El episodio ocurrió cerca de las 23:30 horas del viernes en un local situado en la esquina de Córdoba y Alameda de la Federación. En ese momento, las personas estaban reunidas en el sector elevado del establecimiento cuando la estructura cedió.

Según la información que trascendió, los asistentes comenzaron a cantar el feliz cumpleaños cuando se produjo el colapso. Quienes se encontraban sobre el entrepiso cayeron desde una altura estimada de dos metros y medio.

La caída provocó momentos de confusión entre los presentes y activó el pedido de asistencia de emergencia. Aún no se informaron precisiones sobre las lesiones que sufrió cada una de las personas afectadas ni sobre su evolución.

De acuerdo con UNO Entre Ríos, en total, 15 personas recibieron atención médica después del derrumbe. Además, siete fueron trasladadas al Hospital San Martín de la capital entrerriana, donde quedaron bajo evaluación por la complejidad de sus cuadros.

Los equipos de emergencia asistieron a los heridos y trabajaron en el lugar para verificar el estado de la estructura. El operativo incluyó a Bomberos de Rescate, Bomberos Zapadores, Bomberos Voluntarios y personal de Control Urbano de la Municipalidad de Paraná.

Por el momento, las causas del colapso todavía no fueron establecidas. Las actuaciones deberán determinar el estado de conservación del entrepiso, sus características constructivas y las condiciones de seguridad del sector al momento del accidente.

La investigación también buscará reconstruir cómo funcionaba ese espacio del local y establecer si existieron factores que contribuyeron al derrumbe. No obstante, se aguarda información oficial sobre el estado de salud de los heridos y el resultado de las inspecciones.

La Justicia imputó a dos profesionales por el derrumbe que dejó un muerto en Córdoba

La Justicia de Córdoba imputó por estrago culposo agravado a un arquitecto y a un ingeniero por el derrumbe ocurrido el 17 de mayo de 2025 en el edificio María Reina V, sobre boulevard San Juan al 600. El hecho causó la muerte de Ramiro Alaniz Cortés, de 34 años, y dejó ocho personas heridas.

En abril de este año, la fiscal Celeste Blasco atribuyó la acusación al arquitecto Federico Yáñez, quien se desempeñaba como director técnico de la obra, y al ingeniero civil Guillermo Juri, responsable de la construcción del muro de revestimiento. Ambos serán indagados en el marco de una investigación que busca establecer sus responsabilidades en el colapso.

La medida judicial se basó en un informe técnico oficial elaborado por el ingeniero Pedro Huerta Soaje. En ese peritaje, se concluyó que el desprendimiento del revestimiento de la fachada este del edificio se vinculó con deficiencias en el diseño, la ejecución y el control técnico de la estructura.

Según la investigación, la tormenta que afectaba a la capital cordobesa esa noche fue un factor que precipitó el derrumbe, aunque no habría sido la causa central. Por esto, la Fiscalía evalúa si los profesionales debían adoptar otras previsiones y controles acordes con las características de la obra.

El colapso se produjo cerca de las 23:00 horas en un bar que funcionaba en la planta baja del edificio. En la zona intervinieron bomberos, personal médico, Defensa Civil y otros equipos de emergencia, que asistieron a las víctimas.

La Municipalidad de Córdoba había lamentado la muerte y señaló que el protocolo de emergencia se había activado según lo previsto. A su vez, indicó que la determinación definitiva de las causas corresponde a la justicia.

La figura de estrago culposo agravado contempla penas de entre uno y cinco años de prisión. Mientras tanto, la causa continúa en etapa de instrucción y avanza con la recolección de pruebas y las indagatorias de los dos imputados, antes de una eventual elevación a juicio.

Por el hecho fueron detenidas la madre y su hija, y se secuestró un tubo de gas pimienta que fue utilizado durante el enfrentamiento. Según trascendió, el altercado se habría desatado en medio de una discusión por las ubicaciones.

Según informaron fuentes policiales, todo comenzó este miércoles alrededor de las 22.55, en la sala 4 del cine “Las Tipas”, dentro del centro comercial situado en la intersección de Corrientes y San Lorenzo. Tras recibir una alerta al 911 por parte del personal del shopping, agentes de la Policía provincial se presentaron en el lugar para intervenir.

El video que encabeza esta nota, registrado por un testigo, muestra el momento en el que se encendieron las luces de la sala, luego de que el encargado advirtiera que había un enfrentamiento entre los asistentes.

“¡Perdí todo el pelo con el cáncer, no me lo saqués!” y “¡Están rompiendo las pelotas desde hoy!” son algunos de los gritos de las involucradas que se escuchan en la grabación casera, mientras las dos mujeres y el otro grupo de espectadores intercambiaban empujones, golpes de puño y patadas.

En ese contexto, una de las agresoras extrajo de su cartera un tubo de gas pimienta y lo accionó en medio de la sala, lo que provocó que los presentes comenzaran a evacuar el lugar.

No obstante, la violenta discusión continuó en los pasillos del shopping, con insultos y acusaciones entre las partes.

Al arribar al lugar, los efectivos policiales se dirigieron hacia el sector del estacionamiento y demoraron a dos mujeres que se encontraban en un Honda Civic. Se trataba de una mujer de 51 años y su hija, de 27, ambas domiciliadas en Paraná.

Asimismo, los agentes identificaron a la damnificada, una joven de 27 años, y verificaron que otros espectadores también se habían visto afectados por el gas pimienta. Ante esta situación, personal médico asistió a quienes presentaban molestias.

En diálogo con el programa Viendo qué pasa (Canal 9 Litoral), el segundo jefe de la División 911, comisario Guillermo González, brindó precisiones sobre el operativo policial y relató cómo se desencadenó el episodio. “Aproximadamente a las 23 horas se recibieron varios llamados a la División 911 donde alertaban de este percance en el shopping Paso del Paraná, específicamente en una de las salas del cine Las Tipas”, explicó el funcionario.

En esa línea, detalló: “El problema se origina en primera instancia por la ocupación de los asientos y eso genera un intercambio de dichos y de palabras de estas personas”.

Consultado por la detención de las dos involucradas, el comisario González precisó que los uniformados también secuestraron el recipiente de gas pimienta. “Se trataba de un recipiente de 60 centímetros cúbicos que es de venta libre según la ley”, precisó.

Respecto de la utilización de este producto en un ambiente cerrado, explicó: “Obviamente se puede utilizar en casos exclusivos de legítima defensa ante un hecho inminente, no en este caso puntual donde era un recinto cerrado y había muchas personas que también fueron afectadas producto del gas. Tampoco era una situación de suma gravedad o de legítima defensa como para utilizar este gas”.

Por disposición del fiscal Martín Abraham, de la Unidad Fiscal de Investigación y Litigación, las dos mujeres fueron trasladadas a la Alcaidía. Además, se dispuso que la damnificada radicara la denuncia correspondiente y fuera examinada por el médico policial.

Una disputa familiar por una vivienda derivó en un violento enfrentamiento en Paraná, que dejó a un hombre con dos heridas de bala y a otras dos personas lesionadas. El conflicto se habría originado cuando algunos integrantes de la familia intentaron quedarse con la propiedad. Por el hecho, tres hombres fueron detenidos.

El episodio ocurrió durante la tarde del miércoles en la zona de Villa Huesito y se extendió hasta las inmediaciones del arroyo del barrio 33 Orientales, en Paraná, Entre Ríos.

De acuerdo con las declaraciones del comisario Guillermo González en diálogo con Elonce, la disputa comenzó cuando algunos integrantes de la familia habrían intentado quitarles la vivienda a otros miembros del mismo grupo familiar. La situación fue escalando hasta que comenzaron las agresiones y se utilizaron armas de fuego y elementos cortantes.

En medio del enfrentamiento, uno de los hombres recibió dos disparos, uno en el tórax y otro en el abdomen. Tras resultar herido, fue trasladado al hospital San Martín de Paraná para recibir atención médica. Según precisó el funcionario policial, el hombre no presentaba riesgo de vida, aunque debía continuar bajo evaluación médica.

Además, otras dos personas sufrieron heridas provocadas con armas blancas durante la pelea. Las circunstancias específicas en las que se produjeron las lesiones deberán establecerse a partir de las declaraciones de los involucrados y de las pruebas reunidas durante la investigación.

Tras recibir la alerta sobre el enfrentamiento, efectivos de la garita policial del barrio 33 Orientales, personal de la División 911, de la Comisaría Primera y de la División Homicidios participaron del operativo.

El procedimiento permitió detener a tres hombres mayores de edad que habrían estado involucrados en el episodio. Los sospechosos quedaron a disposición de la Fiscalía de Delitos Complejos, mientras avanzan las actuaciones para esclarecer las responsabilidades penales.

De acuerdo con lo informado por González, dos de los detenidos son investigados por el supuesto delito de tentativa de homicidio. La calificación es provisoria y deberá evaluarse a partir de las pruebas reunidas durante la investigación.

Las identidades de los arrestados no fueron difundidas públicamente. El funcionario policial señaló que los involucrados pertenecen al mismo entorno familiar, aunque tienen distintos apellidos, y que el origen de la disputa estaría relacionado con el intento de desplazar a algunos integrantes de la vivienda.

Uno de los objetivos centrales del operativo fue localizar el arma de fuego utilizada durante el enfrentamiento. Los investigadores sospechan que pudo haber sido descartada en las inmediaciones del arroyo del barrio, por lo que se realizaron rastrillajes en el sector.

Para ampliar la búsqueda, la Policía solicitó la colaboración de personal de Bomberos. Los efectivos recorrieron distintos puntos de la zona, incluso durante la noche, mientras intentaban dar con el elemento.

De igual forma, los investigadores sí lograron secuestrar las dos armas blancas. Según las primeras actuaciones, estas también habrían sido utilizadas durante el enfrentamiento. Los elementos quedaron incorporados a las diligencias para determinar su vinculación con las lesiones sufridas por las otras dos personas.

El despliegue comprendió distintos sectores de Villa Huesito, la zona de calle Ituzaingó antes de Florencio Sánchez y las inmediaciones del arroyo, a la altura del barrio 33 Orientales.

La Policía también dispuso mantener una presencia preventiva en el barrio durante la noche para reducir el riesgo de nuevos enfrentamientos entre los familiares.

La causa continúa bajo la órbita de la Fiscalía de Delitos Complejos, que deberá reconstruir el episodio y determinar las responsabilidades de los involucrados. Mientras tanto, los investigadores siguen trabajando para localizar el arma de fuego y reunir elementos que permitan esclarecer un conflicto.

Una vivienda del barrio Villa Mabel de Paraná fue baleada durante la noche del martes. La casa pertenece a Ana Heinzenreder de Bernal, madre de Esteban Bernal, el preso de 24 años que murió apuñalado hace dos meses en la Unidad Penal Nº1 de la capital.

Los tiros impactaron en la puerta y una ventana de la vivienda, ubicada en las calles Rubén Ghiggi y Provincias Unidas, y también alcanzaron una casa vecina. La Policía trabaja para identificar a los autores y determinar si existe una conexión con el homicidio de Bernal.

La mujer vinculó sus sospechas con ese antecedente y reclamó avances en la causa por la muerte de su hijo. El ataque contra la vivienda se produjo dos meses después de la muerte de Esteban Bernal. El 11 de agosto, el joven sufrió una puñalada durante un hecho ocurrido dentro de la cárcel y murió a raíz de las heridas.

Por ese caso, Josué Nahuel Quiroga, de 25 años, quedó acusado de haber atacado a Bernal. El imputado cumple una prisión preventiva de 60 días en la cárcel de Victoria. Heinzenreder de Bernal considera que el ataque contra su casa podría tener relación con la muerte de su hijo.

De acuerdo con el relato, Heinzenreder de Bernal estaba por salir a comprar comida cuando escuchó las detonaciones. Decidió volver de inmediato a su domicilio y encontró daños en el frente de la casa. Al menos dos proyectiles alcanzaron sectores de su propiedad. Uno de ellos impactó en una ventana y otro en la puerta.

La Policía recolectó elementos en el lugar para identificar a los autores y determinar si existe una conexión con la muerte de Bernal. “Yo quiero justicia por mi hijo. Esto no va a quedar así”, expresó Heinzenreder de Bernal en declaraciones recogidas por Elonce.

Según la información inicial reunida por la Policía, las personas que realizaron los tiros se habrían movilizado en moto. La mujer aseguró que no pudo identificar a los responsables porque no los vio directamente. Su hijo, según contó, alcanzó a advertir la presencia de los motociclistas y regresó rápidamente al domicilio. “Ya está cansado también”, dijo.

Tras advertir los daños, Heinzenreder de Bernal intentó llamar a la Policía, pero su celular se había quedado sin batería. Entonces acudió a una vecina para pedir ayuda. Más tarde, interceptó a un patrullero de la Comisaría Décima que circulaba por la zona y relató lo sucedido.

Personal de la Jefatura Departamental Paraná, efectivos de la Comisaría Décima y agentes de Criminalística trabajaron en el lugar. Los investigadores realizaron una inspección con el objetivo de hallar indicios que permitan determinar cómo se produjo el ataque y quiénes participaron.

La mujer encontró una vaina que atribuyó a un arma calibre 9 milímetros y que la entregó a los efectivos. La identificación del calibre y cualquier vínculo de ese elemento con los disparos deberán ser establecidos por las pericias correspondientes.

“No tenemos problemas con nadie. Yo no me meto con nadie, todo el mundo ya me conoce como soy yo”, manifestó la mamá de Esteban Bernal. En ese marco, remarcó que su familia no mantiene conflictos con vecinos del barrio ni con otras personas de la zona.

También pidió que se reforzara la presencia policial en el barrio por temor a nuevos hechos. Según su relato, los agentes le comunicaron que harían recorridas en el sector y permanecerían atentos a la situación durante la noche.

“Hace dos meses de mi hijo, ¿hasta cuándo?”, planteó ante los policías que llegaron al lugar. “Ya tengo tres hijos muertos. No es el primero, tres tengo”, expresó.

La pesquisa continuará con el análisis de los elementos recolectados en Villa Mabel, las pericias sobre la vaina entregada por la familia y la búsqueda de testimonios o registros que permitan identificar a quienes efectuaron los tiros. Hasta el momento, no se informó sobre personas detenidas por el ataque ni sobre una conexión comprobada con la causa por la muerte de Bernal.

Un hombre resultó herido tras un ataque a tiros en Paraná, provincia de Entre Ríos, durante la tarde del miércoles, en un episodio que permanece bajo investigación policial para dar con los responsables.

El hecho ocurrió en las inmediaciones de la calle Antonio Berni y Pasaje Público, donde se desplegaron agentes policiales y personal de Policía Científica. Hasta el momento, no se difundieron datos oficiales sobre la identidad del herido ni sobre su estado de salud posterior al ataque.

La investigación, según informó el portal El Once, se concentra en reconstruir la secuencia que derivó en los disparos, identificar al responsable y determinar si existe relación entre ese episodio y la persecución de un motociclista que concluyó a varias cuadras del lugar.

De acuerdo con la información aportada por la Policía de Entre Ríos, el hombre baleado relató ante los efectivos que un sujeto con quien mantendría diferencias desde tiempo atrás se presentó en el sector donde ocurrió el ataque.

Según esa versión inicial, el agresor habría efectuado varios disparos antes de retirarse del lugar. Uno de los tiros hirió a la víctima en el glúteo.

La zona en la que ocurrió el hecho fue preservada para que los peritos realizaran las tareas correspondientes. En ese punto, se buscaban elementos que permitan determinar desde dónde se efectuaron los tiros y reconstruir el recorrido del atacante luego de abandonar el lugar.

Durante ese procedimiento, los agentes intentaron detener e identificar a un motociclista que circulaba por el sector.

El conductor, según informó la fuerza, desobedeció la voz de alto y huyó. Esa situación derivó en una persecución policial por diferentes calles de la ciudad, mientras los efectivos procuraban concretar la identificación del hombre y verificar su vinculación con las actuaciones en curso.

La persecución terminó en inmediaciones de la avenida Larramendi y Franzotti, donde el motociclista fue finalmente interceptado.

El hombre fue debidamente identificado y quedó supeditado a una causa por el supuesto delito de resistencia a la autoridad.

Además de la identificación del conductor, los agentes retuvieron la motocicleta porque carecía de la documentación exigida. No se precisó qué papeles faltaban ni se difundieron características del rodado. De igual forma, aún las autoridades no pudieron vincular a este hombre con el ataque a tiros inicial.

En paralelo, los investigadores iniciaron el relevamiento de cámaras de seguridad ubicadas en el área. El análisis de registros audiovisuales puede aportar datos sobre los movimientos previos al ataque, la huida del agresor y la circulación de vehículos o personas en las inmediaciones.

La pesquisa busca corroborar el relato inicial de la víctima y determinar quién efectuó los disparos. También deberá establecer si el sospechoso actuó solo y si existieron testigos directos que puedan aportar información sobre la secuencia.

San Javier y Porto Xavier son dos ciudades enfrentadas separadas por el río Uruguay. Hay un proyecto en marcha para construir un puente entre ambas márgenes y unir Misiones con Río Grande. Tendrá 950 metros de largo. Las proyecciones señalan que al entrar en funcionamiento, se triplicará el tránsito turístico y comercial.

El Gobierno federal brasileño cubrirá por completo los USD 43 millones que demandará su construcción. La obra es un ejemplo claro de que, para Misiones, Brasil puede ser más importante que Buenos Aires.

Tras la primera vuelta del último fin de semana, el real se apreció casi un 5% frente al dólar. Eso implica que el cambio favorecerá las compras de brasileños en Misiones.

Cabe mencionar que además de los pasos legales, existen decenas de cruces clandestinos de la frontera. Y que la división de ambos países en algunos puntos es una mera formalidad. Entre Bernardo de Irigoyen y Dionisio Cequeira, por caso, una calle divide los países.

Los comicios del domingo pasado no solo dejaron a Flavio Bolsonaro a nada de derrotar a Lula Da Silva en la puja por la presidencia. También hubo elecciones estaduales. Y los tres estados que tienen frontera con Argentina se pintaron del azul profundo del Partido Liberal.

“Seguiremos con los contactos correspondientes en esta transición”, dijo a Infobae el ministro Coordinador de Gabinete de Misiones, Carlos Sartori. El funcionario tiene a su cargo la relación con las gestiones estaduales brasileñas.

Las preocupaciones en la tierra colorada pasan por los cambios políticos que puede llegar a introducir Brasilia con la nueva administración. El cruceLul de argentinos a trabajar en los campos brasileños aprovechando la diferencia de cambio puede ser una. Las restricciones en la obra pública, que pongan en jaque proyectos como el puente con Rio Grande, es otra.

Por otro lado, en la región existen diversos organismos internacionales de cooperación integrados por gobiernos subnacionales. En el caso ambiental, por ejemplo, más de 40 municipios misioneros coordinan acciones con medio centenar de gobiernos locales brasileños.

Sartori también destacó que el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, mantiene un vínculo personal con el actual mandatario de Rio Grande, Eduardo Leite. Ahora la relación con las nuevas autoridades comenzará de cero porque no habrá continuidad política.

Qué Estados ganó el Partido Liberal

Paraná y Rio Grande estaban gobernados por el Partido Social Democrático (PSD). En el primero, hubo una victoria aplastante de Sérgio Moro, el exjuez de la Operación Lava Jato que terminó con Lula Da Silva tras las rejas. Moro logró el 50,1% de los votos y venció a Sandro Alex, candidato del PSD apoyado por el gobernador en ejercicio, Ratinho Júnior.

En Rio Grande, Juliana Brizola del PDT (Partido Democrático Laborista o Trabalhista, en portugués) fue la aliada de Leite que cayó frente a Luciano Zucco (PL). Cabe destacar que el PSD es opositor al PT de Lula Da Silva. El giro político, por tanto, es de un signo de la oposición a otro.

En Santa Catarina, mientras, hubo continuidad del PL. Jorginho Mello ganó la reelección con el 69% de los sufragios. Eso implica que seguirá al frente del Gobierno estadual por cuatro años más.

Los Bolsonaro en el Partido Liberal

El PL fue fundado por Álvaro Valle en la vuelta a la democracia en Brasil ocurrida en 1985. Su premisa era el “liberalismo social” que combinaba libertad económica y justicia social. Se caracterizó por ser un partido de centro pragmático. Uno de los dirigentes principales del espacio, José Alencar, fue vicepresidente de Lula en sus dos primeros mandatos (2003 - 2010).

En 2021, la afiliación del entonces presidente Jair Bolsonaro implicó un giro rotundo. El mandatario buscaba la reelección en 2022. Había sido electo en 2018 por el Partido Social Liberal, fuerza con la que rompió. Luego intentó crear un espacio propio y no resultó. Entonces se sumó al PL. Su hijo Flavio, actual candidato a la presidencia, siguió el mismo camino. A partir de ese momento, el sello contiene al bolsonarismo.

En aquel entonces, el PL tenía una representación acotada en el Parlamento brasileño: controlaba apenas 48 bancas de las 512 de la Cámara de Diputados y solo 2 de las 81 del Senado. Hoy se convirtió en la principal fuerza legislativa. Contará con 121 diputados y 28 senadores.

Con mucha violencia y risas de por medio, un video subido a las redes sociales por tres adolescentes que mostró cómo torturaron y mataron a un gato desató la indignación de los vecinos de la localidad entrerriana de General Ramírez.

Las imágenes que mostraron la extrema brutalidad de otro caso de maltrato animal se replicaron entre los vecinos de la zona, quienes finalmente lo compartieron con la organización protectora de animales “Amigos de los Perros”. Fueron ellos los encargados de realizar la denuncia ante la Fiscalía y están a la espera de las medidas para avanzar contra los tres jóvenes menores de edad.

De acuerdo a lo que muestra el video, el cual es extremadamente sensible para publicar, el animal era un gato negro y se puede ver a los adolescentes que comienzan a agarrarlo de la cola para golpearlo contra el suelo. Seguido a esto, le pegan con una gomera y continuamente le dan patadas en la cabeza.

Una de las partes más siniestras es cuando uno de los chicos intenta “acariciarlo” para que otro le termine pegando nuevamente con su pie en la cabeza y le dé uno de los golpes mortales al animal que estaba agonizando.

Este mismo material llegó a la organización y decidió publicarlo en su página para intentar identificar a los responsables. “Con la ayuda de la gente podemos reconocerlos, podemos saber quiénes son”, explicó Sabrina Devolder, referente de la agrupación, en diálogo con Infobae.

Según describió Devolder, son en total tres registros audiovisuales, aunque la organización solo hizo público uno de ellos. En los videos se observa al felino siendo golpeado, arrastrado, levantado de la cola y azotado. En otro tramo de la secuencia, los jóvenes habrían incitado a perros para que atacaran al animal. Las imágenes, según indicó la referente, habrían sido compartidas por los propios involucrados a través de redes sociales y grupos vinculados a una institución escolar.

Tras identificar a los adolescentes con la colaboración de vecinos, la organización se puso en contacto con sus familias y luego radicó la denuncia en la comisaría de General Ramírez, que deberá elevarla a la Fiscalía de Diamante, la ciudad cabecera del departamento al que pertenece la localidad. “Los menores fueron identificados, se notificó a la familia y luego hicimos la denuncia correspondiente”, señaló Devolder. El principal elemento incorporado como prueba es el propio registro audiovisual de los hechos.

Debido a que los implicados serían menores de edad, su situación deberá ser evaluada dentro del régimen legal correspondiente. Será la Fiscalía la que determine cómo avanza la investigación y qué medidas adoptar a partir del material aportado.

El marco normativo aplicable es la Ley 14.346 que establece penas de prisión de 15 días a un año para quienes inflijan malos tratos o actos de crueldad a animales. La norma define como acto de crueldad, entre otros, “lastimar y arrollar animales intencionalmente, causarles torturas o sufrimientos innecesarios o matarlos por sólo espíritu de perversidad”, descripción que se ajusta a las conductas registradas en los videos. No obstante, al tratarse de menores, la eventual aplicación de esa legislación quedará sujeta al régimen de responsabilidad penal juvenil vigente.

La reacción de las familias no fue uniforme. Devolder relató que algunas minimizaron lo ocurrido y lo atribuyeron a “cosas de jóvenes”, mientras que otras expresaron consternación ante la gravedad del episodio. “Es un hecho muy lamentable porque estamos hablando de tres jóvenes que torturan a un animal mediante risas, bromas, como que fuese algo normal. Eso es realmente preocupante”, afirmó la referente.

El caso se produce en un contexto de maltrato animal que, según Devolder, viene escalando en la localidad desde hace al menos tres meses. La organización registró durante ese período varios episodios similares, entre ellos uno en el que un perro terminó muerto. La referente también mencionó que reciben reportes frecuentes sobre ataques a aves con gomeras en la zona. Luego de que el video se difundiera, nuevos vecinos se comunicaron con el grupo para mencionar otros supuestos episodios, aunque la organización aclaró que esos señalamientos son testimonios de particulares y no implican que los hechos hayan sido comprobados judicialmente.

Frente a ese historial, Devolder cuestionó a las autoridades municipales. Indicó que, salvo en el caso ocurrido hace tres meses, cuando el municipio se puso en contacto con la Fiscalía, el gobierno local nunca se articuló directamente con la organización. “Somos los que encaramos las causas, los que ponemos la cara y los que vamos al frente en cuanto a denuncias”, sostuvo. La agrupación anunció que realizará un seguimiento de la causa con el objetivo de que derive en una resolución concreta por parte de la Fiscalía de Diamante.

Cuatro organizaciones de conservación lanzaron el proyecto Jaguar Rivers o “Los ríos del Yaguareté“ para reconectar ecosistemas de la cuenca del río Paraná y proteger al yaguareté en un área más amplia que recorre.

Se trata de una red natural que atraviesa Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay y de la que dependen más de 100 millones de personas. La iniciativa propone proteger ríos, humedales y bosques ribereños como parte de una misma estrategia regional para la fauna y las comunidades humanas.

La alianza reúne a Fundación Rewilding Argentina, de Argentina, Nativa, de Bolivia, Onçafari, de Brasil, y Fundación Moisés Bertoni, de Paraguay. Tompkins Conservation acompaña el proyecto. Las entidades buscarán coordinar su trabajo con gobiernos, comunidades locales, empresas y organizaciones civiles para recuperar la conectividad entre ambientes hoy fragmentados.

Sofía Heinonen, directora ejecutiva de Rewilding Argentina explicó a Infobae que el éxito que tuvieron con la introducción del yaguareté en Iberá marcó el camino de cómo los animales más jóvenes buscan nuevos territorios.

“En 2024 pescadores observaron a un animal nadando sobre el río Paraná y yendo a Paraguay. Eso nos llevó a trabajar con fundaciones y personas de Paraguay. En Formosa también hay movimientos de yaguaretés. En el río Bermejo de Salta, también se ven en el límite con Bolivia. Y en Parque Nacional Iguazú también hay dispersión de especies. Observamos que los animales jóvenes no se quedan en sus territorios y los expanden. Ahí nace la visión de proteger los ríos del yaguareté que conecta todos los hábitats del felino más grande de América”, precisó Heinonen.

El yaguareté ocupa un lugar central en esa agenda. El felino necesita grandes extensiones de territorio, alimento y condiciones seguras para reproducirse.

Cuando los bosques se reducen y los ríos pierden sus márgenes naturales, las poblaciones quedan aisladas, los animales tienen menos opciones de desplazamiento y aumentan los encuentros con actividades humanas.

Jaguar Rivers parte de una idea simple: la conservación no puede quedar limitada a parques nacionales o reservas separadas entre sí. Las fronteras administrativas organizan la gestión pública, pero los ríos y la fauna recorren paisajes más amplios. Un yaguareté puede atravesar provincias y países en busca de presas, agua o una pareja, por lo que la protección requiere acuerdos que superen los límites de cada jurisdicción.

La cuenca del Paraná ofrece esa escala. Sus ríos y afluentes conectan grandes humedales, zonas de bosque y áreas productivas. También sostienen la vida cotidiana de millones de personas, que usan el agua para consumo, riego, transporte, pesca y ganadería. Esa convivencia convierte a los cursos de agua en espacios ecológicos y sociales al mismo tiempo.

Heinonen afirmó que la presentación del proyecto ya tuvo lugar en Buenos Aires (en el Malba) y la tendrá en los otros países. En ellas, se anunciará la construcción de 4 estaciones biológicas con una flota de 4 barcos que buscarán estrategias de conservación con las comunidades a lo largo de 1200 kilómetros. Y también comentó que también trabajan con la recuperación de la nutria gigante, que se dispersa por los ríos, más que el yaguareté.

El proyecto busca recuperar corredores de biodiversidad en una región bajo la presión de la presencia humana. La deforestación redujo superficies de monte nativo. Las represas modificaron los ritmos de crecida y bajante. La contaminación y la extracción de agua afectaron sectores ribereños. Las canalizaciones alteraron conexiones naturales entre lagunas, esteros y ríos.

Cada cambio puede limitar el movimiento de especies y debilitar la capacidad de recuperación de los ecosistemas.

Los ríos son las rutas naturales a proteger

Los impulsores de la iniciativa consideran que los ríos pueden funcionar como corredores ecológicos. En sus riberas persisten sectores de vegetación, alimento y refugio para mamíferos, aves, reptiles y peces. En el caso del yaguareté, esos ambientes ofrecen rutas que vinculan regiones con presencia actual o potencial de la especie.

La primera meta planteada por las organizaciones consiste en reforzar la conexión entre el Pantanal, en Brasil y Bolivia, y los Esteros del Iberá, en Corrientes. El objetivo apunta a una red de conservación que vincule zonas clave para la fauna y reduzca el aislamiento de las poblaciones de animales silvestres.

“Decidimos juntarnos con pares que tuvieran redes, vínculos con gobiernos, con sociedad civil y con empresas. De esta forma, rápidamente podemos construir una visión común que es proteger los ríos”, indicó Heinonen, de Rewilding Argentina.

La alianza propone establecer áreas protegidas que define como “arcas”, sitios que resguarden especies y funcionen como puntos de conexión dentro de territorios más extensos. También prevé el desarrollo de paisajes integrados, donde las medidas de conservación convivan con actividades productivas y con las poblaciones que viven en las cercanías de los ríos.

El concepto busca responder a un problema que afecta a la fauna de gran tamaño. Un parque puede proteger un núcleo de animales, pero no siempre alcanza para asegurar la permanencia de una población. Los individuos jóvenes suelen dispersarse cuando alcanzan la adultez. Si no encuentran zonas seguras fuera del área protegida, quedan expuestos a la caza, los atropellamientos, la falta de presas o los conflictos con productores.

“Sería algo como tener una flota común con presencia continua, fortalecer redes con los pobladores y poner el foco en el río. El río no se protege porque nadie le está poniendo atención”, detalla Heinonen. La propuesta incluye presencia territorial, intercambio de información y acciones de prevención en puntos donde pueden ocurrir conflictos.

Los encuentros entre personas, ganado y fauna silvestre ocurren con frecuencia cerca del agua. Los productores llevan a sus animales a beber, las comunidades usan las riberas y los animales nativos buscan los mismos recursos. Para el yaguareté, esa cercanía puede derivar en ataques a ganado y, luego, en represalias contra el felino.

La caza fue durante décadas una de las principales causas de muerte de la especie en Argentina. La pérdida de bosque profundizó esa amenaza, porque redujo los espacios de circulación y acercó a los animales a zonas habitadas. Por eso, la protección de los ríos también exige trabajo con productores, medidas de prevención y respuestas rápidas ante eventuales ataques.

Jaguar Rivers prevé nuevas tecnologías para conocer el estado de los cursos de agua. El monitoreo puede aportar datos sobre niveles, sedimentos y condiciones de las áreas ribereñas. Esa información permite identificar sectores degradados, definir prioridades y evaluar el efecto de las acciones de restauración.

“Perdimos esa relación con el río y es algo que nos une con una misma historia. Eso lo tenemos que reconectar”, advierte Heinonen. La iniciativa asocia la salud de los ríos con la conservación de especies emblemáticas, pero también con las condiciones de vida de las comunidades que dependen de esos ambientes.

La urgencia se observa en distintas regiones de la cuenca. En el Gran Chaco argentino, por ejemplo, quedan menos de 20 yaguaretés. La población enfrenta desmontes, caza ilegal y aislamiento. En el Parque Nacional El Impenetrable, en Chaco, un proyecto de recuperación incorporó hembras para reforzar un grupo que contaba con muy pocos ejemplares.

El río Bermejo conecta parte de esa región con Bolivia. El Paraná vincula Argentina y Paraguay. El Uruguay enlaza Argentina, Brasil y Uruguay. Esa red de cursos de agua explica el enfoque regional de Jaguar Rivers: la supervivencia de las especies no depende de una sola provincia ni de un único país.

Iberá llegó a 50 yaguaretés libres después de siete décadas sin la especie

El crecimiento de la población de yaguaretés en Corrientes muestra qué puede ocurrir cuando un ecosistema recupera condiciones adecuadas y sostiene un trabajo de largo plazo. La provincia registró 50 animales libres en los Esteros del Iberá, después de más de 70 años sin presencia silvestre de este felino.

La cifra se alcanzó tras el nacimiento de una cría de Porá, una hembra que integró la primera liberación del Proyecto Iberá. El cachorro nació en abril y todavía no tiene sexo identificado. El dato representa mucho más que un número redondo: confirma que los animales liberados ya forman familias y que la población registra nuevas generaciones nacidas en libertad.

Porá salió al humedal el 7 de enero de 2021 junto con su madre, Mariuá, y su hermana, Karaí. Las tres fueron los primeros yaguaretés liberados en Corrientes tras la desaparición local de la especie. Con el tiempo, Porá se independizó y fijó su territorio en Corrales Grandes, cerca del lugar donde nació.

“Porá es una hembra que fue liberada siendo una cachorra, de entre tres o cuatro meses, el 7 de enero de 2021. Fue liberada junto a su madre, Mariuá, y su hermana, Karaí; ellas tres fueron los primeros yaguaretés libres de todo el Proyecto Iberá tras setenta años de extinción en Corrientes”, cuenta Sebastián di Martino, director de Conservación en Rewilding Argentina.

El equipo de conservación sospechaba que la hembra tenía una nueva cría. La confirmación llegó cuando la vieron con el cachorro. “Es una yaguareté muy especial que creció, se independizó y se estableció en la misma zona donde nació, en Corrales Grandes. Tuvo varias camadas. En San Alonso sospechaban que había parido una vez más y, finalmente la vieron con un cachorro en la boca. Ese cachorro, del que aún no sabemos el sexo, es el yaguareté número cincuenta que registramos en estado silvestre en el Iberá”, destaca di Martino.

La primera observación ocurrió durante una jornada habitual del equipo. “Estábamos desarrollando actividades cotidianas y tuvimos la oportunidad de ver a Porá. Sola, muy cerca de nosotros, con muchísima calma. Percibimos que estaba buscando a su cachorro. Ya teníamos indicios de que había elegido esos sectores para parir y pudimos verla cargando a su cría”, relata Pablo Sánchez, asistente de Conservación del Proyecto Iberá en la Estación Biológica San Alonso.

La recuperación de Iberá comenzó en 2012, con la construcción del Centro de Reintroducción del Yaguareté en la isla San Alonso. El programa reunió al Gobierno de Corrientes, la Administración de Parques Nacionales, Rewilding Argentina, Tompkins Conservation y especialistas de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

El yaguareté es el mayor felino de América. Los machos pueden alcanzar 140 kilos y medir hasta 2,5 metros de largo. En Argentina, la especie ocupa apenas el 5 % de su distribución histórica. La destrucción del hábitat y la persecución humana explican gran parte de esa reducción.

El último censo disponible, realizado en 2022, ubicó la población argentina entre 250 y 300 individuos. Los 50 animales libres de Iberá representan cerca de una décima parte de ese total. Corrientes pasó de no tener ejemplares silvestres a reunir una de las poblaciones más importantes del país.

Sergio Moro, el exjuez federal que condenó a Luiz Inácio Lula da Silva en 2017, ganó este domingo la gobernación de Paraná en primera vuelta. Con el 99,92% de las secciones escrutadas, el senador del Partido Liberal (PL) reunía el 50,11% de los votos válidos, unos 3,12 millones, en el recuento provisional.

Su rival más cercano, Sandro Alex, obtuvo el 25,35%. Los sondeos difundidos el sábado 3 de octubre situaban a Moro entre el 43% (Quaest) y el 44,7% (AtlasIntel) de los votos válidos y anticipaban una segunda vuelta, de modo que el resultado superó los pronósticos. Moro, de 54 años, gobernará de 2027 a 2030 junto a Edson Vasconcelos, presidente de la Federación de Industrias de Paraná, como vicegobernador.

Tras votar por la mañana, el candidato dijo a los periodistas que estaba “entusiasmado” con una campaña “propositiva”. Sus promesas incluyen una agencia anticorrupción, una rebaja de impuestos y más medios contra el narcotráfico.

Moro dirigió en Curitiba los procesos de la Operación Lava Jato, la investigación sobre sobornos y desvíos de fondos en torno a Petrobras y las grandes constructoras. En julio de 2017 condenó a Lula a nueve años y seis meses de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero. Consideró probado que la constructora OAS le había reservado y reformado un tríplex en Guarujá como soborno.

El Tribunal Regional Federal de la 4.ª Región elevó la pena a 12 años y un mes en enero de 2018. El Tribunal Superior de Justicia la redujo en abril de 2019 a ocho años, diez meses y 20 días. Lula pasó 580 días preso en Curitiba desde el 7 de abril de 2018 y quedó fuera de la carrera presidencial de ese año. Salió en noviembre de 2019, cuando el Supremo Tribunal Federal dejó de admitir la cárcel antes de agotar las apelaciones.

En 2021, el Supremo concluyó que el juzgado de Curitiba carecía de competencia y que Moro había actuado con parcialidad. Las condenas quedaron anuladas. Sus detractores lo acusaron de politizar la causa y de abusar de la prisión preventiva, críticas que acompañaron toda su carrera posterior.

Moro dejó la magistratura en 2018 para ser ministro de Justicia de Jair Bolsonaro. Renunció el 24 de abril de 2020, después de que el presidente destituyera al director de la Policía Federal, Mauricio Valeixo, un hombre de su confianza. Denunció entonces interferencias políticas en los organismos anticorrupción e insinuó que buscaban frenar investigaciones sobre los hijos del mandatario, entre ellos Flávio.

En 2022 intentó llegar a la Presidencia sin respaldo partidario y terminó elegido senador por Paraná con União Brasil. Ese año el PL pidió la anulación de su mandato por supuesto abuso económico en la campaña. El 24 de marzo de 2026 se afilió a ese mismo partido para disputar la gobernación, después de que el PL rompiera con el gobernador saliente, Ratinho Júnior, y respaldara su candidatura. Moro prometió entonces que Paraná respaldaría el proyecto presidencial de Flávio Bolsonaro.

Flávio, hijo mayor del expresidente y candidato del PL, llega a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales brasileñas como el primer candidato más votado, por delante del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, con la misión de llevar al Palacio de Planalto el proyecto político de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022).

El cinturón negro, de 37 años, sufrió la lesión el 22 de agosto durante el torneo Super Pro Jiu-Jitsu 2026, en el gimnasio Moringão. Su rival, Juliano Di Pelli Machado, ejecutó una maniobra conocida como “bate-estaca”, prohibida por los reglamentos de la disciplina. Masuda, que actualmente se encuentra paralizado (aunque sin tener un diagnóstico definitivo), padeció fracturas en las vértebras C5 y C6, pasó por una operación de estabilización cervical y permaneció internado durante más de un mes.

La recuperación continúa con cuidados médicos, fisioterapia y apoyo psicológico

Kabuto se pronunció por primera vez desde el accidente en un video publicado en su cuenta de Instagram. Allí informó que regresó a su domicilio, aunque aclaró que aún requiere medicamentos y supervisión profesional. En el mismo mensaje, pidió limitar las visitas a familiares cercanos y al personal sanitario, debido a las condiciones del tratamiento y a la necesidad de atravesar esta etapa con privacidad.

“Estoy en casa, pero sigo con internación domiciliaria”, dijo el deportista. También señaló que intenta asimilar las consecuencias físicas y emocionales de la lesión. “Todavía intento procesar todo esto”, expresó. Masuda agradeció los mensajes y las oraciones recibidas desde el accidente, que, según afirmó, ayudan a sostener su ánimo.

La información difundida por el medio local SBT News confirmó que el atleta sigue en tratamiento en su vivienda. En paralelo, el portal de noticias regional Banda B añadió que la nueva fase incluye sesiones de fisioterapia motora y acompañamiento psicológico continuo, sin precisar frecuencia ni un plazo de evolución.

La familia tampoco difundió un pronóstico sobre una posible recuperación de la movilidad y la sensibilidad. Durante las primeras semanas, medios locales informaron que Kabuto no sentía la parte inferior del cuerpo y tenía sensibilidad limitada en los brazos. El equipo médico comunicó que el cuadro exige un proceso largo y que aún no existe un diagnóstico cerrado.

La Policía Civil analiza videos, testimonios y documentos del torneo

En paralelo con la recuperación, la Policía Civil de Paraná (PCPR) examina las circunstancias del combate. El promotor de Justicia Renato de Lima Castro presentó una noticia criminal —equivalente a una denuncia penal en el derecho brasileño— para que el episodio fuera evaluado como una posible lesión corporal de naturaleza gravísima.

Según informó G1, tres profesores de jiu-jitsu ya declararon ante los agentes. Los testigos coincidieron en que el “bate-estaca” está vedado en la modalidad. No obstante, esa apreciación debe contrastarse con el reglamento aplicable, el material audiovisual, la actuación arbitral y otros elementos antes de concluir la causa.

Los agentes solicitaron a la organización del campeonato fichas de inscripción, permisos y documentación vinculada al evento. Esos registros permitirán revisar las condiciones bajo las cuales se celebró la competencia y los protocolos de seguridad previstos. La pesquisa también contempla nuevas declaraciones.

En este contexto, la PCPR esperaba una mejora en la condición de Masuda para tomarle testimonio. Machado figura entre las personas pendientes de prestar declaración. Su defensa indicó en agosto que el competidor está a disposición de las autoridades y que los hechos deben esclarecerse dentro del procedimiento oficial.

La causa deberá determinar si existió una conducta penalmente relevante

La autoridad policial deberá establecer cómo ocurrió la maniobra, si existió una infracción a las reglas, qué nivel de riesgo era previsible y si el resultado guarda relación directa con la acción investigada. El hecho de que una técnica esté prohibida en competencia no define por sí mismo una responsabilidad penal.

También será relevante la declaración de la organización del Super Pro Jiu-Jitsu, que sostuvo tras el incidente que Masuda recibió atención inmediata en el lugar, con ambulancia y personal médico. El contraste entre ese protocolo, las imágenes del combate y los testimonios de quienes presenciaron la lucha formará parte de la evaluación policial.

Una vez reunidas las pruebas, la PCPR deberá elaborar sus conclusiones y remitir el expediente al Ministerio Público de Paraná. El organismo podrá solicitar nuevas diligencias, archivar el caso si no encuentra elementos suficientes o impulsar una acusación ante la Justicia.

Por ahora, no existe una imputación formal ni una decisión judicial contra Machado. La causa sigue abierta mientras Willian Masuda avanza en su rehabilitación.

Con 18 años, Páez se encontraba frente a una posibilidad que no estaba dispuesto a contemplar: hacer la colimba. Ya había empezado a tocar junto a Charly García, atravesaba una etapa de descubrimientos personales y musicales y no quería interrumpir ese camino para incorporarse al servicio militar.

El cantante contó que se presentó en dos revisaciones médicas. En la primera recibió una respuesta que no esperaba: estaba apto. Entonces probó con un método que, visto a la distancia, parece salido de una comedia de enredos. “Dejé de comer dos semanas, volví e igual seguía bien”, relató durante la charla con Pergolini.

La estrategia no dio resultado. Páez siguió buscando una forma de obtener un DAF, sigla que aludía a una deficiencia de aptitudes físicas y que podía dejarlo fuera de la convocatoria. Según explicó, descartó fingir un problema psiquiátrico porque le habían advertido que los médicos podían detectar la simulación.

“Me habían contado que si te hacías el loco, tenían como descubrirte”, recordó. Para entonces, dijo, su vida empezaba a girar con fuerza alrededor de la música. “Yo estaba empezando a tocar con Charly, descubriendo las drogas, las mujeres, no quería hacer la colimba”, enumeró.

La tercera instancia ocurrió en Paraná, donde encontró una alternativa tan efectiva como dolorosa. Páez relató que un médico le explicó que la pérdida de la superficie masticatoria podía ser un argumento para no ser considerado apto. La condición era concreta: debía perder las ocho muelas.

Había una particularidad que terminó de cerrar el insólito cálculo. El rosarino ya no tenía una de esas piezas dentales, por lo que le quedaban siete. “Me dijo que te podía dar pérdida de la superficie masticatoria. Tenía que perder las ocho muelas, como ya no tenía una, me quedaban siete y fui a por ello”, relató el músico.

La determinación se convirtió en una carrera contra el tiempo. El artista acudió a dos guardias odontológicas y repartió las extracciones entre ambas. “No te preguntaban nada, entonces me saqué cuatro en una y tres en otra. En 48 horas”, precisó. Siete muelas menos en dos días fue el costo de su búsqueda por quedar afuera del servicio militar.

Lejos de presentar la maniobra como una hazaña sin consecuencias, Páez detalló el malestar que padeció después de las intervenciones. “Yo lloraba y sangraba un montón, no había remedio que calmara el dolor”, afirmó. El relato, que combinó cálculo, desesperación juvenil y una tolerancia al dolor difícil de imaginar, provocó la reacción inmediata de Pergolini.

El conductor interrumpió la anécdota con una frase irónica que sintetizó el clima en el estudio: “No podemos idolatrar un tipo así”. La respuesta generó risas, mientras el cantante continuaba con el desenlace de una historia que había empezado en un consultorio y todavía tenía una última revisión por delante.

Páez regresó al examen médico con la boca en recuperación y la cantidad de piezas dentales necesaria para sostener el argumento. El plan funcionó. “Cuando hice la revisación me dejaron salvarme”, contó sobre la decisión que le permitió evitar la colimba.

El músico agregó que el profesional que lo atendió entendió la dimensión de lo que había hecho para no quedar incorporado. “Tomátelas, te lo merecés”, le dijo, según reconstruyó Páez en el programa. Con esa frase terminó una secuencia que incluyó ayuno, tres revisaciones y siete extracciones dentales.

Años más tarde, el cantante reparó su dentadura cuando inició su relación con Cecilia Roth, según contó en otras oportunidades. La experiencia quedó convertida en una de esas anécdotas que parecen improbables hasta que el propio protagonista las narra: la vez que Fito Páez eligió pasar por dos guardias odontológicas antes que presentarse a la colimba.

Un joven oriundo de la provincia de Entre Ríos denunció que lo estafaron por $5 millones, que habrían sido transferidos de su billetera virtual sin que él lo haya autorizado. Previo a esto, había negociado la compra de un Volkswagen Gol Power, publicado en redes sociales.

“Era mi primer vehículo para uso personal”, lamentó la víctima, quien denunció que había pactado la supuesta compra del vehículo. Sin embargo, cuando había acordado el punto de entrega en Paraná, aseguró que el auto nunca llegó.

Según su relato, vio una publicación de un Gol Power modelo 2008 y se contactó con el supuesto vendedor para consultar por el estado del rodado. La operación incluía la posibilidad de revisar y probar el auto antes de concretar la compra.

“Busqué mucho. Me encantó ese auto”, contó durante un diálogo con El Once. Incluso, señaló que durante las conversaciones pidió ver el vehículo para comprobar sus condiciones antes de pagar el monto total. Fue así que el supuesto dueño del auto le indicó que se encontraba en la localidad entrerriana de Chajarí, es decir, a poco más de 300 kilómetros de distancia.

No obstante, fue en este punto que comenzaron a surgir las dudas del joven, debido a que detectó contradicciones a medida que avanzaba la negociación. Una de ellas fue que el número que utilizaba tenía característica de Córdoba, mientras que la publicación indicaba que el vehículo se encontraba en Santa Fe.

“Todo muy raro”, resumió la víctima, quien aseguró que, frente a estas dudas, un amigo se comunicó con el mismo contacto y recibió una propuesta similar. Según afirmó, al amigo también le dijeron que el auto estaba en Chajarí y le solicitaron dinero.

A partir de este doble chequeo, decidió pactar la entrega para el martes 11 de septiembre. Antes del encuentro, los presuntos vendedores le solicitaron una transferencia previa que, de acuerdo con el joven, correspondía al 10% del valor del vehículo.

Fue en esa instancia que su padre realizó un envío de $ 450.000 a un CBU aportado por el supuesto vendedor. Luego, le exigieron que transfiriera el resto del dinero antes de recibir el auto, algo a lo que se negó. “Yo no lo tengo, no lo vi, no sé cómo está, no sé si anda bien o mal”, sostuvo al explicar por qué no aceptó pagar el total de manera anticipada.

Fue así que la cita quedó fijada para las 21:30 horas de ese día en una estación de servicio de la zona de Cinco Esquinas, en Paraná. De hecho, el denunciante indicó que el vendedor le había dicho que saldría desde Chajarí entre las 18 y las 19 y que demoraría cerca de tres horas y media.

Sin embargo, el vehículo no llegó. Cerca de las 23, los mensajes dejaron de ser entregados y las llamadas no fueron respondidas. En ese momento, el joven comenzó a sospechar que había sido engañado. Pero la situación se agravó cuando ingresó a su billetera virtual, donde guardaba el dinero destinado a la compra.

“Cuando entro, desapareció toda la plata”, afirmó, para luego remarcar que no había efectuado una transferencia por los $5 millones a quienes ofrecían el vehículo y negó haber compartido claves o códigos de verificación. También señaló que nunca informó qué billetera virtual ni qué banco utilizaba.

