La Asociación Colombiana de Camioneros (ACC) anunció su paso a la alerta máxima y planteó la posibilidad de convocar a un paro nacional si el Gobierno colombiano mantiene el acuerdo de permitir el ingreso de camiones ecuatorianos a todo el país.

En un comunicado publicado en la noche del sábado 7 de febrero de 2026, el gremio transportador colombiano expresó su descontento por la difusión de un boletín del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador, en el que se detalla el compromiso aceptado por la Cancillería de Colombia, considerado como “grave, equivocada y altamente perjudicial”.

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“Colombia acepta el paso de camiones ecuatorianos a territorio colombiano sin necesidad de trasbordo, en reciprocidad al trato que Ecuador brinda al transporte colombiano”, aseguró la cancillería ecuatoriana en un comunicado.

Frente a esta situación, la directiva de la ACC advirtió que esta medida podría aumentar el riesgo de actividades ilícitas, como el contrabando de combustibles, medicamentos, narcóticos y trata de personas, afirmando que experiencias previas así lo demuestran.

“Esta decisión es grave, equivocada y muy perjudicial para los camioneros colombianos. El transporte directo, además, ya demostró en el pasado ser un factor para propiciar el monopolio de grandes empresas y el contrabando de combustibles, medicamentos, narcóticos, trata de personas y otras actividades ilícitas”, señaló el gremio en la misiva.

Igualmente, remarcó que la decisión gubernamental fue adoptada sin consulta previa a las organizaciones del sector, subrayando que existen mesas de trabajo explícitamente creadas para abordar los asuntos estructurales del transporte de carga, por lo que califica la adopción de la medida como un incumplimiento grave de los acuerdos firmados y una fractura en la confianza entre el Estado y los transportadores.

“La ministra de Transporte, Dra. Maria Fernanda Rojas, no informó ni discutió este tema en las mesas existentes del Paro Nacional Camionero, pese a que allí se pactó tratar los asuntos estructurales del sector”, mencionaron.

Pese al nivel de advertencia y al tono elevado del reclamo, la ACC reiteró su disposición al diálogo, esperando que el Gobierno corrija el proceso y reconozca lo consensuado previamente, o de lo contrario, no descarta la inmovilización en todo el país.

“Los transportadores colombianos nos declaramos en ALERTA MÁXIMA, dispuestos a defender nuestro trabajo y la soberanía del transporte nacional, incluso mediante inmovilización si el Gobierno persiste en desconocer lo acordado, para beneficiar a unos pocos privilegiados”, concluyeron en su comunicado.

Hasta el momento, no se conoce una respuesta oficial por parte del Ministerio del Transporte ni de la Cancillería de Colombia sobre este punto en particular.

Protestas por subida de aranceles en frontera de Rumichaca

La declaración de la Asociación Colombiana de Camioneros se suma a las protestas en el puente internacional Rumichaca, único paso terrestre habilitado entre Colombia y Ecuador, realizadas el martes 3 de febrero de 2026.

Allí, miles de transportistas y comerciantes de ambos países tomaron el control del puente binacional, desde donde solicitaron a los dos gobiernos que se retiren los aranceles del 30% que se impusieron a diversos productos, reclamando que esta política está destruyendo el tejido económico y social de la frontera.

La ruptura abrupta en el suministro de electricidad colombiano hacia Ecuador y la paralización casi completa del intercambio formal sitúan a la región en un escenario de profunda vulnerabilidad, alimentando incertidumbre en sectores productivos y entre unas comunidades que dependen críticamente del comercio fronterizo para su subsistencia.

Según datos recopilados por gremios y citados por el medio ecuatoriano Expreso, la aplicación de estos aranceles ha provocado una caída del 99% en el comercio formal en la zona limítrofe—aun antes del bloqueo físico.

Edison Mena, presidente de la Asociación Colombiana de Camioneros (ACC) Seccional Ipiales, sostuvo que la combinación de bloqueos y restricciones arancelarias ocasiona pérdidas anuales de 570 millones de dólares para el sector transporte de Colombia.

“Nuestro gremio representa el 26 % de las exportaciones de Colombia hacia Ecuador, equivalentes a 2.200 millones de dólares cada año”, afirmó.

La perspectiva ecuatoriana refuerza la gravedad de la situación. Exportadores de ese país estiman que los aranceles podrían derivar en pérdidas cercanas a 273 millones de dólares anuales, afectando duramente a los sectores agrícola, alimenticio y de manufacturas.

