La administración del presidente José Antonio Kast enfrenta su primera paralización de camioneros, luego de que transportistas independientes de San Antonio (120 kms al oeste de Santiago) iniciaran un bloqueo total de los depósitos de carga. La movilización responde al incremento sostenido del precio de los combustibles y al rechazo a cuatro nuevos pórticos TAG (peajes) asociados a la ampliación de la Ruta 78.

La protesta comenzó a las 23:00 horas de este miércoles y, según los antecedentes disponibles, reúne a más de 40 camioneros independientes, mientras cerca de 200 máquinas de carga permanecen detenidas. Los organizadores anunciaron que la medida no tiene una fecha definida de término.

Manuel Araya, dirigente de Agreporsai, agrupación que reúne a porteadores independientes de San Antonio, confirmó la continuidad del bloqueo en conversación con Radio Biobío y explicó que la decisión fue adoptada después de consultar a las bases del gremio.

“Lo lamentamos por los camioneros que vienen viajando. Mantenemos el bloqueo. Es un bloqueo total. No entra ni sale ningún camión de los depósitos. Es una movilización indefinida”, afirmó.

La medida amenaza con afectar el funcionamiento de la cadena logística portuaria, particularmente por las restricciones de acceso a los recintos vinculados con la actividad de carga y descarga.

Camioneros exigen intervención directa del Ejecutivo

Los transportistas condicionaron cualquier avance a la intervención de una autoridad del Gobierno que permita abordar sus demandas tarifarias. Araya señaló que esperan un acercamiento del subsecretario de Economía, KarlFranz Köhler, y advirtió que la paralización continuará mientras no exista una respuesta concreta.

El dirigente descartó que el sector esté disponible para repetir las instancias de conversación que, según su planteamiento, no han permitido resolver el problema.

“Hoy día ya no queremos más mesas de trabajo. Queremos que alguien del gobierno, el subsecretario de Economía, KarlFranz Köhler, que nos recibió con muy buenas vibras en Santiago, se acerque para acá y haya una transferencia de tarifa en San Antonio”, añadió.

La principal exigencia apunta a conseguir un ajuste en las tarifas del transporte de carga que permita enfrentar el encarecimiento de la operación. Los camioneros sostienen que el aumento de los combustibles y los nuevos cobros asociados a la infraestructura vial están presionando sus ingresos y dificultando la continuidad de sus actividades.

Araya también hizo hincapié en que las consecuencias económicas de estos incrementos no se limitan a los propietarios de los camiones, sino que alcanzan al resto de la comunidad. En esa línea, el dirigente pidió comprensión frente a la decisión de paralizar las operaciones y manifestó su expectativa de alcanzar una salida que permita retomar el trabajo.

“Esto nos afecta a todos, el TAG, el alza de combustible (...) Nosotros queremos que la gente nos entienda y que ojalá tener un buen término, porque esto ya no podemos sostenerlo nosotros como dueños de camiones“, agregó Araya.

Negociaciones pendientes

Mientras se mantiene la interrupción de las operaciones, desde Agreporsai esperan que los responsables de los depósitos y de los puntos que generan carga se abran a negociar con ellos.

“Esperaremos no más, esperar que los gerentes de cada depósito, de cada generador de carga, se sienten a conversar con nosotros“, complementó el dirigente gremial.

Araya planteó que la estructura del sector hace especialmente difícil absorber nuevos incrementos de costos, debido al peso que tienen los operadores de menor tamaño dentro de la actividad.

“Hoy día el porteo se puede reflejar en que el 90% somos los pequeños empresarios”, subrayó.

La organización también dejó abierta la posibilidad de que otras agrupaciones se sumen a la protesta durante esta jornada. Consultado por eventuales adhesiones, el dirigente mencionó que “tal vez hoy día también se pueda unir Fede Quinta“.

Por ahora, los camioneros mantienen su decisión de impedir el ingreso y la salida de vehículos de los depósitos de carga de San Antonio, a la espera de una respuesta que permita destrabar el conflicto.

La Asociación Colombiana de Camioneros (ACC) anunció su paso a la alerta máxima y planteó la posibilidad de convocar a un paro nacional si el Gobierno colombiano mantiene el acuerdo de permitir el ingreso de camiones ecuatorianos a todo el país.

