Los camioneros llevan un año y siete meses yendo a reuniones, firmando papeles y esperando que el Gobiernonacional cumpla su palabra. Eso es, en esencia, lo que describe el Frente Común de Gremios de Carga (Fcgc) en un comunicado público fechado el 30 de abril de 2026 en Bogotá. Y la paciencia, según el gremio, llegó a su límite.

“Si la vía jurídica y técnica sigue siendo ignorada, las bases tomarán las decisiones que correspondan para hacer valer sus derechos”, dice el documento firmado por siete organizaciones del sector transportador, entre ellas la Asociación Colombiana de Camioneros (ACC), la Asociación Nacional de Transportadores (ANT) y la Confederación Nacional de Transportadores de Carga y Pasajeros (CNT-CP).

¿Qué pasó para llegar hasta ese punto?

Todo inicia en septiembre de 2024. Tras varios días de bloqueos en carreteras de todo el país, el paro nacional transportador se levantó el 6 de septiembre de 2024 gracias a un acuerdo firmado entre el Gobierno nacional y más de 80 representantes del sector.

El pacto incluyó compromisos sobre tarifas de combustible, modernización de vehículos, actualización del sistema de costos Sice-Tac y mejoras al Registro Nacional de Despachos de Carga (Rndc), entre otros puntos. El presidente Gustavo Petro les aseguró que se les cumpliría con esos apartados.

Diecinueve meses después, el Fcgc dice que el cumplimiento fue parcial y que lo poco que se avanzó no fue por voluntad del Gobierno.

“Los avances normativos alcanzados hasta la fecha no son producto de la voluntad espontánea del actual Gobierno Nacional. Son, única y exclusivamente, la consecuencia vinculante de la firma del Acuerdo del 6 de septiembre de 2024 que levantó el paro, y el resultado de la gestión gremial técnica y legal, permanente e intensa de nuestras organizaciones”, señala el comunicado.

El 21 de abril de 2026 vencieron los términos legales para expedir la reglamentación derivada del Decreto 1017 de 2025, norma firmada en septiembre del año pasado que buscaba modernizar las reglas del transporte de carga. Según el gremio, el Ministerio de Transporte dejó pasar esa fecha sin publicar las resoluciones pendientes.

El comunicado enumera ocho actos administrativos que califica de “engavetados”: la actualización del Rndc; la actualización del Sice-Tac, que incluye precios, número de viajes y distancias para carga pesada y un proyecto de saneamiento para vehículos Light con doble ficha de homologación.

A eso se suma una resolución para la operación de patios de contenedores; el cumplimiento de normas sobre llantas de base ancha; la modificación del Formato Único de Extracto del Contrato (Fuec) para transporte especial; y dos proyectos modificatorios del Decreto 1079 de 2015, uno para transporte especial y otro para taxis.

La pregunta con nombre propio

El Fcgc no se limita a denunciar el retraso. En el comunicado lanza una pregunta pública dirigida al país: “¿Este bloqueo administrativo sistemático responde a una instrucción directa del Presidente de la República, a una directriz de la Ministra de Transporte, o a la negligencia del Director de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio?”.

La ministra María Fernanda Rojas es señalada directamente. El gremio le pide que “personalmente se coloque al frente de todas las acciones, coordinaciones y acciones con las demás entidades del Estado y con el diálogo con los transportadores del país”, en particular por lo que describe como una “grave situación de inseguridad en el suroccidente del país”.

El tiempo que queda

El gremio advierte que el Gobierno tiene aproximadamente 40 días hábiles antes de que la administración Petro cierre su ventana operativa. En ese plazo, el Fcgc exige la publicación inmediata de las ocho resoluciones pendientes y el cumplimiento del acuerdo del 6 de septiembre de 2024. “El tiempo de la burocracia se agotó; los acuerdos de Estado se firman para cumplirse”, concluye el documento.

El sector transportador de Colombia participó en más de 50 mesas de trabajo técnico y legal en los últimos 19 meses. Las respuestas del Ministerio, según el gremio, “han sido el silencio y la dilatación”.

Las bases camioneras de Colombia, firmantes del Acuerdo del 6 de septiembre de 2024 que permitió levantar el Paro Nacional Camionero, enviaron una carta abierta al presidente Gustavo Petro en la que presentan una denuncia formal por incumplimiento estructural de los compromisos pactados y alertan sobre un riesgo inminente de colapso del sector transporte.

El documento, dirigido también a la opinión pública nacional e internacional, señala que ha transcurrido más de un año desde la firma del acuerdo sin que se evidencien avances sustanciales en su implementación, situación que, según el gremio, pone en riesgo la subsistencia de más de 2,5 millones de familias que dependen directa o indirectamente de la actividad transportadora.

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Señalamientos al Ministerio de Transporte

En la carta, los camioneros aseguran que han cumplido integralmente con los compromisos asumidos, incluyendo la entrega de insumos técnicos, información requerida y participación constante en espacios de diálogo. No obstante, afirman que la ejecución del acuerdo ha fallado por falta de articulación institucional, responsabilidad que atribuyen a la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas.

Según el gremio, el Ministerio no ha logrado coordinar a las entidades corresponsables ni garantizar el cumplimiento de las normas que regulan el sector, lo que ha permitido la imposición de prácticas ilegales y ha debilitado la gobernabilidad del transporte de carga en el país.

Manipulación del SICE-TAC y sobreexplotación laboral

El primer eje crítico expuesto en la carta se refiere a la operación del sistema SICE-TAC, encargado de calcular los costos del transporte de carga. Las bases camioneras denuncian una manipulación técnica del sistema que, aseguran, reduce artificialmente los valores a pagar a los transportadores.

Entre los principales señalamientos se encuentran:

• Incrementos injustificados de hasta el 120 % en el número de viajes mensuales estimados, lo que obliga a los conductores a trabajar en condiciones de pérdida económica.
• Imposición de más de 100 horas laborales adicionales mensuales, por fuera de los límites legales.
• Subestimación del consumo de combustible, costos de mantenimiento y valor real de los equipos.
• Parámetros de velocidad que no corresponden al estado real de las vías, los bloqueos, la inseguridad y los tiempos de espera en corredores estratégicos como Bogotá–Medellín y Buenaventura.

De acuerdo con el gremio, estas prácticas fomentan la sobreexplotación del conductor y aumentan el riesgo de siniestros viales.

Falta de control y sanción a la ilegalidad

El segundo eje se centra en la omisión de los órganos de control. Los camioneros denuncian que no se ha conformado el Comité Interinstitucional acordado, integrado por entidades como la DIAN, la Fiscalía, la SIC, la Superintendencia de Transporte y la Procuraduría.

Según la carta, esta ausencia de control ha permitido la persistencia de delitos como evasión tributaria, falsedad documental, descuentos ilegales y abuso de posición dominante, así como la proliferación de contratos de vinculación temporal considerados irregulares.

El documento también expone irregularidades en el sector de volquetas y en contratos de infraestructura ejecutados por entidades como Invías, la ANI, gobernaciones y concesiones, donde afirman se paga a los transportadores valores muy inferiores a los facturados en las licitaciones públicas.

ACPM, llantas y políticas económicas

En un tercer eje, las bases camioneras señalan el incumplimiento de los ministerios de Hacienda y de Industria y Comercio, los cuales, según el gremio, no han participado activamente en las mesas de diálogo, pero sí han adoptado medidas que afectan al sector.

Entre ellas mencionan el incremento del precio del ACPM, superior a lo pactado en el acuerdo, y la apertura de un proceso para imponer dumping en la importación de llantas, lo que generaría sobrecostos para los transportadores y la cadena logística.

Caos logístico en Buenaventura

La carta dedica un apartado al puerto de Buenaventura, donde denuncian prácticas irregulares por parte de navieras y patios de contenedores. Según el gremio, los camiones son utilizados como bodegas sin costo, se presentan filas de más de mil vehículos sin turnos de descargue y se cobran moras anticipadas en dólares a importadores, pese a la falta de capacidad operativa.

Los camioneros solicitan la aplicación de los decretos 1017 y 2092, así como del artículo 1009 del Código de Comercio, y una intervención efectiva de la SIC y la Superintendencia de Transporte.

Carta abierta al presidente Petro de las bases camioneras del país by yospina

Seguridad y derechos humanos

El cuarto eje se refiere a la situación de orden público. Las bases camioneras reportan que en los últimos tres años y medio 33 conductores han sido asesinados mientras realizaban su labor, además de un aumento en la extorsión, quema de vehículos y amenazas contra líderes gremiales.

Finalmente, solicitan a la Presidencia de la República y a los organismos de derechos humanos medidas inmediatas para proteger la vida, el trabajo y la seguridad de los transportadores, y reiteran que el acuerdo de 2024 es un compromiso de Estado, jurídicamente vinculante.

El impacto de un paro de camioneros en Colombia podría sentirse de inmediato en los precios de los alimentos y la cadena de suministro nacional, después de que los gremios de transportadores advirtieran sobre posibles manifestaciones y un paro camionero tras el incremento del costo de operación.

Según advierten los transportadores, los precios podrían subir hasta un 13%, lo que encarecería toda la canasta familiar y reduciría las utilidades para los conductores y empresarios.

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Sin embargo, ante las advertencias de un paro, el presidente Gustavo Petro descartó que el país enfrente una amenaza real de inmovilización del transporte de carga, desestimando las críticas de los gremios.

Según explicó el mandatario a través de su cuenta de X, la estructura de costos de los transportistas depende principalmente del valor del combustible, especialmente el diésel.

“El mayor costo de la operación de un camión es el combustible y las llantas, el combustible diésel lo subsidiamos y lo importado tiende a bajar de precios”, afirmó Petro al referirse al respaldo estatal que mantiene el precio por debajo del mercado internacional.

Los transportadores, por su parte, han advertido que el reciente aumento del salario mínimo repercute directamente en sus gastos operativos. A este elemento se suma la actualización de los precios de los peajes, que suelen ajustarse en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y que también encarecen el trabajo diario en las carreteras.

Aunque el gremio camionero expresa inquietudes por la rentabilidad y la sostenibilidad de su actividad, el jefe de Estado insistió en que no visualiza una movilización gremial en contra de los propios conductores.

“No me imagino un paro camionero gremial en contra de sus propios conductores. No se puede transportar cargas sobrexplotando a los conductores (sic)”, concluyó el presidente en su cuenta de X

El Gobierno, a través del Ministerio de Transporte, ha promovido espacios de diálogo con los representantes del sector, con el objetivo de canalizar las demandas y evitar una crisis que paralice el movimiento de mercancías. Estas conversaciones buscan anticipar soluciones antes de que la tensión desemboque en acciones que afecten a toda la economía.

Mientras tanto, los representantes del transporte de carga reiteran sus llamados de atención sobre la necesidad de revisar la política tarifaria y los mecanismos de ajuste de costos, en particular frente a las variables que no dependen del precio del combustible subsidiado.

La situación continúa en observación, con la expectativa de que el diálogo institucional prevalezca y se eviten medidas de presión que puedan desestabilizar el abastecimiento nacional.

Lo que advierten los transportadores

El temor a una nueva protesta nacional de los conductores de carga en Antioquia ha crecido en las últimas semanas, tras la advertencia de líderes gremiales sobre un incremento del 13 % en los gastos de operación.

El alza, que comenzó a sentirse este año, está relacionada principalmente con el aumento del salario mínimo, el precio del diésel y el ajuste en los peajes.

La Asociación de Transportadores de Carga elevó la voz de alarma ante la falta de respuestas efectivas.

“Estamos en asamblea permanente desde agosto de 2024”, expresó Anderson Quiceno, director ejecutivo del gremio, en declaraciones para El Colombiano. Según Quiceno, la situación se ha vuelto insostenible para muchos conductores, quienes han tenido que asumir los sobrecostos con recursos propios.

Las cifras del gremio muestran que los precios de servicios básicos para los camioneros, como el mantenimiento mecánico y eléctrico, el hospedaje en carretera o el lavado de vehículos, han aumentado de forma considerable. A pesar de ello, los fletes presentan una tendencia a la baja.

“Los ingresos por prestar el servicio de transporte de carga no se han incrementado en los valores necesarios para contrarrestar todos estos gastos. Al contrario, los fletes han venido bajando”, remarcó Quiceno al diario nacional.

El directivo ilustró la caída de los ingresos: si antes un conductor recibía un pago de 100 pesos por flete, ahora ese valor ronda los 90.

El deterioro de la infraestructura vial y los constantes bloqueos y derrumbes han agravado la coyuntura, según el gremio. Estas situaciones obligan a los transportadores a modificar sus rutas, generando desvíos y, por tanto, más gastos.

Quiceno cuestionó también la existencia de cerca de 200 peajes en Colombia, muchos ubicados en vías que no cumplen con estándares adecuados, lo que aumenta aún más la carga financiera para los transportadores.

Los representantes del sector han sostenido varias mesas de diálogo con el Ministerio de Transporte, pero consideran que las soluciones no trascienden del papel. Aunque reconocen cierta voluntad política, el gremio asegura que “las soluciones no se reflejan en la realidad que viven los camioneros”.

Frente al estancamiento, la Asociación de Transportadores de Carga no descarta la posibilidad de una movilización nacional si no se concretan medidas que alivien la crisis.

Aunque el paro minero en Boyacá llegó a un acuerdo y se levantó tras cuatro días de protestas, el paro campesino en Ventaquemada y otros municipios cercanos persiste, afectando severamente el comercio y la movilidad en la vía Bogotá-Tunja.

Samuel Torres, comerciante en Ventaquemada, denuncia que desde el sábado 2 de agosto no puede surtir su carnicería debido a los bloqueos que mantienen paralizado el tránsito y el comercio local.

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“Estamos perdiendo (…) desde el sábado no se ha podido surtir el negocio”, dijo mientras mostraba los estantes vacíos.

La principal razón del mantenimiento de los bloqueos campesinos radica en la falta de acuerdo sobre las demandas en torno a los páramos, especialmente la derogación de la delimitación establecida durante la administración de Juan Manuel Santos, que prohibió actividades agropecuarias por encima de los 3.000 metros de altura.

Esta medida afecta directamente a municipios como Güicán, El Cocuy, Chiscas y El Espino, donde la cría de ganado y el cultivo de papa quedaron prohibidos, lo que genera gran malestar en las comunidades campesinas.

Además, los campesinos exigen la revisión de los incrementos en el impuesto predial tras la actualización catastral y la definición clara de los tiempos para implementar los acuerdos alcanzados en las mesas de diálogo.

El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, reconoció avances en las negociaciones, pero aclaró que el proceso sigue abierto. Se prevé que este viernes 8 de agosto se retomen las conversaciones para tratar de llegar a un acuerdo definitivo.

Mientras tanto, el paro continúa dejando pérdidas millonarias y un marcado desabastecimiento, con productos agrícolas que se pierden en las zonas de cultivo y ventas en los comercios locales reducidas casi a cero.

Por su parte, el acuerdo logrado con los mineros incluye compromisos sobre la transición energética, formalización de productores y el pago de deudas pendientes, pero no abarca los reclamos campesinos sobre la protección de los páramos ni la prohibición a la exportación de carbón a Israel.

Los bloqueos en Ventaquemada y Tunja mantienen incomunicada la región con Cundinamarca, y aunque los manifestantes permiten el paso en ciertos momentos, las vías permanecen interrumpidas durante horas, afectando a conductores y comerciantes.

En paralelo, en Santander, se levantó la protesta de los volqueteros en el sector de La Gómez, Sabana de Torres, luego de más de cuatro horas de negociación con las autoridades y el Consorcio Ortiz, empresa encargada de las obras en la Ruta del Sol.

La manifestación había bloqueado una vía crucial para la región, afectando la movilidad y la economía local.

La protesta surgió tras la suspensión de contratos a 32 trabajadores, lo que dejó sin ingresos a sus familias. Como resultado, se acordó instalar una mesa de alto nivel el próximo 22 de agosto, que reunirá a entidades gubernamentales, representantes laborales, la empresa y la comunidad, con el fin de buscar soluciones estructurales a los conflictos laborales.

El Consorcio Ortiz se comprometió a entregar una respuesta definitiva sobre la reanudación de órdenes de servicio para los volqueteros el 8 de agosto, con la posibilidad de que los contratos se reactiven a partir del 11 de agosto.

El secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, destacó la importancia de mantener la coordinación entre las instituciones para garantizar la seguridad y prevenir futuros bloqueos en esta arteria vital para la economía regional y nacional.

Además, señaló que esta experiencia servirá como modelo para manejar conflictos laborales en otros proyectos de infraestructura en la región, enfatizando la necesidad de diálogo constante y soluciones oportunas para evitar afectaciones prolongadas a la movilidad y a los sectores productivos.

Los campesinos de todo el país esperan recuperar su estabilidad económica tras largas jornadas de paro que han afectado diversas regiones de Colombia. Se espera que todos los gremios logren conciliar sus demandas con el Gobierno durante las próximas reuniones, para avanzar hacia soluciones que beneficien a las comunidades y al desarrollo nacional.

Mientras las cifras macroeconómicas intentan estabilizarse y los empresarios hacen malabares para mantener la operación a flote, una nueva amenaza vuelve a poner en jaque al país, el posible paro de camioneros anunciado para el 16 de junio por la Asociación Colombiana de Camioneros (ACC). El cese de actividades, aunque inicialmente se concentraría en Nariño, Cauca e Ipiales, podría escalar y generar un impacto nacional en la cadena de abastecimiento.

El anuncio no cayó bien en el sector empresarial, especialmente en el gremio de transporte de carga. Nidia Hernández, presidenta de Colfecar (Corporación Colombiana del Transporte de Carga), fue clara y directa al explicar que, “la economía en general está muy golpeada para aguantar otro paro camionero”. La advertencia reflejó una preocupación extendida entre quienes dependen del flujo constante de mercancías para sostener la producción.

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Y es que el transporte de carga no es solo un componente logístico, es un nervio vital de la economía colombiana. Cualquier alteración se siente en las góndolas de los supermercados, en los inventarios de las fábricas, en el precio final al consumidor. “No está fácil el panorama, de hecho está angustiante y un paro nos mata a todos”, agregó Hernández, aludiendo a una mezcla peligrosa de inseguridad en carreteras, sobrerregulación estatal y exigencias fiscales que estarían asfixiando al sector.

Entre las quejas que justifican la convocatoria al paro están el incumplimiento de acuerdos firmados con el Gobierno Petro en julio de 2024, así como problemáticas locales que los voceros de la ACC califican de insostenibles. Alfonso Medrano, su representante, lo dijo sin rodeos, no aceptarán “palabritas”, sino “realidades”. En su denuncia se incluyen situaciones críticas como el deterioro de las vías (Pasto-Tumaco, Popayán-Cali, entre otras), los frecuentes derrumbes que interrumpen el paso y una estructura de peajes que, según ellos, no retribuye con mejoras viales.

A eso se suma la inestabilidad en zonas clave de la vía Panamericana y la incertidumbre que generó la posible reapertura de la frontera al transporte internacional, vista por muchos como una amenaza a la competitividad de los conductores nacionales. “El sur del país no aguanta más”, afirman desde la ACC, al insistir en que su protesta responde a un hartazgo acumulado.

Aunque desde el Ministerio de Transporte ya se convocó una mesa de diálogo con presencia de Defensa y autoridades locales, el riesgo de que el paro se materialice sigue latente. En juego no solo está la movilidad en el suroccidente del país, también la estabilidad de todo un ecosistema económico que necesita liquidez para operar. Hernández explicó que las empresas deben anticipar el 70% del flete al momento del despacho y cubrir el resto a los cinco días, mientras los generadores de carga pagan hasta 60 días después. En ese desbalance, la falta de flujo de caja puede ser letal.

El escenario es preocupante. Y aunque las cifras de recuperación en otros sectores dan un respiro moderado, una parálisis en el transporte sería un golpe profundo en un país que aún no logra encarrilar del todo su economía. El palo, por ahora, definitivamente no está para cucharas.

El paro anunciado por los camioneros amenaza la logística del suroccidente colombiano, a la vez que podría desencadenar efectos en cadena en sectores como el agro, la industria manufacturera y el comercio minorista. Las demoras en el transporte generan sobrecostos, encarecen productos básicos y distorsionan la oferta en mercados regionales.

Además, en un contexto de bajo crecimiento y alta informalidad, cualquier interrupción prolongada afecta la confianza empresarial y retrasa inversiones. El riesgo no está solo en el paro, sino en la señal que envía, un sistema institucional que no logra cumplir acuerdos, ni anticiparse a las crisis. Si el conflicto se prolonga, las pérdidas no serán solo logísticas, también fiscales y reputacionales para un Estado que ya lidia con múltiples frentes.

En la noche del miércoles 23 de abril, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, se reunió con representantes del gremio camionero del país, dentro del “diálogo permanente” que aseguró que mantienen con su cartera.

Trabajaron temas relacionados con los compromisos que se adquirieron el año pasado, luego de que desde ese sector llevaran a cabo un paro por el incremento en los precios del Acpm.

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“Acabamos de terminar una reunión muy productiva con los representantes y agremiaciones de los transportadores que vienen participando en este diálogo permanente con el Ministerio y con quienes tenemos unos compromisos producto de ese diálogo”, señaló.

Rojas indicó que se trataron los temas relacionados con “la modificación del decreto de carga” y del Sicetac (Sistema de Información de Costos Eficientes para el Transporte Automotor de Carga) que ha provocado inquietudes con los integrantes del gremio, así como de la garantías laborales para ellos y del régimen sancionatorio.

“Es muy importante este espacio de diálogo, vamos a tener otro presencial la próxima semana. Sirvió mucho porque actualizamos el plan de trabajo, pusimos unas fechas para entregar algunos productos, algunos resultados y vamos a seguir en esta conversación que sea productiva, que sea un diálogo directo”, informó la alta funcionaria.

Finalmente aseguró que desde el Gobierno nacional seguían comprometidos con lograr “un transporte digno, seguro y moderno” en el país.

A inicios de este mes, el gremio transportador ha expresado su preocupación y han señalado que luego del paro que llevaron a cabo a finales del año, para los que se fijaron varios compromisos, son pocos con los que han cumplido en el Gobierno nacional.

Entre los que han señalado las afectaciones está el Frente Común del Gremio de Carga que un informe de 54 páginas que publicaron el 1° de abril señalaron que desde la Nación solo han honrado tres de los puntos sobre los acuerdos con los que levantaron las manifestaciones, así como tampoco han implementado as mesas técnicas para arreglar los Sicetac.

Además, ven con bastante preocupación a posibilidad de nuevas alzas en el precio del Acpm, luego del anuncio del nuevo ministro de Hacienda, Germán Ávila, que recién se posesionó, a mediados de marzo, anuncio que se tenía que revisar nuevamente.

“Nos toca completar la tarea de hacer ese ajuste al precio del Acpm. Próximamente, iniciaremos las conversaciones con los transportadores. Es imperioso, no hay otra alternativa, hay que ajustar el precio del Acpm”, expresó en esa ocasión.

Por lo que se teme de que lleven a cabo un nuevo paro, si no se llega a un buen término con este tema que, junto con el de los incrementos en los peajes, es el más preocupa en ese gremio.

“El incremento de los peajes, del combustible no consensuado, los cambios, todos los flagelos que acaban al pequeño transportador, se han ido incrementando, además de la inseguridad en las vías y la mala malla. El paro lo definen las bases, que tan cerca, eso no lo podemos definir, pero estamos más cerca que lejos”, dijo en una entrevista con Infobae Colombia el presidente de la Asamblea Nacional del Transporte, Alejandro Quiroga.

Pero no ha sido el único que ha expresado sus reparos, también ha expresado sus reparos Nidia Hernández, presidenta de la Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera (Colfecar) que, en una entrevista que concedió a la revista Semana, vio con preocupación la posibilidad de trasladar el alza del combustible a quienes contratan los servicios de transporte.

“La única forma de que los generadores de la carga asuman nuevos incrementos en el precio del diésel es a través del pago de los fletes”, afirmó.

El gremio camionero en Colombia manifestó su rechazo a cualquier incremento adicional en el precio del Acpm y advirtió sobre posibles manifestaciones si el Gobierno no cumple con los acuerdos establecidos en las mesas de diálogo.

Según informó Blu Radio, el presidente de la Asociación Colombiana de Camioneros (ACC), Alfonso Medrano, aseguró que no se negociará ningún aumento más en el precio del combustible y señaló que, de no cumplirse los compromisos adquiridos, el país podría enfrentar bloqueos y protestas similares a las ocurridas en septiembre de 2024.

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De acuerdo con las declaraciones de Medrano, desde la llegada de la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, el gremio no ha sido convocado para continuar con las mesas técnicas que se establecieron tras el paro del año pasado.

Estas mesas tenían como objetivo evaluar las problemáticas del sector y buscar soluciones conjuntas. Sin embargo, la ministra Rojas afirmó que dichas reuniones ya se llevaron a cabo, lo que ha generado discrepancias entre ambas partes.

El líder de la ACC expresó su preocupación por las recientes declaraciones de la ministra de Transporte, quien señaló que los subsidios otorgados por el Gobierno a los transportadores son insuficientes y que sería necesario considerar incrementos en impuestos o en el precio del Acpm.

Medrano enfatizó que el gremio no aceptará más alzas en el precio del combustible, especialmente si estas se realizan de manera unilateral, como ocurrió en 2024 bajo la gestión del entonces ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.

“Que si llegó el momento de la subida del diésel y de la subida de los impuestos, pues entonces qué quiere decir, que los van a alzar, pues entonces que lo hagan unilateralmente, porque nosotros no le vamos a negociar una sola alza al gobierno. Si la ministra no cumple su palabra y el señor ministro de Hacienda, pues pasa lo mismo que pasó el primero de septiembre. Ellos que suben el diésel, entonces la gente tendrá que salir a protestar”, afirmó Medrano en declaraciones recogidas por Blu Radio.

Uno de los puntos centrales en las demandas del gremio camionero es la modificación de la fórmula utilizada para calcular el precio de los combustibles en el país. Los transportadores insisten en que los precios no deberían estar ligados a la paridad internacional, sino a la moneda local. Argumentan que, dado que Colombia cuenta con recursos propios como crudo y refinerías, los costos deben justificarse en pesos colombianos y no en dólares.

Medrano explicó que esta fórmula actual genera un impacto negativo en el sector, ya que los costos de operación aumentan considerablemente, afectando la competitividad de los transportadores. A pesar de que esta propuesta ha sido planteada en múltiples ocasiones, el gremio asegura que no ha recibido una respuesta concreta por parte del Gobierno.

Las tensiones entre el Gobierno y los transportadores no son nuevas. En 2024, el país vivió un paro nacional de camioneros que paralizó varias regiones y generó un impacto significativo en la economía. Como resultado de esas protestas, se establecen mesas de diálogo para abordar las principales problemáticas del sector, incluyendo el precio de los combustibles, las etiquetas y las condiciones laborales de los transportadores.

Sin embargo, el gremio considera que los avances en estas mesas fueron insuficientes y que el Gobierno no ha cumplido con los compromisos adquiridos. La falta de diálogo reciente, sumada a las declaraciones de la ministra Rojas sobre posibles incrementos en el precio del diésel, reavivó las tensiones y generado preocupación entre los transportadores.

El líder gremial reiteró su disposición al diálogo, pero insiste en que no negociará más alzas en el precio del combustible. Además, solicitaron al Gobierno que se prioricen soluciones estructurales para garantizar la sostenibilidad del sector y evitar conflictos futuros.

El transporte de carga es un pilar fundamental para la economía colombiana, ya que moviliza gran parte de los productos que abastecen a las ciudades y regiones del país. Sin embargo, los altos costos operativos, sumados a las dificultades económicas que enfrenta el sector, han generado una creciente preocupación entre los transportadores.

El martes 7 de enero, un grupo de transportadores de carga, conformado principalmente por camioneros independientes y tercerizados, llevó a cabo una jornada de protesta en Santander. La movilización tuvo como propósito exigir el cumplimiento de los acuerdos alcanzados en septiembre de 2024 y manifestar su descontento por los aumentos en los precios del Acpm y los peajes.

Sin embargo, después de una reunión que se extendió por más de cuatro horas y en la que participaron delegados del Ministerio de Transporte, liderados por el viceministro Carlos Enríquez, junto con autoridades como la Gobernación de Santander, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y miembros de las Fuerzas Militares y policiales, los transportadores de la región decidieron suspender el plan de iniciar un paro de actividades.

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El viceministro informó que esta semana se llevarán a cabo encuentros clave para continuar trabajando en los compromisos asumidos con los transportadores. El primero de ellos está programado para el miércoles 8 de enero, cuando se reunirá con la defensora del Pueblo para evaluar el progreso de los acuerdos. El jueves 9 de enero, por su parte, está prevista una reunión con la ministra de Transporte.

“Tenemos importantes reuniones esta semana y esperamos también sigan avanzando en los compromisos con los transportadores”, comentó el funcionario del Gobierno nacional al respecto.

Por otro lado, con respecto a la reunión de la defensora del Pueblo comentó frente a varios medios de comunicación que la ministra de Transporte, María Constanza García, le enviaría un documento en el que se habla del cumplimiento de los 15 puntos acordados.

“Nosotros estaremos muy atentos al documento que hoy la ministra de Transporte enviará a la Defensoría del Pueblo sobre el cumplimiento de los 15 puntos acordados. Esperamos que en esta reunión, tanto el Ministerio Público, la Procuraduría y la Defensoría nos presenten un informe sobre el seguimiento que han realizado como entidades, ya que también fueron firmantes del acuerdo”, dijo el funcionario del Gobierno de Gustavo Petro.

El viceministro de Transporte Carlos Enríquez al respecto de esto también comentó frente a varios medios de comunicación lo siguiente: “Bueno, se respalda un comunicado emitido por los transportadores el fin de semana, en el que se informó que no había paro, no hay paro, y hoy podemos fortalecerlo con esta visita que realizamos junto con la Gobernación de Santander aquí, en el municipio de Girón. Hemos llegado a acuerdos importantes, especialmente en lo relacionado con el cumplimiento del pacto firmado el 6 de septiembre, cuando se estableció el acuerdo con todo el sector transportador del país. Por lo tanto, no hay paro”.

El secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, por su parte tras la reunión anunció que la próxima semana se llevará a cabo en Bucaramanga una nueva mesa de trabajo, esta vez con representantes de los conductores de volquetas. El objetivo será analizar sus solicitudes y necesidades, con el fin de trasladarlas al Gobierno Nacional para su evaluación.

En relación con las razones detrás del paro, el presidente Gustavo Petro afirmó que no existe tensión con el gremio camionero y explicó que el gobierno había establecido un incremento en los peajes del 2,78% a finales del año pasado. Sin embargo, señaló que seis concesionarios privados, principalmente en Antioquia, aplicaron incrementos mucho mayores basándose en cláusulas contractuales firmadas en 2014 durante administraciones anteriores. Petro destacó que, tras negociaciones, estas seis concesiones aceptaron la posición del gobierno para regular las tarifas.

“No hay tensión con el gremio camionero. El gobierno decidió la subida de peajes de 2, 78% antes de terminar el año pasado. Seis concesiones privadas, la mayoría en Antioquia, utilizando cláusulas contractuales del 2014, firmadas por gobiernos anteriores, subieron muy por encima los peajes del techo puesto por el gobierno. Hemos logrado que las seis concesiones acepten la postura del gobierno”, escribió el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, por medio de su cuenta en la red social X.

Los gremios transportadores en Colombia desmintieron su participación en un paro camionero anunciado en redes sociales y algunos medios de comunicación para el 6 de enero. La convocatoria habría surgido de un video difundido en plataformas digitales, en el que un conductor instaba a sumarse a la manifestación. Sin embargo, las organizaciones que lideraron el paro camionero de septiembre pasado aclararon en un comunicado oficial que no respaldarían la protesta mencionada.

Frente a este escenario, el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, hizo una publicación por medio de su cuenta de X reaccionando a la noticia. De acuerdo con el jefe de Estado dicha manifestación “estaba siendo organizada desde la extrema derecha”.

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A través de dicho comunicado conjunto, organizaciones como la Asociación Colombiana de Camioneros y la Confederación Colombiana de Camioneros afirmaron que no han promovido ningún cese de actividades y confirmaron que mantendrán sus labores con normalidad.

“Ante la desinformación malintencionada en diferentes medios y redes sociales por parte de intereses políticos y personales, manifestamos claramente que en estos momentos nos encontramos en Asamblea Permanente y en procesos de consultas y socialización con nuestras bases transportadoras”, explicaron en el comunicado.

Según El Colombiano, fuentes del sector señalaron que la complicada situación financiera de los transportadores, tras la temporada de fin de año, hace que no sea un momento oportuno para convocar a un paro.

En ese contexto, el presidente Gustavo Petro se pronunció sobre las versiones de un supuesto paro camionero convocado para los próximos días. En sus declaraciones, aseguró que detrás de esta iniciativa podrían estar sectores políticos específicos e incluso señaló a “cierta prensa” que sería afín.

“Me parece que la protesta estaba siendo organizada desde la extrema derecha y cierta prensa afín”, escribió por medio de su cuenta de X el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego.

Y es que, Jorge García, transportador de Santander, anunció que los camioneros de la región comenzarán un paro de actividades a partir de la medianoche del lunes 6 de enero. Según explicó, la decisión responde al supuesto incumplimiento por parte del Gobierno de los compromisos adquiridos en septiembre de 2024.

En Santander, los pequeños transportadores anunciaron que encabezarán un paro en protesta por el incremento en el precio del Acpm y los elevados costos de los peajes. Estos factores, señalaron, se han convertido en las principales causas de su descontento y movilización.

Sobre esto último el presidente Gustavo Petro también se refirió al aumento en las tarifas de los peajes, señalando que su gobierno aprobó un incremento del 2,78 %. Sin embargo, criticó que ocho peajes de seis concesiones adoptaran medidas distintas, amparándose en contratos firmados en 2014 que calificó como “mal hechos y leoninos”. Asimismo, anunció que en abril se llevará a cabo un estudio concertado, tomando en cuenta la tendencia inflacionaria, que se espera sea del 3 %, para ajustar las tarifas de manera equitativa y justa.

“El gobierno ha autorizado un alza del 2.78% de peajes,.8 peajes de 6 concesiones han decidido otra cosa, dicen, facultados por los contratos firmados en el 2014, a toda vista mal hechos y leonino. Esto no puede ser y he pedido inicialmente, dialogo con esos concesionarios En abril de acuerdo a la tendencia inflacionaria y que esperamos sea de 3%, haremos estudio concertado para recuperar la inflación causada”, escribió el primer mandatario en su cuenta de X.

Tras la controversia generada por el aumento en las tarifas de los peajes en los primeros días de 2025, el presidente Gustavo Petro convocó a una reunión con su gabinete el lunes festivo 6 de enero. Durante el encuentro, el mandatario calificó la medida como un error y discutió alternativas para mitigar las afectaciones que esta ha generado entre los ciudadanos.

La reunión del gabinete presidencial tuvo lugar antes de un encuentro clave entre la ministra de Transporte, María Constanza García; el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Francisco Ospina Ramírez; y líderes del gremio transportador.

En medio de la creciente tensión por el alza en el precio del ACPM y las tarifas de peajes, más de diez asociaciones de conductores de carga pesada anunciaron que, aunque no habían definido fecha ni hora para iniciar el paro, los camioneros del departamento de Santander confirmaron el cese de actividades a partir de la madrugada del martes 7 de enero. Esta decisión, comunicada a través de Caracol Radio, subraya la determinación del gremio de manifestarse ante lo que consideran una situación insostenible.

Jenny Alvarado, vocera de los camioneros en la región, destacó que el paro se mantiene debido al anuncio de un nuevo incremento en los peajes programado para el 15 de enero. “El paro sigue porque el Gobierno Nacional anuncia otra alza nuevamente a los peajes el 15 de enero, no respetó el alza del combustible, entonces tenemos 15 puntos de acuerdo en donde se ha hablado mucho pero no nos dan soluciones a nosotros,” afirmó.

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Además, Alvarado señaló que el mal estado de las vías en el país representa un problema adicional que ha motivado al gremio a salir a manifestarse. La vocera enfatizó que esta situación afecta no solo a los conductores, sino a la economía en general, debido a los retrasos y costos adicionales que genera el deterioro de la infraestructura vial.

En respuesta al anuncio del paro, las autoridades del departamento de Santander instalaron desde el domingo un Puesto de Mando Unificado (PMU) para monitorear la situación de orden público. Este esfuerzo busca garantizar la seguridad y el flujo vehicular en los puntos estratégicos que podrían verse afectados por los bloqueos anunciados.

Contexto nacional

La decisión de los camioneros de Santander se enmarca en una problemática de alcance nacional. El gremio de transportadores ha manifestado reiteradamente su inconformidad con las políticas del Gobierno Nacional relacionadas con los incrementos en los precios del combustible y las tarifas de peajes, así como con la falta de soluciones concretas para mejorar la infraestructura vial.

El paro, que ya ha generado preocupación entre los diferentes sectores económicos, podría tener un impacto significativo en el transporte de mercancías y el abastecimiento de productos en la región. Mientras tanto, las negociaciones entre el gremio de transportadores y el Gobierno continúan siendo fundamentales para evitar una escalada de la situación.

La tensión entre los camioneros y el Gobierno subraya la necesidad de una acción inmediata para abordar los puntos de desacuerdo. Mejorar las vías, revisar los incrementos en los costos operativos y garantizar un diálogo efectivo son pasos indispensables para desactivar las protestas y restaurar la normalidad en el transporte de carga pesada en el país.

Aunque unos confirman paro, otros lo niegan

El presidente de la Asamblea Nacional del Transporte, Alejandro Quiroga, le dijo a Infobae Colombia de que no todo el gremio ha confirmado estar en paro, sino un sector de los empresarios del mismo.

Sin embargo, también se han conocido llamamientos y convocatorias de otros voceros, que son claros en sus intenciones de frenar sus labores, tomando así vías de hecho para sus exigencias al Gobierno.

Una de las causas de la polémica es el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), una herramienta financiera que representa un gasto anual multimillonario para el Estado. Según el Ministerio de Hacienda, entre 2022 y 2023 el diésel (Acpm) fue responsable del 62,6% del déficit acumulado por el fondo.

Desde el principio, los transportadores se han opuesto con firmeza a la idea de aumentar el precio del diésel, dado que este combustible es esencial para el transporte de carga. Más de 10 mesas de negociación se llevaron a cabo, pero ninguna culminó en un acuerdo definitivo.

En agosto de 2024, tras varios intentos fallidos de diálogo, el Gobierno anunció un aumento de $1.900 en el precio del galón de Acpm. La reacción del gremio fue inmediata: un paro nacional de camioneros que paralizó las principales vías del país. Ante la presión, el Ejecutivo retrocedió y firmó un acuerdo de 15 puntos que incluyó un aumento inicial de $400 y otro de igual valor que comenzó a regir en diciembre de 2024.

Aunque este consenso logró calmar las aguas temporalmente, el conflicto se ha reavivado debido a rumores de nuevos incrementos. Los transportadores han advertido que un nuevo ajuste podría desatar un nuevo paro.

El 2025 comenzó agitado, en plena época de viajes y retornos masivos, con el inicio del paro camionero que, desde hacía semanas, se venía anunciando por el gremio de transportadores que argumentan que estas acciones tienen que ver con el presunto incumplimiento de un acuerdo nacional por parte del Gobierno Petro.

Es por ello por lo que el lunes 6 de enero a las 12:00 de la medianoche se dará inicio al paro camionero en prácticamente todo el país.

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El presidente de la Asamblea Nacional del Transporte, Alejandro Quiroga, le dijo a Infobae Colombia de que no todo el gremio ha confirmado estar en paro, sino un sector de los empresarios del mismo.

Las razones del gremio para irse a paro

En el fondo de esta disputa está el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), una herramienta financiera que representa un gasto anual multimillonario para el Estado. Según el Ministerio de Hacienda, entre 2022 y 2023 el diésel (Acpm) fue responsable del 62,6% del déficit acumulado por el fondo.

Las proyecciones son alarmantes: si no se ajusta el precio del Acpm, el hueco en el Fepc podría alcanzar $11,6 billones en 2024 y $12,8 billones en 2025. En este contexto, el gobierno del presidente Gustavo Petro ya ha implementado incrementos significativos en el precio de la gasolina, eliminando el subsidio y aumentando su valor en aproximadamente $6.000 por galón entre 2022 y 2023. Aunque estas medidas generaron tensión con gremios como el taxista, finalmente se logró un acuerdo. Sin embargo, el Acpm ha resultado ser un terreno más complicado.

Desde el principio, los transportadores se han opuesto con firmeza a la idea de aumentar el precio del diésel, dado que este combustible es esencial para el transporte de carga. Más de 10 mesas de negociación se llevaron a cabo, pero ninguna culminó en un acuerdo definitivo.

En agosto de 2024, tras varios intentos fallidos de diálogo, el Gobierno anunció un aumento de $1.900 en el precio del galón de Acpm. La reacción del gremio fue inmediata: un paro nacional de camioneros que paralizó las principales vías del país. Ante la presión, el Ejecutivo retrocedió y firmó un acuerdo de 15 puntos que incluyó un aumento inicial de $400 y otro de igual valor que comenzó a regir en diciembre de 2024.

Aunque este consenso logró calmar las aguas temporalmente, el conflicto se ha reavivado debido a rumores de nuevos incrementos. Los transportadores han advertido que un nuevo ajuste podría desatar un nuevo paro.

El incumplimiento y las demandas del gremio

Alfonso Medrano, presidente de la Asociación de Camioneros de Colombia (ACC), acusa al Gobierno de incumplir parte del acuerdo firmado en 2024. Entre las quejas más destacadas está la falta de avance en el compromiso de revisar la fórmula para determinar el precio del diésel. “Nos quieren cobrar en dólares cuando ganamos en pesos”, declaró Medrano, en referencia a la intención del Gobierno de equiparar el precio del combustible al valor internacional.

Por otro lado, los camioneros también exigen ajustes en el Sistema de Información de Costos Eficientes para el Transporte Automotor de Carga (Sice-tac), una plataforma diseñada para calcular los costos de operación según las rutas. Los gremios argumentan que el sistema está desactualizado y no refleja los costos reales, lo que agrava la situación económica del sector.

A pesar de las tensiones, el Gobierno comenzó el año aplicando ajustes reglamentados en la estructura de precios. El 1 de enero, el precio del Acpm subió $169 por galón (precio de referencia en Medellín: $10.748), mientras que la gasolina aumentó $91 por galón (precio en Medellín: $16.009). Estas alzas fueron justificadas como “indexaciones reglamentadas” y no como decisiones directas del Ejecutivo.

A pesar de ello, los transportadores consideran que estos incrementos agravan su situación. Hasta el momento, el gremio no se ha pronunciado oficialmente sobre los recientes ajustes, pero la posibilidad de un nuevo paro sigue latente.

El Ministerio de Transporte de Colombia ha solicitado a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo que actúen como garantes en la verificación del cumplimiento de los acuerdos alcanzados con los transportadores de carga y pasajeros.

Esta solicitud tiene como objetivo evaluar los avances en los compromisos adquiridos durante las mesas de trabajo realizadas durante los últimos meses, así como abordar las inconformidades presentadas por ciertos sectores del gremio.

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Uno de los avances destacados es la creación de una herramienta de auditoría para los puertos, diseñada por la Superintendencia de Transporte, que permitirá monitorear las irregularidades en tiempo real.

Además, se abordarán aspectos clave como las horas logísticas y las horas de viaje en las reuniones programadas para 2025, con el fin de asegurar el cumplimiento de los acuerdos y mejorar la transparencia en el sector.

Entre los logros alcanzados, se incluye la actualización de las tipologías vehiculares y de carga, lo que permitirá una mejor clasificación de los vehículos y las cargas, adaptándolos a las necesidades actuales del mercado.

También se estableció un mínimo de cuatro horas logísticas por viaje, que será reconocido y remunerado según los valores establecidos en el Sistema de Información de Costos Eficientes para el Transporte Automotor de Carga (SICE-TAC).

El Ministerio también destacó el ajuste en las condiciones laborales de los transportadores, estableciendo una jornada laboral de 46 horas semanales, con un salario basado en 288 horas operativas mensuales, lo que representa una mejora en las condiciones de trabajo del gremio.

Además, se realizó una ampliación significativa en los ítems de mantenimiento de los vehículos, aumentando el número de partes y piezas a más de 100, lo que incrementará el costo por kilómetro en un 54%. Este ajuste busca mejorar la seguridad y eficiencia de los vehículos en circulación.

Finalmente, se están implementando medidas para garantizar la legalidad en el sector, como la validación obligatoria de los manifiestos de carga conforme a los valores establecidos en el Sice-tac y la simplificación de los trámites para el registro de maquinaria amarilla usada.

Estas acciones son parte de un esfuerzo integral para mejorar la transparencia, la competitividad y la formalización del sector transporte en Colombia, y se espera que el seguimiento de los compromisos adquiridos garantice su implementación efectiva.

Los transportadores afirman que el Gobierno no cumple sus condiciones

La Asamblea Nacional de Transporte ha expresado su preocupación por la inseguridad en las carreteras del país, señalando que problemas como la extorsión, el vandalismo, los saqueos y los bloqueos afectan gravemente a los transportadores.

Según un comunicado emitido por la organización, estas problemáticas persisten pese a que en abril de 2022 se presentó una propuesta para implementar una “Política integral de seguridad en el transporte”.

Este reclamo se suma a una serie de denuncias contra el Gobierno Nacional, al que acusan de incumplir acuerdos alcanzados tras el paro camionero de septiembre de 2024.

De acuerdo con el comunicado, los transportadores han manifestado su descontento por el reciente incremento en los precios de los combustibles, que entró en vigor el miércoles 1 de enero de 2025.

El precio de la gasolina subió en $91, mientras que el del diésel aumentó en $169. Según la Asamblea Nacional de Transporte, este ajuste se realizó sin convocar a la mesa técnica acordada el 22 de noviembre de 2024, en la que se había pactado revisar la política y la fórmula de cálculo de los precios de los combustibles junto a los viceministros de Hacienda, Transporte y Minas y Energía.

Los transportadores también han señalado que el Sistema de Costos Eficientes no ha sido actualizado ni se ha definido una metodología que proteja a los propietarios independientes.

En el comunicado, la Asamblea también destacó que no se han cumplido las transformaciones estructurales prometidas en las relaciones económicas del transporte de carga, así como en los servicios especiales y de pasajeros. Estas reformas, según los transportadores, son esenciales para abordar las problemáticas que enfrenta el sector y garantizar su sostenibilidad a largo plazo.

Continúa la controversia en el sector de transporte por el anuncio del aumento del precio de los peajes para 2025. El borrador del decreto de las nuevas tarifas plantearía un alza del 2,7%, en contraste con la propuesta inicial de 4,64%, anunciada el 27 de diciembre.

En ese sentido, según el documento del Ministerio de Transporte, el aumento se realizaría en tres etapas: la primera sería efectiva para el 1 de enero, cubriendo el 60% del valor del Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumulado en 2023; el segundo se aplicará el 16 de enero, basado en el IPC anual, mientras que el tercero será efectivo el 1 de abril de 2025, que cubrirá el 9,28% del IPC de 2023.

