La plataforma DocentsCAT, compuesta por profesores de Lengua y Literatura Catalana, ha solicitado a la consellera de Educación y Formación Profesional de la Generalitat de Catalunya, Esther Niubó, que ofrezca una reacción pública y contundente después de la decisión judicial que afecta al régimen lingüístico en los centros educativos. En su declaración, DocentsCAT sostiene que el catalán enfrenta una situación de riesgo real en las escuelas, mientras que el castellano, según su criterio, no atraviesa amenazas en el ámbito educativo ni en el conjunto del territorio catalán. El colectivo exige, además, que las autoridades autonómicas adopten medidas inmediatas para revertir lo que consideran una ofensiva contra la inmersión lingüística y la presencia del catalán en la enseñanza.

Según informó el medio, el pronunciamiento de DocentsCAT surge tras conocerse la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de ejecutar de forma provisional la sentencia que anuló parcialmente el decreto que regula el régimen lingüístico en el sistema educativo catalán. Esta resolución judicial limita los efectos de las normativas previas y reabre el debate sobre la protección del catalán en el contexto escolar, un asunto que suma tensiones políticas y sociales en la comunidad autónoma. De acuerdo con lo publicado por la fuente, DocentsCAT insiste en que es necesario que el Parlament de Catalunya impulse con urgencia una ley específica que proteja de forma inequívoca al catalán en las aulas.

El comunicado difundido este lunes por la plataforma docente plantea que la actuación de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) ha sido determinante en la judicialización de la cuestión lingüística. Según DocentsCAT, esta organización no busca un sistema bilingüe real, sino que persigue "la imposición del castellano y el desmantelamiento de la inmersión lingüística". Así lo reportó el medio, que recoge la acusación de DocentsCAT sobre la existencia de una operación conjunta, tanto judicial como política, contra la presencia del catalán en la educación.

Los representantes del colectivo docente consideran que la sentencia del TSJC tiene consecuencias directas para las aulas catalanas y pone en entredicho un modelo que, según defienden, ha permitido que el catalán sea la lengua vehicular principal en el entorno escolar. El grupo recalca que mantener el catalán como idioma de aprendizaje resulta fundamental para preservar su uso social y evitar una reducción de su presencia en el sistema educativo. DocentsCAT dirige su petición principalmente al Parlament de Catalunya, al que solicita que actúe de manera "urgente" a través de una legislación que impida nuevas alteraciones judiciales o administrativas en la aplicación del modelo lingüístico.

La demanda de DocentsCAT surge en un momento en que la política educativa y la protección de las lenguas propias ocupan un lugar prioritario en el debate público catalán. Las reacciones de los diferentes actores implicados no tardaron en producirse luego de conocerse el fallo del TSJC, que confirmó la anulación parcial del decreto impulsado por la Generalitat. Según detalló el medio, los docentes dedicados a la lengua catalana consideran que los procedimientos judiciales que afectan al catalán forman parte de una estrategia más amplia que busca la subordinación de la lengua catalana al castellano dentro del sistema educativo.

En la misma línea, DocentsCAT reitera que la lengua castellana no enfrenta riesgos, ni en el territorio catalán ni dentro de los centros educativos. La plataforma defiende que solo el catalán requiere de protección adicional por parte de las instituciones públicas, debido a la presión que, a su juicio, ejercen ciertos sectores sociales y políticos. Por ello, exigen a las autoridades políticas y educativas una defensa decidida del modelo de inmersión como fórmula para asegurar la supervivencia y la vitalidad del catalán en las próximas generaciones.

La petición de los profesores se dirige especialmente a la consellera Esther Niubó, a la que instan a posicionarse claramente ante lo que describen como un ataque al modelo lingüístico catalán. Para DocentsCAT, la ausencia de una reacción firme por parte del Govern supondría una concesión a quienes pretenden modificar el actual marco legal y judicial respecto a las lenguas en la escuela, según publicó el medio.

El pronunciamiento de DocentsCAT contribuye a intensificar el debate político y social en Catalunya sobre la regulación de la lengua en el ámbito educativo, en un contexto marcado por fallos judiciales recientes y la intervención de entidades como la AEB. La plataforma de profesores subraya la necesidad de legislar de forma inmediata para crear un blindaje legal al catalán en la educación, evitando futuras acciones legales que puedan poner en cuestión su presencia como lengua vehicular en las escuelas catalanas.

Entre las propuestas más recientes debatidas en el Parlament balear se encuentra la sugerencia de MÉS per Mallorca para que el Ejecutivo autonómico extienda el bono social térmico y cree un fondo especial dirigido a los centros educativos, con el objetivo de ayudar a afrontar el aumento de los costos energéticos. Esta iniciativa, según expuso el portavoz de la formación, Lluís Apesteguia, también incluye facilitar ayudas para cubrir el gasto de alquiler a todas las personas en lista de espera del Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) que cumplan los requisitos. Estas medidas han cobrado especial relevancia ante la demora en la aprobación del paquete anticrisis destinado a mitigar el impacto económico de la guerra en Oriente Medio, una situación que, de acuerdo con Apesteguia, evidencia la urgencia de tomar decisiones concretas para apoyar a familias y trabajadores de las Islas Baleares.

Según publicó el medio, Apesteguia acusó al Govern de las Islas Baleares de retrasar deliberadamente la aprobación del decreto con medidas económicas urgentes, a la espera del retorno de la presidenta Marga Prohens tras un viaje oficial a República Dominicana y Punta Cana. Durante una rueda de prensa previa al pleno parlamentario, el portavoz de MÉS per Mallorca criticó la decisión de postergar la adopción de estas medidas. El dirigente señaló que “no vale no hacer nada porque tienes a tu líder bailando bachata y tú lo que quieres es que se pueda hacer la foto anunciando las medidas”, aludiendo a la ausencia de Prohens y sus consecuencias en la acción política.

El partido ecosoberanista recordó, según detalló la publicación, que el Consell de Govern no aprobó ningún paquete de ayudas el pasado viernes. Apesteguia calificó de decepcionante este retraso y calificó de inaceptable que las familias y sectores vulnerables de las islas sigan esperando decisiones que palíen la difícil situación económica derivada del contexto internacional. De acuerdo con MÉS per Mallorca, la falta de respuestas inmediatas afecta directamente a las familias trabajadoras y a los colegios, donde la subida del precio de la energía genera una carga adicional.

Tal como consignó el medio, el grupo parlamentario de MÉS propuso diferentes enmiendas a la ley de proyectos estratégicos para introducir soluciones concretas a la coyuntura económica. La formación planteó que el bono social térmico se amplíe para que más personas puedan beneficiarse de apoyos ante el encarecimiento de suministros básicos. También propuso establecer un fondo extraordinario de ayudas especiales dirigido a los centros educativos, con el propósito de compensar el alza en las tarifas energéticas y aliviar la presión sobre los presupuestos escolares.

Además, el partido propuso que todas las personas que se encuentren en la lista de espera del Ibavi y que cumplan con los criterios de acceso puedan obtener una ayuda destinada a cubrir el coste del alquiler. Este apoyo, remarca la formación, iría dirigido especialmente a quienes ven difícil llegar a fin de mes debido al encarecimiento de la vida en la comunidad autónoma. Según reportó la misma fuente, la moción se ha registrado formalmente mediante enmiendas parlamentarias y se incluye dentro de un paquete de medidas más amplio que MÉS per Mallorca intenta impulsar en alianza con diferentes sectores.

Durante su intervención ante los medios, Apesteguia subrayó que la situación económica requiere de respuestas urgentes y criticó la actitud del Ejecutivo balear por priorizar la agenda política sobre la acción social. Según insistió en sus declaraciones recogidas por el medio, la espera para la puesta en marcha del decreto anticrisis pone en entredicho la celeridad con la que se deben tomar decisiones en momentos de emergencia. El portavoz afirmó que “es decepcionante que se esté esperando”, subrayando la presión que experimentan las familias trabajadoras ante la actual situación inflacionaria.

El medio añadió que MÉS per Mallorca centra su mensaje en la urgencia de actuar ante el impacto de la guerra en Oriente Medio, que ha agravado la situación económica de numerosos hogares en Baleares. Para el grupo parlamentario, la aprobación de medidas inmediatas resulta fundamental ante la evidencia de una crisis que afecta tanto al sector educativo como al de la vivienda y la energía.

Las declaraciones de Apesteguia, reproducidas por la misma fuente, evidencian el clima de tensión política y la discusión sobre los tiempos de reacción de las instituciones públicas frente a las demandas sociales. El portavoz de MÉS per Mallorca reiteró que la acción gubernamental debe orientarse a solucionar los problemas reales de la ciudadanía, sin dejarse condicionar por la agenda personal de sus responsables políticos, aludiendo a la conveniencia de que las medidas urgentes no queden supeditadas a la presencia de altos cargos para su anuncio público.

De acuerdo con la información recopilada, las medidas propuestas por MÉS buscan brindar alivio a la población más vulnerable y a sectores castigados por la subida de los precios y la falta de accesibilidad a la vivienda. El partido insiste ante el Parlament en la necesidad de adoptar soluciones inmediatas para garantizar que los fondos lleguen a quienes más los necesitan. El debate abierto ante la falta de aprobación del decreto de medidas anticrisis y las enmiendas presentadas por MÉS per Mallorca continuará siendo uno de los focos de la agenda política en las Islas Baleares.

El partido Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha sugerido la posibilidad de pactar nuevas transferencias de competencias administrativas para Cataluña, como vía para conseguir mayor capacidad de autogobierno, en el contexto de las conversaciones abiertas sobre el sistema de financiación autonómica. Según informó Europa Press citando fuentes republicanas, esta estrategia de ERC busca avanzar en el autogobierno mediante la negociación de concesiones que refuercen las competencias de la Generalitat, en un momento en el que la formación también ha puesto sobre la mesa la desvinculación de la recaudación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de los Presupuestos autonómicos.

De acuerdo con la información publicada por Europa Press, ERC no ha especificado por el momento cuáles podrían ser las competencias a obtener en caso de llegar a un acuerdo, aunque fuentes del partido indicaron que el objetivo es “ganar espacios de poder” para Cataluña. El tema surge tras la reciente decisión conjunta del Govern y de ERC de retirar del Parlament el proyecto de presupuestos para 2024, con la intención de extender el plazo de negociaciones e intentar llegar a una aprobación antes del final del actual periodo de sesiones, previsto para julio.

La consellera de Economía y Finanzas de la Generalitat, Alícia Romero, declaró en una entrevista con Rac1, informada por Europa Press, que espera propuestas viables por parte de ERC, enfatizando que “si nos pide cosas de otros, siempre esto será más complicado”. Romero puntualizó que el Ejecutivo autonómico no ha modificado su postura sobre la gestión del IRPF, manteniendo como prioridad la reforma del modelo de financiación autonómica. Sobre la posibilidad de negociar nuevos traspasos en sustitución del control del IRPF, la consellera expuso que la Generalitat solo puede comprometerse en el marco de las competencias que actualmente ostenta, lo que limita la capacidad de satisfacer demandas que dependan de otros niveles administrativos.

Según difundió el medio ‘Nació’, ERC mantiene abiertas sus opciones para alcanzar acuerdos con el Govern y el Gobierno central, con la intención de fortalecer el autogobierno catalán a través de nuevas delegaciones responsables de competencias actualmente centralizadas. En las últimas semanas, el debate sobre la financiación autonómica ha centrado gran parte de la agenda política en Cataluña, especialmente tras la retirada temporal de las cuentas públicas presentada por el Ejecutivo autonómico.

Europa Press detalló que ERC ha condicionado su disposición a desvincular la recaudación del IRPF de los Presupuestos generales de la Generalitat a la obtención de otras cesiones competenciales, aunque el partido todavía no ha concretado cuáles serían estos posibles traspasos alternativos. Representantes republicanos sostienen que dichas negociaciones pretenden incrementar la autonomía política y administrativa de la comunidad, ampliando así el margen de decisión del gobierno autonómico en áreas clave.

Fuentes consultadas por Europa Press han señalado que, para ERC, lograr nuevas transferencias competenciales se traduce en la oportunidad de “ganar espacios de poder” que refuercen a la Generalitat frente al actual sistema de descentralización. El IRPF, uno de los elementos más significativos dentro del sistema de financiación, representa una de las demandas históricas de mayor calado en el autogobierno catalán, aunque el Gobierno central mantiene su negativa a modificar el actual régimen de recaudación compartida.

Hasta el momento, la posición del Govern, expresada por la consellera Romero, descarta una ruptura con el modelo vigente respecto al IRPF, pero abre la posibilidad de negociar otros aspectos “que estén al alcance” de la actual administración autonómica. La Junta de Portavoces se ha comprometido a seguir trabajando durante las próximas semanas con el objetivo de presentar una nueva propuesta presupuestaria que pueda ser sometida a debate y aprobación en el Parlament antes de concluir el presente periodo de sesiones.

Europa Press informó que, mientras prosiguen estas negociaciones, el Gobierno catalán continúa defendiendo la necesidad de revisar en profundidad el sistema general de financiación autonómica, con la aspiración de asegurar mayores recursos fiscales y más capacidad de decisión para la Generalitat en la gestión de los ingresos propios. Los portavoces de ERC insisten en que cualquier avance en la negociación debe implicar una ampliación de las competencias autogestionadas, en línea con el objetivo de consolidar el autogobierno catalán mediante herramientas administrativas y legislativas adicionales.

Distintas voces republicanas han manifestado a Europa Press que el proceso de negociación buscará conseguir cesiones equilibradas en aquellas áreas que puedan brindar a Cataluña mayor capacidad de gestión directa, siempre dentro de los límites constitucionales y de los acuerdos que puedan alcanzarse con el Gobierno central. No obstante, desde la conselleria de Economía y Finanzas de la Generalitat se ha reiterado la importancia de ceñirse a las competencias actuales, reconociendo la complejidad que implica negociar cualquier cesión que dependa de otras instancias o requiera reformas legislativas en el Congreso de los Diputados.

La decisión del Govern y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) de retirar el proyecto de presupuestos previstos para debatirse esta semana ha activado la búsqueda de soluciones financieras de urgencia para garantizar la operatividad de la administración catalana. Según informó el medio El País, la consellera de Economía y Finanzas de la Generalitat, Alícia Romero, comunicó la aprobación de un suplemento de crédito por un total de 5.988 millones de euros. Este mecanismo permitirá dar respuesta a las obligaciones institucionales para el ejercicio corriente, pese a la existencia de la prórroga presupuestaria.

Alícia Romero anunció esta medida tras la celebración de un Consell Executiu extraordinario, convocado para tramitar el decreto ley que respalda el suplemento. Detalló ante los medios que esta inyección económica resulta imprescindible para mantener los servicios y operaciones cotidianas de la Generalitat, después de que la retirada del proyecto presupuestario para 2026 dejara a la administración sin un marco presupuestario actualizado. Tal como publicó El País, la responsable de Economía subrayó que la falta de acuerdo parlamentario en torno a los presupuestos obligó al Ejecutivo a apostar por instrumentos legales que aseguren la continuidad institucional sin paralizar la actividad pública.

El suplemento de crédito se presenta como una respuesta inmediata tras el pacto alcanzado el miércoles entre el Govern y ERC, por el cual se decidió posponer el debate y la votación del proyecto de presupuestos en el Parlament. Según consignó El País, ambas formaciones se emplazaron a retomar las conversaciones y negociaciones presupuestarias hasta el próximo verano, evitando así una crisis institucional por la falta de acuerdo en las cuentas públicas. El Ejecutivo catalán recurre así a mecanismos previstos en la normativa autonómica que permiten la ampliación de los recursos disponibles, sin tener que esperar a la aprobación definitiva de un nuevo presupuesto.

De acuerdo con lo comunicado por la consellera Romero y recogido por El País, la medida busca garantizar que las distintas áreas de la administración catalana dispongan de los fondos necesarios para operar con normalidad. De no haberse habilitado este suplemento de cerca de seis mil millones de euros, servicios básicos y compromisos adquiridos por la Generalitat podrían haber visto comprometida su viabilidad y prestación durante los próximos meses.

El proceso de tramitación de este suplemento ha requerido la convocatoria de un Consell Executiu extraordinario, reflejando la urgencia de adaptar la estrategia financiera de la Generalitat ante el estancamiento en el proceso de aprobación de los presupuestos. Según informó El País, el decreto ley validado supone un paso crucial para evitar disfunciones en las áreas sociales, educativas, sanitarias y de gestión institucional, que dependen de la disponibilidad efectiva de los fondos públicos consignados.

Una vez retirado oficialmente el proyecto presupuestario del orden del día del Parlament, la preocupación por cubrir las necesidades inmediatas llevó al Govern a buscar alternativas que no influyan negativamente en la agenda de pagos y en la estabilidad de los organismos dependientes de la administración catalana. Según detalló El País, la consellera de Economía y Finanzas insistió en la necesidad de asegurar la cobertura financiera de todos los programas en curso y de los compromisos laborales y contractuales existentes, mientras continúan las conversaciones políticas para alcanzar un nuevo acuerdo en las cuentas públicas.

El suplemento de crédito aprobado por la Generalitat contempla la distribución de recursos para evitar interrupciones en las políticas esenciales y garantizar el funcionamiento ininterrumpido de la administración autonómica hasta que se logre un pacto presupuestario definitivo. Según reportó El País, este instrumento será fundamental durante los próximos meses, ante la ausencia de un marco presupuestario nuevo que permita planificar inversiones y gastos con visión de futuro.

En la comparecencia informativa tras el Consell Executiu, Alícia Romero aclaró que la decisión no implica renunciar a un acuerdo presupuestario, sino que representa una respuesta técnica y legal a la situación parlamentaria actual. El suplemento, según explicó la titular de Economía recogida por El País, dotará de estabilidad financiera provisional a la Generalitat, mientras prosiguen las negociaciones entre Govern y ERC con el objetivo de alcanzar un consenso antes del próximo periodo estival.

La retirada del proyecto presupuestario y la posterior aprobación urgente del suplemento de crédito suponen una adaptación rápida de la administración autonómica catalana a la lógica parlamentaria, evitando el riesgo de un vacío presupuestario. La estrategia adoptada busca no solo preservar los servicios prestados por la Generalitat, sino también proporcionar estabilidad a los empleados públicos y a los sectores dependientes de la financiación autonómica, según plasmó El País en su cobertura de la noticia.

Durante su intervención ante el Parlament, Sílvia Orriols, presidenta de Aliança Catalana, centró parte de su discurso en el impacto de las políticas migratorias que, según su opinión, han contribuido a una “descatalanización” de Cataluña. En este contexto, responsabilizó al actual Ejecutivo autonómico de transformar a la comunidad en una “autonomía sometida, pobre y saqueada”, en vez de perseguir un modelo de nación independiente, próspera y occidental. A raíz de estos señalamientos, Orriols afirmó recibir diversas calificaciones, como “racista, poco viajada, trumpista, motosierra o negacionista de los Derechos Humanos”, etiquetas que, sostuvo, pueden desmontarse fácilmente por sí solas.

Según informó el medio, la dirigente de Aliança Catalana solicitó formalmente al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que convoque elecciones autonómicas anticipadas. Fundó su petición en lo que describió como un escenario de “caos absoluto" en Cataluña, expresado durante el debate parlamentario realizado tras la comparecencia de Illa, solicitada por Junts per Catalunya para abordar la situación política catalana. Durante su intervención, Orriols indicó: “Las urnas dirán qué Cataluña queremos los catalanes. No les tiene que dar miedo devolver la voz al pueblo. Lo que les tiene que dar miedo es la incapacidad que tienen de mantenerse en el poder por méritos propios. Sin comprar votos con dinero público, nada. Y lo saben. Dejen de aferrarse a la silla y convoquen elecciones”.

El medio consignó que, a juicio de Orriols, el Govern dirigido por Illa se muestra débil tanto en apoyo parlamentario como en la presentación de propuestas, en la búsqueda de consensos y en la determinación política. Calificó al Ejecutivo como una estructura costosa pero sin eficacia reivindicativa ante el Gobierno central. En ese sentido, acusó a los actuales responsables de la Generalitat de actuar por miedo a perder posiciones internas dentro del Partido Socialista, lo que —según Orriols— limita su capacidad para negociar o reivindicar cuestiones clave.

Además, Orriols sostuvo que el Ejecutivo haya dejado de gobernar y gestionar políticas, optando en su lugar por criminalizar a diferentes sectores, entre los que mencionó promotores, constructores, propietarios, empresarios, turistas, cazadores, cuerpos policiales y opositores políticos. Añadió que las políticas impulsadas por la Generalitat comparten postulados con los de Podemos, citando la implantación de una “cultura del yacer y el subsidio”.

En cuanto a las políticas migratorias, la presidenta de Aliança Catalana insistió en que la actual estrategia gubernamental está orientada hacia lo que considera una subordinación de Cataluña, con especial énfasis en el impacto que, según su opinión, ejerce el islamismo en la sociedad catalana contemporánea. En este marco, defendió su posición en el Parlament argumentando que la libertad para opinar no debe estar condicionada por la posibilidad de recibir descalificaciones o ataques personales.

El medio reportó que la intervención de Orriols tuvo lugar tras la comparecencia de Illa en la cámara catalana, solicitada por el grupo de Junts. Durante el debate, la diputada insistió en que la convocatoria de elecciones es la alternativa válida ante lo que describió como un deterioro institucional acompañado de la pérdida de rumbo político. Según ella, la “voz del pueblo” debe decidir el futuro de la comunidad autónoma, rechazando permanecer en el poder sin el respaldo legítimo de los votantes y reiterando la denuncia de una gestión centrada en el clientelismo.

En materia de competencia política, Orriols reiteró que el Govern no está ejerciendo liderazgo en la defensa de los intereses catalanes frente al Gobierno central, lo que —según sus palabras— refleja una falta de determinación y acción política. Además, expuso que las supuestas alianzas internas y la búsqueda de promoción a cargos superiores dentro del Partido Socialista estarían condicionando la política en Cataluña.

El medio detalló que la intervención de Orriols cerró con el argumento de que el modelo impulsado por la Generalitat estaría en conflicto con la prosperidad y la independencia que, en opinión de Aliança Catalana, debería constituir el rumbo político y social de Cataluña.

Las acusaciones sobre posibles mensajes de Whatsapp en los que el marido de Miquel Iceta habría tenido contactos con Koldo García, supuestamente para negociar la custodia de armas en Moncloa, centraron parte importante del debate político en Cataluña este miércoles. La cuestión fue llevada al pleno del Parlament por Alejandro Fernández, líder del Partido Popular en Cataluña, quien pidió cuentas a Salvador Illa en relación con la posible implicación de Iceta en una supuesta trama de corrupción. Al responder, el presidente de la Generalitat y primer secretario del PSC afirmó que Miquel Iceta, presidente del Partido de los Socialistas de Cataluña y exministro, no tiene vínculo alguno con ninguna red corrupta. Así lo informó el medio El Periódico.

Durante la sesión de control al Govern, Salvador Illa afrontó diversas preguntas sobre este tema tras las declaraciones de Alejandro Fernández. De acuerdo con lo publicado por El Periódico, Fernández planteó dudas no solo sobre las presuntas conversaciones de Whatsapp, sino también sobre el “asombroso patrimonio” de Iceta. El dirigente del PP cuestionó ante el Parlament si Illa realmente conoce la situación financiera del presidente de los socialistas catalanes y criticó la supuesta negativa de los socialistas a ofrecer aclaraciones públicas sobre el asunto.

Illa, según detalló El Periódico, respondió que desconoce los datos patrimoniales de Miquel Iceta y subrayó que nunca se ha interesado por el patrimonio de otras personas. El presidente del PSC afirmó conocer los principios éticos de Iceta y defendió la transparencia con la que, a su entender, actúa el dirigente socialista. Para Illa, las acusaciones vertidas en el pleno tienen como propósito dañar la reputación de figuras políticas. El líder socialista pidió al representante del PP dejar de “ensuciar la política” con este tipo de denuncias, resaltó el medio.

El episodio en el Parlament se enmarca en un contexto político agitado, motivado por diversas investigaciones en torno a la llamada trama de Koldo. Fernández, señaló El Periódico, vinculó de manera directa a Iceta con la red a raíz de conversaciones en las que el nombre del exministro habría surgido en relación a la gestión de armas. El popular reclamó explicaciones públicas y una mayor transparencia por parte de los socialistas catalanes ante lo que consideró cuestiones “muy preocupantes”.

El medio El Periódico puntualizó que, en su intervención, Illa dejó claro que únicamente puede responder por los valores y la trayectoria que conoce de Iceta, no por los bienes que pueda tener. Al defender al exministro, Illa insistió en remarcar la honestidad y la transparencia de Iceta, calificando de inaceptables las sospechas que, a su juicio, carecen de fundamento.

El debate generó múltiples reacciones en la cámara catalana y evidenció la tensión que rodea a la gestión de casos que involucran presuntas irregularidades. Según consignó El Periódico, la insistencia del líder del PP en la necesidad de investigar más a fondo la supuesta trama y la petición de acceso a información patrimonial de los dirigentes socialistas se produjeron en un tono de confrontación directa.

Durante el pleno, Salvador Illa sostuvo que las críticas de Fernández y la persistencia en vincular a Iceta con la trama de Koldo solo contribuyen a deteriorar el debate político. En su intervención, volvió a reiterar que la transparencia es un principio fundamental del presidente de su partido y que estas campañas de acusaciones no responden a hechos probados, sino a la intención de ampliar la controversia.

El desarrollo de las sesiones de control en el Parlament mantiene en agenda la cuestión de la integridad y la gestión ética entre los responsables públicos en Cataluña, tal como recogen las crónicas difundidas por El Periódico. Las posiciones enfrentadas entre gobierno y oposición sobre las explicaciones a ofrecer ante casos de sospecha de corrupción seguirán marcando la dinámica parlamentaria, al menos mientras continúen activos estos debates.

Un sombrero de paja, una toalla de playa, gafas de sol y un bote de crema solar se encontraron en el escaño de la presidenta del Govern balear, Marga Prohens, justo antes del inicio del pleno parlamentario, según consignó el medio elDiario.es. Con estos objetos, el grupo socialista transmitió simbólicamente su desacuerdo con la ausencia de la jefa del Ejecutivo, quien se encuentra de viaje institucional en República Dominicana y Puerto Rico. La protesta se realizó antes de la sesión de este martes, aunque los objetos fueron retirados una vez comenzada la reunión.

Según informó elDiario.es, el Partido Socialista de las Islas Baleares (PSIB) utilizó sus redes sociales para manifestar que Marga Prohens "debería estar trabajando" desde su escaño para hacer frente a los problemas derivados de la denominada "guerra de Trump" y sus efectos negativos sobre los ciudadanos de las islas. El grupo parlamentario publicó una fotografía del asiento vacío con los artículos playeros y comentó: "Este es el escaño desde donde, ahora mismo, Prohens debería estar trabajando para solucionar los efectos negativos que pagamos los y las ciudadanos de las Islas, por culpa de la guerra de Trump, pero ella ha preferido ir al Caribe".

El viaje de la presidenta del Govern, detalló elDiario.es, incluye visitas a la República Dominicana y Puerto Rico. De acuerdo con el medio, la agenda de Prohens contempla varias reuniones institucionales, entre ellas, encuentros con empresas mallorquinas ubicadas en el Caribe. También se prevé la visita a las casas baleares presentes en ambos países, espacios que acogen a la comunidad de origen balear en América.

La vicepresidenta segunda y consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas, acompaña a la presidenta durante este desplazamiento oficial. Según publicó elDiario.es, la delegación mantendrá un programa de actividades centrado en fortalecer los lazos con la diáspora balear y explorar oportunidades de colaboración institucional y empresarial.

El momento elegido para el viaje por parte de Prohens ha generado críticas de la oposición. El PSIB, principal partido frente al Gobierno balear, cuestionó la ausencia de la presidenta en un periodo que, consideran, requiere de su implicación directa en los debates y en la búsqueda de soluciones a los problemas que afectan a la ciudadanía debido al escenario internacional, aludiendo de forma específica a las repercusiones de la guerra comercial promovida por el expresidente de Estados Unidos.

De acuerdo con elDiario.es, esta situación propició la acción simbólica de los socialistas en la Cámara, quienes quisieron visibilizar lo que interpretan como una falta de compromiso por parte de la presidenta en momentos de debate clave para el archipiélago. Los objetos de playa colocados en el escaño sirvieron como recordatorio de la ausencia, aunque fueron retirados antes del inicio efectivo del pleno parlamentario.

El grupo socialista argumentó en su mensaje que la presencia de Prohens en el hemiciclo resultaba necesaria para atender de forma directa las preocupaciones ciudadanas y el impacto de decisiones internacionales en la economía y el bienestar de la población local. ElDiario.es recogió que tanto la publicación en la cuenta de X (anteriormente Twitter) del PSIB, como la acción en el propio Parlament, formaron parte de una estrategia para destacar el descontento social y político por la agenda institucional elegida por el Ejecutivo balear en una coyuntura marcada por desafíos económicos.

A lo largo de la sesión, la bancada socialista insistió en que la participación activa de la jefa del Govern en el Parlamento constituye un elemento esencial para el trabajo legislativo y la atención a los problemas derivados del contexto global. Según reportó elDiario.es, la reacción del Gobierno balear ante las críticas no se hizo pública en el momento en que se retiraron los objetos de protesta ni durante el pleno.

El viaje institucional de Prohens y parte de su gabinete responde a la intención de fortalecer vínculos con la comunidad balear en el Caribe y facilitar el crecimiento de empresas isleñas que operan en la región. El medio elDiario.es detalló que estos encuentros forman parte de una serie de misiones oficiales programadas por el Ejecutivo, aunque la oposición considera que estas tareas se deberían priorizar en otros periodos o en un formato compatible con la agenda parlamentaria.

La cobertura ofrecida por elDiario.es destaca la relevancia que ha tomado el debate sobre la presencia física de los dirigentes políticos en los órganos de representación y la capacidad de estos para equilibrar las obligaciones institucionales fuera del territorio con la actividad parlamentaria local. La acción simbólica realizada en el Parlament balear ha generado debate sobre el papel de la oposición para fiscalizar la labor del Ejecutivo y la oportunidad de las ausencias institucionales en plena actividad política local.

A raíz de un auto judicial que dictaminó el archivo de las actuaciones al considerar que no existió intención de lesionar a un agente de los Mossos d'Esquadra durante una protesta en Montserrat en 2025, el abogado Jaume Alonso-Cuevillas sostiene que la consellera de Interior de la Generalitat, Núria Parlon, atribuyó erróneamente a su defendido la comisión de una agresión. La noticia principal gira en torno a la admisión a trámite de la demanda de conciliación que este manifestante presentó contra la consellera, solicitando una rectificación pública y la garantía de evitar declaraciones similares en el futuro.

Según detalló Europa Press, el Juzgado de lo Civil de Barcelona aceptó tramitar la demanda de conciliación interpuesta por el manifestante señalado inicialmente como presunto agresor durante la protesta contra la visita del Rey Felipe VI a la abadía de Montserrat. Esta información fue difundida en primer lugar por el medio 'El Mon' y confirmada por el propio abogado Alonso-Cuevillas mediante un mensaje en la red social X, recogido por Europa Press.

