Los camioneros llevan un año y siete meses yendo a reuniones, firmando papeles y esperando que el Gobiernonacional cumpla su palabra. Eso es, en esencia, lo que describe el Frente Común de Gremios de Carga (Fcgc) en un comunicado público fechado el 30 de abril de 2026 en Bogotá. Y la paciencia, según el gremio, llegó a su límite.

“Si la vía jurídica y técnica sigue siendo ignorada, las bases tomarán las decisiones que correspondan para hacer valer sus derechos”, dice el documento firmado por siete organizaciones del sector transportador, entre ellas la Asociación Colombiana de Camioneros (ACC), la Asociación Nacional de Transportadores (ANT) y la Confederación Nacional de Transportadores de Carga y Pasajeros (CNT-CP).

¿Qué pasó para llegar hasta ese punto?

Todo inicia en septiembre de 2024. Tras varios días de bloqueos en carreteras de todo el país, el paro nacional transportador se levantó el 6 de septiembre de 2024 gracias a un acuerdo firmado entre el Gobierno nacional y más de 80 representantes del sector.

El pacto incluyó compromisos sobre tarifas de combustible, modernización de vehículos, actualización del sistema de costos Sice-Tac y mejoras al Registro Nacional de Despachos de Carga (Rndc), entre otros puntos. El presidente Gustavo Petro les aseguró que se les cumpliría con esos apartados.

Diecinueve meses después, el Fcgc dice que el cumplimiento fue parcial y que lo poco que se avanzó no fue por voluntad del Gobierno.

“Los avances normativos alcanzados hasta la fecha no son producto de la voluntad espontánea del actual Gobierno Nacional. Son, única y exclusivamente, la consecuencia vinculante de la firma del Acuerdo del 6 de septiembre de 2024 que levantó el paro, y el resultado de la gestión gremial técnica y legal, permanente e intensa de nuestras organizaciones”, señala el comunicado.

El 21 de abril de 2026 vencieron los términos legales para expedir la reglamentación derivada del Decreto 1017 de 2025, norma firmada en septiembre del año pasado que buscaba modernizar las reglas del transporte de carga. Según el gremio, el Ministerio de Transporte dejó pasar esa fecha sin publicar las resoluciones pendientes.

El comunicado enumera ocho actos administrativos que califica de “engavetados”: la actualización del Rndc; la actualización del Sice-Tac, que incluye precios, número de viajes y distancias para carga pesada y un proyecto de saneamiento para vehículos Light con doble ficha de homologación.

A eso se suma una resolución para la operación de patios de contenedores; el cumplimiento de normas sobre llantas de base ancha; la modificación del Formato Único de Extracto del Contrato (Fuec) para transporte especial; y dos proyectos modificatorios del Decreto 1079 de 2015, uno para transporte especial y otro para taxis.

La pregunta con nombre propio

El Fcgc no se limita a denunciar el retraso. En el comunicado lanza una pregunta pública dirigida al país: “¿Este bloqueo administrativo sistemático responde a una instrucción directa del Presidente de la República, a una directriz de la Ministra de Transporte, o a la negligencia del Director de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio?”.

La ministra María Fernanda Rojas es señalada directamente. El gremio le pide que “personalmente se coloque al frente de todas las acciones, coordinaciones y acciones con las demás entidades del Estado y con el diálogo con los transportadores del país”, en particular por lo que describe como una “grave situación de inseguridad en el suroccidente del país”.

El tiempo que queda

El gremio advierte que el Gobierno tiene aproximadamente 40 días hábiles antes de que la administración Petro cierre su ventana operativa. En ese plazo, el Fcgc exige la publicación inmediata de las ocho resoluciones pendientes y el cumplimiento del acuerdo del 6 de septiembre de 2024. “El tiempo de la burocracia se agotó; los acuerdos de Estado se firman para cumplirse”, concluye el documento.

El sector transportador de Colombia participó en más de 50 mesas de trabajo técnico y legal en los últimos 19 meses. Las respuestas del Ministerio, según el gremio, “han sido el silencio y la dilatación”.

Las bases camioneras de Colombia, firmantes del Acuerdo del 6 de septiembre de 2024 que permitió levantar el Paro Nacional Camionero, enviaron una carta abierta al presidente Gustavo Petro en la que presentan una denuncia formal por incumplimiento estructural de los compromisos pactados y alertan sobre un riesgo inminente de colapso del sector transporte.

El documento, dirigido también a la opinión pública nacional e internacional, señala que ha transcurrido más de un año desde la firma del acuerdo sin que se evidencien avances sustanciales en su implementación, situación que, según el gremio, pone en riesgo la subsistencia de más de 2,5 millones de familias que dependen directa o indirectamente de la actividad transportadora.

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Señalamientos al Ministerio de Transporte

En la carta, los camioneros aseguran que han cumplido integralmente con los compromisos asumidos, incluyendo la entrega de insumos técnicos, información requerida y participación constante en espacios de diálogo. No obstante, afirman que la ejecución del acuerdo ha fallado por falta de articulación institucional, responsabilidad que atribuyen a la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas.

Según el gremio, el Ministerio no ha logrado coordinar a las entidades corresponsables ni garantizar el cumplimiento de las normas que regulan el sector, lo que ha permitido la imposición de prácticas ilegales y ha debilitado la gobernabilidad del transporte de carga en el país.

Manipulación del SICE-TAC y sobreexplotación laboral

El primer eje crítico expuesto en la carta se refiere a la operación del sistema SICE-TAC, encargado de calcular los costos del transporte de carga. Las bases camioneras denuncian una manipulación técnica del sistema que, aseguran, reduce artificialmente los valores a pagar a los transportadores.

Entre los principales señalamientos se encuentran:

• Incrementos injustificados de hasta el 120 % en el número de viajes mensuales estimados, lo que obliga a los conductores a trabajar en condiciones de pérdida económica.
• Imposición de más de 100 horas laborales adicionales mensuales, por fuera de los límites legales.
• Subestimación del consumo de combustible, costos de mantenimiento y valor real de los equipos.
• Parámetros de velocidad que no corresponden al estado real de las vías, los bloqueos, la inseguridad y los tiempos de espera en corredores estratégicos como Bogotá–Medellín y Buenaventura.

De acuerdo con el gremio, estas prácticas fomentan la sobreexplotación del conductor y aumentan el riesgo de siniestros viales.

Falta de control y sanción a la ilegalidad

El segundo eje se centra en la omisión de los órganos de control. Los camioneros denuncian que no se ha conformado el Comité Interinstitucional acordado, integrado por entidades como la DIAN, la Fiscalía, la SIC, la Superintendencia de Transporte y la Procuraduría.

Según la carta, esta ausencia de control ha permitido la persistencia de delitos como evasión tributaria, falsedad documental, descuentos ilegales y abuso de posición dominante, así como la proliferación de contratos de vinculación temporal considerados irregulares.

El documento también expone irregularidades en el sector de volquetas y en contratos de infraestructura ejecutados por entidades como Invías, la ANI, gobernaciones y concesiones, donde afirman se paga a los transportadores valores muy inferiores a los facturados en las licitaciones públicas.

ACPM, llantas y políticas económicas

En un tercer eje, las bases camioneras señalan el incumplimiento de los ministerios de Hacienda y de Industria y Comercio, los cuales, según el gremio, no han participado activamente en las mesas de diálogo, pero sí han adoptado medidas que afectan al sector.

Entre ellas mencionan el incremento del precio del ACPM, superior a lo pactado en el acuerdo, y la apertura de un proceso para imponer dumping en la importación de llantas, lo que generaría sobrecostos para los transportadores y la cadena logística.

Caos logístico en Buenaventura

La carta dedica un apartado al puerto de Buenaventura, donde denuncian prácticas irregulares por parte de navieras y patios de contenedores. Según el gremio, los camiones son utilizados como bodegas sin costo, se presentan filas de más de mil vehículos sin turnos de descargue y se cobran moras anticipadas en dólares a importadores, pese a la falta de capacidad operativa.

Los camioneros solicitan la aplicación de los decretos 1017 y 2092, así como del artículo 1009 del Código de Comercio, y una intervención efectiva de la SIC y la Superintendencia de Transporte.

Carta abierta al presidente Petro de las bases camioneras del país by yospina

Seguridad y derechos humanos

El cuarto eje se refiere a la situación de orden público. Las bases camioneras reportan que en los últimos tres años y medio 33 conductores han sido asesinados mientras realizaban su labor, además de un aumento en la extorsión, quema de vehículos y amenazas contra líderes gremiales.

Finalmente, solicitan a la Presidencia de la República y a los organismos de derechos humanos medidas inmediatas para proteger la vida, el trabajo y la seguridad de los transportadores, y reiteran que el acuerdo de 2024 es un compromiso de Estado, jurídicamente vinculante.