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Bajo este panorama, Alfredo Merlano, presidente de la Asociación Colombiana de Camioneros (ACC), en conversación con W Radio, expresó la preocupación del sector ante la situación crítica que se avecina por culpa de las decisiones gubernamentales tomadas en 2023. Según dijo, ese año, el Gobierno suspendió el incremento habitual de los peajes, una medida que, según el líder gremial, no fue consultada con los transportadores.

“Eso fue un error del Gobierno, en cabeza del entonces señor ministro (...) ningún gremio del sector transporte, que somos los que más utilizamos las carreteras de Colombia, le pidió que suspendiera el aumento, que nosotros somos cumplidos y aceptamos siempre (...) el señor, sin mediar palabra, dijo: ‘voy a suspender el alza’ (...) eso le generó al Gobierno como que $700.000 o $800.000 millones y después se dieron cuenta de ese desfase y ahora estamos nosotros pagando esos errores del Gobierno“, dijo al medio citado.

Merlano advirtió al medio citado, que esta estrategia representa un doble impacto para los propietarios de camiones, quienes deberán asumir tanto el aumento correspondiente al presente como el acumulado del año anterior.

Asimismo, explicó que, aunque el sector está acostumbrado a los incrementos anuales en las tarifas de los peajes, el problema radica en que el costo del desfase de 2023 no debería recaer exclusivamente sobre los transportadores. Por ello, aseveró que el sector transportador no puede ser el único responsable de cubrir los costos derivados de una decisión gubernamental que, según él, fue tomada sin consultar a los gremios afectados.

Otro punto crítico señalado por el líder gremial es la necesidad de actualizar las metodologías de costos en el sistema Sisetac, la herramienta oficial utilizada para calcular los costos operativos del transporte de carga. Según Merlano, esta plataforma no refleja con precisión la realidad del mercado ni el impacto del aumento en los insumos, muchos de los cuales se pagan en dólares. Esta discrepancia, indicó, dificulta aún más la capacidad de los transportadores para planificar y mantener la rentabilidad de sus operaciones.

Por último, dijo que el anunciado fin del subsidio al diésel, que podría incrementar el precio del combustible hasta en $6.000 por galón en los próximos años, así como el aumento en los peajes, representa un alza preocupante en los fletes, convirtiéndose en un efecto dominó que impactaría la economía nacional, principalmente a los consumidores finales.

“En este momento, nuestros costos operativos están así: ya el 45% en diesel y el 15% en los peajes sin incremento; entonces ya nos quedaría más o menos con el 50% el diesel y más o menos el 20% en peajes, porque subiría un 5% con esa alza del 10%, entonces llegaríamos al 70% ¿Usted cree que nosotros los camioneros nos vamos a poder defender con el 30% que supuestamente dice que son utilidades?“, puntualizó al medio citado.

Alfonso Medrano, presidente de la Asociación Colombiana de Camioneros (ACC), anunció que, para el inicio del 2025, no se descarta una nueva movilización camionera, luego de que el ministro de Hacienda, Diego Guevara, afirmara que el Gobierno nacional no puede continuar subsidiando los precios del combustible debido a las presiones fiscales que enfrenta el país.

Tras el llamado del líder camionero, otras agremiaciones representantes de conductores, propietarios tradicionales e independientes respaldaron la declaración de Medrano, agregando que el Gobierno del presidente Gustavo Petro ha incumplido los acuerdos pactados a inicios de septiembre de 2024, fecha en la que se reportaron manifestaciones en las principales vías del país.

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En un comunicado, las organizaciones gremiales manifestaron su desacuerdo con la administración Petro, al mencionar que en más de cuatro meses no se ha priorizado a los pequeños propietarios, considerados como “la columna vertebral del transporte en Colombia”.

“Desde la firma del acuerdo, nuestras expectativas eran altas. Esperábamos mejoras significativas que garantizaran la estabilidad y el bienestar del sector. Sin embargo, la falta de cumplimiento por parte del gobierno ha generado profunda frustración y desilusión. La situación actual nos obliga a unirnos en defensa de nuestros derechos y en búsqueda de las reformas prometidas”, señalaron en un comunicado.

A su vez, mencionaron que dejan de un lado las diferencias con otras organizaciones del sector para que se consoliden los cambios estructurales que protejan a los conductores y pequeños propietarios.

“Seguiremos trabajando juntos, fortalecidos por la solidaridad y el compromiso con nuestras bases transportadoras, hasta que se cumplan plenamente los acuerdos firmados y se garantice un futuro justo y equitativo para todos los transportadores del país”, mencionaron.

Frente al anuncio del ministro Guevara sobre el eventual incremento del combustible, los representantes del sector transportador explicaron que el alto funcionario estaría vulnerando el numeral 3 del acuerdo pactado entre Gobierno y camioneros, que se refiere al congelamiento del precio del ACPM, “hasta tanto no se logren las transformaciones estructurales en las relaciones económicas en el transporte de carga y en la modalidad del servicio especial y de pasajeros”, según se lee en el documento firmado entre las partes en septiembre de 2024.

“NO ACEPTAREMOS UNA NUEVA ALZA AL PRECIO DEL DIESEL, no se llamó a la mesa técnica acordada para revisar la política y la fórmula con la que fija el precio de los combustibles”, manifestaron las organizaciones independientes en el comunicado.

Otro de los incumplimientos denunciados por la agremiación es la falta de concertación con el Ministerio de Transporte frente a los cambios que tendría el decreto 1079 de 2015, que se refiere a la ejecución de políticas y estrategias y proyectos de infraestructura no concesionadas de la red vial nacional.

También, los representantes de las bases transportadoras de carga pesada afirman que la cartera no ha consolidado los lineamientos del Sistema de Costos Eficientes (Sicetac), cuya propuesta consiste en que la carga liviana sea a partir de 3,5 toneladas para vehículos tipo volquetas, camiones refrigerados y grúas.

“Por el contrario, se ha impuesto una resolución del SICETAC sin atender las observaciones realizadas por los gremios, incumpliendo el numeral 4 del acuerdo. Sumado un proyecto de ley del régimen sancionatorio que no contempla sanciones ejemplarizantes a los generadores de carga y empresas de transporte y acabe tanto abuso y posición dominante que sufren las bases transportadoras”, dijeron.

Asimismo, señalaron que el Gobierno no ha realizado ningún consenso frente a la regulación y modernización del parque automotor, aun cuando aseguraron que el Ministerio de Transporte había mencionado que los transportadores tenían un saldo de 1,84 billones de pesos.

“El Ministerio de Hacienda se ha negado a informarnos y a transferir los recursos a una cuenta o fiducia para el programa de modernización, al igual que acoger la propuesta de los gremios de la Administración Conjunta y Transparente de estos dineros aportados por los mismos transportadores. No hay nada de avance en programas de modernización”, explicaron.

Por último, los camioneros pidieron al Gobierno Petro que se brinden soluciones claras a sus exigencias planteadas, y sostuvieron que, en caso de no ser atendidas oportunamente, “se tomarán medidas de presión”.

El presidente de la Asociación Colombiana de Camioneros (ACC), Alfonso Medrano, se dirigió a los transportadores del país con un mensaje contundente sobre los riesgos de una nueva movilización camionera. En sus declaraciones, Medrano expresó su preocupación por la falta de concertación con el nuevo ministro de Hacienda en torno a la fórmula para regular el precio del diésel, un insumo vital para el sector.

“Buenos días, camioneros del país. Les habla Alfonso Medrano, presidente de la Asociación Colombiana de Camioneros. El señor ministro de Hacienda recién posesionado, sin tener en cuenta que tuvimos un año donde les pusimos la fórmula del precio Colombia, no nos quiso dar respuesta o alternativa sobre cuál podría ser la solución para el elevado costo del diésel, nuestra materia prima para mover nuestros camiones”, declaró Medrano.

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El líder gremial también hizo un llamado al diálogo, enfatizando la necesidad de revisar los acuerdos establecidos el 6 de septiembre con las bases camioneras y la ministra de Transporte. “De esta manera, señor ministro, con todo el respeto que usted se merece, tenemos que concertar la nueva fórmula. De lo contrario, si usted nos va a imponer nuevas alzas, créame que tendríamos que, obligatoriamente, ir a una movilización camionera nuevamente”.

Medrano señaló la importancia de que los compromisos firmados por el anterior ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, sean respetados para evitar un declive en el sector. “Pongámonos en la seriedad y coloquemos a Colombia donde debemos estar, para que siga marchando por las rutas del progreso, no las rutas del declive”, concluyó. Por ahora, el gremio espera una respuesta del Gobierno para establecer una mesa de diálogo que permita solucionar esta problemática y evitar mayores afectaciones al transporte y la economía nacional.

Las consecuencias para el bolsillo

El incremento en el precio del diésel tiene efectos profundos y de largo alcance en la economía de cualquier país, especialmente en naciones como Colombia, donde el transporte de carga por carretera es fundamental para el comercio interno. Un aumento no concertado en este insumo afecta directamente a los camioneros, incrementando sus costos operativos y reduciendo su margen de rentabilidad. Estos costos, a su vez, son trasladados a los consumidores finales mediante el encarecimiento de productos básicos, lo que genera una presión inflacionaria significativa.

Si se produce un paro camionero, las consecuencias podrían ser aún más severas. Este tipo de movilización tiene el potencial de interrumpir las cadenas de suministro, provocando desabastecimiento en mercados y tiendas de todo el país. Los productos perecederos, como alimentos frescos, serían los primeros afectados, causando pérdidas económicas tanto para los productores como para los comerciantes. Además, la paralización del transporte puede ocasionar demoras en la distribución de combustibles, medicamentos y otros bienes esenciales, impactando directamente a la población.

En términos sociales, un paro prolongado podría generar tensiones entre los diferentes sectores productivos y la ciudadanía, especialmente en un contexto económico ya golpeado por la inflación, la incertidumbre global y la creciente desigualdad social. Además, podría derivar en protestas, bloqueos y disturbios que agravarían aún más la crisis. Asimismo, el Gobierno se enfrentaría a una presión significativa para resolver la situación, lo que podría derivar en negociaciones apresuradas y, posiblemente, acuerdos que no atiendan de manera integral las necesidades del sector camionero.

Por ello, la concertación y el diálogo entre el Gobierno y los transportadores no solo son deseables, sino imprescindibles. Garantizar condiciones justas para los camioneros y prevenir un paro es clave para mantener la estabilidad económica y social de Colombia. El desafío radica en encontrar soluciones que equilibren las necesidades del gremio y los intereses del país en su conjunto.

El gremio de camioneros volvió a expresar su inconformidad con el Gobierno nacional por las condiciones a las que se enfrentan los transportadores de carga, argumentando que, durante los dos años de mandato del presidente de la República, Gustavo Petro, el Estado no ha realizado esfuerzos para mantener una buena comunicación con ellos.

Así lo explicó Anderson Quiceno, presidente de la Asociación de Transportadores de Carga, según él, es necesario que desde el Ministerio de Transporte escuchen las peticiones del gremio para llegar a consensos que permitan la resolución de las quejas de esta comunidad.

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Para lograr acuerdos es necesario dos partes y “no solo una que se dedique a escuchar y a puerta cerrada proyecte decretos y resoluciones pensando que están haciendo bien. Es un Gobierno cerrado frente a esa situación y las inconformidades siguen creciendo”, dijo Quiceno en diálogo con W Radio.

Bajo la misma línea, habló sobre lo complicado que ha sido la implementación del Programa de Modernización de Vehículos de Carga, una iniciativa de la cartera liderada por María Constanza García para entregar beneficios integrales a los transportadores de carga, que de manera expedita y transparente permitirá renovar el parque automotor en este sector.

“Ha sido muy complejo y trabajoso el tema de las relaciones con el Gobierno Nacional. Estamos en una situación compleja en el programa de modernización, donde muchos camioneros decidieron entregar sus vehículos a cambio de los pagos que hizo el Gobierno y esta es la hora en la que se ven embolatados esos recursos”, agregó.

En consecuencia, el líder gremial no descartó la posibilidad de volver a paro nacional con el fin de presionar al Gobierno nacional y al jefe de Estado para que se sienten a negociar.

“Si no son escuchadas cada una de nuestras quejas, no sería nada raro que las bases camioneras vuelvan a estos temas de los paros de alguna manera o se hagan sentir dentro de protestas con el fin de que sean escuchados y atendidos dentro de su ejercicio”, reveló al medio citado.

Cabe recordar que, en septiembre de 2024, los camioneros bloquearon las principales vías de todo el país en respuesta al aumento del precio del diésel en $1.904 por orden del Gobierno nacional. Según los transportadores, el incremento era desproporcionado y ponía en riesgo su trabajo.

Luego de varios días de negociaciones llegaron a varios compromisos y se levantaron los bloqueos. Entre ellos, se acordó modificar el alza del precio del ACPM en dos incrementos: uno de $400 que empieza a regir con la modificación de la resolución y otro también de $400 que se implementará a partir del 1 de diciembre de 2024.

De igual manera, se estableció suspender las alzas de combustible tipo diésel - ACPM, posteriores a las ya mencionadas “hasta tanto no se logren las transformaciones estructurales en las relaciones económicas en el transporte de carga y en la modalidad del servicio especial y de pasajeros que recojan las problemáticas descritas en las mesas adelantadas en la negociación contenida en esta acta y que se encuentran consignadas en las grabaciones de las mesas realizadas”, explicó la ministra de Transporte.

Otro de los compromisos que contempla el documento firmado por las partes es dar inicio a mesas de trabajo entre el Gobierno nacional y las bases del gremio de transportadores, con el fin de abordar situaciones estructurales en el sector.

Por último, se acordó la inclusión de todos los actores del transporte en el Sistema de Información Costera y de Tarifas del Transporte Automotor de Carga (SICE-TAC), asegurando una mayor transparencia y equidad en la regulación de tarifas y costos en el sector.

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) dio a conocer el Índice de Precios al Consumidor (IPC) o inflación de septiembre de 2024. De acuerdo con la entidad, la cifra interanual cedió frente a agosto, pese al paro de camioneros que duró una semana.

La entidad precisó que esta cerró en 5,81% anual en el noveno mes de 2024, lo que significó una reducción de 5,18% frente al mismo periodo de 2023 (10,99%). Además, en cuanto a lo corrido del año, se ubicó en 4,58% y se redujo 3,43% frente la registrada en el mismo periodo de 2023 (8,01%).

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Entretanto, el dato mensual para septiembre de 2024 fue de 0,24%, lo que significó una reducción frente al mismo mes de 2023, cuando se ubicó en 0,54%.

Este indicador estuvo muy cerca a lo que esperaban analistas consultados por el Banco de la República. De acuerdo con la encuesta de expectativas del Emisor, el mercado esperaba un promedio de 0,27%, una mediana de 0,26%, un mínimo de 0,11% y un máximo de 0,57%.

De acuerdo con la directora del Dane, Piedad Urdinola, lo que mayor variación en la cifra mensual en esta oportunidad fue la división de gasto de educación, que se ubicó en 1,93%. Le siguieron restaurantes y hoteles (0,49%), salud (0,29%) y transporte (0,24%).

“En septiembre de 2024 los mayores incrementos de precio se registraron en las subclases: educación secundaria (3,65%), educación preescolar y básica primaria (2,77%) y pagos por asesorías de tareas y clases dictadas por particulares (1,57%). Los menores incrementos de precio se reportaron en las subclases: diplomados, educación continuada, preicfes, preuniversitarios (0,00%), otros gastos en educación superior (0,00%) e inscripciones y matrículas en postgrados (especialización, maestría, doctorado) (0,01%)”, precisó el Dane.

De igual forma, las divisiones de gasto de menor variación fueron recreación y cultura (-0,26%); información y comunicación (0,02%); bienes y servicios para el hogar (0,02%) y bienes y servicios diversos (0,03%).

Inflación anual

En cuanto a lo anual, la división de gasto que mayor variación tuvo fue educación (10,76%). Le siguieron restaurantes y hoteles (9,08%); alojamiento, agua, electricidad y gas (8,49%); bebidas alcohólicas (6,24%) y salud (6,16%). Mientras que los que menos variación registraron resultaron siendo información y comunicación (-0,76%); recreación y cultura (-0,01%); prendas de vestir y calzado (2,22%); bienes y servicios para el hogar (2,31%) y alimentos y bebidas no alcohólicas (2,73%).

“En septiembre de 2024 los mayores incrementos de precio se registraron en las subclases: educación secundaria (13,27%), educación preescolar y básica primaria (12,20%) y pagos por asesorías de tareas y clases dictadas por particulares (9,47%). Los menores incrementos de precio se reportaron en las subclases: inscripciones y matrículas en carreras técnicas, tecnológicas y universitarias (6,58%), diplomados, educación continuada, preicfes, preuniversitarios (7,72%) y otros gastos en educación superior (8,48%)”, anotó la entidad.

Año corrido

Entre enero y septiembre de 2024 la variación del IPC total fue 4,58%. Esta variación fue menor en 3,43% que la reportada en el mismo periodo del año anterior, cuando fue de 8,01%. El comportamiento año corrido del IPC total en septiembre de 2024 (4,58%) se explicó principalmente por la variación año corrido de las divisiones alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles y restaurantes y hoteles.

La división educación registró una variación año corrido de 10,62%, siendo esta la mayor variación año corrido. En septiembre de 2024 los mayores incrementos de precio se registraron en las subclases:

• Educación secundaria (13,27%).
• Educación preescolar y básica primaria (12,20%).}
• Pagos por asesorías de tareas y clases dictadas por particulares (9,47%).

Los menores incrementos de precio se reportaron en las subclases: inscripciones y matrículas en carreras:

• Técnicas, tecnológicas y universitarias (6,58%).
• Diplomados, educación continuada, preicfes, preuniversitarios (7,72%)-
• Otros gastos en educación superior (8,48%).

En medio de la Convención Internacional de Seguros de Fasecolda, que se lleva a cabo en la ciudad de Cartagena, Gustavo Morales Cobo, presidente de la Federación de aseguradores colombianos, lanzó una advertencia frente a los conductores que participaron en los bloqueos viales en el país, durante la protesta del gremio transportador frente al incremento del combustible.

El funcionario aseguró que la venta de seguros a estos vehículos no podrá realizarse, debido a que su participación en estos actos son considerados ilegales, por lo que no podrían circular en las principales vías del territorio nacional.

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“Es apenas obvio, si un vehículo, en este caso un camión, se utiliza para bloquear una vía y en ese ejercicio un juez determina que eso fue un delito o una ilegalidad, pues ese camión se vuelve imposible de asegurar, porque uno de los elementos del seguro es que el objeto tiene que ser lícito. Sin duda, generan un riesgo que los hace inasegurables”, explicó Morales.

A su vez, Morales Cobo indicó que esta decisión se debe a las nuevas políticas de suscripción de las aseguradoras. “Gracias a las sanas políticas de suscripción de pólizas que tienen las compañías aseguradoras, las empresas de transporte y sus vehículos que hayan bloqueado vías se vuelven automáticamente inasegurables”, mencionó.

De igual manera, el presidente de Fasecolda dijo en diálogo con El Tiempo que la suspensión de seguros no aplicará para aquellos que tuvieron problemas durante la protesta de los conductores de carga. “Los afectados por los bloqueos que tienen seguros pueden operar con mayor tranquilidad su carga y sus vehículos, porque de alguna manera están protegidos”, mencionó el directivo al citado medio de comunicación.

La medida ya es blanco de críticas por parte de varios sectores. Uno de ellos fue Anderson Quiceno, director de la Asociación de Transportadores de Carga (ATC), quien en declaraciones a W Radio sostuvo que es una medida que “perjudicaría al gremio transportador”, y aseguró que vulneraría sus derechos fundamentales.

De igual manera, el representante de los camioneros declaró que “habría dificultades en la identificación de los conductores que bloquearon las vías de Colombia durante el paro camionero”, al considerar que las bases de datos de los vehículos solamente están en las agremiaciones de los transportadores.

El paro del gremio de camioneros ocurrió en la primera semana de septiembre, después de que el Ministerio de Transporte publicara un decreto que reglamentaba el precio del Acpm para este tipo de vehículos. La protesta duró cuatro días, luego de que se promoviera un acuerdo con el Gobierno para disminuir la tarifa del galón del combustible.

Aumentó nivel de accidentalidad en Colombia

De otro lado, el presidente de Fasecolda, Gustavo Morales Cobo, expresó su preocupación ante el alarmante crecimiento en la siniestralidad vial durante este año en Colombia.

Según el directivo, con corte a julio de 2024 se han atendido 473.000 víctimas de accidentes, que corresponde a un incremento del 6 por ciento frente al mismo periodo en el 2023, lo que ha significado más de un costo de 2.1 billones de pesos, respectivamente.

“Las razones de ese disparo son múltiples y van desde falta de cultura ciudadana, mal diseño de carreteras, pero nosotros creemos que el factor principal es la creciente participación de las motos en el parque automotor, en el 84 por ciento de los accidentes de tránsito hay involucrada una moto. Hasta hace unos años estas representaban el 5 por ciento del parque automotor, hoy son cerca del 50 por ciento”, comentó Morales en El Tiempo.

Además, el presidente de las aseguradoras colombianas señaló que “ese es uno de los temas de política pública más urgentes y creo que todos los actores, desde el Estado hasta los privados, estamos pecando por negligencia al no abordar esa situación”, y explicó que “desde que se eliminó el Fondo de Previsión Vial que tenían las aseguradoras y crear la Agencia de Seguridad Vial a cargo del Ministerio de Transporte se volvieron a disparar los indicadores”.

Este artículo busca mejorar las condiciones laborales de los transportadores de carga, como resultado de los acuerdos pactados tras el levantamiento del paro camionero el 5 de septiembre pasado.

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En un esfuerzo conjunto, el Ministerio del Trabajo y más de veinte representantes del gremio de transportadores se reunieron en una mesa técnica para discutir y caracterizar las condiciones laborales diarias de este sector.

En esta reunión, los transportadores expusieron sus principales demandas, entre las cuales destacan la eliminación de la precarización y la tercerización laboral.

Ramírez reiteró el compromiso del gobierno hacia las promesas hechas durante las movilizaciones, afirmando que el objetivo principal del artículo es asegurar que los derechos laborales de los transportadores sean reconocidos y respetados.

“Queremos asegurar que sus derechos laborales sean reconocidos y respetados”, señaló la ministra.

“Firmamos unos acuerdos y dentro de ellos hoy, aquí en el Ministerio del Trabajo, mirando lo que son los derechos laborales de los conductores en Colombia”, informó la jefe de la cartera laboral.

“Nos hemos reunido con más de veinte representantes de este sector y hemos elaborado ya un primer borrador que es con el cual empezaremos nuestro proceso de construcción de un artículo para la reforma laboral”, agregó la ministra Gloria Inés Ramírez.

Oscar Trochez, uno de los líderes sindicales que asistió al encuentro expresó la necesidad urgente de terminar con la explotación por parte de las empresas de servicio público, resaltando la importancia de garantizar que los derechos de los conductores tanto de carga como de pasajeros sean plenamente respetados.

En similar línea, Nataly Cabrera, otra líder gremial, destacó que este proceso es visto como un triunfo para los transportadores, indicando que el trabajo conjunto con el gobierno busca dignificar su labor.

“Durante el transcurso del día, hemos venido trabajando para la asignación laboral de los transportadores de carga, en conjunto con el gobierno, apoyado siempre de la mano de toda la base con la que estuvimos siempre en las mesas de negociación”, indicó Cabrera.

Por su parte, José Luis Prada, líder de Fenaltrans, afirmó que los transportadores ya están viendo resultados positivos y que la colaboración con el gobierno es un paso hacia un país más justo para este sector.

Elaborado con base en estos diálogos y compromisos, el artículo de reforma laboral está en proceso de consolidación y se espera que la propuesta final sea presentada al Congreso de la República en los próximos días.

Otro de los representantes del gremio transportador indicó en un mensaje publicado en la cuenta de X del Ministerio de Trabajo que: “Se realizó la reunión con la ministra y todos los camioneros y conductores, para asumir que no siga más esta tercerización por parte de las empresas del transporte público en contra de los conductores, la idea es llegar a un acuerdo para que las prestaciones sociales y de ARL y todas las situaciones sean conjuntas”.

Entre tanto otro de los transportadores le agradeció al Gobierno nacional por escucharlos y darles bases para continuar prestando sus servicios al país.

“Damos las gracias a este Gobierno porque se están viendo o empezando a ver los resultados y dando cumplimiento a los acuerdos que sae firmaron durante la movilización camionera”, indicó el agremiado.

La mesa técnica comenzará sus deliberaciones el jueves 12 de septiembre. El objetivo de estas reuniones es finalizar y solidificar la propuesta que se incluye en la reforma laboral, con el objetivo de que los derechos de los transportadores queden propósito protegidos y fortalecidos en la ley.

La ministra Gloria Inés Ramírez concluyó señalando que la elaboración del borrador del artículo es solo el comienzo de un proceso que busca dignificar y proteger el trabajo de los transportadores en Colombia, respondiendo así a las demandas de aquellos que participaron en el paro y que continuamente enfrentan duras condiciones. laborales.

El paro camionero de septiembre 2024, que paralizó gran parte del país, tuvo como principales motivos el alza en el precio del diésel, la falta de acuerdos con el Gobierno en torno a la regulación de tarifas de transporte, y las precarias condiciones de la infraestructura vial. Estas razones llevaron a que el gremio del transporte tomara medidas drásticas, lo que generó importantes repercusiones en la economía y en la movilidad, afectando la distribución de mercancías y la actividad en sectores esenciales como el agropecuario, industrial y comercial.

Finalmente, tras días de intensas negociaciones entre el Gobierno y los líderes camioneros, el paro concluyó con algunos acuerdos preliminares. Entre los puntos acordados estuvo la moderación en el alza del diésel, así como compromisos por parte del Gobierno de mejorar la infraestructura vial y revisar la política de peajes. A pesar de estos avances, las preocupaciones sobre la implementación efectiva de estas medidas y la posibilidad de futuros paros en caso de no cumplirse las demandas del gremio continúan latentes.

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Jorge García, en su rol como presidente de la Confederación Colombiana de Transportadores y principal negociador con el Gobierno nacional durante el paro camionero, en entrevista con Blu Radio destacó varios factores clave que impulsaron la movilización. Según García, el sector del transporte de carga venía atravesando una profunda crisis, marcada principalmente por un desbalance entre la oferta y la demanda de camiones. Este desequilibrio, explicó, llevó a muchos transportadores a operar con pérdidas significativas.

Además, señaló que uno de los mayores desafíos que enfrentan es el alto costo operativo, que incluye los crecientes precios del combustible, insumos y mantenimiento, factores que se dispararon en los últimos años sin que haya una compensación justa en los pagos por los fletes. García insistió en que la situación se volvió insostenible, pues las tarifas que reciben los transportadores no reflejan los costos reales de sus operaciones, lo que provocó una situación crítica en el gremio y los llevó a tomar la decisión de ir a paro en busca de soluciones urgentes.

“Hay una oferta vehicular muy marcada, demasiados camiones y la carga que hay no alcanza para todos, inclusive, teniendo en cuenta el decrecimiento de la carga que ha sido en el último dos años de 30 millones de toneladas menos, eso hace que se agudice la crisis”, afirmó García.

Uno de los puntos que más inquietud generó entre los transportadores fue el incremento en el precio del ACPM, un factor que agravó la crisis en el sector. Jorge García resaltó que el gremio esperaba una respuesta concreta del Gobierno respecto a la propuesta de la Fórmula Colombia. Esta iniciativa buscaba recalibrar los costos de producción y refinación de los combustibles, con el objetivo de aliviar la carga económica sobre los transportadores.

García también puso en evidencia la fragmentación dentro del sector, señalando que la falta de agremiación contribuyó a que propietarios independientes de camiones se sumaran a las protestas, reflejando el sentir generalizado de una gran parte del gremio.

Pese a la diversidad de actores involucrados, explicó que la movilización se mantuvo pacífica en todo momento, y que el propósito principal era defender los derechos de todos los transportadores, desde grandes flotas hasta pequeños propietarios que se vieron seriamente afectados por la situación.

Respecto al acuerdo alcanzado con el Gobierno, García expresó su satisfacción por los avances logrados durante las negociaciones. No obstante, dejó claro que aún quedan varios asuntos por resolver y que el gremio se mantendría vigilante para garantizar que las promesas hechas por el Ejecutivo se cumplan. Subrayó que, si bien el acuerdo representa un paso importante hacia la solución de la crisis en el sector, existen temas críticos que aún no fueron abordados en profundidad y que requerirán de mayor discusión y compromiso por parte del Gobierno.

Luego de que el viernes se levantara el paro camionero por la súbita alza en el Acpm de 1904 pesos, a cambio de que el incremento del precio se llevaría a cabo paulatinamente y hasta los 800 pesos, tras una negociación de cinco días entre los transportadores de carga y el Gobierno Nacional, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) anunció que hará veeduría a que el valor del combustible se ajuste a lo acordado entre las dos partes.

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Recordaron en la misiva que el suministro de los hidrocarburos “al ser un servicio público, exige el cumplimiento de unos requisitos mínimos” para que se garantice ese servicio en optimas condiciones, por lo que también hicieron un llamado a su cumplimiento por parte de las compañías, tanto grandes como pequeñas, para que los mantengan.

“En ese sentido, de acuerdo con lo dispuesto en el régimen de libertad regulada del Acpm, los distribuidores minoristas de combustible deben tener en cuenta las estructuras de precios indicadas por la autoridad competente, con el fin de comercializar los combustibles a precios que no superen los márgenes previstos por el Gobierno Nacional”, agregaron.

Finalmente advirtieron que la entidad “actuará con determinación y firmeza, protegiendo los derechos de todos los agentes económicos” en caso de encontrar irregularidades en la venta del Acpm.

Se debe recordar que esta semana en varias ciudades del país se vivió una parálisis por cuenta del paro de los transportadores de carga, luego de que el Gobierno Nacional anunciara el alza de ese hidrocarburo.

Aunque desde la administración del presidente, Gustavo Petro, señalaron que era un incremento que se hacía necesario ante el déficit en el fondo de combustibles para el subsidio para evitar el impacto de los precios internacionales, en el transcurso de las reuniones con los representantes de ese gremio, cedieron y propusieron llegar a los 1.904 pesos con alzas escalonadas hasta diciembre de 400 pesos, pero la alternativa fue rechazada por los transportadores.

Fue hasta el viernes, en que por fin los camionero y el Gobierno Petro, representados por la ministra de Transporte, María Constanza García, y el de Minas y Energía, Andrés Camacho, que en la mesa de diálogo se acogió su nueva propuesta de un incremento de la mitad de lo que buscaban inicialmente para concluir el año.

“Aumentar en $800 el costo del Acpm en incrementos de: $400 a partir de la modificación de la resolución 40350 de 2024 y $400 el 1 de diciembre”, indicaron desde la cartera de Transporte.

Aparte del cambio en el aumento del costo del Acpm, se alcanzaron otros 14 acuerdos importantes, entre ellos la decisión de suspender cualquier alza adicional hasta que no se realicen transformaciones estructurales significativas en el sector del transporte. Esta medida tiene como objetivo aliviar la presión económica sobre los transportistas mientras se implementan reformas más profundas.

Un punto central del acuerdo es la creación de mesas técnicas encargadas de realizar ajustes normativos, con las que los diversos actores del sector del transporte puedan contribuir con sus aportes a las reformas necesarias.

Se acordó incluso la integración de todos los actores del transporte en el Sistema de Información Costera y de Tarifas del Transporte Automotor de Carga (Sice-Tac), garantizando mayor transparencia y equidad en la regulación de tarifas y costos en el sector.

La temporada de cosecha de café en Antioquia está en camino de ser la más productiva en los últimos 15 años, con un desarrollo hasta ahora sin contratiempos. Sin embargo, el reciente paro camionero que afectó a gran parte del país desató una alarma en el Suroeste del departamento. La principal preocupación es que los fertilizantes necesarios para los campos de café no llegaron, poniendo en riesgo el futuro de la producción.

Aunque los caficultores y líderes gremiales afirman que la cosecha actual no fue perjudicada directamente por esta situación, están inquietos por el impacto a largo plazo. La ausencia de fertilizantes podría llevar a problemas graves en los cafetales, afectando su capacidad para producir café en los próximos años.

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Alonso Suárez, representante de Dignidad Cafetera, expresó su creciente preocupación sobre la situación crítica en la subregión de Antioquia, donde el último ciclo de fertilización de los cafetales está a punto de comenzar. La ausencia de los fertilizantes necesarios pone en riesgo grave la capacidad de los cultivos para producir café en el futuro. Según Suárez, “Ya había una tendencia a escasear algunos fertilizantes, justo en la época de dar la última fertilización antes de la cosecha”.

En relación con la cosecha de café y el impacto del paro camionero, los caficultores señalaron que los bloqueos tuvieron efectos negativos considerables. Entre los problemas destacados está la dificultad para que muchos trabajadores accedan a los campos de café, lo que ha causado retrasos en la recolección. Esta situación no solo afecta la eficiencia en la cosecha, sino que también amenaza con demoras significativas en la producción.

Además, los gremios cafeteros advirtieron sobre otra complicación que fue importante: el cierre programado de las rutas principales hacia el Suroeste del país. Este cierre, según los líderes del sector, podría resultar en pérdidas económicas severas para la industria cafetera, acentuando aún más las dificultades ya enfrentadas debido al paro que finalizó el pasado viernes.

Implicaciones económicas

• Reducción en la producción y calidad del producto: la falta de fertilizantes afecta directamente la salud y el rendimiento de los cultivos. Los nutrientes que los fertilizantes proporcionan son esenciales para el crecimiento robusto de las plantas y la producción de frutos. Sin ellos, los cultivos pueden experimentar una disminución significativa en la cantidad y calidad del producto cosechado. En el caso del café, esto no solo reduce la cantidad de granos disponibles para la venta, también puede afectar la calidad, disminuyendo su valor en el mercado.
• Impacto en los ingresos de los productores: una menor producción y calidad del café implica ingresos reducidos para los productores. Estos ingresos más bajos pueden dificultar la capacidad de los caficultores para cubrir sus costos operativos y reinvertir en sus cultivos. La disminución de ingresos también puede afectar la estabilidad financiera de las familias que dependen del cultivo de café como su principal fuente de sustento.
• Aumento de los precios de los productos: Con una menor oferta de café debido a problemas en la producción, es probable que los precios aumenten en el mercado. Este incremento en los precios puede beneficiar a los productores en el corto plazo, pero también puede tener efectos adversos en los consumidores y en la competitividad del sector en los mercados internacionales. Los precios más altos pueden reducir la demanda, afectando a todos los eslabones de la cadena de suministro.

• Problemas en la cadena de suministro: la falta de fertilizantes puede causar retrasos en la recolección y en el ciclo productivo en general. Estos retrasos no solo afectan a los agricultores, sino que también pueden tener un efecto dominó en toda la cadena de suministro, incluyendo a los intermediarios, procesadores y distribuidores.
• Deterioro del suelo y sostenibilidad a largo plazo: la ausencia prolongada de fertilizantes puede llevar al agotamiento de los nutrientes del suelo. Con el tiempo, esto puede resultar en un suelo menos fértil y en una disminución de la productividad agrícola a largo plazo. Los agricultores pueden enfrentar mayores costos y desafíos para recuperar la fertilidad del suelo, afectando la sostenibilidad de la producción agrícola.

El 6 de septiembre de 2024, en un contexto de ajustes regulatorios sobre el precio del diésel en Colombia, las principales asociaciones del sector energético, la Federación Nacional de Distribuidores de Combustibles y Energéticos (Fendipetróleo) y la Confederación de Distribuidores Minoristas de Combustibles y Energéticos (Comce), formalizaron una solicitud crucial para proteger a las estaciones de servicio del país.

En el marco del reciente acuerdo entre el Gobierno colombiano y los líderes del paro camionero, estas organizaciones pidieron al Ministerio de Minas y Energía que considerara tres condiciones específicas para evitar impactos adversos en el sector minorista.

A través de una carta dirigida a las autoridades pertinentes, Fendipetróleo y Comce señalaron que, “teniendo en cuenta el acta de compromiso suscrita entre el Gobierno Nacional y los transportadores mediante la cual se acordó modificar el alza del diésel a $400 por galón, solicitamos al Ministerio de Minas y Energía muy respetuosamente tener en cuenta a los distribuidores minoristas de combustibles de todo el país en la siguiente petición para que no termináramos afectados con este acuerdo”.

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En detalle, las peticiones formuladas por los gremios se dividieron en tres puntos fundamentales:

• Retroactividad del aumento de precio: solicitaron que el incremento del precio del diésel de $400 por galón fuera retroactivo desde las 00:00 horas del sábado 31 de agosto de 2024. En lugar de derogar la Resolución 40350 de 2024, pidieron que se modificara el artículo 2 de esta resolución, que fijó el nuevo valor del ingreso al productor de combustible fósil en la estructura de precios del ACPM.
• Inclusión de un parágrafo transitorio: propusieron que se incluyera un parágrafo transitorio en la nueva resolución para permitir a los distribuidores mayoristas emitir notas de crédito a favor de los distribuidores minoristas por el mayor valor no reconocido, correspondiente a los despachos de diésel solicitados entre el 31 de agosto y el 6 de septiembre de 2024.
• Traslado del costo a refinadores: pidieron que los mayoristas pudieran trasladar el costo adicional al refinador, quien era el destinatario original del aumento en el precio.

Aunque la rotación de inventario de diésel en las estaciones de servicio fue baja desde la implementación de la Resolución 40350, se estableció que los consumidores finales que pagaron un mayor valor por el diésel podían solicitar la devolución del exceso a la estación de servicio que les suministró el combustible. Esta medida estuvo destinada a asegurar que los ajustes de precios fueran aplicados de manera equitativa y eficiente en todas las estaciones de servicio del país, beneficiando así a los transportadores y al sector en general.

Las asociaciones indicaron que esta solicitud fue discutida con distribuidores mayoristas, quienes consideraron que la medida era factible y beneficiosa para evitar impactos negativos en el sector. En consecuencia, la implementación de estas condiciones permitiría un ajuste inmediato en las estaciones de servicio, alineándose con los cambios en la regulación y protegiendo a los minoristas y consumidores finales.

La inclusión de pequeños distribuidores en las negociaciones sobre el precio del diésel tiene varias implicaciones económicas. Primero, la posibilidad de que los ajustes de precios sean retroactivos podría generar una carga financiera adicional para los minoristas, que podrían enfrentar dificultades para cubrir el costo adicional sin transferirlo a los consumidores.

Segundo, el parágrafo transitorio para notas de crédito podría aliviar parcialmente esta carga, pero también podría complicar la contabilidad y las relaciones con los mayoristas. Finalmente, trasladar el costo a los refinadores podría afectar la cadena de suministro y aumentar los costos operativos, lo que a su vez podría llevar a un incremento en los precios finales para los consumidores, impactando el mercado en general.

Desde el sábado 31 de agosto, el precio del Acpm (diésel) en Colombia subió a $11.360 por galón, una tarifa que representó un aumento de $1.904 en relación con los $9.456 que se mantenían congelados desde 2020.

Este incremento generó una serie de reacciones entre los distribuidores minoristas de combustibles y los transportadores, por lo que se convirtió en el tema central de la negociación entre el Gobierno nacional y los gremios afectados.

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Por tal motivo, las estaciones de servicio en todo el país están alertando sobre posibles pérdidas millonarias debido a las negociaciones entre el Gobierno nacional y los transportadores que terminaron por revertir el reciente aumento de $1.904 por galón en el precio del diésel. Las 6.368 estaciones que operan en el país señalaron que dicha reversión podría generar un déficit de aproximadamente $23.000 millones.

Desde el pasado 31 de agosto, los minoristas de combustibles adquirieron diésel al nuevo precio de 11,360 pesos por galón. Sin embargo, la propuesta actual del Gobierno de aumentar el precio de forma gradual en $400 en el momento que se emita la resolución después del acuerdo al que llegaron con los gremios de transportadores y otros $400 en diciembre para llegar a la suma de $800 podría obligar a las estaciones a vender a un precio inferior al de compra, resultando en pérdidas sustanciales.

David Jiménez Mejía, presidente ejecutivo de la Confederación de Distribuidores Minoristas de Combustibles y Energéticos (Comce), detalló que esas pérdidas provendrían del mayor valor causado, multiplicado por los galones distribuidos desde la entrada en vigor del aumento de $1.904 hasta la reversión de la medida.

La distribución minorista de combustibles, explicó Jiménez, es un sector con tiempos de rotación de inventario de uno a cuatro días en condiciones normales. Sin embargo, el paro y los bloqueos impidieron la rotación normal de inventarios de diésel en las estaciones.

Así mismo, desde Fendipetróleo expresaron su preocupación por los inventarios de combustible adquiridos bajo la resolución que dejaba el precio en $1.904 y que con el acuerdo entre el Gobierno y los gremios transportadores quedó inferior al valor por el cual lo compraron.

“Nos preocupa, son los inventarios que se tienen y los pedidos que todavía están represados en las plantas mayoristas de biodiesel donde las estaciones de servicio desde el primero de septiembre han comprado biodiesel con 1.904 pesos de más”, afirmó Alberto Arias, vocero de Fendipetróleo a RCN Radio.

Comce enfatizó que la venta de combustible es un compromiso firme, por lo que cualquier suministro se realiza al precio máximo de venta estipulado por el Ministerio de Minas y Energía. Ante esta situación, el gremio solicita que, con el acuerdo al que se llegó con los transportadores, el Gobierno desarrolle mecanismos de compensación para los minoristas afectados.

“Tenemos las estaciones de servicio que bajar $1.504, pues esto acarreará unas pérdidas significativas para el sector de la distribución minorista”, agregó Arias.

El presidente ejecutivo de Comce advirtió sobre las implicaciones de revertir el aumento original: las estaciones de servicio se verían obligadas a vender a un precio inferior al de adquisición. Además, según el gremio, los tiempos de inventario se vieron afectados por los bloqueos, complicando aún más la situación para los minoristas de combustibles.

Ante las tensiones y la incertidumbre, Comce insta al Ministerio de Minas y Energía a diseñar un plan de compensación urgente que mitigue el impacto financiero en la cadena de distribución de combustibles, garantizando la sostenibilidad del servicio y evitando mayores perjuicios económicos al sector.

Bloqueos de camioneros amenazaron al suministro de energía en colombia

El país enfrenta una crisis en la generación de energía eléctrica debido a los bloqueos en las principales vías. Estos bloqueos impidieron el suministro de carbón y combustibles líquidos a las plantas termoeléctricas, según informó la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg) .

Los bloqueos afectaron particularmente el abastecimiento de carbón en los departamentos de La Guajira, Boyacá, Norte de Santander y Córdoba. En el Valle del Cauca, la situación es similar con los combustibles líquidos, lo cual bloqueó las rutas de acceso desde los terminales hasta las plantas de generación.

Las termoeléctricas a carbón produjeron cerca del 12% de la energía consumida en el país durante los últimos 15 días, utilizando un promedio de 14.000 toneladas de carbón diarias. La generación con combustibles líquidos ha tenido una demanda de aproximadamente 1.000 barriles al día. Sin embargo, las reservas actuales solo garantizan la operación de las plantas por un período muy limitado: el inventario de carbón duraría aproximadamente 15 días, y las reservas de combustibles líquidos, entre tres y cinco días.

Andeg había alertado que sin una solución a los bloqueos, no se podrían mantener los niveles necesarios de producción de energía para satisfacer la demanda. Este escenario es aún más crítico considerando que los aportes hídricos no han alcanzado los niveles necesarios para una recuperación completa de los embalses.

Según Andeg, la falta de transporte de combustibles podría empeorar seriamente la capacidad de las plantas de generación de mantenerse operativas. Tanto el carbón como los combustibles líquidos son esenciales para las operaciones de las plantas termoeléctricas, y su ausencia podría llevar a un déficit en la oferta de electricidad en el país.

A las 5:40 de la mañana de este viernes 6 de septiembre de 2024 Gobierno y transportadores confirmaron el fin del paro camionero que tenía restringidas numerosas vías del país, por la inconformidad del gremio tras la decisión del Gobierno nacional de incrementar el precio del Acpm.

Tras el anuncio, la congestión en las vías terrestres de las principales ciudades del país empezó a despejarse y, por supuesto, se comenzaron a normalizar también las operaciones en las terminales de transporte terrestre de varias regiones del país.

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Cada vez se van sumando los comunicados oficiales de los puertos terrestres sobre la reanudación de las actividades de movilidad en las carreteras de Colombia. También se retoman las ventas de tiquetes y los buses de transporte intermunicipal encienden los motores, progresivamente.

Así informó la terminal de Transportes de Bogotá, que detalló: “¡Atención usuarios! Las empresas transportadoras que viajan hacia el departamento del Meta inician la venta de tiquetes. Los invitamos a comunicarse directamente con la empresa de su elección para conocer el plan de viaje”.

Minutos después, las empresas transportadoras comunicaron que la venta de tiquetes desde Bogotá a otros departamentos como Boyacá, Antioquia, Santander, Tolima y Valle del Cauca también se había reanudado. Sin embargo, expresaron a los viajeros la recomendación de “consultar con las empresas transportadoras la disponibilidad de tiquetes y condiciones de viaje”.

Las terminales que ya se pronunciaron

Con Bogotá, otras terminales del país se unieron para afirmar que las actividades vuelven a la normalidad. Especialmente en el departamento de Boyacá, la terminal de Tunja reportó que “desde la Terminal de Tunja, Juana Velasco de Gallo, informamos a la comunidad que hoy se restablecerá los despachos hacia el resto del departamento y el país”.

Le siguió el puerto terrestre de la ciudad de Chiquinquirá, que informó que “¡Se normaliza el servicio de transporte! Estamos operando al 100% de las Rutas”.

A través de los datos propiciados por RCN Radio, también se conoció que en Villavicencio las rutas intermunicipales e interdepartamentales también estaban operando con total normalidad.

Mientras tanto, las terminales como las de Bucaramanga y Cali, que fueron centro de atención por sus suspensiones totales y por las decenas de viajeros que quedaron atrapados en sus instalaciones también reportaron retorno a la normalidad en el estado de su operación.

Gobierno y transportadores llegan a un acuerdo para finalizar el paro camionero en Colombia

El Gobierno colombiano y las bases transportadorasalcanzaron un acuerdo tras varias jornadas intensas de negociaciones, poniendo fin al paro camionero que afectaba al país. Este acuerdo incluye un aumento escalonado del costo del Acpm (combustible diésel) en dos tramos.

El primer incremento de 400 pesos se aplicará al modificarse la resolución 40350 de 2024, y el segundo incremento, también de 400 pesos, se implementará el 1 de diciembre, acumulando así un aumento total de 800 pesos, frente a los 1.904 pesos iniciales.

El Ministerio de Transporte anunció que estas medidas son fruto de los diálogos sostenidos con los transportistas, quienes insistían en la necesidad de ajustes estructurales en el sector.

Además las partes pactaron otros 14 puntos cruciales. Entre estos se incluye la suspensión de cualquier aumento adicional hasta que no se efectúen transformaciones significativas en el sector del transporte. Esta cláusula tiene como objetivo mitigar la carga económica sobre los transportistas mientras se trabajan en reformas de mayor profundidad.

El levantamiento del paro camionero supone un importante alivio para la economía colombiana, que se había visto gravemente afectada por la huelga. El bloqueo de vías y la suspensión de servicios de transporte de mercancías generaron desabastecimiento de productos en varias regiones del país, con fuertes incrementos en los costos logísticos y afecciones en la cadena de suministros de bienes y alimentos.

