En Panamá, donde la pasta forma parte de las preferencias gastronómicas de los consumidores, su popularidad también se refleja en los pedidos a través de las plataformas de delivery.

En lo que va de este año los pedidos de pasta registraron un crecimiento interanual del 22%, de acuerdo a un estudio de consumo.

A esta preferencia se suma la diversidad de opciones disponibles en una de las plataformas, PedidosYa, cuyo estudio de mercado señala que actualmente, el 13% de sus partners en el país ofrece propuestas de comida italiana.

Esto, asegura, acercando a los usuarios distintas alternativas de una gastronomía que combina tradición, variedad y sabor.

Durante los 10 meses que han transcurrido del 2026 la lasaña se posicionó como la más elegida, concentrando el 53% del total de pedidos de pasta, seguida por spaghetti y fettuccine.

A la hora de elegir, siempre de acuerdo al estudio, el relleno también tiene un papel importante. Los datos aportados indican que entre las distintas opciones la carne ocupa el primer puesto entre las favoritas de los usuarios, seguida por jamón y queso y variedad de quesos.

Así, este clásico mantiene su protagonismo entre las pastas rellenas, en un universo de sabores que combina tradición y variedad en cada plato.

Y entre las preferencias el toque final también tiene sus favoritos. La salsa pomodoro ocupa el primer lugar entre las más elegidas, seguida por la salsa rosa y la salsa Alfredo, reflejando cómo los clásicos de la cocina italiana se encuentran con los gustos y preferencias de los usuarios panameños.

La pasión por la pasta, según el análisis, también se traslada a la cocina del hogar. A través del supermercado digital de la plataforma, los usuarios tienen la opción de elegir entre distintos formatos para preparar sus propias recetas.

Se registra que este año las pastas para guiso destacan entre las variedades con mayor demanda, con un crecimiento interanual de 177%.

Al referirse a los acompañamientos, indica que tampoco se quedan atrás. El queso rallado registró un crecimiento interanual del 146%, mientras que el pan baguette creció un 172% en el mismo periodo, dos productos que complementan este tipo de preparaciones y que también forman parte de los hábitos de compra de los usuarios.

En América Latina la presencia de la pasta se ha visto influida por múltiples factores históricos, económicos y culturales, entre los que destaca el impacto de la migración italiana y la adaptación de recetas al gusto local.

Aunque los datos no profundizan en la historia regional de la pasta, sí permiten observar cómo medios y actores institucionales de distintos países la presentan hoy como un producto cotidiano, integrado en la dieta y con un fuerte componente de identidad italiana.

El mercado panameño presenta una combinación interesante de tradición y exploración en sus preferencias gastronómicas, con datos que señalan tanto la fuerte presencia de productos como la hamburguesa, como el avance de opciones de cocina italiana y otros tipos de comida.

En Panamá se registraron más de 2 millones de hamburguesas pedidas en el último año, posicionándose como una de las categorías con mayor demanda dentro de la plataforma.

El análisis de los datos muestra que los viernes durante la cena concentran el mayor número de pedidos, convirtiéndose en el momento favorito de los panameños para disfrutar este platillo, y revelando patrones de consumo asociados a horarios y días específicos.

Las preferencias, se afirma, combinan tradición y exploración, con sabores clásicos que mantienen un lugar importante —como la hamburguesa con queso, doble carne, con bacon y queso—.

De igual manera, propuestas con ingredientes diferenciados y combinaciones más elaboradas que ganan espacio, como hamburguesas gourmet o con ingredientes especiales.

Las autoridades de Panamá decomisaron 1,208 paquetes de presuntas sustancias ilícitas durante dos operaciones desarrolladas en las últimas 24 horas, una en la provincia de Colón y otra en un puerto del Pacífico.

Los procedimientos permitieron interceptar cargamentos transportados en una embarcación y un contenedor comercial, este último con destino final España.

Uno de los hallazgos se produjo mediante la Operación Dynamo, desarrollada por la Policía Nacional a través de labores de inteligencia, en coordinación con la Autoridad Nacional de Aduanas y el Ministerio Público. Durante la intervención, las autoridades localizaron 510 paquetes de presunta droga dentro de un contenedor inspeccionado en un puerto del Pacífico.

La carga había salido de Chile, realizaba tránsito por Panamá y tenía como destino final España. Según el informe policial, el contenedor declaraba transportar extractos vegetales, pero durante la verificación de la mercancía fueron descubiertos los paquetes con sustancias presuntamente ilícitas, que quedaron bajo investigación de las autoridades competentes.

Este hallazgo constituye el segundo decomiso de droga en contenedores durante la semana, después de una operación que permitió descubrir otro cargamento procedente de Perú y con destino a Bélgica. Ambos casos evidencian el uso de las rutas comerciales internacionales para intentar trasladar sustancias ilícitas hacia mercados europeos.

La otra intervención se desarrolló en Isla Grande, Costa Arriba de la provincia de Colón, donde unidades policiales decomisaron 698 paquetes rectangulares con presuntas sustancias ilícitas. La mercancía estaba distribuida en 28 sacos dentro de una embarcación, cuya ubicación permitió retirar de circulación otro importante cargamento de droga.

El hallazgo en Colón representa la mayor cantidad de paquetes incautados entre las dos operaciones recientes, con 188 unidades más que las encontradas en el contenedor procedente de Chile. Las autoridades mantienen las investigaciones para determinar la procedencia de las sustancias y establecer posibles responsabilidades relacionadas con su transporte.

Colón figura entre los territorios con mayor incidencia de incautaciones de drogas en Panamá, debido a su actividad marítima y portuaria. Los informes oficiales del primer semestre de 2026 situaron a esta provincia en el primer lugar nacional, seguida de Panamá y Panamá Oeste, dentro de las estadísticas de decomisos.

La dimensión del problema también se refleja en las cifras nacionales. Hasta el 11 de agosto de 2026, Panamá acumulaba 62 toneladas de drogas incautadas, según información del Ministerio de Seguridad Pública. Este balance no incluye necesariamente todas las operaciones posteriores y no constituye una cifra definitiva de octubre.

Por su parte, el Servicio Nacional Aeronaval había contabilizado 60,935 paquetes de sustancias ilícitas incautados durante 2026, mediante 96 operaciones, de acuerdo con su balance del 27 de octubre. La estadística corresponde exclusivamente a esa institución y no debe confundirse con el total nacional registrado por los organismos de seguridad.

En otro caso relacionado con el narcotráfico, la Fiscalía de Drogas de Colón y Guna Yala obtuvo condenas de 84 meses de prisión para tres ciudadanos panameños por posesión agravada de drogas. Los sentenciados aceptaron su responsabilidad penal y el Tribunal de Garantías también ordenó el comiso de una embarcación y multas de 100 balboas.

El expediente corresponde a hechos registrados el 16 de noviembre de 2025 en Caledonia, comarca Guna Yala, cuando unidades del Servicio Nacional de Fronteras detectaron una lancha sospechosa. Sus tripulantes arrojaron bultos al mar al advertir la presencia policial y, tras una persecución, fueron aprehendidos y se recuperaron 144 paquetes de marihuana.

Mientras tanto, el reporte de la Policía Nacional correspondiente a las últimas 24 horas registró 151 personas aprehendidas y 104 diligencias de allanamiento. Entre los resultados también figuran cuatro armas de fuego, 94 municiones, 14,454.60 dólares en efectivo y tres vehículos recuperados, además de los 1,208 paquetes de droga.

De las personas aprehendidas, 111 mantenían órdenes de captura, 27 fueron detenidas por faltas administrativas, diez en flagrancia y tres por microtráfico. Las acciones forman parte del Plan Firmeza, mediante el cual las autoridades desarrollan operativos contra distintas modalidades delictivas en el territorio nacional.

Los decomisos recientes ponen nuevamente de manifiesto la utilización de contenedores comerciales y embarcaciones para transportar drogas por las rutas marítimas de Panamá. Las investigaciones continúan para identificar a los responsables y establecer las conexiones de los cargamentos con posibles redes de narcotráfico internacional.

El terremoto de magnitud 7.5 que sacudió Panamá el 9 de octubre liberó una cantidad de energía equivalente a la explosión simultánea de aproximadamente 367 bombas atómicas como la lanzada sobre Hiroshima, según estimaciones del doctor y geofísico panameño Isaac Guerra Araúz, quien investiga los cambios geológicos provocados por el movimiento.

El científico explicó que la magnitud del evento permitió liberar suficiente energía para desplazar millones de toneladas de terreno, ocasionando deformaciones permanentes en sectores de la península de Azuero y la costa de Veraguas, donde continúa recopilando información para sus investigaciones.

La comparación con las bombas atómicas permite dimensionar la enorme cantidad de energía liberada por el terremoto. En un sismo, la energía acumulada en las rocas se libera durante la ruptura de una falla y se propaga mediante ondas que producen el movimiento del terreno.

Guerra Araúz explicó que actualmente se utiliza la magnitud de momento para medir el tamaño de los terremotos, en lugar de recurrir a la antigua escala de Richter. La diferencia es importante porque cada incremento de una unidad de magnitud representa aproximadamente 32 veces más energía liberada, lo que permite comprender la fuerza de los grandes movimientos sísmicos.

Los primeros resultados revelan que el terremoto modificó la elevación de diferentes sectores costeros, con desplazamientos verticales que alcanzaron aproximadamente tres metros en determinadas localidades.

Guerra Araúz señaló que algunas áreas se levantaron mientras otras descendieron, un fenómeno relacionado con el movimiento de los bloques de la falla que produjo el sismo.

En Búcaro, distrito de Tonosí, los investigadores identificaron desplazamientos verticales de aproximadamente tres metros, superiores a los dos metros estimados inicialmente mediante modelos matemáticos.

Esta diferencia permite calibrar las simulaciones científicas con las mediciones realizadas directamente sobre el terreno, para comprender con mayor precisión el comportamiento de la ruptura.

En otros sectores de Tonosí y Mariato también se registraron alteraciones importantes en la superficie terrestre, incluyendo elevaciones cercanas a dos metros y hundimientos que, en puntos extremos, alcanzaron aproximadamente tres metros.

El especialista explicó que estos desplazamientos son permanentes y forman parte de los procesos geológicos que transforman gradualmente el territorio.

Uno de los hallazgos más preocupantes corresponde a Isla Cañas, donde los modelos preliminares indican un hundimiento de entre 15 y 30 centímetros. Aunque la variación parece pequeña, resulta significativa para una comunidad costera, porque facilita que el agua del mar penetre durante las mareas altas y alcance terrenos anteriormente menos expuestos.

A esta situación se suma la apertura de un canal que dividió Isla Cañas en dos sectores separados por el agua, una transformación que ha incrementado la preocupación de sus habitantes. La abertura alcanza aproximadamente 37 metros de ancho y más de cuatro metros de profundidad, según los reportes conocidos después del terremoto.

Los análisis preliminares apuntan a que el fuerte oleaje y la erosión marina removieron grandes cantidades de arena, especialmente en una de las partes más estrechas de la isla. Sin embargo, todavía se requieren estudios para establecer con precisión cómo ocurrió la separación y determinar su relación con los cambios geológicos provocados por el sismo.

Guerra Araúz aclaró que todavía no ha realizado mediciones presenciales en Isla Cañas, debido a las dificultades de acceso posteriores al terremoto. La estimación del hundimiento procede de modelos científicos que continúan en calibración, por lo que los resultados deberán contrastarse con nuevas observaciones antes de establecer conclusiones definitivas sobre la deformación de la isla.

Las investigaciones también identificaron elevaciones del fondo marino de entre 30 y 40 centímetros en determinados sectores próximos a Mariato y el sur de Tonosí.

Según el científico, estos desplazamientos pudieron generar un tsunami local de alcance limitado, aunque el mecanismo y sus efectos todavía requieren análisis adicionales.

El hundimiento representa además un desafío para las familias que dependen de la agricultura y habitan cerca del litoral. La entrada de agua salada afectó terrenos de cultivo, mientras que la mayor exposición a inundaciones obliga a considerar nuevas condiciones para reconstruir viviendas y recuperar actividades productivas.

Entre las alternativas planteadas por el investigador figura la construcción de viviendas elevadas sobre pilotes, acompañada de estudios de ingeniería que determinen su seguridad frente al oleaje. Advirtió que reconstruir sin considerar los cambios permanentes del terreno podría mantener a las familias expuestas a futuras inundaciones y otros riesgos costeros.

El trabajo de campo también ha documentado derrumbes, daños estructurales y desplazamientos de la superficie en diferentes comunidades de Azuero y Veraguas. Guerra Araúz señaló que las observaciones permiten comparar los efectos reales del terremoto con las simulaciones científicas, una información fundamental para mejorar las estimaciones de amenaza sísmica.

Durante sus recorridos, el investigador encontró edificaciones completamente destruidas junto a otras que resistieron el movimiento, diferencias que relacionó con las características de construcción y el refuerzo estructural.

Considera necesario evaluar las viviendas afectadas y fortalecer las normas de seguridad, especialmente en comunidades donde predominan construcciones realizadas con recursos limitados.

El científico es oriundo de Boquete, provincia de Chiriquí, y becario doctoral de la Senacyt. Estudió Física en la Universidad Autónoma de Chiriquí y cursó una maestría en Ingeniería Matemática en la Universidad Tecnológica de Panamá. Actualmente culmina su doctorado en Geofísica en Western University, Canadá, con investigaciones enfocadas en el riesgo sísmico.

Su supervisor doctoral es Katsuichiro Goda, especialista japonés en sismología y modelación de tsunamis, con quien desarrolla investigaciones sobre las amenazas geológicas de Panamá. Ambos científicos han trabajado en modelos para comprender la interacción de las placas tectónicas y estimar los movimientos del terreno, con el propósito de mejorar la evaluación del riesgo sísmico.

Ambos investigadores desarrollaron uno de los primeros modelos tridimensionales del subsuelo panameño, mediante el análisis de 2,741 terremotos registrados entre 2013 y 2023. Para elaborar el estudio utilizaron información de 148 estaciones sísmicas de Panamá, Costa Rica y Colombia, que permitió examinar estructuras geológicas hasta unos 80 kilómetros de profundidad.

Los resultados, publicados en la revista científica Tectonophysics, aportaron nuevas evidencias sobre la interacción de las placas tectónicas bajo Panamá. La investigación identificó procesos de subducción desde el Pacífico y el Caribe, además de estructuras geológicas que podrían generar terremotos importantes en diferentes regiones del territorio nacional.

Guerra Araúz considera que Panamá necesita ampliar y modernizar su red de vigilancia sísmica, especialmente mediante sensores próximos a las fallas y equipos instalados bajo el mar.

Como referencia, mencionó que Costa Rica dispone de más de 300 sensores sísmicos, incluidos equipos de monitoreo submarino. A su juicio, Panamá requiere combinar sismómetros, acelerómetros y dispositivos GPS de alta precisión para registrar movimientos fuertes y detectar deformaciones del terreno antes y después de grandes terremotos.

El especialista también advirtió que las réplicas pueden continuar durante semanas o meses, aunque su frecuencia tienda a disminuir progresivamente. Insistió en que la preparación de las comunidades, el fortalecimiento de las edificaciones y la inversión sostenida en investigación científica son indispensables para reducir las consecuencias de futuros eventos sísmicos.

Cada año unas 250 mujeres mueren por cáncer cervicouterino en Panamá, mientras que el Centro de Referencia de Citopatología Diagnóstica (CERCID), ha diagnosticado hasta el momento más de 13 mil citologías y detectado 147 lesiones premalignas y cánceres.

En el país el cáncer cervicouterino ocupa el tercer lugar entre los tipos de cáncer diagnosticados.

Las estadísticas del Ministerio de Salud indican que entre 2014 y la fecha de corte de las estadísticas se habían diagnosticado 4,593 mujeres con cáncer de cuello uterino, de las cuales 214 han sido diagnosticadas en lo que va de 2016.

Para combatir esta enfermedad con un diagnóstico oportuno y temprano las autoridades recibieron una donación de equipos prediagnóstico del cáncer cervicouterino por parte del gobierno de la República de Corea.

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, indicó que esta donación fortalecerá la capacidad diagnóstica del Centro de Referencia de Citopatología Diagnóstica.

Esta unidad cuenta con profesionales comprometidos y tecnologías de inteligencia artificial como apoyo para analizar citologías, reducir los tiempos de espera, agilizar los diagnósticos y garantizar que cada mujer reciba atención oportuna, manifestó el ministro.

Boyd Galindo señaló que, hasta la fecha, el Centro de Referencia de Citopatología Diagnóstica ha diagnosticado más de 13 mil citologías y detectado 147 lesiones premalignas y cánceres.

“En nuestro país, cada año unas 250 mujeres mueren por esta enfermedad. En las comarcas indígenas es la primera causa de muerte por cáncer en mujeres. Lo más doloroso es que podemos prevenirla, detectarla a tiempo y salvar vidas”, dijo el ministro de la cartera de Salud.

La información señala que dos de estos equipos van a estar en los carros móviles utilizados para realizar giras médicas por todas las provincias.

El Minsa continúa trabajando para que la prevención y el diagnostico oportuno sean una realidad, que permita cumplir con la meta de eliminar el cáncer cervicouterino para el 2030.

En Latinoamérica la tasa de prevalencia es de 4 por mil mujeres, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), mientras que a nivel mundial es el cuarto tipo de cáncer más frecuente en las mujeres del mundo, afectando a más de 600 mil por año y causando más de 350 mil muertes solo en 2022.

Durante ese año en América más de 78,000 mujeres fueron diagnosticadas con esta enfermedad y más de 40,000 fallecieron, añade la OPS.

Para el organismo de salubridad, la elevada carga de enfermedad del cáncer cervicouterino en las Américas representa un problema de salud pública de primer orden que debe ser abordado mediante una estrategia integral e interprogramática (salud sexual y reproductiva, salud en adolescentes, inmunización y control del cáncer cervicouterino).

Señala que el cáncer cervicouterino es una enfermedad con una larga historia natural, por lo que ofrece múltiples oportunidades de intervención a lo largo de la vida de la mujer mediante estrategias efectivas de prevención primaria y secundaria junto a un adecuado manejo diagnóstico y terapéutico de los casos, incluyendo el acceso a cuidados paliativos.

El organismo internacional de salud pública aboga por acelerar en algunos países la transición hacia el tamizaje primario mediante pruebas moleculares del virus del papiloma humano (VPH), una tecnología recomendada por la Organización Mundial de la Salud por su elevada sensibilidad para identificar infecciones asociadas al desarrollo del cáncer cervicouterino.

A diferencia del Papanicolaou, que busca identificar células anormales en el cuello uterino, la prueba molecular detecta material genético de tipos de VPH de alto riesgo, responsables de prácticamente todos los casos de esta enfermedad.

La Estrategia Global de la OPS describe el siguiente umbral: se habrá eliminado el cáncer de cervicouterino como problema de salud pública cuando todos los países alcancen una tasa de incidencia de menos de 4 casos por 100.000 mujeres. Esto debería suceder durante la vida de las jóvenes de hoy, asegura.

Panamá se prepara para ensayar cómo responder ante casos de pesca ilegal y contaminación marina antes de enfrentarlos en una situación real.

El proceso de organización del simulacro contempla tres reuniones de planificación para definir compromisos institucionales, disponibilidad de personal y aspectos logísticos de las fases de mesa y operativa en el mar.

El Ministerio de Ambiente de Panamá convocó a las entidades que integran el Centro de Coordinación para el Monitoreo, Preservación y Protección del Ecosistema Marino y Costero con el fin de preparar un ejercicio ante posibles casos de pesca ilegal y contaminación marina.

La iniciativa evaluará la coordinación entre instituciones y su capacidad de respuesta frente a amenazas a los ecosistemas del país.

Primera etapa será un ejercicio de mesa previsto para enero.

Los participantes revisarán escenarios hipotéticos de actividades pesqueras ilícitas e incidentes contaminantes, con atención a las decisiones y los mecanismos de enlace.

En febrero se desplegarán embarcaciones, equipos y personal para una segunda fase en condiciones operativas reales.

“Lo que buscamos con este ejercicio es concretar la interoperabilidad entre las instituciones, es decir, aprovechar las capacidades que tiene cada entidad de manera articulada y armonizada para obtener resultados mucho más óptimos y eficientes”, explicó Osvaldo Ureña, coordinador del Centro.

Participaron representantes del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, el Equipo Multidisciplinario Especializado Ambiental, el Servicio Nacional Aeronaval, la Autoridad Marítima de Panamá, la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá y WildAid.

El ejercicio responde a la necesidad de que las alertas sobre actividades ilícitas o incidentes ambientales lleguen sin demoras a las autoridades responsables.

La evaluación buscará detectar fortalezas, corregir fallas de comunicación y acortar los tiempos de reacción.

“Compartir información en este campo es delicado, y no es tan sencillo como levantar un teléfono o enviar un correo a alguien que ni conocemos. Lo que buscamos es que las instituciones se conozcan, sepan con qué cuenta cada una y generen la confianza mutua que hace falta para trabajar juntas”, señaló Ureña.

Como parte de la preparación, las instituciones recibirán formación especializada sobre seguridad en interdicciones marítimas y procedimientos de abordaje.

Estas capacitaciones acompañarán la incorporación de nuevos recursos navales por parte de MiAmbiente y la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá para reforzar el control, la vigilancia y el patrullaje en áreas marinas protegidas.

El Centro concentra actualmente sus tareas de monitoreo en el Área de Recursos Manejados Cordillera de Coiba, el Parque Nacional Coiba, la Zona Especial de Protección Marina, el Archipiélago de Las Perlas y los sitios Ramsar de la Bahía de Panamá.

Desde su creación, el organismo detectó cerca de diez embarcaciones relacionadas con posibles actividades de pesca ilegal. Los expedientes fueron enviados a las autoridades competentes para el inicio de los procesos correspondientes.

Las infracciones pueden acarrear multas de entre USD 5.000 y USD 10.000, según la gravedad de la falta y la normativa aplicable.

“Una detección puede implicar sanciones por parte del Ministerio de Ambiente o de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá. Es un trabajo coordinado, mancomunado y de equipo, y por eso consideramos que la creación del Centro ha sido realmente positiva”, destacó el coordinador.

El Centro de Coordinación para el Monitoreo, Preservación y Protección del Ecosistema Marino y Costero fue inaugurado en septiembre de 2025. Es el primero de carácter interinstitucional en la región del Corredor Marino del Pacífico Este Tropical (CMAR) y cuenta con equipos adquiridos gracias al apoyo de WildAid, Fundación PACÍFICO y Bezos Earth Fund.

El CMAR conecta a Panamá, Costa Rica, Colombia y Ecuador a través de una red de áreas marinas protegidas que incluye Galápagos, Isla del Coco, Malpelo, Gorgona y Coiba.

Más de 300 personas aún aguardan en Panamá un trasplante de riñón, entre ellas seis niños atendidos en la Ciudad de la Salud, el único centro certificado del país para este tipo de cirugía.

La cifra refleja una de las tasas de enfermedad renal crónica más altas del mundo y expone la distancia entre la demanda de órganos y la capacidad real del sistema de salud para responder.

Panamá se ubica entre los países de América Latina con mayor carga de esta enfermedad.

Las estimaciones para el período 2025-2026 sitúan la prevalencia poblacional cerca del 14%, aunque en adultos ese porcentaje puede trepar hasta el 21%, según el estudio de Carga Global de Enfermedades.

El organismo de referencia internacional ubica así al país entre los de mayor afectación renal a escala global.

La diabetes, la hipertensión y una forma emergente de daño renal vinculada a condiciones laborales y ambientales extremas explican buena parte de ese panorama.

A esa presión se suma un aumento anual de hasta 4,5% en el número de pacientes que ya requieren diálisis, un ritmo que tensiona cada año más la red pública de atención.

En la consulta externa de la Ciudad de la Salud, entre 15 y 25 niños con algún grado de afectación renal son evaluados de forma permanente.

El seguimiento busca determinar su condición y evolución, y definir si deben incorporarse a un programa de reemplazo renal o a otro tratamiento según sus necesidades.

De ese universo, se indica que surgen los casos más graves, los que hoy integran la lista de espera para trasplante.

La misma unidad cuenta además con certificación para trasplantes hepáticos y de células hematopoyéticas.

Esa combinación de servicios especializados en un mismo lugar resulta clave para atender casos pediátricos de alta complejidad, que suelen requerir distintas intervenciones médicas en simultáneo.

Un trasplante renal pediátrico en Panamá depende en primer lugar de que exista un padre, una madre o un familiar directo compatible dispuesto a donar un riñón, ya que el sistema de salud aún no cuenta con suficientes órganos de donantes fallecidos para cubrir la demanda de la lista de espera infantil.

“Para los pacientes pediátricos, el trasplante de donante vivo relacionado proviene, principalmente, de papá o mamá”, explicó el doctor Ramiro García Barrios, jefe de Nefrología Pediátrica.

El especialista precisó que, cuando existe la posibilidad de un donante vivo relacionado, los progenitores son los primeros candidatos evaluados. Si esa vía no resulta viable, el equipo médico analiza a otros familiares, como hermanos, tíos o abuelos.

En todos los casos, agregó el jefe de Nefrología Pediátrica, la evaluación se sostiene en criterios médicos estrictos que garanticen la compatibilidad y la seguridad del procedimiento, tanto para quien recibe el órgano como para quien lo dona.

Desde el inicio de esta etapa de trasplantes pediátricos, el equipo de la Ciudad de la Salud ha realizado procedimientos con donantes vivos y también con órganos provenientes de personas fallecidas. Esa doble vía amplía las posibilidades de los seis niños que hoy permanecen en lista de espera.

Para el médico, cada intervención va más allá del acto quirúrgico. Según indicó, representa la posibilidad de que un niño avance hacia una vida con nuevas oportunidades y que su familia recupere la esperanza tras dejar atrás las limitaciones que impone la enfermedad.

El país ha reforzado su infraestructura de hemodiálisis y la capacitación del personal de salud en los últimos años. A esto se suman estrategias de prevención como HEARTS 2.0, orientadas a detectar a tiempo factores de riesgo como la hipertensión, dijeron fuentes médicas.

En paralelo, se desarrollan programas específicos para enfrentar la enfermedad renal crónica no tradicional en las provincias más afectadas por el calor extremo y las condiciones laborales de riesgo.

La confianza de los consumidores panameños volvió a deteriorarse en septiembre de 2026, al situarse en 73 puntos, dos menos que en junio. El resultado mantiene al país en una zona de desconfianza económica, impulsada principalmente por el pesimismo sobre el desempleo, según la medición presentada por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) y The Marketing Group.

El Índice de Confianza del Consumidor Panameño (ICCP) pasó de 75 a 73 puntos entre junio y septiembre, alejándose del nivel de 100 que representa el equilibrio entre opiniones positivas y negativas.

La medición muestra que las familias mantienen reservas sobre sus ingresos, el ahorro y las oportunidades laborales, pese a pequeñas mejoras en algunos indicadores.

El deterioro más pronunciado se registró en las expectativas sobre el desempleo durante los próximos 12 meses, cuyo indicador cayó de 87 a 72 puntos, una disminución de 15. Este resultado refleja una percepción menos favorable sobre la evolución del mercado laboral, que terminó arrastrando hacia abajo el índice general.

La preocupación también aparece en las posibilidades individuales de conseguir trabajo. El 41% de los encuestados considera poco probable obtener empleo durante los próximos seis meses: un 19% lo estima poco probable y un 22% cree que no tendrá trabajo. En contraste, el 52% expresa expectativas favorables, mientras el 7% restante no tiene una opinión definida.

María Alejandra Cuéllar, gerente general de The Marketing Group, señaló que el empleo se ha convertido en la principal preocupación de los panameños. Según explicó, la caída de las expectativas laborales mantiene a los consumidores cautelosos, especialmente cuando deben decidir cuánto dinero destinar a sus gastos cotidianos.

En materia de ahorro, el indicador aumentó cuatro puntos, de 70 a 74, aunque permanece por debajo del umbral de confianza. Esto significa que, pese a una ligera recuperación frente a junio, persisten las dudas sobre la capacidad de reservar dinero durante los próximos doce meses.

La percepción sobre las finanzas familiares también registró una mejora moderada. El indicador de situación económica del hogar subió de 79 a 81 puntos, convirtiéndose en el componente mejor evaluado. Sin embargo, todavía predomina una visión cautelosa sobre el bienestar económico familiar, sin alcanzar el nivel considerado neutral.

Respecto al futuro de la economía nacional, el índice avanzó apenas un punto, de 63 a 64, manteniéndose como el componente más débil de la medición. El resultado evidencia que las expectativas sobre el desempeño general del país continúan siendo desfavorables, incluso frente a la ligera recuperación trimestral.

Pero ¿cómo se obtiene esta medición? The Marketing Group realizó 700 entrevistas telefónicas a escala nacional, entre el 14 y el 24 de septiembre, mediante un cuestionario de aproximadamente diez minutos. Participaron adultos mayores de 18 años con ingresos familiares mensuales superiores a 400 dólares, seleccionados según la distribución poblacional.

El estudio tiene un margen de error muestral de 3.7 puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95%. Su metodología considera cuatro aspectos: perspectivas económicas del hogar, situación del país, posibilidades de ahorro y evolución del desempleo, todos evaluados con un horizonte de doce meses.

Para calcular cada indicador, se resta el porcentaje de respuestas negativas al de respuestas positivas y se suman 100 puntos. Así, los resultados superiores a 100 reflejan confianza, mientras los inferiores indican desconfianza. Los 73 puntos actuales representan un predominio de percepciones negativas, no un porcentaje de ciudadanos descontentos.

La importancia del índice radica en que permite anticipar posibles cambios en las decisiones de consumo de los hogares. Cuando las personas temen perder ingresos o no conseguir empleo, pueden reducir gastos y posponer compras, lo que influye en la actividad de comercios y empresas.

La CCIAP presenta este indicador desde marzo de 2001, inicialmente en el área metropolitana, mientras la medición nacional comenzó en marzo de 2020. Su metodología está adaptada de la Universidad de Michigan y permite comparar la evolución de las expectativas económicas, aunque no sustituye las estadísticas oficiales de empleo o crecimiento.

Los resultados del Índice de Confianza del Consumidor contrastan con el crecimiento de 5.5% que registró la economía panameña durante el primer semestre de 2026, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC).

También difieren de la evolución del desempleo, cuya tasa disminuyó de 10.4% en septiembre de 2025 a 8.5% en agosto de 2026, de acuerdo con la Encuesta de Mercado Laboral de la Contraloría General de la República. Esta diferencia evidencia que la recuperación de los indicadores económicos todavía no se refleja plenamente en las expectativas de los consumidores, especialmente en lo relacionado con la estabilidad laboral y las finanzas familiares.

Un hombre aceptó su responsabilidad penal en tres procesos distintos por hurto pecuario durante la audiencia de acusación celebrada el 29 de octubre de 2026.

Esto le permitió al tribunal validar una condena de 16 años de prisión en su contra, tras la solicitud de acumulación de las investigaciones presentada por la Fiscalía Regional de Chiriquí.

Los hechos se remontan a enero y febrero de 2026, cuando el acusado ingresó a dos fincas distintas de la comunidad de Baitún, en el distrito de Renacimiento, provincia de Chiriquí, y se apoderó de tres animales.

La Procuraduría General de la Nación indicó que la causa contra este sujeto se inició el 10 de febrero de ese año, fecha en la que, mediante una serie de diligencias judiciales y con apoyo de los estamentos de seguridad, se concretó su aprehensión.

En las audiencias de control de garantías posteriores, el Ministerio Público obtuvo la orden de detención provisional en su contra por su presunta vinculación con los tres casos de hurto de ganado.

En otro caso judicial, el exadministrador de una entidad pública, investigado por el presunto enriquecimiento injustificado en perjuicio del Estado panameño por cerca de USD 1.322.234,38, continuará detenido de forma provisional mientras avanza la investigación.

La decisión fue confirmada por un Juzgado de Garantías durante una audiencia de revisión de medidas cautelares.

La jueza aceptó el planteamiento de la Sección Tercera de la Fiscalía Superior Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación, que sostuvo que persisten los riesgos procesales establecidos antes por el Tribunal de Garantías y ratificados por el Tribunal Superior de Apelaciones.

La Fiscalía consideró que no surgieron nuevas circunstancias que justificaran reducir esos riesgos. Por ello, el tribunal mantuvo la detención al estimarla proporcional, idónea y necesaria para el desarrollo de las pesquisas.

De igual manera, un comerciante se convirtió este jueves en el decimotercer implicado en la trama de corrupción que afecta al Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) en Panamá.

La Procuraduría General de la Nación, a través de la Fiscalía Superior Anticorrupción, logró su aprehensión durante la mañana.

El hombre fue detenido en un punto de control de la Policía Nacional, ubicado en el corregimiento de Ernesto Córdoba Campos.

Las autoridades lo señalan por su presunta vinculación con delitos contra la administración pública y el orden económico.

Con esta nueva aprehensión, la investigación alcanza a 13 personas señaladas por los presuntos delitos de peculado y blanqueo de capitales en perjuicio del IFARHU.

El caso había sido elevado a causa compleja el 22 de octubre.

La Fiscalía Superior Anticorrupción lo señala por presunta malversación y sustracción de cheques de los programas de becas y ayudas económicas de la institución, en el marco de una causa que ya involucra a otras 12 personas por peculado y blanqueo de capitales.

La condición de causa compleja permite a los investigadores ampliar los plazos legales y profundizar en el entramado de responsables, dado el volumen de personas y transacciones involucradas en el expediente.

Las pesquisas de la Fiscalía Superior Anticorrupción apuntan a tres programas sociales que administra el IFARHU. Se trata de las Becas, el Seguro Educativo y el Pase-U, mecanismos destinados a facilitar el acceso a la educación de miles de panameños.

La presunta sustracción de cheques correspondientes a esos programas constituye el núcleo de la investigación. Los fondos, según la línea de trabajo de los investigadores, debían llegar a sus beneficiarios originales dentro del sistema de ayudas educativas.

El comerciante aprehendido este jueves se suma a una lista que, según se reiteró, ya incluía a otras 12 personas señaladas en la misma causa. La Procuraduría no detalló en su comunicación el perfil ni las funciones previas de los demás implicados.

Panamá ofreció su territorio como sede para un eventual acercamiento entre Estados Unidos y Cuba, después de que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobara una nueva resolución que reclama el fin del embargo estadounidense contra la isla.

El ministro de Relaciones Exteriores panameño, Javier Martínez-Acha Vásquez, afirmó este jueves 29 de octubre que su país podría facilitar conversaciones si ambas partes aceptan abrir una instancia de diálogo. La declaración llegó un día después de que el Gobierno de José Raúl Mulino presentara esa propuesta ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

“Desearíamos que se diera una oportunidad de diálogo entre Cuba y Estados Unidos”, dijo Martínez-Acha Vásquez, según informó la agencia EFE. El canciller sostuvo que Panamá cuenta con antecedentes de entendimiento internacional que podrían ser útiles para una negociación entre Washington y La Habana.

La oferta de sede neutral para acercar a Cuba y Estados Unidos

El jefe de la diplomacia panameña indicó que la posibilidad de una reunión depende de la voluntad política de ambos Gobiernos. “Panamá, con su tradición y su historia de entendimiento, podría ser un espacio para esas conversaciones. Quizás una posición neutral podría permitir avanzar. Si ambos países lo desean, deben estar dispuestos a conversar”, señaló.

La propuesta fue planteada durante la visita oficial a Panamá del ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Johann Wadephul. La presencia del funcionario europeo dio marco a las declaraciones de Martínez-Acha Vásquez sobre la necesidad de reducir las tensiones entre Cuba y Estados Unidos.

Panamá defendió ante la ONU que el diálogo constituye una herramienta para superar desacuerdos entre Estados y ampliar la cooperación internacional. La posición panameña combinó esa oferta de mediación con un llamado al régimen cubano para que fortalezcan la institucionalidad democrática, garanticen el respeto por los derechos humanos y aseguren la participación ciudadana.

La iniciativa no supone, por ahora, una negociación formal ni una respuesta pública de Cuba o Estados Unidos. El planteo deja abierta la posibilidad de que Panamá actúe como anfitrión si las dos partes deciden retomar contactos políticos.

Resolución de la ONU: 130 votos contra el embargo

La oferta panameña se produjo después de que la Asamblea General de la ONU aprobara el miércoles la resolución titulada “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba”.

El texto obtuvo 130 votos a favor, 17 en contra y 25 abstenciones. Aunque la resolución expresa la posición mayoritaria de los Estados miembros, no tiene carácter vinculante para Estados Unidos.

Cuba presenta esta iniciativa cada año desde 1992 con el objetivo de reclamar el levantamiento del embargo estadounidense. La medida rige desde el 3 de febrero de 1962 y ha sido uno de los principales puntos de conflicto en la relación bilateral durante más de seis décadas.

La votación coincidió con el ofrecimiento de Panamá para alojar un eventual proceso de conversaciones. El canciller panameño vinculó la posibilidad de un acercamiento con la necesidad de que ambas administraciones asuman una disposición concreta para dialogar.

La postura de Panamá incluye dos mensajes: la defensa de una salida diplomática entre Estados Unidos y Cuba y el reclamo de cambios institucionales dentro de la isla. Por el momento, ninguno de los dos países anunció si considera la propuesta panameña ni si evalúa abrir una nueva ronda de contactos.

Las personas con estatus de refugiado en Panamá tienen derecho a ser contratadas por cualquier compañía del país.

La razón es que la ley las considera mano de obra local y no extranjera, según explicó la directora de la Oficina Nacional para la Atención de Refugiados (Onpar), Tania Lam.

A junio de este año un aproximado de 8,500 personas entre refugiadas y solicitantes de dicha condición viven en Panamá, en su gran mayoría naturales de Colombia, Cuba, El Salvador, Nicaragua y Venezuela.

Para acceder a un empleo formal, los refugiados deben tramitar su permiso de trabajo ante el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel).

Ese documento se renueva anualmente durante tres años consecutivos.

Cumplido ese plazo, los refugiados pueden solicitar la residencia permanente. Con ella obtienen el permiso laboral por tiempo indefinido, sin necesidad de renovaciones posteriores.

Una representante del Mitradel señaló durante el encuentro de la Comisión Nacional para los Refugiados (Conare) que persiste el desconocimiento entre el sector privado sobre esta posibilidad.

Por eso, insistió en la necesidad de “ser replicadores de la información”, ya que hay empresas que ignoran que pueden contratar a personas refugiadas como mano de obra local.

La oficial de Desarrollo de la Oficina Multipaís de la Agencia de la Organización de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) en Panamá, Carolina Merizalde, presentó los avances del programa Empresas con Refugiados. Se trata de una iniciativa regional que se originó en Brasil.

El programa busca generar condiciones de inclusión laboral, oportunidades de emprendimiento, formación de competencias y buenas prácticas corporativas hacia esta población.

En Panamá, más de 30 empresas ya se sumaron a esta iniciativa, de acuerdo con lo expuesto por Merizalde ante la comisión. El esfuerzo también se extendió al ámbito de la capacitación técnica.

En ese terreno se incorporaron dos instituciones educativas: el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh) y el Instituto Técnico Superior del Este (ITSE). La meta global es reducir a la mitad el desplazamiento prolongado para 2035

Durante la sesión, la Acnur presentó ante la Comisión Nacional para los Refugiados la Iniciativa 50 by 35, cuyo objetivo es reducir en 50% el número de personas en situación de desplazamiento prolongado para el 2035, una meta que se aplica a escala global.

En el caso particular de las Américas, uno de los puntos centrales es generar condiciones de mayor autosuficiencia para la población refugiada. La idea es que puedan salir de esa condición de desplazamiento prolongado.

Esa autosuficiencia tiene, además, un componente de reciprocidad hacia los países de acogida. Según se planteó en la reunión, permitiría que los refugiados contribuyan de manera positiva a las naciones que los reciben, entre ellas Panamá.

El empleo formal aparece así como el eje que conecta ambas discusiones de la jornada. Por un lado, el acceso al trabajo bajo las mismas condiciones que la mano de obra local; por el otro, la permanencia en el país sujeta al cumplimiento de la ley.

“Estas personas no son números, ni estadísticas; son seres humanos que requieren apoyo”, señaló Lam.

Durante la reunión de la Comisión Nacional para los Refugiados se revocó la condición de refugiado a dos personas.

“Es importante que las personas sepan que en nuestro país tienen que cumplir con las leyes y mantener el orden público, sino van a ser revocados de su condición”, advirtió la directora de la Oficina Nacional para la Atención de Refugiados.

La misma sesión de la Comisión Nacional para los Refugiados incluyó decisiones en sentido contrario. El organismo aprobó reconocer como refugiados a tres personas, dos de nacionalidad nicaragüense y una de Haití.

Hasta este viernes 30 de octubre especialistas en seguridad digital, representantes de organismos internacionales comparten en Panamá experiencias para reforzar la prevención, la detección y la respuesta frente a las amenazas cibernéticas.

Esto será en el marco del Cyber Americas Forum y Cibercom 2026, cuyo acto inaugural reunió a autoridades y diplomáticos de distintos países.

“Hoy comprendemos que las amenazas no reconocen fronteras. La protección de nuestras infraestructuras críticas, la defensa del ciberespacio y la prevención del ciberdelito requieren instituciones preparadas, cooperación efectiva y una visión compartida”, señaló el viceministro de Seguridad Pública encargado, Juan Carlos Rodríguez.

Que Panamá reciba este foro implica para el funcionario una responsabilidad que trasciende lo protocolar.

“Significa consolidar nuestro compromiso con la seguridad hemisférica, impulsar el intercambio de conocimientos y contribuir a la construcción de una región más segura, resiliente y preparada ante las amenazas emergentes”, manifestó.

Remarcó que la cita abre una vía para reforzar lazos entre naciones, compartir aprendizajes y avanzar hacia un continente con mayor capacidad de respuesta ante los riesgos del entorno digital.

El evento, surge de una cooperación con la Organización de Estados Americanos (OEA) para reforzar las capacidades regionales en esta materia, de acuerdo a una nota de prensa de la entidad.

En esta oportunidad, agrega, se trata de la primera edición que fusiona el tradicional Simposio de Ciberseguridad con Cibercom, ampliando los espacios destinados al intercambio de conocimiento, la innovación y la cooperación entre naciones.

El trasfondo de esta cooperación excede lo estrictamente tecnológico: una estafa electrónica puede vaciar los ahorros de una familia, el robo de datos puede exponer la identidad de una persona y un ataque contra sistemas esenciales puede interrumpir servicios de los que depende la población entera.

Estos escenarios colocan a la ciberseguridad como un componente central de la seguridad pública, alineado con los objetivos del Plan Firmeza que adelantan las autoridades, que tiene proyectado una protección ciudadana capaz de adaptarse a nuevos desafíos sin perder el foco en las personas.

Bajo esa lógica, se indicó que la prevención, la preparación y la coordinación entre países se vuelven herramientas necesarias para anticipar amenazas, tanto en el espacio físico como en el digital.

El Cyber Americas Forum + Cibercom 2026, celebrado en la Ciudad de Panamá se ha consolidado como uno de los espacios más relevantes del hemisferio para discutir la ciberseguridad, la ciberdefensa y el futuro digital de las Américas, al articular en un mismo encuentro el tradicional simposio de ciberseguridad de la OEA y el congreso nacional panameño de ciberseguridad y ciberdefensa CIBERCOM.

Bajo el lema de las “hiperamenazas” y la necesidad de asegurar la innovación regional en un ecosistema cibernético sin fronteras, el foro reúne a las autoridades gubernamentales, responsables de seguridad pública, diplomáticos, organismos internacionales, sector privado tecnológico, academia y poder judicial.

El objetivo, se indicó, también es el de fortalecer la cooperación regional frente a riesgos como las estafas electrónicas, el robo de datos personales, los ataques contra infraestructuras críticas y la sofisticación de las amenazas impulsadas por la inteligencia artificial.

Según las descripciones oficiales, el foro está organizado por la Sección de Ciberseguridad del CICTE de la OEA y el Ministerio de Seguridad Pública de Panamá (Minseg), lo que evidencia una alianza institucional entre un organismo multilateral de seguridad hemisférica y la autoridad nacional responsable de la política de seguridad pública panameña.

Esta coorganización permite que el evento combine la visión regional de la OEA sobre amenazas cibernéticas con las necesidades específicas de Panamá, que tiene un rol estratégico como centro de conectividad internacional y nodo de comercio global, subrayó el canciller panameño Javier Martínez-Acha Vásquez en su intervención inaugural.

A la ceremonia asistieron la subsecretaria de Estado para la Diplomacia Pública de Estados Unidos, Sara Rogers, y el secretario ejecutivo encargado del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Guillermo Moncayo.

Igualmente, se contó con la presencia de la embajadora de Canadá en Panamá, Patricia Atkinson, y el embajador estadounidense en el país, Kevin Marino Cabrera.

La selección masculina de futsal de Panamá debutó con una remontada y una victoria de 4-1 sobre El Salvador en la Copa de Naciones 2026, disputada en Nicaragua.

El equipo dirigido por Jaime Aizpú comenzó perdiendo, pero reaccionó con cuatro anotaciones para imponerse en el Polideportivo Alexis Argüello, escenario donde conquistó el campeonato de Concacaf en 2024.

El encuentro comenzó con una selección salvadoreña que aprovechó un error defensivo para adelantarse en el marcador. Rosenberg Ramírez recibió el balón después de un despeje defectuoso de Alfonso Maquensi y superó al portero Noel Hernández con un remate elevado, colocando el 1-0 que obligó a los panameños a buscar la igualdad.

La respuesta llegó cuando faltaban tres minutos para finalizar el primer tiempo, mediante una combinación entre Ruman Millord y Ángel Sánchez.

El capitán recibió la asistencia, eludió al guardameta rival y definió frente a la portería desprotegida, estableciendo el empate 1-1 con el que ambos equipos se marcharon al descanso.

En la segunda mitad, Panamá consiguió darle vuelta al resultado gracias a Ricardo Castillo, quien recibió un pase de Jesús Santos y disparó con la pierna izquierda desde fuera del área.

El gol del 2-1 permitió al conjunto nacional tomar ventaja y administrar mejor el desarrollo del encuentro ante un rival obligado a buscar la recuperación.

La diferencia aumentó con una segunda anotación del capitán Ángel Sánchez, quien aprovechó un envío largo del guardameta Noel Hernández. Después de controlar el balón, el jugador panameño remató con potencia para establecer el 3-1 y completar su doblete en el compromiso inaugural del campeonato regional.

El último gol tuvo como protagonista al propio portero Noel Hernández, quien anotó desde su área cuando El Salvador utilizaba la estrategia de portero-jugador. Hernández aprovechó que la portería contraria estaba desprotegida y envió el balón hasta el fondo de la red, sellando el marcador definitivo de 4-1.

Con este resultado, Panamá sumó sus primeros tres puntos en el grupo B, que también integran Costa Rica y El Salvador. Su próximo compromiso será el viernes 30 de octubre, a las 3:30 de la tarde en Nicaragua, equivalentes a las 4:30 p. m. en Panamá, nuevamente en el Polideportivo Alexis Argüello.

Antes de ese enfrentamiento, Costa Rica tiene programado su debut frente a El Salvador este jueves 29 de octubre, a las 6:00 p. m. en Managua. Los costarricenses, dirigidos por Alex Ramos, convocaron a 15 futbolistas de siete clubes nacionales y consideran la competencia parte de su preparación internacional para las eliminatorias mundialistas.

La selección panameña regresó a Nicaragua con el antecedente de haber conquistado allí su primer título de Concacaf, en abril de 2024. En aquella final derrotó 4-3 a Cuba, con dos goles de Claudio Goodridge y anotaciones de Ruman Millord y Aquiles Campos, consolidando uno de sus mayores logros deportivos.

Esa conquista confirmó el crecimiento del futsal panameño en el escenario internacional, después de alcanzar cuatro clasificaciones consecutivas a mundiales: Tailandia 2012, Colombia 2016, Lituania 2021 y Uzbekistán 2024. Su mejor participación ocurrió en 2012, cuando consiguió avanzar hasta los octavos de final.

Para esta competencia, Jaime Aizpú convocó a 14 jugadores, incluidos dos legionarios. José Yearwood milita en el SS Bocca de Ecuador y Luis Vásquez en Corredores Futsal de Costa Rica, mientras que el resto del plantel procede de clubes del campeonato nacional panameño.

Entre los integrantes destacan Alfonso Maquensi y Ruman Millord, protagonistas del campeonato continental de 2024. Maquensi fue reconocido como el mejor jugador de aquel torneo, mientras que Millord participó en la final ante Cuba. Ambos aportan experiencia a un grupo que busca mantener su competitividad regional.

La Copa de Naciones reúne a seis selecciones distribuidas en dos grupos de tres equipos. Nicaragua, Honduras y Cuba integran el grupo A, mientras que la jornada definitiva se disputará el sábado 31 de octubre. Los líderes de cada zona jugarán por el campeonato y los demás definirán las posiciones restantes.

Para Panamá, el triunfo inicial representa un paso importante hacia su objetivo de disputar otra final, además de permitir al cuerpo técnico evaluar el funcionamiento colectivo. El desafío frente a Costa Rica será determinante para conocer sus posibilidades de clasificación, mientras continúa su preparación para el próximo Premundial de Concacaf.

El reservorio de Río Indio, dos nuevas terminales portuarias, un gasoducto interoceánico y un corredor logístico concentraron las conversaciones entre el presidente José Raúl Mulino y los asesores internacionales del Canal de Panamá.

Los proyectos forman parte de una estrategia de inversiones multimillonarias para la próxima década, orientada a garantizar agua, ampliar servicios y fortalecer la competitividad del país.

La reunión se celebró después de tres días de sesiones entre la Junta Asesora Internacional y la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP). Durante el encuentro, celebrado en el Palacio de las Garzas, se revisaron los avances de las iniciativas estratégicas y sus perspectivas económicas.

Uno de los proyectos prioritarios es el reservorio multipropósito de Río Indio, con una inversión estimada entre 1,500 y 1,600 millones de dólares. La infraestructura busca aumentar la disponibilidad de agua para las operaciones canaleras y el consumo humano, reduciendo la vulnerabilidad ante las sequías que afectan los tránsitos.

También se analizaron las terminales portuarias de Corozal, en el Pacífico, y Telfers, en el Atlántico, cuya inversión conjunta se calcula en aproximadamente 2,600 millones de dólares. Ambas instalaciones permitirían ampliar la capacidad de transbordo de contenedores y fortalecer la posición de Panamá como plataforma logística internacional.

