La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) negó la solicitud presentada por la defensa del coronel (r) David Herley Guzmán Ramírez para excluir varios testimonios dentro del juicio adversarial que se adelanta en su contra por presuntos casos de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas ocurridas entre 2004 y 2005 en los municipios de Dabeiba e Ituango, en Antioquia.

La decisión se conoció durante la segunda sesión del juicio adversarial, en la que el oficial retirado compareció ante los magistrados del tribunal de paz. En este proceso se investigan hechos que, según la acusación, habrían dejado 18 víctimas, entre ellas cuatro menores de edad, en el marco de operaciones militares desarrolladas en esa subregión del departamento.

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En la audiencia, la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) presentó como testigo a Isaías Montes Hernández, alias Junior, exsegundo comandante militar del Bloque Mineros de las Autodefensas Unidas de Colombia.

Durante el interrogatorio dirigido por la fiscal Sandra Ramírez, el exparamilitar afirmó que sostuvo comunicaciones frecuentes con el entonces mayor Guzmán en el segundo semestre de 2004, cuando este se encontraba en el corregimiento de Santa Rita.

“Si era la coordinación entre el Mayor Guzmán y mi persona, era una comunicación excelente”, declaró Montes ante los magistrados de acuerdo a El Tiempo. Según su versión, esas comunicaciones se realizaban a través de radio y eran diarias. También aseguró que informaba sobre sus movimientos en la zona y que ello le permitía tener “libre movimiento”.

Montes sostuvo que, por orden del entonces oficial del Ejército, retuvieron a dos civiles en un campamento provisional ubicado en el sector del Alto del Oso. Indicó que permanecieron allí “varios días”, bajo una carpa, con cobijas y esposados de las manos.

Asimismo, señaló que posteriormente recibió la instrucción de liberar a uno de los retenidos y de entregar al otro a miembros del Ejército que se encontraban a unos tres kilómetros del campamento. En su relato inicial afirmó que uno de los civiles fue entregado vestido con camuflado.

El testigo también manifestó que, según su percepción, las autoridades militares conocían la existencia del campamento paramilitar y que no se realizó ninguna acción para impedir su funcionamiento. Estas afirmaciones hacen parte de su declaración y serán valoradas por los magistrados dentro del proceso.

Testimonio del padre de un joven retenido

En la misma audiencia declaró Jeoveb Muñetón, padre de Wilber Muñetón, uno de los jóvenes que, según su relato, fue retenido en noviembre de 2004.

Ante los magistrados, recordó el momento en que supo que su hijo había sido llevado por hombres armados. “A mí se me juntó el cielo con la tierra”, expresó durante su intervención afirmó Blu Radio.

Muñetón aseguró que habló directamente con el mayor Guzmán y que, tras tomar un radio de comunicación, el oficial le habría confirmado que su hijo estaba retenido en el sector del Alto del Oso. Según el testimonio, el joven permaneció en cautiverio entre ocho y diez días y regresó en condiciones que su padre describió como “bastante acabado”.

De acuerdo con su relato, tiempo después la familia decidió desplazarse del corregimiento debido a la situación de violencia en la zona.

La solicitud de exclusión y la respuesta del tribunal

En horas de la tarde, cuando se reanudó la audiencia, la defensa del coronel (r) Guzmán solicitó que no se tuvieran en cuenta los testimonios relacionados con los hechos del 9 de diciembre de 2004, en los que fueron asesinadas cuatro personas.

El argumento expuesto por la defensa fue que ese caso ya había precluido en la justicia ordinaria, por lo que, en su criterio, no debía ser incorporado dentro del análisis del tribunal de paz.

La Fiscalía, la Procuraduría y la representación de las víctimas se opusieron a la solicitud y pidieron que dichos testimonios permanecieran dentro del proceso.

Tras escuchar a las partes, los magistrados de la JEP resolvieron negar la solicitud de exclusión, por lo que los testimonios continuarán haciendo parte del acervo probatorio que será valorado en el juicio.

Luego de la decisión, el abogado del oficial retirado interpuso recurso de reposición y, en subsidio, recurso de apelación. Debido a ello, la diligencia fue suspendida y continuará el 25 de febrero a las 8:00 de la mañana, cuando se escuchará la sustentación de los recursos y nuevos testimonios.

Un proceso en etapa adversarial

El juicio contra el coronel (r) David Herley Guzmán Ramírez se desarrolla en la etapa adversarial ante la JEP, escenario en el que la Unidad de Investigación y Acusación actúa como ente investigador y acusador.

En este proceso, el tribunal deberá valorar los testimonios, pruebas documentales y demás elementos presentados por las partes para determinar si existe responsabilidad penal individual por los hechos investigados.

En un hecho que ha generado sorpresa a nivel nacional, el exciclista Lucho Herrera, una de las glorias del deporte colombiano de los 80 y 90, fue vinculado por dos paramilitares en un caso de desaparición forzada de cuatro personas.

“El señor Lucho Herrera me ofrece algo de beber y me da dos sobres de manila, en uno de ellos venían las fotos de cuatro personas que teníamos que recoger, dijo que eran milicianos de la guerrilla que lo iban a secuestrar, y en el otro sobre había 40 millones y nos dice que si queremos para comprar unas pistolas y unas motocicletas. Esa gente colindaba con la finca de él”, declaró Luis Fernando Gómez, alias Ojitos.

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Debido a la acusación contra Herrera, una jueza pidió investigar al oriundo de Fusagasugá, en un caso que fue tomado por un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos.

Hasta el momento, se ha anunciado que se contempla la exploración y exhumación en los predios señalados por los paramilitares, que se llevarían a cabo entre el 21 y 26 de abril.

Por parte de Herrera, el exciclista compartió un comunicado de prensa en el que rechazó las acusaciones en su contra y aseguró que no tenía nada que ver con los crímenes cometidos por los paramilitares que lo señalaron.

“Jamás he pertenecido a organizaciones criminales ni he pretendido causar daño a persona alguna. Mi vida la he dedicado al deporte, y tras mi retiro del ciclismo profesional, a trabajar de forma honesta. Rechazo de manera enfática las imputaciones que pretenden enlodar mi nombre y mi trayectoria como ciudadano, trabajador y padre de familia”.

Abogado analizó el caso Lucho Herrera

En diálogo con Infobae Colombia, el profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana, Nicolás Mayorga, habló sobre lo que se podría registrar después de la investigación contra el exciclista.

En primer lugar, el jurista explicó que se registrará durante la investigación y los posibles escenarios, incluyendo una posible imputación en contra del exdeportista, aclarando que en todo momento se debe tener en cuenta la presunción de inocencia.

“Inició la etapa de indagación preliminar, tal como lo contempla el artículo 200 del Código de Procedimiento Penal. En esta fase no se ha formulado imputación formal, pero la fiscalía puede realizar actos investigativos como entrevistas, inspecciones, recolección de pruebas y análisis forenses. Si con base en estas diligencias se identifican indicios serios de responsabilidad penal, la fiscalía podrá formular imputación ante un juez de control de garantías".

Recordando que los paramilitares afirmaron que Herrera entregó $40 millones de pesos por la desaparición de sus vecinos, el abogado explicó qué cargos debería afrontar el campeón de La Vuelta a España en caso de comprobarse su participación en los hechos mencionados.

“El delito que podría analizar la Fiscalía, de ser confirmada su participación, es el de la desaparición forzada, contemplado en el artículo 165 del Código Penal. Este delito se configura si se acredita que Herrera facilitó o instigó la privación de la libertad de las víctimas, seguida del ocultamiento de su paradero y la negativa a reconocer la privación. En esta etapa procesal, es el único delito que podría considerarse plausible con los elementos actuales”.

Mayorga recordó que el artículo 382 del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004) establece que son medios de conocimiento: “La prueba testimonial, la prueba pericial, la prueba documental, la prueba de inspección, los elementos materiales probatorios, evidencia física, o cualquier otro medio técnico o científico, que no viole el ordenamiento jurídico“.

Este punto fue mencionado por el jurista para aclarar que hasta el momento solo hay testimonios en contra de Herrera, pero que estos deben estar acompañados de material probatorio, que hasta la fecha no se ha expuesto.

“En el caso de Lucho Herrera, donde los señalamientos provienen de exparamilitares, se requiere que dichos testimonios estén acompañados de otros medios de prueba que los confirmen de manera objetiva”.

El presidente de Colombia Gustavo Petro y la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia Laserna continúan protagonizando un fuerte intercambio de declaraciones en la red social X que parece subirse de tono y podría llegar a instancias legales.

Luego de la controversial publicación de un nuevo “himno a la revolución”, Petro decidió subir en su perfil un video en el que atacó directamente a la legisladora, que también es una de sus más férreas opositoras.

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En la pieza gráfica que emitió el jefe de Estado se observa, en medio de un evento público, la proyección de una intervención de la congresista durante un debate en el Congreso sobre la reforma laboral. El material audiovisual fue grabado en plena calle, durante una protesta, y de fondo se escuchan abucheos y silbidos en su contra. En medio de la gritería, se oye el término “paramilitar”, entre otros.