“Ellos entraban a mi billetera y se cobraban el auto solos. Yo no le hice ninguna transferencia”, manifestó. A raíz de esto, el joven radicó la denuncia en la Comisaría Sexta de Paraná, sobre avenida Ejército. Según indicó, las actuaciones serían remitidas al área de Delitos Económicos, aunque todavía aguardaba ser contactado por esa dependencia.

A partir de este hecho, la víctima indicó que seguirá reuniendo información para incorporarla a la investigación. Además, afirmó haber identificado, por sus propios medios, a cinco personas que podrían estar vinculadas al hecho: cuatro de San Juan y una de Neuquén.

También relató que, al día siguiente de la cita fallida, el supuesto vendedor volvió a contactarlo y le aseguró que le habían hackeado el teléfono. No obstante, sostuvo que no creyó esa versión y que presentará los mensajes y demás elementos reunidos ante Delitos Económicos. Además, reclamó la restitución del monto robado.

A seis días del crimen del arquitecto de 61 años, Rodolfo Augusto Bassi, la Policía de Entre Ríos detuvo a dos albañiles acusados de haberlo matado a mazazos en un departamento de Paraná. Se trata de Carlos Gastón Aguilar (49) y Claudio Ramón Inofre (52) quienes fueron identificados a partir de una serie de errores que cometieron tras el asesinato, según confiaron fuentes judiciales a Infobae.

Todo comenzó el martes 1° de septiembre cuando la víctima se contactó con su pareja y le dijo que iba a estar trabajando en un departamento ubicado en Churruarín al 1800. Horas después, ante la falta de novedades de su esposo, la mujer volvió a comunicarse con él. Como los mensajes no le llegaban, decidió ir a los inmuebles donde Bassi se encontraba realizando reparaciones. Sin embargo, no lo encontró en ninguno de ellos.

Al día siguiente, los mensajes que la mujer le había enviado aparecieron con las dos tildes de WhatsApp, una señal de que el teléfono había vuelto a conectarse. Ante esta situación, le pidió que le escribiera o le mandara un audio y le advirtió que, de lo contrario, denunciaría su desaparición ante la Policía.

“Hola, estoy bolviendo de Rosario, Moni. Nos hablamos (sic)”, fue la respuesta que recibió. La palabra “volviendo” escrita con “b” y el hecho de que la mujer sabía que su marido no había viajado a Rosario despertaron sus sospechas y la llevaron a radicar la denuncia por desaparición en la Comisaría 12 de Paraná.

Al tomar conocimiento de la situación, personal policial se dirigió hasta el inmueble de la calle Churruarín. Al ingresar a la vivienda, los efectivos encontraron el cuerpo de Bassi. Tenía un alambre que iba desde el cuello hasta las manos y otro alrededor de las piernas. Inmediatamente, trabajaron en el lugar efectivos de Criminalística y un médico forense.

Fuentes del caso detallaron a este medio que la autopsia preliminar reveló que el arquitecto había recibido tres mazazos en la cabeza que le provocaron una fractura de cráneo. Además, presentaba lesiones en distintas partes del cuerpo provocadas con un elemento cortopunzante. El informe indicó que Bassi habría sido asesinado durante la tarde del martes 1° de septiembre.

La causa quedó en manos del fiscal Juan Manuel Pereyra, quien ordenó analizar las cámaras de seguridad de la zona y tomar declaración a testigos para identificar a los responsables.

Las primeras pistas surgieron de las filmaciones. El martes en el que ocurrió el crimen, las imágenes registraron a dos sospechosos cuando salían del domicilio donde fue encontrado Bassi. En ese momento, los investigadores solo sabían que eran albañiles y que uno de ellos era conocido como “Toco”.

Horas después, alrededor de las 19.30, otra cámara de seguridad captó a “Toco” cuando estacionaba una moto en la casa de la víctima. Una vez allí, según la hipótesis de los investigadores, habría sustraído dinero en efectivo y una tablet.

Luego, los investigadores determinaron que la Yamaha XTZ 125 cc era propiedad de Bassi. Según pudo saber Infobae de fuentes del caso, tras el asesinato, el sospechoso le vendió la motocicleta a un conocido. De acuerdo con el relato del comprador, primero se la ofreció por 500.000 pesos, pero como no contaba con ese dinero, terminó entregándosela por 200.000.

En un primer momento, el precio llamativamente bajo no despertó sospechas en el comprador. Sin embargo, cuando tomó conocimiento del crimen, se presentó voluntariamente ante la Policía e identificó al hombre que le había vendido la moto. Así, los investigadores llegaron hasta Claudio Ramón Inofre.

Con el avance de la investigación, también lograron identificar al segundo sospechoso. Al inspeccionar un inmueble ubicado en la calle Diamante, que también era propiedad del arquitecto, descubrieron que estaba ocupado por otras personas. Al ser entrevistadas por los agentes, aseguraron que quien les había vendido la propiedad era Carlos Gastón Aguilar. Sin embargo, los investigadores todavía intentan establecer si esa operación se realizó antes o después del asesinato.

El jueves 3, el fiscal solicitó órdenes de allanamiento para los domicilios de los dos principales sospechosos. Para entonces, los investigadores descubrieron que Inofre había comprado un pasaje de micro con destino a Misiones. Ante la sospecha de que intentaba escapar, montaron un operativo y lograron detenerlo en la localidad entrerriana de Federal.

Durante el procedimiento, secuestraron una tablet que pertenecería a Bassi, documentos personales del arquitecto —entre ellos, su DNI y su licencia de conducir— y prendas que llevaba Inofre, las cuales coincidirían con las que vestía el día del crimen.

Por otro lado, durante un procedimiento en una vivienda ubicada en el barrio El Perejil, los agentes detuvieron a Aguilar. Además, secuestraron una campera, un juego de mate y unos anteojos.

Fuentes del caso confirmaron a este medio que, un día después del asesinato, Aguilar le habría pedido a un vecino que le cortara el pelo para cambiar su apariencia y así evitar ser reconocido por los investigadores.

Finalmente, ambos fueron imputados por homicidio doblemente agravado por alevosía y criminis causae. El viernes pasado, se negaron a declarar y la Justicia les dictó 60 días de prisión preventiva. Actualmente, permanecen alojados en la Unidad Penal N° 1 de Paraná.

La principal hipótesis de la investigación sostiene que Bassi fue asesinado para facilitar y posteriormente ocultar un robo.

Urribarri deberá pasar 8 años en prisión tras la orden de detención emitida este viernes, luego de que la Corte Suprema dejara firme la condena en la causa por corrupción en contratos de publicidad oficial. El fallo también alcanzó al cuñado del exmandatario, Juan Pablo Aguilera, y a Pedro Báez, exministro de Comunicación de su gobierno. Ambos recibieron una pena de seis años y medio de prisión en la misma causa por administración fraudulenta en 2022.

La magistrada Bértora precisó que el pedido de arresto domiciliario, por la avanzada edad del exjefe regional (68 años) y su estado de salud, se evaluará en los próximos días.

Bértora explicó que la asignación en la cárcel provincial se organiza según criterios de convivencia, salud y antecedentes laborales, con pabellones sectorizados para evitar conflictos. Detalló que los detenidos tienen un “sector común y la celda”, que en general es compartida por dos personas.

En declaraciones al programa Futuro Imperfecto que conduce Lorena Maciel en Radio con Vos, la magistrada explicó que se “toman muchos recaudos” por el nivel de estudios y la situación sanitaria del condenado, y aclaró que el carécter público de Urribarri no cambia por el perfil del detenido: “Es lo mismo que hago con otras personas privadas de su libertad”.

Y agregó que una eventual prisión domiciliaria se analiza con informes médicos y sociales, y que el parámetro central es si las afecciones no pueden ser atendidas dentro de la unidad penal o si el estado no mejora allí.

Sobre el cumplimiento de la pena, indicó que la condena es de ocho años y que, a los cuatro, Urribarri podría solicitar salidas sociofamiliares, sin que eso implique su otorgamiento automático. También afirmó que el régimen de visitas será el mismo que el de otros internos: cada pabellón tiene un día semanal asignado y un teléfono del propio sector.

Además, negó que Urribarri pueda portar un celular, salvo en un régimen “Pre Egreso” con equipo registrado, algo que, dijo, “está muy lejos” para el exgobernador.

La estrategia de la prisión domiciliaria

La defensa de Urribarri intentó, previo a ser detenido, una maniobra de último momento para evitar que el exgobernador fuera tras las rejas. Invocó razones de salud a fin de que se suspenda la ejecución de la condena y se le otorgue la prisión domiciliaria.

El planteo, hecho por el abogado Leopoldo Cappa, requirió que se lo deje en su casa con control electrónico. El argumento fue el “estado de salud mental del condenado y en la necesidad de preservar su integridad psicofísica y seguridad personal”.

Según la presentación hecha por su defensa, Urribarri “se encuentra bajo tratamiento psiquiátrico desde el 18 de diciembre de 2025”. Además, Cappa presentó una certificación médica en la que consta que padece “un cuadro de trastorno de estrés postraumático con síntomas disociativos de despersonalización y expresión retardada”.

La Fiscalía se opuso. Los acusadores públicos Patricia Yedro y Gonzalo Badano rebatieron el planteo con razones formales. El primero fue que la suspensión de la ejecución de la condena es un instituto “inexistente”. El segundo, que con una sentencia firme no es el Tribunal de Juicio sino el Juzgado de Ejecución de Penas quien debe definir el modo en que se cumple la detención.

El Tribunal de Juicio resolvió que el pedido de la defensa del exgobernador era “improcedente”. Y le dio la razón a la Fiscalía: quien debe decidir cómo se cumple la sentencia es la Justicia de Ejecución.

Una mujer, oriunda de la localidad de Diamante, ubicada en la provincia de Entre Ríos, denunció haber sido víctima de una estafa telefónica. Según relató, la engañaron y terminó por entregar sus joyas a una persona desconocida.

Tras iniciarse una investigación, la Policía realizó dos allanamientos en Paraná, en donde se secuestró una motocicleta y otros elementos de interés para la causa. Todo surgió a partir de una denuncia radicada días atrás por la damnificada.

Desde ese momento, en el caso intervino la División Investigaciones de Diamante bajo directivas del Ministerio Público Fiscal (MPF) de Entre Ríos. Con tareas de inteligencia criminal y otras medidas investigativas, los efectivos reunieron indicios que orientaron la pesquisa hacia personas radicadas en la capital entrerriana.

Con esos elementos, la Fiscalía solicitó medidas ante el Juzgado de Garantías y, una vez autorizadas, una comisión policial de Diamante se trasladó a Paraná para concretar los procedimientos junto con personal de la División Delitos Económicos.

De acuerdo con la información obtenida por El Once, los allanamientos se realizaron en viviendas ubicadas sobre las calles Juramento y Julio Benítez. Durante los operativos, los agentes identificaron a un hombre mayor de edad, pero no se lo pudo vincular a la causa. Además, se procedió al secuestro de una motocicleta Honda y de otros objetos considerados relevantes para el expediente.

Por otro lado, aún se desconoce la maniobra que habrían utilizado los delincuentes para engañar a la mujer. Tampoco se precisó el valor de los elementos entregados ni se informó si las joyas fueron recuperadas durante los allanamientos realizados.

Las autoridades señalaron que el avance de la investigación permitió reunir pruebas e indicios suficientes para solicitar las órdenes judiciales que se ejecutaron en las dos propiedades. No obstante, el expediente continúa en trámite con intervención judicial para determinar cómo se concretó la maniobra y establecer eventuales responsabilidades.

Tras los procedimientos, la Policía volvió a advertir sobre este tipo de estafas telefónicas y recomendó extremar los cuidados frente a llamados de desconocidos que soliciten dinero, joyas u otros objetos de valor.

De la misma manera, recordaron que ninguna entidad bancaria envía personas a los domicilios para retirar pertenencias y aconsejaron verificar cualquier versión con familiares antes de concretar una entrega.

Estafa amorosa en Paraná: creyó que su novio virtual iba a viajar y transfirió casi $30 millones

Hace una semana, otra mujer de Paraná denunció haber sido víctima de una estafa virtual por casi 30 millones de pesos después de sostener durante más de un año una relación a distancia con un supuesto ciudadano británico. El sospechoso le prometía viajar a Entre Ríos para conocerla y entablar una relación amorosa.

La investigación ya tuvo una primera medida judicial en Concordia. Allí, las autoridades secuestraron tres teléfonos celulares y también quedó vinculada a la causa una mujer sospechada de haber recibido parte del dinero.

Según se reconstruyó, la víctima, de 60 años, relató que el contacto comenzó en febrero del año pasado a través de Facebook y luego siguió por WhatsApp. En ese intercambio, el hombre se presentaba como Michael Lawrence Williams y utilizaba una línea telefónica con característica del Reino Unido.

El vínculo fue tomando un tono sentimental con el correr del tiempo. En ese contexto, el supuesto británico le aseguró que quería viajar a la capital entrerriana para conocerla personalmente, pero empezó a pedirle dinero con distintos argumentos vinculados al traslado.

La mujer, convencida de que el encuentro iba a concretarse, tomó préstamos en entidades bancarias y no bancarias para reunir los fondos. De esa manera realizó transferencias por $29.816.400,69, monto que ahora forma parte central del expediente judicial.

La pesquisa quedó en manos de la fiscal Daniela Montangie y avanzó con tareas de la División Cibercrimen. Por medio de actuaciones, se logró determinar que parte del dinero había sido derivado a una cuenta a nombre de una mujer identificada por sus iniciales D.C.M.

Con ese dato, la jueza de Garantías Gabriela Seró autorizó un allanamiento en una vivienda de calle La Heras, en Concordia. El procedimiento fue ejecutado por personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, que notificó a la sospechosa y secuestró tres teléfonos celulares para su análisis pericial.

La familia de Rodolfo Augusto Bassi había denunciado su desaparición después de perder contacto con él. Este miércoles por la tarde, la Policía encontró el cuerpo sin vida del hombre de 61 años, en un departamento de su propiedad en el barrio Paraná XIV de Entre Ríos.

El cuerpo de la víctima estaba en el interior de la vivienda y presentaba claros indicios de una muerte violenta. De acuerdo con la información del portal ElOnce, la investigación judicial se abrió de inmediato y descartó en principio que se haya tratado de un accidente o muerte natural.

El operativo para localizar a Bassi se dio cuando desde su entorno formalizaron la desaparición ante la Comisaría Cuarta de Paraná. A partir de allí, las autoridades iniciaron una búsqueda que desembocó en el departamento que el hombre tenía ubicado en inmediaciones de las calles Churruarín y Juan Manuel de Rosas. El inmueble no era su residencia habitual, según informó el mismo medio provincial, pero lo estaba refaccionando con la intención de ponerlo en alquiler.

Dada la naturaleza del hallazgo, se dio intervención de manera inmediata a la División Homicidios, unidad especializada de la Policía de Entre Ríos que quedó a cargo de las primeras actuaciones en el lugar. En esa primera instancia, la escena fue encuadrada por las autoridades como una “muerte dudosa”, mientras recababan información necesaria para determinar las circunstancias del deceso.

Sin embargo, a medida que avanzaba la jornada y observaban más detalles del cuerpo, comenzaron a barajar la posibilidad de que se trate de un crimen. El cuerpo presentaba elementos que permitían inferir que la muerte no se produjo de forma espontánea ni accidental. “Hay claros indicios de una muerte violenta”, sostuvieron aunque no ofrecieron detalles sobre la naturaleza de las lesiones halladas ni sobre la mecánica del hecho, en resguardo de la investigación en curso.

El fiscal Juan Pereyra quedó a cargo de la causa y ordenó las pericias correspondientes sobre el departamento. Al mismo tiempo iniciaron las medidas tendientes a reconstruir los últimos movimientos de Bassi y confirmaron que las actuaciones “se encuentran encaminadan” dado que los ejes centrales será determinar si existió participación de terceras personas en el deceso.

Una situación similar se registró este martes en Neuquén, donde Fabio Alejandro Vallejos, de 56 años, fue encontrado muerto en el departamento que habitaba en el centro de la capital provincial, con golpes y cortes visibles en el rostro. La empleada doméstica del edificio en el que viviía lo halló muerto luego de que los compañeros de trabajo de la víctima, preocupados por su ausencia, decidieran averiguar su paradero tras no poder localizarlo.

El cuerpo estaba sobre la cama de la vivienda ubicada en Diagonal 25 de Mayo al 270. Vallejos, oriundo de Mendoza, residía solo en Neuquén desde hacía un par de años y trabajaba para una empresa de servicios al sector petrolero. Uno de los detalles que llamó la atención de los investigadores fue que la puerta del departamento no presentaba señales de haber sido forzada, y ningún vecino de los pisos contiguos refirió haber escuchado ruidos compatibles con una situación de violencia en las horas previas al hallazgo.

Según informó LM Neuquén, la causa quedó a cargo de la fiscal María Eugenia Inaudi, titular de la Fiscalía de Homicidios de Neuquén, con el respaldo de efectivos de la División Homicidios de la Policía, Criminalística y Medicina Forense. Los equipos trabajaron en la escena para reunir elementos que permitieran reconstruir lo ocurrido dentro del inmueble e identificar a las personas que pudieron haber estado con la víctima antes de su muerte.

El comisario Llaytuqueo confirmó al mismo medio local que “se sospecha que otra persona participó en el hecho”, aunque precisó que la investigación avanza sobre distintas hipótesis a la espera de los resultados de la autopsia.

Una mujer de 66 años murió este martes tras un brutal choque frontal entre una camioneta municipal y un camión sobre la Ruta Nacional 12, en el kilómetro 378, a la altura de Aranguren, en el departamento Nogoyá, provincia de Entre Ríos. El siniestro ocurrió alrededor de las 6 de la mañana, cuando una densa capa de niebla cubría toda la región y reducía la visibilidad a prácticamente cero.

Según informaron medios provinciales, la víctima fue identificada como Nilda Teresa Muñoz, quien viajaba como pasajera en una Renault Kangoo de propiedad del Municipio de Nogoyá. El vehículo prestaba servicio para el área de Desarrollo Social de esa administración municipal y trasladaba ese día a cuatro personas con turnos médicos programados en la ciudad de Paraná. Las otras tres ocupantes sufrieron heridas de consideración y fueron derivadas de urgencia al hospital de General Ramírez y al Hospital San Martín de Paraná.

El impacto, de frente, involucró también a un camión Iveco Daily de color blanco, procedente de San Jerónimo, provincia de Santa Fe, que se desplazaba en dirección a Gualeguaychú en el momento de la colisión. Las causas exactas del siniestro todavía no fueron determinadas y quedaron en manos de la Justicia, que deberá establecer la mecánica del accidente y si las condiciones meteorológicas tuvieron incidencia directa.

Desde la Municipalidad de Nogoyá emitieron un comunicado en el que precisaron que el utilitario “presta el servicio de traslado de Desarrollo Social, y se dirigía a la ciudad de Paraná, con cuatro ocupantes que tenían turnos médicos programados”. En ese mismo texto, las autoridades expresaron: “Acompañamos a los familiares y seres queridos de la víctima, en este doloroso momento”.

El jefe departamental de Policía de Nogoyá, Cristian Koch, brindó precisiones a Estación Plus Crespo. Koch señaló que “la persona fallecida iba como ocupante del utilitario” y aclaró que la conductora, empleada municipal, también resultó lesionada y fue derivada para recibir atención médica. El funcionario además informó que un fiscal se hizo presente en el lugar y que, por el momento, no se dispuso la realización de una autopsia, aunque la investigación continúa bajo sus lineamientos.

Tras el impacto, el operativo de emergencia se desplegó de inmediato sobre la Ruta 12. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Hernández trabajó junto al personal policial y los servicios de emergencias en la asistencia a las víctimas, el retiro de los vehículos y el ordenamiento del tránsito. La ruta fue cortada en el sector afectado y los desvíos se habilitaron por los ingresos a Aranguren y la localidad de Hernández. Las autoridades solicitaron a los conductores circular con extrema precaución por la zona, donde el banco de niebla seguía condicionando la circulación durante las primeras horas de la mañana.

Un impresionante choque en Coghlan con una camioneta que iba de contramano

La tranquilidad del barrio porteño de Coghlan quedó alterada días atrás durante la medianoche tras una impactante triple colisión. Una camioneta embistió de frente a un automóvil y golpeó parcialmente a otro vehículo.

El accidente grave ocurrió en la avenida Ricardo Balbín al 2700, en la intersección con Ugarte, cuando una Ford Ecosport gris al intentar adelantar por la izquierda cruzó al carril opuesto y colisionó de frente con un Volkswagen Gol blanco que circulaba en dirección contraria, que alcanzó también a otro vehículo que venía por el mismo sentido.

Este último coche funcionaba como vehículo de aplicación y transportaba a dos pasajeras. La conductora, de 38 años, debió ser hospitalizada en el Hospital Pirovano debido a un traumatismo pélvico que requería cirugía, ocasionado por la fuerza del impacto.

En cuanto a las pasajeras, una de ellas, de 32 años, sufrió politraumatismos y recibió atención en el mismo hospital. Ninguna herida presentó el conductor del tercer vehículo comprometido en el siniestro.

El hombre de 56 años que realizó la maniobra peligrosa, sindicado como responsable del choque, resultó herido y también fue trasladado al mencionado establecimiento médico porteño. La circulación en el área ya fue restablecida.

Un luchador de jiu-jitsu quedó sin movilidad desde el tórax hacia abajo tras recibir un golpe ilegal durante una competencia oficial en Londrina, estado de Paraná, Brasil. El pasado sábado 22 de agosto, Willian Masuda Kabuto disputaba una pelea en el Campeonato Super Pro Jiu-Jitsu cuando sufrió una fractura en la región cervical que derivó en una cirugía de urgencia al día siguiente. El caso conmocionó a la comunidad de las artes marciales en todo el país.

Según informó CNN Brasil, el impacto prohibido lo aplicó el competidor Juliano Di Pelli Machado durante el enfrentamiento. El movimiento se conoce como “bate-estaca”, una técnica vedada en el jiu-jitsu por el alto riesgo de provocar lesiones irreversibles: el rival levanta al oponente, lo deja caer de cabeza y proyecta todo su peso encima.

Luiz Gustavo Muniz, integrante de la academia HJJT Jiu-Jitsu —equipo al que pertenece Kabuto—, confirmó que el atleta no registra movimientos desde el tórax hacia abajo y presenta sensibilidad muy reducida en los brazos, sin poder sostenerlos por más de unos instantes.

Cirugía y estado de salud

Kabuto fue operado de la columna cervical el domingo 23 de agosto y permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI). De acuerdo con el medio de noticias G1, la intervención fue una artrodesis de columna —cirugía de estabilización— que se extendió por casi diez horas. La fractura comprometió las vértebras C5 y C6, ubicadas en la región del cuello. Según el parte médico difundido por su equipo, el atleta respira sin asistencia de aparatos y se encuentra clínicamente estable, aunque sin fecha de alta prevista. Los médicos a cargo no ofrecieron un pronóstico sobre la recuperación de la movilidad.

La escuela Neodojo, donde Kabuto se desempeñaba como instructor, comunicó la situación a través de sus redes sociales. “Nuestro Sensei Willian Masuda (Kabuto) fue operado de la cervical el domingo y está en recuperación. Por todas las enseñanzas y la compañía de nuestro Sensei, ahora es hora de estar a su lado y al de su familia. Te esperamos en el tatame, Sensei”, expresó la institución en un comunicado público.

La academia destacó el vínculo que une a sus integrantes con el instructor lesionado y convocó a la comunidad a acompañar el proceso. Kabuto era una figura activa dentro del club, donde ejercía como sensei y formaba a nuevos practicantes del deporte.

Solidaridad y pedido de justicia

La comunidad del jiu-jitsu en Brasil movilizó su respaldo de forma inmediata. La organización del Turris Invitational convocó a contribuir económicamente para cubrir los costos del tratamiento médico de Kabuto, en un llamado que se replicó en distintos sectores del circuito deportivo nacional.

“En este momento tan delicado, necesitamos mostrar que, dentro y fuera de los tatames, nadie lucha solo”, expresó la entidad en su comunicado, según consignó CNN Brasil. La HJJT (Horse Jiu-Jitsu Team), academia con sede en Londrina y pionera del deporte en la región, fue más directa en su reacción: “La cobardía y la gravedad de la situación son indignantes; esperamos y lucharemos por justicia”, señaló en un pronunciamiento público.

Investigación y consecuencias legales

El episodio tuvo repercusiones legales inmediatas. Según informó G1, el fiscal Renato de Lima Castro presentó el lunes 24 de agosto una denuncia penal para investigar el caso como lesión corporal gravísima. El documento señala una diferencia de aproximadamente 40 kilos entre ambos atletas. La Policía Civil de Paraná confirmó al mismo medio que abrirá un inquérito policial para esclarecer los hechos.

El portal de noticias también consultó a la Federación de Jiu-Jitsu de Paraná, que declaró no tener conocimiento previo de la realización del campeonato. La defensa de Machado emitió un comunicado en el que sostuvo que su representado actuó dentro del marco del combate y expresó deseos de recuperación para Kabuto. La organización del evento también difundió un mensaje de solidaridad y reiteró su compromiso con los protocolos de seguridad.

El encuentro, correspondiente a la categoría Reserva, se disputaba en la sede Plumín del Club Atlético Estudiantes (CAE) cuando varias detonaciones de arma de fuego interrumpieron la jornada deportiva.

Según los relatos de quienes se encontraban en el predio, alrededor de las 16, a plena luz del día, dos grupos de jóvenes se enfrentaron a los tiros en las calles cercanas, separados del club solo por un alambrado. Testigos mencionaron que se escucharon entre 15 y 20 disparos y que, tras la balacera, algunos de los involucrados circularon en moto apuntando hacia el sector del club.

Ante la incertidumbre y el temor por la situación, las jugadoras y el público buscaron resguardo en el suelo para evitar ser alcanzados por los proyectiles, mientras el partido fue suspendido de inmediato.

Esa misma jornada, la Comisión Directiva del CAE publicó un comunicado en el que calificó lo sucedido como un hecho lamentable que expuso a deportistas, entrenadores y familias. “Hoy la delincuencia derrotó al deporte”, lamentó la institución, que informó que, pese a los reiterados llamados al 911, la respuesta no fue inmediata.

Tras la denuncia formal, la dirigencia del club exigió a las autoridades que adopten medidas para garantizar la seguridad en el entorno de la sede y evitar que situaciones similares se repitan.

Por su parte, fuentes policiales indicaron que, tras la alerta recibida por el sistema 911, agentes de la División General de Coordinación Estratégica – Grupo de Acción Inmediata (GDI) de la Policía provincial acudieron a la zona de calle Dugratty. En esa intervención, los efectivos detuvieron a tres sospechosos de 18, 22 y 23 años, quienes quedaron vinculados a una causa por tenencia ilegal de arma de fuego.

En el operativo, se secuestraron dos armas, una de fabricación casera y un revólver, que uno de los detenidos intentó de descartar sin éxito.

El CAE comunicó en las últimas horas que “la Justicia ordenó a la Dirección General de Investigaciones e Inteligencia Criminal la realización de un control estricto de vecindad y ocupación en la zona lateral a la sede (desde calle Ambrosetti hasta las inmediaciones de ‘Ciudad Perdida’ y sobre calle Carlos Darwin), utilizándose para ello el material fílmico aportado por el Club”.

Mientras tanto, como medida preventiva, el club resolvió suspender toda actividad deportiva y social en la sede Plumín hasta contar con garantías de seguridad.

Además, informó que mantiene gestiones con autoridades judiciales y policiales para lograr la instalación de una custodia fija en el predio y avanzar en la investigación de los hechos.

“El Club Atlético Estudiantes es una víctima de la delincuencia que azota al sector, pero no seremos espectadores pasivos. Exigimos y acompañamos las medidas estatales necesarias para recuperar el espacio seguro que el deporte exige”, sostuvieron.

El siniestro se produjo aproximadamente a las 3:30 de la madrugada, en el kilómetro 209 de la carretera, dentro del municipio de Ipiranga, en la región de Campos Gerais. Los primeros datos obtenidos por los investigadores indican que el camión habría cruzado hacia el sentido contrario de circulación y terminó chocando de frente contra el microbús.

La PRF precisó que ambos vehículos transitaban en direcciones opuestas. El camión se desplazaba desde Carambeí hacia Prudentópolis, mientras que el microbús avanzaba en dirección contraria con pasajeros que debían trasladarse a hospitales ubicados en el área metropolitana de Curitiba, situada a unos 180 kilómetros de Imbituva.

De las 27 personas que viajaban en el microbús, 23 fallecieron y cinco sobrevivieron con heridas. Las autoridades todavía trabajan en el reconocimiento de las víctimas y en la reconstrucción de las circunstancias que precedieron al impacto.

El responsable de la delegación regional de la PRF, Luiz Fernando Berteli, explicó que el choque ocurrió en un tramo de carretera de doble sentido y una sola calzada, ubicado en una zona recta. Los agentes tampoco detectaron, inicialmente, condiciones meteorológicas que pudieran haber dificultado la conducción.

“Por el fuerte impacto, que ocasionó tantos daños, vamos a evaluar también las condiciones, intentar determinar también la velocidad en que estos vehículos estaban”, afirmó Berteli. El funcionario agregó que, debido a la magnitud de los daños, la velocidad podría haber tenido incidencia en la gravedad del hecho, aunque esa hipótesis deberá ser establecida mediante la investigación.

La Policía Científica de Paraná desplegó equipos para realizar los peritajes tanto en el lugar de la colisión como sobre los cuerpos. El organismo señaló que una emergencia de estas características requiere distintas etapas de trabajo, entre ellas la documentación de la escena, los análisis técnicos y la identificación de los fallecidos.

Las labores de reconocimiento serán realizadas en la sede de la Policía Científica en Ponta Grossa. En paralelo, equipos de la Policía Civil, los bomberos militares y otras dependencias estatales participan de la respuesta al accidente y de la asistencia a los familiares.

El Gobierno de Paraná decretó tres días de duelo oficial en todo el estado debido a la magnitud de la tragedia. Imbituva, de donde procedía el transporte sanitario, también declaró duelo durante dos días.

Las autoridades estatales informaron que además de los equipos de rescate fueron movilizados servicios de salud, asistencia social y la Defensoría Pública para atender a los sobrevivientes y acompañar a los familiares de las víctimas.

Mientras avanzaban las pericias y las tareas de emergencia, la carretera permanecía cerrada al tránsito en el sector del accidente. Las autoridades no habían establecido inicialmente un horario para su reapertura, debido a la continuidad de los trabajos en la zona.

Luego de que el plantel de Patronato regresara a Paraná tras la derrota por 3 a 0 ante Colón de Santa Fe en la Primera Nacional, un grupo de hinchas agredió a los jugadores apenas llegaron al estadio Presbítero Bartolomé Grella. El caso ya se encuentra bajo investigación de las autoridades locales.

El episodio se produjo este sábado por la noche, cuando los futbolistas fueron interceptados por simpatizantes molestos por la nueva caída en el torneo. Hasta el momento, se confirmó que el capitán y arquero Alan Sosa y el defensor Facundo Díaz resultaron heridos.

De acuerdo con las imágenes que circularon en las redes sociales, Sosa habría sufrido varios golpes. Uno de ellos le dejó un moretón a la altura del pómulo izquierdo, mientras que el otro impactó cerca de su oído, mandíbula y cuello izquierdo.

En el caso de Díaz, se difundió una imagen en donde se lo vio con la cabeza vendada. Aparentemente, habría sufrido un corte, que también provocó que la campera que llevaba puesta quedara manchada con sangre. El resto de sus compañeros también fueron agredidos, pero no trascendió si hubo más heridos.

A raíz de los incidentes, el personal de la División Investigaciones de la Policía de Entre Ríos acudió a la sede de Patronato para intervenir ante los incidentes y recabar información sobre lo ocurrido. Según la información publicada por Diario UNO de Entre Ríos, la presencia policial buscó contener la situación y prevenir mayores disturbios en el club.

Actualmente, las autoridades trabajan para determinar con precisión cómo se desarrollaron los hechos y la responsabilidad de quienes participaron del episodio de violencia. Asimismo, se informó que la División Investigaciones de la Policía de Entre Ríos continuará recabando testimonios y evidencia, a fin de esclarecer lo ocurrido tras el regreso del plantel a su ciudad.

La derrota de Patronato ante Colón por 3 a 0 en la Primera Nacional generó un clima tenso en el entorno del equipo, debido a que profundizó la preocupación entre los simpatizantes por el presente deportivo del club entrerriano. Hasta el momento, ni la dirigencia ni los jugadores afectados se pronunciaron ante la gravedad de los hechos.

Denunciaron violencia contra jugadores infantiles de Bella Vista: una madre y un barra, señalados como agresores

A principios de julio, el Club Bella Vista denunció que jugadores menores de edad habían sido agredidos tras el partido frente a Rosario Puerto Belgrano en Punta Alta. Una mujer, identificada como madre de uno de los futbolistas rivales, fue señalada como una de las principales responsables del ataque, según la información elevada por la policía a la Fiscalía.

De acuerdo a ese reporte, la mujer habría golpeado con el puño a un jugador de Bella Vista, y tras la caída del adolescente, las agresiones continuaron. La investigación también apuntaría a la participación de un integrante de la barra del club local, de aproximadamente 30 años.

Frente a esto, el Club Bella Vista difundió un comunicado en el que repudió la violencia sufrida por los jugadores de la categoría 2009 y sus familias. En el texto, la institución expresó su “profunda preocupación” y confirmó que varios futbolistas y familiares resultaron heridos, por lo que debieron ser atendidos en el Hospital Eva Perón.

Según datos aportados por La Brújula 24, uno de los jóvenes necesitó puntos de sutura en el rostro, mientras que otro menor fue evaluado por lesiones en un dedo de la mano. “Estos actos no pueden pasar desapercibidos. Son sumamente preocupantes y repudiables, que atentan contra los valores del deporte y las normas de convivencia que promueve la liga”, apuntaron.

La agresión se desató al finalizar el encuentro y la rápida intervención de las autoridades evitó daños mayores. De acuerdo con el parte policial, la identificación de los involucrados se logró mediante testimonios y registros fílmicos aportados por testigos.

Por disposición de la Ayudantía Fiscal de Coronel Rosales, se iniciaron actuaciones por infracción a la Ley del Deporte, mientras la investigación sigue bajo supervisión judicial para determinar responsabilidades y posibles sanciones. Asimismo, la Comisión Directiva del Club Rosario Puerto Belgrano también repudió lo sucedido y manifestó su solidaridad con Bella Vista a través de redes sociales.

En su comunicado, la entidad afirmó que los hechos no representaban los valores ni principios del club y aseguró que están colaborando activamente con la investigación y a disposición de la institución afectada para asistir en todo lo necesario.

Condenaron al ex presidente de la Sociedad Rural de Diamante y productor agropecuario, Leonardo Airaldi, a 12 años de prisión por organizar y financiar maniobras de narcotráfico en Entre Ríos. El fallo del Tribunal Oral Federal de Paraná también le impuso una multa de 118.404.000 pesos por los delitos cometidos entre 2019 y 2024.

La sentencia fue dada a conocer por la presidenta del tribunal, Noemí Marta Berros, que integró el debate junto con Mariela Rojas y José María Escobar Cello. Airaldi siguió la lectura del veredicto por medios remotos desde el penal de Ezeiza, donde permanece alojado bajo un régimen para presos de alto riesgo por otra investigación que analiza su presunta participación en un plan para atentar contra el juez federal Leandro Ríos, el fiscal general José Ignacio Candioti y el ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia.

El juicio oral había comenzado el 3 de marzo y se extendió durante 13 audiencias, con la declaración de más de 50 testigos. Entre quienes pasaron por el debate hubo integrantes de la Policía de Entre Ríos, la Policía Federal Argentina y la Prefectura Naval Argentina, fuerzas que participaron de distintos tramos de la pesquisa. Durante los alegatos, el fiscal general Candioti, el auxiliar fiscal Juan Podhainy y el fiscal coadyuvante de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), Martín Uriona, pidieron la condena de Airaldi como organizador y financista de la estructura.

La pena quedó por debajo de la pena de 14 años de prisión que el Ministerio Público Fiscal (MPF) había solicitado durante los alegatos. En ese tramo del juicio, los fiscales sostuvieron que Airaldi dirigía una estructura dedicada al tráfico de estupefacientes y que disponía de recursos logísticos y económicos para sostenerla. Entre los agravantes mencionados por la acusación figuraron el uso de aeronaves para tráfico transnacional, la cantidad de droga secuestrada y la violencia atribuida a la organización.

El tribunal también resolvió la situación del resto de los acusados juzgados en este expediente. Juan Andrés Erbes fue condenado a 6 años y 8 meses de prisión; Sebastián Agustín Armocida, a 6 años; y Roberto Fabián Coronel, a 5 años. A la vez, Joel Schonfeld recibió 3 años y 6 meses de prisión; María Soledad Touzet, 3 años de cumplimiento condicional; y Walter Olivero, 3 años de ejecución condicional. En cambio, Cristian Emanuel Sánchez y Marino Martínez resultaron absueltos.

Los hechos por los que fue condenado

La acusación fiscal ubicó una parte central de la operatoria en campos vinculados a Airaldi. Según esa reconstrucción, en esos establecimientos funcionaba una pista de aterrizaje clandestina utilizada para el arribo de avionetas con cocaína. Desde la misma zona, además, también partían embarcaciones que presuntamente intervenían en la distribución de los cargamentos.

Para los investigadores, esos predios cumplían un papel logístico dentro de la maniobra atribuida al productor rural. La fiscalía sostuvo que la ubicación de los campos, su extensión y las dificultades de acceso favorecían el desarrollo de ese tipo de movimientos.

Pese al veredicto condenatorio, el tribunal rechazó el pedido del MPF para decomisar la estancia El Mirador, vinculada al principal acusado. La fiscalía había argumentado que el campo fue utilizado como instrumento para la comisión de los delitos y remarcó su extensión, su ubicación sobre la costa del río y las dificultades de acceso al lugar. Esa pretensión no fue aceptada en la sentencia.

Otro de los hechos incorporados al expediente fue el acopio de 29,5 kilos de cocaína en una vivienda de Puerto Gaboto, en la provincia de Santa Fe. Ese procedimiento fue realizado en agosto de 2022 en el marco de una investigación iniciada en la justicia federal santafesina y luego acumulada a la causa principal que se tramitó en Paraná. Para la fiscalía, ese cargamento no representaba un episodio aislado, sino una parte de la misma estructura criminal atribuida a Airaldi.

Una prueba relevante fueron las intervenciones telefónicas y mensajes extraídos de celulares secuestrados durante la investigación. Esas comunicaciones permitieron reconstruir el funcionamiento de la organización, identificar roles y detectar un lenguaje codificado para aludir al tráfico de drogas. Entre las expresiones mencionadas en el juicio aparecieron términos como “lomo”, “carne”, “novillito”, “maple”, “maple con pelo” y “huevos”, que, según la acusación, eran utilizados para encubrir referencias a estupefacientes y cargamentos.

Los fundamentos de la sentencia condenatoria se conocerán el 14 de septiembre.

Un interno de 24 años murió el martes por la noche en la Unidad Penal Nº1 de Paraná tras recibir una puñalada en el pecho dentro del establecimiento penitenciario.

La víctima fue identificada como Esteban Bernal y fue atacado en el sector cercano al pabellón 14 por otro interno, cuando regresaban junto a un tercero de la escuela que funciona dentro de la cárcel.

El episodio se produjo cerca de las 20.30 del martes a partir de una discusión que derivó en una pelea. Mientras uno de los presos seguía su recorrido, los otros dos quedaron involucrados en el hecho que derivó en la lesión mortal. El inspector general y jefe de la División Principal Cuerpo Penitenciario, Alejandro Mondragón, indicó a Elonce que, según los primeros elementos reunidos, los protagonistas habrían empezado un enfrentamiento a golpes de puño y en ese contexto uno de ellos hirió al otro con un cuchillo en la zona del tórax.

Al respecto, el funcionario aclaró que desconocen el motivo por el cual se produjo el enfrentamiento dado que entre los internos no existían problemas previos.

La víctima fue trasladada de inmediato al Hospital San Martín de Paraná por personal penitenciario. Cuando ingresó al centro asistencial, alrededor de las 21, estaba inconsciente, con una herida en el lado izquierdo del tórax. Minutos después los profesionales confirmaron su muerte, de acuerdo con la información que el comisario mayor jefe departamental de la Policía, Hernán Góngora, le indicó a UnoEntreRíos.

La investigación llevada a cabo por la fiscal Paola Farinó se centró en otro joven de 24, identificado con las inciales J.N.Q., quien fue separado de la unidad penal y trasladado a la Alcaidía de la Policía donde quedó a disposición de la Justicia. Mondragón señaló que, una vez concluidas las diligencias iniciales para las que se requiere su presencia, podría ser derivado a otro establecimiento penitenciario.

Además, señaló que una de los principales puntos de la investigación era determinar de dónde provino el arma utilizada para el arma homicida. Los internos habían sido requisados al entrar y al salir de la escuela. Por lo que buscan saber si “desde ese pabellón le arrojaron un cuchillo de uso doméstico al interno”. El elemento cortopunzante fue secuestrado por personal de Criminalística de la Policía de Entre Ríos que realizó pericias en el lugar y también se incorporaron los registros de las cámaras de seguridad. “Quedó grabada toda la secuencia de lo que pasó”, afirmó el jefe de la División Principal Cuerpo Penitenciario.

Mondragón indicó que ambos compartían actividades escolares desde el inicio del ciclo lectivo y que no se había detectado una situación de enfrentamiento previo que hubiera obligado a separarlos. Explicó que existe un seguimiento de problemas de convivencia dentro del penal para evitar cruces entre internos con disputas conocidas, aunque afirmó que, en este caso, “era insospechable que iba a tener este desenlace”.

El reclamo de la familia

En las horas posteriores al crimen, la familia de Esteban Daian Bernal pidió que el caso se esclarezca y cuestionó la versión inicial sobre una pelea entre internos. En declaraciones recogidas por Elonce, su tío, Juan Ramón Bernal, afirmó que los familiares cuentan con otra reconstrucción de lo ocurrido y reclamó que se revisen las cámaras de seguridad del penal.

“No hubo ninguna gresca, no hubo ninguna pelea”, sostuvo, al señalar que el joven fue interceptado cuando salía de la escuela y recibió una puñalada en el tórax.

A la espera de los resultados de las pericias, del análisis de las filmaciones y de la toma de testimonios, la causa sigue bajo la órbita de la fiscal Paola Farinó, con el objetivo de establecer la mecánica del homicidio y la eventual responsabilidad de cada una de las personas involucradas.

La Corte Suprema de Justicia dejó sin efecto este jueves una sentencia que había obligado a una empresa de medicina prepaga a cubrir una técnica quirúrgica para tratar una lesión de cartílago en la rodilla izquierda, con una etapa del procedimiento vinculada a una clínica de España.

La decisión fue adoptada mediante un voto conjunto de Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, mientras que el presidente del tribunal, Horacio Rosatti, emitió otro voto en el mismo sentido.

El caso comenzó con un amparo presentado por un afiliado que padece una lesión osteocondral en el cóndilo femoral interno de la rodilla izquierda, es decir, un daño en el cartílago y en el hueso ubicado debajo, en la parte interna de la articulación. Debido a ese cuadro, el tejido no podía regenerarse por sí mismo. El paciente había sido sometido previamente a una mosaicoplastía, una cirugía que trasplanta pequeños fragmentos de cartílago y hueso sano para reparar la zona afectada, pero el procedimiento resultó fallido a causa de una osteocondritis desecante, una afección en la que un fragmento de hueso y cartílago pierde irrigación y puede desprenderse dentro de la articulación.

Ante ese cuadro, su médico indicó una técnica denominada ICC, prevista en dos tiempos quirúrgicos. La primera etapa consistía en una artroscopía para tomar una biopsia de cartílago sano, reparar y evaluar los meniscos y examinar la superficie dañada. Luego, la muestra debía ser enviada a una clínica española antes de la segunda intervención.

No estaba discutido que el paciente se encontrara afiliado a la demandada ni que la práctica hubiera sido prescripta por su médico. Tampoco que no contaba con certificado de discapacidad. Según surge del fallo, su cuadro podía encuadrarse entre las enfermedades poco frecuentes contempladas por la ley 26.689 y su decreto reglamentario.

En primera instancia intervino el Juzgado Federal N.º 2 de Concepción del Uruguay. Más tarde, la Cámara Federal de Paraná, por mayoría, condenó a la prepaga a cubrir el tratamiento al considerar que la técnica contaba con respaldo científico y que el Programa Médico Obligatorio no contiene una enumeración cerrada de prestaciones.

Los magistrados Lorenzetti y Rosenkrantz descalificaron ese razonamiento. Sostuvieron que la sentencia “no constituye una derivación razonada del derecho vigente con arreglo a las circunstancias comprobadas en la causa”.

Uno de los puntos centrales fue la valoración de un informe del Hospital Austral. La Cámara había utilizado ese documento para afirmar que el procedimiento estaba científicamente avalado. Sin embargo, el voto conjunto remarcó que la propia institución había advertido que “[s]e considera que es aún limitada la información basada en estudios randomizados controlados”.

Los jueces agregaron que los artículos científicos citados no resultaban definitivos sobre los resultados de la práctica y señalaban la necesidad de mayores estudios a largo plazo. Por eso consideraron “manifiestamente arbitraria” la valoración realizada por el tribunal de apelaciones.

También recordaron que, frente a nuevas prácticas y tratamientos, debe examinarse si la autoridad sanitaria otorgó autorización suficiente para que puedan ser prescriptos y aplicados. A ese hecho sumaron que la sentencia apelada no explicó por qué correspondía imponer prestaciones en instituciones ajenas a la cartilla, una de ellas ubicada en el extranjero.

El juez Rosatti coincidió con la solución y sostuvo que los agravios de la empresa encontraban “adecuada respuesta en los fundamentos y conclusiones del dictamen del señor Procurador Fiscal”. Con esa remisión, también votó por declarar procedente el recurso extraordinario y dejar sin efecto el fallo.

Así las cosas, la Corte ordenó devolver el expediente para que la Cámara Federal de Paraná dicte una nueva sentencia. Las costas fueron distribuidas por su orden, “en atención a la naturaleza de la controversia”.

La noche del miércoles, personal del área de Desarrollo Humano del Municipio de Paraná halló a Zulma Lobato en la vereda del hospital San Martín. La mujer se había trasladado desde la zona de la Terminal y fue observada en condiciones de calle, con signos de desorientación tanto en tiempo como en espacio. El secretario de Desarrollo Humano, Enrique Ríos, en declaraciones a Ahora, confirmó que fue derivada a un dispositivo municipal de atención, donde comparte alojamiento momentáneo con unas 12 personas y tres niños.

La preocupación inmediata de las autoridades es el estado de salud de Lobato. Para evaluar su situación, un equipo interdisciplinario de especialistas en salud, género y asistencia social interviene desde el primer momento. Además, se busca establecer contacto con familiares o amigos, con el objetivo de facilitar un acompañamiento adecuado y, eventualmente, una solución habitacional más estable.

La situación actual de Zulma tiene raíces en una serie de eventos recientes. Cerca de un mes antes de ser hallada en Paraná, la artista había difundido un pedido de ayuda a través de redes sociales, relatando su desalojo en Buenos Aires. En un video publicado en la cuenta de Jazmín Salinas, conocida como “La Cuerpo”, Lobato expresó: “Me desalojaron, estoy en la calle y perdí todo”.

Tras ese episodio, Lobato explicó que se encontraba temporalmente en casa de su amiga Jazmín, pero solicitaba ayuda para reunir fondos con el fin de alquilar una habitación y recuperar sus pertenencias. “Necesito la ayuda de los medios para ver si la gente deposita en mi alias y puedo conseguir una habitación para tener todas mis cosas”, fue su mensaje.

Cuando fue ubicada en Paraná, Lobato solo llevaba consigo unas bolsas de consorcio con ropa y medicamentos. Contó que había logrado ingresar al hospital para bañarse y lavar algunas prendas, una muestra clara de la precariedad de su situación. “Hace cuatro días que no me bañaba y tenía toda la ropa sucia”, contó. En ese momento, estaba acompañada por una mujer y un hombre que también viven en la calle en la zona de la Terminal y el hospital San Martín.

El equipo municipal que intervino en el caso destacó su confusión al momento del hallazgo. La artista no pudo explicar con claridad cómo había llegado a Paraná.

Zulma Nélida Dekleva nació el 8 de diciembre de 1958, irrumpió en la escena pública argentina en 2009. Su aparición en el ciclo televisivo conducido por Anabella Ascar en Crónica TV marcó el inicio de un fenómeno mediático de gran alcance. La personalidad magnética y el estilo disruptivo de Lobato captaron la atención de la audiencia de manera inmediata, consolidándola como un ícono de la cultura popular digital.

Detrás de la popularidad mediática, su vida estuvo atravesada por circunstancias adversas. En los últimos años, sufrió un violento asalto en la vía pública que le dejó secuelas graves en la visión. Este hecho agravó su situación de vulnerabilidad y marcó un punto de inflexión en su vida cotidiana y su capacidad de autonomía.

Sumado a los problemas de salud, enfrentó el desalojo de su vivienda en la Ciudad de Buenos Aires, lo que la llevó a perder la mayoría de sus pertenencias y a depender de la solidaridad de amistades para cubrir necesidades básicas. El episodio reciente en Paraná, donde fue hallada en situación de calle, representa la manifestación más cruda de un proceso de deterioro social y personal que viene arrastrando desde hace tiempo.

Una mujer vive bajo amenaza constante tras haber sufrido nueve robos y un décimo intento de intrusión en su vivienda y comercio, ubicado en el barrio Padre Kolbe, provincia de Entre Ríos. Marta Brión, jubilada y comerciante, reside desde hace 29 años en la calle Montiel al 1996 junto a su hijo con discapacidad, y asegura que la situación la mantiene en alerta permanente.

