El paro de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) que afectará a más de 27 aeropuertos de la Argentina entre el 18 y el 24 de marzo se convertirá en el primer test para la reglamentación del derecho de huelga en los servicios esenciales contemplada en la flamante Ley 27.802 de Modernización Laboral.

El escenario que se perfila con este conflicto, motivado en reclamos salariales, es de alta tensión: de un lado, el Gobierno está dispuesto a exigirle al sindicato que garantice el 75% de servicios mínimos cuando haga las huelga, como prevé la nueva ley, pero el líder de ATE, Rodolfo Aguiar, advirtió a Infobae que “no estamos obligados a cumplir una ley que es grosera y manifiestamente inconstitucional”, por lo que llamó a “desobedecerla en los sectores del trabajo”.

El dirigente, que pertenece al ala dura agrupada en el Frente de Sindicatos Unidos (FRESU), resaltó que “está por interpretarse qué son los servicios mínimos” y que “ahora entramos en un proceso de reglamentación (de la ley) en el que por unos meses va a estar todo en la nebulosa”, pero puntualizó: “Vamos a hacer el paro en las mismas condiciones que lo hacíamos antes de la ley”.

En el Gobierno, la interpretación es distinta: uno de sus máximos funcionarios aclaró a Infobae que algunos artículos de la Ley 27.802 “no requieren reglamentación alguna, como la finalización de la ultraactividad de los convenios colectivos, el límite del 2% para cuotas solidarias y la regulación de las huelgas en los servicios esenciales", por lo que confirmó que se exigirá a los sindicatos que “respeten” la ley.

¿Qué dice el texto de la reforma laboral? En el artículo 98, que sustituye el artículo 24 de la Ley N° 25.877 y sus modificaciones, afirma lo siguiente: “Los conflictos colectivos que pudieren afectar la normal prestación de servicios esenciales o actividades de importancia trascendental quedan sujetos a las siguientes garantías de prestación de servicios mínimos”.

“En lo que respecta a la prestación de servicios mínimos, en el caso de los servicios esenciales, en ningún caso se podrá negociar o imponer a las partes una cobertura menor al 75 % de la prestación normal del servicio de que se tratare”. Y agrega que “se considerarán servicios esenciales en sentido estricto” una serie de actividades entre las cuales figura expresamente “la aeronáutica comercial y el control de tráfico aéreo”.

ATE anunció los paros que afectarán los aeropuertos en reclamo del pago de aumentos salariales para los trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) que denuncia como incumplidos.

Las protestas tendrán lugar los días 18, 19, 20, 23 y 24 de este mes y la suspensión de actividades se dividirá en dos tramos: de 9 a 12 y de 17 a 20. Durante estas franjas, según se informó, no se realizarán tareas habituales salvo en los sectores exceptuados, como los empleados de bomberos, Sanidad y determinados controles operativos, que no se plegarán a los paros.

El conflicto que viene en el sector aeronáutico contrasta con lo sucedido en la provincia de San Juan, donde los gremios docentes levantaron el paro de 48 horas previsto para este miércoles y jueves ante la advertencia del gobierno de Marcelo Orrego de que no estaban cumpliendo con la Ley 27.802 porque debían haber avisado con 5 días de antelación a la huelga de un plan de acción para dar continuidad al servicio esencial.

Con respecto a ese punto, Aguiar dijo que “los servicios aeroportuarios ya fueron declarados esenciales a partir de un decreto de Milei, por lo que cualquier huelga hay que comunicarla con 48 horas de anticipación, pero tratándose de servicios aeronáuticos, con 5 días de anticipación, y nosotros venimos cumpliendo todo aun en el marco de la reforma laboral aprobada”.

“Con el asesoramiento del equipo jurídico, vamos a ir al máximo posible y por supuesto que luego tendremos que discutir judicialmente qué significa servicio mínimo”, admitió el titular de ATE, para quien “este conflicto en el sector aeronáutico será una buena oportunidad para ver cómo va a reaccionar una y otra parte”.

Aguiar fue terminante: “No creemos que la solución ante la reforma laboral sea administrativa. Creemos que la tenemos que revertir estando en la calle y llamando a la desobediencia en los sectores de trabajo”.

”Así como el Gobierno se niega a cumplir algunas leyes que emanaron del mismo Congreso, como la emergencia en discapacidad y el financiamiento universitario, nosotros con más razón no estamos obligados a cumplir una ley que es grosera y manifiestamente inconstitucional", concluyó el líder de los estatales.

El cierre de febrero tendrá complicaciones para quienes aún están gozando de vacaciones. La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) anunció un nuevo cronograma de paros que comenzará a partir de hoy y afectará los despegues en todos los aeropuertos del país durante casi toda la semana.

La medida, anunciada este sábado y definida como “legítima acción sindical” por el gremio de controladores aéreos, responde a la falta de acuerdo en la negociación con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), luego del vencimiento de la prórroga de la conciliación obligatoria.

Según lo informado, la protesta abarcará franjas horarias escalonadas y restringirá exclusivamente la autorización para el despegue de aeronaves, sin afectar operaciones ya en curso. Serán varios días que, previsiblemente, haya demoras o reprogramaciones para algunos vuelos, a excepción de las aeronaves en emergencia, sanitarias, humanitarias, de Estado o búsqueda y salvamento:

• El jueves 26, la medida de fuerza se aplicará a toda la aviación de 15 a 18.
• El viernes 27, se implementará la misma modalidad de 19 a 22.
• El sábado 28, se afectará a la “aviación general y no regular” de 13 a 16.
• El domingo 1, a la aviación comercial regular con destino nacional de 9 a 12.
• El lunes 2 nuevamente a toda la aviación de 5 a 8.

La modalidad de cada medida varía según el tipo de vuelo afectado: los días señalados como “toda la aviación” incluyen despegues de todos los aeropuertos y categorías; las jornadas destinadas a “aviación general y no regular” comprenden exclusivamente vuelos privados, taxis aéreos y no comerciales, sin importar el destino; en tanto, la restricción a la “aviación comercial regular con destino nacional” impacta solo en vuelos regulares dentro del país.

Durante los horarios de paro, tampoco se recibirán ni transmitirán planes de vuelo y se suspenderán actividades administrativas no críticas. La acción sindical excluye cualquier tarea que pudiera afectar operaciones ya iniciadas, como el mantenimiento en equipos en uso y la mensajería de NOTAM y comunicaciones.

El conflicto entre Atepsa y EANA se extiende desde hace varios meses y combina reclamos salariales con denuncias sobre el incumplimiento del Convenio Colectivo de Trabajo (CCT). En agosto del año pasado, las partes acordaron un aumento del 15% en cuatro tramos, lo que permitió una suspensión temporal de las protestas.

Sin embargo, la reanudación de asambleas y paros en noviembre y diciembre derivó en la intervención de la Secretaría de Trabajo y el dictado de la conciliación obligatoria.

La Empresa Argentina de Navegación Aérea recordó que los servicios de navegación aérea están catalogados como esenciales por ley, lo que limita el alcance de las medidas de fuerza sindical. El sindicato solo puede anunciar paros con al menos cinco días de antelación y sin afectar más del 45% de las operaciones, según la normativa vigente.

Al tratarse de una empresa pública, la discusión salarial no se resuelve de manera individual, sino que es la Oficina Nacional de Empleo Público el área que establece el marco de referencia que el Gobierno ofrece a los gremios. La disputa entre EANA y ATEPSA también involucra investigaciones judiciales y denuncias penales por presuntas maniobras irregulares que alcanzan a ex y actuales autoridades.