De los últimos, el mismo Ministerio de Agricultura a través de su funcionaria, Martha Carvajalino, informó que el abastecimiento de frutas, verduras y algunos alimentos perecederos, por ejemplo, había disminuido en un 23%.

El Ministerio de Agricultura entregó un balance el jueves 5 de septiembre sobre las consecuencias del paro nacional de transportadores que impactó drásticamente el abastecimiento de alimentos en el país.

La caída en el ingreso de vehículos a las principales centrales de abastos resultó muy significativa, afectando el suministro de alimentos y los precios del mercado.

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En Corabastos, la central mayorista de Bogotá, el número de vehículos que ingresaron cayó un 55%, mientras que en Centroabastos, en Bucaramanga, la reducción fue aún mayor, alcanzando un 76,8%, según informó el Ministerio de Agricultura. Estas cifras muestran, a una semana del inicio del paro el 28 de agosto, una disminución general del 49,7% en el acopio comparado con el nivel previo a la huelga.

“Hoy (6 de septiembre) entraron 731 vehículos con 5.543 toneladas, si comparamos eso con el mismo día de la semana pasada hay una reducción de menos 48% en vehículos y menos el 47% en toneladas”, afirmó a Infobae Colombia el subgerente comercial de Corabastos, Mauricio Cedeño.

“A la luz del levantamiento del paro nosotros esperamos que se normalice a los comportamientos promedio de los días, me explico, diariamente deben estar entrando 10.500 toneladas en promedio y más o menos 1.500 vehículos, entonces paulatinamente a medida que vayan llegando los vehículos esperamos que se normalice la situación”, agregó Cedeño.

Para el subgerente de Corabastos se espera que la llegada de alimentos a esta central de abastos se normalice en un plazo no mayor a tres días, esto por cuenta de temas logísticos de los transportadores y de Corabastos.

“Por la experiencia que se tiene, esperamos que más o menos sea en dos o tres días, pues porque los camiones tienen que ir hasta las fincas, hasta los territorios de donde procede la mercancía y en ese tránsito y en el cargue y descargue consideramos que en ese tiempo se estabilice la situación, pero en la actualidad hay mucho producto, nosotros gracias a Dios nunca hemos tenido desabastecimiento”, indicó Mauricio Cedeño.

Para el subgerente de Corabastos, ningún producto estuvo en riesgo de perderse por los represamientos ocasionados por los bloqueos de los transportadores durante el paro que completó cinco días. “El plátano no llegó verde, llegó maduro, pero no llegó ningún alimento dañado”, dijo Mauricio Cedeño.

Según el directivo de la central de abastos de Bogotá, con el regreso a la normalidad en el ingreso de alimentos los precios empezarían a bajar. “Recordemos que todo se da por oferta y demanda, es importante entender que a menor ingreso de productos hay un mayor precio, pero si hay un mayor ingreso, el precio baja que es lo que esperamos que suceda”, afirmó Cedeño.

Por su parte, el Sistema de Información de Precios (Sipsa) del Dane registró aumentos significativos en los precios de varios productos. En Neiva, el precio del kilo de lechuga Batavia subió 280%, alcanzando los $3.040, mientras que en Cali el precio de la misma lechuga incrementó un 258%, llegando a los $3.077 por kilo. Otros productos como el tomate, que en Armenia subió un 93% con un costo de $3.939 por kilo, y la cebolla cabezona también vieron alzas importantes.

Las frutas frescas no fueron la excepción. En Manizales, el precio del kilo de maracuyá aumentó 69%, vendiéndose a $4.500, y en el mercado de Corabastos en Bogotá, el tomate de árbol registró un aumento del 29%, con un precio de $3.000 el kilo. Entre los tubérculos más afectados están la papa criolla, la arracacha, el plátano verde y la yuca.

Las centrales de abastos más afectadas por la crisis de abastecimiento incluyen Centroabastos en Bucaramanga, la Plaza Samper Mendoza en Bogotá, el Complejo de Servicios del Sur en Tunja, Cavasa en Cali y Mercabastos en Valledupar, según el balance del Ministerio de Agricultura.

Para contrarrestar estos efectos negativos, el Gobierno había anunciado la habilitación de corredores humanitarios o caravanas de abastecimiento, pero con el levantamiento del paro en horas de la mañana del viernes 6 de septiembre se espera que empiecen a llegar alimentos a los diferentes centros de acopio del país para que los precios empiecen a bajar y esto no continúe repercutiendo en los bolsillos de los consumidores.

El paro camionero en Colombia, que inició el viernes 30 de agosto e incluyó protestas y bloqueos en diversas vías del país, llegó a su fin tras un acuerdo entre el Gobierno y los transportadores de carga. Diferentes políticos del país compartieron sus impresiones sobre este importante acontecimiento.

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La ministra de Transporte, María Constanza García, anunció oficialmente el acuerdo y destacó la importancia que este tiene para la democratización del sector transporte. García resaltó que el pacto permitirá a los camioneros colaborar de manera conjunta con el Gobierno en la mejora del sector. Además, resaltó que se implementarán reformas estructurales para asegurar que los propietarios de pequeños vehículos cuenten con condiciones laborales dignas y no sean víctimas de explotación.

Por su parte, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, explicó que, según el acuerdo, se realizarán ajustes en las tarifas del diésel, con un incremento de $400 a partir de ahora y otro aumento de $400 el 1 de diciembre. Bonilla enfatizó que esta medida busca aliviar la carga económica de los transportadores. Además, anunció que las mesas de trabajo seguirán activas para abordar problemas estructurales del sector, incluyendo el plan de reposición de vehículos y mejoras en las condiciones laborales y de afiliación a sistemas de salud y pensiones para los conductores de carga.

Además, la senadora Isabel Zuleta elogió el acuerdo alcanzado, llamándolo un ejemplo claro de diálogo social y respeto a la protesta. La congresista destacó que el incremento del precio del Acpm será de solo $800 este año y que se instalarán mesas de trabajo para impulsar los cambios estructurales necesarios para el sector. Agradeció al presidente Petro y calificó el acuerdo como un avance hacia una Colombia más justa.

“El paro camionero se levanta gracias a un ejemplo claro de diálogo social, respeto a la protesta y acuerdos en beneficio del pueblo. Este es el cambio!! Gracias presidente”, aseguró.

La ministra Susana Muhamad expresó que el acuerdo demostró que el diálogo es posible y que la protesta social puede gestionarse sin violaciones a los derechos humanos. También resaltó que el trato representa un cambio significativo que va más allá de lo coyuntural, abordando las raíces de los problemas en el sector transporte.

“Se demostró que el diálogo es posible, que la protesta social es un derecho que se puede manejar sin violación de derechos humanos, y que sale un acuerdo que representa un CAMBIO significativo que va más allá de lo coyuntural”, fueron las palabras exactas.

En tanto, la senadora María Fernanda Cabal hizo alusión a una publicación en redes sociales del presidente Petro, sugiriendo que sus propias afirmaciones durante el paro quedaron en evidencia. Cabal criticó que inicialmente se describiera el paro como un golpe de Estado orquestado por la extrema derecha, cuando en realidad los manifestantes eran pequeños camioneros.

“Hay que leer bien el trino de Petro donde él queda en evidencia frente a sus propias falacias durante el paro. Resultó que no era golpe de Estado y que los que protestaban no eran los más ricos ni la extrema derecha, sino ‘pequeños camioneros’ Ayer los perseguía hoy los felicita”, aseguró en X Cabal.

El presidente del Senado, Efraín Cepeda, señaló que la finalización del paro es una buena noticia, y expresó su esperanza de que la normalidad retorne a las carreteras y ciudades del país. Cepeda subrayó la importancia del mensaje de diálogo y concertación enviado con este acuerdo y aseguró que desde la Comisión Accidental del Congreso, creada por el paro, se hará un seguimiento al cumplimiento de lo acordado. Invitó además al gobierno a seguir esta ruta de diálogo con todos los sectores y ramas del poder público.

“Es una buena noticia que el paro de camioneros haya finalizado. Esperamos que la normalidad vuelva a las carreteras y ciudades del país (...) Invito al gobierno seguir esa ruta con todos los sectores y ramas del poder público. El debate y el diálogo construye y fortalece la democracia”, dijo Cepeda.

Sin embargo, pese a las celebraciones, al Gobierno no le faltaron las críticas. El abogado Enrique Gómez aseguró: “La mentira y la contradicción en todo sentido” y el representante Andrés Forero del Centro Democrático dijo: “Quedó demostrado que no era un paro patronal y que lo del supuesto “golpe de estado” era puro cuento. Y es que el propio Gustavo Petro está reconociendo que el paro se levantó porque su gobierno llegó a un acuerdo con los camioneros de base…”.

Luego de varias jornadas de negociaciones, en la madrugada de este viernes 6 de agosto Gobierno y transportadores anunciaron el fin del paro camionero en Colombia, después de que las partes llegaran a un acuerdo que implica un aumento en el costo del Acpm en dos tramos, de 400 pesos cada uno.

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“Tras varios días de diálogo, Gobierno firma compromiso con las bases transportadoras para levantar el paro. Con el acuerdo de aumentar en $800 el costo del ACPM en incrementos de: $400 a partir de la modificación de la resolución 40350 de 2024 y $400 el 1 de diciembre”, aseguró el Ministerio de Transporte

El acuerdo estipula que el primer incremento de 400 pesos entrará en vigor con la modificación de la resolución 40350 del 2024. Posteriormente, el segundo incremento de 400 pesos se aplicará el 1 de diciembre. Esta medida es resultado de intensas conversaciones entre el Gobierno y las bases transportadoras, quienes demandaban ajustes estructurales en el sector.

Además de una variación en el aumento en el costo del Acpm, se pactaron otros 14 puntos clave. Entre ellos, destaca la decisión de suspender cualquier alza adicional hasta que no se realicen transformaciones estructurales significativas en el sector del transporte. Esto busca aliviar la carga económica sobre los transportistas mientras se trabaja en reformas de mayor calado.

Otro aspecto fundamental del acuerdo incluye la creación de mesas técnicas que estarán encargadas de realizar ajustes normativos. Estas mesas permitirán que los diferentes actores del sector del transporte puedan hacer sus respectivas contribuciones a las reformas necesarias.

Finalmente, se acordó la inclusión de todos los actores del transporte en el Sistema de Información Costera y de Tarifas del Transporte Automotor de Carga (SICE-TAC), asegurando una mayor transparencia y equidad en la regulación de tarifas y costos en el sector.

Por su parte la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, detalló que el abastecimiento de alimentos cayó un 23% el miércoles 5 de septiembre. Las frutas, verduras y otras mercancías perecederas han sido especialmente golpeadas, provocando un significativo aumento en los precios de los alimentos. Esta situación que estuvo directamente relacionada con los bloqueos en diferentes vías del país.

Con el objetivo de dar la noticia, el Ministerio de Transporte realizó una rueda de prensa para presentar los resultados de los diálogos, allí el Ministerio de Hacienda propuso implementar alzas graduales en el Acpm (diésel) con el objetivo de minimizar el impacto sobre el sector transportador.

En medio de las negociaciones, Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, expresó su preocupación por el impacto inflacionario de los bloqueos, señalando que estos causan mayores problemas en la economía que el aumento del precio del diésel. En un llamado a la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) durante el Congreso Empresarial realizado en Medellín, Bonilla solicitó su apoyo para descongelar el precio del diésel, y así resolver el déficit del Fepc.

Asimismo detalló que en las negociaciones se habló de tres políticas: La primera está relacionada con los grandes consumidores, es decir aquellos que compran más de 20.000 galones mensuales y lo compran directamente a los distribuidores.

La segunda está relacionada con los consumidores de diesel que van a estaciones de servicio y la tercera tiene que ver con los vehículos particulares que son consumidores de diésel a los cuales se les va a eliminar completamente el subsidio. Sin embargo, dejo claro que ese punto todavía está en discusión y se espera que en dos meses esté listo, de manera que se pueda hacer una diferenciación entre los diferentes consumidores de Acpm.

Añadió que están pensando en poder cerrar el déficit del fondo entre 2025 y 2026. Aprovechó también para aclarar que el Gobierno no siente que hubiera perdido la negociación, sino que fue un diálogo en el que se le hizo entender a los transportadores que descongelar el diésel era necesario y que el objetivo es seguir aumentando pero de manera concertada.

Se espera que durante el transcurso del día la situación se normalice, aunque aún queda por ver cómo evolucionará la en los próximos días.

Después de cuatro días de paro camionero, que afectó a varias regiones del país, y tras el anuncio de un acuerdo entre el Gobierno y los transportadores, las instituciones educativas comenzaron a retomar las clases presenciales este viernes 6 de septiembre.

Los estudiantes dejaron de asistir a clases por el cierre de los colegios y universidades y por inconvenientes en la movilidad. Sin embargo, el jueves 5 de septiembre, la Secretaría de Educación informó que todos centros educativos del sector oficial, es decir, los colegios públicos de la ciudad, reanudarán actividades a partir de hoy 6 de septiembre.

Con la reanudación de las clases presenciales, las instituciones educativas trabajarán para recuperar el tiempo perdido y garantizar que los alumnos puedan continuar con sus estudios sin más interrupciones.

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De acuerdo con la entidad, con la ayuda de los directivos, se realizará una revisión detallada de las condiciones en cada institución y para apoyar cualquier inconveniente o eventualidad, “el equipo del nivel central y local de la Secretaría estará a su disposición para hacer acompañamiento en estas situaciones”.

La Secretaría estará en comunicación constante con las autoridades competentes para coordinar las acciones necesarias que garanticen la protección de la comunidad educativa.

“Ante cualquier duda o consulta, la Secretaría estará en comunicación constante con las autoridades competentes para coordinar las acciones necesarias que garanticen la protección de la comunidad educativa”, manifestó la entidad.

Durante estos días, más de un millón de estudiantes han resultado afectados por cuenta del paro de los camioneros en Bogotá; más de la mitad hacen parte de los colegios distritales de la ciudad.

En cuanto a los colegios privados, la Secretaría de Educación recomienda que, en función de las particularidades de cada institución, se evalúe su operación para priorizar la asistencia presencial de los estudiantes. Sin embargo, la decisión final queda a cargo de cada colegio, dependiendo de sus circunstancias y particularidades específicas.

Muchos colegios privados ya están programando la reanudación inmediata de las clases presenciales. A diferencia de las instituciones públicas que a menudo dependen de un calendario más estructurado, los colegios privados tienen mayor flexibilidad para ajustar sus horarios y adaptarse a las nuevas condiciones. Se prevé que el regreso a clases se haga a partir del lunes 9 de septiembre, pero aún no se sabe la fecha exacta.

Las secretarías de educación a nivel departamental y municipal están trabajado en conjunto con los colegios para establecer un calendario que permita recuperar las clases perdidas. Esta coordinación incluye ajustes en los horarios y la programación de actividades académicas.

Además, la reactivación del transporte escolar es una de las prioridades para garantizar que los alumnos puedan regresar a sus instituciones sin dificultades.

En cuanto a la universidades, muchas han optado por un retorno gradual a las clases presenciales. Las universidades de educación superior como: La universidad de la Sabana, La javeriana, La Tadeo, la Universidad del Rosario, La Salle, la Universidad Central, la Pedagógica y la Universidad Nacional siguen en modalidad remota pero irán retomando clases presenciales en los próximos días.

Por su parte, la Universidad Distrital, anunció que el 6 de septiembre restablecerá la presencialidad en las actividades académicas y administrativo de la comunidad educativa, luego de evaluar la situación de movilidad afectada por el paro de transportadores.

A través de un comunicado del 5 de septiembre, la institución indicó que las clases, que anteriormente se llevaban a cabo de manera virtual utilizando tecnologías de información y comunicación, volverán a su modalidad presencial.

El rector José Ignacio Rodríguez Molano, en el documento, agradeció a las diferentes dependencias por su colaboración en la coordinación y gestión necesarias para cumplir con esta disposición. Además, resaltó la importancia de garantizar el acceso de la comunidad educativa a las actividades regulares y previamente programadas, asegurando así que se restablezca la normalidad en el servicio educativo.

La institución expresó su compromiso de facilitar el retorno a la normalidad, incluyendo la implementación de medidas adecuadas para asegurar que tanto los alumnos como el personal educativo puedan acceder a sus actividades regulares sin inconvenientes.

La Confederación de Distribuidores Minoristas de Combustibles y Energéticos (Comce) emitió un comunicado en respuesta a la reciente propuesta del Gobierno Nacional. El plan, dirigido a los transportadores de carga, busca mitigar el impacto del aumento en el precio del diésel, estipulado por la Resolución 40350 del 29 de agosto de 2024, mediante una reducción temporal del incremento a $200 por galón hasta diciembre del mismo año, de acuerdo con información obtenida por la emisora W Radio.

Esta medida forma parte de los esfuerzos gubernamentales por llegar a un acuerdo con los transportadores y poner fin al paro camionero, que ha generado importantes afectaciones en el país.

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Comce, sin embargo, ha manifestado su oposición a esta propuesta, afirmando que sería económicamente insostenible para su sector. Según la confederación, aceptar tal medida implicaría que las estaciones de servicio asuman una pérdida significativa de $1.702 por cada galón de diésel vendido, lo que causaría un fuerte impacto financiero en los distribuidores minoristas.

Esta pérdida, sostienen, ocurriría mientras se continúa vendiendo a los precios actuales hasta que el decreto sea modificado y se implemente el aumento de $200 por galón propuesto en las negociaciones.

Además, los distribuidores señalaron que el suministro de combustibles es una “venta en firme”, lo que implica que el producto adquirido al precio máximo establecido por el Ministerio de Minas y Energía no puede ser devuelto ni renegociado.

Esto agrava la situación para las estaciones de servicio, ya que no pueden ajustar los precios de compra del producto que ya han adquirido, a pesar de los cambios en las políticas de precios que puedan surgir en las negociaciones con los transportadores.

El servicio público que prestan las estaciones de combustible, esencial para la economía, opera bajo un ciclo de rotación de inventarios que normalmente no supera los cuatro días, dependiendo de las características y tamaño de la estación. No obstante, los bloqueos provocados por el paro camionero han impedido la renovación de los inventarios en los tiempos habituales, generando complicaciones adicionales para los distribuidores minoristas.

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Finalmente, Comce hizo un llamado al Gobierno Nacional para que, en caso de llegar a un acuerdo con los camioneros, se establezcan mecanismos de compensación entre las plantas de abastecimiento mayoristas y los distribuidores minoristas.

De esta manera, se busca evitar que los distribuidores carguen con el costo adicional del valor incrementado en la cadena de distribución desde la vigencia de la Resolución 40350 hasta la adopción de un nuevo esquema de precios.

La industria nacional enfrenta serios desafíos debido al paro de transportadores, que generó estragos en varios sectores de la economía. La escasez de materias primas y la imposibilidad de transportar productos están afectando a muchas industrias claves del país, y uno de los gremios que manifestó su preocupación es Acoplásticos, que agrupa a las empresas de caucho, pinturas, tintas, plásticos y fibras.

Aunque algunos productos fabricados por este sector no son perecederos, su papel es fundamental en la cadena de suministro para industrias que sí dependen de materiales críticos, como los alimentos, las bebidas y la construcción. El plástico, por ejemplo, es esencial para el empacado de productos de consumo masivo. La falta de disponibilidad de este material puede generar escasez en las góndolas de supermercados, afectando no solo a los consumidores, también a las empresas productoras.

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Daniel Mitchell, presidente de Acoplásticos, expresó su preocupación sobre el impacto que esta situación puede tener a corto plazo: “Existe un alto riesgo de que las plantas tengan que suspender operaciones muy próximamente. Nuestros productos no son perecederos, pero nuestros clientes sí. Estamos ante la posibilidad de que empresas de alimentos y bebidas se queden sin material de empaque, o que enfrentemos problemas con el despacho de tuberías y demás materiales de construcción críticos”, afirmó.

Además del riesgo de paralización de las plantas, las exportaciones también están sufriendo. Debido a los bloqueos en las vías terrestres, los productos no logran salir del país, lo que genera acumulación en puertos y fronteras. Esta situación afectó los costos de inventario y almacenamiento, sumando gastos adicionales en transporte especial y alojamiento, además de la pérdida de materiales que no logran llegar a tiempo a sus destinos internacionales.

Otro de los problemas que preocupa a las empresas del sector es el posible deterioro de las relaciones comerciales con socios internacionales. Al no poder cumplir con los plazos de entrega, algunas compañías están viendo afectada su reputación y enfrentando penalidades por incumplimiento de contratos. Esto se traduce en pérdidas económicas que agravan aún más la situación financiera de las empresas involucradas.

El sector de la construcción, uno de los más dependientes de los productos plásticos para tuberías y otros insumos, también está sintiendo los efectos del paro. Las obras en curso enfrentan retrasos, lo que podría tener un impacto directo en la economía del país, afectando tanto a los desarrolladores como a los trabajadores que dependen de estos proyectos.

Ante este escenario, Acoplásticos hizo un llamado urgente a las partes involucradas en el conflicto para que se llegue a un acuerdo que permita el restablecimiento del transporte de materias primas y productos terminados. “Es vital que se logre una solución lo más pronto posible, pues de lo contrario el impacto será aún más profundo y afectará a toda la cadena productiva”, enfatizó Mitchell.

La incertidumbre sobre la duración del paro añade un elemento de preocupación adicional, ya que cuanto más tiempo persista la interrupción del transporte, mayor será el riesgo de que otras industrias relacionadas se vean forzadas a detener sus actividades. La situación es un claro ejemplo de cómo las protestas en un sector específico pueden desencadenar un efecto dominó, afectando a múltiples áreas de la economía nacional.

A medida que el paro se prolonga, aumentan las presiones tanto para los transportadores como para los empresarios, quienes buscan soluciones que permitan reactivar la economía sin comprometer la estabilidad de sus operaciones. Por ahora, las negociaciones continúan, pero el gremio industrial sigue en alerta, consciente de que cada día de paro representa más pérdidas y una mayor presión sobre su capacidad de producción y distribución.

Durante la tarde del jueves 5 de septiembre de 2024 se confirmó que los estudiantes de los colegios oficiales de Bogotá retomarán sus clases presenciales en la jornada del viernes 6 de septiembre, pese a que aún persisten los bloqueos en algunos de los puntos más importantes de la ciudad.

Así lo informó la Secretaría de Educación del Distrito por medio de sus redes sociales, en las que publicó un comunicado en el que explica que la decisión se tomó “Después de evaluar la situación en la ciudad y ante la mejora en las condiciones de movilidad y seguridad”.

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Del mismo modo, se indicó que el proceso fue coordinado con cada uno de los colegios del distrito, con el fin de que los niños y adolescentes puedan retomar sus actividades escolares con tranquilidad, por lo que la entidad envió un mensaje de tranquilidad a los padres y se pidió enviar a los pequeños al colegio.

Incluso, se confirmó que los rectores y demás directivas de cada uno de los planteles educativos serán los encargados de llevar a cabo “Una revisión detallada de las condiciones en cada institución y para apoyar cualquier eventualidad el equipo del nivel central y local de la Secretaría estará a su disposición para hacer acompañamiento en estas situaciones”.

¿Qué pasará con los colegios privados?

A través de su comunicado oficial, la Secretaría de Educación se refirió a la situación de los colegios privados y envió una recomendación en la que insta a las instituciones a evaluar su posible operación durante la jornada, teniendo en cuenta sus particularidades.

El objetivo principal es priorizar el trabajo presencial con los estudiantes, siempre teniendo en cuenta la seguridad y protección de la comunidad educativa en su totalidad. “Ante cualquier duda o consulta, la Secretaría estará en comunicación constante con las autoridades competentes para coordinar las acciones necesarias que garanticen la protección de la comunidad educativa”, expresó la entidad.

Para garantizar que los menores de edad estén seguros, es necesario que cada uno de los planteles educativos de carácter privado lleven a cabo una evaluación minuciosa de sus condiciones y necesidades específicas para asegurar que las actividades presenciales se lleven a cabo de manera efectiva, considerando siempre el bienestar de los estudiantes y el personal educativo.

Galán reiteró que se habilitarán las clases

El alcalde de la ciudad se refirió a esta decisión después de que las autoridades intervinieran los puntos de las manifestaciones con éxito en algunos de los casos. A esta hora se continúa trabajando para controlar la situación: “Desde la Alcaldía de Bogotá hacemos un llamado para que se levanten los bloqueos en todo el país, permitiendo así la reactivación de la movilidad y la normalidad. Es crucial hacer un esfuerzo sostenido para mantener las vías despejadas”, explicó Carlos Fernando Galán.

Los ciudadanos temen enviar a sus hijos al colegio

Este anuncio desató todo tipo de comentarios por parte de los padres y cuidadores de los menores de edad a través de las redes sociales, donde mostraron su desacuerdo debido a que continúan los bloqueos en algunos puntos de la capital del país.

“¿Cómo anuncian esto cuando siguen bloqueos en mas de 15 puntos de la ciudad, y no se ha levantado el paro? ¿Cuales son las garantías para la comunidad educativa? ¿Quien responde si se afecta la vida e integridad de los estudiantes? No son soluciones pretender que nada pasa”, expresó uno de los usuarios de la plataforma X, antes conocida como Twitter.

Esta no fue la única reacción, pues decenas de personas se desataron en contra de la determinación asegurando que “No hay todavía garantías para que los estudiantes y los profesores puedan llegar a las instituciones educativas, todavía persisten bloqueos en la ciudad”.

Los ciudadanos también se refirieron a la probabilidad de que los docentes no puedan llegar a dictar las clases, teniendo en cuenta que muchos de ellos viven a las afueras de la ciudad y aseguran que no es seguro el paso en algunos de los sectores del sur de Bogotá, como es el caso de las localidades de Usme y Ciudad Bolívar, donde se cuenta con presencia del personal de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden, antes Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).

En el clip, un grupo de campesinos y transportadores se muestra comiendo en una cocina improvisada, ubicada en una de las vías bloqueadas durante el cuarto día del paro nacional camionero. Uno de los manifestantes afirma: “Señor Petro, dice que nos vamos a morir de hambre, pues no creo. El que se va a morir de hambre es usted porque a Bogotá no le va a entrar comida. Usted está equivocado, aquí tenemos el campo para sembrar. ¡Viva el paro!”

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La protesta, motivada por el aumento del precio del Acpm (diésel), ha llevado a múltiples bloqueos en carreteras, dificultando la movilidad en el país. En otro momento del video, otro hombre suma a la crítica mencionando: “Estamos golpeados por los abusos que hemos tenido con los combustibles, las vías en mal estado y el alza de los peajes. Los peajes más caros están en Boyacá,” y concluye asegurando: “Nosotros los boyacenses tenemos para comer y repartir comida, porque este paro no se va a acabar tan pronto”.

Tras la publicación del video, varios internautas reaccionaron, unos mostrando su apoyo: “Hay que sumarse al paro, la inseguridad, la gasolina, la comida, la calidad de las vías en la carretera y la ciudad totalmente destruida. Petro no hizo nada más que favorecer a su familia que mantiene de viaje en viaje, y su vicepresidente que le gusta volar en helicópteros”; “Y dice que es un paro de grandes empresarios, estas personas no creo que sean grandes propietarios de vehículos, son trasportadores humildes (sic)”.

No obstante, hubo usuarios que reprocharon las palabras de los transportadores: “Malparidos ignorantes como si por hacer paro les van a vender la comida más barata... se pegaron un tiro el pie... pendejos”; “Esas barriguitas. Con razón no quieren que suban el Diésel (sic)” .

Estas declaraciones son en respuesta a las afirmaciones del presidente Petro, que había declarado que el país “no se dejará bloquear”. Hasta el momento, no se ha alcanzado ningún acuerdo entre el Gobierno y los líderes del gremio camionero.

Por otro lado, en una intervención reciente, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, afirmó que el Gobierno no hará más propuestas a los camioneros para que levanten el paro. “Hemos llegado hasta el límite del Gobierno nacional,” dijo Cristo, que recordó las diversas ofertas realizadas por el Ejecutivo para ajustar el precio del diésel de manera gradual.

Cristo explicó que inicialmente se planteó subir la tarifa del diésel a 6.000 pesos, pero el aumento se moderó significativamente a 800 pesos, desglosados en incrementos paulatinos hasta diciembre. Cristo enfatizó que, aunque el Gobierno está dispuesto a dialogar y ajustar, no puede seguir afectando la movilidad del resto de colombianos ajenos a la movilización.

El ministro también recalcó la necesidad de pasos humanitarios y la flexibilización de los bloqueos para garantizar la circulación de los ciudadanos. Defendió las acciones de la policía para despejar caminos y aseguró que, aunque el gobierno favorece el diálogo, también debe ejercer su autoridad para proteger los derechos de la mayoría.

Finalmente, Cristo señaló que en un reciente consejo de seguridad se analizó la situación en todo el país, los bloqueos existentes, y las formas de evitar el desabastecimiento debido a los cierres viales. Pidió que los camioneros revisen la propuesta gubernamental, que beneficia especialmente a la base del sector transportador.

La Federación Nacional de Cultivadores de Cereales, Leguminosas y Soya (Fenalce) instó al Gobierno nacional y a los representantes de los transportadores y camioneros a llegar a acuerdos sobre el precio del galón de diésel (aumentó $1.904) que favorezcan las partes, y den fin al paro, que ya causa un desabastecimiento de alimentos a lo largo de todo el país, lo que pone en riesgo la seguridad alimentaria de millones de colombianos.

Este panorama coincide con la salida de las cosechas de maíz y soya del primer semestre del año, que se da en agosto y septiembre, y con la preparación de suelos para las siembras del segundo semestre, entre septiembre y octubre. En este sentido, los cultivadores están en plena recolección de estos productos, y se necesitan insumos como fertilizantes y agroquímicos para las próximas siembras.

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En particular, en el caso de la soya, cuya recolección se hace en la altillanura, es urgente transportar el producto hacia el interior del país. La necesidad se ve agravada por la limitada y deficiente infraestructura de almacenamiento y secado existente, lo que aumenta el riesgo de pérdidas significativas. Por ello, se requiere una solución inmediata que permita movilizar la cosecha y cumplir con los compromisos comerciales ya establecidos.

“La región que presenta una mayor afectación es la altillanura, teniendo en cuenta que aún falta el 20% por recolectar, ya existen contratos de comercialización que se deben cumplir y empieza a escasear el combustible para el transporte, tractores y cosechadoras. Además, esto impactará en un alza en los fletes a centros de procesamiento de la soya”, afirmó el gerente general de Fenalce, Henry Vanegas Angarita.

En esta zona del país se registran cierres en varios puntos de la vía Bogotá a Villavicencio, en la vía antigua a Bogotá, en la salida de Villavicencio hacia Puerto López, en Puerto López y en el puente Manacacías en Puerto Gaitán, que comunica con la mayor zona de producción, lo que llevó a que no se encuentren vehículos disponibles para el despacho de granos, lo que afecta el envío de soya, y genera retrasos en las entregas previamente programados, lo que a su vez, genera demoras en los pagos a los agricultores por sus cosechas.

Empresas desabastecidas de gas

Por otra parte, las empresas que suministran gas para las plantas de secado no pudieron abastecerse, lo que puso en riesgo labores de poscosecha, y ante la escasez de combustible, ya se dificulta el manejo de la maquinaria agrícola necesaria para la cosecha de soya y la siembra de maíz (tractores y cosechadoras).

En cuanto al maíz, los departamentos de Córdoba y Valle del Cauca están en plena cosecha, por tanto, apremia la necesidad de llevar este producto a sus principales destinos, respondiendo a las necesidades ya establecidas de comercialización, sin perder el producto.

Sin capacidad de almacenamiento

Es importante considerar que en Córdoba, donde la cosecha está avanzando, no se cuenta con capacidad de almacenamiento de toda la producción y por costumbre despachan el producto húmedo desde las fincas al centro de consumo principal en Antioquia. Ahora bien, ante la imposibilidad de transportar estos granos, se está ante el inminente riesgo de afectar su calidad y precio, lo que, sin duda, generará pérdidas económicas para los agricultores.

“Las actividades de cosecha continúan, y en las vías se encuentran camiones con maíz destinados a las secadoras. Las restricciones de movilidad han generado un aumento en los costos de fletes. Y, por otra parte, las compras de grano cordobés, programadas para esta semana con destino a Medellín, Rionegro y Barranquilla, se han cancelado por falta de muleros disponibles para viajar”, indicó el gerente general de Fenalce.

Se suma a esta preocupante coyuntura que afecta a los productores nacionales, la caída de los precios internacionales, que cayeron alrededor de un 20% entre junio de 2023 y junio de 2024 lo que afecta los precios de comercialización en el mercado interno, los altos costos del crédito, de los fletes y de los combustibles.

Otras afectaciones por el paro de transportadores

Otras afectaciones por el paro de transportadores son las siguientes:

Tolima

• No se comercializa maíz o fríjol. La cosecha de maíz ya finalizó y la de frijol avanza en un 80%.

Bogotá - Corabastos:

• En el contexto del paro camionero, los precios del maíz se mantienen estables debido a los inventarios disponibles de los comercializadores. Sin embargo, no ingresan vehículos con mercancía a la plaza. Se tienen negociaciones de maíz provenientes de Casanare y Meta, pero los envíos se han detenido.

• La semana pasada los fletes desde Casanare estaban en $130.000 por tonelada, pero en la actualidad no hay certeza de los precios. Los comerciantes estiman que el precio del maíz aumentará en la medida en que se agoten los inventarios.
• En cuanto a los cereales y leguminosas frescas, la situación es más crítica, la arveja proveniente de Ipiales (Nariño) no ha podido llegar a la plaza, y los inventarios son bajos y la calidad es regular al ser un producto que se comercializa fresco y no seco. Esto llevó a que los precios se negocien al doble de la cotización previa y se estima un desabastecimiento para finales de la semana si el paro persiste.
• Nariño produce el 43% de la arveja que se comercializa en el país, por lo que despacha a diario entre 60 y 80 toneladas. Si cada tonelada tiene un valor estimado de unos $3,5 millones, la pérdida en estos cuatro días de paro está cerca de los $1.000 millones.
• En el caso del fríjol seco, ayer no llegó mercancía a la plaza y ya se empieza a especular con un aumento en el precio. Además, el acceso a la plaza está obstruido por camiones y grúas.

Meta Piedemonte:

• Las vías de Villavicencio están restringidas debido al paro de transportadores, lo que afecta el tránsito desde Granada hacia Bogotá, Puerto López, Restrepo y Acacías. En el momento de cierre de estas vías había vehículos cargados con alimentos, lo que ha generado gran preocupación por posibles pérdidas de productos.
• Ya hay desabastecimiento de combustible y víveres. Se registran largas filas en las estaciones de servicio debido a la alta demanda de conductores de motos y carros, así como de agricultores que buscaban asegurarse combustible para la maquinaria agrícola. Hasta el momento, hay movilidad hacia los municipios de Vista Hermosa, San Juan de Arama, Fuente de Oro y San José del Guaviare.

La Federación Colombiana de Ganaderos informó que el sector sufrió pérdidas significativas que superan los $40.600 millones debido al impacto del paro camionero en el país. Este paro tuvo efectos adversos en varias áreas de la economía, afectando particularmente a la industria ganadera.

Entre el 2 y el 4 de septiembre se detuvo el sacrificio de 8.317 cabezas de ganado y la recolección de leche también sufrió un severo descenso, con una reducción de 7,95 millones de litros. Santander es la región que más resintió la falta de faenamiento, con 1.538 cabezas de ganado que no fueron sacrificadas. Por otro lado, Cundinamarca experimentó la mayor disminución en la recolección de leche, con una caída de más de 4,2 millones de litros.

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En Bogotá, las pérdidas ascienden a $9.400 millones, mientras que en Cundinamarca el impacto económico llega a $9.170 millones. Santander enfrenta pérdidas de $6.088 millones, y en el Meta se registraron $5.047 millones en pérdidas. Boyacá sigue con $4.760 millones, y César reporta $2.426 millones en pérdidas. Finalmente, Antioquia experimentó pérdidas de $2.180 millones, mientras que Norte de Santander sufrió un impacto de $1.599 millones.

El riesgo de desabastecimiento está comenzando a afectar gravemente a las principales ciudades del país debido a las restricciones en el transporte de mercancías. En centros mayoristas, como Corabastos, se observan aumentos en los precios de diversos alimentos, consecuencia directa de la reducción en los envíos.

Normalmente, esta central recibe más de 10.000 toneladas de alimentos en un día, pero el jueves 5 de septiembre solo llegaron alrededor de 4.529 toneladas, distribuidas en 631 vehículos. Entre los productos más escasos se encuentran la yuca, la arracacha, la papaya y los cítricos, con una falta particularmente notable en la bodega 11.

Las autoridades están instando a los manifestantes a permitir la apertura de corredores que faciliten el tránsito de estas mercancías esenciales. Al mismo tiempo, las negociaciones siguen en curso para alcanzar un acuerdo sobre el aumento propuesto en el precio del diésel en Colombia, con el objetivo de resolver la crisis y mitigar su impacto en el suministro de alimentos y otros productos.

Las implicaciones

Un paro que afecta al sector bovino puede generar serias repercusiones económicas, sociales y ambientales. En términos económicos, la interrupción de actividades ganaderas puede disminuir la producción de leche y carne, afectando los ingresos de los ganaderos. Además, la falta de transporte incrementa los costos operativos y puede provocar un desabastecimiento de productos, lo que a su vez puede elevar los precios de carne y leche, impactando el poder adquisitivo de los consumidores y la estabilidad del mercado.

Desde el punto de vista social, la reducción en la producción de productos bovinos puede comprometer la seguridad alimentaria, especialmente en comunidades que dependen de estos productos para su nutrición. Además, los paros pueden llevar a la pérdida de empleos en el sector, afectando a trabajadores en áreas relacionadas como procesamiento, transporte y distribución. Esto puede aumentar la presión económica en las comunidades rurales, potencialmente llevando a una mayor migración hacia las ciudades en busca de empleo.

En términos ambientales, los paros pueden dificultar la gestión de residuos orgánicos en las explotaciones ganaderas, generando problemas de contaminación. La interrupción en la rotación de pastos y el manejo del ganado puede afectar la salud del suelo y los ecosistemas, contribuyendo a la degradación del hábitat. Además, los ganaderos podrían verse forzados a cambiar sus prácticas de manejo, afectando la sostenibilidad del sector a largo plazo.

Finalmente, la falta de acceso a servicios veterinarios esenciales debido al paro puede deteriorar la salud del ganado, aumentando el riesgo de enfermedades y afectando su bienestar. También, los problemas en el suministro de insumos pueden impactar negativamente en la alimentación y productividad de los animales.

El personero de Cali, Gerardo Mendoza Castrillón, envió un mensaje al Gobierno nacional, en el que pide actuar de inmediato ante la crisis de abastecimiento en el suroccidente de Colombia, teniendo en cuenta que esta situación ha generado una seria preocupación por la falta de alimentos y productos básicos en la región.

Por medio de su mensaje, el funcionario aseguró que los ciudadanos han visto afectada no solo su movilidad, sino su economía: “Es fundamental que el Gobierno nacional intervenga para evitar un agravamiento de la crisis que ya está impactando la calidad de vida de los ciudadanos”.

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Y es que la movilización de los transportadores en contra del alza del Acpm ha llevado a un desabastecimiento alimentario en las diferentes regiones del territorio nacional, lo que ha afectado gravemente a la población.

De acuerdo con lo informado por el personero Mendoza Castrillón, en la región suroccidental del país y especialmente en Cali, los habitantes enfrentan dificultades en la distribución de productos esenciales por causa de los bloqueos.

Además, el funcionario enfatizó en la necesidad de garantizar la protección de los consumidores, por lo que citó la Ley 1480 de 2011 y pidió a la administración distrital que se tomen las medidas necesarias para evitar sobrecostos en los productos de la canasta familiar.

Este requerimiento busca prevenir el aumento desmesurado de precios en artículos de primera necesidad, debido a que esto podría agravar aún más las dificultades de la población.

En su pronunciamiento, Mendoza Castrillón también destacó la importancia de habilitar corredores humanitarios que permitan el paso seguro de ambulancias, enfermos, niños y personas mayores. Este aspecto es fundamental para proteger los derechos humanos y garantizar que las protestas no comprometan la integridad de los ciudadanos.

El personero enfatizó que, si bien se apoya la protesta pacífica, es necesario mantener el orden y la seguridad en la ciudad. Por otro lado, también hizo una referencia a la Ley 769 de 2002, para pedir la revisión de las infracciones relacionadas con el estacionamiento en lugares prohibidos.

Este control es esencial para evitar la congestión y permitir el libre tránsito en las vías públicas, especialmente en situaciones de emergencia y para los productores, debido a que la salud y el comercio son algunos de los sectores más afectados.

En medio de su llamado de atención, el personero de Cali se refirió a la necesidad de una respuesta rápida y efectiva por parte del Gobierno Nacional y las autoridades locales para resolver esta crisis y salvaguardar el bienestar de la comunidad.

Mendoza Castrillón concluyó su petición dirigiéndose a la comunidad, pues les pidió mantener la calma y actuar con prudencia durante estos momentos difíciles, con el fin de evitar situaciones que puedan llegar a terminar en peores afectaciones.

Entre tanto, los habitantes de Cali y otras ciudades del país están a la espera de que las autoridades tomen las medidas necesarias para garantizar el acceso a bienes esenciales, proteger los derechos de los habitantes y evitar un aumento descontrolado de los precios, pues este es uno de los problemas que se han presentado en esta temporada.

Ante esta situación habló Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC): “Estos bloqueos, que son una vergüenza y un descaro por parte de los camioneros, pues lo que van a generar es un problema de abastecimiento”, aseguró en diálogo con Caracol Radio.

Y es que los gremios consideran que la prioridad es asegurar el bienestar de los ciudadanos en medio de esta situación compleja, pues específicamente en Cali se han llegado a tener incrementos del 20% en algunos alimentos, aproximadamente.

El paro de camioneros continúa dejando millonarias perdidas en todo el país. A pesar de los múltiples intentos por llegar a un acuerdo por parte del Gobierno nacional con respecto al alza del precio del Acpm, los transportadores continúan en su negativa y han bloqueado múltiples vías en el país en las últimas horas.

Y es que han sido decenas de puntos lo que han obstaculizado los camioneros. Por ejemplo, en Bogotá, los manifestantes han bloqueado las principales entradas a la ciudad, generando complicaciones incalculables a los miles de personas que ingresan y salen de la capital colombiana a diario.

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Frente a esta situación, que ha persistido desde el lunes 2 de septiembre, desde el Gobierno nacional optaron por enviar la fuerza pública a los puntos más críticos, no solo en Bogotá sino en todo el país.

Precisamente, una de las zonas más afectadas en medio de las movilizaciones había sido la avenida Caracas con calle 51 sur, cerca de Molinos, uno de los puntos de concentración más álgidos en la capital.

Este sector abarcaba a decenas de manifestantes, con sus vehículos, que obstaculizaban, además del paso de vehículos particulares, las vías del Transmilenio, el sistema de transporte público más importante de la capital colombiana. Sin embargo, en la mañana del jueves 5 de septiembre, tras la llegada de uniformados de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), la protesta se dispersó progresivamente.

De a pocos, los camioneros fueron desplazándose en sus respectivos vehículos para agilizar la movilidad en la zona; sin embargo, en medio de las operaciones de los miembros de la fuerza pública, estos se toparon con un “inconveniente”.

Y es que, en medio de su “estadía” en los corredores viales, los camioneros, apoyados por algunas personas que permanecían en la zona, decidieron instalar una olla comunitaria en la que, en el momento en el que llegaron los uniformados, se estaba preparando el almuerzo para los participantes de la protesta.

Según explicaron en La FM, eran decenas de personas las que aguardaban cerca de la olla, lo que complicó el accionar de los uniformados y, por ende, el tráfico de vehículos por la zona.

Así las cosas, a pesar de la intervención de las autoridades, la avenida Caracas, una de las más importantes en el país, permaneció cerrada por algunas horas más, mientras que los manifestantes “desintalaban” la olla comunitaria.

Gremio de transportadores aseguró que “el Gobierno no ayuda atacando” en medio de las protestas

Es importante destacar que tras la intervención policial, el presidente de la Asamblea Nacional de Transportadores, Alejandro Quiroga, rechazó el accionar de las autoridades y destacó, en diálogo con Infobae Colombia, que “el Gobierno no ayuda atacando”, en medio de una mesa de diálogo.

Quiroga recordó que en la noche del 4 de septiembre, tan solo unas horas antes de la intervención de las autoridades, fue entregada una propuesta por parte del Gobierno nacional que consiste en el incremento de $200 pesos mensuales en el precio del Acpm hasta diciembre, para luego comenzar un diálogo que permita llegar a un alza total de $1.904 pesos.

No obstante, la idea de los camioneros sería aceptar un aumento de $400 siempre y cuando desde el Gobierno nacional cumplan con algunos parámetros en medio de la decisión.

Así las cosas, Quiroga recalcó en que, a lo largo de la jornada del 5 de septiembre, las intenciones del Gobierno nacional han sido nulas, debido a que no acordaron una reunión y “solo propusieron y que cuando tengamos una contrapropuesta los llamemos”.

“Necesitamos una propuesta, algo que consolide, dejaron el balón en la mitad y nosotros lo vamos a empujar, pero no es de soberbia, estamos explorando salidas, pero el Gobierno no ayuda atacando”, comentó.

La Gobernación del Meta, en respuesta a la crisis generada por el paro camionero, realizó un ‘Mercado campesino exprés’ para evitar que los productos perecederos de los agricultores de la región se perdieran. En esta jornada, se lograron comercializar más de $28′000.000 en productos como plátano, papaya, cebolla y piña, según informaron las autoridades locales.

El mercado campesino, organizado como un alivio para los productores y campesinos afectados por el bloqueo, continuará hasta que el paro termine o se agoten las existencias. La gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, anunció que este esfuerzo es clave para que los agricultores recuperen parte de los ingresos y evitar así pérdidas millonarias debido a la imposibilidad de transportar sus cosechas.

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Durante la jornada, los agricultores locales lograron vender seis toneladas de piña, cuatro toneladas de papaya, tres toneladas de plátano y una tonelada y media de cebolla larga. Además, la empresa Avellano se vinculó al evento ofreciendo 300 pollos valorados en $3′700.000.

“Le he ordenado al secretario de Agricultura, Andrés Pardo, que organice el Mercado Campesino Exprés en el primer piso de la Gobernación del Meta”, afirmó la funcionaria, al tiempo que invitó a los ciudadanos a solidarizarse con esta causa.

Por su parte, Pardo Romero explicó que la gobernadora Cortés promovió esta iniciativa para asegurar que las cosechas de los campesinos no se pierdan. “Garantizamos que las cosechas de nuestros campesinos no se pierdan, y que los villavicenses tengan acceso a productos frescos y de alta calidad,” añadió el funcionario.

De acuerdo con las declaraciones de la gobernadora, esta medida busca crear un “respiro económico” para un sector duramente golpeado y prevenir que los alimentos, que estaban al borde de la descomposición, se desaprovechen. La iniciativa es crucial en medio de crecientes tensiones por el paro de transportadores que ha dejado aislada la región.