Petro compartió el video acompañado del mensaje: “¿Qué le pasó a Paloma? ¿Se dejó engañar de las encuestadoras pagas por la prensa tradicional?”

Entonces la senadora decidió contestarle, de manera contundente. “Presidente @petrogustavo, ¿usted me está acusando de paramilitar? Dígalo para demandarlo”.

Pero, además cuestionó la veracidad del video y, de la misma manera, del evento, en especial porque se indica en la pieza gráfica que trata de unos manifestantes que se congregaron en la Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá. De hecho, la senadora comentó:

“¿Dónde es ese evento? ¿Quién organiza un evento con un video mío?, ¿es un evento propiciado por usted contra mi?, ¿Qué mentiras dicen para generar odio? No parece el Cauca y yo no estoy ni estuve ahí”.

Las declaraciones explícitas que citó la senadora y que compartió el jefe de Estado en sus redes sociales están en una voz en off, a lo largo del video.

“La despreciable y paramilitar Paloma Valencia, nieta del asesino Guillermo León Valencia y de una familia de propietarios del Cauca, que se creen propietarios de los indígenas y de todos los habitantes del Valle y del Cauca. Personajes como estos son los que tienen que salir de la política nacional. Asesinos, narcotraficantes, violadores, secuestradores”, se oye, en medio de gritos y abucheos de “fuera, fuera”.

Posteriormente, la senadora Valencia Laserna aclaró que la grabación fue proyectada durante una manifestación en la Plaza de Bolívar, en medio de las recientes marchas convocadas por el propio Petro. “Ponen mi video para seguir diciendo mentiras y generar odios”, denunció Valencia, y agregó: “Las masas reaccionando a los odios que les infunden. Peligroso gobierno que busca violencia en mi contra”.

Paloma Valencia se sumó a polémica por el “nuevo himno de la revolución” compartido por Gustavo Petro

Un video que recopila imágenes de protestas sociales y menciona a figuras políticas de oposición, a lo largo de una exaltación o una oda a Petro como un revolucionario, generó controversia en Colombia.

El primer dignatario publicó en su cuenta de X un enlace a un video de la agrupación musical “Ritmos Revolucionarios”, titulado “Señor presidente, ¡cuente conmigo!”. En su mensaje, el mandatario calificó la canción como un posible “buen himno para la revolución colombiana” y alentó a sus seguidores a compartirlo.

El presidente escribió: “Este podría ser un buen himno para la revolución colombiana que quiero comience como respuesta a la tiranía y el engaño. Es un himno moderno de puños cerrados y multitudes unidas. Los elementos fundamentales de toda revolución. Dale un RT revolucionario”. La publicación no tardó en generar reacciones, tanto de apoyo como de rechazo, en el ámbito político y entre los usuarios de redes sociales.

Entre las respuestas más destacadas a la publicación del presidente se encontró la de Valencia, que utilizó la misma red social para expresar su desacuerdo con el mensaje de Petro. Aunque el contenido exacto de su respuesta no fue incluido en el reporte, su reacción se suma a las críticas que el video ha suscitado entre figuras de la oposición.

Además, utiliza fotografías y clips de políticos opositores, entre ellos el expresidente y exsenador Álvaro Uribe, la senadora María Fernanda Cabal, el senador Miguel Uribe, la propia Paloma Valencia, la candidata Vicky Dávila y el exsenador David Luna. La inclusión de estas figuras en el material audiovisual ha sido interpretada por algunos sectores como un intento de polarizar aún más el panorama político del país.

En un extenso documento de 133 páginas, la Fiscalía de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) presentó una acusación formal contra el coronel retirado David Guzmán, señalándolo como presunto responsable de liderar un plan sistemático para asesinar a 18 civiles, incluidos desmovilizados y personas acusadas de ser guerrilleros.

Según el escrito, estos crímenes habrían sido cometidos con el objetivo de presentarlos como bajas en combate y obtener reconocimientos y felicitaciones por resultados operacionales. La acusación fue radicada ante la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP, que ahora llevará a juicio al exmilitar.

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De acuerdo con el documento, al que tuvo acceso La W Radio, Guzmán habría diseñado y ejecutado un plan criminal en al menos ocho eventos, en colaboración con miembros de las unidades militares bajo su mando y, en algunos casos, con integrantes de grupos paramilitares como las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

La Fiscalía señala que el coronel retirado actuó de manera intencional y consciente, dando órdenes directas para llevar a cabo homicidios, desapariciones forzadas y actos de tortura contra civiles protegidos por el Derecho Internacional Humanitario (DIH).

Estas acciones, según el informe, se enmarcaron en un contexto de colaboración entre el Batallón Contraguerrillas 79, comandado por Guzmán, y los paramilitares, quienes habrían recibido apoyo para sus actividades de narcotráfico a cambio de facilitar bajas en combate.

El documento detalla que Guzmán no solo dio instrucciones precisas a sus subordinados, sino que también coordinó con grupos armados ilegales como los bloques Mineros y Elmer Cárdenas de las AUC. En algunos casos, estas órdenes incluyeron tratos crueles y degradantes hacia las víctimas, como torturas y humillaciones, con el fin de cumplir metas operacionales.

Según La W Radio, la Fiscalía subrayó que estas acciones no solo buscaban obtener felicitaciones, sino también otros incentivos asociados al desempeño militar.

Entre los casos documentados, se encuentra el secuestro de dos supuestos milicianos que fueron torturados antes de ser ejecutados, así como la detención de un ciudadano identificado como Wilber Muñetón, quien permaneció 11 días bajo custodia de paramilitares en condiciones inhumanas.

Según el escrito, Muñetón fue mantenido incomunicado, atado de pies y manos a un camastro, y alimentado únicamente con pan y refresco en polvo, mientras que otros alimentos ofrecidos estaban en estado de descomposición. La presión de autoridades locales, incluidos alcaldes, habría sido determinante para su liberación.

La acusación también describe métodos brutales empleados en los homicidios, como amarrar a las víctimas a árboles antes de dispararles con ametralladoras o lanzarles granadas para desfigurarlos y dificultar su identificación. En uno de los casos, se reportó la ejecución de un menor de 16 años, cuyo cuerpo presentaba múltiples impactos de bala, especialmente en el pecho, según las necropsias incluidas en el expediente.

La W Radio informó que los crímenes atribuidos a Guzmán fueron inicialmente investigados por los magistrados Alejandro Ramelli y Hugo Escobar.

En el marco de estas investigaciones, se reveló que el coronel retirado recibió una felicitación oficial por los resultados operacionales de la Operación Motilón y la Misión Táctica Neón el 19 de noviembre de 2004, apenas un día después de uno de los hechos documentados. Otro militar involucrado, el sargento segundo Fidel Iván Ochoa Blanco, también fue reconocido por su participación en estos eventos.

La Fiscalía de la JEP calificó los delitos como homicidio en persona protegida, desaparición forzada, torturas y tratos inhumanos, todos cometidos en el contexto de crímenes de lesa humanidad. Además, destacó las profundas afectaciones que estos actos generaron en las víctimas, especialmente en mujeres y familias enteras. Según el informe, las acciones del Batallón Contraguerrillas 79 no solo violaron el DIH, sino que también formaron parte de un ataque sistemático contra la población civil.

Una familia de Umbita (Boyacá) vive un infierno por cuenta de la detención en Venezuela de Arlei Danilo Espitia Lara, un joven de 24 años que viajó al vecino país junto con una mujer de nacionalidad venezolana y que terminó siendo señalado de paramilitarismo. De acuerdo con la familia del ciudadano colombiano, fue detenido por funcionarios de Migración el 14 de septiembre de 2024, cuando, de manera legal, estaba pasando la frontera de Ureña, en el estado de Táchira,

Al joven se le acusó de estar organizando un complot en contra del dictador Nicolás Maduro, que, por medio de un fraude electoral, fue declarado como presidente electo de Venezuela. “A todos estos ciudadanos extranjeros se les garantizan sus derechos, pero sus gobiernos deben asumir que están viniendo a Venezuela a conspirar contra un país, a atacar objetivos civiles y militares, objetivos de servicios públicos, para hacerle daño a nuestro país”, aseguró el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, en una rueda de prensa.

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Según Lorena Espitia, hermana del joven colombiano, aseguró que la mujer con la que viajó es Paula Reyes Albarrán, la conoció en Bogotá. La ciudadana venezolana explicó a Noticias Caracol que viajó con Arlei Espitia el 13 de septiembre porque quería actualizar sus papeles en Venezuela y el joven se ofreció a acompañarla y, de paso, conocer su país.

Al llegar, funcionarios de Migración lo detuvieron y se llevaron su pasaporte. Luego, lo llevaron hasta un cuarto donde fue sometido a un interrogatorio. Entonces, exigieron que presentara una carta de invitación al territorio.

