Durante tres días, en varias zonas de La Guajira el silencio no fue tranquilidad, sino temor. Comercios cerrados, calles con menor circulación y comunidades que prefirieron resguardarse marcaron una jornada atípica provocada por amenazas atribuidas a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn), grupo armado que extendió su influencia más allá de Santa Marta y puso al departamento en máxima tensión.

Lo que comenzó con la difusión de audios, videos y mensajes en redes sociales terminó alterando la rutina de miles de personas. En esos contenidos se advertía sobre restricciones a la movilidad durante 72 horas y se lanzaban amenazas contra quienes desacataran las órdenes. El mensaje fue asociado a Naín Andrés Pérez Toncel, conocido como “Nain” o “Bendito Menor”, uno de los nombres visibles dentro de esa estructura ilegal.

Aunque posteriormente la propia organización emitió un comunicado desmarcándose del anuncio, el efecto ya estaba hecho. El miedo circuló más rápido que cualquier aclaración oficial y bastó para frenar la actividad comercial en distintos municipios del departamento.

“El Estado Mayor de las Acsn […] se permite informar que el video que circula en redes sociales, donde aparentemente se escucha a alias el Menor dando unas declaraciones […], no hemos tenido comunicación alguna con alias el Menor, por lo tanto, no podemos asegurar la veracidad del video”, señaló la estructura armada en un pronunciamiento difundido horas después.

En ese mismo documento añadieron que “no habrá paros armados ni mucho menos se verá alterado el orden público” en las zonas donde tienen presencia. Incluso enviaron un mensaje directo a la población: “A los habitantes, comerciantes y toda la sociedad civil, decirles que estén tranquilos”. Sin embargo, en el terreno la percepción fue otra. En regiones donde la presencia del grupo es conocida, las amenazas no suelen tomarse a la ligera. Muchos habitantes optaron por no salir de sus casas y numerosos negocios bajaron sus persianas para evitar riesgos.

El golpe económico fue inmediato para quienes dependen de las ventas diarias. Luis Salazar, comerciante de Riohacha, describió la situación en entrevista con Noticias Caracol: “Hubo afectaciones de diversas maneras, tanto psicológicas como económicas porque estamos perdiendo plata, no tenemos cómo pagar a los empleados, el recibo de la luz y aparte el arriendo del negocio. Nuestro negocio depende del día a día, si no trabajamos, cómo vamos a comer”.

Mientras eso ocurría, organismos de control también encendieron las alarmas. La Defensoría del Pueblo advirtió públicamente que “se consolidan amenazas de paro armado por 72 horas en La Guajira” y pidió respuestas urgentes para proteger a la población civil. La entidad alertó sobre mensajes intimidatorios y posibles afectaciones directas contra comerciantes y comunidades vulnerables.

Además, solicitó al Gobierno reforzar el espacio sociojurídico que adelanta con ese grupo armado. “Solicitamos al Gobierno nacional abordar este asunto en el espacio socio jurídico que se adelanta con Los Pachencas como también se conoce a ese grupo armado, e implementar acciones que permitan fortalecer compromisos y garantizar su monitoreo para proteger a la población civil”, expresó la Defensoría.

La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos también intervino. Desde ese organismo se indicó que la coyuntura “pone en riesgo los derechos humanos de la población” y se insistió en la necesidad de proteger a las comunidades expuestas.

“Instamos a las autoridades a desarrollar las acciones tendientes a la protección de la población civil del departamento de La Guajira y a coordinar acciones entre autoridades civiles y militares, que permitan avanzar hacia la garantía y ejercicio pleno de los derechos humanos”, manifestó la oficina.

En ciudades como Riohacha el impacto fue visible, menos tráfico, locales cerrados y jornadas comerciales perdidas. En otros municipios hubo transporte limitado y comunidades enteras que decidieron permanecer en confinamiento preventivo. Aunque no todos los territorios vivieron la situación con la misma intensidad, sí se repitió un mismo patrón: la vida cotidiana se redujo por una amenaza considerada creíble. Solo después de cumplirse las 72 horas comenzó un retorno paulatino a la normalidad. La reapertura de negocios y el regreso del movimiento en las calles evidenciaron el fin de una jornada marcada por la incertidumbre.

Cabe recordar que esta estructura criminal opera en La Guajira y la región de la Sierra Nevada de Santa Marta, donde controla rutas de narcotráfico, extorsión y actividades armadas. “El Menor” sería el encargado de coordinar el tráfico de estupefacientes hacia el Caribe, además de liderar acciones extorsivas y de control territorial.

El 10 de abril el Ejército Nacional informó que estuvo cerca de neutralizar a “El Menor”. El operativo se llevó a cabo en la vereda Kamuishisain, municipio de Uribia, en La Guajira, en donde fue neutralizada toda su estructura de seguridad y apoyo. La operación dejó nueve integrantes muertos y, según las autoridades, generó una afectación del 75% en la capacidad operativa, financiera y criminal de la organización en la región.

En los detalles que se han revelado del operativo, se confirmó que contó con la participación de tropas del Ejército y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, con apoyo de inteligencia de la Policía Nacional. Además, se incautaron armas largas y cortas, material de intendencia, dos camionetas y dos motocicletas, elementos utilizados para actividades ilícitas.

Durante el enfrentamiento, tres militares resultaron heridos de manera leve y fueron trasladados al Hospital Militar; hasta el momento no se ha conocido un informe sobre el estado de salud de los uniformados.

“El Menor” es recordado por haber sido viral luego de publicar videos amenazando al presidente Gustavo Petro. Debido al uso indiscriminado de las redes sociales para delinquir, las cuentas del criminal han sido cerradas en diferentes ocasiones.

‘El Menor’ reapareció en redes sociales

Alias El Menor difundió un video en redes sociales tras la ofensiva de las Fuerzas Militares en La Guajira, donde murieron nueve integrantes de su organización; en su mensaje, dirigido tanto a la opinión pública como a las Fuerzas Armadas de Colombia, negó que su grupo esté en guerra contra el Estado. “Nuestra organización sigue comprometida con la paz y no está en contra del Estado, ni nunca lo estará”.

“El Menor” confirmó la muerte de nueve miembros de su estructura. “Tres hombres de mis anillos de seguridad y seis de ellos se encontraban en una fase de incorporación a la organización”. Aseguró que estos seis últimos “no usaban armamento largo” y que “fueron neutralizados y arremetidos vilmente acá en estos lugares”.

En el video, sostuvo que su grupo “lo único que hace es velar por la seguridad de La Guajira”. Explicó que se despliegan en la zona porque, según él, “los comerciantes y la gente de bien están cansados de tanto atropello, de secuestro, de robos a los turistas y a los comerciantes. Los mismos comerciantes pidieron nuestro apoyo y por eso estamos desplegados, ya que las Fuerzas Armadas de Colombia no han logrado combatir a la delincuencia común”.

El líder criminal criticó la actuación de las autoridades frente a otros grupos delictivos: “¿Por qué no contraatacan a los gaitanistas cuando ingresan a la sierra a matar a los campesinos y a los indígenas de la Sierra Nevada y de muchos lugares de Colombia? Nosotros vinimos a brindarle seguridad a la población. Nuestra lucha seguirá hasta el último día de nuestras vidas”.

En el mismo comunicado, “El Menor” declaró un paro armado en toda La Guajira. “A partir de hoy declaramos un paro armado por tres días consecutivos”, sostuvo, advirtiendo que durante ese periodo buscarán a Jairo Herrera y Pedro Cote, a los que mencionó como “narcotraficantes y sapos de la ley”.

El mensaje concluyó con amenazas directas a otros grupos y colaboradores: “Muerte a todos los colaboradores de los JJ, alias Kevin Moscote, alias Kenneth el Malo y todos esos secuaces en La Punta. Ya se darán cuenta de que los visitaremos y no tendremos compasión alguna. A partir de hoy queda declarada una guerra en toda La Guajira para todo el que ande con la delincuencia. Si nos quieren ver muertos, ya somos muertos vivientes”.

La gobernadora de Chocó, Nubia Carolina Córdoba, manifestó que cerca de 6.000 habitantes estuvieron en un estado de confinamiento durante casi ocho días a causa de las restricciones impuestas por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en ese departamento. Córdoba, citada por el medio Europa Press, denunció que estas limitaciones repercutieron directamente en los derechos fundamentales de la población afectada y rechazó públicamente las acusaciones del ELN hacia su gestión. La noticia principal, según informó Europa Press, es que el ELN confirmó el levantamiento del paro armado desde la medianoche del lunes, permitiendo nuevamente la libre circulación en varias zonas del municipio de Bajo Baudó, en el oeste de Colombia.

De acuerdo con Europa Press, el Frente de Guerra Occidental Ogli Padilla del ELN comunicó que los ríos Orpúa, Ijuá y Ocampado volverán a estar abiertos a la movilidad a partir de la medianoche entre el lunes y el martes. El grupo agradeció a los pobladores por acatar la medida, argumentando que durante los días de paro no se produjeron incidentes graves. Según el comunicado divulgado por el ELN y citado por Europa Press, la decisión de restringir el tránsito buscaba evitar riesgos de hostilidades y llamar la atención sobre lo que denominaron una crisis humanitaria en la región.

El ELN justificó el bloqueo por la supuesta colaboración entre las fuerzas de seguridad estatales y el grupo paramilitar Clan del Golfo, a quienes consideran responsables directos de la inseguridad en el área. La organización insurgente señaló directamente al comandante de brigada, William Caicedo, acusándolo de mantener contactos con el Clan del Golfo y señalando, además, al Ejército de obstaculizar las actividades tradicionales de los civiles, como la pesca y la caza.

En su declaración, el ELN acusó a los medios de comunicación de no pronunciarse sobre la presencia de mercenarios en la zona, además de tildar a la gobernadora Córdoba de “protectora” y “cómplice” de estos grupos. Europa Press detalló que la líder regional rechazó estas aseveraciones mediante publicaciones en redes sociales y reafirmó su compromiso de enfrentar la crisis derivada del conflicto armado por el control del territorio. Córdoba también anunció el envío de equipos médicos a la zona para atender a la población tras la finalización del confinamiento.

La región de Chocó ha experimentado episodios recurrentes de violencia y disputas territoriales en los últimos años. Europa Press reportó que, aunque este fue el primer paro armado del ELN en Chocó en 2026, la conflictividad persiste a causa del enfrentamiento entre distintas organizaciones armadas, que buscan controlar rutas estratégicas del narcotráfico, especialmente en las zonas de Alto, Medio y Bajo Baudó. El medio subrayó que la tensión generada por el paro actual se suma a otros hechos similares, como el cese de actividades decretado en diciembre pasado en respuesta a amenazas geopolíticas, tras la detención de Nicolás Maduro en Caracas. Esa jornada de 72 horas dejó al menos cinco personas muertas y alteró la vida en cerca de quince departamentos a través de ataques, bloqueos y otras restricciones impuestas por el ELN.

El levantamiento del paro no elimina el clima de temor en la región, donde miles de habitantes permanecen bajo un sistema de vigilancia. Autoridades y líderes comunitarios han manifestado la persistencia del riesgo debido a la rivalidad entre grupos armados ilegales, lo que ha llevado a la adopción de restricciones en la movilidad y la realización de labores productivas cotidianas. Según publicó Europa Press, la situación humanitaria y de seguridad en Chocó continúa siendo motivo de preocupación tanto para las autoridades locales como para los habitantes de las zonas rurales afectadas por las disputas.

Las acusaciones cruzadas entre los actores armados, las fuerzas de seguridad y las autoridades políticas reflejan la complejidad del conflicto en esta parte de Colombia. El ELN insiste en denunciar la presencia de mercenarios vinculados a estructuras paramilitares, mientras que las autoridades departamentales y nacionales rechazan esa versión, responsabilizando a la guerrilla por las graves afectaciones sobre la vida civil durante los días que duró el confinamiento. Europa Press reiteró que la respuesta institucional tras el levantamiento del paro incluye medidas de atención sanitaria y un llamado a la protección de los derechos fundamentales en las comunidades más vulnerables.

En las zonas ribereñas del Bajo Baudó, la reactivación de la libre circulación traslada el foco de atención a la expectativa por el restablecimiento de las actividades sociales, comerciales y agrícolas. No obstante, líderes sociales y defensores de derechos humanos, citados en el reporte de Europa Press, expresaron preocupación por la volatilidad de la situación, pues las disputas entre el ELN y otras organizaciones armadas no han llegado a una resolución definitiva. La población local, a pesar del término del confinamiento, demanda acciones efectivas y continuas para garantizar su protección y el retorno a la normalidad.

La relación de tensión entre la gobernación y el ELN se suma a la falta de confianza en las instituciones y la permanencia de factores de vulnerabilidad en el departamento. Europa Press relató que la gobernadora Córdoba reiteró su rechazo a la violencia y anunció el despliegue de programas para atender las secuelas sociales y de salud ocasionadas por el paro armado, enfatizando su responsabilidad ante la crisis institucional que genera la disputa armada en el territorio.

El desarrollo de estos acontecimientos sugiere la persistencia de un entorno de conflictividad y vigilancia en la región, donde la intervención estatal se enfrenta a desafíos significativos para restaurar la seguridad y la confianza de la población. Mientras tanto, la reapertura de los ríos y caminos en Bajo Baudó marca un punto de inflexión en el más reciente episodio de violencia, aunque no disipa la incertidumbre sobre la estabilidad futura en el Chocó, según reflejaron las declaraciones recogidas por Europa Press.

La amenaza de que disidencias armadas ingresen al departamento del Chocó mientras el Ejército de Liberación Nacional (ELN) mantiene un paro armado indefinido profundiza la crisis humanitaria que afecta a miles de personas y eleva la preocupación por la seguridad regional, según reportó El Espectador.

La alerta fue lanzada por la gobernadora Nubia Carolina Córdoba, que advirtió que la combinación de grupos armados ilegales y el confinamiento impuesto en varios municipios hace que la situación humanitaria en 2026 se considere entre las más graves del actual conflicto armado en Colombia.

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Durante una entrega de ayudas humanitarias en Pizarro, Córdoba señaló que la incursión de disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) por la zona sur —es una amenaza que, según ella, ya se había intentado anteriormente por la región del San Juan— se suma a la presión constante de enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo (autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia).

Este contexto acrecienta los riesgos para la población civil, particularmente en áreas rurales y riberas de los ríos Orpúa, Hijúa y Docampadó.

Más de 6.000 personas confinadas en Bajo Baudó sin acceso a alimentos

El paro armado decretado por el ELN el 17 de marzo mantiene a más de 6.000 personas confinadas en el municipio de Bajo Baudó, donde la movilidad permanece restringida y las actividades esenciales como la pesca y la agricultura han quedado suspendidas.

Así mismo, el dato publicado en el reporte del Foro Interétnico Solidaridad Chocó describe las dimensiones del bloqueo: “La situación limita el acceso a alimentos y actividades básicas como la pesca y el cultivo”.

Por tal motivo, las autoridades afirmaron que la emergencia afecta de forma directa a comunidades afrodescendientes e indígenas, quienes dependen de estos medios tradicionales para sobrevivir.

La propia gobernadora, Nubia Carolina Córdoba dio cuenta de la gravedad del cuadro: “Las familias viven del diario. Tienen que salir a buscar agua, pescado o alimentos, y hoy no pueden hacerlo”, relató Córdoba a Noticias Caracol.

La mandataria describió el ambiente en Bajo Baudó como un espacio de constante tensión y temor: “Desde la cabecera municipal se puede notar que estamos en medio de un ambiente de conflicto y que además hay una preocupación en la gente”.

Llamado urgente de organizaciones y autoridades para reforzar la respuesta estatal

El Foro Interétnico Solidaridad Chocó reiteró su llamado al Estado colombiano para que garantice de inmediato protección, atención humanitaria urgente y respeto al Derecho Internacional Humanitario, según lo consignado en un comunicado publicado en las redes sociales de la organización.

El Foro alertó sobre el agravamiento del problema por los desplazamientos forzados en la zona, que se suman al confinamiento y multiplican los riesgos sobre los habitantes más vulnerables.

La gobernadora Córdoba enfatizó que el acecho de las disidencias en el sur del departamento obliga a reforzar la presencia estatal para evitar que la crisis escale todavía más: “El permanente acecho del residual o las disidencias de las Farc, que está tratando de ingresar al departamento del Chocó justamente por esta zona sur, genera para nosotros una alerta. Ya lo han intentado antes por la zona del San Juan, y tenemos que proteger de mejor manera esta zona del departamento, para efectos de no agudizar la crisis humanitaria del Chocó”.

El impacto de la confrontación entre el ELN y el Clan del Golfo, junto a la amenaza latente de las disidencias de las Farc, mantiene bajo amenaza a miles de pobladores y dificulta el abastecimiento básico, remarcó la gobernadora.

Las autoridades locales insisten en la urgencia de reforzar la acción estatal para evitar que se profundice la crisis y reclamar garantías mínimas de seguridad y atención para la población civil.

En las riberas del Bajo Baudó, la vida cotidiana quedó en pausa. El transporte fluvial, que es la principal vía de conexión en esta zona del Chocó, se detuvo casi por completo, y con él se frenó el acceso a alimentos, atención médica y actividades básicas para cientos de familias.

Lo que ocurre allí no es un hecho aislado. Detrás de este escenario está un paro armado indefinido decretado por el ELN, que impuso restricciones severas a la movilidad y altera profundamente la rutina de comunidades enteras, tanto en áreas rurales como urbanas.

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La situación encendió las alertas de la Defensoría del Pueblo, que advirtió sobre el impacto humanitario que ya se está registrando en el territorio. La entidad puso el foco en las consecuencias directas que esta medida está teniendo sobre derechos fundamentales de la población.

De acuerdo con el reporte oficial, el paro, el primero de este tipo en lo que va de 2026, fue anunciado por el Frente de Guerra Occidental Ogli Padilla. Su alcance no es menor: afecta a 25 comunidades del municipio de Bajo Baudó, una región históricamente golpeada por el conflicto armado.

Dentro de este grupo, se encuentran 16 comunidades afrocolombianas que agrupan a 530 familias, es decir, cerca de 1.933 personas. A ellas se suman nueve comunidades indígenas, conformadas por 886 familias que reúnen a unas 4.114 personas. En total, más de 1.400 familias enfrentan hoy restricciones que condicionan su supervivencia diaria.

Estas poblaciones habitan no solo en el casco municipal, también en zonas dispersas a lo largo de cuencas como la del río Docampadó y otros afluentes del suroriente del departamento. Allí, los ríos no son solo paisaje, son la única vía de transporte, abastecimiento y conexión con servicios básicos.

Uno de los efectos más críticos es el confinamiento. Las limitaciones para movilizarse cerraron, en la práctica, los corredores fluviales, lo que impide el ingreso de productos esenciales. La comida escasea y las posibilidades de abastecimiento se reducen con el paso de los días.

El impacto también se extiende a otros frentes. Las jornadas de atención en salud son interrumpidas, dejando a muchas personas sin acceso a servicios médicos básicos. Al mismo tiempo, niños y jóvenes ven suspendidas sus clases, lo que profundiza las brechas educativas en una región que ya enfrenta múltiples dificultades. A esto se suma la imposibilidad de que misiones humanitarias lleguen a los territorios afectados. Las restricciones impuestas limitan el ingreso de ayuda externa, lo que agrava aún más la situación de las comunidades.

Frente a este panorama, la Defensoría del Pueblo fue enfática en recordar que todos los actores armados tienen obligaciones claras como parte del derecho internacional humanitario. En particular, señaló la necesidad de proteger a la población civil en medio de cualquier confrontación.

En ese sentido, la entidad advirtió que “las amenazas, intimidaciones o medidas que generen terror en la población civil, así como las restricciones generalizadas que afecten su acceso a bienes indispensables para la supervivencia, contravienen los principios y obligaciones establecidos” en estas normas. El llamado no se quedó en una advertencia. La Defensoría del Pueblo exigió de manera directa al ELN levantar el paro armado de forma inmediata, con el fin de restablecer las condiciones mínimas de vida en la zona.

Al mismo tiempo, insistió en que la protección de las comunidades debe ser una prioridad. “Los derechos y la protección de los pueblos étnicos del Chocó deben prevalecer en todo momento”, enfatizó la entidad, destacando la vulnerabilidad histórica de estas poblaciones.

La alerta también se extendió a las autoridades. La Defensoría hizo un llamado urgente para que se adopten medidas coordinadas que permitan atender la emergencia y garantizar la seguridad de los habitantes del Bajo Baudó. El desafío no es menor. La combinación de aislamiento geográfico, presencia de actores armados y limitaciones institucionales convierte a esta región en un escenario especialmente complejo.

La reciente denuncia de la gobernadora de Chocó, Nubia Córdoba, sobre la instalación de un consejo de seguridad con presencia de las fuerzas de orden público y el ministerio público para hacer frente a los ataques en localidades como Santa Rita y San José de Palmar, ilustra el aumento de la tensión en el departamento. Según informó Europa Press, la región se enfrenta a un nuevo paro armado declarado de forma indefinida por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que afecta principalmente a la zona del Bajo Baudó, incluyendo los ríos Ocampadó, Ijuá y Orpúa.

El Frente de Guerra Occidental Ogli Padilla del ELN ha atribuido esta decisión a una supuesta complicidad entre grupos paramilitares, en concreto el Clan del Golfo comandado por Pablo Antonio Borja, conocido como ‘Piernas Limpias’, y el Ejército colombiano. Tal como publicó Europa Press, la guerrilla acusa a las tropas estatales de colaborar de forma activa con estos grupos armados, lo que, en palabras del ELN, representa una “clara alianza” contra las comunidades locales.

La declaración de paro armado indefinido emitida por el ELN responde, según la organización insurgente citada por Europa Press, a la necesidad de evitar incidentes violentos dado que consideran difícil distinguir embarcaciones civiles de aquellas utilizadas por grupos paramilitares en los ríos intervenidos. El comunicado del ELN sostiene que, hace una semana, las fuerzas del Clan del Golfo avanzaron a través de los ríos Ocampadó e Ijuá presuntamente con el apoyo del Ejército, lo que motivó la actual parálisis de las actividades fluviales y el refuerzo de las restricciones a la movilidad local.

Esta situación se enmarca dentro de una prolongada disputa territorial influida por la geografía estratégica del Chocó para las rutas del narcotráfico y el acceso al Pacífico. Según consignó Europa Press, la lucha armada entre guerrillas, paramilitares y fuerzas estatales se ha intensificado especialmente en los municipios de Alto, Medio y Bajo Baudó. Como resultado, miles de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares en los últimos años, siendo Bajo Baudó una de las zonas más afectadas por los desplazamientos forzosos y la violencia.

En la víspera de la declaración del paro armado, el municipio de Santa Rita sufrió un ataque a una comisaría que, de acuerdo con información aportada por Europa Press, representa el tercer incidente violento consecutivo en la localidad. Otros municipios, como San José de Palmar, también registran episodios similares. Ante estos hechos, la gobernadora Córdoba utilizó sus redes sociales para denunciar el nuevo “constreñimiento ilegal” y subrayar la urgencia de una respuesta coordinada por parte de las autoridades departamentales y nacionales.

El historial delictivo reciente de la región incluye otros paros armados, como el ocurrido en diciembre del año anterior. Según reportó Europa Press, en aquella ocasión el ELN convocó una suspensión de actividades en respuesta a amenazas internacionales y arrestos de figuras políticas de relevancia. Ese paro, que duró 72 horas, dejó al menos cinco víctimas fatales, causó bloqueos en carreteras e implicó agresiones físicas, explosiones y restricciones de circulación para la población civil en más de una decena de departamentos.

Las acciones armadas periódicas del ELN y del Clan del Golfo siguen afectando la vida cotidiana de las comunidades asentadas en los márgenes de los principales ríos del oeste colombiano. El paro vigente impone limitaciones a la navegación y genera incertidumbre en poblaciones dependientes de la movilidad fluvial para sus actividades económicas y su acceso a servicios básicos, informó Europa Press.

Los llamamientos de la administración departamental para restaurar la normalidad se consolidan en paralelo al despliegue de dispositivos de seguridad aumentados por la reciente escalada conflictiva. Mientras tanto, persiste la preocupación por una posible extensión del conflicto a otros municipios y por el impacto acumulativo de los desplazamientos sobre la estabilidad social y el acceso a derechos fundamentales en el Chocó. Tal como publicó Europa Press, la correlación entre la presencia de actores armados, las restricciones impuestas por paros y los ataques a la infraestructura de orden público mantiene una presión constante sobre las autoridades y la sociedad civil regional.

El Bloque Amazonas de las disidencias de las Farc, cuyo cabecilla es Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, anunció el domingo 15 de junio de 2025 un paro armado en el departamento de Guaviare, justo cuando sostienen fuertes enfrentamientos con las estructuras de Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá en esta región del país. Todo esto ante lo que sería la inacción del Gobierno del presidente de la República, Gustavo Petro, que no se ha pronunciado

Este paro comenzará el 16 de junio y se extenderá hasta el sábado 21 de junio, según indica un comunicado emitido por este grupo armado disidente, que continúa en su ofensiva armada por el sur del país, sin que exista respuesta efectiva del Estado. En el documento, el grupo armado detalló que el paro armado implica la prohibición total de la movilidad en el Guaviare durante cinco días, con la advertencia de que, una vez finalizado, se impondrá un toque de queda general con restricciones adicionales, que fueron dadas a conocer en el referido documento.

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En la misiva, se denunció la colaboración entre el grupo paramilitar de “Calarcá” y las fuerzas de seguridad locales, y señaló lo que serían las prácticas de extorsión y robos que afectan a los habitantes de esta región. Estas actividades, según el comunicado, generan temor entre los habitantes de la región. “El contubernio entre el grupo paramilitar de Calarcá Córdoba y las fuerzas policiales y militares que operan en el departamento, viene creando una situación de zozobra y miedo en la población civil”, se leyó en la misiva de esta estructura criminal.

 Además, acusan a este grupo de moverse “como pez en el agua” bajo la protección de la fuerza pública, mientras denuncian desapariciones y extorsiones.

Las advertencias del Estado Mayor Central; Gobierno guarda silencio

Se ha instruido a la población local sobre una serie de medidas a adoptar durante el paro. Estas incluyen la prohibición de movimiento entre las 6:00 p. m. y las 06:00 a. m., además de la restricción del uso de cascos para motociclistas y la obligación de portar placas y documentos en regla para vehículos.

Asimismo, se prohibió el traslado en vehículos cerrados o cubiertos, con excepción en caso de lluvias, para facilitar la entrega de ayuda humanitaria debido a inundaciones actuales. Y es que la situación en el Guaviare se ha visto agravada por las recientes inundaciones en diferentes poblaciones, lo que ha motivado una excepción en este cese forzado de actividades para el transporte fluvial de pasajeros y la entrada de ayuda humanitaria al departamento.

En resumen, estas son las disposiciones de las disidencias de las Farc en el Guaviare;

1. Se decreta paro armado en todo el departamento del Guaviare,. desde el 16 de junio a las 0:00 horas hasta el 21 de junio a las 00:00 horas.
2. Al finalizar el paro armado, se establece toque de queda general para el departamento del Guaviare con las siguientes restricciones:

• Prohibición de movimiento desde las 6:00 p. m. hasta las 6:00 a. m.
• No se permite el uso de cascos para motociclistas.
• No se permite circular con vidrios cerrados en los vehículos.
• Prohibido el tránsito de vehículos terrestres y fluviales con carpas.
• En caso de lluvia, los vehículos deberán estar carpados y estacionados.
• Todos los vehículos deben portar placas y documentos vigentes.
• Quien introduzca o recomiende personas foráneas será responsable por sus actos.

“Estas restricciones no aplican a la línea de pasajeros que transita por el río Guaviare, para facilitar la entrada de ayudas humanitarias debido a las inundaciones”, precisó la estructura al margen de la ley en su polémica misiva; en una región en la que el 27 de abril se registró una emboscada contra hombres del Ejército, que dejó cinco muertos.

Otras “recomendaciones” del EMC por paro armado en Guaviare

• Si grupos armados o fuerzas públicas acampan a menos de 200 metros de una vivienda, se recomienda evacuar temporalmente.
• Si un vehículo es expropiado, de forma definitiva o temporal, el propietario debe informar a la junta de acción comunal o a la autoridad de su comunidad, acreditando el hecho.
• Evitar la ubicación cerca de guarniciones militares, policiales o grupos armados.
• Mantener una distancia de al menos 500 metros de cualquier vehículo terrestre o fluvial que transporte personal armado.

Sigue la conmoción en el país por los ataques armados registrados en Aguachica (Cesar) y Buenos Aires (Cauca), sumado al paro armado efectuado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) entre el 14 y el 17 de diciembre de 2025.

Mientras que algunos lamentaron los hechos y enviaron un mensaje de solidaridad a las familias de los militares fallecidos, otros lanzaron críticas al Gobierno nacional, especialmente por la política de paz total impulsada por el presidente Gustavo Petro.

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Ese fue el caso del exvicepresidente Germán Vargas Lleras que, en su columna de opinión publicada en El Tiempo, reiteró sus críticas al mandatario nacional frente a la situación de violencia que se vive en el país, un hecho que, según él, no se observaba hace tiempo.

“La magnitud de las acciones criminales perpetradas esta semana a lo largo y ancho del país, y que no se veían hace décadas, es la evidencia del desmonte deliberado de la capacidad y autoridad del Estado, el empoderamiento del crimen organizado y el colapso de la mal llamada ‘paz total’ del señor Petro”, escribió el político colombiano en el diario bogotano.

Además, Vargas Lleras sostuvo que el paro armado del ELN se ha transformado en una amenaza constante para la sociedad colombiana. “Solo un día después de ese término, el país presenció un nuevo ataque. Esta vez a la base militar de Aguachica, que dejó seis soldados asesinados y decenas de militares heridos. Esta escalada terrorista que completa más de 60 acciones violentas, 13 departamentos sometidos, comunidades, soldados y policías asesinados, no es una amenaza, es una demostración de poder frente a un Estado replegado e impotente”, añadió.

Según su análisis, los hechos registrados en el país solo darían pie a un “régimen” impulsado por los grupos armados en el territorio nacional. “A este régimen nos van a someter los ‘hermanos’ de Petro, como él los llama, de aquí en adelante. Este es solo el inicio”, indicó.

Adicional a ello, el exministro de Vivienda cuestionó la forma en la que el Gobierno respondió al ataque contra la estación de Policía de Buenos Aires (Cauca), al igual que la sede de la alcaldía municipal y la oficina del Banco Agrario, a manos de las disidencias de las Farc.

“Los uniformados permanecieron más de siete horas sin apoyo aéreo ni refuerzos, demostrando no solo la inoperancia de la inteligencia para anticipar estas acciones y la incapacidad de reacción, sino la indolencia del Presidente y su gobierno. Como era de esperarse, la respuesta del Ejecutivo se limitó a ofrecer inútiles recompensas que no motivan a nadie, a minimizar la evidencia y a hablar de “terrorismo mediático” o “escaramuzas para aterrorizar a la población”. ¿Habráse visto algo similar? Inaudito”, mencionó.

Para el exvicepresidente, estos hechos violentos reflejan lo que él considera como el deterioro de la seguridad nacional.

“Los grupos armados ilegales en este Gobierno crecieron más de 55 % en hombres, control territorial y capacidad. Ninguna organización criminal se ha desmovilizado; por el contrario, se expandieron amparados en ceses del fuego sin verificación y en procesos de negociación y mesas de diálogo inocuas y sin exigencias, cuyos gastos ya superan los $ 80.000 millones en estos ‘conversatorios’”, señaló.

Diálogos con grupos armados

De otro lado, Germán Vargas Lleras criticó la posición del Gobierno de Gustavo Petro frente a mantener las conversaciones de paz con los grupos armados, como por ejemplo el Clan del Golfo (autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia - EGC), recordando que fue incluida como organización terrorista por parte del Gobierno de los Estados Unidos.

“Y ¿cómo entender que mientras Estados Unidos designó al ‘clan del Golfo’ como organización terrorista extranjera, Colombia negocia con esa estructura y contempla beneficios jurídicos incompatibles con ese estatus? Con esta designación, el país ya tiene 4 grupos criminales catalogados como organizaciones terroristas por EE. UU., lo que a nadie parece importarle”, mencionó.

También cuestionó la congelación de 22 procesos de extradición que fueron avaladas por la Corte Suprema de Justicia, así como la polémica de la supuesta filtración de disidentes de las Farc en entidades nacionales.

“Por lo visto, según marrano, continuamos negando extradiciones cuando ya sabemos que no hay mejor instrumento de cooperación judicial. ¿Y todavía hay quienes se sorprenden por las medidas adoptadas por Trump y el Gobierno norteamericano cuando, además de estas evidencias, las cifras del narcotráfico y producción de cocaína alcanzaron un récord histórico?”, alertó.

Por otra parte, el exvicepresidente advirtió la posibilidad de que el país se encamine a un proceso electoral bajo presión de los grupos criminales. “En gran parte del territorio hoy mandan estos delincuentes, controlan la movilidad, imponen horarios, restringen campañas y deciden quién entra y quién no (...) No es alarmismo; en estas condiciones, no vamos a tener elecciones libres en buena parte del país y pareciera que es lo que le conviene al régimen para garantizar su permanencia en el poder”, explicó.

Finalmente, Germán Vargas Lleras aseveró que “un riesgo aún peor es el peligro inminente de continuar la ‘paz total’ bajo la batuta de quien la concibió, el senador y ahora candidato Iván Cepeda, quien anuncia en público una versión “recargada” de la misma, pero avalada por una Constituyente".

El transporte de carga volvió a encender las alertas en Colombia en uno de los momentos más sensibles del año. A pocos días de Navidad, cuando el movimiento de alimentos, insumos y mercancías se intensifica, la seguridad en las carreteras se convirtió en una preocupación central para un sector que hoy opera bajo amenaza constante y con márgenes de riesgo cada vez más altos.

La declaración de un paro armado por parte del ELN, vigente entre el 14 y el 17 de diciembre, profundizó un escenario que los transportadores venían advirtiendo desde hace meses. De acuerdo con Fedetranscarga, la medida ilegal buscó frenar la movilidad y afectar de manera directa la cadena logística nacional, un golpe que no solo impacta a las empresas transportadoras, sino al abastecimiento de los hogares y a la estabilidad económica del país.

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En los primeros días de la acción armada se reportaron al menos 13 hechos violentos en distintos puntos del territorio nacional. Entre los más graves figuran bloqueos en Pelaya, Cesar; acciones delictivas en Curumaní; la voladura del peaje La Lizama mediante una motobomba que dejó dos personas heridas; el asesinato de un conductor de ambulancia en Santander; y el cierre total del sector de San Roque, también en Cesar, por la presencia de artefactos explosivos improvisados. A esto se suma el anuncio del grupo armado de considerar objetivos militares instalaciones y vehículos de la Fuerza Pública, lo que incrementó el riesgo para quienes transitan por los corredores viales.

Para el gremio transportador, estos hechos no son aislados. Arnulfo Cuervo, presidente de Fedetranscarga, aseguró a Infobae Colombia que el deterioro de la seguridad vial es evidente y profundo. “Los transportadores tenemos toda la certeza de que se ha deteriorado enormemente”, afirmó, al advertir que el país está regresando a dinámicas que parecían superadas. Incluso recordó que “estamos regresando a las épocas antes del año 2002, en donde incluso el tránsito nocturno en las vías estaba prohibido”.

Ese retroceso, explicó, no solo pone en riesgo la vida de los conductores, sino que encarece toda la operación logística. “Esperamos no tener que volver a ese tipo de restricciones porque las demoras en los tiempos logísticos determinan mayores costos”, señaló Cuervo, que alertó sobre la pérdida de competitividad que esto implica para Colombia.

A la violencia armada se suma otro fenómeno que el sector considera desbordado, los bloqueos. Según Fedetranscarga, desde 2023 se registrron más de 2.000 cierres de vías en el país. “Siempre se recurre al bloqueo de las carreteras en perjuicio de los transportadores del país y por supuesto de la economía colombiana”, dijo Cuervo, al recordar que el 96% de las mercancías que se mueven en Colombia lo hacen por carretera y en camiones.

El dirigente gremial también fue crítico frente a la capacidad de respuesta del Estado. Aseguró que tanto el Ejército como la Policía reconocieron limitaciones operativas por falta de recursos, situación que se agravó tras los recortes presupuestales a las Fuerzas Armadas. “Haber recortado para el año 2023 $800.000 millones y en el año 2024 casi un billón, eso ha sido un perjuicio enorme cuando hablamos de seguridad”, afirmó.

Ante este panorama, las empresas transportadoras tuvieron que adoptar medidas propias para reducir riesgos. Cuervo explicó que hoy el sector opera con información previa sobre corredores peligrosos, restringe horarios, organiza caravanas y activa planes internos de seguridad. Sin embargo, advirtió que ni siquiera estas estrategias garantizan protección total, pues los ataques ya no se limitan a las carreteras, también se presentan en zonas urbanas, como ocurrió en Cali con la quema de tractomulas dentro de parqueaderos.

Desde Fedetranscarga insistieron en que la situación actual configura “una de las crisis más agudas de las que hemos vivido en los últimos 30 años”. Para el gremio, la persistencia de la violencia y los bloqueos no solo frena el transporte, sino que amenaza el crecimiento económico del país. Cuervo fue enfático al señalar que detener los camiones es paralizar la economía y advirtió que, de mantenerse este escenario, las proyecciones de crecimiento podrían verse seriamente afectadas.

Pese a todo, el sector asegura que seguirá operando. “Seguimos siendo los transportadores de carga en Colombia supremamente resilientes”, dijo el presidente de Fedetranscarga, al reiterar que continuarán trabajando 24/7 para sostener la productividad, el comercio exterior y la seguridad alimentaria del país.

El reciente paro armado decretado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Antioquia dejó más de 3.000 millones de pesos en pérdidas para las empresas de transporte intermunicipal, según informó la Asociación de Transportadores de Pasajeros.

La medida, que extendió sus restricciones durante 72 horas en corredores estratégicos del departamento, obligó a suspender varias rutas, dejó vehículos detenidos y provocó una notoria disminución de pasajeros en las terminales.

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Durante las jornadas del paro, los usuarios optaron masivamente por aplazar o cancelar sus viajes por temor a quedar atrapados en hechos violentos o enfrentamientos en carretera. La incertidumbre marcó la actividad del sector y evidenció, según el gremio, la fragilidad de la libertad de movilidad ante la acción de grupos armados en la región.

Ruta suspendida, buses detenidos y terminales vacías

El director de la Asociación de Transportadores de Pasajeros, Samir Echeverry, explicó que el golpe económico sufrido incluyó la quema de un bus y la abrupta caída en los ingresos de taquilla.

“Nuestro servicio de transporte intermunicipal ha sentido la afectación por estas 72 horas de paro por parte del ELN. Esto suma ya 3.000 millones de pesos en pérdidas económicas, incluyendo un vehículo incinerado y lo que se dejó de percibir por usuarios que no viajaron por el temor y la zozobra”, aseguró Echeverry a través de un comunicado.

El impacto se sintió no solo en los balances contables de las empresas, sino también en estaciones de paso clave, donde la afluencia de pasajeros cayó de manera visible. Las terminales de Medellín, capital de Antioquia, operaron con notoria baja afluencia.

En corredores frecuentes hacia el Chocó y el norte del departamento, las empresas suspendieron completamente los viajes para garantizar la integridad de conductores y usuarios. De acuerdo con las cifras del gremio, la paralización afectó a miles de familias que dependen directa o indirectamente del transporte público regional.

Usuarios entre el miedo y la espera: historias de quienes cancelaron sus viajes

El miedo se impuso como factor determinante entre los viajeros. Luis Eduardo Henao relató que cambió su rutina de desplazamiento habitual: “Yo siempre viajo de noche, pero con el paro armado preferí hacerlo de día. Da miedo, sobre todo después de que quemaron un bus esta semana; se necesita más seguridad en las carreteras”, expresó en testimonio registrado por Blu Radio.

Otro usuario, Alberto Zuluaga, decidió no viajar hasta la finalización del tiempo estipulado por el ELN. “Íbamos a viajar en la noche y no lo hicimos, esperando a que culminaran las 72 horas y que las vías estuvieran más seguras”, afirmó para el mismo medio.

El efecto de este miedo tuvo también eco entre conductores y personal operativo. Según confirmó Echeverry, la consulta sobre el estado de orden público en cada corredor se volvió parte de la rutina. La posibilidad de ver vehículos incinerados o ser testigo de hechos violentos hizo de la incertidumbre una constante en la vida de transportadores y pasajeros.

Siete hechos violentos durante la protesta y exigencias de seguridad al Estado

Con base en el balance oficial de las autoridades, durante el paro armado del ELN en Antioquia ocurrieron al menos siete incidentes violentos, entre ellos, la incineración de un bus en las cercanías del municipio de Valdivia y un hostigamiento contra el Ejército Nacional en el que resultó herido un menor de edad.

Estos episodios acrecentaron la zozobra en varias subregiones del departamento y profundizaron la preocupación ciudadana sobre la seguridad y la protección de los derechos básicos.

Organizaciones de transportadores y comunidades afectadas reiteraron su exigencia a las autoridades nacionales y departamentales: “Se requieren garantías de seguridad reales y presencia institucional efectiva en todas las vías. No puede repetirse otro episodio que paralice la movilidad y el trabajo de tantos hogares que viven del transporte”, sostuvo Echeverry.