El evento, que se llevó a cabo en el primer piso de la Gobernación, ha sido un éxito tanto en ventas como en participación, logrando una destacada venta de productos agrícolas que habían quedado represados debido al paro. Los productos frescos y de la región llegaron a la mesa de muchos hogares gracias a esta plataforma de venta eficiente.

En complemento a las acciones de la Gobernación del Meta, la Alcaldía de Villavicencio efectuará el 6 de septiembre una jornada especial de venta de papaya, enfocada en apoyar a los agricultores de la vereda Mi Llanito, quienes se han visto gravemente afectados por el cierre de la carretera y la imposibilidad de mover sus productos.

La situación en el Meta, especialmente en el ámbito agrario, es crítica. Los agricultores se han visto imposibilitados de trasladar sus productos a los mercados habituales debido a las medidas adoptadas en el paro. Esta emergencia ha llevado a las autoridades a movilizar recursos y estrategias que permitan a los campesinos mantenerse a flote y evitar mayores perjuicios económicos a la comunidad.

Las acciones emprendidas, aunque temporales, ofrecen una vía para mitigar los efectos negativos del paro camionero en la economía local. Estas medidas de urgencia demuestran la capacidad de adaptación y respuesta de los gobiernos locales frente a crisis inmediatas y urgentes que ponen en riesgo el sustento de miles de familias en la región.

Villavicencio, al ser una de las ciudades más afectadas por el cierre de vías, toma un papel importante en estas medidas de contrapeso mediante la comercialización directa entre los productores y los consumidores. La expectativa es prolongar estos mercados campesinos exprés hasta que la situación se normalice y garantizar la menor pérdida posible en la cadena productiva.

La Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), gremio que lidera Alejandro Castañeda, hizo un llamado urgente al Gobierno nacional sobre la situación que se presenta para el transporte de los combustibles, insumo fundamental para el proceso de generación de energía eléctrica, con el paro de camioneros por el que atraviesa el país en señal de protesta por el alza de $1.904 en el precio del galón de Acpm (diésel).

Por medio de una carta enviada a la ministra de Transporte, María Constanza García, y el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, se indicó que es importante resaltar que, durante los últimos 15 días, se presentó una generación a carbón de cerca de 28 gigavatios por día (GWh-día) en promedio, que representan cerca del 12% de la generación en el país, teniendo un consumo promedio de 14.000 toneladas diarias y una generación con combustibles líquidos cercana a los 6,1 GWh-díaa, con un consumo promedio de 1.000 barriles diarios.

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Según este, al momento se cuenta con un inventario en patio de carbón que permitiría generar energía durante 15 días aproximadamente y para el caso de los combustibles líquidos, entre tres y cinco días.

“La situación de bloqueos en las principales vías del país está afectando de manera preocupante el suministro del carbón en los departamentos de La Guajira, Boyacá, Norte de Santander y Córdoba. Caso similar se presenta en el Valle del Cauca con los combustibles líquidos, en donde se encuentran bloqueadas las rutas de acceso desde los terminales hasta las plantas de generación”, manifestó Andeg.

Advirtió que de continuar esta situación en los próximos días, “se estaría poniendo en riesgo la capacidad de generación de energía para atender la demanda que requiere el país, considerando además que los aportes hídricos no han alcanzado los niveles esperados para la recuperación plena de los embalses”.

Por eso, el gremio instó al Gobierno nacional para que busque los mecanismos adecuados y oportunos para dar soluciones concretas a la solicitud del sector de los transportadores y establecer medidas urgentes que permitan el transporte seguro de los energéticos a las plantas de generación en aras de minimizar los riesgos de abastecimiento eléctrico y que no se vulneren los derechos fundamentales de acceso a los servicios públicos esenciales y libre circulación.

Afectaciones a la red forestal

Por su parte, los empresarios que desarrollan la actividad forestal en Colombia, así como los industriales transformadores de la madera, reportan hasta el 4 de septiembre de 2024 una afectación nacional en más del 20% de sus operaciones económicas debido al paro de transportadores que vive el país en la actualidad.

En el mismo sentido, los costos de transporte de los productos aprovechados o recién cosechados y productos con algún grado de transformación se calculan ya con incrementos entre un 5% y un 8%.

“Si bien la situación puede presentar aspectos diferenciales según la región desde donde proviene la madera o donde se realiza la transformación, lo cierto es que los productores manifiestan que los impactos reales, en muchos casos, se trasladarán a la cadena logística en tan solo dos o tres días”, manifestó la Federación Nacional de Industriales de la Madera (Fedemaderas).

Con esto, según el gremio, se afecta la recepción de insumos, el despacho a clientes finales, cumplimiento de pedidos para la construcción, embarques a navieras en puertos, y consecuentemente un cumplimiento en obligaciones con el sistema financiero por el rezago en facturaciones y entregas.

Por lo anterior, se prevé que de no solucionarse esta situación y avanzar satisfactoriamente en las negociaciones entre Gobierno nacional y transportadores, la afectación en las operaciones de las empresas forestales y de transformación podría superar el 60% para la segunda semana de septiembre.

Fedemaderas apuntó que en Antioquia y Orinoquía se observa una mayor afectación en los costos de transporte de productos hacia clientes finales, entre tanto en el Eje Cafetero y la región Caribe y Pacífico se observa un mayor impacto en las operaciones de recepción de insumos y productos.

La Superintendencia de Transporte indicó que las terminales de transporte de toda Colombia experimentaron una reducción significativa de pasajeros movilizados, en medio de los bloqueos originados por el paro camionero. Comparando la cantidad de usuarios transportados el jueves 29 de agosto con el jueves 5 de septiembre, ha habido una disminución del 81,2%, lo que equivale a 70.500 personas menos trasladadas.

De acuerdo con la Superintendencia, el 29 de agosto se registraron 86.877 pasajeros, mientras que durante la jornada del jueves solo se han movilizado 16.296 personas. Esta drástica caída se atribuye a los bloqueos y protestas que han afectado diversas regiones del país. Por este motivo, la entidad activó protocolos de emergencia en 68 terminales regionales y 30 aeropuertos en todo el territorio colombiano.

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Además, haciendo una comparativa entre el miércoles 28 de agosto y el miércoles 4 de septiembre, también se identificó una notable reducción en la cantidad de pasajeros transportados, alcanzando un 60,1% menos, lo cual indica que 162.660 pasajeros no pudieron movilizarse en esos días debido a los bloqueos.

Por otra parte, la cantidad de vehículos despachados también experimentó una significativa disminución. De un total de 34.918 vehículos despachados el 28 de agosto, el número se redujo a 14.307 para el miércoles 4 de septiembre, lo que representa una reducción de 20.611 vehículos que no recibieron órdenes de despacho.

La situación en las diversas terminales de transporte del país muestra un panorama complicado:

• Terminal de Arauca, los despachos hacia Bogotá, Cúcuta, y Bucaramanga están suspendidos.
• Terminales de Armenia y Florencia, solo se realizan despachos hacia municipios aledaños.
• Terminales de Barrancabermeja y Bogotá presentan despachos completamente suspendidos, al igual que las terminales de Bucaramanga, Popayán, e Ibagué.
• En Barranquilla, los despachos hacia el interior del país son intermitentes, mientras que los viajes a Santa Marta están suspendidos.
• En la terminal de transporte de Duitama están realizando únicamente despachos de influencia
• Terminal de Ipiales no hay despacho hacia el interior del país, solo hacia destinos interdepartamentales.
• Terminales en Cali: algunas empresas tienen sus operaciones restringidas, mientras que otras están despachando únicamente hacia Candelaria y Jamundí.
• En las terminales de Cartagena y Villavicencio, los despachos hacia Bogotá están suspendidos; sin embargo, algunas empresas de la capital del Meta tienen habilitando únicamente los despachos vía Restrepo.

• La terminal de Cúcuta está sin despachos, con unas 80 personas esperando desde el día anterior para salir.
• En la Terminal de Medellín Norte y la terminal de Pereira no hay despachos hacia Bogotá.
• Terminal de Sincelejo: Despachos suspendidos
• Terminal de Valledupar cuenta con despachos únicamente hacia la costa.
• Terminal de Yopal: cuenta con despachos solamente hacia Villavicencio.
• En la terminal de Buenaventura, se han detectado bloqueos en Loboguerrero y Media Canoa.
• En la terminal de Montería, las compañías Brasilia y Copetran han suspendido sus despachos.
• La terminal de Quibdó está afectada por un bloqueo indígena en la vía hacia Medellín.
• Los despachos desde la terminal de Pasto son limitados debido a los cierres viales.

Limitada la venta de tiquetes de buses que salen de la Terminal de Bogotá

Según informó la Terminal de Transporte de Bogotá, la venta de tiquetes para bus está condicionada a la disponibilidad que cada empresa transportadora pueda ofrecer. Esta situación, generada por el paro camionero y de otros transportadores en la ciudad, afecta directamente a los usuarios que requieren desplazarse a diferentes destinos.

Por ello, la terminal recomienda a los pasajeros contactar directamente a las empresas transportadoras seleccionadas para confirmar la disponibilidad y las condiciones específicas de sus viajes. Además, sugieren estar atentos a las redes sociales de la Terminal de Transporte de Bogotá para obtener las últimas actualizaciones sobre el estado del servicio. Aunque el paro ha generado restricciones al transporte de pasajeros, la Terminal aseguró que los comercios y servicios adicionales dentro de sus tres sedes continúan operando con normalidad.

En la tarde del jueves 5 de septiembre de 2024, comenzaron las primeras acciones para levantar los bloqueos que mantenían en varios sectores de Bogotá grupos de transportadores que afectaron la movilidad en la capital de la República.

Aunque desde algunos sectores la medida fue criticada, la senadora Angélica Lozano, por su parte, celebró que el Gobierno nacional permitiera la intervención de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo).

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“Qué bueno que el gobierno Petro haya ordenado y dejado actuar a la institución competente para desbloquear cuando hay abuso de y bloqueos que perjudican a la ciudadanía”, aseguró Lozano en su mensaje en la plataforma X.

En su publicación, la congresista aprovechó para recordar cuando Gustavo Petro, como candidato, prometió acabar con esta unidad de la fuerza pública que antes era conocida como el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).

“Como oposición no lo permitían. Nunca entendí cuando prometieron desmontar esta fuerza especializada (solo le cambiaron de nombre) ¿institucionalmente CÓMO pensaban afrontar abusos después de agotar el diálogo?”.

Por otro lado, la senadora del Partido Alianza Verde, pidió a los transportadores levantar el paro, esto, luego de que el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Transporte, pusiera sobre la mesa la opción de incrementar el costo del Acpm 200 pesos durante los siguientes cuatro meses, decisión que calificó como “sensata”.

“Sensata y seria la @MinTransporteCo Constanza García. Pasar de $1.900 instantáneo a $200 durante 4 meses es más que razonable para levantar el paro, y que continúen discutiendo temas estructurales. Levanten el paro señores, sean pequeños o grandes transportadores, por la fuerza nada”.

Conclusiones del Consejo de Seguridad

El Gobierno nacional convocó en la tarde del jueves a un Consejo de Seguridad para abordar la problemática de los bloqueos en las carreteras del país.

Al respecto, la ministra de Transporte, María Constanza García, explicó que la intención del Gobierno es invitar al diálogo a todos los sectores afectados, también señaló que en estos momentos hay personas que se han acercado al Ministerio de Transporte para expresar sus inquietudes y que se busca retomar la conversación con los transportadores y los representantes de diferentes puntos y gremios.

“Nosotros queremos invitar nuevamente al diálogo, en este momento hay personas que se han acercado al Ministerio de Transporte y lo que pretendemos es poder retomar una conversación, escuchar a los transportadores, a los representantes de los diferentes puntos y gremios”.

“Creemos que la propuesta que ha hecho el Gobierno es una oportunidad para que el gremio llegue a un acuerdo”, aseguró García que añadió que se dará un espacio propicio para llevar a cabo estas conversaciones, reconociendo la necesidad de realizar cambios y modificaciones a la normatividad vigente para mejorar la operación y el equilibrio entre los diversos actores del sector.

El Gobierno también reconoció que existen varios aspectos estructurales relacionados con la reposición de los vehículos, las tarifas y los fletes que se cobran, y que estos temas son esenciales para introducir las mejoras necesarias en el ordenamiento y la normatividad del transporte.

“El gobierno reconoce una necesidad, unos aspectos estructurales en la modalidad de transporte, temas que tienen que ver con la reposición de los vehículos, con las tarifas, con los fletes que se cobran y ahí el Gobierno nacional ha reconocido que es importante introducir cambios, modificaciones a nuestro ordenamiento y a nuestra normatividad que permita una mejor simetría, un equilibrio en la operación con los diferentes actores, empresarios, los generadores de la carga, los transportadores”.

Asimismo, se acordó mantener un diálogo abierto y continuar trabajando en conjunto con los ministros para controlar los corredores logísticos del país y garantizar la movilidad: “El Gobierno ha hecho un esfuerzo para poder entender las necesidades, las solicitudes y hacer una propuesta que nos permita llegar a un acuerdo rápidamente”.

Por lo menos, así lo dio a entender el Ministerio de Hacienda que informó que ya hay varias propuestas sobre la mesa para negociar un ajuste consensuado en los precios del combustible, que con el alza quedó, en promedio nacional, en $11.360, y así levantar las manifestaciones que iniciaron el domingo 1 de septiembre.

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Según el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, “estos bloqueos afectan más la inflación (6,68% anual en julio de 2024, según reportó el Departamento Administrativo Nacional de Estadística - Dane- ) que el mismo aumento en el precio del diésel”.

“La decisión correcta es cerrar la brecha y hacer que el precio de los combustibles flote como lo venía haciendo antes de 2020, cuando el país se había olvidado que existía un problema, porque el precio se ajustaba todos los meses y desapareció el fantasma de la inflación”, aseguró el funcionario.

La propuesta del Gobierno

Durante su intervención en el IX Congreso Empresarial Colombiano (CEC), organizado por la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), el ministro destacó que los manifestantes están de acuerdo en la necesidad de descongelar el precio del diésel, y propusieron un ajuste de $400 mientras continúan las mesas de concertación. Esto aún no ha sido respondido por los transportadores.

Por su parte, el Gobierno sugirió reemplazar el incremento de $1.904, que se estableció el 31 de agosto, por un ajuste de $200 mensuales de septiembre a diciembre, lo que daría un total de $800 a final de año. Con este resultado, se revisarían nuevos cambios a partir de enero de 2025.

Bonilla reiteró que una de las prioridades de este Gobierno es cerrar la brecha del déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc). Si bien la gasolina ya tuvo ajustes importantes entre enero de 2022 y enero de 2024, el objetivo ahora es acomodar el valor del Acpm, que lleva 56 meses congelado.

En 2023, el déficit del diésel ascendió a $15 billones, mientras que en 2024 podría alcanzar entre $11,6 billones y $12 billones, lo que también se traduce en un subsidio de $1 billón mensual, deuda que afecta la estabilidad financiera del país.

Problema inflacionario

Con respecto a la inflación, el Ministerio de Hacienda prevé que terminará en 5,5% para finales de 2024, mientras que la tasa de intervención del Banco de la República cerrará en 8,5%. Para que esto suceda, Bonilla reiteró la necesidad de que la tasa de política monetaria, que en la actualidad está en 10,75%, baje 75 puntos básicos en cada una de las próximas tres reuniones.

Reforma agraria

Bonilla también destacó algunas de las certezas económicas que tuvieron lugar en estos dos años de Gobierno. Indicó que se trabaja en una reforma agraria y que, a la fecha, se han comprado 142.903 hectáreas a precio de mercado.

Asimismo, recordó que ya se titularizaron 1,13 millones de hectáreas como parte de los compromisos del Gobierno por mejorar las condiciones del sector agropecuario.

También resaltó el compromiso del Gobierno por seguir pagando sus obligaciones con sus acreedores. Muestra de ello es que ya se saldó la tercera de ocho cuotas que se adeudan al Fondo Monetario Internacional (FMI) por el crédito de USD5.400 millones que el organismo multilateral otorgó a Colombia durante la pandemia de covid-19.

Varias unidades de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo), anteriormente conocida como Esmad, iniciaron intervenciones en diversos lugares afectados por el bloqueo de los transportadores en el norte de Bogotá.

La undmo desplegó un vehículo blindado antimotines y más de veinte efectivos policiales hacia el norte de la ciudad para intervenir, comenzando en la calle 183 con la autopista Norte.

Frente a este despliegue, el senador del Partido Alianza Verde, Jonathan Ferney Pulido Hernández, conocido como Jota Pe Hernández, publicó en su cuenta de X duras críticas contra el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego.

El congresista perteneciente a la Comisión Primera mostró su disgusto frente a esta decisión y le recordó que en muchas oportunidades el hoy primer mandatario criticó al Esmad. “Eres un fracasado sin palabra”, le dijo Jota Pe.

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El senador Jota Pe Hernández criticó la diferencia de trato hacia los campesinos y transportadores en comparación con otras figuras delictivas, según él. Expresó que el manejo del bloqueo por parte de la autoridad refleja una inconsistencia en la firmeza y el compromiso con la seguridad pública. Además, señaló que la actuación del primer mandatario colombiano será recordada negativamente en la historia del país.

“@petrogustavo. Muy bravito con los campesinos y transportadores, pero bien blandito con los bandidos. Eres un fracasado sin palabra, un incapaz un incompetente, un resentido. Quedarás en la historia de Colombia, como la vergüenza más grande que ocupó La Casa de Nariño!”, escribió Jota Pe Hernández por medio de su cuenta de X.

Y es que, recientemente el senador ha realizado varias publicaciones haciendo referencia al paro de camioneros diciendo que en el pasado, el presidente Petro protestó en contra del alza en el combustible y de las reformas tributarias.

“DESPIERTA COLOMBIA!! El país tiene que conocer y recordar el cinismo de los que hoy están mal gobernando este país, protestaban contra el alza en los combustibles, se oponían a las reformas tributarias, hoy descaradamente hacen lo que tanto criticaban”, escribió Jota Pe Hernández en otra de sus publicaciones del tema.

Por otro lado, el exsecretario de Gobierno de la Alcaldía de Claudia López, José David Riveros expresó en la misma red social que las circunstancias actuales evidencian la necesidad de intervención cuando los bloqueos afectan significativamente a una ciudad. Argumentó que el derecho a la protesta se vuelve desproporcionado frente a la vulneración de otros derechos y, por ello, la intervención se vuelve indispensable. Añadió que gobernar implica decisiones prácticas más allá de la retórica, en referencia a la decisión del presidente Petro.

“¡Las vueltas de la vida, verlos intervenir! Cuando los bloqueos logran encerrar una ciudad durante días, el derecho a la protesta se torna desproporcionado frente a la afectación de otros derechos y por tanto, la intervención necesaria. Gobernar es distinto a hablar”, dijo.

Al anterior mensaje respondió la también senadora, y del mismo partido que Jota Pe Hernández, Angélica Lozano quien vio con buenos ojos que el Gobierno de Gustavo Petro interviniera mandando a la Policía en los lugares más críticos del paro camionero y resaltó que cuando eran oposición no permitían una reacción similar.

“Qué bueno que el gobierno Petro haya ordenado y dejado actuar a la institución competente para desbloquear cuando hay abuso de y bloqueos que perjudican a la ciudadanía. Como oposición no lo permitían. Nunca entendí cuando prometieron desmontar esta fuerza especializada (solo le cambiaron de nombre) ¿institucionalmente CÓMO pensaban afrontar abusos después de agotar el diálogo?”, dijo la senadora del Partido Alianza Verde.

Por otro lado, además de Bogotá se ha confirmado la presencia de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) en la ciudad de Tunja, específicamente en la carretera hacia Alto del Noral. La Defensoría del Pueblo está en el área llevando a cabo diálogos con el objetivo de evitar la intervención de la UNDMO.

La Federación Nacional de Distribuidores de Combustibles y Energéticos (Fendipetróleo) alertó sobre el riesgo inminente de desabastecimiento de gasolina y diésel en Colombia debido al paro camionero. Tras un sondeo entre sus afiliados en las zonas más afectadas, el vocero de Fendipetróleo, Jose Alberto Arias, explicó que muchas estaciones ya no disponen de inventarios o solo cuentan con reservas para dos días más, indicó la entidad.

“La situación ya completa que tenemos, a través de esta información de las diferentes seccionales de Fendipetróleo, es que posiblemente en las próximas horas, a más tardar mañana, no tendremos combustible para los consumidores”, precisó Arias.

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Ante esta situación, Arias instó al Gobierno nacional y a los líderes del sector transportador a retomar las negociaciones para llegar a un acuerdo que permita el levantamiento de los bloqueos. La Empresa Pública de Medellín (EPM), por su parte, emitió un comunicado para tranquilizar a sus usuarios en Antioquia, asegurando que el servicio de gas natural se está prestando con normalidad en 121 poblaciones de 92 municipios.

Sin embargo, EPM advirtió que “debido a los cierres y bloqueos de las vías que se presentan en algunas zonas del departamento se podría ver impactada la continuidad del servicio de gas natural para la comunidad”, expresó la compañía. En caso de interrupciones, la empresa se comprometió a informar de manera oportuna a sus usuarios a través de sus canales oficiales.

Mientras tanto, los bloqueos en las vías, provocados por las protestas del sector camionero, han generado graves complicaciones en el suministro de combustibles y otros bienes esenciales. Las protestas tienen lugar en distintas partes del país, paralizando el transporte de mercancías y causando preocupación entre la población por la posible escasez de productos básicos.

Según Fendipetróleo, las estaciones de gasolina han experimentado una demanda extraordinaria desde el inicio del paro, con largas filas de consumidores buscando abastecerse antes de que los recursos se agoten. La organización gremial subrayó que la situación también responde a la obstrucción de los accesos a las plantas mayoristas de combustible debido a los bloqueos.

EPM recomendó a sus usuarios mantenerse atentos a las actualizaciones que compartirá sobre la evolución de la situación, mientras que las autoridades nacionales intentan mediar para poner fin a este conflicto que afecta significativamente la vida cotidiana y la economía del país.

Por otro lado, la situación ha generado preocupación sobre el impacto que este paro puede tener en diversas regiones, no solo en términos de acceso a combustibles, sino también en el suministro de otros servicios esenciales y mercancías necesarias para la población. Los esfuerzos por resolver el conflicto son urgentes, pues la continuación de los bloqueos podría agravar aún más la situación.

El paro camionero en Colombia lleva al desabastecimiento de gasolina en varias ciudades

Colombia enfrenta una grave crisis de abastecimiento de combustible en al menos cinco capitales, debido al paro de transportadores que ha afectado la cadena de suministro. Esto lleva a situaciones críticas en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga, según informaron las bombas de gasolina.

El alto nivel de demanda acumulada y la interrupción en la cadena de suministro por los bloqueos de los transportadores han provocado el agotamiento de los depósitos de combustible. La Confederación de Distribuidores Minoristas de Combustibles y Energéticos (Comce) mostró su preocupación, resaltando que las acciones del paro no solo ponen en riesgo la continuidad del suministro de combustibles, sino que también afectan directamente a la economía nacional.

El paro de los transportadores ha paralizado las actividades de traslado de combustible desde refinerías hasta las estaciones de servicio. Las manifestaciones y bloqueos interrumpen la prestación normal de este servicio, esencial para diversos sectores productivos.

Pese a que el paro camionero, a causa del alza de $1.904 en el precio del Acpm (diésel) continúa, la vía al Llano, que registraba uno de los bloqueos viales más grandes a manos de los transportadores de carga, quedó abierta, luego de la intervención de la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden Público (Undmo) en la zona.

Ante esto, el presidente Gustavo Petro reaccionó por medio de X y dio buenas noticias para quienes veían que podría haber desabastecimiento de alimentos y un aumento considerable de los productos de la canasta familiar.

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Informó que “con los gremios productivos y campesinos se organizarán las caravanas de la alimentación para que no falte la comida en los hogares colombianos ni suban los precios”.

Además, anotó que “la propuesta del Gobierno para la transformación del transporte de carga en el país ha sido ya terminada”.

Precio de los alimentos

Pese a lo dicho por Petro, la crisis en el suministro de alimentos generó serias preocupaciones en Colombia, especialmente en la Corporación de Abastos de Bogotá (Corabastos). Según la entidad, productos esenciales en la canasta familiar, como la cebolla, el tomate y la zanahoria, ya experimentaron aumentos significativos de precio.

Se conoció que el suministro de alimentos provenientes de Santander, Boyacá y la zona de los Llanos Orientales está muy afectado.

La cebolla, conocido componente de la dieta colombiana, se encuentra entre los productos más perjudicados. Registró un aumento del 572%, al alcanzar un precio de $8.300 por kilogramo. Asimismo, el tomate llegó a un costo de $3.300 el kilogramo, y la zanahoria vio un incremento del 127% en su precio, algo sin precedentes en los mercados locales.

Frutas y verduras, así como la yuca, el limón, la piña y el maracuyá no se salvan de esta tendencia. Estos productos también han tenido un incremento considerable.

Abastecimiento

Corabastos dio un reporte de la situación. Informó que, en vista de las circunstancias actuales, y con el objetivo de agilizar y mantener la logística de abastecimiento y el proceso comercial, implementará una flexibilización en los horarios para garantizar el flujo de vehículos.

Según la central, a pesar del reciente incremento en el valor del Acpm, los precios de los alimentos mantienen una relativa estabilidad. Esto se debe, precisó, a que se cuenta con una capacidad de reserva significativa en las bodegas y al ingreso de carga constante.

“El día de hoy se reporta la llegada de 1.379 vehículos que transportaron 10.192 toneladas de alimentos a la corporación”, indicó. Destacó que los productores que abastecen a Corabastos utilizan sus propios vehículos para el transporte de cosechas, lo que resultó siendo clave para asegurar el suministro continuo a la ciudad.

Asimismo, dejó claro que a pesar de los recientes bloqueos que afectaron el suministro proveniente del Llano, Santander, Cota, Cajicá, Boyacá, la Sabana Centro y Antioquia, estos productos siguen ingresando con estabilidad. De igual forma, Corabastos cuenta con reservas suficientes y continúa recibiendo oferta de productos provenientes de Cundinamarca.

Uso de productos sustitutos

Por lo tanto, sugirió a las familias y amas de casa considerar el uso de productos sustitutos, como la papa en lugar de la yuca, o la arveja verde seca o lentejas en lugar de la arveja verde.

Además, destacó “que hay buen abastecimiento de otros productos de la canasta familiar, lo que permite mantener una alimentación balanceada y recomendamos a los consumidores considerar la adquisición de productos regionales, especialmente aquellos provenientes de Cundinamarca, para asegurar un abastecimiento continuo y apoyar a los productores locales”.

Ecopetrol informó que inició el apagado de campos de producción de petróleo debido a la situación de bloqueos en las vías a causa del paro camionero que se hace contra el aumento del precio del galón de Acpm, que impide el normal desarrollo de sus operaciones en distintos lugares del país.

La empresa se vio obligada a cerrar el campo de producción Caño Sur, en Puerto Gaitán (Meta), debido a que se alcanzó la capacidad máxima de almacenamiento de crudo y ante la imposibilidad de evacuar el hidrocarburo vía terrestre, como consecuencia de los bloqueos en la zona. Con el apagado del campo se dejan de producir 45.000 barriles de petróleo por día.

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En las próximas horas, por esta misma situación, quedarán apagados los campos Llanos Norte, (Arauca) y Tisquirama, San Roque y Aullador, ubicados en el Magdalena Medio, así como el Clúster 25-Nueva Esperanza (Meta).

Adicionalmente, se presentan dificultades porque no ha sido posible evacuar los altos inventarios de gas licuado (GLP) que se acumulan en los campos Cusiana y Cupiagua, en Casanare, que necesariamente deben transportarse por tierra en vehículos cisterna, hasta los puntos de entrega.

“Con el aumento de los bloqueos, los recientes atentados terroristas contra el oleoducto Caño Limón Coveñas y Bicentenario, que ya suman 15, y la toma de la planta de gas Gibraltar, se hacen más complejas las condiciones de la cadena de producción y abastecimiento de hidrocarburos, lo cual plantea serias dificultades para la entrega de combustibles y su llegada a los puntos de distribución y venta”, informó la estatal.

Pese a la situación, el plan de contingencia de Ecopetrol ha hecho posible que la empresa siga cumpliendo, como es su prioridad, con el suministro de gas y petróleo, y que las refinerías mantengan la producción de combustibles bajo las condiciones operativas programadas. Dicha situación puede variar, de prolongarse los bloqueos y las alteraciones de orden público.

Restricciones por bloqueos y atentados

Con esto se confirma el temor que había dado a conocer Ecopetrol el 4 de septiembre. Ese día informó que, debido a los atentados contra los oleoductos Caño Limón Coveñas y Bicentenario, los bloqueos por el paro de transportadores y la toma de la planta de gas de Gibraltar, sus operaciones se habían comenzado a ver afectadas por la imposibilidad de evacuar los hidrocarburos.

En su compromiso de mantener el abastecimiento de combustibles para el país, la empresa puso en marcha un plan especial de trabajo y en articulación con las autoridades, para hacer frente a las restricciones operativas surgidas por la alteración del orden público que se viene presentando en los últimos días, pero ahora todo cambió.

“La no disponibilidad de los oleoductos mencionados, a causa de los atentados, sumado a la dificultad para movilizar carrotanques con hidrocarburos y gas licuado de petróleo (GLP), puede impactar en los próximos días la producción de crudo y gas, el cumplimiento de las dietas de las refinerías de Barrancabermeja y Cartagena, así como el abastecimiento de combustibles en distintos puntos del país#, anotó la estatal que preside Ricardo Roa en esa oportunidad.

A lo anterior, agregó, se sumó el bloqueo que mantiene la comunidad Uwa al campo Gibraltar (Toledo, Norte de Santander), lo que ocasionó el apagado de la planta de gas, que surte una zona del nororiente del país.

El plan de contingencia de Ecopetrol se enfocó en mantener los niveles de producción de crudo y gas, las cargas a las refinerías y el despacho de combustibles y productos industriales y petroquímicos, en línea con el plan operativo.

Asimismo, el 4 de septiembre, se conoció que el gremio rechazó una nueva propuesta de que se den aumentos de $400 para cerrar la brecha del Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles (Fepc), mientras que el 5 de agosto siguieron los bloqueos a varias vías del país y se generaron problemas de orden público, sobre todo, en Bogotá.

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Al ver que no hay una solución concreta, el exministro del Interior Luis Fernando Velasco envió una carta a los ministros de Hacienda, Ricardo Bonilla; de Transporte, María Constanza García, y de Minas y Energía, Andrés Camacho, en la que expuso que en Colombia se sigue aplicando la fórmula “Chiqui Valenzuela”, otorgada por el exministro de Minas y Energía Luis Carlos Valenzuela.

Dicha fórmula consiste en pagar a las petroleras el barril de petróleo extraído del subsuelo colombiano a precio internacional, cuando los costos reales de producción son sensiblemente más bajos que ese precio, y de ahí nace lo que a su parecer constituye la injusticia de pagar gasolina y diésel colombiano como si fuese gasolina y diésel importado.

En la misma, indicó que “producir un barril de petróleo en Colombia vale entre USD26 y USD28 y nosotros hoy lo pagamos a USD73, pero en este año el promedio se ha pagado a cerca de USD80″. Apuntó Velasco que, mientras se mantenga esa fórmula, tiene razón el presidente Gustavo Petro al señalar que se subsidia el precio de los combustibles, sacando de la inversión social ese subsidio.

Por ello, propuso que evalúen, en la nueva reforma tributaria o la ley de financiamiento definir un impuesto progresivo al petróleo que no desestimule la inversión en su extracción, y le entregue al Gobierno unos recursos frescos que pueden usarse en la inversión social, pago de la deuda del Gobierno con Ecopetrol que se dejó crecer en otros gobiernos de manera irresponsable, e incluso, para estabilizar el precio del combustible sin que se traslade su fuerte aumento a los bolsillos de los colombianos.

Ley “Chiqui Valenzuela”

Además de la carta, por medio de un video, el exministro Velasco le echó la culpa al expresidente Andrés Pastrana de la situación por la que hoy pasa Colombia. Dijo que en el gobierno del exmandatario, liderado por el ministro Valenzuela, se tomó esa decisión que hoy pagan los consumidores de gasolina y de diésel.

“El petróleo que se produce en Colombia, que se extrae del subsuelo colombiano, se tiene que comprar según esa decisión, como si se importase de la costa del Golfo de México de Estados Unidos, o sea, un barril de petróleo que hoy nos vale extraerlo, producirlo, ponerlo en la refinería entre USD26 y USD28, lo tenemos que pagar a USD73, pero hay momentos en que lo hemos pagado a USD130, USD120, USD110 o USD90. Este año, se pagó en promedio de USD80, o sea, pagamos muy alto el petróleo, puesto que pagamos petróleo colombiano como si lo importásemos de Estados Unidos”, anotó el exfuncionario.

Según él, la fórmula que se podría utilizar es que cuando se paga un petróleo tan alto, el costo de ese líquido se refleja en la gasolina y en el diésel, porque la gasolina es petróleo refinado, al igual que el diésel, y entonces, alguien tiene que pagar esos precios de ese petróleo y, por supuesto, en este caso es el consumidor.

Plata para otros sectores

Recordó que en el caso colombiano este gobierno subió el precio de la gasolina y ya la puso a unos precios que hace que se paguen esos costos. De igual manera, en el diésel todavía no ha llegado a los precios en que se pagan esos costos y entonces, del Presupuesto Nacional, de la plata que debería usarse para educación, salud, defensa, otras cosas, tiene que pagarse a Ecopetrol ese subsidio.

Inversión extranjera

La propuesta de Velasco es no espantar la inversión extranjera. Por eso, es necesario decirla a los que sacan petróleo en Colombia que, si lo hacen, se les va a respetar el esquema tributario, mientras el petróleo esté cotizado en USD50 o menos. Pero después de USD50, que van a ganar muchísima plata, parte de esa plata se la den al Gobierno nacional por medio de un tributo progresivo: cuando el petróleo está en US50 dólares será uno el tributo, pero cuando está en USD60 será otro, Y cuando esté en US70, a otro.

“Nosotros hemos pagado a USD130 el barril de petróleo, una inmensa utilidad para las petroleras y un ingreso relativamente bajo para el Gobierno colombiano a través de los tributos. Entonces, ese es el tributo que nos puede ayudar a hacer inversión social y a mantener estabilizados los precios del diésel”, anotó.

Asimismo, cree que si el Gobierno se sienta con esa propuesta con los camioneros, les explica que de ahí va a sacar los recursos para estabilizar precios del diésel, se puede arreglar el problema. Por supuesto, dijo que hay una oportunidad gigantesca para hacerlo y es con la nueva reforma tributaria o ley de financiamiento que va a presentar el Gobierno al Congreso de la República y cree que este apoyaría esta iniciativa.

El concesionario Coviandina, con presencia en la vía al Llano, informó que los manifestantes permitieron el paso a la altura del kilómetro 35.

En el sector de El Tablón, los manifestantes han permitido finalmente la circulación vehicular en uno de los carriles. La Policía de Tránsito y Transporte advirtió a los conductores que transiten con precaución y sigan las instrucciones de las autoridades presentes en la zona.

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“¡Atención! A esta hora los manifestantes permiten el paso vehicular a un carril por el K35+000 sector El Tablón. Esté atento a las indicaciones de la Policía de Tránsito y Transporte. Seguiremos informando. ¡Su Seguridad es Nuestra Prioridad!”, se puede leer en la publicación.

Además, Coviandina confirmó que también se habilitó el paso por el K0+000 sector El Uval. “¡Atención! A esta hora se habilita el paso vehicular por el K0+000 sector El Uval. Continúa cierre total en el K85+4000 sector Llano Lindo. Esté atento a las indicaciones de la Policía de Tránsito y Transporte”, publicó el concesionario.

Advierten que se trata de una apertura para movilidad local entre el K0+000 sector El Uval y por el K35+000 sector El Tablón. Sin embargo, sigue cerrado el K85+400.

La situación del paro

Las negociaciones entre el Gobierno colombiano y los líderes transportadores no han logrado un acuerdo respecto a la aplicación gradual del alza en el precio del diésel. Tras tres días de conversaciones, ambas partes continúan sin consensuar una solución que permita poner fin al paro camionero que afecta gravemente la movilidad en diversas regiones del país.

El paro de transportadores ha evidenciado una serie de bloqueos en importantes vías, incluidos múltiples corredores del país. Por ejemplo, en Bogotá se han reportado obstrucciones en la autopista sur y en la salida hacia Soacha, paralizando el tránsito local y regional.

La situación ha conllevado a escasez de productos en varias regiones, entre ellas Meta y Guaviare. Estos bloqueos están afectando no solo el abastecimiento de bienes esenciales sino también el suministro de gas domiciliario. La falta de productos empieza a preocupar a los habitantes, anticipando una crisis si no se resuelve pronto el conflicto.

Durante las negociaciones, el Gobierno ha presentado propuestas que incluyen aumentos mensuales al precio del diésel. Sin embargo, estas ofertas han sido rechazadas por los transportadores, quienes exigen una solución que consideran más equitativa y efectiva para sus intereses. La disparidad entre las demandas gremiales y las propuestas gubernamentales ha estancado el diálogo y prolongado el paro.

En ciertos puntos de bloqueo, como en el Portal Sur de Transmilenio en Bogotá, han surgido tensiones internas entre los manifestantes. Algunos grupos dentro de los propios movilizados discuten si permitir el paso de ciertos vehículos, reflejando la falta de consenso incluso entre los protestantes.

La situación continúa desarrollándose con un desenlace aún incierto. Las autoridades se mantienen en la búsqueda de una solución que pase por el diálogo y que logre satisfacer las necesidades de todos los actores involucrados en el conflicto.

Qué dice los líderes gremiales

La Asociación Colombiana de Camioneros (ACC) ha denunciado una persecución estatal y ha responsabilizado al presidente Gustavo Petro por la seguridad de los transportadores en los bloqueos en medio del paro de transportadores en Colombia. Al parecer el paro ha expuesto una serie de problemas no resueltos que afectan al sector transportador, en particular las repetidas promesas incumplidas por parte del Gobierno.

Henry Cárdenas, presidente de la Federación Colombiana de Transportadores (Fedetranscarga), ha expresado su optimismo con respecto a las negociaciones, señalando que el cese del paro podría estar cerca de resolverse. Esta aparente confianza en las negociaciones contrasta con las tensiones internas observadas entre los manifestantes en los puntos de bloqueo, especialmente en el Portal Sur de Transmilenio en Bogotá.

En el mencionado punto de bloqueo, Wilson Perdomo ha destacado la existencia de discordias sobre la autorización del paso de ciertos vehículos, lo cual refleja la complejidad de la situación en campo. Asimismo, Perdomo advirtió que la situación podría prolongarse si el Gobierno no cumple con las demandas planteadas. Estas incluyen principalmente una solución ante el incremento en el precio del combustible diésel.

La situación de los transportadores en Colombia ha generado una serie de demandas por soluciones concretas y efectivas que aborden los problemas económicos que enfrentan. Los líderes transportadores insisten en que el Gobierno debe actuar con rapidez para evitar que el conflicto se alargue y profundice el impacto sobre la economía y la movilidad del país.

La huelga de transportadores ha revelado un clima de insatisfacción y descontento dentro del sector.

El paro de transportadores en Colombia, que lleva más de cuatro días, está afectando a varios sectores, incluyendo a hospitales como el de Caldas en Antioquia.

El jueves 5 de septiembre, la E.S.E. Hospital San Vicente de Paúl de Caldas, en el Valle de Aburrá, por medio de un comunicado de prensa, lanzó una alerta sobre las afectaciones que están causando las movilizaciones al centro médico.

“Esta situación está generando dificultades en la movilidad de nuestro personal de salud, lo que podría ocasionar demoras en la atención y posibles reprogramaciones de citas”, señaló la institución.

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“Entendemos la preocupación que esta situación puede generar en nuestros usuarios y queremos asegurarles que estamos haciendo todo lo posible para mitigar el impacto y garantizar la continuidad en la atención a nuestros pacientes, especialmente a aquellos que llegan por urgencias”, agregan.

También, les piden a sus usuarios comprensión y colaboración durante este periodo de dificultad y les solicitan estar atentos a las comunicaciones oficiales de la entidad para cualquier actualización.

Este tipo de paros pueden generar problemas significativos para los servicios de salud como:

• Impacto en servicios de emergencia: la capacidad del hospital para manejar emergencias puede verse afectada si los vehículos de emergencia (ambulancias) tienen problemas para llegar al hospital o trasladar pacientes.
• Retrasos en la entrega de suministros médicos: la interrupción del transporte retrasa la llegada de varios medicamentos y equipos médicos esenciales. Esto puede afectar la capacidad del hospital para brindar una atención adecuada.
• Dificultades en la movilidad de pacientes: los pacientes pueden enfrentar problemas para llegar al hospital, sea para sus citas médicas o sus tratamientos.
• Problemas para el personal: los trabajadores del hospital (médicos, enfermeras y otros empleados), pueden tener dificultades para llegar al lugar de trabajo. Esto reduce la capacidad del hospital para operar de manera adecuada y eficiente.

Crisis en el sistema de salud colombiano por el paro camionero: Nueva EPS dice que hay 4.000 pacientes afectados

La administración de la Nueva EPS dio a conocer que alrededor de 4.000 afiliados están enfrentando serias dificultades en la gestión de traslados hospitalarios y ambulatorios debido a los recientes bloqueos ocasionados en medio de los días de paro en las principales regiones del país.

De acuerdo con el doctor Julio Alberto Rincón Ramírez, agente interventor para la administración de la entidad, hay cerca de 430 pacientes que requieren hemodiálisis y enfrentan problemas por causa de las dificultades de movilidad que se presentan.

“Desde la EPS se evidenció que de los 2.958 afiliados a nivel nacional que requieren traslados para el servicio de hemodiálisis, más de 430 pacientes ya presentan afectaciones por los recientes reportes de dificultades de movilidad”, fueron las palabras del doctor sobre esta situación y agregó que los departamentos más afectados hasta el momento son Córdoba, Cesar, Santander y La Guajira.

El impacto de los bloqueos no se limita a las afectaciones de los pacientes con esta condición, teniendo en cuenta que diariamente se gestionan aproximadamente 2.615 traslados desde hospitales, de los cuales un 74.21% son intermunicipales, de acuerdo con información entregada por la Nueva EPS.

Por esta razón, los cierres en las vías han comprometido el funcionamiento de las ambulancias básicas y medicalizadas, esenciales para la atención de pacientes críticos: “Las ambulancias han resultado afectadas para el traslado de pacientes”, señaló la entidad en su reporte.

En cuanto a los traslados ambulatorios, el panorama es igual de preocupante. Operadores de transportes de este tipo costeados por la EPS, que en promedio gestionan el traslado de 1.413 afiliados por día y 42.415 afiliados por mes, también están experimentando interrupciones notables. “Este impacto también genera retraso en la programación de agendas médicas, pérdida de citas, vuelos, aceptaciones o camas en IPS hospitalarias y represamiento de solicitudes”, aseguró la Nueva EPS.

Para mitigar estas consecuencias, la entidad ha extendido una petición a las autoridades y a la población para que se respete la misión médica y se garantice el desplazamiento de los pacientes. “Se hace un llamado urgente para que se garantice el respeto a la misión médica”, reiteró la entidad.

La compleja situación que atraviesa Colombia con motivo del paro nacional de transporte generó varias advertencias por parte de Entidades Promotoras de Salud (EPS) sobre posibles afectaciones en sus servicios.

En un comunicado, la Nueva EPS informó que cerca de cuatro mil afiliados están enfrentando problemas para ser trasladados, especialmente en los departamentos de Córdoba, Cesar, Santander y La Guajira.

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“Por ejemplo, aquellos pacientes con una condición crónica de salud como el tratamiento de hemodiálisis y que requieren transporte no asistencial, para asistir de manera interdiaria a su terapia, están teniendo dificultades en los desplazamientos”, informo la Nueva EPS.

“Ya se cuenta con una alerta de más de 4000 afiliados posiblemente afectados por los recientes reportes de dificultades de movilidad, especialmente en los departamentos de Córdoba, Cesar, Santander y La Guajira”, agregaron desde la Entidad Promotora de Salud.

Por su parte, la EPS Sura también emitió un comunicado en el que avisa a sus usuarios sobre posibles retrasos en sus servicios debido a los inconvenientes logísticos ocasionados por el paro camionero. Los directivos de la EPS Sura señalaron que la entrega de medicamentos y la atención de salud en casa, fundamentales para pacientes con dificultades de movilidad, se están viendo comprometidas.

Uno de los aspectos críticos, según EPS Sura, es el impacto en el abastecimiento y traslado de insumos médicos, medicamentos y muestras diagnósticas. Estas demoras pueden ser devastadoras para pacientes con condiciones graves que necesitan un suministro continuo de medicamentos o pruebas diagnósticas puntuales para tratamientos adecuados.

Pese a las dificultades, la EPS Sura apeló a la calma y ha subrayado que están tomando medidas para mitigar los efectos del paro en la medida de lo posible. Sin embargo, han insistido en la importancia de que sus usuarios estén informados y preparados para posibles retrasos.

“Esto incluye la entrega de medicamentos y otras atenciones de salud en casa, traslados de pacientes, principalmente intermunicipales, y otros servicios, como el abastecimiento y traslado de insumos médicos, medicamentos y muestras diagnósticas que dependen de la movilidad en las ciudades. Estamos adelantando acciones para reducir el impacto de esta situación”, reportó la EPS Sura en un comunicado a sus afiliados.

Según el agente interventor de esta entidad, que fue intervenida en abril del presente año, Julio Alberto Rincón Ramírez, “se evidenció que de los 2.958 afiliados a nivel nacional que requieren traslados para el servicio de hemodiálisis, más de 430 pacientes ya presentan afectaciones por los recientes reportes de dificultades de movilidad”.

Así mismo, Rincón agregó, “está generando una afectación en la operación de servicios de traslados terrestres a nivel nacional, tanto en el ámbito ambulatorio como hospitalario, lo cual impacta en la programación y ejecución de la logística para trasladar a los afiliados, lo que afecta la garantía al acceso a los servicios de salud”

El paro camionero refleja el descontento del gremio transportador frente a temas como el precio de los combustibles, las pesas y las condiciones laborales. A medida que el paro continúa, se siente su impacto en varios sectores, incluidos la economía, la educación y, de manera significativa, la salud.

Más allá de los retrasos inmediatos en la atención médica, la prolongación del paro ha ocasionado gigantescos trancones y congestión vial. Este bloqueo no solo afecta los desplazamientos cotidianos, sino también el suministro de bienes esenciales y servicios de salud en todo el país.

Una comunicación enviada por la EPS Sura a sus afiliados advierte sobre las “afectaciones” en sus servicios debido al paro. Este correo detalla que los problemas incluyen retrasos en la entrega de medicamentos, atenciones de salud en casa y los traslados de pacientes, especialmente intermunicipales. A su vez, advierte sobre dificultades en el abastecimiento y traslado de insumos médicos y muestras diagnósticas, que dependen de la movilidad en las ciudades.

La situación del paro camionero en Colombia está teniendo un fuerte impacto en los servicios de salud ofrecidos por diversas EPS, que alertaron a sus usuarios sobre retrasos y posibles afectaciones. Mientras la compleja situación se desarrolla, las EPS continúan buscando maneras de minimizar el impacto y mantener informados a sus afiliados.