El corredor energético es uno de los proyectos estratégicos del Canal de Panamá, con una inversión prevista superior a 4,000 millones de dólares.

La iniciativa contempla un gasoducto de aproximadamente 76 kilómetros, acompañado de terminales marítimas en ambos océanos, para transportar propano, butano y etano, productos utilizados como combustibles y materias primas industriales, principalmente entre el Golfo de México y el noreste de Asia.

La infraestructura permitiría movilizar hasta 2.5 millones de barriles diarios de productos energéticos, sin utilizar las esclusas ni consumir agua adicional. Con esta alternativa, la ACP busca liberar capacidad para el tránsito de buques, reducir los tiempos de espera y fortalecer la posición de Panamá en el comercio internacional.

El cuarto componente es el corredor logístico, valorado preliminarmente en unos 1,800 millones de dólares, que contempla infraestructura terrestre para mejorar la conectividad y el movimiento de mercancías. Su desarrollo complementaría las operaciones marítimas y portuarias, mediante nuevas alternativas para transportar carga entre ambos océanos.

Las inversiones forman parte de la visión estratégica del Canal para el período 2025-2035, que también incluye modernización tecnológica y sostenibilidad operativa. En la reunión se abordaron la transformación digital de la ACP y el relevo generacional, considerados necesarios para mantener personal capacitado y operaciones eficientes.

La Junta Asesora Internacional, creada en diciembre de 1999, es un organismo consultivo integrado por especialistas de distintos sectores económicos y técnicos. Su función consiste en analizar tendencias, identificar riesgos y formular recomendaciones a la Junta Directiva y la administración, sin reemplazar sus facultades para adoptar decisiones institucionales.

Sus integrantes aportan conocimientos en transporte marítimo, comercio internacional, banca, construcción, telecomunicaciones y actividades académicas. Esta perspectiva externa permite evaluar la competencia entre rutas comerciales, las necesidades de inversión y los cambios tecnológicos, además de anticipar desafíos que podrían afectar los ingresos del Canal.

La cuadragésima primera reunión también marcó el relevo en la presidencia de la Junta Asesora Internacional. El empresario danés Tommy Thomsen asumió esa responsabilidad en sustitución del almirante estadounidense William J. Flanagan, quien concluyó su período de liderazgo después de años de colaboración con la institución.

Durante el encuentro, Mulino condecoró a Flanagan con la Orden Vasco Núñez de Balboa, en el grado de Gran Oficial, por sus servicios al país. El reconocimiento destacó sus aportes en administración de vías acuáticas, gestión de riesgos y protección de infraestructura crítica, áreas vinculadas con la seguridad y competitividad canalera.

En las sesiones participaron la administradora Ilya Espino de Marotta y el subadministrador Miguel Lorenzo Fábrega, junto con directivos y asesores. El mandatario estuvo acompañado por ministros de las áreas económica, comercial y diplomática, en una jornada que buscó fortalecer la coordinación institucional para desarrollar los proyectos.

La estrategia representa una transformación del modelo tradicional de ingresos del Canal de Panamá, al incorporar servicios portuarios, energéticos y logísticos complementarios. Su ejecución dependerá de los procesos de contratación, financiamiento y desarrollo de cada iniciativa, mientras la ACP busca generar nuevas oportunidades de inversión y empleo.

Un sismo de magnitud 5.1 sacudió la región de Azuero la mañana de este jueves 29 de octubre, apenas dos días después de otro movimiento de 5.6 registrado cerca de Coiba.

Ambos forman parte de la secuencia de réplicas del terremoto de magnitud 7.5 que afectó Panamá el pasado 9 de octubre y que mantiene activa la vigilancia sísmica.

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá informó que el nuevo temblor ocurrió a las 8:42 a.m., con epicentro localizado a 24 kilómetros al noroeste de Tonosí, provincia de Los Santos.

El evento tuvo una profundidad revisada de ocho kilómetros, característica de los movimientos superficiales que pueden sentirse con mayor intensidad en las comunidades cercanas.

La actividad se produjo después del sismo de magnitud 5.6 registrado el martes 27 de octubre, a las 10:26 a.m., cuyo epicentro fue ubicado a 20 kilómetros al noreste de Coiba, en Veraguas. Este movimiento ocurrió a ocho kilómetros de profundidad, dentro de la región donde continúa el reajuste de las fallas afectadas por el terremoto principal.

Los registros recientes muestran que la tierra continúa temblando diariamente en el sur del país, especialmente alrededor de Tonosí, Soná y Coiba. Entre los eventos del 28 de octubre aparecen magnitudes de 3.3 a 4.4, mientras que las profundidades más frecuentes se situaron entre cinco y 16 kilómetros, aunque también hubo movimientos en otras regiones.

El director del Instituto de Geociencias, Néstor Luque, explicó esta semana que las réplicas mantienen una tendencia general a disminuir en frecuencia y magnitud. Según el balance presentado el lunes 26 de octubre, se contabilizaron 36 movimientos el viernes 23, otros 36 el sábado 24 y 29 el domingo 25, equivalentes a unos 34 eventos diarios durante esas tres jornadas.

Una actualización divulgada el 28 de octubre elevó a 1,154 las réplicas localizadas desde el terremoto, de las cuales 30 correspondieron a las últimas 24 horas examinadas. Aunque la frecuencia general ha disminuido, la aparición de movimientos superiores a magnitud 5 demuestra que la secuencia sísmica continúa activa y requiere seguimiento.

Las réplicas son movimientos que ocurren después de un terremoto principal, cuando las rocas y fallas cercanas comienzan a redistribuir las tensiones acumuladas. En eventos de gran magnitud, como el registrado en Azuero, la energía liberada modifica una extensa zona de la corteza terrestre, provocando numerosos temblores posteriores.

Por esa razón, un terremoto fuerte puede generar cientos o miles de réplicas, distribuidas durante semanas, meses o incluso períodos más prolongados. Aunque normalmente disminuyen con el tiempo, pueden presentarse episodios de mayor intensidad, sin que esto signifique necesariamente que esté comenzando otro terremoto de gran magnitud.

El evento principal ocurrió el viernes 9 de octubre a las 12:56 p.m., con epicentro a 39 kilómetros al noroeste de Tonosí y una profundidad de cuatro kilómetros. El movimiento fue percibido en gran parte de Panamá, además de Costa Rica y Colombia, y provocó importantes afectaciones en comunidades del interior del país.

Durante las primeras horas se registraron más de 55 réplicas, incluida una de magnitud 6.9, lo que evidenció la intensidad de la secuencia. La actividad posterior se ha concentrado en distintos sectores de Azuero y sus alrededores, mientras los especialistas continúan evaluando la evolución de los movimientos y su distribución geográfica.

El impacto del terremoto también continúa reflejándose en las evaluaciones oficiales de daños realizadas por el Sistema Nacional de Protección Civil. Con corte al 26 de octubre, se habían inspeccionado 13,681 viviendas y registrado 44,885 personas mediante los equipos de evaluación, además de 27 lesionados y dos fallecidos.

El mismo balance contabilizó 619 centros educativos con afectaciones reportadas y 120 instalaciones de salud afectadas. También se mantenían 152 albergues con 5,642 personas alojadas, mientras las autoridades desarrollaban labores de asistencia y recuperación en las comunidades, en medio de una actividad sísmica que todavía no ha concluido.

Un avión de Avianca con 60 pasajeros a bordo tuvo que regresar al Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Panamá, después de impactar un ave durante el despegue hacia Bogotá, Colombia.

El incidente, ocurrido el miércoles 28 de octubre, vuelve a poner en discusión los riesgos que representa la presencia de fauna silvestre en las inmediaciones de las pistas.

La Autoridad Aeronáutica Civil (AAC) informó que el vuelo AVA 061 reportó el impacto aproximadamente a las 5:00 de la tarde, poco después de abandonar la terminal aérea. Ante esta situación, el piloto decidió retornar como medida preventiva y realizó el aterrizaje sin inconvenientes, mientras se activaban los protocolos de seguridad correspondientes.

El comunicado oficial no precisó si la aeronave sufrió daños materiales o afectaciones en sus motores, ni detalló las condiciones en que continuaría el viaje. Sin embargo, el episodio ocurrió durante un período en el que las autoridades aeronáuticas habían advertido sobre el incremento de aves migratorias en el espacio aéreo panameño.

El pasado 1 de septiembre, la AAC emitió un aviso preventivo sobre la migración de aves rapaces, fenómeno que comienza ese mes y se extiende hasta diciembre. La entidad solicitó a pilotos y operadores extremar las precauciones durante los vuelos y reportar cualquier impacto o incidente relacionado con fauna en los aeródromos y sus alrededores.

La comunicación también recordó la importancia de notificar estos acontecimientos mediante los formularios oficiales de seguridad operacional, para facilitar su seguimiento y análisis. La advertencia coincidió con el inicio de uno de los períodos de mayor movimiento de aves, cuando numerosas especies atraviesan el territorio panameño durante sus desplazamientos estacionales.

El riesgo aviario en Tocumen no es desconocido. La información aeronáutica oficial identifica concentraciones de gallinazos, gavilanes, garzas y otras especies en las proximidades del aeropuerto, particularmente durante el amanecer y el atardecer. Las aves carroñeras también presentan actividad cerca del mediodía, cuando aprovechan las corrientes térmicas para elevarse sobre las pistas y zonas de aproximación.

Los registros identifican sectores de mayor concentración cerca de la desembocadura del río Tocumen y áreas de manglares, además de zonas industriales próximas a las operaciones aeroportuarias. Durante los períodos migratorios de febrero a abril y septiembre a diciembre, distintas especies atraviesan corredores aéreos cercanos a la terminal.

Para reducir estos riesgos, Tocumen cuenta con procedimientos de vigilancia y control de fauna en sus instalaciones, según la documentación aeronáutica publicada por la AAC. El personal especializado realiza inspecciones frecuentes en pistas, calles de rodaje, plataformas y áreas perimetrales, con el propósito de detectar concentraciones de aves y vigilar sus desplazamientos.

Entre las medidas documentadas figura el uso de equipos pirotécnicos para ahuyentar y dispersar aves, además de la comunicación permanente con la torre de control. Cuando se detectan concentraciones que pueden comprometer las operaciones, se advierte a los pilotos y pueden emitirse avisos aeronáuticos para reforzar las precauciones.

Estas técnicas buscan alejar a los animales de las zonas de mayor riesgo, sin que necesariamente impliquen su captura o eliminación. Sin embargo, los procedimientos de dispersión deben complementarse con medidas ambientales que reduzcan los factores de atracción, especialmente la disponibilidad de alimentos, agua y refugio en las proximidades aeroportuarias.

Uno de los principales problemas identificados es la acumulación de basura en terrenos cercanos a Tocumen, donde los desperdicios orgánicos atraen gallinazos y otras especies carroñeras. La presencia de estos animales representa un riesgo para las aeronaves, especialmente durante las maniobras de despegue y aterrizaje, cuando operan a menor altura.

La preocupación también fue planteada recientemente por la Unión Panameña de Aviadores Comerciales (UNPAC), que solicitó reforzar las medidas preventivas y correctivas en Tocumen. Mediante una comunicación enviada el 2 de septiembre de 2026 y recibida el día 10, el gremio advirtió sobre el incremento previsible del peligro aviario durante la temporada migratoria.

La organización recordó que desde 2025 había expresado inquietudes por la presencia de aves en las áreas próximas a las pistas, así como por las condiciones ambientales que favorecen su concentración. Entre los factores señalados figuran drenajes deficientes, charcos, vegetación y acumulaciones de basura que atraen insectos, roedores y gallinazos.

UNPAC recomendó garantizar personal capacitado, vehículos y equipos para las labores de dispersión, además de mantener una adecuada gestión de la vegetación y los residuos. También solicitó fortalecer la coordinación entre las áreas de Gestión de Fauna, Operaciones, Mantenimiento y Seguridad Operacional, con seguimiento permanente de los riesgos identificados.

Panamá dispone además de una Red de Advertencia Temprana para el seguimiento de aves migratorias, que permite recopilar información sobre avistamientos y desplazamientos en distintas regiones. Este mecanismo busca anticipar posibles concentraciones de fauna y facilitar que los pilotos y los servicios de tránsito aéreo adopten precauciones.

Los impactos con aves, conocidos como bird strikes, pueden provocar daños en motores, parabrisas y otras partes de las aeronaves, dependiendo de las características del encuentro. Aunque muchos incidentes no ocasionan consecuencias graves, representan un peligro operacional que requiere medidas preventivas y procedimientos de respuesta claramente establecidos.

El regreso del vuelo de Avianca concluyó sin inconvenientes, de acuerdo con la Autoridad Aeronáutica Civil, que reiteró su compromiso con la protección de pasajeros y operaciones. El caso vuelve a destacar la importancia de mantener controles efectivos de fauna y eliminar los vertederos clandestinos, particularmente durante los meses de mayor actividad migratoria.

Una mujer fue aprehendida en el distrito de La Chorrera, en Panamá Oeste, por su presunta vinculación con el delito de corrupción de menores, informó la Policía Nacional.

La captura se produce en medio de un incremento de las denuncias por delitos contra la libertad e integridad sexual, que superaron los 5,000 casos durante los primeros nueve meses de 2026.

La institución confirmó que la sospechosa fue localizada por unidades policiales durante un operativo desarrollado en ese distrito, como parte de investigaciones relacionadas con delitos sexuales contra menores de edad. Hasta el momento, no se han divulgado su identidad, edad ni las circunstancias específicas de los hechos que motivaron su aprehensión.

Las autoridades tampoco han precisado cuántas posibles víctimas están relacionadas con la investigación, ni si existen otras personas vinculadas al expediente.

La mujer deberá quedar a disposición de las autoridades competentes para continuar las diligencias y determinar su eventual responsabilidad mediante el proceso judicial correspondiente.

La detención coincide con otro procedimiento desarrollado el 28 de octubre en Calidonia, donde agentes de la Dirección de Investigación Judicial aprehendieron a un hombre de 61 años, requerido por su presunta vinculación con delitos de violación y corrupción de menores, en una investigación relacionada con dos víctimas menores de edad.

Después de la captura, las autoridades judiciales ordenaron un allanamiento en la residencia del sospechoso, ubicada en Caimitillo, donde fueron recopilados varios equipos tecnológicos. Tanto el detenido como los indicios quedaron a disposición del Ministerio Público, que deberá continuar las investigaciones y determinar la relevancia de los elementos encontrados.

Un tercer caso fue reportado el 27 de octubre, cuando la Procuraduría General de la Nación anunció una condena de 12 años de prisión por violación agravada en Colón. Los hechos ocurrieron el 7 de agosto de 2025 y fueron investigados por la sección especializada en delitos sexuales y violencia de género.

Además de la pena principal, el condenado recibió la prohibición de residir o frecuentar el corregimiento donde vive la víctima durante 12 años, una vez cumplida su sentencia. Esta medida accesoria busca restringir el acercamiento del agresor al entorno de la persona afectada, según lo dispuesto por las autoridades judiciales.

Los tres acontecimientos se conocen mientras las estadísticas oficiales muestran un aumento de los delitos sexuales denunciados en Panamá durante 2026. Entre enero y septiembre, el Ministerio Público registró 5,186 denuncias, frente a 4,679 durante el mismo período de 2025, lo que representa un incremento interanual del 11%.

Dentro de ese total, 1,716 denuncias corresponden al delito de violación y otras 198 a violación doblemente agravada. También se contabilizaron 1,956 casos de acceso sexual con personas mayores de 14 y menores de 18 años, mientras los actos libidinosos sumaron 866 denuncias en el período analizado.

Uno de los indicadores que presenta mayor crecimiento es la corrupción de personas menores de edad, con 291 denuncias hasta septiembre, frente a 230 durante los primeros nueve meses de 2025. Esta diferencia representa un aumento del 27%, de acuerdo con el informe estadístico de la Procuraduría General de la Nación.

Las cifras también reflejan 70 denuncias por pornografía infantil, un incremento del 49% respecto al año anterior, cuando se registraron 47. Por su parte, los casos relacionados con acceso sexual con adolescentes de entre 14 y 17 años aumentaron 22%, al pasar de 1,604 a 1,956 denuncias.

En la distribución territorial, la provincia de Panamá concentra 1,050 denuncias, seguida de Chiriquí, con 825, y Panamá Oeste, con 708. Esta última provincia, donde ocurrió la captura de la mujer, registró un aumento del 20% respecto a 2025, cuando contabilizó 592 casos.

El informe también muestra 619 denuncias en la comarca Ngäbe Buglé y 514 en Bocas del Toro, mientras San Miguelito acumuló 241 y Colón 210. Las estadísticas corresponden a investigaciones registradas en el Sistema Penal Acusatorio y no representan necesariamente condenas ni hechos judicialmente comprobados.

Las autoridades de Panamá aprehendieron a cinco personas presuntamente vinculadas con una organización criminal dedicada a homicidios, robos y tráfico de artículos prohibidos hacia centros penitenciarios.

La denominada Operación Corsario constituye la segunda acción contra estructuras pandilleriles durante esta semana, después de la captura de un supuesto cabecilla en Don Bosco.

La Procuraduría General de la Nación (PGN) informó que los allanamientos se realizaron en Las Garzas, San Miguelito, Guna Nega y Bocas del Toro, mediante un operativo coordinado con la Policía Nacional. Las investigaciones, que se remontan a 2020, relacionan a los sospechosos con delitos de homicidio, robo y posesión de armas de fuego.

Uno de los aspectos más relevantes de la investigación es el presunto uso de drones para abastecer a privados de libertad con sustancias ilícitas y otros objetos prohibidos. Las autoridades también investigan la introducción de armas de fuego a las cárceles, mediante una estructura que habría mantenido operaciones durante varios años.

Las pesquisas comenzaron después de que se detectaran vuelos de aeronaves no tripuladas sobre el complejo penitenciario La Joya, utilizadas presuntamente para lanzar cargamentos hacia los patios. Durante las diligencias se identificaron viviendas cercanas desde las cuales se habrían preparado los equipos y sus respectivas cargas.

La operación estuvo dirigida por la Fiscalía Segunda Superior Especializada en Delitos de Asociación Ilícita, con participación de unidades de Inteligencia Policial y la Dirección de Investigación Judicial.

Los cinco aprehendidos deberán comparecer ante un juez de garantías, donde el Ministerio Público presentará las solicitudes judiciales correspondientes.

El procedimiento ocurrió un día después de la captura de un presunto cabecilla de una agrupación criminal en Don Bosco, durante un allanamiento en el sector de La Riviera. El sospechoso estaba vinculado con una estructura desarticulada en 2017 mediante la Operación Constelación, desarrollada contra organizaciones dedicadas al pandillerismo.

Según las investigaciones, el hombre habría desempeñado funciones de liderazgo dentro de la organización conocida como Los Galácticos de San Pedro. Su aprehensión permitió ubicar a un sospechoso requerido desde aquella investigación, en medio de nuevas acciones policiales contra integrantes de agrupaciones delictivas urbanas.

Los operativos de octubre también incluyen la captura de un presunto integrante de Golfo 81 o Sin Sentimientos, realizada el día 22 en Don Bosco. Esta agrupación había sido intervenida mediante la Operación Porvenir, en abril de 2025, cuando 12 personas fueron aprehendidas por su presunta participación en delitos violentos y relacionados con drogas.

Ese mismo 22 de octubre, la Policía Nacional desarrolló la Operación Lechuza en el corregimiento de Las Garzas, donde fueron aprehendidos seis adultos. Durante las diligencias se decomisaron presuntas sustancias ilícitas, un dron, baterías, controles y teléfonos celulares, mientras tres menores fueron atendidos por condiciones de vulnerabilidad social.

La presencia de equipos tecnológicos en estos procedimientos refleja la preocupación de las autoridades por el abastecimiento clandestino de las prisiones. El 15 de octubre, unidades policiales también decomisaron un dron y accesorios en Las Garzas, que presuntamente serían utilizados para introducir artículos prohibidos al Centro Penitenciario La Joya.

Otro antecedente ocurrió el 30 de septiembre, cuando la Operación Élite permitió aprehender a diez presuntos integrantes de Los Iluminatis, una agrupación que operaba en la 24 de Diciembre. Las autoridades la relacionaron con homicidios, robos, posesión de armas y narcotráfico, además de presuntos vínculos con la estructura conocida como Los HP.

En ese caso, las investigaciones permitieron identificar actividades relacionadas con el almacenamiento de más de una tonelada de sustancias ilícitas en Panamá Este. Posteriormente, un juez de garantías ordenó la detención provisional de nueve imputados, mientras otro quedó sujeto a medidas cautelares distintas a la prisión.

La continuidad de estas investigaciones evidencia la diversidad de actividades atribuidas a las organizaciones criminales, desde delitos violentos hasta el suministro de mercancías prohibidas dentro de las cárceles. Los operativos buscan identificar a sus integrantes, establecer responsabilidades y reducir su capacidad de actuación dentro y fuera de los centros penitenciarios.

Los cinco detenidos durante la Operación Corsario permanecen bajo investigación por su presunta participación en delitos de pandillerismo, sin que se haya establecido judicialmente su culpabilidad.

Corresponderá al juez de garantías evaluar las solicitudes del Ministerio Público, mientras las autoridades continúan las diligencias contra estas estructuras criminales.

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) extendió hasta el 31 de octubre la vigilancia por mareas altas y fuertes vientos en el litoral Pacífico, con especial atención a la península de Azuero, donde varias comunidades costeras todavía enfrentan las consecuencias del terremoto ocurrido el 9 de octubre.

La advertencia adquiere particular importancia para Isla Cañas, Tonosí, Soná y Mariato, localidades cercanas a las áreas afectadas por el movimiento telúrico. Las condiciones marítimas podrían complicar las actividades costeras y las labores de recuperación, especialmente en sectores donde persisten daños en viviendas e infraestructura.

Según el aviso actualizado, el Pacífico central presenta condiciones adversas para bañistas y embarcaciones, con vientos sostenidos de entre 20 y 35 kilómetros por hora y oleajes de 0.8 a 1.2 metros. Los períodos de las olas oscilarán entre 13 y 18 segundos.

El organismo meteorológico explicó que las mareas máximas del mes podrían alcanzar los 17.4 pies, equivalentes a aproximadamente 5.3 metros. También se prevén ráfagas de hasta 40 kilómetros por hora, situación que incrementa la necesidad de precaución en las comunidades próximas al litoral.

Aunque la vigilancia comprende todo el Pacífico panameño, las condiciones más desfavorables se concentran en el sector central, que abarca la península de Azuero y el sur de Veraguas. En el Pacífico occidental y oriental también se recomienda precaución, principalmente por las mareas elevadas y los vientos.

La coincidencia de este fenómeno con la emergencia sísmica genera preocupación por la vulnerabilidad de las poblaciones costeras. En Isla Cañas, donde se han reportado alteraciones del terreno tras el terremoto, las nuevas condiciones del mar obligan a reforzar la vigilancia, aunque no existe confirmación de daños adicionales provocados por las mareas.

El terremoto de magnitud 7.5, registrado el 9 de octubre, tuvo su epicentro a 39 kilómetros al noroeste de Tonosí, en Los Santos. Su impacto se extendió por Herrera, Veraguas, Coclé y otras regiones, dejando daños en residencias, centros educativos, instalaciones sanitarias y vías de comunicación.

De acuerdo con el balance del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), actualizado al 26 de octubre, se habían evaluado 13,681 viviendas y registrado 44,885 personas mediante los procedimientos de identificación de daños y necesidades. El informe también contabilizaba 27 lesionados y dos fallecidos, mientras continuaban las inspecciones.

Las afectaciones alcanzaban 619 centros educativos y 120 instalaciones de salud, además de edificios públicos y otras estructuras. Las autoridades mantenían 152 albergues con 5,642 personas alojadas, reflejo de las dificultades que todavía enfrentan numerosas familias para regresar a sus hogares.

En materia de infraestructura, los reportes iniciales identificaron daños en nueve puentes del distrito de Soná, así como afectaciones viales en distintas comunidades. La revisión de estas estructuras continúa siendo importante para garantizar el acceso de equipos de emergencia y suministros a las poblaciones damnificadas.

Las operaciones humanitarias habían permitido distribuir más de 208,317 libras de ayuda por vía aérea y 365 toneladas por tierra, con atención en 175 comunidades. Estas acciones incluyen alimentos, suministros básicos y apoyo a familias que perdieron sus viviendas o presentan necesidades especiales.

En la comarca Ngäbe Buglé, las autoridades reportaron el 28 de octubre 130 viviendas evaluadas, de las cuales aproximadamente 16 presentan colapso estructural. También identificaron 12 personas con discapacidad y siete mujeres embarazadas, mientras 668 residentes habían sido registrados en Kusapín, Nole Duima, Ñurum y Müna.

Frente al nuevo aviso marítimo, Sinaproc recomienda evitar actividades en playas y zonas costeras expuestas, especialmente durante las mareas máximas. También solicita precaución a pescadores y operadores de pequeñas embarcaciones, así como mantenerse atentos a posibles inundaciones y a las instrucciones de las autoridades.

La vigilancia permanecerá vigente hasta las 11:59 de la noche del sábado 31 de octubre, mientras continúan las evaluaciones y la asistencia a los damnificados. Para las comunidades de Azuero y el sur de Veraguas, la prioridad sigue siendo prevenir nuevos riesgos durante la recuperación del terremoto.

La Universidad de Panamá formalizó el Comité Técnico Nacional de Coordinación de Datos e Información Oceánicas y certificó a tres instituciones como Unidades de Datos Asociadas.

La medida está orientada a fortalecer la Red Panameña de Datos Marinos y a ampliar la capacidad nacional para preservar, organizar e intercambiar información científica sobre los mares del país.

También incorpora al Centro de Capacitación, Investigación y Monitoreo de la Biodiversidad del Centro Regional Universitario de Veraguas, al Museo de Biología Marina y Limnología “Dr. Luis Howell Rivero” y al Laboratorio de Ecología y Geoquímica de la Universidad Tecnológica de Panamá.

Las unidades deberán compartir y conservar sus registros marinos bajo estándares internacionales.

El reconocimiento fue otorgado dentro del Programa de Intercambio Internacional de Datos e Información Oceanográfica de la UNESCO.

Las certificaciones buscan facilitar el acceso a información que respalde estudios científicos y contribuya a la gestión basada en datos.

El Centro de Capacitación, Investigación y Monitoreo de la Biodiversidad pertenece al Centro Regional Universitario de la provincia de Veraguas. La institución se suma a la estructura nacional de intercambio de información oceánica.

El Museo de Biología Marina y Limnología “Dr. Luis Howell Rivero”, adscrito a la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, también recibió la certificación como Unidad de Datos Asociada.

El tercer reconocimiento correspondió al Laboratorio de Ecología y Geoquímica de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Tecnológica de Panamá. La integración de estas entidades amplía la participación académica y técnica dentro de la red.

Las tres unidades deberán ajustar sus procesos a criterios internacionales para el manejo de datos. El compromiso incluye preservar la información y ponerla a disposición de investigadores e instituciones vinculadas con el conocimiento del entorno marino.

El nuevo comité tendrá a su cargo la elaboración de un Manual de Buenas Prácticas y la puesta en marcha de la hoja de ruta de la Red Panameña de Datos Marinos.

Entre sus tareas figura la definición de mecanismos para validar la información producida por las instituciones participantes. También deberá establecer pautas de gestión y mejorar los canales de intercambio de registros científicos.

El rector de la Universidad de Panamá, José Emilio Moreno Ramos, destacó la labor del Centro de Datos Oceanográficos y Marinos de Panamá. El funcionario resaltó que sus integrantes mantienen la recopilación de información pese a las limitaciones de recursos.

El vicerrector de Investigación y Postgrado, Jaime Javier Gutiérrez, recordó que el proceso comenzó en 2016. La Universidad de Panamá ha encabezado desde entonces los esfuerzos para incorporar a otras unidades relacionadas con la gestión de datos oceanográficos.

La vicerrectora de Investigación, Postgrado y Extensión de la Universidad Tecnológica de Panamá, Lilia Muñoz, reafirmó el compromiso de fortalecer la red y mejorar la transparencia en el acceso a la información científica.

La funcionaria explicó que la red no se limitará a concentrar registros en un repositorio. Su propósito contempla el intercambio de conocimientos y la colaboración entre las instituciones que generan, administran o utilizan datos marinos.

En la Universidad de Panamá opera el Centro Nacional de Datos Oceanográficos y Marinos como NODC, el primero de este tipo instalado en Centroamérica.

Esa condición ubica a Panamá como referente regional en la creación de infraestructuras destinadas de forma específica a la gestión de información marina bajo parámetros internacionales.

La acreditación del país como nodo nacional de sistemas de información sobre biodiversidad oceánica permitió su incorporación al programa internacional de intercambio de datos impulsado por la UNESCO y la Red Global de Datos Marinos.

Las rendiciones de cuentas de la Universidad de Panamá correspondientes al período 2025-2026 registran un proceso de coordinación entre entidades nacionales. Ese trabajo incluyó convocatorias formales y compromisos de colaboración con instituciones productoras de información.

Con su Plan Estratégico 2024-2029, la Fundación Natura busca ampliar sus soluciones basadas en la naturaleza mediante tres ejes: Agua y Cuencas, Áreas Protegidas terrestres y marino-costeras, y Ecosistemas.

La organización plantea alianzas con el sector privado, políticas públicas ágiles y participación ciudadana para extender el alcance de sus iniciativas.

Informó que la administración de recursos se sustenta en gobernanza institucional, auditorías externas independientes, certificación ISO 9001:2025 y mecanismos de rendición de cuentas en varios niveles.

La fundación conmemora 35 años de trabajo por la conservación del patrimonio natural panameño.

Desde su creación en 1991, señala que ha actuado como gestora de fondos y proyectos, socia estratégica y promotora de soluciones de conservación y financiamiento climático con enfoque local y alcance global.

“Durante 35 años en Fundación Natura hemos demostrado que conservar la naturaleza de Panamá es, ante todo, asegurar el bienestar y el futuro de nuestra gente. Hoy, las comunidades son las verdaderas protagonistas de esta transformación, convirtiendo la conservación en una fuerza viva que protege nuestros territorios, bosques y cuencas hidrográficas”, afirmó Carla López, presidente de Fundación Natura.

Agregó que “mantenemos firme nuestra visión de un Panamá donde la naturaleza y su gente prosperen juntas en armonía, construyendo un país resiliente, equitativo y lleno de vida para las próximas generaciones”.

En ese período, movilizó y gestionó más de USD 160 millones para proteger el patrimonio natural del país. También financió y ejecutó más de 1.000 proyectos socioambientales con el apoyo de más de 500 Organización No Gubernamental, Organización de Base Comunitaria y empresas.

La gestión de la Fundación alcanzó 42 áreas protegidas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas fortalecidas en los ámbitos técnico, operativo y comunitario, además de 30 cuencas hidrográficas: cinco en la vertiente del Caribe o Atlántico y 25 en la del Pacífico.

La organización participó en cinco de los seis humedales panameños reconocidos por la Convención de Ramsar y respaldó la identificación y designación de los sitios Ramsar del país.

Las iniciativas beneficiaron de forma directa a más de 300.000 personas y de manera indirecta a más de 1,8 millones de habitantes de las cuencas y zonas priorizadas. La entidad organizó más de 15.000 actividades de capacitación, fortalecimiento y transferencia de conocimientos, con más de 300.000 participantes.

El Fideicomiso Ecológico de Panamá (FIDECO), creado en 1995, ha financiado cientos de proyectos comunitarios orientados a la producción sostenible, las soluciones basadas en la naturaleza, la ciencia y la resiliencia climática.

“FIDECO es el testimonio vivo de un impacto ambiental y social hito en Panamá, y la plataforma financiera clave para enfrentar los desafíos ambientales globales”, sostuvo la fundación.

Desde Darién hasta Bocas del Toro, se indicó que ha impulsado proyectos junto a comunidades locales. En Chiriquí, promovió café bajo sombra, conservación de suelos y conectividad de paisajes productivos en fincas de la cuenca del río Chiriquí Viejo.

En Darién, desarrolló turismo comunitario, monitoreo de jaguares y águila harpía, junto con acciones para el manejo del bosque seco y los manglares.

En la Cuenca del Canal, sus intervenciones incluyeron protección hídrica de subcuencas, restauración de suelos, prácticas productivas y turismo comunitario. En Bocas del Toro, respaldó la gestión de áreas protegidas, la conservación de manatíes y tortugas marinas, y la producción de cacao orgánico Ngäbe-Buglé.

En Veraguas y Los Santos, trabajó en el manejo participativo de manglares, la gestión de áreas protegidas, la investigación y el monitoreo de biodiversidad, además de soluciones basadas en la naturaleza y paisajes productivos en las cuencas de los ríos Santa María, La Villa y Parita.

La fundación aportó a la conservación de áreas protegidas de la Reserva de la Biósfera La Amistad, entre ellas el Parque Internacional La Amistad, el Parque Nacional Marino Isla Bastimentos, el Parque Nacional Volcán Barú, el Parque Nacional San San Pond Sak, el Bosque Protector Palo Seco y el Humedal Lagunas de Volcán.

En la Reserva de la Biósfera de Darién, desarrolló acciones en el Parque Nacional Darién, la Reserva Hidrológica Filo del Tallo y el Humedal Punta Patiño.

También trabajó en tres sitios declarados Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO: el Parque Internacional La Amistad, el Parque Nacional Darién y el Parque Nacional Coiba, sostuvo.

La Asamblea Nacional aprobó en segundo debate el proyecto de ley 746, que modifica y añade disposiciones a la Ley 6 de 1987 sobre beneficios para jubilados, pensionados y personas de la tercera edad.

La votación obtuvo 54 votos favorables y tras ese paso ahora la iniciativa deberá superar el tercer debate antes de ser enviada al Órgano Ejecutivo para una eventual sanción y promulgación.

El proyecto apunta a ampliar el acceso de los adultos mayores a bienes y servicios.

Durante la discusión legislativa, los diputados introdujeron cambios, por lo que el alcance definitivo dependerá del texto que complete el trámite parlamentario.

Entre las medidas incluidas figuran descuentos en medicamentos, consultas médicas generales y de especialidades, pañales para adultos, tratamientos contra el cáncer, equipos de asistencia, servicios funerarios y la tasa de aseo.

La iniciativa también contempla una rebaja del 25% en medicamentos y en los honorarios por consultas generales, además de un 15% en servicios de oftalmología.

El listado agrega un descuento del 20% en laboratorios, un 30% en radiología, un 50% en la emisión o duplicado de pasaportes, cédulas y licencias de conducir, y reducciones del 30% en la facturación mensual de electricidad y en el cargo fijo de telefonía residencial.

Javier Sucre, diputado proponente, afirmó que la propuesta busca crear oportunidades para los jubilados y pensionados, además de complementar los ingresos de quienes perciben pensiones bajas.

Calculó que las medidas podrían representar USD 270 millones en beneficios anuales.

El diputado también señaló que la intención es completar el proceso legislativo antes de este 31 de octubre, con respaldo presidencial para avanzar con la iniciativa.

Los descuentos todavía no están vigentes. La aprobación en segundo debate constituye un paso dentro del procedimiento legislativo, pero el proyecto requiere la votación final del pleno legislativo y la posterior intervención del Órgano Ejecutivo.

Mientras esto ocurre en la Asamblea Nacional, la Dirección General de Carrera Administrativa puso a circular una nota a las entidades públicas para que le remitan información la cantidad de jubilados que tienen en sus planillas.

La medida, según se informó, busca calcular el posible costo de iniciativas de retiro voluntario que analiza la Asamblea Nacional de Panamá.

La nota, dirigida a directores y jefes de Recursos Humanos de las entidades públicas, despertó dudas sobre la estabilidad laboral de quienes siguen trabajando después de jubilarse.

Sin embargo, la institución aclaró que el requerimiento no ordena separaciones ni fija una fecha para que esos funcionarios dejen sus cargos.

Pese a ello, la petición provocó intranquilidad entre el sector de los jubilados, en momentos en que el país atraviesa por una situación de incertidumbre, derivada del terremoto que azotó el pasado 9 de octubre.

Cheyla Valdés, directora general de Carrera Administrativa, sostuvo que el objetivo es construir una base de datos que permita examinar el alcance financiero de eventuales cambios en el servicio público.

“No es para generar ansiedad, no es para generar temor”, manifestó Valdés al referirse a las interpretaciones que surgieron tras la emisión de la circular.

Insistió en que la entidad que dirige necesita determinar cuántas personas jubiladas permanecen en las dependencias estatales.

Con esa información se podrá estimar cuánto costarían los mecanismos de salida voluntaria si las propuestas legislativas avanzan, apuntó.

Valdés indicó que la actualización de los registros responde a la necesidad de contar con información disponible para evaluaciones futuras.

“Mantener esa base de datos actualizada” permitirá medir el impacto económico de las iniciativas, explicó.

Por ahora, los empleados jubilados que continúan en instituciones públicas no recibieron una instrucción para abandonar sus cargos. La medida se limita a solicitar listados a las áreas responsables de Recursos Humanos.

Nicolás viajaba en el quinto vagón de uno de los trenes cuando se produjo la colisión. Estaba sentado en la primera fila ubicada al final del coche y, tras recuperar el aliento, encontró a varios pasajeros lesionados.

“Cuando pude recuperar el aliento después del golpe, las personas alrededor estaban muy afectadas, con muchas heridas y en un estado de shock”, contó en declaraciones al citado medio.

El joven explicó que los pasajeros que podían moverse intentaron abrir una vía de escape. “Buscamos romper la ventana y algunos pudimos salir por ahí”, afirmó. Más tarde, lograron forzar una puerta para que el resto de los ocupantes del vagón pudiera evacuar.

La colisión ocurrió cerca de la estación de Urda, en Toledo

El Gobierno de Castilla-La Mancha informó que el siniestro fue provocado por el alcance entre dos trenes de alta velocidad cerca de la estación de Urda. Las formaciones cubrían la línea entre Madrid y Sevilla.

El Ejecutivo regional activó el Plan Territorial de Emergencia de Castilla-La Mancha (PLATECAM) a las 9:15 horas (hora local) y, una hora y cuarto después, elevó la emergencia a Situación Operativa 2. También solicitó la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

De acuerdo con el último parte oficial, viajaban 393 personas en el tren AVE y 151 en el Iryo. El balance provisional indicó que 44 de los fallecidos iban en el Iryo y 24, en el AVE.

Al lugar acudieron agentes de la Guardia Civil, bomberos de varias provincias, personal sanitario del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, voluntarios de Protección Civil y equipos de atención psicosocial. Los heridos fueron derivados a hospitales de Alcázar de San Juan, Ciudad Real, Toledo, Albacete y Madrid.

“Los primeros vagones quedaron completamente destruidos”

Tribaldos describió los daños en los coches delanteros y las escenas que presenció después de salir del tren. “El momento más difícil fue ver a las personas con heridas tan graves, cuerpos sin vida y restos esparcidos”, sostuvo.

El sobreviviente aseguró que los primeros vagones de ambas formaciones resultaron destruidos a causa de la colisión. Mientras esperaban la llegada de los equipos de emergencia, los pasajeros que lograron salir intentaron ayudar a quienes no podían caminar.

“Buscábamos ayudar a las personas que no podían caminar o a las que se les podía ayudar mientras llegaban los paramédicos y la Guardia Civil”, relató el joven panameño.

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, anunció tres días de luto oficial, desde el 29 hasta el 31 de octubre, y señaló que la prioridad era atender a las víctimas y sus familiares. También indicó que la Comisión Independiente de Accidentes Ferroviarios, las autoridades judiciales y los organismos del sistema ferroviario investigarán las causas del hecho.

Luego de que un terremoto de 7.5 grados sacudiera el territorio panameño el 9 de octubre y varios cadáveres se salieran de sus tumbas en dos cementerios de la provincia de Veraguas, el Ministerio de Salud entregará los restos cremados de los fallecidos a sus respectivos familiares.

Los cadáveres estaban sepultados en el Cementerio Municipal de Soná y en el Cementerio de Hicaco, y tras el violento movimiento de tierra fueron expulsados de sus féretros.

Expuestos, los restos fueron recogidos por funcionarios del Ministerio de Salud para su posterior cremación, debido a que representaban un peligro para la salud pública.

Cerca de los cementerios hay residencias cuyos habitantes no soportaban los malos olores que empezaban a inundar su entorno.

La entrega de los restos cremados se hará el sábado en un acto solemne.

Esto forma parte de las acciones sanitarias implementadas a consecuencia de las afectaciones ocasionadas por el reciente movimiento sísmico, informó una nota de prensa del ministerio.

El plan de la entidad contemplaba contactar a los familiares para informarles sobre el procedimiento recomendado, que incluía la cremación y la posterior colocación de los restos en criptas que serían construidas en el cementerio.

Antes de avanzar con estas medidas, las autoridades manifestaron que debían completar las labores de saneamiento y desinfección, además de evaluar las estructuras afectadas y determinar cuáles deberán demolerse.

El Ministerio de Salud indicó que el procedimiento no sería de inmediato y que se preparaba una cronología para organizar las distintas etapas.

Hoy día la entidad también intensifica el combate al dengue en Veraguas tras el reciente sismo que afectó al país.

La cartera sanitaria entregó más de 1,496 mosquiteros en las zonas más golpeadas por el movimiento telúrico. El reparto se concentró en tres puntos: el sur de Soná, la cabecera del mismo distrito y Mariato, donde los equipos de control de vectores combinan la entrega de mosquiteros con jornadas de nebulización e inspecciones casa por casa.

La provincia suma 234 casos de dengue, según el informe epidemiológico del Minsa. De ese total, 204 no presentan signos de alarma, 27 sí los registran y tres son calificados como graves.

La cifra de hospitalizaciones asciende a 29 pacientes. El desglose por gravedad permite al ministerio priorizar la respuesta médica en los casos que requieren mayor atención.

Santiago encabeza la lista de distritos con más contagios, con 74 casos. Le siguen Las Palmas, con 47; Soná, con 18; La Mesa, con 11, y Calobre, con 10.

Mientras avanza el reparto de mosquiteros, el Minsa sostiene un esquema paralelo de vigilancia en los albergues y las comunidades afectadas por el sismo. El objetivo es detectar a tiempo cualquier brote entre la población desplazada.

El personal de salud también realiza pruebas a los pacientes que presentan síntomas febriles. Con esos estudios, el ministerio busca descartar tanto dengue como malaria en quienes permanecen en los refugios.

Hasta el momento, ninguna de las evaluaciones realizadas en los albergues arrojó resultado positivo. La ausencia de casos confirmados en ese universo de pacientes es, por ahora, el dato más alentador del operativo sanitario en la zona del sismo.

Las autoridades sanitarias reiteraron un pedido directo a la población de Veraguas: eliminar los criaderos de mosquitos y mantener limpios los alrededores de las viviendas. Esas dos acciones figuran como la primera línea de defensa contra la propagación del vector.

El ministerio también solicitó atención a los síntomas que pueden anticipar un cuadro de dengue. Fiebre, dolor de cabeza y dolor muscular aparecen como las señales que ameritan una consulta médica inmediata.

Las autoridades insistieron en un punto adicional: evitar la automedicación. La recomendación apunta a que los pacientes con síntomas febriles acudan sin demora a las instalaciones de salud, en lugar de tratar el cuadro por cuenta propia.

La combinación de nebulización, inspecciones y entrega de mosquiteros conforma la estrategia con la que el ministerio busca contener la transmisión en los distritos más golpeados por el sismo. La vigilancia en albergues, señala la entidad, continúa activa mientras se procesan nuevas pruebas a pacientes con síntomas compatibles con la enfermedad.

Una empresa constructora y una ingeniera residente fueron declaradas culpables por homicidio culposo tras el juicio oral que concluyó esta semana.

La decisión se vincula con la caída de un automóvil desde el estacionamiento del PH Breeze, en Costa del Este, que causó tres muertes.

Una información difundida por la Procuraduría General de la Nación también incluyó dos medidas de detención provisional dictadas en causas distintas: una contra un hombre investigado por un homicidio en San Miguelito y otra contra un adolescente de 17 años, señalado por tentativa de homicidio en Colón.

Respecto al caso del PH Breeze este terminó con una condena por homicidio culposo

El hecho ocurrió el 28 de marzo de 2018, en el PH Breeze, ubicado en Costa del Este, corregimiento de Juan Díaz.

Un Mini Cooper rojo cayó desde el nivel 4000 del área de estacionamientos y chocó contra la vía pública. El impacto provocó la muerte de tres personas y dejó herida a una joven.

La investigación del Ministerio Público estableció que la constructora incumplió disposiciones del Reglamento de Diseño Estructural de Panamá durante la ejecución del proyecto, que se desarrolló entre 2008 y 2011.

La obra también contó con la participación de una ingeniera residente. La investigación atribuyó responsabilidad penal a ambos por la inobservancia del deber de cuidado durante la construcción.

De acuerdo con la Fiscalía, la estructura no cumplía los requisitos mínimos de seguridad.

La declaración de culpabilidad alcanzó tanto a la persona jurídica como a la profesional que intervino en la edificación. El proceso se resolvió luego de la celebración del juicio oral.

Por otra parte, un hombre quedó detenido por un homicidio ocurrido en El Valle de Urracá

En una causa independiente, la Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Regional de San Miguelito obtuvo la legalización de la aprehensión, la imputación y la detención provisional de un hombre por homicidio doloso agravado.

El hecho investigado se registró el 30 de septiembre de 2026, entre veredas de El Valle de Urracá.

Según la información oficial, el imputado portaba un arma de fuego y efectuó varias detonaciones contra un ciudadano que caminaba por el sector. Las heridas causaron la muerte de la víctima.

Durante la audiencia, la Fiscalía fundamentó su solicitud de prisión preventiva en riesgos procesales vinculados con una posible afectación de los medios de prueba.

La acusación también sostuvo que el investigado representa un peligro para la comunidad. El episodio ocurrió a plena luz del día en un lugar frecuentado por numerosas personas.

La gravedad del delito fue otro de los elementos expuestos para pedir la medida cautelar. La Procuraduría General de la Nación informó que el juez admitió las peticiones presentadas por la Fiscalía.

Otro caso reportado por las autoridades dan cuenta de un adolescente de 17 años que fue detenido por tentativa de homicidio en la provincia de Colón.

La Fiscalía Superior de Adolescentes de Colón y Guna Yala logró su detención provisional por su presunta vinculación con una tentativa de homicidio.

La medida se adoptó después de que el Juzgado Penal de Adolescentes legalizara la aprehensión y admitiera la formulación de imputación solicitada por la Fiscalía.

El caso se remonta al 8 de julio de 2026, en el sector de La Feria, corregimiento de Cristóbal Este.

La investigación sostiene que el menor actuó junto con otras personas armadas y que realizaron varios disparos contra la víctima. El ataque le provocó heridas graves.

El adolescente fue aprehendido el 26 de octubre en el corregimiento de Cativá, en la provincia de Colón. Las autoridades lo requerían por un delito contra la vida y la integridad personal.

Después de casi dos décadas de desacuerdos, el Congreso General Guna aprobó iniciar la consulta previa, libre e informada sobre la interconexión eléctrica entre Panamá y Colombia.

La decisión convierte a Gunayala en el segundo de los tres territorios indígenas panameños vinculados al trazado que autoriza este procedimiento, considerado fundamental para avanzar con el proyecto.

La resolución fue adoptada por consenso durante la asamblea celebrada del 21 al 26 de octubre en la comunidad de Dadnaggwedubbir. Por primera vez, las autoridades tradicionales aprobaron formalmente una hoja de ruta para consultar a sus comunidades, con procedimientos definidos conforme a las normas y mecanismos de decisión del pueblo guna.

El documento, identificado como Resolución No. 2, faculta a una comisión designada por el Congreso para organizar las distintas etapas del proceso. Sin embargo, la autorización no significa que las comunidades hayan aprobado la construcción de la infraestructura, sino que aceptaron participar en una evaluación informada sobre sus posibles consecuencias.

Con esta decisión, Gunayala se suma a la comarca de Wargandí, que inició su consulta en agosto, mientras las Tierras Colectivas de Alto Bayano permanecen pendientes de completar ese paso.

Los tres territorios forman parte del corredor previsto para transportar electricidad entre ambos países, atravesando zonas de considerable importancia ambiental y cultural.

La interconexión contempla una línea de transmisión de aproximadamente 500 kilómetros, con capacidad inicial de 400 megavatios. Su recorrido comprende 220 kilómetros terrestres en Panamá, 130 kilómetros submarinos por el Caribe y otros 150 kilómetros en territorio colombiano, utilizando tecnología de corriente directa de alta tensión.

El trazado partirá de la subestación Panamá II, en territorio panameño, y atravesará Alto Bayano, Wargandí y Gunayala hasta llegar a Mulatupu. Desde allí, un cable submarino cruzará hacia Necoclí, en Colombia, antes de continuar hasta la subestación Cerromatoso, ubicada en el departamento de Córdoba.

La importancia estratégica consiste en conectar por primera vez los sistemas eléctricos de Centroamérica y Suramérica, permitiendo transportar energía desde Panamá hacia Colombia y viceversa.

Mediante las redes regionales existentes, el intercambio podría extenderse hacia Ecuador, otros países centroamericanos y México, sujeto a las capacidades de transmisión y acuerdos comerciales correspondientes.

Los gobiernos de Panamá y Ecuador acordaron en septiembre de 2026 impulsar una futura ampliación de la integración energética regional. La iniciativa permitiría aprovechar diferencias de precios, disponibilidad de generación y condiciones climáticas, aunque los beneficios económicos dependerán de los mercados, las tarifas y la regulación aplicable.

El proyecto ha manejado una inversión de referencia de 800 millones de dólares, aunque estimaciones posteriores de sus promotores sitúan el presupuesto entre 1,000 y 1,400 millones. El costo definitivo dependerá de las licencias ambientales, los requerimientos técnicos y la financiación, todavía pendientes de completar.

Su ejecución acumula numerosos retrasos por desacuerdos territoriales, preocupaciones ambientales y falta de consensos comunitarios. También han influido la necesidad de armonizar las regulaciones eléctricas de ambos países, obtener autorizaciones y definir las condiciones financieras para una infraestructura que atravesará áreas sensibles del Darién.