“Le pidieron una carta de invitación y yo le dije que yo se la podía dar porque yo era ciudadana de allá. Fui, busqué la carta de invitación y se la traje y lo que nos dijeron fue que le habían tomado una foto y que lo iban a enviar a Caracas, que es la capital, para esperar aprobación porque había una orden presidencial donde decía que tenían que esperar”, contó Reyes Albarrán al medio de comunicación citado.

Los padres del ciudadano contaron al informativo que su hijo es un campesino de oficio que se enamoró de la mujer venezolana y que por eso decidió acompañarla. Sin embargo, el viaje no resultó como se esperaba y el joven pasó de ser un trabajador del campo colombiano a un “mando de los paracos”, en palabras de Diosdado Cabello.

El ministro venezolano denunció que hay extranjeros que llegan al país diciendo que están allí por amor, buscando visitar a sus parejas, pero que sus verdaderas intenciones son otras, relacionadas con un presunto plan para derrocar a Maduro. Sin embargo, Lorena Espitia aseguró a W Radio que su hermano no está trabajando en ninguna estrategia de ese tipo.

“Él es inocente, tenemos la forma de demostrar que él es inocente, él es un agricultor, un campesino, entonces pedimos la ayuda de todo corazón, pues es un momento difícil y muy complicado para nosotros, lo único que queremos es que nuestro hermano vuelva”, aseguró la hermana del joven colombiano.

Hasta el momento, la familia de Espitia Lara desconoce su paradero exacto y el estado de salud en el que se encuentra. Ya ha recurrido a la Cancillería, a la Defensoría del Pueblo, a la Embajada de Venezuela y hasta a la Personería, en busca de ayuda, sin recibir mayor información. Se les indicó que debían llenar una solicitud en línea, especificando el caso y solicitando ayuda.

“Era como una petición, como narrando los hechos, como pidiendo una ayudas para que ellos se pudieran contactar con la embajada de Venezuela, pero, pues, hasta el momento no hemos obtenido respuesta. Asimismo, nos dijeron que no nos daban como un día aproximado, unos días aproximados de respuesta”, precisó la hermana del colombiano.

Marco Willar Guzmán Barreto, conocido como alias El Loco o Willar, ha sido capturado en una operación llevada a cabo por las autoridades en una zona rural del municipio de Segovia, en el departamento de Antioquia.

Este individuo, considerado el delincuente más buscado del departamento, enfrenta cargos por múltiples delitos, incluyendo homicidio agravado y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego, según replicaron varios medios locales.

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La captura de Guzmán Barreto se produjo el miércoles 16 de octubre, tras un operativo coordinado por la Policía de Tolima y la Fiscalía General de la Nación.

Guzmán Barreto, un exparamilitar del desaparecido Bloque Tolima, de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), es acusado de varios homicidios cometidos entre 2022 y 2023 en las localidades de Ibagué y Valle de San Juan. Además, ya había sido condenado por delitos como concierto para delinquir, extorsión, hurto, secuestro, tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas, según Ecos de Cobeima.

El comandante del departamento de Policía Tolima, coronel Libardo Fabio Ojeda Eraso, había declarado en julio que Guzmán Barreto era el delincuente más buscado del departamento, y solicitó la colaboración de la comunidad y los medios de comunicación para facilitar su captura. “Vamos a capturar a este delincuente que opera en los municipios de San Luis, Valle de San Juan y Rovira”, afirmó el coronel, destacando la importancia de detener a Guzmán para garantizar la seguridad en la región.

Las autoridades han implementado diversas estrategias para lograr la captura de Guzmán, incluyendo la distribución de carteles con su imagen en localidades afectadas y la realización de campañas puerta a puerta para alertar a la comunidad. La colaboración ciudadana ha sido crucial en este proceso, y se ha garantizado la confidencialidad de la identidad de los informantes.

Guzmán Barreto, quien había formado una banda delincuencial en la zona de Payandé, había centrado sus actividades delictivas en extorsiones, robos de ganado y otros delitos en municipios conocidos por su tranquilidad y atractivo turístico.

Se espera que Guzmán Barreto sea presentado ante un juez para la legalización de su captura, lo que marcará un avance en el proceso judicial en su contra. Las autoridades continúan trabajando para desmantelar las redes criminales en la región y asegurar la paz y el bienestar de sus habitantes.

Capturan al criminal más buscado de Cundinamarca en operativos policiales en Bogotá

La Policía Metropolitana de Bogotá confirmó la captura de alias Brayan, uno de los delincuentes más buscados en Cundinamarca, el jueves 17 de octubre de 2024.

La detención se llevó a cabo en el barrio Villa Nidia, en la localidad de Usaquén, al norte de la capital colombiana. La captura se produjo después de que varios agentes fueran alertados sobre la presencia de individuos con actitud sospechosa dentro de un vehículo.

Alias Brayan era buscado por un doble homicidio ocurrido en el municipio de Chía, donde las víctimas, José Leonardo Rodríguez Moreno y Donován Sneider Marín Guzmán, de 27 y 23 años respectivamente, fueron asesinadas. Los jóvenes habían sido citados en la residencia de Brayan, ubicada en la vereda Tiquiza, donde fueron ultimados con un revólver y un puñal.

El comandante de la estación de Policía de Usaquén, el teniente coronel Ricardo Chaves, explicó que la intervención policial se realizó tras recibir una llamada de un denunciante. En el lugar, los agentes solicitaron a los ocupantes del vehículo que descendieran para realizar una requisa y verificar sus antecedentes judiciales.

Alias Brayan, quien previamente se había entregado a las autoridades pero fue liberado, se encontraba nuevamente en la lista de los más buscados por este crimen. La captura de este individuo representa un avance significativo en la lucha contra el crimen en la región, destacaron las autoridades.

Salvatore Mancuso, ex jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y el presidente de la República, Gustavo Petro, se volvieron a ver en el evento ‘Tierras para la reconciliación’, que se llevó a cabo en Montería, Córdoba, para oficializar la entrega de más de 8.000 hectáreas de tierras a las comunidades campesinas de la región, que fueron víctimas de la violencia de grupos armados ilegales.

Durante su intervención, el ahora gestor de paz pidió perdón a las víctimas de despojo de tierras por sus actos cuando lideró el paramilitarismo, además de asegurar que, en aquellos tiempos, consideraba que utilizar un fusil para luchar por el país era la decisión correcta.

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“En la guerra no existen ganadores, todos somos perdedores. Frente a ustedes asumo la responsabilidad que me corresponde por tanto dolor, sufrimiento y lágrimas, por el despojo de tierras, por los vejámenes a los que fueron sometidos a través de las órdenes que impartí a quienes estuvieron bajo mi mando, desde lo más profundo de mi corazón les pido perdón”, reconoció Mancuso.

A su vez, el ex jefe paramilitar dijo que está enfocado en ayudar a las víctimas del conflicto y que trabajará para conseguir “los objetivos relacionados con la restitución de los derechos integrales de las víctimas, y lograr la paz”, como lo ha dicho desde que se acogió a la Ley de Justicia y Paz.

Luego de su participación en el Coliseo Miguel ‘Happy’ Lora, Salvatore Mancuso regaló un sombrero vueltiao al presidente Gustavo Petro como un gesto simbólico de unión. En respuesta, Petro le entregó al exjefe paramilitar el sombrero que llevaba puesto, dejando claro que las diferencias políticas y de pensamiento ente ambos eran cosa del pasado.

El intercambio de sombreros entre Mancuso y el gobernante de los colombianos hizo que los abucheos se convirtieran en aplausos entre los asistentes al evento de restitución, que quedaron sorprendidos.

Así las cosas, el exparamilitar solicitó al presidente Petro tener en cuenta su sugerencia de instalar una mesa de paz para fomentar la reparación y el bienestar de la sociedad colombiana. De igual manera, hizo hincapié en que “sin paz no hay reparación”.

¿Qué pasará con los procesos legales en contra de Mancuso?

El 3 de octubre de 2024, la Sala de Justicia y Paz de Barranquilla informó que los procesos en contra del excomandante paramilitar Salvatore Mancuso Gómez fueron reasumidos por la entidad gracias al fallo de la Corte Constitucional.

“La Jurisdicción Ordinaria reasume el conocimiento de los procesos adelantados contra el postulado Salvatore Mancuso”, reseñó la Sala al citar el fallo de la Corte Constitucional que resolvió el conflicto de competencias que existía entre Justicia y Paz y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)”, se lee en el documento expedido por el alto tribunal.

Con el anuncio, el ahora gestor de paz tendrá que responder por los delitos de homicidio, desplazamiento forzado, secuestro y extorsión, que realizó durante su estancia en las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), grupo armado ilegal que delinquió en varios departamentos en el norte del país.

En consecuencia, la sala tiene la autorización para citar a Mancuso a rendir testimonio y responder ante las preguntas de las más de 100 víctimas que instauraron un proceso en su contra, que hasta el 2023 estaban siendo adelantados por la JEP.

Mientras avanza el proceso, Mancuso seguirá en libertad, luego de que cumpliera una condena de 18 años en una cárcel de máxima seguridad en Estados Unidos por el delito de narcotráfico. Además, podrá seguir cumpliendo con sus labores de gestor de paz designadas por el presidente Gustavo Petro para avanzar en los diálogos de paz y de desmovilización con las denominadas bandas emergentes.

