misma empresa -Transporte Automotores La Plata- adhirieron a la protesta. “El reclamo es por la inseguridad que estamos viviendo, son muchas cosas que están pasando y esta fue la gota que rebalsó el vaso”, sentenció Ramón, delegado gremial. Y señaló que la unidad no contaba con una cámara de seguridad.

“Tenemos una denuncia de que el sábado a un chofer le pegaron un culatazo en un robo en Villa Santo Vega. Estamos pidiendo un poquito más de seguridad en este recorrido, que haya más presencia policial. A las 18 ya no hay más presencia policial y somos carne de cañón”, puntualizó otro de los delegados en un móvil a C5N. Y determinó: “Saliendo de mi casa, tratando y rogándole a Dios de llegar vivo a casa, salís y no sabes si volvés”.

Los representantes de la empresa Transporte Automotores La Plata quedaron en reunirse este mediodía con la jefatura departamental y la Comisaría 1° de San Justo de la Policía Bonaerense, con el objetivo de encontrar una solución al conflicto.

Otros casos de agresión

En el último Día del Colectivo, tres delincuentes armados le robaron el teléfono celular y la billetera a un chofer de la línea 749, que conducía una unidad sin pasajeros. Sin embargo, y no conformes con el botín obtenido, antes de darse a la fuga, los asaltantes arrojaron al piso de la unidad al chofer y le dieron un machetazo en una de sus manos.

Le amputaron dos dedos y le fracturaron los dos restantes, según confirmaron fuentes del caso a Infobae. En repudio al brutal ataque, los compañeros de la víctima realizaron un paro de las líneas que involucran a la empresa Expreso Parque El Lucero (749, 449 y 391).

En tanto que en San Francisco Solano, un chofer de la línea 239 fue abordado por un delincuente encapuchado que simulaba ser un pasajero. La secuencia completa del ataque fue filmada por la cámara de seguridad que el conductor posee en su habitáculo. En las imágenes se observa que el atacante viajaba sentado en uno de los asientos de adelante, pegado a la ventanilla y encapuchado.

De repente, el hombre se puso de pie y caminó de forma sigilosa hacia su víctima, que se vio acorralada e indefensa. Sin mediar palabras, el atacante lo apuñaló en el rostro con un destornillador que extrajo de entre sus ropas. Cinco puntazos y varios golpes de puño le alcanzaron al agresor para que el chofer entregara su teléfono celular y otras pertenencias.

A mediados de octubre, el chofer de la línea 506 Leonardo Sebastián Figueroa fue asesinado en la localidad bonaerense de Glew, partido de Almirante Brown. La víctima fue atacada a traición, por la espalda, mientras realizaba su recorrido, por un pasajero que lo apuñaló dos veces en la zona del abdomen.

Fuentes policiales habían indicado a este medio que Figueroa, de 43 años, fue asesinado cuando conducía su unidad, el interno 101, sobre la calle Gumercindo Pereyra, entre Renato Presa y Sargento Eufrasio Rojas. Tras el hecho, el chofer fue trasladado de urgencia al hospital Cecilia Grierson, en la localidad de Guernica, donde los médicos de turno constataron su muerte.

El atacante, cuyo accionar quedó filmado por la cámara de seguridad instalada en el interior del colectivo, fue detenido a las pocas cuadras de la escena de crimen por la Policía Bonaerense, gracias al testimonio de testigos del hecho.

Una decena de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) llevaron a cabo un paro este miércoles. Las líneas afectadas fueron la 159, 169, 219, 300, 343, 372, 380, 584, 603, 619 y 620, bajo la representación del gremio de la Unión de Transporte Automotor (UTA). Los delegados alegaron demoras en el pago de los sueldos correspondientes al mes pasado.

Fuentes cercanas a la Secretaría de Transporte, a cargo de Franco Mogetta, indicaron a Infobae que el gobierno nacional ya ha enviado el dinero a los privados, por lo cual es una “cuestión de las empresas” el no haber pagado los sueldos de sus empleados. De las 10 líneas afectadas, dos son nacionales (la 159 y la 169); el resto corresponden a Provincia.

“Estamos llamando a los cuerpos delegados y empresarios para poder solucionar en pago del mes de octubre”, aseguró a este medio Roberto Fernández, líder de la Unión Tranviarios Automotor (UTA). Pasadas las 15, solo dos líneas seguían afectadas, la 629 y la 343, que sostenían su reclamo.

“Esperamos que las empresas se hagan responsables”

La semana pasada el gobierno nacional logró desactivar un paro de colectivos de 24 horas programado para el 31 de octubre. Tras horas de negociaciones en la Secretaría de Transporte, se alcanzó un acuerdo de recomposición salarial y la medida de fuerza fue cancelada.

Esta interrupción de los servicios iba a darse justo un día después del paro general de transporte impulsado por Pablo Moyano y Omar Pérez (Camioneros), Juan Pablo Brey (Aeronavegantes), Omar Maturano (La Fraternidad), Juan Carlos Schmid (Fempinra), Roberto Coria (Guincheros), Pablo Biró (APLA), Alberto Pianelli y Néstor Segovia (Metrodelegados), Raúl Durdos (SOMU), Marcelo Pariente (Motoqueros), Jorge García (Taxistas) y Graciela Aleñá (Viales).