La Cámara de Comercio de Tulcán, en voz de Nelson Cano, advirtió que el conflicto multiplica los perjuicios sobre actividades como el almacenamiento de mercaderías, las agencias de aduana y el transporte internacional, fundamentales para la economía de la provincia de Carchi, donde el transporte es la segunda actividad económica después de la agricultura.

Debido a esto, muchas de las personas no han podido cumplir con sus labores cotidianas, pues las vías de entrada y salida han estado bloqueadas.

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En vista de lo anterior, los ciudadanos se han visto obligados a caminar largos tramos para poder llegar a sus respectivos destinos, en los que han tenido que tomar hasta tres transportes que los acerquen hasta sus trabajos, universidades u hogares, exponiéndose así a la inseguridad de la noche y las condiciones retadoras para trasladarse de un punto a otro.

Está tan complicada la situación que carros particulares cobran hasta 2.000 pesos por llevar a las personas hasta puntos de la ciudad que ya no se encuentran congestionados. Además, los ciudadanos deben salir más temprano de lo que acostumbran para poder encontrar transporte, pues las vías principales se encuentran vacías en distintos puntos.

Aunque de esta manera los ciudadanos aseguran una llegada más rápida a sus lugares de trabajo, también hay que tener en cuenta que se exponen a muchos riesgos y los conductores podrían recibir multas por la manera en que se están transportando las personas en sus vehículos.

Por otro lado, algunas instituciones educativas han tomado la decisión de suspender las clases presenciales, por lo menos mientras la situación de movilidad mejora en la capital. No obstante, gran parte de los trabajadores no tienen ese beneficio y tienen que ser creativos para llegar puntualmente a su lugar de trabajo.

Por paro camionero, estas son las medidas del Ministerio de Agricultura para evitar escasez de alimentos

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural solicitó que se establezcan corredores de abastecimiento para permitir el paso seguro y fluido de vehículos que transportan alimentos, animales y productos perecederos, como respuesta a los bloqueos viales por el paro nacional de camioneros. Según el Ministerio, se busca evitar pérdidas significativas tanto para los productores como para los consumidores.

Desde el comienzo del paro, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en colaboración con el Ministerio de Transporte, han puesto en operación un Puesto de Mando Unificado (PMU) para monitorear de cerca la situación en todo el país, coordinando planes de contingencia y rutas alternas para minimizar el impacto de los bloqueos en la cadena de suministro de alimentos.

El ministerio ha instado a todas las partes involucradas, incluyendo a los líderes del paro y las autoridades competentes, a garantizar un paso prioritario para estos vehículos. Se hace hincapié en la importancia de mantener el flujo de alimentos frescos a precios justos y sostenibles, tanto para consumo local como para salvaguardar los intereses económicos de los productores ruralistas.

El monitoreo constante y la toma de decisiones rápidas para activar rutas alternas y corredores de abastecimiento son vistos como medidas clave para sortear las dificultades actuales. Este enfoque busca preservar el abastecimiento continuo y equilibrado, así como evitar episodios de acaparamiento que podrían derivar en un incremento de precios indebido.

Las autoridades del Ministerio de Agricultura recalcan que la estrategia no solo beneficia a los consumidores, que mantendrán acceso a productos frescos, sino también a los productores, quienes podrán trasladar sus bienes sin enfrentar pérdidas económicas sustanciales. En términos de acción coordinada, la instalación del PMU representa una herramienta estratégica para manejar y mitigar la crisis de transporte que actualmente amenaza la estabilidad económica y alimentaria de Colombia.

Hasta ahora, no se han reportado acuerdos concretos sobre la implementación de los corredores, pero las conversaciones y gestiones con los entes implicados continúan activamente.

El alcalde de Bucaramanga, Juan Andrés Beltrán, expresó su preocupación ante la convocatoria del presidente Gustavo Petro a las centrales obreras para que salgan a las calles en medio del paro camionero que afecta a varias regiones del país. Este llamado del presidente generó controversia en un momento crítico, con bloqueos y escasez que están poniendo en jaque a la población.

A través de su cuenta en X, Beltrán lanzó un mensaje contundente a Petro: “Presidente, sea responsable con Colombia. No es posible que mientras en los territorios estamos tratando de ayudar en esta crisis que ocasionó el Gobierno Nacional, usted envíe estos mensajes que no ayudan a apaciguar los ánimos sino todo lo contrario. Los bloqueos no se levantarán así”.