El presidente Gustavo Petro volvió a mencionar la posibilidad de un golpe de Estado en sus redes sociales. La mañana del domingo 1 de septiembre, publicó en su cuenta de X un breve mensaje asegurando que se trata de un acontecimiento programado y anticipado. En su mensaje, Petro se dirigía a sus seguidores, alentándolos a respaldar y defender la elección que realizaron en las urnas.

Días después, el 4 de septiembre, el exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa, en su cuenta de X, hizo una publicación en la que criticó al presidente Gustavo Petro y dijo que había que protegerlo y dejarlo que “desgobierne”.

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Las declaraciones del presidente Petro que provocaron controversia entre los legisladores colombianos en la red social X fueron las siguientes: “Se han organizado para dar el golpe de Estado. Lo anunciado se desarrolla. Del pueblo que me eligió dependerá que el designio oligárquico se vuelva realidad o los derrotemos de nuevo. Esta no será una votación parlamentaria de nuestros enemigos para sacarnos. Esto será una lucha popular”.

Enrique Peñalosa expresó que, en su opinión, la ‘fantasía’ de Gustavo Petro es que intenten derrocarlo. Sin embargo, considera que lo correcto es proteger al presidente y dejar que culmine su mandato, ya que así los colombianos podrán observar claramente lo que él describe como el ‘desastre de su gestión’ y el daño significativo que, según él, ‘la izquierda populista’ causa cuando está en el poder.

“La fantasía de Petro es que traten de tumbarlo. Por el contrario, hay que protegerlo y dejarlo que desgobierne hasta el último minuto, para que le quede claro a los colombianos el desastre que él es como gobernante, y el daño terrible que le hace a un país la izquierda populista en el gobierno”, comentó el político por medio en su cuenta de X.

En otra publicación de la misma fecha, Peñalosa volvió a arremeter contra el jefe de Estado, esta vez debido al paro camionero que afecta a nivel nacional y ha bloqueado vías importantes en todo el territorio.

También afirmó que nadie tiene el derecho de impedir la movilidad de otros, de causar pérdidas a campesinos, trabajadores y empresas, o de realizar actos de vandalismo. Según Peñalosa, el Estado tiene la obligación de prevenir y sancionar estas acciones. No considera que esto sea autoritarismo, sino simplemente una cuestión de mantener la vida civilizada.

Peñalosa también criticó al actual gobierno, señalando que, debido a que en su momento promovieron movilizaciones, según el político, no tienen autoridad moral para actuar adecuadamente. Según él, el gobierno prefiere otorgar cargos a miembros de la primera línea en lugar de evitar el caos.

“Nadie tiene el derecho de impedir la movilidad de otros, de ocasionar pérdidas a campesinos, trabajadores, empresas, y menos de hacer vandalismo. Y el Estado tiene la obligación de impedirlo y sancionarlo. No es autoritarismo. Simplemente vida civilizada. Pero claro, como el jefe de la promoción de “salir a la calle” y sus compinches están en el gobierno, no tienen autoridad moral para nada. Están en el gobierno, pero se sienten más a gusto dándole cargos a los de la “Primera Línea” que impidiendo el caos”, escribió Peñalosa en su publicación en X.

En otra de sus publicaciones con respecto al paro camionero, Peñalosa dijo que él sí estaba de acuerdo con el alza al diesel, que calificó de necesario y justo. Además, aseguró que él era diferente al presidente de la República, el cual, según expresó, llamó a protestar cuando otro Gobierno hizo lo mismo.

“Estoy de acuerdo con el necesario y justo ajuste del diésel. Yo soy distinto a Petro que invitaba a incendiar al país cuando otro gobierno hacía lo mismo. Para progresar, necesitamos responsabilidad, no politiquería”, opinó Enrique Peñalosa con respecto al alza al Acpm que tiene a los transportadores realizando movilizaciones en todo el país.

El gremio de transportadores de carga en Bogotá continuó sus protestas desde la noche del martes hasta las primeras horas del miércoles 4 de septiembre debido al incremento en el precio del Acpm.

Según la Alcaldía, se registraron bloqueos en 19 lugares de la ciudad. La misma situación se ha presentado en varias partes del país.

Esta situación ha hecho que el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, reciba todo tipo de críticas, pero la senadora del Pacto Histórico María José Pizarro salió en defensa del primer mandatario colombiano.

Según Pizarro, las decisiones del expresidente Iván Duque fueron las que llevaron a que se realizara el paro camionero. “Fue un desastre”, dijo sobre el gobierno del expresidente Duque.

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La senadora María José Pizarro utilizó su cuenta de X para publicar su dura crítica a la gestión de Iván Duque, destacando que tanto el gobierno actual como la ciudadanía están enfrentando las repercusiones de sus políticas. En el ámbito fiscal, señaló que las erróneas decisiones, en su opinión, respecto al fondo de combustibles han desencadenado el paro camionero.

“Iván Duque fue un desastre absoluto. Somos este Gobierno y la ciudadanía quienes pagamos las consecuencias de su irresponsabilidad. 1. En materia fiscal: sus nefastas decisiones con el fondo de combustibles nos tienen en #parocamionero”, escribió en su post la legisladora perteneciente a la Comisión Primera del Senado de la República.

Pizarro de igual manera acusó al gobierno de Iván Duque de adquirir un software destinado a la interceptación ilegal de comunicaciones durante el estallido social. Según Pizarro, esta herramienta fue utilizada a través de la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol) y el pago de 11 millones de dólares se realizó en efectivo, sin ser reportado oficialmente.

En ese sentido, el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, el 4 de septiembre de 2024, habló públicamente sobre la supuesta adquisición del software Pegasus por parte del gobierno anterior, indicando que habría sido utilizado para llevar a cabo actividades de espionaje.

Según una investigación realizada por la alianza entre la Revista Raya y Señal Colombia, la compra del software, que no dejó registro oficial, se llevó a cabo a finales de 2021. Casi tres años después, no se sabe quién controla esta herramienta en Colombia. Lo que sí se ha determinado es que el gobierno de Iván Duque adquirió el virus por 13.000 millones de dólares, aunque Gustavo Petro mencionó una cifra de 11.000 millones de dólares.

De igual manera reportaron que el software espía habría sido adquirido de la empresa SNO Group y la suma millonaria pactada como pago habría sido entregada en efectivo. Dicho dinero fue transportado en un jet privado hasta Tel Aviv, en Israel. Además, se afirma que todo el monto provino de una caleta de narcotráfico incautada previamente por las autoridades.

El presidente Gustavo Petro afirmó que, aparentemente, el programa fue empleado para espiar a los miembros de los partidos del Pacto Histórico en 2022, durante la campaña presidencial que culminó con su llegada a la Casa de Nariño.

Por otro lado, Pizarro también comentó que desaparecieron 12 billones de pesos pertenecientes a las regalías de los municipios más pobres y afectados por la violencia durante el gobierno de Iván Duque. Según Pizarro, no se ha esclarecido el paradero de estos recursos y, lo que considera más grave, es que no se han tomado acciones significativas al respecto. Pese a esta situación, acusó a los supuestos responsables de ser “cínicos” por criticar el Gobierno nacional.

“Compraron un software de interceptación de comunicaciones ilegales en pleno estallido social, para chuzarnos a través de la DIPOL, con un pago en efectivo no reportado de 11 millones de dólares. 3. Se perdieron y no se sabe dónde están $12 billones de las regalías de los municipios más pobres y golpeados por la violencia Lo más grave no pasa nada, pero eso sí, se sienten con autoridad para hablar! Cínicos! @petrogustavo”, aseveró la legisladora por medio de su cuenta de X.

Ante esta situación, la Policía Metropolitana de Bogotá puso a disposición de los afectados autobuses gratuitos que parten desde la estación de Transmilenio Santa Lucía, ubicada en el sur de la ciudad, y que van hasta el centro dela capital. Este servicio busca mitigar los efectos del paro y facilitar el tránsito de quienes dependen del transporte público en la ciudad.

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El paro camionero, aunque pacífico, según las autoridades, ha paralizado no solo a Bogotá sino a otras partes del país, agravando las dificultades para millones de personas.

Las filas en el punto puesto a disposición por la Policía en Santa Lucía son interminables, pero pese a esta situación, los ciudadanos aplaudieron esta medida emergente de la Policía. “Algo que no me esperaba, sinceramente”, comentó a Noticias Caracol uno de los beneficiados por este servicio, que también señaló los largos trayectos que ha tenido que recorrer un pie debido a la escasez de transporte.

En la cuenta oficial de X la Policía Metropolitana de Bogotá resaltó su compromiso con la comunidad con este mensaje: “Desde esta madrugada continuamos ayudando a los ciudadanos que necesitan llegar a sus hogares y trabajos. Hemos trasladado cerca de 6 mil personas. Estamos comprometidos con la tranquilidad y seguridad de los capitalinos”.

Los bloqueos en diversos sectores de la capital han afectado significativamente tanto a trabajadores como a miles de personas que dependen del transporte diario para mantener sus ingresos y también para realizar diferentes diligencias en diferentes partes de Bogotá.

“La Policía Nacional, La Policía Comunitaria y la Policía Metropolitana de Bogotá el día de hoy estamos con los vehículos institucionales acercándolos al centro de la ciudad”, fueron las palabras emitidas por el vocero oficial de la institución.

La Policía Metropolitana reafirmó su compromiso de brindar apoyo logístico y de seguridad durante estas jornadas, indicando que los autobuses seguirán operando mientras persistan los bloqueos y la demanda por transporte se mantenga alta. Este servicio representa no solo un acto solidario, sino también una estrategia para mantener cierta normalidad en medio del caos.

Mientras tanto, sindicatos y representantes del gremio camionero continúan en discusiones con el gobierno para buscar una solución a las demandas, que incluyen la rebaja en el precio del Acpm y otras condiciones para los transportadores. El gobierno, por su parte, expresó preocupación por el impacto económico y social del paro e instaló una resolución rápida para evitar mayores perjuicios a la población.

La situación sigue siendo crítica y cualquier progreso en las negociaciones podría aliviar pronto el colapso en el transporte público, pero hasta ese momento, las estrategias de contingencia como los autobuses de la Policía Metropolitana seguirán siendo vitales para muchos bogotanos.

Policía de Soacha auxilia a ciudadanos atrapados por cierres de Transmilenio utilizando autobuses policiales

Desde el martes 3 de septiembre, en Soacha, la movilidad está casi paralizada debido a bloqueos que afectan a varias estaciones de Transmilenio. Miles de residentes de este municipio cercano a Bogotá se ven obligados a caminar largas distancias para llegar a sus hogares. Según declaraciones oficiales, la situación sigue siendo crítica este miércoles.

Más de 900 personas quedaron atrapadas en el portal Sur, pasando horas esperando una solución para poder regresar a sus casas. Por ese motivo, la Policía Nacional se vio obligada a mediar y transportar a los ciudadanos en cualquier vehículo disponible, incluidos autobuses policiales.

“La Policía ha acompañado a los ciudadanos que requieren llegar a sus casas, especialmente a personas con movilidad reducida, madres con niños en brazos y personas de la tercera edad”, indicó el coronel Germán Rafael Sierra Chaparro, comandante de la Policía Metropolitana de Soacha.

Cinco estaciones de Transmilenio que conectan a Soacha con Bogotá permanecen cerradas. Las estaciones afectadas son: Bosa la Estación, La Despensa, León XIII, Terreros - Hospital Cardiovascular y San Mateo. El cierre ha provocado que cientos de soachunos salgan a las calles desde tempranas horas de la mañana, caminando por el corredor de la Autopista Sur.

La Alcaldía de Soacha y las autoridades locales han desplegado un dispositivo con la Policía y otras divisiones gubernamentales. “En el marco del paro a nivel nacional, hemos desplegado un dispositivo con la Policía de Soacha para garantizar la seguridad y la tranquilidad de los kilómetros de soachunos que a esta hora regresan a sus hogares”, señaló el alcalde Julián Sánchez .

El paro de transportadores sigue provocando estragos en varios sectores del país. Las bombas de gasolina confirmaron que hay una escasez importante de combustible en cinco capitales de Colombia.

Informaron que los depósitos se han agotado debido a la interrupción en la cadena de suministro y la alta demanda acumulada. Las ciudades más afectadas incluyen Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga.

Los transportadores han paralizado sus actividades, lo que ha impedido el normal funcionamiento de las cadenas de suministro, que incluye el transporte de combustible desde las refinerías hasta las estaciones.

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Además, los bloqueos interrumpen la prestación de este servicio que es fundamental, lo llevaría a una crisis de abastecimiento afectando a múltiples sectores productivos.

Ante este panorama, la Confederación de Distribuidores Minoristas de Combustibles y Energéticos (Comce), manifestó su preocupación y advierte que estas acciones no solo ponen en riesgo la continuidad del suministro de combustibles, sino que también afectan directamente a la economía nacional.

La entidad que representa a más de 6.348 estaciones de servicio en toda Colombia, destaca que, aunque las protestas son legítimas, estas no deben vulnerar otros derechos fundamentales de los colombianos, como el abastecimiento del combustible.

El gremio también le hace un llamado al Gobierno Nacional y a los líderes del paro de transportadores para entablar un diálogo y buscar soluciones concretas.

Por otra parte, Fendipetróleo, confirma que ya hay problemas con el abastecimiento de combustible en algunas zonas del país. De hecho, en este momento, varias estaciones de servicio están sin combustible debido a los bloqueos de transportadores de carga.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, indicó que Bogotá tiene gasolina para seis días más.“Tenemos abastecimiento de gasolina corriente para seis días en Bogotá, gasolina extra tenemos 16 días, cuatro días de gasolina para avión y cuatro días de diésel. Esa es la información que tenemos hasta este momento”, dijo el mandatario local.

Por otra parte, la Alcaldía de Chía también se pronunció y afirmó que tendrán disponibilidad de combustible hasta el día de hoy 5 de septiembre. También se suspendió la recolección de basuras en el municipio.

Escasez de combustible en municipios del sur del departamento de Santander

El sur de Santander está experimentando una creciente crisis de combustible, producto de los bloqueos viales generados por el paro camionero, según lo reportado por Farid Jones, director de la Federación de Empresarios de Biocombustibles y Energéticos de Santander en declaraciones para la emisora colombiana Blu Radio.

Esta situación ha afectado de manera significativa a los municipios de San Gil, Socorro, Villanueva y Charalá, donde las estaciones de servicio ya enfrentan una notable reducción en sus reservas de combustible. Así lo confirmó la Federación de Empresarios de Biocombustibles y Energéticos de Colombia, Febecol.

Jones explicó que las estaciones de servicio en esta región dependen principalmente del suministro proveniente de Bucaramanga, transportado por carrotanques. Aunque el sábado 31 de agosto se logró una recarga de combustible, esta solo suele durar entre dos y tres días. Sin embargo, la demanda ha aumentado drásticamente, ya que la población, anticipando la escasez, ha comenzado a abastecerse de manera inusual.

En San Gil, las largas filas de vehículos, tanto motos como carros, han sido una constante en las estaciones de servicio, donde los usuarios buscan desesperadamente llenar sus tanques antes de que el combustible se agote por completo.

Jones también advirtió que la situación podría empeorar aún más en los próximos días si el paro continúa, especialmente en municipios como Villanueva y Charalá, donde la escasez ya es bastante evidente. Incluso en San Gil, algunas estaciones han comenzado a ver reducidas sus existencias de combustible, lo que genera preocupación entre los empresarios y los habitantes de la región.

En situaciones de emergencia como la de los bloqueos que ha afectado directamente el abastecimiento de combustible, las estaciones de servicio suelen recurrir a la planta de Facatativá, en Bogotá, para el suministro del mismo. Sin embargo, con el cierre de las vías en Tunja, esta opción también podría verse comprometida, lo cual llevaría a una crisis en toda la región.

En el cuarto día de bloqueos por los camioneros en las vías principales del país, las afectaciones se intensifican, particularmente en el sector agropecuario. La cadena agrícola porcina, conocida por su vulnerabilidad en el transporte de animales vivos, se ve especialmente afectada. Algunos alimentos comienzan a perecer debido a la imposibilidad de trasladarlos a tiempo.

Los diferentes gremios agrícolas han encendido las alarmas ante la parálisis en la cadena de suministro en todo el país.

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Comercializadores de carne advierten que Bogotá podría enfrentar una escasez de proteína de cerdo a partir del jueves 5 de septiembre de 2024. La situación se agrava con la estimación de que el paro camionero está generando pérdidas diarias cercanas a los 3 mil millones de pesos.

Los bloqueos no solo afectan el transporte y la distribución de alimentos, sino que también tienen un impacto significativo en la economía nacional, con repercusiones que se extienden a diversos sectores y regiones.

Los rumores sobre desabastecimiento de combustible en el sistema de transporte masivo de en Bogotá, Transmilenio, generaron preocupación entre los usuarios debido a los retrasos en los servicios zonales que afectarán a más de ochocientas mil personas. Ante esta inquietud, Transmilenio SA emitió un comunicado para aclarar la situación.

La empresa informó que a las 4 de la tarde del miércoles 5 de septiembre ya estaban en movimiento los carrotanques encargados de suministrar el combustible necesario para la operación, contando con la supervisión de la Policía Nacional.

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“Frente a la información que circula, según la cual habría desabastecimiento de combustible en los patios del sistema, Transmilenio S. A. informa que, a las 4:00 de la tarde ya se están movilizando carrotanques para el abastecimiento de combustible en los patios con acompañamiento de la Policía Nacional”.

A pesar de las dificultades generadas por el paro camionero, Transmilenio logró gestionar la entrega del combustible, asegurando que el servicio no se verá interrumpido.

Sin embargo, desde la empresa Transmilenio también se informó que de presentarse alguna novedad con el abastecimiento de combustible, lo informarán oportunamente.

“De llegarse a presentar alguna novedad, riesgo o compromiso con la operación de mañana, estaremos informando de manera oportuna”, concluyeron en el comunicado.

El paro camionero, que inició el lunes 2 de septiembre, colapsó la movilidad de Bogotá y además ha tenido efectos negativos en la llegada de alimentos y las ventas de los comercios, además del suministro de combustible para los autobuses de Transmilenio.

El bloqueo ha ocasionado que sean cerradas varias estaciones generando más de 178 desvíos en las rutas zonales y troncales del sistema. María Fernanda Ortiz, gerente de Transmilenio, explicó que se han tomado medidas operativas para garantizar el abastecimiento en los patios principales.

Son ya más de dos mil paraderos los que no han podido operar con normalidad debido a los bloqueos, afectando particularmente a las zonas de Usme, Ciudad Bolívar, Rafael Uribe Uribe, Suba, Usaquén, Kennedy, Bosa, Fontibón, Chapinero y San Cristóbal. Las autoridades están monitoreando cualquier novedad que pueda afectar la operación del sistema y se comprometieron a informar de manera oportuna cualquier eventualidad.

La situación en Bogotá es crítica, con un promedio de ochenta minutos de retraso en las rutas del Sitp y más de 1.467.508 usuarios afectados solo este miércoles. Por su parte, Transmilenio reiteró que está trabajando continuamente para asegurar que el transporte de combustible llegue a todos los patios y se espera que entre la noche del miércoles 4 y la mañana del jueves 5 de septiembre, los puntos de recarga estén totalmente abastecidos.

Riesgo de desabastecimiento de combustible en Colombia por ataques y paro de transportadores

La principal empresa productora de hidrocarburos en Colombia, Ecopetrol, lanzó una alerta sobre un posible desabastecimiento de combustible en el país a raíz de recientes atentados contra su infraestructura y el paro de transportadores. Según la empresa, sus operaciones se han visto fuertemente perturbadas debido a estos incidentes, lo que impide la evacuación normal de hidrocarburos.

Desde el pasado lunes 2 de septiembre, la ciudad de Bogotá y otras regiones del país han sufrido los efectos del paro de transportadores, una protesta que lleva ya tres días. Este movimiento, motivado por la alza del ACPM, ha llevado al bloqueo de múltiples rutas, dejando a miles de personas atrapadas sin poder ingresar o salir de la capital.

La situación se agravó debido a los ataques terroristas a los oleoductos Caño Limón Coveñas y Bicentenario. Ecopetrol reportó que la toma de la planta de gas de Gibraltar también afectó sus operaciones. Todo esto, sumado a los bloqueos por el paro, ha generado una situación crítica. “Debido a los atentados contra los oleoductos Caño Limón Coveñas y Bicentenario, los bloqueos por el paro de transportadores y la toma de la planta de gas de Gibraltar, sus operaciones comienzan a ver afectadas por la imposibilidad de evacuar los hidrocarburos”, señaló la empresa.

Ecopetrol manifestó estar colaborando estrechamente con las autoridades para mitigar estos efectos y mantener el suministro de combustibles. “En su compromiso de mantener el abastecimiento de combustibles para el país, la empresa puso en marcha su plan especial de trabajo y en articulación con las autoridades, para hacer frente a las restricciones operativas surgidas por las alteraciones del orden público que se viene presentando en los últimos días”, indicó la compañía.

La crisis de desabastecimiento afectaría no solo la producción y distribución de combustibles, sino que también podría tener repercusiones a nivel social y económico, extendiéndose más allá de las áreas directamente impactadas por las protestas y los ataques.

Las terminales aéreas y aerolíneas comienzan a sentir las fuertes consecuencias que está dejando el paro de transportadores que se tomó a una buena parte de las vías terrestres del país y, en consecuencia, las vías aéreas.

El aeropuerto Palonegro, que sirve a Bucaramanga, quedó inoperativo debido a los bloqueos propiciados por los transportadores de la región.

De acuerdo con las denuncias, la falta de paso impidió que tanto los tripulantes como los operadores pudieran acceder a la terminal aérea, deteniendo todas las salidas y llegadas de vuelos.

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Desde las primeras horas del jueves 5 de septiembre de 2024, el punto de concentración de los camioneros en El Vaquero se convirtió en una barrera infranqueable. “En los días anteriores habían dejado pasar al personal de la Aerocivil, pero hoy no permitieron que pasara el vehículo”, comentó Mario Andretti, usuario afectado por la situación, citado por la W Radio. Detalló que todos los vuelos con destino y origen en Bucaramanga fueron cancelados.

La paralización también afectó el tráfico intermunicipal. En la terminal terrestre de Bucaramanga, solo un autobús pudo ser despachado hacia el municipio de Zapatoca en las últimas horas, subrayando el alcance del bloqueo camionero en el departamento de Santander. Informes recientes de Agressan indicaron que hay por lo menos veinte bloqueos, tanto totales como intermitentes, lo que ha aislado la región desde hace cinco días.

Noticia en desarrollo...

El paro camionero en Colombia ha provocado una serie de efectos negativos que se han extendido más allá del ámbito del transporte, afectando especialmente a los sectores del comercio y la alimentación.

Uno de los problemas más visibles ha sido el incremento en los precios de productos básicos como la papa, la cebolla y la arveja, esenciales en la dieta de la mayoría de los colombianos.

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Los comerciantes de la Plaza Mayorista han sido testigos directos de esta situación, y han señalado que el paro podría traducirse en importantes pérdidas económicas para quienes dependen de la venta de estos productos.

Antioquia, uno de los departamentos más afectados, enfrenta un escenario complicado, donde los precios de la papa, por ejemplo, se han duplicado, generando un desabastecimiento progresivo.

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Diego Duque, gerente comercial de la Casa del Ajo, señaló a la emisora colombiana Blu Radio que uno de los productos más golpeados ha sido la cebolla. Los camiones que transportan este alimento no han podido acceder a Medellín, lo que ha generado un notable incremento en el precio por bulto.

“No está entrando cebolla a Medellín y el alza estuvo alta en este momento por bulto. Estamos hablando de entre 40 mil y 30 mil pesos realmente”, explicó Duque, agregando que ya se encuentran en un estado de desabastecimiento.

Este tipo de incrementos ha afectado directamente a los consumidores, quienes han tenido que ajustar sus presupuestos para poder adquirir alimentos básicos. Humberto Gonzales, comprador habitual en la Plaza Mayorista, describió la difícil situación que enfrentan las familias a causa de la subida de precios.

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“No, ya hoy en día no alcanza, pues es que me mandan a comprar 4, 5, 8 kilos de papa, pues yo hago los mandaditos en la casa y ya hay que pagar dos o tres meses más de lo que valía hace seis meses”, comentó Gonzales a ese medio de comunicación, evidenciando el impacto financiero que el paro está teniendo sobre los hogares colombianos.

A pesar del respaldo que muchos comerciantes brindan al gremio de transportadores, hay una creciente preocupación sobre las repercusiones a largo plazo. Varios de ellos han pedido al gobierno nacional que tome medidas inmediatas para evitar que la situación empeore. Si bien comprenden y apoyan las demandas del sector camionero, temen que las pérdidas económicas se agraven si no se encuentra una solución pronta.

Durante la noche del miércoles 4 de septiembre en varias ciudades del país se reportaron largas filas de vehículos para poder tanquear, luego de que circularan rumores de posibles desabastecimientos de combustible como consecuencia del paro camionero que completa cuatro días consecutivos de protestas por cuenta del alza en el Acpm.

Cali fue una de las ciudades en donde se pudieron observar las colas de motos y carros en los alrededores de las estaciones de servicio, en las que hubo congestiones por la llegada masiva de conductores, indicaron en el periódico El País de Cali.

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Sin embargo, la Asociación de Distribuidores de Gasolina y Otros Derivados del Petróleo en el suroccidente del país (Sodicom) hizo un llamado a la calma en la capital vallecaucana y aseguraron que por el momento no había riesgo de quedarse sin combustible, luego de que los consultaran en el diario caleño.

“Queremos hacer una invitación a la calma y la tranquilidad a la ciudadanía. En estos momentos todas las estaciones de servicios están abastecidas en Cali”, informó Sandra Awakon Ramos, directora ejecutiva de Sodicom.

No obstante, desde esa entidad reconocieron que hubo algunos problemas para que pudieran ingresar los carrotanques en el transcurso del miércoles, que tuvieron que hacerlo de manera intermitente, pero finalmente el servicio continúa prestándose con normalidad.

De todas maneras, insistieron en que si se mantiene el paro, no podían garantizar el abastecimiento para los próximos días.

“Todo depende del comportamiento y las decisiones que tomen los transportadores”, agregó la vocera de la asociación.

Una situación similar ocurrió en Bucaramanga y su área metropolitana, donde en los alrededores de las gasolinerías se vieron largas colas de automotores a la espera de poder tanquear, como dieron cuenta en el periódico regional Vanguardia.

“Estamos haciendo la cola acá en la Oriental. Hay aproximadamente unas 200 motocicletas y siguen llegando. Está terrible para ‘tanquear’. Hay que abastecerse, muchachos, porque no sabemos si sigue el paro”, relató un motociclista que acudió a la bomba de la Transversal Oriental.

Pero la situación en la capital santandereana y los municipios aledaños sí es complicada, ya que en las poblaciones de El Socorro, Barichara, Charalá, Villanueva, Aratoca, Barbosa, Güepsa, El Playón, Rionegro se registra escasez de combustible, mientras que en San Gil Landázuri, Puerto Wilches, Cimitarra y Sabana de Torres se reporta poco combustible para suplir la demanda, señaló en el medio de comunicación bumangués Farid Jhoany Jones Zárate, director ejecutivo de la Federación de Empresarios de Biocombustibles y Energéticos de Colombia (Febecol).

Paradójicamente, en Barrancabermeja, la ciudad petrolera de Colombia, también se reporta el agotamiento de los combustibles, ya que en el pozo de producción de La Lizama hay bloqueos que han impedido llevar a cabo el abastecimiento.

En el Eje Cafetero también se observaron las mismas imágenes de largas filas de vehículos en las estaciones de servicio, en especial en las ciudades de Pereira y Dosquebradas, informaron en la revista Semana.

No obstante, en las mencionadas poblaciones de Risaralda las autoridades o agremiaciones de empresas de combustible no se han pronunciado sobre el abastecimiento de combustibles.

En Ecopetrol advirtieron el miércoles que por cuenta del paro hay riesgo de escasez en varias regiones del país, a lo que se suma también los atentados en el oleoducto de Caño Limón Coveñas y la toma de la planta de Gibaltrar, por lo que también podría ocurrir una situación similar en el suministro de gas natural, recogieron de un comunicado de la petrolera en la emisora RCN Radio.

Luego de toda la expectativa alrededor de la reacción del presidente de la República, Gustavo Petro, sobre el paro camionero, que se dio por el alza en el precio del Acpm, finalmente el jefe de Estado se refirió al tema casi a la medianoche del miércoles 4 de septiembre, como de costumbre, por su cuenta oficial de la red social X.

En un largo trino, el mandatario aseguró que los traumatismos en las vías que han provocado las manifestaciones en varias ciudades del país, que ya comienzan a tener consecuencias económicas, son producto de lo que sería la instrumentalización de los transportadores por parte de los intermediarios, que son los que más se benefician dentro de lo que denominó un modelo de negocio de explotación de los conductores.

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“Lo que tenemos es una enorme explotación de la fuerza de trabajo camionera por las empresas intermediarias de carga. Al camionero de base le importa es que le paguen lo adecuado por la carga, al intermediario le interesa el diésel y tener dominado tanto al camionero como al gobierno (sic)”, afirmó en su trino.

Petro aseguró que dichas compañías transportadoras obtienen millonarias ganancias, mientras que la retribución a los chóferes es mínima.

Finalmente indicó que fueron los intermediarios los que no quisieron continuar con la negociación que están sosteniendo con el gremio transportador, porque estarían en riesgo sus intereses, por lo que su Gobierno ahora trabajará en cambiar ese modelo de negocio.

“Esta noche se le expresó a quienes negocian, que íbamos por un pago controlado de la carga a favor del camionero y del volquetero Los que negocian decidieron levantar la mesa. No les interesa este punto. La.decisión del gobierno ahora es cambiar el mercado de la carga en el país para una mejor distribución de los ingresos por carga (sic)”, concluyó su publicación.

Se debe recordar que a lo largo de la jornada se tenía una amplia expectativa de las decisiones que tomaría el presidente ante la crisis que se vive por cuenta de los bloqueos de los camioneros. Incluso se comenzó a especular que declararía el estado de conmoción interior y en un trino indicó que haría una alocución presidencial en la noche, que finalmente no tuvo nada que ver con las protestas de los transportadores.

“Aunque se especuló que voy a hablar del paro camionero, no voy a hablar de él, sino de algo que me parece más preocupante. Ya tendré la oportunidad de hablar a profundidad mañana o pasado”, indicó en su intervención en la televisión nacional, en la que se refirió a la compra que hizo el Gobierno del expresidente Duque de un sistema de espionaje israelí.

Más temprano, en cuanto al tema camionero, había dejado entrever su posición en contra de los intermediarios.

“Sabemos distinguir perfectamente qué es un paro empresarial y que tiene oscuros intereses económicos o políticos de un movimiento social, como ocurrió con el estallido del Gobierno pasado. El movimiento social siempre tiene rectificaciones justas”, sostuvo.

Tres días sin acuerdos y con bloqueos

Luego de 11 horas de reunión en mesas de trabajo entre los representantes de los transportadores de carga y los representantes del Gobierno Nacional, entre ellos la ministra de Transporte, María Constanza García, y el de mina de Energía, Andrés Camacho, por tercer día consecutivo no se llegó a ningún acuerdo y los bloqueos se mantendrán para este jueves.

“El presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, reitera su interés en mantener el diálogo, durante estos días de manifestaciones, donde hemos limitado el uso de la fuerza. Creemos en una solución a través del diálogo. Es un momento histórico donde escuchamos a las bases del gremio transportador”, expresó García al termino del encuentro.

Y aunque se espera una nueva reunión entre las partes, durante la nueva jornada del paro camionero, de acuerdo a lo que se conoció de las propuestas, el inamovible ha sido el de derogar la súbita alza de 1.904 pesos en el Acpm.

Por parte del Gobierno se mantienen en que se debe incrementar el precio del combustible para los camiones, mulas y volquetas, aunque posteriormente lanzaron la propuesta de incrementarlo en 400 pesos iniciales, para irlo aumentando paulatinamente hasta diciembre y alcanzar ese nuevo valor.

La contrapropuesta del gremio fue de aceptar esa primera alza a la que invitó el Gobierno, pero mantenerla fija hasta diciembre y de acuerdo con el cumplimiento de lo que se acuerde, evaluar su aumento para los siguientes meses.

Luego de tres días de paro camionero en Colombia, situación a la que se llegó ante el desacuerdo de los transportadores de carga por el aumento de $1.904 en el precio del Acpm (diésel), y que dejó el valor del galón en promedio nacional de $11.360, se anunció que el presidente Gustavo Petro haría una alocución para referirse al asunto.

Sin embargo, en el inicio de esta, el mandatario descartó todo tipo de especulaciones y se dedicó fue a hablar de una situación que hay con Israel, relacionada con supuestas labores de espionaje del programa Pegasus. Esto, confirmó que sigue el bloqueo en varias regiones del país en señal de protesta contra la medida.

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“Aunque se especuló que voy a hablar del paro camionero, no voy a hablar de él, sino de algo que me parece más preocupante. Ya tendré la oportunidad de hablar a profundidad mañana o pasado”, dijo en primer lugar el jefe de Estado.

Asimismo, dijo que “sabemos distinguir perfectamente qué es un paro empresarial y que tiene oscuros intereses económicos o políticos de un movimiento social, como ocurrió con el estallido del Gobierno pasado. El movimiento social siempre tiene rectificaciones justas”.

Con esto, confirmó que no hablaría del tema que más preocupa a los colombianos en la actualidad, como es el paro camionero, sino que lo hará el jueves 5 de septiembre o el 6.

De inmediato, en X se hizo tendencia la palabra “Alocución”. Con esta abundaron los memes. Entre ellos estuvieron las siguientes publicaciones:

• @x1929x:

“Yo intentando de entender lo que dice Petro en la alocución presidencial mientras el país es un caos”.

• @Diegocaricatura

“Alocución Presidencial. -Colombianos, he tomado una decisión:”

• @Sepachon

“No entendí la alocución del Presidente Gustavo Petro….”.

Qué ha dicho Petro del paro camionero

No obstante, Petro ha estado muy activo en X sobre el paro camionero. Estas han sido alguna de sus publicaciones:

- “En el mundo de los gremios camioneros hay de todo. Unos permitieron en pasados gobiernos manejar la chatarrización con robos del dinero, otros convirtieron la chatarrización en un mecanismo que permitiera a varios empresarios tener más y más camiones mientras a los pobres e independientes los sacaban del mercado porque la chararrización no era uno por uno. Permitieron que unos poderosos pusieran mayores fletes y los pequeños no pudieran subirlos si crecían sus costos.

Y ahora los veo defendiendo pequeños solo porque saben que el gobierno quiere democratizar el mercado del transporte, elevarlo en tecnología para todos y disminuir sus costos y mejorar el nivel de vida del perqueño camionero elevando la carga de la producción agrícola e infustrial (sic)”.

- “Desde el año 2019 el país no sube el diésel porque se congelaron los precios sin tener en cuenta que estos suben y que Ecopetrol, por ley, usa el precio internacional del petróleo para producir el diésel y la gasolina.

Internacionalmente, estos subieron agravados por la caída del peso ante el dólar. La deuda alcanzó casi 80 billones de pesos y los pagos de deuda externa e interna del país llegan a 110 billones de pago anual.

Si se paga con presupuestos estas deudas no habrá ninguna inversión pública.

Si no se paga quiebra Ecopetrol que es una empresa de todo el pueblo.

La deuda la dejó de manera muy irresponsable con Colombia, el expresidente Duque.

Tuvimos la prudencia de solo subir la gasolina para no afectar los precios de la comida que estaban en ascenso y que se transporta sobre todo en camiones.

Ahora que controlamos la inflación es conveniente disminuir la deuda pública para que se pueda financiar la salud y la educación de los colombianos.

Los grandes empresarios de camiones, dueños de miles de tractomulas, creyeron que el subsidio era un derecho que el pueblo colombiano debe pagarles. Estas empresas desplazan los costos del diésel a los fletes de carga, cosa que no puede hacer el pequeño camionero al que tienen explotado.

Toco pagarle la deuda a Ecopetrol y no se hará con el dinero que va a los niños hambrientos y sin salud (sic)”.

Como respuesta al creciente caos causado por el paro nacional de camioneros, la Alcaldía de Soacha tomó la decisión de suspender las clases presenciales en las instituciones educativas oficiales el 5 y 6 de septiembre. Esta medida, anunciada por la Secretaría de Educación, busca garantizar la seguridad de estudiantes, docentes y personal administrativo en medio de las intensas manifestaciones y concentraciones que afectaron la región.

La suspensión de clases presenciales es una medida preventiva que responde a la situación de crisis provocada por el paro. Las autoridades locales han señalado que la seguridad de la comunidad educativa es su prioridad principal, dadas las circunstancias excepcionales que enfrenta la ciudad. La Secretaría de Educación de Soacha ha resaltado que, aunque la interrupción de las actividades académicas presenciales puede ser disruptiva, es esencial para proteger a todos los involucrados.

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Para minimizar el impacto en el proceso educativo, se instruyó a las instituciones educativas a adoptar diversas estrategias alternativas durante estos días. Los colegios deberán implementar clases virtuales, proporcionar guías de estudio y organizar encuentros sincrónicos en línea para asegurar que el aprendizaje continúe a pesar de la suspensión de clases físicas. Estas medidas buscan mantener el ritmo académico y ofrecer a los estudiantes herramientas para seguir con su educación desde casa.

En paralelo, el Gobierno de Soacha, dirigido por el alcalde Julián Sánchez, hizo un llamado urgente al Gobierno nacional para acelerar los diálogos y encontrar una solución que permita regresar a la normalidad lo antes posible. Sánchez expresó su preocupación por el impacto prolongado del paro en la comunidad local y solicitó una intervención más rápida para resolver el conflicto que llevó a las actuales circunstancias.

La administración municipal comunicó su agradecimiento a los padres de familia y cuidadores por su comprensión y colaboración en estos tiempos difíciles. Además, instó a las familias a estar atentas a futuras actualizaciones y nuevas indicaciones que puedan surgir conforme se desarrolla la situación.

“Agradecemos la comprensión y colaboración en estos momentos de los padres de familia y cuidadores; e invitamos a estar atentos a nuevas indicaciones”, declaró la administración de Soacha.

Consecuencias del paro en la educación

La suspensión de clases presenciales en situaciones de crisis, como la que ocurre en Soacha debido al paro de Camioneros, tiene importantes implicaciones en diversos ámbitos. En primer lugar, interrumpe la continuidad educativa de miles de estudiantes, lo que puede acentuar las brechas de aprendizaje, sobre todo en aquellos que carecen de acceso a tecnologías necesarias para la educación virtual. La implementación de clases en línea o guías de estudio, si bien es una solución temporal, no siempre es igual de efectiva para todos, especialmente en comunidades con limitada infraestructura digital.

Además, para muchas familias, la escuela no solo cumple una función académica, también es un espacio seguro donde los niños son supervisados mientras sus padres trabajan. La suspensión de clases obliga a muchos padres a buscar soluciones alternativas para el cuidado de sus hijos, lo que puede generar un impacto en su productividad laboral y aumentar la presión sobre el entorno familiar. Esta situación es especialmente desafiante para aquellos en empleos presenciales que no cuentan con la opción de teletrabajo.

Para las instituciones educativas, este tipo de medida también supone una presión adicional. Las escuelas deben adaptarse rápidamente para continuar con el proceso formativo, lo que implica desafíos logísticos y tecnológicos que no todas las instituciones están preparadas para enfrentar. La carga sobre los docentes también se incrementa, ya que deben reajustar sus metodologías y atender a los estudiantes de manera remota.

Finalmente, a nivel emocional, la falta de estabilidad en el ambiente escolar puede afectar el bienestar psicológico de los estudiantes. La incertidumbre generada por el cierre de las escuelas, sumada al estrés de la situación nacional, puede impactar negativamente en su motivación y rendimiento académico. Por lo tanto, este tipo de medidas, aunque necesarias, traen consigo desafíos significativos.

El presidente Gustavo Petro, por medio de X, volvió a defender la decisión de subir el precio del Acpm (diésel), en $1.904, para contrarrestar la brecha del Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles (Fepc).

Lo hizo en respuesta a una publicación de W Radio en la que el líder camionero Luis Ernesto Gómez indicó que “la subida de $2.000 en el Acpm significa un incremento del 21% en todos los productos que consumen los colombianos”.

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En un video, Gómez, papero, explicó que el aumento hará que el fertilizante que llega desde Santa Marta o Cartagena incrementará 5%. A eso se le deben sumar más otros 5% por traer el empaque para la papa y, seguramente, se va a incrementar otro 5%. Asimismo, el costo por usar los tractores se van a incrementar otros 6% para un total de 21% que es lo que está incrementando el Gobierno nacional con esta subida del Acpm, lo que golpea la canasta familiar.

En su respuesta, Petro dijo que esto es una mentira. Además, acusó al medio de generar pánico económico. “Esto es una mentira. Se llama pánico económico irradiado desde la W. En la nivelación del precio del diésel solo se afecta en 0,5 puntos el precio de los bienes”, escribió el mandatario.

También, dijo que si con los precios del diésel no se paga la deuda con Ecopetrol, pues “lo único que ocurre es que los recursos destinados a hacer las sedes universitarias públicas se extinguirán para pagar las deudas dejadas por el pasado Gobierno con prejuicio de la gente pobre, incluidos los hijos de los pequeños camioneros”.

Impacto real en la inflación

Sobre el impacto inflacionario del alza en el valor del Acpm, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, aseguró que “inevitablemente se encarecerán los costos de transporte” debido a la medida implementada por el Gobierno. La situación provocará un impacto indirecto en el índice de precios al consumidor, especialmente por “el aumento en los fletes”.

Bonilla prevé que este incremento en los costos de transporte podría sumar hasta 0,3 puntos porcentuales a la inflación anual, lo que llevaría así la tasa de inflación a un 5,5%, siempre y cuando “se mantenga controlada la situación”.

Por otro lado, el funcionario también hizo un anuncio crucial respecto al futuro del precio del diésel. Según Bonilla, “en 2024 no se volverá a tocar el precio del diésel”, una información que proporciona cierta estabilidad a sectores dependientes de este combustible. Sin embargo, advirtió que el próximo año será necesario “hacer un nuevo ajuste en las tarifas”.

Hasta el precio de la gaseosa subirá

Anteriormente, el presidente de la Federación de Empresarios del Transporte de Carga (Fedetranscarga), Henry Cárdenas, por medio de un video en redes sociales, expuso que el diésel es un muro de contención contra la inflación de Colombia.

Advirtió que “si sube el diésel, los transportadores tenemos que subir las tarifas con las que trabajamos nosotros día a día. ¿A quién se la subimos? al que nos da la carga. ¿Quién nos da la carga? un Coca Cola, un Postobón, y ejemplos así”.

Insistió en que todos ellos tienen que trasladar ese sobrecosto que se va a tener en el Acpm al producto final: “O sea, que una Coca Cola tiene que costar más. Cualquier producto que consumamos o, inclusive, la ropa que nos ponemos, va a costar más en nuestro país si el diésel sube, como quiere hacer el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla”.

De igual forma, el vicepresidente de Fedetranscarga, Arnulfo Cuervo, señaló que la decisión del Gobierno de aumentar el precio del diésel no está acompasada con el momento económico actual de Colombia.

Señaló que hoy la economía está estancada. “El transporte es la actividad económica más encadenada del país. Cien actividades lo requieren. Solo la construcción, la industria y el comercio, que se encuentran en recesión, demandan entre un 60% y 70% de transporte para desarrollar sus actividades”, indicó.

El presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), José Félix Lafaurie, se refirió al paro camionero que vive el país a raíz del desacuerdo que hay entre el Gobierno de Gustavo Petro y los transportadores de carga por el reciente aumento de $1.904 en el precio del Acpm (Diésel) y que dejó el galón, a nivel nacional, en $11.360.

Lafaurie habló con Infobae Colombia y aseguró que la situación le preocupa en alto grado, por lo que puede pasar con la leche de producción nacional. Expresó que la angustia se basa en que los ganaderos producen leche todos los días y por todo el país hay productores del líquido, especialmente, pequeños que están regados por todo el país.

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Por consiguiente, agregó, esa leche, como se vence, o se hace un poco de queso, o se bota, lo que significa un impacto muy alto para los pequeños ganaderos, porque de eso viven. “En consecuencia, creo que este paro va a afectar toda la economía, pero muy especialmente a la economía ganadera”, afirmó.

Frente al precio de la misma, cuyo litro vale entre $1.200 y $1.400 en la actualidad, no cree que haya un impacto en el corto plazo, pero, de todas formas, el pequeño productor va a sufrir mucho el hecho de no venderla.

“El pequeño si va a sufrir mucho porque vive de la lechecita, de los 40 litros diarios que vende. Si no los vende, no le entran $50.000 o $60.000. Habría que botar leche, claro. Una alternativa es dársela al ternero, pero pierde los ingresos diarios y para un pequeño ganadero es crítico”, indicó al dejar claro que la afectación para la carne no es crítica.

Pullas a la izquierda

Asimismo, José Félix Lafaurie se mostró en desacuerdo con el paro. Dijo que se considera enemigo de las vías de hecho y que el tema de la protesta social es bienvenida, pero sin afectar el derecho ajeno.

“Lo hemos dicho de manera reiterada, pero es curioso el sesgo de la izquierda. Cuando protesta la izquierda, por ejemplo, es bienvenido. Ahora, están viendo que este paro, al margen de si tienen razón los camioneros o el Gobierno con el mayor valor del diésel, ahora están sufriendo las consecuencias del paro que es muy grave para el país”, enfatizó.

De igual manera, el presidente ejecutivo de Fedegán cree que en Colombia toca hacer un cambio de esfuerzo para tener una reglamentación, una ley, que proteja la protesta social, pero que, obviamente, judicialice a aquellos que afectan las libertades ajenas, los derechos de terceros, porque en una democracia todos tienen los mismos derechos.

Exportación de ganado

José Félix Lafaurie también habló de la exportación de ganado. Dijo que este puede esperar dos o tres días porque puede seguir comiendo pasto y no tiene ningún problema crítico, como sí lo tiene el lechero.

De igual manera, a este tema se refirió la Asociación Nacional de Exportadores de Ganado en Pie (Aexgan), que expresó su profunda preocupación ante el reciente aumento en el precio del Acpm y el paro nacional de transportadores, dos factores que afectan de manera crítica ala industria de exportación de ganado en pie, una actividad económica vital para el país.

“El alza en el costo del Acpm, sumado al paro de transportadores, ha generado una afectación importante en nuestras operaciones logísticas, comprometiendo gravemente la capacidad del gremio para cumplir con los compromisos comerciales internacionales. Como resultado, se ven afectadas no solo las exportaciones de ganado, sino también miles de familias colombianas que dependen directamente de esta actividad para su sustento”, expuso el gremio que preside Juan Gonzalo Botero.

Mesas de negociación

Asimismo, el gremio reconoció y valoró los esfuerzos del Gobierno nacional y de las partes en paro por abrir mesas de negociación para encontrar soluciones a esta problemática. Sin embargo, instó a que en estas discusiones se consideren de manera prioritaria los graves impactos que esta situación está teniendo sobre sectores esenciales como el nuestro.