El comunicado con el que el gremio anunció la medida de fuerza incluyó críticas directas a las autoridades de la Secretaría de Transporte, Provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires. “Ponemos en conocimiento de los trabajadores y la comunidad en su conjunto que buscamos una justa recomposición hace meses sin recibir ningún ofrecimiento salarial y el dia de la fecha finaliza el plazo de conciliación obligatoria”, comienza el escrito.

Con respecto a los privados, aseguraron: “El Estado Nacional ha asignado un incremento de las partidas para las empresas destinado al aumento salarial de agosto, septiembre y octubre por $17.877.000.000 y los trabajadores no han percibido en sus salarios nada”.

El comunicado concluyó diciendo que la UTA esperaba que, tanto las empresas como las autoridades de Nación, Provincia y Ciudad de Buenos Aires “se hagan responsables ante la sociedad, y se comprometan a acordar los salarios”.

Pese a la decisión de la UTA de hacer su propia huelga, el paro de 24 horas de este miércoles impulsado por la Mesa del Transporte se reforzará con el respaldo de sindicatos de otras actividades, estudiantes universitarios y los movimientos sociales, que realizarán 500 cortes de calles con asambleas y ollas populares en todo el país, en desafío al protocolo antipiquetes del Gobierno.

Los organizadores del paro del transporte descontaban que los choferes de colectivos agrupados en la Unión Tranviarios Automotor (UTA) no iban a adherir al paro del día 30 y por eso desde la semana pasada comenzaron una tarea de captación de otros sectores para que no se debilite la protesta.

El martes pasado, en la Federación de Trabajadores Camioneros, la Mesa Nacional del Transporte ratificó la medida de fuerza de este miércoles y sumó en la organización a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).

Luego adhirieron otros sindicatos en conflicto como los del personal de la AFIP y de Aduanas, que rechazan los fuertes cambios y despidos anunciados en esas áreas por el Gobierno, además de gremios moyanistas como motoqueros, empleados del vidrio y viales. También adherirán a la medida de fuerza más de 12 organizaciones de la Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina (FEMPINRA), por lo que, según anunciaron, se verán afectadas “las actividades de embarque, granos, movimientos de contenedores, el suministro de combustible, el remolque maniobra en los puertos, el dragado en los accesos marítimos y también en el corredor denominado Hidrovía, como así también otros servicios conexos que tienen que ver con el entramado portuario”.

De todas formas, la novedad de estas últimas horas es la confirmación de las medidas de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), que lidera Alejandro Gramajo: “Este miércoles 30 llevaremos adelante una jornada nacional de lucha contra el hambre en el marco del paro de transporte, junto a varias organizaciones sindicales y sociales, para visibilizar la situación crítica que viven millones de familias trabajadoras”, informó el gremio de trabajadores de la economía popular.

La UTEP anunció que desde las 11 desarrollará 500 cortes de calles con asambleas y ollas populares en todo el país. En la Ciudad de Buenos Aires, los movimientos sociales harán la cabecera de sus protestas en la Plaza Constitución, donde prevén movilizar unas 5.000 personas, en una protesta que será una provocación hacia el protocolo antipiquetes de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Algunos de los puntos de la provincia de Buenos Aires donde se instalarán los piqueteros y los sindicalistas serán: Panamericana y Ruta 197, San Martín, Cruce de Varela, el Triángulo de Bernal, la Bajada La Plata, la Rotonda San Justo, Vergara y Acceso Oeste y la Rotonda Lavallol.

El paro es impulsado por la Mesa Nacional del Transporte, que integran Pablo Moyano y Omar Pérez (Camioneros), Juan Pablo Brey (Aeronavegantes), Omar Maturano (La Fraternidad), Juan Carlos Schmid (FEMPINRA), Pablo Biró (APLA) y Raúl Durdos (SOMU), a quienes después se sumaron otros dirigentes como Beto Pianelli y Néstor Segovia (Metrodelegados), Marcelo Pariente (motoqueros), Jorge García (peones de taxis), Graciela Aleñá (viales) y Roberto Coria (guincheros).

Mario Calegari, de la UTA, formó parte de la creación de la Mesa, pero luego ningún dirigente del gremio que lidera Roberto Fernández participó del plenario que pasó el paro del 17 de octubre al 30 de este mes ni tampoco del encuentro de la semana pasada en el que se ratificó la protesta.

La excusa del sindicato de los colectiveros es que estaba negociando un aumento salarial dentro del período de conciliación obligatoria. Sin embargo, pesó la decisión de tomar distancia de los sectores sindicales más duros: Fernández es un tradicional adversario sindical de Hugo y Pablo Moyano.

“No podemos quedar cautivos del moyanismo”, dijo a Infobae un dirigente de la UTA acerca de los motivos por los cuales decidieron convocar a un cese de actividades separado del que anunciaron Pablo Moyano y los gremios aeronáuticos, entre otros gremios del ala dura.