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El alcalde también destacó que, desde el inicio del paro, su administración logró establecer un corredor humanitario en Bucaramanga mediante el diálogo con los transportadores, asegurando así que el personal médico y los organismos de socorro puedan transitar sin impedimentos.

“Desde primer día del paro camionero concertamos con los transportadores el Corredor Humanitario que se ha mantenido, salvando la vida de muchos pacientes que han logrado llegar a centros asistenciales de Bucaramanga. Con diálogo y cordura se pueden lograr los acuerdos”, afirmó Beltrán.

Mientras tanto, el presidente Petro defendió su posición en redes sociales, instando a la clase obrera a movilizarse en defensa del país, argumentando que es esencial proteger los intereses de los pequeños camioneros y avanzar en la sindicalización de los trabajadores del transporte.

Según Petro, “La clase obrera hoy debe salir a defender el país. No es pueblo contra pueblo. Eso es lo que quieren. Es ayudando a resolver una agenda de los pequeños camioneros que permita que el país no sufra el déficit que nos llevaría a mantener las desigualdades sociales y que al mismo tiempo el mercado de la carga tenga más presencia del pequeño camionero. Es logrando extender al máximo los sindicatos de chóferes de las grandes empresas camioneras y de transporte público del país, empezando por TransMilenio. Aprovechemos el tiempo del paro para realizar las grandes asambleas de sindicalización. El gobierno apoyará por completo la legalización sindical de los trabajadores del transporte”.

Consecuencias del paro

El paro de transportadores en Colombia tiene profundas implicaciones tanto a nivel económico como social, afectando gravemente a diferentes sectores del país. Uno de los impactos más inmediatos es el desabastecimiento de productos esenciales en las principales ciudades, ya que los bloqueos en carreteras impiden el transporte de alimentos, medicamentos y combustibles. Esto, a su vez, genera un alza en los precios de estos productos, afectando directamente el bolsillo de los ciudadanos, especialmente de los más vulnerables, que dependen de un suministro constante y asequible.

La industria y el comercio también se ven gravemente perjudicados. Las empresas que dependen del transporte de mercancías experimentan retrasos en la entrega de sus productos, lo que impacta sus cadenas de producción y distribución. En particular, sectores como el agropecuario y el manufacturero, que dependen del transporte para mover insumos y productos terminados, sufren pérdidas significativas. Además, el turismo se ve afectado, ya que los viajeros evitan movilizarse por temor a quedar atrapados en bloqueos o enfrentar situaciones de inseguridad en las vías.

En términos sociales, el paro también genera tensiones entre los transportadores y el gobierno. Los camioneros protestan por el aumento en los precios del combustible, los peajes y las condiciones laborales que consideran injustas, lo que genera un clima de incertidumbre y malestar en varias regiones del país. A su vez, las movilizaciones pueden derivar en enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden, lo que agrava la situación de orden público.

Finalmente, las implicaciones políticas no son menores. El Gobierno enfrenta una creciente presión para resolver el conflicto a través de negociaciones, buscando un balance entre las demandas del gremio transportador y las necesidades del resto de la población afectada por el paro.

La compleja situación del paro de transportadores hizo que el Distrito de Bogotá emitiera medidas a los colegios públicos de la ciudad, que debieron suspender clases y actividades académicas presenciales ante las dificultades de la movilidad derivadas de las manifestaciones.

En ese sentido, la Secretaría de Educación de la capital estimó que más de 1.1 millón de estudiantes se están viendo afectados por el paro educativo. D es estos, 730 mil pertenecen a instituciones públicas. Así, la secretaria de Educación del Distrito, Isabel Segovia, extendió un mensaje de que los colegios reactiven sus clases, de cara a la necesidad urgente de garantizar el derecho a la educación de los menores y jóvenes.

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A través de un comunicado, Segovia subrayó la importancia de la normalidad académica, y destacó que las interrupciones no solo afectan el proceso de aprendizaje, sino también el acceso a servicios fundamentales como la alimentación complementaria, el acompañamiento y la socialización, aspectos que son vitales en el entorno escolar, en especial, en estudiantes que viven en condiciones de vulnerabilidad.

