Un incremento inusitado de casos de vómitos y diarrea se dio este lunes en las instalaciones de salud de la provincia de Chiriquí, frontera con Costa Rica, cuando más de 450 personas, entre jóvenes y adultos, presentaron problemas gastrointestinales.

Las autoridades descartaron que esto se deba al consumo de agua potable, señalando que más bien es un norovirus, un virus muy contagioso que causa gastroenteritis (gripe estomacal), que puede afectar a cualquier persona.

La mayoría de las personas con la enfermedad por norovirus se recuperan entre uno a tres días, pero pueden seguir propagando el virus durante algunos días después.

Quienes son afectados por el norovirus empiezan a tener síntomas entre 12 y 48 horas después de haber estado expuestas a norovirus, siendo los síntomas más comunes diarrea, vómitos, náuseas, dolor de estómago. Otros síntomas son fiebre, dolor de cabeza y del cuerpo.

Hay quienes no descartan que la situación en la provincia de Chiriquí se deba al polvo del Sahara, un fenómeno natural que cruza cada año el océano Atlántico desde el norte de África y que, aunque aporta beneficios para los ecosistemas, también puede afectar la calidad del aire, incrementar la sensación térmica y agravar enfermedades respiratorias.

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) había emitió un aviso de vigilancia por la incursión de estas partículas, cuyas concentraciones serían moderadas en la mayor parte del país y bajas en el Pacífico Central y Occidental.

Un análisis publicado en 2024 por Frontiers in Microbiology y citado en Scientific American indica que el polvo del Sahara puede actuar como vehículo para virus entéricos como rotavirus y norovirus, así como bacterias como Staphylococcus aureus y Brucella spp.

Santiago de Roux, director del Ministerio de Salud en la provincia de Chiriquí, dijo en conferencia de prensa que "tenemos aproximadamente contabilizados hasta el momento, junto con los compañeros de la Caja de Seguro Social, cerca de 450 casos reportados en los diferentes cuartos de urgencia tanto de los hospitales del ministerio como de la Caja de Seguro Social".

Descartando que los problemas gastrointestinales se deban al consumo de agua potable, César Araúz, del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), sostuvo que hasta el momento las pruebas realizadas a las tomas de captación, a la planta potabilizadora y a la red de distribución no muestran ninguna anomalía.

Luego de analizar muestras de heces y realizarle un panel gastrointestinal a los primeros afectados se pudo identificar al norovirus, afirmó Yelkys Gill, directora nacional de Salud Pública del Ministerio de Salud.

Gill aclaró que los norovirus siempre han existido, pues lo que trata hora es de investigar a qué se debe este incremento de casos.

Informes de la Organización Mundial de Salud (OMS) señalan que el norovirus es la causa más común de gastroenteritis aguda a nivel mundial. Los síntomas incluyen diarrea aguda y vómitos. La evidencia emergente sugiere que la infección por norovirus está asociada a inflamación intestinal, desnutrición y puede causar morbilidad a largo plazo.

El organismo internacional de salud estima que anualmente en el mundo se observan 685 millones de casos de norovirus, incluidos 200 millones de casos entre niños menores de 5 años.

La OMS estima que el virus causa al menos 200.000 muertes al año, incluyendo 50.000 muertes infantiles, afectando principalmente a países de bajos ingresos. De igual manera, se calcula que el norovirus ha costado $60.000 millones a nivel mundial.

El proyecto para ampliar y rehabilitar la vía del Puente Centenario y la Autopista Panamá–La Chorrera recibió el visto bueno definitivo para iniciar su proceso de licitación bajo el modelo de Asociación Público-Privada (APP), una obra llamada a transformar uno de los corredores con mayor congestión vehicular del país.

La aprobación quedó formalizada mediante una resolución publicada en la Gaceta Oficial, en la que el Ente Rector del Régimen de APP autorizó el informe técnico definitivo, el pliego de cargos, el contrato y sus anexos, permitiendo al Ministerio de Obras Públicas (MOP) poner en marcha el proceso para seleccionar al concesionario que ejecutará el proyecto.

Con esta decisión comienza la fase de licitación de una iniciativa que busca rehabilitar, ampliar y mantener la infraestructura vial que conecta la ciudad de Panamá con Panamá Oeste, una provincia cuyo acelerado crecimiento urbano ha convertido al Puente Centenario y a la autopista hacia La Chorrera en uno de los principales cuellos de botella del país.

La resolución aprueba el proyecto denominado “Rehabilitación, Mejora y Mantenimiento por Estándares de Desempeño de la Autopista Centenario”, que será desarrollado bajo el régimen de Asociación Público-Privada (APP).

A diferencia de una obra pública tradicional, este modelo permite que una empresa privada financie, construya, rehabilite y mantenga la infraestructura durante un período determinado, mientras el Estado remunera el servicio con base en indicadores de desempeño previamente establecidos.

El proyecto contempla intervenir la vía Centenario y la autopista Arraiján–La Chorrera, mejorando sus condiciones de circulación y conservación, además de incorporar sistemas inteligentes de transporte (ITS) para monitorear el flujo vehicular, gestionar incidentes y elevar los estándares de seguridad vial. El objetivo es ofrecer una carretera con mejores niveles de servicio y reducir los tiempos de desplazamiento entre Panamá y Panamá Oeste.

La necesidad de esta obra responde a una realidad que miles de conductores enfrentan diariamente. El Puente Centenario constituye la segunda gran puerta de entrada y salida de la capital, después del Puente de las Américas, y es el principal enlace para quienes se desplazan entre la ciudad y Panamá Oeste. Sin embargo, el crecimiento demográfico, residencial y comercial registrado durante la última década ha llevado esta infraestructura al límite de su capacidad.

Cada mañana y cada tarde se forman extensas filas de vehículos en ambos sentidos de circulación, afectando no solo a residentes de Arraiján y La Chorrera, sino también al transporte de carga, al comercio y a la conexión con el interior del país.

Los estudios de prefactibilidad elaborados por la Corporación Financiera Internacional (IFC), miembro del Grupo Banco Mundial, estiman que el proyecto requerirá una inversión cercana a 382 millones de dólares.

El contrato tendría una duración total de 25 años: 13 meses para la fase de preconstrucción, 30 meses para la etapa de construcción y, una vez concluidas esas fases, el contratista seleccionado recibiría una concesión de 21 años para encargarse del mantenimiento de la vía conforme a los estándares establecidos por el MOP.

Entre las principales intervenciones previstas figura la construcción de dos carriles adicionales en los accesos al Puente Centenario, uno por cada sentido de circulación, así como la implementación de carriles reversibles en la autopista Panamá–La Chorrera para aumentar la capacidad durante las horas de mayor demanda.

También se contemplan mejoras en varios intercambiadores y accesos estratégicos, incluyendo sectores como La Mitra, Bique y las inmediaciones del Hospital Nicolás Solano, además de la rehabilitación integral de la vía y un programa permanente de mantenimiento durante la vigencia del contrato.

Con esta aprobación, Panamá continúa ampliando el uso del modelo APP como mecanismo para desarrollar grandes proyectos de infraestructura.

Actualmente el país ya cuenta con dos contratos bajo este esquema para rehabilitar y mantener importantes tramos de la carretera Panamericana. Uno corresponde al trayecto entre Pacora y Yaviza, en la provincia de Darién, con una longitud de 246.2 kilómetros, mientras que el segundo abarca el tramo comprendido entre La Loma de Campana y Santiago de Veraguas, con aproximadamente 192 kilómetros.

La cartera de iniciativas que el Gobierno analiza bajo el régimen APP también incluye otros proyectos de infraestructura pública. Entre ellos figuran la construcción de un nuevo centro penitenciario, un complejo deportivo y el desarrollo de zonas agroindustriales destinadas a fortalecer las cadenas de producción y almacenamiento del sector agropecuario.

El régimen de Asociación Público-Privada fue creado mediante la Ley 93 de 2019 con el propósito de atraer inversión privada para el desarrollo de infraestructura y servicios públicos. Bajo este modelo, el Estado conserva la titularidad de los activos, mientras que el concesionario privado asume el financiamiento, la ejecución y el mantenimiento de las obras durante el plazo contractual.

Para el Gobierno, este esquema busca acelerar la ejecución de proyectos estratégicos sin depender exclusivamente de recursos presupuestarios inmediatos. En el caso del Puente Centenario y la Autopista Panamá–La Chorrera, la expectativa es que la futura concesión permita ofrecer una infraestructura más moderna y segura para una de las zonas con mayor crecimiento poblacional del país, donde la demanda de movilidad supera desde hace años la capacidad de las vías existentes.

La Unidad de Análisis Financiero (UAF), una de las instituciones más sensibles del sistema panameño de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, suspendió temporalmente sus plataformas tecnológicas tras detectar un incidente de seguridad informática que actualmente es investigado por sus equipos técnicos y administrativos.

La entidad informó, mediante un comunicado, que desde el momento en que fue detectado el incidente activó sus protocolos internos de respuesta, implementando medidas de contención, análisis y fortalecimiento de los controles de seguridad con el propósito de determinar el alcance de los hechos y proteger la información bajo su custodia.

Como parte de esas medidas preventivas, la UAF decidió suspender temporalmente sus plataformas y servicios tecnológicos mientras culminan las labores de verificación y aseguramiento de los sistemas.

La institución sostuvo que, hasta el momento, no existen indicios de que información sensible o clasificada haya sido comprometida, aunque aclaró que las investigaciones y verificaciones técnicas continúan.

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“La Unidad de Análisis Financiero reitera que cualquier comunicación oficial relacionada con este asunto será emitida exclusivamente a través de sus canales institucionales autorizados", señaló la entidad.

Una institución clave para combatir el crimen financiero

Aunque suele mantenerse fuera del foco público, la UAF cumple una de las funciones más importantes dentro del sistema financiero panameño. Creada mediante el Decreto Ejecutivo No. 163 de 2000, la Unidad de Análisis Financiero recibe, analiza y procesa reportes de operaciones sospechosas remitidos por bancos, aseguradoras, casas de valores, fiduciarias, casinos, promotores inmobiliarios, abogados, contadores y otros sujetos obligados por la legislación antilavado.

Su misión consiste en identificar posibles esquemas de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, elaborando inteligencia financiera que posteriormente puede ser remitida al Ministerio Público cuando existan elementos suficientes para iniciar investigaciones penales.

La información que administra incluye reportes de transacciones financieras inusuales, movimientos bancarios, perfiles de riesgo y datos de personas naturales y jurídicas, así como información proveniente de organismos nacionales e internacionales dedicados a la lucha contra el crimen organizado. Precisamente por el carácter reservado de esa información, la UAF es considerada una infraestructura crítica dentro del Estado panameño.

Mientras la investigación oficial continúa, medios y publicaciones difundidas en redes sociales han señalado que el incidente estaría relacionado con un actor cibernético que utiliza el seudónimo “Gordon Freeman”, conocido por ataques contra instituciones públicas en distintos países.

De acuerdo con esas publicaciones, el supuesto atacante afirma haber obtenido una base de datos de aproximadamente 87,592 registros, acompañada de imágenes escaneadas que sumarían 37.17 gigabytes de información.

También sostiene que entre el material existirían nombres, correos electrónicos, estados de cuenta, documentos personales y fotografías de cédulas de identidad, información que presuntamente estaría siendo ofrecida en foros clandestinos.

Hasta el momento, la UAF no ha confirmado la autenticidad de esas afirmaciones ni el volumen de información que supuestamente habría sido comprometido, por lo que esos señalamientos permanecen sin verificación oficial.

El actor que utiliza el alias “Gordon Freeman” —nombre tomado del protagonista del videojuego Half-Life— ha sido vinculado por empresas especializadas en inteligencia de amenazas con ataques recientes contra instituciones públicas de España, Guatemala y Venezuela, donde presuntamente ha utilizado la filtración y posterior venta de bases de datos como mecanismo de extorsión.

El incidente se suma a una serie de ataques que han afectado plataformas gubernamentales panameñas durante 2026. En meses recientes se han reportado incidentes en entidades como la Caja de Seguro Social, Panamá Emprende, la Contraloría General de la República y el Ministerio de Trabajo.

Panamá destina alrededor de 26 millones de dólares anuales a ciberseguridad, de los cuales unos 6 millones corresponden directamente a la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) y aproximadamente 20 millones son ejecutados por el resto de las entidades estatales.

Funcionarios de la AIG han señalado que el Estado mantiene una política de no pagar rescates y que el trabajo del Equipo Nacional de Respuesta a Incidentes Informáticos (CSIRT) se concentra en identificar vulnerabilidades antes de que puedan convertirse en incidentes con impacto operativo.

El caso de la UAF vuelve a poner sobre la mesa uno de los principales desafíos para las instituciones públicas: proteger sistemas que almacenan información altamente sensible frente a amenazas cada vez más sofisticadas, mientras las investigaciones buscan determinar si el incidente quedó contenido o si efectivamente existió una filtración de datos.

Panamá dio un paso clave para fortalecer la investigación ambiental con la inauguración del Laboratorio de Microplásticos, una instalación especializada ubicada en la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), sede de Tocumen, que permitirá generar evidencia científica sobre la presencia, distribución e impacto de estos contaminantes en ecosistemas acuáticos del país.

La creación del laboratorio fue posible gracias al financiamiento de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), a través de convocatorias públicas de fomento a la investigación y desarrollo, y al trabajo colaborativo entre el Centro de Estudios Multidisciplinarios en Ciencias, Ingeniería y Tecnología (Cemcit AIP) y la UTP.

La instalación será liderada por la doctora Denise Delvalle Borrero, investigadora del Centro de Investigaciones Hidráulicas e Hidrotécnicas de la UTP, y permitirá analizar muestras de agua, sedimentos y organismos acuáticos para comprender cómo los microplásticos se desplazan, se acumulan y pueden afectar los recursos hídricos.

Los microplásticos son partículas de plástico de menos de cinco milímetros. Pueden ser fabricados en tamaños muy pequeños para productos industriales, cosméticos o pinturas, o generarse por la fragmentación de objetos más grandes, como botellas, bolsas, empaques, fibras textiles, redes de pesca y otros residuos plásticos.

Por su tamaño y baja degradabilidad, pueden permanecer largo tiempo en el ambiente y dispersarse por agua, aire, suelo y organismos vivos. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos los define como piezas plásticas menores de cinco milímetros que pueden afectar la vida marina y los ecosistemas acuáticos.

El problema dejó de ser solo marino. El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente advierte que estas partículas han sido encontradas desde las profundidades del océano hasta la cima del monte Everest, e incluso en el cuerpo humano.

Estudios recientes también han documentado su presencia en agua potable, agua embotellada, alimentos, aire y tejidos humanos, lo que ha elevado la preocupación científica sobre sus posibles efectos ambientales y sanitarios.

La Organización Mundial de la Salud ha señalado que la evidencia sobre el impacto directo en la salud humana todavía tiene limitaciones, pero reconoce la necesidad de mejorar la investigación, la medición y el control de la exposición a microplásticos en el agua de consumo.

En los ecosistemas, el riesgo está en que peces, moluscos, crustáceos y otros organismos pueden ingerir estas partículas al confundirlas con alimento. Los microplásticos también pueden transportar aditivos químicos, contaminantes y microorganismos adheridos a su superficie, lo que abre interrogantes sobre su movimiento dentro de la cadena alimentaria.

En humanos, la ciencia aún estudia sus consecuencias, pero investigaciones recientes han encontrado microplásticos y nanoplásticos en órganos y tejidos, incluido el cerebro, lo que refuerza la necesidad de vigilancia y más estudios.

En ese contexto, el nuevo laboratorio busca llenar un vacío importante: contar con capacidad nacional para estudiar un contaminante que hasta hace pocos años era prácticamente invisible en la agenda pública, pero que hoy exige datos locales para entender su magnitud.

Durante la inauguración, la ingeniera Milagro Mainieri, directora de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico de la Senacyt, felicitó a la doctora Denise Delvalle y al equipo que la acompaña, destacando que no se trata de un esfuerzo aislado, sino de un conjunto de proyectos que han requerido años de trabajo científico.

Mainieri afirmó que estas investigaciones permiten aportar conocimiento y soluciones a un tema prioritario para Panamá: la contaminación por microplásticos. También subrayó que detrás de estos proyectos existe un proceso de formación de capacidades nacionales, con investigadores, estudiantes y profesionales que han participado en distintas etapas de la investigación.

Panamá no parte de cero en esta materia. En años recientes, científicos panameños ya han desarrollado investigaciones para documentar la presencia de microplásticos en ecosistemas estratégicos. Uno de los ejemplos más relevantes es el proyecto “Perfil transversal de la contaminación por microplásticos en el Lago Alhajuela”, financiado por la Senacyt mediante la Convocatoria Pública de Fomento a I+D 2023 y desarrollado durante 27 meses.

Ese estudio permitió generar, por primera vez, una línea base integral sobre la contaminación por microplásticos en este reservorio de agua dulce, ubicado en la cuenca hidrográfica del Canal de Panamá. El Lago Alhajuela es especialmente sensible porque constituye la fuente de agua cruda más importante para la planta potabilizadora de Chilibre y cumple un papel estratégico en el abastecimiento de agua y en el funcionamiento del Canal.

La investigación determinó la presencia de microplásticos en agua superficial, columna de agua, sedimentos y biota. Entre los hallazgos, la doctora Delvalle Borrero señaló que, según su apariencia física, los fragmentos y fibras fueron las formas predominantes; las mayores concentraciones se registraron en la estación seca; y los puntos de Tranquilla y la Represa presentaron los niveles más altos.

Los investigadores recomendaron ampliar la cobertura espacial de los estudios, caracterizar la composición de los polímeros, identificar fuentes de entrada y vías de transporte, y establecer un programa de monitoreo permanente para proteger el agua potable, la biodiversidad acuática y la sostenibilidad de la cuenca.

Con el nuevo Laboratorio de Microplásticos, Panamá podrá dar continuidad y mayor alcance a este tipo de investigaciones, fortalecer la formación científica y producir datos propios para orientar decisiones públicas. La apuesta no es menor: convertir la ciencia en una herramienta práctica para proteger el agua, la salud y los ecosistemas frente a una contaminación pequeña en tamaño, pero enorme en impacto.

Panamá afronta una combinación de factores atmosféricos que está elevando las temperaturas y aumentando el riesgo de golpes de calor en varias provincias del país.

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) mantiene vigente un aviso de vigilancia por temperaturas y sensación térmica elevadas para gran parte del Pacífico, donde las condiciones podrían ubicarse entre las categorías de “Precaución Extrema” y “Peligro” del índice de calor.

El aviso abarca las provincias de Chiriquí, Veraguas, Los Santos, Herrera, Coclé, Panamá, Panamá Oeste, Darién y la comarca Emberá. De acuerdo con el organismo, durante las horas de mayor radiación solar las temperaturas máximas oscilarán entre los 31 °C y 36 °C, mientras que la combinación con una humedad relativa superior al 70 % hará que la sensación térmica alcance valores entre 36 °C y 41 °C.

Estas condiciones incrementan el riesgo de insolación, agotamiento por calor, calambres musculares y golpes de calor, especialmente en personas que realizan actividades físicas al aire libre, trabajadores expuestos al sol, adultos mayores, niños y pacientes con enfermedades crónicas.

La sensación térmica no es la temperatura real registrada por un termómetro. Se trata de un índice que combina la temperatura del aire con la humedad ambiental para estimar cómo percibe el cuerpo humano el calor.

Cuando la humedad es elevada, el sudor se evapora con mayor dificultad, disminuyendo la capacidad natural del organismo para enfriarse y provocando que el ambiente se sienta varios grados más caliente.

El IMHPA recomienda mantenerse hidratado, evitar la exposición prolongada al sol entre las 10:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, utilizar ropa ligera de colores claros y prestar especial atención a niños, adultos mayores y mascotas, que son más vulnerables a los efectos de las altas temperaturas.

Este nuevo aviso se suma a otra condición atmosférica que ha afectado al país en los últimos días: la llegada de una masa de polvo proveniente del desierto del Sahara.

Además de deteriorar la calidad del aire y reducir la visibilidad en algunas regiones, el polvo sahariano favorece cielos más despejados y limita la formación de nubes, permitiendo que una mayor cantidad de radiación solar llegue a la superficie. Como consecuencia, el ambiente se calienta con mayor facilidad y aumenta la sensación térmica durante el día.

El episodio ocurre en un contexto climático marcado por la presencia del fenómeno de El Niño en el océano Pacífico ecuatorial.

Aunque El Niño no elimina completamente las lluvias en Panamá, sí modifica los patrones atmosféricos que normalmente favorecen la formación de nubes y precipitaciones, principalmente sobre la vertiente del Pacífico.

El calentamiento de las aguas altera la circulación de los vientos y reduce el ingreso de humedad, generando períodos más secos y temperaturas más altas.

Precisamente por esa razón, los meteorólogos anticipan que este año el conocido “veranito de San Juan” podría extenderse por más tiempo de lo habitual.

Este fenómeno es un período de disminución temporal de las lluvias que suele registrarse entre finales de junio y los primeros días de julio, en plena temporada lluviosa.

Su nombre proviene de la festividad de San Juan Bautista, celebrada el 24 de junio, fecha alrededor de la cual tradicionalmente se observa esta breve pausa en las precipitaciones.

Desde el punto de vista meteorológico, el fenómeno ocurre por un fortalecimiento temporal de los vientos alisios sobre el Caribe. Estos vientos modifican la circulación de humedad hacia el istmo, estabilizan parcialmente la atmósfera y reducen el desarrollo de nubes de gran crecimiento vertical, responsables de las lluvias intensas.

En años con condiciones neutrales, este período seco suele durar apenas unos pocos días. Sin embargo, cuando coincide con la influencia de El Niño, la disminución de las precipitaciones puede prolongarse y hacerse más marcada, favoreciendo jornadas consecutivas con abundante radiación solar.

El pronóstico del IMHPA para este martes mantiene esa tendencia. Durante la mañana predominarán cielos despejados o parcialmente nublados sobre el Pacífico, mientras que las lluvias serán aisladas y se concentrarán principalmente en sectores del norte de Veraguas, la comarca Ngäbe Buglé, Bocas del Toro y, hacia la tarde y la noche, en áreas puntuales de Darién y el golfo de Panamá.

A ello se suma un aviso de vigilancia por vientos y oleaje en el litoral Caribe, donde las autoridades advierten sobre condiciones de precaución para bañistas y embarcaciones menores debido al fortalecimiento de los vientos alisios, con oleajes de hasta 2.3 metros.

Los meteorólogos señalan que, mientras persistan las condiciones secas asociadas al veranito de San Juan y la influencia de El Niño, las altas temperaturas continuarán siendo uno de los principales riesgos meteorológicos para el país durante los próximos días.

Panamá aprobó el Manual de Uso de VigiFlow, una herramienta digital con la que el Ministerio de Salud busca fortalecer la vigilancia de reacciones adversas a medicamentos, vacunas y otros productos sanitarios, en momentos en que los sistemas de salud dependen cada vez más de datos oportunos para detectar riesgos y tomar decisiones regulatorias.

La medida quedó establecida mediante la Resolución No. 092, publicada en la Gaceta Oficial, por la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas del Minsa. El documento adopta formalmente el manual que regulará el uso de VigiFlow dentro del Sistema Nacional de Farmacovigilancia y establece las reglas para recibir, procesar, analizar y dar seguimiento a las notificaciones de eventos adversos.

En términos sencillos, VigiFlow funcionará como una especie de tablero nacional para ordenar los reportes sobre posibles efectos negativos asociados al uso de medicamentos o vacunas.

Su importancia está en que una reacción aislada puede no decir mucho, pero cientos de reportes bien documentados pueden revelar patrones, alertas tempranas o problemas de seguridad que deben investigarse.

La resolución señala que el sistema permitirá recopilar y procesar sospechas de reacciones adversas a medicamentos y eventos supuestamente atribuibles a la vacunación o inmunización, conocidos como ESAVI.

Además, la plataforma está conectada con el Programa Internacional de Monitoreo de Medicamentos de la Organización Mundial de la Salud, administrado por el Centro de Monitoreo de Uppsala, en Suecia.

Esto significa que Panamá no solo almacenará la información local, sino que también podrá transferir datos relevantes a la base mundial de farmacovigilancia. Ese intercambio permite comparar señales de seguridad entre países y detectar con mayor rapidez posibles riesgos asociados a productos que circulan en distintos mercados.

Uno de los puntos relevantes de la resolución es que mantiene abierto el reporte de sospechas de reacciones adversas tanto para profesionales de la salud como para el público en general, a través de los formularios oficiales de notificación.

Sin embargo, el manual aprobado regula principalmente el funcionamiento interno de VigiFlow, es decir, la plataforma utilizada por instituciones sanitarias y usuarios autorizados para recibir, validar, analizar y dar seguimiento a esos reportes.

La diferencia no es menor. El público puede reportar una sospecha, pero el manual no establece que cualquier ciudadano pueda abrir una cuenta directa en VigiFlow. La herramienta está organizada para que hospitales, centros de salud, clínicas, farmacias, regiones sanitarias y el Centro Nacional de Farmacovigilancia trabajen bajo una misma estructura de registro y revisión.

El documento define distintos niveles de usuarios. En la cúspide está el Centro Nacional de Farmacovigilancia, responsable de validar la información y cerrar oficialmente los reportes. Luego participan centros institucionales, comités regionales y comités locales, que pueden registrar, revisar, completar o delegar los casos según sus competencias.

Cada notificación deberá contener información clave: datos del paciente, identificación del notificador, medicamento o vacuna involucrada, antecedentes clínicos, descripción del evento, fecha de inicio, tratamiento recibido, evolución del caso y evaluación de causalidad.

Estos elementos son esenciales para determinar si existe una relación probable, posible o descartable entre el producto utilizado y la reacción reportada.

El manual también incorpora criterios técnicos internacionales para clasificar la gravedad de los eventos y analizar la causalidad. En el caso de medicamentos, utiliza la metodología de la Organización Mundial de la Salud; para vacunas, contempla categorías específicas de eventos supuestamente atribuibles a la vacunación o inmunización.

La aprobación del manual responde a la necesidad de ordenar el flujo de información dentro del sistema de farmacovigilancia. Sin reglas claras, los reportes pueden llegar incompletos, duplicados o con datos difíciles de comparar. Con VigiFlow, el Minsa busca estandarizar el proceso, mejorar la calidad de los registros y facilitar el análisis estadístico.

La plataforma permitirá además filtrar reportes, solicitar información adicional, dar seguimiento a casos abiertos y exportar datos para análisis epidemiológicos. Esto puede ayudar a identificar señales tempranas, priorizar investigaciones y sustentar decisiones como advertencias sanitarias, cambios en recomendaciones de uso o medidas sobre productos específicos.

En la práctica, la medida no cambia la forma en que un paciente recibe atención médica, pero sí fortalece la vigilancia posterior a la comercialización de medicamentos y vacunas. Esa etapa es clave porque algunos efectos adversos solo se detectan cuando los productos se usan de manera amplia en la población.

Con la adopción del manual, Panamá busca que cada reporte cuente. Y en salud pública, esa es la diferencia entre tener datos sueltos y construir una alerta a tiempo.

Las autoridades panameñas iniciaron el proceso para deportar y extraditar a un ciudadano colombiano que permanecía de forma irregular en el país y que era requerido por la justicia de Colombia para cumplir varias condenas por delitos graves, en un contexto en el que Panamá ha intensificado las acciones migratorias y policiales contra extranjeros con antecedentes penales y personas buscadas por distintos delitos.

La captura fue realizada por unidades del Servicio Policial Motorizado Lince en la avenida Mariano Rivera, en el corregimiento de Puerto Caimito, distrito de La Chorrera.

Según informó la Policía Nacional, durante una verificación de rutina los agentes solicitaron al hombre su documento de identidad. El ciudadano manifestó ser extranjero y encontrarse en condición migratoria irregular, por lo que fue trasladado para realizar las verificaciones correspondientes.

Las coordinaciones efectuadas con las autoridades colombianas permitieron establecer que mantenía condenas pendientes por homicidio agravado, concierto para delinquir, fabricación y tráfico de armas de fuego, además de municiones de uso privativo de las fuerzas armadas.

Tras confirmar su identidad y situación judicial, fue puesto a disposición de las autoridades competentes para continuar con el proceso de legalización de su aprehensión y los trámites de extradición hacia Colombia.

El caso ocurre en momentos en que Panamá mantiene una política de control migratorio dirigida tanto a personas que ingresan de forma irregular como a extranjeros con antecedentes penales.

De acuerdo con las estadísticas preliminares del Servicio Nacional de Migración, entre enero y mayo de 2026 se registraron 479 deportaciones y expulsiones, de las cuales 279 correspondieron a deportaciones y 200 a expulsiones. Solo durante mayo se contabilizaron 112 procedimientos, la segunda cifra mensual más alta del año después de enero, cuando se realizaron 172.

Las estadísticas oficiales muestran además que el 82 % de las personas deportadas o expulsadas fueron hombres (395 casos), mientras que las mujeres representaron el 18 % del total, con 84 registros.

El principal motivo para aplicar estas medidas migratorias fue el ingreso irregular al país, causal que acumuló 268 casos hasta mayo. Le siguieron los procesos relacionados con delitos contra la seguridad colectiva, especialmente por tráfico internacional de drogas, con 105 casos; antecedentes penales, con 20; estadía vencida, con 17; y el reingreso al país después de haber sido deportado, con otros 14 expedientes

Las cifras también reflejan que Colombia es el país con mayor número de ciudadanos deportados o expulsados de Panamá durante este año, con 245 casos registrados hasta mayo, muy por encima de Nicaragua (108) y Venezuela (40). Ecuador aparece con 17 casos, seguido de México con 10 y El Salvador con ocho.

Paralelamente a las acciones migratorias, la Policía Nacional mantiene operativos para ubicar a personas requeridas por la justicia panameña.

Durante las acciones preventivas desarrolladas el fin de semana fueron aprehendidas 12 personas por distintos delitos y faltas administrativas.

Entre los casos más relevantes figura la captura de un hombre mediante un punto de control instalado en el distrito de Pedasí, provincia de Los Santos. El ciudadano era requerido por el delito contra la vida e integridad personal, en la modalidad de homicidio doloso, y está presuntamente vinculado a un hecho ocurrido el 20 de julio de 2025 en la comunidad de La Mesa, corregimiento de San Martín.

En otro operativo realizado en el sector de Tres Quebradas, las unidades policiales también detuvieron a un ciudadano requerido por el delito contra el patrimonio económico, específicamente por estafa.

Las autoridades indicaron que estos operativos forman parte de las acciones permanentes de vigilancia, control y verificación de antecedentes que se desarrollan en distintos puntos del país con el objetivo de ubicar a personas buscadas por la justicia, reforzar la seguridad ciudadana y detectar a extranjeros que permanezcan en Panamá al margen de la legislación migratoria vigente.

Panamá analiza la Iniciativa de Desarrollo de Capacidades del Objetivo de Desarrollo Sostenible 6 (ODS 6), con la colaboración de actores clave del sector hídrico para identificar prioridades, brechas y líneas de acción orientadas a mejorar la gestión del agua, saneamiento e higiene en el país.

En el país diariamente se pierden entre 120 y 130 millones de galones de agua por el deterioro de la infraestructura y la falta de mantenimiento, dijo recientemente la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE).

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura aportó que el problema en el país no es el agua, es la gestión gubernamental.

Miles de familias continúan dependiendo de camiones cisterna, pozos improvisados o fuentes naturales para abastecerse.

Ahora, con la puesta en marcha del taller sobre el ODS 6 se pretende generar una visión compartida sobre las capacidades que requiere el país para atender los retos del sector hídrico y acelerar el cumplimiento de metas vinculadas a esta iniciativa de la Agenda 2030.

En el encuentro se abordarán temas estratégicos como datos e información, financiamiento y cooperación internacional, inclusión y participación comunitaria, agua, saneamiento e higiene (WASH), adaptación al cambio climático y resiliencia, tecnología e innovación, así como salud y ambiente.

Giuseppe Loprete, coordinador Residente Ad Interim de las Naciones Unidas en Panamá, afirmó que “el agua no entiende de fronteras institucionales. No distingue entre el mandato de un ministerio y el de otro, entre lo nacional y lo local, entre lo ambiental, lo sanitario, lo económico y lo social. Por eso el ODS 6 solo puede alcanzarse de una manera: trabajando juntos”.

El Objetivo de Desarrollo Sostenible 6 (ODS 6) de las Naciones Unidas busca garantizar la disponibilidad de agua, su gestión sostenible y el saneamiento para todos. Asegura el acceso universal y equitativo a agua potable y servicios de saneamiento e higiene adecuados para 2030, protegiendo a la vez los ecosistemas hídricos.

Panamá figura entre los países piloto de la iniciativa del ODS 6 (CDI), promovida por el mecanismo oficial de coordinación interinstitucional de las Naciones Unidas para los temas de agua dulce y saneamiento (ONU-Agua), plataforma orientada a apoyar a los Estados en el fortalecimiento de capacidades institucionales, humanas, técnicas y de planificación para mejorar el acceso al agua y saneamiento.

Este taller, informó el Ministerio de Ambiente en una nota de prensa, corresponde a la tercera fase del proceso de implementación de la iniciativa en el país, luego de una etapa previa de identificación de prioridades y actores clave.

Durante esta fase se busca respaldo político, apropiación nacional y participación de sectores vinculados a la gestión del recurso hídrico, con miras a una toma de decisiones más integrada.

El proceso, se indicó, responde a una visión nacional centrada en seguridad hídrica, acceso equitativo al agua y saneamiento, y protección de ecosistemas frente a presiones ambientales y climáticas.

“El fortalecimiento de capacidades deja de ser una opción y se convierte en una necesidad impostergable. Necesitamos instituciones más sólidas, mejores herramientas de planificación, información más robusta para la toma de decisiones y, sobre todo, una mayor articulación entre todos los actores que participan en la gestión del agua”, afirmó el viceministro de Ambiente, Oscar Vallarino.

En tanto, el viceministro de Salud, Manuel Zambrano Chang, dijo que “el objetivo de la CDI es alinear los esfuerzos del sistema de las Naciones Unidas y sus socios para acelerar las metas de la Agenda 2030, respondiendo a nuestras demandas específicas para garantizar resultados sostenibles. Este taller nos permitirá identificar brechas sectoriales e interrelaciones en la gestión del recurso hídrico, facilitando una toma de decisiones integrada”.

Especialistas de la Universidad de Panamá identificaron especies de caracoles terrestres de importancia agrícola y médica en áreas portuarias del país, señalando que representan un desafío para la bioseguridad nacional y regional.

Para los investigadores, la presencia de moluscos terrestres invasores en puertos panameños podría constituir una amenaza para las actividades agrícolas, la salud pública y la seguridad alimentaria de la región centroamericana.

La investigación, publicada en la revista científica Journal of Tropical Plant Pathology, revela que durante los muestreos realizados en las provincias de Colón y Panamá, se recolectaron 2,481 ejemplares de moluscos terrestres.

Entre los hallazgos más relevantes destaca la presencia de la especie Allopeas gracile, que representó el 63.1% de los individuos encontrados y se detectó en diez áreas de carga, principalmente en el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

Asimismo, el estudio reporta por primera vez en Panamá la presencia de Praticolella mexicana, especie considerada una plaga agrícola potencial y asociada a la transmisión de nematodos parásitos que pueden afectar tanto a animales como a seres humanos.

Los investigadores señalan que estas especies invasoras pueden ocasionar pérdidas económicas en los cultivos, afectar la producción agrícola y convertirse en vectores de enfermedades de importancia sanitaria.

Citada por la revista Hacia La Luz, la investigación fue desarrollada por el Museo de Malacología de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología de la Universidad de Panamá, en colaboración con el Laboratorio de Malacología del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA).

El análisis también determinó una mayor actividad de los moluscos durante la temporada lluviosa, especialmente en las áreas de carga de los puertos.

Los índices de biodiversidad empleados evidenciaron que no existe un predominio absoluto de una sola especie, lo que sugiere una diversidad de organismos capaces de adaptarse a las condiciones portuarias.

Las conclusiones del estudio sostienen que la presencia de estos moluscos representa un reto para la bioseguridad de Panamá y de la región centroamericana, debido al constante movimiento comercial y logístico que se desarrolla en los puertos.

El artículo, titulado “Mollusks of Agricultural and Medical Importance Registered in Ports of Panama”, Central America, fue elaborado por los investigadores panameños Darío Córdoba González, Stephanie Castillo y Jorge Ortega, quienes analizaron la presencia de especies de caracoles terrestres en zonas de carga de puertos ubicados en las costas del Caribe y del Pacífico panameño.

Los autores recomiendan fortalecer los sistemas de vigilancia y monitoreo en las instalaciones portuarias y aeroportuarias, con el objetivo de prevenir la dispersión de especies invasoras y reducir los riesgos para la agricultura, la salud pública y el comercio internacional.

Destacan que las especies encontradas son invasoras, vectores de enfermedades que afectan la salud pública, por lo que es necesario mantener una estricta vigilancia, lo que repercute en la bioseguridad portuaria de los países de la región centroamericana.

A pesar de la existencia de puertos de carga importantes en el país, los autores señalan que hasta 2025 no se habían realizado estudios para identificar las especies de caracoles terrestres encontradas en productos exportados desde otros países, lo que podría representar potencialmente un peligro para los cultivos, los animales y la población general de Panamá.

Los investigadores reseñan que debido a su ubicación estratégica, los puertos de Panamá son los puntos de entrada y salida para la mayoría de las mercancías distribuidas a lo largo de la región. Además, la actividad del Canal de Panamá, el principal medio de transporte de mercancías en la región, pasa por los puertos nacionales.

Un total de 59,999 personas están habilitadas para ejercer el derecho al voto este miércoles 1 de julio para escoger al próximo rector de la Universidad de Panamá, que regirá los destinos de este centro de estudios superiores durante el periodo 2026-2031.

De los habilitados, 52 mil 30 son estudiantes, 4 mil 11 profesores y 3 mil 958 son administrativos.

El calendario electoral inicialmente había previsto una votación escalonada, que posteriormente fue modificada y ahora toda la comunidad universitaria acudirá a las urnas el mismo día 1 de julio.

De esta manera, estudiantes, docentes y personal administrativo ejercerán su derecho al voto en igual fecha, unificando la dinámica de elección en los distintos recintos y facultades del país.

El período oficial de propaganda y campaña electoral para los comicios inició el 29 de mayo de y concluye este lunes 29 de junio.

Durante este periodo, los candidatos a rector presentaron sus propuestas a través de debates, foros y recorridos por los campus y centros regionales.

Además del rector, también serán elegidos los decanos y vicedecanos de las facultades y directores y subdirectores de los centros regionales universitarios de todo del país.

Hasta el momento, el Organismo Electoral Universitario aprobó y anunció las candidaturas de seis aspirantes al cargo de rector, siendo ellos César García, Migdalia Bustamante, José Emilio Moreno, Corina Pérez Coronado, Roberto A. Chong y Denis Chávez.

En este proceso participarán 16 facultades, entre ellas Medicina, Derecho, Economía, Humanidades, Arquitectura, Enfermería, Farmacia e Informática, que renovarán a sus autoridades académicas.

El reglamento establece que pueden participar en la elección los profesores con al menos tres años de antigüedad y actividad académica vigente, los administrativos permanentes o con más de cinco años de servicio, y los estudiantes regulares matriculados en el segundo semestre de 2025 que figuren en el registro electoral definitivo.

“El padrón fue depurado para garantizar transparencia”, indicó el presidente del Organismo Electoral Universitario, Rufino Fernández.

La campaña se ha caracterizado por el énfasis en propuestas relacionadas con la modernización institucional, fortalecimiento de la investigación y ampliación de la oferta académica, según medios de prensa.

El proceso electoral, se reiteró, involucra tanto la sede central de la Universidad de Panamá en la ciudad capital como sus extensiones en el interior, garantizando la participación de la totalidad de la comunidad estudiantil, docente y administrativa. La logística contempla la instalación de mesas en todos los campus, supervisadas por personal del Organismo Electoral Universitario y observadores internos.

Las autoridades universitarias han reiterado el llamado a una participación masiva, destacando la importancia de este ejercicio para la vida institucional. “La elección fortalece la democracia interna y da voz a quienes construyen la universidad día a día”, señaló Fernández.

La jornada del 1 de julio marcará el inicio de un nuevo ciclo en la conducción de la principal casa de estudios superiores de Panamá, con el reto de responder a las expectativas y demandas de una comunidad diversa y dinámica. Los resultados se conocerán en las horas posteriores al cierre de las urnas, según lo previsto por el organismo encargado.

La Universidad de Panamá fue creada mediante Decreto Presidencial de Harmodio Arias Madrid, del 29 de mayo de 1935. Fue inaugurada el 7 de octubre de ese mismo año e inició clases al día siguiente con una matrícula de 175 estudiantes en las carreras de Educación, Comercio, Ciencias Naturales, Farmacia, Pre Ingeniería y Derecho.

La primera piedra fue colocada el 2 de octubre de 1947, siendo su primer rector Octavio Méndez Pereira.

Desde el 2000 hasta el momento en Panamá se han realizado más de 400 trasplantes de células madre hematopoyéticas, fortaleciendo a Panamá como un referente regional en medicina de alta complejidad.

Los trasplantes se han realizado en la Caja de Seguro Social y la cifra forma parte de los más de 800 trasplantes efectuados en su totalidad a nivel nacional durante las últimas dos décadas, de acuerdo con la entidad de salud pública.

Panamá cuenta con las capacidades necesarias para convertirse en el centro de referencia para Centroamérica y el Caribe en trasplante de células madre hematopoyéticas, afirmó Mickey Koh, presidente de la Red Mundial de Trasplante de Médula Ósea (WBMT, por sus siglas en inglés).

Koh participó en el reciente desarrollado Décimo Taller/Simposio de la Red Mundial de Trasplante de Médula Ósea (WBMT) y el IV Taller de Enfermería de la WBMT.

Se explicó que el trasplante de médula ósea, conocido médicamente como trasplante de células madre hematopoyéticas, no es una cirugía, sino un procedimiento de infusión similar a una transfusión de sangre.

Su objetivo es reemplazar las células enfermas de la sangre y del sistema inmunológico por células madre sanas, capaces de restaurar la producción normal de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas.

De igual manera, en el país el Grupo de Investigación en Células Madre del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (ICGES) desarrolla investigaciones, pioneras a nivel gubernamental, para el uso de células madre para futuras terapias celulares en medicina regenerativa.

El ascenso de enfermedades crónicas no transmisibles, como la diabetes, ha llevado a un aumento en la carga del sistema de salud y del costo económico de la enfermedad en cada paciente, indica el instituto.

El alto costo de medicamentos y la dificultad para el acceso a nuevas terapias regenerativas y de medicina personalizada, sostiene, hace urgente la necesidad de responder mediante la ejecución de líneas de investigación en células madre para que el país pueda responder oportunamente a la carga de diversas enfermedades.

“La medicina regenerativa es una excelente alternativa para ponerlos a la disposición de la población panameña”, puntualiza.

Dado la importancia de la diabetes, la entidad de investigación en salud reitera el potencial de las células madre, pero anota que hay una falta de conocimiento en lo que respecta a la implicación de la regeneración de células madre en la biología en diversas patologías.

Afirma que busca comprender y elucidar las opciones terapéuticas de células madre bajo el estricto cumplimiento bioético y regulatorio.

El Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud da a conocer en su página web que está desarrollando por primera vez a nivel gubernamental una línea de Investigación en células madre para aplicaciones en futuros tratamientos de enfermedades no transmisibles y transmisibles.

Entre los objetivos del grupo de investigación, revela que es desarrollar rutinariamente el aislamiento, mantenimiento y cultivo de células madre mesenquimales derivadas de la placenta humana de pacientes en Panamá en condiciones de Laboratorio de Cultivo Limpio.

De igual manera, se contempla mantener biorepositorio de células madre mesenquimales bajo condiciones afines a un Banco de Células Madre, el primero a nivel gubernamental.

Estas investigaciones, siempre según la información del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud, se realizan actualmente a nivel preclínico in vitro en condiciones de laboratorio de cuarto limpio para el aislamiento, mantenimiento, y cultivo de células madre para las diversas líneas de investigación desarrolladas en diabetes, Covid-19, Zika, entre otros.

Un disparo autoinfligido en la cabeza terminó con la vida de un sujeto que había herido con el arma de fuego a su padre y a su abuelo.

El hecho de violencia intrafamiliar se registró en el distrito de La Chorrera, al oeste de la ciudad capital, y los informes preliminares indican que cuando las autoridades acudieron al lugar de la tragedia el supuesto agresor tomó la fatal decisión.

Tanto el padre como el abuelo fueron atendidos por paramédicos, quienes les brindaron los primeros auxilios, por lo que permanecen fuera de peligro.

La violencia intrafamiliar en Panamá se mantiene como un tema de preocupación social y judicial, aunque con mucha ambivalencia.

Recientemente, el Ministerio de la Mujer expresó su preocupación tras un fallo judicial en la provincia de Colón donde se absolvió a un hombre procesado por violencia doméstica. La ministra del ramo, Niurka Palacio, advirtió que este tipo de decisiones puede dejar en situación de desprotección a las víctimas y aumentar el riesgo de hechos de mayor gravedad.

Sin embargo, las autoridades señalan que mantienen líneas de atención y exhortan a la ciudadanía a denunciar cualquier caso de violencia intrafamiliar para prevenir nuevas agresiones y fortalecer la protección de las víctimas.

En otro caso de violencia, a dos hombres se les ordenó la medida cautelar de detención provisional al ser imputados por la Procuraduría General de la Nación como presuntos responsables de violencia doméstica, en perjuicio de sus exparejas sentimentales.

De acuerdo con el Ministerio Público, en las audiencias de control de garantías, la fiscalía acreditó la vinculación de ambos imputados con los hechos mediante la exposición de elementos de convicción.

Tras escuchar a las partes, el Tribunal de Garantías ordenó la detención provisional solicitada.

El primero de los hechos ocurrió en la avenida Estudiante, distrito de David, provincia de Chiriquí, cuando un ciudadano imputado fue aprehendido en flagrancia por unidades de la Policía Nacional que atendieron el llamado de auxilio de la víctima.

En esa ocasión, la afectada fue golpeada en diferentes partes del cuerpo, y el agresor también golpeó a sus hijos menores de edad cuando estos intentaron intervenir.

Sobre el segundo caso se informó que se registró en Portachuelo, distrito de David, provincia de Chiriquí, cuando el hoy imputado golpeó en el rostro a la víctima, la amenazó de muerte y agredió a otros familiares que trataron de mediar en el conflicto.

En ambas causas, el fiscal sustentó los riesgos procesales y la alta vulnerabilidad de las víctimas, argumentos que permitieron al Tribunal de Garantías conceder la detención provisional por el término legal de la investigación.

Otro hecho de sangre se registró cuando un hombre fue asesinado a tiros cuando se encontraba dentro de un auto tipo camioneta Honda CRV, de color negro, mientras se transportaba por el sector de Villa Catalina en el corregimiento de Don Bosco.

De acuerdo con reportes preliminares reportados por el diario Critica, el vehículo quedó con múltiples impactos de bala, del lado del conductor, y terminó en la acera de la vía principal.

Vecinos relataron al medio de comunicación que, en un primer momento, pensaron que las detonaciones eran fuegos artificiales, aunque al salir de sus casas descubrieron una escena completamente distinta, dentro de la camioneta permanecía la víctima, sin signos vitales.

Las primeras versiones apuntan a que varias personas que se movilizaban en una motocicleta habrían interceptado a la víctima antes de abrir fuego y escapar del lugar.

Minutos después, la zona fue acordonada por las autoridades, mientras unidades iniciaban las diligencias para el levantamiento del cuerpo y la recopilación de indicios.

Las selecciones de Centroamérica y el Caribe volvieron a quedarse fuera de los octavos de final en el Mundial 2026, sumando apenas un empate en nueve partidos. Según reportó la agencia de noticias Agence France-Presse (AFP), ningún equipo de la región logró una victoria y solo Curazao rescató un punto ante Ecuador, en el debut absoluto del país insular en una Copa del Mundo.

Los equipos de Panamá, Haití y Curazao enfrentaron una fase de grupos adversa en los estadios de Norteamérica. Entre los tres, acumularon ocho derrotas, tres goles a favor y 21 en contra. La incapacidad de avanzar más allá de esta instancia reafirma una tendencia histórica que, según recordó la AFP, solo ha tenido excepciones contadas, como la de Costa Rica en 2014.

De acuerdo con el exinternacional panameño Víctor René Mendieta, consultado por la AFP, los representativos centroamericanos y caribeños “todavía no están preparados, no tienen la capacidad de poder aspirar a una siguiente fase” en una Copa del Mundo. Mendieta atribuyó las limitaciones a la “estructura totalmente débil” del fútbol local y a la formación de jugadores, que “no está al nivel de la élite en Europa, Asia o África”.

En casi un siglo de mundiales, Costa Rica se mantiene como el único país centroamericano que ha superado la fase de grupos, con seis participaciones y una campaña histórica en Brasil 2014, cuando llegó hasta los cuartos de final tras eliminar a Italia, Inglaterra y Grecia. La selección tica no pudo repetir actuación en Rusia 2018 ni en Catar 2022 y en la presente edición ni siquiera logró clasificarse.

Otras selecciones como Honduras, con tres participaciones, y Panamá y El Salvador, con dos cada uno, han quedado eliminadas siempre en la primera ronda. Los salvadoreños, además, conservan el récord de la mayor goleada encajada en la historia mundialista: 10-1 frente a Hungría en España 1982. En cuanto al Caribe, solo Cuba alcanzó los cuartos de final en Francia 1938, en un formato sin fase de grupos. Ningún otro representante caribeño ha superado la primera llave en el torneo, según datos recogidos por la AFP.

El balance de Panamá en el torneo

En esta edición, Panamá llegó tras haber conseguido subcampeonatos en la Copa Oro 2023 y la Liga de Naciones (2024-2025), lo que generó expectativas de un mejor papel. Sin embargo, la baja por lesión de Adalberto Carrasquilla y la falta de gol condicionaron su desempeño: fue el único equipo que no marcó en la primera fase.

El conjunto dirigido por el hispano-danés Thomas Christiansen cayó por la mínima diferencia ante Ghana y Croacia, y perdió 2-0 frente a Inglaterra, cerrando el grupo en el último lugar.

El exdelantero Julio Dely Valdés declaró a la AFP que “Panamá vino a este Mundial a competir y Panamá compitió (...) tal vez hemos tenido poca fortuna, porque con el rendimiento que ha tenido merecía algo más”.

El recorrido de Haití

Haití, por su parte, debió disputar toda la fase clasificatoria como local en Curazao por la crisis sociopolítica en su país. Sus aficionados tampoco pudieron viajar a los partidos debido a restricciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos. A pocos días del debut, la FIFA obligó al equipo a modificar su camiseta por referencias a la guerra de independencia. El equipo dirigido por el francés Sébastien Migné perdió sus tres duelos en el Grupo C, con derrotas 1-0 ante Escocia, 3-0 frente a Brasil y 4-2 contra Marruecos.

“Hemos conseguido que durante algunos días se hablara de Haití en términos positivos y elogiosos, pero cuando tienes a Brasil y a Marruecos en el grupo, resulta complicado”, afirmó Migné en declaraciones recogidas por la AFP.

El debut de Curazao

Curazao debutó en la cita máxima y obtuvo un empate sin goles frente a Ecuador. El guardameta Eloy Room igualó el récord de atajadas en un partido mundialista y el técnico neerlandés Dick Advocaat se emocionó tras el empate parcial contra Alemania, aunque el resultado final fue 7-1 para los europeos. En el último partido, Curazao cayó 2-0 ante Costa de Marfil y finalizó colista del Grupo E. “El equipo se ha superado a sí mismo contra verdaderas potencias mundiales (...) hay que intentar aprovecharlo para seguir mejorando y ver si podemos encontrar todavía más jugadores que quieran jugar por Curazao”, expresó Advocaat a la AFP.