Este lunes, en el último día de la conciliación obligatoria, terminó sin acuerdo la audiencia entre sindicalistas de la UTA y empresarios en la Secretaría de Trabajo, por lo que anunció un paro de 24 horas para este jueves que afectará el servicio de colectivos de corta distancia en el AMBA.

Sin embargo, como anticipó Infobae, poco después del anuncio de la huelga, el Gobierno convocó a la UTA y a los empresarios a una nueva reunión para este miércoles a las 11, en Trabajo, para tratar de llegar a un acuerdo salarial que deje sin efecto el paro de colectivos del día siguiente.

Hasta ahora, lo único seguro es que la protesta del miércoles paralizara los trenes, subtes, aviones, camiones y barcos, además de afectar la actividad en varias áreas del sector público.

Según anunció el líder de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, el sindicato comenzará un paro de 36 horas este martes 29 de octubre a las 12 a través de una movilización hacia el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, en la avenida Roque Sáenz Peña 788, y al día siguiente adherirá a la huelga de 24 horas del transporte a través de su representación en organismos como la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), Vías Navegables, la Junta de Seguridad del Transporte, el ex Ministerio de Transporte, la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), entre otros.

Ante el paro de 24 horas, Aerolíneas Argentinas informó que el miércoles 30 habrá modificaciones de horarios, reprogramaciones y cancelaciones de vuelos, por lo que solicitó a sus pasajeros “estar atentos a la casilla de mail informada en su reserva por posibles notificaciones sobre cambios en el itinerario de vuelos durante o cerca del horario de inicio y final de la medida gremial”.

Sin la posibilidad de dictar la conciliación obligatoria, el Gobierno volverá a reunirse con la Unión Tranviarios Automotor (UTA) para tratar de llegar a un acuerdo salarial que deje sin efecto el paro de colectivos convocado por el gremio para el jueves y que afectaría a la mayoría de las líneas que circulan por el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

De acuerdo con lo que precisaron a Infobae fuentes del sector, el encuentro está previsto para este miércoles a las 17:00 en la Secretaría de Trabajo, con la participación de autoridades nacionales y representantes de ese sindicato liderado por Roberto Fernández.

A la conversación no asistirá el titular de esta cartera, Julio Cordero, ya que se encuentra de viaje, pero en su lugar estaría el subsecretario de Relaciones del Trabajo, Martín Huidobro, que suele quedar al frente de estas negociaciones.

Por otra parte, la reunión con la UTA se dará en medio del paro masivo de transporte que impulsa el ala dura de la CGT y que afectará a los camiones, trenes, barcos y aviones, en este caso, en todo el país.

Tal como anticipó este medio, el gremio decidió no adherir a esa protesta y, en cambio, decretar una medida de fuerza propia para el día siguiente y con su propio reclamo por un aumento salarial.

“No podemos quedar cautivos del moyanismo”, dijo un dirigente de la UTA acerca de los motivos por los cuales decidieron convocar a un cese de actividades separado del que anunció Pablo Moyano (Camioneros) y los gremios aeronáuticos.

Entre los que convocaron al paro del miércoles, se encuentran Juan Pablo Brey (Aeronavegantes), Omar Maturano (La Fraternidad), Juan Carlos Schmid (Fempinra), Roberto Coria (Guincheros), Pablo Biró (APLA), Alberto Pianelli y Néstor Segovia (Metrodelegados), Raúl Durdos (SOMU), Marcelo Pariente (Motoqueros), Jorge García (Taxistas) y Graciela Aleñá (Viales).

A ellos recientemente se les sumaron sindicatos de maestros, como la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN); la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), que integran varios movimientos sociales.

Por su parte, el sindicato de Roberto Fernández mantuvo este mismo lunes una reunión en las oficinas de la Secretaría de Trabajo, ubicadas en la avenida Callao al 114, pero no hubo un acuerdo, ya que las autoridades nacionales “no hicieron ninguna oferta”.

“Comunicamos a los trabajadores y a todo el público usuario, que se terminó el proceso de conciliación laboral obligatoria decretado por la Secretaria de Trabajo, incluso se terminó la prórroga dispuesta. Resultado de ello: nada de propuesta”, remarcó el gremio en un texto que publicó en las redes sociales.

La UTA viene reclamando un incremento de alrededor del 25%, con retroactividad a agosto, sobre el salario actual de poco más de un millón de pesos que cobran los choferes de colectivos desde hace tres meses, pero las autoridades nacionales argumentan que ya hubo subas recientemente.

“Los empresarios siguen esgrimiendo como causa de su posición, la readecuación de costos dispuesta por la Secretaria de Transporte y la falta de aumento en las tarifas, pero a nosotros -los trabajadores del transporte-, que nada tenemos que ver dentro del mundo de los costos, nos llevan a quedar en la cola de sus discrepancias económicas”, sostuvo en el comunicado.

Al ser un conflicto entre estas dos partes, por el momento no fueron convocadas las empresas que están a cargo de la operación del servicio en el AMBA, las cuales están agrupadas en la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), la Cámara Empresaria del Autotransporte de Pasajeros (CEAP), la Cámara de Transporte de la Provincia de Buenos Aires (CTPBA) y la Cámara de Empresarios Unidos del Transporte Urbano de Pasajeros de Buenos Aires (CEUTUPBA).