La Procuraduría General de la Nación se dirigió a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para solicitar la expulsión de Juan Carlos Rodríguez Agudelo, alias Zeus, un militar retirado involucrado previamente con el paramilitarismo y quien fungía como uno de los jefes de seguridad del narcotraficante conocido como ‘Don Diego’.

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El documento de 19 páginas al que tuvo acceso La W detalla dos principales factores que fundamentan la solicitud de expulsión de Rodríguez Agudelo.

El primer factor es la ausencia de Rodríguez Agudelo en una citación de la JEP para responder sobre las circunstancias que llevaron a su captura. El exmilitar fue sorprendido en una caravana que presuntamente transportaba armas desde Norte de Santander hacia el centro del país.

La razón presentada por su defensor para justificar su incomparecencia fue el riesgo de recaptura ante su comparecencia personal. Sin embargo, la Procuraduría consideró esta razón insuficiente, argumentando que era deber del compareciente asegurar las condiciones necesarias para presentarse ante la jurisdicción sin impedimentos.

El segundo factor mencionado en la solicitud es la presunta reincidencia en la actividad criminal, un elemento que Rodríguez Agudelo no debía incumplir para mantener los beneficios otorgados por la JEP, incluyendo su libertad.

La Procuraduría señaló varios indicios en su análisis, tales como la ausencia de escoltas del Unidad Nacional de Protección (UNP) durante el viaje en el que fue hallado el armamento y la mención de una reunión en Cúcuta que finalmente no se llevó a cabo. Estos comportamientos, según el Ministerio Público, fortalecen el caso para su expulsión de la JEP.

La relevancia de este caso radica en la implicación de una posible violación de las condiciones establecidas por la JEP para excombatientes y actores armados. Este proceso especial busca justicia para las víctimas del conflicto armado en Colombia y la reintegración de los actores armados a la vida civil bajo estrictos requisitos, incluyendo la no reincidencia en actividades delictivas.

El contexto histórico de alias Zeus se sitúa en la conexión con el paramilitarismo y su rol como jefe de seguridad del narcotraficante alias “Don Diego”, resaltando las dinámicas entre fuerzas militares, paramilitares y narcotráfico en Colombia.

La W citó textualmente parte de la comunicación de la Procuraduría: “Señaló su defensor que ante su comparecencia personal, lo que sin duda sucedería, sería su recaptura, ante lo que el Despacho consideró inoficiosa una nueva convocatoria presencial, causal de inasistencia que no es justificación válida para esta Procuraduría, ello porque justamente era un deber del compareciente preservar todas las condiciones que le permitieran acudir al llamado de la JEP sin impedimento alguno, lo que no sucedió”.

Asimismo, la Procuraduría encontró suficiente evidencia para determinar la infracción de las disposiciones de la jurisdicción, apuntando especialmente a la falta de escoltas y el uso de vehículos no oficiales en el transporte del armamento. Estos hallazgos sugieren una flagrante violación de las normativas de la JEP y de las expectativas de reintegración para quienes buscan beneficios de este proceso judicial.

También muestra la importancia de garantizar que todos los actores comprometidos con el proceso de la JEP cumplan cabalmente con sus obligaciones y no reincidan en comportamientos que puedan desacreditar el esfuerzo monumental de paz y justicia transicional en Colombia. Este tipo de incumplimientos no solo socava la credibilidad del proceso, sino también la confianza de las víctimas y la sociedad en general.

El caso de Rodríguez Agudelo simboliza un reto para la JEP y otras instituciones de justicia en Colombia, ya que deben trabajar incansablemente para asegurar que los mecanismos de justicia cumplan su propósito y mantengan la integridad del proceso de paz. La vigilancia constante y la estricta aplicación de los lineamientos establecidos son cruciales para garantizar que los beneficios otorgados se mantengan solamente a aquellos comprometidos con la verdad, la reparación y la no repetición de crímenes.

Con esta solicitud, la Procuraduría manifiesta su compromiso con la supervisión rigurosa y el cumplimiento de los compromisos de los actores implicados en el conflicto armado.

El ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso quedó en libertad tras confirmarse que no existen requerimientos judiciales pendientes en su contra. La noticia, que generó múltiples reacciones en el país, tuvo una respuesta inmediata del expresidente Álvaro Uribe, a la que el exlíder de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) no tardó en replicar, con un mensaje de reconciliación y llamado a la construcción de la paz.

El teniente coronel Rolando Ramírez, director (e) del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), explicó que tras revisar los procesos judiciales pendientes y coordinar con la Unidad Nacional de Protección (UNP) un esquema de seguridad, se determinó que el excomandante de las AUC quedaba en libertad.

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“El día de hoy, el establecimiento La Picota nos confirma que no hay requerimientos pendientes. De igual manera, se han realizado las coordinaciones con la UNP con el fin de brindar un esquema de seguridad en beneficio de Mancuso. Es así que luego de revisados los procesos jurídicos pendientes y no encontrar alguna decisión que permita tenerlo privado de la libertad, y realizadas las coordinaciones frente a la seguridad de él, el señor Salvatore Mancuso quedará en libertad”, detalló Ramírez.

El intercambio de mensajes ente Álvaro Uribe y Salvatore Mancuso

El expresidente Álvaro Uribe reaccionó rápidamente a la noticia por medio de su cuenta en X. En su mensaje, el líder del Partido Centro Democrático expresó su descontento con la libertad de Mancuso, al destacar una supuesta discriminación hacia otros detenidos que, según él, no se prestan para actuar como “bisagras” en procesos de paz.

“No sorprende la finalidad de la libertad de Mancuso, pero los otros, con 19 años de cárcel, que no se prestan para hacer el juego de ‘bisagras’, los discriminan y no los reconocen como gestores de paz. Recuerdo que reconocí como gestores de paz, después de muchos años de cárcel, a Francisco Galán y a Felipe Torres del ELN. Por eso obtuvieron libertad”, se lee en el post de Uribe.

En una respuesta conciliadora y sorprendente para muchos, Salvatore Mancuso respondió al expresidente Uribe con un mensaje de reconciliación. En su declaración, el ex jefe paramilitar reconoció el pasado compartido con el expresidente durante los años del conflicto y propuso un nuevo enfoque hacia la construcción de la paz en Colombia.

“He cumplido con la justicia, pero no con mi conciencia. Por eso le extiendo la mano @AlvaroUribeVel, quien fue mi aliado en la guerra, para que ahora juntos construyamos la paz”, escribió Mancuso.

Libertad de Mancuso generó conflicto de competencias entre JEP y el sistema de Justicia y Paz

Salvatore Mancuso, que fue uno de los líderes más prominentes de las AUC, estuvo vinculado a múltiples delitos, como masacres y desplazamientos forzados. Tras su desmovilización en 2005, fue extraditado a Estados Unidos en 2008, donde cumplió una condena por narcotráfico. En 2024, Mancuso regresó a Colombia para ser un gestor de paz, tal y como lo propuso el presidente Gustavo Petro, pero primero debía estar en La Picota mientras la justicia determinaba su situación judicial.

Tras unos meses, la solicitud de libertad del antiguo criminal desató un conflicto de competencias entre la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y el sistema de Justicia y Paz, bajo el cual se desmovilizó y entregó las armas durante el gobierno de Álvaro Uribe.

Este conflicto aún no fue resuelto por la Corte Constitucional, que debe determinar cuál de estos tribunales tiene la prioridad para decidir sobre la libertad de Mancuso. Mientras se espera esta decisión, el ex jefe paramilitar logró que su expediente fuera devuelto a la jueza de Justicia y Paz, que, bajo el argumento que Mancuso no tiene sentencias pendientes en Colombia, ordenó su libertad. Además, la JEP solicitó un esquema de protección para el exparamilitar.

Uno de ellos es el líder del partido de Salvación Nacional, Enrique Gómez, que a través de sus redes sociales criticó al ex jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que dio declaraciones ante los medios de comunicación luego de cumplir un día en libertad: “Mancuso: De asesino, terrorista y narco a celebridad que revictimiza a las miles de familias a las que dejó sin algún miembro. No más negociación con criminales. #ALasCalles20Julio”, aseveró el excandidato presidencial en X (antes Twitter).

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Asimismo, en un video advirtió que el Gobierno Petro está adelantando un “acuerdo nacional” con los “bandidos, mafiosos y guerrilleros” y ahora, con la salida de Mancuso de la cárcel La Picota, se añade un nuevo “recluta” a la lista. Pues, actualmente se están llevando a cabo conversaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y con el Estado Mayor Central (EMC) y la Segunda Marquetalia de las disidencias de las Farc.

Ahora bien, la idea de que el exparamilitar sea gestor de paz involucra su participación en la política de Paz Total del presidente Gustavo Petro, por lo que le corresponderá contribuir con el esclarecimiento de los hechos relacionados con el conflicto armado. Sin embargo, desde la perspectiva de Enrique Gómez, el exlíder de las AUC no aportará nada a los esfuerzos de paz.