Tras 72 horas, en la mañana del 17 de diciembre terminó el paro armado anunciado por el Ejército de Liberación Nacional, que justificó sus acciones asegurando que eran una respuesta a la intervención del Gobierno Trump en Colombia.

En el balance general expuesto por las autoridades, se informó que los ataques del ELN provocaron la muerte de cinco personas, entre ellos, dos uniformados de la Policía Nacional, dos jóvenes en Cúcuta y otro civil en Norte de Santander.

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Además, se registró un ataque con explosivos en el peaje de La Lizama, en Barrancabermeja, que se sumó a otros ataques de la misma índole en 13 departamentos.

De la misma forma, el grupo armado perpetró restricciones de movilidad en varias zonas, impactando considerablemente la economía en zonas aledañas a corredores viales de gran relevancia para el transporte de alimentos y otros objetos.

Bajo ese contexto, además de los resultados a nivel de daños y muertes, Infobae Colombia habló con el experto en geopolítica Juan Camilo Ubaque para que expusiera un balance general de lo que representó la arremetida del ELN en el territorio nacional.

“El paro armado de orden nacional y el más importante en años ejecutado por el ELN, representa mucho más que una simple acción violenta; es una demostración de fuerza, coordinación estratégica y consolidación territorial sin precedentes en la historia reciente de la organización”, es el análisis preliminar que entregó Ubaque.

Para el experto en geopolítica, durante las tres jornadas el ELN demostró que es el principal grupo armado, a nivel de armamento y personal, en el territorio nacional.

“Mientras que los tres paros anteriores del ELN en 2025 se mantuvieron bajo un carácter regional, focalizados principalmente en el departamento del Chocó y la cuenca del río San Juan, esta cuarta acción de alcance nacional evidencia que el grupo ha superado la etapa de resistencia local para pasar a una fase de control protagónico”.

Como un factor negativo y que se debe analizar en profundidad, el experto mencionó la frecuencia con la que el ELN anuncia restricciones de movilidad en zonas específicas, sin que el Estado pueda impedir que esto se registre.

“La periodicidad de estas acciones es alarmante, pues durante el presente año el ELN ha logrado imponer un ritmo de paros armados cada tres o cuatro meses, con una duración promedio de 72 a 96 horas, logrando una frecuencia de ataques terroristas de aproximadamente uno cada hora y media”.

Al mencionar el punto de inflexión que provocó que el ELN tomara más poder en el país, Juan Camilo Ubaque mencionó que se trató del cese al fuego que se prolongó durante un año entre 2023 y 2024.

“Esta agresividad operativa es la respuesta directa a un proceso de fortalecimiento interno ocurrido bajo la sombra del cese al fuego bilateral, que tuvo lugar entre el 3 de agosto de 2023 y el 3 de agosto de 2024. Durante ese año de tregua con el Gobierno, el ELN no solo respetó sus estructuras, sino que experimentó un crecimiento estimado del 10% en su pie de fuerza y personal militar. Esta expansión les permitió, una vez finalizado el cese, desencadenar crisis humanitarias masivas en regiones estratégicas como el Catatumbo”.

Para Juan Camilo Ubaque, la principal conclusión tras el paro armado es que el ELN es la única estructura armada en todo el continente capaz de ejercer una hegemonía militar y política total sobre una frontera binacional.

“Lo que diferencia al ELN de otras organizaciones como el Clan del Golfo es su sofisticada configuración como actor “Proxy” y su rol en la guerra híbrida regional. Mientras el Clan del Golfo se mantiene como la estructura armada más grande en términos numéricos y criminales, el ELN opera con una dualidad política y militar: en Colombia funciona como una insurgencia terrorista desestabilizadora, mientras que en Venezuela actúa como una milicia de carácter proxy tercerizada, alineada con la política exterior de la dictadura“, argumentó.

Por último, mencionó que el último paro armado de 2025 fue una demostración de que el ELN tiene poder territorial de puntos claves y que antes de que termine el 2026 será la estructura criminal con más poder del país si no se toman cartas en el asunto.

“El balance de este último paro de 72 horas confirma que el ELN ha extendido su control sobre tres ejes geográficos vitales: el corredor vertical del Pacífico (desde Chocó hasta el Cauca), la zona horizontal que conecta el Catatumbo con el Magdalena Medio y el Bajo Cauca, y la cuenca del Orinoco desde Arauca hasta la Cordillera Oriental en Boyacá. El ELN se ha adaptado para ser una organización capaz de doblegar al Estado colombiano y que en menos de año y medio será la organización armada más grande y violenta del país”, concluyó el experto.

Luego de anunciar la finalización del paro armado la mañana del miércoles 17 de diciembre de 2025 y que había iniciado desde el domingo 14 de diciembre desde la medianoche, el ELN (Ejército de Liberación Nacional) ha vuelto a ser el centro de atención.

En esta ocasión, no fue por cuenta de una nueva acción criminal en contra de la fuerza pública y la población civil, sino por la particular forma en la que ahora, y con ayuda de las redes sociales, varias de sus integrantes reportaron una serie de enfrentamientos con grupos paramilitares.

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La información se brindó como si estuvieran compartiendo un informe en una especie improvisada de noticiero.

En una de esas grabaciones, una de las dos jóvenes que aparece vestida de camuflaje y con los colores insignias del ELN (rojo y negro), explicó que dichas acciones serían en contra de presuntos hombres al servicio del clan del Golfo (como también se conoce al Ejército Gaitanista de Colombia —EGC—).

“El día 17, 18, 19 y 20 de noviembre, unidades del Frente de Guerra Darío Ramírez Castro accionaron con modalidad de dron contra paramilitares en la vereda Santa Cecilia del corregimiento de Villaflor y en la vereda de la Loma de La Torera del municipio de Santa Rosa, sur de Bolívar. Resultados por confirmar”, menciona la primera aparición por parte de una de ellas.

La segunda acción de contraofensiva guerrillera fue “el día 24 de noviembre”, explica la segunda joven que aparece en las grabaciones, y agregó:

“Nuestras unidades combatieron contra los paramilitares en el sitio conocido como Casa Verde del municipio de Santa Rosa, sur de Bolívar, obligándolos a abandonar la posición”, señala la joven guerrillera.

Producto de esta acción se recuperaron “siete equipos de parrilla con toda su dotación, dos minas antipersona, 15 cartuchos de punto cincuenta, un radio Motorola y doscientos cincuenta cartuchos de siete sesenta y dos”, relata la combatiente.

“El día 26 de noviembre, en la vereda Santa Cecilia, corregimiento de Villaflor, municipio de Santa Rosa del Sur, y en los abanicos del corregimiento de Paraíso, jurisdicción del municipio Montecristo, sur de Bolívar, se realizó ataque con modalidad de dron a los paramilitares, haciéndoles abandonar la posición donde acampaban. Resultados sin confirmar”, expresó.

En el último segmento de esta sección que se compartió a través de la cuenta de X de una de sus integrantes, identificada como Fernanda Alcocer, se señaló que “el día 28 de noviembre, en la vereda Concepción, corregimiento de Fátima, municipio de Santa Rosa, se realiza acción con dron, dejando como resultado cuatro paramilitares muertos.

Al final, se confirma que “el día 28, 29 y 30 de noviembre, se combatió con los paramilitares en la vereda Santa Cecilia, el corregimiento de Villaflor, en las veredas Metodio, jurisdicción del municipio Morales y San Agustín, jurisdicción del municipio Arenal, sur de Bolívar”.

Como si fueran comunicados de prensa del Ejército Nacional, desde el ELN se señaló que “estos combates fueron acompañados con modalidad de drones, obligándolos a abandonar las posiciones que tenían en Metodio, dejando como resultado dos paramilitares muertos y cinco heridos”.

Producto de la acción anterior, en la grabación se menciona: “Material recuperado: once equipos y veinte minas antipersonas. En nuestra fuerza: un compañero muerto y uno herido. Material perdido: un fusil y una camioneta Dimax”.

Para el comienzo de diciembre, se recalcó que “el día 5 de diciembre en la vereda Santa Cecilia, corregimiento de Villaflor, municipio de Santa Rosa, se atacó a los paramilitares con modalidad de drone, dejando como resultado tres paramilitares muertos, obligándolos a abandonar la posición”.

Esta zona es de disputa y un punto estratégico, porque “el día 6 de diciembre se atacaron unidades paramilitares con modalidad de drone en el sitio conocido como Las Pozas, jurisdicción del corregimiento del Paraíso, municipio Montecristo, y en los límites de Paraíso y la Torera, corregimiento de Santa Isabel, sur de Bolívar, dejando como resultado un paramilitar muerto y ocho heridos”.

Y por último, “el día 8 de diciembre, en la vereda la Torera, en el sitio conocido como Casa Verde, corregimiento de Santa Isabel, municipio Santa Rosa del Sur, unidades del Frente de Guerra Darío Ramírez Castro combatieron con los paramilitares”.

Esta acción final (efectuada con drones), “deja como resultado cuatro paramilitares muertos y seis heridos de gravedad”.

Por último, y como balance final, las dos guerrilleras confirmaron: “Total de bajas enemigas: 19 paramilitares heridos y 14 paramilitares muertos”.

Con estas acciones quedó demostrado que esta forma de combate con drones ya no es algo exclusiva de los grupos armados ilegales en contra de la fuerza pública, sino una opción para salir del paso frente a cualquier actor.

El despliegue de fuerzas estatales en Colombia se intensificó tras una serie de ataques atribuidos al ELN, en un contexto marcado por el paro armado convocado por este grupo armado. Según informó Caracol Radio, la respuesta estatal incluyó la activación de operaciones preventivas y la elevación del nivel de alerta en todo el país, con miras a frenar la ola de hechos violentos que, en las primeras 24 horas, dejaron registro de 51 incidentes relacionados con la guerrilla. El anuncio del paro, ocurrido el pasado viernes, constituyó la cuarta acción de este tipo en lo que va de 2025, pero adquiere un carácter inédito por su alcance nacional.

De acuerdo con información proporcionada por el Gobierno de Colombia y recogida por Caracol Radio, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, calificó la situación como una "amenaza criminal del cártel del ELN contra el pueblo colombiano". Sánchez apuntó que, si bien la mayoría de los incidentes registrados en el marco del paro armado corresponden a actos de propaganda —aproximadamente el 75%—, al menos doce de ellos implicaron el uso de explosivos, elevando el riesgo para la población en diversas regiones del país. Además, el ministro reportó que durante la jornada se perpetraron ataques contra infraestructuras, incluyendo una comisaría en Maicao, en la región Caribe, y un peaje en Santander, donde una trabajadora resultó herida a causa de una moto bomba.

El ELN justificó la convocatoria del paro como respuesta a lo que considera amenazas de la Administración de Donald Trump contra Colombia y la región. Según detalló el medio Caracol Radio, el grupo armado busca así manifestar rechazo frente a la presión diplomática y militar proveniente de Estados Unidos. El contexto internacional agrega tensión al escenario: Washington desplegó fuerzas militares sin precedentes frente a las costas de Venezuela, con operaciones que han incluido bombardeos sobre embarcaciones sospechosas de narcotráfico y la muerte de al menos 80 personas, así como el asalto a un petrolero. En este marco, el presidente estadounidense advirtió al mandatario colombiano, Gustavo Petro, que podría ser el "siguiente" en enfrentar acciones directas si no frena la producción de cocaína en el país.

En declaraciones recogidas por Caracol Radio, Pedro Sánchez aseguró que "todas las capacidades están desplegadas y estamos en la máxima alerta", destacando la determinación del gobierno para frenar la escalada de violencia. El ministro subrayó la disposición estatal a responder con el uso de la "fuerza legítima del Estado" si los grupos armados no cesan en sus acciones, e hizo un llamado a estas organizaciones a abandonar las armas y evitar "hacerle daño al país". A la vez, insistió en que la movilidad es segura para los ciudadanos, aunque recomendó adoptar medidas de precaución durante la vigencia del paro, el cual se extenderá hasta el miércoles.

El impacto del paro armado se siente en departamentos como Santander, Norte de Santander, La Guajira, Sucre y Chocó, donde se concentran los principales registros de incidentes. Entre los sucesos contabilizados, el uso de explosivos y la difusión de propaganda intimidatoria sobresalen como métodos empleados por el ELN. La mayoría de los episodios, reportó Caracol Radio, han sido catalogados como actos de amedrentamiento más que de daño directo, aunque los ataques a infraestructuras estratégicas y la afectación de civiles evidencian el alcance del paro.

El contexto regional adquiere especial relevancia en este cuarto paro armado decretado por el ELN en 2025. Según consignó Caracol Radio, la coyuntura se agudiza por la presión exterior generada por las acciones militares de Estados Unidos en el Caribe y las recientes declaraciones del presidente Trump, quien ha intensificado su postura frente al gobierno de Gustavo Petro. El antecedente inmediato reside en las operaciones estadounidenses contra el narcotráfico en Venezuela, que han sido motivo de preocupación para los gobiernos de la región y han impactado en las decisiones del ELN respecto a su estrategia armada y sus demandas políticas.

En su balance de las primeras 24 horas del paro, el ministro Sánchez recalcó la importancia de la presencia estatal en todo el territorio nacional. Según el medio Caracol Radio, las autoridades han enfatizado la necesidad de mantener la calma y la colaboración ciudadana, mientras las fuerzas de seguridad desarrollan acciones preventivas y reactivas orientadas a garantizar la integridad de la población. El gobierno también ha reiterado que mantiene abiertas las vías de comunicación y atención a la ciudadanía, instando a denunciar cualquier incidente relacionado con el ELN.

El panorama que describen los reportes oficiales sugiere una coordinación entre acciones armadas y manifestaciones propagandísticas como parte de la estrategia del ELN durante el paro. Las autoridades colombianas, según Caracol Radio, continúan evaluando el desarrollo de los acontecimientos e implementando medidas para contener los riesgos y proteger las infraestructuras críticas y a la población civil.

Un intento de incursión armada del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el municipio de Villanueva, en el sur de La Guajira, se convirtió en uno de los hechos más graves registrados durante el reciente paro armado decretado por ese grupo ilegal.

El ataque, ocurrido en la noche del martes 16 de diciembre, generó pánico entre la población y obligó a las autoridades a reforzar de inmediato las medidas de seguridad en esta zona del departamento.

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De acuerdo con información del medio regional Guajira News y medios regionales, hacia las 7:30 p. m. integrantes del ELN abrieron fuego contra una base militar ubicada en Villanueva.

Los centinelas del Ejército respondieron de manera inmediata con sus armas de dotación, logrando repeler la agresión y evitar que los atacantes tomaran posiciones dentro del casco urbano.

Aunque preliminarmente se habló de un presunto herido entre los insurgentes, esta versión no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.

Tras el enfrentamiento, la Policía Nacional decretó el acuartelamiento de su personal en Villanueva y ordenó el refuerzo de la seguridad ante el riesgo de nuevas acciones violentas.

La tensión aumentó aún más durante la noche, cuando habitantes del municipio reportaron la presencia de un objeto no identificado sobrevolando la zona. Según testimonios difundidos en redes sociales, podría tratarse de un dron o una aeronave, hecho que incrementó la preocupación entre la comunidad.

Imágenes de este sobrevuelo circularon ampliamente y son materia de verificación por parte de las autoridades.

En la madrugada del miércoles 17 de diciembre, el presidente Gustavo Petro se refirió a lo ocurrido y confirmó que el Ejército enfrentó un intento del ELN de tomar el municipio.

Mientras tanto, las Fuerzas Militares mantienen un monitoreo permanente de la situación y evalúan el desarrollo de los hechos en Villanueva y otros puntos estratégicos del departamento.

El episodio en este municipio guajiro se dio en el contexto del paro armado anunciado por el ELN, que comenzó el domingo 14 de diciembre y que ha provocado una serie de ataques y acciones violentas en distintas regiones del país.

En La Guajira, además de lo ocurrido en Villanueva, se reportó un ataque en la vía que comunica a Cuatro Vías con Uribia, donde una tractomula fue interceptada, incendiada y abandonada. En el lugar, las autoridades hallaron una bandera alusiva al ELN y un cilindro que está siendo examinado para determinar si contiene material explosivo.

En el municipio de Arauquita, en Arauca, se denunció la quema de un vehículo en una zona cercana al oleoducto Caño Limón–Coveñas, una de las principales infraestructuras petroleras del país. Aunque no se han confirmado daños mayores en el oleoducto, las autoridades adelantan labores de verificación para establecer si hubo afectaciones adicionales en la zona.

Como respuesta al paro armado, el Ejército y la Policía intensificaron los operativos de control y vigilancia en varios departamentos. El comandante del Ejército, general Luis Emilio Cardozo Santamaría, informó que tropas de la Segunda y la Tercera División neutralizaron artefactos con posibles explosivos hallados en vías de Norte de Santander y Cauca.

Unidades especializadas se desplazaron a los puntos donde se registraron las amenazas para asegurar las carreteras y prevenir afectaciones a la población civil.

El presidente Petro rechazó públicamente el paro armado del ELN y reiteró la orden a la Fuerza Pública de mantener la ofensiva contra los grupos armados ilegales.

“La orden del presidente es que en Navidad no se mata”, afirmó el mandatario, al tiempo que insistió en que se deben garantizar la movilidad y la seguridad de los ciudadanos en las regiones afectadas.

Desde el inicio del paro, las primeras acciones atribuidas al ELN se concentraron en departamentos como Norte de Santander y Cauca, donde fueron instalados artefactos explosivos en carreteras estratégicas. La rápida intervención del Ejército permitió neutralizarlos y habilitar corredores viales, evitando daños mayores.

La madrugada del miércoles 17 de diciembre de 2025 estuvo marcada por un atentado con explosivos en la comuna 7 de Barrancabermeja, donde dos agentes de la Policía Nacional resultaron heridos tras la detonación de un artefacto en el barrio Miradores del Lago.

El hecho, que afectó la infraestructura eléctrica y de comunicaciones, se produjo en un contexto de tensión por acciones violentas atribuidas a grupos armados ilegales, según reportes de medios regionales.

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El ataque podría estar relacionado con el paro armado anunciado por el ELN. De ser así, se trataría del más reciente ataque del grupo guerrillero ocurrido durante el paro armado.

La explosión ocurrió en la vía que conduce al antiguo basurero municipal, en el sector Miradores del Lago.

De acuerdo con la información obtenida por medios regionales, una patrulla policial realizaba labores de vigilancia cuando fue activada la carga explosiva, instalada en un poste de servicio eléctrico. El estallido derribó la estructura y dejó sin energía a varios barrios aledaños, además de interrumpir las redes de comunicación en la zona.

Los uniformados se movilizaban por el lugar al momento del ataque, mientras que el artefacto se ubicó cerca de una torre de energía y que, en ese momento, la circulación de personas era escasa.

En cuanto al estado de salud de los policías afectados, fueron trasladados de inmediato a un centro asistencial.

Caracol Radio informó, citando el reporte médico, que los uniformados presentan lesiones leves y su condición es estable.

La Alcaldía de Barrancabermeja, que expresó su solidaridad con los heridos y confirmó que “los dos uniformados afectados se encuentran estables”. Por su parte, el secretario del Interior, Eduardo Ramírez, declaró a W Radio que todo ocurrió “en un sector cercano al antiguo botadero de basuras en la comuna 7 se presentó una explosión que afecta la integridad física de dos de nuestros policías, tienen afectaciones mínimas gracias a Dios”.

El impacto de la explosión se extendió más allá de las lesiones a los policías.

Se reportaron daños significativos en la infraestructura eléctrica, lo que provocó la suspensión del servicio en el barrio Miradores del Lago y sectores cercanos. Habitantes del área relataron a Caracol Radio que tras el estruendo “nos quedamos sin luz”.

Las autoridades trabajan para restablecer la normalidad y garantizar la prestación de los servicios afectados.

Las reacciones oficiales no se hicieron esperar. La Alcaldía de Barrancabermeja rechazó el atentado y convocó a una reunión extraordinaria de seguridad.

El alcalde Jonathan Vásquez manifestó a W Radio su solidaridad con los policías y sus familias, y destacó la labor de la Fuerza Pública para proteger a los habitantes del distrito.

“Toda mi solidaridad con ellos, con sus familias y con la Policía Nacional y la Fuerza Pública en general, que hoy cumplen su labor para proteger a los barranqueños", afirmó Vásquez.

Tanto W Radio como Caracol Radio informaron que se mantiene activo el Puesto de Mando Unificado (PMU) y se reforzó la presencia de la fuerza pública en la zona.

La administración distrital subrayó, en declaraciones recogidas por el medio mencionado, la importancia del trabajo conjunto con el Gobierno Nacional y la continuidad de las medidas para salvaguardar la seguridad y la tranquilidad de la población.

““de manera articulada con la Fuerza Pública y los organismos de seguridad, se mantiene y refuerza el despliegue institucional en el territorio. Para ello, se activó de forma permanente un Puesto de Mando Unificado (PMU), con el objetivo de asegurar el área afectada, proteger a la ciudadanía y salvaguardar la infraestructura estratégica del Distrito”, se lee en un comunicado.

De acuerdo con El Tiempo, en medio del paro armado declarado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), un menor de 13 años resultó lesionado tras la detonación de un artefacto explosivo artesanal lanzado frente a la Estación de Policía de Chiriguaná, municipio ubicado en la zona carbonífera del departamento del Cesar.

El hecho ocurrió durante la noche del lunes, cuando el niño se encontraba acompañado por su madre en una vivienda contigua a la sede policial.

De acuerdo con la información oficial, dos hombres que se desplazaban en motocicleta arrojaron una ‘papa explosiva’ en el sector, generando una detonación que alcanzó al menor. Como consecuencia de la explosión, el niño sufrió esquirlas en su pierna izquierda, por lo que fue trasladado de manera inmediata al Hospital de Chiriguaná, donde permanece bajo observación médica.

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El comandante de la Policía del Cesar, coronel William Morales, entregó detalles sobre el incidente y explicó el alcance del artefacto utilizado. “El artefacto contenía pólvora y generó una onda expansiva que levantó residuos del suelo. Uno de esos fragmentos impactó al niño, rozándole una pierna y causándole una herida leve, según el diagnóstico del hospital. El explosivo no fue dirigido contra la sede policial, sino detonado prácticamente al frente de la misma, con el propósito de generar temor entre los uniformados que se encontraban en el lugar”.

Este hecho se suma a otros episodios registrados durante el paro armado del ELN en el Cesar, que, según reportes del Puesto de Mando Unificado (PMU), ha dejado hasta el momento diez hechos violentos, entre ellos bloqueos viales, abandono de explosivos, ataques contra estaciones de Policía y amenazas dirigidas a la población civil.

Uno de los eventos más relevantes se presentó en el municipio de Pelaya, al sur del Cesar, donde integrantes del grupo armado ilegal obligaron al conductor de una tractomula a atravesar el vehículo sobre la vía Aguachica–La Mata, un corredor estratégico de la región. El bloqueo paralizó el tránsito durante varias horas y generó temor entre los conductores, debido a la posibilidad de que el automotor pudiera contener explosivos. El conductor, según las autoridades, fue amenazado para impedir que retirara el vehículo del lugar.

Ante la sucesión de estos hechos, el PMU anunció la convocatoria de un Consejo de Seguridad, en el que se analizará la adopción de nuevas medidas para enfrentar la situación de orden público. Entre las opciones evaluadas se encuentra la oferta de una recompensa que permita obtener información sobre los responsables de las acciones violentas.

El secretario de Gobierno del Cesar, Eduardo Esquivel, se refirió a la situación registrada en el departamento y a las decisiones que están siendo analizadas por las autoridades. “Los ataques registrados durante el paro armado del ELN son actos inhumanos que no tienen justificación y que afectan directamente a la población civil. Desde el Puesto de Mando Unificado se evalúa la posibilidad de ofrecer una recompensa por información que permita capturar a los responsables”, señaló el funcionario.

Tras los bloqueos y alertas por posibles explosivos, tropas del Ejército Nacional, en coordinación con la Policía Nacional y equipos antiexplosivos, se desplazaron a las zonas afectadas para verificar la situación y garantizar la seguridad de los habitantes. En el caso de la vía Aguachica–La Mata, los uniformados realizaron procedimientos de inspección en el segundo y tercer anillo de seguridad, con el objetivo de descartar la presencia de artefactos explosivos.

Las autoridades informaron que hacia las cinco de la mañana del martes se logró habilitar nuevamente el tránsito, luego de completar las verificaciones técnicas correspondientes. No obstante, se mantiene una presencia reforzada de tropas en las carreteras del centro y sur del Cesar como medida preventiva frente a posibles nuevas acciones.

Otros hechos reportados incluyen el abandono de un cilindro con grafitis alusivos al ELN en el municipio de La Jagua de Ibirico, específicamente en el corregimiento La Palmita, situación que obligó a la intervención de unidades especializadas del Ejército. Asimismo, la vía El Burro–Tamalameque permaneció cerrada durante varias horas tras la caída de un árbol y la instalación de un artefacto explosivo en el sector.

En el corregimiento San Roque, jurisdicción del municipio de Curumaní, también se reportó el lanzamiento de una ‘papa bomba’, acción que causó daños materiales en la infraestructura y generó riesgo para los uniformados presentes en la zona.

El coronel William Morales explicó que no todas las alertas registradas han correspondido a acciones terroristas, pero indicó que cada situación ha sido atendida bajo estrictos protocolos. “Hemos tenido bastantes intervenciones en la malla vial, pero de manera rápida hemos logrado llegar a los sitios donde se han presentado novedades. No todas las causas por las cuales se ha tenido que detener el tránsito de los vehículos han correspondido a actividades terroristas”, precisó.

La vicepresidenta de la República, Francia Márquez, expresó un enérgico rechazo a los recientes ataques armados y acciones terroristas perpetrados por grupos ilegales en varias localidades del departamento del Cauca y en la ciudad de Cali, subrayando la urgencia de que el Gobierno nacional refuerce la seguridad y evite que organizaciones al margen de la ley continúen sembrando el terror en estos territorios.

A su vez, insistió en la necesidad de anticipar y neutralizar estos hechos violentos mediante estrategias de inteligencia, así como en la captura de los responsables, al tiempo que manifestó su solidaridad con las familias de los subintendentes Jorge Leonardo Gómez Ochoa y Róber Stiven Melo Londoño, asesinados en Cali, y con las comunidades afectadas en los municipios.

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En su declaración, la vicepresidenta Márquez condenó la destrucción y el terror generados en Buenos Aires, Suárez y Santander de Quilichao, así como el atentado con explosivos en el barrio Manuel Beltrán de Cali, atribuyendo estos hechos al ELN y a otros grupos armados ilegales.

Márquez enfatizó: “Rechazo con todas mis fuerzas la destrucción de Buenos Aires, el terror sembrado en Suárez y Santander de Quilichao, y el atentado con explosivos en el barrio Manuel Beltrán de Cali, acciones perpetradas por el ELN y otros grupos armados ilegales”.

La funcionaria solicitó a Pedro Arnulfo Sánchez Suárez, ministro de Defensa, que adopte medidas urgentes para salvaguardar la seguridad de los habitantes de las regiones afectadas. “Estos hechos merecen todo el repudio de la sociedad. Le solicité respetuosamente al ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez Suárez, reforzar la seguridad y retomar el orden público. Como Gobierno nacional no podemos permitir que estos grupos al margen de la ley impongan el terror en los territorios”, expresó Márquez.

Petro habló sobre el paro armado del ELN

En medio de la escalada de violencia por el paro armado del Ejército de Liberación Nacional (ELN), el presidente Gustavo Petro anunció durante la ceremonia de ascenso de la Policía Nacional una directriz contundente para las festividades:

“La orden del presidente de la República es que en las Navidades no se mata a nadie en Colombia y se baila y se disfruta de alegría, porque esa alegría es la que nos ha salvado como nación, a pesar de las inclemencias y a pesar del miedo y de la sangre”. Petro subrayó la importancia de preservar la vida y la convivencia pacífica en un contexto marcado por la persistencia del conflicto armado y la ruptura de las negociaciones de paz con el ELN.

eEn su intervención, el primer mandatario abordó el impacto del paro armado que, desde el domingo 14 de diciembre de 2025, afecta a diversas regiones del país, como el Magdalena Medio y Chocó, donde la población permanece confinada por temor a la violencia. Petro calificó a los miembros del ELN como “unos traquetos disfrazados de guerrilleros hablando de paro”, y enfatizó la urgencia de transformar la cultura de la violencia que ha caracterizado a Colombia durante generaciones.

“Colombia es el único país de la tierra que por decenios y generaciones, casi siglos, nos matamos y nos seguimos matando entre nosotros. Y eso es lo que nos impide ser libres de verdad y construir una nación grande”, según el jefe de Estado colombiano.

A la par, reconoció el sacrificio de la fuerza pública en la búsqueda de la seguridad nacional. Petro afirmó: “Que en la fuerza pública todos los días tenemos bajas. Y entre más nos esmeramos en cuidar la seguridad, más bajas hay y habrá”. Estas declaraciones generaron reacciones en redes sociales, especialmente entre colectivos de oposición, que criticaron la efectividad de la política de Paz Total impulsada por el gobierno.

La senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal emitió un duro mensaje contra el presidente Gustavo Petro luego del reporte de dos explosiones en el sur de Cali, dirigido a una patrulla de Policía.

El atentado terrorista cobró la vida de dos agentes de la institución.

Al respecto, y con el contexto del paro armado que desplegaron los integrantes de la guerrilla del ELN, Cabal arremetió contra el jefe de Estado y lo asoció con el grupo armado al margen de la ley.

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María Fernanda Cabal escribió en su perfil de X que “Petro; sus “hermanos” de la guerrilla del ELN han ejecutado más de 16 acciones terroristas desde el domingo a las 6:00 am. Todavía queda un día de paro armado mientras usted asustado trina contra la derecha que está ganando en Hispanoamérica. La derecha no es el problema, el problema es usted y la guerrilla”, dijo la senadora, antes de que la Policía apuntara a la responsabilidad del ELN.

De hecho, en un mensaje posterior, Cabal emitió otro mensaje en el que insistió en que el ELN operaría bajo la posible concesión del presidente de la República.

Dijo: “Lamentable que nuestra Cali esté sitiada por los terroristas del ELN esos que Petro llama ‘hermanos y hermanas’. Nuestra solidaridad con las familias de esos héroes de la patria que perdieron la vida en cumplimiento del deber. La paz no se negocia, la paz se impone”, dijo.

El fuerte atentado que cobró la vida de dos uniformados

En la madrugada del martes 16 de diciembre de 2025 se presentó el duro un atentado con explosivos en el sur de Cali, hecho que llevó a las autoridades a ofrecer una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que permita capturar a los responsables.

El ataque, que se produjo en el sector de Mariano Ramos, apun es materia de investigación por parte de las autoridades,

El punto donde ocurrió la agresión permanece acordonado y bajo vigilancia de la Policía Nacional y unidades antiexplosivos, y se conoció que las autoridades han intensificado los operativos en la zona y han reiterado el llamado a la ciudadanía para colaborar con información que conduzca a la identificación de los autores materiales e intelectuales del atentado.

El personero de Cali, Gerardo Mendoza Castrillón, expresó su rechazo absoluto a la violencia y manifestó: “Expresamos nuestra solidaridad y condolencias a las familias y compañeros de los policías fallecidos”, reconociendo la vocación de servicio de los uniformados y su compromiso con la seguridad de los colombianos.

De acuerdo con la información confirmada por El Tiempo, las víctimas fueron identificadas como Jorge Leandro Gómez, subintendente de 36 años, y Rober Stiven Melo, también subintendente, de 33 años.

Ambos contaban con una trayectoria de 15 y 12 años, respectivamente, al servicio de la institución.

La detonación se registró alrededor de las 3:50 a. m., cuando los uniformados patrullaban las zonas cercanas al polideportivo María Isabel Urrutia. Según versiones preliminares emitidas por las autoridades, los atacantes habrían utilizado una primera explosión como señuelo para atraer a los policías al lugar y luego lanzar un segundo artefacto, que provocó el fatal desenlace.

Los agentes resultaron gravemente heridos tras la detonación y fueron trasladados a la Fundación Valle del Lili, donde fallecieron cerca de las 4:30 de la mañana debido a la gravedad de sus lesiones.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, confirmó que el atentado estuvo dirigido contra una patrulla de la Policía que realizaba labores rutinarias de patrullaje. Según el director de la Policía de Cali, Henry Bello, el ataque habría sido perpetrado por el ELN mediante el uso de artefactos explosivos improvisados de alto poder.

Este grupo ilegal se declaró en paro armado nacional desde el catorce de diciembre, aunque las autoridades continúan investigando para constatar la autoría y esclarecer los móviles del atentado.

Eliécer Herlinto Chamorro Acosta, conocido como alias Antonio García, máximo comandante del Ejército de Liberación Nacional (ELN), reiteró la disposición del grupo guerrillero para retomar la mesa de diálogos con el Gobierno colombiano, liderado por el presidente Gustavo Petro.

En una entrevista revelada por la revista Insurrección ELN Voces, el líder guerrillero emitió una serie de condiciones con las que la organización alzada en armas para avanzar en el proceso de paz, suspendido desde enero de 2025 tras la ola de violencia registrada en la región del Catatumbo (Norte de Santander).

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“El ELN siempre ha mantenido su disposición frente a la paz, así como de restablecer los diálogos con el actual gobierno, pero dentro de una visión de respeto, responsabilidad y cumplimiento de lo acordado”, dijo Antonio García al medio eleno.

No obstante, Chamorro Acosta enfatizó que una reanudación de los diálogos no deberá tener en cuenta los acuerdos alcanzados en los ciclos realizados durante el Gobierno de Gustavo Petro.

“No puede ser un borrón y cuenta nueva. Entendemos que lo pactado no es con un Gobierno, sino con el Estado, pues sabemos lo complejo que ha sido. Es de nuestro interés que lo avanzado se le pueda dar continuidad”, manifestó.

Incluso, el líder del ELN sostuvo que el proceso podría continuar su curso, independientemente del Gobierno que será elegido en 2026.

“Independientemente del gobierno que llegue, hay que seguir en el empeño de avanzar en lo pactado hasta ahora, necesariamente debe ser desde una visión de respeto, responsabilidad y cumplimiento de lo acordado, todo lo realizado en la Mesa ha sido de conocimiento público, ahí no hay nada oculto, y entre más participe la sociedad será mucho mejor”, mencionó.

Frente a la posibilidad de que el ELN realice la entrega de armas para avanzar hacia la finalización del conflicto, Antonio García respondió: “la condición para la existencia de la paz no puede ser la desmovilización y desarme de la guerrilla, pues si el gobierno la coloca, igual derecho tendríamos para exigir las transformaciones estructurales sobre los asuntos que son causa real del conflicto armado”.

Sin embargo, recalcó que el desarrollo de los diálogos de paz dependen de ambas partes y no de una sola. “Un acuerdo de paz necesariamente es un asunto de dos partes, no puede ser solo con las expectativas de una sola, si fuese así no sería paz, sino sometimiento, claudicación, y en eso no estamos interesados. Ningún proceso de paz serio, coherente, se hace con preacuerdos definitivos que amarren o impidan la construcción del cuerpo de los acuerdos posibles”, agregó.

Suspensión de los diálogos entre el Gobierno y el ELN

En cuanto a la suspensión de los diálogos de paz entre el Gobierno de Gustavo Petro y el ELN, alias Antonio García lanzó nuevas críticas al Ejecutivo, especialmente a la figura presidencial, al considerar que no hubo integración entre las ramas del poder.

“El ELN tiene claro que un Presidente es jefe de Estado, por eso lo complejo de una negociación si todos los poderes no están integrados en la construcción de una política de paz; pues, si para implementar una reforma básica el Ejecutivo ha tenido dificultades, más complejo le habrá sido cumplir lo que llevábamos acordado”, aseguró el líder guerrillero a la revista Insurrección de ELN Voces.

Incluso, Chamorro Acosta recordó aquella promesa de Gustavo Petro en la que aseguró que el proceso de paz con el grupo guerrillero solamente tendría una duración de tres meses, una vez asumiera la Presidencia de Colombia, aspecto que fue calificado por Antonio García como “ingenuo”.

“Pensar que podía hacerse un proceso de paz en tres meses, cualquiera que sea, puede ser una ingenuidad; menos un conflicto de más de 60 años. Pero hay que tener en cuenta que Petro es un desmovilizado, y estará convencido que estamos obligados a hacer lo mismo, pero el ELN es otra historia y otra visión de construir las soluciones para las mayorías del país”, puntualizó.

Durante las primeras 48 horas del paro armado anunciado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las autoridades registraron 51 acciones en al menos 13 departamentos del país.

Los reportes incluyen ataques armados, bloqueos viales, amenazas a la población y restricciones a la movilidad terrestre y fluvial, de acuerdo con información oficial divulgada por el Ministerio de Defensa y recopilada por El Espectador.

El paro armado fue anunciado por el ELN por un periodo de 72 horas, con vigencia hasta el 17 de diciembre, y estuvo acompañado de advertencias a la ciudadanía para abstenerse de transitar por carreteras y ríos.

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Desde el inicio de la medida, se activaron dispositivos de seguridad en varias regiones ante la presencia de artefactos explosivos, banderas y grafitis alusivos al grupo armado.

El Ministerio de Defensa informó que los 51 hechos se distribuyen en departamentos como Santander, Norte de Santander, La Guajira, Sucre, Chocó, Antioquia, además de zonas del oriente y occidente del país. Según el ministro Pedro Sánchez, 38 de estos eventos corresponden a lo que calificó como “terrorismo mediático”, expresión utilizada para describir la instalación de símbolos del ELN, mensajes intimidatorios y acciones orientadas a generar temor sin contacto armado directo.

Uno de los hechos de mayor impacto ocurrió en el Magdalena Medio, específicamente en el peaje de La Lizama, en la vía que comunica a Bucaramanga con Barrancabermeja. Allí se registró un ataque que dejó una funcionaria herida, lo que obligó a la activación de protocolos de emergencia y al refuerzo de la seguridad en ese corredor vial estratégico.

Norte de Santander figura entre los territorios con mayor número de afectaciones. En Villa del Rosario y Cúcuta se reportaron acciones violentas, incluido el hallazgo de dos jóvenes sin vida. En Puerto Santander, un ataque contra la subestación de Policía derivó en la muerte del conductor de una ambulancia, en medio de un cruce de disparos, según los reportes preliminares.

En este mismo departamento, las autoridades desactivaron cilindros explosivos en la vía Cúcuta–Pamplona, mientras se presentaron bloqueos entre El Zulia y Astilleros. El transporte público registró una disminución notable en el eje Cúcuta–Ocaña–Aguachica, ante el temor de nuevos ataques.

En Antioquia, se reportó la activación de un artefacto explosivo en Copacabana, que no dejó personas lesionadas, pero obligó al cierre temporal de la vía. Además, en Valdivia, sector La Paulina, fue incinerado un bus que cubría la ruta hacia Tarazá, afectando la movilidad regional.

También se registró una explosión en el acceso al municipio de Salgar, lo que mantuvo restringido el tránsito vehicular mientras se adelantaban labores de verificación. De manera preventiva, las autoridades emitieron alertas en el norte del departamento ante reportes de personas encapuchadas y posibles artefactos en el corredor Llanos de Cuivá–Yarumal–Valdivia.

En Arauca, una de las zonas con histórica presencia del ELN, el paro inició con un ataque mediante tatucos bomba contra el Batallón del Ejército en Puerto Jordán, hecho que ocasionó daños materiales. Este batallón ya había sido atacado el 17 de septiembre de 2024, cuando se reportaron 26 militares heridos y dos fallecidos, y nuevamente el 6 de octubre, con un militar muerto y seis heridos.

Desde la madrugada del domingo, el transporte público en Arauca permanece suspendido. Se reportó la instalación de banderas del ELN en vías de Fortul, Arauquita y Saravena, situación que llevó al despliegue adicional de tropas para asegurar los corredores estratégicos.

En Boyacá, el Batallón de Alta Montaña del Espino fue atacado con disparos desde zonas elevadas. En Casanare, varias empresas de transporte intermunicipal suspendieron operaciones por razones de seguridad, afectando la movilidad de los usuarios.

El Cauca también registró impactos sobre la vía Panamericana, donde en el sector de Mondomo fue hallado un cilindro con emblemas del ELN, lo que obligó al cierre temporal del corredor. Hechos similares se reportaron en Cajibío, Piendamó, Patía, Caldono y Santander de Quilichao.

En Cesar, la quema de maquinaria amarilla en Manaure afectó una zona con procesos de reincorporación, mientras que en Pelaya se reportaron interrupciones del transporte. En el Chocó, hubo suspensión total del transporte fluvial y terrestre en municipios como Istmina, Medio San Juan, Río Iró, Tadó y Carmen de Atrato.

En La Guajira, se hallaron cilindros con grafitis del ELN en la vía Barrancas–Fonseca, y se reportaron amenazas en el tramo Fonseca–Distracción. En Nariño, actores armados detuvieron una buseta en la vía El Peñol–Los Andes, mientras que en Tuquerres–Samaniego fue instalada una bandera junto a un artefacto explosivo.

En medio de los hechos, Antonio García, máximo comandante del ELN, afirmó que el grupo mantiene la disposición de “avanzar en lo pactado” con el Gobierno y sostuvo que el paro armado no implica una ruptura del proceso de paz. La delegación del Gobierno señaló que la medida “sólo afecta a las comunidades”.

El asesinato de un conductor de ambulancia en medio del paro armado declarado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) generó pronunciamientos oficiales del Gobierno nacional.

El Ministerio de Salud condenó el hecho y lo calificó como una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario (DIH), al tratarse de un integrante de la Misión Médica que cumplía labores humanitarias en una zona afectada por el conflicto armado, según informó El Tiempo.