Las medidas de fuerza se suman a otra semana difícil para los viajeros, a raíz del paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT), al que se plegaron los gremios aeronáuticos en rechazo a la reforma laboral. El cese de actividades llevó a las aerolíneas a modificar itinerarios, generar cancelaciones y reprogramaciones, con un estimado de más de 65.000 pasajeros afectados.

Entre los sindicatos que se plegaron a la medida figuran la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) y la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA).

El cierre de febrero tendrá complicaciones para quienes aún están gozando de vacaciones. La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa) anunció un nuevo cronograma de paros que comenzará el próximo jueves y afectará los despegues en todos los aeropuertos del país durante los días siguientes.

La medida, anunciada este sábado y definida como “legítima acción sindical” por el gremio de controladores aéreos, responde a la falta de acuerdo en la negociación con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), luego del vencimiento de la prórroga de la conciliación obligatoria.

Según lo informado, la protesta abarcará franjas horarias escalonadas y restringirá exclusivamente la autorización para el despegue de aeronaves, sin afectar operaciones ya en curso. Serán varios días que, previsiblemente, haya demoras o reprogramaciones para algunos vuelos, a excepción de las aeronaves en emergencia, sanitarias, humanitarias, de Estado o búsqueda y salvamento:

• El jueves 26, la medida de fuerza se aplicará a toda la aviación de 15 a 18.
• El viernes 27, se implementará misma modalidad de 19 a 22;
• El sábado 28, se afectará a la “aviación general y no regular” de 13 a 16.
• El domingo 1, a la aviación comercial regular con destino nacional de 9 a 12;
• El lunes 2 nuevamente a toda la aviación de 5 a 8.

La modalidad de cada medida varía según el tipo de vuelo afectado: los días señalados como “toda la aviación” incluyen despegues de todos los aeropuertos y categorías; las jornadas destinadas a “aviación general y no regular” comprenden exclusivamente vuelos privados, taxis aéreos y no comerciales, sin importar el destino; en tanto, la restricción a la “aviación comercial regular con destino nacional” impacta solo en vuelos regulares dentro del país.

Durante los horarios de paro, tampoco se recibirán ni transmitirán planes de vuelo y se suspenderán actividades administrativas no críticas. La acción sindical excluye cualquier tarea que pudiera afectar operaciones ya iniciadas, como el mantenimiento en equipos en uso y la mensajería de NOTAM y comunicaciones.

El conflicto entre Atepsa y EANA se extiende desde hace varios meses y combina reclamos salariales con denuncias sobre el incumplimiento del Convenio Colectivo de Trabajo (CCT). En agosto del año pasado, las partes acordaron un aumento del 15% en cuatro tramos, lo que permitió una suspensión temporal de las protestas.

Sin embargo, la reanudación de asambleas y paros en noviembre y diciembre derivó en la intervención de la Secretaría de Trabajo y el dictado de la conciliación obligatoria.

La Empresa Argentina de Navegación Aérea recordó que los servicios de navegación aérea están catalogados como esenciales por ley, lo que limita el alcance de las medidas de fuerza sindical. El sindicato solo puede anunciar paros con al menos cinco días de antelación y sin afectar más del 45% de las operaciones, según la normativa vigente.

Al tratarse de una empresa pública, la discusión salarial no se resuelve de manera individual, sino que es la Oficina Nacional de Empleo Público el área que establece el marco de referencia que el Gobierno ofrece a los gremios. La disputa entre EANA y Atepsa también involucra investigaciones judiciales y denuncias penales por presuntas maniobras irregulares que alcanzan a ex y actuales autoridades.

Las medidas de fuerza se suman a otra semana difícil para los viajeros, a raíz del paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT), al que se plegaron los gremios aeronáuticos en rechazo a la reforma laboral. El cese de actividades llevó a las aerolíneas a modificar itinerarios, generar cancelaciones y reprogramaciones, con un estimado de más de 65.000 pasajeros afectados.

Entre los sindicatos que se plegaron a la medida figuran la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) y la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA).

Mañana viernes 16 de enero vence la conciliación obligatoria que frenó las asambleas impulsadas por Atepsa, el gremio de los controladores aéreos, en la previa de las Fiestas. En medio de la temporada alta y con un conflicto paritario sin resolución a la vista, el sindicato podría retomar los reclamos y, así, afectar nuevamente a la actividad aeronáutica.

A pesar de que la tregua obligatoria que dictaminó el Gobierno el 23 de diciembre rige hasta el viernes, esta seguramente se prorrogará por otros cinco días hábiles más pedido de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA). Una vez que finalice ese período, las posibilidades de que se reavive el fuego del conflicto son altas, según alertaron fuentes del sector a Infobae.

Si bien el reclamo principal es salarial, el conflicto también incluye denuncias penales, investigaciones judiciales por presuntas maniobras fraudulentas y la situación de dos funcionarias bajo la lupa de la Justicia.

El trabajo de los controladores aéreos es indispensable para la actividad aeronáutica. Ubicados en las Torres de Control o los Centros de Control de Área (ACC), son los encargados de gestionar el tránsito aéreo, separar y guiar a los aviones durante sus vuelos, despegues y aterrizajes en todos los aeropuertos del país.

EANA es la prestadora de este tipo de servicios en el país, mientras que su personal se encuentra nucleado en la Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa).

La discusión salarial de fondo

Dado que EANA es una compañía estatal, al igual que sucede en el resto de las negociaciones salariales del sector público, la pauta no se define de manera individual por cada empresa.

Por el contrario, la Oficina Nacional de Empleo Público es el área que establece el marco de referencia que el Gobierno está dispuesto a ofrecer a los gremios. Si bien depende de la Jefatura de Gabinete, su accionar también se enmarca en la estrategia de ordenamiento fiscal y reforma del Estado que impulsa en general el núcleo económico del Gobierno y en particular el Ministro de Desregulación Federico Sturzenegger.

Una vez que ese esquema queda cerrado en la paritaria con la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN, el gremio mayoritario del sector público), suele trasladarse al resto de los organismos y empresas del Estado, aun cuando las conversaciones con otros sindicatos todavía no estén formalmente abiertas. Hasta el momento, no hay un porcentaje paritario definido.

Un conflicto sin final

La disputa entre EANA y Atepsa tiene larga data. Solo en 2025, el conflicto tuvo varios capítulos y se mantuvo latente a lo largo de casi todo el año, con medidas de fuerza que, aun cuando eran informadas con antelación, terminaron afectando la actividad aerocomercial.

El primer pico de tensión se dio en julio, en la previa de las vacaciones de invierno. En ese momento, Atpsa había anunciado un esquema de medidas de fuerza que amenazaba con impactar en plena temporada alta. Frente a ese escenario, la Secretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria, lo que permitió desactivar las protestas y evitar una afectación directa sobre los vuelos durante el receso invernal.

Sin embargo, la tensión volvió a escalar en agosto, cuando el gremio llevó adelante medidas de fuerza durante tres jornadas distintas, que afectaron los despegues de toda la aviación en los aeropuertos del país. Tras esas acciones, Atepsa y EANA alcanzaron un acuerdo paritario, que contempló una recomposición salarial del 15% en cuatro tramos para todo 2025, lo que derivó en el levantamiento de las protestas.

Pese a la vigencia de ese acuerdo, en noviembre el gremio retomó las medidas de fuerza. En ese mes, ATEPSA realizó nueve jornadas de paro, focalizadas exclusivamente en los vuelos de carga en todo el país. Además, paralizó la totalidad de las capacitaciones del personal y las tareas de mantenimiento de la infraestructura tecnológica.

