La investigación por el asesinato del alcalde de Viotá, ocurrido el 15 de septiembre de 2000, involucra a Luis Alberto “Lucho” Herrera Herrera, exciclista profesional, señalado en declaraciones de paramilitares ante la Fiscalía.

“Lucho Herrera en el 2000 con un sargento Freddy y el ejército cuadraron la muerte del alcalde de Viotá y este chino, Águila y Gitano fueron y lo mataron”, declaró Luis Fernando Gómez, alias Ojitos, ante el ente acusador.

De acuerdo con el informe entregado por Noticias Uno, el relato de Ojitos va más allá, pues afirmó que otras personas cercanas a Herrera también estuvieron implicadas en crímenes relacionados. En palabras del exparamilitar: “Fuimos con el sargento Freddy Espitia del B2 de Fusa. Freddy Espitia fue el que señaló a las personas que teníamos que recoger”.

Además, aseguró que Herrera fue alertado de las consecuencias judiciales de estos hechos: “El Cascarón mandó un abogado a Lucho a decirle que estuviera pendiente, que lo iban a echar al agua por los homicidios, lo del alcalde de Viotá”.

A pesar de estas acusaciones, la versión de Ojitos fue confrontada por Alvis Noguera, alias Águila, también exparamilitar, quien negó la participación de Herrera y sostuvo que este era extorsionado por integrantes de las Autodefensas Campesinas del Casanare.

El trasfondo familiar evidencia el temor vivido en esa época. Luz Dary Pérez, esposa del alcalde asesinado, recordó que su esposo le confesó en vida: “Me dijo: ‘No, me están amenazando, que me retire de la alcaldía’”. Además, relató un episodio con un miembro del ejército: “Y me dice: ‘Doña Luz Dary, mire para arriba’. Y yo miré para arriba y ese helicóptero ahí, pero yo no vi al señor. Me dijo: ‘Vea, yo estoy ahí, aquí estoy, la estoy vigilando’”.

Sobre el ataque, Pérez resumió frente a la prensa: “Sacan las armas y de una vez le meten siete tiros en la cabeza”. La viuda manifestó su deseo de verdad y justicia: “Yo quiero saber el porqué y quién mandó a hacer a cometer ese delito”. A pesar de todo, aclaró que, aunque perdonó al responsable, continúa esperando que se aclare quién fue el autor de la orden.

Fiscalía amplió cargos contra hermano de ‘Lucho’ Herrera por abuso sexual

El caso judicial contra Rafael Herrera, hermano del exciclista Luis Alberto ‘Lucho’ Herrera, sumó una nueva acusación a partir del testimonio de una mujer que lo señaló ante las autoridades por abuso sexual a menor de edad ocurrido hace más de veinte años.

La denunciante, quien era vecina de la familia Herrera, aseguró que los hechos tuvieron lugar en un motel de Fusagasugá administrado por los hermanos, cuando ella aún era niña y antes de la pubertad. El relato indica que el abuso estuvo acompañado de amenazas y exhibición de un arma, con advertencias para que la víctima no hablara del hecho.

La mujer sostuvo que Rafael Herrera aprovechó su vulnerabilidad económica ofreciéndole trabajo en el motel, instancia en la que, según su testimonio, se produjo el abuso. La víctima explicó que el temor a represalias y la influencia social del acusado le impidieron denunciar los hechos en su momento. En su declaración, la mujer expresó que el abuso tuvo consecuencias psicológicas graves, manifestando intentos de suicidio a raíz del trauma.

Este testimonio se suma a la investigación abierta contra los hermanos Herrera por la desaparición forzada de cuatro hombres en Fusagasugá, a comienzos de los años 2000. Por estos hechos, la fiscalía imputó a Rafael Herrera el delito de abuso carnal violento, mientras que el caso se encuentra bajo análisis judicial. La denunciante afirmó que busca justicia y que el acusado sea sancionado por los hechos denunciados.

La situación se agrava la tarde del viernes, cuando sujetos armados, señalados como miembros de una célula delictiva y desplazándose en camionetas blancas polarizadas, abren fuego contra integrantes de la Organización Campesina Emiliano Zapata-Casa del Pueblo (OCEZ-CP). La agresión ocurre en un punto de protesta en las vías de acceso a Venustiano Carranza, donde los comuneros bloqueaban el paso en demanda de atención estatal. Pobladores afirman que los agresores son conocidos en la región como “paramilitares de la ASBALL” y viajan en vehículos similares a los usados por agentes policiacos.

Testigos relatan que el primer ataque sucede en Nicolás Ruiz, donde sujetos armados, provenientes presuntamente del ejido Nuevo León, municipio de Teopisca, disparan contra un punto de control comunitario. Algunos pobladores aseguran que dos comuneros mueren durante esta emboscada y otros dos resultan heridos. Los responsables se trasladan después hacia Venustiano Carranza, donde enfrentan un bloqueo de la OCEZ-CP y se produce otro tiroteo.

Al menos dos muertos confirmados y seis heridos tras horas de intercambio de disparos

Hasta el cierre del viernes, las autoridades estatales reconocen una cifra preliminar de dos personas muertas y seis lesionados trasladados al Instituto Mexicano del Seguro Social Rural en Venustiano Carranza. El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar informa que cuatro de los heridos permanecen estables, y dos reciben atención médica especializada debido a la gravedad de las lesiones. Sin embargo, algunos testimonios recabados entre los habitantes hablan de hasta diez fallecidos, entre ellos seis presuntos atacantes y cuatro comuneros. La Fiscalía General del Estado ha iniciado diligencias, pero aún no presenta un recuento definitivo de víctimas.

La balacera, que se extiende durante varias horas, mantiene aterrorizados a los habitantes de ambas localidades. Algunos vecinos documentan el tiroteo en videos que circulan en redes sociales y transmiten llamados de auxilio por aplicaciones de mensajería. En las imágenes aparecen cuerpos tendidos y grupos de personas armadas; las autoridades aún no avalan la autenticidad de las grabaciones.

Pobladores acusan complicidad oficial y operación de grupos armados

La reacción oficial llega tras varias horas de tiroteo y solo después de que la situación escala más allá del control comunitario. Elementos de los tres niveles de gobierno, entre ellos la Guardia Nacional y la VII Región Militar, realizan un operativo especial en la zona. Un helicóptero de la Secretaría de Seguridad del Pueblo sobrevuela el área para tratar de disuadir nuevos actos de violencia.

En un comunicado oficial, las autoridades aseguran que buscan “restablecer el orden, proteger la integridad de las familias y prevenir nuevos incidentes”. Como parte de la respuesta se instala una mesa de trabajo permanente con funcionarios de seguridad y salud para coordinar la atención a los afectados y reforzar la presencia estatal en la zona.

A pesar del operativo, persiste la indignación social. Los habitantes de Nicolás Ruiz y Carranza acusan que el ataque ocurre porque las autoridades desoyeron reiterados llamados de alerta. En particular, los comuneros sostienen que grupos armados operan con impunidad y que las agresiones forman parte de una estrategia para acallar la protesta social. Una versión predominante sostiene que, aunque se les identifica en redes como “narcos”, en la zona es conocido que estos grupos responden a lineamientos paramilitares asociados a intereses gubernamentales y a enfrentamientos previos por el control del territorio.

Protesta y represión: comuneros denuncian violencia estructural

El contexto inmediato del enfrentamiento es una protesta mantenida por la OCEZ-CP contra acciones de la Alianza San Bartolomé de los Llanos (ASBALL). La organización campesina rechaza el “brecheo” —actividad de apertura de caminos de forma irregular— e interpone bloqueos en caminos estratégicos para exigir intervención de las autoridades. Pobladores sostienen que la protesta, que se mantenía desde la mañana, es criminalizada por medios estatales y que la mesa de diálogo instalada por el gobierno solo protege los intereses de la ASBALL.

Durante la agresión, videos difundidos muestran que varios comuneros se defienden con piedras, palos, machetes o rifles de caza, mientras los atacantes emplean armas de alto poder. Algunos testimonios subrayan que la desigualdad de fuerzas revela el carácter represivo de la acción y la determinación de la población. En palabras de un comunero, “mientras los paramilitares traían cuernos de chivo, nosotros solo teníamos lo que podíamos agarrar”.

Recuento de fallecidos podría aumentar, tensión persiste en la región

Hasta la actualización más reciente, se mantienen reportes cruzados que varían entre dos y diez muertos y más de una decena de heridos. El saldo oficial se mantiene en revisión por parte de la Fiscalía General del Estado, mientras nuevas diligencias se desarrollan en la zona. Pobladores y organizaciones atribuyen la responsabilidad de la violencia a la omisión estatal y advierten que la crisis puede prolongarse si no se atienden las causas originales del conflicto.

• Al menos dos muertos y seis heridos tras balaceras entre comuneros y presuntos paramilitares en Nicolás Ruiz y Venustiano Carranza, Chiapas.
• Comuneros acusan que el ataque es represivo y resultado de la permisividad de autoridades ante operaciones de grupos armados asociados a intereses gubernamentales.
• El saldo preliminar de víctimas podría aumentar conforme avanzan las investigaciones; la respuesta oficial llega tras horas de balacera y nuevas denuncias sociales.

El 23 de abril se llevó a cabo una audiencia territorial de aporte de verdad por parte de 10 comparecientes ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en la que se conocieron detalles de la masacre de La Resbalosa, en la que el Ejército Nacional permitió que las Autodefensas Unidas de Colombia asesinaran a ocho personas en Apartadó, Antioquia.

Sobre el hecho, registrado el 21 de febrero de 2005, soldados que hacían parte de la Brigada Diecisiete del Ejército Nacional narraron cómo murieron Santiago (18 meses), Natalia (6 años), Deyner (11 años), Beyanira (16 años) y cuatro adultos en las veredas La Resbalosa y Mulatos Medios.

Antes del inicio de la diligencia, el lugar fue adornado con flores, cacao y plátanos, símbolos de la región de Urabá; además, las familias de las víctimas encendieron una vela en un acto de memoria y dignificación de sus seres queridos.

El primero en hablar fue el compareciente Orlando Espinosa Beltrán, capitán de la brigada mencionada, que lamentó cómo un territorio de paz fue manchado con sangre de inocentes.

“Pienso en el silencio que quedó en las casas vacías, en los abrazos ausentes, en las familias que han tenido que aprender a vivir con la pérdida. Necesito decirles que lo siento, lo siento de verdad. La memoria es lo único que protege la dignidad de quienes ya no pueden hablar”.

Espinosa fue interrumpido por Nélida Guerra Tuberquia, hermana de Luis Eduardo Guerra, una de las víctimas de la masacre, que pidió que el asesinato de su ser querido no quede impune.

“Pedimos que asuman su responsabilidad y se comprometan con la verdad. Que estos hechos no queden en la impunidad. Exigimos que limpien el nombre de estos niños y de los adultos campesinos que fueron injustamente señalados como guerrilleros. Una mentira cruel utilizada para encubrir el daño causado. Mi hermano era responsable, amable, honesto, consejero y amoroso. Tenía 35 años. Su hijo Deyner, mi sobrino, era un niño con muchos sueños: le gustaba cantar, estudiar y jugar fútbol”.

Otro familiar de las víctimas que intervino fue Santiago Esteban Tuberquia, que perdió a su padre y dos de sus hermanos durante el hecho y exigió que se revele la identidad de todos los soldados que participaron de la masacre.

“Exigimos que se nombre a cada una de las personas que participaron en estos hechos. ¿Por qué actuaron así contra inocentes? Especialmente contra los niños, ¿por qué les hicieron algo así a niños tan pequeños?”,

Uno de los momentos más destacados de la audiencia fue cuando el compareciente Espinosa Beltrán reconoció que un alto mando ordenó que el “operativo” fuera realizado con “guías”, paramilitares que señalaban zonas en las que había presencia de guerrillas.

“Hubo un descalabro militar en El Porroso, donde murieron 22 soldados. El general Mario Montoya ordenó ubicar al grupo insurgente responsable y dio la orden expresa de que si en esa operación militar no había guías (paramilitares) no se hacía la operación. Con esa información, la Brigada Diecisiete construyó su orden de operación y el 15 (de febrero) se emitió la orden de operaciones”.

Espinosa también reveló que para sus superiores, la comunidad atacada era un “nido de guerrilla”, argumento con el que justificaron la alianza momentánea con los paramilitares.

“El coronel Duque, que era el comandante de ese batallón, ya llevaba un tiempo en la región y tenía en su memoria qué era la comunidad y para él la comunidad de San José de Apartadó era un nido de guerrilla”, declaró Espinosa Beltrán.

Por último, el compareciente que representó a los otros nueve exmilitares confirmó que esa no fue la primera ni última vez que se utilizaron a los “guías” para llevar a cabo operativos para abatir a presuntos guerrilleros.

“Sí, claro, era habitual. La Brigada Diecisiete suministraba los guías”, puntualizó el compareciente, que habló de alias Latón y Jonás como los paramilitares que les señalaron que se trataba de una comunidad con más de 150 guerrilleros.

Álvaro Uribe Vélez y el Centro Democrático reaccionaron públicamente a un mensaje de Gustavo Petro publicado en X.

La respuesta del exmandatario y del partido se centró en señalar al presidente de intentar ocultar los resultados de su gobierno mediante señalamientos en su contra.

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Uribe negó las acusaciones y cuestionó el desempeño del presidente en materia de seguridad.

“Petro por calumniar no trabaja, el año pasado 75 masacres y en este ya van 35 (sic)”, escribió el exmandatario en su cuenta de X.

El ex jefe de Estado también defendió la legalidad de las tierras de su familia. “Mi familia compró 8 hectáreas, tiene escritura de 1962, dijeron sin razón que es baldía y se entregó al Estado. Cuando sufrimos inundaciones se pagan bombeos. Hay drenajes privados que mantiene la empresa y los públicos se construyeron hace 60 años. Se paga la tasa al Estado y también se hacen obras de mantenimiento de los públicos (sic)”.

Por su parte, el Centro Democrático se dirigió a Petro en un mensaje. “Presidente Petro. Serénese. Su publicación denota un desprecio por la vida de los colombianos (sic)”.

La organización política atribuyó a la actual administración el aumento de la violencia en el país y la expansión de los grupos armados.

“Esperamos que por ser su candidato, heredero de la Farc y ‘jefe’ de la paz total, el responsable del incremento de masacres, no se le esté alterando el buen juicio (sic)”, indicó la colectividad.

La respuesta destacó: “Ya es hora de que deje de esconder su fracaso detrás del nombre de Álvaro Uribe Vélez (sic)”.

El mensaje incluyó cifras sobre hechos violentos y criticó la gestión de seguridad del gobierno actual. “Su ‘Paz Total’ terminó siendo un desastre: 2025 cerró con cerca de 14.780 homicidios, 671 secuestros y más del 70% del país bajo presencia de grupos armados (sic)”.

El Centro Democrático concluyó: “Ojalá su conciencia le permita dormir tranquilo esta noche (sic)”.

El pronunciamiento de Uribe y del partido fue una reacción directa a un mensaje publicado por Gustavo Petro en X. El presidente responsabilizó a Uribe de hechos de violencia y de beneficiarse de tierras públicas.

Petro sostuvo que la definición de masacre en Colombia es arbitraria y permite ocultar crímenes graves. “Las masacres se cuentan por una decisión arbitraria: es masacre la muerte de más de tres personas, podía ser cualquier número, pero lo pusieron tan bajo para que los ajustes de cuentas entre mafiosos se volvieran masacres, así ocultaron las verdaderas masacres (sic)”.

El mandatario afirmó: “En su gobierno departamental y nacional hubieron las peores masacres de este siglo y quizás del anterior (sic)”.

Petro también señaló: “Las masacres son instrumento para llenar de miedo al pueblo, es un terrorismo, que usted usó como método para ganar votos. Cuarenta, cincuenta campesinos muertos, por eso hay un paramilitar llamado Jorge 40, ¿de dónde salió ese nombre? (sic)”.

El presidente mencionó hechos como la masacre de El Aro, la de Segovia y otras ocurridas en distintas regiones del país, además de cuestionar el uso de recursos estatales en beneficio de la familia Uribe. También recurrió a referencias simbólicas y personales en su mensaje.

“Masacres las del Aro, señor ex gobernador de Antioquia, o la de Segovia que ordenó un senador amigo suyo y dizque liberal, masacres las de Chenge o Mapayepo, que fueron hechas por sus amigos hacendados costeños, de Sucre y Córdoba, donde usted se apropió de baldíos de la nación y se subsidio con dineros públicos la hacienda del ubérrimo en San Carlos, Córdoba, y no se inundaron sus haciendas porque lo salvó el distrito de riego de San Mateo, hecho con dineros públicos que dijeron que era para campesinos, pero no, eran para usted y su patrimonio familiar hacendario, y ni siquiera paga impuestos por la tierra, vago, ni sus hijos pagaron el plus valor de la tierra que les entregó el alcalde de Mosquera en la sabana de Bogotá, se robaron esos impuestos (sic)”, señaló Petro.

El presidente Gustavo Petro acusó al expresidente Álvaro Uribe de utilizar las masacres como método para ganar votos, señalando hechos ocurridos durante su gobierno departamental y nacional. Las declaraciones fueron publicadas en redes sociales, donde el mandatario además mencionó el papel de paramilitares y hacendados en distintas regiones del país.

El presidente inició su mensaje señalando que el concepto de masacre se definió de manera arbitraria, lo que, según él, ocultó la magnitud de los homicidios colectivos:

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“Señor de las masacres y de las haciendas, las masacres se cuentan por una decisión arbitraria: es masacre la muerte de más de tres personas, podía ser cualquier número, pero lo pusieron tan bajo para que los ajustes de cuentas entre mafiosos se volvieran masacres, así ocultaron las verdaderas masacres”.

Petro agregó que durante el gobierno de Uribe, tanto a nivel departamental como nacional, se presentaron las peores masacres de este siglo y, posiblemente, del anterior.

Acusaciones sobre el uso de la violencia para ganar votos

El presidente sostuvo que las masacres fueron utilizadas como un instrumento de miedo con fines políticos: “Las masacres son instrumento para llenar de miedo al pueblo, es un terrorismo, que usted usó como método para ganar votos.”

Además, mencionó la participación de paramilitares y familiares de Uribe en hechos violentos: “Cuarenta, cincuenta campesinos muertos, por eso hay un paramilitar llamado Jorge 40. Masacres las que hizo su hermano Santiago en la región de los altos del oso y Yarumales, aún aparece por ahí, una dizque lideresa de un movimiento político indígena que se robaron, y terminó en contra de la reforma a la salud.”

Violencia en Antioquia, Córdoba y Sucre

Petro también hizo referencia a incidentes en otras regiones del país, señalando el rol de hacendados y políticos:

“Masacres las del Aro, señor ex gobernador de Antioquia, o la de Segovia que ordenó un senador amigo suyo y dizque liberal. Masacres las de Chenge o Mapayepo, que fueron hechas por sus amigos hacendados costeños, de Sucre y Córdoba, donde usted se apropió de baldíos de la nación y subsidió con dineros públicos la hacienda del ubérrimo en San Carlos, Córdoba, y no se inundaron sus haciendas porque lo salvó el distrito de riego de San Mateo.”

Petro señaló que este tipo de acciones incluían beneficios económicos y exenciones tributarias que, según él, favorecieron a la familia del expresidente.

Libertad y críticas al accionar de Uribe

En otro tramo de su mensaje, Petro se refirió al uso de la fuerza y los caballos en episodios de violencia paramilitar:

“Usted convoque a sus grandes hacendados y sus muchachos montados sobre caballos con pistolas queriendo avasallar el mundo, para ver si gana las elecciones. [...] Yo soy un emancipador, también guerrero, y me monto a caballo y me gusta, pero no para matar campesinos, sino para sentir la libertad. De cómo use el hombre el caballo, se mide la condición del hombre, usted mató un caballo que no le obedecía, cuando usted era jóven, yo no haría eso. [...] Y de allí las masacres de los paramilitares de extrema derecha, hombres de a caballo matando campesinos.”

Respuesta de Álvaro Uribe

En redes sociales, el expresidente Álvaro Uribe respondió a las acusaciones señalando cifras de violencia durante su gobierno: “¡De qué se ufanan! Vergüenza les debería dar: 35 masacres en el primer trimestre. Paz Total. En 2010 hubo 10 masacres, se venía de 112. Seguridad Democrática.”

Contexto de violencia en Colombia en 2026

El primer trimestre de 2026 registró 35 masacres y 133 víctimas fatales, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), la cifra más alta desde la firma del acuerdo de paz en 2016. Los homicidios colectivos se concentraron en 34 municipios de 17 departamentos. Entre las víctimas, 74 eran hombres, 16 mujeres, 17 menores de edad y 40 cuerpos no identificados.

El informe también indica que desde agosto de 2022 hasta marzo de 2026, durante la administración del presidente Petro, se registraron 319 masacres en Colombia, según el Visor de Masacres 2016-2026 de Indepaz.

La exsenadora Zulema Jattin reafirmó que no se retractará de las acusaciones emitidas contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en 2022.

En diálogo con el periodista colombiano Daniel Coronell, la excongresista ratificó que su decisión ya fue puesta en conocimiento por la Fiscalía General de la Nación, en medio de un proceso legal que enfrenta a ella con el exmandatario colombiano, luego de que la demandara por injuria y calumnia.

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Incluso, Jattin precisó que, durante el proceso judicial, ambos dirigentes tuvieron una audiencia de conciliación, pero que no tuvo éxito.

“La audiencia de conciliación fracasó porque yo manifesté que no tenía ánimo conciliatorio y que no iba a retractarme. Y el señor expresidente sugirió una reunión de los abogados suyos, en este caso el abogado que lo representa, que es el doctor Posada, de la firma De la Espriella Lawyers, con mi abogado, el doctor Diego Martínez. Esa reunión se realizó en octubre del 2024″, manifestó Jattin en declaraciones al comunicador en Caracol Radio.

Así mismo, la exparlamentaria mencionó las intenciones que tenían los representantes legales de Uribe para que lograran su rectificación.

“Ellos querían que aclarara que cualquier percepción mía, obedecía a eso, a una percepción, y que me retractara de lo que yo había declarado en la audiencia en la Jurisdicción Especial para la Paz. Y pues tampoco hubo ánimo conciliatorio. Por lo tanto, pues el proceso sigue. Yo no he vuelto a ser notificada”, agregó la exsenadora.

Zulema Jattin había acudido ante la JEP para hacer sus aportes a la verdad frente la alianza entre políticos y grupos paramilitares, teniendo en cuenta que estaba siendo acusada por la Corte Suprema de Justicia de concierto para delinquir dentro del polémico caso de la parapolítica.

Qué había dicho Zulema Jattin contra Álvaro Uribe en la JEP

En su testimonio del 26 de octubre de 2022, la exsenadora Zulema Jattin denunció personalmente al expresidente Álvaro Uribe Vélez por la presunta interferencia de paramilitares en actividades proselitistas del departamento de Córdoba.

En su comparecencia ante la JEP, detalló que el exmandatario le sugirió abstenerse de presentar denuncias formales para no afectar su campaña.

“Orientó mi conversación a que si yo no tenía una prueba diferente a mi testimonio o a los testimonios de mi hermano o de William Salleg, que no iba a corroborar nada lo que yo dijese en ese momento, pues era preferible que no pusiera la denuncia. Y eso era más que una advertencia, digamos, era una sugerencia respetuosa, pero a la que yo en ese momento le iba a hacer total caso”, contó Jattin ante el tribunal de paz.

La excongresista también mencionó que, para la campaña electoral del 2002, los grupos paramilitares le habían impedido hacer sus actividades en varias partes de la región colombiana, por lo que decidió contar su denuncia ante el exmandatario en un encuentro personal en El Ubérrimo, propiedad del exmandatario en Montería.

“Acudí a esa reunión en compañía del doctor Luis Felipe Villegas Ángel, que era congresista por Sucre y que también está presentando su nombre a las elecciones de la Cámara de representantes del año 2002, pero por el departamento de Sucre, y que tenía digamos allá unos problemas similares a los míos”, recalcó.

Sin embargo, recalcó que la respuesta de Uribe no fue la que esperaba. “Él me dijo que si yo tenía alguna prueba real, que no sólo fuera mi testimonio de la prohibición de ser proselitismo en esos municipios, o que si tenía algún documento escrito donde constara esa prohibición. Pero era imposible la verdad en ese momento (...) y me dijo que como yo no tenía ninguna prueba, pues él creía que lo mejor fuera que no, que no pusiera esa denuncia, y que tratará de hacer campaña en el resto del departamento”, declaró.

Sin embargo, está última declaración había desatado el rechazo por parte del expresidente Uribe, al presentar una querella en su contra ante la Fiscalía.

Otras acusaciones

Además de sus declaraciones contra Álvaro Uribe Vélez, Zulema Jattin recalcó que sus aportes también detallaron las relaciones entre los grupos armados y algunos dirigentes políticos del departamento de Córdoba.

“He estado en la Jurisdicción Especial de Paz en cinco audiencias de aportes a la verdad en los años 2021, 2022 y 2025. He presentado aportes novedosos, especialmente, pues de vínculos con alcaldes, concejales, diputados y con la dirigencia política del departamento de Córdoba. He hecho reconocimiento de hechos, como algunos acuerdos que se hicieron durante los años en que yo fui congresista de la República, especialmente para elegir gobernador del departamento sobre la cooptación que tuvieron las autodefensas de entidades públicas en el departamento”, indicó en su diálogo con Daniel Coronell.

Por último, recalcó que, tras sus comparecencias ante la tribunal de paz, “vamos a trabajar en un proyecto de reparación a las víctimas en mi departamento, un proyecto de reparación que está liderando la JEP”.

Zulema Jattin sigue teniendo peso en el ámbito político de Córdoba y a nivel nacional. De hecho, en las recientes elecciones legislativas, respaldó la candidatura al Senado de Edgardo Espitia, que fue elegido con la mayor votación del partido Cambio Radical, al igual que para la Cámara de Representantes de José Luis Joche Abdala.

“Creo que para el departamento de Córdoba es importante que lleguen figuras nuevas a la política, gente diferente a lo que tradicionalmente hemos estado liderando algunos procesos en el departamento y por eso los acompañé”, puntualizó Jattin.

El presidente Gustavo Petro fue obligado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca a retractarse públicamente de una afirmación que vinculaba a la exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez con narcotráfico y paramilitarismo, luego de que un incidente de desacato determinara que no había cumplido de forma integral decisiones judiciales previas que le exigían rectificar sus declaraciones.

En su mensaje en la red social X, Petro escribió: “me retracto de manera expresa, de la frase: ‘No señora ex canciller, voy es a atacar a uno de sus socios comerciales: narcotraficante y paramilitar’”, reconociendo que esa expresión vulneró el derecho al buen nombre de Ramírez, pues no existe una condena judicial que respalde tal vínculo.

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La orden de rectificación se dio tras un fallo de tutela que consideró afectada la honra de la exfuncionaria.

Tras esa rectificación, el mandatario publicó un nuevo pronunciamiento en el que defendió la libertad de expresión y el escrutinio público. Señaló que, como Presidente y ciudadano, respeta las decisiones judiciales, pero reafirmó que continuará ejerciendo control político sobre quienes han ocupado posiciones de poder.

“Como Presidente de la República y como ciudadano defiendo con toda la fuerza de mi investidura y de mi ser, el derecho soberano del pueblo colombiano a la libertad de expresión, respetando las directrices de los jueces”, manifestó. Agregó que ese derecho es “un pilar sagrado de la democracia” y sostuvo que sin una voz libre “no hay cambio posible”.

En el mismo mensaje afirmó que “la vieja política y sus élites quieren silenciar el escrutinio”, pero aseguró que seguirá exigiendo cuentas a quienes ejercieron el poder.

Asimismo, mencionó investigaciones periodísticas que —según indicó— han revelado hechos de interés público relacionados con el entorno de la exvicepresidenta, entre ellos la condena de un hermano suyo en Estados Unidos por narcotráfico, cuestionamientos sobre la Operación Orión cuando fue ministra de Defensa, referencias en los Pandora Papers y un escándalo en Italia por la compra de armas con intermediación de un exparamilitar conocido con el alias de “Don Antonio”.

El contexto de la controversia

La polémica se remonta a agosto del 2025, cuando el presidente ordenó el despliegue de decenas de miles de uniformados en la frontera con Venezuela, con el objetivo de combatir a las organizaciones dedicadas al narcotráfico que operan en esa zona.

Ese día, Petro dispuso el ingreso de fuerzas de la fuerza pública hacia sectores como Arauca y el Catatumbo, en medio de un fuerte debate sobre la inseguridad y la presencia de grupos armados ilegales en la frontera colombo-venezolana.

La medida fue criticada por la exvicepresidenta y exministra de Defensa, Marta Lucía Ramírez, quien aseguró en una entrevista con el medio La FM que la acción era tardía para enfrentar de verdad el tráfico ilegal de drogas y que se estaba dando una respuesta únicamente ante presiones externas como la postura de Estados Unidos frente a la región.

Ramírez argumentó que Petro no había actuado con suficiente prontitud para enfrentar la criminalidad en regiones fronterizas, e indicó que la amenaza provenía de organizaciones transnacionales del crimen que ponen en peligro la estabilidad regional.

Respuesta de Petro que desencadenó la tutela

La fuerte crítica de la exfuncionaria, combinada con las tensiones políticas alrededor de la militarización, llevó al presidente a responder en X con una afirmación que vinculaba a Ramírez con grupos narcotraficantes y paramilitares: “No señora ex canciller, voy es a atacar a uno de sus socios comerciales: narcotraficante y paramilitar”

Ese comentario fue interpretado por Ramírez como una difamación, por lo que interpuso una tutela, alegando afectación a su honra y reputación.

El caso judicial concluyó que Petro debía retractarse públicamente en los mismos términos y alcance de su publicación original.

Sin embargo, el presidente no habría cumplido de forma íntegra con ese mandato en el primer intento, motivo por el cual el juzgado aceptó el incidente de desacato y reiteró la orden de rectificación, ahora ejecutada por Petro conforme a lo exigido por la justicia.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) convocó nuevamente al general (r) Mario Montoya Uribe para que rinda su versión sobre la Operación Orión, realizada en octubre de 2002 en la Comuna 13 de Medellín, Antioquia, como parte de la investigación centrada en los crímenes cometidos por la fuerza pública en asocio con grupos paramilitares o terceros civiles durante el conflicto armado.

Esta citación está ligada al Subcaso Antioquia del Caso 08, donde la búsqueda judicial en el sector conocido como La Escombrera permitió el hallazgo de estructuras óseas correspondientes a siete víctimas de desaparición forzada, la identificación de cinco y la entrega digna de los restos de cuatro personas a sus familias.

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La Sala de Reconocimiento de la JEP fijó la diligencia para el viernes 27 de febrero de 2026 a las 9 a. m. en Medellín, y se centrará en los hechos ocurridos entre 2001 y 2003, cuando se llevaron a cabo varias operaciones de la fuerza pública en la Comuna 13, incluida la Operación Orión, reveló El Tiempo. El general retirado Montoya Uribe ocupó la comandancia de la Cuarta Brigada del Ejército entre 2001 y 2006, periodo en que la institución fue señalada por su participación en estos operativos.

La investigación determinó que en ese lapso se cometieron crímenes atribuidos a miembros de unidades adscritas tanto a la Cuarta Brigada como a la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá (MEVAL), organismo dirigido entonces por el general (r) Gallego Castrillón entre 2000 y 2003. Este último también fue citado en diciembre de 2025 para rendir versión sobre el conocimiento de los crímenes cometidos en la zona.

Las víctimas: hallazgos forenses e identificación

En 2025, las labores de búsqueda coordinadas por la JEP en La Escombrera arrojaron resultados contundentes. Las autoridades recuperaron restos óseos de siete personas víctimas de desaparición forzada, lograron identificar a cinco de ellas y entregaron a sus familias los restos de cuatro víctimas.

El Caso 08, abierto el 30 de agosto de 2022, tiene por objetivo esclarecer los delitos promovidos por la fuerza pública, en muchos casos en cooperación con grupos paramilitares, durante el conflicto armado. Las pesquisas recientes aportaron claridad sobre la magnitud de las desapariciones forzadas ocurridas en la Comuna 13 en el contexto de la Operación Orión y otros operativos paralelos realizados en el mismo periodo.

Acusaciones y contexto judicial contra Mario Montoya Uribe

El papel del general (r) Montoya Uribe como comandante de la Cuarta Brigada del Ejército fue central en la planificación y ejecución del despliegue militar que intentó desalojar a los grupos guerrilleros de la zona. La JEP lo llamó a rendir versión sobre presuntos hechos de desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales atribuidas a la fuerza pública durante y tras la Operación Orión.

Organizaciones de personas afectadas por el conflicto señalaron a Montoya Uribe como uno de los principales responsables de violaciones de derechos humanos en la Comuna 13, especialmente por los casos de desapariciones que tendrían como destino final los terrenos de La Escombrera.

A la par, la JEP señaló que el general habría promovido una cultura donde el número de bajas se convirtió en el principal indicador de éxito militar, utilizando expresiones como “litros, ríos o barriles de sangre” para referirse a los resultados. De este modo, las unidades que más reportaban muertes recibían reconocimientos e incentivos, con ello reforzando el ciclo de criminalidad en el que las víctimas fueron civiles desarmados y personas protegidas por el Derecho Internacional Humanitario.

La investigación describe tres patrones principales de ejecución: la detención y asesinato de personas acusadas de pertenecer a grupos armados sin que existiera combate real; el engaño a civiles vulnerables, a quienes se ofrecían trabajos o traslados antes de matarlos; y la ejecución de personas ya capturadas, rendidas o fuera de combate, presentadas luego como bajas legítimas.

Estos hechos, según la indagación judicial, continúan siendo objeto de esclarecimiento y marcaron avances en la identificación y dignificación de las víctimas, así como en la reconstrucción de la verdad histórica en torno a la intervención de la fuerza pública y sus consecuencias en Medellín.

Juan Felipe Harman Ortíz, director nacional de la entidad, confirmó la formalización del proceso tras la recuperación judicial de las propiedades, que suman 479 hectáreas y se localizan en las veredas Jaraquiel y El Guineo, en el municipio de Montería.

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Estos lugares fueron epicentro del paramilitarismo durante las décadas más agudas de la violencia en Colombia y su recuperación ahora forma parte de un proceso judicial ante el Tribunal de Justicia y Paz.

De acuerdo con voceros oficiales de la ANT, la intervención respondió a una instrucción directa del presidente Gustavo Petro, que anunció que la medida se integra a una estrategia nacional para recuperar 50.000 hectáreas de ciénagas en Córdoba y fortalecer el ordenamiento territorial en torno al agua

La entrega, oficializada el 18 de febrero de 2026, ocurrió en medio de una de las emergencias más extensas registradas en la región por el desbordamiento del río Sinú, agravado por dos frentes fríos, cuyas inundaciones dejaron a más de 70.000 familias damnificadas en menos de tres semanas. Miles de hectáreas de cultivos y viviendas fueron arrasadas, y las autoridades departamentales declararon la calamidad pública en la capital y en otros municipios.

Harman Ortíz confirmó que el predio ‘Doble Cero’, de 370 hectáreas, y otro lote de 109 hectáreas, serán destinados a campesinos sin tierras y víctimas directas de la emergencia.

“Estamos en el predio Doble Cero, un predio que hoy la ANT recupera para que la tierra cambie de manos, vuelva a la comunidad rural y sea el instrumento de reparación para las víctimas de las inundaciones”, afirmó el titular de la entidad nacional.

Las familias serán trasladadas a suelos altos y productivos, con vocación agrícola, según estudios de la Agencia Nacional de Tierras que estiman una capacidad agrológica del 97%, para que puedan desarrollar proyectos de avicultura, piscicultura y cultivos de cacao, con el respaldo técnico del Ministerio de Agricultura y la Agencia de Desarrollo Rural (ADR).

La entrega de los predios

La toma de posesión de las tierras contó con el aval del Tribunal de Justicia y Paz y la entrega formal de alias Mono Leche, uno de los responsables logísticos de los antiguos propietarios, los fundadores de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Fidel y Vicente Castaño Gil.

Semanas atrás, el propio Felipe Harman denunció que, pese a que “las tierras que fueron entregadas al Estado por grupos armados en el proceso de paz, han estado ocupadas indebidamente por políticos y poderosos en las regiones”.

Sin embargo, en cuanto a los predios en cuestión, la cabeza de la ANT aseguró que la legalidad de los títulos está garantizada, de manera que la escrituración a favor de los beneficiarios será inmediata, bajo la figura de Reforma Agraria.

Desde la ANT confirmaron que el operativo de traslado contempla tres fases: selección y caracterización de familias damnificadas, adecuación y parcelación de los terrenos, y asentamiento definitivo con dotación de insumos y acceso a créditos agrícolas condonables.

Las primeras 150 familias serán asignadas en las próximas semanas, con prelación para quienes se encuentran en albergues temporales y no poseen otros predios. Entre los puntos destacados del esquema de entrega, el traspaso del lote ‘Doble Cero’ será a título de propiedad colectiva o individual, dependiendo de la organización comunitaria.

La entrega de la Hacienda Támesis

A través de redes sociales, Harman Ortíz compartió con los colombianos la entrega del otro bien rural a manos de campesinos afectados por la ola invernal.

Con un video, Harman Ortíz mostró la entrega de la propiedad “que fue de Carlos Castaño”, y que ahora será un “refugio y respaldo para familias campesinas que enfrentan la ola invernal”.

La entrega también estuvo alineada con el mandato del jefe de Estado, en articulación con la Unidad de Víctimas, “para proteger a las familias campesinas y garantizarles un lugar seguro”.

Aquí la tierra vuelve a estar al servicio de la producción agrícola campesina y del cuidado del agua.

El titular de la entidad confirmó que el Gobierno seguirá realizando recorridos en el departamento para fortalecer la atención a las víctimas de la crisis invernal.

Este acto fue liderado por el director territorial de la SAE en el Caribe, Jaime Avendaño, que estuvo acompañado por uniformados de la Policía Nacional, el Ejército Nacional, la Procuraduría General de la Nación y la álcaldía municipal, buscando garantizar el cumplimiento de la ley y el respeto por los derechos de los ocupantes.

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El predio, con una extensión superior a los 1.000 metros cuadrados, se encontraba ocupado por la esposa y otros familiares del exmandatario; este fue recuperado en desarrollo de las acciones de administración y protección de los bienes que hacen parte del patrimonio del Estado.

Cabe recordar que el exgobernador fue condenado por los delitos de homicidio y concierto para delinquir, tras comprobarse su responsabilidad en el asesinato de la exalcaldesa de Barrancas, Yandra Brito, así como sus vínculos con estructuras armadas ilegales que operaron en el departamento de La Guajira. “Kiko” Gómez actualmente cumple una condena en una cárcel del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

En el informe difundido por la SAE se confirmó que la diligencia se desarrolló de manera ordenada y conforme a los protocolos legales vigentes. Una vez recuperado, el inmueble quedó bajo custodia de la Policía Nacional mientras se define su destinación final, de acuerdo con los procedimientos establecidos para los bienes sometidos a extinción de dominio.

“Con esta acción, la Sociedad de Activos Especiales reafirma su compromiso de proteger los bienes vinculados a economías ilícitas, garantizar su adecuada administración y avanzar en su transformación en activos al servicio del interés público y la legalidad en los territorios”, se lee en el comunicado oficial.

¿Quién es Francisco ‘Kiko’ Gómez?

Juan Francisco Gómez Cerchar, conocido como “Kiko” Gómez, nació en 1958 en Barrancas, La Guajira. Proviene de una familia tradicional con influencia política y económica en la región. Inició su carrera pública como concejal y luego fue alcalde de Barrancas en dos periodos. En 2011 resultó elegido gobernador del departamento tras ser el candidato del partido Cambio Radical.

Durante su gestión, Gómez fue señalado por sus presuntos vínculos con estructuras del narcotráfico y el paramilitarismo, en especial con Marcos “Marquitos” Figueroa, figura clave del crimen organizado en la región. Las autoridades lo relacionaron con el tráfico de drogas, contrabando y el uso de la violencia para consolidar poder político y territorial.

La Fiscalía General de la Nación capturó a Gómez en octubre de 2013, cuando aún ejercía la gobernación. La detención se realizó tras una serie de investigaciones que lo vinculaban como determinador de múltiples homicidios, incluyendo el de la exalcaldesa de Barrancas, Yandra Brito, su esposo Henry Ustariz y el escolta Wilfrido Fonseca. También fue procesado por los asesinatos de líderes políticos y sociales, y por concierto para delinquir con grupos armados ilegales y paramilitares.

En 2017, la justicia lo condenó a 55 años de prisión. Cabe recordar que en su momento a “Kiko” Gómez se le atribuyeron medidas de aseguramiento por nueve homicidios y se le investigó por su presunta participación intelectual en más de un centenar de asesinatos cometidos en la región del Caribe.

Además de las condenas penales, la Procuraduría lo inhabilitó por 17 años para ejercer cargos públicos debido a irregularidades administrativas. La JEP ha evaluado su caso por los vínculos con grupos ilegales durante su periodo como alcalde y gobernador, pero hasta el momento no se le ha vinculado de alguna forma para que declare.

El magistrado César Reyes, que dirige las pesquisas contra el líder politico del Centro Democrático, contempla la citación de 31 testigos

La Corte Suprema de Justicia inició labores para determinar la culpabilidad del expresidente Álvaro Uribe Velez en medio del proceso que se adelanta en su contra por presuntas irregularidades en la campaña al Senado de la República en 2018.

El magistrado César Reyes, que dirige las pesquisas contra el líder político del Centro Democrático, contempla la citación de 31 testigos, incluidos exjefes paramilitares y narcopilotos, para esclarecer un aporte de $20.000.000.

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El alto funcionario elaboró una resolución el 16 de enero de 2026 que exige la comparecencia de una amplia lista de testigos con vínculos dispares con la causa, según documentos a los que accedió Semana. Entre los llamados destacan Salvatore Mancuso, exjefe paramilitar nombrado gestor de paz por el gobierno de Gustavo Petro, y Diego Fernando Murillo, mejor conocido como alias Don Berna, antes cabecilla del bloque Nutibara.

El listado incluye a Freddy Rendón Herrera, alias el Alemán y Raúl Emilio Hasbún, jefe financiero de las Autodefensas Unidas de Colombia en Urabá, condenado en Estados Unidos por falsedades en declaraciones judiciales.

Uno de los objetivos del máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria es establecer el vinculo del exgobernador de Antioquia con la antigua Llanera de Aviación, hoy Navir Air, que prestó un vuelo en febrero de 2018 a Uribe Vélez durante la campaña. Para ello, es fundamental la versión del piloto Samuel David Niño, que fue mencionado en investigaciones relacionadas con el narcotráfico.

Dentro del comando judicial figuran personas ajenas al vuelo investigado, como María Patricia Rodríguez, extraditada a Estados Unidos en 2010 y pareja de Francisco Cifuentes Villa, histórico cabecilla del narcotráfico colombiano. Otro de los citados es Carlos Eduardo Restrepo o alias Caco, que cumple una condena de 11 años en tierras estadounidenses por su participación en el transporte de casi una tonelada de cocaína, además de mantener contactos con la campaña del Pacto Histórico y el equipo presidencial de Gustavo Petro.

El proceso se suma a una trayectoria de conflictividad entre Álvaro Uribe Vélez y el magistrado César Reyes. Este último fue quien, en agosto de 2020, impulsó la orden de captura contra el líder político por fraude procesal y soborno a testigos. Después de la renuncia de Uribe Vélez al Senado, el caso pasó a la jurisdicción ordinaria y el Tribunal Superior de Bogotá dictó su inocencia en segunda instancia. Ahora, la Corte Suprema de Justicia vuelve a tener el expediente en sus manos para decidir si procede una casación.

Cabe recordar que Reyes llegó al órgano superior del Poder Judicial con apoyo del gobierno de Juan Manuel Santos, en plena tensión con Uribe Vélez. El magistrado, en ese entonces, mantenía un contrato superior a $575.000.000 con entidades creadas por el Fondo de Programas Especiales para la Paz, para tareas de acopio y análisis de datos sobre detenidos y condiciones carcelarias.

Sobre la investigación que lidera el magistrado, Jaime Granados, abogado principal del expresidente, declaró que es una prueba más de la persecución de cierto sector politico contra su cliente. “Se trata de una nueva investigación basada en anónimos para mantener el asedio y persecución a Álvaro Uribe por parte del magistrado César Reyes”, dijo al medio citado.

Granados precisó la inexistencia de antecedentes judiciales en 2018 contra Samuel Niño y sostuvo: “No se puede exigir a una campaña que tenga capacidades de inteligencia superiores a las del Estado para detectar presuntos criminales”. El jurista anticipa que recusará al magistrado Reyes por, según sus palabras, “haber perdido la objetividad necesaria para juzgar cualquier causa relacionada con la familia Uribe”.

A criterio de la defensa del exmandatario, la insistencia del magistrado Reyes en abrir procesos constituye una reacción política frente a la declaración de inocencia del Tribunal Superior de Bogotá en el caso de fraude procesal.

El 28 de enero la Fiscalía General de la Nación abrió una investigación formal contra el exciclista colombiano Luis “Lucho” Herrera por su presunta implicación en la desaparición forzada de cuatro campesinos en Fusagasugá, Cundinamarca.

Cabe recordar que en el municipio mencionado, testigos y familiares de los desaparecidos señalaron posibles vínculos de Herrera con figuras relevantes del paramilitarismo en Colombia.

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El proceso comenzó luego de que excombatientes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) mencionaron a Herrera en su colaboración con la justicia. Los procesados que han nombrado al exciclista son conocidos bajo los alias de Ojitos y Menudencia.

Las autoridades iniciaron las pesquisas tras recibir denuncias de allegados a las víctimas, que reportaron la desaparición en circunstancias que aún no se han esclarecido del todo. Herrera, reconocido por su trayectoria en el ciclismo nacional e internacional, fue citado por la fiscalía para rendir versión libre y aclarar su posible relación con el caso.

Cabe recordar que el proceso se encuentra en etapa preliminar, lo que implica la recolección de testimonios, análisis de pruebas y verificación de la información aportada por los denunciantes. La Fiscalía General de la Nación ha reiterado el compromiso de avanzar con total imparcialidad y transparencia, garantizando el respeto por el debido proceso y los derechos fundamentales tanto de las víctimas como del investigado.

Precisamente, ese fue uno de los temas que mencionó el abogado de Herrera en diálogo con Blu Radio, que aseguró que fueron ellos los que pidieron que se haga la diligencia judicial para que se conozca la verdad.

“Debo advertir de primeras que fuimos nosotros, la defensa de Luis Herrera, la que solicitó la indagatoria. La razón por la cual se solicitó que se oyera es porque la indagatoria es un mecanismo de defensa”, afirmó Hernando Benavides, que optó por no exponer detalles que conoce de la investigación.