La víctima fue identificada como Agustín Pabón, quien se desempeñaba como conductor de una ambulancia municipal en un municipio fronterizo del departamento de Norte de Santander.

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De acuerdo con la información conocida, el hombre perdió la vida tras quedar en medio de un ataque armado dirigido contra una estación de Policía, ocurrido durante la madrugada del domingo 14 de diciembre, cuando ya estaba en curso el paro armado anunciado por el ELN.

El Ministerio de Salud expresó su rechazo de manera enfática y señaló que el asesinato constituye una vulneración directa de las normas que protegen al personal sanitario en contextos de confrontación armada. En un comunicado oficial, la cartera indicó: “La muerte del señor Pabón, integrante de la Misión Médica, constituye una grave violación al Derecho Internacional Humanitario, que protege de manera especial al personal de salud, a los servicios sanitarios y a quienes, de manera humanitaria, dedican su labor a salvar vidas, aun en contextos de conflicto armado”.

El pronunciamiento fue acompañado de un llamado urgente a los actores armados para que se respete la labor médica y se evite poner en riesgo la vida de quienes prestan servicios de salud en regiones afectadas por la violencia. El ministerio insistió en la necesidad de garantizar la protección del personal sanitario, así como de la población civil que depende de estos servicios en zonas con presencia de grupos armados ilegales.

Los hechos se registraron en el municipio de Puerto Santander, en Norte de Santander, cerca de la frontera con Venezuela. Según versiones entregadas por las autoridades, el ataque ocurrió alrededor de las 2:25 a. m., cuando hombres armados iniciaron un hostigamiento contra una estación de Policía. Durante el intercambio de disparos, el conductor de la ambulancia quedó expuesto a la línea de fuego y fue alcanzado por impactos de arma de fuego.

El coronel Fabio Ojeda, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, explicó que el hostigamiento se prolongó durante aproximadamente 20 minutos y que, tras cesar los disparos, se recibió el reporte sobre la muerte del conductor, quien se encontraba a pocos metros del lugar del ataque. Las autoridades confirmaron que no hubo uniformados heridos, pero sí se registró la muerte del civil vinculado a labores de salud.

Una vez se conoció el fallecimiento, la Policía coordinó de inmediato con la Fiscalía General de la Nación para realizar la inspección técnica del cuerpo y adelantar la recolección de elementos probatorios que permitan esclarecer las circunstancias exactas en las que ocurrió el crimen. El caso quedó en manos de las autoridades judiciales competentes, mientras continúan las investigaciones en la zona.

El Ministerio de Salud también instó a las entidades del Estado a adoptar medidas firmes para proteger a la Misión Médica. En ese sentido, pidió que se garantice el restablecimiento de derechos y la seguridad de quienes desempeñan funciones sanitarias en territorios donde persisten acciones armadas. La cartera reiteró que la labor médica tiene una protección especial en el marco del DIH, incluso en escenarios de confrontación.

De acuerdo con cifras citadas por El Tiempo, el Ministerio de Defensa confirmó que ya se han registrado 51 acciones terroristas en el marco del paro armado declarado por el ELN, lo que ha generado alertas de seguridad en distintas regiones del país. Entre los departamentos con mayores riesgos se encuentran Norte de Santander, Chocó y Cauca, donde las autoridades mantienen operativos especiales.

En paralelo, organismos humanitarios han advertido sobre el impacto del conflicto en el personal de salud. En el año 2024, la Mesa Nacional de Misión Médica documentó 201 infracciones contra trabajadores del sector sanitario en Colombia, incluyendo cinco homicidios, según datos del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). Los departamentos con más afectaciones reportadas fueron Cauca, Antioquia, Arauca, Bolívar y Chocó.

Las autoridades continúan evaluando la situación de orden público en las regiones afectadas por el paro armado, mientras se desarrollan operativos de seguridad y acciones institucionales orientadas a garantizar la protección de la población civil y del personal humanitario en el territorio nacional.

La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) divulgó un pronunciamiento público en el que manifestó su rechazo al paro armado anunciado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), una medida que, según lo informado, tiene una duración de 72 horas y se extiende hasta el 17 de diciembre.

El comunicado fue difundido en medio de reportes sobre restricciones a la movilidad y alteraciones en distintas actividades económicas en varias zonas del país,

En el documento, el gremio empresarial señaló que las acciones anunciadas por el grupo armado generan impactos directos sobre la actividad productiva, así como sobre el desplazamiento de personas y mercancías.

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La Andi también hizo referencia a las amenazas dirigidas contra la población civil, las cuales, indicó, afectan derechos fundamentales y generan un clima de incertidumbre en los territorios donde se reporta presencia de esa organización ilegal.

El llamado central del gremio estuvo dirigido al Gobierno nacional, al que le solicitó ejercer de manera plena la autoridad del Estado en todo el territorio colombiano. En su pronunciamiento, la asociación subrayó que la Constitución establece obligaciones claras en materia de seguridad y protección de los ciudadanos, las cuales, según su postura, deben ser garantizadas sin excepción.

“El Gobierno no puede renunciar a la obligación que le otorga la Constitución y tiene el deber de garantizar a la población que ejerce la autoridad con plena cabalidad”, expresó la Andi en uno de los apartes del comunicado, manteniendo el énfasis en la responsabilidad institucional frente a hechos que alteran el orden público y la vida cotidiana de las comunidades.

El gremio empresarial advirtió que durante el desarrollo del paro armado se han presentado afectaciones significativas al transporte, tanto de pasajeros como de carga. Según lo indicado en el documento, estas restricciones han impactado la movilidad laboral y la cadena logística en diferentes regiones, con consecuencias que se extienden a sectores productivos y comerciales.

De acuerdo con la información contenida en el pronunciamiento, el transporte en el país se ha visto afectado en casi un 100 % en algunas zonas específicas durante las horas en que se han reportado bloqueos, amenazas o limitaciones impuestas por el grupo armado. La Andi señaló que esta situación repercute en miles de ciudadanos que dependen del transporte para cumplir con sus actividades laborales y económicas.

La organización empresarial calificó estos hechos como inaceptables, al considerar que vulneran derechos y generan riesgos para la integridad de las personas. En el comunicado, se reiteró que este tipo de acciones no solo impactan a las empresas, sino también a comunidades enteras que ven restringido su acceso a servicios básicos, mercados y oportunidades de empleo.

El pronunciamiento también incluyó una referencia al contexto social del país. La Andi indicó que las demandas sociales deben ser atendidas por las vías institucionales, sin que ello implique la interrupción forzada de actividades ni la imposición de restricciones mediante el uso de la violencia. En ese sentido, el gremio sostuvo que las vías de hecho afectan de manera desproporcionada a la población civil.

“Estamos en un momento crítico en el que es necesario atender las demandas sociales sin que ello implique la interrupción de actividades ni la imposición de restricciones mediante la violencia”, señaló la asociación en el texto difundido públicamente, reiterando su posición frente a los mecanismos empleados por los grupos armados ilegales.

El comunicado de la Andi se conoció mientras autoridades reportaban acciones atribuidas al ELN en distintos puntos del territorio nacional. En ese contexto, el gremio insistió en la importancia de preservar la seguridad, la movilidad y el normal desarrollo de las actividades económicas, elementos que, según indicó, resultan esenciales para la estabilidad del país.

La asociación recordó que las agresiones y amenazas contra la población civil representan una afectación directa al bienestar general, y que la continuidad de estas situaciones incrementa la incertidumbre en regiones donde ya existen dificultades históricas en materia de orden público. El gremio reiteró su solicitud de que se adopten medidas que permitan restablecer la normalidad institucional y garantizar la protección de los ciudadanos.

La funcionaria enfatizó que este tipo de comunicaciones no puede replicarse desde entidades públicas, ya que contradice los lineamientos del Gobierno Nacional y puede generar confusión en la ciudadanía.

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En su declaración, Rojas señaló: “Alguien lo escribió, alguien lo aprobó, alguien lo publicó y todos se equivocaron. El numeral siete, seis, siete toma un trino del ELN, lo cita y además pone un mensaje que dice que debe haber unas restricciones en la vía, y eso es inadmisible”.

Destacó que la difusión de mensajes provenientes de un grupo armado organizado constituye una falta grave y va en contra de las directrices del presidente de la República en materia de comunicaciones oficiales.

Características del mensaje y polémica en redes

La cuenta Invías #767 publicó el mensaje luego de que el ELN anunciara un paro armado. El mensaje institucional recomendaba a la ciudadanía “evaluar la necesidad de desplazamiento y, por seguridad, evitar viajes innecesarios durante los próximos días”. Además, aconsejaba mantenerse informado a través de canales oficiales y seguir las instrucciones de las autoridades. Junto al aviso, se compartía el texto íntegro del comunicado del grupo armado.

El comunicado del ELN detallaba que el paro armado iniciaría el 14 de diciembre a las 6 a. m. y se extendería hasta el 17 de diciembre a la misma hora. En sus palabras, el grupo guerrillero argumentaba: “decretamos un paro armado de 72 horas, que inicia el 14 de diciembre del 2025 a las 6 am y termina el 17 de diciembre del 2025 a las 6 am”. El mensaje instaba a los civiles a evitar circular por carreteras y ríos navegables, alegando motivos humanitarios y protestas contra políticas internacionales.

Disculpas públicas y acciones tomadas por el Ministerio

María Fernanda Rojas pidió disculpas tanto a la ciudadanía como al presidente de la República por el error en la comunicación institucional. Aseguró que ninguna entidad está autorizada a replicar mensajes de grupos ilegales y que estos hechos no serán permitidos en el sector transporte.

En su pronunciamiento, declaró: “Como ministra de Transporte, aunque ni lo hubiera escrito, ni lo hubiera aprobado, ni lo hubiera publicado jamás, tengo que poner la cara por el sector y pedirles disculpas a los colombianos y colombianas. También pedirle disculpas al presidente de la República porque este tipo de errores no los podemos admitir”.

La ministra informó que ha trasladado el caso a los organismos de control con el fin de que se adelante una investigación exhaustiva para determinar las responsabilidades y aplicar las sanciones correspondientes. Expresó que estas medidas buscan evitar que vuelvan a replicarse comunicaciones que puedan poner en riesgo la seguridad o la confianza de los ciudadanos.

Consecuencias y contexto institucional

El incidente generó inquietud sobre el manejo de la información oficial por parte de las entidades del Estado, especialmente en contextos de seguridad y orden público. La publicación indeseada resalta la importancia de establecer controles estrictos sobre las cuentas institucionales y los procedimientos de aprobación de mensajes.

La ministra reiteró que la prioridad del gobierno es garantizar que las vías del país permanezcan abiertas y seguras para el tránsito de las personas, especialmente durante la temporada decembrina. “El presidente de la República nos ha llamado a que usemos nuestras vías, a que recorramos el país en esta temporada navideña de encuentro familiar y de encuentro con los seres queridos”, afirmó.

Protocolo y medidas futuras

El Ministerio de Transporte revisará los protocolos internos de comunicación para prevenir situaciones similares y fortalecer el control sobre la información que se emite desde sus canales oficiales. Además, se reiteró el llamado a la ciudadanía a informarse solo por fuentes oficiales y a no difundir mensajes de origen ilegal que puedan generar desinformación o alarma social.

Las investigaciones se encuentran en curso y se esperan resultados en los próximos días, tanto sobre la responsabilidad individual de quienes autorizaron la publicación, como sobre posibles ajustes en los procesos de validación interna.

Respuesta y aclaración de Invías

El Instituto Nacional de Vías (Invías) emitió un comunicado formal en el que desautorizó el contenido compartido por el canal #767. La entidad aseguró que la información replicada “no representa bajo ninguna circunstancia las políticas ni los lineamientos del presidente de la República ni de la ministra de Transporte, ni corresponde a la orientación del Gobierno Nacional ni del sector transporte”.

Invías reiteró que su actuación se rige exclusivamente por la Constitución y la ley, centrando su labor en la protección de la vida, la seguridad de los usuarios de la red vial nacional y la entrega de información técnica, veraz y confiable sobre el estado de las vías. La entidad enfatizó que no realiza, ni realizará, apología, difusión o reproducción de mensajes provenientes de grupos armados al margen de la ley.

Según el comunicado oficial, tan pronto se detectó el incidente, el contenido fue retirado inmediatamente y se activaron acciones internas para reforzar los protocolos de control, verificación y validación de la información, con el objetivo de “garantizar que toda comunicación institucional provenga exclusivamente de fuentes oficiales del Estado y se mantenga dentro del mandato técnico de la entidad”.

Invías anunció la adopción de correctivos administrativos y operativos para que este hecho, identificado como un error humano, no vuelva a presentarse, y para fortalecer los controles sobre los contenidos que publican contratistas en canales de interés nacional.

Compromiso institucional y acciones futuras

El Instituto Nacional de Vías reafirmó su compromiso con la conectividad vial, la infraestructura y el bienestar de los ciudadanos, actuando siempre con responsabilidad, transparencia y respeto por la legalidad. Además, la entidad hizo un llamado para que se confíe únicamente en información oficial y se promueva el uso responsable de los canales institucionales.

Actualmente se encuentra en marcha una revisión detallada de los protocolos de comunicación y control de contenidos, mientras avanzan las investigaciones sobre los responsables de la publicación. El objetivo es evitar incidentes similares y brindar confianza a los usuarios de la red vial nacional.

Un grupo de hombres armados incineró un vehículo de carga en la noche del 15 de diciembre sobre la vía Panamericana, en el sector de El Descanso, entre Popayán y Cali, según reportes de conductores y usuarios de la carretera.

Los atacantes, que portaban armas largas, interceptaron el camión, obligaron al conductor a descender y prendieron fuego al vehículo, lo que generó alarma y preocupación entre los viajeros.

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El hecho se presentó en medio del paro armado decretado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), una organización armada ilegal que anunció acciones en diferentes regiones del país, y que ha tenido fuerte impacto en el departamento del Cauca.

Según testimonios recogidos en redes sociales, la presencia de hombres armados y el temor a nuevos ataques han reducido notablemente la movilidad en el corredor vial, afectando tanto a empresas de transporte público como a particulares.

“Son esos guerrilleros los que ahora están en la vía, entonces hicieron el retén en este punto de la Panamericana”, reportaron los usuarios en las redes sociales según El País.

Hasta ahora, las autoridades no han emitido un comunicado oficial sobre lo ocurrido ni se ha informado sobre posibles capturas o indagaciones en desarrollo.

Contexto del paro armado y las acciones del ELN

El ELN anunció el inicio del paro armado el 14 de diciembre, con una duración de 72 horas. En un comunicado dirigido a la ciudadanía, el grupo advirtió que realizaría acciones armadas en todo el territorio nacional y pidió a la población abstenerse de viajar por carreteras o ríos navegables durante la vigencia de la medida.

Entre las acciones del paro se han reportado bloqueos, amenazas, artefactos explosivos improvisados y quema de vehículos en diferentes departamentos. Hasta el momento, se han contabilizado 51 eventos y 13 atentados, según cifras oficiales, con incidentes en regiones como Santander, Norte de Santander, La Guajira, Sucre, Antioquia, Chocó y Cauca, entre otros.

Seguridad y operaciones de la fuerza pública sobre la vía Panamericana

En el departamento de Cauca, la vía Panamericana ha sido uno de los puntos más afectados durante el paro armado. Además del ataque contra el camión en El Descanso, se han reportado instalaciones de banderas, grafitis e incluso artefactos explosivos con emblemas del ELN en varios municipios, incluyendo Mondomo, Cajibío, Piendamó, Patía, Caldono y Santander de Quilichao.

El Ejército Nacional y la Policía Nacional han respondido desplegando unidades en los sectores estratégicos de la carretera para asegurar la libre movilidad y la protección de la ciudadanía. Entre las acciones recientes destaca la neutralización controlada de un cilindro explosivo en el sector de Mondomo el 14 de diciembre.

Según reportes oficiales del coronel Gerson Bedoya Piraquive, comandante del Departamento de Policía Cauca: “personal especializado del Ejército, siguiendo estrictos protocolos de seguridad, retiró y neutralizó de forma controlada el cilindro con explosivos”.

Además, las autoridades han retirado propaganda alusiva al grupo armado ilegal y se mantienen patrullajes constantes a lo largo del corredor internacional. Diversas empresas de transporte han suspendido de manera preventiva algunas rutas para evitar eventuales ataques dirigidos a vehículos civiles.

Un corredor afectado y antecedentes recientes

El tramo de la vía Panamericana entre Popayán y Cali es uno de los más importantes del suroccidente del país y en los últimos días ha sido escenario de varios hechos violentos.

Uno de los episodios más graves se presentó en el Magdalena Medio, en el peaje de La Lizama, sobre la vía que conecta Bucaramanga con Barrancabermeja, donde un ataque dejó a una funcionaria lesionada y llevó a activar protocolos de emergencia y a reforzar la seguridad en este corredor vial clave.

Asimismo, recientemente hombres armados secuestraron al hijo del cantante Giovanny Ayala en este mismo corredor, hecho que terminó con el joven en libertad el 2 de diciembre.

El ambiente de inseguridad y las amenazas han obligado a la ciudadanía y a los trabajadores del transporte a extremar precauciones o suspender viajes. A lo largo del paro armado, empresas, conductores y comunidades han reiterado la alerta ante cualquier indicio de presencia armada o actos violentos.

La fuerza pública insiste en que mantiene presencia permanente en la región y asegura la coordinación de nuevas intervenciones para frenar la acción de grupos ilegales y restablecer condiciones de movilidad y seguridad entre Popayán y Cali.

El ataque contra el vehículo de carga representa un nuevo episodio en el contexto del conflicto armado y la disputa por el control territorial en el suroccidente de Colombia.

El anuncio del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de efectuar un paro armado de 72 horas en varias ciudades principales del país y sus áreas metropolitanas ha generado rechazo unánime en los sectores políticos, económicos y sociales de Colombia.

Ese fue el caso de la delegación del Gobierno nacional en los diálogos de paz con el grupo armado, que condenó la medida y exigió la liberación de los militares y población civil que estén retenidos por la organización alzada en armas.

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En un comunicado publicado el lunes 15 de diciembre de 2025, la delegación oficialista resaltó que la protesta armada, que el ELN justifica como respuesta a supuestas acciones del Gobierno de Estados Unidos, solo perjudica a las comunidades y carece de fundamento como forma de manifestación política.

“La Delegación del Gobierno Nacional en los Diálogos de Paz con el ELN rechaza, como siempre lo ha hecho, la decisión del ELN de realizar un paro armado nacional que solo afecta a las comunidades. Además, la protesta contra las medidas del Gobierno norteamericano que se dirige contra las comunidades en el territorio carece de todo sentido”, aseguraron en la misiva.

Así mismo, reiteraron su llamado a la guerrilla para que deponga la medida y avance en gestos humanitarios que contribuyan a la construcción de confianza en el proceso de paz.

“Hacemos un llamado al ELN de desistir de esta acción y a que libere a los funcionarios y a todas las personas que mantiene secuestradas como un gesto de humanidad en estas fechas”, concluyeron.

Rifirrafe entre Antonio García y Gustavo Petro

El paro armado del ELN también generó otro cruce de mensajes entre Antonio García, máximo líder del grupo guerrillero, y el presidente Gustavo Petro.

En un comunicado difundido en las redes sociales, Eliécer Herlinto Chamorro Acosta, nombre real del comandante del grupo alzado en armas, cuestionó la gestión del gobierno de Petro e hizo referencia a uno de los escándalos de su administración como la corrupción en la Unidad de Gestión de Riesgos y Desastres (Ungrd).

García evocó el concepto de “amor eficaz” del cura guerrillero Camilo Torres y criticó el incumplimiento de las promesas oficiales.

“Al ELN no se nos ha olvidado para nada el “amor eficaz” que predicó Camilo Torres, hasta podemos tener alguna identidad con usted en el discurso, pero en la práctica tenemos diferencias, pues en nuestro caso haríamos llegar el agua al pueblo de la Guajira, en cambio, en su gobierno los Olmedos fueron “eficaces” y se llevaron el dinero y carro tanques para sus bolsillos”, manifestó el líder guerrillero.

Adicional a ello, mencionó las investigaciones que vinculan a figuras como el general Miguel Huertas y Wilmer Mejía, funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), acusados de entregar información a las disidencias de las Farc, al mando de alias Calarcá.

“También su gobierno ha sido “eficaz” en las coordinaciones con las bandas de las ex-Farc para usarlas en los planes contrainsurgentes contra el ELN como ha quedado evidenciado en las andanzas del general Miguel Huertas y Wilmer Mejía de la DNI. Patético este “amor eficaz”. Es “amor” para con las bandas y la corrupción y “eficaz” para ir contra el pueblo y el ELN. Visto desde acá: eficazmente sin amor”, enfatizó.

Al respecto, el presidente Gustavo Petro no solo defendió la gestión de su gobierno, sino que lanzó una dura crítica a quienes, según él, han abandonado sus ideales de izquierda por intereses personales.

“El escándalo de corrupción de la Ungrd no es más que la degradación de un señor de izquierdas que hacía poemas y terminó entregando su corazón a la codicia”, indicó.

Además, extendió su acusación a Antonio García, al señalar que también él habría sucumbido a la codicia, lo que explicaría la falta de respaldo popular a las convocatorias de paro promovidas por la guerrilla.

“Solo usó lo que ya estaba del sistema de corrupción y se le olvidó que si hacía lo mismo, que las derechas lo iban a masacrar, pero a él, por haber sido de izquierdas. Izquierdistas que se acomodan tanto que se vuelven neoliberales y entregan el corazón, que nunca se debe entregar, a la codicia y terminan como esclavos sin libertad. Lo mismo le pasó a Antonio García, le entregó su corazón a la codicia”, respondió.

Por último, el presidente sugirió que la ciudadanía prefiere la tranquilidad y las celebraciones de fin de año antes que seguir órdenes de protesta.

“Por eso el pueblo no obedece a sus órdenes de paro, se irá a rumbear las fiestas navideñas y será feliz. Dirá como el presidente, la orden es no matar en Navidad. Si nos agreden de afuera, el pueblo mirará de nuevo las montañas”, puntualizó.

El ELN anunció un paro armado de 72 horas que comenzará a las 6:00 de la mañana del 14 de diciembre y finalizará a la misma hora el 17 de diciembre en Colombia.

El grupo justificó esta acción en respuesta a lo que describe como una nueva fase de políticas impulsadas por el presidente estadounidense Donald Trump, además de señalar supuestas amenazas de intervención militar de Estados Unidos en Latinoamérica y el Caribe.

Frente a estos anuncio del grupo guerrillero, la embajada de Estados Unidos en Bogotá expresó su rechazo a las amenazas a través de un mensaje publicado en su cuenta de X. La sede diplomática calificó de “inaceptables e ilógicas” las advertencias del grupo armado.

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La embajada manifestó su postura frente a las amenazas persistentes del ELN, calificando sus acciones como un ataque directo contra la estabilidad y la seguridad de Colombia.

En un mensaje difundido en redes sociales, la sede diplomática recalcó su descontento con las actividades ilícitas del grupo y los perjuicios ocasionados a la población.

“Desde la Embajada de Estados Unidos expresamos nuestro contundente rechazo a las reiteradas amenazas del grupo narcoterrorista ELN, que continúa con el narcotráfico, los ataques, y el abuso del digno pueblo colombiano”, escribió la sede diplomática en su publicación.

De igual manera, señaló que el discurso del ELN, que busca justificarse como una protesta en defensa de los derechos de los colombianos, en realidad afecta principalmente a la propia ciudadanía. La embajada cuestionó la lógica de tales acciones y enfatizó que quienes terminan perjudicados son siempre los habitantes del país.

“Pretenden protestar por los derechos de los colombianos, cuando lo cierto es que el mismo pueblo colombiano sufrirá, como siempre. Es inaceptable e ilógico”, comentó la embajada.

Además, la embajada subrayó su respaldo a las autoridades colombianas y a la población, destacando el compromiso de su gobierno en apoyar los esfuerzos nacionales contra el crimen organizado.

“Reiteramos nuestro firme apoyo al Gobierno Nacional, a la valiente fuerza pública y a todos los colombianos en la lucha contra los grupos armados ilegales y en la defensa de nuestros”, concluyeron en su mensaje de la red social X.

El mensaje de la embajada se produjo como reacción a un mensaje del ministro de Defensa del Gobierno de Gustavo Petro, Pedro Sánchez quien cuestionó las verdaderas intenciones del ELN y denunció los daños causados por sus actividades criminales.

La autoridad expresó que, lejos de perseguir objetivos de justicia social, el grupo utiliza la violencia y la intimidación contra las comunidades rurales, especialmente los campesinos, y reiteró la disposición total de la Fuerza Pública para proteger a la población. Además, invitó a la ciudadanía a aportar información que permita preservar vidas, garantizando confidencialidad.

“¿Por qué el cartel del ELN persiste en amenazar y aterrorizar a nuestros campesinos? La respuesta está en su ADN criminal. Cínicamente dicen que buscan la justicia social y equidad pero asesinan, secuestran, extorsionan y buscan esclavizar a nuestros campesinos en el narcotráfico. Todas las capacidades de la Fuerza Pública está desplegada para brindar la tranquilidad y seguridad de los colombianos. Si tiene alguna información para proteger la vida, llamen al 157 o 107. Absoluta reserva", comentó en su mensaje el jefe de la cartera de Defensa.

Con respecto al paro armado denunciado por el grupo armado ilegal, su comunicado difundido el viernes 12 de diciembre, el ELN denunció lo que considera una “injerencia del imperialismo norteamericano” con el fin de promover el “saqueo” de los recursos naturales de Colombia.

El grupo insurgente argumentó: “Como organización guerrillera revolucionaria, luchamos por la defensa de la vida, amenazada por la acumulación del capital. Estamos porque las decisiones sobre el país las tomemos en Colombia y no en Washington, y al final logremos instaurar un gobierno que le sirva al pueblo y no a la minoría dominante”.

El reciente anuncio de un “paro armado” por parte del ELN entre el 14 y el 17 de diciembre desencadenó una respuesta inmediata y contundente del Ministerio de Defensa de Colombia, que ordenó el despliegue máximo de fuerzas en los puntos más críticos del país.

La medida busca proteger a la población civil y garantizar la movilidad en las principales vías, en un contexto donde la amenaza terrorista se materializó en ataques, hostigamientos y la instalación de explosivos en regiones como Cauca y Norte de Santander.

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El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, subrayó que la ofensiva del ELN no solo representa un desafío para la fuerza pública, sino que constituye una amenaza directa contra los sectores más vulnerables de la sociedad, como campesinos, mujeres y niños, según declaró a Noticias RCN.

En las últimas horas, las autoridades reportaron al menos cinco incursiones del ELN en el departamento de Cauca, especialmente sobre la vía Panamericana, donde se realizaron detonaciones controladas de cilindros bomba.

Además, la vía Cúcuta-Pamplona permaneció cerrada durante varias horas debido a la presencia de dos cilindros cargados con explosivos, que finalmente fueron desactivados por los equipos especializados.

El ministro Sánchez enfatizó la importancia de no ceder ante el pánico ni acceder a las exigencias del grupo armado, e hizo un llamado a la ciudadanía para que colabore con las autoridades reportando cualquier actividad sospechosa.

El titular de Defensa explicó al medio citado que el ELN, al que calificó como un cartel que utiliza el narcotráfico y el terrorismo como métodos principales, opera en zonas como Chocó, Norte de Santander y Arauca, donde las necesidades sociales son más acuciantes.

Sánchez recalcó: “Este mensaje criminal del cartel del ELN no es un mensaje a un gobierno externo, es una amenaza contra los más vulnerables”. Además, reconoció que el terror se amplifica a través de redes sociales y sistemas de información empleados por los criminales, lo que dificulta la labor de las autoridades.

En el Catatumbo, la situación se agrava por los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las Farc, ambos vinculados al narcotráfico. Sánchez detalló que la estructura 33, asociada a alias Calarcá, busca controlar las rentas ilegales, lo que llevó a un incremento de la violencia en la región.

El ministro identificó tres factores que complican la respuesta por parte del Estado: el uso de perfidia por parte de los criminales, que se visten de civiles y se mezclan entre la población; el empleo de drones para atacar tanto a rivales como a la fuerza pública, con consecuencias para los habitantes; y la colocación de artefactos explosivos en las vías.

En respuesta a la escalada de violencia, el Ministerio de Defensa ordenó maximizar el despliegue en los puntos donde converge el flujo de la población y reforzar la ofensiva contra los cabecillas del ELN.

Sánchez recordó la existencia de recompensas por información que conduzca a la captura de líderes como alias Pablito, con más de $5′000.000 ofrecidos, y alias Silvana, con hasta $1.600 millones. Además, anunció una recompensa de hasta $200 millones para quienes aporten datos que permitan anticipar y neutralizar amenazas terroristas.

El ministro reiteró: “Debemos rechazar esta amenaza que hace el ELN contra los colombianos, no es contra la fuerza pública, es contra los campesinos, contra las comunidades”.

Insistió en que las unidades militares y policiales permanecen en alerta máxima y que la colaboración ciudadana es fundamental para prevenir nuevos ataques. Sánchez subrayó la necesidad de mantener la vigilancia en los ejes viales y garantizar la movilidad de la población, al tiempo que destacó la ofensiva militar en Norte de Santander, donde se logró neutralizar a 125 integrantes del ELN, lo que evidencia la intensidad de la respuesta oficial.

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha advertido a la población colombiana acerca del riesgo de desplazamientos por carreteras y ríos navegables entre el 14 y el 17 de este mes, recomendando evitar estos trayectos y cualquier contacto con las fuerzas armadas para no quedar atrapados en enfrentamientos, según informó la propia guerrilla por medio de un comunicado oficial. Esta advertencia forma parte de la declaración de un paro armado de 72 horas, una respuesta que el grupo justifica ante "las amenazas de intervención imperialista" emitidas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y que, de acuerdo al ELN, buscan radicalizar la presión sobre América Latina y su patrimonio estratégico.

Según publicó el medio, el ELN señaló que la decisión de paralizar actividades se toma frente a lo que calificaron como un intento estadounidense de profundizar el control y la explotación de los recursos naturales en Colombia y el resto de la región. El comunicado divulgado por la guerrilla acusa directamente a Trump de buscar "hundir aún más sus garras en territorios de América Latina y el Caribe", vinculando su injerencia con una estrategia para intensificar el saqueo de los bienes nacionales. El grupo armado responsabilizó también a sectores de poder internos, a los que denominó como "la oligarquía vende patrias", por respaldar el intervencionismo extranjero.

El ELN expuso en su mensaje que su lucha se orienta a la defensa de la vida frente a la dinámica de acumulación de capital, y enfatizó que “las decisiones sobre el país las tomamos en Colombia y no en Washington"; insistió además en la aspiración de alcanzar "un gobierno que le sirva al pueblo y no a la minoría dominante". El grupo insistió en que este paro armado no tiene por objetivo atentar contra la población civil; en ese sentido, garantizó que respetarán tanto la integridad de los civiles como sus bienes, aunque reiteró la recomendación de no transitar ni mezclarse con el aparato militar para garantizar la seguridad de quienes permanecen ajenos al conflicto, según reportó el medio.

El contexto en el que ocurre este anuncio incluye un clima de tensión inédito en la región suramericana. Tal como consignó la fuente, fuerzas militares estadounidenses se han desplegado de manera destacada frente a las costas de Venezuela, una operación caracterizada por el bombardeo de varias embarcaciones supuestamente vinculadas al narcotráfico, acciones que, de acuerdo a la información, han dejado al menos 80 personas muertas, y la toma de un petrolero. Este escenario militar coincide con un período de amenazas directas por parte del presidente Trump hacia el Gobierno colombiano.

En días recientes, detalló el medio, Trump advirtió al mandatario colombiano Gustavo Petro que, de no frenar la producción de cocaína en Colombia, podría ser el "siguiente" en enfrentar represalias estadounidenses, después del presidente venezolano Nicolás Maduro. Las declaraciones del presidente estadounidense incrementaron la percepción de amenaza sobre la soberanía política y territorial de Colombia, profundizando la preocupación entre sectores organizados como el ELN y alimentando la narrativa de intervención extranjera en asuntos internos.

El comunicado del grupo guerrillero, reproducido por el medio, presenta su decisión de resistencia como un acto de oposición directa tanto a la influencia norteamericana como a los sectores locales que, en palabras del ELN, facilitan los intereses foráneos sobre el territorio y los recursos colombianos. El paro armado anunciado se establece, bajo esa lógica, como una respuesta a lo que consideran una doble presión: por parte de fuerzas internacionales y de aliados internos comprometidos con esos intereses.

Mientras se desarrolla este episodio, la región asiste a un aumento de la tensión militar y política, que pone el foco en la dinámica de las relaciones entre Colombia, Venezuela y Estados Unidos. Las recientes operaciones militares en el Caribe, unidas a las amenazas verbales de Trump, configuran un escenario en el que la guerrilla busca consolidar posiciones y definir líneas de acción frente a lo que identifica como un incremento de la intervención extranjera. Según lo reportó el medio, el llamado a paro y las medidas propuestas por el ELN tratan de prevenir la afectación a terceros y, a la vez, emitir una advertencia sobre los posibles costos de una intervención armada mayor o de nuevas operaciones sobre suelo colombiano.

El Frente de Guerra Urbano Nacional del Ejército de Liberación Nacional (ELN) informó que se unirá al paro armado nacional decretado por esa organización insurgente, una medida que, según el propio grupo, se desarrollará durante 72 horas en todo el territorio colombiano.

El anuncio fue realizado mediante un comunicado público en el que esta estructura detalló el alcance de la acción, así como las ciudades y áreas donde emitió advertencias específicas a la población civil.

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De acuerdo con el documento, el paro armado iniciará el 14 de diciembre de 2025 a las 6:00 a. m. y finalizará el 17 de diciembre de 2025 a la misma hora, en cumplimiento de una orden impartida por la Dirección Nacional del ELN.

En el texto, el grupo aseguró que durante ese lapso adelantará acciones de lo que denomina una respuesta a la situación de orden público y a lo que califica como un “plan contrainsurgente” en distintas regiones del país.

Comunicado del Frente de Guerra Urbano

En el mensaje difundido, el Frente de Guerra Urbano del ELN atribuyó la convocatoria del paro a hechos que, según su versión, afectan a comunidades y líderes sociales en varios departamentos. “En Colombia el pueblo y sus líderes siguen sufriendo y resistiendo al exterminio por parte de las bandas estatales y paraestatales, en los diferentes territorios, con la complacencia y apoyo de las Fuerzas Militares y el Gobierno nacional, confirmando una vez más que el paramilitarismo en Colombia es política de Estado”, señala el comunicado.

El texto menciona como escenarios de estos hechos al sur de Bolívar, el Magdalena Medio, Catatumbo, Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Chocó. En ese contexto, la estructura urbana indicó que acata la orden de un paro armado nacional de 72 horas, el cual, reiteró, se ejecutará en las fechas y horarios ya anunciados.

El comunicado está suscrito por comandante en jefe de la guerrilla Camilo Torres Restrepo y enumera los frentes urbanos que, según el ELN, participan en la medida: Carlos Germán Velasco Villamizar, Reinaldo Ardila Gómez, Resistencia Yariquí, Luis Fernando Giraldo Builes, Jorge Eliécer Gaitán, Omaira Montoya Henao y 4 de Julio.

Advertencias del ELN a las ciudades

En uno de los apartados centrales del pronunciamiento, el Frente de Guerra Urbano Nacional dirigió advertencias directas a los habitantes de varias capitales y municipios del país. “Informamos a los habitantes de las ciudades de Cúcuta, Barrancabermeja, Medellín, Bogotá, Cali, Popayán y sus áreas metropolitanas y rurales, evitar mantenerse cerca a instalaciones, vehículos, motocicletas de unidades policiales y militares”, indica el documento.

Asimismo, el grupo hizo un llamado expreso a las empresas de transporte público y al comercio en general para que suspendan sus actividades durante los días de vigencia del paro armado. Esta solicitud se suma a la advertencia general emitida por la guerrilla para que la población civil limite su movilidad y reduzca su exposición a escenarios donde pueda haber presencia de la Fuerza Pública.

El mensaje concluye con consignas políticas del ELN y con la reiteración de su respaldo a la medida, señalando: “¡Colombia… para los trabajadores! ¡Ni un paso atrás… liberación o muerte!”.

El pronunciamiento del ELN tmbién detalló que medida busca expresar el rechazo del ELN a lo que denomina “amenazas de intervención imperialista” y a supuestas operaciones del Gobierno de Estados Unidos en territorios cercanos a América Latina, las cuales, de acuerdo con la guerrilla, harían parte de un “plan neocolonial de Donald Trump”. El grupo afirmó que dichas acciones tendrían como propósito el saqueo de bienes naturales y riquezas nacionales.

Ministro de Defensa se pronunció tras anuncio del paro armado

Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se refirió al anuncio del paro armado y afirmó que “el cartel del narcotráfico y terrorismo del Eln persiste en amenazar al pueblo colombiano, a nuestras comunidades, a nuestros niños y niñas, a nuestras mujeres y a nuestros campesinos, en algo que cínicamente llaman paro armado, que no es más que un constreñimiento criminal”.

El jefe de la cartera agregó que, tras conocerse la decisión de la guerrilla, se han activado las capacidades institucionales del Estado y señaló que “todas las capacidades y todos nuestros militares y policías están alerta para neutralizar esta amenaza que tanto daño le ha hecho a Colombia”. Asimismo, indicó que continúan vigentes las recompensas por información que permita ubicar y judicializar a integrantes de ese grupo armado, entre ellas la ofrecida por alias Pablito, por quien se mantiene una recompensa de hasta $5.000 millones para quienes suministren datos que conduzcan a su localización, captura y puesta a disposición de la justicia.

Finalmente, el ministro hizo un llamado a la ciudadanía para rechazar “categóricamente el desafío criminal de este grupo, que solo vive del narcotráfico y genera terrorismo”.

El anuncio de un paro armado nacional de 72 horas por parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN) encendió las alarmas institucionales y llevó a la Procuraduría General de la Nación a exigir a las autoridades territoriales la activación inmediata de planes de contingencia para proteger a las comunidades más vulnerables.

El ente de control advirtió sobre el riesgo de confinamientos, desplazamientos forzados y afectaciones al acceso a bienes básicos como alimentación, salud, albergue y movilidad, e insistió en una respuesta coordinada y oportuna para prevenir una emergencia humanitaria.

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En un comunicado emitido el sábado 13 de diciembre, la Procuraduría hizo un llamado directo a gobernadores, alcaldes y personerías municipales para reforzar el seguimiento permanente de la situación en sus territorios.

La entidad pidió atender de manera prioritaria los casos individuales que se presenten, coordinar acciones ante posibles eventos masivos y realizar la caracterización de las afectaciones, con especial atención a niños, niñas, adolescentes, personas mayores y comunidades étnicas.

El organismo recordó que los municipios, como primeros respondientes, tienen la obligación de garantizar la atención a los hechos victimizantes que ocurran dentro de su jurisdicción. En caso de que la magnitud o recurrencia de los sucesos supere su capacidad de respuesta, deberán acudir al nivel departamental.

Si este también se ve desbordado, la responsabilidad recaerá en el orden nacional, a través de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. “Es fundamental que las autoridades activen de manera inmediata los mecanismos institucionales previstos para la atención integral de la población afectada”, señaló la Procuraduría.

El paro armado del ELN, según el propio grupo, comenzará el domingo 14 de diciembre de 2025 a las 6:00 de la mañana y se extenderá hasta el 17 de diciembre a la misma hora. En su declaración, la organización armada ilegal justificó la medida como una protesta frente a lo que denomina amenazas de intervención de Estados Unidos en Colombia, América Latina y el Caribe, calificando el escenario como una nueva fase de un supuesto “plan neocolonial de Trump”.

El ELN instó a la población civil a no movilizarse por carreteras ni ríos navegables durante el periodo del paro armado y aseguró que respetará a los civiles y sus bienes.

Sin embargo, advirtió que su accionar se dirigirá contra quienes considera “saboteadores” y pidió que la población no se mezcle con unidades militares para evitar hechos violentos, un mensaje que, para las autoridades, constituye una forma de constreñimiento a la población.

La preocupación institucional se agrava por el contexto regional. De manera paralela, las disidencias de las Farc, específicamente el frente Carolina Ramírez del Estado Mayor Central (EMC), anunciaron un paro armado en los departamentos de Caquetá y Putumayo entre el 9 y el 30 de diciembre.

Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo activó alertas tempranas el pasado 10 de diciembre, con el fin de acompañar a las comunidades, verificar posibles afectaciones y exigir garantías de seguridad y movilidad.

Desde el Gobierno Nacional, el Ministerio de Defensa calificó el paro armado del ELN como un “constreñimiento criminal” y anunció el despliegue de fuerzas militares para proteger a la población civil.

El ministro Pedro Sánchez aseguró que se adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar el orden público y la libre movilidad, y no descartó operaciones de alto impacto en zonas críticas como el Catatumbo. Incluso, el Ejecutivo dejó abierta la posibilidad de bombardeos como parte de la respuesta estatal.

En departamentos como Caquetá, las autoridades regionales insistieron en la necesidad de coordinar acciones a través de los Comités Territoriales de Justicia Transicional, con participación de entidades nacionales y territoriales. El objetivo, señalaron, es garantizar la atención integral de las víctimas y la implementación efectiva de la asistencia humanitaria en caso de que se materialicen confinamientos o desplazamientos.