En diálogo con Elonce, la mujer relató el episodio más reciente el cual ocurrió durante la madrugada. Los delincuentes intentaron forzar el ingreso al domicilio cuando la propietaria logró escuchar los ruidos y constató daños en los accesos. Aunque en esta ocasión los intrusos no lograron su objetivo: “Pude escuchar porque era un ruido espantoso. Mis vecinos también se alertaron porque estaban barreteando y rompiendo la cerradura para poder entrar. ¿Qué es lo que pretenden? ¿Matarnos?”.

La vecina denunció que los ataques se repiten desde hace años y que los responsables serían conocidos en el barrio. “Del kiosco nueve veces me robaron. He hecho denuncias. Saben quiénes son y hasta ahora nada”, afirmó. Ante la reiteración de los hechos, la mujer exige respuestas de las autoridades judiciales y policiales. “Yo requiero de la autoridad, del jefe de Policía, de los fiscales, que revean esta causa. ¿Qué quieren? ¿Que después sea tarde? Que esté la vida de mi hijo o la mía en juego”, reclamó.

La vivienda y el local comercial han sido reforzados en varias oportunidades. Brion incorporó múltiples trancas y cerraduras, lo que impidió que el último intento de robo se concretara. “Tengo mi casa bien asegurada y ahora tuve que asegurarla más aún”, explicó la dueña. El costo de estas medidas resulta cada vez más difícil de afrontar: “La herrería es carísima. La cerradura ya no sirvió más y tuve que poner más trancas con candados. Nadie quiere vivir así”.

En los robos anteriores, los delincuentes se llevaron bebidas alcohólicas, cigarrillos y mercadería del kiosco. La comerciante recordó que en una ocasión observó cómo retiraban las botellas a través de la reja y pudo fotografiar a los responsables. En otro episodio, uno de los atacantes resultó herido tras romper una ventana.

La imposibilidad de abandonar el barrio responde a la situación de su hijo, que tiene una discapacidad y depende de los servicios médicos, la escuela y las actividades que realiza en la zona. “Por mí me iría, pero mi hijo tiene toda su vida acá. No le puedo cambiar la vida porque estos cambios lo afectarían”, explicó la mujer, quien trabajó como enfermera en el Hospital de Niños.

Brión reconoce el esfuerzo de la Policía, especialmente de la Comisaría Novena, aunque recalca que la solución depende del ámbito judicial. “La Policía hace lo que puede. Yo les agradezco a la Comisaría Novena y a las otras que han venido. Pero los que tienen que actuar son los fiscales y los jueces”, señaló. El temor a nuevos ataques altera la vida cotidiana de la familia, que ha debido modificar sus rutinas y limitar las salidas por miedo a dejar la vivienda sola. La situación afecta la tranquilidad y el bienestar de quienes habitan la casa.

Frente al domicilio existía una cámara del sistema 911, que fue robada. La vecina solicita que se reinstale el dispositivo para reforzar la seguridad del barrio. Según comentó Brión, conserva toda la documentación de las denuncias realizadas y permanece a la espera de novedades judiciales. Insiste en que la intervención de las autoridades es fundamental para evitar una tragedia y proteger la integridad de su familia. “Espero que algún día me citen del tribunal y me digan: ‘Señora, ahora vamos a actuar’. El que las hizo, que las pague”, concluyó.

Un salón de fiestas infantiles de Paraná, provincia de Entre Ríos, fue víctima de un robo seguido de incendio que destruyó por completo las instalaciones del local. Hasta el momento, hay dos detenidos, uno de ellos es menor de edad.

El siniestro se produjo en la Avenida de las Américas 4900, donde los vecinos, sorprendidos por el humo y las llamas, alertaron de inmediato a los servicios de emergencia.

La rápida respuesta de los Bomberos Voluntarios de Paraná permitió contener el incendio y evitar que el fuego se propagara a las viviendas linderas. No obstante, las autoridades confirmaron que las pérdidas materiales fueron totales.

El salón, que funcionaba como espacio para reuniones infantiles y eventos familiares, quedó completamente devastado tras el ataque.

Según informaron las autoridades, se investiga si el incendio fue consecuencia de un cortocircuito provocado durante el robo de cables o si los propios delincuentes iniciaron el fuego de manera intencional antes de huir. Mientras se aguardan los resultados de las pericias oficiales, la investigación avanza sobre ambas hipótesis.

Personal de la Comisaría 13° de Paraná logró avanzar rápidamente en la causa gracias al análisis de las cámaras de seguridad instaladas en la zona. Las imágenes permitieron identificar a dos sospechosos: un hombre con antecedentes penales y su sobrino, un menor de edad. Ambos fueron detenidos poco después del hecho.

Al momento de ser capturados, los detenidos tenían en su poder diversos elementos sustraídos del salón, entre ellos mercadería y una motoguadaña.

De acuerdo con lo informado por el portal del diario La Voz, la policía trabaja en la reconstrucción de los movimientos previos y posteriores al siniestro, mientras que la fiscalía evalúa los cargos a imputar, considerando la gravedad de los daños provocados y la participación de un menor de edad en el hecho.

El incendio dejó un saldo devastador para la familia propietaria y las decenas de familias que habían confiado en el salón para celebrar cumpleaños y otras ocasiones especiales. Los dueños, visiblemente afectados, publicaron un mensaje en sus redes sociales expresando su dolor: “Nos duele no poder abrir nuestras puertas mañana, no poder recibir a las familias que confiaron en nosotros”.

Delincuentes robaron un salón de fiestas en Mar del Plata

A principios de este mes, tres hombres armados irrumpieron en el salón de eventos, ubicado sobre la ruta 88 kilómetro 3,3, de Mar del Plata y ejecutaron un robo bajo amenaza de muerte al personal del establecimiento.

El hecho ocurrió poco antes de las 19, mientras el lugar se encontraba en plena preparación para una fiesta, con las puertas abiertas y actividad en el interior.

La secuencia delictiva se desarrolló en cuestión de minutos. Los asaltantes arribaron en dos motocicletas, se dirigieron directamente hacia el ingreso y, al encontrar las puertas sin seguro, ingresaron vestidos con el uniforme de una empresa de recolección de residuos. En ese momento, dentro del local trabajaban tres empleadas, una encargada y otro hombre relacionado con la firma, quienes fueron rápidamente reducidos por los delincuentes. Bajo amenazas, fueron obligados a permanecer inmóviles y a no oponer resistencia.

Tras dominar a quienes se encontraban en el salón, los tres hombres se dirigieron con rapidez hacia el sector de oficinas. Allí, lograron acceder a la caja de seguridad del establecimiento y sustrajeron una suma de dinero que las fuentes calificaron como importante.

El hecho fue informado de inmediato por las víctimas y comenzó a ser investigado por el fiscal Fernando Berligneri, titular de la fiscalía temática de robos calificados en comercios, en conjunto con personal de la comisaría distrital undécima. Ambos organismos trabajan en la recolección de testimonios y evidencias que permitan avanzar en la identificación de los asaltantes.

Las primeras diligencias incluyeron la toma de declaraciones a las personas presentes durante el asalto, así como el análisis de posibles registros fílmicos y peritajes en la escena. Fuentes ligadas a la investigación señalaron que una de las líneas de trabajo apunta a determinar si existía algún tipo de información previa sobre la existencia de efectivo en la caja de seguridad, dado el accionar dirigido de los ladrones.

Una violenta balacera sacudió este domingo por la noche al barrio Humito de la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos, generando alarma entre vecinos y una rápida intervención de las fuerzas de seguridad. Un hombre murió y otras cuatro personas resultaron heridas.

El episodio comenzó cerca de las 22, cuando comenzaron a ecucharse una serie de disparos en las inmediaciones de la intersección de las calles Curajil y Obligado.

Testigos relataron que el sonido de las detonaciones se prolongó durante varios minutos, lo que motivó la llamada inmediata a los servicios de emergencia y a la Policía. Al llegar, los primeros efectivos constataron la gravedad del hecho: cinco personas habían sido alcanzadas por los disparos. Uno de los heridos, que habría recibido un impacto en la cabeza, falleció en el lugar antes de poder ser auxiliado por los equipos médicos. Su identidad no había sido confirmada oficialmente al cierre de esta edición.

En el lugar, se desplegó un cerco perimetral para preservar la escena y facilitar el trabajo de los peritos, según lo informado por el portal del diario Uno de Entre Ríos. De esta manera, los profesionales de la Dirección Criminalística recolectaban vainas servidas, levantaban rastros y documentaban otros elementos de interés para la investigación. El operativo incluyó la intervención de personal sanitario, que brindó las primeras atenciones a los sobrevivientes y dispuso su traslado a distintos centros de salud.

Hasta el momento, las autoridades difundieron información oficial sobre el estado de salud de los cuatro heridos, ni la gravedad exacta de las lesiones sufridas. Tampoco se confirmó si alguna de las víctimas era el objetivo directo de los agresores o si el ataque tuvo un carácter indiscriminado. El hermetismo se mantiene en torno a la identidad del fallecido, a la espera de la notificación formal a sus familiares y de las pericias correspondientes.

Con respecto a los motivos que llevaron a la balacera, los investigadores manejan diferentes hipótesis, pero aún no se descarta ninguna línea de trabajo. Se intenta determinar la cantidad de atacantes involucrados, el tipo de armas utilizadas y la dirección desde la que provinieron los disparos.

Hasta el momento, no se informó la existencia de personas detenidas o identificadas en relación con el hecho, y las autoridades mantienen bajo reserva los detalles sobre posibles sospechosos.

Mientras tanto, la comunidad permanece a la espera de avances en el esclarecimiento del caso y de precisiones sobre el estado de los heridos. El barrio Humito continúa bajo vigilancia y con restricciones en la circulación, mientras personal de la policía y de la Fiscalía desarrolla tareas investigativas en el área afectada.

Un viejo conflicto personal habría derivado en un violento episodio durante los festejos por el triunfo de la Selección Argentina en Paraná, Entre Ríos, donde un hombre de 38 años fue apuñalado tras enfrentarse con el ex novio de su pareja. Producto del ataque, resultó herido y debió ser trasladado de urgencia a un hospital local.

Fuentes policiales confirmaron a Infobae que el hecho ocurrió el miércoles por la noche, cerca de las 20, en la Plaza 1° de Mayo, frente a la catedral, donde una multitud se reunió para celebrar el triunfo ante Inglaterra por la semifinal de la Copa del Mundo.

De acuerdo con la declaración de W.H., de 29 años, todo comenzó cuando ella y su actual pareja se encontraban en las inmediaciones de Su Santidad Francisco y Urquiza. En un momento, pasó por el lugar su ex, R.F.R., de 31 años, quien, según la denunciante, les hizo gestos provocadores.

Tras un cruce verbal entre la mujer y su ex, intervino la actual pareja de R.F.R., de unos 30 años, quien la agredió con una botella. Ante la agresión, el novio de la mujer, A.P., intervino y comenzó a pelearse con el ex de su pareja.

Debido a la gran cantidad de personas presentes en la plaza por los festejos, la denunciante no pudo precisar detalles de la pelea. Solo advirtió que su acompañante había resultado herido en la zona abdominal, por lo que solicitó ayuda. Como consecuencia de las heridas, fue trasladado al Hospital San Martín.

El caso quedó en manos de la fiscal de Delitos Complejos Sonia Vives, quien dispuso tareas de rigor y la intervención de la División Homicidios. Por orden de Vives, personal policial de la Comisaría 2° de Paraná acudió al centro de salud, donde confirmaron que el herido ingresó consciente, pero fue derivado de inmediato al quirófano para ser intervenido. Por este motivo, no pudieron tomarle declaración. Las fuentes consultadas por este medio indicaron que aguardarán su recuperación para avanzar con la investigación.

Según supo Infobae, el conflicto entre el actual novio de la denunciante y su ex tiene antecedentes. La disputa se remonta a 2017, cuando el herido estuvo involucrado en un homicidio en el que el fallecido era amigo de R.R.R., señalado como el presunto agresor. Por ese hecho, el hombre de 38 años estuvo detenido en la Unidad Penal N° 1 y recuperó su libertad en 2024.

El jefe de Operaciones y Seguridad Pública de la Jefatura Departamental Paraná de la Policía de Entre Ríos, Jorge Pérez, señaló que el operativo desplegado durante los festejos fue “altamente satisfactorio”.

En diálogo con el medio local Elonce, Pérez sostuvo que, a pesar de los hechos aislados, la evaluación general fue positiva. “Había muchísima gente, grupos de chicos y familias que fueron a festejar, pero hubo un grupito que no fue justamente a eso”. Según comentó, la convocatoria superó incluso la registrada durante los festejos del Mundial de Qatar.

Asimismo, destacó la actuación del personal policial que permitió controlar los conflictos. “Los festejos no requirieron intervención policial hasta que correspondió hacerlo. Nuestra función fue garantizar que la ciudadanía pudiera celebrar con tranquilidad”, concluyó.

El siniestro se registró en la intersección de las calles Mihura y Segovia luego de que los vecinos alertaran sobre la presencia de fuego en los pastizales y cañaverales. Tras dar aviso a las autoridades, los equipos de Bomberos Voluntarios constataron que el personal de Bomberos Zapadores ya se encontraba trabajando sobre el foco ígneo.

Durante el operativo, dos dotaciones de Bomberos Voluntarios de Paraná colaboraron con los Bomberos Zapadores para contener el fuego. También participaron los agentes de la Comisaría Décima y del Servicio de Emergencias 911, quienes se encargaron de garantizar la seguridad en la zona afectada y prevenir daños mayores.

De acuerdo con la información publicada por El Once, el despliegue de recursos fue fundamental para evitar que el fuego se propagara a sectores urbanos y pusiera en riesgo a los residentes. Asimismo, las autoridades recomendaron a la población evitar arrojar elementos encendidos en zonas de vegetación seca, especialmente ante las altas temperaturas y la baja humedad, debido a que se tratan de factores que favorecen la propagación de incendios.

Nuevos incendios en las islas del Delta del Paraná

Varios incendios se registraron este domingo en las islas del Delta del Paraná, frente a la localidad bonaerense de San Nicolás, lo que generó preocupación por el impacto ambiental en los humedales y la calidad del aire en ciudades ribereñas.

Según los datos recopilados por Diario El Norte, en la zona se vieron varias columnas de humo en distintos puntos. Estos fueron visibles desde el Eco Parque y sectores como el barrio Prado Español y el Yaguarón, lo que evidenció la extensión del fenómeno.

Los nuevos focos reactivaron la alarma sobre una problemática que se repite de manera periódica en la región. De acuerdo a datos del Museo de Ciencias Naturales Antonio Scasso, durante los primeros dos meses de 2026 se detectaron más de 530 focos de calor en distintos sectores del Delta del Paraná.

Esta cifra dio cuenta de la persistencia de las quemas, que suelen realizarse en tierras de uso ganadero, principalmente con el objetivo de eliminar la vegetación con bajo valor forrajero y favorecer el rebrote de pastos tiernos al final del invierno.

En línea con esto, un informe de la Subsecretaría de Ambiente Nacional señaló que entre enero y septiembre de 2020 se quemaron 328.995 hectáreas en el tramo del río Paraná correspondiente al territorio del Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Río Paraná (PIECAS-DP). Esta superficie representó aproximadamente el 14% del territorio PIECAS-DP.

Por provincias, el 86% de las áreas quemadas correspondió a Entre Ríos, el 8% a Buenos Aires y el 6% a Santa Fe. Asimismo, remarcaron que las áreas más afectadas incluyeron 173.816 hectáreas de áreas naturales protegidas, 2.402 hectáreas de bosque nativo y 1.768 hectáreas de bosque nativo categoría rojo.

También impactaron 290.003 hectáreas de zonas ganaderas, 300 hectáreas de forestaciones (0,4 % del total forestado), 289 hectáreas con plantaciones de sauce y 11 hectáreas con álamos. Por este motivo, las autoridades recordaron que los siniestros no solo afectan la biodiversidad y los servicios ecosistémicos de los humedales, sino que también podrían generar riesgos a la salud de la población debido a la presencia de humo que llega a invadir a las áreas urbanas.

Un sacerdote de la ciudad de Paraná, en la provincia de Entre Ríos, irá a juicio acusado de tentativa de homicidio tras instalar una conexión eléctrica precaria en el portón de su vivienda que dejó en grave estado a un menor de 12 años. El acusado fue identificado como el cura César Schmidt, y la fiscalía a cargo del caso busca una pena de seis años y medio de prisión efectiva.

El hecho que derivó en la causa judicial ocurrió el pasado 7 de marzo, cuando Esteban Bogado tocó el portón de la casa del sacerdote y recibió una descarga eléctrica que le provocó quemaduras en múltiples partes del cuerpo. La vivienda queda sobre la calle Lamadrid, entre Maestro Normal y Gobernador Crespo, en la capital entrerriana.

El menor intentó escalar el tapial de la vivienda tras no obtener respuesta al timbre, con el propósito de recuperar una pelota que había caído en el patio. Al tomar contacto con la estructura metálica del portón, sufrió una descarga eléctrica que lo dejó paralizado ante la mirada de los testigos presentes, quienes relataron que la exposición a la corriente se extendió por más de un minuto.

Durante esos instantes de pánico, un vecino del barrio también recibió una descarga eléctrica al intentar auxiliarlo. Fue una mujer quien logró separar al niño del portón con un palo, lo que posibilitó que le brindaran atención de forma inmediata.

El menor fue trasladado de urgencia a un hospital, donde el personal médico inició maniobras de reanimación y lo internó en terapia intensiva pediátrica bajo sedación y respiración mecánica asistida.

Según la agencia de noticias NA, el parte médico incorporado al expediente indicó que el niño sufrió “heridas en la pierna izquierda, muslo, región inguinal, palma de la mano izquierda y zona temporal derecha”. La gravedad del cuadro obligó a internarlo varios días en el área de Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Materno Infantil San Roque de Paraná.

La investigación determinó que Schmidt había conectado, con anterioridad al incidente y supuestamente por razones de seguridad, un cable desde un tomacorriente de su casa hacia un tejido metálico del portón.

Esa instalación, según estableció la pesquisa, no fue producto de ninguna falla en la red de distribución eléctrica. Así lo confirmó la empresa ENERSA —encargada del suministro de energía en la provincia—, cuyas pericias técnicas concluyeron que la conexión fue realizada por el propio dueño del inmueble.

El peritaje de ENERSA fue uno de los elementos que cambió el rumbo de la investigación a cargo de la fiscal Patricia Yedro. A partir de esos análisis, la causa dejó de tratarse como un accidente para pasar a encuadrarse en un delito grave. El montaje funcionaba como una fuente constante de energía con un nivel de riesgo elevado y capacidad para causar la muerte, según NA.

Con ese cuadro probatorio, la fiscalía resolvió elevar la causa a juicio oral. La acusación apunta al delito de tentativa de homicidio, y tanto la fiscalía como la querella pedirán en el debate una condena de seis años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo. La defensa de Schmidt, por su parte, planteará la absolución del sacerdote.

El defensor del Pueblo de Paraná, Lisandro Amavet, en el momento que ocurrió el accidente, habló por la gravedad del episodio y reclamó, a través de Elonce, una reflexión social sobre el uso de cercos electrificados conectados a la red domiciliaria. “No es una medida sana ni legal electrificar con 220 volts un cerco perimetral, un portón o una vivienda”, afirmó, y advirtió que ese tipo de prácticas “pueden provocar consecuencias graves e incluso mortales”.

Un sacerdote enfrenta un pedido de más de seis años de prisión tras el grave episodio en el que un niño de 12 años recibió una descarga eléctrica al intentar recuperar una pelota de la vivienda del cura en Paraná. Luego de que el menor, identificado como Esteban Bogado, quedara internado en terapia intensiva por el impacto sufrido en el portón de la casa, el hombre fue acusado de intento de homicidio.

La fiscal Patricia Yedró formalizó la imputación contra César Jesús Schdmidt por el presunto delito de intento de homicidio en el marco de la audiencia de medidas de coerción, ante el juez de Garantías Eduardo Ruhl. El Ministerio Público Fiscal solicitó una pena de seis años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo, pedido que será acompañado por la querella, encabezada por Leopoldo Cappa.

El grave incidente ocurrió el 7 de marzo en la calle Lamadrid, en la capital de Entre Ríos. Esteban Bogado intentó ingresar al patio de la vivienda tras no recibir respuesta al tocar el timbre, con la intención de recuperar una pelota que había caído dentro del predio. Al trepar el tapial y tomar contacto con la estructura metálica del portón, el niño sufrió una descarga eléctrica que lo inmovilizó durante más de un minuto.

Durante esos minutos, un vecino que intentó socorrer al menor también resultó afectado por la corriente. Finalmente, una mujer intervino y logró separar al niño del portón utilizando un palo, lo que permitió que recibiera auxilio inmediato. Esteban fue trasladado de urgencia al Hospital Materno Infantil San Roque, donde el equipo médico inició maniobras de reanimación y lo ingresó a la unidad de terapia intensiva pediátrica con sedación y asistencia respiratoria mecánica.

Tras lo sucedido, el equipo médico inició diferentes tratamientos y fue controlando cómo respondía Esteban a cada uno de ellos. Entre las medidas adoptadas, los especialistas optaron por suministrarle pequeñas cantidades de agua con jeringa, ya que su estado no permitía que bebiera por sí mismo. Este método busca asegurar una hidratación adecuada y cuidar el funcionamiento de los riñones, órganos que pueden verse afectados tras una descarga eléctrica severa.

La fiscal subrayó como agravante la condición de sacerdote del imputado. Uno de los puntos más contundentes del requerimiento fiscal es la determinación de la pena. Su investidura religiosa implica una “expectativa social de comportamiento ejemplar y de especial protección hacia el prójimo”. El documento judicial al que accedió Cuestión de Fondo señala que, al instalar una trampa letal que podía afectar a cualquier transeúnte, el imputado actuó en contradicción con los valores que su ministerio representa, incrementando el “disvalor de su acción”.

Entre los principales elementos incorporados a la causa figura un informe técnico elaborado por la empresa ENERSA, que determinó que la conexión eléctrica no se debió a una falla de la red pública, sino que correspondía a una instalación propia del inmueble. Según la acusación, esa conexión constituía una fuente permanente de energía con capacidad suficiente para provocar la muerte de cualquier persona que entrara en contacto con el tejido metálico. Con estos elementos, la fiscalía sostuvo que existen pruebas suficientes para avanzar hacia la instancia de juicio bajo la imputación de tentativa de homicidio.

La fiscalía también pidió medidas cautelares como la obligación de fijar domicilio, la prohibición de salir de la ciudad de Paraná y la exigencia de permanecer a disposición judicial durante la investigación. El juez hizo lugar a estos requerimientos, por lo que Schdmidt continuará sometido al proceso judicial. Actualmente, el sacerdote de 66 años reside en la Residencia Sacerdotal “El Buen Pastor” y durante el proceso se abstuvo de declarar.

El concejal del Partido Justicialista de Pueblo Brugo -localidad del departamento Paraná en la provincia de Entre Ríos-, Ariel Lemos, golpeó a puños al intendente Martín Ruiz durante una sesión del Concejo Deliberante, en una pelea que se desató por el cobro de un canon a puesteros del Festival de Jineteada previsto para el fin de semana.

El episodio ocurrió el último martes, en el recinto legislativo, cuando Ruiz se presentó ante el cuerpo para obtener precisiones sobre la modalidad de pago del derecho de instalación que deberán abonar los vendedores durante el evento, que se realizará este sábado y domingo en el predio de la ex fábrica de alpargatas de la localidad.

La discusión escaló rápidamente: el concejal Lemos, compañero de espacio político del jefe comunal, le propinó golpes de puño en la oreja y el cráneo. “En la reunión se discutió esto y él intervino con una trompada. Yo me quedé y el debate continuó y se aprobó. Cuando vi que estaba sangrando, me retiré del lugar para hacerme atender”, relató Ruiz en declaraciones recogidas por El Entre Ríos.

El punto de fricción entre ambos fue concreto: la ordenanza aprobada por el Concejo establecía que los puesteros debían abonar el canon antes de las 13 horas del viernes, dentro del horario administrativo municipal. Ruiz se opuso de plano a esa condición. “Los puesteros no van a ir un día antes a pagar; pagan el mismo día que se hace la jineteada”, sostuvo el intendente ante el cuerpo deliberativo, según informó El Entre Ríos.

El mandatario argumentó que nadie se acerca al municipio exclusivamente para ese trámite, sino que lo realizan en el momento en que se instalan en el predio.

Tras la agresión, Ruiz radicó una denuncia por lesiones en la dependencia policial de Pueblo Brugo y se sometió a una constatación médico-policial en la Comisaría Cerrito. “Recibí atención médica y me hice una placa. Me duele la parte del ojo y voy a hacerme otro estudio”, detalló el propio intendente.

Según informó Elonce, Lemos también presentó su propia denuncia, por lo que las actuaciones judiciales quedaron cruzadas entre ambos funcionarios.

El trasfondo del conflicto, según Ruiz, tiene que ver con la organización del evento en sí. “Lo que me da bronca son los cuestionamientos. Saqué a licitación la doma, no pusimos plata del municipio para no tener compromiso, porque no podemos gastar y no sabemos si la vamos a recuperar”, afirmó el jefe comunal en declaraciones a El Entre Ríos.

El mandatario del Partido Justicialista describió la situación como evitable: “Es una situación lamentable, no valía la pena. No estábamos tratando un tema complicado ni mucho menos”. Con cierta resignación, agregó: “Con el perdón de la palabra, fue una boludez”.

El Concejo Deliberante continuó el debate y aprobó la ordenanza que autoriza al Ejecutivo municipal a actualizar los montos cobrados a los puesteros. Las actuaciones policiales iniciadas por ambas partes están en curso para determinar las circunstancias del enfrentamiento y las eventuales responsabilidades.

En Villa Gesell agredieron a concejales que votaron contra el presupuesto municipal

Clarisa Armando, concejal del PRO en Villa Gesell, fue la principal damnificada de una sesión que terminó en violencia, cuando ediles opositores a la gestión del intendente Gustavo Barrera recibieron agresiones físicas dentro del recinto tras votar en contra del presupuesto municipal para 2026. El episodio quedó registrado en videos que circularon por redes sociales y generó el repudio inmediato del PRO y de La Libertad Avanza.

En declaraciones a Radio Rivadavia, Armando describió que el debate transcurrió “en un marco de mucha violencia convocada por el intendente y los funcionarios y por el sindicato de camioneros”. El rechazo del presupuesto fue la chispa que encendió las agresiones.

“Primero dentro del recinto y después cuando tuvimos que salir. Tuve que salir a acompañar a una de las concejales que se descompensó a la ambulancia, nos atacaron físicamente, no solo a nosotras, sino al personal de salud que se había hecho presente para asistir a la concejal”, relató Armando.

El hallazgo de un cuerpo con heridas de arma blanca bajo el puente Eva Perón, en el arroyo Antoñico de la ciudad de Paraná, disparó una investigación por homicidio que puso en foco a un joven de 20 años como principal sospechoso. La secuencia, que se remonta a la mañana del jueves, mantiene en vilo al barrio Las Flores y moviliza a las autoridades judiciales y policiales de la provincia de Entre Ríos.

Antonio Lucas Lautaro Vázquez, el único detenido por la causa, permanecerá detenido por 45 días en la Unidad Penal N°1 mientras avanza la investigación. Tras ser aprehendido, el joven fue trasladado al Hospital San Martín de Paraná, donde recibió atención médica por la herida en el cuello que atribuyó a un supuesto ataque durante esa noche.

Durante su permanencia en el hospital, permaneció bajo estricta custodia de la Policía de Entre Ríos y sólo pudo abandonar el centro de salud una vez que recibió el alta médica. Al salir del hospital, fue llevado directamente a Tribunales, donde se concretó la audiencia de imputación. Durante la audiencia realizada este viernes, Vázquez rechazó la imputación formulada por la fiscal Paola Farinó y aseguró haber actuado en legítima defensa. “Yo me defendí”, afirmó frente al juez de Garantías, Elvio Garzón.

El detenido relató que conoció a la víctima la misma noche del suceso, cuando ambos se cruzaron en un local “24 Horas” de la calle Ameghino. Sostuvo que decidieron caminar juntos hacia el barrio Las Flores para comprar estupefacientes. De acuerdo con su testimonio, el fallecido le manifestó que “andaba con ganas de matar a alguien” y luego lo atacó con un cuchillo, provocándole una herida en el cuello.

En este marco, Vázquez aseguró haber logrado desarmarlo y usar el mismo puñal para defenderse. Sin embargo, el relato del imputado contrasta con el resultado preliminar de la autopsia que determinó que la víctima recibió 15 puñaladas, de las cuales tres resultaron mortales. Además, la fiscalía puso en duda la versión de defensa propia, señalando que Vázquez dio tres explicaciones distintas sobre cómo sufrió el corte en el cuello, debilidad que afecta su coartada.

El hallazgo

El caso tuvo su origen el jueves por la mañana, cuando vecinos del barrio Las Flores alertaron a la policía sobre la presencia de un cuerpo en el arroyo Antoñico, bajo el puente Eva Perón. Personal policial constató que la víctima, un adolescente de 17 años, se encontraba boca abajo y presentaba múltiples heridas de arma blanca.

La alerta inicial llegó por parte de una vecina, quien notó la presencia de un cuerpo semisumergido en el arroyo que cruza por debajo del puente Eva Perón, en la calle Diamante. Personal policial y una ambulancia acudieron rápidamente al lugar, donde constataron que la víctima, se encontraba "semisumergido y vestido“. El área fue acordonada de inmediato para preservar posibles rastros y facilitar la labor de la Policía Científica.

La fiscal de la Unidad de Delitos Complejos Paola Farinó quedó a cargo de la investigación. En la escena trabajaron la Policía Científica, la Jefatura Departamental Paraná y la fiscalía, que dispusieron un perímetro para preservar posibles rastros y ordenaron el traslado del cuerpo a la morgue judicial de Oro Verde.

El jefe de la Dirección de Investigaciones de la Policía de Entre Ríos, Horacio Blasón, explicó que “los vecinos pueden ver una persona que estaba en el arroyo Antoñico que estaba sumergida; inmediatamente intervino el servicio de ambulancia, Comisaría Quinta”. El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial de Oro Verde, donde la División Rastros de la Policía trabaja en la identificación formal de la víctima, cuyo nombre aún no trascendió oficialmente.

Un hombre fue hallado muerto en el arroyo Antoñico, en la ciudad de Paraná, y la policía confirmó heridas compatibles con arma blanca en la víctima, lo que orientó la pesquisa hacia un caso de homicidio. El hallazgo ocurrió cerca del jueves al mediodía, cuando vecinos del barrio Las Flores alertaron sobre la presencia de un cuerpo sumergido en el curso de agua que cruza por debajo del puente Eva Perón, en la calle Diamante al final.

Horacio Blasón, jefe de la Dirección de Investigaciones de la Policía de Entre Ríos, explicó: “Los vecinos pueden ver una persona que estaba en el arroyo Antoñico que estaba sumergida; inmediatamente intervino el servicio de ambulancia, Comisaría Quinta y se pudo establecer que es un señor mayor de edad".

La fiscal de la Unidad de Delitos Complejos, Paola Farinó, quedó a cargo de la investigación, mientras trabajan en la escena para recolectar pruebas y testimonios relevantes. La intervención de la Policía Científica, la coordinación entre la Jefatura Departamental Paraná y la actuación de la fiscalía conforman el esquema de trabajo dispuesto por las autoridades.

Desde el primer momento, los agentes establecieron un perímetro en la zona para preservar posibles rastros, mientras la fiscal ordenó la autopsia. Fuentes policiales precisaron que “solo podemos confirmar que las causas del fallecimiento son causas violentas. El cuerpo ha sido trasladado a la morgue judicial de la localidad de Oro Verde para determinar, a través del cuerpo médico forense, la causa del deceso”.

La hipótesis principal del fallecimiento

Las primeras observaciones ya permitieron a los investigadores descartar un accidente y avanzar en una hipótesis de homicidio. El comisario explicó que “tiene heridas, pero seremos prudentes en esperar el resultado de la autopsia para que puedan determinar qué clase de heridas tiene y con qué son compatibles“.

La autopsia, en consecuencia, se posicionó como una pieza clave para dilucidar cómo se produjo la muerte y si hubo participación de terceros. “El cuerpo estaba semisumergido y vestido”, agregó Blasón. El despliegue incluyó entrevistas a vecinos y relevamiento de cámaras de seguridad cercanas al puente Eva Perón y al arroyo. “En estos momentos el personal está realizando entrevistas a los vecinos y un montón de actividades tendientes a poder dilucidar qué es lo que pasó”, indicó.

En paralelo a la recolección de pruebas, la policía de Entre Ríos detuvo a un sospechoso por el caso, según publicó El Once. Las fuentes de la investigación señalaron que la aprehensión se produjo en el marco de una serie de medidas dispuestas por la fiscalía. Aún no se brindó detalles sobre la identidad del detenido ni sobre los elementos que lo vincularían con el hecho.

Durante las primeras horas, circularon versiones que indicaban que el cuerpo se encontraba con una bolsa en la cabeza y atada de manos y pies. Sin embargo, Blasón advirtió que fue solo un rumor y esa información es falsa: “Eso es incorrecto, se lo puedo confirmar. En ese lugar del arroyo puede haber basura con la que alguno se puede haber confundido, pero descarto totalmente esa versión”.

Durante la misma mañana en que fue hallado el cuerpo en el arroyo Antoñico, la zona de Villa Huesito registró otro episodio violento. Se desató una pelea entre dos familiares que culminó con un joven herido por arma blanca. Al ser consultado sobre la posible conexión entre ambos hechos, Horacio Blasón, aclaró: “Por el momento el único vínculo es que se trata de hechos violentos. Ambos están siendo investigados y a medida que aparezca algún vínculo más objetivo podríamos decir que tienen relación”.

La pesquisa se centra en determinar el móvil del crimen y en reunir testimonios de personas que transitaron por la zona en las horas previas al hallazgo. El objetivo es reconstruir los momentos previos a la muerte y establecer si la víctima fue atacada en el lugar o si su cuerpo fue trasladado hasta allí.

La Unidad Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes de Paraná solicitó la colaboración de la población para localizar a Agustina Ailen Montero Castellano, una adolescente de 15 años que fue vista por última vez este viernes. Desde ese momento, no habrían podido volver a contactarla.

De acuerdo con la información corroborada por el Poder Judicial de Entre Ríos, las alarmas se encendieron después de que notaran que la menor de edad se retirara sin autorización del colegio Bazán y Bustos, ubicado en la ciudad de Paraná. Se estima que se habría ido cerca de las 16:30 horas.

Al momento de su desaparición, la joven vestía un pantalón tipo jogging color negro con detalles blancos y un buzo negro. Según la información recopilada por Diario UNO Entre Ríos, las autoridades decidieron brindar detalles específicos de la vestimenta para facilitar su identificación y agilizar la búsqueda.

En línea con esto, la Unidad Fiscal indicó que cualquier persona que pudiera poseer información sobre el paradero de Montero Castellano puede comunicarse de inmediato a la línea de emergencias 911 o al teléfono de la División Minoridad: 0343-4209195. Además, se enfatizó en la urgencia en la difusión de estos datos para acelerar la localización de la adolescente.

Tras dos días desaparecida, encontraron sana y salva a la adolescente buscada en Córdoba

La menor A.C.B, de 14 años, fue encontrada en buen estado de salud luego de permanecer dos días desaparecida, confirmaron fuentes policiales. El operativo que permitió dar con su paradero fue realizado por la Dirección General de Investigaciones Criminales en la calle Santa Ana del barrio Caseros, en la ciudad de Córdoba.

La desaparición de la adolescente había sido reportada por su familia, residente en el barrio Santa Isabel, al sur de la capital provincial. Según informaron las autoridades, la última vez que la habían visto fue el jueves anterior en el bar El Ruedo, ubicado en la esquina de 27 de Abril y Obispo Trejo, es decir, en pleno centro. Desde ese momento, el paradero de la joven era desconocido y su familia no lograba establecer contacto con ella.

El caso movilizó tanto a las fuerzas de seguridad como a la comunidad local, que siguieron de cerca las novedades sobre la investigación. La intervención de la Dirección General de Investigaciones Criminales resultó determinante para localizar a la menor, tras una serie de tareas investigativas que incluyeron el análisis de registros fílmicos y entrevistas a vecinos y comerciantes de la zona céntrica donde había sido vista.

Durante la búsqueda, las autoridades enfrentaron dificultades para identificar a la adolescente en los videos de cámaras de seguridad, ya que hasta este sábado no se contaba con información precisa sobre la ropa que llevaba puesta al momento de la desaparición.

Por este motivo, las autoridades difundieron un comunicado en el que solicitaron a vecinos, comerciantes y transeúntes que aportaran cualquier dato que pudiera contribuir a la investigación. La respuesta de la comunidad fue clave y se recibieron diversos aportes, aunque no se detalló públicamente cuál de ellos resultó fundamental para el hallazgo.

Fue así que este sábado la menor fue localizada sana y salva en la calle Santa Ana del barrio Caseros. El procedimiento se realizó sin incidentes y, según informaron fuentes policiales citadas por Infobae, la joven no presentaba lesiones ni signos de violencia. Tras ser encontrada, fue puesta bajo resguardo policial y se notificó a su familia, que ya se encuentra nuevamente con ella.

El Ministerio Público Fiscal (MPF) destacó la actuación coordinada de las fuerzas de seguridad y la colaboración ciudadana para la resolución del hecho. No obstante, informaron que realizarán las diligencias necesarias para esclarecer las circunstancias de la desaparición y garantizar la protección integral de la adolescente.

El detonante fue un conflicto previo entre estudiantes de la institución. De acuerdo con la información oficial a la que accedió Infobae, un hombre de 64 años, identificado como S.E.Z., denunció que su hijo de 16 años había sido atacado y golpeado en la cara por dos hermanas, una de alrededor de 15 años y la otra de 20.

Ante la situación, las autoridades escolares convocaron a los responsables legales de los menores para tratar el problema en el establecimiento. Pero, lejos de resolverse de forma pacífica, la reunión se convirtió en el escenario de una confrontación entre adultos.

Otro hombre de 30 años aseguró que el primer joven atacado había iniciado principalmente la pelea entre los alumnos. Luego, atacó a S.E.Z., lo empujó y provocó la brutal pelea que quedó registrada en el video que encabeza la nota.

Cerca de las 18:30, personal policial y efectivos del sistema de emergencias 911 fueron alertados por directivos de la escuela ante la situación de violencia que se desarrollaba en el interior del edificio, según supo este medio.

“En primera instancia hubo un inconveniente entre menores de edad, alumnos del colegio. Eso motivó que desde la institución se requiriera la presencia de los mayores responsables”, explicó el jefe de Operaciones de la Jefatura Departamental Paraná, Jorge Pérez, en declaraciones a Elonce.

Mientras los directivos intentaban explicar la situación, el clima se deterioró con rapidez. “Primero se produjeron insultos y agresiones verbales. Luego se involucraron familiares de ambas partes y terminaron agrediéndose y amenazándose tanto física como verbalmente”, detalló Pérez.

La respuesta policial fue inmediata. Al momento del incidente ya había presencia de efectivos en las inmediaciones del establecimiento por el horario de salida escolar, lo que permitió actuar antes de que la situación escalara. “Fue gracias a ese accionar inmediato que la situación no continuó ni pasó a mayores”, sostuvo el jefe policial a Elonce, al referirse a lo que quedó registrado en los videos difundidos en redes.

Como resultado del procedimiento, la Policía identificó a seis personas involucradas en el hecho: las dos mayores de edad con participación directa y otros familiares que se sumaron al enfrentamiento, según supo este medio. Una de las partes y las autoridades de la escuela formalizaron denuncias en la comisaría octava, lo que dio origen al expediente judicial correspondiente. Las lesiones constatadas fueron de carácter leve.

Pérez aclaró además que la Policía interviene en establecimientos educativos únicamente ante un requerimiento formal de las autoridades escolares. Tras el episodio, las clases continuaron con normalidad y se dispuso presencia policial preventiva en el establecimiento mientras las autoridades educativas y policiales avanzan en la determinación de responsabilidades.

Otro caso de violencia en un colegio de Entre Ríos

Un estudiante de la Escuela N° 1 “Nicolás Avellaneda” de Concepción del Uruguay llegó al establecimiento con un arma de aire comprimido en su mochila y desencadenó un protocolo de seguridad.

El resto de los alumnos detectó la situación y alertó a los docentes. De acuerdo con lo que pudo verificar el portal La Pirámide, la directora del colegio radicó la denuncia correspondiente, lo que derivó en la intervención de la Fiscalía.

El episodio tuvo lugar durante el turno de la tarde del jueves 28 de mayo, en el marco de un acto patrio. Cuando las fuerzas policiales tomaron conocimiento de lo ocurrido y se presentaron en la institución, el alumno y su madre ya habían abandonado el lugar.

La amenaza de ataque a la Escuela de Educación Técnica Nº 1 “General Francisco Ramírez” de Paraná, en Entre Ríos, movilizó el jueves un inédito operativo conjunto entre organismos internacionales, fuerzas de seguridad y autoridades educativas. Un adolescente fue identificado como el presunto autor y, por tratarse de un menor de edad, el caso quedó en manos de la Justicia de Menores.

La investigación fue activada tras una alerta generada por los sistemas de monitoreo vinculados al FBI, que llegó al Ministerio de Seguridad, la Justicia y la Policía de Entre Ríos. Esto derivó en un allanamiento y el secuestro de dispositivos electrónicos en la vivienda del sospechoso.

Según relató el director de Investigaciones de la Policía de Entre Ríos, Horacio Blazón, la información fue recibida a través del agregado del FBI en la Embajada de Estados Unidos, luego de que los organismos especializados detectaran publicaciones en redes sociales sobre un posible atentado contra el establecimiento educativo.

Tras la notificación, el jefe de Policía, Claudio González, convocó a una mesa interagencial integrada por el Ministerio Público Fiscal, áreas investigativas y operativas de la fuerza, el Consejo General de Educación y otras dependencias estatales para analizar la situación y definir medidas preventivas.

A partir de esto, las autoridades educativas dispusieron la suspensión preventiva de las clases en la EET Nº1 durante el viernes 29 de mayo, como respuesta inmediata a la amenaza. De acuerdo con la información recopilada por El Once, la alerta original provenía de la plataforma Discord.

“El FBI, a través de su agregado en nuestro país, comunica y da toda esta información, que no era una información tampoco muy clara, porque son usuarios de redes sociales”, explicó el director de Investigaciones. Asimismo, indicó que el comité interagencial ordenó la intervención de líneas telefónicas y otras redes sociales, para individualizar al usuario responsable de los comentarios.

Una vez que se tuvo la certeza de dónde provenían las amenazas detectadas, durante la madrugada se realizaron tareas de vigilancia sobre el domicilio del sospechoso y la escuela mencionada en los mensajes. Horas más tarde, se concretó un allanamiento en la vivienda del adolescente.

Como resultado del procedimiento, las autoridades confirmaron el secuestro de teléfonos celulares, tablets y otros dispositivos electrónicos para su análisis. Además, el director de Investigaciones subrayó que “no se encontraron armas ni elementos que permitieran inferir una amenaza concreta o inminente contra la institución educativa”.

“Era un mensaje de un atentado a una escuela con un montón de cosas más que están siendo sometidas a un análisis y, de este análisis, se desprende que era un lenguaje muy similar a estos juegos de guerra”, describió el comisario González.

Mientras que el director de Investigaciones relacionó el tipo de lenguaje con “entornos virtuales frecuentados por adolescentes”, señaló que el joven sería “una persona vulnerable, no es ni un niño ni un adulto, debe carecer de ciertos conocimientos intelectuales para llevar adelante una situación que le está pasando, y debe continuar asistiendo a clases”.

En línea con esto, Blazón señaló que “no era muy explícito lo que él explicaba que iba a hacer y entendimos que tenía mucho que ver con esto, con cosas que no se consiguen acá en Argentina”.

Por este motivo, las autoridades evitaron identificar públicamente al menor para resguardar sus derechos y garantizar la continuidad de las actividades escolares. Asimismo, confirmaron que la causa quedó a cargo de la Justicia de Menores, debido a que se trataría de un alumno menor de 18 años.

Ante esta situación, el jefe policial advirtió que “todo lo que tiene que ver con comentarios sobre armas, atentados o amenazas puede ser detectado por organismos especializados y derivar en investigaciones concretas”.

Mientras que señaló que el agregado del FBI felicitó a las autoridades entrerrianas por la rapidez en la respuesta, el director de Investigaciones insistió en la necesidad de supervisar y acompañar a los jóvenes en el uso de las plataformas digitales para evitar situaciones similares.

Una joven madre fue apuñalada este martes por la tarde dentro de la Escuela Nº88 “Bartolomé Mitre” en el barrio Belgrano de Paraná, provincia de Entre Ríos, en un episodio de violencia que involucró a un grupo de aproximadamente 20 personas armadas con cuchillos y piedras. El ataque ocurrió cerca de las 15:00 horas, cuando los alumnos del nivel primario se preparaban para salir y volver a sus casas.

La víctima, de unos 26 años, había acudido al establecimiento para buscar a su hijo de siete años, pero, en el momento que esperaba en la puerta, fue abordada por los agresores. Según describieron los testigos, había mujeres, niños y adolescentes involucrados, que la arrastraron de los pelos hacia el hall interno, donde recibió una puñalada profunda en el muslo.

“Fue una situación extrema”, afirmó el director de la institución, Mario Franchi, tras señalar que intentó intervenir en la situación, luego de que uno de los padres de otro alumno le avisara sobre el ataque. Asimismo, consideró que la acción fue directa y premeditada contra la mujer, quien debió ser trasladada de urgencia al Hospital San Martín debido a la gravedad de la herida.

Según relató a El Once, el violento episodio ocurrió frente a numerosos estudiantes, incluidos niños de nivel inicial. “La toman de los pelos y la meten en el hall. Ahí recibe la puñalada”, relató Franchi al indicar que el corte fue profundo. “Casi le toca la arteria femoral”, indicó sobre la herida que podría haber tenido consecuencias fatales.

Tras consumarse el ataque, el personal de la escuela brindó primeros auxilios improvisados y realizó un torniquete hasta la llegada de la ambulancia, que demoró unos diez minutos. Al mismo tiempo, la policía desplegó un operativo inmediato, que contó con la presencia de tres patrulleros.

A pesar del rápido accionar, el director escolar aseguró que la escena dejó un fuerte impacto emocional entre docentes, alumnos y familias presentes. “Mis alumnos no tienen por qué vivir esto ni crecer con esa imagen”, lamentó Franchi.

En línea con esto, Franchi negó que el conflicto se hubiera originado dentro de la escuela, tras contar que la familia de la víctima ya había enfrentado situaciones de violencia en otro sector de la ciudad. “La Mitre los adoptó porque somos escuela NINA (de doble escolaridad) y tratamos de contener de otra manera”, indicó al contar que buscaron integrarlos ofreciendo talleres y contención emocional.

“Nunca esperamos que vinieran a tomar venganza desde esa zona, a la escuela Mitre y que ingresaran al interior del establecimiento educativo”, manifestó el director al señalar que los agresores se habrían desplazado desde el barrio El Pozo hasta las inmediaciones escolares.

Luego de que recordara que también hubo balaceras y amenazas en otra escuela de la zona, Franchi enfatizó la necesidad de visibilizar la problemática. “La violencia está presente y no la podemos prevenir. Un cuchillo es un segundo y una vida queda en riesgo”, apuntó.

“He visto situaciones de violencia y he denunciado abusos sexuales contra nenas, cosas muy dolorosas, pero nunca vi una puñalada. Fue terrible”, repasó el director sobre el episodio vivido por la comunidad. No obstante, destacó que contaban con una “psicóloga, docentes comprometidos y educación emocional todos los días para que los chicos aprendan a resolver conflictos sin violencia”.

A partir del hecho, el director confirmó que trabajó con la supervisora zonal, Gabriela Blum, para poner en funcionamiento nuevas medidas de seguridad para garantizar la continuidad de las actividades escolares. “Estamos tomando determinaciones vinculadas con la seguridad de nuestros alumnos”, indicó al confirmar que no habría una suspensión de las clases.

En cuanto a la causa judicial, la información preliminar recibida por la dirección indicaba que una persona fue detenida. Según trascendió, se trataría de la autora de la puñalada. “Es conocida en la zona y por la policía”, señaló Franchi al afirmar que la búsqueda del resto de los responsables continuaría en marcha.

Una declaración en la audiencia de esta semana expuso con crudeza el temor y las amenazas que vivió una de las involucradas en la causa contra el productor rural y ex presidente de la Sociedad Rural de Diamante, Leonardo Airaldi, acusado de liderar una organización narcocriminal en Paraná y de organizar un plan para matar a un ministro y a dos funcionarios judiciales.

Se trata de María Soledad Touzet, una ex policía de Entre Ríos y también imputada en el caso, quien trabajó para el principal acusado entre julio de 2021 y octubre de 2022.

Frente al Tribunal Oral Federal, la mujer describió una relación de sometimiento y maltrato: “Los últimos seis meses con él fueron un infierno”, dijo y remarcó que “era capaz de cualquier cosa”. En un tramo de su testimonio, pidió: “No suelten a ese animal”, y relató que teme por su integridad y la de su hija.

En la audiencia desarrollada el martes pasado, Touzet relató que conoció a Airaldi en un kiosco y que él le ofreció incorporarse a una de sus empresas para manejar pagos y cobranzas. Ella aceptó porque buscaba abandonar la fuerza policial para tener más tiempo con su hija y dejar los adicionales nocturnos.