En Panamá los accidentes cerebrovasculares (ACV) ya no son una condición exclusiva de los adultos mayores. Cada vez con mayor frecuencia afectan a personas jóvenes, debido al incremento de factores de riesgo, como la obesidad, la hipertensión arterial, el tabaquismo, el vapeo y los estilos de vida poco saludables.

La advertencia la dio el jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Santo Tomás, Dr. Gabriel Frago, quien explicó que la obesidad infantil y juvenil continúa en ascenso, y constituye uno de los principales factores de riesgo para desarrollar enfermedades cerebrovasculares y cardiovasculares a edades tempranas.

En Panamá un 72% de la población adulta tiene sobrepeso, mientras que el 28% de los menores de edad presentan exceso de peso, y el 10% es obeso.

Para enfrentar lo que llaman una “epidemia silenciosa” se mantiene el llamado Plan de Aceleración para Detener la Obesidad en Panamá (2025-2030), lanzado en enero de 2025, pero cuyos resultados no se conocen.

Detener el aumento del sobrepeso y la obesidad en la población panameña para dentro de 4 años, en 2030, es la meta que han establecido las autoridades de salud, mediante la implementación de acciones multisectoriales dirigidas a mejorar los entornos alimentarios, regular la publicidad de alimentos, promover la actividad física e impulsar el etiquetado de alimentos envasados.

Reconocer los síntomas de manera oportuna puede marcar la diferencia entre una recuperación favorable o secuelas permanentes, dijo Frago.

Entre los principales signos de alarma se encuentran la desviación de la comisura labial, caída de un párpado, dificultad para hablar, pérdida de fuerza en un brazo o una pierna, desorientación, mareos y pérdida repentina de la visión.

Ante cualquiera de estos síntomas, manifestó que el paciente debe acudir inmediatamente a un centro de atención médica.

El especialista explicó que un accidente cerebrovascular ocurre cuando el flujo sanguíneo hacia el cerebro se interrumpe de forma súbita por la obstrucción de una arteria, ocasionando daños en funciones como el habla, el movimiento, la coordinación y otras capacidades neurológicas.

Frago manifestó que existe una “ventana de oro” de cuatro horas y media desde el inicio de los síntomas, período durante el cual puede aplicarse un tratamiento denominado trombólisis, capaz de disolver el coágulo que obstruye la arteria y mejorar significativamente el pronóstico del paciente.

El cardiólogo insistió en que la obesidad favorece la aparición precoz de hipertensión arterial, que también incrementa el riesgo de infartos, daño renal e insuficiencia cardíaca.

Añadió que el tabaquismo y el vapeo representan amenazas importantes para la salud cardiovascular, debido a las sustancias tóxicas y la nicotina que contienen, las cuales elevan la presión arterial, dañan los vasos sanguíneos y favorecen la formación de coágulos.

El especialista destacó el liderazgo de Panamá con la Ley Antitabaco y reiteró la importancia de fortalecer la atención primaria para detectar oportunamente enfermedades como la hipertensión, la hipercolesterolemia familiar y otros trastornos que pueden permanecer sin síntomas durante años.

Hizo un llamado a la población, especialmente a los adultos jóvenes, a realizarse chequeos médicos anuales, mantener una alimentación saludable, practicar actividad física, evitar el consumo de tabaco y vapeadores, moderar el consumo de alcohol y acudir periódicamente a su médico de cabecera.

“Cada persona debe asumir un papel activo en el cuidado de su salud. La clave está en la prevención y en actuar de inmediato ante cualquier signo de alarma“, concluyó el especialista, citado en una nota de prensa del Ministerio de Salud.

La entidad también informó que ha logrado reducir en más del 70 % la mora en la lectura de citologías cervicales (Papanicolaou), en el distrito de San Miguelito, y avanza hacia la meta de mora cero a nivel nacional, para fortalecer la detección temprana del cáncer cervicouterino y garantizar diagnósticos oportunos a las mujeres en todo el país.

Panamá celebró este domingo el 60.° aniversario del Parque Nacional y Reserva Biológica Altos de Campana, el primer parque nacional del país y uno de los principales referentes en la protección de la biodiversidad.

Creado mediante un Decreto Ejecutivo de 28 de junio de 1966, el área protegida resguarda más de 4,800 hectáreas de bosques y ecosistemas de gran valor ecológico en la provincia de Panamá Oeste.

“Altos de Campana nos recuerda que conservar la naturaleza es una inversión en el futuro de Panamá. Nuestro compromiso es seguir impulsando la protección y gestión efectiva de las áreas protegidas para que continúen siendo refugio de nuestra biodiversidad, fuente de agua y escenario para la investigación, la educación y el turismo sostenible”, sostuvo el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro.

Este compromiso, dijo, también se reflejará en el Congreso Mundial de Áreas Protegidas y Conservadas 2027, una oportunidad para que Panamá muestre al mundo los avances alcanzados para consolidar un sistema de áreas protegidas más sólido, resiliente y participativo.

Panamá cuenta con 18 parques nacionales, que abarcan aproximadamente una superficie de 1,564,932 hectáreas dedicadas a la conservación.

Los dos más recientes, el Parque Nacional San Lorenzo, en la provincia de Colón y el Parque Nacional San San Pond Sak, en Bocas del Toro, se suman a esta importante red natural de categoría de manejo, informó MiAmbiente.

Los parques, detalla la entidad, conservan una riqueza natural significativa, mantenimiento los ecosistemas y comunidades naturales, regulando las inundaciones, reteniendo y exportando nutrientes, acumulando sedimentos y controlando procesos erosivos, lo cual redunda en la productividad y la economía de las comunidades locales.

Los parques Soberanía, Cruces, Chagres localizados en la cuenca del Canal de Panamá contribuyen con su protección. El Chagres asegura el agua para consumo de la población de las ciudades de Panamá, Colón y Panamá Oeste, así como para el funcionamiento de la vía interoceánica.

Darién, Coiba y el Parque Internacional La Amistad son los parques nacionales con mayor superficie terrestre, siendo reconocidos como Sitios de Patrimonio Mundial Natural. A su vez, el Parque Nacional Portobelo y San Lorenzo son reconocidos como Sitios de Patrimonio Cultural por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, (Unesco).

Regularmente, los parques nacionales reciben un flujo constante de visitantes interesados en actividades como senderismo, observación de fauna y del paisaje, buceo y turismo cultural como apreciación de los baluartes históricos de forma sostenible.

Actualmente, se realizan estudios de valoración económica del potencial turístico, entre otros en los parques Soberanía, Campana, Sarigua y San Lorenzo.

Mediante una donación de $3.5 millones MiAmbiente implementó el proyecto Desarrollo Rural Sostenible y Conservación de la Biodiversidad (Biorural), que tiene como objetivo proteger los parques nacionales y la biodiversidad de Panamá.

La donación fue realizada por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF) y la agencia implementadora es el Banco Mundial, con la entidad gubernamental como organismo ejecutor y una contrapartida del gobierno panameño.

El proyecto Biorural procura mejorar la gestión de doce áreas protegidas entre las que se encuentran el Parque Internacional de la Amistad (PILA) área del Pacífico y del Caribe, Parque Nacional Volcán Barú, Humedal de Importancia Internacional San San Pond Sak, Parque Nacional Santa Fe y el Parque Nacional División Omar Torrijos Herrera.

Adicionalmente, apoyará actividades de conservación en las comarcas indígenas Ngäbe Buglé, Naso Tjër Di, Guna Yala y territorio Bri Bri, así como el establecimiento de una mejor gobernanza en cinco áreas importantes para la biodiversidad ubicadas en el Corredor Biológico Mesoamericano.

La Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) aprobó esta semana un aumento de capital de USD 3,000 millones y una reforma de gobernanza que eleva el capital autorizado a USD 10,000 millones, según informó la entidad regional. La decisión busca ampliar la capacidad del organismo para financiar proyectos en los países miembros.

De acuerdo con la información, el BCIE señaló que se trata de su noveno incremento de capital y que la medida permitirá pasar de USD 7,000 millones a USD 10,000 millones en fondos disponibles para apoyar iniciativas en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, República Dominicana y Belice.

La presidenta ejecutiva del BCIE Gisela Sánchez afirmó que el ajuste apunta a reforzar la gobernanza y la capacidad financiera, además de crear “condiciones para la generación de proyectos regionales” orientados a la integración económica, social y ambiental. “Hoy marcamos un hito que sienta las bases del BCIE de los próximos 20 a 30 años: un BCIE transparente, riguroso técnicamente, eficiente en el uso de los recursos y enfocado en ser el verdadero motor de transformación positiva de los países que servimos”, dijo.

La Asamblea también acordó reformar el Convenio Constitutivo para incluir a Panamá y República Dominicana como países accionistas de la Serie A, con el objetivo de abrir la puerta a futuras incorporaciones y “fortalecer la calificación del BCIE” y su posicionamiento en el ámbito multilateral global, según el reporte.

El nuevo capital amplía una cartera ya activa en infraestructura, agua, salud y educación

La expansión del capital del banco se produce mientras el organismo mantiene operaciones en varios países de la región. En El Salvador, la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa avaló recientemente dos contratos de préstamo con el BCIE por USD 340 millones.

El primero, por USD 185 millones, financiará el mejoramiento del sistema de agua potable Guluchapa, que abastece a zonas del Área Metropolitana de San Salvador. El plan, ejecutado por la ANDA, incluye rehabilitación de pozos, construcción de una nueva planta potabilizadora, modernización de estaciones de rebombeo, renovación de redes de distribución e instalación de sistemas de monitoreo y control en tiempo real.

Según la exposición del Ministerio de Hacienda ante la comisión, el objetivo es ampliar la cobertura, mejorar la calidad del servicio, aumentar la eficiencia hidráulica y reducir pérdidas. El proyecto alcanzará a distritos como Ilopango, Soyapango, Santiago Texacuango, San Martín, San Marcos, Santo Tomás, San Francisco Chinameca y Olocuilta.

El segundo préstamo, por USD 155 millones, está dirigido a la fase dos del Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana. Ejecutado por el Ministerio de Obras Públicas y de Transporte, contempla la ampliación de la carretera en la ruta nacional 13W, desde el desvío de Atiquizaya hasta el bypass de Ahuachapán, además de corredores norte y oriente en el área metropolitana de San Salvador.

Ambos financiamientos tienen un plazo de 20 años, cinco años de gracia y una tasa de interés semestral ajustable conforme a la política del banco. La comisión legislativa emitió dictamen favorable por unanimidad tras revisar las justificaciones técnicas y financieras y subrayó la necesidad de mantener transparencia y control sobre el uso de los fondos.

El banco sostiene proyectos de gran escala en Guatemala y Costa Rica

En Guatemala, el BCIE participa en la financiación del Campus San Cristóbal en Mixco, un complejo que reúne educación escolar, universitaria y deporte de alto rendimiento. El proyecto registra un 60% de ejecución física y financiera y cuenta con un financiamiento total de USD 37.2 millones en un esquema sindicado junto con BID Invest y el Fondo Canadiense C2F, indicaron las autoridades.

La infraestructura está diseñada para atender a más de 11 mil estudiantes y a miles de deportistas. Incluye un colegio para preprimaria, primaria y secundaria, un complejo universitario y un campus deportivo de nivel olímpico, con instalaciones para natación, atletismo, fútbol y hockey sobre césped.

El programa también prevé becas para atletas federados equivalentes al 10% del cuerpo estudiantil. Según la publicación, el proyecto fue reconocido en los Latin Finance Project & Infrastructure Finance Awards 2025 en Nueva York con el premio a Financiamiento de Infraestructura del Año en Centroamérica.

La misma cobertura recoge otra operación respaldada por el banco en Guatemala: el nuevo Hospital Departamental de Sololá, con un avance físico de 88,3% y una ejecución financiera de 86,2%. La obra suma 15.685 metros cuadrados, 240 camas hospitalarias y áreas especializadas para una población de más de 519 mil habitantes.

En Costa Rica, el BCIE confirmó su disposición a mantener respaldo financiero y técnico tras la toma de posesión de Laura Fernández, según otro reporte de Infobae basado en un comunicado institucional. La entidad indicó que en los últimos años ha aprobado más de USD 3,925 millones para proyectos en infraestructura, saneamiento, salud y seguridad.

Para el BCIE, la ampliación de capital y la reforma de gobernanza reflejan la confianza de los países miembros en un proceso de fortalecimiento institucional que, según el banco, ha incluido avances en transparencia, gobernanza, solidez financiera, gestión integral de riesgos, modernización institucional y posicionamiento internacional.

La presunta existencia de una red dedicada en Panamá a la compra y venta de documentos para la obtención de permisos de armas de fuego ha dado pie a una investigación por parte de la Fiscalía Anticorrupción.

Se informó que las investigaciones preliminares reflejan que entre 2025 y 2026 se habría gestado un esquema de compra-venta irregular de la documentación necesaria para tramitar los permisos de portación y tenencia de armas, un proceso que por ley corresponde exclusivamente a la Dirección Institucional en Asuntos de Seguridad Pública (Diasp), del Ministerio de Seguridad.

La Dirección Institucional en Asuntos de Seguridad Pública es la dirección responsable de garantizar el cumplimiento de las normas concernientes a armas de fuego, municiones y materiales relacionados, pirotecnias y explosivos, así como las agencias de seguridad privada.

La diligencia de allanamiento a la sede de la Dirección Institucional en Asuntos de Seguridad Pública, enmarcada dentro del denominado "Caso Certificados“, permitió recabar indicios que el Ministerio Público calificó como clave para el avance de las pesquisas. El delito que se investiga es contra la administración pública, en su modalidad de corrupción de servidores públicos, reporta el diario Critica.

El reporte periodístico indica que el caso tomó impulso luego de que en febrero de este año la propia dirección de la Dirección Institucional en Asuntos de Seguridad Pública, mediante su unidad de asesoría legal, presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público, lo que activó el proceso penal que ahora avanza con el allanamiento realizado.

Recientemente esta entidad había descentralizado por primera vez el servicio de renovación y reactivación de permisos de porte y tenencia de armas de fuego, para que ciudadanos de las provincias de Chiriquí, Bocas del Toro y Veraguas realizaran este trámite sin trasladarse a la ciudad de Panamá.

Una nota de prensa institucional explica que como resultado de la gira regional, se recibieron 111 solicitudes de renovación y reactivación, se entregaron 85 permisos y se atendieron 64 consultas.

Esto, agrega la comunicación, como parte de los esfuerzos del Ministerio de Seguridad Pública para descentralizar sus servicios y acercarlos a la ciudadanía.

Hasta ahora, prosigue, renovar o reactivar un permiso de porte y tenencia de armas en el país implicaba para muchos ciudadanos de las provincias recorrer cientos de kilómetros hasta la ciudad capital.

La descentralización de este servicio, siempre de acuerdo al Ministerio de Seguridad, “representa un nuevo paso en la modernización”.

“Más que trasladar un trámite al interior del país, el Ministerio de Seguridad Pública, a través de la Dirección Institucional en Asuntos de Seguridad Pública (Diasp), acerca el Estado a las comunidades, elimina barreras de acceso y reafirma su compromiso de brindar servicios públicos más cercanos, eficientes y oportunos”, se afirma.

Citada por la nota institucional, la teniente de la Dirección Institucional en Asuntos de Seguridad Pública, Marixenia Viquez, recordó que mantener vigente el permiso de porte y tenencia de armas constituye una obligación establecida en la Ley 57 y exhortó a los usuarios a realizar sus renovaciones dentro de los plazos previstos para evitar sanciones administrativas y penales.

En 2018, el Ministerio Público imputó cargos a varios funcionarios de la Dirección Institucional en Asuntos de Seguridad Pública, por la manipulación de documentos para la obtención de permisos para portar armas de fuego, de acuerdo con el diario La Prensa.

Redes obsoletas, altos niveles de perdida, interrupciones frecuentes, potabilizadoras sobrecargadas, rezagos en saneamiento, contaminación de fuentes hídricas y una institucionalidad que no responde a las necesidades del país.

Esa es, según la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, la radiografía actual que presenta la administración y distribución del agua en Panamá, un país que anualmente recibe 2.5 veces más lluvia que el promedio del planeta.

“El reto no es la falta de agua; es la falta de gestión”, no duda en afirmar el organismo empresarial, que agrega que “sin agua no hay salud, productividad, competitividad y progreso”.

Panamá cuenta con aproximadamente 500 ríos, 67 sistemas lacustres y 52 cuencas hidrográficas, cuya conservación es clave para garantizar el abastecimiento de agua para el consumo humano, la producción agrícola, la generación de energía y la conservación de la biodiversidad, revela los datos del Ministerio de Ambiente.

En una nota firmada por su presidente, Aurelio Barría Pino, la Cámara de Comercio manifiesta que Panamá es una nación privilegiada, en donde “hemos convertido el agua en nuestro mayor activo estratégico a través del Canal de Panamá, “una obra que demuestra que la visión, la planificación y una gestión de excelencia transforman un recurso natural en desarrollo, competitividad y prosperidad”.

Por ello, agrega que el proyecto del embalse de Río Indio garantizará agua para el consumo humano y la operatividad de Canal para las próximas décadas., lo que a su entender “es una decisión acertada”, aunque aclara que “asegurar el recurso no basta”, toda vez que “el verdadero desafío es administrarlo y distribuirlo eficientemente para todos los panameños”.

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) ha explicado en reiteradas ocasiones que el lago Río Indio se presenta como la opción más viable para garantizar el abastecimiento de agua a más del 50% de la población y para apoyar las actividades productivas de la región, incluyendo la operación del Canal, durante los próximos 50 años.

Este proyecto, que comenzará en 2027 mediante una inversión estimada en $1.500 millones, se proyecta que genere más de 1.000 empleos directos y miles de empleos indirectos.

De la misma manera que Panamá fue capaz de construir un modelo de clase mundial para operar el Canal, agrega la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura, debe construir uno igual de eficiente para el agua potable y el uso comercial e industrial.

Esto, añade, exige modernizar la infraestructura, reducir las pérdidas, proteger las cuencas y, sobre todo, impulsar una transformación institucional que permita una gestión técnica, autónoma, transparente y de largo plazo.

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá propone la reactivación del Comité Intergremial del Agua, organismo que reúna al sector público, los gremios, la academia, especialistas y expertos de la sociedad civil para construir una hoja de ruta con soluciones concretas y sostenibles.

Panamá cuenta actualmente con 44 comités de cuencas hidrográficas, 43 comités de subcuencas y dos comités de microcuencas, integrados por representantes de instituciones públicas, gobiernos locales, organizaciones comunitarias, productores, usuarios del agua, centros académicos, organizaciones no gubernamentales y otros actores vinculados a la gestión hídrica.

Estas entidades impulsan la gestión integrada de los recursos hídricos y contribuyen a la identificación de prioridades ambientales dentro de cada territorio, indica el Ministerio de Ambiente.

Panamá reunirá del 7 al 8 de septiembre a líderes regionales de turismo, eventos, discapacidad, sostenibilidad y deporte adaptado, para analizar como la accesibilidad se consolida en una oportunidad de mercado, ventaja competitiva y legado país.

A realizarse en la Ciudad del Saber bajo el lema “Innovación social y accesibilidad para todos: legado en acción”, la actividad posiciona a Panamá en escenarios globales donde la accesibilidad, la educación y el turismo inclusivo se posicionan como ejes estratégicos para el futuro de los destinos, según sus organizadores.

Entre los temas a desarrollar están el turismo accesible, sostenibilidad empresarial, cultura inclusiva, empleabilidad, economía plateada, inteligencia artificial, diseño universal, neuroinclusión, deporte adaptado, criterios ESG, innovación social y legado en la industria de reuniones.

Al repasar las cifras de discapacidad se tiene que la Segunda Encuesta Nacional de Discapacidad, ENDIS-2, presentada por la Secretaría Nacional de Discapacidad (Senadis), con acompañamiento del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa), reveló que en Panamá 781.478 personas viven con algún tipo de discapacidad, lo que representa el 18% de la población.

Para los organizadores del Let’s Meet Panamá 2026, esta realidad confirma que la accesibilidad no puede continuar siendo tratada como un tema periférico, sino como una dimensión esencial de la planificación pública, la competitividad turística, el diseño de experiencias y la sostenibilidad social.

A nivel global, la Organización Mundial de la Salud estima que 1.300 millones de personas viven con una discapacidad significativa, equivalente al 16% de la población mundial. A esa realidad se le suma una tendencia demográfica global que redefine el futuro de los mercados.

De acuerdo con las Perspectivas de la Población Mundial 2024 de Naciones Unidas, la población mundial pasará de 8.200 millones de personas en 2024 a un máximo estimado de 10.300 millones hacia mediados de la década de 2080, antes de disminuir gradualmente hacia finales del siglo.

Además, hacia finales de la década de 2070, las personas mayores de 65 años superarán en número a los menores de 18 años.

Ante este panorama, Panamá volverá a colocarse en el centro de la conversación latinoamericana sobre inclusión, accesibilidad e innovación social con la realización del Let’s Meet Panamá 2026, una plataforma que ha convertido a la industria de reuniones en un vehículo para generar conocimiento, alianzas, reputación y transformación social.

El objetivo del encuentro, de acuerdo con los organizadores, es básico: diseñar destinos, eventos, servicios y experiencias capaces de responder a una población más diversa, más longeva y con mayores necesidades de accesibilidad.

“La inclusión deja de ser únicamente una causa social para convertirse en una ventaja competitiva, una oportunidad de mercado y una condición indispensable para los destinos que aspiran a crecer con visión de futuro”, afirman.

Reiteran que la relevancia de esta conversación trasciende la agenda social. De acuerdo con la ONU Turismo, en América Latina y el Caribe existen alrededor de 85 millones de personas con discapacidad, una población que representa no sólo un desafío de inclusión, sino también una oportunidad estratégica para los destinos, las empresas y la industria turística.

Se contempla que el deporte adaptado sea presentado como una herramienta de liderazgo, visibilidad, educación y transformación social, capaz de romper prejuicios, destacar capacidades y generar una conexión más humana con la diversidad.

La participación del Comité Paralímpico en esta actividad fortalece además el vínculo entre inclusión, deporte, turismo accesible e industria de reuniones. La presencia de este organismo, afirma el Let’s Meet Panamá, reafirma que la accesibilidad no debe entenderse únicamente desde la infraestructura, sino también desde la participación, la comunicación, la experiencia, la actitud, el servicio y la creación de oportunidades reales.

La confirmación de una condena de 50 años de prisión contra un hombre responsable del homicidio de una menor de edad y de la tentativa de homicidio de otro adolescente se suma a una tendencia que ha marcado este año las decisiones de los tribunales panameños: la imposición de penas cada vez más severas para los delitos de mayor violencia.

Solo en lo que va de 2026, al menos cinco condenas de 50 años o más han sido confirmadas o impuestas por los tribunales del país en casos de homicidios múltiples, femicidios y asesinatos de menores, reflejando la respuesta del sistema judicial frente a crímenes de alto impacto social.

La más reciente fue confirmada por el Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial, que rechazó un recurso de anulación presentado por la defensa y dejó en firme la sentencia No. 161 del 15 de octubre de 2025 contra un ciudadano hallado culpable de homicidio doloso agravado y tentativa de homicidio.

El caso ocurrió la tarde del 28 de mayo de 2023 en el residencial Los Lagos, corregimiento de Cristóbal Este, provincia de Colón. De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, el hoy condenado llegó a una cancha deportiva donde se desarrollaba una actividad con numerosas personas y, acompañado de un menor de edad, abrió fuego de manera premeditada.

Las detonaciones impactaron a dos menores de edad. Una de las víctimas falleció y la otra sobrevivió al ataque.

Además de la pena principal de 50 años de prisión, el Tribunal de Juicio impuso al condenado una sanción accesoria que le prohíbe portar armas de fuego durante 30 años, una vez cumpla la condena.

La decisión representa la pena más alta contemplada por la legislación panameña y refuerza el criterio de los tribunales de aplicar las máximas sanciones cuando las víctimas son menores de edad o los hechos ponen en riesgo a múltiples personas.

Culpable de asesinar a su hermano

Las condenas elevadas no se limitan a este caso.En Coclé, la Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Regional logró una sentencia de 18 años de prisión contra un hombre de 31 años que aceptó haber asesinado a su hermano de 18 años.

El crimen ocurrió el 18 de agosto de 2024 en un paraje de la comunidad de Llano Apóstol, en la vía hacia El Copé, distrito de Penonomé.

Según la investigación, el agresor ejerció fuerza sobre el cuello y las vías respiratorias de la víctima hasta provocarle la muerte por asfixia. Durante la audiencia, el Ministerio Público sustentó un acuerdo de pena que fue validado por el Tribunal de Garantías.

En otro proceso, la Sección Primera de Delitos Sexuales de la Fiscalía Metropolitana consiguió una condena de 16 años de prisión para un hombre responsable del delito de violación agravada en perjuicio de un adolescente.

Los abusos ocurrieron entre 2023 y 2024 en el corregimiento de Río Abajo, en el distrito de Panamá.

Durante la audiencia realizada el 23 de junio de 2026, el imputado aceptó su responsabilidad mediante un acuerdo de pena, el cual fue avalado por el Tribunal de Garantías. Además de la condena, el juez ordenó el pago de un resarcimiento económico a favor de la víctima.

Más de 780 condenas en un mes

Las decisiones conocidas esta semana se producen en un contexto de alta actividad judicial.

De acuerdo con el más reciente informe estadístico del Ministerio Público, durante mayo de 2026 se registraron 826 sentencias en todo el país, de las cuales 787 fueron condenatorias, 36 absolutorias y tres mixtas. Esto significa que el 95% de las resoluciones emitidas durante ese mes terminaron con una condena.

El Primer Distrito Judicial, que comprende Panamá, Panamá Oeste, Colón, Darién y Guna Yala, concentró la mayor cantidad de fallos, con 515 sentencias condenatorias, seguido por el Segundo y Tercer Distrito Judicial, con 98 cada uno, mientras que el Cuarto Distrito Judicial registró 76 condenas.

Las estadísticas reflejan una elevada tasa de condenas dentro del sistema penal panameño, especialmente en procesos tramitados bajo el Sistema Penal Acusatorio, donde los acuerdos de pena continúan representando una de las principales vías para concluir investigaciones penales, particularmente en delitos en los que los imputados aceptan su responsabilidad.

Aunque las cifras incluyen desde delitos patrimoniales hasta hechos de crimen organizado, homicidios y delitos sexuales, los casos conocidos esta semana muestran cómo los tribunales mantienen una línea de severidad frente a los hechos de mayor violencia, especialmente cuando las víctimas son menores de edad o cuando los crímenes generan un alto impacto en la comunidad.

La operación panameña se amplió mientras en territorio venezolano ya trabajan brigadas de rescate de nueve países y se esperaba la llegada de equipos de Alemania e Italia para reforzar las tareas de salvamento en las zonas más afectadas. La emergencia también llevó al Gobierno venezolano a restringir desde las 20:00 el ingreso de civiles al estado La Guaira por el colapso del tránsito en las rutas de acceso.

El segundo contingente panameño partió el sábado 27 de junio con dos unidades caninas para sumarse al primer equipo, que ya se había incorporado a la operación de búsqueda inmediata. Ese primer grupo llegó el viernes 26 de junio al aeropuerto de Maiquetía y fue registrado en el RDC Reception and Departure Center de Naciones Unidas antes de integrarse a las tareas de rescate.

La primera avanzada arribó pasadas las 23:00 al aeropuerto internacional de Maiquetía Simón Bolívar, donde fue recibida por la cónsul de Panamá en Venezuela, Susana Thornhill. Durante la noche anterior, el consulado también coordinó la recepción de 34 personas que llegaron a Valencia en un vuelo comercial de Copa.

Panamá reforzó el puente de rescate y ayuda humanitaria

Del personal panameño enviado en apoyo, el Servicio Nacional Aeronaval asignó nueve unidades del Departamento de Búsqueda y Rescate con entrenamiento para actuar en estructuras colapsadas y un paramédico de rescate. A esa capacidad se sumó la aeronave AN-255 C212 Aviocar y su tripulación, que permanece en Maiquetía con 25 horas de vuelo a disposición del Estado venezolano para apoyo logístico humanitario, transporte de insumos, rescatistas y otras capacidades operativas.

En paralelo, Panamá despachó las primeras 17 toneladas de provisiones recolectadas en una jornada de acopio organizada por el Despacho de la Primera Dama en el Parque Omar. Las donaciones, aportadas por panameños y residentes de distintas nacionalidades, incluyen enseres y alimentos y serán enviadas por vía marítima en contenedores.

Otra parte de las recolecciones será empacada y remitida por vía aérea. Para ese traslado, autoridades del Instituto de Mercadeo Agropecuario movilizaron furgones de carga al puerto, mientras el centro de acopio suspendió temporalmente la recepción de aportes para organizar y despachar lo reunido ante el volumen de donaciones y la búsqueda de bodegas adicionales.

La cadena logística, de todos modos, continuó en el Hub Humanitario, donde se siguieron recibiendo las donaciones recaudadas en los centros de acopio y se organizaron en pallets para enviarlas en vuelos salientes. Ese esquema, según la información oficial, permite liberar espacio para recibir nuevos aportes.

Venezuela militarizó La Guaira para sostener las tareas de rescate

La ayuda panameña se incorporó a una respuesta internacional más amplia en Venezuela, donde miles de civiles se desplazaron con asistencia humanitaria hacia La Guaira, el estado más afectado por los sismos. La afluencia masiva de vehículos provocó el colapso del tránsito y derivó en la restricción del acceso de particulares.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó la militarización del estado para facilitar las operaciones de rescate y asistencia en la zona del desastre. También informó que habló con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y con el secretario de Estado, Marco Rubio, quienes ratificaron el respaldo de su país tras los dos terremotos.

Rodríguez precisó: “Reafirmaron su compromiso de apoyar los esfuerzos de respuesta mediante el envío de rescatistas, equipos especializados, apoyo a los refugios temporales y asistencia humanitaria para las familias afectadas”.

La mandataria agregó que en las últimas horas llegaron al país equipos de rescate de Argentina, El Salvador, México, Suiza, Ecuador, España, Chile, Colombia, Países Bajos y Estados Unidos para sumarse a las labores de búsqueda y asistencia. También indicó que se esperaba el arribo de brigadas de Alemania e Italia para reforzar las operaciones de salvamento.

La justicia panameña dio un paso decisivo en uno de los casos criminales que mayor repercusión internacional ha tenido el país en los últimos años.

El Tribunal de Juicio declaró culpables a dos hombres por los delitos de homicidio y robo en perjuicio de la turista española Eneritz Argintxona Fraile, cuyo asesinato conmocionó a Panamá y España tras su desaparición en el archipiélago de Bocas del Toro en julio de 2024.

La Procuraduría General de la Nación informó que la Fiscalía Regional de Bocas del Toro logró acreditar la responsabilidad penal de ambos acusados durante el juicio oral. La pena que deberá cumplir cada uno será fijada posteriormente en una audiencia de individualización de la sentencia.

Eneritz Argintxona Fraile, de 30 años, era originaria de Erandio, en la provincia de Vizcaya, País Vasco, y recorría Centroamérica cuando llegó a Bocas del Toro, uno de los principales destinos turísticos de Panamá, conocido por sus playas, arrecifes y vida nocturna.

La joven se hospedaba en un hostal de Isla Carenero, una pequeña isla ubicada frente a Isla Colón, desde donde fue vista con vida por última vez la tarde del 23 de julio de 2024.

Al perder contacto con ella, familiares y amigos presentaron una denuncia de desaparición, lo que activó un amplio operativo de búsqueda en el que participaron unidades de la Policía Nacional, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), funcionarios del Ministerio Público, residentes y voluntarios.

Dos días después, el 26 de julio, moradores alertaron sobre el hallazgo de un cuerpo en una playa de Isla Carenero.

Posteriormente, la Fiscalía confirmó que se trataba de Eneritz Argintxona, cuya identidad fue establecida mediante pruebas de ADN realizadas con la colaboración de sus familiares, quienes viajaron desde España para participar en las diligencias.

La autopsia determinó que la causa de muerte fue un traumatismo craneoencefálico, descartando la posibilidad de un accidente y confirmando que la joven había sido víctima de un homicidio.

A partir de ese momento, la Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Regional de Bocas del Toro desarrolló una investigación que incluyó inspecciones de campo, entrevistas, análisis periciales y reconstrucción de los últimos movimientos de la víctima.

Como parte de las diligencias, los investigadores recuperaron varias pertenencias de Eneritz y reunieron indicios que permitieron identificar a los dos responsables del crimen.

Según el Ministerio Público, además del homicidio, ambos fueron encontrados culpables por el delito de robo, un elemento que desde las primeras etapas de la investigación figuró entre las principales hipótesis del móvil del asesinato.

El caso trascendió rápidamente las fronteras panameñas y recibió amplia cobertura en España, donde la desaparición de la joven fue seguida de cerca por medios de comunicación nacionales y autoridades del País Vasco.

La noticia también impactó profundamente a Bocas del Toro, una provincia cuya economía depende en gran medida del turismo internacional.

Tras conocerse el hallazgo del cuerpo, residentes, empresarios turísticos y organizaciones comunitarias realizaron vigilias y marchas pacíficas para exigir justicia por Eneritz y reclamar mayores medidas de seguridad en el archipiélago.

Las manifestaciones se desarrollaron principalmente en Isla Colón e Isla Carenero, donde decenas de personas colocaron flores, velas y mensajes de solidaridad para la familia de la joven española.

El caso abrió nuevamente el debate sobre la seguridad en uno de los destinos turísticos más visitados del Caribe panameño y motivó un reforzamiento de la presencia policial en la zona durante los meses posteriores al crimen.

Con el fallo condenatorio emitido por el Tribunal de Juicio, la investigación penal entra ahora en su fase final. Para la Fiscalía, la declaración de culpabilidad representa la validación del trabajo investigativo desarrollado durante casi dos años y constituye un avance importante en un caso que mantuvo la atención pública tanto en Panamá como en España.

El Gobierno de Panamá facilitará el regreso de los ciudadanos panameños que permanecen en Venezuela y decidan retornar al país, tras el terremoto que afectó esta semana a varias zonas del territorio venezolano y mantiene activados los mecanismos de asistencia consular.

El canciller Javier Martínez-Acha dijo a Infobae que la medida fue instruida directamente por el presidente José Raúl Mulino, quien ordenó brindar todas las facilidades necesarias para apoyar a los nacionales que soliciten ayuda para salir del país sudamericano.

“Por instrucciones del presidente, todos los panameños que deseen regresar al país tendrán facilidades de transporte. Inclusive, si es necesario, se les conseguirá el traslado sin costo“, afirmó el ministro de Relaciones Exteriores.

Las autoridades panameñas mantienen especial atención sobre la situación de un ciudadano panameño con quien no se había logrado establecer comunicación hasta la noche del viernes.

Según explicó Martínez-Acha, las autoridades panameñas en Venezuela continúa intentando localizarlo a través de los canales habilitados para atender la emergencia.

“Hay un panameño con el que todavía no hemos tenido ningún tipo de contacto con el consulado. Seguimos esperando que se comunique por medio de los canales que se han abierto", indicó.

El canciller precisó que el registro consular contabiliza actualmente 250 panameños residentes en Venezuela, aunque reconoció que la cifra real podría ser mayor debido a que no todos los ciudadanos se anotan en el registro diplomático.

“Registrados hay cerca de 250, pero puede haber más que no estén inscritos en el consulado", señaló.

Ante la emergencia, el Ministerio de Relaciones Exteriores activó el Centro de Coordinación de Información (CECODI) para brindar orientación y asistencia a los panameños que permanecen en territorio venezolano.

La Cancillería exhortó a los ciudadanos a mantenerse en estado de alerta, informarse únicamente a través de fuentes oficiales y seguir las instrucciones emitidas por las autoridades locales.

Para atender consultas, el CECODI habilitó los teléfonos (507) 504-9514, (507) 6371-8485 y (507) 6330-6252, además del correo electrónico cecodi@mire.gob.pa.

La institución reiteró que continuará monitoreando de forma permanente la evolución de la emergencia para adoptar las medidas de protección que sean necesarias en favor de los panameños que permanecen en Venezuela.

Mientras tanto, Panamá también reforzó su apoyo humanitario al país sudamericano. Un primer contingente de 61 rescatistas y cuatro canes ya se encuentra en suelo venezolano para colaborar en las labores de búsqueda y rescate.

La misión está integrada por unidades del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), el Servicio Nacional Aeronaval (Senan), el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá, la Cruz Roja Panameña y el Ministerio de la Presidencia. El equipo transportó además 1,000 libras de ayuda humanitaria y equipos especializados para operaciones en estructuras colapsadas.

El presidente José Raúl Mulino informó que Panamá ya ha enviado 17 toneladas de ayuda humanitaria a Venezuela y anunció que en las próximas horas despegará un segundo vuelo con más rescatistas y personal especializado para reforzar las labores de asistencia.

En paralelo, continúan habilitados en distintos puntos de la capital los centros de acopio para recibir alimentos no perecederos, agua embotellada, artículos de higiene, medicamentos e insumos de primera necesidad que serán enviados a las zonas afectadas conforme avancen los operativos de ayuda internacional.

Una nueva nube de polvo del Sahara cubrirá gran parte del territorio panameño durante este fin de semana, en un fenómeno natural que cruza cada año el océano Atlántico desde el norte de África y que, aunque aporta beneficios para los ecosistemas, también puede afectar la calidad del aire, incrementar la sensación térmica y agravar enfermedades respiratorias.

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) emitió un aviso de vigilancia por la incursión de estas partículas con vigencia desde las 12:01 a.m. del 27 de junio hasta las 11:59 p.m. del 29 de junio. Según el pronóstico, las concentraciones serán moderadas en la mayor parte del país y bajas en el Pacífico Central y Occidental. Como consecuencia, se espera un ambiente más brumoso y un aumento en la sensación de calor.

El polvo del Sahara es una enorme masa de aire seco cargada de partículas minerales que se desprenden del desierto africano y es transportada por los vientos alisios a través del Atlántico. El fenómeno ocurre todos los años, principalmente entre mayo y septiembre, coincidiendo con el inicio de la temporada de huracanes en el Atlántico.

Los científicos estiman que entre 100 y 180 millones de toneladas de polvo salen anualmente del desierto del Sahara. Una parte importante de ese material recorre más de 8,000 kilómetros hasta llegar al Caribe, Centroamérica, el Golfo de México e incluso la cuenca amazónica, impulsado por la denominada Capa de Aire Sahariano (Saharan Air Layer), una corriente atmosférica cálida y seca que viaja a varios kilómetros de altura antes de descender sobre la región.

Aunque para muchas personas el fenómeno solo significa cielos opacos o atardeceres más rojizos, sus efectos son mucho más amplios. Las partículas pueden irritar ojos, nariz y garganta, además de agravar cuadros de asma, alergias, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y otras afecciones respiratorias, especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades preexistentes.

Por esa razón, las autoridades recomiendan mantenerse hidratados, evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor calor y utilizar mascarillas cuando existan problemas respiratorios o sea necesario permanecer por largos periodos al aire libre. También aconsejan mantener cerradas puertas y ventanas en los hogares para reducir el ingreso de partículas.

Sin embargo, el polvo sahariano también desempeña un papel fundamental en el equilibrio ambiental del planeta. Los minerales que transporta, especialmente fósforo y hierro, fertilizan los suelos de ecosistemas tropicales como la Amazonía, compensando nutrientes que son arrastrados por las lluvias.

Asimismo, contribuye a alimentar el fitoplancton en algunas zonas del océano Atlántico y, debido a la sequedad de la masa de aire que lo acompaña, puede dificultar la formación y fortalecimiento de ciclones tropicales.

Mientras el IMHPA mantiene la vigilancia por la calidad del aire, otra alerta permanece activa sobre el litoral Caribe panameño debido al incremento del oleaje provocado por el fortalecimiento de los vientos alisios.

El aviso por estado de mar adverso y oleaje significativo estará vigente hasta las 10:00 a.m. del lunes 29 de junio y abarca las costas de Bocas del Toro, la comarca Ngäbe Buglé, el norte de Veraguas, Colón y la comarca Guna Yala.

Según el informe técnico, las olas oscilarán entre 1.4 y 3 metros de altura, siendo las condiciones más severas en el Caribe Oriental, donde se mantiene el nivel de advertencia más alto. El pronóstico indica además períodos de oleaje de entre ocho y once segundos y vientos de hasta 35 kilómetros por hora.

El IMHPA explicó que las condiciones más significativas se esperan durante el fin de semana debido al fortalecimiento de los vientos alisios en la cuenca del mar Caribe, por lo que recomendó extremar las precauciones a bañistas, pescadores artesanales, operadores de embarcaciones menores y residentes de zonas costeras vulnerables.

Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales y seguir las recomendaciones emitidas por el IMHPA y el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), ya que ambos fenómenos permanecerán bajo monitoreo hasta el próximo lunes.

Boquete en la provincia de Chiriquí volvió a convertirse en el punto de partida de la élite mundial del café. Con la recepción de 33 lotes de la categoría Varietales, inició oficialmente la edición número 30 del Best of Panama 2026, la competencia que durante tres décadas ha colocado a los cafés panameños en la cima del mercado internacional de especialidad y que el año pasado volvió a romper récords mundiales en precio, puntaje y ventas.

La nueva edición arranca con un ingrediente adicional: más controles, menos volumen y una apuesta por proteger la identidad genética de los cafés que compiten.

En total, este año participarán 104 lotes distribuidos en tres categorías: 33 de Varietales, 36 de Geisha Lavado y 35 de Geisha Natural. La Cata Nacional se realizará del 20 al 24 de julio, mientras que la Cata Internacional está prevista del 28 de julio al 1 de agosto, con jueces de los cinco continentes.

El Best of Panama no es una competencia cualquiera. Es la vitrina donde pequeños lotes producidos en las montañas de Chiriquí pueden terminar en manos de compradores de Asia, Medio Oriente, Europa y Norteamérica por precios que parecen más cercanos al mercado del arte que al de una bebida cotidiana.

En 2025, un lote Geisha Lavado de Hacienda La Esmeralda alcanzó los $30,204 por kilogramo en la subasta electrónica, un récord mundial para café verde. El lote, de 20 kilogramos, fue adquirido por Julith Coffee, de Dubái, por un total de $604,080.

Ese resultado elevó aún más la presión sobre la edición 2026. La Asociación de Cafés Especiales de Panamá (SCAP), organizadora del certamen, decidió reforzar los controles en la categoría Varietales, donde los lotes no podrán contener ningún porcentaje de grano Geisha. Para verificarlo, las muestras serán enviadas a un laboratorio en Europa, donde se realizará una evaluación genética que permitirá conocer el ADN de cada café.

Daniel Peterson, vicepresidente de la SCAP, explicó que por esa razón los varietales fueron recibidos dos semanas antes que los Geishas. El objetivo es completar los análisis antes de las catas nacional e internacional y asegurar que cada café compita en la categoría correcta.

“Este año hemos decidido recibir los varietales dos semanas antes de la recepción de los Geishas porque se les hace una evaluación genética. Todos los varietales entregados son enviados a un laboratorio que puede decir, a partir del ADN, si la variedad tiene algo de otra variedad por accidente. En ese caso, el café no puede proceder”, señaló Daniel Peterson.

La medida busca blindar una categoría que gana importancia dentro del certamen. Aunque el Geisha panameño sigue siendo la estrella global, los productores también están interesados en explorar otras variedades capaces de expresar perfiles únicos en los suelos y microclimas del país.

Peterson lo resume como una defensa del terroir panameño, es decir, la combinación de suelo, altura, clima, humedad y manejo agrícola que le da a cada café un perfil propio. “Esperamos mantener el terroir con variedades que puedan expresar sabores únicos, puros, no alterados, y que los consumidores sigan asociando a Panamá con excelencia en café”, dijo.

También destacó que esta categoría permite probar nuevas variedades que, cultivadas en Panamá, podrían desarrollar sabores distintos a los obtenidos en otros países.

Menor volumen

El inicio de la competencia ocurre, sin embargo, en un año complejo para la producción. Las condiciones climáticas del último ciclo redujeron la disponibilidad de café de alta gama. Por eso, la SCAP modificó el reglamento y estableció que cada lote tendrá un peso de 30 kilogramos. De esa cantidad, 15 kilogramos irán a la subasta electrónica y el resto se utilizará como muestra para el proceso de evaluación.

“Este año, como consecuencia del clima, se redujo la cantidad de kilos de café que entran a la competencia. La pequeña floración registrada en 2025 dejó cosechas muy restringidas en los cafés de alta gama”, explicó Daniel Peterson.

La reducción de volumen no necesariamente significa una caída de calidad. Al contrario, entre los productores hay una lectura distinta: al haber menos café disponible, la selección se volvió más estricta.

Estela Pittí, de Finca Los Cenizos, ubicada en Cerro Punta, aseguró que la participación en el Best of Panama es el resultado de un trabajo sostenido durante todo el año. “Somos una finca ubicada en Tierras Altas. Cada año hacemos un esfuerzo como equipo para brindar lo mejor de nuestra cosecha al Best of Panama”, expresó.

Victoria Koyner, de Café Kotowa, coincidió en que la menor producción obligó a escoger con más rigor los lotes presentados. Este año llevó nuevamente un café etíope, una accesión silvestre que en la finca llaman Chaquira.

“Es un café muy interesante. No se parece a ninguna otra variedad. Es muy aromático, muy floral, y muchas veces se va hacia hierbas aromáticas como romero o eucalipto. Es complejo y estamos emocionados”, manifestó Victoria Koyner.

La edición 30 del Best of Panama llega después de una subasta 2025 que dejó cifras históricas. Además del récord de $30,204 por kilogramo en Geisha Lavado, Hacienda La Esmeralda también obtuvo el precio más alto en Geisha Natural, con $23,608 por kilogramo, y en Varietales, con un Laurina vendido por $8,040 por kilogramo. En total, los 50 lotes subastados en 2025 generaron $2,861,200, más del doble de los $1,388,719 alcanzados en 2024.

Con esos antecedentes, la edición 2026 arranca con una mezcla de expectativa y cautela. Hay menos café, pero también más controles, más trazabilidad y una competencia que ya no solo premia sabor, sino identidad, pureza genética y capacidad de contar una historia en taza.

En Boquete, el Best of Panama cumple 30 años con la misma pregunta que cada edición intenta responder: hasta dónde puede llegar el valor de un café cuando origen, ciencia, clima y reputación se encuentran en una misma mesa de cata.

La integración de pequeñas y medianas empresas (pymes) a plataformas digitales representa una oportunidad para potenciar el crecimiento económico y reducir las brechas tecnológicas en Centroamérica y República Dominicana.

De acuerdo con un informe del Banco Mundial sobre el impacto de la tecnología en el mercado laboral de la región, la adopción de herramientas digitales y tecnologías de la información continúa siendo desigual, con Costa Rica y República Dominicana a la vanguardia, mientras otros países muestran rezagos.

Según el informe, la limitada penetración de tecnologías digitales en la región tiene efectos directos sobre la productividad y la competitividad de las pymes. Estas empresas, que constituyen en ACRD, enfrentan barreras como la falta de infraestructura, recursos técnicos y acceso a internet confiable, lo que dificulta su modernización y limita su capacidad de competir en mercados globales.

El informe destaca que la brecha digital se agrava en pymes ubicadas fuera de los principales centros urbanos, donde el acceso a electricidad estable, redes móviles y banda ancha es insuficiente. Este escenario impacta negativamente en la capacidad de las empresas para incorporar soluciones tecnológicas, acceder a financiamiento digital o sumarse a plataformas de comercio electrónico y servicios.

El déficit de capacidades digitales

El desarrollo de capacidades digitales es otro desafío. Muchas pymes carecen del conocimiento técnico necesario para aprovechar plenamente los beneficios de la digitalización. La capacitación en habilidades digitales y el acceso a asesoría técnica especializada surgen como prioridades señaladas por los especialistas del sector, quienes consideran que la formación continua y la actualización tecnológica deben formar parte de la agenda pública, plantea el organismo.

El informe del Banco Mundial sugiere que los gobiernos y organismos multilaterales pueden facilitar el acceso a infraestructura tecnológica básica y promoviendo programas de alfabetización digital. La inversión en educación, especialmente en zonas rurales y entre jóvenes y mujeres, ayuda a cerrar la brecha de habilidades y permitir que las pymes se sumen de manera efectiva a la economía digital.

Qué políticas recomienda el banco

En el plano de las políticas públicas, el informe recomienda implementar servicios de intermediación laboral digitales y sistemas públicos de empleo confiables, capaces de conectar a las pymes con talento calificado y oportunidades de negocio. Además, plantea la necesidad de diseñar incentivos y líneas de crédito específicas para la adopción de tecnologías, así como la creación de plataformas de asistencia técnica que permitan a las empresas superar barreras iniciales.

La integración de las pymes a plataformas digitales mejora la eficiencia, reduce costos operativos, amplía el acceso a mercados internacionales y promueve la innovación en productos y servicios. El informe subraya que la digitalización puede ser especialmente beneficiosa para sectores tradicionalmente excluidos, como mujeres emprendedoras y jóvenes, quienes encuentran en el entorno digital oportunidades de desarrollo económico.

El informe advierte que la falta de políticas diferenciadas según el nivel de avance tecnológico de cada país podría profundizar las desigualdades existentes. Por este motivo, urge adaptar las estrategias nacionales a las realidades locales, priorizando la inversión en infraestructura y programas de capacitación en aquellos países y regiones donde la brecha digital es mayor.

El vínculo con la economía verde

En cuanto a la sostenibilidad, el informe indica que la transición hacia una economía verde, apoyada en tecnologías digitales, abre nuevas posibilidades para el empleo sostenible, especialmente en sectores como la agricultura y los servicios ambientales. Sin embargo, la proporción de empleos verdes sigue siendo baja, por lo que la integración de pymes a plataformas digitales también puede contribuir a la creación de nuevos nichos laborales asociados a la sostenibilidad.

La integración digital de las pymes en Centroamérica y República Dominicana es vista como un motor de desarrollo económico y social, capaz de reducir desigualdades y aumentar la resiliencia de las economías locales. El informe concluye que articular esfuerzos entre sector público, privado y organismos internacionales será necesario para que las pymes puedan aprovechar plenamente el potencial de las tecnologías digitales y cerrar la brecha de desarrollo respecto a otras regiones.

Ciudad de Panamá dejó de ser únicamente un centro financiero y logístico para convertirse ahora en el punto de partida de un proyecto académico con ambiciones continentales.

La Universidad Internacional de la Florida (FIU) inauguró la primera oficina internacional del Adam Smith Center for Economic Freedom, una decisión que convierte a Panamá en la plataforma desde la cual el centro buscará extender su presencia por América Latina mediante programas de capacitación, investigación y formación de nuevos líderes.

La apertura representa un hito para la universidad estadounidense. Desde su creación hace poco más de cinco años, el Adam Smith Center había desarrollado sus actividades exclusivamente desde Florida. La oficina panameña es la primera fuera de Estados Unidos y, según sus directivos, será el modelo para futuras sedes en otros países de la región.

“El Centro Adam Smith quiere tener presencia en todo el continente. El primer paso es tener una presencia física que nos permita ofrecer cursos ejecutivos y programas de capacitación. Panamá era el lugar lógico para comenzar por su conectividad, su cercanía con Estados Unidos y su papel como puente entre las Américas“, explicó su director fundador, Carlos Díaz-Rosillo.

démico aseguró que la meta trasciende la apertura de una oficina. “Esperamos que esta sea la primera de muchas otras oficinas que queremos llevar por toda América Latina y, eventualmente, a otras partes del mundo para promover los valores de la libertad económica, la democracia y el emprendimiento", afirmó.