El impacto de un paro de camioneros en Colombia podría sentirse de inmediato en los precios de los alimentos y la cadena de suministro nacional, después de que los gremios de transportadores advirtieran sobre posibles manifestaciones y un paro camionero tras el incremento del costo de operación.

Según advierten los transportadores, los precios podrían subir hasta un 13%, lo que encarecería toda la canasta familiar y reduciría las utilidades para los conductores y empresarios.

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Sin embargo, ante las advertencias de un paro, el presidente Gustavo Petro descartó que el país enfrente una amenaza real de inmovilización del transporte de carga, desestimando las críticas de los gremios.

Según explicó el mandatario a través de su cuenta de X, la estructura de costos de los transportistas depende principalmente del valor del combustible, especialmente el diésel.

“El mayor costo de la operación de un camión es el combustible y las llantas, el combustible diésel lo subsidiamos y lo importado tiende a bajar de precios”, afirmó Petro al referirse al respaldo estatal que mantiene el precio por debajo del mercado internacional.

Los transportadores, por su parte, han advertido que el reciente aumento del salario mínimo repercute directamente en sus gastos operativos. A este elemento se suma la actualización de los precios de los peajes, que suelen ajustarse en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y que también encarecen el trabajo diario en las carreteras.

Aunque el gremio camionero expresa inquietudes por la rentabilidad y la sostenibilidad de su actividad, el jefe de Estado insistió en que no visualiza una movilización gremial en contra de los propios conductores.

“No me imagino un paro camionero gremial en contra de sus propios conductores. No se puede transportar cargas sobrexplotando a los conductores (sic)”, concluyó el presidente en su cuenta de X

El Gobierno, a través del Ministerio de Transporte, ha promovido espacios de diálogo con los representantes del sector, con el objetivo de canalizar las demandas y evitar una crisis que paralice el movimiento de mercancías. Estas conversaciones buscan anticipar soluciones antes de que la tensión desemboque en acciones que afecten a toda la economía.

Mientras tanto, los representantes del transporte de carga reiteran sus llamados de atención sobre la necesidad de revisar la política tarifaria y los mecanismos de ajuste de costos, en particular frente a las variables que no dependen del precio del combustible subsidiado.

La situación continúa en observación, con la expectativa de que el diálogo institucional prevalezca y se eviten medidas de presión que puedan desestabilizar el abastecimiento nacional.

Lo que advierten los transportadores

El temor a una nueva protesta nacional de los conductores de carga en Antioquia ha crecido en las últimas semanas, tras la advertencia de líderes gremiales sobre un incremento del 13 % en los gastos de operación.

El alza, que comenzó a sentirse este año, está relacionada principalmente con el aumento del salario mínimo, el precio del diésel y el ajuste en los peajes.

La Asociación de Transportadores de Carga elevó la voz de alarma ante la falta de respuestas efectivas.

“Estamos en asamblea permanente desde agosto de 2024”, expresó Anderson Quiceno, director ejecutivo del gremio, en declaraciones para El Colombiano. Según Quiceno, la situación se ha vuelto insostenible para muchos conductores, quienes han tenido que asumir los sobrecostos con recursos propios.

Las cifras del gremio muestran que los precios de servicios básicos para los camioneros, como el mantenimiento mecánico y eléctrico, el hospedaje en carretera o el lavado de vehículos, han aumentado de forma considerable. A pesar de ello, los fletes presentan una tendencia a la baja.

“Los ingresos por prestar el servicio de transporte de carga no se han incrementado en los valores necesarios para contrarrestar todos estos gastos. Al contrario, los fletes han venido bajando”, remarcó Quiceno al diario nacional.

El directivo ilustró la caída de los ingresos: si antes un conductor recibía un pago de 100 pesos por flete, ahora ese valor ronda los 90.

El deterioro de la infraestructura vial y los constantes bloqueos y derrumbes han agravado la coyuntura, según el gremio. Estas situaciones obligan a los transportadores a modificar sus rutas, generando desvíos y, por tanto, más gastos.

Quiceno cuestionó también la existencia de cerca de 200 peajes en Colombia, muchos ubicados en vías que no cumplen con estándares adecuados, lo que aumenta aún más la carga financiera para los transportadores.

Los representantes del sector han sostenido varias mesas de diálogo con el Ministerio de Transporte, pero consideran que las soluciones no trascienden del papel. Aunque reconocen cierta voluntad política, el gremio asegura que “las soluciones no se reflejan en la realidad que viven los camioneros”.

Frente al estancamiento, la Asociación de Transportadores de Carga no descarta la posibilidad de una movilización nacional si no se concretan medidas que alivien la crisis.

Aunque el paro minero en Boyacá llegó a un acuerdo y se levantó tras cuatro días de protestas, el paro campesino en Ventaquemada y otros municipios cercanos persiste, afectando severamente el comercio y la movilidad en la vía Bogotá-Tunja.

Samuel Torres, comerciante en Ventaquemada, denuncia que desde el sábado 2 de agosto no puede surtir su carnicería debido a los bloqueos que mantienen paralizado el tránsito y el comercio local.

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“Estamos perdiendo (…) desde el sábado no se ha podido surtir el negocio”, dijo mientras mostraba los estantes vacíos.

La principal razón del mantenimiento de los bloqueos campesinos radica en la falta de acuerdo sobre las demandas en torno a los páramos, especialmente la derogación de la delimitación establecida durante la administración de Juan Manuel Santos, que prohibió actividades agropecuarias por encima de los 3.000 metros de altura.

Esta medida afecta directamente a municipios como Güicán, El Cocuy, Chiscas y El Espino, donde la cría de ganado y el cultivo de papa quedaron prohibidos, lo que genera gran malestar en las comunidades campesinas.

Además, los campesinos exigen la revisión de los incrementos en el impuesto predial tras la actualización catastral y la definición clara de los tiempos para implementar los acuerdos alcanzados en las mesas de diálogo.

El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, reconoció avances en las negociaciones, pero aclaró que el proceso sigue abierto. Se prevé que este viernes 8 de agosto se retomen las conversaciones para tratar de llegar a un acuerdo definitivo.

Mientras tanto, el paro continúa dejando pérdidas millonarias y un marcado desabastecimiento, con productos agrícolas que se pierden en las zonas de cultivo y ventas en los comercios locales reducidas casi a cero.

Por su parte, el acuerdo logrado con los mineros incluye compromisos sobre la transición energética, formalización de productores y el pago de deudas pendientes, pero no abarca los reclamos campesinos sobre la protección de los páramos ni la prohibición a la exportación de carbón a Israel.

Los bloqueos en Ventaquemada y Tunja mantienen incomunicada la región con Cundinamarca, y aunque los manifestantes permiten el paso en ciertos momentos, las vías permanecen interrumpidas durante horas, afectando a conductores y comerciantes.

En paralelo, en Santander, se levantó la protesta de los volqueteros en el sector de La Gómez, Sabana de Torres, luego de más de cuatro horas de negociación con las autoridades y el Consorcio Ortiz, empresa encargada de las obras en la Ruta del Sol.

La manifestación había bloqueado una vía crucial para la región, afectando la movilidad y la economía local.

La protesta surgió tras la suspensión de contratos a 32 trabajadores, lo que dejó sin ingresos a sus familias. Como resultado, se acordó instalar una mesa de alto nivel el próximo 22 de agosto, que reunirá a entidades gubernamentales, representantes laborales, la empresa y la comunidad, con el fin de buscar soluciones estructurales a los conflictos laborales.

El Consorcio Ortiz se comprometió a entregar una respuesta definitiva sobre la reanudación de órdenes de servicio para los volqueteros el 8 de agosto, con la posibilidad de que los contratos se reactiven a partir del 11 de agosto.

El secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, destacó la importancia de mantener la coordinación entre las instituciones para garantizar la seguridad y prevenir futuros bloqueos en esta arteria vital para la economía regional y nacional.

Además, señaló que esta experiencia servirá como modelo para manejar conflictos laborales en otros proyectos de infraestructura en la región, enfatizando la necesidad de diálogo constante y soluciones oportunas para evitar afectaciones prolongadas a la movilidad y a los sectores productivos.

Los campesinos de todo el país esperan recuperar su estabilidad económica tras largas jornadas de paro que han afectado diversas regiones de Colombia. Se espera que todos los gremios logren conciliar sus demandas con el Gobierno durante las próximas reuniones, para avanzar hacia soluciones que beneficien a las comunidades y al desarrollo nacional.

Mientras las cifras macroeconómicas intentan estabilizarse y los empresarios hacen malabares para mantener la operación a flote, una nueva amenaza vuelve a poner en jaque al país, el posible paro de camioneros anunciado para el 16 de junio por la Asociación Colombiana de Camioneros (ACC). El cese de actividades, aunque inicialmente se concentraría en Nariño, Cauca e Ipiales, podría escalar y generar un impacto nacional en la cadena de abastecimiento.

