La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) negó la solicitud presentada por la defensa del coronel (r) David Herley Guzmán Ramírez para excluir varios testimonios dentro del juicio adversarial que se adelanta en su contra por presuntos casos de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas ocurridas entre 2004 y 2005 en los municipios de Dabeiba e Ituango, en Antioquia.

La decisión se conoció durante la segunda sesión del juicio adversarial, en la que el oficial retirado compareció ante los magistrados del tribunal de paz. En este proceso se investigan hechos que, según la acusación, habrían dejado 18 víctimas, entre ellas cuatro menores de edad, en el marco de operaciones militares desarrolladas en esa subregión del departamento.

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En la audiencia, la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) presentó como testigo a Isaías Montes Hernández, alias Junior, exsegundo comandante militar del Bloque Mineros de las Autodefensas Unidas de Colombia.

Durante el interrogatorio dirigido por la fiscal Sandra Ramírez, el exparamilitar afirmó que sostuvo comunicaciones frecuentes con el entonces mayor Guzmán en el segundo semestre de 2004, cuando este se encontraba en el corregimiento de Santa Rita.

“Si era la coordinación entre el Mayor Guzmán y mi persona, era una comunicación excelente”, declaró Montes ante los magistrados de acuerdo a El Tiempo. Según su versión, esas comunicaciones se realizaban a través de radio y eran diarias. También aseguró que informaba sobre sus movimientos en la zona y que ello le permitía tener “libre movimiento”.

Montes sostuvo que, por orden del entonces oficial del Ejército, retuvieron a dos civiles en un campamento provisional ubicado en el sector del Alto del Oso. Indicó que permanecieron allí “varios días”, bajo una carpa, con cobijas y esposados de las manos.

Asimismo, señaló que posteriormente recibió la instrucción de liberar a uno de los retenidos y de entregar al otro a miembros del Ejército que se encontraban a unos tres kilómetros del campamento. En su relato inicial afirmó que uno de los civiles fue entregado vestido con camuflado.

El testigo también manifestó que, según su percepción, las autoridades militares conocían la existencia del campamento paramilitar y que no se realizó ninguna acción para impedir su funcionamiento. Estas afirmaciones hacen parte de su declaración y serán valoradas por los magistrados dentro del proceso.

Testimonio del padre de un joven retenido

En la misma audiencia declaró Jeoveb Muñetón, padre de Wilber Muñetón, uno de los jóvenes que, según su relato, fue retenido en noviembre de 2004.

Ante los magistrados, recordó el momento en que supo que su hijo había sido llevado por hombres armados. “A mí se me juntó el cielo con la tierra”, expresó durante su intervención afirmó Blu Radio.

Muñetón aseguró que habló directamente con el mayor Guzmán y que, tras tomar un radio de comunicación, el oficial le habría confirmado que su hijo estaba retenido en el sector del Alto del Oso. Según el testimonio, el joven permaneció en cautiverio entre ocho y diez días y regresó en condiciones que su padre describió como “bastante acabado”.

De acuerdo con su relato, tiempo después la familia decidió desplazarse del corregimiento debido a la situación de violencia en la zona.

La solicitud de exclusión y la respuesta del tribunal

En horas de la tarde, cuando se reanudó la audiencia, la defensa del coronel (r) Guzmán solicitó que no se tuvieran en cuenta los testimonios relacionados con los hechos del 9 de diciembre de 2004, en los que fueron asesinadas cuatro personas.

El argumento expuesto por la defensa fue que ese caso ya había precluido en la justicia ordinaria, por lo que, en su criterio, no debía ser incorporado dentro del análisis del tribunal de paz.

La Fiscalía, la Procuraduría y la representación de las víctimas se opusieron a la solicitud y pidieron que dichos testimonios permanecieran dentro del proceso.

Tras escuchar a las partes, los magistrados de la JEP resolvieron negar la solicitud de exclusión, por lo que los testimonios continuarán haciendo parte del acervo probatorio que será valorado en el juicio.

Luego de la decisión, el abogado del oficial retirado interpuso recurso de reposición y, en subsidio, recurso de apelación. Debido a ello, la diligencia fue suspendida y continuará el 25 de febrero a las 8:00 de la mañana, cuando se escuchará la sustentación de los recursos y nuevos testimonios.