Para Díaz-Rosillo, el objetivo del centro es acercar la academia a quienes toman decisiones. “No nos quedamos en la teoría. Nuestro énfasis está en lo práctico. Muchos de nuestros profesores son o han sido altos servidores públicos. Queremos capacitar a empresarios, jóvenes y funcionarios con herramientas que puedan aplicar inmediatamente", señaló.

Entre los programas previstos figuran cursos ejecutivos sobre liderazgo, comunicación estratégica, política pública, economía, relaciones internacionales y gestión empresarial, diseñados junto con socios locales para responder a las necesidades específicas de cada país.

Panamá como plataforma regional

La elección de Panamá no fue casual. Además de su posición geográfica y su conectividad aérea, FIU considera que el país reúne condiciones para convertirse en un centro regional de formación y generación de conocimiento.

Durante la ceremonia, la presidenta de la Universidad Internacional de la Florida, Jeanette Núñez, destacó que la nueva oficina no solo fortalecerá la cooperación académica entre ambos países, sino que permitirá desarrollar investigaciones conjuntas y ampliar el intercambio de conocimiento en áreas como salud pública, medio ambiente, logística, innovación y desarrollo económico.

“Este centro no será únicamente una oficina. Será un espacio para educar, innovar y fortalecer las relaciones internacionales a través del conocimiento", expresó.

La exvicegobernadora de Florida también resaltó que la misión del Adam Smith Center consiste en preparar nuevas generaciones de líderes comprometidos con la libertad económica, el emprendimiento y el fortalecimiento institucional.

La inauguración reunió a representantes del Gobierno panameño, empresarios, académicos y miembros del cuerpo diplomático. Entre ellos estuvo el embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Cabrera, quien reveló que varias universidades estadounidenses manifestaron interés en establecer presencia en el país, aunque FIU fue la primera en concretar la inversión.

“Hemos hablado con más de diez universidades interesadas en venir a Panamá porque entienden el enorme potencial que tiene este país como centro regional. FIU ha sido la primera en hacerlo realidad", indicó.

El diplomático afirmó que Panamá ofrece ventajas difíciles de igualar gracias a su conectividad internacional y a su condición de hub regional.

“Panamá no representa únicamente un mercado de cuatro millones de habitantes. Gracias a su conectividad puede servir como plataforma para estudiantes y profesionales de toda América Latina", sostuvo.

Kevin Cabrera añadió que el fortalecimiento de la cooperación educativa constituye uno de los principales pilares de la relación bilateral entre ambos países.

Asimismo, destacó que la formación de emprendedores será uno de los principales aportes del centro. “Los emprendedores son quienes mueven cualquier economía. Aquí podrían surgir los próximos Steve Jobs o Jeff Bezos de la región", comentó.

La visión del Gobierno panameño

El ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha, calificó la apertura como un acontecimiento histórico para Panamá y sostuvo que el país comparte los principios de apertura económica, innovación y emprendimiento promovidos por el centro.

Durante un extenso discurso, el canciller vinculó el pensamiento de Adam Smith con la historia panameña y aseguró que el desarrollo del país siempre ha estado ligado a la apertura comercial.

Recordó que el Camino Real, el ferrocarril transístmico, el Canal de Panamá, el centro bancario internacional y la plataforma logística responden a una misma lógica: conectar personas, mercados y oportunidades.

Javier Martínez-Acha sostuvo que la economía del siglo XXI exige nuevas capacidades vinculadas a la inteligencia artificial, la innovación científica y la economía digital, por lo que consideró que la llegada del centro representa una oportunidad para preparar a las nuevas generaciones.

“La prosperidad no surge del enfrentamiento entre Estado y mercado. Surge cuando las instituciones generan condiciones para que las personas puedan innovar, emprender y desarrollar su talento", afirmó.

Javier Martínez-Acha también sostuvo que el principal desafío para América Latina ya no pasa únicamente por aumentar el tamaño de sus economías, sino por crear más oportunidades para que las personas desarrollen su talento.

En ese sentido, afirmó que una educación orientada al conocimiento, el emprendimiento y la innovación constituye la mejor herramienta para generar movilidad social y construir un crecimiento económico sostenible.

El canciller subrayó además que la llegada del Adam Smith Center coincide con un momento en que la inteligencia artificial, la automatización y la economía digital están transformando la forma en que los países compiten y generan riqueza.

A su juicio, ese nuevo escenario obliga a formar líderes capaces de adaptarse a los cambios tecnológicos y de impulsar políticas públicas que favorezcan la innovación sin perder de vista el bienestar de las personas.

Finalmente, consideró que la nueva oficina puede convertirse en un espacio de encuentro entre la academia, el sector privado y los gobiernos para debatir soluciones a los desafíos de la región.

"Las sociedades avanzan cuando las universidades salen de sus aulas para dialogar con las empresas, con el Estado y con la sociedad", afirmó, al señalar que la producción de conocimiento debe traducirse en propuestas concretas que contribuyan al desarrollo económico y al fortalecimiento de las instituciones.

Más allá de su papel como canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha participó también desde una vinculación académica directa con el proyecto, ya que forma parte del cuerpo docente del Adam Smith Center.

Participación internacional desde Lima

Uno de los momentos más llamativos de la ceremonia fue la participación virtual de la presidenta electa del Perú, Keiko Fujimori, quien además forma parte del cuerpo docente del Adam Smith Center.

Su intervención ocurrió mientras el proceso electoral peruano entra en su fase final. Con el 99.8 % del escrutinio oficial completado, Keiko Fujimori mantiene una ventaja considerada irreversible sobre su rival Roberto Sánchez, mientras la proclamación oficial de los resultados está prevista para mediados de julio, antes de su toma de posesión el 28 de julio.

Durante su mensaje, Keiko Fujimori reflexionó sobre la importancia de la preparación de nuevos líderes, el valor de la educación y la necesidad de combinar el crecimiento económico con el fortalecimiento institucional.

También compartió algunos de los principios que, según explicó, orientarán su administración una vez asuma la Presidencia del Perú, entre ellos el fortalecimiento de la seguridad, la recuperación de la confianza en las instituciones, el impulso a la inversión privada y la generación de oportunidades para los emprendedores, pilares que consideró indispensables para reducir la pobreza y consolidar la estabilidad democrática.

Su presencia otorgó una dimensión regional al evento y reforzó el perfil internacional que FIU busca imprimir al Adam Smith Center.

Expansión continental

Más allá del acto protocolar, la inauguración dejó claro que Panamá será el laboratorio desde donde FIU probará un modelo de expansión académica dirigido a gobiernos, empresarios y universidades latinoamericanas.

Carlos Díaz-Rosillo explicó que el centro ya está listo para comenzar a desarrollar programas en el país y que únicamente resta concretar alianzas con organizaciones locales que definan las áreas de capacitación prioritarias.

Dependiendo de las necesidades de cada socio, podrán organizarse programas especializados en liderazgo, comunicación política, política exterior, finanzas públicas o gestión empresarial, impartidos por profesores internacionales y exfuncionarios con experiencia en la toma de decisiones.

La visión, insistió, es convertir a Panamá en la primera estación de una red que conecte a América Latina mediante la formación de líderes públicos y privados capaces de enfrentar los desafíos de una economía cada vez más marcada por la innovación, la inteligencia artificial y la competencia global.

Con esa apuesta, el Adam Smith Center no solo inauguró una oficina. Inició en Panamá una estrategia de expansión que busca posicionar al país como el principal puente entre la academia estadounidense y los nuevos liderazgos económicos y políticos de América Latina.

Este sábado 27 de junio, Nueva York se prepara para experimentar una jornada marcada por la congestión vial y cambios logísticos significativos debido al partido de la Copa Mundial Masculina de la FIFA entre Panamá e Inglaterra, que se disputará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, conocido oficialmente durante el torneo como Estadio de Nueva York y Nueva Jersey. Desde primeras horas del día, miles de aficionados comenzarán a movilizarse hacia el recinto deportivo, generando un impacto notable en la circulación y el transporte público de la ciudad.

La expectación por el enfrentamiento ha llevado a las autoridades a emitir una alerta temprana sobre posibles atascos en puntos neurálgicos de Manhattan, especialmente en la zona de Midtown. El inicio del partido, programado para las 17:00, ha motivado que las medidas preventivas y las alteraciones en la movilidad empiecen a sentirse desde las 11:00 de la mañana. La previsión oficial advierte que quienes transiten por la ciudad en ese rango horario deberán anticipar demoras y buscar rutas alternativas, especialmente alrededor de Penn Station, donde se concentrarán los mayores flujos de usuarios y operaciones especiales.

La organización del evento se ha enfocado en canalizar de manera eficiente a los asistentes, por lo que se implementarán corredores exclusivos para autobuses lanzadera y se dispondrá el cierre temporal de varias calles estratégicas para facilitar el acceso y la evacuación de los hinchas. El objetivo es evitar un colapso total del tráfico y garantizar la seguridad tanto de los aficionados como de los residentes y trabajadores de la zona.

Restricciones y cambios en el servicio de NJ Transit en Penn Station

Uno de los puntos más críticos de la jornada será el funcionamiento de NJ Transit en Penn Station, principal terminal ferroviaria de Manhattan. Desde las 12:21 hasta las 16:14, el servicio estará restringido únicamente a quienes cuenten con boleto para el partido y se dirijan específicamente al estadio. Durante este intervalo, los pasajeros habituales que no asistan al encuentro deberán modificar sus planes y utilizar rutas alternativas, como el servicio PATH desde la calle 33 con destino a Hoboken o Newark Penn Station, para conectar con otros trenes hacia sus destinos habituales.

Finalizado el partido, la restricción en el acceso a Penn Station se reactivará durante varias horas para gestionar el retorno masivo de los aficionados. NJ Transit ha señalado que, entre las 19:12 y las 22:31, los trenes con dirección este hacia Manhattan finalizarán sus recorridos en Newark Penn Station o Newark Broad Street, obligando a los usuarios a completar sus trayectos mediante otros servicios disponibles.

La medida busca evitar aglomeraciones y mantener un flujo ordenado en la terminal, considerada un eje fundamental durante grandes eventos. El resto de los servicios, como los autobuses de PATH y otros trayectos de NJ Transit, permanecerán operativos y accesibles para el público general, aunque también podrían experimentar demoras y un aumento de la demanda por la magnitud del evento.

Quienes planeen utilizar NJ Transit en Penn Station durante este sábado deben anticiparse a estos cambios y consultar las rutas alternativas habilitadas. El acceso estará severamente restringido para quienes no porten boleto del partido, lo que puede afectar de manera considerable los traslados habituales en la ciudad ese día.

Cierres de calles en Midtown Manhattan vinculados al evento

Con el objetivo de canalizar la afluencia de aficionados y facilitar la operación de los transportes especiales, se implementarán cierres de calles en las inmediaciones de Penn Station desde las 11:00. Los tramos afectados incluyen:

• Calle 33 entre la Sexta Avenida y la Octava Avenida
• Calle 32 entre la Sexta Avenida y la Séptima Avenida

La alcaldía ha detallado que la calle 33 entre la Séptima y la Octava Avenida y la calle 32 entre la Sexta y la Séptima Avenida reabrirán tras el inicio del partido, pasada las 17:00, mientras que la calle 33 entre la Sexta y la Séptima Avenida permanecerá cerrada hasta después de las 22:00, cuando se prevé el regreso de la mayor parte de los asistentes al estadio.

Estos cierres buscan evitar la saturación en las inmediaciones de la estación y ofrecer espacio suficiente para las filas de aficionados que esperan abordar los trenes y autobuses lanzadera. Se recomienda a conductores y peatones evitar la zona o planificar recorridos alternativos para reducir los tiempos de espera y el riesgo de quedar atrapados en los embotellamientos.

Operativa y corredores de autobuses lanzadera para los aficionados

Para facilitar el desplazamiento masivo de hinchas hacia el estadio, la ciudad de Nueva York ha dispuesto corredores especiales para autobuses lanzadera que operarán desde tres puntos de recogida en Midtown. Estos autobuses estarán disponibles exclusivamente para los poseedores de entradas al partido y funcionarán dentro de un esquema controlado que implica el cierre adicional de calles y carriles al tráfico regular desde las 11:00 hasta las 22:00.

Las vías más importantes reservadas para estos servicios incluyen:

• Calle 42 desde la Primera Avenida hasta la Duodécima Avenida
• Dos carriles a lo largo de la Sexta Avenida, entre la calle 42 y la calle 59
• Dos carriles a lo largo de la Quinta Avenida, entre la calle 42 y la calle 59
• Calle 40 Oeste entre la Octava y la Undécima Avenida
• Calle 41 Oeste entre la Octava y la Décima Avenida

El objetivo de estos corredores es garantizar un acceso rápido y seguro al MetLife Stadium, minimizando el impacto sobre el tráfico particular y permitiendo que los aficionados arriben puntualmente al encuentro. La priorización de estos autobuses implica que, durante buena parte del día, el tránsito habitual en Midtown Manhattan se verá reducido y sujeto a desvíos forzosos.

Restricciones a las entregas de camiones y excepciones para vehículos autorizados

Como parte del operativo especial, se han impuesto restricciones a las entregas de camiones en la zona comprendida entre la calle 30 y la calle 60, en el horario de 11:00 a 22:00. Esta medida busca evitar bloqueos adicionales en una franja de la ciudad ya sobrecargada por la afluencia de público y la operación de autobuses lanzadera.

La restricción no afecta a vehículos de reparto más pequeños, como automóviles, furgonetas y bicicletas, que podrán continuar circulando y realizando entregas en la zona. Además, los vehículos de emergencia, de servicio y aquellos proveedores de servicios esenciales que trabajen dentro del área delimitada están exentos, según ha informado la alcaldía.

El operativo especial está diseñado para gestionar la movilidad de decenas de miles de personas en uno de los días de mayor movimiento deportivo de la ciudad, con el objetivo de contener el impacto sobre residentes, trabajadores y el funcionamiento general de Nueva York.

La Embajada de China en Panamá defendió el derecho de sus autoridades a inspeccionar buques con bandera panameña que arriban a puertos chinos y dejó entrever que esos controles continuarán, al sostener que forman parte de sus facultades como Estado rector de puerto y que responden a razones de seguridad marítima.

En el mismo comunicado, la representación diplomática afirmó que embarcaciones registradas en Panamá se han visto involucradas en colisiones que dejaron personas fallecidas y desaparecidas.

El pronunciamiento se conoció después de que el embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Cabrera, calificara como una “mentira garrafal” la versión china de que el aumento de inspecciones no tiene relación con el fallo de la Corte Suprema que declaró inconstitucional la concesión de Panama Ports Company, filial del conglomerado hongkonés CK Hutchison.

El comunicado también llega días después del fuerte intercambio diplomático ocurrido en la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), celebrada en Ciudad de Panamá, donde el representante permanente de China ante el organismo, Xie Feng, cuestionó públicamente las decisiones adoptadas por Panamá en torno a los puertos de Balboa y Cristóbal.

En su nota, la Embajada china sostuvo que las inspecciones se realizan conforme a normas internacionales y rechazó que tengan carácter político. Según la representación diplomática, las autoridades marítimas chinas tienen derecho a verificar el cumplimiento de estándares de seguridad, sanidad y operación de las embarcaciones que ingresan a sus puertos.

La Embajada afirmó además que, desde 2026, buques con bandera panameña se han visto involucrados en varias colisiones con embarcaciones mercantes o pesqueras en aguas chinas, con saldo de muertos y desaparecidos. El comunicado no detalla fechas, nombres de barcos ni investigaciones específicas que permitan identificar los casos mencionados.

El régimen chino también respondió a las declaraciones del canciller Javier Martínez-Acha, quien durante la sesión de la OEA defendió que Panamá es una democracia con separación de poderes y señaló que China tiene un sistema político distinto. La Embajada sostuvo que China también es un Estado de derecho y rechazó los señalamientos sobre su modelo político.

La Embajada de China también respondió a los cuestionamientos sobre su sistema político. En el comunicado sostuvo que “los comentarios sobre el sistema político de China carecen de fundamento” y defendió que “el socialismo con características chinas ha sido forjado por el pueblo chino”, además de afirmar que “las formas de hacer realidad la democracia son tan variadas como diversas” y que “la democracia popular en todos los procesos de China es la democracia más amplia, auténtica y eficaz”, con el respaldo de su población.

El comunicado también deslizó otra acusación contra el Gobierno del presidente José Raúl Mulino: que Panamá estaría actuando bajo la influencia de terceros. Sin mencionar directamente a Estados Unidos, la Embajada señaló que el país debe actuar conforme a sus propios intereses y no convertirse en instrumento de “una tercera parte”.

La frase aparece en un contexto de creciente respaldo público de Washington a Panamá. En su entrevista con Telemetro Reporta, Cabrera sostuvo que el incremento de inspecciones a barcos panameños fue de aproximadamente 400% después del fallo de la Corte y acusó a Beijing de intentar castigar al país por respetar una decisión judicial independiente.

“Ya no es un cuento chino, ahora es una mentira garrafal”, dijo Cabrera. El diplomático estadounidense afirmó que China combinó en la OEA el tema de los puertos con el de las inspecciones marítimas, lo que a su juicio demuestra que las acciones contra buques panameños no son casuales.

La controversia tiene como origen el fallo de la Corte Suprema de Justicia de Panamá que declaró inconstitucional la renovación de la concesión otorgada a Panama Ports Company para operar los puertos de Balboa y Cristóbal, ubicados en las entradas del Canal de Panamá.

Durante su intervención en la OEA, Xie Feng sostuvo que la decisión panameña envía una señal negativa a la inversión extranjera y pidió a Panamá corregir lo que calificó como errores, además de proteger los derechos e intereses de las empresas chinas.

Martínez-Acha respondió que el fallo fue emitido por la Corte Suprema de Justicia y que el Ejecutivo no tiene facultades para revertir una decisión judicial. También aseguró que representantes chinos le pidieron en varias ocasiones intervenir para modificar el resultado del proceso, algo que rechazó por ser incompatible con la separación de poderes.

El canciller panameño también cuestionó el incremento de inspecciones a buques nacionales en puertos chinos y afirmó que ese comportamiento no se observa en la misma proporción con enbarcaciones registradas en otros países de la región.

El nuevo comunicado de la Embajada china profundiza el choque diplomático y confirma que el desacuerdo por los puertos de Balboa y Cristóbal ya trascendió el terreno judicial y comercial para convertirse en un pulso político entre Panamá, China y Estados Unidos.

Infobae consultó al canciller panameño, Javier Martínez-Acha, sobre la tensión diplomática entre Panamá y China, pero el funcionario prefirió no hacer comentarios. Al ser preguntado sobre si el Gobierno panameño pedirá explicaciones a la representación diplomática china en el país por el contenido del comunicado, respondió únicamente que actualmente no hay embajador de Beijing en Panamá.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, encabezó en la provincia de Chiriquí un acto oficial en el que se realizó la entrega de 338 viviendas y 180 títulos de propiedad a familias de esa región, como parte de un programa nacional de soluciones habitacionales.

Según informaron medios nacionales, esta jornada incluyó la participación de la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, y del ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Jaime Jované, quienes acompañaron al mandatario en el Museo del Ferrocarril Bugabeño, en la ciudad de La Concepción, distrito de Bugaba.

De acuerdo con lo reportado por medios nacionales, el evento benefició a hogares de los distritos de Bugaba, Boquerón, Renacimiento y de la comarca Ngäbe Buglé, donde se encuentran en desarrollo nuevas obras y un plan de cien puentes zarzo enfocado en mejorar la calidad de vida y la seguridad, especialmente para los estudiantes.

El presidente Mulino expresó durante la ceremonia: “El sueño de años de tener su casa propia se hace realidad con un mejor espacio para compartir con lo más importante que tenemos: la familia”, declaración presentada por Astrid Salazar en su cuenta de X.

La Autoridad Nacional de Administración de Tierras (ANATI) distribuyó los títulos de propiedad, dotando de seguridad jurídica a más de 750 personas que habitan y trabajan esos terrenos. El ministro Jované expuso que la inversión en estas soluciones habitacionales supera los nueve millones de balboas, dirigida principalmente a los sectores más vulnerables, según detalles del gobierno panameño.

Cada título representa, según la ANATI, la consolidación de un patrimonio familiar y habilita el acceso a oportunidades de financiamiento, al tiempo que fortalece la tranquilidad de los beneficiarios. La institución comunicó que está impulsando un proceso de modernización enfocado en la digitalización de trámites y la optimización de procesos, con el objetivo de ampliar la cobertura de seguridad jurídica a través de la regularización de derechos posesorios y la titulación de tierras.

Durante la jornada, acompañaron al mandatario la viceministra de Asuntos Indígenas, Doris Bill Fábrega; el administrador de la ANATI, Andrés Pagés; y las gobernadoras Aixa Santamaría (Chiriquí) y Amarilis Cáceres Andrades (comarca Ngäbe Buglé). Antes del acto, el presidente recorrió el Museo de Bugaba y visitó los vagones del antiguo Ferrocarril de Puerto Armuelles.

La entrega de viviendas y títulos en Chiriquí se suma a miles de titulaciones otorgadas en todo el país, con el propósito de fortalecer el patrimonio familiar y contribuir al desarrollo ordenado de las comunidades panameñas, según puntualizó el presidente Mulino.

En Chiriquí, la tramitación de títulos de vivienda y propiedad se canaliza principalmente por dos vías oficiales: la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (ANATI) para terrenos baldíos o derechos posesorios, y el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT) para proyectos habitacionales o urbanísticos.

Para los predios sin título formal, la ANATI permite solicitar la titulación si el ocupante acredita una posesión real, pública, pacífica e ininterrumpida. Entre los requisitos se incluyen recibos de pago de impuestos, planos, declaraciones juradas de vecinos y fotografías, además de demostrar que el terreno no está en zonas protegidas, áreas costeras concesionadas o reservas indígenas; el estado del trámite puede consultarse en el portal Sistema de Gestión de Trámites de ANATI.

En el caso de viviendas de interés social, el MIVIOT realiza entregas y jornadas de soluciones habitacionales en la provincia, con viviendas construidas y títulos para hogares vulnerables. El proceso exige una evaluación socioeconómica en las oficinas regionales del MIVIOT en David (Chiriquí), y las convocatorias o el inicio del expediente se gestionan desde el portal oficial del ministerio.

La cacería de los prófugos de La Joyita continúa dando resultados. Dos de los evadidos durante la fuga masiva de 195 privados de libertad ocurrida el pasado 1 de junio fueron recapturados por la Policía Nacional en las últimas horas, horas después de que las autoridades duplicaran a $4,000 la recompensa ofrecida por información que permitiera ubicarlos.

Las nuevas capturas elevan a 182 el número de evadidos que han sido recapturados, reduciendo a 13 la cantidad de personas que aún permanecen prófugas de la justicia tras una de las mayores evasiones registradas en el sistema penitenciario panameño.

Uno de los detenidos es Edgardo Abdiel Guillén, de 56 años, quien cumplía una condena por homicidio. El hombre fue localizado durante un allanamiento efectuado en el sector de El Tecal, corregimiento de Vacamonte, distrito de Arraiján, en una operación conjunta entre la Policía Nacional y el Ministerio Público.

La segunda recaptura corresponde a José Nicolás López Algandona, quien también figuraba entre los 195 privados de libertad que escaparon de La Joyita. Su aprehensión se produjo durante un operativo de seguimiento realizado en una residencia ubicada en el sector de Loma 9, en el distrito de San Miguelito.

Las autoridades atribuyen parte de estos resultados al fortalecimiento de las labores de inteligencia y al incremento de la recompensa ofrecida por información ciudadana. Inicialmente, el Gobierno había fijado un incentivo de $2,000 por cada prófugo, monto que posteriormente fue elevado a $4,000 con el propósito de acelerar las capturas.

La búsqueda continúa desplegada en distintos puntos del país con el apoyo de unidades de inteligencia, investigación criminal y vigilancia, mientras las autoridades mantienen operativos permanentes para localizar a los 13 evadidos restantes.

Las acciones no se han limitado únicamente a la persecución de los fugitivos. Paralelamente, el Ministerio de Seguridad ha intensificado las intervenciones dentro del sistema penitenciario para desarticular las estructuras criminales que continúan operando desde las cárceles.

Una de las operaciones más recientes fue la Operación Cerrojo, desarrollada en el Centro Penitenciario La Joya, complejo ubicado junto a La Joyita y considerado uno de los mayores recintos penitenciarios del país.

En el operativo participaron 2,400 unidades de la Policía Nacional, el Servicio Nacional Aeronaval y el Servicio Nacional de Fronteras, quienes intervinieron los pabellones 5, 6, 7, 8, 10 y 15, donde permanecen recluidas 2,627 personas privadas de libertad.

Los resultados de las requisas volvieron a evidenciar el ingreso de artículos prohibidos dentro de las cárceles panameñas.

Durante la intervención fueron decomisadas ocho armas de fuego, 67 municiones, 1,209 envoltorios con presuntas sustancias ilícitas y $196 en efectivo.

Además, los agentes ubicaron 100 teléfonos celulares, 77 televisores, una antena Starlink, ocho routers y 487 artículos prohibidos de diversa naturaleza, entre ellos objetos que, según las autoridades, pueden facilitar la comunicación de organizaciones criminales con el exterior o fortalecer actividades ilícitas dentro de los centros penitenciarios.

La Operación Cerrojo forma parte de la estrategia anunciada por el Gobierno tras la fuga masiva de La Joyita, cuyo objetivo es recuperar el control de los centros penitenciarios, eliminar privilegios ilegales y reducir la capacidad operativa de las estructuras criminales que funcionan desde el interior de las cárceles.

Las autoridades sostienen que las intervenciones continuarán desarrollándose de manera sorpresiva en distintos penales del país.

A estas acciones se suma el golpe contra estructuras criminales fuera de los centros penitenciarios.

En otra diligencia realizada en el corregimiento de Mateo Iturralde, en San Miguelito, unidades policiales capturaron a alias “Maikol”, de 29 años, quien figuraba en la lista de los más buscados por delitos contra la vida e integridad personal y contra la libertad.

Durante el allanamiento también fue aprehendida una mujer, a quien las autoridades decomisaron una presunta sustancia ilícita.

Las operaciones forman parte del plan de seguridad que el Ministerio de Seguridad puso en marcha tras la crisis penitenciaria de comienzos de junio, cuando la fuga de 195 privados de libertad dejó al descubierto las debilidades en el control de La Joyita y obligó al Gobierno a desplegar operativos de búsqueda a nivel nacional.

Desde entonces, además del incremento de las recompensas, las autoridades han reforzado la presencia policial en las comunidades donde podrían ocultarse los prófugos, ejecutado allanamientos simultáneos y aumentado las requisas dentro de los centros penitenciarios.

La construcción de la Línea 3 del Metro de Panamá alcanzó un 77% de avance global e ingresó en una de las etapas más importantes del proyecto con el inicio de las pruebas dinámicas del monorriel, un proceso que permitirá comprobar el funcionamiento conjunto de los trenes, la infraestructura y los sistemas de control antes de su futura entrada en operación.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, participó en un recorrido de inspección a bordo de uno de los trenes que actualmente realiza las pruebas entre el Patio y Talleres de Ciudad del Futuro y la estación Vista Alegre, en un tramo aproximado de seis kilómetros ubicado en el distrito de Arraiján.

Durante el recorrido, el mandatario estuvo acompañado por el director general del Metro de Panamá, César Pinzón, ministros de Estado y personal técnico responsable de la ejecución del proyecto, quienes explicaron el alcance de las evaluaciones que se desarrollan en esta fase.

Las pruebas dinámicas constituyen uno de los hitos más relevantes en la construcción de una línea ferroviaria, ya que permiten verificar el comportamiento real del material rodante antes de transportar pasajeros.

En esta etapa se evalúan sistemas de tracción, frenado, estabilidad, comunicación, señalización y todos los mecanismos de seguridad que garantizarán la operación comercial del monorriel.

Las autoridades señalaron que estas pruebas permiten comprobar la interacción entre la infraestructura, los sistemas electromecánicos y los trenes, con el propósito de asegurar que el servicio opere bajo estándares internacionales de seguridad, confiabilidad y eficiencia.

El recorrido se realizó utilizando el tren número 2, una de las 26 unidades que conformarán la flota definitiva de la Línea 3.

Cada tren, desarrollado con tecnología japonesa, estará compuesto por seis vagones con capacidad para transportar alrededor de 1,000 pasajeros y alcanzará velocidades de hasta 80 kilómetros por hora.

Las unidades también incorporan un sistema de respaldo mediante baterías que permitirá continuar el desplazamiento hasta la siguiente estación en caso de una interrupción del suministro eléctrico.

Mientras avanzan las pruebas ferroviarias, la construcción de la obra civil también mantiene un ritmo sostenido. De acuerdo con las cifras oficiales, el proyecto registra un avance del 85% en el tramo elevado, un 66% en el segmento soterrado y un 90% en la construcción del túnel excavado mediante la tuneladora “Panamá”.

En febrero pasado la obra alcanzó uno de sus mayores hitos al completar el cruce subterráneo bajo el Canal de Panamá, convirtiéndose en la primera infraestructura ferroviaria del país en atravesar por debajo de la vía interoceánica.

Actualmente, la construcción del túnel está en su etapa definitiva. Restan menos de 600 metros para completar la excavación de los aproximadamente 4.5 kilómetros que conforman el tramo soterrado del proyecto.

Desde que inició operaciones en septiembre de 2024, la tuneladora ha excavado más de 3.9 kilómetros, instalado 1,560 anillos de concreto y removido más de 800,000 metros cúbicos de material, cifras que reflejan la magnitud de una de las obras de ingeniería más complejas desarrolladas en Panamá.

La Línea 3 tendrá una longitud cercana a 24.5 kilómetros y contará con 11 estaciones durante su primera fase de operación.

Cuando entre en funcionamiento, tendrá capacidad para movilizar hasta 30,000 pasajeros por hora en cada sentido, beneficiando principalmente a los residentes de Panamá Oeste, una de las regiones con mayor crecimiento poblacional del país.

El proyecto es ejecutado por el consorcio coreano HPH Joint Venture, integrado por Hyundai Engineering & Construction y Posco E&C, y se financia principalmente mediante préstamos concesionales otorgados por el Gobierno de Japón a través de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA).

La Línea 3 fue concebida originalmente para cruzar el Canal de Panamá utilizando la estructura del cuarto puente sobre la vía interoceánica. Sin embargo, los retrasos en esa obra obligaron al Gobierno en 2021 a modificar el diseño e incorporar un túnel ferroviario como alternativa para garantizar la continuidad del proyecto.

La decisión implicó importantes ajustes técnicos y financieros. El costo estimado pasó de aproximadamente $2,800 millones a más de $4,400 millones, debido a la construcción del túnel y a la incorporación de sistemas especializados de ventilación, drenaje, monitoreo y seguridad.

A pesar de esos cambios, el avance alcanzado en las obras civiles y el inicio de las pruebas dinámicas permiten al Metro de Panamá acercarse a una nueva etapa del proyecto. Mientras el tramo elevado continúa aproximándose a su finalización, la excavación del túnel entra en su recta final, consolidando el mayor proyecto de infraestructura ferroviaria que se construye actualmente en el país.

Copa Airlines anunció vuelos adicionales entre Ciudad de Panamá y Valencia, luego de haber retomado parcialmente sus operaciones regulares hacia Venezuela tras recibir autorización de las autoridades aeronáuticas de ese país.

La medida se da en medio de los ajustes operativos provocados por los terremotos que afectaron a Venezuela esta semana y que obligaron inicialmente a suspender vuelos hacia varias ciudades venezolanas.

El jueves, la aerolínea panameña informó que, tras recibir la notificación oficial de las autoridades de Venezuela, reanudaría sus vuelos regulares desde y hacia Valencia, mientras que desde este viernes 26 de junio retomaría también las operaciones hacia Barcelona, Barquisimeto y Maracaibo, según sus itinerarios habituales.

La excepción continúa siendo Caracas. Los vuelos desde y hacia la capital venezolana permanecerán suspendidos hasta el 2 de julio de 2026, sujetos a la evolución de las condiciones operativas.

Una vez retomados los vuelos regulares a Valencia, Copa informó la programación de operaciones adicionales entre esa ciudad y Panamá. Estos vuelos estarán disponibles desde este viernes 26 de junio hasta el jueves 2 de julio, período durante el cual la aerolínea operará frecuencias extraordinarias para atender parte de la demanda generada por la suspensión de la ruta a Caracas.

Según el itinerario divulgado por la compañía, los vuelos adicionales desde Ciudad de Panamá hacia Valencia saldrán a las 9:03 a.m., 12:43 p.m. y 5:03 p.m., con llegadas previstas a las 12:13 p.m., 3:53 p.m. y 8:21 p.m., respectivamente.

En sentido contrario, las salidas desde Valencia hacia Panamá están programadas a las 1:43 p.m., 4:03 p.m. y 5:03 p.m., con llegadas a Tocumen entre las 3:53 p.m., 5:11 p.m. y 8:21 p.m., según el vuelo correspondiente.

La decisión representa una normalización parcial de la conectividad aérea entre Panamá y Venezuela. Antes de la emergencia, Copa mantenía vuelos regulares hacia Caracas, Valencia, Maracaibo, Barcelona y Barquisimeto, utilizando el Aeropuerto Internacional de Tocumen como su principal centro de conexiones regional.

La suspensión inicial fue adoptada después de los terremotos que afectaron a Venezuela y que obligaron a revisar la seguridad de la infraestructura aeroportuaria. En un primer momento, Copa canceló operaciones hacia varios destinos, a la espera de la autorización de las autoridades venezolanas para retomar los vuelos.

Con la notificación oficial recibida el jueves, la aerolínea empezó a recuperar gradualmente su red hacia Venezuela, aunque mantuvo fuera de operación la ruta a Caracas por las condiciones aún pendientes de evaluación.

La compañía también conserva vigente una política especial para los pasajeros afectados por cancelaciones o cambios operativos. Los viajeros pueden solicitar cambios de fecha, modificaciones de origen o destino y reembolsos sin penalizaciones, conforme a las condiciones establecidas por la empresa.

Copa recomendó a los pasajeros verificar el estado de sus vuelos a través de sus canales oficiales antes de trasladarse al aeropuerto, debido a que la operación continúa sujeta a la evolución de las condiciones en Venezuela.

Valencia se encuentra a unos 170 kilómetros por carretera de Caracas, por lo que el restablecimiento de los vuelos hacia esa ciudad ofrece una alternativa para algunos pasajeros afectados por la suspensión temporal de las operaciones hacia la capital venezolana. No obstante, la posibilidad de completar el trayecto por vía terrestre dependerá del estado de las carreteras y de las condiciones de seguridad que determinen las autoridades venezolanas tras los terremotos.

Ayuda desde Panamá

Mientras se ajusta la conectividad aérea, Panamá también activó una respuesta humanitaria ante la emergencia venezolana. El presidente José Raúl Mulino informó que ya salió desde Panamá un primer embarque con 17 toneladas de ayuda humanitaria destinada a las personas afectadas por los terremotos.

El mandatasrio señaló que el país puso a disposición de Venezuela asistencia humanitaria y personal especializado en búsqueda y rescate. Según explicó, un equipo de 61 rescatistas panameños y cuatro perros entrenados podría viajar al país sudamericano para apoyar las labores de búsqueda durante un período inicial de siete días, prorrogable si la situación lo requiere.

El grupo estaría integrado por personal del Sistema Nacional de Protección Civil, el Servicio Nacional de Fronteras, el Servicio Nacional Aeronaval, la Cruz Roja y el Cuerpo de Bomberos de Panamá. Mulino también indicó que se evalúa la posibilidad de un segundo vuelo con más rescatistas, dependiendo de la evolución de la emergencia.

El presidente informó además que en Panamá se habilitó un centro de donaciones en el Parque Omar, coordinado por el Despacho de la Primera Dama, con el apoyo de voluntarios, para recolectar ayuda destinada a las familias afectadas.

Organizaciones comunitarias y grupos de apoyo han habilitado al menos cinco puntos de recolección en el país para recibir alimentos no perecederos, agua, artículos de higiene personal, medicamentos e insumos de emergencia.

La emergencia en Venezuela ha movilizado tanto al Gobierno panameño como a la comunidad venezolana residente en el país. Mulino afirmó que Panamá continuará enviando ayuda humanitaria y destacó la solidaridad ciudadana ante una tragedia que ha dejado cientos de fallecidos, miles de heridos y personas aún desaparecidas.

La adquisición de Banistmo por $1,418 millones entró en su etapa definitiva luego de recibir las aprobaciones regulatorias correspondientes, un requisito indispensable para completar una de las mayores operaciones bancarias registradas en Centroamérica durante los últimos años.

Con el visto bueno de las autoridades financieras, el grupo salvadoreño Inversiones Cuscatlán Centroamérica (ICC) anunció ahora el inicio de una nueva etapa corporativa: su transformación en Grupo Financiero BSC.

En operaciones de compra de bancos, la autorización de los reguladores representa mucho más que un trámite administrativo. Antes de aprobar el cambio de control accionario, las autoridades supervisan aspectos como la solidez patrimonial del comprador, el origen de los recursos, la estructura de gobierno corporativo, la gestión de riesgos, los mecanismos de cumplimiento y el impacto que la transacción podría tener sobre la estabilidad del sistema financiero y la protección de los depositantes.

Solo después de superar ese proceso, la operación puede avanzar hacia su integración definitiva. En el caso de Banistmo, la aprobación regulatoria permitió al grupo comenzar a ejecutar decisiones estratégicas que habían permanecido en espera durante el proceso de evaluación.

La primera de ellas fue anunciar el inicio del cambio de nombre de Inversiones Cuscatlán Centroamérica a Grupo Financiero BSC, una identidad que busca reflejar la nueva dimensión regional alcanzada por el conglomerado.

El nuevo nombre no fue escogido al azar. Según explicó la organización, las siglas BSC integran tres de las marcas que hoy representan su crecimiento regional: Banistmo, cuya incorporación se encuentra en su etapa final tras la reciente aprobación regulatoria; SISA, su negocio de seguros; y Cuscatlán, la franquicia bancaria con operaciones en El Salvador, Guatemala y Honduras.

Paralelamente, el nombre resume los valores de Bienestar, Solidez y Crecimiento, que el grupo identifica como la base de su estrategia de largo plazo.

La reorganización corporativa ocurre después de otra adquisición estratégica realizada por el conglomerado. Antes de concretar la compra de Banistmo, Inversiones Cuscatlán completó la adquisición del 100% de La Hipotecaria (Holding), Inc., incorporando a su estructura a Banco La Hipotecaria en Panamá, La Hipotecaria de El Salvador y La Hipotecaria Compañía de Financiamiento en Colombia.

Con ambas operaciones, el grupo amplió significativamente su presencia en Centroamérica y fortaleció su participación en banca comercial, financiamiento hipotecario, seguros y otros servicios financieros.

La compra de Banistmo también dejó otro hecho relevante para el sistema financiero panameño. El grupo decidió establecer a la Superintendencia de Bancos de Panamá como su supervisor de origen, una figura mediante la cual el regulador panameño ejercerá la supervisión consolidada del conglomerado financiero.

La supervisión consolidada permite evaluar riesgos de liquidez, solvencia, gobierno corporativo y cumplimiento no únicamente en una entidad bancaria, sino en todo el grupo financiero. Además, facilita la coordinación con otros supervisores extranjeros mediante acuerdos internacionales de cooperación, fortaleciendo la vigilancia sobre operaciones que abarcan varios países.

El comunicado difundido por el grupo centroamericano aclara que el cambio de nombre no modifica la estructura operativa del grupo ni los servicios ofrecidos por sus distintas marcas. Las operaciones continuarán desarrollándose con normalidad mientras culmina el proceso legal para adoptar oficialmente la denominación Grupo Financiero BSC, prevista para entrar en vigor durante julio, una vez sea aprobada por la asamblea general de accionistas.

Federico Nasser Facussé, presidente de Inversiones Cuscatlán, afirmó que la nueva identidad refleja el crecimiento alcanzado por la organización durante la última década.

“Grupo Financiero BSC representa mucho más que un cambio de nombre: es la afirmación de quiénes somos y de hacia dónde vamos, con una visión y un compromiso de largo plazo con el desarrollo sostenible por una Latinoamérica con mayores oportunidades para las empresas y las personas", señaló el ejecutivo.

Al cierre de diciembre de 2025, y sin incluir todavía la integración de Banistmo, el grupo reportaba más de 2.7 millones de clientes, una fuerza laboral de 5,300 colaboradores y activos superiores a $7,600 millones.

Con la incorporación de Banistmo y las operaciones previamente adquiridas de La Hipotecaria, el conglomerado consolida una de las plataformas financieras regionales de mayor crecimiento en Centroamérica, con presencia en El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá y Colombia.

De julio de 2024 hasta septiembre del año pasado en Panamá se han subastado bienes aprehendidos por delitos relacionados con la administración pública, blanqueo de capitales, financieros, terrorismo y narcotráfico por un valor de $1,975.761.57.

Vehiculos, inmuebles y metales preciosos, han formado parte de las subastas que ha realizado la Dirección de Administración de Bienes Aprehendidos del Ministerio de Economía y Finanzas.

La lucha contra la criminalidad organizada requiere de una estrategia integral que incluya no solo la persecución penal de los responsables, sino también la identificación, incautación y reutilización de los bienes obtenidos ilícitamente, sostuvo el procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez Rudy.

Acotó que afectar el patrimonio criminal permite debilitar las organizaciones delictivas y enviar un mensaje contundente de que las actividades ilegales no generan beneficios permanentes.

El intercambio de experiencias con expertos internacionales, según Pedro Escalona, encargado de Bienes Aprehendidos del Ministerio de Economía y Finanzas, ha permitido identificar nuevas prácticas y oportunidades de mejora que ya están siendo incorporadas en los procesos institucionales.

“Cada una de las experiencias compartidas nos permite evaluar e implementar mejores prácticas para garantizar que los bienes recuperados sean utilizados de manera efectiva en beneficio de la sociedad”, manifestó.

Astrid Bosch, jefa de proyecto de la Cooperación Alemana para el Desarrollo (GIZ), afirmó que la reutilización de activos contribuye a fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones públicas al demostrar que los beneficios obtenidos mediante actividades ilícitas regresan a las comunidades a través de programas de reparación y desarrollo.

Reconoció los avances alcanzados por Panamá en materia de transparencia y recuperación de activos, resaltando la existencia de mecanismos especializados para la administración de bienes vinculados a la criminalidad económica y los esfuerzos dirigidos a fortalecer la identificación de beneficiarios finales.

Una herramienta clave para desarticular las estructuras financieras que sostienen a la criminalidad organizada, afirmó en su momento el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, es la recuperación de activos provenientes de delitos como el narcotráfico, la corrupción, la extorsión y la trata de personas.

Destacó que los bienes incautados a organizaciones criminales pueden transformarse en instrumentos para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y contribuir al desarrollo de las comunidades.

El funcionario insistió en que estos recursos deben retornar a la sociedad mediante programas e iniciativas orientadas al bienestar ciudadano y al desarrollo humano.

Para el consultor Dennis Cheng uno de los principales desafíos en la recuperación de activos sigue siendo el fortalecimiento de los mecanismos de investigación, identificación y localización de bienes, especialmente aquellos relacionados con estructuras empresariales complejas.

Agregó que una adecuada administración de los activos recuperados es fundamental para preservar su valor económico y social y maximizar su impacto en beneficio de la población.

Funcionarios y expertos participaron durante el evento paralelo “Cooperación interregional en la recuperación y reutilización de activos de la criminalidad organizada: romper el ciclo, cómo los bienes incautados al crimen pueden reconstruir lo que el delito destruyó”, realizado en el marco del 56.º período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

El evento reunió a autoridades nacionales e internacionales, especialistas en recuperación de activos y representantes de organismos de cooperación, quienes coincidieron en la importancia de fortalecer la colaboración interinstitucional y regional para garantizar que los bienes recuperados de la criminalidad organizada sean reinvertidos en el desarrollo de las comunidades y en la construcción de sociedades más seguras y resilientes.

Los dirigentes sindicales Genaro López, exsecretario general del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs), y Marco Andrade, fueron aprehendidos por la presunta comisión del delito contra la administraciónpública en la modalidad de peculado.

Las autoridades aseguran que al Estado se le ocasionó una lesión patrimonial de $750,951.50, relacionados a fondos asignados a la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (Conusi).

Las diligencias de allanamiento y registro de esta semana, previamente autorizadas por un juez de garantías, se desarrollaron en las provincias de Panamá Oeste y Panamá donde la Fiscalía aseguró que ubicó indicios relacionados a la investigación por hechos cometidos en el periodo (2019-2023), de acuerdo con la Procuraduría General de la Nación.

La operación, llamada “Sedu”, la realiza la entidad de investigación, tras una pesquisa iniciada luego de un informe de auditoría que sostiene reflejaba irregularidades en el uso de fondos estatales asignados a Conusi, provenientes del 5% del seguro educativo que se descuenta a trabajadores del sector privado y público.

En los actos de investigación, la Fiscalía Anticorrupción señala en una nota de prensa que determinó que los fondos del seguro educativo descontados a todos los trabajadores no fueron utilizados para promover la educación sindical, ni para reparar escuelas, sino para otros fines no previstos en la ley.

El exsecretario general del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs), Genaro López, había sido aprehendido en mayo de 2025, luego de presentarse de manera voluntaria ante la Fiscalía Segunda Contra la Delincuencia Organizada, con la intención de conocer los cargos por los que se le investigaba.

En esa oportunidad la causa penal se originó tras una querella presentada por extrabajadores de un proyecto de construcción en la isla de Bastimentos, provincia de Bocas del Toro.

Los denunciantes, afiliados al Suntracs, alegan haber sido víctimas de una supuesta estafa vinculada a la cooperativa del sindicato, registra el diario Critica.

En febrero de este año la jueza de garantías sustituyó el arresto domiciliario por reporte periódico, todos los viernes. También recibió la medida de impedimento de ingresar a la provincia de Bocas del Toro.

López fue candidato presidencial por el Frente Amplio por la Democracia en las elecciones generales del 2014.

Por su parte, Marco Andrade, secretario general de la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (Conusi), recién participó en Ginebra, Suiza, encabezando una delegación obrera durante la 114 Conferencia Internacional del Trabajo, foro en el que Panamá quedó incluida por segunda ocasión en la lista de 24 países señalados por violaciones a la libertad sindical.

El dirigente declaró que la administración del presidente José Raúl Mulino dispone ahora hasta el próximo 1 de septiembre para responder ante una comisión de expertos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre las denuncias presentadas y las medidas que adoptará para corregir las violaciones señaladas.

Para el ministro de Seguridad Pública de Panamá la situación está clara: los mares panameños se han convertido en uno de los principales escenarios de la delincuencia organizada transnacional.

Frank Ábrego, el ministro, señaló que con la reciente incorporación de las dos primeras de cinco embarcaciones repotenciadas se reforzará el combate contra el narcotráfico y el crimen organizado.

Las embarcaciones son parte de la cooperación estratégica entre Panamá y el Reino Unido.

“Con estas embarcaciones fortalecemos nuestra capacidad de intervención marítima, mejoramos la movilidad táctica, incrementamos la capacidad de respuesta y ampliamos la cobertura operativa en las áreas de mayor incidencia del narcotráfico”, afirmó el ministro de Seguridad Pública.

Añadió que las nuevas embarcaciones incrementarán el alcance de los patrullajes marítimos y fortalecerán las operaciones de interdicción contra las redes del narcotráfico que utilizan el litoral pacífico panameño como corredor para el tráfico internacional de drogas.

Con esta incorporación, señala una nota de prensa policial, el Ministerio de Seguridad Pública consolida alianzas estratégicas internacionales y robustece las capacidades operativas de la Fuerza Pública en su tarea de proteger las rutas marítimas, enfrentar el crimen organizado transnacional y salvaguardar la seguridad de los panameños.

La repotenciación de la flota es el resultado del memorando de entendimiento en materia de seguridad suscrito por ambos países en abril de este año en Londres, y forma parte de una inversión cercana a $1 millón realizada por el gobierno británico para consolidar la seguridad marítima de la nación canalera.

Panamá, señaló el ministro de Seguridad Pública, continuará siendo un aliado confiable de la comunidad internacional en la protección de las rutas marítimas, el combate al crimen organizado transnacional y la defensa de la seguridad regional, destacando que estas amenazas solo pueden enfrentarse mediante la cooperación internacional, el intercambio de información y la confianza entre los Estados.

Greg Houston, embajador del Reino Unido en Panamá, dijo que la entrega de las embarcaciones representa uno de los primeros resultados concretos del acuerdo de cooperación firmado entre ambos países y reafirma la estrecha relación bilateral en materia de seguridad.

El diplomático aseguró que “Panamá desempeña un papel fundamental en la lucha contra el crimen organizado transnacional. Su ubicación estratégica, su liderazgo operativo y su alcance marítimo lo convierten en un socio clave para proteger no solo a la región, sino también al Reino Unido y Europa”.

Lord Roy Collins, subjefe de la Cámara de los Lores y portavoz de Igualdad del Gobierno del Reino Unido, manifestó en su oportunidad que la cooperación entre ambas naciones fortalece las capacidades de patrullaje marítimo, las operaciones sustentadas en inteligencia y la identificación de embarcaciones de alto riesgo.

Collins añadió que hasta el 80 % de la cocaína incautada en Panamá tiene como destino el Reino Unido y Europa, lo que evidencia la importancia estratégica de la cooperación bilateral.

Esta semana en playa Morrillo, ubicada en la provincia de Veraguas, la Policía ubicó 45 paquetes de presunta droga durante un recorrido preventivo.

Durante la acción policial se ubicó un saco que contenía en su interior las presuntas sustancias ilícitas, las cuales fueron remitidas a las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes, comunicó la Policía Nacional en una nota de prensa.

Unas 25 delegaciones internacionales participan en Panamá de la Reunión Regional FAL-AVSEC, un evento de alto nivel organizado conjuntamente por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), la Comisión Latinoamericana de Aviación Civil (CLAC) y la Autoridad Aeronáutica Civil (AAC) de Panamá.

La actividad, en donde participan representantes de Antigua y Barbuda, Brasil, Estados Unidos, Canadá, Chile, Colombia, República Dominicana, México y el Reino Unido, entre otras naciones, posesiona el liderazgo del país como hub logístico y referente en conectividad aérea de la región.

La infraestructura logística de Panamá se extiende más allá del canal. El país cuenta con zonas francas como la Zona Libre de Colón, la segunda más grande del mundo, que recibe más de 2.500 empresas internacionales. Esta zona facilita la importación, almacenamiento y reexportación de productos hacia mercados del Caribe, Centro y Suramérica, lo que refuerza la posición panameña como plataforma de redistribución regional.

En el ámbito aéreo, el país ha desarrollado una de las redes de conexiones más densas y eficientes de América Latina. El Aeropuerto Internacional de Tocumen sirve como centro de operaciones de Copa Airlines y cerró el 2025 con cifras récord en pasajeros.

Ese año el aeropuerto de Tocumen movilizó 20,981,855 pasajeros, la cifra más alta en su historia, con un crecimiento de 8.8% en comparación con el 2024. Tocumen ofrece vuelos directos a más de 80 destinos en América y Europa, lo que consolida a la capital panameña como puerta de entrada y salida preferida para viajeros y empresarios.

Fuentes de la Autoridad Aeronáutica Civil panameña indicaron que la Reunión Regional FAL-AVSEC se fundamenta en dos ejes críticos del Convenio de Chicago: el Anexo 17 (Seguridad de la Aviación – AVSEC), para proteger la aviación civil contra interferencias ilícitas, y el Anexo 9 (Facilitación – FAL), orientado a agilizar los procesos migratorios y logísticos sin comprometer la seguridad.