El anuncio no cayó bien en el sector empresarial, especialmente en el gremio de transporte de carga. Nidia Hernández, presidenta de Colfecar (Corporación Colombiana del Transporte de Carga), fue clara y directa al explicar que, “la economía en general está muy golpeada para aguantar otro paro camionero”. La advertencia reflejó una preocupación extendida entre quienes dependen del flujo constante de mercancías para sostener la producción.

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Y es que el transporte de carga no es solo un componente logístico, es un nervio vital de la economía colombiana. Cualquier alteración se siente en las góndolas de los supermercados, en los inventarios de las fábricas, en el precio final al consumidor. “No está fácil el panorama, de hecho está angustiante y un paro nos mata a todos”, agregó Hernández, aludiendo a una mezcla peligrosa de inseguridad en carreteras, sobrerregulación estatal y exigencias fiscales que estarían asfixiando al sector.

Entre las quejas que justifican la convocatoria al paro están el incumplimiento de acuerdos firmados con el Gobierno Petro en julio de 2024, así como problemáticas locales que los voceros de la ACC califican de insostenibles. Alfonso Medrano, su representante, lo dijo sin rodeos, no aceptarán “palabritas”, sino “realidades”. En su denuncia se incluyen situaciones críticas como el deterioro de las vías (Pasto-Tumaco, Popayán-Cali, entre otras), los frecuentes derrumbes que interrumpen el paso y una estructura de peajes que, según ellos, no retribuye con mejoras viales.

A eso se suma la inestabilidad en zonas clave de la vía Panamericana y la incertidumbre que generó la posible reapertura de la frontera al transporte internacional, vista por muchos como una amenaza a la competitividad de los conductores nacionales. “El sur del país no aguanta más”, afirman desde la ACC, al insistir en que su protesta responde a un hartazgo acumulado.

Aunque desde el Ministerio de Transporte ya se convocó una mesa de diálogo con presencia de Defensa y autoridades locales, el riesgo de que el paro se materialice sigue latente. En juego no solo está la movilidad en el suroccidente del país, también la estabilidad de todo un ecosistema económico que necesita liquidez para operar. Hernández explicó que las empresas deben anticipar el 70% del flete al momento del despacho y cubrir el resto a los cinco días, mientras los generadores de carga pagan hasta 60 días después. En ese desbalance, la falta de flujo de caja puede ser letal.

El escenario es preocupante. Y aunque las cifras de recuperación en otros sectores dan un respiro moderado, una parálisis en el transporte sería un golpe profundo en un país que aún no logra encarrilar del todo su economía. El palo, por ahora, definitivamente no está para cucharas.

El paro anunciado por los camioneros amenaza la logística del suroccidente colombiano, a la vez que podría desencadenar efectos en cadena en sectores como el agro, la industria manufacturera y el comercio minorista. Las demoras en el transporte generan sobrecostos, encarecen productos básicos y distorsionan la oferta en mercados regionales.

Además, en un contexto de bajo crecimiento y alta informalidad, cualquier interrupción prolongada afecta la confianza empresarial y retrasa inversiones. El riesgo no está solo en el paro, sino en la señal que envía, un sistema institucional que no logra cumplir acuerdos, ni anticiparse a las crisis. Si el conflicto se prolonga, las pérdidas no serán solo logísticas, también fiscales y reputacionales para un Estado que ya lidia con múltiples frentes.

En la noche del miércoles 23 de abril, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, se reunió con representantes del gremio camionero del país, dentro del “diálogo permanente” que aseguró que mantienen con su cartera.

Trabajaron temas relacionados con los compromisos que se adquirieron el año pasado, luego de que desde ese sector llevaran a cabo un paro por el incremento en los precios del Acpm.

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“Acabamos de terminar una reunión muy productiva con los representantes y agremiaciones de los transportadores que vienen participando en este diálogo permanente con el Ministerio y con quienes tenemos unos compromisos producto de ese diálogo”, señaló.

Rojas indicó que se trataron los temas relacionados con “la modificación del decreto de carga” y del Sicetac (Sistema de Información de Costos Eficientes para el Transporte Automotor de Carga) que ha provocado inquietudes con los integrantes del gremio, así como de la garantías laborales para ellos y del régimen sancionatorio.

“Es muy importante este espacio de diálogo, vamos a tener otro presencial la próxima semana. Sirvió mucho porque actualizamos el plan de trabajo, pusimos unas fechas para entregar algunos productos, algunos resultados y vamos a seguir en esta conversación que sea productiva, que sea un diálogo directo”, informó la alta funcionaria.

Finalmente aseguró que desde el Gobierno nacional seguían comprometidos con lograr “un transporte digno, seguro y moderno” en el país.

A inicios de este mes, el gremio transportador ha expresado su preocupación y han señalado que luego del paro que llevaron a cabo a finales del año, para los que se fijaron varios compromisos, son pocos con los que han cumplido en el Gobierno nacional.

Entre los que han señalado las afectaciones está el Frente Común del Gremio de Carga que un informe de 54 páginas que publicaron el 1° de abril señalaron que desde la Nación solo han honrado tres de los puntos sobre los acuerdos con los que levantaron las manifestaciones, así como tampoco han implementado as mesas técnicas para arreglar los Sicetac.

Además, ven con bastante preocupación a posibilidad de nuevas alzas en el precio del Acpm, luego del anuncio del nuevo ministro de Hacienda, Germán Ávila, que recién se posesionó, a mediados de marzo, anuncio que se tenía que revisar nuevamente.

“Nos toca completar la tarea de hacer ese ajuste al precio del Acpm. Próximamente, iniciaremos las conversaciones con los transportadores. Es imperioso, no hay otra alternativa, hay que ajustar el precio del Acpm”, expresó en esa ocasión.

Por lo que se teme de que lleven a cabo un nuevo paro, si no se llega a un buen término con este tema que, junto con el de los incrementos en los peajes, es el más preocupa en ese gremio.

“El incremento de los peajes, del combustible no consensuado, los cambios, todos los flagelos que acaban al pequeño transportador, se han ido incrementando, además de la inseguridad en las vías y la mala malla. El paro lo definen las bases, que tan cerca, eso no lo podemos definir, pero estamos más cerca que lejos”, dijo en una entrevista con Infobae Colombia el presidente de la Asamblea Nacional del Transporte, Alejandro Quiroga.

Pero no ha sido el único que ha expresado sus reparos, también ha expresado sus reparos Nidia Hernández, presidenta de la Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera (Colfecar) que, en una entrevista que concedió a la revista Semana, vio con preocupación la posibilidad de trasladar el alza del combustible a quienes contratan los servicios de transporte.

“La única forma de que los generadores de la carga asuman nuevos incrementos en el precio del diésel es a través del pago de los fletes”, afirmó.

El gremio camionero en Colombia manifestó su rechazo a cualquier incremento adicional en el precio del Acpm y advirtió sobre posibles manifestaciones si el Gobierno no cumple con los acuerdos establecidos en las mesas de diálogo.

Según informó Blu Radio, el presidente de la Asociación Colombiana de Camioneros (ACC), Alfonso Medrano, aseguró que no se negociará ningún aumento más en el precio del combustible y señaló que, de no cumplirse los compromisos adquiridos, el país podría enfrentar bloqueos y protestas similares a las ocurridas en septiembre de 2024.

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De acuerdo con las declaraciones de Medrano, desde la llegada de la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, el gremio no ha sido convocado para continuar con las mesas técnicas que se establecieron tras el paro del año pasado.

Estas mesas tenían como objetivo evaluar las problemáticas del sector y buscar soluciones conjuntas. Sin embargo, la ministra Rojas afirmó que dichas reuniones ya se llevaron a cabo, lo que ha generado discrepancias entre ambas partes.

El líder de la ACC expresó su preocupación por las recientes declaraciones de la ministra de Transporte, quien señaló que los subsidios otorgados por el Gobierno a los transportadores son insuficientes y que sería necesario considerar incrementos en impuestos o en el precio del Acpm.

Medrano enfatizó que el gremio no aceptará más alzas en el precio del combustible, especialmente si estas se realizan de manera unilateral, como ocurrió en 2024 bajo la gestión del entonces ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.

“Que si llegó el momento de la subida del diésel y de la subida de los impuestos, pues entonces qué quiere decir, que los van a alzar, pues entonces que lo hagan unilateralmente, porque nosotros no le vamos a negociar una sola alza al gobierno. Si la ministra no cumple su palabra y el señor ministro de Hacienda, pues pasa lo mismo que pasó el primero de septiembre. Ellos que suben el diésel, entonces la gente tendrá que salir a protestar”, afirmó Medrano en declaraciones recogidas por Blu Radio.