El conflicto tuvo un nuevo y fuerte capítulo en diciembre, cuando el sindicato anunció un cronograma de medidas a partir del 17 de diciembre, que incluía restricciones a los despegues durante cinco jornadas en plena temporada alta y en el marco de las Fiestas de fin de año. A diferencia de las acciones previas, el plan de lucha apuntaba a afectar vuelos de pasajeros, tanto de cabotaje como internacionales.

De ese esquema, se llegaron a concretar dos jornadas de paro. Ante el riesgo de una afectación mayor del tráfico aéreo en un período de alta demanda, el 23 de diciembre la Secretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria, con vigencia hasta el viernes 16 de enero a las 8 de la mañana, con la posibilidad de una prórroga por cinco días hábiles.

Denuncias cruzadas y presuntas maniobras fraudulentas

En paralelo al conflicto salarial, en los tribunales de Comodoro Py avanza una investigación judicial que involucra a la conducción de Atepsa y a la ex presidenta de EANA durante el gobierno anterior. La causa apunta a una presunta maniobra fraudulenta vinculada a un supuesto acuerdo paritario firmado a fines de 2023 entre el gremio y la entonces conducción de la empresa estatal, cuya existencia no pudo ser acreditada en los registros oficiales.

El expediente se originó a partir de una presentación judicial del sindicato, que reclamó el cumplimiento de un acta que habría establecido aumentos salariales anticipados para el primer trimestre de 2024.

Según la denuncia, el documento no figura en los circuitos administrativos, legales ni de liquidación de haberes de EANA, ni habría sido aplicado mientras la ex presidenta de la compañía, Gabriela Logatto, permanecía en funciones. En ese marco, la Justicia investiga el rol tanto de Logatto como de Paola Barritta –hija de José “El Abuelo” Barritta, histórico jefe de la barra brava de Boca– y secretaria general de Atepsa.

Además, EANA presentó una denuncia penal contra Atepsa al considerar que algunas de las protestas gremiales pusieron en riesgo la seguridad operacional y la integridad de pasajeros y trabajadores. La causa incluye material probatorio como imágenes de una bandera sindical colocada en el exterior de una torre de control, que —según la empresa— podría haber interferido con la operación y generado riesgos para terceros.

La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) confirmó que las medidas de fuerza se mantienen tras el fracaso de la reunión realizada el martes 8 de julio en la Secretaría de Trabajo. Durante ese encuentro, la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) y la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) no presentaron una propuesta que permitiera destrabar el conflicto salarial y operativo que lleva más de diez meses sin resolverse.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, el gremio anunció que ratifica el plan de acción sindical y publicó un nuevo cronograma actualizado con fechas y horarios precisos de afectación para el mes de julio. Las medidas están organizadas en franjas horarias específicas y alternadas, con distintos niveles de impacto sobre vuelos nacionales, internacionales y generales. La protesta sindical apunta directamente a la operación de despegues en todos los aeropuertos del país, coincidiendo con el período de vacaciones de invierno, cuando se intensifica el tráfico aéreo por turismo interno y receptivo.

En paralelo, entidades empresarias como la Cámara de Líneas Aéreas en Argentina (JURCA), la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) y la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA) manifestaron su preocupación por las consecuencias operativas, económicas y logísticas que podrían derivarse del plan de lucha gremial.

Reunión sin avances y nuevo calendario de afectación

La última instancia de negociación ocurrió el martes 8 de julio, cuando representantes de ATEPSA participaron de una audiencia con funcionarios de EANA y ANAC en la Secretaría de Trabajo. Según indicaron desde el sindicato, el encuentro terminó sin avances sustanciales porque las autoridades no presentaron “la programación exigida” para llegar a un entendimiento. En su publicación posterior, ATEPSA afirmó que la “falta de respuestas sigue del lado de quienes bloquean una salida desde hace más de diez meses”.

Ante ese escenario, el gremio difundió un nuevo cronograma de medidas de fuerza con cambios respecto a la versión anunciada previamente. El ajuste incluyó la especificación de tramos horarios segmentados por tipo de operación aérea (cabotaje, internacional, general y no regular), así como modificaciones en las fechas originalmente previstas. El nuevo esquema agrupa las acciones por tipo de vuelo y se aplica a toda la red aeroportuaria nacional, en franjas determinadas donde no se autorizan despegues ni movimientos en pista, ni se reciben o transmiten planes de vuelo.

Las medidas comenzarán el viernes 11 de julio y se extenderán hasta el miércoles 30 de julio, con afectación directa en fechas de alta demanda por la distribución escalonada del receso escolar en las provincias.

Fechas y horarios confirmados según el nuevo cronograma

El detalle actualizado del plan de acción difundido por ATEPSA indica que los despegues afectados serán los siguientes:

• Viernes 11 de julio
• • Cabotaje: 14:00 a 16:00
  • Internacional: 18:00 a 20:00
• Sábado 12 de julio
• • General y no regular: 15:00 a 17:00
  • Cabotaje: 21:00 a 23:00
• Domingo 13 de julio
• • Internacional: 09:00 a 11:00
  • Cabotaje: 15:00 a 17:00
• Martes 15 de julio
• • Internacional: 16:00 a 19:00
  • Cabotaje: 22:00 a 23:59
• Viernes 18 de julio
• • Toda la aviación: 16:00 a 02:00 (del sábado 19)
• Domingo 20 de julio
• • Toda la aviación: 12:00 a 22:00
• Jueves 24 de julio
• • Toda la aviación: 12:00 a 23:59
• Viernes 25 de julio
• • Toda la aviación: 06:00 a 18:00
• Domingo 27 de julio
• • Toda la aviación: 14:00 a 02:00 (del lunes 28)
• Miércoles 30 de julio
• • Toda la aviación: 12:00 a 23:59

Según el gremio, quedan exceptuadas de las restricciones todas las operaciones de emergencia, incluyendo vuelos sanitarios, humanitarios, de Estado y de búsqueda y salvamento.

Impacto potencial en vuelos y turismo

El conflicto ocurre en el marco del receso invernal que, por calendario escolar, se desarrolla en distintos tramos. Del 7 al 18 de julio tienen vacaciones Chubut, Córdoba, Entre Ríos, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Juan, San Luis, Santa Fe y Tucumán. Del 14 al 25 de julio el receso se aplica en Catamarca, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Pampa, Misiones, Salta, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Finalmente, del 21 de julio al 1 de agosto, tienen vacaciones Buenos Aires, CABA, Chaco y Santiago del Estero.

La distribución escalonada del calendario educativo implica que, durante todo el mes, habrá un flujo sostenido de pasajeros con destino a los principales polos turísticos del país. En ese contexto, las entidades aerocomerciales señalaron que la medida sindical “conlleva inevitablemente la cancelación de vuelos con las consecuentes pérdidas para pasajeros, clientes de carga, líneas aéreas y otros actores del sector turístico”.

El comunicado conjunto de IATA, JURCA y ALTA puntualizó que la reprogramación de los vuelos “es prácticamente imposible” por las limitaciones técnicas y operativas, y por el volumen de operaciones habitual durante el receso invernal. También advirtieron que el paro afectará “la actividad económica nacional en su totalidad”, al impactar directamente en la conectividad, el turismo, los eventos, el comercio y la logística.

Reacción del sector turístico

Las cámaras del sector hotelero y gastronómico también manifestaron su inquietud. La AHRCC (Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés de la Ciudad de Buenos Aires) expresó su “profunda preocupación” ante el impacto potencial que las medidas podrían generar en la actividad turística, sobre todo en el turismo receptivo. Afirmaron que el anuncio del paro ya provocó cancelaciones de reservas y un freno en las expectativas de recuperación estacional del sector.