Para el jurista, la explicación de los señalamientos contra su cliente son los acuerdos y beneficios que han sido aprobados y otorgados para los exparamilitares mencionados, resaltando que ninguno de ellos ha asegurado haber sido testigo directo del hecho.

“Hay declaraciones de personas que obtuvieron rebajas de veinte años por hacer confesiones y que, de acuerdo con la versión que ellos mismos dieron ante el juzgado que ordenó compulsar las copias, ni siquiera estaban en Fusagasugá”.

“No nos alarma la postura de la fiscalía, porque es un mecanismo; hasta ahora inicia el proceso contra el señor Lucho Herrera”, reafirmó el abogado del exdeportista, que cuestionó las versiones que han abierto puertas a escenarios judiciales que no se han llevado a cabo.

Debido a que Herrera y su familia han recibido insultos en sitios públicos desde que se conocieron los señalamientos de “Ojitos” y “Menudencias”, el abogado reiteró que se debe respetar la presunción de inocencia.

“Hacen afirmaciones, que está a la puerta de la cárcel, sin tener en cuenta que él tiene derecho al debido proceso y a la presunción de inocencia. Es víctima y no victimario del acontecer en el Sumapaz, y más concretamente en Fusagasugá”.

Por último, Benavides anticipó que demostrarán que Luis Herrera fue víctima de extorsiones, y que rechazar hacer los abonos reclamados habría sido el motivo por el que se le vinculó con la desaparición de cuatro personas en Cundinamarca.

“Antes de que se hiciera la investigación, a él lo requirieron para extorsionarlo, exigiéndole sumas de dinero bajo amenazas contra su vida y sus bienes”, puntualizó el abogado, que confirmó que su cliente no realizará ningún pronunciamiento al respecto en el corto plazo.

Este predio, de 1.143 hectáreas, estuvo asociado durante décadas al auge del paramilitarismo y el narcotráfico, sirviendo como centro de operaciones para el Bloque Elmer Cárdenas de las Autodefensas Unidas de Colombia, bajo el mando de Freddy Rendón Herrera, conocido como “el Alemán”.

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La recuperación del predio se realizó luego de que la fiscalía lo incautara en 2023 por sus vínculos con actividades ilícitas. La propiedad estaba en manos de una empresa privada que no cumplió con los pagos al Estado mientras la ocupaba, situación que motivó la transferencia a tres asociaciones campesinas.

Las nuevas organizaciones beneficiarias se comprometieron a impulsar la producción agrícola y trabajar por la soberanía alimentaria. El acto de entrega contó con acompañamiento de la Fuerza Pública y representa un paso en los procesos de reparación integral y recuperación del tejido social en la región.

Este predio volvió a ser noticia debido a que, tras la entrega, se registró la invasión del lugar por parte de terceros, que, de acuerdo con el director de la Agencia Nacional de Tierras, habrían sido incitados por el exalcalde del municipio de Necoclí Adalberto Baena.

“Por sabotear la recuperación de la Hacienda Virgen del Cobre, en Necoclí, Antioquia, denunciaré ante la fiscalía al exalcalde Adalberto Baena Oyola. A sus habitantes, no coman cuento de los mismos que convivieron con las estructuras que se apoderaban de esa tierra. La Virgen del Cobre es y será tierra para el campesinado de Necoclí”, expuso Harman Ortiz en su cuenta de X.

Mediante un video, el director de la ANT pidió no creer en los rumores difundidos presuntamente por Adalberto Baena sobre la entrega del inmueble a terceros que no son víctimas del conflicto armado.

“No se dejen engañar, están diciendo que estamos metiendo gente de otros lados, pero hasta ahora estamos recuperando el predio. Intervenir en estos momentos es ensuciar las diligencias. Hay un alcalde destituido, promoviendo la invasión del predio. Caer en esa trampa es condenar a que no retornen a las víctimas y los campesinos”.

Por último, Harman Ortiz señaló al exmandatario municipal de ser testigo de una ocupación indebida durante varios años, mientras que ha tomado la decisión de pronunciarse y protestar cuando el Estado va a entregar la hacienda a víctimas del conflicto interno.

“Entendemos que la gente quiere resolver sus necesidades, pero también se debe respetar la destinación del predio por la reforma agraria… Duraron conviviendo con la ocupación por tantos años, pero ahora se amangualan con sectores políticos para invadir el predio; así no funciona la reforma agraria”.

Gustavo Petro se involucró en la polémica

A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro también se sumó a la polémica, al asegurar que el exalcalde municipal estaba saboteando la entrega con ayuda del Clan del Golfo.

“El Clan del Golfo en Urabá está saboteando con el alcalde la entrega en Necoclí de la finca de alias ”el Alemán”, en donde se reunía con el general Rito Alejo del Río para cuadrar la matanza del pueblo urabeño”.

En su mensaje, el mandatario indicó que durante varios meses el Clan del Golfo ha asegurado tener intenciones de hacer la paz, pero este tipo de comportamientos demuestran lo contrario.

“Esa finca está extinguida en su propiedad. El saboteó del alcalde aliado a un grupo ilegal es inadmisible y la policía tiene orden de hacer valer la acción del Gobierno nacional en favor del campesinado. El Clan del Golfo dijo que en esa región empezaría un proceso de paz. La paz es devolver la tierra al campesinado y erradicar todos los cultivos de hoja de coca del Chocó”.

Un jurado federal en Estados Unidos exoneró a Drummond Company de las acusaciones relativas a presuntos nexos con paramilitares en Colombia, y condenó a los responsables de la campaña judicial en su contra al pago de una suma extraordinaria de 256 millones de dólares por conceptos de difamación y extorsión.

La decisión fue emitida el 15 de enero por un jurado del Distrito Norte de Alabama (EE. UU.), la cual no solo absuelve a la multinacional carbonífera estadounidense, sino que establece la inexistencia de cualquier relación con grupos armados ilegales, reforzando su posición legal tras una serie de demandas que han marcado más de dos décadas de operaciones en el país sudamericano, según reveló el portal digital Notas de Actualidad.

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La decisión judicial asignó a Drummond tres partidas de indemnización: 52 millones de dólares por daño moral derivado de la difamación, 68 millones de dólares por el delito de extorsión bajo la Ley RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act.) y una suma total triplicada automáticamente hasta alcanzar los 256 millones de dólares, de acuerdo con las disposiciones de la citada normativa, revelada por el medio citado.

La evidencia presentada ante el tribunal demostró que el abogado Terrence P. Collingsworth y su organización International Rights Advocates (IRAdvocates), denunciantes contra la multinacional, habrían confeccionado varias denuncias deliberadamente falsas, con el objetivo de perjudicar la reputación y los intereses comerciales de Drummond.

Según la investigación, Collingsworth, junto con el abogado colombiano Iván Alfredo Otero Mendoza y el empresario neerlandés Albert van Bilderbeek, fueron catalogados como autores de una estrategia fundamentada en pagos ilícitos que superaron los 400.000 dólares.

Dichos fondos fueron entregados a testigos como Jaime Blanco Maya y Jairo de Jesús Charris —conocido por el alias El Viejo Miguel— con la finalidad de obtener declaraciones falsas sobre la supuesta relación de la empresa con organizaciones armadas al margen de la ley.

No obstante, el jurado concluyó que tanto Collingsworth como sus colaboradores eran conscientes, o actuaron con imprudente desprecio por la verdad, de que las imputaciones carecían de fundamento, al presentarlas en comunicaciones dirigidas a terceros y en campañas mediáticas difundidas en Estados Unidos, Colombia y Europa.

“Este veredicto es una prueba más de que Drummond no tiene ni ha tenido vínculo alguno con organizaciones al margen de la ley. La compañía lleva décadas soportando señalamientos maliciosos y narrativas falsas, que un jurado ahora determinó por unanimidad que eran categóricamente falsas”, abogado defensor de la multinacional minera, bajo la firma Starnes Davis Florie.

Disputa entre Drummond y Gobierno Petro

Por este caso, también hubo una confrontación entre Drummond Company y el Gobierno colombiano, específicamente el ministro de Trabajo Antonio Sanguino, sobre el papel de las empresas multinacionales y su relación con el conflicto armado en el país sudamericano.

“La Drummond no solo financió paramilitares en Colombia: ahora pretende desafiar la soberanía y ponerse por encima de nuestra justicia. Sus dólares manchados de sangre no acallarán la verdad”, indicó en su momento el jefe de cartera en declaraciones a Semana.

Además, Sanguino amplió sus críticas al modelo económico de la compañía y su rol en la minería. “Este es el verdadero rostro del capitalismo salvaje y depredador: una empresa que se cree dueña de vidas, territorios y de las y los trabajadores colombianos”, añadió.

Al respecto, la multinacional respondió de inmediato con un comunicado en el que rechazó de manera categórica los señalamientos del funcionario colombiano.

Según la empresa, “jamás ha hecho ningún tipo de acuerdo con organizaciones al margen de la ley, y así lo demuestran los fallos a la fecha”.

Además, se dirigió directamente al funcionario. “Ministro, no se deje engañar por noticias manipuladas por un cartel de falsos testigos”, insistiendo en que ninguna de las acusaciones previas ha prosperado en tribunales nacionales ni estadounidenses y que, hasta la fecha, las decisiones judiciales respaldan su posición.

Frente al impacto reputacional y legal de estos señalamientos, la empresa ha subrayado reiteradamente su cumplimiento con las legislaciones de Colombia y Estados Unidos, así como su aporte a la generación de empleo, regalías e inversión social.

Drummond Ltd. Colombia, filial de la compañía estadounidense con sede en Birmingham, Alabama, figura entre los principales productores de carbón del país y durante varios años ha sido protagonista de debates judiciales y políticos. Las denuncias de presuntos nexos con grupos armados y cuestionamientos al modelo de explotación de recursos naturales que implementa han estado presentes recurrentemente en la agenda pública.

Mediante un video, el funcionario confirmó que el predio pasó a manos de campesinos y víctimas del conflicto armado tras la entrega oficial de 1.143 hectáreas por parte de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), como parte de un convenio con la Unidad para las Víctimas, que permitió la transferencia del predio a tres asociaciones campesinas que buscan impulsar la producción agrícola en la región.

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La historia de la Virgen del Cobre estuvo marcada por disputas sobre la propiedad y el uso de la tierra, estando en poder de una empresa privada a pesar de que había sido intervenida por la fiscalía en 2023.

El predio fue incautado como resultado de investigaciones por vínculos con actividades paramilitares y narcotráfico. La ANT detalló que la empresa ocupante no realizó pagos al Estado durante el tiempo que utilizó el terreno, lo que motivó la recuperación y posterior redistribución a las asociaciones campesinas.

En un comunicado publicado por la ANT, Alicia Ramos Pacheco, integrante de la Asociación Tierra y Vida, que figura entre los nuevos beneficiarios, relató su experiencia como sobreviviente del conflicto y recordó que ha perdido a 53 familiares.

“Soñábamos con tener un pedazo de tierra. No me cabe la alegría en el pecho, sentirme orgullosa de que me entregaron una hacienda que era intocable”.

Sobre el predio entregado, las autoridades han mencionado que fue clave para el Bloque Elmer Cárdenas de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que estuvo bajo el mando de Freddy Rendón Herrera, conocido como “el Alemán”.

La finca habría sido escenario de reuniones entre paramilitares, empresarios y políticos, donde se planeó la consolidación del bloque Bananero en la región. La Comisión de la Verdad incluyó a la hacienda en su capítulo sobre el surgimiento y la financiación de las autodefensas en el norte de Urabá, atribuyendo a la finca un papel en la expansión armada y el dominio territorial.

El antiguo propietario, Antonio Ocampo Obando, un ganadero asesinado en 2017, figura en el organigrama elaborado por la Comisión de la Verdad como presunto financiador del paramilitarismo.

Durante los años ochenta y noventa, la hacienda de la Virgen del Cobre fue utilizada como centro de operaciones para la organización de masacres y estrategias de control territorial, con la participación de figuras como “Pelusa”, “Don Mario”, “Otoniel” y el exgeneral Rito Alejo del Río.

De acuerdo con el director de la ANT, la entrega del predio marca un cambio en las emociones de los beneficiarios. Harman mencionó que la entrega representa una oportunidad para que la finca se convierta en un referente nacional de producción agrícola. “Ya no se ven lágrimas en los ojos de los campesinos por dolor, sino por alegría”.

Las asociaciones Asodisban y Acamcopaz, que resultaron favorecidas, se comprometieron a trabajar por la soberanía alimentaria en el país. El acuerdo contempla la recuperación de más de 1.100 hectáreas que permanecían ocupadas de manera irregular, con el objetivo de que la tierra se utilice ahora en beneficio de quienes fueron víctimas del conflicto.

La Agencia Nacional de Tierras destacó que la entrega de la hacienda se realizó con acompañamiento de la Fuerza Pública, en un acto que representa la culminación de un proceso de reparación integral. El predio, antes vinculado a redes de violencia y despojo, queda bajo la administración de asociaciones campesinas enfocadas en la producción agrícola y la reconstrucción de sus proyectos de vida.

En su intervención, Petro agradeció la presencia de la ciudadanía, que acudió al llamado oficial bajo el argumento de la “defensa de la soberanía” y en rechazo a las amenazas públicas provenientes de la Casa Blanca. Además, el mandatario cuestionó las acusaciones que lo vinculan con carteles de la droga y el narcotráfico.

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En su discurso, el jefe de Estado recordó que fue él, uno de los políticos que denunció ante el Congreso de Colombia los nexos entre políticos y paramilitares, denuncias que derivaron en persecución política y en el exilio de su familia a Canadá.

Afirmó que por sus denuncias y su trayectoria política ha sido objeto de al menos cuatro atentados y aludió directamente a las actividades de las cooperativas de vigilancia “convivir” en Antioquia, señalando que estaban destinadas a vigilar a las poblaciones pobres.

“El mismo que fundó, creo y fortaleció las Convivir, cooperativas de vigilancia, no de seguridad (...) ¿A quién vigilaban? A los pobres, en Antioquia, y por eso ustedes tienen la certeza, segunda instancia, condena del hermano del expresidente que yo denuncié en el 2007 (...) Hoy ya no es un debate de Petro, entonces, ¿por qué no lo cogen?”, señaló.

El mandatario relacionó este hecho con la condena en segunda instancia contra Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente, puntualizando que él mismo denunció estos hechos en 2007 y que hoy “es una verdad judicial”.

Petro comparó la situación de Uribe Vélez, que permanece en libertad por el mecanismo de la doble conformidad —un derecho fundamental que permite la revisión de toda condena antes de que quede en firme—, con el caso de sus exministros.

El presidente sostuvo que ni Bonilla ni Velasco han sido acusados de apropiarse de recursos, pero que permanecen privados de la libertad por decisiones judiciales que, según él, violarían el debido proceso.

“Una magistrada coge dos, un profesor en economía y por nada, en realidad por nada, no lo acusan por robarse un peso, ni a Velasco, pero sí aprovecharon la Navidad para dañarle la Navidad, porque no tenía juez, que no fuera su acusadora, que era el juez de garantías, y que violó la ley, porque un juez de garantías no puede sobrepasar lo que piden la Fiscalía, la Procuraduría, y ninguno de ellos pidió cárcel, y están en la cárcel”, afirmó Petro durante su intervención.

El mandatario también señaló que Santiago Uribe Vélez fue condenado en segunda instancia a 28 años y tres meses de prisión por homicidio agravado y concierto para delinquir, y sostuvo que “tiene 700 asesinatos relacionados con su grupo, del grupo de limpieza, que denuncié en 2007, y él denunció a mi familia con los paramilitares (...) acabó con mi familia sanguínea”.

Petro cuestionó la diferencia de trato judicial entre su entorno y el de Uribe, afirmando: “Hoy por qué no está preso, y si están presos los que no se han robado un peso, solo por ser mis ministros”.

Tras las declaraciones del presidente, voceros de la oposición respondieron que “Petro miente y nuevamente interfiere en la justicia”.

En el comunicado, se acusó al mandatario de injuriar y calumniar a la familia de uno de los líderes opositores, comparando su proceder con el del chavismo.

“Santiago Uribe Vélez goza plenamente de la presunción de inocencia, garantía constitucional y con amparo del Derecho Internacional. Fue absuelto en primera instancia y la decisión de segunda no está en firme: será impugnada ante la Corte Suprema de Justicia. No hay cosa juzgada ni fallo definitivo”, indicó el comunicado.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó por primera vez de manera conjunta a 34 militares, exguerrilleros y civiles en un caso que revela la magnitud de los crímenes cometidos durante el conflicto armado en las regiones de Urabá, Bajo Atrato y Darién entre 1986 y 2002.

La decisión surgió tras la investigación de las operaciones Génesis y Cacarica, ejecutadas en coordinación entre fuerzas del Ejército Nacional, grupos paramilitares y exintegrantes del Fondo Ganadero de Córdoba, dejando al menos 54.672 víctimas, según la JEP.

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El proceso, documentado en más de 1.500 páginas por la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP, describió patrones de violencia sistemática que incluyeron homicidios, desapariciones forzadas, desplazamientos, violencia de género y despojo de tierras, impactando no solo a personas, también a 132 sujetos colectivos como comunidades indígenas embera, guna dule, wounaan, zenú y comunidades afrocolombianas, según la Sala de Reconocimiento.

En ese sentido, la JEP determinó la existencia de dos patrones macrocriminales: uno relacionado con asesinatos y desapariciones cometidos por las Farc, militares y paramilitares, y otro vinculado a desplazamientos forzados, muertes violentas y despojo territorial promovido por la alianza entre el Ejército, paramilitares y empresarios ganaderos.

Entre las masacres señaladas se encuentran la de Honduras y La Negra (17 víctimas) y Punta Coquitos (27 víctimas) en 1988.

Uno de los principales implicados es Alejandro Navas Ramos, que fungió como comandante de las Fuerzas Militares entre 2011 y 2013 y ahora está imputado por su rol como coronel y comandante del Batallón de Infantería No. 31 Voltígeros (Bivol) entre 1996 y 1997.

De acuerdo con la JEP, Navas Ramos está vinculado tanto a la planeación como a la ejecución de la operación Génesis y mantuvo una relación previa y sostenida de connivencia con grupos paramilitares, lo que, según la resolución, contribuyó al riesgo de la población civil.

La JEP sostuvo que Navas Ramos tenía la responsabilidad de prevenir los crímenes cometidos por sus subordinados y que, en vez de ello, facilitó el desarrollo de operaciones conjuntas con los paramilitares.

Testigos clave como Hebert Veloza (HH), exintegrante del Frente Turbo de las Autodefensas Unidas de Colombia, y Héctor Gutiérrez Vélez, mayor retirado y también imputado, indicaron que existían reuniones de coordinación con oficiales como Navas y otros altos mandos del Ejército para la planeación de las acciones armadas.

La investigación apunta que al interior de la Brigada 17 existía una colaboración sistemática entre militares y estructuras paramilitares, lo que facilitó el “proyecto de pacificación violenta” en la región de Urabá.

Según los testimonios, en la operación Génesis participaron simultáneamente Fuerzas Militares y paramilitares, estableciendo una división de tareas para expulsar y aterrorizar a la población.

La JEP identificó a Navas como uno de los comandantes militares involucrados en la planeación de ambas operaciones, señalando que puso su conocimiento militar al servicio de estos planes y que, tras los hechos ocurridos, fue promovido en la jerarquía castrense. Declaraciones como la de César Arce Graciano, exparamilitar, y otros testigos detallaron la coordinación logística y la división de roles entre los participantes de ambas operaciones.

De acuerdo con la JEP, la participación de Navas Ramos y otros oficiales fue fundamental para la ejecución y el encubrimiento de los crímenes contra la población civil. El tribunal especial reprochó al oficial no haber ejercido su deber constitucional de protección, en tanto, indican, tenía “plena conciencia de la alianza criminal y de los ataques que los paramilitares estaban ejecutando”, y aun así permitió la continuidad de los operativos.

Navas Ramos es oriundo de Montería y cuenta con más de 38 años de servicio en las Fuerzas Militares. Ingresó a la Escuela Militar de Cadetes en 1972 y alcanzó el grado de subteniente en 1976. Ocupó cargos como jefe de operaciones del Comando General, comandante de la Fuerza de Tarea Omega y director del Centro Nacional de Entrenamiento; paradójicamente, cuenta con formación en derechos humanos y planeación estratégica, así como con más de 50 condecoraciones a su trayectoria.

El debate político en Colombia que se vive en la actualidad por la amplia diferencia entre sectores, se sumó una nueva voz crítica con las palabras de la representante a la Cámara por Bogotá Cathy Juvinao, que expresó a través de su cuenta de X una dura evaluación sobre los dos principales movimientos que han marcado la historia reciente del país.

En su Publicación, Juvinao no perdió oportunidad para cuestionar al Gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez y a la actual administración al mando de Gustavo Petro, y sus prácticas y nexos con los grupos armados al margen de la ley, que los han puesto en varias oportunidades en el ojo de la opinión pública.

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Afirmó: “El uribismo le entregó el país a los paras y el petrismo le entregó el país a las disidencias. Están a mano. Creo que ya podemos decir NEXT y entender que Colombia merece un futuro por fuera de estos dos proyectos políticos sostenidos en corrupción, odio, división y violencia”.

La declaración de Cathy Juvinao se inscribe en un contexto de polarización, donde el uribismo y el petrismo representan polos opuestos en el espectro político colombiano.

Al señalar que ambos sectores han facilitado la influencia de actores armados ilegales —los paramilitares en el caso del uribismo y las disidencias en el del petrismo—, la congresista plantea una equivalencia en la responsabilidad de ambos proyectos en la perpetuación de la violencia y la corrupción.

El llamado de Juvinao a dejar atrás estas dos corrientes políticas y buscar alternativas para el futuro de Colombia resalta la necesidad de superar la división y el enfrentamiento que, según su visión, han caracterizado la vida pública nacional.

Su mensaje, difundido a través de una red social, se suma a las voces que demandan una renovación en el liderazgo y en las propuestas que guían el rumbo del país.

Petro se defendió de críticas de Cathy Juvinao por bombardeo a disidencias de ‘Iván Mordisco’

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, defendió la reciente ofensiva militar en Guaviare tras las críticas de la congresista Cathy Juvinao, quien lo acusó de justificar crímenes de guerra y de ser responsable del fortalecimiento de las disidencias de las Farc lideradas por Iván Mordisco.

En su respuesta, Petro atribuyó el crecimiento de estos grupos armados al gobierno anterior de Iván Duque, señalando que “Iván Mordisco y sus grupos se fortalecieron en el gobierno de Duque, aprovechando el proceso de hacer trizas la paz”.

El mandatario destacó que bajo su administración se lograron avances en seguridad, como la Operación Perseo, que permitió recuperar el control estatal en El Plateado, Cauca, zona que permaneció años bajo dominio guerrillero.

El jefe de Estado explicó que la decisión de bombardear se tomó ante la inminente amenaza de 150 hombres armados que avanzaban por la selva hacia un pelotón de 20 soldados. “Perderíamos 20 jóvenes al servicio del Estado y la sociedad. Decisión riesgosa, bombardear antes que lleguen a su objetivo. Eso hice”, afirmó Petro en su cuenta de X.

El presidente defendió la coherencia de su política de paz, asegurando que la acción militar no contradice su apuesta por la transformación del territorio. “Mi política de paz ha estado acompañada de acción militar cuando toca”, escribió.

Además, resaltó los resultados de las operaciones recientes: “Quienes no quieren la paz han recibido neutralización de sus combatientes por decenas, decenas de fusiles recuperados, incautaciones por miles de toneladas de cocaína. La mayor en la historia del mundo”.

Por su parte, Juvinao sostuvo que, desde 2022, las disidencias de “Iván Mordisco” se fortalecieron en un 75 % gracias a la política de “Paz Total” del actual gobierno. “¿Usted crea el problema y luego nos dice que tiene que bombardear niños? Inaudito: Petro ahora justifica crímenes de guerra”, expresó la representante en X.

El presidente Gustavo Petro se refirió a la condena proferida en una decisión de segunda instancia contra el ganadero Santiago Uribe, hermano del expresidente Álvaro Uribe. El procesado fue sentenciado a más de 28 años de prisión por su presunta participación en la conformación del grupo paramilitar Los 12 Apóstoles; fue hallado responsable de los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado.

El primer mandatario compartió un informe periodístico de Noticias Uno correspondiente a varios años atrás, en el que se presentan declaraciones de un testigo que señaló a Uribe de haber tenido vínculos con el paramilitarismo en Antioquia.

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“Estos son los testimonios que reposan en la fiscalía desde hace décadas y que demuestran el claro camino al paramilitarismo de Santiago Uribe Vélez”, escribió el jefe de Estado en su cuenta de X.

El testimonio presentado por el informativo corresponde a Eunicio Pineda, un campesino que declaró ante la Fiscalía 16 de Derechos Humanos de Santiago de Chile en contra del Santiago Uribe. Según indicó, en algún momento vio al hoy condenado portando armamento, presuntamente perteneciente a Los 12 Apóstoles, grupo paramilitar que operó en Yarumal, Antioquia.

“Yo con mis ojos vi. Llevaba armas y llevaba radios. Santiago Uribe, con mis ojos”, detalló el testigo ante la Fiscalía.

Según contó, esto pudo constatarlo porque trabajó en la finca La Carolina, propiedad de Santiago Uribe. Fue contratado en 1993 por Álvaro Vásquez, que era cercano a Uribe; le indicó que debía ir todos los días a la finca a “dar vuelta a un ganado”. Así lo hizo, y, mientras trabajaba, notó la presencia de presuntos paramilitares en la propiedad.

“Gente armada, gente ahí donde yo trabajaba. Ya llegaba yo por la mañana y me levantaba y ahí los veía. El que los mandaba, que se llamaba Rodrigo, llegaba y les decía: ‘Ah, vea, por la noche se van y pintan las paredes de las casas, diciendo ‘AUC’ (Autodefensas Unidas de Colombia)’”, expuso el testigo.

Aunado a ello, aseguró que los paramilitares de Los 12 Apóstoles también se reunían en la finca de su patrón, Álvaro Vásquez, en una marranera que tenía en el lugar y con las puertas cerradas: “Estaba Rodrigo, que manejaba la tropa, la gente de esos, los armados, Santiago Uribe y Álvaro Vásquez”, detalló.

En algún momento, según relató, le indicaron que debía unirse al grupo paramilitar e intentaron entregarle un arma, pero él se negó diciendo que no era capaz de “matar a nadie”. Entonces, presuntamente, fue amenazado por los presentes, que le aseguraron que su negativa sería considerada como una traición.

“En la marranera dijeron que a mí me tenían que matar, que porque yo sabía mucho. Dijo Álvaro Vásquez, Santiago Uribe, el Rodrigo ese y otros que había ahí”, aseveró.

Problemas de salud mental del testigo

Dijo que decidió presentar su denuncia ante la Fiscalía tras enterarse de que el mayor (r) de la Policía Juan Carlos Meneses (testigo clave en el caso), que fue comandante del Distrito de Policía de Yarumal entre 1992 y 1994, había testificado en contra de Santiago Uribe. Sin embargo, su testimonio fue puesto en duda por la defensa del procesado, debido a problemas de salud mental que fueron corroborados por el Instituto Nacional de Medicina Legal, que determinó que padece de “estrés postraumático con síntomas psicóticos” y “esquizofrenia”, teniendo en cuenta que fue torturado por paramilitares tras haber hecho su denuncia.

De acuerdo con Vorágine, el juez Jaime Herrera Niño (que absolvió a Santiago Uribe en un fallo de primera instancia) no creyó en las declaraciones del testigo, pero no por sus problemas de salud mental; aseguró que había contradicciones en su testimonio, relacionadas con lugares y fechas de los hechos.

En su momento, el abogado Jaime Granados, que representa los intereses de Uribe, aseguró que lograría que se desestimara el testimonio de Pineda. “Estamos controvirtiendo su declaración, como lo hicimos con Meneses. Y la prueba es que hoy, para la Fiscalía, ya Meneses es un falso testigo. Eso mismo va a pasar con el señor Pineda”, señaló el abogado en el informe de Canal Uno.

En un proceso que lleva varios años abierto, el 25 de noviembre el Tribunal Superior de Antioquia revocó la absolución de Santiago Uribe Vélez, hermano del presidente Álvaro Uribe Vélez, por el caso de “Los 12 Apóstoles”, por el que fue condenado a 28 años y cuatro meses de prisión.

Este castigo se debe a que el tribunal encontró culpable a Uribe Vélez de los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir y concurso de delitos de lesa humanidad.

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Este fallo anula el de primera instancia que se registró el 13 de noviembre de 2024, que había absuelto a Santiago Uribe de todo lo ligado con la conformación de un grupo paramilitar en Antioquia.

La historia de “Los 12 Apóstoles”

El auge de los grupos guerrilleros en Colombia provocó que en el país se conformaran varias estructuras paramilitares, que en un principio tenían como objetivo combatir a los grupos armados del país.

El caso que escaló a un nivel superior fue el de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que fueron creadas por los hermanos Castaño y se transformaron hasta verse involucrados en narcotráfico y firmar un acuerdo de paz con el Estado colombiano.

A la par, en el país se conformaron otras estructuras paramilitares de las que se tiene menos información, una de ellas ha sido nombrada como “Los 12 Apóstoles”, sobre la que se ha generado un debate nacional debido a las versiones cruzadas sobre su existencia.

El libro El clan de los doce apóstoles, de la periodista Olga Behar, expuso algunos datos sobre la creación de la estructura paramilitar, que años más tarde reafirmó el mayor (r) Juan Carlos Meneses, que compareció ante la JEP y testificó en contra de Santiago Uribe, al que señaló de patrocinar (junto a otras personalidades de la región) a grupos armados. Meneses aseguró que se encontró en más de una oportunidad con Uribe Vélez a principios de los 90.

En 1999 se cerró la primera investigación sobre este caso por falta de pruebas, pero en 2010 fue reabierto luego de que se registró el testimonio de Meneses, que fue comandante de la Policía Nacional en Yarumal, en donde conoció sobre la existencia de un grupo paramilitar que hacía “limpieza social” en la zona.

El mayor (r) reconoció haber trabajado con “Los 12 Apóstoles” en más de una ocasión, por lo que afirmó ser un testigo presencial de los crímenes que cometieron en la época.

Tras la firma de la paz con las AUC, hasta 34 exparamilitares hablaron sobre la existencia de “Los 12 Apóstoles”, a quienes mencionaron como empresarios que financiaban las acciones de los paramilitares en Antioquia.

Sobre el informe, que habla de al menos 27 asesinatos ordenados por esta estructura criminal, se afirma que la mayoría eran ladrones o drogadictos, además de campesinos que en su momento fueron señalados de tener algún tipo de vínculo con una guerrilla.

Defensa de Santiago Uribe apelará la condena

Después de que se confirmó la condena contra Uribe Vélez, sus abogados, Jaime Enrique Granados, Juan Felipe Amaya y Jesús Albeiro Yepes se pronunciaron para rechazar la decisión del tribunal.

“Siendo fieles a nuestra costumbre profesional, expresamos nuestro respeto por la decisión judicial. No obstante consideramos, por la realidad probatoria del caso, que la misma trae consigo la injusta condena de un ciudadano inocente como lo es Santiago Uribe Vélez Por la anterior razón, dentro de los términos y canales legales, la defensa técnica y material interpondrán y sustentarán la impugnación especial a fin de que el caso sea conocido por la Honorable Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en donde confiamos prevalezca la verdad y la justicia”, es parte del comunicado expuesto por la defensa, que confirmó que la condena será apelada.

“Santiago Uribe Vélez fue líder y dirigente del grupo criminal denominado Los 12 Apóstoles y a este grupo se le atribuyen gran cantidad de homicidios”, indica el fallo condenatorio proferido por el Tribunal Superior de Antioquia.

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En consecuencia, el procesado fue sentenciado a pagar 340 meses de prisión (más de 28 años) y una multa de 6.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Además, quedó inhabilitado para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 20 años.

Al respecto, el exmandatario se pronunció a través de un video publicado en redes sociales, en el que lamentó la decisión tomada por el Tribunal que, además, fue dada a conocer el día en el que su padre, Alberto Uribe Sierra, cumpliría años. Su papá nació el 25 de noviembre de 1932 y fue asesinado el 14 de junio de 1983 por las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc-EP).

“En este 25 de noviembre, un día difícil, amable por la compañía de este equipo humano que nos ayuda aquí en el Ubérrimo. Y mi padre, en este 25 de noviembre, habría, habría cumplido 93 años. Tenía 50 años y medio cuando lo asesinó la Farc. Y hoy condenaron a mi hermano”, detalló.

En su declaración, afirmó que se deben respetar los fallos judiciales. Sin embargo, resaltó algunas cualidades que considera caracterizan a su hermano, buscando defenderlo. No obstante, esos atributos no están relacionados con el proceso penal de ninguna manera.

“Hay que respetar la justicia, pedirle ayuda a Dios y también dar el testimonio que de mi opinión sobre él ha sido: fue un gran hijo, un gran hermano, un gran esposo, un gran padrastro, un gran miembro de familia, un hombre sencillo, de patrimonio básico y de valores éticos y morales. Habrá que pedir lo que el camino que queda es que Dios nos ayude”, señaló.

A través de su cuenta de X también publicó un mensaje en el que expresó lo que sintió tras conocer la decisión del Tribunal Superior de Antioquia. “Siento profundo dolor por la condena contra mi hermano. Dios nos ayude”, escribió el ex jefe de Estado en la red social.

Defensa de Santiago Uribe impugnará el fallo condenatorio

Los abogados Jaime Granados, Juan Felipe Amaya y Jesús Albeiro Yepes, que representan los intereses del hoy condenado, emitieron un comunicado informando que interpondrán y sustentarán un recurso de impugnación especial para que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia conozca el caso. Así, esperan que, si el caso se revisa, se revoque la decisión de segunda instancia y se confirme la de primera instancia.

Pues, Santiago Uribe había sido absuelto de todos los cargos por el juez Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia. Esta decisión de primera instancia fue emitida el 13 de noviembre de 2024, pero un año después de haberse proferido esa sentencia, el Tribunal Superior de Antioquia dio un giro rotundo al proceso y revocó ese primer fallo, estableciendo una pena privativa de la libertad de más de 28 años de prisión.

“Siendo fieles a nuestra costumbre profesional, expresamos nuestro respeto por la decisión judicial. No obstante, consideramos, por la realidad probatoria del caso, que la misma trae consigo la injusta condena de un ciudadano inocente como lo es Santiago Uribe Vélez”, expresaron los abogados, que conforman la defensa técnica de Santiago Uribe.

En una decisión de segunda instancia, Santiago Uribe, hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez, fue condenado a 340 meses de prisión (28 años y tres meses), al pago de una multa de 6.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes y a la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 20 años. Esto, por su participación en la creación del grupo paramilitar Los 12 Apóstoles.

El Tribunal Superior de Antioquia revocó el fallo absolutorio de primera instancia que emitió el 13 de noviembre de 2024 el juez Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia y lo declaró culpable de dos delitos.

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“Declarar penalmente responsable a Santiago Uribe Vélez por un concurso de delitos de Lesa Humanidad, uno de homicidio agravado, artículos 103 y 104 numeral 7 del Código Penal y uno de concierto para delinquir agravado articulo 340 inciso tercero del Código Penal de conformidad con lo expuesto en esta decisión”, se lee en el fallo de segunda instancia.

El abogado Miguel Ángel del Río se pronunció al respecto a través de su cuenta de X, respaldando la determinación del Tribunal Superior de Antioquia. Aseguró que durante varios años se advirtió sobre presuntas alianzas entre el hoy condenado y los paramilitares.

“Durante muchos años hemos advertido la relación de los Uribe con el paramilitarismo. Hoy la justicia nos da la razón”, escribió el profesional del Derecho en la red social.

El partido Centro Democrático, cuyo líder natural es el expresidente Álvaro Uribe, rechazó las declaraciones del abogado Del Río, señalándolo directamente de estar detrás una presunta persecución judicial contra el exmandatario y su hermano.

“Acostumbrado a convertir las decisiones judiciales en un espectáculo, señor del Río. Lo suyo no es la defensa del respeto institucional, sino una persecución sistemática contra los hermanos Uribe Vélez”, señaló la colectividad.

De acuerdo con el partido, Santiago Uribe sería “inocente” de los delitos que le fueron endilgados, mientras que Álvaro Uribe no sería responsable de otros tipos penales por los cuales fue condenado en primera instancia y absuelto en segunda instancia: soborno en actuación penal y fraude procesal.

El partido acusó al abogado y al senador y precandidato presidencial Iván Cepeda (considerado víctima en el caso contra Álvaro Uribe) de haber construido una narrativa presuntamente falsa alrededor de los hermanos Uribe Vélez. Afirmó que ambos utilizaron la justicia colombiana de “forma infame” para perseguirlos.

“Se han válido de todo y por fortuna, han quedado expuestos ante la opinión pública”, señaló.

Aunado a ello, advirtió que Miguel Ángel del Río debería informar a la población que el fallo condenatorio contra Santiago Uribe todavía no está en firme, teniendo en cuenta que la defensa interpondrá otros recursos con la intención que se confirme la decisión absolutoria que tomó el juez Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia.

“Si fuera más abogado y menos activista político, debería decir que Santiago Uribe fue absuelto en primera instancia y mantiene intacta su presunción de inocencia mientras se resuelven los recursos jurídicos que interpondrá su defensa”, precisó.

El país político colombiano se pronunció sobre la condena que hoy cobija al hermano del expresidente Uribe; varias personalidades políticas rechazaron la decisión, asegurando que el procesado es “víctima” de una persecución basada en mentiras. Por su parte, otros mostraron su apoyo a la determinación, entre ellos, el exdirector del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) Gustavo Bolívar.

“Nada más justo que la condena de 28 años, por homicidio agravado y concierto para delinquir, impuesta hoy al hermano de Álvaro Uribe. Hay demasiadas pruebas de su participación en la génesis del paramilitarismo y sus atroces crímenes en Colombia. No lo celebro”, señaló.

El Tribunal Superior de Antioquia sentenció en segunda instancia a Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez, a 28 años y 4 meses de cárcel por homicidio agravado, formación de grupos paramilitares, concierto para delinquir y acumulación de delitos de lesa humanidad.

La decisión ha generado diversas reacciones de políticos en Colombia, donde destacan senadores y precandidatos presidenciales.

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Claudia López, exalcalde de Bogotá y precandidata presidencial, aseguró que “la justicia se demora pero llega”.

“No hay deuda que no se pague ni plazo que no se cumpla. A todas las víctimas, a los campesinos desplazados, a las familias destrozadas, a las más de 132.000 madres y padres que aún buscan a sus hijos desaparecidos mi amor y solidaridad siempre. La justicia se demora pero llega", indicó Claudia López.

El exsenador y exdirector del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Gustavo Bolívar, calificó la condena en segunda instancia como justa.

“Nada más justo que la condena de 28 años, por homicidio agravado y concierto para delinquir, impuesta hoy al hermano de Álvaro Uribe. Hay demasiadas pruebas de su participación en la génesis del paramilitarismo y sus atroces crímenes en Colombia. No lo celebro”, aseveró Gustavo Bolívar.

El precandidato presidencial del Centro Democrático, Miguel Uribe Londoño, aseguró que el hermano del expresidente “es otra víctima” de la justicia.

“Santiago Uribe Vélez es otra víctima de la persecución que un sector de la justicia, en alianza con grupos políticos, ha desatado contra la familia Uribe Vélez”, indicó Miguel Uribe Londoño.

Y agregó: “Como no pudieron derrotarlos en la política, ahora lo hacen con infamias y mentiras. El país necesita que se sepa la verdad sobre las criminales alianzas de las Farc y el ELN con un bloque político que hoy gobierna en cabeza de Gustavo Petro.

El representante a la Cámara Juan Espinal señaló en su cuenta de X, que conoce “al doctor Santiago Uribe, es un gran señor, gran empresario, un ser humano de familia. El proceso continuará, y tendrá la oportunidad procesal como todo ciudadano para defenderse ante una instancia judicial superior".

La senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático Paola Holguín aseguró que Santiago Uribe “es un hombre bueno”.

“Tengo el privilegio de conocer hace muchos años a Santiago Uribe, es un hombre bueno, íntegro y trabajador; confío en Dios que se hará justicia. Un abrazo a su familia Álvaro Uribe Vélez”, afirmó Paola Holguín.

La senadora del partido Comunes Sandra Ramírez mencionó a la periodista y precandidata presidencial Vicky Dávila.

“Vea pues, queremos ver escandalizada a Vicky Dávila y al resto de la derecha y sus precandidatos con la condena contra el hermano de Álvaro Uribe Vélez, Santiago Uribe, por homicidio agravado, paramilitarismo, concierto para delinquir y concurso de delitos de lesa humanidad. Qué joyita”, indicó Sandra Ramírez.

Gabriel Vallejo, director del Centro Democrático indicó que reciben “con tristeza la sentencia que revocó la absolución de Santiago Uribe. Creemos firmemente en la inocencia de Santiago, hombre bueno, decente, honorable".

Aseguró que confía en la decisión que tomará la Corte Suprema de Justicia, confiando que fallará a favor de Santiago Uribe.

“Confiamos en que la Corte Suprema de Justicia analice la sentencia de segunda instancia y falle en derecho. Nuestra solidaridad con Santiago y su familia en estos momentos difíciles”, aseveró el director del partido Centro Democrático.

El senador y candidato del Pacto Histórico calificó la decisión del Tribunal Superior de Antioquia como “excelente noticia para las víctimas, la Verdad y la Justicia en Colombia“.

El expresidente Álvaro Uribe expresó su malestar mediante una publicación en su cuenta de X, donde afirmó que siente “profundo dolor” por la decisión judicial que afecta a su hermano.

A tres meses de la resolución presidencial que otorgó el estatus de gestores de paz a 16 exintegrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), la Defensoría del Pueblo solicitó al Consejo de Estado la nulidad de dicha medida, argumentando la falta de claridad sobre las funciones asignadas a los beneficiarios y advirtiendo sobre los riesgos políticos y sociales que implica su vigencia.

El documento presentado por la Defensoría, de 56 páginas y firmado por Iris Marín Ortiz, actual titular de la entidad, fue remitido al alto tribunal con el objetivo de que se declare la nulidad de la resolución 327 del 21 de septiembre de 2025.

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Esta resolución, emitida por la Presidencia de la República bajo la administración de Gustavo Petro, designó como gestores de paz a 16 exmiembros de las AUC, entre los que figuran nombres como Salvatore Mancuso, “Jorge 40″ y “Don Berna”

La demanda subraya que varios de los designados fueron excluidos previamente del proceso de Justicia y Paz por reincidir en actividades delictivas o por incumplir compromisos relacionados con la verdad, la reparación y la garantía de no repetición.

De acuerdo con la Defensoría, la resolución presidencial otorga un rol institucional a personas ampliamente reconocidas por la ciudadanía como autores intelectuales y materiales de delitos graves, lo que genera efectos negativos en el ámbito político y social.

En el texto de la demanda, la Defensoría sostiene: “En el presente caso, la necesidad de la suspensión provisional que se solicita radica en los graves efectos que en el plano político y social genera la vigencia y aplicación de la resolución demandada, en cuanto concede el estatus de gestores de paz”.

En el mismo documento agregaron que “conforme al contenido de esta resolución, ello conlleva a 16 personas que hicieron parte de grupos armados al margen de la ley, personas de amplio conocimiento y recordación por parte de la ciudadanía como autores intelectuales y materiales de muchos y muy graves delitos”.

El órgano también advirtió que la decisión presidencial “altera el orden político y social al conferir un rol institucional a responsables de crímenes graves, lo que mina la confianza pública en la justicia y en el Estado como garante de los derechos humanos”.

Por lo anterior, el Consejo de Estado deberá decidir si admite la demanda presentada por la Defensoría del Pueblo y, en caso afirmativo, proceder a su estudio de fondo.

La resolución que generó polémica

Es preciso recordar que entre los designados también figuran otros antiguos comandantes como:

• Héctor José Buitrago Rodríguez
• Ramiro Vanoy Murillo
• Hernán Giraldo Serna
• Luis Eduardo Cifuentes Galindo
• Manuel de Jesús Pirabán
• Juan Francisco Prada Márquez
• José Baldomero Linares Moreno
• Carlos Mario Jiménez Naranjo, “Macaco”
• Rodrigo Pérez Alzate
• Fredy Rendón Herrera, “El Alemán”
• Edward Cobos Téllez
• Arnubio Triana Mahecha
• Héctor Germán Buitrago Parada

Muchos de estos exjefes ya habían sido condenados en el marco de la Ley de Justicia y Paz, que les otorgó beneficios a cambio de confesiones, reparaciones y penas reducidas.

La designación, de carácter temporal y excepcional, no modifica la situación jurídica de los ex jefes paramilitares ni concede beneficios judiciales o de libertad. Cada uno de los seleccionados deberá suscribir un plan de trabajo específico, acordado con el Ministerio del Interior, el Departamento Administrativo de la Presidencia y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.

Además, están obligados a firmar un acta de compromiso que los vincula a comparecer ante la justicia cuando sean citados, asistir a las sesiones del comité y presentar informes periódicos sobre su gestión.

El documento firmado por el presidente Petro señalaba que su participación busca que “contribuyan con su conocimiento y experiencia al desarrollo de actividades de construcción de paz y garantías de no repetición, estructuración de procesos de paz y estrategias de acercamientos con actores armados ilegales”.

En su momento, Petro sostuvo que la figura de “gestores de paz” no implica un indulto automático, sino que busca que actores con poder territorial y experiencia en los procesos de guerra contribuyan a la Paz Total”, la principal apuesta de su administración.

El general retirado Mauricio Santoyo, quien fuera comandante del Gaula de la Policía en Medellín entre 1997 y 2001, expuso ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) las razones que lo llevaron a aceptar cargos en Estados Unidos por su colaboración con grupos paramilitares, al tiempo que subrayó las diferencias entre el proceso judicial estadounidense y las exigencias de verdad que enfrenta actualmente en Colombia.

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En 2012, un juez del Distrito Este de Virginia, Estados Unidos, sentenció a 13 años de prisión a Santoyo, luego de que este admitiera su responsabilidad en una alianza criminal con estructuras paramilitares que operaban en la región de Antioquia.

El acuerdo judicial incluyó la aceptación de cargos relacionados con operaciones conjuntas con estos grupos, las cuales derivaron en desapariciones forzadas de defensores de derechos humanos, reclamantes de tierras y líderes sociales.

Durante su comparecencia ante la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, Santoyo relató que su decisión de aceptar los cargos en Estados Unidos respondió a la recomendación de su abogado, que le advirtió sobre el panorama judicial adverso que enfrentaba. El general en retiro explicó que, aunque su intención inicial era someterse a juicio y presentar pruebas, optó por un acuerdo de culpabilidad para obtener una reducción de la condena.

Según sus palabras, “el proceso en Estados Unidos no fue un juicio, allá fue una negociación procesal. Mi caso se resolvió bajo el mecanismo que domina más del 90% del sistema penal federal, el acuerdo de culpabilidad”.