Actualmente, el salario de un colectivero se encuentra en 1.060.000 pesos, una cifra que Fernández consideró insuficiente. Por su parte, las empresas exigen una actualización de los fondos que reciben del Estado en concepto de subsidios.

De hecho, la situación ya se había agravado, al punto tal de que las compañías del sector están hace meses operando con una frecuencia reducida en un 50% en horario nocturno, lo que perjudicó también a los empleados, que no pueden cobrar así horas extra.

“Los empresarios culpan al Estado y los hacen a ellos responsables; el Estado dice haberle otorgado las partidas para afrontar el pago de los trabajadores y nosotros les decimos a nuestros patrones que existe un riesgo empresario que deben asumir porque, mientras, nosotros seguimos trabajando y llevando adelante este sistema de transporte que moviliza a millones de pasajeros sin tener una recomposición salarial acorde, y la inmensa responsabilidad de transportar seres humanos”, cuestionó la UTA.

En este contexto, el gremio ratificó: “Por eso, y porque se terminó, continuamos con nuestro plan de lucha y anunciamos que haremos un paro por 24 horas en el Autotransporte Público de Pasajeros del AMBA, desde las 0.00 hs del día 31 de octubre hasta las 0.00 hs del 1 de noviembre de 2024″.

Finalmente, los colectiveros de corta distancia del AMBA pararán este jueves, según lo decidió la Unión Tranviarios Automotor (UTA) ante el fracaso de las negociaciones salariales con los empresarios. Sin embargo, como anticipó Infobae, el sindicato de Roberto Fernández no adherirá a la huelga de este miércoles impulsada por la Mesa Nacional del Transporte.

“No podemos quedar cautivos del moyanismo”, dijo un dirigente de la UTA acerca de los motivos por los cuales decidieron una medida de fuerza para el día después del paro promovido por dirigentes del ala dura del sindicalismo como Pablo Moyano (Camioneros) y los gremios aeronáuticos.

El fracaso de las negociaciones se dio este lunes por la mañana en una reunión de apenas una hora entre representantes de la UTA y del sector empresarial, realizada en las oficinas de la Secretaría de Trabajo ubicadas en la avenida Callao 114. “No hicieron ninguna oferta”, dijeron fuentes sindicales.

Hoy era el último día de la conciliación obligatoria, dictada por Trabajo, por lo cual ambas partes quedaban liberadas de tomar las medidas que quisieran si no se alcanzaba un acuerdo. Tenían tiempo de negociar hasta esta medianoche, pero el desenlace fue rápido ante la falta de una propuesta para mejorar el salario de poco más de un millón de pesos que cobran los choferes de colectivos desde hace tres meses y conseguir un incremento de alrededor del 25% con retroactividad a agosto.

De todas formas, como se preveía, la UTA formalizó su decisión de ir a un paro por su cuenta y no sumarse al que hará este miércoles una coalición de sindicatos como Camioneros, pilotos, aeronavegantes, metrodelegados del subte, marítimos y portuarios, entre otros.

El gremio encabezado por Fernández había formado parte del origen de la Mesa Nacional del Transporte, pero no concurrió a sus dos últimas reuniones con la excusa de que negociaba dentro de la conciliación obligatoria. Sin embargo, pesó la decisión de tomar distancia de los sectores sindicales más duros: Fernández es un tradicional adversario sindical de Hugo y Pablo Moyano.

Ahora, la ruptura formalizada entre los sindicatos del transporte abre dudas sobre el efecto de las dos medidas de fuerza. El funcionamiento normal de los colectivos debilitará el paro de este miércoles de la Mesa Nacional del Transporte y, a su vez, la huelga de la UTA será sólo de los colectiveros.

Ante la renuencia de la UTA, justamente, los sindicatos de la Mesa Nacional del Transporte rediseñaron su protesta y tratarán de convertirla en un virtual paro general gracias al apoyo de los estatales de ATE, los movimientos sociales y sectores universitarios.

En declaraciones radiales, Pablo Moyano afirmó que el paro de este miércoles será “muy importante” y cuestionó la postura del sindicato de Fernández: “Todas las modalidades de transporte se han adherido. Se informó que la UTA no para. Tendrán sus razones, los juzgará la historia porque no creo que los compañeros colectiveros estén viviendo otro mundo, ¿no?”.

Fernández, por su parte, declaró la semana pasada que en ningún momento la UTA había confirmado su adhesión al paro de este miércoles, mientras resaltó: “Primero están los nuestros”.

Actualmente, el salario de un colectivero se encuentra en 1.060.000 pesos, una cifra que Fernández consideró insuficiente. La situación laboral de la rama se agravó en el último año también por la reducción de las frecuencias de los servicios, lo que afectó una reducción de las horas extras. “Antes había una o dos horas más por día. Lo que importa es trabajar ocho horas con un buen salario”, añadió.