Uno de los puntos centrales en las demandas del gremio camionero es la modificación de la fórmula utilizada para calcular el precio de los combustibles en el país. Los transportadores insisten en que los precios no deberían estar ligados a la paridad internacional, sino a la moneda local. Argumentan que, dado que Colombia cuenta con recursos propios como crudo y refinerías, los costos deben justificarse en pesos colombianos y no en dólares.

Medrano explicó que esta fórmula actual genera un impacto negativo en el sector, ya que los costos de operación aumentan considerablemente, afectando la competitividad de los transportadores. A pesar de que esta propuesta ha sido planteada en múltiples ocasiones, el gremio asegura que no ha recibido una respuesta concreta por parte del Gobierno.

Las tensiones entre el Gobierno y los transportadores no son nuevas. En 2024, el país vivió un paro nacional de camioneros que paralizó varias regiones y generó un impacto significativo en la economía. Como resultado de esas protestas, se establecen mesas de diálogo para abordar las principales problemáticas del sector, incluyendo el precio de los combustibles, las etiquetas y las condiciones laborales de los transportadores.

Sin embargo, el gremio considera que los avances en estas mesas fueron insuficientes y que el Gobierno no ha cumplido con los compromisos adquiridos. La falta de diálogo reciente, sumada a las declaraciones de la ministra Rojas sobre posibles incrementos en el precio del diésel, reavivó las tensiones y generado preocupación entre los transportadores.

El líder gremial reiteró su disposición al diálogo, pero insiste en que no negociará más alzas en el precio del combustible. Además, solicitaron al Gobierno que se prioricen soluciones estructurales para garantizar la sostenibilidad del sector y evitar conflictos futuros.

El transporte de carga es un pilar fundamental para la economía colombiana, ya que moviliza gran parte de los productos que abastecen a las ciudades y regiones del país. Sin embargo, los altos costos operativos, sumados a las dificultades económicas que enfrenta el sector, han generado una creciente preocupación entre los transportadores.

El martes 7 de enero, un grupo de transportadores de carga, conformado principalmente por camioneros independientes y tercerizados, llevó a cabo una jornada de protesta en Santander. La movilización tuvo como propósito exigir el cumplimiento de los acuerdos alcanzados en septiembre de 2024 y manifestar su descontento por los aumentos en los precios del Acpm y los peajes.

Sin embargo, después de una reunión que se extendió por más de cuatro horas y en la que participaron delegados del Ministerio de Transporte, liderados por el viceministro Carlos Enríquez, junto con autoridades como la Gobernación de Santander, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y miembros de las Fuerzas Militares y policiales, los transportadores de la región decidieron suspender el plan de iniciar un paro de actividades.

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El viceministro informó que esta semana se llevarán a cabo encuentros clave para continuar trabajando en los compromisos asumidos con los transportadores. El primero de ellos está programado para el miércoles 8 de enero, cuando se reunirá con la defensora del Pueblo para evaluar el progreso de los acuerdos. El jueves 9 de enero, por su parte, está prevista una reunión con la ministra de Transporte.

“Tenemos importantes reuniones esta semana y esperamos también sigan avanzando en los compromisos con los transportadores”, comentó el funcionario del Gobierno nacional al respecto.

Por otro lado, con respecto a la reunión de la defensora del Pueblo comentó frente a varios medios de comunicación que la ministra de Transporte, María Constanza García, le enviaría un documento en el que se habla del cumplimiento de los 15 puntos acordados.

“Nosotros estaremos muy atentos al documento que hoy la ministra de Transporte enviará a la Defensoría del Pueblo sobre el cumplimiento de los 15 puntos acordados. Esperamos que en esta reunión, tanto el Ministerio Público, la Procuraduría y la Defensoría nos presenten un informe sobre el seguimiento que han realizado como entidades, ya que también fueron firmantes del acuerdo”, dijo el funcionario del Gobierno de Gustavo Petro.

El viceministro de Transporte Carlos Enríquez al respecto de esto también comentó frente a varios medios de comunicación lo siguiente: “Bueno, se respalda un comunicado emitido por los transportadores el fin de semana, en el que se informó que no había paro, no hay paro, y hoy podemos fortalecerlo con esta visita que realizamos junto con la Gobernación de Santander aquí, en el municipio de Girón. Hemos llegado a acuerdos importantes, especialmente en lo relacionado con el cumplimiento del pacto firmado el 6 de septiembre, cuando se estableció el acuerdo con todo el sector transportador del país. Por lo tanto, no hay paro”.

El secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, por su parte tras la reunión anunció que la próxima semana se llevará a cabo en Bucaramanga una nueva mesa de trabajo, esta vez con representantes de los conductores de volquetas. El objetivo será analizar sus solicitudes y necesidades, con el fin de trasladarlas al Gobierno Nacional para su evaluación.

En relación con las razones detrás del paro, el presidente Gustavo Petro afirmó que no existe tensión con el gremio camionero y explicó que el gobierno había establecido un incremento en los peajes del 2,78% a finales del año pasado. Sin embargo, señaló que seis concesionarios privados, principalmente en Antioquia, aplicaron incrementos mucho mayores basándose en cláusulas contractuales firmadas en 2014 durante administraciones anteriores. Petro destacó que, tras negociaciones, estas seis concesiones aceptaron la posición del gobierno para regular las tarifas.

“No hay tensión con el gremio camionero. El gobierno decidió la subida de peajes de 2, 78% antes de terminar el año pasado. Seis concesiones privadas, la mayoría en Antioquia, utilizando cláusulas contractuales del 2014, firmadas por gobiernos anteriores, subieron muy por encima los peajes del techo puesto por el gobierno. Hemos logrado que las seis concesiones acepten la postura del gobierno”, escribió el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, por medio de su cuenta en la red social X.

Los gremios transportadores en Colombia desmintieron su participación en un paro camionero anunciado en redes sociales y algunos medios de comunicación para el 6 de enero. La convocatoria habría surgido de un video difundido en plataformas digitales, en el que un conductor instaba a sumarse a la manifestación. Sin embargo, las organizaciones que lideraron el paro camionero de septiembre pasado aclararon en un comunicado oficial que no respaldarían la protesta mencionada.

Frente a este escenario, el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, hizo una publicación por medio de su cuenta de X reaccionando a la noticia. De acuerdo con el jefe de Estado dicha manifestación “estaba siendo organizada desde la extrema derecha”.

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A través de dicho comunicado conjunto, organizaciones como la Asociación Colombiana de Camioneros y la Confederación Colombiana de Camioneros afirmaron que no han promovido ningún cese de actividades y confirmaron que mantendrán sus labores con normalidad.

“Ante la desinformación malintencionada en diferentes medios y redes sociales por parte de intereses políticos y personales, manifestamos claramente que en estos momentos nos encontramos en Asamblea Permanente y en procesos de consultas y socialización con nuestras bases transportadoras”, explicaron en el comunicado.

Según El Colombiano, fuentes del sector señalaron que la complicada situación financiera de los transportadores, tras la temporada de fin de año, hace que no sea un momento oportuno para convocar a un paro.

En ese contexto, el presidente Gustavo Petro se pronunció sobre las versiones de un supuesto paro camionero convocado para los próximos días. En sus declaraciones, aseguró que detrás de esta iniciativa podrían estar sectores políticos específicos e incluso señaló a “cierta prensa” que sería afín.

“Me parece que la protesta estaba siendo organizada desde la extrema derecha y cierta prensa afín”, escribió por medio de su cuenta de X el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego.

Y es que, Jorge García, transportador de Santander, anunció que los camioneros de la región comenzarán un paro de actividades a partir de la medianoche del lunes 6 de enero. Según explicó, la decisión responde al supuesto incumplimiento por parte del Gobierno de los compromisos adquiridos en septiembre de 2024.

En Santander, los pequeños transportadores anunciaron que encabezarán un paro en protesta por el incremento en el precio del Acpm y los elevados costos de los peajes. Estos factores, señalaron, se han convertido en las principales causas de su descontento y movilización.

Sobre esto último el presidente Gustavo Petro también se refirió al aumento en las tarifas de los peajes, señalando que su gobierno aprobó un incremento del 2,78 %. Sin embargo, criticó que ocho peajes de seis concesiones adoptaran medidas distintas, amparándose en contratos firmados en 2014 que calificó como “mal hechos y leoninos”. Asimismo, anunció que en abril se llevará a cabo un estudio concertado, tomando en cuenta la tendencia inflacionaria, que se espera sea del 3 %, para ajustar las tarifas de manera equitativa y justa.

“El gobierno ha autorizado un alza del 2.78% de peajes,.8 peajes de 6 concesiones han decidido otra cosa, dicen, facultados por los contratos firmados en el 2014, a toda vista mal hechos y leonino. Esto no puede ser y he pedido inicialmente, dialogo con esos concesionarios En abril de acuerdo a la tendencia inflacionaria y que esperamos sea de 3%, haremos estudio concertado para recuperar la inflación causada”, escribió el primer mandatario en su cuenta de X.