La causa se remonta a las declaraciones realizadas por Núria Parlon en el Parlament, después de que el Tribunal de Instancia de Manresa decretara el sobreseimiento de la causa contra el manifestante. El archivo se sustentó en la conclusión del juez, derivada del visionado de grabaciones entregadas por la defensa, donde se observa que el manifestante portaba una caña de pescar que servía como soporte de una bandera 'estelada'. El incidente se produjo cuando un agente de los Mossos tiró de la bandera, lo que provocó que la caña hiciera contacto con la oreja de otro agente. El juez dictó que este contacto no obedecía a una intención de agredir.

A pesar de esta resolución, según publicó Europa Press, Parlon declaró en sede parlamentaria: "en ningún momento el juez está cuestionando la veracidad de la percepción del agente, lo que está diciendo es que no hay intencionalidad, no está diciendo que sea mentira ni la agresión ni la lesión". A juicio del abogado Alonso-Cuevillas, estas palabras implican atribuir de manera pública la autoría de una agresión a su defendido, algo que, de acuerdo con el auto judicial, no se puede sostener.

La demanda de conciliación presentada el 26 de febrero, recogida por Europa Press, constituye un paso previo a una posible querella por calumnias contra la consellera. El documento exige que Parlon reconozca que sus declaraciones en el Parlament no se corresponden con la realidad de los hechos, tal como los recogió el auto judicial, y las califica como "radicalmente falsas". Además, solicita que se retracte públicamente y de manera expresa, dejando constancia de que el manifestante no cometió delito alguno de atentado ni agresión contra agente de la autoridad. También exige que la consellera asuma el compromiso de no repetir declaraciones de ese tipo en ningún foro público o institucional.

El juzgado ha citado a Núria Parlon para el próximo 28 de abril con el objetivo de abordar el requerimiento de conciliación presentado por el manifestante. Según consignó Europa Press, este mecanismo suele emplearse antes de recurrir a vías penales en casos en los que se presume una afectación al honor como consecuencia de declaraciones difundidas por cargos públicos.

En el desarrollo de la causa, el planteamiento jurídico que recogió Europa Press enfatiza la diferencia entre un acto con resultado lesivo y la intención deliberada de hacerlo. El juez fundamentó en su auto que el suceso no revelaba intención alguna de atacar al agente de policía. Por tanto, el abogado del manifestante sostiene que la reiteración pública de los hechos como un acto de agresión constituye una imputación falsa y dañina respecto a la reputación de su cliente.

La noticia publicada por Europa Press subraya que el propio Jaume Alonso-Cuevillas, representante legal del manifestante, comunicó la admisión a trámite de la demanda y detalló los pasos a seguir, incluyendo la citación de las partes para el 28 de abril. Durante la citación, se abordará si la consellera acepta retractarse y comprometerse públicamente a rectificar sus declaraciones acerca de la supuesta agresión.

El proceso pone el foco en el impacto que pueden tener las declaraciones de altos cargos públicos en relación con procesos judiciales archivados y sobre la presunción de inocencia. La admisión de la demanda por el juzgado representa un paso formal necesario antes de que la parte denunciante evalúe si interpone una querella penal, dependiendo de la respuesta de Parlon en el acto de conciliación.

Europa Press agrega que la demanda registrada ante el juzgado cita explícitamente el auto judicial, en el que el magistrado diferencia entre la percepción subjetiva del agente y los hechos realmente sucedidos documentados en video. El archivo de las actuaciones, según el Tribunal de Instancia de Manresa, concluyó que el contacto de la caña con la oreja no obedecía a intencionalidad lesiva alguna, lo que llevó a poner fin al proceso penal contra el manifestante.

Este caso vuelve a abrir el debate sobre la responsabilidad de los funcionarios públicos al emitir declaraciones relacionadas con procesos judiciales ya resueltos, así como sus posibles implicaciones legales derivadas de las mismas. El resultado de la citación del 28 de abril marcará el siguiente paso en este procedimiento judicial, objeto de atención tanto para el entorno político como para la sociedad, según la información remitida por Europa Press y los medios que han seguido el caso.

El Tribunal de Instancia de Manresa (Barcelona) determinó el sobreseimiento libre del procedimiento judicial abierto contra el ciudadano señalado por los Mossos d'Esquadra como presunto responsable de una agresión a un agente policial durante una protesta contra la visita del rey Felipe VI en la abadía de Montserrat, ocurrida el 23 de junio de 2025. A pesar de esta resolución, la consejera de Interior y Seguridad Pública de Cataluña, Núria Parlon, realizó declaraciones en el Parlament que, según la defensa del manifestante, lo vincularon nuevamente a la autoría del hecho, lo que ha motivado una demanda de conciliación en su contra. Según informó Europa Press, la acción legal se formalizó este jueves y el avance fue dado a conocer previamente por el medio 'El Món'.

El abogado del manifestante, Jaume-Alonso Cuevillas, argumentó en la demanda que la consellera atribuyó públicamente la comisión de una agresión contra un agente de los Mossos d'Esquadra a su representado, a pesar de la decisión judicial que descartó cualquier intencionalidad delictiva. Según detalló Europa Press, el juez responsable del caso basó el archivo de las actuaciones en las imágenes presentadas por la defensa, en las que se observa que el ciudadano portaba una caña de pescar con una bandera estelada, y que fue el forcejeo con los agentes lo que derivó en el contacto de la caña con la oreja de uno de los policías. Para el tribunal, el manifestante no tenía intención de provocar lesión alguna y tampoco se vio conducta que constituyera atentado o agresión a la autoridad, por lo que decidió el archivo definitivo del procedimiento.

A pesar de esta resolución, Núria Parlon declaró la semana pasada en el Parlament catalán que “en ningún momento el juez está cuestionando la veracidad de la percepción del agente, lo que está diciendo es que no hay intencionalidad, no está diciendo que sea mentira ni la agresión ni la lesión”. Estas palabras, según la parte demandante y consignó Europa Press, suponen una nueva atribución de responsabilidad a una persona exonerada judicialmente, al mantenerse la narrativa en torno a una supuesta agresión y lesión.

De acuerdo con la interpretación del abogado, las afirmaciones realizadas desde la tribuna parlamentaria han generado un perjuicio personal al manifestante, pues lo posicionaron de nuevo ante la opinión pública como autor de un acto grave contra la autoridad, a pesar del fallo exculpatorio. La demanda califica estos comentarios como “falsos y lesivos”, y sostiene que la consellera incurrió en una imputación sin fundamento legal, lo que acarrea daños a la reputación y a los derechos fundamentales de la persona afectada.

La conciliación presentada solicita que Núria Parlon admita que las declaraciones pronunciadas ante el Parlament “no se ajustan a la veracidad de los hechos producidos y son radicalmente falsas”. El escrito requiere una retractación pública, expresa y sin ambigüedad en la que se reconozca que el manifestante no cometió delito de atentado ni de agresión y que la consellera se comprometa a no reiterar este tipo de afirmaciones en ningún ámbito público o institucional.

En el auto de sobreseimiento citado por Europa Press, el análisis de las pruebas videográficas resultó determinante, ya que mostraron que el contacto de la caña de pescar (utilizada como soporte de la bandera independentista) con el agente se produjo como reacción a la intervención policial, descartando cualquier acción deliberada o violenta por parte del ciudadano involucrado en la manifestación del 23 de junio en Montserrat.

Por su parte, las declaraciones de la consellera Parlon, recogidas por Europa Press, insistieron en la percepción del agente policial como elemento de credibilidad, pero reconoció la ausencia de evidencia sobre la intencionalidad. A juicio de la defensa, este matiz resulta insuficiente, ya que la insistencia pública en la existencia de la agresión refuerza una acusación judicialmente descartada.

La acción legal en curso representa una respuesta a la exposición pública sufrida por el manifestante, quien fue inicialmente señalado en el contexto de la protesta contra la presencia del rey Felipe VI en la abadía de Montserrat. Según reportó Europa Press, la defensa subraya el impacto negativo que este tipo de atribuciones pueden causar cuando contradicen una resolución judicial exculpatoria.

El manifestante que fue identificado por los Mossos d'Esquadra como presunto responsable de una agresión a un agente durante una protesta en Montserrat exige una retractación pública por parte de la consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, luego de que esta realizara declaraciones en el Parlament que, según alega, le han causado un daño grave personal y reputacional. Según informó Europa Press, la demanda de conciliación fue presentada este jueves por el abogado Jaume-Alonso Cuevillas, quien sostiene que las palabras de Parlon no se corresponden con la resolución judicial que archivó la causa contra su representado.

De acuerdo con Europa Press, la demanda fue remitida a raíz de las afirmaciones hechas por Parlon la semana pasada en sede parlamentaria, donde aseguró que “en ningún momento el juez está cuestionando la veracidad de la percepción del agente, lo que está diciendo es que no hay intencionalidad, no está diciendo que sea mentira ni la agresión ni la lesión”. El medio detalló que estas declaraciones se produjeron tras el sobreseimiento libre determinado por el Tribunal de Instancia de Manresa (Barcelona) en relación al manifestante, quien había sido vinculado a una supuesta agresión cometida durante la movilización del 23 de junio de 2025 contra la visita del Rey Felipe VI a la abadía de Montserrat.

El relato judicial al que accedió Europa Press indica que, durante la revisión de los videos aportados por la defensa, el juez observó que el manifestante sostenía una caña de pescar utilizada como mástil de una bandera ‘estelada’. El contacto de la caña con la oreja de un policía se produjo cuando un agente intentó quitar la bandera, aunque el magistrado afirmó que no existió intencionalidad de lesionar por parte del particular, motivo por el cual ordenó el archivo de las actuaciones. Según consignó Europa Press, el fallo subrayó la ausencia de intención dolosa, descartó la existencia de delito de atentado y concluyó que las pruebas no permitían sostener una acusación delictiva.

En su escrito, el abogado Jaume-Alonso Cuevillas planteó que las manifestaciones públicas realizadas por Parlon vulneraron el principio de presunción de inocencia y atribuyeron a su cliente la autoría de hechos que la justicia ya descartó. Según sostiene el representante legal, la “imputación es falsa y lesiva”, y expone que reputacionalmente su cliente ha sido perjudicado al ser señalado como responsable de un delito grave ante la opinión pública y en un foro institucional de relevancia.

El letrado solicitó que Parlon, consellera de Interior y Seguridad Pública, reconozca de manera pública que sus declaraciones no se ajustan con los hechos establecidos y se retracte de forma expresa, afirmando que el manifestante no cometió delito de atentado ni de agresión alguna contra la autoridad. Además, la demanda solicita que la funcionaria se comprometa a no volver a emitir comentarios similares ni en actos públicos ni en contextos institucionales.

Tal como publicó Europa Press, la filtración de la demanda fue anticipada por el medio ‘El Món’, que tuvo acceso al texto presentado ante la autoridad judicial. Según el contenido consignado, la acción busca proteger los derechos fundamentales del manifestante afectados por el eco público que alcanzaron los señalamientos de Parlon, quien hasta el momento no se ha pronunciado oficialmente sobre la solicitud de retractación.

Europa Press indicó que el incidente tuvo lugar en un contexto de fuerte tensión social durante la protesta organizada el 23 de junio de 2025 frente a la abadía de Montserrat, donde diferentes colectivos expresaban rechazo a la visita del monarca español. Durante la actuación policial, los Mossos d’Esquadra identificaron al ahora demandante como presunto autor de una agresión a uno de sus agentes, lo que dio origen a la denuncia penal que finalmente fue archivada tras la instrucción judicial.

En la decisión de sobreseimiento, el juez detalló que el contacto físico registrado en las imágenes no se produjo con ánimo de lesionar, aspecto que desvirtuó la existencia de delito. El archivo de la causa puso fin al trámite judicial, aunque las manifestaciones vertidas por la consellera de Interior generaron una nueva disputa de carácter reputacional y jurídico.

El medio Europa Press añadió que la reclamación formal contiene la exigencia de una rectificación pública clara, así como la garantía de no repetición de manifestaciones que, a juicio del abogado, contribuyen a estigmatizar a la persona exonerada por la justicia. No se han difundido detalles sobre cuáles serán los siguientes pasos procesales en caso de que la consellera Núria Parlon no acceda a las demandas planteadas desde la representación legal del manifestante.

La diputada Montse Ortiz, representante de Junts en el Parlament, señaló que el conseller de Deportes de la Generalitat, Berni Álvarez, estaba en el lugar donde ocurrió la retirada de símbolos independentistas en la competición de esquí de montaña durante los Juegos Olímpicos de Invierno en Italia. Ortiz cuestionó si las autoridades catalanas realizaron alguna gestión en el momento del incidente y preguntó si tienen intención de dirigirse tanto al Comité Olímpico Internacional (COI) como al Comité Olímpico Español (COE), según consignó el comunicado difundido este jueves por la formación.

De acuerdo con la información publicada por la agencia Europa Press, el grupo parlamentario de Junts registró una serie de preguntas destinadas al Ejecutivo catalán a fin de obtener explicaciones sobre la retención de banderas esteladas y señeras a los seguidores catalanes. El interrogatorio busca que el Govern aclare lo sucedido y determine los pasos a seguir para evitar hechos similares, que, a juicio de la formación, afectan a la libertad de expresión de los ciudadanos catalanes en eventos deportivos internacionales.

Junts instó al Govern a pronunciarse sobre las medidas que piensa adoptar para garantizar que los derechos de manifestación no se vean restringidos en futuras citas internacionales. Ortiz planteó la necesidad de que el Ejecutivo catalán valore la gravedad del suceso y actúe en consecuencia, demandando que se respete la pluralidad en contextos deportivos y en presencia de espectadores catalanes que portan símbolos identificativos. Las cuestiones planteadas incluyen la solicitud de información sobre si existió una intervención directa por parte del conseller durante el episodio y cuál fue la respuesta institucional ante la requisa de banderas.

La formación también ha manifestado la importancia de que el Govern informe acerca de cualquier contacto o gestión formal llevada a cabo, bien de manera inmediata o a posteriori, ante organismos deportivos como el COI o el COE, con el objetivo de expresar la disconformidad ante la retirada de símbolos y de solicitar garantías para futuros asistentes catalanes.

Tal como publicó Europa Press, Junts subrayó la preocupación por el alcance internacional que puede tener la vulneración de libertades en espacios deportivos, así como la necesidad de implementar mecanismos de protección para espectadores catalanes en eventos de este tipo. En el comunicado, pidieron que el Govern actúe para prevenir nuevas incidencias de este tipo, exigiendo explicaciones claras y compromisos de defensa de los derechos de los ciudadanos.

La reclamación de Junts se produce en un contexto donde la presencia de símbolos independentistas catalanes en acontecimientos deportivos internacionales ha generado controversias en ocasiones anteriores. La petición formal, registrada mediante una batería de preguntas en el Parlament, busca no solo el esclarecimiento de los hechos concretos ocurridos en Italia, sino también un posicionamiento institucional del Govern sobre cómo abordará la protección de la libertad de manifestación en el ámbito internacional, según detalló Europa Press.

El comunicado enfatizó que las acciones reclamadas por Junts pretenden asegurar que los aficionados catalanes puedan asistir a competiciones en el extranjero sin el riesgo de que sus símbolos sean confiscados. La formación considera prioritario que se establezcan canales de diálogo con las autoridades olímpicas nacionales e internacionales para reforzar la defensa de la pluralidad de expresiones en acontecimientos deportivos.

El grupo parlamentario concluyó que el Govern debe responder a las preguntas planteadas y avanzar en el diseño de estrategias institucionales para proteger los derechos de los ciudadanos catalanes en el plano internacional, en particular en los eventos deportivos de gran visibilidad mediática, reportó la agencia Europa Press.

La propuesta presentada por Junts ante el Congreso de los Diputados busca no solo prohibir el uso del burka y otros velos integrales en espacios públicos, sino también reclamar que la Generalitat obtenga la competencia en Cataluña sobre seguridad e identificación de personas. Según difundió Europa Press, la formación independentista destaca que esta iniciativa respeta los estándares europeos y se fundamenta en la defensa de principios como la libertad y la seguridad de las mujeres.

La portavoz de Junts en la Cámara Baja, Miriam Nogueras, sostuvo en rueda de prensa que la proposición de ley registrada por Vox para prohibir el burka y el niqab no supera el escrutinio de la regulación comunitaria. "Ni burka ni Vox. La ley de Vox no pasa ni un solo filtro europeo, por lo tanto no se podría aplicar. En cambio, la ley de Junts, la que hemos registrado, prohíbe el burka, prohíbe los velos integrales en general, responde a los valores que tenemos en Cataluña y también pasa los filtros europeos", declaró Nogueras, según recogió Europa Press.

Nogueras puntualizó que la iniciativa registrada por Vox podría llegar a debatirse, incluso aprobarse y aplicarse, pero reafirmó que la redacción de la misma “está muy mal hecha” y no cumple con los requisitos mínimos que fijan las normativas europeas, impidiendo su aplicación práctica. La portavoz remarcó que, aunque partidos como Vox logran exponer y debatir propuestas, estas no alcanzan la solidez jurídica necesaria: "Es evidente, y creo que todos lo veis, que los partidos de ultraderecha saben bromear mucho, eso han demostrado que saben hacerlo, pero también han demostrado que no saben hacer leyes", afirmó la portavoz, según reportó dicho medio.

Fuentes de Junts citadas por Europa Press explicaron que la proposición impulsada por su grupo se ha elaborado para ajustarse “con rigor” a los estándares europeos y garantizar su viabilidad legal. Argumentaron que su postura se apoya en el rechazo al burka y a los velos integrales como formas de opresión, al mismo tiempo que reafirman su oposición “al fascismo de Vox, al populismo y al falso buenismo de las izquierdas”.

Desde Junts recordaron que esta medida ya fue defendida anteriormente en el Parlament de Cataluña y que históricamente la formación nunca ha respaldado ninguna proposición proveniente de Vox en el Congreso. El motivo, indicaron según el medio, es que consideran al partido de Santiago Abascal como una formación “anticatalana, antifeminista y en contra de los derechos humanos que ha liderado la represión contra Cataluña”.

El medio Europa Press especificó que Junts defiende que la libertad y la seguridad de las mujeres “no se negocian”, rechazando cualquier forma de opresión ligada al uso obligatorio del burka. Además, la propuesta de Junts aborda el traspaso a la Generalitat de la gestión de competencias en materia de seguridad e identificación, una demanda constante de la formación catalana en el contexto del debate sobre la descentralización de funciones estatales.

La formación independentista enfatizó, según Europa Press, que su propuesta se sostiene sobre valores identitarios de la sociedad catalana y en la alineación con la normativa comunitaria, diferenciándose de otros planteamientos a los que acusan de carecer de solidez jurídica o sensibilidad respecto a los derechos fundamentales. De acuerdo con estos argumentos, la propuesta aboga por prohibir el burka y otros velos integrales en espacios públicos, pero recalca la necesidad de hacerlo conforme a los principios y filtros que marca la Unión Europea.

La decisión de Junts de presentar su propia propuesta legislativa para regular el uso de indumentaria islámica como el burka y el niqab en lugares públicos reabre el debate sobre esta cuestión en el Congreso de los Diputados, una vez que la formación ha optado por descartar su apoyo a la iniciativa impulsada por Vox sobre la misma materia. Según publicó el medio, Junts argumentó que este rechazo obedece a su postura mantenida históricamente en la Cámara Baja, donde no han votado a favor de ninguna propuesta del partido dirigido por Santiago Abascal.

De acuerdo con la información difundida por el medio, Junts confirmó que este martes manifestará su voto en contra de la proposición de ley presentada por Vox que propone prohibir el burka y el niqab en espacios públicos de todo el territorio español. La formación detalló que su postura se apoya en la visión que mantienen sobre el partido liderado por Abascal, al que califican como "anticatalán, antifeminista, en contra de los derechos humanos y que ha liderado la represión contra Catalunya", según consignó el medio de referencia. Esta explicación se suma al argumento político de fondo, ya que Junts ha insistido en que nunca ha respaldado medidas provenientes del grupo parlamentario de Vox.

Paralelamente, Junts ha registrado su propia iniciativa para regular el uso del burka y otras formas de velo en espacios públicos. El medio señala que la formación catalana defiende una regulación que impida el uso de estas prendas en lugares públicos, planteamiento que ya había sostenido anteriormente en el Parlament de Catalunya. Además, la propuesta de Junts recoge la aspiración de que esta cuestión pudiera formar parte del traspaso competencial en materia de inmigración hacia la Generalitat de Catalunya.

Tal como reportó el medio, Junts recordó que, en ocasiones previas, ya había defendido la posibilidad de que la regulación sobre el uso del velo y el burka se decidiera desde el ámbito autonómico. Además, la formación ha hecho hincapié en que iniciativas de traspaso de competencias, como la planteada en relación con inmigración y regulación de indumentarias religiosas, no prosperaron debido al voto en contra de Vox, Podemos y Partido Popular.

El debate sobre la regulación del burka y el niqab ha generado controversia en distintos órganos parlamentarios y comunidades autónomas. El medio detalló que Junts mantiene desde hace tiempo una postura partidaria de regular estos elementos de indumentaria islámica, aunque discrepa sobre la forma y el alcance con que debe abordarse esta medida, así como sobre el órgano competente para legislar sobre esta materia.

En resumen, según consignó el medio, tanto Vox como Junts han planteado proyectos para restringir el uso del burka y el niqab en espacios públicos, pero la formación liderada por Carles Puigdemont se ha distanciado del enfoque y del contexto político del grupo de Abascal. La propuesta de Junts pretende avanzar en la prohibición del velo integral mediante una vía legislativa separada y, de acuerdo a sus declaraciones compartidas por el medio, con una visión que reclama mayor capacidad de decisión para las instituciones catalanas en materia de inmigración y regulación social.

Mientras se espera la votación en el Congreso, el registro de este nuevo proyecto de ley da continuidad a un debate legislativo recurrente, que enfrenta planteamientos opuestos acerca de los derechos individuales, el laicismo, la integración y la autonomía competencial de las regiones. Según informó el medio, Junts subrayó que este asunto no solo implica una cuestión identitaria, sino también un debate sobre la capacidad legislativa de Catalunya y sobre la gestión de políticas migratorias y de diversidad.

Jéssica Albiach, presidenta de los Comuns en el Parlament, subrayó que la gestión del transporte ferroviario en Cataluña refleja un problema derivado de años en los que se destinó atención y recursos a infraestructuras como la alta velocidad y la ampliación del aeropuerto, mientras “no se ha pensado en reforzar el tren que usa la mayoría”. Según publicó El Periódico de Catalunya y recogió Europa Press, Albiach señaló que la situación actual de Rodalies no es nueva, pero en las últimas semanas se ha agudizado y ha puesto de manifiesto la magnitud de las deficiencias.

Albiach sostuvo, de acuerdo con lo publicado por El Periódico de Catalunya, que el Govern “no ha sabido hacer valer su autoridad” sobre la gestión de Rodalies, y que afrontó graves problemas en la comunicación durante la crisis. En sus palabras, el Ejecutivo catalán “no ha tenido ni la primera ni la última palabra” ante el conflicto. En la entrevista, Albiach reiteró que, en el origen de los problemas ferroviarios, reside una permanente desinversión y una falta de ejecución de los proyectos necesarios.

En este contexto, la representante de los Comuns reclamó, según consignó El Periódico de Catalunya, que los equipos extraordinarios de mantenimiento actualmente desplegados deben quedar como una solución permanente en Rodalies, y que resulta necesario que el Pacte Nacional pel Transport Públic cuente con la participación de expertos, agentes sociales y económicos, todas las formaciones políticas, el propio Govern y plataformas de usuarios, con encuentros periódicos para abordar de forma colectiva las reformas que se precisan.

Sobre la gestión administrativa, Albiach insistió, según recogió Europa Press, en que la división entre Renfe y Adif “no está funcionando” y genera obstáculos adicionales en la gestión ferroviaria. Abogó por “aspirar al traspaso total” de la gestión de Rodalies a la administración catalana, al considerar que el modelo actual no ofrece ventajas para los usuarios y provoca nuevas dificultades.

En referencia a Sílvia Paneque, titular de la Conselleria de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Albiach declaró —tal como reportó El Periódico de Catalunya— que, en su opinión, la estructura del departamento es demasiado amplia y poco operativa. Solicita, en este sentido, que la política de vivienda cuente con una conselleria independiente. Pese a estos señalamientos, añadió que las dimisiones deben exigirse principalmente a las autoridades estatales responsables, al otro lado del Ebro, aclarando así su postura sobre dónde recae la responsabilidad principal por los fallos en la gestión.

La discusión sobre los presupuestos también surgió en la entrevista, según informó Europa Press. Albiach reclamó medidas firmes frente a lo que percibe como una excesiva cautela por parte del Govern ante el posible descontento social, lo cual estaría frenando la implementación de acuerdos alcanzados previamente. En materia de vivienda, subrayó la propuesta de los Comuns para restringir la compra especulativa de inmuebles y afirmó que, según un informe recibido, dicha medida es viable; esperan la llegada de un estudio adicional con conclusiones en la misma línea.

En vivienda, Albiach instó al Govern, tal como detalló El Periódico de Catalunya, a avanzar en la regulación de los precios y la duplicación de las ayudas al alquiler. Mientras tanto, insistió en la necesidad de comenzar ya con la construcción y la rehabilitación de viviendas, dado que, desde su perspectiva, existen barrios en Cataluña con edificios en circunstancias precarias. Explicó también que, en relación con la ley de barrios, los Comuns exigen incrementar de 20 a 40 los barrios objeto de rehabilitación y que el Ejecutivo actúe “de oficio” en el caso de los inmuebles deteriorados, a fin de incorporarlos cuanto antes al parque de vivienda protegida.

La aprobación de un debate monográfico sobre la situación del "ascensor social" en Cataluña se suma a la agenda del Parlament en junio, donde otros asuntos, como una misión especial a Colombia, ocuparán un lugar destacado. Según informó el medio de comunicación, la Cámara catalana enviará una delegación para observar el desarrollo de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales colombianas, prevista para el próximo mes.

De acuerdo con fuentes parlamentarias citadas por el medio, el equipo que participará en esta misión estará formado por cinco diputados, todos ellos integrantes de la comisión de Unión Europea y Acción Exterior del Parlament. Hasta el momento, no se ha precisado la identidad de los legisladores ni sus respectivas filiaciones políticas. El objetivo principal de esta delegación será supervisar el normal desarrollo del proceso electoral en uno de los comicios más relevantes del país sudamericano.

El medio detalló que la decisión fue adoptada este martes en la Junta Directiva del Parlament, en la misma sesión en la que también se acordó la inclusión de varios temas clave en el pleno ordinario de la próxima semana. Entre los asuntos tratados figura el monográfico sobre la "crisis del ascensor social", propuesto por el grupo Junts y secundado por el liderazgo de Mònica Sales. Según declaraciones trasladadas por las fuentes parlamentarias y recogidas en el citado medio, el objetivo de esta iniciativa radica en analizar la situación de muchas familias catalanas que afrontan dificultades económicas y en la percepción de que sus hijos enfrentarán peores condiciones que las generaciones precedentes.

Además, durante la última reunión se abordó la organización del pleno ordinario que dará inicio el miércoles con la tradicional sesión de control al presidente de la Generalitat y al ejecutivo autonómico. En esta ocasión, Albert Dalmau, conseller de la Presidencia, volverá a responder a las preguntas de los grupos parlamentarios en sustitución de Salvador Illa, quien permanece de baja médica. Esta circunstancia ha generado reajustes en los turnos de preguntas y los temas que se discutirán en el hemiciclo.

La sesión plenaria también incluirá el debate y la votación de cuatro mociones derivadas de las interpelaciones relativas al servicio de Rodalies, realizadas durante la sesión anterior. El medio consignó que se realizará un único debate para abordar estas cuestiones, con una ampliación de los tiempos de intervención para cada grupo parlamentario, dada la coincidencia temática de las propuestas.

Entre los puntos adicionales del orden del día, se contempla el debate a la totalidad de la nueva ley de derechos culturales y el análisis del proyecto de ley relativo al Código de Finanzas Públicas. Además, se discutirá la proposición de ley para el reconocimiento específico de la singularidad de la comarca de Aran (Lleida), que se tramitará en lectura única, según expuso el medio.

La delegación del Parlament que viajará a Colombia se enmarca dentro de un contexto donde la observación internacional de comicios electorales busca garantizar la transparencia de los procesos democráticos. Aunque no se han ofrecido detalles concretos sobre la composición de la misión ni sobre la agenda prevista en territorio colombiano, la participación de representantes institucionales de la comisión vinculada a la acción exterior y a la Unión Europea resalta la importancia que otorga la Cámara catalana a la cooperación internacional y al seguimiento de prácticas democráticas en el ámbito global, como apuntó el medio.

En simultáneo, la actividad legislativa catalana incluirá debates sobre diversas mociones y proyectos de ley de marcado carácter social y territorial. Este conjunto de iniciativas refleja la variedad de asuntos que ocupan la agenda del Parlament en el inicio del mes de junio, según informó el citado medio.

El Parlament de Catalunya ha adoptado una medida con la que insta a la Generalitat a poner en marcha, en un plazo máximo de ocho meses, el modelo de presupuestos personales como pilar del sistema de atención a la discapacidad y a la dependencia, acompañado de un calendario público y de la dotación presupuestaria necesaria. La iniciativa forma parte de una moción presentada por el grupo de Junts que también incluye otras disposiciones relacionadas con el ámbito del transporte público, la accesibilidad universal y la financiación estatal para servicios de dependencia, tal como informó Europa Press.

Según publicó Europa Press, la propuesta central de la moción plantea la elaboración e implementación de un plan de formación integral dirigido al personal de la red de Rodalies, así como a los equipos de seguridad de todas las estaciones, con el objetivo principal de mejorar el trato al usuario en el sistema de transporte de cercanías. Además, el texto aprobado establece que los trabajadores de Rodalies recibirán formación básica en catalán, de manera que todos puedan comprender al menos las necesidades planteadas por los usuarios catalanoparlantes.

De acuerdo con Europa Press, la medida contó con el respaldo mayoritario del Parlament: todos los grupos votaron a favor, salvo Vox, que expresó su desacuerdo, y el PP, que optó por la abstención. En el debate correspondiente, los distintos grupos incidieron en la importancia de la atención directa al viajero y en la necesidad de garantizar que la plantilla pueda comunicarse de manera efectiva y respetuosa con los pasajeros, especialmente en materia lingüística.

El mismo debate incluyó la aprobación, ahora por unanimidad, de otro punto que obliga a incorporar acciones para asegurar la accesibilidad universal tanto en situaciones normales como ante episodios de interrupción, caos o emergencia en el servicio de Rodalies y en otros sistemas de transporte público. Entre estas medidas figuran la adaptación de la información para personas con discapacidad y el desarrollo de soluciones alternativas de movilidad ante eventuales incidencias. Europa Press detalló que estas acciones deberán quedar integradas en los planes de urgencia y en los protocolos de gestión de servicios desarrollados por el Govern.

