El Gobierno de Italia liberó ayudas por 540 millones de euros para los sectores del transporte, la agricultura y la pesca, pero los bloqueos de carreteras continuaban este jueves en Campania y Calabria tras siete días de huelga por el encarecimiento del combustible.

El decreto-ley aprobado por el Consejo de Ministros busca adelantar créditos fiscales y compensaciones por el gasóleo para aliviar los costos de los transportistas. Pese al acuerdo anunciado por Giorgia Meloni, algunos grupos mantenían los cortes, que afectaron el abastecimiento de comercios y supermercados, sobre todo en el sur del país.

La primera ministra italiana aseguró que el acuerdo con las asociaciones del transporte permitirá que las empresas reciban en los próximos días un anticipo de los créditos fiscales por el gasóleo correspondientes al período de marzo a agosto de 2026.

“No se trata de promesas, sino recursos que ya están llegando al sector”, afirmó Meloni en un video. Según explicó, el Ministerio de Transportes ya había comenzado a efectuar los pagos y las comprobaciones se realizarán después.

El Ejecutivo financiará desde noviembre ayudas atrasadas para los transportistas. A los 434 millones de euros ya asignados se sumarán otros 106 millones, mientras que se estudia aplazar el pago de las cuotas de los contratos de arrendamiento de vehículos.

El decreto también contempla 60 millones de euros para abaratar el gasóleo agrícola en 45 céntimos de euro por litro y 10 millones de euros para el sector pesquero. El ministro de Agricultura, Francesco Lollobrigida, presentó las medidas junto al viceministro de Infraestructuras y Transportes, Edoardo Rixi.

El reclamo para levantar los cortes

Meloni pidió a los transportistas que levanten las protestas tras el acuerdo y denunció que algunos participantes amenazaban a quienes pretendían trabajar y pinchaban los neumáticos de camiones de otros conductores.

“Esto no es una protesta, es intimidación”, advirtió la primera ministra. También sostuvo que las autoridades utilizarán todos los instrumentos legales disponibles, incluidas las disposiciones del decreto de seguridad que tipifican como delito el bloqueo de carreteras.

Rixi indicó que el paquete permite liberar los créditos fiscales prometidos y atribuyó la demora a problemas técnicos de algunas empresas para completar las solicitudes. Además, dijo que se aplicará el denominado “método español”, que permite incorporar a la factura la diferencia provocada por el aumento del gasóleo para repartirla con quien encarga el transporte.

Lollobrigida calificó de “injustificados” los cortes y afirmó que agravaron la situación de empresas que perdieron parte de su producción perecedera. “Mi llamamiento es que en estas horas se permita a la mercancía del sur de Italia llegar a la distribución”, pidió.

Desabastecimiento en el sur de Italia

Las protestas afectaron con mayor fuerza a las regiones del sur, más dependientes del transporte por carretera por la falta de infraestructuras ferroviarias. En Nápoles, las huelgas dejaron estanterías vacías en numerosos supermercados.

Los bloqueos persistían en las principales carreteras de Campania y Calabria, donde los transportistas reclamaban medidas suficientes para paliar el aumento del precio del diésel.

La interrupción del transporte también afectó al suministro de carburante en cinco aeropuertos de Italia.

Los camioneros italianos bloquearon el lunes la carga y descarga de alimentos frescos y otras mercancías en almacenes de distribución de supermercados cercanos a Nápoles, en protesta por el precio del diésel. Un día después, algunas estanterías de supermercados y surtidores de gasolineras de la ciudad estaban vacíos.

Uno de los supermercados colocó un cartel en los anaqueles sin mercadería para disculparse por la falta temporal de algunos productos y la oferta reducida de otros a causa del paro. La protesta se suma a las movilizaciones de transportistas en varios países europeos, afectados por el encarecimiento de los combustibles.

El desabastecimiento no se limita a Campania. En Sicilia se registró escasez de pasta fresca, quesos y carnes envasadas, además de productos agrícolas, en parte por las compras de acopio de los consumidores. En Calabria y Apulia también se vieron estanterías parcialmente vacías.