Tras la controversia generada por el aumento en las tarifas de los peajes en los primeros días de 2025, el presidente Gustavo Petro convocó a una reunión con su gabinete el lunes festivo 6 de enero. Durante el encuentro, el mandatario calificó la medida como un error y discutió alternativas para mitigar las afectaciones que esta ha generado entre los ciudadanos.

La reunión del gabinete presidencial tuvo lugar antes de un encuentro clave entre la ministra de Transporte, María Constanza García; el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Francisco Ospina Ramírez; y líderes del gremio transportador.

En medio de la creciente tensión por el alza en el precio del ACPM y las tarifas de peajes, más de diez asociaciones de conductores de carga pesada anunciaron que, aunque no habían definido fecha ni hora para iniciar el paro, los camioneros del departamento de Santander confirmaron el cese de actividades a partir de la madrugada del martes 7 de enero. Esta decisión, comunicada a través de Caracol Radio, subraya la determinación del gremio de manifestarse ante lo que consideran una situación insostenible.

Jenny Alvarado, vocera de los camioneros en la región, destacó que el paro se mantiene debido al anuncio de un nuevo incremento en los peajes programado para el 15 de enero. “El paro sigue porque el Gobierno Nacional anuncia otra alza nuevamente a los peajes el 15 de enero, no respetó el alza del combustible, entonces tenemos 15 puntos de acuerdo en donde se ha hablado mucho pero no nos dan soluciones a nosotros,” afirmó.

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Además, Alvarado señaló que el mal estado de las vías en el país representa un problema adicional que ha motivado al gremio a salir a manifestarse. La vocera enfatizó que esta situación afecta no solo a los conductores, sino a la economía en general, debido a los retrasos y costos adicionales que genera el deterioro de la infraestructura vial.

En respuesta al anuncio del paro, las autoridades del departamento de Santander instalaron desde el domingo un Puesto de Mando Unificado (PMU) para monitorear la situación de orden público. Este esfuerzo busca garantizar la seguridad y el flujo vehicular en los puntos estratégicos que podrían verse afectados por los bloqueos anunciados.

Contexto nacional

La decisión de los camioneros de Santander se enmarca en una problemática de alcance nacional. El gremio de transportadores ha manifestado reiteradamente su inconformidad con las políticas del Gobierno Nacional relacionadas con los incrementos en los precios del combustible y las tarifas de peajes, así como con la falta de soluciones concretas para mejorar la infraestructura vial.

El paro, que ya ha generado preocupación entre los diferentes sectores económicos, podría tener un impacto significativo en el transporte de mercancías y el abastecimiento de productos en la región. Mientras tanto, las negociaciones entre el gremio de transportadores y el Gobierno continúan siendo fundamentales para evitar una escalada de la situación.

La tensión entre los camioneros y el Gobierno subraya la necesidad de una acción inmediata para abordar los puntos de desacuerdo. Mejorar las vías, revisar los incrementos en los costos operativos y garantizar un diálogo efectivo son pasos indispensables para desactivar las protestas y restaurar la normalidad en el transporte de carga pesada en el país.

Aunque unos confirman paro, otros lo niegan

El presidente de la Asamblea Nacional del Transporte, Alejandro Quiroga, le dijo a Infobae Colombia de que no todo el gremio ha confirmado estar en paro, sino un sector de los empresarios del mismo.

Sin embargo, también se han conocido llamamientos y convocatorias de otros voceros, que son claros en sus intenciones de frenar sus labores, tomando así vías de hecho para sus exigencias al Gobierno.

Una de las causas de la polémica es el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), una herramienta financiera que representa un gasto anual multimillonario para el Estado. Según el Ministerio de Hacienda, entre 2022 y 2023 el diésel (Acpm) fue responsable del 62,6% del déficit acumulado por el fondo.

Desde el principio, los transportadores se han opuesto con firmeza a la idea de aumentar el precio del diésel, dado que este combustible es esencial para el transporte de carga. Más de 10 mesas de negociación se llevaron a cabo, pero ninguna culminó en un acuerdo definitivo.

En agosto de 2024, tras varios intentos fallidos de diálogo, el Gobierno anunció un aumento de $1.900 en el precio del galón de Acpm. La reacción del gremio fue inmediata: un paro nacional de camioneros que paralizó las principales vías del país. Ante la presión, el Ejecutivo retrocedió y firmó un acuerdo de 15 puntos que incluyó un aumento inicial de $400 y otro de igual valor que comenzó a regir en diciembre de 2024.

Aunque este consenso logró calmar las aguas temporalmente, el conflicto se ha reavivado debido a rumores de nuevos incrementos. Los transportadores han advertido que un nuevo ajuste podría desatar un nuevo paro.

El 2025 comenzó agitado, en plena época de viajes y retornos masivos, con el inicio del paro camionero que, desde hacía semanas, se venía anunciando por el gremio de transportadores que argumentan que estas acciones tienen que ver con el presunto incumplimiento de un acuerdo nacional por parte del Gobierno Petro.

Es por ello por lo que el lunes 6 de enero a las 12:00 de la medianoche se dará inicio al paro camionero en prácticamente todo el país.

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El presidente de la Asamblea Nacional del Transporte, Alejandro Quiroga, le dijo a Infobae Colombia de que no todo el gremio ha confirmado estar en paro, sino un sector de los empresarios del mismo.

Las razones del gremio para irse a paro

En el fondo de esta disputa está el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), una herramienta financiera que representa un gasto anual multimillonario para el Estado. Según el Ministerio de Hacienda, entre 2022 y 2023 el diésel (Acpm) fue responsable del 62,6% del déficit acumulado por el fondo.

Las proyecciones son alarmantes: si no se ajusta el precio del Acpm, el hueco en el Fepc podría alcanzar $11,6 billones en 2024 y $12,8 billones en 2025. En este contexto, el gobierno del presidente Gustavo Petro ya ha implementado incrementos significativos en el precio de la gasolina, eliminando el subsidio y aumentando su valor en aproximadamente $6.000 por galón entre 2022 y 2023. Aunque estas medidas generaron tensión con gremios como el taxista, finalmente se logró un acuerdo. Sin embargo, el Acpm ha resultado ser un terreno más complicado.

Desde el principio, los transportadores se han opuesto con firmeza a la idea de aumentar el precio del diésel, dado que este combustible es esencial para el transporte de carga. Más de 10 mesas de negociación se llevaron a cabo, pero ninguna culminó en un acuerdo definitivo.

En agosto de 2024, tras varios intentos fallidos de diálogo, el Gobierno anunció un aumento de $1.900 en el precio del galón de Acpm. La reacción del gremio fue inmediata: un paro nacional de camioneros que paralizó las principales vías del país. Ante la presión, el Ejecutivo retrocedió y firmó un acuerdo de 15 puntos que incluyó un aumento inicial de $400 y otro de igual valor que comenzó a regir en diciembre de 2024.

Aunque este consenso logró calmar las aguas temporalmente, el conflicto se ha reavivado debido a rumores de nuevos incrementos. Los transportadores han advertido que un nuevo ajuste podría desatar un nuevo paro.

El incumplimiento y las demandas del gremio

Alfonso Medrano, presidente de la Asociación de Camioneros de Colombia (ACC), acusa al Gobierno de incumplir parte del acuerdo firmado en 2024. Entre las quejas más destacadas está la falta de avance en el compromiso de revisar la fórmula para determinar el precio del diésel. “Nos quieren cobrar en dólares cuando ganamos en pesos”, declaró Medrano, en referencia a la intención del Gobierno de equiparar el precio del combustible al valor internacional.

Por otro lado, los camioneros también exigen ajustes en el Sistema de Información de Costos Eficientes para el Transporte Automotor de Carga (Sice-tac), una plataforma diseñada para calcular los costos de operación según las rutas. Los gremios argumentan que el sistema está desactualizado y no refleja los costos reales, lo que agrava la situación económica del sector.

A pesar de las tensiones, el Gobierno comenzó el año aplicando ajustes reglamentados en la estructura de precios. El 1 de enero, el precio del Acpm subió $169 por galón (precio de referencia en Medellín: $10.748), mientras que la gasolina aumentó $91 por galón (precio en Medellín: $16.009). Estas alzas fueron justificadas como “indexaciones reglamentadas” y no como decisiones directas del Ejecutivo.

A pesar de ello, los transportadores consideran que estos incrementos agravan su situación. Hasta el momento, el gremio no se ha pronunciado oficialmente sobre los recientes ajustes, pero la posibilidad de un nuevo paro sigue latente.