El Convenio sobre Aviación Civil Internacional, también conocido como el Convenio de Chicago, data de 1944 y tuvo por objetivo actualizar las normas sobre aviación.

Rafael Bárcenas, director general de la Autoridad Aeronáutica Civil (AAC) de Panamá, se refirió durante el acto de inauguración del encuentro a la importancia de la colaboración continental en materia de aviación.

Panamá, dijo, se siente profundamente complacido de recibir a profesionales y autoridades que comparten una misma visión, que no es más que fortalecer la aviación civil como una herramienta de desarrollo, integración y progreso para nuestros pueblos.

“La presencia de cada uno de ustedes reafirma el compromiso regional con una aviación más segura, eficiente y preparada para enfrentar los desafíos de un entorno global en constante evolución”, manifestó Bárcenas.

La aviación moderna, afirmó, nos exige mantener un delicado equilibrio entre dos objetivos igualmente esenciales.

“Por una parte debemos garantizar la protección de la aviación civil contra actos de interferencia ilícita y amenazas emergentes; por la otra, debemos promover procesos ágiles y eficientes. Alcanzar ese equilibrio es una tarea que solo puede lograrse mediante la cooperación, el intercambio de conocimientos y la adopción de estándares comunes”, reseñó Bárcenas.

Adelantó que es precisamente en espacios como el del encuentro donde se construyen las soluciones que fortalecen la región.

Los organizadores del encuentro detallaron que durante los próximos días los delegados trabajarán en la armonización de normas, el intercambio de mejores prácticas y el desarrollo de políticas que elevarán los estándares de seguridad y facilitación en los Estados miembros.

El presidente José Raúl Mulino ordenó el envío de un equipo de Sinaproc a Venezuela para participar en la búsqueda y rescate de sobrevivientes de los dos terremotos ocurridos el 24 de junio de 2026, mientras Panamá activó una jornada nacional de ayuda humanitaria para canalizar donaciones hacia la población afectada.

La medida quedó formalizada en el Decreto Ejecutivo No. 42, promulgado el 25 de junio de 2026, que habilitó el Parque Recreativo y Cultural Omar Torrijos Herrera, conocido como Parque Omar, como centro nacional de acopio y dispuso centros provinciales en las gobernaciones del país.

Mulino informó en la red social X que instruyó el envío de una misión de rescatistas y personal del Sistema Nacional de Protección Civil para colaborar en las labores de rescate y salvamento. El mandatario también expresó que espera que “se logre estabilizar los efectos de esta tragedia”.

En otro mensaje dirigido al pueblo venezolano, el presidente sostuvo que Panamá ofrece una vez más su ayuda humanitaria a “países hermanos” y transmitió, en nombre del país, un mensaje de solidaridad por las consecuencias del sismo.

Panamá activó una jornada nacional de acopio para enviar ayuda a Caracas

La respuesta panameña no se limitó al despliegue de rescatistas. De acuerdo con el decreto, la jornada nacional fue creada para recolectar y canalizar bienes destinados a las personas afectadas por los terremotos en la República Bolivariana de Venezuela.

El texto oficial señala que los dos movimientos telúricos causaron pérdidas humanas, daños en infraestructura pública y privada y afectaciones a miles de familias. También establece que la magnitud de los daños exige movilizar esfuerzos solidarios nacionales e internacionales para atender necesidades urgentes.

El Parque Omar funcionará como centro nacional de recepción de donaciones en la capital. En las provincias, las gobernaciones servirán como centros de acopio, recepción, clasificación y resguardo de la ayuda entregada de forma voluntaria por la población.

La norma dispone que el Sistema Nacional de Protección Civil y el Despacho de la Primera Dama definirán qué bienes se necesitan y lo comunicarán por canales oficiales. También autoriza la participación de instituciones públicas, gobiernos locales, empresas privadas, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos.

El anuncio se hizo ante delegaciones extranjeras reunidas en Ciudad de Panamá

Mulino reiteró su mensaje de respaldo durante la apertura de la Undécima Conferencia Ministerial de la Junta de Gobierno de la Comunidad de las Democracias, celebrada en el centro de convenciones Atlapa, en la capital panameña.

Allí afirmó: “No puedo iniciar mis palabras sin reiterar mi mensaje de profunda solidaridad con el pueblo amigo y hermano de Venezuela. Es en estos momentos en donde verdaderamente la solidaridad internacional cumple su propósito y nos debe invocar a todos la urgente cooperación, en la medida de las posibilidades de cada uno, para restaurar la normalidad ante una situación tan dolorosa y catastrófica”.

La decisión oficial responde, según los considerandos del decreto, a los principios de solidaridad, cooperación internacional y ayuda humanitaria. El documento añade que corresponde al Estado promover y coordinar iniciativas que permitan canalizar el apoyo de la ciudadanía, la empresa privada y las organizaciones no gubernamentales.

El Ministerio de Gobierno, a través de Sinaproc, quedó a cargo de coordinar con las entidades competentes la recepción, clasificación, transporte y entrega de la ayuda recolectada. El decreto comenzó a regir desde su promulgación.

Un aproximado de 8,500 personas entre refugiadas y solicitantes de dicha condición viven en Panamá, en su gran mayoría naturales de Colombia, Cuba, El Salvador, Nicaragua y Venezuela.

Panamá ha sido históricamente un país de tránsito y acogida, por lo que las autoridades trabajan de manera continua para garantizar que quienes solicitan protección reciban una respuesta digna, justa y oportuna.

“Estas personas no son números, ni estadísticas; son seres humanos que requieren apoyo”, señaló Tania Lam, directora de la Oficina Nacional para la Atención de Refugiados (Onpar).

Lam hizo un llamado a actuar con empatía, facilitar la integración social, combatir la discriminación y asegurar la eficiencia en los procedimientos legales de protección.

La condición de refugiado en el país se solicita a través de un portal del Ministerio de Gobierno, donde la persona solicitante debe hacer una relación de los hechos en los cuales fundamenta el temor de persecución.

Posteriormente, la Onpar evalúa si la solicitud reviste la apariencia de cumplir con los criterios incluidos en la definición de refugiado contenida en las leyes vigentes.

De ser admitida la solicitud, el Servicio Nacional de Migración le otorga a cada miembro del grupo familiar solicitante un documento provisional de identificación por un periodo de seis meses.

La Defensoría del Pueblo, por su parte, prepara un informe dirigido a las autoridades competentes con recomendaciones orientadas a fortalecer la protección de los derechos humanos de la población migrante.

Funcionarios de esta entidad realizaron esta semana una visita de seguimiento a los centros de retención administrativa masculino y femenino del Servicio Nacional de Migración.

La inspección perseguía verificar el cumplimiento de recomendaciones emitidas en visitas anteriores y evaluar condiciones materiales, acceso a servicios básicos, actividades para las personas retenidas y respeto al debido proceso.

Estas acciones buscan identificar y prevenir situaciones de posibles torturas o malos tratos hacia los migrantes.

La Defensoría del Pueblo informó que durante la jornada se contó con el acompañamiento técnico de oficiales de derechos humanos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Además, se aplicó una herramienta de monitoreo regional de la Federación Iberoamericana del Ombudsperson a las personas migrantes retenidas en ambos centros.

Hace un año, al cierre de junio, 117,3 millones de personas en el mundo habían sido desplazadas por persecuciones, conflictos, violaciones a los derechos humanos, violencia o graves alteraciones al orden público, consigna el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).

En comparación con 2024, esta cifra supone una disminución de casi el 5%, o sea, 5,9 millones de personas menos.

Este cambio, registra Acnur, refleja el fuerte aumento en el número de retornos de personas refugiadas y desplazadas internas en algunas de las situaciones de desplazamiento más graves del mundo, como Afganistán, la República Democrática del Congo, Sudán y Siria.

Sin embargo, muchos de estos retornos se han producido en condiciones adversas y hacia zonas que continúan siendo inseguras y con escaso o inexistente acceso a servicios básicos, lo que suscita preocupación por la sostenibilidad de los mismos.

La mayoría de las personas que se ven obligadas a huir de su hogar, añade la Acnur, nunca cruzan una frontera internacional, sino que permanecen desplazadas dentro de sus propios países.

El organismo internacional revela que a finales de junio de 2025 se estima que había 67.8 millones de personas desplazadas internas por conflictos o violencia en el mundo, un 8% menos que a finales de 2024.

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La 56.ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) concluyó en Panamá con un amplio paquete de declaraciones y resoluciones que abarcan desde la defensa de la democracia y la seguridad hemisférica hasta la situación política en Bolivia y Nicaragua, además de iniciativas en materia de salud mental, discapacidad, telecomunicaciones y desarrollo integral.

Durante tres días de reuniones en Ciudad de Panamá, los 34 Estados miembros activos debatieron bajo el lema "Multilateralismo firme en defensa de la democracia, la seguridad hemisférica y la estabilidad en los Estados americanos“, una consigna que finalmente quedó plasmada en la denominada Declaración de Panamá, el principal documento político adoptado por la Asamblea.

En esa declaración, los países reafirmaron su compromiso con la democracia representativa, el Estado de derecho, la protección de los derechos humanos y el fortalecimiento del multilateralismo como mecanismo para enfrentar los desafíos comunes de la región.

También destacaron la necesidad de ampliar la cooperación para combatir el crimen organizado transnacional, el narcotráfico, el terrorismo, los delitos ambientales y el lavado de dinero y las amenazas cibernéticas.

El documento también reconoce el papel estratégico de infraestructuras críticas para el hemisferio, entre ellas el Canal de Panamá, al que identifica como un elemento clave para el comercio internacional, la conectividad regional y la seguridad económica y alimentaria de las Américas.

Asimismo, los Estados miembros respaldaron la creación del Observatorio Hemisférico sobre Crimen Organizado y Mercados Ilícitos, una iniciativa desarrollada conjuntamente entre la OEA y CAF para fortalecer el análisis y la formulación de políticas públicas contra las redes criminales transnacionales.

Uno de los temas políticos de mayor relevancia fue Bolivia. Mediante una resolución específica, la Asamblea General respaldó el despliegue de una misión de alto nivel para apoyar al gobierno democráticamente electo en sus esfuerzos por restablecer la paz y preservar el orden constitucional, al tiempo que rechazó cualquier acto de violencia, afectación a los derechos humanos o acciones que comprometan la estabilidad democrática del país.

Otra de las decisiones de mayor impacto estuvo relacionada con Nicaragua. Los Estados miembros aprobaron una declaración en la que expresaron su profunda preocupación por el deterioro de los derechos humanos y el debilitamiento del orden democrático bajo el gobierno de Daniel Ortega.

El texto condena las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas, la tortura y violaciones documentadas por organismos internacionales, además de instar al Estado nicaragüense a restablecer las libertades fundamentales, garantizar la participación política y facilitar el retorno seguro de las personas exiliadas.

La Asamblea también volvió a pronunciarse sobre la disputa entre Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas. Por aclamación, aprobó una declaración que reitera la necesidad de que ambos países reanuden, cuanto antes, las negociaciones para encontrar una solución pacífica al diferendo de soberanía, al tiempo que reconoció la disposición manifestada por el gobierno argentino para mantener esa vía diplomática.

En materia institucional, los países aprobaron la extensión del Decenio de las Américas por los Derechos y la Dignidad de las Personas con Discapacidad; una resolución para conmemorar los 25 años de la Carta Democrática Interamericana; otra destinada a fortalecer las iniciativas hemisféricas de desarrollo integral; una declaración para impulsar acciones intersectoriales en favor de la salud mental; además de resoluciones relacionadas con las telecomunicaciones, el presupuesto de la organización para 2027, la reforma del Tribunal Administrativo y la gestión de mandatos.

Durante la sesión de clausura también fueron elegidos los nuevos integrantes del Comité Jurídico Interamericano, el Tribunal Administrativo, el Comité de Auditoría y el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), quienes asumirán funciones el 1 de enero de 2027. En el caso del CEJA quedó pendiente una tercera vacante, cuya elección será organizada posteriormente por el Consejo Permanente.

La Asamblea General también adoptó una resolución de agradecimiento al Gobierno y al pueblo de Panamá por la organización del encuentro y reconoció la conmemoración del bicentenario del Congreso Anfictiónico de 1826 como uno de los antecedentes históricos del multilateralismo americano.

Asimismo, destacó el liderazgo del presidente José Raúl Mulino y del canciller Javier Martínez-Acha en la organización de la reunión hemisférica, que durante esta semana convirtió a Panamá en el principal escenario diplomático del continente.

Panamá destaca como el principal centro de conexión aérea de la región, al liderar el crecimiento de la capacidad aérea para la temporada de verano en el hemisferio norte, superando a ciudades como Bogotá, Buenos Aires, Sao Paulo, Madrid, París, Lisboa y Frankfurt.

Esto lo revela el Travel Report 2026 del Mastercard Economics Institute (MEI), que señala que este desempeño refleja el rol de Panamá como hub regional, en un momento en que la conectividad y la accesibilidad se consolidan como factores clave para el desarrollo del turismo y los negocios en América Latina y el Caribe.

Los hallazgos del informe sugieren que el crecimiento del turismo en la región estará cada vez más vinculado a la capacidad de los destinos para adaptarse a estos cambios estructurales.

En este sentido, puntualiza que el posicionamiento de Panamá como hub aéreo podría representar una ventaja competitiva para atraer más viajeros, fomentar el turismo de conexión y fortalecer sectores clave como el comercio, la gastronomía y el turismo de negocios, incluyendo reuniones, incentivos, conferencias y exposiciones.

En el ranking global de OAG Megahubs 2025, el Aeropuerto Internacional de Tocumen avanzó del puesto 48 al 39 en un resultado que lo coloca entre los aeropuertos internacionales más conectados del mundo y confirma una mejora frente al informe anterior.

La conectividad de Panamá también habilita oportunidades para el turismo de escala (stopover), según el MEI, permitiendo que los viajeros en tránsito extiendan su estadía y conozcan el destino, al tiempo que responde a una tendencia creciente de combinar viajes de negocios con actividades de ocio.

A medida que los viajeros ajustan sus decisiones en un entorno económico cambiante, comprender sus patrones de movilidad y consumo será clave para fortalecer la oferta turística y su contribución al desarrollo económico del país.

El economista jefe para América Latina y el Caribe del Mastercard Economics Institute, Gustavo Arruda, señaló en una nota de prensa que “la economía del turismo en América Latina ya no se trata únicamente de cuántas personas llegan a un destino, sino de comprender cómo viajan, cuánto gastan y qué valoran”.

Para el Travel Report 2026 del Mastercard Economics Institute son tres grandes factores los que están reconfigurando el mapa turístico en la región, a saber: la volatilidad del tipo de cambio, el interés creciente por experiencias y la evolución de las rutas aéreas.

Estos elementos, añade la comunicación, están redefiniendo tanto la elección de destinos como los patrones de consumo una vez que los viajeros llegan, y en este contexto, agrega la información, Panamá se beneficia de su posición geográfica y de su conectividad aérea, elementos que hoy resultan determinantes en la toma de decisiones de viaje.

Uno de los principales hallazgos del estudio es el cambio en la composición del gasto turístico, con una mayor relevancia de las experiencias frente a los rubros tradicionales.

En Brasil, por ejemplo, manifiesta que los visitantes destinan cerca del 29,5% de su gasto total a restaurantes y bares, superando significativamente el gasto en alojamiento (17,8%), lo que evidencia una mayor orientación hacia experiencias gastronómicas y de entretenimiento.

Por su lado, en el caso de Argentina el Travel Report 2026 del Mastercard Economics Institute destaca la alta sensibilidad del turismo al tipo de cambio: una depreciación del 10% de su moneda se asocia con un aumento del 9,5% en la llegada de turistas internacionales, lo que posiciona al país entre los destinos más influenciados por factores económicos.

El Mastercard Economics Institute ofrece información sobre tendencias económicas globales y locales utilizando análisis avanzados.

Las autoridades panameñas propinaron un nuevo golpe a las estructuras criminales que operan en el país con la captura de seis presuntos integrantes de la pandilla “HP”, entre ellos quien sería el cabecilla de esa organización en el sector de San Joaquín.

La operación forma parte de la estrategia desplegada durante 2026 para debilitar a los grupos vinculados con homicidios, narcotráfico y otros delitos de alto impacto.

La Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Asociación Ilícita, en conjunto con la Policía Nacional y la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), ejecutó varios allanamientos en San Joaquín que culminaron con la aprehensión de seis personas investigadas por el delito de pandillerismo.

Entre los detenidos figura el presunto líder de la célula criminal, conocido con el alias de “Cálido Lince”, señalado por las autoridades como uno de los principales responsables de la estructura denominada “HP”, organización que históricamente ha sido identificada como “Humildad y Pureza”.

De acuerdo con el Ministerio Público, los aprehendidos mantienen vínculos con investigaciones relacionadas no solo con el delito de asociación ilícita, sino también con homicidios dolosos, tráfico de sustancias ilícitas y lesiones personales.

La diligencia forma parte de la denominada “Operación Bastión”, una ofensiva dirigida a desarticular estructuras criminales con presencia en sectores de alta incidencia delictiva de la capital.

El nombre de “Los HP” volvió a aparecer en mayo pasado tras el crimen de Roberto Othoniel Álvarez, ocurrido en la entrada de El Crisol, en San Miguelito. Reportes policiales lo señalaban como presunto integrante de la organización Humildad y Pureza, una estructura que, según las autoridades, dejó de operar como una simple pandilla barrial para convertirse en una red criminal con presencia en distintos puntos del país.

Aunque en los últimos años Panamá ha registrado una disminución en el número de pandillas identificadas por los organismos de seguridad, las autoridades consideran que organizaciones como “HP” continúan siendo actores relevantes dentro del crimen organizado por su capacidad operativa y sus alianzas con otras estructuras.

Informes de inteligencia policial divulgados este año ubican a la pandilla “HP” entre los grupos con mayor influencia en áreas de Pedregal y sectores cercanos de Juan Díaz, donde presuntamente mantiene vínculos con la organización conocida como “Mafia Filipina”.

Según esos reportes, ambas estructuras estarían involucradas en actividades como sicariato, tráfico internacional de drogas y los llamados “tumbes” de cargamentos de sustancias ilícitas pertenecientes a organizaciones rivales.

Los operativos desarrollados por las autoridades forman parte de una estrategia nacional contra el pandillerismo que, hasta el cierre del primer semestre de 2026, ha permitido la aprehensión de 242 presuntos pandilleros en distintos puntos del país. De ellos, más de 180 están vinculados con investigaciones por homicidio.

La ofensiva no se limita a la captura de integrantes de “HP”. En las últimas horas, la Procuraduría General de la Nación también obtuvo decisiones judiciales que fortalecen otros procesos abiertos contra presuntos miembros de diferentes organizaciones criminales.

Uno de esos casos corresponde a un ciudadano señalado de pertenecer a la pandilla “La Comisión – Unión Sinaloa”, que operaba en los corregimientos de Belisario Porras y Amelia Denis de Icaza, en el distrito de San Miguelito.

La Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Asociación Ilícita logró que el Tribunal Superior de Apelaciones confirmara la medida cautelar de detención provisional impuesta al imputado.

La investigación se originó durante la operación “Dominio”, desarrollada en conjunto con la Dirección de Investigación Judicial de la Policía Nacional con el objetivo de combatir delitos asociados a estructuras criminales.

El Tribunal consideró acreditados los riesgos procesales expuestos por la Fiscalía y concluyó que la detención provisional resulta proporcional mientras avanzan las investigaciones.

A esta decisión se suma otra obtenida por la misma fiscalía contra un presunto integrante de la pandilla “Bagdad – Santa Eduviges”, organización que operaba en el corregimiento de Tocumen y que fue desarticulada durante la operación “Combate”, ejecutada el pasado 22 de mayo en Panamá Este.

El sospechoso fue capturado durante diligencias de registro y allanamiento realizadas por la Procuraduría General de la Nación en coordinación con la Policía Nacional.

En audiencia de control de garantías celebrada el 24 de junio, un juez declaró legal la aprehensión, admitió la imputación por el delito de asociación ilícita y ordenó la medida cautelar de detención provisional mientras continúa el proceso penal.

Al igual que en el caso anterior, el juzgado concluyó que existían riesgos procesales suficientes para mantener privado de libertad al imputado durante la etapa de investigación.

Las actuaciones reflejan la estrategia de las autoridades de atacar simultáneamente distintas organizaciones criminales mediante operaciones de inteligencia, allanamientos y procesos judiciales orientados no solo a capturar a sus integrantes, sino también a mantenerlos bajo detención mientras avanzan las investigaciones.

Con estas acciones, el Ministerio Público y los estamentos de seguridad buscan debilitar las estructuras de pandillas que operan principalmente en áreas urbanas del país y que, según las investigaciones, mantienen vínculos con delitos de alto impacto como homicidios, narcotráfico, extorsión y asociación ilícita.

La crisis provocada por los dos poderosos terremotos que sacudieron a Venezuela obligó a Copa Airlines a ampliar la suspensión de sus operaciones desde y hacia ese país, luego de que inicialmente la medida afectara únicamente los vuelos con destino y origen en Caracas.

La aerolínea panameña informó que fueron cancelados todos sus vuelos programados hacia y desde Caracas, Barquisimeto, Valencia y Barcelona, mientras continúan las evaluaciones sobre las condiciones operativas de los principales aeropuertos venezolanos, afectados por los sismos registrados la tarde del miércoles 24 de junio.

Copa Airlines, cuya principal base de operaciones es el Hub de las Américas, ubicado en el Aeropuerto Internacional de Tocumen en Panamá, señaló que su intención es reanudar los vuelos “lo antes posible”, una vez existan las condiciones necesarias para garantizar la seguridad de pasajeros, colaboradores y de toda la comunidad aeroportuaria.

La compañía también activó una política especial de flexibilización para los viajeros afectados. Los pasajeros podrán realizar cambios de fecha, modificar el origen o destino de su viaje y solicitar el reembolso del boleto sin penalizaciones, de acuerdo con las condiciones establecidas por la aerolínea.

Asimismo, recomendó a quienes tenían previsto viajar este jueves verificar el estado de sus itinerarios antes de trasladarse al aeropuerto y mantenerse atentos a los canales oficiales de información.

La decisión de Copa se produce mientras Venezuela enfrenta una de las mayores emergencias naturales de su historia reciente. De acuerdo con el balance oficial más reciente, los terremotos han dejado al menos 164 personas fallecidas y miles de heridos, mientras continúan las labores de búsqueda y rescate entre edificios colapsados. Las autoridades han advertido que la cifra de víctimas podría aumentar en las próximas horas.

Los dos movimientos telúricos, de magnitudes 7.2 y 7.5, ocurrieron con apenas segundos de diferencia y provocaron severos daños en Caracas, La Guaira y otras ciudades del norte del país. La Guaira, donde se encuentra el principal aeropuerto internacional venezolano, figura entre las zonas más afectadas por la emergencia.

El Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía permanece cerrado después de que las inspecciones preliminares detectaran daños estructurales en distintas áreas de la terminal.

Imágenes captadas durante el sismo mostraron desprendimientos de partes del techo, afectaciones en pasillos y daños en otras instalaciones aeroportuarias, lo que llevó a las autoridades a suspender las operaciones mientras se realizan evaluaciones técnicas.

Las afectaciones no se limitan a la infraestructura aeroportuaria. En distintas zonas del país persisten interrupciones en el suministro eléctrico y fallas en los servicios de telefonía e internet, complicando las comunicaciones entre familiares dentro y fuera de Venezuela.

Numerosos venezolanos residentes en Panamá y otros países han manifestado en redes sociales la dificultad para establecer contacto con sus seres queridos debido a la inestabilidad de las telecomunicaciones.

Antes de esta contingencia, Copa Airlines mantenía una de las mayores operaciones internacionales hacia Venezuela desde Panamá. La aerolínea conectaba semanalmente el Hub de las Américas con cinco ciudades venezolanas: Caracas, Valencia, Maracaibo, Barquisimeto y Barcelona, mediante alrededor de 42 vuelos semanales.

Por el momento, la suspensión anunciada por la compañía alcanza cuatro de esos cinco destinos. La continuidad de las operaciones dependerá de la reapertura progresiva de la infraestructura aeroportuaria venezolana y de las condiciones de seguridad que determinen tanto las autoridades aeronáuticas como los equipos técnicos de la aerolínea.

En su comunicado, Copa Airlines expresó además sus condolencias por la tragedia.

“Lamentamos profundamente esta tragedia que ha afectado a todo el pueblo venezolano", señaló la empresa, mientras mantiene un monitoreo permanente de la evolución de la emergencia para determinar cuándo será posible restablecer la conectividad aérea entre Panamá y Venezuela.

Recolecta

En Panamá ya se han organizado grupos de ayuda para recolectar insumos destinados a las familias afectadas por los recientes terremotos en Venezuela. Una de las iniciativas habilitó un centro de acopio en la Casa Club de Parque Omar, donde se recibirán donaciones durante tres jornadas para canalizar asistencia humanitaria hacia las zonas impactadas.

La colecta busca reunir alimentos no perecederos, artículos de higiene personal, materiales de primeros auxilios y productos de emergencia. Entre los insumos solicitados figuran arroz, pasta, avena, leche en polvo, agua embotellada, alimentos para bebés, linternas, mantas, jabón, pañales, papel higiénico, gasas, vendas y antisépticos, entre otros productos esenciales.

El centro de acopio estará abierto el jueves 25 y viernes 26 de junio, de 8:00 a.m. a 8:00 p.m., y el sábado 27 de junio, de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. Los organizadores hicieron un llamado a la solidaridad de la comunidad panameña y venezolana residente en el país para apoyar a quienes enfrentan la emergencia.

Diez años después de aquel tránsito que convirtió al portacontenedores COSCO Shipping Panama en símbolo de una nueva era, la ampliación del Canal de Panamá ya no es solo una obra monumental de ingeniería: es una pieza central del comercio marítimo mundial y uno de los activos más importantes de la economía panameña.

El 26 de junio de 2016, el buque neopanamax cruzó las nuevas esclusas ante la mirada de miles de panameños. No era un tránsito más. Era la imagen concreta de una apuesta nacional aprobada una década antes, el 22 de octubre de 2006, cuando los ciudadanos dieron luz verde en referéndum al proyecto de ampliación de la vía interoceánica.

La nave, originalmente llamada Andronikos y rebautizada por la naviera china como COSCO Shipping Panama en honor al país, inauguró una tercera vía de tránsito que cambió la escala operativa del Canal. Desde entonces, los buques neopanamax dejaron de ser una promesa para convertirse en parte cotidiana del paisaje canalero.

La ampliación permitió recibir embarcaciones de hasta 366 metros de eslora, 49 metros de manga y 15.2 metros de calado. Para hacerlo posible, Panamá construyó dos nuevos complejos de esclusas, uno en el Atlántico y otro en el Pacífico, cada uno con tres cámaras de dimensiones monumentales: 427 metros de largo, 55 metros de ancho y 18.3 metros de profundidad.

La obra incorporó además 16 compuertas nuevas, cuyo montaje marcó algunos de los hitos más recordados del proyecto. La primera fue instalada en enero de 2015 y la última quedó colocada en abril de ese mismo año, cerrando una de las etapas más complejas de una megaobra que exigió integrar nueva infraestructura, nuevas lógicas operativas y una mayor capacidad de tránsito.

A una década de su inauguración, los números confirman el peso de esa transformación. Al cierre de mayo de 2026, las esclusas ampliadas ya habían superado los 31,000 tránsitos, evidencia de que la ampliación dejó de ser un capítulo histórico para convertirse en un componente estructural de la operación canalera.

En el año fiscal 2025, los buques neopanamax movilizaron 252.31 millones de toneladas CP/SUAB, equivalentes al 52% del tonelaje total del Canal. Entre los años fiscales 2020 y 2025, la participación de las nuevas esclusas se mantuvo de forma sostenida entre 51% y 55%, lo que confirma que la tercera vía no solo amplió capacidad, sino que redefinió el equilibrio operativo de la ruta.

Ese mismo año fiscal, el Canal registró 489.2 millones de toneladas CP/SUAB y 13,404 tránsitos, con aumentos de 15.6% y 19.3%, respectivamente, frente al período anterior. También alcanzó ingresos totales por $5,705 millones, peajes por $4,007.9 millones y una utilidad neta de $4,093 millones.

El impacto no se limita a las cifras financieras. La ampliación reforzó la posición estratégica de Panamá como centro logístico global, amplió mercados, abrió nuevas rutas y consolidó el papel del Canal en el movimiento de mercancías entre grandes centros de producción y consumo. Hoy la vía conecta 180 rutas marítimas, 1,920 puertos y 170 países.

La historia de la ampliación está marcada por hitos que muestran cómo la obra fue ganando escala con el paso de los años. El 3 de septiembre de 2007 inició formalmente con la primera voladura. En agosto de 2013 llegaron las primeras compuertas. En junio de 2016 se produjo el tránsito inaugural. Luego vinieron nuevos capítulos: el primer buque LPG, el Lycaste Peace; el primer LNG, el Maran Gas Apollonia; el primer crucero, el Disney Wonder; y récords sucesivos de capacidad con buques como el Ever Max y el MSC Marie.

Pero el aniversario número 10 también llega con una pregunta de fondo: cómo sostener la competitividad del Canal en un mundo donde el comercio exige más capacidad, más confiabilidad y mayor resiliencia climática.

El principal reto estratégico es el agua. La sequía reciente dejó claro que la eficiencia operativa del Canal depende de una seguridad hídrica capaz de sostener tanto el consumo humano como el tránsito marítimo. Por eso, la Autoridad del Canal de Panamá impulsa el proyecto del Lago de Río Indio como parte de una estrategia de largo plazo para blindar la operación frente a eventos climáticos más extremos.

La siguiente etapa ya está planteada. En septiembre de 2025, el Canal presentó su Visión del Futuro 2025-2035, con inversiones superiores a $8,000 millones dirigidas a fortalecer la seguridad hídrica, diversificar servicios logísticos y reforzar la competitividad de la ruta.

Diez años después del paso del COSCO Shipping Panama, la ampliación se mantiene como una de las decisiones más trascendentales tomadas por el país en el siglo XXI. Fue una obra que cambió el tamaño de los barcos que podían cruzar el istmo, pero también la dimensión de Panamá dentro del comercio mundial.

La cantidad de extranjeros interesados en obtener un permiso de trabajo en Panamá registró un fuerte crecimiento durante los primeros cinco meses de 2026.

Entre enero y mayo, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) recibió 10,113 solicitudes, frente a las 6,617 registradas en el mismo período de 2025, lo que representa un aumento de 52.8%.

Las cifras reflejan una creciente demanda por incorporarse formalmente al mercado laboral panameño, en un contexto en el que el país continúa siendo un destino atractivo para migrantes que buscan oportunidades de empleo, regularización de su situación migratoria o acceso a mecanismos especiales de residencia y trabajo.

Sin embargo, el incremento de las solicitudes no se ha traducido en un crecimiento equivalente de las aprobaciones. Durante los primeros cinco meses de 2026 fueron autorizados 6,613 permisos de trabajo, apenas 129 más que los 6,484 aprobados en el mismo período del año anterior. Esto equivale a un aumento de apenas 2%.

Al mismo tiempo, los permisos negados disminuyeron. Entre enero y mayo de 2025 se recharazaron 596 solicitudes, mientras que en igual período de 2026 la cifra bajó a 395, una reducción de 33.7%.

El comportamiento de los datos sugiere que la diferencia entre solicitudes y permisos aprobados no necesariamente responde a un aumento de rechazos. Más bien podría estar asociada a expedientes que permanecen en evaluación o pendientes de resolución dentro de los procesos administrativos del ministerio.

La categoría que concentra la mayor cantidad de trámites corresponde a los permisos regulados por el Decreto Ejecutivo No. 6 de 2023. Durante los primeros cinco meses de 2026 se registraron 7,188 solicitudes bajo esta modalidad, equivalente al 71% de todas las solicitudes recibidas por el Mitradel.

En el mismo período de 2025 se habían contabilizado 4,105 trámites, por lo que el crecimiento alcanzó el 75%.

El Decreto 6 constituye actualmente el principal marco regulatorio de la migración laboral en Panamá. La norma reorganizó y unificó las distintas categorías de permisos de trabajo para extranjeros, creando un sistema más amplio para trabajadores migrantes que cuenten con residencia temporal o permanente bajo determinadas condiciones.

Entre los beneficiarios de esta categoría figuran nacionales de países que mantienen relaciones amistosas, profesionales, económicas y de inversión con Panamá; personas acogidas a programas de regularización migratoria; extranjeros profesionales; y migrantes que han obtenido residencia mediante esquemas de reagrupación familiar.

La normativa también introdujo modalidades diferenciadas para quienes trabajan por cuenta propia y por cuenta ajena. En ambos casos, los permisos continúan sujetos a las disposiciones del Código de Trabajo, que establece límites para la contratación de personal extranjero dentro de las empresas.

La legislación panameña dispone que al menos el 90% de los trabajadores ordinarios de una empresa deben ser panameños o extranjeros equiparados a mano de obra nacional, mientras que el personal técnico o especializado extranjero no puede superar el 15% de la planilla, salvo excepciones autorizadas por las autoridades laborales.

Otra de las categorías con mayor movimiento corresponde a los permisos por razones humanitarias. Entre enero y mayo de 2026 se registraron 1,640 solicitudes bajo esta modalidad, frente a las 1,341 presentadas durante el mismo período de 2025, un incremento de 22%.

También se contabilizaron 663 solicitudes relacionadas con residentes permanentes bajo el Decreto Ejecutivo No. 21, además de 178 trámites correspondientes a nacionales de países específicos.

Dentro de las categorías vinculadas a contratación especializada destacan 100 solicitudes de extranjeros profesionales, 75 permisos para trabajadores dentro del límite del 10% autorizado por el Código de Trabajo, 52 solicitudes para personal de confianza y 38 para técnicos especializados.

Las estadísticas muestran que la mayoría de los permisos finalmente aprobados también se concentra en la categoría regulada por el Decreto 6. Entre enero y mayo de 2026 fueron autorizados 4,643 permisos bajo este régimen, seguidos por 1,031 permisos por razones humanitarias y 485 para residentes permanentes amparados por el Decreto Ejecutivo No. 21.

Entre las categorías menos utilizadas aparece una vinculada al denominado Acuerdo de Marrakech. Durante los primeros cinco meses de 2026 apenas se registraron cinco solicitudes y tres aprobaciones bajo esta clasificación.

El llamado Acuerdo de Marrakech hace referencia a compromisos internacionales relacionados con la migración laboral y la movilidad humana. En Panamá, esta figura estuvo asociada históricamente a mecanismos que permitían a micro y pequeñas empresas contratar trabajadores extranjeros dentro de límites específicos. Sin embargo, la reforma introducida por el Decreto 6 reorganizó gran parte de estas categorías y las incorporó a un sistema más amplio de permisos laborales.

Las cifras del Mitradel muestran que Panamá continúa recibiendo un importante flujo de trabajadores extranjeros interesados en incorporarse al mercado formal. No obstante, también reflejan el desafío que enfrenta la administración laboral para procesar un volumen de solicitudes que crece mucho más rápido que la cantidad de permisos efectivamente aprobados.

El comportamiento de estos indicadores durante el segundo semestre permitirá determinar si el aumento observado responde a una tendencia sostenida de crecimiento de la migración laboral o a factores coyunturales vinculados con procesos de regularización y movilidad regional.

La presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, María Cristina Chen Stanziola, defendió el papel de los tribunales como garantes de la Constitución y afirmó que los jueces no pueden dictar sentencias en función de presiones políticas, de la opinión pública o de intereses particulares, en medio de la controversia diplomática desatada tras las críticas formuladas por China al fallo que anuló la concesión de los puertos de Balboa y Cristóbal.

Aunque evitó pronunciarse sobre el contenido de esa decisión judicial en particular, la magistrada explicó cuál es el alcance constitucional de la función que desempeña la Corte Suprema y por qué sus integrantes mantienen una reserva institucional sobre los fallos emitidos por el Pleno.

“Lo primero que tengo que decir es que la Corte no puede reaccionar, porque constitucionalmente nosotros tenemos una reserva y no podemos hablar de nuestros fallos“, manifestó.

Sin embargo, agregó que era importante hacer “docencia” sobre el funcionamiento del máximo tribunal. “La Corte es la guardiana de la Constitución y como tal tiene un rol fundamental que cumplir", sostuvo.

Chen explicó que cada decisión del máximo tribunal es el resultado de un análisis jurídico de las controversias constitucionales sometidas a consideración de los magistrados y no de criterios políticos o de aceptación pública.

“Las cortes no podemos emitir fallos basados en lo que la gente quiere, sino en lo que es constitucionalmente correcto luego de un análisis que hace la Corte", afirmó.

Añadió que toda decisión judicial genera inevitablemente posiciones encontradas, pero insistió en que precisamente la garantía que ofrece un Estado de derecho consiste en que los jueces actúen con independencia.

“Siempre va a haber alguien a quien le guste el fallo y va a haber gente a la que no le guste, pero la garantía de los ciudadanos es que la Corte no se deje influenciar por esas opiniones o esos deseos, sino que falle correctamente luego de un análisis muy profundo que la lleve a una conclusión", señaló.

La presidenta concluyó que la Corte Suprema “no puede renunciar a su rol de guardiana de la Constitución", al considerar que esa constituye una de las bases del sistema democrático panameño.

Sus declaraciones se producen después de uno de los episodios diplomáticos más tensos registrados durante la 56.ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), celebrada en Ciudad de Panamá.

Durante una sesión entre observadores permanentes y representantes de los Estados miembros, el embajador de China ante la OEA, Xie Feng, cuestionó la decisión adoptada por Panamá tras el fallo de la Corte Suprema relacionado con Panama Ports Company (PPC), filial del conglomerado hongkonés CK Hutchison.

El diplomático sostuvo que las actuaciones del Estado panameño enviaban una señal negativa para la inversión extranjera y pidió al Gobierno panameño "corregir sus errores" y proteger los derechos e intereses de las empresas chinas.

La respuesta llegó inmediatamente por parte del canciller Javier Martínez-Acha, quien defendió la independencia de los órganos del Estado y recordó que el Poder Ejecutivo carece de facultades para modificar o interferir en las decisiones del Órgano Judicial.

“Mi país es una democracia. Mi país tiene separación de poderes. Su país es distinto al mío", respondió el canciller durante su intervención.

Martínez-Acha afirmó además que representantes chinos le solicitaron en varias ocasiones intervenir para revertir el fallo de la Corte Suprema, algo que calificó como incompatible con el orden constitucional panameño.

La decisión judicial que originó la controversia fue adoptada de forma unánime por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, que declaró inconstitucional tanto la Ley No. 5 de 1997, mediante la cual se aprobó el contrato de concesión con Panama Ports Company, como los actos administrativos que pretendían extender automáticamente esa concesión hasta 2047.

Entre los principales argumentos desarrollados por el tribunal figura la ausencia del refrendo obligatorio de la Contraloría General de la República para perfeccionar jurídicamente la prórroga del contrato, requisito exigido por la Constitución y por la legislación panameña en materia de contratación pública.

La Corte también concluyó que la concesión mantenía un desequilibrio económico contrario al interés público, al determinar que el Estado dejó de percibir cientos de millones de dólares durante la vigencia del contrato y que nunca se renegociaron condiciones más favorables para el país.

Otro de los aspectos considerados por el Pleno fue que algunas cláusulas del contrato limitaban la capacidad soberana del Estado para otorgar nuevas concesiones portuarias, al obligar a consultar previamente a Panama Ports Company, una condición que los magistrados estimaron incompatible con la Constitución.

Asimismo, el fallo señaló que la concesión otorgaba privilegios fiscales desproporcionados y mantenía un esquema que afectaba la libre competencia y los principios de transparencia que deben regir la administración de bienes públicos.

Tras la decisión judicial, el Gobierno panameño adjudicó contratos temporales para garantizar la continuidad de las operaciones en los puertos de Balboa y Cristóbal mientras se define el mecanismo definitivo para su administración.

Las declaraciones de la presidenta de la Corte no abordaron directamente esos aspectos jurídicos ni respondieron a las críticas formuladas por China. En cambio, centraron el debate en un principio institucional: que las decisiones del máximo tribunal deben sustentarse exclusivamente en la Constitución y en el análisis jurídico de cada caso, con independencia de las presiones políticas, económicas o diplomáticas que puedan surgir alrededor de sus fallos.

Lo ocurrido esta semana durante la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que se celebra en Ciudad de Panamá, dejó en evidencia que las tensiones entre Panamá y China están lejos de resolverse.

Lo que parecía un desacuerdo encauzado por la vía diplomática volvió a escalar cuando Xie Feng, representante permanente de China ante la OEA, cuestionó públicamente la decisión panameña relacionada con los puertos de Balboa y Cristóbal, operados durante más de dos décadas por Panama Ports Company, filial de la hongkonesa CK Hutchison.

La respuesta del canciller panameño, Javier Martínez-Acha, fue inmediata. El jefe de la diplomacia panameña recordó que las decisiones adoptadas por las instituciones del país responden al Estado de Derecho y que ningún gobierno extranjero puede pretender influir en los fallos o actuaciones de las autoridades nacionales.

“Le hablo como canciller de mi país y no como presidente de la sala”, comenzó diciendo. A continuación, rechazó varios de los planteamientos expuestos por Xie Feng y marcó una diferencia entre ambos sistemas políticos.

“Mi país es una democracia. Mi país tiene separación de poderes. Su país es distinto al mío”, afirmó. El canciller recordó que el fallo sobre la concesión portuaria fue emitido por la Corte Suprema de Justicia y que el Ejecutivo no tiene facultades para revertir una decisión judicial.

El intercambio llamó la atención porque se produjo apenas un mes después de que ambos países intentaran reducir las tensiones mediante una reunión de alto nivel celebrada en Nueva York.

El pasado 26 de mayo, en el marco de una sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Martínez-Acha y su homólogo chino, Wang Yi, sostuvieron el primer encuentro bilateral de alto nivel desde que estalló la controversia por los puertos y por las inspecciones a buques de bandera panameña en puertos chinos.

Tras esa reunión, ambos gobiernos divulgaron mensajes que apuntaban a una desescalada. Panamá reiteró su adhesión al principio de una sola China y expresó su interés en mantener una relación mutuamente beneficiosa, mientras ambas delegaciones coincidieron en la importancia del diálogo, el respeto mutuo y la cooperación.

Por ello, el nuevo señalamiento realizado esta semana en la OEA sorprendió a observadores y analistas.

Para el catedrático titular de Relaciones Internacionales de la Universidad de Panamá, Euclides Tapia, la intervención del delegado chino fue una decisión calculada que buscó trasladar a un foro regional una controversia que ya había sido discutida en instancias diplomáticas de mayor nivel.

"China aprovechó la coyuntura para denunciar públicamente algo que ya se estaba discutiendo entre ambos países. Considero que eso no estuvo bien en lo absoluto", señaló Tapia durante una entrevista concedida a Infobae.

Según el académico, el hecho de que el reclamo se realizara durante una reunión hemisférica organizada por Panamá tiene una carga política significativa. A su juicio, el mensaje enviado por Beijing es que mantiene la intención de elevar la presión diplomática sobre el país centroamericano pese a los intentos de acercamiento registrados en mayo.

El origen de la controversia se remonta a la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Panamá que declaró inconstitucional la concesión otorgada a Panama Ports Company para operar los puertos de Balboa y Cristóbal.

La decisión se produjo tras años de cuestionamientos jurídicos y políticos sobre las condiciones del contrato y su posterior renovación.

China reaccionó con dureza. Autoridades del país asiático advirtieron que Panamá pagaría un alto precio por la salida de CK Hutchison de la operación portuaria. Paralelamente, la empresa inició un arbitraje internacional por al menos 2,000 millones contra el Estado panameño.

La disputa se amplió posteriormente al ámbito marítimo. Autoridades panameñas y estadounidenses denunciaron que durante los últimos meses se ha registrado un incremento de las inspecciones y detenciones de buques con bandera panameña en puertos chinos.

Panamá posee uno de los mayores registros navieros del mundo, con más de 8,000 embarcaciones inscritas. Para Tapia, las inspecciones responden a criterios políticos y no estrictamente técnicos, por lo cual, Panamá tendría argumentos para presentar denuncias en organismos internacionales.

El especialista sostiene que el país podría recurrir, en primer lugar, al Memorándum de Entendimiento de Tokio, conocido como Tokyo MoU, que regula las inspecciones de control del Estado rector del puerto en la región Asia-Pacífico.

Según Tapia, Panamá podría denunciar que las inspecciones a buques de bandera panameña en puertos chinos se están aplicando de manera discriminatoria si existe una diferencia notoria frente al trato recibido por embarcaciones de otros registros.

Una segunda vía sería acudir a la Organización Mundial del Comercio para alegar un trato desigual que afecta la operación de naves panameñas dentro del comercio internacional. En ese escenario, el argumento panameño no estaría centrado únicamente en el número de inspecciones, sino en si estas medidas están generando una afectación comercial desproporcionada por razones políticas.

Tapia también considera que Panamá podría elevar el caso ante la Organización Marítima Internacional, especialmente si logra sostener que las inspecciones dejaron de responder a criterios técnicos de seguridad marítima y adquirieron un matiz político.

En esa línea, mencionó una posible vulneración de estándares internacionales como el Convenio SOLAS, que establece normas para la seguridad de la vida humana en el mar.

Además de las acciones multilaterales, el académico mencionó una herramienta bilateral: el Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá. Según Tapia, el artículo tercero, literal, reconoce la facultad panameña de exigir a las naves que transiten por la vía interoceánica el cumplimiento de reglamentos relacionados con salud, sanidad y cuarentena.

En la práctica, eso permitiría a Panamá reforzar la atención sobre embarcaciones chinas que transiten por el Canal, siempre dentro de los parámetros técnicos y legales aplicables. Tapia aclaró que no se trataría de una medida arbitraria, sino del uso de facultades reconocidas por el propio régimen jurídico del Canal para verificar condiciones sanitarias, de seguridad o de cumplimiento reglamentario.

El académico también recordó que China no es signataria del Protocolo del Tratado de Neutralidad, una condición que, a su juicio, agrava el trasfondo político del debate. Para Tapia, si Beijing utiliza medidas portuarias contra barcos panameños, Panamá también tiene instrumentos legales para defenderse tanto en el plano bilateral como en el multilateral.

Más allá de las herramientas jurídicas disponibles, el académico considera que el elemento más delicado del episodio es la percepción de una posible injerencia en asuntos internos panameños.

“Ellos no pueden determinar cómo debe fallar nuestra Corte Suprema ni cómo deben actuar nuestras instituciones. Eso forma parte del orden jurídico interno de Panamá“, argumentó. En su intervención tras las acusaciones del representante de China, Martínez-Acha dijo que representantes chinos le solicitaron en varias ocasiones intervenir para modificar el resultado del proceso judicial, algo que calificó como incompatible con el funcionamiento institucional panameño.

La discusión adquiere una dimensión adicional porque ocurre en un momento particularmente sensible para las relaciones bilaterales.

China es uno de los principales socios comerciales de Panamá y uno de los usuarios más importantes del Canal. Al mismo tiempo, las relaciones entre Panamá y Estados Unidos atraviesan una etapa de especial cercanía, marcada por la cooperación en temas migratorios, de seguridad y marítimos.

Por ahora, ninguno de los dos gobiernos ha anunciado nuevas medidas concretas. Sin embargo, el intercambio registrado en la OEA demuestra que las diferencias surgidas alrededor de los puertos de Balboa y Cristóbal siguen abiertas.

Lo que parecía un proceso de normalización tras la reunión de mayo en Naciones Unidas ha dado paso nuevamente a un escenario de tensión diplomática. La incógnita ahora es si ambas partes optarán por retomar el diálogo discreto que intentaron construir en Nueva York o si la controversia continuará trasladándose a foros internacionales cada vez más visibles.

Porque más allá de los puertos, la disputa se ha convertido en una prueba de equilibrio para la política exterior panameña: defender sus decisiones soberanas sin romper puentes con una de las mayores potencias económicas del mundo.

Panamá y Serbia suscribieron dos instrumentos jurídicos enfocados en la facilitación del tránsito oficial y la formación profesional de sus cuerpos diplomáticos.

El primer documento corresponde al acuerdo para la supresión del requisito de visa en pasaportes diplomáticos, consulares y oficiales, medida que permitirá a las autoridades y funcionarios de ambos Estados transitar y permanecer en el territorio del otro país hasta por 90 días sin necesidad de visado.

La acción optimiza el diálogo político y la cooperación institucional bajo el amparo del derecho internacional y las Convenciones de Viena, manifiesta una nota de prensa de la Cancillería panameña.

Ambas naciones también establecieron un Memorando de Entendimiento entre sus respectivas Academias Diplomáticas, acuerdo que establece un marco permanente de intercambio y cooperación académica, diseñado para enriquecer la preparación de los futuros cuadros profesionales de Panamá y Serbia.

La firma de los documentos estuvo a cargo del ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha Vásquez, y su homólogo de la República de Serbia, Marko Đurić.

Durante la reunión bilateral, prosigue la nota oficial, Martínez-Acha Vásquez resaltó la naturaleza de estos avances, señalando que “en diplomacia, a veces los grandes avances no hacen ruido: se expresan en gestos sobrios, en acuerdos precisos, en puertas que se abren con respeto mutuo”.

Esos compromisos permiten establecer un vínculo duradero basado en el aprendizaje mutuo, añadió, mientras agregó que el encuentro se produce en el marco de la celebración de los 73 años de relaciones diplomáticas entre ambos países.

En otro orden de ideas, durante la jornada de trabajo de la 56.ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Panamá reiteró su apoyo a Argentina, respecto de la cuestión de las islas Malvinas, Georgia del Sur, Sandwich del Sur y sus áreas marítimas adyacentes, a fin de encontrar, una solución pacífica a la disputa de soberanía.

“Esta posición de apoyo se basa en los principios irrenunciables expuestos en el Congreso Anfictiónico de Panamá, cuyo bicentenario celebramos este año, relacionados a la soberanía y la integridad territorial de los Estados, así como a la solución pacífica de conflictos y el respeto al Derecho Internacional”, manifestó el viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación, Carlos Guevara Mann, en representación del gobierno panameño.

La información oficial también señaló que Panamá celebra la disposición de Argentina y el Reino Unido de reanudar las negociaciones para producir una solución pacífica de esta controversia.

La declaración resaltó que la cuestión de las Islas Malvinas constituye un tema de permanente interés hemisférico y reconoce que la incorporación del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte a la OEA en calidad de Observador Permanente, y reflejó principios y valores compartidos entre ese país y los Estados Miembros que permiten un mayor entendimiento mutuo.

El documento, revela la información de la cancillería panameña, constató que los gobiernos de Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte mantienen importantes vínculos comerciales, culturales y políticos, comparten valores comunes y desarrollan además una estrecha cooperación tanto bilateral como en los foros internacionales;

Además, expresó satisfacción por la reafirmación de la voluntad del gobierno argentino de continuar explorando todas las vías posibles para la solución pacífica de la controversia y por su actitud constructiva en favor de los habitantes de las islas Malvinas.

La 56.ª Asamblea General de la OEA se realiza en Panamá en el marco de las actividades conmemorativas del Bicentenario del Congreso Anfictiónico de 1826, convocado por el libertador Simón Bolívar.

La región centroamericana manifestó solidaridad con Venezuela tras los potentes terremotos que sacudieron el centro del país el 24 de junio, ocasionando daños materiales, cortes de servicios y el cierre del principal aeropuerto. Diversos mandatarios y organismos regionales anunciaron apoyo humanitario y logístico, según informaron medios internacionales.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, comunicó que su país ofrece apoyo a Venezuela tras el desastre. “Nuestra mayor solidaridad y acompañamiento a Venezuela por el terremoto y sus consecuencias. Panamá, una vez más, ofrece su ayuda humanitaria a países hermanos”, declaró el mandatario, de acuerdo con reportes de Reuters.