Santoyo detalló que este procedimiento, regulado por la regla 11 de la Federal Rules Criminal Procedure, no contempla la búsqueda de una verdad histórica exhaustiva, sino la resolución eficiente del caso.

“Eso significa que no hubo juicio, no hubo contradicción de testigos, no hubo etapa probatoria, no hubo presentación de víctimas, no hubo reconstrucción histórica completa de hechos. La decisión se tomó bajo la regla 11 de la Federal Rules Criminal Procedure, un mecanismo procesal que no busca verdad histórica, sino la resolución eficiente del caso”, afirmó el oficial en retiro.

Al responder a las preguntas del magistrado Pedro Elías Díaz, Santoyo insistió en que el sistema estadounidense solo exige que el acusado comprenda lo que está firmando y que exista una base mínima para sostener la acusación en abstracto.

“El juez solo verifica dos cosas, que yo entiendo lo que estoy firmando o verifica que uno entiende lo que está firmando. Sí, yo entiendo lo que estoy firmando, pero que existe una base mínima para declarar que un delito en abstracto puede sostenerse. No se exige narración detallada, no se exigen fechas exactas, no se identifican víctimas, no se prueba cada hecho, no existen hechos específicos con circunstancias de tiempo, modo y lugar”, explicó.

El general en retiro subrayó que la declaración de hechos presentada en el proceso estadounidense fue elaborada únicamente para cumplir con los requisitos mínimos de tipicidad penal, sin identificar víctimas, fechas exactas ni secuencias temporales.

“Por eso, lo afirmo con toda serenidad, el sistema estadounidense nunca produjo la verdad detallada que de pronto se espera acá o que se cree o que creen que uno tiene. La declaración de hechos es un documento redactado para satisfacer el requisito mínimo de tipicidad. Describe hechos genéricos, señor magistrado, no identifica víctimas, no identifica fechas exactas, no establece secuencias temporales, o sea, no atribuye nombres”, manifestó durante la audiencia en la sede central de la JEP.

Santoyo recalcó que el documento firmado en Estados Unidos fue concebido para cerrar un acuerdo procesal, no para esclarecer la totalidad de los hechos. “Es un documento construido para cerrar un acuerdo, no para explicar la totalidad de los hechos. Por eso hoy para mí es imposible ampliarlo con detalles que nunca existieron en el proceso original. Aquí, señor magistrado, me preguntan y me dicen qué hechos específicos, pero como le digo, no hay hechos específicos, señor magistrado”, puntualizó.

En su intervención, el excomandante del Gaula insistió en la ausencia de información detallada en el expediente estadounidense: “Señor magistrado, allá nunca, nunca en el expediente quedaron identificadas víctimas, no hay fechas exactas, no hay actos individualizados, no hay pruebas forenses o testimoniales, no hay planos de, no hay documentos, no hay reconstrucción de contexto”.

Tras exponer estas consideraciones, Santoyo solicitó la revisión de su situación jurídica, recordando que lleva seis años y medio privado de la libertad. Esta petición se produce en medio de los reclamos persistentes de las víctimas de desaparición forzada, quienes le exigen que aporte toda la verdad sobre los hechos investigados.

Nuevas evidencias sobre la existencia de posibles fosas comunes y matanzas masivas en la ciudad sudanesa de El-Fasher salieron a la luz este jueves, tras la publicación de un informe elaborado por investigadores de la Universidad de Yale. El análisis de imágenes satelitales y los testimonios recogidos en la zona señalan que la situación en esta estratégica urbe de Darfur se ha agravado desde que fuera tomada por las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) el pasado 26 de octubre, luego de un asedio de casi 18 meses.

El documento, elaborado por el Laboratorio de Investigación Humanitaria (HRL) de la Universidad de Yale, detalla la detección de “al menos dos alteraciones del terreno compatibles con fosas comunes en una mezquita y en el antiguo Hospital Infantil”. Según este informe, se han identificado zanjas de varios metros y la desaparición de objetos con dimensiones semejantes a cuerpos humanos, lo que sugiere que estos podrían haber sido enterrados o reubicados tras su inhumación inicial. Las imágenes muestran además rastros de asesinatos casa por casa, manchas de sangre y cuerpos esparcidos en el entorno de un terraplén, observaciones que coinciden con videos divulgados por propios integrantes de la RSF y relatos de testigos.

El informe del HRL advierte que la sola dimensión de una posible fosa común no permite estimar la cantidad de personas enterradas, “ya que quienes realizan la eliminación de cuerpos suelen apilarlos unos sobre otros”. En el complejo del antiguo Hospital Infantil —convertido en un centro de detención por la RSF—, las imágenes captadas revelan signos de posibles “matanzas masivas en curso”.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó previamente “la trágica muerte de más de 460 pacientes y personal médico” durante la ofensiva contra el Hospital Al-Saudi. El HRL agregó que “también se observó la eliminación o traslado de cuerpos en el Hospital Al-Saudi en imágenes satelitales” publicadas este jueves.

Antes de la captura de El-Fasher, los analistas del HRL solo habían registrado entierros individuales, correspondientes a las costumbres locales en las zonas bajo control tanto del ejército como del grupo paramilitar. Sin embargo, tras la toma por las RSF, identificaron “al menos 34 grupos de objetos compatibles con cuerpos visibles en imágenes satelitales”, si bien el laboratorio subrayó que este número probablemente “subestima la escala total de los crímenes”.

El conflicto en Sudán, iniciado en abril de 2023, enfrenta al ejército liderado por el general Abdel Fattah al-Burhan y a las fuerzas bajo el mando del comandante de la RSF, Mohammed Hamdan Daglo. La violencia se ha extendido por toda la región de Darfur y se ha incrementado tras la caída de El-Fasher, el último bastión militar gubernamental en la zona. Con la ayuda humanitaria bloqueada y las comunicaciones severamente restringidas, las imágenes satelitales se consolidan como una de las pocas fuentes para vigilar la evolución del conflicto en las áreas más remotas.

Simultáneamente, los combates han alcanzado la región de Kordofán. En la ciudad de El-Obeid, un ataque contra un funeral causó 40 muertes en los últimos días, según datos de Naciones Unidas (ONU). La ciudad, capital de Kordofán del Norte, mantiene un papel estratégico como enlace entre Darfur y Jartum. Portavoces de la RSF anunciaron también la toma de Bara, una localidad al norte de El-Obeid, la semana pasada.

(Con información de AFP)

El Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) condenó este jueves el reciente “asalto” de las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) sobre la ciudad sudanesa de El Fasher, en Darfur Norte, tras conocerse denuncias de "atrocidades" cometidas durante la toma, incluyendo ejecuciones sumarias, detenciones arbitrarias y crímenes de motivación étnica.

La ofensiva, ocurrida el pasado fin de semana, marcó la caída del último gran bastión del Ejército de Sudán en la región occidental, intensificando una guerra civil que desgarra al país desde abril de 2023 y agravando la ya crítica crisis humanitaria.

En un comunicado conjunto, los miembros del Consejo de Seguridad recordaron la resolución 2736 que exige el levantamiento del asedio sobre El Fasher y el cese inmediato de los combates. Destacaron su “grave preocupación ante el alto riesgo de atrocidades a gran escala”, señalando, además, la urgencia de proteger a la población civil y el cumplimiento irrestricto del Derecho Internacional Humanitario. La ONU reiteró la prioridad de retomar un diálogo que permita alcanzar un alto el fuego duradero y un proceso político inclusivo bajo liderazgo sudanés.

Los Estados miembros hicieron énfasis en rechazar cualquier injerencia externa y reafirmaron su apoyo “inequívoco” a la soberanía y la integridad territorial de Sudán, condenando el eventual establecimiento de un gobierno paralelo en los territorios controlados por las RSF.

El jefe de Asuntos Humanitarios de la ONU, Tom Fletcher, describió ante el Consejo la dramática situación en El Fasher tras la conquista de las RSF, denunciando que la ciudad “se ha sumido en un infierno aún más oscuro”. Según Fletcher, “la violencia no se ha limitado a Darfur” y persisten ataques mortales contra lugares civiles en áreas bajo control paramilitar.

“La crisis de Sudán es, en esencia, un fracaso de la protección y de nuestra responsabilidad de defender el Derecho Internacional”, señaló, y apuntó que la violencia sexual contra mujeres y niñas y los ataques contra personal humanitario se han vuelto sistemáticos. Fletcher insistió en la necesidad urgente de permitir el acceso humanitario y rendir cuentas por las violaciones cometidas.

Investigaciones preliminares y testimonios obtenidos por la Misión de Investigación de la ONU en Sudán han identificado tanto ejecuciones de civiles desarmados por motivaciones étnicas como violencia sexual, saqueos masivos, destrucción de infraestructura y desplazamiento forzado.

El presidente de la misión, Mohamed Chande Othman, advirtió que “El Fasher arde, millones se enfrentan a la hambruna, y el mundo tiene que elegir entre el silencio o la solidaridad”. La misión instó a la comunidad internacional a crear una institución judicial independiente para juzgar a los responsables, proponiendo una posible colaboración con la Corte Penal Internacional (CPI) y expandir su jurisdicción a todo Sudán.

Según organizaciones humanitarias y activistas presentes en la ciudad y localidades cercanas, la caída de El Fasher tras más de año y medio de asedio provocó nuevas oleadas de desplazamientos. El portavoz de la ONG ALIMA, John Ocheibi, informó a AFP desde Tawila, a 70 kilómetros de El Fasher, que mujeres, niños y otros civiles llegan en estado crítico, tras largos recorridos sin alimento y bajo amenazas constantes. Voluntarios y grupos humanitarios describieron condiciones extremas de hambre, miedo y duelos entre quienes huyen.

La Emergencia Response Room de Tawila, una de las redes de voluntariado que coordinan ayuda en Sudán, declaró el jueves que la región enfrenta “una grave situación humanitaria” y solicitó a la ONU acciones urgentes en apoyo a las familias desplazadas. De acuerdo con estimaciones de la ONU, más de 36.000 personas abandonaron El Fasher desde la caída, sumándose a los 650.000 desplazados ya presentes en Tawila. La ONG Human Rights Watch (HRW) verificó videos en redes sociales que muestran ejecuciones de civiles y denunció abusos como violaciones, saqueos y asesinatos a lo largo de las rutas de huida.

Mientras tanto, un convoy de ayuda de la ONU logró llegar esta semana a varias ciudades de Kordofán Sur, entregando suministros a comunidades sitiadas y privadas de alimentos durante meses. El trayecto, según la organización, fue “largo” y marcado por dificultades, incluyendo saqueos parciales de los suministros. La ONU manifestó la necesidad de establecer un corredor humanitario permanente para atender la creciente demanda de socorro.

La guerra civil sudanesa estalló en abril de 2023, agravada por la ruptura de la transición democrática posterior al derrocamiento de Omar Hasan al Bashir en 2019 y alimentada por el choque sobre la integración de cuerpos paramilitares en el ejército regular. Desde entonces, el país se enfrenta a una de las peores crisis humanitarias del mundo, con millones de desplazados, propagación de enfermedades y destrucción de infraestructura esencial, impidiendo la atención adecuada a los afectados por el conflicto.

(Con información de AFP, EFE y EP)

La senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia, del partido Centro Democrático, publicó un mensaje en su cuenta de X que despertó comentarios divididos entre usuarios y figuras políticas. Su frase, directa y cargada de ironía, reavivó el debate sobre las posturas ideológicas frente a los grupos armados y el manejo del discurso político desde la izquierda.

Valencia escribió en la plataforma digital: “La izquierda es tierna. Para ellos los narcoparamilitares obviamente sí eran narcos, pero, en cambio, la narcoguerrilla no”. Con esas palabras, la congresista dejó entrever una crítica hacia lo que considera un doble rasero en la forma como ciertos sectores interpretan la historia del conflicto armado colombiano.

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En su mensaje, la congresista recurrió a la ironía para destacar lo que, a su juicio, constituye una contradicción moral. Valencia suele hacer énfasis en que los actores armados deben recibir el mismo tratamiento jurídico y ético, sin importar la ideología que los respalde.

Paloma Valencia lanza un mensaje que estaría apuntando a distintos frentes

Aunque la legisladora no mencionó nombres ni hechos concretos, su publicación encajó dentro de una línea de mensajes que mantiene desde hace varios años contra el Gobierno del presidente Gustavo Petro. La líder del uribismo señaló en diferentes ocasiones que la izquierda trata con indulgencia a los grupos guerrilleros y que evita reconocer su participación en actividades ilícitas.

De acuerdo con la publicación, se puede inferir que su comentario se relaciona con las posturas que la senadora mantiene frente al pasado guerrillero del presidente Petro. En el pasado insistió en que el país no debe olvidar que el M-19, extinto grupo armado al margen de la ley al que perteneció el mandatario, realizó actos que afectaron a la sociedad y que hoy no pueden quedar cubiertos bajo el discurso de la reconciliación.

La publicación apareció en un momento en que se mantiene una fuerte discusión sobre la política de Paz Total, propuesta del Gobierno para dialogar con grupos armados ilegales. Desde la oposición, varios líderes han cuestionado esa estrategia y la calificaron como una forma de otorgar beneficios a estructuras criminales bajo la figura de procesos de paz.

El mensaje de Valencia se conoció también mientras se presenta una tensión diplomática entre Colombia y Estados Unidos, luego de que el presidente norteamericano Donald Trump señalara a Gustavo Petro como “líder del narcotráfico”. Ese episodio reavivó los debates sobre la relación del Gobierno colombiano con el narcotráfico y las estrategias de cooperación internacional.

Todos estos antecedentes, especialmente desde la visión de la precandidata presidencial, conectan con el sentido de sus palabras en la actualidad, en un momento marcado por la crisis en la lucha contra el narcotráfico —ya mencionado—, que provocó el aumento de la violencia en Colombia y las tensiones con Estados Unidos; país que descertificó a la Nación para 2026 y amenazó con imponer sanciones por los señalamientos del mandatario colombiano hacia el jefe de Estado Donald Trump.

Aunque la senadora no mencionó ese hecho, su comentario pareció alinearse con el clima de controversia. Su publicación fue compartida ampliamente y generó varias respuestas; algunos usuarios la apoyaron al considerar que su mensaje refleja una inconformidad frente a lo que ven como un trato desigual hacia los distintos actores del conflicto y otros la criticaron por simplificar un problema complejo y por mantener un discurso que divide.

Algunos mensajes en respuesta a la publicación de la senadora señalan: “Ya no gritan eso de que somos un ‘narcoestado’… Justo ahora que si nos parecemos más a eso!”; “Esa no es la discusión, la discusión es como acabar el narcotráfico”; “Y para la tierna derecha, Como era la ecuación?”; “Y para ustedes es al revés, solo la guerrilla son narcos, pero ni los paras ni los amigos lo son”.

El regreso de los antiguos jefes paramilitares a Valledupar, Cesar, marca un momento de alto simbolismo en la historia reciente de Colombia, al representar el primer esfuerzo institucional serio por cerrar el ciclo inconcluso del proceso de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), iniciado hace dos décadas en Santa Fe de Ralito.

Bajo la política de Paz Total impulsada por el Gobierno de Gustavo Petro, este encuentro presencial, que se extenderá hasta el viernes 24 de octubre de 2025, busca definir la hoja de ruta y los compromisos que regirán el papel de estos excomandantes como gestores de paz.

El evento, coordinado por el Ministerio del Interior, el Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) y la Oficina del Consejero Comisionado para la Paz (OCCP), logró reunir a 14 de los 16 exjefes paramilitares designados como gestores de paz, gracias a las gestiones del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), que facilitó su traslado desde diferentes cárceles del país.

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Entre los asistentes figuran Salvatore Mancuso, Rodrigo Tovar Pupo (alias Jorge 40), Carlos Mario Jiménez (alias Macaco), Edwar Cobos (alias Diego Vecino), Fredy Rendón (alias El Alemán), Martín Llanos y Juan Francisco Prada Márquez (alias Juancho Prada), así como Hernán Giraldo Serna, Luis Eduardo Cifuentes (alias El Águila), Arnubio Triana (alias Botalón), Héctor José Buitrago (alias El Patrón) y Manuel de Jesús Pirabán (alias Pirata), entre otros. Solo Ramiro Vanoy (alias Cuco Vanoy) y Diego Fernando Murillo Bejarano (alias Don Berna) permanecen ausentes, ya que ambos continúan en Estados Unidos cumpliendo condenas por narcotráfico tras su extradición.

Tras la reunión, el presidente Petro publicó una foto en sus redes sociales en la que compartía con los exparamiltares, además señaló que tiene intenciones de que sean piezas clave en el proceso de paz de Colombia con el fin de que se sepa la verdad.

De igual manera, señaló que durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez se impidió que los ahora gestores de paz hablaran sobre el conflicto armado, por lo que los extraditaron a Estados Unidos.

“Aquí está la verdad silenciada sobre la gobernanza paramilitar en Colombia. Quiero terminar este proceso de paz que empezó Uribe, pero que quedó interrumpido con la extradición de los participantes” escribió el mandatario en su cuenta de X.

En desarrollo…

En febrero de 2024 se registró el regreso del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso a Colombia. Tras cumplir más de 16 años de prisión en Estados Unidos, decidió retornar a su país de origen para vincularse a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Desde entonces, Mancuso ha rendido declaraciones sobre varios hechos relacionados con las Autodefensas Unidas de Colombia, grupo paramilitar al que perteneció hasta la firma del proceso de paz de Ralito, que aún siguen sin ser plenamente esclarecidos.

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De la misma forma, y bajo ciertas restricciones —como no poder estar en las zonas donde delinquió—, el exparamilitar ha permanecido en libertad mientras se completaban los trámites necesarios para oficializar su designación como “gestor de paz” del Gobierno Petro.

Salvatore Mancuso expuso que ya es “gestor de paz” de manera oficial

A pesar de las críticas que han recibido tanto Salvatore Mancuso como el Gobierno nacional —centradas principalmente en la responsabilidad del exjefe paramilitar, oriundo de Montería, en el auge de violencia perpetrado por las AUC en los años noventa e inicios de los 2000, y en que actualmente esté en libertad sin haber cumplido condena en Colombia—, esto no ha impedido que continúe vinculado a procesos en la JEP y en temas de reparación a víctimas.

Precisamente, como parte de su gestión en estos espacios, en la tarde del 17 de octubre, Salvatore Mancuso compartió una fotografía junto con la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), con la cual confirmó que oficialmente es “gestor de paz”.

“Oficializamos mi aceptación de la gestoría de paz en la Casa de Nariño con la doctora Angie Rodríguez, @DapreCol. De nuevo, renovando nuestro compromiso inquebrantable con la paz”, escribió Mancuso en la descripción de la publicación.

El exjefe paramilitar aprovechó para enviarle un mensaje al presidente Gustavo Petro, al que le agradeció por permitir que retornara para vincularse a la JEP en Colombia. “A ella y al señor presidente @petrogustavo les digo: estamos listos para la recta final de la paz total”, puntualizó.

Cabe recordar que antes de que Mancuso retornara al país, el presidente de la República, Gustavo Petro, firmó la resolución con la que se confirmó la designación del monteriano, que se ofreció a trabajar por la paz del país por medio de una carta.

“Designar como gestor de paz al señor Salvatore Mancuso Gómez para que conforme al sistema jurídico de protección de los Derechos Humanos y vigencia del Derecho Internacional Humanitario, contribuya con su conocimiento y experiencia al diseño de procesos de desarme colectivo de los grupos ilegales que actúan en todo territorio nacional, priorizando las zonas donde ejercicio su actividad crimina”, es parte del documento firmado por Gustavo Petro en agosto de 2023.

¿Quién es Salvatore Mancuso?

Salvatore Mancuso Gómez nació el 17 de agosto de 1964 en Montería, Córdoba. Estudió Ingeniería Civil en la Universidad Javeriana e inglés en la Universidad de Pittsburgh, en Pensilvania. A pesar de pertenecer a una familia acomodada, es conocido por ser uno de los fundadores del grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), junto con los hermanos Vicente y Carlos Castaño.

Inicialmente, hizo parte de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, pero con la consolidación de las AUC en un solo grupo, Mancuso fue nombrado jefe del Estado Mayor de las Autodefensas Unidas de Colombia; organización que ha sido señalada como responsable del 47 % de las muertes y desapariciones registradas durante el conflicto armado en el país.

Entre los crímenes por los que ha sido señalado Mancuso se encuentran: homicidio de persona protegida, desplazamiento forzado de población civil, reclutamiento ilícito, desaparición forzada, tortura, secuestro simple, acceso carnal violento contra persona protegida, terrorismo, destrucción y apropiación de bienes protegidos, amenazas, actos sexuales violentos contra persona protegida, prostitución forzada, aborto sin consentimiento y secuestro extorsivo.

Asimismo, en abril de 2023 se presentó una acusación que incluye 4.071 crímenes, los cuales habrían provocado 1.116 homicidios, 2.020 casos de desplazamiento forzado, 371 hechos de desaparición forzada, 28 delitos de violencia de género, 10 de reclutamiento ilícito y 523 delitos adicionales. Estos hechos se habrían registrado en los departamentos de Bolívar, Cesar, Antioquia, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Santander y Sucre.

Ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el exsenador del Partido Liberal Álvaro Ashton admitió su participación directa en la firma de acuerdos con el Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Durante su declaración, Ashton señaló a figuras como el expresidente del Senado Efraín Cepeda, el empresario Julio Gerlein y el dirigente David Char Navas, entre otros, quienes presuntamente mantuvieron contactos o pactos indirectos con grupos relacionados con las AUC en municipios como Barranquilla y Soledad.

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“Asumimos que todos, incluyéndome a mí, ayudábamos a que del presupuesto nacional se aprobaran partidas que terminaron financiando proyectos manejados por el Frente José Pablo Díaz con la Alcaldía de Barranquilla. Con esos recursos se nutrían para seguir delinquiendo en los demás municipios”, indicó el exsenador.

Y agregó: “Era una de las personas que mayor promoción hacía de la aprobación de artículos y de apelación de artículos que habían sido negados y que eran fundamentales para las AUC, como el artículo que hablaba de la sedición y el de la alternatividad penal, que fueron negados en las comisiones primeras de Senado y Cámara, y fueron apelados por Benedetti […] en la Cámara”.

Al respecto, el exdirector del Departamento de Prosperidad Social Gustavo Bolívar se pronunció, calificando las declaraciones de Ashton contra Cepeda como “gravísima”.

El exsenador de la República aseguró que la noticia que involucra a los políticos no puede quedar en el olvido.

“La acusación contra el expresidente del Senado Efraín Cepeda es gravísima. Financiaban a las AUC con el presupuesto nacional. No puede ser noticia de un día", indicó Bolívar.

Gustavo Bolívar amplió su postura al insistir en la importancia de las revelaciones hechas por el exsenador liberal. Para Bolívar, el testimonio tiene consecuencias directas sobre la legitimidad de quienes han ocupado cargos en el Congreso y han aspirado a la Presidencia de la República.

“Esto no es una noticia que se pueda pasar así como de una lectura para otra. Cuando el exsenador Ashton dice que Efraín Cepeda, expresidente del Congreso y además candidato presidencial, ayudaba a que las partidas del presupuesto nacional —sus impuestos, los impuestos de la gente pobre, los impuestos del gasto social— llegaran a un frente del Bloque Norte de las AUC, lo afirma en relación con la financiación de los proyectos de ese frente norte”, sostuvo Bolívar.

Para el exdirector de Prosperidad Social, la gravedad de las acusaciones radica en el impacto social y político de financiar estructuras ilegales con recursos públicos.

“¿Cuáles son los proyectos de un grupo paramilitar? Asesinar gente, desplazar personas, robar tierras. Estos son los proyectos y se estaban financiando con plata del presupuesto nacional, auspiciados, según el señor Álvaro Ashton, por el presidente del Congreso hace poco, el mismo que se jacta de haber derrotado a Gustavo Petro siete veces. Esta vez parece que la derrota le llegará a él”, argumentó Bolívar.

Bolívar también mostró escepticismo ante el futuro del caso en la justicia colombiana y sobre la posibilidad de que los hechos sean verdaderamente sancionados.

“Pero como conocemos la justicia, se tardarán muchos años y, en el mejor de los casos, habrá casa por cárcel; si es que no lo dejan libre porque, pues, no pueden estar presos las élites de este país. La cárcel es para los pobres. Pero aquí queda como testimonio”, advirtió.

Por último, Bolívar recalcó la magnitud política del testimonio de Ashton y su efecto sobre las opciones electorales de los señalados.

“Esa campaña acaba de hundirse. No puede aspirar a la presidencia de la República alguien que haya cometido esta canallada de financiar con el presupuesto nacional las actividades de un grupo paramilitar. Ustedes ya saben: masacres, asesinatos selectivos, robo de tierras, tráfico de armas, tráfico de estupefacientes. Terrible. Ojalá la JEP llegue al fondo de esta denuncia que me parece muy, muy grave. No la podemos dejar pasar”, indicó Gustavo Bolívar.

El reconocimiento explícito de alianzas entre políticos, empresarios y miembros de la fuerza pública con el Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en la costa Caribe quedó en evidencia tras las recientes declaraciones de Álvaro Ashton, exsenador del Partido Liberal, ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

En varias sesiones, el excongresista detalló cómo estos pactos económicos, políticos y electorales facilitaron la cooptación de instituciones públicas, la manipulación de procesos electorales y el control político en diversos municipios del norte del país.

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Durante su comparecencia voluntaria ante la JEP, Álvaro Ashton no solo admitió su participación directa en la firma de acuerdos con el Bloque Norte de las AUC, sino que también aportó información respaldada sobre la naturaleza y el alcance de estas alianzas. Según su testimonio, los dirigentes políticos establecieron una alianza voluntaria con la estructura paramilitar comandada por Edgar Ignacio Flórez Fierro, conocido como ‘Don Antonio’, y Carlos Mario García Ávila, identificado como el comandante político de ese grupo ilegal.

La JEP valoró el reconocimiento de responsabilidad política y moral por parte de Ashton, así como su disposición a participar en proyectos restaurativos, de memoria y reparación colectiva dirigidos a las víctimas de los departamentos de Atlántico y Magdalena. Estas iniciativas estarán orientadas al fortalecimiento social, la educación y la reparación simbólica, en un esfuerzo por resarcir el daño causado a las comunidades afectadas.

En cumplimiento de las obligaciones impuestas por el régimen de condicionalidad de la JEP, Ashton mencionó a diversas personas que, según su relato, habrían intervenido o facilitado la consolidación de alianzas entre políticos y empresarios de la costa Caribe con el Bloque Norte de las AUC.

La Subsala de Comparecientes Voluntarios de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP consideró que los aportes de Álvaro Ashton Giraldo resultan fundamentales para el esclarecimiento de la verdad sobre el fenómeno de la parapolítica y para comprender la relación entre el poder político, económico y los grupos armados ilegales en la región.

Uno de los apartados más delicados de su testimonio involucró a figuras de alto perfil como el expresidente del Senado Efraín Cepeda Sarabia, el empresario Julio Gerlein y el dirigente David Char Navas, quienes, según Ashton, habrían tenido acercamientos o acuerdos indirectos con sectores respaldados por las AUC en municipios como Barranquilla y Soledad. El exsenador afirmó ante los magistrados:

“Asumimos que todos, incluyéndome a mí, ayudábamos a que del presupuesto nacional se aprobaran partidas que terminaron financiando proyectos manejados por el Frente José Pablo Díaz con la Alcaldía de Barranquilla. Con esos recursos se nutrían para seguir delinquiendo en los demás municipios”.

La lista de nombres mencionados por Ashton incluyó también a Mario Enrique Varón Olarte, Jaime Cervantes Várelo y Jorge Alberto Gerlein Echeverría, a quienes señaló como partícipes o facilitadores de estas alianzas. Además, en su confesión, el esxenador implicó al actual ministro del Interior, Armando Benedetti, a quien describió como uno de los principales promotores de artículos legislativos favorables a las AUC durante el debate de la Ley de Justicia y Paz.

Según sus palabras en audiencia, “era una de las personas que mayor promoción hacía de la aprobación de artículos y de apelación de artículos que habían sido negados y que eran fundamentales para las AUC, como el artículo que hablaba de la sedición y el de la alternatividad penal, que fueron negados en las comisiones primeras de Senado y Cámara, y fueron apelados por Benedetti […] en la Cámara”.

El exsenador, quien también fue procesado por el caso Odebrecht, relató que la cooptación de la Alcaldía de Barranquilla por parte del Frente José Pablo Díaz contó con la candidatura del exalcalde Guillermo Hoenisberg Bornacelly y su jefe de Planeación, José Pérez Orozco. Además, identificó al fallecido empresario y constructor David Name Terán, propietario de la constructora Condesa S.A., como uno de los promotores de las AUC.

En sus declaraciones, Ashton admitió que contribuyó “a la expansión y consolidación de esos grupos al margen de la ley” y manifestó su arrepentimiento, solicitando “perdón público a todos y cada uno de los ciudadanos de Barranquilla”.

Además, enfatizó la naturaleza consciente de sus actos al afirmar: “Tengo que reconocer, nuevamente, mi responsabilidad personal y política. Y no fue indirectamente, fue conscientemente, yo ratifico que fue una decisión deliberada mía”.

A raíz de estas revelaciones, la JEP solicitó a la Sala de Instrucción Penal de la Corte Suprema de Justicia y a la Fiscalía General de la Nación que, en el marco de sus competencias, determinen si corresponde iniciar investigaciones penales contra las personas mencionadas por el exsenador Ashton.

La reciente designación de Jorge Tovar, representante de las curules de víctimas e hijo del excomandante paramilitar Rodrigo Tovar Pupo conocido como ‘Jorge 40’, como vocero en la mesa de negociación con los exjefes paramilitares, ha generado controversia y debate en Colombia.

El Tiempo informó que Tovar actúa como portavoz de la bancada de víctimas en el diálogo oficial con 16 antiguos cabecillas del paramilitarismo.

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Esta mesa busca avanzar en el cierre del acuerdo de Ralito y la implementación de compromisos pendientes relacionados con la reparación y el reconocimiento de las víctimas.

La presencia simultánea de Jorge Tovar y Jorge 40 en el proceso de negociación llamó la atención en diversos sectores, por la posibilidad de un conflicto de intereses, ya que el representante legislativo figura como víctima de desplazamiento forzado y al mismo tiempo mantiene un lazo directo con uno de los principales protagonistas de la violencia paramilitar.

Tovar ha sido registrado como víctima en dos desplazamientos en 2006 y en 2015 por la Unidad de Atención y Reparación Integral de Víctimas.

En su campaña al Congreso, señaló que “por ser hijo de Jorge 40 comandante del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia” enfrentó secuestros y asesinatos de parientes.

El propio Rodrigo Tovar Pupo regresó a Colombia en 2020 tras cumplir una condena por narcotráfico en Estados Unidos. Luego de su extradición en 2008, fue expulsado del programa Justicia y Paz en 2015 por abandonar el proceso y no asumir sus responsabilidades judiciales.

El medio citado que sobre él pesan cargos por más de 600 crímenes, entre los que figuran secuestros, masacres y desplazamientos forzados. Una de las acciones más recordadas es la masacre de El Salado, que ocurrió en febrero de 2000.

La actual mesa de negociación quedó ratificada mediante la resolución 327 del pasado 21 de septiembre, en la que el Gobierno designó a 16 exjefes paramilitares como gestores de paz.

El grupo incluye figuras como Salvatore Mancuso, Carlos Mario Jiménez ‘Macaco’, Diego Fernando Murillo ‘Don Berna’, Hernán Giraldo ‘El Señor de la Sierra’, Luis Eduardo Cifuentes ‘El Águila’ y otros excomandantes regionales.

Tras tres meses de suspensión, este espacio se reactivó luego de que 18 exparamilitares renunciaran por falta de garantías y diferencias ideológicas con el alto comisionado de Paz, Otty Patiño.

La controversia en torno a Jorge Tovar se agudizó cuando fue identificado como delegado de las víctimas en un proceso donde su propio padre negocia condición de gestor de paz y se presenta bajo el estatus de “preso político”.

Según fuentes consultadas por El Tiempo en el Palacio de Nariño, su nombramiento proviene de la bancada Sitrep, aunque sectores dentro de la mesa consideran problemático que sea el único vocero de víctimas en estos acercamientos.

El plan para este equipo de gestores de paz se extenderá hasta el 6 de agosto de 2026 y contempla acciones como facilitar la ubicación de personas desaparecidas, actos públicos de perdón y la identificación de bienes que alguna vez fueron entregados al Estado y que hoy están en posesión irregular.

Además, se prevé que sirvan de puente en negociaciones con otros actores armados activos. La posibilidad de que los gestores accedan a ciertos beneficios judiciales se mantiene como tema de discusión, pues el alto comisionado de Paz puede pedir traslados temporales para que cumplan funciones vinculadas a la paz.

Durante la semana pasada, miembros del Gobierno, incluidos el ministro del Interior Armando Benedetti y la directora del Dapre Angie Rodríguez, mantuvieron reuniones con los exparamilitares y otros delegados para definir estos lineamientos.

Por parte de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, Fabio Cardozo ha tenido un papel visible, ajustando los detalles administrativos y logísticos para las siguientes etapas del proceso.

La noticia sobre la participación de Jorge Tovar fue recibida con sorpresa y escepticismo dentro de la mesa. Para algunos, representa un dilema sobre la legitimidad y representatividad de las víctimas en estos diálogos, dado el antecedente familiar.

A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro se refirió a la polémica designación de 16 exjefes paramilitares como gestores de paz.

El mandatario colombiano defendió la decisión, afirmando que ser gestor de paz no significa que los exparamilitares salgan de prisión.

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Asimismo, aseguró que él no extraditará a paramilitares, comparando lo sucedido en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

Según el mandatario colombiano, supuestos amigos de Paloma Valencia, Álvaro Uribe e Iván Duque, se apropiaron de tierras.

“Los 16 gestores de las AUC ya eran gestores antes y ninguno por esto saldrá de la cárcel. El objeto de esta mesa de paz es terminar el proceso que Uribe dejó inconcluso; nunca los puso presos, sino que los extraditó y no les dejó decir la verdad. Al contrario, se apropiaron de las tierras que ellos se habían apropiado, algunos amigos suyos Paloma y de Uribe y de Duque”, indicó Gustavo Petro.

Y agregó: “Yo no los extradito como Uribe, pero quiero que digan toda la verdad y la JEP los reciba”.

El pronunciamiento del presidente Gustavo Petro se dio luego de la crítica de le senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático Paloma Valencia.

Desde su cuenta X, Paloma Valencia afirmó que “a quienes pensamos distinto nos trata de fascistas, mientras eleva a ‘gestores de paz’ a algunos de los tipos más violentos en la historia del país”.

Qué dice la resolución

El Gobierno de Colombia reactivó la figura de gestores de paz para 16 exjefes paramilitares, entre ellos Salvatore Mancuso, Rodrigo Tovar Pupo (“Jorge 40”) y Diego Fernando Murillo Bejarano (“Don Berna”), en una medida que despertó amplia polémica nacional.

Mediante la Resolución 327 del 21 de septiembre de 2025, firmada por el presidente Gustavo Petro, la administración designó a estos antiguos líderes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) como intermediarios en procesos de paz, con funciones hasta agosto de 2026.

La decisión oficial plantea que estos excomandantes contribuyan con su experiencia en procesos de construcción de paz y estrategias de acercamiento con actores armados ilegales.

El Gobierno justificó la medida al señalar la necesidad de consolidar los resultados derivados de la Ley 975 de 2005, normativa central en la reincorporación de desmovilizados y en la garantía de los derechos de las víctimas.

Junto con los mencionados Mancuso, “Jorge 40” y “Don Berna”, la resolución incluyó a otros exlíderes paramilitares como Héctor José Buitrago Rodríguez, Carlos Mario Jiménez Naranjo (“Macaco”), Ramiro Vanoy Murillo, Hernán Giraldo Serna, entre otros diez antiguos comandantes.

Todos habían sido condenados previamente bajo la Ley de Justicia y Paz, la cual les permitió acceder a beneficios judiciales a cambio de confesiones, reparación y colaboración con la justicia.

La participación de estos exjefes será temporal y no alterará su situación jurídica. Deberán firmar planes de trabajo específicos y un acta que los compromete a comparecer ante la justicia si son requeridos, asistir a las reuniones del Comité Técnico creado para el cierre del proceso de diálogo con las AUC y reportar periódicamente sobre las gestiones realizadas.

La medida responde también a un entendimiento alcanzado después de que estos exparamilitares renunciaron a su papel de gestores por diferencias con el alto comisionado para la paz. El ministro del Interior, Armando Benedetti, defendió la iniciativa argumentando su potencial para reconstruir el tejido social, promover la reparación y contribuir al esclarecimiento judicial.

La resolución aclara que el Gobierno garantizará la movilidad y seguridad de los designados, en función de sus labores y dentro de los límites establecidos. La decisión reabrió el debate público sobre el papel de exparamilitares en la vida cívica y el equilibrio entre justicia, reparación y búsqueda de paz, mientras el presidente Petro insistió en que la figura de gestor de paz no implica indulto, sino la utilización de su influencia para avanzar hacia la Paz Total.

Es por ello que las publicaciones, en las que se observa a cobradores de “gota a gota” pedir perdón a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada por apropiarse de dinero de la estructura criminal, no ha sorprendido a los residentes en el Magdalena.

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De hecho, en los comentarios sobre las grabaciones que se hicieron virales en redes sociales, internautas indicaron que han visto casos en los que cobra diarios deben trabajar hasta tres meses sin recibir ningún tipo de pago, lo que es una muestra del poder que tiene la estructura criminal en la zona.

Además de los videos mencionados, horas más tarde se han vuelto tendencia nuevas grabaciones con las que queda expuesta la importancia que tiene el grupo criminal en el Magdalena, ya que también se encargaría de juzgar a ciudadanos que realizan actos indebidos, aunque estas no influyan o afecten a las autodefensas.

En uno de los videos se observa a un individuo llorando, que, luego de que la persona que lo graba le indica que puede comenzar a hablar, agradece a la estructura paramilitar por no asesinarlo.

"Mi nombre es Lionel, vivo en Bonda, me gusta pegarle a las mujeres y me adueño de lo que no es mío. Gracias a los Conquistadores de la Sierra Nevada que me dieron esta segunda oportunidad“.

En un modus operandi que ha repetido en la mayoría de los casos el grupo armado, los sujetos son rapados y sostienen un cartel en el que se expone el motivo por el que están siendo juzgados por los conquistadores.

En otro caso, un joven que se identificó como Javier, indicó que fue retenido durante varias horas por los conquistadores al ser descubierto vendiendo drogas en zonas públicas.

“Estoy retenido por los Conquistadores de la Sierra Nevada. Estoy acá porque estaba vendiendo estupefacientes en los parques, los coliseos, dañando el ambiente, estoy aquí porque me están dando una segunda oportunidad”.

En otro aspecto que demuestra el poder que tiene el grupo armado en la región, el sujeto, que estaba amarrado en el video, indica que para ser perdonado deberá pintar los parques

“Aquí estoy para cambiar mi vida, porque estaba haciendo daño en sitios públicos, los parques que estén grafitiados, me toca hacer una obra social y pintarlos”.

En el tercer video, un sujeto, que no menciona su nombre, indica los motivos por los que está siendo rapado y castigado por los miembros del grupo paramilitar, del que presuntamente habría indicado que pertenecía para intimidar a terceros. “No debo pegarle a las mujeres, no debo amenazar a nadie, soy el nuevo comandante de los Conquistadores de la Sierra Nevada”.

Por último, en otro video que se ha vuelto viral, otro hombre menciona haber sido perdonado por la estructura criminal e indica que en caso de que reciba un nuevo llamado de atención será asesinado.

“Estoy acá porque me gusta amenazar a niños inocentes. Es el primer llamado que me hacen, al segundo me ponen a conocer el río, Gracias de verdad a los conquistadores por esta oportunidad”.

En los comentarios de las publicaciones se menciona la poca injerencia que tienen las autoridades en la región, asegurando que las pandillas y los grupos armados tienen poder territorial de gran parte de la zona.

Aunque el castigo al que fueron sometidos los individuos, suponen delitos ante el Código Penal, hasta el momento las autoridades en el Magdalena siguen sin pronunciarse al respecto.

Tras conocerse la resolución 327 del 21 de septiembre de 2025, firmada por el presidente de la República, Gustavo Petro, que designó a 16 exmiembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) como gestores en la eventual reapertura del proceso de diálogo con lo que fue esta estructura armada, el consejero comisionado de Paz, Otty Patiño, explicó los alcances de la determinación del Ejecutivo.

La estrategia oficial, según precisó el alto funcionario, busca que cada uno de estos exintegrantes de los grupos paramilitares asuma un papel concreto en la construcción de la paz. “Todavía darle la oportunidad a los gestores, a estos miembros de las AUC y otras fuerzas que comúnmente se conocen como paramilitares, de darle continuidad, digamos, a este proceso”, afirmó el Patiño en un video difundido a los medios.

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La nueva resolución, según detalló, otorga un margen temporal suficiente para que los gestores de paz desarrollen planes específicos, fundamentados en un análisis previo sobre el estado de sus procesos individuales. “Y sobre ese diagnóstico es que se plantea esta nueva resolución que me parece que, eh, da el tiempo necesario para que se desarrollen los planes que cada uno de los gestores de paz puede hacer”.

Y explicó que se ha logrado “un efectivo diagnóstico” de cómo estaba la situación con los miembros de estas estructuras, lo que le permitió tener un concepto específico. Es por ello que uno de los elementos centrales de esta etapa es la creación de una mesa técnica presidida por el ministro del Interior, Armando Benedetti, en la que participen entidades como el Dapre, la Consejería para la Paz y los propios gestores.

Así se llevará la mesa técnica entre el Gobierno y los excabecillas de extintas organizaciones paramilitares

La participación de los gestores de paz, se supo, será activa y obligatoria, con la presencia mínima de seis de ellos en cada sesión. “Y allí en una de las resoluciones plantea que por lo menos en cada una de las reuniones de esta mesa técnica deben estar por lo menos seis miembros de estos grupos que se movilizaron en ese tiempo. Algunos de ellos están todavía en las cárceles, algunos de estos gestores, otros no”, precisó.

El proceso, según Patiño, no constituye una nueva negociación, sino la culminación de acuerdos previos, con énfasis en temas pendientes como la verdad y la restitución de bienes. “Diré que no es un proceso, por supuesto, ya de negociación. La negociación que se hizo con ellos ya está. Lo que pasa es que si hay procesos muy incompletos, hay temas como restitución de bienes sobre los cuales existen muchas preguntas”, afirmó.

En ese sentido, destacó que hay asuntos en el ítem de verdad que todavía, a su juicio, “no son muy satisfactorios”, porque durante este proceso con los paramilitares “no hubo mucha formalidad”, refiriéndose al proceso que derivó en Justicia y Paz. “Y esa falta de formalidad hace que tengamos en muchos casos que hacer una arqueología de este proceso para poder establecer con claridad hasta dónde se avanzó”, sostuvo.

El consejero también remarcó la importancia de la participación de entidades como la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía, que aunque no actúa como mecanismo de control, sí lo hará como órgano de justicia. “Y desde luego todas las entidades que se consideren necesarios que participen en este proceso”, indicó el consejero comisionado, cuestionado por lo que serían los lentos avances en la política de Paz Total.

Para el funcionario, la conformación de la mesa técnica y la inclusión de estos organismos aportan solidez y transparencia al proceso. “Lo cual me parece que es un parte de tranquilidad para que se mire que en este proceso de una mesa técnica es un proceso muy consistente, que le da mucha seriedad y mucha tranquilidad a toda la ciudadanía de cómo se va a desarrollar este proceso”, concluyó Patiño.

Los 16 gestores de paz, ex paramilitares, designados por Gustavo Petro

1. Salvatore Mancuso Gómez
2. Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40
3. Ramiro Vanoy Murillo, alias Cuco Vanoy
4. Hernán Giraldo Serna, alias El Patrón
5. Luis Eduardo Cifuentes Galindo, alias El Águila
6. Manuel de Jesús Pirabán, alias Jorge Pirata
7. Juan Francisco Prada Márquez, alias Juancho Prada
8. José Baldomero Linares Moreno, alias Guillermo Torres
9. Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias Macaco
10. Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna
11. Fredy Rendón Herrera, alias El Alemán
12. Edwar Cobos Téllez, alias Diego Vecino
13. Arnubio Triana Mahecha, alias Botalón
14. Héctor José Buitrago Rodríguez, alias El Patrón
15. Héctor Germán Buitrago Parada, alias Martín Llanos
16. Rodrigo Pérez Alzate, alias Julián Bolívar

La reactivación de la figura de gestores de paz para 16 ex jefes paramilitares generó una intensa controversia en Colombia, al colocar nuevamente en el centro del debate nacional a figuras como Salvatore Mancuso, Rodrigo Tovar Pupo “Jorge 40″ y Diego Fernando Murillo Bejarano “Don Berna”.

La decisión, formalizada mediante la Resolución 327 del 21 de septiembre de 2025 y firmada por el presidente Gustavo Petro, establece que estos antiguos líderes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) desempeñarán funciones de intermediación y construcción de paz hasta el 6 de agosto de 2026.

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El Gobierno nacional, encabezado por Petro, argumentó que la medida responde a la necesidad de consolidar un balance integral del proceso de paz derivado de la Ley 975 de 2005, que reguló la reincorporación de miembros de grupos armados y garantizó los derechos de las víctimas a la verdad, justicia, reparación y no repetición.

La resolución también dispone la creación de un Comité Técnico para el Cierre de la Mesa Técnica de Diálogo Social con exintegrantes de las AUC, con el objetivo de dar un cierre definitivo al proceso de desmovilización iniciado hace más de dos décadas.

Entre los designados figuran, además de “Mancuso”, “Jorge 40″ y “Don Berna”, otros antiguos comandantes como:

• Héctor José Buitrago Rodríguez
• Ramiro Vanoy Murillo
• Hernán Giraldo Serna
• Luis Eduardo Cifuentes Galindo
• Manuel de Jesús Pirabán
• Juan Francisco Prada Márquez
• José Baldomero Linares Moreno
• Carlos Mario Jiménez Naranjo, “Macaco”
• Rodrigo Pérez Alzate
• Fredy Rendón Herrera, “El Alemán”
• Edward Cobos Téllez
• Arnubio Triana Mahecha
• Héctor Germán Buitrago Parada

Muchos de estos exjefes ya habían sido condenados en el marco de la Ley de Justicia y Paz, que les otorgó beneficios a cambio de confesiones, reparaciones y penas reducidas.

La designación, de carácter temporal y excepcional, no modifica la situación jurídica de los ex jefes paramilitares ni concede beneficios judiciales o de libertad. Cada uno de los seleccionados deberá suscribir un plan de trabajo específico, acordado con el Ministerio del Interior, el Departamento Administrativo de la Presidencia y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.

Además, están obligados a firmar un acta de compromiso que los vincula a comparecer ante la justicia cuando sean citados, asistir a las sesiones del comité y presentar informes periódicos sobre su gestión.