“La industria ganadera, particularmente la dedicada a la exportación de ganado en pie, genera importantes divisas para el país y sostiene a más de 400.000 familias en las zonas rurales. Una parálisis prolongada podría tener consecuencias devastadoras no solo para nuestra industria, sino parala economía rural en general”, indicó.

Al respecto, Aexgán reiteró su disposición para participar de manera activa en cualquier diálogo que contribuya a contrarrestar los efectos de esta crisis y aseguró su compromiso con el desarrollo sostenible y equitativo del sector ganadero.

En Colombia sigue la incertidumbre por el paro camionero que se vive a causa del rechazo de los transportadores de carga por el aumento de $1.904 que estableció el Gobierno de Gustavo Petro en el precio del galón de Acpm (diésel) y lo ubicó, en promedio nacional, en $11.360, luego de estar congelado durante 56 meses.

De acuerdo con la Federación de Empresarios del Transporte de Carga (Fedetranscarga), el disgusto está en que el país no está para este tipo de aumentos que impactarían el costo operativo de la actividad y, por supuesto, esto debería trasladarse al costo de vida de los colombianos, que a julio de 2024 se ubicó en 6,68% anual, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

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Lo cierto es que el paro ya cumple tres días consecutivos y, por ahora, no hay acuerdo entre Gobierno y camioneros. La situación es tan difícil que cientos de camiones no han podido entrar a diferentes ciudades como Bogotá, lo que hace que miles de toneladas de alimentos no lleguen a su destino final.

Uno de los sectores más afectados es el avícola, que reúne a los huevos y el pollo. Al respecto, Infobae Colombia consultó al director de la Federación Nacional de Avicultores (Fenavi), Gonzalo Moreno, qyuien lamentó que el paro está presente en uno de cada dos municipios del país. Advirtió que en este momento la situación es muy complicada, sobre todo en el corredor que va desde Santander hasta Bogotá, atravesando por Boyacá y Cundinamarca.

Alertó que Santander no tiene suficiente alimento, principalmente en las granjas, que son mas de de 180, que se encuentran en Lebrija, sin contar las del resto del departamento.

“No tienen alimento desde el lunes. Santander está completamente aislado del norte del país. A la semana, normalmente, entran 50.000 toneladas de alimento provenientes de la costa y que después se reparten hacia el interior del país en 210 tractomulas. Eso no está entrando”, indicó el dirigente.

Bogotá está completamente bloqueada

Por otro lado, señaló que Boyacá completamente bloqueada, exactamente, el corredor desde Tunja hacia Bogotá, que incluye San Gil pasando por Barbosa. Eso está bloqueado y no se puede entrar desde el lunes. Anotó que en el centro del país, en Guyabetal (Cundinamarca), se tienen dos millones de aves sin poder tener alimento. Son granjas de pollo y tienen alimento hasta el jueves 5 de septiembre.

Precisó que se tiene más del 30% de la avicultura de todo el país prácticamente bloqueada y ciudades como Bogotá, Tunja, Duitama ,Villavicencio, Zipaquirá y municipios aledaños a la capital de la República, como Tocancipá, que no están pudiendo recibir alimentos.

“El tema de Bogotá es dramático, porque a Bogotá solamente está logrando entrar un promedio del 40% del pollo y del huevo que normalmente entra”, anotó. Con esto, el líder gremial aceptó que Bogotá está a tres o cuatro días de quedarse en pollo o sin huevo, así como otros alimentos.

“A Bogotá, si no logran ingresar alimentos de forma constante, hay problemas porque no tiene un almacenamiento de más de tres o cuatro días en la ciudad de pollo y huevos. Se ha logrado entrar muy poco en los últimos días. En algunos puntos de la ciudad no se verán estos productos este fin de semana si sigue la situación”, dijo Moreno.

Además, que hay animales que se lograron devolver, pero hay otros en granjas de Cundinamarca, por ejemplo, que son cuatro millones, que no tienen suficiente alimento más allá de pasado mañana.

Precio del pollo y del huevo

Sobre lo que puede pasar con el precio, aceptó que es una de las mayores preocupaciones, porque algo similar pasó con el paro de 2021 en el Valle del Cauca. En esa oportunidad, hubo partes de Cali que no tenían pollo y huevo porque sencillamente no podían entrar

Así las cosas, puntualizó que los productos tienen grandes preocupaciones, porque “si no pueden entrar los alimentos para sus aves se les muere por inanición (debilidad extrema por falta de alimento)”.

Por último, Gonzalo Moreno le dejó un mensaje, tanto al Gobierno nacional como a los transportadores para que levantes el paro.

Temor a la inflación

Dijo que se tiene que solucionar rápido esto porque van a sufrir todos los colombianos. También, que no se puede repetir lo que sucedió en 2021, cuando los colombianos tuvieron una inflación por alimentos del 5% en un solo mes, consecuencia de los bloqueos.

“En el caso de pollo y huevos se disparó 20% y nos demoramos dos años de recuperar la producción de huevo, que se restringió en 1.000 millones de huevos. Pasamos de producir 17.000 millones de huevos a producir 16.000 millones de huevos este año y vamos, por fin, tener otra vez producción récord a recuperar los volúmenes que teníamos antes. Esperemos que esa situación no se vuelva a repetir”, apuntó el dirigente.

El presidente Gustavo Petro llamó a la “clase obrera” a salir a defender el país en medio del paro camionero que afecta diversas regiones de Colombia. Este mensaje, difundido a través de la red social X, intensifica aún más el conflicto, ya que Petro insiste en que el país “no se dejará bloquear”.

El mandatario se pronunció el 3 de septiembre sobre la medida de aumento del precio del diésel, uno de los principales detonantes de las manifestaciones. Gustavo Petro sostuvo que el incremento es necesario para recuperar el dinero de un subsidio que nunca debió haberse otorgado y que constituye una parte significativa de la deuda pública del país.

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En su mensaje, además de afirmar que los camioneros independientes siempre serán bienvenidos en el Ministerio de Transporte, sostuvo que el alza del precio del diésel es fundamental para proporcionar recursos destinados a combatir el hambre y garantizar la educación.

“El país no se dejará bloquear. El alza del diésel es justa porque sólo se está recuperando el dinero de un subsidio que nunca se debió haber dado y que ya suma una gran fracción de la deuda pública de Colombia. Dar comida a la gente con hambre y educación a nuestra niñez y juventud nos obliga a equiparar los precios del diésel. Las medidas adecuadas para afrontar un lock out: un paro empresarial, se toman desde hoy. Los pequeños camioneros independientes siempre serán recibidos en el Ministerio de Transporte”, posteó Petro.

En respuesta, el general (r) Eduardo Zapateiro, excomandante del Ejército Nacional de Colombia, criticó duramente al mandatario. En un mensaje publicado también en la red X el 4 de septiembre, Zapateiro afirmó que Petro es el único responsable de la situación actual en el país. “No se pueden asumir posturas dictatoriales,” remarcó, cuestionando además que el gobierno acceda a dialogar con estructuras criminales mientras se niega a hacerlo con el gremio de transportadores.

“¡Colombianos! ... ¡Aquí el ÚNICO Responsable de lo que pueda pasar en el País! NO se pueden asumir posturas DICTATORIALES. ¿Dónde esta la DEMOCRACIA? Dialogan en las Mesas con las diferentes estructuras criminales, ceden y NO lo hacen con nuestros TRANSPORTADORES, (SIC)”, expresó textualmente el militar retirado.

La posición de Zapateiro surge en un contexto de alta tensión, ya que el paro camionero, que se encuentra en su tercer día, ha generado caos en ciudades como Bogotá. El excomandante señaló la aparente contradicción del gobierno al sentarse a negociar con organizaciones criminales, pero no con los transportadores.

De acuerdo con en el oficial en retiro, esta actitud del Gobierno refleja una tendencia dictatorial y contradice los principios democráticos. En su mensaje dirigido a los colombianos, enfatizó que el único responsable de lo que sucede en la Nación es el presidente Gustavo Petro.

La suma de estos mensajes podría caldear aún más la movilización de los transportadores, intensificando la confrontación en un momento delicado. Petro instó a los colombianos a no entender esta situación como una lucha entre el pueblo y el pueblo, sino más bien como una oportunidad para abordar la agenda de los pequeños camioneros, argumentando que la solución a sus problemas podría ayudar a reducir las desigualdades sociales y mejorar la economía del mercado de carga.

El general (r) Zapateiro también hizo hincapié en la necesidad de adoptar una postura más democrática y abierta al diálogo con todos los sectores del país, subrayando la importancia de la justicia y la equidad en la toma de decisiones gubernamentales, especialmente en momentos de crisis.

Gustavo Petro, sin embargo, mantiene su posición firme y recalca que las medidas adoptadas son justas y necesarias para el desarrollo del país. Ante esta situación, la tensión sigue aumentando, con diferentes sectores de la sociedad tomando partido en un conflicto que ya afecta gravemente la vida cotidiana y la economía de diversas regiones de Colombia.

Se completan tres días de protestas a nivel nacional por parte de los gremios de transportadores que, desde el 2 de septiembre, reclaman al Gobierno nacional por el incremento en el precio del Acpm, bloqueando las principales vías de los departamentos de Cundinamarca, Santander, Meta y Boyacá.

Sin embargo, la crisis ya se empieza a sentir en las alacenas de los colombianos, pues la imposibilidad de distribuir alimentos a las principales centrales de abasto del país ya amenaza con una escasez de algunos alimentos en varios departamentos, especialmente de huevos y pollo.

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Así lo advirtió el director de la Federación Nacional de Avicultores de Colombia (Fenavi), Gonzalo Moreno, quien aseguró que la falta de vías para comercializar la proteína y sus derivados podría impactar rápidamente a todos los departamentos, pero se sentiría con más fuerza en la capital del país.

Según las declaraciones del directivo, la crisis alimentaria en Colombia se ha intensificado, pues más de 17 millones de aves se han visto afectadas, al no poder recibir alimentos ni enviar productos avícolas como pollo y huevo a los mercados.

El gremio de camioneros protesta contra el aumento en los precios de combustibles, una medida que busca reducir el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc). Los bloqueos se concentran en vías clave, afectando gravemente el movimiento de alimentos hacia Bogotá, Santander, Nariño y los Llanos Orientales.

“Hoy es el tercer día por las afectaciones en los bloqueos en las carreteras del país, como consecuencia del paro que tenemos en Colombia. Tenemos más de 17 millones de aves afectadas en este momento. En todo el corredor que es Bogotá, Boyacá, Cundinamarca, Santander, Llanos Orientales, tenemos situaciones en las cuales no se puede entrar con alimento a las granjas, no se puede sacar pollo y huevo”, comentó Gonzalo Moreno.

Según Fenavi, la situación en Bogotá es crítica, pues la ciudad depende del suministro de alimentos provenientes de otras regiones del país, incluidas las zonas avícolas del Llano. Con el ingreso de camiones restringido, anticipó un posible desabastecimiento de pollo y huevo en solo tres días.

En las regiones de Santander y Nariño, los bloqueos también obstaculizan la circulación de productos esenciales, incluidos la carne de pollo. Esta interrupción podría generar pérdidas económicas gigantescas para el sector avícola, además del encarecimiento de los productos, afectando directamente a los consumidores.

Los bloqueos en la Vía al Llano, una de las rutas más impactadas, han tenido un efecto devastador en los productores de pollo, según comentó Fenavi. Al impedir la salida de productos avícolas y la entrada de insumos esenciales para la alimentación de las aves, no solo está en riesgo la producción, sino también el abastecimiento de carne de pollo para millones de colombianos.

“Fenavi hace un llamado urgente al Gobierno Nacional para que intensifique el diálogo con el sector transportador, buscando soluciones que permitan restablecer la normalidad en las vías y garantizar el abastecimiento de alimentos en todo el país”, señaló la Federación en un comunicado.

La escasez de alimentos afectaría duramente a Bogotá

Además de la posible ausencia de huevos y pollo a partir del fin de semana en la capital del país, Bogotá podría enfrentar también una escasez de carne de cerdo a partir del jueves 5 de septiembre de 2024 debido a los bloqueos generados por el paro camionero, afectando la disponibilidad de un 30% de los productos esenciales en la capital.

Jeffrey Fajardo, presidente de Porkcolombia, señaló durante el Congreso Empresarial Colombiano de la Andi que los bloqueos viales han dejado varados a más de 2.000 cerdos, sometiéndolos a condiciones extremas de sed y hambre.

“Hoy se sacrificó solamente el 30% de las necesidades de abastecimiento que tiene Bogotá y los municipios aledaños a la ciudad. La escasez de carne de cerdo se va a empezar a notar a partir de mañana”, comentó Fajardo.

Esta situación afecta no solo a la carne de cerdo, sino también a otros productos debido al paro camionero. La disminución del 30% en el flujo de camiones hacia Bogotá ha repercutido en la disponibilidad de frutas, verduras, productos lácteos, pan y productos de panadería, así como alimentos procesados refrigerados y productos de charcutería y embutidos.

Frutas y verduras frescas, como manzanas, plátanos, tomates y lechugas, son especialmente vulnerables dada su naturaleza perecedera. Los productos lácteos requieren rutas eficientes de transporte y refrigeración para evitar deterioro, y aunque los panes y productos de panadería tienen una mayor duración, los retrasos en transporte igualmente los afectan.

La escasez en la capital también incluiría los productos de charcutería y embutidos que, al igual que las carnes, requieren condiciones de transporte específicas para mantener su estándar de calidad. Pizzas congeladas, comidas preparadas y otros alimentos procesados refrigerados también pueden resultar afectados por estas interrupciones.

Por estos días, la imagen de Henry Cárdenas, presidente de Fedetranscarga, es frecuentemente difundida por los medios nacionales de comunicación. Esto en relación con el paro de transportadores, al que convocó tal gremio en protesta a la estabilización de los precios del Acpm.

Fue en otro paro (conocido también como un estallido social) en que Cárdenas fue entrevistado por la prensa, pero por un hecho en particular: el 3 de junio de 2021, su padre había sido el responsable del atropellamiento de una joven manifestante a la altura de Héroes, en el norte de la capital.

Fue el mismo Cárdenas quien confirmó la noticia y ofreció varias explicaciones requeridas entonces por los medios de comunicación. “Este incidente ha hecho que en las redes sociales me califiquen a mí de paraco, de traqueto, cuando mi papá ha trabajado toda la vida muy duro para tener todo lo que tiene. Se ha esforzado para generar empleo en Colombia”, dijo en ese momento.

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El hecho, altamente cuestionado en redes sociales, quedó registrado por algunos de los transeúntes que se encontraban allí entonces.

Cárdenas reveló entonces que la joven afectada llegó hasta un parqueadero donde se había refugiado el conductor, en ese momento fustigado por manifestantes que reaccionaron al atropellamiento. En ese lugar llegaron a “un acuerdo de desistimiento” y el conductor le dio 600.000 pesos.

“Todo terminó de una manera cordial a la final”, dijo el líder gremial, señalando que la joven “no necesitaba ni siquiera ir al médico porque no le pasó nada, ni un rasguño”, en entrevista con Noticias Caracol.

Presidente de Fedetranscarga advierte que el paro podría intensificarse en los próximos días

El líder gremial Henry Cárdenas le concedió una entrevista a Infobae Colombia para abordar temas relacionados con el paro de transportadores.

Cárdenas indicó que las publicaciones del presidente en redes sociales son negativas para cualquier tipo de negociación, puesto que reflejan el cambio de postura del Petro presidente, en comparación con el Gustavo Petro candidato y opositor de hace unos años.

“Las palabras del presidente Petro son cada día más de odio, dese cuenta de que él cuando estaba en campaña o era opositor incitaba mucho a salir a las calles, hoy dice que no va a deja bloquear el país, nosotros no necesitamos bloquear el país, lo que nosotros necesitamos es que lleguemos a un acuerdo nacional”, señaló.

Cárdenas le pidió al presidente Petro buscar un acuerdo que permita que los transportadores puedan seguir trabajando con normalidad. “Que busquemos el precio Colombia para el beneficio de todos, pero qué sacamos con que ellos puedan cobrarnos a precio internacional y tengan más presupuesto para que haya más corrupción, primero cierren la brecha de corrupción y ahí si le piden al pueblo plata”, dijo.

Sobre los bloqueos que se han registrado en el país, Cárdenas indicó que los propietarios e independientes han procurado tener un comportamiento de paz; sin embargo, destacó que la paciencia se está terminando y esto podría provocar un paro total de la movilidad en Colombia.

“Las bases camioneras entienden que la única forma para que el Gobierno sienta que hay un paro es con bloqueos, pero en estos momentos los bloqueos son intermitentes, pero cuando esto se ponga más duro, no se van a poder mover para ningún lado, es lo que menos quieren, pero es la única forma en que se hacen escuchar”, resaltó.

El presidente de Fedetranscarga destacó que el gremio busca ser escuchado, pero hasta el momento, solo han recibido ataques por parte del presidente Gustavo Petro:

“Esas bases camioneras saben cómo hacerlo, desde años atrás lo hicieron cuando el Gobierno no les pone atención; el Gobierno no pone atención y mandan trinos de odio contra las personas y lo que queremos es salir todos juntos, pero a precios reales de la economía nacional”.

Se cumplen tres días desde que el principal corredor vía que conecta al departamento del Meta con la capital del país quedó bloqueo por cuenta del paro que adelanta el sector transportador de carga, después de que el Gobierno nacional incrementara el precio del Acpm en $1.904 por galón.

Sin embargo, el cierre total de la vía al Llano ha dejado no solo pérdidas monetarias por el estancamiento de productos de la canasta familiar, sino que ahora los viajeros han quedado varados en las ciudades de Villavicencio y Bogotá por la falta de transporte.

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Ante la emergencia, en la mañana de este miércoles 4 de septiembre, el mayor general Óscar Zuluaga Castaño, presidente de la aerolínea estatal Satena, anunció que la compañía ampliará su frecuencia en la ruta Bogotá - Villavicencio - Bogotá, para ayudar con el transporte de, al menos, quinientos pasajeros.

Según informó la aerolínea, en total serán siete frecuencias adiciones que empezarán desde este miércoles y se extenderán hasta el viernes 6 de septiembre. “El compromiso de Satena con los ciudadanos y las regiones es inquebrantable. Como lo hemos hecho en otras ocasiones, continuamos ofreciendo opciones de transporte a aquellos que necesitan movilizarse entre los llanos orientales y la capital por razones de urgencia. Cumplimos así con nuestra misión social de apoyar la conectividad y el acceso a los servicios en las zonas que más lo requieren”, firmó Zuluaga.

Aunque la medida está prevista para esta semana, el presidente de Satena no descartó que se sigan extendiendo las operaciones, siempre y cuando se mantenga el paro de transportadores que bloquean los principales accesos a las capitales del país y el Meta.

“Satena se ha comprometido a evaluar la situación y, si es necesario, seguir aumentando las frecuencias de vuelo en los próximos días para continuar apoyando las necesidades de transporte entre las dos ciudades. Con esta iniciativa, Satena ratifica su compromiso de servicio a las comunidades y su disposición para adaptarse y responder a las necesidades emergentes del país, asegurando la conectividad y el bienestar de los colombianos en momentos de crisis”, señaló la aerolínea a través de un comunicado.

Asimismo, la medida de contingencia aplicará desde este miércoles 4 de septiembre e incluye tres vuelos entre Bogotá y Villavicencio (6:25 a. m., 1:45 p. m. y 3:30 p. m.); y otros tres en el sentido contrario (3:58 p. m., 4:39 p. m. y 4:50 p. m.)

Asimismo, la aerolínea abrió dos nuevos vuelos por trayecto para los días jueves y viernes que funcionarán en horas de la tarde para facilitar la movilidad entre departamentos.

Mientras tanto, la situación en la vía al Llano sigue generando preocupación, pues más de 2.000 vehículos permanecen atrapados en la vía de Villavicencio a Bogotá debido a una protesta encabezada por transportadores y manifestantes que han bloqueado el kilómetro 85, en el sector de Llano Lindo.

Pese a los esfuerzos de Villavicencio por implementar medidas que garanticen la movilidad dentro de la ciudad, el bloqueo ha generado un atasco no solo en la capital del Meta, sino también en otros puntos de la región. Además del impacto en la circulación, sectores productivos como el agrícola, están sufriendo graves consecuencias. Se estima que más de 5.000 toneladas de alimentos se encuentran retenidas, esperando ser transportadas a Bogotá.

El director ejecutivo de Fenalco en Meta, Jorge Arango, destacó la magnitud de las pérdidas económicas derivadas del paro. “Unos 60.000 millones de pesos en pérdidas le genera a los sectores productivos del Meta el paro camionero”, comentó

Mientras tanto, el sector de los combustibles también reporta graves incidencias. Ciudades como Vistahermosa, Acacías, San Martín y Granada ya enfrentan desabastecimiento de gasolina, con algunas estaciones de servicio que han agotado por completo el suministro.

Los voceros del gremio de transportadores, justificando la protesta, afirman que la solución depende del Gobierno nacional y recalcan que los bloqueos se mantendrán hasta que se obtengan respuestas favorables en las negociaciones.

El presidente Gustavo Petro uso de nuevo su cuenta de X para abordar el paro camionero que ha estado creando tensiones en Colombia.

En uno de sus mensajes, acusó a algunos gremios del transporte de utilizar la chatarrización para enriquecerse a costa de pequeños camioneros y aseguró que algunos empresarios han manipulado las políticas para aumentar su flota de camiones mientras despojaban del mercado a los conductores independientes.

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“En el mundo de los gremios camioneros hay de todo. Unos permitieron en pasados gobiernos manejar la chatarrización con robos del dinero, otros convirtieron la chatarrización en un mecanismo que permitiera a varios empresarios tener más y más camiones mientras a los pobres e independientes los sacaban del mercado porque la chatarrización no era uno por uno. Permitieron que unos poderosos pusieran mayores fletes y los pequeños no pudieran subirlos si crecían sus costos”, se lee en una de las publicaciones del mandatario.

Petro enfatizó que la clase obrera debe unirse para defender los intereses del país. Hizo un llamado a la organización de asambleas de sindicalización durante el paro, subrayando el apoyo del Gobierno a la legalización sindical de los trabajadores del transporte, incluidos los choferes de las grandes empresas y del sistema Transmilenio. Señaló que el objetivo es fortalecer los sindicatos y ofrecer soluciones a los problemas de los pequeños camioneros.

El conflicto entre operadores del transporte tiene raíces en prácticas históricamente cuestionadas. Durante gobiernos anteriores, según el presidente, la política de chatarrización —un esquema destinado a modernizar la flota de vehículos— se manejó con irregularidades. Algunos grupos empresariales se beneficiaron desproporcionadamente, mientras que los pequeños transportistas fueron excluidos del mercado.

Añadió que: “Y ahora los veo defendiendo pequeños solo porque saben que el Gobierno quiere democratizar el mercado del transporte, elevarlo en tecnología para todos y disminuir sus costos y mejorar el nivel de vida del pequeño camionero elevando la carga de la producción agrícola e industrial”.

La posición del presidente Petro es clara: abordar estas inequidades y democratizar el mercado del transporte, mejorando la tecnología y reduciendo costos para elevar la calidad de vida de los pequeños camioneros. Según Petro, no se trata de enfrentar pueblo contra pueblo, sino de resolver los problemas de los pequeños operarios, que son fundamentales para evitar un déficit en el sector que podría perpetuar las desigualdades sociales.

“La clase obrera hoy debe salir a defender el país. No es pueblo contra pueblo. Eso es lo que quieren. Es ayudando a resolver una agenda de los pequeños camioneros que permita que el país no sufra el déficit que nos llevaría a mantener las desigualdades sociales y que al mismo tiempo el mercado de la carga tenga más presencia del pequeño camionero”, fueron las palabras del mandatario.

Esta intervención del presidente en el paro camionero pone en relieve la necesidad de reformar el sector para que todos los actores, grandes y pequeños, puedan competir en condiciones equitativas.

Petro finalizó uniéndose a la defensa de los pequeños camioneros e instó a aprovechar el tiempo del paro para realizar asambleas de sindicalización masivas, reiterando el apoyo total del gobierno a estos esfuerzos.

Las exigencias del gremio

La demanda de los transportadores de Colombia de un programa de chatarrización más efectivo busca mejorar las condiciones de trabajo y modernizar la flota de camiones. Esta es sólo una de las varias peticiones que motivaron el paro de camioneros que actualmente afecta diferentes regiones del país.

Los camioneros colombianos también exigen una reducción en los costos de peajes, los cuales consideran desmesuradamente altos y perjudiciales para su rentabilidad. Este punto se suma al reclamo por el aumento del precio del ACPM (diésel), que ha encarecido sus operaciones de manera significativa.

El conflicto surge en medio de un contexto donde los transportadores buscan un equilibrio entre la oferta y la demanda de servicios de transporte. La intención es garantizar que todos los profesionales del sector tengan acceso equitativo a suficientes oportunidades de trabajo.

El Gobierno ha intentado negociar con los representantes de los camioneros en repetidas ocasiones, sin embargo, hasta ahora no se ha alcanzado un acuerdo que satisfaga a ambas partes. Las conversaciones continúan, pero la falta de consenso mantiene la situación de tensión y paralización en el sector transporte.

Los recientes atentados contra los oleoductos Caño Limón Coveñas y Bicentenario, sumados a los bloqueos por el paro de transportadores y la toma de la planta de gas en Gibraltar, han generado restricciones en las operaciones de Ecopetrol.

La empresa advirtió que estos eventos están afectando la posibilidad de evacuar hidrocarburos, lo que podría tener un impacto en la producción y abastecimiento de combustibles en los próximos días.

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En respuesta a estas contingencias, Ecopetrol ha implementado un plan especial de trabajo, en conjunto con las autoridades, con el objetivo de evitar las restricciones operativas debido a la alteración del orden público.

Este plan busca asegurar el mantenimiento de los niveles de producción de crudo y gas, así como el despacho de combustibles y productos industriales y petroquímicos.

Según informó Ecopetrol, la situación crítica incluye la dificultad para movilizar carrotanques con hidrocarburos y Gas Licuado de Petróleo (GLP), lo que compromete el cumplimiento de las dietas de las refinerías de Barrancabermeja y Cartagena y puede afectar el abastecimiento de combustibles en diversas zonas del país.

Continúa el bloqueo en la planta de gas de Gibraltar

Además de los mencionados atentados a los oleoductos, otro factor agravante es el bloqueo que sostiene la comunidad u’wa en la planta de gas de Gibraltar. Este bloqueo llevó al apagado de la planta de gas el 30 de agosto, afectando el suministro en una región del nororiente del país.

Por razones de seguridad, las operaciones en la planta de gas Gibraltar en Toledo, Norte de Santander, se suspendieron desde que los indígenas comenzaron los bloqueos que aún persisten.

Las comunidades indígenas alegan un supuesto incumplimiento por parte del Gobierno Nacional, que había acordado una mesa de trabajo en Bogotá el 2 de septiembre pero luego exigió que se levantara la protesta antes de dialogar, generando descontento entre los líderes u’wa.

“¿Por qué es tan difícil sentarse con la nación u’wa para dialogar cuando tenemos toda la disposición de hacerlo? ¿O será que el ministro del Interior está pensando en hacer uso de la violencia para impedir nuestra justa movilización?” expresó un líder indígena, destacando que sus necesidades deben ser contempladas en una política pública estructural.

Esta declaración enfatiza el malestar y rechazo generados por el cambio de condiciones para el diálogo, según informaron los líderes u’wa.

Desde el inicio de los bloqueos, cinco municipios de Norte de Santander y la metropolitana de Bucaramanga han visto interrumpido el suministro de gas, situación que ha provocado preocupación por la seguridad de la planta.

Los líderes de la Nación u’wa responsabilizan al Gobierno nacional por la continuidad y posible crecimiento de las protestas. Insisten en su voluntad de continuar con la movilización hasta encontrar una solución que cumpla con sus necesidades y exigencias previamente pactadas en mesas de diálogo anteriores.

Además, advirtieron que cualquier intento de desalojo o confrontación con la fuerza pública resultante de la actuación de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden de la Policía Nacional recaerá directamente en el presidente de Colombia y sus ministros.

Ricardo Roa no asistió a control político

Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, y la junta directiva de la petrolera estatal no se presentaron al debate de control político citado por la Comisión Quinta del Senado el 3 de septiembre.

Días antes, Roa había informado por carta que estaría fuera del país en esa fecha, y solicitó posponer la sesión. La junta directiva también excusó su ausencia alegando que, sin la presencia del presidente, no era viable llevar a cabo el debate, según informaciones recibidas.

José David Name, senador citante, criticó la ausencia, destacando la gravedad de la situación actual de Ecopetrol, una empresa que ha experimentado dificultades sin precedentes bajo la administración de Roa.

Dichas dificultades incluyen una baja en las utilidades y una disminución del valor de las acciones de la compañía en la Bolsa de Nueva York. “Hoy las acciones de Ecopetrol valen casi un 25 % menos”, remarcó Name.

En la mañana de este miércoles, a través de su cuenta en X, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, se pronunció sobre lo que hasta ahora ha sido un paro generalizado de transportadores que inició como consecuencia de un incremento en el precio del Acpm.

El funcionario hizo énfasis en que el Gobierno Petro ya hizo concesiones, como dejar hasta ahí el precio del combustible, pero que ve con preocupación la falta de flexibilidad por parte del sector camionero.

“El gobierno reitera su llamado a dialogar a los transportadores de todo el país sobre las causas estructurales de la crisis de ingreso de los camioneros, que va más allá del costo del Diésel. Comprendemos el impacto en la economía de sus hogares pero el alza es necesaria e inevitable”, señaló.

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Añadió: “Ayer se cedió en suspender las nuevas alzas anunciadas hasta tanto no se resuelvan de manera concertada los problemas de fletes, reposición del parque automotor, etc. Sin embargo, hay sectores intransigentes que parecen más interesados en profundizar la crisis que en resolverla. Las vías de hecho afectan los derechos a la movilidad, educación y salud de la mayoría de los colombianos. El diálogo será más útil y productivo si se levantan los bloqueos que persisten”.

Las condiciones del Gobierno para mantener diálogo con transportadores

En la tarde del martes 3 de septiembre de 2024 el Gobierno instaló un Puesto de Mando Unificado. Allí se dieron a conocer las primeras decisiones del Ejecutivo para hacer frente al paro de camioneros que afecta a varias regiones del país.

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo aseguró a la salida de la Casa de Nariño que se mantendrá el diálogo con los manifestantes, pero con la condición de que no se afecte el derecho a la movilidad del resto de los colombianos.

“Vamos a solicitarles, para mantener ese diálogo y avanzar en las conversaciones, que no se afecte el derecho a la movilidad de la mayoría de los colombianos, que no se afecte de ninguna manera esos derechos”, aseguró el ministro.

Recordó que en varias ocasiones los transportadores se han visto afectados por manifestaciones llevadas a cabo por organizaciones sociales, por lo que solicitó que levanten los bloqueos que están afectando el derecho al trabajo en varios departamentos del territorio colombiano.

“Tenemos que rechazar las vías de hecho, así como muchas veces, incluso en épocas anteriores y recientes, el propio sector del transporte se ha quejado de bloqueos por parte de organizaciones sociales que afectan su trabajo, el bloqueo de los camioneros hoy afecta el trabajo, la salud, el derecho a la educación de los niños de Colombia”, añadió.

El ministro Cristo aseguró que desde el Gobierno nacional se respetará el derecho a la protesta, siempre y cuando, sea pacífica, dado que se trata de un derecho fundamental consignado en la Constitución, pero hizo énfasis en la necesidad de que no se afecte el derecho a la movilidad de los colombianos.

“Este Gobierno garantiza la protesta pacífica, es un derecho fundamental que el Gobierno garantiza y va a seguir garantizando, pero les solicitamos a todos estos protestantes en todo el país que levanten esos bloqueos, que el gobierno tiene un compromiso de seguir dialogando con esa solicitud a los camioneros de que no se puede seguir afectando de manera permanente el derecho a la movilidad de los colombianos”, concluyó el funcionario.

Además, el ministro Cristo hizo una sugerencia a los manifestantes: “Invitamos a que levanten los bloqueos, a que los bloqueos que son permanentes pasen a ser intermitentes mientras avanza esta mesa de diálogo el día de hoy y los invitamos a unas posiciones más flexibles”.

Gobierno no cederá en precio de Acpm

El presidente Gustavo Petro se pronunció contra los transportadores que han perjudicado la movilidad de varias regiones de Colombia, incluyendo la capital Bogotá, quienes han argumentado su actuar en el aumento en el precio del diésel.

A través de una publicación en su cuenta de X, el primer mandatario comenzó por explicar que desde 2019 no se hace un alza al precio del Acpm sin tener en cuenta que los precios suben a nivel internacional y que la Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol) se rige, por ley, por el precio en el exterior.

“Internacionalmente estos subieron agravados por la caída del peso ante el dólar. La deuda alcanzó casi 80 billones de pesos y los pagos de deuda externa e interna del país llegan a 110 billones de pago anual”.

En cuanto a la deuda, Petro culpó al expresidente Iván Duque al que calificó como “irresponsable con Colombia”, por tal motivo, Petro explicó que desde que comenzó su gobierno se tuvo la prudencia de aumentar gradualmente la gasolina para no afectar productos de la canasta básica que ya estaban en ascenso.

Petro también aseguró que una vez que se logró controlar la inflación en el país, es necesario disminuir la deuda pública para así financiar la salud y educación y recordó que el subsidio a los combustibles no es un derecho para los empresarios de camiones.

“Los grandes empresarios de camiones, dueños de miles de tractomulas, creyeron que el subsidio era un derecho que el pueblo colombiano debe pagarles. Estas empresas desplazan los costos del diésel a los fletes de carga, cosa que no puede hacer el pequeño camionero al que tienen explotado”, señaló.

Cada vez se conocen más casos de afectaciones a la movilidad, tanto al interior de las ciudades como en carreteras. Esto ha provocado no solo una caída parcial en las actividades económicas y el suministro de productos, sino que familias han quedado atrapadas justo en una emergencia médica.

Sobre esto se pronuncio, en rasgos generales, Bruce Mac Master, presidente de la Andi, que señaló que las vías de hecho solo contribuyen acentuar más los problemas y que justos terminan pagando por pecadores.

“Son inaceptables los bloqueos con los que se quiere someter a toda la sociedad a afectaciones de movilidad, se vulnera su derecho al trabajo, al estudio y hasta la salud. El derecho a la protesta no incluye el derecho a afectar a toda la sociedad de esta forma”, escribió en su cuenta de X.

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Andi recomendó a empresas colombianos implementar trabajo remoto

Teniendo en cuenta las dificultades reportadas por millones de colombianos, el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios (Andi), Bruce Mac Master, por medio de su cuenta oficial de X, propuso que las empresas permitan el trabajo virtual y así evitar contratiempos en la movilidad.

“En conversación con alcaldes de algunas ciudades capitales hemos acordado recomendarle a las empresas que puedan hacerlo, permitir el trabajo virtual, en casa o remoto el día de mañana. Con el fin de evitar las incomodidades de movilidad derivadas de los bloqueos que se han registrado los días de ayer y hoy”, indicó Mac Master.

Con esta medida se busca mitigar los efectos del paro en la cadena de suministro y reducir la demanda de transporte, al mismo tiempo que se minimiza el impacto en la productividad y la operación de las empresas.

Taxistas y moteros se suman a las protestas

Durante la noche del martes y la madrugada del miércoles 4 de septiembre no cesaron las protestas del gremio de transportadores de carga en la capital colombiana, por cuenta del alza en el Acpm, donde se mantuvieron bloqueos en 19 puntos de la ciudad, de acuerdo con el reporte de la Alcaldía de Bogotá.

En la emisora Blu Radio, uno de los líderes del gremio amarillo, que se identificó como Fredy Contreras, aseguró que el Gobierno Nacional les incumplió con la regulación del precio de la gasolina, que se suponía que iba a tener una tarifa especial para ese gremio.

“Los 100.000 pesos de la supuesta bonificación a la gasolina nos lo gastamos en una sola tanqueada. Nada con la ilegalidad a nivel nacional. Pensamos que es una tomadera de pelo a largo plazo porque realmente no vemos los resultados a pesar que tenemos buenas conversaciones con el Gobierno nacional”, afirmó en el medio radial.

Los taxistas estarán en otros puntos de la ciudad, diferentes a donde se encuentran en el momento los camioneros.

Entre tanto, en las primeras horas de la mañana Transmilenio informó de bloqueos y problemas en la operación en las troncales Caracas Sur, NQS Sur, y los portales Usme y Suba.

A las 5 de la mañana se tenía 27 rutas alimentadoras y 27 Troncales afectadas, así como el cierre de las estaciones Molinos, Socorro y Consuelo, San Mateo, Terreros, León XIII, Despensa y Bosa, que tiene en jaque a 55.580 pasajeros.

Mientras que en la Secretaría de Movilidad indicó que hay bloqueos en los siguientes 13 puntos de la ciudad:

• Avenida Boyacá con calle 66 Sur, sentido Sur-Norte.
• Vía al Llano con kilómetro 0.
• Avenida Caracas con carrera 9 (Molinos).
• Carrera 10 con calle 38B Sur (Lomas)
• Avenida Villavicencio con carrera 82
• Carrera 27 con calle 1, glorieta
• Vía Choachí con kilómetro 11
• Avenida Bosa con Autosur
• Avenida Centenario con carrera 135, ambos sentidos
• Vía La Calera con kilómetro 4+500
• Avenida Bosa con carrera 80, sentido Oriente - Occidente
• Carrera 7 con calle 171, ambos sentidos
• Avenida Boyacá con carrera 36C (Colmotores), sentido Norte - Sur

El paro de transportadores ya empezó a causar aumentos en los precios de los alimentos en varias ciudades del país.

Estos bloqueos en las principales vías puede interrumpir el suministro de mercancías, lo que lleva a una disminución en la disponibilidad de productos y, por consiguiente, a un incremento en los precios por la oferta limitada.

Además, el alza en los costos de transporte y también la dificultad para reabastecerse pueden contribuir a que los comerciantes trasladen esos costos adicionales a los consumidores. Esta situación afecta especialmente los precios de los alimentos de la canasta familiar, que son esenciales para la vida cotidiana de los colombianos.

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En diálogo con Caracol radio, Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), se refirió a las principales afectaciones en el precio y transporte de alimentos como consecuencia del paro nacional de transportadores que han tenido lugar desde el 30 de agosto.

“Aquí estos bloqueos que son una vergüenza y un descaro por parte de los camioneros, pues lo que van a generar es un problema de abastecimiento si se mantienen a ciudades como Bogotá y por supuesto un problema de inflación porque es que las vías que conectan a los llanos, todo lo que pasa de Boyacá, todos los bloqueos, pues indiscutiblemente generan un represamiento de carga que están afuera Bogotá y que no puede entrar, pero también de otros productos que no pueden salir de los centros de producción”.

Bedoya expuso como ejemplo el caso del departamento del Meta, donde hay una cosecha de arroz muy grande, así como una enorme producción de cerdo, y uno de sus principales mercados es Bogotá.

“Ayer, por ejemplo, no se pudieron mover 220.000 cajas de banano que iban para los mercados de exportación y también estaban trancadas en la vía de Santa Marta más de 160 toneladas de aguacate hass, esos son productos que si no llegan a su destino, se dañan o simplemente el comprador en el mercado internacional los va a rechazar y esas pérdidas económicas, quién va a responder por ellas”.

Aumento en el precio de los alimentos en varias ciudades del país

• Bogotá: se han registrado aumentos en los precios de alimentos básicos que oscilan entre el 10% y el 30%, dependiendo del tipo de producto.
• Barranquilla: aunque los aumentos han sido menores comparados con otras ciudades, se han reportado incrementos en torno al 10% a 20% en alimentos.
• Bucaramanga: los aumentos en Bucaramanga también han sido significativos con un rango del 10% al 20%.
• Medellín: los precios de algunos alimentos básicos, como verduras y frutas han subido alrededor del 15% al 25%.
• Cali: los precios en Cali han mostrado incrementos que pueden llegar al 20% en ciertos productos alimenticios.

Casos concretos

Bogotá

Juan José Ramírez, gerente encargado de Corabastos, le contó al diario LR que si bien es muy temprano para arrojar un análisis de impacto, pero que a las 7:55 de la mañana del segundo día de bloqueos, el flujo de entrada de los camiones de carga se había reducido 30%.

“Principalmente los alimentos que se verán afectados son los provenientes de los Santanderes y los Llanos, ya que son las vías que tienen mayores bloqueos”, explicó. Algunos de los alimentos son el plátano, la yuca, algunas frutas y cítricos.

De igual manera, reportó que, en el monitoreo de Corabastos, han entrado 936 vehículos cargados con 6.398 toneladas, a la espera del avance de la jornada de protestas en la jornada de hoy 4 se septiembre.

Indicaron que regiones como Boyacá, los Llanos Orientales, y Santander son las que han evidenciado una mayor inactividad en el transporte de carga. Por eso, como medida para aligerar esta problemática, el gerente anunció que se van a flexibilizar los horarios de entrega de carga. “Estamos recibiendo hora a hora cualquier vehículo o cualquier producto de la canasta familiar para que esté en nuestra oferta continua en las distintas bodegas de Corabastos”.

Según la Personería de Bogotá, debido al paro camionero ya existe un aumento significativo en los precios de los alimentos. El costo de las frutas se ha incrementado entre un 11 % y un 60 %, mientras que el de las verduras ha subido entre un 40 % y un 60 %.

Barranquilla

Podría presentarse un incremento en los precios de verduras y frutas.

“Las afectaciones se verían en las demoras de ingreso de los camiones, no se darían en las horas habituales debido a que los transportadores deberán tomar vías alternas, lo que también aumentaría los precios de nuevo inventario debido a que suben los fletes”, explicó Leonardo Mulford, gerente Comercial de Granabastos.

Diariamente, a la central de abastos ingresan 1.500 vehículos con carga de alimentos provenientes de todas las regiones del país.

Cali

De acuerdo con información del diario El País, de Cali, en la plaza de mercado Santa Elena, una de las principales zonas de abastecimiento, se ha visto este incremento, puesto que aún no se presenta escases, los costos de los fletes y el transporte han aumentado considerablemente, sobre todo en aquellos que vienen desde Cauca, Nariño, Villavicencio, Bogotá, Antioquia y del Caquetá.

“La afectación no está en el volumen de lo que ingresa a la plaza de mercado, sino en el precio. En este par de días, el aumento en la carne que principalmente proviene del departamento del Caquetá, ha sido de 500 pesos el kilo. Además, en frutas y verduras tenemos un incremento del 10%”, le explicó Édgar López, vocero de los comerciantes de la galería Santa Elena, al medio mencionado.

También se espera una afectación en los productos importados desde Ecuador, ya que la vía Panamericana es la primera conexión de Cali con el ese país y otros departamentos.

“Tenemos mucha preocupación por estas alzas porque esto siempre descuadra los presupuestos que nosotros tenemos, y afecta tanto a los comerciantes como a los consumidores”, agregó López.

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural solicitó que se establezcan corredores de abastecimiento para permitir el paso seguro y fluido de vehículos que transportan alimentos, animales y productos perecederos, como respuesta a los bloqueos viales por el paro nacional de camioneros. Según el Ministerio, se busca evitar pérdidas significativas tanto para los productores como para los consumidores.

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Desde el comienzo del paro, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en colaboración con el Ministerio de Transporte, han puesto en operación un Puesto de Mando Unificado (PMU) para monitorear de cerca la situación en todo el país, coordinando planes de contingencia y rutas alternas para minimizar el impacto de los bloqueos en la cadena de suministro de alimentos.

El PMU del sector agropecuario es una medida esencial, según declaraciones oficiales, para prevenir el desabastecimiento y la especulación de precios. Esto se debe a que los cierres y bloqueos han dificultado considerablemente el tránsito de mercancías esenciales, amenazando la seguridad alimentaria de la nación. Bogotá, siendo un punto neurálgico, resiente estos efectos de manera significativa, dado que muchos corredores de distribución parten y pasan por la capital.

El Ministerio ha instado a todas las partes involucradas, incluyendo a los líderes del paro y las autoridades competentes, a garantizar un paso prioritario para estos vehículos. Se hace hincapié en la importancia de mantener el flujo de alimentos frescos a precios justos y sostenibles, tanto para consumo local como para salvaguardar los intereses económicos de los productores ruralistas.

El monitoreo constante y la toma de decisiones rápidas para activar rutas alternas y corredores de abastecimiento son vistos como medidas clave para sortear las dificultades actuales. Este enfoque busca preservar el abastecimiento continuo y equilibrado, así como evitar episodios de acaparamiento que podrían derivar en un incremento de precios indebido.

Las autoridades del Ministerio de Agricultura recalcan que la estrategia no solo beneficia a los consumidores, que mantendrán acceso a productos frescos, sino también a los productores, quienes podrán trasladar sus bienes sin enfrentar pérdidas económicas sustanciales. En términos de acción coordinada, la instalación del PMU representa una herramienta estratégica para manejar y mitigar la crisis de transporte que actualmente amenaza la estabilidad económica y alimentaria de Colombia.

Hasta ahora, no se han reportado acuerdos concretos sobre la implementación de los corredores, pero las conversaciones y gestiones con los entes implicados continúan activamente.

Las consecuencias del paro

La reducción en la entrada de camiones con alimentos a Bogotá, sumada a los bloqueos en las vías y a la implementación de medidas gubernamentales, está afectando gravemente el abastecimiento de productos esenciales y el comercio en Colombia. Según información reciente, el paro de camioneros ha disminuido en un 30% el flujo de camiones hacia la capital colombiana, lo que a su vez ha provocado retrasos notables en la distribución de alimentos y bienes de primera necesidad.

La consecuencia directa de esta situación se refleja en el incremento de los precios de los alimentos. Informes indican que el costo de las frutas ha ascendido entre un 11% y un 60%, mientras que las verduras han experimentado aumentos que oscilan entre el 40% y el 60%. Esta fluctuación de los precios pone en una posición difícil tanto a comerciantes como a consumidores, quienes encuentran más complicado acceder a productos frescos y esenciales.

Las pérdidas no solo se limitan a los consumidores, también afectan profundamente al sector comercial. En algunas de las rutas más afectadas, como la que conecta Bogotá con Villavicencio, las pérdidas económicas registradas ascienden a aproximadamente 66.000 millones de pesos, según reportes oficiales. Estas pérdidas reflejan el impacto severo que las interrupciones en el transporte tienen sobre la economía local y nacional.

Además, el estrangulamiento de la cadena de suministro que resulta de las restricciones en el transporte presenta el riesgo de una escasez potencial de alimentos en los mercados locales. Esta situación podría exacerbar aún más la crisis alimentaria, dejando a múltiples comunidades en una posición vulnerable ante la falta de mercancías esenciales.

En síntesis, el paro de camioneros en Colombia está generando complicaciones serias en el abastecimiento de alimentos, el comercio y la economía en general. Las medidas gubernamentales están en marcha para enfrentar la crisis, pero los efectos ya son palpables y preocupantes tanto para los ciudadanos como para los empresarios del sector.

Siguen los bloqueos el miércoles 4 de septiembre en varias ciudades del país, lo cual seguirá generando congestión en las vías principales.

Ante el crítico panorama, el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios (Andi), Bruce Mac Master, por medio de su cuenta oficial de X, propuso que las empresas permitan el trabajo virtual y así evitar contratiempos en la movilidad.