Desde El Salvador, Nayib Bukele utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje al pueblo venezolano. “Nuestro corazón está con el pueblo de Venezuela en estos momentos difíciles. Les enviamos toda nuestra solidaridad y nuestras oraciones. Fuerza Venezuela”, publicó el presidente. Bukele detalló que El Salvador puso a disposición del Gobierno venezolano 300 rescatistas y paramédicos, junto con 50 toneladas de equipo y suministros de primera necesidad.

El Gobierno de Guatemala, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, también expresó respaldo al pueblo venezolano ante el terremoto de magnitud 7,1. Las autoridades guatemaltecas informaron que no se tiene reporte de ciudadanos guatemaltecos, en Venezuela, afectados hasta el momento, y recordaron los canales de emergencia y protección consular disponibles para consultas.

Por su parte, la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, publicó un mensaje dirigido a los venezolanos afectados. “Costa Rica abraza con el corazón al pueblo venezolano en estas horas de dolor tras los terremotos que estremecieron a su país. Nuestra solidaridad está con cada familia afectada y con quienes hoy trabajan para salvar vidas y reconstruir esperanza. No están solos”.

La Junta Directiva del Parlamento Centroamericano (PARLACEN) emitió un comunicado conjunto en el que expresó solidaridad con Venezuela. El texto señala que “Centroamérica y República Dominicana se unen al pueblo venezolano con fraternidad y esperanza”, y reconocen la labor de los equipos de emergencia que colaboran tras el desastre.

En Venezuela, la gobernante encargada, Delcy Rodríguez, anunció el estado de emergencia nacional. En una alocución transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión, Rodríguez indicó: “Estamos en este momento declarando el estado de emergencia, tal como lo contempla nuestra Constitución”. La funcionaria detalló que se activó toda la red de salud pública y privada en las zonas más afectadas y que no habrá clases ni actividades no esenciales en los próximos días.

Rodríguez informó que ocurrieron derrumbes de edificios en Caracas y daños en los estados Miranda, La Guaira, Falcón y Carabobo. Solicitó a la población mantener la calma y la unidad ante la emergencia. Además, reportó afectaciones en los servicios de electricidad, agua potable y gas doméstico en los sectores impactados. Las autoridades suspendieron tanto el servicio de metro como el de ferrocarril en la capital venezolana.

El Aeropuerto Internacional de Maiquetía, principal terminal aérea que sirve a Caracas, fue cerrado tras registrar graves daños en su infraestructura, sin que hasta el momento se hayan detallado las afectaciones específicas. Hasta el cierre de este reporte, no se había informado sobre víctimas mortales ni el número exacto de heridos, según los datos difundidos por AFP.

La respuesta regional a la catástrofe en Venezuela refuerza los lazos de cooperación entre los países de Centroamérica y subraya el compromiso de las naciones vecinas ante emergencias de gran magnitud.

Los gobiernos de Guatemala y Belice solicitaron este miércoles a la Organización de los Estados Americanos (OEA) su respaldo institucional y técnico para la etapa posterior al fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre el histórico litigio territorial que enfrentan desde hace décadas. La petición fue realizada durante la 56 Asamblea General de la OEA, celebrada en Ciudad de Panamá, donde ambos países reafirmaron su compromiso de acatar la decisión de la CIJ como “definitiva y vinculante”.

El canciller de Guatemala, Carlos Ramiro Martínez, y el director ejecutivo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Belice, Oscar Arnold, firmaron una declaración conjunta en la que instaron a la OEA a colaborar en la futura demarcación de la frontera, con el apoyo del Grupo de Amigos y la comunidad internacional. El documento oficial, divulgado por la propia OEA, señala que el organismo debe desempeñar un papel facilitador y de acompañamiento en el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la sentencia internacional.

Ambos países mantienen una disputa por el reclamo guatemalteco sobre una porción del territorio continental, insular y marítimo de Belice. En 2008, con el auspicio de la OEA, firmaron un acuerdo especial para someter el diferendo a la CIJ, proceso que requirió la consulta a la ciudadanía de ambas naciones mediante plebiscitos.

Guatemala expone su postura sobre los cayos Zapotillos

Guatemala expuso el pasado viernes ante la CIJ sus argumentos de fondo para defender sus intereses sobre los cayos Zapotillos, un archipiélago en el Caribe que también es disputado por Belice y Honduras. Según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala recogido por Infobae, el gobierno entregó su declaración escrita dentro del plazo fijado por el tribunal de la ONU, tras una prórroga solicitada por Honduras.

La controversia sobre los cayos Zapotillos se suma al litigio principal entre Guatemala y Belice. En noviembre de 2022, Belice demandó a Honduras ante la CIJ para que se determine la soberanía sobre el archipiélago. Guatemala solicitó intervenir en el caso en diciembre de 2023, argumentando que también reclama esos mismos cayos en un proceso separado contra Belice iniciado en 2019, y que cualquier decisión entre sus vecinos podría afectar sus propios intereses jurídicos.

La CIJ autorizó por unanimidad la intervención guatemalteca el 19 de marzo, al considerar que el país centroamericano posee un interés legítimo que podría verse afectado por el fallo. No obstante, Guatemala participa como tercero y no como parte plena, lo que limita su capacidad de influencia directa sobre la resolución definitiva. “El Gobierno de Guatemala reafirma su compromiso con la solución pacífica de controversias y el derecho internacional”, señaló la cancillería guatemalteca.

La OEA y la Zona de Adyacencia

De acuerdo con la información proporcionada por la OEA, la Secretaría General del organismo fue formalmente invitada a mantener su presencia y respaldo a través de la Oficina en la Zona de Adyacencia, una franja que separa temporalmente a ambos países y que ha ayudado a evitar incidentes en la región fronteriza antes del fallo. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala reconoció y agradeció el apoyo financiero de la Unión Europea durante las dos últimas décadas, que permitió sostener la labor operativa de la OEA en la zona.

Las autoridades de Guatemala y Belice subrayaron que la continuidad del acompañamiento internacional ayudará a garantizar el respeto a lo que determine la CIJ y facilitar el proceso de demarcación fronteriza. Según la declaración, la comunidad internacional y el Grupo de Amigos de la OEA tendrán un papel relevante en la supervisión y apoyo al cumplimiento de las obligaciones derivadas del fallo.

Por ahora, la resolución definitiva de la CIJ se encuentra en etapa de deliberación. Mientras tanto, Belice y Honduras tienen plazo hasta el 21 de septiembre para responder a los alegatos presentados por Guatemala sobre los cayos Zapotillos, un asunto que, según la propia CIJ, mantiene a la región bajo observación, ante la expectativa de un dictamen que podría modificar los equilibrios fronterizos en Centroamérica.

Panamá adelanta un estudio para detectar la posible incidencia del tracoma en la provincia de Darién y en las comarcas Ngäbe Buglé y Emberá-Wounaan.

La metodología a utilizar durante el estudio contempla la aplicación de encuestas, además del levantamiento de información en áreas específicas, principalmente en comunidades identificadas donde puedan existir condiciones de vulnerabilidad relacionadas con el acceso al agua potable y saneamiento básico, indicó en una nota el Ministerio de Salud.

La entidad gubernamental y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) sostuvieron hace unos meses un encuentro técnico con miras a iniciar un estudio de línea base que permita identificar si Panamá registra incidencia de casos de tracoma, especialmente en las tres regiones priorizadas: la provincia de Darién y las comarcas indígenas Ngäbe Buglé y Emberá-Wounaan.

Durante la jornada se marcó, según la información oficial, el primer paso para desarrollar una investigación en donde se determine la presencia de esta enfermedad infecciosa en áreas específicas del territorio panameño.

Muriel Rodríguez, técnica médica de la Sección de Adultos de la Dirección General de Salud Pública del Minsa, explicó en su oportunidad que el trabajo se realizará de manera articulada entre la Sección de Niñez y Adolescencia, la Sección de Adultos y el Departamento de Epidemiología, con el objetivo de detectar oportunamente posibles casos y frenar cualquier incidencia de tracoma.

El tracoma es una enfermedad que está asociada a condiciones de limitado acceso a agua potable, deficiencias en saneamiento e higiene, factores que aumentan el riesgo en poblaciones vulnerables.

Desafortunadamente, los pueblos indígenas de la región, y Panamá no escapa a esa realidad, enfrentan barreras históricas y estructurales que dificultan su acceso a la atención médica entendida desde la perspectiva biomédica y occidental, señala la OPS.

Para el organismo internacional, el sector de la salud promueve cambios en los comportamientos relacionados con la higiene facial y el manejo del ambiente, así como la prescripción de tratamientos con administración masiva de antibióticos y, en algunos casos, el recurso a la cirugía practicada desde una perspectiva biomédica y occidental.

La enfermedad constituye un problema de salud pública en 20 países y provoca ceguera o discapacidad visual, señala por su parte una información del Ministerio de Salud.

El tracoma, siempre según la Organización Panamericana de la Salud, se propaga por el contacto con la secreción de los ojos o de la nariz de una persona infectada. De igual manera, las vías de transmisión pueden ser las manos, la ropa, las toallas y los insectos.

En los países en desarrollo las moscas atraídas por los ojos también son un medio de transmisión. El tracoma es una de las 30 afectaciones que la Iniciativa de Eliminación de la OPS se ha propuesto erradicar en la región de las Américas para el 2030.

Advierte que el riesgo de ceguera por tracoma en las mujeres es hasta cuatro veces mayor que en los hombres.

La Organización Panamericana de la Salud manifiesta que los roles de género, como la carga desproporcionada del cuidado familiar, la limitada autonomía para tomar decisiones sobre su salud, las restricciones de movilidad, el acceso desigual a la educación, las normas culturales excluyentes, la escasa disponibilidad de información y la falta de servicios básicos -incluido el acceso limitado y tardío a la atención médicas- hacen que las mujeres sean especialmente vulnerables a esta y a otras enfermedades tropicales desatendidas.

Un hombre de 71 años y una menor de 17 años edad decidieron acabar con sus vidas colgándose de las vigas de sus residencias, en hechos ocurridos en las comunidades de La Chorrera, a escasos minutos de la ciudad capital, y en Cerro Mesa, en la comarca indígena Ngäbe-Buglé, respectivamente.

En Panamá, cada tres días un ciudadano intenta quitarse la vida, según las autoridades, quienes estiman que por cada muerte a causa de suicidio se dan ocho intentos.

Anualmente, en el país se registran entre 100 a 120 suicidios, de acuerdo con las estadísticas oficiales.

En el primero de los casos, el cuerpo del hombre fue descubierto con una soga en el cuello, colgado de la viga de su residencia, por una nieta que fue a llevarle el desayuno.

Mientras que en el caso de la menor de edad esta fue encontraba por una tía, cuando ya la vida se le había escapado.

La joven había mantenido horas antes una fuerte discusión por teléfono con su pareja sentimental, quien se encuentra en la ciudad de Panamá, según dijeron sus familiares, citadas por el diario El Siglo.

De acuerdo con las autoridades de salud, el suicidio es la primera causa externa de defunción en Panamá, superando las cifras de decesos provocados por accidentes de tránsito y por intoxicaciones involuntarias, situación que provocó que en el presente siglo el Sistema Público de Salud aumentara la atención a este fenómeno.

Panamá aprobó la Ley 174 de 2 de noviembre de 2020, que establece el marco jurídico para el abordaje de las conductas de riesgo suicida.

En enero, la Comisión Nacional para el Abordaje Integral de las Conductas de Riesgo Suicida realizó en su primera reunión ordinaria, en la cual se aprobó su Plan Operativo 2026.

Explicaron que este documento sintetiza el compromiso adquirido mediante la citada ley, que es el instrumento legal que declara de interés nacional la prevención de las conductas de riesgo suicida.

Las 16 comisiones que conforman la Comisión Nacional para el Abordaje Integral de las Conductas de Riesgo Suicida trabajan en la divulgación de la Guía de Prevención de la Conducta de Riesgo Suicida en entornos laborales, la cual representa una deuda histórica con miles de trabajadores y empleados del país.

La estadística oficial más reciente revela que en 2023 en el país se reportaron 118 muertes por lesiones autoinfligidas intencionalmente, de las cuales 105 fueron hombres y 13 mujeres.

En ese periodo las edades de quienes decidieron quitarse la vida estaban entre los 10 a 24 años, según el Instituto Nacional de Estadística y Censo.

Tanto el Ministerio de Salud como la Caja de Seguro Social informaron que adoptarán la Norma del Sistema de Vigilancia de la Conducta de Riesgo Suicida, que fue aprobada mediante Resolución No.99 de 11 de febrero de 2026.

Con la aplicación de este documento, manifestaron que se reconoce que la conducta de riesgo suicida es un evento epidemiológico de importancia para la salud pública en Panamá y de notificación obligatoria.

En su introducción se establece que el sistema tiene como finalidad identificar, registrar, monitorear y analizar de forma continua y sistemática los eventos relacionados con la conducta de riesgo suicida, incluyendo los casos de intento de suicidio y suicidios consumados.

Respecto a los diversos factores que pueden provocar que una persona intente quitarse la vida, el Ministerio de Salud sostiene que los problemas económicos, la desintegración familiar y las enfermedades crónicas degenerativas, no se encuentran entre las principales causas.

Por el contrario, la inadaptación social, el no tener sentido de pertenencia, es una situación repetitiva entre los casos de suicidio.

El sistema eléctrico panameño opera este miércoles 24 de junio con un fuerte respaldo de las plantas térmicas, una situación que refleja el menor aporte de las hidroeléctricas y el creciente peso que han adquirido los proyectos de gas natural y generación convencional para garantizar el suministro de energía.

Los datos del Centro Nacional de Despacho (CND) muestran que la generación total alcanzaba los 1,896 megavatios (MW), frente a una demanda nacional de 1,721 MW.

La diferencia permitía mantener reservas operativas de 383 MW y un intercambio programado de energía de 200.77 MW con los mercados regionales.

La composición de la matriz eléctrica en ese momento evidenciaba una clara dependencia de las plantas térmicas. De los 1,956 MW generados, 891.2 MW provenían de centrales térmicas, equivalentes al 45.6% de la generación total.

En contraste, las hidroeléctricas aportaban apenas 324.9 MW, lo que representaba el 16.6% del suministro nacional. La energía solar contribuía con 583.5 MW, equivalente al 29.8%, mientras que los parques eólicos suministraban 156.6 MW, cerca del 8%.

La fotografía del sistema es muy distinta a la observada durante períodos lluviosos intensos, cuando las hidroeléctricas suelen liderar la producción nacional gracias a mayores niveles en embalses y ríos. En esta jornada, el liderazgo correspondió claramente a las centrales térmicas de gran escala.

La principal fuente individual de generación era Generadora Gatún, ubicada en Colón y alimentada con gas natural licuado. Sus tres unidades operaban simultáneamente y aportaban 167.45 MW, 167.43 MW y 176.08 MW, para una producción conjunta de 510.96 MW.

En otras palabras, Generadora Gatún estaba aportando por sí sola más de una cuarta parte de toda la electricidad producida en Panamá durante la mañana del miércoles.

El segundo actor más relevante dentro de la generación térmica era la central eléctrica de Cobre Panamá, localizada en el complejo minero de Donoso y que utiliza carbón. Las dos unidades de la planta registraban una producción de 129.22 MW y 132.78 MW, respectivamente, para un total de 262 MW.

La combinación entre Generadora Gatún y Cobre Panamá representaba aproximadamente 773 MW de generación, es decir, cerca del 40% de toda la electricidad disponible en el sistema nacional en ese momento. También aportaban energía las unidades PanAm, con cerca de 79 MW combinados, y la planta ACP Miraflores 9, con 36.35 MW.

Detrás del fuerte aporte de las plantas térmicas también aparece un factor climático. Panamá atraviesa un episodio intenso de El Niño que podría reducir considerablemente las lluvias durante el resto de 2026 e incluso parte de 2027. Las precipitaciones acumuladas ya muestran una disminución cercana al 20% frente a los promedios históricos para esta época del año, pese a que el país se encuentra en plena estación lluviosa.

Bajo ese escenario, el Centro Nacional de Despacho podría estar privilegiando el uso de generación térmica y de gas natural para conservar agua en los embalses de las principales hidroeléctricas del país.

Esta práctica permite disponer de mayores reservas energéticas para los meses de menor precipitación y reducir el riesgo de restricciones operativas en caso de que las condiciones climáticas se deterioren durante el segundo semestre.

Mientras las térmicas sostenían la mayor parte de la carga, varias hidroeléctricas operaban con producciones parciales o muy por debajo de su capacidad instalada. Entre las principales contribuciones destacaban Changuinola 2, con 85.83 MW; Baitún 2, con 24.95 MW; Valles 2, con 23.20 MW; Estrella 2, con 21.15 MW; y las unidades de Madden, que en conjunto aportaban cerca de 19 MW.

Llamaba la atención que importantes complejos hidroeléctricos aparecieran con algunas unidades fuera de operación o generando niveles mínimos, entre ellos Bayano, Gatún, Bajo Mina, Bonyic y varias unidades de Fortuna.

La energía solar, por su parte, se consolidaba como la segunda fuente más importante del país durante las horas de mayor radiación. La planta Solar Fotovoltaica Penonomé lideraba ampliamente esta categoría con una producción de 90.19 MW. También destacaban Chame Solar con 18.52 MW, Madre Vieja Solar con 14.08 MW, La Esperanza Solar con 14.07 MW, Baco Solar con 12.95 MW y Solar Pocrí con 12.09 MW.

En conjunto, los parques solares aportaban más de 583 MW, una cifra que superaba ampliamente la generación hidroeléctrica observada durante este 24 de junio..

La generación eólica mantenía una participación más modesta, aunque significativa, con 156.65 MW. Entre las instalaciones con mayor producción figuraban los parques Rosa de los Vientos y Nuevo Chagres, además de las unidades ubicadas en Portobelo y Marañón.

Las gráficas operativas del CND muestran además que la demanda eléctrica registró su punto más bajo durante la madrugada, cuando descendió hasta aproximadamente 1,330 MW. A partir de las primeras horas de la mañana comenzó una recuperación sostenida que llevó el consumo nuevamente por encima de los 1,700 MW.

El comportamiento del sistema confirma una tendencia observada durante los últimos años: Panamá cuenta con una matriz cada vez más diversificada, pero sigue dependiendo de las plantas térmicas de gran capacidad para garantizar la estabilidad operativa cuando la generación hidroeléctrica disminuye o cuando las fuentes renovables variables, como el sol y el viento, no pueden cubrir por sí solas la demanda nacional.

En Panamá no hay tristeza, no hay reclamos. Una derrota con medio sabor a triunfo se dejó ver en sus calles, en sus bares, en los lugares donde vestidos de rojo y ondeando el emblema tricolor los panameños se reunieron para ver el partido contra la selección de Croacia, donde perdió por la mínima diferencia 1 a 0.

Ya venía de perder en su estreno por un marcador igual de ajustado contra Ghana, en un partido en donde a minutos de terminar el tiempo de reposición surgió el gol que marcó el destino de los canaleros.

La canción “Patria”, del panameño Rubén Blades, se dejaba escuchar en cada esquina como un símbolo de guerra: “Patria son tantas cosas bellas/ Son las paredes de un barrio/ Y su esperanza, morena/ Es lo que lleva en el alma/ Todo aquel, cuando se aleja/ Son los mártires que gritan/ Bandera, bandera, bandera…”

Y es que pese a ser el quinto equipo eliminado en el Mundial de Fútbol 2026, el único representante de Centroamérica en esta justa deportiva dejó en propios y extraños un notable grado de satisfacción, que derivó en distintos comentarios.

“Fuimos al Mundial cuando otros siempre estuvieron en sus casas”, dijo Esaú Rodríguez en un tono de contestación a las críticas que en la región algunos han proferido. “Si hay dolor, que no se note”, dejó deslizar el fanático canalero, mientras sonreía.

Y es que más allá de las fronteras, el exfutbolista sueco Zlatan Ibrahimovic encendió en su momento el debate al pronosticar que Panamá sería el “saco de boxeo” del grupo en el que estaba. No obstante, en uno de sus encuentros, Suecia caería ante Holanda 5 a 1.

“Croacia ganó y sigue con vida, pero Panamá volvió a demostrar carácter, entrega y ganas de competir hasta el final”, diría Ibrahimovic luego del partido.

Curiosamente, para una mayor satisfacción de la fanaticada de la llamada “Marea roja”, en el partido contra Croacia el título del jugador más valioso (MVP) se lo llevó el panameño Cristian Martínez, un habilidoso jugador a quienes todos llaman “Fulo”.

Los panameños siguieron paso a paso las jugadas, comentando, en ocasiones gritando, en otros haciendo de técnicos, en fin, animando a su equipo con el clásico “Sí se puede, si se puede”, aunque también hay quienes afirmaban que “jugamos como nunca y perdemos como siempre”.

La alegría y el bullicio, característicos de los panameños, siguió incluso después del partido cuando los fuegos artificiales dejaron ver en las alturas los colores patrios, rojo, blanco y azul.

“Panamá volvió a demostrar que está preparada para competir contra cualquiera”, manifestó MisterChip (Alexis) en su cuenta de X, quien agregó que el país volvió a dejar una imagen de enorme carácter, intensidad y personalidad, peleando hasta el último minuto.

Otra derrota por la mínima, otra derrota injusta, dijo el reconocido analista de fútbol internacional, quien al diseccionar el partido indicó que en esta nueva derrota Panamá dominó prácticamente de principio a fin, salvo en los últimos minutos donde hubo un “tiroteo”, y la mejor puntería se la llevó Croacia.

“Panamá cae con dignidad ante una Croacia de alto nivel”, titula el diario La Prensa, “Panamá luchó hasta el final”, publica en su portada el diario La Estrella de Panamá, “Panamá tuvo un mejor juego, pero la falta de gol lo eliminó”, puntualizó por su parte el diario Critica.

“Estoy orgulloso de mis jugadores. Han hecho un partidazo”, dijo el entrenador de la selección de Panamá, Thomas Christiansen, al concluir el partido.

“En la región la cenicienta avanzó. Fue al Mundial. Que cada cual opine, pero las estadísticas y menos el pasado juegan”, sentenció en tono de picardía el fanático Rodríguez, mientras volvía a sonreír.

El flujo migratorio inverso que atraviesa Panamá continúa creciendo, aunque mantiene una tendencia de desaceleración mensual.

Hasta el 21 de junio de 2026, las autoridades habían contabilizado 4,912 migrantes dentro del denominado flujo norte-sur, es decir, personas que regresan desde Norteamérica hacia Suramérica tras abandonar sus planes de establecerse en Estados Unidos o luego de verse afectadas por el endurecimiento de las políticas migratorias en la región.

La cifra representa un aumento de 588 personas en apenas 35 días respecto al reporte anterior divulgado por el Servicio Nacional de Migración el pasado 17 de mayo, cuando el acumulado era de 4,324 migrantes. En términos porcentuales, el flujo inverso creció 13.6% durante ese período.

A pesar del incremento acumulado, los datos muestran que la intensidad del fenómeno continúa disminuyendo mes a mes. En enero se registraron 1,250 migrantes retornando hacia el sur; en febrero fueron 1,086; en marzo 916; en abril 674; en mayo 537; y en los primeros 21 días de junio se contabilizaban 449. De mantenerse esa tendencia, junio cerraría nuevamente por debajo de los niveles observados a inicios de año.

Las estadísticas de la Dirección de Operaciones y Control Migratorio confirman que la migración de retorno sigue siendo predominantemente venezolana. Del total de 4,912 personas registradas en el flujo norte-sur, 4,481 son ciudadanos de Venezuela, equivalentes a más del 91% del total.

Les siguen ciudadanos de Colombia con 181 casos, Ecuador con 58, personas nacidas en Estados Unidos con 53 registros —principalmente hijos de migrantes— y 139 personas de otras nacionalidades.

Comparado con el reporte de mediados de mayo, los venezolanos aumentaron de 3,991 a 4,481 personas, es decir, 490 migrantes adicionales en poco más de un mes. Los colombianos pasaron de 149 a 181, mientras que los ecuatorianos aumentaron de 39 a 58 casos.

La logística para atender este fenómeno continúa concentrándose en la frontera oriental del país. Al 21 de junio permanecían 30 migrantes del flujo inverso en la Estación Temporal de Recepción Migratoria (ETRM) de Darién y otros 17 en Puerto Obaldía, en la comarca Guna Yala. No se reportaban personas alojadas en el centro de Miramar.

Las operaciones humanitarias y de transporte siguen siendo uno de los componentes más importantes de la estrategia gubernamental para gestionar el retorno hacia Suramérica.

El informe revela que se han realizado 445 evacuaciones aéreas hacia Puerto Obaldía, además de 786 traslados marítimos en barcazas operadas con apoyo del Servicio Nacional Aeronaval. También se contabilizan 11 vuelos del SENAN, siete operaciones en barcazas y un vuelo particular vinculado a estos movimientos.

La evolución semanal del flujo muestra variaciones importantes. Entre el 14 y el 20 de mayo se registraron 97 personas; del 21 al 27 de mayo fueron 38; entre el 28 de mayo y el 3 de junio aumentaron a 193; del 4 al 10 de junio descendieron a 70; y entre el 11 y el 17 de junio volvieron a subir hasta 186 migrantes.

Mientras el flujo de retorno continúa acumulando miles de personas, el tránsito irregular tradicional por la selva del Darién permanece en niveles históricamente bajos. El informe reporta apenas 255 ingresos irregulares durante 2026, de los cuales 219 corresponden a adultos y 36 a menores de edad. Tan solo una llegada fue registrada durante la jornada inmediatamente anterior al reporte.

La distribución mensual de estos cruces también refleja una actividad reducida. En enero ingresaron 34 migrantes irregulares; en febrero 19; en marzo 39; en abril 43; en mayo 43; y en junio, hasta el día 21, se contabilizaban 77 personas.

Los venezolanos continúan liderando los ingresos por Darién con 131 casos, seguidos por ecuatorianos con 38 y colombianos con 42. Las autoridades agrupan otras 44 personas dentro de la categoría de otras nacionalidades.

El reporte también incluye datos sobre deportaciones y expulsiones. Hasta el 21 de junio, Panamá había ejecutado 3,461 medidas migratorias de este tipo, de las cuales 2,759 corresponden a deportaciones y 702 a expulsiones. Del total, 2,960 fueron realizadas mediante el acuerdo de cooperación con Estados Unidos.

Dentro de ese programa conjunto, 2,546 corresponden a hombres y 414 a mujeres. Los principales países de origen son Colombia con 1,773 personas, Ecuador con 460 e India con 236. También se registran 57 ciudadanos de Vietnam, 39 de Camerún y 395 personas de otras nacionalidades.

Las estadísticas también muestran la dimensión operativa del programa. Se han realizado 71 vuelos chárter y 224 vuelos comerciales asociados al memorando de entendimiento migratorio. Además, el cronograma oficial contempla nuevos vuelos hacia Venezuela y Finlandia entre finales de junio y mediados de julio.

Aunque el flujo migratorio irregular hacia el norte sigue muy por debajo de los niveles históricos observados durante la crisis migratoria de 2022 y 2023, el crecimiento sostenido del flujo inverso confirma que Panamá continúa desempeñando un papel central en la nueva dinámica migratoria regional: ya no solo como corredor de tránsito hacia Norteamérica, sino también como ruta de retorno para miles de personas que emprenden el camino de regreso hacia Suramérica.

El interés del sector construcción por uno de los proyectos penitenciarios más ambiciosos impulsados por el Gobierno quedó reflejado durante la reunión previa y de homologación del nuevo Centro de Resarcimiento y Rehabilitación que se construirá en Las Garzas.

Un total de 12 empresas participaron en el encuentro convocado por el Ministerio de Gobierno para analizar los requisitos de la licitación de $85 millones, una obra que busca transformar el modelo de reinserción social en Panamá.

El proyecto contempla el diseño, construcción, equipamiento y mantenimiento durante tres años de un complejo con capacidad para 2,500 personas privadas de libertad en condición de preliberados y de confianza, además de alojamiento para 160 custodios. La instalación será levantada dentro de los terrenos del complejo penitenciario La Joya, en el corregimiento de Las Garzas.

Las compañías que participaron en la homologación fueron Centro Equipos, S.A.-Constructora de León; Dream Biometric; Improesa; CTL Ingeniería; Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructura (PROINFA); Global Delfos; Proinpetrol; Administración y Supervisión de Obras Civiles (ASOSCA); Inversiones Fernández Espina Hermanos; Grupo Caribe; Ro Consulting y Constructora Cumo.

La elevada participación empresarial no solo evidenció el interés por competir por el contrato, sino también la complejidad técnica y financiera de la obra.

A lo largo de la jornada, que se extendió desde las 9:00 de la mañana hasta las 2:00 de la tarde, los representantes formularon decenas de consultas y observaciones relacionadas con los requisitos de experiencia, los estados financieros, los plazos de presentación de propuestas y las especificaciones técnicas del futuro centro.

Al revisar el contenido de las intervenciones, un tema sobresalió por encima de todos: la experiencia exigida a las empresas y al personal técnico.

Diversos participantes solicitaron flexibilizar el numeral 10.19 del pliego, que establece los criterios para acreditar experiencia en centros penitenciarios. Empresas como CTL Ingeniería, PROINFA, Global Delfos, Proinpetrol, ASOSCA, Inversiones Fernández Espina Hermanos, Grupo Caribe y Ro Consulting plantearon observaciones relacionadas con este requisito.

Las solicitudes fueron variadas, pero apuntaban en una misma dirección: permitir que la experiencia requerida pudiera acreditarse mediante la sumatoria de varios proyectos y no necesariamente con una única obra de gran magnitud.

También se pidió ampliar el reconocimiento de proyectos similares y flexibilizar las exigencias relacionadas con la capacidad penitenciaria mínima de 2,500 personas privadas de libertad.

La segunda petición más recurrente fue la ampliación del plazo para la presentación de propuestas.

CTL Ingeniería solicitó extender el período a 30 días calendario; PROINFA pidió 45 días; Global Delfos también propuso una extensión de 45 días; mientras que Proinpetrol, ASOSCA, Inversiones Fernández Espina Hermanos, Grupo Caribe y Ro Consulting respaldaron ampliar el tiempo disponible para preparar las ofertas.

Otro grupo importante de observaciones estuvo relacionado con los requisitos financieros. Varias compañías solicitaron reducir el capital de trabajo exigido del 50% al 25%, revisar los índices de liquidez y endeudamiento, permitir que los requisitos financieros de los consorcios pudieran acreditarse mediante la sumatoria de los indicadores de sus integrantes y flexibilizar los criterios de facturación mínima.

Estas solicitudes fueron planteadas por CTL Ingeniería, Global Delfos, Proinpetrol, ASOSCA, Inversiones Fernández Espina Hermanos, Grupo Caribe y Ro Consulting.

Las empresas también formularon preguntas específicas sobre el diseño arquitectónico y las especificaciones técnicas del futuro centro.

Entre ellas figuraron consultas sobre la posibilidad de realizar nuevas visitas de campo, el formato para la presentación de planos y maquetas, la procedencia de los materiales de construcción, las características del equipamiento tecnológico, los cronogramas de trabajo y desembolsos, las dimensiones de algunas instalaciones deportivas y la necesidad de aclarar discrepancias detectadas en algunos apartados técnicos del pliego.

Global Delfos presentó una de las intervenciones más amplias al advertir sobre aspectos operativos del proyecto, incluyendo la definición del perfil de los privados de libertad, la ubicación de equipos de seguridad, las características de edificios de hasta cinco niveles, la necesidad de considerar ascensores y las condiciones del terreno donde será construido el complejo.

Las respuestas de la entidad muestran que varias observaciones podrían traducirse en ajustes posteriores al pliego de cargos. En numerosas ocasiones, los representantes del Ministerio de Gobierno respondieron que los planteamientos serian verificados, evaluados o aclarados mediante adendas. Incluso en algunos casos reconocieron la necesidad de revisar aspectos de redacción y precisar requisitos técnicos.

El futuro Centro de Resarcimiento y Rehabilitación representa una apuesta distinta al modelo penitenciario tradicional. El proyecto contempla aulas, biblioteca, laboratorio de informática, talleres de herrería, soldadura, carpintería, ebanistería, panadería y prefabricados de concreto.

Además de espacios para atención psicológica, psiquiátrica, actividades deportivas y convivencia familiar como dos canchas multiuso techadas, una cancha sintética de fútbol rápido, gimnasio de pesas, espacios para ajedrez y juegos de mesa, así como un área de oración destinada a actividades espirituales y consejería religiosa.

La licitación fija la recepción de propuestas para el próximo 14 de julio de 2026. El complejo deberá utilizar iluminación LED, sistemas de ventilación natural, materiales de alta durabilidad y bajo mantenimiento, además de áreas verdes y paisajismo integrado. También se solicita que el diseño proyecte una imagen institucional moderna y compatible con el objetivo de reinserción social.

La iniciativa surge en un contexto de fuerte presión sobre el sistema penitenciario panameño. A inicios de este año la población penitenciaria superaba los 24,600 privados de libertad frente a una capacidad instalada cercana a 14,700 plazas, mientras que el complejo de La Joya albergaba más de 15,000 personas pese a haber sido diseñado para menos de 10,000.

La magnitud de las consultas formuladas durante la homologación anticipa una competencia intensa por uno de los contratos de infraestructura pública más relevantes del año. También deja entrever que el Ministerio de Gobierno deberá decidir en las próximas semanas si incorpora parte de las recomendaciones planteadas por el sector privado antes de la recepción definitiva de las propuestas.

La influenza continúa cobrando vidas en Panamá. El Ministerio de Salud (Minsa) confirmó cuatro nuevas defunciones asociadas a esta enfermedad durante la semana epidemiológica 22, elevando a 51 el número de fallecidos registrados en lo que va de 2026.

Las cifras reflejan que el virus sigue representando una amenaza para los grupos más vulnerables, especialmente adultos mayores, niños pequeños y personas con enfermedades crónicas.

De acuerdo con el informe epidemiológico más reciente, el 62.7% de las muertes por influenza registradas este año corresponden a hombres. Además, el grupo más afectado ha sido el de personas de 65 años y más, que concentra el 63% de los fallecimientos, seguido por los menores de un año.

Uno de los datos que más preocupa a las autoridades sanitarias es que el 100% de las personas fallecidas no había recibido la vacuna contra la influenza correspondiente a la temporada actual. Asimismo, el 82% tampoco se había vacunado durante la campaña de 2025.

El informe señala además que el 78% de los fallecidos presentaba factores de riesgo asociados a edad avanzada o enfermedades metabólicas, cardiovasculares y renales.

La influenza es una enfermedad respiratoria causada por virus que afectan la nariz, la garganta y los pulmones. Aunque en muchos casos provoca síntomas similares a los de un resfriado común, puede derivar en complicaciones graves como neumonía, insuficiencia respiratoria, descompensación de enfermedades crónicas e incluso la muerte.

Los síntomas más frecuentes incluyen fiebre alta, tos, dolor de garganta, congestión nasal, dolores musculares, dolor de cabeza y fatiga intensa.

Las autoridades sanitarias insisten en que la vacunación sigue siendo la principal herramienta de prevención. En Panamá, la vacuna contra la influenza se aplica de forma gratuita en las instalaciones del sistema público de salud y está disponible para toda la población, con especial énfasis en adultos mayores, embarazadas, niños pequeños, pacientes con enfermedades crónicas y personal de salud.

Las cifras oficiales muestran además que la circulación de virus respiratorios sigue siendo elevada. Durante la semana epidemiológica analizada se registraron 964 casos de síndrome gripal, para un acumulado anual de 18,271 casos.

Paralelamente, las infecciones respiratorias agudas graves, que incluyen bronconeumonías y neumonías, sumaron 432 nuevos casos en una sola semana y alcanzaron un acumulado de 7,882 casos en lo que va del año.

Mientras tanto, el dengue continúa siendo una de las enfermedades transmitidas por mosquitos con mayor impacto en el país. Hasta la semana epidemiológica 22 se habían confirmado 3,000 casos. De ellos, 2,632 fueron clasificados como dengue sin signos de alarma, 348 presentaron signos de alarma y 20 evolucionaron a dengue grave.

El dengue puede provocar fiebre alta, dolor detrás de los ojos, dolores musculares y articulares, náuseas y erupciones en la piel. En sus formas más severas puede generar hemorragias, afectación de órganos vitales y choque, por lo que requiere atención médica inmediata.

Otro padecimiento que continúa generando preocupación es la malaria. El informe reporta 79 nuevos casos notificados o actualizados durante la semana analizada, para un acumulado anual de 4,281 casos. La enfermedad, transmitida por mosquitos infectados del género Anopheles, puede causar fiebre, escalofríos, sudoración intensa, dolor de cabeza y anemia. Sin tratamiento oportuno, algunas variantes pueden resultar potencialmente mortales.

Entre las enfermedades menos conocidas por la población destaca la leptospirosis. Aunque durante la semana 22 no se notificaron nuevos casos, las autoridades actualizaron un caso correspondiente a semanas anteriores, elevando el acumulado anual a 23.

La leptospirosis es una infección bacteriana transmitida principalmente por el contacto con agua, suelo o alimentos contaminados con orina de animales infectados, especialmente roedores.

Sus síntomas iniciales pueden confundirse con los de otras enfermedades febriles e incluyen fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares y vómitos. Sin embargo, en los casos más graves puede provocar insuficiencia renal, daño hepático, meningitis e incluso la muerte.

El reporte también registra 1,206 casos acumulados de leishmaniasis, enfermedad transmitida por la picadura de pequeños insectos conocidos como flebótomos o jején. Dependiendo de la variante, puede producir lesiones cutáneas persistentes o afectar órganos internos.

En cuanto al hantavirus, Panamá acumula 10 casos de fiebre por hantavirus y otros 10 casos de síndrome cardiopulmonar por hantavirus durante 2026. Esta enfermedad se transmite por el contacto con excretas de roedores infectados y puede evolucionar rápidamente hacia una insuficiencia respiratoria severa.

El informe epidemiológico también reporta 52 casos acumulados de gusano barrenador en humanos, siete casos de enfermedad por virus Oropouche, seis casos de viruela símica y cuatro casos de chikungunya, mientras que el zika continúa sin registrar casos durante este año.

Ante este panorama, las autoridades reiteraron el llamado a mantener las medidas de autocuidado, acudir oportunamente a los servicios de salud y completar los esquemas de vacunación disponibles. Para el Minsa, la combinación de inmunización, control de criaderos de mosquitos y atención temprana sigue siendo la mejor defensa frente a las enfermedades que continúan circulando en el país.

Los delitos contra el patrimonio económico continúan siendo uno de los principales desafíos de seguridad ciudadana en Panamá. Entre enero y mayo de 2026, el Ministerio Público recibió 9,057 denuncias relacionadas con hurto y robo, dos delitos que suelen confundirse, pero que jurídicamente tienen diferencias importantes y muestran comportamientos distintos en las estadísticas nacionales.

La principal diferencia radica en la forma en que se apodera del bien ajeno. El hurto ocurre cuando una persona toma una propiedad sin consentimiento, pero sin emplear violencia, intimidación o fuerza contra la víctima. El robo, en cambio, implica violencia, amenazas o algún tipo de coerción para despojar a la persona de sus bienes.

Ejemplos de hurto son el robo silencioso de un celular dejado sobre una mesa, la sustracción de mercancía en un comercio o el hurto de un vehículo estacionado. En contraste, un asalto a mano armada, un arrebato con intimidación o el despojo de pertenencias mediante amenazas constituyen delitos de robo.

Las cifras preliminares del Ministerio Público muestran que el hurto sigue siendo el delito patrimonial más frecuente. Entre enero y mayo se contabilizaron 7,036 denuncias por hurto, frente a 6,851 registradas en el mismo período de 2025, lo que representa un aumento de 3%.

Por su parte, los delitos de robo alcanzaron 2,021 denuncias durante los primeros cinco meses del año, ligeramente por encima de las 2,009 registradas en igual período de 2025, un incremento de 0.6%.

Aunque el crecimiento porcentual del robo parece modesto, la característica que más preocupa a las autoridades es que más de la mitad de los casos corresponden a robo agravado, una modalidad que suele involucrar circunstancias de mayor peligrosidad.

De las 2,021 denuncias por robo registradas este año, 1,094 corresponden a robo agravado y 927 a robo simple. Mientras el robo simple aumentó 5% respecto a 2025, pasando de 880 a 927 casos, el robo agravado disminuyó 3%, al bajar de 1,129 a 1,094 denuncias.

En el caso de los hurtos, la categoría más frecuente es el hurto agravado, con 3,162 denuncias, seguida muy de cerca por el hurto simple, con 3,124 casos. También destacan 310 denuncias por hurto de vehículo automotor, 379 por hurto pecuario y 30 por hurto pecuario o hidrobiológico.

Uno de los datos más llamativos es que el hurto simple registró el mayor incremento entre las principales modalidades, al pasar de 2,714 casos en 2025 a 3,124 en 2026, un crecimiento de 15%. Por el contrario, el hurto agravado disminuyó 6% durante el mismo período.

La distribución geográfica también revela patrones claros. La provincia de Panamá concentra la mayor cantidad de denuncias en ambas categorías. Solo en materia de hurto acumula 3,782 casos, equivalente a más de la mitad de todos los registros nacionales. Le siguen Panamá Oeste con 798 denuncias y Chiriquí con 712.

En los delitos de robo, la provincia de Panamá registra 1,117 denuncias, seguida por Panamá Oeste con 267 y San Miguelito con 205.

Al comparar con 2025, algunas regiones muestran incrementos significativos. En hurto, Los Santos registra el mayor aumento porcentual con 31%, seguido por Veraguas con 8%, Panamá con 7% y Panamá Oeste con 4%.

En robo, los mayores incrementos se observan en la comarca Ngäbe Buglé con 50%, Veraguas con 41% y Coclé con 33%, aunque en varios de estos territorios el volumen absoluto de casos sigue siendo relativamente bajo en comparación con las áreas metropolitanas.

Las estadísticas cobran rostro humano cuando se observan casos recientes. Esta semana, la Sección Segunda de Delitos contra el Patrimonio Económico de la Fiscalía Regional de San Miguelito logró una condena de 12 años de prisión contra un hombre responsable de dos robos cometidos contra conductores de plataformas digitales.

Según la investigación, uno de los hechos ocurrió el 12 de diciembre de 2025, cuando el condenado y otros dos individuos solicitaron un viaje hacia el sector de 9 de Enero, en Amelia Denis de Icaza. Al llegar al destino, despojaron al conductor de sus pertenencias y dinero en efectivo.

El segundo caso ocurrió el 14 de noviembre de 2025. En esa ocasión, el sentenciado y una mujer solicitaron una carrera hacia el sector de Paraíso, donde obligaron a la víctima a entregar sus bienes personales y realizar una transferencia bancaria mediante una plataforma de banca en línea.

Estos casos ilustran precisamente la diferencia entre hurto y robo: mientras el primero puede ocurrir sin contacto directo con la víctima, el segundo implica intimidación, amenazas o violencia para obtener los bienes.

Las cifras muestran que, aunque los robos representan menos casos que los hurtos, continúan siendo una de las manifestaciones delictivas que más afectan la percepción de seguridad de la población. Con más de 9,000 denuncias acumuladas en apenas cinco meses, ambos delitos siguen concentrando una parte importante de la carga investigativa del sistema de justicia panameño.

El Toronto Stadium fue el escenario de un choque de titanes en la segunda jornada del Grupo L de la Copa Mundial 2026. A pesar de la dolorosa derrota por 1-0 ante la poderosa selección de Croacia, la selección nacional de Panamá dejó sensaciones sumamente positivas, demostrando que está para competir al más alto nivel internacional.

El encuentro, caracterizado por una intensidad asfixiante y una rigurosa exigencia táctica, dejó claro que el fútbol panameño sigue acortando distancias con las potencias europeas. La gran figura de la cancha, para orgullo del continente americano, fue el canalero Cristian Martínez, elegido de manera oficial como el Jugador Más Valioso (MVP) del compromiso.

Para Martínez, el partido tuvo una carga emocional inmensa. Lograr el premio al MVP ante una de las mejores líneas de mediocampistas del planeta no es una tarea menor. Al finalizar el encuentro, el jugador panameño no ocultó su mezcla de sentimientos, balanceando la felicidad por el hito personal y el dolor por el resultado colectivo.

Sin embargo, el jugador no tardó en enfocar sus palabras en el desempeño del equipo y en el desenlace del partido. “Un poco triste por cómo terminó el partido. Nos costó ese gol y es hora de pasar la página y terminar con un triunfo para brindarle esa alegría al pueblo panameño”, agregó, demostrando el compromiso del grupo con la afición.

Además, el volante destacó el significado que tuvo este partido en su carrera profesional: “Creo que contento por poder cumplir mi sueño, que era debutar en una Copa del Mundo. Triste, porque podíamos quizás un poco más en la siguiente fase, pero así es el fútbol, y como te lo he dicho, toca pasar la página y cerrar de la mejor manera con Inglaterra”.

El planteamiento táctico de Panamá rozó la perfección durante la mayor parte del compromiso, neutralizando los circuitos de juego de Croacia y cerrando los espacios con una gran entrega física. Sin embargo, la jerarquía de los equipos europeos suele capitalizar el más mínimo pestañeo, y eso fue exactamente lo que ocurrió en la segunda mitad.

El único gol del encuentro llegó al minuto 54. Una vertiginosa acción colectiva de los balcánicos por la banda derecha superó la presión panameña. La jugada culminó en un centro preciso al corazón del área que el delantero Ante Budimir no desaprovechó, conectando un certero remate para batir las redes canaleras y poner el 1-0 definitivo.

A partir de ese momento, la marea roja buscó el empate con valentía y variantes ofensivas, pero la sólida defensa croata logró sostener la ventaja hasta el pitazo final.

Leyendas rinden pleitesía: Luka Modrić y Zlatko Dalić elogian a Panamá

El respeto se gana en la cancha, y Panamá se marchó del Toronto Stadium con los elogios de las figuras más importantes del combinado rival. Al término de los 90 minutos, la leyenda viviente del fútbol mundial, Luka Modrić, no escatimó en palabras de admiración para el conjunto centroamericano, reconociendo el sufrimiento que les causaron para llevarse los tres puntos.

En la misma línea se mantuvo el director técnico croata, Zlatko Dalić, quien reconoció públicamente el tremendo esfuerzo físico y el orden táctico que implementó Panamá durante todo el cotejo.

Para Dalić, fue una victoria sumamente trabajada y especial, al punto de dedicársela por completo a su capitán, Modrić, quien en este mismo partido alcanzó la histórica e impresionante cifra de 200 partidos internacionales vistiendo la camiseta de su país.

A pesar de que las opciones matemáticas de avanzar a la siguiente fase se han diluido, la Copa Mundial 2026 aún no termina para el cuadro panameño. El cuerpo técnico y los jugadores son conscientes de que el prestigio y el orgullo nacional siguen en juego en la última fecha de la fase de grupos.

La consigna dentro del vestuario es unánime: aprender de los errores cometidos ante Croacia, mantener el orden táctico que maravilló a los asistentes en Toronto y salir a competir sin complejos frente a otra potencia mundial como lo es Inglaterra.

La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) expresó el martes su preocupación por la situación democrática en Cuba, Nicaragua y Venezuela, y reiteró la necesidad de restaurar la democracia, garantizar el respeto de los derechos humanos y liberar a todos los detenidos por razones políticas en esos países.

El organismo recordó que los tres países forman parte de la comunidad interamericana y reconoció “con preocupación la necesidad de restaurar la democracia en estos países y de garantizar el respeto de los principios interamericanos compartidos en materia de democracia y derechos humanos”.

En el marco de la Asamblea General que se celebra en Panamá, la OEA subrayó la urgencia de contar con “sistemas democráticos plenamente funcionales que permitan a los ciudadanos expresar libremente su voluntad y participar de manera significativa en la vida pública”, conforme a la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana.

La Secretaría General manifestó su preocupación por la situación de los presos políticos y consideró que la detención de personas por motivos políticos es “incompatible con los principios y compromisos del sistema interamericano”.

“En las Américas no hay lugar para la persecución política ni para el encarcelamiento basado en opiniones o en la disidencia”, afirmó el organismo, que reiteró la petición de “liberación incondicional de todas las personas detenidas por razones políticas, de conformidad con las obligaciones fundamentales en materia de derechos humanos”.

La OEA indicó que está preparada para acompañar iniciativas orientadas a ampliar el espacio democrático, promover el diálogo, facilitar consensos, respaldar procesos electorales, proteger los derechos humanos y contribuir a la reconstrucción de la confianza en las instituciones públicas.

La Secretaría General enfatizó que las soluciones democráticas sostenibles deben surgir de procesos liderados por los propios actores nacionales, con la participación de sectores políticos, empresariales y de la sociedad civil, y el apoyo de la comunidad internacional cuando sea requerido.

“La participación internacional debe estar orientada a respaldar las vías de avance acordadas a nivel nacional”, señaló la OEA, que destacó que el progreso duradero depende de un diálogo inclusivo y del compromiso compartido con los principios democráticos en cada país.

En Cuba, el régimen castrista, liderado por el dictador Miguel Díaz-Canel, lleva años empobreciendo a la sociedad cubana, al igual que la dictadura nicaragüense de Daniel Ortega y Rosario Murillo que lleva casi dos décadas encabezando el poder del país.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, responde a los lineamientos estadounidenses de la administración Trump llevando adelante el plan de estabilidad de la Casa Blanca para el país caribeño tras la salida del ex dictador Nicolás Maduro.

Desde Caracas, partidos opositores de Venezuela respaldaron el llamado de la OEA a restaurar la democracia, garantizar el respeto de los derechos humanos y liberar a todos los presos políticos.

La presidenta de Encuentro Ciudadano, Delsa Solórzano, declaró a la agencia EFE que Venezuela necesita “más que nunca” a la OEA y a la comunidad internacional, al igual que los otros dos países, que también “merecen libertad y democracia”. “Hoy por fin vislumbramos una región no solamente unida, sino libre, y eso es posible con las voces del mundo actuando al unísono”, expresó Solórzano.

Solórzano destacó que, aunque se han producido cerca de 900 excarcelaciones en lo que va de año, aún permanecen más de 500 presos políticos en Venezuela. “Ha sido muy grave lo que hemos vivido en el país, se han violado todos los derechos humanos al mismo tiempo, se ha acabado con la institucionalidad, la Justicia pasó a ser simplemente un recuerdo ya borroso y hoy todavía (...) quedan más de 500 prisioneros políticos, evidentemente estos no son símbolos de una democracia”, señaló.

En X, el partido Voluntad Popular (VP), liderado por Leopoldo López, respaldó el pronunciamiento de la OEA y afirmó que la libertad de Venezuela, Cuba y Nicaragua “es una causa común de todo el continente y del hemisferio occidental”.

(Con información de EFE)

Abelardo De La Espriella, presidente electo de Colombia, sostuvo una comunicación formal con el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, para revisar temas prioritarios de la agenda bilateral entre ambos países. La conversación fue calificada por el mandatario panameño como “muy productiva desde el primer momento” y abrió una primera ruta de trabajo conjunto entre las dos administraciones.

La información publicada por Revista Semana señala que el intercambio fue difundido por Mulino a través de sus canales institucionales, después de consolidarse el resultado electoral del preconteo en Colombia. Los dos dirigentes manifestaron su interés en coordinar actividades conjuntas y fortalecer la relación entre Colombia y Panamá.