En Gunayala, la oposición tiene antecedentes concretos. En 2015 el Congreso rechazó el trazado propuesto, mientras que en 2018 autorizó estudios sin que prosperara el entendimiento. En marzo de 2023, las autoridades rechazaron el estudio de impacto ambiental y el proyecto, manteniendo las objeciones sobre su territorio.

La posición comenzó a modificarse en marzo de 2026, cuando se derogó aquella resolución, y posteriormente se creó una comisión encargada de preparar la consulta. Las preocupaciones indígenas incluyen la protección de bosques, el respeto a su autonomía, la participación efectiva en las decisiones y los beneficios que recibirían las comunidades.

Entre las principales demandas figura que la infraestructura contribuya a mejorar las condiciones de vida, mediante electrificación rural y acceso vial. Las autoridades han planteado integrar estas necesidades al denominado Corredor Ambiental Sostenible, que combina transmisión eléctrica, caminos y suministro energético para poblaciones históricamente aisladas.

El secretario nacional de Energía, Rodrigo Rodríguez, destacó que el procedimiento debe respetar los tiempos y las decisiones tradicionales. Desde octubre de 2025, su despacho mantiene conversaciones con las autoridades gunas y coordina una mesa interinstitucional integrada por 14 entidades, encargadas de acompañar los aspectos sociales, ambientales y territoriales.

La nueva resolución representa un avance significativo después de años de resistencia, pero todavía quedan etapas decisivas antes de construir. Las consultas comunitarias, los permisos ambientales, los acuerdos regulatorios y el cierre financiero determinarán cuándo podrá ejecutarse la interconexión, cuyo desarrollo lleva más de dos décadas en discusión.

Un total de USD 26.6 millones concentran las quejas presentadas por consumidores panameños entre enero y septiembre de este año ante la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco).

El dato más llamativo no es la suma general, sino una desproporción puntual, toda vez que los 74 casos por vicios ocultos movieron USD 3.954.861,78, una cifra superior a la que generaron las 130 reclamaciones por cláusulas abusivas juntas.

Esa diferencia confirma que el tamaño del reclamo no siempre corresponde a la cantidad de denuncias.

Algunas categorías con pocos casos concentran montos más altos que otras con volúmenes mayores de quejas.

El incumplimiento de garantías encabeza la lista en las dos variables: 1.008 casos, por un total de USD 9.029.278,49.

Entre enero y septiembre, los panameños presentaron 2.562 reclamaciones que suman USD 26.631.922,30, principalmente por incumplimiento de garantías, devolución de dinero y falta de información, según Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia.

Después del incumplimiento de garantías aparecen las reclamaciones por devolución de dinero, con 229 casos por USD 3.656.844,49, y la falta de información, con 482 quejas que suman USD 3.478.272,12.

El incumplimiento de contrato sumó 65 reclamaciones por USD 2.476.435,85.

Inmobiliarias, almacenes y agencias de autos concentran la mayoría de las denuncias

Al revisar las quejas por rubro comercial, se tiene en efecto que las inmobiliarias ocuparon el primer lugar con 321 casos.

Los almacenes por departamentos siguieron con 288 reclamaciones, y las agencias de autos cerraron el podio con 254.

El informe de la entidad gubernamental también revela que los comercios de electrodomésticos y equipos electrónicos sumaron 228 quejas.

En tanto, la venta de autos usados acumuló 124 casos, mientras que los establecimientos de venta de celulares registraron 102.

También figuran 101 quejas vinculadas a televisión por cable, 95 por hoteles o planes vacacionales y 92 por talleres de reparación de autos.

Los repuestos para vehículos y los servicios de telefonía registraron 53 casos cada uno.

El resto de las actividades señaladas, siempre de acuerdo a un informe de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia, incluye bancos (49 casos), actividades recreativas (48), funerarias (45) y servicios profesionales (43).

Las mueblerías y los talleres de reparación no automotrices sumaron 40 quejas cada uno.

Completan el listado las agencias de motos (32 casos), las universidades (31), los cursos de inglés (28), las joyerías y relojerías (28) y las ópticas (26).

La entidad de protección al consumidor recordó a los consumidores la importancia de conocer sus derechos antes de contratar un servicio o adquirir un producto. El organismo recomienda revisar las condiciones de cada operación de forma previa.

La institución gubernamental también insistió en conservar facturas, contratos, garantías y comprobantes de pago.

Esos documentos, afirma, respaldan cualquier reclamación posterior que tengan los consumidores ante irregularidades que estime se le presenten.

Cuando un consumidor considera que sus derechos fueron vulnerados, puede presentar la queja correspondiente ante la entidad y aportar la documentación que sustente su caso.

La Acodeco también informó que prepara el lanzamiento de una aplicación móvil que permitirá presentar quejas y denuncias desde el teléfono celular. Se indicó que la herramienta se encuentra actualmente en fase de pruebas y revisión.

El desarrollo forma parte de los preparativos previos al lanzamiento oficial de la plataforma, de acuerdo a la información oficial. Con ella, los consumidores podrán registrar sus casos de manera más sencilla y dar seguimiento a sus trámites.

La institución busca que el acceso a sus servicios se agilice mediante herramientas digitales. El objetivo es que la atención de las reclamaciones gane rapidez frente al volumen actual de denuncias.

Los conductores de Panamá tendrán una rebaja en las gasolinas de 95 y 91 octanos a partir del viernes 30 de octubre, mientras el diésel registrará un nuevo incremento. La actualización publicada en la Gaceta Oficial establece precios máximos diferenciados por localidad, con vigencia de 14 días.

En Panamá y Colón, la gasolina de 95 octanos costará $1.32 por litro, equivalente a aproximadamente $5.01 por galón. Frente a los $5.38 del periodo anterior, representa una reducción cercana a 37 centavos por galón, la mayor disminución absoluta entre los tres combustibles regulados.

La gasolina de 91 octanos también tendrá una disminución importante para los consumidores, al pasar de aproximadamente $4.84 a $4.50 por galón.

El nuevo precio será de $1.19 por litro, lo que supone un ahorro cercano a 34 centavos por galón frente a la quincena anterior.

El diésel mantendrá una tendencia contraria, con un incremento de aproximadamente ocho centavos por galón. Su precio máximo en Panamá y Colón pasará de $5.74 a $5.82, mientras que el valor por litro se ubicará en $1.54, según la resolución de la Secretaría Nacional de Energía.

Con estos ajustes, la diferencia entre las gasolinas y el diésel vuelve a ampliarse. El combustible utilizado por numerosos vehículos comerciales será aproximadamente 81 centavos más caro por galón que la gasolina de 95, mientras la separación frente a la de 91 alcanzará $1.32.

Los nuevos valores comenzarán a aplicarse a las 6:00 a. m. del viernes 30 de octubre y permanecerán vigentes hasta las 5:59 a. m. del 13 de noviembre. Durante ese periodo, las estaciones no podrán superar los precios máximos autorizados para cada combustible y localidad.

En Arraiján y La Chorrera, la gasolina de 95 costará aproximadamente $5.02 por galón, mientras la de 91 se ubicará en $4.51 y el diésel en $5.83. Los precios presentan pequeñas diferencias respecto de Panamá y Colón, debido a los parámetros de comercialización establecidos.

Para los conductores de David, el galón de gasolina de 95 costará $5.09, el de 91 alcanzará $4.58 y el diésel llegará a $5.90. En Puerto Armuelles, los valores serán aproximadamente $5.13, $4.62 y $5.94, respectivamente, para los mismos productos.

Changuinola continuará entre las localidades con los precios más elevados del país. Allí, la gasolina de 95 alcanzará $5.20 por galón, la de 91 costará $4.69 y el diésel superará los seis dólares, con un valor aproximado de $6.01.

La nueva revisión coincide con una trayectoria descendente de los precios internacionales de las gasolinas durante la segunda mitad de octubre. Los indicadores de la Secretaría Nacional de Energía muestran que, al 27 de octubre, la gasolina de 95 acumulaba una variación negativa de 8.43%.

La caída fue todavía mayor para la gasolina de 91 octanos, cuya variación acumulada alcanzó -8.91% en el periodo mostrado. En contraste, el diésel registró un comportamiento positivo de 1.60%, lo que ayuda a explicar las diferencias entre los ajustes anunciados para los tres combustibles.

La gráfica oficial también refleja que ambas gasolinas mantuvieron una trayectoria predominantemente descendente entre el 14 y el 27 de octubre. El diésel, aunque moderó parte de sus aumentos iniciales, permaneció en terreno positivo, a diferencia de los otros dos productos.

La Secretaría Nacional de Energía establece los precios máximos de venta cada 14 días, tomando como referencia las variaciones de los costos de importación, los fletes y los márgenes de comercialización. El mecanismo permite trasladar los cambios internacionales al mercado panameño mediante revisiones periódicas.

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá ha contabilizaba hasta el momento más de 1.152 réplicas desde el terremoto de magnitud 7.5 ocurrido el 9 de octubre en Panamá.

Tras el sismo, personal del instituto recorrió las áreas afectadas para ampliar la vigilancia del sistema de fallas Azuero-Soná, revisar equipos y medir la deformación de la corteza.

La misión incluyó la instalación de estaciones sísmicas en las regiones de Soná, Quebrada Grande, Mariato, Quebro, en la provincia de Veraguas, y Macaracas, en la provincia de Los Santos, además de la inspección de los dispositivos ubicados en Penonomé y Las Tablas, ubicados en las provincias de Coclé y Los Santos, respectivamente.

El director del instituto, Néstor Luque, indicó que las observaciones de campo permiten contrastar los cambios del terreno con los registros instrumentales y las imágenes satelitales.

Durante las inspecciones, dijo que los especialistas detectaron desplazamientos de consideración en el sector sur del plano de falla, hacia Tonosí, en la provincia de Los Santos, y la parte meridional del sistema, en dirección al distrito Los Santos.

Explicó que las mediciones posteriores a un terremoto sirven para documentar la ruptura, sus efectos sobre la superficie y establecer referencias ante futuros episodios.

El director del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá sostuvo que esos datos también aportan a la paleosismología, disciplina que analiza rastros de sismos antiguos para determinar cuántas veces se movió una falla, cómo fueron sus desplazamientos y qué características tuvieron esos eventos.

La comparación entre las evidencias geológicas y los datos obtenidos tras el reciente sismo puede aportar elementos sobre la energía liberada y los intervalos entre terremotos, declaró a la revista Hacia La Luz.

Sin embargo, Luque advirtió que los registros instrumentales aún son insuficientes para fijar un período de recurrencia de grandes movimientos en esta falla.

Los eventos de 1913 y 2026 aportan pocos datos, por lo que será necesario profundizar el análisis geológico de antiguos desplazamientos.

Registros históricos apuntan a que en el siglo XX el terremoto de Panamá de 1913 registró una magnitud de momento estimada en 6,9, y fue se asoció a la falla de Tonosí, una estructura incluida dentro del ámbito del Sistema de Fallas Azuero–Soná (SFAS).

Ese sismo afectó la zona sur de la península de Azuero, provocando deslizamientos de tierra y graves daños en poblados, e incluso generó un pequeño tsunami que alcanzó el golfo de San Miguel, en la región del Darién.

Esta es una estructura de cizalla de escala regional con dirección noroeste–sureste, reconocida por el Instituto de Geociencias como la principal responsable de la reciente actividad sísmica de gran magnitud en Tonosí, Veraguas y la región suroccidental del país.

Este sistema combina mecanismos de desgarre lateral con componentes variables de extensión (fallas normales) y compresión (fallas inversas), lo que se refleja en la diversidad de mecanismos focales observados en las distintas secciones.

Así se tiene que la zona de Mariato y el golfo de Montijo, por ejemplo, presenta una mezcla de fallas de desgarre con componentes normales e inversas.

Mientras, el sector de isla Coiba y alrededores registra fallas transcurrentes asociadas a la interacción entre la fractura de Coiba y estructuras locales, generando una sismicidad frecuente con rupturas de tipo lateral.

Ahora, La expedición también busca documentar deslizamientos y otras alteraciones causadas por el terremoto.

Investigadores del Instituto de Geociencias que realizan estudios doctorales y colaboradores analizan imágenes satelitales para localizar las zonas afectadas y verificar en el terreno los movimientos identificados.

El científico alertó que los sitios donde ya hubo deslizamientos pueden registrar nuevos desplazamientos mientras continúen las lluvias.

La saturación del suelo y el reblandecimiento de los materiales elevan la inestabilidad de las laderas y pueden provocar deslizamientos o deslaves, por lo que recomendó no acercarse a esas áreas y atender las advertencias de las autoridades.

Las consecuencias del terremoto de magnitud 7.5 que sacudió Panamá el 9 de octubre siguen aumentando conforme avanzan las evaluaciones oficiales. El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informó que 16,302 viviendas han sido inspeccionadas y 52,874 personas registradas mediante la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN).

El informe confirma dos personas fallecidas y 27 lesionadas. Las autoridades mantienen operativos en las comunidades afectadas para identificar daños estructurales, determinar necesidades prioritarias y orientar la asistencia a las familias que perdieron sus viviendas o enfrentan condiciones inseguras.

En el sector educativo, el balance registra 619 centros escolares con afectaciones, mientras que en salud se contabilizan 120 instalaciones dañadas. Las inspecciones continúan para establecer la gravedad de los daños en cada edificio y determinar cuáles requieren reparaciones, intervenciones mayores o restricciones de acceso.

La emergencia también mantiene a 4,501 personas alojadas en 141 albergues, según las cifras más recientes. Sinaproc reportó asistencia en 175 comunidades y 38 evacuaciones aéreas, mientras la distribución de suministros humanitarios continúa en los territorios donde persisten dificultades de acceso.

Hasta el momento, las operaciones han permitido movilizar más de 208,317 libras de ayuda por vía aérea y 365 toneladas mediante transporte terrestre. Los suministros incluyen alimentos, agua y artículos de primera necesidad, destinados a familias que permanecen fuera de sus hogares o necesitan apoyo durante la recuperación.

Uno de los principales frentes de trabajo se concentra en la comarca Ngäbe-Buglé, donde Sinaproc reportó 130 viviendas evaluadas, aproximadamente 16 con colapso estructural y 668 personas registradas. Las inspecciones abarcan los distritos de Kusapín, Ñöle Duima, Nurum y Müna, con participación de distintas instituciones.

En esa región también fueron identificadas 12 personas con discapacidad y siete mujeres embarazadas que requieren seguimiento según sus necesidades particulares. Los equipos continúan recopilando información para priorizar la atención de los hogares y actualizar las cifras conforme se validen los reportes de campo.

En el distrito de Nurum participan funcionarios de la Secretaría Nacional de Discapacidad, el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Vivienda. El trabajo incluye visitas a las comunidades, levantamiento de información y verificación de las condiciones habitacionales para determinar las medidas de asistencia correspondientes.

Ante la magnitud de los daños, el presidente José Raúl Mulino anunció la construcción de 1,400 viviendas adicionales a las 1,300 previstas inicialmente. Con esta ampliación, el Gobierno proyecta levantar al menos 2,700 casas para familias afectadas en Coclé, Veraguas, Herrera y Los Santos.

El ministro de Vivienda, Jaime Jované, explicó que se incrementó el número de contratistas para ampliar la cobertura de las obras y atender más corregimientos. La meta oficial contempla avanzar progresivamente hasta marzo de 2027, aunque el total de viviendas podría aumentar conforme concluyan las inspecciones.

Mientras se desarrollan los trabajos, las autoridades prevén habilitar estructuras temporales para las familias damnificadas. También se han anunciado alternativas de alojamiento y apoyo habitacional, mientras se organizan las reparaciones y reconstrucciones según las condiciones de cada inmueble y las necesidades de sus ocupantes.

Para agilizar la respuesta, el Consejo de Gabinete aprobó modificaciones al mecanismo de financiamiento de la emergencia, que contempla recursos de hasta 100 millones de dólares. La medida busca facilitar los pagos y aportes a contratistas mediante un fideicomiso administrado por el Banco Nacional de Panamá, sujeto a los controles correspondientes.

La asistencia también incluye 200 carpas donadas por Copa Airlines, trasladadas con apoyo del Servicio Nacional de Fronteras hacia Los Santos. Paralelamente, la Secretaría Nacional de Discapacidad mantiene la entrega de sillas de ruedas, bastones, andaderas y otros insumos a personas afectadas por el terremoto.

Sinaproc reiteró que las cifras todavía son preliminares y podrían modificarse con nuevas inspecciones. Las autoridades pidieron evitar el ingreso a estructuras dañadas sin verificación técnica y aseguraron que la atención habitacional y humanitaria continuará mientras se completa la evaluación de las comunidades afectadas.

La Universidad de Panamá advirtió sobre ofertas para realizar exámenes de admisión a cambio de dinero, difundidas mediante redes sociales y plataformas digitales.

La institución alertó a los aspirantes de primer ingreso sobre esta práctica, que compromete la validez de las evaluaciones y podría afectar sus posibilidades de ingresar a la casa de estudios superiores.

Mediante un comunicado emitido el 27 de octubre, la Dirección General de Admisión informó que ha tenido conocimiento de personas que ofrecen presentar las Pruebas de Capacidades Académicas (PCA) en nombre de los estudiantes.

Estas propuestas incluyen una remuneración económica por sustituir al aspirante durante la evaluación.

La universidad calificó esta conducta como irregular y contraria a los principios de honestidad, transparencia e igualdad de oportunidades que deben regir el ingreso a sus carreras. Las autoridades recordaron que el propósito de las pruebas es evaluar las capacidades individuales de cada postulante, sin intervención de otras personas.

La advertencia establece que cualquier evaluación en la que se compruebe que una persona distinta al aspirante realizó el examen será declarada inválida. La institución también señaló que podrán aplicarse medidas administrativas o legales, según corresponda, sin precisar cuántos casos han sido identificados ni anunciar sanciones contra personas determinadas.

El pronunciamiento está dirigido tanto a los estudiantes interesados en ingresar a la universidad como a sus familiares, ante el riesgo de que acepten ofrecimientos de terceros. La Dirección General de Admisión exhortó a no efectuar pagos por estos servicios y a desconfiar de quienes prometan resolver las evaluaciones.

Las autoridades insistieron en que las pruebas de admisión tienen carácter personal e individual, por lo que deben ser desarrolladas exclusivamente por los aspirantes inscritos. Permitir que otra persona responda el examen altera las condiciones de competencia y desvirtúa la medición de conocimientos y habilidades utilizada durante la selección.

La alerta coincide con el desarrollo del proceso de admisión para el año académico 2027, cuya inscripción se efectuó entre el 30 de junio y el 30 de septiembre de 2026. El procedimiento tiene un costo de 30 dólares e incluye evaluaciones psicológicas, académicas y de conocimientos generales.

Una parte de estas evaluaciones se realiza mediante plataformas virtuales, aunque determinadas facultades requieren que los estudiantes acudan presencialmente y utilicen dispositivos electrónicos. Esta combinación de modalidades forma parte del esquema de admisión vigente, en el que cada unidad académica comunica las condiciones correspondientes a sus aspirantes.

Durante octubre, la Universidad de Panamá también anunció modificaciones en el calendario de las pruebas académicas para distintas facultades y centros regionales. Los cambios incluyeron evaluaciones virtuales desde el hogar y otras presenciales, por lo que se solicitó verificar las fechas y modalidades oficiales antes de presentar cada examen.

Entre los ajustes comunicados figura la aplicación de pruebas para Comunicación Social y Humanidades el 26 de octubre, mediante modalidad virtual desde el hogar. Otras unidades académicas establecieron jornadas posteriores, mientras las autoridades recomendaron consultar las instrucciones específicas de cada facultad para evitar errores durante el proceso.

El calendario general también contempla pruebas psicológicas hasta el 26 de noviembre y evaluaciones de conocimientos generales durante noviembre. La entrega de resultados a los aspirantes está prevista del 11 al 15 de enero de 2027, una vez completadas las distintas etapas establecidas por la universidad.

Aunque existen reportes recientes sobre las ofertas de suplantación denunciadas por la institución, no se han identificado antecedentes públicos suficientemente documentados que permitan establecer cuántas situaciones similares ocurrieron en procesos anteriores. Tampoco se ha informado oficialmente el número de estudiantes involucrados en las prácticas que motivaron esta advertencia.

La Dirección General de Admisión reiteró que los interesados deben utilizar únicamente los canales oficiales de información y evitar intermediarios que ofrezcan ventajas a cambio de pagos.

La universidad sostuvo que el ingreso debe responder al mérito y las capacidades de cada aspirante, sin comprometer la transparencia de las evaluaciones.

Arnold Enrique Salgado Galeano, de 54 años, exvicepresidente de Finanzas de BAC Panamá, continuará detenido provisionalmente por su presunta participación en la Operación Pandora, que investiga un fraude fiscal superior a 40 millones de dólares.

El Tribunal Superior de Apelaciones confirmó la medida cautelar impuesta contra el exejecutivo bancario.

Los magistrados rechazaron por unanimidad el recurso presentado por la defensa, al considerar que persisten riesgos procesales y elementos que vinculan al imputado con las irregularidades investigadas.

Salgado había sido detenido el 6 de octubre y enfrenta cargos por presunta corrupción privada y delincuencia organizada, relacionados con operaciones de créditos fiscales.

Durante la audiencia, el fiscal Emeldo Márquez presentó declaraciones que señalan al exbanquero como una persona que presuntamente facilitaba la negociación de créditos fiscales.

Uno de los coimputados, Carlos Ferguson, aseguró haberle entregado 50,000 dólares mediante dos cheques, como agradecimiento por agilizar gestiones relacionadas con estas operaciones.

La Fiscalía también presentó información sobre 36 correos electrónicos eliminados por Salgado, que habrían contenido comunicaciones con personas investigadas. Además, señaló movimientos de dinero desde cuentas del imputado hacia familiares y terceros.

La defensa sostuvo que las transferencias tenían justificación familiar y negó que su cliente participara en actividades delictivas.

Salgado, quien dejó su cargo bancario en septiembre, es el único exejecutivo financiero entre los 22 imputados que registra actualmente la Operación Pandora.

La investigación comenzó en mayo de 2025 y derivó en allanamientos y aprehensiones durante julio de 2026, cuando las autoridades identificaron una presunta estructura integrada por particulares y funcionarios tributarios.

El mecanismo investigado consistía en manipular registros del sistema e-Tax 2.0, administrado por la Dirección General de Ingresos (DGI), para eliminar cuentas millonarias correspondientes a contribuyentes que habían pagado sus obligaciones.

Mediante estas alteraciones, los involucrados presuntamente generaban o aprovechaban créditos fiscales irregulares, que posteriormente eran negociados para obtener dinero.

Los créditos fiscales representan saldos reconocidos a favor de los contribuyentes, generalmente originados por pagos en exceso, retenciones u otras situaciones previstas en la legislación tributaria.

Estos recursos pueden utilizarse para compensar obligaciones fiscales y, cuando la normativa lo permite, ser objeto de cesión o transferencia mediante procedimientos establecidos.

La presunta organización habría aprovechado las debilidades de los controles informáticos para modificar información tributaria y negociar derechos de cobro sin respaldo legítimo. Según las investigaciones, parte de los créditos terminó en operaciones vinculadas con BAC Panamá, entidad que ha negado participar en el esquema y asegura colaborar con las autoridades.

La plataforma e-Tax 2.0 constituye una herramienta fundamental para la administración tributaria, porque permite presentar declaraciones, consultar estados de cuenta, efectuar pagos y gestionar obligaciones fiscales. Su utilización por personas naturales y empresas convierte la integridad de sus registros en un elemento esencial para proteger la recaudación del Estado.

Las investigaciones han identificado presuntas irregularidades cometidas entre 2024 y 2025, con participación de funcionarios que habrían tenido acceso a información y procedimientos internos.

Durante los primeros operativos de julio fueron imputadas 16 personas, mientras que las diligencias posteriores elevaron el total a 22, por distintos delitos económicos y contra la administración pública.

El fiscal Márquez había advertido que la cantidad de personas investigadas podría aumentar, debido a la complejidad de las operaciones y al análisis de documentos bancarios. Las autoridades también investigan el destino de los fondos, pues parte del dinero presuntamente se distribuyó mediante pagos en efectivo, dificultando reconstruir su recorrido.

El escándalo llevó al Gobierno a anunciar la sustitución integral del sistema e-Tax por una plataforma tecnológica más moderna. El Ministerio de Economía y Finanzas explicó que el nuevo mecanismo incorporará registros digitales de cada operación, controles automatizados y herramientas de auditoría continua, para reducir las posibilidades de manipulación de información.

La modernización también contempla el seguimiento de los expedientes en tiempo real y la eliminación de procedimientos manuales vulnerables a intervenciones irregulares.

El objetivo es fortalecer la transparencia tributaria y garantizar que los recursos recaudados ingresen efectivamente al Estado, evitando operaciones como las investigadas en Pandora.

Mientras tanto, la Fiscalía solicitará que el proceso sea declarado causa compleja, con el propósito de disponer de mayor tiempo para completar diligencias y analizar documentación. Salgado permanecerá bajo detención provisional mientras avanza la investigación.

Juan Carlos Castillo Vaca, conocido como alias “D-Max” y señalado como presunto cabecilla de la organización criminal Los Dimax, fue expulsado de Panamá y entregado a las autoridades colombianas el martes 27 de octubre.

El extranjero registra una condena superior a 40 años de prisión y una notificación roja de Interpol por requerimientos judiciales en su país de origen.

Castillo Vaca es vinculado por las autoridades con presuntas actividades de narcotráfico a gran escala, homicidios, extorsiones y préstamos ilegales mediante la modalidad conocida como “gota a gota”.

La organización Los Dimax, que presuntamente dirigía, mantiene su principal área de operaciones en Cali, una de las ciudades colombianas donde las autoridades han investigado estructuras dedicadas a distintas actividades delictivas.

El colombiano había sido identificado en septiembre por la Unidad de Perfilamiento y Análisis de Protección Fronteriza del Servicio Nacional de Migración (SNM), mediante labores coordinadas con el Consejo de Seguridad Nacional y la Policía de Colombia.

Estas diligencias permitieron confirmar su identidad y los requerimientos judiciales que motivaron su entrega a las autoridades del vecino país.

Su salida formó parte de un operativo que involucró a 37 colombianos, de los cuales 19 fueron deportados y 18 expulsados. Entre las causales identificadas figuran delitos contra la seguridad colectiva y casos relacionados con el Tren de Aragua y préstamos informales, mientras Panamá mantiene controles sobre extranjeros vinculados con actividades ilícitas.

El caso también vuelve a poner bajo atención el sistema de préstamos denominado “gota a gota”, utilizado para ofrecer dinero rápido, generalmente sin garantías bancarias ni evaluaciones crediticias.

Los prestatarios deben realizar pagos frecuentes, habitualmente diarios, bajo condiciones que pueden incluir intereses elevados y mecanismos de cobro abusivos, especialmente cuando existen retrasos.

En Panamá, prestar dinero con intereses elevados no constituye automáticamente un delito, porque la usura no está tipificada como una conducta penal independiente en el Código Penal vigente.

Sin embargo, cuando los cobradores recurren a amenazas, intimidaciones o exigencias violentas, pueden configurarse delitos como extorsión, castigada con penas de cinco a diez años de prisión.

Las autoridades panameñas han desarrollado otros operativos contra personas vinculadas a esta modalidad. En agosto de 2026, Migración retuvo en el Aeropuerto Internacional de Tocumen a un colombiano identificado como presunto tercer cabecilla de La Inmaculada, una organización criminal investigada por extorsiones y cobros violentos de préstamos en Colombia.

Posteriormente, el 4 de septiembre, un ciudadano colombiano fue aprehendido en Chitré, provincia de Herrera, durante la Operación Perseus, cuando presuntamente realizaba cobros diarios.

La intervención respondió a que su actividad económica era incompatible con el permiso migratorio que autorizaba su permanencia en territorio panameño.

El 20 de septiembre, la Policía Nacional reportó la aprehensión de otros tres colombianos presuntamente relacionados con el sistema de cobros denominado “cobra diario”. Los extranjeros fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, mientras continuaban las verificaciones sobre sus actividades y posibles infracciones legales.

Los controles migratorios también reflejan un aumento de las medidas administrativas de salida. Hasta el 11 de octubre de 2026, Panamá había registrado 3.711 deportaciones y expulsiones, distribuidas entre 2.907 deportados y 804 expulsados, según las estadísticas oficiales correspondientes a ese período.

Por nacionalidad, los colombianos encabezaron los registros con 2.079 personas, seguidos por 508 ecuatorianos y 237 ciudadanos de India. Los hombres concentraron 3.170 procedimientos, frente a 541 mujeres, mientras otras nacionalidades acumularon 887 casos dentro del balance migratorio.

Mediante el acuerdo migratorio con Estados Unidos, Panamá contabilizó 3.209 personas deportadas o expulsadas, entre ellas 1.860 colombianos, 494 ecuatorianos y 236 ciudadanos indios.

El informe también registró 134 venezolanos y cinco ecuatorianos con retorno asistido, como parte de los mecanismos de cooperación internacional.

Con el operativo del 27 de octubre, Panamá acumuló 76 vuelos chárter utilizados en procedimientos de control migratorio. Las autoridades mantienen la cooperación con organismos internacionales para identificar personas requeridas judicialmente y fortalecer la vigilancia sobre actividades criminales, mientras continúan las deportaciones y expulsiones de extranjeros.

El Gobierno de Panamá evalúa trasladar a tierra firme a los habitantes de Isla Cañas, en el distrito de Tonosí, provincia de Los Santos, ante las inundaciones registradas después del terremoto del 9 de octubre. La posibilidad fue anunciada por José Ramón Icaza, secretario de Metas Presidenciales, quien confirmó instrucciones para identificar terrenos donde podrían construirse nuevas viviendas.

Icaza explicó que las mareas registradas durante los últimos días han provocado inundaciones tanto en la isla como en sectores de tierra firme. Ante esta situación, las autoridades iniciarán nuevas evaluaciones de las condiciones del terreno para determinar si resulta seguro el regreso de las familias o si será necesario reubicarlas permanentemente.

El funcionario señaló que el presidente José Raúl Mulino ordenó localizar terrenos para una eventual solución habitacional. La decisión dependerá de los estudios y del comportamiento de las mareas, porque el traslado todavía no ha sido confirmado y las autoridades necesitan determinar si las inundaciones representan una amenaza permanente para los residentes.

Las declaraciones se produjeron después del Consejo de Gabinete del martes 27 de octubre, cuando Mulino anunció la construcción de 1,400 viviendas adicionales a las 1,300 que comenzaron a edificarse para los damnificados. El Gobierno proyecta al menos 2,700 soluciones habitacionales en Coclé, Veraguas, Herrera y Los Santos.

La situación de Isla Cañas comenzó el viernes 9 de octubre, cuando un terremoto de magnitud 7.5 sacudió la península de Azuero. El movimiento provocó olas anómalas, inundaciones y alteraciones en el terreno, obligando a evacuar de emergencia a aproximadamente 400 personas que se encontraban en la comunidad.

La evacuación se desarrolló mediante lanchas utilizadas por los propios residentes, quienes trasladaron a sus vecinos hacia tierra firme en aproximadamente 30 minutos. Al menos ocho embarcaciones participaron en el operativo, que permitió poner a salvo a las familias sin registrar víctimas mortales, pese al temor provocado por el ingreso del mar.

Isla Cañas tiene una población aproximada de 600 habitantes, que permanece a la espera de una decisión sobre el retorno. Aunque el suministro eléctrico fue restablecido, la comunidad continúa sin agua potable y los residentes solamente pueden ingresar temporalmente para alimentar a sus animales y revisar sus propiedades.

Las evaluaciones preliminares también han identificado cambios importantes en la configuración del terreno. El agua abrió un canal de aproximadamente 37 metros de ancho y más de cuatro metros de profundidad durante la marea alta, mientras especialistas investigan la erosión y el desplazamiento de sedimentos que provocaron esta transformación.

La situación genera mayor preocupación ante la alerta por mareas altas vigente hasta el 30 de noviembre en el litoral Pacífico panameño, donde se encuentra Isla Cañas. Estas condiciones podrían agravar las inundaciones en las zonas vulnerables, especialmente en los terrenos afectados por el terremoto, mientras las autoridades evalúan los riesgos para la población y la posibilidad de trasladar a las familias hacia tierra firme.

El impacto económico resulta especialmente preocupante porque la agricultura constituye uno de los principales sustentos de la comunidad. Un diagnóstico agrario establece que la isla posee aproximadamente 832 hectáreas de superficie, de las cuales unas 400 hectáreas corresponden a tierras agrícolas, destinadas principalmente a la producción de alimentos.

En estos terrenos se cultivan arroz, maíz, frijol, sandía y melón, productos destinados al consumo familiar y al mercado nacional. El representante Demetrio Ríos estimó que más del 80% de la producción agrícola quedó destruida por el terremoto y la entrada de agua salada, afectando a más de un centenar de productores.

La isla también constituye uno de los principales refugios de tortugas marinas del Pacífico panameño. Cada año, durante la temporada de julio a diciembre, llegan a sus playas más de 20,000 tortugas para desovar, entre ellas ejemplares de las especies golfina, verde, carey y baula.

Esta riqueza natural sostiene actividades de turismo ecológico y conservación ambiental, mediante recorridos por manglares, observación de tortugas y servicios de transporte marítimo. Sin embargo, después del terremoto, la llegada de visitantes disminuyó considerablemente, afectando los ingresos de familias dedicadas a la pesca y al turismo.

Mientras avanzan las evaluaciones, el futuro de Isla Cañas permanece sin definirse. Las autoridades deberán determinar si las condiciones permiten recuperar las viviendas y actividades productivas o si las familias necesitan establecerse definitivamente en tierra firme, después de una emergencia que transformó su entorno y sus medios de subsistencia.

Las autoridades panameñas decomisaron 20 paquetes de presunta sustancia ilícita que permanecían ocultos en los paneles de refrigeración de un contenedor localizado en una terminal portuaria de la provincia de Colón.

El cargamento procedía de Paita, Perú, y tenía como destino final Amberes, Bélgica, una ruta comercial que ha sido utilizada reiteradamente para el tráfico internacional de drogas.

El Servicio Nacional Aeronaval (Senan) informó que el hallazgo se produjo mediante operaciones de control portuario, desarrolladas en coordinación con la Procuraduría General de la Nación, dentro del Plan Firmeza y la Operación Escudo Protector.

La institución no precisó el peso de los paquetes ni el tipo de sustancia encontrada, cuya identificación corresponde a las investigaciones correspondientes.

Este decomiso se suma a otros cargamentos interceptados durante 2026 mediante una modalidad que consiste en introducir drogas en contenedores utilizados para transportar mercancías legales.

Los narcotraficantes aprovechan el movimiento internacional de carga y las operaciones de transbordo para intentar trasladar sustancias ilícitas hacia mercados de Europa y otros continentes.

El pasado 26 de octubre, la Aeronaval reportó 51 paquetes ocultos en los paneles de refrigeración de otro contenedor procedente del Callao, Perú, con destino a Barcelona, España.

Una semana antes, el 19 de octubre, las autoridades habían localizado 298 paquetes de presunta droga en un cargamento procedente de Guayaquil, Ecuador, que también se dirigía hacia territorio español.

Los decomisos de mayor volumen incluyen 1,897 paquetes encontrados en abril dentro de dos contenedores que viajaban desde Ecuador hacia Bélgica. En julio fueron interceptados otros 1,130 paquetes procedentes de Perú, mientras que en marzo la Policía Nacional descubrió 525 paquetes en un contenedor cuyo destino final era Málaga, España.

La utilización de contenedores refrigerados constituye una de las técnicas identificadas por las autoridades para introducir sustancias ilícitas en el comercio marítimo.

Los compartimentos técnicos permiten esconder paquetes sin colocarlos directamente entre las mercancías, mientras que la circulación de miles de contenedores plantea importantes desafíos para las inspecciones y los controles de seguridad.

La Aeronaval identificó durante 2025 la carga contenerizada como una modalidad recurrente del narcotráfico internacional. En ese período documentó 42 eventos relacionados con esta práctica, con 12,533 paquetes de cocaína decomisados, equivalentes al 35% de las incautaciones registradas por la institución hasta septiembre de ese año.

Las investigaciones desarrolladas en Panamá también han revelado la presunta infiltración de organizaciones criminales en instalaciones portuarias. En mayo de 2026, la Operación Dársena Cero permitió aprehender a 16 personas, entre trabajadores portuarios, funcionarios y transportistas, vinculadas a una investigación sobre más de cuatro toneladas de drogas detectadas en contenedores con destino europeo.

Según las investigaciones, integrantes de estas redes presuntamente utilizaban información sobre la ubicación de contenedores, espacios con menor vigilancia y mecanismos para sustituir sellos de seguridad.

Posteriormente, en julio, la Operación Alianza permitió la aprehensión de más de 25 personas, investigadas por una estructura que operaba principalmente desde el puerto de Balboa.

El alcance de estas actividades se refleja en las cifras oficiales de incautaciones. Según el balance más reciente del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), hasta el 26 de octubre de 2026 se habían decomisado 60,910 paquetes de sustancias ilícitas, como resultado de 94 operaciones desarrolladas en distintos puntos del país.

Estas cifras evidencian la magnitud de las actividades del narcotráfico y los esfuerzos de las autoridades para combatirlas.

La reiteración de estos hallazgos evidencia la presión del narcotráfico sobre los puertos panameños, utilizados como puntos de conexión entre América y otros mercados internacionales. Las autoridades mantienen operaciones de inteligencia, inspección y vigilancia para detectar cargamentos contaminados y desarticular redes criminales que aprovechan las rutas del comercio marítimo.

La Junta Asesora del Canal de Panamá inició una transición en su presidencia durante su XLI reunión con la Junta Directiva, que se extenderá hasta este miércoles.

El empresario danés Tommy Thomsen asumió la conducción del organismo tras el cierre de la gestión del almirante William J. Flanagan.

El encuentro reúne a ambas instancias para examinar las condiciones del comercio marítimo mundial y el avance de proyectos que apuntan a ampliar la actividad logística vinculada a la vía interoceánica.

La reunión contempla el análisis de la estrategia hídrica ante el Fenómeno de El Niño, la diversificación de los ingresos y la competitividad del Canal de Panamá. También incluye una revisión de dos proyectos complementarios: un gasoducto y la extensión del corredor logístico.

El relevo al frente de la Junta Asesora marcó uno de los momentos centrales de la jornada. Flanagan dejó la presidencia tras varios años de participación en el organismo, que asesora al Canal en asuntos vinculados con la industria marítima y el comercio global.

Thomsen cuenta con más de tres décadas de experiencia en el sector marítimo y naviero. Actualmente dirige Lauritzen Fonden, una fundación empresarial danesa.

“El Canal de Panamá enfrenta un entorno de cambios profundos, pero tiene una posición única para seguir siendo un conector clave del comercio mundial”, afirmó Tommy Thomsen, nuevo presidente de la Junta Asesora.

El empresario sostuvo que el grupo continuará aportando su experiencia para acompañar el desarrollo de la ruta. Su llegada se produjo en una reunión que también incorpora nuevos integrantes con trayectoria en navieras, logística y economía marítima.

El organismo sumó a Oscar Hasbún Martínez, presidente de la Compañía Sud Americana de Vapores (CSAV), y al doctor Jean Paul Rodrigue, profesor de la Universidad de Texas A&M en Galveston.

Hasbún es ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile y acumula cerca de 15 años de experiencia en la industria de la logística global.

Además de presidir CSAV, que es el mayor accionista de la naviera alemana Hapag-Lloyd, encabeza el directorio de SM SAAM, empresa dedicada a los servicios de remolcadores en América.

El ejecutivo chileno también integra los directorios de Hapag-Lloyd, en Alemania; CCU, en Chile, y Nexans, en Francia, entre otras compañías.

Rodrigue, por su parte, forma parte del Departamento de Administración de Negocios Marítimos de la Universidad de Texas A&M en Galveston. El académico obtuvo un doctorado en Geografía del Transporte en la Universidad de Montreal.

El nuevo integrante participa en la iniciativa PortEconomics.eu y en la Asociación Internacional de Economistas Marítimos. Entre 2013 y 2018, además, integró la Junta Asesora de la Academia de la Marina Mercante de Estados Unidos.

La agenda comenzó con una visita a las esclusas de Cocolí, el Centro Integrado de Control de Operaciones (CICO) y el área donde se desarrollarán el gasoducto y la ampliación del corredor logístico.

La administradora del Canal, Ilya Espino de Marotta, y el subadministrador Miguel Lorenzo presentaron los avances de esas iniciativas ante los miembros de ambas juntas.

Durante el recorrido, las autoridades también explicaron el funcionamiento de las esclusas y del centro desde el que se coordina la circulación de los buques por la vía.

El ministro para Asuntos del Canal y presidente de la Junta Directiva, José Ramón Icaza, destacó la función de las recomendaciones que recibe la administración de parte del órgano asesor.

“Las recomendaciones de la Junta Asesora son un insumo valioso para las decisiones que tomamos sobre el futuro del Canal”, señaló Icaza.

El ministro añadió que la visión de los integrantes permite anticipar transformaciones en el comercio mundial y apuntalar una ruta “confiable, sostenible y competitiva” para las próximas generaciones.

El 26% de las pymes panameñas sufrió un incidente de ciberseguridad durante los últimos 12 meses.

Entre las empresas afectadas, los casos más frecuentes fueron el phishing, el fraude en pagos y los ataques de malware, según el Mastercard 2026 SME Cybersecurity Outlook.

La encuesta regional de Mastercard, elaborada entre 2.400 propietarios y responsables de decisiones de pequeñas y medianas empresas de 12 países de América Latina y el Caribe, muestra que los pagos digitales ya son parte de la actividad diaria.

El reto ahora es que las compañías puedan usar esas herramientas sin que el riesgo de fraude limite su crecimiento, se indica.

El 97% de las pymes de América Latina y el Caribe acepta pagos digitales.

En Panamá, la adopción llega al 100% entre las empresas consultadas.

En la nación canalera el 43% de las pymes afirmó que los temores por la ciberseguridad frenaron o detuvieron la incorporación de herramientas o pagos digitales. El fraude también llevó al 42% a posponer su llegada a nuevos mercados.

Otro 40% señaló que retrasó la adopción de nuevos métodos de pago. El 39% informó que aplazó el crecimiento de sus ventas mediante comercio electrónico.

La relación entre seguridad y reputación también aparece entre los resultados. Solo el 2% de las empresas panameñas considera que los problemas de ciberseguridad no afectan la confianza de los clientes en su negocio.

Mientras, las pymes que reportaron incidentes de seguridad en Panamá señalaron al phishing como el problema más habitual, con el 50%. El fraude en pagos alcanzó el 46% y los ataques de malware representaron el 44%.

De igual manera, las amenazas que generan mayor inquietud siguen una tendencia similar. El 54% de las compañías consultadas ubicó el fraude en pagos entre sus principales riesgos, mientras que el phishing concentró el 45% y el robo de datos, el 44%.

La exposición a estos hechos contrasta con el nivel de digitalización de las empresas. La adopción de cobros electrónicos amplía las opciones de venta, pero también exige mecanismos de prevención, detección y recuperación ante posibles ataques.

La ciberseguridad no es vista únicamente como una defensa frente a delitos digitales. Casi la mitad de los participantes regionales sostuvo que una mayor protección contra el fraude y los ciberataques podría permitirles lograr un crecimiento adicional de 25% o más.

El 42% también ubicó el aumento de las ventas en línea y digitales entre sus principales oportunidades para los próximos dos años. Para las compañías, la seguridad se vincula con la posibilidad de ampliar operaciones sin detener inversiones por temor a pérdidas o daños a la confianza de sus clientes.

En Panamá, cerca del 90% de las pymes consideró que podría alcanzar un crecimiento adicional de doble dígito si dispusiera de una protección más sólida frente al fraude y los ciberataques.

“La ciberseguridad ya no es solo una preocupación tecnológica, sino un imperativo empresarial”, expresó Soledad Rovira, country manager de Mastercard para Panamá.

La ejecutiva agregó a la compañía que las empresas del país utilizan los pagos digitales para crecer, llegar a más clientes y expandir sus operaciones.

Rovira sostuvo que ese avance requiere confianza y herramientas para enfrentar riesgos como el fraude y los ciberataques.

El 93% de las pymes de la región afirmó estar familiarizado con la ciberseguridad. Pese a ese nivel de conocimiento, solo el 18% se siente muy preparado para proteger su negocio.

Una de cada cinco empresas declaró que no cuenta con un plan de respuesta o recuperación ante incidentes de ciberseguridad. La distancia entre el reconocimiento de los riesgos y la preparación efectiva aparece como una de las principales brechas del informe.

Panamá impulsa la importancia de dar seguimiento a los compromisos derivados de la suscripción del Marco de Asociación País (CPF), de la Alianza Solar Internacional (ISA).

Las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores resaltaron el potencial de esa cooperación para desarrollar la transición energética, tecnológica y el fortalecimiento de las capacidades nacionales.

Además, el interés de Panamá en acoger en el 2027 la Novena Reunión del Comité Regional de la ISA para América Latina y el Caribe.

Hugo Morales, jefe de Programas Regionales para América Latina y el Caribe de la ISA, presentó las principales líneas de acción del organismo y los mecanismos disponibles para apoyar a los países miembros.

Entre esos, señaló la asistencia técnica, el desarrollo de proyectos, la implementación de iniciativas piloto, la transferencia de conocimientos y los programas de formación especializada.

Uno de los temas centrales fue la posibilidad de establecer en Panamá un centro de la Red Internacional de Centros de Recursos para Aplicaciones de Tecnología Solar (STAR-C).

La propuesta contempla explorar alianzas con la Fundación Ciudad del Saber y la Universidad Tecnológica de Panamá, a fin de promover la capacitación de especialistas, la investigación aplicada y el desarrollo de competencias vinculadas al sector de las energías renovables.

La delegación de la ISA presentó el Programa de Becas Solares, desarrollado en colaboración con el Instituto Indio de Tecnología de Delhi, como una oportunidad para fortalecer la formación académica y profesional en tecnologías y gestión de energías renovables.

Para avanzar con la agenda también se celebró un taller multisectorial para la implementación del CPF, realizado conjuntamente por la ISA y la Secretaría Nacional de Energía.

Esta contó con la participación de representantes de diversas instituciones públicas como el Ministerio de Economía y Finanzas, la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, la Oficina de Electrificación Rural, la Universidad Tecnológica de Panamá, las empresas distribuidoras EDEMET y Naturgy, entre otras.

La Alianza Solar Internacional (ISA) es una organización intergubernamental concebida para acelerar la expansión de la energía solar en el mundo mediante la cooperación internacional, la movilización de inversiones y el fortalecimiento de capacidades técnicas, con énfasis en los países situados entre los trópicos, que disponen de altos niveles de irradiación solar.

De acuerdo con la propia ISA, la alianza reúne a más de 120 países que se han comprometido a impulsar la transición energética limpia, ampliando el acceso a la electricidad, reforzando la seguridad energética y avanzando en el cumplimiento de los objetivos climáticos globales.

La ISA enfatiza su función de convocar a los países miembros para acelerar el despliegue solar, no solo como herramienta de mitigación del cambio climático, sino también como instrumento de desarrollo económico y social.

Esto, dado que la energía solar puede contribuir a ampliar el acceso a la electricidad en comunidades aisladas, reducir costos energéticos, crear empleos verdes y fortalecer la resiliencia de los sistemas energéticos frente a shocks externos.

Esta misión se traduce en programas concretos, instrumentos de financiamiento y marcos de cooperación como el CPF, que permiten bajar la agenda global a la realidad específica de cada país, atendiendo sus prioridades de desarrollo y sus restricciones institucionales y financieras.

Panamá suscribió formalmente el Marco de Asociación País (CPF) con la Alianza Solar Internacional durante una visita oficial del canciller Javier Martínez-Acha Vásquez a la India, en una ceremonia celebrada en Nueva Delhi tras una reunión con el director general de la ISA, Ashish Khanna, y otros representantes de la organización.

Según informó en su momento la Cancillería panameña, el acuerdo busca impulsar proyectos de energía solar, fortalecer el marco regulatorio del sector eléctrico y ampliar las oportunidades de formación para profesionales panameños.

El Consejo de Gabinete de Panamá aprobó el proyecto de Resolución N.° 147-26, que modifica la Resolución de Gabinete N.° 108, emitida el 10 de octubre tras la declaración de emergencia nacional por los movimientos telúricos del día anterior.

La nueva medida ajusta el mecanismo para gestionar los recursos destinados a las contrataciones especiales que deberán atender las consecuencias puntuales de la emergencia sísmica.

El viernes 9 de octubre, a las 12:56 mediodía un sismo de magnitud 7.5 grados azotó el territorio panameño, con mayores consecuencias en las provincias centrales de Herrera, Coclé, Veraguas y Los Santos, donde se dio el epicentro el movimiento telúrico.

La Resolución de Gabinete N.° 108 había habilitado a los ministerios y otras entidades públicas a contratar obras, bienes y servicios bajo el procedimiento especial de adquisiciones contemplado en el Texto Único de la Ley 22 de 2006, ordenado por la Ley 153 de 2020.

La modificación aprobada autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas a administrar y aprobar los recursos, las partidas presupuestarias asignadas y los traslados correspondientes.

Esas decisiones deberán ajustarse a la ley que regula el Presupuesto General del Estado y se financiarán con la partida de Estado de Emergencia, destinada a las acciones identificadas para responder a la emergencia nacional.

La resolución mantiene la autorización de $100.000.000,00 para las contrataciones especiales requeridas por los ministerios y las entidades públicas durante el período establecido en la medida inicial.

El dinero estará dirigido a cubrir las necesidades que surjan de la situación sísmica, mediante las contrataciones autorizadas por el Consejo de Gabinete.

La reforma establece que el Ministerio de Economía y Finanzas podrá manejar los fondos y las modificaciones presupuestarias necesarias para responder a la emergencia. Los recursos se destinarán a obras, bienes y servicios contratados bajo el régimen especial, con el objetivo de atender las afectaciones derivadas de los movimientos telúricos.

Los recursos serán consignados a través de un fideicomiso en el Banco Nacional de Panamá, que tendrá como finalidad financiar los aportes de capital y los pagos que requieran los contratistas.

El mecanismo abarcará las obras, los bienes y los servicios vinculados con las contrataciones previamente autorizadas para la atención de la emergencia.