Según estas entidades, la ocupación hotelera venía mostrando signos positivos para julio, luego de varios meses de caída sostenida. Sin embargo, el conflicto sindical volvió a instalar un clima de incertidumbre que afecta tanto al consumo turístico como al normal funcionamiento de actividades asociadas, como espectáculos, excursiones y gastronomía.

La AHRCC sostuvo que la situación del sector es crítica y que, en muchos establecimientos, los niveles actuales de facturación son similares a los que se registraban en la fase más dura de la pandemia. “El paro de los controladores pone en jaque la temporada y transforma el pronóstico de vacaciones en un escenario de absoluta preocupación”, afirmaron en un comunicado oficial.

Reclamos gremiales y acusaciones cruzadas

ATEPSA justificó la continuidad de las medidas en la falta de avances salariales, al sostener que EANA ofreció un 0% de aumento y propuso cerrar la paritaria 2024/25 sin actualización, cuando los trabajadores llevan más de ocho meses sin revisión de haberes. La dirigencia sindical consideró esta propuesta como “inaceptable” y denunció que las autoridades “buscan deslegitimar el derecho constitucional a la huelga”.

Desde el entorno oficial, indicaron que ATEPSA no representa a la totalidad del personal, y señalaron que algunos empleados comenzaron a desafiliarse del gremio. También denunciaron una “utilización política” de las medidas por parte de la dirigencia, a la que vinculan con sectores del kirchnerismo.

Además, informaron que el sindicato presentó una cautelar judicial para evitar que se imponga un régimen de servicios mínimos durante las medidas de fuerza. En los despachos oficiales remarcaron que esa postura pone en riesgo la seguridad operacional, ya que ATEPSA se niega a garantizar un 45% de los despegues por hora, cifra considerada mínima para evitar interrupciones críticas.

La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) comunicó un plan de retenciones de tareas para julio que apunta directamente a afectar el despegue de aeronaves en todos los aeropuertos del país. Este plan sindical se va a implementar en plena temporada alta de turismo, coincidiendo con las vacaciones escolares en diferentes provincias argentinas.

ATEPSA informó que las medidas de fuerza se van a concretar los días 11, 12, 13, 15, 18, 20, 24, 25, 27 y 30 de julio. Durante esos días, se van a interrumpir autorizaciones de movimientos de aeronaves y vehículos en pista, así como la recepción y transmisión de planes de vuelo. El sindicato señaló que la medida tiene origen en un conflicto que arrastra “más de diez meses sin respuestas” de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y la Subsecretaría de Transporte Aéreo.

El sindicato argumentó que las autoridades aeronáuticas enviaron informes “tendenciosos” y emplearon argumentos “infundados” para deslegitimar las acciones sindicales. Indicaron también que agotaron todas las vías administrativas y que, por ese motivo, ratificaron el cronograma de medidas que va a comenzar el 11 de julio a las 12.

Según el detalle difundido, las fechas y horarios confirmados son:

• Viernes 11: 12:00 a 20:00 horas
• Sábado 12: 15:00 a 23:00 horas
• Domingo 13: 9:00 a 17:00 horas
• Martes 15: 14:00 a 23:59 horas
• Viernes 18: 16:00 a 02:00 horas del 19
• Domingo 20: 12:00 a 22:00 horas
• Jueves 24: 12:00 a 23:59 horas
• Viernes 25: 06:00 a 18:00 horas
• Domingo 27: 14:00 a 02:00 horas del 28
• Miércoles 30: 12:00 a 23:59 horas

Las interrupciones fueron definidas para cubrir los fines de semana del receso invernal, que varía según cada provincia. En Chubut, Córdoba, Entre Ríos, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Juan, San Luis, Santa Fe y Tucumán, las vacaciones se van a extender del 7 al 18 de julio. En Catamarca, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Pampa, Misiones, Salta, Santa Cruz y Tierra del Fuego, el receso será del 14 al 25 de julio. Mientras que en Buenos Aires, CABA, Chaco y Santiago del Estero se va a cumplir del 21 de julio al 1 de agosto.

El sindicato aclaró que las medidas van a exceptuar operaciones de emergencia, como vuelos sanitarios, humanitarios o de búsqueda y rescate. Sin embargo, anticipó que el objetivo es limitar los despegues comerciales y la coordinación de vuelos regulares en todo el país.

Fuentes de Aeropuertos Argentina dijeron que no habían realizado aún la reunión de contingencia para analizar el impacto de las medidas. La Secretaría de Transporte señaló que esperaría hasta la audiencia prevista con EANA, ANAC y ATEPSA para definir pasos a seguir, pero estudia posibles acciones si se concreta el paro.

El conflicto no se limita a los controladores. Los cinco gremios aeronáuticos —APLA, UPSA, APA, Aeronavegantes y ATEPSA— convocaron un plenario conjunto para el jueves 10 de julio. El objetivo es coordinar un plan de acción unificado frente a las políticas del Gobierno, que acusan de impulsar una “desregulación salvaje” del transporte aéreo y el vaciamiento de Aerolíneas Argentinas, Optar y la posible privatización de Intercargo.

En junio, los sindicatos presentaron una denuncia ante el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por considerar que el Gobierno violaba el derecho de huelga al declarar la actividad aeronáutica como “servicio esencial”. Desde el gremio de controladores explicaron que la calificación de esencialidad limita de forma desproporcionada la capacidad de protesta, ya que impide paros totales por los riesgos asociados a la seguridad de vuelos.

El secretario general de APLA, Pablo Biró, anticipó que los pilotos votaron la posibilidad de un paro nacional en rechazo al Decreto 378/2025, que recorta los tiempos mínimos de descanso de las tripulaciones y amplía los márgenes de horas de vuelo permitidas. Consideran que esas modificaciones representan un “ataque directo” a la seguridad operacional y a las condiciones laborales del sector.

Tras reclamos del sector empresario, el Gobierno decidió suspender la aplicación de esa normativa por 90 días, pero la medida sigue vigente formalmente. Desde el Ministerio de Federico Sturzenegger justificaron el cambio por la necesidad de reducir costos operativos y homologarse a los estándares de la Federal Aviation Administration (FAA) de Estados Unidos.

En la audiencia del 4 de julio entre ATEPSA, EANA, ANAC y la Secretaría de Trabajo, las autoridades rechazaron el cronograma de paros propuesto por el gremio. Argumentaron que el esquema no resultaba viable para la demanda estacional y subrayaron que los controladores aéreos cumplen un rol esencial, por lo que la interrupción total del servicio podía poner en riesgo la vida y la seguridad de las personas.

Desde el lado sindical, ATEPSA reiteró su denuncia de que las autoridades “buscan obstaculizar el legítimo derecho constitucional a la huelga”. El gremio subrayó que el conflicto actual deriva de “más de diez meses sin respuestas” a los pedidos de actualización salarial, y recordó que hace un mes y medio habían lanzado un plan de protesta similar. En ese caso, una conciliación obligatoria frenó las medidas, pero el conflicto salarial quedó sin solución.

El plan de acción definido ahora implica que durante las franjas horarias de paro no se van a recibir ni transmitir planes de vuelo y no se van a autorizar movimientos en pista. Las aerolíneas ya comenzaron a analizar estrategias para mitigar el impacto de las cancelaciones y reprogramaciones que podrían derivarse de la medida de fuerza.

El plenario de delegados y dirigentes de los cinco gremios se va a realizar en la sede de APLA, y se espera que avance en la coordinación de estrategias para enfrentar las políticas del Gobierno. Si bien no hay fecha ni modalidad confirmada para una medida conjunta, desde las organizaciones indicaron que buscan consensuar un plan colectivo y organizado.