Pero lo que comenzó como un empleo administrativo se convirtió rápidamente en una situación de control. Según su testimonio, Airaldi exigía que lo llamaran “Patrón” y que siempre portaba un arma. Contó que, incluso después de quedar detenido en Rosario en 2022, seguía dando órdenes desde la cárcel utilizando teléfonos irregulares: “Manejó la vida de nosotros como quiso cuando estaba en el penal de Rosario. Nos llamaba tres o cuatro veces desde teléfonos truchos. Nos daba órdenes”.

La declaración de la ex policía fue extensa y detallada. Describió situaciones de amenazas y violencia verbal, entre ellos un episodio en el que Airaldi la amenazó cuando le consultó por mensaje si avanzaba con la compra de combustible para una avioneta: “Un error más de estos y te vuelo la cabeza de un tiro”. La mujer interpretó que el acusado se enfureció porque ella había dejado un registro escrito.

Durante su declaración, Touzet sostuvo que nunca recibió un comentario directo sobre drogas, pero con el tiempo comenzó a darse cuenta de la actividad ilícita. Otro de los implicados le advirtió: “¿Vos fuiste al campo? Leonardo no siembra, no fumiga, dos más dos son cuatro”, lo que, según declaró, la llevó a entender el trasfondo narco.

Antes del cierre de su testimonio, que se extendió prácticamente durante tres horas, afirmó su temor a represalias. Frente a esta situación, y por pedido de la Fiscalía General, el tribunal ordenó que la Policía de Entre Ríos le brinde custodia y que reciba un botón antipánico.

Las juezas Noemí Berros, Mariela Rojas y el juez José María Escobar Cello aceptaron el planteo tras considerar el riesgo para la testigo, quien vive sola con su hija. Además, dispusieron que no se cruce con Airaldi durante el proceso.

Airaldi asistió presencialmente a la audiencia porque amplió su declaración original. Hasta entonces, seguía las audiencias por videoconferencia desde el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, donde permanece bajo el régimen para internos de alto riesgo desde febrero de este año.

Según el comunicado del Ministerio Público Fiscal, la causa investiga una organización criminal que operó entre 2019 y marzo de 2024 en Paraná y Diamante. El principal acusado está señalado como organizador y financista de una banda dedicada al tráfico de estupefacientes, con una estructura jerárquica y roles definidos.

El caso también abarca el secuestro de 29,5 kilos de cocaína en una vivienda de Puerto Gaboto, provincia de Santa Fe.

El juicio oral comenzó el 3 de marzo y hay 13 personas más implicadas. Cuatro de ellas esperan que sus acuerdos de juicio abreviado sean tratados al dictarse la sentencia.

Airaldi, según la acusación, se encargaba de coordinar la actividad, gestionar el dinero y obtener información clave de funcionarios policiales para esquivar controles.

En las próximas semanas continuarán las audiencias de prueba y está previsto que el 12 de junio comience la etapa de alegatos. El tribunal podría dar su veredicto el 30 de julio, después de la feria judicial.

La incertidumbre que durante casi cuatro años rodeó a la familia de Carlos Ramírez llegó a su fin con un desenlace devastador.

Estudios genéticos confirmaron en las últimas horas que los restos óseos calcinados hallados en 2024 en la zona de Punta del Mono, en el barrio Bajada Grande de Paraná, pertenecían al hombre de 65 años desaparecido desde el 15 de noviembre de 2022.

El hallazgo, comunicado oficialmente por la Justicia, cerró una etapa de angustia, pero abrió nuevos interrogantes para los allegados, quienes aún reclaman respuestas sobre las circunstancias que rodearon la muerte.

La confirmación se produjo a través de una notificación judicial recibida por la familia. Gonzalo Ramírez, hijo de Carlos, relató la manera en que recibieron la noticia: “Hace dos días me notificaron que un cuerpo que aproximadamente hace un año se encontró calcinado en la zona donde había desaparecido mi padre concuerda en un 98% con el ADN”. El impacto emocional fue inmediato. “Recibir esta noticia fue muy duro”, expresó Gonzalo, visiblemente afectado por la situación.

El resultado del análisis genético representó un punto de inflexión para la familia, que durante años no tuvo ninguna certeza sobre el paradero de Carlos. La noticia también trajo consigo una nueva frustración: la comunicación de que la causa judicial sería cerrada, pese a que persisten dudas fundamentales sobre los hechos.

Según informó el portal El Once, la información genética, que estableció una coincidencia del 98% entre el ADN del cuerpo hallado y el de Carlos Ramírez, fue acompañada por la notificación de que la investigación judicial se daba por concluida. Gonzalo Ramírez manifestó su desacuerdo con la decisión: “Lo único que me dijeron fue que concuerdan los genes y nada más. También me dijeron que la investigación está cerrada, algo con lo que tampoco estoy de acuerdo”.

A lo largo de los años de búsqueda, los familiares aseguran no haber recibido respuestas claras sobre el avance del expediente ni explicaciones sobre la demora para identificar los restos encontrados en Bajada Grande. “Pregunté por qué tardaron tanto y no me dieron nada concreto”, señaló Gonzalo, quien además cuestionó que no se profundice la investigación sobre las circunstancias de la muerte de su padre.

Cuando solicitó la apertura de nuevas líneas investigativas tras el hallazgo del cuerpo calcinado, la respuesta oficial fue que la Justicia no pudo determinar la causa del deceso. “Me dijeron que no pueden comprobar cómo falleció y que ellos ya habían cumplido con encontrarlo”, afirmó.

El hallazgo de los restos óseos se produjo en 2024, en un sector de difícil acceso conocido como Punta del Mono, en Bajada Grande. En ese momento, las autoridades policiales solicitaron “prudencia” y evitaron confirmar la identidad de la víctima hasta contar con estudios científicos concluyentes.

Sin embargo, los familiares sostienen que el área ya había sido recorrida durante los primeros operativos de búsqueda. “Nosotros ese lugar lo recorrimos. Inclusive los mismos animales anduvieron por ahí. Creemos que él no estaba ahí en ese momento”, planteó Gonzalo Ramírez, sumando un elemento de incertidumbre a la investigación.

La familia insiste en que la pesquisa debe continuar para esclarecer cómo murió Carlos Ramírez y por qué apareció en ese lugar. “Queremos saber qué pasó y lo único que nos dijeron es que está cerrada la causa”, lamentaron.

Cintia Ramírez, sobrina de Carlos, recordó cómo fueron los primeros días tras la desaparición y las dificultades para obtener información. “Las cámaras lo tomaron en Chango Más y después nada. Nos llamaban esporádicamente para decirnos que lo seguían buscando”, relató.

Durante los primeros meses, la familia observó un despliegue de rastrillajes con perros, drones y helicópteros, aunque nunca se encontraron pistas concretas sobre el paradero de Carlos. “Después era nada. Uno llamaba y preguntaba y decían que lo estaban buscando”, expresó Cintia.

La investigación atravesó distintos fiscales y nunca se ofreció una recompensa para obtener información sobre el paradero del hombre. “Nunca hubo sospechosos. Cambiaron tres veces de fiscales y jamás dieron recompensa por mi tío”, afirmó.

Carlos Ramírez era empleado municipal en el cementerio y, según su familia, mantenía una rutina sencilla. El día de su desaparición había salido con la intención de retirar dinero de un cajero automático. “Quería ir al Walmart porque había un cajero. Repetía siempre lo mismo, que quería esa plata para comprarse un televisor por el Mundial”, explicó Cintia.

Los allegados aseguran que nunca detectaron conflictos personales ni amenazas. “Era una persona de su casa, del trabajo y de la casa de mi papá. No era alguien de salir ni de tener problemas con otras personas”, añadió su sobrina.

No obstante, reconocieron que semanas antes de la desaparición percibieron algunos cambios de comportamiento. “Lo notábamos un poco raro, como ido, decía algunas incoherencias, pero nunca pensamos que le iba a pasar algo así”, recordó Cintia.

El caso de Carlos Ramírez representa una situación que, según sus familiares, deja más preguntas que respuestas. La familia cuestiona la ausencia de nuevas líneas investigativas y la falta de comunicación clara por parte de las autoridades. Consideran que la investigación, cerrada tras la confirmación genética, no indagó en profundidad sobre la causa de la muerte ni las circunstancias en que los restos fueron hallados.

Y durante casi cuatro años, la familia de Carlos Ramírez enfrentó una búsqueda sin resultados concretos y con limitados avances judiciales. La confirmación de la identidad de los restos puso fin a una etapa de incertidumbre, pero abrió una nueva instancia de reclamos. “Uno siente que algo le pasó desde el primer momento. Ahora queremos saber por qué y qué fue lo que ocurrió”, concluyeron los familiares.

La defensa de los policías Lisandro José María Romero y David Diego Ismael Vázquez, imputados por la muerte de Ariel Goyeneche en Paraná, difundió este martes los resultados de una nueva autopsia incorporada a la causa que, según los letrados, respalda que el fallecimiento respondió a una “causa multifactorial compleja” y no a una conducta dolosa de los efectivos.

El informe fue elaborado por el Cuerpo Médico Forense de la Justicia Nacional y, de acuerdo con el comunicado emitido por los abogados, la evidencia científica allí contenida “aporta claridad objetiva sobre los hechos investigados”. Según detallaron, los peritos determinaron la concurrencia de factores respiratorios, metabólicos, tóxicos y cardiovasculares en un contexto de “extrema exigencia fisiológica” vinculado a la resistencia física de la víctima durante la detención.

Uno de los elementos que los defensores pusieron en primer plano fue el hallazgo toxicológico: las pericias detectaron la presencia de sustancias compatibles con un cuadro de “delirium agitado”, una condición clínica que, según explicaron, lleva asociado un riesgo de muerte súbita. A eso se sumó el hallazgo de una condición cardiovascular previa, con alteraciones coronarias y lesiones cardíacas preexistentes que, según el informe, habrían incrementado el riesgo de una descompensación fatal ante un cuadro de estrés extremo y consumo de sustancias.

Frente a ese cuadro, los abogados remarcaron además que los estudios radiológicos “no constataron lesiones traumáticas letales, fracturas ni indicadores compatibles con una acción desmedida” por parte de los efectivos. Con ese conjunto de evidencias sobre la mesa, la defensa fue contundente: “Las pruebas científicas incorporadas a la causa respaldan con firmeza que nos encontramos frente a una tragedia humana profundamente compleja, atravesada por múltiples variables biológicas y médicas, y no ante una conducta dolosa dirigida a causar la muerte”, expresaron en el comunicado.

Los letrados también se refirieron a la situación personal de sus representados. Aunque reconocieron que “no existe reparación posible frente al dolor que implica la pérdida de una vida humana”, sostuvieron que la de Romero y Vázquez y sus respectivas familias es igualmente una carga difícil: atraviesan, según afirmaron, “una enorme carga emocional, social y humana” mientras esperan que “la verdad pueda establecerse con objetividad y sin prejuicios”.

La presentación de esta pericia abre una disputa técnica directa con las conclusiones que el fiscal Santiago Alfieri había alcanzado durante la investigación. En mayo de 2024, Alfieri sostuvo ante Uno Entre Ríos que las pruebas recabadas permitían establecer “sin dudas” que el "accionar policial causa la muerte al excederse en los términos“, y subrayó que Goyeneche “era orgánicamente sano”, extremo que la fiscalía había verificado con informes de distintos organismos de salud de la zona. La primera autopsia practicada tras el fallecimiento había determinado que la causa de muerte fue una "asfixia mecánica por compresión extrínseca a nivel toraco abdominal“, es decir, provocada por un elemento externo al cuerpo, y también reveló lesiones contusas y traumáticas en distintos órganos.

Fue sobre esa base que Alfieri imputó a dos suboficiales y a un oficial —quien estaba a cargo del operativo y se mantenía informado— por “homicidio en circunstancias de exceso del cumplimiento de un deber” en concurso real con el delito de vejaciones. Ninguno de los tres imputados optó por declarar, aunque sí designaron un asesor técnico y un perito de parte para analizar las conclusiones forenses.

Los hechos se remontan a la madrugada del 12 de febrero de 2024. Un vecino de la calle Piedrabuena llamó al 911 para alertar sobre un hombre en el techo de una vivienda. Agentes de la Comisaría 2° llegaron al lugar y encontraron a Ariel Goyeneche, de 38 años, quien explicó que estaba allí porque creía que alguien lo perseguía para matarlo. El parte policial indicó que aceptó ser esposado sin resistencia, un dato que el fiscal consideró clave para reconstruir el estado en que se encontraba antes de ser apresado.

Durante el traslado, la situación se deterioró. Según las cámaras de seguridad de la zona, unos 25 minutos antes de su muerte, Goyeneche era capaz de abrir la puerta de un auto, bajar, correr, subir escaleras, reaccionar ante la voz de alto y sostener la fuerza de tres policías, todo eso con las manos esposadas. Pese a ello, permaneció aproximadamente media hora dentro del patrullero para ser trasladado menos de una cuadra, y fue reducido entre el cordón cuneta y la vereda con un policía sobre su espalda durante 25 minutos y otro sujetándole las piernas. Dos videos difundidos en redes sociales dieron cuenta de esas condiciones y de algunos golpes por parte de un funcionario.

Goyeneche era padre de una niña de 12 años. Su hermana, Analía Goyeneche, había señalado en el velatorio que la policía no aplicó los protocolos correspondientes para una persona que, según reconoció la propia fuerza, presentaba “delirios y alucinaciones” desde el primer contacto. Existe una resolución del Ministerio de Seguridad de la Nación —la 843/2022— que establece como prioridad “solicitar la atención inmediata del equipo de salud” en esas situaciones; pese a ello, Goyeneche no fue atendido por el médico policial. El accidente ocurrió en la intersección de las calles Mendoza y Cervantes de Paraná, y la causa acumula a la fecha un nuevo pedido de justicia realizado a dos años del fallecimiento.

Un adolescente de 14 años fue hospitalizado este viernes tras resultar herido de arma de fuego. El hecho ocurrió durante un enfrentamiento entre dos grupos que mantenía conficto en las cercanías del Puente Laprida, en Paraná.

El menor fue víctima de un disparo en la zona derecha de la espalda y tuvo que ser atendido de urgencia para recibir atención médica. Tras la balacera, fue asistido en el barrio Humito para luego ser derivado al Centro de Salud Carrillo y, finalmente trasladado de urgencia al hospital San Roque debido a la gravedad de la lesión, según detalló Reporte100.7.

De acuerdo con fuentes de la investigación, los implicados pertenecerían a bandas rivales con antecedentes de conflicto. Sin embargo, la situación sigue siendo evaluada para determinar responsabilidades y las circunstancias exactas del ataque.

El episodio, ocurrido a las 16:30 en una zona transitada de la capital entrerriana, causó preocupación entre los vecinos por haberse producido en plena tarde y en un sector con habitual circulación de personas y vehículos. Personal policial realizó un operativo especial en el área para intentar identificar a los presuntos autores y avanzar en el esclarecimiento del caso.

Muchas de estas disputas se relacionan con el narcomenudeo y el control territorial. Las investigaciones señalan que algunos de los enfrentamientos más graves involucran a grupos familiares con antecedentes en la venta de drogas, que mantienen rivalidades históricas o que buscan consolidarse en el negocio.

Otro adolescente herido

Otro adolescente fue herido el mismo viernes cuando el menor de 16 años intentó robar una distribuidora ubicada en Castelli y pasaje Paraná, al norte de la ciudad de Santa Fe. El joven, acompañado por otro sujeto y ambos munidos con escopetas, irrumpió en el local, donde enfrentaron la resistencia del dueño, hombre de 57 años, y su hija, de 27.

La situación escaló cuando, tras un forcejeo dentro del comercio, la joven logró desarmar al adolescente, produciéndose un disparo que lo hirió con su propia arma. La llegada de efectivos de las comisarías 9ª y 10ª junto al Comando Radioeléctrico permitió la detención del menor y el secuestro de una escopeta calibre 16 y otra 12/70.

Vecinos alertaron al 911 por los gritos y disparos escuchados durante el asalto, lo que facilitó el rápido operativo policial. Según la reconstrucción oficial, el propietario del comercio no sufrió heridas, aunque la hija padeció lesiones menores al forcejear con los asaltantes.

El adolescente herido fue trasladado al hospital Cullen bajo custodia. El hecho fue comunicado a la Jefatura de la Unidad Regional I y tomó intervención el Ministerio Público de la Acusación (MPA), involucrando a fiscales de Homicidios y de Menores.

De acuerdo con fuentes judiciales, el fiscal de Homicidios decidió no tomar medidas contra la mujer al interpretar que actuó bajo legítima defensa. La situación procesal del menor será definida en las próximas horas. Por disposición judicial, personal del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI) realizó peritajes en la distribuidora.

El comerciante relató que en los días previos ya había sufrido varios robos: “Ya me habían sacado un montón de mercadería y cigarrillos; prácticamente me vaciaban las estanterías”, sostuvo en diálogo con el medio Sin Mordaza.

El Ministerio Público de la Acusación evalúa los antecedentes del adolescente y de su acompañante, mientras se intenta determinar si están vinculados a otros hechos delictivos recientes en el barrio. La secuencia del asalto y la reacción de la joven reavivaron el debate sobre la inseguridad en la zona norte de la ciudad y las dificultades que enfrentan los comerciantes ante la reiteración de hechos violentos.

Ambos sucesos reflejan la preocupación creciente por la participación de menores en situaciones de violencia armada y delictiva, un fenómeno que inquieta a vecinos y autoridades en distintas ciudades del litoral argentino.

La Justicia avanza con la investigación contra Leandro Airaldi, el apuntado por un complot para asesinar al ministro de Seguridad de Entre Ríos y a dos funcionarios judiciales. Ahora, la Cámara Federal de Paraná rechazó los planteos de nulidad presentados por la defensa del narcotraficante y se espera que la causa continúe con su camino.

El tribunal superior de apelaciones, integrado por Beatriz Aranguren, Mateo Busaniche y Cintia Gómez, ratificó la negativa inicial del juez federal de primera instancia, Hernán Viri, a los argumentos defensivos. Mariana Barbitta, abogada de Airaldi —y quien también supo ser representante legal de Alberto Fernández, César Milani y un líder de la organización narco Los Monos— había solicitado la anulación de diversas medidas dispuestas por el Ministerio Público Fiscal cuando el plan salió a la luz, pero sus pedidos no prosperaron.

El caso tuvo origen el 20 de febrero mediante la declaración de otro narcotraficante. En esa oportunidad, se supo que Airaldi tenía intenciones de atentar contra el juez federal Leandro Ríos y el fiscal federal José Candioti, sumando como objetivo al ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia.

Dos reclusos, compañeros de pabellón de Airaldi en la cárcel de Gualeguaychú, revelaron la información. Uno de ellos es Daniel Celis, rival de Airaldi en el tráfico de drogas. El segundo testigo, cercano al caponarco, corroboró los datos.

Las objeciones de la defensa analizaron aspectos tanto de forma como de fondo. El foco estuvo puesto en cómo se llegó a un celular Samsung A04 que se sospecha es de Airaldi. Hay un testimonio en el expediente que así lo indica. El dispositivo había sido incautado un mes antes, durante una requisa efectuada en el pabellón 9 del penal.

En el mismo día en que se descubrió el plan, el juez Viri delegó la investigación en el fiscal federal Pedro Rebollo, integrante del Ministerio Público Fiscal. Este funcionario ordenó inmediatamente un allanamiento en la cárcel. Gendarmería, fuerza federal de seguridad, irrumpió en el sector durante la tarde-noche del viernes 20. Al día siguiente, Rebollo dispuso el secuestro del Samsung A04, dando la orden telefónicamente. Ese accionar fue objetado por la defensa, pero sus planteos fueron rechazados en ambas instancias.

El lunes 23, el fiscal adoptó la misma medida con los otros seis teléfonos hallados durante el procedimiento realizado por Gendarmería.

Actualmente, todos estos dispositivos están siendo peritados por la fuerza federal. Los datos que se obtengan serán determinantes. De ellos dependerá en qué delito podría encuadrarse la planificación de los crímenes. Además, se encuentran bajo análisis anotaciones, cámaras de seguridad y otros equipos electrónicos.

En lo formal, la defensa de Airaldi intentó anular todas las actuaciones argumentando la vulneración del debido proceso y el derecho a la legítima defensa, sin lograr respaldo judicial.

La investigación avanza con estricta reserva. No obstante, por la cantidad de tiempo transcurrido, se prevén novedades en los días venideros que podrían influir tanto en este expediente como en otros vinculados.

Quién es la defensora de Airaldi

Mariana Barbitta es una abogada de alto perfil. En su cuenta de Instagram, compartió recientemente una foto junto al expresidente Alberto Fernández, celebrando el fallo del tribunal superior de apelaciones, Casación Penal, que anuló el procesamiento confirmado contra el exmandatario en la denominada Causa Seguros.

También defendió al exjefe del Ejército, César Milani, en dos expedientes de lesa humanidad en los que resultó absuelto, así como en la causa por enriquecimiento ilícito, donde también actuó como su abogada.

Barbitta, quien dicta clases de Derecho Penal en la Universidad de Buenos Aires, universidad pública argentina reconocida, intervino en otros casos de alto impacto. Entre ellos, la defensa de Leandro Vinardi, alias “Pollo”, segundo en la estructura de la organización narcocriminal Los Monos, de Rosario, e integrante de la barra brava de Newell’s.

En su nómina de clientes figura el juez federal de Corrientes, Carlos Soto Dávila, condenado por aceptar sobornos del narcotráfico.

Además, Barbitta consiguió que la Justicia de Entre Ríos restituyera el régimen de arresto domiciliario a Julián Christe, acusado de ser el presunto femicida de Julieta Riera, joven fallecida tras caer del balcón del departamento que compartía con Christe. Christe recibió una condena, pero ese juicio fue anulado.

El buffet de Barbitta también representó a Mauricio “Chicho” Serna en un proceso judicial en el que se investigó a la familia de Pablo Escobar Gaviria.

Un accidente laboral ocurrido este miércoles en el Parque Industrial de la ciudad de Paraná, en la provincia de Entre Ríos, dejó como saldo un trabajador muerto y una mujer con heridas leves. La víctima fatal fue identificada como Gerardo Hilario Taborda, de 48 años, oriundo de la localidad correntina de Curuzú Cuatiá, quien perdió la vida al quedar aplastado por la cabina de un camión volcador que se desestabilizó durante una tarea de descarga de material.

El hecho se produjo alrededor de las 7:50 sobre calle Izaguirre, dentro del predio de la empresa De Martin Hormigonera. Según precisó el comisario Hernán Góngora, jefe de la Policía Departamental de Paraná, en declaraciones a Elonce, Taborda “estaba descargando un camión con piedra mora, fina" cuando se desencadenó la tragedia.

En el momento del accidente, la batea del vehículo se encontraba levantada; fue entonces cuando el rodado —un volcador marca Ford, modelo 1722— “se vuelca hacia la izquierda y la persona que conducía el camión también cae y es aplastada por la cabina”, describió Góngora ante el medio entrerriano.

Dentro del vehículo viajaba la pareja de la víctima, D.Á.B., de 28 años, también oriunda de Curuzú Cuatiá. La mujer sufrió un traumatismo de cráneo leve con un corte en el cuero cabelludo y fue trasladada al hospital San Martín para recibir atención médica. Personal de la Comisaría 15 fue el primero en llegar al lugar y solicitó la asistencia de dos ambulancias ante la gravedad del cuadro.

Góngora precisó a Elonce que Taborda “trabajaba para la empresa que efectúa el traslado de este tipo de material”, dato que distingue al fallecido de los empleados directos de De Martin Hormigonera. La investigación quedó a cargo de la fiscal Dra. Paola Farinó, mientras que personal de la División Criminalística lleva adelante las pericias para determinar las causas que provocaron la pérdida de equilibrio del camión. Las filmaciones de las cámaras de seguridad del predio ya fueron secuestradas para su análisis.

Un pintor cayó desde cinco metros mientras trabajaba y murió

Adrián Andrés Lizarraga, pintor de 53 años, perdió la vida el último martes tras precipitarse desde una altura aproximada de cinco metros mientras realizaba tareas de impermeabilización de techos en una vivienda de calle Rodríguez al 800, en el barrio Lourdes de Rosario.

El accidente se produjo cerca de las 9:30 de la mañana. Lizarraga trabajaba junto a su hijo en la fachada de una casa de dos plantas cuando perdió el equilibrio y cayó al vacío desde el sector superior de la construcción.

Las primeras pericias en el lugar aportaron un indicio sobre el origen del siniestro: un tramo de una escalera de aluminio quedó suspendido sobre una de las ventanas del piso superior, mientras que el segundo tramo del mismo elemento apareció en el suelo, sobre el acceso con declive a la cochera. Ese detalle llevó a los investigadores a contemplar la posibilidad de que la escalera se hubiera partido o desprendido en el momento en que el trabajador estaba sobre ella para acceder al techo.

Personal médico lo atendió en el lugar antes de que el Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) lo trasladara en ambulancia, con politraumatismos graves, al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA). Cerca de las 11 de la mañana, el centro de salud confirmó su muerte.

La investigación quedó a cargo del fiscal Matías Edery, de la Unidad Especializada en Siniestralidad Vial y Homicidios Culposos, quien deberá establecer las causas exactas de la caída. Efectivos policiales practicaron las pericias correspondientes en el sitio para nutrir el expediente con los elementos técnicos necesarios.

Fuentes policiales indicaron a Infobae que el hecho se produjo cerca de las 19:20, mientras la víctima, identificada como M.J.M., de 32 años, jugaba al fútbol en la cancha del parque.

Según el relato brindado por la víctima a las autoridades, un hombre de remera amarilla - acompañado de una mujer- se le acercó y comenzó a increparlo para exigirle explicaciones porque supuestamente había agredido a su hijo.

La discusión, según se observa en el video que acompaña este artículo, derivó en que M.J.M se defendiera con un golpe de puño, sin imaginar que el agresor sacara un arma de fuego tipo y le disparara a su pierna izquierda. Según la filmación, el atacante se retiró del lugar rápidamente. “¿Por qué le pegaste al nene?“, le dijo el violento a la víctima antes de increparlo.

De inmediato, se solicitó la presencia de Policía Científica en la escena y la víctima fue trasladada en ambulancia al Hospital San Martín, de donde fue dada de alta, fuera de peligro. “Se le realizaron estudios no presento lesiones de gravedad, se le coloca antitetánica y antibiótico”, precisaron a Infobae. Personal de la División Homicidios recopiló testimonios en el lugar.

De acuerdo con las fuentes consultadas por este medio, en base a la declaración de la víctima, el incidente estaría vinculado a un conflicto previo entre su hijo de diez años y un compañero de la misma edad, hijo del agresor. El hombre de 32 indicó que presumía que el autor del disparo sería el padre del amigo de su hijo, aunque no pudo identificarlo fehacientemente en el momento.

Tras relevar registros oficiales, la Policía localizó el domicilio del hijo del agresor y se entrevistó con su madre, quien le dijo a los investigadores que ella le había avisado al padre del nene acerca de lo ocurrido en el parque, con lo que daba a entender que no tenía relación con el hecho. Cuando los efectivos llegaron, el hombre -identificado como J.G.- no estaba en el lugar. Por el momento no hay detenidos.

Según las fuentes, el hombre está domiciliado en el barrio Consejo y tiene un comercio en el barrio San Agustín, una verdulería denominada Thiaguito Onur, ubicada sobre la calle Ameghino.

La causa quedó en manos de la Justicia, que deberá determinar las circunstancias exactas del hecho y avanzar con las medidas correspondientes para dar con el agresor y establecer responsabilidades.

Tal como venía negociando desde marzo, la firma Longvie, de la familia Zimmermann, alcanzó un acuerdo de licencia de uso de marca para fabricar y vender electrodomésticos con la marca Universal, de la firma CaBosch.

En un comunicado de “Hecho relevante” que el presidente de Longive, Eduardo Raúl Zimmermann, envió a la Comisión Nacional de Valores (CNV), Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) y el Mercado Abierto Electrónico (MAE), les informó que la sociedad, con domicilio legal en CABA, “ha aceptado una Oferta de Licencia de Uso de Marca de la empresa CABOSCH S.A., sociedad constituida bajo las leyes de la República Argentina, usufructuaria y con derecho de uso de la marca “UNIVERSAL” registrada en la República Argentina, en adelante “UNIVERSAL” , en virtud de la cual se le ha otorgado a la Sociedad el derecho de uso de la marca “UNIVERSAL” en el territorio de la República Argentina, para la fabricación y/o comercialización de productos en el mercado local, con condiciones de exclusividad en determinados ámbitos de comercialización.

El acuerdo, explica la nota, se enmarca en la estrategia comercial de Longvie para “ampliar su portafolio de productos, optimizar la oferta disponible y fortalecer su posicionamiento competitivo en el mercado local”, generando”condiciones favorables para el desarrollo del negocio en el mediano plazo”, aclarando que “la relación entre las partes es de carácter estrictamente comercial, sin que exista vinculación societaria ni laboral entre las mismas”.

Inversión

Ya en 2025 Longvie había aunciado una inversión de un millón de dólares para incorporar moldes y equipos de última generación para “optimizar procesos industriales” de su planta de producción de termotanques eléctricos y de gas ubicada en Paraná, la capital de Entre Ríos.

Al respecto, ya en marzo la empresa había emitido un comunicado destacando el objetivo de actualización tecnológica para “lanzar una renovada línea de productos y fortalecer nuestra competitividad frente a las crecientes importaciones del sector. Esta iniciativa está alineada con nuestro objetivo de aumentar la participación de mercado y mejorar la eficiencia general del negocio”.

Contexto adverso

La decisión fue tomada en un contexto más bien adverso a la producción nacional reflejado en los resultados de la firma, que cerró el ejercicio 2025 con pérdidas por $5.421 millones que, medidos en “moneda homogénea”, se acrecentó a un rojo de $12.028 millones.

De hecho, en moneda constante el año pasado Longvie registró una baja del 16,8% en la facturación, pese a un aumento del 10,1% en el número de unidades vendidas.

Longvie emplea a cerca de 600 personas entre sus sedes de Buenos Aires, Catamarca y Entre Ríos y había señalado entonces en un comunicado a la CNV: “nuestro país continúa atravesando un profundo proceso de reordenamiento económico y de acelerada integración al mundo” en el cual la empresa “está implementando cambios estructurales destinados a alinear sus recursos hacia un modelo de negocio industrial y comercial verdaderamente sustentable” mediante planes “agresivos” de reducción de costos y complementación de la producción local con la “importación estratégica” para completar su catálogo de productos finales. La línea de productos de Longvie incluye lavarropas, lavasecarropas, estufas, hornos, cocinas y anafes, calefones y termotanques a gas y eléctricos, a los cuales apuntará la modernización de planta de Paraná.

La estrategia de la empresa de la familia Zimmermann tiene así alguna semejanza con la de Lumilagro, la tradicional e histórica fábrica argentina de termos, que adaptó su planta de Tortuguitas, en la Provincia de Buenos Aires, para realizar el diseño de termos de acero en el país y producirlos en China, que le permitió una reducción de costos de cerca del 15 por ciento.

El negocio ahora está concentrado principalmente en diseñar termos de acero en el país y producirlos en China, donde resulta más conveniente por el nivel del tipo de cambio y los altos costos internos. “Decidimos dar un salto de calidad importante y, finalmente, la reducción de costos terminó siendo de alrededor del 15%”.

“Apagamos el horno porque tenemos mucho stock de termos con botellas de vidrio de la pandemia, cuando era muy conveniente producir. Entonces todavía estamos trabajando con ese remanente. Si bien ahora estamos importando desde China, cuando sea el momento, si vuelve a ser rentable fabricar en la Argentina, podemos retomar la producción sin problemas: la planta está equipada para hacerlo”, explicó Martín Nadler, director ejecutivo de Lumilagro.

Los casos de Lumilagro y -ahora- Longvie, aun incluyendo reducción de personal, parecen ir en dirección contraria a una serie de cierres y suspensiones de los últimos meses, que pintan una economía de “dos velocidades”.

Economía de dos velocidades: qué dijo Caputo

En el polo negativo se cuentan, entre otros, el cierre de la planta de cerámicos de Ilva y de la de fabricación de lavarropas de Whirlpool, ambas en el Parque Industrial de Pilar (Municipio que ejerce una presión fiscal extrema sobre las empresas, con multiplicación y aumento de “tasas municipales”), despidos en la planta de autopartes de Corven en Venado Tuerto (Santa Fe), despidos de la planta de electrónica de Newsan en Río Grande (Tierra del Fuego), cierre de la planta de autopartes de SKF en Tortuguitas (PBA) y de la de lácteos de La Suipachense, también en PBA, amén de despidos en la planta metalúrgica de la firma Essen en Venado Tuerto y del cierre de la de la autopartistas Dana en Naschel (San Luis), entre otros.

Hace un par de semanas el propio ministro de Economía, Luis Caputo, apuntó a la “realidad heterogénea” de las firmas locales señalando como casos polares los de FATE, la empresa de neumáticos, que decidió cerrar su planta de San Fernando, y Lumilagro, que eligió “adaptarse” a un modelo de economía más competitiva. “Se vienen los mejores 18 meses de las últimas décadas”, aseguró entonces el jefe de Hacienda.

La Gendarmería Nacional allanó el Hospital Materno Infantil San Roque de Paraná, Entre Ríos, en el marco de una investigación federal por presunto tráfico ilegal de medicamentos anestésicos y narcóticos.

El caso se disparó tras un hallazgo inesperado en Puerto Madryn, donde la detección de una encomienda con ampollas de fentanilo y frascos de remifentanilo enviados desde Entre Ríos encendió las alarmas en la Justicia Federal y en organismos sanitarios.

Frente a versiones que surgieron luego del operativo, el gobierno local informó que los medicamentos investigados no pasaron ni fueron dispensados por el hospital San Roque.

Según precisó, el Ministerio de Salud recibió un requerimiento de documentación por parte de la Justicia Federal de Rawson, Chubut, y colaboró con los operativos judiciales realizados en la provincia para determinar los orígenes del fentanilo, propofol y otras sustancias sobre las cuales la Justicia puso la lupa.

En ese sentido, el director del hospital Materno Infantil San Roque, Alejandro Calógero, afirmó: “Nos pusimos inmediatamente a disposición, se presentó todo lo solicitado en formato de papel, y estamos terminando de armar los registros biométricos y de cámaras que se nos pidió en formato digital porque se nos solicitó información de varios meses para atrás”.

Luego aseguró que, dentro de los requisitos de pedido de información se solicitaba sobre un lote puntual de un laboratorio específico, y aclaró que “ese lote nunca fue comprado en el hospital, no está registrado y, por ende, no se dispensó por el área de farmacia”.

Por su parte, la directora general de Asuntos Jurídicos, Viviana Villa, aclaró que cuando se realizó el allanamiento en el hospital San Roque “no se secuestraron medicamentos, ni dinero ni armas” y consideró fundamental aclararlo porque se trata “de una cuestión sensible y de mucha gravedad, por lo que la información debe llegar correctamente a la población”.

La abogada agregó: “Somos responsables de mantener el criterio de transparencia y el respeto a la legalidad en los procedimientos”.

El secretario de Salud de Entre Ríos, Daniel Valentinuz, detalló que además del procedimiento en el hospital, personal de Gendarmería Nacional se presentó en las oficinas del Ministerio para solicitar información por orden judicial proveniente de Chubut.

“Ese pedido consta de nueve puntos que generaron cuatro informes de direcciones del Ministerio de Salud: Direcciones Generales de Hospitales, Recursos Humanos, Asuntos Jurídicos, Despacho, y la Dirección Integral del Medicamento. Estos puntos fueron contestados hace minutos, porque teníamos tiempo hasta el mediodía para responder”, indicó.

Sobre los procedimientos

Este martes, en dependencias del Ministerio de Salud de Entre Ríos, personal de Gendarmería Nacional se presentó para hacer entrega de un requerimiento judicial emitido por la Justicia Federal con asiento en Rawson, provincia de Chubut, mediante el cual se solicita documentación e información vinculada a una causa que investiga tráfico de estupefacientes.

Desde el primer momento, el Ministerio se puso a total disposición de las autoridades intervinientes, brindando la colaboración necesaria y poniendo a resguardo toda la documentación requerida, en el marco de las actuaciones en curso. En tanto que, este miércoles, se inició una información sumaria interna.

Asimismo, y en simultáneo, se desarrollaron procedimientos judiciales en el hospital San Roque de Paraná. En ese ámbito, no hubo secuestro de medicamentos, armas ni dinero. Durante el procedimiento, los directivos del nosocomio entregaron toda la documentación solicitada, en orden y correspondiente a las fechas requeridas, incluyendo constancias de compras, remitos, facturas de proveedores, libros de actas de farmacia y registros de movimientos de medicamentos.

“La cartera sanitaria mantiene una actitud de absoluta cooperación con la Justicia y las fuerzas federales, acompañando cada instancia del proceso con el objetivo de contribuir al esclarecimiento de los hechos investigados", informaron este viernes fuentes oficiales.

La Gendarmería Nacional allanó el Hospital Materno Infantil San Roque de Paraná, Entre Ríos, en el marco de una investigación federal por presunto tráfico ilegal de medicamentos anestésicos y narcóticos.

El caso se disparó tras un hallazgo inesperado en Puerto Madryn, donde la detección de una encomienda con ampollas de fentanilo y frascos de remifentanilo enviados desde Entre Ríos encendió las alarmas en la Justicia Federal y en organismos sanitarios.

De acuerdo con lo informado por el portal del Diario Uno de Entre Ríos, el operativo derivó casi de inmediato en una serie de procedimientos simultáneos en la capital entrerriana.

La intervención judicial obligó a paralizar varias áreas internas del hospital durante horas, mientras los agentes revisaban depósitos, farmacias y oficinas en busca de documentación y elementos vinculados a la causa.

Según se informó desde el gobierno provincial, el Ministerio de Salud de Entre Ríos colaboró con la Justicia y precisó que el requerimiento incluía un lote puntual de un laboratorio específico que no figura en los registros del hospital San Roque de Paraná. Además, aseguraron que en dicho procedimiento no se secuestraron medicamentos, ni dinero ni armas.

En ese sentido, el director del hospital Materno Infantil San Roque, Alejandro Calógero, afirmó: “Nos pusimos inmediatamente a disposición, se presentó todo lo solicitado en formato de papel, y estamos terminando de armar los registros biométricos y de cámaras que se nos pidió en formato digital porque se nos solicitó información de varios meses para atrás”.

Luego, indicó que el pedido de información era sobre un lote puntual de un laboratorio específico y aclaró que “ese lote nunca fue comprado en el hospital, no está registrado y, por ende, no se dispensó por el área de farmacia”.

El avance de la investigación quedó a cargo de la Justicia Federal, que actúa en coordinación con la Fiscalía local y organismos de control sanitario. La hipótesis principal apunta a la existencia de una estructura interna con capacidad para manipular y extraer medicamentos de uso restringido, lo que agravaría la situación procesal de los posibles implicados.

La noticia se conoce semanas después de que saliera a la luz la investigación por el robo de fármacos del Hospital Italiano. La causa se inició luego de que encontraran a Alejandro Zalazar sin vida en su departamento de Palermo. La autopsia confirmó que murió por congestión, edema pulmonar y meningoencefálico, a raíz del consumo de propofol y fentanilo, dos fármacos empleados para anestesiar pacientes.

Junto a la víctima, la policía encontró frascos e insumos médicos que pertenecían al Hospital Italiano. Estos elementos llevaron a la apertura de una investigación interna por parte de la institución, que tres días después realizó una denuncia ante la Justicia.

Así, la causa tiene a Hernán Boveri, anestesiólogo con experiencia en jornadas científicas nacionales e internacionales, y Delfina “Fini” Lanusse como principales procesados por el delito de administración fraudulenta en la causa que investiga el robo de medicamentos hospitalarios.

Pese a que el Hospital Italiano, denunció el robo de estos fármacos, las defensas de ambos alegan que “no puede comprobarse el faltante”. Además, Boveri criticó que el inicio de la causa haya sido a partir de “una cadena de rumores originada por alguien que no presenció ninguno de los hechos investigados”. Al igual que Lanusse -con quien afirmó que mantenía una relación oculta que no debió salir a la luz- el caso representa un “cuadro de insuficiencia probatoria” y plantea que, ante la duda, correspondería dictar la falta de mérito.

A lo largo de sus escritos, tanto Boveri como Lanusse se refieren a la reunión que ambos tuvieron en la Asociación de Anestesiología de Buenos Aires (AAARBA), que es denunciante del robo de sustancias.

En este sentido, los procesados reclaman que las autoridades de la institución los citaron “bajo la apariencia de un procedimiento asistencial por presunto consumo problemático” y así obtuvieron información sobre ellos que usaron en su contra. Dijeron que asistieron al encuentro “confiando en la confidencialidad”, pero terminaron siendo interrogados por una supuesta sustracción de medicación.

Un jurado popular de Paraná declaró culpables a Cristian Gabriel Hernández, de 27 años, y a Ariana Gisele González, de 25 años, por la muerte de su bebé de dos meses, Kathaleya Quetzaly, ocurrida el 12 de octubre de 2021. Ambos fueron acusados por homicidio agravado por el vínculo y alevosía luego de que la recién nacida sea ingresada al Hospital Militar con signos de violencia.

El tribunal consideró a Hernández autor penalmente responsable del delito, mientras que a González, fue responsabilizada por el mismo delito, pero con atenuaciones extraordinarias.

La decisión se produjo tras siete días de debate y una extensa deliberación, según el medio local Elonce. Desde su arresto, la pareja permaneció detenida, bajo arresto domiciliario.

Las investigaciones indicaron que la niña habría padecido agresiones reiteradas durante semanas, lo que provocó un cuadro clínico cuyos daños resultaron en el desenlace fatal. De acuerdo con las pericias, la beba tenía 18 lesiones externas y varias internas, incluidas 5 costillas fracturadas y hemorragias en cabeza y ojos.

El proceso judicial avanza hacia la audiencia de cesura, para definir la pena. Durante el debate, el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por Valeria Vílchez y Evangelina Santana, mientras que las defensas fueron ejercidas por Mariana Montefiori, Antonela Manfredi, Fernando Callejo y Rodrigo Juárez.

El juicio comenzó el martes 14 de abril. La acusación formal de la Fiscalía señala la existencia de violencia extrema en la muerte, hecho sucedido en octubre de 2021. La fiscal Evangelina Santana abrió el juicio aseverando que “a Kathaleya la destruyeron González y Hernández”.

Por su parte, la defensa de Cristian Gabriel Hernández ratificó la inocencia de su representado y aseguró que “no tuvo participación en los hechos”. De esa manera, sostuvo que el cuidado de la beba recaía exclusivamente en González, señalando que Hernández trabajaba como soldado voluntario en jornadas de hasta 48 horas. “Mi defendido estaba preocupado por la salud de Ariana, quien padece epilepsia”, afirmó el defensor, Rodrigo Juárez, ante el jurado.

La defensora pública Antonela Manfredi argumentó que Ariana Gisele González fue víctima tanto de violencia física como psicológica ejercida por Hernández en el domicilio compartido: “Ariana fue una más de las víctimas de Hernández”. La profesional destacó la existencia de un “retraso madurativo leve”, epilepsia y una depresión postparto severa documentada, condiciones que, según su alegato, le impidieron pedir auxilio o proteger a su hija.

Los hechos

Todo comenzó cuando González, la madre de la recién nacida, llamó al 911 porque la bebé no respiraba. Un patrullero que se encontraba cerca acudió de inmediato, trasladando a madre e hija al hospital Militar. Pese a los intentos de reanimación, los médicos confirmaron el deceso en la guardia. La vivienda donde ocurrió el hecho, ubicada en Arroyo Correntoso y Nazario Medrano, había sido alquilada por la pareja hacía un año.

“Fue una muerte violenta, por conjunción de cosas y muchas lesiones”, señalaron fuentes de la investigación a Infobae. El informe preliminar de autopsia señalaba que la muerte fue causada por múltiples agresiones previas. Según la acusación, ambas personas imputadas ocasionaron una “lesión cerebral de tipo traumática que le produjo la muerte” a su hija mediante golpes y agresiones físicas sostenidas por al menos 30 días.

La Fiscalía sostuvo que los padres “incumplieron su deber de evitar todo tipo de riesgo para su vida y prevaliéndose de su mayor fuerza física y de la nula capacidad de defensa de la niña”. Con el propósito de determinar la dinámica de los hechos y obtener detalles sobre el cuidado que recibió la menor, la fiscal Evangelina Santana dispuso el resguardo policial de los acusados y la preservación del domicilio.

“¡Por favor, que alguien le dé un tiro en la frente!”, escribió Stefanía Belén Troncoso. Su comentario era uno de los tantos que había en la noticia que anticipaba la visita presidencial del entonces mandatario Mauricio Macri en el muro del medio local Elonce.com. Este viernes 17 se realizará el juicio en su contra. Enfrentará una pena de entre 2 y 6 años.

Macri arribó por 13ª vez a Entre Ríos el 17 de julio de 2019. Ese día participó de la inauguración de maquinarias en un frigorífico cercano a la capital de la provincia Paraná. El contexto era poco favorable. Había caída de reservas internacionales, el riesgo país trepaba a 900 puntos, la inflación interanual acumulaba una suba del 54,4 % y el peso se había devaluado un 10 % desde marzo.

En ese contexto llegaría a las primarias de agosto acompañado de Miguel Ángel Pichetto como vice en la fórmula. Enfrente estarían quienes luego ganarían los comicios, Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner.

Mientras el entonces mandatario recorría las instalaciones de la nueva línea de faenado, dos personas llamaron al 0800 del Ministerio de Seguridad y advirtieron del posteo de Troncoso.

El caso se derivó a la Policía Federal. La fuerza conducida por Néstor Roncaglia (hoy ministro de Seguridad de Entre Ríos) radicó la denuncia en el Juzgado Federal de Julián Ercolini. El magistrado, por una cuestión de competencia territorial, derivó las actuaciones a su par de Paraná, Leandro Ríos.

Troncoso es una mujer joven. Su padre era miembro de ATE (Asociación de Trabajadores del Estado). El comentario que formuló quedó encuadrado en los lineamientos que había fijado la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de tolerancia cero.

A raíz del episodio de un muchacho que posteó en Twitter una foto con balas y el nombre del presidente, la actual senadora había manifestado: “La política del Gobierno es la persecución penal de todas aquellas personas que generan amenazas de este tipo y quieren generar un clima de violencia”.

“Avanzamos con los departamentos de cibercrimen y con las denuncias a la línea 0800 del ministerio. Cuando esto ocurre, inmediatamente judicializamos los casos y los seguimos para que no queden sin resultados”, sentenció en la oportunidad.

Cómo continuó el caso

Cuando el expediente llegó a Paraná, pasó al fiscal Carlos García Escalada. El funcionario calificó de “grave” el incidente y solicitó la indagatoria de la mujer. Esta primera declaración se realizó el 3 de agosto de 2020 y la acusada prefirió guardar silencio. El juez Ríos resolvió procesarla el 14 de diciembre de ese año.

La defensa apeló la determinación, pero la Cámara de Apelaciones de Paraná ratificó lo decidido por el magistrado el 29 de abril de 2021. Durante la instrucción se produjeron una serie de pruebas que incrementaron el grosor del expediente.

Las fojas se fueron sumando con informes de empresas de telecomunicaciones, declaraciones testimoniales, informes de antecedentes penales e incluso un socio ambiental de Troncoso.

La acusada, en medio de la investigación, pidió declarar. En esa exposición confirmó que la cuenta desde la que se produjo la amenaza era de ella. Pero alegó que se la habían hackeado. Su defensa no presentó ningún elemento material para fundar el planteo.

Fue la Fiscalía la que pidió un peritaje de la cuenta. No se encontraron indicios que permitan sostener el argumento defensivo.

Troncoso está siendo representada por la Defensa Pública. Sus letrados pidieron el lunes el sobreseimiento por vulneración del plazo razonable. El fiscal José Ignacio Candioti se opuso y el juez que intervendrá en el juicio, Sebastián Gallino, rechazó el planteo. Horas antes de que se produzca la audiencia, la Defensa interpuso un pedido de probation. Será analizado a las 11 hs del viernes. Si hay acuerdo, se dispondrán medidas alternativas. De lo contrario, comenzará el juicio.

Los antecedentes marcan que la Justicia Federal no condenó a quienes realizaron amenazas a través de redes sociales contra Macri. En abril de 2019, el juez Marcelo Martínez de Giorgi absolvió a un grupo de tuiteros. El magistrado consideró que los posteos fueron “meras expresiones sin ningún tipo de finalidad delictiva”.

Además, evaluó que formaron parte de “un repudio contra ciertas políticas que se llevan a cabo desde el Estado Nacional”. En esa línea, sopesó que se hicieron “sin la intencionalidad de provocar temor público, tumultos o desórdenes, y menos aún de lastimar o poner en riesgo la integridad física del presidente de la Nación”.

Cecilia Goyeneche está ubicada cuarta en el orden de mérito provisorio del concurso que realiza el Consejo de la Magistratura para el Tribunal Oral Federal (TOF) de la capital entrerriana. Este Tribunal está en proceso de renovación total. Dos de sus integrantes, Roberto López Arango y Lilia Graciela Carnero, ya se jubilaron. La restante, Noemí Berros, está próxima a los 75 años. Al alcanzar esa edad, deberá ser ratificada por el Senado a instancias del Poder Ejecutivo.

El TOF de Paraná ha llevado adelante juicios importantes en materia de derechos humanos y de narcotráfico. Su jurisdicción abarca los procesos de la capital provincial y de los juzgados de primera instancia de Victoria y Concordia.

La exfiscal anticorrupción de Entre Ríos logró llegar a 149,10 puntos en las dos etapas iniciales del proceso de selección. Se trata del examen de oposición y de la evaluación de antecedentes. Aún resta dilucidar qué pasará con algunas impugnaciones que deberán analizarse. Luego, quedarán por asignar 20 puntos de la entrevista personal.