Un proceso en etapa adversarial

El juicio contra el coronel (r) David Herley Guzmán Ramírez se desarrolla en la etapa adversarial ante la JEP, escenario en el que la Unidad de Investigación y Acusación actúa como ente investigador y acusador.

En este proceso, el tribunal deberá valorar los testimonios, pruebas documentales y demás elementos presentados por las partes para determinar si existe responsabilidad penal individual por los hechos investigados.

En un hecho que ha generado sorpresa a nivel nacional, el exciclista Lucho Herrera, una de las glorias del deporte colombiano de los 80 y 90, fue vinculado por dos paramilitares en un caso de desaparición forzada de cuatro personas.

“El señor Lucho Herrera me ofrece algo de beber y me da dos sobres de manila, en uno de ellos venían las fotos de cuatro personas que teníamos que recoger, dijo que eran milicianos de la guerrilla que lo iban a secuestrar, y en el otro sobre había 40 millones y nos dice que si queremos para comprar unas pistolas y unas motocicletas. Esa gente colindaba con la finca de él”, declaró Luis Fernando Gómez, alias Ojitos.

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Debido a la acusación contra Herrera, una jueza pidió investigar al oriundo de Fusagasugá, en un caso que fue tomado por un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos.

Hasta el momento, se ha anunciado que se contempla la exploración y exhumación en los predios señalados por los paramilitares, que se llevarían a cabo entre el 21 y 26 de abril.

Por parte de Herrera, el exciclista compartió un comunicado de prensa en el que rechazó las acusaciones en su contra y aseguró que no tenía nada que ver con los crímenes cometidos por los paramilitares que lo señalaron.

“Jamás he pertenecido a organizaciones criminales ni he pretendido causar daño a persona alguna. Mi vida la he dedicado al deporte, y tras mi retiro del ciclismo profesional, a trabajar de forma honesta. Rechazo de manera enfática las imputaciones que pretenden enlodar mi nombre y mi trayectoria como ciudadano, trabajador y padre de familia”.

Abogado analizó el caso Lucho Herrera

En diálogo con Infobae Colombia, el profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana, Nicolás Mayorga, habló sobre lo que se podría registrar después de la investigación contra el exciclista.

En primer lugar, el jurista explicó que se registrará durante la investigación y los posibles escenarios, incluyendo una posible imputación en contra del exdeportista, aclarando que en todo momento se debe tener en cuenta la presunción de inocencia.

“Inició la etapa de indagación preliminar, tal como lo contempla el artículo 200 del Código de Procedimiento Penal. En esta fase no se ha formulado imputación formal, pero la fiscalía puede realizar actos investigativos como entrevistas, inspecciones, recolección de pruebas y análisis forenses. Si con base en estas diligencias se identifican indicios serios de responsabilidad penal, la fiscalía podrá formular imputación ante un juez de control de garantías".

Recordando que los paramilitares afirmaron que Herrera entregó $40 millones de pesos por la desaparición de sus vecinos, el abogado explicó qué cargos debería afrontar el campeón de La Vuelta a España en caso de comprobarse su participación en los hechos mencionados.

“El delito que podría analizar la Fiscalía, de ser confirmada su participación, es el de la desaparición forzada, contemplado en el artículo 165 del Código Penal. Este delito se configura si se acredita que Herrera facilitó o instigó la privación de la libertad de las víctimas, seguida del ocultamiento de su paradero y la negativa a reconocer la privación. En esta etapa procesal, es el único delito que podría considerarse plausible con los elementos actuales”.

Mayorga recordó que el artículo 382 del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004) establece que son medios de conocimiento: “La prueba testimonial, la prueba pericial, la prueba documental, la prueba de inspección, los elementos materiales probatorios, evidencia física, o cualquier otro medio técnico o científico, que no viole el ordenamiento jurídico“.

Este punto fue mencionado por el jurista para aclarar que hasta el momento solo hay testimonios en contra de Herrera, pero que estos deben estar acompañados de material probatorio, que hasta la fecha no se ha expuesto.