El documento oficial señala que su participación busca que “contribuyan con su conocimiento y experiencia al desarrollo de actividades de construcción de paz y garantías de no repetición, estructuración de procesos de paz y estrategias de acercamientos con actores armados ilegales”.

La medida se produce tras un periodo de distanciamiento, ya que estos 16 exparamilitares habían renunciado previamente a su rol de gestores de paz por desacuerdos con el alto comisionado para la paz, Otty Patiño. No obstante, tras nuevos acercamientos, se alcanzó un acuerdo que permite su reincorporación como intermediarios entre el Gobierno y los grupos armados.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, defendió la decisión al afirmar que el objetivo es que los ex jefes paramilitares “reconstruyan el tejido social, reparen, digan la verdad y construyan una verdad judicial”.

Benedetti añadió que quienes critican la resolución “le tienen miedo a la verdad o son cómplices de todo lo que ha pasado en este desastre de país”.

La Resolución 327 establece que el Gobierno se compromete a intervenir ante “las autoridades nacionales o extranjeras”, garantizando la movilidad y, en caso de ser necesario, la libertad de los gestores para el cumplimiento de sus funciones.

El plazo de designación se extiende hasta el 6 de agosto de 2026, durante el cual las actividades de los exparamilitares se desarrollarán bajo condiciones excepcionales, temporales y territoriales definidas en los respectivos planes de trabajo.

La decisión reavivó el debate sobre la legitimidad moral y jurídica de otorgar protagonismo a quienes fueron responsables de masacres, desplazamientos forzados, desapariciones y violaciones de derechos humanos.

El presidente Petro sostiene que la figura de “gestores de paz” no implica un indulto automático, sino que busca que actores con poder territorial y experiencia en los procesos de guerra contribuyan a la Paz Total”, la principal apuesta de su administración.

Según explicó el mandatario, la designación pretende reiniciar el denominado Pacto de Ralito, iniciado durante el gobierno de Álvaro Uribe, pero que, en palabras de Petro, aún no ha concluido y mantiene verdades y compromisos pendientes.

En la mañana del 16 de septiembre, el precandidato presidencial Abelardo de la Espriella denunció al presidente Gustavo Petro ante la Corte Penal Internacional, comenzando una disputa en redes sociales entre el jurista y el mandatario.

“He denunciado a Gustavo Petro ante la Corte Penal Internacional por instigación a crímenes de lesa humanidad y genocidio. Colombia no puede normalizar la persecución política ni la violencia como herramientas de poder”, escribió De la Espriella.

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Por su parte, Gustavo Petro recordó que el abogado estuvo involucrado en el acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las AUC para asegurar que el jurista había “estafado” a los comandantes del grupo armado.

“Tu alianza, Abelardo, con el paramilitarismo si es una instigación a los crímenes contra la humanidad. Es hora que el país sepa cuál fue tu papel con el paramilitarismo en Córdoba, y las estafas que les hiciste, cogiendo dineros del narcotráfico”, respondió el presidente Gustavo Petro.

La publicación del presidente hizo que se recordara que, en su momento, Abelardo de la Espriella fue acusado de ser “empleado” de los cabecillas paramilitares que hicieron parte del Acuerdo de Ralito.

La acusación se registró debido a que un presunto testigo indicó que el jurista recibió dinero de los paramilitares, más específicamente de alias Macaco; sin embargo, el individuo fue aceptado en un programa de protección no sin antes reconocer su error y pedirle disculpas públicas a De la Espriella.

La cercanía del abogado con el acuerdo de paz se registró debido a que trabajó en la Fundación Iniciativas por la Paz (Fipaz), que se encargaba de organizar el organigrama de la negociación, por lo que en su momento fue fotografiado en encuentros que sostuvieron los voceros de las AUC y del gobierno de turno.

En su momento, Salvatore Mancuso aseguró que De la Espriella era amigo cercano del exfiscal Mario Iguarán, que, según el exparamilitar, fue elegido con apoyo financiero de jefes de las AUC.

Es por ello que el jurista, en diálogo con W Radio, indicó que aunque su nombre fue mencionado, Mancuso no lo acusó de ningún crimen, y reafirmó que conoció al exparamilitar cuando era joven, porque vivián en una zona residencial cercana.

“Yo a Mancuso lo veía montar moto en el barrio en el que crecimos cuando él tenía más de 20 años y yo 10, porque él me lleva a mí 16 años, no teníamos oportunidad de ser tan cercanos porque la edad no lo permitía, era un referente para nosotros en el barrio porque el tipo montaba bien la moto. Volví a ver a Mancuso en la mesa de Ralito negociando con el gobierno, porque yo fui miembro de la sociedad civil acompañante. Nunca en su vida en la ilegalidad lo vi. Lo vi en mi infancia”, afirmó el abogado.

Sobre la Fipaz, también fue mencionada en una denuncia que recibió la fiscalía sobre aportes de un grupo de paramilitares; sin embargo, se confirmó que todo lo manejó alias Ernesto Báez.

“Está en el proceso cómo ellos pagaron el foro que se hizo, el foro lo pagaron ellos con el permiso del gobierno, lo que hicimos nosotros fue un foro público, todo fue público, yo convoqué a la prensa, eso no fue en la ilegalidad”, declaró De la Espriella al respecto.

Precisamente, este proceso, que terminó en 2009, fue mencionado por Abelardo de la Espriella en la última publicación que hizo al respecto, en la que indicó que el presidente estaba recordando “montajes” de los que fue víctima en el pasado.

“Las acusaciones que me haces —y que fueron un montaje en su momento, de tu exministro Iván Velásquez y otras hierbas del pantano de la izquierda radical— ya fueron resueltas por la justicia y son cosa juzgada: Como tú dices: “Paramilitarismo” (concierto para delinquir agravado) y “Coger dineros del narcotráfico” (lavado de activos), Fiscalía 10 Especializada Antiterrorismo. Proceso precluido el 9 de junio de 2009″, escribió De la Espriella en una publicación en X.

En su momento, en diálogo con Cambio, el abogado recordó las labores que tuvo en el acuerdo y aseguró que “lo volvería a hacer”, ya que calificó su accionar como una “labor de paz”.

La confrontación política entre el abogado y precandidato presidencial Abelardo de la Espriella y el presidente Gustavo Petro escaló varios niveles, luego de que el mandatario lo señalara públicamente por supuestos nexos con el paramilitarismo y el narcotráfico.

El mensaje presidencial se produjo tras una denuncia internacional radicada por el mismo De la Espriella ante la Corte Penal Internacional (CPI), en la que responsabiliza al jefe de Estado por instigación a crímenes graves contra sectores de la oposición.

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De la Espriella denuncia a Petro ante la Corte Penal Internacional

El abogado presentó el documento ante la CPI con argumentos que describen una serie de episodios que, según él, exponen al país a una crisis institucional. La denuncia señala directamente al presidente Petro por usar su investidura para provocar violencia contra quienes piensan distinto.

“El presidente Gustavo Petro, con sus declaraciones incendiarias, ha contribuido a la polarización, la incitación al odio y la inestabilidad del país. Mientras en Colombia las investigaciones se engavetaban por arreglos políticos, la Corte Penal Internacional tiene la competencia para actuar en defensa de los Derechos Humanos de la oposición”, escribió De la Espriella en su documento.

El precandidato también mencionó la resolución del Parlamento Europeo sobre el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay. Ese texto califica el crimen como parte de una secuencia de hechos violentos contra voces opositoras. El precandidato alertó además sobre la presunta complicidad del Gobierno colombiano con estructuras ilegales que, desde la frontera con Venezuela, fortalecen redes delictivas.

“Colombia necesita protección internacional porque su propio gobierno se ha convertido en un factor de riesgo para la oposición y para millones de ciudadanos que reclaman seguridad, libertad y democracia”, agregó en su petición.

Por lo que la respuesta de Petro no tardó, desde su cuenta oficial en la red social X, el presidente lanzó una acusación directa contra De la Espriella: “Tu alianza, Abelardo, con el paramilitarismo sí es una instigación a los crímenes contra la humanidad. Es hora que el país sepa cuál fue tu papel con el paramilitarismo en Córdoba, y las estafas que les hiciste, cogiendo dineros del narcotráfico”.

De la Espriella acusa al gabinete de Petro de actuar como una organización criminal

Ese mensaje desató una tormenta política y generó una réplica inmediata del precandidato, que utilizó la misma red social para defender su nombre y cuestionar con fuerza a quienes integran el círculo cercano del presidente.

“Las acusaciones que me haces —y que fueron un montaje en su momento, de tu exministro Iván Velásquez y otras hierbas del pantano de la izquierda radical— ya fueron resueltas por la justicia y son cosa juzgada”, respondió.

Luego, presentó detalles puntuales sobre su situación judicial pasada: “Como tú dices: ‘Paramilitarismo’ (concierto para delinquir agravado) y ‘Coger dineros del narcotráfico’ (lavado de activos), Fiscalía 10 Especializada Antiterrorismo. Proceso precluido el 9 de junio de 2009”.

En su mensaje, el abogado no se limitó a defenderse, pues apuntó directamente al gabinete presidencial, al que calificó como una organización de delincuentes. Hizo una lista extensa de funcionarios y escándalos que, según él, comprometen la legalidad del Ejecutivo.

“Tus múltiples crímenes y los de la bandola que te secunda, esos sí, impunes, siguen durmiendo el sueño de los justos”, escribió antes de enumerar los hechos:

1. Financiación irregular de campaña.
2. Corrupción en los carrotanques para La Guajira.
3. Contratos de María Isabel Urrutia.
4. Caso Laura Sarabia y Marelbys Meza.
5. Viajes irregulares de los hijos de Irene Vélez.
6. Nombramientos diplomáticos cercanos a Verónica Alcocer.
7. Participación de Juan Fernando Petro en negociaciones con presos.
8. Gastos elevados en movilizaciones políticas.
9. Dinero en efectivo entregado durante la alcaldía.
10. Contratación irregular en Bogotá.
11. Apoyo del EMC (FARC) a la campaña.
12. Cargos contra Nicolás Petro.
13. Colaboración con el régimen chavista.
14. Colapso económico.
15. Alianzas con organizaciones criminales.

El cierre del mensaje de De la Espriella incluyó una acusación personal, que causó fuerte reacción en redes: “Con toda la droga que consumes eres uno de los mayores financiadores —además de socio— del narcotráfico. Y habrá otros delitos que se me olvidan y los que faltan, porque eres un delincuente de la peor calaña, además de un ser humano deleznable e impresentable. ¡Agárrate, pronto sabrás lo duro que muerde el tigre!”.

A renglón seguido, reafirmó su compromiso de campaña: “Voy a recuperar la seguridad, derrotar el narcotráfico y la corrupción, y fortalecer la salud, las pensiones y el emprendimiento privado. Lucharé sin descanso por los pobres a los que Petro engañó, para construir un país próspero y democrático, contrario a la dirección narcoterrorista que hoy nos gobierna en asocio con Maduro”.

Nicaragua es un país donde nadie se siente a salvo ni siquiera en su propia casa. La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha tejido una extensa red de espionaje en la que los vecinos vigilan a sus vecinos, opositores y críticos son forzados a convertirse en delatores, y las aulas y centros de trabajo se han vuelto trincheras de control político.

El resultado es un país donde nueve de cada diez nicaragüenses aseguran sentirse vigilados, según una reciente encuesta de la organización en el exilio Hagamos Democracia.

El sondeo, realizado entre abril y junio de 2025 en 40 municipios y con una muestra de 400 personas, reveló que el 92.25 por ciento de los encuestados identifica a los Consejos de Liderazgo Sandinista (CLS) como los principales operadores de vigilancia en su entorno.

Tres de cada diez señalaron a la Policía, y apenas un 1.35 por ciento mencionó de manera directa a los secretarios políticos, aunque forman parte de la estructura de los CLS.

“Este dato es interesante porque refleja que la gente siente que son sus propios vecinos quienes la vigilan: el CLS del barrio, los secretarios políticos”, explicó Jesús Tefel, dirigente de Hagamos Democracia.

La arquitectura del control ha sido asentada en capas. En el nivel barrial, los CLS actúan como columna vertebral. Según el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) de la ONU, esos comités ejercen control comunitario, identifican opositores, presionan para asistir a actos partidarios y alimentan con información a un entramado que incluye Juventud Sandinista, sindicatos oficialistas y entidades públicas.

La coordinación no se limita a lo territorial: se extiende a la vida institucional a través de la Policía, ministerios y alcaldías, y alcanza la vida cotidiana mediante docentes, brigadistas de salud, encuestadores y compañeros de trabajo que, por temor o coacción, reportan movimientos, amistades y conversaciones.

El asedio también incluye convertir en delatores a ciudadanos considerados opositores. Infobae conoció el caso de una nicaragüense, que por seguridad no mencionaremos su nombre, que fue sacada de su casa por civiles armados y llevada a celdas asiladas de la Cárcel Modelo.

A los 15 días aproximadamente fue llevada a una oficina donde la esperaba un oficial de policía que la atendió “amablemente”. Incluso le llevaron comida caliente y decente, y una bebida gaseosa. A los pocos minutos, el policía le tendió una carta de “colaboración voluntaria” comprometiéndola a espiar, delatar y reportar a vecinos, familiares y amigos. La promesa era: si firmaba, saldría; si no, se quedaría. Firmó. Regresó a su casa limpia de cargos y cada semana la contacta un oficial de Inteligencia con preguntas precisas: “¿Alguien se comunicó con usted?”, “¿Oyó esto?”, “¿Sigue siendo amigo de fulana?” Pregunta, anota, se va. Vuelve.

La instrucción política para esa red de espías fue refrendada en el acto del 19 de julio de 2025. En un discurso, Ortega instó a sus seguidores a espiar a sus vecinos “para que no le quede espacio alguno a los terroristas, a los conspiradores, a los vendepatrias, porque sabrán que en cuanto se les descubra, se les captura y se les procesa”.

En otra formulación durante esa misma jornada ordenó “mantenernos siempre con todas las tareas que tenemos que cumplir, sin descuidar la vigilancia revolucionaria” en los barrios y centros de trabajo.

Rosario Murillo había fijado la doctrina tiempo antes. Desde 2023, una frase suya circula como síntesis del enfoque: “Ni una mosca debe volar sin que lo sepamos”.

Según el GHREN, esa sentencia se convirtió en pauta de gobierno y justificó la incorporación de instituciones enteras a la malla de vigilancia: Telcor, Ministerio de Educación, de Salud, de la Mujer, del Interior, y todas las alcaldías, con centros de cómputo donde se procesan datos de ciudadanos.

Dentro del partido, los secretarios políticos son figuras clave para señalar “personas de interés” y ordenar su seguimiento. El alcalde de Jinotega, Leónidas Centeno Rivera, lo expresó sin ambages: “Sin descuidarnos nadita de nadie, todo aquel que puso una bandera al revés, hay que seguirlo vigilando… todo el que salió a la calle a protestar… tiene que seguir siendo sospechoso y vigilado”.

El GHREN documentó además el rol central de la Subdirección General de Investigación e Inteligencia Policial y sus especialidades —Inteligencia, Investigaciones Económicas, Antinarcóticos, Auxilio Judicial, Contrainteligencia y Criminalística— en la recolección de información sobre opositores reales o percibidos, la coordinación con el Ministerio Público y el Poder Judicial para construir causas, y la asignación de vigilantes para conocer el paradero de determinados ciudadanos.

El informe detalló la existencia del Centro de Información e Inteligencia Policial (CIIP), no contemplado en ley, que operó al menos desde antes de 2018 bajo coordinación de altos mandos, y verificó la operación de una unidad clandestina llamada Departamento Técnico Operativo o “H”, con fachada de empresas de servicios (telefonía, agua, energía, mensajería, fumigación o ventas ambulantes) para filmar en secreto, intervenir comunicaciones, registrar domicilios sin orden judicial, y conducir a opositores a casas clandestinas donde fueron interrogados y torturados.

La vigilancia se ejecuta también mediante tácticas de proximidad social. El GHREN expuso que la Procuraduría General de la República, bajo la conducción de Wendy Morales y coordinación política de Murillo, articula visitas “casa a casa” y en escuelas para distribuir “cartillas” sobre temas diversos comosalud, valores, formación, elaboradas por Minsa, Mined, Procuraduría de Derechos Humanos, Ministerio de la Mujer y Minjuve.

Esas cartillas sirven de pretexto para recabar información, verificar quiénes viven en una vivienda, a nombre de quién está la propiedad y, si corresponde, intervenirla sin proceso legal.

Las brigadas suelen incluir miembros de Juventud Sandinista y secretarios políticos, y operan con listas de “personas de interés” elaboradas desde la Secretaría de la Alcaldía de Managua y otras estructuras.

Los centros educativos constituyen otro eslabón crítico. Tras el discurso del 19 de julio, Allison Lohlofftz, vicepresidenta de la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua (UNEN), admitió que la consigna presidencial se extendería a las aulas: “Él (Ortega) lo dijo: vigilancia revolucionaria, claro que lo dijo, desde todas las trincheras, desde cada aula de clase. Vigilancia revolucionaria desde cada esquina de tu trabajo, desde cada esquina de tu oficina”.

También reconoció la función de “los movimientos que conforman el Ministerio de la Juventud”, ocho movimientos deportivos, culturales, ambientales, la FES, UNEN, el Movimiento de Ciencia y Tecnología, como herramientas de control, y reivindicó la labor de la Red de Jóvenes Comunicadores para “comunicar” y neutralizar una eventual repetición de las protestas de 2018.

Según relatos anónimos, vecinos, miembros de CLS, se presentan en casas para “entregar” carnés de militancia del Frente con nombre y foto del receptor, y lo “invitan” a integrarse al trabajo político comunitario, infiltrarse en grupos de WhatsApp y reportar conversaciones.

La negativa acarrea amenazas de detención por “traición a la patria” o acusaciones por ciberdelitos. En el empleo público, la presencia obligatoria en marchas y actos partidarios se fiscaliza con listas y fotografías; en el sector privado, compañeros de trabajo son presionados para informar sobre colegas con opiniones críticas.

En el ámbito familiar, el chantaje sobre servicios de salud es otra herramienta: a una activista feminista detenida en 2021 le exigieron reportes semanales bajo la advertencia de que su madre, enferma de cáncer, perdería medicamentos y citas.

Laureano Ortega, en una reunión de alto nivel en Moscú, sostuvo que “desde el año 2018” Nicaragua se ha dedicado a fortalecer “la seguridad y la defensa” con apoyo de Rusia y tecnología china.

Afirmó que Policía, Ejército y Ministerio del Interior, “en coordinación permanente con la población nicaragüense”, han logrado establecer “mecanismos de prevención, atención y control” para neutralizar a “mercenarios y vendepatrias”. Su declaración confirma la fusión entre aparato estatal, partido y participación ciudadana coaccionada, y sugiere la adopción de capacidades de vigilancia electrónica que el GHREN vincula con intervención de comunicaciones y monitoreo sistemático.

Los paramilitares y civiles armados completan el cerco. Actuaron de forma determinante en 2018 para desmontar tranques y manifestaciones, y hoy persisten como pieza disuasiva que patrulla, fotografía y reporta.

La Policía los encuadra y, en paralelo, desarrolla misiones de inteligencia vecinal. Las alcaldías consolidan bases de datos con información personal; Telcor regula y sanciona medios y operadores de telecomunicaciones que no se alinean; el Ministerio del Interior articula listas y operativos; las estructuras partidarias indican a quién investigar.

La noción de “enemigo” se ha expandido: puede ser quien “puso una bandera al revés”, quien no aplaude en el acto, quien no asiste a la marcha, quien mantiene amistad con alguien en el exilio, o quien compartió un mensaje crítico en un chat familiar.

El Ministerio Público acusó por “robo al pueblo nicaragüense” a siete integrantes de un grupo de WhatsApp denominado “La Comuna”, que sostenían debates académicos y críticos sobre el rumbo del país. Aunque no fue acusado, el grupo era liderado po Carlos Fonseca Terán, hijo del fundador del partido Frente Sandinista, quien fue apresado y luego aislado en arresto domiciliar de facto.

Desde la perspectiva de derechos humanos, el GHREN ha atribuido responsabilidades concretas a 54 funcionarios por crímenes graves vinculados a la represión desde 2018 y ha descrito un “Estado dentro del Estado” dedicado a identificar, vigilar, detener y judicializar opositores reales o supuestos.

Entre sus hallazgos se encuentran no solo unidades clandestinas y cadenas de mando informales, sino una estrategia deliberada de destrucción del tejido social: el incentivo o la coerción para que ciudadanos delaten a otros ciudadanos.

La vigilancia, además, no hace más seguro al país: la encuesta de Hagamos Democracia registra una percepción mayoritaria de aumento de criminalidad pese a la expansión del espionaje.

A juicio del abogado y defensor de derechos humanos Gonzalo Carrión, la persistencia de la vigilancia responde a que “el Frente ya no se sostiene con legitimidad, sino con miedo”.

Esa percepción se verifica en la vida cotidiana: vecinos que evitan saludarse, familias que callan en la mesa, trabajadores que miden cada palabra, estudiantes que dudan de sus compañeros. Y en el trasfondo, la directriz oficial para no “descuidar la vigilancia revolucionaria”.

Nicaragua es un país donde “todos son sospechosos”. Incluso, los mismos que vigilan también son vigilados.

Esta semana se conoció, sin confirmación oficial, de la presunta captura del ex jefe de la Seguridad del Estado en los años 80, Lenin Cerna. Pocos días antes fueron apresados el asesor de seguridad de Daniel Ortega y Rosario Murillo, Néstor Moncada Lau y el asesor presidencial para asuntos económicos, Bayardo Arce Castaño, entre otros, como parte de una purga que se ejecuta a todos los niveles.

Nicaragua es hoy un territorio donde un funcionario toca la puerta con una cartilla en la mano y una lista en el bolsillo, un policía llama los lunes con preguntas específicas, una dirigente estudiantil promete ojos en cada aula y un alcalde manda seguir a quien puso una bandera al revés. Y donde un presidente, ante miles de uniformados y empleados públicos, repite la orden que sostiene el engranaje: “Sin descuidar la vigilancia revolucionaria”.

La sofisticación con la que el crimen organizado infiltra sectores legales en Colombia quedó en evidencia a través de la investigación de la Fiscalía General, que actualmente examina un hotel en el centro de Medellín como parte de una red que pretendía ocultar 240 inmuebles vinculados a Antonio Moreno Tuberquia, alias Nicolás, antiguo miembro de la cúpula del Clan del Golfo. Esta organización, de origen paramilitar, es considerada por las autoridades como la más grande del país, con 7.500 integrantes.

Romanza, hotel bajo investigación, se encuentra en el barrio Colón, en pleno centro de Medellín, una zona donde confluyen la presencia histórica de grupos criminales y la actividad administrativa de las autoridades locales.

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Según el ente acusador, el inmueble fue adquirido en 2017 por una organización dedicada al lavado de activos entre 2014 y 2023. Se trata de un edificio de 11 pisos, clasificado como hotel de tres estrellas, con 60 habitaciones y tarifas que oscilaban entre $95.000 y $150.000 por noche. El valor estimado del inmueble ronda los $21.000 millones. La compra se realizó a través de un hombre de confianza de Consuelo Ibeth Parra Velandia, conocida en los círculos judiciales como la “abogada de la mafia”, quien ha representado a figuras centrales del narcoparamilitarismo colombiano.

El Espectador reveló que entre los clientes de Parra Velandia figuran alias Nicolás, Don Berna, exlíder de la Oficina de Envigado, los exjefes paramilitares como alias El Alemán, Don Mario, Jorge Pirata, el narcotraficante Don Diego y alias Otoniel, exlíder del Clan del Golfo. Los documentos obtenidos por la investigación incluyen interceptaciones de comunicaciones que sugieren que parte de las actividades ilícitas de la red se orientaban a la construcción de un hotel en Cartagena. No obstante, el proyecto quedó inconcluso por falta de recursos y permisos de las autoridades locales.

El uso de la infraestructura hotelera para el blanqueo de capitales no es nuevo para el Clan del Golfo. En febrero de 2024, la Fiscalía General capturó a Ferney Cardona Bello, alias Soya, un narcotraficante de la organización que era buscado por la CIA y que, según la investigación, contaba con socios de alto perfil en la sociedad antioqueña para lavar activos a través del sector inmobiliario.

En el proceso judicial contra Soya, se menciona la finca hotel Balcón del Valle, situada en la vía entre Pereira y Alcalá. Una de las promociones del establecimiento, aún disponible en Internet, destaca: “Esta casa de vacaciones, que tiene nueve habitaciones, es una excelente opción para tu estadía en Pereira. Los huéspedes pueden refrescarse en alguna de las dos piscinas al aire libre y relajarse en la bañera de hidromasaje al final de su día. También dispone de una terraza, un jardín y piscina”. El expediente judicial ordena el seguimiento al propietario de este inmueble por su posible vinculación con la red de lavado de activos, explicó el medio citado.

En las proximidades de Alcalá, en el municipio de Quimbaya, Quindío, se encontraba el ecohotel Las Orquídeas, que, según el órgano de control, también formaba parte de los negocios del Clan del Golfo. En mayo de 2023, las autoridades capturaron al propietario, Mario Élber Garzón Escobar, alias Mario Bros, señalado como uno de los principales operadores de Otoniel para el lavado de activos. El ecohotel contaba con 15 habitaciones, piscina, caballerizas y extensas zonas verdes, abarcando más de 35 hectáreas.

El caso de Jhon Freddy Zapata, alias Messi, otro narcotraficante del Clan del Golfo capturado en diciembre de 2020, revela una modalidad distinta: la creación de empresas de papel. La firma Operadora Hotelera Génesis SAS fue utilizada, según la Fiscalía, para dar apariencia de legalidad a fondos provenientes del narcotráfico. En contraste, el hotel y estación de servicio Marianza, ubicado en el corregimiento El Totumo de Necoclí Antioquia, sí contaba con instalaciones físicas y era administrado por alias Perris, un colaborador cercano de ‘Messi’.

El auge del paramilitarismo en Colombia dejó miles de víctimas en el territorio nacional. Una gran parte de ellas, a pesar de que el acuerdo de paz con las AUC se consolidó en 2004, siguen sin ser reconocidas.

Con el fin de reconocer a más de 800 víctimas del paramilitarismo en La Dorada, Caldas, se llevó a cabo la instalación de una placa conmemorativa en el Parque Santander, como parte de las medidas de reparación integral ordenadas por el Tribunal de Justicia y Paz.

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Este acto reunió a más de 200 sobrevivientes del conflicto con las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, estructura liderada por Ramón Isaza, responsable de múltiples violaciones a los derechos humanos en la región entre finales de los años 90 y comienzos de los 2000.

La placa busca dignificar a las víctimas de desplazamientos forzados, homicidios, desapariciones y amenazas ocurridos durante el período de violencia paramilitar.

Durante la ceremonia, familiares y víctimas participaron en un minuto de silencio y compartieron testimonios sobre las secuelas del conflicto, entre ellos el de Betty Mejía, quien perdió a sus dos hijos en este contexto.

“Esperé más de 20 años para este momento. Mis hijos, que eran tan solo unos niños, fueron asesinados vilmente, y siempre he estado buscando justicia por ellos. Quiero dedicarles esta placa a ellos, quienes nunca me han abandonado y me han dado la fuerza para seguir buscando justicia y verdad”, indicó Mejía durante el evento.

La instalación de la placa fue el resultado de varios encuentros entre las víctimas y entidades estatales, en los que se consensuaron acciones simbólicas de reparación. La frase inscrita en el monumento destaca la memoria y resiliencia de las familias afectadas.

El evento contó con la presencia de representantes de la Unidad para las Víctimas, la Gobernación de Caldas, la Alcaldía de La Dorada y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, quienes reiteraron el compromiso estatal con la memoria, la justicia y la reconstrucción del tejido social en el municipio.

La placa ubicada en la mitad del Parque Santander recordará a sus víctimas con la frase: “Para que nunca olvidemos nuestro pasado. En memoria a las víctimas del conflicto armado en La Dorada Caldas, y en reconocimiento a la resiliencia de las familias, que honran con amor el recuerdo de sus seres queridos”. Una vez la placa fue develada, las familias hicieron un minuto de silencio y recordaron a cada víctima.

Por su parte, la directora territorial de la Unidad para las Víctimas en el Eje Cafetero, Alexandra Ramírez Leal, afirmó que “con esta entrega, les decimos a las víctimas que sus vidas, sus historias y su dolor son importantes. Les decimos que no están solas, que la sociedad y el Estado los ven, los escuchan y los acompañan en su búsqueda de paz y justicia. Este es un reconocimiento de su resiliencia, de su coraje y de su inquebrantable espíritu de lucha”.

¿Quién fue Ramón Isaza?

Conocido como “El Viejo”, Isaza fue uno de los fundadores de las AUC en el Magdalena Medio, por lo que fue testigo directo de lo registrado con los tres hermanos Castaño.

En el proceso de desmovilización de las AUC entre 2003 y 2006, Ramón Isaza entregó las armas junto a centenares de combatientes bajo sus órdenes. Como parte de los acuerdos alcanzados con el gobierno, aceptó participar en la Ley de Justicia y Paz, que le otorgó beneficios jurídicos a cambio de confesión de crímenes, reparación a las víctimas y colaboración con la verdad.

Isaza fue capturado en 2006 y procesado por múltiples delitos, incluidos homicidio, desplazamiento forzado y desaparición forzada. En prisión compareció sobre su rol al interior del grupo paramilitar. Tras terminar el proceso de Justicia y Paz fue dejado en libertad en 2017

La Fiscalía General de la Nación investiga a Consuelo Ibeth Parra Velandia como presunta líder de una red de lavado de activos asociada a la adquisición de 240 bienes raíces avaluados en más de $65.700 millones en ciudades como Bogotá, Medellín, Cartagena, Pereira y Chía.

La indagación implica a la abogada, que fue defensora de altos líderes del paramilitarismo y del Clan del Golfo, en supuestas maniobras financieras para ocultar capitales provenientes del narcotráfico, de acuerdo con los documentos e informes revelados por El Espectador y confirmados por fuentes judiciales.

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Según reportó el medio citado, la Fiscalía acusa a Consuelo Parra, oriunda se Sogamoso (Boyacá), de encabezar un esquema de testaferrato y enriquecimiento ilícito por medio de la compra y administración de propiedades que incluyen casas, apartamentos, loteos, hoteles y parqueaderos.

Los inmuebles están registrados a nombre de cuatro personas y siete empresas, constituidas entre 2014 y 2017, periodo en el que, por ejemplo, las firmas y particulares compraron 185 bienes solo en nombre de la empresa Incol, representada legalmente por Wilson Muñoz Ávila.

Los informes judiciales destacan que Muñoz adquirió, en ese mismo lapso, 108 parqueaderos en el Centro Comercial Lago Plaza de Pereira, 36 terrenos en Acacías (Meta) y 14 apartamentos tipo penthouse en el sector de El Poblado, en Medellín. Otras empresas bajo investigación suman propiedades en áreas exclusivas del norte de Bogotá, apartamentos de lujo en condominios de Cartagena, un hotel en el centro de Medellín y varios lotes en Sogamoso.

Según publicó El Espectador, la relación de Consuelo Parra con redes criminales se remonta a su desempeño como abogada defensora de figuras como “Don Berna”, “El Alemán”, “Don Mario”, “Otoniel”, “Jorge Pirata” y “HH”, todos líderes del paramilitarismo en Colombia y del Clan del Golfo, actualmente considerado el mayor grupo armado ilegal del país, de acuerdo con el Ministerio de Defensa.

El expediente judicial sostiene que Parra habría actuado como depositaria de fondos y secretos de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y de estructuras posteriores.

En el caso judicial aparecen otros involucrados. El ente investigador también señala como operador financiero a Cristhian Camilo Uribe, vinculado según la Dian a actividades agropecuarias, pero que adquirió 20 inmuebles por $2.735 millones durante una década, incluyendo locales comerciales, apartamentos, terrenos y un hotel en Medellín.

El proceso penal contra Consuelo Parra, que tiene 47 años, avanza por cargos de lavado de activos, concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito. De acuerdo con el medio anteriormente mencionado, la investigación se fortalece con las declaraciones de exparamilitares y la colaboración judicial de Antonio Moreno Tuberquia, alias Nicolás, antiguo segundo en la jerarquía del Clan del Golfo y cliente de Parra. Tras la captura y extradición de “Nicolás” a Estados Unidos en marzo de 2022, varias operaciones financieras sospechosas quedaron bajo la lupa de las autoridades.

Parra, que también participó como interlocutora en intentos de sometimiento judicial del Clan del Golfo en el gobierno de Juan Manuel Santos, negó todas las imputaciones. Su abogado, Iván Cancino, declaró a El Espectador que “es una abogada que ha ejercido su profesión y que, dentro de ese ejercicio de la profesión, ha cobrado honorarios importantes, declarados, todos por encima de la mesa, en el marco de la ley”.

Cancino dijo contar con un dictamen pericial que avalaría el origen lícito del patrimonio de su clienta y recordó que la justicia le negó a la Fiscalía la prisión preventiva, limitando las medidas cautelares a la presentación periódica ante el juzgado.

Respecto a la acusación de que Parra indujo a Nicolás a colaborar con la justicia para facilitar la caída de “Otoniel”, Cancino señaló que “aconsejar a su cliente es parte del ejercicio profesional y hace parte de la reserva del sumario, tanto mía con ella, como de ella con sus clientes”.

La audiencia de acusación prevista para el 26 de agosto fue aplazada por ausencia de representantes de la Fiscalía, sin fecha confirmada para su reprogramación. Mientras tanto, la investigación sigue avanzando, y se han anunciado próximos capítulos que involucran nuevas interceptaciones telefónicas asociadas a viejas estructuras criminales y delitos conexos en Bogotá y otras ciudades.

El nuevo precandidato presidencial del Pacto Histórico Alfredo Saade arrancó su aspiración con pullas hacia los personajes de otros sectores políticos que, así como él, buscan llegar al primer cargo de la nación en 2026. Con comentarios acérrimos se fue en contra de una de las figuras que ha cobrado mayor relevancia por el estilo de su candidatura.

Uno de sus comentarios lo lanzó en contra del abogado Abelardo de la Espriella, cuya aspiración se ha caracterizado por ser afín a los sectores más radicales de la derecha del país, con afirmaciones controversiales sobre lo que se debería hacer con los colombianos que respaldan las ideas del presidente Gustavo Petro.

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A través de su cuenta oficial de X, Saade hizo referencia a las acusaciones en contra de De la Espriella de tener relación con grupos paramilitares que perpetraron masacres en varias regiones del país y realizar acciones aberrantes con los cuerpos de sus víctimas.

Las palabras del precandidato petrista se registraron en reacción a una afirmación de su contrincante en la que aseguró que en un eventual gobierno suyo impondrá la “mano dura” que nunca se ha visto en la historia del país y que reducirá a los grupos violentos.

Frente a estas palabras, el llamado “pastor” le recordó que algunos jefes paramilitares lo han señalado como amigo personal y que esa “mano dura” a la que hace alusión se vio materializada cuando durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe los grupos perpetraron crímenes que siguen siendo repudiados por la opinión pública.

“Si la vimos Abelardo, la vimos cuando tus amigos paramilitares picaban gente con motosierras y jugaban fútbol con las cabezas de humanos a quienes desmembraban“, escribió el aspirante a ser el sucesor de Gustavo Petro.

A su vez, el controversial precandidato “le prometió” al abogado que, de llegar a la Casa de Nariño en 2026, esos hechos no se volverían a registrar, lo que sin duda demuestra la confianza de quien fuera el jefe de Gabinete del Gobierno nacional sobre los comicios legislativos y presidenciales en donde el legado de la izquierda buscará superar el examen de las urnas.

Saade aseveró que la fuerza a la que hace referencia De la Espriella ya se vivió en el país y su resultado se sigue, según él, lamentando en varias regiones del país en donde la violencia llegó a números históricos.

“Colombia no volverá a eso, te lo prometo. Tu accionar no sería nuevo para el país“,

El “pastor” cerró el mensaje con su acostumbrada frase “levántate Colombia” que le suscitó criticas y burlas durante el gobierno de Iván Duque, en el que se hizo reconocido por su ferviente afinidad con las ideas del entonces senador y hoy mandatario Gustavo Petro.

Y es que esas palabras con las que el “pastor” cierra sus mensajes en redes sociales son también una representación de lo que considera “el poder popular” que llevó al jefe de Estado al Palacio Presidencial y con el que, de acuerdo con su visión, llegará al primer cargo de la nación para hacer realidad sus polémicas propuestas.

Entre las iniciativas que el precandidato ha expresado que instauraría en el país se encuentra la convocatoria a una asamblea nacional constituyente para volver a materializar la reelección presidencial y buscar que Petro vuelva a ser el inquilino de la Casa de Nariño.

Incluso, en sus mensajes ha lanzado pullas a sus propios copartidarios asegurando que de no estar de acuerdo con la reelección del considerado primer presidente de izquierda del país, no deberían tampoco hacer parte de los proyectos progresistas, por lo que los señaló de ser “tibios” que quieren gobernar.

“Quien no quiera la reelección del presidente @petrogustavo y la constituyente, no debería predicar que quiere continuar con el proyecto progresista”, escribió en una publicación en sus redes sociales.

El 31 de mayo de 2026 se llevarán a cabo las elecciones presidenciales en Colombia, lo que ha hecho que una gran cantidad de precandidatos comiencen a hacer campaña para ser elegidos por la ciudadanía.

Uno de los casos de figuras que se han vuelto relevantes por su discurso es el de Santiago Botero, un empresario que ha centrado su discurso en la lucha contra la impunidad y la corrupción.

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Botero se ha vuelto viral en repetidas ocasiones por indicar que en su hipotético gobierno le dará “balín” a todos los criminales.

Además, tras una entrevista con el medio Desigual, volvió a ser tendencia, pero esta vez por afirmar que se siente orgulloso de ser comparado con Carlos Castaño, fundador de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

En la entrevista, Botero mencionó que lo hace feliz ser comparado con el jefe paramilitar porque este fundó a las autodefensas, que combatieron a la guerrilla durante varios años.

“Que detallazo huevón. La gente me habla de Carlos Castaño. Si usted me dice que soy Carlos Castaño, yo me pongo orgulloso y le voy a decir por qué. Carlos Castaño monta algo que se llaman las autodefensas, que es diferente a los paramilitares que tienen que ver con narcotráfico. Las autodefensas se montan porque a él y su hermano les matan a su padre".

Botero recordó que los hermanos Castaño también fueron parte de Los Pepes (Perseguidos por Pablo Escobar), que fue conformada por criminales que eran enemigos del capo del cartel de Medellín.

“Ellos montan las autodefensas porque el Estado no los puede defender de la guerrilla. Este señor, cuando pasa el tema de Pablo Escobar, se volvió aliado del gobierno y gracias a Los Pepes es que matan a Pablo Escobar“.

Dejando de lado los crímenes de lesa humanidad que cometió Carlos Castaño, el precandidato lo comparó con Gustavo Petro y hasta afirmó que el fundador de las AUC habría derrotado electoralmente al hoy presidente.

“Cuando a mí me hablan de Carlos Castaño, siento que hablamos de alguien que podría ser candidato presidencial. Hoy tenemos a un presidente que fue guerrillero. Carlos Castaño le habría ganado las elecciones a Gustavo Petro, de lejos”.

Por último, Botero defendió a Castaño al indicar que había sido traicionado por su hermano Vicente Castaño, Salvatore Mancuso y los demás cabecillas de las AUC que años más tarde firmaron la paz con el Estado colombiano.

“Matan a Carlos Castaño porque no estaba de acuerdo con el narcotráfico, Vicente, de la mano con el que llegó de Estados Unidos, mataron a Carlos Casto. Cuando usted me habla de Carlos Castaño, habla de alguien que le dio esperanza a Colombia, porque los guerrilleros estaban acabando con este país, dio esperanza cuando mataron a Pablo Escobar. Yo cuando digo que lo admiro, es esa parte", puntualizó.

En los comentarios de la publicación, los usuarios trataron de irresponsable a Botero, recordándole que Castaño y las AUC fueron responsables asesinatos selectivos, masacres, desapariciones forzadas, secuestros y desplazamientos de comunidades.

De la misma forma, que Castaño habría sido quien ordenó el asesinato de Jaime Garzón en 1999 y avaló la ejecución de población civil en las masacres como las de El Aro, Mapiripán y La Gabarra; además, se afirma que también ordenó el asesinato de su hermano mayor Fidel Castaño.

“Perdió los pocos votos que tenía”, “Eso pasa cuando se sabe la historia contada por una serie y no la de verdad” o “Increíble que en pleno 2025 exista alguien que hable con orgullo sobre Carlos Castaño”, fueron algunos de los comentarios al respecto.

A 20 años de la firma del proceso de paz con las Autodefensas Unidas de Colombia, se siguen conociendo y confirmando más hechos sobre lo registrado durante el auge paramilitar en el país.

Uno de los casos más recientes en ser mencionados por el programa de Justicia y Paz es la participación e importancia del mercenario israelí Yair Klein para el entrenamiento de paramilitares y grupos armados durante los 80.

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La sentencia más reciente sobre este tema indica que el israelí fue clave en los procesos de preparación de frentes paramilitares con presunta colaboración del Ejército Nacional.

El fallo menciona a 21 exmiembros de las AUC y se afirma que la Escuela Cincuenta en Puerto Boyacá fue una de las zonas tácticas para los entrenamientos sobre manejo de explosivos y métodos de exterminio selectivo.

Cabe recordar que en su momento, en una de las audiencias de Justicia y Paz, Klein se describió como un “combatiente” que ingresó al país sin violar la ley.

El paso de Klein por Colombia

La llegada del israelí se registró a mediados de los 80, cuando el Estado colombiano sostenía una guerra con el cartel de Medellín; en ese momento se encargó de entrenar a escuadrones paramilitares y jóvenes “suizos” (término que utilizaban los capos para referirse a los sicarios que tenían misiones suicidas).

Klein tenía contacto directo con los hermanos Castaño, que en ese momento seguían teniendo cercanía con Pablo Escobar, por lo que no tenían problemas en que el mercenario compartiera su conocimiento sobre explosivos con miembros del cartel de Medellín.

La primera vez que llegó a Colombia, Klein se registró como si se tratará de un ciudadano del común, llegó al aeropuerto El Dorado y estuvo acompañado por miembros de las Fuerzas Militares y el extinto DAS, que tenían acuerdos con los paramilitares para combatir de manera directa a la guerrilla.

“Fue él quien le enseñó al Cartel de Medellín a accionar bombas a control remoto”, indicó a la BBC Pablo Elías González, que fue jefe de investigaciones especiales de la Procuraduría General de Colombia en los 80.

Klein fue mencionado durante la investigación tras el asesinato de Galán y por el atentado al avión de Avianca en 1989, pero no se le vinculó de manera oficial a estos crímenes; sin embargo, el magnicidio del candidato político provocó que terminara huyendo del país por el Amazonas.

El israelí no trabajó solo en Colombia, puesto que trajo consigo a Tzadaka Abraham y Teddy Melnik, que le ayudaron a entrenar a los miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia; sin embargo, Klein indicó que solo compartió su conocimiento militar con campesinos que querían defenderse de las Farc.

El mercenario también indicó que el Gobierno de Estados Unidos tenía conocimiento de sus visitas, “Estuve en Colombia por invitación de los americanos y punto. Todo lo que Estados Unidos no puede hacer porque le es prohibido, lo hace por intermedio de otros”, declaró Klein al diario Maariv en el 2000.

Los entrenamientos del mercenario en Colombia están directamente asociados al asesinato de dos candidatos presidenciales; el primero fue el de Bernardo Jaramillo Ossa, que fue ultimado por Arturo Gutiérrez Maya, un joven de 16 años que fue preparado militarmente por el israelí en el Magdalena Medio.

El 22 de marzo de 1990 el menor le disparó con una ametralladora ingram a Jaramillo, que a pesar de las amenazas en su contra, afirmó que no utilizaría un chaleco antibalas en ningún momento.

Bajo el mismo método con el que fue asesinado Bernardo Jaramillo, un mes después, más específicamente el 17 de abril de 1990, un menor de 17 años, identificado como Gerardo Gutiérrez Uribe, terminó con la vida de Carlos Pizarro a bordo de un vuelo comercial. Aunque la Dijín y la Sijín responsabilizaron a Pablo Escobar por el crimen, el líder del cartel de Medellín negó los señalamientos en un comunicado en el que afirmó que su relación con los militantes del M-19 siempre fue positiva.

La identidad del autor intelectual del crimen no pudo ser identificada debido a que Gutiérrez Uribe, que era el único que sabía quién ordenó la muerte de Pizarro, fue dado de baja por un escolta, aunque según el testimonio de algunos pasajeros del vuelo, ya estaba totalmente desarmado.

La sala de primera instancia de la Corte Suprema de Justicia ordenó la libertad inmediata del exsenador Álvaro García Romero, condenado a 40 años de prisión por la masacre de Macayepo, al cumplirse (el 4 de agosto) los 180 días reglamentarios del juicio sin que se hubiera dictado sentencia en la causa por desplazamiento forzado agravado.

La defensa de García Romero solicitó en reiteradas ocasiones la excarcelación, argumentando la expiración de los plazos y el cumplimiento de más de las tres quintas partes de su condena.

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Álvaro García Romero, conocido como ‘El Gordo’, fue senador y representante a la Cámara por el departamento de Sucre durante los años noventa y dos mil. Su nombre quedó ligado a uno de los episodios más graves del conflicto armado en Colombia: la masacre de Macayepo, ocurrida en el corregimiento del mismo nombre en los Montes de María, donde el 14 de octubre de 2000 un grupo de paramilitares asesinó a campesinos y ocasionó el desplazamiento masivo de cerca de 4.000 personas.

El exsenador fue hallado responsable como autor intelectual del crimen y por desviar recursos públicos para financiar estructuras paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

La condena dictada en 2010 por la Sala Penal de la Corte Suprema estableció que García Romero no solo participó en la planeación y financiación de la masacre, sino que además tuvo responsabilidad en la muerte de una jurado electoral que había denunciado irregularidades en su departamento. Los delitos por los que fue condenado incluyen concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, homicidio simple y peculado por apropiación. Estas conclusiones, divulgadas por El Tiempo, situaron a García Romero como una de las figuras emblemáticas de la llamada “parapolítica”.

A pesar de la gravedad de los hechos, la reciente liberación del exsenador responde al proceso abierto por el presunto delito de desplazamiento forzado agravado en los Montes de María. Según confirmó la Corte Suprema, se evidenciaron “presuntas acciones dilatorias” en el proceso, atribuidas a la defensa de García Romero por la multiplicidad de recursos y peticiones presentadas en el desarrollo del juicio. En uno de los autos, el magistrado Jorge Caldas compulsó copias disciplinarias contra los abogados Santiago Aguirre Ossa y Luis Felipe Aguirre por posibles maniobras para demorar la actuación judicial.