El plenario para cerrar el proceso debía reunirse el pasado 3 de febrero. Pero el Jurado pidió una prórroga. A cargo del concurso están el integrante de Casación Penal Federal, Juan Carlos Geminiani; José Luis Ortiz; Claudio Contreras y Carolina Martínez Andújar.

Geminiani es coprovinciano de Goyeneche. Es un personaje controvertido dentro de Comodoro Py. Por un mensaje de contenido misógino estuvo a punto de ser sancionado por el Consejo de la Magistratura. Se le iba a aplicar una multa. Pero la decisión no reunió los dos tercios necesarios y quedó descartada.

Si su nombre permanece en los primeros lugares y pasa a integrar la terna final, deberá definir dónde continuar su carrera: si en los estrados provinciales o en el fuero federal.

Qué rol ocupa Goyeneche hoy

La funcionaria judicial fue repuesta en el cargo de Procuradora Adjunta semanas atrás. La medida llegó luego de que el Superior Tribunal de Justicia (STJ) provincial anulara el proceso por el que había sido destituida. La determinación se tomó a instancias de la Corte Suprema (CSJN).

El máximo tribunal anuló el fallo del Jurado de Enjuiciamiento que dispuso su remoción por mal desempeño. La decisión estribó en una cuestión formal y no de fondo. El Jury había decidido correr a todos los fiscales entrerrianos de la acusación en el proceso. Para cumplir ese rol, citó a un abogado que integraba la lista de conjueces. La CSJN decidió que ese paso violó el debido proceso y echó todo por tierra.

La resolución del STJ habilitó al Procurador General, Jorge García, a reintegrarla a las funciones de las que había sido sacada en 2021.

Sin embargo, Goyeneche no podrá volver a ocupar el rol de fiscal anticorrupción. Ella llegó a ese lugar por una medida administrativa de García ante la falta de reglamentación legislativa de ese cargo creado por la Constitución de 2008.

En el ínterin en que estuvo fuera del cargo, la Legislatura entrerriana sancionó la ley correspondiente. Y dispuso que la titularidad de esa fiscalía solo podía ser ocupada a través de un concurso del Consejo de la Magistratura. La norma obtura, de manera explícita, la posibilidad de que el cargo sea subrogado.

Las causas

El caso de Goyeneche cobró relevancia nacional debido a que se trató de la remoción de una fiscal que había llevado adelante varias de las causas de corrupción más importantes de Entre Ríos.

Algunas de ellas son las que terminaron con la condena que recibió el exgobernador justicialista Sergio Urribarri.

El Jury al que se la sometió tuvo características peculiares. En primer lugar, fue impulsado por dos abogados radicales (Guillermo Mulet y Rubén Pagliotto). Ambos fueron los denunciantes de los casos que luego Goyeneche llevó hasta las últimas consecuencias.

Además, las acusaciones tuvieron como centro la actuación en la investigación de los desvíos de fondos de la Legislatura a través de contratos fraudulentos. Se le achacó que no avanzó contra los responsables políticos y que solo había apuntado a los escalones medios y bajos de la organización. En este sentido, también se le reprochó la relación que ella y su esposo mantenían con uno de los principales imputados.

El jueves 26 de marzo, la Justicia extendió la prisión domiciliaria del principal acusado, Yamil Cabrera, por el asesinato de Jazmín Ayesha González. El crimen ocurrió en octubre del 2025 cuando una joven de 16 años murió tras recibir un disparo en la cabeza durante la madrugada en el barrio Bajada Grande, ciudad de Paraná.

El asesinato se produjo durante una pelea entre un grupo de adolescentes y Yamil Cabrera, acompañante en una de las motos. De acuerdo con la información recopilada, cuando Cabrera fue agredido con una piedra, disparó con un revólver calibre 38. El joven efectuó dos disparos: el primero fue dirigido a los agresores mientras que en el segundo, la motocicleta en la que iba Jazmín se interpuso y la adolescente recibió el impacto mortal en la frente.

Por otro lado, el conductor de la moto, Julián Jonathan Manrique, quien acompañaba a Jazmín, extrajo una pistola 9 milímetros y disparó contra quienes habían protagonizado la pelea. Según el fiscal Leandro Dato Tras quien detalló el ataque que sucedió el año paso, Manrique, descendió de su moto y disparó varias veces a pesar de la “presencia de numerosas personas que salían de una fiesta”, lo que implicó un riesgo grave para terceros. Ambos participantes carecían de autorización legal para portar armas.

Todos los participantes se dieron a la fuga y, poco después, se encontraron para descartar sus armas. El abogado querellante de la familia de Jazmín, Boris Cohen señaló: “En ese momento huyen todos y se encuentran en un lugar cercano, en una gomería, que por fortuna tiene una cámara de seguridad y quedaron filmados y está la abundantísima prueba que el fiscal Dato ha recolectado. Ahí descartan las armas y elucubran un plan para deslindar su responsabilidad”.

Tras el crimen, Manrique llegó al hospital donde se encontraba la familia de la víctima. La Policía debió resguardarlo y terminó detenido. Por su parte, Cabrera ingresó al hospital San Martín con varias heridas de arma blanca recibidas en un ataque por parte de vecinos de Jazmín.

La resolución de la Justicia

En el día de la fecha, la jueza Marina Barbagelata resolvió extender hasta el 22 de julio de 2026 la prisión domiciliaria de Yamil Cabrera, acusado del homicidio de Jazmín González, de 16 años. La resolución, confirmada en una audiencia tras escuchar las posiciones de las partes, mantiene las medidas de coerción complementarias ya vigentes mientras avanza la causa judicial.

El hecho se investiga como homicidio agravado por el uso de armas de fuego, lo que prevé una pena de entre diez y veinticinco años para Yamil Cabrera, quien reconoció el delito. Si es imputado por el crimen, podría afrontar penas superiores a los 10 años,

Mientras que Manrique está imputado por homicidio en grado de tentativa, además de portación ilegal de arma de guerra y provisión ilegal de un arma de fuego. En su caso, las consecuencias penales podrían ser superiores a 7 años.

El proceso se acerca a una posible salida de juicio abreviado, respaldada por una profusa prueba de cargo y el reconocimiento de autoría por parte de Cabrera. De acuerdo a la acusación, el imputado disparó contra un grupo de adolescentes tras una agresión, e hirió mortalmente a González, quien viajaba en otra moto conducida por Julián Jonathan Manrique. En la audiencia estuvieron presentes el fiscal Laureano Dato, los querellantes Pablo Minetti y Boris Cohen, y el defensor José Barbagelata.

El caso derivó además en investigaciones paralelas: una causa involucra a Emiliano Héctor Strack y Facundo Martínez por lesiones sufridas por Cabrera horas después del crimen. Otra investiga a Manrique por usar un arma calibre 9 mm contra el grupo agresor, y un operativo más apunta a Jesús Gómez por la presunta ocultación del arma de Manrique.

Nahir Galarza fue autorizada a abandonar momentáneamente la Unidad Penal Nº6 de Paraná, provincia de Entre Ríos, donde cumple prisión perpetua desde 2018 por el homicidio de Fernando Pastorizzo.

La joven reclusa de 27 años salió este miércoles por la mañana de la cárcel debido a un pedido concedido por la Justicia por razones humanitarias, confirmaron fuentes del caso a Infobae. Galarza visitó en Gualeguaychú a su abuela materna, quien padece una enfermedad oncológica.

La visita, que se extendió durante aproximadamente una hora, contó con un fuerte operativo de seguridad, bajo la supervisión de agentes penitenciarios de la Unidad N°6, donde está alojada, y transcurrió sin incidentes.

El inspector general Alejandro Mondragón explicó a Elonce que la custodia incluyó personal penitenciario, un chofer y una oficial responsable, quienes acompañaron a Galarza desde la cárcel de Paraná hasta la vivienda de su abuela. Al finalizar el encuentro, la joven fue trasladada nuevamente al penal.

Las fuentes indicaron que el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad N°2 de Gualeguaychú ordenó el traslado solicitado por el defensor de Galarza, Eduardo Gerard, luego de constatar con un médico forense la existencia de la enfermedad de la abuela de Nahir.

Un permiso poco habitual en el sistema penitenciario

Las salidas transitorias por motivos humanitarios, como la concedida a Galarza, son muy poco frecuentes en las prisiones argentinas. Según el reporte de La Voz, la autorización requirió un análisis particular de la situación médica de la abuela.

Este permiso, de carácter excepcional, busca salvaguardar el derecho a mantener vínculos familiares en casos críticos, bajo un protocolo de vigilancia estricta para evitar cualquier filtración o altercado.

El inspector Mondragón explicó el manejo reservado del caso: “Al ser un caso mediático, tratamos de manejarlo con la mayor discreción posible para evitar cualquier tipo de disturbio”. Antes de iniciar la visita, el personal penitenciario revisó el domicilio y supervisó todos los movimientos. Tras cumplirse la hora estipulada, Galarza fue devuelta al penal, donde “ha mejorado el comportamiento y ha bajado un poco el perfil”, añadió.

Su vida en prisión

Actualmente, la interna -privada de la libertad desde los 19 años- cumple las normas y participa en actividades laborales y de capacitación en la unidad.

Condenada en 2018 por homicidio calificado por el vínculo, está alojada en un pabellón de la única cárcel para mujeres de Entre Ríos con otras seis internas. Solo comparte tiempo con el resto de la población en el patio del penal.

Personas cercanas a ella aseguraron a Infobae que los primeros años de encierro fueron difíciles, pero que, con el tiempo, la convivencia mejoró.

En el último año, Galarza recibió el título de operador preventivo en Salud Mental, un paso intermedio de la formación en Psicología Social que aspira a finalizar en breve. “Le encanta la carrera, le enseñó a tener empatía, a sentir lo que siente el otro. La ayudó mucho”, remarcaron.

Las temáticas en las que le gustaría profundizar son las adicciones, la violencia de género y el maltrato infantil. “Le rompe el alma”, dijeron sobre este último. “No sabe si la dejarán ejercer en la cárcel, pero no se desanima”, indicaron al respecto.

Al mismo tiempo, la joven asiste a talleres de yoga y meditación del Arte de Vivir y da clases de gimnasia en la unidad, tras recibirse de personal trainer.

El impacto del caso y las imágenes fake de la joven

La situación de Nahir Galarza reaparece con fuerza en los medios y en el debate social ante cada novedad judicial. Su condena quedó firme en julio de 2019, cuando la Sala II de la Cámara de Concordia rechazó los recursos apelatorios de su defensa.

El homicidio, perpetrado en la madrugada del 29 de diciembre de 2017, involucró dos disparos -uno en la espalda y otro en el pecho- a su por entonces exnovio Fernando Pastorizzo, cuyo cuerpo fue hallado junto a una motocicleta y dos cascos.

Tras su detención, Galarza admitió haber disparado el arma al presentarse pruebas en su contra, señalando que los hechos fueron “accidentales”, indicó el mismo medio. El tribunal tuvo por probado el homicidio calificado por el vínculo, lo que determinó la pena máxima de prisión perpetua prevista en el Código Penal.

Por otro lado, hace dos meses, allegados a Galarza denunciaron que existen perfiles falsos en redes sociales con su nombre y que circulan fotos con su imagen editada y/o modificada con IA. Y pidieron que no no transfieran dinero a ningún alias vinculado a ella.

La advertencia surge tras la viralización de una imagen suya con un iPhone. En el posteo fake, además, la publicación asegura que la joven condenada por el homicidio de Fernando Pastorizzo compró el teléfono luego de pasar su alias en redes. “Gracias por el esfuerzo”, dice.

Es un “meme”, una simulación, pero muchos usuarios lo creyeron real. “Es mentira. Ella no pide ni nunca pedirá dinero a sus seguidores. Tampoco nadie en su nombre, no hace colectas”, indicaron fuentes cercanas a Galarza.

A más de dos semanas de que un nene de 12 años terminara en terapia intensiva tras haberse electrocutado con el portón de la casa del cura César Jesús Schdmidt de Paraná, Esteban experimentó una recuperación progresiva. No obstante, continúa internado en el Hospital San Roque.

La descarga eléctrica que sufrió el menor de edad provocó extensas lesiones cutáneas cuya evolución fue evaluada periódicamente por personal especializado. “Me vino a visitar la médica que me estaba viendo y me dijo que desde su vista clínica estaba todo bien, pero faltaba lo de mis quemaduras”, relató la víctima.

A pesar de la gravedad del hecho, el adolescente se mantuvo positivo al manifestar que se recuperaba “de a poquito”. La familia vivió los primeros días tras el accidente en estado de alarma, pero, como explicó su padre, Carlos, “lo peor ya pasó. Ahora es acompañar en este proceso a Esteban, que los profesionales lo están haciendo de la mejor manera, dándole lo mejor”.

Durante un diálogo con El Once, el papá de Esteban contó que “posiblemente el día miércoles venga personal del Hospital Garrahan para hacerle el trabajo de implantación de célula en la pierna”, como parte del tratamiento curativo de las quemaduras.

“Se están haciendo las tratativas para obtener los elementos que no se tienen acá y algunos instrumentos que tampoco se poseen para tener todo lo necesario para llevar a cabo el procedimiento”, relató el hombre al destacar el compromiso del equipo médico que atendía al nene. “Ellos siguen atendiéndolo, buscando los medios, haciendo todos los trámites necesarios para brindarle lo mejor a Esteban”, valoró.

De la misma manera, Esteban reconoció que espera con ansias el alta. “Ese día yo tendría ganas de hacer todo para el fútbol, hacer karate, pero tengo que recuperarme”, afirmó. Sin embargo, hasta tanto permanezca en el hospital, su motivación seguirá puesta en “volver a la escuela, reencontrarse con sus compañeros y retomar sus actividades deportivas”.

Por el hecho, la fiscal Patricia Yedró imputó al sacerdote por intento de homicidio. La calificación penal fue formalizada durante una audiencia realizada ante el juez de Garantías Eduardo Ruhl el pasado 12 de marzo. Asimismo, solicitó que el acusado fijara domicilio, le prohibieran salir de la ciudad y la obligación de mantenerse a disposición de la fiscalía mientras avanza la investigación.

El hecho ocurrió el 7 de marzo, cuando el nene hizo contacto con el portón de la casa del cura. Según reconstruyeron por medio de los testimonios de testigos, intentaba recuperar una pelota que había caído en el patio de la vivienda cuando, al no obtener respuesta al tocar el timbre, intentó trepar el perímetro.

El flujo eléctrico lo mantuvo inmovilizado ante la presencia de vecinos, quienes estimaron que la descarga se prolongó más de un minuto. Otro residente sufrió una descarga al intentar socorrerlo, hasta que una mujer logró liberar al menor empleando un palo de madera.

A raíz de esto, el menor fue trasladado de urgencia al Hospital San Roque, donde el equipo médico debió iniciar maniobras de reanimación y sedación, además de conectarlo a asistencia respiratoria mecánica. Incluso, en los primeros días tuvieron que realizar una administración controlada de agua mediante jeringas para proteger el funcionamiento renal.

En respuesta al accidente, Lisandro Amavet, defensor del Pueblo de Paraná, advirtió sobre las consecuencias legales que enfrentan los propietarios que optan por cercos energizados. “No es una medida sana ni legal electrificar con 220 volts un cerco perimetral, un portón o una vivienda”, apuntó.

“La reacción no puede ser desmedida. Si una persona muere por una descarga de este tipo, puede existir una responsabilidad penal por homicidio culposo para el propietario de la vivienda”, advirtió al agregar que “también existe una responsabilidad civil que deberá afrontarse por los daños y perjuicios que puedan ocasionarse, ya sea sobre la vida o por las lesiones que eventualmente pueda sufrir la persona afectada”.

Un cuidacoches fue detenido en Paraná tras asesinar de una puñalada a la pareja actual de su exnovia. Las autoridades policiales continúan la investigación para esclarecer las circunstancias exactas y determinar los cargos que enfrentará el detenido.

Tras un enfrentamiento físico, el agresor atacó a la víctima y actual pareja de su ex, acabando con su vida. Según comentaron las fuentes policiales a ElOnce, la víctima fue identificada como Luis Alberto Padilla quien falleció por una puñalada en el corazón el viernes a las 11.30 en Paraná, Entre Ríos.

Por el crimen fue detenido Maximiliano Jorge Alejandro Lederhos, quien trabajaba como cuidacoches y era el ex pareja de la mujer que acompañaba a la víctima, según confirmó la subjefa de la División de Operaciones de la Departamental policial Paraná, Cecilia Galiano.

Cecilia Galiano confirmó: “A las 11.30 de este viernes se recibieron varios llamados al 911 que daban cuenta de una persona lesionada a la altura del pecho, y se encontraba en las inmediaciones a avenida Laurencena y calle Dorrego”.

La policía informó que el homicida, de 32 años, fue aprehendido luego de que personal de videovigilancia rastreara su recorrido por cámaras de seguridad, hasta localizarlo en calles Garay y Buenos Aires. Por otro lado, la víctima fue hallada en la vía pública, con una navaja incrustada en el pecho e inmediatamente fue trasladado al hospital San Martín, donde falleció pese a ser operado.

El origen del altercado, de acuerdo con lo relatado por la subjefa, fue una pelea entre la mujer y Lederhos. El comisario explicó el episodio y relató: “En principio, hubo una discusión entre la mujer y su ex pareja (Lederhos) cuando se hizo presente la actual pareja (Padilla), se tomaron a golpes de puño y posterior a eso la víctima sufrió una herida mortal”.

Lederhos quedó alojado en Alcaidía de Tribunales y está a disposición de la fiscalía de Delitos Complejos, con intervención de Valeria Vilchez. Las autoridades confirmaron que el detenido tiene antecedentes penales y reside en el barrio El Morro. “Tiene antecedentes por robo, hurto y riñas callejeras, pero también registra denuncias previas por violencia de género”, explicó Galiano.

Caso similar

Cristian Eleazar Gómez Núñez fue asesinado por el ex de su novia en Florencio Varela. El ataque, perpetrado por Néstor Sebastián Cabañas, tuvo lugar cuando el acusado citó a la víctima, supuestamente para aclarar asuntos relacionados con el hijo que este comparte con su ex. El hecho sucedió a fines del año pasado y los familiares siguen buscando visibilización.

Amigos, vecinos y familiares de la víctima afirman que se trató de una emboscada: según detalló la madre de Gómez Núñez a Prensa Obrera, el hijo del agresor presenció días antes a su padre afilar el machete con el que luego cometió el homicidio. Esto para la familia, refuerza el carácter premeditado del crimen.

El asesino, que ejerce como guía de caza (un dato que, según remarcaron allegados, lo convierte en una persona experta en el uso de armas), atacó a Gómez Núñez con un machete y le produjo heridas mortales en el corazón y el rostro, con desprendimiento de tejido, de acuerdo con el relato de los testimonios.

Actualmente, la causa está caratulada como homicidio simple. Sin embargo, la familia reclama que sea encuadrada como homicidio transversal o “femicidio vinculado”. Este pedido se debe a las repetidas denuncias por violencia de género que realizó la expareja de Cabañas. Esta figura considera la motivación de causar daño a una mujer mediante el asesinato de una persona cercana, y su reconocimiento habilitaría una pena mucho mayor.

La persistencia de casos de extrema violencia en contextos de género, aun mediando denuncias previas y pedidos de protección, pone en cuestión la eficacia del sistema estatal argentino para garantizar la seguridad y el acceso efectivo a la justicia para las víctimas y sus entornos.

Imputaron por intento de homicidio al sacerdote César Jesús Schdmidt, tras el caso de un niño de 12 años que permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Materno Infantil San Roque de Paraná por recibir una descarga eléctrica de un portón energizado mientras intentaba recuperar una pelota en la casa del cura.

El episodio ocurrió en la tarde del 7 de marzo en una vivienda de la calle Lamadrid, ubicada entre Maestro Normal y Gobernador Crespo, en la capital de Entre Ríos.

La fiscal Patricia Yedró formalizó la imputación contra el sacerdote por el presunto delito de intento de homicidio, acto que se concretó en el marco de la audiencia de medidas de coerción celebrada ante el juez de Garantías Eduardo Ruhl, informó el medio local Elonce.

El proceso contó con la asistencia del abogado defensor Mario Martínez por parte del imputado. La Fiscalía solicitó diversas medidas cautelares, como la obligación de fijar domicilio y la prohibición de salir de la ciudad de Paraná, además de la exigencia de permanecer a disposición de la fiscalía durante el avance de la investigación.

El juez Ruhl hizo lugar a lo solicitado por el Ministerio Público Fiscal, por lo que Schdmidt continuará sometido al proceso judicial.

El menor identificado como Esteban intentó trepar el tapial de la vivienda tras no obtener respuesta al tocar el timbre, con la intención de recuperar una pelota que había caído en el patio. Al tomar contacto con la estructura metálica del portón, el adolescente sufrió una descarga eléctrica que lo inmovilizó ante la mirada de testigos, quienes relataron que la exposición al flujo eléctrico se prolongó por más de un minuto.

Durante esos dramáticos instantes, otro residente del barrio también resultó alcanzado por la corriente al intentar socorrerlo. Finalmente, una mujer logró separar al niño del portón utilizando un palo, lo que permitió que recibiera asistencia inmediata. El menor fue trasladado de urgencia al Hospital Materno Infantil San Roque, donde profesionales de la salud iniciaron maniobras de reanimación y lo ingresaron en terapia intensiva pediátrica bajo sedación y asistencia respiratoria mecánica.

La madre del menor, Flavia Lezana, expresó en declaraciones recogidas por Elonce que su hijo “mejora minuto a minuto” y calificó como “increíble” la evolución, dadas las condiciones en las que fue ingresado. El equipo médico comenzó a implementar nuevas etapas de tratamiento, evaluando la tolerancia del paciente a las distintas intervenciones.

Uno de los procedimientos implementados incluyó la administración de pequeñas cantidades de agua mediante jeringas, con el objetivo de mantener una hidratación óptima que favorezca el funcionamiento renal.

La gravedad del episodio motivó declaraciones del defensor del Pueblo de Paraná, Lisandro Amavet, quien pidió a través de Elonce una reflexión social sobre el uso de cercos electrificados conectados a la red domiciliaria. “No es una medida sana ni legal electrificar con 220 volts un cerco perimetral, un portón o una vivienda”, sostuvo, y puntualizó que este tipo de prácticas “pueden provocar consecuencias graves e incluso mortales”.

Amavet advirtió sobre las responsabilidades legales que enfrentan quienes instalan estos sistemas y precisó: “Las responsabilidades penales indican que una persona no puede actuar de manera desproporcionada frente a una situación. La reacción no puede ser desmedida”, subrayó.

“Por ejemplo, si alguien ingresa a cometer un delito contra la propiedad privada, como un robo, eso no habilita a poner en riesgo su vida. Si una persona muere por una descarga de este tipo, puede existir una responsabilidad penal por homicidio culposo para el propietario de la vivienda”, remarcó el defensor del Pueblo.

“También existe una responsabilidad civil que deberá afrontarse por los daños y perjuicios que puedan ocasionarse, ya sea sobre la vida o por las lesiones que eventualmente pueda sufrir la persona afectada. Por eso, este tipo de cerramientos puede generar muchos problemas y consecuencias legales para un vecino que decida implementarlos”, cerró.

Un misterioso y cruento episodio ocurrió este lunes por la mañana en la habitación 10 del Motel Torremolinos, ubicado en la avenida Zanni al 3600, en Paraná, ciudad capital de Entre Ríos, que terminó con la muerte de Gustavo Leonardo Lussa, de 54 años, y mantiene en estado crítico a Florencia Pisano, de 48 años.

El hallazgo ocurrió alrededor de las 9:30 de la mañana, aunque la pareja había ingresado al motel Torremolinos el domingo a las 23, en una camioneta Fiat Strada Adventure blanca.

Alerta y macabro hallazgo

Alrededor de las 9 de la mañana, un empleado escuchó detonaciones y encontró a Pisano, de 48 años, saliendo envuelta en una toalla, con la boca ensangrentada. Dentro de la habitación número 10, Policía de Entre Ríos, Policía Científica, Criminalística y efectivos de la División Investigaciones hallaron a Lussa recostado en la cama con un disparo en la nuca, sangrando y respirando agitadamente. Junto a él fue secuestrada un arma calibre .32.

Las cámaras de seguridad del hotel registraron que ni antes ni después del episodio accedió otra persona a la habitación, eliminando la posibilidad de un tercer participante en el ataque. Además, la inspección ocular demostró que ambas personas conservaban sus pertenencias, sin señales de robo ni faltantes.

Ambos fueron trasladados de urgencia al Hospital San Martín de la ciudad entrerriana, donde el hombre falleció luego de agonizar durante poco más de un día.

Hipótesis y reconstrucción de los hechos

Los investigadores lograron establecer que Lussa y Pisano mantenían una relación previa: “No fue la primera vez que se veían”, confirmaron fuentes judiciales a Mnews.

Hasta el momento, la principal hipótesis es un homicidio seguido de tentativa de suicidio, aunque persisten otras líneas de investigación como un intento de femicidio seguido de intento de suicidio, un pacto suicida fallido o un ataque mutuo, de acuerdo con la fiscal de turno, la doctora Patricia Yedro, de la Unidad Fiscal Delitos Complejos, quien dirige la causa relevando cámaras y teléfonos de los involucrados.

Desde la fiscalía, las hipótesis de trabajo permanecen bajo reserva, enfocándose en el análisis pericial del arma, la mecánica de los disparos y la relación entre las víctimas, porque “la ubicación de las heridas y la secuencia de los hechos son puntos centrales para esclarecer el caso”, indicaron fuentes policiales a Infobae.

“Se aguarda el resultado de la autopsia del fallecido, para determinar la trayectoria del disparo, y el resultado de dermotest de ambos, cotejo balístico con el arma secuestrada, y plomo extraído del cadáver”, agregaron desde la Policía de Entre Ríos.

Las lesiones detectadas por los peritos es que Lussa sufrió una herida de arma de fuego con orificio de entrada en la región occipital izquierda y la bala alojada en la región frontal derecha, lo que le provocó una hemorragia intraparenquimatosa y un daño severo en el tronco cerebral con vuelco ventricular, circunstancia que resultó irreversible y provocó su muerte en terapia intensiva del nosocomio citado.

En cuanto a Pisano, las heridas fueron dos disparos en la zona bucal, con los proyectiles alojados en la fosa posterior y a nivel cervical. Estas lesiones le causaron hemorragia cerebelosa izquierda y fracturas cervicales.

En estos momentos lucha por su vida, intubada, sedada y con asistencia respiratoria mecánica. Los equipos médicos informaron a AHORA que su “cuadro es estable pero crítico”, sin cambios favorables y pendiente de nuevos estudios de alta complejidad para evaluar el daño neurológico.

Un niño de 12 años que se encuentra gravemente herido tras recibir una descarga eléctrica en una casa de la ciudad de Paraná, en la provincia de Entre Ríos. El menor permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Materno Infantil San Roque, mientras su evolución genera expectativas entre familiares, profesionales de la salud y vecinos.

La familia describió las últimas horas como un período de cambios notables en la recuperación del chico, quien fue ingresado al centro de salud tras el episodio ocurrido el pasado sábado.

De acuerdo con la información del medio local Elonce, el incidente tuvo lugar al mediodía del pasado 7 de marzo, cuando Bogado intentó recuperar una pelota que había caído en el patio de una vivienda ubicada sobre calle Lamadrid, entre Maestro Normal y Gobernador Crespo.

El menor, al no obtener respuesta tras tocar el timbre de la casa, decidió trepar el tapial y alcanzar el objeto. En ese momento, una descarga eléctrica lo inmovilizó contra la estructura metálica del portón, según relataron testigos del barrio. Vecinos indicaron que el contacto con el portón energizado se extendió durante más de un minuto.

Otro residente intentó intervenir y también fue alcanzado por la electricidad. Finalmente, una mujer consiguió separar al menor del portón utilizando un palo, lo que permitió auxiliarlo y solicitar asistencia médica.

El traslado de urgencia al Hospital Materno Infantil San Roque resultó clave para estabilizar al menor. Los profesionales médicos iniciaron maniobras de reanimación y lo internaron en la terapia intensiva pediátrica, bajo sedación profunda y asistencia respiratoria mecánica. La situación inicial del chico generó alarma entre familiares y allegados, aunque las primeras señales de mejora no tardaron en aparecer.

Flavia Lezana, madre del menor, relató que su hijo mostró progresos inesperados en las últimas horas. “Esteban mejora minuto a minuto. Es algo increíble si pensamos en el estado en el que llegó”, expresó a Elonce. Los médicos comenzaron a probar nuevas etapas en el tratamiento, evaluando la tolerancia del organismo del paciente.

Uno de los procedimientos implementados incluyó la administración de pequeñas cantidades de agua mediante jeringas, con el objetivo de mantener una hidratación óptima que favorezca el funcionamiento renal.

El avance más notorio se produjo entre el domingo y el lunes posteriores al accidente. Hasta ese momento, el niño dependía completamente de la asistencia respiratoria. La madre explicó que el lunes recibieron la noticia de que pudo respirar sin ayuda: “El domingo estaba con ayuda respiratoria, pero desde temprano el lunes empezó a hacerlo por sus propios medios”.

Este niño es conocido entre amigos y compañeros por su afición a la actividad física. Su madre recordó que desde los cuatro años practica karate y que a los seis comenzó a jugar al fútbol. Según sus palabras, la confianza de sus amigos en la recuperación del niño fue constante. “Sus amigos estaban convencidos de que iba a poder superar esto. Todos están muy contentos”, afirmó.

El incidente, que movilizó a los vecinos del barrio, derivó también en la apertura de una investigación judicial. Según informó Elonce, el sacerdote César Smith fue citado a la sede de Fiscalía para designar abogado, dado que la vivienda donde ocurrió el hecho pertenecería al religioso. No obstante, residentes de la zona indicaron que Smith no residiría de forma permanente en ese domicilio, sino en la Residencia Sacerdotal de calle Italia.

En el marco de la pesquisa, el padre del menor aportó un dato técnico relevante: el contacto eléctrico se habría producido al tocar un rollo de malla sima, que contaba con un alambre conectado a un cable de corriente de 220 voltios. Este detalle es analizado por la fiscal Patricia Yedro, quien tiene a su cargo la causa y deberá definir la carátula judicial según la evolución del estado de salud del niño.

Todo ocurrió ayer en las inmediaciones de la Unidad Penal Nº1 de Paraná. Allí, Martín Luciano Siegfried, un joven de 26 años que cumplía condena por causas relacionadas a la venta de drogas, fue asesinado a puñaladas el jueves pasado en circunstancias que todavía no fueron esclarecidas. Le restaban cuatro meses para completar su sentencia a 4 años.

De acuerdo con lo que trascendió, el interno fue atacado en medio de una pelea con otro preso. El joven fue trasladado de urgencia al Hospital San Martín, donde falleció poco después de su ingreso.

Si bien las autoridades no dieron a conocer la versión oficial de lo ocurrido, el titular del Servicio Penitenciario Provincial (SPP), Alejandro Miotti, deslizó que la víctima fatal fue herida con una faca tumbera durante una trifulca para quedarse con “el control del pabellón”. La familia del fallecido, sin embargo, afirma que lo ejecutaron mientras dormía.

El ataque se habría producido con una faca tumbera, aunque ese dato deberá ser confirmado a partir de la investigación que conduce la fiscal Patricia Yedro, de la Unidad de Delitos Complejos.

Horas después del hecho, personal de Homicidios de la Policía de Entre Ríos trasladó a otros dos internos a la Alcaidía de los Tribunales. Se trataría de dos hermanos de apellido Miño, quienes cumplen condenas por brutales asesinatos. Son los apuntados como autores del crimen.

Lo cierto es que la muerte de Siegfried generó gran tensión en la puerta del penal. Familiares y allegados se concentraron durante la tarde de ayer para reclamar justicia y exigir explicaciones sobre las circunstancias del crimen.

Según se ve en un video dado a conocer por un canal local, como forma de protesta los manifestantes iniciaron la quema de neumáticos en la entrada principal de la cárcel, lo que provocó que dos personas, un hombre y una mujer, se prendieran fuego al manipular las gomas encendidas. Las imágenes son impactantes y se ve cómo lograron apartarse a tiempo, aunque con parte de su ropa en llamas.

De acuerdo con lo que trascendió, no sufrieron lesiones graves. El incendio fue finalmente sofocado por el personal de la unidad y bomberos.

La familia de Siegfried sostuvo que el crimen fue premeditado y rechaza la versión oficial del hecho. Su madre declaró a Canal 9: “Lo mataron como a un perro mientras dormía. Lo mataron y lo tiraron afuera de la celda con todas sus cosas”.

Una de sus hermanas reclamó la exhibición de las grabaciones internas y afirmó que “lo mataron adentro de un pabellón mientras él estaba descansando”.

El caso motivó la apertura de una investigación judicial para determinar las circunstancias exactas del homicidio y la posible responsabilidad de otros internos o del personal penitenciario. El Servicio Penitenciario inició un sumario interno y la fiscalía local quedó a cargo de la causa.

Según el diario UNO de Entre Ríos, el preso asesinado a puñaladas era hermano de Facundo Siegfried, condenado a prisión perpetua por un femicidio, ocurrido en septiembre de 2018 en el barrio El Morro de Paraná. Si bien ambos estaban alojados en el mismo pabellón, Facundo se encontraba en una visita familiar en el momento en que Martín recibió la agresión.

La violenta muerte de un recluso de la Unidad Penal 1 de Paraná, Entre Ríos, generó polémica e incidentes fuera de la cárcel. Martín Siegfried, de 26 años, resultó herido de gravedad en las primeras horas de la tarde de este viernes. Fue trasladado al Hospital San Martín, pero murió poco después de ingresado.

Si bien las autoridades no dieron a conocer la versión oficial de lo ocurrido, el titular del Servicio Penitenciario Provincial (SPP), Alejandro Miotti, deslizó que la víctima fatal fue herida con una faca tumbera durante una trifulca para quedarse con “el control del pabellón”. La familia del fallecido, sin embargo, afirma que lo ejecutaron mientras dormía.

Las autoridades del SPP informaron que aproximadamente a las 14.40 se escucharon ruidos fuertes en el pabellón 6, donde estaba alojado Siegfried. El personal de guardia se dirigió al lugar y se encontró con el interno herido de gravedad, por lo que se decidió su traslado urgente al Hospital San Martín en un vehículo del penal.

El SPP indicó que el recluso afectado llegó con vida al centro asistencial y que la muerte se produjo allí, producto de las lesiones que le habían infligido. El ataque se habría producido con una faca tumbera, aunque ese dato deberá ser confirmado a partir de la investigación que conduce la fiscal Patricia Yedro, de la Unidad de Delitos Complejos.

Horas después del hecho, personal de Homicidios de la Policía de Entre Ríos trasladó a otros dos internos a la Alcaidía de los Tribunales. Se trataría de dos hermanos de apellido Miño, quienes cumplen condenas por brutales asesinatos. Son los apuntados como autores del crimen.

Siegfried estaba detenido por delitos vinculados al narcotráfico. Le restaban cuatro meses para completar su condena de 4 años. En la misma Unidad Penal está su hermano Facundo, quien fue condenado a prisión perpetua por el femicidio de una mujer llamada Alejandra Silva ocurrido en septiembre de 2018. Martín también había sido investigado en esa causa.

Si bien ambos estaban alojados en el mismo pabellón, Facundo se encontraba en una visita familiar en el momento en que Martín recibió la agresión.

La versión de la familia

Cuando se conoció el crimen, familiares de los Siegfried se agolparon en la puerta de la UP1. Además de lanzar gritos y recriminaciones a viva voz, quemaron algunas cubiertas.

El relato de los parientes del recluso muerto contradijo la versión oficial. “A mi hermano lo mataron dentro del pabellón mientras estaba descansando”, dijo una de sus hermanas a Canal Once en la puerta del penal.

“Lo mataron durmiendo, como a un perro”, insistió.

Además, la exigencia de la familia era que se les mostraran las filmaciones de seguridad, ya que aseguran que allí quedó registrada la agresión.

Sin embargo, personal penitenciario aclaró que dentro de los pabellones no hay cámaras. Sí se encuentran en los lugares comunes, como el pasillo que termina en la puerta de entrada al ala 6 de la cárcel de Paraná.

Siegfried venía de una familia numerosa. Tenía 14 hermanos. Además, había sido padre de un varón hacía un año. Antes de su detención, vivía en La Milagrosa, una barriada populosa y humilde de la zona este de Paraná.

A través de la empresa Betail SA, Edgardo Kueider había adquirido propiedades en el complejo Live. Eran un semipiso, un departamento de dos dormitorios y otro de uno en uno de los edificios más lujosos de la capital provincial. Además, poseía dos cocheras, un bien escaso en la zona céntrica. La valuación global de mercado de las propiedades supera el medio millón de dólares.

Tras su detención, los bienes quedaron abandonados. Según pudo establecer Infobae, los inmuebles acumulan más de 14 meses de gastos comunes impagos. La mora comenzó con la boleta de las expensas de noviembre de 2024 que vencían al mes siguiente. El martes 4 de diciembre, Kueider fue detenido en Paraguay. Intentaba pasar USD 200 mil en efectivo sin declarar. También cayó su pareja, Iara Guinsel, responsable de atender estos gastos.

En total, la deuda de los departamentos y las cocheras se ubica en $7,3 millones de pesos a febrero 2026. El monto, que incluye capital e intereses acumulados, fue confirmado a este medio por dos fuentes diferentes y sin contacto entre sí. “Es un clavo”, graficó una de ellas.

La puerta del semipiso en el último piso del Live aún tiene restos de las fajas de clausura que colocó la Justicia luego de realizar un allanamiento. Como cuando se concretaron los operativos hubo que ingresar a la fuerza, la puerta se sostiene con un alambre. Nadie vive en ellos. Los vecinos no se atreven a acercarse.

Pagadios

La administración del edificio no logra acceder a ningún responsable, directo o indirecto, que pueda hacerse cargo de estas erogaciones pendientes. Kueider está detenido en Paraguay junto con Guinsel, que era la que mes a mes cancelaba los compromisos. El otro socio de Betail SA, Daniel «Gonzalito» González fue excarcelado pero no tiene ingresos. Es empleado de la Biblioteca del Congreso mas no cobra su sueldo por estar sumariado.

Hasta ahora, la parte que debería recaudarse de los departamentos y cocheras de Kueider se atiende con el fondo de reserva. A pesar de la queja del resto de los propietarios, no hay mucho más qué hacer. Es que el Edificio Live aún no ha terminado su proceso de constitución en propiedad horizontal. Por lo tanto, aún no tiene un consorcio ni puede ejecutar la deuda.

Mientras, la columna del debe crece. La desarrolladora que construyó el edificio CDS (Cavalli, Dujovne y Szczech) tiene la posibilidad de iniciar algún tipo de acción contra el exsenador para intentar cobrar algo. Pero no lo ha hecho, consignaron las fuentes que accedieron a hablar con Infobae.

Además, se prefigura un conflicto adicional. Si el fideicomiso que construyó el Live completa los trámites pendientes (planos de construcción, de electricidad y esquema de bomberos, entre otros) y queda todo listo para escriturar ¿quién firmará por Kueider? En el mientras tanto, los dueños de las distintas unidades solo detentan un boleto de compraventa.

Si el consorcio estuviera constituido, los departamentos y las cocheras de Kueider podrían ser puestos a remate para cubrir la deuda de gastos comunes.

El lugar de los departamentos en la trama

Los inmuebles en el Live a nombre de Betail SA habrían sido una maniobra para lavar dinero proveniente de fuentes espurias. Esa es la hipótesis que registrar la investigación contra Kueider por enriquecimiento ilícito que se tramita en el Juzgado Federal de San Isidro. El expediente está a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado y del fiscal Fernándo Domínguez.

Como sostén de esa conjetura se han acumulado testimoniales y pruebas materiales en la pesquisa.

Alejando y Ariel Lifschitz y Matías Pérez están vinculados a la firma Cadus SAS que administra el fideicomiso del edificio. Los tres “afirmaron que fue Edgardo Kueider la persona que negoció la compra y finalmente entregó en las oficinas de la ciudad de Paraná gran cantidad de dinero en efectivo para la adquisición de las unidades”, consigna el expediente judicial.

Alejandro puntualizó: “La negociación de la compraventa fue entre mi hermano Ari, yo y Kueider”. Luego, agregó que en marzo de 2021, el entonces senador Kueider se decidió y “abonó en efectivo” la compra del departamento de dos dormitorios. En mayo sumaría el de uno y en octubre, por último, agregaría el semipiso.

Su hermano Ariel añadió un detalle al pago de los inmuebles en billetes constantes y sonantes: “Demoramos bastante en contarlos”.

En otro tramo del expediente judicial, se cita un informe de AFIP (hoy ARCA). Allí se describe que durante el período 2020 a 2023, Kueider no registró emisión de facturas. Asimismo, indicó que en 2021 tuvo ingresos salariales por $4.114.023,59; en 2022, $ 6.704.690,99 y que en 2023 cobró haberes totales por $16.757.765,47.

El fiscal Domínguez resaltó: “Lo pagado en el año 2021 para la compra de los departamentos ($20.000.000) representa casi 5 veces los salarios obtenidos por Kueider en todo ese año”. Por eso, razonó: “Es claro que (el exsenador) no tenía manera de invertir esas sumas de dinero en efectivo, sin levantar fuertes sospechas, en la compra de tres departamentos a estrenar con sus cocheras anexas”.

La hipótesis de la investigación es que el exrepresentante entrerriano “habría tejido una red de personas interpuestas y una sociedad pantalla (Betail) para ejecutar, bajo su ropaje, una serie de maniobras destinadas a fingir ingresos inexistentes y disimular la ilícita procedencia del dinero utilizado para la compra de aquellos departamentos”.

La teoría del caso de la Justicia Federal de San Isidro es que el origen de los fondos que manejaba Kueider, o al menos parte de ellos, provenía del pago de coimas realizado por la empresa Securitas. La firma de seguridad está bajo sospecha tras una auditoría interna que reveló una trama de sobornos para quedarse con contratos de empresas y organismos públicos. Una de ellas era Enersa, la estatal eléctrica de Entre Ríos.

Un incendio de grandes proporciones consumió ya 400 hectáreas en las islas ubicadas frente a la ciudad de Rosario, en el corazón del humedal del río Paraná, más conocido como Delta. Se trata de una de las quemas más extensas registradas en el último tiempo y las autoridades trabajan ante la posible llegada de humo a las ciudades cercanas y ante la amenaza por la extensión del fuego.

Según informó Matías De Bueno, especialista del Observatorio Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) “hoy (lunes) contabilizamos 400 hectáreas. Es una zona inhóspita, a 20 kilómetros de Rosario y a 40 de Victoria, en el centro del humedal. No es una zona turística”, precisó en declaraciones a El Tres.

De acuerdo con los datos oficiales, el incendio se ubica a 24 kilómetros tierra adentro desde el Monumento Nacional a la Bandera y a 15 kilómetros al sur del puente Rosario-Victoria. El frente más comprometido del incendio alcanza entre cuatro y cinco kilómetros de extensión, lo que explica la persistencia de la humareda sobre distintos barrios de la ciudad.

El especialista remarcó la magnitud del fenómeno y respecto a las causas, fue enfático al descartar factores naturales: “En un 99 % podemos decir que es intencional. Venimos de un verano bastante tranquilo en términos de incendios; han sido chicos y controlados. Sin embargo, este caso en particular podría tener una investigación rápida. Esperamos que se actúe rápido desde la fiscalía”. El Observatorio Ambiental de la UNR ya presentó la denuncia y la Fiscalía tomó intervención para intentar identificar a los responsables de la quema.

La situación se intensificó además debido a la dirección del viento que “puede afectar a la zona sur de Rosario y a la localidad de Villa Gobernador Gálvez”, advirtió De Bueno. Las autoridades llevan a cabo un monitoreo permanente de la situación atmosférica, ya que la persistencia de la humareda depende de la extensión del frente de fuego y el comportamiento del viento.

La expectativa de los equipos de emergencia está puesta en el pronóstico meteorológico. “Podríamos tener una lluvia que pueda humedecer el territorio; esperemos que eso se dé”, expresó De Bueno.

Las provincias y Nación refuerzan la coordinación ante incendios

En paralelo a la situación que se vive en la zona, las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires, junto con la Agencia Federal de Emergencias (AFE), firmaron un acuerdo para fortalecer la coordinación operativa en el Delta del Paraná frente a emergencias por incendios. El convenio consolida el trabajo iniciado en enero de 2024 y establece una estrategia conjunta para prevenir y responder ante el fuego en este territorio compartido.

El encuentro contó con la presencia del ministro de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe, Enrique Estévez; el ministro de Seguridad de Buenos Aires, Javier Alonso; el ministro de Desarrollo Económico de Entre Ríos, Guillermo Bernaudo; el secretario de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Santa Fe, Marcos Escajadillo; brigadistas, técnicos y funcionarios de la AFE y gobiernos locales.

A partir de este acuerdo, los recursos de las tres provincias se coordinarán bajo un mismo protocolo operativo junto a la agencia federal lo que permitirá optimizar tiempos de respuesta, compartir información y actuar de manera conjunta frente a emergencias. El ministro Estévez destacó la importancia del trabajo interjurisdiccional: “Tres provincias y Nación trabajando conjuntamente sobre un territorio que nos es común. El ambiente no reconoce fronteras geopolíticas y, para abordar los problemas ambientales, hace falta trabajar entre gobiernos”.

Las declaraciones, tomadas por el portal La Capital, también refirierpn al despliegue que comenzó con la instalación de un campamento base y la organización de tres grupos de trabajo en el Delta del Paraná. Además, se prevé una reunión en marzo para avanzar en un marco administrativo que permita la cooperación económica entre provincias.

El Tribunal Oral Federal de Paraná ordenó el traslado de Leonardo Roberto Airaldi, principal acusado por narcotráfico en una causa de alto perfil, al Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza bajo el régimen para presos de “alto riesgo”. La medida fue dictada este viernes, a sólo días del inicio del juicio oral en Entre Ríos, y deriva de un pedido de la fiscalía y del Servicio Penitenciario Federal tras una nueva investigación abierta en Gualeguaychú.

El tribunal dispuso que el traslado se realice en las próximas 24 horas y precisó condiciones para asegurar la participación de Airaldi en el juicio, con fecha fijada para el 3 de marzo. La decisión apunta a garantizar la seguridad del proceso ante la sospecha de maniobras criminales desde el penal de Gualeguaychú.

El juez de cámara Noemí Marta Berros y sus colegas fundamentaron la medida por la evaluación interdisciplinaria realizada por el Servicio Penitenciario Federal (SPF) y ante el requerimiento fiscal. El nuevo régimen implica que Airaldi quedará bajo estrictas cuarentenas, aislamiento y controles dentro de Ezeiza.

La defensa técnica, encabezada por la abogada Mariana Barbitta, presentó objeciones formales y materiales. Sostuvo que su defendido lleva casi dos años en prisión preventiva sin sanciones disciplinarias ni hechos de violencia, y que la declaración que motivó su “alto riesgo” proviene de un interno en conflicto personal con Airaldi.

En su presentación, la defensa pidió que, “en definitiva, se rechace la petición fiscal y se mantenga la detención del acusado en la Unidad Penal N° 9 de Gualeguaychú, Entre Ríos”.

De cara al juicio y en el marco de la resolución, la justicia también ordenó al Hospital San Lucas de Gualeguaychú remitir la historia clínica completa de Airaldi al penal de Ezeiza, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación. El Servicio Penitenciario Federal deberá encargarse del traslado en el plazo de un día y adoptar la logística necesaria para cumplir con el cronograma de audiencias y asegurar el derecho de defensa del acusado.

La resolución también deja expreso que el traslado y el régimen de “alto riesgo” no son decisiones definitivas. Si el juicio resulta favorable a Airaldi o si se atenúan los motivos que justificaron el cambio de régimen, podrá ser excluido de este sistema, según lo establece la normativa vigente.

El debate oral contra él se desarrollará el próximo 3 de marzo. Se lo juzgará como presunto autor del delito de organización y financiamiento de actividades de narcotráfico y por almacenamiento de estupefacientes. La primera causa es del 2019 y surgió en la capital entrerriana. La segunda es del 2024 como resultado de un allanamiento en Puerto Gaboto, Santa Fe.

Cómo sigue el caso

Noemí Berros, Mariela Emilce Rojas y José María Escobar Cello componen el TOF de Paraná. Airaldi está a disposición de este cuerpo, que es el que entiende en las causas por narcotráfico en su contra.

Fuentes judiciales confirmaron a Infobae que el fiscal José Ignacio Candioti no se bajará del proceso y encabezará la acusación contra el capo narco. El funcionario judicial es uno de los que Airaldi querría eliminar a través de un sicario uruguayo. Habría pagado USD 40 mil para ejecutar la operación.

Como razones para que Candioti siga al frente de la estrategia fiscal, las fuentes consultadas sostuvieron que no existen motivos de excusación o recusación. Ni siquiera por ser la víctima potencial de un plan criminal urdido por el acusado.

En paralelo, el Tribunal Oral Federal rechazó el habeas corpus presentado por la defensora de Airaldi, Marina Barbitta. La letrada había requerido saber dónde está en la actualidad su pupilo y, además, buscó evitar su eventual traslado a Ezeiza. El argumento que esgrimió es que sería un “agravamiento de sus condiciones de detención”. Asimismo, planteó que le impediría ejercer de forma debida el derecho a defensa.

El argumento del TOF fue formal. Ese estrado judicial no era el adecuado para interponer un habeas corpus. Ese recurso deberá efectuarse ante el juzgado del lugar donde la persona se encuentra detenida, respondieron las magistradas Berros y Rojas. Acto seguido, mandaron a Barbitta a llevar el planteo ante el juez federal de Gualeguaychú, Hernán Viri.