“No va a contribuir a la paz, sino a arreciar las peleas territoriales entre mafiosos, entre guerrilleros y entre todos aquellos factores de violencia que tienen hoy al pueblo colombiano de rodillas, porque el pueblo colombiano está de rodillas iguales de mal que en los noventa”, aseveró el político en un video.

Informó que en departamentos como Huila, por ejemplo, se ha evidenciado un recrudecimiento de la violencia; hay reportes de “pescas milagrosas” que, según anticipa, podría continuar presentándose en el territorio nacional. Argumentó su predicción indicando que el ministro de Defensa, Iván Velásquez, y el mismo jefe de Estado, están siendo indiferentes con la inseguridad del país. Incluso, señaló al primer mandatario de querer tener a la ciudadanía bajo el yugo del temor por la violencia ejercida por los actores armados.

En ese sentido, enlistó las razones por las cuales se manifestará el 20 de julio, día en que empieza una nueva legislatura y se instala el Congreso de la República; además, fecha en la que Gustavo Petro invitó a marchar en defensa de la reforma agraria.

“El 20 de julio yo sí marcho, yo camino y me expreso y protesto para la defensa de la Constitución, y para que las instituciones defiendan la vida, honra y bienes de todos los colombianos, porque la tranquilidad que conquistamos nos costó muchísimas vidas y recursos durante muchos años, para que este gobierno venga a entregarle de nuevo el país a los violentos”, indicó Gómez.

Por su parte, Mancuso, en las declaraciones que brindó a los medios, aseguró que no tiene justificación para los crímenes que cometió en contra de la población. Sin embargo, reiteró que ya saldó sus deudas con la justicia, por lo que tiene derecho a gozar de su libertad.

“El señor presidente me designó gestor de paz muy amablemente, cosa que agradezco la oportunidad para poder trabajar por el país. Básicamente, el levantamiento de órdenes de captura en mi contra se hace porque cumplí, no le debo nada a la justicia colombiana, no le debo nada a la justicia de ningún país del mundo. Así que ahora que he recuperado la libertad, esa gestoría de paz que me impidieron ejercer por una prolongación ilegal y arbitraria de la privación de mi libertad, hoy empezaré a trabajar en ello”, aseveró el exparamilitar.

El exparamilitar Salvatore Mancuso consiguió salir de la cárcel La Picota de Bogotá, a pesar de que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) negó su libertad transitoria, condicionada y anticipada, lo cual generó una ola de críticas por parte de varios políticos. Pues, el exlíder de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) sería responsable de más de 24.000 delitos y, además, pasó 13 años privado de la libertad en Estados Unidos por narcotráfico.

Una jueza de Justicia y Paz decidió permitirle la salida de la cárcel al cancelar todas sus órdenes de captura correspondientes a procesos de Cúcuta y Villavicencio y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) verificó que no estaba siendo requerido por ninguna otra autoridad que le impidiera recuperar su libertad. Esto, desde la perspectiva del concejal de Bogotá Daniel Briceño, es una “burla” para el país.

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“Salvatore Mancuso queda en libertad. Un asesino, terrorista, delincuente y victimario de miles de colombianos sale escoltado por la Policía Nacional y con seguridad pagada por los colombianos gracias a la JEP y a Gustavo Petro. Así se burlan del país”, escribió el también abogado en X.

Asimismo, compartió la boleta de libertad del ex jefe paramilitar, indicando que el documento en cuestión representa “la impunidad” en Colombia y la burla hacia miles de víctimas que dejaron sus múltiples crímenes. Según Justicia y Paz, Mancuso sería responsable de varios casos de desapariciones forzadas, masacres, homicidios en persona protegida y violencias basadas en género, los cuales se presentaron cuando fue comandante de los frentes Víctor Villareal, William Rivas, Pivijay o Tomás Gregorio Freyle Guillén y Resistencia Chimila del bloque Norte de las extintas AUC.

En consecuencia, el concejal señaló al Gobierno del presidente Gustavo Petro de beneficiar a los criminales en vez de permitirles responder por sus delitos. “El gobierno Petro le paga bien a los delincuentes, trabaja por ellos, mientras abandona a los colombianos decentes”, aseveró el funcionario.

En efecto, las víctimas de Mancuso y de las AUC manifestaron su rechazo al evidenciar que la justicia colombiana avaló la libertad de un exparamilitar que integró una organización criminal que perpetró más de 57.000 delitos. Rosa Nidia Quintero, hermana de Floreria Quintero, que fue asesinada por los paramilitares en Tibú (Norte de Santander) en 1999, lamentó la decisión tomada por las autoridades judiciales y carcelarias del país.

“A ninguna de las víctimas nos gusta que él salga en libertad, pero ya sabemos que en este país los victimarios están libres. Me dijo el que mató a mi hermana ‘ahí se las mando, pa’ que les duela’. La empalaron, la violaron y le metieron un tiro en la cabeza volándole los sesos. Los victimarios están en el Congreso y en otros importantes cargos. Nosotros las víctimas tenemos que callarnos. Aquí en Colombia no hay justicia. Contamos con la justicia divina”, expresó la víctima en conversación con El Tiempo.

Sin embargo, algunas víctimas esperan que el exparamilitar ayude a la construcción de verdad en Colombia, teniendo en cuenta que fue nombrado como gestor de paz. La senadora del Pacto Histórico Isabel Cristina Zuleta aseguró que tiene esperanzas de que revele información necesaria sobre los hechos de violencia ocurridos en Colombia por culpa del paramilitarismo.

“Que nos diga quiénes fueron los financiadores, quiénes apoyaron a las estructuras del paramilitarismo que nos hicieron tanto daño en Colombia, porque es la verdad la que nos puede dar garantías de no repetición. Pero también tenemos esperanzas para que nos apoye en los procesos de paz con los no rebeldes”, precisó la congresista.

Por su parte, el líder del partido de Salvación Nacional, Enrique Gómez, criticó la salida de Mancuso de la cárcel con “complicidad” del “desgobierno” actual y rechazó, asimismo, que el fiscal Mario Burgos ya no vaya a estar al frente de la investigación penal en contra de Nicolás Petro, hijo de Gustavo Petro. “Al niño del dictador nadie lo toca”, añadió.

Finalmente, el expresidente Álvaro Uribe Vélez se pronunció explicando que durante su administración otros criminales también fueron designados como gestores de paz y quedaron en libertad. “No sorprende la finalidad de la libertad de Mancuso, pero los otros, con 19 años de cárcel, que no se prestan para hacer el juego de “bisagras”, los discriminan y no los reconocen como gestores de paz. Recuerdo que reconocí como gestores de paz, después de muchos años de cárcel, a Francisco Galán y a Felipe Torres del ELN. Por eso obtuvieron libertad”, detalló.

La Unidad Nacional de Protección (UNP) se encargará de garantizar la seguridad del exlíder de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). “La @JEP_Colombia y la @UNPColombia tienen dos tipos de convenios. Uno para magistrados y otro para lo que la JEP define como víctimas. La JEP implementa medidas y la UNP acata y hace la logística. En el caso de Salvatore Mancuso la JEP solicita esquema y la UNP cumple con el convenio”, precisó la entidad en X.

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El ex jefe paramilitar estaba recluido en La Picota en Bogotá y solicitó la revisión de una acción de habeas corpus para conseguir su libertad, luego de que la jueza de Justicia y Paz determinara que podía salir de la prisión. Sin embargo, hacía falta la verificación de su historial criminal, por el cual podría haber sido requerido por otras autoridades. El Inpec despejó las dudas al respecto y avaló su libertad.

“El día de hoy el establecimiento La Picota informa que después de revisada la hoja de vida no hay un requerimiento judicial alguno que permita tener privado de la libertad al señor Mancuso”, precisó el director del Inpec, coronel Ronaldo Ramírez Sanabria. Asimismo, explicó que la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, también se pronunció al respecto, solicitando un trabajo conjunto entre la UNP y el Inpec para brindarle un esquema de protección al salir de La Picota.

Por eso, varias camionetas de la UNP llegaron hasta el establecimiento carcelario para recoger al exparamilitar cumpliendo con todos los protocolos de seguridad requeridos. A través de sus redes sociales, el exlíder de las AUC indicó que dará declaraciones públicas con respecto a su liberación el jueves 11 de julio de 2024 en horas de la mañana.

La salida de Salvatore Mancuso de la cárcel ha generado varias críticas por tratarse de un ex jefe de las AUC, implicadas en varios crímenes en Colombia. Además, la Fiscalía General de la Nación le imputó más de 24.000 delitos que presuntamente perpetró mientras dirigió varios bloques de la estructura paramilitar. Entre ellos están el homicidio en persona protegida, violencias basadas en género, masacres y desapariciones forzadas.

No obstante, fue designado como gestor de paz, lo cual celebró desde su estado de privación de la libertad en marzo de 2024. “Esta designación incluso es más importante que la desmovilización de las mismas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)”, afirmó el exparamilitar.