La educación presencial es una prioridad que, según Segovia, debe ser vigilada y apoyada por la sociedad en su conjunto. La funcionaria hizo un llamado a la pronta resolución del conflicto entre el Gobierno nacional y los transportadores, cuyos efectos permitan la reanudación de las actividades escolares.

La servidora también expresó que el escenario actual no solo repercute en el rendimiento académico de los estudiantes, sino que también atenta contra el desarrollo integral y social que ofrecen las instituciones educativas. Segovia recalcó la urgencia de que los adultos se concentren en sus cuestiones, dejando a los estudiantes continuar con su formación en los colegios.

“Cuando los niños, niñas y jóvenes son la prioridad de un país, el sector educativo permanece abierto. Nuestros estudiantes no pueden ser elementos de presión para ninguna negociación. Como sociedad nos debemos unir para garantizarles el derecho a asistir a su colegio, que es el entorno protector que les asegura cuidado, alimentación y aprendizaje. Los adultos en sus asuntos y los estudiantes en sus colegios”, dijo la secretaria de Educación a través de un video.

Esta preocupación se hace más evidente al considerar que Bogotá agrupa a una vasta cantidad de alumnos que dependen de las escuelas para recibir una educación de calidad y otros beneficios adicionales que son esenciales para su desarrollo.

Así comunicó la Alcaldía la suspensión de clases

Debido a la continuación de las movilizaciones y concentraciones masivas en Bogotá desde el 2 de septiembre, la Secretaría de Educación determinó la suspensión de clases en todos los colegios públicos de la ciudad para el miércoles 4 de septiembre de 2024.

Esta medida de carácter preventivo se emitió con el objetivo principal de salvaguardar la seguridad e integridad de los estudiantes y de toda la comunidad educativa. De acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría, se acompañaría a las instituciones educativas para mitigar los efectos negativos que esta suspensión pueda causar en el proceso de aprendizaje.

Para los colegios privados, la Secretaría sugirió que evalúen de manera continua la situación en sus respectivas localidades y tomen decisiones alineadas con la evolución de las movilizaciones, priorizando siempre la seguridad y el bienestar de los estudiantes, evitando así exponerlos a situaciones de riesgo.

Además, la Secretaría de Educación decidió acogerse a las instrucciones de la Alcaldía Mayor para el personal administrativo, en relación con las medidas que se adopten para todos los funcionarios distritales. Informó que se mantendrá en comunicación constante a través de sus canales oficiales para proveer actualizaciones y nuevas indicaciones según sea necesario.

En contextos de movilidad, las manifestaciones del paro camionero han afectado diversos puntos de la ciudad, lo que ha llevado a tomar esta decisión de suspensión de clases para evitar situaciones de riesgo. Se ha registrado una amplia afectación en la movilidad, lo cual también influye en la toma de decisiones de las autoridades educativas.

El paro de transportadores en Colombia por cuenta del incremento en $1.904 en el precio del Acpm continuará debido a que el Gobierno nacional y los gremios no pudieron llegar a un acuerdo. La ministra de Transporte, María Constanza García, propuso que no se haga ningún otro aumento mientras se adelanten las mesas de diálogo con representantes, pero los trabajadores insisten en que el precio que quedó establecido —$11.360, aproximadamente— es perjudicial.

“En este momento, si nosotros aceptamos el precio del diésel, no podríamos ya trabajar ni tanquear los vehículos”, explicó Jenny Alvarado, vocera de los transportadores de la zona del oriente del país, en conversación con Caracol Radio.

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En medio de las afectaciones que se han generado en términos de movilidad, en redes sociales empezaron a surgir comentarios relacionados con el estado socioeconómico de los transportadores que ahora están manifestándose. Algunos usuarios han asegurado que los trabajadores que han promovido el paro son personas “ricas”.

No obstante, la representante a la Cámara Jennifer Pedraza salió en defensa de los manifestantes, asegurando que, en realidad, la gran mayoría de ellos solo cuenta con un camión para trabajar o, incluso, no tiene ninguno.

“Dejen de decir que los camioneros y transportadores son todos unos magnates para perseguir a quienes protestan. El 82% de los propietarios de este sector posee un camión O MENOS. Para deslegitimar la protesta les han dicho hasta golpistas. Terminaron parecidos a lo que criticaban”, indicó la congresista en su cuenta de X.

La funcionaria también criticó las propuestas que lanzó el periodista y fundador de La Nueva Prensa, Gonzalo Guillén, relacionadas con las sanciones que, desde su perspectiva, deberían recibir los camioneros y transportadores que integran el paro.