“Estamos aconsejando a las empresas que puedan hacer trabajo remoto que lo implementen para evitar las dificultades de movilidad y contribuir a la descongestión de las vías”, indicó Mac Master.

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Esta medida busca mitigar los efectos del paro en la cadena de suministro y reducir la demanda de transporte, al mismo tiempo que se minimiza el impacto en la productividad y la operación de las empresas.

El trabajo en casa puede ayudar a disminuir la necesidad de desplazamientos, reducir la presión sobre los sistemas de transporte y contribuir a mantener la continuidad del trabajo mientras se resuelve la crisis del paro.

Mac Master también informó que sostuvo conversaciones con los alcaldes de varias ciudades principales, para que cada uno les recomienden a las empresas trabajar de forma remota y evitar contratiempos.

“En conversación con alcaldes de algunas ciudades capitales hemos acordado recomendarle a las empresas que puedan hacerlo, permitir el trabajo virtual, en casa o remoto el día de mañana. Con el fin de evitar las incomodidades de movilidad derivadas de los bloqueos que se han registrado los días de ayer y hoy”, escribió el Presidente de la Andi.

Por su parte, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció la implementación de teletrabajo para los empleados de la administración distrital y recomendó a las empresas privadas adoptar la misma medida, con el fin de minimizar el impacto en la ciudad. “Toda la capacidad de la administración está puesta en resolver estos inconvenientes y garantizar la movilidad”, afirmó Galán.

De acuerdo con el balance que hizo el mandatario de la capital, las afectaciones más graves se reportan en el portal de Transmilenio de Suba, la avenida Boyacá con carrera 16D, la carrera Séptima con calle 171, Molinos, la avenida Caracas y la vía al Llano.

“Como resultado de estos bloqueos, hay más de 300 mil usuarios del Sistema Transmilenio afectados, especialmente en Usme, Ciudad Bolívar, Rafael Uribe y Suba. El tiempo de retraso promedio es de 2 horas”, informó el alcalde de Bogotá a través de sus redes sociales.

Así mismo, informó que las secretarías de Movilidad, Gobierno y Seguridad, así como la administración de Transmilenio, están trabajando de manera articulada para garantizar la movilidad y seguridad de todos los habitantes de la ciudad.

Colegios públicos y privados no tendrán clases este miércoles 4 de septiembre por el paro de camioneros

Debido al paro camionero que ha generado bloqueos en Bogotá desde el viernes 30 de agosto, la Secretaría de Educación del Distrito (SED) ha decidido suspender las clases en los colegios públicos de la ciudad para el miércoles 4 de septiembre. La medida busca proteger la integridad y seguridad de los estudiantes y la comunidad educativa en general, según confirmaron fuentes oficiales.

El contexto de esta decisión se centra en las negociaciones entre el Gobierno nacional y los transportadores por el incremento del Acpm. La parálisis en el transporte afecta notablemente la movilidad en la capital, haciendo insegura la asistencia presencial a las instituciones educativas.

En un comunicado, la Secretaría expresó que “Esta medida, de carácter preventivo, tiene como principal objetivo salvaguardar la integridad y seguridad de las y los estudiantes, así como de la comunidad educativa en general. Adicional, la Secretaría acompañará a los colegios para mitigar los efectos que estas jornadas puedan causar sobre el proceso de aprendizaje”.

Aunque la suspensión de clases aplica únicamente para los colegios públicos, la SED recomendó a los colegios privados evaluar la situación en sus respectivas localidades y tomar decisiones que prioricen la seguridad y bienestar de sus estudiantes. La entidad educativa invitó a estas instituciones a considerar ajustes que puedan garantizar la seguridad educativa durante los bloqueos.

Este miércoles 4 de septiembre avanza la tercera jornada del paro de transportadores en todo el país a raíz del aumento en precio del Acpm.

Desde el 2 de septiembre el gremio decidió tomar las vías del país en busca de una solución por parte del gobierno nacional, decisión que ha ocasionado que la movilidad colapse en las principales ciudades y carreteras del país.

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Esta situación ha ocasionado que grupos de motociclistas anuncien su incorporación al paro, así como el gremio de los taxistas, tal como lo comunicó Fedetranscarga.

“Ya los taxistas dijeron que es un engaño y que es mentira que el Gobierno les haya dado un beneficio. Se unen a los transportadores de carga indicándonos que no nos dejemos engañar como fueron ellos engañados”, afirmó Arnulfo Cuervo, vicepresidente de la Federación Colombiana de Transportadores de Carga.

Como resultado de este anunció, Transmilenio comunico que por la Troncal Caracas Sut y la Troncal NQS Sur ya avanzan la movilizaciones en las que hacen presencia taxistas, motociclistas y conductores de aplicaciones: “A la hora continúan las novedades en Troncal Caracas Sur: Cerrado Portal Usme y las estaciones de Consuelo, Socorro y Molinos. Las rutas troncales hacen retornos en la estación Calle 40 sur. Troncal NQS Sur: Cerrados el Portal Sur y las estaciones Bosa, La Despensa, Terreros, León Xlll y San Mateo - C.C. Unisur”.

Líderes taxistas que participaron en una reunión con diferentes entidades y sectores de los transportadores, informaron sobre la madrugada de este miércoles 4 de septiembre que se unen a las manifestaciones ya que sienten los perjuicios de diversas medidas que se han venido tomando. Por medio de un video en redes sociales se comunicó:

“Les informamos que acabamos de terminar una reunión virtual que se llevó a cabo a partir de las 8 p. m. donde se define que a partir del día de mañana miércoles 4 de septiembre entrar a participar en estas movilizaciones que están organizando los señores camioneros. Vemos que son protestas justas, donde nosotros como sociedad y como gremio nos vemos perjudicados. Por ende, respetamos estos puntos de concentración como son los de Usme, Bosa, Suba, y Autopista Norte, la invitación es agregarnos a participar masivamente”, señalaron.

De igual manera realizaron una invitación a concentrarse a partir de las 8 a. m. al frente del Ministerio de Transporte donde se instaló un Puesto de mando Unificado (PMU) para monitorear las manifestaciones, en respaldo a todas estas insatisfacciones que tiene el gremio transportador.

También manifiestan que respetan el criterio de cada líder en sus respectivas zonas pero aseguran que es necesario unirse para sentar el precedente por las afectaciones que han vivido.

De acuerdo con el líder del sector de los taxistas Fredy Contreras, en conversación con Blu Radio, este apoyo radica en el incumplimiento de las promesas del gobierno sobre sostener un precio justo en el combustible para el gremio, además de las medidas para mitigar el transporte ilegal.

“Los 100.000 pesos de la supuesta bonificación a la gasolina nos lo gastamos en una sola tanqueada. Nada relacionado con la ilegalidad a nivel nacional. Pensamos que es una tomadera de pelo a largo plazo porque realmente no vemos los resultados a pesar que tenemos buenas conversaciones con el Gobierno nacional”, indicó.

Conforme a los manifestado, los puntos que mayores inconvenientes en la movilidad de Bogotá presentarán serán las localidad de de Suba, Bosa, Usme y toda al Autopistas Sur, avenidas que transitan miles de ciudadanos al día y que conectan a la capital con los municipios aledaños, que pueden obstaculizar el transporte de pasajeros, alimentos y demás productos para abastecer a los diferentes sectores.

En los últimos días en Colombia se han presentado manifestaciones y bloqueos en contra de subidas del precio del diesel por parte del Gobierno Nacional, que tiene al sector de los camioneros en paro en varias capitales y rutas claves del país.

Esta situación ha hecho que varios conductores y usuarios de medios de transporte hayan visto alterado la normalidad de sus rutas diarias y tengan que buscar formas de poder llegar a su trabajo u otras locaciones, siendo aplicaciones de navegación geográfica como Google Maps y Waze, útiles para no quedarse atascado por el tráfico.

A continuación, presentamos una guía paso a paso de cómo usar cada una de estas herramientas de una forma sencilla, y evitar pérdidas de tiempo exageradas durante un recorrido.

Cómo usar Waze para identificar bloqueos y zonas de mucho tráfico

Waze es una herramienta sumamente útil para detectar bloqueos, porque usa información proveniente tanto de algoritmos como de reportes generados por otros conductores.

Lo primero que debe hacer cualquier conductor es descargar la aplicación que está disponible de manera gratuita en las tiendas de aplicaciones tanto para Android como para iOS; y aunque no es obligatorio, crear una cuenta para personalizar la experiencia, guardar rutas frecuentes y acceder a funcionalidades adicionales.

Cómo consultar el estado del tráfico y bloqueos

• Una vez que tengas Waze instalado y configurado, abre la aplicación.
• Si deseas ver los bloqueos en una ruta específica, ingresa tu destino en la barra de búsqueda. Waze te mostrará varias rutas posibles con el tiempo estimado de llegada.
• Si no tienes un destino específico y solo deseas ver el estado general del tráfico, puedes visualizar el mapa principal. Los bloqueos y cierres aparecerán como íconos en el mapa, marcados generalmente en rojo o con advertencias visibles.
• Waze permite ver detalles específicos sobre los bloqueos. Puedes tocar los íconos de alerta en el mapa para obtener más información, como la naturaleza del bloqueo (obras viales, accidentes, manifestaciones, etc.) y la duración estimada del cierre.

Cómo usar Google Maps para detectar bloqueos

Google Maps, al igual que Waze, puede mostrar bloqueos de tráfico, aunque con un enfoque más automatizado. Lo primero siempre es descargarla de forma gratuita en Android y iOS. También, se puede acceder a la versión web desde cualquier navegador.

Si ya se tiene una cuenta de Google, iniciar sesión en la app será sencillo. Al igual que con Waze, es recomendable configurar el acceso a tu ubicación para obtener información precisa.

Cómo visualizar bloqueos en el mapa de la app

• Con la aplicación instalada, abre Google Maps. Si solo deseas ver los bloqueos cercanos, basta con desplazarse por el mapa.
• Si deseas información específica sobre una ruta, escribe tu destino en la barra de búsqueda.
• Google Maps te mostrará varias opciones de rutas. La aplicación marcará en rojo o naranja las áreas con tráfico lento o bloqueos. Además, si hay una calle cerrada o un incidente relevante, aparecerá un mensaje en la parte superior de la pantalla con la descripción del problema.
• Google Maps tiene la opción de mostrar una “capa de tráfico” que te brinda una visión clara de los bloqueos y congestiones. Para activarla, toca el ícono de capas (en la esquina superior derecha del mapa) y selecciona “Tráfico”.
• Las zonas con bloqueos aparecerán resaltadas en rojo, mientras que las áreas de tráfico denso aparecerán en naranja.

De esta manera, se puede reducir el tiempo del trayecto de un lugar a otro, junto con evitar quedar atascado en una zona de mucho tráfico, la cual es una situación típica en un momento donde varias vías principales pueden estar cerradas por las manifestaciones públicas.

Durante la noche del martes y la madrugada del miércoles 4 de septiembre no cesaron las protestas del gremio de transportadores de carga en la capital colombiana, por cuenta del alza en el Acpm, donde se mantuvieron bloqueos en 19 puntos de la ciudad, de acuerdo con el reporte de la Alcaldía de Bogotá.

Y la situación parece que se agravará en el transcurso del día, ya que un grupo de taxistas y de moteros anunciaron que se sumaban a las manifestaciones de los camioneros.

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En la emisora Blu Radio, uno de los líderes del gremio amarillo, que se identificó como Fredy Contreras, aseguró que el Gobierno Nacional les incumplió con la regulación del precio de la gasolina, que se suponía que iba a tener una tarifa especial para ese gremio.

“Los 100.000 pesos de la supuesta bonificación a la gasolina nos lo gastamos en una sola tanqueada. Nada con la ilegalidad a nivel nacional. Pensamos que es una tomadera de pelo a largo plazo porque realmente no vemos los resultados a pesar que tenemos buenas conversaciones con el Gobierno nacional”, afirmó en el medio radial.

Los taxistas estarán en otros puntos de la ciudad, diferentes a donde se encuentran en el momento los camioneros.

Entre tanto, en las primeras horas de la mañana Transmilenio informó de bloqueos y problemas en la operación en las troncales Caracas Sur, NQS Sur, y los portales Usme y Suba.

A las 5 de la mañana se tenía 27 rutas alimentadoras y 27 Troncales afectadas, así como el cierre de las estaciones Molinos, Socorro y Consuelo, San Mateo, Terreros, León XIII, Despensa y Bosa, que tiene en jaque a 55.580 pasajeros.

Mientras que en la Secretaría de Movilidad indicó que hay bloqueos en los siguientes 13 puntos de la ciudad:

• Avenida Boyacá con calle 66 Sur, sentido Sur-Norte.
• Vía al Llano con kilómetro 0.
• Avenida Caracas con carrera 9 (Molinos).
• Carrera 10 con calle 38B Sur (Lomas)
• Avenida Villavicencio con carrera 82
• Carrera 27 con calle 1, glorieta
• Vía Choachí con kilómetro 11
• Avenida Bosa con Autosur
• Avenida Centenario con carrera 135, ambos sentidos
• Vía La Calera con kilómetro 4+500
• Avenida Bosa con carrera 80, sentido Oriente - Occidente
• Carrera 7 con calle 171, ambos sentidos
• Avenida Boyacá con carrera 36C (Colmotores), sentido Norte - Sur

Quema de llantas en Fontibón, bloqueos en el portal de Suba y 17 puntos más de Bogotá durante la noche

Sin embargo, fue en la localidad de Fontibón donde se reportó una de las situaciones más álgidas con un conato de disturbios en el barrio El Recodo, donde algunos manifestantes quemaron llantas para bloquear unas de las vías vehiculares del sector.

Incluso en redes sociales se conocieron videos que se hicieron virales de la tensa situación, como reportaron en la cuenta de Facebook El carrusel de Andres, donde recogen información en esa localidad del occidente de Bogotá.

No obstante, la Policía Metropolitana de Bogotá señaló que no hubo disturbios como tal, si no que se trató de un grupo de personas que quemó las llantas en la vía, pero una vez llegaron los uniformados, apagaron las llamas y retiraron ese material, para recuperar la normalidad en la zona.

Ya en el noroccidente de la ciudad, el Portal de Transmilenio de Suba siguió bloqueado por algunos de los manifestantes, por lo que hubo presencia de integrantes de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo) para dispersarlos de las avenidas Suba y Cali, donde estuvieron concentrados.

El insigne sistema de transporte público en Bogotá también registró más protestas en el Portal de la avenida calle 80, donde los manifestantes realizaron bloqueos intermitentes en las vías aledañas.

Una situación similar ocurrió en las cercanías del Portal de Usme, así como en la troncal Caracas Sur, donde se tuvieron que cerrar, antes de que concluyera la operación, las estaciones de Molinos, Socorro y Consuelo.

Lo mismo ocurrió en el sur de la troncal de la avenida Norte Quito Sur (NQS) y la conexión con la del vecino municipio de Soacha, donde también también quedaron inhabilitadas las paradas de Perdomo, Bosa la Estación, Bosa la Despensa, León XIII, Terreros y San Mateo.

Entre tanto la Secretaría de Movilidad señaló que durante la noche del martes se mantuvieron los bloqueos en otros 17 puntos de la ciudad.

En el norte: en la autopista Norte con calle 209, la carrera 7ª con calle 171, en ambos sentidos viales, y la vía a La Calera en el kilómetro 4+500. En el occidente: Avenida Boyacá con calles 76, 78 y 18 D; la intersección de la calle 80 con carrera 96.

Así como en las cercanías del centro histórico en la vía Choachí con kilómetro 11 y la glorieta de la carrera 27 con calle 1ª.

Pero fue el sur de la ciudad el más afectado en la carrera 10ª con calle 39B Sur, sector de Lomas; la autopista Sur con calle 59 Sur, en ambos sentidos; la avenida Centenario con carrera 135; la avenida Caracas con carrera 9ª, sector de Molinos, en los dos sentidos viales. La avenida Boyacá con carrera 36C, sector de Colmotores; la avenida Bosa con carrera 80, la avenida Villavicencio con carrera 82 y el inicio de la vía al Llano con kilómetro 0.

Durante el martes 3 de septiembre se vivió todo el día una parálisis vial en varias ciudades del país, como consecuencia de la protesta del gremio de transportadores de carga que se oponen al alza del Acpm que decretó el Gobierno del presidente, Gustavo Petro, el pasado fin de semana, y que por el momento no tiene una solución.

Por cuenta de esta nueva crisis en el país, los exministros de Hacienda, José Antonio Ocampo, el primero de la administración Petro; y José Manuel Restrepo, el último de la administración predecesora del expresidente Iván Duque, sostuvieron un rifirrafe en redes sociales, donde se ‘pelotearon’ esa aparente responsabilidad.

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El antecedente de este problema tuvo origen en 2007, cuando el entonces jefe de Estado, Álvaro Uribe Vélez creó un subsidio para los combustibles en Colombia, para evitar incrementos súbitos por la volatilidad de sus precios a nivel internacional, explicaron en un artículo de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares).

Agregaron que aunque ese beneficio se mantuvo sin mayores problemas en las administraciones posteriores, fue al final de la Iván Duque, bajo el contexto de la invasión rusa a Ucrania, que tuvieron que tomar decisiones sobre el mismo, cuando se disparó el precio del crudo, que hizo “más profundo el hueco fiscal” y para poder contrarrestar el déficit el entonces mandatario comenzó el desmonte del subsidio desde mayo de 2022.

Sobre ese detalle se volvió a referir el exministro Ocampo, que cuando se posesionó como ministro de Hacienda en el inicio de la gestión presidencial de Petro, conoció de primera mano esa situación, que también con llevó al alza de la gasolina.

“El Gobierno Duque la embarró al final al no aumentar el precio a la gasolina (...) Nos dejó un déficit del 3 % del PIB. Una deuda enorme”, expresó a mediados de 2023, en una entrevista con la revista Semana.

Sobre esa afirmación, Restrepo reaccionó a través de su cuenta de X y aseguró que: “Como gobierno y con responsabilidad saneamos 17 billones del fondo de combustibles en 2018. Con responsabilidad PAGAMOS 14,2 billones para dejar saneado el fondo al Q12022. DEJAMOS en presupuestos 28,5 billones para necesidades posteriores y 19 billones para 2023 (sic)”.

Ya en la noche del martes, Ocampo volvió al mismo trino de Restrepo y le insistió en que estaba aceptando que dejaron desfinanciando el fondo para el subsidio de los combustibles.

“Exministro: veo que reconoce que no pagaron el déficit, sino que lo programaron para que lo hiciera el gobierno actual, quitándole además espacio fiscal, y dejaron abierto el subsidio para que el costo político de su desmonte lo asumiera la nueva administración (sic)”, reiteró.

Ante el nuevo señalamiento, Restrepo le respondió a su sucesor y volvió a asegurar que el fondo se entregó saneado.

“Usted sabe perfectamente que no se puede reconocer una deuda inexistente. Es delito !! La deuda debidamente causada quedó saldada a agosto de 2022 como lo demuestra el marco fiscal que le entregue !! Usted sabe que la deuda únicamente se causa a más de 6 meses en la medida que se mantiene el diferencial de precios (sic)”, afirmó.

Seguido, Restrepo le reconoció a Ocampo que hubieran mantenido una política similar con el fondo para el subsidio del combustible, pero cuestionó que se hubieran demorado en tomar decisiones con el Acpm, como ocurrió con la gasolina.

“Lo felicito por haber seguido el camino que iniciamos y que dejamos planteado en el marco fiscal de 2022 para eliminar el diferencial de precios en gasolina. Pero le pregunto ? Porque mantuvo tanto tiempo el diferencial de precios de ACPM? Porque no subió NI UN PESO !! No ha debido subirlo como se venía dando de atrás y como estaba contemplado en el marco fiscal del 2022? Cuál fue la razón de quedarse quieto usted ?? (sic)”, indicó Restrepo.

Ante dicha afirmación, Ocampo también respondió y sostuvo otra vez que sí hay un déficit que heredó el Gobierno Petro de su antecesor.

“Perdón: el déficit de 37 billones de pesos del fondo de estabilización fue el que ustedes dejaron, para que casi todos los ajustes de precios los hiciera la administración actual, asumiendo el costo político que viene con gobernar y que no es para endosar. Se hizo el de la gasolina y, como lo he dicho, con un rezago de un año, se está haciendo el del diésel (sic)”, señaló.

Y de nuevo, por esa respuesta, el que fuera ministro de Hacienda en la era Duque replicó y volvió reprochar la demora que hubo en tomar decisiones con respecto al alza de los combustibles para vehículos de carga.

“Perdón Profesor. De nuevo tienes otra equivocación. A agosto de 2022 no existía tal déficit de 37 billones. Acuérdate que se va generando en la medida que se cierre el diferencial y a medida que se va causando esa diferencia. Como lo dije reconozco que se cerró en gasolina y eso es positivo y lo celebro, pero OJO !! En el tema de diésel llevan DOS AÑOS y solo hasta ahora se cierra parcialmente. Mucho tiempo perdido !! (sic)”, trinó.

Durante el martes 3 de septiembre, en varias ciudades del país, se registró una nueva jornada del paro de camioneros, por cuenta del alza del Acpm, donde en una de las vías de la capital del Cauca ocurrió un grave hecho de intolerancia entre algunos manifestantes y un grupo de indígenas, que terminaron agrediéndose.

La pelea ocurrió exactamente en el sector del Parque Industrial de Popayán, luego de que los integrantes de la comunidad ancestral intentaran quitar unos maletines de agua con los que obstaculizaban el corredor vial, informaron en el portal de noticias del departamento Periódico Virtual.

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Agregaron que los manifestantes reaccionaron violentamente y la emprendieron a golpes contra el grupo de indígenas, sin embargo, los policías que estaban en esa zona reaccionaron de inmediato y evitaron que el altercado pasara a mayores.

De acuerdo con las versiones preliminares que conocieron del enfrentamiento en la emisora RCN Radio, las personas afectadas por los camioneros son integrantes del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric).

Indicaron también que manifestantes expresaron en redes sociales que se trataba también de un desquite con las comunidades ancestrales, ya que ellos tienen que padecer por situaciones similares cuando realizan sus protestas en la vía Panamericana.

Del hecho de intolerancia se grabaron videos que se hicieron virales y que reprodujeron en cuentas informativas de algunos medios de comunicación locales, como fue el caso de PopayanCO.

“Irónico, los del CRIC se vieron afectados por el bloqueo de los camioneros y quisieron pasar a la fuerza, los camioneros no se dejaron y le tocó a la policía intervenir para defenderlos. #ParoCamionero (sic)”, publicaron en X, junto con la grabación.

Paro Camionero bloqueo por completo la vía Popayán-Cali

Desde la mañana del martes, los transportadores que protestan en el corredor vial que conecta a las capitales del Cauca y del Valle han mantenido bloqueada la carretera dentro de sus jornadas de protesta por cuenta del alza del combustible para los vehículos de carga que decretó el Gobierno Nacional el fin de semana.

Precisamente la zona más afectada fue la de Parque Industrial en Popayán, donde los camioneros han mantenido una parálisis total, según recogieron en el periódico regional El País de Cali.

En el diario vallecaucano también hablaron con los usuarios de la vía que han sido de los grandes afectados con las protestas de los camioneros y con los bloqueos que aún se mantienen en esa zona del suroccidente de Colombia.

“Dejan pasar por un solo lado, claro, esperamos pasar, pero es curioso esta protesta porque ellos alegan que los bloqueos de los indígenas los perjudican, pero salen y tapan un carril de una de las vías de acceso a la ciudad, esto es absurdo”, indicó en ese medio de comunicación Lina María Meneses, una de las afectadas, ya que es una comerciante que necesita trasladarse a diario por ese punto de la Panamericana.

Solo fue hasta bien avanzada la noche del martes, cuando los manifestantes se dispersaron de la carretera, como dieron cuenta en el Instituto Nacional de Vías (Invías).

“La vía Popayán-Cali actualmente se encuentra habilitada según el reporte de las autoridades del sector (sic)”, señalaron en la cuenta de X de la entidad, sin embargo, se tiene previsto que a primeras horas de la mañana vuelvan a bloquear el corredor vial.

El sur de Santander está experimentando una creciente crisis de combustible, producto de los bloqueos viales generados por el paro camionero, según lo reportado por Farid Jones, director de la Federación de Empresarios de Biocombustibles y Energéticos de Santander en declaraciones para la emisora colombiana Blu Radio.

Esta situación ha afectado de manera significativa a los municipios de San Gil, Socorro, Villanueva y Charalá, donde las estaciones de servicio ya enfrentan una notable reducción en sus reservas de combustible.

Jones explicó que las estaciones de servicio en esta región dependen principalmente del suministro proveniente de Bucaramanga, transportado por carrotanques. Aunque el pasado sábado se logró una recarga de combustible, esta solo suele durar entre dos y tres días. Sin embargo, la demanda ha aumentado drásticamente, ya que la población, anticipando la escasez, ha comenzado a abastecerse de manera inusual.

En San Gil, las largas filas de vehículos, tanto motos como carros, han sido una constante en las estaciones de servicio, donde los usuarios buscan desesperadamente llenar sus tanques antes de que el combustible se agote por completo.

Un residente de San Gil expresó su preocupación a la emisora colombiana, señalando que la situación está generando incomodidad y malestar entre los habitantes, quienes se sienten abandonados por las autoridades nacionales en medio de esta crisis.

Además, Jones advirtió que la situación podría empeorar aún más en los próximos días, especialmente en municipios como Villanueva y Charalá, donde la escasez ya es evidente. Incluso en San Gil, algunas estaciones han comenzado a ver reducidas sus existencias de combustible, lo que genera preocupación entre los empresarios y los habitantes de la región.

En situaciones de emergencia como esta, las estaciones de servicio suelen recurrir a la planta de Facatativá, en Bogotá, para el suministro de combustible. Sin embargo, con el cierre de las vías en Tunja, esta opción también podría verse comprometida, exacerbando la crisis en toda la región.

Consecuencias del paro de transportadores en Colombia

Al no llegar a ningún tipo de acuerdo con el Gobierno nacional, los bloqueos y movilizaciones por parte del gremio de transportadores, que están en contra del alza en el precio del Acpm, se han mantenido a nivel nacional.

En la noche del 2 de septiembre esto provocó afectaciones en múltiples corredores, por lo que ciudadanos denunciaron que tuvieron problemas para volver a sus hogares y otra parte de los transportadores informaron que sus cargas con alimentos podrían dañarse.

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Estos son solo algunos de los problemas que provoca el paro nacional de transportadores, que completa tres días y que podría mantenerse si luego de las 5:00 p. m. del 3 de septiembre, no se anuncia un cese de los bloqueos tras una reunión en la que el Gobierno nacional está representado por algunos ministros del presidente Petro.

Ante esta situación, en diálogo con Infobae Colombia, el profesor de la Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de La Sabana Rafael José Henríquez, analizó la situación que llevó a que se registrara este paro y las consecuencias que podría dejarle al país.

“Para evitar que el gremio se vea afectado se hubieran preparado varias estrategias, pensar en el tema de subsidio, pero no como se venían manejando, sino temporales para el diésel de transportadores de carga. Tarifas de transporte, porque estamos afectando, pero, por otro lado, las tarifas no han tenido aumento similar, se podría hablar de incentivos fiscales para compensar el aumento y una estrategia de negociación”, expresó el académico.

Según el mandatario, lo dicho por Cárdenas, que aseguró que no existe un subsidio a la gasolina, no es tan cierto.

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“Sí existe un subsidio diferencial al Acpm, cuando en la práctica el precio del Acpm se traslada al flete que se cobra al demandante de transporte por las grandes empresas y el pequeño camionero no puede trasladar al flete, y lo asume como una parte menor de su ingreso”, escribió.

A su vez, anotó que reformar la política de fletes debe ser una prioridad para el Ministerio de Transporte.

Henry Cárdenas, por medio de un video, había dejado varios mensajes sobre el paro camionero que se vive en el país a causa del aumento de $1.904 que le hizo el Gobierno de Gustavo Petro al galón del diésel y que lo dejó, en promedio a nivel nacional, en $11.360, con el fin de cerrar la brecha del Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles (Fepc).

Paro era evitable

Uno de ellos es que, tras el aumento, lo que pasa hoy en las carreteras nacionales, en las ciudades principales, era lo que se quería evitar, pero el Ministerio de Hacienda no entendió a los transportadores de carga y, desde la Cámara Intergremial de Transporte (Unidos) siempre se planteó no tener un alza del combustible. Siempre se planteó buscar una fórmula para Colombia, por ser productores y por ser refinadores del 100% del diésel que consumen todos nuestros vehículos.

“Hoy, el diésel afecta a todos los colombianos. Esta alza que se tuvo la vamos a sentir todos en el bolsillo de cada uno. Por eso mismo habría que hacer una nueva propuesta al ministro (Ricardo) Bonilla para que se retracte esta alza y podamos llegar a un acuerdo nacional para que no afecte a ningún transportador en el país”, afirmó.

Advirtió que si sube $1.000 o si sube $3.000 o si sube $6.000, como él quiere, va a afectar a todos los colombianos y, por eso, se quería mantener el precio hasta no haber sacado esa fórmula Colombia que tanto necesitaba el país.

Precio diferencial es una mentira

Cárdenas prosiguió y dijo en el mismo video que es mentira que las empresas de transporte tengan un precio diferencial.

“Nunca lo hemos tenido, siempre ha sido el mismo de todos los transportadores, que cada uno tenga más capacidad para comprar y para negociar, es diferente, pero nunca hemos tenido subsidios de parte del Gobierno nacional. Eso que quede muy claro, nunca hemos tenido subsidios de nadie”, aseveró.

Según él, lo que han hecho es por cuenta de cada uno, trabajando día a día, madrugando, trasnochando siempre por generar empleo.

“No nos estigmaticen, porque las empresas de transporte son tan importantes como el transportador, como el conductor, como el almacenamiento de las mercancías. Esto es una cadena logística que entre todos la jalamos. Si no fuera así, no seríamos lo que somos hoy en día”, puntualizó.

El presidente de Fedetranscarga también destacó que entre todos los transportadores se hace algo muy bueno, que es generar empleo, generar economía, pero si les dan duro a como empresas de transporte, la van a “embarrar” porque los desincentivan.

Pese a que las partes se sentaron a negociar con miras a buscar alternativas de solución, tras el incremento de $1.904 que quedó en firme desde el 31 de agosto, hasta la fecha, martes 3 de septiembre, no hubo acuerdo para levantar las manifestaciones que perjudicaron, solo en la capital de la República, a más de medio millón de usuarios que buscaban de forma desesperada regresar a casa. Además de otras afectaciones.

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A medida que avanzaban las movilizaciones, los señalamientos en contra del primer mandatario no se hicieron esperar. Y comenzaron a desempolvar una serie de publicaciones que en sus perfiles hizo el gobernante cuando hacía parte de la oposición; e invitaba a los colombianos a manifestarse en contra del gobierno de Iván Duque Márquez, como principal convocante de las jornadas.

Uno de los videos que salieron de nuevo a la luz es uno en el que Petro promueve una especie de saboteo general a la industria, al sector bancario e, incluso, a los medios masivos de transporte de las grandes ciudades, como TransMilenio. Una postura que contrasta con la que actualmente defiende, en la que insiste en la que Colombia “no se dejará bloquear” por un gremio que estaría ejerciendo presión.

El video de Gustavo Petro que se hizo viral en las redes sociales

En las imágenes del entonces congresista de la República por el Estatuto de Oposición, tras haber perdido los comicios del 2018 ante Iván Duque Márquez, Petro, como uno de los principales líderes del paro nacional que puso en jaque a su antecesor entre el 28 de abril del 2021, hasta finales de julio del mismo año, hacía una serie de peticiones para afectar a los grandes conglomerados económicos.

“No abra su negocio mañana, permita que sus empleados no trabajen. No saque su carro mañana, ni su bus, ni su camión, ni su taxi. No compre gaseosas. No compre en grandes superficies comerciales. No haga transacciones financieras. Sálgase de los fondos privados de pensiones y entre a Colpensiones. No se suba a TransMilenio”, se escucha en un fragmento del mencionado video.

Lo dicho por el entonces jefe de la oposición es diametralmente opuesto a lo que indicó en la mañana del 3 de septiembre del 2024, cuando en su perfil de X manifestó que el aumento en el precio del Acpm es justificado. Y en mensajes posteriores también culpó a Duque Márquez por las decisiones impopulares que tomó y con las cuales rompió con las promesas que lo llevaron a la Casa de Nariño en 2022.

“El país no se dejará bloquear. El alza del diésel es justa porque solo se está recuperando el dinero de un subsidio que nunca se debió haber dado y que ya suma una gran fracción de la deuda pública de Colombia. Dar comida a la gente con hambre y educación, a nuestra niñez y juventud, nos obliga a equiparar los precios”, expresó el presidente en defensa de su determinación.

Y dejó en claro que procederá a “medidas adecuadas” para afrontar un lock out, o más bien, un paro del sector empresarial que ya estaría en marcha. “Los pequeños camioneros independientes siempre serán recibidos en el ministerio de transporte”, afirmó Petro, en el sentido de afirmar que desde 2019 no se llevaba un incremento en el precio del combustible, en una decisión “irresponsable” del anterior mandatario.

El 3 de septiembre se cumplen dos días que el gremio camionero anunció que iba a bloquear las vías estratégicas en el territorio nacional en varias ciudades del país para protestar contra el aumento del diésel.

Según la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), por cada día del paro de transportadores el comercio exterior podría perder hasta 300 millones de dólares, afectando el tránsito de mercancías y pasajeros.

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Los departamentos de Norte de Santander, Santander, Antioquia, Cesar, Cundinamarca, Nariño, Boyacá, que representan una parte importante del comercio exterior del país, se han visto vulnerados por la crisis de movilidad.

Para negociar el levantamiento del paro, en el que participan transportadores de carga y camioneros, se reunieron la ministra de Transporte, María Constanza García; el ministro de minas, Andrés Camacho, y la superintendenta de Transporte, Ayda Lucy Ospina. Sin embargo, luego de cinco horas, no han llegado a un acuerdo.

Alejandro Quiroga Calle, presidente de la Asamblea Nacional de Transporte, concluyó que es difícil llevar una negociación si el presidente Gustavo Petro “está con los taches arriba” para dar respuesta a las peticiones del gremio.

A su vez, sostuvo que la posición por parte del Estado colombiano no ayuda a dar solución al problema, por lo que solicitó al Gobierno nacional que se derogue la resolución del aumento del diésel y una reunión urgente con el mandatario para exponer sus preocupaciones.

“Nosotros estamos haciendo solamente dos peticiones, la primera es que se elimine la resolución que aumento del precio del diesel, porque afecta a todos los colombianos, y la otra es que tener una reunión directamente con el presidente de la República”, señaló Quiroga.

A propósito, insistió en que buscan dialogar con el primer mandatario, porque consideran que es el único que puede dar garantías en el corto, mediano, y largo plazo de que no aumente el combustible y que examine los otros 11 reclamos del gremio de transportadores.

En paralelo, criticó la gestión del Ministerio de Transporte durante los dos años de administración del presidente Gustavo Petro, ya que por la cartera han pasado tres ministros y siete directores de relaciones públicas. A su juicio, “es imposible organizar un sector de esa manera”.

Sin embargo, reconoció como un acierto incluir a las bases transportadores en los diálogos: “Los habían tenido excluidos, no entendemos por qué un Gobierno que dice que protege la economía popular los había dejado de lado al momento de tomar decisiones”.

Por su parte, el Consejo Gremial Nacional (CGN) en un comunicado dirigido a la opinión pública, rechazó la protesta por el alza del precio del diesel.

“Los 32 gremios que conforman el Consejo Gremial Nacional rechazan enfáticamente los bloqueos que se vienen presentando en diferentes partes del país. En el marco del ejercicio del derecho a la protesta pacífica, no pueden vulnerarse otros derechos fundamentales de la sociedad, como la libertad de circulación, el derecho al trabajo, el acceso a los alimentos y los servicios esenciales”, se lee en la misiva.

A su vez, la entidad hizo una invitación al Gobierno nacional y a los transportadores para implementar mecanismos efectivos de diálogo y concertación que faciliten encontrar una solución.

Del mismo modo, Bruce Mac Máster, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) se pronunció sobre la situación en su cuenta de X.

En la publicación sostuvo que, “los derechos de unos llegan hasta donde llegan los derechos de otros”. Además, el empresario dejó claro que la libre movilidad, el derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho al estudio, no pueden ser vulnerados.

El gremio aseguró que los bloqueos y restricciones en las vías, especialmente las de ingreso a la ciudad y municipios aledaños, no solo afectan la movilidad de las personas, sino que causan un impacto directo y negativo en el comercio de la ciudad.

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Al respecto, el director del gremio de comerciantes en la capital del país, Juan Esteban Orrego, manifestó que “la movilidad restringida desde el lunes en la tarde está obligando a miles de bogotanos a dedicar hasta dos horas adicionales para llegar a sus lugares de trabajo y regreso a casa”. Expuso que la situación afecta de manera significativa la productividad en múltiples sectores”.

Además, indicó que “las ventas en la ciudad caen hasta un 80%”, ya que muchas personas prefieren no salir de sus hogares o apresurarse en regresar a ellos, lo que reduce de manera drástica la afluencia de clientes en los establecimientos comerciales y cancelaciones de citas laborales.

Por eso, desde Fenalco Bogotá Cundinamarca se hizo un llamado urgente al Gobierno nacional y a los transportadores para que prioricen el diálogo y encuentren una solución que evite mayores perjuicios a la economía de la ciudad y la región y al bienestar de sus ciudadanos.

“Si bien desde el gremio no compartimos el incremento escalonado de los costos del diésel, por considerar que termina encareciendo los productos movilizados por el transporte de carga nacional, tampoco consideramos que las vías de hecho, con bloqueos que afectan a la ciudadanía y a las empresas sea el camino para manifestar el descontento y rechazo a la medida”, puntualizó Orrego.

El dirigente afirmó que la situación actual exige responsabilidad y compromiso de todos los actores involucrados. Además, que Bogotá no puede permitirse una paralización de las actividades comerciales, ya que esto pone en riesgo la estabilidad económica de miles de familias y empresas de todos los tamaños.

Otro golpe al bolsillo de los colombianos

Luego de analizar el reciente pronunciamiento del Ministro de Hacienda del inminente aumento del diésel de manera escalonada, la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco), había manifestado su preocupación, no solo por el momento coyuntural que vive el país, por cuenta de un débil crecimiento de la economía, sino porque esto sin lugar a dudas será otro golpe para el bolsillo.

“Esta decisión unilateral que no permite discusión, muestra la poca voluntad de diálogo del Gobierno en temas que afectan a todos los colombianos”, afirmó, el 30 de agosto, el presidente de Fenalco, Jaime Cabal.

El vocero de los comerciantes sostuvo que el fuerte incremento en el diésel al pasar de $9.000 a $15.000, es decir, un aumento del 66,66%, hubiera podido contrarrestarse y ser asimilado en mejor forma por la economía, de no ser por la decisión que tomó el presidente Petro al comenzar su mandato, de congelar el precio de este combustible. “Hasta que la pita se rompió y el déficit se tornó insostenible”, dijo.

A su vez, explicó que el aumento esperado en el precio del diésel no solamente es un riesgo para el proceso de reducción del costo de vida, sino que ahora, que el ajuste no se limita a los grandes consumidores, el efecto sobre la inflación será significativo. En el solo renglón de los alimentos, tanto perecederos como procesados, el alza en los combustibles elevará los fletes, los cuales se trasladarán al precio final a tiendas, supermercados y restaurantes. Subir $6.000, así sea de manera gradual en menos de año y medio, tendrá un impacto demoledor en los fletes, muy superior al 30% acumulado.

El sector más perjudicado, aparte del transportador, será el comercio.

Incrementos que pagarán los usuarios

De acuerdo con cifras de la Federación de Empresarios del Transporte de Carga (Fedetranscarga), por cada $2.000 que suba el precio del diésel, la tarifa de los fletes se incrementa en un 8% y los mayores costos que asuman los transportadores se terminarían trasladando a los precios de los alimentos y al transporte de los bienes y servicios.

“Prácticamente, la totalidad de los bienes que conforman la canasta familiar subirán de precio, aparte de los aumentos que se produzcan por otros factores como el aumento en el salario mínimo, los peajes y cierre de vías, entre otros”, aseveró el dirigente.

Jaime Cabal también anotó que al sector se le incrementarán aún más los costos logísticos, entendidos como todos los gastos incurridos en el transporte del producto, desde la obtención de la mercancía, hasta la entrega de los pedidos a los clientes y todos los pasos intermedios.

Con ocasión del paro camionero y los bloqueos generados por la protesta de los transportadores en Bogotá, la Personería de la capital de la República hizo un llamado urgente a garantizar los derechos de los ciudadanos a la libre movilidad, la educación, la salud, la seguridad alimentaria y a un entorno salubre.

El organismo de control advirtió, por medio de un comunicado, que se pusieron en riesgo servicios esenciales como el abastecimiento de alimentos, el acceso a urgencias y citas médicas, y la asistencia a clases de los niños, niñas y adolescentes.

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“Haremos un seguimiento permanente a las plazas de mercado de la ciudad para monitorear la disponibilidad de alimentos y sus precios, de manera que no se afecte a la población más vulnerable de la ciudad”, afirmó el personero de Bogotá, Andrés Castro Franco.

La entidad, en una primera visita, verificó los precios de los alimentos en las plazas de mercado de Las Ferias y 7 de agosto y encontró, por ejemplo, que el valor de las frutas se incrementaron entre un 11% y 60% y el de las verduras, entre 40% y 60%.

En cuanto al sector educativo, la Personería conoció que, en la localidad de Usme, solo el 5% de los estudiantes asistieron, el 3 de septiembre, a clases. En Rafael Uribe Uribe, el 42%, y en Ciudad Bolívar, Barrios Unidos, Tunjuelito y San Cristóbal hubo retrasos en el inicio de la jornada, toda vez que las rutas escolares tuvieron que tomar vías alternas.

Los alimentos que se pondrán caros

Al respecto, Infobae Colombia consultó al profesor asistente del Departamento de Economía de la Universidad Javeriana Adrián Garlati y dio detalles sobre los productos de la canasta familiar que se podrían poner más caros con el aumento en el precio del diésel. Confirmó que, seguramente, serán todos los que tengan algún grado de transporte, como los importados que haya que traer desde los puertos.

Dijo que el paro camionero influye directamente en los precios de la canasta familiar porque con este se bloquean las vías y la entrada de productos, principalmente, a las ciudades que tengan problemas con el ingreso de los productos.

“Entonces, los productos empiezan a escasear y, lógicamente, cuanto menos productos hay, cuanto más escasean, más caros se empiezan a volver. Obviamente, empieza a ocurrir cuanto más largo se haga el paro de camioneros”, agregó.

Sobre cuánto sería ese aumento, anotó que eso es difícil de decirlo, porque “lo más seguro que vaya a ocurrir es que, al menos este salto que hubo en el diésel, que es como del 21% si se hace el cálculo, no se va a reflejar inmediatamente en los productos, porque, básicamente, no se puede hacer de la noche a la mañana, principalmente, por el tema de los contratos y demás que están fijados a determinados precios”.

Afirmó que se deben replantear los contratos, los costos y demás y reescribirlo en función de este salto, pero, además, porque los fletes no pueden subir a la noche a la mañana en ese momento porque si no, básicamente parece perderían todos los clientes los que contratan flete y tampoco el vendedor final puede subirle ese monto a los consumidores inmediatamente porque también se pierden clientes.

Entonces, agregó que seguramente se hace un aumento, pero que se va a ir viendo en los diferentes meses. “Eso es lo más probable. ¿De cuánto sería? Es muy incierto”, remarcó.

Productos de la canasta familiar que podrían escasear

Sobre los productos de la canasta familiar que podrían escasear, advirtió que si el paro se extiende mucho, entonces, lógicamente, los productos no llegan a los supermercados o a la ciudad a donde se venden finalmente, pero es más por el tema del paro y no por el aumento del diésel.

“Lógicamente, los que más se pueden ver afectados son los que tienen más rotación, como los alimentos. Si esto se extiende más en el tiempo, obviamente eso se traslada a otro producto con un poco menos de rotación, ya sean productos que no se compran tan seguido o que no son perecederas, como muebles o computadores”, apuntó.

Estratos más afectados

Garlati también se refirió al impacto en los estratos socioeconómicos que pueden recibir el mayor impacto negativo.

Confirmó que los más afectados serán los más bajos (1 y 2), los primeros que van a sufrir este impacto, porque son estos hogares los que destinan más de su presupuesto para alimentación, entonces ellos son los que van a sentir este impacto en la primera subida de los alimentos.

Por otra parte, descartó haya manera de evitar el incremento de precio de los alimentos, a menos que el Gobierno tenga alguna forma de hacer y entrar alimento de alguna forma, pero es algo difícil. Anotó que, por ahora, recomienda a las personas guardar los alimentos que puedan y esperar que la situación se resuelva en los próximos días.

El motociclista intentó evitar uno de los bloqueos de vías utilizando un andén. Este acto desató la persecución de un grupo de manifestantes que finalmente lo derribó y agredió físicamente. Este momento fue captado en un video que se ha difundido ampliamente en varias plataformas digitales, generando una oleada de reacciones.

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La identidad del lugar exacto del hecho y el estado de salud del motociclista aún no han sido confirmados, pero las imágenes provocaron un intenso debate en especial en medios digitales y redes sociales. Diferentes usuarios expresaron su rechazo y crítica tanto hacia la agresión sufrida por el motociclista como hacia el impacto del paro en la vida diaria de los ciudadanos. Comentarios como “Así no funcionan las cosas” y “En esto se resume Colombia, dándonos en la jeta entre nosotros”, reflejan la polarización generada por este evento.

El paro camionero es liderado por el gremio de camioneros y transportadores que se oponen a las medidas gubernamentales en cuanto a los costos del combustible. La protesta incluye bloqueos de carreteras y manifestaciones que, según los ciudadanos, están afectando gravemente el movimiento y la economía nacional.

Internautas, basándose en el video del incidente, también expresaron su opinión sobre cómo estos eventos reflejan y, posiblemente, exacerban la tensión social y económica del país. Algunos llamados a la solidaridad con el gremio camionero se pueden leer en los comentarios compartidos por usuarios que apoyan las protestas, mientras otros critican la violencia y la interrupción de la vida cotidiana que los bloqueos representan.

“Todos tenemos que apoyar el paro que está a punto de convertirse en un estallido social por la vida”; “Y la agresividad de los camioneros, el individuo de la ruana blanca pone en peligro la vida del motociclista”; “Jodan a los que nos están jodiendo, a los políticos con sus leyes, no al pueblo que con o sin paro debe salir a trabajar y buscar su sustento”; “Como un acto de solidaridad con el golpeado gremio camionero, los moteros ha decidido sumarse, contribuyendo con el debido pago de peajes para así reducir los costos del combustible”, son algunos de los comentarios que se leen en redes sociales tras conocerse el video.

Motociclistas se suman al paro camionero en Bogotá

Las protestas nacionales de camioneros ahora sumarán a un nuevo grupo: los motociclistas. El miércoles, 4 de septiembre, motociclistas en Bogotá se unirán a las ya vigentes manifestaciones del paro camionero. Los motociclistas han decidido unirse a la protesta como respuesta a lo que consideran una persecución por parte de la Secretaría de Movilidad.