El presidente Gustavo Petro se refirió al paro armado a través de la red social X, al citar un mensaje del precandidato presidencial Juan Daniel Oviedo. En su pronunciamiento, el mandatario rechazó de manera contundente la acción del ELN y afirmó que “no se protesta contra nadie matando campesinos y quitándoles la libertad”, señalando además que el paro armado no estaría dirigido contra Estados Unidos, sino que favorecería a estructuras del narcotráfico que, según dijo, hoy ejercen control sobre esa organización armada.

El Ejército de Liberación Nacional informó sobre la realización de un paro armado de 72 horas que comenzará a las 6:00 a. m. del domingo 14 de diciembre y finalizará a las 6:00 a. m. del miércoles 17 de diciembre.

El anuncio incluyó un llamado a la población para evitar desplazamientos por carreteras y ríos navegables durante ese lapso, en medio de advertencias sobre posibles riesgos para quienes transiten por esos corredores.

En el comunicado difundido por la organización armada se señala que la medida se aplicará en territorios donde el grupo mantiene presencia histórica o influencia operativa.

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Aunque el ELN indicó que “respetarán a los civiles y sus bienes”, el mensaje incluyó advertencias explícitas sobre los peligros asociados a la movilidad durante el periodo anunciado, lo que activó alertas institucionales en varias regiones del país.

De acuerdo con análisis de conflicto y mapas de presencia armada, el ELN tiene influencia en más de 200 municipios, distribuidos en al menos 22 departamentos. Estas zonas coinciden con territorios donde se han reportado enfrentamientos con la Fuerza Pública, disputas con otros grupos armados ilegales y acciones que han derivado en restricciones de movilidad en distintos momentos.

Uno de los departamentos con mayor historial de presencia del ELN es Norte de Santander, especialmente en municipios como Cúcuta, Tibú y amplios sectores del Catatumbo. En esta subregión del nororiente colombiano se han registrado confrontaciones armadas, instalación de artefactos explosivos y acciones contra la infraestructura vial, principalmente en áreas rurales y corredores secundarios.

En municipios del Catatumbo como Tibú, Ocaña y La Playa de Belén, los reportes de seguridad han documentado episodios recurrentes de violencia, lo que convierte a las vías nacionales y terciarias que conectan estas localidades en puntos sensibles durante anuncios de paro armado. Las autoridades han advertido que carreteras alternas y caminos veredales suelen ser los más expuestos en este tipo de coyunturas.

El Chocó aparece como otro de los territorios con presencia sostenida del ELN, particularmente en zonas del Pacífico colombiano. En este departamento, el grupo armado ha recurrido en el pasado a paros armados y restricciones de movilidad que han impactado el transporte fluvial, el comercio local y el desplazamiento de comunidades enteras.

En este contexto, los trayectos fluviales por el río Atrato, así como las carreteras que comunican a Quibdó con municipios cercanos, figuran entre los corredores que podrían experimentar afectaciones indirectas, ya sea por presencia armada o por el temor a posibles enfrentamientos durante la vigencia del anuncio.

Asimismo, se han identificado áreas donde el ELN ha buscado influir en rutas asociadas a economías ilegales, como la minería, dinámica que en ocasiones ha derivado en confinamientos y limitaciones al tránsito de bienes y personas. Estas prácticas han sido documentadas en distintas regiones donde confluyen intereses armados y disputas territoriales.

En otros departamentos como Antioquia, Arauca, Cauca y Nariño, también se ha reportado presencia del ELN en municipios específicos, lo que ha llevado a que autoridades locales evalúen posibles impactos del paro armado sobre la movilidad intermunicipal, el transporte de carga y las actividades cotidianas de la población civil.

Desde el Gobierno nacional, el Ministerio de Defensa calificó el anuncio como un “constreñimiento criminal”, al tiempo que informó sobre el despliegue de unidades militares y policiales con el objetivo de proteger a la población civil y garantizar condiciones de seguridad en los territorios priorizados. Las Fuerzas Militares señalaron que se mantendrán operativos de control en vías principales y estratégicas.

Las autoridades también indicaron que se realizará un monitoreo permanente de la situación, con énfasis en corredores viales, rutas fluviales y centros poblados que históricamente han sido impactados por acciones del ELN durante anuncios similares. En paralelo, se reiteró el llamado a la ciudadanía para mantenerse informada a través de canales oficiales.

Según información conocida por Revista Semana, el análisis territorial del paro armado tiene en cuenta antecedentes recientes de acciones armadas, así como reportes de inteligencia sobre la capacidad operativa del grupo en las regiones donde mantiene estructuras activas.

Durante el periodo anunciado, organismos de seguridad y entidades territoriales continuarán evaluando la evolución de la situación, mientras se mantienen activas las alertas tempranas y los mecanismos de coordinación interinstitucional en los departamentos señalados por la presencia histórica del ELN.

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) decretó un paro armado de 72 horas en todo el territorio de Colombia, una medida que, según la organización, constituye una protesta contra lo que califica como una nueva fase del “plan neocolonial” impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump y una respuesta a las supuestas amenazas de intervención militar de Estados Unidos en América Latina y el Caribe.

El grupo armado ilegal anunció que la acción comenzará el 14 de diciembre a las 6:00 a. m. y se extenderá hasta el 17 de diciembre a la misma hora, advirtiendo a la población civil sobre las restricciones de movilidad y el riesgo de desplazarse por carreteras y ríos navegables durante ese periodo.

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En el comunicado difundido el viernes 12 de diciembre de 2025, la dirección del ELN subrayó que el paro busca romper con el principio del “secreto militar” para advertir a la población civil, solicitando que quienes no participan en el conflicto armado tengan conocimiento previo de sus acciones.

El grupo pidió a los ciudadanos abstenerse de movilizarse por las vías públicas, enfatizando que sus “unidades de control de vías respetarán a los civiles y sus bienes”, aunque advirtió que actuarán contra quienes consideren saboteadores. Además, el texto señala que las labores en espacios internos pueden desarrollarse con normalidad, pero la recomendación de no desplazarse por las vías públicas se mantiene durante las setenta y dos horas de la protesta armada.

El ELN denunció en su mensaje que la intervención extranjera ha dejado “más de 500 mil muertos y 6 millones de desplazados entre 2015 y 2025 a las orillas de la miseria que deja la guerra y la pobreza”. En su declaración, el grupo afirmó: “Como organización guerrillera revolucionaria, luchamos por la defensa de la vida, amenazada por la acumulación del capital. Estamos porque las decisiones sobre el país las tomemos en Colombia y no en Washington, y al final logremos instaurar un gobierno que le sirva al pueblo y no a la minoría dominante”.

La respuesta del ministro de Defensa al ELN

Frente a esto, Pedro Sanchez, ministro de Defensa, publicó un video en redes sociales calificando el paro del ELN como un acto de “constreñimiento criminal” y una amenaza directa contra la población colombiana.

“El cartel del narcotráfico y el terrorismo del ELN persiste en amenazar al pueblo colombiano, a nuestras comunidades, a nuestros niños, niñas, a nuestras mujeres, a nuestros campesinos, en algo que cínicamente llama como paro armado, que no es más que un constreñimiento criminal”, escribió en su cuenta de X.

De igual manera, aseveró que dio la orden las Fuerzas Militares trabajen en conjunto para poner fin al paro del grupo guerrillero y proteger a los civiles.

“Este grupo amenaza a Colombia. Por ello hemos desplegado todas las capacidades y todos nuestros militares y policías están alerta para neutralizar esta amenaza que tanto daño le ha hecho a Colombia”, señaló el titular de la cartera.

Y agregó: “Frente a estas amenazas hay recompensas incluso. Por alias Pablito, hasta cinco mil millones de pesos que nos permita ubicarlo, capturarlo y llevarlo a la justicia. A todas las comunidades también los invito a que rechacemos categóricamente este desafío criminal de este grupo que solamente vive del narcotráfico y produce terrorismo”.

Además, pidió a la comunidad que suministre información y entregó un parte de tranquilidad porque la fuerza pública estará “en cada lugar, en cada montaña, en cada selva, en cada río, en cada calle, para garantizar que este espacio de Navidad y Año Nuevo estén llenos de paz, seguridad y tranquilidad. Un abrazo”.

En la mañana del 12 de diciembre, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) emitió un comunicado en el que se anuncia un paro armado a nivel nacional desde el 14 de diciembre, poniendo en alerta la seguridad del país.

Sin que se emita ningún tipo de respuesta por parte del Gobierno nacional o el Ministerio de Defensa, cabe destacar que el grupo armado, que se ha alejado por completo de entablar un proceso de paz con el Estado, afirma que la decisión fue tomada como respuesta por la posible intervención del Gobierno Trump en el país.

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“Como organización guerrillera revolucionaria, luchamos por la defensa de la vida amenazada por la acumulación del capital. Estamos porque las decisiones sobre el país las tomemos en Colombia y no en Washington, y al final logremos instaurar un gobierno que le sirva al pueblo y no a la minoría dominante”, se lee en el comunicado.

La estrategia del ELN y el nuevo paro armado

Además del riesgo que representa para las poblaciones civiles de las zonas en las que hay presencia activa del ELN, el anuncio del paro armado también tiene intenciones políticas que son expuestas en el comunicado, es por ello que, en diálogo con Infobae Colombia, el experto en geopolítica Juan Camilo Ubaque entregó su postura tras la exposición del documento por parte del grupo armado.

En primer lugar, Ubaque indicó que se trata de una acción de control territorial y una respuesta que expone que hay una alerta máxima al interior del ELN por los resultados que ha tenido la ofensiva militar por parte de Estados Unidos en el Caribe.

“Esta acción preventiva busca contrarrestar maniobras de carácter aerotransportado, naval y de bombardeo táctico que Estados Unidos ha realizado en meses recientes cerca de las costas venezolanas, sugiriendo que el ELN anticipa un posible involucramiento de Colombia, dada su condición de Máximo Aliado No-Otan y socio global”.

En ese sentido, considera que el paro armado busca limitar y restringir la actividad operativa del Estado colombiano, dificultando cualquier apoyo logístico o de inteligencia a operaciones del Comando Sur de Estados Unidos.

Resaltando que se trata de un grupo armado que delinque en todo el país, para Ubaque no hay que dejar de lado que el ELN también ha tenido un crecimiento en la zona fronteriza con Venezuela, consolidando una guerra híbrida en esa región.

“Venezuela emplea al ELN para controlar regiones estratégicas, con un Frente de Guerra Oriental compuesto mayoritariamente por recurso humano venezolano, operando en la frontera (Catatumbo, Serranía del Perijá) y la Cuenca del Orinoco en Colombia, mientras mantiene su principal centro de operaciones político-militar en Venezuela. En esta dinámica, el adversario principal de Venezuela no es directamente Estados Unidos, sino Colombia, ya que la organización busca restringir la influencia del principal aliado regional de Washington”, sustentó el experto.

Sumado a ello, Ubaque mencionó que el objetivo principal del ELN sería llegar a mantener su solidez en la región, lo que ha sido posible por la reducción de la participación activa en términos de seguridad entre Colombia y Estados Unidos en los últimos años.

Por último, Juan Camilo Ubaque reafirmó que el ELN se sigue consolidando como un socio estratégico del régimen venezolano y las estructuras ligadas al narcotráfico.

“El ELN se convierte en el principal activo no estatal para Venezuela, buscando generar una serie de acciones conjuntas de guerra híbrida, con el fin de restringir cualquier apoyo o maniobra que pudiera surgir de las bases o activos de Estados Unidos en territorio colombiano”, puntualizó el experto en geopolítica.

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció un paro armado de 72 horas en todo el territorio colombiano, que comenzará el 14 de diciembre a las 6:00 a. m. y finalizará el 17 de diciembre a la misma hora.

El grupo guerrillero comunicó que esta acción constituye una “protesta” frente a lo que denomina una nueva fase del “plan neocolonial” impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump, así como una respuesta a las supuestas amenazas de intervención militar de Estados Unidos en América Latina y el Caribe.

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El anuncio generó inquietud entre autoridades locales y comunidades, especialmente en zonas rurales y corredores en los que la presencia de actores armados ilegales es histórica.

En el comunicado difundido el viernes 12 de diciembre, el ELN sostiene que la “injerencia del imperialismo norteamericano” busca profundizar el “saqueo” de los recursos naturales de Colombia.

El grupo armado ilegal afirmó: “Como organización guerrillera revolucionaria, luchamos por la defensa de la vida, amenazada por la acumulación del capital. Estamos porque las decisiones sobre el país las tomemos en Colombia y no en Washington, y al final logremos instaurar un gobierno que le sirva al pueblo y no a la minoría dominante”.

Además, el texto denuncia que la intervención extranjera ya ha provocado “más de 500 mil muertos y 6 millones de desplazados entre 2015 y 2025 a las orillas de la miseria que deja la guerra y la pobreza”.

La dirección del Ejército de Liberación Nacional subrayó que la medida busca romper con el principio del “secreto militar” para advertir a la población civil y solicita que quienes no participan en el conflicto armado tengan conocimiento previo de sus acciones.

El ELN pide a los ciudadanos abstenerse de movilizarse por carreteras y ríos navegables durante el periodo del paro armado, e insiste en que los civiles no se mezclen con miembros de las Fuerzas Militares “para evitar accidentes”. El grupo asegura que sus “unidades de control de vías respetarán a los civiles y sus bienes”, aunque advierte que actuarán contra quienes consideren saboteadores.

El comunicado también enfatiza que las labores en espacios internos pueden desarrollarse con normalidad, pero la recomendación de no desplazarse por las vías públicas se mantiene durante las setenta y dos horas de la protesta armada.

El ELN declara: “En contra de la intervención imperialista y de los dictados de la oligarquía vendepatria, decretamos un paro armado de 72 horas, que inicia el 14 de diciembre de 2025 a las 6:00 a. m. y termina el 17 de diciembre de 2025 a las 6:00 a. m.”.

El anuncio se produce en un contexto de tensión entre el gobierno colombiano y Estados Unidos. Esta semana, el presidente Donald Trump se refirió a las operaciones contra el narcotráfico en el Caribe, cerca de Venezuela, y advirtió que el presidente Gustavo Petro sería el “siguiente” después de Nicolás Maduro.

El proceso de paz entre el Gobierno nacional y el ELN permanece suspendido desde enero, tras un ataque en la región del Catatumbo y enfrentamientos con disidencias armadas. El 3 de diciembre, el presidente Petro instó públicamente al ELN a retomar las negociaciones de paz, en coincidencia con la liberación de veintiocho personas que permanecían secuestradas por el grupo desde el inicio del año.

Hasta el momento, las autoridades nacionales no han emitido un pronunciamiento oficial sobre el anuncio del paro armado, aunque este tipo de comunicados suele activar alertas de seguridad y despliegues preventivos en las regiones donde el ELN mantiene influencia.

ELN se convierte en aliado del régimen de Nicolás Maduro, según Insight Crime

La presencia del ELN en Venezuela se consolidó en los últimos años, con operaciones en ocho de los 24 estados del país, donde el grupo ha establecido centros de entrenamiento, logística y liderazgo, según un informe de Insight Crime citado por Jeremy McDermott, codirector de la organización.

El informe destacó que el ELN ha fortalecido su posición en Venezuela gracias a acuerdos locales con sectores de las Fuerzas Armadas, facilitados por la crisis económica que atraviesa el país.

McDermott explicó que, ante la incapacidad del régimen de Nicolás Maduro para sostener económicamente a sus generales, se les ha permitido acceder a rentas criminales, muchas de ellas bajo control de la guerrilla colombiana. “Para mantener la lealtad de los generales, se les ha otorgado acceso a rentas criminales. Y quien maneja muchas de esas rentas es la guerrilla, particularmente el ELN”, detalló el investigador.

El Cartel de los Soles fue señalado como una estructura de narcotráfico dirigida desde el Estado venezolano, principalmente por sectores militares, cuya existencia se remonta a antes del gobierno de Hugo Chávez.

McDermott aclaró que estas relaciones no conforman una estructura unificada a nivel nacional, sino que se negocian localmente entre militares y frentes guerrilleros.

El codirector de Insight Crime subrayó que el ELN no actúa como fuerza insurgente contra el Gobierno venezolano, sino como un aliado del régimen de Nicolás Maduro. “En Colombia el ELN es una fuerza insurgente. En Venezuela es un grupo paramilitar pro régimen”, afirmó.

Advirtió que un cambio violento de poder en Venezuela podría transformar al ELN en una fuerza insurgente dentro de ese país, con riesgos de conflicto civil y repercusiones para Colombia.

Mientras el ELN pierde terreno en Colombia frente a grupos como el Clan del Golfo en regiones como Chocó y el sur de Bolívar, su crecimiento en Venezuela ha sido sostenido.

“Donde está más creciendo el ELN no es en Colombia, es en Venezuela, y eso tiene implicaciones para cualquier proceso de paz”, señaló McDermott en entrevista con Mañanas Blu de Blu Radio.

El informe concluye que cualquier negociación de paz será inviable si no se aborda la dimensión binacional del grupo, ya que una parte significativa de su poder se encuentra actualmente fuera de Colombia.

La Defensoría del Pueblo expresó su rechazo al anuncio de paro armado por 22 días en los departamentos de Caquetá y Putumayo, emitido por el frente Carolina Ramírez, una de las estructuras del Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las extintas FARC.

Según el organismo, la medida, anunciada para extenderse del 9 al 30 de diciembre, afectará gravemente los derechos y la seguridad de las comunidades que habitan estas zonas del sur del país, en límites con Perú y Ecuador.

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A través de su cuenta oficial de X, la Defensoría del Pueblo advirtió que el paro armado decretado por el grupo ilegal busca restringir el desplazamiento de vehículos por carreteras y ríos, limitar la movilidad de las personas y obligar al cierre de comercios en varios municipios. En ocasiones previas, la imposición de este tipo de medidas ha ido acompañada de amenazas y agresiones dirigidas a quienes no acaten las restricciones dictadas por la estructura armada.

En su pronunciamiento, el organismo estatal sostuvo: “Ningún actor armado puede restringir ilegalmente la movilidad ni las libertades de la población. Estas amenazas afectan derechos fundamentales, profundizan el miedo en las comunidades e infringen gravemente el Derecho Internacional Humanitario. Nada justifica someter a la población civil con intimidaciones o presiones."

Según la institución, el paro armado afecta el normal desarrollo de la vida cotidiana y profundiza el temor en sectores históricamente vulnerables.

Medidas institucionales y llamado a autoridades

La Defensoría comunicó que activó su sistema de alertas tempranas en la región para acompañar a las comunidades expuestas a mayores riesgos y para verificar eventuales afectaciones causadas por el paro armado. Subrayó la necesidad de que las autoridades nacionales y locales refuercen la seguridad y garanticen la libre movilidad, dando prioridad a niños, niñas, adolescentes, personas mayores y comunidades étnicas, que suelen tener menos capacidad de respuesta ante situaciones violentas.

De acuerdo con el organismo, el control territorial que buscan imponer estructuras como el frente Carolina Ramírez refleja la complejidad del conflicto en Caquetá y Putumayo, dos departamentos en los que diferentes grupos armados operan con el objetivo de dominar corredores estratégicos para el narcotráfico y otras economías ilegales.

Putumayo, en particular, presenta una situación crítica: es la segunda región con mayor producción de hoja de coca en Colombia, solo superada por el departamento de Nariño.

Alerta de Human Rights Watch sobre abusos y control armado

La organización internacional Human Rights Watch (HRW) alertó recientemente que los grupos armados en Putumayo están utilizando los espacios de negociación con el Gobierno para reforzar su control sobre la población civil y han sido responsables de abusos graves, entre ellos actos violentos contra comunidades indígenas. Aunque algunas mesas de diálogo se han traducido en avances para destruir armas o reemplazar cultivos de coca, otras estructuras, como el frente Carolina Ramírez, persisten en su meta de ejercer dominio a través de la violencia.

El frente Carolina Ramírez operó en mesas de diálogo con el Gobierno entre noviembre de 2023 y abril de 2024, pero en la actualidad no participa en las negociaciones. De acuerdo con la información ya confirmada por la Defensoría y HRW, en la zona operan también los grupos Comandos de la Frontera y el frente Raúl Reyes.

Los primeros forman parte de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), y mantienen actividades en el sur y en la frontera con Ecuador, mientras que el Raúl Reyes concentra su presencia en el norte de Putumayo y partes de Caquetá.

Dos de los tres grupos armados presentes en Putumayo se encuentran en negociaciones con el Gobierno nacional. El frente Carolina Ramírez, desligado actualmente del proceso, ha incrementado en los últimos meses la presión sobre amplios sectores de la población civil, como lo demuestra la reciente declaratoria de paro armado.

La Defensoría del Pueblo concluyó reiterando: “La ciudadanía no puede ser rehén de grupos armados. La dignidad y la vida están por encima de cualquier pretensión de control territorial.” Al mismo tiempo, mantuvo la disposición de acompañar en territorio a las comunidades y articular esfuerzos con las autoridades para mitigar los efectos del paro y supervisar la situación humanitaria en Caquetá y Putumayo hasta finales de diciembre, fecha en la que el grupo anunció que cesará la medida de presión.

Desde las 9:30 de la mañana de este miércoles, 13 de agosto, se reportó un bloqueo simultáneo en dos puntos de la vía Cuna de la Libertad, una de las arterias principales que conecta Tame con otros municipios y la capital de Arauca.

Según confirmó Semana, miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) atravesaron vehículos pesados en la carretera, generando afectaciones a la movilidad y el comercio en la región.

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Uno de los cierres se ubica en el tramo que comunica a Puerto Rondón con Tame, donde fue atravesado un camión cisterna. Imágenes difundidas por el exdiputado Cayo Darío Sepúlveda Escobar muestran la magnitud de la obstrucción, que ha impedido el tránsito habitual de los habitantes. “La gente no ha podido salir del pueblo, van mucho a Tame a comprar cosas, a trabajar”, señaló un residente a Semana, añadiendo que la ubicación del bloqueo es cercana al casco urbano de Tame.

El segundo punto afectado se encuentra en la misma vía, pero en dirección hacia Arauca capital. En este sector, un camión ganadero marcado con una bandera del ELN fue dejado atravesado, interrumpiendo por completo el paso vehicular.

De acuerdo con fuentes locales citadas por el medio, las restricciones afectan de manera directa a los siete municipios del departamento: Tame, Puerto Rondón, Cravo Norte, Arauca, Fortul, Saravena y Arauquita. La vía Cuna de la Libertad es clave para la conexión de Arauca con Casanare, el centro del país y los Santanderes, por lo que su cierre impacta tanto a productores agropecuarios como a comerciantes.

Las acciones coinciden con el inicio de las fiestas patronales de Tame, que se celebran del 13 al 17 de agosto. “Es grave porque esto se da justo cuando la población iba a celebrar la declaratoria de Tame como patrimonio histórico y cultural de la Nación”, indicó otra fuente consultada. El Congreso otorgó este reconocimiento a la localidad en junio pasado.

Además de las restricciones de movilidad, habitantes de Puerto Rondón reportaron problemas en el servicio de internet desde hace tres días, lo que ha dificultado las comunicaciones.

El Ejército confirmó a Semana la presencia de sus equipos en la zona para evaluar la situación. Un grupo de antiexplosivos se encuentra revisando los vehículos con el fin de descartar la presencia de artefactos y restablecer el tránsito. Aunque no se han registrado enfrentamientos directos en el área urbana de Tame, pobladores indicaron que en la vereda Las Nubes se han presentado combates entre la Fuerza Pública y miembros del ELN.

El alcalde de Puerto Rondón, quien se encontraba en Arauca capital en una reunión con el gobernador, no pudo regresar por vía terrestre a su municipio debido a las obstrucciones.

Los bloqueos se suman a otras dificultades recientes en la región, como el paro arrocero, que ya había impactado la actividad económica. “Y eso que también estuvo el paro arrocero, entonces imagínese el daño que esto nos hace”, expresó un habitante.

Por ahora, las autoridades militares mantienen presencia en ambos puntos críticos con el objetivo de garantizar la seguridad antes de proceder con la remoción de los vehículos. La comunidad espera que la intervención permita la reapertura de la carretera y que el servicio de internet en Puerto Rondón pueda ser restablecido para normalizar las comunicaciones.

Luego de 20 días de confinamiento que afectó a más de 7.000 habitantes, el gobernador de Bolívar, Yamil Arana, anunció el levantamiento del paro armado impuesto por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el sur del departamento.

La medida había restringido la movilidad y ocasionado un severo desabastecimiento en varios municipios y corregimientos.

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El mandatario regional difundió el anuncio a través de su cuenta oficial en X, donde aseguró que las ayudas humanitarias continúan: “Se levanta el paro armado en el sur de Bolívar, nuestras ayudas siguen en camino. No están solos, Colombia entera está con nosotros”.

Pese a este pronunciamiento, el ELN habría publicado un comunicado en el que indicó que el cierre de vías se mantendría hasta el 7 de agosto de 2025, con levantamiento oficial previsto para las 6:00 p. m.

“Escuchando la voz de la población este cierre de vías será levantado por las unidades del Frente de Guerra Darío Ramírez Castro a partir de las 18:00 horas del día 7 de agosto de 2025 (sic)”, habría escrito el grupo armado.

En el documento, el grupo armado responsabilizó al “Estado y a poderes económicos, legales y mafiosos”, del deterioro humanitario y de la “expansión paramilitar en la región”, acciones, que aseguraron, afectan gravemente a la población raizal y promueven el despojo territorial para favorecer la minería a gran escala.

“Llamamos la atención de los colombianos y colombianas sobre el recrudecimiento de la crisis humanitaria generada por la campaña de desierto y despojo liderada por los poderes económicos legales y mafiosos, respaldados por el Estado, iniciada en el año 2019 y recrudecida a partir de 2023, empleando una estrategia de guerra donde las Fuerzas Militares y de Policía conviven y actúan con el paramilitarismo”, complementó el supuesto comunicado.

En el mensaje, el ELN mencionó que tanto Fuerzas Militares como la Policía “conviven y actúan con el paramilitarismo”, lo que facilitaría un control territorial violento a favor de intereses extractivos.

En el texto, el ELN también denunció supuestos asesinatos de líderes sociales, chantaje, compra y manipulación de conciencias, y el silenciamiento de quienes se oponen a la expansión de cultivos ilícitos y la minería mecanizada.

El grupo sostiene que el objetivo último de este “copamiento territorial paramilitar” es “el desierto y despojo de la población raizal”, es decir, el desplazamiento forzado de comunidades para dar paso a grandes proyectos mineros.

El ELN explicó que el cierre de vías decretado el 25 de julio fue una medida temporal en zonas de Santa Rosa y Montecristo como reacción a la crisis. Agradecieron el papel de mediadores de las iglesias y organizaciones sociales, así como la gestión humanitaria de las autoridades locales.

Habitantes de dos veredas fueron desplazados forzosamente a raíz del paro armado

Durante el paro, dos veredas del sur de Bolívar experimentaron desplazamientos forzados.

Al menos 150 habitantes de Tierra Nueva y Los Robles, sector de Villaflor, llegaron hasta Santa Rosa del Sur en busca de refugio, debido a los combates entre el ELN y el Clan del Golfo. La mayoría son mineros que estuvieron confinados más de tres semanas sin acceso a alimentos ni suministros básicos.

El alcalde de Santa Rosa del Sur, Milton Olaya, reportó que los mineros, especialmente en sectores como Canelos, Mina Walter y Mina Fortuna, tuvieron que huir a pie por la falta de víveres.

Cadáver de presunto integrante del Clan del Golfo estuvo en la intemperie por más de 24 horas

Durante el periodo de paro, se observó la presencia del cadáver de un joven. El hallazgo del cuerpo de Samir Puello, cartagenero encontrado el 31 de julio en el corregimiento de Fátima, vía a San Eduardo, permaneció a la intemperie por más de 24 horas, ante la imposibilidad de acceso de Medicina Legal.

Fuentes locales indican que Puello habría muerto en un enfrentamiento armado. Según testimonios recogidos por medios de la región, el joven habría pertenecido al Clan del Golfo, organización que mantiene una disputa territorial con el ELN.

Además, alertaron sobre el reclutamiento de jóvenes provenientes de barrios de Cartagena y otros municipios de Bolívar para integrarlos a los grupos armados ilegales que operan en la zona.

La Defensoría del Pueblo lanzó una alerta urgente sobre la grave situación humanitaria que enfrentan más de 5.000 personas en las zonas rurales de los municipios de Santa Rosa del Sur y Montecristo, en el departamento de Bolívar, a raíz del paro armado declarado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la presencia del Clan del Golfo.

Según el pronunciamiento oficial divulgado a través de su cuenta de X (antes Twitter), la entidad detalló que los pobladores de los corregimientos de La Marizosa, San Lucas, Canelos, Villa Flor, Fátima y Buena Vista llevan aproximadamente doce días confinados. Durante este periodo, se ha reportado que las comunidades carecen de acceso a alimentos, combustibles y transporte, lo que agrava las condiciones de vulnerabilidad.

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La situación se complica aún más con la denuncia del secuestro de cuatro personas, presuntamente retenidas por los grupos armados ilegales que operan en la región. Frente a este escenario, la Defensoría hizo un llamado contundente a los actores armados: “Instamos a los grupos armados ilegales para que cesen inmediatamente toda conducta que ponga en riesgo la vida, la integridad de la población civil, sus bienes y afecte su movilidad”.

La magnitud de esta emergencia humanitaria exige una respuesta inmediata y coordinada por parte del Gobierno Nacional, encabezado por la Unidad para las Víctimas, así como de las entidades y autoridades territoriales. El propósito es articular con urgencia la atención humanitaria, garantizar el abastecimiento de alimentos y medicamentos, y restablecer la libertad de movimiento de las comunidades.

De acuerdo con los testimonios recogidos por la Defensoría del Pueblo, el confinamiento forzado ha generado temor y desabastecimiento, pues las familias se ven obligadas a permanecer en sus viviendas ante el riesgo de desplazamiento forzado o represalias. Muchos pobladores temen por su seguridad debido a los enfrentamientos que se han venido registrando entre los grupos armados que disputan el control territorial.

La entidad de control recordó que esta situación vulnera derechos fundamentales y representa una clara violación al Derecho Internacional Humanitario (DIH), que establece la obligación de proteger a la población civil en el marco del conflicto armado interno.

En su comunicado, la Defensoría expresó su respaldo al reclamo de la población del municipio de Santa Rosa del Sur por el respeto a la vida y la dignidad humana, reiterando su compromiso de seguir adelantando acciones de acompañamiento y gestión para mitigar el impacto de esta crisis.

Por su parte, organizaciones sociales y líderes comunitarios han pedido con urgencia el establecimiento de corredores humanitarios que permitan el ingreso de ayuda alimentaria y sanitaria a las zonas afectadas. De no tomarse medidas inmediatas, existe el riesgo de un empeoramiento de la emergencia, que podría desencadenar desplazamientos masivos hacia cabeceras municipales u otros departamentos.

El departamento de Bolívar, históricamente golpeado por el conflicto armado y la presencia de grupos al margen de la ley, vuelve a enfrentar un episodio crítico que evidencia la necesidad de acciones sostenidas de prevención, protección y atención integral a las comunidades rurales.

La Defensoría hizo un llamado a las instituciones competentes, como la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio del Interior, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y la Fuerza Pública, a coordinar esfuerzos para atender de manera prioritaria a las más de 5.000 personas confinadas que permanecen expuestas a la inseguridad alimentaria, falta de atención en salud y amenazas a su integridad.

En este contexto, la entidad enfatizó que seguirá trabajando en la promoción y protección de los derechos humanos en Bolívar y en otras regiones del país que sufren el impacto del accionar de grupos armados ilegales. Asimismo, hizo un llamado a la solidaridad nacional e internacional para acompañar la respuesta humanitaria que se requiere con carácter de urgencia.

Ogli Padilla, conocida como alias La Abuela o comandante Marta, señalada líder del Frente de Guerra Occidental del Ejército de Liberación Nacional (ELN) defendió la realización de paros armados como el registrado en julio de 2025 en el departamento de Chocó.

En una entrevista realizada por el grupo guerrillero, la cabecilla de esta estructura criminal explicó que esta actividad ilegal se produce como mecanismo de denuncia, en medio de una crisis humanitaria que ha dejado a miles de personas confinadas y desplazadas en el pacífico colombiano.

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“La confrontación que se vive es porque los paramilitares cometen los atropellos, los reclutamientos forzados, violaciones a niñas y mujeres. La Fuerza Pública se da cuenta, hacen movimientos, coordinan operaciones conjuntamente y los municipios están rodeados de este tipo de mercenarios, cuidados y custodiados por la Policía, por la Fuerza Militar, esto es visible”, indicó alias La Abuela.

Para la líder guerrillera, la realización de paros armados en el Chocó no buscan atacar a la población civil, sino que buscan hacer un llamado para atender las necesidades de la comunidad en general, ya que, según ella, es uno de los territorios olvidados por el Estado colombiano.

“Nosotros no confinamos los pueblos. Los paros armados se realizan en el departamento para visibilizar los vejámenes de la fuerza paraestatal que hay en los territorios. En la región se mueren los niños de hambre, la desnutrición azota estos pueblos”, explicó.

Adicional a ello, la ‘comandante Marta’ agregó que dichas acciones armadas “son para denunciar todo lo que hace la fuerza pública en conjunto con el paramilitarismo. Si no hay ningún ente gubernamental, ni atención de parte del Estado, ni el derecho de reclamar la vida digna, entonces la única forma que se escuche es a través de los paros”.

Durante la administración de Gustavo Petro, el ELN ha desarrollado 12 paros armados en esta región colombiana, lo que ha provocado el confinamiento de 5.910 personas y el desplazamiento de 3.600 habitantes por los combates, según cifras reportadas por la Gobernación del Chocó.

“Esta situación se nos volvió costumbre en el departamento. Ya todos, como que, nos hicimos a la idea de que cuando se decreta un paro armado, todos nos tenemos que quedar confinados (…). Reina el miedo, el dominio y la imposición que traen estos paros armados. Infunden de tal manera pavor que todo se desestabiliza: el comercio se frena, la movilidad se detiene y todo, realmente, queda parado”, indicó monseñor Mario Álvarez, obispo de Istmina-Tadó, en conversación con Blu Radio.

Críticas a la Paz Total

De otro lado, la política de paz total, impulsada por el presidente Gustavo Petro, también fue objeto de críticas por parte de alias La Abuela o la comandante Marta, al sostener que las expectativas generadas durante la campaña presidencial en 2022 se han transformado en frustración ante el aumento de la violencia y la persistencia de la pobreza.

“Es una paz que definitivamente fue la que lo llevó a la presidencia. El pueblo tenía muchas expectativas frente a su programa de gobierno, todo lo que fue la campaña presidencial. Hoy eso está volcado a una realidad en la que el pueblo está desilusionado”, comentó.

Igualmente, aseveró que tenían expectativas altas frente a lo que sería el Gobierno Petro, tras ser elegido en 2022, pero que, luego de tres años de gestión, consideran que sus ilusiones se han venido desvaneciendo.

“Soñaron que el Gobierno iba a traer otro tipo de vida, propuestas y hechos reales frente al sufrimiento. Aumentó la violencia, el desempleo, la falta de la educación. Eso no es paz. La paz total es que haya una vida digna para todos los colombianos”, puntualizó.

Estas declaraciones se conocen luego de que el presidente Gustavo Petro responsabilizara a esta organización armada de romper con las negociaciones de paz con el Ejecutivo, asegurando que sus acciones no corresponden a una voluntad de paz.

“La decisión de romper ese proceso de paz por parte de ustedes, con la muerte de decenas de campesinos nortesantandereanos, se debió no a la necesidad de la revolución en Colombia, sino al mercado de las economías ilícitas que los hacen competir con armas por el control de territorios. Esos mercados ya no son manejados por nacionales, sino por extranjeros, organizados en multinacionales del crimen”, escribió Petro en su cuenta de X.

En Lloró, una población enclavada en el corazón del Chocó, reina el silencio, no por tranquilidad, sino por temor. Desde el jueves 24 de julio, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) impuso un paro armado de 48 horas que mantiene confinados a miles de habitantes en sus hogares, forzados por el miedo a represalias.

La situación, según denunció el personero del municipio, Yohan Machado, es crítica: “Hay total confinamiento en todo el departamento y principalmente en Lloró. La comunidad vive en zozobra”, expresó el funcionario en una entrevista concedida a El Colombiano.

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El paro, decretado por el ELN, surgió como respuesta a una operación militar realizada por el Ejército Nacional el 20 de julio en la comunidad afro de Chiriquí, dentro del mismo municipio.

De acuerdo con los testimonios recogidos por la Personería, el operativo incluyó detenciones arbitrarias, torturas y presuntos abusos contra más de 15 personas, entre ellas 10 indígenas y cinco afrodescendientes. De los detenidos, cuatro afros fueron liberados posteriormente, mientras uno permanece vinculado a una investigación por presuntos nexos con el grupo armado.

El impacto del paro ha sido inmediato y total: comercio cerrado, transporte terrestre y fluvial suspendido, y actividades institucionales paralizadas. “Las instituciones pararon por miedo. Nadie quiere exponerse a represalias del grupo armado”, explicó Machado. Las banderas del ELN, colocadas en las vías del departamento, dejaron claro el dominio del grupo sobre el territorio y reforzaron la amenaza.

Incluso en la cabecera municipal, donde hay presencia del Ejército y la Policía, el miedo es palpable. Pero es en las zonas rurales, como las del río Andágueda y el Alto Atrato, donde la situación se agrava, pues allí la presencia estatal es prácticamente inexistente.

Es de mencionar que la tensión ya venía en aumento desde el 19 de julio, cuando, según denuncias comunitarias, un integrante del ELN asesinó a un afrodescendiente en la comunidad indígena Tocoyorón, presuntamente por la disputa de un perro cazador.

“La víctima había estado buscando su animal durante más de 15 días, y al encontrarlo en esa comunidad, se enfrentó verbal y luego físicamente con miembros del ELN que llevaban varias horas allí”, relató el personero al medio citado. El hecho desencadenó un desplazamiento masivo de habitantes del resguardo indígena, que abandonaron el territorio por temor a nuevos actos de violencia.

El municipio de Lloró se encuentra en medio de una disputa territorial entre el ELN y el Clan del Golfo, agravando aún más el drama humanitario. El grupo guerrillero mantiene presencia histórica en el río Atrato, mientras que el Clan del Golfo opera en zonas del río Andágueda. Esta fragmentación territorial convierte al municipio en un campo de batalla, donde la población civil queda atrapada entre fuegos cruzados, confinamientos y amenazas.

Machado explicó que la incursión del Ejército, aunque justificada desde el punto de vista operativo, dejó una profunda herida en las comunidades locales, especialmente por las denuncias de tratos inhumanos durante las detenciones. El ELN aprovechó este ambiente de tensión para legitimar el paro armado como una “respuesta” a lo que consideran abusos estatales.

La situación humanitaria es insostenible, advirtió el personero. En Lloró, como en muchas regiones del Chocó, no se requiere solo presencia militar, sino presencia integral del Estado: salud, educación, justicia, desarrollo económico y respeto a los derechos humanos.

“Se espera que se brinden las ayudas humanitarias necesarias a estas comunidades que se encuentran confinadas”, dijo Machado, al insistir en el acompañamiento urgente de las autoridades nacionales. Mientras tanto, las familias esperan volver a salir de sus casas sin miedo, los niños regresar a la escuela, y el pueblo, lentamente, recuperar algo de su normalidad.

Un anuncio del ELN hizo que se prendieran las alarmas de inmediato entre la población civil del Chocó, así como de su gobernadora Nubia Carolina Córdoba y del jefe de la cartera de Defensa, Pedro Sánchez.

Según informó el grupo criminal en un panfleto, el 25 de julio iniciará un segundo paro armado en todo el departamento.

De acuerdo con el comunicado del ELN, el paro armado durará 48 horas.

Durante una entrevista con La FM, tanto el ministro como la gobernadora alertaron de las consecuencias que esto podría traer para el departamento y sus habitantes.

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Del mismo modo, Nubia Carolina Córdoba relató que después de una reciente operación militar, el grupo armado ilegal no solo ha restringido la movilidad de la población, sino que también ha dirigido amenazas directas a funcionarios locales, incluyéndola a ella en un comunicado.

Sánchez atribuyó la reacción del ELN a las recientes operaciones de la Fuerza Pública en la región, calificando el paro armado como un “constreñimiento criminal que cínicamente llaman paro armado”, que afecta de manera directa a pescadores, comerciantes y transportadores.

El ministro enfatizó en la gravedad de la situación: “Es muy duro ver como un cartel del narcotráfico golpea a la gente más vulnerable”.

De acuerdo con el alto funcionario, las razones de este nuevo paro armado corresponden a una intervención militar en la zona rural del municipio de Lloró, donde las autoridades hallaron un centro de entrenamiento terrorista.

Asimismo, el jefe de la cartera de Defensa explicó que en el lugar se incautaron computadores, radios y elementos para propaganda terrorista, así como dispositivos para ataques con drones.

Otra de las denuncias que hizo la mandataria departamental, tiene que ver con las amenazas a las que se han visto sometidos funcionarios de su administración como ella, pues aseguró que el ELN expresó en el panfleto que: “Nadie puede caminar si no tiene la cédula”. En este contexto, Córdoba ha solicitado al Ministerio de Defensa una respuesta urgente para evitar que el departamento “quede paralizado”.