En materia de dependencia y discapacidad, el Parlament también apoyó otro punto de la moción que exige al Gobierno de España aportar la financiación del 50% del coste efectivo de los servicios y prestaciones reconocidas dentro del sistema de atención a la dependencia en Catalunya, actualizando anualmente estas partidas para ajustarlas a la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Según reportó Europa Press, esta petición no recibió el respaldo de Vox, partido que votó en contra, mientras que el resto de los grupos parlamentarios la apoyaron.

El texto aprobado señala la necesidad de que el Ejecutivo central cumpla de forma efectiva con la proporción de cofinanciación establecida para garantizar la sostenibilidad y la calidad de los servicios de atención a la dependencia en la comunidad autónoma. La moción plantea, asimismo, que la Generalitat debe tomar medidas para desplegar el modelo de presupuestos personales en el menor tiempo posible, fijando como plazo máximo ocho meses, y especifica que debe procederse con transparencia pública respecto al calendario de implantación y asegurar que la financiación resulte suficiente para las necesidades detectadas, detalló el medio.

Europa Press también consignó que estas medidas persiguen mejorar la atención y las condiciones de las personas con discapacidad y de quienes requieren apoyos en dependencia, tanto en la esfera de la movilidad y el acceso a servicios públicos básicos como en el acceso a las prestaciones reconocidas por ley. Además, estas nuevas obligaciones buscan responder a las demandas históricas de los colectivos implicados, mediante una mejor dotación de recursos y herramientas de atención personalizadas, que permitan un seguimiento más cercano y adaptado a las necesidades de cada persona.

El debate que tuvo lugar en la sesión plenaria reflejó el consenso alcanzado por la mayoría de las fuerzas políticas respecto a la necesidad de mejoras en el trato y la atención al usuario en los servicios públicos, así como la importancia crucial de garantizar la accesibilidad y la inclusión en el transporte y en la atención social. La moción de Junts, destacada por Europa Press, ha puesto el foco tanto en los retos pendientes como en la responsabilidad institucional ante los compromisos adquiridos en materia de calidad de los servicios públicos y financiación estatal.

Francesc Robelló, familiar de una de las personas afectadas por abusos durante el servicio militar obligatorio, sostiene que el silencio en torno a estos hechos constituye parte de lo que considera un crimen, según testimonios recogidos tras la emisión reciente del documental ‘Et faran un home. Morts silenciades’ por parte de 3Cat. En este contexto, el Parlament de Cataluña ha solicitado formalmente al Ministerio de Defensa que abra una investigación para esclarecer las presuntas violaciones de derechos humanos vinculadas con la prestación obligatoria de la mili en España, informó Europa Press.

El posicionamiento se plasmó en un documento firmado por representantes de Junts, ERC, Comuns y CUP, que se hizo público durante el pleno de la cámara catalana. Los parlamentarios de Vox optaron por abandonar la sala antes de la lectura oficial del texto, consignó Europa Press. La iniciativa demanda que, si las investigaciones confirman la existencia de vulneraciones, el Estado analice mecanismos de reparación integral para las víctimas y sus familias, conforme a estándares internacionales en materia de derechos humanos. Además, el texto expresa el rechazo categórico al restablecimiento del servicio militar obligatorio y ratifica el compromiso de la cámara en defensa de los derechos humanos, la verdad y la justicia.

Según publicó Europa Press, el documental emitido en el marco del programa ‘Sense Ficció’ saca a la luz presuntas muertes, malos tratos y abusos sucedidos en cuarteles y unidades del Ejército español bajo el régimen de la mili, incluso en periodos democráticos. Voces de familiares y víctimas participan en este relato, reclamando muchos de ellos una comisión de investigación en el Congreso para clarificar el alcance de estos acontecimientos y exigir responsabilidades institucionales.

Montse Armengou, directora del espacio audiovisual de 3Cat, explicó que el trabajo documental ha acreditado y visibilizado testimonios sobre abusos contra jóvenes que realizaban la mili en etapas recientes de la historia democrática de España. En la rueda de prensa celebrada en el Parlament, Armengou destacó la necesidad de investigar los hechos expuestos, tal como reseñó Europa Press.

Familiares como Cristina Aymerich manifestaron en la citada comparecencia que, a su juicio, el Estado tiene una responsabilidad directa, dado que no protegió adecuadamente a los jóvenes bajo su custodia. Aymerich exige la apertura de comisiones parlamentarias para desentrañar la verdad y subrayó que muchas familias siguen esperando respuestas claras acerca de lo sucedido.

El periodista Vicent Partal, quien vivió en primera persona el servicio militar en 1982 y aparece en el documental, declaró ante los medios que impacta la falta de respuestas del Estado y la ausencia de asunción de responsabilidades. “Es una crueldad que en un país democrático no se puede tolerar”, sostuvo Partal, según palabras recogidas por Europa Press.

Otro de los testigos, Nacho Galán, afectado por la mili de 1984, enfatizó en la necesidad de que el Estado reconozca los daños sufridos por las víctimas y estudie todas las vías posibles para habilitar medidas de reparación. Berta Gómez, familiar de otro afectado, recalcó que su demanda trasciende la confrontación entre partidos políticos y reclamó su centralidad en valores básicos de dignidad humana. Gómez afirmó que están dispuestos a llevar el caso a instancias europeas, si fuese necesario, para buscar justicia, según consignó Europa Press.

El documento presentado en el Parlament también señala las obligaciones de los Estados según las normas internacionales: investigar de forma independiente toda muerte o violación grave de derechos humanos bajo custodia militar o dentro de instituciones armadas, garantizar el esclarecimiento de los hechos e implementar las reparaciones institucionales que correspondan.

El medio Europa Press detalló que esta solicitud surge tras el impacto mediático y social generado por el documental, el cual recopila evidencias y relatos que apuntan a una posible existencia de un patrón sostenido de violaciones y encubrimientos en el seno de las fuerzas armadas, asuntos que han permanecido sin resolución judicial o administrativa en muchos casos.

Organizaciones en defensa de los derechos humanos han respaldado en el pasado iniciativas similares, poniendo el foco en la responsabilidad institucional y en la memoria histórica. El Parlament, con este paso, se alinea con esa perspectiva y demanda transparencia, esclarecimiento y justicia para los familiares y las presuntas víctimas de hechos ocurridos durante el periodo obligatorio de servicio militar en España, en el marco de los principios de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición, confirmó Europa Press.

El sistema ferroviario de Rodalies experimentó múltiples incidencias tras la reapertura parcial de un servicio interrumpido casi de forma continua desde el martes anterior, como consecuencia del accidente registrado en la línea R4 en Gelida, Barcelona. A raíz de estos hechos, el consejero de la Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, en quien recaen las funciones de presidencia debido a la hospitalización de Salvador Illa, ha presentado una solicitud para comparecer este miércoles ante el Parlamento catalán con el objetivo de informar sobre la situación del servicio ferroviario, según consignó Europa Press.

El Govern informó el lunes que Dalmau ha solicitado intervenir a petición propia, una decisión que se produce después de que Rodalies haya sufrido una serie de problemas en su funcionamiento y que, tras días de corte casi permanente, haya podido reabrir parcialmente el servicio, si bien las incidencias persisten. Europa Press detalló que la intervención de Dalmau buscará ofrecer explicaciones a los diputados acerca de las "reiteradas incidencias al sistema ferroviario de Rodalies", especialmente tras el accidente que afectó a la R4 en Gelida el pasado martes por la noche.

La comparecencia de Dalmau se programará en el Parlamento catalán esta misma semana, en coincidencia con la celebración de la primera sesión plenaria del año, prevista desde el martes. El horario concreto de la intervención será determinado por la Cámara, de acuerdo con la solicitud presentada por el propio presidente en funciones, detalló Europa Press. La petición se interpreta como un movimiento institucional para ofrecer claridad y transparencia al debate parlamentario justo en uno de los periodos de mayor expectativa política y social en Cataluña, debido a la magnitud de las afectaciones en la movilidad derivadas del accidente.

Las fuentes del Govern consultadas por Europa Press indicaron que la decisión de comparecer responde directamente a la gravedad y la constancia de las incidencias que han afectado el normal funcionamiento del servicio ferroviario, un aspecto central en la vida cotidiana de miles de ciudadanos del área metropolitana de Barcelona y de otras localidades catalanas conectadas por Rodalies. El accidente en Gelida el martes por la noche provocó una interrupción casi total de la R4 y sus consecuencias se extendieron durante varios días, obligando a la administración autonómica a gestionar la emergencia y desplegar recursos para restablecer cuanto antes la circulación.

Según lo publicado por Europa Press, la intervención de Dalmau ante los diputados tendrá lugar en un contexto en que la situación de Rodalies concentra la atención mediática, política y social, dada la reiteración de contratiempos técnicos y logísticos que han afectado a los servicios ferroviarios gestionados en Cataluña. Mientras tanto, la ciudadanía aguarda explicaciones precisas y detalladas sobre las causas de las incidencias y los planes de contingencia adoptados desde el Govern para evitar episodios similares.

Europa Press también indicó que este miércoles se espera que Albert Dalmau aporte una evaluación sobre el alcance de las averías, el proceso de reapertura gradual de la red, así como información relativa a las medidas tomadas para garantizar la seguridad y regularidad del transporte. La comparecencia de Dalmau también servirá para responder a las inquietudes planteadas por los grupos parlamentarios y para abordar las perspectivas sobre la modernización y mejora futura de Rodalies después de incidentes de esta naturaleza.

De acuerdo con información facilitada por el Govern a Europa Press, el accidente ocurrido en la R4 la noche del martes desencadenó una serie de disrupciones que requirieron atención prioritaria de las autoridades, tanto en la gestión operativa del transporte como en el despliegue de información para los usuarios afectados. La reapertura parcial del servicio se produjo este lunes, aunque persistieron ciertas incidencias que impidieron la recuperación plena de la normalidad en el sistema.

La sesión plenaria que se desarrollará a partir de este martes en el Parlamento catalán contará con la participación excepcional de Albert Dalmau asumiendo temporalmente la presidencia, mientras Salvador Illa permanece hospitalizado por razones que no han trascendido en las comunicaciones oficiales. El medio Europa Press reportó que la decisión de Dalmau de acudir a la Cámara en calidad de presidente en funciones refleja la prioridad otorgada por el Govern a la gestión del sistema ferroviario y al esclarecimiento de los problemas experimentados por los usuarios de Rodalies.

Diversas agrupaciones de usuarios y representantes políticos han expresado, según Europa Press, la necesidad de explicaciones y soluciones claras ante un episodio que ha puesto a prueba la capacidad de respuesta de las instituciones catalanas frente a emergencias en la infraestructura de transporte público. La intervención prevista para este miércoles se perfila como un evento central en la agenda política catalana y concentrará la atención sobre los planes de prevención y refuerzo de la infraestructura ferroviaria en la comunidad autónoma.

David Cid, portavoz de los Comuns en el Parlament, solicitó que el Govern de Cataluña intervenga directamente ante la patronal para evitar que los trabajadores se vean forzados a recuperar las horas laborales perdidas como consecuencia de la interrupción del servicio de Rodalies. Además, planteó la posibilidad de que las autoridades habiliten el teletrabajo en los casos en que el desplazamiento de los empleados resulte imposible por la situación que atraviesa la red ferroviaria catalana. A raíz de estos hechos, la demanda de Cid se centró en la búsqueda de soluciones inmediatas y alternativas efectivas para quienes se ven afectados por los cortes en las líneas de Rodalies y Regionales.

Según informó el medio que dio cobertura a las declaraciones, Cid exigió al ministro de Transportes, Óscar Puente, que asuma públicamente su responsabilidad en lo que calificó como una situación de crisis ferroviaria en Cataluña. El portavoz de los Comuns hizo hincapié en la necesidad de que Puente ofrezca explicaciones claras sobre la situación, así como respuestas concretas para afrontar la emergencia que enfrentan los usuarios cotidianos del servicio ferroviario.

De acuerdo con lo publicado, Cid comparó la situación actual con otras emergencias recientes y reclamó que se adopten medidas con la misma rapidez y contundencia que las desplegadas durante la gestión de la Dana, en alusión al temporal que también provocó graves alteraciones en los sistemas de transporte en el pasado. El político insistió en que resulta esencial que el ministro dé la cara y encabece un plan de acción, en vez de eludir la responsabilidad ante la magnitud del problema que experimentan miles de pasajeros cada día en Cataluña.

El medio consignó que, en su intervención ante los medios de comunicación este domingo, Cid definió la coyuntura como una crisis y emergencia no solo por la interrupción de los transportes, sino por el amplio impacto en la vida diaria de trabajadores y usuarios. En ese contexto, su llamado a las autoridades se centró en coordinarse para garantizar que la patronal no traslade el coste de la crisis a los empleados, quienes no tendrían que recuperar las horas de trabajo perdidas por causas ajenas a su voluntad; además, subrayó la importancia de asegurar herramientas como el teletrabajo para evitar perjuicios adicionales a las personas afectadas.

El portavoz de los Comuns consideró que la actuación del Gobierno central, y en particular del ministerio dirigido por Puente, debe estar a la altura de las circunstancias y actuar con la misma responsabilidad política y diligencia mostradas en eventos previos de gravedad. Según reportó el medio, Cid reclamó tanto transparencia como soluciones viables, reiterando que la autoridad máxima sobre la crisis ferroviaria recae sobre el ministro e instándolo a explicar las causas de las interrupciones y a ofrecer alternativas reales para quienes dependen del servicio ferroviario en su rutina diaria.

Finalmente, la cobertura periodística detalla que la demanda de Cid se dirigió tanto al Ejecutivo español como al Govern catalán, insistiendo en la necesidad de actuar con urgencia para proteger los derechos laborales y sociales de la ciudadanía ante una crisis en la movilidad diaria que, insistió, requiere soluciones inmediatas y una gestión política responsable a todos los niveles.

Las rutas de tren de cercanías permanecerán cerradas el domingo, según anunció la consellera de Territorio, Sílvia Paneque. Frente a esa situación, el Partido Popular ha solicitado al conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, que acuda al Parlament en calidad de presidente en funciones para dar explicaciones sobre el bloqueo en la movilidad ferroviaria y la falta de respuesta del Ejecutivo catalán. Según publicó el PP la noche del sábado, “los catalanes tenemos un gobierno fuera de servicio”, señalando la inoperatividad que atribuyen a la Generalitat ante la crisis en el transporte.

De acuerdo con lo informado por el partido, la solicitud de comparecencia busca que Dalmau responda acerca de la gestión de Rodalies y la "parálisis" que, a su juicio, afecta a la Generalitat. El escenario se complica tras el anuncio de Paneque, que situó la continuidad de la interrupción del servicio para el domingo, agravando los problemas de movilidad en la región.

El medio detalló que la petición del grupo liderado por Alberto Núñez Feijóo responde al impacto visible en los desplazamientos diarios de miles de ciudadanos y la sensación de falta de respuesta institucional. Para el Partido Popular, la ausencia de soluciones y de información clara por parte del gobierno autonómico incrementa la frustración social y la incertidumbre acerca de cuándo se restablecerá la circulación habitual de Rodalies.

La crisis en Rodalies ha generado preocupación entre la ciudadanía, que enfrenta dificultades para sus traslados habituales, tanto laborales como personales. Según consignó la formación política, se requiere una explicación pública inmediata que dé cuenta de las medidas adoptadas, los motivos por los cuales persiste la interrupción y los planes para restablecer el servicio.

En la noche del sábado, fuentes del Partido Popular reiteraron su exigencia de transparencia y rendición de cuentas, demandando que el titular de Presidencia “responda ante el caos de movilidad que bloquea Catalunya”. Este reclamo, según reportó la fuente, se produce en un contexto de creciente malestar social, ya que las afectaciones se extienden más allá del fin de semana e impactan en las previsiones para el inicio de la semana laboral.

Por lo reportado, la situación de Rodalies ha colocado al gobierno catalán en el centro del debate político, con la oposición reclamando un papel más activo en la gestión de emergencias y en la comunicación con la ciudadanía. La falta de servicio ferroviario en días consecutivos acentúa las críticas hacia la administración de la Generalitat, que desde la perspectiva del Partido Popular, se encuentra actualmente “fuera de servicio”.

El anuncio de Paneque acerca de la continuación del cierre añade presión al Ejecutivo autonómico y refuerza la exigencia de comparecencia en el Parlament. La falta de operatividad del servicio de trenes y la respuesta que se espera desde el gobierno regional constituye el eje principal del reclamo político y social recogido por el Partido Popular y difundido en sus comunicaciones del sábado por la noche.

Jéssica Albiach, presidenta de los Comuns en el Parlament, puso de manifiesto su preocupación por la gestión del servicio ferroviario tras advertir que la decisión de anunciar la reanudación del servicio de Rodalies, sin garantías previas de que efectivamente se restablecería, generó confusión entre miles de usuarios que dependen de esta red de transporte. De acuerdo con la información publicada por Europa Press, Albiach calificó de "error" comunicar la vuelta a la normalidad sin contar con la certeza de que la circulación estuviera asegurada, lo que derivó en nuevas demoras e incertidumbre entre los viajeros.

La representante de los Comuns subrayó, por medio de un mensaje en la red social X, la relevancia del sistema de Rodalies y Regionales, al considerar que su funcionamiento resulta esencial para la vida diaria y la actividad productiva en Cataluña. Albiach, citada por Europa Press, afirmó: "Una vez más se demuestra que Rodalies y Regionales es clave para el funcionamiento del país y porque debe ser la máxima prioridad del Govern en infraestructuras".

El Govern había anunciado que el servicio ferroviario de Rodalies se reanudaría a partir de las 6:00 de la mañana de este jueves, salvo en dos puntos específicos. Estos excluyen el tramo de la línea R4 donde ocurrió un accidente recientemente, así como una sección de la línea R3 que se encuentra en obras de ampliación. Aunque la información oficial preveía el inicio progresivo del servicio en la mayoría de las líneas, la percepción entre los usuarios fue de persistente incertidumbre cuando, pasadas las 6:30, la red ferroviaria no había comenzado a circular, alegando "causas operativas", según detalló Europa Press.

Los problemas derivados de la interrupción y posterior retraso en la recuperación del servicio impactaron a una gran cantidad de viajeros, especialmente quienes dependen del tren para desplazamientos habituales. Europa Press destacó que, más allá de las incidencias técnicas o de infraestructuras, la confusión sobre los horarios y la falta de información clara aumentó la frustración entre los usuarios del transporte público ferroviario de Cataluña.

Desde el grupo de los Comuns, la crítica se centró no solo en la gestión puntual de la incidencia, sino también en la necesidad de que el Govern sitúe a la red de Rodalies y Regionales como una prioridad absoluta en materia de infraestructuras. Albiach argumentó que los sucesivos incidentes demuestran la importancia estratégica de este sistema y la urgencia de inversiones, coordinación y planificación para asegurar la continuidad y fiabilidad del servicio, conforme a lo recogido por Europa Press.

El anuncio y posterior demora en la reanudación de los trenes generó debate sobre la comunicación institucional y la transparencia en la información suministrada a los ciudadanos. Según publicó Europa Press, tanto los partidos de la oposición como asociaciones de usuarios manifestaron inquietud por la falta de una comunicación precisa, así como por la falta de garantías técnicas en el momento del anuncio oficial.

El Govern, por su parte, insistió en que la interrupción en el inicio del servicio esa mañana obedeció a circunstancias operativas imprevisibles, por lo que se mantuvo suspendida la circulación en las franjas afectadas hasta asegurar las condiciones adecuadas para retomar la actividad, tal como recogió Europa Press.

La situación puso de relieve una serie de retos estructurales y de gestión, tanto en la comunicación de incidencias como en la planificación de inversiones e intervenciones en la red. Europa Press reportó que la reacción de los usuarios no solo se dirigió a la frustración momentánea por las demoras, sino también al hecho de que, tras sucesivos incidentes, persisten dudas sobre la capacidad de respuesta y la fiabilidad general del servicio ferroviario en Cataluña.

En su pronunciamiento público, Albiach reiteró la exigencia de priorización para las infraestructuras ferroviarias, sosteniendo que la repetición de retrasos y dificultades operativas evidencia la necesidad de políticas públicas específicas y recursos destinados a garantizar la estabilidad y calidad del transporte por tren. Según recogió Europa Press, la presidenta de los Comuns remarcó la urgencia de adoptar medidas que permitan prevenir nuevos episodios de interrupción y dotar a los usuarios de garantías efectivas sobre la continuidad de los servicios.

El hospital donde permanece Salvador Illa informó que el presidente de la Generalitat evoluciona de forma estable y que su estado de salud se considera favorable, tras ser hospitalizado en Barcelona por un intenso dolor en las piernas. Según lo consignado por Europa Press, la presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, dirigió un mensaje público en el que expresó su solidaridad con Illa y le trasladó ánimos para afrontar su recuperación.

Albiach utilizó la red social X para transmitir su apoyo al mandatario catalán, quien, de acuerdo con el mismo medio, permanece ingresado en una clínica de la ciudad mientras recibe atención médica para superar el cuadro de salud que motivó su hospitalización. En el mensaje publicado este domingo, la líder parlamentaria deseó "mucha fuerza en estos momentos y durante las próximas semanas", remarcando su deseo de que Illa pueda "encarar la rehabilitación y una buena recuperación".

La hospitalización de Illa tuvo lugar luego de que el presidente experimentara un fuerte dolor en las piernas, lo que llevó a los servicios médicos a ingresar al dirigente político en un centro hospitalario de Barcelona. Desde el hospital se transmitió tranquilidad con respecto a su situación y se subrayó que el responsable de la Generalitat "está bien y estable", refirió Europa Press.

El mensaje de Albiach se suma a las expresiones de apoyo que han circulado en redes sociales y en el ámbito institucional, en un contexto en el que la salud de Illa ha concentrado la atención en la política catalana. Numerosos representantes públicos han hecho llegar deseos de pronta mejoría para el presidente autonómico, según publicó el medio citado.

El parte médico difundido por el centro hospitalario enfatizó que Illa evoluciona favorablemente y a un ritmo acorde con las previsiones tras recibir el tratamiento indicado tras el episodio de dolor agudo. La información recabada por Europa Press también indicó que el entorno del presidente ha agradecido las muestras de apoyo recibidas desde diferentes sectores sociales y políticos.

Mientras se mantiene la observación médica, Salvador Illa afronta un proceso de rehabilitación que, según detallan los mensajes oficiales, se desarrollará a lo largo de las próximas semanas. Entre tanto, la vida política catalana observa el desarrollo de los acontecimientos en torno a la recuperación del presidente, destaca Europa Press.

Junqueras manifestó que la programación de una reunión solicitada a Carles Puigdemont, presidente de Junts y expresidente de la Generalitat, todavía no se encuentra fijada, según consignó el medio. Detalló que ambos dirigentes han sostenido múltiples encuentros en el pasado, en los que abordaron diversos asuntos relevantes para el panorama político catalán y estatal. Esta situación se inscribe en el contexto de las negociaciones relacionadas con la financiación autonómica, donde distintas formaciones mantienen posturas diferenciadas, motivo por el cual ERC mantiene abiertos canales de diálogo tanto con Junts como con otras fuerzas políticas.

Según publicó el medio, el líder de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Oriol Junqueras, no descartó la celebración de reuniones privadas con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, además del encuentro público sostenido recientemente para avanzar en el acuerdo sobre el modelo de financiación. En declaraciones efectuadas en Sitges antes de iniciar una reunión de trabajo con el grupo de ERC en el Parlament, Junqueras sostuvo que la labor política principal de los republicanos consiste en conversar con todos aquellos actores dispuestos a dialogar, subrayando la voluntad de abrir canales de cooperación y acercar posturas que permitan alcanzar acuerdos de amplio alcance.

En respuesta a preguntas sobre la celebración de reuniones reservadas con Sánchez, Junqueras indicó: "No hace falta convertir el trabajo en un espectáculo, porque el espectáculo ya lo dan otros." El medio precisó que Junqueras defendió así la discreción como herramienta válida en el ejercicio político, especialmente cuando ello facilita la consecución de consensos sobre asuntos complejos. En este sentido, insistió en que ERC está dispuesto a reunirse “con quien haga falta si es útil para la sociedad”, subrayando la prioridad otorgada a los resultados que impacten positivamente en la vida ciudadana.

De acuerdo con la cobertura periodística, Junqueras reiteró el compromiso de su organización con el diálogo y la negociación como vía para concretar avances en temas sociales y económicos, incidiendo en la necesidad de alcanzar pactos que redunden en la mejora de los servicios públicos, el impulso del tejido económico, la promoción de oportunidades laborales y la igualdad en la distribución de la riqueza. El dirigente remarcó que la utilidad de los políticos y de sus reuniones debe medirse en función de las mejoras tangibles que logren para la comunidad.

Sobre la relación con Junts y la oposición de esta formación al nuevo modelo de financiación autonómica, Junqueras explicó que ERC se mantendrá respetuoso ante las decisiones de los distintos partidos, asumiendo que cada uno es responsable de sus votos y posicionamientos. “En cualquier caso, en el momento en que se sustancie dicha votación, pues los partidos políticos deberán decidir si quieren ser útiles a la sociedad o no”, declaró Junqueras, citado por el medio. Asimismo, el dirigente republicano expuso su disposición a dialogar también con otros grupos parlamentarios presentes en el Congreso, enmarcando la estrategia de ERC en una voluntad inclusiva que busca involucrar a todos aquellos dispuestos a sumar desde el consenso.

El escenario delineado por Esquerra Republicana, según informaciones recogidas por el medio, abarca la posibilidad de celebrar encuentros privados, cuando éstos contribuyan a lograr avances significativos en materias como la financiación autonómica o la mejora de las políticas sociales y económicas. Junqueras enfatizó la idea de que el diálogo con todos los actores —sean estos del ámbito parlamentario catalán o estatal— constituye una condición indispensable para desbloquear situaciones de desacuerdo y para promover reformas que amplíen derechos y oportunidades.

El medio detalló que los esfuerzos de ERC se centran en mantener vías de comunicación con Junts per Catalunya, el Partido Socialista y otros grupos relevantes, tanto en el Parlament como en el Congreso, estableciendo como prioridad la negociación de acuerdos útiles para la sociedad. Junqueras remarcó que su partido priorizará, en todo momento, el interés general y la responsabilidad ante el electorado, apoyando aquellas iniciativas orientadas a fortalecer las estructuras sociales, la economía regional y la equidad en el acceso a los recursos públicos.

En síntesis, tal como destacó el medio, ERC se compromete a trabajar de manera discreta cuando sea necesario y a mantener disponibles todos los canales de diálogo con partidos y representantes institucionales, sin descartar encuentros reservados que faciliten el consenso sobre cuestiones clave para la comunidad catalana y española.

Salvador Vergés, portavoz de Junts en el Parlament de Cataluña, afirmó este domingo que la formación ha rechazado de manera sostenida el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, subrayando que el tema se ha discutido hasta cinco veces en la actual legislatura y en todas el resultado ha sido contrario al tratado. Estas declaraciones se produjeron durante la protesta de agricultores que bloqueó la autopista AP-7 en Pontós, Girona, donde Vergés solicitó al Ejecutivo catalán y al conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, que manifiesten públicamente su rechazo absoluto al acuerdo y que transmitan esa posición al Gobierno central, según detalló el medio Junts a través de un video difundido en la red social X.

De acuerdo con lo publicado por Junts, el representante explicó en su intervención que el tratado, en tramitación entre la Unión Europea y los estados del Mercosur, implica riesgos significativos para el sector agrario catalán. En palabras textuales, Vergés advirtió que el acuerdo sería “letal para los agricultores catalanes”. La agrupación política considera que el impacto potencial del tratado se traduciría en una mayor vulnerabilidad para los intereses de los productores agropecuarios de Cataluña, quienes han expresado durante los últimos meses su preocupación por la entrada de productos provenientes de los países sudamericanos bajo condiciones que consideran desiguales.

Según consignó el medio, la petición de Junts se dirigió tanto al Govern como a su titular de Agricultura. La solicitud explícita fue que adopten una postura clara contra la ratificación del acuerdo y promuevan esa visión ante las autoridades del Estado español. El rechazo total expresado por Junts se fundamenta en el temor a que la liberalización comercial con Mercosur agrave la presión sobre los precios y las condiciones de competencia que ya enfrentan los agricultores locales.

Tal como reportó Junts, la protesta de agricultores en Girona sirvió como escenario para que el portavoz visibilizara la oposición parlamentaria al acuerdo y recordara el historial de votaciones en la cámara catalana, donde la formación ha defendido la misma postura reiteradamente. En el mensaje publicado, la organización reiteró que la defensa de los intereses de la agricultura catalana requiere del posicionamiento público y sin reservas de las instituciones regionales frente al pacto internacional.

La preocupación de Junts no se limita a cuestiones de competencia comercial. El grupo ha alertado sobre posibles efectos colaterales como la afectación de la sostenibilidad, la calidad de los productos y la viabilidad futura del sector agrario regional. Según destacó el medio, el portavoz insistió en la necesidad de trasladar al Ejecutivo español la demanda de rechazo al acuerdo, subrayando la importancia de salvaguardar el tejido productivo agrícola catalán en el contexto de negociaciones supranacionales.

Mientras tanto, la protesta en la AP-7 reflejó el descontento de una parte del sector rural ante los acuerdos comerciales internacionales que, en su opinión, amenazan su actividad y estabilidad. Junts ha situado esta problemática como una prioridad en la agenda parlamentaria, reiterando en varias oportunidades su negativa ante el tratado de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur, tanto en el debate público como en el ámbito legislativo. La agrupación considera imprescindible que la Generalitat de Cataluña transmita con claridad esa postura, de modo que quedé registrada frente a las instituciones europeas y españolas.

El vicepresidente de Junts y actual diputado en el Parlament de Cataluña, Toni Castellà, remarcó la diferencia fundamental entre un sistema fiscal singular y otro de régimen común al argumentar que ambos modelos resultan incompatibles entre sí. Según informó el medio, Junts se prepara para presentar en el Parlament una enmienda a la totalidad a la nueva propuesta de financiación autonómica impulsada por el Ejecutivo español. La intención es sustituir la iniciativa gubernamental por una propuesta integral de corte nacionalista, orientada a alcanzar un modelo de concierto económico propio para Cataluña.

De acuerdo con los datos difundidos por la agencia de noticias, Castellà expuso esta estrategia durante una rueda de prensa ofrecida tras la comparecencia de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Ante los medios, el diputado señaló que el texto alternativo de Junts busca precisamente abrir un camino institucional que permita a la comunidad catalana transitar progresivamente hacia un sistema de autogestión financiera similar al que ya aplican el País Vasco y Navarra. Castellà puntualizó que “lo que planteamos es una enmienda a la totalidad constructiva en que el texto alternativo sea transitar hacia el modelo de concierto económico”.

El medio detalló que Junts, a través de esta iniciativa parlamentaria, persigue establecer una base legal y política que desplace el modelo actual de financiación autonómica. La formación considera que la propuesta presentada por el Gobierno central no recoge las aspiraciones de soberanía fiscal defendidas por una parte significativa del nacionalismo catalán. Del mismo modo, Castellà insistió en la incompatibilidad conceptual entre mantener un régimen común, gestionado desde el Estado, y un modelo singular, controlado de manera propia por Cataluña.