Según el comunicador, el precio del galón del Acpm debería aumentar en $10.000 por cada día que sigan en paro. Además, la Fiscalía General de la Nación debería decomisar los camiones que están siendo utilizados en las manifestaciones y enviar a la cárcel a sus propietarios y conductores. Finalmente, indicó que la Alcaldía de Bogotá debería intervenir.

“¿La de respetar el derecho a la protesta como tanto prometían no se la saben o qué? El autoritarismo del petrismo es impactante”, señaló la congresista en X.

Impactos del incremento del precio del Acpm

De acuerdo con la Personería de Bogotá, el paro de transportadores y los bloqueos ponen en riesgo la prestación de servicios esenciales como el abastecimiento de alimentos. También hay peligro en materia de salud, puesto que se dificulta el poder llegar a salas de urgencias y a citas médicas programadas. Los niños también se ven afectados al no poder desplazarse hasta las instituciones educativas en las que estudian.

Sobre la problemática con los alimentos, el personero de Bogotá, Andrés Castro Franco, informó que se hará un monitoreo constante de las centrales de venta. “Haremos un seguimiento permanente a las plazas de mercado de la ciudad para monitorear la disponibilidad de alimentos y sus precios, de manera que no se afecte a la población más vulnerable de la ciudad”, explicó el funcionario, citado en un comunicado.

Por su parte, el presidente de la Asociación para el Desarrollo Integral del Transporte Terrestre Intermunicipal (Aditt), José Yesid Rodríguez, indicó que los bolsillos de los colombianos se verán afectados por el incremento del transporte intermunicipal. Los precios de los tiquetes para poder viajar se incrementarán porque el 40% de los costos operativos se verán afectados por el aumento del Acpm.

“Este tipo de incrementos tienen un impacto directo en la reactivación económica del país. Desde el sector privado estamos haciendo un gran esfuerzo para que se reactive el turismo local, y conocemos las realidades de nuestro país en los que el transporte terrestre es la mejor opción para miles de colombianos que se movilizan desde lugares apartados”, detalló Rodríguez.

Luego de que el Gobierno nacional instaló un Puesto de Mando Unificado en la tarde del martes 3 de septiembre de 2024, se comenzaron a conocer las primeras decisiones del Ejecutivo para hacer frente al paro de camioneros que afecta a varias regiones del país.

Al respecto, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, aseguró, a la salida de la Casa de Nariño, en el centro de Bogotá, que se mantendrá el diálogo con los manifestantes, pero con la condición de que no se afecte el derecho a la movilidad del resto de los colombianos.

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“Vamos a solicitarles, para mantener ese diálogo y avanzar en las conversaciones, que no se afecte el derecho a la movilidad de la mayoría de los colombianos, que no se afecte de ninguna manera esos derechos”, aseguró el ministro.

También, recordó que en varias ocasiones los transportadores se han visto afectados por manifestaciones llevadas a cabo por organizaciones sociales, por lo que solicitó que levanten los bloqueos que están afectando el derecho al trabajo en varios departamentos del territorio colombiano.

“Tenemos que rechazar las vías de hecho, así como muchas veces, incluso en épocas anteriores y recientes, el propio sector del transporte se ha quejado de bloqueos por parte de organizaciones sociales que afectan su trabajo, el bloqueo de los camioneros hoy afecta el trabajo, la salud, el derecho a la educación de los niños de Colombia”.

Por último, el ministro Cristo aseguró que desde el Gobierno nacional se respetará el derecho a la protesta, siempre y cuando, sea pacífica, dado que se trata de un derecho fundamental consignado en la Constitución, pero hizo énfasis en la necesidad de que no se afecte el derecho a la movilidad de los colombianos.

“Este Gobierno garantiza la protesta pacífica, es un derecho fundamental que el Gobierno garantiza y va a seguir garantizando, pero les solicitamos a todos estos protestantes en todo el país que levanten esos bloqueos, que el gobierno tiene un compromiso de seguir dialogando con esa solicitud a los camioneros de que no se puede seguir afectando de manera permanente el derecho a la movilidad de los colombianos”, concluyó el ministro.

Gustavo Petro defendió incremento del Acpm

Luego de varios días de bloqueos a lo largo del país, el presidente Gustavo Petro se pronunció contra los transportadores que han perjudicado la movilidad de varias regiones de Colombia, incluyendo la capital Bogotá, quienes han argumentado su actuar en el aumento en el precio del diésel.