La disponibilidad de los fondos quedará sujeta al presupuesto correspondiente a las vigencias fiscales de 2026 y 2027.

La resolución también exige el refrendo previo de la Contraloría General de la República antes de efectuar los pagos requeridos para ejecutar los contratos.

El Ministerio de Economía y Finanzas, el Banco Nacional de Panamá y la Contraloría quedan autorizados a suscribir los documentos necesarios para formalizar el contrato de fideicomiso.

La disposición busca que las entidades involucradas cuenten con el instrumento financiero necesario para ejecutar de forma oportuna las contrataciones vinculadas con la emergencia declarada después de los sismos del 9 de octubre.

Una nota de prensa oficial manifiesta que el fideicomiso tendrá un carácter temporal y estará ligado al período de emergencia, a las contrataciones habilitadas y al cumplimiento de las obligaciones asumidas con los contratistas.

Una vez que concluyan esas etapas, cualquier saldo remanente deberá ser reintegrado al Tesoro Nacional.

La devolución se aplicará después de que finalice el estado de emergencia y se completen tanto el período de contratación como los pagos contractuales autorizados.

El 10 de octubre el gobierno declaró un Estado de Emergencia, señalando que los ministros y las instituciones públicas deberían estar disponibles y contar con los recursos necesarios para atender a las comunidades

Panamá hará uso del Sistema Nacional de Precios de Referencia de Medicamentos (SINPREM), una herramienta orientada a mejorar las condiciones de adquisición de fármacos para la población.

El mecanismo busca coordinar el trabajo entre distintas instituciones y reforzar la capacidad de negociación ante los proveedores.

El SINPREM permitirá contar con precios de referencia para las compras de medicamentos, con el objetivo de obtener condiciones más favorables y respaldar una gestión más eficiente de los recursos destinados a la salud pública, según el Ministerio de Salud (Minsa).

La iniciativa apunta a que las entidades involucradas dispongan de información que facilite los procesos de compra y contribuya a decisiones basadas en valores de referencia.

Con esta herramienta, el Minsa asegura que busca favorecer el acceso oportuno a los medicamentos para los pacientes panameños.

La entidad informó que el SINPREM comenzará a operar con la meta de aplicarse a las adquisiciones del presupuesto de 2027.

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, coordina la iniciativa junto con la Caja de Seguro Social (CSS), y según explicó, el objetivo es avanzar hacia medicamentos más accesibles mediante la coordinación entre instituciones, el análisis de la demanda y la negociación de precios basados en los volúmenes que requiere el sistema público de salud.

Detalló que el precio de referencia operará como un tope máximo para la adquisición de los fármacos incluidos en el sistema.

Ese parámetro, agregó, surgirá del análisis conjunto de las necesidades del Minsa y la CSS, procesado a través del Observatorio Nacional de Medicamentos, la plataforma técnica que respaldará todo el proceso.

Insistió en que el sistema busca fijar un precio máximo de referencia para la compra pública de medicamentos en Panamá, a partir del cruce de información sobre volúmenes de demanda del Minsa y la CSS.

Con ese dato, se afirma que el Estado negocia condiciones más favorables y evita que las instituciones paguen por encima de un valor de mercado previamente establecido.

El proceso arranca con la recopilación y consolidación de las necesidades de medicamentos de ambas instituciones, a partir de la información de sus propios sistemas de abastecimiento y compra.

Con esos datos organizados, los equipos técnicos evaluarán las cantidades requeridas y detectarán oportunidades de negociación.

Una vez definidos, los precios de referencia se publicarán mediante los actos públicos correspondientes. Esa publicación marcará el punto de partida para que las instituciones ajusten sus procesos de compra al nuevo parámetro.

Para que la meta de 2027 se cumpla, el Minsa pidió a las instituciones participantes que designen sus enlaces técnicos. También deberán suministrar información oportuna sobre sus necesidades de medicamentos y mantener la coordinación constante entre sus equipos.

El funcionario planteó que el desafío es convertir las mejores condiciones de compra en mayores oportunidades de acceso a medicamentos, sin comprometer su calidad, seguridad ni eficacia.

El SINPREM está establecido en la Ley 419 del 1 de febrero de 2024 y fue reglamentado mediante el Decreto Ejecutivo 27 del 10 de mayo de 2024. Esa normativa le da sustento jurídico al mecanismo que ahora entra en su etapa de implementación operativa.

La instalación formal del sistema busca, según el Minsa, fortalecer la planificación de las compras públicas de medicamentos. El organismo apunta además a optimizar los recursos del Estado destinados a ese rubro.

El tercer objetivo declarado por la cartera sanitaria es contribuir a que los medicamentos estén disponibles en mejores condiciones para quienes los necesitan.

Esa disponibilidad depende, en gran medida, de que el abastecimiento llegue de forma oportuna a las instalaciones públicas de salud.

Más allá del ahorro económico, el mecanismo persigue otros dos fines concretos. El primero es fortalecer la transparencia en los procesos de contratación pública de fármacos.

El segundo es mejorar las condiciones generales de contratación entre el Estado y los proveedores. Ambos objetivos se suman al propósito central de garantizar que los medicamentos lleguen a tiempo a los centros de salud públicos del país.

Un funcionario, una exfuncionaria y un particular fueron aprehendidos por el presunto peculado de $964,620 en perjuicio de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG).

La causa se originó en diciembre de 2025, a partir de un informe de auditoría de la Contraloría General de la República.

El documento oficial detectó presuntas irregularidades en la compra de un Sistema de Planificación de Continuidad del Negocio (BCP) y Recuperación ante Desastres de Tecnologías de la Información (DRP), destinado a instituciones estatales de misión crítica.

Ese hallazgo de la Contraloría fue el disparador que llevó a la Fiscalía Superior Anticorrupción a abrir la investigación penal que derivó en las tres aprehensiones.

La Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de la Policía Nacional ejecutó las diligencias en conjunto con la Procuraduría General de la Nación.

Los allanamientos se concentraron en los sectores de Villa Lucre y Betania, además de Panamá Oeste.

En esos lugares se produjeron las tres aprehensiones y las autoridades informaron que también ubicaron indicios vinculados a la causa.

Durante los operativos se hallaron documentos que serán evaluados por la Fiscalía como parte del expediente.

Las tres personas aprehendidas quedarán a disposición de las autoridades judiciales competentes, quienes desarrollarán las audiencias correspondientes, en cumplimiento de las garantías procesales que establece la legislación panameña.

La Procuraduría precisó que el caso se enmarca en el delito contra la administración pública, en la modalidad de peculado.

La imputación de cargos y la eventual aplicación de medidas cautelares quedarán en manos del juez de garantías que reciba el caso este miércoles.

La investigación continúa abierta. Tanto la Fiscalía Superior Anticorrupción como la DIJ no descartaron nuevas diligencias vinculadas a la adquisición del sistema BCP-DRP, que debía garantizar la continuidad operativa de instituciones consideradas de misión crítica para el Estado panameño.

El caso pone bajo la lupa los controles internos de la AIG en materia de contratación tecnológica. La autoridad gubernamental es la entidad encargada de modernizar los servicios digitales del Estado y había encargado el sistema para proteger información sensible ante eventuales desastres o interrupciones operativas.

La AIG es la entidad competente para planificar, coordinar, emitir directrices, supervisar, colaborar, apoyar y promover el uso óptimo de las tecnologías de la información y comunicaciones en el sector gubernamental para la modernización de la gestión pública, así como recomendar la adopción de políticas, planes y acciones estratégicas nacionales.

En otro caso, la Procuraduría General de la Nación, a través de sus Fiscalías Especializadas en Delitos relacionados con Drogas, señaló que logró la condena de 108 meses de prisión para un hombre imputado por el delito de tráfico internacional de drogas.

El sujeto fue aprehendido con sustancias ilícitas en el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

En la audiencia, la Fiscalía legalizó la aprehensión de esta persona y dio por presentada la imputación de cargos por el delito antes mencionado. El hombre aceptó la responsabilidad de los hechos, siendo condenado e igualmente se le impuso la multa de $200.00 pagaderos en un año.

Fuentes judiciales indicaron que este hombre fue aprehendido por el Servicio Nacional Aeronaval el 26 de octubre de 2026, en la terminal aérea de Tocumen, donde se le incautaron dos botellas de vidrio que contenían una sustancia ilícita identificada como éxtasis, la cual se encontraba oculta en un equipaje.

La Procuraduría General de la Nación, a través de su Sección de Delitos contra la Libertad e Integridad Sexual y Violencia de Género de la Fiscalía Regional de Colón y Guna Yala, también logró la condena de 12 años de prisión para un ciudadano por el delito de violación agravada.

Al hombre se le impuso, como pena accesoria, la prohibición de residir o frecuentar el corregimiento donde reside la víctima, por un período de 12 años, una vez cumplida la sanción principal. Este hecho, según registran las autoridades judiciales, ocurrió el 7 de agosto del 2025.

La selección masculina de futsal de Panamá regresó a Nicaragua, escenario de su histórica conquista continental de 2024, para participar en la Copa de Naciones 2026, que se disputará del 28 al 31 de octubre.

El equipo dirigido por Jaime Aizpú buscará medir su nivel ante rivales centroamericanos y fortalecer su preparación para el próximo Premundial de Concacaf.

El combinado nacional llegó a Managua durante la noche del lunes 26 de octubre, después de completar su traslado y los trámites correspondientes. La delegación tardó más de dos horas en llegar al hotel de concentración y tiene previsto reconocer la cancha del Polideportivo Alexis Argüello, sede de todos los encuentros del certamen.

El escenario tiene un significado especial para el futsal panameño, porque allí conquistó su primer Campeonato de Concacaf en abril de 2024. En aquella final, Panamá derrotó a Cuba por 4-3, con goles de Ruman Milord, Aquiles Campos y un doblete de Claudio Goodridge, para alcanzar uno de los mayores logros de su historia.

Aquella conquista también consolidó una trayectoria de cuatro clasificaciones consecutivas a mundiales, iniciada en Tailandia 2012 y continuada en Colombia 2016, Lituania 2021 y Uzbekistán 2024. La selección panameña alcanzó los octavos de final en su primera participación, que continúa siendo su mejor resultado en una Copa Mundial de Futsal.

Antes de levantar el trofeo continental, Panamá había conseguido su clasificación al Mundial de Uzbekistán tras vencer 2-1 a Estados Unidos en los cuartos de final. Posteriormente superó 6-3 a Guatemala en las semifinales, resultados que confirmaron su crecimiento competitivo y le permitieron disputar su segunda final de Concacaf, después del subcampeonato obtenido en 2016.

El historial incluye otros resultados destacados, como el tercer lugar continental de 2012 y las medallas obtenidas en los Juegos Centroamericanos. Panamá conquistó la plata en 2013 y el oro en 2017, antecedentes que reflejan su presencia entre las selecciones competitivas de la región durante la última década.

Para esta edición de la Copa de Naciones, Panamá quedó ubicada en el grupo B junto con Costa Rica y El Salvador. El grupo A estará integrado por Nicaragua, Honduras y Cuba, por lo que seis selecciones competirán en Managua durante cuatro jornadas destinadas a fortalecer su preparación internacional.

El debut panameño está programado para el miércoles 28 de octubre, a las 3:30 de la tarde, frente a El Salvador. Su segundo compromiso será el viernes 30, a la misma hora, contra Costa Rica, mientras que la jornada definitiva se celebrará el sábado 31 de octubre.

Según el formato anunciado, los primeros lugares de cada grupo disputarán la final, mientras que las demás selecciones jugarán encuentros para definir sus posiciones. Para Panamá, el torneo representa una oportunidad de evaluar su funcionamiento colectivo, corregir aspectos tácticos y observar el rendimiento de sus futbolistas antes de afrontar nuevos compromisos oficiales.

Una convocatoria con jugadores locales y legionarios

El entrenador Jaime Aizpú convocó a 14 futbolistas, incluidos dos que militan en el extranjero. José Yearwood juega en el SS Bocca de Ecuador y Luis Vásquez pertenece a Corredores Futsal de Costa Rica, mientras que los otros doce integrantes proceden de equipos del ámbito nacional.

La portería estará defendida por Noel Hernández, de Río Abajo FS, y Jorge Hernández, de Villa 9. Como cierres fueron seleccionados Alfonso Maquensi, Ricardo Castillo, Fernando Sánchez y Alexis Castillo, quienes aportarán alternativas para la organización defensiva durante los encuentros del campeonato.

En las posiciones de ala figuran Ruman Millord, Abdiel Ortiz, Jafet Alvarado, José Yearwood, Didier Herrera y Luis Vásquez. Para desempeñarse como pívots, el cuerpo técnico convocó a Ángel Sánchez, de Río Abajo FS, y Jesús Santos, de Diamante FS, completando así el plantel anunciado.

Entre los convocados sobresalen Alfonso Maquensi y Ruman Millord, protagonistas del título continental de 2024. Maquensi recibió el reconocimiento como mejor jugador de aquel campeonato, mientras que Millord marcó en la final frente a Cuba, aportando experiencia a una selección que inicia una nueva etapa de preparación.

El desafío en Managua permitirá comprobar la evolución del equipo bajo la dirección de Jaime Aizpú, frente a adversarios habituales del fútbol sala regional. Panamá buscará aprovechar su experiencia internacional y mantener el nivel competitivo que le permitió conquistar Concacaf y participar en cuatro mundiales consecutivos.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) destacó en su reciente visita a Panamá, a mediados de octubre, la resiliencia del sistema bancario panameño y los avances alcanzados en materia de capital y supervisión.

Subrayó la importancia de continuar fortaleciendo la gestión de riesgos, el marco de resolución bancaria y la integridad financiera.

El sistema bancario, dijo, continúa estando bien capitalizado y es rentable, y los riesgos sistémicos están contenidos.

Para reforzar la resiliencia, el organismo de crédito internacional aduce que sería necesario mantener una vigilancia constante de la liquidez y las exposiciones sectoriales, seguir aplicando las recomendaciones del Programa de Evaluación del Sector Financiero de 2023 y fortalecer los mecanismos de gestión de crisis.

Agregó que los bancos cuentan con una sólida capitalización y son rentables, la cartera vencida se mantiene bajo control y las pruebas de tensión realizadas por los supervisores muestran resiliencia ante escenarios adversos plausibles.

No obstante, manifestó que sigue siendo necesario mantener una vigilancia supervisora constante, en particular en lo que respecta a las exposiciones a los sectores de la construcción, los inmuebles comerciales, la vivienda preferencial y los créditos de consumo, así como a las prácticas de constitución de provisiones y al reducido número de bancos que requieren una supervisión más estrecha.

Si bien los bancos se benefician de una base de depósitos generalmente estable y mantienen holgados colchones de activos líquidos, el FMI puntualiza que estos han disminuido con respecto a los niveles máximos registrados anteriormente.

Afirma que la gestión de la liquidez por parte de los bancos debe seguir siendo la primera línea de defensa frente a los riesgos de liquidez, y estar respaldada por colchones adecuados, fuentes de financiamiento diversificadas y planes de financiamiento de contingencia creíbles.

De acuerdo con el organismo, los requerimientos de supervisión deben ofrecer fuertes incentivos para que los bancos tengan plenamente en cuenta el riesgo de liquidez, incluso a nivel consolidado.

A agosto de este año los depósitos del Centro Bancario Internacional alcanzaron $120,889.1 millones, con un crecimiento interanual de 6.83%, equivalente a $7,731.0 millones adicionales respecto a agosto de 2025.

Por componente, los depósitos externos aumentaron 9.87%, hasta alcanzar $50,548.2 millones, mientras que los depósitos internos crecieron 4.75%, hasta $70,340.9 millones.

El mayor dinamismo del componente externo elevó su participación dentro de las captaciones de 40.7% a 41.8%.

Las cifras indican que la cartera de crédito neta alcanzó $104,468.3 millones, con un crecimiento interanual de 4.87%, equivalente a $4,855.3 millones.

Por su parte, la cartera interna se ubicó en $64,250.5 millones, con un incremento de 2.26%, mientras que la cartera externa alcanzó $40,217.7 millones, con un crecimiento de 9.33%.

Mientras, los nuevos créditos otorgados alcanzaron $17,855 millones, con un incremento de aproximadamente 4% frente al mismo período de 2025.

Solo en agosto, indican las estadísticas de la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP), los nuevos créditos sumaron $2,497 millones, un aumento de 26% respecto a agosto del año anterior.

La SBP informó que la serie de reuniones de trabajo con la misión del FMI fueron desarrolladas en el marco de la Consulta del Artículo IV.

La Consulta del Artículo IV del FMI es el eje central de la supervisión económica que ejerce este organismo sobre sus países miembros y constituye, en el caso de Panamá, uno de los principales espacios de diálogo técnico entre las autoridades nacionales y la comunidad financiera internacional.

El encuentro tuvo como objetivo intercambiar análisis sobre la situación del sistema financiero panameño, los avances regulatorios y los principales desafíos que enfrenta el sector.

Panamá se define en buena medida por su Centro Bancario Internacional, un conglomerado de bancos locales e internacionales que operan bajo licencias generales e internacionales y que han convertido al país en un nodo financiero para Centroamérica, el Caribe y parte de Sudamérica.

La Procuraduría General de la Nación de Panamá desarrolló la operación Panamá Norte Seguro 2, que dejó 19 personas aprehendidas por su presunta vinculación con el microtráfico.

Entre los investigados figuran conductores de transporte selectivo y personas que supuestamente elaboraban dulces con sustancias ilícitas para distribuirlos mediante entregas a domicilio.

Las diligencias fueron ejecutadas por la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, en coordinación con la Dirección Nacional Antidrogas y la Dirección Nacional de Inteligencia Policial.

Los allanamientos se realizaron en Chilibre, Caimitillo, Alcalde Díaz y Las Cumbres, sectores donde las autoridades habían identificado posibles actividades de comercialización y posesión de estupefacientes.

Durante los operativos, los investigadores incautaron presuntas sustancias ilícitas, dinero en efectivo, municiones y teléfonos celulares, elementos que serán incorporados a las investigaciones.

La Fiscalía busca determinar la participación de cada uno de los sospechosos y establecer cómo funcionaban los mecanismos de distribución utilizados en las comunidades intervenidas.

Uno de los aspectos que llamó la atención fue la presunta utilización de dulces como vehículo para comercializar drogas, una modalidad que las autoridades han detectado anteriormente en Panamá. Según la investigación, algunos aprehendidos preparaban estos productos y coordinaban su entrega a domicilio, mientras otros detenidos trabajaban como conductores de transporte selectivo.

La Procuraduría no ha precisado qué sustancia contenían los dulces investigados ni la cantidad decomisada, por lo que todavía no se ha confirmado su composición.

Los 19 sospechosos deberán comparecer ante un Tribunal de Garantías, donde la Fiscalía solicitará la legalización de las aprehensiones, la imputación de cargos y las medidas cautelares correspondientes.

Antecedentes de brownies con marihuana

El nuevo caso se produce menos de un mes después de una investigación similar en La Chorrera, provincia de Panamá Oeste. El pasado 3 de octubre, un juez ordenó la detención provisional de un joven de 19 años, investigado por presuntamente vender brownies con marihuana en las inmediaciones de un centro educativo.

La investigación se desarrolló mediante la operación Loky, ejecutada el 30 de septiembre, cuando agentes policiales y fiscales realizaron tres diligencias para verificar la comercialización de drogas. El sospechoso fue presentado ante un juez de garantías, que ordenó mantenerlo detenido mientras avanzaba el proceso penal por los hechos investigados.

Otro antecedente ocurrió el 20 de octubre en Condado del Rey, corregimiento de Betania, donde la Policía Nacional aprehendió a dos personas de 20 y 22 años. Durante el allanamiento, las autoridades decomisaron dulces, frascos, sobres, cajas y una pesa digital, objetos presuntamente relacionados con la comercialización de sustancias ilícitas.

La Policía ha advertido que los brownies, las golosinas y otros productos preparados con cannabis pueden confundirse con alimentos convencionales, especialmente entre menores de edad.

Su apariencia dificulta reconocer la presencia de sustancias psicoactivas, mientras que los efectos de los comestibles pueden tardar en manifestarse y prolongarse durante varias horas.

En diciembre de 2024, una mujer fue condenada a 80 meses de prisión por vender brownies con marihuana en estaciones del Metro de Panamá. Los productos eran ofrecidos como “Happy Brownies” y fueron vendidos a un agente encubierto, lo que permitió a la Fiscalía sustentar la investigación por comercialización de drogas.

Condenas por tráfico internacional

En otra actuación judicial, la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas obtuvo una condena de 108 meses de prisión contra un hombre detenido en el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

El acusado había sido aprehendido el 26 de octubre por el Servicio Nacional Aeronaval, cuando transportaba dos botellas de vidrio con éxtasis ocultas en su equipaje.

Durante la audiencia, el hombre aceptó su responsabilidad por tráfico internacional de drogas, lo que permitió validar la sentencia. Además de los nueve años de prisión, el tribunal le impuso una multa de 200 balboas, que deberá pagar en el plazo de un año, según informó la Procuraduría.

Veraguas, Herrera, Coclé y Los Santos cancelaron sus desfiles del 3 y 4 de noviembre, mientras que La Villa de Los Santos también suspendió la tradicional celebración del 10 de noviembre.

Las decisiones responden a los daños provocados por el terremoto del 9 de octubre, que dejó miles de familias damnificadas y obligó a las autoridades a priorizar la seguridad y la atención humanitaria.

Las direcciones regionales del Ministerio de Educación (Meduca) confirmaron la suspensión de los desfiles escolares en las cuatro provincias, después de consultar con alcaldías, directores de centros educativos y organismos de emergencia.

La medida busca evitar riesgos para estudiantes y espectadores, especialmente en lugares donde las edificaciones y las rutas de desfile presentan afectaciones.

En Coclé, los municipios de Natá, Antón, Penonomé y Aguadulce habían anunciado previamente la cancelación de sus celebraciones. En Penonomé, las autoridades reportaron daños en comunidades y en el Palacio Municipal, mientras que Antón suspendió las actividades previstas para el 3, 4 y 5 de noviembre, como expresión de solidaridad con los damnificados.

La Villa de Los Santos se sumó a las cancelaciones con una decisión que alcanza los actos festivos del 1, 3, 4 y 10 de noviembre. Su alcalde, Raúl Montenegro, explicó que el terremoto ocasionó daños en el casco antiguo, incluidos la iglesia San Atanasio, el Museo de la Nacionalidad, la Gobernación y el Palacio Municipal.

Según los reportes presentados por la alcaldía, más de 1.500 personas resultaron damnificadas en el distrito de Los Santos. Las oficinas municipales debieron trasladarse temporalmente a una biblioteca, mientras continúan las evaluaciones de viviendas y edificios.

La magnitud de las afectaciones llevó a descartar las concentraciones multitudinarias que tradicionalmente acompañan las fiestas patrias.

Sin embargo, el Primer Grito de Independencia será recordado el 10 de noviembre mediante una ceremonia cívica en el parque Rufina Alfaro, con izamiento de banderas, interpretación de himnos y un acto religioso. La noche anterior se realizará una vigilia dedicada a las familias afectadas, sin el tradicional desfile.

La suspensión también llegó a la capital, donde las asociaciones de santeños residentes en Juan Díaz y San Miguelito decidieron no realizar sus celebraciones del 10 de noviembre. En su lugar, organizarán una caravana solidaria hacia Los Santos, destinada a entregar artículos de primera necesidad a las comunidades golpeadas por el terremoto.

La iniciativa, denominada «Un solo corazón, una sola tierra», busca reunir alimentos, agua potable, productos de higiene, ropa, carpas y otros suministros. También participarán organizaciones cívicas de La Chorrera, Nuevo Chorrillo, Gatuncillo y Capira, que sustituirán las manifestaciones folclóricas por una jornada de asistencia humanitaria.

La dimensión de la emergencia explica estas decisiones. Según el balance preliminar del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), actualizado al 26 de octubre, se habían evaluado 13.681 viviendas y registrado 44.885 personas mediante los procedimientos oficiales de identificación de daños y necesidades. El terremoto dejó, además, dos fallecidos y 27 lesionados.

El informe nacional contabiliza 619 centros educativos con afectaciones reportadas y 120 instalaciones de salud dañadas. También registra 5,642 personas alojadas en 152 albergues, mientras los equipos de emergencia continúan verificando inmuebles, distribuyendo suministros y atendiendo a familias que todavía no pueden regresar a sus hogares.

Del total de 619 centros educativos afectados por el terremoto, al menos 30 deberán ser demolidos debido a la gravedad de los daños estructurales. Esta situación representa un desafío para el Ministerio de Educación, que deberá garantizar la continuidad del proceso de enseñanzade los estudiantes mientras se definen las alternativas de atención y los planes de reconstrucción de las instalaciones escolares.

En un desglose provincial anterior, Sinaproc había documentado 5,144 viviendas evaluadas en Los Santos y 3,479 en Herrera. También reportó 1,594 en Coclé y 766 en Veraguas, cifras que muestran la extensión territorial de los daños y que pueden aumentar conforme avanzan las inspecciones.

La situación será diferente en la ciudad de Panamá. Aunque se suspendieron las tradicionales dianas del 3 de noviembre, los desfiles patrios del 3 y 4 de noviembre se mantienen programados. De esta manera, las celebraciones nacionales combinarán actos cívicos en las zonas habilitadas con medidas de prevención y solidaridad hacia las provincias afectadas.

Después de varios días en los que las réplicas del terremoto del 9 de octubre se mantenían por debajo de magnitud 5, un nuevo movimiento de 5,7 sacudió este martes 27 de octubre la región del Pacífico panameño. El evento ocurrió a las 10:26 de la mañana, cerca de isla Coiba, en Veraguas, y volvió a generar inquietud entre los residentes de las provincias afectadas.

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá confirmó que el temblor forma parte de la secuencia sísmica iniciada hace 18 días, cuando un terremoto de magnitud 7,5 golpeó el país. Con este último movimiento, el número de réplicas superó las 1.152, según informó Néstor Luque, director de la institución, que mantiene una vigilancia permanente sobre el comportamiento de las fallas geológicas.

Luque explicó que el evento se produjo en una sección del sistema de fallas Azuero-Soná, próxima a las costas de Veraguas. Situó el movimiento a unos 15 kilómetros de isla Coiba y a una profundidad estimada de ocho kilómetros, aunque los primeros reportes instrumentales difundieron parámetros ligeramente diferentes, sujetos a revisión por los especialistas.

El sismo fue considerado significativo porque rompió temporalmente la tendencia de movimientos de menor magnitud observada durante los últimos días. Sin embargo, Luque aclaró que este comportamiento no significa necesariamente un aumento sostenido de la actividad, pues las réplicas pueden presentar incrementos puntuales de intensidad mientras continúa el reacomodo de las estructuras geológicas.

De acuerdo con el especialista, la secuencia mantiene una tendencia general hacia magnitudes de entre 3 y 4, con movimientos progresivamente más espaciados. El número de eventos diarios tampoco sigue una reducción uniforme, ya que pueden registrarse jornadas con 35 temblores y otras con 22, dependiendo de la liberación de energía acumulada en el sistema de fallas.

Los registros permiten observar esa evolución. El viernes 23 y el sábado 24 de octubre ocurrieron 36 réplicas cada día, mientras que el domingo 25 se contabilizaron 29. Para la mañana del lunes, el Instituto de Geociencias había documentado 1.056 movimientos posteriores al terremoto principal, una cifra que continuó aumentando hasta superar los 1.152 este martes.

Movimientos en otras regiones del país

La actividad sísmica reciente también incluye temblores en Bocas del Toro y la comarca Guna Yala, aunque los científicos han descartado que estén relacionados con el terremoto de Azuero. Estos eventos corresponden a zonas geológicas diferentes, por lo que no forman parte de la secuencia de réplicas que continúa desarrollándose en el Pacífico central.

Uno de esos movimientos alcanzó magnitud 4,0 cerca de Chiriquí Grande, en la región fronteriza entre Bocas del Toro y Chiriquí, con una profundidad aproximada de cinco kilómetros. Otro evento, de magnitud 3,5, ocurrió al oeste de Gaigirgordub, entre Colón y Guna Yala, a una profundidad estimada de 27 kilómetros.

Un terremoto que modificó el terreno

Las investigaciones científicas también han identificado cambios importantes en la superficie terrestre provocados por el terremoto del 9 de octubre. En Búcaro, provincia de Los Santos, mediciones preliminares del investigador Isaac Guerra Araúz revelaron desplazamientos horizontales de entre 1 y 1,20 metros, acompañados de movimientos verticales cercanos a un metro.

En Isla Cañas, los estudios han documentado hundimientos del terreno de entre 15 y 30 centímetros, además de deformaciones asociadas al movimiento sísmico. Estas observaciones permiten comprender cómo se distribuyó la energía liberada durante la ruptura, así como identificar sectores donde podrían persistir condiciones de inestabilidad y requerirse nuevas evaluaciones.

El Instituto de Geociencias también desarrolla trabajos de campo para estudiar las deformaciones y posibles desplazamientos en las zonas afectadas. Los especialistas utilizan drones, realizan observaciones geológicas e instalan estaciones adicionales de monitoreo para obtener información más precisa sobre el comportamiento de las fallas y contribuir a la evaluación de riesgos futuros.

El terremoto principal ocurrió el 9 de octubre a las 12:56 del mediodía, con epicentro localizado a 39 kilómetros al noroeste de Tonosí y una profundidad de 10 kilómetros. Durante las primeras horas se registraron decenas de réplicas, incluida una de magnitud 6,9, lo que evidenció la intensidad de la secuencia sísmica desde su inicio.

Miles de personas continúan afectadas

Los afectados y daños materiales siguen siendo considerables. Según el balance del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), actualizado al 26 de octubre, se han evaluado 13.681 viviendas y registrado 44.885 personas mediante los procedimientos oficiales de evaluación de daños y necesidades, principalmente en las regiones impactadas por el terremoto.

El informe contabiliza dos personas fallecidas y 27 lesionadas, además de afectaciones reportadas en 619 centros educativos y 120 instalaciones de salud. Las autoridades mantienen 152 albergues con 5.642 personas alojadas, mientras continúan las inspecciones para determinar las condiciones de seguridad de viviendas, edificios públicos y otras infraestructuras.

La respuesta humanitaria también comprende más de 208.317 libras de suministros transportados por vía aérea y más de 365 toneladas distribuidas por tierra. Las operaciones han permitido atender a 175 comunidades, aunque numerosas familias siguen dependiendo de la asistencia mientras se desarrollan las evaluaciones y comienzan las tareas de recuperación.

Mientras continúa la emergencia, los científicos insisten en que la aparición de una réplica de mayor magnitud no contradice la tendencia general de disminución. El sistema de fallas permanece en proceso de reajuste y los movimientos pueden prolongarse durante semanas, por lo que las autoridades recomiendan mantener las medidas de prevención y seguir los reportes oficiales.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) de Panamá emitió dos avisos preventivos por mareas máximas en el Pacífico y fuertes vientos en gran parte del territorio, condiciones que podrían incrementar los riesgos para comunidades afectadas por el terremoto del 9 de octubre.

Las autoridades advirtieron que la combinación de lluvias, crecidas de ríos y niveles elevados del mar exige especial precaución en las zonas costeras.

El aviso por mareas máximas comenzó a las 3:26 a. m. del lunes 26 de octubre y permanecerá vigente hasta las 6:57 p. m. del viernes 30, según el Centro de Operaciones de Emergencias Nacional (COEN). Durante este período, el nivel del mar podría alcanzar 17.1 pies, equivalentes a 5.21 metros, de acuerdo con las proyecciones científicas.

La mayor pleamar está prevista para el miércoles 28 de octubre a las 4:50 a. m., mientras que ese mismo día se espera otro máximo de cinco metros a las 5:20 p. m. Para el jueves 29, las alturas proyectadas son de 5,15 y 4,91 metros, y el viernes 30 se anticipan niveles de cinco y 4,72 metros.

El Sinaproc explicó que las mareas máximas podrían coincidir con episodios de lluvia, elevando los niveles de ríos y quebradas y aumentando el riesgo de inundaciones.

La advertencia adquiere particular relevancia para las comunidades costeras y los asentamientos cercanos a desembocaduras, donde las condiciones del terreno pueden dificultar el drenaje natural del agua.

En Isla Cañas, distrito de Tonosí, el riesgo adquiere una dimensión particular tras el terremoto de magnitud 7,5 ocurrido el 9 de octubre. Durante aquel evento, olas anómalas de entre uno y tres metros provocaron el ingreso del mar a viviendas cercanas a la costa, lo que obligó a evacuar a residentes hacia sectores de tierra firme.

Las evaluaciones realizadas posteriormente por el investigador panameño Isaac Guerra Araúz identificaron hundimientos del terreno de entre 15 y 30 centímetros en Isla Cañas, una alteración que podría aumentar su exposición a inundaciones.

Estos resultados son preliminares y requieren estudios adicionales para determinar las condiciones de seguridad de las áreas habitadas.

La situación mantiene en incertidumbre a unos 600 habitantes que todavía esperan autorización para regresar a sus hogares. El representante del corregimiento, Demetrio Ríos, explicó que los residentes únicamente pueden ingresar para atender a sus animales, mientras las autoridades esperan el paso de las mareas altas del 28 de octubre para evaluar las zonas inundables.

A la amenaza costera se suma un aviso preventivo por condiciones ventosas vigente hasta el jueves 29 de octubre. El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá prevé vientos del noroeste, norte y noreste, con velocidades sostenidas de 20 a 35 kilómetros por hora y ráfagas cercanas a los 50 kilómetros por hora.

El fenómeno afectará la vertiente del Caribe, la del Pacífico y las zonas marítimas del país, con posibles ráfagas superiores en la cordillera Central. El Sinaproc recomendó asegurar techos, láminas y estructuras livianas, además de evitar permanecer cerca de árboles, postes y tendidos eléctricos durante los períodos de mayor intensida

Estas advertencias coinciden con la emergencia que todavía enfrentan miles de familias tras el terremoto, especialmente en Los Santos, Herrera, Veraguas y Coclé. Según el balance oficial del 22 de octubre, las autoridades habían evaluado 12.365 viviendas y registrado 40.880 personas mediante el sistema de evaluación de daños y necesidades.

El informe del Sinaproc también contabilizó dos personas fallecidas, 27 lesionadas, 619 centros educativos y 120 instalaciones de salud afectadas. Las instituciones de respuesta habían movilizado más de 208.000 libras de ayuda aérea y 365 toneladas terrestres, con asistencia distribuida en 175 comunidades.

Ante las condiciones previstas, el Sinaproc pidió evitar actividades innecesarias cerca de costas, ríos y quebradas, no cruzar áreas inundadas y mantener aseguradas las embarcaciones. Las autoridades reiteraron que la prevención resulta especialmente importante en comunidades afectadas por el sismo, donde persisten daños estructurales y dificultades de acceso.

Dos nuevos ciudadanos panameños viajaron a Moscú la semana pasada, atraídos por contrataciones relacionadas con la guerra entre Rusia y Ucrania, pese a las reiteradas advertencias del Gobierno sobre los peligros de incorporarse al conflicto.

El canciller Javier Martínez-Acha confirmó que uno pudo ser rescatado mediante gestiones diplomáticas, mientras el segundo no logró acceder a la embajada panameña.

El ministro de Relaciones Exteriores expresó su preocupación porque continúan apareciendo personas dispuestas a aceptar ofrecimientos que ocultan las condiciones reales que enfrentarán al llegar a territorio ruso.

Durante sus declaraciones, insistió en que los interesados deben comprender que no se trata de oportunidades laborales convencionales, sino de desplazamientos hacia zonas de combate.

“No van a un sarao a Moscú, no van a un sarao a Ucrania, van al frente de batalla”, advirtió Martínez-Acha, utilizando el término sarao para referirse a una fiesta. El funcionario calificó de inconcebible que nuevos ciudadanos sigan aceptando estas propuestas pese a las alertas públicas, especialmente cuando las autoridades han documentado fallecimientos, desapariciones y dificultades para abandonar las fuerzas militares.

El canciller reconoció que Panamá no dispone de una cifra exacta de los nacionales que permanecen en el conflicto, porque muchos viajan sin informar previamente a las autoridades.

Sin embargo, confirmó que cerca de doce panameños han regresado al país, mientras continúan las gestiones para facilitar la salida de otros ciudadanos.

La dimensión del problema quedó reflejada en un informe de la Cancillería fechado el 15 de septiembre, al que tuvo acceso el diario La Prensa, que contabilizó seis panameños fallecidos, 15 desaparecidos y otros 70 ciudadanos que figuraban como activos en el conflicto armado, según la información publicada por ese medio.

De acuerdo con las cifras divulgadas por La Prensa, 62 panameños estaban vinculados a las fuerzas rusas y ocho a las ucranianas. El documento también registraba ocho desaparecidos en Rusia y siete en Ucrania, además de 18 ciudadanos repatriados, once desde territorio ruso y siete desde el ucraniano.

El reclutamiento ha generado investigaciones penales por presunta trata de personas y explotación laboral, debido a denuncias de jóvenes captados mediante ofertas engañosas. Las autoridades han identificado promesas de salarios mensuales de entre 2,000 y 5,000 dólares, además de supuestos beneficios económicos que no siempre se materializaron.

Las investigaciones del Ministerio Público señalan que algunos reclutadores utilizaban TikTok y otras redes sociales para contactar a posibles interesados. Posteriormente, les facilitaban alojamiento, pasaportes y boletos aéreos. Una vez en Rusia, algunas víctimas denunciaron la retención de sus documentos y el incumplimiento de los pagos prometidos.

Uno de los casos más recientes ocurrió el 24 de septiembre de 2026, durante la operación Rescate Soberano, desarrollada por la Fiscalía Segunda Superior contra la Delincuencia Organizada y la Policía Nacional. Las autoridades realizaron allanamientos en un hostal y un restaurante del corregimiento de la 24 de Diciembre, donde aprehendieron a tres sospechosos.

Al día siguiente, un juez de garantías ordenó la detención provisional de tres ciudadanos dominicanos, identificados como Joselyn Ramírez, Rolando Newball y María Inés García. Los investigados fueron imputados por presunta trata de personas agravada y delincuencia organizada, relacionados con la captación de panameños para participar en el conflicto armado.

Durante la audiencia, la fiscal Elizabeth Carrión sostuvo que los tres procesados habrían recibido transferencias superiores a 800.000 dólares para financiar actividades de reclutamiento. La investigación identificó a tres hombres residentes en Bocas del Toro que fueron contactados mediante TikTok y trasladados a la capital para tramitar pasaportes y preparar su salida hacia Rusia.

Según el expediente, dos de los posibles reclutas abandonaron el alojamiento y alertaron a la Policía, al sospechar que podían ser víctimas de explotación. El tercero viajó a Rusia, pero denunció que no recibió los 2.000 dólares prometidos y posteriormente solicitó asistencia consular para regresar a Panamá.

Con estas aprehensiones, al menos seis personas habían sido imputadas y detenidas en Panamá por investigaciones relacionadas con el reclutamiento. Entre los antecedentes figura el caso de Efraín Almengor, procesado por presunta trata de personas con fines de explotación laboral. Las investigaciones permanecen abiertas y las imputaciones no constituyen condenas definitivas.

El Gobierno panameño mantiene gestiones diplomáticas ante Rusia y Ucrania para facilitar el retorno de sus ciudadanos. Martínez-Acha aseguró que la Cancillería atiende a los familiares y procura obtener información sobre quienes permanecen en el frente, aunque reconoció que las dificultades de comunicación impiden conocer con precisión su situación.

Josué Quintero, conocido como alias “Aris” y señalado como presunto cabecilla de la pandilla Los Galácticos de San Pedro, fue capturado por la Policía Nacional de Panamá durante un allanamiento en una residencia del sector de La Riviera, en Don Bosco.

El hombre figuraba entre los más buscados por el delito de pandillerismo y era requerido por las autoridades desde julio de 2017.

La detención fue ejecutada por unidades de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), en coordinación con el Bloque de Búsqueda y el Ministerio Público.

Según los informes policiales, Quintero permanecía oculto para evitar su captura y su localización fue posible mediante labores de investigación y colaboración ciudadana, después de más de nueve años de búsqueda.

El sospechoso era requerido desde el 12 de julio de 2017, cuando las autoridades desarrollaron la operación antipandillas Constelación, una investigación que permitió identificar integrantes de Los Galácticos de San Pedro.

La estructura fue vinculada con LYM de San Pedro, aunque no se han divulgado detalles recientes que permitan atribuir individualmente a Quintero otros delitos específicos.

Alias “Aris” también integraba una lista de 33 personas buscadas por pandillerismo y crimen organizado, dentro de una estrategia gubernamental que contemplaba recompensas de 20.000 dólares.

Su aprehensión representa un avance en la localización de sospechosos que permanecieron prófugos durante varios años, pese a investigaciones y operativos contra estas organizaciones.

La captura ocurre mientras Don Bosco vuelve a aparecer en investigaciones relacionadas con estructuras pandilleriles. El 22 de octubre, la Policía Nacional aprehendió en ese corregimiento a otro hombre presuntamente vinculado con Golfo 81, también conocida como SS Sin Sentimientos, una organización investigada por homicidios y delitos relacionados con drogas.

Esta segunda estructura fue objeto de la operación Porvenir, ejecutada el 29 de abril de 2025 en Panamá y Panamá Oeste. Las autoridades realizaron 34 allanamientos y aprehendieron a 12 personas, entre ellas alias “Willy”, señalado como presunto líder del grupo, localizado durante una diligencia en Concepción La Vieja.

Durante aquellos procedimientos, los investigadores encontraron armas de fuego, municiones, un chaleco antibalas, dinero en efectivo y otros indicios. La Fiscalía Especializada en Delitos de Asociación Ilícita relacionó a los investigados con actividades de narcotráfico y hechos violentos, mientras los procesos judiciales continuaron para establecer responsabilidades individuales.

Las investigaciones también derivaron en una condena de 80 meses de prisión contra un hombre vinculado con la operación Porvenir, después de aceptar su responsabilidad por pandillerismo. Este antecedente demuestra que las actuaciones contra Golfo 81 no se limitaron a las capturas iniciales y continuaron mediante procesos penales posteriores.

La investigación contra Los Galácticos también produjo resultados judiciales durante 2026. En enero, el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales confirmó condenas contra 33 integrantes de esa organización: tres recibieron penas de 14 años y otros 30, de diez años de prisión, por su participación en actividades de pandillerismo.

Según las investigaciones, Los Galácticos operaban en San Pedro, Juan Díaz, Altos del Hipódromo y sectores cercanos. Sus integrantes fueron relacionados con tráfico de drogas, robos, extorsiones y tentativas de homicidio. Algunos también habrían brindado apoyo logístico a redes del narcotráfico que introducían cargamentos por Chepo y los manglares de Juan Díaz.

El problema supera estas organizaciones. En agosto de 2026, el Ministerio de Seguridad informó que Panamá mantenía 121 pandillas activas, frente a las 180 identificadas al inicio de la actual administración. El ministro Frank Ábrego indicó que 59 estructuras habían sido desactivadas y más de 400 personas encarceladas por su vinculación con estos grupos.

Las autoridades también identifican ocho grandes estructuras criminales que agrupan organizaciones menores, algunas relacionadas con el narcotráfico internacional. Entre ellas figuran Bagdad y Calor Calor, cuya influencia se extiende mediante alianzas y grupos asociados. La fragmentación de estas redes y las disputas territoriales siguen siendo factores de preocupación para la seguridad pública.

Durante 2026, las operaciones contra las pandillas han continuado en distintos puntos del país, especialmente en zonas urbanas y costeras utilizadas para el movimiento de drogas. La captura de alias “Aris” vuelve a colocar bajo atención las investigaciones de larga duración y la persecución de cabecillas vinculados con estructuras criminales.

Un tribunal de juicio de Panamá declaró culpables a dos mujeres y un hombre por delitos contra el ambiente y delincuencia organizada, tras comprobar su participación en una red dedicada a comercializar ilegalmente más de 135.000 aletas de tiburón.

El cargamento, equivalente a unas seis toneladas, fue descubierto durante la operación Shark, desarrollada en julio de 2023.

La decisión judicial se produjo después de un proceso que comenzó el 27 de abril y concluyó el 22 de octubre de 2026. La lectura de la sentencia está prevista para el 12 de noviembre, cuando se conocerán las penas que deberán cumplir los responsables de una actividad cuya afectación ambiental también fue acreditada por la Fiscalía.

Las investigaciones establecieron que la organización operó entre 2021 y 2023, mediante una cadena de suministro que involucraba proveedores de Farallón, en Coclé, y del Mercado del Marisco de la capital.

Las aletas eran trasladadas a una finca en Capira, donde se secaban, horneaban, embalaban y almacenaban para su comercialización.

El 13 de julio de 2023, las autoridades ejecutaron diez allanamientos en Panamá, San Miguelito, Coclé y Panamá Oeste, que permitieron aprehender inicialmente a cinco personas.

Las diligencias, coordinadas por las fiscalías de Delincuencia Organizada y Ambiente, con apoyo de la Policía Nacional, permitieron reconstruir el funcionamiento de la red y sus actividades comerciales.

El aleteo de tiburón consiste en cortar las aletas del animal y desechar el resto de su cuerpo, en ocasiones cuando todavía está vivo. Sin sus aletas, el ejemplar pierde su capacidad de desplazarse y puede morir por asfixia o depredación. La práctica es condenada por su crueldad y el desperdicio de recursos marinos.

En Panamá, la Ley 9 de 2006 prohíbe expresamente el aleteo de tiburones, así como determinadas actividades vinculadas con productos obtenidos mediante esta práctica. La legislación establece controles sobre el aprovechamiento de estos animales y contempla sanciones administrativas, sin perjuicio de las responsabilidades penales que puedan corresponder.

El Código Penal panameño también sanciona conductas relacionadas con la captura y comercialización ilegal de especies silvestres protegidas.

La aplicación de estas disposiciones depende de los hechos acreditados, los permisos exigibles y las circunstancias de cada investigación. En el caso Shark, el tribunal también declaró probada la delincuencia organizada.

Las aletas tienen como principales mercados de consumo a China continental y Hong Kong, donde se utilizan especialmente para preparar sopa de aleta de tiburón. Este plato tradicional se ha asociado durante décadas con celebraciones, banquetes, riqueza y prestigio social, factores que han contribuido a sostener su demanda internacional.

Alrededor de su consumo persisten creencias sobre supuestas propiedades afrodisíacas, rejuvenecedoras y beneficios extraordinarios para la salud, aunque no existe evidencia científica sólida que respalde esas afirmaciones.

Por el contrario, diversos estudios han identificado mercurio y otros contaminantes en muestras de aletas, lo que plantea preocupaciones adicionales sobre su consumo.

Los tiburones cumplen una función esencial en el equilibrio de los ecosistemas marinos, porque ayudan a regular poblaciones de otras especies y participan en el funcionamiento de las cadenas alimentarias. Su disminución puede alterar las relaciones entre depredadores y presas, con consecuencias para la biodiversidad y la estabilidad de los océanos.

El problema adquiere especial importancia porque muchas especies de tiburones crecen lentamente, alcanzan tarde la madurez sexual y tienen pocas crías. Estas características dificultan la recuperación de sus poblaciones cuando enfrentan una extracción excesiva.

Por eso, la pesca indiscriminada y el comercio ilegal representan amenazas persistentes para su conservación.

Panamá, cuya posición geográfica facilita el tránsito de mercancías entre mercados internacionales, enfrenta el desafío de vigilar la procedencia y comercialización de productos marinos. La regulación también busca impedir que especies amenazadas ingresen a cadenas de suministro sin los permisos y certificados exigidos por las autoridades.

La operación Shark constituye un precedente judicial frente al comercio ilegal de especies marinas en Panamá, aunque todavía está pendiente la determinación de las penas.

El expediente evidencia cómo una actividad que comienza con la captura de animales puede convertirse en una cadena comercial organizada con consecuencias ambientales de largo alcance.

El Informe de la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania, presentado ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por el panel que encabeza Erik Møse junto a los comisionados Pablo de Greiff y Vrinda Grover, constató que las redes de reclutamiento de combatientes extranjeros utilizaron a Panamá como una escala aérea neurálgica para trasladar reclutas hacia Rusia, antes de su despliegue forzado en el frente de combate en Ucrania.

Testimonios recabados por Infobae confirman que ciudadanos de El Salvador, Honduras, República Dominicana y Colombia recorrieron trayectos similares coordinados por intermediarios que financiaron los pasajes bajo promesas de empleos ficticios en el sector civil.

Durante estas travesías, los afectados coincidieron en un detalle administrativo que despertó sospechas tempranas: en el tránsito por el aeropuerto panameño no les solicitaron el certificado internacional de vacunación contra la fiebre amarilla.

Esta omisión sanitaria llamó la atención de los viajeros, debido a que varios de ellos provenían de regiones con exigencia estricta de dicho documento o debían cumplir con protocolos preventivos obligatorios al cruzar conexiones intercontinentales. La falta de requerimiento de este requisito facilitó el avance expedito de los grupos sin levantar alertas ante los funcionarios de migración.

Las organizaciones de reclutamiento aplicaron una marcada celeridad logística una vez que los hombres aceptaron las ofertas de empleo. Los agentes gestionaron pasajes y alojamientos en plazos de pocos días, al tiempo que cobraron comisiones que oscilaron entre USD 400 y USD 8.000, montos que se abonaron antes del despegue o quedaron pautados como descuentos directos sobre los salarios prometidos.

Los testimonios indicaron que los reclutas fueron instruidos para evitar llamar la atención durante los enlaces aéreos en territorio panameño y mantener un perfil bajo hasta arribar al destino final.

Doce países integran la red de escalas internacionales hacia el territorio ruso

El esquema de traslados no se limita a territorio centroamericano. El informe oficial documenta que los vuelos comerciales fletados o adquiridos para los reclutas realizaron conexiones en:

• Bahréin
• Brasil
• Emiratos Árabes Unidos
• España
• Etiopía
• Francia
• Kenia
• Marruecos
• México
• Omán
• Panamá 
• Turquía.

En varios de estos puntos neurálgicos, miembros de las redes esperaron a los grupos en las terminales de transferencia para supervisar la continuidad de los itinerarios o acompañarlos personalmente en los últimos tramos hacia Rusia.