El fallo de la Corte Suprema revocó una decisión previa del Juzgado 22 de Ejecución de Penas de Bogotá, que le había concedido libertad condicional. En este contexto, la Corte consideró esa interpretación como limitada frente a los requisitos legales para conceder beneficios de libertad. No obstante, ahora el tribunal superior determinó que, al no haberse tomado una decisión dentro del plazo correspondiente a la etapa de juzgamiento, García Romero podrá continuar su defensa en libertad mientras prosigue la investigación.

El proceso judicial mantiene vigente la acusación contra García Romero por el desplazamiento forzado de cerca de 4.000 campesinos tras el ataque perpetrado por aproximadamente 80 paramilitares bajo el mando de Rodrigo Pelufo, alias “Cadena”, en octubre de 2000. El accionar violento incluyó asesinatos con armas blancas y objetos contundentes en varias localidades de los Montes de María, consolidando uno de los más recordados episodios de violencia rural en el Caribe colombiano.

En los últimos años, la defensa de García Romero realizó varios intentos para obtener la libertad, incluidos recursos apoyados en el precedente de revisión de segunda instancia adoptado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que generó expectativa sobre una eventual revisión de la condena conjunta por la masacre. Sin embargo, la decisión actual de la Corte Suprema se basa de manera exclusiva en el conteo de términos procesales, y no modifica la sentencia anterior ni la responsabilidad penal ya establecida por la masacre.

La resolución de libertad fue adoptada pocos meses después de que el magistrado encargado del caso ordenara la investigación disciplinaria de los abogados defensores por presuntas dilaciones injustificadas. “La defensa técnica de García Romero ha incurrido en maniobras dilatorias en virtud de la multiplicidad de peticiones y recursos infundados, los cuales han dado al traste con el correcto desarrollo de la actuación procesal, se impone a la Sala compulsar copias para que se investigue disciplinariamente a la defensa técnica”, se lee en el documento oficial divulgado.

Pese a recuperar su libertad por vencimiento de términos, la situación judicial de García Romero permanece en desarrollo. Fuentes de la Corte Suprema aclararon que el excongresista seguirá vinculado al proceso por el delito de desaparición forzada, y que la investigación sobre su posible responsabilidad en otras violaciones de derechos humanos en los Montes de María continúa abierta.

Hablar en Colombia de la familia Castaño Gil es recordar Fidel, Vicente y Carlos Castaño Gil, fundadores de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), grupo armado paramilitar que provocó la muerte de más de 90.000 muertes.

La historia de estos tres individuos fue llevada a la televisión nacional con una producción llamada Tres Caínes, que hacía alusión a la forma con la que se afirma que estos se traicionaron por el poder de las AUC.

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Sin embargo, la familia Castaño Gil no solo estaba integrada por ellos tres, puesto que en total eran 14 hermanos, de los cuales solo sobreviven dos hombres y tres mujeres.

Uno de ellos es Manuel Castaño Gil, que era llamado por sus hermanos “Manuelito”, el tercero en nacer y uno de los pocos que no estuvo vinculado a los negocios ilícitos de su hermano mayor, Fidel Castaño.

En diálogo con el periodista Antonio Sánchez, “Manuelito” recordó cómo se hizo millonario su hermano mayor, el secuestro y muerte de su padre, y el final trágico de su familia.

En primer lugar, afirmó que Fidel trabajo durante varios años distribuyendo piedras preciosas de minas, lo que le permitió amasar una fortuna.

“Me decía «Manuelito» venga trabaja conmigo. Era amigo de Víctor Carranza, llevaba las esmeraldas de Cundinamarca, no bastante, pero si iban llevando, surtía muchas joyerías de Europa, a los árabes, a todos esos, pero yo no quería ser rico".

Manuel Castaño recordó que su familia cambió por completo tras el secuestro y asesinato de su padre, “don Jesús”, al que la guerrilla asesinó después de cobrar una suma alta de dinero por su rescate.

“El día que yo consiga esa plata guerreo con ustedes”, fue el mensaje de Fidel Castaño a los líderes del grupo armado que lo llamaron para negociar un segundo pago del rescate.

Al hablar de la muerte de sus hermanos, afirmó que del asesinato de Fidel Castaño existen tres teorías, pero no puede confirmar ninguna de ellas.

“No se sabe quién, dicen que el negrito Saley, al que me tocó recibir, otros dicen que fue Carlos porque le tenía venganza por haberle matado a una muchacha; otros dicen que fue Pablo, alguna puede ser verídica”.

Sobre ese hecho, recordó que Carlos y Vicente intentaron ocultar la noticia, pero su madre los obligó a confesar que el mayor de los Castaño Gil estaba muerto.

“Mandaron a llamar a Carlos y Vicente, dijeron que no decir nada, ellos permanecieron callados, pero mi mamá sí les decía que eso no era así y que la intuición de madre no era así. Ahí les toco sacarlo y entregaron los restos”.

En segundo lugar, profundizó en la muerte de Carlos Castaño, admitiendo que es cierta la versión de que buscaba entregarse a las autoridades en Estados Unidos.

“Los médicos le decían que en Estados Unidos le podían ayudar. Se iba a ir para Estados Unidos y creo que iba a aventar a esa gente. Un día me preguntó qué hacía, y yo le dije que se saliera de eso, pero que fuera fiel y leal, que muriera en la raya sin ser voltea arepas. A él lo cogieron vivo, pero yo de eso no pregunté, para qué, le pueden decir verdad o mentira, entonces para qué pregunta uno eso”.

Por último, indicó que Vicente Castaño fue asesinado por sus hombres luego de que rechazo unirse a los diálogos de paz con el Estado.

“Un día me dijo, yo no me entregó en Ralito, porque si me entregó después no tengo donde hablar o que pedir yo. Yo veo que iba a quedar solo y tenía una finca en Montería, el portero que había se dejó comprar y lo mataron, ni restos ni nada, ni he preguntado”.

Debido a que el periodista le preguntó por la fortuna de sus hermanos, “Manuelito” indicó que la mayoría de propiedades han sido intervenidas por el Estado.

“Eso se perdió, yo le dije a la guerrilla que se cogieran una finca y me dejaran otra, que cuando quisieran novillos se los comieran, pero me decían que no podían confiar en un Castaño, yo soy fiel a mi palabra, pero no me dejaron”.

Desde que Salvatore Mancuso regresó a Colombia después de permanecer durante 16 años en una prisión de Estados Unidos, una de las críticas que más ha recibido, el que fuera líder del Bloque Córdoba de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), es por las propiedades que tuvo durante su auge criminal.

En respuesta a ello, Mancuso afirmó que en su momento entregó más de 476 bienes a la Fiscalía General de la Nación, además de más de 2.900 millones de pesos con los que se tenía planificado que repararan a una parte de las víctimas del grupo armado del que fue el segundo cabecilla.

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En su momento, Mancuso denunció que la mayoría de los predios habían sido tomados por terceros, lo que calificó como un bloqueo que imposibilitó que se cumpliera con el acuerdo de paz de Santa Fe de Ralito.

Más de 900 hectáreas de Mancuso fueron recuperadas

En la tarde del 31 de julio, el director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman Ortiz, reveló que, como parte del proceso de implementación de la Reforma Agraria en el territorio nacional, fueron recuperadas 930 hectáreas de la finca La Macarena, en Córdoba, que fue propiedad de Salvatore Mancuso.

Cabe mencionar que este predio había sido entregado por el exparamilitar en 2007, cuando estaba recluido en la cárcel de Itagüí; sin embargo, se desconoce por qué no se consolidó la apropiación del Estado del predio.

Harman Ortiz calificó el predio como una “finca de lujo” que en su momento albergó a los comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia, que eran voceros de los diálogos de paz con el gobierno de turno en Santa Fe de Ralito, a 15 minutos de la propiedad mencionada.

“Estoy en el predio La Macarena, este predio, que es una finca de lujo y fue un campamento de Salvatore Mancuso, donde orientaba las discusiones de Ralito, hoy la Agencia Nacional de Tierras recupera este predio“, indicó el director Ortiz.

Felipe Harman Ortiz anticipó que el predio quedará a disposición del Comité de Reforma Agraria de Tierralta, cumpliendo con el desalojo de un tercero que estaba utilizando el lugar como criadero de semovientes.

“Seguimos recuperando la tierra para la Reforma Agraria y no nos vamos a detener. En Tierralta, Córdoba, La Hacienda La Macarena de 930 hectáreas, entregada en su momento por Salvatore Mancuso al Estado, pero un latifundista se apropió de este predio y lo convirtió en un criadero de búfalos”.

Desde la Agencia Nacional de Tierras resaltaron que este lugar también fue utilizado para entrenar a paramilitares en los 90, que marcó un auge del grupo armado en la región, pero ahora será utilizada por 230 familias, la mayoría víctimas de manera directa o indirecta del conflicto interno.

Cabe mencionar que este predio no hace parte de las 100 propiedades que entregó Mancuso en su regreso a Colombia, siendo uno de los requisitos que puso Justicia y Paz para que se le otorgara la libertad condicional al oriundo de Montería.

“A fin de que se adopten las decisiones que correspondan, para contar en el corto plazo, con conclusiones definitivas en materia de persecución de bienes respecto de los postulados mencionados y de la totalidad de exmilitantes de la mencionada organización criminal, que se repite no solo se presenta respecto de Salvatore Mancuso, sino en general de todos quienes fungieron como comandantes de las diferentes estructuras de las autodefensas”, afirmó la jueza de ejecución de penas de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá que le concedió libertad por cuatro años a Mancuso, que tampoco puede movilizarse hasta las regiones en las que delinquió en su momento.

El 28 de julio de 2025, el expresidente de la República Álvaro Uribe fue hallado culpable por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal por decisión de la jueza Sandra Heredia, hecho que continúa generando fuertes reacciones en distintos sectores políticos del país.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, expresó su discrepancia con la decisión judicial y aludió directamente a la trayectoria del actual presidente Gustavo Petro, recordando su pasado como integrante del grupo guerrillero M-19.

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“La triste realidad de Colombia es la siguiente: quienes hicieron parte de grupos terroristas, hoy están en la Presidencia y en el Congreso. Álvaro Uribe, quien los combatió, hoy ha sido condenado. Mi solidaridad con él y con su familia”, afirmó.

En reacción al mensaje del mandatario local, el presidente de la República, Gustavo Petro, aseguró que el líder político del Centro Democrático no estuvo combatiendo con los grupos paramilitares, pero sí participó de negociaciones y actividades en conjunto.

“Trampa de Fico: los grupos terroristas más grandes del país se llaman paramilitares. Pusieron de blanco a la población civil, que es lo que define el terrorismo. El expresidente Uribe no combatió el terrorismo paramilitar, sino que pactó con él, varias veces”, escribió en su cuenta de X.

Y agregó: “El pacto del paramilitarismo con el Estado, en Santa Fé de Ralito, se volvió ley de la República, y eso provocó la desmovilización de paramilitares en las comunas populares de Medellín a las que tenían aterrorizadas”.

El jefe de Estado también sostuvo que las decisiones de Uribe Vélez cuando estuvo a cargo del país beneficiaron a varios políticos de la capital del departamento de Antioquia. Incluso, señaló que ganaron poder y puesto en el Estado gracias a los votos paramilitares que ejercían control en el territorio.

“Muchos políticos ganaron en Medellín, electoralmente y en sus bienes personales, con los votos que este terrorismo paramilitar controlaba en Medellín”.

A la par, aseguró que hubo alianzas entre varios sectores políticos con los grupos armados con el fin de mantenerse en el poder.

“Hasta gobernaron con ellos. A esta gobernanza paramilitar, la llamaron ”donbernagobernabilidad”. Ahora hay muchos exponentes políticos de la “donbernagobernabilidad” que olvidan que gobernaron con el peor terrorismo de la historia de Colombia”.

Según sus consideraciones, las palabras del alcalde de Medellín con las que recordó su militancia en el M-19 carecen de análisis, confunde términos, con el propósito de desorientar a la sociedad, puesto que las razones por las que ambos grupos se armaron representan diferentes valores.

“El análisis de Fico es el mismo mediático de décadas. Oculta una confusión mental y de términos, para confundir la sociedad. Una cosa es insurgencia contra el estado, otra defensa desde el Estado ante la insurgencia, defensa estatal que usó el terrorismo y se dejó financiar del narcotráfico”.

A renglón seguido, el mandatario dijo: “Los delitos de rebeldía, políticos, no son lo mismo que los crímenes de estado, estos son crímenes contra la humanidad, como los de Hitler”.

La reacción del presidente Petro a la condena de Álvaro Uribe

“Presionar a la juez para obtener un resultado político, y no jurídico, casi hasta amenazar a la juez como hacen las mafias. Hay una falta de vocación profunda de los códigos mínimos de la democracia en estos comportamientos”.

Con estas palabras, el presidente Gustavo Petro denunció públicamente los intentos de coacción sobre la jueza Sandra Liliana Heredia, que dictó un fallo de primera instancia contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. La declaración, difundida a través de la red social X, marcó un posicionamiento inequívoco del jefe de Estado frente a la independencia judicial y la presión política en Colombia.

En medio de la controversia que generó la sentencia, Gustavo Petro reiteró su respaldo a la actuación de la jueza Heredia. En un mensaje anterior, también publicado en X, el mandatario subrayó: “Es deber del gobierno garantizar la protección de la juez y su familia, cualquiera que haya sido el sentido de su fallo. En un gobierno democrático, los jueces no se presionan, se protegen en su libertad”. Esta afirmación refuerza la postura del Ejecutivo sobre la necesidad de salvaguardar la autonomía judicial, independientemente de las reacciones políticas o sociales que pueda suscitar una decisión de esta magnitud.

El gobernante de los colombianos enfatizó en que su administración no interviene en los procesos judiciales ni persigue a individuos por motivos políticos, sexuales, de género o religiosos. “Este gobierno no persigue a nadie por razones políticas, sexuales, de género o religiosas. No presiona a la justicia que es independiente por completo del gobierno. Cualquier mención en contrario de autoridades extranjeras no es sino un ultraje que no permitimos”, puntualizó Petro en su cuenta oficial, rechazando cualquier insinuación de injerencia gubernamental en el caso.

Debido al poder que tenían las guerrillas en los 80 y 90, en la mayoría de casos afectando directamente a campesinos a los que despojaron de sus tierras y los obligaron a resguardarse lejos de sus hogares, en Colombia se conformaron estructuras paramilitares que en 1997 se consolidaron como Autodefensas Unidas de Colombia con los hermanos Castaño como cabecillas.

La expansión de este grupo armado provocó diferentes consecuencias en el territorio nacional, puesto que con el paso de los años cambiaron sus ideales y terminaron vinculados al narcotráfico y la justicia les atribuyó la muerte de más de 90.000 personas.

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Antes de ser asesinado por un grupo de sus hombres, Carlos Castaño y un sector de las AUC consolidó un acuerdo con el gobierno de turno en Santa Fe de Ralito, que se firmó en julio de 2003.

De la misma forma, como parte de lo pactado, en julio de 2005 entró en vigencia la Ley 975 o Ley de Justicia y Paz, que es la justicia transicional con la que se avanzó con los paramilitares.

20 años después de que comenzó Justicia y Paz, el balance presentado de manera oficial no es alentador, puesto que, de las más de 5.000 personas que se postularon (que se presentaron para hacer parte del proceso), solo 1.490 siguen ligados a la justicia transicional.

En ese aspecto, 841 tienen sentencia condenatoria de manera parcial y 287 se vincularon a la Justicia Especial para la Paz (JEP), la cifra restante (3.260) quedaron inactivos del proceso.

Debido a los pocos avances que han tenido algunos de los casos, la Fiscalía General de la Nación ha radicado un proyecto con el que busca modificar la ley mencionada y hacer que los procesos abiertos puedan ser cerrados y comience el proceso de reparación de las víctimas que siguen esperando.

Otro lunar que se ha resaltado es que de la cifra de vinculados, 2.684 no han sido ratificados, 271 murieron durante el proceso, 146 no comparecieron ante la justicia, hay reportes de qué 129 volvieron a delinquir y 12 de los que terminaron el proceso incumplieron en la verdad.

Por los hechos confesados por militantes de las AUC, se han abierto más de 500.000 investigaciones, pero 249.000 tuvieron salidas procesales de archivo o remisión, mientras que el número de víctimas directas o indirectas sigue aumentando, ya que a la fecha son más de 533.000.

Respecto a las investigaciones que individualizan a las AUC como un grupo armado, 22.197 están en indagación, más de 127.000 han sido tomadas por la magistratura y solo en 14.707 casos se ha terminado el proceso con una sentencia.

Esto último ha provocado que diferentes sectores califiquen como un fracaso el cumplimiento del acuerdo de paz con las AUC, principalmente porque la mayoría de los paramilitares volvieron al conflicto conformando estructuras paramilitares como la Oficina de Envigado, las Águilas Negras o el Clan del Golfo.

Una reintegración lenta

Debido a que uno de los objetivos de un acuerdo de paz es lograr que los vinculados sean resocializados de manera efectiva, desde 2014 comenzó una ruta de reintegración de 1.386 individuos, de los cuales, el 39% completó el proceso de manera efectiva.

De los restantes, 658 siguen vinculados al acuerdo, 88 han dejado de asistir a los eventos de compromiso y 97 han sido reportados de manera oficial como inactivos. Cabe mencionar que el 97% de los que comenzaron la reintegración son hombres.

Entre los que siguen activos en el proceso, 490 son personas entre los 45 y 59 años, 108 son menores de 44 años y el restante son mayores de 60 años.

Una nueva masacre perpetrada por las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF, por sus siglas en inglés) ha dejado al menos 27 muertos y 43 heridos en el estado sudanés de Kordofán Occidental, según denunciaron este jueves médicos del país africano. La Red de Médicos Sudaneses indicó que el ataque tuvo lugar el miércoles en la localidad de Brima Rashid y que entre las víctimas se encuentran mujeres, niños y ancianos. Hasta el momento, el grupo paramilitar no se ha pronunciado sobre lo ocurrido.

La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA) condenó el episodio y lo vinculó con el impacto creciente del conflicto armado en Sudán, que desde abril de 2023 enfrenta al Ejército regular con las RSF.

“Los acontecimientos en Brima Rashid ponen de relieve los crecientes riesgos que enfrentan los civiles en la región de Kordofán y la urgente necesidad de que cesen las hostilidades, se proteja a los civiles y se proporcione un acceso seguro y sostenido a la asistencia y los servicios humanitarios”, expresó la OCHA en un comunicado.

La ONU también volvió a advertir sobre la situación crítica en la región de Darfur, donde el conflicto actual ha reavivado tensiones intercomunitarias de larga data. En particular, destacó la emergencia humanitaria en la localidad de Tawila, en Darfur del Norte, que alberga a cientos de miles de desplazados por los combates en El Fasher y zonas aledañas.

Los informes humanitarios revelan que apenas la mitad de las necesidades básicas de agua están siendo cubiertas, mientras que la relación de acceso a letrinas ha caído a niveles alarmantes: una cada 150 personas.

“Muchas letrinas de emergencia están colapsando, sin fondos disponibles para su limpieza o reemplazo. El apoyo en materia de higiene es mínimo, sobre todo en zonas remotas, y la distribución de kits de higiene ha sido irregular, ya que las limitaciones de financiación han provocado escasez de suministro. Un brote de cólera en Tawila agrava esta situación, ya de por sí grave”, alertó la OCHA.

El cólera sigue representando un grave peligro en zonas donde escasean el agua potable y las condiciones mínimas de saneamiento. Esta infección intestinal, causada por la bacteria Vibrio cholerae, puede avanzar con rapidez devastadora: una persona sin síntomas puede pasar a una situación crítica en apenas unas horas.

Mientras la violencia se intensifica y las condiciones humanitarias se deterioran, organizaciones médicas y agencias internacionales insisten en la necesidad urgente de un alto el fuego y de una respuesta coordinada que permita asistir a la población atrapada en el conflicto.

(Con información de Europa Press)

“Se declararon preocupados no solo por el sentido del fallo sino por la severidad de la sanción”, afirmó un vocero de la oficina de abogados que representa a los ejecutivos condenados de Chiquita Brands en el proceso judicial que los vincula con el financiamiento de grupos armados ilegales en Colombia.

La declaración, recogida por El Tiempo, refleja el estado de ánimo de los siete directivos sentenciados a más de once años de prisión y a una multa superior a 13.000 millones de pesos, en una de las decisiones judiciales más relevantes de los últimos años en torno a la relación entre empresas multinacionales y el conflicto armado colombiano.

La sentencia, dictada por la jueza Diana Lucía Monsalve, recae sobre cuatro ejecutivos extranjeros de Chiquita Brands:

• Charles Dennis Keiser, economista de 73 años y oriundo de Pensilvania (Estados Unidos).
• John Paul Olivo, contador público de 66 años, nacido en Chicago (Estados Unidos).
• Fuad Alberto Giacoman Hasbún, administrador de empresas de 61 años, originario de San Pedro de Sula (Honduras).
• José Luís Valverde Ramírez, ingeniero de 70 años, de Costa Rica.

A ellos se suman tres colombianos:

• Reinaldo Elías Escobar, abogado de Santa Marta.
• Víctor Julio Buitrago Sandoval, exoficial del Ejército nacido en Bogotá.
• Álvaro Acevedo González, tecnólogo electrónico de 71 años, oriundo de Medellín.

Todos fueron hallados responsables de haber financiado a la organización criminal de las autodefensas durante la década de los 90, según detalló el medio mencionado.

La juez Monsalve fue categórica al anunciar que no se concederá prisión domiciliaria ni suspensión de la pena a los condenados.

Además, una vez la sentencia quede en firme, se expedirán las órdenes de captura correspondientes.

“Ya fueron notificados”, enfatizó la funcionaria judicial, en una decisión que marca un precedente en la lucha contra la impunidad empresarial en el contexto del conflicto armado colombiano.

Los apoderados de los siete condenados ya recibieron la notificación oficial y, a su vez, comunicaron a sus clientes el contenido de la sentencia.

La reacción de la defensa no se hizo esperar. El vocero autorizado de la oficina de abogados expresó a El Tiempo que, además de la preocupación por la severidad de la sanción, la defensa interpondrá un recurso de apelación. “Por supuesto, va a apelar la sentencia dentro del término legal”, aseguró el representante legal, quien también manifestó que desde el inicio del proceso han sostenido la extemporaneidad del mismo y la prescripción de los hechos investigados.

La defensa de los ejecutivos de Chiquita Brands ha insistido en que, a su juicio, los delitos imputados no constituyen crímenes de lesa humanidad y que el proceso ya habría prescrito.

No obstante, anticiparon que el eje central de la apelación será la inocencia de los ejecutivos. “Vamos a solicitar en la apelación que se les absuelva bajo los mismos criterios jurídicos con los que se absolvió a los ejecutivos de Banacol. De hecho, varias evidencias que se tuvieron en cuenta para no condenarlos fueron aportadas por esta defensa”, explicó el vocero autorizado a El Tiempo.

El antecedente de Banacol resulta clave en la estrategia de la defensa. En ese caso, la justicia absolvió a Javier Ochoa Velásquez, exgerente de planeación y proyectos de Banacol hasta 2004; Víctor Manuel Henríquez Velásquez, presidente ejecutivo de Banacol S.A. y miembro de la Junta Directiva hasta 2018; y Jorge Alberto Cadavid Marín, exvicepresidente financiero de Banacol.

La juez consideró que la prueba presentada no logró desvirtuar la presunción de inocencia de estos tres exdirectivos.

En palabras de la sentencia, “Los argumentos de los vínculos entre los sindicatos, el hecho notorio, el conocimiento de los vínculos entre los servicios especiales y las AUC, así como el destino de los aportes y el señalamiento de Hasbún, fueron refutados por la defensa de Banacol, generando duda insalvable de tal magnitud que dejó al despacho sin otra alternativa diferente a la emisión de un fallo absolutorio”.

La defensa de los ejecutivos de Chiquita Brands busca que se apliquen los mismos criterios jurídicos que permitieron la absolución de los directivos de Banacol, argumentando que las pruebas y circunstancias son comparables.

Algunos abogados de víctimas del paramilitarismo en la región de Urabá sostienen que el proceso prescribirá en dos meses. Sin embargo, la sentencia establece como fecha de prescripción noviembre de 2028, lo que otorga un margen considerable para la ejecución de la condena y la tramitación de los recursos legales pendientes.

En Estados Unidos, la multinacional ya pagó una indemnización de 25 millones de dólares (aproximadamente 97.000 millones de pesos) por sus vínculos con organizaciones criminales, en el marco de un proceso administrativo.

Este contraste entre la aceptación de responsabilidad en Estados Unidos y la defensa de la inocencia en el proceso penal colombiano ha sido uno de los puntos más señalados por las víctimas.

El Gobierno nacional se pronunció este 23 de julio sobre la decisión de un juzgado en Antioquia que impuso una condena a antiguos directivos de la compañía Chiquita Brands, tras determinarse su relación con grupos paramilitares que operaban en el país.

La reacción fue emitida por el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, quien expresó su respaldo a la sentencia.

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A través de sus redes sociales, el jefe de la cartera laboral describió el fallo como una acción sin precedentes. Según sus declaraciones, se trata de una respuesta judicial frente a hechos de violencia que afectaron por años a las comunidades trabajadoras del sector agrícola, particularmente en regiones productoras de banano.

En la publicación compartida por el ministro, se lee: “Para @MintrabajoCol este ejemplar fallo es histórico. Es una condena a la financiación de grupos armados ilegales en zonas bananeras del país por parte de una empresa multinacional”.

El fallo del juzgado, que ha generado diversas reacciones en sectores sindicales, académicos y jurídicos, se refiere a las responsabilidades penales de varios exejecutivos de la empresa multinacional por haber financiado estructuras armadas ilegales durante su operación en territorio colombiano.

Sanguino también hizo referencia a los impactos que estas alianzas generaron en los trabajadores del sector rural. En su mensaje, sostuvo que “durante años, trabajadoras y trabajadores rurales fueron víctimas del miedo y la violencia. Hoy, la justicia les da una respuesta”.

El ministro subrayó que desde el Gobierno se considera fundamental que las prácticas empresariales estén desligadas de cualquier forma de violencia. En ese sentido, escribió que “la actividad empresarial no puede estar asociado al crimen y menos aún para masacrar a la población civil y a la organización sindical”.

El pronunciamiento del titular de la cartera laboral enfatizó la necesidad de mantener como principio la protección de los derechos humanos en entornos laborales. Agregó que “no hay trabajo digno sin garantías de vida y derechos”, insistiendo en que el respeto por la integridad de los empleados es un pilar en la promoción de condiciones laborales justas.

La sentencia emitida en Antioquia involucra hechos ocurridos entre las décadas de los noventa y los dos mil, cuando organizaciones civiles y de derechos humanos denunciaron que en algunas zonas del país se habría pagado a grupos armados ilegales con el fin de garantizar el control territorial y la seguridad de operaciones comerciales.

El proceso judicial incluyó la recolección de testimonios de víctimas, informes de entidades de control y documentos que evidencian los pagos realizados por la empresa a estructuras paramilitares en áreas bananeras. La decisión del juzgado fue catalogada por varias organizaciones como un avance en la búsqueda de verdad y reparación para las comunidades afectadas.

El Ministerio de Trabajo ha venido acompañando diversas iniciativas orientadas a fortalecer las condiciones laborales en sectores históricamente golpeados por el conflicto. En múltiples ocasiones, la cartera ha sostenido que la consolidación de la paz implica el reconocimiento de las víctimas y la implementación de medidas que prevengan nuevas vulneraciones.

De acuerdo con el pronunciamiento oficial, el Gobierno continuará impulsando el respeto por los derechos laborales, especialmente en regiones donde la presencia institucional se ha visto debilitada en el pasado.

Organizaciones sindicales también se pronunciaron tras conocerse la decisión judicial. Varias de ellas señalaron que la sentencia representa un paso en el camino de reconocimiento a quienes han sido víctimas de violaciones a sus derechos en contextos laborales.

El caso contra la multinacional bananera Chiquita Brands y sus vínculos con el paramilitarismo en Colombia permaneció años en la impunidad, a pesar de que en 2007 la empresa aceptó en Estados Unidos haber realizado más de cien pagos ilegales, por un total de 1,7 millones de dólares, a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), y fue condenada a pagar una multa de 25 millones de dólares.

La reciente decisión judicial en Colombia, emitida a solo dos meses de la prescripción del proceso, viene a cerrar un largo recorrido judicial en el que los directivos no habían enfrentado penas en el país.

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A partir de estas investigaciones, el juzgado 6 penal del Circuito Especializado de Antioquia condenó a siete directivos de Chiquita Brands a 11 años y 3 meses de prisión por concierto para delinquir agravado, según detalló El Tiempo.

La decisión, revelada en primicia por El Tiempo, pone fin a una larga etapa de impunidad en torno a los vínculos entre la multinacional bananera y el paramilitarismo en Colombia.

La jueza Diana Lucía Monsalve dictó la condena contra Reinaldo Elías Escobar de la Hoz, John Paul Olivo, Charles Dennis Keiser, Álvaro Acevedo y otros cuatro altos cargos de Chiquita Brands, estableciendo una pena de 135 meses de prisión para cada uno. Además, la magistrada negó la suspensión de la pena y la prisión domiciliaria, y ordenó la emisión de órdenes de captura contra los condenados.

En Estados Unidos hubo dos sentencias por el caso Chiquita Brands

La multinacional bananera Chiquita Brands fue condenada en dos oportunidades en Estados Unidos por financiación de grupos paramilitares en Urabá, entre 1997 y 2004.

En 2007 y 2024, tribunales estadounidenses fallaron a favor de las víctimas. La segunda sentencia, dictada en octubre de 2024 por un tribunal del distrito sur de Florida, obligó a Chiquita Brands a indemnizar a doce mujeres y cuatro hombres por su responsabilidad en los pagos a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). No obstante, la empresa apeló este fallo.

A diferencia del avance judicial en Estados Unidos, en Colombia la investigación avanza bajo el antiguo Código Penal (leyes 599 y 600 de 2000), que fija una pena máxima de doce años para el delito de concierto para delinquir.

La etapa de juzgamiento no puede exceder la mitad de esa pena. La resolución de acusación contra diez empresarios quedó en firme el 17 de septiembre de 2019, por lo que el Juzgado Sexto Penal Especializado de Antioquia debe emitir su fallo antes del próximo 17 de septiembre de 2025 para evitar la prescripción del caso.

La fundación Forjando Futuros y sus abogados, como Gerardo Vega, han insistido ante la Fiscalía, el juzgado que preside el proceso y la JEP en la gravedad de permitir la entrada de armas a través de puertos operados por Banadex y Chiquita Brands, armas que luego se distribuyeron por la región Caribe.

Chiquita Brands apeló condena en EE. UU. y anunció que no indemnizaría a víctimas del paramilitarismo

La multinacional bananera Chiquita Brands, con sede en Estados Unidos, presentó una apelación para revertir una sentencia que le obliga a indemnizar a víctimas del conflicto armado en Colombia, en el marco de un proceso judicial que ha generado debates sobre la responsabilidad empresarial en contextos de violencia.

Según informó El Espectador, la firma busca que la Corte de Apelaciones del Circuito Onceavo rechace el fallo emitido en junio de 2024 por el Tribunal del Distrito Sur de Florida, el cual la declaró responsable de financiar a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) entre 1997 y 2004.

Chiquita Brands admitió, a principios de la década de 2000, haber entregado hasta 1,7 millones de dólares a las AUC, grupo considerado terrorista por el gobierno estadounidense. Estos pagos, según el jurado que condenó a la empresa, contribuyeron a homicidios y otras violaciones de derechos humanos en las regiones de Urabá y el Magdalena Medio. Las víctimas del conflicto armado han buscado reparación a través de demandas individuales, luego de que la compañía recibiera en 2007 una multa de 25 millones de dólares por estos hechos.

En su recurso de apelación, Chiquita Brands sostiene que los pagos a las AUC fueron producto de presiones mortales y no de una decisión voluntaria. Argumenta que sus operaciones se vieron amenazadas tanto por guerrillas como por paramilitares y que actuó bajo extorsión, citando amenazas directas de los líderes Carlos Castaño y Raúl Hasbún contra directivos de la filial Banadex. La empresa asegura que estos pagos equivalían a una ínfima parte de sus ingresos anuales y que su intención era proteger la vida de sus empleados, tras el asesinato de 25 trabajadores en 1995.

La compañía también cuestiona la integridad del proceso judicial. Acusa al abogado de las víctimas, Terrance Collingsworth, de supuestamente haber pagado a exparamilitares para obtener testimonios incriminatorios, lo que sostiene invalida parte de la evidencia utilizada en su contra. Collingsworth ha negado tales señalamientos y afirma que los pagos realizados corresponden a gastos de traslado y apoyo logístico para los declarantes.

Los abogados de las víctimas anunciaron que defenderán la validez del fallo inicial, argumentando que Chiquita busca desacreditar el proceso y evitar su responsabilidad. La cifra concreta de la indemnización no ha sido divulgada, pero la empresa sostiene que es desproporcionada en comparación con estándares colombianos.

El caso sigue siendo emblemático, ya que la decisión final sentará un precedente en temas de responsabilidad empresarial en conflictos armados y el acceso a justicia para las víctimas. Además, hay otros procesos pendientes contra Chiquita Brands por hechos similares ocurridos en Colombia.

En un comunicado, el Frente de Guerra Occidental Ogli Padilla del Ejército de Liberación Nacional anunció un nuevo paro armado en el departamento del Chocó a partir de las 00:00 horas del 25 de julio de 2025.

Así lo especificó el grupo armado en el documento con fecha del 23 de julio: “Decretamos un paro armado de 48 horas en todo el departamento de Chocó a partir de las 00:00 horas del día 25 de julio de 2025. A la población en general, transportadores públicos o de carga que transitan por ríos o carreteras absténgase de movilizarse, eviten cualquier incidente, nuestras unidades estarán presentes en los corredores de movilidad para dar cumplimiento a dicha orden”.

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La organización criminal, en cabeza del comandante Fabian, aseguró que el principal motivo para decretar nuevamente esta medida es la arremetida que tiene sometido al territorio por cuenta de actores paramilitares que, según ellos, tienen como aliados a miembros de las instituciones del Estado para continuar con la extracción de los recursos naturales existentes en los territorios.

“Nuestro departamento sufre una de las más mayores arremetidas paramilitares de los últimos tiempos en connivencia con la fuerza pública, que tiene como objetivo destruir el tejido social, que resiste y se opone al modelo extractivista (...) Cada vez más se conoce y se hacen públicos los informes sobre la colusión entre el paramilitarismo, militares y mandatarios locales. El poder desmedido obtenido por estas bandas criminales es innegable, pero se oculta de manera cínica por las empresas privadas de información”.

Los guerrilleros explicaron varias acciones que se han cometido desde el 20 de julio por parte del Ejército Nacional donde afirman que atentaron contra la libertad de miembros de comunidades indígenas y afrodescendientes.

“Miembros del Ejército estatal en el Alto Atrato, municipio de Lloró, realizaron una incursión mediante desembarco aéreo en la comunidad Chiriquí, donde secuestraron doce personas no combatientes, cuatro afrodescendientes y ocho indígenas, entre ellos, un joven de dieciséis años y un niño de dieciocho meses”.

De acuerdo con el relato, este grupo de personas se vio obligado a realizar tareas de patrullaje con el fin de dar con campamentos del ELN, lo que significa un inminente riesgo para su integridad física, además, aseveraron que una de estas personas aún está en poder de miembros de la institución: “En el momento aún queda una persona retenida de manera ilegal, a esto se suma el hurto de dineros pertenecientes a la comunidad, teléfonos, electrodomésticos, gasolina y enseres de hogar”.

También se permitieron extenderse para comentar una situación que ocurrió al día siguiente, 21 de julio por parte del mismo grupo de soldados, que al parecer habrían privado de su libertad a un ciudadano Eliecer Mena Tapia, al dejar su lugar de trabajo, presuntamente lo torturaron y lesionaron en una de las extremidades.

“Estos hechos ocurren bajo el silencio cómplice de las autoridades departamentales, nunca se ha escuchado a la gobernadora Nubia Carolina Córdoba hacer pronunciamientos públicos contra la presencia del paramilitarismo, o exigiendo la realización de consejos de seguridad de manera urgente para combatirlos”.

Finalmente, en la comunicación hicieron un llamado a todos los chocoanos para que se unan y trabajen para combatir la injusticia, la tirania, el racismo y todas las formas de exclusión, que de acuerdo a sus planteamientos tienen como fin someter a la población, y levantar su voz por medio de las movilizaciones, ofreciéndoles su apoyo incondicional en la lucha por sus derechos: “cuentan con el ELN para las justas batallas del pueblo, por la defensa de las comunidades, el territorio, la vida y la dignidad”.

En el municipio de Huixquilucan, del Estado de México, se reportó el asesinato de Jairo Frey N, sujeto colombiano con diversas órdenes de aprehensión emitidas en su contra y presuntamente coludido con una organización delictiva en su país de origen.

El sujeto acudió en su vehículo BMW color negro a las instalaciones de la Cruz Roja Huixquilucan, con una herida de bala en el cuello, en busca de atención médica, sin embargo, paramédicos de dicha institución determinaron que debía ser trasladado al Hospital Ángeles de Interlomas para una atención más especializada.

El sujeto fue trasladado desde las instalaciones de la Cruz Roja hacia el hospital, sin embargo, durante el recorrido murió, debido a la herida de bala que presentaba en el cuello.

En el inmueble, los médicos se percataron de que el sujeto ya no contaba con signos vitales, por lo que dieron parte a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, así como a elementos policiales, esto con la intención de esclarecer los hechos que derivaron en la muerte del colombiano.

Jairo era buscado en su país por delitos de alto impacto

Luego de que se reportara la muerte del sujeto, elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México acudieron al Hospital Ángeles de Interlomas, para realizar las diligencias correspondientes.

Tras las primeras investigaciones, los integrantes de dicha dependencia descubrieron que la víctima tenía antecedentes judiciales en Colombia y era buscada por la policía de su país.

Al verificar los registros internacionales de personas buscadas, se detectó que existía una ficha de búsqueda emitida por autoridades de Colombia por delitos relacionados con fraude y falsificación de documentos.

Además, se le acusa de formar parte de las filas de un grupo paramilitar presuntamente relacionado con el narcotráfico.

La fiscalía estableció comunicación con instancias federales para informar sobre la situación y coordinar acciones con la embajada de Colombia.

Tras rastrear la información que establece a Jairo Frey N, como presunto delincuente, la investigación se centra en esclarecer el móvil de la agresión y determinar si existe alguna relación entre los antecedentes judiciales del colombiano y su asesinato.

Las autoridades mexiquenses mantienen contacto con sus homólogos colombianos para profundizar en la investigación sobre los antecedentes de la víctima y esclarecer si su estancia en territorio mexicano estaba relacionada con las causas de su búsqueda internacional.

Hasta el momento, no hay personas detenidas por este homicidio.

La FGJEM reiteró que las investigaciones continúan abiertas y exhortó a la ciudadanía a aportar información que ayude a identificar a los autores materiales del crimen.

La tensión entre la justicia colombiana y las grandes multinacionales volvió a encenderse. El martes 8 de julio, la Fiscalía General de la Nación ordenó el embargo de dos oficinas de la petrolera anglofrancesa Perenco en Bogotá, así como de todos los bienes que se encontraban en su interior. La medida, valorada en cerca de 10 millones de dólares, responde a una investigación por supuesta financiación de grupos paramilitares durante el conflicto armado.

Un día después de conocerse la decisión judicial, la compañía emitió un comunicado en el que rechazó de manera categórica cualquier nexo con organizaciones ilegales. “Negamos cualquier relación histórica con grupos ilegales”, expresó la empresa, que además pidió que no se imponga ninguna penalización económica sin que haya “un proceso judicial”.

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Desde hace más de una década, exmiembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) mencionaron a Perenco en declaraciones ante la justicia transicional. Según sus testimonios, entre 1997 y 2005 habrían recibido “dinero, combustible, alimentación y transporte” por parte de la empresa a cambio de un supuesto “servicio de seguridad”. La Fiscalía sostuvo que esta relación habría permitido a la multinacional “incrementar su patrimonio” en el país.

Perenco opera en Colombia desde 1993 y actualmente mantiene operaciones en el departamento del Casanare, en el oriente del país. En su defensa, la empresa reiteró su “compromiso con el respeto a los derechos humanos”.

El caso recuerda otros procesos judiciales que también involucran a grandes compañías extranjeras. En 2024, una corte de Estados Unidos condenó a la bananera Chiquita Brands por financiar a las AUC. Además, altos directivos de la minera Drummond enfrentan juicio en Colombia por presuntos vínculos con ese mismo grupo armado.

Las acusaciones contra Perenco se suman así a una larga lista de investigaciones que apuntan a la participación empresarial en dinámicas del conflicto armado colombiano, un conflicto que ha dejado cerca de 10 millones de víctimas, entre ellas un millón de personas asesinadas y cerca de 200.000 desaparecidas.

Los acusados de Perenco

En el centro de la investigación que sacude hoy a la multinacional Perenco están dos figuras clave en su estructura operativa en Colombia durante la década de los 90 y los primeros años de los 2000. Se trata de Antenor Sarmiento, exgerente de distrito, y Ramiro Pinzón, que se desempeñó como supervisor de tierras. Ambos fueron acusados formalmente por la Fiscalía por el delito de concierto para delinquir agravado, tipificado como una conducta de lesa humanidad.

Sarmiento, según fuentes judiciales, habría sido el principal articulador de los vínculos entre la empresa y estructuras paramilitares en el departamento del Casanare. Con poder de decisión en operaciones estratégicas, su rol habría sido determinante en la implementación de acuerdos con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y las Autodefensas Campesinas del Casanare (ACC), dos organizaciones ilegales que operaban con violencia en esa región.

Por su parte, Ramiro Pinzón, desde su posición como supervisor de tierras, habría facilitado la logística para el ingreso de estos grupos a zonas petroleras. De acuerdo con los investigadores, tuvo participación activa en reuniones, contactos directos con jefes armados y coordinación de entregas de recursos como combustible, alimentos, transporte y dinero.

Ambos habrían sostenido esa colaboración durante casi una década, entre 1996 y 2005, con el objetivo de asegurar protección armada en los pozos operados por Perenco. La Fiscalía sostiene que estas acciones fortalecieron a las estructuras paramilitares, al tiempo que contribuyeron al crecimiento patrimonial de la compañía.

Los dos exfuncionarios enfrentan ahora un proceso judicial bajo una calificación que impide la prescripción del delito y que refuerza la gravedad del caso. Mientras tanto, el expediente se suma a una serie de investigaciones que siguen revelando el papel de actores privados en el conflicto armado colombiano.

Tras el cierre de las audiencias, solo resta que la jueza del caso comunique el 28 de julio el sentido del fallo que podría marcar un antes y un después en la historia judicial del país.

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El respaldo de Duque, que muchos consideran previsible, pero por lo mismo menos contundente, llegó a través de sus redes sociales, en las que dedicó un mensaje extenso en video, en el que defendió la integridad del exmandatario y denunció una serie de irregularidades que, según él, contaminaron el proceso desde su inicio.

Las críticas al sistema judicial y advertencias sobre su instrumentalización que hizo Duque

Para Duque, lo que está en juego no es solo el nombre de Uribe, sino la legitimidad de un aparato judicial que, a su juicio, fue instrumentalizado. Lejos de limitarse a una muestra de solidaridad personal, el expresidente describió el caso como una “intimidación a la voz política de quien enfrentó con total verticalidad a lo más temido del terrorismo en Colombia”, una afirmación que encierra una crítica abierta al manejo que las autoridades judiciales dieron al expediente.

Hizo hincapié en las supuestas fallas procesales, las interceptaciones que calificó de “sin fundamento”, y los testimonios de personas que, según él, han actuado con motivaciones espurias.

“Durante los últimos días, viendo los alegatos en conclusión, pudimos constatar, de su viva voz, todas las injusticias y atropellos que se han cometido a lo largo de todo un proceso”, expresó el ex jefe de Estado, que ocupó la Presidencia entre 2018 y 2022, y cuya carrera política estuvo íntimamente ligada a la de Uribe. De hecho, la fidelidad entre ambos fue una constante desde antes de que Duque iniciara su mandato.

La Fiscalía General de la Nación, por su parte, mantiene una postura firme en el juicio. Durante sus alegatos finales, solicitó que Uribe Vélez sea hallado culpable de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. Para el ente acusador, el exmandatario habría instruido a su exabogado Diego Cadena para contactar a testigos encarcelados con el objetivo de que modificaran sus versiones o declararan a su favor.

Uno de ellos, Juan Guillermo Monsalve, exintegrante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), aseguró que fue presionado para retractarse de sus señalamientos que vinculaban al exmandatario Álvaro Uribe con la creación de grupos paramilitares.

En contraste, la defensa sostiene que el expresidente nunca buscó manipular testigos y que las pruebas en su contra fueron parte de un entramado diseñado para desprestigiarlo. La versión del entrampamiento cobró fuerza en ciertos sectores políticos y mediáticos que consideran que el proceso no ha sido transparente ni imparcial.

Duque no dudó en calificar de “diáfana” la inocencia de Uribe, haciendo alusión a lo que, según él, fue una presentación rigurosa de pruebas y argumentos por parte del equipo defensor. Su mensaje, dirigido a la opinión pública tanto como a las instituciones, buscó dejar en claro que, independientemente del fallo que se anuncie a finales de julio, la figura del líder natural del Centro Democrático fue perdido su respaldo dentro del uribismo más férreo.

“Esperamos todos los colombianos que salga adelante luego de todo este proceso de tanto dolor y que de alguna manera representa una especie de intimidación a la voz política de quien enfrentó con total verticalidad a lo más temido del terrorismo en Colombia. Mi solidaridad, mi respeto, mi cariño y mi gratitud, siempre por un colombiano ejemplar”, mencionó Iván Duque al final de su intervención en el video.

El 8 de julio de 2025, en el Juzgado Cuarenta y Cuatro (44) Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, comenzó el segundo día de los alegatos finales del expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez en el proceso que se adelanta en su contra por los presuntos delitos de fraude proceso y soborno de testigos.

A lo largo de la audiencia, el exmandatario habló sobre el material probatorio que recopiló la Fiscalía General de la Nación y alegó que nunca se le pidió a los exparamilitares “mentir o callar” en las cartas que fueron entregadas al abogado Diego Cadena.

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“Queda claro que no se pidió mentir o callar. Queda claro que esas cartas fueron manuscritas. ¿Yo pregunté por qué manuscritas? Me dijeron: por limitaciones de ellos en caligrafía, en ortografía. Porque ellos lo pidieron. Pero, ahí se plasmó la verdad. El doctor Fabián me comunicó eso, y yo pregunté. Cuando me dieron esas explicaciones, dije: ‘Lo correcto es presentar todo a la Corte en su estado original, en su estado original’“, indicó.