El frente sindical denunció en un comunicado oficial el “vaciamiento sistemático” de empresas estratégicas y alertó sobre el riesgo de extranjerización del mercado y la precarización de condiciones laborales en el sector. Sostuvo además que existe un “deterioro operacional creciente” en los servicios de control del tránsito aéreo, producto de la pérdida de profesionales, la falta de inversión y la improvisación en la gestión.

En este contexto, ATEPSA ratificó que su plan para julio busca tener impacto directo en los despegues en fechas clave de las vacaciones, y resaltó que el conflicto salarial no se resolvió pese a las gestiones realizadas. Las empresas, por su parte, evaluaron planes de contingencia para reacomodar vuelos y minimizar las molestias a los pasajeros en los días afectados.

Los sindicatos destacaron la necesidad de una respuesta “colectiva, contundente y organizada” en defensa de las fuentes laborales, la seguridad operacional y la soberanía aérea. Afirmaron que el plenario del 10 de julio serviría para profundizar la coordinación frente a lo que consideran políticas que “amenazan gravemente la sostenibilidad del sistema aeronáutico nacional”.

La Empresa Argentina de Navegación Aérea anunció este viernes que se levantaron las medidas de fuerza anunciadas por la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA), ya que se dictó la conciliación obligatoria. El cese de tareas había sido anunciado para este fin de semana en reclamo de aumentos salariales.

“Las acciones pretendidas por el gremio no se llevarán a cabo y queda garantizado el normal funcionamiento del servicio esencial de navegación aérea en todos los aeropuertos de la Argentina, todos los días y en todas las franjas horarias”, detallaron en un comunicado.

La ATEPSA había anunciado este jueves que comenzará con paros que impedirán el despegue de los aviones: el sábado, de 13 a 17, en los vuelos internacionales, y el domingo, de 19 a 22, en el servicio de cabotaje, ante “una propuesta salarial inaceptable” por parte de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA).

Según el sindicato, que lidera Paola Barritta, la empresa “ofreció un 0% de aumento y pretende dar por cerrado el período paritario 2024/25 cuando llevamos más de 8 meses sin actualizaciones salariales”.

El plan de lucha anunciado comprendía paros parciales y por sector el martes 27 y miércoles 28, y el viernes 30 y sábado 31, día en que las medidas de fuerza iban a alcanzar a toda la aviación.

Además del reclamo salarial, ATEPSA denunció “los despidos ilegales de controladores, técnicos y operadores SAR, el vaciamiento de áreas clave, el posible cierre del centro de formación profesional y la falta total de respuestas por parte de las autoridades del sector".

Hace 24 horas, el Gobierno dispuso por decreto la reglamentación del derecho de huelga en el transporte, la educación y la salud, lo que obligará a los sindicatos que protesten a garantizar un servicio mínimo de entre el 50% y el 75%.

La palabra de Gerardo Martínez

La norma, publicada este miércoles en el Boletín Oficial y lleva el número 340, está firmada por Javier Milei y sus 9 ministros y rescata lo que fijaba el DNU 70 en su capítulo laboral, que fue frenado por la Justicia tras una presentación de la CGT.

El sindicalismo rechazó el decreto 340 y anunció una fuerte ofensiva para frenar su aplicación. El secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, Gerardo Martínez, dijo a Infobae que “insistimos en la herramienta del diálogo consensuado para discutir y avanzar sobre cualquier modificación que deba hacerse en materia laboral, pero siempre con los actores sociales correspondientes, no sacando normativas de manera unilateral que vulneran los derechos fundamentales y la libertad sindical”.

“Este Gobierno le teme al diálogo y parece que no tiene herramientas legales para justificar sus objetivos pro-patronales”, agregó.

Martínez, de todas formas, afirmó que para la CGT “todas las disposiciones contempladas en el artículo 97 del DNU 70 continúan suspendidas por la sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo”, por lo cual interpretó que " la declaración de invalidez constitucional del artículo 97 no se vería afectada".

Por eso el sindicalista consideró que el decreto 340 “atenta contra la libertad sindical, violando el derecho de huelga que establece el Convenio 87 de la OIT y nuestra Constitución e impone la actuación de la Justicia con los criterios aplicados en la sentencia de referencia".

Anticipó, en ese sentido, que “ya está trabajando el equipo jurídico de la CGT que ideó los lineamientos del amparo contra el DNU 70, analizando los caminos legales a seguir para llevar a la Justicia estas normativas que contradicen el orden constitucional e internacional en materia laboral” y, además, “se realizará la presentación de la queja correspondiente ante la OIT”.

En la misma semana en que el Gobierno reglamentó el derecho de huelga, los controladores aéreos anunciaron un plan de lucha en demanda de aumentos salariales que afectará a los vuelos desde este fin de semana.

La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) anunció este jueves que comenzará con paros que impedirán el despegue de los aviones: el sábado, de 13 a 17, en los vuelos internacionales, y el domingo, de 19 a 22, en el servicio de cabotaje, ante “una propuesta salarial inaceptable” por parte de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA).

Según el sindicato, que lidera Paola Barritta, la empresa “ofreció un 0% de aumento y pretende dar por cerrado el período paritario 2024/25 cuando llevamos más de 8 meses sin actualizaciones salariales”.

La incógnita es si ATEPSA adaptará sus medidas de fuerza a la obligación de prestar servicios mínimos fijadas en el flamante decreto 340 del Gobierno, que, en el caso del tráfico aéreo, estipula que al gremio debe garantizar un 75% de la prestación normal del servicio.

El plan de lucha anunciado seguirá con paros parciales y por sector el martes 27 y miércoles 28, y el viernes 30 y sábado 31, día en que las medidas de fuerza alcanzarán a toda la aviación.

Además del reclamo salarial, ATEPSA denunció “los despidos ilegales de controladores, técnicos y operadores SAR, el vaciamiento de áreas clave, el posible cierre del centro de formación profesional y la falta total de respuestas por parte de las autoridades del sector".

Hace 24 horas, el Gobierno dispuso por decreto la reglamentación del derecho de huelga en el transporte, la educación y la salud, lo que obligará a los sindicatos que protesten a garantizar un servicio mínimo de entre el 50% y el 75%.

La palabra de Gerardo Martínez

La norma, publicada este miércoles en el Boletín Oficial y lleva el número 340, está firmada por Javier Milei y sus 9 ministros y rescata lo que fijaba el DNU 70 en su capítulo laboral, que fue frenado por la Justicia tras una presentación de la CGT.

El sindicalismo rechazó el decreto 340 y anunció una fuerte ofensiva para frenar su aplicación. El secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, Gerardo Martínez, dijo a Infobae que “insistimos en la herramienta del diálogo consensuado para discutir y avanzar sobre cualquier modificación que deba hacerse en materia laboral, pero siempre con los actores sociales correspondientes, no sacando normativas de manera unilateral que vulneran los derechos fundamentales y la libertad sindical”.

“Este Gobierno le teme al diálogo y parece que no tiene herramientas legales para justificar sus objetivos pro-patronales”, agregó.

Martínez, de todas formas, afirmó que para la CGT “todas las disposiciones contempladas en el artículo 97 del DNU 70 continúan suspendidas por la sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo”, por lo cual interpretó que " la declaración de invalidez constitucional del artículo 97 no se vería afectada".

Por eso el sindicalista consideró que el decreto 340 “atenta contra la libertad sindical, violando el derecho de huelga que establece el Convenio 87 de la OIT y nuestra Constitución e impone la actuación de la Justicia con los criterios aplicados en la sentencia de referencia".