“En el caso de Lucho Herrera, donde los señalamientos provienen de exparamilitares, se requiere que dichos testimonios estén acompañados de otros medios de prueba que los confirmen de manera objetiva”.

El presidente de Colombia Gustavo Petro y la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia Laserna continúan protagonizando un fuerte intercambio de declaraciones en la red social X que parece subirse de tono y podría llegar a instancias legales.

Luego de la controversial publicación de un nuevo “himno a la revolución”, Petro decidió subir en su perfil un video en el que atacó directamente a la legisladora, que también es una de sus más férreas opositoras.

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En la pieza gráfica que emitió el jefe de Estado se observa, en medio de un evento público, la proyección de una intervención de la congresista durante un debate en el Congreso sobre la reforma laboral. El material audiovisual fue grabado en plena calle, durante una protesta, y de fondo se escuchan abucheos y silbidos en su contra. En medio de la gritería, se oye el término “paramilitar”, entre otros.

Petro compartió el video acompañado del mensaje: “¿Qué le pasó a Paloma? ¿Se dejó engañar de las encuestadoras pagas por la prensa tradicional?”

Entonces la senadora decidió contestarle, de manera contundente. “Presidente @petrogustavo, ¿usted me está acusando de paramilitar? Dígalo para demandarlo”.

Pero, además cuestionó la veracidad del video y, de la misma manera, del evento, en especial porque se indica en la pieza gráfica que trata de unos manifestantes que se congregaron en la Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá. De hecho, la senadora comentó:

“¿Dónde es ese evento? ¿Quién organiza un evento con un video mío?, ¿es un evento propiciado por usted contra mi?, ¿Qué mentiras dicen para generar odio? No parece el Cauca y yo no estoy ni estuve ahí”.

Las declaraciones explícitas que citó la senadora y que compartió el jefe de Estado en sus redes sociales están en una voz en off, a lo largo del video.

“La despreciable y paramilitar Paloma Valencia, nieta del asesino Guillermo León Valencia y de una familia de propietarios del Cauca, que se creen propietarios de los indígenas y de todos los habitantes del Valle y del Cauca. Personajes como estos son los que tienen que salir de la política nacional. Asesinos, narcotraficantes, violadores, secuestradores”, se oye, en medio de gritos y abucheos de “fuera, fuera”.

Posteriormente, la senadora Valencia Laserna aclaró que la grabación fue proyectada durante una manifestación en la Plaza de Bolívar, en medio de las recientes marchas convocadas por el propio Petro. “Ponen mi video para seguir diciendo mentiras y generar odios”, denunció Valencia, y agregó: “Las masas reaccionando a los odios que les infunden. Peligroso gobierno que busca violencia en mi contra”.

Paloma Valencia se sumó a polémica por el “nuevo himno de la revolución” compartido por Gustavo Petro

Un video que recopila imágenes de protestas sociales y menciona a figuras políticas de oposición, a lo largo de una exaltación o una oda a Petro como un revolucionario, generó controversia en Colombia.

El primer dignatario publicó en su cuenta de X un enlace a un video de la agrupación musical “Ritmos Revolucionarios”, titulado “Señor presidente, ¡cuente conmigo!”. En su mensaje, el mandatario calificó la canción como un posible “buen himno para la revolución colombiana” y alentó a sus seguidores a compartirlo.

El presidente escribió: “Este podría ser un buen himno para la revolución colombiana que quiero comience como respuesta a la tiranía y el engaño. Es un himno moderno de puños cerrados y multitudes unidas. Los elementos fundamentales de toda revolución. Dale un RT revolucionario”. La publicación no tardó en generar reacciones, tanto de apoyo como de rechazo, en el ámbito político y entre los usuarios de redes sociales.

Entre las respuestas más destacadas a la publicación del presidente se encontró la de Valencia, que utilizó la misma red social para expresar su desacuerdo con el mensaje de Petro. Aunque el contenido exacto de su respuesta no fue incluido en el reporte, su reacción se suma a las críticas que el video ha suscitado entre figuras de la oposición.