A su vez, sostuvo que respetó la autonomía de su exabogado, señalando que actuó de buena fe de cara a las cartas que se presentaron ante la Corte Suprema de Justicia. En consecuencia, le pidió nuevamente a la juez Heredia ser absuelto en este juicio por falta de pruebas contundentes que demuestren su culpabilidad.

Una vez finalizada su intervención, la jueza encargada Sandra Heredia anunció que el 28 de julio de 2025 se conocerá si el líder del Centro Democrático será condenado o absuelto.

En caso tal de que el exgobernador de Antioquia sea declarado culpable, podría pagar una pena entre los 6 a 12 años en un centro penitenciario.

La defensa de Álvaro Uribe Vélez está segura de su inocencia

Al término de la audiencia, Jaime Lombana, abogado defensor de Álvaro Uribe Vélez, habló en rueda de prensa sobre el veredicto que espera por parte de la jueza Heredia. Desde su conocimiento, dijo que hubo una falta de material probatorio claro por parte de la Fiscalía, por lo que cree que el expresidente será absuelto.

“Igual nosotros tenemos la convicción de la inocencia absoluta y plena de Álvaro Uribe Vélez. Y creo que se ha demostrado en un juicio público la ausencia de fundamentos para las dos conductas que fueron acusadas”.

A su vez, señaló que el caso estaba basado en un entrampamiento ideado por el exlíder paramilitar Juan Guillermo Monsalve. “Creo que ha quedado claro que no conocía algunos episodios que se dieron y especialmente también que hubo un entrampamiento de parte de Monsalve, de parte del señor Carlos Enrique Vélez, en dos casos concretos”, explicó.

Y agregó: “Los otros tres tienen sus explicaciones distintas. Esa es la presentación. Y pues insistimos en que sabemos que cualquiera que sea el sentido del fallo, esto no va a terminar acá”.

El togado también dijo que Heredia manejó el juicio con objetividad y garantías, por lo que respetará el fallo que dicte la jueza, además de aclarar que espera que el 28 de julio haya una respuesta positiva en la defensa de los derechos y reputación del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

“Estamos plenamente confiados en la declaración de inocencia de Vélez, sin que eso signifique, ni más ni mucho menos, falta de autonomía. Y creemos en el respeto absoluto por la señora Juez. De mi parte, creo que ha sido un juicio objetivo, neutral, público, con garantías y tenemos que esperar el fallo. Un abrazo para todos”.

Por su parte, el senador de la República por el Pacto Histórico, Iván Cepeda, sostuvo que pase lo que pase en el Juzgado 44 del Circuito Penal aceptará la decisión.

De acuerdo con el ente investigador, se tomaron medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre ambas propiedades, ubicados en un edificio del centro financiero en la capital. Los inmuebles acumulan un valor comercial de $41.318 millones, equivalentes a 10 millones de dólares, aproximadamente.

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Presuntamente, la petrolera internacional habría apoyado económicamente al bloque Centauros de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en Casanare. Las investigaciones hasta ahora adelantadas indican que desde la multinacional entregaron dinero, transporte, alimentación y combustible.

Esto, como contraprestación por obtener servicio de seguridad por parte de los paramilitares en pozos de extracción de crudo. De esta manera, la empresa logró incrementar su patrimonio entre 1997 y 2005, años en los que se habría forjado y mantenido la alianza con la organización criminal.

Así lo indicaron algunos exintegrantes del bloque Centauros de las AUC que se acogieron a Justicia y Paz. Se trata de Daniel Rendón Herrera, Manuel de Jesús Pirabán y Orosman Orlando Osten Blanco, que afirmaron en versiones libres que la multinacional contribuyó al sostenimiento de su actuar ilegal en el departamento para contar con servicios de protección en los pozos petroleros.

La Fiscalía logró acceder a información sobre la estructura y control corporativo de la compañía, a través de la Red de Recuperación de Activos del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat). Además, recolectó material probatorio e implementó técnicas de análisis criminal que permitieron descubrir que las máximas instancias de la petrolera autorizaron la financiación a la organización criminal.

“Las actividades investigativas adelantadas por los fiscales del Grupo de Persecución de Bienes de la Dirección de Justicia Transicional, y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), contaron con el apoyo del Grupo investigativo de jurisdicciones especiales de la - Dijín, el Ministerio de Minas y Energía, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Ecopetrol, así como de otras autoridades judiciales”, detalló el ente acusador en un comunicado.

Así las cosas, la Fiscalía entregó los bienes al Fondo para la Reparación de las Víctimas, con el fin de que este se encargue de utilizarlos para indemnizar a la población de Casanare, que sufrió las consecuencias de la violencia ejercida por los paramilitares.

El caso de Chiquita Brands: otra empresa ligada a los paramilitares

No es la primera vez que una empresa es relacionada con paramilitares en Colombia. En junio de 2024, un jurado federal de Estados Unidos declaró culpable a la multinacional bananera estadounidense Chiquita Brands por financiar a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). El fallo se produjo tras seis semanas de juicio, que profundizó en los mecanismos y el alcance de los pagos realizados por la compañía.

Investigaciones judiciales señalaron que Chiquita Brands realizó alrededor de 100 pagos entre 1997 y 2004, por un valor total que superó los 1,7 millones de dólares, destinados a tres bloques de las AUC: Norte, Bananero y Élmer Cárdenas, según documentó la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad.

De acuerdo con la revista Cambio, Chiquita ya se había declarado culpable ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos de haber financiado a la organización paramilitar, bajo el argumento de que los pagos buscaban garantizar la seguridad de sus trabajadores frente a extorsiones y amenazas. La defensa de la empresa alegó que las transferencias respondieron a presiones y exigencias de las AUC, dirigidas en ese período por la Casa Castaño.

Sin embargo, la justicia de Estados Unidos aseguró que las amenazas no justifican la complicidad con grupos armados responsables de graves violaciones a los derechos humanos.

La Fiscalía General de la Nación compulsó copias a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) con el propósito de que investigue a Fredy Espitia y Édgar Arbeláez, militares presuntamente involucrados en la desaparición de cuatro campesinos en 2002.

Los hechos son atribuidos a las Autodefensas Campesinas del Casanare, caso por el que también está siendo investigado el exciclista Lucho Herrera, campeón de la Vuelta a España en 1987.

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"Compulsar copias ante la JEP para que investigue a Fredy Espitia y Édgar Arbeláez en su condición de miembros del Ejército Nacional para la época de los hechos", se lee en el informe de la Fiscalía, revelado por El Tiempo.

Exparamilitares señalaron al exciclista colombiano como el presunto determinador del crimen, haciendo ver a las cuatro personas como milicianos de las extintas Farc. Según el relato de los involucrados, el objetivo era despejarlos de sus tierras.

Las personas presuntamente desaparecidas fueron identificadas como Diuviseldo Torres Vega, Gonzalo Guerrero Jiménez y los hermanos Víctor y José del Carmen Rodríguez Martínez.

El 5 de junio de 2025, una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos escuchó al exciclista Lucho Herrera, que denunció que en 2003 fue extorsionado por paramilitares, afirmando que querían vincularlo con la desaparición de los campesinos.

Herrera afirmó que en 2016 hizo un pago de 10 millones de pesos con el propósito de ser desvinculado de la investigación.

Las investigaciones avanzaron hasta identificar a un hombre clave en el caso: Luis Fernando Gómez, conocido como alias Ojitas.

El informe revelado por el citado medio de comunicación incluyó las declaraciones de “Ojitas”, donde indicó que “para 2003 fui trasladado para el sector de Tequendama, donde tuvimos reunión con el señor Lucho Herrera para que nos aportara la cuota, y él dijo que eso lo arreglaba con ‘Martín’, entonces lo llevamos con alias Cascarón o Ángel Rodrigo Lara al Meta, a Tropezón, y ahí se reunió con ‘don Martín’ y nos dan la orden que lo que el señor Lucho necesitara, en Fusa el señor Lucho nos da 40 millones para comprar unas armas y unas motos".

Y agregó: “Ahí es donde él (Lucho Herrera) habla con los comandantes alias Camargo o Héctor Díaz. El señor Lucho les pide que le colaboren con unos milicianos que hay en el sector de Silvania para arriba en la vereda Aguadita, que colinda con la finca de Lucho Herrera, de nombre Terra Negra o Agua Negra, entonces el grupo especial, o urbanos usaron brazaletes del DAS y los recogieron en La Aguadita y los mataron y enterraron en la misma finca del señor Lucho Herrera(...) con el tiempo la misma organización se dio cuenta de que no eran milicianos sino el interés era quitarles las tierras, las familias de los muertos viven en el sector de Fusagasugá“.

La compulsa de copias de la Fiscalía General de la Nación a la Jurisdicción Especial para la Paz tiene como propósito recoger elementos materiales probatorias para esclarecer lo sucedido con los cuatro campesinos presuntamente desaparecidos por los exparamilitares.

La defensa de Lucho Herrera, Hernando Benavides Morales, declaró ante los medios de comunicación que todo el procedimiento se realizó conforme a la Ley 600, que impone reserva sobre los detalles del proceso, por lo que entregó a la prensa un comunicado escrito como pronunciamiento oficial del campeón de la Vuelta a España.

Benavides Morales indicó que Herrera seguirá vinculado a la investigación, aunque aclaró que “él aún no está vinculado como sujeto procesal, a él se le llama por unas indicaciones que les hacen unas personas que están detenidas, pero de ahí en adelante, corresponde la Fiscalía establecer la verdad”.

El abogado aseguró que Herrera solo ha sido mencionado por exparamilitares detenidos y que la Fiscalía debe determinar la responsabilidad de los involucrados.

Sobre la posibilidad de una orden de captura, Benavides Morales manifestó: “Creemos que no, cuando uno puede declararse inocente, el que nada teme, nada debe… pero desde luego que le preocupa porque eso mortifica a cualquier persona y más cuando se trata de una gloria del ciclismo”. También sostuvo que Herrera no podría confrontar en persona a los exparamilitares que lo señalan porque la ley no lo permite y que los testigos buscan beneficios judiciales.

La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reconoció como víctima al exgobernador de Magdalena Carlos Caicedo, que denunció haber sido blanco de persecución política, hostigamiento y estigmatización por parte del también exgobernador Trino Luna Correa. Este último fue condenado por parapolítica y se sometió voluntariamente a la JEP en 2022.

La solicitud de Caicedo fue negada inicialmente debido a una carencia de pruebas que sustentaran la necesidad de reconocerlo como víctima del conflicto armado, específicamente, de crímenes cometidos por la fuerza pública, agentes del Estado en asociación con grupos paramilitares, o terceros civiles en el conflicto armado. Estos delitos son investigados por la JEP en el caso 08-Subcaso Gran Magdalena.

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Sin embargo, a través del Auto OPV 677 de la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de Hechos y Conductas de la JEP, se otorga dicha acreditación tras la resolución de un recurso de reposición y en subsidio de apelación, interpuesto en contra del Auto OPV-569 del 20 de mayo de 2025. A la decisión se suma su reconociendo como interviniente especial ante todas las Salas y Secciones de la Jurisdicción Especial para la Paz.

“El solicitante manifestó ser víctima directa de amenazas, estigmatización, calumnia e injuria en hechos ocurridos de 1996 a 2016 en Santa Marta (Magdalena), identificando como presuntos responsables a miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia – AUC, bandas criminales posdesmovilizados (Los Urabeños) y a Trino Luna Correa, exgobernador de Magdalena sometido a la JEP”, se lee en el auto de la JEP.

Al respecto, el exgobernador se pronunció a través de su cuenta de X, en donde celebra la determinación de la Jurisdicción. De acuerdo con el exfuncionario, por años estuvo sufriendo las consecuencias de todo tipo de violencias ejercidas sobre él. Aseguró que, a pesar del paso del tiempo, las afectaciones siguen presentes en su vida.

“Durante más de dos décadas he sufrido una persecución sistemática que ha dejado cicatrices imborrables en mi vida pública y personal. Calumnias, procesos judiciales sin fundamentos y privación injusta de la libertad por años”, detalló Caicedo.

Aunado a esto, el exmandatario fue víctima de amenazas, derivadas de su trabajo y su lucha contra las mafias políticas, que consiguieron lucrarse del conflicto armado. Además, indicó que en su caso también intervino como victimario todo un aparato judicial presuntamente cooptado por la corrupción, algo que también ha afectado a cientos de personas afectadas por la guerra interna en Colombia.

“Hoy la Jurisdicción Especial para la Paz JEP reconoce esa verdad. He sido víctima del conflicto armado colombiano”, precisó.

Según explicó, el auto del tribunal de paz supone un hito en la historia del país, puesto que deja en evidencia que hay otras maneras de violentar a la ciudadanía en un ambiente de conflicto.

“Es una decisión histórica que reconoce en esas falsas acusaciones y en la campaña de desprestigio en mi contra como parte de una estrategia de eliminación política sistemática. Este fallo no solo reivindica mi nombre, sino que sienta un precedente. La calumnia y la estigmatización también son formas de violencia. La verdad prevalece y con ella seguiremos construyendo un país más justo”, detalló.

El partido Fuerza Ciudadana se unió a las declaraciones del exgobernador por medio de un comunicado de prensa en el que indicó que la decisión de la JEP constituye un mensaje para las personas que instrumentalizan el sistema judicial y los medios de comunicación, utilizados como “armas de guerra”.

“El caso sienta un precedente para que otras víctimas de persecución judicial, política o mediática puedan ser reconocidas en el marco del sistema de justicia transicional”, añadió.

Organizaciones sociales y defensores de derechos humanos alertaron sobre el deterioro progresivo de la situación de orden público en la región del Catatumbo, en Norte de Santander, y cuestionar la postura del Ministerio de Defensa frente a los recientes hechos de violencia.

Según denuncias, dos nuevos grupos armados ilegales como los Gaitanistas y Los Pachencas habrían ingresado a la zona, aumentando la tensión en un territorio históricamente afectado por el conflicto.

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Edward Álvarez, defensor de derechos humanos en el departamento, rechazó las recientes declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, en las que aseguró que la seguridad del Catatumbo ha mejorado en un 70%.

“Siguen los desplazamientos de familias campesinas e indígenas, la utilización de drones, los homicidios y el fortalecimiento de diversos grupos armados”, afirmó a RCN Radio.

Denuncias por omisión estatal

El vocero también sostuvo que las declaraciones oficiales han generado descontento entre las comunidades afectadas.

“Las declaraciones del Ministro, ha originado rechazo de las distintas comunidades, víctimas de la violencia, por eso le pedimos la renuncia, es cómplice con su omisión, no ha realizado nada para frenar la violencia que acontece en los municipios, corregimientos, veredas y resguardos indígenas de la zona del Catatumbo”, señaló.

En su intervención, Álvarez subrayó la gravedad de los recientes hechos de violencia. En menos de un mes se han registrado tres masacres en Ocaña, dos policías fueron asesinados en zonas rurales cercanas a este municipio y, en un período de 15 días, se produjeron dos enfrentamientos armados en su periferia que dejaron al menos diez personas muertas.

“Vivo en la zona del Catatumbo y conozco la realidad que se registra allí. Un ejemplo claro es la situación que enfrentan las estaciones de Policía en San Calixto, Teorama, El Tarra, El Carmen, Hacarí y La Playa: los uniformados se encuentran en pleno hacinamiento, no pueden asomar la cabeza ni las piernas porque son víctimas de los grupos armados. Los francotiradores están listos para atacarlos y asesinarlos. No cuentan con las condiciones de seguridad para estar presentes en la región”, denunció el defensor.

Presencia de nuevos actores armados

Según el relato de Álvarez, el Ejército Nacional tampoco estaría adelantando operaciones ofensivas en la región, lo que ha permitido que distintas estructuras armadas mantengan o amplíen su control territorial.

“El Ejército no realiza operaciones militares. Están frenados y varados. Aún no han tomado el control ni de las ventanas ni de las puertas del Catatumbo, en donde hay control total del ELN, disidencias de las Farc, pero también entraron otros dos grupos: se trata de los grupos paramilitares Gaitanistas y Los Pachencas”, sostuvo.

De acuerdo con sus afirmaciones, Los Pachencas habrían ingresado por el municipio de San Martín y ya tendrían presencia en Ocaña, identificándose bajo el nombre del Frente Conquistador del Catatumbo.

“Se teme que en los próximos días empeore el panorama en materia de seguridad. Ellos llegaron con ese nombre, mientras el ministro de Defensa parece desconocer esta realidad. Tratan al ELN y a las disidencias de las Farc como amigos de alto nivel. No han hecho nada por devolverle la tranquilidad al pueblo. El Ejército parece la Cruz Roja Internacional, actúa de manera neutral y viene pecando por omisión el Ministro”, declaró al medio.

Sin estrategia militar efectiva

Álvarez también criticó la ausencia de una estrategia militar clara en una región marcada por el narcotráfico y el control territorial de grupos armados. Según su testimonio, la Fuerza Pública no ha desplegado los recursos suficientes para contrarrestar la expansión de estas estructuras ilegales.

La región, compuesta por más de una decena de municipios, ha sido escenario histórico de disputas armadas entre guerrillas, paramilitares y bandas criminales, y en la actualidad enfrenta una nueva ola de violencia con la reconfiguración de actores ilegales. Las comunidades locales, según los defensores, siguen a la espera de una respuesta integral del Estado.

El martes 17 de junio de 2025, el proceso judicial por el homicidio de Fernando César Cepeda Vargas retomó su curso en el Juzgado Primero Penal de Conocimiento de Barranquilla.

Una de las implicadas en esta diligencia judicial, la exrectora de la Universidad Autónoma del Caribe y abogada Silvia Gette Ponce compareció ante el juez para responder en interrogatorio, bajo el antiguo sistema de la Ley 600, o también conocido como Código de Procedimiento Penal colombiano, tras la implementación del Sistema Penal Acusatorio (Ley 906 de 2004)

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Gette se encuentra en libertad tras cumplir una condena por el delito de soborno en actuación penal.

Sin embargo, la diligencia judicial corresponde al juicio oral en el que la Fiscalía sostiene que Gette Ponce “tenía una supuesta diferencia personal con el ganadero” Fernando Cepeda y “habría pagado una alta suma de dinero a jefes del Bloque Norte de las extintas Autodefensas para que lo asesinaran”, según consta en los testimonios recogidos durante la investigación, señaló el diario El Heraldo de Barranquilla.

Los señalamientos se originaron en versiones entregadas por los exparamilitares Édgar Ignacio Fierro (alias don Antonio) y Jhonnys Acosta Garizábalo (alias 28), en las que sostuvieron que Gette procedió a través de terceros y que existían intereses sobre la rectoría de la institución educativa.

Qué dijo Silvia Gette tras comparecer en audiencia: por crimen de Manuel Cepeda Vargas

Durante la audiencia, Silvia Gette reafirmó su argumento de inocencia y aseguró ser “víctima de exparamilitares que trataron de extorsionarla”.

La abogada explicó que, al resistirse a sus presiones, terminó involucrada en el caso.

“No accedí a las extorsiones que me hacían y los dineros que me pedían. ‘Don Antonio’ me mandaba mensajes y la meta que ellos tenían era robarme, sacarme de ahí y eliminarme para apoderarse de la Universidad. En una de las llamadas dijo: ‘Usted mandó a matar a Cepeda y pagó 150 millones de pesos para matarlo. Entonces nos tiene que ayudar con un dinero porque si no, la nombramos en Justicia y Paz’. Yo los insulté y dije que yo no tenía por qué dar ningún dinero, que no tenía por qué hablar con ellos”, precisó Gette durante la diligencia.

Frente a los señalamientos sobre una supuesta motivación relacionada con el control de la universidad, Gette alegó que “esta situación se creó con el único fin de tenerla entretenida a ella en todos los procesos judiciales en los cuales ha sido inmiscuida, con el único fin de desterrarla de la Universidad Autónoma del Caribe y que otros pudieran entrar a apoderarse y quedarse con ella (universidad)”, según expuso su abogada, Bianith Bohórquez.

La defensa reiteró que Gette ya “cumplió la condena del soborno”, remarcando que “actualmente no tiene ningún pendiente con la justicia, más que resolver este asunto donde se le vinculó desde años atrás”.

Bohórquez describió además que este proceso como “el último eslabón y esta última piedra en el camino que le quisieron colocar”.

La condena contra Silvia Gette

En mayo de 2022 la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ratificó otra condena contra Gette por abuso de confianza calificado y agravado, relacionada con la apropiación de recursos institucionales, condena que también ha cumplido bajo detención domiciliaria.

La defensa destacó que, durante el tiempo que Gette dirigió la Universidad Autónoma del Caribe entre 2003 y 2013, la institución creció de manera significativa.

Bohórquez describió logros institucionales como la apertura de una sede en Miami y el aumento en la matrícula, además de incentivos para estudiantes por arte, educación y deporte, y una ruta escolar nocturna.

La continuación del juicio oral está programada para el próximo 17 de julio de 2025, donde se prevé la intervención de nuevas pruebas y la participación de más testimonios clave para el esclarecimiento del caso.

El motivo se dio porque durante la audiencia del juicio oral el fiscal del caso, Pablo Andrés Porras, “no presentó las pruebas documentales” que tenía como fin practicarse durante la diligencia.

El 10 de junio de 1971 quedó marcado en la historia de México como una de las expresiones más brutales de la represión estatal contra la movilización social. Aquel jueves, cientos de estudiantes salieron a las calles de la Ciudad de México para manifestarse pacíficamente, sin embargo, la protesta fue interrumpida violentamente por un grupo de civiles armados que, bajo la tolerancia y respaldo del Estado, desataron una masacre en plena vía pública.

El episodio, conocido como “El Halconazo” o “La matanza del Jueves de Corpus”, marcó uno de los momentos más represivos del periodo conocido como la Guerra Sucia. Aunque no hay un número oficial de muertos, diversas fuentes académicas y de derechos humanos estiman que las víctimas mortales podrían haber superado el centenar.

A tres años de la matanza de Tlatelolco en 1968, el movimiento estudiantil en México retomó fuerza en 1971. Las protestas se reactivaron en solidaridad con la Universidad Autónoma de Nuevo León, cuyo gobierno estatal había intervenido su autonomía.

Estudiantes de la UNAM, del IPN y de normales rurales organizaron una marcha pacífica para exigir respeto a la autonomía universitaria, libertad a presos políticos y justicia para los crímenes del 2 de octubre de 1968.

La manifestación inició en el Casco de Santo Tomás, sede del IPN, con dirección al Zócalo y avanzó por avenida San Cosme. A la altura del cruce con avenida México-Tacuba, un grupo de civiles armados comenzó a agredir a los estudiantes con varas de bambú, cadenas, pistolas y rifles.

Los agresores formaban parte de un cuerpo paramilitar conocido como “Los Halcones”, un grupo de choque entrenado por instructores mexicanos y estadounidenses, con respaldo directo de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) y la Secretaría de Gobernación. Su función era contener movimientos sociales, especialmente estudiantiles, mediante el uso de la fuerza extralegal.

Los agresores golpearon, hirieron y asesinaron a decenas de estudiantes, también atacaron ambulancias, periodistas y médicos que intentaban asistir a los heridos.

El presidente Luis Echeverría negó tener conocimiento de la operación y atribuyó la violencia a “grupos infiltrados”, también prometió una investigación que nunca llegó.

Días después de la matanza, Alfonso Martínez Domínguez, regente del entonces Departamento del Distrito Federal, fue removido del cargo como una forma de contención política. La masacre provocó el desmantelamiento del movimiento estudiantil durante varios años.

Muchos de los datos sobre el Halconazo siguen en el misterio. No hay evidencia que implique de manera directa al presidente Luis Echeverría aunque sí se sabe que conocía la existencia del grupo, tampoco hay certeza sobre quién fue el que ordenó la matanza de los ni con qué fin. Solamente hay seguridad de que fue una represión violenta del Estado mexicano contra una movilización estudiantil pacífica.

El 4 de junio, el Gobierno nacional y la Agencia Nacional de Tierras anunciaron que más de 3.000 hectáreas en Puerto Boyacá, en el Magdalena Medio, que habían sido recuperadas por la Policía Nacional y la Sociedad de Activos Especiales, pasaron a ser propiedad de cientos de campesinos en la región.

Los predios mencionados, que en los 80 pertenecieron a “Don Mario”, Ramón Isaza y Gonzalo Rodríguez Gacha, más conocido como “El Mexicano”, fueron entregados a 310 familias de Puerto Boyacá como parte de un programa de restitución de tierras.

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Al respecto, el directo de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman, indicó que uno de los retos del Gobierno nacional es lograr que las tierras utilizadas en su momento por los criminales, ahora sean propiedad de los campesinos.

“Seguimos en la tarea de recuperar la tierra del Magdalena Medio, devolvérsela al campesinado y sumarle a la reforma agraria“, indicó Harman.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro recordó que en los 80 las tierras de Puerto Boyacá fueron utilizadas por las Autodefensas Unidas de Colombia y el cartel de Medellín para entrenar a paramilitares y sicarios.

“En Puerto Boyacá, recuperamos con la Policía los predios donde Yair Klein, el coronel israelí, entrenó a los primeros paramilitares, con el dinero de Pablo Escobar y de algunos exmilitares. Hoy los tenemos en nuestro poder y se entregan al campesinado”.

El impacto de Yair Klein en el Magdalena Medio

Aunque se nombren habitualmente a Carlos Castaño, Pablo Escobar y otros criminales de la época como responsables de la violencia que se registró en la región durante los 80; un nombre olvidado es el de Yair Klein, un mercenario israelí que se encargó de entrenar a escuadrones paramilitares y jóvenes que luego se convirtieron en sicarios del cartel de Medellín.

Se afirma que Klein tenía contacto directo con los hermanos Castaño, que en ese momento seguían teniendo cercanía con Pablo Escobar, por lo que no tenían problemas en que el mercenario compartiera su conocimiento sobre explosivos con miembros del cartel de Medellín.

La primera visita de Klein a Colombia se registró como si se tratará de un ciudadano del común, llegó al aeropuerto El Dorado y estuvo acompañado por miembros de las Fuerzas Militares y el extinto DAS, que tenían acuerdos con los paramilitares para combatir de manera directa a la guerrilla.

“Fue él quien le enseñó al cartel de Medellín a accionar bombas a control remoto”, indicó a la BBC Pablo Elías González, jefe de investigaciones especiales de la Procuraduría General de Colombia en los 80.

Al israelí se le vinculó con el asesinato de Galán y el atentado al avión de Avianca en 1989; además, el magnicidio del candidato presidencial habría provocado que huyera del país por el Amazonas.

En su momento, el mercenario aseguró que el Gobierno de Estados Unidos tenía conocimiento de sus visitas, y que él se encargó de hacer el trabajo que ellos no podían hacer de manera pública.

“Estuve en Colombia por invitación de los americanos y punto. Todo lo que Estados Unidos no puede hacer porque le es prohibido, lo hace por intermedio de otros”, declaró Klein al diario Maariv en el 2000.

De la misma forma, Klein afirmó que recibió pagos de “hacendados” para que entrenara a los paramilitares, pero desistió de entregar nombres específicos, lo que ha provocado que sectores políticos duden sobre la veracidad de sus declaraciones.

Cabe recordar que Klein fue condenado en ausencia a 10 años de prisión, durante el mandato de Iván Duque se levantó una orden de captura en su contra, pero fue deslegitimada por Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

El expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez es acusado por los presuntos delitos de fraude procesal, soborno a testigos y soborno en actuación penal en 2018.

Durante la audiencia, en los juzgados de Paloquemao, en Bogotá, subió al estrado el Carlos Alberto Cruz Moreno, juez segundo de ejecución de penas de Buga, conocido como “Cachelito”.

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En el juicio también habló Óscar Monsalve, hermano del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve Pineda, que desde Estados Unidos advirtió sobre amenazas e intimidaciones contra su familia en Colombia.

En ese sentido, señaló que los responsables de posibles ataques a sus familiares son el senador Iván Cepeda y el abogado Miguel Ángel Del Río Malo.

“Si algo le llega a pasar a mi papá, a mi mamá, o a cualquier miembro de mi familia, los responsables son ellos. Desde la Fiscalía, Iván Cepeda y el abogado Del Río”, denunció. Frente a esa posibilidad, tomó una decisión drástica: “Ya no están allá. Al otro día, los saqué”, dijo.

Al momento del contrainterrogatorio liderado por el abogado defensor del expresidente Uribe, Jaime Granados, la jueza del caso Sandra Heredia regañó al litigante por presuntamente hacer preguntas que sugerían respuestas al testigo.

“Doctor Granados, usted está haciendo preguntas que en su mayoría están sugiriendo la respuesta al testigo y como juez no puedo permitir esas circunstancias”, sostuvo.

Al respecto, el litigante dijo que acataría la advertencia de la juez Heredia, cambiando el enfoque de sus preguntas para no infringir ningún artículo establecido por la ley colombiana. “No hay problema su señoría”.

Así fue el fuerte reclamo del abogado del expresidente Álvaro Uribe Vélez a la fiscal por hacer “preguntas capciosas” al testigo

Este no fue el único rifirrafe entre la defensa del líder político del partido Centro Democrático y las demás partes presentes durante el juicio. En el interrogatorio liderado por la Fiscalía General de la Nación a Óscar Monsalve, Granados sostuvo que la fiscal encargada, Marlene Orjuela, estaba haciendo preguntas al testigo sobre su relación y presencia en la Hacienda Guacharacas.

“¿De qué fotografía se trata? Si me pudiera decir, ya que trae usted ese tema aquí a la audiencia. ¿Qué fotografía es?”, preguntó la fiscal. A lo que el testigo respondió: “Sí, una fotografía que le toma el escolta del fiscal. Se la toma. Mi papá estaba con un amigo mío Y cuando le toman la foto”.

A la par, cuestionó: “¿Quién es el amigo suyo?”; y Monsalve dijo Luis Villegas, acto seguido Orjuela dijo: “El mismo que lo contrató para que fuera a la hacienda Guacharacas”.

Tras la pregunta, Granados objetó argumentando que los interrogantes planteados por el ente acusador eran capciosos. También dijo que ese tipo de cuestionamientos no se permiten.

“Objeción, señoría. Es una pregunta capciosa. La fiscal sabe muy bien que. Son capciosas. No puede. Usted puede formular sugestivas, pero capciosas. Están prohibidas”.

Frente a esto, la juez negó la acusación y dejó que Orjuela continuara con su interrogatorio. “No le puedo dar trámite a la objeción, toda vez que ya respondió. Continúe, señora fiscal”.

Presentaron una queja disciplinaria contra jueza que lleva el caso del expresidente

Cabe recordar que las decisiones de la juez Heredia han sido cuestionadas a tal punto que presentaron una queja disciplinaria ante la Comisión Seccional de Disciplina Judicial en su contra.

Para Pedro Santiago Rodríguez Betancourt, ciudadano que interpuso la querella, la funcionaria habría incurrido en irregularidades que comprometen la imparcialidad y el debido proceso.

Los argumentos se fundamentan en que la jueza habría abusado de sus facultades, excediendo sus funciones y afectando la neutralidad requerida en el proceso judicial. Además de señalar que habría actuado de manera irregular al rechazar una recusación presentada por la defensa de Uribe, la cual cuestionaba su imparcialidad. Según los abogados del expresidente, la togada habría mostrado comportamientos sistemáticos que desconocen las garantías procesales del acusado.

“Ha abusado de sus derechos como juez, afectando la imparcialidad y extralimitando sus funciones dentro del proceso que se adelanta contra el doctor Álvaro Uribe”, precisó el reclamante.

Hay expectativa en el país por el proceso en contra del exciclista “Lucho” Herrera, una de las glorias del deporte colombiano de los años 80 y 90, que fue vinculado por dos paramilitares a un caso de desaparición forzada de cuatro personas.

Cabe recordar que dos paramilitares declararon que Herrera había pedido a las Autodefensas Campesinas del Casanare la desaparición de cuatro campesinos en 2002, provocando que el oriundo de Cundinamarca publicara un comunicado negando su vínculo con estas personas.

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Además de iniciar una investigación en contra de uno de los primeros ciclistas colombianos que triunfaron en Europa, la propiedad de Herrera, en Fusagasugá, fue el escenario de unas pesquisas para descartar presencia de cuerpos en la zona.

Adicionalmente, en el proceso judicial que se adelanta al respecto, fuentes de la Fiscalía General de la Nación confirmaron a Infobae Colombia que el 5 y 6 de junio la Dirección Especializada contra la Violación de los Derechos Humanos recibirá la primera declaración por parte de la gloria deportiva y su hermano, Rafael Herrera.

Cabe recordar que en la versión entregada por Luis Fernando Gómez, alias Ojitos, el exparamilitar aseguró que el objetivo de Herrera era desaparecer a vecinos que no querían vender sus tierras, acusándolos de ser guerrilleros.

“El señor Lucho Herrera me ofrece algo de beber y me da dos sobres de manila, en uno de ellos venían las fotos de cuatro personas que teníamos que recoger, dijo que eran milicianos de la guerrilla que lo iban a secuestrar, y en el otro sobre había 40 millones y nos dice que si queremos para comprar unas pistolas y unas motocicletas. Esa gente colindaba con la finca de él”.

En medio del proceso legal, varios vecinos de Herrera se han pronunciado, algunos para desmentir las acusaciones en contra del exciclista, y otros para pedir que la justicia colombiana aclare si en realidad el cundinamarqués participó en la desaparición de sus seres queridos.

Una de las versiones que más ha dado de que hablar ha sido la de Óscar Rodríguez, sobrino de Diuviseldo Torres, una de las víctimas, que indicó a W Radio que conocía una versión, divulgada en el pueblo, de que la desaparición de su tío se registró por una venganza.

“Mi tío era trabajador. Lucho Herrera tenía varias fincas ahí, en el sector de la vereda Piamonte, vía La Aguadita, mi abuelo trabajaba también con el papá de Lucho Herrera, don Rafael, y mis tíos también trabajaban en esas fincas cafeteras, hasta inclusive, nosotros niños, íbamos a coger café en esas fincas“.

Rodríguez indicó que conoció el interés que tenía Herrera de comprar las tierras de su familia, pero indicó que es más probable que el vínculo de la gloria del deporte con los paramilitares se hubiera consolidado tras el secuestro que sufrió en el 2000.

Semanas después de que se registró la declaración de los paramilitares, un grupo de personas se acercaron hasta la estatua en honor a Herrera, en Fusagasugá, para pintarla y poner mensajes alusivos a la presunta participación del exdeportista en el crimen.

Esta situación molestó a Herrera y a varios de sus familiares, que se acercaron al sector para confrontar a los manifestantes.

“Ustedes no pueden enlodar el nombre de una persona, ni le pueden dañar el nombre”, recriminó una acompañante de Herrera a los individuos que pintaron la estatua. “No estamos diciendo que sean sus víctimas, eso lo tiene que declarar el Estado”, respondió el sujeto.

Por parte de Herrera, el exciclista compartió un comunicado de prensa en el que rechazó las acusaciones en su contra y aseguró que no tenía nada que ver con los crímenes cometidos por los paramilitares que lo señalaron.

“Jamás he pertenecido a organizaciones criminales ni he pretendido causar daño a persona alguna. Mi vida la he dedicado al deporte, y tras mi retiro del ciclismo profesional, a trabajar de forma honesta. Rechazo de manera enfática las imputaciones que pretenden enlodar mi nombre y mi trayectoria como ciudadano, trabajador y padre de familia”.

Las FAR siguieron "atacando a la población civil, bombardeando barrios de la ciudad y algunos refugios, lo que resultó en la muerte de cinco mujeres y cuatro niños de diferentes edades. Siete personas más resultaron heridas y fueron trasladadas a hospitales y centros de salud para recibir tratamiento", afirmó la institución castrense en un comunicado.

Asimismo, el Ejército anunció que seis miembros de las FAR murieron en un emboscada contra cuatro vehículos de los paramilitares mientras se dirigían a los cementerios de los barrios orientales de Al Fasher, el último bastión del Ejército en la región de Darfur, para enterrar cadáveres.

Hasta el momento, las FAR no han reaccionado ante estas informaciones.

Desde su inicio hace más de dos años, la guerra en Sudán ha provocado la muerte de decenas de miles de personas y el desplazamiento de más de 12,5 millones, lo que ha causado la peor crisis humanitaria en el planeta. EFE

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Entre los fallecidos se encuentran diez civiles y dos policías, afirmó a EFE un funcionario local del estado de Kordofán Norte, quien agregó que "docenas resultaron heridos" como consecuencia de este ataque "con aviones no tripulados de las FAR" contra el centro penitenciario.

Según esta fuente, se espera que el número de muertos aumente, ya que algunos se encuentran en estado crítico y han sido trasladados a diversos hospitales para recibir tratamiento, lo que dificulta la obtención de estadísticas precisas.

Los paramilitares atacaron por séptimo día consecutivo Port Sudan, la capital administrativa temporal, en el este del país, si bien los misiles antiaéreo del Ejército interceptaron los drones y los derribaron en el mar Rojo, de acuerdo con un oficial militar en declaraciones a EFE.

Agregó que las Fuerzas de Apoyo Rápido atacaron Port Sudan con más de 55 drones en una semana, y que las armas antiaéreas del Ejército derribaron más de 40 de ellos, mientras que el resto atacó depósitos de combustible, centrales eléctricas y sitios militares.

Los ataques a Port Sudan, unos 650 kilómetros al noreste de Jartum, se producen después de que el Ejército regular lograra expulsar a los paramilitares de la mayor parte de la capital del país a finales de marzo, que ocupaban desde el inicio de la guerra en abril de 2023.

Tras varias derrotas en el centro-este del país en los últimos meses, así como en Jartum, los paramilitares han intensificado sus ataques con drones contra instalaciones vitales civiles y militares en zonas controladas por el Ejército, incluidas centrales de electricidad en el norte y el este del país. EFE

Islamabad, 6 may (EFE).- Al menos siete paramilitares paquistaníes murieron y varios resultaron heridos por la explosión de un artefacto explosivo improvisado en la conflictiva provincia de Baluchistán, en el suroeste del país, que sufre un fuerte incremento de la violencia armada.

El atentado tuvo lugar al paso de un vehículo de los 'Frontier Corps' -una fuerza paramilitar paquistaní- en el distrito de Bolan, informó a EFE un agente del control policial del distrito, Ilyas Hussain, que indicó que cinco paramilitares resultaron heridos por la explosión.

En un comunicado posterior, el Ejército paquistaní informó de la muerte de siete soldados en el incidente, e indicó que ha puesto en marcha una operación en la zona para dar con los perpetradores.

Además, acusó al Ejército de Liberación de Baluchistán (BLA), uno de los grupos separatistas más activos en esta provincia, de estar detrás del ataque.

No obstante, ningún grupo ha reivindicado el ataque de este martes el momento.

En el distrito de Bolan tuvo lugar el pasado marzo el secuestro por el BLA del Jaffar Express, un tren con más cuatrocientos pasajeros -muchos de ellos miembros de las fuerzas de seguridad- lo que dio lugar a una larga operación de rescate que dejó más de 60 muertos, incluidos 33 atacantes

En Baluchistán se ha producido en los últimos años un repunte de violencia armada, especialmente de manos de grupos separatistas.

Uno de los más activos es el BLA, responsable del secuetro del tren el pasado 11 de marzo. Además de los 33 atacantes, también murieron 26 rehenes y cinco agentes de seguridad entre las casi 48 horas que transcurrieron desde el secuestro hasta la liberación.

El BLA y otros grupos separatistas dirigen sus ataques principalmente contra las fuerzas de seguridad, puesto que acusan a Islamabad de explotar los ricos recursos minerales de la región, sin que sus ciudadanos apenas perciban beneficios.

Esto da lugar también a ataques contra trabajadores extranjeros -especialmente chinos- y procedentes de otras provincias paquistaníes, quienes según estos grupos colaboran en despojar a Baluchistán de sus recursos.

El 27 de marzo, tres personas murieron y otras veinte resultaron heridas en un atentado con bomba al paso de un vehículo policial en Quetta, capital de Baluchistán. EFE

Un vehículo de los 'Frontier Corps' -una fuerza paramilitar paquistaní- fue alcanzado por un artefacto explosivo improvisado. "Seis soldados resultaron muertos y otros cinco heridos", dijo a EFE Ilyas Hussain, agente de policía del control policial del distrito de Bolan, donde sucedió del incidente.

En este distrito tuvo lugar el pasado marzo el secuestro por insurgentes del Jaffar Express, un tren con más cuatrocientos pasajeros -muchos de ellos miembros de las fuerzas de seguridad- lo que dio lugar a una larga operación de rescate que dejó más de 60 muertos, incluidos 33 atacantes.EFE

La última semana de abril de 2025 se reveló que como parte de los acuerdos de Justicia y Paz (marco legal del acuerdo de paz entre las AUC y el Estado), varios excomandantes del grupo armado, liderados por Mancuso, llevarán a cabo un plan para localizar alrededor de 400 propiedades que entregaron cuando se sometieron a la justicia.

Durante un evento que se llevó a cabo en Montería, en el que se suspendió por varias horas la prohibición de Salvatore Mancuso de pisar suelo cordobés, este se reunió con María Gaitán, directora del Centro Nacional de Memoria Histórica.

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A pesar de que se anunció como una rendición de cuentas, El Tiempo reveló que también se registró una especie de “mesa de diálogo” con la que se busca cerrar, después de más de 20 años, los acuerdos de Ralito.

De esa forma, se confirmó que el Gobierno nacional busca el cierre del proceso firmado en 2003, puesto que se registraron más de 40.000 hechos de violencia atribuidos a disidencias de las AUC.

Cabe recordar que, en 2008 se registró la extradición de 14 comandantes de las AUC, que estos mismos han catalogado como una forma de traicionar lo acordado, mientras que el Gobierno Petro ha indicado que estos hechos hicieron que no fuera concluida la justicia transicional.

El medio citado reveló que ex jefes de los paramilitares han recibido asesoría jurídica, en el que les explicaron que al no ser necesario un desarme, ni un proceso de sometimiento, se podría registrar un diálogo con el Gobierno nacional a través del Centro Nacional de Memoria Histórica.

Otro de los aspectos por los que se ha pedido reabrir un “mesa de diálogo” con los ex jefes de las AUC es que la mayoría de ellos estarían buscando ser incluidos en futuros procesos, para lo que es necesario que no existan restricciones en su contra.

“En lo relativo a las funciones asignadas a los Gestores de Paz que se encuentran en calidad de extraditados o privados de la libertad en Colombia, es indispensable que cuenten con las herramientas y medios tecnológicos adecuados y necesarios que les permitan llevar a cabo su labor de manera efectiva, garantizando el cumplimiento de los objetivos propios de su designación y contribuyendo al éxito de la Paz Total, sin que ninguna restricción comprometa su ejecución”, se lee en el documento entregado por Salvatore Mancuso al respecto.

Cabe recordar que, aunque este libre, Mancuso, como vocero de los exparamilitares, tiene la prohibición de estar en varias zonas del país, incluyendo Montería, por lo que fue necesario un permiso especial para que asistiera al evento mencionado.

Otro aspecto de gran importancia podrían ser las confesiones que quedaron inconclusas o que podrían ser parte de procesos que siguen abiertos en el país; cabe recordar que, el apoyo financiero de multinacionales a las AUC ha sido uno de los procesos más sonados de los últimos años a nivel nacional e internacional.

Entre los ex jefes paramilitares que podrían ser incluidos en una posible “mesa de diálogo” se destaca Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, que le envió una carta al presidente Petro con la petición de ser gestor de paz.

“Don Berna” es recordado en Colombia por ser uno de los sucesores de Pablo Escobar en Antioquia, puesto que paso de ser trabajador de uno de los capos más allegados al líder del cartel de Medellín, a consolidar el paramilitarismo en la región durante el final de los 90 y comienzos de los 200.

Por último, en el documento se menciona que la conclusión de las negociaciones tendría presencia de múltiples ex comandantes de las AUC, representantes del Gobierno nacional y organismos internacionales.

La defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez ha presentado una lista de 75 testigos que serán llamados a declarar en el juicio que enfrenta por presunto soborno, fraude procesal y manipulación de testigos.

Según informó El Tiempo, esta etapa del proceso comenzará el próximo 5 de mayo a las 8:30 a. m., bajo la dirección de la jueza Sandra Liliana Heredia, quien fijó el inicio de la fase probatoria de la defensa tras la conclusión de las audiencias de la Fiscalía.

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Entre los testigos citados destaca el propio Álvaro Uribe Vélez, quien será el primero en declarar durante varias horas el mismo 5 de mayo.

La lista también incluye a su hermano, Santiago Uribe Vélez, y a su exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, quien asegura haber obtenido información clave sobre el caso mientras estuvo detenido en una cárcel de Miami, donde coincidió con exparamilitares extraditados.

Además, figuran dos abogados de su equipo de defensa, Juan Felipe Amaya Mejía y Franklin Geovani Guevara Bernal.

El medio detalla que la defensa, liderada por los abogados Jaime Granados y Jaime Lombana, ha preparado esta estrategia tras un largo proceso judicial que incluyó un enfrentamiento en el Tribunal Superior de Bogotá para la aprobación de las pruebas.

La lista de testigos también incluye al senador Mario Uribe Escobar, primo del expresidente, quien en el pasado fue procesado por parapolítica, y al exfiscal general Néstor Humberto Martínez, así como al exministro Fabio Valencia Cossio, quien trabajó con Uribe desde su etapa como gobernador de Antioquia.

Otro nombre relevante es el del magistrado del Consejo Nacional Electoral, Álvaro Hernán Prada, quien actualmente investiga posibles violaciones de topes en la campaña presidencial de Gustavo Petro.

También figura el político Rodrigo Lara Restrepo, quien acompañó a Piedad Córdoba e Iván Cepeda en visitas a cárceles de Estados Unidos para entrevistarse con exparamilitares como Salvatore Mancuso.

La defensa busca determinar si estas visitas incluyeron intentos de influir en testimonios contra Uribe y su familia.

Un testimonio que genera especial interés es el de Mercedes Arroyave Ardila, conocida como la “testigo perdida” del caso. Según El Tiempo, esta abogada de 75 años, oriunda de Medellín, acompañó a Iván Cepeda en visitas a cárceles colombianas para hablar con convictos que luego se vincularon al proceso contra Uribe.

Arroyave fue apoderada de Juan Guillermo Monsalve, considerado el testigo principal del caso, y de Pablo Hernán Sierra, quien ha señalado a los Uribe como supuestos cofundadores del bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Sin embargo, Arroyave no ha comparecido en el proceso, y Cepeda afirmó en su momento que la abogada había recibido amenazas graves.

La lista también incluye a figuras del crimen organizado, como Juan Carlos Sierra Ramírez, alias el Tuso, y Ramón Quintero, alias RQ.

Además, será llamado Manuel Retureta, un abogado cubanoamericano que ha representado a varios capos colombianos.

Otro testigo clave es Hernán Cadavid, exasesor de Uribe y actual representante a la Cámara por el partido Centro Democrático. Según el expresidente, Cadavid puede corroborar que nunca dio instrucciones al abogado Diego Cadena para ofrecer sobornos a cambio de declaraciones.