Anticipó, en ese sentido, que “ya está trabajando el equipo jurídico de la CGT que ideó los lineamientos del amparo contra el DNU 70, analizando los caminos legales a seguir para llevar a la Justicia estas normativas que contradicen el orden constitucional e internacional en materia laboral” y, además, “se realizará la presentación de la queja correspondiente ante la OIT”.

El conflicto que involucra a Aerolíneas Argentinas y sus empleados genera preocupación en el sector turístico uruguayo, especialmente en un momento crítico para el arranque de la temporada alta. Las agencias de viajes de Uruguay, representadas por Fernando Riva, vicepresidente de la Asociación Uruguaya de Agencias de Viaje (Audavi), están advirtiendo a sus clientes sobre los riesgos de volar con la aerolínea argentina debido a posibles cancelaciones o demoras en los vuelos.

Riva explicó en una entrevista radial que, a pesar de que la aerolínea continúa operando, la situación es incierta. “Al cliente hay que hablarle con la verdad. Eso es parte de nuestra función de asesores más que vendedores. Si un cliente quiere viajar sí o sí en avión a Buenos Aires, hoy es la única alternativa. No vamos a dejar de vender el producto de Aerolíneas Argentinas, pero le informamos sobre el conflicto y que su vuelo puede tener afectaciones”, subrayó Riva.

El contexto actual es delicado, dado que Aerolíneas Argentinas se enfrenta a un conflicto laboral con sus sindicatos, mientras el gobierno argentino discute una posible privatización de la compañía. Esto ha generado un clima de inestabilidad que impacta no solo en la operativa de la aerolínea, sino también en el sector turístico uruguayo, que depende en gran medida de esta conexión aérea. Según Riva, hay aproximadamente 6.000 pasajes ya comprados por uruguayos para volar con Aerolíneas Argentinas a diferentes destinos, tanto dentro de Argentina como hacia otros países. “Esos clientes están preocupados y rezando para que sus vuelos no sufran cancelaciones”, indicó.

El problema no se limita únicamente a los vuelos de Aerolíneas Argentinas. Según Riva, también existe un conflicto con Intercargo, la empresa que maneja más del 50% de las operaciones en tierra en los aeropuertos argentinos. “Hay un problema todas las salidas desde Argentina están involucradas por el conflicto con Intercargo. Esto puede afectar a cualquier aerolínea que opere desde Ezeiza”, explicó. Esta situación agrava aún más la incertidumbre, ya que cualquier retraso en los vuelos de conexión podría ocasionar que los pasajeros pierdan sus enlaces internacionales.

La dependencia casi absoluta de Aerolíneas Argentinas para conectar Montevideo con Buenos Aires agrava la situación. Jetsmart, que operaba en esta ruta, dejó de volar y no retomó sus frecuencias, dejando a la aerolínea estatal argentina como la única opción para quienes desean viajar por avión entre ambas capitales. “Si la gente quiere viajar en avión, no tiene otra posibilidad. Entonces, si alguien decide comprar un pasaje, debe ser consciente de que puede haber un conflicto que le afecte el vuelo”, advirtió Riva.

Las agencias de turismo uruguayas han visto un impacto directo en sus ventas. Según Riva, la venta de pasajes de Aerolíneas Argentinas cayó a su mínima expresión durante los días de promociones del Ciberlunes, lo que refleja el nivel de desconfianza entre los viajeros. “Nosotros queremos lo mejor para Aerolíneas Argentinas porque es una compañía espectacular que ha volado muchos años al Uruguay. Tenemos una muy buena relación con sus empleados y gerentes tanto en Uruguay como en Argentina”, expresó Riva. Sin embargo, enfatizó la responsabilidad de las agencias de informar a sus clientes sobre los riesgos potenciales.

La preocupación también se extiende hacia la temporada alta en destinos turísticos como Punta del Este, que depende en gran medida del tráfico aéreo proveniente de Buenos Aires. Riva señaló que la ruta Aeroparque - Punta del Este es crucial, especialmente durante los fines de semana y los meses de verano. “Ese tráfico está afectado, y el cliente argentino tendrá que considerar otras alternativas”, aseguró.

En el marco de la situación actual, Riva subrayó la falta de una aerolínea nacional uruguaya que pudiera brindar un servicio confiable y estable en esta ruta tan importante. “Hoy dependemos exclusivamente de Aerolíneas Argentinas, y eso nos pone en una posición muy frágil. No tenemos una compañía nacional que nos dé la seguridad que necesitamos”, afirmó.

El martes pasado, Aerolíneas Argentinas y sus sindicatos firmaron un acuerdo que incluye mejoras económicas y ajustes en las condiciones laborales. El convenio deberá ser aprobado en asambleas de cada gremio. Mientras tanto, la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) anunció un plan de paros escalonados que comenzarán este sábado, afectando vuelos nacionales e internacionales.

Será un viernes clave para el conflicto sindical en Aerolíneas Argentinas. Autoridades de la empresa y tres gremios aeronáuticos del ala dura reanudarán esta tarde el diálogo para tratar de llegar a un acuerdo salarial que pueda disipar la amenaza más temida: que Javier Milei anuncie el cierre de la empresa estatal.

Las negociaciones se reanudarán en medio de un clima enrarecido por la profundización del conflicto en Intercargo, a raíz del despido de un empleado, que derivó en asambleas y protestas de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), liderada por el kirchnerista Edgardo Llano, que mantuvo como rehenes a cientos de pasajeros de diversos vuelos atrapados en los aviones sin poder bajar.

El Gobierno se endureció al máximo: primero anunció que había despedido a 15 empleados de Intercargo por privar ilegítimamente de la libertad a pasajeros durante la medida de fuerza y luego informó que se desreguló el servicio de rampa en todos los aeropuertos y que podrán comenzar a operar empresas privadas. “Es el fin de Intercargo tal como lo conocemos”, dijo el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien también afirmó que a partir de ahora estarán habilitadas las fuerzas de seguridad para ocuparse de brindar los servicios en caso de “secuestro de pasajeros”.

Ahora, la expectativa estará puesta este viernes en tres reuniones consecutivas que tendrán lugar en la sede de Aerolíneas: a las 14, autoridades de la empresa recibirán a una delegación de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), que conduce Pablo Biró; a las 15, a la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), dirigida por Juan Pablo Brey, y a las 16, a una comitiva de APA.

Fuentes de la empresa no quisieron anticipar a Infobae qué postura llevarán a los encuentros con los sindicalistas, aunque deslizaron que plantearán la necesidad de modificar los convenios colectivos de trabajo. En Aerolíneas, según piensan en la Casa Rosada, los gremios tienen una oportunidad de presentar una propuesta transformadora que exceda la mera discusión salarial.

Brey, Biró y Llano (APA) tuvieron una cena este jueves para analizar qué hacer ante la encerrona en la que quedaron atrapados: si siguen endureciéndose con más paros, el Gobierno redoblará la apuesta y se abrirá una grieta más profunda entre los gremios y los pasajeros; si flexibilizan su postura, sienten que le dejarán servido un triunfo político a Milei y que sentarán un precedente que los debilitará.

En diálogo con Infobae, Brey señaló que fueron citados por escrito para “reabrir la discusión paritaria” y que la expectativa que tienen los sindicatos es que la empresa “venga con alguna propuesta”. “Estamos dispuestos a dialogar y a discutir todo lo que haya que discutir”, resaltó.