“Hoy sostuve una llamada telefónica con el presidente electo, Abelardo De La Espriella. Fue una conversación muy productiva desde el primer momento”, declaró el jefe de Estado panameño, al referirse al diálogo con el mandatario electo colombiano.

Seguridad, energía e inversión

Según el reporte, durante la conversación se abordaron varios temas de interés común. Entre ellos estuvieron la interconexión eléctrica entre ambos países, la lucha coordinada contra el crimen organizado y una visión compartida para generar inversión.

El presidente panameño señaló que estos asuntos fueron tratados de inmediato dentro de la llamada. La agenda muestra los primeros puntos de coincidencia entre los dos gobiernos, especialmente en temas estratégicos para la frontera, la seguridad regional, la infraestructura energética y la actividad económica.

Durante la conversación registrada en el material audiovisual oficial, De La Espriella resaltó los lazos históricos entre Colombia y Panamá. El presidente electo afirmó que se trata de naciones hermanas y expresó la intención de trabajar para estrechar los vínculos en materia de desarrollo económico y comercial.

El dirigente colombiano también destacó la necesidad de priorizar soluciones prácticas enfocadas en el libre mercado. En su mensaje, sostuvo que la nueva etapa de gobierno estará guiada por una visión orientada al progreso, el desarrollo y la libre empresa.

“La única ideología que nos interesa es la del progreso, el desarrollo y la libre empresa”, manifestó De La Espriella, según el contenido conocido de la conversación bilateral.

Mesas técnicas y posesión presidencial

El presidente electo agradeció el espacio de diálogo con Mulino y aseguró que las dos naciones trabajarán como un equipo coordinado para potenciar oportunidades en la región. La conversación también dejó abierta la ruta para que las delegaciones diplomáticas avancen en mesas técnicas sobre seguridad fronteriza.

De acuerdo con el reporte, esas mesas buscarán estructurar convenios en una materia sensible para ambos países, especialmente por los retos compartidos en zonas de frontera y por la necesidad de responder de manera coordinada frente a estructuras criminales.

Por su parte, Mulino agradeció la disposición de la administración entrante en Colombia y ratificó su compromiso de mantener una relación de cooperación técnica basada en el respeto mutuo. El presidente panameño también confirmó que asistirá a los actos oficiales de posesión presidencial en Bogotá.

El mandatario de Panamá aseguró que estará presente para formalizar el inicio de los nuevos acuerdos bilaterales y le dará “un gran abrazo” al presidente electo colombiano. Su asistencia a la posesión refuerza la intención de mostrar cercanía política y diplomática desde el inicio del nuevo Gobierno.

La llamada entre De La Espriella y Mulino se suma a los primeros contactos internacionales del presidente electo tras la segunda vuelta. El mensaje central fue la intención de fortalecer la cooperación entre Colombia y Panamá en energía, seguridad, inversión y desarrollo económico, con una relación bilateral basada en trabajo conjunto y coordinación diplomática.

La región centroamericana y República Dominicana consolidaron un ritmo sostenido de captación de Inversión Extranjera Directa (IED) durante 2025, con variaciones entre los países y un predominio de los servicios y las manufacturas en la distribución sectorial de los flujos. Según el informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), divulgado este martes, Costa Rica, República Dominicana y Panamá se ubicaron entre los principales receptores de capital foráneo en el istmo, mientras que El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua registraron volúmenes menores aunque con incrementos interanuales en la mayoría de los casos.

De acuerdo con la CEPAL, el comportamiento de la IED en Centroamérica ha respondido tanto a la recuperación económica global como a la reconfiguración de cadenas de suministro y relocalización de operaciones, lo que favoreció la llegada de nuevos proyectos, especialmente en sectores.

Costa Rica sobresalió como principal receptor regional de IED en servicios y manufacturas, con un peso equivalente al 6% de su producto interno bruto (PIB) y una participación del 35.7% en la formación bruta de capital fijo (FBKF) durante el periodo 2021-2025. La República Dominicana también tuvo una participación destacada, con la IED representando el 3.6% de su PIB y el 13.2% de la FBKF, según detalló la CEPAL en su análisis regional.

El informe subraya que los flujos de inversión mantuvieron un aumento en la mayoría de los países centroamericanos durante 2025. Nicaragua registró un peso de la IED del 7.1% en su PIB y un aporte del 31.5% en la FBKF, mientras que Honduras y Panamá alcanzaron niveles del 2.4% del PIB, con impactos del 10.2% y 9% en la FBKF, respectivamente. Por su parte, El Salvador y Guatemala reportaron una incidencia de la IED del 2% en el PIB, con una contribución a la FBKF de 8.9% y 12.4%, respectivamente.

¿Qué sectores concentraron la IED en la región?

La CEPAL identificó que el sector de los servicios fue el principal receptor de capital extranjero en la región centroamericana, seguido por las manufacturas y, en menor medida, los recursos naturales. En 2025, la entrada de IED en servicios experimentó un crecimiento del 19.5%, mientras que el sector de recursos naturales aumentó un 7%. En contraste, las manufacturas, aunque mantienen participación, mostraron una contracción del 17.2%.

El estudio de la CEPAL destaca que la mayoría de los flujos de inversión hacia Centroamérica y República Dominicana provienen de Estados Unidos y Europa. No obstante, durante 2025 se observó una disminución de las inversiones estadounidenses del 10%, mientras que las procedentes de Europa –particularmente de Países Bajos, Luxemburgo y otros miembros de la Unión Europea– incrementaron su presencia. También se constató una reducción significativa en la participación de la IED intrarregional, con una caída del 50% respecto al año previo.

Los sectores que lideraron en cada país

En el caso de Panamá, la economía canalera mantuvo su atractivo como plataforma logística y financiera, recibiendo inversiones en servicios, banca y transporte. República Dominicana, por su parte, concentró flujos en turismo, energía y manufactura de zonas francas, sectores que concentraron la mayor parte de los flujos extranjeros según la CEPAL.

La tendencia a la diversificación sectorial se manifestó en la región, donde los servicios relacionados con tecnologías de la información, telecomunicaciones y tercerización de procesos de negocios absorbieron una porción creciente de la IED. Costa Rica, en particular, reforzó su posición como centro para empresas multinacionales que buscan aprovechar las ventajas logísticas y de talento en el país.

En tanto, Nicaragua y Honduras se sostuvieron como destinos manufacturero-textiles, aunque la volatilidad política y los desafíos regulatorios incidieron en la evolución de los proyectos anunciados.

El informe de la CEPAL señala que persisten obstáculos para consolidar el dinamismo de la IED en Centroamérica y República Dominicana y que el fortalecimiento de sectores estratégicos, junto con políticas orientadas a la innovación y la sostenibilidad, buscará aumentar su impacto en el desarrollo de estos países.

El vicesecretario de Estado, Christopher Landau, junto a Michael Kozak, secretario adjunto de la Oficina para Asuntos del Hemisferio Occidental, se reunieron con el presidente, José Raúl Mulino, en el marco del 56.º Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Durante su permanencia en el país, Landau también se reuniría con otros altos funcionarios extranjeros y socios regionales para “impulsar las prioridades de los Estados Unidos, entre las que se incluyen la soberanía, la seguridad fronteriza, la gobernanza democrática, la seguridad regional, la competitividad comercial y una OEA con mayor rendición de cuentas”, según anticipaba una nota de prensa de la embajada de Estados Unidos en Panamá.

Agregaba que el vicesecretario promoverá en Panamá “una cooperación más estrecha para hacer frente a la inmigración ilegal, la delincuencia transnacional y los desafíos de seguridad en común, incluidos los de Haití y Nicaragua, a la vez que impulsará una transición democrática en Venezuela, la protección de la democracia de Bolivia y fomentará asociaciones económicas de confianza”.

El viaje del vicesecretario Landau, se indicó este martes, subraya el compromiso de la administración Trump de fortalecer las asociaciones en todo el Hemisferio Occidental y promover la seguridad y la prosperidad comunes en nuestra región.

Reunido con Mulino, el funcionario estadounidense agradeció en nombre de la administración del presidente Donald Trump la cooperación que el gobierno panameño ha brindado en áreas como migración, seguridad, salud y puertos.

Agregó que en los últimos dos años Panamá ha demostrado ser un socio cooperador estratégico, por lo que esperan continuar estrechando lazos en diversos temas de interés mutuo.

Por su parte, el presidente Mulino reafirmó que Estados Unidos es el principal socio de Panamá y aseguró que su administración continuará trabajando firmemente en el fortalecimiento de la relación bilateral.

Por parte de la delegación estadounidense también participaron en el encuentro Ana Quintana-Lovett, subsecretaria adjunta de la Oficina para Asuntos del Hemisferio Occidental, y Viviana Bovo, asesora principal de esta oficina.

Una nota de prensa del gobierno panameño también informa sobre una conversación telefónica entre Mulino y el presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, donde se comprometieron a establecer una alianza extraordinaria que permita impulsar las inversiones entre los dos países, así como reforzar el plan contra el narcotráfico y el crimen organizado.

“Me alegra mucho el resultado de las elecciones en Colombia. Esto nos da a todos, sobre todo a los vecinos, tranquilidad”, le manifestó Mulino a De la Espriella destacando la buena relación que tienen ambos países, de acuerdo con la información oficial.

Mulino indicó que en esta nueva etapa lo que buscará es “agrandar” la relación con Colombia. “Yo quiero impulsar esto desde un punto de vista más pragmático, empresarial, de negocios e inversión. Lo que más me mueve con Colombia es mucha interacción y mucha capacidad de diálogo”, se agrega que dijo el mandatario panameño, destacando proyectos como la interconexión eléctrica, de alta importancia binacional y con un proceso de avance positivo en este momento.

Por su parte, se reveló que De La Espriella prometió darle celeridad al proyecto de interconexión eléctrica, así como la apertura de nuevos vuelos comerciales entre ambos países. “Conmigo todo va a producirse de manera muy rápida. Tendré un gobierno que resuelva los temas de desarrollo, seguridad y el porvenir de nuestras naciones”, se manifiesta que dijo el presidente electo de Colombia.

Añadió que se tratará de un trabajo por estrechar las relaciones entre dos naciones gemelas. “No sabe la ilusión que me hace, yo quiero muchísimo a Panamá, tengo un gran afecto por los panameños y estoy seguro de que vamos a trabajar de forma extraordinaria”, añadió De la Espriella, de acuerdo con la nota de prensa.

En Panamá el Ministerio de Salud realizó la consulta pública para la reglamentación de la Ley 514 del 1 de abril de 2026, que establece medidas para prevenir la pérdida de alimentos y promover su eficiente aprovechamiento a nivel nacional.

La entidad gubernamental supervisará la trazabilidad y calidad de los productos donados en la lucha contra el hambre, reduciendo el desperdicio de los alimentos.

Fuentes ministeriales explicaron que la Ley 514 establece las normas que se requiere para la donación de alimentos, que exige que los productos deben contar con registro sanitario, el personal que manipule los alimentos debe contar con carnet de salud y los lugares de almacenamiento deben cumplir con todas las normas sanitarias del Ministerio de Salud.

La legislación establece el marco legal que promueva el reaprovechamiento responsable de los alimentos, priorizando su uso para el consumo humano fomentando una cultura de solidaridad, sostenibilidad y eficiencia en toda la cadena alimentaria.

Se consigna que todo producto o alimento que haya alcanzado su fecha límite de comercialización deberá ser retirado del punto de venta y se destinará prioritariamente a la donación a los bancos de alimentos u organizaciones sin fines de lucro legalmente constituidas, que desarrollen actividades de asistencia alimentaria o de erradicación del hambre.

Los productos que no sean aptos para el consumo humano se orientarán hacia usos alternativos de carácter social o ambientalmente responsables, como la producción de compost o la alimentación animal, de acuerdo con los criterios de inocuidad existentes.

“Hoy iniciamos formalmente esta consulta pública la cual nos permite recoger los aportes, experiencias y recomendaciones, con el fin de fortalecer el instrumento y garantizar su implementación en beneficio del país”, manifestó Anais Vargas, directora de la Dirección Nacional de Control de Alimentos y Vigilancia Veterinaria.

Dijo que le corresponde a la Dirección Nacional de Control de Alimentos y Vigilancia Veterinaria ser la autoridad sanitaria responsable de liderar la coordinación técnica y garantizar la inocuidad de los alimentos.

Un repaso a la ley destaca entre los aspectos más relevantes la reducción del desperdicio, facilitación de la donación y la garantía de inocuidad, entre otros aspectos.

Cerca de 200 mil personas en Panamá sufren de hambre, lo que representa aproximadamente 5.3% de la población, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO).

Esta situación se agrava en las comarcas indígenas, donde el 50% de los niños padecen de desnutrición, al mismo tiempo que 350 toneladas de alimentos se descartan y desechan a diario.

La ley establece como objetivo establecer, actualizar e implementar el marco regulatorio para la prevención de pérdidas y desperdicios de alimentos, el cual se enfocará en el fortalecimiento de la educación, concienciación y movilización de los involucrados en la cadena de suministros de alimentos.

De igual manera, se pretende contribuir a combatir el cambio climático mediante la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, que genera el desperdicio de alimentos producidos no consumidos.

El alcance de la ley involucra a los productores agropecuarios y sus organizaciones, a los procesadores, elaboradores y distribuidores de productos alimenticios, a las cadenas de distribución mayoristas y minoristas, como supermercados, minisúper, tiendas de comestibles, abarroterías y comisariatos.

A nivel mundial, se calcula que en 2022 se desperdiciaron 1.050 millones de toneladas de alimentos en los sectores minorista, alimentario y hogares. Esto equivale a 132 kilogramos per cápita al año, de los cuales 79 kilogramos per cápita se desperdiciaron en los hogares, relata en un informe el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).

Muy pocos países, afirma, han recopilado datos sólidos sobre el desperdicio de alimentos, a lo largo del tiempo y de forma coherente, aunque la disponibilidad de datos está aumentando y se están identificando muchos puntos de datos a nivel urbano, a medida que las ciudades y los países reconocen que una gran parte de los residuos que llegan a los vertederos son alimentos.

La Organización de Estados del Caribe Oriental (OECS, por sus siglas en inglés) solicitó la suspensión temporal del arancel externo común (CET), en un movimiento que busca abrir opciones comerciales con países como Panamá, República Dominicana y de Sudamérica. La petición fue anunciada este martes en una rueda de prensa por el primer ministro de Antigua y Barbuda, Gaston Browne, un día después de encabezar la cumbre regional de la organización en Saint John’s.

Según informó la agencia EFE, el objetivo de la OECS es flexibilizar las barreras arancelarias para facilitar la importación de productos a precios más competitivos. Browne remarcó la importancia de fortalecer los lazos comerciales con Panamá, país al que consideró una de las principales plataformas logísticas y comerciales del hemisferio. De acuerdo con datos citados por el primer ministro, las transacciones en la zona comercial panameña superan los USD 33,000 millones anuales.

“Existen muchas oportunidades para nosotros para aumentar el comercio y obtener productos de mejor calidad a precios razonables”, resaltó Gaston Browne durante la conferencia, según recogió EFE.

El mandatario explicó que una parte de los productos exportados desde Panamá termina su recorrido en los Estados Unidos, donde el precio sufre incrementos antes de reingresar a los mercados caribeños. Esta dinámica, observó, contribuye a la percepción generalizada entre los habitantes de la región sobre el alza sostenida de los precios de bienes básicos.

El costo de vida, eje de la cumbre

La preocupación por el costo de vida fue uno de los temas centrales de la cumbre de la OECS. “Muchos de nuestros habitantes se quejan por el aumento en precios, lo cual es uno de los asuntos regionales que más afectan a nuestra gente”, afirmó Browne ante la prensa, detalló EFE. El primer ministro instó a buscar alternativas para contener el impacto de la inflación en la región y subrayó la necesidad de actuar en coordinación con los países miembros de la Comunidad del Caribe (Caricom).

Respecto a las alternativas fuera del área panameña, el presidente de la OECS mencionó a República Dominicana como un socio comercial potencial. “Los productos desde allá los podríamos adquirir a precios razonables o competitivos”, sostuvo Browne, quien consideró que la importación directa desde ese país permitiría diversificar la oferta y mejorar el acceso a bienes esenciales para la población caribeña.

Qué falta para suspender el arancel

La solicitud de suspensión del CET requiere la aprobación de la Caricom, ya que el mecanismo arancelario es común para los países que integran ese bloque regional. Browne indicó que la Comisión de la OECS recibió el encargo de realizar un estudio para identificar los productos que podrían importarse a menor costo desde República Dominicana. El análisis, según explicó, determinará las posibilidades de reducir los precios al consumidor en los países del Caribe Oriental.

La OECS, con sede en Santa Lucía, está conformada por Antigua y Barbuda, Dominica, Granada, San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves, Montserrat, Anguila, Islas Vírgenes Británicas y la propia Santa Lucía.

Un total de 24 nicaragüenses que se mantenían en Panamá en situación migratoria irregular fueron deportados vía aérea por el Servicio Nacional de Migración.

De los 24 expulsados, ocho tenían antecedentes penales por tráfico y venta de drogas, tráfico ilícito de migrantes, tentativa de incendio contra bienes estatales, evasión de puestos de control y por representar amenaza para la seguridad colectiva.

Los restantes 16 nicaragüenses fueron sacados del país por permanecer en situación migratoria irregular, con estancia vencida o por no cumplir con los requisitos legales de ingreso y permanencia.

En Panamá la población de los nativos de Nicaragua se estima en 30,585 personas, según el último Censo de Población de 2023.

El Servicio Nacional de Migración indicó que la deportación se ajustó a la ley vigente y a los convenios internacionales, como parte del control ordenado de flujos migratorios y preservación del orden público.

En días pasados, igualmente se registró la expulsión y deportación de 67 extranjeros de nacionalidad colombiana y ecuatoriana, bajo la acusación de incumplir la normativa migratoria vigente y de también representar un riesgo para la seguridad nacional.

Del total, el Servicio Nacional de Migración explicó que 55 son ciudadanos colombianos, de los cuales 38 fueron expulsados al considerárseles una amenaza para la seguridad y el orden público, tras confirmarse sus antecedentes penales vinculados al tráfico internacional de drogas, tráfico ilícito de migrantes, homicidio doloso, posesión de armas, y posesión agravada de drogas.

Otras 17 personas fueron deportados por infringir disposiciones administrativas establecidas por la entidad de migración.

Respecto a los ciudadanos de Ecuador, la información oficial manifiesta que siete fueron deportados por faltas a la normativa vigente, mientras que cinco regresaron voluntariamente a su país de origen.

Con esta operación, la institución detalló que se realizó el vuelo chárter número 69, enmarcado en el Memorándum de Entendimiento suscrito entre Panamá y Estados Unidos, que establece mecanismos de cooperación para una gestión migratoria ordenada, segura y conforme a la ley, indica la institución en comunicación oficial.

El Servicio Nacional de Migración reiteró su compromiso de fortalecer los controles migratorios, preservar la seguridad nacional y respetar los derechos fundamentales, actuando en coordinación con las autoridades competentes.

En su labor de verificación del status de los extranjeros en el país, esta semana la Unidad de Perfilamiento y Análisis de Protección Fronteriza del Servicio Nacional de Migración confirmó la vinculación de un ciudadano colombiano con la organización criminal Clan del Golfo, lo que motivó su expulsión.

El Clan del Golfo, también conocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y Urabeños, surgió de las cenizas del movimiento paramilitar colombiano y se convirtió en una fuerza criminal con alcance nacional, según reseña el sitio de investigación InSight Crime.

El Clan del Golfo, añade, se dedica principalmente al tráfico transnacional de drogas. El grupo controla territorios y regula o dirige el mercado de la pasta base de coca, escoltando cargamentos a lo largo de corredores de tráfico, asegurando el acceso a laboratorios de procesamiento y proveyendo almacenamiento y servicios de envío en las regiones costeras y fronterizas.

De acuerdo con el Servicio Nacional de Migración panameño la verificación realizada a través de las bases de datos institucionales permitió constatar que el ciudadano extranjero contaba con alerta roja de Interpol.

Tenía una orden de captura vigente por los delitos de concierto para delinquir, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, homicidio agravado, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, extorsión y lesiones personales.

Las cifras más recientes indican que durante los primeros seis meses del 2025 el Servicio Nacional de Migración deportó a un total de 1,390 extranjeros, según cifras preliminares oficiales actualizadas al 30 de junio de ese año, reportaron los medios de comunicación.

Estados Unidos entregó al Ministerio de Seguridad Pública de Panamá más de $5 millones en equipos esenciales de seguridad marítima, fronteriza y cibernética, apoyo que forma parte de la cooperación ampliada en seguridad del Comando Sur estadounidense a Panamá, que en 2026 alcanzará un valor estimado de $100 millones.

La asistencia incluye $3 millones para el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) y $2 millones para el Servicio Nacional Aeronaval (Senan), y cada institución recibirá su propio Centro de Operaciones de Ciberseguridad, además de equipos especializados, señala la información dada a conocer por la embajada de Estados Unidos en la nación canalera.

Sostiene que el apoyo equipa a ambos estamentos para combatir agresivamente a las organizaciones criminales transnacionales, reforzar la seguridad fronteriza y desarticular las redes que impulsan la migración ilegal y el narcotráfico, los cuales ponen en riesgo a las comunidades estadounidenses, destaca la información.

Se detalla que el paquete de asistencia de $3 millones para el Senafront incluye un nuevo Centro de Operaciones de Ciberseguridad, cinco camiones refrigerados, dos vehículos jeep de mantenimiento móvil, repuestos para generadores de energía y 400 sets de equipo de comunicación para operaciones especiales.

Estos recursos, se indica, contribuirán a mantener cerrado el Tapón del Darién a la migración ilegal y a detener el tráfico de drogas, armas y personas antes de que llegue a Estados Unidos.

Por su parte, el paquete de $2 millones para el Senan incluye un nuevo Centro de Operaciones de Ciberseguridad, dos embarcaciones inflables de casco rígido y un sistema especializado de navegación.

“Estos recursos fortalecerán las operaciones de interdicción marítima y la protección del Canal de Panamá, al tiempo que contribuirán a interrumpir, destruir y desmantelar las operaciones de los carteles en el mar”, se manifiesta.

“Estados Unidos está entregando un apoyo decisivo para derrotar a los carteles criminales y reforzar la seguridad de nuestras fronteras”, afirmó Kevin Marino Cabrera, embajador de Estados Unidos en Panamá.

Marino Cabrera agregó que “cada dólar invertido aquí evita que los carteles obtengan ganancias invadiendo nuestra frontera sur. Esto es America First en acción, proteger la soberanía estadounidense, a los trabajadores estadounidenses, a las familias estadounidenses y el estilo de vida estadounidense del caos, el crimen, y la violencia que generan las fronteras abiertas”.

En tanto, la embajada estadounidense en Panamá también informó que conmemorará el 250.º aniversario de la independencia de esa nación con un Great American Fair en el casco antiguo de la capital panameña.

La actividad contará con presentaciones de la Marine Forces Reserve Band y bandas panameñas, además de stands de empresas estadounidenses, así como un área gastronómica Sabor USA que ofrecerá comida estadounidense con un toque de sabores panameños, mientras que el Comando Sur de Estados Unidos contará con un puesto de salud.

Anteriormente, en Panamá se conmemoraba la firma de la Declaración de Independencia de Estados Unidos de 1776, aunque quienes rendían homenaje eran panameños residentes en los barrios de Río Abajo, Parque Lefevre y Bella Vista, que además adornaban sus casas con la bandera de las barras azules, rojas y estrellas.

Paralelamente, soldados norteamericanos realizaban pomposas marchas militares a lo largo y ancho de la Avenida 4 de Julio, hoy llamada Avenida de Los Mártires, que culminaban con vistosos fuegos artificiales y enérgicos discursos sobre la grandeza de la nación norteña, según registra el diario Critica.

La última celebración estadounidense en suelo panameño se realizó el 4 de julio de 1999, y fue una actividad militar en la antigua base de Clayton, además de una sencilla recepción en la casa del entonces embajador, Simón Ferro.

El gobierno de Costa Rica elevó una advertencia en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) al señalar su “enorme preocupación por la persistente y reciente presencia en Nicaragua de fuerzas militares rusas y de organizaciones terroristas como Hamás y Hizbulá”. La declaración la realizó el canciller costarricense Manuel Tovar este martes, quien informó sobre la detención reciente de personas supuestamente vinculadas a Hamás en territorio costarricense, según reportó la agencia EFE.

Ante los representantes del continente, Tovar expuso que la situación en Nicaragua afecta la estabilidad de la región y destacó la importancia de la adopción de una declaración sobre la crisis nicaragüense, aún en fase de borrador. Según lo relatado por EFE, el ministro afirmó: “Costa Rica observa con enorme preocupación la persistente y reciente presencia en Nicaragua de fuerzas militares rusas y de organizaciones terroristas como Hamás y Hizbulá. Justo el día de ayer varios individuos vinculados o pertenecientes al grupo Hamás fueron detenidos por fuerzas policiales en mi país”.

El jefe de la diplomacia costarricense subrayó que el borrador de la declaración de la OEA representa un instrumento para reafirmar los valores democráticos, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales en el continente americano. Tovar valoró que la Asamblea General expresara su inquietud frente al deterioro de la situación democrática y de los derechos humanos en Nicaragua, así como por las denuncias de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y persecución contra líderes religiosos y comunidades de fe.

EFE añade que el canciller costarricense lamentó el fallecimiento de Brooklyn Rivera, líder indígena nicaragüense, defensor de los derechos de los pueblos originarios y beneficiario de medidas de protección del sistema interamericano. “Su muerte bajo custodia estatal constituye un hecho de enorme magnitud que exige el pleno esclarecimiento de los hechos, el respeto al derecho a la verdad de sus familiares y la rendición de cuentas”, expresó Tovar ante el pleno de la OEA.

De acuerdo con el informe de EFE, el ministro también condenó el asesinato de Roberto Samcam, mayor en retiro nicaragüense ocurrido en Costa Rica el 19 de junio de 2025. “Destacamos la actuación de las autoridades nacionales que han permitido la detención y procesamiento judicial de varios sospechosos. Costa Rica continuará actuando con firmeza para garantizar que todos los responsables comparezcan ante la justicia y que ninguna forma de violencia o intimidación encuentre su espacio en la impunidad”, sostuvo.

La declaración impulsada por la OEA: “envía un mensaje contundente de solidaridad con las víctimas, sus familiares y el pueblo nicaragüense, y de respaldo a los principios establecidos en la Carta de la OEA, la Convención Americana de Derechos Humanos y la Carta Democrática Interamericana”.

El trasfondo de la crisis entre Costa Rica y Nicaragua

Las relaciones diplomáticas entre Costa Rica y Nicaragua se mantienen restringidas al nivel consular desde 2018. El entonces presidente costarricense Carlos Alvarado optó por no designar embajador en Managua tras los episodios de represión y violaciones a los derechos de los opositores por parte del régimen nicaragüense, recuerda EFE.

La crisis en Nicaragua se remonta a abril de 2018, cuando se desencadenaron protestas masivas contra la dictadura de Daniel Ortega, presidente desde 2007. Según los reportes de EFE, la situación se agravó tras las elecciones de noviembre de 2021, en las que Ortega, 80 años, fue reelegido para un quinto mandato, el cuarto consecutivo. Los comicios se desarrollaron con los principales candidatos de la oposición encarcelados, quienes después fueron expulsados del país y despojados de su nacionalidad y derechos políticos bajo acusaciones de traición y golpismo.

La preocupación expresada por Costa Rica sobre la presencia militar extranjera y de grupos extremistas en la región coincide con el llamado internacional por la defensa de la democracia y los derechos humanos en Nicaragua. Las autoridades costarricenses han reiterado su compromiso con la justicia y la persecución de los responsables de incidentes violentos en su territorio, al tiempo que solicitan la cooperación y vigilancia de la comunidad internacional.

La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) dio un paso más en el fortalecimiento de los controles contra el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, al publicar un nuevo acuerdo que establece con mayor claridad cómo se impondrán y graduarán las sanciones administrativas a los bancos que incumplan el régimen de prevención.

La medida, contenida en el Acuerdo No. 3-2026, publicado recientemente en la Gaceta Oficial, no crea nuevas obligaciones para las entidades bancarias. Su principal objetivo es definir criterios claros y uniformes para determinar cuándo existe un incumplimiento, cómo se evaluará su gravedad y qué tipo de sanción corresponderá en cada caso.

En términos sencillos, la regulación busca que las multas y demás medidas administrativas no dependan únicamente de una valoración general del supervisor, sino que respondan a parámetros previamente establecidos que garanticen mayor transparencia, consistencia y proporcionalidad.

La decisión surge en un contexto en el que Panamá continúa fortaleciendo su sistema de prevención financiera para mantener la confianza internacional en su centro bancario y cumplir con los estándares promovidos por organismos especializados en la lucha contra los delitos financieros.

El régimen de prevención obliga a los bancos a conocer adecuadamente a sus clientes, monitorear operaciones inusuales, reportar transacciones sospechosas, identificar riesgos y mantener controles internos que permitan evitar que el sistema financiero sea utilizado para actividades ilícitas.

Sin embargo, hasta ahora no existía una metodología detallada que estableciera de forma uniforme cómo valorar la gravedad de los incumplimientos ni qué elementos debían considerarse al momento de imponer una sanción.

Con el nuevo acuerdo, la Superintendencia busca cerrar esa brecha regulatoria mediante una clasificación que permite diferenciar entre infracciones leves, graves y muy graves, tomando en cuenta factores como el impacto de la conducta, el riesgo generado para el sistema financiero, la reincidencia, el grado de responsabilidad de la entidad y la eficacia de sus controles internos.

Uno de los aspectos más relevantes es que la regulación introduce criterios objetivos para evaluar cada caso. No será valorado de la misma manera un incumplimiento administrativo aislado que una deficiencia sistemática que permita ocultar operaciones sospechosas o debilite significativamente los mecanismos de prevención.

Asimismo, la normativa contempla circunstancias agravantes y atenuantes. Entre los elementos que podrían aumentar la severidad de una sanción se encuentran la reincidencia, la falta de cooperación con la autoridad supervisora o la existencia de beneficios obtenidos a partir de la infracción.

Por el contrario, la adopción de medidas correctivas oportunas, la colaboración con la investigación o la corrección voluntaria de las deficiencias podrán ser consideradas al momento de graduar la sanción.

¿Cómo se determinará si hubo incumplimiento?

El procedimiento parte de los hallazgos que detecte la Superintendencia durante sus labores de supervisión, inspección o revisión de las entidades bancarias.

Si el regulador identifica posibles incumplimientos al régimen de prevención, podrá iniciar un proceso administrativo sancionatorio en el que la entidad tendrá la oportunidad de presentar sus descargos y argumentos de defensa.

Es decir, la sanción no será automática. Antes de imponer cualquier medida, la Superintendencia deberá analizar los hechos, evaluar las pruebas y permitir que el banco exponga su posición dentro del procedimiento establecido.

Incluso, el acuerdo contempla que en determinadas circunstancias los plazos del proceso podrán reducirse cuando se trate de infracciones leves o cuando la entidad reconozca los hallazgos formulados por el supervisor.

Para determinar si efectivamente hubo incumplimiento y qué tan grave fue, la SBP evaluará una serie de elementos específicos. Entre ellos figuran la duración de la infracción, el grado de responsabilidad, la existencia de dolo o negligencia, la reincidencia, el historial de cumplimiento de la entidad, las medidas correctivas adoptadas, el daño ocasionado y el tamaño de la institución financiera.

También se introduce el concepto de criticidad de la infracción, que permite medir cuánto afectó la falta la capacidad del banco para prevenir delitos financieros. Esa criticidad podrá clasificarse como baja, media, alta o crítica, dependiendo de la magnitud del riesgo generado.

Por ejemplo, una omisión administrativa puntual podría recibir una valoración menor que una conducta que comprometa los sistemas de monitoreo, impida identificar operaciones sospechosas o dificulte el cumplimiento de obligaciones regulatorias fundamentales.

La regulación también identifica conductas que pueden tener especial relevancia dentro del proceso sancionatorio. Entre ellas se encuentran la entrega de información incorrecta, la falta de controles adecuados, la obstrucción de procesos de supervisión o el incumplimiento de obligaciones relacionadas con reportes regulatorios.

La importancia de este acuerdo radica en que el régimen de prevención constituye uno de los pilares sobre los que descansa la reputación del sistema bancario panameño.

Las normas de cumplimiento ya exigen a las entidades financieras identificar adecuadamente a sus clientes, monitorear transacciones y reportar actividades sospechosas. Sin embargo, la Superintendencia considera necesario fortalecer también la forma en que se evalúan y sancionan los incumplimientos.

Para los bancos, la nueva regulación representa una señal clara de que la gestión de riesgos y el cumplimiento normativo seguirán ocupando un lugar prioritario dentro de la supervisión bancaria.

Más allá de las multas económicas, una sanción puede tener implicaciones reputacionales importantes para una institución financiera, especialmente en un entorno donde los estándares internacionales son cada vez más exigentes.

Expertos en regulación financiera suelen coincidir en que la efectividad de un sistema de prevención no depende únicamente de contar con normas robustas, sino también de la capacidad de las autoridades para supervisar su cumplimiento y aplicar sanciones proporcionales cuando se detectan fallas.

En ese sentido, el nuevo acuerdo busca fortalecer la seguridad jurídica tanto para el supervisor como para las entidades supervisadas, al establecer parámetros claros sobre cómo serán evaluadas las infracciones y qué criterios se utilizarán para determinar la respuesta regulatoria.

La medida también envía una señal al mercado internacional sobre el compromiso de Panamá con el fortalecimiento de su marco de cumplimiento y con la protección de la integridad de su sistema financiero, un aspecto cada vez más relevante en un entorno global donde la prevención de delitos financieros se ha convertido en una prioridad para reguladores, inversionistas y organismos multilaterales.

Con esta actualización normativa, la Superintendencia de Bancos busca que las sanciones sean más predecibles, consistentes y proporcionales, al tiempo que refuerza los incentivos para que las entidades mantengan controles efectivos y una cultura de cumplimiento cada vez más sólida.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, inauguró este martes la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) con un mensaje centrado en la situación de derechos humanos y democracia en varios países de la región.

Durante su intervención en la capital panameña, el mandatario destacó que la “grave erosión de los derechos fundamentales en Nicaragua” representa uno de los mayores retos para el organismo hemisférico, según informó EFE.

Mulino, en su calidad de anfitrión del evento, subrayó que Panamá asume “la obligación de señalar lo que la organización no puede ignorar”, en referencia a la crisis en Nicaragua.

El presidente panameño denunció públicamente la persecución a opositores, la supresión del espacio cívico, la expulsión de organizaciones humanitarias, el encarcelamiento de líderes religiosos y el exilio forzado de miles de ciudadanos, hechos que, según sus palabras, resultan incompatibles con los principios fundacionales de la OEA.

La situación nicaragüense se ha deteriorado desde 2018, cuando una ola de protestas contra el gobierno de Daniel Ortega fue reprimida de modo violento, dejando cientos de muertos y miles de exiliados, de acuerdo con informes de Amnistía Internacional y la organización Human Rights Watch (HRW).

Desde entonces, el Ejecutivo ha intensificado las medidas represivas: se ha registrado el cierre de más de 3,000 oenegés, la cancelación de medios de comunicación, la suspensión de partidos políticos opositores y la retirada de nacionalidad a decenas de disidentes.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dependiente de la OEA, ha documentado patrones de detenciones arbitrarias y violaciones sistemáticas a las libertades públicas, lo que ha generado sanciones internacionales y aislamiento.

Las críticas de Mulino a Cuba, Venezuela y la propuesta sobre Bolivia

En su discurso, Mulino extendió la crítica a otros países de la región. Respecto a Cuba, manifestó la esperanza de que su pueblo “encuentre pronto el camino hacia una democracia plena”, y señaló que los valores democráticos “constituyen una promesa del hemisferio aún pendiente” en la isla, según recogió EFE. Sobre Venezuela, el mandatario reclamó una “muy pronta transición democrática” y el restablecimiento de la democracia representativa, con elecciones “libres, vigiladas y democráticas” que permitan al país “encauzarse nuevamente en la institucionalidad”.

El presidente panameño también se refirió a la coyuntura política en Bolivia, donde expresó su solidaridad con el gobierno de Rodrigo Paz, quien, según Mulino, enfrenta amenazas provenientes de sectores radicales y del crimen organizado. El mandatario anunció que ha propuesto ante el secretario general de la OEA, Albert Ramdin, la conformación de una comisión de cancilleres y ministros de Defensa o Seguridad Pública para que se desplacen a Bolivia y respalden al Ejecutivo frente a la crisis institucional que atraviesa el país.

Mulino advirtió que “el gobierno democrático de Bolivia enfrenta hoy una campaña deliberada de desestabilización” y condenó cualquier intento de subvertir el orden constitucional por medios violentos o ilegítimos. En ese contexto, respaldó la decisión del presidente Paz de declarar el estado de excepción y alentó a los países miembros de la OEA a mantener un monitoreo activo sobre la situación.

La Asamblea General de la OEA, que se desarrolla en Ciudad de Panamá, reúne a representantes de los 34 países miembros y se realiza en un contexto marcado por tensiones políticas en varios puntos de América Latina.

Lo que comenzó como un diálogo protocolar entre observadores permanentes y jefes de delegación durante la 56.ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), celebrada en Ciudad de Panamá, terminó convirtiéndose en uno de los intercambios diplomáticos más tensos de la jornada.

El protagonista fue el representante permanente de China ante la OEA, Xie Feng, quien aprovechó su intervención para cuestionar la actuación de Panamá en la disputa relacionada con los puertos de Balboa y Cristóbal, anteriormente operados por Panama Ports Company (PPC), filial del conglomerado hongkonés CK Hutchison.

La respuesta llegó de inmediato por parte del canciller panameño, Javier Martínez-Acha, quien defendió la independencia de los órganos del Estado panameño y recordó que Panamá es una democracia con separación de poderes.

La controversia tiene su origen en el fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia de Panamá en enero de este año, que declaró inconstitucional la renovación de la concesión otorgada a Panama Ports Company para operar las terminales portuarias de Balboa y Cristóbal.

La decisión abrió la puerta a un proceso de transición administrativa y a la posterior contratación temporal de nuevos operadores para garantizar la continuidad de las actividades portuarias.

Durante su intervención ante los países miembros de la OEA, Xie Feng sostuvo que la decisión panameña envía una señal negativa para la inversión extranjera.

“Si los principios pueden ser ignorados, los activos pueden ser tomados y operados en cualquier momento, ¿quién va a confiar en invertir y buscar colaboración?”, afirmó el diplomático chino.

También pidió a Panamá “corregir sus errores” y proteger los intereses y derechos de las empresas chinas.

Las declaraciones se producen en un contexto de creciente tensión entre ambos países. En los últimos meses, el gobierno panameño ha denunciado un aumento en las inspecciones y detenciones de embarcaciones con bandera panameña en puertos chinos, una situación que el presidente José Raúl Mulino denunció internacionalmente.

Según el mandatario, estas acciones han provocado la salida de más de 200 embarcaciones del registro panameño y carecen de una justificación técnica verificable.

La respuesta panameña no tardó en llegar. Aunque inicialmente intentó evitar un intercambio público, el canciller Martínez-Acha pidió la palabra para responder directamente al representante chino.

“Le hablo como canciller de mi país y no como presidente de la sala”, comenzó diciendo. A continuación, rechazó varios de los planteamientos expuestos por Xie Feng y marcó una diferencia entre ambos sistemas políticos.

“Mi país es una democracia. Mi país tiene separación de poderes. Su país es distinto al mío”, afirmó. El canciller recordó que el fallo sobre la concesión portuaria fue emitido por la Corte Suprema de Justicia y que el Ejecutivo no tiene facultades para revertir una decisión judicial.

“El fallo de la Corte Suprema de Justicia fue claro: la renovación de la concesión no cumplió con los requisitos de mi país”, señaló. Martínez-Acha agregó que representantes chinos le solicitaron en varias ocasiones intervenir para modificar el resultado del proceso judicial, algo que calificó como incompatible con el funcionamiento institucional panameño.

“Me pidieron varias veces que yo interfiriese ante una decisión de un órgano con separación de poderes para revertir un fallo, que lo único que puede hacer mi gobierno es obedecerlo”, sostuvo.

El jefe de la diplomacia panameña también respondió a los cuestionamientos sobre la seguridad jurídica.

Según explicó, el proceso que culminó con la decisión judicial no fue impulsado exclusivamente por la actual administración, sino que se originó durante gobiernos anteriores y fue resuelto por magistrados nombrados por distintas administraciones.

La disputa gira en torno a una de las concesiones portuarias más importantes del país. Panama Ports Company operó los puertos de Balboa y Cristóbal desde 1997, cuando obtuvo la concesión para administrar ambas terminales ubicadas en las entradas del Canal de Panamá, una en el Pacífico y otra en el Atlántico.

Durante años, las operaciones estuvieron bajo control de la filial del grupo CK Hutchison, uno de los mayores operadores portuarios del mundo.

Tras el fallo de la Corte Suprema, el Gobierno panameño adjudicó contratos transitorios para mantener el funcionamiento de ambas terminales mientras se define el esquema definitivo de operación. La administración ha insistido en que no se trató de una expropiación, sino del cumplimiento de una decisión judicial y de una medida para garantizar la continuidad de un servicio estratégico para el país.

Martínez-Acha también aprovechó la ocasión para referirse a las inspecciones que China realiza a buques con bandera panameña.

“Sí, ustedes tienen la soberanía en sus puertos de hacer inspecciones y detenciones, pero también es importante que esta mesa sepa que esas inspecciones y detenciones no se dan en esos números en Japón, Corea del Sur, Vietnam o Filipinas”, afirmó.

El canciller sostuvo que el incremento registrado tras el fallo sobre los puertos ha sido “sustancialmente superior” al observado anteriormente. Pese al tono del intercambio, el funcionario panameño evitó cerrar la puerta al diálogo.

“Nosotros valoramos la relación con China. Si existen diferencias, le invito a hablar sobre ellas”, expresó.

Y concluyó con una frase que resumió el mensaje central de su intervención: “Lo invito a desescalar, lo invito a hablar respetuosamente, pero lo invito a respetar mi Constitución, como yo respeto la suya”.

El episodio dejó al descubierto que la controversia por los puertos de Balboa y Cristóbal ha trascendido el ámbito jurídico y comercial para convertirse en un tema de política exterior.

También evidenció cómo una disputa nacida en torno a una concesión portuaria estratégica ha terminado ocupando espacio en uno de los principales foros diplomáticos del continente, en una Asamblea General de la OEA cuyo lema precisamente es la defensa de la democracia, la seguridad hemisférica y el multilateralismo.

Panamá reforzó su apuesta por el turismo de reuniones con el lanzamiento de “Meet in Panama NOW”, un nuevo programa de incentivos diseñado para atraer congresos, convenciones, viajes de incentivos y encuentros internacionales al país.

La iniciativa busca fortalecer uno de los segmentos de mayor impacto económico dentro de la industria turística. A diferencia del turismo vacacional, los asistentes a congresos y convenciones suelen permanecer varios días en el destino y registrar un gasto superior en alojamiento, alimentación, transporte, entretenimiento y compras.

El programa, impulsado por el Fondo de Promoción Internacional (PROMTUR) en conjunto con la industria local de reuniones, otorgará un reconocimiento equivalente al 5% del consumo total de habitaciones generado por cada evento elegible, con un tope de hasta 100,000 dólares.

El objetivo es aumentar la captación de nuevos encuentros internacionales y consolidar el posicionamiento de Panamá como uno de los principales destinos de reuniones de América Latina.

La iniciativa responde a una estrategia más amplia para fortalecer la presencia del país en el competitivo mercado global de congresos y convenciones.

En los últimos años, Panamá ha apostado por aprovechar ventajas como su ubicación geográfica, la conectividad aérea del Aeropuerto Internacional de Tocumen, la capacidad hotelera y la infraestructura del Panama Convention Center para atraer eventos de alcance regional e internacional.

Para acceder al incentivo, los eventos deberán cumplir varios requisitos. Tendrán que ser nuevos para el destino Panamá, tener carácter internacional y realizarse en un hotel. Además, al menos el 50% de los participantes deberán provenir del extranjero o la organización responsable deberá tener origen fuera de Panamá.

Otro de los criterios establecidos es la generación mínima de 500 noches de hotel. Este indicador es uno de los más utilizados por la industria para medir el impacto económico de un evento, ya que refleja el volumen de ocupación hotelera asociado a una actividad específica.

Los eventos interesados deberán confirmarse antes del 8 de septiembre de 2026. Para ser elegibles dentro del programa, deberán celebrarse entre el 1 de septiembre y el 31 de octubre de ese mismo año.

“Panamá ya se está consolidando como el hub de reuniones y eventos de las Américas. Este programa fortalece ese posicionamiento al atraer más congresos, convenciones y eventos internacionales durante todo el año, especialmente en temporadas de menor ocupación", afirmó Gloria De León, administradora general de la Autoridad de Turismo de Panamá.

Agrega que cada evento que llega al país genera oportunidades para hoteles, restaurantes, transporte, comercios y miles de panameños que forman parte de la cadena de valor turística.

El turismo de reuniones, conocido internacionalmente como segmento MICE —por sus siglas en inglés Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions—, se ha convertido en una de las principales apuestas de numerosos países debido a su capacidad para generar un gasto superior al del turismo tradicional.

Datos de la industria indican que los participantes de congresos y convenciones pueden gastar alrededor de 160 dólares diarios por persona, distribuidos entre hospedaje, alimentación, transporte, entretenimiento y compras.

Diversos estudios internacionales también muestran que este tipo de visitante puede generar entre dos y tres veces más gasto que un turista convencional.

El impacto económico de un congreso o convención va mucho más allá de las habitaciones ocupadas. Restaurantes, empresas de transporte, organizadores de eventos, operadores turísticos, comercios, proveedores audiovisuales y pequeños negocios suelen beneficiarse de la llegada de miles de participantes durante varios días.

Según estimaciones del propio sector, la estrategia de captación de eventos internacionales podría generar alrededor de 400 millones de dólares para la economía panameña y producir cerca de 800,000 noches de hotel.

La capacidad instalada del país es uno de los argumentos que respaldan esa meta. El Panama Convention Center, ubicado en Amador, se ha convertido en uno de los principales activos para competir por grandes congresos internacionales. El recinto permite albergar eventos de gran escala y forma parte de la estrategia utilizada para atraer nuevas reuniones al país.

De hecho, Panamá mantiene incentivos adicionales vinculados al uso de este centro de convenciones. Eventos que alcancen determinadas metas de ocupación hotelera pueden acceder a beneficios relacionados con el alquiler del recinto, reduciendo costos para los organizadores y mejorando la competitividad del destino frente a otros mercados de la región.

La estrategia también se apoya en la conectividad aérea. Tocumen ofrece enlaces directos con decenas de ciudades de América y Europa, una ventaja logística que facilita la llegada de participantes y reduce los costos operativos para quienes organizan encuentros internacionales.

Panamá ya cuenta con más de 100 eventos internacionales confirmados para 2026. El lanzamiento de “Meet in Panama NOW” se produce en un momento especialmente relevante para el país dentro de esta industria. En noviembre de 2026, Panamá será sede del 65.º Congreso de la International Congress and Convention Association (ICCA), considerado el encuentro más importante del sector a nivel mundial.

A ello se suma una agenda de eventos ya confirmados para el segundo semestre, entre ellos COLACMAR 2026, el World of Coffee & World Barista Championship y el Congreso Centroamericano y del Caribe de Dermatología, encuentros que reunirán a participantes de distintos países y reforzarán la visibilidad internacional del destino.

Actualmente Panamá ocupa el noveno lugar de América Latina en el ranking de la ICCA y el quinto puesto a nivel de ciudades. Las autoridades y la industria turística esperan que programas como “Meet in Panama NOW” contribuyan a seguir escalando posiciones y consoliden al país como uno de los principales centros de reuniones y convenciones del continente.

Más allá de atraer visitantes, la apuesta busca convertir cada evento internacional en una fuente de actividad económica para múltiples sectores productivos, fortaleciendo el papel del turismo como motor de crecimiento y generación de empleo en Panamá.

Panamá superó la barrera de los 3,000 casos acumulados de dengue en lo que va de 2026, según el más reciente informe epidemiológico correspondiente a la semana 22.

Las cifras reflejan un crecimiento sostenido durante las últimas semanas y mantienen la atención sobre una enfermedad que continúa siendo uno de los principales desafíos de salud pública en América Latina.

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que hasta la semana epidemiológica 22 se contabilizan 3,000 casos acumulados de dengue en todo el país, frente a los 2,857 reportados una semana antes, los 2,720 de la semana 20, los 2,581 de la semana 19 y los 2,468 registrados en la semana 18. Esto significa que en apenas un mes se han sumado 532 nuevos casos al acumulado nacional.

Del total de casos registrados este año, 2,632 corresponden a pacientes sin signos de alarma, 348 presentan signos de alarma y 20 han evolucionado a dengue grave. Además, se mantienen nueve defunciones asociadas a la enfermedad.

La evolución también se refleja en la tasa de incidencia nacional, que pasó de 52.3 casos por cada 100,000 habitantes en la semana 18 a 54.7 en la semana 19, 57.6 en la semana 20, 60.5 en la semana 21 y 63.6 en la semana 22.

El incremento de más de 11 puntos en apenas cuatro semanas muestra que la transmisión sigue activa en distintas regiones del país.

La Región Metropolitana continúa concentrando la mayor cantidad de casos con 734, seguida de Colón con 575, Bocas del Toro con 303, Panamá Oeste con 290 y San Miguelito con 264. A nivel de corregimientos, Tocumen sigue encabezando la lista con 176 casos, seguido por Puerto Pilón con 138 y Veracruz con 133.

Otro dato que preocupa a las autoridades es el impacto entre los menores. El grupo de edad más afectado continúa siendo el de 10 a 14 años, cuya tasa de incidencia aumentó de 74.5 casos por cada 100,000 habitantes en la semana 18 a 94.4 casos en la semana 22.

El dengue es una enfermedad viral transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti. Contrario a una creencia frecuente, no es el mosquito macho el que transmite la enfermedad, sino la hembra, ya que necesita sangre para desarrollar sus huevos.

Este insecto tiene hábitos predominantemente diurnos y suele reproducirse en depósitos de agua limpia acumulada en recipientes artificiales como cubetas, tanques, macetas, neumáticos, botellas, canales de techo y cualquier objeto que pueda retener agua durante varios días.

Los síntomas más comunes incluyen fiebre alta, dolor intenso de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolores musculares y articulares, cansancio extremo y erupciones en la piel.

Estas manifestaciones pueden confundirse inicialmente con otras infecciones virales como influenza, COVID-19 o chikungunya, especialmente durante los primeros días de la enfermedad.

Sin embargo, el dengue puede evolucionar hacia formas más graves. Los especialistas advierten que los signos de alarma incluyen dolor abdominal intenso, vómitos persistentes, sangrado de encías o nariz, dificultad para respirar, somnolencia excesiva, irritabilidad y sensación de desmayo.

Cuando aparecen estos síntomas, la atención médica inmediata resulta fundamental para evitar complicaciones potencialmente mortales.

Aunque Panamá registra un aumento de casos, la situación regional sigue siendo mucho más compleja. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha advertido que América Latina continúa enfrentando una de las mayores circulaciones del virus de los últimos años.

Brasil se mantiene como el país con la mayor cantidad de casos reportados en la región, seguido por Argentina, Colombia, México y Perú, naciones que han enfrentado brotes de gran magnitud durante los últimos meses.