Esta incorporación de los motociclistas, anunciada a través de redes sociales por el concejal Julián Forero—conocido como Fuchi—captó la atención de múltiples sectores debido al potencial aumento del impacto de las movilizaciones. “Si los taxistas bloquean y los camioneros luchan por el aumento del Acpm, nosotros, los conductores de aplicaciones, motociclistas y conductores en general, también nos movilizaremos”, afirmó Forero en una publicación en redes sociales.

A través de un gráfico divulgado en redes sociales se insta a los motociclistas a participar en las protestas. El mensaje destaca que “no podemos seguir siendo el negocio de los agentes, las grúas, los patios y la Secretaría de Movilidad. ¡No más persecución por parte de la Secretaría de Movilidad!”.

El paro camionero que se vive en Colombia a causa de la decisión del Gobierno de Gustavo Petro de ajustar en $1.904 el precio del galón de diésel (Acpm) para cerrar la brecha que hay en el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles (Fepc) generó incertidumbre a los habitantes del país.

Esto, principalmente, por la movilidad en distintas zonas y, por supuesto, por lo que podría pasar con los alimentos, teniendo en cuenta que son los mismos transportadores de carga los que desarrollan la protesta.

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Al respecto, el gerente general de la Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz), Rafael Hernández, se pronunció y dijo que el sector, así como la agricultura en general, se hace con maquinaria que funciona con diésel, como tractores o combinadas, por lo que un incremento en los costos de producción puede afectar de una forma importante al sector.

“Una hectárea de arroz requiere de 24 y 28 galones de combustible. Si esto lo llevamos a cómo se afecta el costo de producción por hectárea, pues simplemente el costo se eleva en un 4%”, indicó el dirigente gremial.

Por supuesto, confirmó que el incremento de precios termina trasladándose al consumidor final y, por eso, la incidencia en el incremento del precio del Acpm tiene una afectación importante al sector, esto sin contar el flete del transporte del producto terminado a los centros de consumo.

Más de 16 millones de aves afectadas

Por otro lado, el presidente de la Federación Nacional de Avicultores (Fenavi), Gonzalo Moreno, entregó preocupantes indicadores sobre el sector.

Informó que, el 3 de septiembre, amanecieron 16.450.000 aves afectadas por los bloqueos, ya queestas consumen 1.000 toneladas de alimento diario. “No podemos permitir que la historia del 2021 se repita. Se debe garantizar la movilidad por las carreteras del país”, aseguró.

Abastecimiento de alimentos

De igual manera, la Corporación de Abastos de Bogotá (Corabastos) dio un reporte de la situación. Informó que, en vista de las circunstancias actuales, y con el objetivo de agilizar y mantener la logística de abastecimiento y el proceso comercial, implementará una flexibilización en los horarios para garantizar el flujo de vehículos.

Según la central, a pesar del reciente incremento en el precio del Acpm, los precios de los alimentos mantienen una relativa estabilidad. Esto se debe, precisó, a que se cuenta con una capacidad de reserva significativa en las bodegas y al ingreso de carga constante.

“El día de hoy se reporta la llegada de 1.379 vehículos que transportaron 10.192 toneladas de alimentos a la corporación”, indicó. Destacó que los productores que abastecen a Corabastos utilizan sus propios vehículos para el transporte de cosechas, lo que resultó siendo clave para asegurar el suministro continuo a la ciudad.

Asimismo, dejó claro que a pesar de los recientes bloqueos que afectaron el suministro proveniente del Llano, Santander, Cota, Cajicá, Boyacá, la Sabana Centro y Antioquia, estos productos siguen ingresando a Corabastos con estabilidad. De igual forma, Corabastos cuenta con reservas suficientes y continúa recibiendo oferta de productos provenientes de Cundinamarca.

Uso de productos sustitutos

Por lo tanto, sugirió a las familias y amas de casa considerar el uso de productos sustitutos, como la papa en lugar de la yuca, o la arveja verde seca o lentejas en lugar de la arveja verde.

Además, destacó “que hay buen abastecimiento de otros productos de la canasta familiar, lo que permite mantener una alimentación balanceada y recomendamos a los consumidores considerar la adquisición de productos regionales, especialmente aquellos provenientes de Cundinamarca, para asegurar un abastecimiento continuo y apoyar a los productores locales”.

Los duros señalamientos hechos por el presidente de la República, Gustavo Petro, en contra de su antecesor, Iván Duque Márquez, al que señaló como el principal responsable de la necesidad de aumentar el precio del Acpm en Colombia, no pasaron desapercibidos por el afectado, que en sus redes sociales, y respaldado por dos de sus exministros, se sacudió de los señalamientos y contraatacó.

Con los conceptos de los exministros de Hacienda y Minas y Energía, José Manuel Restrepo y Diego Mesa, el ex jefe de Estado entre 2018 y 2022 lanzó duros comentarios contra el primer mandatario, que a su vez le achacó la decisión de haber fomentado un fondo para la estabilización de combustibles, que en su juicio generó un gran desfalco en las finanzas del Estado. Todo esto en medio del paro camionero.

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“El rigor siempre derrota la peligrosa combinación de arrogancia e ignorancia”, señaló en primer lugar Duque, al replicar una publicación de Restrepo en la que el exfuncionario de su administración refutaba los señalamientos de Petro, en el sentido de que el diésel no era incrementado desde 2019, pese a la variabilidad de los precios del mercado, y una aparente deuda de $80 billones que generó la decisión.

Y luego, con un mensaje publicado por Mesa, Duque amplió su concepto. “La contundencia y claridad del exministro desarman a los populistas que antes amenazaban con incendiar el país por cualquier aumento en los precios de los combustibles, y que, ahora en el gobierno, evidencian su incompetencia al culpar a otros de sus propios errores”, comentó el expresidente, que apuntó hacia Petro.

La dura respuesta de José Manuel Restrepo a Gustavo Petro

El primero en desmenuzar el ataque de Petro en redes sociales fue exministro Restrepo, que salió en defensa de la administración Duque. Inicialmente, negó la afirmación según la cual el diésel no se incrementaba desde 2019, además de que explicó que, tras la pandemia, los precios del petróleo crecieron en su concepto de manera significativa; aunque pese a ello no se subieron las tarifas internas “al mismo ritmo”.

“Haber subido los precios internos al mismo ritmo hubiese sido inflación de más del 50% en alimentos, asunto que afectaba a los más vulnerables y necesitaba un apoyo del Estado en ese momento”, precisó Restrepo, que le recordó a Petro cómo en su periodo como senador se puso al aumento de los precios de la gasolina, por lo que sacó a relucir sus declaraciones de ese entonces.

Además, contrario a lo que indicó el jefe de Estado, negó que existiera una deuda de $80 billones por ese concepto. De hecho, dejó en claro que el déficit anual se entregó saneado al corte de agosto de 2022 y se dejaron previsiones en el presupuesto del 2023 y el marco fiscal desde entonces, “sobre la base de continuar los ajustes de manera gradual”. Al punto de que reseñó que el propio Petro conoció ese informe.

“La deuda venía cayendo y usted la aumentó en 2023 y 2024 y seguirá haciéndolo en 2025 porque el gasto de funcionamiento crece en estos tres años en 120 billones de pesos. Más burocracia, derroche y transferencias innecesarias”, agregó Restrepo, que lo acusó de ser incoherente, pues en el pasado convocaba a protestas sociales, y “hoy echa culpas hacia atrás con ligereza”.

“Pero peor aún, explíqueme: ¿A qué ha dedicado esos recursos anuales que ya no se necesitan para sostener el precio de los combustibles? Porque no tiene mucho sentido que esos recursos terminen en el derroche de más gastos de funcionamiento”, refirió el extitular de Hacienda, que arremetió con ello contra el primer mandatario.

Diego Mesa también se despachó contra el presidente

Por su parte, el exministro de Minas contó que en 2018 recibieron el Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles (Fepec) con un déficit de $14 billones del gobierno anterior, que además estaba por debajo de la línea y, desde su análisis, no se incluía en las cuentas fiscales por ser una “cuenta por pagar” a Ecopetrol, como parte del convenio para subsidiar parte del precio de los combustibles.

De acuerdo con Mesa, el saldo negativo lo pagaron en su totalidad a través de una operación autorizada en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018-2022. “Al momento de hacer la extinción, el déficit del Fepec ascendía a $17 billones”, precisó Mesa, que durante los cuatro años siguientes remarcó que este fondo operó “de acuerdo al marco de política pública y regulatoria para fijar los precios de los combustibles”.

Y trajo a colación que con el colapso del precio del crudo en 2020, se hizo una reducción de $800 y $1.200 por galón para la gasolina y el diésel. Lo anterior, agregó, como medida de alivio para los ciudadanos, que se llevó a cabo justo antes del aislamiento preventivo obligatorio por la pandemia. Aun así, Mesa indicó que el precio de venta estuvo por encima del precio internacional, lo que generó ahorros.

“Después vinieron los bloqueos y el paro nacional donde incendiaron el país, entre otras cosas, porque se iba a incrementar el precio de los combustibles”, expresó el exministro, en relación con las movilizaciones apoyadas por Petro. Mencionó cómo esas aglomeraciones causaron, al menos, 5.000 muertes por contagio; pérdidas por más de $11 billones, y 1,8 millones de barriles de crudo sin producir.

Y relacionó el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania como una de las fuentes del “incremento acelerado del precio” de los energéticos en el territorio nacional; pese a que a nivel nacional se mantuvieron las tarifas para evitar, desde su óptica, una inflación mayor. Solo hasta mediados de ese año se ajustaron los valores de nuevo, lo que permitió pagarle toda la deuda a la estatal petrolera.

“En un acto de transparencia y responsabilidad, entregamos el Fepec saneado completamente hasta el primer trimestre de 2022 con una liquidación de $14, 2 billones y se dejó presupuestado el pago para el resto del año, aunque el saldo final dependería del precio del crudo”, puntualizó Mesa, y recalcó que desde el 7 de agosto de 2022 las decisiones son “única y exclusivamente” del Gobierno actual.

En el peaje Papiros, entre Barranquilla y Puerto Colombia, se reactivó el cobro desde el lunes 2 de septiembre. Este hecho motivó protestas y bloqueos vehiculares por parte del comité “No al peaje”, que exige el desmantelamiento de la caseta de cobro. Asimismo, activaron un “plan tortuga” desde las 4:00 a. m. del martes 3 de septiembre en la mencionada vía del departamento de Atlántico.

El “plan tortuga”, que implica disminuir la velocidad de los vehículos para generar congestión, se lleva a cabo en respuesta al cobro de tarifas que oscilan entre $3.500 para los vehículos de categorías C1 y C2 y $1.500, esta última tarifa diferencial aplicada a cerca de mil residentes de la zona. Dicha protesta ha afectado a la comunidad, incluyendo a colegios y universidades cercanas, y ha provocado la intervención de las autoridades, tanto de la Policía Nacional como de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden - Undmo, antiguo Esmad, según informaron medios locales.

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Los líderes del comité solicitaron la presencia del Ministerio Público, argumentando que la Gobernación del Atlántico ha adoptado medidas desfavorables para la comunidad. Un miembro del comité expresó a El Heraldo que han sido acusados infundadamente y que hay una amenaza de intervención del Esmad: “La Gobernación del Atlántico ha tomado una postura que podría tomarse como no grata para nuestra comunidad, al respaldar medidas que amenazan con la intervención del Esmad, enviando Policía y calumniándonos con acusaciones infundadas”.

El alcalde de Puerto Colombia, Plinio Cedeño, también ha mostrado su desaprobación con la reanudación del cobro en el peaje, calificándolo como “antitécnico” y afirmando que “pone en riesgo la vida de los motociclistas, de los ciclistas y de todas las personas que transitan en esta vía (...). Este peaje trunca el desarrollo y el progreso de una tierra próspera y de unos ciudadanos trabajadores como somos los porteños”.

Por otro lado, en la avenida Circunvalar, en el sector de Alameda del Río, se presentan congestiones viales debido a la construcción de un intercambiador vial. Esta obra, parte de un proyecto de la Alcaldía de Barranquilla para mejorar las conexiones viales, se extenderá por al menos un año e incluye la construcción de puentes vehiculares y una glorieta. Los residentes que normalmente tardarían entre 5 y 10 minutos ahora pueden demorar hasta una hora para salir de la urbanización debido a los desvíos y el contraflujo impuestos, informaron los afectados al medio de comunicación citado.

La situación ha generado un escenario de resistencia pacífica y bloqueos intermitentes, que se espera continúen el miércoles 4 de septiembre, a partir de las 6:00 a. m., según El Heraldo. Estas manifestaciones buscan la atención y solución de las autoridades a una problemática que no ha sido resuelta a pesar de múltiples mesas de trabajo, superando las treinta reuniones desde que iniciaron las protestas.

Paro camionero amenaza el abastecimiento de alimentos en Barranquilla

A partir del miércoles 4 de septiembre, los bloqueos realizados por el transporte de carga en importantes vías nacionales de Cesar y Santander podrían afectar el horario de ingreso de alimentos en Barranquilla. El paro de camioneros se da en respuesta al aumento del valor del ACPM, lo que ha generado preocupación entre los gremios sobre un posible incremento en los precios de las verduras y alimentos.

Leonardo Mulford, gerente Comercial de Granabastos, explicó que estas afectaciones se verán reflejadas en las demoras en el ingreso de los camiones, ya que los transportadores deberán tomar vías alternas, resultando en un aumento de los fletes y, consecuentemente, en los precios del nuevo inventario de verduras y frutas.

Diariamente, a la Central de Abastos ingresan aproximadamente 1.500 vehículos cargados con alimentos provenientes de diferentes regiones del país. Según declaraciones de Mulford a los medios, los transportadores están obligados a tomar rutas alternas debido a los bloqueos, lo cual no solo demora las entregas, sino que incrementa los costos operativos de transporte. Estos costos adicionales eventualmente se trasladan al precio final que pagan los consumidores.

Durante la jornada del 3 de septiembre de 2024, la Universidad de los Andes anunció la decisión de cancelar las actividades académicas presenciales y administrativas como respuesta al paro camionero que afecta a Bogotá.

De acuerdo con la información de la administración de la institución educativa, la medida fue tomada en función de salvaguardar la seguridad de los estudiantes y personal que trabaja allí. Además, se confirmó que fue aplicada a partir de las 2:00 p. m. del martes y se extenderá hasta nuevo aviso.

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Por medio de un comunicado, la Secretaría General de la Universidad de los Andes explicó que todas las clases presenciales de pregrado y posgrado, así como las actividades administrativas, fueron suspendidas; sin embargo, las clases de posgrado programadas para la noche se llevarán a cabo de manera virtual.

“Les pedimos a los profesores ser flexibles y atender los casos de estudiantes que no pudieron asistir presencialmente a pruebas o evaluaciones académicas el día de hoy por estos motivos”, expresó el comunicado.

La decisión fue tomada por causa de la situación generada por el paro de transportadores de carga en los diferentes puntos de la ciudad y las autoridades educativas fueron enfáticas en que tienen la finalidad de proteger a la comunidad universitaria, por lo que sus miembros deben estar atentos a la información en el correo y demás canales oficiales.

La administración explicó a los estudiantes y trabajadores que en horas de la noche se brindará información actualizada acerca de las actividades programadas para el miércoles 4 de septiembre de 2024, dependiendo de cómo avanza la situación en las diferentes vías de la ciudad.

La medida de la institución también incluye el monitoreo para conocer la evolución del paro camionero y la disponibilidad para ajustar sus decisiones. Los estudiantes agradecieron el comunicado y la adaptación de la universidad a las circunstancias que han tenido que pasar al intentar a tomar sus clases.

La suspensión de las actividades no solo afecta a la población estudiantil, sino también a la administrativa y a los demás ciudadanos que tienen que llevar a cabo sus labores en la ciudad y hasta cumplir con citas médicas por temas de salud. Todos estos temas han ocasionado preocupación en la comunidad que está a la espera de soluciones ante el alcance la situación provocada por el paro camionero en la capital y otros sectores.

Entre tanto, la universidad ha reiterado su compromiso con la seguridad y la continuidad educativa mediante la implementación de clases virtuales para los programas de posgrado nocturnos, delineando una clara prioridad en la seguridad sin dejar de lado la misión educativa.

Las futuras decisiones están relacionadas con la evolución de los eventos y con las directrices pertinentes para garantizar tanto la seguridad como la efectividad del proceso educativo. La universidad finalizó su comunicado asegurando que se compromete a mantener a todos sus miembros informados y a tomar decisiones rápidas y efectivas para mitigar cualquier impacto negativo del paro.

Esta y otras instituciones educativas de diferentes niveles siguen evaluando la situación para garantizar la normalización de las actividades en el menor tiempo posible, esperando que las negociaciones y soluciones al paro camionero contribuyan a estabilizar la situación en la ciudad de Bogotá.

Paro camionero

A corte de las 3:00 p. m., la Alcaldía de Bogotá dio a conocer cuáles son los lugares afectados por esta problemática, mientras están a la espera de los resultados de los acercamientos entre el gobierno y el gremio.

• Avenida Boyacá con carrera 16D
• Vía al Llano kilómetro 0
• Molinos (Av Caracas x Cr. 9)
• Avenida Cali con Avenida Suba
• Carrera 7 con calle 171
• Colmotores (Av Boyacá x Cr. 36C)
• Vía la Calera kilómetro 4
• Avenida circunvalar con calle 52
• Autopista Medellín kilómetro 1
• Avenida Boyacá con calle 78
• Y de Yomasa (Avenida Caracas con Avenida Boyacá)
• Avenida Villavicencio con carrera 82
• Carrera 27 con calle 1
• Avenida Centenario con Carrera 100
• NQS con Cll 6
• Avenida Bosa con carrera 80

Los bloqueos continúan creciendo en diferentes puntos del país. Los camioneros, descontentos con el alza del precio del Acpm, han llevado a cabo múltiples protestas, obstaculizando el paso de vehículos por los principales corredores en el territorio nacional, situación que, hasta el momento, ha dejado millonarias pérdidas.

Y es que más allá de las consecuencias en materia económica que han dejado los bloqueos, miles de personas han quedado estancadas en trancones monumentales, generando, en algunos casos, complicaciones de salud.

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No obstante, los problemas de salud no representarían la única problemática que viven los afectados por los bloqueos en el país. De hecho, algunos de ellos han expresado públicamente su deseo y/o necesidad de ir a sus lugares de destino con el fin de cumplir con ciertas diligencias o tareas de carácter privado.

Muestra de ello fue el reclamo que hizo uno de los miles de afectados cuando permanecía estancado en uno de los trancones.

Los hechos se habrían registrado en uno de los puntos de concentración en Santander, una de las zonas que atestiguó el comienzo de las protestas el domingo 1 de septiembre del presente año.

Allí, un sujeto que vestía una camiseta blanca se acercó a donde permanecían los camioneros que lideraban las protestas e hizo saber su deseo de llegar a su hogar; sin embargo, ese no fue el único aspecto en el que “detalló” el afectado.

“Yo quiero llegar a mi casa, quiero cu%&/a mi mujer”, expresó el sujeto, que estaba a contados metros de un vehículo de servicio público que habría salido desde Piedecuesta, cerca de Bucaramanga.

Las palabras del hombre generaron algunos gritos de quienes permanecían en la zona, quienes, a pesar de estar en medio del trancón por algunas horas, no desaprovecharon la oportunidad para reírse en un momento de estrés y desazón como el que se vivía en ese momento.

“¿Y entonces?”, continuaba reclamando el afectado, que levantaba sus brazos en señal de desespero.

Y es que la situación no es para menos. Ha habido personas que han durado hasta nueve o incluso más horas estancadas en trancones gigantes en diferentes puntos de la ciudad.

Por ejemplo, en la jornada del lunes 2 de septiembre del presente año, cientos de niños que regresaban a sus hogares desde sus instituciones educativas a las afueras de Bogotá quedaron atrapados hasta casi la media noche mientras que los camioneros decidían darles paso en su llegada a la capital colombiana.

Qué dijo Gustavo Petro ante las protestas en el país

Como es habitual en él, a través de su cuenta de X, el mandatario justificó el alza en el precio del Acpm en los subsidios del Gobierno a los combustibles en administraciones anteriores. De hecho, explicó que esta situación dejó un gran detrimento en las arcas de Estado colombiano.

No obstante, a pesar de los múltiples bloqueos, el máximo líder del Pacto Histórico aseguró que no permitirá que el país se paralice por cuenta de las manifestaciones.

“El país no se dejará bloquear. El alza del diésel es justa porque solo se está recuperando el dinero de un subsidio que nunca se debió haber dado y que ya suma una gran fracción de la deuda pública de Colombia”,

De igual forma, el máximo líder del Pacto Histórico aseguró que el dinero que el Gobierno nacional dejará de invertir para subsidiar ese combustible ya tiene un futuro proyectado. “Dar comida a la gente con hambre y educación, a nuestra niñez y juventud nos obliga a equiparar los precios del diésel.

Colombia vive momentos convulsionados ante el paro camionero que se desarrolla en diferentes partes del país, situación se dio por el rechazo de los transportadores de carga al aumento de $1.904 que estableció el Gobierno nacional al galón de Acpm (diésel), lo que lo dejó en promedio a nivel nacional de $11.360.

Ante esto, son diversas las voces a favor y en contra del accionar de quienes protestan, ya que los más afectados, como siempre, terminarán siendo los colombianos, ya sea por la movilidad o por el precio de los alimentos, ante un posible desabastecimiento.

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Por ello, el Consejo Gremial Nacional (CGN) se manifestó y rechazó la situación.

“Los 32 gremios que conforman el Consejo Gremial Nacional rechazan enfáticamente los bloqueos que se vienen presentando en diferentes partes del país. En el marco del ejercicio del derecho a la protestas pacífica no pueden vulnerarse otros derechos fundamentales de la sociedad, como la libertad de circulación, el derecho al trabajo, el acceso a los alimentos y los servicios esenciales”, expuso la entidad que preside Bruce Mac Master, que también preside a la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), en un escueto comunicado.

Por lo tanto, este invitó al Gobierno nacional y a los transportadores a activar mecanismos efectivos de diálogo y concertación que permitan una solución.

Derechos de los ciudadanos

De igual manera, Mac Master se pronunció por medio de X y anotó que siempre ha defendido el derecho a la protesta, pero también siempre ha defendido los derechos del resto de ciudadanos en casos de protesta.

Dijo que “los derechos de unos llegan hasta donde llegan los derechos de otros”. Además, el empresario dejó claro que la libre movilidad, el derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho al estudio, no pueden ser vulnerados.

Con esto, confirmó lo que dijo el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, a Blu Radio, sobre una posible violación a los derechos humanos ante las movilizaciones.

El funcionario apuntó que “la reacción del gremio del transporte es excesiva”.

Además, lamentó que “están, totalmente, paralizando el país sin tener en cuenta las necesidades de la población para ir al trabajo, para moverse los niños, etc. Ya he visto que hay violación de derechos humanos en varias de estas movilizaciones”.

Crimen del Gobierno Petro

No obstante, sobre la medida que tomaron los transportadores hay quienes la respaldan. Uno de ellos es el representante a la Cámara Miguel Polo Polo.

Señaló que subirle al Acpm es subirle el precio a los alimentos de la canasta familiar, lo que calificó como un “crimen”.

“Es un crimen hacer eso y más cuando los hogares están en plena crisis, donde a la clase media por primera vez le toco endeudarse para pagar el impuesto de renta y en donde la gasolina ya está en sus máximos históricos. Este Gobierno le da palo al pobre para ellos vivir como oligarcas”, escribió por medio de X.

Subsidio del diésel equivale a dos reformas tributarias

Por otro lado, el exministro de Hacienda Juan Carlos Echeverry criticó que en dos años se han pagado $35 billones en subsidios al diésel y en 2024 ya serán $45 billones, que significan dos reformas tributarias.

Aseguró que “si esto estuviera justificado, por qué no subsidiar los tomates, la leche, la sal, etc. Los precios deben reflejar los costos de eficiencia para poner las cosas a disposición de los consumidores”. Anotó que el Gobierno no debe, a dedo, distorsionar ese sistema de precios; cuando lo hace incurre en tremendos costos que cubren los contribuyentes

Adicionalmente, que Ecopetrol financia por 12 meses este subsidio al Ministerio de hacienda, algo que lo dejó sin caja para buscar gas y desarrollar el ya descubierto.

“Un subsidio de esa magnitud tiene efectos colaterales mayúsculos”, puntualizó Juan Carlos Echeverry. Señaló que, de hecho, engañar a los transportadores, los generadores de carga y los consumidores sobre el verdadero costo de transportar cosas es una mayúscula equivocación.

Ante la fuerte arremetida del presidente de la República, Gustavo Petro, en contra del gremio transportador del país, y su férrea defensa del alza en el precio del diésel, comenzaron a aparecer una serie de mensajes en los que el primer mandatario, en su papel de líder de la oposición, convocaba a los colombianos a manifestarse de forma masiva en las calles en contra del gobierno de Iván Duque.

A lo hecho por la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, que desempolvó una publicación del entonces congresista, en la que se pronunció en favor de que los ciudadanos se manifestaran en las calles durante el estallido de noviembre de 2019, se sumó otra: la de la representante a la Cámara Katherine Miranda, del Partido Alianza Verde, que también le sacó a la luz otro mensaje al gobernante.

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En efecto, Miranda, que aspiró sin éxito a ser presidenta de la corporación, replicó una frase de Petro del 5 de diciembre de 2019, en la que el jefe de Estado reseñaba los resultados de una encuesta de la firma Gallup, en la que no solo se hizo mención del alto índice de impopularidad del presidente Duque, sino también lo que en su momento se conoció como la “sintonía” de los colombianos con el paro.

“74% de la población aprueba la motivación del paro y el 70% desaprueba la gestión del presidente. Esta es la nueva realidad política”, comentaba Petro en esta publicación; en contraste, con su pensamiento actual, en el que, además de justificar el incremento del precio del Acpm, según él, motivado por el Fondo de Estabilización de Combustibles, que operó durante la era Duque, arreció contra sus críticos.

Cabal también sacó un mensaje en el que Petro, miembro del Congreso, pedía tomar medidas para apoyar el primero de los tres hechos sociales que marcaron la administración anterior, con violentas movilizaciones contra el otrora presidente. Pues el 21 de noviembre de 2019 se dio la primera movilización; la segunda vino para el 9 de septiembre del 2020, y el estallido se dio el 28 de abril del 2021.

“No saquen el carro, permitan que sus trabajadores vayan al paro, cierre su comercio, saque su bicicleta, su guitarra, su voz”, comentaba por aquella época el parlamentario, excandidato presidencial en 2018 y que ejercía como líder de oposición. “Para la memoria”, expresó Cabal, que no dejó pasar la oportunidad para cobrarle a Petro por oponerse a la movilización de los sectores afectados.

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre el paro de transportadores?

Sobre el paro, el primer mandatario, en su perfil de X, indicó que se tomarían las medidas necesarias para que el país no quedara paralizado por los manifestantes, que ya completan dos días de manifestaciones, con el cierre de las salidas de Bogotá y, en el resto del país, con bloqueos en importantes tramos viales, entre ellos la vía Panamericana y otros que son cruciales para la economía nacional.

“El país no se dejará bloquear. El alza del diésel es justa porque solo se está recuperando el dinero de un subsidio que nunca se debió haber dado y que ya suma una gran fracción de la deuda pública de Colombia”, enfatizó Petro, que en un mensaje posterior apuntó hacia el expresidente Iván Duque y el subsidio a la gasolina que se implementó durante su mandato: afectado, aparte, por el COVID-19.

Según Petro, “dar comida a la gente con hambre y educación a nuestra niñez y juventud” obliga a su administración a “equiparar” los precios del combustible en el territorio nacional, por lo que advirtió que empezaría a tomar decisiones para afrontar lo que denominó un lock out, o en otras palabras, un paro empresarial. Sumado a que le abrió las puertas del Ministerio de Transporte a los camioneros independientes.

El segundo día de bloqueos en Bogotá por parte de los gremios de camioneros ya empezó a causar estragos en el sector salud de la capital y la Sabana, según confirmó el director de la Clínica Universidad de la Sabana, Eduardo Cortés Castaño.

En un video publicado en la tarde de este martes 3 de septiembre, el directivo aseguró que sus operaciones se han visto alteradas por el cierre de las principales salidas de Bogotá, lo que ha afectado directamente al personal médico que reside en la capital y que no ha podido desplazarse hasta el centro asistencial para cumplir sus funciones.

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“Sin ellos se ve comprometido el normal desarrollo de las atenciones a todos los pacientes que, incluso, pueden ser sus familiares, sus padres, sus hijos, sus hermanos”, comentó Cortés.

Además, el director del centro solicitó a los líderes del paro camionero que se permita el paso de los profesionales, no solo para llegar a la clínica, sino para retornar a sus hogares.

Asimismo, el directivo de la Clínica Universidad de la Sabana aseguró que el panorama de crisis es similar en varios centros hospitalarios del departamento por cuenta de los fuertes bloqueos que se viven en las principales salidas de la capital, por lo que se dirigió a los líderes del paro para solicitar un corredor humanitario que permita el paso de los profesionales de la salud.

“En esta oportunidad queremos dirigirnos de manera respetuosa a todos los líderes del paro camionero. Nuestra petición es sencilla: que permitan la movilidad del personal de la salud. Médicos, enfermeras, auxiliares e instrumentadores que viven en los distintos municipios de la región. Son fundamentales para la atención de los pacientes, no solo en esta clínica, sino en todas las IPS de la región”, expresó Eduardo Cortés.

El director también aseguró que los bloqueos, que ya completan dos días afectando la movilidad en todo el departamento de Cundinamarca, han agudizado la crisis de la salud que tiene en vilo el sistema por cuenta de los problemas financieros que enfrentan gran parte de las IPS y EPS del país.

Y es que las afectaciones por las protestas de los camioneros, que exigen una reevaluación del incremento en el precio por galón de Acpm, no solo han alcanzado al sector salud. En la mañana de este 3 de septiembre, la Secretaría de Educación de Bogotá ha decidido suspender las actividades académicas en los colegios oficiales de la ciudad durante la tarde y la noche de este martes a raíz de la actual situación de movilidad y para proteger la seguridad de los estudiantes y docentes, así como de toda la comunidad educativa.

Según la Secretaría de Educación, esta medida afecta a más de 257.000 estudiantes, tanto niños y niñas como jóvenes y adultos. Sin embargo, la dependencia aseguró que la jornada de la mañana se llevó a cabo con normalidad hasta la una de la tarde, con el fin de no vulnerar el derecho a la educación de más de 463.000 estudiantes de los colegios oficiales de la capital del país.

La Secretaría indicó que los servicios de rutas escolares también funcionan con normalidad, permitiendo que los estudiantes que utilizan este servicio regresen a sus casas entre las 11:00 a. m. y la 1:00 p. m. Además, el servicio de almuerzo se mantuvo con regularidad para los alumnos de la jornada matutina y, en aquellos colegios que lo ofrecen, también estuvo disponible para los estudiantes de la tarde que pudieran acercarse durante el horario habitual del almuerzo.

Además, el Distrito ha instado a los colegios privados a tomar decisiones basadas en el avance de las concentraciones y así evitar afectaciones a los estudiantes. La Secretaría de Educación afirmó que continuarán monitoreando permanentemente la situación para adoptar nuevas medidas en función de la evolución de los acontecimientos.

Por último, la entidad reiteró el llamado del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, para que el Gobierno nacional busque soluciones con los camioneros, de modo que no se vea perjudicada la ciudadanía.

Los camioneros del país hicieron un llamado a los colombianos para que se surtan de alimentos, ya que, según ellos, el paro se prolongaría más de lo que se tiene presupuestado si el Gobierno nacional no acepta sus demandas.

Durante una entrevista realizada en Blu Radio, el periodista Néstor Morales le dio una preocupante noticia al país. “Le tengo una mala noticia, los camioneros están informando a los colombianos: ‘Por favor, hagan mercado’. ¿Usted sabe lo que significa? Esto va para largo y va a ser un desastre, todavía no completamos ni un día de paro”, dijo el comunicador.

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Es así como en algunas plazas de mercado del país han empezado a reportar escasez de alimentos, por lo que esto empieza a afectar el costo de los pocos que alcanzan a llegar a su destino.

Este es el caso de las plazas de mercado en Cali, donde comenzaron a reportar incrementos en el precio de varios productos de la canasta básica, según informaron los comerciantes locales.

En concreto, la plaza de mercado de Santa Elena, una de las principales zonas de abastecimiento, ha registrado alzas significativas. A pesar de que aún no hay escasez visible, los costos de los fletes y el transporte han subido considerablemente, sobre todo en aquellos envíos procedentes de Cauca, Nariño, Villavicencio, Bogotá, Antioquia y Caquetá.

Según Édgar López, vocero de los comerciantes de Santa Elena, el aumento en los precios no se debe a la reducción en el volumen de alimentos que ingresan, sino a los elevados costos de transporte provocados por el paro. “En estos días, la carne, especialmente proveniente del Caquetá, ha subido 500 pesos el kilo, y las frutas y verduras han registrado un incremento del 10%”, explicó López.

El paro de camioneros, que comenzó el lunes 2 de septiembre, generó una grave situación en Cundinamarca y otras regiones, debido a los bloqueos que están afectando la distribución de alimentos y otros bienes esenciales. En Corabastos, la principal central de abastos del país, ya se están viendo afectaciones en el abastecimiento.

Wilmer Calderón, vocero de los camioneros en Norte de Santander, mencionó que, si no se llega a una solución frente a sus peticiones el Gobierno nacional antes del jueves 5 de septiembre, los bloqueos se intensificarán.

“Hasta el momento hemos permitido el paso de las personas que se encontraban en carretera para que lleguen a sus destinos. Dimos un aval de cinco días, pero después de este período se cerrarán todas las vías a nivel nacional”, afirmó Calderón a Caracol Radio. Además, advirtió que únicamente permitirán el paso de ambulancias y medicamentos, pero no de transporte de carga, recomendando a los campesinos unirse a las manifestaciones.

Las protestas de los transportadores se originaron por el aumento en el precio del diésel, que estuvo congelado durante 56 meses y que el Gobierno ha decidido incrementar gradualmente en $6.000. Ante esta situación, los camioneros alegan no tener los recursos suficientes para pagar el nuevo precio del diésel, lo cual ha derivado en los bloqueos que han afectado gravemente la movilidad en ciudades como Bogotá y sus alrededores.

En Bogotá, los bloqueos se encuentran en distintos puntos críticos como la calle 170 con avenida Boyacá, la vía al Llano, la calle 80, Usme, Suba y el sector de Molinos. Esto ha producido un caos considerable afectando a más de 500.000 personas, que usan a diario el sistema de transporte Transmilenio sin poder operar varias de sus rutas.

Ante los bloqueos y la alza en los precios del ACPM , los comerciantes en Cali continúan expresando su preocupación. “Estas alzas siempre desequilibran los presupuestos que nosotros tenemos, y afecta tanto a los comerciantes como a los consumidores”, añadió Edgar López al diario El País de Cali. También indicó que si la vía Panamericana, principal conexión de Cali con Ecuador y otros departamentos, se ve más afectada, la situación podría empeorar aún más.

Con la situación crítica y el paro en firme, muchos ciudadanos se ven en la necesidad de abastecerse anticipadamente para enfrentar el inminente desabastecimiento de productos básicos y la alza de precios en otras ciudades también afectadas por los bloqueos.

Desde el Puesto de Mando Unificado (PMU), la Policía Nacional informó que hay en todo el país un total de 81 manifestaciones, 29 bloqueos permanentes, 37 bloqueos intermitentes y 14 concentraciones activas.

Los transportadores, en protesta por el aumento del precio del combustible decretado por el Gobierno nacional, han decidido bloquear las vías atravesando sus vehículos.

Además, José Luis Ramírez, director del servicio de la Policía Nacional, afirmó que Bogotá es la ciudad más afectada, con los siguientes puntos donde se ubican las manifestaciones en la capital:

• Portal Suba
• Av. Ciudad de Cali con Av. Suba
• Av Boyacá con carrera 16D
• Carrera Séptima con calle 171
• Vía al llano Km 0 - Colmotores (Av. Boyacá - Cr. 36C)
• Vía La Calera Km 4 + 500
• Av. Circunvalar con Cl. 52
• Autopista Medellín - Km 1
• Av. Boyacá - Cl. 78
• Autonorte - Cl. 200
• Cl. 44 sur - Cr. 81G

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Le pidieron a agentes de la Undmo que regresen de vacaciones

Según el medio Semana, la Policía Nacional ha ordenado que se suspendan las vacaciones de decenas de agentes programadas para septiembre debido a la necesidad de contar con personal disponible para responder a la crisis provocada por los bloqueos de carreteras en el marco del paro camionero.

La emergencia requiere la asistencia de efectivos de la antigua Esmad, actualmente conocida como Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo).

En Bogotá, la movilización se ha sentido de manera especialmente fuerte, causando una afectación continua a la movilidad. Miles de ciudadanos se han visto obligados a caminar largos trayectos por la imposibilidad de transitar debido a las protestas de los transportadores.

El balance más reciente de la Policía refleja la magnitud del problema, destacando la necesidad de mantener efectivos policiales en sus funciones para gestionar la situación en las carreteras. Las medidas tomadas apuntan a garantizar la seguridad y fluidez vial en medio de los reportes de bloqueos y concentraciones que continúan afectando diversas regiones.

Los bloqueos y manifestaciones en Bogotá

En Bogotá, una de las ciudades más afectadas por la movilización, el alcalde Carlos Fernando Galán declaró un día de trabajo en casa para aminorar el impacto del paro en la movilidad. Según Galán, más de 400 unidades de agentes de Tránsito, el Grupo Guía y la Seccional de Tránsito y Transporte, están trabajando para regular el tráfico en la capital colombiana, donde se han identificado siete puntos críticos de concentración de protestas.

W Radio ha anunciado que los cerca de doscientos manifestantes que estaban bloqueando el corredor vial de la autopista Norte con calle 200 desalojaron el bloqueo. Hasta el momento, la movilidad se recupera en este punto.

Los estudiantes de varios colegios quedaron atrapados durante la tarde y noche del lunes 2 de septiembre en medio de bloqueos que impidieron el desplazamiento normal de las rutas escolares en Bogotá. Las localidades de Suba y Usme, entre otros puntos de la ciudad, fueron testigos de un caos significativo, según reportes recientes.

El sistema de transporte público Transmilenio informó que aproximadamente 500.000 personas resultaron afectadas por los bloqueos registrados el día anterior. Además, también se reportó afectaciones en 24 rutas alimentadoras, 13 troncales y 180 rutas zonales. Las interrupciones y obstáculos en diversas rutas provocaron que muchas personas quedaran varadas, afectando severamente la movilidad en la ciudad.

Los gremios de transporte dejaron plantada a la ministra de Transporte

La reunión de la ministra de Transporte de Colombia, María Constanza García, con representantes del sector camionero tuvo una notable ausencia: los principales gremios del transporte, incluida la Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera (Colfecar), la Cámara Intergremial del Transporte – Unidos y Fedetranscarga, no asistieron al encuentro.

Desde el inicio del paro, Juan Fernando Cristo, ministro del Interior, ha instado a todos los sectores del transporte a abrir un diálogo para abordar lo que ha descrito como un problema estructural sin solución definitiva que, cada cierto tiempo, desata protestas camioneras.

Por su parte, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ha descartado la opción de mantener congelados los precios del diésel, argumentando que su aumento impactaría en un 0,3% a la inflación. “La propuesta no puede ser mantener congelado el precio del diésel. Que me den alternativas”, expresó Bonilla, sugiriendo que se deberían buscar acuerdos específicos con los generadores de carga en lugar de ajustar los fletes directamente.

El 3 de septiembre continúa el bloqueo de carreteras en diferentes partes del territorio nacional por el paro de transportadores, que protestan contra el aumento del precio del Acpm autorizado por el gobierno nacional.

Los bloqueos más graves se presentan en las principales vías de acceso a la capital del país.

Frente a estos bloqueos, el representante a la Cámara Miguel Abraham Polo Polo, opositor al gobierno Petro, invitó en su cuenta de X a que los colombianos se unan al paro de camioneros y que se convierta en un paro nacional.

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Polo Polo manifestó que si los camioneros detienen sus actividades, el país también se detendrá. Considera que esta es la oportunidad para que otros sectores económicos se sumen al paro camionero y se genere un gran paro nacional con el objetivo de frenar los abusos del gobierno de Petro.

El congresista hizo un llamado a Colombia para que participe en estas protestas, expresando su apoyo al paro camionero.

“Si los camioneros paran, el país se para. Es la oportunidad para que los demás sectores económicos también se unan al PARO camionero y se haga un gran PARO NACIONAL, y frenar de una vez por todas los abusos de Petro. VIVA EL PARO CAMIONERO #FUERAPETRO. Invito a Colombia a hacer parte de estas protestas”, dijo el representante a la Cámara en su cuenta de X.

Igualmente, el legislador de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes advirtió que si no se brinda apoyo al paro camionero, los próximos afectados serán otros sectores, enfrentando una reforma tributaria “aún peor” que la de 2022.

Miguel Polo Polo manifestó su indignación por el alto impuesto a la renta y el aumento del precio de la gasolina, e instó a la ciudadanía a unirse en respaldo al paro.

“Ojo, si no nos unimos a apoyar el PARO CAMIONERO, los siguientes seremos nosotros. Nos clavarán una reforma tributaria PEOR que la del 2022. ¿Indignado por el alto impuesto a la RENTA y por la alza de la gasolina? Pues déjate de quejar y esperar que los politiqueros hagan algo por ti y únete en apoyo al PARO”, escribió en su cuenta de X Polo Polo.

En otra de sus publicaciones sobre el mismo tema criticó el aumento del precio del Acpm, argumentando que esto incrementará el costo de los alimentos de la canasta familiar. Denunció que esta medida es especialmente grave en un momento de crisis para los hogares, señalando que por primera vez, la clase media ha tenido que endeudarse para poder pagar el impuesto de renta.

“Subirle al Acpm es subirle el precio a los alimentos de la canasta familiar. Es un crimen hacer eso y más cuando los hogares están en plena crisis, donde a la clase media por primera vez le toco endeudarse para PAGAR el impuesto de RENTA y en donde la gasolina ya está en sus máximos históricos. Este gobierno le da palo al pobre para ellos vivir como oligarcas”, opinó el congresista.

En cuanto a las motivaciones del paro Jenny Alvarado, representante de los transportistas de la región oriental del país, compuesta por Boyacá, Cundinamarca, Meta, Norte de Santander y Santander, en una entrevista en Caracol Radio señaló que el aumento de dos mil pesos en el precio del diésel, decretado por el Ministerio de Hacienda y el presidente Gustavo Petro, vuelve insostenible la actividad de los transportadores, quienes operan con pérdidas.

Según Alvarado en la charla antes mencionada comentó que, las principales vías en Santander están totalmente bloqueadas, impidiendo la salida de Bucaramanga y dificultando el acceso al aeropuerto Palonegro. Alvarado señaló que los altos costos del combustible y la falta de inclusión de pequeños transportistas en las conversaciones con el gobierno han provocado una crisis financiera que tiene al sector al borde del colapso. “En este momento, si nosotros aceptamos el precio del diésel, no podríamos ya trabajar ni tanquear los vehículos”, dijo.

Se cumplen cuatro días desde que el Gobierno nacional incrementó el precio del Acpm en Colombia y la situación de movilidad se ha vuelto crítica en gran parte del país por cuenta de las movilizaciones y bloqueos de los gremios de transportadores que rechazan la medida.

De hecho, uno de los puntos más críticos, y en el que inició las protestas de los camioneros, es el departamento de Santander que, hasta el momento, presenta cierre en once vías principales que lo comunican con la costa Caribe y el centro del país.

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Las protestas han generado que la ciudad de Bucaramanga haya sufrido graves traumatismos, pues las salidas y entradas están totalmente colapsadas.

Según el último informe de las autoridades, entre los corredores que presentan afectación o bloqueo total de la movilidad se encuentra el de San Gil – Bucaramanga, en el sector El Guasca; Bucaramanga – Rionegro, a la altura de Viajagual; Socorro – Oiba; Bucaramanga – Cúcuta, sector La Laguna, y La Lizama – San Alberto, sectores Dagotá Km. 5 y La Gámez Km. 36.

Además, la vía Bucaramanga – Pamplona, La Lebrija – Barrancabermeja, Piedecuesta – Curos, Puente Nacional - El Socorro, Cimitarra – Puerto Araujo, y Barbosa – Moniquirá también se mantienen con bloqueos permanentes.

Los cierres viales también han empezado a causar estragos a los viajeros que parten desde el aeropuerto de Palonegro, pues el servicio de transporte público se ha paralizado con las protestas.

Según informó El Tiempo, a la hora decenas de pasajeros han perdido sus vuelos y, otros tantos, han tenido que recorrer largos trayectos a pie y con maleta al hombro para llegar a la terminal aérea.

Óscar Ferreira, un pasajero con destino a España, relató al mismo medio que tuvo que caminar aproximadamente treinta minutos con su maleta para conseguir una moto que lo llevara al aeropuerto por $30.000 pesos.

“La situación en el aeropuerto es bastante complicada. Tuvimos que caminar con nuestras maletas por toda la vía hasta el aeropuerto, ya que las vías estaban cerradas debido al paro”, manifestó Ferreira.

En el área metropolitana de Bucaramanga, la crisis es más aguda. La terminal de transportes ha informado la suspensión de despachos desde el día 2 de septiembre, especialmente hacia los departamentos de Norte de Santander, la Costa Caribe y Cundinamarca, agravando la situación de movilidad.

Asimismo, la Federación de Empresarios de Biocombustibles y Energéticos de Colombia (Febecol) informó que ya se registra escasez de gasolina en varios municipios de Santander. Según la entidad, los municipios afectados son Charalá, San Gil, Barichara, Villanueva y Socorro.

El director de Febecol, Farid Jones, explicó que los problemas de abastecimiento se deben a un bloqueo vial que ha impedido el traslado del combustible desde Bucaramanga hacia estos municipios. Añadió que, de continuar los bloqueos en Barrancabermeja, la escasez podría extenderse a otras zonas. “Hay un bloqueo en la planta de abastecimiento en Lizama. Los vehículos que transportan el combustible no pudieron cargar”, señaló Jones.

En ese mismo departamento también conoció la noticia de una ciudadana venezolana que viajaba de Cúcuta a Bucaramanga en un autobús intermunicipal y que falleció en la madrugada del 2 de septiembre tras presentar problemas de salud en medio de los bloqueos en las vías nacionales por parte de transportadores.

El vocero de la Gobernación de Santander, Óscar Eduardo Hernández Durán, informó que la mujer fue trasladada de urgencia al puesto de salud de Berlín, en el corregimiento del municipio de Tona, donde lamentablemente murió.

Hernández Durán detalló que la pasajera comenzó a mostrar síntomas de deterioro en su salud mientras el autobús se encontraba en la vía entre Bucaramanga y Cúcuta, en un área conocida como La Laguna, situada en la jurisdicción de Norte de Santander.

La mujer, cuya identidad aún no ha sido revelada, viajaba con un niño menor de edad. El menor permanece en el sector de Berlín, bajo un seguimiento humanitario mientras se intentan localizar a los familiares para informarles de la situación y proporcionarles el acompañamiento necesario.