El viceprimer ministro y titular de Infraestructuras y Transportes, Matteo Salvini, se reunió el martes con las asociaciones nacionales del transporte por carretera. Prometió crédito fiscal para compensar el aumento del gasóleo y fondos para actualizar las tarifas del transporte de carga. Paolo Uggè, presidente de Unatras, coordinadora que agrupa a las principales organizaciones del sector, dijo que Salvini se comprometió a que los pagos comenzaran el miércoles 21 y a impulsar una ley sobre los costos operativos. Hay otra reunión prevista para la próxima semana.

El diésel cuesta cerca de un 33% más que antes de la guerra de Estados Unidos e Irán, pese a las medidas del Gobierno para contener los precios en los surtidores. La última rebaja del impuesto especial al gasóleo venció a la medianoche del 5 al 6 de octubre y el precio subió de inmediato en las estaciones de servicio. El Ejecutivo había anunciado que recurriría después a las llamadas accisas móviles, un mecanismo que destina la recaudación extra de IVA a recortar el impuesto especial, pero el decreto que debía activarlas no estaba publicado cuando terminó el descuento.

La guerra comenzó el 28 de febrero, con los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán. El régimen iraní respondió con el bloqueo del estrecho de Ormuz, por donde circula en torno a una quinta parte del petróleo y del gas natural licuado del mundo. Tras una breve tregua y nuevos ataques a petroleros, el crudo volvió a superar los USD 100 por barril.

Italia respondió desde el 19 de marzo con recortes temporales de los impuestos a los combustibles, que la asociación de consumidores Codacons contabiliza en 13 medidas. Según su análisis de los datos del instituto de estadística Istat, los combustibles líquidos subieron un 38,4% entre febrero y abril. En julio, el ministro de Economía, Giancarlo Giorgetti, justificó un descuento solo para el diésel porque las guerras habían tensado su precio y no el de la gasolina.

Los transportistas ya habían presionado antes. En mayo, Unatras convocó un paro nacional del 25 al 29 y lo suspendió el día 22, tras una reunión con Meloni en el Palacio Chigi. El Gobierno aceptó entonces un crédito fiscal para compensar el sobrecosto del gasóleo entre marzo y agosto. En julio, tras otro encuentro en el Ministerio de Infraestructuras, Unatras revocó de forma definitiva el paro y acordó con el Ejecutivo una mesa permanente del sector.

El 6 de octubre, la presidenta de la asociación Assotir, Anna Vita Manigrasso, advirtió de que el transporte se detendría por la protesta o por el costo del gasóleo. Los bloqueos de esta semana llegan dos semanas después de esa advertencia.

Con la rebaja fiscal agotada y los pagos prometidos a punto de empezar, la reunión de la próxima semana dirá si el Gobierno logra contener a un sector que ya obtuvo compromisos en mayo tras convocar un paro.

El reciente incremento de cien pesos en el precio del galón del diésel, autorizado por el Gobierno nacional y vigente desde el pasado 20 de diciembre, desató una nueva controversia con los gremios del transporte de carga, que aseguran que la medida rompe los compromisos adquiridos tras el paro camionero realizado en septiembre.

Así lo afirmó Anderson Quiceno, vocero de la Asociación de Transportadores de Carga de Colombia, durante una entrevista con W Radio, en la que sostuvo que el aumento contradice de manera directa los acuerdos alcanzados con el Ejecutivo luego de las jornadas de protesta, en las que los camioneros exigieron estabilidad en el precio del combustible y una revisión estructural de la fórmula con la que se calcula su valor.

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“Eso rompe los términos de confianza con el Gobierno en relación al paro que se realizó en septiembre, porque una de las consecuencias de ese paro era que no iban a haber incrementos del precio del combustible si no se abordaba la Fórmula Colombia desde la visión de los gremios camioneros hacia el Ministerio de Hacienda”, aseguró Quiceno.

Según el dirigente gremial, la decisión deja en entredicho los compromisos asumidos por el Gobierno y traslada un problema estructural al próximo Ejecutivo.

“Esto prácticamente deja en entredicho ese acuerdo y deja un problema bastante fuerte para el próximo gobierno que vaya entrando”, agregó.