La gobernadora Córdoba precisó que la operación realizada el 20 de julio en la cuenca alta del río Atrato fue el detonante para esta decisión del grupo guerrillero. Durante la intervención, las fuerzas de seguridad encontraron explosivos, drones, armas y equipos para una emisora, por lo que Córdoba expresó su inquietud por el nivel de sofisticación alcanzado por el ELN: “Nos preocupa muchísimo el entrenamiento en torno al uso de estos drones”.

Frente a este escenario, el ministro Sánchez anunció el despliegue de más de 3.300 hombres en las principales vías y ríos del departamento, con especial atención a las rutas hacia Quibdó y, los ríos Atrato y San Juan, principales vías fluviales.

Además, el Gobierno ofreció una recompensa de hasta 20 millones de pesos por información que permita anticipar atentados o hechos delictivos.

Por último, el ministro Sánchez también alertó sobre el impacto del “terrorismo digital”, aludiendo que la difusión de información en redes sociales es lo que “eleva exponencialmente la percepción de inseguridad”.

La gobernadora Córdoba insistió en la necesidad de fortalecer la capacidad de reacción local, señalando que la desactivación de explosivos suele depender de equipos enviados desde Medellín, lo que retrasa la respuesta ante emergencias.

El ministro Sánchez concluyó en La FM que las operaciones de la Fuerza Pública continuarán sin pausa: “Todo el Estado colombiano está con Chocó y vamos a hacer todo lo posible para recuperar la seguridad más rápido de lo que prevemos”. La gobernadora, por su parte, subrayó la importancia de mantener la acción institucional y proteger a la ciudadanía.

En un comunicado, el Frente de Guerra Occidental Ogli Padilla del Ejército de Liberación Nacional anunció un nuevo paro armado en el departamento del Chocó a partir de las 00:00 horas del 25 de julio de 2025.

Así lo especificó el grupo armado en el documento con fecha del 23 de julio: “Decretamos un paro armado de 48 horas en todo el departamento de Chocó a partir de las 00:00 horas del día 25 de julio de 2025. A la población en general, transportadores públicos o de carga que transitan por ríos o carreteras absténgase de movilizarse, eviten cualquier incidente, nuestras unidades estarán presentes en los corredores de movilidad para dar cumplimiento a dicha orden”.

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La organización criminal, en cabeza del comandante Fabian, aseguró que el principal motivo para decretar nuevamente esta medida es la arremetida que tiene sometido al territorio por cuenta de actores paramilitares que, según ellos, tienen como aliados a miembros de las instituciones del Estado para continuar con la extracción de los recursos naturales existentes en los territorios.

“Nuestro departamento sufre una de las más mayores arremetidas paramilitares de los últimos tiempos en connivencia con la fuerza pública, que tiene como objetivo destruir el tejido social, que resiste y se opone al modelo extractivista (...) Cada vez más se conoce y se hacen públicos los informes sobre la colusión entre el paramilitarismo, militares y mandatarios locales. El poder desmedido obtenido por estas bandas criminales es innegable, pero se oculta de manera cínica por las empresas privadas de información”.

Los guerrilleros explicaron varias acciones que se han cometido desde el 20 de julio por parte del Ejército Nacional donde afirman que atentaron contra la libertad de miembros de comunidades indígenas y afrodescendientes.

“Miembros del Ejército estatal en el Alto Atrato, municipio de Lloró, realizaron una incursión mediante desembarco aéreo en la comunidad Chiriquí, donde secuestraron doce personas no combatientes, cuatro afrodescendientes y ocho indígenas, entre ellos, un joven de dieciséis años y un niño de dieciocho meses”.

De acuerdo con el relato, este grupo de personas se vio obligado a realizar tareas de patrullaje con el fin de dar con campamentos del ELN, lo que significa un inminente riesgo para su integridad física, además, aseveraron que una de estas personas aún está en poder de miembros de la institución: “En el momento aún queda una persona retenida de manera ilegal, a esto se suma el hurto de dineros pertenecientes a la comunidad, teléfonos, electrodomésticos, gasolina y enseres de hogar”.

También se permitieron extenderse para comentar una situación que ocurrió al día siguiente, 21 de julio por parte del mismo grupo de soldados, que al parecer habrían privado de su libertad a un ciudadano Eliecer Mena Tapia, al dejar su lugar de trabajo, presuntamente lo torturaron y lesionaron en una de las extremidades.

“Estos hechos ocurren bajo el silencio cómplice de las autoridades departamentales, nunca se ha escuchado a la gobernadora Nubia Carolina Córdoba hacer pronunciamientos públicos contra la presencia del paramilitarismo, o exigiendo la realización de consejos de seguridad de manera urgente para combatirlos”.

Finalmente, en la comunicación hicieron un llamado a todos los chocoanos para que se unan y trabajen para combatir la injusticia, la tirania, el racismo y todas las formas de exclusión, que de acuerdo a sus planteamientos tienen como fin someter a la población, y levantar su voz por medio de las movilizaciones, ofreciéndoles su apoyo incondicional en la lucha por sus derechos: “cuentan con el ELN para las justas batallas del pueblo, por la defensa de las comunidades, el territorio, la vida y la dignidad”.

El departamento del Guaviare se encuentra en crisis luego de que estructuras disidentes de las Farc, bajo el mando de alias Iván Mordisco, impusieron restricciones de movilidad en zonas rurales de los municipios San José, El Retorno, Calamar y Miraflores.

Según el gobernador del Guaviare, Yeison Rojas, 12.000 familias resultaron directamente afectadas, enfrentando no solo el confinamiento forzado en sus viviendas, sino también el cierre de comercios y la paralización total de la producción agrícola.

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El mandatario regional explicó que la economía local sufrió un golpe severo, ya que más de 170.000 litros de leche permanecen represados sin posibilidad de ser recolectados, mientras que la producción agrícola se encuentra completamente detenida. Esta situación ha generado pérdidas económicas considerables para los productores y comerciantes de la región, quienes dependen de la venta diaria de sus productos para subsistir.

A su vez, señaló que en las zonas más afectadas fueron suspendidos los servicios básicos y de salud y el personal médico tuvo que ser evacuado por motivos de seguridad. En el ámbito educativo, la Gobernación decidió adelantar las vacaciones escolares para proteger a estudiantes y docentes ante el riesgo de desplazamientos y ataques armados. Además, los alcaldes de los municipios han sido objeto de amenazas constantes por parte de los grupos armados.

“Han sido citados, presionados y constantemente reciben mensajes. Es el pan de cada día. No podemos callar frente a esto. Hoy tenemos entre 30.000 y 40.000 personas que no pueden salir de sus casas”, declaró Rojas.

En este contexto, la senadora de la República por el Centro Democrático María Fernanda Cabal utilizó sus redes sociales para criticar la gestión en materia de seguridad por parte del Gobierno nacional liderado por el presidente de la República, Gustavo Petro.

A juicio de la congresista, la actual administración solo le importan las zonas periféricas del país cuando tiene que hacer anuncios importantes o cuando la agenda pública se enfoca en esos territorios, pero cuando no están inmersos en la coyuntura política del momento, dejan de prestarles atención y los abandonan a su suerte.

“Solo hacen anuncios mientras están las cámaras de los noticieros. De resto dejan a la gente en manos del terrorismo”, escribió en su cuenta de X.

Incluso, la precandidata presidencial señaló que el departamento del Guaviare está viviendo una situación similar a la que se originó en El Catatumbo, Norte de Santander, a principios de 2025 cuando comenzó un conflicto armado entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente 33 de las disidencias de las Farc al mando de alias Calarca.

Así las cosas, señaló que el recrudecimiento de la violencia y el aumento de la inseguridad en varias regiones de Colombia son el resultado de una falta de determinación del Gobierno Petro para proteger a la ciudadanía.

“Esto que pasa en Guaviare ya pasó en el Catatumbo. Qué falta de determinación para ir por los guerrilleros y hacerlos responder por sus acciones criminales”, denunció la legisladora.

Las críticas de María Fernanda Cabal a la Inversión Extranjera Directa (IED) en Colombia

La senadora de oposición María Fernanda Cabal arremetió contra el presidente de la República, Gustavo Petro, citando una serie de estadísticas económicas relacionadas con la Inversión Extranjera Directa (IED) en Colombia.

En los datos suministrados por el economista Diego Montañez “en los primeros 5 meses 2025 cayó 25,8% frente a 2024: pasó de US$5.533M a US$4.108M”, por lo que mencionó que los tres años del gobernante de los colombianos al mando del país demuestran que “Petro es peor que el covid”, dijo haciendo referencia a la pandemia que ocurrió en 2020.

Las disidencias de las FARC de Nestor Vera Fernández, alias 'Iván Mordisco', han anunciado un paro armado para esta semana en el selvático departamento de Guavire, en el sureste de Colombia, en respuesta a la supuesta alianza entre las fuerzas de seguridad y el grupo rival de alias 'Calarca', con el que el Gobierno ha establecido contactos para negociar la paz.

El grupo armado ha decretado un paro armado desde este lunes 16 de junio hasta el sábado 21 del mismo mes, que incluye un toque de queda, así como diversas prohibiciones, que van desde el uso de casco cerrado en motociclistas a la circulación de vehículos terrestres y fluviales que vayan encapotados.

Se trata de una respuesta al "contubernio" de las fuerzas de seguridad del Estado con las disidencias al mando de Alexander Díaz Mendoza, alias 'Calarcá', que se escindió del grupo de 'Iván Mordisco' para continuar con los procesos de paz.

Las disidencias de 'Mordisco' sostienen que esta alianza ha creado "una situación de zozobra y miedo en la población civil" y por ello, "en solicitud de muchas comunidades", ha optado por decretar esta medida de fuerza e "iniciar una campaña militar en contra de los opresores".

Por su parte, el presidente colombiano, Gustavo Petro, ha dado orden al Ejército para que impida esta nueva maniobra del grupo de 'Mordisco'. "No se permite paros armados en la cuna de la civilización de la humanidad", ha dicho.

"Que los ignorantes brutos por la codicia se derroten", ha escrito en X, desde donde ha vuelto a exigir a 'Iván Mordisco' que deje las armas, "sino será procesado internacionalmente".

Desde abril de este año, el Gobierno de Colombia tiene suspendidas las operaciones militares contra las disidencias de 'Calarcá', a diferencia de las de 'Iván Mordisco', contra las cuales se ha intensificado la ofensiva después del descalabro de las negociaciones de paz.

Las Fuerzas Militares y la Policía Nacional de Colombia anunció la captura de José Elis Córdoba Trujillo, conocido como Navarro o 19, señalado como el principal cabecilla financiero de la Estructura Nelson David Hurtado Simanca del grupo armado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) también conocido como Clan del Golfo.

De acuerdo con información oficial, la detención se produjo en zona rural del municipio de Pijiño del Carmen, en el departamento de Magdalena, donde las autoridades también detuvieron a otros dos individuos vinculados a la organización criminal.

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Además, durante el procedimiento policial, los uniformados incautaron material de guerra como dos pistolas, dos escopetas y munición de diferentes calibres, elementos que fueron puestos a disposición de las autoridades competentes junto con los capturados.

La investigación señala que Córdoba Trujillo está señalado por su participación activa en el paro armado que el Clan del Golfo ordenó en mayo de 2023. Durante ese episodio, la organización instaló vallas y distribuyó panfletos con mensajes alusivos a su accionar en varios municipios del departamento de Magdalena, incluyendo Santa Marta.

“Es señalado de participar activamente del paro armado, ordenado por el GAO Clan del Golfo, el mes de mayo 2023, donde se instalaron vallas y panfletos alusivos a esa organización, en los municipios de Santa Marta, Ciénaga, Zona Bananera, Pueblo Viejo, Sitio Nuevo, Remolino, Salamina, Pivijay, Fundación, Aracataca, El Retén, San Ángel, Algarrobo, Ariguaní, Nueva Granada, Plato, Chibolo y Banco (...) Estas acciones buscaban intimidar a la población y demostrar el control territorial de la organización en la zona”, informó las Fuerzas Militares en un comunicado.

Además, el mayor general Carlos Fernando Triana, director de la Policía Nacional, sostuvo que alias Navarro o 19 era requerido por la Fiscalía por el delito de concierto para delinquir agravado.

“Era responsable de consolidar las finanzas de tres subestructuras del Clan del Golfo que operan en Magdalena, La Guajira y Cesar”, manifestó el oficial en su cuenta de X.

Del mismo modo, las autoridades indicaron que la captura de alias Navarro o 19 afecta de manera directa el componente financiero de la estructura criminal, ya que el detenido era considerado pieza clave en la administración de las rentas ilícitas derivadas del narcotráfico y la extorsión en los departamentos de Magdalena, Cesar y La Guajira. La importancia de este cabecilla radicaba en su capacidad para coordinar y manejar los recursos económicos que sustentan las actividades delictivas del Clan del Golfo en la región.

El Clan del Golfo, identificado como uno de los grupos armados más poderosos de Colombia, ha mantenido una presencia significativa en el Caribe colombiano, donde ha desarrollado economías ilegales que incluyen el tráfico de drogas y la extorsión a comerciantes, transportadores y pobladores. La estructura Nelson David Hurtado Simanca, a la que pertenecía Córdoba Trujillo, opera como una de las facciones encargadas de expandir y consolidar el control de la organización en estos territorios.

El impacto de la detención de este cabecilla se extiende más allá de la estructura interna del grupo, ya que, según las autoridades, la acción representa un avance en la estrategia estatal para restablecer el orden y la seguridad en los municipios afectados por la presencia del Clan del Golfo. Las autoridades esperan que la captura de Córdoba Trujillo y sus colaboradores contribuya a debilitar las redes de extorsión y narcotráfico que operan en la región.

“Con este resultado se logró la afectación directa al componente financiero de la estructura, dada la importancia del cabecilla para los manejos de las rentas criminales producto del narcotráfico y la extorsión en los departamentos de Magdalena, Cesar y La Guajira”, señaló la fuerza pública en un comunicado.

Entre tanto, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional de Colombia reiteraron su compromiso de continuar las operaciones conjuntas con otras instituciones del Estado para salvaguardar la soberanía, la independencia y la integridad territorial del país, así como para garantizar el cumplimiento del orden constitucional y contribuir a los fines del Estado colombiano.

El presidente Gustavo Petro visita este viernes 9 de mayo la convulsa región del Catatumbo, en Norte de Santander, en medio de la agudización del conflicto armado entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Farc.

La visita, que se desarrolla bajo estrictas medidas de seguridad, refleja la apuesta del gobierno por mantener su estrategia de paz total y transformación social en uno de los territorios más golpeados por la violencia.

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Desde que se intensificaron los enfrentamientos entre estos grupos armados ilegales, el Catatumbo ha registrado una crisis humanitaria sin precedentes: más de 66.000 personas han sido desplazadas hacia Tibú, Ocaña y Cúcuta, y al menos 126 personas han sido asesinadas, según cifras oficiales.

La incertidumbre también rodea la reubicación de unos cuatro mil integrantes de las disidencias de las Farc en una zona rural de Tibú, que será utilizada como Zona de Ubicación Temporal para facilitar su eventual desarme, una medida que ha generado inquietud en las comunidades locales.

El primer acto de la jornada se llevó a cabo en Tibú, donde Petro encabezará la entrega de 387 títulos de propiedad a familias campesinas, beneficiando un total de 4.462 hectáreas, 230 de las cuales actualmente están destinadas al cultivo de coca.

Estas familias se comprometieron a sustituir los cultivos ilícitos por proyectos agroalimentarios, con el acompañamiento de la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito.

La Agencia Nacional de Tierras (ANT) anunció, además, la apertura de trescientos nuevos procesos de titulación, reafirmando el compromiso de formalizar la propiedad rural como parte clave de la paz territorial.

En paralelo, la ANT entregará tres predios —sumando 1.055 hectáreas— a firmantes de paz del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (Etcr) Caño Indio, y otorgará una resolución de protección territorial para 36.000 hectáreas del pueblo indígena Barí.

También se constituirá la Zona de Reserva Campesina Paz y Unión del Catatumbo, que beneficiará a más de 1.800 familias campesinas de varios municipios de la región.

Se espera la presencia y acompañamiento de las autoridades en los puntos donde el presidente Petro realizará sus intervenciones

Luis Fernando Niño, alto consejero para la paz en Norte de Santander, ha subrayado la necesidad de definir cuanto antes los detalles sobre la llegada de los excombatientes, insistiendo en que la seguridad de los reubicados y de las comunidades locales es una prioridad.

“El respaldo de la gobernación al decreto del gobierno es total, pero necesitamos claridad sobre las cifras, el lugar exacto y las medidas de protección”, declaró en días recientes.

La agenda continuará en Cúcuta, donde el presidente y su equipo evaluarán la situación de orden público y los resultados del Decreto de Conmoción Interior, que ha sido implementado para hacer frente a la ola de violencia en la región.

La jornada cerrará en Ocaña con el lanzamiento nacional de la Jornada Deportiva Escolar Complementaria, un programa dirigido a 800 niños y niñas de Norte de Santander y Cesar, cuyo objetivo es utilizar el deporte como herramienta para la paz y la cohesión social.

En el sector de Bertrania, comunidades campesinas refugiadas en un campamento humanitario han expresado su intención de reunirse con el mandatario para entregarle recomendaciones sobre las difíciles condiciones que enfrentan debido al conflicto armado y su desplazamiento.

La visita del presidente Petro se produce en un momento de alta tensión para el Catatumbo, donde las comunidades esperan que las iniciativas gubernamentales contribuyan a la tan anhelada paz y desarrollo sostenible en la región.

Se espera que la visita del mandatario cuente con la participación de autoridades locales, regionales y representantes de organismos internacionales que han acompañado a los habitantes del Catatumbo en medio de esta crisis.

La presencia de estas entidades busca fortalecer los esfuerzos para atender las necesidades de las comunidades afectadas y avanzar en la construcción de soluciones sostenibles en una de las regiones más golpeadas por el conflicto en Colombia.

Un panfleto que advertía sobre un supuesto paro armado en los departamentos de Córdoba y Sucre, atribuido al Clan del Golfo, fue declarado falso por las autoridades locales.

Según informó la Policía Nacional, el documento carece de las características habituales de los comunicados emitidos por esta organización criminal. A pesar de ello, la fuerza pública ha intensificado las medidas de seguridad ante posibles represalias de este grupo armado, tras recientes operativos que han debilitado su estructura en la región.

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De acuerdo con un comunicado emitido por la Policía en Córdoba, el panfleto que circuló ampliamente en redes sociales es “apócrifo” y no corresponde al formato ni al lenguaje que utiliza el Clan del Golfo en sus mensajes oficiales.

Sin embargo, las autoridades no descartan la posibilidad de que esta organización criminal intente tomar represalias contra la fuerza pública, especialmente después de la muerte de alias Chirimoya, identificado como el quinto cabecilla en la línea de mando del grupo, durante una operación realizada el pasado 5 de abril en el departamento.

La Policía Nacional, en cabeza del coronel Elkin Corredor, informó que, aunque se ha descartado la autenticidad del panfleto, se mantiene una alerta máxima en la región.

Según detalló el coronel, todas las capacidades institucionales están siendo concentradas para garantizar la seguridad de la ciudadanía en Córdoba. Este despliegue responde al riesgo de posibles retaliaciones por parte del Clan del Golfo, que ha sido impactado significativamente por las recientes acciones conjuntas de la Policía y el Ejército.

Al parecer, esta es la segunda ocasión en la que circula un panfleto intimidante con características similares en el departamento de Córdoba, lo que ha generado preocupación entre los habitantes de la región. Ante esta situación, las autoridades han reforzado las estrategias de comunicación y sensibilización para evitar la propagación de información falsa que pueda generar alarma colectiva.

En un esfuerzo por contrarrestar la desinformación, las autoridades han emitido una serie de recomendaciones dirigidas a la población.

Las autoridades ha instado a los ciudadanos a no compartir mensajes no verificados que puedan generar pánico. En su lugar, se les invita a consultar únicamente fuentes oficiales, como las cuentas de la Policía Nacional (@PoliciaDECOR), el Ejército Nacional y la Gobernación de Córdoba.

Además, se han habilitado líneas de emergencia para reportar cualquier contenido sospechoso o situación irregular. Los ciudadanos pueden comunicarse al número 123 o a la Línea Segura (3227021245), donde se garantiza absoluta reserva en el manejo de la información. Estas medidas buscan fortalecer la confianza en las instituciones y prevenir la difusión de noticias falsas que puedan desestabilizar el orden público.

Como parte de las acciones preventivas, la Policía Nacional ha puesto en marcha campañas de sensibilización a través de redes sociales y emisoras comunitarias. Según informó CHN, estas iniciativas tienen como objetivo educar a la población sobre los riesgos de compartir información no verificada y fomentar el uso de canales oficiales para mantenerse informados.

Las autoridades han reiterado su compromiso con la seguridad y la convivencia ciudadana en los departamentos de Córdoba y Sucre, asegurando que trabajan de manera coordinada para neutralizar cualquier amenaza que pueda surgir en el territorio. Este esfuerzo conjunto entre la Policía, el Ejército y la Gobernación busca garantizar la tranquilidad de los habitantes y evitar que la desinformación afecte la estabilidad de la región.

El reciente operativo que resultó en la muerte de alias ‘Chirimoya’ ha sido uno de los golpes más significativos contra el Clan del Golfo en esta zona del país.

Según reportó W Radio, este individuo ocupaba un lugar destacado en la jerarquía de la organización y era responsable de coordinar actividades delictivas en el departamento de Córdoba. Su neutralización representa un avance importante en la lucha contra este grupo armado, pero también ha generado preocupación por posibles represalias.

Se encendieron las alarmas en el departamento de Caquetá por el supuesto paro armado por parte del frente Carolina Ramírez, de las disidencias de las Farc al mando de alias Iván Mordisco. Esta información se conoció por la circulación de un audio donde anuncian y decretan esta medida, que afectaría los ríos Caguán y Caquetá, interrumpiendo la movilidad en el territorio.

En vista de la alerta, el gobernador del departamento, Luis Francisco Ruiz Aguilar, liderará este miércoles 16 de abril un consejo de seguridad con diferentes autoridades e instituciones, con el fin de no perder el control de la zona luego de las amplias intervenciones por parte de las Fuerzas Militares para evitar que se amplíen las operaciones de este grupo al margen de la ley.

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En conversación con Noticias Caracol, el funcionario, como primera medida, comentó cómo es que se está dando a conocer esta información y las posibles razones que motivaron a este grupo a tomar dicha medida.

“Han sido de público conocimiento donde se han dado o neutralizado eh un poco más de 17, 18 subversivos pertenecientes a Iván Mordisco, pues ellos de manera de retaliación sacan este comunicado, este audio que empezaron a filtrar ya a todas las empresas, a los municipios, a la ciudadanía en común, donde dicen que sobre el río Cahuán y río Caquetá va a haber un padre armado que inició el día de ayer a las 2 a las 24 horas”.

Explicó que parte de su objetivo es utilizar como escudo a la población para poder continuar sus operaciones, teniendo en cuenta la ofensiva que se ha dado por parte de las autoridades: “todo esto es producto de esos operativos militares y tratando de desviar la atención y que no exista movilidad para ellos poder hacer sus desplazamientos sobre este río y salir de esta zona de confrontación. Básicamente, lo que están instrumentalizando a la población para ellos protegerse de los de los operativos militares”.

Ruiz Aguilar también se permitió hacer una aclaración sobre la información que está difundiendo Domingo Biojo, quien asegura ser el encargado de producir el audio sobre el paro armado. Desmiente de manera contundente que estos grupos criminales y las Fuerzas Militares hayan llegado a un acuerdo para permitir sus operaciones en el territorio.

Por el contrario, lo que están haciendo es intensificar el control en la zona, teniendo en cuenta que es un paso por donde los criminales sostienen las rutas de narcotráfico. “Esto está muy lejos de las cabeceras municipales; es una ruta de narcotráfico. Ellos básicamente están protegiendo sus rutas de narcotráfico sobre este río (...) Evidentemente, lo que están utilizando son estrategias para limitar la movilidad y así tener libre albedrío por este río y salir”, agregó. Confirmó que los temas a tratar en el consejo extraordinario del 16 de abril son las operaciones de los actores armados ilegales que perjudican a la población.

Finalmente, aseguró que para el próximo 24 de abril se tiene programada una reunión con el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y demás autoridades, con el fin de determinar las acciones en contra de grupos ilegales, no solo las disidencias, sino también la Segunda Marquetalia.

“Esos son puntos que hay que dejarle claros al señor ministro de Defensa, precisamente ayer, cuando se vencía el decreto del Cese al Fuego en nuestro departamento. Pero aquí, el mayor accionar delictivo y la violencia contra la población la ejerce ese grupo armado del Estado”, concluyó el gobernador.

Por su parte, el comandante de la Fuerza Naval de la Amazonía, envió un mensaje de tranquilidad a toda la población de los departamentos de Meta, Guaviare, Caquetá, Puerto Mayo y Amazonas, confirmando que los operativos en las aguas de los ríos mencionados anteriormente se mantienen con normalidad y se mantiene la vigilancia para que la población pueda realizar sus actividades cotidianas sin ningún tropiezo.

A pesar de que las autoridades confirmaron que “Iván Mordisco” no fue dado de baja en un operativo que tenía como objetivo la captura del máximo comandante de las disidencias de las Farc, desde la Policía Nacional indicaron que su misión sigue siendo buscar al criminal.

Sobre la ubicación de “Iván Mordisco”, se informó que escapó en una lancha, dejando varios elementos personales en el campamento, por lo que se especula que se mantiene en el departamento de Caquetá.

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“Seguimos trabajando, seguimos buscando información, seguimos recolectando todos los elementos necesarios y disponibles para lograr la ubicación y la captura de este delincuente”, indicó a RCN Radio el general Jorge Triana, director de la Policía Nacional.

Debido a la búsqueda que siguen protagonizando las autoridades contra “Iván Mordisco” en el departamento, Caracol Radio expuso un audio en el que alias El Indio indica que el 15 de abril comienza un paro armado en Caquetá como consecuencia del accionar de la fuerza pública.

“No nos haremos responsables de lo que pueda pasar a quienes incumplan la orientación”, indica el guerrillero en el audio que está siendo analizado por las autoridades. El medio citado indicó que los municipios de Solita y La Montañita serían los más afectados por su cercanía con un campamento del grupo armado.

Debido a esta noticia, desde la Defensoría del Pueblo se pronunciaron para indicar que este tipo de acciones, por parte de las disidencias, afectarán principalmente a los residentes aledaños a los ríos Caguán y Caquetá

“Este tipo de acciones de restricción de la movilidad y presión contra la población civil se constituyen como una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario y vulneran los derechos fundamentales de las personas miembros de las comunidades”.

La defensoría pidió que el Gobierno nacional tome “las medidas necesarias” para proteger a las poblaciones de todo el departamento, resaltando que es clave que se siga cumpliendo el Acuerdo de Paz firmado en 2016.

“Hacemos un llamado urgente al Gobierno Nacional y a las autoridades a tomar todas las medidas necesarias para garantizar la vida, la libertad y la integridad de la población de los municipios de Solano, Solita, Cartagena del Chairá. Curillo, La Montañita y Puerto Rico. Instamos al Estado a reforzar su presencia institucional en el territorio, no solo desde el enfoque de seguridad, sino también a través del cumplimiento efectivo de los compromisos del Acuerdo de Paz y del desarrollo integral del territorio”.

Por último, la defensoría indicó que han sido habilitadas las rutas de atención y seguimiento para que sean expuestos los casos denunciados en la región.

“El derecho a la paz y a la vida digna no puede ser suspendido por quienes pretenden sembrar el miedo en los territorios. Reiteramos nuestro compromiso con las poblaciones más afectadas por el conflicto armado y exigimos a todos los actores armados respetar el Derecho Internacional Humanitario”.

A pesar de las amenazas del grupo armado, el director de la Policía Nacional aseguró que nada provocará que la fuerza pública deje de perseguir a los criminales.

“El resultado contundente del día de ayer demuestra de qué está hecha la Policía Nacional y las Fuerzas Militares. Tenemos una misión constitucional y estamos cumpliéndola para mejorar las condiciones de seguridad”, indicó el general Triana a RCN Radio.

De la misma forma, Triana expuso el número de uniformados que están desplegados en el territorio nacional para garantizar la seguridad de los colombianos.

“Está el compromiso de más de 183.000 policías desplegados a lo largo y ancho del país, generando tranquilidad y trabajando para mejorar la seguridad y la percepción de seguridad de todos los colombianos”, puntualizó.

Este hombre era uno de los máximos líderes de la subestructura Uldar Cardona Rueda, del Clan del Golfo (como también se le conoce al Ejército Gaitanista de Colombia), y su neutralización representó un golpe significativo para esta organización criminal, en la que era considerado un hombre clave tanto para la estructura del grupo armado ilegal como para los pobladores de algunos municipios por donde se movió a sus anchas.

Lo anterior quedó reflejado en las honras fúnebres, que hicieron recordar las caravanas que también se llevaron a cabo luego de que las autoridades colombianas dieron de bajar a alias Terror, Oliverio Isaza Gómez, hijo del exjefe paramilitar Ramón Isaza, y cuyas exequias se desarrollaron entre el martes 25 y miércoles 26 de febrero de 2025.

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El operativo, que contó con la participación de unidades especiales provenientes de Bogotá, se llevó a cabo en la madrugada del sábado 5 de abril de 2025, sorprendiendo a alias Chirimoya en su lugar de descanso.

En algunas imágenes difundidas por los medio locales en redes sociales se observa el cuerpo del cabecilla vestido con ropa de dormir, rodeado de vainillas de bala, tras el enfrentamiento armado. Por tal motivo, las autoridades respondieron ante las posibles represalias que se habían conocido en la misma red, pero que fueron desmentidas.

Un historial criminal de dos décadas

Alias Chirimoya acumulaba una trayectoria de más de 20 años en su hija de vida de actividades delictivas. Sus inicios se remontan a las extintas Autodefensas Unidas de Colombia, desde donde escaló posiciones hasta convertirse en uno de los líderes más temidos del Clan del Golfo.

Demoya Hernández era señalado de coordinar homicidios selectivos, extorsiones, desplazamientos forzados, narcotráfico y atentados contra la fuerza pública. Además, se le atribuye haber liderado enfrentamientos violentos con otros grupos armados como Los Caparros, el ELN (Ejército de Liberación Nacional) y las disidencias de las Farc, en disputas por el control de territorios estratégicos, rutas de narcotráfico, minería ilegal y cultivos ilícitos.

Entre las acciones más destacadas que convirtieron a ‘Chirimoya’ en un objetivo para las autoridades colombianas se encuentra la incineración de vehículos durante el paro armado de 2022, en represalia por la extradición de Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel, máximo líder del Clan del Golfo.

Influencia territorial y apoyo local: tenía a los pobladores como sus aliados

Alias Chirimoya ejercía un control significativo en los municipios de Ayapel, La Apartada, Buenavista y Pueblo Nuevo, en Córdoba, así como en el Bajo Cauca antioqueño, con especial influencia en Caucasia. Desde estas zonas, impartía órdenes para las actividades ilícitas de la organización.

Su poder en la región era tal que contaba con el respaldo de algunos sectores de la población local, quienes lo alertaban sobre los movimientos de las autoridades, dificultando su captura en múltiples ocasiones.

Este apoyo, destacó en su informe el mismo medio regional, se extendía incluso al ámbito político, donde se le acusa de respaldar campañas a alcaldías municipales mediante testaferros, sobre todo en Caucasia.

Alias “Chirimoya” ya había sido capturado en 2015 en el municipio de Planeta Rica, Córdoba. Sin embargo, fue liberado debido a irregularidades judiciales, lo que llevó a la judicialización del juez responsable por el delito de prevaricato por acción agravado.

En 2024, su nombre fue considerado para integrar la mesa de negociaciones de paz entre el Gobierno Nacional y el Clan del Golfo, junto a otros cabecillas como Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo y José Gonzalo Sánchez Sánchez, alias Gonzalito. No obstante, su situación judicial y su historial delictivo llevaron a su exclusión de este proceso, según detalló NP Noticias Online.

Recompensa y solicitud de extradición

La captura de alias Chirimoya era una prioridad para las autoridades colombianas, que ofrecían una recompensa de hasta 500 millones de pesos (cerca de 122.000 dólares a la tasa de cambio del martes 8 de abril de 2025) por información que permitiera su ubicación.

Asimismo, el gobierno de Estados Unidos había solicitado su extradición por delitos relacionados con el narcotráfico, lo que subraya su relevancia dentro de las estructuras criminales transnacionales.

La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas hizo un llamado urgente para establecer corredores humanitarios en el departamento del Chocó.

El propósito de esta solicitud es asegurar el envío de asistencia a las poblaciones más vulnerables, así como garantizar la protección de quienes residen en esta región afectada por el conflicto armado.

Las rutas prioritarias para habilitar son los corredores que conectan Quibdó con Medellín y Pereira, así como varios trayectos hacia municipios cercanos como Istmina, Condoto, Bajo San Juan, Medio Baudó, Alto Baudó, Río Iró, Sipí y Nóvita.

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Estas vías son esenciales para permitir el flujo de ayuda humanitaria y responder a las necesidades de comunidades que enfrentan dificultades en áreas como alimentación, salud y seguridad.

Además de abrir estas rutas, la entidad definió una serie de mínimos humanitarios esenciales para proteger a la población civil. Estos incluyen:

• La entrega inmediata de insumos médicos, alimentos y otros recursos básicos para las comunidades afectadas.
• La suspensión inmediata de cualquier acto de violencia, incluidos los reclutamientos forzados y las agresiones contra mujeres.
• La prohibición de instalar minas antipersonal en el territorio.

Estos puntos fueron presentados durante el Gabinete para la Dignificación de las Víctimas, que se llevó a cabo el pasado 22 de febrero en el coliseo principal de Condoto.

En el evento participaron representantes de diversas instituciones, incluidos alcaldes municipales, funcionarios departamentales, organismos del Gobierno Nacional, miembros de la comunidad internacional y organizaciones sociales.

El encuentro se centró en analizar la crisis humanitaria que atraviesa el Chocó, abordando temas urgentes como la inseguridad alimentaria, la falta de acceso a servicios de salud y educación, la situación de la primera infancia, así como la necesidad de mejorar la inversión pública, fortalecer la seguridad y garantizar el acceso a agua potable en la región.

Los asistentes también discutieron las acciones necesarias para frenar la expansión del conflicto armado, proteger a las poblaciones más vulnerables y garantizar el respeto de los derechos humanos en medio de la crisis que afecta a numerosos municipios del departamento.

Las autoridades han reiterado que la creación de corredores humanitarios es fundamental para que la ayuda llegue de manera oportuna y efectiva.

De igual forma, insistieron en que las medidas de protección deben extenderse a todas las zonas del Chocó donde la violencia y las restricciones de movilidad han afectado la vida de las comunidades.

El Gobierno, en conjunto con las organizaciones internacionales y locales, continúa evaluando mecanismos para enfrentar la crisis humanitaria, con el objetivo de atender las necesidades más urgentes de las poblaciones afectadas y restablecer condiciones mínimas de dignidad y bienestar en la región.

El pasado jueves 20 de febrero, a la medianoche, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció el fin del paro armado que mantuvo durante cuatro días en el Chocó.

La gobernadora del departamento, Nubia Carolina Córdoba, afrontó la crisis con el respaldo del Gobierno nacional, aunque las comunidades sufrieron graves afectaciones. Según declaró en entrevista con Semana, nunca antes había presenciado una arremetida de tal magnitud en su territorio.

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De acuerdo con la mandataria departamental, lo que diferenció este paro armado de los anteriores fue la intención del ELN de visibilizarse de manera más agresiva. En esta ocasión, el grupo ilegal desplegó banderas y ubicó cilindros bomba y otros artefactos en las principales vías del departamento, tanto internas como de conexión con el resto del país. Además, advirtió a la comunidad que no desacatara el paro, bajo amenaza de represalias.

El cese de la acción armada se hizo público mediante un audio en el que el comandante del Frente de Guerra Occidental del ELN, Ogli Padilla, anunció el fin de la medida a partir de la medianoche del viernes 21 de febrero. Sin embargo, Córdoba señaló que las consecuencias del paro fueron devastadoras para las comunidades, en especial las rurales. Durante estos días, el departamento quedó paralizado: la movilidad se vio gravemente restringida, las actividades económicas quedaron suspendidas, la educación se interrumpió y la atención en salud se volvió imposible.

Aunque en esta ocasión no hubo pérdidas humanas, la gobernadora recordó que en paros similares la falta de transporte ha provocado la muerte de menores que no pudieron recibir asistencia médica a tiempo.

“Las razones de las que habla (el ELN) son un planteamiento que se hace bajo la ideología de las comunidades; sin embargo, las más afectadas durante estos días fueron precisamente las comunidades, sobre todo las rurales”, dijo inicialmente.

Y agregó: “Las subregiones San Juan y Atrato se vieron profundamente afectadas porque se dio el posicionamiento de banderas, cilindros y otros objetos que deben ser verificados mediante una estrategia militar, debido a que hemos tenido ataques anteriores contra la fuerza pública con francotiradores, explosivos y minas. Hace apenas tres semanas fue el último”.

Córdoba recordó que estos elementos fueron ubicados “en las vías principales que conducen de Quibdó a Medellín, de Quibdó a Pereira y en la vía que comunica internamente al departamento del Chocó, en el tramo entre Quibdó e Istmina, Condoto y Nóvita, es decir, toda la movilización terrestre, tanto interna como externa”.

Ante la crisis, la gobernadora destacó tres prioridades: restablecer la movilidad en el departamento, reactivar las actividades comerciales y de transporte, y neutralizar los riesgos dejados por el paro armado, entre ellos explosivos y banderas en diversos municipios. Además, subrayó la urgencia de atender la crisis humanitaria, ya que a pesar de la promesa del ELN de permitir un corredor humanitario, no se garantizó una movilidad segura.

Entre los municipios más afectados, mencionó a San José del Palmar, que quedó completamente aislado por el deterioro de la vía que lo comunica con el Valle del Cauca y por la quema de maquinaria utilizada para su reparación. La crisis humanitaria en la región también impactó gravemente a la población de El Atrato, donde el ELN mantiene una fuerte presencia y las comunidades han sido sometidas a desplazamientos y confinamientos prolongados.

Otro de los puntos críticos que señaló la mandataria es la proliferación de minas antipersona, que representan una amenaza permanente tanto para civiles como para miembros de la Fuerza Pública. La presencia de estos artefactos ha generado temor en la población, afectando la movilidad y el acceso a actividades esenciales como la agricultura y la educación.

Pese al levantamiento del paro, la gobernadora advirtió que la situación de orden público sigue siendo incierta. Según indicó, aunque se reanudaron la movilidad y los servicios básicos, la confrontación entre el ELN y el Clan del Golfo no se ha detenido, lo que mantiene en riesgo a la población. La funcionaria insistió en la necesidad de garantizar la presencia constante de la Fuerza Pública para evitar nuevos brotes de violencia.

En cuanto a la respuesta del Gobierno nacional, la gobernadora destacó que ha mantenido contacto directo con los comandantes de las Fuerzas Militares y el ministro del Interior. Sin embargo, la ausencia de un ministro de Defensa en propiedad ha dificultado la articulación de estrategias de seguridad. A pesar de esto, el presidente Gustavo Petro anunció la designación de un general para asumir la cartera, lo que podría mejorar la coordinación en las próximas semanas.

Córdoba también llamó la atención sobre la necesidad de replantear la estrategia de seguridad en el país, sugiriendo la implementación de una estrategia regional que permita asignar recursos y medios adecuados. En su visión, el conflicto armado en Colombia no debe analizarse de manera aislada por departamentos, sino como una problemática interconectada que afecta diversas regiones, desde el Pacífico hasta el Catatumbo y el sur del país.

En horas de la tarde del 21 de febrero de 2025, tres camiones de carga fueron incinerados en la vía Quibdó - Medellín, afectando el paso por el corredor. De acuerdo con los testigos que transitaban por el sector, el acto terrorista fue obra de soldados del Ejército de liberación Nacional (ELN) que se pararon en mitad de la carretera para detener los vehículos.

De igual manera, obligaron a los conductores a bajarse mientras pintaban con un spray rojo las iniciales del colectivo, luego prendieron fuego a las furgonetas para obstaculizar el paso de los autos por la vía que conecta a las dos ciudades capitales.

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Los hechos se registraron horas después de que el grupo guerrillero levantó el paro armado en protesta de la incursión de grupos paramilitares en el departamento del Chocó.

Así lo confirmó la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, que en sus redes sociales sostuvo que los hechos son una prueba más del aumento de la violencia y el recrudecimiento del conflicto armado en los últimos años.

“A pesar del anuncio del ELN sobre el levantamiento del constreñimiento armado, se presentó hace pocos minutos un ataque en la vía Quibdó-Medellín con la incineración de tres camiones de carga que fueron además marcados con las insignias del ELN”, escribió la mandataria departamental en su cuenta de X.

Córdoba también confirmó que la vía Quibdó-Medellín permanece totalmente bloqueada, por lo que solicitó ayuda de carácter urgente al Gobierno nacional para frenar las afectaciones de orden publico en el territorio.

“No cesa la violencia escalada, la agresión a civiles y la dramática afectación al orden público en el departamento del Chocó. En este momento se encuentra cerrada la vía Quibdó-Medellín, por este hecho”, agregó.

Bajo la misma línea, el exvicepresidente de Colombia Germán Vargas Lleras, criticó la política de seguridad del presidente Petro, que considera ineficiente, debido al fortalecimiento de los grupos armados ilegales en varias zonas del país, además de Chocó.