Entre los nombres citados también se encuentra María Claudia Daza, conocida como “la Caya”, exasesora de Uribe, quien estuvo involucrada en un incidente relacionado con interceptaciones telefónicas.

La lista completa incluye a políticos, abogados, exfuncionarios, expertos periciales y otros testigos que la defensa considera esenciales para desmontar las acusaciones en contra del exmandatario.

La lista completa de los que participarán en la defensa de Álvaro Uribe Vélez:

1. Álvaro Uribe Vélez
2. Santiago Uribe Vélez
3. Andrés Felipe Arias
4. Juan Felipe Amaya Mejía
5. Franklim Geovani Guevara Bernal
6. Mario Uribe Escobar
7. Hugo Ramírez
8. José Manuel Rodríguez
9. Ramón Quintero Sanclemente
10. Diego Pérez Henao
11. Diego Javier Cadena Ramírez
12. Honorio Henríquez
13. Ruby Chagüi Spath
14. Juan Manuel Daza
15. Néstor Humberto Martínez Neira
16. María Claudia Daza
17. Juan Guillermo Monsalve
18. Deyanira Gómez Sarmiento
19. Héctor Romero Agudelo
20. Luz Marina Pineda Muñoz
21. Martha Monsalve Pineda
22. Óscar Monsalve Correa
23. Óscar Monsalve Pineda
24. Juan Guillermo Villegas
25. Andrés Gonzalo Vargas Durán
26. Mercedes Arroyave
27. Franklin Castañeda
28. Diana Astrid Figueroa
29. Álvaro Hernán Prada Artunduaga
30. Carlos Fernando Salazar / Carlos Rojas Alfaro / Claudia Luque Díaz
31. Dictamen pericial de Óscar Valero Loaiza
32. Juan Manuel Aguilar
33. Roque Arismendi Jaramillo / Liliana María Correa
34. Fabio Valencia Cossio
35. Manuel Retureta
36. Juan Carlos Sierra Ramírez
37. Rodrigo Lara Restrepo
38. Lisa M. Ruth
39. Álvaro Cadena
40. Germán Gómez Rojas
41. Nohora Zuleta
42. Hilda Jeaneth Niño Farfán
43. Armando Farfán
44. Hernando Torres Barrera
45. Pablo Antonio Criollo Rey
46. Jorge Luis Ramírez Aragón
47. Sofía Reyes Méndez
48. Gisella Matamoros
49. Fabián Rojas
50. Carlos Enrique Vélez
51. Darley Guzmán Pérez
52. Juan José Salazar Cruz
53. Samuel Arturo Sánchez Cañón
54. Hernán Darío Cadavid
55. Carlos Alberto Cruz
56. Harlington Mosquera
57. Clara Azucena López / Roque Julio Duarte
58. Leonardo Hoyos Gómez / Michelle Alexander Montoya Zapata / Alba Lucía Vasco Campuzano / Cristina Cano
59. Frank Giovanny Gutiérrez
60. Wilser Darío Molina
61. Leonardo de Jesús Agudelo
62. Ramiro de Jesús Henao Sarmiento
63. Gabriel Muñoz Ramírez
64. Humberto Gómez Garro
65. Mario Humberto Jiménez Salinas
66. Jhon James Granja
67. Jairo Espejo Rivera
68. José Miguel Gil Sotelo
69. Raúl Agudelo Medina
70. Luis Alipio Rodríguez
71. Nicolás Jurado Monsalve
72. José del Carmen Gelves
73. Ancízar Barrios Lozada
74. Óscar Álvarez Muñoz
75. Luz Mireya López Rodríguez
76. Carolina Vargas Villamil
77. Dictamen pericial de Andrés Durán, Jhony Cárdenas y Sonia Silva M.
78. Dictamen pericial de Daniel Ríos

Jartum, 31 ene (EFE).- El líder del grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), Mohamed Hamdan Dagalo alias 'Hemedti', admitió este viernes haber perdido algunas zonas de Jartum tras la toma del Ejército sudanés en una guerra que les enfrenta desde hace casi dos años, aunque prometió revancha.

En un inusual vídeo, Hemedti reconoció que las tropas sudanesas controlan la ciudad de Jartum Norte, vecina a Jartum, la refinería de Yelei, además del edificio de la comandancia general del Ejército en la capital sudanesa.

Igualmente, quiso mandar un apoyo a sus seguidores para no desanimarles: "El pensamiento no debe ser sobre lo que tomaron, sino sobre lo que queremos recibir (...) Ellos estaban con nosotros dentro de Jartum, en Al Muqran, el Banco de Sudán, la sede de Armas Estratégicas y la zona de Kafouri, y les expulsamos y les expulsaremos de nuevo, pero esta vez no es como la anterior. Queremos liberar áreas específicas y no quiero explicar más".

En las últimas dos semanas, los paramilitares han ido perdiendo zonas estratégicas que fueron conquistando durante la guerra.

La principal fue Wad Madani, ciudad en el estado de Al Yazira, así como Jartum Norte, lo que permite a las tropas sudanesas estrechar el cerco sobre los paramilitares en la capital del país africano.

La guerra en Sudán comenzó en abril de 2023 tras el fracaso de las negociaciones para integrar a los paramilitares en el Ejército en el contexto de una transición política en el país tras el derrocamiento del entonces presidente Omar al Bashir en 2019.

Desde entonces, los paramilitares se encuentran en varias zonas de Sudán, entre las más importantes Jartum y la región de Darfur, en el oeste del país.EFE

Desde que volvió a Colombia, además de su declaración ante la JEP y las entrevistas que otorgó, se han conocido pocos aspectos de las acciones de Salvatore Mancuso, excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en el país.

Es por ello que ha sorprendido que se reveló que como parte de los acuerdos de Justicia y Paz (marco legal del acuerdo de paz entre las AUC y el Estado), varios excomandantes del grupo armado, liderados por Mancuso, llevarán a cabo un plan para localizar alrededor de 400 propiedades que entregaron cuando se sometieron a la justicia.

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Cabe recordar que, cuando volvió a Colombia, Mancuso aseguró que tenía conocimiento de la identidad de personas que se habrían quedado con propiedades de las AUC tras la aprobación de Justicia y Paz en 2005.

El anuncio del plan se registró durante la instalación de una mesa de diálogo territorial en Córdoba, una de las regiones más afectadas durante el auge de las AUC en los 90 y comienzo de los 2000.

En este espacio hablaron víctimas y excombatientes del grupo paramilitar, entre ellos, Ramiro Vanoy Murillo, Edwar Cobos Téllex y Carlos Mario Jiménez; sin embargo, la vocería la tuvo Salvatore Mancuso, que expuso su preocupación por los inmuebles que en su momento fueron puestos a disposición del Estado colombiano.

“Nuestro compromiso es con las instituciones del Estado, con el señor presidente y a través de la Unidad de Víctimas”, indicó Mancuso, que actualmente ayuda a la Unidad Nacional de Tierras.

De acuerdo con el ex comandante paramilitar, solo el bloque Catatumbo entregó alrededor de 400 propiedades, y aseguró que el total entregado por las AUC podría ser una cifra que multiplica a la mencionada. Sobre la entrega de algunos de los inmuebles, Mancuso indicó que estos fueron entregados con documentación completa, incluyendo títulos de propiedad, escrituras, georreferenciación, registros fotográficos y videográficos.

Durante su intervención, Mancuso indicó que hay miles de hectáreas con cultivos forestales que fueron talados después de que se entregaron, por lo que señaló a entidades como Acción Social y la Sociedad de Activos Especiales (SAE) como responsables de la perdida del territorio.

“Yo entregué miles de hectáreas con cultivos forestales y eso fue completamente talado”, puntualizó Mancuso.

Debido a que no es la primera vez que se afirma que se buscaran las propiedades mencionadas por Mancuso, organizaciones de víctimas han indicado que se debe tener cautela sobre estos temas; sin embargo, aseguraron que estos bienes podrían representar un avance significativo en el camino hacia la reparación integral.

La primera denuncia de Mancuso sobre la perdida de los inmuebles que entregó se registró en septiembre de 2024, cuando indicó que estos fueron entregados por él en 2007.

“Entregué bienes a la justicia colombiana, he venido entregándolos y los entregué desde el año 2007. Hoy nos damos cuenta de que 380 a 400 bienes que hacen falta en el estado que tiene la unidad de víctimas”.

Al respecto, la directora de la Unidad de Víctimas, Lilia Solano, afirmó que el ex jefe paramilitar ha demostrado tener voluntad para intentar reparar a las víctimas de la violencia en Colombia durante el auge de las AUC.

“Reconozco la voluntad para esclarecer qué ocurrió en esos bienes, dónde están, no solamente de Salvatore, sino también de todos los exparamilitares, en función de tener mayor banco de tierras para reparar a las víctimas”.

Cabe recordar que, gran parte de las propiedades entregadas directamente por Mancuso fueron vendidas en diferentes subastas, en las que también se comercializó Montecasino, la propiedad más famosa de los hermanos Castaño, fundadores de las AUC.

Pastor Rodríguez, hermano de Víctor Manuel y José del Carmen Rodríguez Martínez, compartió su angustiante historia sobre el caso que lo ha atormentado durante 23 años. En 2002, sus familiares fueron víctimas de desaparición forzada a manos de paramilitares en Fusagasugá, quienes se identificaron como miembros del extinto DAS.

En una conversación cargada de emoción, pero serena, con Ricardo Ospina, periodista de Blu Radio, Rodríguez reveló que nunca imaginó que Luis Alberto Herrera, exciclista profesional y primer campeón latinoamericano de la Vuelta a España, sería mencionado por los mismos delincuentes que cometieron el crimen.

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“Encontrar el nombre de Lucho Herrera en la sentencia, junto con el de mi hermano, fue una sorpresa para nosotros. Pero más allá de la aparición de estos nombres en la sentencia, que como menciono, debe ser resuelto por la justicia, para nosotros lo más duro fue conocer cómo los asesinaron de manera tan cobarde”, explicó Pastor Rodríguez. Reconoció que, aunque sabe que les arrebataron la vida, aún mantiene una mínima esperanza de encontrarlos con vida.

Cuando el periodista le preguntó sobre las implicaciones de que “El Jardinerito” esté involucrado en el proceso que lleva la Fiscalía, Rodríguez, que en su momento fue vecino cercano de este, destacó cómo en un pueblo pequeño todos se conocían. Además, recordó que, en algunas ocasiones, incluso “El Jardinerito” había trasladado a su hermana al colegio.

“Que haya un nombre u otro no cambia la realidad; la realidad es que los asesinaron cobardemente, eso fue lo que revivió el dolor”, concluyó, visiblemente afectado por la revelación.

Sin embargo, reconoció que de manera extraoficial existen varias versiones que señalan a vecinos como responsables de este crimen: “Hay muchas versiones extraoficiales que dicen que vecinos estarían involucrados”.

Luego de la revelación del documento en el que tres de los paramilitares involucrados señalaron a Herrera, el ente investigador anunció que se realizarían excavaciones en los predios señalados por estos hombres para comprobar la culpabilidad de Lucho y confirmar sus versiones, donde señalan que los cuerpos de las cuatro personas allí fueron enterrados.

Sin embargo, la familia de Pastor no ha recibido más información respecto a los avances: “Sabemos que están interviniendo una finca en busca de restos mortales, pero eso es todo lo que sabemos. Esperamos que encuentren algo”, comentó.

Ospina le preguntó al hermano de Víctor Manuel y José del Carmen sobre la hipótesis de que uno de los ídolos del deporte colombiano pueda ser culpable, y las palabras que él pudiera tener la oportunidad de dirigirle.

“En este momento, hablar con Lucho Herrera sería intentar juzgar a la persona y eso es justamente lo que queremos evitar. Nosotros queremos evitar al máximo juicios en contra de alguna persona, de eso se deben encargar las autoridades. Si en un momento, las autoridades determinaran que es culpable, tal vez en ese momento yo querría hablar con él”, señaló.

El tema del perdón en este caso siempre es una interrogante sobre la mesa, a la que Pastor no titubeó en aclarar: “Si es verdad y está arrepentido, yo, con mucho gusto”, explicando que es un tema necesario en sus vidas, al igual que hacerlo con los responsables materiales, cuya identidad, en la actualidad, ya conoce. Tres de ellos son: Luis Fernando Gómez Flores, alias Ojitos; Héctor Díaz Gaitán; y Óscar Andrés Huertas, alias Menudencias, exintegrantes de las Autodefensas Campesinas del Casanare.

Así ocurrió el rapto de los cuatro campesinos

Pastor contó cómo el 23 de octubre de 2002, una camioneta 4x4 llegó a la finca de su familia con hombres del grupo armado que se hicieron pasar por el DAS. Le dijeron a sus hermanos que los acompañaran, supuestamente porque hacían parte de una investigación, y desde ese momento no se volvió a saber de ellos.

Según relató, el detalle que confirmaría que tenían plenamente identificadas a las víctimas fue cuando el conductor de la camioneta le dijo a uno de los hombres que lo acompañaba que el vecino que estaba con sus hermanos lo dejara y, más bien, subiera al otro hombre: “Sabían exactamente por quiénes venían”, dijo, sospechando que hubo una inteligencia previa y una intención clara. “Uno de los hombres iba amarrado, pero el conductor dijo: ‘Él no’, y señaló a mi otro hermano. Eso lo dice todo”.

Por el momento, solo esperar que su padre, de 96 años, pueda estar con vida cuando hallen los restos de sus hermanos para darles el último adiós mientras avanzan las investigaciones.

Un ataque aéreo contra uno de los últimos hospitales operativos de la ciudad sudanesa de El Fasher ha dejado más de 70 muertos y decenas de heridos, según ha denunciado el gobernador del estado de Gezira y aliado del Ejército de Sudán, Minni Minawi, que señala como responsables del bombardeo a las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) que llevan enzarzadas desde abril de 2023 en un devastador conflicto armado contra los militares.

En su cuenta de la red social X, Minawi ha denunciado lo que ha descrito directamente como un exterminio dirigido contra la última unidad en pie del hospital Saudí de la ciudad, la zona de trauma. "Han aniquilado a todos los pacientes que estaban dentro: más de setenta pacientes, mujeres, niños y otros", ha lamentado.

"Qué vergüenza para los partidarios de estos bastardos terroristas. Han superado a Estado Islámico en su comportamiento", ha añadido Minawi, gobernador de uno de los epicentros de este conflicto, escenario desde hace meses del asedio de los paramilitares, que todavía no se han pronunciado al respecto.

Sin embargo, en las últimas semanas no ha sido nombrado a nivel nacional por sus logros deportivos, sino porque dos paramilitares declararon que había pedido a las Autodefensas Campesinas del Casanare la desaparición de cuatro campesinos en 2002.

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A pesar de que Herrera se pronunció con un comunicado de prensa en el que afirmó que no tenía nada que ver con ese episodio y que estaba dispuesto a colaborar con la justicia para defender su buen nombre, esto no ha evitado que el exciclista siga siendo señalado de manera negativa en redes sociales y en Fusagasugá.

La acusación que recibió Herrera provocó que un grupo de personas se acercara hasta la estatua en su honor, en Fusagasugá, para pitarla y poner mensajes alusivos a la presunta participación del exdeportista en el crimen.

Esta situación molestó a Herrera y a varios de sus familiares, que se acercaron al sector para confrontar a los manifestantes, lo que fue grabado por un medio local.

“Ustedes no pueden enlodar el nombre de una persona, ni le pueden dañar el nombre”, recriminó una acompañante de Herrera a los individuos que pintaron la estatua. “No estamos diciendo que sean sus víctimas, eso lo tiene que declarar el Estado”, respondió el sujeto.

Debido a que los manifestantes recordaron los testimonios de los paramilitares que acusaron a Herrera, el exciclista se molestó e indicó que no tiene miedo de estar en un juicio.

“Allá nos vamos a ver, pero ustedes tienen que respetar esto. Yo no soy responsable de todas esas cosas, por eso yo estoy dando la cara acá, me duelen estas cosas”, indicó el exciclista.

Al final del video, la familiar de una de las víctimas del caso en el que fue vinculado Herrera le indicó al exdeportista que espera que la justicia cumpla con su deber y se pueda comprobar que las denuncias son verdaderas.

“Ojalá que vaya preso por sus acciones”, es lo último que se escucha en la grabación expuesta por S Noticias.

Debido a la declaración realizada por dos paramilitares, una jueza pidió a la Fiscalía General de la Nación que investigue la participación de Herrera en la desaparición de sus cuatro vecinos, que según lo expuesto por los criminales, se habrían negado a vender sus tierras al exciclista.

“El señor Lucho Herrera me ofrece algo de beber y me da dos sobres de manila, en uno de ellos venían las fotos de cuatro personas que teníamos que recoger, dijo que eran milicianos de la guerrilla que lo iban a secuestrar, y en el otro sobre había 40 millones y nos dice que si queremos para comprar unas pistolas y unas motocicletas. Esa gente colindaba con la finca de él”, declaró Luis Fernando Gómez, alias Ojitos.

Hasta el momento, Herrera y sus familiares han reafirmado que luego de retirarse del deporte, el cundinamarqués se dedicó por completo a trabajar y en ningún momento estuvo vinculado a un grupo armado.

“Jamás he pertenecido a organizaciones criminales ni he pretendido causar daño a persona alguna. Mi vida la he dedicado al deporte, y tras mi retiro del ciclismo profesional, a trabajar de forma honesta. Rechazo de manera enfática las imputaciones que pretenden enlodar mi nombre y mi trayectoria como ciudadano, trabajador y padre de familia”.

Durante más de 20 años, un expediente dormía entre los archivos polvorientos del sistema judicial colombiano. Era la historia incompleta de dos hermanos campesinos del Cauca, arrancados de su hogar por un grupo armado ilegal, sometidos a tortura, obligados a cavar su propia tumba, y de los cuales solo uno vivió para contar el horror. Esa historia, marcada por el miedo, el abandono institucional y la impunidad, volvió a respirar justicia en los estrados judiciales. Después de más de dos décadas, Jesús María Rodríguez Arteaga, conocido como alias Paisa Patilla o Paisa Patillón, recibió una sentencia condenatoria.

La noche del 28 de enero de 2002 quedó marcada por el dolor para una familia rural en el municipio de Timbío, Cauca. Allí, una célula del Bloque Calima de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) irrumpió en una finca, secuestró a dos hermanos y los condujo con violencia hasta la vereda Samboní. En ese lugar fueron víctimas de actos atroces marcados por el terror, la sevicia y una brutalidad que dejó cicatrices imborrables.

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“La investigación estableció que alias Paisa Patilla o Paisa Patillón hizo parte del grupo armado que ingresó a una finca, se llevó a dos hermanos a la fuerza y los trasladó a la vereda Samboní, donde fueron sometidos a tratos crueles e inhumanos, y obligados a cavar cuatro fosas. Uno de los hombres fue atacado con armas cortopunzantes y lanzado a uno de los huecos, el otro quedó herido y logró escapar del lugar”, señaló el ente acusador.

El sobreviviente vivió no solo con las secuelas físicas y emocionales de ese crimen, sino con la frustración de ver cómo los años pasaban y el caso no avanzaba. Sin embargo, la Fiscalía General de la Nación retomó el expediente, activó los mecanismos del anterior sistema procesal penal (Ley 600 de 2000), y avanzó en una causa que parecía enterrada. Durante varios meses de juicio, un fiscal especializado logró demostrar la responsabilidad directa de Rodríguez Arteaga, pese a que fue procesado como persona ausente y se mantuvo prófugo de la justicia durante todo ese tiempo.

“Las pruebas aportadas en juicio por la Fiscalía General de la Nación acreditaron la participación de Jesús María Rodríguez Arteaga, alias Paisa Patilla o Paisa Patillón, en los hechos violentos ocurridos el 28 de enero de 2002, en Timbío (Cauca), en los que una estructura del Bloque Calima de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) secuestró y torturó a dos hermanos campesinos, y le causó la muerte a uno de ellos”, dijo la Fiscalía.

La sentencia no solo representa un acto de justicia tardía, también una señal de que los crímenes de guerra no prescriben en la conciencia del país. “Un juez penal especializado condenó al exparamilitar a 37 años de prisión, y lo declaró responsable de los delitos de homicidio en persona protegida, homicidio en persona protegida tentado, secuestro simple, desaparición forzada y tortura en persona protegida”, advirtió el ente acusador.

Pero la condena no terminó ahí. Además de los 37 años de cárcel, el juez impuso una multa equivalente a 11.300 salarios mínimos mensuales legales vigentes, y una inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas durante 20 años, tanto en cargos de elección como en cualquier tipo de representación institucional o estatal. También se ordenó su inclusión en el registro nacional de personas condenadas por crímenes de lesa humanidad. La decisión judicial, al ser de primera instancia, aún permite que la defensa del exparamilitar interponga los recursos legales a los que tiene derecho, aunque las pruebas ya han dejado una marca indeleble sobre su responsabilidad penal, histórica y moral.

El 22 de abril de 2025 en la Sala 44 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá se reanudó el juicio contra el expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez por los presuntos delitos de fraude procesal y soborno de testigos en 2018.

Durante la audiencia subieron al estrado María Elena Vélez Ramírez, hermana de Carlos Enrique Vélez, alias Víctor, exintegrante del grupo Metro de las Autodefensas, para rendir testimonio bajo juramento. En particular, sobre los ofrecimientos que hizo el exdefensor del líder del Centro Democrático para que María Helena cambiara su versión sobre los presuntos vínculos del exmandatario colombiano (2002-2010) con grupos paramilitares.

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La hermana de Carlos Enrique Vélez sostuvo que recibió dos sobres con dinero en efectivo, uno con $2 millones y otro con $16 millones. La mujer relató que para la entrega envió a su hijo José Fernando, que se encontró con un emisario de los abogados.

María Elena Ramírez detalló que regañó a su hermano, porque no lograba entender que el supuesto defensor de él (Diego Cadena) le consignara dinero.

“Yo lo regañé (a Víctor) y le dije que el abogado es quien le va a seguir su proceso, ¿por qué usted le recibe plata a él, si es usted quien debería pagarle?’ Él solo se rio”, afirmó Vélez Ramírez.

De igual manera, testificó Rodolfo Echeverri García, conductor y mensajero del abogado Diego Cadena, que negó la versión de la hermana de alias Víctor al afirmar no haber recibido instrucciones de entregar dineros para sobornar a testigos en el caso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

“La pregunta si usted recuerda si en algún momento, para alguno de estos giros a la señora María Elena Vélez o a la señora Daniela Paz, el doctor Diego Cadena o el doctor Juan José Salazar, le llegó a informar a usted que acudiera, por ejemplo, a donde el doctor Álvaro Uribe Vélez, para que él le suministrara esos recursos para hacer esos giros sí o no?”, preguntó la defensa del líder del Centro Democrático, a lo que Echeverri respondió: “No” de manera tajante.

“¿Tenía comunicación con el doctor Álvaro Uribe Vélez, ¿sí o no?”, insistió Amaya. “No”, respondió Echeverri García. “Los doctores Juan José Salazar o Diego Cadena le pedían a usted que cada vez que se hiciera alguno de estos giros le reportara por algún medio al doctor Álvaro Uribe Vélez o a algún asistente de él, ¿sí o no?”, preguntó otra vez el abogado. “No”, contestó.

A la par, el abogado suplente, Juan Felipe Amaya, preguntó al conductor y mensajero de Cadena si había enviado dineros a los familiares del exparamilitar Carlos Enrique Vélez, a lo que contestó que los dineros se enviaron bajo la figura de “ayuda humanitaria”. Incluso, dijo que nunca supo para qué eran las consignaciones que salieron de la caja menor de la oficina de Diego Cadena.

Las declaraciones de Eceheverri concuerdan con las de Eurídice Cortés, alias Diana, exintegrante de grupos paramilitares, que aseguró que nunca fue presionada o recibió dineros por parte de Diego Cadena para hablar bien de Uribe, sino que estaban destinados para costear los costos del viaje a Bogotá, ya que debìa declarar ante la Corte Suprema de Justicia.

“El boleto a Bogotá, me dio la plata el doctor Diego. No me los dio para cambiar mi testimonio, me los dio para unos pasajes”, precisó la testigo.

Con respecto a las declaraciones de la testigo, la defensa de Uribe profundizó: “Dígale a la audiencia en qué condiciones el doctor Diego le entregó ese dinero (...) ¿Recuerda usted con, eh, Cuánto dinero le entregó el doctor Diego para poder hacer ese desplazamiento?”; a lo que Cortés respondió: “Yo le dije que no tenía plata para venir a rendir la versión para pagar los pasajes (...) Me dio porque se supone que yo iba a pagar los boletos en avión. Cierto. 2 millones de pesos”.

Luis Alberto Herrera, m´pas conocido como Lucho Herrera, referente del ciclismo nacional e internacional y uno de los ganadores de la Vuelta a España en 1987, se encuentra en el “ojo del huracán”, luego de que el Juzgado Cuarto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Fusagasugá ordenara una investigación en su contra por el delito de desaparición forzada de cuatro personas, que para el 2002 eran sus vecinos en el municipio de Fusagasugá, Cundinamarca.

Todo esto se hizo público tras las declaraciones de uno de los paramilitares de las Autodefensas Campesinas de Casanare, que entregó a Noticias Uno detalles específicos de cómo el exdeportista profesional los habría contactado y dado órdenes para que se ejecutara la masacre.

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“El señor Lucho Herrera me ofrece algo de beber y me da dos sobres de manila. En uno de ellos venían las fotos de cuatro personas que teníamos que recoger. Dijo que eran milicianos de la guerrilla que lo iban a secuestrar”, relató Óscar Andrés Huertas, uno de los paramilitares judicializado por el mismo caso, más conocido como alias Menudencias

En sus revelaciones, alias Ojitos, otro hombre que hizo parte de las filas del grupo ilegal, contó que les entregó un sobre sellado con la suma de cuarenta millones de pesos para adquirir armamento y vehículos para poder ejecutar el delito: “Nos dijo que si queríamos, para comprar unas pistolas y unas motocicletas”.

Este hombre, que responde al nombre de Luis Fernando Gómez Flórez, aceptó su responsabilidad por la desaparición forzada de Gonzalo Guerrero Jiménez, Diuviseldo Torres Vega y los hermanos Víctor Manuel y José del Carmen Rodríguez Martínez.

Gómez Flórez, encargado de las finanzas de las Autodefensas, fue condenado el 7 de abril de 2025 por la masacre. En medio de todas las revelaciones, contó que sí había cobrado una extorsión al “jardinero”, pero que la respuesta de él fue que lo conversaría directamente con el líder del grupo paramilitar para ese entonces, que era Martín Llanos.

La conversación entre Llanos y alias Ojitos terminó con la siguiente orden: “Nos dijo que le colaboráramos (a Herrera) en lo que él quisiera”. Al regresar a Fusagasugá, se reunieron con Lucho y, a partir de allí, cuenta que les pidió ayuda con un grupo de personas que había tenido un supuesto intento de secuestro en su contra: “Ahí es donde el señor Lucho les pide (a los comandantes) que le colaboren con unos milicianos que supuestamente lo iban a secuestrar en el sector de Silvania, para arriba de la vereda Aguadita, que colinda con la finca de Lucho Herrera”.

Adicional al sobre con la suma millonaria, el paramilitar aseguró que también recibieron otro que en su interior contenía las fotografías de las personas, a quienes señalaba como los presuntos responsables del intento de rapto.

Contó en el documento que se hizo público el domingo 20 de abril, difundido por Noticias Uno, que en el momento de interceptar a las personas se hicieron pasar por miembros del antiguo Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), cometieron la masacre y sus cuerpos fueron dejados en uno de los predios del exciclista: “Y los enterraron en la misma finca del señor Lucho Herrera”.

Agregó que, tras el crimen, se enteraron de que las víctimas eran campesinos que, al parecer, se negaron a venderle sus predios a Lucho, razón por la cual, presuntamente, habría ordenado su desaparición: “Luego se supo que estas personas no eran milicianas de la guerrilla, sino que no quisieron venderle las tierras a Lucho Herrera y que por eso fue que los mandó a recoger (asesinar)”.

En la mañana del lunes 21 de abril de 2025, la Fiscalía General de la Nación inició una indagación formal contra Luis Alberto ‘Lucho’ Herrera, reconocido exciclista colombiano, que estaría vinculado en un presunto caso de desaparición forzada.

Según funcionarios del ente acusatorio, en declaraciones a El Tiempo, las acciones correspondientes se toman luego de que el Juzgado Cuarto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Fusagasugá haya compulsado copias para que se indague sobre la participación del exdeportista colombiano, luego de que tres exintegrantes de grupos paramilitares hayan testificado en su contra.

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Para ello, el caso fue asumido por un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos que, según el medio citado, ya estableció las primeras órdenes en la investigación contra el ‘jardinerito’ del municipio cundinamarqués.

“(...) para recaudar elementos probatorios y evidencia física para la ubicación de los desaparecidos y la identificación de los posibles determinadores de estas desapariciones forzadas”, señaló uno de los funcionarios de la Fiscalía al citado medio de comunicación.

Entre las acciones establecidas por el ente acusatorio, se contempla las diligencias de exploración y exhumación en un predio ubicado en el municipio de Silvania (Cundinamarca) en donde supuestamente “estarían los cuerpos de los desaparecidos junto a diez víctimas más de desaparición forzada en la región”.

El predio en cuestión, ubicado en el municipio cercano a Fusagasugá, lugar de nacimiento de Herrera, es el mismo que ha sido señalado por los tres exintegrantes de grupos paramilitares durante una audiencia judicial.

Las autoridades han confirmado que las diligencias en dicho predio se llevarán a cabo entre el 21 y el 26 de abril de 2025, con el objetivo de avanzar en la búsqueda de los desaparecidos y esclarecer los hechos ocurridos hace más de dos décadas.

Según la Fiscalía, estas acciones forman parte de un proceso judicial que se desarrolla bajo el sistema procesal penal establecido por la Ley 600 de 2000, que regula los procedimientos para casos anteriores a la implementación del sistema acusatorio en Colombia.

Investigación contra Lucho Herrera

Los hechos investigados se remontan al 23 de octubre de 2002, en un contexto marcado por la intensa actividad de grupos paramilitares en diversas regiones del país. En este caso, las desapariciones habrían sido perpetradas por las Autodefensas Campesinas del Casanare, un grupo armado ilegal que operaba en la región del Sumapaz, una región estratégica por su ubicación geográfica y su importancia en el conflicto armado colombiano.

De acuerdo con la investigación revelada por el medio Noticias Uno, tras el secuestro y posterior liberación de Lucho Herrera en el año 2000, a cargo del entonces grupo armado Farc, y por el que sus familiares habrían pagado una suma de 4.000 millones de pesos por su rescate, el exciclista habría tenido una supuesta alianza con Martín Llanos, jefe del grupo paramilitar mencionado, con la consigna de que desplazaran o asesinaran a sus vecinos.

Según los testimonios dados por alias Ferney u Ojitos y alias Menudencias, integrantes de las autodefensas de Casanare, estos habían sido puestos bajo las órdenes de Herrera para la desaparición y posterior crimen de Gonzalo Guerrero, Diuviseldo Torres y los hermanos Rodríguez Martínez, las víctimas que, según las denuncias, fueron señaladas como integrantes de las Farc.

“El señor Lucho Herrera me ofrece algo de beber y me da dos sobres de manila, en uno de ellos venían las fotos de cuatro personas que teníamos que recoger, dijo que eran milicianos de la guerrilla que lo iban a secuestrar, y en el otro sobre había cuarenta millones y nos dice que si queremos para comprar unas pistolas y unas motocicletas. Esa gente colindaba con la finca de él”, afirmó uno de los exparamilitares ante la justicia.

No obstante, los exparamilitares confesaron ante la justicia que habían sido engañados por Lucho Herrera, asegurando que las víctimas eran ciudadanos del común y no milicianos de las Farc, como presuntamente lo habría señalado el exciclista.

“Luego se supo que estas personas no eran milicianos de la guerrilla, sino que no quisieron venderle las tierras a Lucho Herrera y que por eso fue que los mandó a recoger”, fueron las declaraciones de otro exintegrante del grupo armado.

Luis Alberto Herrera, conocido popularmente como “Lucho Herrera”, es una de las figuras más emblemáticas del ciclismo colombiano. Su carrera deportiva, marcada por triunfos históricos como su victoria en la Vuelta a España de 1987 y su destacada participación en el Tour de Francia y Giro de Italia en la década de los 80′s, lo que lo convirtió en un símbolo nacional. Sin embargo, las recientes acusaciones han puesto en entredicho su legado, generando conmoción entre sus seguidores y el público en general.

De acuerdo con un informe de Noticias Uno, Lucho Herrera, ganador de la Vuelta España en 1987, estaría implicado en un caso de desaparición forzada.

El citado medio reveló que tres exintegrantes de grupos paramilitares testificaron en contra de Herrera, quienes afirmaron que el exciclista habría, supuestamente, instigado a estos grupos delincuenciales para que desplazaran o asesinaran a sus vecinos. El objetivo, presuntamente, era quedarse con sus predios.

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Por este motivo, Fabián Rodríguez, familiar de las víctimas, le pidió a la justicia investigar al pedalista, que también ganó tres etapas del Tour de Francia.

“Mi abuelo, que ya murió, él trabajaba para Don lucho, mi mamá trabajó para ellos también”, aseveró Rodríguez.

La información revelada por el noticiero se remonta cuando Luis Herrera fue secuestrado y liberado en marzo de 2000 por parte de las Farc, luego de que sus familiares pagaran más de cuatro mil millones de pesos. Esto habría llevado a un supuesta relación con Martin Llanos, jefe de las autodefensas de Casanare, grupo al que pertenecían los tres exparamilitares que acusaron al pedalista de supuestamente de desaparecer a Gonzalo Guerrero, Diuviseldo Torres y los hermanos Rodríguez Martínez, el 23 de octubre de 2002.

Alias Ojitos y alias Menudencias, supuestamente estaban a disposición de Lucho Herrera por orden de Martín Llanos.

“El señor Lucho Herrera me ofrece algo de beber y me da dos sobres de manila, en uno de ellos venían las fotos de cuatro personas que teníamos que recoger, dijo que eran milicianos de la guerrilla que lo iban a secuestrar, y en el otro sobre había cuarenta millones y nos dice que si queremos para comprar unas pistolas y unas motocicletas. Esa gente colindaba con la finca de él”, afirmó uno de los exparamilitares ante la justicia.

Alias Menudencias, pero que su nombre de nacimiento es Óscar Andrés Huertas, afirmó que las personas al parecer supuestamente fueron enterradas en la finca del ganador de la Vuelta a España.

“Metimos dos en el platón y dos en la parte de adelante, los inhumanos en la vía novilleros al aguadita, en una finca sobre el borde de la carretera los degollamos y luego los descuartizamos con machete”, aseveró alias Menudencias.

Según el informe de Noticias Uno, el grupo paramilitar habría sido engañado por Lucho Herrera, porque según el testimonio de los exparamilitares, la organización se dio cuenta que las víctimas eran ciudadanos del común y no milicianos de las Farc, como presuntamente lo habría señalado el exciclista.

Como resultado de estas confesiones, hace trece días la juez cuarta civil del circuito de Fusagasugá dictó una sentencia anticipada contra Luis Fernando Gómez, alias Ojitos, condenándolo a 22 años y medio de prisión.

En la misma decisión, la juez ordenó compulsar copias ante la Fiscalía General de la Nación contra Lucho Herrera, con el propósito de que se investigue su posible implicación en los delitos de desaparición forzada agravada en concurso homogéneo y homicidio agravado, siendo víctimas directas sus cuatro vecinos: Gonzalo Guerrero, Víctor Manuel Rodríguez, José del Carmen Rodríguez y Diuviseldo Torres.

Sobre este caso, Lucho Herrera dio una pequeña declaración a W Radio. El ganador de la Vuelta a España en 1987 aseguró que dará todas las explicaciones a las autoridades, pero afirmó que es “ajeno” a las declaraciones que dieron en los medios de comunicación.

El exciclista colombiano también precisó que se encuentra consultado con su abogado para presentarse ante la Fiscalía General de la Nación.

“Voy a dar todas las explicaciones a las autoridades, pero puedo asegurar que soy ajeno a los hechos que se noticiaron (...) Oportunamente saldré a los medios y estoy consultando a mi abogado para presentarme ante la Fiscalía a dar las explicaciones a que haya lugar”, afirmó Lucho Herrera.

Dice: “Soy un soldado sudanés, lo sé todo sobre Sudán. No estoy del lado del ejército ni de las Fuerzas de Apoyo. Sus palabras son criminales. Solo diré la verdad”.

Decido escucharlo.

Sudán está en guerra desde hace dos años. El 15 de abril de 2023 hubo un quiebre entre dos generales y comenzaron los tiroteos en Jartum. Las armas del país se dividieron en dos: las del gobierno de facto y las de las Fuerzas de Apoyo Rápido, una fuerza paramilitar. Hasta entonces, ambos bandos tenían soldados desplegados en el territorio. El hombre del chat en el 2019 fue enviado en Arabia Saudita con la misión de pelear junto al ejército de Mohammed Bin Salman en contra de las fuerzas hutíes de Yemen. Lo hizo, pero de ese tiempo alberga secretos que dice no poder decir hasta no recibir asilo en alguna otra región del mundo.

“Se desató el infierno, y mi familia quedó atrapada entre dos fuerzas”, dice. Su mujer quedó en la zona de Darfur, con riesgo de ser ejecutada si él da la espalda a las Fuerzas de Apoyo Rápido, asegura. Su madre y hermanos están en Jartum, a riesgo de ser detenidos o asesinados por el ejército sudanés, que reconquistó la capital y están exterminando a todo aquel que tenga vínculos con los rebeldes. “No tengo salida, necesito ayuda. ¿Puedes ayudarme? ¿Dónde estás?”.

Llegados a este punto debo aclarar la cuestión del nombre. Por seguridad, está agendado como “Amigo Sudanés”. Nos conocimos unos meses antes en Jeddah, Arabia Saudita, comiendo pollo frito en las calles de un barrio nuevo. Su manera de hablar en ese entonces era distinta, ahora en cambio no parece el hombre gentil y sin apuro que se sentó a mi lado en la puerta de Al Baik, el KFC saudí, y me invitó una Coca Cola. Tiene otro ritmo, otra urgencia, e interrumpe sus propias líneas argumentales con desesperación. “¿Dónde estás?”, insiste.

Dudo, pienso que es demasiado extraño que haya vuelto a aparecer justo el día antes de que entrara a su país. ¿Es posible que el destino combine así el calendario de dos vidas? ¿Realmente es casual que me escriba la noche antes de entrar a Sudán? ¿No estará acaso sacándome información? Contengo un rato mis respuestas. Si fuera una ficción, resultaría inverosímil. Pero la ficción necesita tener lógica, la realidad no.

–Puedo darte videos –dice.

Sigue solo: “Puedo darte videos. Puedo mostrarte lo que están haciendo. Es un infierno, perdieron la cabeza. Yo no estoy ni con uno ni con otro, solo quiero salir de este problema. ¡Pero dime cómo!”.

Un rato después llegan los videos. Ejecuciones, torturas, decapitaciones, violaciones, la brutalidad hecha carne, la vida en Sudán bajo dos años de guerra.

–Necesito saber tu nombre –le digo–. Necesito saber más de vos.

Su respuesta se llena de melodrama. “¿Has olvidado mi nombre?”, dice, decepcionado. Le explico que lo tenía agendado con un apodo. La pantalla muestra unos puntos suspendidos que indican que está escribiendo. Luego desaparecen y aparece una frase en árabe: لقد نسيت اسمي.

La paso por el traductor como quien cifra un secreto, pero el resultado solo acrecienta el misterio: “Olvidé mi nombre”.

Durante dos días dejamos de hablar. El avión aterriza en Puerto Sudán poco después del mediodía. Es un aeropuerto pequeño que se convirtió en central. Está rodeado de algunas cabras vagabundas y de bases militares.

El Grupo Sudanés para la Defensa de los Derechos y las Libertades asegura que alrededor de 50.000 personas están desaparecidas en Sudán desde que comenzó la guerra. Un grupo de investigación de una universidad de Londres estima en 60.000 el número de víctimas fatales. Mientras que Hemedti –líder de las Fuerzas de Apoyo Rápido– acepta haber perdido territorio en Jartum y Omdurman, las organizaciones internacionales denuncian a sus fuerzas por crímenes de guerra. Al mismo tiempo, un colectivo de abogados sudaneses llamado Emergency Lawyers acusan al ejército oficial de atacar un mercado en la zona de Darfur y asesinar a un gran número de civiles, pero no pudieron verificar cuántos. Las estimaciones van de 61 y 270 muertos y, como todo en esta guerra, fue registrado por algunos videos que circulan en redes sociales y que nadie quiere ver.

Las acusaciones cruzadas no se detienen, a cada atrocidad le corresponde su contracara. Olvidé mi nombre dice que Sudán está gobernada por monstruos y habitada por fantasmas. Pide una y otra vez por su familia, pero no es capaz de dar precisiones: podría derivar en una ayuda pero también en un riesgo. No sabe qué hacer ni por qué habla con un periodista. “Mi historia es grande, cansadora y triste”, escribe.

Los siguientes días serán en Puerto Sudán escuchando testimonios. Hay más de 40.000 familias refugiadas allí, cerca de 100.000 personas instaladas en campos improvisados, muchos sin acceso a agua potable y en riesgo de contraer cólera o malaria. Olvidé mi nombre está del otro lado del Mar Rojo, en alguna zona al sur de Arabia Saudita, peleando en un frente ajeno mientras intenta escapar de todas las guerras. Suplica que escribamos su historia para que el mundo sepa que nadie es bueno dentro de Sudán. “Puedes contar mis palabras y ocultar algunos detalles, ese soy yo ahora. Si salgo de aquí, podré contar mi historia yo mismo en el futuro. Sin duda lo haré, pero debo vivir primero”, dice, y repite la letanía: si se enteran que hablé con un periodista, no volveré a ver la luz del sol.

–¿Quiénes? –insisto, inútilmente, una vez más.

OMN tiene más miedo que los desplazados que siguen en Sudán. Ellos, viviendo bajo el sol rabioso, entre el desierto y las moscas, aún sonríen. No entiendo por qué, pero en el desierto hasta un cabello tiene su sombra. OMN no parece sonreír del otro lado del teléfono. Durante años fue parte de las Fuerzas de Apoyo Rápido, sabe de lo que son capaces, quién sabe si alguna vez él mismo fue capaz de eso. Quién sabe si es quien dice ser, mientras pregunta dónde estoy y manda más videos. Los mandará durante muchos días, videos y fotografías que él mismo dice no querer ver.

Escribirá cada tanto vía Telegram. Pequeña súplicas que describen el veneno de Sudán.

–No hay piedad, no hay humanidad, solo muerte, muerte, muerte… ¡Maldita África!

El martes 8 de abril de 2025 se retomó en la Sala 44 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá el juicio contra el expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez por los presuntos delitos de fraude procesal y soborno de testigos en 2018.

Durante la audiencia, Carlos Enrique Vélez, alias Víctor, exintegrante del grupo Metro de las Autodefensas, rindió testimonio. Según relató, bajo declaración juramentada, el abogado Diego Cadena entregó presuntamente dinero para que declarara a favor del exmandatario y perjudicar a Iván Cepeda, senador de la República, por el Pacto Histórico.

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Vélez también habló sobre la masacre que se perpetró el 8 de junio de 2003 en el sitio la Herradura, ubicado entre las poblaciones caldenses de Supía y Riosucio, donde cerca de diez paramilitares del Frente Cacique Pipintá del Bloque Central Bolívar asesinaron al gobernador del resguardo indígena Cañamomo y Loma Prieta, Gabriel Ángel Cartagena; Fabio Hernán Tapasco Largo, Héctor Hugo Tapasco Guerrero y Deo Efraín Suárez León.

El testigo clave aseguró que el líder político del partido Centro Democrático y su hermano Santiago Uribe están relacionados con estos hechos al otorgar ayudas financieras a los grupos paramilitares.

El testimonio del exparamilitar no sentó bien al exgobernador de Antioquia, que utilizó sus redes sociales para defenderse de las acusaciones.

“El testigo, en declaración ante la Corte, dada antes de conocer al Dr. Cadena, confirmó reunión en la Picota, con Pipintá, quien lo presionó para acusar a los Uribe. Que dijo que nada le constaba contra los Uribe. Que se enfrentaron. Menciona al senador Cepeda. Que estaba Racumín. (Ayer todo lo negó)”, escribió en su cuenta de X.

Y agregó: “Masacre de Riosucio, 2003, yo estaba al frente del Gbno. El testigo Vélez primero dijo que nada le constaba de los Uribe. Hoy dubitativo y presuroso trató de involucrarnos”.

El expresidente catalogó los hechos relatados por alias Víctor de mentiras, puesto que la justicia colombiana archivó el caso tras no encontrar pruebas que relacionaran a la familia Uribe Vélez con grupos paramilitares.

“El Dr. Granados le impugna credibilidad. A un familiar nuestro a quien trataron de vincular a esa masacre, la Corte le archivó el proceso después de años de investigación”, resaltó.

Los audios de la Fiscalía

Marlenne Orjuela, fiscal del caso, interrogó a Carlos Enrique Vélez por sus declaraciones contra el expresidente Uribe, en particular, en la que habló sobre una presunta reunión en la cárcel La Picota en Bogotá.

Ante los cuestionamientos de la funcionaria, Vélez aseguró que mintió a la Corte Suprema de Justicia sobre el encuentro en la cárcel, donde habrían participado el exparamilitar Pablo Hernán Sierra y el senador Iván Cepeda.

El exparamilitar aseguró que todo fue “falso”. “Yo nunca he hablado con el senador Iván Cepeda”, insistió Carlos Enrique Vélez. Además, precisó que pedía $60 millones “cuando se dañó todo”.

Durante la diligencia, la fiscal Orjuela reveló el audio donde se escucha a alias Víctor decir que iba a revelar toda la verdad ante la Corte Suprema de Justicia. “Yo voy a decir la verdad a la Corte con puntos y señales, las pruebas que voy a demostrar contra Uribe y que me venga el mundo encima (…) desde hoy, en este momento, yo soy el enemigo de ustedes, era amigo, ahorita, soy el enemigo”, se escucha en el audio revelado por la fiscal.

Luego de conocerse los audios en los que aseguraba que era enemigo del expresidente, el abogado defensor del expresidente Jaime Granados cuestionó la presunta entrega de dineros al exparamilitar.

“¿Ese 18 de julio de 2017 le entregaron dinero?”, preguntó Granados. Vélez respondió que “no”, a lo que preguntó el jurista: “¿Firmaron un pagaré?”, lo que volvió a negar Vélez.

El 8 de abril de 2025 en la Sala 44 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá comenzó el día 24 del juicio contra el expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez por los presuntos delitos de fraude procesal y soborno de testigos en 2018.