Sobrecostos millonarios para el sector

Quiceno explicó que el aumento de cien pesos tiene un impacto económico inmediato para los transportadores de carga pesada, especialmente para los vehículos articulados, como tractomulas y minimulas.

De acuerdo con sus cálculos, el incremento representa sobrecostos mensuales cercanos a los 6.200 millones de pesos para los camioneros que operan este tipo de vehículos.

El dirigente precisó que en Colombia existen alrededor de 62.000 vehículos articulados y que, si se suman los aumentos registrados desde septiembre, el incremento promedio en el precio del galón del diésel alcanza los 600 pesos.

Alerta por un posible nuevo paro

Aunque descartó una convocatoria inmediata a un nuevo paro, Quiceno advirtió que los gremios camioneros se mantienen en estado de alerta desde septiembre y que el incumplimiento de los acuerdos aumenta el riesgo de nuevas movilizaciones.

Según explicó, la compleja situación de seguridad en el país ha llevado al sector a priorizar el abastecimiento y evitar mayores afectaciones a la ciudadanía, pese al inconformismo existente.

El vocero gremial también recordó que, durante el paro, el Gobierno se comprometió a regular el parque automotor, revisar el esquema de pagos a los camioneros y ajustar herramientas como el Sistema de Información de Costos Eficientes (Sice-TAC), que —según los transportadores— solo calcula costos, pero no contempla utilidades ni beneficios reales para el sector.

Precios del diésel y panorama nacional

El aumento en el precio del diésel, vigente desde diciembre, alteró el equilibrio que se mantenía en el mercado de combustibles durante los últimos meses.

Con un precio promedio de 10.885 pesos por galón en las trece principales ciudades del país, el ajuste de cien pesos marca el inicio de una serie de incrementos previstos para el sector y sus consumidores, en especial el transporte de carga.

La medida puso fin a casi dos meses de estabilidad y representa una acumulación de 637 pesos por galón en lo que va de 2025. Según informó la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), desde el pasado 20 de diciembre comenzó a regir en todo el país el incremento autorizado para el diésel.

En el detalle por ciudades, Villavicencio se mantiene entre las urbes con el combustible más costoso, con un precio de 11.276 pesos por galón. En Bogotá, el diésel se comercializa a 11.176 pesos, mientras que en Medellín alcanza los 11.198 pesos. Cali registra un valor de 11.318 pesos, Barranquilla de 10.861 y Cartagena de 10.827 pesos.

Por el contrario, Cúcuta presenta el precio más bajo del país, con 8.932 pesos por galón, seguida por Pasto, donde el combustible se ubica entre los más económicos.

La Creg destacó que estas diferencias responden a variables regionales y a los componentes de la fórmula de precios, incluidos impuestos y costos de producción.

La preocupación por el posible aislamiento del sur de Colombia ha crecido entre los transportadores de carga, quienes advierten que un tramo de la vía Panamericana entre Popayán e Ipiales podría colapsar si no se realizan obras urgentes.

Esta situación, sumada a una serie de incumplimientos por parte del gobierno, ha llevado a los camioneros del suroccidente del país a convocar un paro indefinido a partir del lunes 16 de junio.

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Según informó Caracol Radio, la decisión responde a la falta de avances en los compromisos pactados hace un año con el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Defensa.

Alfonso Medrano, presidente de la Asociación Colombiana de Camioneros, explicó en entrevista con Caracol Radio que el acuerdo firmado en 2023 con la entonces ministra María Constanza García incluía la creación de grupos élite para la vigilancia de la vía Panamericana y la intervención inmediata en los tramos críticos.

“Se habló de que tenía que desplazarse el ministerio y las concesiones que están recaudando los peajes a arreglar la vía, porque hay un tramo que ya prácticamente si no le meten trabajo, se va a desbancar y queda otra vez el sur de Colombia incomunicado”, afirmó Medrano al medio.

De acuerdo con el medio mencionado, el gremio de los camioneros considera que el Gobierno no ha cumplido con los compromisos adquiridos, lo que ha generado un ambiente de frustración y desconfianza.

Medrano detalló que, además de la falta de obras en la vía, persisten otros puntos críticos sin resolver, como la reapertura del paso internacional hacia Ecuador y el aumento en la retención en la fuente para los transportadores.