El Ministerio de Transporte de Colombia ha solicitado a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo que actúen como garantes en la verificación del cumplimiento de los acuerdos alcanzados con los transportadores de carga y pasajeros.

Esta solicitud tiene como objetivo evaluar los avances en los compromisos adquiridos durante las mesas de trabajo realizadas durante los últimos meses, así como abordar las inconformidades presentadas por ciertos sectores del gremio.

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Uno de los avances destacados es la creación de una herramienta de auditoría para los puertos, diseñada por la Superintendencia de Transporte, que permitirá monitorear las irregularidades en tiempo real.

Además, se abordarán aspectos clave como las horas logísticas y las horas de viaje en las reuniones programadas para 2025, con el fin de asegurar el cumplimiento de los acuerdos y mejorar la transparencia en el sector.

Entre los logros alcanzados, se incluye la actualización de las tipologías vehiculares y de carga, lo que permitirá una mejor clasificación de los vehículos y las cargas, adaptándolos a las necesidades actuales del mercado.

También se estableció un mínimo de cuatro horas logísticas por viaje, que será reconocido y remunerado según los valores establecidos en el Sistema de Información de Costos Eficientes para el Transporte Automotor de Carga (SICE-TAC).

El Ministerio también destacó el ajuste en las condiciones laborales de los transportadores, estableciendo una jornada laboral de 46 horas semanales, con un salario basado en 288 horas operativas mensuales, lo que representa una mejora en las condiciones de trabajo del gremio.

Además, se realizó una ampliación significativa en los ítems de mantenimiento de los vehículos, aumentando el número de partes y piezas a más de 100, lo que incrementará el costo por kilómetro en un 54%. Este ajuste busca mejorar la seguridad y eficiencia de los vehículos en circulación.

Finalmente, se están implementando medidas para garantizar la legalidad en el sector, como la validación obligatoria de los manifiestos de carga conforme a los valores establecidos en el Sice-tac y la simplificación de los trámites para el registro de maquinaria amarilla usada.

Estas acciones son parte de un esfuerzo integral para mejorar la transparencia, la competitividad y la formalización del sector transporte en Colombia, y se espera que el seguimiento de los compromisos adquiridos garantice su implementación efectiva.

Los transportadores afirman que el Gobierno no cumple sus condiciones

La Asamblea Nacional de Transporte ha expresado su preocupación por la inseguridad en las carreteras del país, señalando que problemas como la extorsión, el vandalismo, los saqueos y los bloqueos afectan gravemente a los transportadores.

Según un comunicado emitido por la organización, estas problemáticas persisten pese a que en abril de 2022 se presentó una propuesta para implementar una “Política integral de seguridad en el transporte”.

Este reclamo se suma a una serie de denuncias contra el Gobierno Nacional, al que acusan de incumplir acuerdos alcanzados tras el paro camionero de septiembre de 2024.

De acuerdo con el comunicado, los transportadores han manifestado su descontento por el reciente incremento en los precios de los combustibles, que entró en vigor el miércoles 1 de enero de 2025.

El precio de la gasolina subió en $91, mientras que el del diésel aumentó en $169. Según la Asamblea Nacional de Transporte, este ajuste se realizó sin convocar a la mesa técnica acordada el 22 de noviembre de 2024, en la que se había pactado revisar la política y la fórmula de cálculo de los precios de los combustibles junto a los viceministros de Hacienda, Transporte y Minas y Energía.

Los transportadores también han señalado que el Sistema de Costos Eficientes no ha sido actualizado ni se ha definido una metodología que proteja a los propietarios independientes.

En el comunicado, la Asamblea también destacó que no se han cumplido las transformaciones estructurales prometidas en las relaciones económicas del transporte de carga, así como en los servicios especiales y de pasajeros. Estas reformas, según los transportadores, son esenciales para abordar las problemáticas que enfrenta el sector y garantizar su sostenibilidad a largo plazo.

Continúa la controversia en el sector de transporte por el anuncio del aumento del precio de los peajes para 2025. El borrador del decreto de las nuevas tarifas plantearía un alza del 2,7%, en contraste con la propuesta inicial de 4,64%, anunciada el 27 de diciembre.

En ese sentido, según el documento del Ministerio de Transporte, el aumento se realizaría en tres etapas: la primera sería efectiva para el 1 de enero, cubriendo el 60% del valor del Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumulado en 2023; el segundo se aplicará el 16 de enero, basado en el IPC anual, mientras que el tercero será efectivo el 1 de abril de 2025, que cubrirá el 9,28% del IPC de 2023.

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Bajo este panorama, Alfredo Merlano, presidente de la Asociación Colombiana de Camioneros (ACC), en conversación con W Radio, expresó la preocupación del sector ante la situación crítica que se avecina por culpa de las decisiones gubernamentales tomadas en 2023. Según dijo, ese año, el Gobierno suspendió el incremento habitual de los peajes, una medida que, según el líder gremial, no fue consultada con los transportadores.

“Eso fue un error del Gobierno, en cabeza del entonces señor ministro (...) ningún gremio del sector transporte, que somos los que más utilizamos las carreteras de Colombia, le pidió que suspendiera el aumento, que nosotros somos cumplidos y aceptamos siempre (...) el señor, sin mediar palabra, dijo: ‘voy a suspender el alza’ (...) eso le generó al Gobierno como que $700.000 o $800.000 millones y después se dieron cuenta de ese desfase y ahora estamos nosotros pagando esos errores del Gobierno“, dijo al medio citado.

Merlano advirtió al medio citado, que esta estrategia representa un doble impacto para los propietarios de camiones, quienes deberán asumir tanto el aumento correspondiente al presente como el acumulado del año anterior.

Asimismo, explicó que, aunque el sector está acostumbrado a los incrementos anuales en las tarifas de los peajes, el problema radica en que el costo del desfase de 2023 no debería recaer exclusivamente sobre los transportadores. Por ello, aseveró que el sector transportador no puede ser el único responsable de cubrir los costos derivados de una decisión gubernamental que, según él, fue tomada sin consultar a los gremios afectados.

Otro punto crítico señalado por el líder gremial es la necesidad de actualizar las metodologías de costos en el sistema Sisetac, la herramienta oficial utilizada para calcular los costos operativos del transporte de carga. Según Merlano, esta plataforma no refleja con precisión la realidad del mercado ni el impacto del aumento en los insumos, muchos de los cuales se pagan en dólares. Esta discrepancia, indicó, dificulta aún más la capacidad de los transportadores para planificar y mantener la rentabilidad de sus operaciones.

Por último, dijo que el anunciado fin del subsidio al diésel, que podría incrementar el precio del combustible hasta en $6.000 por galón en los próximos años, así como el aumento en los peajes, representa un alza preocupante en los fletes, convirtiéndose en un efecto dominó que impactaría la economía nacional, principalmente a los consumidores finales.

“En este momento, nuestros costos operativos están así: ya el 45% en diesel y el 15% en los peajes sin incremento; entonces ya nos quedaría más o menos con el 50% el diesel y más o menos el 20% en peajes, porque subiría un 5% con esa alza del 10%, entonces llegaríamos al 70% ¿Usted cree que nosotros los camioneros nos vamos a poder defender con el 30% que supuestamente dice que son utilidades?“, puntualizó al medio citado.

Alfonso Medrano, presidente de la Asociación Colombiana de Camioneros (ACC), anunció que, para el inicio del 2025, no se descarta una nueva movilización camionera, luego de que el ministro de Hacienda, Diego Guevara, afirmara que el Gobierno nacional no puede continuar subsidiando los precios del combustible debido a las presiones fiscales que enfrenta el país.

Tras el llamado del líder camionero, otras agremiaciones representantes de conductores, propietarios tradicionales e independientes respaldaron la declaración de Medrano, agregando que el Gobierno del presidente Gustavo Petro ha incumplido los acuerdos pactados a inicios de septiembre de 2024, fecha en la que se reportaron manifestaciones en las principales vías del país.

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En un comunicado, las organizaciones gremiales manifestaron su desacuerdo con la administración Petro, al mencionar que en más de cuatro meses no se ha priorizado a los pequeños propietarios, considerados como “la columna vertebral del transporte en Colombia”.

“Desde la firma del acuerdo, nuestras expectativas eran altas. Esperábamos mejoras significativas que garantizaran la estabilidad y el bienestar del sector. Sin embargo, la falta de cumplimiento por parte del gobierno ha generado profunda frustración y desilusión. La situación actual nos obliga a unirnos en defensa de nuestros derechos y en búsqueda de las reformas prometidas”, señalaron en un comunicado.

A su vez, mencionaron que dejan de un lado las diferencias con otras organizaciones del sector para que se consoliden los cambios estructurales que protejan a los conductores y pequeños propietarios.