A través de una publicación en su cuenta de X, el primer mandatario comenzó por explicar que desde 2019 no se hace un alza al precio del Acpm sin tener en cuenta que los precios suben a nivel internacional y que la Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol) se rige, por ley, por el precio en el exterior.

“Internacionalmente estos subieron agravados por la caída del peso ante el dólar. La deuda alcanzó casi 80 billones de pesos y los pagos de deuda externa e interna del país llegan a 110 billones de pago anual”.

En cuanto a la deuda, Petro culpó al expresidente Iván Duque al que calificó como “irresponsable con Colombia”, por tal motivo, Petro explicó que desde que comenzó su gobierno se tuvo la prudencia de aumentar gradualmente la gasolina para no afectar productos de la canasta básica que ya estaban en ascenso.

Petro también aseguró que una vez que se logró controlar la inflación en el país, es necesario disminuir la deuda pública para así financiar la salud y educación y recordó que el subsidio a los combustibles no es un derecho para los empresarios de camiones.

“Los grandes empresarios de camiones, dueños de miles de tractomulas, creyeron que el subsidio era un derecho que el pueblo colombiano debe pagarles. Estas empresas desplazan los costos del diésel a los fletes de carga, cosa que no puede hacer el pequeño camionero al que tienen explotado”.

El paro camionero en Colombia por cuenta del incremento en el precio del galón del Acpm ha generado múltiples posturas y críticas al Gobierno nacional, que decidió aumentar el valor del diésel debido a la necesidad de cubrir el déficit que hay en el Fondo de Estabilización de Precios del Combustible (Fepc). El presidente Gustavo Petro aseguró desde su cuenta de X que no se permitirá un bloqueo en el país por el descontento, debido a que el alza en el precio del combustible es “justa”.

“Solo se está recuperando el dinero de un subsidio que nunca se debió haber dado y que ya suma una gran fracción de la deuda pública de Colombia. Dar comida a la gente con hambre y educación a nuestra niñez y juventud nos obliga a equiparar los precios del diésel”, explicó el jefe de Estado en la red social.

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La representante a la Cámara Catherine Juvinao se pronunció al respecto, criticando el aparente cambio de pensamiento del primer mandatario con respecto a la protesta. Asimismo, se fue contra la oposición, puesto que algunos congresistas han celebrado el paro camionero, e incluso, han instado a la ciudadanía a parar sus actividades económicas.

Así lo hizo, por ejemplo, el congresista Miguel Polo Polo, que insistió que ampliar las manifestaciones al nivel de un paro nacional. “Si los camioneros paran, el país se para. Es la oportunidad para que los demás sectores económicos también se unan al PARO camionero y se haga un gran PARO NACIONAL, y frenar de una vez por todas los abusos de Petro. VIVA EL PARO CAMIONERO #FUERAPETRO. Invito a Colombia a hacer parte de estas protestas”, aseveró el representante a la Cámara.

En ese sentido, Juvinao criticó las posturas “extremas” que han tomado algunos políticos frente a situaciones controversiales. “El presidente Petro diciendo que no va a permitir bloquear al país, y los que satanizaron el paro nacional ahora invitan al bloqueo. Es intercambio de roles debería enseñarnos mucho a todos. Las posiciones extremas siempre son irresponsables, inviables y politiqueras”, indicó la congresista en X.

En otra publicación, Juvinao comparó lo dicho por el primer mandatario con palabras que dio el expresidente Iván Duque en 2021, cuando se registró el Paro Nacional. En mayo, el ex jefe de Estado aseguró que no existía ninguna justificación para llevar a cabo bloqueos, puesto que estaban impidiendo el acceso a alimentos para la ciudadanía, así como a oxígeno y a vacunas.

En consecuencia, afirmó que los bloqueos representan una violación a los derechos de los ciudadanos y, por eso, informó que su administración estaba dispuesta a dialogar con las partes involucradas en las manifestaciones.

“Qué aprendizaje colectivo tan hermoso”, aseguró la congresista, mostrando las similitudes que ahora se encuentran en ambos discursos, cuando, en años anteriores, el presidente Gustavo Petro se mostró del Paro Nacional. Incluso, hizo un llamado a los habitantes a detener varias actividades económicas.