Las directivas de viaje variaron según la nacionalidad de los reclutados para sortear los controles migratorios locales. A los ciudadanos originarios de Colombia, Perú y República Dominicana, las agencias les ordenaron presentarse como turistas con destino o escala en ciudades turcas o rusas, con itinerarios formulados para circular sin necesidad de visado previo.

En otros casos detectados en América Latina, los agentes instruyeron a las víctimas a cruzar primero fronteras terrestres hacia países vecinos para abordar aeronaves comerciales desde allí y evitar inspecciones aeroportuarias rigurosas en sus territorios de origen.

La comisión de la ONU sustenta su investigación en 245 testimonios

En este proceso investigativo internacional, Infobae colaboró con el aporte de testimonios directos de víctimas y familiares, además de reconstrucciones de casos específicos en territorio latinoamericano.

La investigación del organismo internacional se sustentó en un total de 245 testimonios, que incluyeron declaraciones de reclutas extranjeros capturados por las fuerzas ucranianas en el frente de batalla, sobrevivientes que consiguieron retornar a sus países de origen, familiares de combatientes desaparecidos, abogados y fuentes de información gubernamentales.

El panel examinó un universo de 48 naciones y comprobó que ciudadanos de 29 países fueron conducidos bajo engaño o coacción hacia las fuerzas armadas rusas, lo que configuró conductas tipificadas como trata de personas bajo el derecho internacional.

Al llegar a las terminales aéreas de destino en la Federación de Rusia, los extranjeros perdieron de inmediato su libertad de movimiento. Agentes locales confiscaron sus teléfonos celulares y pasaportes, tras lo cual los trasladaron a bases de entrenamiento militar donde fueron forzados a suscribir contratos de servicio por un año con el Ministerio de Defensa ruso, redactados exclusivamente en idioma ruso y sin traducción disponible, previo a su envío hacia las zonas de conflicto activo.

Panamá absorbe más carbono del que emite, según el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero.

En 2021, el país generó 20,5 millones de toneladas de gases de efecto invernadero, mientras que sus bosques y manglares captaron 6,8 millones de toneladas adicionales a esa cifra.

El resultado ubica a Panamá como un país carbono negativo, estatus que depende de mantener la vegetación en pie y de reducir las emisiones de sectores como la energía, la agricultura y la industria.

El dato se difundió en el marco del Día Internacional de la Acción Climática, donde el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) aprovechó la fecha para remarcar que el país enfrenta sequías, inundaciones y cambios en los patrones de lluvia que ya afectan el agua, los alimentos, los hogares y la infraestructura.

Edna Flores, jefa del Departamento de Acción Climática de MiAmbiente, explicó que la respuesta del país combina dos tareas simultáneas: una es reducir las emisiones contaminantes y la otra es preparar al territorio para los impactos del clima que ya se manifiestan.

“Actuar es imperativo: debemos reducir las emisiones y, al mismo tiempo, preparar al país frente a los impactos del cambio climático”, destacó Flores.

Panamá enfrenta el cambio climático mediante dos estrategias paralelas, en donde por un lado disminuye sus emisiones de gases de efecto invernadero y protege bosques y manglares, mientras que por otro desarrolla herramientas de adaptación como atlas de riesgo y planes sectoriales para proteger a las comunidades más vulnerables ante sequías e inundaciones.

Según la funcionaria, enfrentar esta realidad exige proteger bosques y manglares, cuidar el agua, los cultivos, las costas y las comunidades.

También implica impulsar medidas que permitan responder a las nuevas condiciones climáticas.

El Departamento de Acción Climática de MiAmbiente coordina el Comité Nacional de Cambio Climático (Conaccp), integrado por 27 miembros de distintas instituciones.

El organismo también administra la Plataforma Nacional de Transparencia Climática, donde se centraliza la información sobre las acciones del país.

Parte de ese trabajo apunta a cumplir la Contribución Determinada a Nivel Nacional 3 (CDN3), el compromiso que Panamá presentó ante la comunidad internacional.

La meta es reducir las emisiones en 11% para 2035, un porcentaje que podría ascender a 17% con apoyo internacional.

El plan también contempla restaurar 100 mil hectáreas entre 2026 y 2035. De ese total, 2.500 hectáreas corresponden a manglares degradados.

La acción climática panameña incorpora además instrumentos económicos, donde los mercados de carbono figuran entre ellos, con capacidad para movilizar inversiones hacia proyectos que reduzcan emisiones y promuevan el desarrollo sostenible.

Se informó que la Taxonomía de Finanzas Sostenibles, lanzada en marzo de 2024, funciona como guía para orientar las inversiones.

El documento identifica 65 actividades económicas distribuidas en 11 sectores que contribuyen al cuidado del ambiente.

En el plano corporativo, 170 organizaciones midieron su huella de carbono durante el ciclo 2025 del programa Reduce Tu Huella Corporativo. Esas empresas este año recibieron reconocimiento.

El cambio climático no golpea por igual a todos los territorios, por lo que el ministerio de Ambiente desarrolló el Atlas Nacional de Riesgo Climático, una herramienta que permite identificar dónde se concentran los mayores riesgos y orientar las decisiones hacia las zonas que más lo necesitan.

A esa herramienta se suma la consulta del Pacto de Panamá con la Naturaleza.

El proceso, según se explicó, reunió a unas 1.200 personas en las diez provincias y las dos comarcas del país, con una participación de 51% de mujeres y 49% de hombres.

La adaptación climática también depende de la información disponible. El ministerio ofrece guías sobre cambio climático dirigidas a docentes y mantiene un Hub de Conocimiento con materiales de acceso público.

A esto se suma la elaboración de planes de adaptación orientados a ayudar a los sectores más vulnerables a prepararse frente a los cambios del clima.

Flores remarcó que la acción climática no se agota en las políticas públicas, pues también comienza en las decisiones del día a día: apagar una luz, cerrar el grifo o reducir los residuos domésticos forman parte de esa respuesta.

En Panamá las sanciones por irregularidades en el manejo de historiales de crédito de consumidores durante los primeros nueve meses de 2026 sumaron $65,200.00.

Las multas alcanzaron a empresas de cobranzas, bancos, cooperativas, financieras, distribuidoras e importadoras.

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) indicó que la principal falta detectada fue la incorporación de referencias de personas que nunca tuvieron relación con el agente económico señalado.

Ese motivo concentró 10 sanciones y $19.000,00 del monto total aplicado en primera instancia.

La Acodeco informó que las medidas responden a infracciones contra la Ley 24 de 22 de mayo de 2002, que regula el servicio de información sobre el historial de crédito de los consumidores.

Precisó que las estadísticas corresponden al Departamento de Investigación y abarcan el período mencionado.

Las sanciones, dijo, se aplicaron por errores u omisiones que pueden afectar la información financiera de una persona.

Los registros crediticios inciden en las evaluaciones para acceder a financiamientos y a otros servicios, por lo que los datos deben reflejar la situación real de cada consumidor.

Además de los casos por referencias sin vínculo con el agente económico, la Acodeco registró cuatro multas por no eliminar referencias prescritas, sanciones que representaron $14,200.00.

La rectificación del historial por números originó otras cuatro sanciones, por un total de $9,000.00.

También se contabilizaron tres multas por no eliminar observaciones de cuentas contra reserva, que sumaron $6,000.00.

El listado incluyó una sanción de $2.000,00 por la eliminación de una referencia original asociada a una reestructuración. A ello se agregó una multa de $15,000.00 por no rectificar una referencia que debía pasar de activa a cancelada.

El sector de cobranzas recibió 12 multas por $24,000.00, según el desglose de actividades elaborado por el Departamento de Investigación.

Los bancos acumularon seis sanciones, con un monto conjunto de $15,100.00. Las cooperativas recibieron dos multas que sumaron $7,100.00.

Las financieras también fueron objeto de dos sanciones, por $4,000,00. En tanto, una distribuidora o importadora recibió una multa por $15,000.00.

La distribución muestra que las irregularidades alcanzaron a distintos sectores que administran o manejan información vinculada con obligaciones financieras de sus clientes.

Se indicó que la Ley 24 establece obligaciones para las personas naturales y jurídicas, públicas o privadas, que desarrollan actividades económicas, financieras, bancarias, comerciales o industriales y conservan datos sobre el comportamiento crediticio de los consumidores.

La norma también alcanza a las agencias de información de datos que prestan servicios de almacenamiento, transmisión o consulta de historiales de crédito, ya sea mediante herramientas tecnológicas o sistemas manuales.

Durante los primeros nueve meses de 2026, la institución recibió 724 quejas relacionadas con la aplicación de la Ley 24. Las reclamaciones incluyeron pedidos para eliminar referencias, corregir información y actualizar el estado de obligaciones crediticias.

El dato refleja que los consumidores pueden cuestionar información que consideren incorrecta, desactualizada o ajena a su situación financiera. La reclamación permite solicitar una revisión y, cuando corresponda, la rectificación del registro.

Las estadísticas comparativas del Departamento de Investigación consignaron 1.059 quejas durante 2025. La diferencia entre ambos registros no permite anticipar el resultado anual, dado que la cifra de 2026 abarca solo los primeros nueve meses.

Acodeco recordó que cada persona debe revisar periódicamente los datos que figuran en su historial de crédito. La recomendación cobra relevancia ante la posibilidad de que aparezcan referencias desconocidas o que una obligación mantenga una condición que ya no corresponde.

La Ley 24 exige datos veraces, actualizados y confiables. El propósito es proteger la confiabilidad, la veracidad, la actualización y el manejo adecuado de los datos personales vinculados con el historial de crédito de consumidores y clientes.

La regulación comprende la información que ya forma parte de una agencia de datos autorizada y aquella que puede ser incorporada en el futuro. Busca ordenar la actividad de quienes administran esas agencias y de los agentes económicos que mantienen registros crediticios. De esa forma, establece parámetros para el uso de información que puede influir en decisiones sobre créditos y otros servicios.

El 197 Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se instaló este lunes en Panamá con una agenda que, a lo largo de la semana, abordará la situación de los derechos humanos en más de una decena de países del continente.

El organismo recibirá información sobre justicia, migración, seguridad ciudadana y protección de grupos vulnerables.

La sesión reúne audiencias temáticas y de país que van desde la independencia judicial en Costa Rica, Ecuador y Perú hasta la regulación de la pena de muerte en Cuba.

El cronograma también contempla el control digital del espacio cívico en Venezuela y el impacto de la minería crítica para la transición energética en una audiencia de alcance regional.

El 197 Período de Sesiones de la CIDH es un ciclo de audiencias públicas en el que el organismo interamericano escucha a Estados y sociedad civil sobre situaciones de derechos humanos en la región.

No constituye un juicio ni determina responsabilidades estatales, pues su función es de diálogo y seguimiento de los compromisos asumidos por los países miembros.

El ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha Vásquez, centró parte de su intervención en el fenómeno de la migración irregular.

“La gestión de las fronteras debe atender las responsabilidades de los Estados, sobre todo, la de mantener la seguridad pública, pero, así mismo, garantizar la protección de las personas, especialmente los niños”, señaló.

El canciller agregó que la cooperación entre países “debe ayudar a enfrentar las causas del desplazamiento en los países de origen, así como los peligros del tránsito, con respeto a la dignidad de quienes migran y la seguridad de las comunidades que los reciben”.

Para Martínez-Acha Vásquez, el derecho internacional “es un instrumento esencial para defender nuestra independencia y soberanía”.

El funcionario sostuvo que la vigencia de los derechos humanos exige instituciones independientes y una ciudadanía capaz de exigir cuentas a sus gobernantes.

El jefe de la diplomacia panameña planteó además que la libertad de expresión debe permitir “cuestionar a quienes gobiernan” y que el debido proceso tiene que proteger a todas las personas.

Mencionó de forma específica a los pueblos indígenas y afrodescendientes como comunidades que deben poder incidir en las decisiones públicas.

El canciller recordó que la CIDH, fundada en 1959, realizó cuatro visitas a Panamá: en 1977, 1989, 1990 y 2001. También subrayó que las relatorías temáticas y especiales del organismo tuvieron presencia previa en el país.

Para Martínez-Acha Vásquez, recibir a la Comisión “implica la voluntad de escuchar a las víctimas y a la sociedad civil, de examinar las observaciones con seriedad y de responder a ellas mediante instituciones que funcionen”.

El presidente de la Comisión, Edgar Ralón Orellana, abrió su intervención con un mensaje de solidaridad hacia las personas afectadas por el reciente terremoto en Panamá.

“Acompañamos en pensamiento a quienes han sufrido sus consecuencias, y reconocemos el esfuerzo de las instituciones y del pueblo panameño para atender la emergencia”, añadió.

Ralón Orellana destacó que el país anfitrión “abre sus puertas al diálogo regional”, pese a la adversidad reciente.

“Panamá, puente del mundo, nos recuerda que la tarea de esta Comisión es, precisamente, tender puentes: entre los Estados y la sociedad civil, entre las normas y la realidad, entre las preocupaciones y las soluciones”, afirmó.

Sobre la naturaleza de las audiencias, el presidente de la CIDH fue categórico. “No son un juicio, ni un instrumento para atribuir responsabilidad a ningún Estado. Son, ante todo, un ejercicio de escucha”, señaló ante los asistentes a la instalación del período de sesiones.

El funcionario explicó que los encuentros también sirven para recordar “las obligaciones que los propios Estados han asumido soberanamente al adoptar los instrumentos interamericanos”.

Expresó el deseo de que cada persona que tome la palabra “se sienta escuchada” y cada Estado compareciente “se sienta respetado”.

En materia de justicia e institucionalidad democrática, el calendario contempla audiencias sobre el acceso a la justicia en Granada, la labor de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador y la búsqueda de personas desaparecidas durante el conflicto armado en Perú.

La Comisión también escuchará sobre personas defensoras de derechos humanos en México, la situación de personas LGBTIQ+ en Centroamérica y denuncias de adopciones irregulares y tráfico de menores en Chile. Se sumarán audiencias sobre el pueblo raizal en Colombia y mujeres privadas de libertad.

En el terreno de las libertades fundamentales, el organismo tratará la libertad de expresión y académica en Estados Unidos, la libertad religiosa en Nicaragua y la institucionalidad democrática en Ecuador.

También figuran en la agenda los derechos sexuales y reproductivos en Honduras y la violencia obstétrica en el acceso a la salud y la justicia.

El capítulo de seguridad ciudadana incluirá la situación de personas privadas de libertad bajo el estado de excepción en El Salvador, la responsabilidad penal adolescente en Brasil y los estándares policiales en comunidades de la Amazonía brasileña.

El cronograma cierra con una audiencia sobre las obligaciones internacionales de empresas extractivas canadienses y su impacto en los derechos humanos.

Un grupo de organizaciones de derechos humanos denunció este lunes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que existen acciones y discursos que afectan la independencia judicial en Costa Rica, mientras representantes del Gobierno rechazaron que haya una política destinada a debilitar al Poder Judicial.

La audiencia tuvo lugar en Panamá, durante el 197.° período de sesiones de la CIDH, a pedido de la Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), la Plataforma Internacional Contra la Impunidad y el Programa Jotay.

Según informó EFE, las organizaciones plantearon que operadores de justicia han sido objeto de campañas de estigmatización y desprestigio. También cuestionaron el uso del presupuesto como herramienta de presión, la falta de nombramientos de magistrados suplentes de la Sala Constitucional y pronunciamientos públicos que, a su juicio, deterioran la confianza ciudadana en el sistema judicial.

Acojud y el presupuesto del Poder Judicial como herramienta de presión

La presidenta de Acojud, Adriana Orocú, sostuvo que el Ejecutivo condiciona el giro de una parte de los recursos del Poder Judicial a decisiones políticas y a aprobaciones del Congreso, donde el oficialismo cuenta con mayoría.

La magistrada indicó que esas exigencias se apoyan en “normas atípicas definidas arbitrariamente y sin sustento técnico”. El reclamo se concentra en la ejecución de partidas presupuestarias que, según las organizaciones, deberían resguardar la autonomía institucional de los tribunales.

La discusión se desarrolla después de varios años de tensiones entre el Ejecutivo y la justicia costarricense. Los roces comenzaron durante la administración de Rodrigo Chaves —presidente entre 2022 y 2026— y continuaron con el Gobierno de Laura Fernández, quien asumió este año para el período 2026-2030. Fernández pertenece al mismo espacio político que Chaves, quien hoy ocupa los cargos de ministro de la Presidencia y ministro de Hacienda.

Las entidades peticionarias expusieron ante la CIDH episodios que consideran parte de una secuencia de cuestionamientos a la labor de jueces, fiscales y magistrados.

Marchas y críticas a magistrados de la Sala Constitucional

Entre los hechos expuestos figura una movilización encabezada por Chaves en 2025 para reclamar la salida del fiscal general. Las organizaciones también recordaron que Fernández calificó de “golpistas” a los magistrados de la Sala Constitucional que extendieron los nombramientos de suplentes.

Esa medida fue adoptada ante la falta de una elección en el Congreso, luego de que el oficialismo se negara a designar a los candidatos incluidos en una nómina presentada por la Corte Suprema de Justicia.

Los denunciantes añadieron declaraciones de Chaves posteriores al triunfo electoral de Fernández. Según relataron en la audiencia, el entonces mandatario celebró que “el pueblo” hubiera “recuperado” los poderes Ejecutivo y Legislativo, y afirmó que solo faltaba el Judicial.

Para las organizaciones, esos mensajes contribuyen a instalar sospechas sobre jueces y magistrados, en un país donde la división de poderes constituye una garantía institucional.

La posición del Ejecutivo ante la CIDH

El representante de Costa Rica ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Arnoldo André, rechazó las acusaciones. El excanciller, que integró el Gobierno de Chaves entre 2022 y 2026, afirmó que el país “rechaza firmemente la existencia de una política estatal dirigida a menoscabar la independencia judicial”.

André sostuvo que la autonomía judicial es un pilar de la democracia costarricense y una garantía para el Estado de derecho. Añadió que las críticas de autoridades políticas forman parte del debate democrático y aseguró que el Ejecutivo no ha incumplido órdenes judiciales ni tomó represalias contra funcionarios judiciales por sus decisiones.

Sobre el conflicto presupuestario, explicó que el Gobierno enfrenta una caída del 2.3% en los ingresos estatales. Afirmó que la Constitución asigna al Poder Judicial el 6% de los ingresos del Estado y que el proyecto para 2027 prevé destinarle el 6.87%.

El diplomático pidió a la CIDH que analice con rigor los planteamientos presentados durante la sesión.

El barista Pan Wei, uno de los representantes del continente asiático, se consagró campeón del World Barista Championship 2026 en una final disputada en el Panama Convention Center.

El World Barista Championship sumó más de 400 participantes vinculados a la competencia, cifra que permitió sentar en un mismo escenario a profesionales de regiones productoras de café, como América Latina, con representantes de mercados consumidores de Asia, Europa y Norteamérica.

La delegación local tuvo su propia marca en el campeonato con el barista panameño Benjamín Roque, quien logró ubicarse entre los 16 mejores competidores del mundo y alcanzó la etapa semifinal, un resultado que exhibe la preparación de los profesionales nacionales del café.

La competencia reunió a los mejores baristas del planeta en suelo panameño, un dato que por sí solo resume el alcance que logró el encuentro: una cita internacional capaz de atraer talento de los cinco continentes al corazón de una región productora de café.

La realización del campeonato en Panamá sirvió además para proyectar internacionalmente la cultura cafetera del país y para acercar a los mejores baristas del mundo a las fincas y comunidades donde se produce el café de alta calidad.

El triunfo marcó el cierre de World of Coffee Panama 2026, el primer evento de esta magnitud que la industria cafetera mundial celebra en América Latina.

El evento, desarrollado durante tres jornadas, convocó a 20 mil visitantes nacionales e internacionales.

La cifra posicionó al país como punto de encuentro de la industria mundial del café de especialidad y reforzó su capacidad para atraer eventos de gran escala.

Casi la mitad de los asistentes con país identificado llegó desde el exterior, principalmente desde Colombia, Costa Rica, Estados Unidos y Nicaragua, además de representantes de Kenia, Egipto, Sudáfrica, Arabia Saudita y Catar, así como de mercados asiáticos como India, Vietnam, Malasia y Japón, junto con delegaciones de Nueva Zelanda, Noruega y Lituania.

Yannis Apostolopoulos, director ejecutivo de la Specialty Coffee Association, calificó la experiencia como un hito para su organización.

“Llevar el evento World of Coffee a Panamá por primera vez ha sido un motivo de orgullo para la Specialty Coffee Association y para nuestra comunidad global”, afirmó.

Apostolopoulos remarcó el papel del país en la cadena de valor cafetera, al señalar que “Panamá conecta a productores, tostadores, comercializadores y emprendedores de toda América Latina y más allá; las relaciones que se han forjado aquí esta semana son vínculos que nos comprometemos a seguir fortaleciendo en los años venideros”.

Los organizadores anunciaron una donación de $25.000 para la Cruz Roja Panameña, destinada a las labores de atención a las familias afectadas por el terremoto registrado el 9 de octubre. La decisión convirtió al encuentro cafetero en un gesto solidario además de comercial.

Aurelio Barría Pino, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), explicó el sentido de la donación, indicando que “desde el inicio tuvimos claro que un evento de esta magnitud también debía dejar una contribución a nuestra gente”.

Ricardo Koyner, presidente de la Specialty Coffee Association of Panama (SCAP), coincidió en el mensaje solidario. “El café nos ha enseñado que los mejores resultados nacen del esfuerzo compartido”, señaló, al tiempo que añadió que buscan que el evento “deje un legado que vaya más allá de los negocios y que también se traduzca en solidaridad con las familias panameñas que necesitan nuestro apoyo”.

El encuentro dinamizó actividades vinculadas al turismo, la hotelería, la gastronomía, el transporte y los servicios, aunque los registros de alojamiento no constituyen una medición completa del impacto económico.

Según datos preliminares sujetos a actualización, el 72% de quienes reportaron alojamiento hotelero correspondió a visitantes internacionales.

Esa misma información reveló una permanencia promedio de 6,5 días en el país, un indicador que da cuenta del potencial del turismo de reuniones para activar distintos sectores económicos más allá del cierre del evento.

Barría Pino destacó que los resultados confirman la capacidad del país para transformar sus ventajas en negocios concretos: “Panamá ha demostrado que puede atraer al mundo y generar espacios de encuentro para hacer negocios”.

El Salvador concretó una donación de medicamentos para Panamá destinada a apoyar a las comunidades afectadas por el sismo del 9 de octubre, que dejó daños en viviendas y obligó a familias de las provincias centrales a permanecer en refugios improvisados.

El anuncio lo realizó el embajador de Panamá en El Salvador, Enrique Duque, quien informó que la iniciativa reúne al Despacho de la Primera Dama panameña, Maricel Cohen de Mulino, al sector empresarial salvadoreño y a entidades públicas de ambos países.

La ayuda humanitaria será trasladada bajo coordinación del Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá, el Ministerio de Salud y Copa Airlines, según explicó el diplomático. El objetivo es que los insumos lleguen a las zonas afectadas con los controles sanitarios requeridos.

“Se ha concretado el envío desde El Salvador de una donación de medicamentos destinada a brindar alivio a los damnificados”, afirmó Duque al referirse a la asistencia dirigida a la población que enfrenta las consecuencias del movimiento telúrico.

Instituciones públicas y empresas salvadoreñas, parte de la donación

El embajador sostuvo que el envío representa una acción de cooperación ante la emergencia en Panamá y destacó el respaldo de la primera dama Cohen de Mulino y de empresas de El Salvador.

Duque señaló que el apoyo se basa en los vínculos entre ambos países y en la necesidad de atender las demandas sanitarias surgidas tras el sismo. “Esta iniciativa representa un gesto tangible de cooperación y un profundo compromiso humanitario con nuestros hermanos panameños en estos momentos de adversidad”, expresó.

La información difundida no precisó el volumen de medicamentos, el tipo de insumos incluidos en el cargamento ni la fecha exacta de su llegada a Panamá. Tampoco se detallaron las comunidades que recibirán la donación de forma prioritaria.

Brigadas del Ministerio de Salud en las zonas afectadas

La ayuda desde El Salvador se integrará a las acciones desplegadas por el Gobierno de Panamá en las áreas golpeadas por el terremoto. El Ministerio de Salud informó el 26 de octubre que un equipo de 12 funcionarios de la Región de Salud de Panamá Norte fue enviado al distrito de Las Minas, en la provincia de Herrera.

El grupo brindó atención de urgencia y realizó visitas domiciliarias en Las Minas, El Nanzal, Quebrada del Rosario, Chepo y El Toro, entre otras localidades. Las tareas estuvieron dirigidas a adultos mayores, niños, pacientes con enfermedades crónicas y personas bajo cuidados paliativos. Las brigadas también entregaron medicamentos para que los pacientes pudieran continuar sus tratamientos.

En ese contexto, Duque afirmó que la logística de la donación salvadoreña se ejecuta con el fin de que los productos médicos ingresen “de manera segura, expedita y en total cumplimiento de los requisitos sanitarios establecidos”.

Respuesta sanitaria sostenida tras el terremoto

La primera dama Cohen de Mulino visitó comunidades de los distritos de Ocú y Pesé, también en Herrera, en medio de las labores oficiales de apoyo a las familias afectadas. El presidente panameño, José Raúl Mulino, señaló días atrás que la reconstrucción de viviendas, escuelas y hospitales figura entre las prioridades de su administración.

La donación apunta a reforzar la respuesta sanitaria en el territorio panameño mientras continúan las labores de atención, evaluación de daños y asistencia a los damnificados.

Cinco hombres permanecen con detención provisional en Panamá, acusados de interceptar con un vehículo a una mujer que regresaba de su trabajo, despojarla de sus pertenencias y cometer contra actos libidinosos.

La Procuraduría General de la Nación, a través de su Sección Segunda de Delitos contra el Patrimonio Económico de San Miguelito, obtuvo la medida cautelar por el delito de robo agravado.

El ataque ocurrió el 24 de octubre, alrededor de las 2:36 de la madrugada, en la calle principal de San Isidro, corregimiento de Omar Torrijos.

Los agresores despojaron a la víctima de sus pertenencias y de $262,00 en efectivo.

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, la víctima fue interceptada por un automóvil en el que viajaban los cinco hombres. Uno de ellos portaba un arma de fuego, con la que sometió a la mujer antes del robo.

Durante el mismo episodio, uno de los agresores cometió además actos libidinosos contra la víctima, señalamiento que se suma al de robo agravado, que recae sobre lo imputados. A dos de los cinco hombres se les imputaron cargos adicionales por posesión ilícita de arma de fuego.

Estas imputaciones se suman al señalamiento común de robo agravado que pesa sobre el grupo.

Uno de los imputados enfrenta, además, un cargo por posesión agravada de arma de fuego y, según explicó la Procuraduría, la norma penaliza a quien, teniendo permiso para portar un arma, facilita esa arma a un tercero.

Ese detalle resulta relevante para la investigación: indica que al menos una de las armas involucradas en el asalto pertenecía a una persona con permiso legal para portarla, pero que terminó en manos de otro de los integrantes del grupo durante el hecho.

En la audiencia donde se definió la medida cautelar, la Fiscalía sustentó su solicitud en tres riesgos procesales concretos. El primero fue el peligro que representan los imputados para la integridad de la víctima.

El segundo argumento fue el riesgo de que los imputados pudieran afectar los medios de prueba reunidos durante la investigación. El tercero remitió a la gravedad con la que se registraron los hechos, por el uso de arma de fuego y la comisión simultánea de varios delitos contra la misma víctima.

Con base en esos tres elementos, el Órgano Judicial correspondiente resolvió imponer la detención provisional a los cinco hombres.

La causa continúa bajo la dirección de la Sección Segunda de Delitos contra el Patrimonio Económico de San Miguelito, dependencia de la Procuraduría General de la Nación encargada de este tipo de investigaciones en el distrito.

Mientras, la Fiscalía Regional de San Miguelito, con apoyo del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN), logró la detención provisional de un hombre señalado de disparar contra un taxi hasta matar al conductor.

El sospechoso había huido a otra provincia para evitar su captura. Las unidades aeronavales lo interceptaron en la comunidad de Boca de Parita, cuando retuvieron un vehículo que circulaba de forma sospechosa. Ese hallazgo permitió vincularlo con un crimen ocurrido meses antes en la capital.

El crimen se registró el 10 de febrero de 2026 en el sector de Perro Negro, en Fátima, corregimiento de Amelia Denis De Icaza. Según la reconstrucción de los hechos, el hoy imputado actuó junto a un menor de edad.

Ambos dispararon en múltiples ocasiones contra un taxi en el que se desplazaba la víctima. Los impactos de bala le causaron la muerte al pasajero.

El caso quedó en manos de la Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Regional de San Miguelito, dependiente de la Procuraduría General de la Nación, que impulsó la investigación hasta dar con el paradero del sospechoso.

La culminación de la excavación del túnel de la Línea 3 del Metro de Panamá, con la llegada de la tuneladora Panamá a Albrook tras recorrer más de 4.5 kilómetros bajo el cauce del Canal de Panamá, constituye uno de los hitos de la ingeniería subterránea en el país.

De igual manera, constituye un punto de inflexión en la integración ferroviaria entre el sector de Panamá Oeste y la ciudad capital.

La tuneladora Panamá comenzó a excavar a finales de 2024 el trayecto que une Farfán, en el sector oeste, con Albrook, en la ciudad capital, donde empalma con la Línea 1 del Metro.

En ese recorrido removió cerca de 700 mil metros cúbicos de roca y tierra, pasando por debajo del cauce del Canal de Panamá a una profundidad aproximada de 65 metros.

La Línea 3 del Metro de Panamá, pensada para aliviar el congestionamiento vehicular de Panamá Oeste hacia la ciudad capital y viceversa, alcanza ya un 82% de avance.

Esta línea nace como respuesta a una presión creciente sobre la infraestructura de transporte que conecta Panamá Oeste con la ciudad capital, región donde residen más de 500 mil habitantes que, en su mayoría, dependen de desplazamientos diarios hacia el área metropolitana para trabajar, estudiar o acceder a servicios esenciales.

El crecimiento demográfico y urbanístico de distritos como Arraiján y La Chorrera, combinado con la alta dependencia del transporte por carretera a través del Puente de las Américas y el puente Centenario, ha generado históricamente largos tiempos de viaje, congestión severa en horas pico y costos sociales asociados al tiempo perdido y a la contaminación atmosférica.

El concepto de la Línea 3 se estructura en torno a la idea de una conexión directa entre la estación de Albrook, nodo neurálgico del sistema de Metro y de la red de autobuses en la capital, y la zona de Ciudad del Futuro en el distrito de Arraiján, atravesando corredores de alta demanda como Arraiján y Nuevo Chorrillo.

La articulación de este trazado busca generar una columna vertebral de transporte que reduzca los tiempos de viaje desde un promedio de entre 90 y 120 minutos en condiciones de tráfico intenso a lapsos estimados de entre 37 y 45 minutos, según las proyecciones del Metro de Panamá y de los estudios técnicos asociados al proyecto.

Este recorte de tiempos de traslado implica no solo un beneficio individual en términos de calidad de vida, sino también efectos macroeconómicos en productividad, reducción de costos logísticos y ampliación de oportunidades laborales para la población del Oeste.

En este contexto, la ampliación del sistema de Metro se ha presentado como una política pública estratégica para reconfigurar los patrones de movilidad y promover un cambio modal hacia el transporte masivo sobre rieles.

Se prevé que el servicio comience a transportar pasajeros en octubre de 2028, tras la instalación de 2,295 anillos de concreto a lo largo de los 4,5 kilómetros de túnel.

Cada uno de esos anillos, de acuerdo a la explicación dada por el Metro de Panamá, está formado por nueve dovelas, piezas que sostienen la estabilidad de la estructura subterránea.

En la obra trabajan las 24 horas más de 250 trabajadores, del contratista HPH Joint Venture y del Metro de Panamá.

El director general del Metro de Panamá, César Pinzón, sostuvo que el hito acerca el futuro prometido a los habitantes de Panamá Oeste.

Según Pinzón, la línea significará una movilidad más rápida, segura y digna, y permitirá recuperar horas de vida que hoy se pierden en el tránsito.

El acto de la llegada de la tuneladora a Albrook fue aprovechado por el presidente, José Raúl Mulino, para enumerar la labor de su gobierno, en lo que llamó la recuperación de obras abandonadas por administraciones anteriores.

El Equipo Médico de Emergencias (EMT) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) regresó a Costa Rica después de concluir una misión humanitaria en Panamá, donde brindó atención médica a 78 pacientes, entre recién nacidos y adultos, tras el terremoto registrado el pasado viernes 9 de octubre de 2026.

La delegación costarricense estuvo integrada por profesionales en medicina, enfermería y especialistas en logística, quienes se trasladaron hasta territorio panameño para apoyar a los servicios de salud afectados por el movimiento sísmico.

Según informó la institución, el personal atendió pacientes de los hospitales Cecilio Castillero, ubicado en Chitré, provincia de Herrera, y Joaquín Pablo Franco Sayas, en Las Tablas, provincia de Los Santos.

La misión formó parte de la respuesta humanitaria de Costa Rica ante las dificultades que enfrentaron los establecimientos hospitalarios panameños después del terremoto, particularmente en los servicios de atención a mujeres embarazadas y recién nacidos.

El contingente salió de Costa Rica el 13 de octubre y llegó a Panamá al día siguiente, después de un recorrido terrestre de aproximadamente 18 horas, transportando personal especializado, equipos médicos y recursos para habilitar espacios temporales de atención.

Una vez en la zona afectada, los funcionarios instalaron dos módulos médicos climatizados, con el objetivo de reforzar temporalmente la capacidad de los centros hospitalarios mientras las autoridades panameñas evaluaban los daños provocados por el terremoto.

Los equipos contaban con plantas eléctricas, sistemas de abastecimiento de agua y aire acondicionado, recursos que permitieron desarrollar las labores médicas sin depender completamente de la infraestructura de los hospitales afectados.

Durante los primeros días de operación, entre el 15 y el 18 de octubre, los especialistas costarricenses habían registrado 46 atenciones médicas, correspondientes a 30 adultos y 16 recién nacidos.

Sin embargo, al concluir la misión, la cifra aumentó a 78 pacientes atendidos, de acuerdo con el balance final comunicado por la CCSS.

El doctor Hugo Madrigal Vargas, jefe de la delegación costarricense, había explicado durante el operativo que los módulos permitían mantener condiciones adecuadas para los pacientes que necesitaban asistencia médica.

“Estamos brindando atención a nuestros hermanos panameños en dos módulos climatizados, que ofrecen condiciones controladas y seguras para la atención de los pacientes”, manifestó el especialista durante los primeros días de trabajo.

La presencia del equipo costarricense también recibió el reconocimiento de las autoridades locales de Panamá.

El 22 de octubre, representantes del Consejo Municipal de Chitré entregaron las llaves de la ciudad a los integrantes de la misión, como agradecimiento por su colaboración durante la emergencia sanitaria derivada del terremoto.

La ceremonia se realizó después de ocho días de apoyo médico en los hospitales de la región de Azuero, donde los profesionales costarricenses trabajaron junto con personal sanitario panameño.

La cooperación permitió mantener servicios esenciales en instalaciones que habían sufrido afectaciones estructurales y que requerían evaluaciones antes de retomar completamente sus operaciones.

De hecho, el Hospital Cecilio Castillero anunció la reanudación de sus servicios de consulta externa para este lunes 26 de octubre, luego de las inspecciones efectuadas por las autoridades panameñas para verificar las condiciones de seguridad del inmueble.

Con el regreso de los funcionarios de la CCSS, Costa Rica dio por concluida su participación en esta misión humanitaria, que permitió asistir a decenas de pacientes y respaldar la atención médica en dos hospitales panameños afectados por el terremoto.

La reconstrucción tras el terremoto de 7.5 grados que sacudió a Panamá el 9 de octubre exige transparencia, rapidez y resultados concretos para las familias afectadas.

Así lo plantea la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), gremio empresarial que difundió un balance oficial que detalla la magnitud del daño, y reclama al Gobierno agilizar la puesta en marcha del fideicomiso creado para canalizar donaciones privadas.

El reclamo llegó de la mano de su presidente, Alberto López Tom, quien calificó la asistencia como insuficiente frente a la escala de la emergencia.

El balance gubernamental contabilizó, además, más de 853 centros educativos evaluados en las zonas del sismo. La Apede pidió conocer los resultados de esas inspecciones y rehabilitar con rapidez los planteles que lo requieran para evitar que la interrupción escolar se prolongue.

El gremio planteó que la reconstrucción debe atender de forma simultánea tres frentes: la vivienda, el empleo y la escolaridad de los menores afectados. Sin alternativas claras para continuar las clases, advirtió que la recuperación de las familias quedará incompleta.

López Tom remarcó que detrás de las cifras hay rutinas interrumpidas y familias que esperan respuestas. “Estas cifras representan vidas que han cambiado, rutinas interrumpidas y familias que necesitan respuestas”, planteó.

Tras el terremoto que golpeó a varias provincias panameñas, más de 11 mil viviendas resultaron evaluadas por daños y cerca de 5.600 personas continúan en albergues, según cifras oficiales.

A través de su presidente, la asociación empresarial exigió que la reconstrucción incluya vivienda segura, reactivación económica y continuidad educativa para esas familias.

Valora la decisión del Gobierno de crear un fideicomiso para canalizar los aportes del sector privado, aunque esperan su pronta puesta en marcha para que esos recursos se traduzcan en soluciones concretas para las familias que perdieron su hogar.

El presidente de la Apede solicitó además que quienes administren los fondos rindan cuentas de forma pública. “Informar cuánto se recibe, cómo se invierte y a quiénes beneficia permite honrar esa confianza”, sostuvo el dirigente.

Pidió evitar que se repitan errores del pasado. Según afirmó, la urgencia debe combinarse con rigor técnico y rendición de cuentas “para evitar las malas experiencias vividas durante la pandemia”.

El gremio también reconoció el trabajo de voluntarios, empresas, organizaciones sin fines de lucro e instituciones públicas que aportaron alimentos, insumos y asistencia desde los primeros días. Mencionó en particular la labor de los funcionarios del Sistema Nacional de Protección Civil y de los estamentos de seguridad en las zonas golpeadas por el sismo.

Las regiones de Azuero, Coclé y Veraguas concentran buena parte del daño reportado. La Apede las describió como comunidades que durante generaciones sostuvieron el desarrollo agrícola, ganadero, turístico y comercial del país.

Para el gremio, la reconstrucción no puede limitarse a levantar paredes. El presidente de APEDE sostuvo que cada negocio cerrado representa un golpe directo al sustento familiar: “Cada día sin abrir, cada evento suspendido, significa ventas que no llegan, mientras las cuentas siguen pendientes”, dijo.

El gremio pidió inspecciones ágiles para permitir reaperturas seguras y evaluar, según cada caso, financiamiento, períodos de gracia y apoyo para recuperar inventarios.

La asociación sugirió priorizar la contratación de empresas y trabajadores locales para que los recursos de la reconstrucción circulen dentro de las propias comunidades afectadas.

El llamado del gremio se dirigió de forma directa a varias carteras del Estado. Convocó al Ministerio de Comercio e Industrias, al Ministerio de Desarrollo Agropecuario, a la Autoridad de Turismo de Panamá y a la Autoridad de la pequeña y mediana empresa para diseñar junto al sector privado una estrategia que fortalezca la producción agropecuaria, el turismo, el comercio y el acceso al financiamiento.

Panamá registra la mayor deuda pública por habitante de Centroamérica y de los países incluidos en el informe del IIF, con USD 14,338 por persona, frente a un producto interno bruto (PIB) por habitante de USD 21,823. La cifra equivale al 65.7% de la producción anual promedio atribuida a cada residente, según datos del Instituto de Finanzas Internacionales (IIF).

La relación entre ambos indicadores permite dimensionar el peso relativo de la deuda pública. El PIB por habitante expresa el valor promedio de los bienes y servicios que produce cada persona en un año, mientras que la deuda por habitante distribuye el endeudamiento público total entre la población.

Y aunque no constituye una medida fiscal completa, ya que no considera tasas de interés, plazos de pago, ingresos estatales ni composición de la deuda, sí ofrece una referencia para comparar economías de distinto tamaño, como las centroamericanas.

Panamá y Costa Rica concentran los mayores montos de deuda por persona

En Panamá, la deuda pública por habitante alcanza USD 14,338, el mayor nivel de toda la muestra latinoamericana. También presenta el PIB por habitante más elevado de Centroamérica, con USD 21,823. Esa comparación arroja una relación de casi 66 dólares de deuda por cada 100 dólares de producción anual por persona en ese país.

Costa Rica ocupa el segundo lugar regional y el segundo de la muestra en deuda per cápita, con USD 13,105. Su PIB por habitante llega a USD 21,636, apenas por debajo del panameño. La deuda equivale al 60.6% de ese indicador de producción individual.

Los dos países se ubican por encima de las principales economías sudamericanas. Por ejemplo, Argentina registra una deuda de USD 11,146 por habitante; Brasil, USD 10,106; México, USD 8,577, y Chile, USD 8,506. En ese grupo, Panamá supera incluso a Costa Rica, que queda por delante de Argentina y Brasil.

El Salvador tiene la mayor relación entre deuda y producción por habitante

El contraste cambia cuando se observa cuánto representa la deuda frente al PIB por habitante. El Salvador presenta USD 5,446 de deuda por persona y un PIB por habitante de USD 6,338. Lo que implica que la deuda equivale al 85.9% de la producción anual per cápita, la proporción más alta entre los cinco países centroamericanos, según los datos del IIF.

Ese resultado coloca a El Salvador por encima de Brasil, donde la deuda por persona representa 80.6% del PIB por habitante. También supera a Argentina, con una relación de 68%, y a Panamá, pese a que este último país registra un monto absoluto de deuda por residente mucho más alto.

La diferencia muestra que una deuda por persona menor no implica necesariamente una carga relativa más baja. De acuerdo a los datos, El Salvador debe menos por habitante que Panamá y Costa Rica, pero cuenta con una producción promedio por persona considerablemente más baja.

Guatemala y Honduras muestran los menores niveles de deuda por persona

Guatemala registra un PIB por habitante de USD 7,981 y una deuda de USD 1,996 por residente. La segunda cifra equivale al 25% de la primera, la menor proporción de Centroamérica. Su endeudamiento por persona también se sitúa entre los más bajos de América Latina en la muestra, cerca de Perú, con USD 3,483, y Bolivia, con USD 778.

En Honduras, el PIB por habitante es de USD 3,945 y la deuda por persona alcanza USD 1,795. La relación llega a 45.5%, por encima de Guatemala, aunque por debajo de Panamá, Costa Rica y El Salvador.

La región centroamericana presenta así un panorama desigual. Panamá y Costa Rica combinan los mayores niveles de producción por habitante con las mayores deudas per cápita. El Salvador tiene una presión relativa más alta al comparar ambos indicadores. Guatemala y Honduras exhiben los montos de deuda individual más bajos, aunque también cuentan con menores niveles de producción por persona.

Los presidentes de Panamá, Guatemala, Ciosta Rica, y República Dominicana felicitaron este domingo a Luiz Inácio Lula da Silva por su triunfo en la segunda vuelta presidencial de Brasil.

El mandatario brasileño se impuso al senador Flávio Bolsonaro con el 52% de los votos, frente al 48% de su rival, según el escrutinio oficial con casi la totalidad de las urnas contabilizadas.

El presidente panameño, José Raúl Mulino, destacó la participación ciudadana y envió un mensaje al ganador de los comicios. “Felicito al pueblo brasileño por esta jornada democrática y especialmente al presidente Luiz Inácio Lula da Silva por la victoria. Seguiremos trabajando juntos por nuestros países”, escribió en su cuenta de X.

La reacción de Mulino puso el acento en la cooperación bilateral entre Panamá y Brasil, dos países que mantienen vínculos comerciales y políticos en América Latina. El mandatario panameño no se refirió a la ajustada diferencia entre los candidatos ni a la posición de Bolsonaro tras conocer el resultado.

La felicitación de Arévalo de León

Desde Guatemala, el presidente Bernardo Arévalo de León calificó la elección de Lula como una “gran victoria en las urnas” y saludó también a los electores brasileños. “En nombre del gobierno y del pueblo de Guatemala, felicito a Lula por una gran victoria en las urnas y su reelección como presidente de Brasil”, expresó por medio de sus canales oficiales.

Arévalo sostuvo que la jornada electoral fortaleció las instituciones democráticas de Brasil. En su mensaje, vinculó además la reelección de Lula con una agenda de gobierno orientada al bien común, el fortalecimiento de la democracia y la atención de sectores históricamente relegados.

El presidente guatemalteco afirmó que ambos países comparten la idea de que el ejercicio de la autoridad pública debe estar dirigido a servir a la población. Su pronunciamiento se sumó a las felicitaciones de mandatarios de la región tras el resultado de una elección que mantuvo una diferencia estrecha hasta las últimas horas del conteo.

El Gobierno de Costa Rica, presidido por Laura Fernández, se sumó a la felicitación a Brasil por el desarrollo de las elecciones presidenciales, aunque evitó mencionar de forma directa a Lula da Silva.

La Cancillería costarricense publicó un mensaje en X en el que destacó que el pueblo brasileño ejerció su derecho al voto y eligió a un nuevo presidente “en un proceso democrático y pacífico”. La declaración no incluyó una felicitación personal a Lula ni una referencia a su victoria frente al senador Flávio Bolsonaro.

“El Gobierno de nuestro país le desea el mayor de los éxitos a los tres poderes de Brasil para el beneficio de la población del país más grande de América Latina”, añadió el texto difundido por la cartera de Relaciones Exteriores.

El mensaje de Abinader por la integración regional

El presidente dominicano, Luis Abinader, también celebró la victoria de Lula y planteó la necesidad de profundizar la integración latinoamericana. “Al presidente Lula, felicitaciones por su elección para un nuevo mandato. Que en este cuatrienio renovado sigamos trabajando juntos por una América Latina más integrada y próspera”, señaló en X.

Abinader extendió, además, un saludo al pueblo brasileño por lo que definió como una jornada “cívica y participativa”. Aunque República Dominicana no pertenece a Centroamérica, su presidente se incorporó a los mensajes de líderes de la región que destacaron el resultado electoral brasileño.

Un resultado sin precedentes desde el fin de la dictadura

La victoria de Lula tiene un componente inédito en la historia democrática reciente de Brasil. Desde el fin de la dictadura militar, en 1985, ningún candidato que hubiera terminado segundo en la primera vuelta había conseguido revertir la diferencia en el balotaje.

Bolsonaro obtuvo el 47% de los votos en la primera ronda, dos puntos por encima de Lula, una ventaja equivalente a 2.2 millones de sufragios. En la segunda vuelta, el presidente brasileño revirtió ese escenario y logró una diferencia superior a los cuatro millones de votos.

Lula asumirá el 5 de enero de 2027 en Brasilia. Será su cuarto mandato presidencial, después de los períodos 2003-2007, 2007-2011 y 2023-2027.

Desde un teléfono celular, cualquier persona en Panamá puede comprar bitcoin, ether o tokens que representan acciones de empresas estadounidenses en plataformas que operan en el país sin ningún tipo de licencia.

La Ley del Mercado de Valores no menciona ni los criptoactivos ni esos instrumentos tokenizados.

La Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) ya lo confirmó dos veces. En 2018 y en 2025 concluyó que los esquemas basados en tokens o monedas virtuales no necesitan su autorización para funcionar en el país.

El Texto Único de la SMV regula a los asesores de inversión y a las casas de valores en Panamá. Las criptomonedas no entran en esa definición de valor o activo financiero, por lo que quedan fuera de la jurisdicción del organismo.

La ley vigente tampoco le otorga a la Superintendencia la facultad de legislar sobre criptoactivos. Esa atribución solo llegaría si se promulga una norma nueva que se la conceda de forma expresa.

En 2025, la SMV analizó una plataforma dedicada al intercambio de bitcoin y ether. Su conclusión fue que esos productos están fuera de lo que supervisa y que la plataforma no necesita licencia ni registro para operar.

Las casas de valores panameñas no pueden comprar, vender ni custodiar criptomonedas, porque la custodia regulada se limita a los instrumentos que la ley define como valores.

En Panamá, hoy, comprar criptoactivos o tokens de acciones extranjeras desde una plataforma local no requiere ninguna licencia de la SMV, porque el organismo considera que esos productos no son valores bajo su Texto Único y que la ley vigente no le da potestad para legislar sobre ellos.

El 15 de noviembre de 2018, la entidad fue la primera en fijar postura. Determinó que el concepto de “valor” de la Ley del Mercado de Valores no incluye monedas ni monedas virtuales, por lo que el bitcoin no puede considerarse un valor.

Ese mismo documento resolvió una consulta sobre un token que representaría oro o acciones a pedido del inversionista. La Superintendencia fue tajante: “el ‘token’ no es considerado un valor”.

Casi cinco años después, el 23 de marzo de 2023, reforzó la postura. Estableció que no existe regulación en Panamá para el uso de criptomonedas en el mercado de valores y que las casas de valores no pueden custodiar activos digitales.

La Superintendencia respalda su criterio en las definiciones del Grupo de Acción Financiera contra el Blanqueo de Capitales (GAFI) sobre “activos virtuales” y “proveedores de servicios de activos virtuales”. Con esa distinción separa los activos virtuales de los activos financieros tradicionales que sí pueden negociar las casas de corretaje.

El último intento legislativo de regular las criptomonedas en Panamá terminó en los tribunales. El Órgano Ejecutivo declaró inexequible el proyecto que había aprobado la Asamblea Nacional, y la Corte Suprema de Justicia confirmó esa decisión en junio de 2023.

Desde entonces, el vacío legal persiste. Hoy hay tres proyectos sobre activos virtuales sin fecha de primer debate: uno entró a la Asamblea en marzo de 2025, otro en agosto y un tercero en octubre del mismo año, registra la publicación especializada Nexo.

Agrega que en enero de 2026 se sumó un cuarto texto: un anteproyecto de ley marco de tecnologías financieras que incluye a los criptoactivos dentro de su alcance. Ninguno de los cuatro tiene fecha confirmada de debate.

Uno de los proyectos sostiene que el sector creció en Panamá en medio de la incertidumbre jurídica actual. Otro propone incorporar a los proveedores de activos virtuales al sistema de prevención de blanqueo de capitales, en línea con los estándares del GAFI que la propia Superintendencia ya cita en sus opiniones.