“Petro le está entregando el país a los criminales. Los ataques terroristas en las últimas horas en Chocó, Cúcuta, Cauca y Arauca, evidencian que estamos bajo el control de los bandidos por cuenta de la fracasada “paz total”. Como lo he venido advirtiendo, lo del Catatumbo lamentablemente es apenas el principio”.

Incluso, dijo que la falta de mano dura por parte del Estado desembocó en el aumento de la criminalidad e inseguridad, ya que siete de cada 10 municipios de Colombia están amenazados por grupos al margen de la ley.

“La criminalidad está desbordada, el orden público está fuera de control, la fuerza pública debilitada y la ciudadanía bajo el fuego. Alarmante que más del 74% de los municipios del país están bajo amenaza. ¿Hasta cuándo la inacción, la falta de autoridad y la complacencia con los grupos criminales? Colombia no puede seguir sometida al desgobierno y al miedo. ¡Tenemos que recuperar el rumbo!”, enfatizó.

A pesar de las solicitudes y quejas parte de la gobernadora del departamento y el exvicepresidente, no habido un pronunciamiento oficial del Estado. Sin embargo, se espera que el Ejército Nacional de Colombia haga presencia en la zona, ya que tiene órdenes de garantizar la seguridad y reducir la influencia de grupos como Clan del Golfo, ELN y Disidencias de las Farc, que se disputan el dominio del territorio.

De acuerdo con el brigadier general, William Caicedo Benavides, comandante de la Décima Quinta Brigada con sede en Chocó, habrá presencia de soldados e infantes de Marina en territorio, además de misiones y operativos para reducir la amenaza de los armados ilegales.

Juan Daniel Oviedo, concejal de Bogotá, se refirió al crítico panorama que atraviesa el Chocó debido al paro armado impuesto por el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Ante la situación de violencia que afecta a este departamento, el cabildante hizo un llamado a fortalecer la presencia del Estado en el Chocó.

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Oviedo calificó como “inaceptable” que un grupo insurgente establezca las condiciones que rigen la vida social y económica en una de las zonas más vulnerables del país. Además, destacó que la situación es aún más preocupante debido a las limitaciones geográficas del Chocó, que dificultan el acceso terrestre y favorecen la influencia de actores armados ilegales.

“El ELN no puede imponer las condiciones de vida de los habitantes del Chocó, el quinto departamento más pobre de Colombia, que enfrenta un aislamiento geográfico y dificultades de acceso terrestre que favorecen la presencia de grupos ilegales”, señaló el concejal.

Oviedo también hizo hincapié en la relación entre la violencia en la región y la existencia de cultivos ilícitos, los cuales no solo financian a los grupos armados, sino que también agravan la inseguridad y fortalecen el narcotráfico. En su opinión, este problema no se limita únicamente al Chocó, pues otras zonas como el Catatumbo enfrentan desafíos similares.

En su intervención, el concejal instó al Gobierno Nacional a tomar medidas más contundentes para enfrentar esta crisis. Además de reforzar la presencia de las fuerzas armadas, subrayó la importancia de garantizar servicios básicos esenciales para la población, como acceso a agua potable, alcantarillado y oportunidades de empleo.

“El Chocó necesita desarrollo, y eso solo se logrará con acciones concretas, menos discursos y menos estigmatización”, afirmó Oviedo, criticando la falta de resultados tangibles por parte de las autoridades nacionales.

Mientras tanto, la población civil sigue siendo la más afectada por el paro armado, enfrentando restricciones en su movilidad, el cierre de comercios y una creciente sensación de inseguridad.

La intención detrás del paro armado decretado por el ELN en Chocó, según Ariel Ávila

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) continúa imponiendo “su ley” en varias zonas del país, donde la población civil resulta siendo una de las más afectadas.

Además del atentado terrorista y hostigamientos ocurridos en la noche del miércoles 19 de febrero, en el peaje y estación de Policía del municipio de Villa del Rosario (Norte de Santander), atribuido al ELN, se le suma la toma de la subregión del Catatumbo desde hace aproximadamente un mes, así como el paro armado decretado desde la madrugada del martes 18 de febrero por un lapso de 72 horas, en Chocó.

El ELN continúa con su acción armada en varios departamentos del país - crédito Federico Ríos/REUTERS

A propósito, Ariel Ávila, senador del Partido Alianza Verde, politólogo y analista, expuso las verdaderas razones que estarían detrás de la reciente imposición armada del ELN en Chocó.

Ávila fue enfático en afirmar que el paro armado utilizado por el grupo terrorista hace parte de una táctica militar utilizada desde hace décadas para restringir la movilidad de la población.

“Es como un toque de queda. No puedes salir después de las 6 de la tarde ni antes de las 6 de la mañana. No te puedes mover en las carreteras, no puedes salir a zonas rurales”, dijo a 90 Minutos.

Asimismo, explicó al medio de comunicación que el paro armado sería la fachada del ELN para censar a la población chocoana y así ejercer mayor control sobre sus movimientos.

Con la imposición de un paro armado en el Chocó, el ELN busca recolectar datos para mantener el control en la población civil - crédito Brasil de Fato / Flickr/Europa Press

“En este momento, seguramente el ELN está yendo a los corregimientos, a las veredas, a los centros poblados a preguntar cuánta gente vive allí, quiénes son sus hijos, y les están exigiendo portar un carné. Se tiene que identificar en los retenes que haga el ELN, esto les permite controlar la entrada y salida de las personas después del paro armado”, aseveró el senador al citado medio.

De otro lado, Ávila afirmó que hace aproximadamente tres años existe un fuerte enfrentamiento entre el Clan del Golfo y el ELN en Bojayá (Chocó). Una guerra que, según dijo, ha arrinconado a este último actor armado.

“Desde hace tres años hay combates entre el Clan del Golfo y el ELN en Truandó, Bojayá. En ese periodo, el Clan del Golfo ha logrado arrinconar al ELN hacia el sur del Chocó, en la zona del Bajo San Juan. Además, al parecer, dos disidencias de las FARC están apoyando al Clan del Golfo en esta lucha”, añadio.

Del mismo modo, detalló que la situación de orden público en el Valle del Cauca requiere especial atención, principalmente en municipios como Jamundí y Buenaventura, sin descuidar la zona media y alta de Tuluá y Buga.

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) continúa imponiendo “su ley” en varias zonas del país, donde la población civil resulta siendo una de las más afectadas.

Además del atentado terrorista y hostigamientos ocurridos en la noche del miércoles 19 de febrero, en el peaje y estación de Policía del municipio de Villa del Rosario (Norte de Santander), atribuido al ELN, se le suma la toma de la subregión del Catatumbo desde hace aproximadamente un mes, así como el paro armado decretado desde la madrugada del martes 18 de febrero por un lapso de 72 horas, en Chocó.

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A propósito, Ariel Ávila, senador del Partido Alianza Verde, politólogo y analista, expuso las verdaderas razones que estarían detrás de la reciente imposición armada del ELN en Chocó.

Ávila fue enfático en afirmar que el paro armado utilizado por el grupo terrorista hace parte de una táctica militar utilizada desde hace décadas para restringir la movilidad de la población.

“Es como un toque de queda. No puedes salir después de las 6 de la tarde ni antes de las 6 de la mañana. No te puedes mover en las carreteras, no puedes salir a zonas rurales”, dijo a 90 Minutos.

Asimismo, explicó al medio de comunicación que el paro armado sería la fachada del ELN para censar a la población chocoana y así ejercer mayor control sobre sus movimientos.

“En este momento, seguramente el ELN está yendo a los corregimientos, a las veredas, a los centros poblados a preguntar cuánta gente vive allí, quiénes son sus hijos, y les están exigiendo portar un carné. Se tiene que identificar en los retenes que haga el ELN, esto les permite controlar la entrada y salida de las personas después del paro armado”, aseveró el senador al citado medio.

De otro lado, Ávila afirmó que hace aproximadamente tres años existe un fuerte enfrentamiento entre el Clan del Golfo y el ELN en Bojayá (Chocó). Una guerra que, según dijo, ha arrinconado a este último actor armado.

“Desde hace tres años hay combates entre el Clan del Golfo y el ELN en Truandó, Bojayá. En ese periodo, el Clan del Golfo ha logrado arrinconar al ELN hacia el sur del Chocó, en la zona del Bajo San Juan. Además, al parecer, dos disidencias de las FARC están apoyando al Clan del Golfo en esta lucha”, añadio.

Del mismo modo, detalló que la situación de orden público en el Valle del Cauca requiere especial atención, principalmente en municipios como Jamundí y Buenaventura, sin descuidar la zona media y alta de Tuluá y Buga.

Gobernadora del Chocó reveló los impactos del paro armado en el departamento

La crisis de seguridad en Chocó ha escalado de manera preocupante tras la declaración del paro armado por parte del ELN.

Este grupo armado ilegal impuso restricciones severas a la movilidad y actividades económicas en diversas zonas, siendo la subregión del San Juan (Chocó) una de las áreas más afectadas.

Ante este panorama, la gobernadora del departamento, Nubia Carolina Córdoba, convocó un Consejo de Seguridad extraordinario con el propósito de analizar la situación y coordinar respuestas junto a las autoridades y la Fuerza Pública.

Según declaró la mandataria regional, las afectaciones se han evidenciado principalmente en siete eventos críticos reportados en cinco municipios, perceptibles por la aparición de símbolos y objetos marcados con insignias de este grupo armado. Entre estos elementos se han encontrado banderas, cilindros marcados y altavoces, generando alarma entre los residentes del lugar.

La mandataria puntualizó que el impacto más notorio se relaciona con la interrupción de las vías principales que conectan al Chocó con Medellín y Pereira, además de las carreteras internas que comunican a la subregión del San Juan. Esto ha limitado aún más la movilidad en zonas rurales y ha profundizado el aislamiento de estas comunidades, exacerbando sus vulnerabilidades.

El 19 de febrero de 2025 se llevó a cabo en Villa de Leyva, Boyacá, la Cumbre de Gobernadores que reunió a altos funcionarios del Gobierno nacional, representantes de gremios y otros actores clave, para discutir asuntos determinantes para el desarrollo del país, en particular, la reforma agraria.

Durante el evento, que contó con la presencia del presidente de la República, Gustavo Petro, los gobernadores de los departamentos azotados por la violencia hicieron un llamado en conjunto para que el Estado colombiano implemente acciones efectivas para detener el conflicto armado.

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Entre las voces más críticas contra la gestión del primer mandatario a nivel de seguridad destacó la de gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, que se refirió al paro armado anunciado por el Ejército de liberación Nacional (ELN) en el departamento hasta el 21 de febrero de 2025.

Para Córdoba, la situación generó graves consecuencias entre los habitantes del territorio, que están siendo obligados a permanecer en sus hogares por las continuas intimidaciones del ELN a través de símbolos y objetos marcados con sus insignias.

Igualmente, sostuvo que en cinco municipios se registraron cilindros bomba que amenazan la integridad de los civiles, por lo que hizo un llamado de urgencia para trabajar de manera articulada en el objetivo de erradicar al grupo armado del territorio.

“Yo jamás había visto las vías de mi territorio selladas con banderas y cilindros bomba. Es injusto que estos dos grupos se disputen el territorio a expensas de la ciudadanía. La crisis se resuelve con un trabajo articulado”, dijo.

Así las cosas, pidió al Gobierno una estrategia excepcional ante la crisis humanitaria en el territorio y “devolver la seguridad al departamento, porque el ciudadano nos lo pide mucho a nosotros, nos pide respuestas, ya que no entienden por qué llevan dos años en esta situación”, agregó.

Bajo la misma línea, Wilmar Villamizar, gobernador del Norte de Santander, se refirió a la delicada situación de orden público que atraviesa su departamento por los enfrentamientos entre el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las Farc por adueñarse del control del mercado ilícito de coca en la región. Esta escalada de violencia ha dejado a más de 51.000 mil desplazados.

En ese sentido, cuestionó la efectividad de la política de Paz Total, que ha sido una de las banderas del Gobierno Petro. Durante su intervención, Villamizar sostuvo que aunque no ha dado los resultados esperados, cree que la actual administración está a tiempo para corregir las falencias y empezar a trabajar por el país.

“¿Ha funcionado la política de Paz Total? ¿Llegaremos a un tiempo de paz parcial o definitivamente no se va a poder lograr? Creemos que aún hay tiempo para avanzar y tenemos la disposición y la voluntad de avanzar”, cuestionó.

Por otro lado, el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, pidió al presidente Gustavo Petro, intervenir para agilizar el giro de los recursos del Plan de Alimentación Escolar (PAE) los cuales presentan retrasos desde 2024.

“Uno con hambre no piensa bien presidente, por eso es necesario hablar sobre el PAE, porque no han girado los recursos”, sostuvo.

En respuesta a las solicitudes y denuncias de los gobernadores, el primer mandatario sostuvo que para dar solución a los desafíos que supone cada región es necesario otorgar mayor autonomía y fuerza a las Gobernaciones.

A propósito, sostuvo que la manera de entregar esas facultades es por medio de la reforma al Sistema General de Participaciones. “Colombia merece una fase mayor de autonomía territorial (…) la región colombiana será muchísimo más poderosa”, aseveró.

Más de 1.000 personas en el Chocó han sido víctimas de desplazamiento y confinamiento debido al paro armado de 72 horas anunciado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) desde el pasado martes 18 de febrero de 2025.

La situación ha generado restricciones severas en el acceso a recursos básicos, como alimentos y medicamentos, afectando especialmente a comunidades campesinas, afrocolombianas, indígenas y a menores de edad. Además, el uso de minas antipersona ha incrementado el riesgo para la población.

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Y es que la crisis no solo involucra al ELN, sino también a otros grupos armados ilegales que operan en la región, como estructuras del Clan del Golfo, disidencias de las Farc lideradas por alias Iván Mordisco y alias Calarcá, así como las bandas conocidas como Shottas y Espartanos. Estas organizaciones han intensificado su presencia en el territorio, exacerbando la inseguridad y el temor entre los habitantes.

Por ejemplo, en Istmina, uno de los más afectados por la situación, el alcalde, Jaison Mosquera, describió un panorama desolador. En declaraciones a Noticias RCN, Mosquera afirmó que la población vive en un estado de zozobra y confinamiento total. “La gente está atemorizada y con mucha zozobra. Hoy estamos confinados, no hay entrada de combustible ni de pasajeros”, señaló el mandatario local.

El alcalde también expresó su preocupación por la imposibilidad de movilizarse hacia Quibdó, capital del Chocó, donde tenía programada una reunión con la vicepresidenta Francia Márquez. “No tengo la capacidad para salir a Quibdó”, explicó, evidenciando las dificultades de transporte que enfrenta la región debido a las restricciones impuestas por los grupos armados.

De hecho, la interrupción de la navegabilidad en los ríos, ordenada por el ELN como parte del paro armado, ha bloqueado el suministro de alimentos y equipos médicos básicos hacia las zonas rurales de Istmina y otros municipios del Chocó.

“Es complejo porque la gente tiene mucho temor y acata la orden que ha dado el ELN”, afirmó Mosquera. Y es que esta situación ha dejado a las comunidades más vulnerables sin acceso a productos esenciales, agravando aún más la crisis humanitaria.

El alcalde también criticó la falta de acción por parte del Ejército Nacional para prevenir el paro armado, a pesar de que este había sido anunciado con antelación. “Es un paro que estaba anunciado y el Ejército no hizo ninguna acción importante necesaria para evitarlo. Entonces parece que hay un silencio de la fuerza militar también. Los que tienen el control son los grupos armados”, denunció Mosquera.

En medio de esta compleja coyuntura, el alcalde de Istmina hizo un llamado al presidente Gustavo Petro y al Gobierno nacional para que brinden atención inmediata al departamento del Chocó. “Nosotros queremos que, así como se atendió al Catatumbo con toda la oferta institucional, llegue al departamento del Chocó. Nosotros también hacemos parte de Colombia, que nos respeten, quieran y traten dignamente”, expresó Mosquera.

La situación en Chocó pone de manifiesto las profundas desigualdades y el abandono histórico que han enfrentado las comunidades de esta región. Mientras tanto, miles de personas permanecen atrapadas en un contexto de violencia y precariedad, a la espera de una respuesta efectiva por parte de las autoridades nacionales.

Frente a ello, es válido añadir que debido a la gravedad de la situación, se instaló un Puesto de Mando Unificado (PMU) para realizar un monitoreo continuo del desarrollo del paro armado y tomar medidas de respuesta inmediata ante posibles emergencias.

“Nos hemos constituido en un puesto de mando unificado para hacer seguimiento a la totalidad del tiempo que ha sido previsto por este grupo, a través de sus comunicaciones, para el constreñimiento armado en el departamento del Chocó, atendiendo sobre todo a cualquier emergencia que pueda suscitarse en el marco de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario”, afirmó la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba.

La crisis de seguridad en el Chocó se ha intensificado debido al paro armado decretado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Este grupo armado ilegal ha restringido la movilidad y las actividades económicas en varias zonas del departamento, con mayor afectación en la subregión del San Juan (Chocó).

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Frente a este panorama, la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, lideró un Consejo de Seguridad extraordinario para evaluar la situación y coordinar acciones con las autoridades. Tras la reunión, la mandataria advirtió sobre el riesgo que enfrenta la población por la presencia del grupo armado.

“Hemos concluido un Consejo de Seguridad en el marco del constreñimiento armado que ha anunciado el ELN en todo el departamento del Chocó como situación general, y que tiene una afectación directa sobre todo el territorio, pero con un especial énfasis en la subregión del San Juan”, afirmó la gobernadora.

Según el balance presentado, se han identificado siete eventos críticos en cinco municipios, evidenciando la presencia del ELN a través de símbolos y objetos marcados con sus insignias. “Han reportado al momento banderas del ELN, cilindros marcados con el ELN, parlantes y otros artefactos que están por identificarse por parte de la Fuerza Pública”, detalló Córdoba.

La presencia de estos elementos ha generado temor en la comunidad y ha limitado la movilidad en distintos sectores. Además, la interrupción de las principales vías de acceso afecta no solo el comercio, sino también la atención en salud y otros servicios esenciales.

“Hay una afectación directa en las dos vías que comunican al departamento con Medellín y con Pereira, así como en la vía interna que comunica a la subregión del San Juan”, señaló la mandataria, enfatizando el impacto en la población rural.

Debido a la gravedad de la situación, se instaló un Puesto de Mando Unificado (PMU) para realizar un monitoreo continuo del desarrollo del paro armado y tomar medidas de respuesta inmediata ante posibles emergencias.

“Nos hemos constituido en un puesto de mando unificado para hacer seguimiento a la totalidad del tiempo que ha sido previsto por este grupo, a través de sus comunicaciones, para el constreñimiento armado en el departamento del Chocó, atendiendo sobre todo a cualquier emergencia que pueda suscitarse en el marco de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario”, afirmó Córdoba.

El gobierno departamental, en conjunto con la Fuerza Pública, mantiene operativos para neutralizar los elementos dejados por el ELN y garantizar el restablecimiento de la seguridad en la región.

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció que a partir de la madrugada del martes 18 de febrero y durante 72 horas se llevará a cabo un paro armado en el departamento del Chocó.

Según la organización, las principales razones de esta acción son la falta de atención del Gobierno Nacional a la crisis humanitaria generada por la presencia de grupos paramilitares en la región y la implementación de proyectos económicos que afectarían el medio ambiente.

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El Frente de Guerra Occidental “Ogli Padilla” lo explicó en un comunicado emitido la noche del 15 de febrero, en el que anunció la toma del grupo al margen de la ley en esta parte del territorio nacional.

“Hoy, ante la invisibilización del régimen de la grave situación humanitaria en el departamento del Chocó y frente a las mentiras de las empresas de información que pretenden esconder la verdadera razón del avance paramilitar (con una burda simplificación del conflicto en una disputa por unos corredores de renta ilícita)”, aseveró el ELN en su comunicado dirigido a la opinión pública.

Paradójicamente, una de las preocupaciones expresadas por la organización criminal es el bienestar de la población y los casos de desplazamiento forzado que se han registrado en la región.

“Los paramilitares se encargan de intimidar, asesinar y desplazar a la población y a sus líderes sociales, con el propósito de romper el tejido social y organizativo para materializar sus fines lucrativos. El Gobierno Nacional es el primer responsable de la grave situación humanitaria de esta región del país, así como del crecimiento y posicionamiento del Clan del Golfo en el departamento”, puntualizó el documento.

De acuerdo con un informe publicado por Semana, el responsable de orquestar y decretar este paro armado es alias Jerson, uno de los guerrilleros que comanda los enfrentamientos contra el Clan del Golfo por el control territorial en la zona del río San Juan, un corredor fluvial estratégico utilizado para el transporte de cientos de toneladas de cocaína al año.

Presunto responsable de paro armado en Chocó

Desde 2001, alias Jerson habría ingresado a las filas del ELN, y con el paso del tiempo escaló dentro de la organización hasta convertirse en el cabecilla principal del Frente Ernesto “Che” Guevara.

Según el medio Semana, él sería el principal responsable de organizar el noveno paro armado en el departamento en menos de dos años, afectando los municipios de Sipí, Nóvita, Istmina, Medio San Juan y Litoral del San Juan.

Prontuario delictivo de alias Jerson

Este delincuente es acusado de múltiples delitos, entre ellos:

• Desplazamiento forzado
• Homicidio
• Homicidio de personas protegidas
• Secuestro extorsivo
• Rebelión
• Tráfico de armas y municiones de uso privativo de las Fuerzas Militares

Desde que inició su actividad delictiva en el Pacífico, alias Jerson ha estado involucrado en más de 145 hechos de violencia, entre los que se destacan:

• Hostigamientos contra la Policía Nacional y el Ejército Nacional
• Homicidios selectivos
• Retención de grupos indígenas
• Instalación de minas antipersona
• Asesinato de soldados, entre otros.

Motivos detrás del paro armado

De acuerdo con las investigaciones, hay tres hipótesis sobre la orden de este paro armado:

• Disputa territorial con el Clan del Golfo: se cree que la orden está relacionada con un conflicto contra los herederos de alias “Otoniel”, antiguo líder del Clan del Golfo. Este grupo criminal tiene más integrantes en la zona que el ELN, por lo que el paro buscaría imponer confinamientos para evitar que la población quede atrapada entre sus ataques y las emboscadas de las Fuerzas Militares.
• Control de los ríos para el tráfico de drogas: el ELN busca mantener el dominio de los corredores fluviales, clave para el traslado de cargamentos de cocaína.
• Beneficio de ayudas humanitarias: se especula que el grupo armado podría estar tratando de sacar provecho de los recursos estatales destinados a la población afectada por los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las FARC, conflicto que persiste en la región desde hace más de un mes.

Sin embargo, el ELN no ha confirmado públicamente quién es el responsable de esta nueva ofensiva en el Chocó.

La embajada de Estados Unidos en Colombia ha instado a sus ciudadanos a abandonar el departamento de Chocó debido a la creciente inestabilidad en la región.

Esta advertencia surge tras el anuncio de un paro armado por parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que se extenderá desde la medianoche del martes 18 de febrero hasta la medianoche del viernes 21 de febrero.

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“El ELN ha dicho que no se realizarán actividades públicas, se cerrará el transporte público y los civiles se verán obligados a permanecer en el interior durante todo el período. Han anunciado que los ciudadanos que salgan al aire libre pueden ser detenidos, encarcelados o fusilados”, afirmó la Embajada en su página web.

De acuerdo con el comunicado emitido por el ELN, los civiles deberán permanecer en sus hogares durante los días del paro armado.

El grupo insurgente ha advertido que cualquier persona que sea encontrada fuera de su vivienda podría enfrentarse a graves consecuencias, como detenciones, encarcelamientos o incluso ejecuciones. Ante esta situación, la embajada estadounidense ha emitido una serie de recomendaciones para garantizar la seguridad de sus ciudadanos que aún se encuentren en la región.

La embajada ha subrayado la importancia de tomar precauciones extremas para quienes no puedan abandonar el área afectada. Entre las medidas sugeridas, se incluye el acceso exclusivo a agua potable segura, la búsqueda de refugio adecuado y la permanencia en el interior de las viviendas.

Además, se ha enfatizado la necesidad de evitar cualquier tipo de confrontación con miembros del ELN o personas armadas, así como mantener un perfil bajo y evitar multitudes o situaciones que puedan representar un riesgo.

También se ha recomendado a los ciudadanos estadounidenses que mantengan un alto nivel de vigilancia, presten atención a su entorno y monitoreen los medios locales para obtener actualizaciones sobre la situación de seguridad.

Estas acciones buscan minimizar los riesgos asociados al paro armado y proteger a los residentes extranjeros en una región caracterizada por la presencia de grupos armados ilegales.

El anuncio del paro armado por parte del ELN ha generado preocupación no solo entre los ciudadanos estadounidenses, sino también entre la población local de Chocó, una región históricamente afectada por el conflicto armado en Colombia.

El ELN, considerado el último grupo guerrillero activo en Colombia tras la desmovilización de las Farc, ha recurrido a los paros armados como una estrategia para presionar al gobierno y enviar mensajes políticos.

Además de las medidas de seguridad específicas, la embajada ha instado a sus ciudadanos a mantenerse en contacto con familiares y amigos para informar sobre su situación y ubicación. También se ha sugerido que los viajeros registren su presencia en el programa de inscripción de viajeros del Departamento de Estado de Estados Unidos, lo que permite a las autoridades consulares brindar asistencia en caso de emergencia.

La embajada continuará monitoreando de cerca la situación en Chocó y emitirá actualizaciones conforme se desarrolle el paro armado. Mientras tanto, las autoridades locales y nacionales en Colombia también están en alerta ante posibles incidentes relacionados con las actividades del ELN durante este periodo.

El departamento de Chocó, ubicado en el noroeste de Colombia, ha sido escenario de enfrentamientos entre grupos armados ilegales, incluidos el ELN y organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico. Esta situación ha generado una crisis humanitaria que afecta a miles de personas, especialmente en comunidades rurales y afrodescendientes. La alerta de seguridad emitida por la embajada estadounidense pone de manifiesto la gravedad de la situación y la necesidad de tomar medidas inmediatas para proteger a los ciudadanos en la región.

Recomendaciones de la Embajada de Estados Unidos para sus compatriotas en el Chocó, Colombia

• Agua potable segura.
• Busca refugio y protégelo lo mejor que puedas.
• Permanecer en el interior.
• No enfrentarse a guerrilleros o individuos armados.
• Mantener un alto nivel de vigilancia.
• Mantente atento a tu entorno.
• Mantén un perfil bajo.
• Evite las multitudes.
• Monitorear los medios locales para actualizaciones de seguridad.

El paro armado anunciado por el Ejército de Liberación Nacional en la noche del 15 de febrero de 2025 en Chocó ha generado preocupación entre las autoridades del departamento. El documento publicado por el grupo armado criminal indica que desde el 18 al 20 de febrero de 2025, la población estará sometida a los ataques del ELN.

No obstante, desde inicios del segundo mes de 2025, enfrentamientos entre el ELN y disidencias de las Farc ya venían perturbando la tranquilidad de los chocoanos en distintos puntos del departamento, por lo que alrededor de 5.000 personas ya se han visto afectadas directamente, que han decido salir de sus hogares o resguardarse en ellos para evitar afectaciones.

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La gobernadora del departamento, Nubia Carolina Córdoba, indicó a Blu Radio que la crisis humanitaria que se pueda generar a raíz del paro armado sería de una gran magnitud, porque sería en todo el departamento y no le permitiría a los chocoanos trabajar como lo harían en otras ocasiones.

También mencionó que no ha tenido una comunicación directa con el gabinete del Gobierno, puesto que la crisis ministerial coincidió con este anuncio: “No he podido tener esta comunicación, entendemos que hay una transición en el Gobierno nacional ahora mismo y que los ministerios no tienen encargados en propiedad”.

Por lo anterior, la gobernadora afirmó al medio citado que darán atención a los afectados conforme lo permite la ley y que espera que desde el Gobierno nacional haya funcionarios que operen a favor de los afectados: “Tenemos que gestionar estas circunstancias con los instrumentos que nos da la ley entorno al Consejo de Seguridad, en torno al Consejo transicional para la atención directa de las víctimas, con los ministerios en todo caso, porque habrá alguien que deba encargarse”.

Asimismo, recordó que ella ya había enviado alertas al Gobierno nacional de diferentes formas, pero que el conflicto se agravó y ahora se requieren acciones directas: “Yo llevo por lo menos quince días alertando cómo se ha venido recrudeciendo el conflicto en el departamento y cómo en la cuenca media del río San Juan, sobre todo, ha habido presencia de las guerrillas en el Chocó”.

No tenemos comunicación con las carteras de Defensa e Interior

En la entrevista que la funcionaria concedió al medio mencionado, indicó que el Gobierno nacional debe prestar atención a la crisis, y que ante el panorama de cambio que se registra en la actualidad en Presidencia, no tienen claridad de con quién deben comunicarse para que les brinden recursos y atención.

“La comunicación es más difícil porque antes teníamos alguna relación con algún miembro del gabinete, pero hoy no tenemos esa claridad, no tenemos comunicación con las carteras de Defensa e Interior, que son los que están encargados”, dijo.

Por otra parte, aseguró que en el Chocó se necesitan acciones que atajen el problema de raíz, puesto que este departamento es uno de los más afectados por el conflicto armado: “Necesitamos acciones que comprometan en pleno a la administración como el orden local, es que el Chocó tiene un nivel alto en materia humanitaria”.

Y aunque la funcionaria confesó que entendía la crisis en el otro extremo de Colombia, también afirmó que no se podía ignorar la situación en el Chocó: “Entendemos que en el Catatumbo hay dificultad, pero no es menos grave el hecho de que en dos años llevamos ocho paros armados, y mañana iniciamos uno nuevo en todo el departamento”.

También afirmó que el ataque será general, por lo que los chocoanos no podrán salir de sus municipios, porque las principales vías del departamento tendrán presencia guerrillera: “Nos va a dejar a todos parados, porque las vías principales del departamento tendrán la presencia del ELN; uno no puede admitir otra cosa que medidas excepcionales”.

Las comunidades del sur del departamento del Chocó, zona afectada por la presencia de grupos armados, denunció un aumento en las restricciones y amenazas que afectan su vida cotidiana. Los habitantes Istmina señalaron la presencia de retenes ilegales y la confiscación de teléfonos celulares por parte de estos grupos, que además prohibieron la grabación de cualquier evidencia. Estas acciones generaron un clima de incertidumbre y temor entre los residentes, que enfrentan crecientes dificultades para continuar con sus actividades diarias.

Miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) han visitado viviendas en la región para reiterar amenazas, lo que exacerbó la sensación de inseguridad. Ante esta situación, el Ejército Nacional desplegó operativos en la zona con el objetivo de garantizar la seguridad de la población y se mantiene en estado de máxima alerta para responder a cualquier alteración del orden público. Sin embargo, las tensiones persisten, afectando tanto a los residentes como a los trabajadores que deben desplazarse regularmente.

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Los maestros y otros trabajadores que deben viajar semanalmente a la región enfrentan un panorama cada vez más complicado. Según declaraciones recogidas por Noticias RCN, muchos de ellos han optado por abandonar la zona debido al temor generado por las amenazas y la inseguridad. Un docente, que prefirió no revelar su identidad, expresó que, a pesar de las dificultades, aún cuentan con estudiantes comprometidos en la región. Sin embargo, la continuidad de las clases depende directamente de las condiciones de seguridad, lo que pone en riesgo el acceso a la educación para los jóvenes de la comunidad.

De acuerdo con lo informado por el medio citado, los habitantes tomaron medidas para protegerse y garantizar su subsistencia. Asimismo, se ha observado a personas cargando bolsas con agua, alimentos básicos, pañales y provisiones para animales, en un esfuerzo por prepararse ante posibles situaciones de emergencia. Un residente explicó que suelen llevar estos suministros al finalizar su jornada laboral, lo que refleja la preocupación constante por su bienestar y el de sus familias.

En paralelo, más de 12.600 personas resultaron afectadas por los enfrentamientos entre grupos armados ilegales en el departamento del Chocó, según cifras oficiales. Cabe recordar que en este contexto de violencia, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció un paro armado de 72 horas que comenzará el martes 18 de febrero de 2025, lo que generó alarma entre las autoridades y la población local. De acuerdo con un comunicado emitido por el Frente de Guerra Occidental Ogli Padilla del ELN, esta acción coincide con la conmemoración del 58.º aniversario de la muerte de Camilo Torres Restrepo y busca denunciar la presencia de grupos paramilitares en la región, así como la falta de respuesta estatal ante la crisis humanitaria.

El general William Caicedo, comandante de la Decimoquinta Brigada del Ejército, declaró en entrevista con Blu Radio que este paro armado es, en realidad, un “señuelo” utilizado por el ELN para otros fines. Según el oficial, la verdadera intención del grupo insurgente es restringir la movilidad de la población civil para facilitar el tráfico de drogas en la región. Caicedo señaló que estas tácticas buscan inmovilizar a las comunidades, permitiendo el paso de alucinógenos a través de los territorios controlados por el grupo armado.

Por su parte, el secretario del Interior del Chocó, en declaraciones a Caracol Radio, expresó su preocupación por las posibles consecuencias del paro armado en la población civil. Según el funcionario, la medida afectará principalmente a seis municipios: Itsmina, Medio San Juan, Litoral San Juan, Litoral del San Juan, Sipí y Nóvita. Advirtió que esta situación podría derivar en desplazamientos masivos, confinamientos y amenazas directas contra líderes sociales y comunitarios que habitan estas zonas.

En la tarde del domingo 16 de febrero de 2025, la Procuraduría General de la Nación emitió un contundente pronunciamiento en el que rechazó las acciones criminales perpetradas por organizaciones armadas ilegales en el departamento del Chocó.

A través de un documento, ente de control disciplinario exigió al Gobierno nacional y a las autoridades competentes actuar con prontitud para proteger a las comunidades vulnerables de la región.

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Este llamado se conoció en un contexto de creciente violencia y desprotección que afecta a miles de personas en una de las zonas más golpeadas por el conflicto armado en Colombia.

Contexto de violencia y paro armado

El departamento del Chocó, conocido por su riqueza natural y diversidad cultural, ha sido escenario de enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Clan del Golfo y las Disidencias de las Farc.

Estas organizaciones han sometido a la población civil a una crueldad inaceptable, afectando especialmente a las comunidades más vulnerables.

Incluso, la situación se ha agravado con el reciente anuncio del ELN de un “paro armado” en la región, que dejará confinadas a más de 10 mil personas, según la gobernadora del departamento, Nubia Carolina Córdoba.

El paro armado, que comenzará a las 12:00 a. m. del 18 de febrero y se extenderá hasta las 12:00 a. m. del 21 de febrero, ha sido justificado por el ELN como una respuesta a la “invisibilización” de la crisis humanitaria en el Chocó y a la presencia de paramilitares.

En un comunicado, el grupo armado acusó al Gobierno nacional de ser el principal responsable del recrudecimiento del conflicto y de la difícil situación que atraviesa el departamento, señalando que las fuerzas militares no han realizado operativos efectivos contra el paramilitarismo.

Impacto en la población civil

Por tal motivo, la Procuraduría expresó su preocupación por el impacto de estas acciones en la población civil, dado que la siembra de minas antipersona en la zona es una muestra más de la crueldad con la que operan estos grupos armados.

En ese sentido, el jefe del Ministerio Público recordó al Gobierno nacional y a las autoridades sus deberes esenciales de mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica.

“Es reprochable y condenable que estas organizaciones criminales hayan sembrado de minas antipersona un amplio territorio de ese departamento, poniendo en riesgo a la población civil”, se lee en el documento.

“Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades”, enfatizó.

Respuesta al Gobierno y Fuerzas Militares

Según el grupo armado, los anuncios de envío de tropas y recursos militares a la región no han tenido un impacto real en la protección de la población.

“Los logros de las Fuerzas Militares en la región son una pantalla de humo”, afirmó el ELN, sugiriendo que los operativos son coordinados previamente con los grupos armados para evitar confrontaciones.

La Procuraduría, por su parte, manifestó su compromiso de vigilar y hacer seguimiento a las acciones de las autoridades para prevenir riesgos contra la vida e integridad de las comunidades y garantizar el ejercicio de sus derechos.

La entidad instó al Gobierno nacional a adoptar medidas urgentes y efectivas para proteger a la población civil y enfrentar la crisis humanitaria en el Chocó.

Por último, la Procuraduría General de la Nación dejó claro que no tolerará acciones que pongan en riesgo la vida y la integridad de las comunidades vulnerables, dado que la paz y la convivencia en la región dependen de una respuesta contundente y efectiva ante la violencia y la impunidad.

En horas de la noche del 15 de febrero de 2025, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció que iniciará un paro armado en el departamento del Chocó por la fuerte presencia de paramilitares. Además de la falta de apoyo por parte del Estado, frente a la crisis humanitaria que vive la región.

“Hoy, ante la invisibilización del régimen de la grave situación humanitaria en el departamento de Chocó y frente a las mentiras de las empresas de la información que pretenden esconder la verdadera razón del avance paramilitar (con una burda simplificación del conflicto en una disputa por unos corredores de renta ilícita) “, explicó el grupo en un comunicado dirigido a la opinión pública.

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El grupo armado explicó que pretende “desenmascarar los planes de la oligarquía: la implantación de megaproyectos, de su modelo económico extractivista y la llegada masiva de mercenarios para cuidar sus intereses”.

De igual manera, el Frente de Guerra Occidental Ogli Padilla sostuvo que el principal responsable del recrudecimiento del conflicto y de la difícil situación que atraviesa el departamento es el Gobierno nacional, que no se ha hecho cargo de la problemática.

“Los paramilitares se encargan de intimidar, asesinar, desplazar a la población y a sus líderes sociales, con el propósito de romper el tejido social y organizativo para materializar sus fines lucrativos. El gobierno nacional es el primer responsable de la grave situación humanitaria de esta región del país, así como del crecimiento y posicionamiento del Cartel del Golfo en el departamento”, puntualizó el documento.

Incluso, señaló que la presencia de más de 300 soldados en las subregiones son solo maneras de enaltecer al Ejército, y no de ayudar a la población que día a día se ve expuesta al conflicto armado.

“Los anuncios del envío de 340 militares a la subregión del San Juan y la llegada del barco de la armada con sus lanchas de combate son solo publicidad engañosa. Caseríos como Dipurdu, San Miguel, Negria y Noanamá tienen presencia permanente del ejército durante los últimos 3 años, pero no realizan operativos contra el paramilitarismo”.

Según el grupo armado, los logros de las Fuerzas Militares en la región son una pantalla de humo, ya que no son producto de los operativos, sino que ocurren por las negociaciones y concesiones con los grupos armados.

“El show mediático es bien conocido: cuando los militares llegan a los sitios más afectados por los combates, es porque ya el Clan del Golfo se retiró, y han coordinado los movimientos previamente para evitar la confrontación armada”, indicó el documento.

Así las cosas, el ELN confirmó que “para visibilizar este entramado entre el estado, fuerzas militares y mercenarios ,decretamos paro armado de 72 horas en el departamento de Chocó, a partir de las 00:00 horas del día 18 de febrero, hasta las 00:00 horas del día 21 del mismo mes”.

Esta no es la única acción del grupo armado en el territorio nacional, ya que habitantes del Catatumbo reportaron la aparición de una nueva bandera alusiva al ELN en la vía que conduce al corregimiento de Urimaco, en Norte de Santander.

En la pancarta buscaban honrar varios miembros destacados del grupo, como su comandante en jefe Camilo Torres Restrepo, con el mensaje “con su entrega inmortalizaron el amor eficaz en la lucha popular”.

Además, la comunidad también informó sobre la presencia de un balde con un letrero que dice “peligro” en la carretera que comunica El Zulia con el municipio de Tibú, en el sector conocido como Pedregales.

Bogotá, 15 nov (EFE).- La guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció que da por finalizado a partir de este sábado el paro armado que decretó en el departamento del Chocó desde el pasado 9 de noviembre, una zona gravemente afectada por las lluvias e inundaciones del pasado fin de semana.

"A partir de las 6:00 a.m. del día 16 de noviembre de 2024, damos por finalizado el paro armado en la subregión del (río) San Juan. Alertamos a los habitantes que viven en las zonas de mayor alteración del orden público para que eviten los desplazamientos nocturnos. Nuestras actividades continúan en la vigilancia y control de los ríos", indicó en un comunicado la guerrilla.

El anuncio del ELN del paro armado en el Chocó llegó después de una reunión entre las delegaciones del Gobierno y de la guerrilla en Venezuela, en el marco del proceso de paz que iniciaron en 2022, y arrancó cuando las fuertes lluvias provocaron una emergencia en el departamento, agravando la situación.

Este mismo viernes, la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) alertó de la "crisis humanitaria" que vive la región, que tiene el 87 % de sus municipios afectados y cuenta con daños en cultivos, cierres de vías y "restricciones de movilidad por paro armado".

Al respecto del anuncio del ELN, la gobernadora del Chocó, Nubia Córdoba-Curi, aseguró que "esto facilita las labores de atención a las comunidades que completaron una semana bajo este flagelo en concomitancia con las graves afectaciones por la ola invernal". EFE

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha abierto un corredor humanitario a partir de este miércoles para que las comunidades afectadas por las fuertes lluvias que han estado cayendo en el departamento de Chocó tengan acceso a las ayudas del Gobierno, pero sin levantar el paro armado que rige desde hace cuatro días.