Debido a su nombramiento, de hecho, esperaba que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le concediera la libertad, pero no fue así y, además, recordó que la designación como gestor de paz fuer negada por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Barranquilla. De igual manera, argumentó su decisión con el conflicto de intereses que se presentó con Justicia y Paz con respecto quién debía tener la responsabilidad de otorgar o impedir su libertad.

El nuevo ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, explicó a varios medios de comunicación que la liberación del ex jefe paramilitar debe ser acatada. “Obviamente, hay que respetar esa decisión y lo que yo he escuchado de las declaraciones del señor Mancuso es su compromiso con la construcción de la reconciliación en Colombia y yo creo que todo eso ayuda”, aseveró.

Nuevamente, la libertad del exparamilitar Salvatore Mancuso, que fue líder de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), genera incertidumbre. Pues, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá se abstuvo de resolver una acción de habeas corpus presentada por el agente oficios, Alfredo Yermain Trujillo Salcedo, toda vez que consideró que no se cumplieron los requisitos para que el abogado pudiera presentar la acción. Por su parte, el ex jefe paramilitar alega que su detención en La Picota fue “ilegal”.

“Es claro que no se demuestra por parte del agente oficioso que el señor Salvatore Mancuso Gómez no pueda presentar la acción por él mismo, por el contrario, ya interpuso la acción en nombre propio y, fue repartida al Doctor Leonel Rogeles Moreno Magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá”, se lee en la decisión de la magistrada Marleny Rueda Olarte, conocida por El Tiempo. Esto, implicaría que, por ahora, el exparamilitar no podrá salir de la cárcel.

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No obstante, Mancuso solicitó la revisión de otro habeas corpus, esta vez a nombre propio y en pleno ejercicio de sus derechos constitucionales, del que todavía se espera una resolución. Lo anterior, también fue tomado en cuenta por la magistrada al tomar su determinación: “Es procedente abstenerme de resolver la presente acción de habeas corpus, pues no se cumplieron los requisitos para interponerse por medio de agente oficios”.

Adicionalmente, de acuerdo con W Radio, Mancuso no estaba enterado de que el accionante que hizo las veces de agente de oficios solicitara su libertad “Su acción de habeas corpus no fue concertada y coordinada conmigo”, aseveró en un correo electrónico revelado por la emisora. Por eso, justamente, solicitó que se estudie la acción que él mismo presentó.

El lío de competencia sobre la libertad de Mancuso

Actualmente, hay una seria discusión sobre la posibilidad de otorgarle la libertad, teniendo en cuenta que la Corte Constitucional está deliberando si la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es competente para decidir al respecto o si la tarea le corresponde a Justicia y Paz. La primera decidió negar su libertad, pero la segunda, tomó la determinación de otorgársela. Este último fallo, proferido por la jueza Luz Marina Zamora Buitrago en una audiencia llevada a cabo el 5 de julio de 2024, se basó en la cancelación de todas las órdenes de captura que Mancuso tenía en contra desde la justicia ordinaria, por procesos de Cúcuta y Villavicencio.

“Yo recibo el proceso con la boleta de detención, y que estoy ordenando la cancelación y en la determinación que adopté sobre ese proceso, además le estoy diciendo a la cárcel que con ocasión de ese proceso usted (Mancuso), ya no es requerido, por lo tanto, puede entrar a gozar la libertad, a menos que sea requerido por otra autoridad judicial”, detalló la jueza en la audiencia.

La decisión de Justicia y Paz fue utilizada como argumento por el agente oficios del exparamilitar para presentar la acción de habeas corpus, que finalmente no fue resuelta por el Tribunal Superior de Bogotá. Sin embargo, la cárcel La Picota de Bogotá indicó que todavía no es posible otorgar la libertad del hoy procesado porque no se tiene claridad sobre si tiene algún otro requerimiento en contra.

El centro de reclusión ya hizo el trámite de varios oficios con el fin de investigar con diferentes autoridades al respecto, pero, “a la fecha 18 autoridades no han brindado respuesta a los requerimientos realizados”, precisó la cárcel en una comunicación enviada al Tribunal de Bogotá, citada por el informativo.

No obstante, la posibilidad de que el exparamilitar recupere la libertad sigue presente, según informó la magistrada de la JEP Heidy Baldosea, que suscribió un oficio en el que certifica que Mancuso tendría ese derecho porque sobre él no pesa ninguna medida de aseguramiento en centro carcelario que se lo impida.

“Se especifica que Mancuso Gómez, no tiene medida de aseguramiento ni restricción de la libertad impuesta por esta Jurisdicción que conlleve a que esta jurisdicción lo requiera en términos de privación de la misma”, detalló la magistrada, citada por El Tiempo.

El ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación en contra de tres funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec): Mauricio Ríos Moreno, director de la cárcel La Picota; Johan López Sánchez, director encargado del penal; y Ferney Ortiz Romero, encargado del área jurídica. El excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) los acusa de prevaricato por omisión y prolongación ilícita de la privación de la libertad.

Salvatore Mancuso, que actualmente se encuentra recluido en el pabellón nueve de La Picota, afirma que dos jueces de Justicia y Paz emitieron a su favor tres boletas de libertad que no fueron debidamente ejecutadas por el Inpec ni por los tres funcionarios denunciados. Según el ex líder paramilitar, su permanencia en la prisión “se ha prolongado de forma arbitraria e ilícita” debido a la omisión de los mencionados funcionarios.

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En su denuncia, Mancuso asegura: “Durante más de 130 días de reclusión que llevo en este establecimiento penitenciario, el Inpec, y en especial los aquí denunciados, han omitido la actualización y depuración de mi cartilla biográfica y hoja de vida, lo que ha resultado en la prolongación de mi privación de libertad de manera ilegal y arbitraria”.

El ex comandante de las AUC señaló que las autoridades de La Picota “han ignorado las órdenes judiciales de actualización y depuración” de sus registros, manteniendo “anotaciones y medidas de aseguramiento que ya no tienen vigencia legal”. Algunas de estas anotaciones, según la denuncia de cinco páginas, son de hace más de quince años.

Mancuso alega que estos funcionarios actuaron en detrimento de su libertad, que inventaron nuevos procesos o dudas ante procesos ya revisados y decantados cada vez que se les demostraba con documentos oficiales, que no existía ninguna orden para retenerlo.

El 5 de julio, la juez Luz Marina Zamora, de Ejecución de Sentencias de Justicia y Paz, ordenó liberar a Mancuso tras levantar las órdenes de detención y medidas de aseguramiento reflejadas en siete procesos que acumulan más de dos docenas de sentencias.

La juez también indicó que debía revisar ocho procesos más para determinar si existen otras medidas vigentes en su contra. Zamora aseguró que el ex jefe paramilitar podía gozar de su libertad si no es requerido por ninguna otra autoridad y explicó que ella misma debe verificar si otros entes judiciales han tomado decisiones sobre el beneficio para él.

Sin embargo, Mancuso y su defensa culpan al Inpec por la prolongación de su privación de libertad. “Los denunciados han omitido su deber de diligencia y verificación y hoy en día me están prolongando mi libertad sin causa legalmente sustentada”, dice el documento presentado por el exparamilitar.

“A pesar de haberse solicitado en innumerables ocasiones, el Complejo Carcelario de La Picota jamás sustanció mi cartilla biográfica y hoja de vida, con el propósito de prolongar de manera ilegal y arbitraria la privación de mi libertad, precisamente para hacer lo que está haciendo en estos momentos: negarme la libertad”, afirmó Mancuso en su denuncia.

Según Mancuso, un día después de la decisión de la juez Zamora, Johan López y Ferney Ortiz le informaron que existían varias medidas de aseguramiento en su contra, aunque el mismo 5 de julio le habían confirmado que no existía ninguna boleta de encarcelamiento o medida de aseguramiento legal vigente.

“Mi detención se torna ilegal y arbitraria”, se lee en la querella. “Y lo peor, han prolongado de manera ilegal y arbitraria la privación de mi libertad con información no veraz”, agregó.

La denuncia se basa en la violación de los artículos 28 y 29 de la Constitución Política de Colombia, así como en sentencias de la Corte Constitucional (T-079 de 1993) y la Corte Suprema de Justicia (SP12889-2017), de acuerdo con los argumentos presentados por Mancuso.

Además, se alega la falta de documentos legales válidos para la privación de libertad, lo que constituye una detención ilegal y arbitraria según el artículo 417 del Código Penal Colombiano, se puede leer en la querella.

A continuación, la denuncia de Mancuso a funcionarios del Inpec:

La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) negó la posibilidad de que el excomandante Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) Salvatore Mancuso acceda a la libertad transitoria, condicionada y anticipada que solicitó su defensa. No obstante, en una audiencia llevada a cabo el 5 de julio de 2024, la jueza Luz Marina Zamora Buitrago de Justicia y Paz ordenó levantar la medida de aseguramiento en centro carcelario que pesa sobre él y que está cumpliendo en la cárcel La Picota de Bogotá.