La UTA está entre los gremios que decidieron el paro del 30 desde la Mesa Nacional del Transporte, creada hace un mes, en la que Fernández, a través del secretario de prensa del gremio, Mario Calegari, motorizaba una estrategia conjunta contra las políticas del Gobierno junto con Pablo Moyano y Omar Pérez (Camioneros), Omar Maturano (La Fraternidad), Pablo Biró (APLA), Juan Pablo Brey (aeronavegantes), Juan Carlos Schmid (Fempinra) y Raúl Durdos (SOMU).

Sin embargo, la UTA no participó del plenario sindical que decidió el paro del 30 de octubre y tampoco estuvo en la reunión de la Mesa del martes pasado, en el Sindicato de Camioneros, en la que se ratificó la medida de fuerza del miércoles próximo y se sumaron la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).

Será un día decisivo para determinar si esta semana habrá paro de colectivos: a las 11 comenzó la audiencia entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y los empresarios para tratar de llegar a un acuerdo salarial. Se trata de la última negociación realizada dentro del período de conciliación obligatoria que vencerá esta medianoche, por lo que si fracasan las tratativas, el gremio liderado por Roberto Fernández quedará liberado desde el martes para concretar protestas.

Aunque fracasen las negociaciones, que tendrán lugar en las oficinas de la Secretaría de Trabajo ubicadas en la avenida Callao 114. todo indica que la UTA resolvería una medida de fuerza por su cuenta y no se sumaría al paro de 24 horas que dispuso para este miércoles la Mesa Nacional del Transporte, que lidera el ala dura de Pablo Moyano y los sindicatos aeronáuticos.

“Estamos en un 50 y 50″, estimó un dirigente de la UTA sobre las posibilidades de que finalmente adhieran a la huelga del día 30, a la que convocaron desde la Mesa Nacional del Transporte, pero a cuyas últimas dos reuniones no fueron por sus tratativas salariales y también por la decisión de tomar distancia de los sectores más duros: Fernández es un tradicional adversario sindical de Hugo y Pablo Moyano.

En caso de que no haya acuerdo con los empresarios, la cúpula que encabeza Fernández analiza acciones que van desde un paro general de colectivos este martes hasta la realización de una marcha callejera o una protesta consistente en no cobrar los boletos durante 24 horas.

Los sindicatos del transporte rediseñaron su medida de fuerza ante la renuncia de la UTA en sumarse a la medida de fuerza y, por eso, intentarán convertirla en un virtual paro general a partir del apoyo que lograron por parte de los estatales de ATE, los movimientos sociales y sectores universitarios.

En declaraciones radiales, Pablo Moyano afirmó que el paro de este miércoles será “muy importante” y cuestionó la postura del sindicato de Fernández: “Todas las modalidades de transporte se han adherido. Se informó que la UTA no para. Tendrán sus razones, los juzgará la historia porque no creo que los compañeros colectiveros estén viviendo otro mundo, ¿no?”.

La UTA tendrá hasta el final del día para intentar un aumento salarial, en el que reclaman mejorar el salario de poco más de un millón de pesos que cobran mensualmente los choferes de colectivos desde hace tres meses y conseguir un incremento de alrededor del 25% con retroactividad a agosto.

Fernández aclaró la semana pasada que no dijeron “que sí ni que no” respecto de su adhesión al paro del 30 de octubre dispuesto por la Mesa Nacional del Transporte. Y si bien resaltó que en ningún momento se manifestó que no iban a participar de la medida prevista para este miércoles, hizo hincapié en su escala de prioridades: “Primero están los nuestros”.

Actualmente, el salario de un colectivero se encuentra en 1.060.000 pesos, una cifra que Fernández consideró insuficiente. La situación laboral de la rama se agravó en el último año también por la reducción de las frecuencias de los servicios, lo que afectó una reducción de las horas extras. “Antes había una o dos horas más por día. Lo que importa es trabajar ocho horas con un buen salario”, añadió.

La UTA está entre los gremios que decidieron el paro desde la Mesa Nacional del Transporte, creada hace un mes, en la que Fernández, a través del secretario de prensa del gremio, Mario Calegari, motorizaba una estrategia conjunta del sector contra las políticas del Gobierno junto con Pablo Moyano y Omar Pérez (Camioneros), Mario Caligari (UTA), Omar Maturano (La Fraternidad), Pablo Biró (APLA), Juan Pablo Brey (aeronavegantes), Juan Carlos Schmid (Fempinra) y Raúl Durdos (SOMU).

Sin embargo, la UTA no participó del plenario sindical que decidió el paro del 30 de octubre y tampoco estuvo en la reunión de la Mesa del martes pasado, en el Sindicato de Camioneros, en la que se ratificó la medida de fuerza del miércoles próximo y se sumaron la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP).

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) afrontó esta tarde una audiencia con los empresarios para definir un aumento salarial que terminó frustrada, por lo que volverán a reunirse el próximo lunes 28 de octubre. Mientras tanto barajan alternativas para realizar una medida de fuerza sin adherir al paro de 24 horas del transporte del miércoles próximo: Roberto Fernández, su titular, no quiere quedar pegado al moyanismo y a los sectores más duros del sindicalismo que promueven la huelga del sector.