“El día del paro, es mejor no ir a trabajar, no sacar el carro, no hacer transacciones financieras, no tomar gaseosas, no ir a grandes superficies comerciales, no subirse a transmilenio. que sientan lo que es un paro que puede volverse indefinido”, indicó en su momento Gustavo Petro.

Así las cosas, el paro camionero por cuenta del incremento en el precio del diésel persiste, aunque el primer mandatario haya indicado que no se permitirían los bloqueos. Mientras tanto, representantes de los ministerios de Transporte y Hacienda se reunieron con líderes de los transportadores para llegar a un acuerdo que convenga a todos y que permita normalizar la situación.

Grupo de camioneros bloquean algunas de las vías más importantes del territorio nacional en respuesta a los más recientes anuncios del Gobierno sobre el alza del ACPM. Desde tempranas horas del domingo 1 de septiembre, los transportadores se instalaron en el anillo vial de Girón, Santander, interrumpiendo el flujo de vehículos que se dirigen hacia la costa Atlántica. Los bloqueos continuaron este lunes 2 de septiembre.

Frente a esta situación, el alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, también conocido como el Bukele colombiano, hizo una publicación en su cuenta de X en la que le pidió al Gobierno nacional que inicie una mesa de diálogo, pues, de acuerdo con el mandatario de la capital de Santander, el norte de la ciudad está bloqueado.

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Y es que, miles de vehículos están detenidos en ambos sentidos de la carretera. No obstante, los conductores de camiones no han dado señales de reanudar sus labores e incluso han mantenido numerosas pancartas con mensajes dirigidos contra el Gobierno nacional.

Por ese motivo, el mandatario de la capital de Santander hizo una publicación en su cuenta de X en la que le pidió a los ministerios de Hacienda y Transporte que inicien una mesa de diálogo, pues de acuerdo con Jaime Andrés Beltrán el norte de la ciudad está bloqueado. Y es que, otro grupo de transportadores se ubicó en la estación de servicio Vijagual, en la vía que comunica a Bucaramanga con San Alberto, así como en el tramo vial que conecta los municipios de El Socorro y Oiba.

“En nombre de los bumangueses le pido al @MinHacienda y a @MinTransporteCo que se inicien mesas de diálogo con los transportadores. Hoy Bucaramanga está bloqueada en su parte norte. Escuchen a los territorios @infopresidencia”, comentó el Bukele colombiano en su mensaje.

En ese sentido, el lunes 1 de septiembre por la noche, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, comunicó la implementación de un puesto de mando unificado en respuesta a los bloqueos reportados en seis vías por parte de los conductores de carga, quienes se oponen al incremento en el precio del ACPM.

El gobernador con respecto a las manifestaciones comentó que: “Difícil la situación que se presenta en las vías santandereanas. Los transportadores están protestando por el injusto aumento en el precio del Acpm. Se requiere que el Gobierno Nacional atienda la situación. Hemos instalado PMU pero las decisiones dependen en su totalidad del Gobierno Petro. Estamos listos para mediar en este conflicto”.

La ruta de Bucaramanga hacia la costa atlántica se vio interrumpida por bloqueos de los transportadores. Además, se registraron manifestaciones en el tramo que va de El Socorro a Bogotá el domingo 1 de septiembre, reflejando el descontento del sector transporte con la decisión del gobierno nacional.

Asimismo, se reportaron cierres en las rutas Bucaramanga-San Gil, San Gil-Mogotes, San Gil-Socorro, Socorro-Oiba, Barbosa-Oíbai-Barbosa-Moniquirá. Estas protestas, que afectan la movilidad hacia la costa atlántica, comenzaron el viernes 30 de agosto de 2024, cuando los transportadores bloquearon la ruta entre Bucaramanga y Barrancabermeja.

En cuanto al alcalde de Bucaramanga, recientemente Jaime Andrés Beltrán anunció que su administración presentó “un proyecto de acuerdo que busca beneficios tributarios a los contribuyentes que tienen deudas en Impuestos como Industria y Comercio, Predial, entre otros, desde el 2023 y vigencias anteriores. Adicionalmente dentro del proyecto también hay una propuesta para darle tratamiento preferencial tributario a todos los comerciantes que se vieron afectados por las obras del Centro, Paseo España y aledaños. Este proyecto ya está en segundo debate y confiamos en la aprobación del Cabildo en beneficio de los bumangueses”.