“Yo recibo el proceso con la boleta de detención, y que estoy ordenando la cancelación y en la determinación que adopté sobre ese proceso, además le estoy diciendo a la cárcel que con ocasión de ese proceso usted (Mancuso), ya no es requerido, por lo tanto, puede entrar a gozar la libertad, a menos que sea requerido por otra autoridad judicial”, detalló la jueza en la audiencia.

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La jueza determinó que se debe ratificar la libertad que se le concedió en marzo de 2024, puesto que, desde su perspectiva, la posibilidad de recuperar su libertad es un derecho que debe primar sobre el actual conflicto de competencias que hay entre la JEP y Justicia y Paz, la cual debe ser resuelta por la Corte Constitucional. En esa medida, podría gozar de este derecho a partir del 8 de julio de 2024.

De acuerdo con Nelson Menjura, abogado del excomandante de las AUC, la jueza decidió cancelar todas las órdenes de captura que Mancuso tenía en contra en la justicia ordinaria, relacionadas con procesos judiciales de Villavicencio y de Cúcuta. Por eso, aseguró que debe recuperar su libertad de manera inmediata.

Por eso, la jueza informó que explicará al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y a los funcionarios de la cárcel La Picota las razones por las cuales el procesado debe salir. No obstante, se tendrá que verificar que no esté siendo requerido por ninguna otra autoridad.

Por otro lado, la defensa también indicó que el conflicto enter la JEP y Justicia y Paz, referente a cuál de las dos es competente para tomar determinaciones con respecto a la libertad del exparamilitar, no debe afectar en nada el proceso contra su cliente.

“Este conflicto es un asunto independiente que no afecta para nada las decisiones de libertad de Salvatore Mancuso. Lo que va a afectar, posteriormente, es si llegan a decir que la competencia es exclusiva de la JEP o de Justicia y Paz. De ser así, Salvatore pasaría de manera exclusiva, si así lo señala la Corte, por una de esas dos jurisdicciones o si se decide podría ser por las dos jurisdicciones”, explicó el abogado, citado por El Tiempo.

Durante la audiencia en cuestión, a la que tuvo acceso la revista Semana, la jueza alcanzó a tener algunas dudas sobre la decisión que debía tomar al respecto, lo que llevó al exparamilitar a pronunciarse e interrumpirla en varias ocasiones.

Pues, la jueza indicó que, hasta que no fueran incorporados algunos procesos, no podría pronunciarse. Entonces, Mancuso criticó su explicación: “Perdón, su señoría, usted se pronunció desde el momento en que abogó conocimiento y vigila todas estas penas, por lo tanto, usted ya brindó a todos los sujetos procesales las garantías fundamentales”, señaló el exparamilitar en la audiencia.

Entonces, la jueza aseguró que, en efecto, está vigilando las penas, las cuales incorpora y analiza para tomar una decisión. No obstante, el ex comandante de las AUC la interrumpió, impidiendo que terminara de detallar sus argumentos. “Una cosa es incorporarla y otra cosa es que usted me haya dado la libertad por ellas. Que no las haya incorporado, no significa que no me haya dado la libertad por ellas”, sostuvo.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tomó una decisión relevante en el caso de Salvatore Mancuso Gómez, excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas denegó la solicitud de libertad transitoria, condicionada y anticipada presentada por la defensa del exlíder paramilitar, así como su petición de libertad en calidad de gestor de paz designado por el Gobierno nacional, encabezado por Gustavo Petro.

La Sala explicó: “La comparecencia de Mancuso ante la JEP se encuentra en estudio por parte de la Corte Constitucional debido a una ‘colisión positiva de competencia de jurisdicciones’, la competencia de la JEP, por el factor personal, se encuentra cuestionada”.

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Salvatore Mancuso, que fue extraditado a Estados Unidos y luego repatriado a Colombia, enfrenta múltiples procesos por crímenes cometidos durante el conflicto armado. La justicia transicional manifestó que su competencia para juzgar al exparamilitar fue cuestionada debido a un conflicto de jurisdicciones.

Además, la Sala argumentó que la solicitud de libertad de Mancuso como gestor de paz fue negada previamente por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Barranquilla. Esta decisión fue apelada, pero aún no ha sido resuelta por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, lo que agrava el conflicto de competencias en la Corte Constitucional.

La JEP consideró que el artículo 61 de la Ley de Justicia y Paz no es aplicable a exmiembros de grupos guerrilleros o paramilitares que depusieron las armas ni a integrantes de estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto.

Este artículo establece que: “El Presidente de la República tendrá la facultad de solicitar a la autoridad competente, para los efectos y en los términos de la presente ley, la suspensión condicional de la pena, y el beneficio de la pena alternativa a favor de los miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley con los cuales se llegue a acuerdos humanitarios (sic)”.

Por estos argumentos, se negó la libertad del exjefe paramilitar

El abogado de Mancuso había solicitado a la Subsala Especial de Decisión y Conocimiento que determinara el estado de libertad de su defendido y los beneficios transicionales provisionales, ya que alegó que su cliente había presentado su compromiso a la verdad entre 1989 y 2004, lo cual, según él, le daba competencia a la JEP para resolver la situación.

La JEP determinó que la Resolución Presidencial 244 tiene vicios que la hacen incompatible con la Constitución Política, al pretender una excarcelación abierta e ilimitada para alguien responsable de numerosos crímenes de lesa humanidad y de guerra.

En el fallo se indicó que el exjefe paramilitar tenía vigentes 33 medidas de aseguramiento consistentes en detención preventiva no sustituidas, relacionadas con varios frentes y bloques de las AUC. “El señor Mancuso Gómez era requerido con ocasión de ese proceso acumulado, atendiendo la vigencia de orden de captura con fines de extradición y notificación Roja Interpol”, se lee en el documento.

Esto generó un conflicto positivo de competencias entre la jurisdicción ordinaria y la JEP, el cual fue remitido a la Corte Constitucional para su resolución. “El Juzgado Penal del Circuito con Función de Ejecución de Sentencias para las Salas de Justicia y Paz del Territorio Nacional se abstuvo de resolver y propuso conflicto positivo de competencias entre jurisdicciones, y procedió a remitir las piezas procesales correspondientes a la Corte Constitucional para dirimir el conflicto”, según el fallo.

La decisión de la JEP se resume en tres resoluciones clave:

1. No conceder la libertad transitoria, condicionada y anticipada (Ltca) solicitada por la defensa de Salvatore Mancuso ni la libertad solicitada para el ejercicio como gestor de paz.
2. Remitir copia de la petición de Ltca a la Corte Constitucional para que obre dentro del trámite de colisión de competencias de jurisdicciones.
3. Contra esta decisión proceden los recursos de reposición y apelación de conformidad con lo previsto en la ley.

Acá puede ver la decisión de la justicia transaccional

Alias Gordo Pepe, considerado como uno de los hombres más cercanos de Vicente Castaño, contó en una carta detalles del asesinato del comandante paramilitar; un documento que es exhibido por Salvatore Mancuso como prueba del crimen en el que ha mencionado a funcionarios del Gobierno nacional de la época.

La muerte de Castaño Gil ha vuelto a ser motivo de debate por cuenta de las declaraciones de Mancuso Gómez, quien señala que en el crimen supuestamente estuvieron involucrados miembros del Gobierno nacional, como el comisionado de Paz Luis Carlos Restrepo.

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Sin embargo, las pruebas que dice tener el exjefe del bloque Catatumbo para las aseveraciones que ha hecho, no se conocen. Solo una de ellas fue revelada por El Tiempo y se trataría de una carta de Byron Jiménez Castañeda, conocido como el Gordo Pepe, quien era el encargado de administrar la fortuna del entonces líder de las AUC.

La misiva habría sido redactada a puño y letra poco tiempo después de que se produjera el homicidio. En ella, quien fue la mano derecha de Castaño, se refiere a su extinto jefe como “Señor” y asegura conocer todo lo que ocurrió para quitarle la vida al poderoso paramilitar.

Según el documento, el asesinato fue perpetrado el 17 de marzo de 2007 producto de una vendetta entre los jefes paramilitares. Asegura que alias don Berna y Rogelio convencieron a Carepollo, a quien dice que “fue el que se nos torció”, para ejecutar el crimen, en el que también habrían participado Éver Veloza y HH.

Aunque la carta sostiene que el homicidio se produjo como una vendetta de la mafia, también asegura que hubo interés del Gobierno en que lograra la muerte de Castaño, porque supuestamente tenía información sobre incumplimientos de los acuerdos alcanzados con los paramilitares.

“Gente del Gobierno que no querían que el Sr. fueran a cogerlo vivo, porque él sí sabía que el Gobierno había incumplido con el proceso de paz. El operativo lo hizo gente del Gobierno y Policía”, dice la carta de alias el Gordo Pepe.

Para el momento del crimen, Vicente Castaño Gil se encontraba prófugo de la justicia porque había rechazado desmovilizarse con el pacto de Ralito. Según Mancuso, el comandante paramilitar le hizo saber al Gobierno que no se sometería a la justicia por supuestos incumplimientos en lo acordado durante las negociaciones.