Durante su intervención, el líder de Junts hizo un llamamiento directo a Esquerra Republicana (ERC) y a las demás fuerzas nacionalistas catalanas para estimular una negociación que abandone el acuerdo previamente alcanzado con el Partido Socialista y retome los planteamientos en favor del concierto económico. Castellà recordó que este modelo, que atribuye a Cataluña la gestión directa y plena de todos los impuestos recaudados en su territorio, ya fue sometido a referéndum interno en ERC y recibido el respaldo de su militancia. Además, según consignó el medio de comunicación, remarcó que en el Parlament, Junts y ERC han votado conjuntamente por la adopción de este sistema en hasta cuatro ocasiones previas.

El planteamiento de Junts llega tras la comparecencia pública de la ministra Montero, que defendió ante los medios la propuesta gubernamental de una nueva financiación autonómica para Cataluña. Sin embargo, el partido liderado por Toni Castellà considera que la propuesta estatal no va lo suficientemente lejos respecto a la capacidad de autogestión financiera que demanda una parte del electorado catalán, según reiteraron en su intervención pública.

Este movimiento político evidencia la fractura persistente dentro del panorama catalán a la hora de decidir el futuro sistema fiscal de la comunidad autónoma. Según publicó el medio, la intención de Junts de materializar una enmienda “constructiva” responde al objetivo de ofrecer una alternativa argumentada y viable en lugar de limitarse a rechazar el texto gubernamental. La formación nacionalista ha enfatizado la urgencia de impulsar un proceso de negociación que tenga como meta la consecución de un concierto económico, en el que todos los ingresos fiscales recaudados en Cataluña sean gestionados íntegramente por las instituciones catalanas.

El medio destacó que la propuesta de Junts se plantea en un contexto marcado por los frecuentes debates sobre el reparto de competencias y recursos dentro del Estado autonómico. En la rueda de prensa, Castellà recalcó que la transición hacia el modelo de concierto constituye una demanda histórica del nacionalismo catalán y apeló tanto a ERC como al resto de partidos soberanistas a actuar en consonancia con las votaciones precedentes en el Parlament, donde estas formaciones han apoyado iniciativas similares.

La propuesta de enmienda a la totalidad de Junts supondría, de aprobarse, solicitar la retirada completa del texto del Gobierno y reemplazarlo por un nuevo marco legal que defina un modelo de financiación basado en la gestión y recaudación plena por parte de la Generalitat, siguiendo el ejemplo de Euskadi y Navarra. El medio recordó que este modelo de autogestión fiscal contempla la recaudación directa de impuestos en el territorio y una posterior aportación al Estado para financiar competencias generales, como defensa, relaciones exteriores o infraestructuras comunes.

La formación que representa Toni Castellà comunicó que la presentación de la enmienda contendrá un desarrollo argumental y legislativo sobre cómo podría implementarse la transición hacia el concierto económico. La intención, según informó el medio, es iniciar un debate en la cámara catalana que obligue al resto de grupos políticos a posicionarse sobre la autonomía financiera de Cataluña y la posibilidad de romper con la dependencia del régimen común estatal.

Por último, la convocatoria al consenso entre Esquerra Republicana y demás fuerzas nacionalistas se perfila como un intento de reconstituir un frente común catalán en el debate sobre la financiación autonómica, lo que podría afectar futuras negociaciones institucionales tanto en el Parlament como en el ámbito estatal, según detalló el medio.

El Partido Popular de Baleares presentó una Proposición No de Ley en el Parlament autonómico con el objetivo de reclamar a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, la reactivación inmediata de la ley contra la ocupación ilegal de viviendas y locales, que permanece detenida desde febrero de 2024. Según informó el propio PP Baleares mediante nota de prensa, el principal partido de la oposición solicita que la Cámara autonómica inste a Armengol a levantar el bloqueo que, en su opinión, perjudica tanto a propietarios como a vecinos y afecta la seguridad y la convivencia en las comunidades.

De acuerdo con la información publicada por el PP, la reclamación surge ante el aumento de casos de ocupación ilegal y de “inquiokupación” en el archipiélago balear y en el resto de España. El portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, sostuvo que la “paralización legislativa” de la ley antiokupación deja desprotegidos a miles de ciudadanos. Sagreras expresó su preocupación porque la falta de avance en la tramitación de la norma, ya aprobada previamente en el Senado, contribuye a una situación en la que la “pasividad” institucional impide la protección efectiva de la propiedad privada y la seguridad colectiva.

El medio detalló que la ley en cuestión, impulsada por el Partido Popular en la Cámara Alta, contempla medidas como la agilización de los desalojos en un plazo máximo de 24 horas, el refuerzo de las sanciones penales contra quienes ocupen ilegalmente viviendas o locales, y la aplicación de mecanismos adicionales, entre ellos la prohibición del empadronamiento en inmuebles ocupados y beneficios fiscales para las personas afectadas por este tipo de acciones delictivas.

Además, los representantes del PP remarcaron que la iniciativa no pretende afectar negativamente a las políticas de vivienda social ni a los programas de ayuda para personas en situación de vulnerabilidad. Se trata, señalaron, de un instrumento diseñado específicamente para respaldar a quienes cumplen la ley frente a las conductas contrarias a derecho que generan inseguridad y afectan la convivencia vecinal.

En declaraciones recogidas por el partido y difundidas en la nota oficial, Sagreras afirmó que “la presidenta Armengol está bloqueando una ley que protege a los propietarios y a los vecinos, poniendo en riesgo la seguridad y la convivencia en las comunidades”. El portavoz también resaltó que “no se puede permitir que el esfuerzo legítimo de las familias por acceder a una vivienda sea vulnerado por la ocupación ilegal y la pasividad de quienes tienen la obligación de tramitar la ley”.

El PP de Baleares reiteró su petición de apoyo a los grupos políticos con representación en el Parlament para que respalden la iniciativa de instar a Francina Armengol, del Partido Socialista, a que desbloquee con carácter urgente la tramitación de la norma. Remarcaron que la respuesta inmediata resulta imprescindible para evitar que el incremento de ocupaciones ilegales continúe sin una normativa clara y efectiva que ofrezca herramientas jurídicas para atender la problemática.

La formación política advirtió que la implementación de la ley supondría una respuesta efectiva “ante el crecimiento” de este fenómeno y la preocupación creciente entre los propietarios y las comunidades de vecinos, que señalan efectos negativos tanto en la sensación de seguridad como en la convivencia cotidiana en las localidades afectadas. Según consignó el PP Baleares, la propuesta agravaría las penas para quienes incurran en ocupaciones no autorizadas y permitiría acortar los plazos necesarios para desalojar inmuebles, elementos considerados clave por los impulsores de la medida.

El partido finalizó su comunicado reiterando que la ley antiokupación “no cuestiona” las políticas de vivienda social ni las ayudas previstas para personas vulnerables, y que su objetivo se centra en “proteger a quienes cumplen la ley frente a conductas delictivas que ponen en riesgo la propiedad privada y la convivencia vecinal”, en palabras de Sagreras.

Durante una ofrenda celebrada en el cementerio de Montjuïc, en Barcelona, representantes de la CUP se refirieron a lo que calificaron como un vínculo entre distintas expresiones de represión por parte de la Casa Real hacia Cataluña a lo largo de la historia. Según informó la agencia Europa Press, el diputado de la CUP en el Parlament, Dani Cornellà, acusó al rey Felipe VI de dar continuidad a una tradición de “violencia borbónica” dirigida contra la región, señalando episodios recientes y hechos históricos como parte de esa línea.

El acto tuvo lugar frente a la tumba de Francesc Macià, quien fue presidente de la Generalitat republicana y falleció un 25 de diciembre de 1933. Acompañando a Cornellà se encontraba la diputada Pilar Castillejo, también de la CUP, que participó en la tradicional ofrenda en memoria del exmandatario catalán. El medio Europa Press detalló, a partir de sus declaraciones, que los portavoces de la formación independentista centraron sus críticas en la figura del monarca actual y en el legado de la familia Borbón en España.

Dani Cornellà expresó, según publicó Europa Press, que “continuamos denunciando esta falsa Transición en la que una familia borbónica enemiga de Cataluña fue heredera del franquismo, del régimen, y que continúa vivo de su mano, como hemos visto en los últimos años, en el discurso del 3 de octubre de 2017”. En ese momento, el diputado apuntó al pronunciamiento institucional que Felipe VI realizó poco después del referéndum del 1 de octubre de 2017, en medio de la crisis política y social por el proceso soberanista catalán. Para los representantes de la CUP, ese discurso del jefe del Estado ejemplificó la persistencia de una postura hostil hacia el independentismo y la identidad catalana.

Durante la intervención ante los medios, los dirigentes reclamaron que la Casa Real mantiene una actitud hacia Cataluña que consideran heredera directa del franquismo, según consignó Europa Press. En el marco de la ofrenda floral en Montjuïc, los representantes remarcaron también el carácter continuista del actual régimen político en relación con estructuras heredadas de la dictadura. Señalaron que, en su visión, las transformaciones políticas tras la muerte de Francisco Franco no supusieron una ruptura efectiva con el pasado, sino la perpetuación de determinados valores a través de la monarquía parlamentaria.

Los representantes de la CUP identificaron además el aniversario de la muerte de Francesc Macià como un momento simbólico para reiterar sus denuncias contra la monarquía. Según la información de Europa Press, relacionaron la figura del expresidente con los valores republicanos y el compromiso con la autodeterminación de Cataluña. El acto, al igual que en años anteriores, se presentó como una reivindicación de la memoria histórica y una oportunidad para manifestar el rechazo a la familia real, a la que responsabilizan de contribuir a las políticas de represión sufridas por la región.

Durante el homenaje, tanto Cornellà como Castillejo destacaron que las demandas soberanistas continúan encontrándose con obstáculos vinculados a decisiones políticas de nivel estatal. Según reportó Europa Press, insistieron en que estos obstáculos se explican, en parte, por la continuidad histórica del papel de la monarquía en el mantenimiento del actual statu quo. La CUP ha reiterado en distintas ocasiones su rechazo a la institución monárquica y su compromiso con la independencia de Cataluña, planteando que solo mediante una ruptura con lo que denominan “régimen del 78” sería posible avanzar hacia una república catalana.

En el contexto del acto en Montjuïc, los diputados presentes subrayaron la vigencia de los reclamos por los derechos nacionales de Cataluña y la necesidad de mantener viva la memoria de líderes como Macià. Según Europa Press, el homenaje sirvió como escenario para enlazar la historia política contemporánea con procesos y conflictos de larga duración, empleando fechas y símbolos significativos dentro del movimiento independentista.

La presencia de dirigentes de la CUP en el cementerio de Montjuïc contó también con la participación de militantes y simpatizantes, quienes acompañaron el acto con banderas y consignas vinculadas a la causa republicana catalana, informó Europa Press. El evento se enmarcó en las actividades anuales que la organización celebra cada diciembre en torno a la figura del expresidente, reafirmando su oposición a la monarquía parlamentaria y su apuesta por una vía republicana propia.

El Consell de Garanties Estatutàries (CGE) validó la constitucionalidad de la nueva normativa sobre alquiler de temporada en Cataluña, según detalló el medio El País. No obstante, el órgano planteó dudas respecto a la prórroga automática de las viviendas de protección oficial (VPO) en municipios designados como zonas tensionadas. Esta valoración formó parte del proceso previo a la aprobación, este jueves, por parte del Parlament de una ley impulsada por la Conselleria de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, que establece nuevas limitaciones y controles sobre los contratos temporales y los arrendamientos por habitaciones, amplía la capacidad de intervención pública, y modifica aspectos clave del marco legal sobre vivienda en la comunidad autónoma.

De acuerdo con El País, el pleno del Parlament dio luz verde al proyecto de ley con el respaldo de varios grupos y tras la inclusión de enmiendas propuestas por Junts, PP y Vox, mientras que PSC-Units, ERC y Comuns presentaron modificaciones conjuntas a la versión revisada por el CGE, instancia a la que Junts y PP solicitaron consulta. El texto aprobado contempla una serie de medidas urgentes en materia de vivienda y urbanismo, afectando tanto a la regulación de la obra pública como a los procedimientos administrativos y urbanísticos implicados en la gestión residencial catalana.

El núcleo de la reforma reside en la declaración de que en los municipios afectados por una alta y verificada demanda residencial, la utilización principal de las viviendas recaerá sobre la residencia habitual y permanente. Asimismo, El País publicó que el arrendamiento de temporada queda condicionado a la existencia de un plan especial que justifique su interés público y social, así como la idoneidad de su ubicación, y determina la fijación de criterios específicos sobre las condiciones de acceso y la duración limitada de estos contratos.

En cuanto al alquiler por habitaciones, la nueva normativa introduce límites en los precios, estipulando que la suma de las rentas de cada habitación no debe superar el precio del arrendamiento total del inmueble. El objetivo, según El País, es garantizar que estos contratos temporales y parciales no se conviertan en un mecanismo para eludir las restricciones establecidas para el alquiler de toda la vivienda, además de reforzar la protección del mercado residencial frente a prácticas especulativas.

Otra novedad significativa de la ley es la creación de un registro de grandes tenedores de vivienda, gestionado por la Agència de l'Habitatge de Catalunya. Esta medida busca mejorar la identificación y control sobre los actores principales en el mercado del alquiler. Además, se establece una comisión encargada de la supervisión de los contratos de arrendamiento de vivienda, y se reconoce formalmente a los inspectores como agentes de la autoridad, especificando sus funciones y capacidades para la fiscalización y control del cumplimiento normativo.

El medio El País también informó que la nueva legislación clarifica el destino de las fianzas retenidas por el Institut Català del Sòl, destinando estos recursos a fortalecer la financiación pública para la construcción de vivienda protegida. El texto amplía, igualmente, el ámbito de actuación administrativa en el ejercicio de los derechos de tanteo y retracto, dotando a la Generalitat y a los entes locales de mayores herramientas legales para adquirir inmuebles y destinarlos a oferta de vivienda social en situaciones donde se detectan necesidades agudas de abastecimiento residencial.

El instrumento legislativo aprobado también introduce cambios en las leyes ya existentes relacionadas con el derecho a la vivienda, el urbanismo y la mejora integral de barrios y municipios, y modifica varios decretos ley que regulan la movilización de viviendas provenientes de ejecuciones hipotecarias y las actuaciones urgentes para optimizar el acceso a la vivienda.

La consellera Sílvia Paneque fue la encargada de exponer los detalles del proyecto en el pleno, subrayando el trabajo de negociación y la integración de propuestas provenientes de distintos grupos parlamentarios. El proceso puso de manifiesto las diferencias sobre determinados aspectos, como la extensión de los beneficios de la prórroga automática para las VPO en zonas tensionadas, aspecto que, según El País, continuará generando debate político y jurídico.

La normativa, que adopta medidas que afectan tanto a los particulares como a los operadores institucionales, pretende responder a la situación de emergencia habitacional declarada en numerosos municipios catalanes y ajustar los mecanismos de intervención del sector público para mejorar la oferta y accesibilidad a la vivienda. Según consignó El País, la ley forma parte del paquete de respuestas que el Govern considera necesarias para enfrentar la presión inmobiliaria y la escasez de vivienda asequible en un contexto marcado por la demanda creciente y las limitaciones estructurales de suelo y recursos para nuevas promociones.

El texto aprobado se enmarca en los intentos de adaptar la regulación autonómica a los requerimientos sociales y jurídicos planteados en los últimos años, buscando tanto la protección de los inquilinos como la promoción de un mercado más transparente y equitativo. Entre los retos señalados durante el debate parlamentario, destacó la necesidad de compatibilizar la seguridad jurídica de los propietarios con las exigencias de acceso justo y asequible a la vivienda impuestas por la realidad demográfica y económica de Cataluña.

La diputada del Partido Popular, Cristina Gil, enfatizó que "cada siete segundos una niña es obligada a casarse en el mundo", al alertar desde el Parlament sobre la gravedad de prácticas que considera atentatorias contra los derechos de mujeres y niñas. Según informó el medio que recogió la propuesta, el Partido Popular ha presentado en el Parlament una proposición no de ley (PNL) con el fin de prohibir el uso del burka y el niqab en instalaciones y edificios públicos. El objetivo declarado de esta iniciativa consiste en erradicar prácticas consideradas contrarias a los derechos fundamentales, la igualdad y la dignidad, tales como la imposición del velo islámico integral, los matrimonios forzados y la mutilación genital femenina.

Tal como publicó la fuente, la promotora de la medida subrayó que no se trata de una acción orientada contra ninguna creencia religiosa, sino de una defensa explícita de la libertad, la dignidad y la igualdad entre mujeres y hombres. Cristina Gil afirmó que el uso del burka y el niqab constituye, a ojos del Partido Popular, una manifestación de sumisión incompatible con el desarrollo de una sociedad democrática avanzada, motivo por el cual quedaron incluidos en la propuesta de prohibición en el ámbito de los edificios públicos.

La proposición del PP argumenta que el uso del velo integral va más allá del plano religioso y plantea un conflicto con los valores constitucionales vigentes en España, dado que, según enfatizó Gil, la Constitución consagra la igualdad entre hombres y mujeres y coloca la dignidad personal como piedra angular del sistema político y de la convivencia. "La libertad religiosa no puede utilizarse como excusa para justificar prácticas que discriminan y anulan a las mujeres", citó la fuente a la diputada.

De acuerdo con el texto registrado por el grupo parlamentario popular, la iniciativa se sustenta también en experiencias legislativas similares en varios países europeos. La diputada mencionó que estados como Francia, Bélgica, Dinamarca, Austria, Bulgaria o Suiza ya han aprobado normativas para restringir el uso del velo integral en espacios públicos, y advirtió que el contexto internacional exige que España integre políticas firmes para salvaguardar los derechos humanos y no permanezca al margen de los retos en materia de igualdad y de seguridad.

Según consignó el medio, la propuesta no se limita exclusivamente a la cuestión del velo islámico integral, sino que abarca otras formas de violencia extrema reconocidas internacionalmente, como la mutilación genital femenina y los matrimonios forzados o infantiles. Estas prácticas, en palabras de Cristina Gil, constituyen "auténticas barbaridades que destrozan la vida de miles de niñas y mujeres cada año", y deberán ser denunciadas y perseguidas como delitos contrarios a los valores esenciales de la sociedad.

La proposición presentada reclama también al Parlament que reconozca la incompatibilidad de estas prácticas con el marco normativo y los principios democráticos, y plantea al Gobierno central la necesidad de promover reformas legislativas que prohíban el uso del velo islámico integral en cualquier edificio de titularidad pública en todo el país.

En la exposición de motivos, el grupo popular defendió el carácter de obligación moral y legal de las instituciones en materia de protección de mujeres y niñas frente a cualquier forma de violencia, opresión o discriminación. Gil concluyó asegurando que "no podemos mirar hacia otro lado" ante situaciones que vulneran los derechos fundamentales y la dignidad de las personas, insistiendo en la urgencia de tomar medidas tanto preventivas como punitivas para acabar con prácticas discriminatorias y violentas.

Tal como detalló la fuente, el texto de la proposición busca que el Parlament condene de manera rotunda la imposición del velo islámico integral, la mutilación genital femenina y el matrimonio forzado o infantil, y exige que su persecución sea inequívoca. El documento recalca la necesidad de reformas legislativas que materialicen la prohibición del burka y el niqab en espacios de propiedad pública, en paralelo a la persecución de otras prácticas identificadas como violentas y discriminatorias.

El Partido Popular, según reportó la fuente, defiende que ninguna tradición cultural puede prevalecer sobre los derechos humanos, e insiste en que las instituciones deben actuar para garantizar la seguridad, la dignidad y la igualdad sin admitir excepciones de origen cultural o religioso. Esta propuesta legislativa busca, según sus impulsores, alinear la normativa española con el estándar internacional vigente respecto a las formas de violencia de género y discriminación practicadas bajo argumentos culturales, sociales o religiosos.

En respuesta a cuestionamientos sobre los controles en la policía autonómica y la Oficina Antifrau de Catalunya, Salvador Illa manifestó que no existen pruebas de irregularidades en estos ámbitos y enfatizó que cualquier dato sobre malas prácticas debe ser llevado ante las autoridades correspondientes. Durante la sesión de control en el Parlament, Illa negó la existencia de encubrimientos por parte de su Ejecutivo y subrayó la importancia de la transparencia en la gestión pública, al tiempo que rechazó cualquier intento de alimentar sospechas sin fundamento. El medio detalló que el presidente de la Generalitat abordó las recientes acusaciones de corrupción relacionadas con su partido y el Gobierno que encabeza, declarando que el PSOE ha respondido “con máxima contundencia” ante los casos que han salido a la luz en los últimos meses.

Tal como publicó el medio, Illa precisó que dichos casos no afectan a su Gobierno actual, sino a ejecutivos precedentes, y remarcó que tanto su formación política como el Gobierno han actuado de forma drástica al detectar irregularidades. Estas declaraciones surgieron durante un intercambio con Xavi Pellicer, diputado de la CUP, quien señaló que la corrupción es “inherente al bipartidismo” representado por el PP y el PSOE. Pellicer también criticó la postura del PSC en la comisión de investigación sobre supuestas irregularidades en la DGAIA (Direcció General d'Atenció a la Infància i l’Adolescència), cuestionó la ausencia de organismos de control independientes para los Mossos d’Esquadra y objetó el nombramiento de Josep Tomàs Salàs como director de la Oficina Antifrau de Catalunya.

En relación con la designación de Salàs, Illa defendió la idoneidad del magistrado para el cargo y negó la existencia de irregularidades ligadas a su nombramiento. “Yo no encubro a nadie. Quien tenga datos de algo que está mal hecho, que vaya a donde debe ir”, señaló Illa ante el Parlament, según consignó el medio, y agregó que está abierto a esclarecer cualquier asunto, aunque invitó a no propagar sospechas infundadas ni atribuir prácticas indebidas sin pruebas concretas.

El debate incluyó también la política de menores, ámbito en el cual Alejandro Fernández, líder del PP en el Parlament, acusó a Illa de ignorar conclusiones de la Sindicatura de Comptes respecto a la antigua DGAIA y de no impulsar acciones judiciales sobre posibles irregularidades. Fernández afirmó: “Su respuesta al escándalo, señor Illa, está siendo tímida e insuficiente. Desde hace demasiado tiempo. Maquillar un poco por aquí, a ver si pasa el tiempo y el asunto escampa”, argumentando que, aunque el actual Gobierno no sea responsable de los hechos, sí está obligado a investigar. Ante estos señalamientos, Illa sostuvo que no está cubriendo ninguna irregularidad y subrayó la dificultad de la gestión en materia de menores, afirmando que un error en este terreno puede tener consecuencias graves. Indicó además que su Ejecutivo impulsa una reforma en la política de menores en la Generalitat.

El presidente de la Generalitat solicitó a Fernández, dirigente del Partido Popular, apoyo para promover una visión humanista en el tratamiento y la distribución de menores migrantes entre las diferentes comunidades autónomas.

Por otra parte, Ignacio Garriga, líder de Vox en Catalunya, acusó al Govern de permitir empadronamientos irregulares, lo que, a su juicio, habría ocasionado un colapso en el sistema sanitario catalán, llevando incluso a que “los catalanes se mueren en los pasillos de urgencias”. Illa respondió señalando que mezclar los problemas de los servicios públicos con la inmigración responde a una estrategia basada en falsedades. De acuerdo con lo publicado por el medio, Illa explicó que en la actualidad el sistema de salud catalán enfrenta el pico de la gripe, aunque el impacto en las unidades de cuidados intensivos es menor respecto a otros periodos, gracias a la campaña de vacunación.

Además, Illa replicó a Garriga que su partido promueve la privatización sanitaria, mientras que la propuesta del actual Govern se basa en el acceso universal a la sanidad. “Que tenga sanidad quien se la pueda pagar. Lo que están haciendo en la Comunidad de Madrid. Lo que está haciendo su patrón, llamado Donald Trump, en Estados Unidos. El nuestro es un modelo muy diferente: sanidad para todos”, agregó Illa, cuya intervención, según reportó el medio, puso sobre la mesa la divergencia de modelos en la gestión sanitaria.

Durante el debate, diversos grupos parlamentarios centraron sus intervenciones en la necesidad de fortalecer los mecanismos de control institucional y reforzar la transparencia, especialmente en lo concerniente a la administración de servicios públicos y políticas sociales. Tal como fue recogido en el medio, Illa reiteró que la apertura a la investigación y la colaboración con las autoridades competentes constituyen prioridades para la Generalitat, si bien rechazó la ampliación de sospechas sin fundamentos verificables.

El abordaje de casos previos de corrupción, la gestión de la DGAIA, las dificultades en la gestión sanitaria y los mecanismos de transparencia centraron el contenido de la sesión parlamentaria. El debate evidenció el interés de los grupos de la oposición por poner en entredicho la capacidad ejecutiva del presidente Illa y su equipo frente a situaciones de presunto mal gobierno, mientras que la respuesta del ejecutivo autonómico se centró en la negación de tales prácticas dentro de la administración actual, la defensa de los procesos de reforma y el compromiso con la investigación y la transparencia institucional.

Durante la sesión de control al Govern celebrada en el Parlament, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, manifestó que tiene la convicción de que la amnistía para los líderes del proceso independentista catalán, con atención particular al expresidente Carles Puigdemont, será efectiva en 2026. Según informó el medio que publicó la sesión, Illa insistió en que ha defendido esta exoneración legal desde el inicio de su mandato al frente del ejecutivo catalán, considerándola una prioridad tanto para Cataluña como para el conjunto de la sociedad española.

El medio consignó que estas declaraciones tuvieron lugar en respuesta a la intervención de Mònica Sales, representante de Junts, quien cuestionó el liderazgo y la capacidad ejecutiva de Illa. La dirigente reprochó al jefe del ejecutivo catalán la ausencia de hechos concretos y la falta de ambición, alegando que las promesas no se han traducido en resultados tangibles. Según Sales, Illa "prometió estabilidad y, descontando su propaganda, lo único que ofrece es parálisis. En definitiva, ningún resultado. Ha renunciado a gobernar y espera siempre las órdenes del PSOE", a lo que agregó la persistencia de problemas en ámbitos como la vivienda, Rodalies y la concreción en torno a una financiación singular para Cataluña.

En su intervención, Salvador Illa sostuvo que la aplicación de la Ley de Amnistía responde a una demanda social relevante y reiteró su convencimiento sobre su relevancia tanto para el presente como para el futuro político y social en la región. “Quiero que en el 2026 se haga efectiva la amnistía. Estoy seguro de que va a pasar esto. Lo he pedido desde el primer día que soy presidente de Cataluña”, afirmó el mandatario en la Cámara, mientras argumentaba que, una vez concretada, la medida representaría un “paso adelante muy importante” para el conjunto de la ciudadanía. Según reportó el medio, Illa hizo un llamamiento a los diputados para compartir este objetivo más allá de ideologías partidistas, subrayando el carácter plural de la sociedad catalana y defendiendo el derecho de todas las sensibilidades a estar representadas.

El presidente de la Generalitat también respondió a las críticas planteadas por la bancada de Junts en materia política y presupuestaria. En ese contexto, Illa defendió las actuaciones de su ejecutivo en lo que va de año y proyectó que en 2026 se lograrán avances más significativos. Además, cuestionó la actuación de Junts en el Congreso, señalando que su voto contrario a la regulación del alquiler de temporada y a la aprobación del techo de déficit para el Gobierno central limitaron, en sus palabras, la obtención de más recursos para Cataluña. “Algunas votaciones suyas han impedido que Cataluña tenga más recursos”, remarcó Illa, según detalló el medio.

Sobre la cuestión presupuestaria, Josep Maria Jové, representante de Esquerra Republicana (ERC) en el Parlament, responsabilizó a Illa de la falta de presupuestos para 2026. Jové argumentó que esa carencia deriva del incumplimiento de pactos como el de la financiación singular y de supeditar el futuro político catalán al del Gobierno central. Expresó que “en esas latitudes, a los suyos, las cosas no les van demasiado bien». Ante esa crítica, Illa negó una situación de parálisis y reafirmó su compromiso con el cumplimiento de los acuerdos alcanzados tanto con ERC como con los Comuns, haciendo mención expresa a las negociaciones sobre la financiación singular.

Sobre ese asunto, el presidente de la Generalitat informó que continúan las conversaciones en busca de un acuerdo que considera de los más relevantes en el ámbito de la financiación autonómica. “Estamos trabajando en uno de los acuerdos más relevantes en materia de financiación. Y sudaremos la camiseta. Estamos trabajando incansablemente y creo que las cosas nos irán bien, pero hay que seguir trabajando”, recalcó Illa, según consignó el medio.

El debate evidenció el desacuerdo existente entre los grupos parlamentarios sobre la gestión del ejecutivo catalán y la hoja de ruta en torno a la amnistía, la financiación y las prioridades legislativas. Las posiciones expresadas reflejan tanto el apoyo como las reservas de los principales partidos sobre el proceso parlamentario y la agenda de gobierno para los próximos años.

Las tareas de contención del brote de peste porcina africana en Cataluña cuentan con el despliegue de más de 1.000 personas en un perímetro de seis kilómetros de alto riesgo, ampliado hasta los 20 kilómetros en la zona clasificada de bajo riesgo, que afecta a 91 municipios. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, agradeció la labor de los profesionales del sector ganadero, así como la comprensión mostrada por la ciudadanía y los medios de comunicación, tras explicar su gestión de la crisis sanitaria desde el extranjero. La peste porcina africana no había tenido presencia en Cataluña desde 1995, por lo que esta reaparición ha generado una respuesta coordinada del Govern, según detalló el medio El Periódico.

Según informó El Periódico, Illa defendió durante la sesión de control en el Parlamento que ha realizado un seguimiento constante del brote de PPA a pesar de encontrarse en México, donde realizaba un viaje oficial hasta el pasado viernes. En sus palabras: "Mi agenda la organizo yo". Respondía así a las críticas expresadas por Mònica Sales, presidenta del grupo Junts en el hemiciclo, quien lo acusó de estar ausente a lo largo de una semana y le reclamó una disculpa pública, argumentando una falta de liderazgo en plena emergencia ganadera.

Durante su intervención, Salvador Illa expuso que el Govern ha basado su respuesta ante la crisis en cuatro principios: ciencia, transparencia, cooperación y respaldo al sector afectado. Según consignó El Periódico, el presidente destacó la coordinación entre las distintas áreas de la administración autonómica y remarcó la interlocución permanente con los representantes ganaderos, quienes han mostrado predisposición para afrontar la magnitud del problema sanitario.

El despliegue de recursos, precisó Illa, se centra en limitar la propagación del virus dentro de los perímetros definidos de alto y bajo riesgo. La zona de seis kilómetros, señalada por el Ejecutivo, corresponde al área más próxima al foco detectado el 28 de noviembre. De acuerdo con la información recabada por El Periódico, el perímetro de 20 kilómetros incluye municipios donde se han extremado medidas de vigilancia y control sobre el movimiento de animales y personas relacionadas con la ganadería porcina.