“Hace un año se hizo un acuerdo con la ex ministra María Costanza García en donde se dejó plasmado un acuerdo de que ella y el Ministerio de Defensa iban a crear unos grupos élites para vigilar la vía Panamericana entre Popayán y Piales”, recordó el dirigente gremial en la emisora.

El anuncio del paro indefinido afecta principalmente a los departamentos de Cauca y Nariño, donde la economía depende en gran medida del transporte de carga. Según estimaciones de Medrano, “estaríamos hablando entre unos 200.000 camiones” que podrían dejar de circular a partir del 16 de junio.

El líder camionero advirtió que la protesta podría extenderse a otras regiones si no se atienden las demandas del sector. La falta de interlocución con la actual ministra de Transporte ha sido uno de los principales motivos de molestia entre los transportadores. Medrano relató al medio mencionado que, desde la posesión de la nueva ministra hace más de cuatro meses, solo han logrado una reunión de una hora.

El dirigente lamentó que, pese a la insistencia y a la disposición al diálogo, no se haya avanzado en la agenda de 14 puntos acordada tras la inmovilización de septiembre pasado.

Entre los temas que más inquietan al gremio se encuentra el reciente aumento en la retención en la fuente, que pasó del 1% al 3.5% a partir del 1 de junio.

Medrano relató a Caracol Radio que advirtió a la ministra sobre el impacto negativo de esta medida para los pequeños transportadores: “Le dije, ‘Mire, ministra, hay que tener cuidado porque va a venir un decreto donde nos van a subir la retención en la fuente del uno al 3.5. Ayúdenos, por favor, porque eso es totalmente lesivo para el pequeño transportador.’ Ahí salió el decreto y ahí quedamos con el 3.5 a partir del primero de junio”.

La situación de la vía Panamericana es especialmente delicada, ya que se trata de la principal arteria de comunicación entre el sur de Colombia y el resto del país.

El deterioro de uno de sus tramos amenaza con dejar incomunicadas a miles de personas y afectar el abastecimiento de productos básicos. “Hay un tramo que ya prácticamente si no le meten trabajo, se va a desbancar y queda otra vez el sur de Colombia incomunicado”, reiteró Medrano en su diálogo con Caracol Radio.

El gremio también expresó su preocupación por la posible reapertura del paso internacional hacia Ecuador para el transporte de carga, una medida que consideran perjudicial para los intereses de los transportadores nacionales. Según Medrano, “se había hablado de cerrarle la vía al paso directo de transporte internacional con los ecuatorianos y la ministra pues tiene como intenciones de abrirle nuevamente la vía”.

La falta de avances en la agenda de 14 puntos pactada en septiembre pasado ha generado un clima de descontento entre los camioneros.

Medrano explicó a Caracol Radio que, pese a las reiteradas solicitudes de diálogo, la ministra no ha mostrado disposición para atender las inquietudes del sector: “No tenemos ministra. Ella no va al ministerio. Entonces, así como solucionamos los problemas ahora, yo en en ese momentico que nos dio únicamente que porque estaba muy ocupada, que la llama el presidente, que vive muy ocupada, pero no en su cartera”.

Bogotá, 20 ene (EFE).- La ministra de Transporte de Colombia, María Constanza García, renunció al cargo y se convirtió así en la tercera jefa de cartera que sale de su puesto este lunes luego de que lo hicieran los ministros de Relaciones Exteriores, Luis Gilberto Murillo, y de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Mauricio Lizcano.

"Quiero compartir con ustedes que, tras un proceso de reflexión, he tomado la decisión de renunciar a mi cargo como Ministra de Transporte", expresó García en la red social X.

Agregó: "Total gratitud al presidente Gustavo Petro por la confianza depositada en mí durante estos dos años y medio, primero como viceministra de Infraestructura y, desde el 8 de julio de 2024, como ministra de Transporte".

García afirmó que fue "un honor" servir a Colombia, "liderando un sector clave con el mayor presupuesto y enfrentando los desafíos propios de un gobierno comprometido con el cambio social".

Durante su corta gestión de seis meses, García tuvo que lidiar con un paro de camioneros que protestaron en septiembre pasado por el alza del precio del diésel.