La defensora del capo narco se encuentra en esa ciudad entrerriana desde el lunes. Tardó 48 horas en poder ver el expediente que, aún, tiene la carátula “N.N. s/ A determinar”. En la tarde del martes estaba previsto que se encontrara con su cliente. En conversaciones previas, su pupilo le informó que en los allanamientos le habían sacado carpetas con documentación de las causas en su contra y escritos personales.

El ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia (otro de los blancos del plan criminal de Airaldi), informó en las últimas horas que al acusado se lo llevó a un lugar de aislamiento en la UP 9.

El Tribunal Oral Federal de Paraná (TOF) avaló el planteo fiscal de considerar a Leonardo Airaldi como preso de alto riesgo. El martes de la semana próxima comenzará el juicio en su contra. El fiscal amenazado de muerte no se correrá del proceso.

En rigor, el TOF dio curso al planteo que había hecho el fiscal de Gualeguaychú, Pedro Rebollo, y el titular de la PROCUNAR (la procuración especializada en narcocriminalidad), Diego Iglesias.

“La petición formulada consistente en requerir a las autoridades del Servicio Penitenciario Federal (que) evalúen el traslado e ingreso del interno Airaldi al ´Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo´ se revela como la más adecuada para gestionar y dar respuesta a la situación planteada”, consideró el TOF.

Rebollo e Iglesias reclamaron que Airaldi sea trasladado de la Unidad Penal 9 en Gualeguaychú a la cárcel federal de máxima seguridad ubicada en Ezeiza. Si el traslado se concreta, habrá que ver si podrá o no estar presente cuando se lleve adelante el juicio en su contra. Está previsto que las audiencias comenzarán el próximo martes 3 de marzo en Paraná.

Se lo juzgará como presunto autor del delito de organización y financiamiento de actividades de narcotráfico y por almacenamiento de estupefacientes. La primera causa es del 2019 y surgió en la capital entrerriana. La segunda es del 2024 como resultado de un allanamiento en Puerto Gaboto, Santa Fe.

Cuáles son los argumentos

El pedido fiscal de Rebollo acentuó la “peligrosidad del detenido en virtud de sus contactos extra e intramuros, sumado a sus recursos económicos”. En ese sentido, señaló que durante el allanamiento en la UP 9 realizado el día pasado 20 de febrero se pudo corroborar que Airaldi “es un interno de máxima peligrosidad”. Por ello consideró “en consonancia con el jefe de la UP 9 que debería encontrarse en el régimen” para detenidos de alto riesgo.

Además, puntualizó que nueva información obtenida de declaraciones recibidas en la causa por el presunto atentado dieron cuenta de que “Airaldi contaría aún con un teléfono celular en su lugar de detención”.

El planteo de la PROCUNAR señaló varios factores para sostener la clasificación del capo narco como recluso de alta peligrosidad. En primer lugar, la “gravedad y características de los hechos investigados”. Por otro lado, la prioridad de evitar que pueda, eventualmente, “seguir desplegando maniobras vinculadas con el plan criminal develado desde el mismo lugar en que contó con los medios para organizarlo”.

Otro factor esgrimido fue la necesidad de “resguardar la integridad de los testigos que declararon en la investigación en curso”. Se trata de los que revelaron el plan criminal. Uno de ellos es otro capo narco: Daniel «Tavi» Celis. A él lo trasladaron a la UP 1 de la capital entrerriana.

Cómo sigue el caso

Noemí Berros, Mariela Emilce Rojas y José María Escobar Cello componen el TOF de Paraná. Airaldi está a disposición de este cuerpo, que es el que entiende en las causas por narcotráfico en su contra.

Fuentes judiciales confirmaron a Infobae que el fiscal José Ignacio Candioti no se bajará del proceso y encabezará la acusación contra el capo narco. El funcionario judicial es uno de los que Airaldi querría eliminar a través de un sicario uruguayo. Habría pagado USD 40 mil para ejecutar la operación.

Como razones para que Candioti siga al frente de la estrategia fiscal, las fuentes consultadas sostuvieron que no existen motivos de excusación o recusación. Ni siquiera por ser la víctima potencial de un plan criminal urdido por el acusado.

En paralelo, el Tribunal Oral Federal rechazó el habeas corpus presentado por la defensora de Airaldi, Marina Barbitta. La letrada había requerido saber dónde está en la actualidad su pupilo y, además, buscó evitar su eventual traslado a Ezeiza. El argumento que esgrimió es que sería un “agravamiento de sus condiciones de detención”. Asimismo, planteó que le impediría ejercer de forma debida el derecho a defensa.

El argumento del TOF fue formal. Ese estrado judicial no era el adecuado para interponer un habeas corpus. Ese recurso deberá efectuarse ante el juzgado del lugar donde la persona se encuentra detenida, respondieron las magistradas Berros y Rojas. Acto seguido, mandaron a Barbitta a llevar el planteo ante el juez federal de Gualeguaychú, Hernán Viri.

La defensora del capo narco se encuentra en esa ciudad entrerriana desde el lunes. Tardó 48 horas en poder ver el expediente que, aún, tiene la carátula “N.N. s/ A determinar”. En la tarde del martes estaba previsto que se encontrara con su cliente. En conversaciones previas, su pupilo le informó que en los allanamientos le habían sacado carpetas con documentación de las causas en su contra y escritos personales.

El ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia (otro de los blancos del plan criminal de Airaldi), informó en las últimas horas que al acusado se lo llevó a un lugar de aislamiento en la UP 9.

Un capo narco detenido le habría pagado a un sicario uruguayo para que ejecute a funcionarios judiciales argentinos: la confesión de otro preso permitió evitar el doble crimen y la Gendarmería allanó la cárcel desde donde se hizo la planificación. El objetivo del plan era terminar con las vidas del fiscal Ignacio Candioti y del juez Leandro Ríos, según información publicada por el diario regional El Argentino de Gualeguaychú. Fuentes oficiales indicaron a Infobae que el ministro de Seguridad de la provincia, Néstor Roncaglia, también figuraba entre los blancos.

El autor intelectual de la maniobra sería un poderoso capo narco oriundo de Diamante, alojado en la Unidad Penal 9 de esa ciudad. El perfil encaja con la figura de Leonardo Airaldi, expresidente de la Sociedad Rural diamantina. Tiene 44 años y es nacido en Mar del Plata. Airaldi enfrenta dos causas por narcotráfico y, en los últimos días, el Tribunal Oral Federal rechazó un planteo de su defensa para dividir los expedientes por los que será juzgado desde el martes 24 en Paraná. Una causa se originó en la capital entrerriana en 2019 y apunta a una banda narco que involucraba a catorce personas. La otra se generó en Santa Fe durante 2022, cuando se incautaron 30 kilogramos de cocaína en la zona de Puerto Gaboto. Su abogada defensora es Mariana Barbitta.

La acusación en esas audiencias estuvo a cargo de Candioti; Ríos, por su parte, tuvo la instrucción de uno de los casos; y Roncaglia fue jefe de la Policía Federal hasta 2019, antes de liderar la división Drogas Peligrosas. Todos residen en Paraná, a 290 km de donde permanece alojado el supuesto autor intelectual.

El dato sobre el operativo criminal provino de un interno que oficia como informante de las autoridades. Este hombre describió en detalle lo que ocurre dentro de la Unidad Penal de Gualeguaychú, y en particular el poder que ejerce este capo narco sobre los demás internos y el personal carcelario.

Según los dichos del testigo, Airaldi habría mencionado que el magistrado “le había inventado una causa” y el fiscal tendría “todo arreglado para condenarlo a 15 años”.

Cómo se planearon las muertes

El detenido que permitió desbaratar el plan relató además que, con el objetivo de llevar adelante los asesinatos, el capo narco habría contratado a un sicario uruguayo. El pago acordado sería de USD 40.000. El lugar de ejecución: Punta del Este. El momento: las vacaciones de Candioti y Ríos en las playas uruguayas.

El atentado contra Roncaglia estaba planeado para producirse cuando se dirigiera en moto hasta la quinta de unos amigos cerca de Paraná. El precio por el ministro iba a ser mayor debido a que el crimen debía cometerse en Argentina.

La confesión del testigo policial menciona detalles escalofriantes. El plan criminal debía ejecutarse con dos autos: en uno irían los asesinos y en el otro, un tacho con cal destinada a colocar el cadáver. Esta sustancia, altamente corrosiva, consumiría todos los tejidos orgánicos en poco tiempo.

Cómo se desbarató el plan criminal

El ministro de Seguridad provincial supo de estas acusaciones a través del Director del Servicio Penitenciario de Entre Ríos y del Director de la Unidad Penal 9, Lucas Duffour.

El preso relató todo ante el fiscal federal de Gualeguaychú, Pedro Rebollo, quien luego requirió al juez Hernán Viri la orden de allanamiento de la cárcel. El operativo se ejecutó el viernes 20 en horas de la tarde por el Escuadrón 56 de Gendarmería, que tiene asiento en la localidad del sur entrerriano.

La Policía y el Servicio Penitenciario provincial apoyaron la requisa. Se secuestraron teléfonos, anotaciones, cocaína y documentación. Así lo informó una alta fuente judicial citada por El Argentino de Gualeguaychú. La gravedad de lo denunciado mantiene abiertas las investigaciones.

La revelación del plan criminal provocó conmoción en los funcionarios públicos que estaban en la mira. Por eso se ha dispuesto un esquema especial de protección de ellos y sus familias.

El fiscal Rebollo tiene a cargo la causa que, por ahora, tramitará en la Justicia Federal de Gualeguaychú.

El hallazgo de Kiara Barrios en la mañana del sábado marcó el desenlace de una búsqueda intensa que mantuvo en vilo a Paraná y la provincia de Entre Ríos. El cuerpo de la niña fue encontrado en la zona del balneario Thompson, en la desembocadura del arroyo Las Viejas, un sector donde el cauce fluye entre vegetación espesa y desemboca hacia el río, a escasa distancia del camino costero y las columnas de alumbrado que bordean la ribera.

El hallazgo se produjo minutos antes de las 10, tras jornadas de trabajo ininterrumpido por parte de los equipos de rescate y voluntarios.

La búsqueda de la niña de 10 años comenzó hace dos días tras un suceso trágico ocasionado por un temporal que afectó a gran parte del Litoral y a varias provincias del centro del país. Durante la madrugada del jueves, una crecida súbita del arroyo Las Viejas arrastró la vivienda familiar ubicada en la calle Blas Parera, desplazándola hasta el cauce y sorprendiendo a los seis integrantes de la familia mientras se encontraban en su interior.

Cuatro personas lograron ser rescatadas: el padre, Miguel Barrios, una hija de 12 años y dos varones de 15 y 5 años, quienes recibieron asistencia médica. Más tarde, el cuerpo de Patricia Mena, de 32 años, fue hallado en el arroyo Colorado, a unos 200 metros de la vivienda colapsada. Las autoridades mantuvieron activo el operativo para localizar a Kiara, mientras la fuerza de la corriente y la acumulación de residuos en el arroyo dificultaban las tareas de rastreo y rescate.

Tras el hallazgo de la menor, la familia atravesó momentos de profundo dolor. Carolina, tía de la niña, expresó: “Como verán, estamos realmente destrozados. Yo soy la hermana mayor del papá de Kiara, estamos tratando de sostener a nuestros hermanos. Tenemos que ser fuertes por ellos y por mi papá, que tiene una discapacidad”, dijo en declaraciones recogidas por El Once.

La familia agradeció públicamente a quienes acompañaron durante los días de búsqueda: “Queremos agradecer a todos, especialmente a los vecinos que estuvieron desde el primer momento. También a la Policía, al jefe que nos brindó todo el apoyo. A todos los que colaboraron, gracias de corazón”.

Desde el primer momento, el operativo desplegado por las autoridades de Entre Ríos movilizó a distintas fuerzas y organizaciones. Claudio González, jefe de la Policía de Entre Ríos, expresó su reconocimiento a quienes participaron en la búsqueda.

“Más allá de lo material hay que resaltar el recurso humano, por la voluntad de muchas personas. Bomberos voluntarios, zapadores, municipales, rescatistas, guardavidas, personal policial. Ayer eran 200, hoy 250, todo eso en el afán de buscar a Kiara. Y la contención de la familia”, detalló González, según declaraciones recogidas por Ahora.

El despliegue de los equipos de emergencia abarcó un extenso tramo del arroyo. Desde el llamado “punto cero” en Blas Parera, las acciones se extendieron hasta sectores como Rondeau y Atman, llegando luego a la desembocadura en la zona de Thompson. El trabajo incluyó la participación de Bomberos Zapadores, Bomberos Voluntarios, Defensa Civil, la División 911, buzos tácticos y personal municipal, quienes utilizaron maquinaria pesada para remover basura y ramas que obstruían el acceso y la visibilidad en la zona.

El secretario de Servicios Públicos de Paraná, Julián Hirschfeld, explicó a El Once que los esfuerzos se concentraban en uno de los trazos de la desembocadura del arroyo, con el objetivo de rastrillar la zona de manera exhaustiva. Además, se mantuvieron reuniones entre la intendenta de Paraná, Rosario Romero, y el ministro de Seguridad, Néstor Roncaglia, para coordinar las acciones a seguir y reforzar la seguridad en la ribera.

Las condiciones meteorológicas adversas y el nivel elevado del agua representaron un desafío adicional para los rescatistas durante el operativo. “El agua mantiene un nivel elevado y eso complica las labores de búsqueda”, explicó -en ese entonces- Claudio González a El Litoral. Vecinos del barrio colaboraron activamente con los equipos de emergencia y describieron escenas de tensión y expectativa, mientras se monitoreaban los arroyos y desagües ante la posibilidad de nuevas lluvias.

En la zona de Las Viejas, los equipos reforzaron el operativo con la incorporación de guardavidas y el uso de maquinaria especializada para limpiar los márgenes y acceder a sectores de vegetación tupida y rocas de gran tamaño. El monitoreo y la coordinación fueron supervisados de cerca por el Ministerio de Seguridad y la Municipalidad de Paraná.

La búsqueda de Chiara Barrios, la nena de 10 años que fue arrastrada por el agua tras el temporal en Entre Ríos que destruyó su vivienda y causó la muerte de su madre, continuó este viernes en distintos sectores de los arroyos Colorado y Las Viejas en Paraná, con un intenso despliegue de fuerzas de seguridad y la participación de familiares. No obstante, no se tuvieron resultados positivos.

El trágico episodio ocurrió el jueves a la noche, luego de que se desatara una fuerte tormenta en la región. Luego de que se registrara una crecida de más de dos metros en el arroyo Las Viejas, la casa donde vivía la pequeña junto a su familia fue desplazada aproximadamente 200 metros hasta el arroyo Colorado.

Originalmente, la vivienda se encontraba sobre la calle Blas Parera, pero los restos fueron ubicados en la intersección de las calles Villanueva y Altman. Durante el operativo de rescate, se logró salvar a su padre, Miguel Barrios, y a sus tres hermanos, una nena de 12 años, un varón de 15 y otro de 5. Los menores de 12 y 5 ya fueron dados de alta, por lo que fueron alojados en la casa de un familiar.

En el caso de su madre, Patricia Mena (32), su cuerpo fue encontrado sin vida en las orillas del arroyo. Sin embargo, a casi dos días del temporal, no se obtuvieron señales de Chiara. Este viernes se realizó un operativo que combinó rastrillajes por agua y tierra, patrullajes terrestres, inspección aérea y seguimiento del curso del arroyo.

Según la información publicada por El Once, el punto de partida de los rastrillajes se estableció en el llamado “punto cero”, sobre la calle Blas Parera, entre Brown y Churruarín, donde el arroyo desbordado destruyó la casa familiar. Desde ese lugar, los equipos trabajaron a lo largo del cauce y las orillas, accediendo a zonas de difícil acceso para ampliar el radio de observación.

No obstante, las autoridades indicaron que las tareas se complicaron debido al contexto de alta dificultad debido al terreno y la vegetación. A raíz de esto, el helicóptero de la Policía de Entre Ríos sobrevoló repetidas veces ambas márgenes de los arroyos y la zona costera, con el objetivo de localizar cualquier indicio sobre el paradero de la menor.

Las imágenes aéreas tomadas durante el operativo evidenciaron la magnitud del área cubierta, incluyendo sectores de acceso limitado. Ya por la tarde se sumó al operativo el tío de Chiara junto a efectivos policiales. En paralelo, la comunidad siguió expectante las tareas, en medio del impacto que el temporal causó en distintos barrios de Paraná.

Por su parte, el jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio González, declaró que “se continúan las tareas de búsqueda y, acorde a lo pautado, hicimos una evaluación del trabajo”. Además, señaló que se identificaron los elementos necesarios para fortalecer la continuidad del operativo y confirmó que las autoridades mantienen el compromiso de sostener la búsqueda hasta obtener resultados.

Hasta el momento, el oficial confirmó que “se encontraron algunas pertenencias que fueron reconocidas por familiares, pero eran pertenencias que no estaban en poder de Chiara en su momento”. Por esto, plantearon que se trataría de objetos que estaban en el interior de la casa.

En el caso de los sobrevivientes, el secretario de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Paraná, Enrique Ríos, informó que el municipio se encuentra evaluando distintas alternativas para reubicar a la familia. La intención sería garantizar, al menos de forma transitoria, una vivienda digna para los afectados mientras se define la posibilidad de reconstrucción o construcción de una nueva casa, siempre con el acompañamiento del estado municipal.

De la misma manera, indicó que las autoridades se ofrecieron a hacerse cargo del sepelio de Patricia, una decisión que quedó sujeta a la voluntad de la familia. Asimismo, se comprometieron a facilitar la movilidad de los familiares para permitir su asistencia y despedida, reafirmando el acompañamiento institucional en este proceso.

Sobre la problemática de fondo que atraviesa Paraná, el funcionario enfatizó que la escasez de terrenos urbanizables y el alto valor de los mismos son los principales factores que impulsan la proliferación de asentamientos en áreas no aptas para la construcción, como los márgenes de arroyos.

Según Ríos, muchas de las familias no cuentan con los recursos económicos necesarios para adquirir lotes en la ciudad y por ello recurren a la instalación en sectores irregulares. Por este motivo, el municipio procura contener y revertir, a través de campañas de concientización, el Banco de Tierras y otras propuestas.

Ante la magnitud del déficit habitacional, que en Paraná asciende a más de 20.000 viviendas, el gobierno local reconoció la necesidad de una estrategia coordinada entre las diversas instancias del Estado. Asimismo, Ríos insistió en que el enfoque debe ser integral, con la participación de los niveles municipal, provincial y nacional, para lograr respuestas efectivas y alternativas habitacionales sustentables.

Una vivienda familiar quedó completamente destruida tras la crecida súbita del arroyo Las Viejas, en la ciudad de Paraná, y desde ese momento se desplegó un intenso operativo para encontrar a la hija de 10 años. El hecho ocurrió durante la madrugada de este jueves, en medio de un brutal temporal que azotó a gran parte del Litoral y varias provincias del centro.

El episodio tuvo lugar en la calle Blas Parera, en la vereda oeste, pasando la intersección con Julio César Ferrarotti. Según indicaron fuentes policiales a Infobae, la vivienda donde residía la familia fue desplazada por la corriente hasta el arroyo, arrastrando a sus ocupantes. La familia, compuesta por seis integrantes, se vio sorprendida por el colapso de la estructura mientras permanecían en su interior.

Cuatro de ellos, entre ellos el padre, Miguel Barrios, y tres de sus hijos — una niña de 12 y dos varones, uno de 15 y otro de 5,— lograron ser rescatados y recibieron asistencia médica. Pasadas las 17, pudieron dar con el paradero de Patricia Mena, de 32 años, cuyo cuerpo habría sido localizado en el arroyo Colorado, en la zona de la intersección de las calles Villanueva y Altman, a unos 200 metros de la vivienda que se derrumbó como consecuencia del fuerte caudal de agua acumulado en pocas horas. Las autoridades continúan con el operativo de búsqueda de Chiara Barrios, de 10, quien sigue desaparecida.

El caudal del arroyo creció más de dos metros en cuestión de horas, arrastrando a la vivienda y a sus ocupantes sin darles margen de reacción. El padre de la familia al igual que Patricia, fue hallado a pocos metros del lugar tras haber sido arrastrado por el agua, mientras sus hijos menores recibieron atención de los servicios de emergencia. La fuerza de la corriente y la cantidad de residuos acumulados en el arroyo complican las tareas de rastreo y rescate.

El operativo se extendió desde el llamado “punto cero” en Blas Parera hasta zonas ubicadas más abajo, siguiendo el curso del arroyo, como Rondeau y Atman, para luego abarcar la desembocadura en la zona de Thompson. Equipos de Bomberos Zapadores, Bomberos Voluntarios, Defensa Civil, la División 911, buzos tácticos y personal municipal trabajan coordinadamente con maquinaria pesada, abocados a remover basura y ramas acumuladas que dificultan el acceso y la visibilidad.

El secretario de Servicios Públicos de Paraná, Julián Hirschfeld, detalló al medio local El Once: “Estamos trabajando en uno de los trazos de la desembocadura del arroyo Las Viejas, con el objetivo de rastrillar la zona. Recién culminó una reunión entre la intendenta de Paraná, Rosario Romero, y el ministro de Seguridad, Néstor Roncaglia, donde se linearon algunas acciones a seguir”.

El despliegue de los equipos de rescate fue inmediato, pero las condiciones meteorológicas y el alto nivel del agua representaron un desafío adicional. “El agua mantiene un nivel elevado y eso complica las labores de búsqueda”, declaró Claudio González, jefe de Policía, en diálogo con El Litoral. Vecinos del barrio colaboraron con los rescatistas y describieron una escena de tensión y angustia, mientras se mantenía el monitoreo de arroyos y desagües ante la posibilidad de nuevas lluvias.

En la zona del arroyo Las Viejas, los equipos de emergencia reforzaron el operativo con la incorporación de guardavidas y la utilización de maquinaria especializada para limpiar los márgenes y acceder a sectores de vegetación densa y rocas de gran tamaño.

Las autoridades reiteraron el pedido a la población de evitar el ingreso al arroyo y reportar cualquier dato relevante a la policía. El ministro de Seguridad, la intendenta de Paraná y los jefes de las fuerzas policiales y de bomberos supervisan la coordinación de las tareas.

Imágenes del lugar muestran el arroyo crecido, con el agua corriendo con fuerza y arrastrando barro, troncos y residuos urbanos. Sobre las piedras, personal con indumentaria de trabajo inspecciona cada tramo del cauce, mientras ambulancias permanecen apostadas en puntos estratégicos para dar respuesta inmediata ante cualquier hallazgo.

El impacto del temporal afectó también a otras zonas de Paraná, donde se registraron viviendas inundadas, calles anegadas y múltiples intervenciones de emergencia. Defensa Civil mantiene la vigilancia y no descarta nuevas evacuaciones si las precipitaciones continúan.

El operativo de búsqueda sigue activo bajo la coordinación del Ministerio de Seguridad y la Municipalidad de Paraná. Las autoridades insisten en la importancia de extremar precauciones y colaborar con los equipos de rescate, mientras la prioridad se centra en la localización de Chiara Barrios.

El proceso judicial que involucra a dos miembros de la fuerza policial de Entre Ríos por presunto abuso sexual contra dos niñas en situación de resguardo estatal comenzó esta semana.

La segunda jornada del juicio oral y público expuso nuevos testimonios que buscan esclarecer los hechos ocurridos en la madrugada del 5 de julio de 2016, cuando dos adolescentes alojadas bajo custodia estatal denunciaron haber sido víctimas de abuso por parte de agentes de seguridad.

De acuerdo con la información del portal El Once, la audiencia se desarrolla en la ciudad de Paraná, donde el caso generó una fuerte repercusión debido a la gravedad de las acusaciones y al rol institucional de los involucrados.

Según la acusación, los hechos se habrían producido dentro de un vagón de tren ubicado en la Sección Guardia Especial, en el predio de la ex Estación de Trenes sobre calle Pascual Palma, entre Racedo y Pronunciamiento, en pleno casco urbano.

El contexto de vulnerabilidad en que se encontraban las adolescentes, quienes permanecían bajo la tutela del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (COPNAF), fue un agravante en el proceso.

Las víctimas, de 15 y 13 años al momento de los hechos, habían sido resguardadas por situaciones de violencia intrafamiliar y se hallaban bajo la protección estatal.

Según las presentaciones realizadas por la Fiscalía y la querella, el material probatorio se centra en los relatos de las víctimas y en los elementos recabados en el lugar de los hechos.

Guillermo Mulet, abogado querellante, explicó que la última audiencia llevada a cabo, permitió la exposición de testigos propuestos por ambas partes, y valoró el avance del proceso.

Todo el cronorgama del proceso se organizó para garantizar la protección de las víctimas Durante la declaración de una de ellas, se dispuso que los abogados defensores permanecieran en una sala contigua y siguieran el testimonio por audio y video, medida adoptada para evitar la revictimización.

La dinámica del proceso continuará con la exposición de dos nuevos testigos aportados por la Fiscalía y la querella durante la próxima jornada, mientras que los testigos de la defensa declararán el jueves.

Para el viernes se espera la etapa de alegatos, tras la cual el tribunal podría dictar el veredicto respecto de la responsabilidad penal de los acusados.

El abogado querellante anticipó que, en caso de un fallo condenatorio, se abrirá la instancia de cesura para la determinación de la pena. El letrado manifestó que esperan una sentencia condenatoria que repare el daño causado a través de la intervención del personal policial.

El estado de las víctimas, según señalaron desde la representación legal, refleja las profundas consecuencias de los hechos investigados.

Detuvieron a un policía por distribuir material de abuso sexual infantil en Salta

Hace unos meses, un agente de la Policía Federal Argentina, de 31 años, fue detenido en Salta, luego de que descubrieran que almacenaba más de 60 mil archivos con imágenes de abuso sexual infantil en sus dispositivos digitales. De esta manera, se puso al descubierto el funcionamiento de una red de distribución de material ilícito.

La investigación, que se enmarca en el operativo internacional “Aliados por la Infancia V”, permitió identificar la actividad delictiva y avanzar en la imputación del hombre, que fue acusado por el delito de distribución de material de abuso y/o explotación sexual infantil agravado por la participación de menores de 13 años de edad en múltiples hechos.

Durante la audiencia de imputación, el acusado, asistido por un defensor oficial, optó por abstenerse de responder las preguntas formuladas por la fiscal penal especializada en Ciberdelincuencia, Sofía Cornejo. Por este motivo, solicitó al Juzgado de Garantías interviniente que el imputado permanezca detenido mientras continúa la investigación.

Según la reconstrucción de los hechos brindada por el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Salta, la detección de la actividad ilícita fue posible gracias al sistema estadounidense Internet Crimes Against Children Child On-line Protection System (ICACCOPS). Se trata de una plataforma dedicada a combatir la explotación sexual infantil y a colaborar con entidades internacionales para la protección y rescate de niños, niñas y adolescentes.

Así, se obtuvo información detallada sobre el tráfico de imágenes, incluyendo la dirección IP utilizada para el intercambio, la empresa proveedora de servicios, el titular de la cuenta, la fecha y hora de la actividad, la aplicación empleada para la distribución, el identificador o Hash de los archivos, el usuario reportado y la ubicación geográfica. De esta manera, las autoridades solicitaron un permiso para realizar un allanamiento en el domicilio del investigado.

Este procedimiento permitió el secuestro de toda la evidencia digital, donde se detectaron alrededor de 60 mil archivos con material de abuso sexual infantil que el acusado intercambiaba y distribuía.

La presentación tuvo lugar en la Plaza de las Colectividades, en la zona del Puerto Nuevo, con entrada libre y gratuita. Desde temprano, miles de fanáticos llegaron al predio para asegurarse un lugar cerca del escenario principal, mientras otros colmaron la costanera, las barrancas del Parque Urquiza e incluso se acercaron en embarcaciones desde el río Paraná para vivir el espectáculo desde una perspectiva única.

Con un show que se extendió durante más de una hora, Lali desplegó toda su potencia escénica: coreografías ajustadas, un cuerpo de bailarines numeroso, pantallas gigantes y una lista de temas que recorrió distintas etapas de su carrera. Sonaron clásicos como Disciplina, N5, Obsesión, Yo te diré y Boomerang, además de sus lanzamientos más recientes, como Fanático y Payaso, que fueron coreados de principio a fin por el público.

Uno de los momentos más comentados de la noche llegó cuando la artista interpretó 1Amor, una de las canciones que sus seguidores suelen asociar a deseos y “manifestaciones” amorosas. Al terminar el tema, Lali lanzó una frase breve pero contundente: “A mí me salió”, en referencia a su relación con Pedro Rosemblat, con quien anunció su compromiso. El comentario generó una ovación inmediata y gritos de celebración entre los asistentes, que no tardaron en viralizar el momento en redes sociales.

Pero el gesto más simbólico de la noche llegó minutos después. En pleno escenario, Lali tomó un mate y lo compartió con el público, sorprendida y emocionada por el contexto: “Nunca me había tomado un mate en un escenario, pero esta noche lo amerita. Gracias por recibirnos en esta fiesta nacional, popular, al lado del río. Este es nuestro primer show del año”, expresó, desatando otra ovación masiva. El guiño no pasó inadvertido: se trataba de la Fiesta Nacional del Mate, una de las celebraciones más representativas de Entre Ríos, y la artista decidió honrarla desde el centro mismo del espectáculo.

El recital también estuvo atravesado por mensajes de fuerte contenido emocional y social. En distintos pasajes del show, Lali pidió respeto, empatía y bajó línea contra el odio en redes sociales: “Si no te gusta mi música o mi mundo, no lo consumas. No hace falta marcarlo de la forma más cruel posible”, dijo, ante la aprobación del público. Además, reafirmó su decisión de vivir en el país: “Elijo vivir en este país. Tengo un montón de cosas para decir sobre por qué elijo estar acá”.

Otro de los momentos más celebrados fue cuando, durante la canción Soy, invitó a subir al escenario a un grupo de drag queens, reforzando su mensaje de diversidad, inclusión y libertad de expresión. La escena fue una de las más aplaudidas de la noche y quedó registrada en cientos de videos que circularon en redes.

Si bien el show no contó con transmisión en vivo por streaming ni televisión, el fervor se replicó online gracias a los clips grabados por los asistentes, que mostraron la magnitud del evento y el clima de celebración popular. Según datos oficiales de la Policía de Entre Ríos, la edición 2026 de la Fiesta Nacional del Mate fue la más multitudinaria de su historia, superando incluso a otros grandes eventos a cielo abierto del país.

Tras bajar del escenario, Lali compartió su agradecimiento en redes sociales con un mensaje que rápidamente se viralizó: “Qué lindooo Paraná. Gracias por el amor. Enérgico primer show del año. Próxima parada: Cosquín Rock”. De este modo, la artista cerró una noche histórica para la ciudad y dio inicio a un año cargado de presentaciones, que tendrá como punto alto sus esperados shows en el Estadio River Plate en junio de 2026.

En el oeste de Paraná, un episodio de secuestro virtual conmocionó a la comunidad del barrio Arenales. El último martes por la tarde, una vecina de 86 años fue víctima de una estafa telefónica que movilizó a diversas áreas de la Policía de Entre Ríos y la llevó a entregar $800 mil pesos, 900 dólares y euros. La Policía logró dar con los responsables.

En las primeras horas posteriores al hecho, la intervención policial se centró en un sector conocido como “La Vieja del Agua”, sobre calle El Patí.

El operativo, según informó el portal del diario Uno de Entre Ríos, incluyó un cerrojo en las inmediaciones y la intervención del sistema de videovigilancia, lo que permitió rastrear los movimientos de los sospechosos.

La investigación, dirigida por el Ministerio Público Fiscal bajo la Fiscalía de Sofía Patat, se centró en esclarecer los detalles del engaño y recuperar el dinero sustraído a la víctima.

El jefe de la División Delitos Económicos, comisario Marcelo Hoffman, brindó detalles sobre el modus operandi utilizado en este caso. La víctima recibió una llamada telefónica cerca de las 15:30. Una voz femenina se hizo pasar por su hija y, bajo amenaza de muerte, le exigieron la entrega inmediata de una suma importante de dinero.

En un estado de fuerte conmoción, la mujer reunió 800.000 pesos, 900 dólares y 875 euros, montos que entregó tal como le indicaron, saliendo al frente de su vivienda y dejando el dinero en la puerta.

Esta acción fue aprovechada por los delincuentes, quienes se presentaron en el lugar y se llevaron el botín antes de huir en un Volkswagen que ya había sido detectado en la zona por la Policía.

El comisario Hoffman destacó que el accionar policial fue clave para identificar a los responsables. Gracias al monitoreo de cámaras urbanas y un rápido despliegue, se logró individualizar a tres hombres, cuyas edades oscilan entre 19 y 35 años, todos oriundos de la provincia de Buenos Aires.

La fiscal Sofía Patat dispuso la intervención inmediata y el secuestro preventivo del vehículo utilizado en la maniobra, que permanece retenido mientras avanzan las diligencias judiciales.

Los sospechosos, mientras tanto, fueron demorados a la espera de que la Fiscalía decida su situación procesal.

La causa quedó caratulada como estafa bajo la modalidad de secuestro virtual extorsivo. La Policía investiga si los involucrados podrían estar vinculados con hechos similares ocurridos recientemente en la región, dado que este tipo de delitos suele estar asociado a bandas itinerantes que operan en varias jurisdicciones.

Intento de secuestro en Córdoba

A finales de enero, en Córdoba, un intento de compra por Facebook derivó en un robo violento que forzó a un joven a lanzarse de un auto en movimiento. “Me estaban llevando a un lugar que no sé y tampoco sé qué podía pasar”, contó la víctima, detallando la incertidumbre que vivió desde el momento de ascender al vehículo hasta ejecutar la maniobra que le salvó la vida.

La secuencia, informada por la Policía de Córdoba y relatada por la víctima, expuso la mecánica de un engaño cada vez más recurrente en la venta digital: “Los contacté por un ventilador de pie. Me citaron a Plaza España, querían primero que les transfiera el dinero; les dije que no hasta que vea el ventilador”, relató la víctima, en referencia a cómo comenzó el intercambio.

El joven accedió al Peugeot 208 de uno de los supuestos vendedores, donde le iban a mostrar el electrodoméstico. Sin embargo, el encuentro tomó otro curso. “Yo pasé porque quería verlo, pero comenzó a andar el vehículo, empezó a dar unas vueltas por Nueva Córdoba. Cuando me percaté del tiempo y por dónde estaba, me di cuenta de que estaba por Plaza de las Américas, a lo cual ya el ventilador me daba igual y me quise bajar”, detalló.

El momento de mayor tensión se vivió cuando comenzaron a sacarle sus pertenencias. “Me arrebató el celular, yo estaba en la billetera virtual, y se transfirió plata a su cuenta. Me estaban llevando a un lugar que no sé y tampoco sé qué podía pasar, porque me decían ‘no sabés dónde te estás metiendo’ y decidí saltar del auto”, indicó.

La huida provocó una reacción inmediata del conductor, quien incrementó la velocidad mientras el joven intentaba abrir la puerta del vehículo. “En ese momento que abrí la puerta, el conductor empezó a acelerar más el auto y dije ‘tengo que saltar sí o sí’; por suerte había gente que me ayudó en ese momento”, señaló.

La Policía de Córdoba precisó que el joven cayó en la intersección de Naciones Unidas y Pedro de Mendoza, en barrio Colinas de Vélez Sarsfield, donde sufrió golpes y escoriaciones. Un servicio de emergencia lo asistió en el lugar tras impactar contra un taxi estacionado.

“Parece una historia de película, pero sí fue real”, subrayó la víctima, que permaneció en estado de shock ante la rapidez y la violencia de la situación.

El operativo policial se activó minutos después. Según la información oficial detallada por la Policía, el sistema de cámaras del 911 permitió localizar sobre calle Puerto Limón al 2050 el vehículo y a uno de los implicados, un hombre de 28 años, en barrio Santa Isabel 3ª Sección. El detenido quedó a disposición de la Justicia mientras la investigación se centró en el cómplice prófugo.

Como resultado del procedimiento, se secuestró el auto involucrado y un teléfono móvil.

La Nissan Frontier, impactó de frente a las 7:30 contra un camión Volvo 460 con semirremolque. En la camioneta viajaban cuatro ocupantes. Las víctimas fueron Javier Alejandro Casal, Isaac Natanael Fister (34), domiciliado en Colón, Entre Ríos, e Ismael Sebastián Fonseca, de San Benito, también Entre Ríos, que perdieron la vida en el lugar del accidente.

Por su parte, Diego Damian Girard, de 33 años, de la zona rural de Villa Urquiza, Entre Ríos, fue trasladado en estado grave al Hospital San Martín. Por el momento, fuentes policiales no pudieron identificar quién conducía la camioneta.

El camión Volvo, matrícula RYS3H99, y su semirremolque, dominio RYO1C71, eran conducidos por Andre Fernando Robledo Pereira Junior, de 31 años y nacionalidad brasileña, quien resultó ileso. El vehículo transportaba carne con destino a Santo Tomé (Santa Fe) y su conductor quedó a disposición de la Justicia.

De acuerdo a los datos iniciales, se trató de una colisión frontal, donde el camión circulaba de este a oeste y la pick up en sentido contrario.

La unidad de emergencia acudió junto a la Policía, los Bomberos, el personal de Criminalística y autoridades judiciales. Las causas del hecho son materia de investigación y no se descartan la invasión de carril, una maniobra imprudente, error humano o el estado del asfalto como responsables de la colisión.

Más choques y muertes en las rutas de Entre Ríos

Otro accidente en la Ruta Nacional 18, pero dentro del departamento San Salvador, en la provincia de Entre Ríos, dejó como saldo el fallecimiento de un hombre tras un choque frontal entre un automóvil y una camioneta.

La mañana de ayer, a la altura del kilómetro 216,5, dos vehículos que circulaban en sentidos opuestos impactaron de frente en una curva. El hecho involucró a un Fiat Uno, conducido por un hombre oriundo de Concordia, quien viajaba junto a su esposa y su hija en dirección a la ciudad de San Salvador. En sentido contrario, una Volkswagen Amarok era manejada por un hombre domiciliado en la misma localidad.

Según detalló el comisario a cargo del operativo en diálogo con el medio local El Once, las condiciones de la ruta y la visibilidad eran adecuadas, pero las causas exactas del accidente permanecen bajo análisis. En ese sentido precisó que no se descarta la hipótesis de un intento de sobrepaso, aunque no se confirmó la intervención de un tercer vehículo.

El brutal impacto terminó con la muerte instantánea del conductor del Fiat Uno. Su esposa e hija, al igual que el conductor de la Volkswagen Amarok, sufrieron lesiones consideradas leves y fueron derivados para recibir atención médica en el Hospital San Miguel de San Salvador y el Hospital Eva Perón de General Campos, respectivamente.

Los equipos de Bomberos Voluntarios debieron emplear herramientas especiales para extraer el cuerpo del conductor del Fiat, que había quedado atrapado. El fiscal en turno ordenó el traslado de los restos a la morgue judicial de Concordia para realizar la autopsia.

Personal de Policía Científica y del Gabinete Criminalístico intervino en la escena del siniestro para llevar a cabo pericias orientadas a determinar las circunstancias precisas del hecho. Mientras tanto, la circulación en la zona quedó restringida a un solo carril con paso asistido para permitir las tareas de auxilio y recolección de pruebas.

La cifra de víctimas fatales por accidentes viales en Entre Ríos durante 2024 alcanzó las 25 personas tras este siniestro, según datos oficiales. La ruta permaneció cortada parcialmente varias horas para permitir las tareas de rescate, peritaje y remoción de los vehículos.

Un joven de 21 años fue ingresado este martes en un hospital de Paraná, Entre Ríos, luego de haber sido atacado con un arma de fuego que lo dejó gravemente herido.

El ataque tuvo lugar el martes por la tarde en la intersección de Baxada del Paraná y Procesión Náutica, del barrio Bajada Grande, y por el hecho hay un adolescente demorado.

Según fuentes policiales, la víctima, domiciliada en la zona, ingresó consciente pero desorientada a la guardia del Hospital San Martín. El joven presentaba tres heridas de arma de fuego en la pierna izquierda, con orificios de entrada y salida. Había sido trasladado por un vehículo particular y, tras ser atendido por los médicos, se supo que estaba fuera de peligro.

Con base en la declaración del joven herido, el autor de los disparos reside en el mismo barrio y tendría menos de diecisiete años, según indicó ElOnce. Ante esta información, el personal de la comisaría 11ª y de la División de Drogas Peligrosas Departamental Paraná llevó a cabo un operativo en la zona y logró la aprehensión del sospechoso. Al momento de la detención, secuestraron un arma tipo pistola semiautomática Bersa calibre .22 que llevaba encima.

La fiscal de menores Clarisa Aiello dispuso la detención del adolescente por el supuesto delito de tentativa de homicidio y su traslado a la División Minoridad, de acuerdo con lo informado por el portal Ahora.com.

El procedimiento se realizó en las inmediaciones del lugar del hecho, donde trabajaron para preservar la escena y recabar más pruebas. La investigación continúa bajo la intervención de la Justicia de menores.

Un adolescente recibió un disparo en medio de un tiroteo con la Policía

Un adolescente de 13 años quedó bajo custodia policial hace apenas una semana, tras participar en un tiroteo con la Policía en el partido bonaerense de Tres de Febrero. El menor había participado del robo de una camioneta Renault Duster junto a tres cómplices, en el que resultó herido.

De acuerdo con la información difundida por el portal MiPeriódico, el grupo de sospechosos ya había sustraído una Renault Oroch en El Palomar, partido de Morón, antes de interceptar a la víctima del segundo asalto en Caseros.

El episodio ocurrió durante la tarde del 14 de enero, cerca de las 16 horas. Las autoridades policiales comenzaron un procedimiento de localización luego de una denuncia al 911. El Comando de Patrullas de la Policía Bonaerense desplegó el operativo cerrojo en la zona y logró ubicar a los responsables. Pero antes de que pudieran ser atrapados, los delincuentes huyeron en los dos autos sustraídos. En ese momento se desató una persecución policial por distintas calles de la zona que se extendió hasta Villa Pineral.

Al llegar al cruce de Cerro del Castillo y Volcán Domuyo, en el barrio Derqui, y tras recorrer diez cuadras desde el lugar del último robo, los efectivos lograron interceptar la camioneta robada. En ese momento, uno de los ocupantes descendió y disparó contra los agentes, a lo que la Policía replicó el ataque. Debido a los disparos, el adolescente escapó a pie y se metió en una vivienda cercana donde permaneció escondido.

Pocos minutos después, el menor involucrado fue hallado dentro del domicilio, y en la pierna derecha presentaba una herida de arma de fuego. Bajo custodia policial, fue trasladado al Hospital Carrillo, donde estuvo internado fuera de peligro. Según fuentes del caso consultadas por MiPeriódico, el menor iba a ser presentado ante la Fiscalía esa semana, una instancia en la que intervendría el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil para definir los próximos pasos. Tras el hecho, la camioneta Renault Duster fue recuperada y devuelta a su propietario, mientras la policía continuaba con la búsqueda de los otros implicados en el robo.

Jonathan Jacob, un taxista y cocinero de Paraná, provincia de Entre Ríos, murió ayer luego de descompensarse mientras conducía su vehículo en dirección a Brasil.

El lamentable episodio ocurrió cuando el turista viajaba en su vehículo con destino a Santa Catarina y cruzaba el Puente Internacional Agustín P. Justo - Getulio Vargas, que une Paso de los Libres, Corrientes, con Uruguayana, en el departamento Río Grande do Sul, del lado brasileño.

Durante el trayecto, el hombre comenzó a sentir un malestar repentino y se desplomó en el sector de aduanas del lado brasileño. Rápidamente, personal del SAMU (Servicio de Atención Móvil de Urgencias) respondió a la emergencia, lo trasladó a un hospital cercano, pero los médicos no lograron reanimarlo nuevamente. Pese a los esfuerzos realizados, Jacob falleció minutos más tarde, confirmaron desde la radio Conexiao Frontera.

“Se observó un vehículo llegando bruscamente y con gritos, la familia en la aduana, donde los vendedores terminaron sacando a ese hombre del coche, acostándolo en el suelo y comenzando allí las primeras atenciones, intentando la reanimación”, indicó el cronista radial Irineo Mendes, de la emisora brasileña.

Según la información radial, el hombre -que viajaba con tres familiares- recibió las primeras atenciones en la aduana, donde pudo ser reanimado, pero falleció momentos después en el Hospital Santa Casa de Caridade de Uruguayana, en el área de urgencias del nosocomio.

Poco después, el equipo de la Policía local también ayudó con las maniobras del procedimiento. Y enseguida acudió la atención del SAMU que logró estabilizarlo. “Durante el traslado el hombre se agitó en la ambulancia, otra vez el masaje cardíaco, el traslado al área de urgencias, pero desgraciadamente el desenlace no fue el mejor”, indicó el periodista brasileño Irineo Mendes.

Desde el entorno familiar informaron que el operativo de repatriación se puso en marcha luego de una colecta que consiguió el acompañamiento de la comunidad, permitiendo así cubrir los altos gastos del traslado funerario, que incluyó una ambulancia sanitaria y que prevé su arribo a la ciudad durante la tarde de hoy.

Jacob, reconocido y muy querido en Paraná tanto por su trabajo como taxista como por su labor en la Escuela Primaria N° 21 “Juan Benjamín Terán”, mantuvo un estrecho vínculo con la comunidad educativa.

Tras conocerse su fallecimiento, familiares, colegas y miembros de la comunidad manifestaron su pesar y acompañamiento a través de mensajes en redes sociales y expresiones públicas.

Villa Carlos Paz: un hombre murió al descompensarse en un balneario

El fallecimiento de un turista de 57 años en el tradicional balneario Playas de Oro de Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba, conmocionó a quienes estaban presentes durante la tarde del miércoles.

El visitante, identificado como oriundo de Pergamino, sufrió una descompensación mientras disfrutaba de las aguas del río San Antonio. De acuerdo con información brindada por Elonce y confirmada por el Diario de Carlos Paz, la víctima presentaba antecedentes de hipertensión y diabetes, lo que podría haber influido en el trágico desenlace.

Minutos después del suceso, un servicio de emergencias llegó a la costa y confirmó el fallecimiento del hombre. Los testigos relataron que el visitante comenzó a sentir un malestar repentino al ingresar al agua; aunque intentó salir por sus propios medios, terminó colapsando en la playa.

Guardavidas y familiares realizaron maniobras de reanimación, pero los esfuerzos no lograron revertir la situación. Según testigos, la asistencia médica se efectuó rápidamente, aunque ya sin posibilidades de salvarle la vida.

Isabel Veloso, influencer brasileña de 19 años y madre de Arthur, falleció en Curitiba debido a complicaciones tras un trasplante de médula ósea. La noticia, conocida este sábado por su familia y confirmada en el Hospital Erasto Gaertner, provocó una rápida reacción en redes sociales, donde millones de personas seguían el relato de su batalla contra el linfoma de Hodgkin.

Veloso permaneció hospitalizada durante 24 días para realizar el procedimiento que marcó el tramo final de su experiencia. En octubre, narró en sus cuentas cómo afrontó el ingreso, las dificultades del tratamiento y la transformación personal vivida en ese periodo.

El fallecimiento de la joven conmocionó a la comunidad digital. Su testimonio abierto, abarcando desde la caída del cabello hasta los momentos más difíciles, la consolidó como referente entre personas afectadas por distintas realidades del cáncer.

Su cuenta de Instagram superó los 3,6 millones de seguidores, cifra que refleja el alcance y la influencia de su historia, especialmente en el contexto de la maternidad precoz.

Las muestras de dolor y homenaje se multiplicaron tanto en su entorno cercano como en redes sociales. Lucas Borbas, su esposo, compartió: “El dolor es demasiado grande para ser contenido en palabras”. También destacó: “Nuestra historia fue real, hermosa, verdadera. Construimos una familia, un amor que no depende del tiempo ni de la presencia física para existir. Vive en mí, vive en nuestro hijo, vive en cada persona que fue tocada por su fuerza”.

El padre de Isabel, Joelson Veloso, publicó una fotografía de su hija el sábado, acompañada de una frase que recordaba su vínculo. Hasta el momento, prefirió no realizar declaraciones públicas.

La trayectoria pública de Veloso se definió por el diagnóstico de linfoma de Hodgkin en 2021, a los 15 años. Mostró cada paso de la enfermedad y, en agosto de 2024, anunció su embarazo, incorporando la maternidad y los cuidados de su hijo Arthur, de un año, como parte central de su mensaje de fortaleza.

Los restos de Isabel Veloso serán velados y sepultados en Dois Vizinhos, localidad del sudoeste de Paraná donde creció y formó su familia. El clima de pesar en la comunidad refleja la dimensión colectiva de la despedida.

Un hombre fue apuñalado en el tórax durante una pelea que involucró a al menos dos hombres y varias mujeres en la playa del balneario Municipal de Paraná, en la tarde del domingo, frente a decenas de bañistas que no lograron intervenir y presenciaron cómo uno de los participantes utilizó apuñaló a su oponente.

Pese a que el motivo que originó el conflicto aún no fue establecido, la información disponible hasta el momento indica que la disputa comenzó con una discusión verbal, que escaló rápidamente a los golpes y culminó con la utilización de un cuchillo.

La llegada de los efectivos de la Policía se produjo pocos minutos después del ataque. Los agentes intervinieron en la escena para restablecer el orden e identificaron a los involucrados, además de iniciar las actuaciones correspondientes y recabar datos entre los testigos presentes. El herido recibió los primeros auxilios en el lugar, y fue trasladado hasta el centro de salud más cercano para ser atendido por los especialistas.