Salvador Illa se refirió también al papel de la oposición en el contexto de esta crisis. Expresó su reconocimiento hacia la colaboración institucional de Junts, aunque lamentó que sus representantes, en su opinión, centraran sus esfuerzos en las críticas personales más que en la búsqueda de soluciones para el sector. Según publicó El Periódico, Illa advirtió que esta actitud “no es el camino” para superar la actual situación, apelando a la responsabilidad política de todos los partidos.

El presidente detalló ante el Parlament que el Govern ha adoptado todas las decisiones convenientes y ha mantenido la interlocución directa con los agentes del sector. Reiteró su seguimiento de la situación desde el extranjero al afirmar: "Se están haciendo las cosas tan bien como se sabe en estas circunstancias", según recogió El Periódico.

El brote de peste porcina africana, desde su detección a finales de noviembre, motivó la puesta en marcha de protocolos sanitarios específicos para evitar una posible extensión del virus, que afecta especialmente al ganado porcino y puede causar perjuicios económicos considerables. El sector ganadero, uno de los principales motores económicos en varias comarcas catalanas, se enfrenta a restricciones vinculadas a la sanidad animal y la comercialización de los productos.

Durante el pleno, Illa subrayó la respuesta “decidida” del Govern, reflejada en la movilización de recursos materiales y humanos. Además, agradeció la disposición del sector porcino para colaborar en las medidas de control, reconociendo la comprensión por parte de la población ante las restricciones implementadas en las localidades afectadas, según reiteró El Periódico.

La gestión de la peste porcina africana continúa bajo vigilancia, con el compromiso del Ejecutivo catalán de informar periódicamente sobre los avances y las necesidades detectadas, señala el medio. El objetivo principal de las autoridades radica en contener el brote y proteger la salud del sector ganadero, que no sufría la amenaza de este virus desde hace casi tres décadas.

Durante su comparecencia ante la Comisión sobre el Cambio Climático en la Agricultura, la Ganadería y la Pesca del Parlament, Jaume Vadell mostró imágenes que evidencian la erosión causada por episodios de lluvias torrenciales, en las que se observa tierra arcillosa vertida al mar y campos donde la capa fértil ha desaparecido, dejando al descubierto las rocas. El científico explicó que esa tierra fértil representa un recurso no renovable y que, una vez perdida, no puede recuperarse, afectando la capacidad productiva de los suelos agrícolas a medio y corto plazo. Vadell remarcó que estos procesos suponen graves riesgos para la agricultura balear, ya que desencadenan una pérdida de suelo cultivable y complican la retención de agua y nutrientes necesarios para las plantas. Esta advertencia estuvo alineada con el eje central de su intervención, donde el experto alertó que cultivos emblemáticos como la viña y el almendro podrían estar en “entredicho a medio plazo” debido al avance del cambio climático en Baleares.

Según publicó el medio, el profesor de Biología de la Universitat de les Illes Balears subrayó que el aumento sostenido de la temperatura representa un desafío para el mantenimiento de determinados cultivos en la región. Vadell argumentó que el incremento de la media térmica no solo afecta el crecimiento de las plantas, sino que también compromete sus procesos de producción. Explicó que cultivos leñosos como la viña y el almendro dependen en gran medida de la disponibilidad de frío durante el invierno. La reducción de las horas de frío, consecuencia directa del calentamiento global, altera el ciclo de desarrollo de estas especies y reduce su rendimiento, ya que necesitan períodos fríos para garantizar una floración y una producción adecuadas.

De acuerdo con el análisis presentado por Vadell y consignado por los medios, el incremento de calor puede tener efectos diferenciados en los cultivos, dependiendo de su tolerancia térmica. Señaló que, si bien el calor puede parecer beneficioso para algunos cultivos en fases iniciales, cuando las temperaturas superan ciertos umbrales los rendimientos agrícolas disminuyen. Vadell situó el umbral crítico para cultivos como el maíz y la alfalfa entre los 36 y 37ºC, temperaturas a partir de las cuales su desarrollo muestra limitaciones claras. Por el contrario, se refirió al olivo y al algarrobo como especies con una mayor resistencia al calor, capaces de sostenerse en condiciones térmicas extremas y de sobrellevar mejor los cambios en el clima.

Tal como reportó el medio, Vadell extendió su análisis a otros cultivos sensibles al aumento térmico, poniendo como ejemplos a los ligados a la horticultura, tales como el tomate, el melón y la sandía. Subrayó que estos también ven comprometida su productividad en escenarios de calor extremo, lo que agrava el impacto sobre la economía agrícola insular. Con base en estos datos, Vadell sugirió la necesidad de replantear la zonificación de los cultivos más afectados y evaluar la viabilidad de su mantenimiento en determinadas áreas.

El experto vinculó estos fenómenos a una explicación previa sobre el ciclo del carbono y el papel de las actividades humanas en el aumento de las emisiones de dióxido de carbono, metano y óxido de nitroso. Vadell detalló que la quema de combustibles fósiles ha intensificado el efecto invernadero, provocando la alteración del equilibrio que existía en épocas anteriores dentro del ciclo del carbono. Según informó el medio, esta situación ha contribuido al incremento de las temperaturas medias globales y a una mayor frecuencia de episodios climáticos extremos. Mientras que, sin alteraciones humanas, los fenómenos como olas de calor y lluvias torrenciales podían registrarse cada una década, actualmente su presencia supera uno por año.

La manifestación de episodios como las lluvias intensas, señaló Vadell según detalló el medio, afecta de manera significativa la capacidad de retención del agua en el suelo. Explicó que cuando estas precipitaciones se producen de forma repentina y masiva, el agua tiene más dificultades para infiltrarse en la tierra, lo que se traduce en un aumento de la erosión. Como resultado, no solo se pierde la capa fértil del suelo, sino que también se compromete la reducción de la materia orgánica existente, haciendo que el terreno pierda fertilidad. Vadell añadió que la disminución de la materia orgánica en el suelo restringe su capacidad de esponjamiento y acarrea una menor capacidad de los acuíferos para regenerarse, lo que repercute en la disponibilidad de recursos hídricos para los cultivos y los pastos destinados a la ganadería.

La exposición de Vadell también consideró las diferencias territoriales dentro del archipiélago. De acuerdo con lo difundido por el medio, en Menorca la influencia del cambio climático sobre la agricultura se describe como menos extrema, mientras que en Mallorca varía de región a región, y en Ibiza y Formentera la situación resulta más grave. El investigador utilizó datos de lluvias, regeneración vegetal y recuperación de acuíferos para comparar localidades como Es Mercadal y Santa Eulària, destacando que, ante aumentos de uno y dos grados en la temperatura media, la capacidad de reserva vegetal decrece notablemente en Santa Eulària por la mayor incidencia del calor.

Frente a estos desafíos, Vadell propuso medidas orientadas a la adaptación agrícola. Según indicó el medio, recomendó incrementar la materia orgánica presente en el suelo mediante sistemas como cubiertas vegetales, la introducción de abonos verdes y el mejor aprovechamiento de los residuos de cultivos y labores agrícolas. La idea apunta a mejorar la estructura y fertilidad del suelo, reducir la erosión y optimizar la retención de agua en momentos de precipitaciones intensas. Este enfoque busca mitigar, en la medida de lo posible, los efectos adversos que el aumento de temperatura y la disminución del frío ejercen sobre los cultivos tradicionales de Baleares.

La preocupación por el posible impacto económico internacional motivó a representantes de Junts a recalcar la urgencia de ofrecer garantías al sector porcino catalán, que exporta más de 3.000 millones de euros al año. Según publicó la agencia Europa Press, la diputada Jeannine Abella subrayó que la prioridad actual debe centrarse en asegurar la confianza de los mercados y en minimizar las repercusiones derivadas del brote de peste porcina africana (PPA) detectado el viernes anterior, que ya llevó a activar protocolos sanitarios y la presencia de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

De acuerdo con Europa Press, el grupo parlamentario Junts solicitó la comparecencia urgente del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, para que informe sobre la gestión del brote en la Cámara a lo largo de esta misma semana. La solicitud se formalizó oficialmente en el Parlament y surge después de que Abella criticara que Illa haya mantenido su agenda internacional en México, pese a la crisis sanitaria en curso. “Es una cosa que desde Junts no concebimos, creemos que hoy el presidente debería estar aquí gestionando la crisis”, expresó la diputada en declaraciones a los medios desde Lleida, reiterando que no consideran oportuno que mientras se discute la gravedad sanitaria y se activa la UME, Illa continúe participando en actos como la Feria del Libro de México.

Europa Press reportó que Junts ya había presentado una interpelación sobre la gestión de la peste porcina africana en sede parlamentaria hace aproximadamente un mes. Según la versión de Abella recogida por el medio, durante aquella ocasión el conseller de Agricultura, Ganadería y Pesca, Òscar Ordeig, desestimó las inquietudes planteadas desde el grupo de la oposición. La diputada señaló que, en la coyuntura actual, la gravedad del momento obliga a priorizar la colaboración institucional, suspendiendo los reproches previos y poniéndose desde su grupo a disposición del propio Ordeig para afrontar la crisis.

El medio Europa Press detalló que la petición de comparecencia busca que Illa exponga en el pleno no solo las medidas implementadas hasta la fecha, sino también el modo en que el gobierno autonómico está intentando contener las consecuencias económicas y sociales derivadas del brote. Las declaraciones de Abella a los medios insistieron en la necesidad de enviar señales de unidad y cooperación tanto a los mercados internacionales como al resto del sector agropecuario nacional, evitando una mayor afectación en la comercialización y en la reputación internacional de la producción catalana.

Según la información recogida por Europa Press, la activación de la UME y otras medidas de emergencia refuerza la magnitud de la situación, que tiene implicaciones directas no solo para los criadores y exportadores de porcino, sino también para la economía regional en su conjunto. Aunque Junts subraya la importancia de la intervención inmediata del presidente de la Generalitat, su portavoz aclaró que la disposición al diálogo y a la colaboración con las autoridades responsables persiste por encima de las diferencias políticas previas.

Europa Press incluyó en su cobertura que la peste porcina africana representa un riesgo significativo para la economía agropecuaria catalana debido a su influencia en los mercados exteriores y en la estabilidad del sector ganadero. El sector afronta la necesidad de que las instituciones ofrezcan transparencia y liderazgo en la gestión de la crisis para salvaguardar los intereses comerciales y la posición exportadora de Cataluña.

El grupo parlamentario reiteró que es fundamental que las autoridades transmitan seguridad y coordinación en la respuesta ante el brote, facilitando información a los operadores del sector y reforzando las medidas destinadas a prevenir la expansión de la enfermedad. De acuerdo con Europa Press, la atención del debate político se centra ahora en la comparecencia solicitada, que podría definir los próximos pasos del Govern ante la demanda social y empresarial de una reacción clara y efectiva frente a la emergencia sanitaria detectada.

El exconseller de Economía Jaume Giró ha decidido este jueves renunciar a su acta de diputado en el Parlament y a su cargo en Junts per Catalunya. El motivo de su paso a un lado serían discrepancias con las “orientaciones” del partido. Ya se lo habría comunicado al líder de la formación, Carles Puigdemont, y al secretario general, Jordi Turull.

El que fuera directivo de La Caixa ha explicado que sus diferencias con el rumbo que había tomado Junts le obligaban a tomar esta “difícil” pero “madurada” decisión. Su principal argumento desarrollado es que se decide poniendo por delante el interés del partido del de Cataluña y sus ciudadanos.

Esta baja en la formación llega un día después del encuentro entre Salvador Illa y Carles Puigdemont en Bruselas, que ha marcado la actualidad y ha generado controversia. La imposibilidad de realizar la reunión en España al no haberse aplicado la amnistía ha provocado críticas en el lado socialista.

La renuncia de Giró

En un comunicado, Giró ha relatado que abandonó de inmediato su carrera profesional y su despacho privado para dedicarse al servicio público, con el propósito de actuar con independencia y sin condicionamientos. Ha asegurado que ha tratado de ejercer su labor con honestidad y dedicación, pero que en los últimos tiempos ha visto su compromiso reducido por las diferencias con el partido.

Esto ha hecho que haya confirmado que deja el escaño y se retira de la actividad política, al considerar que actualmente no puede responder a las expectativas del partido ni comparte la orientación presente de la formación. Ha explicado que difiere de su visión sobre la política que requiere el país.

“No estoy en condiciones de dar al partido lo que espera de mi, ni tampoco las orientaciones actuales del partido coinciden con mi manera de entender la política”, ha asegurado en su comunicado de anuncio y despedida.

“Se priorizan los intereses del partido”

Jaume Giró considera que Cataluña atraviesa una etapa crucial, en la que la política suele estar marcada por un enfoque “excesivamente táctico”. Según el ya expolítico, los intereses partidistas prevalecen con frecuencia sobre el interés general, lo que entorpece la cooperación entre las principales fuerzas políticas y repercute negativamente en el bienestar y el desarrollo de la sociedad.

Ha sostenido en su comunicado que su salida se produce con la conciencia tranquila, convencido de que actúa conforme a sus principios. También ha expresado su confianza en que otras personas aportarán la vitalidad y las ideas necesarias en este contexto, dando un paso a un lado en el momento que considera suficiente.

Finalmente, ha subrayado que nunca ha ocupado una posición sin implicarse plenamente y afirma sentirse afortunado de poder mantener su lealtad a estos valores en esta etapa de su vida. Giró también ha manifestado su agradecimiento a los compañeros del Parlament, los empleados de la institución y, especialmente, a los integrantes del grupo parlamentario de Junts, así como a la dirección y militancia del partido. Una pata importante de la formación en Cataluña abandona la política.

Justo en el día en que se cumple un año de la investidura de Illa, Sales ha hecho balance de este primer cuarto de la legislatura: "Es una evidencia que hoy el país está peor que hace un año", ha dicho.

Según JxCat, Illa "suspende" porque el suyo es "el gobierno de la mala gestión", con ejemplos como el "desbarajuste continuado" en la red ferroviaria de Rodalies o las incidencias en Educación, con casos como el del proceso interrumpido de asignaciones de plazas de docentes o la falta de plazas adjudicadas en Formación Profesional.

También ha sido, según Sales, "el gobierno de los incumplimientos" ya que, por ejemplo, "se comprometió a aprobar presupuestos y a tenerlos vigentes el 1 de enero de 2025", algo que no ha ocurrido, y "tampoco ha habido traspaso de Rodalies ni hay financiación singular" para Cataluña.

Además, ha denunciado Sales, es el "gobierno de la sumisión a Madrid" pues ni Illa ni sus consellers "levantan la voz para defender los intereses de Cataluña" en asuntos como el traspaso de Rodalies o el cumplimiento de las inversiones del Estado.

Por último, ha acusado al Govern de emprender un proceso de "desnacionalización" de Cataluña al "menospreciar la lengua catalana" y rendir "pleitesía al rey".

Sales ha explicado que, a la vuelta de las vacaciones de verano, su grupo parlamentario celebrará unas jornadas de preparación del inicio del nuevo curso político, una cita que suele celebrarse en Bélgica para permitir la asistencia del líder de Junts, Carles Puigdemont.

La portavoz parlamentaria de JxCat ha aprovechado para denunciar que, un año después del retorno fugaz de Puigdemont a Cataluña y su posterior huida de nuevo a Waterloo (Bélgica), sigue sin poder ejercer sus derechos como diputado en el Parlament, igual que el exconseller Lluís Puig y que el eurodiputado electo Toni Comín.

Eso se debe, ha dicho, a que en España hay "una justicia altamente politizada que, de manera subjetiva, ha decidido no aplicar" la ley de amnistía: "España no es un Estado de derecho", ha sentenciado. EFE

(foto) (vídeo) (audio)

Así lo ha expuesto el expresidente de la Generalitat en un mensaje en la red social X, justo en el día en que se cumple un año de su fugaz retorno a Cataluña.

El 8 de agosto de 2024, coincidiendo con el debate de investidura de Salvador Illa en el Parlament, Puigdemont regresó de incógnito, con una orden de detención contra él pese a estar ya la ley de amnistía en vigor, e irrumpió en un acto de bienvenida junto al Arco de Triunfo de Barcelona, pero tras un breve discurso volvió a huir, sin que los Mossos d'Esquadra lograran detenerlo.

En su mensaje, Puigdemont explica las razones que le llevaron a ejecutar aquella operación y carga contra la "normalidad" que reivindica el Govern de Salvador Illa.

"Si la propaganda y los propagandistas no pierden ocasión para predicar el evangelio de la mentira más bonita de la 'normalidad', nuestro deber es desenmascararlos siempre que tengamos ocasión. Mantener la posición no siempre es cómodo ni agradable. Pero es una actitud fundamental que no deberíamos abandonar nunca, por más enfadados, decepcionados o desanimados que estemos", añade. EFE

En un comunicado difundido este sábado, el PPC ha reiterado su rechazo a "la red de falsas embajadas que impulsó el separatismo" y ha censurado que Illa, además de mantener estas delegaciones, las "amplía sin pudor".

A juicio del diputado popular en el Parlament Hugo Manchón, estas delegaciones suponen "un derroche de dinero público" y han sido utilizadas por el independentismo para propagar el relato del 'procés' y atacar a España en el exterior".

El PPC ha registrado en la cámara catalana una batería de preguntas parlamentarias para conocer el coste del viaje de Illa a China -que tendrá lugar hasta el próximo viernes- y ha mostrado sus reticencias ante la intención del Govern de reforzar lazos con el gigante asiático: "La Unión Europea ya ha advertido sobre la necesidad de cautela en las relaciones exteriores", ha apuntado Manchón. EFE

Laia Estrada, diputada con la CUP en el Parlament de Cataluña, ha anunciado este miércoles 22 de julio su renuncia. La política se viralizó hace una semana tras romper una imagen del Rey Felipe VI en el estrado. Lo ha anunciado en su perfil de redes sociales, señalando “discrepancias políticas” como motivo de su decisión.

La dirigente de la CUP, que encabezó el listado del partido en las últimas elecciones autonómicas, ha comunicado su dimisión, pero asegura que seguirá luchando por una Cataluña independiente y de izquierdas. El relevo se hará efectivo el próximo mes de septiembre, con el inicio del nuevo curso político.

El partido ya ha lanzado un comunicado expresando su despedida de su líder en Cataluña. “La CUP quiere agradecer sinceramente el compromiso y la entrega de la compañera Laia Estrada y desea que siga cerca de la organización en el futuro inmediato”, asegura su escrito.

Comunicado de la CUP

Laia Estrada abría anunciado ante la Mesa Nacional de la formación, según destaca el comunicado difundido por el partido, su decisión de dar un paso a un lado. Desde el Secretariado Nacional se ha puesto en valor la labor desempeñada por Estrada en su etapa parlamentaria y en sus anteriores andaduras con la organización.

El partido independentista ha señalado la “fragilidad del sistema parlamentario”. “Las dinámicas y el tiempo que exige la lógica del Parlamento son siempre incompatibles con la manera de hacer política de la CUP”, han afirmado en su escrito. Aun así, celebran que su paso por el Parlament haya permitido difundir las demandas de la CUP.

La sucesión de Estrada se determinará conforme a los estatutos internos de la CUP durante los próximos días. El procedimiento, explican, será colectivo y democrático, manteniendo la prioridad de garantizar la responsabilidad compartida entre diferentes asambleas y la estructura de base de la organización. Además, esperan que Estrada siga colaborando estrechamente en los proyectos futuros.

La imagen de Felipe VI

Hace una semana, la dirigente de la CUP fue noticia por un motivo diferente. Desde su posición como diputada en el Parlament, mostró una imagen del Rey Felipe VI y la rompió. Este gesto no pasó desapercibido, llegando múltiples críticas y exigencias de sanción o acusaciones de actitud violenta e incorrecta.

La presidenta del grupo de la CUP afirmó que “los catalanes no tenemos rey. Es normal que la mayoría de catalanes rechace la monarquía española. Tenemos memoria, recordamos que los Borbones sometieron a nuestro pueblo a sangre y fuego”. Después de estas declaraciones, rompió la fotografía.

Realizó estas declaraciones durante su intervención en el debate de una moción del PP sobre “la debilidad del Estado en Cataluña”, que valoraba de manera positiva “la recuperación de la interlocución” entre la Generalitat y el rey. “Felipe VI es hijo de un señor que puso un dictador y fue la persona que avaló aquel ‘a por ellos’, afirmando que la ley debe cumplirse sin que la cumpliera su padre”, relató Estrada, refiriéndose a lo sucedido en 2017 durante el procés.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciado este martes el Plan de infraestructuras para el periodo 2025-2050 con el objetivo de conectar y descentralizar Cataluña. El líder del Partido Socialista de Cataluña (PSC) ha explicado en el Parlament el proyecto, que también busca generar nuevas oportunidades de empleo y fomentar el crecimiento.

En un pleno específico sobre infraestructuras del órgano legislativo catalán, solicitado por Junts, Illa ha expuesto que las infraestructuras en Cataluña están pensadas para una población de seis millones de personas, cuando actualmente viven más de ocho millones. Por tanto, defiende la enorme necesidad de un plan de estas características.

Sílvia Paneque, consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, ha participado en la intervención para exponer las principales partes y componentes del Plan de Infraestructuras, detallando sus características en los diferentes transporte, en la situación energética o el contexto del complejo acceso a la vivienda.

“Una apuesta decidida y ambiciosa”

El dirigente ha señalado que el plan “es una apuesta decidida y ambiciosa para transformar la movilidad de nuestro país porque la Cataluña próspera debe estar equilibrada territorialmente y debe conectar todas sus áreas económicas”. El Govern trabaja para que el crecimiento demográfico se reparta a lo largo del territorio.

Salvador Illa ha dicho que su trabajo es preparar Cataluña para los próximos años, adelantarse a cómo cambiará la economía, ver qué necesidades habrá y buscar nuevas oportunidades. El plan que propone busca que todo el territorio esté equilibrado y bien conectado, no solo el área de Barcelona, sino todas las zonas de la comunidad.

El presidente ha explicado que ahora mismo se están invirtiendo 20.000 millones de euros en Cataluña, incluyendo obras de agua y energía, y ha señalado que exigirán siempre la mejor calidad: “Queremos el mejor aeropuerto, los mejores puertos, Rodalies y carreteras”.

Detalles del plan

Sílvia Paneque ha detallado una serie de actuaciones que definirán el plan. Ha subrayado que uno de los principales retos del nuevo plan es integrar ferrocarriles, carreteras, puertos y aeropuertos en un sistema único, con la movilidad como eje estratégico del proyecto del Govern.

Considera que el acuerdo para el traspaso de Rodalies marca un punto de inflexión en la movilidad catalana, ya que permitirá gestionar el servicio desde la proximidad y el conocimiento del territorio. El plan contempla proyectos como la línea orbital ferroviaria (4.000 millones de euros) o las obras de la L9 y L10 de metro (925 millones).

En aviación, destaca la ampliación de la tercera pista del aeropuerto de Barcelona (3.200 millones) y la integración de los aeropuertos de Girona y Reus en la red de alta velocidad. El plan también aborda la sostenibilidad hídrica, energética y la construcción de infraestructuras sostenibles.

En vivienda, incorpora el programa ‘Préstecs Emancipació’, con 500 millones de euros para ayudar a jóvenes en la compra de su primera vivienda y la reserva pública de solares para más de 21.000 viviendas de protección oficial. El difícil acceso a un techo hace que esta parte sea fundamental en el proyecto.

La Generalitat anunció un importante proyecto de ampliación del aeropuerto de El Prat. Una de las pistas de aterrizaje de Barcelona será engrandecida, buscando aumentar la capacidad del aeropuerto. Salvador Illa, presidente de la comunidad, fue el encargado de hacer pública esta idea, que aseguró que supondría un gran paso competitivo para Barcelona.

Sin embargo, desde que se dio a conocer esta noticia no ha contentado a todas las partes. Secciones locales de los rivales políticos, y socios en algunos casos, se opusieron a este proyecto por distintos motivos. Asociaciones de cuidado del medioambiente denunciaron sus consecuencias negativas, mientras que los habitantes de El Prat lamentaron los efectos que puede tener en la localidad.

Este sábado 28 de junio, en torno a 800 personas se han manifestado para mostrar su rechazo, incluyendo a la alcaldesa de la ciudad, Alba Bou (Comuns). La política ha reiterado su oposición al plan, que ha llegado a calificar de “aberración”. El Prat de Llobregat se opone a este proyecto.

“La terra per sembrar, no per aterrar”

Unas 800 personas, según la Guàrdia Urbana, se reunieron este sábado frente al Palau de la Generalitat para manifestarse contra la ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat. La convocatoria, lanzada por Zeroport a las 11.30 horas, ha difundido el mensaje de “No Ampliació”.

Durante la protesta, los asistentes corearon lemas como “La terra per sembrar, no per aterrar” (“La tierra para sembrar, no para aterrizar”), “La vostra ampliació és una aberració” (“Vuestra ampliación es una aberración”) y “PSC, partit suicida climàtic” (“PSC, partido suicida climático”). Entre las pancartas podían leerse consignas como “Menys avions y més Rodalies” (“Menos aviones y más Rodalies”), “Decreixement o extinció” (“Decrecimiento o extinción”).

Desde la plataforma que critica el avance del aerupuerto, Zeroport, han asegurado que Barcelona es el destino turístico “más masificado del mundo”. También han advertido que ampliar el Aeropuerto de Barcelona podría comprometer el futuro de Cataluña, recordando que la presión social ya detuvo el proyecto de ampliación en 2021.

Oposición política

La líder de Comuns en El Prat ha contado con el apoyo de secciones locales de ERC, PP y Junts. Tanto PP como Junts han expresado en el Parlament y en el Ayuntamiento de Barcelona su apoyo a la expansión de esta infraestructura, aunque en las últimas semanas han mostrado ciertas reservas tras el anuncio de Illa.

Estas cuatro formaciones aprobaron un acuerdo en el Pleno ordinario de junio con 15 votos a favor, una abstención y nueve en contra. El texto sostiene que el aeropuerto “ha llegado al límite de su capacidad en un contexto de emergencia climática y ecológica” y advierte que su ampliación “altera el equilibrio” alcanzado en los últimos años entre infraestructuras como el puerto, el propio aeropuerto y los espacios naturales.

La declaración defiende la importancia de “preservar los espacios naturales que constituyen una reserva clave de biodiversidad” y sostiene que la propuesta de Illa “no se ajusta a un modelo de crecimiento equilibrado”. Además, demanda mayor participación de las autoridades de la ciudad en un proyecto de tal importancia y con efectos directos en su localidad.

Vox solicitará la reapertura de la comisión del investigación del 'caso mascarillas' en el Parlamento balear tras los nuevos informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

En una nota de prensa, Vox Baleares ha informado de que pedirá la reapertura de la comisión de investigación sobre el 'caso mascarillas' en el Parlament y su ampliación a todas las contrataciones hechas durante la pandemia, tras conocerse los nuevos y "demoledores indicios" revelados por la UCO.

Concretamente, los de Santiago Abascal hacen referencia a los informes de la UCO, conocidos el pasado octubre, y que recogen intercambios de mensajes de WhatsApp entre la exconsellera socialista de Salud, Patricia Gómez, y Koldo García.

Para Vox Baleares esto "desmonta por completo las declaraciones realizadas por Gómez en sede parlamentaria, donde afirmó hasta en dos ocasiones que nunca tuvo contacto alguno con la trama ni con Koldo".

La formación ha recordado a raíz de esto que la mentira en comisiones de investigación está tipificada en el artículo 502.3 del Código Penal y puede conllevar penas de multa o incluso de prisión.

"El escándalo", sin embargo, "no termina ahí", ha ahondado la formación, que apunta que "la actual presidenta del Congreso y expresidenta del Govern balear, Francina Armengol, también mintió al negar cualquier contacto con Koldo García", ya que, de acuerdo con los informes de la UCO a los que Vox se refiere, esta no solo habló con él, sino que le proporcionó el contacto directo de la exconsellera de Salud Patricia Gómez "para facilitar la contratación de empresas vinculadas a la trama para realizar pruebas PCR durante la pandemia".

De hecho, en uno de los mensajes recogidos por la Guardia Civil a los que hace referencia Vox Baleares Koldo García responde a Armengol con un "cariño, te mantengo informada", que, a juicio de los de Santiago Abascal, "deja clara la complicidad entre ambos".

Asimismo, Vox Baleares ha considerado "aún más grave" que, después de que la socialista Francina Armengol dijera que no conocía al empresario Víctor de Aldama, que figura como investigado en la trama de hidrocarburos y el caso Koldo, este viernes admitiera un encuentro con él en Palma, aunque situándolo en el marco de una reunión con Globalia cuando era presidenta del Govern.

Además, el partido apunta que de los nuevos informes de la UCO se desprende que "la ramificación balear de la trama fue el inicio de una investigación que ha llevado a conocer todo lo que se conoce hasta ahora", unos hechos que ha considerado de "extrema gravedad" y que creen "refuerzan aún más los motivos para reabrir y ampliar esta Comisión de Investigación".

La presidenta de Vox Baleares y portavoz del partido en la Comisión de Investigación en el Parlament, Patricia de las Heras, ha considerado que estas nuevas revelaciones "son de una gravedad extrema" y ha exigido "responsabilidades políticas inmediatas".

"Armengol y Patricia Gómez mintieron descaradamente en sede parlamentaria. Es una cuestión de dignidad institucional. Las instituciones no pueden ser ocupadas por quien abusa del poder para mentir y tapar corrupción. Vamos a llegar hasta el final", ha dicho.

Vox ha reiterado su petición de que se "depuren responsabilidades, caiga quien caiga, hasta llegar al 1 de la mafia, al capo Pedro Sánchez", y ha recordado que "no cejará en su empeño de acabar con la corrupción política que tanto daño ha hecho a Baleares".

Y ha defendido que "en estos momentos existen indicios suficientes para solicitar la reapertura de la Comisión de Investigación" en el Parlament "y poder esclarecer los nuevos hechos y contradicciones en las que han incurrido varios de los comparecientes".

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha negado que el pacto presupuestario firmado entre el PP y Vox vaya a implicar que los centros escolares tengan que cambiar sus proyectos lingüísticos.

Así se ha expresado este martes en el pleno del Parlament al ser cuestionado por la diputada socialista Mercedes Garrido acerca de la conflictividad que podría generar los puntos del acuerdo que hacen referencia a la educación y si este implicaría tener que cambiar los proyectos lingüísticos.

"Desmentiremos todos los bulos socialistas para evitar cualquier conflicto. No tienen que cambiar los proyectos lingüísticos de centro. Ante sus mentiras, pie contra pared", ha dicho Vera.

El conseller también ha defendido otras cuestiones que se reflejan en el citado acuerdo presupuestario, como incluir la vehicularidad del castellano en la educación o eximir del requisitos el catalán en los puestos docentes de muy difícil cobertura. Ambos, ha justificado, ya fueron contemplados durante la legislatura pasada.

La también socialista Amanda Fernández, por su parte, le ha preguntado acerca de los efectos que el pacto presupuestario rubricado por el PP y Vox tendrá sobre el proceso de matriculación y el inicio del próximo curso escolar.

Vera ha defendido la inclusión de la matriculación telemática --que había sido una exigencia de Vox-- alegando que Baleares era la única Comunidad Autónoma que no la tenía implementada.