En un comunicado publicado en la noche del sábado 7 de febrero de 2026, el gremio transportador colombiano expresó su descontento por la difusión de un boletín del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador, en el que se detalla el compromiso aceptado por la Cancillería de Colombia, considerado como “grave, equivocada y altamente perjudicial”.

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“Colombia acepta el paso de camiones ecuatorianos a territorio colombiano sin necesidad de trasbordo, en reciprocidad al trato que Ecuador brinda al transporte colombiano”, aseguró la cancillería ecuatoriana en un comunicado.

Frente a esta situación, la directiva de la ACC advirtió que esta medida podría aumentar el riesgo de actividades ilícitas, como el contrabando de combustibles, medicamentos, narcóticos y trata de personas, afirmando que experiencias previas así lo demuestran.

“Esta decisión es grave, equivocada y muy perjudicial para los camioneros colombianos. El transporte directo, además, ya demostró en el pasado ser un factor para propiciar el monopolio de grandes empresas y el contrabando de combustibles, medicamentos, narcóticos, trata de personas y otras actividades ilícitas”, señaló el gremio en la misiva.

Igualmente, remarcó que la decisión gubernamental fue adoptada sin consulta previa a las organizaciones del sector, subrayando que existen mesas de trabajo explícitamente creadas para abordar los asuntos estructurales del transporte de carga, por lo que califica la adopción de la medida como un incumplimiento grave de los acuerdos firmados y una fractura en la confianza entre el Estado y los transportadores.

“La ministra de Transporte, Dra. Maria Fernanda Rojas, no informó ni discutió este tema en las mesas existentes del Paro Nacional Camionero, pese a que allí se pactó tratar los asuntos estructurales del sector”, mencionaron.

Pese al nivel de advertencia y al tono elevado del reclamo, la ACC reiteró su disposición al diálogo, esperando que el Gobierno corrija el proceso y reconozca lo consensuado previamente, o de lo contrario, no descarta la inmovilización en todo el país.

“Los transportadores colombianos nos declaramos en ALERTA MÁXIMA, dispuestos a defender nuestro trabajo y la soberanía del transporte nacional, incluso mediante inmovilización si el Gobierno persiste en desconocer lo acordado, para beneficiar a unos pocos privilegiados”, concluyeron en su comunicado.

Hasta el momento, no se conoce una respuesta oficial por parte del Ministerio del Transporte ni de la Cancillería de Colombia sobre este punto en particular.

Protestas por subida de aranceles en frontera de Rumichaca

La declaración de la Asociación Colombiana de Camioneros se suma a las protestas en el puente internacional Rumichaca, único paso terrestre habilitado entre Colombia y Ecuador, realizadas el martes 3 de febrero de 2026.

Allí, miles de transportistas y comerciantes de ambos países tomaron el control del puente binacional, desde donde solicitaron a los dos gobiernos que se retiren los aranceles del 30% que se impusieron a diversos productos, reclamando que esta política está destruyendo el tejido económico y social de la frontera.

La ruptura abrupta en el suministro de electricidad colombiano hacia Ecuador y la paralización casi completa del intercambio formal sitúan a la región en un escenario de profunda vulnerabilidad, alimentando incertidumbre en sectores productivos y entre unas comunidades que dependen críticamente del comercio fronterizo para su subsistencia.

Según datos recopilados por gremios y citados por el medio ecuatoriano Expreso, la aplicación de estos aranceles ha provocado una caída del 99% en el comercio formal en la zona limítrofe—aun antes del bloqueo físico.

Edison Mena, presidente de la Asociación Colombiana de Camioneros (ACC) Seccional Ipiales, sostuvo que la combinación de bloqueos y restricciones arancelarias ocasiona pérdidas anuales de 570 millones de dólares para el sector transporte de Colombia.

“Nuestro gremio representa el 26 % de las exportaciones de Colombia hacia Ecuador, equivalentes a 2.200 millones de dólares cada año”, afirmó.

La perspectiva ecuatoriana refuerza la gravedad de la situación. Exportadores de ese país estiman que los aranceles podrían derivar en pérdidas cercanas a 273 millones de dólares anuales, afectando duramente a los sectores agrícola, alimenticio y de manufacturas.

La Cámara de Comercio de Tulcán, en voz de Nelson Cano, advirtió que el conflicto multiplica los perjuicios sobre actividades como el almacenamiento de mercaderías, las agencias de aduana y el transporte internacional, fundamentales para la economía de la provincia de Carchi, donde el transporte es la segunda actividad económica después de la agricultura.