Sin embargo, comentó que por falta de quorum no se pudo debatir el primero de septiembre, pero el mandatario de la capital de Santander dijo que espera se pueda debatir el 2 de septiembre. “Lastimosamente por falta de quorum en el Cabildo, no se pudo debatir en plenaria este necesario proyecto. Esperemos el día de mañana sea aprobado y poder darle esta buena noticia a los bumangueses para aliviar su bolsillo. Bucaramanga lo necesita”, dijo.

Aunque el gremio de camioneros de Nariño había asegurado que no bloquearía rutas durante la protesta anunciada la semana pasada, tras la declaración de asamblea permanente de la ACC regional Nariño, el lunes 1 de julio sus miembros bloquearon el puente internacional de Rumichaca y el sector de Daza en la carretera Panamericana entre Pasto y Chachagüi, manifestación que se mantuvo el 2 de julio. Entre sus reclamos se encuentra el aumento al precio del Acpm

El viceministro de Transporte, Eduardo Enríquez Caicedo, acudió al lugar del bloqueo y afirmó que siempre ha habido comunicación con el gremio. Indicó además que, hasta el momento, no se han realizado cambios en los puntos de protesta, tales como el incremento del precio del Acpm y el inicio del cobro del peaje en el tramo del Contadero en la doble calzada Pasto-Rumichaca.

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Con respecto a la situación, la Gobernación de Nariño, por medio de un video en su cuenta oficial de X publicado en la noche del 1 de julio, explicó que han acompañado la manifestación además de que, según ellos, había flujo normal garantizado al menos hasta ese momento.

“La Gobernación de Nariño viene acompañando en el punto de Daza el plantón que está desarrollando la Asociación Colombiana de Camioneros. Como podemos ver y como lo han manifestado las personas que han convocado este plantón, hay un flujo normal garantizado, no solo para el transporte de carros particulares, sino también para el transporte público. Como Gobernación, estaremos aquí acompañando esta manifestación, brindando las garantías de la protesta social y pacífica”, explicaron.

No obstante, en redes sociales comentaron que dicho bloqueo provocó significativos inconvenientes en el plan retorno, con decenas de personas atrapadas en medio del tráfico al intentar regresar desde el interior del país y localidades cercanas a Pasto. Posteriormente, se autorizó el tránsito de vehículos particulares en esta ruta, aunque el transporte de carga y de pasajeros continuó detenido.

Por su parte, Andrés Charfuelán, presidente de la Asociación Colombiana de Camioneros (ACC ) en Nariño, afirmó que la protesta surge debido a múltiples incumplimientos y a la ausencia de garantías para su labor. Señaló que es indispensable entablar diálogos con ministros del Gobierno.

Anunció de igual manera que el martes se suspenderá el transporte de pasajeros y que la manifestación continuará hasta que “el Gobierno se comprometa a resolver los asuntos planteados en las mesas de diálogo.” Charfuelán solicitó a las autoridades seccionales garantizar el derecho a la protesta.

En ese sentido, la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia en su cuenta de X compartió un video en el que uno de los camioneros manifestantes explicó sus razones para el bloqueo en el departamento de Nariño. “Camioneros en el departamento de Nariño realizan un bloqueo pacífico. Manifiestan que sienten abandono por parte del Estado debido a los robos y atracos en las vías de Cauca y Nariño, y el gobierno hace caso omiso”, dijo la congresista.

En el material audiovisual el manifestante expresa que: “Estamos haciendo este plantón porque estamos cansados de que nos tengan abandonados. No tenemos seguridad en las vías de Nariño al Cauca, todos los días ocurren robos y atracos a mano armada y el gobierno hace caso omiso. Estamos cansados de los más de 45 bloqueos en el Cauca que están afectando al departamento de Nariño. También estamos en contra de la apertura del peaje del Contadero, ya que esto contraviene un acuerdo que tenemos entre los camioneros”.

Y agregó que: “Otro problema es la invasión de carros ecuatorianos a Colombia. Tenemos un acuerdo con ellos para que cada uno trabaje en su país. Ellos pueden trabajar allá y queremos que dejen de entrar a Colombia. Hay muchos más puntos y aquí hay más compañeros que pueden hablar al respecto”.

La protesta llevó a que numerosas personas acudieran en masa a las estaciones de servicio para abastecerse de combustible, ante el temor de una posible escasez debido al cierre de las vías.