"Para aliviar las afectaciones del invierno de los pobladores en las zonas donde está vigente el paro armado, se autoriza un corredor humanitario desde el día 13 de noviembre para que puedan llegar las ayudas", señala el comunicado del frente de Guerra Occidental Ogli Padilla del ELN.

La guerrilla ha instado a las autoridades responsables de gestionar el reparto de esta ayuda a señalar "de manera visible" los logos de las instituciones que los identifiquen, a fin de evitar "incidentes" y prohíbe además que se haga de noche.

El ELN ha utilizado el comunicado para justificar el paro armado que desde hace cuatro días mantiene a cerca de unas 45.000 personas confinadas, según cifras oficiales, que además se han visto doblemente perjudicadas por el temporal que ha estado cayendo con especial virulencia en zonas como Chocó o La Guajira.

Así, la guerrilla ha explicado que la decisión de imponer el paro armado, el tercero en la región en los últimos cinco meses, responde a la "connivencia" entre las fuerzas de seguridad del Estado colombiano y los grupos paramilitares.

"Una muestra de esta alianza criminal fue la captura en el día de ayer de dos infantes de Marina por el delito de tráfico de armas y cooperación militar con el Clan del Golfo (...) La población afectada en los territorios sabe perfectamente de esta connivencia", ahonda la guerrilla en el comunicado.

El ELN ha enumerado otra serie de episodios de que dan buena cuenta de esta cooperación entre las Fuerzas Armadas y los paramilitares, quienes "se mueven libremente" para "destruir el tejido social y 'acabar' con la resistencia popular" mientras los militares se encuentran replegados en sus bases.

El nuevo para armado del ELN se puso en marcha apenas un día después de que las delegaciones de paz del Gobierno y de la guerrilla decidieran retomar el diálogo después de que entrara en punto muerto el pasado mes de septiembre en respuesta a un atentado sobre una base militar que dejó dos muertos y decenas de heridos.

La gobernadora del departamento colombiano de Chocó, Nubia Córdoba, ha denunciado que ni el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Clan del Golfo están respetando los acuerdos humanitarios, en medio de la crisis climática que ha afectado a casi el 90 por ciento de la población esta región, golpeada en los últimos días por las lluvias.

"Lo más grave es que no contamos con seguridad alimentaria por lo menos de aquí a seis meses", ha alertado Córdoba en una entrevista para Blu Radio, en la que ha denunciado que el paro armado del ELN hace más difícil la entrega de una ayuda humanitaria ya de por sí insuficiente.

Córdoba ha informado de que son 37.000 las familias damnificadas estos días por las lluvias que han caído en Chocó, cuyo territorio es principalmente selvático. El 87 por ciento del territorio se ha visto afectado y una veintena de municipios han sido anegados por desbordamientos, inundaciones y deslizamientos de tierra.

"Es crítico cómo el paro armado interfiere con la atención humanitaria. La gente intenta salir para conseguir alimentos y combustibles, pero los devuelven sin permitirles abastecerse", ha lamentado la gobernadora.

Córdoba ha apuntado también hacia la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la cual, ha dicho, no ha estado a la altura en las cuatro situaciones graves que ha padecido la región este año. "Las emergencias no esperan y esta es la unidad que debería coordinar la acción del Estado", ha reprochado.

La semana pasada, un día después de que el Gobierno y el ELN decidieran retomar la mesa de diálogo tras varios meses en pausa, uno de los frentes de la guerrilla anunció un nuevo paro armado indefinido en Chocó, el tercero en la región en los últimos cinco meses en respuesta a las operaciones del Ejército y otros grupos.

En medio de todo ello, un fuerte temporal de lluvias que ha estado cayendo durante los últimos días en especial en La Guajira, Chocó y Bogotá.

La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha anunciado este jueves un paro armado indefinido en el departamento de Chocó que comenzará este sábado, que ha sido comunicado horas después de terminar una reunión con el Gobierno de Colombia en la capital de Venezuela, Caracas, para retomar la mesa de diálogo.

"Decretamos paro armado indefinido a partir de las 00.00 horas del 9 de noviembre de 2024 en los ríos San Juan, Sipí y Cajón. Esperamos que la población cumpla estas restricciones para evitar algún tipo de accidente", reza un comunicado.

El ELN ha denunciado que durante el mes anterior las Fuerzas Armadas colombianas han patrullado la zona, realizando "acciones ofensivas" contra sus miembros, de forma que "le iban abriendo paso" al grupo paramilitar Clan del Golfo, a quienes acusa de controlar varias comunidades.

"Los habitantes de las comunidades anteriormente mencionadas están confinadas y amenazadas por este grupo paramilitar. No pueden laborar en sus parcelas por temor a la confrontación militar y también prohibieron desplazarse del pueblo, buscando con esto mantenerlos como escudo humano y a la vez evitar el escándalo noticioso en los medios de comunicación", ha señalado.

Durante la jornada, la delegación de la guerrilla ha propuesto al Gobierno un plan de trece puntos para descongelar el proceso y las misiones de paz de ambas partes han confirmado su disposición a retomar las conversaciones. "Nos reuniremos del 19 al 25 de noviembre de 2024, a dos años de haber iniciado el proceso", señala el comunicado.

Una nueva etapa de conversaciones entre el Gobierno colombiano y la guerrilla del ELN comenzó este martes 19 de noviembre en Caracas, Venezuela.

Este proceso tiene como objetivo retomar el diálogo interrumpido debido a los constantes enfrentamientos en regiones como Arauca.

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Iris Marín, defensora del Pueblo, expresó un enfático llamado al grupo armado para detener acciones que afectan directamente a la población civil, como el paro armado que mantiene en los ríos del Chocó, de acuerdo con información de la Revista Semana.

Desde el Congreso, Marín reiteró su preocupación por las comunidades más vulnerables y urgió al ELN a tomar medidas concretas en pro de la paz. “Insistimos en el llamado al ELN que el mejor gesto de paz es el respeto a la población civil entonces que se firme un cese al fuego ojalá, pero que no solo proteja a los combatientes, sino también a las comunidades, que haya compromisos específicos de finalizar prácticas como los confinamientos”, afirmó para ese medio.

En las semanas previas, la Defensoría del Pueblo ha emitido varias alertas sobre problemáticas graves como el reclutamiento forzado de menores y el desplazamiento masivo. Un ejemplo de ello es lo ocurrido en El Plateado, Cauca, donde más de 1.200 personas tuvieron que abandonar sus hogares debido a los enfrentamientos entre actores armados.

Estas situaciones, según Marín, deben ser atendidas prioritariamente en las negociaciones con el ELN. El congresista Carlos Felipe Quintero, del Partido Liberal, respaldó las declaraciones de Marín. Subrayó que los informes de la Defensoría evidencian un alarmante control de los territorios por parte de grupos armados ilegales.

“El informe de la Defensoría es alarmante. El llamado es al comisionado de Paz y al Gobierno Nacional, estos grupos están prácticamente dueños de los territorios”, enfatizó Quintero.

Además, Marín instó al Gobierno de Gustavo Petro a fortalecer la respuesta a las alertas tempranas emitidas por su entidad, destacando la importancia de proteger a las comunidades afectadas por el conflicto. La Defensoría del Pueblo también ha intensificado esfuerzos para prevenir el reclutamiento de niños y adolescentes por grupos armados.

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En Manizales, lideraron actividades educativas con estudiantes de secundaria, resaltando los riesgos del conflicto armado y las estrategias de captación utilizadas por los grupos ilegales. Según datos recientes, 282 menores fueron reclutados en Colombia hasta el 5 de noviembre, y más del 50% de los casos afecta a comunidades indígenas.

Estos diálogos, que se extenderán hasta el 25 de noviembre, representan una nueva oportunidad para buscar acuerdos que garanticen la seguridad de las comunidades y reduzcan los impactos del conflicto armado en Colombia. A pesar de los desafíos, la Defensoría del Pueblo se mantiene firme en su labor de velar por los derechos fundamentales de la población civil.

En la tarde del viernes 15 de noviembre de 2024, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) emitió un comunicado en el que infiormó la suspensión del paro armado que impuso en la región del río San Juan, departamento del Chocó.

El paro, que mantuvo paralizada la zona durante varios días, será levantado oficialmente a partir de las 6:00 a. m. del sábado 16 de noviembre, según detalló la organización guerrillera en un mensaje difundido a través de redes sociales.

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El grupo insurgente, a través de su Frente de Guerra Occidental, explicó que la medida buscaba reafirmar su control territorial y advertir sobre la presencia de lo que denomina “fuerzas de ocupación”, en alusión a grupos paramilitares y a las fuerzas armadas del Estado.

En el mismo comunicado, el ELN hizo un llamado a los habitantes de la región para que eviten desplazamientos nocturnos en las áreas de alta conflictividad, pues argumentaron que sus unidades mantendrán la “vigilancia y control de los ríos” en esta parte del departamento.

Justificación del paro y crítica al modelo extractivista

En el documento, el Frente de Guerra Occidental argumentó que las condiciones que llevaron a la declaratoria del paro armado responden a lo que calificó como un “terrorismo de Estado” y un modelo económico extractivista.

Según el ELN, los recursos naturales de la región y las tierras ancestrales han sido sometidos a un despojo sistemático en beneficio de intereses privados y proyectos de infraestructura, que, a su juicio, han afectado a las comunidades locales y alteran el equilibrio ambiental en esta parte del país.

Por lo tanto, la organización terrorista mencionó varios proyectos de infraestructura como el canal seco interoceánico, el puerto multipropósito de Tribugá, y el tren interoceánico del Chocó, que según la guerrilla, son ejemplo de “megaproyectos” diseñados para facilitar el saqueo de los recursos naturales en el Pacífico colombiano.

En su comunicado, el ELN responsabilizó al “modelo económico neoliberal” de imponer estas iniciativas, al que calificó como una estrategia de “despojo” y desplazamiento de la población, al tiempo que denunció daños ambientales y sociales que, supuestamente, generan estos proyectos.

Control territorial y advertencia sobre los “narcoparamilitares”

Además de la crítica económica, el Frente de Guerra Occidental del ELN señaló en su declaración que el departamento de Chocó se ha convertido en un punto estratégico para lo que denominan “narcoparamilitarismo”, término con el cual se refieren a grupos armados ilegales supuestamente vinculados al narcotráfico y que, de acuerdo con la guerrilla, contarían con el respaldo de sectores del Estado y de empresas.

Según el ELN, la presencia de estas organizaciones se concentra en zonas específicas del Pacífico, lo que agrava la situación de violencia y desplazamiento de la población local.

La organización guerrillera aseveró que su accionar en el Chocó responde a una estrategia centralizada y coordinada con la dirección nacional del ELN, una afirmación publicada en respuesta a versiones de medios de comunicación que señalan una estructura de mando descentralizada dentro de sus filas, por lo que el grupo subrayó en el comunicado que actúa de manera unificada y que su Sexto Congreso reafirmó esta cohesión interna.

Situación de los habitantes del río San Juan

La comunidad en la subregión del río San Juan ha vivido momentos de tensión e incertidumbre durante los días que duró el paro armado, una situación que afecta a una población históricamente golpeada por la violencia.

Este tipo de acciones, que limitan la movilidad y el acceso a bienes básicos, agravan las condiciones de vida en una de las regiones con mayores índices de pobreza y exclusión del país.

Organizaciones locales han expresado su preocupación por los efectos del conflicto armado en las comunidades afrodescendientes e indígenas que habitan esta área, ya que muchas de ellas dependen de la pesca y de actividades agrícolas que se ven interrumpidas durante los paros y restricciones impuestas por grupos armados.

En la tarde del martes 12 de noviembre de 2024, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció la apertura de un corredor humanitario en el río San Juan, ubicado en el Chocó, con el fin de mitigar las afectaciones a los habitantes de la región provocadas por las lluvias intensas.

Según el comunicado emitido por la organización terrorista, la medida entrará en vigor el 13 de noviembre y se mantendrá activa mientras dure la emergencia, lo que permitirá la entrada de ayuda humanitaria en zonas impactadas por el paro armado decretado por la guerrilla en la región.

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En el documento, el ELN indicó que las embarcaciones que transiten por el corredor humanitario deben portar banderas o identificaciones visibles de las instituciones que representan, con el objetivo de evitar posibles incidentes.

“Para aliviar las afectaciones del invierno de los pobladores en las zonas donde está vigente el paro armado, se autoriza un corredor humanitario desde el día 13 de noviembre, para que puedan llegar las ayudas humanitarias. Las embarcaciones que se movilicen por el río deben llevar de manera visible los logos institucionales que los identifiquen, para evitar incidentes; en ningún caso se permite movilidad nocturna”, se lee en el documento.

Denuncias de alianza entre fuerzas militares y grupos paramilitares

Además de anunciar la apertura del corredor, en el comunicado, el ELN hizo referencia a las razones detrás del paro armado en la subregión del San Juan, el cual ha mantenido a las comunidades locales en medio de restricciones de movilidad y constantes enfrentamientos armados.

Según la organización insurgente, la medida respondió a la “presencia paramilitar en el departamento y la connivencia con las fuerzas militares para asesinar, desplazar y confinar a sus habitantes”.

Al respecto, el ELN denunció lo que considera una “alianza criminal” entre algunos miembros de la fuerza pública y grupos paramilitares, en particular el Clan del Golfo.

Como muestra de esa presunta cooperación, el grupo armado mencionó la captura de dos infantes de marina, a los que se les acusó de colaborar con la organización paramilitar mediante el tráfico de armas y cooperación militar.

“Aunque este es el eslabón más pequeño de la cadena, reafirma nuestra denuncia permanente contra los altos mandos de las fuerzas armadas”.

Alegaciones sobre encuentros entre el ejército y grupos paramilitares

El ELN también dejó en evidencia un supuesto encuentro entre un comandante del Ejército Nacional y un jefe paramilitar que se registró el 7 de noviembre de 2024 en el corregimiento de San Miguel, ubicado en la cuenca del río San Juan.

Según la organización, este encuentro tuvo el objetivo de coordinar el traslado de combatientes paramilitares heridos tras enfrentamientos con la guerrilla, por lo que la guerrilla aseguró que la reunión se desarrolló “bajo el apoyo y beneplácito del ejército”.

En otro hecho denunciado, el ELN mencionó un atentado que se registró el 18 de octubre de 2024, en la vereda El Cremal, en el corregimiento de Naranjal, Valle del Cauca, en el que un líder indígena fue atacado por presuntos paramilitares, situación que, según se lee en el comunicado, provocó el desplazamiento de la comunidad.

También señaló a un comandante de la Policía Nacional con sede en el Naranjal, a quien acusó de estar en alianza con el Clan del Golfo y de cooperar con un mercenario identificado como alias Percherón.

Contradicciones sobre la presencia militar en la región

El comunicado finalizó cuestionando la afirmación de las autoridades sobre una supuesta presencia militar de 1.000 efectivos en la subregión del San Juan para “proteger” a las comunidades.

En ese sentido, el ELN aseguró que las Fuerzas Armadas no se encuentran desplegadas en las áreas afectadas y que, en su lugar, “los grupos paramilitares sí se mueven libremente por el río para destruir el tejido social y ‘acabar’ con la resistencia popular y guerrillera”.

Tras la declaratoria de situación de desastre en Colombia, anunciado el pasado 10 de noviembre de 2024 por el presidente Gustavo Petro, la Corte Suprema de Justicia manifestó su solidaridad con las familias damnificadas por las lluvias que ha azotado al territorio nacional, especialmente en los departamentos de Chocó y La Guajira, así como en Bogotá.

“La Corte Suprema de Justicia manifiesta su solidaridad con los habitantes del país que afrontan una situación dolorosa y alarmante debido a las intensas lluvias de los últimos días. Especialmente a los colombianos y colombianas que viven en las regiones establecidas por el gobierno nacional como zonas de calamidad pública: Chocó, La Guajira y Bogotá”, expresó el alto tribunal en un comunicado.

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Así mismo, la Corte también repudió la decisión del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de realizar un paro armado indefinido en el pacífico colombiano, que comenzó el pasado 9 de noviembre, y esto ha llevado a impedir el traslado de ayudas humanitarias hacia este territorio, teniendo en cuenta que las precipitaciones han afectado el 85 por ciento del departamento.

“A esta tragedia climática se suma la situación de orden público, particularmente la declaratoria de paro armado del ELN, situación que ha confinado desde hace tres días a las comunidades a permanecer en situación de riesgo al no permitirles la evacuación de las zonas afectadas y dificultar e imposibilitar la atención y ayuda a las familias”, señaló la Corte Suprema en un comunicado.

De igual forma, el alto tribunal pidió a este grupo guerrillero que detengan su incursión armada en dicho departamento, al considerar que hay bastante indolencia por las víctimas de la temporada invernal.

“La Corte Suprema de Justicia denuncia y lamenta tanta indolencia, y demanda del ELN el levantamiento de las acciones violentas y el cese del bloqueo territorial, para que sea posible el ingreso de la ayuda humanitaria para los colombianos y colombianas que habitan en este territorio y necesitan atención urgente”, mencionó la Corte Suprema.

El paro armado fue anunciado por el Frente de Guerra Occidental Ogli Padilla del ELN, quienes justificaron que la medida se debe a varias incursiones de las fuerzas militares en su territorio, por lo que pidió a los pobladores del departamento que acaten dicha restricción.

Gobierno Petro, molesto con paro armado del ELN en Chocó

La decisión de un nuevo paro armado por parte del ELN en el departamento del Chocó generó total rechazo en el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Justamente, el primer mandatario de los colombianos sugirió al grupo guerrillero de que detengan cualquier acto violento en el territorio, poniendo como referencia uno de los textos del sacerdote Camilo Torres, exintegrante de este grupo insurgente.

“El padre Camilo Torres Restrepo habló del “Amor eficaz”. Amor eficaz es levantar paros armados ante la crisis humanitaria de la gente en el Chocó. Lo revolucionario es el amor y la solidaridad humana”, escribió el jefe de Estado en su cuenta de X.

Por su parte, el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, señaló que esta es una situación absurda, ya que se intentaron restablecer las conversaciones de paz con ese grupo armado a principios del mes de noviembre. “Eso de intimidar a la gente, y menos en una situación como la que están viviendo, es totalmente inadmisible”, expresó Patiño a los medios de comunicación.

Entre tanto, el director de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres (Ungrd), Carlos Carrillo, también reprochó las acciones del ELN en el Chocó, calificándolo como un flagrante obstáculo para socorrer a la población afectada por la ola invernal.

Sin embargo, el funcionario reiteró el compromiso de las instituciones para brindar asistencia y restablecer la normalidad en el departamento. “Pues el mensaje es que no están solos y que la UNGRD y el Gobierno nacional y las entidades operativas están ahí, que las Fuerzas Armadas que hacen parte integral de esta respuesta están ahí y están listas (...) ojalá que estos señores del ELN también entiendan que este es el momento de permitir el paso de las ayudas humanitarias”, expresó el director a Blu Radio.

El 9 de noviembre de 2024, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), anunció el tercer paro armado del año en Chocó, departamento que se ha visto afectado por las fuertes lluvias en la región.

El paro armado significa el control fluvial de los ríos Cajón, Sipí y San Juan, así como el dominio de varios territorios que tienen a más de 45.000 personas confinadas, razón por la cual los comerciantes tomaron la decisión de cerrar los establecimientos.

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Además, el departamento se ha convertido en territorio de guerra entre el ELN y el Clan del Golfo, que tienen como objetivo controlar la minería ilegal y así extraer el oro de la región.

El bloque Occidental es quien comanda el paro armado en Chocó, que tendrían como propósito desvirtuar las negociaciones de paz con el Gobierno nacional, las cuales están tratando de ser retomadas por los delegados del ELN y el Gobierno en Caracas, Venezuela.

El Tiempo precisó que el jefe de este bloque es alias Bladimir, quien tienen a su mando 450 hombres armados y 342 redes de apoyo, con presencia en Risaralda y Chocó.

Fuentes de las Fuerzas Militares le confirmaron al citado medio, que el otro hombre responsable del paro armado y quien aparece en el video anunciándolo es alias Jerson, jefe del frente ‘Che Guevara’, que lleva 23 años en el grupo guerrillero, pero se desconoce su nombre de origen.

A alias Jerson lo señalan de ser el responsable de al menos 20 atentados terroristas desde 2017, motivo por el cual es uno de los más buscados en la fuerza pública.

Isaac Tuberquia, alias el Paisa, también está a cargo del bloque Occidental, y es otro de los encargados de mantener el paro armado en el departamento. Las Fuerzas Militares manifestaron que este hombre de 58 años de edad llevar 35 años en el ELN, y lo señalan de ser el responsable del al menos diez atentados terroristas.

El último hombre es Hernán Darío Chica Uribe, alias Santiago, jefe del bloque Occidental, quien lleva en el grupo criminal 30 años. El hombre de 45 años de edad es señalado de cometer 14 atentados y coordinar la guerra contra el Clan del Golfo.

El Tiempo señaló que la Armado Nacional se encuentra preparando un plan de contingencia a través Brigada de Infantería de Marina n.º 2. El objetivo es facilitar el desplazamiento y transporte de los ciudadanos por los ríos para evitar un desabastecimiento en las zonas afectadas por el paro armado.

Otty Patiño calificó como “inadmisible” el paro armado en Chocó

El alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, calificó este nuevo acto del ELN como “inadmisible” este nuevo paro armado, recordando que, durante el mes de noviembre, se intentaron restablecer las conversaciones de paz, que fueron paralizadas desde septiembre, con el ataque a un batallón militar en Arauca.

“No tiene explicación. Esto me parece una cuestión bastante absurda que, en medio de unas conversaciones, donde se está restableciendo la mesa, ellos hayan decidido hacer un paro armado”, expresó Patiño en declaraciones a los medios de comunicación.

Igualmente, el funcionario cuestionó esta medida, teniendo en cuenta la emergencia invernal que azota a la región del pacífico. “Eso de intimidar a la gente, y menos en una situación como la que están viviendo, es totalmente inadmisible”, añadió.

De otro lado, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, consideró que es “indignante” el anuncio del paro armado por parte del ELN en Chocó.

“Indignante que los señores del ELN en el Chocó decreten un paro armado mientras las intensas lluvias en el departamento causan daños inmensos en 22 municipios a más de 25.000 familias. Mañana en PMU en la UNGDR se tomarán medidas para enfrentar la emergencia humanitaria. Toda Colombia debe solidarizarse con el pueblo chocoano y rodear a sus autoridades encabezadas por la gobernadora @NubiaCarolinaCC”, escribió el jefe de la cartera de Gobierno por medio de su cuenta de X.

Desde el pasado sábado 9 de noviembre, el Frente de Guerra Occidental Ogli Padilla, del Ejército de Liberación Nacional (ELN), anunció un paro armado indefinido, entre los ríos San Juan, Sipí y Cajón, ubicados en el departamento del Chocó.

Según el grupo guerrillero, esta medida se debe a las recientes acciones de las fuerzas militares en el territorio, especialmente de la Armada de Colombia, quienes habían patrullado en el río San Juan que, en palabras del ELN, habían alterado la seguridad de la zona.

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A través de un comunicado, el ELN indicó que el paro tiene como propósito garantizar la seguridad de sus combatientes, por lo que pidió a los pobladores que acaten la restricción. “Esperamos que la población cumpla esta restricción para evitar incidentes”, se lee en el comunicado.

Este nuevo anuncio generó total rechazo por parte del Gobierno nacional. Inicialmente, fue el presidente Gustavo Petro que, en sus redes sociales, puso como referencia uno de los textos escritos por el sacerdote Camilo Torres, exintegrante de este grupo insurgente, denominado “Amor Eficaz”, con el fin de detener una nueva ola de violencia en el territorio chocoano.

“El padre Camilo Torres Restrepo habló del “Amor eficaz”. Amor eficaz es levantar paros armados ante la crisis humanitaria de la gente en el Chocó. Lo revolucionario es el amor y la solidaridad humana”, escribió el jefe de Estado en su cuenta de X, anteriormente conocido como Twitter.

Otty Patiño calificó como “inadmisible” el paro armado en Chocó

Además del jefe de Estado, el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, calificó este nuevo acto del ELN como “inadmisible” este nuevo paro armado, recordando que, durante el mes de noviembre, se intentaron restablecer las conversaciones de paz, que fueron paralizadas desde septiembre, con el ataque a un batallón militar en Arauca.

“No tiene explicación. Esto me parece una cuestión bastante absurda que, en medio de unas conversaciones, donde se está restableciendo la mesa, ellos hayan decidido hacer un paro armado”, expresó Patiño en declaraciones a los medios de comunicación.

Igualmente, el funcionario cuestionó esta medida, teniendo en cuenta la emergencia invernal que azota a la región del pacífico. “Eso de intimidar a la gente, y menos en una situación como la que están viviendo, es totalmente inadmisible”, añadió.

De otro lado, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, consideró que es “indignante” el anuncio del paro armado por parte del ELN en Chocó.

“Indignante que los señores del ELN en el Chocó decreten un paro armado mientras las intensas lluvias en el departamento causan daños inmensos en 22 municipios a más de 25.000 familias. Mañana en PMU en la UNGDR se tomarán medidas para enfrentar la emergencia humanitaria. Toda Colombia debe solidarizarse con el pueblo chocoano y rodear a sus autoridades encabezadas por la gobernadora @NubiaCarolinaCC”, escribió el jefe de la cartera de Gobierno por medio de su cuenta de X.

Reanudación de los diálogos con el ELN, en suspenso

Ante el nuevo paro armado que azota al departamento del Chocó, sumado a las declaraciones de Otty Patiño, la posibilidad de que se reinicien las conversaciones entre el Gobierno nacional y la guerrilla del ELN estarían cada vez más lejos, esto pese a que el pasado siete de noviembre, ambas delegaciones se reunieron en Caracas, con la intención de buscar soluciones a esta crisis, desatada por el ataque con explosivos a un cantón militar en Puerto Rondón, Arauca, que dejo tres soldados muertos y 30 heridos, en el mes de septiembre.

Ese mismo día, la delegación del grupo guerrillero presentó su declaración de principios, con el que se pretenden llevar a cabo transiciones que permitan resolver las causas profundas del conflicto armado, y pidiendo que esta solución al conflicto debe ser acordada sin la intervención de terceros, como Estados Unidos.

Se espera que las delegaciones del Gobierno y el ELN se volverán a encontrar entre el 19 y 25 de noviembre del 2024, fecha en la que se cumplirán dos años del inicio de los diálogos de paz.

En lo referente a la emergencia por las lluvias, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), indicó que el 85% del territorio está en situación crítica, afectando a más de 16.819 familias en al menos 14 de los 31 municipios de la región, razón por la que la Gobernación del Chocó emitió un llamado urgente de apoyo para las personas afectadas.

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Las lluvias han provocado desbordamientos de ríos y deslizamientos de tierra, impactando gravemente a municipios como Alto Baudó, Riosucio, Litoral de San Juan, Atrato, Bagadó, Bahía Solano, Bajo Baudó y Carmen del Darién. En ese sentido, La Ungrd activó su Sala de Crisis Nacional para coordinar la respuesta a esta emergencia, desplazando un equipo técnico al territorio para evaluar las necesidades específicas de la población.

“Esta acción se realiza tras evidenciar el impacto de las precipitaciones en el departamento y en respuesta al llamado urgente de la gobernadora Nubia Carolina Córdoba, quien solicitó apoyo para atender a las comunidades afectadas”, expresó la entidad de gestión del riesgo a través de un comunicado.

La Ungrd anunció también el envío de una comisión técnica con el objetivo de establecer con exactitud el número de damnificados, así como las fectaciones y las necesidades que se requieren con urgencia en el territorio. “Ya la Unidad ha desplazado una comisión para apoyar al departamento, y activamos las entidades operativas: Ejército, Policía, Defensa Civil, Fuerza Aérea, Cruz Roja y Bomberos, para coordinar acciones y contribuir a la solución de esta emergencia”, aseguró Ricardo Hurtado, subdirector para el Manejo de Desastres de la Ungrd. Y agregó que la alcaldía de Litoral del San Juan declaró calamidad pública en más de 40 comunidades de la región para acelerar las acciones de emergencia.

No obstante, la entrega de ayuda humanitaria enfrenta serias limitaciones debido a la presencia de grupos armados ilegales, especialmente el ELN, que habría bloqueado las rutas hacia las zonas más afectadas, particularmente en los ríos San Juan, Sipí y Cajón. La entidad destacó la urgencia de establecer un corredor humanitario que garantice el acceso y la distribución de asistencia a las comunidades necesitadas.

“Durante la Sala de Crisis, en la que participaron la gobernadora, los alcaldes y los coordinadores de gestión del riesgo, se alertó sobre las dificultades para garantizar la entrega de la Asistencia Humanitaria debido al paro armado del ELN, principalmente en las zonas rurales del Chocó, en los ríos San Juan, Sipí y Cajón. La Ungrd enfatiza la necesidad de establecer un corredor humanitario que facilite la distribución de la asistencia de emergencia”, anotó la entidad en la misiva.

Informaron que para garantizar la seguridad en la entrega, se han establecido acciones que incluyen la coordinación con el Consejo de Seguridad del departamento para obtener información sobre las restricciones que podrían afectar el transporte hacia los municipios afectados.

Por último la gobernadora del Chocó aseveró que el departamento afronta un crisis de orden público, enfatizando las zonas más afectadas que incluye la costa pacífica, la cuenca del Atrato y la cuenca del San Juan. Además, la mandataria urgió al presidente Gustavo Petro y a la vicepresidenta Francia Márquez a intervenir de inmediato, pues no sería un mando del ELN con el cual negociar, sino varios que operan bajo instrucciones diferentes. “No esperemos una tragedia para reaccionar en tiempo y articuladamente. Este panorama rebasa absolutamente la capacidad local”, puntualizó.

El 7 de noviembre de 2024, la delegación de paz del Gobierno nacional y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunciaron varias medidas luego de sostener reuniones en Caracas, Venezuela, con el fin de retomar el proceso de paz que se había suspendido en agosto tras un ataque de la guerrilla en Arauca.

El ELN presentó un documento con 13 puntos clave, en los que se destacan propuestas sobre la democratización del país, la solución política al conflicto armado y la participación de la sociedad en la construcción de la paz.

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Sin embargo, las críticas por parte de líderes políticos no dieron espera debido a la postura del grupo armado y a un reciente anuncio de paro armado indefinido a partir del sábado 9 de noviembre. Uno de ellos fue el exministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo, que expresó su preocupación por la falta de compromiso del ELN con los principios fundamentales del Derecho Internacional Humanitario (DIH).

Restrepo cuestionó que en el documento presentado por la guerrilla no se mencione dicho punto clave: “Lo que sorprende de esta propuesta del ELN para reanudar las conversaciones de paz suspendidas es que no dicen ni una sílaba sobre el tema fundamental de comprometerse a respetar el DIH en asuntos cruciales como no secuestrar y respetar a los civiles no combatientes”, escribió en X.

En su opinión, si el ELN no incluye de manera rotunda el respeto al derecho internacional humanitario en su decálogo, no tendría sentido reanudar los diálogos de paz: “El gobierno debe ponerle mucho cuidado a esto: no sea que por reanudar afanosamente estos diálogos nos llevemos otra frustrante decepción”, agregó.

Propuestas del ELN para reanudar las negociaciones

Según el comunicado del ELN, el objetivo del documento presentado al Gobierno es aportar al diagnóstico de los problemas y soluciones conjuntas para el reinicio de las negociaciones que quedaron suspendidas tras el ataque en Arauca. El grupo armado plantea como un punto fundamental la creación de un horizonte claro para el proceso de paz, que permita alcanzar transiciones sociales y políticas en Colombia.

También, señaló que es vital alcanzar un acuerdo nacional para impulsar la democratización, buscar una solución política al conflicto y cumplir con los compromisos adquiridos en el Acuerdo de México, firmado en marzo de 2023.

Entre los 13 puntos presentados por la guerrilla, destacan algunos como la importancia de una visión común de paz, el compromiso de todas las partes y la participación activa de la sociedad en la construcción de la paz; incluyendo que Estados Unidos no debe oponerse a la solución política que logren las partes.

Paro armado anunciado por el ELN

Tras una semana de encuentros en Caracas, el ELN sorprendió con el anuncio de un paro armado indefinido a partir del 9 de noviembre en las regiones de los ríos San Juan, Sipí y Cajón. Según un comunicado emitido por el Frente de Guerra Occidental Ogli Padilla, esta decisión se debe a las acciones ofensivas que considera ha recibido, incluyendo la presencia de un buque de guerra y cinco lanchas de la Armada Nacional patrullando el río San Juan durante octubre.

El ELN señaló que la población debe cumplir con las restricciones impuestas en estas zonas para evitar incidentes. Ante este anuncio, el exministro Restrepo reaccionó nuevamente, calificando el paro armado como una muestra de “falta total de seriedad” y reclamó una respuesta firme por parte del Gobierno: “No se puede pretender avanzar en diálogos de paz dándole permanentes bofetadas al DIH”, expresó en X.

Restrepo señaló que esta situación, “es como si a los ciudadanos no combatientes de Bogotá, el ELN les prohibiera transitar por la carrera 7, por la 13 y por la Caracas. Inaceptable desde cualquier punto de vista que se mire”, aludiendo al impacto que tendrían las restricciones de movilidad en las comunidades de esas regiones.

Colombia, marcada por décadas de conflicto armado, se enfrenta nuevamente a una situación compleja en los intentos de paz con el grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Según declaraciones del comisionado de Paz Otty Patiño, los diálogos con la delegación del ELN, suspendidos desde mayo pasado, están en un momento crítico.

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Durante una entrevista con el medio Blu Radio, Patiño resaltó que “en este momento no hay mesa, en la práctica no hay mesa”, y lamentó que desde octubre del año pasado el ELN haya abandonado su participación en el mecanismo de monitoreo y verificación del cese al fuego.

Esta decisión del ELN ha complicado aún más las negociaciones, cuyo último intento sucedió con la firma del acuerdo 28, que aborda la necesidad de involucrar a la sociedad civil en la construcción de una paz duradera y sostenible, garantizando que las voces de todos los sectores sean escuchadas y consideradas en las decisiones cruciales del país.

“Están perdiendo la oportunidad de la paz y se está creando una fisura muy fuerte entre las bases del ELN y la población que alguna vez los apoyó”, declaró Patiño en la entrevista con el medio mencionado.

El pasado 23 de agosto, se venció el plazo que el ELN dio al Gobierno Petro para destrabar las negociaciones de paz. Esta guerrilla ha puesto cuatro condiciones esenciales para retomar los diálogos, incluyendo la retirada del ELN de la lista de Grupos Armados Organizados (GAO) y la creación de un fondo para financiarse a cambio de cesar el secuestro extorsivo.

El ELN sigue arremetiendo en contra del Gobierno

Aumentan las dudas sobre el futuro de la mesa de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla del ELN luego de una reciente serie de ataques atribuidos al grupo armado.

Según informes, ocurrieron agresiones contra los oleoductos Caño Limón-Coveñas y Bicentenario y el asesinato de un soldado de 19 años, José David Villa Solano, del Batallón Especial Energético y Vial N.° 21 en el departamento de Norte de Santander.

Estos actos violentos coinciden con declaraciones contradictorias del líder guerrillero ‘Antonio García’, quien aseguró que el ELN mantiene la voluntad de paz. El gobierno, a través de Patiño, ha señalado que tal exclusión requiere una decisión del Congreso y bajo las actuales condiciones, es imposible.

El ELN ha implementado estrategias que incluyen atentados a infraestructura petrolera, ataques armados, secuestros y quema de vehículos, como lo señala Semana. Los incidentes han sido reportados en los departamentos de Arauca, Norte de Santander y Antioquia, lugares donde la guerrilla ha desplegado a sus combatientes y ha utilizado armamento pesado.

El Ejército de Liberación Nacional no detiene sus ataques en los principales departamentos del país

Particularmente en Arauca, se han registrado ataques al sistema petrolero de Ecopetrol, lo cual podría llevar a una escasez de gas en la región nororiental de Colombia. El coronel Miguel Ángel Cadena, comandante encargado de la Policía en Arauca, manifestó a Semana la grave situación: “El ELN tiene presencia en el área rural y cascos urbanos de los siete municipios del departamento. La idea de ellos es hacerse sentir ante al Estado y, lógicamente, lo van a hacer con actos terroristas fuertes”.

En Norte de Santander, la violencia también ha aumentado. El 28 de agosto, un francotirador del ELN asesinó al soldado José Villa en la base militar La Esmeralda, localizada en el municipio de Convención.

Adicionalmente, según la fuente citada, hubo enfrentamientos en el municipio de Ábrego, donde cuatro miembros del grupo armado criminal fueron abatidos, uno resultó herido y capturado, y se incautaron armas, material de intendencia y equipos de comunicación, informaron autoridades del Ejército Nacional.

Asimismo, el ELN ha dirigido sus ataques contra la infraestructura petrolera, como el atentado con explosivos contra el oleoducto Caño Limón, en el área de La Gloria, entre Norte de Santander y Cesar.

Estos ataques buscan consolidar el control territorial de la guerrilla, enfrentándose también con las disidencias de las FARC, lo que deja a la población civil atrapada en medio de los enfrentamientos.

En Antioquia, la situación no es diferente. La noche del jueves pasado, el ELN incendió cuatro automotores en la vía entre Medellín y Caucasia, incluidas un bus y tres tractocamiones. El Ejército Nacional afirmó: “Tropas están en la vereda El Socorro, Puerto Valdivia, apoyando a la comunidad. Rechazamos enérgicamente estas acciones terroristas”.

La guerrilla también continúa con el reclutamiento de menores y ha formado una alianza con las disidencias de las FARC para enfrentar a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).

Después de un consejo de seguridad en Quibdó, Chocó, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, anunció varias medidas para fortalecer la seguridad en la región, de acuerdo con información publicada por la emisora W Radio. Entre las principales iniciativas, se destaca el incremento de la presencia militar y policial, así como la mejora de la infraestructura y equipos para el control de las vías fluviales.

Velásquez detalló que, en el marco del Plan 16.000, las Fuerzas Militares aumentarán su número de efectivos tanto en Chocó como en otras zonas del país, un proceso que se desarrollará durante este año y el siguiente.

Paralelamente, el Plan 20.000 de la Policía Nacional también verá un aumento significativo en el número de agentes desplegados en la región, con el objetivo de garantizar una mayor cobertura y efectividad en la lucha contra la criminalidad.

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Además de los refuerzos humanos, el ministro subrayó la importancia del fortalecimiento de las capacidades de la Armada Nacional para el control de los ríos en Chocó. Para ello, se esperan nuevas embarcaciones que llegarán en el corto y mediano plazo. Estas serán complementadas con la renovación de motores a cargo de la Gobernación del Chocó, mientras que las alcaldías locales se encargarán de suministrar el combustible y realizar el mantenimiento necesario. Este esfuerzo conjunto busca mejorar la vigilancia en las vías fluviales, fundamentales para el control territorial en esta región selvática.

Otro de los anuncios destacados fue la construcción de nueva infraestructura policial, entre ellas una estación de Policía en el municipio de Lloró. Adicionalmente, se evaluará la creación de un Distrito Especial de Policía en Quibdó, para lo cual la próxima semana una alta funcionaria de la Policía Nacional visitará la zona y analizará las condiciones necesarias para materializar este proyecto.

De cara a los próximos eventos, Velásquez confirmó la llegada de 80 policías adicionales para reforzar la seguridad durante las festividades de San Pacho en Quibdó. A este contingente se sumarán 20 miembros del Grupo de Operaciones Especiales y 35 policías que se quedarán de manera permanente en la ciudad.

Por último, el ministro resaltó la importancia de fortalecer la lucha contra la extorsión, señalando la necesidad de que los grupos Gaula, tanto policiales como militares, cuenten con el apoyo de fiscales e investigadores del CTI de la Fiscalía General de la Nación. Según Velásquez, sin un equipo de investigación robusto, las denuncias ciudadanas no tendrán el impacto deseado en la reducción de este delito.

Política de paz total tambalea

La senadora Paloma Valencia, del partido Centro Democrático, volvió a poner en el ojo del huracán la política de Paz Total del presidente de la República, Gustavo Petro.

A través de un mensaje y un video compartido en sus redes sociales, la congresista calificó esta política como un “fracaso” rotundo, al señalar que las concesiones del Gobierno a los grupos armados ilegales, como el ELN, resultaron en un aumento de la violencia en lugar de la esperada pacificación.

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La Paz Total es una estrategia propuesta por el presidente Gustavo Petro para abordar la violencia que desgarra a Colombia durante décadas. La política se basa en un enfoque inclusivo y amplio que pretende negociar con todos los grupos armados ilegales, incluyendo guerrillas y bandas criminales, así como incorporar a las comunidades en los procesos de diálogo.

Este concepto fue formalmente respaldado por el Congreso el 26 de octubre de 2022, con la aprobación de la Ley de Paz Total.

De este modo, la senadora utilizó su cuenta en X para destacar que esta política es un fracaso, respaldándose en cifras oficiales que indican un aumento de la presencia guerrillera en el territorio nacional, lo que generó un caos en diversas regiones del país.

“¡La política de Paz Total es un fracaso! El gobierno Petro se ha equivocado drásticamente con los ilegales; a punta de concesiones y abrazos con los guerrilleros, lo único que estamos viendo es el crecimiento de la violencia”, se leyó en el mensaje de la congresista.

José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán y miembro del equipo negociador del gobierno en las conversaciones de paz con el ELN, ha expresado su preocupación por la dirección que ha tomado el proceso, de acuerdo con una publicación de la Revista Semana.