Durante la audiencia, Carlos Enrique Vélez, alias Víctor, exintegrante del grupo Metro de las Autodefensas, rindió testimonio bajo juramento sobre su relación con el exmandatario. Sin embargo, a lo largo de su intervención fue atrapado, mintiendo en por lo menos cuatro ocasiones.

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La primera incongruencia de alias Víctor está relacionada con presuntas presiones de Diego Cadena, exabogado del líder político. En su narración, explicó que el togado que se presentó como el apoderado de Uribe Vélez lo habría presionado por firmar una carta para cambiar su testimonio contra el acusado.

Así mismo, explicó que estuvo en contacto con Cadena, que le ofreció una suma de $200 millones para que volviera a declarar y firmar las cartas a favor de su cliente. Sin embargo, durante la audiencia dijo que nunca conoció a Diego Cadena, además de mencionar que no contaba con evidencias de las cartas ni de las propuestas del litigante.

De igual manera, el exparamilitar sostuvo que el abogado Samuel Arturo Sánchez Cañón fue el encargado de recibir las cartas que presuntamente entregó Cadena, pero en su testimonio ante la Corte Suprema de Justicia cambió el nombre de los togados que estuvieron a cargo de realizar la gestión para recibir el documento.

A lo largo del contrainterrogatorio, liderado por el abogado defensor Jaime Granados, Carlos Enrique Vélez mintió de manera flagrante ante la audiencia al negar que no atribuyó a su exesposa María Castaño Patiño un crimen por el que fue condenada, pero no cometió.

“Usted ya hizo referencia a unas cartas que le envió a alias Jopra. ¿Cierto? Y en esas cartas, usted recuerda una en donde habla de alias Manuela” dijo Granados, a lo que alias Víctor respondió que era su exmujer, con la que tuvo un hijo. Ante la contestación, el abogado defensor dijo: “¿Y usted? Por rabia con ella, la involucró falsamente en un crimen. Cierto”; a lo que contestó que nunca realizó tal acción.

Con respecto a la declaración, el penalista proyectó un informe de Policía Judicial en el que Vélez aseguraba que por rabia hacia su expareja había ratificado que participó de manera activa en un homicidio, así fuera mentira.

“Yo me voy por la tarea también, pues que de pagarle con la misma, con la misma moneda. No, pero es que la conducta y no me dejo nada así de pagar con la misma moneda, No lo que me pasó aquí con el señor Castañeda. Aquí el señor Maravilla. Me pasó lo mismo con ella. Yo de rabia en el momento, pues. ¿Pero es muy diferente, no? Las cosas en el momento con ella. Y yo declaro en contra de ella. Mmm. Ella tuvo que ver en el homicidio de Cartagena y lo ratificó”.

En el documento también se lee: “Ahorita, ella no tiene que ver nada en eso y tampoco me llamaron al juicio de ella, digámoslo para cuando la condenan a ella. O sea que en síntesis, usted está diciendo que ¿Usted aceptó o manifestó que usted mintió en el señalamiento de la señora María Castaño Patiño? Sí. Y que usted mintió en el señalamiento de en contra del señor Negro. Maravilloso. Sí”.

A propósito, Vélez confundió varias fechas, además de mentir sobre sus afiliaciones sobre el Bloque Calima y el Bloque Metro. Tampoco pudo justificar los detalles de las fechas a la fiscal Marlene Orjuela cuando le preguntó sobre su periplo en las dos estructuras paramilitares.

Incluso, el exparamilitar declaró que ‘sí’ le constaba que los hermanos Uribe estuvieran involucrados en el homicidio de Gabriel Ángel Cartagena en medio de la masacre de Riosucio. Sin embargo, en 2019 había declarado lo contrario.

La audiencia comenzó con la declaración juramentada del exintegrante del grupo Metro de las Autodefensas Carlos Enrique Vélez, alias Víctor, testigo clave en el caso.

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Alias Víctor ha manifestado en más de una ocasión que el abogado Diego Cadena, que también es investigado por la justicia por estos hechos, le habría entregado dineros para declarar a favor del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) y supuestamente perjudicar al senador Iván Cepeda.

Así las cosas, el exparamilitar precisó en su declaración que el abogado Cadena lo visitó en la cárcel de Palmira, en 2018, donde la habría ofrecido una suma de 200 millones de pesos con el propósito de desmentir las declaraciones de Pablo Hernán Sierra, alias Alberto Guerrero o Pipintá, exjefe paramilitar del bloque Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

“El dragoneante llegó a la celda y me dijo que me buscaba un abogado, al salir encontré al señor Diego Cadena. Él me dice que venía de parte del presidente Álvaro Uribe. Ahí empezamos a hablar y él me ofreció una plata: 200 millones de pesos para desmentir a Pipintá (Pablo Hernán Sierra)”, señaló Vélez.

Además, precisó que en el encuentro se habría firmado una carta, que, según él, fue escrita con puño y letra por el abogado Diego Cadena.

“Pipintá estaba hablando de las pertenencias del señor aquí acusado (Álvaro Uribe) al grupo paramilitar. Ahí es donde él hace el escrito a puño y letra, y yo se lo firmo a él. La firma y la huella son mías, más el escrito lo hizo él”, aseveró Carlos Enrique Vélez.

Alias Victor también precisó que nunca habló con el senador Iván Cepeda, presunta víctima del juicio contra el líder natural del Centro Democrático.

Por la declaración de Vélez, el senador Iván Cepeda aseguró en su cuenta de X que los testimonios de Vélez son “una radiografía de cómo fue urdido y perpetrado el soborno”.

“El testimonio de Carlos Enrique Vélez hoy en el juicio oral contra el expresidente Uribe, es una radiografía de cómo fue urdido y perpetrado el soborno y el fraude procesal por parte del aparato criminal que habría dirigido personalmente el procesado”, aseguró Cepeda.

Pablo Hernán Sierra declaró en el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez el jueves 3 de abril del citado año, onde contó detalles de cómo conoció a Mercedes Arroyave y al senador Iván Cepeda. Sierra afirmó que Cepeda fue la persona que lo contactó cuando se encontraba en la cárcel de Itaguí.

Durante su intervención, el exjefe paramilitar contó cómo operaba las AUC en Antioquia y Caldas, entre otras regiones del territorio nacional.

Además, aseguró que la hacienda Guacharacas fue el primer asentamiento paramilitar en Antioquia. Asimismo, indicó que en la propiedad se habría hecho una instalación de válvulas para la extracción de gasolina.

“Para nadie es un secreto. Fue al mando de alias Filo, que tenía 30 hombres y en su momento el jefe inmediato de esos hombres era Luis Villegas, el jefe máximo de esa organización”, indicó Sierra.

Y agregó: “El expresidente Uribe y a Santiago Uribe, ellos han figurado siempre como los dueños de eso, después vendieron, pero eso fue como para lavarse las manos ahí. Después de todo lo que ocurrió fue que la vendieron”.

Pablo Hernán Sierra también se refirió a la primera Convivir en el territorio nacional, que, según Pablo Hernán Sierra, durante la administración de Álvaro Uribe Vélez en la Gobernación de Antioquia se expidió la resolución N. 42378, que permitió la operación de la Convivir El Cóndor, de San Roque.

“La base de la Convivir, en San José del Nus, fue a un costado del bar Ganadero, que es una propiedad de esa familia (los Uribe) de toda la vida. Ahí fue la oficina de la Convivir, y donde conocí a Juan Monsalve en el año 1996″, afirmó Sierra.

Y puntualizó: “En ese momento arranca la amistad mía con Juan y nos volvemos a encontrar prácticamente aquí en Cómbita en el 2011, ya después estuvimos juntos en Itagüí y arranca toda esta historia que es donde yo le doy las entrevistas al senador Iván Cepeda”.

En el juicio contra el expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez por los presuntos delitos de fraude procesal y soborno de testigos en 2018, Pablo Hernán Sierra, alias Alberto Guerrero o Pipintá, ex jefe paramilitar del Bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), hizo varias revelaciones sobre el paramilitarismo en Colombia.

Durante la audiencia en la Sala 44 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá, el testigo habló sobre la desmovilización promovida durante el gobierno de Uribe, además de asegurar que el líder político del Centro Democrático “se inventó Justicia y Paz para que dijéramos la verdad y a él se le olvidó que estaba dentro de esa verdad”.

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Con respecto a las acusaciones hacia Uribe, su abogado, Jaime Lombana argumentó que pese a que Sierra se alienó al proceso de desmovilización, siguió delinquiendo.

“¿Eh? Sí, después de esa fecha de 2006. Y también le aclaro que esto no es personal. Exacto. Si después de 2006 usted siguió delinquiendo, señor Sierra”, preguntó la defensa del expresidente.

El exparamilitar respondió: “Pues claro. Hasta el 2007, Día de captura. Eso es una lógica. Cómo no me expandí yo, me expandí al suroeste y monté un grupo en el suroeste, en el pueblo de Sierra”.

El abogado Lombana también hizo referencia a las declaraciones de Sierra en las que mencionó que el expresidente Uribe, al parecer, controlaba el “cartel de la toga”.

“La pregunta es, usted hizo la afirmación ante pregunta de la señora fiscal, algo que resulta, pues, para cualquier abogado o ciudadano, pues muy chocante, muy fuerte. Y es que Álvaro Uribe también como que controlaba el cartel de la toga. ¿Usted afirmó eso, que podría usted decir?”

Tras la pregunta, el ex jefe paramilitar del Bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) sostuvo que no tenía pruebas para soportar el argumento, puesto que se trataba de una interpretación suya.

“Yo no he afirmado esa afirmación tan grave. Eso está muy raro, porque imagínate cuatro años pa’ que un magistrado responda una simple casación, eso está muy raro. Eso es como ahora este proceso termina en la Corte. Entonces la Corte que va”, dijo.

Pablo Hernán Sierra y la hacienda ‘Guacharacas’

El ex jefe paramilitar Pablo Hernán Sierra explicó en detalle el funcionamiento y operación de las AUC en Antioquia y Caldas, entre otras regiones del territorio nacional. Según relató, la hacienda Guacharacas fue el primer asentamiento paramilitar en el departamento antioqueño, además en la propiedad se habría hecho una instalación de válvulas para la extracción de gasolina.

“Para nadie es un secreto. Fue al mando de alias Filo, que tenía 30 hombres y en su momento el jefe inmediato de esos hombres era Luis Villegas, el jefe máximo de esa organización”, indicó Sierra.

Y agregó: “El expresidente Uribe y a Santiago Uribe, ellos han figurado siempre como los dueños de eso, después vendieron, pero eso fue como para lavarse las manos ahí. Después de todo lo que ocurrió fue que la vendieron”.

Sierra también habló sobre la primera Convivir en el territorio nacional y el rol de Uribe en la expedición de la resolución N. 42378, que permitió la operación de la Convivir El Cóndor, de San Roque.

“La base de la Convivir, en San José del Nus, fue a un costado del bar Ganadero, que es una propiedad de esa familia (los Uribe) de toda la vida. Ahí fue la oficina de la Convivir, y donde conocí a Juan Monsalve en el año 1996″, afirmó.

Y puntualizó: “En ese momento arranca la amistad mía con Juan y nos volvemos a encontrar prácticamente aquí en Cómbita en el 2011, ya después estuvimos juntos en Itagüí y arranca toda esta historia que es donde yo le doy las entrevistas al senador Iván Cepeda”.

Pablo Hernán Sierra, ex jefe paramilitar del bloque Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), declaró ante la jueza Sandra Liliana Heredia en el juicio oral que se adelanta en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez, confirmando su versión de que el exmandatario tuvo nexos con el paramilitarismo. El testigo, conocido por las autodefensas como alias Alberto Guerrero o Pipintá, aseguró que el hoy procesado fue clave para la creación del Bloque Metro de las AUC, que operaba en Antioquia.

En su declaración, aseguró, incluso, que el ex jefe de Estado es una figura política reconocida por quienes integraron los grupos paramilitares y que, justamente, por eso se considera “uribista”. “Uribe, quieran o no quieran, es el referente político de las autodefensas. Uribe, sin el Inri del paramilitarismo, no sería nada, sería un político más, y Uribe no es un político más, Uribe es el más”, precisó.

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El exmandatario, que ha negado cualquier vínculo con los grupos paramilitares, fue acusado por la Fiscalía General de la Nación por los delitos de soborno, soborno en actuación penal y fraude procesal. Ahora, afronta un juicio oral en el que han declarado varios testigos, entre ellos, Pablo Hernán Sierra, que confirmó haber acordado una versión sobre el caso con el señalado ex paramilitar Juan Guillermo Monsalve, testigo clave del proceso penal.

“Juan y yo empezamos a hablar y sabíamos de los vínculos de Uribe con la organización”, aseveró en la audiencia, que se adelanta en el Juzgado 44 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá, liderado por la jueza Sandra Liliana Heredia.

El paramilitarismo y los presuntos nexos de los Uribe

En la audiencia, el ex jefe paramilitar afirmó que el primer asentamiento paramilitar en el departamento de Antioquia estuvo ubicado en la hacienda Guacharacas, entre los municipios de Yolombó y San Roque. Ese asentamiento estuvo al mando de un hombre armado conocido como alias Filo, que coordinó a por lo menos 30 paramilitares que estaban bajo su control. En su momento, el jefe máximo de la organización criminal pasó a ser el entonces paramilitar Luis Villegas.

Además, según explicó, las tierras en cuestión fueron propiedad de la familia Uribe. “El expresidente Uribe y a Santiago Uribe, ellos han figurado siempre como los dueños de eso, después vendieron, pero eso fue como para lavarse las manos ahí. Después de todo lo que ocurrió fue que la vendieron”, detalló el testigo.

Con respecto a Villegas, aseguró que fue el principal actor involucrado en la creación del Bloque Metro de las autodefensas, junto con el exmandatario Álvaro Uribe. “Lo que terminó llamándose el Bloque Metro surge es por Luis Villegas, sin Luis Villegas no hubiera surgido eso, y sin Uribe tampoco”, aseveró.

Algo similar expuso el señalado exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, testigo clave del caso, cuando fue interrogado en el juicio oral en febrero de 2025. De acuerdo con sus declaraciones, integrantes de la familia Uribe y el mismo ex jefe de Estado hicieron parte de la estructura paramilitar. Incluso, dio detalles de las funciones que supuestamente habrían cumplido dentro de la organización criminal.

“Jota, el señor Luis Villegas, el hermano Santiago Uribe, apoyó mucho, con los militares. Santiago, que era que estaba por ahí pendiente, y Álvaro Uribe, que era el que coordinaba lo militar”, sostuvo.

No obstante, aseguró que en ningún momento fue objeto de intimidaciones por parte del exmandatario, como insinuó el abogado Reinaldo Villalba, que representa los intereses del senador Iván Cepeda, reconocido como víctima en el caso. “La verdad tengo que ser honesto, yo nunca he sido amenazado por el presidente Uribe. Tengo que ser honesto con esto”, insistió.

En el día 21 del juicio oral que se adelanta en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez, acusado formalmente por los delitos de soborno, soborno en actuación penal y fraude procesal, fue interrogado el testigo Pablo Hernán Sierra, alias Alberto Guerrero o Pipintá. En su declaración, el ex jefe paramilitar del bloque Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), aseguró que el procesado estuvo vinculado a un grupo paramilitar.

Luego de haber sido contra interrogado por la defensa del exmandatario, el abogado Jaime Lombana, fue cuestionado en el estrado por la fiscal del caso, Marlenne Orjuela, que indagó sobre las declaraciones que dio ante el apoderado del ex jefe de Estado. En el curso del interrogatorio, la fiscal preguntó sobre conversaciones que tuvo con el señalado exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, testigo estrella en el caso.

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Sus diálogos habrían estado orientados a ponerse de acuerdo para dar una versión sobre el caso. “Juan y yo empezamos a hablar y sabíamos de los vínculos de Uribe con la organización, cómo inició con Luis Villegas, con todo. Porque es que lo que terminó llamándose el Bloque Metro surge es por Luis Villegas, sin Luis Villegas no hubiera surgido eso, y sin Uribe tampoco”, precisó el testigo.

Asimismo, informó que la base militar de la estructura paramilitar estaba ubicada en el corregimiento de Cristales (San Roque-Antioquia) y que su base política estaba en la Gobernación de Antioquia.

En el interrogatorio, el testigo reiteró que es “uribista”, pero no necesariamente por la trayectoria política del exmandatario o su trabajo como presidente de la República (2002-2010), sino por sus presuntos nexos con el paramilitarismo. “Uribe, quieran o no quieran, es el referente político de las autodefensas. Uribe, sin el Inri del paramilitarismo, no sería nada, sería un político más, y Uribe no es un político más, Uribe es el más”, aclaró.

Asimismo, hizo señalamientos en contra del procesado con respecto a su gestión: aseguró que “dejó tirados” a los militares que cumplieron con las órdenes impartidas dentro de la política de Seguridad Democrática, así como a las autodefensas. Según explicó, el ex jefe de Estado habría recibido ayudas de las autodefensas en el ámbito electoral: lo eligieron como presidente e intervinieron en su reelección en la primera y la segunda vuelta.

Recordó, además, que 32.000 integrantes de los paramilitares se desmovilizaron durante su Gobierno y que entregaron 18.000 fusiles. De igual manera, habrían participado en la liberación de los territorios que estaban bajo el control de los grupos guerrilleros.

“Hoy, la derecha no vale nada en este país, hoy los beneficios los tiene la izquierda. Es a través del presidente Uribe que vamos a recuperar nuestro estatus político”, indicó.

El estatus político que Sierra quiere para las autodefensas

El testigo insistió en que las revelaciones que está haciendo, que asegura corresponden a la verdad de los hechos, no tienen como fin afectar al exmandatario con una sentencia condenatoria, sino que se contribuya a la paz de Colombia y que quienes integraron las autodefensas puedan tener acceso a la política. Como ejemplo puso el Acuerdo de Paz firmado entre el Estado y las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc-EP). El excomandante del Estado Mayor de la extinta guerrilla Rodrigo Londoño, conocido entonces como alias Timochenko, ahora forma parte de la política colombiana: es el presidente del Partido Comunes.

Su estatus político, y el de algunos exintegrantes del grupo armado que están en el Congreso de la República, surgió gracias al proceso de paz. Además, no tuvieron que cumplir penas en la cárcel. Por eso, indicó que el trato que debería recibir el expresidente Uribe debería ser el mismo.

“No es que yo desee que el presidente Uribe vaya a una cárcel. Si Timochenko no está en la cárcel, él tampoco, sino que a través de él hay que revivir la sedición, para conseguir la paz total de Colombia, poder politizar. Si la izquierda tienes beneficios políticos, Timochenko está en el Congreso, ¿por qué no nosotros, las autodefensas?”, detalló.

El 10 de junio de 2024, un juzgado en Florida, Estados Unidos, declaró culpable a la multinacional Chiquita Brands de haber financiado a las Autodefensas Unidas de Colombia entre 1997 y 2004, por lo que tendrá que reparar a las víctimas que dejó el grupo paramilitar en Urabá.

Cabe recordar que, el litigio, que duró más de 17 años, terminó luego de que se determinara que la empresa entregó dinero a las AUC, lo que permitió el auge del grupo armado liderado por Carlos Castaño.

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En el juicio se definió que la multinacional, que tiene presencia en alrededor de 70 países y emplea a más de 18.000 personas, tendrá que pagar a demandantes y víctimas de las autodefensas más de $38 millones de dólares.

Nueve meses después, en Colombia finalizaron los alegatos de defensa por el mismo caso, en el que están vinculados múltiples empresarios que habrían participado de la financiación de las AUC.

Durante las últimas audiencias, y mientras se espera que la jueza encargada del caso tome una decisión, ha llamado la atención la postura que tuvieron los abogados de la defensa, que han indicado que entre 1997 y 2003 no financiaron al grupo paramilitar, sino que pagaron cobros extorsivos que estos les exigían.

Durante sus intervenciones, los juristas criticaron a la justicia estadounidense por la determinación tomada en 2024 y afirmaron que la colombiana es “mediocre”.

“Lo que están mal son las tácticas que utilizan para obtener los resultados, o que han convertido la prueba testimonial en una prostituta, su señoría”, indicó el abogado Juan Carlos Prías.

Por su parte, la jurista Paula Cadavid indicó que las pruebas en contra de los empresarios, principalmente la presunta reunión que tuvieron con Carlos Castaño, se trataba de una falacia que creó el líder paramilitar para extorsionarlos.

“Carlos Castaño se ingenió, sé cráneo, se inventó esa reunión, por qué, porque hasta ese momento no había hablado con la gente de Chiquita para exigirles dinero”.

En los testimonios se destacó la participación de Javier Ochoa, que en su momento fue gerente de Banacol, que indicó que en su momento se compraron y vendieron acciones de la compañía sin que se tuviera conocimiento de ningún tipo de vínculo con las AUC:

“No es posible entender que al ser uno de los empleados de estas comercializadoras se intente constituir y construir un indicio en mi contra”, indicó Ochoa.

De acuerdo con las autoridades, Banacol y otras empresas del sector realizaron pagos a las AUC por recibir seguridad en varias fincas del Urabá, aspecto similar por el que las víctimas ganaron el litigio en Estados Unidos y se negó la solicitud de reducir el monto de la indemnización a los afectados por su accionar.

Debido a la postura que tuvieron los abogados de la defensa, el jurista Gerardo Vega, representante de la Fundación Forjando Futuros, indicó que era imposible desconocer lo que se registró en el Urabá entre 197 y 2003 con las AUC.

“No pueden decir que desconocían la relación entre las Convivir y los paramilitares, cuando en Urabá era un hecho notorio que estas cooperativas operaban como seguridad en el día y los paramilitares en la noche”, fueron las palabras del abogado Vega.

Después de la intervención de todas las partes, en un proceso que lleva abierto más de 18 años, se espera que antes del 17 de septiembre de 2025 la juez sexta penal del circuito especializado de Antioquia tome una decisión final, de lo contrario este podría ser prescrito.

El inicio de la audiencia comenzó con la declaración virtual de Pablo Hernán Sierra, alias Alberto Guerrero o Pipintá, exjefe paramilitar del bloque Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

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El exjefe paramilitar declaró de forma virtual porque le argumentó a la jueza Sandra Liliana Heredia que su trasladado desde la cárcel Cómbita a Bogotá podría tener problemas de seguridad.

Hernán Sierra es mencionado en siete ocasiones por la Fiscalía General de la Nación, motivo por el cual lo convierte en uno de los testigos claves en el caso.

Durante su intervención, el exjefe paramilitar contó cómo operaba las AUC en Antioquia y Caldas, entre otras regiones del territorio nacional.

Además, aseguró que la hacienda Guacharacas fue el primer asentamiento paramilitar en Antioquia. Asimismo, indicó que en la propiedad se habría hecho una instalación de válvulas para la extracción de gasolina.

“Para nadie es un secreto. Fue al mando de alias Filo, que tenía 30 hombres y en su momento el jefe inmediato de esos hombres era Luis Villegas, el jefe máximo de esa organización”, indicó Sierra.

Y agregó: “El expresidente Uribe y a Santiago Uribe, ellos han figurado siempre como los dueños de eso, después vendieron, pero eso fue como para lavarse las manos ahí. Después de todo lo que ocurrió fue que la vendieron”.

Pablo Hernán Sierra también se refirió a la primera Convivir en el territorio nacional, que, según Pablo Hernán Sierra, durante la administración de Álvaro Uribe Vélez en la Gobernación de Antioquia se expidió la resolución N. 42378, que permitió la operación de la Convivir El Cóndor, de San Roque.

“La base de la Convivir, en San José del Nus, fue a un costado del bar Ganadero, que es una propiedad de esa familia (los Uribe) de toda la vida. Ahí fue la oficina de la Convivir, y donde conocí a Juan Monsalve en el año 1996″, afirmó Sierra.

Y puntualizó: “En ese momento arranca la amistad mía con Juan y nos volvemos a encontrar prácticamente aquí en Cómbita en el 2011, ya después estuvimos juntos en Itagüí y arranca toda esta historia que es donde yo le doy las entrevistas al senador Iván Cepeda”.

A través de su cuenta de X, el expresidente Álvaro Uribe aseguró que exigió todos los requisitos para permitir las operaciones de la Convivir, que según el exmandatario solo se aprobaron 69.

“De más de 600 Convivir en Colombia, en Antioquia se dio personería jurídica aproximadamente a 69. Se exigían todos los requisitos de ley como los antecedentes judiciales. Se le canceló la personería jurídica aproximadamente a 4″, indicó Uribe.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez aseguró que siempre ha “creído en la cooperación ciudadana transparente con las autoridades. En el Gbno Nacional que presidí hubo 4,6 millones de cooperantes, sin armas”.

El exjefe paramilitar contó detalles de cómo conoció a Mercedes Arroyave y al senador Iván Cepeda. Sierra afirmó que Cepeda fue la persona que lo contactó cuando se encontraba en la cárcel de Itaguí.

“Yo lo busqué -reveló Sierra- porque en ese momento Iván Cepeda era representante a la Cámara y hacía parte de la Comisión de Derechos Humanos”, indicó el exparamilitar.

Asimismo, comentó que solicitó que su caso fuera de conocimiento por parte de Human Rights Watch con el propósito de que garantizaran la protección dentro de los establecimientos carcelarios, debido a las declaraciones que estaba dando en medio des comunicación en contra del expresidente Álvaro Uribe.

“Yo estaba hablando del hombre más importante de Colombia en los últimos 50 años”, precisó el excomandante paramilitar del Bloque Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

El presidente de Gustavo Petro volvió a manifestar sus desacuerdos con la Justicia Especial para la Paz (JEP), señalando que el tribunal transicional no está recibiendo las versiones de los exparamilitares dentro de su marco de actuación.

Según el mandatario, esta decisión representa una limitación en la construcción de una verdad completa sobre el conflicto armado en el país.

Petro ha insistido en la necesidad de un tribunal de cierre que permita consolidar todas las versiones de los actores del conflicto, incluyendo no solo a exguerrilleros y miembros de la Fuerza Pública, sino también a paramilitares y otros terceros vinculados.

En su reciente pronunciamiento en la red social X, expresó su inconformidad con la JEP, al afirmar que esta no ha dado espacio a los testimonios de exparamilitares, a pesar de que el acuerdo de paz contempla la posibilidad de citar incluso a narcotraficantes.

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“Por que la JEP no recibe versiones de paramilitares, y se reduce a exguerrilleros y militares, cuando el acuerdo de paz, dice que podrían citar hasta a narcotraficantes? Creo que aquí hay una de las grandes barreras a la eficiencia judicial y a la verdad”, escribió Petro en la mencionada red social.

No obstante, la realidad del tribunal transicional es más compleja. Si bien es cierto que exparamilitares han testificado en diversos casos, como en el Macrocaso 08, donde se investigan crímenes cometidos por la Fuerza Pública en asociación con grupos paramilitares y terceros civiles, su participación se ha limitado al rol de testigos. Figuras como Salvatore Mancuso, Carlos Mario Jiménez (alias Macaco) y Rodrigo Tovar Pupo (alias Jorge 40) han comparecido ante la JEP, pero no han sido formalmente admitidos en su jurisdicción.

La razón de esta exclusión radica en la existencia de otro mecanismo de justicia transicional para los paramilitares: la Ley 975 de 2005, conocida como la Ley de Justicia y Paz.

Desde su creación, la JEP estableció que solo podrían participar en sus procesos los terceros civiles que hayan financiado el paramilitarismo, y no los miembros de los grupos armados en sí.

Por ello, aunque algunos exparamilitares han intentado postularse alegando ser financiadores del conflicto, su inclusión ha sido rechazada con el argumento de que ya se beneficiaron de otro esquema de justicia transicional.

Las declaraciones de Petro reavivan un debate sobre los alcances de la JEP y su papel en la consolidación de la verdad sobre el conflicto.

Mientras el Gobierno insiste en la necesidad de un mecanismo más amplio, el tribunal mantiene su postura de operar dentro de los límites definidos desde su creación. Este nuevo choque entre el Ejecutivo y la JEP refleja las tensiones persistentes en el proceso de paz y la búsqueda de una narrativa integral sobre los hechos violentos que marcaron la historia reciente de Colombia.

Estados Unidos reactivó parte del financiamiento para la JEP que estaba congelado por el gobierno Trump

Un proyecto fundamental para el fortalecimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en Colombia recibió un nuevo impulso tras la decisión del Departamento de Estado de Estados Unidos de reactivar una parte de los recursos que habían sido congelados durante la administración de Donald Trump.

La financiación, que asciende a diez mil millones de pesos (aproximadamente 2,4 millones de dólares), permitirá retomar actividades esenciales en el marco de la justicia transicional en el país sudamericano.

De acuerdo con el reporte, los fondos están destinados a un proyecto denominado Aumentando el impacto de la JEP con un enfoque holístico de la justicia transicional.

Esta iniciativa busca fortalecer la rendición de cuentas de los máximos responsables de crímenes internacionales cometidos durante el conflicto armado en Colombia.

l proyecto, que involucra a la Oficina de Investigaciones de Crímenes de Guerra de la American University Washington College of Law, el Laboratorio de Justicia y Política Criminal, y la Organización Internacional para el Estado de Derecho y el Desarrollo, había quedado en pausa tras la decisión de Trump de suspender proyectos de cooperación internacional en enero de 2021.

El congelamiento de los fondos, que afectó no solo a la JEP sino también a otros proyectos humanitarios en Colombia, fue parte de una política más amplia de la administración Trump.

Un atentado suicida reclamado por separatistas ha matado este sábado a cuatro paramilitares paquistaníes y dejado decenas de heridos en la conflictiva la provincia paquistaní de Baluchistán, en el oeste del país.

El ataque, cuya autoría ha asumido ya el Ejército de Liberación de Baluchistán (ELB), ha tenido lugar en la ciudad de Turbat, según ha confirmado el portavoz policial Roshan Ali, quien teme que el número de fallecidos aumente e las próximas horas.

La Policía también ha confirmado al canal de televisión Geo TV que la explosión ha dejado al menos 32 heridos, entre ellos el superintendente Zohaib Mohsin y seis miembros de su familia han resultado heridos de diversa consideración por la detonación.

El ELB es un movimiento armado que lleva dos décadas reclamando un espacio autónomo para la minoría étnica baluche del país y que desde hace unos meses ha protagonizado una campaña de atentados de magnitud rara vez vista desde el comienzo del conflicto, como la cadena de ataques de agosto del año pasado que dejó más de 70 muertos por toda la provincia.

Al cumplirse 20 años de la implementación de la Ley de Justicia y Paz en Colombia, el contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, advirtió sobre la ineficacia en la gestión del Estado para garantizar una reparación efectiva a las víctimas.

Según señaló, el financiamiento de este sistema ha recaído casi en su totalidad sobre el Presupuesto General de la Nación (PGN), en contravención a lo estipulado por la ley.

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“Quiero llamar la atención que, según la ley, el pago de indemnizaciones a las víctimas de Justicia y Paz debe seguir un orden específico. En primer lugar, se deben utilizar los recursos entregados por los postulados condenados. Solo cuando estos recursos sean insuficientes, se deben utilizar fondos del Presupuesto General de la Nación (PGN) para cubrir la diferencia. Sin embargo, la realidad muestra que este proceso no se ha llevado a cabo de manera efectiva”, precisó el Contralor.

El funcionario recordó que, si bien la legislación estableció que los bienes de los exparamilitares debían ser comercializados para financiar la reparación a las víctimas, esta medida no se ha materializado. En cifras, los victimarios han sido objeto de extinción de dominio sobre bienes avaluados en 24,37 billones de pesos; sin embargo, hasta la fecha, solo se han comercializado 42 bienes por un valor de 24.114 millones de pesos, lo que representa apenas el 1,22% del total.

Resultados limitados y problemas de judicialización

Durante el ‘Foro 20 años de la Ley de Justicia y Paz: Cifras y resultados’, la Contraloría reveló un informe en el que se señala que, pese a los esfuerzos institucionales, persisten deficiencias en la judicialización, la reparación de las víctimas y la reintegración de los postulados.

Según el reporte, entre 2005 y junio de 2024, el Estado ha destinado 17,7 billones de pesos al sistema de Justicia y Paz. De estos recursos, el 86,52% han sido manejados por la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), el 11% por la Fiscalía General de la Nación, el 2,05% por la Rama Judicial y el 0,24% por el Ministerio de Justicia y del Derecho.

En cuanto a la judicialización, de los 260.198 hechos delictivos mencionados en versiones libres por los postulados, solo el 49,4% fueron imputados, y de estos, apenas el 11,85% llegaron a condenas. En total, 921 postulados han sido condenados por 15.236 hechos delictivos, lo que representa apenas el 15,8% de las víctimas reconocidas en las imputaciones.

Además, el contralor resaltó que la reintegración de los desmovilizados ha sido otro aspecto crítico. De los 1.836 postulados que siguieron en el proceso, solo 1.365 fueron acreditados para reintegración, y de estos, apenas el 24,24% culminó exitosamente su proceso. “A pesar del tiempo transcurrido, aún no se ha logrado una judicialización efectiva, una reparación integral para las víctimas ni una reintegración exitosa de los postulados”, enfatizó Rodríguez Becerra.

Una deuda pendiente con las víctimas

La Contraloría también puso en evidencia que el 95,53% de las indemnizaciones judiciales han sido asumidas con recursos del PGN, cuando la ley establecía que estos debían provenir en primer lugar de los bienes entregados por los victimarios. En el periodo 2012-junio de 2024, se realizaron 48.131 pagos de indemnización que beneficiaron a 29.862 víctimas por un valor de 1,11 billones de pesos, financiados mayoritariamente con recursos públicos.

El estudio también reveló que de los 15.177 bienes identificados, solo el 12,22% fueron entregados voluntariamente por los postulados, mientras que el resto debió ser identificado y sometido a procesos judiciales por parte de la Fiscalía General de la Nación. Esto demuestra que los victimarios no han asumido la responsabilidad económica que les corresponde, dejando la carga en manos del Estado y de los contribuyentes colombianos.

Finalmente, el contralor hizo un llamado a los diferentes actores del Estado para corregir las fallas estructurales en la implementación de la Ley de Justicia y Paz y garantizar una reparación efectiva a las víctimas. “Más allá de un nivel de crítica destructiva, se trata simplemente de la imperiosa necesidad y obligación que tenemos los diferentes actores del Estado para mirar cómo, desde nuestras competencias, aprendemos de los errores cometidos y reafirmamos el camino mirando cómo construimos planes de acción que nos permitan corregir esos errores”, concluyó.

La Corte Suprema de Justicia, en un fallo de casación identificado con la radicación N° 55964, resolvió las demandas interpuestas por la defensa de Nancy María López de Russo y la Procuradora 22 Judicial Penal II de Valledupar, contra la sentencia dictada el 19 de julio de 2018 por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Valledupar.

El magistrado ponente, Diego Eugenio Corredor Beltrán, expuso en su argumentación que el caso reviste especial relevancia al involucrar el delito de homicidio en persona protegida, en el que la acusada fue señalada como determinadora. La resolución de la Corte, contenida en el Acta 47, busca establecer la justeza de los fundamentos del fallo emitido en segunda instancia, dado que en primera instancia se había absuelto a la acusada el 4 de abril de 2018.

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La sentencia dictada por el Tribunal Superior de Valledupar en 2018 revocó la absolución de López de Russo y determinó su responsabilidad penal, imponiéndole una condena por el delito de homicidio en persona protegida. Este delito, tipificado en el Código Penal colombiano, castiga la privación de la vida de personas que gozan de protección especial en el marco del Derecho Internacional Humanitario, como civiles en contextos de conflicto armado.

El caso ha generado una intensa discusión jurídica, ya que la defensa argumentó en casación que existieron irregularidades en la valoración probatoria, así como una posible vulneración de garantías procesales. En ese sentido, la Corte Suprema ha asumido el examen de los cargos planteados en el recurso, evaluando si la condena impuesta se ajustó al principio de legalidad y justicia.

Así, la máxima instancia judicial ratificó la sentencia de 32 años de prisión impuesta a la ganadera Nancy María López de Russo por financiar a grupos paramilitares con el propósito de asesinar a un campesino que reclamaba tierras en 2003, con el fin de generar temor entre los parceleros y forzarlos a abandonar los terrenos asignados por el extinto Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora) —era una entidad que brindaba apoyo a los campesinos y propietarios en la adquisición de tierras—.

¿De qué se trata el caso de Nancy López de Russo?

El proceso judicial contra Nancy López de Russo, una ganadera de casi 74 años, llamó la atención pública debido a las circunstancias en las que se ha desarrollado. Detenida desde octubre de 2014 en la cárcel de Bucaramanga, la mujer enfrenta cargos de homicidio en persona protegida, porte ilegal de armas, desplazamiento forzado y concierto para delinquir. La acusación principal en su contra se basa en el testimonio de un exparamilitar condenado por el crimen, que aseguró que ella había financiado el asesinato de un campesino en la región de Callao, en Valledupar.

El caso tiene su origen en la declaración de John Jairo Sánchez, alias Centella, que en mayo de 2009 confesó su responsabilidad en el asesinato de Luis Miguel Pérez, ocurrido en 2003. Sin embargo, en su testimonio también mencionó que Nancy López había pagado a su superior, alias 39, para que se cometiera el crimen. Esta declaración fue la base sobre la cual la Fiscalía inició el proceso contra López de Russo, pese a que en su momento no se presentaron pruebas contundentes que respaldaran la afirmación.

A lo largo del juicio, la defensa de López de Russo argumentó que su familia fue víctima de constantes abusos por parte de grupos armados ilegales en la región. Desde la década de los noventa, tanto las guerrillas de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), como posteriormente las autodefensas, afectaron sus propiedades a través de robos de ganado, usurpación de tierras y extorsiones. Incluso, su esposo Manuel Russo fue secuestrado por el ELN y liberado tras el pago de una suma de dinero.

Las inconsistencias en el Caso

Uno de los aspectos más cuestionados del proceso ha sido la manera en que la justicia ha manejado la evidencia y los testimonios. Un testigo clave, Ómar Celedón, alias Cocoliso, también involucrado en los hechos, aseguró que Nancy López no había financiado el crimen y que lo único que ella hacía era pagar las cuotas impuestas por los paramilitares para poder mantener sus tierras. Además, las versiones de alias Centella presentaron múltiples contradicciones, lo que generó dudas sobre la veracidad de su acusación.

Pese a estas inconsistencias, en 2014 la Fiscalía avanzó rápidamente en el proceso y ordenó la captura de López de Russo cuando esta se presentó voluntariamente en Bucaramanga para conocer el estado de sus propias denuncias previas contra grupos armados ilegales. Desde entonces, había permanecido privada de la libertad sin una resolución definitiva de su caso, hasta la sentencia que llegó en 2018, misma que fue ratificada por la Corte Suprema.

En medio del juicio que enfrenta el expresidente Álvaro Uribe Vélez por presuntos delitos de fraude procesal y soborno a testigos, el exparamilitar Juan Carlos Sierra Ramírez, conocido como el Tuso, hizo una revelación que ha sacudido el proceso judicial.

Según su relato, mientras estaba en prisión, fue visitado por una comisión de políticos colombianos que le hicieron una propuesta delicada: le ofrecieron gestionar asilo para su familia a cambio de declarar en contra de Uribe y su círculo cercano.

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De acuerdo con el testimonio de Sierra, la reunión ocurrió en 2009, mientras cumplía condena en una cárcel de Washington, Estados Unidos.

La comisión estaba integrada por Iván Cepeda, Piedad Córdoba y Rodrigo Lara, quienes, según afirmó el exparamilitar, le insistieron en que brindara declaraciones que implicaran a Álvaro Uribe, a su hermano Santiago Uribe Vélez y a su primo Mario Uribe Escobar. Sin embargo, Sierra negó en todo momento haber tenido contacto con el expresidente Álvaro Uribe Vélez o sus hermanos.

Sierra detalló que Iván Cepeda y Piedad Córdoba fueron quienes hicieron mayor énfasis en preguntarle sobre los Uribe. “El doctor Rodrigo Lara solo se interesó en José Obdulio Gaviria y Luis Guillermo Ángel Restrepo, alias Guillo Ángel, que si yo tenía conocimiento, si ellos habían participado, habían tenido injerencia en la muerte de su padre”.

El exparamilitar aseguró que la dinámica de la reunión consistió en preguntas insistentes por parte de los políticos, a las que él respondía mientras todos tomaban notas. “Fue una reunión donde insistían y preguntaban y yo les daba las respuestas y se tomaban anotaciones por parte de ellos como por parte de nosotros”, señaló Sierra.

El origen de la reunión y las denuncias de irregularidades

Según explicó alias el Tuso, accedió a la reunión luego de ser contactado por Salvatore Mancuso, quien le informó que los políticos deseaban hablar con él.

Sierra aseguró que, tras consultar con su abogado, aceptó el encuentro, pero posteriormente descubrió que la visita no tenía el carácter oficial que le habían señalado.

El exparamilitar denunció que los miembros de la comisión se presentaron como avalados por el Gobierno de Estados Unidos y el Congreso de Colombia, pero aseguró que esta información era falsa. Además, señaló que Piedad Córdoba ingresó al penal bajo el rol de abogada, algo que calificó como una irregularidad.

“No era una visita oficial de Estados Unidos ni del Congreso de Colombia, como dijeron”, afirmó Sierra, quien aseguró tener pruebas para respaldar sus declaraciones.

Gestiones fallidas para el asilo de la familia de Sierra

Sierra también reveló que Danilo Rueda, excomisionado de Paz, fue señalado como la persona encargada de gestionar el trámite de asilo para su familia en Suiza y Francia.

Según su testimonio, Rueda le pidió que pusiera en contacto a alguien de confianza en Medellín para entregar la documentación necesaria, como cartas de colegios, pasaportes, partidas de bautismo y registros civiles.

“Me dijeron que los contactara con algún allegado mío en Medellín para que le entregara los papeles que se necesitaban para gestionar ese asilo”, contó Sierra. “Y yo les puse una persona, Fredy Agudelo, alias Lámpara. Fue la persona encargada de reunirse con el doctor Danilo Rueda y gestionar ese asilo”.

Sin embargo, Sierra afirmó que finalmente no se gestionó nada. “No se gestionó absolutamente nada porque, como le digo, seguro las expectativas de la reunión, de lo que ellos querían escuchar, no lo satisfizo”, puntualizó.

Iván Velásquez también habría mencionado el asilo

En otra parte de su testimonio, Sierra afirmó que el entonces magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, Iván Velásquez, le habría planteado la posibilidad de un asilo para su familia en Europa.

Esto habría ocurrido en una visita independiente a la comisión de políticos, pero en el mismo contexto de búsqueda de testimonios sobre los presuntos vínculos de Uribe con grupos paramilitares.

El testimonio del Tuso es clave en el juicio contra Álvaro Uribe, quien enfrenta acusaciones por supuesta manipulación de testigos. Sierra, que es el testigo número 13 presentado por la Fiscalía General de la Nación, reiteró que siempre ha colaborado con las autoridades judiciales, entregando información tanto a Justicia y Paz como a la Fiscalía.

El senador Iván Cepeda denunció que Ramiro de Jesús Henao, alias Simón o Fantasma, testigo clave en la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez, estaría liderando una estructura criminal del Clan del Golfo en el oriente antioqueño.

Esta organización, según informaciones recopiladas por la bancada de víctimas, rendiría homenaje a los antiguos jefes del Bloque Metro, un grupo paramilitar vinculado a masacres y desplazamientos en la región.

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Cepeda, quien hace parte de la bancada de víctimas en el proceso judicial contra Uribe por presuntos delitos de soborno y fraude procesal, informó que alias Simón estaría en libertad condicional desde 2023 y habría retomado actividades criminales.

Según revelaciones de medios como Señal Investigativa y la Revista Raya, Henao Aguilar participaría en la conformación del Frente Carlos Mauricio García, una estructura del Clan del Golfo creada para imponer control criminal en municipios del Oriente Antioqueño y el Magdalena Medio.

Esta estructura lleva el nombre en honor a alias Rodrigo Doble Cero, fundador del Bloque Metro, y cuenta con subestructuras como la comandada por Jorge Iván Arboleda Garcés, alias Arboleda.

Además, en el organigrama de la organización aparece Juan Carlos Rodríguez Agudelo, alias Zeus, quien habría fungido como tercer cabecilla hasta su muerte en un operativo policial en septiembre de 2024. Estos hallazgos fueron compartidos por Cepeda a la fiscal general Luz Adriana Camargo el 6 de marzo pasado.

“Es gravísimo que la defensa del señor Uribe traiga como testigos a personas que están vinculadas activamente con grupos criminales. Esto no solo compromete la credibilidad del testigo, sino que muestra una preocupante continuidad del paramilitarismo en la región”, declaró Cepeda.

En medio del complejo proceso judicial que involucra al expresidente Álvaro Uribe Vélez y al congresista Iván Cepeda, el testimonio de Ramiro Henao, conocido como alias Simón, ha emergido como un elemento crucial.

Henao, exintegrante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), declaró ante la Corte Suprema de Justicia sobre la presunta participación de Uribe en la creación del Bloque Metro, una estructura paramilitar activa en Antioquia durante los años 90.

Alias Simón se sumó a otros exparamilitares, como Gabriel Muñoz, alias Castañeda y Juan Guillermo Monsalve, quienes vincularon a Uribe y a su entorno con actividades paramilitares.

Sin embargo, las declaraciones de Henao adquirieron especial relevancia cuando el expresidente alegó que él y Muñoz habían sido sobornados para declarar en su contra, lo que desató una investigación por presunta manipulación de testigos.

En 2018, la Corte Suprema determinó que no existían pruebas de que Cepeda hubiera fabricado testimonios falsos, validando las declaraciones de Henao y Muñoz. Esta decisión impulsó la investigación contra Uribe y allanó el camino para la apertura formal del proceso en 2019, luego de que los magistrados encontraran indicios de amenazas y presiones sobre testigos.

En 2018, la Corte Suprema de Justicia ya había compulsado copias contra alias Simón por presunto falso testimonio en favor de Uribe. Sin embargo, la defensa del expresidente lo presentó nuevamente como testigo en el juicio oral, a pesar de los señalamientos sobre su rol como cabecilla criminal.

El senador también puso en conocimiento estos hechos a la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, mediante una comunicación enviada el pasado 6 de marzo.

Cepeda aseguró que continuará impulsando las investigaciones para esclarecer los vínculos entre los testigos de la defensa de Uribe y las estructuras paramilitares que, según testimonios previos, habrían operado en la Hacienda Guacharacas.

La bancada de víctimas, representada por figuras como Iván Cepeda Castro, Eduardo Montealegre Lynett, Deyanira Gómez Sarmiento, Reinaldo Villalba Vargas, Miguel Ángel Del Río Malo y Juan David León Quiroga, ha reiterado la necesidad de investigar a fondo las actividades de alias Simón y su relación con el caso Uribe.

Según el comunicado, estos hechos no solo afectan el desarrollo del proceso judicial, sino que también tienen implicaciones graves para la seguridad y el orden público en el oriente antioqueño.