Para la UTA, que negocia dentro del período de conciliación obligatoria, se trata de un dilema complejo porque tiene una impronta dialoguista que la hace renegar de un enfrentamiento frontal con el gobierno de Javier Milei y, a la vez, se caracteriza por una tradicional rivalidad con los Moyano.

Por eso la cúpula que encabeza Fernández analiza acciones que van desde un paro general de colectivos el martes 29, cuando vence la conciliación obligatoria, hasta la realización de una marcha callejera o una protesta consistente en no cobrar los boletos durante 24 horas.

El sindicato empezó la cuenta regresiva para arreglar su conflicto salarial, en el que reclaman mejorar el salario de poco más de un millón de pesos que cobran mensualmente los choferes de colectivos desde hace tres meses y conseguir un incremento de alrededor del 25% con retroactividad a agosto.

En declaraciones radiales, Fernández dijo este martes que “no dijimos ni que sí ni que no” respecto de su adhesión al paro del 30 de octubre dispuesto por la Mesa Nacional del Transporte y, si bien aclaró que “en ningún momento dijimos que no íbamos a hacer la medida” prevista para el miércoles que viene, hizo hincapié en su escala de prioridades: “Primero están los nuestros”.

Actualmente, el salario de un colectivero se encuentra en 1.060.000 pesos, una cifra que Fernández consideró insuficiente. La situación laboral de la rama se agravó en el último año también por la reducción de las frecuencias de los servicios, lo que afectó una reducción de las horas extras. “Antes había una o dos horas más por día. Lo que importa es trabajar ocho horas con un buen salario”, añadió.

La UTA está entre los gremios que decidieron el paro desde la Mesa Nacional del Transporte, creada hace un mes, donde Fernández, a través del secretario de prensa del gremio, Mario Calegari, motorizaba una estrategia conjunta del sector contra las políticas del Gobierno junto con Pablo Moyano y Omar Pérez (Camioneros), Mario Caligari (UTA), Omar Maturano (La Fraternidad), Pablo Biró (APLA), Juan Pablo Brey (aeronavegantes), Juan Carlos Schmid (Fempinra) y Raúl Durdos (SOMU).

Sin embargo, la UTA no participó del plenario sindical que decidió el paro del 30 de octubre y tampoco estuvo en la reunión de la Mesa de este martes, en el Sindicato de Camioneros, en la que se ratificó la medida de fuerza del miércoles próximo y se sumaron la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP).

En ese encuentro, Rodolfo Aguiar, titular de ATE, dijo que el sindicato comenzará un paro de 36 horas el 29 de octubre a las 12 a través de una movilización el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado y al día siguiente adherirá a la huelga de 24 horas del transporte a través de su representación en organismos como la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), Vías Navegables, la Junta de Seguridad del Transporte, el ex Ministerio de Transporte, la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), entre otros.

La Unión Tranviarias Automotor (UTA) anunció un paro total de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) por 48 horas a partir de las cero horas del lunes ante el fracaso de este viernes en la segunda reunión paritaria con las empresas del sector. “Las medidas se irán incrementando de no obtenerse una respuesta empresarial y estatal adecuada al reclamo de salarios”, señalaron los gremios durante una audiencia celebrada en la secretaría de Trabajo.

Según pudo confirmar Infobae, en el mismo ámbito las cámaras del sector respondieron mediante la solicitud a Trabajo que se dicte la conciliación obligatoria para desactivar la medida de fuerza “dada la importancia trascendental que tiene el servicio de transporte público automotor de pasajeros, ya que tiene 9.000.000 de viajes diarios que representan el 85% de la totalidad del transporte público en el AMBA con el agravante de la duración de la medida anunciada”.

Pocas horas después de esa audiencia, la secretaría de Trabajo otorgó la conciliación obligatoria por un plazo de 15 días. Ante esa decisión se explicó que, como es habitual en estos casos, las partes deben “retrotraer la situación a la existente con anterioridad al inicio del conflicto y por el plazo de duración del presente procedimiento conciliatorio”.

Las autoridades convocaron a una nueva audiencia para el jueves 3 de octubre, con posterioridad a las medidas de fuerza anunciadas que, de concretarse, tendrán lugar el lunes 30 de septiembre y el martes 1° de octubre.

Previo a esa declaración de la medida de fuerza, la representación sindical reiteró su pedido de reapertura paritaria y señaló que las cámara empresarias no aportaron un ofrecimiento salarial concreto. “Para la entidad sindical que representamos, la negociación salarial necesita urgentemente de respuestas estatales y empresarias, sin excusas, sin justificaciones infundadas, tanto por la Autoridad Nacional como por las Autoridades Provincial y Ciudad de Buenos Aires y la representación de las empresas”.

Los gremios se manifestaron ajenos a la controversia entre las tres jurisdicciones, Nación, Provincia y CABA, relativa a la instrumentación de subsidios y aumentos tarifarios. Y realizaron un pedido salarial concreto. “Pretendemos un salario básico conformado para el mes de agosto en $1.160.000; septiembre $1.200.600; octubre $1.242.621; noviembre $1.283.627; diciembre 2024 $1.322.136.”