Además, ha ahondado, la legislación vigente reconoce el derecho de los ciudadanos a relacionarse de forma electrónica con la administración, algo que hasta ahora no sucedía a la hora de realizar la matriculación educativa en las Islas.

La portavoz de Vox en el Parlament ha subrayado que su formación apoya la continuidad del presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, y ha considerado que el PP "no puede hacer otra cosa" hasta que no haya una sentencia.

"Quedaría feo", ha dicho Cañadas este viernes en la rueda de prensa previa a la Junta de Portavoces. Para la portavoz, Le Senne no tiene que dimitir "precisamente por la honorabilidad del cargo y de la institución".

((Habrá ampliación))

El portavoz de los Comunes en el Parlament catalán, David Cid, la formación que representa a Sumar en Cataluña, ha afirmado que es "bueno" que el PSOE "dé todas las explicaciones" sobre el caso Leire Díez, pero ha evitado valorar si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debe comparecer en el Congreso.

En rueda de prensa este martes en el parlamento autonómico, Cid ha dicho que corresponde a sus compañeros de la Cámara Baja decidir quién y como deben darse estas aclaraciones.

Este lunes el portavoz de Sumar y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, rechazo apoyar la petición de comparecencia de Sánchez cursada por el PP, al considerar que los populares no pueden presentarse como baluarte de la "política limpia".

"No se puede hacer frente a la estrategia del 'lawfare', a la estrategia del fango de la derecha y de la extrema derecha con 'martingaladas'", ha sostenido Cid, que también ha pedido dejar atrás las dinámicas del viejo bipartidismo que considera que se están viendo en los últimos días.

FEIJÓO ES CONOCIDO POR LA "FOTOGRAFÍA CON UN NARCO"

También ha calificado de descabellado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "una persona que es conocida por hacerse una fotografía con un amigo suyo en un barco, con un narco, quiera dar lecciones de lo que es la mafia o lo que es la democracia", en alusión a la manifestación convocada por el PP contra Sánchez.

Asimismo, ha afirmado que tradicionalmente en España el "partido de la mafia" ha sido el PP. "Podemos hablar de Kitchen, podemos hablar de Gürtel, podemos hablar de policía patriótica. Podríamos estar 10 minutos y no acabaría con los casos de corrupción del PP", tras lo que ha recordado la entrada en prisión del que fue el número dos del Ministerio del Interior en el Gobierno de Rajoy.

El portavoz de los Comunes también ha tachado de "morrocotudo" el caso de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha sido procesado por presunto delito de fraude fiscal. Por tanto, ha insistido en que los populares no pueden dar lecciones en cuanto a corrupción.

La Mesa del Parlament ha acordado nombrar una ponencia conjunta para redactar y elaborar una proposición de ley de actualización terminológica de la legislación en materia de discapacidad.

Todos los grupos salvo Vox y Aliança Catalana han solicitado el impulso de dicha ponencia, en la que cada grupo deberá tener su representante y empezar a redactar un texto.

En la Mesa también se ha abordado una proposición de ley de Junts en relación al uso de suelo no urbanizable y se ha admitido a trámite una proposición de ley de Vox de derogación de la Ley de Acción Exterior y de relaciones con la UE.

La consellera de Familias y Asuntos Sociales, Catalina Cirer, se ha comprometido a "gestionar de la mejor manera" los flujos migratorios que llegan a Baleares pero ha descargado la responsabilidad del control de las fronteras en el Gobierno central.

Lo ha dicho este martes durante el pleno del Parlament después de que el diputado de Vox Sergio Rodríguez le preguntara por su compromiso para evitar el "efecto llamada" que, a su parecer, provoca que los migrantes se dirijan al archipiélago a bordo de pateras.

"La migración es uno de los retos de nuestro tiempo y no lo podemos afrontar desde la indiferencia. Estamos comprometidos con el bienestar, la seguridad de los ciudadanos y trabajamos para gestionar de la mejor manera los retos de la migración. Ese es mi compromiso, trabajar para hacer todo esto posible", ha apuntado Cirer.

No obstante, ha dicho no querer descargar de responsabilidades a quien tiene las competencias en materia migratoria y control de fronteras, el Gobierno. "Dependen de él de forma exclusiva y por ahora no hemos tenido mucha suerte, ya que solo ha centrado su política migratoria en el reparto de menores no acompañados", ha lamentado.

El reparto, ha ahondado, se ha hecho con "criterios variantes, poco claros y basados en seguir contentando a sus socios de Junts".

De cara a la Conferencia de Presidentes autonómicos del próximo viernes, Cirer se ha mostrado convencida que la líder del Govern, Marga Prohens, pondrá sobre la mesa la necesidad de trabajar en los países de origen, controlar las fronteras y reclamar la ayuda de la Unión Europea (UE).

También ha deseado que la previsible nueva secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, dado que es conocedora de la realidad de Baleares, adopte las medidas necesarias para hacer frente a esta problemática.

El presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, ha asegurado estar "tranquilo" y "centrado" en sus "responsabilidades" a su llegada al primer pleno de la Cámara tras conocer que será juzgado por un presunto delito de odio.

Así lo ha dicho este martes en declaraciones a los medios a su llegada al Parlament, en las que ha remitido a los grupos parlamentarios la decisión de cesarlo o no.

De su lado, la portavoz de Vox, Manuela Cañadas, ha subrayado minutos después que su formación votará en contra de la remoción del presidente de la Cámara y ha reiterado "aquí todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario".

MÉS per Mallorca ha solicitado este lunes la activación del artículo 9 del Parlament para la suspensión como diputado del presidente de la Cámara autonómica, Gabriel Le Senne, una vez que la Audiencia Provincial ha desestimado el recurso presentado por el político de Vox y ha anunciado que se abrirá el juicio oral por presunto delito de odio.

El portavoz de los ecosoberanistas, Lluís Apesteguia, ha asegurado que la normativa parlamentaria establece que los diputados deben quedar suspendidos en sus derechos y deberes una vez se dicte un auto firme de procesamiento o de apertura de juicio oral.

No obstante, ha reconocido que dicha suspensión requiere una mayoría absoluta en el Parlament, algo que ha considerado "poco probable" que se produzca ya que consideran que la presidenta del Govern, Marga Prohens, "es afín a la extrema derecha y no le sabe mal arrastrar por el barro la dignidad de las instituciones a cambio del apoyo de Vox", ha subrayado.

Desde la formación han vuelto a lamentar que Le Senne no haya dimitido ni haya sido cesado un año después del incidente. Según MÉS, el gesto fue "impropio" del cargo institucional y lo han calificado como una "acción de odio relacionada con el franquismo y las víctimas de la guerra civil".

Asimismo, han criticado a la presidenta del Govern por haber acordado recientemente la derogación de la Ley de Memoria Democrática, algo que, según Apesteguia, ha permitido que este tipo de actos queden "legalizados o incluso promovidos".

Vox ha manifestado su "confianza en la justicia" en el proceso judicial abierto contra el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, pero han recalcado que no han llegado a la política institucional para "mantener asientos".

De esta manera se ha pronunciado la portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, al ser preguntada en rueda de prensa por la decisión que tomará su partido, si finalmente los tribunales optan por enjuiciar al representante de la Cámara balear por un posible delito de odio por romper una foto de las Rojas del Molinar [la pregunta se ha formulado antes de conocerse la resolución de la Audiencia de Palma].

Cañadas ha señalado que le parecería "injusto" que el PP apoyara una remoción a Le Senne pero ha reconocido que "entendería todas" las decisiones que pudieran adoptar los distintos partidos políticos, aunque ha pronosticado que la izquierda "montará ruido" y hará su "performance".

Asimismo, ha indicado que, cuando llegara el momento, su partido "se pronunciará a nivel nacional", por lo que por ahora ha preferido mostrase "cautelosa".

Consultada por si existe alguna preocupación en su partido por las críticas que ha despertado el acuerdo presupuestario con el PP entre el sector educativo o asociaciones como la Obra Cultural Balear (OCB), Cañadas ha alegado que no le preocupan "nada", puesto que España es "un país libre y democrático" hasta que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "lo permita".

En ese sentido, ha cargado contra este tipo de organizaciones a las que ha acusado de tener "redes clientelares" para "conseguir subvenciones" a través de la "confrontación" y los "discursos de odio" a costa del catalán.

Así, ante las posibles manifestaciones que se puedan producir como respuesta al pacto para las cuentas públicas, Cañadas ha aseverado que ya siente el apoyo de las bases en las redes y el que tuvo Vox en las urnas en las elecciones autonómicas de 2023.

"Hay manifestaciones a nivel nacional más importantes contra Sánchez, que es quien lleva a la ruina, como para pelearse por el catalán que solo les afecta a la OCB y a MÉS per Mallorca, mientras que al resto de ciudadanos les trae sin cuidado", ha sostenido.

Para la parlamentaria "el pueblo español ha hablado en las urnas" y, a su juicio, este también sería "el pueblo balear", por lo que ha reivindicado la mayoría que tienen PP y Vox en el hemiciclo de Baleares.

Al hilo de la petición de comparecencia de la presidenta del Govern, Marga Prohens, en el Parlament para explicar el acuerdo entre PP y Vox, ha reiterado que "no hay que dar tantas explicaciones" porque "los ciudadanos hablaron en las urnas".

"Prohens que haga lo que quiera pero, si fuera ella, diría que hay cosas más importantes que hacer que dar explicaciones porque las urnas ya le dijeron a la oposición que no les querían en el Govern", ha puntualizado.

LOS JURISTAS SE ENCARGARÁN DE LAS REFORMA EDUCATIVA

Otro de los asuntos por los que se ha consultado a Cañadas es la manera en que se llevará a cabo la reforma educativa que posibilite que el castellano pase a ser lengua vehicular en la enseñanza de Baleares.

Sobre este asunto ha apuntado que se encargarán los "asesores jurídicos y los juristas" pero ha reconocido que "no lo han hablado", por lo que ha señalado que se hará con el instrumento que sea "más rápido".

La Audiencia de Palma ha desestimado el recurso presentado por el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, y de la Fiscalía, de modo que el presidente finalmente será juzgado como presunto autor de un delito de odio por romper una imagen de Aurora Picornell y las Roges del Molinar.

La Sección Segunda de la Audiencia ha dictado una interlocutoria en la que confirma que el presidente de la Cámara será juzgado, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Baleares.

El Tribunal ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por Le Senne contra la decisión del Juzgado de Instrucción número 1 de Palma que acordaba proseguir con la investigación y posteriormente abrir juicio oral.

La Audiencia en su resolución desestima todos los motivos alegados por la defensa del investigado y expone que las cuestiones relativas a la suficiencia de los indicios de la conducta investigada se tienen que resolver en un juicio oral.

Asimismo, el Tribunal cree que no es posible en este momento archivar la causa porque los hechos que plantea la defensa del investigado son propias de la vista pública, al existir indicios de que los hechos investigados hubieran sucedido en la forma que relata el juez instructor.

La defensa de Le Senne señalaba que éste no tenía intención de romper la foto cuando la arrancó del ordenador y que no había motivación de forma dolosa. La Sala coincide con el juez instructor a la hora de valorar que las imágenes del pleno en cuestión y la declaración de Mercedes Garrido aportan "un contexto indiciario compatible con la posible concurrencia de dolo".

"La forma aparentemente contundente y enfadada con la que Le Senne arrancó la fotografía de las Roges del Molinar del ordenador de Garrido podría resultar objetivamente compatible con una conducta intencionada de romper la foto", expone, agregando que esta cuestión debe ser debatina en un juicio.

En cuanto al argumento de que Le Senne actuó amparado por su función de presidente del Parlament que debe mantener el orden del debate, el Tribunal expone que el ejercicio de las funciones de presidente "no son una excusa absolutoria ni una justificación en la comisión de delitos".

Igualmente, considera que la valoración de si los hechos se concluyen o no entre las funciones del presidente de la Cámara precisan de un estudio previo.

Según la resolución, la defensa del investigado no solicita ante este Tribunal que realice una valoración sobre si los hechos investigados pueden ser considerados, por si mismos, constituidos de delito. Por tanto, el recurso no incide en la "relevancia penal de los hechos investigados, sino en cuestiones relativas a la intencionalidad del investigado o sobre los indicios sobre los cuales el juez que a quo ha elaborado su relato de los hechos punibles".

La causa tiene su origen en el incidente que el presidente de la Cámara autonómica protagonizó en un pleno en el que arrancó las fotografías de Aurora Picornell y las Roges del Molinar que dos diputadas socialistas lucían en sus portátiles mientras se debatía la toma en consideración, a propuesta de Vox, de la derogación de la ley de memoria democrática.

La Fiscalía Superior de Justicia de Cataluña se ha opuesto al indulto de la expresidenta del Parlament y expresidenta de Junts, Laura Borràs, condenada a cuatro años y medio de cárcel por su gestión al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) entre 2013 y 2018, al no apreciar "ningún comportamiento que permita inferir una mínima aceptación de la conducta delictiva perpetrada", así como el propósito de no reincidir.

Según el informe de la Fiscalía, consultado por Europa Press, Borràs "no ha aceptado en ningún momento su responsabilidad" y haber actuado al margen de la ley, y tampoco ha exteriorizado el más mínimo signo de arrepentimiento por las conductas que motivaron su condena, textualmente.

Alude a algunas de las manifestaciones que Borràs hizo durante el proceso negando su responsabilidad en el delito, reivindicando su inocencia y "deslegitimando la actuación jurisdiccional" afirmando que fue víctima de una persecución judicial por sus ideas políticas.

"Por tanto, la señora Borràs no se halla reeducada ni rehabilitada socialmente, y por consiguiente, no se ha alcanzado la finalidad de prevención especial que se persigue con el cumplimiento efectivo de las penas impuestas", considera la fiscal Assumpta Pujol.

Asimismo, considera que "no se da ninguna razón fundamentada en derecho que se justifique la concesión" del indulto.

INDULTO PARCIAL

El pasado marzo, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) dictó un auto en el que elevaba al Gobierno una propuesta de indulto parcial en favor de Borràs respecto a la pena de 4 años y medio de prisión a la que fue condenada en marzo de 2023, así como a 13 años de inhabilitación y una multa de 36.000 euros.

Sin embargo, el TSJC puso como condición que no cometiera nuevos delitos durante el plazo de la suspensión y que realizara 146 días de trabajo en beneficio de la comunidad.

El PP ha apelado a la presunción de inocencia en el caso del enjuiciamiento del presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, y ha admitido que su continuidad "no fue un elemento que se negociara" en las últimas semanas con Vox, junto a los Presupuestos de 2025.

Así se ha pronunciado el portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, a preguntas de los medios de comunicación sobre el futuro de representante de la cámara autonómica, antes de conocerse que definitivamente sería procesado por un posible delito de odio por romper una foto de las Rojas del Molinar.

El diputado ha alegado que "no le gusta hacer futuribles" y ha dicho que, cuando decidiera llevar a juicio, "se valoraría". Aún así, ha reconocido que aquel día Le Senne "se equivocó" pero lo ha excusado en la "actitud indeseable" de la diputada del PSIB Mercedes Garrido --la parlamentaria que tenía pegada la foto en su portátil--.

Sagreras ha reprochado que Garrido "siempre" tiene esta actitud en la Mesa del Parlament, que ha considerado que "no es neutral" y con una "participación activa", incluso cuando otros diputados hacen uso de su turno de palabra desde el atril.

((Habrá ampliación))

El vicesecretario de Comunicación de ERC, Isaac Albert, ha pedido al Gobierno que "se pongan las pilas" con la financiación singular de Cataluña y ha reclamado que haya hechos y concreciones sobre este tema, para el que acordaron con los socialistas tener un acuerdo sobre el modelo de financiación antes del 30 de junio.

"Las buenas palabras están. Nosotros no tenemos por qué dudar de los posicionamientos claros del Comité Federal del PSOE y del presidente Illa en sesión parlamentaria. No tenemos por qué dudar de sus palabras. Ahora, las palabras están muy bien, pero necesitamos hechos", ha insistido este lunes en rueda de prensa.

Ha explicado que se están produciendo las reuniones necesarias para que la financiación "avance en los plazos" acordados, pero ha señalado que no se trata tanto de la fecha límite sino de tener el modelo de financiación que Cataluña merece, textualmente.

Albert ha calificado de "escenificación" la conferencia de presidentes autonómicos que se celebrará el viernes en Barcelona, pero ha insistido en que el Gobierno debe comenzar a concretar y pasar de las palabras a los hechos en el tema de la financiación.

"Una vez más, el PSOE se piensa que contenta a Cataluña con la gesticulación, con la escenificación, trayendo esta conferencia de presidentes a Barcelona", ha lamentado el dirigente republicano,

Ha insistido en que Cataluña no necesita "anuncios vacíos" de contenido sino cumplir los acuerdos de investidura tanto del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como del de la Generalitat, Salvador Illa.

RODALIES

Sobre la redacción de los estatutos de la nueva empresa de Rodalies, Albert ha asegurado que "la negociación avanza bien", y ha detallado que han hecho aportaciones al texto y que se están cumpliendo los plazos acordados con los socialistas.

Preguntado por si una discrepancia con el Govern sobre la ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat pondría en riesgo futuros acuerdos con los socialistas, Albert ha respondido que "el tema aeroportuario no va de ampliación, va de gestión", y lo ha equiparado a lo que ocurre con Rodalies.

Ha sostenido que el posicionamiento de ERC sobre ampliar el Aeropuerto es conocido por el Govern, y ha señalado que las mayorías en el Parlament "son diversas y el Govern puede hacer las propuestas que crea convenientes y encontrar los socios que le peritan sacarlas adelante".

Albert ha acusado a Aena de hacer chantaje --textualmente--, al "vincular la construcción de la terminal satélite con la ampliación de la pista", y ha sostenido que Aena lo hace, a su juicio, para favorecer al Aeropuerto de Madrid y en contra de los intereses de Cataluña.

Vox ha manifestado su "confianza en la justicia" en el proceso judicial abierto contra el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, pero han recalcado que no han llegado a la política institucional para "mantener asientos".

De esta manera se ha pronunciado la portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, al ser preguntada en rueda de prensa por la decisión que tomará su partido, si finalmente los tribunales optan por enjuiciar al representante de la cámara balear por un posible delito de odio por romper una foto de las Rojas del Molinar.

Cañadas ha señalado que le parecería "injusto" que el PP apoyara una remoción a Le Senne pero ha reconocido que "entendería todas" las decisiones que pudieran adoptar los distintos partidos políticos.

Asimismo, ha indicado que, cuando llegue el momento, su partido "se pronunciará a nivel nacional", por que por ahora ha preferido mostrase "cautelosa".

((Habrá ampliación))

El vicepresidente autonómico y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha sido recibido sobre las 13.30 horas por el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, a quien le ha hecho entrega del proyecto de ley que ahora deberá comenzar su tramitación parlamentaria.

Se estiman en seis semanas el tiempo necesario para poder realizar los trámites necesarios antes de que el texto legislativo llegue al pleno de la Cámara autonómica para su aprobación definitiva, que debería salir adelante con los votos del PP y de Vox.

Para que esto sea posible, la Junta de Portavoces del pasado miércoles ya aprobó un calendario provisional para habilitar el mes de julio como periodo de sesiones, que normalmente acaba en junio.

Unas sesiones que el Govern, en el documento que ya consta en el registro parlamentario, pide que se habiliten para que el proyecto de ley se pueda estudiar, tramitar y, si corresponde, aprobar.

El texto pide que el Gobierno limite la compra de propiedades inmobiliarias por parte de personas físicas y jurídicas de fuera del Estado español a únicamente aquellas que tengan residencia permanente o que puedan acreditar que han vivido un mínimo de cinco años consecutivos en el territorio donde quieran realizar la compra, han explicado este viernes los republicanos en un comunicado.

Asimismo, reclama limitar la inversión extranjera que tenga por objeto la compra o construcción de inmuebles para comercializarlos, prohibir la obtención de licencias de viviendas turísticas a personas físicas y jurídicas extranjeras o eliminar los beneficios fiscales de las socimi (sociedades cotizadas de inversión inmobiliaria).

Por otro lado, ERC propone reducir el impuesto de transmisiones patrimoniales (ITP) para la compra de la primera vivienda por parte de personas residentes en Cataluña.

El objetivo, argumentan los republicanos, es "garantizar el derecho a la vivienda, priorizando el acceso del uso residencial habitual y permanente, y limitar el uso especulativo de este tipo de inmuebles".

"No puede ser que desde un despacho en la otra punta del mundo puedas comprar inmuebles en Cataluña para especular", ha enfatizado la diputada de ERC Mar Besses. EFE

La diputada de Junts en el Parlament Ennatu Domingo ha reclamado este lunes al PSC actuar con "máximo consenso" para implementar de forma acordada los cambios que se deban realizar en materia de atención y protección a la infancia.

Lo ha pedido en rueda de prensa en la Cámara catalana tras el anuncio del Govern de suprimir la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (Dgaia) para crear una nueva dirección general más centrada en la protección de los menores, la Dirección General de Prevención i Protección de la Infancia y la Adolescencia (Dgppia).

La diputada de Junts ha pedido a los socialistas consensuar el impulso de una sola comisión de investigación sobre la gestión de la Dgaia, teniendo en cuenta que ahora hay dos propuestas sobre la mesa la mesa: una de PSC-Units, ERC y Comuns, y otra de Junts.

"Pedimos responsabilidad para que se acuerde una", ha manifestado Domingo, con la que quieren conocer cómo se gestionó la Dgaia, los motivos de lo ocurrido y qué cambios deben llevarse a cabo.

GOVERN VA "TARDE"

En su opinión, el Govern va "tarde y ha reaccionado de forma lenta ante una crisis de país" tras lo ocurrido en la Dgaia.

También ha advertido de que el hecho de que el Govern no disponga de Presupuestos aprobados hará que muchos de los cambios anunciado queden en "papel mojado, en un simple titular y esto generará frustración".

El secretario general del PP catalán, Santi Rodríguez, ha calificado de cosmética la decisión del Govern de cambiar el nombre de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (Dgaia) por el de Dirección General de Prevención i Protección de la Infancia y la Adolescencia (Dgppia): "El nombre no hace la cosa".

"Es más cosmético que otra cosa porque, en realidad, el nombre no hace la cosa. Se limitan a sustituir la palabra atención a la infancia por prevención y protección a la infancia", ha sostenido este lunes en rueda de prensa.

También ha defendido la necesidad de crear una comisión de investigación en el Parlament sobre la gestión de la entidad.

VUELO BARCELONA-TOKYO

En relación a que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, haya explicado que están realizando "gestiones" para que haya un vuelo directo entre Barcelona y Tokyo, Rodríguez se ha preguntado qué deben pensar los usuarios de Rodalies al respecto.

"Es una buena noticia seguro para la economía catalana, y supongo que también será posible si algún día se desencalla la necesaria ampliación del Aeropuerto del Prat. Pero vemos que el presidente está afrontando determinados retos y está abandonando lo que es más cercano" a los catalanes, ha manifestado.

La consellera de Territorio y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha asegurado que prevé tener lista en septiembre de este año la revisión del plan especial de sequía por parte de la Agència Catalana de l'Aigua (ACA).

Así lo ha anunciado este miércoles en la sesión de control al Govern en el pleno del Parlament, donde ha detallado que la ACA está revisando el plan tras "más de 50 meses de sequía extrema".

Paneque también ha asegurado que en este proceso de revisión contarán "con todos los sectores, desde el ámbito ambiental hasta el ámbito industrial, turístico y agrícola".

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha defendido este miércoles la decisión del Govern de cerrar la oficina de Acció en Tel Aviv (Israel) tras acordarlo con los Comuns, y ha sostenido que el Govern "ha tomado la decisión que debía tomar cuando debía tomarla".

"La posición del Govern de Cataluña ha sido siempre clara. No defendemos una doble barra de medir. Lo que sirve para un conflicto --Ucrania-- sirve para otro, en Gaza", ha dicho en el Parlament en respuesta a la líder de la CUP, Laia Estrada, que le ha preguntado textualmente cuantos asesinatos hacían falta para cerrar la oficina.

Illa ha respondido que "nadie puede dudar de la actitud del Govern en relación con lo que está ocurriendo en Gaza".

"Hemos defendido siempre que exista la misma vara de medir en todos los casos. Las imágenes que nos llegan son sobrecogedoras. Y el Govern de Cataluña ha tomado la decisión que debía tomar cuando debía tomarla", ha expresado.

"COMPLICIDAD INTERNACIONAL"

Por su parte, Estrada ha celebrado la decisión, pero ha criticado que se ha tomado tarde, a su parecer, y que su formación ya lo había pedido al inicio de la legislatura: "Han sido necesarios 19 meses de exterminio. Han sido necesarios 60.000 muertos, 60.000 asesinatos".

"Coherencia significa que si se denuncia un genocidio es necesario romper inmediatamente relaciones políticas y comerciales con el país, con el estado genocida. Sí, cierran ustedes la oficina, pero también significa que tienen el deber y la responsabilidad de garantizar que no existe ningún tipo de relación comercial con Israel", ha añadido.

En este sentido, ha reclamado que se prohíba la "propaganda" en favor de Israel en la feria Aviation Week que se celebra en Barcelona.

Finalmente, ha lamentado que la situación en Gaza está siendo posible por "la complicidad internacional, no solo de los Estados Unidos, sino también de la Unión Europea, con un papel vergonzoso y lamentable".

Govern cerrará este miércoles por la mañana la oficina del Departamento de Acció en Tel Aviv (Israel) tras acordarlo con los Comuns, según han confirmado fuentes de la Govern a Europa Press.

Según ha avanzado 'Catalunya Ràdio', el acuerdo se formalizará en la reunión de este miércoles a las 8.15 horas en el Parlament entre el conseller de Presidencia Albert Dalmau con la presidenta de los Comuns en el Parlament Jéssica Albiach.

La delegación de Acció en la capital israeliana se abrió hace 10 años, el 17 de junio del 2015.

Govern cerrará este miércoles por la mañana la oficina del Departamento de Acció en Tel Aviv (Israel) tras acordarlo con los Comuns, según han confirmado fuentes de la Govern a Europa Press.

Según ha avanzado 'Catalunya Ràdio', el acuerdo se formalizará en la reunión de este miércoles a las 8.15 horas en el Parlament entre el conseller de Presidencia Albert Dalmau con la presidenta de los Comuns en el Parlament Jéssica Albiach.

La delegación de Acció en la capital israeliana se abrió hace 10 años, el 17 de junio del 2015.

La portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha abogado este martes por una refundación de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (Dgaia) tras las informaciones sobre supuestas irregularidades económicas y el caso de la menor agredida sexualmente: "Corresponde una transformación absolutamente profunda".

En una rueda de prensa tras el Consell Executiu de este martes ha defendido textualmente que, más que actuaciones y medidas quirúrgicas, es necesario transformar la dirección general "de los pies a la cabeza", y ha asegurado que el Govern está comprometido llegar hasta el final en estas cuestiones.

Ha afirmado que en 3 o 4 semanas la conselleria de Derechos Sociales e Inclusión "estará a disposición para explicar en profundidad qué significa esta refundación" porque, en sus palabras, el Departamento no ha empezado ahora ni hace una semana.

En este sentido, ha sostenido que reciente el relevo al frente de la Dgaia perseguía este objetivo: "Responde precisamente a este diagnóstico que se había hecho desde el propio Departamento de que era necesario un cambio profundo, empezando por la dirección, para empezar una nueva etapa en la Dgaia".

COMISIÓN EN EL PARLAMENT

Respecto a la comisión de investigación en el Parlament sobre la dirección general, Paneque ha considerado que "puede ser útil" para llegar hasta el final ante casos que ha considerado graves y frente a los que se debe actuar, ha dicho, con contundencia y determinación.

"Corresponde en un ámbito, el de los niños y, por tanto, menores, que es muy sensible y que no podemos permitirnos que funcione de otra manera", ha añadido, a la vez que ha pedido responsabilidad a los grupos de la Cámara.

La directora de la Oficina Balear de la Infancia y la Adolescencia (OBIA), Esther Balaguer, ha afirmado que velará porque los menores migrantes dispongan de las "condiciones adecuadas" pese a que la situación en Baleares es "compleja" y "preocupante".

La responsable de este organismo se ha pronunciado de esta manera durante su comparecencia en la Comisión de Asuntos Institucionales y Generales del Parlament, para evaluar su idoneidad en el cargo.

Balaguer ha reconocido que Baleares están "al límite", ya que en estos momentos el archipiélago acoge a 634 menores extranjeros no acompañados, aunque ha apuntado que la OBIA no tiene competencias porque estas pertenecen a los Consells insulares.

De este modo, ha asegurado que ella ya ha visitado todos los centros de acogida de estos menores en Mallorca y próximamente acudirá a los del resto de islas. Así, ha indicado que harás las diligencias pertinentes para cerciorarse para que los menores migrantes estén "bien atendidos" en los centros.

((Habrá ampliación))

La portavoz parlamentaria adjunta del PP, Marga Durán, se ha mantenido "muy prudente" este lunes, en una rueda de prensa en el Parlament, al ser preguntada por los medios sobre la negociación de presupuestos que el Govern del PP mantiene con el grupo parlamentario de Vox, aunque ha dejado claro que este partido "no se vende".

Durán ha respondido así a las palabras del portavoz parlamentario de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, quien ha planteado que el PP "querría vender" la lengua propia de esta comunidad "como un plato de lentejas a cambio de tres días en el Consolat".

"No permitiré al señor Apesteguia ni a ningún otro portavoz que diga que el PP se vende", ha expresado de manera contundente la portavoz adjunta de los 'populares', porque "si el PP a lo mejor hubiera cedido en según que cuestiones, ahora ya habría presupuestos en esta comunidad autónoma", ha añadido Durán.

((Habrá ampliación))

El presidente de Junts, Carles Puigdemont, ha criticado este lunes la pinza en la que convergen los extremos ideológicos, a derecha e izquierda, y también nacionales para "fastidiar" a su partido.

Lo ha dicho en una intervención en una reunión del grupo de Junts en el Parlament en Waterloo (Bélgica), en la que ha asegurado que hay "una convergencia total de intereses con un solo objetivo, fastidiar a Junts como sea".

Ha manifestado que esto pasa porque Junts "molesta a unos y a otros", y ha puesto como ejemplo el Pacte Nacional per la Llengua, que ha afirmado que no firmarán ahora a la espera del dictamen del Tribunal Constitucional sobre el 25% del castellano en las escuelas y a cómo se resuelva la oficialidad del catalán en Europa.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)

La proposición de ley, impulsada por ERC, ha sido aprobada con los votos a favor del PSC-Units, ERC, Comuns y CUP, mientras que Junts y Aliança Catalana se ha abstenido y el PP y Vox han votado en contra.

Este Cuerpo de Acción Exterior se pondrá en marcha en 2026, según avanzó el mismo conseller de Unión Europea y Acción Exterior, Jaume Duch, en una reciente entrevista con EFE.

La iniciativa añade una nueva disposición a la Ley de acción exterior para crear un cuerpo de funcionarios adscrito al departamento competente en materia de acción exterior y Unión Europea para desarrollar las competencias que el Estatut encomienda a la Generalitat en este ámbito.