“Seguiremos trabajando juntos, fortalecidos por la solidaridad y el compromiso con nuestras bases transportadoras, hasta que se cumplan plenamente los acuerdos firmados y se garantice un futuro justo y equitativo para todos los transportadores del país”, mencionaron.

Frente al anuncio del ministro Guevara sobre el eventual incremento del combustible, los representantes del sector transportador explicaron que el alto funcionario estaría vulnerando el numeral 3 del acuerdo pactado entre Gobierno y camioneros, que se refiere al congelamiento del precio del ACPM, “hasta tanto no se logren las transformaciones estructurales en las relaciones económicas en el transporte de carga y en la modalidad del servicio especial y de pasajeros”, según se lee en el documento firmado entre las partes en septiembre de 2024.

“NO ACEPTAREMOS UNA NUEVA ALZA AL PRECIO DEL DIESEL, no se llamó a la mesa técnica acordada para revisar la política y la fórmula con la que fija el precio de los combustibles”, manifestaron las organizaciones independientes en el comunicado.

Otro de los incumplimientos denunciados por la agremiación es la falta de concertación con el Ministerio de Transporte frente a los cambios que tendría el decreto 1079 de 2015, que se refiere a la ejecución de políticas y estrategias y proyectos de infraestructura no concesionadas de la red vial nacional.

También, los representantes de las bases transportadoras de carga pesada afirman que la cartera no ha consolidado los lineamientos del Sistema de Costos Eficientes (Sicetac), cuya propuesta consiste en que la carga liviana sea a partir de 3,5 toneladas para vehículos tipo volquetas, camiones refrigerados y grúas.

“Por el contrario, se ha impuesto una resolución del SICETAC sin atender las observaciones realizadas por los gremios, incumpliendo el numeral 4 del acuerdo. Sumado un proyecto de ley del régimen sancionatorio que no contempla sanciones ejemplarizantes a los generadores de carga y empresas de transporte y acabe tanto abuso y posición dominante que sufren las bases transportadoras”, dijeron.

Asimismo, señalaron que el Gobierno no ha realizado ningún consenso frente a la regulación y modernización del parque automotor, aun cuando aseguraron que el Ministerio de Transporte había mencionado que los transportadores tenían un saldo de 1,84 billones de pesos.

“El Ministerio de Hacienda se ha negado a informarnos y a transferir los recursos a una cuenta o fiducia para el programa de modernización, al igual que acoger la propuesta de los gremios de la Administración Conjunta y Transparente de estos dineros aportados por los mismos transportadores. No hay nada de avance en programas de modernización”, explicaron.

Por último, los camioneros pidieron al Gobierno Petro que se brinden soluciones claras a sus exigencias planteadas, y sostuvieron que, en caso de no ser atendidas oportunamente, “se tomarán medidas de presión”.

El presidente de la Asociación Colombiana de Camioneros (ACC), Alfonso Medrano, se dirigió a los transportadores del país con un mensaje contundente sobre los riesgos de una nueva movilización camionera. En sus declaraciones, Medrano expresó su preocupación por la falta de concertación con el nuevo ministro de Hacienda en torno a la fórmula para regular el precio del diésel, un insumo vital para el sector.

“Buenos días, camioneros del país. Les habla Alfonso Medrano, presidente de la Asociación Colombiana de Camioneros. El señor ministro de Hacienda recién posesionado, sin tener en cuenta que tuvimos un año donde les pusimos la fórmula del precio Colombia, no nos quiso dar respuesta o alternativa sobre cuál podría ser la solución para el elevado costo del diésel, nuestra materia prima para mover nuestros camiones”, declaró Medrano.

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El líder gremial también hizo un llamado al diálogo, enfatizando la necesidad de revisar los acuerdos establecidos el 6 de septiembre con las bases camioneras y la ministra de Transporte. “De esta manera, señor ministro, con todo el respeto que usted se merece, tenemos que concertar la nueva fórmula. De lo contrario, si usted nos va a imponer nuevas alzas, créame que tendríamos que, obligatoriamente, ir a una movilización camionera nuevamente”.

Medrano señaló la importancia de que los compromisos firmados por el anterior ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, sean respetados para evitar un declive en el sector. “Pongámonos en la seriedad y coloquemos a Colombia donde debemos estar, para que siga marchando por las rutas del progreso, no las rutas del declive”, concluyó. Por ahora, el gremio espera una respuesta del Gobierno para establecer una mesa de diálogo que permita solucionar esta problemática y evitar mayores afectaciones al transporte y la economía nacional.

Las consecuencias para el bolsillo

El incremento en el precio del diésel tiene efectos profundos y de largo alcance en la economía de cualquier país, especialmente en naciones como Colombia, donde el transporte de carga por carretera es fundamental para el comercio interno. Un aumento no concertado en este insumo afecta directamente a los camioneros, incrementando sus costos operativos y reduciendo su margen de rentabilidad. Estos costos, a su vez, son trasladados a los consumidores finales mediante el encarecimiento de productos básicos, lo que genera una presión inflacionaria significativa.

Si se produce un paro camionero, las consecuencias podrían ser aún más severas. Este tipo de movilización tiene el potencial de interrumpir las cadenas de suministro, provocando desabastecimiento en mercados y tiendas de todo el país. Los productos perecederos, como alimentos frescos, serían los primeros afectados, causando pérdidas económicas tanto para los productores como para los comerciantes. Además, la paralización del transporte puede ocasionar demoras en la distribución de combustibles, medicamentos y otros bienes esenciales, impactando directamente a la población.

En términos sociales, un paro prolongado podría generar tensiones entre los diferentes sectores productivos y la ciudadanía, especialmente en un contexto económico ya golpeado por la inflación, la incertidumbre global y la creciente desigualdad social. Además, podría derivar en protestas, bloqueos y disturbios que agravarían aún más la crisis. Asimismo, el Gobierno se enfrentaría a una presión significativa para resolver la situación, lo que podría derivar en negociaciones apresuradas y, posiblemente, acuerdos que no atiendan de manera integral las necesidades del sector camionero.

Por ello, la concertación y el diálogo entre el Gobierno y los transportadores no solo son deseables, sino imprescindibles. Garantizar condiciones justas para los camioneros y prevenir un paro es clave para mantener la estabilidad económica y social de Colombia. El desafío radica en encontrar soluciones que equilibren las necesidades del gremio y los intereses del país en su conjunto.

El gremio de camioneros volvió a expresar su inconformidad con el Gobierno nacional por las condiciones a las que se enfrentan los transportadores de carga, argumentando que, durante los dos años de mandato del presidente de la República, Gustavo Petro, el Estado no ha realizado esfuerzos para mantener una buena comunicación con ellos.

Así lo explicó Anderson Quiceno, presidente de la Asociación de Transportadores de Carga, según él, es necesario que desde el Ministerio de Transporte escuchen las peticiones del gremio para llegar a consensos que permitan la resolución de las quejas de esta comunidad.

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Para lograr acuerdos es necesario dos partes y “no solo una que se dedique a escuchar y a puerta cerrada proyecte decretos y resoluciones pensando que están haciendo bien. Es un Gobierno cerrado frente a esa situación y las inconformidades siguen creciendo”, dijo Quiceno en diálogo con W Radio.

Bajo la misma línea, habló sobre lo complicado que ha sido la implementación del Programa de Modernización de Vehículos de Carga, una iniciativa de la cartera liderada por María Constanza García para entregar beneficios integrales a los transportadores de carga, que de manera expedita y transparente permitirá renovar el parque automotor en este sector.

“Ha sido muy complejo y trabajoso el tema de las relaciones con el Gobierno Nacional. Estamos en una situación compleja en el programa de modernización, donde muchos camioneros decidieron entregar sus vehículos a cambio de los pagos que hizo el Gobierno y esta es la hora en la que se ven embolatados esos recursos”, agregó.

En consecuencia, el líder gremial no descartó la posibilidad de volver a paro nacional con el fin de presionar al Gobierno nacional y al jefe de Estado para que se sienten a negociar.

“Si no son escuchadas cada una de nuestras quejas, no sería nada raro que las bases camioneras vuelvan a estos temas de los paros de alguna manera o se hagan sentir dentro de protestas con el fin de que sean escuchados y atendidos dentro de su ejercicio”, reveló al medio citado.

Cabe recordar que, en septiembre de 2024, los camioneros bloquearon las principales vías de todo el país en respuesta al aumento del precio del diésel en $1.904 por orden del Gobierno nacional. Según los transportadores, el incremento era desproporcionado y ponía en riesgo su trabajo.

Luego de varios días de negociaciones llegaron a varios compromisos y se levantaron los bloqueos. Entre ellos, se acordó modificar el alza del precio del ACPM en dos incrementos: uno de $400 que empieza a regir con la modificación de la resolución y otro también de $400 que se implementará a partir del 1 de diciembre de 2024.