La traición que asegura Pepe que ocurrió fue la entrega de la información de ubicación de Castaño, que habría sido hecha por parte de alias HH, también conocido como alias Hernán Hernández.

“Ya ellos sabían dónde estaba el Señor porque Hernán había estado allá varias veces. El señor iba a hacer una reunión con Hernán a finales de febrero cerca de donde estaba él encaletado, pero días antes de la reunión Hernán fue muy grosero con él y no le quiso salir a la reunión”, dice el documento.

La reunión se canceló, según la carta del Gordo Pepe, debido a ese altercado, que produjo una pelea entre ambos comandantes paramilitares. Alias Hernán le habría respondido a través de una carta en tono alto, que fue respondida por Castaño Gil llamándolo desagradecido, tirador y acomodado.

“Que él un día se le había torcido, que los iban a matar que porque ellos dos se habían torcido y tenían con el Gobierno un (acuerdo)”, dice la carta, en la que sostiene que ambos comandantes paramilitares, según creía Castaño, se iban a ir a otro país.

En la carta se dice que los comandantes paramilitares que se acogieron a la desmovilización se sentían traicionados por Castaño Gil y lo acusaban de supuestamente colaborar con la DEA. Sin embargo, el Gordo Pepe dice que se trataba de una falsedad porque ‘El Viejo’ había dejado de tener contacto con otras personas desde que se escondió en la finca de Playa Rica, Córdoba.

“La matada del Señor fue dirigida por ‘don Berna’ desde la cárcel y por ‘Macaco’ (...) Ellos decían que al Señor no se la perdonaban porque él había sido el que los llevó a esa negociación, que todos ellos habían creído en él y que no era justo que él no estuviera con ellos en la cárcel”, dice el documento.

Hébert Veloza García, uno de los paramilitares clave en esa organización, y conocido con el alias de HH, quedó en libertad por decisión del la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, que consideró que ya había cumplido con la pena de prisión impuesta en el 2012.

En la decisión se le concedió la libertad a prueba. Es decir, alias ‘HH’ cumplió con la pena alternativa que le correspondía como compareciente de Justicia y Paz, pero deberá cumplir con una serie de obligaciones especiales por los próximos cuatro años, cuando se extinguirá la pena ordinaria.

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Alias ‘Mono Veloza’, como también se le conocía en el mundo criminal, no quedará en libertad de manera inmediata. El juez condicionó el beneficio a que ninguna autoridad judicial lo requiera en un proceso diferente a los que fueron objeto de condena. En ese caso se haría efectiva su liberación.

Veloza García nació el 4 de julio de 1967 en Trujillo, Valle del Cauca. Se vinculó a las Autodefensas Unidas de Colombia a los 27 años, a mediados de 1994, en el municipio de Valencia, Córdoba, donde hacía labores de patrullero rural de un grupo que pretendía incursionar en el Urabá.

Creció rápidamente en la organización y se ganó la confianza de Carlos Castaño, quien en 1996 le entregó la comandancia del Frente Turbo, también conocido como el bloque Bananero, que operó en la región del Urabá antioqueño hasta su desmovilización en 2004.

En 2002, de acuerdo con las sentencias de Justicia y Paz, alias ‘Hernán Hernández’, como se le conocía a Veloza para entonces, fue comandante del bloque Calima que tenía a su cargo ocho frentes.

Para 2004 fue reconocido como uno de los representantes de las AUC para el proceso de desmovilización, el cual cumplió por apenas unos meses, para pasar nuevamente a la clandestinidad, hasta que fue capturado en abril de 2007 en la finca Arroyo de Mulato en el municipio de Tarso, Antioquia.

Veloza, con un grupo de más de 100 paramilitares, recorrió entre el 10 y el 13 de abril de 2001 la rivera del río Naya, desde la vereda del Timba hasta Puerto Merizalde, de acuerdo con Rutas del Conflicto, para asesinar a campesinos como supuestos colaboradores de la guerrilla. Las cifras de víctimas van desde 27 cuerpos que han sido recuperados, hasta 100 personas asesinadas, de acuerdo con los testigos.

Durante las audiencias de versión libre en Justicia y Paz, alias HH confesó 795 hechos como comandante paramilitar, de los más de 3.500 que se atribuyen a los miembros de las estructuras que dirigió. Fue imputado por 88 cargos como reclutamiento ilícito, desaparición forzada, homicidios agravados, entre otros.

En 2009 Hebert Veloza fue extraditado a Estados Unidos y condenado en 2013, acogido nuevamente en Justicia y Paz, con 480 meses de prisión y una multa de 17.950 mensuales vigentes. Los años que duró preso en Nueva York por delitos de narcotráfico no le fueron restados en el cumplimiento de la pena alternativa.

Alias HH regresó a Colombia a mediados de 2017 y fue enviado a la cárcel de Itagüí para completar los años de prisión impuestos en su contra. Desde ese momento la defensa inició una serie de acciones para conseguir la libertad del exparamilitar, que dieron fruto hasta el 2024.

En medio de su proceso, Veloza confesó haber participado en uno de los hechos enigmáticos del paramilitarismo, como fue el asesinato, por sus mismos hombres, de Carlos Castaño. HH dijo haber participado en esa operación y entregó una USB con datos del funcionamiento de la organización.

Según su relato, Vicente Castaño fue quien ordenó el homicidio de su hermano. Como prueba entregó unas memorias que poseía el excomandante paramilitar.

Jorge Luis Alfonso López, hijo de la reconocida empresaria de chance con una estrecha relación con el paramilitarismo Enilce López, conocida como La Gata, enfrenta varias cuentas pendientes con la justicia colombiana.

El jueves 23 de mayo, alias El Gatico fue víctima de un atentado mientras se encontraba en una clínica debido a problemas de salud. Sobre Jorge Luis Alfonso López se sabe que ejerció como alcalde de la ciudad de Magangué, en el departamento de Bolívar, entre 2003 y 2006.

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Es de mencionar que en su momento, su gestión fue seguida por investigaciones por parte de organismos de control que lo vincularon con paramilitares, homicidios y hechos de corrupción. En materia disciplinaria, Alfonso fue destituido e inhabilitado durante 20 años por irregularidades en contratación. Además, enfrentó cargos criminales que lo llevaron a la cárcel en agosto de 2012, cuando en medio de un operativo la Fiscalía, le encontraron varias armas.

Ya en 2015, el ente investigador resolvió su situación jurídica, bajo la Ley 600, acusándolo por el asesinato del ciudadano libanés Hamil Kasser Alí, ocurrido en 2004 en Magangué. Sin embargo, aún no se ha determinado su grado de responsabilidad, ni se ha dictado una sentencia, a pesar de que los hechos ya cumplieron 20 años.

Pero no todo termina allí. El Gatico también recibió, en junio de 2014, una condena de 39 años de prisión por el asesinato del periodista Rafael Enrique Prins, ocurrido el 18 de febrero de 2005. Fue acusado de homicidio agravado y concierto para delinquir. Asimismo, ha sido investigado y acusado por sus vínculos con grupos paramilitares, al igual que su hermano, el excongresista Héctor Julio Alfonso López, y su madre, Enilce López.

El 2 de febrero de 2023, Jorge Luis Alfonso López fue puesto en libertad para actuar como gestor de paz, pero el 10 de febrero se revocó dicha decisión y se ordenó su recaptura. Cabe mencionar que esta medida no se ha hecho efectiva, debido a supuestos quebrantos de salud, que entre otras, era la razón por la cual se hallaba en la clínica al momento de su atentado.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) rechazó la solicitud de sometimiento de El Gatico, considerándolo como sesgado e insatisfactorio en la contribución a la verdad. “La Sala comparte la valoración del Ministerio Público de los aportes a la verdad del solicitante, los cuales tilda de “sesgados” o parcializados en la medida en que la contribución a la verdad del señor ALFONSO LOPEZ ante la JEP consistía, fundamentalmente, en el señalamiento de terceras personas, negando de manera expresa su participación -y la de su familia-en conductas delictivas cometidas en el marco del CANI”.

La familia de Jorge Luis Alfonso López ha estado bajo la sombra del paramilitarismo. Su madre, Enilce López, La Gata, que falleció en una clínica de Barranquilla a comienzos de 2024 por complicaciones en su salud, fue condenada a 37 años de prisión por el asesinato del vigilante Amaury Fabián Ochoa en el 2000.

Por otra parte, su hermano, Héctor Julio Alfonso López, fue representante a la Cámara por el departamento de Bolívar entre 2006 y 2010, pero no se mantuvo en el Legislativo mucho tiempo, debido, precisamente a las investigaciones relacionadas con paramilitarismo que se iniciaron en su contra; finalmente, el Consejo de Estado le dio muerte política por su relación con la empresa de chance Aposucre, cuando fue senador entre 2010 y 2014.

En el atentado contra El Gatico, ocurrido en la Mediclínica IPS, situada en el norte de la capital del Atlántico, fallecieron su escolta, Eduar Yesid Montero y Edelmiro El Chino Anaya González: además, un civil también resultó herido. Las autoridades continúan tras la pista del escuadrón de sicarios.