El texto establece el proceso de selección y las aptitudes y conocimientos requeridos para los profesionales que deben formar parte del cuerpo y define las funciones que tendrán que desarrollar.

Esta es una iniciativa que ya impulsó el Govern de Pere Aragonès, con Meritxell Serret como consellera de Acción Exterior, pero que decayó con el fin de la pasada legislatura. El acuerdo entre el PSC y ERC para la investidura de Salvador Illa establecía que esta propuesta debía retomarse. EFE

mcp-esr/pll/edr

En un auto, al que ha tenido acceso EFE, la titular del juzgado de instrucción número 14 de Barcelona acuerda sobreseer provisionalmente la causa abierta al manifestante, ante la falta de indicios de que tuviera una "voluntad claramente rebelde de desobedecer" a los Mossos d'Esquadra.

El investigado fue identificado por los Mossos junto a una veintena de personas que se concentraron en la calle Pujades para expresar su apoyo al expresident Puigdemont e intentaron entrar en el parque de la Ciutadella, que estaba blindado, para acercarse al Parlament en una protesta de rechazo a la investidura de Illa.

El incidente, que derivó en enfrentamientos con agentes de la policía catalana, ocurrió tras la breve intervención de Puigdemont ante sus fieles en el Arc de Triomf de Barcelona y su posterior huida, camuflado entre una comitiva integrada por líderes de su partido.

En su auto, la jueza argumenta que el atestado que presentaron los Mossos d'Esquadra contra el investigado no le atribuye "ninguna conducta concreta, más allá de posiblemente ser uno de los manifestantes que presuntamente acometieron contra el cordón policial".

Ante la falta de identificación del investigado, quien se acogió a su derecho a no declarar cuando fue citado en el juzgado, la magistrada acuerda el archivo de la causa al no poder concluir que tuviera una "voluntad claramente rebelde de desobedecer y de desprestigiar el principio de autoridad". EFE

El Grupo Parlamentario Popular ha pedido a los partidos con representación en el Parlament que este martes, 4 de febrero, en la primera sesión plenaria del año en la Cámara Autonómica, se posicionen y pidan al presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, que reconozca la ruta argelina como vía de inmigración consolidada.

Así lo ha solicitado este lunes, en rueda de prensa, la portavoz adjunta del Grupo Popular en el Parlament, Marga Durán, quien además ha instado a todos los grupos parlamentarios a solicitar al Gobierno, todos los recursos materiales y humanos para hacer frente a la llegada de inmigrantes por esta ruta entre Argelia y Baleares.

"En el PP no vamos a permitir que el Gobierno de Sánchez siga negando que se haya consolidado la ruta argelina de acceso a la Unión Europea a través de nuestras islas", ha señalado.

Así, Durán ha expuesto que "la PNL que se debatirá este martes en el pleno pone negro sobre blanco la problemática a la que el PSOE está dando la espalda dado que las cifras hablan por sí solas: 2024 ha sido año récord de llegada con 5.836 inmigrantes a bordo de 346 embarcaciones" y, pese a ello, "ha habido que ver como Armengol, la tercera autoridad del Estado, niega que exista una ruta consolidada entre Argelia y Baleares además de afirmar la gran mentira de que el 94% de los migrantes han llegado de forma legal y regulada".

"Es evidente que no hay más ciego que el que no quiere ver", ha considerado la 'popular', exigiendo al Gobierno de Sánchez "que dé prioridad a este asunto en su agenda política y lidere en la Unión Europea cambios en la gestión de las rutas migratorias".

"Hay que perseguir de manera eficaz a quienes promuevan y se lucren con la entrada, la circulación y la estancia irregular de estas personas", ha añadido Durán mientras que ha recordado la necesidad de "dotar las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Baleares de los medios suficientes y de los reconocimientos económicos que dignifiquen su trabajo, como la equiparación salarial real con otros cuerpos autonómicos y la actualización del complemento de indemnización por residencia", ha concluido Durán.

El pleno del Parlament ha aprobado este jueves una moción de la CUP que insta al Govern a descartar el convenio que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, firmó el 8 de enero con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para mejorar el sistema educativo catalán.

Este punto de la moción ha prosperado con los votos a favor de Junts, ERC, Comuns y CUP, el voto en contra de PSC-Units y Vox y la abstención de PP y Aliança Catalana (AC), y ha reclamado que se descarte este pacto con la OCDE de acuerdo con la comunidad educativa y que se cumplan los acuerdos y propuestas que se aprobaron en el pleno monográfico de educación.

Además, ha salido adelante un punto del texto que pide aprovechar la negociación para el futuro decreto de conciertos educativos, que deberá entrar en vigor en 2026, para posibilitar la pérdida de líneas educativas en centros concertados en caso de falta de alumnado, "tal y como sucede actualmente en los centros educativos de titularidad pública".

El portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, ha evitado pronunciarse sobre la continuidad de Gabriel Le Senne al frente de la presidencia de la Cámara si finalmente se abre juicio contra él por delito de odio.

"No hacemos futuribles ni adelantamos acontecimientos", ha remarcado el portavoz en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, en la que ha agregado que no le corresponde a él hacer estas valoraciones.

En este sentido, ha asegurado que su formación "respeta profundamente" los tiempos y calendarios de la justicia.

El pleno del Parlament ha aprobado este miércoles la convalidación del decreto de necesidades financieras del sector público en prórroga presupuestaria, con los votos a favor de PSC-Units, ERC y Comuns, el 'no' de Junts, PP, Vox, CUP y Aliança Catalana.

Este decreto también incluye el incremento del 3% del Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) y los pagos indebidos de la renta garantizada de ciudadanía (RGC).

El decreto llega después de que ERC haya descartado negociar las cuentas de 2025 con el Govern del PSC, que han tenido que prorrogarse.

ALÍCIA ROMERO

La consellera de Economía y Finanzas de la Generalitat, Alícia Romero, ha presentado dicho decreto como la vía para formalizar operaciones de endeudamiento con el límite de saldo del 2023, también el de entidades del sector público, y la posibilidad de prestar avales.

En paralelo, ha asegurado que la voluntad del Govern es aprobar los Presupuestos de la Generalitat de 2025, aunque es consiente de, en sus palabras, la humildad de 42 diputados: "Si no es posible deberemos buscar los instrumentos que también dispone este Parlament para poder tener los mejores recursos o los máximos recursos posibles para salir adelante".

Asimismo, ha puntualizado que se intenta poner una solución de urgencia y no definitiva en torno a la gestión de la renta garantizada de la ciudadanía, y ha considerado "injusto" que, debido a algunas deficiencias en la propia gestión interna, las familias vulnerables se vieran perjudicadas.

JUNTS PIDE UNA LEY

En el turno de los grupos, el diputado de Junts Antoni Castellà ha acusado de "arrogante" al presidente del Govern, Salvador Illa, por prometer unos presupuestos para el 1 de enero y no tenerlos, y ha exigido al Ejecutivo catalán que retire el decreto de prórroga y presente una ley con más medidas para cubrir las emergencias de la administración catalana.

El diputado de ERC Albert Salvadó ha dado al Govern el plazo de un año para avanzar hacia un "concierto económico solidario para Catalunya" con los cambios normativos necesarios y dimensionando la agencia tributaria catalana, y ha reiterado que, pese al voto favorable de los republicanos a la prórroga, sin financiación singular tampoco habrá presupuestos en 2026.

Por su parte, el portavoz del grupo del PP, Juan Fernández, ha tildado de primer gran engaño de Illa, textualmente, que el Govern no tenga unos presupuestos que previó para inicios de año, y ha advertido que, con la prórroga, se mantienen las prioridades que tuvieron anteriores gobiernos independentistas: "Comiencen a trabajar porque su gobierno empieza a descarrilar".

La diputada de Vox María García Fuster ha asegurado que el objetivo del Govern con este decreto es "sobrevivir un año más despilfarrando el dinero de los catalanes", ha tachado de débil al Ejecutivo catalán y les ha pedido que convoquen elecciones ya.

GEOMETRÍA VARIABLE

David Cid (Comuns) ha reprochado a Junts votar en contra de un decreto "que si no se aprueba la Generalitat entra en quiebra", tras lo que les ha recordado que en 2018 y 2019 aprobaron decretos similares con el apoyo de Cs y PP, tras lo que ha pedido al Govern que cumpla el acuerdo de investidura pese a que no haya Presupuestos en 2025 y les ha avisado que tengan cuidado con hacer geometría variable en la Cámara catalana.

La diputada 'cupaire' Laure Vega ha reclamado a Illa que "abra los ojos, que están en minoría y toca arremangarse y hacer política", y ha criticado que la CUP se haya enterado por la prensa sobre el régimen sancionador de la Ley de Vivienda, acordada con los Comuns, tras lo que les ha reprochado que digan que no se puede hablar con su formación.

La líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, ha dicho que no aprobarán ninguna prórroga mientras "no haya una fiscalización apropiada que impida el acceso fraudulento a las ayudas vía empadronamientos irregulares", aunque se ha mostrado favorable en mantener inversiones en infraestructuras ya iniciadas.

Jordi Riba (PSC) ha destacado que el decreto permitirá adecuar las necesidades financieras de la Generalitat, y aunque ha reconocido que les hubiera gustado que se aprobaran las cuentas ha dicho a Junts que es "poco humilde" que les critiquen no haber podido aprobar Presupuestos cuando en 2013, 2016, 2018, 2019 y 2021 el Govern, que entonces presidían, tampoco pudo hacerlo.

El conseller de la Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, ha asegurado que la convocatoria de las comisiones bilaterales entre el Gobierno y la Generalitat durante el mes de febrero han sido fruto de la "mano tendida y la voluntad de diálogo" del Govern y de su vocación de entente con el conjunto de las instituciones.

Lo ha dicho durante la sesión de control al Govern en el Parlament, en que celebrado que se convoque la Comisión Mixta de Transferencias que tras 14 años sin reunirse, y que tienen el objetivo de defender el autogobierno de Catalunya y "dar cumplimiento a los acuerdos de investidura" con Comuns y ERC.

Dalmau ha asegurado que Catalunya está empezando un tiempo nuevo, ha celebrado lo que considera buenas noticias económicas, y se ha mostrado sorprendido por la posición de algunos grupos durante la sesión de control al Govern: "Todos sabemos de donde venimos", ha dicho.

Ha dicho que la actitud positiva, pero también exigente del Govern, ya ha dado sus frutos en lo que llevan de legislatura porque se ha conseguido "llegar a acuerdos en beneficio de los ciudadanos de Catalunya".

"¿De qué hemos avanzado en una Junta de Seguridad en la que se ha anunciado el compromiso para avanzar en los 25.000 agentes de Mossos d'Esquadra, liderada por la consellera Parlon? ¿O las reuniones que ha mantenido el conseller Espadaler para sacar adelante los nuevos juzgados de multirreincidencia para Barcelona? ¿O la presencia del conseller Ordeig, 13 años después, para defender los intereses de los pescadores de Catalunya en la Comisión Europea?", ha añadido.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmado este miércoles que no tiene "ningún inconveniente en que se esclarezcan" en las instancias convenientes las infiltraciones policiales en movimientos sociales e independentistas si se han hecho al margen del Estado de derecho.

Lo ha dicho durante la sesión de control al Govern en el Parlament en respuesta a dos preguntas de ERC y la CUP sobre esta cuestión, y ha asegurado que su ejecutivo "defiende y promueve" que todo lo que se salga de la legalidad sea investigado, esclarecido y resuelto en las instancias judiciales.

Ha rechazado que sea su competencia "exigir ni dejar de exigir" al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, comparecer en el Parlament para dar explicaciones, y que no tiene información sobre si hay otros agentes policiales estatales infiltrados ni que se produzca por parte de los Mossos d'Esquadra.

ESPIADOS CON PEGASUS

El presidente del grupo de ERC, Josep Maria Jové, ha instado a Illa a reaccionar ante las infiltraciones y el espionaje con el programa Pegasus que ha sufrido el independentismo antes de que les afecte a ellos, y ha afeado que el PSC "justificara" que se llevara a representantes independentistas ante los tribunales por el 'procés'.

Illa ha respondido que nada es perfecto y que hay cosas a mejorar en este sentido, y ha dicho que garantizará que todo el mundo pueda defender su proyecto político: "Haré todo lo que esté en mi mano para que todo el mundo pueda defender, dentro del marco de la legalidad, incluso proyectos políticos en los que yo no coincido y en los que no estoy de acuerdo".

"RELACIONES AFECTIVAS, SEXUALES Y FAMILIARES"

La diputada de la CUP Pilar Castillejo ha reprochado a Illa que la consellera y portavoz del Govern, Silvia Paneque, dijera que las actuaciones de los cuerpos policiales "se adecuan al marco normativo vigente con las garantías existentes".

Castillejo ha añadido que, con estas declaraciones de Paneque, deduce que el Govern ve con buenos ojos que los infiltrados "establezcan relaciones afectivas, sexuales y familiares incluso en algunos casos, con personas engañadas, que no sabían que sus parejas eran policías", a lo que Illa ha respondido que está equivocada.

"Se equivoca. El Govern de Catalunya lo que avala es el cumplimiento del Estado de derecho y lo que defiende y promueve es que todo lo que salga del estado de derecho sea investigado", ha afirmado.

La portavoz de ERC en el Parlament, Ester Capella, ha anunciado este martes que su grupo votará a favor de la prórroga presupuestaria de la Generalitat: "No jugaremos a poner en riesgo el sector público que garantiza derechos y libertades al conjunto de los ciudadanos y ciudadanas".

En una rueda de prensa en el Parlament, Capella ha defendido que la prórroga presupuestaria sirve para mantener inversiones en infraestructuras o en centros científicos, entre otros ámbitos, y ha desligado la decisión a un eventual apoyo a los Presupuestos de la Generalitat ya que, a su juicio, aún no hay condiciones de aprobarlas.

En paralelo, Capella ha informado que ERC votará en contra de validar el decreto del Govern que elimina el régimen sancionador a los ayuntamientos por exceder el consumo de agua máximo durante la sequía porque, en sus palabras, supone un retroceso y una irresponsabilidad por parte del Ejecutivo del presidente Salvador Illa.

El juez que instruye el procedimiento abierto por un delito de odio contra el presidente del Parlament en relación a las fotografías de Aurora Picornell y las Roges del Molinar cree que Le Senne actuó "mostrando rabia, ira y desprecio".

Así consta en la interlocutoria que el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Palma ha dictado y en la que acuerda continuar las diligencias en el procedimiento abierto contra la segunda autoridad del archipiélago por delito de odio.

En el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el juez sostiene que Gabriel Le Senne rompió parte del folio que contenían las imágenes, y el trozo del folio que le quedó en las manos, lo rompió en varios pedazos y los tiró al suelo con "la clara intención de humillarlo".

Cabe recordar que el episodio al que se refiere el magistrado tuvo lugar en el pleno que debatía la toma en consideración, a propuesta de Vox, de la proposición para derogar la ley de memoria democrática.

Fue en aquel pleno del 18 de junio del año pasado cuando, según recoge el juez instructor en la interlocutoria, las dos diputadas socialistas miembros de la Mesa, Mercedes Garrido y Pilar Costa, se negaron a retirar las fotografías que tenían adheridas a la parte trasera de sus portátiles y el incidente se saldó con su expulsión y con Le Senne arrancando las imágenes.

"El ataque llevado a cabo por el investigado con sus actos revela un odio evidente hacia la ideología de las personas que estaban representadas en esas imágenes, causando un evidente daño moral a la memoria de las Roges del Molinar", apunta el juez.

MENOSCABA LA MEMORIA HISTÓRICA

El magistrado se apoya en este caso no sólo en el visionado de las imágenes del pleno sino también en el testimonio que prestó la socialista Mercedes Garrido, "que pudo presenciar in situ y desde una posición privilegiada" la comisión de los actos.

El juez reitera que este comportamiento no sólo menoscaba la memoria de las víctimas, sino también de sus familiares, del partido político al que pertenecían, además de la sociedad en general, ya que las mismas tienen concedidos numerosos honores y distinciones públicas por los valores que representan y simbolizan.

El instructor considera así que Le Senne pudo haber lesionado la dignidad de Aurora Picornell y el resto de víctimas, en contra del criterio de la Fiscalía, que interesó que se acordara el sobreseimiento de las actuaciones entendiendo que no ha quedado debidamente acreditado el dolo que conforma el tipo subjetivo de delito investigado.

NO OCURRIÓ EN "CUALQUIER SITIO" SINO EN EL PARLAMENT

Para el magistrado, no obstante, los hechos no pueden desligarse del lugar, el momento y la persona que comete estos actos y de las personas o grupos de personas contra las que se comete.

"Los hechos no ocurren en cualquier, sino que lo descrito acaece en el Parlament. Tampoco no suceden en cualquier fecha, sino en la fecha en que se está discutiendo la derogación de la ley de memoria democrática. No se cometen por cualquier persona, sino que el sujeto activo es el presidente del Parlament", dice el escrito, "que debió abstenerse de llevar a cabo dichas actuaciones no encajable en modo alguno en el cargo que representa".

"Tampoco esas acciones fueron contra cualquier persona", continúa, "sino contra las que en el seno de la Comunidad Autónoma representaban los ideales de la lucha contra las represiones del régimen dictatorial franquista y que eran figuras notoria y públicamente reconocidas como símbolo de dicha lucha".

El instructor rechaza igualmente los argumentos de Le Senne de que no sabía quiéren eran porque, explica, poco antes la diputada Mercedes Garrido le había indicado de quiénes eran las fotografías. El juez recuerda que incluso al vicepresidente de la Mesa, Mauricio Rovira (PP), la actuación de Le Senne le pareció "desproporcionada y exagerada".

También se apoya el juez en que el letrado mayor del Parlament dijo que la exhibición de las fotografías no había tenido trascendencia en el debate hasta el momento de los polémicos hechos. También al letrado le pareció la reacción de Le Senne desproporcionada.

NO SE PUEDE DESVINCULAR QUE ES UN CARGO DE VOX

El juez, además, cree que la situación no puede desvincularse de Vox, el partido político del que forma parte Le Senne, "que nunca condenó el régimen franquista". El instructor, además, saca a colación manifestaciones en medios y en redes sociales del propio Le Senne, que no pueden dejar de tenerse en cuenta.

"Existen indicios suficientes para entender que el investigado sí tenía la intención de menospreciar, faltar al respeto y vejar las figuras de las Roges del Molinar", insiste, "como consecuencia de sus ideas políticas".

La viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret, ha afirmado este lunes que los socialistas negociarán "hasta el último momento" para aprobar el decreto para la prórroga presupuestaria del Govern en el Parlament.

"El momento actual es el de trabajar intensamente sin renunciar a nada, sin agotar todas las lógicas, para conseguir que este decreto prospere, porque creemos que es bueno en sí mismo", ha remarcado Moret en una rueda de prensa desde la sede del PSC en Barcelona.

Se prevé que en el pleno del Parlament de esta semana se debata y se vote la prórroga de los Presupuestos de la Generalitat, una vez el Govern ya ha admitido que no podrá aprobar unas nuevas cuentas para este año.

Ante ello, Moret ha apuntado que corresponde a la consellera de Economía y Finanzas de la Generalitat, Alícia Romero, liderar las negociaciones de la prórroga presupuestaria, aunque la portavoz ha situado a ERC y los Comuns como prioritarios para pactar "en primera instancia", al ser los socios de investidura.

La portavoz ha destacado que no se plantean la posibilidad de que se rechace la prórroga presupuestaria, y ha defendido el decreto como necesario para tirar adelante políticas que beneficien a la ciudadanía, textualmente.

RELACIÓN CON ERC

En relación a la 'Convención Nacional para la resolución del conflicto político' pactada con ERC para la investidura del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, Moret ha indicado que, por ahora, trabajan en establecer espacios estables de diálogo con los republicanos, textualmente, para acabar de configurar las diferentes comisiones de trabajo.

La portavoz ha añadido que el PSC tiene conversaciones con ERC, pero ha matizado que aún no tienen un espacio de relación estable, teniendo en cuenta, apunta, que la nueva dirección de los republicanos aún está "consolidándose" y tomando sus decisiones, añade.

Asimismo, preguntada sobre las sanciones a los ayuntamientos por consumos excesivos de agua, Moret ha reiterado que el PSC defenderá en Parlament su posición que es el estar "al lado del los ayuntamientos".

El portavoz de Junts, Josep Rius, ha avisado este lunes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que "la pelota está en el tejado del Gobierno", después de que los juntaires votaran el miércoles en el Congreso en contra del decreto ómnibus que incluía la revalorización de las pensiones y la rebaja al transporte público.

En rueda de prensa en la sede del partido, Rius ha instado a Sánchez a que "aproveche" este martes el Consejo de Ministros y ha asegurado que tendrá el apoyo de Junts si presenta un decreto individualizado con la revalorización de las pensiones y del Ingreso Mínimo Vital (IMV), bonificaciones al transporte público y ayudas a los damnificados por la Dana.

El dirigente de Junts ha expresado que, para resolver este paquete de medidas sociales, "Sánchez lo tiene fácil", y ha dejado claro que Junts ha trasladado al PSOE desde el primer minuto que votarán a favor, en sus palabras.

"Solo hace falta que el gobierno español mueva ficha", ha concluido, a la vez que ha sostenido que mañana se aprobarán estos avances sociales en el caso de que el Ejecutivo central decida presentar el decreto exclusivamente con las medidas mencionadas.

Rius confía en que Sánchez tome "decisiones acertadas" en torno a esta cuestión que ha calificado como sensible e importante para muchos ciudadanos.

POSIBLE "PUNTO DE COLAPSO"

Ante el decreto de prórroga presupuestaria catalana que se vota este miércoles en el pleno del Parlament, ha recriminado que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, "ha tirado la toalla", tras romper su promesa de presentar unas cuentas a finales de 2024 y aprobarlas al inicio de 2025.

Por ello, ha valorado que, si no se aprueba dicho decreto, "se volverá a demostrar la debilidad del Govern, que incluso puede llevarlo hasta un punto de colapso".

El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Palma ha dictado un auto en el que acuerda continuar las diligencias previas en el procedimiento abierto por delito de odio contra el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne.

En el auto, el juez considera que hay indicios suficientes para considerar que los hechos investigados pueden ser constitutivos de un delito de odio del que Le Senne puede ser responsable penal.

Las acusaciones tienen ahora diez días para formular escrito de acusación y pidiendo la apertura de juicio oral o bien interesando el sobreseimiento.

La resolución no es firme y cabe recurso de reforma ante el mismo Juzgado.

El auto se ha firmado unos días después de que el fiscal delegado de delitos de odio, José Díaz, pidiera el archivo de la causa.

Barcelona, 27 ene (EFE).- El secretario general del PP de Cataluña, Santi Rodríguez, ha advertido este lunes al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, de que, si no logra que el Parlament apruebe la prórroga presupuestaria, deberá "replantear su continuidad en el gobierno".

El Parlament celebrará esta semana una sesión plenaria en la que se votará la validación o derogación de dos decretos ley del Govern: uno de necesidades financieras del sector público en prórroga presupuestaria y otro en materia de aguas de Cataluña.

En rueda de prensa desde la sede del PPC en Barcelona, Rodríguez ha invitado a Illa a "hacer algún gesto" en caso de no poder aprobar el decreto sobre la prórroga de los presupuestos, ya que, según ha remarcado, "constataría que no hay una mayoría de gobierno".

"Ya no estamos hablando de unos presupuestos; no puede aprobar ni un decreto de prórroga presupuestaria", ha añadido.

Preguntado por los "gestos" que espera de Illa, ha señalado que no puede ofrecer "nada" y que, al igual que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el presidente catalán "no puede esperar que sea el PP el que le saque las castañas del fuego".

Rodríguez también ha avanzado que el PPC "tomará la decisión" sobre la prórroga en función de "lo que pase esta semana".

En caso de aprobarse la prórroga, sobre la que deberá pronunciarse el pleno del Parlament, se extenderán los presupuestos aprobados durante el Govern de Pere Aragonès hasta el final del 2025. EFE

Barcelona, 23 ene. (EFE).- El presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha denunciado en el Parlament irregularidades, lentitud judicial, "boicot" y "ofensivas políticas" en contra de la ley de amnistía que involucra, según sus cálculos, a más de 1.600 personas por causas penales y sanciones administrativas.

En una comparecencia ante la comisión de Justicia y Calidad Democrática en el Parlament, el presidente de Òmnium ha presentado este jueves el informe de la Sindicatura por la Amnistía en el que la entidad cultural catalana señala una aplicación "insuficiente" y "desigual" de la ley en los primeros meses desde que entrara en vigor, en junio de 2024.

El informe recoge un total de 1.610 casos amnistiables entre las causas penales y del Tribunal de Cuentas y, por otro lado, las sanciones administrativas; mientras que en el primer informe de octubre de 2024 se le había aplicado la amnistía al 20 % de los casos pedidos, en este nuevo informe se contabiliza que el 40 % de solicitudes han sido amnistiadas, un proceso "de mucha lentitud", según Òmnium Cultural.

En cuanto a las peticiones de amnistía por causas penales y del Tribunal de Cuentas, el 40 % de los 726 casos aún no se han resuelto, mientras que de las 884 sanciones administrativas, se han pedido 35 amnistías, de las cuales se han concedido 17, con cinco todavía pendientes de su resolución.

Según el presidente de Òmnium, en todos los procesos hay una tendencia "clara" de lentitud en la aplicación de la ley por falta de voluntad de los estamentos judiciales y una "doble vara de medir", con resoluciones "rápidas para policías y en cuentagotas para los civiles".

Antich ha añadido que existe "un boicot activo de una cúpula judicial politizada que interpreta arbitrariamente la ley", además de una "ofensiva política" por parte de gobiernos y parlamentos autonómicos, con un total de 15 recursos presentados por estas instituciones políticas en contra de la ley de amnistía.

Por otro lado, Antich ha anunciado que Òmnium Cultural iniciará una denuncia internacional a la Comisión Europea con este informe sobre la situación de los Derechos Humanos en el Estado de Derecho español. EFE

El presidente de Òmnium, Xavier Antich, ha anunciado que este viernes llevarán ante la Comisión Europea la información que han recopilado "sobre el incumplimiento de la Ley de Amnistía y la obstaculización por parte de la cúpula judicial española" para que la incorporen en el informe que elaboran sobre la situación del Estado de Derecho de los diferentes Estados miembros.

"Este informe es una evaluación periódica que la Comisión Europea elabora sobre la salud democrática de los Estados miembros. Es imprescindible que se tenga en cuenta la grave politización de la cúpula judicial española y el consiguiente incumplimiento de la Ley de Amnistía", ha destacado en su comparecencia en la comisión de Justicia y Calidad Democrática del Parlament.

Tras exigir el cumplimiento de la norma, ha apuntado que el análisis de los datos de los que disponen, a través de la sindicatura que crearon para fiscalizar la aplicación y cumplimiento de la ley, evidencia que "una aplicación insuficiente y desigual" de la amnistía.

"Ha habido un goteo de nuevas amnistías, absoluciones o archivos. Sin embargo, el grado de aplicación de amnistía no es el adecuado", ha lamentado Antich, que ha actualizado con datos y una análisis de tendencias el informe que presentaron en octubre sobre esta cuestión.

DATOS

Siete meses después de la aprobación de la ley, de las 726 personas con causas penales (691) y del Tribunal de Cuentas (35), tienen constancia de 374 peticiones de amnistía: 116 se han otorgado, muchas vinculadas a delitos de desórdenes públicos o atentado contra la autoridad; 24 se han denegado; 47 están suspendidas por interposición de recursos en el Tribunal Constitucional o al Tribunal de Justicia de la Unión Europea; y 33 se han denegado con archivo o absolución posterior.

Según Antich, esto significa que un 39% de los solicitantes han conseguido la amnistía o han visto archivada su causa, mientras que un 41% aún no han sido resueltas, el 7% se han denegado y casi un 13% siguen en suspensión.

De las 884 personas con sanciones administrativas, de las 35 solicitudes efectuadas, 17 han sido amnistiadas, 13 desestimadas y 5 personas están pendientes de respuesta.

Aunque de octubre a enero ha incrementado las peticiones de amnistía en un 11%, pasando de 330 a 374, y el porcentaje de respuesta a las solicitudes, que actualmente está cerca del 60%, cree que su aplicación se ha visto frenada "sobretodo por una cúpula judicial que actúa coordinadamente con los postulados de la derecha y la extrema derecha para criminalizar" el independentismo.

POLICÍAS

También ha precisado que se han amnistiado 137 agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y, en su opinión, la aplicación de la norma en los independentistas "contrasta con la celeridad con la que se ha aplicado a los policías que reprimieron con violencia a los votantes del 1-O".

"Ha habido una doble vara de medir a la hora de aplicar la ley. La amnistía a los policías ha ido rápida y en bloque, beneficiando a casi todo, y la amnistía a las personas represaliadas es lenta y llega con cuentagotas", ha lamentado.

En relación a los líderes políticos que organizaron el 1-O, ha constatado que tienen sus procedimientos judiciales en instancias "que se han movilizado en contra de de la amnistía como el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional o, en parte, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya" y el informe recoge que han recibido más denegaciones o suspensiones de sus solicitudes.

Además, ha lamentado la "ofensiva política" que hay contra la ley al concretar que tienen 15 recursos de inconstitucionalidad presentados por 11 gobiernos y 3 parlamentos de comunidades autónomas, todos admitidos por el Tribunal Constitucional.

Por ello, ha emplazado a los representantes públicos a velar por la aplicación de la ley así como a exponer las irregularidades que se produzcan, y especialmente se ha dirigido a los grupos del Parlament y al Govern: "Ustedes son los representantes de las personas afectadas por esta inaplicación de la ley, y como tal, les toca garantizar sus derechos ahora mismo vulnerados".

"Es necesario que hagan también un seguimiento para que ciertos actores judiciales politizados no la obstaculicen ni usen una doble vara de medir en su aplicación", ha reclamado Antich, que ha animado a pedir la amnistía a aquellos afectados que aún no lo hayan hecho.

DEBATE

El diputado de Junts Agustí Colomines ha acusado al PSOE de ser responsables de la situación actual sobre la aplicación de la Ley de Amnistía, y considera que el informe de Òmnium obvia esta cuestión: "¿Qué ha hecho el Gobierno del PSOE? Hands off, que esto no va con ellos. ¿Qué ha hecho el PP y la extrema derecha? Su trabajo, poner recursos e intentar impedirlo".

Tras erigir la amnistía como un éxito colectivo, el diputado de ERC Joan Ignasi Elena ha puesto la norma como un ejemplo del servicio de la política y cree que su redactado supone "una rectificación del Estado", y por ello ha pedido su cumplimiento.

Desde los Comuns, el diputado Andrés García ha mostrado su satisfacción por las personas que han sido amnistiadas por esta ley pero también ha expresado su preocupación por las que tienen sus casos suspendidos o se les ha negado, y en consecuencia ha reclamado la aplicación de la ley y una reforma del poder judicial, entre otras medidas.

La diputada de la CUP Pilar Castillejo ha admitido que la ley ha aligerado el sufrimiento de las personas que se han visto beneficiadas "pero queda muy lejos de las promesas de reparación que se hicieron a raíz de su aprobación porque no ha conllevado el fin del sistema represivo".