Olga Cantillo, presidenta ejecutiva de Latinex, señaló a Nexo que a Panamá le faltan activos digitales y fondos cotizados que puedan comprarse desde el país, sin necesidad de acudir a Estados Unidos o a Europa.

La declaración de la directiva coincide con el escenario que describe la Superintendencia: los productos existen y circulan en plataformas accesibles desde el celular, pero ninguna ley local define todavía cómo deben regularse ni quién debe supervisarlos.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) iniciará este lunes 26 de octubre en Panamá un calendario de cerca de 30 audiencias públicas sobre casos y peticiones vinculados con presuntas violaciones de derechos humanos en distintos países de la región. Las sesiones formarán parte del 197 período ordinario de sesiones del organismo, que se extenderá hasta el 30 de octubre.

La agenda contempla debates sobre acceso a la justicia, institucionalidad democrática, independencia judicial y protección de grupos en situación de exclusión o riesgo, según informó la agencia EFE.

La CIDH, órgano principal y autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA) en materia de derechos humanos, celebrará las audiencias en la capital panameña y prevé además un espacio de diálogo con representantes de organizaciones de la sociedad civil.

Independencia judicial en Perú, Ecuador y Costa Rica

Uno de los temas que concentrará la atención será la situación de la independencia judicial en Costa Rica, Perú y Ecuador. En cada caso, las audiencias abordarán las condiciones en las que operan los sistemas de justicia y las garantías para el ejercicio autónomo de magistrados y otros funcionarios judiciales.

También se analizará el acceso a la justicia en Granada, así como la labor de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en El Salvador. En el caso peruano, la Comisión tratará además la búsqueda de personas desaparecidas durante el conflicto armado, un asunto que mantiene pendientes de reparación, verdad y justicia para las víctimas y sus familias.

La programación incluye una audiencia sobre la institucionalidad democrática y el uso del espacio cívico en Ecuador. La discusión abarcará las condiciones para la participación ciudadana, la actividad de las organizaciones sociales y el funcionamiento de las instituciones públicas.

Según EFE, la CIDH también examinará el impacto del control digital sobre el espacio cívico en Venezuela, así como asuntos relacionados con la libertad de expresión y la libertad académica en Estados Unidos. La libertad de religión y de creencias en Nicaragua integrará igualmente el temario.

Personas defensoras, migrantes y población LGBTIQ+ en la agenda

Varias audiencias estarán dedicadas a colectivos que enfrentan barreras históricas para el ejercicio de sus derechos. La Comisión revisará la situación de las personas defensoras de derechos humanos en México, de las personas LGBTIQ+ en Centroamérica y de niñas, niños y adolescentes migrantes.

La agenda contempla además denuncias de adopciones irregulares y tráfico de menores en Chile, la situación del pueblo raizal en Colombia y las condiciones de las mujeres privadas de libertad. Estos asuntos serán expuestos ante las personas comisionadas por representantes de los Estados, organizaciones y peticionarios vinculados con cada expediente.

El programa prevé un diálogo entre el Pleno de la CIDH y personas defensoras de derechos humanos y organizaciones civiles. El objetivo será recoger análisis, preocupaciones y aportes sobre desafíos regionales, de acuerdo con EFE.

La Comisión está integrada por 7 personas comisionadas independientes, elegidas por la Asamblea General de la OEA a título personal. No representan a sus países de origen ni de residencia.

Entre sus atribuciones figura la recepción de denuncias y peticiones individuales sobre posibles violaciones de derechos protegidos por instrumentos interamericanos. También puede solicitar medidas cautelares a los Estados en situaciones graves, realizar visitas oficiales, elaborar informes temáticos y por país, y emitir recomendaciones.

Si un Estado no cumple las recomendaciones establecidas en el informe final de un caso, la CIDH puede remitirlo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), con sede en Costa Rica, para que emita sentencia de cumplimiento obligatorio.

Panamá certificó 268 operaciones de residencia por inversión entre julio de 2025 y junio de 2026, frente a las 193 registradas en el período anterior.

El monto total pasó de $90,1 millones a 268 certificados por $113,6 millones, según datos del Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá (MICI), entidad que certifica estas inversiones.

El 87,3 % de esos certificados correspondió a compras de inmuebles.

La residencia por inversión en Panamá es una de las opciones más atractivas para que los inversores internacionales obtengan residencia legal en una jurisdicción estable y favorable para los negocios.

Colombia figura entre los países de origen de esos inversionistas, y ya en 2024 el MICI señalaba a Colombia y Estados Unidos como líderes de las inversiones calificadas del programa.

Valor Development, desarrolladora de origen colombiano que construye en Ciudad de Panamá desde 2012, presentó hace poco su portafolio a inversionistas, señalando que el reto del comprador ya no es solo elegir dónde invertir, sino entender las reglas vigentes a ambos lados de la frontera.

“Acompañamos a inversionistas colombianos que compran en Panamá y vemos que las mejores decisiones no parten del precio, sino de preguntas como quién respalda el proyecto, cómo se protegen los pagos y qué obligaciones se adquieren en ambos países”, afirmó la directora comercial para Colombia de Valor Development, Adelaida Restrepo.

El cambio normativo llegó en septiembre, justo cuando el programa mostraba este crecimiento. Desde entonces, la inversión mínima exigida es de $300.000 para vivienda nueva de primera venta y de $500.000 para propiedades de reventa, de acuerdo con el MICI.

El decreto también habilitó un depósito a plazo fijo de $500.000 en el Banco Nacional de Panamá o la Caja de Ahorros, las dos entidades bancarias estatales del país, según otra comunicación del MICI.

El solicitante debe demostrar, en cualquiera de las dos vías, que el dinero proviene del exterior. Las cifras oficiales se publican en balboas, la moneda panameña que mantiene paridad con el dólar, según confirma la Superintendencia de Bancos de Panamá, el regulador bancario del país.

Valor Development recomienda que un abogado revise el texto vigente del decreto antes de comprometer recursos, dado que la normativa cambió hace poco.

Se indica que en una preventa, es decir, la compra sobre planos antes o durante la construcción, el comprador depende de la solvencia del promotor y de cómo se resguardan sus pagos. La compañía sugiere pedir la trayectoria de la empresa, revisar los proyectos ya entregados y verificar los permisos de la obra.

También recomienda preguntar quién administra el dinero del proyecto, por ejemplo, un fideicomiso a cargo de una fiduciaria. La promesa de compraventa, el contrato en el que comprador y vendedor se comprometen a firmar la venta definitiva, debe leerse con atención en sus plazos, condiciones de entrega y financiación.

“Un comprador informado exige estas respuestas, y un desarrollador serio debe poder darlas por escrito”, añadió Restrepo.

La valorización de un inmueble en construcción es una expectativa, no una garantía, porque depende del mercado y de cada proyecto en particular.

Del lado panameño, la Dirección General de Ingresos (DGI), autoridad tributaria del país, incluye el arrendamiento de inmuebles entre los ingresos que pagan impuesto sobre la renta. Quien compra pensando en alquilar asume esa obligación fiscal desde el primer contrato.

“Por eso insistimos en que el inversionista hable con un asesor tributario antes de comprar, sobre todo si piensa alquilar”, dijo Restrepo.

La recomendación aplica tanto para quien busca la residencia por inversión como para quien solo busca renta inmobiliaria. Valor Development mantiene un portafolio de proyectos residenciales en Santa María, Costa del Este, Casco Antiguo y Costa Verde, además de desarrollos frente al mar en la zona de Playas.

La empresa insiste en que, con las reglas actuales tanto en Panamá como en Colombia, la decisión de compra exige revisar primero quién respalda el proyecto y qué obligaciones tributarias se adquieren a uno y otro lado de la frontera.

Panamá se convertirá en el primer país de América Latina en recibir una herramienta digital regional para reportar sus Medidas de Fomento de la Confianza en bioseguridad y biocustodia.

El Ministerio de Salud (Minsa) administrará la plataforma de manera autónoma y sin costos de licencia para las instituciones beneficiarias del país.

La iniciativa busca prevenir riesgos biológicos y facilitar el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el país centroamericano.

Responde a un acuerdo entre la OEA, la Unión Europea y el gobierno panameño

La transferencia de la herramienta se formalizó mediante un acuerdo de cooperación entre el Minsa y la Organización de los Estados Americanos (OEA), a través de su Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE).

El financiamiento proviene de la Unión Europea (UE), en el marco del proyecto regional de Fortalecimiento de la Bioseguridad y Biocustodia en América Latina.

La iniciativa cuenta con un presupuesto de 2,7 millones de euros, aproximadamente $3 millones, y se extenderá hasta junio de 2027.

Se informó que la plataforma permitirá recopilar, sistematizar y remitir información nacional vinculada a la Convención sobre las Armas Biológicas y Toxínicas.

Ese cumplimiento forma parte de los compromisos multilaterales que Panamá mantiene en materia de seguridad sanitaria.

La selección de Panamá como país piloto implica un reconocimiento a los esfuerzos nacionales, dijo el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo.

“Reafirmamos nuestro compromiso de convertir esta cooperación en resultados concretos y sostenibles, que fortalezcan la protección de la salud pública y la seguridad de nuestra población”, expresó el funcionario. La coordinación recaerá en la Dirección General de Salud Pública.

El funcionario señaló que la Dirección General de Salud Pública coordinará el trabajo conjunto con las instituciones nacionales y los laboratorios vinculados a la salud humana, animal y vegetal.

Esa articulación interinstitucional, explicó, apunta a consolidar una cultura de responsabilidad y transparencia en el manejo de riesgos biológicos.

La representante de la OEA en Panamá, Alexandra Moreira, explicó que la herramienta excede el cumplimiento de una obligación internacional.

Definió este avance como un recurso práctico para fortalecer las capacidades del sector salud y de otras instituciones que gestionan riesgos biológicos.

Moreira agregó que la centralización de la información permitirá identificar recursos y capacidades existentes, además de facilitar la toma de decisiones.

La representante de la OEA destacó también que mejorará la coordinación entre las entidades responsables de la salud humana, animal y vegetal.

Sostuvo que la experiencia panameña podrá servir de referencia para otros países de la región.

Según Moreira, el caso demuestra cómo una herramienta tecnológica contribuye al fortalecimiento de capacidades nacionales y al cumplimiento de compromisos multilaterales.

La representante de la Unión Europea, Petra Mayoura, resaltó la importancia de la cooperación internacional para enfrentar riesgos biológicos que trascienden fronteras.

Advirtió que esas amenazas pueden tener consecuencias para la salud, las economías y las sociedades.

La implementación del proyecto está a cargo de la OEA, con el financiamiento ya mencionado de la Unión Europea.

Para Panamá, encabezar esta experiencia regional implica modernizar los procesos de reporte y fortalecer la autonomía institucional en la materia. El país también espera mejorar la coordinación entre las entidades responsables de la bioseguridad y la biocustodia.

Los aprendizajes generados durante la implementación podrán compartirse con otros países latinoamericanos. Esa transferencia de conocimiento busca promover la cooperación regional y el desarrollo de capacidades para responder de forma coordinada ante eventuales amenazas biológicas.

Con la adopción de esta plataforma, el Minsa reafirma su apuesta por la innovación tecnológica y la cooperación internacional. El organismo sanitario panameño ubica estas herramientas como parte de su estrategia para proteger la salud pública y la seguridad de la población.

Catorce langostas espinosas y seis pulpos sin vida fueron hallados a bordo de un cayuco interceptado por guardaparques y agentes de la Policía Ambiental en el sector este de Cayo Zapatilla N.º 2, dentro del Parque Nacional Marino Isla Bastimentos, en Panamá.

El hallazgo se produjo durante un operativo de control y vigilancia que terminó por destapar una presunta actividad de extracción ilegal de recursos marinos en esa zona protegida.

La embarcación artesanal, de unos 12 pies de longitud, llevaba a tres personas a bordo. Según el reporte oficial, los ocupantes no atendieron la señal de alto de las autoridades y en cambio se dirigieron hacia una zona de rompiente y rocas someras.

Las autoridades lograron alcanzar el cayuco pese a la maniobra. Durante la inspección se detectó que los tres ocupantes estarían vinculados con actividades de extracción mediante buceo en apnea.

Entre los ocupantes habría una persona menor de edad, de acuerdo con el reporte oficial. Esa situación deberá ser verificada conforme a los procedimientos correspondientes.

El operativo permitió decomisar un total de 33 organismos marinos, además de equipos presuntamente utilizados para la extracción. El conteo incluyó langostas espinosas, caracoles marinos y pulpos capturados en el área protegida.

La inspección arrojó un total de 21 ejemplares de langosta espinosa (Panulirus argus), de los cuales 14 estaban muertos y siete permanecían con vida.

También se contabilizaron seis ejemplares de caracol marino (Lobatus gigas), todos vivos, y seis pulpos (Octopus sp.), todos sin vida.

Los agentes liberaron en su hábitat natural a los siete ejemplares vivos de langosta espinosa y a los seis caracoles marinos recuperados. La medida buscó reducir el impacto sobre los recursos del parque nacional.

Las 14 langostas espinosas que fueron halladas muertas siguieron un camino distinto. Los agentes las trasladaron a la Policía Nacional en Isla Colón para los trámites correspondientes al caso.

Los pulpos sin vida no fueron mencionados entre los organismos trasladados en el reporte disponible, que detalla el procedimiento solo para las langostas decomisadas.

El Parque Nacional Marino Isla Bastimentos es una de las áreas marinas protegidas de Panamá donde la extracción de especies como la langosta espinosa y el caracol gigante está sujeta a regulaciones específicas.

El operativo conjunto entre guardaparques y la Policía Ambiental forma parte de las tareas de control que se realizan en el sector de Cayo Zapatilla N.º 2.

La intervención de este domingo se suma a los patrullajes habituales que buscan frenar la pesca y el buceo no autorizados dentro de los límites del parque.

El caso de la presunta persona menor de edad a bordo de la embarcación añade un elemento adicional que las autoridades competentes deberán esclarecer en los próximos pasos del proceso.

La extracción no autorizada de recursos dentro de un parque nacional marino puede afectar la conservación de las especies y el equilibrio de los ecosistemas asociados.

En este caso, la presencia de langostas espinosas, caracoles marinos y pulpos evidencia la importancia de mantener y reforzar las labores de vigilancia y control en los sectores que forman parte de esta área protegida.

En Panamá, la prohibición y el control de la pesca en áreas protegidas (especialmente marinas y costeras) se rigen por un marco institucional y normativo compartido entre la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) y el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente).

Se tiene la Ley 44 de 23 de noviembre de 2006 (Ley 44 de 2006), que crea la ARAP, la Ley 8 de 25 de marzo de 2015 (Ley 8 de 2015), que crea MiAmbiente, al igual que la Ley 24 de Vida Silvestre (Ley 24 de 1995), que declara de dominio público la protección y conservación de las especies de fauna y flora silvestre.

Panamá recibió por primera vez el World of Coffee 2026, una cita que colocó al país como sede de la industria internacional del café y que marcó el debut del evento en América Latina y en una nación productora.

La feria reunió hasta este domingo 25 de octubre a representantes del sector en un contexto en el que la actividad comercial busca también aportar recursos para las comunidades afectadas por el sismo en la península de Azuero y otras regiones.

El World of Coffee Panama 2026 congregó a 300 expositores de 35 países, cafés provenientes de más de 17 orígenes y 60 baristas de distintas partes del mundo. La agenda contempló campeonatos, talleres y conferencias, mientras que los organizadores proyectaban la llegada de 13 mil visitantes.

La organización estuvo a cargo de la Specialty Coffee Association of Panama (SCAP) y la Specialty Coffee Association (SCA), mientras que la realización fue posible tras una alianza con la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), formalizada mediante un acuerdo de cooperación en 2023.

El presidente de la CCIAP, Aurelio Barría Pino, sostuvo que el encuentro posiciona al país como un punto de conexión para el negocio cafetero. “World of Coffee Panama 2026 convierte al país en el punto de encuentro de la industria global del café”, afirmó.

El dirigente señaló que la cita reforzaba la proyección panameña en América Latina, con foco en la calidad de sus cafés y en la innovación vinculada al sector.

Barría Pino también vinculó el movimiento económico previsto por la feria con la situación que atraviesan las comunidades damnificadas por el terremoto.

La Cámara expresó su solidaridad con las personas afectadas y planteó que las regiones donde la actividad puede mantenerse tienen la responsabilidad de sostener el trabajo y la economía.

“Mantener la economía en movimiento también es una forma de contribuir”, expresó el presidente de la CCIAP al referirse a la continuidad de las actividades productivas.

La Cámara anunció que entregará un porcentaje de las ganancias obtenidas con el evento a la Cruz Roja Panameña. La contribución estará destinada a las tareas de asistencia y recuperación en las comunidades afectadas.

El titular de la CCIAP agregó que Panamá tiene experiencia en la conexión entre mercados y países. A su juicio, la feria refuerza ese papel anfitrión dentro de la cadena mundial del café.

El presidente de la SCAP, Ricardo Koyner, repasó el proceso que llevó a la caficultura panameña a ganar reconocimiento en los mercados de especialidad.

Koyner recordó que, tres décadas atrás, siete productores de Chiriquí enfrentaban precios bajos y dificultades para competir en volumen frente a los grandes países cafeteros. La respuesta fue unir esfuerzos para promover la calidad de los granos panameños.

Esa decisión derivó en la creación de la Specialty Coffee Association of Panama y, más tarde, en el certamen Best of Panama, que comenzó en 1996 como una instancia para evaluar las fincas participantes.

De acuerdo con el presidente de la asociación, aquella competencia permitió mostrar que las montañas, el clima y los microclimas de Panamá podían producir cafés diferenciados en el mercado internacional.

La SCAP incorporó subastas electrónicas para sus mejores lotes en 2001. Ese mecanismo amplió la exposición de los productores y fortaleció la estrategia de comercialización basada en la calidad.

Koyner también mencionó el descubrimiento del café Geisha por parte de Hacienda La Esmeralda en 2004. El grano alcanzó récords mundiales de precio y modificó las referencias del mercado de especialidad.

La evolución del sector incluyó la incorporación de procesos naturales en 2011. Para Koyner, esos cambios surgieron de una lógica colaborativa entre productores que buscaban diferenciar sus cosechas.

Una niña de tres años permanece hospitalizada en estado delicado en la Ciudad de la Salud tras recibir un disparo en el abdomen mientras se encontraba en su vivienda, en el sector conocido como La Invasión Bagdad, en el distrito de Chepo, en Panamá Este.

La menor sufrió una lesión en el intestino grueso que ya le exigió varias intervenciones quirúrgicas. Un hombre fue aprehendido como presunto responsable del ataque armado.

Los hechos ocurrieron cuando un hombre efectuó detonaciones con arma de fuego contra la vivienda donde se encontraba la menor junto a varias personas, según la Procuraduría General de la Nación.

La madre de la niña fue quien advirtió que su hija había recibido el impacto en el abdomen, de acuerdo con la reconstrucción de los hechos que maneja la Fiscalía Metropolitana.

El caso quedó bajo investigación por un delito de tentativa de homicidio en perjuicio de la pequeña, a cargo de la Sección de Homicidios y Femicidios de ese despacho fiscal.

La Fiscalía informó que recabó en la escena múltiples indicios de carácter balístico. Esos elementos permiten establecer el uso de un arma de fuego, calificada por la propia institución como de peligro letal.

El hombre aprehendido por el ataque será puesto a órdenes de un Juzgado de Garantías. Ante ese tribunal, la Fiscalía Metropolitana solicitará las medidas correspondientes conforme a los procedimientos legales vigentes.

La Procuraduría General de la Nación no detalló, por el momento, el nombre del aprehendido ni precisó si existe algún vínculo previo entre el agresor y la familia de la víctima.

La niña continúa internada en la Ciudad de la Salud, donde el equipo médico atiende la lesión intestinal provocada por el disparo.

Su cuadro clínico se mantiene delicado tras las cirugías practicadas, según informó la Procuraduría General de la Nación.

La investigación permanece abierta mientras la Sección de Homicidios y Femicidios de la Fiscalía Metropolitana avanza en el análisis de los indicios balísticos recolectados en la vivienda atacada.

En tanto, cuatro personas fueron condenadas a 159 meses de prisión, equivalentes a 13 años y tres meses, por el delito de robo agravado cometido en una vivienda del corregimiento de Betania.

La sentencia fue obtenida por la Sección Segunda de Delitos contra el Patrimonio Económico de la Fiscalía Metropolitana, dependencia de la Procuraduría General de la Nación. El caso se originó por un asalto perpetrado la madrugada del 7 de diciembre de 2025.

Un grupo de sujetos ingresó esa madrugada a una vivienda ubicada en Betania. Vestían indumentaria similar a la de unidades policiales y portaban un arma de fuego.

Una vez adentro, despojaron a las víctimas de sus pertenencias. Entre los bienes sustraídos figuraron teléfonos celulares, joyas y dinero en efectivo.

El hecho encuadró en la figura de robo agravado por el uso de arma de fuego y por el ingreso violento a una vivienda, dos circunstancias que la Fiscalía Metropolitana incorporó en la imputación posterior contra los cuatro responsables.

Tras el hecho, la Fiscalía realizó audiencias de solicitudes múltiples. En esas instancias logró la legalización de las aprehensiones de los cuatro implicados y la formulación de la imputación de cargos por robo agravado.

Los cuatro acusados aceptaron su responsabilidad en los hechos. Ese reconocimiento permitió avanzar directamente hacia la etapa de sentencia, sin necesidad de un juicio oral.

Como resultado, el tribunal impuso a cada uno de los condenados la pena de 159 meses de prisión. La condena recayó de manera individual sobre los cuatro procesados, por igual monto de pena.

El texto disponible no precisa la identidad de los condenados ni el nombre de las víctimas, datos que la Procuraduría no hizo públicos en la información difundida sobre el caso.

Sesenta y ocho familias damnificadas por el terremoto que el 9 de octubre provocó severos daños en gran parte de las provincias centrales de Panamá recibirán viviendas nuevas, con los fondos reunidos este sábado en la Teletón 20-30 de 2026, realizada en la ciudad de Chitré, provincia de Herrera.

La jornada, bajo el lema “Un país, una meta”, cerró con una recaudación de $1,457,028.59

El dinero se destinará al Proyecto Meta, la iniciativa del Club Activo 20-30 de Panamá para reconstruir hogares en las zonas golpeadas por el sismo.

Entre los criterios de selección, los organizadores manifestaron que el proyecto contempla dar prioridad a los hogares donde resida al menos una persona con discapacidad.

Las soluciones habitacionales, de acuerdo con la iniciativa, se construirán con criterios de seguridad, habitabilidad y accesibilidad.

Los diseños de las nuevas residencias se adaptarán a las condiciones de cada región y a la normativa vigente, según indicó la organización.

Se reiteró que los fondos reunidos en la Teletón 20-30 financiarán 68 soluciones habitacionales en Herrera, Los Santos, Veraguas y Coclé, las provincias más afectadas por el sismo.

Junto a las viviendas, la iniciativa también tiene entre sus objetivos equipar de manera sistemática y organizada la Red de Neonatología de las provincias antes mencionadas.

En medio de la tragedia y en un ambiente festivo la actividad reunió a ciudadanos, empresas, artistas, medios de comunicación y voluntarios, todos convocados para apoyar a los damnificados de las provincias mencionadas.

Artistas de diversos géneros musicales, predominando la música típica panameña, que tiene su mayor arraigo en las provincias afectadas, dieron su aporte motivando al público presente y a quienes seguían la actividad a través de una cadena nacional de televisión.

Giacomo Tamburrelli, presidente de la Teletón 20-30 de 2026, agradeció el aporte recibido y remarcó el alcance del trabajo por delante.

“Cada aporte representa una oportunidad para una familia que necesita volver a sentirse segura”, aseguró.

El dirigente sumó una definición sobre el objetivo final de la iniciativa: “No solo vamos a construir casas: vamos a reconstruir hogares”. Con esas palabras cerró su mensaje a quienes donaron, compartieron la campaña o aportaron su tiempo a la causa.

En su oportunidad, Fabián Madrid, presidente del Club Activo 20-30 de Panamá, vinculó la recaudación con la responsabilidad en el uso de los recursos.

“La confianza de Panamá nos compromete a seguir trabajando con responsabilidad y transparencia”, manifestó.

Madrid añadió que el desafío de la organización consiste en traducir la solidaridad recibida en resultados concretos.

“Nuestro deber es convertir esa solidaridad en resultados para las familias y rendir cuentas sobre el uso de los recursos”, señaló a los medios de comunicación.

Definió además la etapa que se abre tras el cierre de la jornada. “El cierre de esta jornada es un paso más en un compromiso que continúa”, sostuvo.

Por su parte, la Contraloría General de la República participó de la jornada en tareas de fiscalización de los aportes recibidos. Su presencia, de acuerdo a lo que informó, se suma al esquema de control que acompaña al Proyecto Meta desde su lanzamiento.

En aras de la transparencia, los directivos del Club Activo 20-30 de Panamá invitaron a la ciudadanía y a los medios de comunicación a revisar los informes financieros oficiales de la institución. Según la organización, esos documentos son auditados de manera independiente.

Los informes se entregan además de forma voluntaria al Nodo de Transparencia de la Defensoría del Pueblo. La organización presentó ese mecanismo como parte del control externo sobre el destino de los $1,457,028.59recaudados.

La recaudación llega dos semanas después del terremoto del 9 de octubre, que dejó a numerosas familias sin vivienda en el interior del país.

El Proyecto Meta concentrará ahora sus esfuerzos en avanzar con la construcción de las 68 soluciones habitacionales previstas para Herrera, Los Santos, Veraguas y Coclé.

El Ministerio de Ambiente de Panamá inició un plan de remediación ambiental en la antigua mina de oro Remance, ubicada en la provincia de Veraguas, después de que el terremoto del 9 de octubre provocara un deslizamiento de tierra que arrastró sedimentos hacia fuentes de agua cercanas.

La intervención contempla obras sanitarias, contención de materiales y posibles sistemas de tratamiento para comunidades expuestas.

La institución explicó que la emergencia ocurrió en una explotación minera abandonada hace 27 años, sin un proceso formal de cierre, donde el movimiento sísmico movilizó materiales acumulados durante décadas.

Las autoridades buscan atender las alteraciones microbiológicas del agua y la contaminación por metales en el suelo, mediante acciones coordinadas con los ministerios de Comercio e Industrias y Salud.

La primera fase del programa se concentrará en la comunidad de La Gorda, en el distrito de San Francisco, donde los análisis identificaron niveles elevados de coliformes fecales en el agua cruda.

Para reducir esos riesgos, se construirán servicios sanitarios individuales con tanques sépticos, destinados a mejorar las condiciones de saneamiento y proteger las fuentes utilizadas por la población.

Las obras tendrán un plazo aproximado de 50 días hábiles y una inversión de 37.930,81 dólares, según el comunicado oficial del 23 de octubre. Los trabajos estarán a cargo de Técnicos en Construcciones Generales S.A., bajo supervisión de la Dirección de Verificación del Desempeño Ambiental y con acompañamiento del Ministerio de Salud.

La segunda etapa contempla la contención y remediación de la zona afectada por el deslizamiento de la antigua mina, para impedir que continúe el desplazamiento de materiales hacia el entorno. La empresa Ingeniería Estrella S.A. tiene previsto ingresar al área el 24 de octubre, con el propósito de levantar información y definir las intervenciones necesarias.

De manera paralela, MiAmbiente evalúa una propuesta para instalar cuatro sistemas modulares de tratamiento de agua en las comunidades de La Gorda, Mesillas y Pato Alto. Los equipos tendrían capacidad individual para procesar 1.500 litros por hora, utilizando electrocoagulación, electrofloculación, filtración y desinfección para mejorar las condiciones del abastecimiento.

La propuesta, presentada por Corporación Quality Services S.A., contempla una inversión estimada de 780.000 dólares, que incluye equipos, componentes de generación solar, instalación y puesta en funcionamiento.

También incorpora monitoreo y repuestos durante un año, aunque su ejecución dependerá de la evaluación técnica que actualmente desarrolla el Ministerio de Ambiente.

La institución señaló que mantendrá las labores de monitoreo, evaluación y seguimiento técnico iniciadas después del terremoto, junto con los equipos del Ministerio de Comercio e Industrias.

Las acciones se desarrollan en coordinación con el Ministerio de Salud, para atender los riesgos ambientales y sanitarios identificados en las comunidades próximas a Remance.

El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, había advertido que las explotaciones mineras no pueden quedar abandonadas sin procedimientos adecuados de cierre y rehabilitación.

Tras conocerse el incidente, sostuvo que las autoridades debían determinar científicamente las sustancias movilizadas y establecer las medidas necesarias para contener sus efectos.

La antigua mina Remance operó industrialmente hasta finales de la década de 1990 y utilizó procesos de recuperación de oro que generaron depósitos de residuos. Investigaciones científicas anteriores identificaron cianuro y elementos potencialmente tóxicos en materiales del área, aunque esos antecedentes no permiten determinar las concentraciones presentes después del reciente deslizamiento.

El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, señaló el que las autoridades mantenían las evaluaciones técnicas sobre la situación de la mina. El funcionario indicó que, con la información disponible, no tenía conocimiento de condiciones graves relacionadas con el agua, aunque reconoció la importancia de continuar las inspecciones y adoptar las precauciones correspondientes.

Por su parte, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) reforzó los controles de calidad en las plantas potabilizadoras de Santiago y San Francisco de Veraguas. La medida responde a la alerta emitida por MiAmbiente el 12 de octubre, después de que el deslizamiento provocara el arrastre de sedimentos hacia la quebrada Veneno.

Este cauce es afluente del río Santa María y se encuentra aguas arriba de las captaciones utilizadas por ambas plantas potabilizadoras. Ante la situación, el IDAAN intensificó la vigilancia del agua cruda y tratada, además de los controles operacionales destinados a detectar cambios que puedan afectar el suministro.

La entidad informó que las evaluaciones realizadas no han identificado condiciones que comprometan los procesos de potabilización. Los análisis del agua tratada se mantienen dentro de los valores establecidos por el Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 21-2019, que fija los criterios de calidad aplicables al agua destinada al consumo humano.

Como precaución adicional, el IDAAN incorporó carbón activado al tratamiento que realizan sus plantas, como complemento de los procedimientos habituales de potabilización. La institución aseguró que continuará monitoreando las fuentes y verificando la calidad del suministro, mientras avanzan las acciones de remediación ambiental en la antigua zona minera.

Después de más de 36 años de incertidumbre, fueron identificados los restos de Roberto Adolfo Aparicio Oliva, un integrante de las Fuerzas de Defensa de Panamá que falleció a los 21 años durante la invasión militar de Estados Unidos, el 20 de diciembre de 1989.

El joven prestaba servicio en el Cuartel Central y su familia llevaba décadas intentando localizarlo.

La identificación fue anunciada este sábado 24 de octubre por la Comisión 20 de Diciembre de 1989, organismo encargado de investigar y documentar las víctimas de la operación militar estadounidense.

El resultado fue posible mediante análisis genéticos especializados realizados con la participación de instituciones panameñas y guatemaltecas, después de un complejo proceso de recuperación de material óseo.

El trabajo científico estuvo a cargo de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG), en coordinación con el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMELCF) y el Ministerio Público.

Las muestras fueron comparadas con perfiles genéticos aportados por familiares, lo que permitió establecer la identidad del joven pese al deterioro de los restos.

Aparicio Oliva era hijo de Félix Adolfo Aparicio Pérez y Lidia Maritza Oliva Gómez y residía en San Miguelito, en Cerro Batea.

Durante la invasión prestaba servicio en el Cuartel Central de las Fuerzas de Defensa, donde desarrollaba funciones relacionadas con el abastecimiento y la alimentación de los efectivos militares.

Después de iniciada la invasión estadounidense del 20 de diciembre de 1989, sus familiares recibieron información sobre su posible fallecimiento en el sector de El Chorrillo, según el comunicado oficial. Sin embargo, no consiguieron localizar sus restos, lo que dio inicio a una búsqueda que se prolongó durante más de tres décadas.

Durante ese período, la familia acudió a hospitales, cementerios y diligencias de exhumación con la esperanza de encontrar información sobre su paradero. Posteriormente, las autoridades recibieron datos que apuntaban a una posible sepultura en una fosa común del Cementerio Jardín de Paz, lo que permitió orientar las investigaciones forenses.

La identificación constituye una respuesta para sus familiares después de décadas de búsqueda, además de permitir que el joven reciba finalmente una sepultura con su identidad plenamente establecida.

Aparicio Oliva había sido ascendido póstumamente al grado de cabo segundo, mediante el Decreto N.º 228 del 31 de mayo de 1990.

El hallazgo se suma a otras identificaciones realizadas durante 2026 mediante estudios de ADN. En julio, la Procuraduría General de la Nación entregó los restos de Marcos Antonio Coulthrust Quiñones y Manuel Carol Ojo, dos víctimas de la invasión cuyos cuerpos fueron identificados mediante análisis realizados en Panamá y Guatemala.

Las investigaciones también permitieron identificar anteriormente a Ricardo Aurelio Arana Riquelme y Eric Abdiel Bonilla Terrero, como parte de las diligencias para esclarecer las desapariciones. Los trabajos incluyen exhumaciones, análisis de restos óseos y comparación genética, procedimientos necesarios para resolver casos que permanecieron sin identificación durante décadas.

La invasión comenzó durante la madrugada del 20 de diciembre de 1989, cuando Estados Unidos ejecutó la denominada Operación Causa Justa, cuyo principal objetivo era capturar al general Manuel Antonio Noriega, quien gobernaba de facto Panamá.

Aproximadamente 24.000 soldados participaron en el despliegue contra objetivos militares panameños, mientras los enfrentamientos y bombardeos afectaron sectores residenciales, especialmente en El Chorrillo.

El número de fallecidos continúa siendo uno de los aspectos más controvertidos de aquella intervención militar. Estados Unidos reportó 202 civiles y 314 militares panameños muertos, mientras organizaciones de derechos humanos formularon estimaciones considerablemente mayores.

La ausencia de registros completos y los entierros sin identificación dificultaron establecer un balance definitivo.

Hasta marzo de 2026, el Registro de Víctimas de la Comisión 20 de Diciembre contenía 443 nombres en distintas etapas de verificación. De ellos, 238 correspondían a fallecidos y desaparecidos confirmados, mientras otros 205 permanecían bajo investigación, aunque algunas entradas podían coincidir con personas previamente registradas.

La Comisión fue creada mediante el Decreto Ejecutivo N.º 121 del 19 de julio de 2016, con el propósito de esclarecer la verdad sobre las víctimas de la invasión. Su labor comprende la recuperación de identidades, la investigación de desapariciones y la reconstrucción documental, en coordinación con organismos forenses y autoridades judiciales.

La identificación de Roberto Adolfo Aparicio Oliva representa un nuevo avance en una investigación que permanece abierta. Aunque su familia podrá finalmente darle sepultura, todavía existen restos pendientes de identificación y desapariciones sin esclarecer, más de tres décadas después de la intervención militar estadounidense en Panamá.

Panamá registró un incremento del 132,9% en la cantidad de permisos de residencia aprobados y negados durante el tercer trimestre de 2026, según estadísticas del Servicio Nacional de Migración (SNM).

Entre julio y septiembre se resolvieron 18.494 trámites de extranjeros, frente a los 7.942 contabilizados entre abril y junio, un aumento de 10.552 resoluciones.

De acuerdo con el informe oficial, julio registró 6.225 resoluciones, agosto 6.053 y septiembre 6.216. Del total correspondiente al tercer trimestre, 17.949 permisos fueron aprobados y 545 rechazados. La institución explicó que el incremento estuvo relacionado principalmente con una mayor cantidad de expedientes aprobados en determinadas categorías migratorias.

El SNM atribuye el cambio observado desde julio al comportamiento administrativo de las aprobaciones, especialmente en las categorías de Protección de Seguridad Humanitaria (PPSH), prórrogas vinculadas con ese programa, jubilados, pensionados y dependientes. Las cifras reflejan resoluciones emitidas, no necesariamente nuevas solicitudes presentadas durante el trimestre.

Entre enero y septiembre, Migración registró 34.951 resoluciones de residencia, de las cuales 33.959 fueron favorables y 992 negativas. Esto representa una tasa de aprobación del 97,2%, dentro de los expedientes resueltos por la entidad durante los primeros nueve meses del año.

La mayor cantidad correspondió a 12.268 permisos de residencia temporal, seguidos de 9.236 permanentes, 7.201 prórrogas y 5.254 provisionales. Por categoría específica, la Protección de Seguridad Humanitaria acumuló 12.606 aprobaciones, seguida de dependientes, con 4.323, y regularizados permanentes, con 3.407.

Por nacionalidad, los colombianos encabezaron las aprobaciones con 9.978 permisos, seguidos de venezolanos, con 5.873, y nicaragüenses, con 3.462. También destacaron estadounidenses con 2.923 autorizaciones, ciudadanos chinos con 1.160 y cubanos con 1.035, según los registros oficiales.

El movimiento administrativo también incluyó 2.660 autorizaciones para empleados o ejecutivos de empresas multinacionales, 2.363 correspondientes a países amigos y 2.082 para jubilados o pensionados. Otras 1.294 aprobaciones estuvieron relacionadas con razones de educación, reflejando la diversidad de categorías utilizadas por los extranjeros.

Permisos de trabajo y movimiento migratorio

En el ámbito laboral, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) registró 19.342 solicitudes de permisos de trabajo para extranjeros entre enero y septiembre. De ese total, 7.598 correspondieron al tercer trimestre, con julio como el mes de mayor actividad, al contabilizar 3.095 trámites.

El informe también registra 17.956 permisos laborales aprobados durante los nueve meses, frente a 1.376 solicitudes negadas. Solo en septiembre se contabilizaron 5.178 aprobaciones, una cifra considerablemente superior a las registradas en los meses anteriores.

La categoría de permisos de trabajo bajo el Decreto 6 concentró 12.999 aprobaciones, mientras las autorizaciones por razón humanitaria sumaron 2.857. También se aprobaron 1.083 permisos para residentes permanentes bajo el Decreto Ejecutivo 21, según las estadísticas preliminares del Mitradel.

Por otra parte, Panamá contabilizó 3.256.537 entradas de viajeros entre enero y septiembre, de las cuales 2.543.058 correspondieron a extranjeros. Estados Unidos encabezó las procedencias con 450.087 entradas, seguido de Colombia con 419.858 y Costa Rica con 171.284. Estas cifras incluyen viajes y no equivalen a personas que solicitan residencia.

En materia de control migratorio, 851 extranjeros fueron detenidos por distintas causales durante los primeros nueve meses del año. Las principales fueron ingreso irregular, con 318 casos; estadía vencida, con 249; y remisión por cumplimiento de pena, con 210, según los registros del SNM.

Las estadísticas muestran un aumento significativo de la actividad administrativa migratoria durante el tercer trimestre, acompañado de miles de trámites laborales. Sin embargo, el incremento de resoluciones no demuestra por sí mismo un crecimiento equivalente de nuevos residentes, debido a que también comprende prórrogas, regularizaciones y expedientes acumulados.

Entre marzo de 2025 y septiembre de 2026, una de cada nueve pruebas rápidas de sífilis realizadas en Panamá por AIDS Healthcare Foundation (AHF) dio resultado reactivo.

La organización efectuó 9.677 pruebas, de las cuales 1.065 detectaron señales compatibles con la infección, equivalente al 11% de los exámenes practicados durante ese período.

AHF Panamá es la representación local de AIDS Healthcare Foundation, una organización internacional sin fines de lucro especializada en la prevención, detección y atención del VIH y otras infecciones de transmisión sexual.

La organización aclaró que un resultado reactivo no confirma necesariamente una infección activa, pues requiere una evaluación clínica y, cuando corresponda, pruebas complementarias. Asimismo, los resultados obtenidos entre las personas atendidas por AHF no representan la prevalencia de sífilis en toda la población panameña.

Los datos adquieren relevancia ante el aumento de la sífilis congénita registrado por el Ministerio de Salud (Minsa). Durante 2024 se notificaron 459 casos, mientras que en 2025 la cifra ascendió a 536, un incremento del 16,8%, equivalente a 77 casos adicionales.

En contraste, los casos de sífilis registrados entre mujeres embarazadas disminuyeron ligeramente, al pasar de 1.070 en 2024 a 1.046 en 2025. Esta reducción del 2,2% no permite explicar por sí sola el aumento de infecciones congénitas, que requiere analizar el diagnóstico, tratamiento y seguimiento prenatal.

La sífilis congénita ocurre cuando la infección se transmite de la persona gestante al feto durante el embarazo. Puede provocar parto prematuro, muerte fetal y complicaciones graves en recién nacidos, aunque el diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno permiten reducir considerablemente estos riesgos.

La enfermedad es causada por la bacteria Treponema pallidum y se transmite principalmente mediante contacto sexual con lesiones infecciosas. En su etapa inicial puede aparecer una llaga indolora en los genitales, el ano o la boca, mientras en fases posteriores pueden presentarse erupciones cutáneas.

Una de las principales dificultades para controlar la infección es que puede avanzar sin provocar síntomas evidentes. Incluso cuando las primeras lesiones desaparecen, la bacteria puede permanecer en el organismo y causar complicaciones que afectan distintos órganos si no se recibe tratamiento adecuado.

Fernando Fanilla, coordinador del Espacio Integral de Salud Sexual de AHF Panamá, explicó que el desafío no consiste únicamente en disponer de pruebas diagnósticas, sino en conseguir que las personas acudan oportunamente. La detección tardía retrasa el tratamiento y aumenta el riesgo de transmisión, especialmente cuando existen infecciones no identificadas.

Durante el período analizado, AHF atendió a 12.353 personas en sus servicios, de las cuales 9.913 tenían entre 20 y 39 años. Este grupo representó aproximadamente el 80% de los usuarios, una proporción que describe la población atendida por la organización, no la distribución nacional de la enfermedad.

Los antecedentes epidemiológicos de Panamá muestran 4.834 casos de sífilis en todas sus formas durante 2024, según información sanitaria publicada oficialmente. De ese total, el 64,7% correspondió a hombres y el 69% se concentró entre personas de 20 y 49 años, lo que evidencia la importancia de la vigilancia en adultos jóvenes.

La sífilis congénita también registraba antecedentes preocupantes antes de los datos más recientes. En 2023 se notificaron 242 casos y seis defunciones neonatales, mientras Bocas del Toro y Panamá Este presentaron tasas elevadas por cada 1.000 nacidos vivos.

El problema trasciende las fronteras nacionales. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) estimó 4,2 millones de nuevas infecciones de sífilis en las Américas durante 2024, unas 500.000 más que en 2022. La mayor parte de los casos se concentró en América Latina y el Caribe, según el organismo regional.

Ante este escenario, la OPS ha promovido medidas para fortalecer la prevención, el diagnóstico y el tratamiento, particularmente durante el embarazo. La Organización Mundial de la Salud recuerda que la sífilis es una infección curable mediante antibióticos, aunque haber recibido tratamiento no impide contraerla nuevamente.

AHF Panamá recomienda realizarse pruebas ante una posible exposición y completar la evaluación médica cuando se obtenga un resultado reactivo. También destaca la importancia de examinar a las parejas sexuales y garantizar controles prenatales oportunos, para reducir nuevas transmisiones y prevenir complicaciones en los recién nacidos.

Sin tratamiento, la sífilis puede avanzar y provocar lesiones en el sistema nervioso, el cerebro, los ojos y el corazón, incluso años después de la infección inicial. La enfermedad es curable y la penicilina constituye el tratamiento de elección, aunque la dosis y duración dependen de la etapa clínica.

Durante el embarazo, el tratamiento oportuno resulta fundamental para prevenir la transmisión al bebé.

Los reportes de operaciones sospechosas de los bancos en Panamá aumentaron un 11% entre enero y septiembre de 2026, al pasar de 1.117 a 1.237 frente al mismo período del año anterior.

El incremento también alcanzó al sector inmobiliario, donde las alertas crecieron un 350%, de dos a nueve comunicaciones, según las estadísticas de la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

Ambos sectores registraron aumentos mientras el total nacional de reportes de operaciones sospechosas (ROS) disminuyó un 9%, al pasar de 1.603 en los primeros nueve meses de 2025 a 1.462 durante igual período de 2026.

Las cifras reflejan diferencias en el comportamiento de las actividades económicas obligadas a comunicar movimientos que podrían estar vinculados con operaciones ilícitas.

Los reportes de operaciones sospechosas son comunicaciones que realizan las entidades obligadas cuando identifican transacciones o comportamientos inusuales que podrían estar relacionados con blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo u otros delitos precedentes.

Su presentación no significa que se haya cometido un delito, sino que existen elementos que justifican un análisis especializado por parte de la Unidad de la UAF, cuyos resultados pueden ser remitidos a las autoridades competentes para iniciar investigacionessobre posibles actividades ilícitas.

La UAF es el organismo encargado de recibir, analizar y procesar información financiera y no financiera para identificar posibles movimientos vinculados con actividades ilícitas.Los ROS constituyen una herramienta preventiva, no una denuncia penal ni una sentencia contra las personas involucradas.

El comportamiento mensual muestra 117 reportes en enero, 102 en febrero y 126 en marzo. Posteriormente se registraron 153 en abril, 143 en mayo y 198 en junio. Julio alcanzó el máximo del período con 263 notificaciones, mientras agosto descendió a 162 y septiembre cerró con 198.

Esta evolución evidencia fluctuaciones importantes en la cantidad de operaciones comunicadas por los sujetos obligados. El promedio mensual se situó alrededor de 162 reportes, aunque la tendencia general fue ascendente entre enero y septiembre.

El sector financiero concentró 1.396 reportes, equivalentes al 95% del total nacional. Los bancos encabezaron la clasificación con 1.237 comunicaciones, seguidos de las remesadoras con 55 y las financieras con 50. Las fiduciarias presentaron 11 reportes, mientras las entidades de valores, aseguradoras y cooperativas registraron 10 cada una.

En los demás segmentos financieros, los emisores de medios de pago y dinero electrónico remitieron siete alertas, las empresas de leasing cuatro y las de factoring una. Las sociedades de ahorro y crédito para la vivienda también reportaron un caso. La concentración bancaria refleja su peso en el sistema, aunque no permite concluir que sea el sector con mayor actividad delictiva.

Por su parte, el sector no financiero presentó 66 reportes, equivalentes al 5% del total. Los establecimientos de juegos de azar encabezaron la lista con 30, seguidos de los abogados con 20 y las actividades inmobiliarias con nueve. La venta de automóviles aportó cinco comunicaciones, mientras los empeños y la Zona Libre de Colón registraron una cada uno.

La comparación interanual revela una reducción del 8% en las alertas del sector financiero, que pasó de 1.522 en 2025 a 1.396 en 2026. En contraste, las comunicaciones de los bancos aumentaron un 11%, al subir de 1.117 a 1.237, mientras las remesadoras disminuyeron un 56% y las financieras un 22%.

En el sector no financiero, los reportes descendieron un 19%, de 81 a 66. Sin embargo, los juegos de azar aumentaron de 21 a 30 comunicaciones, mientras los bienes raíces pasaron de dos a nueve. Los abogados redujeron sus notificaciones de 50 a 20, una caída del 60% frente al año anterior.

La legislación panameña obliga a bancos, aseguradoras, financieras, cooperativas y otras entidades supervisadas a identificar a sus clientes, conocer el origen de los fondos y vigilar las operaciones. También incluye actividades no financieras expuestas a riesgos específicos, como casinos, inmobiliarias, abogados en derminadas operaciones y comerciantes de vehículos.

Finalmente, el registro de la UAF contabiliza 16.805 sujetos obligados inscritos ante cinco organismos de supervisión. La Superintendencia de Sujetos No Financieros concentra 12.546, seguida de Seguros y Reaseguros con 3.490.

La Superintendencia de Bancos registra 473 entidades, el Instituto Panameño Autónomo Cooperativo 154 y la Superintendencia del Mercado de Valores 142.

La Caja de Seguro Social (CSS) de Panamá pidió disculpas públicas a las víctimas y familiares del envenenamiento masivo con dietilenglicol, una tragedia sanitaria ocurrida en 2006 que dejó cientos de fallecidos y miles de afectados.

El reconocimiento llega dos décadas después de que medicamentos contaminados fueran distribuidos entre pacientes del sistema público de salud.

“En nombre de la Caja de Seguro Social, les pido perdón”, expresó el director general de la institución, Dino Mon Vásquez, en un comunicado divulgado el viernes 23 de octubre. El funcionario reconoció que ninguna disculpa puede devolver las vidas perdidas ni recuperar la salud de quienes todavía padecen las consecuencias del envenenamiento.

El pronunciamiento responde a una sentencia de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, fechada el 27 de julio de 2026, que obligó a la institución a ofrecer disculpas públicas. Mon sostuvo que el reconocimiento trasciende el cumplimiento de una orden judicial, porque representa una deuda moral con las familias afectadas.

La tragedia comenzó cuando una sustancia tóxica procedente de China fue comercializada como glicerina de uso farmacéutico, tras pasar por intermediarios internacionales.

La materia prima terminó en los laboratorios de la CSS, donde fue utilizada para elaborar medicamentos, entre ellos un jarabe expectorante distribuido a pacientes de la seguridad social.

En octubre de 2006, las autoridades detectaron la presencia de dietilenglicol, un compuesto químico industrial altamente tóxico, en los productos administrados. Numerosos pacientes desarrollaron insuficiencia renal aguda y alteraciones neurológicas, mientras otros fallecieron. La crisis evidenció graves fallas en los controles de calidad de los insumos empleados para fabricar medicamentos.

La magnitud del envenenamiento quedó reflejada en estimaciones históricas que situaban el número de fallecidos en alrededor de 800 personas hasta 2010, aunque esa cifra no constituye un balance oficial actualizado a octubre de 2026. Las diferencias entre los registros responden, entre otros factores, a los procesos de identificación y certificación de las víctimas.

Las consecuencias se extendieron mucho más allá de los primeros fallecimientos. Los sobrevivientes han enfrentado daños renales, trastornos neurológicos y otras complicaciones de salud, que requieren vigilancia médica prolongada.

Algunos pacientes necesitan tratamientos especializados y medicamentos permanentes, mientras sus familias continúan reclamando atención oportuna, seguimiento continuo y condiciones dignas para enfrentar las secuelas.