En ese sentido, no se negó a debatir cambios en los convenios porque “son dinámicos”, aunque advirtió: “Tenemos un desfasaje salarial del 90% desde noviembre a la fecha, así que esperamos que en la mesa de diálogo se priorice la recomposición salarial para después discutir otros temas”.

Aun así, Brey aclaró que “tenemos propuestas para presentar la compañía, como siempre lo hacemos” y enseguida insistió en el reclamo salarial: “El conflicto se destraba con un 35% de aumento y así podríamos seguir dialogando”. Pero el sindicalista se mostró pesimista debido a la actitud de los funcionarios libertarios: “Estamos convencidos de que siguen buscando el conflicto permanente, que no quieren destrabar el conflicto porque entienden que les reditúa ante sus votantes. Por eso siguen generando tensión y escalando el conflicto, buscando cada día más provocaciones”.

Con respecto a las fuentes gubernamentales que alertaron sobre el cierre de la empresa si no hay avances en las negociaciones con los gremios, Brey puntualizó: “Deben entender que aun para cerrar Aerolíneas tienen que tener diálogo con los representantes genuinos de los trabajadores, que somos nosotros. Creo que el Gobierno no sabe lo que quiere hacer con Aerolíneas y busca cerrarla por un tema ideológico, pero no sólo no la puede privatizar porque no pasa en el Congreso, sino que tampoco tiene los compradores porque hoy nadie quiere venir a comprar Aerolíneas”.

“Por eso, hasta que no tengamos una situación de armonía y de paz social, sin conflictividad, no podemos ponernos a discutir proyectos serios, que es justamente lo que ellos no quieren discutir -agregó-. Es un gobierno que tira títulos y que vende humo, pero que no gestiona. Sigue de campaña pensando que la gente todavía lo aguanta. Y se aguanta si la gente tiene expectativas de que en algún momento esto va a mejorar, pero sin gestión no veo que se pueda mejorar”.

Consultado sobre las protestas salvajes en Intercargo, Brey tuvo una postura distinta a la de algunos de sus colegas: “Desde mi punto de vista, llegar a la situación de una medida de fuerza y de hacer uso del derecho a huelga es un fracaso para todos porque es un fracaso de las negociaciones aunque, como en este caso no existen y no existe el diálogo, es la única herramienta que le queda a los trabajadores para poder visibilizar su situación, pero es la última instancia”.

Ante la nueva etapa instancia de negociaciones con Aerolíneas, el líder de aeronavegantes destacó que se produjo “un gesto importantísimo por parte de APLA” que fue levantar las medidas en el centro de instrucción de pilotos (CEFEPRA), pero enseguida volvió a cuestionar al Gobierno: “A ese gesto respondieron con otra provocación. Entonces está claro que siguen buscando el conflicto”.

Para la Casa Rosada, el conflicto aeronáutico se convirtió en un caso testigo de su relación con el sindicalismo y por eso reforzó su ofensiva contra los gremios en conflicto, que incluyó una escalada verbal: por ejemplo, al cuestionar las protestas de APA; el secretario de Transporte, Franco Mogetta, dijo que “el derecho a huelga no puede ser la excusa para torturar gente”, ya que “los salvajes de APA mantuvieron encerrados por más de 3 horas en los aviones a más de 1500 pasajeros para exigir la reincorporación de 1 empleado de Intercargo que fue despedido por ocasionar demoras el sábado”.

“No sólo no vamos a reincorporar a ese irresponsable, sino que hoy identificamos a 15 de los que provocaron la tortura que vivieron ayer los pasajeros y ya están despedidos. Desde que asumió @JMilei se acabó la Argentina donde era gratis joder a la gente”, publicó el funcionario.

La fuerte apuesta del Gobierno quedó graficada en la escenificación del anuncio de este jueves sobre la desregulación del servicio de rampa: participaron los ministros de Desregulación y de Seguridad, Federico Sturzenegger y Patricia Bullrich; el vocero presidencial, Manuel Adorni, y Mogetta.

Del lado sindical, hasta ahora, tampoco hay muchas señales de paz. Más allá de la reunión de esta tarde, Brey anticipó que el miércoles deliberará la Mesa Nacional del Transporte para definir sus próximos pasos: “Vamos a seguir con propuestas de seguir manteniendo el plan de lucha y hasta de un nuevo paro”. ¿Noviembre y diciembre serán meses complicados para los usuarios de los medios de transporte por las medidas de fuerza? “Desgraciadamente, sí -reconoció el dirigente-. Aunque esperemos que no sea así y que haya soluciones y respuestas por parte del Gobierno, que haya mesas de diálogo para resolver todos los temas. Pero el Gobierno es el que tiene la decisión”.

El ministro de Economía, Luis Caputo, informó este jueves que despidió a 15 empleados de Intercargo por privar ilegítimamente de la libertad a pasajeros durante una medida de fuerza gremial. La empresa estatal, responsable del servicio de rampa que utilizan las compañías aéreas, ya había decidido iniciar acciones judiciales contra el sindicato aeronáutico.

“Hoy decidimos la desvinculación de 15 empleados de Intercargo que ayer tomaron de rehenes a los pasajeros a través de un piquete aéreo. En la Argentina que estamos construyendo, no vamos a permitir estos mecanismos de extorsión”, publicó Caputo a través de su cuenta de X.

Desde la Secretaría de Transporte, comunicaron: “Los despidos alcanzaron a 12 choferes, 2 supervisores y 1 coordinador de micros, que incumplieron con los deberes y obligaciones de su trabajo de traslado, obligando a que pasajeros de 10 vuelos de las empresas Flybondi, Jetsmart y Latam sean ilegítimamente privados de su libertad y retenidos dentro de las aeronaves. Fue gracias a la colaboración de la PSA que Intercargo logró asistir a los pasajeros, logrando que llegarán al aeropuerto transportados por la fuerza policial”. También, se les descontará las horas no trabajadas y la presencialidad a los empleados que participaron de la medida de fuerza.

Sucede que este miércoles la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) inició asambleas en Aeroparque y el aeropuerto de Ezeiza luego del despido de un trabajador de la empresa el sábado pasado por generar demoras en la entrega de valijas. “La Asociación del Personal Aeronáutico (APA) informa que la empresa Intercargo decidió despedir arbitrariamente y sin causa a un trabajador de la base Aeroparque. Exigimos de forma urgente su ilegítima reincorporación. Advertimos que puede haber demoras por reuniones informativas. No vamos a permitir este tipo de provocaciones, menos aún en medio de la irresponsabilidad de Fernando Montes, Presidente de Intercargo, y sus gerentes frente a una paritaria interrumpida intencionalmente para perjudicar económicamente al conjunto de trabajadores/as de Intercargo”, dijo el gremio en un comunicado.

Según pudo saber Infobae, el personal de Intercargo no dejó bajar a los pasajeros de un vuelo de LATAM que llegó desde San Pablo. Fueron 149 los pasajeros que permanecieron arriba del avión durante la medida de fuerza.

Lo mismo sucedió con Flybondi que había informado: “Debido a la sorpresiva asamblea gremial de los trabajadores de la empresa Intercargo en Aeroparque, la compañía tuvo que cancelar 8 vuelos, lo que afecta a más de 1.340 pasajeros y tuvo que demorar 4 vuelos que afectan a 649 pasajeros. Es importante resaltar que durante más de 2 horas más de 400 personas, entre pasajeros y tripulaciones, fueron rehenes de esta medida de fuerza, ya que no podían descender de los aviones que se encontraban ya aterrizados en plataforma. Es inadmisible que un sindicado pueda ejercer la privación de la libertad de las personas, obligándolas a permanecer a bordo de las aeronaves por la fuerza”.