Este es el tercer movimiento en el Gobierno de Petro para la última recta de su Gobierno -todos anunciados este lunes- y se esperan otras salidas, aunque el presidente aún no se ha pronunciado sobre dichos cambios.

De los reemplazos, solo se conoce el puesto de canciller, que lo asumirá a partir del 1 de febrero Laura Sarabia, actual directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre).

Desde hace semanas se venía especulando con la salida de varios ministros debido a que el año que viene hay elecciones parlamentarias y presidenciales y la ley colombiana estipula que no se puede presentar nadie que haya ejercido un cargo público que implique ejecución de presupuestos en los 12 meses anteriores a la inscripción.

Debido a que la Constitución prohíbe la reelección presidencial, se espera que se perfile quien será el candidato del partido de Petro, el Pacto Histórico, y por ende su posible sucesor, que podría ser algunas de las figuras ministeriales. EFE

Tras el anuncio de un nuevo paro de transportadores en el país, programado para este 7 de enero debido al presunto incumplimiento de los acuerdos entre el sector camionero y el Gobierno Nacional, la Gobernación de Santander sostuvo reuniones con representantes del gremio y algunas autoridades para intentar posponer y mitigar el impacto de los posibles bloqueos.

El secretario del Interior, Óscar Hernández, lideró una reunión con líderes del gremio durante varias horas en la tarde del 6 de enero. En el encuentro, se discutieron las garantías necesarias para llevar a cabo una protesta pacífica:

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“Desde la Gobernación de Santander, en el punto conocido como La Polvorería de Girón, en la salida hacia el aeropuerto de Bucaramanga, nos encontramos haciendo acompañamiento interinstitucional a la protesta del sector de transportadores independientes de Santander. Nos acompañan en esta noche líderes del gremio, con quienes articulamos una mesa virtual que se realizó esta tarde, alrededor de las 6:30 p. m. Allí dialogamos durante más de dos horas y media, buscando principalmente garantizar las condiciones para que su protesta sea respetada y pacífica”, comentó el secretario en un video difundido en las redes sociales de la Gobernación.

En las imágenes, se puede observar al funcionario junto a varios líderes de los transportadores, en un esfuerzo por mantener un diálogo abierto y evitar interrupciones significativas en la movilidad de la región.

El secretario del Interior, también explicó que, tras una reunión que se extendió hasta la madrugada del martes 7 de enero, se logró que el Ministerio de Transporte llegue al territorio durante la jornada para atender las solicitudes del gremio de transportadores. Estas peticiones se relacionan con temas que ya habían sido motivo del paro anterior.

“Nos reunimos esta noche, esta madrugada, para acompañar y garantizar que desde el Gobierno Nacional se escuchen sus inquietudes. La ministra de Transporte se comprometió a que el día de mañana (martes) el viceministro de Transporte estará presente para atender al sector de transportadores independientes de Santander. Se buscarán posibles soluciones a sus peticiones, relacionadas con un posible incumplimiento de los 15 puntos acordados, el alza en el precio del combustible y, de igual forma, el aumento en las tarifas de los peajes”, aseguró Hernández.

La administración departamental destacó, a través de la información entregada a la opinión pública, que están trabajando en compañía de las instituciones para demostrar su compromiso con el diálogo. También enfatizaron en la voluntad de los sectores para llegar a acuerdos y soluciones que eviten mayores afectaciones a la población.

Jenny Alvarado, vocera de los transportadores en la región, fue contundente al explicar las principales razones para retomar este tipo de actividades: ”El paro sigue porque el Gobierno Nacional anunció otra alza en los peajes para el 15 de enero. No respetaron el compromiso sobre el alza del combustible. Tenemos 15 puntos de acuerdo donde se ha hablado mucho, pero no nos han dado soluciones a nosotros”.

Desde W Radio se informó que, desde el domingo 5 de enero, se instalaron Puestos de Mando Unificados (PMU) para prevenir cualquier situación que pueda alterar el orden público en la zona.

A pesar del anuncio de los transportadores independientes de Santander, los doce gremios más importantes del sector a nivel nacional no han determinado una suspensión de actividades ni una “hora cero”. Sin embargo, han asegurado que mantienen asambleas permanentes para discutir algunos puntos, dado que existen inconformidades con el cumplimiento de los acuerdos.