Factores como las altas temperaturas, las lluvias intensas asociadas a fenómenos climáticos, la expansión urbana desordenada y las dificultades para eliminar criaderos han contribuido a la persistencia del dengue en gran parte del continente. Los expertos advierten que el cambio climático está ampliando las áreas donde el mosquito puede sobrevivir y reproducirse.

A pesar del incremento de los casos, Panamá muestra un comportamiento relativamente favorable en materia de hospitalizaciones.

El informe del Minsa indica que se han registrado 369 pacientes hospitalizados en lo que va del año, cifra que representa una reducción de 26% frente a las hospitalizaciones reportadas en el mismo período de 2025.

Las autoridades sanitarias insisten en que la principal herramienta para contener la enfermedad sigue siendo la eliminación de criaderos. Revisar patios y techos, eliminar recipientes que acumulen agua, tapar tanques de almacenamiento y permitir los operativos de control vectorial continúan siendo medidas clave para reducir la presencia del mosquito y evitar que la cifra de casos siga aumentando durante las próximas semanas.

La cita oficial entre Nasry Asfura y José Raúl Mulino tuvo lugar en el Palacio de Las Garzas, sede del Gobierno panameño, donde ambos mandatarios abordaron el presente y el futuro de Centroamérica, con foco en la integración regional, el comercio intrarregional, la cooperación política y el fortalecimiento del Sistema de la Integración Centroamericana.

Los gobernantes coincidieron en que la cooperación entre los países del istmo debe convertirse en una herramienta para afrontar retos comunes vinculados con el desarrollo económico, la seguridad, la generación de empleo, la inversión extranjera y el fortalecimiento institucional.

También plantearon avanzar hacia una integración más efectiva que permita a las naciones centroamericanas actuar de manera coordinada frente a los desafíos globales y aprovechar mejor las oportunidades del comercio internacional y los procesos de modernización económica.

El rol del SICA

Uno de los puntos centrales de la conversación fue el fortalecimiento del Sistema de Integración Centroamericana SICA, organismo regional creado para promover la cooperación política, económica, social y cultural entre los países miembros.

Los presidentes consideraron que el mecanismo regional puede desempeñar un papel más relevante en la construcción de consensos y en la ejecución de iniciativas orientadas a impulsar el desarrollo sostenible de la región. También coincidieron en la necesidad de actualizar y fortalecer las acciones impulsadas desde esta plataforma para responder con mayor eficacia a las demandas actuales.

La visión compartida por ambos gobiernos apunta a una Centroamérica más articulada, capaz de coordinar esfuerzos en áreas estratégicas y de consolidarse como una región de paz, libertad y crecimiento económico.

Comercio y cooperación bilateral

Los mandatarios también señalaron la importancia de fomentar el comercio intrarregional como uno de los motores para dinamizar las economías centroamericanas.

Indicaron que una mayor conectividad, la reducción de obstáculos comerciales y la armonización de políticas pueden contribuir al incremento de los intercambios económicos entre los países vecinos.

La reunión también permitió abordar temas de cooperación política y diplomática, áreas en las que Honduras y Panamá han mantenido una relación de respeto mutuo y colaboración.

Ambas naciones comparten intereses comunes en materia de desarrollo, integración regional y fortalecimiento de los mecanismos multilaterales, factores que han favorecido el mantenimiento de vínculos estables a lo largo de los años.

El marco del Bicentenario

La visita oficial del presidente hondureño a Panamá se desarrolló en el marco de la conmemoración del Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá, considerado uno de los acontecimientos diplomáticos de la historia latinoamericana.

Este congreso fue concebido por el libertador Simón Bolívar como un espacio destinado a promover la unidad política y la cooperación entre las nuevas repúblicas americanas surgidas tras los procesos de independencia.

La iniciativa buscaba sentar las bases de una alianza regional capaz de garantizar la soberanía, la estabilidad y la defensa de los intereses comunes de los países latinoamericanos.

Doscientos años después de aquel encuentro, Panamá se ha convertido nuevamente en escenario de reflexiones sobre el futuro de América Latina y el Caribe. Las actividades conmemorativas reúnen a jefes de Estado, representantes gubernamentales, diplomáticos, académicos y especialistas que analizan los desafíos contemporáneos de la región.

Entre los temas del debate figuran la integración económica, la gobernanza democrática, la seguridad regional, la transformación digital, la sostenibilidad ambiental, el combate a la pobreza y la necesidad de fortalecer los mecanismos de cooperación internacional.

Para Honduras y Panamá, la fecha representa una oportunidad para renovar su compromiso con los ideales de unidad regional y para impulsar iniciativas que permitan traducir esos principios históricos en acciones concretas que beneficien a sus poblaciones.

La reunión entre Nasry Asfura y José Raúl Mulino también expresa respaldo al diálogo y al trabajo conjunto para enfrentar los desafíos que afectan a Centroamérica, una región que busca consolidar su crecimiento económico mientras enfrenta fenómenos como la migración, la desigualdad social y los efectos del cambio climático.

Al concluir el encuentro, ambos gobiernos reiteraron su disposición de continuar fortaleciendo los canales de comunicación y cooperación bilateral, al tiempo que manifestaron su interés en seguir promoviendo una agenda regional basada en la integración, la estabilidad y el desarrollo compartido.

La fiebre mundialista ha alcanzado su punto máximo en el territorio panameño. Ante la magnitud del compromiso histórico que afrontará la Selección Mayor de Fútbol de Panamá en la Copa Mundial de la FIFA 2026, el Gobierno Nacional ha tomado medidas drásticas para garantizar que todo el país brinde su apoyo incondicional al conjunto dirigido por Thomas Christiansen.

Este martes 23 de junio, las calles se teñirán de rojo y la actividad administrativa se detendrá temprano para presenciar un partido que definirá el destino de la nación en la máxima cita del balompié.

El presidente de la República, José Raúl Mulino Quintero, junto a la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, ordenaron de manera oficial el cierre de las oficinas públicas nacionales y municipales en todo el territorio panameño. Esta medida especial quedó firmada y estipulada a través del Decreto Ejecutivo No. 20, emitido el día de ayer, 22 de junio de 2026.

La intención clara de este documento es permitir que los servidores públicos a lo largo y ancho del país puedan disfrutar plenamente de la transmisión del segundo juego de la selección nacional, programado para las 6:00 p.m. hora de Panamá. El decreto establece con firmeza que todas las entidades estatales deben operar en su horario regular de forma continua hasta las 2:00 p.m., quedando terminantemente prohibido establecer cualquier horario distinto fuera de esta regla.

Cabe destacar que esta decisión del Órgano Ejecutivo emula las normativas previas aplicadas para el debut de la selección contra Ghana, tal como quedó registrado históricamente en el documento oficial del Decreto Ejecutivo No. 19, manteniendo una línea constante de respaldo gubernamental a la “Marea Roja”.

Suspensión de clases por el Meduca

En total sintonía con las directrices del Gobierno Nacional, el Ministerio de Educación (Meduca) informó oportunamente que para este martes 23 de junio se suspenden las clases presenciales en las jornadas vespertina y nocturna (que incluye la modalidad de Jóvenes y Adultos) en todos los centros educativos oficiales y particulares del país.

De igual manera, el propósito fundamental es facilitar que los estudiantes, docentes y personal administrativo puedan sumarse al respaldo general de la selección nacional en su crucial encuentro mundialista. El ministerio precisó que únicamente la jornada matutina se desarrollará con absoluta normalidad, por lo que las escuelas operarán de forma regular durante las primeras horas del día antes de dar paso a la gran concentración nacional para el partido.

Expectativas del Duelo: Panamá vs. Croacia en Toronto

El esperado encuentro entre Panamá y Croacia se disputará sobre el césped del Toronto Stadium en Canadá. El panorama en el Grupo L de la Copa del Mundo se ha tornado crítico para ambas escuadras. Inglaterra y Ghana lideran la tabla de posiciones tras haber sumado tres puntos en sus debuts, mientras que panameños y croatas registran cero unidades tras haber tropezado en la primera jornada.

Panamá llega a este compromiso con la soga al cuello tras haber caído dramáticamente por la mínima diferencia (1-0) ante Ghana sobre el final del partido, a pesar de haber mantenido un dominio importante en la posesión de la pelota.

Por su parte, el combinado europeo, subcampeón del mundo en 2018 y tercero en 2022, sufrió una contundente derrota por 4-2 frente a Inglaterra, lo que encendió todas las alarmas en el esquema dirigido por Zlatko Dalić. Para ambos equipos, los noventa minutos en Toronto se presentan como una auténtica final anticipada donde el perdedor podría empacar prematuramente sus maletas de regreso a casa.

La misión del onceno canalero no es sencilla, pero el contexto del torneo le exige buscar una victoria contundente para mejorar su diferencia de goles y mantener sólidas esperanzas de avanzar a los dieciseisavos de final. Con el país totalmente paralizado a partir de las 2:00 p.m. por mandato oficial, la Selección de Panamá saltará a la cancha sabiendo que tiene el aliento de millones de compatriotas detrás, empujando hacia una victoria épica que los mantenga firmes en la lucha por hacer historia en el Mundial 2026

La decisión de un juez de adolescentes de ordenar la detención provisional de dos menores de 15 y 16 años, vinculados a ataques con arma blanca ocurridos dentro de un centro educativo de la provincia de Colón, vuelve a poner sobre la mesa una preocupación creciente: el aumento de los hechos violentos en los que están involucrados menores de edad y la llegada de esta problemática a espacios que históricamente se consideraban seguros, como las escuelas.

La Fiscalía Superior de Adolescentes de Colón y Guna Yala logró la imputación de ambos jóvenes por el delito de tentativa de homicidio, mientras que a uno de ellos también se le imputó por robo agravado. En ambos casos se concedieron tres meses para la investigación.

El primer hecho ocurrió el 16 de junio, cuando un adolescente de 16 años atacó con un arma blanca a un estudiante de 15 años, causándole una herida en el cuello. Tres días después, otro menor de 15 años presuntamente hirió con arma blanca a otro estudiante de la misma edad dentro del Colegio José Guardia Vega, también en Colón.

Los incidentes se registraron con apenas días de diferencia y dentro del mismo plantel educativo, un hecho que ha generado preocupación entre padres de familia, docentes y autoridades.

Más allá de los casos puntuales, las cifras reflejan que la violencia juvenil sigue siendo un desafío para el país. Datos del Ministerio Público muestran que entre enero y mayo de 2026 las Fiscalías Superiores de Adolescentes recibieron 1,998 denuncias por hechos delictivos a nivel nacional en los que están involucrados menores de edad, un aumento de 21% respecto a las 1,651 denuncias registradas en el mismo período de 2025.

El incremento también se observa en las categorías de mayor impacto. Los delitos contra la vida y la integridad personal pasaron de 264 casos entre enero y mayo de 2025 a 372 en igual período de 2026, lo que representa un aumento de 40.9%.

En esa misma línea, los delitos contra el patrimonio económico subieron de 295 a 374 casos, mientras que los delitos contra la seguridad colectiva aumentaron de 258 a 296.

Colón, provincia donde ocurrieron los ataques dentro del plantel, también registra un alza. En los primeros cinco meses de 2026 se reportaron 129 denuncias en esa área geográfica, frente a 111 en el mismo período de 2025.

Aunque Panamá, Panamá Oeste y Chiriquí concentran el mayor número de casos, el episodio en Colón evidencia que el fenómeno no se limita a una sola zona del país.

Las estadísticas judiciales muestran además una respuesta más severa de las autoridades frente a algunos casos. Entre enero y mayo de 2026 se aplicaron 137 medidas cautelares de detención provisional a adolescentes, frente a 104 en el mismo período del año anterior.

También aumentaron las audiencias de formulación de imputación, que pasaron de 320 a 367, y las sentencias, que subieron de 201 a 262 en el mismo lapso.

Los organismos internacionales han advertido durante años sobre los factores que alimentan la violencia entre adolescentes. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) señala que la exposición continua a la violencia en el hogar, la comunidad o las redes sociales, la falta de oportunidades, la exclusión social y los problemas de salud mental pueden aumentar significativamente el riesgo de conductas agresivas entre los jóvenes.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), por su parte, sostiene que la violencia juvenil es uno de los principales problemas de salud pública a nivel global y que suele estar relacionada con múltiples factores de riesgo, entre ellos la deserción escolar, el acceso a armas, el consumo de sustancias ilícitas, la pobreza, la violencia intrafamiliar y la ausencia de entornos protectores.

Aunque Panamá mantiene niveles de violencia juvenil inferiores a los observados en algunos países de la región, especialistas han advertido que el fenómeno se ha vuelto más visible en los últimos años, particularmente en comunidades afectadas por la criminalidad organizada y la fragmentación social.

Los centros educativos tampoco han quedado al margen. Expertos en convivencia escolar sostienen que las escuelas suelen reflejar las tensiones que existen fuera de sus muros. Conflictos comunitarios, problemas familiares, rivalidades entre grupos e incluso situaciones amplificadas a través de redes sociales terminan trasladándose a los planteles.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) ha señalado que la violencia escolar puede manifestarse de múltiples formas, desde agresiones físicas y psicológicas hasta intimidación, acoso y ataques con armas, afectando tanto el rendimiento académico como el bienestar emocional de estudiantes y docentes.

Sin embargo, especialistas coinciden en que la respuesta penal, aunque necesaria en los casos más graves, no es suficiente por sí sola.

La prevención, el fortalecimiento de la salud mental, el acompañamiento familiar, los programas deportivos y culturales, así como la detección temprana de conductas de riesgo, son considerados elementos clave para evitar que los conflictos escalen hasta episodios de violencia extrema.

Mientras avanzan las investigaciones sobre los hechos ocurridos en Colón, los dos casos se convierten en un recordatorio de que la violencia que afecta a las comunidades también puede ingresar a las aulas. E

l desafío para las autoridades, las familias y el sistema educativo será impedir que estos episodios se conviertan en una nueva normalidad para los estudiantes panameños.

La renovación de su categoría como país de “riesgo insignificante” frente a la Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB), conocida comúnmente como la enfermedad de las “vacas locas”, recibió Panamá de parte de la Asamblea Mundial de Delegados de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA).

El estatus, según las autoridades sanitarias pecuarias, es un reconocimiento internacional que “fortalece el prestigio sanitario del país y reafirma la confianza en su producción ganadera”.

El logro se lo adjudica la Dirección Nacional de Salud Animal y su Programa Nacional de Vigilancia Epidemiológica de la EEB y otras enfermedades, mediante la aplicación de estrictos protocolos de prevención, monitoreo y control sanitario en todo el territorio nacional.

La ratificación quedó formalizada mediante la Resolución N.º 23, adoptada por la OMSA, colocando nuevamente a Panamá entre el grupo de naciones que cumplen con los más altos estándares internacionales en materia de sanidad animal e inocuidad de los alimentos.

Ya en 2011 el país había recibido por primera vez este reconocimiento, manteniéndolo durante todos estos años, señala una nota de prensa del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida).

La encefalopatía espongiforme bovina (EEB) es una enfermedad progresiva y fatal del sistema nervioso del ganado bovino, causada por la acumulación de una proteína anormal denominada “prion” en el tejido nervioso.

De acuerdo con la OMSA, se pueden distinguir dos formas: la forma clásica de EEB (causada por el agente de la EEB de tipo C) que se produce en los bovinos tras la ingestión del prion en piensos contaminados; y la forma atípica de EEB (causados por agentes de tipo H y L) que se cree que aparece de forma espontánea en todas las poblaciones bovinas.

Para conservar su estatus sanitario, se informó que Panamá mantiene una estrategia integral de vigilancia epidemiológica contra la EEB, basada en la detección temprana, atención de sospechas clínicas y diagnóstico especializado.

La nota oficial señala que el Laboratorio de Diagnóstico e Investigación Veterinaria Dr. Gerardino Medina H. (LADIV) cuenta, como laboratorio de referencia nacional, con las metodologías recomendadas por la OMSA para la confirmación oficial de casos sospechosos, garantizando resultados confiables bajo estándares científicos internacionales.

Se desarrollan inspecciones y muestreos periódicos en diferentes puntos de la cadena productiva, que incluyen fincas ganaderas, establecimientos comerciales, plantas de elaboración de alimentos y plantas procesadoras de despojos destinados a la alimentación animal.

La permanencia de Panamá como país de “riesgo insignificante” frente a la EEB representa una ventaja estratégica para el sector agropecuario nacional, al favorecer el acceso y la consolidación de productos y subproductos bovinos en mercados internacionales cada vez más exigentes.

Para proteger este importante patrimonio zoosanitario, las autoridades exhortan a los ganaderos, médicos veterinarios y trabajadores del sector pecuario a reportar de manera inmediata, en un plazo no mayor de 24 horas, cualquier rumiante que presente signos neurológicos como cambios de comportamiento, alteraciones en la respuesta a estímulos, dificultad para caminar o incapacidad para levantarse.

La detección temprana constituye una herramienta fundamental para la prevención y control de la enfermedad, considerando que la EEB está declarada como una enfermedad de notificación obligatoria en Panamá.

Lester Reyes, director nacional de Salud Animal encargado, junto a Candy Armuelles, del Programa Nacional de Vigilancia Epidemiológica de la Encefalopatía Espongiforme Bovina y otras Encefalopatías Espongiformes Transmisibles (PRONEET), dieron los detalles en conferencia de prensa sobre la importancia para Panamá de esta ratificación como país de riesgo insignificante frente a la enfermedad de las “vacas locas”.

El pensamiento bolivariano mantiene plena actualidad en un contexto marcado por desafíos transnacionales que requieren respuestas colectivas, coincidieron en señalar los ministros de Relaciones Exteriores y jefes de delegación de América, Europa y el Caribe.

Reunidos en Panamá para reflexionar sobre el legado del Congreso Anfictiónico de 1826 y su vigencia frente a los desafíos que enfrenta la comunidad internacional, los representantes de al menos 22 países sostuvieron que los acuerdos alcanzados en aquella época promovieron principios hoy esenciales para el derecho internacional.

En el conversatorio participaron delegaciones de Belice, Dominica, Perú, Eslovaquia, Granada, Guatemala, Guyana, Italia, Estados Unidos, Marruecos, Portugal, México, Reino Unido, Polonia, Trinidad y Tobago, Uruguay, Paraguay y Países Bajos, así como representantes de la ONU, del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y de la Santa Sede.

El encuentro, realizado en el marco de la conmemoración del Bicentenario de la histórica cita convocada por Simón Bolívar en 1826, estuvo moderado por el viceministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Carlos Arturo Hoyos, y el viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación, Carlos Guevara Mann.

La defensa de la democracia, el respeto al Estado de derecho, la soberanía de los Estados y la solución pacífica de controversias, dijeron, continúan siendo pilares fundamentales de la convivencia internacional.

Guevara Mann resaltó que el Congreso Anfictiónico constituyó el primer gran esfuerzo de concertación entre Estados soberanos del continente y uno de los antecedentes más relevantes del multilateralismo contemporáneo.

Recordó que los acuerdos alcanzados en Panamá en 1826 promovieron principios hoy esenciales para el derecho internacional.

“La igualdad jurídica de los Estados, la cooperación y el arbitraje como mecanismo para resolver diferencias es un legado”, señaló.

Las delegaciones reflexionaron además sobre la necesidad de preservar y fortalecer los espacios de diálogo en momentos de creciente incertidumbre global.

“Nunca el mundo ha necesitado tanta cooperación y nunca ha estado más cuestionado. Una paradoja”, fue una de las reflexiones compartidas durante la sesión.

Los participantes coincidieron igualmente en que “el consenso es una expresión de madurez política” y subrayaron que cada reunión internacional capaz de generar resultados concretos representa una contribución efectiva al fortalecimiento del sistema multilateral.

El Congreso Anfictiónico de Panamá de 1826 fue el intento más ambicioso de Simón Bolívar y de las nuevas repúblicas hispanoamericanas por transformar la victoria militar sobre el imperio español en un orden político continental basado en la confederación, la defensa colectiva, el arbitraje internacional y ciertos principios de derecho y de ciudadanía común.

Celebrada entre el 22 de junio y el 15 de julio de 1826 en el antiguo convento de San Francisco de la ciudad de Panamá, reunió a plenipotenciarios de la Gran Colombia, México, Perú y las Provincias Unidas de Centroamérica, en presencia de observadores de Gran Bretaña y Países Bajos, con el objetivo de consolidar la independencia, enfrentar posibles intervenciones de España y de la Santa Alianza, organizar un “ejército confederado”, entre otros objetivos.

Si bien el Congreso logró aprobar un Tratado de Unión, Liga y Confederación Perpetua, junto con otros instrumentos como la Convención de Contingentes, los acuerdos fueron ratificados únicamente por la Gran Colombia y nunca llegaron a implementarse.

Esto llevó a Bolívar a considerar la experiencia como un fracaso, o como dijera, “una sombra”, fruto de las rivalidades interestatales, la fragilidad de los nuevos Estados y la influencia de las grandes potencias, especialmente Estados Unidos y Reino Unido.

Sin embargo, fue el primer antecedente de las conferencias panamericanas, de la Unión Panamericana y, finalmente, de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

La conmemoración del Bicentenario del Congreso Anfictiónico en Panamá reunió este lunes a líderes regionales, donde los presidentes de Panamá, José Raúl Mulino, y de Honduras, Nasry Asfura, acordaron reforzar las relaciones bilaterales y avanzar hacia la integración de los países centroamericanos, según informó la agencia EFE. El encuentro tuvo lugar en el Palacio de Las Garzas, sede del Ejecutivo panameño, donde Mulino y Asfura analizaron estrategias para fortalecer la cooperación regional, con foco en seguridad fronteriza, migración, desarrollo sostenible y renovación de los compromisos de integración.

Según un comunicado de la Presidencia panameña, ambos mandatarios señalaron: “lograr una integración de los países de Centroamérica” y de elevar las acciones actuales del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA). Subrayaron que el enfoque prioritario debe estar en “una mayor coordinación regional, que haya una región de paz, libertad y desarrollo, con el impulso de sus economías y del comercio intrarregional”. EFE informó que los presidentes coincidieron en que la coyuntura regional exige respuestas articuladas en materia de seguridad, desarrollo económico y migración.

El jefe de Estado hondureño viajó a Panamá en el marco de una visita oficial para participar en las actividades del Bicentenario, junto a delegaciones de otros países de la región. Según detalló EFE, la agenda incluyó debates sobre los desafíos y oportunidades de la integración latinoamericana en el siglo XXI, con énfasis en el legado histórico del Congreso Anfictiónico, convocado por Simón Bolívar en 1824 y celebrado en 1826. Este encuentro sentó las bases de los ideales de integración y multilateralismo en América Latina.

“La integración centroamericana sigue siendo una aspiración vigente para nuestros pueblos”, se lee en la nota oficial difundida por la Presidencia panameña. Este mensaje fue respaldado por los equipos diplomáticos que acompañaron a ambos líderes en las conversaciones.

Por parte de Panamá, participaron el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha, y otros altos funcionarios gubernamentales. Desde la delegación hondureña, el respaldo al impulso integracionista fue ratificado por representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores y la misión diplomática en Panamá. EFE informó que ambas partes acordaron dar seguimiento a los compromisos asumidos, priorizando el fortalecimiento del comercio intrarregional y la coordinación de políticas de seguridad.

La reunión entre Mulino y Petro

Además, Mulino mantuvo también una reunión con su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, en el contexto de las mismas celebraciones. De acuerdo con información de la Presidencia panameña citada por EFE, ambos jefes de Estado resaltaron la hermandad entre los pueblos de Panamá y Colombia, así como la importancia de mantener y ampliar la cooperación en temas como migración, seguridad fronteriza, turismo, medio ambiente y relaciones comerciales.

Durante el encuentro, Petro estuvo acompañado por la canciller Rosa Villavicencio y el embajador colombiano Fabio Mariño, mientras que Mulino participó junto a su canciller y miembros de su gabinete. La Presidencia panameña indicó que la conmemoración del Bicentenario “sirve para darle un impulso a las iniciativas de integración regional soñadas por el Libertador Simón Bolívar”.

Las actividades en la capital panameña reúnen a líderes y representantes de varios países latinoamericanos para analizar el legado histórico del Congreso Anfictiónico y debatir sobre los retos de la región. EFE subrayó que el evento busca revitalizar los ideales bolivarianos y fomentar la cooperación política, económica y social entre los países asistentes.

El Congreso Anfictiónico es considerado uno de los hitos de la historia continental, al sentar las bases para la integración y cooperación política entre naciones latinoamericanas.

La selección de Croacia afronta este martes un duelo ante Panamá en el Toronto Stadium, donde buscará corregir los errores defensivos que provocaron su reciente caída frente a Inglaterra y afianzar su posición en el Grupo L del Mundial 2026. Tras la derrota por 4-2 en Dallas, el equipo dirigido por Zlatko Dalić confía en recuperar la solidez y la concentración para encaminar su clasificación.

Dalić habló del partido en conferencia de prensa recogida por EFE: “La selección de Panamá realmente juega bien, se encuentra entre los treinta mejores equipos del mundo, que ha tenido pocas derrotas y tiene experiencia en partidos difíciles”, expresó el técnico. A pesar de destacar la calidad y el carácter combativo del rival, el entrenador aseguró: “Ellos serán tan buenos cuanto se lo permitamos”.

El seleccionador croata explicó que la prioridad para este partido radica en fortalecer la defensa, tras las concesiones que facilitó el triunfo inglés. “Tenemos que ser mejores que la última vez, reparar y corregir los errores que cometimos, sobre todo en defensa”, admitió Dalić, quien agregó que la desconcentración se pagó caro: “Le dimos un buen regalo al rival en el último partido. Nos costó mucho, pusimos mucha energía y esfuerzo para marcar goles y al final perdimos”.

Qué espera Croacia de los panameños

De acuerdo con EFE, Dalić también elogió el planteamiento táctico de Panamá. “Juega con un 5-4-1, es muy responsable, se repliega detrás del balón y, cuando recupera, tiene tres jugadores muy rápidos al frente. Tenemos que pararlos”, analizó el croata. En ese sentido, reconoció que el equipo canalero mostró un nivel superior al de Ghana en el debut y no mereció la derrota.

El mediocampista de Manchester City, Mateo Kovačić, se refirió al momento de la selección europea y la necesidad de elevar la exigencia: “Nos centraremos en nosotros mismos para mostrar nuestra mejor versión”, declaró Kovacic, quien aseguró sentirse recuperado tras dos meses complicados. Según recogió EFE, el plantel croata cuenta con todos sus jugadores disponibles y sin dudas para el encuentro.

La confianza de Panamá antes del cruce

Panamá, por su parte, llega con la necesidad de sumar tras su derrota por 1-0 frente a Ghana. El entrenador del equipo panameño, Thomas Christiansen, valoró el desafío de enfrentar a un rival europeo: “Sabemos que Croacia es una de las selecciones más fuertes del grupo, pero hemos demostrado que podemos competir contra cualquiera”, afirmó Christiansen en declaraciones a medios panameños previas al encuentro.

El técnico panameño sostuvo que su equipo “no renunciará a su identidad”. “Nuestra fortaleza está en el trabajo colectivo, la intensidad y la disciplina táctica. Queremos crecer en este torneo y cada partido es una oportunidad para mostrarlo”, añadió Christiansen, quien destacó la motivación de sus jugadores ante la posibilidad de enfrentarse a figuras de talla mundial.

Además, Christiansen resaltó la evolución de su plantel en los últimos meses y la importancia de mantener la confianza: “Venimos trabajando para este tipo de partidos. Afrontamos el reto con humildad y con la convicción de que podemos hacer historia”, señaló el entrenador. Entre los puntos fuertes de Panamá, mencionó la compacidad defensiva y la velocidad en ataque, factores que buscarán explotar ante un rival que necesitará tomar la iniciativa.

El respaldo de la comunidad croata en Canadá

La comunidad croata en Canadá será importante, según Dalić, quien calificó a la afición como posible “duodécimo jugador” en el estadio de Toronto. “Esperamos sentir su apoyo y que los jugadores lo aprovechen dentro del campo”, manifestó el técnico europeo.

Dalić recordó que los logros de Croacia en 2018 y 2022 ya forman parte del pasado y que el objetivo inmediato es superar el desafío panameño. “No se puede vivir de la gloria de otros días. Mañana es un nuevo partido”, concluyó el entrenador en rueda de prensa, citado por EFE.

La celebración de los 200 años del Congreso Anfictiónico convocó este lunes en la capital de Panamá a varios líderes regionales, en una jornada marcada por el llamado del presidente José Raúl Mulino a fortalecer la cooperación regional frente a las presiones que atraviesan las democracias latinoamericanas. “El multilateralismo ha demostrado su valor una y otra vez”, afirmó el mandatario panameño durante un acto conmemorativo celebrado en la sede de la Cancillería, al que asistieron jefes de Estado y altos representantes de países vecinos.

Según reportó EFE, la agencia de noticias española, Mulino subrayó la importancia del trabajo conjunto entre naciones para consolidar procesos de paz, acompañar transiciones políticas y evitar conflictos, al tiempo que remarcó que la democracia debe ir más allá de la realización periódica de elecciones.

“Debe sentirse en la vida cotidiana” de nuestros ciudadanos, cuando una familia accede a una educación de calidad, cuando una persona puede prosperar, cuando puede caminar segura por las calles, cuando las instituciones responden”, sostuvo el presidente panameño, de acuerdo con el comunicado oficial difundido por la Presidencia.

El evento, realizado a puertas cerradas para la prensa, reunió a los mandatarios Gustavo Petro, de Colombia; Bernardo Arévalo de León, de Guatemala; Nasry Asfura, de Honduras; al vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa; y al subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau.

La conmemoración del Bicentenario del Congreso Anfictiónico coincidió con la apertura del 56° período de sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que este año tiene como eje central el debate sobre el multilateralismo y la defensa de la democracia en la región.

Los presidentes y delegados asistentes resaltaron la necesidad de profundizar la cooperación internacional y el respeto a la legalidad como ejes para la integración regional. “La democracia no puede limitarse a la celebración periódica de elecciones”, reiteró Mulino ante sus pares, en referencia a los desafíos actuales que enfrentan los sistemas políticos latinoamericanos, de acuerdo con EFE.

El acto conmemorativo incluyó un gesto simbólico: Brasil formalizará la entrega a Panamá de las actas originales del Congreso Anfictiónico, documentos que permanecían bajo custodia brasileña y que serán restituidos al país anfitrión mediante un acuerdo bilateral, según confirmaron fuentes oficiales.

El antecedente histórico del Congreso Anfictiónico

El Congreso Anfictiónico, convocado por Simón Bolívar entre el 22 de junio y el 15 de julio de 1826 en la ciudad de Panamá, es considerado el antecedente del multilateralismo en América y el germen de lo que posteriormente sería la OEA. La asamblea buscó, en su momento, unificar en una liga a los Estados americanos recién independizados de España, con el objetivo de crear mecanismos de cooperación y solución de controversias que permitieran evitar nuevos conflictos.

EFE detalló que durante la jornada también se destacó la vigencia de los principios fundacionales del Congreso, en un contexto regional donde las democracias enfrentan presiones institucionales y sociales. Los asistentes coincidieron en que el fortalecimiento del multilateralismo y la cooperación entre Estados son necesarios para responder a los desafíos actuales y avanzar hacia una mayor integración.

Aunque los presidentes invitados participaron en los actos conmemorativos del Bicentenario, no formaron parte de las deliberaciones de la Asamblea General de la OEA, foro reservado a los cancilleres de los países miembros y que concluirá el próximo miércoles. La agenda del organismo regional está centrada en el análisis de nuevos mecanismos de cooperación y en la defensa de los principios democráticos frente a tendencias autoritarias detectadas en algunos países.

Durante el discurso central, José Raúl Mulino insistió en que “el multilateralismo resulta especialmente importante para la defensa de la democracia”.

Panamá se une al Blue Planet Climate Agreement (BPCA), un compromiso internacional orientado a acelerar la transición hacia energías renovables y promover un desarrollo sostenible para las futuras generaciones.

“Panamá es el primer país de las Américas continentales en firmar el BPCA. Panamá tiene todos los elementos para ser un líder en la transición energética: recursos renovables abundantes, voluntad política y una posición estratégica como hub global”, dijo Francois Rogers, director ejecutivo de Blue Planet Alliance.

El BPCA es una iniciativa impulsada por Blue Planet Alliance que busca apoyar a países y territorios en el establecimiento de metas ambiciosas para la adopción de energías renovables.

Con esta adhesión, Panamá fortalece sus esfuerzos para avanzar hacia un modelo energético más limpio, resiliente y sostenible, complementando los compromisos nacionales en materia de acción climática y desarrollo sostenible.

La iniciativa de protección climática trabajara de la mano con el país para desarrollar una hoja de ruta de generación energética que haga realidad este compromiso, adelantó Rogers.

El acuerdo representa una oportunidad para fortalecer la cooperación internacional y acelerar acciones concretas que contribuyan a la protección del ambiente, la reducción de emisiones y la construcción de un futuro más sostenible para todos, estima la secretaria general del Ministerio de Ambiente, María del Carmen Silvera.

La firma del acuerdo se desarrollará en el marco del 123.º Viaje Global de Peace Boat, una organización internacional reconocida por promover la paz, la sostenibilidad y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas a través de iniciativas educativas y de cooperación internacional.

Durante la jornada, líderes gubernamentales, representantes de organismos internacionales, organizaciones ambientales, sector privado y sociedad civil intercambiarán experiencias y conocimientos sobre economía azul, conservación marina, innovación sostenible y soluciones basadas en la naturaleza.

Como parte de las actividades programadas, los asistentes podrán participar en paneles de discusión sobre innovación azul y sostenibilidad, conocer iniciativas internacionales como el programa Youth for the SDGs, reconocido por su contribución al Decenio de las Ciencias al Decenio de las Ciencias Oceánicas para el Desarrollo Sostenible, y recorrer la exposición “Un Mensaje para la Humanidad”, desarrollada por el Centro Nobel de la Paz.

Asimismo, Peace Boat presentará el proyecto Ecoship, una propuesta de embarcación ambientalmente sostenible diseñada para impulsar la descarbonización del transporte marítimo mediante el uso de tecnologías innovadoras.

Panamá participó en días pasados en la Octava Asamblea del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM/GEF), celebrada en Samarcanda, Uzbekistán, espacio que reunió a más de 2,000 delegados y observadores para analizar acciones frente al cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación.

Los temas ambientales mantienen una estrecha relación entre sí, por lo que las respuestas institucionales y financieras deben considerar esa interdependencia.

En ese marco se presentó el Pacto de Panamá con la Naturaleza (Nature Pledge), instrumento nacional que reúne metas vinculadas a las tres Convenciones de Río dentro de una estrategia orientada al año 2035. Esta hoja de ruta reduce duplicidad, costos y burocracia e integra los programas globales de conservación de la biodiversidad, acción climática, restauración de ecosistemas y desarrollo sostenible bajo un solo proceso.

“Como país carbono negativo y puente biológico del continente, Panamá mantiene la protección de la naturaleza como eje de desarrollo. Actualmente, más del 32 % del territorio terrestre y más del 54 % de las áreas marinas cuentan con alguna categoría de protección, aportando a la conservación de la biodiversidad y a servicios ecosistémicos de importancia mundial”, destacó el viceministro de Ambiente, Oscar Vallarino.

Honduras buscará posicionar una agenda sobre democracia, seguridad hemisférica y multilateralismo durante su participación en la 56ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Panamá, según informó la canciller Mireya Agüero, quien señaló que la delegación presentará esos ejes en las sesiones de trabajo y reuniones bilaterales.

La funcionaria explicó que uno de los principales objetivos será promover el debate sobre la democratización en la región, con foco en el fortalecimiento de las instituciones y el respeto a los principios democráticos como base para la estabilidad y el desarrollo de los países americanos.

“Uno de los temas prioritarios es la democratización”, señaló Agüero.

Seguridad regional

Otro de los ejes de la propuesta hondureña está relacionado con la necesidad de recuperar un multilateralismo práctico y efectivo, capaz de generar respuestas concretas a los desafíos comunes que enfrentan las naciones del continente.

Según la canciller, la intención es promover una visión de cooperación internacional basada en objetivos compartidos y mecanismos que permitan alcanzar resultados tangibles para los pueblos de la región.

“Queremos posicionar la necesidad de volver a un multilateralismo práctico, verdaderamente sustentado en ideas comunes y en la construcción de soluciones conjuntas”, manifestó.

Agüero sostuvo que, en un escenario internacional cada vez más complejo y cambiante, los espacios multilaterales siguen siendo herramientas para que países como Honduras puedan defender sus intereses, fortalecer alianzas estratégicas y participar en la definición de políticas regionales.

La seguridad hemisférica es el tercer tema que la delegación hondureña llevará a discusión. La propuesta, según la canciller, va más allá de los enfoques vinculados exclusivamente a la seguridad interna de los Estados.

Honduras buscará impulsar un debate sobre el combate al crimen organizado transnacional, un fenómeno que afecta a múltiples países y que, de acuerdo con Agüero, requiere respuestas coordinadas entre gobiernos, organismos internacionales y entidades de cooperación.

Relaciones diplomáticas y agenda internacional

En paralelo a las discusiones de la asamblea, Honduras también aprovechará el encuentro para fortalecer sus relaciones diplomáticas y ampliar sus vínculos de cooperación internacional.

Agüero destacó que desde el inicio de la administración del presidente Nasry Asfura se priorizó el acercamiento con organismos financieros internacionales, agencias de cooperación y gobiernos aliados, con el propósito de generar oportunidades de desarrollo para el país.

La canciller aseguró que estos esfuerzos ya producen resultados en la gestión de recursos, la cooperación técnica y el respaldo internacional a iniciativas impulsadas por el Gobierno.

También subrayó que una de las prioridades de la actual administración es reposicionar a Honduras en el escenario internacional, luego de varios años en los que, según indicó, el país perdió presencia y capacidad de incidencia en distintos espacios diplomáticos.

En ese marco, destacó avances en el fortalecimiento de las misiones diplomáticas y en la reconstrucción de relaciones estratégicas con diversos socios internacionales.

Como parte de ese proceso, Agüero reveló que Honduras estableció recientemente relaciones diplomáticas con un nuevo país durante las actividades desarrolladas en el marco de la Asamblea General de la OEA, aunque evitó dar más detalles sobre los plazos o próximos pasos de ese acercamiento.

Trabajo con organismos y Estados Unidos

La canciller también mencionó avances en organismos del sistema de Naciones Unidas y la aprobación de resoluciones vinculadas con los intereses nacionales.

Además, informó que la Cancillería ya trabaja en la agenda internacional que desarrollará el presidente Asfura durante la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas, prevista para septiembre, donde Honduras buscará fortalecer su presencia y ampliar espacios de cooperación.

Agüero destacó además el trabajo de la representación diplomática hondureña en Washington, en temas relacionados con comercio, transporte, cooperación bilateral y asuntos migratorios.

Sobre este último punto, señaló que las conversaciones con autoridades de Estados Unidos han permitido avanzar en el abordaje de la migración irregular, una problemática que sigue entre los principales desafíos compartidos por ambos países.

Panamá invitó a los gobiernos de Trinidad y Tobago, Haití y Eslovaquia a adherirse al Protocolo del Tratado de Neutralidad Permanente del Canal.

Hasta el momento alrededor de 40 Estados se han adherido al Protocolo, mientras que unos 152 aún no lo han hecho, lo que significa que solo una minoría de los Estados ha asumido formalmente este compromiso específico con la neutralidad del Canal.

Entre las adhesiones más recientes destacan Austria, que se convirtió en el Estado más nuevo en adherirse al Protocolo, y el caso de Suiza, cuyo Parlamento aprobó la adhesión y se encuentra en el proceso de formalizar el depósito correspondiente.

La cifra exacta puede variar en el tiempo a medida que nuevos Estados depositen sus instrumentos de adhesión, pero el panorama general muestra un régimen de neutralidad jurídicamente robusto.

De los países de la Comunidad del Caribe (Caricom), Barbados se adhirió en 1987 al Protocolo, por lo que el canciller Martínez Acha Vásquez instó al gobierno barbadense a promover que el resto de las naciones caribeñas suscriban ese importante acuerdo internacional, que según dijo asegura la paz, la neutralidad y el libre tránsito por la vía interoceánica.

Reunidos, Panamá y Barbados revisaron la agenda compartida orientada a intensificar el diálogo enfocado en el beneficio mutuo y el desarrollo sostenible de ambas naciones caribeñas, además de la seguridad marítima y la soberanía.

El canciller panameño se reunió con el ministro de la oficina del primer ministro de Trinidad y Tobago, Wilfred Nicholas Morris, al igual que con Christopher Pérez Sinckler, ministro de Relaciones Exteriores de Barbados, y con su homóloga de Haití, Raina Forbin.

En el encuentro con la canciller Forbin, Martínez-Acha Vásquez abordó la situación de seguridad en esa nación caribeña.

“Panamá está cerca de Haití en sus esfuerzos por combatir bandas armas y el crimen organizado porque representan la principal amenaza para nuestras democracias”, afirmó Martínez-Acha Vásquez.

La ministra Forbin agradeció el respaldo de Panamá en temas de seguridad y la lucha contra el crimen organizado, además de plantear el interés de su país para que la empresa COPA Airlines considere incluir en sus vuelos el destino de Cabo Haitiano.

El encuentro con los representantes de las naciones caribeñas también tuvo como objetivo consolidar la agenda estratégica, comercial y de seguridad de Panamá.

Mientras, la invitación para adherirse al protocolo del Tratado de Neutralidad Permanente del Canal también le fue realizada por Martínez Acha Vásquez al ministro de Asuntos Exteriores y Europeos de Eslovaquia, Juraj Blanár.

Los encuentros con estas autoridades se dieron en el marco de la llamada Semana de Alto Nivel del Bicentenario del Congreso Anfictiónico.

La adhesión de un Estado al Protocolo del Tratado Concerniente a la Neutralidad Permanente y al funcionamiento del Canal de Panamá significa que la nación signataria, aun sin ser parte del tratado bilateral original entre Panamá y Estados Unidos, decide reconocer formalmente el régimen de neutralidad permanente del Canal.

Se asocia a sus objetivos y se obliga internacionalmente a respetarlo y a hacer que los buques de su pabellón cumplan las reglas aplicables tanto en tiempos de paz como en tiempos de guerra.

La Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) en diversas resoluciones ha insistido en el carácter hemisférico y global del interés en la neutralidad del Canal.

Se reiteró que la neutralidad se aplica tanto en paz como en guerra, el Canal debe estar abierto al tránsito pacífico, y todo uso del Canal debe basarse en la igualdad de trato, sin discriminaciones.

El pulseo está sobre la mesa. Un fallo de inconstitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia decretó en 2023 el cierre de la mina de cobre de First Quantum, pero ahora una auditoría integral sostiene un cumplimiento global del 87.73% de la actividad minera, lo que impulsa a un sector de la sociedad a reclamar su apertura.

En noviembre de 2023 la Corte Suprema de Justicia declaró por unanimidad la inconstitucionalidad de la Ley 406 que aprobó el contrato entre el Estado y Minera Panamá, por lo que ordenó su cierre. En Panamá los fallos de la Corte Suprema son considerados inapelables, de acuerdo con la Constitución.

El fallo de la Corte se dio luego de seis semanas de intensas protestas en todo el país, con un saldo de al menos dos muertos, marcando un punto de inflexión en el debate sobre la minería y el medio ambiente.

“Con la entrega de la auditoría integral de la mina de cobre en Donoso, Panamá cuenta hoy con información técnica, objetiva y verificable para abordar una de las discusiones más importantes de su futuro”, señala la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede).

Agrega que después de más de dos años de debate marcado por preocupaciones ambientales, cuestionamientos institucionales y profundas implicaciones económicas y sociales, el país dispone ahora de una base técnica que permite analizar los hechos con mayor claridad y responsabilidad.

Sin hacer alusión al fallo de la Corte Suprema de Justicia, la Apede indica que la legitimidad del informe se ve fortalecida por la trayectoria y capacidad técnica de la entidad responsable de su elaboración.

Sobre este punto, indica que la auditoría fue realizada por SGS, firma multinacional suiza reconocida como uno de los principales referentes mundiales en inspección, certificación y verificación técnica.

“Con más de 145 años de experiencia y presencia en más de 100 países, la empresa evaluó los aspectos legales, ambientales y operacionales del proyecto, incluido el cumplimiento de los 370 compromisos establecidos en el Estudio de Impacto Ambiental”, afirma un comunicado de la Apede que lleva la firma de su presidenta, Giulia De Sanctis.

Para la Apede, las conclusiones de la auditoría muestran “una realidad más compleja de la que muchas veces se presenta en el debate público”.

Sostiene que por un lado reflejan un cumplimiento global del 87.73%, con niveles muy favorables en la mayoría de los aspectos evaluados, y por el otro, sobre todo en el aspecto ambiental, el informe es categórico al identificar aspectos críticos que requieren acciones correctivas inmediatas.

Las deficiencias se dan, según la Apede, especialmente en los programas de reforestación, compensación ecológica, restauración de hábitats, donde los niveles de cumplimiento descienden a rangos del 40% y 45%, afectando de manera directa la mitigación del daño en el entorno del Corredor Biológico Mesoamericano.

Advierte que ignorar los hallazgos ambientales sería tan equivocado como desconocer las consecuencias económicas, laborales y sociales que ha tenido la paralización de la operación: ambas realidades existen y ambas merecen ser atendidas con seriedad.

Define que “la auditoría no cierra el debate; ofrece una base más sólida para abordarlo. Ahora corresponde al país aprovechar esta oportunidad y tomar decisiones responsables, pensando no solo en el corto plazo, sino en el Panamá que queremos dejar a las próximas generaciones”.

Los ejecutivos de empresa consideran que el informe representa una oportunidad para elevar el nivel de la conversación nacional, porque durante demasiado tiempo se ha discutido este tema “desde percepciones, emociones o posiciones preconcebidas y hoy contamos con una base técnica que nos permite analizar los hechos con mayor objetividad y enfocar la discusión en las soluciones que el país necesita”.

El informe, según la Apede. constituye un insumo clave para que el Ministerio de Ambiente, y demás autoridades competentes, supervisen el plan de cuido y mantenimiento, y confirma la necesidad de robustecer la supervisión, la fiscalización, la coordinación interinstitucional, la transparencia y los mecanismos de corrección del Estado.

El Aeropuerto Internacional de Tocumen, principal puerta de entrada a la capital de Panamá, recibió este domingo a varios mandatarios y altos funcionarios centroamericanos que asistirán a los actos conmemorativos por el Bicentenario del Congreso Anfictiónico y a la 56ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA). La llegada de presidentes de Centroamérica y otras autoridades marca el inicio de una semana de actividad diplomática regional, que busca reafirmar el compromiso multilateral.

Según informó la agencia EFE, la tarde del domingo estuvo marcada por la llegada casi simultánea de los presidentes de Honduras, el presidente Nasry ‘Tito’ Asfura; de Guatemala, el presidente Bernardo Arévalo de León; y del vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa. Sus arribos fueron acompañados por pasillos de honor y una recepción oficial por parte de las autoridades panameñas, que destacaron el carácter conmemorativo del encuentro.

Según cifras difundidas por EFE, más de 2,500 participantes y 92 delegaciones se darán cita en la capital panameña durante la próxima semana. En los actos se prevé la presencia de 35 cancilleres, 10 ministros, 113 embajadores y representantes de ocho organismos internacionales, lo que convierte a la ciudad en el epicentro de la diplomacia regional. La convocatoria reúne a delegaciones de los países en fortalecer los lazos multilaterales y debatir los desafíos actuales de la región.

De acuerdo con EFE, estos jefes de Estado y altos funcionarios participarán junto con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en los actos conmemorativos del Bicentenario del Congreso Anfictiónico de 1826, una cita histórica convocada por el prócer Simón Bolívar con el objetivo de promover la unidad entre los Estados americanos recién independizados. El Gobierno de Panamá destacó el valor histórico de que esta celebración coincida con la asamblea de la OEA en el país y sostuvo que esa simultaneidad refuerza el simbolismo del evento.

El Bicentenario del Congreso Anfictiónico permite revisar el legado de Simón Bolívar y su intento de sentar las bases de un multilateralismo latinoamericano, que dos siglos después encuentra su continuidad en instituciones como la OEA. El Congreso Anfictiónico de 1826, realizado en el istmo panameño, es recordado como el primer intento formal de articulación multilateral en el continente y como antecedente directo de la OEA.

Cómo se repartirá la agenda oficial

Mientras los presidentes y vicepresidentes asistirán a los actos del Bicentenario, en la 56ª Asamblea General de la OEA participarán los cancilleres de los países miembros, sin la presencia de los jefes de Estado. La asamblea abordará temas comunes para el continente, en línea con el espíritu de diálogo y cooperación que inspiró la reunión bolivariana dos siglos atrás, detalló EFE.

La llegada de Arévalo al frente de la delegación de Guatemala incluyó también a la primera dama, Lucrecia Peinado; ambos fueron recibidos con honores en la terminal aérea. Pocos minutos después aterrizó el mandatario hondureño, Asfura, seguido por el vicepresidente salvadoreño, Ulloa, quien encabezará la representación de su país en las ceremonias protocolares.

El cronograma de actividades contempla eventos conmemorativos, encuentros bilaterales y foros de discusión en los que se espera la participación de líderes latinoamericanos y representantes de organizaciones internacionales. Según los organizadores citados por EFE, la confluencia de estas dos agendas responde a la voluntad de los países de la región de proyectar una imagen de unidad y de fortalecer los mecanismos de concertación política.

El Gobierno de Panamá ha insistido en el simbolismo de recibir a los líderes de la región en el mismo lugar donde, hace exactamente 200 años, Simón Bolívar convocó a los Estados americanos a buscar la integración y la defensa colectiva. El Congreso Anfictiónico de 1826, realizado en el istmo panameño, es recordado como el primer intento formal de articulación multilateral en el continente.

La dimensión política de la visita

De acuerdo con EFE, la presencia de los presidentes centroamericanos y otras altas autoridades en Panamá responde a una agenda protocolar y busca reafirmar el legado bolivariano y el papel del país como punto de encuentro de la diplomacia hemisférica.

La agenda de la semana incluye también reuniones paralelas entre cancilleres, ministros y embajadores, además de actos solemnes en lugares de la capital panameña. El cierre de las actividades coincidirá con la clausura de la Asamblea General de la OEA, en la que se anticipa la adopción de resoluciones sobre temas prioritarios para la región, según explicaron fuentes diplomáticas a EFE.

La Organización de los Estados Americanos (OEA) inicia este lunes en Ciudad de Panamá su 56ª Asamblea General, centrada en la defensa del multilateralismo y la democracia en el continente americano. El encuentro, que reúne a delegaciones de 92 países y organismos, se extenderá hasta el miércoles en un contexto marcado por la celebración del bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá, convocado por Simón Bolívar en 1826.

Según informó EFE, el lema escogido para la asamblea —“el multilateralismo, firme en defensa de la democracia, la seguridad hemisférica y la estabilidad en los estados miembros”— guiará los debates y resoluciones durante las sesiones. El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, subrayó en rueda de prensa que “el multilateralismo es primordial sencillamente porque nos necesitamos los unos a los otros”. Ramdin añadió que la cooperación regional es necesaria ante desafíos compartidos y anticipó que varios ministros respaldarán ese mensaje en las próximas jornadas, según EFE.

Panamá vuelve a convertirse en un punto de encuentro internacional dos siglos después de aquel congreso impulsado por Bolívar. El ministro de Relaciones Exteriores panameño, Javier Martínez-Acha, destacó que el país “se convierte de nuevo en un punto de convergencia para el lado hemisférico y extracontinental”, en un momento de profundas transformaciones para el continente. Martínez-Acha llamó a los asistentes a que la cita contribuya “al fortalecimiento de un sistema interamericano” y facilite la construcción de consensos efectivos para responder a las necesidades de los pueblos.