Además, utiliza fotografías y clips de políticos opositores, entre ellos el expresidente y exsenador Álvaro Uribe, la senadora María Fernanda Cabal, el senador Miguel Uribe, la propia Paloma Valencia, la candidata Vicky Dávila y el exsenador David Luna. La inclusión de estas figuras en el material audiovisual ha sido interpretada por algunos sectores como un intento de polarizar aún más el panorama político del país.

En un extenso documento de 133 páginas, la Fiscalía de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) presentó una acusación formal contra el coronel retirado David Guzmán, señalándolo como presunto responsable de liderar un plan sistemático para asesinar a 18 civiles, incluidos desmovilizados y personas acusadas de ser guerrilleros.

Según el escrito, estos crímenes habrían sido cometidos con el objetivo de presentarlos como bajas en combate y obtener reconocimientos y felicitaciones por resultados operacionales. La acusación fue radicada ante la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP, que ahora llevará a juicio al exmilitar.

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De acuerdo con el documento, al que tuvo acceso La W Radio, Guzmán habría diseñado y ejecutado un plan criminal en al menos ocho eventos, en colaboración con miembros de las unidades militares bajo su mando y, en algunos casos, con integrantes de grupos paramilitares como las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

La Fiscalía señala que el coronel retirado actuó de manera intencional y consciente, dando órdenes directas para llevar a cabo homicidios, desapariciones forzadas y actos de tortura contra civiles protegidos por el Derecho Internacional Humanitario (DIH).

Estas acciones, según el informe, se enmarcaron en un contexto de colaboración entre el Batallón Contraguerrillas 79, comandado por Guzmán, y los paramilitares, quienes habrían recibido apoyo para sus actividades de narcotráfico a cambio de facilitar bajas en combate.

El documento detalla que Guzmán no solo dio instrucciones precisas a sus subordinados, sino que también coordinó con grupos armados ilegales como los bloques Mineros y Elmer Cárdenas de las AUC. En algunos casos, estas órdenes incluyeron tratos crueles y degradantes hacia las víctimas, como torturas y humillaciones, con el fin de cumplir metas operacionales.

Según La W Radio, la Fiscalía subrayó que estas acciones no solo buscaban obtener felicitaciones, sino también otros incentivos asociados al desempeño militar.

Entre los casos documentados, se encuentra el secuestro de dos supuestos milicianos que fueron torturados antes de ser ejecutados, así como la detención de un ciudadano identificado como Wilber Muñetón, quien permaneció 11 días bajo custodia de paramilitares en condiciones inhumanas.

Según el escrito, Muñetón fue mantenido incomunicado, atado de pies y manos a un camastro, y alimentado únicamente con pan y refresco en polvo, mientras que otros alimentos ofrecidos estaban en estado de descomposición. La presión de autoridades locales, incluidos alcaldes, habría sido determinante para su liberación.

La acusación también describe métodos brutales empleados en los homicidios, como amarrar a las víctimas a árboles antes de dispararles con ametralladoras o lanzarles granadas para desfigurarlos y dificultar su identificación. En uno de los casos, se reportó la ejecución de un menor de 16 años, cuyo cuerpo presentaba múltiples impactos de bala, especialmente en el pecho, según las necropsias incluidas en el expediente.

La W Radio informó que los crímenes atribuidos a Guzmán fueron inicialmente investigados por los magistrados Alejandro Ramelli y Hugo Escobar.

En el marco de estas investigaciones, se reveló que el coronel retirado recibió una felicitación oficial por los resultados operacionales de la Operación Motilón y la Misión Táctica Neón el 19 de noviembre de 2004, apenas un día después de uno de los hechos documentados. Otro militar involucrado, el sargento segundo Fidel Iván Ochoa Blanco, también fue reconocido por su participación en estos eventos.

La Fiscalía de la JEP calificó los delitos como homicidio en persona protegida, desaparición forzada, torturas y tratos inhumanos, todos cometidos en el contexto de crímenes de lesa humanidad. Además, destacó las profundas afectaciones que estos actos generaron en las víctimas, especialmente en mujeres y familias enteras. Según el informe, las acciones del Batallón Contraguerrillas 79 no solo violaron el DIH, sino que también formaron parte de un ataque sistemático contra la población civil.