“Han sido casi cuatro meses tirados por la borda, en los que se han desconocido las bases de los transportadores”, señalaron representantes del gremio.

Durante el tradicional Plan retorno del puente de Reyes, donde miles de viajeros regresan a sus lugares de origen tras las festividades de Fin de Año, algunos gremios de transportadores emitieron un comunicado en el que advierten sobre sus movilizaciones debido al presunto incumplimiento de los acuerdos pactados con el Gobierno nacional el 6 de septiembre de 2024; sin embargo, otro sector los desmintió y destacaron que no se definió una fecha ni una hora para iniciar un cese de actividades en el territorio colombiano.

El paro, que había sido inicialmente anunciado para la medianoche del lunes 6 de enero, quedó en suspenso, mientras las organizaciones transportadoras evaluaban alternativas de acción frente a lo que consideran una falta de cumplimiento gubernamental. Según los líderes gremiales, los compromisos adquiridos tras negociaciones prolongadas no se han materializado, situación que los ha llevado a mantenerse en una “asamblea permanente” y a realizar consultas internas con las bases camioneras.

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A través de un comunicado oficial, 12 gremios de transportadores declararon: “De nuestra parte no tendrán inconvenientes en sus desplazamientos y regreso a casa de sus vacaciones, al igual que en sus labores de transporte. Cualquier determinación la haremos pública con la debida anticipación”. Esta postura busca desmentir la información que circula en algunos medios y redes sociales sobre una supuesta paralización inmediata del sector.

¿Quién anunció el paro de camioneros?

Jorge García, transportador de Santander, confirmó que los gremios de camioneros en la región iniciarán una paralización de actividades a partir de las 00:00 horas del lunes 6 de enero, tras considerar que el Gobierno ha incumplido los acuerdos pactados en septiembre de 2024. Aunque la medida se implementará a partir del día mencionado, el líder destacó que se dará tiempo a los viajeros para que regresen a sus hogares sin inconvenientes.

El paro será liderado por los pequeños transportadores de Santander, que denunciaron el aumento del precio del Acpm y los altos costos de los peajes como las principales razones de la protesta. Las movilizaciones, que contarán con siete puntos de concentración en las principales vías del departamento, provocaron preocupación debido a los posibles bloqueos en rutas clave como La Polvorera de Lebrija, Vijagual, Piedecuesta, Morrorico, La Lizama, San Alberto y Berlín.

Ante esta situación, las autoridades, en su momento, anunciaron que reforzarían la seguridad en las principales carreteras con 35 puestos de control para evitar alteraciones del orden. García también destacó que los transportadores buscan que más gremios se sumen a su causa, que afecta a diversos sectores como las empresas de encomiendas y el transporte de pasajeros.

Gremios transportadores desmienten rumores sobre un paro

En medio de la incertidumbre sobre un posible paro de camioneros, los gremios de transportadores emitieron un comunicado aclaratorio donde aseguran que, a pesar de la desinformación que circula en medios de comunicación y redes sociales, no han declarado una hora cero para el cese de actividades. Este pronunciamiento surge luego de que algunos sectores anunciaran una posible paralización debido al incumplimiento de acuerdos pactados con el Gobierno nacional en septiembre de 2024.

A través del documento, los gremios de transportadores, que agrupan a conductores, propietarios de camiones y pequeñas empresas, reiteraron su postura y desmintieron cualquier anuncio sobre un paro inminente. “Nosotros estamos listos para defender el mandato de las bases transportadoras. La lucha por nuestros derechos no ha terminado y es hora de unirnos, no dejarnos manipular por aquellos que buscan debilitar esta causa”, se lee en el mensaje.

A pesar de la tensión en torno a la situación, los gremios señalaron su disposición para seguir buscando soluciones pacíficas a través del diálogo, pero recalcan que, si el incumplimiento persiste, no descartan tomar medidas más drásticas en el futuro: “Nuestro objetivo no es afectar a la ciudadanía, sino exigir que se respeten los acuerdos pactados y que el Gobierno cumpla con sus compromisos”.