"La ley de amnistía es un cambalache por 7 votos para seguir en el poder", ha sostenido el diputado del PP Alberto Villagrasa, que ha defendido que nadie está por encima de la ley.

El diputado de Vox Rafael Villafranca ha cuestionado la comparecencia de Antich en la comisión "para defender el mayor acto de corrupción política que ha habido desde la democracia, que es la Ley de Amnistía", además de señalar que Òmnium Cultural fue parte activa en el 1-O.

Por parte del PSC, el diputado Antoni Poyato ha defendido que la ley debe servir para superar fracturas y no para ahondar en ellas y, a su juicio, la norma ofrece la posibilidad de pasar página en Catalunya y en el resto de España, pese a admitir que su aplicación es "más lenta y complicada" de lo que querrían.

El primer pleno del Parlament de 2025, que se celebrará del martes al jueves de la semana que viene, votará dos decretos ley, el de prórroga de los Presupuestos y el de modificación de la legislación en materia de aguas aprobado en 2003, así como las cuentas del Parlament y la propuesta de ley de ERC y Comuns sobre el Hard Rock.

Así lo han explicado fuentes parlamentarias tras la reunión de la Mesa, de la Mesa ampliada y de la Junta de Portavoces del Parlament, que han explicado que el martes empezará con la primera parte del debate monográfico sobre emergencias tras la Dana.

En materia presupuestaria, una vez el Govern ya ha admitido que no podrá aprobar unos nuevos Presupuestos para este año, la Cámara debatirá y sacará adelante, si no hay imprevisto alguno, el decreto de medidas financieras y prórroga presupuestaria.

La Mesa Ampliada también ha acordado el proyecto del presupuesto del Parlament para este 2025, y lo ha hecho con los votos de PSC-Units, Junts y ERC, con el rechazo de Vox y Comuns y la abstención de PP, CUP y Aliança Catalana (AC).

Las cuentas de la Cámara suman un total de 63,9 millones de euros, lo que supone un 9,83% más sobre los cerca de 58,25 millones presupuestados en las cuentas prorrogadas de 2024.

El proyecto se eleva al pleno del Parlament para su eventual aprobación y, si sale adelante, lo enviarán al Govern porque debería incluirse en el proyecto de ley de Presupuestos de este año que, finalmente, no será una realidad.

PARTIDAS

La partida más importante de estas cuentas corresponde a las remuneraciones del personal (45,56 millones), que aumenta un 13,08% respecto al 2024, seguida por los gastos corrientes en bienes y servicios (12,35 millones) y transferencias corrientes (3,98 millones), a los que se suman los gastos de inversiones reales (2,03 millones) y la variación de activos financieros (60.000 euros).

Algunos de los objetivos específicos de las cuentas son la digitalización con una partida de 2,06 millones de euros, mejorar la gestión de recursos humanos (641.534 euros), la accesibilidad y la transparencia (458.412 euros), la acción climática (453.499 euros), ampliar espacios (390.000 euros) o la equidad de género, el antirracismo y la no discriminación (284.593 euros).

En el apartado de recursos humanos, el Parlament dispone de una plaza vacante, la de dirección de gobierno interior, que quieren abrir a todos los funcionarios de la administración, no sólo los de la Cámara catalana.

Esto ha provocado una queja del consejo de personal del Parlament, que reclaman que este puesto se reserve al personal parlamentario, y la decisión sobre ello se ha pospuesto 15 días.

Asimismo, la Mesa ha aprobado los presupuestos del Consell de Garanties Estatutàries (3,60 millones de euros), la Sindicatura de Comptes (16,19 millones) y el Síndic de Greuges (7,85 millones).

HARD ROCK

El pleno también votará la proposición de ley presentada por ERC y Comuns para eliminar los beneficios fiscales del Hard Rock, que se tramita por lectura única, un debate que se pospuso en diciembre después de que Junts pidiera un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries (CGE).

El orden del día también incluye tres declaraciones institucionales (sobre Irán, el pueblo gitano y La Bressola) y las cuentas generales de la Generalitat de 2022, un punto que podría decaer en caso de que no haya tiempo.

La Mesa también ha aprobado la petición de Junts para que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, comparezca en la Cámara catalana tras desclasificarse los documentos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sobre el imán de Ripoll (Girona).

Roger Mateos

Barcelona, 18 ene (EFE).- El último puñetazo sobre la mesa del líder de JxCat, Carles Puigdemont, para que el Gobierno de Pedro Sánchez "cumpla los acuerdos" de investidura o asuma ya que la legislatura no tiene más recorrido, ha vuelto a sacudir el tablero político, a la espera de un encuentro crucial Junts-PSOE en Suiza.

La decisión de la Mesa del Congreso de posponer la admisión o no a trámite de la proposición de Junts que emplaza a Sánchez a someterse a una cuestión de confianza, así como el anuncio de Puigdemont de que suspende negociaciones con el PSOE y no hablará de presupuestos mientras no se restablezca un clima de confianza, abren múltiples interrogantes sobre el futuro de la legislatura española.

"Esta semana hemos estado muy cerca del abismo", reconocen fuentes de Junts, que aseguran que si la Mesa del Congreso hubiese rechazado la propuesta sobre la cuestión de confianza, la ruptura con el PSOE habría sido instantánea y habría dejado la legislatura al borde del "colapso", ya que los siete diputados de JxCat son imprescindibles para que Sánchez mantenga la mayoría de la investidura.

La razón que arguyen en Junts para amenazar a Sánchez con negarle su apoyo es que, más allá de buenas palabras y acciones para "ganar tiempo", el PSOE no está concretando en hechos sus compromisos, ya que todo lo que se avanza en reuniones discretas en Suiza, según denuncian, luego apenas tiene traslación en la práctica.

A esta pregunta, un dirigente de Junts consultado por EFE responde que todo "depende del PSOE", lo que significa a su juicio que los socialistas deben "dejar de marear la perdiz" y traducir en resultados tangibles las cuestiones acordadas previamente.

Una es el traspaso integral de competencias en inmigración -las negociaciones han avanzado, pero sigue habiendo escollos, como el control fronterizo-; otra es la oficialidad del catalán en Europa; pero quizá lo más sensible es la Ley de Amnistía, que los jueces no aplican a los líderes del 'procés', mientras los socialistas, según Puigdemont, se muestran pasivos y ni tan solo asumen una simbólica "amnistía política", ya que, por ejemplo, el presidente catalán, Salvador Illa, no ha querido reunirse con él hasta ahora.

Junts también quiere concreciones en otras reivindicaciones como el techo de gasto o una reforma fiscal en línea con sus posiciones.

Puigdemont pedirá formalmente una reunión urgente en Suiza, donde el último año Junts ha mantenido encuentros discretos con los socialistas -el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha sido su principal interlocutor- y en presencia del diplomático salvadoreño Francisco Galindo Vélez, que desempeña el rol de verificador internacional, tal y como acordaron ambos partidos.

La próxima reunión en Suiza puede servir para que Galindo haga balance del grado de cumplimiento de los acuerdos, un encuentro que parece ser la última oportunidad para evitar la ruptura: para ello, los de Puigdemont exigen a los socialistas que aclaren si piensan concretar en hechos sus compromisos y calenzarizarlos.

Los puentes entre Junts y ERC, rotos hasta hace unas semanas, han empezado a reconstruirse con la reunión de esta semana entre Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, que acordaron activar "espacios de trabajo coordinado": ¿supondrá esto más presión para Sánchez?

Junqueras, elegido presidente de ERC en diciembre, afrontará en marzo la segunda parte del proceso congresual de su partido, con una redefinición del rumbo estratégico, y, para marcar perfil frente a los opositores internos, podría elevar su nivel de exigencia ante los socialistas: de hecho, no prevé apoyar los primeros presupuestos de Illa y ya ha advertido a Sánchez de que, si quiere el aval de ERC a sus cuentas, antes tiene que cumplir los compromisos previos.

En cambio, ERC marca distancias con Junts en la reclamación de una cuestión de confianza porque no tiene "ninguna prisa" por hacer caer al Gobierno de PSOE y Sumar y propiciar que PP y Vox tomen el mando.

"No vamos de farol", aseguran fuentes de Junts, en referencia a su amenaza de retirar el apoyo a Sánchez, y aseguran que no les inquieta ser acusados de servir en bandeja la Moncloa al PP.

Por ahora, Puigdemont no quiere especular sobre una moción de censura con el PP -y eventualmente otros grupos, además de Vox-, pero sí ha avisado a Sánchez de que, si no cumple, Junts le pedirá que dimita y convoque elecciones como haría "cualquier Gobierno europeo", porque, sin mayoría, la legislatura sería ingobernable. EFE

(Texto) (Recursos de archivo en www.lafototeca.com Código  22462594 y otros)

Barcelona, 11 ene (EFE).- Los grupos parlamentarios de ERC, Comuns y CUP han pedido al presidente del Parlament, Josep Rull, que active los protocolos contra la violencia machista ante una denuncia pública por parte de la periodista Marta Roqueta en la que apunta al diputado de Junts Francesc de Dalmases por hacerle "maltrato psicológico".

En un comunicado conjunto, las tres formaciones han instado asimismo a Junts a que ponga en marcha sus mecanismos internos para esclarecer los hechos, una demanda que también suscribe el PSC.

Esta petición llega después de que Roqueta acusara esta semana a Dalmases de "maltrato psicológico", aunque sin mencionar explícitamente su nombre, y a Junts de "encubrirlo": "Me propuso escribir en su revista. Luego me dijo que estaba enamoradísimo de mí, y a partir de entonces empezó el maltrato psicológico".

"Lo tenemos en el Parlament, es público que ha abucheado a periodistas y ha maltratado a compañeras de trabajo. Nadie mueve ningún dedo", indica en X la comunicadora, en alusión a Dalmases, que en 2022 ya fue amonestado por la Mesa del Parlament, que le impuso una multa de 600 euros por incumplir el código de conducta de la cámara, después de que intimidase a una periodista del programa FAQS de TV3.

ERC, Comuns y CUP se han solidarizado con las mujeres periodistas que esta semana han denunciado en redes sociales casos de acoso, abusos de poder y agresiones machistas en medios de comunicación.

"Queremos poner de relieve la especial indefensión que generan el acoso, los abusos de poder y las violencias sexuales en el marco de relaciones laborales o de dependencia económica por el chantaje con la posibilidad de perder el trabajo o ver dañada la carrera profesional", han indicado.

Asimismo, han reiterado la importancia de los protocolos ante el acoso "como herramientas internas preventivas y de gestión de denuncias concretas para garantizar que las formaciones políticas no se desresponsabilicen de las acciones cometidas por sus representantes".

También el PSC ha mostrado su solidaridad y apoyo a las comunicadoras que han denunciado estos casos y ha reclamado a Junts que dé explicaciones. EFE

Barcelona, 9 ene (EFE).- El actual presidente del grupo de ERC en el Parlament, Josep Maria Jové, que formó parte de la candidatura que disputó el liderazgo de ERC a Oriol Junqueras, ha aceptado la oferta de la nueva dirección del partido de seguir en el cargo.

Según ha avanzado El Periódico y han confirmado a EFE fuentes de ERC, Jové, que era miembro destacado de la lista de Nova Esquerra Nacional, que disputó la dirección del partido a Junqueras, ha decidido aceptar el ofrecimiento del líder de los republicanos, que cuando recuperó la presidencia tendió la mano a sus adversarios internos.

De este modo, Junqueras incorpora en la cúpula del partido a un miembro de los sectores críticos.

La continuidad de Jové se abordará hoy mismo en una reunión del grupo parlamentario en la cámara catalana, en la que está previsto que participen Junqueras y la secretaria general de ERC, Elisenda Alamany.

Jové, que es el presidente del grupo parlamentario de ERC desde 2021, hará tándem con la exconsellera Ester Capella, la nueva portavoz del grupo, que respaldó a Junqueras en las elecciones internas y que sustituye a Marta Vilalta, que apoyó la candidatura de Nova Esquerra Nacional. EFE

El presidente del grupo de ERC en el Parlament, Josep Maria Jové, ha aceptado la propuesta del presidente del partido, Oriol Junqueras, y la nueva dirección, y seguirá al frente del grupo.

Según ha avanzado 'El Periódico' y han confirmado a Europa Press fuentes de la formación, el que fuera candidato a secretario general adjunto y miembro destacado de 'Nova Esquerra Nacional', la candidatura alternativa a Junqueras en el congreso del partido, mantendrá su cargo en la Cámara catalana.

Según explicó la secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, después de la reunión de la primera ejecutiva tras el congreso del partido en diciembre, la nueva dirección ofreció a Jové continuar en el cargo con el objetivo de que "las diferentes sensibilidades estén presentes en los diferentes ámbitos".

Hará tándem con la diputada y exconsellera Ester Capella, a quien la dirección situó como portavoz de la formación en el Parlament tras la renuncia de Marta Vilalta que, como Jové, se posicionó en favor de 'Nova Esquerra Nacional'.

SEGUNDA FASE DEL CONGRESO

Más allá de la continuidad de Jové, este miércoles 'Nova Esquerra Nacional' rechazó formar parte de las comisiones redactoras de las ponencias políticas y organizativas de la segunda fase del congreso, que se celebrará el 15 y 16 de marzo.

En un comunicado, la candidatura liderada por Xavier Godàs y Alba Camps criticó que la nueva dirección les ofreciera incorporar a "una sola persona" en cada una de estas comisiones redactoras.

El presidente del Parlamento balear, Gabriel Le Senne, de Vox, ha reclamado el archivo de la causa abierta por delito de odio abierta contra él en un juzgado de Palma por el incidente en la Cámara al romper la foto de Aurora Picornell y las Roges del Molinar, víctimas de la guerra civil.

En su escrito dirigido al juzgado, Le Senne, a través de su letrada, argumenta que el episodio de la fotografía fue "una reacción espontánea" al "desafío" de la diputada socialista Mercedes Garrido, sobre el ordenador de la cual estaba la imagen

Cabe recordar que el Juzgado de Instrucción número 1 de Palma cerró la instrucción a mediados del mes de diciembre, dando a las partes diez días para pronunciarse sobre la continuación del procedimiento. Próximamente, el juez determinará el archivo o la apertura de juicio.

"Le cierra la pantalla del ordenador para que la fotografía deje de estar visible, acto seguido la diputada vuelve a abrir la pantalla y el presidente reacciona instantáneamente tirando del folio pegado en el ordenado de la diputada, rasgándose el mismo, quedándose con la parte rasgada en su mano y depositándola en la papelera de inmediato, sin manipularlo de ninguna otra forma", argumenta.

NO HUBO UNA RUPTURA EN VARIOS TROZOS

El escrito insiste en varias ocasiones en que Le Senne no rompió en varios trozos la fotografía. "Ni rompe en pedazos el trozo que se queda en la mano, ni las estruja", subraya.

El presidente de la Cámara basa su argumentación en que de su declaración, así como de las del vicepresidente Mauricio Rovira y de los letrados, se desprende que "en ningún momento entonces o incluso con anterioridad se apreció por parte del presidente ninguna conducta de desprecio, falta de respeto o de humillación hacia nadie ni hacía ningún grupo de personas".

"El presidente no actuó con otra intención que dirigir, velar y mantener el orden del debate", prosigue, recordando, además, que la intención de apartarle del cargo no prosperó.

Para la letrada, es precisamente la espontaneidad del episodio lo que lleva a concluir la ausencia de dolo y, por tanto, la existencia de un delito de odio.

El escrito recuerda que fue en un debate sobre la derogación de la ley de memoria histórica cuando las diputadas socialistas que forman parte de la Mesa del Parlament, Pilar Costa y Mercedes Garrido, exhibieron, desde sus respectivos ordenadores hacia el plenario un folio "con las imágenes de personajes históricos y prominentes del Partido Comunista de Mallorca".

El presidente, recuerda que, previo asesoramiento con los letrados y tras recibir quejas de diputados y grupos, ordenó a las infractoras retirar las fotografías. Al no acatar la decisión, el presidente las llamó al orden sucesivamente hasta que a la tercera ordenó su expulsión, en aplicación del Reglamento.

En este punto, ahonda en que si Garrido y Costa hubieran atendido las instrucciones de Le Senne, "no se hubiera rasgado accidentalmente ninguna fotografía porque no hubiera sido necesario retirarlas, ya que lo hubieran hecho ellas mismas". Esto, para la defensa del presidente del Parlament, "es prueba de que no era intención del presidente rasgar ninguna fotografía".

El escrito en el que Le Senne pide el archivo de la causa se apoya también en el informe de un experto y letrado de las Cortes Generales que señalaba que la exhibición por los miembros de la Mesa del Parlament de signos o imágenes que entrañan un posicionamiento inequívoco acerca de las cuestiones que están siendo objeto de debate, vulnera su deber de imparcialidad y que la actuación del presidente fue ajustada.

La petición de sobreseimiento se apoya también en la declaración de Mercedes Garrido, que también reconoció que se trató de una sucesión de hechos rápidos e irreflexivos.

INCIDENTE EN EL PLENO DEL PARLAMENT

El procedimiento por delito abierto contra Le Senne tiene que ver con el episodio del pleno del Parlament del 18 de junio del año pasado en el que el presidente de la Cámara rompió las fotos de Aurora Picornell y las Roges del Molinar que estaban en el ordenador de la socialista Mercedes Garrido, en un debate sobre la ley de memoria democrática.

Las acusaciones las ejercen los colectivos 'Memoria de Mallorca' y 'Estimada Aurora', así como las familias de Aurora Picornell y Antònia y Maria Pascual y el Partido Comunista.

El portavoz de los Comuns en el Parlament, David Cid, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que se sumen a los "líderes europeos que están plantando cara a Musk" ante lo que califica como internacional reaccionaria, con dinámicas como las noticias falsas en redes sociales, apunta.

En una rueda de prensa este martes en el Parlament, Cid ha destacado las advertencias que han lanzado varios líderes de países como Alemania, Francia y Reino Unido, que "se están posicionando claramente en contra de lo que representa Elon Musk".

El portavoz ha insistido en que los distintos líderes europeos también advierten de las dinámicas que están tomando las redes sociales, sobre todo X, propiedad del mismo Musk, la persona más rica del mundo.

Con ello, el portavoz ha informado que los Comuns impulsarán una declaración institucional en el Parlament para defender la democracia y, en sus palabras, plantar cara a las grandes corporaciones que hacen un "ataque directo y de injerencia directa a la democracia de los países a escala europea".

CRÍTICAS A JUNTS

Sobre las mayorías parlamentarias a escala estatal, Cid ha criticado el acercamiento, a su juicio, de Junts a PP y Vox, y ha cuestionado el nivel de exigencia que en paralelo, apunta, tienen los juntaires de cara al Gobierno de coalición del PSOE y Sumar.

"No entendemos la deriva que está tomando Junts de llegar a acuerdos constantes con el PP y Vox, cuando en realidad son fuerzas políticas que quieren acabar con nuestro autogobierno, que quieren acabar con la oficialidad del catalán o que quieren impedir que tengamos una financiación singular", ha opinado.

También ha instado a Junts a que aclare si tienen "algún tipo de espacio regular de interlocución directa" con el PP y Vox para llegar a acuerdos, y ha puesto como ejemplo su negativa en el Congreso a mantener el impuesto extraordinario a las energéticas.

El portavoz de los Comuns en el Parlament, David Cid, ha advertido este martes de que frenarán "en seco" la negociación de los Presupuestos de la Generalitat si no se aprueba el régimen sancionador para frenar los alquileres de temporada antes que acabe el mes de enero y una campaña para informar a los inquilinos sobre sus derechos.

En una rueda de prensa en el Parlament, Cid ha remarcado que el régimen sancionador debe servir para multar a quien hace "fraude de ley" a la Ley de Vivienda, usando la figura del alquiler de temporada para saltarse la regulación de los precios del alquiler, en sus palabras.

Cid ha insistido en que la campaña publicitaria dirigida a los inquilinos debe ser "de gran nivel" para informarles sobre sus derechos y obligaciones, así como de los instrumentos de los que dispone el Govern ante vulneraciones para poner límites, textualmente, a quien hace negocio con el derecho a la vivienda.

RESPONDE A ROMERO

Preguntado sobre las declaraciones esta martes de la consellera de Economía y Finanzas de la Generalitat, Alícia Romero, sobre que la negociación presupuestaria con los Comuns está avanzada, Cid ha asegurado que aún faltan "concreciones".

Por ahora, según apunta Cid, los Comuns desconocen la estructura general de los Presupuestos del Govern sobre qué partidas se llevarán algunos ámbitos como Educación y Salud, y tampoco han empezado a redactar el posible acuerdo de presupuestos entre ambas partes, remarca.

"Esto no va de buenas palabras, va de concreciones", ha reiterado Cid, a la vez que ha informado que esta semana harán otra reunión con la Conselleria de Economía y Finanzas para proseguir con la negociación de los Presupuestos de 2025.

El exdiputado de UDC Llibert Cuatrecasas, quien recibió la Creu de Sant Jordi de la Generalitat en 2015, ha fallecido a los 90 años, según han informado este viernes en la red 'X' sus excompañeros de partido Antoni Castellà y Núria de Gispert.

Nacido en Barcelona en 1934, Cuatrecases era licenciado en Derecho y Ciencias Económicas, miembro de UDC desde 1953 y diputado en el Congreso de 1979 a 1992 por CiU; también fue miembro de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, y presidió la Comisión de Ordenación del Territorio y Colectividades Regionales y Locales.

Entre 1994 y 2004 representó a la Generalitat de Cataluña en la Cámara de las Regiones en el Congreso del Consejo de Europa, del que fue nombrado presidente en 2000; fue diputado en el Parlament y comisionado de Actuaciones Exteriores de la Generalitat.

Barcelona, 25 dic (EFE).- El presidente del Parlament, Josep Rull, ha denunciado este miércoles la situación de "anormalidad" política en Cataluña, con dos de los 135 diputados catalanes "en el exilio", en alusión a Carles Puigdemont y Lluís Puig, además del exconseller Antoni Comín.

Así lo ha dicho después de encabezar una delegación de la Mesa del Parlament en la tradicional ofrenda floral a la tumba del expresidente de la Generalitat republicana Francesc Macià, en el 91º aniversario de su fallecimiento, en el Cementerio de Montjuïc.

Rull ha ensalzado la "figura magna" de Macià, que "no solo fue el presidente de la Generalitat reconstituida", en 1932, sino que además "ejerció de presidente de la nación catalana" y decidió ubicar el Palacio del Parlament en el antiguo polvorín de la Ciutadella.

Tras recordar que Macià pasó años exiliado, ha denunciado que "el exilio hoy continúa en Cataluña", ya que aún no hay "una situación de normalidad".

Estas Navidades, ha lamentado, "dos de los 135 diputados del Parlament permanecen de manera infame e ignominiosa en el exilio".

Hay que trabajar, pues, para "recuperar esta normalidad, aspirando a la plenitud a la que aspiraba Macià", ha recalcado Rull. EFE

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La exconsellera Ester Capella será la nueva portavoz de ERC en el Parlament y sustituirá así en el cargo a Marta Vilalta, según han explicado fuentes conocedoras a Europa Press.

Así lo ha avanzado Nació Digital, que añaden que hará tándem con Josep Maria Jové si sigue como presidente del grupo parlamentario.

Capella, que fue consellera en los gobiernos de Quim Torra y Pere Aragonès, apoyó primero la candidatura de 'Nova Esquerra Nacional' de Xavier Godàs en el proceso congresual de ERC, aunque posteriormente pasó a apoyar la de Militància Decidim, que encabezaba Oriol Junqueras.

El presidente de Junts en el Parlament, Albert Batet, ha anunciado este lunes que su grupo presentará un "plan legislativo" en el Parlament como alternativa al Plan de Govern que presentó el viernes el presidente de la Generalitat, Salvador Illa.

En una rueda de prensa desde la Cámara catalana, Batet ha dicho que quieren "hacer frente a la actual deriva del Govern desde un punto de vista nacional, económico y social", y ha asegurado que Junts tiene la obligación de ser alternativa al Govern del PSC.

También ha criticado que Illa haya dicho que en Cataluña se ha consolidado un cambio de etapa tras el 'procés', y ve poco creíble que el presidente se presente como garante de la normalidad, la estabilidad y la buena gestión.

Según Batet, la falta de normalidad, estabilidad y buena gestión se evidencia en el hecho de que Illa "no tenga Presupuestos y, encima, diga que no es urgente".

"MÁS ESPAÑA Y MENOS CATALUÑA"

Ha alertado que el cambio de etapa al que se ha referido Illa "es más España y menos Cataluña; más franquicia del PSOE y menos progreso para Cataluña, más región y menos nación.

"No habrá normalidad en Cataluña mientras haya dos escaños vacíos en el Parlament, mientras haya exilio y mientras haya represión. Y tenemos una amnistía que no se aplica políticamente ni judicialmente", ha añadido, en referencia a los escaños vacíos del expresidente de la Generalitat y presidente de Junts, Carles Puigdemont, y del exconseller Lluís Puig.

El director general de IB3, Albert Salas, quiere dejar la dirección de la radiotelevisión pública de Baleares, cargo que asumió hace poco más de un año, concretamente el día 15 de noviembre de 2023.

Según ha podido saber Europa Press, la intención del todavía director general de IB3 sería dejar formalmente el cargo en los primeros meses del próximo año 2025.

El director general de IB3 fue propuesto por el PP de Baleares y su nombramiento se decidió en segunda vuelta en el Parlament. En esa segunda vuelta, contó con el apoyo de una amplía mayoría de la Cámara aunque no del PSIB, que ya había avanzado que no votaría a favor.

Albert Salas ya había trabajado en IB3 Televisió durante más de 12 años. Y, antes de asumir el cargo de director general de IB3, era el director de Comunicación del Real Club Deportivo Mallorca.

Barcelona, 19 dic (EFE).- Unos 60 diputados del Parlament, además de varios consellers del Govern, han cantado villancicos este jueves a los pies de la escalinata de honor al finalizar el pleno en la cámara catalana, el último antes de Navidad.

Los diputados han interpretado, bajo la batuta de la diputada del PSC Imma Ferret, que dirige una coral en su municipio, Santa Margarida i els Monjos (Barcelona), grandes éxitos del cancionero navideño catalán, como 'Fum, fum, fum', 'El desembre congelat' o 'Santa Nit'.

Al término de los villancicos, los diputados han compartido una copa de cava y han comido turrones y barquillos.

Representantes de todos los grupos parlamentarios, a excepción de la CUP y Aliança Catalana, han interpretado las canciones, si bien varios diputados anticapitalistas han presenciado la actuación desde el piso superior del Parlament y han compartido la copa de cava.

En la primera fila se han situado los miembros de la Mesa, encabeza por su presidente, Josep Rull, y en un segundo término los miembros del Govern, acompañados de algunos portavoces de los grupos parlamentarios.

No es la primera vez que los diputados han cantado villancicos en el último pleno del año antes de Navidad, aunque para encontrar la última vez que ocurrió hay que remontarse al año 2006, si bien en los últimos años había una coral que lo hacía en lugar de los diputados.

Los villancicos cantados por los diputados se suma al hecho de que este año por primera vez el Parlament cuenta con un árbol de Navidad, un pesebre -situado frente a la puerta principal del edificio-, y un 'tió', el característico leño que protagoniza una tradición catalana de origen precristiano.

El Parlament situó por primera vez el árbol y el pesebre como elementos de decoración navideña bajo la presidencia de Laura Borràs, de Junts, en 2021. El pesebre fue eliminado posteriormente por la republicana Alba Vergés, que asumió las funciones de presidencia cuando Borràs fue suspendida del cargo por la apertura de juicio oral por corrupción.

Anna Erra, también de Junts, recuperó el pesebre, que se sumó al árbol navideño y al que se añade este año, bajo la presidencia de Josep Rull (Junts), el 'tió', y los villancicos a cargo de los diputados. EFE

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El pleno del Parlament ha pedido a la Generalitat reclamar al Estado las competencias de las políticas de inmigración, con el voto a favor de PSC-Units, Junts, ERC, Comuns, CUP y AC, y el voto en contra de PP y Vox.

Se trata de un punto de una moción de los Comuns sobre políticas antirracistas que se ha aprobado en el pleno del Parlament este jueves.

El pleno también ha aprobado otro punto de la misma iniciativa que insta al Govern a aprobar un programa catalán de acogida integral en 2026, "descentralizado y que ponga a las personas en el centro", teniendo en cuenta las recomendaciones de organismos internacionales en materia de asilo.

INSPECCIÓ DE TREBALL

Asimismo, la Cámara ha aprobado pedir al Ejecutivo de Salvador Illa reforzar las actuales vías de denuncia de la Inspecció de Treball ante situaciones de racismo y explotación laboral "para garantizar el ascensor social y la inclusión económica de las comunidades susceptibles a la discriminación racial".

También ha prosperado otro punto de la moción de los Comuns que pide desarrollar "mecanismos para prevenir, detectar y erradicar los discursos de odio como el racimo en las redes sociales, medios de comunicación y el espacio digital" y realizar una campaña de sensibilización, con los votos en contra de PP, Vox y AC.

ARTE Y CULTURA EN LAS AULAS

La Cámara también ha aprobado una moción del PSC-Units sobre arte y cultura en la educación que insta al Govern a desplegar el programa para la mejora de este ámbito aprobado en febrero, e impulsar proyectos que pongan en valor el patrimonio cultural catalán en escuelas e institutos.

Además, se insta al Ejecutivo a implementar el Plan Nacional del Libro y la Lectura, especialmente aquellas medidas para reforzar la presencia del catalán, así como la Carta de las Artes en la Educación; e impulsar la colaboración con la Federació d'Ateneus de Cataluña y otras entidades de cultura popular para ampliar la oferta cultural en los centros educativos.

El presidente del grupo parlamentario del PSC en el Parlament, Ferran Pedret, ha cuestionado este miércoles que Junts y ERC critiquen la integración de la Policía Nacional y la Guardia Civil al 112 catalán cuando es una medida que los expresidentes de la Generalitat Carles Puigdemont, Quim Torra y Pere Aragonès "iniciaron y continuaron" durante sus mandatos.

"Algunos han tenido la audacia de querer colgar el sambenito por un asunto en el que no solo está todo en orden, sino que empezaron y continuaron los gobiernos que encabezaban su día los muy honorables presidentes Puigdemont, Torra y Aragonés", ha dicho durante la comparecencia del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en el Parlament para informar de los acuerdos de la Junta de Seguridad.

Ha defendido que la medida no supone un cambio en la distribución de las competencias de los Mossos y que no puede considerarse una españolización ni un "enorme peligro para la nación", porque él no la considera en absoluto tan frágil, en sus palabras.

"Tengan cuidado algunos, que con esta retórica sobre españolizar no acaben accidentalmente asociando el concepto de progreso a la españolización. Sin duda, nosotros pensamos que somos perfectamente capaces de progresar y modernizar sin que esto signifique españolizar nada", ha añadido.

Pedret ha aplaudido otros acuerdos de la Junta como el estudio de la ampliación de efectivos de los Mossos o la participación del cuerpo en la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capital y de las Infracciones Monetarias, y que asuman la investigación de delitos contra el medio ambiente.