Desde el lado de las empresas, se enfatizó que no se puede responder al pedido de los gremios hasta que Transporte, a su vez, no termine de definir cuál es la política de “compensaciones tarifarias”, ya que sin esa resolución no es posible establecer una oferta salarial.

Extrema gravedad

Las cámaras presentes afirmaron que “la situación de extrema gravedad por la que atraviesa el sector de empresas de transporte automotor de pasajeros de corta y media distancia del AMBA, se encuentra lejos de ser resuelta, habiéndose arribado a la misma, por la falta de reconocimiento de costos reales que permitan sostener la prestación del servicio encomendado en términos de calidad y eficiencia, observándose una persistente descapitalización reiteradamente denunciada, conducente a una concentración que no condice con la normativa específica relacionada con el servicio público que nos ocupa.”

Participaron de la audiencia en la secretaría de Trabajo la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), la Cámara Empresaria del autotransporte de Pasajeros (CEAP), la Cámara Empresaria del Transporte urbano de Buenos Aires (CETUBA), la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (CTPBA) y la Cámara de Empresarios Unidos del Transporte Urbano de Pasajeros de Buenos Aires (Ceutupba). La UTA estuvo representada por su secretario General, Roberto Fernández, entre otros dirigentes.

A través de un comunicado, la UTA afirmó que “han fracasado todos los intentos de acercamiento entre este sector y los empresarios para recomponer nuestros salarios, cuyo último acuerdo ya casi cumple un semestre. Los trabajadores somos nuevamente la válvula de escape de una situación que no termina de encaminarse entre el Estado y los empresarios. El Salario es nuestro aliento y no puede esperar”.

En su mensaje, el sindicato agregó además: ”Esto no se un paro salvaje, que se comprenda bien. A esta situación nos han obligado. No esperamos más. Llevamos 6 meses esperando sin un acuerdo de recomposición salarial, ni siquiera una propuesta”.

Ante la falta de acuerdo salarial, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) lleva adelante este jueves un paro de colectivos en el interior del país que se extenderá durante 48 horas. La medida de fuerza, que comenzó a las 00, fue confirmada por el gremio durante la noche de este miércoles y, según advirtieron, se mantendrá hasta el comienzo del fin de semana en el caso de que las autoridades no cambien su postura.

La medida que afecta al transporte urbano e interurbano del interior había sido adelantada por la UTA días atrás, en medio del creciente conflicto generado por la falta de acuerdo salarial. Sin embargo, tras el fracaso de la última paritaria con las cámaras empresariales ante la Secretaría de Trabajo de la Nación, finalmente confirmaron su realización.

El reclamo desde el gremio es que se alcance un acuerdo que “respete las necesidades de las provincias y garantice un salario digno para los trabajadores del transporte”.

Algunas provincias no adhieren a la medida de fuerza. Entre ellas, se encuentran Misiones, San Luis, Santa Fe, Chaco, Jujuy, Tucumán, Mendoza, Neuquén, Salta, Misiones y Formosa. De igual forma, otras provincias podrían no acatar el llamado, ya que la UTA no difundió una lista de las jurisdicciones que se verán afectadas.

En Misiones, por ejemplo, el Gobierno provincial intervino en la disputa entre la conducción regional de la UTA y la cámara empresarial. Tras largas negociaciones, alcanzaron un acuerdo cerca de las 21 horas del miércoles, por lo que se desactivó el paro en el territorio misionero, de acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local Primera Edición. La misma situación se replicó en la provincia de Chubut, donde la gestión de Ignacio “Nacho” Torres trabajó para desactivar la interrupción del servicio.

Por otro lado, las autoridades gremiales puntanas decidieron no adherir, mientras que en Santa Fe la seccional indicó que “no existe tal conflicto”, en línea con la información proporcionada por los medios locales. Con respecto al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), desde un principio, la medida no afectaba al transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y el Conurbano bonaerense.

Frente a esto, la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP) solicitó una “conciliación obligatoria”, con el fin de “mantener la paz social y posibilidad la urgente convocatoria a los poderes concedente y gobiernos provinciales en la ejecución de contratos de concesión y en el mantenimiento de la sustentabilidad de los sistemas de transporte, a fin de que la negociación y eventuales acuerdos que pudieran alcanzarse cuenten con la previsibilidad económica y financiera necesaria para garantizar su cumplimiento”.

La UTA rechazó este pedido, ya que consideró que la parte empresarial “no coincide con la representación del interés colectivo” y volvió a confirmar el paro “en las jurisdicciones en las que no hayan acordado los salarios del personal”.

En consecuencia, se fijó una nueva fecha de audiencia presencial. La cita será el próximo 27 de agosto, a las 13.30 horas en la Dirección Nacional.

FATAP argumentó: “La realidad de la inmensa mayoría de las jurisdicciones del interior es que las condiciones económicas desfavorables del sector tornan imposible sostener la ecuación de la actividad y revisten carácter general, más allá de coyunturales pactos paliativos que, a poco de existir, pierden eficacia y dejan al descubierto el real deterioro en la capacidad económica y operativa de nuestras afiliadas. En ese contexto, hemos señalado en este ámbito de negociación paritaria nacional, los nefastos efectos de tarifas inadecuadas, asistencias insuficientes de los Estados nacional, provinciales y municipales, así como el incremento permanente de los costos de la operación, lo que se suma a la caída en la carga de pasajeros”.