En agosto de 2026, la Defensoría del Pueblo confirmó denuncias de afectados por falta de medicamentos y demoras en las citas médicas, problemas que dificultan la continuidad de sus tratamientos. Los sobrevivientes han solicitado atención prioritaria dentro del sistema público de salud, considerando las enfermedades crónicas y limitaciones que padecen.

La CSS aseguró que las víctimas acreditadas cuentan con pensiones vitalicias y atención en el Centro Especial de Toxicología, donde reciben seguimiento de los órganos afectados, tratamientos específicos y cobertura de insumos médicos.

Mon afirmó que la continuidad de estos servicios constituye una obligación institucional, independientemente de los cambios de administración.

En el ámbito penal, el Segundo Tribunal Superior de Justicia dictó sentencia en julio de 2016, después de un prolongado proceso contra personas vinculadas con la adquisición, evaluación y distribución de los insumos contaminados.

El fallo incluyó condenas y absoluciones, pero las decisiones judiciales fueron modificadas posteriormente mediante los recursos presentados.

En 2017, la justicia elevó a 15 años de prisión las penas impuestas a Ángel de la Cruz, Edward Taylor y Miguel Algandona, vinculados con el caso. También se dictaron otras condenas, mientras los familiares de las víctimas continuaron reclamando responsabilidades por las fallas que permitieron la distribución de los medicamentos contaminados.

La reparación económica continúa siendo uno de los principales asuntos pendientes. De 472 demandas de indemnización presentadas ante la Sala Tercera, 63 habían sido resueltas favorablemente hasta octubre de 2026.

Las decisiones judiciales han establecido compensaciones de 25.000 dólares para distintas víctimas reconocidas, aunque cada expediente debe evaluarse individualmente.

En septiembre, la CSS informó que había reservado 300.000 dólares para indemnizar a los primeros 12 beneficiarios cuyas sentencias fueron notificadas formalmente. La institución anunció además una plataforma digital que permitirá consultar el estado de los procesos judiciales y sus pagos, con información organizada por provincias.

Mon reiteró que la seguridad de los medicamentos y la atención de los sobrevivientes deben mantenerse como prioridades, al reconocer que las responsabilidades institucionales no desaparecen con el tiempo.

Para las familias, las disculpas representan un reconocimiento esperado durante veinte años, aunque la reparación integral y el cumplimiento de las decisiones judiciales siguen pendientes.

Una presunta red dedicada a comercializar plazas docentes y falsificar diplomas académicos en el Ministerio de Educación (Meduca) enfrenta un nuevo proceso judicial en Panamá, luego de que una jueza de garantías ordenara la detención provisional de 13 personas, entre ellas educadores, funcionarios administrativos y particulares vinculados con las irregularidades investigadas.

La decisión se produjo después de tres días de audiencias judiciales, que concluyeron durante la madrugada del viernes 23 de octubre. En total, 22 personas fueron imputadas por delitos relacionados con falsificación de documentos, blanqueo de capitales, ejercicio ilegal de una profesión, delincuencia organizada y uso indebido de la plataforma del Meduca.

Las capturas se realizaron durante la Operación Credenciales 2.0, ejecutada el 19 de octubre, mediante más de 25 allanamientos simultáneos en Panamá Oeste, Bocas del Toro, Chiriquí, Veraguas y Los Santos. La Policía Nacional reportó inicialmente 23 aprehendidos, aunque el Órgano Judicial informó posteriormente sobre medidas cautelares para 22 personas.

Entre los imputados figuran 17 educadores, dos analistas de recursos humanos del Meduca y tres particulares identificados como captadores. La jueza Yazmín Jaén dispuso la detención provisional de ocho docentes y los cinco restantes, al considerar la gravedad de los hechos, los riesgos procesales y los elementos presentados por el Ministerio Público.

Otros siete educadores quedaron bajo arresto domiciliario, mientras que dos imputados deberán reportarse ante las autoridades los lunes y viernes, además de cumplir impedimento de salida del país. En determinados casos, también se ordenó la suspensión del cargo, restricciones de comunicación y prohibiciones de acercamiento a instalaciones del Meduca.

La investigación comenzó después de que el Meduca denunciara irregularidades en documentos incorporados a los concursos de nombramiento docente de 2026. Durante los allanamientos, las autoridades incautaron diplomas, certificados y otros documentos que serán examinados para determinar su autenticidad y posible utilización en procesos de contratación.

La fiscal Elizabeth Carrión explicó que las pesquisas incluyen documentación relacionada con distintas universidades, entre ellas la Universidad Autónoma de Chiriquí. Sin embargo, aclaró que todavía no se había establecido la participación de funcionarios de esa institución, mientras continúan las diligencias para identificar otros posibles involucrados.

El expediente tiene antecedentes en la Operación Credenciales 1.0, desarrollada el 26 de agosto, cuando las autoridades efectuaron 21 allanamientos en siete provincias. Aquella intervención permitió identificar una presunta estructura que introducía información académica falsa en el sistema de reclutamiento docente, para favorecer nombramientos irregulares.

Durante esa primera fase, la Fiscalía señaló que hasta 400 docentes estaban bajo sospecha de utilizar documentos falsificados para mejorar sus puntuaciones. Las investigaciones también identificaron presuntos cobros de 4.000 dólares por trámites irregulares, mientras algunos interesados habrían recurrido a préstamos para financiar la obtención de credenciales.

El Ministerio Público calculó entonces una posible lesión patrimonial de 767.687 dólares, correspondiente a salarios pagados a docentes que presuntamente obtuvieron sus nombramientos mediante documentación irregular. También identificó 70.000 dólares en cuentas bancarias de uno de los investigados, fondos cuyo origen forma parte de las pesquisas.

En la nueva causa, el tribunal consideró circunstancias familiares excepcionales, como la lactancia y el cuidado de menores con discapacidad, para aplicar medidas menos restrictivas. También determinó que, respecto de algunos imputados, la Fiscalía no presentó elementos suficientes para justificar una detención provisional.

Las medidas fueron apeladas por 12 abogados defensores, por lo que el Tribunal Superior de Apelaciones revisará las decisiones el 23 de noviembre de 2026, en el edificio Plaza Fortuna. Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades deberán establecer las responsabilidades individuales y los imputados mantienen su presunción de inocencia.

La gestión de los bosques de Panamá entrará en una etapa de planificación a largo plazo, con propuestas para actualizar la legislación y orientar el aprovechamiento de los recursos naturales.

Las recomendaciones surgieron de la primera Semana Forestal, celebrada con participación internacional, y servirán como insumo para el Plan Maestro de Desarrollo Forestal 2026–2056.

El encuentro reunió a especialistas de Portugal, Brasil, Argentina, Costa Rica, Uruguay, Ecuador y México, además de investigadores, funcionarios, empresas y representantes indígenas.

La discusión abordó cómo proteger los ecosistemas sin desaprovechar su potencial económico, mediante decisiones sustentadas en investigación, participación comunitaria y mecanismos de inversión.

La iniciativa fue organizada por el Ministerio de Ambiente, la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y el Forest Stewardship Council. Entre sus objetivos estuvo identificar cambios que permitan fortalecer la gobernanza forestal y modernizar las reglas aplicables a la conservación y al uso sostenible de los bosques panameños.

Sandra Sharry, directora del Sistema Nacional de Investigación de la Senacyt, explicó que las mesas de trabajo produjeron recomendaciones concretas para fortalecer tanto el plan maestro como la futura legislación.

Las propuestas se organizaron alrededor de cuatro ámbitos: gobernanza, investigación, participación territorial y mercados, con atención al financiamiento de las actividades forestales.

Carlos Espinosa, director nacional Forestal de MiAMBIENTE, sostuvo que las decisiones deben apoyarse en evidencia científica y en una gestión responsable de los recursos. El funcionario destacó la necesidad de articular al sector público con empresas, investigadores y comunidades para construir una política forestal que trascienda los períodos de gobierno.

La discusión ocurre en un contexto de pérdida significativa de cobertura forestal. El Diagnóstico de Bosques y Otras Tierras Boscosas 2023, divulgado por MiAMBIENTE en agosto de 2024, identificó 352.873 hectáreas perdidas en apenas dos años, con afectaciones importantes en Veraguas, Darién y Coclé.

El contraste resulta relevante porque el Mapa de Cobertura Boscosa y Uso de Suelo 2021 había establecido que los bosques y otras tierras boscosas representaban aproximadamente el 68% del territorio nacional. Ese registro constituye una referencia anterior al diagnóstico de pérdidas, por lo que no debe interpretarse como una medición actualizada de 2026.

El Ministerio de Ambiente también reconoce que la expansión de las actividades agropecuarias constituye una presión sobre los ecosistemas forestales. Entre sus metas para 2024–2028 figura desarrollar una estrategia de financiamiento para conservar los servicios ambientales, junto con medidas de restauración y adaptación climática que requieren información científica y recursos económicos.

Durante la clausura, Eduardo Ortega Barría, secretario nacional de la Senacyt, señaló que Panamá alberga alrededor del 5% de la biodiversidad mundial, según la estimación presentada en el encuentro. Planteó que semejante patrimonio natural requiere investigación propia, herramientas tecnológicas y profesionales especializados, además de recursos públicos para su conservación.

El funcionario también defendió la necesidad de ampliar el financiamiento nacional para investigaciones sobre biodiversidad. Explicó que la Senacyt continuará respaldando proyectos forestales mediante convocatorias científicas y oportunidades de formación, incluidas becas de posgrado y doctorado para especialistas interesados en estudiar los ecosistemas del país.

Otro componente del encuentro fue la búsqueda de alternativas económicas compatibles con la conservación. Las mesas sobre mercados, inversión y bioeconomía analizaron mecanismos para financiar actividades forestales sostenibles, mientras la Senacyt impulsa una estrategia nacional de bioeconomía orientada a convertir el conocimiento científico en oportunidades productivas.

La participación indígena también ocupó un espacio dentro de las propuestas de gobernanza territorial. Durante las actividades se entregaron certificaciones a comunidades de las comarcas Emberá Wounaan, Wargandí y Madugandí, como reconocimiento a su compromiso con el manejo sostenible y la conservación de los recursos forestales.

La agenda incluyó una feria de pósteres donde estudiantes, docentes y profesionales presentaron investigaciones y experiencias de campo. Este intercambio permitió incorporar trabajos científicos y técnicos a las discusiones, con el propósito de vincular la formación académica con los desafíos forestales que enfrenta Panamá.

Las recomendaciones serán insumos para el Plan Maestro de Desarrollo Forestal 2026–2056 y la reforma de la Ley Forestal. Su incorporación dependerá de los procesos institucionales posteriores, en un país donde la conservación, la deforestación y el aprovechamiento económico plantean decisiones para las próximas tres décadas.

La Asamblea Nacional retomó la ampliación de los descuentos para jubilados, pensionados y adultos mayores con la aprobación en primer debate del proyecto de ley 746.

La nueva iniciativa revisa varios beneficios y contempla mecanismos de compensación para los comercios, después de que el presidente José Raúl Mulino objetara una propuesta similar.

La Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, presidida por Crispiano Adames, aprobó el proyecto tras modificar, eliminar e incorporar artículos durante su discusión. El documento deberá superar el segundo y tercer debate legislativo antes de ser remitido al Ejecutivo para su eventual sanción y promulgación.

El antecedente es el proyecto 226, aprobado por la Asamblea en agosto de 2026, que fue objetado totalmente por Mulino el 20 de septiembre. El mandatario invocó razones de inconveniencia e inexequibilidad, en medio de cuestionamientos sobre las obligaciones económicas que las nuevas rebajas impondrían a distintos sectores.

La comparación de las iniciativas muestra una reducción de algunos porcentajes originalmente propuestos. El proyecto 226 contemplaba inicialmente descuentos del 35% en restaurantes y establecimientos de comida rápida, mientras que el texto presentado del 746 establece una rebaja del 25% sobre el consumo individual, incluidas las franquicias nacionales e internacionales.

En medicamentos, el nuevo documento presentado contempla un descuento del 25% sobre el precio de venta, mientras que el proyecto anterior había planteado porcentajes superiores durante su tramitación. La propuesta también incorpora beneficios específicos para tratamientos oncológicos, incluidos medicamentos, procedimientos e insumos relacionados con la atención de pacientes con cáncer.

Los servicios médicos forman parte de los beneficios que se busca ampliar o actualizar. El proyecto 746 contempla descuentos del 25% en consultas generales y especializadas, 20% en exámenes de laboratorio y 30% en servicios radiológicos y determinados tratamientos oncológicos, según las condiciones previstas en su articulado.

En electricidad, la iniciativa establece una rebaja del 30% para consumos residenciales de hasta 600 kilovatios hora, frente al límite de 700 contemplado en el proyecto anterior. También propone descuentos del 30% en agua, telefonía e internet, sujetos a requisitos relacionados con los contratos y los límites de facturación.

Otros beneficios incluyen rebajas en pañales desechables, productos de higiene y equipos de movilidad, así como descuentos en servicios funerarios y tasa de aseo. El documento incorpora además incentivos para adaptar las viviendas a las necesidades de accesibilidad, especialmente en instalaciones destinadas a mejorar la seguridad y el desplazamiento.

Una diferencia relevante es la creación de un mecanismo para compensar económicamente a las microempresas que otorguen los descuentos. El proyecto propone establecer un fideicomiso destinado a reembolsar hasta el 100% de los beneficios debidamente facturados por negocios inscritos y acreditados ante la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

La propuesta también contempla el reconocimiento tributario de los descuentos concedidos por los establecimientos y mecanismos de fiscalización para verificar su aplicación. En la administración y supervisión del sistema participarían la Ampyme, el Ministerio de Economía y Finanzas y la Contraloría, conforme a las disposiciones que se establezcan.

Estas modificaciones buscan responder a las preocupaciones expresadas por gremios empresariales durante la discusión del proyecto 226, posteriormente objetado por el Ejecutivo. En aquel debate, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá cuestionó el aumento de los descuentos obligatorios y sus posibles consecuencias para las actividades económicas.

La Asociación Panameña de Hoteles también advirtió sobre el impacto de ampliar las rebajas y las dificultades para deducirlas fiscalmente. Representantes del sector farmacéutico expresaron inquietudes sobre los márgenes de ganancia y la sostenibilidad de los establecimientos, especialmente de los pequeños negocios obligados a conceder beneficios adicionales.

Durante la discusión de aquella propuesta, el Consejo Nacional de la Empresa Privada solicitó una evaluación técnica de las medidas, mientras la Asociación Bancaria de Panamá planteó preocupaciones sobre sus posibles efectos en el acceso al crédito. El Ministerio de Economía y Finanzas también advirtió sobre las implicaciones fiscales de los descuentos.

Las diferencias llevaron a revisar las disposiciones y buscar mecanismos de compensación para los comercios, mediante conversaciones entre representantes empresariales, organizaciones de jubilados y autoridades. Adames destacó que la nueva discusión incorporó una mesa técnica para conciliar los intereses económicos y sociales involucrados.

Con el avance del proyecto 746, queda pendiente conocer la evaluación del sector privado sobre los cambios introducidos, particularmente los porcentajes de descuento y el mecanismo de compensación.

La reacción de los gremios será importante para determinar si las modificaciones atienden las preocupaciones que marcaron la iniciativa anterior.

Guillermo Cortés, dirigente del Movimiento Mundo de Jubilados, sostuvo que los beneficios alcanzarán también a adultos mayores que no reciben pensión. Por su parte, el diputado Javier Sucre, proponente de la iniciativa, estimó en 270 millones de dólares anuales el valor de los beneficios, una cifra presentada durante la discusión legislativa.

Los promotores esperan que el proyecto avance a segundo debate durante la próxima semana y complete su trámite antes del 31 de octubre. Sin embargo, su aprobación definitiva todavía depende del pleno legislativo y del Ejecutivo, mientras permanecen abiertas las interrogantes sobre el financiamiento de las compensaciones y su aplicación.

Panamá mantiene desde hace 32 años su condición de país libre de poliomielitis por transmisión autóctona, pero las autoridades sanitarias advierten que una disminución en las coberturas de vacunación podría comprometer ese logro. El Ministerio de Salud (Minsa) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) reforzaron el llamado a inmunizar a los niños.

Durante la conmemoración del Día Mundial contra la Poliomielitis, celebrado cada 24 de octubre, el viceministro de Salud, Manuel Zambrano Chang, advirtió que el país debe recuperar sus niveles de protección. Aunque la enfermedad no tiene cura, puede prevenirse mediante las vacunas incluidas en el esquema infantil.

Los registros del Programa Ampliado de Inmunizaciones muestran que, hasta septiembre de 2026, la cobertura en menores de un año alcanzó el 88 %. Sin embargo, el refuerzo correspondiente a los 18 meses registró aproximadamente un 67 %, según el comunicado oficial, una proporción que preocupa a las autoridades.

La poliomielitis es una enfermedad infecciosa causada por el poliovirus, que afecta principalmente a niños menores de cinco años, aunque cualquier persona no vacunada puede contraerla. El microorganismo se transmite principalmente por vía fecal-oral, mediante agua, alimentos o manos contaminadas con materia fecal de personas infectadas.

Muchas infecciones transcurren sin síntomas evidentes, lo que permite que el virus circule sin ser detectado. Cuando aparecen manifestaciones, pueden incluir fiebre, cansancio, dolor de cabeza, náuseas, vómitos y rigidez del cuello, molestias que inicialmente pueden confundirse con otras enfermedades virales.

En los casos más graves, el poliovirus puede invadir el sistema nervioso y destruir neuronas responsables del movimiento muscular. Esto provoca debilidad y parálisis flácida, generalmente en las piernas, que puede desarrollarse rápidamente y dejar secuelas permanentes, incluso después de superar la infección inicial.

La enfermedad también puede afectar los músculos utilizados para respirar y tragar, lo que representa una amenaza para la vida. Según la Organización Mundial de la Salud, entre el 5 % y el 10 % de quienes desarrollan parálisis pueden morir cuando resultan comprometidos los músculos respiratorios.

Quienes sobreviven pueden experimentar limitaciones de movilidad, deformidades musculares y discapacidad permanente. Décadas después, algunas personas presentan el denominado síndrome pospoliomielítico, caracterizado por nueva debilidad, fatiga y dolores musculares, incluso tras largos períodos de estabilidad clínica.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que el poliovirus salvaje continúa circulando de manera endémica en Afganistán y Pakistán, los dos países donde todavía no ha sido interrumpida su transmisión. Durante 2025 registraron 52 casos, lo que demuestra que el riesgo internacional de propagación persiste.

En América Latina, la situación es diferente: no existe actualmente una concentración de casos endémicos comparable con la de esos países asiáticos. La región fue certificada libre de poliovirus salvaje en 1994, aunque la OPS mantiene la vigilancia epidemiológica ante posibles importaciones y brotes asociados con otras variantes del virus.

Por ello, no sería correcto identificar a Brasil, México, Colombia o cualquier otro país latinoamericano como los territorios con más casos actuales sin datos confirmados. La vigilancia regional incluye la detección de parálisis flácida aguda, un síndrome que puede tener distintas causas y no equivale automáticamente a poliomielitis.

Para reforzar la prevención, el Minsa desarrolla una jornada intensiva de vacunación del 19 al 25 de octubre, durante la cual se han administrado 24,318 dosis de vacunas que contienen protección contra la enfermedad. La campaña también permite actualizar esquemas contra otras infecciones, como neumococo, rotavirus y virus del papiloma humano.

Las autoridades recordaron que las vacunas son gratuitas en las instalaciones públicas de salud, incluidas policlínicas, centros sanitarios y jornadas comunitarias. El llamado está dirigido especialmente a padres y tutores, quienes deben revisar las tarjetas de vacunación y completar las dosis pendientes de sus hijos.

El viceministro Zambrano Chang insistió en que mantener a Panamá libre de poliomielitis depende de sostener coberturas elevadas de inmunización. La circulación del virus en otros continentes mantiene vigente la amenaza de reintroducción, por lo que la prevención continúa siendo una prioridad sanitaria nacional.

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) inició el proceso para cancelar el registro de siete embarcaciones de bandera panameña incluidas en una lista de sanciones de Estados Unidos.

La decisión responde a investigaciones sobre operaciones comerciales vinculadas con Irán, que también involucran a una firma jurídica y empresas del sector marítimo.

La medida fue anunciada después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), adscrita al Departamento del Tesoro estadounidense, sancionara el 21 de octubre a varias entidades.

Washington sostiene que estas estructuras facilitaron el transporte de productos iraníes sujetos a restricciones económicas, mediante mecanismos destinados a ocultar a sus beneficiarios reales.

Entre las entidades sancionadas figura Karnakis and Karnakis, un bufete jurídico con oficinas en Panamá y Grecia. Según el Tesoro, la firma constituyó sociedades utilizadas por propietarios de embarcaciones que transportaron cientos de millones de dólares en petróleo, productos petroquímicos y acero iraníes, facilitando operaciones comerciales sujetas a las restricciones estadounidenses.

La investigación señala que el despacho participó en la creación de estructuras corporativas relacionadas con la llamada flota en la sombra, integrada por embarcaciones utilizadas para transportar mercancías sancionadas. Algunas de esas sociedades habrían servido para dificultar la identificación de los propietarios efectivos y mantener las operaciones de exportación iraníes.

El Departamento del Tesoro identificó como propietarios del bufete a Sofianos Karnakis Kosmas y Konstantinos Karnakis Kosmas, ambos con nacionalidad panameña y griega. También sancionó a Ioanis Karnakis Kosmas, Pedro Ortega Jones y Roberto Ortega Jones, por sus actuaciones relacionadas con la firma y las sociedades registradas.

Las autoridades estadounidenses también incluyeron a Roxette Maritime Shipping and Trading S.A., empresa con operaciones en Panamá y Grecia. Esta compañía administra siete buques de bandera panameña, tres de los cuales, Anemos, Gloris y Pride, transportaron mercancías de origen iraní durante el último año, según la investigación oficial.

Las otras cuatro embarcaciones identificadas son Destiny, Flamingo 1, Harmony y Prince, igualmente vinculadas con Roxette. Estados Unidos las clasificó como propiedades bloqueadas por su relación con la compañía, aunque no atribuyó individualmente a estas cuatro naves los mismos cargamentos documentados para las tres anteriores.

La investigación estadounidense forma parte de Operation Economic Outcast, una iniciativa dirigida contra las redes que permiten a Irán comercializar productos sujetos a sanciones. Washington sostiene que estos mecanismos contribuyen a generar recursos para actividades militares y otros programas iraníes, mediante intermediarios financieros, jurídicos y marítimos.

En respuesta, la AMP comunicó que inició los procedimientos administrativos para cancelar el registro de las siete naves, conforme al Decreto Ejecutivo 512 del 18 de octubre de 2024. También informó que adoptó medidas contra la compañía sancionada, sin precisar cuáles fueron las actuaciones ejecutadas.

La autoridad panameña indicó que endureció los controles previos al abanderamiento de buques, con el propósito de impedir el ingreso de operadores vinculados con actividades sancionadas. Las revisiones abarcan propietarios, administradores y fletadores, quienes deben someterse a procesos de debida diligencia antes de obtener el registro nacional.

Las sanciones de la OFAC implican el bloqueo de bienes e intereses sujetos a jurisdicción estadounidense y restricciones a determinadas transacciones con las personas y empresas designadas. Estas disposiciones pueden afectar sus operaciones internacionales, aunque no constituyen por sí mismas una condena penal de las personas involucradas en Panamá.

El caso representa un nuevo desafío para la supervisión del registro mercante panameño, uno de los principales del mundo. La AMP reiteró su política de cero tolerancia frente al uso indebido de la bandera nacional y aseguró que continuará excluyendo a embarcaciones y compañías incluidas en listas internacionales de sanciones reconocidas por el país.

Panamá pidió a los gobiernos de América Latina y el Caribe que articulen sus políticas económicas, sociales y laborales para enfrentar la pobreza y evitar que las crisis reviertan los avances de las familias.

La solicitud fue hecha por la titular del Ministerio de Desarrollo Social de Panamá, Beatriz Carles de Arango, quien sostuvo que el crecimiento económico, por sí solo, no alcanza para garantizar el bienestar.

“El verdadero desarrollo no se mide únicamente por cuánto crece una economía, sino también por la capacidad de un país para proteger a su gente”, afirmó durante la apertura del XVIII Foro Ministerial sobre Desarrollo de América Latina y el Caribe.

El foro reunió durante dos días en la capital panameña a delegaciones de alrededor de 20 países bajo el lema “Conectando políticas para un desarrollo resiliente”, fue organizado por el ente ministerial junto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

La nación canalera planteó que la región debe coordinar las políticas que generan empleo y oportunidades con aquellas que amplían la protección social y fortalecen las capacidades de la población.

La propuesta busca reducir las desigualdades, prevenir retrocesos ante emergencias y dar respuestas sostenibles a quienes viven en condiciones de vulnerabilidad.

La funcionaria expuso que superar la pobreza no implica necesariamente dejar atrás la vulnerabilidad.

Una recesión, una emergencia sanitaria o un desastre natural pueden afectar en poco tiempo los logros que una familia consiguió durante años, afirmó.

Para Carles de Arango, los Estados deben anticiparse a esos riesgos mediante instituciones preparadas y estrategias que integren las distintas áreas de gobierno. La coordinación institucional, indicó, permite orientar mejor los recursos y atender las necesidades de la población.

“El verdadero desarrollo no se mide únicamente por cuánto crece una economía”, señaló, a la vez que remarcó que la capacidad de prevenir retrocesos sociales debe formar parte de la evaluación de las políticas públicas.

La exposición incluyó un llamado a conectar las decisiones económicas con las políticas sociales y laborales. La primera área debe abrir posibilidades de progreso, la segunda debe proteger y desarrollar capacidades, mientras que la tercera debe facilitar la inclusión productiva.

El sismo del 9 de octubre en Panamá afectó principalmente las provincias de Los Santos, Veraguas, Herrera y Coclé, lo que en opinión de las autoridades refuerza el planteamiento sobre la preparación estatal, mostrando la necesidad de contar con mecanismos de respuesta y coordinación para asistir a las personas afectadas.

“Las emergencias pueden alterar la vida cotidiana de las familias”, dijo la titular del Ministerio de Desarrollo Social, para quien la preparación de las instituciones y la atención oportuna resultan determinantes ante las consecuencias de un evento adverso.

La funcionaria planteó, además, que las estrategias de desarrollo deben ajustarse a las transformaciones económicas, tecnológicas, ambientales y demográficas. A su juicio, las políticas necesitan continuidad más allá de los períodos gubernamentales para preservar los avances sociales.

Durante el XVIII Foro Ministerial sobre Desarrollo de América Latina y el Caribe los representantes de las naciones participantes intercambiaron experiencias, analizaron problemas compartidos y promovieron medidas para ampliar la protección social y el desarrollo inclusivo.

“Este foro representa una oportunidad para compartir aprendizajes”, manifestó Carles de Arango el día de la inauguración, manifestando que la cooperación regional puede ayudar a responder a desafíos que superan las fronteras nacionales.

La ministra cerró su intervención con un llamado a sostener una visión regional compartida. “El desarrollo resiliente que necesita América Latina y el Caribe se construye conectando políticas, articulando esfuerzos y colocando a las personas en el centro de nuestras decisiones”, concluyó.

Panamá acumuló ingresos corrientes por $5,383.7 millones entre enero y agosto de 2026, una cifra que representa $958 millones menos de lo presupuestado, según el informe preliminar de recaudación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Aunque el monto supera en $320.7 millones lo registrado un año antes, el Gobierno no alcanzó sus previsiones de ingresos.

El resultado refleja un déficit de recaudación del 15.1% frente a la meta, lo que significa que el Estado recibió menos recursos de los que esperaba obtener durante los primeros ocho meses. No equivale al déficit fiscal total, que también considera los gastos gubernamentales, pero puede aumentar las presiones sobre el financiamiento público.

La situación presenta dos comportamientos diferentes: los ingresos aumentaron 6.3% respecto a 2025, pero permanecieron por debajo de las proyecciones oficiales. Esta diferencia es importante porque un crecimiento en la recaudación no garantiza que se cumpla el presupuesto, especialmente cuando las metas contemplan incrementos superiores a los efectivamente registrados.

Los impuestos aportaron $4,294.4 millones en efectivo, equivalentes al 80% de los ingresos corrientes. La recaudación tributaria creció 9.6% frente al año anterior, pero quedó $805.4 millones por debajo de lo esperado, una brecha que explica buena parte del incumplimiento presupuestario acumulado.

Entre los impuestos directos, el gravamen sobre la renta generó $2,047.3 millones, un incremento interanual de 6.6%. Este tributo se aplica a los ingresos de personas y empresas, pero su recaudación quedó $382.5 millones por debajo de la meta, pese al aumento observado respecto a 2025.

El impuesto sobre la renta de personas naturales alcanzó $1,089.6 millones y creció 10%, mientras que el correspondiente a personas jurídicas sumó $547.9 millones, con un incremento de apenas 2.7%. Esta última categoría, relacionada con las empresas, quedó 21% por debajo de lo presupuestado.

Uno de los aumentos más destacados correspondió al impuesto de inmuebles, que recaudó $160.2 millones, un crecimiento de 28.9% frente a 2025. También sobresalió el Seguro Educativo, cuyos ingresos aumentaron 45.4%, hasta $105.6 millones, según las cifras acumuladas del informe.

En los impuestos indirectos, el ITBMS sobre las ventas internas aportó $739.8 millones, un crecimiento de 13.3%. Este impuesto, conocido por su tasa general del 7%, se cobra sobre numerosos bienes y servicios, por lo que su comportamiento permite observar parte de la actividad comercial y del consumo.

Sin embargo, el ITBMS aplicado a las importaciones recaudó $379.2 millones, muy por debajo de los $572.1 millones previstos. Aunque aumentó 9.3% frente al año anterior, presentó un faltante presupuestario de $192.9 millones, uno de los más elevados entre los distintos conceptos tributarios.

También hubo retrocesos. Los impuestos de importación disminuyeron 1.4% frente a 2025, hasta $205 millones, mientras que los ingresos por concesiones cayeron 7.8%. En contraste, el impuesto al consumo de combustible aumentó 36.9% y los impuestos selectivos al consumo crecieron 7.9%.

Los ingresos no tributarios, que incluyen tasas, derechos, concesiones y aportes de entidades públicas, sumaron $1,046.7 millones. Este resultado representó una caída interanual de 5.9% y un faltante presupuestario de $127.3 millones, a diferencia del crecimiento observado en los ingresos procedentes de impuestos.

Entre las contribuciones relevantes, los peajes y servicios del Canal aportaron $398.5 millones, un aumento de 6.9% frente al año anterior. Por otra parte, los dividendos de empresas con capital mixto crecieron 67.6%, hasta $92.1 millones, aunque los aportes de otras entidades gubernamentales disminuyeron.

El informe también incorpora $87.4 millones acumulados mediante documentos fiscales, como créditos y otros instrumentos utilizados para cancelar obligaciones tributarias. Al sumar estos registros, los ingresos corrientes ascienden a $5,471.1 millones, aunque el faltante frente al presupuesto también aumenta, hasta aproximadamente $999.6 millones.

En agosto, considerado individualmente, los ingresos tributarios en efectivo alcanzaron $467.7 millones, con un incremento de 39.6% frente al mismo mes de 2025. Pese a ese crecimiento, la recaudación quedó $146.6 millones por debajo de la meta mensual, confirmando que el desafío presupuestario persistió al cierre del período analizado.

Un presunto tumbe de drogas ejecutado por hombres que simulaban ser policías provocó una balacera y una persecución por distintas vías de la capital panameña. El incidente ocurrió en Albrook, una zona de intensa actividad comercial, próxima al aeropuerto Marcos A. Gelabert y al centro comercial Albrook Mall.

El hecho se registró alrededor de las 10:00 a. m., cuando dos automóviles interceptaron un vehículo gris en plena vía pública. De acuerdo con los primeros reportes, varios hombres armados, que utilizaban indumentaria similar a la de unidades policiales, descendieron de los automóviles y sustrajeron bolsas negras del vehículo intervenido.

Durante la operación se produjo un intercambio de disparos que generó alarma entre conductores y transeúntes. La situación ocurrió a plena luz del día, en un sector frecuentado por trabajadores, viajeros y compradores, mientras los involucrados intentaban abandonar el lugar después de apoderarse de los paquetes.

Los reportes periodísticos señalan que los sospechosos vestían prendas similares a las utilizadas por la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y la Dirección Nacional de Inteligencia Policial (DNIP). Esta modalidad habría sido utilizada para simular un procedimiento de las autoridades y facilitar la intercepción del automóvil.

La Policía Nacional desplegó unidades para localizar a los responsables y estableció controles en distintos puntos de la ciudad. La persecución condujo a los agentes hasta San Isidro, en el distrito de San Miguelito, donde fue ubicado uno de los vehículos presuntamente utilizados durante el incidente.

El operativo provocó un fuerte congestionamiento en las principales vías de San Miguelito y sectores aledaños, debido a la movilización policial y las acciones de búsqueda. La situación afectó la circulación de numerosos conductores, mientras las autoridades continuaban rastreando los automóviles relacionados con el caso.

El despliegue de seguridad terminó con cuatro personas aprehendidas y cuatro vehículos retenidos. Durante las primeras horas circularon cifras preliminares diferentes, pero el reporte posterior elevó a cuatro el número de capturados en relación con el incidente.

Durante la inspección de los vehículos, las unidades policiales encontraron un arma de fuego que contaba con su respectivo permiso, según la información oficial. Las autoridades no precisaron si había personas heridas ni confirmaron la naturaleza del contenido de las bolsas sustraídas, aspectos que permanecen bajo investigación.

Las personas aprehendidas y los vehículos retenidos quedaron a disposición de las autoridades competentes para determinar posibles responsabilidades. Aunque los primeros reportes describieron el episodio como un presunto tumbe de drogas, la Policía Nacional no confirmó oficialmente esa hipótesis en su comunicado inicial.

El incidente ocurrió en medio de una semana marcada por varios hechos de violencia homicida en Panamá. Entre ellos figura el doble asesinato de dos personas dentro de un automóvil en Perejil, corregimiento de Calidonia, donde los atacantes huyeron después de efectuar los disparos, según los reportes policiales.

La sucesión de episodios violentos ha puesto nuevamente la seguridad en espacios públicos y vías de alta circulación en el centro de la atención. En Albrook, los disparos ocurrieron mientras transitaban numerosos vehículos, lo que expuso a conductores y peatones a una situación de riesgo sin relación aparente con los involucrados.

El uso de indumentaria semejante a uniformes oficiales constituye otro aspecto relevante de la investigación, porque los responsables habrían intentado aprovechar la apariencia de autoridad para interceptar a sus víctimas. Corresponderá al Ministerio Público establecer la participación individual de los sospechosos y el origen de las mercancías relacionadas con el incidente.

La Policía Nacional aseguró que mantiene operativos de seguridad y acciones para combatir la delincuencia, mientras continúan las investigaciones sobre lo ocurrido. El caso dejó una persecución por diferentes sectores de la capital y nuevas interrogantes sobre la actuación de grupos armados que ejecutan delitos a plena luz del día.

La Policía Nacional interceptó 50 frascos cilíndricos con presunta heroína procedentes de España y destinados a Panamá, durante una diligencia de allanamiento en un centro de procesamiento postal de Correos y Telégrafos, ubicado en Tocumen.

El hallazgo introduce una ruta de envío poco habitual frente al tráfico de cocaína desde América Latina hacia Europa, aunque las autoridades todavía investigan la procedencia de la sustancia y los responsables.

El cargamento fue localizado dentro de una caja que contenía los recipientes con la presunta droga, durante un operativo coordinado con el Ministerio Público.

Los indicios quedaron bajo custodia de las autoridades para realizar los análisis químicos correspondientes y determinar su composición, mientras avanzan las investigaciones sobre el remitente y el destinatario del paquete.

La procedencia española del envío plantea interrogantes sobre el movimiento internacional de sustancias ilícitas mediante servicios postales, aunque no demuestra que la heroína haya sido producida en ese país.

La Agencia de la Unión Europea sobre Drogas (EUDA) ha documentado el uso de encomiendas y servicios de mensajería para transportar heroína, aprovechando el volumen de paquetes que circulan internacionalmente.

De acuerdo con la agencia europea, Afganistán ha sido históricamente el principal origen de la heroína comercializada en Europa, aunque las restricciones al cultivo de amapola han modificado las condiciones de abastecimiento.

En 2023, las autoridades europeas desmantelaron 14 instalaciones relacionadas con el procesamiento, corte o empaquetado de esta sustancia, principalmente en Países Bajos, Grecia y Francia.

A diferencia de drogas completamente sintéticas, la heroína es un opioide semisintético derivado de la morfina, obtenida originalmente del opio. La existencia de laboratorios europeos dedicados a otras sustancias ilícitas no permite concluir que el cargamento interceptado en Panamá haya sido fabricado en ese continente, una circunstancia que deberá esclarecerse mediante las investigaciones.

Las estadísticas del Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales (SIEC) muestran que Panamá decomisó 69,50 toneladas de drogas entre enero y agosto de 2026, de las cuales 46,20 toneladas correspondieron a cocaína y 23,18 toneladas a marihuana.

En otro procedimiento, un ciudadano colombiano fue aprehendido en calle Primera, en el sector de Perejil, cuando se desplazaba a bordo de un vehículo. Durante la inspección, los agentes encontraron varios sobres con polvo rosado, pastillas y un recipiente tipo cápsula con polvo blanco, sustancias cuya composición deberá determinarse mediante pruebas especializadas.

Las autoridades informaron que el sospechoso mantenía un brazalete electrónico por un caso relacionado con delitos de drogas, circunstancia que forma parte de las verificaciones realizadas durante el operativo. La Policía Nacional no precisó las cantidades decomisadas ni la identidad química de los productos encontrados, por lo que todavía no existe confirmación sobre el tipo de sustancias.

En el corregimiento de Tocumen, cuatro personas fueron aprehendidas durante un allanamiento a una vivienda, donde las autoridades localizaron paquetes y fragmentos de presuntas sustancias ilícitas. También decomisaron una pesa digital, un chaleco balístico, equipos tecnológicos y dinero en efectivo, elementos incorporados a las investigaciones que desarrolla el Ministerio Público.

Otro operativo desarrollado por el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) permitió incautar 150 paquetes de presunta droga en la provincia de Chiriquí, además de más de 13.500 dólares en efectivo, cinco teléfonos celulares y dos vehículos. La intervención, realizada bajo el Plan Firmeza, terminó con la aprehensión de dos ciudadanos panameños.

La operación comenzó en Salsipuedes, distrito de Renacimiento, cuando un conductor desatendió una orden policial de detenerse, lo que desencadenó una persecución. Durante el procedimiento, dos agentes del Grupo de Reacción Inmediata Motorizada resultaron afectados en un accidente de tránsito y requirieron atención hospitalaria especializada.

El vehículo fue retenido posteriormente en Paso Canoas Arriba, donde las autoridades inspeccionaron seis maletines y encontraron los 150 paquetes. La Fiscalía de Drogas de Chiriquí participa en las diligencias para determinar la naturaleza de la sustancia incautada y establecer las responsabilidades penales, mientras continúan las investigaciones de los distintos casos.

El Gobierno de Panamá pondrá en marcha un sistema de identificación de viviendas afectadas por el terremoto del 9 de octubre, mediante etiquetas de colores que permitirán establecer cuáles edificaciones pueden utilizarse, cuáles presentan restricciones y cuáles deben permanecer desocupadas por razones de seguridad, como parte del proceso de evaluación y recuperación de las comunidades damnificadas.

La iniciativa contempla tres categorías de señalización: verde, amarilla y roja, siguiendo los criterios de la guía técnica ATC-20 (Applied Technology Council 20), utilizada para evaluar edificaciones después de un terremoto.

La clasificación estará a cargo de profesionales competentes, quienes determinarán las condiciones de las estructuras y las medidas necesarias para proteger a sus ocupantes.

Las edificaciones identificadas con etiquetas verdes podrán utilizarse bajo las condiciones establecidas por los evaluadores, aunque esto no significa necesariamente que estén libres de daños. Las amarillas tendrán restricciones de acceso o utilización, mientras que las viviendas señalizadas con rojo deberán permanecer desocupadas hasta que una evaluación competente determine que existen condiciones seguras.

El director general del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), Omar Smith Gallardo, explicó que la aplicación de este procedimiento requiere evaluaciones realizadas por profesionales idóneos, debido a que las decisiones sobre habitabilidad y seguridad estructural corresponden a las entidades competentes.

Sinaproc participará en la coordinación institucional, la identificación de riesgos y la orientación de las familias afectadas.

Las autoridades advirtieron que la señalización deberá interpretarse conforme a las indicaciones del personal técnico responsable, especialmente cuando existan daños que no resulten evidentes a simple vista.

Una etiqueta verde no constituye una garantía absoluta de seguridad, mientras que las restricciones establecidas mediante señalizaciones amarillas o rojas deberán respetarse hasta que se determine la posibilidad de utilizar nuevamente las edificaciones.

El anuncio forma parte de las medidas de atención a las familias afectadas por el movimiento sísmico, que provocó daños en viviendas e infraestructura de distintas comunidades del país. La información fue presentada durante una conferencia de prensa en el Centro de Operaciones de Emergencias, con la participación del ministro para Asuntos del Canal y secretario de Metas Presidenciales, José Ramón Icaza.

Como parte del balance institucional, Sinaproc informó que sus equipos mantienen recorridos por las comunidades afectadas, mediante labores de identificación de riesgos y recopilación de información sobre los daños reportados.

Estas acciones permitirán establecer las necesidades prioritarias de las familias y fortalecer la coordinación con las instituciones responsables de la atención y recuperación.

Los resultados de las inspecciones también servirán para orientar las decisiones sobre rehabilitación y reconstrucción de viviendas, así como para identificar las condiciones habitacionales de las comunidades perjudicadas.

El proceso se desarrolla en coordinación con el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) y otras entidades competentes, de acuerdo con sus respectivas atribuciones.

Las autoridades señalaron que la recuperación temprana dependerá de las evaluaciones técnicas realizadas en las estructuras, así como de la identificación de familias que requieren atención prioritaria.

Estas verificaciones permitirán planificar medidas dirigidas a restablecer progresivamente las condiciones de vida de quienes sufrieron daños en sus propiedades.

Durante la presentación también se dieron a conocer los avances de Panamá Conecta, una plataforma digital vinculada al sitio web institucional, diseñada para facilitar el acceso de la ciudadanía a información sobre la emergencia.

La subdirectora general de Sinaproc, Maltizie Rivera, explicó que la herramienta permitirá consultar los avances de las acciones institucionales dirigidas a las comunidades afectadas.

La plataforma se desarrolla junto con la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), con el propósito de fortalecer la comunicación pública y facilitar el seguimiento de las medidas adoptadas.

Según las autoridades, la iniciativa busca mejorar la transparencia y coordinación durante las distintas etapas de atención a las familias damnificadas.

El Gobierno sostuvo que la identificación de daños, las evaluaciones estructurales y el acceso a información institucional serán componentes del proceso de recuperación posterior al terremoto. Sin embargo, el comunicado no precisa cuántas viviendas han sido inspeccionadas ni establece un calendario para completar la clasificación de las edificaciones afectadas.

Como parte del último balance de la emergencia, las autoridades mantienen las evaluaciones de viviendas e infraestructura afectadas por el terremoto, principalmente en las provincias de Los Santos, Herrera, Veraguas y Coclé.

Los reportes preliminares habían identificado más de 1,200 viviendas con daños, mientras continúan las inspecciones para determinar la magnitud de las afectaciones y las necesidades de las familias damnificadas.

En materia de infraestructura pública, el terremoto también provocó afectaciones en 619 centros educativos y nueve puentes, de acuerdo con los reportes divulgados durante los primeros días de la emergencia. Las autoridades han concentrado parte de sus esfuerzos en verificar las condiciones de seguridad de las instalaciones, con el propósito de establecer cuáles requieren reparaciones y cuáles pueden continuar funcionando.

Para atender las consecuencias del desastre, el Gobierno declaró el estado de emergencia y habilitó un fondo de 100 millones de dólares, destinado a financiar las acciones de respuesta y recuperación.

El Ministerio de Economía y Finanzas había señalado que los recursos disponibles serían suficientes para cubrir las necesidades inicialmente identificadas, aunque las evaluaciones técnicas permitirán precisar el alcance de los daños.

El terremoto de magnitud 7,5 se registró el 9 de octubre de 2026, a las 12:56 del mediodía, con epicentro localizado a unos 39 kilómetros al noroeste de Tonosí, en la provincia de Los Santos, y una profundidad aproximada de cuatro kilómetros.

El movimiento sísmico provocó daños en viviendas, carreteras, instalaciones públicas y otros componentes de infraestructura, además de una secuencia de réplicas que mantuvo la vigilancia de las autoridades y la preocupación entre los habitantes de las zonas afectadas.

Panamá se sumó formalmente a la red global de países que combaten la contaminación por plásticos.

El país firmó un memorando de entendimiento con la Alianza Global de Acción sobre el Plástico (GPAP), la mayor iniciativa multisectorial del mundo dedicada a ese objetivo.

El acuerdo convierte a Panamá en la alianza número 26 de esta red, que ya opera en África, Asia y América Latina con 25 alianzas nacionales activas.

La ceremonia se realizó en el Salón Amarillo del Palacio de Las Garzas y el encuentro se enmarcó en la Reunión Estratégica País que el Foro Económico Mundial desarrolla en el territorio panameño.

El memorando lo firmaron el ministro de Ambiente de Panamá, Juan Carlos Navarro, y el presidente del Foro Económico Mundial, Alois Zwinggi.

El documento fija un Panamá se adhiere a la Alianza Global de Acción sobre el Plástico del Foro Económico Mundial en el tiempo.

Entre sus objetivos figura promover la implementación de la Hoja de Ruta Nacional de Acción sobre los Plásticos del país e impulsar soluciones de economía circular.

El acuerdo también busca reducir la contaminación por plásticos mediante la coordinación entre distintos actores, el intercambio de conocimientos y el fortalecimiento de capacidades técnicas, tanto a nivel nacional como regional y global.

“Sin naturaleza no hay economía, y es por ello por los que los plásticos tienen que ser parte de la solución y no del problema”, afirmó el ministro Navarro al suscribir el documento.

El funcionario reconoció que la meta planteada en el memorando representa “un reto muy grande” para el país.

El ministro de Ambiente situó este acuerdo dentro de una trayectoria previa del país en materia ambiental.

Según explicó, Panamá ya había mostrado capacidad de liderazgo en biodiversidad y conservación de recursos marinos, y ahora busca replicar ese papel en la gestión de residuos plásticos.

“Panamá asume el liderazgo ahora, no solo a nivel de nuestro país, internamente, con estos excelentes ejemplos de colaboración público-privada, sino también a nivel regional”, acotó Navarro.

El ministro remarcó que esa experiencia previa en colaboración entre el sector público y el privado funciona como base para el nuevo compromiso con la GPAP.

La iniciativa es alojada por el Foro Económico Mundial y reúne a gobiernos, empresas y organizaciones de la sociedad civil bajo un mismo esquema de trabajo. Su propósito central es poner fin a la contaminación por plásticos a través de la acción coordinada entre países.

Con la incorporación de Panamá, la red amplía su presencia en América Latina, región donde ya cuenta con otras alianzas nacionales activas dentro del mismo esquema de cooperación internacional.

El memorando no establece plazos específicos ni metas numéricas de reducción en el material difundido sobre la firma. El documento se concentra en definir el marco de cooperación y los mecanismos de coordinación entre el Gobierno panameño, el sector privado y los organismos internacionales involucrados en la gestión de residuos plásticos.

El Global Plastic Action Partnership (GPAP) es la principal plataforma multisectorial del Foro Económico Mundial dedicada a convertir los compromisos para acabar con la contaminación por plásticos en acciones concretas a escala nacional y global, mediante la promoción de una economía circular de los plásticos y la creación de alianzas entre gobiernos, empresas, sociedad civil y organismos internacionales.

Surgido en 2018 como respuesta a la crisis global de contaminación plástica en océanos, ríos y ciudades, GPAP ha evolucionado hacia una red de 25 Plataformas Nacionales de Acción sobre los Plásticos (NPAP), que hoy impulsan cambios estructurales para más de 1.500 millones de personas en África, Asia, América Latina y el Caribe, convirtiéndolo en la mayor iniciativa cooperativa del mundo en este ámbito.

Panamá prepara un plan nacional para sostener las telecomunicaciones durante desastres, crisis y otras situaciones que amenacen la seguridad de la población o interrumpan servicios esenciales.

La iniciativa reunió durante dos días a autoridades y colaboradores vinculados a la gestión de emergencias.

El encuentro fue organizado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones con el apoyo de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP).

La agenda se concentró en la preparación institucional, la coordinación entre organismos y la respuesta ante escenarios críticos.

El instrumento definiría procedimientos de actuación, mecanismos de coordinación entre instituciones y medidas destinadas a preservar el funcionamiento de las redes de comunicación cuando ocurra una contingencia.

La continuidad de estos servicios permite emitir alertas a la ciudadanía, coordinar a los equipos de atención y difundir información a las autoridades y a las comunidades afectadas.

Esa capacidad adquiere valor durante inundaciones, sismos, deslizamientos y otros hechos que dañan la infraestructura o alteran los servicios públicos.

El reciente sismo registrado el 9 de octubre en Panamá reforzó la discusión sobre la preparación ante fenómenos naturales. Las autoridades advirtieron que sus efectos pueden extenderse más allá del punto donde se origina el evento.

El director de Telecomunicaciones de la ASEP, Alkin Saucedo, sostuvo que las redes y los servicios de telecomunicaciones permanecieron activos tras el movimiento telúrico. La interrupción fue relativa y se concentró en lugares focalizados.

Según explicó el funcionario, el comportamiento de las redes mostró capacidad de respuesta ante el incidente. También destacó las coordinaciones efectuadas con las empresas de telecomunicaciones y las compañías de distribución eléctrica.

El diseño de un plan de emergencia apunta a ordenar esa respuesta antes de que ocurra una nueva crisis. La propuesta contempla la participación de las entidades públicas, los operadores del sector y los organismos encargados de atender emergencias.

La articulación entre esas instituciones puede reducir riesgos operativos cuando una emergencia afecta infraestructuras estratégicas. El objetivo es que los canales de comunicación permanezcan disponibles para quienes deben tomar decisiones y para la población que necesita información.