La conmoción derivada del episodio puso en el centro del debate la seguridad en espacios públicos concurridos como el balneario Municipal de Paraná, que durante jornadas de calor reúne a numerosos vecinos y turistas. El caso motivó un amplio despliegue policial, que incluyó el relevamiento de la zona afectada y la búsqueda de testimonios entre quienes presenciaron la agresión.

Una adolescente fue apuñalada luego de haber sido golpeada en grupo en Córdoba

Hacia mediados del mes pasado, una adolescente de 15 años fue apuñalada en el pecho durante una pelea a la salida de una fiesta en la localidad de Villa San Nicolás, Córdoba, y debió ser operada de urgencia tras sufrir una herida que le perforó un pulmón.

En paralelo, permaneció internada durante tres días producto de la gravedad de las lesiones que sufrió. No contento con esto, la familia de la víctima denunció haber recibido amenazas de allegados a la agresora poco después del incidente.

“Me escribió la hermana de la agresora amenazándome, me dijo que a mi hija no le había bastado la puñalada”, relató la madre, quien también lamentó la falta de contacto o disculpas por parte del entorno de la atacante. Durante una entrevista, la adolescente contó que la agresión se produjo luego de una discusión que escaló rápidamente en la vía pública.

Según el testimonio de la joven, ambas se encontraban en la misma fiesta, pero nunca habían tenido ningún tipo de contacto esa noche. “A la salida, no sé si fue a buscar un cuchillo o qué, y empezó a gritar que quería pelear mano a mano conmigo”, describió sobre los momentos previos a ser atacada en grupo.

En ese momento, hubo varios forcejeos, patadas y golpes que provocaron que la víctima quedara tirada en el piso. “Alguien le pasó el cuchillo a ella, creo que una de las amigas, y estaba poseída, me apuñala, se meten todos y la logran sacar y ahí empezaron a pelear su grupo y mi grupo”, rememoró.

La herida, que fue de 7 centímetros, dejó parte del cuchillo dentro de su cuerpo y requirió intervención quirúrgica. “Me quedó parte del cuchillo adentro”, afirmó la adolescente al señalar que “el lunes fue el peor día, fue todo muy feo, no podía levantarme de la cama del hospital, no podía respirar bien”.

Frente a esto, la madre expresó su conmoción por la gravedad del hecho. “Cuando me llamaron el sábado a la mañana y me contaron, no lo podía creer”, recordó la mujer. Y manifestó: “Gracias a Dios la tengo con vida, a ella le perforaron el pulmón y tenía 7 centímetros de cuchillo adentro”.

“Por suerte la tengo con vida, pero fue horrible pasar por esto”, reiteró la mamá de la adolescente agredida. A pesar de que se realizó la denuncia correspondiente, la agresora, también menor de edad, permanece en libertad mientras la investigación judicial continúa.

“Espero que la justicia haga algo por más de que la agresora sea menor”, reclamó la madre. Por su parte, la víctima, aun en estado de shock, cuestionó el trasfondo de la pelea: “No sé qué le pasó, no sé cuál fue el motivo de la pelea. Hay muchas peleas entre jóvenes”.

El mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, explicó que pospuso la reunión decisiva con la Unión Europea hasta el 20 de diciembre a petición del bloque europeo. Según citó el propio Lula durante un encuentro de gabinete, la decisión responde a que los europeos solicitaron más tiempo para aprobar el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, aunque desde la perspectiva del presidente brasileño, esa aprobación sigue sin concretarse por los obstáculos políticos y agrícolas que presentan algunos Estados miembros.

El medio El País detalló que Lula comunicó a los jefes de Estado tanto de los países sudamericanos como de Europa que si no se firma el acuerdo en esa fecha límite, Brasil suspenderá cualquier avance sobre este tratado durante el resto de su mandato. En la misma intervención, Lula enfatizó que su postura ya ha sido comunicada a sus interlocutores: “Ya he dejado claro que si no finalizamos este acuerdo ahora, Brasil no seguirá adelante con el acuerdo comercial durante mi presidencia”. El acuerdo, tras 26 años de negociaciones entre ambos bloques comerciales, se ha convertido en un eje prioritario de la política exterior brasileña bajo la actual administración, que ha exhortado al Mercosur a diversificar sus alianzas internacionales.

Según informó El País, Lula expresó su descontento frente a la actitud de líderes europeos, como la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, a quienes responsabilizó directamente por el estancamiento. El presidente brasileño indicó que “Italia y Francia bloquean el acuerdo por sus cuestiones políticas internas”. En relación con el mandatario francés, Lula afirmó que “Macron se resiste por la presión de los agricultores franceses”. Además, manifestó desconocer la causa específica de la oposición italiana a la firma del acuerdo.

En días recientes, el Parlamento Europeo respaldó un conjunto de medidas encaminadas a brindar mayor protección a los agricultores del continente. El País consignó que la aprobación final de estas medidas recae en el Consejo Europeo, que sesionará este jueves y viernes, con la finalidad de someter el paquete a votación esta misma semana. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, estaría habilitada para firmar el pacto en la cumbre de Mercosur que tendrá lugar en Paraná el sábado, si el organismo europeo concluye el proceso de aprobación.

Por su parte, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, advirtió este miércoles que considera “prematuro” suscribir el acuerdo comercial en los próximos días. Según la jefa del Gobierno italiano, “es necesario” que el bloque finalice el nuevo paquete de ayudas para el sector agrícola antes de llevar el texto ante los productores italianos. Meloni insistió en que la deliberación con los actores locales debe preceder cualquier decisión formal sobre la firma.

De acuerdo con El País, Francia también ha impulsado un retraso en la conclusión del acuerdo, argumentando la importancia de asegurar más medidas de salvaguardia para la agricultura y la ganadería europeas frente a la competencia de productos originarios del Mercosur. La posición de París refleja las demandas de diversos sectores agrícolas franceses que han presionado al presidente Macron por temores de desventajas económicas en el mercado europeo.

El tratado entre el Mercosur y la Unión Europea ha sido objeto de negociaciones intermitentes durante 26 años, y según publicó El País, su ratificación representaría la consolidación de un marco comercial que aspira a reducir aranceles y mejorar el acceso de productos agrícolas, automotrices, industriales y de servicios entre ambos bloques. Las diferencias sobre el nivel de protección a la producción agrícola europea y las demandas ambientales figuran como los principales factores de discordia.

Durante su administración, Lula ha impulsado el acuerdo como parte de una estrategia para ampliar el espectro de socios comerciales del Mercosur y reforzar la competitividad global de sus productos. Sin embargo, los desacuerdos internos en la UE, especialmente por la resistencia de dos de sus principales economías, han obstaculizado su avance en la fase final. El presidente brasileño ha reiterado que la presidencia pro tempore de Brasil en el Mercosur no permitirá más prórrogas si el compromiso no se materializa durante la próxima cumbre.

El País remarca que la reunión de este sábado reunirá a líderes de ambos bloques en una cita en la que se decidirá el futuro del acuerdo, en función de las resoluciones adoptadas por las autoridades europeas y las posiciones que mantengan los gobiernos más reticentes. El desenlace tendrá implicancias directas en las relaciones comerciales de América del Sur y Europa, en un contexto de competencia internacional y debate sobre la protección de los mercados y la sostenibilidad ambiental.

Las negociaciones entre la Unión Europea y el Mercosur, que llevan 26 años de intercambios formales y extensos debates, han llegado a un momento crítico tras una advertencia explícita del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva sobre la inminente fecha límite para la firma del acuerdo comercial. Lula informó que si no se logra concretar el convenio antes del 20 de diciembre, Brasil dejará en suspenso cualquier avance adicional en las tratativas durante la presidencia pro témpore que actualmente ostenta en el bloque sudamericano. Según reportó la prensa internacional, este mensaje fue comunicado por el mandatario tanto a los socios del Mercosur como a funcionarios de la Unión Europea.

El presidente brasileño expuso esta postura durante una reunión de gabinete celebrada poco antes de la cumbre prevista para el 20 de diciembre en la ciudad de Paraná, Argentina. Según consignó el medio, Lula remarcó ante los asistentes la relevancia estratégica que tiene la formalización del acuerdo, que considera un eje de su política exterior y acción diplomática. Expresó la frustración de su gobierno frente a las resistencias persistentes provenientes de algunos países europeos, señalando particularmente a Francia e Italia como elementos centrales de la demora.

En alusión a los obstáculos principales, Lula explicó que el presidente francés, Emmanuel Macron, mantiene su rechazo bajo presión de los agricultores franceses, una situación que, de acuerdo con lo publicado por la prensa, contribuye a la parálisis del proceso europeo. Sobre la actitud del gobierno italiano, Lula manifestó que no logra comprender las motivaciones específicas de la primera ministra Giorgia Meloni para retrasar el avance del tratado. Mientras tanto, Meloni declaró a través de medios internacionales que la aprobación de nuevas ayudas para los agricultores italianos resulta prioritaria antes de autorizar cualquier acuerdo, lo que implica un condicionamiento adicional al proceso de diálogo.

Según detalló la fuente consultada, el Parlamento Europeo votó recientemente a favor de reforzar los mecanismos que protegen a sus productores agrícolas, aunque la decisión final todavía aguarda el aval del Consejo Europeo en reuniones programadas para el jueves y el viernes previos a la cumbre. Si el bloque concede el visto bueno, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dispondría de la autoridad necesaria para firmar el tratado comercial durante el encuentro en Paraná.

Las posiciones de Francia e Italia han condicionado el ritmo de la negociación, ya que ambos gobiernos insisten en nuevas garantías para el sector agrícola antes de avalar el texto definitivo. Francia ha planteado la necesidad de continuar negociando para blindar a sus productores, mientras que Italia prioriza la implementación de ayudas antes de entablar cualquier discusión formal con sus propios agricultores, según reportó la prensa internacional y corroboró la periodista de la fuente original.

El acuerdo UE-Mercosur proyecta facilitar un comercio más fluido y profundizar la integración entre los países de América del Sur que integran Mercosur y los Estados miembros de la Unión Europea. No obstante, los reiterados aplazamientos han tenido como trasfondo disputas políticas y económicas vinculadas a la protección del sector agrícola europeo y, en menor medida, a exigencias sobre normativa medioambiental y control sobre las exportaciones sudamericanas. Tal como detalló el medio, estos factores han frenado históricamente intentos de avanzar hacia la conclusión del tratado.

La presión sobre los gobiernos involucrados aumenta a medida que se aproxima la fecha marcada para la cumbre. Según información publicada, la negativa de avanzar en la rubricación del acuerdo afectaría no solo los vínculos entre los bloques, sino también la agenda internacional de Brasil durante los meses en que ejerce la presidencia rotativa del Mercosur. Lula enfatizó ante periodistas: “Ya he dejado claro que si no finalizamos este acuerdo ahora, Brasil no seguirá adelante con el acuerdo comercial durante mi presidencia”.

El escenario europeo presenta divisiones internas especialmente intensificadas en torno a la defensa de sus sectores productivos, un punto que complica la tarea de reunir el respaldo político necesario para firmar el tratado antes del cierre del año. La sesión de alto nivel prevista para el 20 de diciembre en Paraná reuniría a las principales figuras de ambas regiones, aunque la posibilidad de la firma se mantiene condicionada a la evolución de las decisiones tomadas en las principales capitales europeas en los días previos al encuentro.

El futuro del acuerdo UE-Mercosur queda así vinculado directamente a la dinámica política interna de los gobiernos europeos y a la voluntariedad de Brasil y los demás países del bloque sudamericano para continuar impulsando la integración comercial. La determinación expresada por Lula da Silva establece un límite temporal taxativo cuya consecuencia, de no cumplirse, sería la suspensión de toda gestión relativa al tratado durante el resto de su presidencia, según detalló la prensa internacional.

Los presos hicieron un ardid para poder fugarse. Según informó a medios locales el subjefe de la Departamental Paraná, Comisario Hernán Góngora, uno de ellos simuló estar descompuesto. Esto motivó la asistencia de los guardias y les dio la oportunidad a los otros de entrar en escena, amedrentar a los agentes penitenciarios y huir. Se estima que participaron unos 10 internos del pabellón 5, que empuñaban armas “tumberas”.

Dos guardiacárceles resultaron heridos. El incidente se produjo en el pabellón 5 a eso de las 18. Las primeras informaciones dan cuenta de que hubo un tercer interno que logró franquear la salida, pero fue recapturado de inmediato.

Una vez fuera, los presos, alojados en la Unidad Penitenciaria 1, robaron una moto a pocas cuadras del penal y huyeron en contra mano. De inmediato, se informó a la Policía que montó un operativo para dar con los prófugos.

En un primer momento, se los buscó en inmediaciones de la cárcel. El sistema del 911 permitió identificar que habían sustraído el rodado. Y, a pocas cuadras de allí, encontraron tirada en la calle una faca, un elemento corto punzante de fabricación casera que se utiliza en las peleas carcelarias.

La Policía trabaja en la hipótesis de que el escape estaría relacionado con un hecho ocurrido en el barrio Nueva Ciudad. Allí, una mujer resultó herida con un arma blanca. Sería, según las primeras averiguaciones de la fuerza de seguridad, pariente de uno de los internos de la UP1 que escaparon, por lo que creen que habrían intentado vengarse.

Los tres internos evadidos fueron recapturados por personal policial en la intersección de las calles Blas Parera y Martín Fierro. El lugar está muy lejos de la UP1 y cerca de la zona de salidas de Paraná.

De hecho, este punto es cercano al barrio Nueva Ciudad, donde la mujer pariente de uno de los presos recibió la herida luego de una disputa en la que habrían participado otras mujeres.

Los presos no fueron devueltos a la UP1; por el contrario, quedaron a disposición de la Fiscalía en Turno. En paralelo, personal policial realizaba pesquisas en la cárcel para determinar si más internos participaron de la fuga, delimitar las responsabilidades de los agentes penitenciarios y analizar la situación en la que se produjo el hecho.

Uno de los guardiacárceles herido fue trasladado a un nosocomio local donde se constató que su cuadro no representa un caso de gravedad. El uniformado quedó en observación.

“El Presto”, seudónimo de Eduardo Prestofelippo, será juzgado en marzo del año que viene en Paraná por haber incitado en 2020 a que se quemara la casa de Adán Bahl, ex intendente de la capital de Entre Ríos, con su familia dentro. El influencer entrerriano hizo el comentario en un video que subió a sus redes sociales en el marco de una protesta de trabajadores municipales.

Tras una serie de demoras por cuestiones formales, como la falta de abogado defensor, Prestofelippo fue absuelto por el juez Santiago Brugo en 2024. Se lo acusaba del cargo de “instigación a cometer delitos”. El magistrado consideró que sus dichos eran un “editorial de carácter político” y no una acción criminal.

La Fiscalía apeló la medida. La Cámara de Casación Penal anuló el fallo y dispuso que se hiciera un nuevo juicio. El caso llegó luego al Superior Tribunal de Justicia. Allí se avaló lo resuelto por la instancia anterior.

Ahora se confirmó que las audiencias se concretarán entre el 15 y el 16 de marzo de 2026. El juez será Alejandro Grippo y Juan Francisco Ramírez Montrull representará a la acusación fiscal.

Sobre el influencer pesa una condena anterior. Se le dictó en la ciudad de Buenos Aires por hostigar a Fabiola Yañez cuando era primera dama.

En Córdoba, donde Prestofelippo reside actualmente, fue absuelto en otra causa. La Justicia Federal de esa provincia lo investigó en 2020 por presuntas amenazas contra la vida de Cristina Fernández de Kirchner, por entonces vicepresidenta.

Tiempo después se vio salpicado por el caso del atentado contra la ex presidenta. Se debió a la relación personal que sostuvo con Brenda Uliarte, novia de Fernando Sabag Montiel y condenada a 8 años de prisión en octubre de este año.

El contexto

En 2019, Bahl asumió el gobierno municipal en una situación de crisis extrema. La ciudad no podía brindar los servicios mínimos y su antecesor, el radical Sergio Varisco, había sido condenado por narcotráfico.

En ese marco, se produjeron una serie de protestas de empleados del municipio. Al comentar la situación, “El Presto” expuso: “Yo les aconsejaría a los trabajadores municipales que no vayan al Concejo Deliberante o no prendan fuego la Municipalidad. Vayan a la casa de Adán Bahl y préndanle fuego la casa con la familia adentro”.

El comentario estaba en un video publicado el 2 de mayo de 2020 que tenía como título “Violadores y asesinos LIBRES: ¿dónde están las “feministas”? Interna K”. El contenido fue borrado por YouTube por infringir las condiciones del servicio.

Prestofelippo había sido candidato en Córdoba el año anterior. Formaba parte de una oferta electoral libertaria que respondía al ex legislador nacional José Luis Espert.

En la causa en Entre Ríos tuvo varios abogados defensores. El primero fue el letrado local Leopoldo Cappa. Tras su renuncia, el caso recayó en un defensor oficial: Fernando Calleja. Este también dimitió porque consideró que el acusado tenía recursos para solventar un abogado particular.

El Presto apeló entonces a los servicios de un letrado de la provincia de Buenos Aires, Marcelo Peña. En el currículum del defensor del youtuber figuraba haber sido el abogado de Christian Von Wernich, ex capellán de la Policía Bonaerense durante la dictadura. Como no estaba matriculado en Entre Ríos, su patrocinio corrió en las últimas instancias por cuenta de Augusto Lafferriere.

Cuestionamientos

Al llegar el caso al Superior Tribunal de Entre Ríos, el cuerpo presentó duros cuestionamientos a la decisión del juez Brugo de absolver. “En el fallo de grado se sostuvo que no se probó durante el Juicio el temor que generó la difusión del video en el denunciante y su familia, sin considerar que el tipo objetivo del artículo 209 del Código Penal no exige para su configuración el temor, sino solamente que el hecho instigado sea un delito determinado”, estableció en su voto la vocal Claudia Mizawak.

Brugo, además, había descartado la intención de “El Presto” de incitar, dado que en el video pidió “perdón por la vehemencia” y tildó a sus expresiones como un “exabrupto”. Además, el magistrado sostuvo que la Fiscalía no pudo probar la idoneidad de las manifestaciones para poner en peligro a la familia de Bahl ni la entidad de producir una acción ilícita inminente.

“La construcción argumental del fallo absolutorio resulta deshilvanada, omite la consideración de extremos relevantes para resolver la controversia, contiene conclusiones arbitrarias e incluso se observa un desordenado análisis de las categorías analíticas de la teoría del delito”, aseveró Mizawak en su fundamento, al que adhirieron sus pares Miguel Giorgio y Daniel Carubia a fin de que el fallo saliera por unanimidad.

En Rosario, las autoridades municipales y la Prefectura Naval Argentina pusieron en marcha este fin de semana un operativo inédito: comenzaron los controles de alcoholemia a embarcaciones recreativas en el río Paraná, con la mira puesta en reforzar la seguridad náutica en la ciudad. Los equipos de inspección distribuidos entre clubes y guarderías de la costa realizaron 69 testeos sorpresivos a conductores de lanchas y veleros, arrojando solo tres casos positivos, todos por debajo del umbral permitido por la normativa vigente.

Según el gobierno municipal, la iniciativa desplegada por la Secretaría de Control y Convivencia de Rosario y la Prefectura Naval Argentina respondió al nuevo protocolo consensuado en el ámbito del Consejo Consultivo del Río. La acción recibió inmediato apoyo por parte de los usuarios y personal de las guarderías náuticas, quienes—de acuerdo al testimonio del secretario de Control, Diego Herrera—manifestaron estar conformes con la fiscalización.

“La experiencia fue muy buena. Los propios conductores y quienes salieron al río, como así también desde las guarderías, nos manifestaron en general que estaban de acuerdo con que hagamos este tipo de controles. Absolutamente, todos mostraron una gran predisposición y no hubo un solo inconveniente”, destacó Herrera.

Los dispositivos de control se instalaron sin aviso previo y de manera temporal en diversos muelles, abarcando segmentos horarios y puntos estratégicos tanto de la ribera central como de la costa norte de Rosario. Los equipos estuvieron conformados por agentes de Prefectura y por inspectores de la Dirección de Tránsito municipal, quienes pusieron a disposición alómetros, alcoholímetros y dispositivos para narcotest. Siempre de acuerdo con los reportes, el despliegue duplicará su frecuencia con la llegada de la temporada estival, cuando aumenta la circulación de embarcaciones en el río Paraná.

Los resultados no pasaron desapercibidos: de las 69 pruebas de alcoholemia, solo tres dieron positivo. Ninguno de los casos superó los 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre permitidos para el timonel de lanchas o veleros, según la disposición N° 3 de 2011 de Prefectura Naval Argentina.

Dos de los testeados registraron 0,27 gramos, mientras que el tercero arrojó 0,45. La autoridad local remarcó que se trató de un primer paso y anticipó una intensificación de las revisiones en consonancia con el aumento de la actividad náutica.

Para implementar los controles, se acordó un esquema colaborativo: Prefectura Naval Argentina asume el diseño operativo y aporta el personal, mientras que la Municipalidad de Rosario despliega sus inspectores y equipa los dispositivos técnicos necesarios.

La puesta en marcha del protocolo es resultado de una serie de reuniones entre actores públicos y privados vinculados a la actividad, tras la propuesta de la concejala Anahí Schibelbein.

Cuáles son las sanciones en caso de positivo

Además de los controles preventivos, se mantienen campañas de difusión sobre la prohibición de consumir alcohol antes de conducir cualquier embarcación. La normativa vigente obliga a someterse a las pruebas y especifica que negarse constituye por sí misma una infracción, presumiéndose incumplimiento de la prohibición de consumo. La ordenanza admite hasta 500 miligramos de alcohol por litro de sangre para el manejo de embarcaciones a motor y hasta 200 miligramos en el caso de vehículos acuáticos como motos de agua. Las sanciones, según la gravedad detectada, pueden llegar hasta $4.420.000, e incluso contemplan el retiro—temporal o definitivo—del carné habilitante.

El nuevo protocolo se terminó de definir la semana pasada durante un encuentro en el Concejo Municipal. A la reunión acudieron representantes de la Municipalidad, la Prefectura Naval Argentina, el Enapro, referentes de Defensa Civil, autoridades ambientales provinciales y delegados de clubes y guarderías. El objetivo: ajustar criterios y encuadres para la fiscalización náutica en la ciudad, en un contexto donde la seguridad y la convivencia sobre el Paraná concentran creciente atención de organismos oficiales y particulares.

Las autoridades municipales remarcaron que la fiscalización en el río Paraná forma parte de un trabajo integral sostenido durante los últimos años. Dentro de la agenda se incluyen tareas como la delimitación de zonas de navegación y actividades de capacitación para tripulantes y navegantes. Los controles de alcoholemia ponen un acento adicional sobre la prevención de incidentes y la promoción de la seguridad colectiva a partir de la presencia estatal en el ámbito náutico.

Cualquier conductor de embarcación deportiva deberá someterse obligatoriamente a estas pruebas, recordó la Prefectura Naval Argentina. A medida que se refuerzan los controles con la proximidad del verano, la expectativa de los organizadores es consolidar el operativo y garantizar condiciones más seguras para quienes transitan las aguas del Paraná en Rosario.

En Paraná hay olor a FICER. Es como una pequeña electricidad que se siente en las veredas, es una sensación de que algo está por suceder. Ese rumor se volverá público este martes 25 de noviembre cuando arranque la 7ª edición del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER). Serán seis días -hasta el domingo 30- de películas, encuentros y actividades con entrada libre y gratuita en una ciudad que se propone recolectar miradas.

Organizado por el Gobierno de Entre Ríos a través del Instituto Autárquico Audiovisual (IAAER), el 7º FICER trae consigo una programación que combina películas internacionales, cine regional y un nuevo énfasis en la industria local: la inauguración del FICER Forum, destinado a proyectos de primeras y segundas películas en desarrollo.

La película de apertura será El mensaje, dirigida por Iván Fund (ganadora del Oso de Plata del Jurado en el Festival de Berlín 2025), que cuenta con las actuaciones de Mara Bestelli, Marcelo Subiotto, Anika Bootz y Betania Cappato. Una obra filmada en la provincia de Entre Ríos que recorre la ciudad de Crespo y alrededores.

Para la clausura está programada Un cabo suelto, película del actor y director uruguayo Daniel Hendler, que con Sergio Prina, Pilar Gamboa y Alberto Wolf tuvo su estreno mundial en el Festival de Venecia y en su recorrido fílmico también muestra paisajes entrerrianos.

El FICER mantiene dos secciones competitivas: Largometrajes Nacionales y Cortometrajes Entrerrianos. A esas competencias se suman panoramas regionales, una sección internacional, actividades especiales, mesas debate, presentaciones de libros, talleres destinados a la infancia, la juventud y el público adulto, además de música en vivo e invitados destacados. Entre las secciones señaladas en la programación aparecen el Premio Ojo Pez, Sección Internacional, Sección Oficial, Fronteras Abiertas y el Foco Agüero, dedicado este año al documentalista chileno Ignacio Agüero.

Los espacios donde se verán las películas y se desarrollarán las actividades en Paraná serán varios y simbólicos: el Centro Provincial de Convenciones (CPC); el Centro Cultural La Vieja Usina; la Sala Noble del Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER); el Cine Círculo y Cine Las Tipas.

Un festival que se expande

Lo que comenzó como una apuesta provincial hoy muestra una musculatura que se fortalece año a año. Esta diversificación, lejos de ser un capricho, obedece a un objetivo claro: llegar a más gente.

Eduardo Crespo, director artístico del festival, lo resume con sencillez: “El público del FICER responde llenando las salas, y eso nos sorprende año a año, entonces dijimos ‘bueno, apostemos a abrir el festival un poco más a la ciudad, a una sala histórica como el Cine Círculo, para llegar a otros públicos’“.

El movimiento responde a la intuición de que el verano tiene sus propios ritmos y que incluso un gesto mínimo -como programar funciones a las tres de la tarde en una ciudad donde la siesta es tradición- puede abrir nuevas puertas. “Es un lindo horario para el verano, para meterse en una sala acondicionada y ver una película a las tres de la tarde. Es un horario atípico en festivales, pero va a haber películas desde las tres y después por la tarde y noche”, explica Crespo.

Camino al FICER: una estrategia de largo aliento

A decir verdad, el FICER no empezará con la ceremonia de apertura prevista a las 19 horas del martes en el Centro Provincial de Convenciones (CPC). El Festival empezó mucho antes, porque este año existió un programa previo, Camino al FICER, pensado para que el público se familiarice con los espacios y la propuesta.

“Durante el FICER es muy poco el tiempo y la gente por ahí no llega a enterarse. Pensamos que un Camino al FICER reforzaría que el público entienda qué tipo de películas se pasan y que va a haber un festival de cine, cuenta el director artístico. Esa iniciativa se complementó con Temporada de Rescate, un proyecto que recorrió localidades entrerrianas preservando archivos y proyectando materiales rescatados por la Cinemateca. Fue una manera de expandir la identidad del festival durante todo el año, de sacar el cine de las salas y llevarlo a los caminos.

El año pasado, el FICER incorporó Correntada del Cine Argentino, una sección pensada para obras nacionales que hoy tienen dificultades de exhibición. El propósito es tan simple como contundente: que películas valiosas lleguen al público. “Nos interesaba mostrar la calidad y la diversidad del cine argentino en el presente y dar un espacio a películas que no encuentran dónde exhibirse”, dice Eduardo Crespo.

Esa cercanía entre público y realizadores -una marca registrada del festival- es también parte del espíritu de la sección. Que las películas provoquen conversación, que los encuentros dejen huella.

FICER Forum: un nuevo horizonte para la industria

Uno de los anuncios más importantes de esta edición es la creación del FICER Forum, un espacio para proyectos de primeras y segundas películas en desarrollo. Está dirigido a realizadoras/es de Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa y Córdoba, y busca fomentar la producción audiovisual regional. Más de 75 proyectos se presentaron en la convocatoria; 12 fueron seleccionados y participarán de mesas de conversación, rondas de negocios, conferencias y una sesión de pitching. Además, otros 14 proyectos invitados recibirán servicios profesionales.

Las actividades del Forum se desarrollarán durante las primeras tres jornadas del festival y forman parte de una política más amplia del IAAER, conducido por el director Maximiliano Schonfeld. Allí aparece el nuevo pulso de la gestión: “Nos interesaba construir lo que hubiéramos necesitado cuando empezamos a filmar: una gestión con escucha, un instituto de puertas abiertas”, afirma. “No me interesa una estructura que solo se mueva en lo administrativo: para los cineastas debe ser un lugar de encuentro, de comunidad, de preguntas”.

Schonfeld también destaca que este año la provincia alcanzó un hito largamente esperado: “Lanzamos por primera vez un programa de fomento con distintas líneas; para Entre Ríos eso es un antes y un después”. Y vincula ese impulso con lo que sucede en el festival: “El FICER profundiza su encuentro con otras artes, ofrece un cine que no se ve en las salas comerciales y permite que el público acceda de manera gratuita a nuevas narrativas”.

En ese marco, el rol de la Cinemateca también cobra relieve: “La inauguración del espacio físico -inaugurado el pasado jueves- abre un trabajo enorme por delante”, señala el realizador.

En un contexto complejo para el cine nacional, con un INCAA cada vez más debilitado y ausente, Schonfeld remarca la necesidad de defender las políticas culturales provinciales: “es vital sostener espacios de exhibición y circulación de cultura. Generan comunidad, sensibilidad y humanidad. Son lugares donde se dan los debates y tensiones que una sociedad necesita”.

La mirada es clara: sin políticas públicas activas, los festivales pierden su capacidad de encuentro, y las comunidades, su acceso a la diversidad cultural.

Invitados de lujo y estrenos internacionales

Una de las presencias más destacadas de esta 7.ª edición del FICER es la del documentalista chileno Ignacio Agüero. Para Crespo, su llegada es un hito. “La visita de Ignacio Agüero es uno de los puntos fuertes de la séptima edición. Es un honor tener a uno de los directores más interesantes e influyentes del cine contemporáneo.”

El festival contará también con estrenos internacionales: Con Hassan en Gaza, del palestino Kamal al-Jafari; y Criaturas de la mente, del brasileño Marcelo Gómez. Además, tendrá un estreno mundial en competencia: Museo de la Subversión, de Francisco de Eufemia.

Estos gestos, que serían excepcionales en cualquier otro contexto, revelan el crecimiento del FICER. Crespo lo define con una mezcla de orgullo y despedida, ya que esta será su última edición como director artístico: “Este tipo de eventos nos hace dar cuenta del crecimiento que ha tenido el festival y cómo se ha consolidado. Para mí, haber dirigido el festival es un sueño cumplido.”

Paraná se prepara para entrar en modo FICER. El cine llega, como siempre, buscando compañía. El festival, en definitiva, se plantea como una operación de tejido: abrir pantallas, tender puentes y celebrar el cine como forma de encuentro entre historias, territorios y generaciones.

Toda la programación disponible en ficer.com.ar.

Fuente y fotos: prensa FICER.

La publicación de una nueva edición de Las Gemelas, El sueño / The Twins, The Dream marca un hito en la historia literaria de Diana Bellessi y Ursula K. Le Guin, dos figuras fundamentales de la poesía y la ciencia ficción. Este volumen, que reúne poemas, traducciones e imágenes, documenta una amistad profunda y poco conocida entre la poeta argentina y la autora estadounidense, y volverá a estar disponible en diciembre en todo el país gracias a la editorial Rara Avis.

El libro, cuya primera edición vio la luz en Estados Unidos en 1996 y en Argentina en 1998, había adquirido un carácter casi mítico por su escasa circulación. Ahora, la nueva versión bilingüe, corregida y ampliada, incorpora materiales inéditos y textos exclusivos, entre ellos una introducción de Diana Bellessi escrita casi treinta años después de la publicación original y una entrevista nunca antes difundida. La edición incluye los poemarios “Crucero ecuatorial” y “Tributo del mudo” de Bellessi, traducidos al inglés por Le Guin, así como “Días de seda”, obra de Le Guin traducida al español por Bellessi. Además, se suman dos prólogos en los que ambas autoras reflexionan sobre su vínculo y el proceso de traducción compartido.

La relación entre Bellessi y Le Guin se forjó a mediados de los años setenta, cuando la poeta argentina, conmovida por la obra de la escritora estadounidense, decidió enviarle un obsequio singular: una caja con capullos de plátano de aroma intenso, acompañada de la pregunta “What are you doing to me?”. Le Guin respondió con una rama del desierto de Oregón, iniciando así una correspondencia que se mantuvo durante tres décadas y que incluyó tres encuentros personales. Este intercambio epistolar y creativo, sostenido a lo largo de los años, se convirtió en el germen de Las Gemelas, El Sueño, un testimonio de admiración, empatía y cariño entre dos escritoras de universos distintos.

La trayectoria de Diana Bellessi está marcada por su espíritu viajero y su dedicación a la traducción y la poesía. Entre 1969 y 1975, recorrió a pie el continente americano, llegando a Estados Unidos con un conocimiento limitado del inglés, idioma que aprendió gracias a sus compañeras de trabajo en una fábrica y a libros de gramática. Este aprendizaje fue el punto de partida para su labor como traductora de poetas estadounidenses como Muriel Rukeyser, Adrienne Rich y June Jordan.

Bellessi, nacida en Argentina en 1946, estudió Filosofía en la Universidad Nacional del Litoral y ha publicado una obra vasta, traducida a al menos ocho idiomas. Entre sus reconocimientos figuran la Beca Guggenheim (1993), los premios Konex 2004, 2014 y 2024, el Premio Trayectoria en Poesía del FNA (2007), el Premio XXXII Internacional de Poesía Ciudad de Melilla (España, 2010) por “Variaciones de la luz” y el Premio Nacional de Poesía (2011) por “Tener lo que se tiene”. En 2012, su vida y obra fueron retratadas en el documental “El jardín secreto”, dirigido por Cristián Costantini, Diego Panich y Claudia Prado. Entre sus libros más destacados se encuentran “Destino y propagaciones”, “El jardín”, “Lo propio y lo ajeno”, “La rebelión del instante” y “Contéstame, baila mi danza. Selección y traducción de poetas norteamericanas contemporáneas”.

Por su parte, Ursula K. Le Guin (Estados Unidos, 1929-2018) se consolidó como una de las voces más influyentes de la literatura estadounidense, con una producción que abarca veintiún novelas, más de cien relatos, obras infantiles, ensayos y traducciones. Su prosa, reconocida por su elegancia e imaginación, le permitió crear mundos alternativos en los que exploró cuestiones filosóficas, literarias, sociales y políticas.

Le Guin fue galardonada con ocho premios Hugo y seis premios Nébula, y sus obras más emblemáticas incluyen “La mano izquierda de la oscuridad”, “Los desposeídos: una utopía ambigua” y “El nombre del mundo es Bosque”. Varias de sus novelas forman parte de sagas como Terramar, Ekumen, la trilogía Anales, Orsinia y Alagatos.

Le Guin se definía como feminista, anarquista y taoísta, y su fascinación por la poesía de Bellessi quedó plasmada en una confesión recogida en el libro: “¿Cómo no iba a amarla?”.

La reedición de Las Gemelas, El sueño / The Twins, The Dream no solo recupera un libro de culto prácticamente inhallable, sino que también ofrece una mirada íntima sobre la traducción como acto de amor y sobre la capacidad de la literatura para tender puentes entre lenguas, culturas y geografías, unidas en este caso por la hermandad de los ríos Klamath y Paraná.

Cerca de las 2 de la mañana del domingo, un motociclista que circulaba en contramano con un acompañante en Paraná, Entre Ríos, embistió a un policía durante un operativo de control vehicular montado en cercanías de la Plaza Mujeres Entrerrianas. El incidente tuvo lugar en el cruce de avenida Almafuerte y Artigas, donde personal policial realizaba tareas de prevención y fiscalización del tránsito.

Se trataba de una motocicleta de 150 cilindradas, en la que viajaban dos hombres, que intentaron evitar el control al detectar la presencia de los agentes. Los ocupantes de la moto realizaron diversas maniobras, incluyendo cambios abruptos de dirección, circulación sobre la vereda y desplazamiento por arterias adyacentes, con el objetivo de eludir el puesto, según indicó El Once. Cuando avanzaron por la calle Almafuerte, omitieron las señales de alto y terminaron impactando contra uno de los funcionarios policiales desplegados en el lugar.

El policía fue asistido rápidamente y trasladado a un hospital cercano, donde se le realizaron radiografías para descartar fracturas. Los exámenes médicos confirmaron que no presentaba lesiones óseas, aunque sí un corte en la pierna derecha que requirió sutura. Desde el nosocomio indicaron que el agente fue dado de alta poco después, sin heridas de gravedad.

El Ministerio Público Fiscal dio inicio a una investigación para determinar las circunstancias exactas de la negligencia cometida contra el policía. En paralelo, el organismo se encuentra trabajando en un siniestro fatal, también ocurrido en Parará, el fin de semana.

El hecho ocurrió el sábado por la noche, cerca de las 23, sobre a Ruta 12 en las inmediaciones del Autódromo de la ciudad de Paraná y se cobró la vida de una persona. Se trata de un tramo que atraviesa la localidad de Sauce Montrull. De acuerdo con los primeros reportes, el choque involucró a una camioneta Volkswagen Amarok y una moto, aunque las circunstancias precisas del hecho continúan bajo investigación.

Al lugar acudieron efectivos de la Policía local, quienes preservaron la escena para llevar adelante las actuaciones de rigor. Por disposición del Ministerio Público Fiscal (MPF), se ordenaron pericias técnicas sobre ambos vehículos y el área del accidente, con el objetivo de establecer las responsabilidades y reconstruir la mecánica exacta del episodio. Hasta el momento, no se difundieron detalles oficiales sobre las causas que provocaron la colisión fatal ni la identidad del motociclista fallecido, aunque se confirmó que la víctima era un hombre mayor de edad.

Tragedia en Gualeguay

Un accidente vial, ocurrido en la localidad entrerriana de Gualeguay, provocó la muerte de un ciclista sobre la Ruta Nacional N° 11 en la noche del miércoles 5 del corriente. La víctima, identificada como Héctor “Tito” Meoniz, de 69 años, circulaba en bicicleta en sentido este-oeste cuando fue embestido por una camioneta Toyota Hilux conducida por un hombre de 72 años, oriundo de Paraná. El episodio tuvo lugar cerca de las 20.23, a la altura del kilómetro 212, en jurisdicción de la mencionada localidad.

De acuerdo con los informes iniciales brindados, ambos vehículos se desplazaban en la misma dirección cuando, por motivos que todavía se investigan, la camioneta impactó fuertemente desde atrás al ciclista. La violencia del choque provocó la muerte inmediata de Meoniz, quien no llegó a recibir asistencia médica pese a la veloz llegada de personal de Hospital San Antonio, bomberos voluntarios y equipos policiales que trabajaron en el sitio del siniestro.

Las tareas de identificación del cuerpo demoraron algunos minutos hasta que se pudo contactar formalmente a la familia de la víctima, residente en la zona rural de Gualeguay. Durante las actuaciones, la circulación por Ruta Nacional 11 se interrumpió parcialmente, generando demoras y cortes preventivos mientras el personal de Criminalística y la comisaría local recolectaba pruebas y trabajaba en las pericias para reconstruir la mecánica del accidente. Las autoridades provinciales aguardan el resultado de los análisis técnicos y de las pericias accidentológicas para avanzar en la investigación y determinar las eventuales responsabilidades del conductor de la camioneta.

De acuerdo con el relato de Hugo Paniagua, jefe de la Comisaría 11, a Canal 9 Litoral, el conflicto se remonta a dos semanas atrás, cuando una de las mujeres afectadas denunció el robo de una gallina y, posteriormente, descubrió que sus vecinas eran las responsables.

Aunque la situación parecía haberse resuelto tras la devolución del animal, la tensión persistió y resurgió el jueves por la mañana. Paniagua explicó al medio que, ese día, la mujer regresaba del kiosco cuando fue agredida verbal y físicamente por sus vecinas, madre e hija. En ese momento, la hija de la agredida intervino para defender a su madre, lo que desencadenó una pelea a golpes de puño.

Durante la gresca, la hija de la mujer inicialmente agredida tomó un cuchillo y atacó a sus vecinas, causándoles heridas graves en el cuello y el abdomen, según detallaron fuentes policiales al medio local Ahora. Las víctimas, de 38 y 23 años, fueron trasladadas de urgencia al Hospital San Martín.

El parte médico precisa que la joven de 23 años sufrió dos heridas punzantes: una en la región cervical izquierda, que le provocó un hematoma sin complicaciones, y otra en el hemitórax izquierdo, donde se le diagnosticó un neumotórax. Por esta última lesión, se le colocó un tubo de avenamiento pleural. Actualmente, se encuentra estable y será derivada a sala común.

Su madre, en tanto, presenta múltiples heridas cortantes, presuntamente provocadas con un cuchillo tipo Tramontina. Aunque no se detectaron lesiones internas graves, permanecerá internada bajo control del servicio de cirugía general.

Tras el ataque, la Fiscalía en turno fue notificada y dispuso la detención de la agresora, también de 23 años, quien fue trasladada a la alcaidía de Tribunales. La investigación continúa para esclarecer las circunstancias exactas del hecho y determinar las responsabilidades penales de las involucradas.

Mató a un joven porque le robó una gallina y fue condenado a 20 años de prisión

Brandon Tomás Ledesma fue condenado a 20 años de prisión por el homicidio agravado con arma de fuego de Jeremías Nahuel Fredes, un joven de 19 años, tras un conflicto originado por el robo de una gallina en el barrio El Progreso.

El fallo, dictado de manera unánime por los jueces Pablo Viñas, Facundo Gómez Urso y Paula Soulé, descartó el agravante de alevosía solicitado por la fiscal Romina Díaz y estableció una pena menor a la prisión perpetua que había reclamado la acusación. El Tribunal consideró que no se reunieron los requisitos para calificar el hecho como asesinato con alevosía.

La noche del 8 de enero de 2023, cerca de las 19:30, la discusión por la gallina sustraída en una vivienda de la calle Azopardo al 6100 escaló rápidamente. Testigos relataron que varios jóvenes intervinieron de ambos lados, entre ellos Fredes apoyando al denunciante y Ledesma por el grupo acusado del robo. Los agresores ingresaron nuevamente al domicilio de Ledesma para buscar armas blancas y contundentes.

El episodio culminó cuando Ledesma salió armado, apuntó primero a las piernas de Fredes y luego le disparó por la espalda mientras intentaba huir. El impacto en el cuello resultó letal. Un vecino encontró a Fredes tendido en el asfalto y, junto a otro hombre, lo trasladó de urgencia en un Volkswagen Gol al Hospital Interzonal, donde permaneció internado durante ocho días antes de fallecer.

Tras el crimen, Ledesma permaneció prófugo cerca de seis meses. Fue detenido el 28 de junio de 2023 por la Policía cuando circulaba en una moto Honda Tornado robada. Intentó identificarse con el nombre de su hermano menor, pero el cruce de datos en el Centro de Admisión de Batán (CAD) reveló su verdadera identidad y la orden de captura pendiente.

En su declaración posterior, Ledesma intentó justificar su accionar alegando que Fredes había ingresado armado a su domicilio y que el disparo fue accidental durante un forcejeo. La fiscal Díaz calificó esta versión de “inverosímil”, ya que no coincidía con los testimonios recabados. La defensa, encabezada por Mauricio Varela, anunció que apelará la sentencia por considerarla excesiva.

De acuerdo a lo confirmado por el Municipio de Paraná, ambos trabajadores se encuentran en buen estado de salud y no sufrieron lesiones de gravedad. Sin embargo, por precaución, fueron trasladados a un centro de salud para controles médicos. Uno de ellos presentó un corte leve en el entrecejo, aunque no necesitó sutura. El otro no tuvo heridas visibles. Pese al incidente, continuaron con sus tareas hasta ser retirados del lugar, según destacaron las autoridades.

La obra en cuestión, financiada en su totalidad con recursos municipales, forma parte de una etapa clave en el proceso de modernización del sistema de agua potable de Paraná. El proyecto tiene como objetivo mejorar la eficiencia, aumentar la capacidad de conducción y avanzar en la sustentabilidad del servicio, que en los últimos años enfrentó desafíos crecientes por el incremento de la demanda.

Durante los trabajos, se intervino sobre una cañería que forma parte del sistema de impulsión de agua potable entre la planta Echeverría y el centro distribuidor de avenida Ramírez. El incidente ocurrió en el momento del corte de la tubería, que se suponía despresurizada. Sin embargo, una válvula presurizadora no funcionó correctamente, y el caño aún contenía una presión superior a la esperada. Esa fue, según las autoridades, la causa del estallido.

“La cuadrilla estimaba que el ducto ya había sido despresurizado, ya que sobre calle Rondeau se observaba el desagote previo del sistema. Pero al realizar el corte, la tubería mantuvo más presión de la prevista”, explicó Eduardo Loréfice, secretario de Planificación e Infraestructura de la Municipalidad de Paraná. Según señaló el funcionario en diálogo con El Once, el equipo técnico se adelantó a las tareas debido a que “el material no nos arrojó la información correcta”, lo que derivó en el accidente. Afortunadamente, “no pasó a mayores”.

La explosión también provocó una reacción en otra parte del sistema, donde se evalúa si una válvula resultó dañada. No obstante, los trabajos continuaron sin cambios en el cronograma previsto. El objetivo es avanzar con la conexión de una nueva cañería de 5.500 metros de extensión que corre en paralelo a la existente. La instalación de este nuevo conducto es clave para reforzar el suministro en una zona que durante el último verano presentó dificultades por la alta demanda.

Los trabajos, iniciados a primera hora del jueves, se prolongarán durante toda la jornada. Para ejecutarlos, fue necesario interrumpir temporalmente el funcionamiento de los centros de distribución Ramírez y Ejército, lo que genera baja presión o cortes del servicio en el oeste de la ciudad, especialmente en áreas cercanas a las calles Ayacucho y Artigas.

“La idea es que para fin de año ya entre en funcionamiento el trabajo que se realiza desde hace unos meses”, detalló Loréfice. En paralelo, se están ejecutando tareas de renovación en la sala de bombas de la planta Echeverría, donde se colocará una electrobomba recientemente adquirida por la Municipalidad. El nuevo equipo permitirá aumentar la eficiencia en el bombeo, optimizar la administración del servicio y asegurar su continuidad en momentos de alta exigencia.

“Estamos mejorando el comportamiento de las cañerías al impulsar más caudal distribuido en dos conducciones distintas”, explicó Mayra Collante, secretaria de Recursos Hídricos y Gestión Ambiental, al referirse a los trabajos de conexión hacia la nueva cañería. Además, señaló que estas tareas se suman a intervenciones previas en la planta potabilizadora y en los centros de distribución.

Las autoridades locales estiman que la reanudación del abastecimiento comenzará de manera progresiva una vez finalizadas las tareas. La normalización del servicio, no obstante, dependerá de la recuperación de los niveles de reservas en los centros de distribución, lo que podría extenderse hasta la madrugada. Mientras tanto, se solicitó a la población que haga un uso racional del agua almacenada en los domicilios para evitar complicaciones.

La obra, aunque compleja, se mantiene como uno de los ejes prioritarios para la mejora del sistema de agua en la ciudad. Pese al incidente, los operarios mantuvieron su compromiso con la tarea, destacaron desde el municipio. “Siempre trabajan con un compromiso enorme. Estamos agradecidos por su dedicación”, concluyó Loréfice.

Las autoridades de Brasil informaron que el número de heridos por el tornado que azotó el estado de Paraná superó los 400, una cifra que implica una actualización significativa respecto a las estimaciones iniciales.

Hasta el momento, han confirmado al menos cinco muertos, mientras continúan los operativos sanitarios y de emergencia por tercer día consecutivo en localidades como Río Bonito do Iguaçu.

Según la Defensa Civil de Paraná, el aumento de heridos se atribuye al acceso gradual de los equipos de rescate a zonas rurales y barrios que permanecieron incomunicados debido a árboles y postes eléctricos caídos.

El tornado registró vientos de entre 180 y 250 kilómetros por hora (110 a 155 mph), velocidad responsable de la destrucción de múltiples infraestructuras y del elevado número de lesionados.

Las calles de Río Bonito do Iguaçu exhiben casas colapsadas, árboles arrancados y vehículos volcados, imágenes que reflejan la magnitud del desastre.

Las autoridades de Paraná advierten que el número de víctimas podría variar a medida que avancen las tareas de remoción de escombros y se llegue a sectores periféricos de difícil acceso. Dos personas siguen desaparecidas y los rastreos persisten en distintos puntos del municipio.

Ante la gravedad de la situación, el gobierno provincial declaró el estado de emergencia para agilizar recursos y facilitar la intervención directa de fuerzas estatales y federales.

El gobernador Ratinho Junior informó en la red X la movilización de todos los efectivos de seguridad y asistencia para acompañar a la población y restablecer los servicios básicos, una acción respaldada por la Defensa Civil Nacional y organismos de ayuda humanitaria y reconstrucción.

La respuesta federal incluyó el arribo de la ministra de Relaciones Institucionales, Gleisi Hoffmann, el ministro de Salud interino, Adriano Massuda, y representantes de los Ministerios de Integración y Desarrollo Regional, quienes llegaron para coordinar la asistencia. El operativo nacional se articula con los municipios afectados para el envío inmediato de suministros, personal médico y brigadas de rescate en los sectores más castigados.

A su vez, el Sistema Único de Salud (SUS) instaló servicios de atención primaria en escuelas, polideportivos y albergues de Río Bonito do Iguaçu, a fin de asistir a heridos, familiares y personal de apoyo.

Bajo este contexto, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva manifestó públicamente sus condolencias a los familiares de las víctimas y su solidaridad con los damnificados. “Continuaremos asistiendo al pueblo de Paraná y brindándoles toda la ayuda que necesiten”, declaró el mandatario a través de redes sociales.

Lula confió a la ministra Hoffmann la coordinación de un equipo de crisis formado por áreas de salud, desarrollo y defensa civil, con el objetivo de asegurar abastecimiento de recursos y asistencia material y psicológica.