También, desde JetSmart habían afirmado que las medidas de fuerza no permitieron que los pasajeros de los vuelos arribados desde Bariloche, Santiago de Chile y Ushuaia puedan desembarcar de las aeronaves. Asimismo, se han tenido que cancelar 18 vuelos (14 domésticos y 4 internacionales), y reprogramar 16 vuelos, con un total cercano a los 6.000 pasajeros afectados.

En este marco, el Gobierno informó que denunciaría por secuestro de personas a los sindicalistas responsables de las medidas de fuerza en las estaciones aéreas. La decisión de recurrir a la Justicia fue comunicada en conferencia de prensa por el vocero presidencial Manuel Adorni. “Hay personas de rehén por culpa del delirio terrorista sindical, que para no perder sus privilegios desde hace meses pretende poner en jaque el sistema aerocomercial de la Argentina”, sintetizó el funcionario al respecto y agregó: “El Gobierno va a ir a la Justicia por abandono y secuestro de personas”.

Al mismo tiempo, el secretario de Transporte, Franco Mogetta, había dicho a través de su cuenta de X: “Ante las medidas salvajes que están llevando a cabo gremialistas de APA en Intercargo, estamos coordinando junto a Patricia Bullrich para que la PSA pueda asistir a los pasajeros que han sido tomados de rehén por esta runfla de delincuentes. Se han impartido instrucciones para que se presenten las denuncias penales correspondientes para que la justicia intervenga inmediatamente y puedan recuperar su libertad los pasajeros”.

La ministra de Seguridad Patricia Bullrich fue más allá y afirmó: “Ayer se habló informalmente en el gabinete. Se van a tomar medidas mucho más drásticas con la compañía Intercargo, que es un problema enorme desde hace muchos años, que ha tenido y tiene mafias”, consideró la funcionaria, y agregó: “Estar cautivos (de esta empresa) es algo que se está resolviendo en estos días, Intercargo tiene que dejar de existir. En pocos días se conocerán medidas muy importantes respecto a terminar con esta extorsión y los piquetes aéreos”.

La dirección de Aerolíneas Argentinas informó la suspensión de las negociaciones salariales con los gremios de pilotos, tripulantes y personal de rampa y check-in debido a las medidas de fuerza recientes que afectaron a sus operaciones. En un comunicado oficial emitido esta mañana, la empresa indicó que la decisión responde a las acciones del gremio de pilotos APLA (Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas), un virtual boicot a las operaciones que en los últimos días canceló varios vuelos internacionales de largo alcance, perjudicando directamente a los pasajeros.

Según el comunicado de Aerolíneas, la compañía había retomado el jueves pasado la mesa de negociación salarial con APLA, la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA) y la Asociación del Personal Aeronáutico (APA). Estas conversaciones no registraban avances desde hacía más de dos meses. En el encuentro participaron altos funcionarios del área de Transporte y de la Jefatura de Gabinete, junto con los secretarios generales de los sindicatos implicados, quienes habían solicitado la reapertura de las paritarias en varias oportunidades.

El objetivo de estas reuniones fue encontrar una solución que evitara mayores perjuicios a los pasajeros. Sin embargo, la tensión aumentó durante el fin de semana cuando APLA, liderado por Pablo Biró, optó por medidas que resultaron en la cancelación de cuatro vuelos internacionales. Según Aerolíneas Argentinas, este conflicto dejó a 2.178 pasajeros varados, afectando sus planes de viaje. Entre los vuelos afectados se encontraron rutas hacia Miami, Cancún, Madrid y Roma. Ante esta situación, la aerolínea reubicó a los viajeros en otros vuelos propios y de otras compañías, además de contratar vuelos charter.

Desde la dirección de Aerolíneas Argentinas se señaló que el sindicato APLA no mostró interés en evitar las cancelaciones. En el comunicado, la compañía afirmó que contaba con los medios para evitar la interrupción de los vuelos, pero que el gremio de pilotos no cooperó en este sentido. Además, en sus declaraciones, la empresa describió las medidas de APLA como una “provocación irresponsable” y señaló que los líderes gremiales utilizaban el conflicto salarial como excusa para llevar adelante una disputa de carácter político, sin considerar el impacto en los pasajeros ni en el funcionamiento de la aerolínea.

La crisis de Aerolíneas Argentinas con APLA se agudizó en las últimas semanas, a raíz de los paros organizados por el sindicato en el Centro de Formación y Entrenamiento de Pilotos de la República Argentina (Cefepra), que opera en Ezeiza. Estos paros interrumpieron la instrucción y renovación de licencias para los pilotos de larga distancia, una capacitación que deben realizar cada seis meses. Como resultado, la aerolínea nacional no tenía disponibles tripulaciones para rutas de larga distancia, afectando el servicio en varias rutas internacionales.

Uno de los vuelos más afectados fue la ruta a Miami, que Aerolíneas Argentinas suele cubrir con sus aviones Airbus A330. Ante la falta de pilotos habilitados, la compañía comenzó a utilizar un Boeing 737 MAX en esta ruta, que tiene menor autonomía y capacidad que el A330. Este cambio de avión, que implica una escala adicional en Lima para recargar combustible, sorprendió a los pasajeros, quienes esperaban un vuelo directo y en un avión de mayor comodidad. En el caso del vuelo AR1306, que partió el viernes desde Aeroparque, la aeronave utilizada fue un Boeing 737 MAX, lo que generó incomodidad entre los viajeros.

El conflicto también afectó otras rutas de larga distancia. En las últimas semanas, Aerolíneas canceló vuelos programados a Europa y hacia otros destinos turísticos como Cancún. Ante estas cancelaciones, la aerolínea tomó la decisión de reubicar a los pasajeros en vuelos de otras compañías, como Avianca y Gol, lo que implicó un aumento en los costos operativos de la empresa estatal. La situación se complicará aún más en los próximos meses, ya que la demanda de vuelos suele aumentar considerablemente durante la temporada de vacaciones de verano y las festividades de fin de año.

APLA, por su parte, responsabilizó a la dirección de Aerolíneas Argentinas por la falta de avances en las negociaciones salariales y criticó la gestión de los directivos Fabián Lombardo, gerente general de la empresa, y Juan Pablo Alvarado, subgerente. Según el sindicato, la administración actual no posee la experiencia necesaria para resolver los problemas de la aerolínea y para garantizar el servicio a los pasajeros. Además de la demanda de un aumento salarial del 90% para cubrir la pérdida de poder adquisitivo desde mayo de 2024, APLA denunció el deterioro de las condiciones laborales de sus afiliados.

La reubicación de pasajeros y la contratación de vuelos adicionales suponen un incremento en los gastos de la empresa estatal, que además enfrenta presiones fiscales en el contexto actual. El Gobierno está evaluando la reducción de subsidios a empresas estatales y el Congreso debate actualmente un proyecto de ley que podría recortar el presupuesto de Aerolíneas e incluso abrir la posibilidad de su privatización. Esta situación añade más tensión al conflicto entre la empresa y los sindicatos, ya que una reducción en el financiamiento podría dificultar las negociaciones y limitar la capacidad de la aerolínea para mejorar los salarios de sus empleados.

Por último, la dirección de Aerolíneas Argentinas advirtió en su comunicado que realizará denuncias ante las autoridades gubernamentales y judiciales por el perjuicio económico que las medidas de APLA están generando a la empresa. A su vez, la aerolínea manifestó su “profunda preocupación” por el impacto en los pasajeros, quienes se vieron directamente afectados en sus planes de viaje debido a la cancelación y modificación de vuelos.