Zelmar Rodríguez Crespo, administradora general de la ASEP, recorrió junto con su equipo los centros de operaciones de las eléctricas ENSA y Naturgy. Las visitas permitieron revisar las afectaciones reportadas, el estado de las redes y las acciones aplicadas por las distribuidoras.

“Nuestra prioridad es que los usuarios cuenten con un servicio seguro y continuo”, afirmó Rodríguez Crespo. La funcionaria añadió que el organismo seguirá atento a la operación de las redes y a la respuesta ante eventuales fallas.

Uno de los puntos que demandó mayor atención fue Isla Cañas, en la provincia de Los Santos. El suministro eléctrico de esa comunidad volvió a funcionar después de la reparación del cable submarino que la abastece.

La entidad mantendrá la supervisión sobre las redes eléctricas debido a la persistencia de réplicas y a las condiciones climáticas registradas en los últimos días. El seguimiento incluirá la verificación de las medidas que adopten las distribuidoras para conservar la calidad y continuidad del servicio.

La participación de la UIT permite incorporar experiencias internacionales a la discusión técnica. El encuentro abrió un espacio para compartir prácticas sobre la gestión de las comunicaciones en contextos de crisis.

Los participantes analizaron acciones que pueden reforzar la resiliencia de las redes y mejorar la preparación de las instituciones. La discusión incluyó tanto la respuesta inmediata como las medidas preventivas necesarias para evitar interrupciones prolongadas.

La planificación de las telecomunicaciones se vincula con la protección de otros servicios esenciales. Cuando las redes siguen operativas, las autoridades pueden organizar recursos, comunicar instrucciones y recibir reportes de las zonas afectadas.

La iniciativa deja en discusión herramientas para que Panamá preserve las comunicaciones en los momentos de mayor necesidad. El plan en evaluación busca convertir esa coordinación en procedimientos definidos para actuar ante futuras emergencias, dijeron las autoridades.

El Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá reportó que las exportaciones de servicios del país sumaron $11,130.4 millones durante el primer semestre de 2026, un alza de 12.7% frente al mismo período del año anterior.

El dato se presentó durante el Diálogo Regional de Política sobre Comercio e Inversión 2026, organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en la Ciudad de Panamá.

El encuentro reunió a delegaciones de 22 países de América Latina y el Caribe, con la participación de ministros, viceministros y autoridades de comercio, inversión y turismo, junto a representantes del sector privado, organismos internacionales y expertos en la materia.

“Panamá llega a este diálogo con resultados concretos en comercio e innovación. Estamos exportando más servicios, registrando nuevas inversiones y ampliando nuestra participación en actividades que fortalecen nuestra presencia en los mercados internacionales”, afirmó el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó.

Durante 2025, el país cerró con $20,194 millones en exportaciones de servicios. Dentro de esa oferta también se identifica actividad en servicios modernos, segmento que alcanzó $717.6 millones en exportaciones durante el primer trimestre de 2026.

En materia de inversión extranjera directa neta, la cifra llegó a $792.4 millones en el primer semestre de 2026.

Panamá registró en el primer semestre de 2026 un crecimiento de 12.7% en exportación de servicios y una inversión extranjera directa neta de $792.4 millones, cifras presentadas por el Ministerio de Comercio e Industrias durante el Diálogo Regional.

Este año, el ministerio informó que puso en marcha la Estrategia Nacional de Exportación de Servicios Modernos, iniciativa que apunta a ampliar la oferta exportable del país en actividades basadas en conocimiento, servicios profesionales y soluciones especializadas.

“Panamá ha construido durante años una plataforma de comercio y servicios. Lo que estamos haciendo es ampliar esa plataforma con innovación, nuevas capacidades y una oferta más diversificada hacia los mercados internacionales”, señaló el ministro.

Planteó que comercio e innovación operan ya bajo una misma agenda de trabajo. Según indicó, el objetivo es que el país desarrolle nuevas capacidades mientras muestra avances verificables en los mercados donde participa.

Los regímenes especiales vinculados a la entidad gubernamental también aportaron cifras a la discusión. Durante 2025, las zonas francas captaron $203.2 millones en inversión, mientras que el régimen de Sedes de Empresas Multinacionales registró $28 millones.

El primer cuatrimestre de 2026 sumó actividad adicional en ese frente. Fueron aprobadas 24 empresas en zonas francas, con una inversión acumulada superior a $58.5 millones.

Moltó indicó que estos resultados forman parte del trabajo que desarrolla la entidad para fortalecer la posición de Panamá como plataforma regional de comercio, inversión, servicios e innovación. El funcionario vinculó estas cifras con la infraestructura comercial que el país mantiene desde hace años.

Panamá cuenta actualmente con una red de 23 acuerdos comerciales. Esa red otorga acceso preferencial a 60 países para productos que cumplen las respectivas reglas de origen, a lo que se suma la conectividad marítima, aérea, financiera y digital del país.

“Tenemos conectividad, regímenes especiales, acuerdos comerciales y una posición regional reconocida. A eso estamos sumando innovación y nuevas capacidades para ampliar la participación de Panamá en los mercados internacionales”, sostuvo Moltó.

El Gobierno mantiene en ejecución iniciativas adicionales vinculadas con innovación y formación especializada. Entre ellas figuran la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial y la Estrategia Nacional de Microelectrónica y Semiconductores.

A esas iniciativas se suma Talent Up Panamá, programa que contempla 10 mil oportunidades de formación en inteligencia artificial, análisis de datos, computación en la nube y ciberseguridad. El esquema busca preparar capital humano para las actividades que el país pretende atraer.

El diálogo organizado por el BID abordó durante la jornada temas como inversión extranjera directa, cadenas de valor, facilitación del comercio, servicios globales, innovación y competitividad. El debate se produjo en un momento en que los países de la región revisan cómo ampliar su participación en los mercados internacionales frente a los cambios de la economía global.

Un sargento segundo de la Policía Nacional murió al caer aparentemente desde una torre del Centro Penitenciario La Joya, al tratar supuestamente de intentar atrapar un dron que personas no identificadas intentaban introducir a la cárcel.

La información extraoficial señala que la unidad policial, identificada como Franklin Fuentes, fue trasladada de inmediato a un centro médico, donde posteriormente falleció producto de un paro cardiaco.

Durante el periodo 2025-2026, las cárceles panameñas han experimentado una escalada sin precedentes en el uso de drones para introducir drogas, armas de fuego, teléfonos celulares y otros artículos prohibidos, consolidando esta tecnología como uno de los vectores más críticos de vulneración de la seguridad penitenciaria en el país.

Las cifras oficiales apuntan en detalle a más de 1.349 drones incautados solo en lo que va de 2026 en distintos centros penales, acompañados del decomiso de al menos 55 armas de fuego, 715 municiones, 56 proveedores, 1.855 teléfonos celulares y más de 2.000 dosis de sustancias ilícitas.

Expertos en seguridad aseguran que esta situación lo que pone en evidencia es la sofisticación logística de las redes criminales que operan tanto dentro como fuera de los recintos carcelarios.

A este escenario se suman casos emblemáticos como el “servicio de delivery” de drogas por drones desmantelado en noviembre de 2025 en el Centro Penitenciario La Joya.

Igualmente, el hallazgo de equipos de internet satelital de alta velocidad vinculados a pandillas intramuros y la incautación de una antena Starlink en un operativo penitenciario en 2026, que muestran una convergencia entre contrabando aéreo y comunicaciones clandestinas de alto rendimiento.

Frente a esta realidad, el Estado panameño ha desplegado un abanico de respuestas que van desde la prohibición formal del uso de drones en todos los centros penitenciarios, la declaración de espacio aéreo restringido sobre complejos carcelarios y la puesta a prueba de sistemas de bloqueo contra drones.

También se cuenta el refuerzo de patrullajes aéreos y terrestres, la capacitación del personal custodio y la promoción de reformas legales para aumentar las penas por el uso de esta tecnología con fines ilícitos.

Sin embargo, la persistencia e intensidad de los intentos, la estimación de una gran cantidad de drones interceptados diariamente en algunas cárceles y la existencia de complicidad interna reconocida hasta por el propio presidente José Raúl Mulino revelan que la lucha entre innovación criminal y respuesta institucional plantea muchas interrogantes para la política pública, la transparencia y el control del crimen organizado que opera desde y hacia las prisiones panameñas.

Un caso llamativo es, según reportes de prensa, el de la cárcel Nueva Esperanza, en la provincia de Colón, donde funcionarios del sistema penitenciario revelaron que hacia finales de 2025 se llegaron a registrar más de 60 incursiones de drones en una sola noche.

La Joyita y La Joya aparecen reiteradamente en informes y noticias de 2025 y 2026 como epicentros del uso de drones para contrabando.

En marzo de 2026, por ejemplo, la Dirección Nacional de Seguridad Penitenciaria informó del hallazgo de 15 paquetes lanzados desde el aire dentro del perímetro del Centro Penitenciario La Joya, que contenían sustancias ilícitas, 245 cajetillas de cigarrillos, encendedores, cables de audífonos y otros accesorios electrónicos.

Estos paquetes fueron ubicados tras una ronda de vigilancia y posteriormente verificados, confirmando así la efectividad parcial de los controles, pero también la capacidad de los operadores criminales de coordinar múltiples lanzamientos en una misma jornada.

En paralelo, el Centro Penal La Joyita ha sido escenario de otras modalidades de ingreso de contrabando -como el uso de “mochileros” y caletas bajo estructuras de cemento- que se complementan con la operación de drones, configurando un mosaico de técnicas que refuerzan la resiliencia del contrabando frente a las acciones de las autoridades.

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) detectó una brecha de $54.76 entre lo que cuesta llenar la canasta básica en un supermercado y lo que cuesta en un minisúper o abarrotería.

El dato surge del monitoreo correspondiente a la segunda quincena de septiembre de 2026.

La comparación incluye los 59 productos que integran la Canasta Básica de Alimentos, una lista definida por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El costo en supermercados subió $1.35 en dos semanas.

En los supermercados, el conjunto completo de productos costó $306.03 durante la quincena analizada.

La cifra representa un aumento de $1.35 respecto de la primera quincena de septiembre.

En los minisúper y abarroterías que forman parte de las rutas de vigilancia de la Acodeco, el mismo listado llegó a $360.79.

Ese costo subió $5.58 frente a la quincena anterior, un incremento mayor al registrado en los supermercados.

La respuesta a por qué hay tanta diferencia de precios entre un supermercado y una abarrotería en Panamá está en el sistema de libre oferta y demanda, donde la Acodeco no fija ni controla los valores de estos productos, solo recopila y publica la información para que el consumidor compare antes de comprar.

Por eso un mismo artículo puede tener precios distintos, según el establecimiento donde se adquiera.

Entre los artículos de consumo frecuente que la institución verifica en sus recorridos figuran la carne de res, el pollo, el arroz, los huevos y los vegetales. Son justamente estos productos los que muestran mayores variaciones de precio de un comercio a otro.

La Acodeco atribuye parte de esa variabilidad a la estacionalidad de los productos agropecuarios, uno de los múltiples factores que inciden en el comportamiento de los costos.

A eso se suman las promociones, los cambios en los costos de abastecimiento y la disponibilidad de mercadería en cada establecimiento.

El monitoreo se construye a partir de visitas presenciales a comercios de los distritos de Panamá y San Miguelito.

En el caso de los supermercados, las verificaciones se concentraron en esas dos zonas. Las rutas de vigilancia también llegaron a minisúper y abarroterías de sectores como Betania, Juan Díaz, Parque Lefevre y Pueblo Nuevo, entre otros puntos de la capital.

Esa cobertura territorial permite a la Acodeco construir un panorama comparativo entre distintos formatos de comercio.

La institución precisa que los valores publicados corresponden exclusivamente a las fechas en que se realizaron las visitas. Los precios pueden cambiar luego por ofertas puntuales, ajustes en los costos de los comerciantes o variaciones en la disponibilidad de los productos.

Ante este panorama, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia insiste en que el consumidor compare precios entre distintos establecimientos antes de hacer sus compras.

La recomendación busca que las familias puedan ajustar su presupuesto según dónde encuentren mejores condiciones.

La entidad también pide revisar con atención las cantidades y unidades de medida de cada producto. Un precio más bajo no siempre equivale a un mejor negocio si el contenido del empaque es menor.

Comprobar las condiciones reales de las ofertas es otro de los puntos que la institución remarca. Las promociones pueden estar sujetas a restricciones de cantidad, fecha o forma de pago que no siempre resultan evidentes a simple vista.

En Panamá el monitoreo de la canasta básica se publica de forma periódica y constituye una de las principales herramientas con las que cuenta la Acodeco para transparentar el comportamiento de los precios en elmercado panameño.

La institución señala que mantiene estos recorridos como parte de su función de vigilancia, aunque sin intervenir en la fijación de los valores finales que cada comercio establece.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) ubicó a El Salvador entre las economías de mayor crecimiento de la región en 2026, con una previsión de 4.5%, en un año para el que el organismo redujo su cálculo para América Latina y el Caribe del 2.2% al 2%. El organismo ajustó su previsión para la economía salvadoreña desde 3.9% para este año, publicada en agosto cuando ya le daba 0.5% más que la estimación que tenía en abril.

La revisión sitúa a varios países de Centroamérica por encima del promedio regional. Además de El Salvador y Panamá, la Cepal indicó que Guatemala crecería 4.1%; Nicaragua, 3.7%; Honduras, 3.5%, y Costa Rica, 3.5%, según las nuevas estimaciones difundidas este jueves por la entidad de las Naciones Unidas.

La cifra coloca a El Salvador al nivel de Panamá y Paraguay dentro de las proyecciones de Cepal, solo por detrás de Venezuela, cuya economía crecería 6.5%. El país centroamericano también supera la estimación regional y se mantiene entre los mercados con mayor dinamismo esperado en Centroamérica.

La revisión de Cepal se produjo en un escenario de incertidumbre internacional, tensiones geopolíticas, alteraciones en las rutas logísticas y menor previsibilidad de la política comercial. El organismo de las Naciones Unidas sostuvo que esos factores afectan la demanda externa y elevan los costos de producción e importación, en especial por el encarecimiento de la energía y los alimentos.

El Salvador coincide con el cálculo del FMI y el Banco Mundial

La previsión de la Cepal de 4.5% para El Salvador coincide con la estimación más reciente del Fondo Monetario Internacional (FMI), divulgada en octubre en su informe de Perspectivas de la Economía Mundial. El Fondo anticipó una aceleración frente al crecimiento de 3.5% estimado para 2025, aunque proyectó una moderación hasta el 4% en 2027.

El FMI había calculado en abril una expansión de 3.3% para 2026. Su actualización elevó esa cifra en 1.2 puntos porcentuales y situó a la economía salvadoreña entre las de mayor expansión de Centroamérica. Panamá, con una previsión de 5%, sería la única economía de la subregión por encima de El Salvador en la tabla del organismo.

El Banco Mundial también pronosticó un crecimiento de 4.5% para El Salvador en 2026. En su informe de octubre, ubicó al país como la tercera economía de mayor expansión de América Latina y el Caribe, por detrás de República Dominicana y Paraguay, ambas con una proyección de 4.7%.

La entidad multilateral revisó al alza sus expectativas para la economía salvadoreña en tres ocasiones durante el último año. En octubre de 2025, estimaba un crecimiento de 2.5% para 2026; en enero lo elevó al 3%; en junio, al 3.2%, y en octubre alcanzó el 4.5%.

Los organismos prevén una desaceleración a partir de 2027

El Banco Mundial atribuyó sus expectativas a la mejora de las condiciones de seguridad, la consolidación fiscal y la inversión privada. Para 2027, prevé que el crecimiento de El Salvador se modere al 3.9%, mientras que para 2028 calcula una tasa de 3.5%.

El FMI también identificó riesgos externos para las proyecciones, entre ellos los precios de la energía y de los alimentos, las tensiones comerciales y eventuales interrupciones en el suministro energético. Su previsión sitúa el crecimiento centroamericano en 4.2% durante 2026 y en 4% en 2027.

Dentro de la subregión, Cepal calcula que Panamá y El Salvador crecerán 4.5% este año; Guatemala, 4.1%; Nicaragua, 3.7%; Honduras y Costa Rica, 3.5%. Esas tasas superarían el promedio de 2% previsto para América Latina y el Caribe.

En el resto de la región, República Dominicana alcanzaría un crecimiento de 4.4%; Perú, 3%; Ecuador, 2.6%; Colombia, 2.4%; Brasil, 2.1%; Argentina, 1.9%, y México, 1.6%. Venezuela lideraría la lista con 6.5%, mientras Haití y Cuba registrarían contracciones de 1.5% y 10.3%, respectivamente.

La Cepal mantuvo en 2.5% su previsión regional para 2027, aunque advirtió que la evolución de la economía internacional y los posibles efectos del fenómeno de El Niño podrían alterar ese cálculo. Indicó que el impacto de los choques externos no será uniforme. Los países exportadores de materias primas pueden obtener ingresos adicionales si suben las cotizaciones internacionales, mientras las economías importadoras afrontan mayores costos y una posible pérdida de poder de compra en los hogares.

“La incertidumbre internacional está reconfigurando el entorno en el que operan las economías de la región”, señaló la Cepal en su comunicado. El organismo indicó que esos factores inciden sobre la demanda externa y encarecen tanto la producción como las importaciones.

La creadora de contenido para adultos Yaneth Marín reaccionó públicamente a la iniciativa impulsada por el alcalde capitalino, Mayer Mizrachi, quien anunció una tómbola con boletos a $5 para rifar una cena con su persona.

La iniciativa del burgomaestre es con el fin de recaudar fondos destinados a la construcción de viviendas temporales para las familias afectadas por el terremoto del pasado 9 de octubre.

Frente a la misma, Marín no dudo en expresar su postura a través de sus plataformas digitales: “¿Si Mayer se rifa, por qué yo no? Un sacrificio por la patria”, dejando abierta la posibilidad de realizar una dinámica similar para aportar a la causa humanitaria, reseña el diario Critica.

Con este mensaje, la creadora de contenido para adultos deja sobre la mesa la posibilidad de realizar una dinámica similar para aportar a la causa humanitaria, insinuando que podría “rifarse” ella misma, eludiendo por ahora detalles sobre la mecánica precisa y el destino concreto de los fondos.

Al decir “si Mayer se rifa, ¿por qué yo no?”, la creadora coloca su figura en un plano de equivalencia con la del alcalde, sugiriendo que ambos pueden ofrecer su tiempo, su presencia y, en alguna medida, su dinamismo como incentivo para la recaudación de fondos.

En segundo lugar, al calificar el gesto como “un sacrificio por la patria”, introduce un tono irónico que, según algunos de sus seguidores, mezcla patriotismo, erotismo y humor, construyendo una narrativa donde la sensualidad que caracteriza su trabajo podría ser puesta al servicio de una causa nacional.

Marín se ha consolidado en la escena panameña como creadora de contenido para adultos, y es descrita en notas de farándula como “coclesana”, en referencia a su origen procedente de la provincia de Coclé.

La creadora de contenido ha mantenido una presencia activa desde el inicio de la emergencia nacional, canalizando donaciones e insumos directos para las zonas afectadas por el sismo.

Marín utiliza sus plataformas digitales para mostrar el proceso de compra, embalaje y entrega de ayudas, así como para agradecer a quienes se suman con aportes y para visibilizar las necesidades específicas de determinadas familias.

El alcalde Mizrachi, por su parte, adelante el proyecto de viviendas temporales denominado “Chantin pa’ la gente”, destinado a brindar viviendas temporales a las familias afectadas, mediante la instalación de contenedores acondicionados como alojamientos provisionales.

El proyecto contempla la construcción de casas tipo contenedor, equipadas para ofrecer un espacio de resguardo mientras los damnificados esperan soluciones habitacionales permanentes, y busca posicionarse como una alternativa más digna que las carpas tradicionales utilizadas en otras emergencias.

Durante las primeras fases de ejecución, se reportó la confección de seis viviendas, de las cuales tres ya habrían sido entregadas en el interior del país, según reportaron los medios.

Las dos primeras unidades se instalaron en El Piro, distrito de Los Pozos, provincia de Herrera, una de las zonas fuertemente afectadas por el sismo, mientras que una tercera vivienda se entregó en Macaracas, provincia de Los Santos.

Al describir estas viviendas temporales, se tiene que cada unidad de contenedor adaptado incluye un área de descanso con cama, un baño integrado, acceso a agua para las necesidades básicas y suministro de electricidad para el funcionamiento cotidiano.

Ahora, Mizrachi realizaría su nueva propuesta mediante la venta de boletos a precio fijo, que podrían adquirirse de forma pública o anónima, detalle que alude tanto a la protección de la privacidad de quienes no desean exposición como a la posibilidad de que figuras públicas contribuyan sin necesariamente publicitar el monto de su aporte.

La meta financiera de $900 mil se mantiene como horizonte explícito de esta campaña, alineada con el objetivo de entrega, según se informó.

La Asamblea Nacional abrió la discusión de dos propuestas para modificar los requisitos de idoneidad de los abogados, después de que cerca de mil graduados de Derecho enfrentaran dificultades para obtener la autorización profesional. Las iniciativas buscan corregir los efectos de la Ley 500 de 2025, aunque plantean soluciones diferentes.

Los anteproyectos fueron presentados por Shirley Castañedas, presidenta de la Asamblea Nacional, y Manuel Cheng, vicepresidente del Legislativo. Ambas iniciativas fueron prohijadas por la Comisión de Gobierno y Asuntos Constitucionales, pero una establece excepciones para antiguos estudiantes y la otra flexibiliza las evaluaciones.

La controversia comenzó con los cambios introducidos en la regulación profesional. Durante 38 años, la Ley 9 de 1984 permitía solicitar la idoneidad con el título universitario. Posteriormente, la Ley 350 de 2022 incorporó un examen de competencias, mientras que la Ley 500 de 2025 estableció otras alternativas.

La última reforma contempló tres mecanismos para obtener la autorización profesional: aprobar un examen, publicar una tesis en una revista especializada o realizar tres meses de servicio voluntario. Sin embargo, el examen quedó reservado para quienes comenzaron la carrera después de la promulgación, limitando las opciones anteriores.

En la práctica, los estudiantes anteriores a la reforma quedaron exentos del examen, pero no de las demás exigencias. Quienes se graduaron mediante seminarios, prácticas o materias de maestría no podían utilizar la alternativa de tesis. Además, la obligación de publicarla en una revista especializada complicó ese mecanismo.

El servicio voluntario también generó dificultades porque los horarios disponibles y las restricciones sobre las oficinas autorizadas representaban obstáculos para graduados que ya tenían empleo. Aunque algunos trabajaban como asistentes legales, debían completar una práctica adicional que podía retrasar su incorporación formal al ejercicio profesional.

La primera iniciativa, presentada por Castañedas, propone crear un régimen transitorio para quienes iniciaron Derecho antes del 24 de noviembre de 2025. La excepción comprendería a graduados y estudiantes matriculados, incluidos aquellos con tesis pendientes. Las nuevas exigencias continuarían aplicándose a quienes ingresaron posteriormente.

El anteproyecto busca que los beneficiarios puedan solicitar su idoneidad conforme a los requisitos anteriores, según el momento en que comenzaron sus estudios. También establece un plazo máximo de 60 días para resolver solicitudes y contempla revisar expedientes pendientes, suspendidos, devueltos o rechazados por la reforma.

La propuesta de Cheng sigue otro camino: mantener las tres alternativas, pero hacerlas accesibles para todos los aspirantes. Su texto permitiría presentar el examen a graduados y estudiantes con materias completadas. Además, eliminaría la obligación de publicar la tesis, sustituyéndola por una certificación universitaria.

En cuanto al servicio voluntario, Cheng propone mantener los tres meses, equivalentes a 480 horas, pero permitir horarios flexibles. Los aspirantes podrían completar la práctica en jornadas parciales, nocturnas o durante fines de semana. Las horas comenzarían a acumularse desde el segundo año universitario, con certificación institucional.

La iniciativa también ampliaría los espacios autorizados para realizar la práctica, incluyendo oficinas judiciales, departamentos de audiencias y dependencias con funciones jurídicas. Asimismo, permitiría reconocer tesis y horas de servicio anteriores a la reforma, además de presentar nuevamente solicitudes rechazadas por requisitos de publicación o prácticas.

Castañedas sostiene que su propuesta pretende evitar que estudiantes y graduados queden atrapados entre normas diferentes, mientras Cheng plantea ajustar las evaluaciones sin eliminar los estándares profesionales. Ambas iniciativas coinciden en reducir la incertidumbre que ha dificultado obtener la idoneidad, aunque sus mecanismos son distintos

El Colegio Nacional de Abogados expresó una posición favorable a las propuestas legislativas. Su representante, Alexander Hepburn, señaló que existe preocupación por cerca de mil licenciados que terminaron sus estudios sin conseguir la autorización profesional.

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) desplegará más de 950 personas en 66 áreas protegidas de Panamá durante las celebraciones patrias de noviembre, cuando miles de residentes y turistas acostumbran desplazarse hacia el interior del país. El operativo se desarrollará del 30 de octubre al 11 de noviembre, con medidas de vigilancia, prevención y atención a visitantes.

Las festividades del 3, 4, 5 y 10 de noviembre generan tradicionalmente un incremento del turismo interno, debido a los días de descanso y las actividades conmemorativas. A estas fechas se suma el 28 de noviembre, cuando se celebra la independencia de Panamá de España, aunque esta jornada queda fuera del operativo anunciado.

Sin embargo, el movimiento turístico dependerá de las condiciones que mantengan las provincias afectadas por el terremoto del 9 de octubre, especialmente Los Santos, Herrera, Veraguas y Coclé. Las restricciones de acceso, los daños en infraestructura y las evaluaciones de seguridad podrían influir en la decisión de las familias sobre sus destinos.

El dispositivo especial contará con 625 guardaparques y 50 jefes de áreas protegidas, además de colaboradores regionales y personal del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. También participarán unidades de la Policía Ambiental, Rural y Turística, el Senafront y el Senan, mediante patrullajes terrestres, acuáticos y controles de ingreso.

Las labores se concentrarán en parques nacionales, refugios de vida silvestre y reservas forestales, donde se vigilarán los senderos, las zonas de acceso y los ecosistemas vulnerables. MiAmbiente buscará prevenir la tala, la minería ilegal, el tráfico de especies y los incendios, además de garantizar una visita ordenada y segura.

Entre los destinos destacados figura el Parque Nacional Soberanía, próximo a la ciudad de Panamá, reconocido por sus senderos y la observación de aves. Su ubicación facilita las excursiones de residentes y extranjeros interesados en conocer la biodiversidad tropical, especialmente en el histórico Camino del Oleoducto.

Otro atractivo es el Parque Nacional Volcán Barú, en la provincia de Chiriquí, donde los visitantes realizan caminatas y excursiones hacia la cima más elevada del país. Desde sus miradores, cuando las condiciones atmosféricas lo permiten, pueden observarse ambos océanos, mientras los bosques montañosos albergan una importante diversidad de especies.

En Veraguas se encuentra el Parque Nacional Coiba, uno de los principales destinos de turismo marino, conocido por sus arrecifes, playas y posibilidades de buceo. El área, reconocida como Patrimonio Mundial por la Unesco, atrae visitantes nacionales e internacionales interesados en la observación de fauna y los ecosistemas oceánicos.

También destacan el Parque Nacional Santa Fe, en Veraguas, y Portobelo, en Colón, que ofrecen paisajes naturales, bosques y oportunidades para el senderismo. San Lorenzo, igualmente en Colón, combina ecosistemas tropicales con un importante patrimonio histórico, mientras Chagres protege fuentes hídricas esenciales para el país.

MiAmbiente informó que el horario general de visitas será de 7:00 a. m. a 4:00 p. m., mientras las áreas marino-costeras y aquellas con condiciones especiales permitirán el ingreso hasta las 3:00 p. m. Los guardaparques verificarán las tarifas, supervisarán los senderos habilitados y orientarán a los visitantes sobre las medidas de seguridad.

Por el momento, permanecen restringidos los accesos al Refugio de Vida Silvestre Isla Cañas, en Los Santos, y a la Reserva Hídrica Cerro Los Picachos, en Coclé.

La institución recomienda verificar las condiciones de cada destino antes de viajar, especialmente porque la situación posterior al terremoto podría modificar los planes turísticos.

La directora de Áreas Protegidas, Michele Caballero, destacó la importancia de coordinar las acciones de conservación con los estamentos de seguridad para impedir actividades ilegales.

Las autoridades también exhortaron a utilizar únicamente los senderos autorizados, respetar los horarios y evitar dejar desechos, con el propósito de proteger los ecosistemas durante la temporada de mayor circulación turística.

Una nueva ola de violencia y ataques con características de sicariato se registró esta semana en Panamá, dejando varias víctimas en distintos sectores de la capital.

El caso que más alarma ha generado por la forma en que fue ejecutado ocurrió en Perejil, en el corregimiento de Calidonia, donde dos hombres fueron asesinados dentro de un automóvil en pleno centro de la ciudad.

El doble homicidio ocurrió el miércoles 21 de octubre, cuando dos hombres fueron asesinados a tiros dentro de un sedán blanco en Calle Primera. Las cámaras de videovigilancia de la zona captaron el momento en que los presuntos homicidas descendieron del vehículo, que todavía estaba en movimiento, después de disparar contra sus ocupantes.

Las imágenes muestran cómo los dos atacantes escaparon corriendo del lugar y posteriormente fueron recogidos por otro automóvil. Las primeras investigaciones indican que las cuatro personas viajaban juntas en el sedán, por lo que los homicidas habrían compartido el vehículo con sus víctimas antes de abrir fuego.

Los dos fallecidos presentaban impactos de bala en la cabeza, mientras las autoridades iniciaron las diligencias para identificar a los responsables. El ataque provocó la movilización de unidades policiales y personal de Criminalística, que realizaron la inspección del automóvil y el levantamiento de los cuerpos.

Las grabaciones constituyen una pieza importante para reconstruir la participación de los atacantes y establecer la ruta utilizada durante la fuga. Los investigadores también buscan determinar las circunstancias que precedieron al doble asesinato, así como el posible móvil del ataque ocurrido en una zona céntrica de la capital.

La violencia también alcanzó la comunidad de Los Caobos, en Chilibre, donde Reynaldo Roberto Prendergast Torres, de 37 años, murió tras recibir múltiples disparos mientras conducía un sedán blanco. Según los reportes preliminares, los agresores dispararon desde otro automóvil en movimiento durante la mañana del miércoles.

Prendergast perdió el control del volante después de recibir los impactos y su vehículo terminó dentro de una cuneta, a un costado de la carretera. Residentes alertaron a las autoridades, que acordonaron el lugar para recuperar evidencias. Los registros policiales indican que el fallecido había sido aprehendido anteriormente, aunque no se ha establecido si esos antecedentes guardan relación con el asesinato.

Otro hecho violento dejó un taxista de 20 años asesinado en Alcalde Díaz, también en Panamá Norte. La víctima fue identificada como Sudan Gabriel Eduardo Ceballos Falcón, quien recibió un disparo en la cabeza en el sector de La Esperanza, cerca de un puente peatonal.

El crimen ocurrió aproximadamente a las 10:15 de la noche, cuando residentes escucharon varias detonaciones de arma de fuego. El joven fue encontrado boca abajo, cerca de un taxi amarillo estacionado junto a la carretera. Una de las hipótesis preliminares indica que intentó escapar del atacante, pero cayó antes de conseguir ayuda.

La jornada violenta también dejó un homicidio a plena luz del día en Pueblo Nuevo, donde Luis García, de 51 años, fue asesinado a tiros cerca de las 6:00 de la mañana del miércoles. El ataque ocurrió en calle Tercera, a pocos metros del Sistema Penal Acusatorio de la vía Transístmica, cuando la víctima caminaba cerca de su residencia.

Según los reportes preliminares, los agresores le dispararon desde un automóvil dorado y escaparon del lugar. Los vecinos describieron al fallecido como una persona trabajadora y tranquila, mientras las autoridades investigan el móvil del crimen y la identidad de los responsables.

Los hechos se produjeron en medio de una sucesión de homicidios que afecta principalmente a sectores de la capital.

De acuerdo con el Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales (SIEC), Panamá registraba 460 homicidios intencionales hasta el 11 de octubre de 2026, cuatro más que durante el mismo período del año anterior. La provincia de Panamá concentraba 288 víctimas, equivalentes a casi el 63% del total nacional, mientras Colón contabilizaba otras 77.a

La distribución territorial muestra que el distrito de Panamá acumulaba 198 homicidios, seguido de San Miguelito, con 85. Dentro de Panamá Norte, Chilibre registraba 18 casos, Ernesto Córdoba Campos otros 17 y Caimitillo nueve. Estas cifras reflejan la concentración de la violencia en determinadas comunidades, aunque corresponden a un corte estadístico anterior a los últimos ataques.

Las investigaciones también identifican un aumento del 64% en los homicidios vinculados al pandillerismo, que pasaron de 42 a 69 frente al mismo período de 2025. Las rencillas delincuenciales representaban 156 casos y otros 67 permanecían bajo investigación, mientras las armas de fuego estuvieron presentes en 392 asesinatos, aproximadamente el 85% del total.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar los móviles de los ataques, identificar a los responsables y establecer posibles conexiones. Mientras avanzan las diligencias, los crímenes registrados en Perejil, Chilibre y Alcalde Díaz vuelven a colocar la violencia armada en el centro de la preocupación por la seguridad pública.

El Ministerio de Salud (Minsa) confirmó una nueva muerte por influenza en Panamá, con lo que el acumulado de fallecimientos por esta enfermedad llegó a 65 durante 2026.

El reporte corresponde a la semana epidemiológica 39, del 27 de septiembre al 3 de octubre, y también evidencia un incremento semanal de los cuadros gripales y las infecciones respiratorias graves.

Entre las personas fallecidas por influenza, el 61.5% tenía 65 años o más y el 58.5% correspondía a hombres. El informe señala que el 96.4% no había recibido la vacuna de la temporada actual, mientras el 81.5% presentaba factores de riesgo, principalmente enfermedades metabólicas, cardiovasculares o renales.

La influenza es una infección viral que provoca fiebre, tos, dolor muscular, cansancio y malestar general. Aunque muchas personas se recuperan, puede evolucionar hacia neumonía o insuficiencia respiratoria. La dificultad para respirar, el dolor persistente en el pecho y la confusión son señales de alarma que requieren atención médica inmediata

El síndrome gripal registró 927 casos durante la semana 39, frente a 811 de la semana anterior, un incremento de 116 pacientes, equivalente al 14.3%. El acumulado comunicado por el Minsa llegó a 33,331 casos.

Estos cuadros pueden ser causados por distintos virus respiratorios y generalmente presentan fiebre, congestión nasal, dolor de garganta y tos.

Las infecciones respiratorias agudas graves, que incluyen neumonía y bronconeumonía, sumaron 462 casos durante la semana 39, frente a 459 en la semana 38. El acumulado reportado alcanzó 16,547 casos.

Estas enfermedades afectan los pulmones y pueden comprometer la oxigenación, especialmente cuando aparecen respiración acelerada, dificultad respiratoria o disminución del estado de alerta.

La comparación también muestra un incremento en los registros de leishmaniasis, que pasó de 21 casos semanales a 26. El acumulado subió de 1,907 a 1,933. Esta infección parasitaria, transmitida por la picadura de insectos flebótomos infectados, puede provocar úlceras cutáneas persistentes y, en determinadas formas, lesiones de las mucosas.

En contraste, los nuevos casos de malaria disminuyeron de 27 en la semana 38 a cuatro en la 39, aunque el acumulado informado llegó a 6,000. La enfermedad es causada por parásitos transmitidos mediante mosquitos Anopheles infectados. Sus síntomas incluyen fiebre, escalofríos, sudoración y dolor de cabeza, y puede producir anemia grave o complicaciones orgánicas.

El informe epidemiológico de la semana 39, correspondiente al período del 27 de septiembre al 3 de octubre, es anterior a la detección y divulgación de los casos de malaria asociados a Merca Panamá. El 15 de octubre, el Ministerio de Salud confirmó 34 contagios; el 17 de octubre la cifra aumentó a 37 y, para el 19 de octubre, ya se contabilizaban 44 personas diagnosticadas.

La vigilancia epidemiológica identificó además un nuevo caso de fiebre por hantavirus, elevando el acumulado de 21 a 22. El síndrome cardiopulmonar asociado mantuvo 18 casos. La infección se relaciona con la exposición a excreciones de roedores infectados y puede comenzar con fiebre y dolores musculares, antes de provocar dificultad respiratoria potencialmente mortal.

En leptospirosis, el Minsa no notificó casos nuevos durante la semana 39, pero incorporó dos registros correspondientes a períodos anteriores, aumentando el acumulado de 39 a 41. Esta infección bacteriana puede adquirirse por contacto con agua o suelo contaminado con orina de animales y causar fiebre, dolor muscular, ictericia y daño renal.

El reporte también contabilizó 114 casos acumulados de gusano barrenador en humanos, frente a los 111 consignados en el cuadro estadístico de la semana 38. Esta infestación ocurre cuando determinadas moscas depositan huevos en heridas y sus larvas invaden tejidos vivos, causando dolor, lesiones progresivas e infecciones que necesitan tratamiento oportuno.

Respecto al virus Oropouche, no se notificaron infecciones correspondientes a la semana 39, pero se incorporaron tres casos de semanas anteriores, elevando el acumulado de 20 a 23. La enfermedad, transmitida principalmente por pequeños insectos picadores infectados, puede causar fiebre y dolores intensos; ocasionalmente presenta complicaciones neurológicas, como meningitis.

La viruela símica, conocida como mpox, alcanzó 15 casos acumulados después de incorporar dos registros anteriores, frente a los 13 contabilizados hasta la semana 38. Puede transmitirse por contacto estrecho y provocar fiebre, ganglios inflamados y lesiones cutáneas. Las complicaciones son especialmente preocupantes en personas inmunodeprimidas y pacientes con infecciones extensas.

Finalmente, el Minsa reiteró la importancia de mantener actualizada la vacunación y reconocer tempranamente los síntomas de gravedad. También recomendó reforzar la higiene, evitar exposiciones de riesgo y buscar atención médica cuando los síntomas empeoren, especialmente entre adultos mayores, niños pequeños y personas con enfermedades crónicas, los grupos más vulnerables ante complicaciones.

El Ministerio Público contabilizó 502 denuncias entre enero y septiembre de 2026, con incrementos importantes en Chiriquí, Colón y Panamá Oeste. Las investigaciones abarcan daños a los ecosistemas, tala ilegal, afectaciones a especies protegidas y otras conductas sancionadas por la legislación penal.

Las denuncias por delitos contra el ambiente y el ordenamiento territorial aumentaron 17% en Panamá durante los primeros nueve meses de 2026, al pasar de 430 a 502, según estadísticas del Ministerio Público. Los registros incluyen destrucción de recursos naturales, maltrato animal, afectaciones a la vida silvestre e infracciones relacionadas con proyectos urbanísticos.

La categoría con mayor incidencia fue la de delitos contra los recursos naturales, con 277 denuncias, equivalentes al 55% del total. Le siguieron los delitos contra animales domésticos, con 176 casos; contra la vida silvestre, con 44; y las infracciones de tramitación y cumplimiento urbanístico, con cinco investigaciones.

Dentro del primer grupo, la destrucción de recursos naturales acumuló 187 denuncias, frente a 154 en 2025, un incremento del 21%. Esta figura comprende conductas que afectan ilegalmente los componentes del ambiente, mientras la tala y destrucción de vegetación en áreas especiales registró 52 investigaciones, una reducción del 31%.

El informe también contabiliza 13 denuncias relacionadas con la importación de materiales o desechos peligrosos, 12 por incendios de masas vegetales y ocho por emisiones de ruido, gases, olores o luminosidad que afectan al público o los ecosistemas. Estas conductas pueden comprometer la calidad del aire, el suelo y las fuentes hídricas.

Los delitos contra animales domésticos registraron uno de los mayores incrementos, al pasar de 110 a 176 denuncias, equivalente al 60%. Esta categoría comprende conductas de maltrato o crueldad sancionadas penalmente. En materia de vida silvestre, se contabilizaron 36 investigaciones por extracción de especies protegidas y ocho por tráfico, que implica su comercialización ilícita.

En materia de minería ilegal, dos personas fueron aprehendidas el 19 de septiembre en la quebrada Peluca, dentro del Parque Nacional Chagres, donde presuntamente extraían minerales sin autorización. MiAmbiente decomisó motobombas, palas y bateas, mientras la Fiscalía Ambiental asumió las investigaciones para determinar las responsabilidades correspondientes.

Otro operativo realizado en junio, en Mamoní Arriba, permitió la aprehensión de 11 personas y la retención de un menor por presunta extracción clandestina. En julio, seis personas fueron sorprendidas en el Corredor de Los Pobres, donde la actividad minera había provocado afectaciones al suelo y al cauce de una quebrada.

La legislación panameña establece penas de tres a seis años de prisión por destrucción, extracción, contaminación o degradación ilegal de recursos naturales, conforme al artículo 399 del Código Penal. Las sanciones pueden aumentar cuando se afectan áreas protegidas, cuencas hidrográficas o fuentes de agua, entre otras circunstancias agravantes.

En junio, cuatro personas recibieron condenas de 48 meses de prisión por minería ilegal en Las Minas, provincia de Herrera. Los sentenciados habían sido sorprendidos realizando exploraciones clandestinas en Río Negro, donde las actividades ocasionaron daños al ecosistema y degradaron un acuífero, según el Ministerio Público.

Los riesgos asociados a la actividad minera también quedaron expuestos tras el terremoto del 9 de octubre, que provocó un deslizamiento en la antigua mina El Remance, en Veraguas. La explotación, abandonada desde 1999, conserva depósitos de residuos mineros que representan un pasivo ambiental y requieren vigilancia permanente.

MiAmbiente detectó en la quebrada Veneno un pH de 5.75, indicativo de condiciones ácidas, además de concentraciones de hierro de 15 miligramos por litro y sulfatos de 114 miligramos por litro. Los resultados motivaron un monitoreo reforzado de las fuentes de abastecimiento, mientras continúa la evaluación de posibles afectaciones.

La institución solicitó al IDAAN vigilar las tomas de agua de San Francisco y Santiago, mientras el Ministerio de Salud evalúa los sistemas comunitarios. También anunció trabajos de restauración ambiental en El Remance y otros cinco puntos del país, ante los riesgos que representan las antiguas explotaciones abandonadas.

En la distribución geográfica, Panamá encabezó las denuncias con 99 casos, seguida de Chiriquí, con 91, y Panamá Oeste, con 74. Colón registró el mayor incremento relativo entre las provincias, de 118%, mientras Chiriquí aumentó 82% y Panamá Oeste 80% frente a 2025.

El informe también revela reducciones importantes en Darién, Los Santos y Bocas del Toro, con disminuciones de 76%, 50% y 34%, respectivamente. Septiembre cerró con 44 denuncias, frente a 38 en agosto, mientras enero concentró el mayor registro mensual, con 76 investigaciones.

El terremoto de magnitud 7.5 que sacudió Panamá el pasado 9 de octubre cobró su segunda víctima mortal, luego de que el Ministerio de Salud (Minsa) confirmara este jueves el fallecimiento de Regina Miranda, de 60 años, quien permanecía hospitalizada en Santiago de Veraguas por las lesiones sufridas durante el movimiento sísmico.

Miranda realizaba labores administrativas en la escuela Rómulo Arrocha, en Santiago, cuando comenzó el terremoto. Durante la evacuación del plantel, tropezó con una cuneta y cayó al suelo, golpeándose fuertemente la cabeza, lo que le provocó un traumatismo craneoencefálico grave.

La mujer fue trasladada al Hospital Luis “Chicho” Fábrega, donde recibió atención especializada del servicio de Neurocirugía. Sin embargo, permaneció en estado de coma y falleció pese a los esfuerzos médicos, según informó la institución sanitaria en un comunicado fechado el 22 de octubre.

La primera víctima fue Elena Barría, de 68 años, quien falleció el 14 de octubre. La mujer descansaba en su vivienda de Macaracas, provincia de Los Santos, cuando una pared se desplomó sobre ella, dejándola atrapada entre los escombros y provocándole graves lesiones abdominales.

Barría fue rescatada por familiares y vecinos, quienes lograron sacarla de la estructura colapsada. Posteriormente recibió atención en distintos centros hospitalarios hasta ser trasladada a la capital, donde fue intervenida quirúrgicamente. Su fallecimiento fue confirmado por la Caja de Seguro Social después de varios días hospitalizada.

Entre los casos de mayor gravedad figura Suribeth Cortéz, una joven de 22 años con dificultades de movilidad, quien quedó atrapada cuando una pared cayó sobre ella en El Pájaro de Macaracas. Sufrió lesiones craneales y abdominales que obligaron a trasladarla en helicóptero al Hospital Santo Tomás.

Después de permanecer sedada y recibir intervenciones quirúrgicas, la joven despertó y fue retirada de la ventilación mecánica el 14 de octubre. Su familia confirmó que reconoció a su hermana y mostró una evolución favorable. Posteriormente, continuó su proceso de recuperación y rehabilitación tras superar los momentos más críticos.

El balance del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), actualizado al 20 de octubre, registraba 27 personas lesionadas por el terremoto. La cifra todavía incluía una sola víctima mortal, debido a que el fallecimiento de Miranda fue confirmado dos días después del último consolidado disponible.

El Ministerio de Salud informó que más de 31,000 atenciones sanitarias se habían brindado en las zonas afectadas, mediante personal desplegado en hospitales, centros de salud y albergues. Los equipos también ofrecen apoyo psicológico y seguimiento médico a las familias damnificadas.

Las consecuencias materiales continúan extendiéndose por distintas comunidades. Sinaproc contabilizó 10,655 viviendas evaluadas y 35,065 personas registradas mediante las inspecciones de daños y necesidades. Estas cifras corresponden a las evaluaciones realizadas y permanecen sujetas a nuevas verificaciones.

El mismo informe identificó 619 centros educativos y 120 instalaciones de salud con afectaciones, mientras 5,628 personas permanecían alojadas en 126 albergues. Las autoridades también reportaron 175 comunidades atendidas con asistencia humanitaria, incluyendo alimentos, agua y otros suministros esenciales.

Las provincias de Los Santos, Veraguas, Herrera y Coclé concentran parte importante de los daños ocasionados por el movimiento sísmico. Entre las afectaciones se encuentran viviendas destruidas, centros educativos deteriorados, iglesias dañadas y problemas en carreteras y puentes, especialmente en comunidades rurales.

El terremoto tuvo su epicentro a 39 kilómetros al noroeste de Tonosí, según los registros del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá. Las autoridades mantienen las evaluaciones estructurales y la asistencia humanitaria, mientras las familias afectadas enfrentan el proceso de recuperación.

La conservación forestal requiere una base científica y técnica, toda vez que un activo de esa magnitud no se administra solo con voluntad política.

Esto lo afirmó el secretario nacional de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), Eduardo Ortega Barría, quien señaló que la gestión también depende de la investigación, los datos, la tecnología y la formación de personas especializadas.

Según expuso, Panamá conserva bosques en cerca del 70% de su territorio y alberga alrededor del 5% de la biodiversidad mundial.

A partir de esa condición, planteó la necesidad de ampliar la capacidad del país para producir conocimiento propio sobre sus ecosistemas.

“Un país con el 5% de la biodiversidad del mundo no puede seguir importando todo el conocimiento que necesita para manejar su propia biodiversidad”, señaló el secretario nacional de la Senacyt.

Ortega Barría indicó que la institución incluye el apoyo a la investigación forestal en sus convocatorias. La intención es que las preguntas nacionales sobre los bosques encuentren financiamiento dentro del país.

También anunció que la Senacyt trabajará para que quienes busquen especializarse en esta área accedan a becas de posgrado y doctorado. La propuesta apunta a consolidar recursos humanos dedicados al estudio y la gestión de la biodiversidad.

El trabajo desarrollado durante la primera semana forestal forma parte de la Estrategia Nacional de Bioeconomía que la Senacyt y el Sistema Nacional de Investigación (SNI) construyen junto con distintos actores del país.

La estrategia está orientada a fortalecer la ciencia, la tecnología y la innovación. El enfoque busca convertir el conocimiento en soluciones y oportunidades económicas bajo criterios de desarrollo sostenible.

La doctora Sandra Sharry, directora del SNI de la Senacyt, señaló que el encuentro dejó aportes para los instrumentos que definirán el rumbo del sector.

“La Primera Semana Forestal fue un espacio de trabajo que produjo recomendaciones concretas para dinamizar, potenciar y fortalecer el Plan Maestro Forestal y la nueva Ley Forestal”, explicó Sharry.

El director nacional Forestal del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), Carlos Espinosa, remarcó que el porvenir del sector depende de la articulación entre el conocimiento científico, la administración pública y los actores vinculados con los bosques.

“El futuro forestal de Panamá requiere decisiones basadas en el conocimiento científico, una gestión responsable de nuestros recursos y el compromiso de todos los sectores”, sostuvo Espinosa.

El director agregó que la actividad permitió elaborar recomendaciones para la planificación sectorial y para una visión de país de largo plazo. Esas propuestas estarán vinculadas con las herramientas normativas y de planificación que Panamá prepara para el sector forestal.

La iniciativa reunió a especialistas de Portugal, Brasil, Argentina, Costa Rica, Uruguay, Ecuador y México. También participaron investigadores, autoridades, empresas forestales, comunidades indígenas, docentes, estudiantes, organismos de cooperación e instituciones relacionadas con la investigación y la banca de desarrollo de Panamá y la región.

La convocatoria permitió abordar el futuro forestal desde perspectivas vinculadas con la ciencia, la conservación, la gobernanza, la inversión y el uso sostenible de los recursos. La diversidad de participantes incorporó visiones de sectores públicos, académicos, empresariales y comunitarios.

El Ministerio de Ambiente organizó la actividad por medio de la Dirección Forestal (DIFOR). La Senacyt participó a través del SNI, junto con el Forest Stewardship Council (FSC).

La agenda se dividió en cuatro ejes: política, gobernanza e información forestal; ciencia, biotecnología, innovación y educación forestal; territorio, comunidades, diversidades y género; y mercados, inversión y bioeconomía.

El último de esos ámbitos concentró el debate sobre las opciones para financiar una economía forestal viable en Panamá. La discusión también abordó las condiciones necesarias para establecer mecanismos de inversión relacionados con el sector.