(Con información de Europa Press y AP)

La magnitud del fenómeno volcó varios vehículos y provocó el colapso de edificaciones enteras en una zona habitada por aproximadamente 14.000 personas. En las imágenes difundidas por redes sociales se logra divisar el tornado en una zona rural, antes de su llegada a la localidad más afectada.

El impacto se concentró principalmente en Rio Bonito do Iguaçu, donde la caída de árboles y el derrumbe de casas de complicaron las labores de rescate y asistencia. Las grabaciones de los locales dieron cuenta del desastre que generó el fenómeno meteorológico.

La Defensa Civil de la región comunicó: “Ya se confirmaron cinco fallecimientos como consecuencia del tornado”, a través de un mensaje remitido a la AFP. Además, la entidad informó que existían “treinta heridos graves y moderados, y alrededor de cien heridos leves” a consecuencia directa del desastre.

En respuesta a la emergencia, el ministro de Integración y Desarrollo Regional, Waldez Góes, expresó en la red social X que, siguiendo la directriz del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, el gobierno coordinó las acciones de ayuda: “Estamos trabajando en los planes de ayuda humanitaria, el envío de equipos y el apoyo a las acciones de reconstrucción”.

El gobernador de Paraná, Ratinho Júnior, también se pronunció a través de la misma plataforma, asegurando que las fuerzas de seguridad permanecieron “en alerta, movilizadas y monitoreando las ciudades afectadas por las fuertes tormentas”.

A su vez, el secretario de Planeamiento de Paraná, Ulisses Maia, envió su solidaridad con los habitantes de Candói, Rio Bonito do Iguaçu y Porto Barreiro, que “atraviesan momentos muy difíciles”. “El gobierno del Estado, bajo el liderazgo del gobernador Ratinho Junior, movilizó rápidamente al Departamento de Bomberos y a la Defensa Civil para garantizar el apoyo y la seguridad de las familias afectadas”.

Frente a la persistencia de condiciones climáticas adversas, el Instituto Nacional de Meteorología mantuvo vigente una alerta de “peligro por tempestades” tanto en Paraná como en los estados vecinos de Santa Catarina y Rio Grande do Sul, que limitan con Argentina y Uruguay, advirtiendo sobre la posibilidad de nuevos eventos extremos en la región.

El tornado también impactó por la noche del viernes las zonas rurales de Paraná transformó radicalmente la vida entre las localidades de Turvo y Guarapuava. A su paso, dejó comunidades enteras en medio de la destrucción. En los alrededores de estos municipios, las viviendas resultaron gravemente dañadas o quedaron completamente destruidas, mientras que pequeños asentamientos informaron que hasta un 80% de sus estructuras quedaron afectadas.

Este fenómeno dejó sin electricidad a vastas áreas rurales, lo que provocó apagones y aisló a los pobladores tanto por la oscuridad como por la interrupción de las comunicaciones. Los daños materiales complicaron la llegada de equipos de emergencia, e intensificaron el impacto del fenómeno meteorológico en comunidades que ya eran vulnerables debido a su localización y acceso limitado a servicios esenciales.

(Con información de AFP)

Julieta Ortega detalló a Teleshow que su padre continúa atravesando un proceso de convalecencia complicado. Según sus palabras, “No, no volvió todavía. O sea, le pusieron fechas, pero todavía no está para volver. Sigue muy, muy dolorido”, describió la actriz, aludiendo a la persistencia de las molestias físicas que afectan al cantante. La causa principal de este malestar, según explicó Julieta Ortega a Teleshow, es el herpes zóster, una afección que le provocó la aparición de ampollas en el rostro al popular cantante.

La actriz precisó que, si bien las lesiones cutáneas han remitido, el dolor persiste: “Ya está bien...de las ampollas en la cara que salen con el herpes zóster, pero está todavía muy dolorido”, relató a Teleshow. Las suspensiones de los compromisos artísticos de Ramón Palito Ortega se comunicaron a través de su cuenta oficial, generando preocupación entre sus admiradores. La información brindada por Julieta Ortega a Teleshow aporta claridad sobre el estado actual del cantante, quien permanece en reposo a la espera de una recuperación completa que le permita regresar a los escenarios en forma definitiva.

La cancelación del show de Palito Ortega en Paraná por causas de fuerza mayor del artista, activó un operativo especial para la devolución de entradas. El espectáculo, programado para el 9 de noviembre, no se realizará porque el reconocido músico, dijeron desde Paracima Producciones, “no se encuentra en condiciones de brindar el show”.

La productora responsable del evento en el Centro de Convenciones de Paraná comunicó que la decisión responde exclusivamente a cuestiones de salud del artista. En su mensaje, lamentaron la situación y subrayaron que la prioridad fue siempre el bienestar de Palito Ortega, a quien manifestaron sus deseos de pronta recuperación. Esta no es la primera vez que el show en Paraná se cancela, lo que ha incrementado la inquietud entre quienes esperaban la presentación.

En la cuenta oficial de Ortega también se anunció la suspensión de la presentación en el estadio Unión y Progreso de Tandil, aunque sólo señalan “motivos de fuerza mayor”, sin difundir detalles específicos ni comunicar posibles nuevas fechas.

En cuanto al procedimiento para la devolución de entradas, la organización estableció diferentes mecanismos según el método de pago utilizado. Para quienes adquirieron sus tickets con tarjeta de crédito, el reintegro se procesó de manera automática y se reflejará en el próximo resumen de la tarjeta. En el caso de compras realizadas con tarjeta de débito o a través de Mercado Pago, el reembolso total se acreditará automáticamente en un plazo de hasta 15 días.

Quienes abonaron en efectivo en los puntos de venta físicos, como The Music Store o Flamingo Bar, deberán acercarse al mismo local con su DNI para gestionar la devolución. La productora aclaró que estos comercios no están directamente vinculados a la organización del evento, por lo que cualquier consulta debe dirigirse a la producción.

Para resolver dudas o solicitar información adicional, se habilitaron los correos comunicacionparacima@gmail.com y info@tickea.com.ar, donde los afectados pueden canalizar sus inquietudes y recibir asistencia sobre el proceso de reintegro.

La suspensión del espectáculo de Palito Ortega en Paraná el pasado mes de octubre, sorprendió a sus seguidores y generó preocupación en el ambiente artístico. Luego se supo que el cantante había desarrollado un herpes zóster en el lado derecho de su rostro. La inquietud inicial se disipó en parte cuando el propio artista decidió referirse públicamente a su estado. En una conversación distendida con Juan Alberto Mateyko para Radio Mitre Córdoba, Palito Ortega abordó el tema con franqueza y un tono que alternó la resignación con el humor. “Bueno, sí, estoy medio cachuzo, pero, ¿qué va a ser?”, expresó, fiel a su estilo directo y reflexivo. El cantante relató que los síntomas surgieron poco después de su última presentación en el teatro Ópera, a la que pudo asistir apenas un día antes de que la infección se manifestara con mayor intensidad.

Durante la entrevista, Ortega describió las molestias que lo aquejan: “Me agarró una cosa rara, ¿viste? Que me molesta la cara, ¿entendés? Me duele. Me agarró justo y me duele un poco”, dijo a Radio Mitre Córdoba. Detalló que la inflamación y el dolor se concentran en el perfil derecho de su rostro, aunque aclaró que el dolor es leve, pero la hinchazón resulta incómoda. “En la cara en realidad dolor siento poco, pero es una molestia porque se te hincha la cara, el perfil derecho”, explicó el músico, quien actualmente sigue un tratamiento que incluye medicación y reposo estricto. Consultado sobre el tiempo estimado de recuperación, Ortega respondió con la misma sinceridad: “Ahora, yo supongo que toda esta semana... para ver cómo, porque es una cosa rara”, señaló. El artista subrayó que cumple con todas las indicaciones médicas y mantiene intacta la voluntad de regresar a los escenarios en cuanto su salud lo permita.

La conversación también abordó los compromisos pendientes, en particular el concierto programado para el jueves 27 de noviembre en el Quality Arena de Córdoba, donde se espera un estadio prácticamente colmado. Ortega transmitió un mensaje de esperanza a su público: “Espero encontrarlos en un abrazo y con una canción cuando vaya ahora pronto a Córdoba. Que Dios los bendiga a todos”, manifestó en diálogo con Radio Mitre Córdoba. Mientras tanto, el cantante permanece en reposo, siguiendo las recomendaciones médicas y aguardando el momento de reencontrarse con sus seguidores.

Un incidente violento alteró la tranquilidad de Paraná, provincia de Entre Ríos, durante la tarde del martes, cuando una disputa entre familias derivó en un ataque con arma de fuego que dejó a un hombre de 29 años herido.

La intervención policial se produjo tras un llamado al 911 que alertó sobre una confrontación y posibles disparos en la calle Vicente del Castillo, en la zona norte de la ciudad. Al arribar al lugar, los agentes hallaron a la víctima con una lesión de bala en el glúteo.

En ese momento, el propio herido relató que su hijastra, de 21 años, había protagonizado una discusión con vecinos. Minutos después, cuando él, la joven y su madre salieron de la vivienda, fueron interceptados por dos jóvenes, de 18 y 24 años, quienes, según su testimonio, portaban armas de fuego.

De acuerdo con la información recopilada por El Once, la víctima aseguró que solo el menor de los agresores disparó y le provocó la herida en el músculo. Mientras se solicitaba una ambulancia, los sospechosos quedaron demorados en el lugar.

A pesar de la gravedad de la situación, el lesionado rechazó el traslado para recibir atención médica. No obstante, el fiscal de turno fue informado de inmediato y dispuso la detención de ambos jóvenes, así como el secuestro de las prendas que vestían y su alojamiento en la Alcaidía de Tribunales.

Como parte de las medidas judiciales, se ordenó la realización de un dermotest tanto a los presuntos agresores como al damnificado, con el objetivo de esclarecer las responsabilidades en el hecho. Luego de que el hombre rechazara ser atendido por profesionales, no se obtuvieron actualizaciones sobre el estado de salud del baleado.

Asesinaron a un hombre mientras celebraba su jubilación

La conmoción se apoderó de la comunidad de Las Mercedes, un paraje rural situado a unos veinte kilómetros de Larroque, en el departamento Gualeguaychú, tras el asesinato de Raúl Alfredo Scherer durante una celebración familiar. El hecho quedó registrado en un video ampliamente difundido en redes sociales. Los asistentes intentaron detener al agresor con golpes en la cabeza.

La víctima, un hombre de 63 años que acababa de jubilarse, había organizado una reunión para celebrar tanto su retiro como el cumpleaños de su nieto. Al evento, que congregó a unas 200 personas, asistieron familiares y allegados.

Sin embargo, la presencia de Hernán Ezequiel Morales, de 29 años, alteró el clima festivo. Morales era hijo de uno de los invitados, pero no figuraba en la lista de convocados. Sin embargo, había solicitado permiso para asistir debido a que se encontraba de visita en la zona, según contó Alfio Gette, abogado de la familia Scherer.

Durante la fiesta, el joven protagonizó una discusión con su ex pareja. En ese momento, la víctima intervino para calmar la situación y, ante la persistencia del conflicto, le pidió que se retirara del lugar. Morales acató la orden, pero se dirigió a un establecimiento rural de su padrastro, ubicado a un kilómetro de la vivienda donde se desarrollaba la celebración. Allí, tomó dos armas de fuego: una escopeta y una carabina.

De esta manera, regresó armado al domicilio de Scherer. Tras un forcejeo con el anfitrión, Morales disparó contra él y lo hirió en la ingle. Los testigos reaccionaron de inmediato, golpeando al atacante con objetos metálicos. Uno de ellos fue su mismo padrastro, quien resultó herido en la cabeza.

Mientras los presentes intentaban auxiliar al hombre, el acusado abandonó la escena, pero fue detenido poco después y trasladado bajo custodia policial al Hospital Centenario de Gualeguaychú, debido a las lesiones sufridas. El jubilado, por su parte, fue derivado al Hospital San Isidro Labrador de Larroque, donde murió a causa de un shock hipovolémico hemorrágico.

La investigación, encabezada por la fiscal Emilce Rivollier, avanza con la hipótesis de homicidio agravado. Las armas utilizadas fueron secuestradas y, según el abogado de la familia, la evidencia es contundente. “La fiscal hizo un buen trabajo porque fue al lugar del hecho, ya tomó todas las diligencias de rigor y están las armas secuestradas. No hay nada por discutir. Este muchacho no puede plantear ningún tipo de defensa ni emoción violenta ni legítima defensa, porque está el video”, afirmó Gette.

El entorno de la víctima lo describió como un empleado rural jubilado, “gente de trabajo, gente de bien”, en palabras del abogado. “Era una fiesta que tenía que terminar con un abrazo y un beso, terminó con un homicidio”, lamentó el letrado.

Un grupo de gobernadores de derecha de Brasil anunció este jueves la creación de un consorcio para integrar políticas y estrategias de combate al crimen organizado, tras una reunión en la que respaldaron la cuestionada operación policial del martes que dejó al menos 121 muertos en Río de Janeiro.

El denominado “Consorcio de la Paz” permitirá a los gobiernos regionales intercambiar informaciones y experiencias exitosas de seguridad pública, así como compartir recursos humanos y materiales y discutir acciones y estrategias conjuntas contra el crimen organizado, según explicaron los mandatarios en una rueda de prensa.

“Con el consorcio vamos a integrar (la seguridad pública) con todos los medios: inteligencia, informaciones, contingentes, apoyo financiero, experiencia, materiales... Podemos comprar equipos de forma conjunta, lo que nos permitirá reducir los precios”, explicó el gobernador de Santa Catarina, Jorginho Mello.

La iniciativa reúne inicialmente a los gobiernos regionales de São Paulo, Minas Gerais, Río de Janeiro, Brasilia, Santa Catarina, Goiás, Mato Grosso do Sul y Paraná. Los impulsores del proyecto, todos pertenecientes a partidos de derecha y algunos precandidatos presidenciales, señalaron que el consorcio está abierto a los 27 estados del país.

El gobernador de Minas Gerais, Romeu Zema, afirmó que la propuesta busca superar la falta de acción del Gobierno nacional, encabezado por el presidente progresista Luiz Inácio Lula da Silva, en la lucha contra el crimen organizado.

“Vinimos a Río de Janeiro a felicitar a sus autoridades por esa operación que hicieron sin el apoyo de un Gobierno (nacional) que insiste en no combatir la criminalidad e insiste en no considerar como terroristas grupos criminales que controlan territorios, violan la soberanía y usan armamentos exclusivos de las Fuerzas Armadas”, declaró Zema.

Según el gobernador, organizaciones criminales como el Comando Vermelho y el Primer Comando de la Capital, con ramificaciones en todo Brasil y países vecinos, ocupan áreas donde reside un tercio de las familias brasileñas, cobrando tasas ilegales por servicios básicos como luz, agua, telecomunicaciones y transporte.

El gobernador de Goiás, Ronaldo Caiado, afirmó que el consorcio será mucho más efectivo contra el narcotráfico que el proyecto de ley de seguridad pública impulsado por el Gobierno de Lula, el cual, según él, busca quitarle la autonomía a los gobiernos regionales.

El respaldo a la operación policial del martes contra el Comando Vermelho, en la que murieron entre 121 y 132 personas, según distintas fuentes, fue unánime entre los gobernadores presentes. No obstante, la misma operación ha sido cuestionada por su violencia y mortandad por organizaciones de derechos humanos y por el propio Gobierno de Lula.

El gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, agradeció el respaldo de sus pares en “momentos de presión y de críticas”, y destacó que todos demostraron preocupación por la seguridad de la población brasileña. Agregó que, tras la operación, Río puede iniciar una retomada de los territorios actualmente ocupados por bandas criminales y servir como “laboratorio” para el resto de los estados.

(Con información de EFE)

Como resultado de la audiencia celebrada este martes, el juez de Garantías de Paraná, Elvio Garzón, le concedió el beneficio a J. J. M. La media había sido presentada por el fiscal Laureano Dato y el defensor César Jardín, quienes llegaron a un acuerdo previo.

El joven de 21 años enfrenta cargos por homicidio en grado de tentativa, portación ilegal de arma de fuego de guerra y provisión ilegítima de arma de fuego, por presuntamente haber disparado en contra de los acusados de haber asesinado a su prima.

La resolución estableció que la prisión preventiva deberá cumplirse en un domicilio que aún debe ser definido por el plazo de 60 días. Hasta que se informe la dirección y el nombre del garante responsable, J. J. M. permanecerá alojado durante 24 horas en la Alcaidía de Tribunales. Si este plazo se vence, será trasladado a la Unidad Penal Nº 1 de Paraná hasta que se acredite la residencia.

De acuerdo con la información publicada por El Once, el hecho ocurrió a las 04:00 horas del domingo 19 de octubre, cuando J. J. M. circulaba en moto junto a Jazmín por Cortada G hacia Cortada A, en el barrio Bajada Grande. Según la reconstrucción de la investigación, ambos fueron atacados por otro grupo que les arrojó piedras y botellas.

Desde una moto Honda roja, conducida por F. M. y Y. C., se efectuaron al menos dos disparos de arma de fuego calibre 9 mm. Fue en ese tiroteo que una de esas balas impactó en la cabeza de la adolescente y le provocó la muerte de manera instantánea.

El fiscal Dato precisó que, tras el ataque, J. J. M. descendió de la moto y realizó varios disparos con una pistola Bersa calibre 9 mm en dirección a las personas que los habían agredido. Esta acción, según el investigador, se produjo en una zona donde había numerosas personas que salían de una fiesta, lo que implicó un grave riesgo para terceros.

La investigación sostuvo que, después del intercambio de disparos, el primo de la víctima entregó el arma de fuego a J. J. G., con la intención de ocultarla. Ambos carecían de autorización legal para portar armas. Incluso, informaron que ya se incorporaron filmaciones de cámaras de seguridad oficiales y privadas que mostraron tanto el desarrollo de los hechos como la entrega del arma al otro imputado, lo que fundamentaría el riesgo procesal de entorpecimiento.

No obstante, la Fiscalía consideró que la medida preventiva es “razonable y proporcional al hecho que se investiga” en una pesquisa que aún se encuentra en sus primeras etapas. El tiroteo en Bajada Grande dio origen a cuatro causas paralelas: una por el homicidio de González y las restantes por tenencia de armas, encubrimiento y resistencia a la autoridad.

Por la muerte de la adolescente ya hay tres detenidos, entre ellos, Y. C., que fue señalado como el presunto autor del disparo fatal. El segundo joven también habría sido señalado por abrir fuego contra la víctima y su primo, mientras que el tercero habría sido acusado por esconder un arma 9 mm. Esta ya fue secuestrada, pero se comprobó que no se trataba del arma homicida.

No obstante, informaron que el principal acusado continúa internado de gravedad en el Hospital San Martín, luego de que fuera atacado a puñaladas después de que ocurriera el crimen. A pesar de esto, en las últimas horas se realizó un allanamiento en su domicilio, donde confirmaron el hallazgo de otro revolver calibre 38 mm.

“Hicimos cuatro allanamientos. Uno en el domicilio del supuesto autor y en domicilios de personas que estaban relacionados de alguna manera a él. En el de Y. C. se encontró en un montículo de arena que estaba cubierto por una lona un revólver .38”, informó el director de Homicidios, Miguel Della Valle, durante un diálogo con UNO Entre Ríos.

De la misma manera, afirmaron la existencia de un cuarto detenido, pero que estaría vinculado a un hecho anterior. Según explicaron las autoridades, el joven habría participado del ataque en grupo contra Y. C., que lo llevó a terminar hospitalizado. En ese episodio, el padre del acusado también fue herido.

El video que encabeza esta nota, muestra el momento en el que se desató la discusión entre dos grupos de jóvenes a la salida del evento realizado en un domicilio ubicado en el cruce de Cortada A y Cortada G, en el barrio Bajada Grande de la capital provincial.

En las imágenes, Jazmín, quien vestía una campera blanca y un short oscuro, aparece de espaldas, iba de acompañante en una moto. Se estaba retirando de la reunión junto a su grupo de amigos.

Alrededor se ve a un grupo de jóvenes que arrojan piedras y otros objetos contundentes contra Jazmín y sus amigos. Uno de los violentos sacó un arma y efectuó disparos.

Uno de los plomos impactó en la cabeza de la chica. Después de unos pocos segundos, cayó desplomada sobre la calle de tierra.

Desesperados, los amigos de Jazmín la tomaron de sus brazos y la retiraron del lugar, mientras todavía se escuchaban algunas detonaciones.

“Eran las 4.30 de la mañana aproximadamente, en la zona del barrio Bajada Grande, en el cruce de Cortada A y Cortada G, se toma conocimiento de una chica que habría resultado herida de arma de fuego a la altura de la cabeza, que fue trasladada en ambulancia al hospital San Martín”, explicó esta mañana Miguel Delavalle, jefe de la División Homicidios de Paraná de la Policía de Entre Ríos, en diálogo con Canal 9 Litoral.

Sobre la investigación, Delavalle contó que, a partir de los testimonios brindados por algunos testigos del hecho, supieron que el ataque ocurrió en el marco de una fiesta realizada en cercanías al lugar del hecho, para la cual se había divulgado una invitación a través de redes sociales.

“A la salida, entre personas que se retiraban en moto y otras a pie, hubo una discusión y empezaron a arrojar elementos las personas que iban caminando hacia las que iban en moto. Estas últimas habrían efectuado disparos de arma de fuego hacia estas personas, logrando impactar uno de ellos a la chica, que era miembro del mismo grupo de jóvenes que salían en moto”, detalló.

Jazmín recibió un disparo a la altura de la frente, según comunicó el personal médico del hospital San Martín, que asistió a la víctima.

Según informa el medio entrerriano, en las últimas horas la Policía provincial realizó diversos procedimientos y hay tres personas detenidas en Paraná, entre ellos el presunto autor del disparo mortal que habría sido apuñalado por allegados a la adolescente.

En un allanamiento, los investigadores detuvieron al conductor de la moto en la que viajaba Jazmín, mientras que en otro procedimiento detuvieron a un tercer joven, a quien le secuestraron una pistola calibre .9 milímetros. La misma será peritada para determinar si fue utilizada o no en el lugar del asesinato.

Este domingo, el jefe de la jefatura Departamental de Paraná de la Policía de Entre Ríos, Carlos Schmunk, en diálogo con el medio local El Once, señaló que la víctima “y los autores de los disparos son todos conocidos y hay parentesco entre ellos”.

La fiscalía que interviene en la causa dispuso que se investigue el hecho como un homicidio.

Según explicó Delavalle a medios locales, existe la posibilidad de que se haya empleado una segunda arma durante el ataque, por lo que el análisis técnico se torna clave en esta etapa del proceso.

El procedimiento en la escena del hecho fue realizado por personal de la División Homicidios y de la Policía Científica, bajo la coordinación del especialista en econometría Iván Verón, quien encabezó las tareas de recolección de evidencias y el levantamiento de pruebas materiales.

Jazmín Ayesha González tenía 16 años y fue asesinada tras recibir un disparo en la cabeza en el marco de un enfrentamiento entre jóvenes en una fiesta en el barrio Bajada Grande de la ciudad entrerriana de Paraná.

Hay un detenido por el crimen, identificado como J.J.L.M., según confiaron fuentes del caso a Infobae.

Todo comenzó pasadas las 4:30 de este domingo, cuando se desató una discusión entre varios asistentes a una fiesta. Aunque los motivos de la pelea todavía se encuentran bajo investigación, los testimonios recolectados por la División Homicidios de la Policía de Entre Ríos indican que el conflicto se trasladó a la vía pública.

Algunos de los jóvenes se retiraban del lugar a pie, otros en moto. En ese contexto, comenzó un ataque a piedras. Fue entonces que un sospechoso a bordo de uno de los vehículos disparó un arma de fuego. El balazo impactó en la sien de Jazmín, quien se encontraba como acompañante en otra moto.

La adolescente fue trasladada en estado crítico al Hospital San Martín, donde los médicos intentaron reanimarla. Finalmente, su muerte fue confirmada por las autoridades.

El jefe de la jefatura Departamental de Paraná de la Policía de Entre Ríos, Carlos Schmunk, en diálogo con el medio local El Once, señaló que la víctima “y los autores de los disparos son todos conocidos y hay parentesco entre ellos”.

Lo cierto es que la Policía de Entre Ríos aprehendió a un sospechoso de 21 años por el crimen de Jazmín. Y además también se secuestró la moto involucrada en el hecho, ampliaron las fuentes del caso a este medio.

La fiscalía que interviene en la causa dispuso que se investigue el hecho como un homicidio.

Según explicó el jefe de la División Homicidios, Miguel Delavalle, existe la posibilidad de que se haya empleado una segunda arma durante el ataque, por lo que el análisis técnico se torna clave en esta etapa del proceso.

El procedimiento en la escena del hecho fue realizado por personal de la División Homicidios y de la Policía Científica, bajo la coordinación del especialista en ecopometría Iván Verón, quien encabezó las tareas de recolección de evidencias y el levantamiento de pruebas materiales.

También se tomaron declaraciones a testigos y se revisaron registros de cámaras de seguridad de la zona.

Mientras tanto, en Gualeguaychú, Pablo Laurta, el doble femicida de su ex pareja Luna Giardina y su ex suegra Mariel Zamudio, que también está acusado de asesinar al remisero Martín Sebastián Palacio en medio de su plan macabro, sigue alojado en la cárcel local.

Allí quedará alojado a la espera de su viaje a Córdoba, donde lo espera la justicia local para indagarlo por los asesinatos de la madre y la abuela de su hijo.

El imputado llegó a la ciudad entrerriana en medio de un gran operativo policial coordinado entre fuerzas policiales y judiciales de las dos provincias, donde cometió los crímenes. El traslado se mantuvo bajo reserva hasta último momento.

No obstante, al arribar, Laurta se encontró con la prensa y mantuvo la misma actitud que veces anteriores frente a las cámaras: aprovechó el momento para deslizar unas pocas palabras y justificar los homicidios. “Fui a rescatar a mi hijo”, dijo esta vez.

Infobae accedió a un video que muestra la celda donde el femicida está alojado y también a una grabación donde se ven los primeros minutos del acusado en la cárcel. De acuerdo a la filmación, que dura pocos segundos, apenas entró, el imputado se tiró en su cama y se quedó mirando el techo.

El silencio cayó de forma súbita en la escena cultural de Paraná el domingo. La noticia tenía el peso inesperado de una ráfaga: la suspensión del show de Palito Ortega generó inquietud entre sus seguidores, especialmente al saberse que la causa estaba vinculada a un problema de salud.

Con el correr de las horas, Julieta Ortega, su hija y Lalo Fransen, hablaron con Teleshow y aportaron datos claros y llevaron tranquilidad sobre lo sucedido: tenía un herpes zoster en el rostro.

Pero las palabras que terminaron de romper el misterio fueron las del propio protagonista. En las últimas horas, Palito Ortega se sinceró en una charla distendida junto a Juan Alberto Mateyko para Radio Mitre Córdoba. Todo en un tono marcado por la confianza, la cercanía y una pizca de humor resignado. “Bueno, sí, estoy medio cachuzo, pero, ¿qué va a ser?”, confesó él, fiel a ese estilo entre campechano y reflexivo. ¿Quién podría acostumbrarse fácilmente al reposo obligado?

Entre risas intercaladas y la compañía invisible de miles de oyentes, el cantante puso en palabras la molestia que marcará su paréntesis: “Me agarró una cosa rara, ¿viste? Que me molesta la cara, ¿entendés? Me duele. Me agarró justo y me duele un poco”. Relató que los síntomas aparecieron justo después de otra actuación —el concierto del Ópera, que pudo realizar por apenas un día de diferencia— y que la infección había provocado inflamación y dolor en el perfil derecho de su rostro.

El conductor preguntó por la duración del reposo. La respuesta vino sin rodeos, tan directa como el consejo de un amigo: “Ahora, yo supongo que toda esta semana... para ver cómo, porque es una cosa rara, de hecho, en la cara en realidad dolor siento poco, pero es una molestia porque se te hincha la cara, el perfil derecho”. En esa pausa recetada, el músico sigue todas las indicaciones: medicación precisa, reposo y la voluntad intacta por volver cuanto antes.

La charla derivó hacia los encuentros pendientes, hacia los escenarios que aguardan de nuevo la energía de su voz. Mateyko le recordó la fecha prometida: el jueves 27 de noviembre en el Quality Arena de Córdoba, un estadio prácticamente colmado. “Espero encontrarlos en un abrazo y con una canción cuando vaya ahora pronto a Córdoba. Que Dios los bendiga a todos”, cerró Palito, dejando la puerta abierta a la esperanza y a la futura ovación.

El lunes Julieta había dado precisiones a este medio. “Tiene herpes zóster, nada grave pero tiene que recuperarse y no puede hacer shows ni esta semana ni la próxima, lamentablemente”. En ese momento, explicó que por indicación médica, el artista debía cancelar sus presentaciones de la semana y la siguiente. El mundo de sus seguidores quedó suspendido entre la preocupación y el alivio.

También Lalo Fransen, responsable de la gestión de las actividades del cantante y amigo personal de Palito, sumó detalles a la escena de incertidumbre. La voz de Fransen, también a Teleshow, llevó alivio: “No es nada grave, es un herpes que tiene en el rostro, nada más, que no le impide cantar y eso. Se suspendió el show, pero nada más que eso”. Remarcó que el estado general del artista era bueno y que permanecía en su domicilio, aguardando una pronta recuperación, sin sobresaltos ni internaciones de por medio.

Fransen se apuró a despejar cualquier temor: “Se canceló el show de hoy y se va a hacer en unos días”, sostuvo, conjurando el fantasma de la ausencia.

La suspensión del show, la incertidumbre, el rumor primero. Después, la voz de confianza de la familia y su entorno. Al final, la palabra afable del propio Ortega, poniéndole nombre al dolor y tiempo a la espera. ¿Cómo no esperar, entonces, el reencuentro con ese abrazo y esa canción?

El comunicado oficial difundido por la organización del evento a través de la cuenta del artista informó: “Por motivos de salud, Palito Ortega se ve en la obligación de postergar el show de este domingo 12 de octubre en el Centro Provincial de Convenciones, Paraná. El show se realizará en nueva fecha a confirmar a la brevedad, y las entradas serán válidas para la nueva fecha. Quienes no puedan asistir recibirán el reintegro por las mismas. Disculpas por las molestias”.

En diálogo con Teleshow, la hija del cantante, Julieta Ortega, informó sobre el estado de salud de su padre, y aclaró que no reviste gravedad, aunque requiere reposo y cuidados específicos para su recuperación. La hija del músico detalló que, por indicación médica, el artista deberá suspender sus presentaciones tanto esta semana como la próxima. “Tiene herpes zóster, nada grave pero tiene que recuperarse y no puede hacer shows ni esta semana ni la próxima, lamentablemente”, puntualizó Julieta.

Por su parte, Lalo Fransen, responsable de la gestión de las actividades del cantante y amigo personal de Palito, precisó también a Teleshow que la aparición del herpes fue repentina y se manifestó como una inflamación facial. “No es nada grave, es un herpes que tiene en el rostro, nada más, que no le impide cantar y eso. Se suspendió el show, pero nada más que eso”. afirmó Fransen. Además, subrayó que el estado general de Palito Ortega es bueno y que permanece en su domicilio, aguardando una pronta recuperación.

Fransen aseguró que el espectáculo será reprogramado para una fecha próxima. “Se canceló el show de hoy y se va a hacer en unos días”, sostuvo.

La decisión de reprogramar el espectáculo, que debía realizarse el 12 de octubre en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná, fue adoptada tras la evaluación médica del estado de Palito Ortega. La organización aseguró que las entradas adquiridas mantendrán su validez para la nueva fecha, que será anunciada próximamente. Además, quienes no puedan asistir al evento reprogramado tendrán la posibilidad de solicitar el reintegro del importe abonado.

Personalidad Emérita de la Cultura de la Nación

Ramón Palito Ortega fue distinguido como Personalidad Emérita de la Cultura de la Nación durante una ceremonia en el Auditorio Nacional del Palacio Libertad, donde recibió el reconocimiento de manos del secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, ante una sala colmada de familiares, amigos y figuras del ámbito artístico.

El homenaje, organizado por la Secretaría de Cultura de la Nación, incluyó un concierto en el que la Orquesta Nacional de Música Argentina “Juan de Dios Filiberto”, bajo la dirección de Gustavo Fontana, interpretó versiones orquestales de los mayores éxitos de Ortega. En el escenario participaron los cantantes Martín Díaz, Luz Matas, Romina Pugliese, Néstor Rolán y Pablo Turturiello. El cierre reunió a todos los artistas en una interpretación conjunta de La felicidad, mientras el público acompañaba con palmas y coreaba los temas.

Al recibir la distinción, Ortega expresó su agradecimiento: “De todo corazón, muchísimas gracias a los intérpretes. Es muy difícil poder expresar con absoluta claridad todo lo que uno quiere, porque son muchas emociones, son muchos recuerdos, y cuando se junta todo de pronto no es fácil poder expresarlo con claridad. Hoy pensaba cuando venía para acá qué podía decir que exprese realmente lo que uno siente, la gratitud que uno quiere expresar con palabras, y a veces es muy difícil encontrarlas, para más de 50 años de carrera, 50 años que no fueron fáciles, y que en los comienzos muchos no me auguraban un buen futuro”.

El artista recordó sus orígenes humildes y la llegada a Buenos Aires: “Yo no puedo olvidar que bajé del tren a un Retiro con una valijita de cartón que me habían prestado en un circo que no era mía, después la tuve que mandar de vuelta. Me paré afuera de la estación de Retiro, veía pasando todo el movimiento que había y no sabía para dónde ir. Así empezó mi existencia en Buenos Aires, como un provinciano más que llegaba por aquello que contaban, que en Buenos Aires estaban todas las oportunidades. Finalmente, no es tan así, porque siempre depende de cada uno de nosotros, de la voluntad que tengamos, de la fe en nosotros mismos”.

En su mensaje al público, Ortega subrayó: “Si tienen un sueño, abrácenlo fuerte y no se rindan. Dios siempre va a estar ahí para darles la fortaleza para seguir peleando y luchando”. También agradeció a su esposa Evangelina Salazar, a sus hijos, nietos, amigos y al público, a quien atribuyó su éxito: “Estoy muy agradecido a todos pero especialmente al público, que ante quien pongo a consideración mis canciones y quien hizo posible que hoy yo pueda estar donde estoy”.

Una jornada cargada de tensión se vivió en Viale, localidad de Entre Ríos, tras el ataque de un perro a una niña de aproximadamente dos años, quien actualmente permanece internada en el Hospital Materno Infantil San Roque de Paraná.

El episodio se desarrolló en el barrio Centenario, dentro de una vivienda familiar, donde un perro de raza mestiza con características de rottweiler, propiedad de la familia, mordió y provocó severas lesiones en la cabeza de la menor, indicó el medio local UNO.

De acuerdo a testimonios recabados entre allegados, el hecho se desencadenó el lunes al mediodía de manera súbita, sin que mediara una causa aparente. Tanto la madre de la víctima, identificada como Cecilia, como otros familiares, relataron que el animal la atacó cuando la abuela salió al fondo de la casa para tender ropa, instante en que la niña la siguió, indicó Nueva Zona, otro medio local.

En ese breve lapso, el perro la tomó. “Forcejearon hasta que la abuela pudo sacarla”, contó la madre en diálogo con el Canal Once de Entre Ríos.

La madre, que no se encontraba en la vivienda al momento del ataque, explicó que la menor recibió tres mordeduras en la cabeza y sufrió hundimiento de cráneo, por lo que debió ser trasladada de urgencia al hospital.

El estado de salud de la pequeña es seguido con atención. Según los partes médicos y las declaraciones de su madre, la niña permanece en terapia intensiva, aunque ha mostrado señales alentadoras.

La madre escribió en redes sociales: “Responde a los estímulos. La están poniendo en terapia intensiva. Es para poder tratar un abollamiento y fractura de cráneo. Van a saturar. Luego, todo bajo control”.

Mientras que en diálogo con otro medio local, LT14, detalló: “Dice sus palabras habituales, se ríe, está normal”.

Los profesionales intervinieron colocando un catéter que permite administrar medicación y tratar las fracturas internas, y aplicaron múltiples suturas debido a la profundidad y extensión de las heridas provocadas por el animal.

En cuanto al procedimiento judicial, la Policía informó al Ministerio Público Fiscal y trabaja para esclarecer los hechos y determinar el destino del perro involucrado.

Un antecedente de ataque canino

Una niña de 4 años sufrió graves lesiones y debió ser trasladada de urgencia tras el violento ataque de un perro de raza pitbull dentro de una vivienda ubicada en la zona rural de Monte Vera, Santa Fe, a principio de agosto. El estado de salud de la menor permaneció bajo observación médica permanente.

El incidente ocurrió pasado el mediodía, en una casa situada en el kilómetro 18 de la mencionada localidad. En ese momento, la madre se encontraba en la puerta del domicilio, vigilando desde allí, mientras los dos hijos pequeños permanecían en el interior de la vivienda. En un instante de alarma, el hermano de la víctima se percató del ataque y alertó rápidamente a la madre, quien ingresó para socorrer a la nena.

Al entrar a la casa, la mujer se encontró con una escena impactante: la pequeña tenía heridas de considerable profundidad tanto en el rostro como en la parte inferior del cuerpo. Se supo que estas lesiones fueron provocadas por el pitbull, un animal que ya formaba parte de la familia y vivía en el entorno cotidiano de los niños.

Después del suceso, la menor fue asistida en primera instancia en el centro de salud local, donde los profesionales médicos evaluaron la gravedad de las heridas y decidieron, por la magnitud del caso, trasladarla de inmediato al Hospital de Niños Dr. Orlando Alassia, en la capital provincial de Santa Fe. Según informó el portal Aires de Santa Fe, la niña permanece internada en la unidad de cuidados intensivos y su pronóstico es reservado, mientras la familia sigue a la espera de su evolución.

Eduardo Miguel Prestofelippo, conocido como “El Presto” y que fue condenado por hostigar a Fabiola Yáñez el año pasado y acusado por amenazar a Cristina Kirchner, acaba de recibir otro revés de la Justicia.

El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos rechazó la impugnación extraordinaria presentada por su defensa y confirmó así la decisión de la Cámara de Casación Penal: había anulado su absolución y ordenado la realización de un nuevo juicio.

La resolución, firmada este lunes en la ciudad de Paraná, sella una etapa clave en una causa que enfrenta el derecho a opinar con la protección del orden público.

El caso gira en torno a un video publicado por Prestofelippo en su canal de YouTube el 2 de mayo de 2020, titulado “Violadores y asesinos LIBRES, ¿dónde están las ‘feministas’? Interna K”. En ese material audiovisual, el acusado incitó a los trabajadores municipales a “ir a la casa del intendente de Paraná, Adán Humberto Bahl, y prenderle fuego con la familia adentro”.

La frase, pronunciada en un contexto de fuerte tensión social y política durante la pandemia, fue el eje de la acusación por instigación a cometer delitos.

La defensa, encabezada por Augusto Diego Lafferriere, sostuvo que la sentencia de la Cámara de Casación era arbitraria y que el fallo absolutorio del Tribunal de Juicio había valorado correctamente tanto la prueba como el contexto. Y argumentó que el exabrupto de su defendido carecía de seriedad y de la intención de causar daño, y que la conducta no reunía los requisitos objetivos ni subjetivos del delito imputado.

“El simple consejo efectuado por el acusado no es típico; la falta de tiempo y lugar de la conducta de determinación exigidos por el tipo impide la posibilidad fáctica de llevar a cabo la supuesta ejecución de ese acto ilícito instigado”, afirmó el defensor, quien también subrayó que Prestofelippo se disculpó de inmediato en el mismo video.

El Ministerio Público Fiscal, representado por Álvaro Piérola, sostuvo la postura opuesta. Para la fiscalía, el video no era una mera opinión política ni un exabrupto sin consecuencias, sino una instigación pública a cometer un delito concreto, con capacidad de afectar la paz social y el orden público.

Piérola remarcó que “el imputado no es un perseguido político... Instigó a un número indeterminado de personas a un delito concreto, que afectó la paz social y el orden público; existió un damnificado concreto; esto es lo que exige el tipo penal, que la acción que promueva sea una manifestación; no exige el resultado o de la causación concreta, por eso es un delito de peligro”.

El conflicto central del expediente radica en la interpretación de la figura penal de instigación: mientras la defensa insistió en que la conducta de Prestofelippo no superaba el umbral de la mera opinión política y que el derecho penal debe ser la última herramienta del Estado, la fiscalía y los tribunales superiores consideraron que la gravedad y la publicidad del mensaje justificaban la intervención penal, aun cuando el delito instigado no se hubiera concretado.

La Sala Nº1 en lo Penal del Superior Tribunal de Justicia, integrada por Claudia Mónica Mizawak (voto principal), Miguel Ángel Giorgio y Daniel Omar Carubia, analizó en detalle los argumentos de ambas partes. El tribunal recordó que el Código Penal sanciona la instigación pública a cometer delitos, sin exigir que el hecho instigado se realice efectivamente.

“El delito se consuma con la sola instigación, con prescindencia de la ejecución del hecho instigado”, citó la vocal Mizawak.

El fallo también cuestionó la sentencia absolutoria original, dictada por Santiago Brugo del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, por considerar que su razonamiento era “confuso, contradictorio, divorciado de las pruebas obrantes y se efectuó una equivocada interpretación y aplicación del tipo penal del art. 209 de la ley de fondo”.

La defensa había intentado centrar el debate en la protección de la libertad de expresión y en el contexto de hartazgo social durante la pandemia, señalando que el video fue viralizado por su contenido crítico hacia la gestión municipal y no por la supuesta instigación.

El tribunal, sin embargo, desestimó estos planteos y reafirmó que la figura penal de instigación protege el orden público y la paz social, y que la sola emisión pública de un mensaje con capacidad de incitar a un delito determinado es suficiente para configurarlo, independientemente de su concreción. “En definitiva, para que el tipo penal en análisis se consume es necesario que la instigación sea pública, dirigida a un conjunto de personas indeterminadas, no que efectivamente los destinatarios realicen la acción promovida”, estableció la sentencia.

En su resolución final, el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos resolvió “rechazar la impugnación extraordinaria interpuesta... contra la sentencia dictada por la Sala I de la Cámara de Casación”.

Lo que empezó con improvisaciones “a la gorra” en los semáforos se convirtió en una performance de acrobacia aérea que deslumbró al jurado de America’s Got Talent, se volvió viral y su video rompió récords de reproducciones dentro del reality show.

Micaela irrumpió en el programa junto a su marido, el acróbata chileno Matías Cienfuegos, quienes se presentan bajo el nombre artístico “Sirca Marea”. Con una estructura metálica de origen ruso —un aparato rectangular con una barra suspendido a seis metros de altura donde él la sostiene y catapulta en el aire— crearon un show que combina riesgo, precisión y poesía visual.

El impacto de su presentación en el programa fue inmediato: el público se levantó de sus asientos para aplaudirla, los famosos que debían puntuarlos quedaron sin palabras y las redes sociales estallaron de emoción.

Verla a ella haciendo piruetas en el aire, dando vueltas sobre su eje y aterrizando con precisión en los brazos de su compañero hizo que los espectadores quedaran hipnotizados ante tanta complejidad, fuerza y flexibilidad. Los jurados Simon Cowell y Sofía Vergara destacaron la originalidad del cuadro y el riesgo, mientras Heidi Klum y Howie Mandel celebran con entusiasmo su perfección.

Los comienzos de Micaela entre telas, trapecios y aprendizaje autodidacta

Si bien Micaela se inició en la gimnasia artística a los 11 años, cinco años después encontró en las telas y el trapecio un espacio donde se sentía verdaderamente libre.

La gimnasia artística la llevó a integrar la Selección de Entre Ríos y a una agenda de entrenamientos y torneos que le ocupaban la vida. Hasta que ocurrió el primer quiebre: el Nacional coincidía con el viaje de egresados de primaria. Quiso estar en los dos lugares y no fue bien.

“Mis papás me fueron a buscar el último día porque esa misma tarde tenía que competir. Me torcí la muñeca, me peleé con la profesora. Fue como demasiado y yo era una niña”, contó. Eso la llevó a dejar ese deporte porque ya no lo disfrutaba.

El retiro precoz no implicó quedarse quieta. Pasó por el sóftbol, donde la premiaron como “catcher del año” en sus comienzos, anduvo en skate y tanteó la música y la pintura. El cuerpo, sin embargo, pedía acrobacia.

La puerta al aire se abrió a los 16 años, empujada por una intuición materna. “Mamá me dijo: ‘¿Por qué no hacés algo que tenga que ver con lo artístico? Vos que sos buena con el cuerpo’”, recordó entre risas. Probó circo y ya no miró atrás: trapecio, tela, aro, teatro y danza.

De adolescente se la pasaba horas suspendida en el aire, perfeccionando movimientos que la llevaron a comprarse su propio equipamiento y entrenar sin maestros, a puro instinto.

Sin academias estables cerca, la formación fue una mezcla de viajes y obstinación. “Me fui a Santa Fe, tomé cursos, estudié antropología teatral, danza contemporánea y clásica, teatro”, contó Micaela.

Esa inquietud la impulsó a incorporar otras disciplinas circenses como malabares, acrobacia en piso y slackline, que practicó en plazas y espectáculos callejeros. Tenía 18 años cuando, mientras estudiaba el profesorado de inglés y daba clases de acrobacia aérea, se paraba frente al semáforo en las calles entrerrianas. El propósito, dice, no era económico: “No ganaba casi nada. Era para entrenarme delante del público”. Revoleaba las claves, hacía piruetas, actuaba con el hula hula o entrenaba piruetas a dúo.

Su capacidad autodidacta y su constancia le dieron una base sólida para construir una carrera que no tardaría en proyectarse más allá de Entre Ríos.

El gran punto de inflexión llegó en 2015, cuando viajó a San Luis para un festival de circo y conoció a artistas europeos que la invitaron a Francia. Aquel viaje se extendió por Bosnia, Hungría, Eslovaquia, Austria y España, donde absorbió experiencias, talleres y escenarios distintos. Más tarde se instaló en Buenos Aires para continuar su formación y en 2017 emprendió otro recorrido europeo que la llevó a vivir en París.

Allí conoció a Matías, con quien se casó en 2018 en Chile y formó el dúo con el que se hicieron un nombre en el competitivo ambiente circense y que más tarde impactaría al mundo.

Con Matías no solo perfeccionaron la técnica, sino que también rediseñaron el aparato para desarmarlo, guardarlo en una valija y sumarle una barra superior desde donde ella sale al vuelo para ser atrapada en el aire.

La vida en carpa llevó dos temporadas de circo itinerante hasta que la pandemia cortó el hilo. “Nuestro primer contrato se canceló por el coronavirus y cuando volvimos a América del Sur, el cierre de fronteras nos agarró entre Argentina y Chile y estuvimos un año separados”, resumió Micaela.

La vuelta al ruedo fue en 2021, en Argentina, con el espectáculo “Mahatma”, de Flavio Mendoza. Con la reapertura internacional, en 2022 volvieron a Francia para presentarse en distintos festivales.

En 2023 llegó la invitación más desafiante: un festival en Moscú que pedía, justamente, la antigua disciplina rusa. “Nos pusimos a hacer una creación propia, algo que nos represente y el público quedó fascinado”, admitió.

Después vino el Festival Iberoamericano de Madrid, donde salieron segundo y obtuvieron el Premio del Público y Premio del Cirque du Soleil. El recorrido culminó en enero, ya en París, en el Festival Mondial du Cirque de Demain: el trampolín perfecto para que productores, directores y cazatalentos los vieran en vivo.

El casting que cambió su destino

En el festival de París pusieron práctica por primera vez la escena que los llevó a la TV estadounidense. “Una persona de casting del programa empezó a publicar en redes una foto nuestra: ‘¿Alguien conoce a estos artistas? Quiero su contacto’”, recordó Micaela. Cuando por fin conectaron, el mensaje fue directo: “Queremos que el dúo audicione para America’s Got Talent en Los Ángeles”.

El proceso fue vertiginoso: trámites, ensayos, viajes y contratos pendientes debieron ajustarse a la oportunidad única que se abría frente a ellos. Sin poder revelar nada debido a la confidencialidad del programa, se prepararon en silencio hasta recibir la confirmación de que estarían en la pantalla estadounidense.

Micaela y su compañero llegaron hasta las semifinales y están confiados con ser elegidos para participar de la gran final, que se disputará el martes 23 de septiembre y reparte un millón de dólares a los mejores talentos del certamen.

Para Micaela, el dinero tendría un destino muy especial: la creación de una casa artística que funcione como refugio familiar y espacio de creación colectiva, un lugar donde volver a reunir a los suyos tras años de vida itinerante. “Vivimos en una casa rodante y nos vendría muy bien una casa verdad. Con ese dinero podríamos comprar una en Chile y otra en Argentina”, aseguró.

A pesar de la magnitud del premio, mantiene los pies en la tierra. Con formación deportiva, sabe que la preparación mental y la salud emocional son tan importantes como la física para afrontar un desafío de este nivel. Por eso busca disfrutar cada etapa, sin dejar que la presión de la competencia opaque la felicidad de vivir este presente de consagración.

“A nivel personal me siento elevada… ya gané en el sentido de ser una mejor versión de mí”, resumió Micaela, en cuya declaración se cifra su verdadero récord: no el de las visualizaciones, sino el de hacer visible una disciplina antigua y minoritaria con una mezcla de técnica feroz, dramaturgia clara y emoción pura.

Ella sostiene que si el programa la corona con el premio mayor, será un hito en su carrera artística. Y si eso no sucede, no se preocupa demasiado. “Sirca Marea ya cambió su destino porque llegó al corazón de la gente”, concluyó la acróbata, que mira al mundo desde el cielo con otra ambición.