De igual manera, se estableció suspender las alzas de combustible tipo diésel - ACPM, posteriores a las ya mencionadas “hasta tanto no se logren las transformaciones estructurales en las relaciones económicas en el transporte de carga y en la modalidad del servicio especial y de pasajeros que recojan las problemáticas descritas en las mesas adelantadas en la negociación contenida en esta acta y que se encuentran consignadas en las grabaciones de las mesas realizadas”, explicó la ministra de Transporte.

Otro de los compromisos que contempla el documento firmado por las partes es dar inicio a mesas de trabajo entre el Gobierno nacional y las bases del gremio de transportadores, con el fin de abordar situaciones estructurales en el sector.

Por último, se acordó la inclusión de todos los actores del transporte en el Sistema de Información Costera y de Tarifas del Transporte Automotor de Carga (SICE-TAC), asegurando una mayor transparencia y equidad en la regulación de tarifas y costos en el sector.

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) dio a conocer el Índice de Precios al Consumidor (IPC) o inflación de septiembre de 2024. De acuerdo con la entidad, la cifra interanual cedió frente a agosto, pese al paro de camioneros que duró una semana.

La entidad precisó que esta cerró en 5,81% anual en el noveno mes de 2024, lo que significó una reducción de 5,18% frente al mismo periodo de 2023 (10,99%). Además, en cuanto a lo corrido del año, se ubicó en 4,58% y se redujo 3,43% frente la registrada en el mismo periodo de 2023 (8,01%).

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Entretanto, el dato mensual para septiembre de 2024 fue de 0,24%, lo que significó una reducción frente al mismo mes de 2023, cuando se ubicó en 0,54%.

Este indicador estuvo muy cerca a lo que esperaban analistas consultados por el Banco de la República. De acuerdo con la encuesta de expectativas del Emisor, el mercado esperaba un promedio de 0,27%, una mediana de 0,26%, un mínimo de 0,11% y un máximo de 0,57%.

De acuerdo con la directora del Dane, Piedad Urdinola, lo que mayor variación en la cifra mensual en esta oportunidad fue la división de gasto de educación, que se ubicó en 1,93%. Le siguieron restaurantes y hoteles (0,49%), salud (0,29%) y transporte (0,24%).

“En septiembre de 2024 los mayores incrementos de precio se registraron en las subclases: educación secundaria (3,65%), educación preescolar y básica primaria (2,77%) y pagos por asesorías de tareas y clases dictadas por particulares (1,57%). Los menores incrementos de precio se reportaron en las subclases: diplomados, educación continuada, preicfes, preuniversitarios (0,00%), otros gastos en educación superior (0,00%) e inscripciones y matrículas en postgrados (especialización, maestría, doctorado) (0,01%)”, precisó el Dane.

De igual forma, las divisiones de gasto de menor variación fueron recreación y cultura (-0,26%); información y comunicación (0,02%); bienes y servicios para el hogar (0,02%) y bienes y servicios diversos (0,03%).

Inflación anual

En cuanto a lo anual, la división de gasto que mayor variación tuvo fue educación (10,76%). Le siguieron restaurantes y hoteles (9,08%); alojamiento, agua, electricidad y gas (8,49%); bebidas alcohólicas (6,24%) y salud (6,16%). Mientras que los que menos variación registraron resultaron siendo información y comunicación (-0,76%); recreación y cultura (-0,01%); prendas de vestir y calzado (2,22%); bienes y servicios para el hogar (2,31%) y alimentos y bebidas no alcohólicas (2,73%).

“En septiembre de 2024 los mayores incrementos de precio se registraron en las subclases: educación secundaria (13,27%), educación preescolar y básica primaria (12,20%) y pagos por asesorías de tareas y clases dictadas por particulares (9,47%). Los menores incrementos de precio se reportaron en las subclases: inscripciones y matrículas en carreras técnicas, tecnológicas y universitarias (6,58%), diplomados, educación continuada, preicfes, preuniversitarios (7,72%) y otros gastos en educación superior (8,48%)”, anotó la entidad.

Año corrido

Entre enero y septiembre de 2024 la variación del IPC total fue 4,58%. Esta variación fue menor en 3,43% que la reportada en el mismo periodo del año anterior, cuando fue de 8,01%. El comportamiento año corrido del IPC total en septiembre de 2024 (4,58%) se explicó principalmente por la variación año corrido de las divisiones alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles y restaurantes y hoteles.

La división educación registró una variación año corrido de 10,62%, siendo esta la mayor variación año corrido. En septiembre de 2024 los mayores incrementos de precio se registraron en las subclases:

• Educación secundaria (13,27%).
• Educación preescolar y básica primaria (12,20%).}
• Pagos por asesorías de tareas y clases dictadas por particulares (9,47%).

Los menores incrementos de precio se reportaron en las subclases: inscripciones y matrículas en carreras:

• Técnicas, tecnológicas y universitarias (6,58%).
• Diplomados, educación continuada, preicfes, preuniversitarios (7,72%)-
• Otros gastos en educación superior (8,48%).

En medio de la Convención Internacional de Seguros de Fasecolda, que se lleva a cabo en la ciudad de Cartagena, Gustavo Morales Cobo, presidente de la Federación de aseguradores colombianos, lanzó una advertencia frente a los conductores que participaron en los bloqueos viales en el país, durante la protesta del gremio transportador frente al incremento del combustible.

El funcionario aseguró que la venta de seguros a estos vehículos no podrá realizarse, debido a que su participación en estos actos son considerados ilegales, por lo que no podrían circular en las principales vías del territorio nacional.

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“Es apenas obvio, si un vehículo, en este caso un camión, se utiliza para bloquear una vía y en ese ejercicio un juez determina que eso fue un delito o una ilegalidad, pues ese camión se vuelve imposible de asegurar, porque uno de los elementos del seguro es que el objeto tiene que ser lícito. Sin duda, generan un riesgo que los hace inasegurables”, explicó Morales.

A su vez, Morales Cobo indicó que esta decisión se debe a las nuevas políticas de suscripción de las aseguradoras. “Gracias a las sanas políticas de suscripción de pólizas que tienen las compañías aseguradoras, las empresas de transporte y sus vehículos que hayan bloqueado vías se vuelven automáticamente inasegurables”, mencionó.

De igual manera, el presidente de Fasecolda dijo en diálogo con El Tiempo que la suspensión de seguros no aplicará para aquellos que tuvieron problemas durante la protesta de los conductores de carga. “Los afectados por los bloqueos que tienen seguros pueden operar con mayor tranquilidad su carga y sus vehículos, porque de alguna manera están protegidos”, mencionó el directivo al citado medio de comunicación.

La medida ya es blanco de críticas por parte de varios sectores. Uno de ellos fue Anderson Quiceno, director de la Asociación de Transportadores de Carga (ATC), quien en declaraciones a W Radio sostuvo que es una medida que “perjudicaría al gremio transportador”, y aseguró que vulneraría sus derechos fundamentales.

De igual manera, el representante de los camioneros declaró que “habría dificultades en la identificación de los conductores que bloquearon las vías de Colombia durante el paro camionero”, al considerar que las bases de datos de los vehículos solamente están en las agremiaciones de los transportadores.

El paro del gremio de camioneros ocurrió en la primera semana de septiembre, después de que el Ministerio de Transporte publicara un decreto que reglamentaba el precio del Acpm para este tipo de vehículos. La protesta duró cuatro días, luego de que se promoviera un acuerdo con el Gobierno para disminuir la tarifa del galón del combustible.

Aumentó nivel de accidentalidad en Colombia

De otro lado, el presidente de Fasecolda, Gustavo Morales Cobo, expresó su preocupación ante el alarmante crecimiento en la siniestralidad vial durante este año en Colombia.

Según el directivo, con corte a julio de 2024 se han atendido 473.000 víctimas de accidentes, que corresponde a un incremento del 6 por ciento frente al mismo periodo en el 2023, lo que ha significado más de un costo de 2.1 billones de pesos, respectivamente.

“Las razones de ese disparo son múltiples y van desde falta de cultura ciudadana, mal diseño de carreteras, pero nosotros creemos que el factor principal es la creciente participación de las motos en el parque automotor, en el 84 por ciento de los accidentes de tránsito hay involucrada una moto. Hasta hace unos años estas representaban el 5 por ciento del parque automotor, hoy son cerca del 50 por ciento”, comentó Morales en El Tiempo.

Además, el presidente de las aseguradoras colombianas señaló que “ese es uno de los temas de política pública más urgentes y creo que todos los actores, desde el Estado hasta los privados, estamos pecando por negligencia al no abordar esa situación”, y explicó que “desde que se eliminó el Fondo de Previsión Vial que tenían las aseguradoras y crear la Agencia de Seguridad Vial a cargo del Ministerio de Transporte se volvieron a disparar los indicadores”.