Desde hace más de un mes, Lafaurie ha insistido en que el modelo de negociación con esta guerrilla debe modificarse para lograr avances reales. En su más reciente declaración, hizo un llamado al presidente Gustavo Petro para que se suspenda temporalmente el diálogo y se realice una revisión exhaustiva de lo que está ocurriendo.

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Lafaurie expresó su descontento con las acciones del ELN, argumentando que este grupo está imponiendo condiciones al Gobierno y exigiendo una prórroga del cese al fuego bilateral, que expiró el 3 de agosto.

“Hagamos un alto en el camino, porque esto no está saliendo bien. Es un mensaje para que el país ponga los pies sobre la tierra y el ELN cerró nuevamente la puerta y lo hizo de la misma manera cuando el famoso trino del presidente Petro a finales de diciembre de 2022, creyendo que se podía avanzar en un cese al fuego”, comentó Lafaurie.

El presidente de Fedegán considera inaceptable que el ELN, al que calificó como un grupo criminal, sea quien determine los tiempos de la negociación. Insistió en que no se debe ceder ante el chantaje del grupo armado, que ha solicitado ser retirado de la lista de Grupos Armados Organizados (GAO).

A pesar de que su postura no es nueva, el dirigente gremial ha sido insistente en que el diálogo con el ELN debe suspenderse para replantear las reglas y evitar que la guerrilla obtenga ventajas indebidas.

Según Lafaurie, es necesario que el Gobierno, junto con los ministros del Interior y Defensa, y el alto comisionado para la Paz, evalúen lo que está sucediendo en el territorio. Plantea que se debe reconsiderar si la política de paz total está funcionando y, de ser así, en qué términos.

Lafaurie también destacó que todos los colombianos desean la paz, pero no bajo las condiciones que el ELN ha impuesto, ya que el grupo ha continuado delinquiendo en diversas regiones del país. Por ello, sugirió que el cese al fuego bilateral debería implementarse de manera territorial, para permitir evaluaciones más precisas y asegurar el cumplimiento de los acuerdos.

En un reciente encuentro en la Casa de Nariño, Lafaurie presentó al presidente Petro sus preocupaciones sobre la crisis en la negociación, que se ha intensificado desde mayo, cuando se firmó un acuerdo que desde entonces no ha logrado avanzar.

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Aunque Lafaurie describió la reunión como respetuosa, expresó su incertidumbre sobre si el presidente tomará en cuenta sus recomendaciones.

Mientras tanto, el ELN ha dado un plazo hasta el 23 de agosto para que el Gobierno decida si los retira de la lista de los GAO, como condición para continuar los diálogos de paz. Sin embargo, el grupo no ha especificado cuáles serán sus acciones si el Gobierno no cumple con sus demandas

El frente de Guerra Occidental, Omar González, del Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció que el 19 de agosto de 2024, a partir de las 6:00 a. m., se levantará el paro armado que tuvo sitiado al departamento del Chocó, desde el pasado 11 de agosto de este año.

En ese sentido, el grupo armado señaló que esta medida brindará la seguridad de los pobladores de la región del pacífico colombiano. “Damos por finalizado el paro armado y agradecemos a las comunidades por haber acatado la orden, ya que no se presentaron incidentes y les invitamos a seguir organizándose y luchando por la dignidad y la defensa del territorio y la vida”, se lee en el comunicado publicado en su cuenta de X.

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Luego del anuncio del ELN de revocar el paro armado que duró ocho días y afectó a los municipios de Istmina, Sipí, Nóvita y Medio San Juan, que se encuentran en las cuencas de los ríos San Juan, Sipí y Cajón, además de la carretera que conecta a Nóvita con Torrá, la Defensoría del Pueblo alertó sobre las consecuencias que dejó en el territorio.

Según la entidad encargada de proteger y defender los derechos de los colombianos, en la comunidad indígena La Lerma, ubicada en zona rural del municipio de Medio San Juan, hay cerca de 600 personas que reportaron síntomas de malaria.

A pesar de la crisis sanitaria, solamente se practicaron 200 pruebas, de las cuales 160 resultaron positivas, los pobladores no tuvieron acceso a medicamentos ni a servicios médicos. Por ello, la Defensoría advirtió que es “apremiante realizar un trabajo en conjunto por parte de la institucionalidad, a fin de que sean desarrolladas jornadas de salud en La Lerma”.

Más efectos del paro armado del ELN en el departamento del Chocó

Otro de los efectos que tuvo el paro armado del ELN en el departamento fue el desabastecimiento de productos de la canasta familiar, además de la falta de combustible, producto vital para el desarrollo de varias actividades en la región, como la movilización por los ríos San Juan, Sipí y Cajón.

“Preocupa a la entidad de derechos humanos que los cerca de 45.000 afectados por la medida del grupo rebelde en cinco municipios Nóvita, Istmina, Medio San Juan, Sipí y El Litoral del San Juan estén sintiendo la ausencia de productos indispensables de la canasta familiar. Por consiguiente, la seguridad alimentaria debe ser garantizada en la subregión del San Juan”, señaló la Defensoría del Pueblo.

A la par, los estudiantes de varios municipios de Chocó no pudieron realizar la Prueba Saber 11, el examen estaba programado para el domingo 18 de agosto de 2024. Sin embargo, la crisis en la región por cuenta del paro armado hizo que se tuviera que aplazar. Así lo confirmó la secretaría de Educación del Chocó, Gilda Maya, en Red+ Noticias, que dijo que la evaluación había sido reprogramada para el 8 de septiembre en 19 municipios de la zona.

En ese sentido, la funcionaria aseguró que están trabajando en una hoja de ruta, que incluya todas las medidas necesarias para que los estudiantes de las zonas afectadas puedan realizar la Prueba Saber 11 en las mejores condiciones.

Ante los diversos efectos que tuvo el paro armado, la Defensoría del Pueblo instó al Gobierno nacional a fin de que se ejecuten acciones que protejan los derechos de las comunidades afectadas. De igual manera, solicitó a los grupos armados que tiene presencia en la zona (ELN y el Clan del Golfo) su colaboración para que cesen las afectaciones directas e indirectas a la comunidad civil del San Juan.

A través de su cuenta de X, el ministro de Relaciones Exteriores, Luis Gilberto Murillo, rechazó el paro armado, “porque ha desplazado a la gente”.

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“Hoy tendrían que ir más de 3.000 jóvenes, niños, niñas, a presentar sus pruebas Saber 11 en el departamento de Chocó y en la zona de San Juan, más de 1.000 jóvenes no pueden presentar esas pruebas, porque el paro armado del ELN y la afectación del Clan del Golfo no deja, porque ha desplazado a la gente”, indicó el canciller.

Y agregó: “El resultado de estas pruebas es una oportunidad única para sacar de la pobreza a las personas, yo soy un ejemplo de ello, mi examen que lo presenté en Istmina, municipio hoy afectado, me permitió acceder a una beca que transformó mi vida. Hoy el ELN y Clan del Golfo están previniendo que esos jóvenes puedan salir adelante. Eso es inaceptable en el país”.

Murillo también hizo un llamado al ELN y Clan del Golfo para que “dejen vivir a la gente en paz y que los niños y niñas puedan buscar sus sueños”.

Levantamiento del paro armado

A través de un comunicado, el Frente de Guerra Occidental Omar Gómez del ELN anunció el fin del paro armado decretado el 11 de agosto de 2024.

“Damos por finalizado el paro armado a partir de las 6:00 am del día 19 de agosto de 2024 y agradecemos a la población haber acatado la orden, ya que no se presentaron incidentes”, se lee en el pronunciamiento del grupo guerrillero.

De acuerdo con ese frente del ELN, la actual crisis humanitaria que se vive en el departamento del Chocó no se debe a su accionar, sino al “resultado del abandono estatal, del incumplimiento de sus responsabilidades sociales y la falta de voluntad política para brindar a las comunidades condiciones de vida”.

Por tal motivo, le solicitaron a la Defensoría del Pueblo, organizaciones de derechos humanos, Iglesia Católica y autoridades locales pronunciarse sobre los ataques de otros grupos armados.

“La verdadera lucha es estar al lado de las comunidades y denunciar el matrimonio entre fuerza pública y el paramilitarismo. Es entendible que sientan temor por sus vidas, pero es la única manera de ayudar a desenmascarar y exponer al país el accionar criminal del estado”, indicó el ELN.

Por la crisis humanitaria que atraviesa el departamento, el alcalde de Istmina, Jaison Mosquera, sigue solicitando ayuda al Gobierno nacional. En conversación con Semana, el mandatario local aseguró que a la fecha no han recibido ningún respaldo por parte del Gobierno, pese a su reiterados llamados.

“La verdad estamos muy tristes, muy angustiados, esta es la fecha en que no he recibido respaldo del Gobierno nacional. El ELN dio una tregua desde este 16 de agosto hasta el 21 para que los organismos de socorro hicieran acompañamiento y llegaran al territorio para llevar medicamentos y alimentos. Nos estamos preparando para eso con los pocos recursos que tengo, ya estoy coordinando a ver cómo envió las brigadas de los equipos médicos y alimentos para las comunidades”, indicó Mosquera.

El mandatario local también pidió realizar diálogos de paz, pero desde los territorios más afectados, motivo por el cual precisó que muchos no quieren seguir viviendo esa situación, quieren “ser libres”.

Jason Mosquera hizo un llamado a las multinacionales para que aporten con productos no perecederos, con el objetivo de poder alimentar a la población. Asimismo, se refirió a las peticiones que está haciendo el ELN para levantar el paro armado.

Las conversaciones de paz entre el Gobierno Petro y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) no atraviesan por buen momento en los 21 meses de diálogo. El Gobierno nacional le pidió al grupo armado aclarar si tiene voluntad de seguir con los diálogos de paz.

A través de un comunicado, el frente de Guerra Occidental, Omar González, del Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció que el próximo 19 de agosto del 2024, a partir de las 6 de la mañana, se levantará el paro armado que tuvo sitiado al departamento del Chocó, desde el pasado 11 de agosto de este año.

En un comunicado publicado en su cuenta de X, el grupo armado señaló que esta medida brindará la seguridad de los pobladores de la región del pacífico colombiano. “Damos por finalizado el paro armado y agradecemos a las comunidades por haber acatado la orden, ya que no se presentaron incidentes y les invitamos a seguir organizándose y luchando por la dignidad y la defensa del territorio y la vida”, se lee en el comunicado publicado en sus redes sociales.

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Además, el ELN lanzó fuertes críticas al Gobierno del presidente Gustavo Petro, quienes cuestionaron que, desde el ejecutivo, se acordó reactivar bombardeos en esta zona del país, e indicaron que la crisis humanitaria que vive la región pacífica no es por culpa de sus actos violentos.

“La actual crisis humanitaria no se debe al accionar del ELN sino al abandono estatal del incumplimiento de sus responsabilidades sociales y la falta de voluntad política para brindar a las comunidades condiciones de vida digna que garanticen la preservación de sus costumbres y diversidad cultural”, expresaron.

Además, el grupo armado justificó sus acciones durante el paro armado, asegurando que “todo lo que hacen las fuerzas represivas del Estado, llámese Policía, Ejército, Armada o paramilitares, en contra de las comunidades, quedan en la impunidad y es ocultado por los medios como estrategia comunicacional que pretende mantener en el poder una clase política corrupta y un modelo económico que condena a millones de personas a vivir en la miseria”.

Finalmente, el frente de Guerra Occidental, Omar González, del ELN instó a las organizaciones sociales y de derechos humanos para que atiendan las problemáticas que se presentan en el departamento del Chocó y pidió a las comunidades que mantuvieran la calma por su accionar criminal.

“Invitamos a todas las organizaciones de derechos humanos, a la Defensoría del Pueblo, la iglesia y las autoridades locales a pronunciarse sobre lo que realmente ocurre en el departamento, la verdadera lucha es estar al lado de las comunidades y denunciar el matrimonio entre la fuerza pública y el paramilitarismo (...) es entendible que sientan temor por sus vidas, pero es la única manera de ayudar a desenmascarar y exponer al país el accionar criminal del estado”, concluyeron.

Ayudas humanitarias para el Chocó

Durante el paro armado ejercido por este frente del ELN, fueron confinadas más de 50.000 personas, aunque se autorizó un corredor humanitario para la entrega de ayudas en la región, que permitirá la atención oportuna de las comunidades afectadas.

“Consisten en kits completos de alimentos y productos de aseo, dirigidos a las personas que han sido desplazadas por la reciente amenaza de violencia”, señaló la Gobernación del Chocó en un comunicado.

Según información de la administración departamental, fueron entregados más de 100 kits a 33 familias refugiadas en la casa Acadesan, ubicada en el municipio de Istmina, uno de los territorios más afectados por la violencia ejercida por el ELN.

De hecho, el alcalde de la población, Jaison Mosquera, había solicitado el respaldo del Gobierno nacional para brindar las ayudas correspondientes para la población afectada.

“La verdad estamos muy tristes, muy angustiados, esta es la fecha en que no he recibido respaldo del Gobierno nacional. El ELN dio una tregua desde este 16 de agosto hasta el 21 para que los organismos de socorro hicieran acompañamiento y llegaran al territorio para llevar medicamentos y alimentos”, mencionó el mandatario local a Revista Semana.

Mosquera aseguró que, contrario a lo publicado por el ELN, se han registrado tres personas muertas, entre ellas, una menor indígena, y sostuvo que el próximo martes 20 de agosto de 2024, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, estará en el territorio para atender la situación.

El 11 de agosto de 2024, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) inició un paro armado indefinido en el sur del departamento del Chocó, por la presencia del Clan del Golfo en sus zonas de control. Esta situación afecta a los municipios de Istmina, Medio Baudó, Sipí, Nóvita y Medio San Juan.

De acuerdo con el pronunciamiento del ELN, el Estado colombiano decidió no cumplir con los acuerdos pactados. A la par, señaló que la presencia de las Fuerzas Militares solo pretende ejecutar grandes proyectos en la zona para saquear y despojar de recursos a los habitantes del territorio. Por tal razón, el grupo armado ilegal “busca asegurar posiciones en las bocas del río Sipi, San Agustín y Brisas, así como en Barranconcito por el río Cajón”.

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La Gobernadora del departamento, Nubia Córdoba, aseguró que unas 50.000 personas estarían en riesgo por el paro ilegal ordenado por la guerrilla. Entre ellas, miles de jóvenes de la zona que aspiraban a realizar las pruebas Saber 11 para graduarse de bachiller y conseguir mayores oportunidades en su vida.

El examen estaba programado para el domingo 18 de agosto de 2024. Sin embargo, la crisis en la región a causa del grupo armado ilegal hizo que se tuviera que aplazar. Así lo confirmó la secretaría de Educación del Chocó, Gilda Maya, en Red+ Noticias, que dijo que la evaluación había sido dilatada hasta el 8 de septiembre en 19 municipios de la zona.

A su vez, afirmó que la realización de la prueba en la nueva fecha depende de cómo se desarrolle el paro armado indefinido del ELN, ya que su principal objetivo es garantizar la seguridad de todos los estudiantes del departamento. A propósito, hizo un llamado a mantener la calma, además de mencionar que se encuentran trabajando en una hoja de ruta, que incluya todas las medidas necesarias para que los estudiantes de las zonas afectadas puedan realizar la Prueba Saber 11 en las mejores condiciones.

Estos son los municipios que no podrán realizar la Prueba Saber 11

• Sanandocito (Sipí).
• Unión Wounán.
• Puadó.
• Mataré.
• La Lerma.
• Macedonia (Medio San Juan).
• Unión Chocó - San Cristóbal.
• Puadó - Mataré - La Lerma (Istmina)
• Docordó - Balsalito.
• Santa María de Pangala.
• Río Taparal.
• Tiosidilio.
• Togoroma.
• Buena Vista.
• Río Pichimá.
• Chagpien.
• Chagpien Tordó.
• Consejos comunitarios del San Juan - Acadesan y Mayor de Nóvita - Cocoman.

Mientras que el Gobierno nacional resuelve la situación de orden público en el departamento del Choco, los estudiantes deberán esperar a que llegue la nueva fecha asignada para realizar el examen, cuyos resultados estarán publicados desde el 1 de noviembre de 2024.

Denuncias de crisis humanitaria en Chocó

El vicario pastoral del municipio de Istmina, Chocó, el padre Ernesto Zapata, aseguró en diálogo con W Radio que, en la región, se encuentran “constatando con nostalgia la cantidad de familias que están en aislamiento”. Al mismo tiempo, se refirió a la grave situación de desabastecimiento a la que se están enfrentando por culpa del grupo armado.

El sacerdote también aseguró que “el aislamiento generó que centenares de personas se tuvieron que desplazar a otros poblados, lo que significa dejar su entorno bajo la gravedad de que faltan alimentos, agua y medicamentos”. Igualmente, señaló que las principales víctimas de la situación de orden público son los niños, ya que estos aún no están preparados para asumir una coyuntura de tal complejidad.

Además, el padre Zapata, en nombre de la comunidad, hizo un llamado urgente tanto al Gobierno nacional como al grupo armado ilegal a que cesen estas situaciones y se permita que todas las instituciones y el Estado puedan acudir a responder a las necesidades de las comunidades.

El paro armado que está siendo perpetrado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el departamento del Chocó ha generado qué múltiples figuras de la opinión política del país se pronuncien en contra del Gobierno nacional y las pocas acciones que han ordenado para restablecer el orden en esa región.

Sumado a esto, luego de que el almirante Franciso Cubides, comandante de las Fuerzas Militares, anunció que se realizarán bombardeos en contra del grupo armado “en la medida que las condiciones de las operaciones se den y que no haya ninguna afectación a la población civil”, desde la delegación del Gobierno nacional en los diálogos de paz con el ELN rechazaron la decisión.

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La delegación remarcó que desde su opinión es vital mantener el cese al fuego con el grupo armado a pesar de su accionar y aseguraron que “la reactivación de bombardeos como respuesta al inaceptable paro armado del ELN en el Chocó no contribuye a la protección de la población civil ni a la paz”.

Debido a esto, múltiples figuras políticas rechazaron la postura del Gobierno nacional ante la situación que se registra en el Chocó, siendo la senadora María Fernanda Cabal una de las que se manifestó de manera tajante sobre este tema.

Desde su cuenta de X la congresista criticó al “gobierno Petro” por su falta de pronunciamientos y destacó que en estos momentos el mandatario nacional debería estar del lado de la población que está siendo afectada por el ELN y no lo contrario.

“La reactivación de bombardeos hace la diferencia para enfrentar a estos criminales que jamás han querido la (SIC) paz”, escribió María Fernanda Cabal sobre el comunicado de la delegación del Gobierno nacional.

Esta no fue la única publicación de la senadora al respecto, puesto que minutos más tarde también remarcó que ante la postura delictiva que tiene el ELN en la actualidad, es necesario “enfrentarlo con la capacidad aérea que hace la diferencia”.

Sumado a ello, volvió a referirse sobre el presidente Gustavo Petro, que en lo que va del paro armado solo se ha pronunciado en una ocasión para lamentar la muerte de una menor que no pudo ser atendida en un centro médico debido a un retén armado del ELN que impidió que fuera trasladada.

“La actitud de Petro es abiertamente inconstitucional porque el deber es el de proteger la vida, bienes y honra de los colombianos, no el de permitir el terrorismo”, puntualizó la congresista.

Gobernadora del Chocó denunció abandono del Estado

Debido a que el paro armado del ELN se está registrando en simultáneo con la visita de los duques de Sussex a Colombia, la cual está siendo encabezada por la vicepresidenta Francia Márquez como anfitriona, la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, reveló que hasta el momento no ha recibido una llamada directa por parte de Márquez.

“Lo grave es que hoy las comunidades no saben si solamente se puede transitar en el escenario humanitario o si tienen una especie de margen de maniobra para generar acciones. Lo importante es que a la gente no la podemos dejar sola, yo estoy planteando un esquema de trabajo donde cada quien pueda asumir una parte de su misionalidad funcional”, afirmó Córdoba en BluRadio.

De la misma forma, la gobernadora destacó que el paro armado no es el único problema que tienen, asegurando que la población lleva varios meses sufriendo las consecuencias de la violencia en la región.

“Literalmente los alcaldes del territorio están agotados… El año pasado hubo ocho paros armados por el ELN, hice una solicitud de que se implementará el Gobierno nacional, porque no podemos solos con esto, los alcaldes no pueden y yo solamente no puedo”, puntualizó la gobernadora Córdoba.

Los gobernadores de Colombia, agrupados en la Federación Nacional de Departamentos (FND), han expresado un fuerte rechazo al secuestro de comunidades en el departamento del Chocó por parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

De acuerdo con la federación, el “secuestro del departamento del Chocó a manos del ELN”, ha mantenido bajo confinamiento a más de 50 mil personas en la región del río San Juan.” en la que ya ha cobrado la vida de una niña de un año de edad, lo que ha incrementado la preocupación y el llamado a la acción inmediata por parte de las autoridades.

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La FND, en su comunicado, calificó las acciones del ELN como “una clara violación no solamente al Derecho Internacional Humanitario”, sino también como una grave infracción al “derecho a la libre circulación por el territorio nacional”.

Estas acciones han tenido un impacto en la salud de los habitantes y han perturbado la tranquilidad de diez municipios en la región. Además, se destacó que la situación está afectando de manera crítica el derecho a la educación de 22 mil estudiantes de 38 instituciones educativas.

En solidaridad con la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, los mandatarios locales exigen al Gobierno nacional que tome medidas urgentes para abordar esta crisis humanitaria. “Nuestro llamado es a tener verdaderas muestras de voluntad de paz, sin atentar contra la población, continuar con los espacios de negociación y diálogo que le permitan a Colombia vivir con paz y tranquilidad”, subrayó la FND, insistiendo en la necesidad de una respuesta inmediata y coordinada por parte del gobierno central.

El comunicado también hace un llamamiento al Gobierno Nacional para que actúe rápidamente y garantice “la protección de la vida de todos los colombianos, la seguridad de los territorios y la atención que reclama el pueblo chocoano”.

Comunidad advirtió grave crisis humanitaria en Chocó

El 11 de agosto de 2024, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) inició un paro armado indefinido en el sur del departamento del Chocó, por la presencia del Clan del Golfo en sus zonas de control. Esta situación afecta a los municipios de Istmina, Medio Baudó, Sipí, Nóvita y Medio San Juan.

De acuerdo con el pronunciamiento del ELN, el Estado colombiano decidió no cumplir con los acuerdos pactados. A la par, señaló que la presencia de las Fuerzas Militares solo pretende ejecutar grandes proyectos en la zona para saquear y despojar de recursos a los habitantes del territorio. Por tal razón, el grupo armado ilegal “busca asegurar posiciones en las bocas del río Sipi, San Agustín y Brisas, así como en Barranconcito por el río Cajón”.

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La Gobernadora del departamento, Nubia Córdoba, aseguró que unas 50.000 personas estarían en riesgo por el paro ilegal ordenado por la guerrilla. Una de ellas fue una niña indígena de cuatro meses, que falleció en el municipio de Istmina porque el grupo armado impidió su traslado a un hospital.

En ese sentido, el vicario pastoral en Istmina, el padre Ernesto Zapata, aseguró en diálogo con W Radio que, en la región, se encuentran “constatando con nostalgia la cantidad de familias que están en aislamiento”. Al mismo tiempo, se refirió a la grave situación de desabastecimiento a la que se están enfrentando por culpa del grupo armado.

Según el sacerdote, el aislamiento causó caos en el municipio de Itsmina, puesto que “centenares de personas se tuvieron que desplazar a otros poblados, lo que significa dejar su entorno bajo la gravedad de que faltan alimentos, agua y medicamentos”.

A la par, sostuvo que los más afectados por la coyuntura son los niños de la zona, ya que “nos encontramos en una situación de alta complejidad”. Además, advirtió sobre otras consecuencias que conlleva la medida del ELN, en particular, los problemas educativos.

“Se nos viene la prueba de los chicos del bachillerato, la prueba Icfes y muchos de ellos no van a poder acudir a esta responsabilidad (…) tenemos un territorio complejo y no tiene la cobertura todos los territorios para la presencia de las Fuerzas Militares y Policía”, enfatizó.

Sumado a esto, el paro armado tiene a más de 50.000 personas confinadas en municipios como Nóvita, Medio San Juan, Sipí, Litoral de San Juan o Istmina, mismo del que es oriundo Yeison López, medallista de plata en los Juegos Olímpicos y que había revelado que junto a su familia fue víctima del desplazamiento forzado.

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Sumado a esto, a pesar de los pronunciamientos del presidente Gustavo Petro en redes sociales, el alcalde de Istmina, Jaison Mosquera Sánchez, afirmó que el Estado los ha “abandonado” desde que comenzó el paro armado.

“Del Gobierno no me han mandado ningún tipo de ayuda humanitaria para poder llevarles alimentos y ropas a algunas zonas. No me han ayudado. Prácticamente estoy solo. Yo le hago un llamado al Gobierno nacional a que nos mire, nos visite para que llegue la oferta institucional al territorio, a que traigan los programas del gobierno que beneficien, hay mucho desempleo, estamos solos”, aseguró Mosquera.

Fuerzas Militares reforzarán la región

Ante la situación que se registra en Chocó y los mensajes de la población civil solicitando ayuda, desde las Fuerzas Militares informaron que 5.000 soldados serán desplegados en varios sectores del departamento por “tierra, río y aire”.

Desde la institución destacaron que “pese a las amenazas de grupos ilegales, las tropas continúan desplegadas en puntos estratégicos para garantizar la movilidad y protección de la población civil”, logrando que una mujer en estado de embarazo pudiera ser trasladada a un centro médico.

Los uniformados conocieron que esta mujer ha tenido quebrantos de salud y no había podido ser movilizada de la comunidad de San Cristóbal debido a los retenes del ELN, pero luego de la intervención de los militares fue evacuada hasta el casco urbano de Istmina, en donde fue atendida por especialistas y se encuentran estable.

De la misma forma, se confirmó que en desarrollo de operaciones de control territorial, los uniformados continuaran avanzando hasta poder tener dominio total del territorio en el Chocó para que dejen de ser amedrentados por los grupos armados.

Ante la llegada de las Fuerzas Militares a estas zonas, los pobladores denunciaron que han sido víctimas de amenazas y constreñimiento por parte de miembros del ELN luego de que este grupo armado anunció el paro armado en el departamento. Algunos de los pobladores denunciaron que no habían podido adquirir productos de primera necesidad en los últimos días ante el miedo de recibir algún tipo de represalia por parte del grupo armado.

Debido a los problemas de orden público que se han registrado en los últimos días en el departamento, las Fuerzas Militares informaron que además del ELN, otras poblaciones también fueron atacadas por el Clan del Golfo en modo de represalia luego de que se llevaran a cabo operativos que afectaron a estos grupos armados.

Es por ello que se han instalado puestos de control estratégicos, la inspección con aeronaves no tripuladas y sondeos constantes en ríos, carreteras y áreas rurales de los municipios afectados, buscando que los comerciantes puedan seguir trabajando y los vehículos que suministran a los establecimientos puedan movilizarse sin inconvenientes.

“Embarcaciones de la Armada de Colombia navegan de manera permanente los principales afluentes de la región, acompañando las lanchas que a diario recorren estas vías hídricas con el transporte de personas y actividades comerciales”, destacaron desde las Fuerzas Militares al respecto.

El 11 de agosto de 2024, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) inició un paro armado indefinido en el sur del departamento del Chocó, por la presencia del Clan del Golfo en sus zonas de control. Esta situación afecta a los municipios de Istmina, Medio Baudó, Sipí, Nóvita y Medio San Juan.

De acuerdo con el pronunciamiento del ELN, el Estado colombiano decidió no cumplir con los acuerdos pactados. A la par, señaló que la presencia de las Fuerzas Militares solo pretende ejecutar grandes proyectos en la zona para saquear y despojar de recursos a los habitantes del territorio. Por tal razón, el grupo armado ilegal “busca asegurar posiciones en las bocas del río Sipi, San Agustín y Brisas, así como en Barranconcito por el río Cajón”.

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La Gobernadora del departamento, Nubia Córdoba, aseguró que unas 50.000 personas estarían en riesgo por el paro ilegal ordenado por la guerrilla. Una de ellas fue una niña indígena de cuatro meses, que falleció en el municipio de Istmina porque el grupo armado impidió su traslado a un hospital.

En ese sentido, el vicario pastoral en Istmina, el padre Ernesto Zapata, aseguró en diálogo con W Radio que, en la región, se encuentran “constatando con nostalgia la cantidad de familias que están en aislamiento”. Al mismo tiempo, se refirió a la grave situación de desabastecimiento a la que se están enfrentando por culpa del grupo armado.

Según el sacerdote, el aislamiento causó caos en el municipio de Itsmina, puesto que “centenares de personas se tuvieron que desplazar a otros poblados, lo que significa dejar su entorno bajo la gravedad de que faltan alimentos, agua y medicamentos”.

A la par, sostuvo que los más afectados por la coyuntura son los niños de la zona, ya que “nos encontramos en una situación de alta complejidad”. Además, advirtió sobre otras consecuencias que conlleva la medida del ELN, en particular, los problemas educativos.

“Se nos viene la prueba de los chicos del bachillerato, la prueba Icfes y muchos de ellos no van a poder acudir a esta responsabilidad (…) tenemos un territorio complejo y no tiene la cobertura todos los territorios para la presencia de las Fuerzas Militares y Policía”, enfatizó.

Es por ello que el padre Zapata aseveró que, en nombre de la comunidad, hace un llamado de urgencia tanto al Estado colombiano como al grupo armado ilegal a que cesen estas situaciones y se permita que todas las instituciones y el Estado puedan acudir a responder a las necesidades de las comunidades.

Qué se está haciendo para solucionar la crisis en el Chocó

Mientras miles de personas del Chocó esperan la ayuda estatal para afrontar la situación en la región, se llevó a cabo un Consejo Extraordinario de Seguridad para determinar la hoja de ruta del Gobierno frente a la medida del ELN.

En dicha reunión, se aprobó el despliegue de las Fuerzas Militares en varios puntos estratégicos del departamento, que estarán vigilando las principales carreteras para evitar que los pueblos de la zona queden incomunicados. Asimismo, harán presencia en las diferentes áreas comerciales para salvaguardar las actividades económicas de las comunidades.

“El Comando General de las Fuerzas Militares tiene a disposición de las comunidades las Líneas Gratuitas 107 contra el Terrorismo y 147 del Gaula Militar, en donde se podrá denunciar, con absoluta reserva, la presencia de miembros de grupos ilegales o la realización de actos delictivos, para que así las tropas puedan reaccionar de manera pronta y oportuna”, informaron las autoridades.

En paralelo, anunciaron que pondrán a disposición varios helicópteros para movilizar tropas, así como “aeronaves no tripuladas para el monitoreo y control en tiempo real de vías fluviales y terrestres, y un grupo de 100 soldados del Ejército y la Armada para reforzar las labores de seguridad y presencia institucional”.

La Pastoral Social de la Iglesia católica lanzó una dura crítica a los grupos ilegales ELN y el Clan del Golfo, que atormentan constantemente a la población civil al sur del departamento de Chocó. La presencia de estas organizaciones ha derivado en confinamientos y en desplazamientos forzados.

De acuerdo con la iglesia, estos grupos armados son incoherentes, ya que dicen que están en una lucha popular y revolucionaria cuando realmente afectan a la población civil. “... si es un abuso de poder que un fuerte se aproveche de un débil y que un rico se aproveche de los pobres, también es un abuso de poder el que personas, y grupos armados, se aprovechen de personas desarmadas. Todos ustedes están destruyendo lo que dicen pretender construir. La guerra nunca ha sido solución. Solo ha traído siempre males mayores”, cuestionó la iglesia en un comunicado.

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La entidad envió un mensaje de solidaridad con las comunidades afectadas al sur de este departamento y a las iglesias que hacen presencia en las zonas, deseando así que la crisis por el conflicto armado termine pronto.

“Queremos pedirles, en esta hora, vuestra auténtica capacidad de liderazgo para ejercer, con nobleza, la vocación política, reconociendo con acierto la situación que se vive, alentando el compromiso y el empeño de todos y dejando de lado descalificaciones y posturas que promuevan el resentimiento y la división”, agrega la misiva.

De acuerdo con cifras de la Defensoría, el paro armado ordenado por el ELN hace varios días ha afectado a más de 45.000 personas de comunidades afros e indígenas. Los municipios que más sufren por esta problemática son Nóvita, Istmina, Medio San Juan, Sipí y Litoral del San Juan. La confrontación de esta organización con el Clan del Golfo, que se disputan el control del territorio, ha empeorado la situación a gran escala.

Recientemente, una niña indígena, identificada como Isabella Piraza Pizario, de tan solo 16 meses, murió en el municipio de Istmina como resultado de la falta de atención médica, esto tras las intimidaciones del paro armado anunciado por este grupo criminal que supone un riesgo latente para las comunidades de la zona.

Jeison Mosquera, el alcalde de esta localidad, en diálogo con Blu Radio, aseguró que la menor pertenecía a la comunidad indígena de San Cristóbal, que queda a dos horas en lancha de la zona urbana del municipio. El traslado de la niña se dificultó debido al temor y la zozobra de los habitantes por posibles enfrentamientos y represalias del grupo armado ilegal.

“Tenía síntomas de paludismo, de desnutrición y por el paro no pudo salir. En esa comunidad no hay centro de salud y por la situación de seguridad no pudo llegar al médico”, dijo el funcionario.

El mandatario local manifestó su impotencia e inconformidad ante debido a la imposibilidad de acompañar a la familia de la niña, ya que navegar el río San Juan supone riesgos de seguridad. En la zona de los hechos también hay otras personas que necesitan de atención médica urgente, como una mujer en estado de embarazo.

“No hemos podido acompañar a la familia porque como están en esa zona donde no se puede ingresar por el tema del paro y nosotros estamos en la cabecera municipal, únicamente hemos tenido comunicación por teléfono. Ha sido imposible ir al territorio”, agregó Mosquera.

Las autoridades locales indicaron que hay un grave riesgo para 200 estudiantes de una escuela rural de Istmina, que este domingo presentan las pruebas Saber 11. La aplicación del examen no ha sido confirmada debido a que la situación de seguridad complica la llegada de la logística.

El paro armado en el departamento del Chocó por cuenta del ELN cobró la vida de una menor, luego de que el grupo armado impidiera el traslado de la joven a un hospital. En el lugar se mantiene confinada más de cincuenta mil personas.

Esta situación generó la reacción de la directora del Dapre, Laura Sarabia, que por medio de su cuenta de X rechazó de manera contundente el lamentable suceso y exige justicia para la menor.

“La muerte de una niña inocente en Istmina a causa de un bloqueo armado es una tragedia que no podemos tolerar. Como madre, esta pérdida me rompe el corazón. Exijo justicia para ella y que los responsables respondan por este acto inhumano. Colombia merece paz, no más víctimas de violencia”.

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En medio del secuestro perpetrado por el grupo armado que se ha dado desde el pasado 11 de agosto, el alcalde de Istmina Jaison Mosquera Sánchez, acusó de total abandono por parte del Gobierno Nacional al municipio.

“Del gobierno no me han mandado ningún tipo de ayuda humanitaria para poder llevarles alimentos y ropas a algunas zonas. No me han ayudado. Prácticamente estoy solo. Yo le hago un llamado al Gobierno nacional a que nos mire, nos visite para que llegue la oferta institucional al territorio, a que traigan los programas del gobierno que beneficien, hay mucho desempleo, estamos solos”, dijo en dialogo con Blu Radio.

Uno de los principales puntos que preocupa a Mosquera es el desabastecimiento de la canasta familiar, pues debido a la orden del ELN de bloquear el río San Juan, ha sido imposible que las familias logren abastecerse de víveres y la comunidad en general se está quedando sin alimento.

Otra de las inclemencias que están viviendo los habitantes del municipio es pasar la noche a la intemperie. Muchas familias han sido víctimas de amenazas por parte del grupo guerrillero y han tenido que desplazarse a la zona urbana y dormir en las calles por falta de refugios.

“Pudimos construir un albergue temporal, un cambuche (…) y a estas personas que están en la cabecera municipal las hemos venido atendiendo”, dijo el mandatario local respecto a los desplazamientos forzados.

Finalmente manifestó que en medio de la precaria situación que atraviesa Istmina y todo el departamento del Chocó ningún miembro del Gobierno nacional se ha comunicado con él para ofrecer y/o garantizar las ayudas que requiere la población.

El Clan del Golfo, Estado Mayor Central (EMC) y Ejército de Liberación Nacional (ELN) figuran entre los principales grupos armados cuyas actividades crecieron en un 36% durante el primer trimestre de 2024 en Colombia, abarcando ahora 253 municipios.

El Clan del Golfo se destaca como el principal grupo paramilitar y criminal, operando en 60 áreas del país. Por otro lado, el EMC, la facción disidente más grande de las FARC, controla 29 zonas, mientras que el ELN tiene presencia en 26 áreas, aunque con una ligera disminución en ciertos aspectos, según datos del Ministerio de Defensa.

Durante los primeros tres meses de 2024 se documentaron 272 episodios violentos, incluyendo violaciones a los acuerdos de cese al fuego y agresiones directas a la población civil. La continua lucha por el control del tráfico de cocaína sigue afectando al país, que recibió una calificación alarmante de 9.5 sobre 10 en este aspecto. A este problema se suman actividades delictivas como la minería ilegal y el tráfico de armas y cannabis.

El aumento de la violencia también se refleja en las cifras: se han incrementado los episodios documentados de enfrentamientos y violaciones de derechos humanos en diversas regiones. El Ministerio de Defensa informó que el EMC y el Clan del Golfo han sido los principales responsables de estos actos violentos, que incluyen ataques contra comunidades vulnerables.

El Frente de Guerra Occidental Omar Gómez del Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha anunciado un paro armado indefinido en diversas zonas del departamento del Chocó, a partir del próximo 11 de agosto.

En su comunicado, el ELN explicó que la medida responde a la creciente confrontación armada en la región, particularmente en los ríos San Juan, Sipí y Cajón, así como en la carretera que conecta Nóvita con Torrá. Este anuncio afecta directamente a los municipios de Istmina, Sipí, Nóvita y Medio San Juan.

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El ELN acusa al Clan del Golfo y a las Fuerzas Militares y de Policía de utilizar embarcaciones de la población civil para movilizarse, lo que, según ellos, pone en peligro la seguridad de los habitantes. “Los paramilitares del Clan del Golfo, en el río San Juan, en contubernio con las Fuerzas Militares y de Policía, permiten de manera cómplice que estos mercenarios estén utilizando embarcaciones de la población civil para movilizarse, colocando en riesgo a la población y a sus bienes”, afirmaron en uno de sus comunicados.

Adicionalmente, el ELN ha denunciado que estas fuerzas están extorsionando a los trabajadores del territorio, cobrando por todo tipo de cargas, ya sean víveres, combustibles u otros insumos transportados por las embarcaciones, lo cual impacta directamente a los pobladores más humildes. Esta situación genera una presión económica adicional sobre las comunidades ya afectadas por el conflicto armado.

El grupo guerrillero también cuestionó el rol del Estado en la protección de la población, acusando a las unidades militares de alinearse con los intereses de los paramilitares y de respaldar megaproyectos que, según el ELN, contribuyen al saqueo y despojo de las tierras en la región. “El Estado no está cumpliendo con su función constitucional de proteger a la población, y acusa a las unidades militares de alinearse con los intereses de los paramilitares y respaldar megaproyectos”, subrayó el grupo en su declaración.

Ante esta situación, el ELN ha decretado el paro armado indefinido, argumentando que es una medida “preventiva” para evitar que la población civil se vea afectada por los combates que se vienen desarrollando en el área.

A pesar de la “no ofensiva”, el ELN estaría detrás de ataque a estación de Policía en el Cauca

La madrugada del viernes 9 de agosto, el municipio de San Sebastián, en la región sur del departamento del Cauca, fue atacado por hombres armados. Según el medio Periódico Virtual, estos individuos, presuntamente integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN), comenzaron su ofensiva alrededor de las 3:30 de la mañana, atacando la estación de Policía local y una sede del Banco Agrario.

Carlos Gómez, uno de los testigos del ataque, relató que las detonaciones se escucharon por todo el municipio. “A eso de las 3:10 de la mañana me disponía a viajar a Popayán y estaba en el sector donde salen los carros, cuando empezaron a disparar. Me tocó devolverme a la casa para protegerme. Ya después, como a las 6:30, dijeron en los grupos de WhatsApp que se trataba de un asalto al Banco Agrario”, comentó Gómez al medio Periódico Virtual.

Durante el asalto a la entidad bancaria, se colocaron y detonaron cargas explosivas tanto en la entrada como en el cajero automático. Los agresores lograron acceder al interior del banco y se llevaron una cantidad aún no determinada de dinero. Posteriormente, huyeron en una camioneta en dirección al corregimiento de Valencia.

Las autoridades locales, con el apoyo del Ejército, cerraron el área alrededor del Banco Agrario para asegurar la zona y proteger a la comunidad mientras verificaban la posible presencia de más explosivos dejados por los atacantes. “No sabemos cuántos se llevaron, pero dejaron unas bolsas negras en las oficinas y no sabemos si contienen explosivos”, explicó Carlos Gómez.

El gobernador del departamento del Cauca, Octavio Guzmán, también se pronunció sobre el ataque, destacando la preocupación y el trabajo en conjunto con las fuerzas de seguridad para restablecer la tranquilidad en la región. Al cierre del reporte, no se tenía claridad sobre el número de heridos o víctimas fatales derivados del enfrentamiento.