De acuerdo con EFE, la agenda de la asamblea incluye temas que van más allá de la gobernabilidad democrática: seguridad hemisférica, migración, innovación tecnológica, resiliencia climática y desarrollo sostenible se debatirán en las discusiones. El canciller panameño remarcó que el mundo actual, “fragmentado”, requiere del multilateralismo y de respuestas conjuntas frente a retos globales.

Quiénes participan de la asamblea

El evento reúne a más de 2,500 participantes, entre ellos 35 cancilleres, diez ministros de distintas carteras, 113 embajadores y delegaciones de 8 organismos internacionales. Aunque la reunión está reservada para ministros y representantes diplomáticos, la celebración del bicentenario del Congreso Anfictiónico contará con la presencia de varios jefes de Estado y altos funcionarios.

Según detalló EFE, confirmaron su participación los presidentes de Guatemala, Bernardo Arévalo de León; Honduras, Nasry Asfura y el vicepresidente de El Salvador (Félix Ulloa), además de Colombia, Gustavo Petro; y de Ecuador, Daniel Noboa.

El mensaje de Albert Ramdin

“El multilateralismo en el hemisferio es cierto que se debe fortalecer”, sin lugar a dudas. Pero es necesario, debemos trabajar juntos, y eso será algo que se escuchará varias veces y de que harán eco varios ministros en los próximos días”, sostuvo el secretario general, según recogió EFE. Según EFE, varios ministros respaldarán ese planteo en las próximas jornadas.

La 56ª Asamblea General se desarrolla en un gran centro de convenciones de Ciudad de Panamá y representa uno de los encuentros diplomáticos del sistema interamericano en 2026, donde también abordarán la situación de Venezuela. "Estamos listos para apoyar el proceso de transición hacia elecciones en Venezuela. Hemos conversado sobre ello. Estamos en debates. Venezuela sigue siendo país miembro”, declaró Ramdin, según información oficial del organismo.

El canciller panameño expresó optimismo y esperó que “pronto se establezca un camino hacia una elección libre y justa en Venezuela”.

En la víspera de su 56ª Asamblea General, la Organización de los Estados Americanos (OEA) lanzó en Panamá una plataforma de colaboración con el sector privado, enfocada en impulsar el crecimiento económico y el desarrollo social en las Américas.

La iniciativa busca aprovechar las fortalezas de la región como zona de paz, su posición geográfica estratégica, su talento humano y capacidad emprendedora, así como su riqueza energética, recursos críticos, y biodiversidad.

Para la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, esta oportunidad ofrece un espacio oportuno para intercambiar ideas y construir alianzas que contribuyan a una región más dinámica, integrada y resiliente.

Aurelio Barría Pino, presidente del gremio, aseguró que los desafíos que enfrentan los países de la región consisten en impulsar el crecimiento económico, generar más empleo formal, atraer inversión, fortalecer la competitividad y preparar a nuestras sociedades para los cambios tecnológicos que están transformando el mundo.

Frente a esta situación, Barría Pino afirma que la cooperación y el trabajo conjunto resultan más necesarios que nunca.

Según Albert R. Ramdin, secretario general de la OEA, esta es una plataforma estructurada, diseñada para pasar del diálogo al impacto, aprovechando el poder de convocatoria del organismo internacional, y trabajando con gobiernos, el sector privado y actores sociales de todo el continente americano.

“Buscamos crear una arquitectura de colaboración poderosa y única entre gobiernos, empresas y socios internacionales estratégicos, así como bancos de inversión y bancos comerciales de todo el continente americano”, mencionó Ramdin.

La importancia de este encuentro, de acuerdo con la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura panameña, no radica únicamente en el diálogo que genera, sino en su capacidad para impulsar acciones, alianzas y proyectos que fortalezcan la prosperidad compartida de las Américas.

Barría Pino indicó que en este aspecto Panamá tiene mucho que aportar, toda ve que “nuestra plataforma logística, conectividad y vocación de servicios nos permiten contribuir al acercamiento entre mercados, personas e iniciativas que promuevan el crecimiento regional”.

Este es un momento para construir sobre las coincidencias, fortalecer la cooperación y avanzar juntos hacia una región más competitiva, integrada y próspera, sostuvo en un comunicado la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá.

Y es que la competitividad ya no puede medirse únicamente por indicadores económicos o logísticos, pues las empresas que liderarán el futuro no serán únicamente las más rentables, aportó el viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación de Panamá, Carlos Guevara Mann.

El funcionario manifestó que estas empresas serán aquellas capaces de generar valor compartido, aquellas que entienden que el crecimiento económico debe traducirse en oportunidades para las comunidades, en empleos dignos para los trabajadores, en protección para el ambiente, y en una contribución efectiva al desarrollo nacional.

En su oportunidad, la Secretaria Ejecutiva para el Desarrollo Integral de la OEA, Isabelle Valois, manifestó que la institución hemisférica está lista para avanzar junto a los sectores público y privado para transformar la agenda de prosperidad de las Américas en acciones y oportunidades reales a lo largo y ancho del hemisferio. “Ni los gobiernos ni las empresas pueden tener éxito por sí solos," agregó la secretaria Valois.

La jornada de este domingo incluyó paneles sobre energía y recursos críticos; inteligencia artificial, transformación digital y habilidades para el empleo del futuro, y facilitación del comercio y la inversión.

De igual manera, se realizó un diálogo dedicado al Canal de Panamá como plataforma estratégica para el comercio, la inversión y la integración regional.

“Para que Venezuela sea insertada en la comunidad latinoamericana debe tener un gobierno respaldado en las urnas”, afirmó este domingo el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha Vásquez, quien agregó sin dar mayores detalles que Panamá se ofreció como sede para facilitar un diálogo entre Cuba y Estados Unidos basado en igualdad y respeto mutuo.

Martínez-Acha reiteró que Panamá reconoce a Edmundo González como presidente electo de Venezuela, aunque añadió que deben respetarse las decisiones del pueblo venezolano.

Aseguró que varios cancilleres han conversado sobre la importancia de abrir un diálogo incluyente con todos los actores políticos, que permita encaminar elecciones libres y justas, con garantías y reformas al sistema electoral.

Sobre Cuba recordó su visita del 28 de marzo para dar seguimiento a la situación de panameños detenidos en ese país, indicando que gracias a gestiones diplomáticas tres panameñas fueron liberadas, mientras que aún siete permanecen detenidos en la isla.

El 28 de febrero un grupo de ciudadanos panameños fueron detenidos en Cuba, enfrentando una posible condena de hasta ocho años de prisión bajo cargos de propaganda contra el orden constitucional.

Un operativo de seguridad de las autoridades cubanas detectó al grupo realizando pintadas con frases como “Abajo la tiranía”, “Comunismo: enemigo de la comunidad” y “Confiamos en Donald Trump, Marco Rubio y Mike Hammer”, en referencia al presidente de Estados Unidos, su secretario de Estado y el embajador en la isla.

En opinión de Martínez-Acha Vásquez la diplomacia en la región debe estar orientada a “promover el entendimiento y a impulsar soluciones graduales” que contribuyan a la estabilidad regional y a la coexistencia pacífica.

Las declaraciones del canciller panameño se dieron en el marco de la conferencia de prensa de apertura de la 56 Asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA) que se inaugura este lunes en la capital panameña.

Para participar en la llamada Semana de Alto Nivel, que conmemora el Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá, llegaron a este domingo los presidentes de Guatemala, Bernardo Arévalo, y de Honduras, Nasry Asfura Zablah, junto al vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa.

Los visitantes, de acuerdo a lo informado, sostendrán reuniones bilaterales y participarán en las actividades oficiales programadas en el marco de la conmemoración histórica del Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá, orientada a fortalecer el diálogo político, la cooperación regional y el multilateralismo en el hemisferio.

La información oficial señala que además de los jefes de Estado y vicepresidentes, estarán presentes 34 ministros y viceministros, seis secretarios generales de organismos internacionales y 55 enviados especiales y altos cargos de países y organizaciones internacionales.

Por otro lado, durante la sesión abierta de la 31 Reunión ordinaria del Consejo de Ministros de la Asociación de Estados del Caribe (AEC) las delegaciones resaltaron la relevancia de fortalecer el multilateralismo, la cooperación, el diálogo, la solidaridad y la concertación entre los países ante un escenario internacional en constante transformación.

En la clausura del diálogo especial sobre la vigencia del multilateralismo, el viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación, Carlos Guevara Mann, expresó que el espacio ofreció oportunidades de cooperación entre regiones y una esperanza en beneficio de los pueblos.

Para Panamá ha sido alentador que esta convocatoria haya registrado la mayor asistencia en un Consejo de Ministros de la AEC, lo cual refleja el interés de revitalizar la organización regional y darle un nuevo dinamismo, se indicó en una nota de prensa. En el diálogo sobre el multilateralismo participaron los Estados Miembros, socios regionales y extra regionales de la AEC.

Un total de 27 nuevos odontólogos se incorporarán al sistema de salud panameño, luego de haber culminado su internado y obtenido la idoneidad, aunque persiste la falta de médicos especialistas.

La culminación de esta etapa formativa les permite ejercer la profesión, señaló el ministro de Salud encargado, Manuel Zambrano Chang, quien agregó que tanto el Ministerio de Salud como la Caja de Seguro Social continúan trabajando para fortalecer el recurso humano especializado.

El 17 de marzo del año en curso, a través de la Dirección General de Salud Pública, el Ministerio de Salud abrió una convocatoria dirigida a médicos especialistas nacionales y extranjeros interesados en laborar a tiempo completo o parcial en diversas regiones y unidades ejecutoras de la Caja de Seguro Social.

La medida aún busca cubrir plazas críticas en hospitales y policlínicas de salud pública, tras la baja participación registrada en convocatorias previas realizadas en octubre y diciembre de 2025, y en enero de este año.

Entre las plazas de especialistas a cubrir están cardiología, cirugía vascular periférica, endocrinología, gastroenterología, gineco-obstetricia, hematología, medicina crítica e intensivista, nefrología, neumología y neurología.

Las autoridades informaron en su momento que, de no concurrir especialistas nacionales a la convocatoria, se daría paso a la recepción de solicitudes de médicos especialistas extranjeros, quienes deberán cumplir con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 69 de 2013 y lo dispuesto en la Ley 89 de 2013, que regulan el ejercicio profesional de especialistas extranjeros en el país.

Para tratar de hacerle frente a la falta de médicos especialistas la Caja de Seguro Social puso en marcha un plan que combina formación local y captación internacional para cubrir vacantes, especialmente en zonas de difícil acceso.

Dino Mon Vásquez, director general de la Caja de Seguro Social , dijo que a nivel de formación la institución mantiene abiertas 53 plazas para médicos especialistas que culminan su internado y 10 posiciones para subespecialistas.

De igual manera, se ofrecen 31 plazas para médicos generales interesados en continuar su formación en el extranjero, con licencia y goce de sueldo, como parte del fortalecimiento de la base de especialistas panameños.

En 2020, para hacerle frente a la pandemia del Covid-19, Panamá contrató a un grupo de especialistas extranjeros para reforzar el equipo sanitario que estaba al frente de esta tarea.

Los especialistas eran de diferentes áreas de cuidados intensivos, medicina interna, neumología, cardiología, y terapia respiratoria, así como especialistas para apoyo a enfermería, básicamente en técnica de reanimación avanzada y diferentes técnicas en el área de cuidados intensivos.

Respecto a los 27 nuevos odontólogos, la jefa nacional de Docencia, Formación y Capacitación del Minsa, Mayra Abood, destacó que estos profesionales ya están habilitados para incorporarse al sistema de salud y ejercer su profesión al servicio de la población.

“Ellos ya pueden incorporarse al sistema de salud. Hoy celebramos la culminación de una etapa fundamental en su formación profesional y su compromiso con la salud de los panameños”, expresó.

Los nuevos profesionales, provenientes de distintas universidades y regiones del país, se integrarán a las estrategias institucionales orientadas a promover hábitos saludables y prevenir enfermedades bucodentales en las comunidades, señala una nota de prensa del Ministerio de Salud.

Por su parte, Zambrano Chang destacó la importancia de fortalecer el recurso humano en odontología para ampliar el acceso de la población a los servicios de salud bucal y reforzar las acciones de promoción y prevención que desarrolla la institución en todo el territorio nacional.

Panamá ha sido un ejemplo de cómo capitalizar las oportunidades para atraer inversiones con reglas y regulaciones adecuadas, sostuvo el secretario general de la Organización de Naciones Unidas (OEA), Albert Ramdin.

“Panamá alberga más de 250 sedes regionales de compañías globales. Eso es algo único. Y también puede suceder en otros países”, afirmó Ramdin durante la inauguración del Foro del Sector Privado de las Américas, como parte de la 56 Asamblea de la OEA que se inaugura este lunes en la capital panameña.

“Puedo decirles que, si tenemos un hemisferio pacífico y próspero, cuestiones como la democracia, la gobernanza, la migración y muchos de los desafíos que enfrentamos hoy podrán resolverse si los abordamos adecuadamente. Existen enormes oportunidades”, puntualizó.

La celebración de la 56 Asamblea del organismo internacional en tierras panameñas demuestra, en su opinión, el liderazgo de un país pequeño en tamaño, pero grande en impacto.

El evento coincide con la conmemoración del Congreso Anfictiónico de 1826, cuando Simón Bolívar reunió a los líderes de aquel momento que tenían grandes ideas para el futuro de las Américas.

Esa inspiración, dijo, debe hoy seguir ese camino: no el del conflicto, sino el de discusiones abiertas, honestas y respetuosas para avanzar.

“Esa es la inspiración que espero ver reflejada cuando el miércoles por la noche volvamos a reunirnos aquí para hablar de los resultados de esta Asamblea General”.

De Panamá manifestó que no solo conecta dos océanos, algo ya de por sí impresionante y que beneficia a todos mediante el comercio y los servicios, sino que también constituye el centro de este hemisferio. Por ello, muchas reuniones importantes tienen lugar aquí, afirmó.

El tema escogido para este encuentro “Multilateralismo firme en defensa de la democracia, la seguridad hemisférica y la estabilidad en los Estados americanos”, según Ramdin, “lo dice todo”, ya que reúne todos los elementos que explican por qué esta Asamblea General es importante.

Apuntó que el multilateralismo es “necesario, simplemente porque nos necesitamos unos a otros. No vivimos solos en este planeta; vivimos juntos. Coincido en que el multilateralismo en el hemisferio necesita fortalecerse y mejorar, sin duda alguna. Pero que es necesario y que debemos trabajar juntos es algo que escucharán reiteradamente de varios ministros durante los próximos días”.

Ramdin detalló que todas las regiones del mundo enfrentan desafíos, pero que esa realidad “no debe asustarnos ni paralizarnos”, pues hay que afrontarla de manera positiva para construir sociedades más prósperas, en colaboración con el sector privado.

La producción, la seguridad alimentaria y la seguridad energética son conceptos muy mencionados hoy en día, pero en este hemisferio pueden convertirse en una realidad, aseguró, al tiempo que manifestó que “podemos alcanzar la seguridad alimentaria y energética”.

Existen oportunidades de negocios e inversión, prosiguió el secretario general de la OEA, manifestando que solo debemos asegurarnos de alinearnos estratégicamente con esos objetivos y elaborar una agenda compartida y positiva orientada hacia la paz y la prosperidad. “Puede sonar simple, pero si no comenzamos por ahí, nuestros problemas continuarán”, reflexionó.

Al referirse al crimen organizado que azota a la región, Ramdin indicó que hay que prestarle atención porque afecta no solo la seguridad, sino también la gobernanza, la sociedad en su conjunto, el sistema de salud, los flujos financieros ilícitos e incluso la política".

Agregó que “debemos actuar para detenerlo. Estamos dialogando con los Estados Miembros sobre la organización de una conferencia hemisférica dedicada al crimen organizado transnacional y, en ese contexto, contaremos con la participación de todos”.

Panamá continúa libre de sarampión autóctono y los tres casos detectados hasta el momento corresponden a casos importados que fueron identificados y manejados oportunamente por el sistema nacional de vigilancia epidemiológica.

Para seguir manteniendo el país libre de la enfermedad el sistema de salud ha aplicado en lo que va del año más de 150 mil dosis de vacuna contra el sarampión en todo el territorio nacional.

El país recibió su certificación oficial de eliminación del sarampión en 2016 y no registra casos autóctonos desde 1995.

En el 2011 se controlaron cuatro casos importados procedentes de Polonia, sin que se produjera una transmisión comunitaria.

Actualmente se mantiene activa la vigilancia epidemiológica en los puertos de entrada al país ante el retorno de viajeros procedentes del extranjero, permitiendo la detección temprana de personas con síntomas compatibles con enfermedades transmisibles.

El incremento en la cobertura de vacunación, a través del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), responde al compromiso de la población con la prevención y al fortalecimiento de las jornadas de inmunización desarrolladas por el Ministerio de Salud (Minsa) en todas las regiones de salud, aseguró Yelkys Gill, directora general de Salud Pública.

“Invitamos a toda la población a revisar su tarjeta de vacunación y acudir a la instalación de salud más cercana para completar su esquema. Las vacunas son seguras, gratuitas y constituyen la principal herramienta para prevenir enfermedades transmisibles”, manifestó Gill.

Adelantó que el esquema nacional de vacunación protege contra diversas enfermedades, entre ellas sarampión, influenza, neumococo y virus sincitial respiratorio, contribuyendo a reducir complicaciones y hospitalizaciones, especialmente en los grupos más vulnerables.

De los tres casos de sarampión importados, se detectó que una persona con esquema de vacunación expuesta al virus desarrolló un cuadro de "sarampión modificado“, una variante con síntomas leves y con una capacidad de transmisión drásticamente reducida.

Esta condición clínica se presenta en casos muy específicos como una exposición masiva al virus en personas que ya cuentan con sus dosis, explicó Catherine Castillo, técnica de vigilancia epidemiológica y enfermedades prevenibles por vacunas del Departamento Nacional de Epidemiología del Minsa.

A diferencia del sarampión clásico, el modificado se caracteriza por una carga viral mucho menor, menor fiebre y un sarpullido atenuado, evitando por completo complicaciones graves como la neumonía o afecciones cerebrales.

En cuanto a las enfermedades transmitidas por vectores, se informó que se continúa fortaleciendo las acciones de prevención y control contra la malaria, mediante la vigilancia epidemiológica, búsqueda activa de casos, diagnóstico oportuno y el trabajo conjunto con las comunidades.

“En malaria hemos logrado mantener una tendencia hacia la disminución gracias al esfuerzo de los equipos regionales de salud, que continúan realizando intervenciones, seguimiento de casos y acciones de prevención en las áreas de mayor riesgo”, señaló la directora general de Salud Pública.

De acuerdo con los reportes correspondientes a la última semana epidemiológica, el Ministerio de Salud informó que los casos de dengue registran una reducción cercana al 50 % en comparación con el mismo periodo del año anterior, mientras que la malaria mantiene una tendencia a la baja.

Las autoridades de salud reiteran el llamado a la población a mantener las medidas preventivas, acudir oportunamente a los servicios de salud ante la presencia de síntomas y mantener actualizado su esquema de vacunación para proteger su salud y la de sus familias.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) reveló que hasta la semana epidemiológica que finalizó el 13 de junio la región de las Américas notificó 22.324 casos confirmados de sarampión en 17 países y territorios, incluyendo 38 muertes, lo que representa un aumento del 207% en comparación con el mismo período del 2025.

Concebido como un espacio seguro para el diálogo, la formación y el compromiso de avanzar hacia una sociedad más consciente, responsable y cercana a quienes han sufrido abuso, Panamá será sede, del 8 al 11 de julio, del congreso internacional de las personas sordas.

En el país hay 11,323 personas con deficiencia auditiva, según la Segunda Encuesta Nacional de Discapacidad, realizada en el primer trimestre de 2024, después de 18 años sin tener información actualizada.

Solo en 2025 el Instituto Panameño de Habilitación Especial (IPHE) atendió a 18,319 estudiantes con esta condición.

La discapacidad auditiva se define como la pérdida o anormalidad de la función anatómica y/o fisiológica del sistema auditivo, y tiene su consecuencia inmediata en una discapacidad para oír, lo que implica un déficit en el acceso al lenguaje oral.

Se informó que el congreso busca ofrecer un espacio de escucha y reflexión sobre la realidad que viven las personas sordas víctimas de abuso.

De igual manera, tiene como finalidad fortalecer la formación en materia de prevención, protección de menores y adultos vulnerables, y promoción de entornos seguros dentro de nuestras comunidades eclesiales, dijo monseñor José Domingo Ulloa Mendieta, arzobispo de Panamá, presidente de la Conferencia Episcopal Panameña y segundo vicepresidente del CELAM.

La convención reunirá a especialistas internacionales, agentes pastorales y personas sordas de diversos países de América, con el propósito de sensibilizar sobre los desafíos particulares que enfrenta esta población y promover una cultura de cuidado, respeto, inclusión y protección.

El “Abuso sexual en la Iglesia: su historia y realidad actual. Como se relaciona y afecta a la comunidad sorda”; “El caso Próvolo: ejemplo de modelo interdisciplinario para responder al desafío del abuso en la comunidad sorda en Argentina”; “Perspectiva global: cómo la Iglesia comenzó a escuchar las voces de quienes han sido abusados”, serán algunos de los temas a tratar durante la actividad.

El encuentro es organizado por la Iniciativa de los Jóvenes Católicos Sordos de América (DCYIA, por sus sus siglas en inglés), en colaboración con la Pontificia Comisión para la Protección del Menor, de la Santa Sede; el Centro de Investigación y Formación Interdisciplinar para la Protección del Menor, el Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño (CELAM) y la Arquidiócesis de Panamá.

En Panamá la Ley N°1 del 28 de enero de 1992 protege a las personas con discapacidad auditiva y reconoce la lengua de señas como la lengua natural del discapacitado auditivo profundo.

Esta es una herramienta fundamental de inclusión, y la norma reafirma la importancia de promover una cultura institucional basada en el respeto, la accesibilidad y la equiparación de oportunidades.

Ratificada por Panama, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece en su artículo 21 el derecho a la libertad de expresión y acceso a la información, incluyendo el uso de la lengua de señas como medio de comunicación.

En esa línea, la política nacional de discapacidad de Panamá promueve la eliminación de barreras comunicativas y la plena participación de las personas sordas en todos los ámbitos de la sociedad, de acuerdo con el IPHE.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que a nivel mundial más de 1.500 millones de personas presentan algún grado de pérdida auditiva, de las cuales aproximadamente 430 millones tienen pérdida auditiva de moderada a grave en el oído con mejor audición.

En América, alrededor de 217 millones de personas viven con pérdida auditiva, cifra que se espera aumente a 322 millones para 2050. Las estimaciones de la OMS proyectan que 700 millones necesitarán atención otológica y servicios de rehabilitación si no se toman medidas preventivas.

La Zona Libre de Colón atraviesa uno de sus mejores momentos de los últimos años. Impulsada por el fenómeno del nearshoring, la recuperación de mercados tradicionales como Venezuela y una mayor rotación de mercancías, la principal zona franca del hemisferio cerró los primeros cinco meses de 2026 con un movimiento comercial de $10,588 millones, un crecimiento de 12.2% frente a los $9,440 millones registrados en el mismo período de 2025.

Las cifras reflejan una recuperación que va más allá de un simple aumento en las ventas. Para los empresarios de la zona franca, se trata de una transformación en la forma en que las compañías están utilizando a Panamá dentro de las cadenas globales de suministro.

“Hay varios factores detrás de esto. El principal es el nearshoring. Estamos viendo un interés creciente de empresas que prefieren tener su inventario cerca de sus clientes en lugar de depender de cadenas largas y vulnerables“, explicó Dovi Eisenman, presidente de la Cámara de Comercio de la Zona Libre de Colón.

Según Eisenman, Centroamérica, el Caribe y el norte de Sudamérica están utilizando cada vez más a Panamá como centro de consolidación y redistribución de mercancías.

“Eso significa que la mercancía rota más rápido y permanece menos tiempo en depósito", señaló.

Los números parecen respaldar esa tendencia. Aunque las importaciones acumuladas entre enero y mayo crecieron apenas 0.2%, al pasar de $4,816 millones a $4,826 millones, las reexportaciones aumentaron 24.6%, saltando de $4,624 millones a $5,762 millones.

En otras palabras, la mercancía está entrando y saliendo con mayor rapidez. La misma dinámica se observa en el movimiento físico de carga. Entre enero y mayo se movilizaron 1.06 millones de toneladas métricas, un aumento de 13.4% respecto al mismo período del año anterior. Las reexportaciones crecieron 22.6% en volumen, mientras las importaciones aumentaron 6.3%.

“La Zona Libre demuestra resiliencia. Pasamos de acumulación de inventario a optimización, y eso nos está poniendo nuevamente en el mapa", afirmó.

Importaciones por país

China continúa siendo el principal proveedor de mercancías de la Zona Libre de Colón. Entre enero y mayo, el gigante asiático representó el 38.8% del valor total de las importaciones, equivalente a $1,872 millones.

También aparece Estados Unidos con 6.1%, Bélgica con 4.9%, Japón con 3.7% y México con 3.4%.

Si se analiza el volumen físico de carga, la dependencia es aún mayor. China concentró el 57.4% de todas las toneladas importadas por la zona franca durante los primeros cinco meses del año.

Entre los productos que tradicionalmente llegan desde Asia destacan textiles, confecciones, calzado, equipos electrónicos, electrodomésticos y juguetes, además de artículos para el hogar y una amplia variedad de bienes de consumo que posteriormente son distribuidos hacia los mercados latinoamericanos.

Sin embargo, el crecimiento más llamativo no proviene necesariamente de China, sino de algunos países europeos. Bélgica elevó sus exportaciones hacia la zona franca de $142 millones a $237 millones, mientras Japón pasó de $107 millones a $180 millones en comparación con el mismo período del año pasado.

Venezuela vuelve a ganar protagonismo

Si hay un mercado que está llamando la atención dentro de la Zona Libre de Colón es Venezuela.

El país suramericano se consolidó como el segundo destino de las reexportaciones con compras por $478 millones durante los primeros cinco meses del año, solo superado por Panamá, que registró $720 millones.

Eisenman reconoce que existe un renovado optimismo entre los empresarios. “Las empresas están viendo a Venezuela con mucho optimismo y expectativas sobre lo que pueda ocurrir en los próximos meses. Lo mismo sucede con las elecciones que vienen en Colombia. Todo esto puede producir cambios importantes en nuestro comercio“, comentó.

El interés no es casual. Durante años Venezuela fue uno de los principales compradores de mercancías de la Zona Libre, hasta que la crisis económica y política provocó una fuerte caída del comercio bilateral. Ahora algunos empresarios observan señales de recuperación en ese mercado.

Además de Venezuela, los principales destinos de las reexportaciones fueron Costa Rica con $447 millones, Colombia con $406 millones, Estados Unidos con $330 millones y Guatemala con $323 millones.

Los productos que están impulsando la recuperación

La recuperación tampoco se distribuye de manera uniforme entre todos los sectores. Según Eisenman, los rubros que muestran mayor dinamismo durante 2026 son los productos químicos y farmacéuticos, maquinaria, equipos eléctricos y electrónicos, además de categorías tradicionales como textiles, confecciones, perfumería y productos de cuidado personal.

Estos segmentos han sido favorecidos por la necesidad de muchas empresas de reducir tiempos de entrega y acercar inventarios a sus mercados finales.

La tendencia coincide con la creciente importancia estratégica de Panamá como plataforma logística regional, apoyada por el Canal de Panamá, los puertos de ambas costas, el sistema aeroportuario y la conectividad terrestre.

Más allá de los números, el crecimiento de la Zona Libre parece reflejar una transformación más profunda.

Durante años, muchas empresas utilizaban la zona franca como un gran centro de almacenamiento regional. Hoy el modelo parece estar evolucionando hacia operaciones más ágiles, donde la velocidad de movimiento de la mercancía resulta más importante que el volumen acumulado en bodegas.

Los datos de mayo muestran precisamente esa realidad. Solo durante ese mes la actividad comercial alcanzó $2,150 millones, un crecimiento de 13.2% frente a mayo de 2025, impulsado principalmente por un aumento de 29.1% en las reexportaciones.

Para los empresarios colonenses, la combinación de nearshoring, recuperación de mercados tradicionales y nuevas oportunidades regionales está devolviendo protagonismo a una plataforma comercial que durante décadas ha sido una de las principales puertas de entrada de mercancías hacia América Latina y el Caribe.

La región de Centroamérica y República Dominicana registra altos niveles de pobreza multidimensional, según un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). La medición incluye carencias en salud, educación, vivienda, empleo, acceso a servicios y derechos, más allá del nivel de ingreso.

Las mediciones presentadas por la CEPAL y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) muestran contrastes entre los países centroamericanos. Guatemala y Honduras figuran entre los de mayor incidencia, con tasas de pobreza multidimensional superiores al 10%, mientras Costa Rica y Panamá presentan los niveles más bajos de la subregión. En República Dominicana, el índice también muestra cifras sobre acceso a servicios y bienestar.

De acuerdo con la medición global del PNUD y la Iniciativa de Pobreza y Desarrollo Humano de Oxford (OPHI), Guatemala registra una incidencia de pobreza multidimensional del 28.9% (2014/2015); Honduras, 12% (2019); El Salvador, 7.9% (2014); Nicaragua, 15.6% (2014, dato Banco Mundial); Panamá, 2.4% (2022); Costa Rica, 0.5% (2018), y República Dominicana, 2.3% (2019). Estas cifras reflejan la proporción de personas que experimentan al menos una privación grave en dimensiones como vivienda, educación o acceso a servicios básicos.

¿Cómo se mide la pobreza multidimensional?

Las mediciones nacionales, según la CEPAL, adoptaron metodologías que incluyen dimensiones como salud, educación, trabajo, acceso a servicios, vivienda, alimentación y, más recientemente, acceso a Internet. Por ejemplo, Honduras considera privaciones en salud, educación, trabajo y vivienda, mientras Guatemala suma seguridad alimentaria, empleo digno y servicios básicos.

República Dominicana incluye en su índice nacional dimensiones como vivienda y entorno, brecha digital, educación y cuidado infantil, sustento, trabajo y salud. En todos los casos, las dimensiones tienen el mismo peso relativo y los umbrales de privación varían entre el 25% y el 33% del total de privaciones posibles.

Internet y vivienda en los índices oficiales

El acceso a Internet cobró relevancia como indicador en los índices oficiales de Costa Rica, Panamá y República Dominicana desde 2015 y 2017, respectivamente. En Costa Rica, se considera que los hogares están privados si no usan Internet en casa, mientras que en Panamá y República Dominicana se aplican criterios combinados, como la frecuencia de uso y la disponibilidad de dispositivos.

Según la CEPAL, este indicador permite medir la inclusión en la sociedad de la información y las oportunidades educativas y laborales. Otro aspecto es el hacinamiento habitacional, medido por la cantidad de personas por dormitorio o por cuarto en cada hogar.

Guatemala y Honduras presentan las tasas más altas de hacinamiento en la región, con indicadores superiores al 40% de la población, según los umbrales recomendados por organismos internacionales. En Nicaragua, la incidencia también es alta, mientras Costa Rica y Panamá muestran niveles más bajos.

En República Dominicana, el indicador oficial establece privación cuando hay tres o más personas por dormitorio o aposento y, en 2022, la incidencia se ubicó en 19%.

Servicios básicos, género y límites de la información

Las brechas en el acceso a servicios básicos, como agua potable, saneamiento y electricidad, continúan afectando especialmente a las zonas rurales de Centroamérica. Los índices nacionales de pobreza multidimensional incluyeron estos indicadores para captar con más precisión la magnitud de las carencias y orientar las políticas públicas.

La CEPAL señala que la disponibilidad y calidad de la información estadística sigue siendo un reto, ya que muchas encuestas nacionales no recogen de manera sistemática datos sobre todas las dimensiones relevantes, como salud mental, seguridad ciudadana o calidad de la educación.

La desigualdad de género también aparece en la medición de la pobreza multidimensional. El informe señala que la sobrecarga de trabajo doméstico y de cuidado no remunerado recae principalmente en las mujeres, lo que limita su autonomía económica y su acceso a oportunidades laborales.

Los resultados muestran que, pese a los avances, Centroamérica y República Dominicana enfrentan retos estructurales para garantizar el acceso de toda la población a condiciones dignas de vida, educación, salud y servicios esenciales.

Según la CEPAL, la reducción de la pobreza multidimensional requiere políticas integrales que combinen intervenciones en todas las dimensiones y respondan a las especificidades de cada país, con atención tanto a las privaciones materiales como a las vinculadas con el ejercicio de derechos y la inclusión social.

(Washington, Estados Unidos) La crisis de confianza de Estados Unidos con el secretario General de la OEA, Albert Ramdin, impactará en la Asamblea 56 del foro regional que inicia hoy en Panamá.

El embajador de Estados Unidos, Leandro Rizzuto, cuestionó que Ramdin hubiera designado a Xaviera Jessurun como su jefa de Gabinete, cuando estaba imputada por corrupción, fraude y blanqueo de capitales.

Ramdin relativizó las críticas de Rizzuto y mantuvo en el cargo a Jessurun, pese a que su propio país -Surinam- anuló su pasaporte diplomático por la causa penal.

Frente a la resistencia del secretario General, Rizzuto escaló el asunto al Departamento de Estado, que finalmente canceló la visa de Jessurun por haber ocultado que tenía una investigación pendiente en la justicia de Surinam.

Ramdin no tuvo otra alternativa que forzar la renuncia de su jefa de Gabinete, pero cuando se aguardaba que esta crisis institucional hubiera terminado, el secretario General habría utilizado su poder funcional para beneficiar a Jessurun.

La semana pasada aseguraron a Infobae en la OEA que Jessurun continuaba activa en la burocracia del foro regional, a pesar de su renuncia formal. Una atípica situación administrativa que supuestamente era avalada por Ramdin.

Este corresponsal preguntó al respecto a Leandro Rizzuto, embajador de Estados Unidos en la OEA. Rizzuto confirmó la peculiar situación administrativa de la exjefa de Gabinete.

Vía WhatsApp, textual, Rizzuto aseguró a Infobae:

-“He sabido que Ramdin no despidió a Jessurun. La licenció por 30 días con goce de sueldo. Además, a pesar del protocolo, anuló la decisión del departamento de informática e instruyó que ella conservara el acceso a la computadora. También le ha permitido mantener en su poder su pasaporte de la OEA”.

-“En un acto de desafío, Ramdin no destituyó a Jessurun. También le permitió mantener en su poder su pasaporte de la OEA y autorizó que se anulara el protocolo de la OEA para permitir que Jessurun continuara teniendo acceso a la computadora y a los archivos”.

Frente a las declaraciones de Rizzuto, Infobae consultó a los asesores de Ramdin para conocer su explicación del caso.

Desde Panamá, también vía WhatsApp, se contestó textual lo siguiente:

“La nota diplomática de la Misión de Estados Unidos ante la OEA relativa a la revocación de la visa G-4 de la Jefa de Gabinete estableció como fecha límite de salida el 8 de julio de 2026. A la luz de esa fecha, y en pleno cumplimiento de las normas y reglamentos de la OEA, el Secretario General determinó la terminación del contrato de la Jefa de Gabinete con efecto al 7 de julio de 2026, y la autorizó a tomar la licencia acumulada hasta esa fecha".

Respecto al uso arbitrario de las claves para acceder a los archivos de la OEA, no hubo respuesta puntual a la consulta de Infobae.

La administración republicana cuestiona la capacidad moral de Ramdin para conducir la OEA, y había decidido postergar un posible movimiento diplomático en su contra a pedido del gobierno panameño, que “no quería ruido” en la Asamblea del foro regional que lleva meses organizando.

La situación institucional de Ramdin es un asunto clave para estabilidad de la OEA, que depende de los aportes financieros de Estados Unidos. El Departamento de Estado cuestiona la agenda del foro multilateral, y la continuidad política Ramdin es un interrogante.

En este contexto, es poco probable que la agenda oficial de la Asamblea no termine teñida por la nueva crisis institucional causada por las decisiones unilaterales de Ramdin.

La Asamblea tenía previsto tratar la situación política en Bolivia y el programa diseñado por la ONU para terminar con las bandas de narcotraficantes que asolan a Haití.

Pero Ramdin se puso en el centro del escenario con sus inesperadas decisiones administrativas.

El secretario General de la OEA nombró a Jessurun pese a su acusación penal, y después le permitió que siguiera involucrada en la burocracia de la OEA, aunque su visa diplomática ya tenía fecha de vencimiento.

La Asamblea comienza hoy con una conferencia de prensa que ofrecerán Ramdin y Javier Martínez-Acha Vásquez, canciller de Panamá.

La decisión del Gobierno panameño de trasladar a 29 privados de libertad de alta peligrosidad a instalaciones ubicadas en Isla Coiba abrió un nuevo frente de debate entre las necesidades de seguridad pública y la protección de uno de los principales patrimios naturales del país.

Mientras el presidente José Raúl Mulino defiende la medida como una acción necesaria para combatir el crimen organizado, la Defensoría del Pueblo advirtió que el uso penitenciario de la isla podría contravenir el espíritu de la ley que creó el Parque Nacional Coiba y poner en riesgo compromisos internacionales asumidos por Panamá.

La Defensoría emitió un comunicado en el que anunció que se mantiene vigilante ante el traslado de los reclusos hacia Coiba, un sitio que ostenta desde 2005 la categoría de Patrimonio Mundial otorgada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

La reacción de la entidad se produjo apenas horas después de que Mulino saliera públicamente a defender la decisión adoptada por el Ministerio de Seguridad.

El mandatario rechazó los cuestionamientos formulados por grupos ambientalistas, operadores turísticos y diversos sectores de la sociedad civil.

“Esto no es una discusión sobre el uso de una reserva, sino sobre la seguridad de los panameños”, afirmó el presidente al justificar la medida. Según explicó, los privados de libertad trasladados permanecerán completamente aislados y sin posibilidad de continuar coordinando actividades criminales desde prisión.

Mulino sostuvo además que la instalación utilizada no corresponde a una nueva cárcel construida dentro del Parque Nacional Coiba, sino a infraestructura ya existente bajo control del Servicio Nacional Aeronaval (Senan).

El mandatario argumentó que la decisión responde a vulnerabilidades detectadas en el sistema penitenciario y a información de inteligencia que apuntaba a que algunos detenidos continuaban coordinando actividades ilícitas desde otros centros de reclusión. Por ello, aseguró que el traslado busca cortar cualquier capacidad operativa de organizaciones criminales desde las cárceles.

La medida involucra a 29 privados de libertad considerados de alta peligrosidad que fueron trasladados a la estación aeronaval Teniente Nelson Tenas, ubicada en Coiba. Según el Ministerio de Seguridad, la operación se desarrolló bajo estrictas medidas de seguridad y con apoyo de la Policía Nacional y el Senan.

Sin embargo, la Defensoría del Pueblo recordó que la Ley 44 del 26 de julio de 2004, que creó el Parque Nacional Coiba, estableció expresamente el cierre definitivo del antiguo centro penitenciario que funcionó durante décadas en la isla.

La institución citó el artículo 28 de esa norma, el cual dispone que una vez concluido el uso penitenciario de Coiba, las áreas e instalaciones pasarían a formar parte de los bienes administrados por la autoridad ambiental del Estado, actualmente el Ministerio de Ambiente, bajo la supervisión del Consejo Directivo del Parque Nacional Coiba.

Además, recordó que la propia ley estableció un plazo específico para poner fin al uso carcelario de la isla. Según esa disposición, las personas privadas de libertad que permanecían en el penal debían ser trasladadas a otros centros a más tardar un año después de la entrada en vigencia de la ley, es decir, antes del 29 de julio de 2005.

Para la Defensoría, ese mandato legal refleja claramente la intención del Estado panameño de cerrar definitivamente el capítulo penitenciario de Coiba y consolidar su transformación en un área protegida de relevancia internacional.

La entidad también destacó otro aspecto de la legislación. El artículo 5 de la Ley 44 prohíbe la construcción de infraestructuras dentro del parque nacional que no estén relacionadas con el apoyo sostenible al ecoturismo o con actividades científicas contempladas dentro del Plan de Manejo del área protegida.

A juicio de la Dirección Nacional de Ambiente de la Defensoría, el cierre del antiguo penal constituyó además un compromiso simbólico asumido por Panamá ante la comunidad internacional.

“Consideramos que el cierre del Centro Penitenciario de Coiba fue un compromiso simbólico internacional del Estado panameño y que su reapertura puede comprometer la condición de Patrimonio Mundial ante UNESCO”, señaló la institución en su comunicado.

La preocupación no se limita al aspecto legal. Coiba es considerada una de las áreas protegidas más importantes del Pacífico oriental tropical. Su parque nacional abarca cientos de miles de hectáreas marinas y terrestres y alberga ecosistemas únicos, especies endémicas y una de las mayores concentraciones de biodiversidad de la región.

Precisamente esas características llevaron a la UNESCO a otorgarle la categoría de Patrimonio Mundial en 2005, reconocimiento que obliga a los Estados a garantizar la conservación de los valores ambientales excepcionales que justificaron su inscripción en la lista internacional.

El debate también tiene una dimensión relacionada con los derechos humanos. La Defensoría recordó que, independientemente de la peligrosidad de los detenidos, el Estado está obligado a garantizar las condiciones establecidas en la Ley 55 de 2003 que reorganiza el sistema penitenciario panameño, el Decreto Ejecutivo 393 de 2005 y las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, conocidas como Reglas Mandela.

Hasta el momento, el Gobierno mantiene su posición de que el traslado responde exclusivamente a razones de seguridad nacional y que no implica la reapertura formal del antiguo penal ni la construcción de nuevas infraestructuras dentro del parque nacional.

La Defensoría, por su parte, insiste en que continuará monitoreando la situación para verificar el cumplimiento de la legislación ambiental, los compromisos internacionales del país y los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad.

La discusión coloca nuevamente a Coiba en el centro del debate nacional. Para el Ejecutivo, la prioridad es impedir que estructuras criminales continúen operando desde las cárceles. Para la Defensoría, el desafío consiste en garantizar que esa estrategia no comprometa un patrimonio natural que Panamá prometió proteger ante el mundo hace más de dos décadas.

Después de varios meses de retrocesos, las aspiraciones salariales de los panameños mostraron una ligera recuperación en mayo. Sin embargo, la mejora todavía no es suficiente para revertir la caída acumulada que registra el mercado laboral durante 2026.

De acuerdo con el más reciente Reporte del Mercado Laboral elaborado por Konzerta, el salario promedio pretendido por quienes buscan empleo en Panamá alcanzó los $994 mensuales en mayo, lo que representa un aumento de apenas 0.15% respecto a abril.

Aunque se trata del segundo incremento consecutivo tras haber tocado fondo en marzo, las expectativas salariales continúan por debajo de los niveles observados hace un año.

La cifra cobra relevancia porque funciona como una especie de termómetro de las expectativas de los trabajadores sobre el mercado laboral.

Mientras más optimismo existe sobre las oportunidades de empleo y los ingresos futuros, mayores suelen ser los salarios solicitados por quienes buscan trabajo. Cuando ocurre lo contrario, las aspiraciones tienden a moderarse.

El informe muestra que, pese a la leve recuperación observada en los últimos dos meses, los salarios pretendidos acumulan una caída de 6.96% en lo que va de 2026.

“Si bien en mayo observamos una leve recuperación de las aspiraciones salariales respecto a los meses anteriores, el salario requerido por los talentos panameños continúa por debajo de los niveles registrados hace un año", señaló Jeff Morales, gerente de Marca de Konzerta.

Las diferencias también se observan según el nivel de experiencia. Los profesionales que aspiran a posiciones de jefatura solicitaron en promedio $1,291 mensuales, aunque esta categoría registró una disminución de 0.93% respecto al mes anterior.

En contraste, los cargos semi senior y senior mostraron un aumento de 0.38%, con una aspiración promedio de $1,033 mensuales, mientras que las posiciones junior se mantuvieron prácticamente estables en $744 al mes.

Al analizar los puestos específicos, las mayores aspiraciones salariales continúan concentrándose en ocupaciones técnicas y profesionales especializadas. En el nivel de jefatura, Seguridad Informática lidera con una expectativa de $2,000 mensuales.

Entre los cargos senior y semi senior, Ingeniería Civil encabeza la lista con $1,800, mientras que en las posiciones junior destaca Programación de Producción con $950 al mes.

En el otro extremo aparecen áreas operativas con expectativas considerablemente menores. Los puestos de Mantenimiento y Limpieza registran los salarios pretendidos más bajos tanto en el segmento senior como en el junior, con montos de $700 y $625 mensuales, respectivamente.

Las cifras también reflejan comportamientos distintos según el área profesional. En las posiciones semi senior y senior, Recursos Humanos registró el mayor incremento mensual, con un crecimiento de 3.13%, mientras que Marketing y Comunicación experimentó la mayor caída, al retroceder 2.66%.

Sin embargo, cuando se observa la evolución de los últimos doce meses, Marketing y Comunicación es precisamente el único sector que muestra crecimiento, con un aumento interanual de 2.25%. Por el contrario, Tecnología y Sistemas presenta la mayor contracción, con una disminución de 11.58%.

Entre los profesionales semi senior y senior, las áreas con mayores aspiraciones salariales son Tecnología y Sistemas, con $1,240 mensuales; Producción, Abastecimiento y Logística, con $1,135; y Recursos Humanos, con $1,132.

En el segmento junior, Recursos Humanos encabeza las expectativas con $796, seguido por Tecnología y Sistemas con $783.

Otro dato relevante del estudio es la persistencia de la brecha de género. En mayo, los hombres solicitaron en promedio $1,015 mensuales, mientras que las mujeres aspiraron a $971.

La diferencia equivale a una brecha de 4.60% a favor de los varones, aunque el informe señala que esta distancia se ha reducido en comparación con meses anteriores.

La dinámica de las postulaciones también muestra diferencias. Los hombres predominan en las posiciones junior y de jefatura, mientras que las mujeres representan la mayoría de las postulaciones en los cargos semi senior y senior, donde concentran el 52.62% del total.

Mientras tanto, la demanda de talento sigue concentrándose en áreas comerciales. Ventas lidera los avisos de empleo publicados en el país con el 13.53% del total, seguida por Comercial con 10.12% y Contabilidad con 5.07%.

Las mismas áreas encabezan también las postulaciones de los candidatos, reflejando dónde se concentra actualmente buena parte de la actividad laboral en Panamá.

Aunque mayo dejó señales de recuperación, el comportamiento acumulado del año muestra que los trabajadores continúan ajustando sus expectativas salariales a un mercado laboral que todavía no logra recuperar completamente el dinamismo observado en años anteriores.

Cuatro personas fueron condenadas a 48 meses de prisión por realizar actividades de minería ilegal en la comunidad de Río Negro, corregimiento de Chepo, distrito de Las Minas, provincia de Herrera, en un caso que ocurre en medio de un fuerte aumento de los delitos ambientales relacionados con la destrucción de los recursos naturales en Panamá.

La Procuraduría General de la Nación informó que la Personería Municipal de Las Minas logró la validación de cuatro acuerdos de pena por delitos contra los recursos naturales, luego de demostrar que los implicados realizaban labores de exploración minera sin autorización, ocasionando daños al ecosistema y la degradación de un acuífero de la zona.

Los sentenciados fueron aprehendidos en flagrancia el 31 de enero de 2026 y permanecían bajo medida cautelar de depósito domiciliario antes de aceptar su responsabilidad penal.

Tras admitir los hechos, recibieron una condena de cuatro años de prisión por infringir el artículo 399 del Código Penal, que sanciona la destrucción de los recursos naturales.

Aunque el caso ocurrió en Herrera, la minería ilegal se ha convertido en una preocupación recurrente para las autoridades ambientales y de seguridad.

Durante los últimos años se han detectado operaciones clandestinas principalmente en áreas de Darién, Panamá Este, Colón, Veraguas, Coclé y la comarca Ngäbe Buglé, generalmente en zonas boscosas, cercanas a ríos o de difícil acceso, donde grupos ilegales buscan extraer oro y otros minerales sin permisos ni controles ambientales.

La actividad es considerada ilegal cuando se realiza sin concesiones otorgadas por el Estado, sin estudios de impacto ambiental aprobados o incumpliendo las regulaciones establecidas por las autoridades competentes.

En muchos casos, quienes participan en estas actividades utilizan motobombas, excavaciones artesanales y maquinaria que altera cauces de ríos, provoca erosión de los suelos, elimina cobertura forestal y afecta ecosistemas sensibles.

De hecho, en enero de este año las autoridades desmantelaron un campamento de minería ilegal en Chepo, al este de la capital panameña, mientras que hace apenas unos días un operativo interinstitucional en Panamá Este dejó 11 aprehendidos y un menor retenido presuntamente vinculados a actividades ilícitas de extracción de minerales.

Las estadísticas del Ministerio Público reflejan que los delitos ambientales muestran una tendencia creciente durante 2026. Entre enero y mayo se registraron 337 acciones criminales relacionadas con delitos contra el ambiente y el ordenamiento territorial, frente a 189 casos contabilizados durante el mismo período de 2025, lo que representa un aumento de 78.3%.

El crecimiento es todavía más marcado en los delitos contra los recursos naturales. Mientras entre enero y mayo de 2025 se reportaron 93 investigaciones en esta categoría, en igual período de 2026 la cifra ascendió a 184 casos, prácticamente el doble.

Particularmente llamativo resulta el comportamiento del delito de destrucción de recursos naturales, la misma figura utilizada para condenar a los responsables del caso de Herrera. Las investigaciones por este delito pasaron de 54 en los primeros cinco meses de 2025 a 120 durante el mismo período de 2026, un incremento de más de 122%.

La legislación panameña contempla sanciones penales para quienes destruyan, degraden o afecten recursos naturales protegidos. Dependiendo de la gravedad del daño, las penas pueden aumentar cuando las acciones afectan fuentes de agua, bosques, ecosistemas vulnerables o áreas protegidas.

Especialistas en temas ambientales advierten que la minería ilegal es una de las actividades con mayor capacidad de generar daños simultáneos sobre distintos componentes del ambiente. La remoción de suelo, la sedimentación de ríos, la contaminación de cuerpos de agua y la pérdida de cobertura forestal suelen ocurrir de manera paralela, dificultando posteriormente la recuperación de los ecosistemas afectados.

En el caso de Las Minas, la investigación concluyó que las actividades desarrolladas por los ahora condenados provocaron afectaciones directas sobre un acuífero, un recurso particularmente sensible en momentos en que Panamá enfrenta crecientes desafíos relacionados con la disponibilidad y gestión del agua.

La condena también coincide con un momento de especial atención nacional sobre la actividad minera. Desde finales de 2023 permanece suspendida la operación de Cobre Panamá luego de que la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional el contrato ley que sustentaba el proyecto.

Esta misma semana, el Gobierno del presidente José Raúl Mulino recibió el informe de auditoría ambiental que servirá de base para definir los próximos pasos sobre el futuro de la mina ubicada en Donoso, Colón, una concesión que abarca aproximadamente 13 mil hectáreas y que llegó a convertirse en una de las operaciones mineras más importantes de América Latina.

Aunque se trata de situaciones completamente distintas desde el punto de vista legal —una vinculada a actividades clandestinas y otra a una concesión minera suspendida por decisión judicial—, ambos casos reflejan la creciente atención que existe en Panamá sobre el impacto ambiental de las actividades extractivas y la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión, fiscalización y cumplimiento de la normativa ambiental.

Para las autoridades, la condena dictada en Herrera constituye una señal de que los delitos ambientales pueden derivar en sanciones penales. Para el país, representa además un recordatorio de que la protección de los recursos naturales se ha convertido en uno de los temas que marcarán buena parte del debate ambiental durante los próximos años.