Por esto mismo, exigió que se sume a la negociación autoridades provinciales y municipales “para que puedan dar una respuesta presupuestaria necesaria para adoptar decisiones en torno a la pretensión salarial de la representación de nuestros trabajadores. En este estado, FATAP no se encuentra en posibilidad de avanzar en propuestas y/o acuerdos que obliguen a sus afiliadas con un mínimo de sustentabilidad que garantice el cumplimiento de lo que aquí se pacte”.

Un grupo de líneas de colectivos redujeron sus frecuencias o directamente no circulan desde las 0 horas de este viernes 5 de julio. Se trata, en principio, de al menos veinte líneas se sumaron a la medida de fuerza que impulsan desde la Unión Tranviarios Automotor (UTA), el gremio que representa a los choferes.

El conflicto se inició por un retraso generalizado en la mayoría de las empresas de la cancelación del aguinaldo y parte de los salarios a los trabajadores. No obstante, esa situación comenzó a regularizarse en el transcurso de este jueves, luego de que el sindicato planteara formalmente la queja ante las empresas.

El encuentro se dio por zoom, durante la mañana de este 4 de julio, y se conectaron a la audiencia virtual el sindicato, por un lado, y representantes de las cinco cámaras empresarias, por otro. Allí se logró destrabar buena parte del conflicto, cuando las empresas accedieron a cancelar lo adeudado. No obstante, subsiste un reclamo al gobierno nacional para que remita fondos en concepto de subsidios, ya que, aseguran, es ese el motivo del atraso.

Sin embargo, la normalización del pago quedó incompleta. Varias líneas junto a un grupo de empresas, continúa adeudando montos, según explicaron desde el gremio a Infobae. Por ese motivo, ayer pasadas las 17 horas se conoció un comunicado que confirmó la medida de fuerza en los casos citados.

“La Unión Tranviarios Automotor (UTA) informa a la comunidad y a los usuarios del transporte público de pasajeros que, debido a la falta de pago de salarios por parte de algunas empresas del AMBA, se ha decidido llevar a cabo una abstención de tareas en dichas empresas”, introduce la información que difundió el gremio.

Luego continúa: “Este incumplimiento se debe a la demora del gobierno nacional en la asignación y entrega de los subsidios correspondientes, lo cuál impide a los empresarios cumplir con el pago de salarios en tiempo y forma”. Allí, se da una situación que suele reiterarse: si bien los atrasos salariales son responsabilidad de las empresas que concesionan el servicio, las medidas de fuerza terminan destrabando fondos del Estado, que, por presión, regulariza el envío de fondos en concepto de subsidios.

“Lamentamos profundamente los inconvenientes que esta medida pueda ocasionar a los usuarios, pero la situación actual no nos deja otra opción. Reiteramos nuestro compromiso con los trabajadores y con la comunidad, esperando que el gobierno nacional realice la acreditación de los subsidios necesarios para que los trabajadores perciban sus salarios que son de carácter alimentario, más en estos momentos tan difíciles que estamos atravesando el conjunto de los trabajadores”, concluye el texto que difundió la UTA.

En ese contexto, el Gobierno acusó recibo de la presión y brindó su versión del conflicto. “La Secretaria de Transporte informa que los pagos de los salarios son obligaciones de los empresarios con sus empleados. No obstante, cabe destacar, que no hay una fecha de pago obligatoria de fondos a las empresas. A pesar de ello, desde Transporte se instrumentan todas las medidas necesarias para asegurar los fondos lo antes posible”, indicó la respuesta de Transporte.

“Debido a eso, el pago de las compensaciones que realiza la Secretaría de Transporte ya fue enviado al banco y está próximo a acreditarse en las cuentas de las empresas en las próximas horas”, agrega.

“Se recuerda, por último, que las empresas que no presten servicios serán sancionadas por la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT) y se les realizará las deducciones correspondientes a las compensaciones del mes”, advirtieron.

Las cinco cámaras, AAETA, CEAP,CETUBA,CTPBA y CEUTUPBA, agrupan al rededor de 200 líneas de colectivos que circulan en el Área Metropolitana de Buenos Aires. En ellas viajan más de nueve millones de pasajeros habitualmente.

Discusión salarial

La negociación paritaria entre el gremio y las empresas sigue vigente. Los representantes de los trabajadores quieren mejorar sus ingresos y la evolución de los números sobre los que se negocian fue la siguiente:

Mayo

• Básico: $737.000
• Viáticos: $101.160
• Monto no remunerativo: $250.000
• Total: $1.088.256

Junio

• Básico junio: $1.000.000
• Viáticos: $137.256
• Monto no remunerativo: $250.000
• Total: $1.387.256

Julio

• Básico: $1.060.000
• Viáticos: $145.488
• Monto no remunerativo: $250.000
• Total: $1.455.488

Según fuentes del sector, la discusión está enfocada sobre el mes de julio, para el que podrían anunciarse aumentos.