Panamá continuará manteniendo restricciones a los productos lácteos ticos, en espera de que la Organización Mundial de Comercio (OMC) se pronuncie sobre una apelación que presentó, luego de que un grupo arbitral de ese organismo fallara el 5 de diciembre de 2024 a favor de Costa Rica.

Las primeras clarinadas del litigio entre ambas naciones surgieron en 2011 cuando Costa Rica no renovó la habilitación de una planta panameña que exportaba productos avícolas hacia su territorio, paralizando las exportaciones.

Ya había un antecedente. Tiempo atrás Costa Rica se quejó de que en un lote de ganado en pie procedente de Panamá había una vaca que salió positiva a ivermectina, situación que ocurre cuando un animal es desparasitado.

En ese momento, los ganaderos ticos se estaban quejando por la entrada de ganado panameño.

Los conflictos de baja intensidad entre los países vecinos continuaron, y en 2019 Panamá empezó a exigirle a Costa Rica el análisis de riesgo que exige la OMC.

“En ese momento nos dimos de cuenta que en Costa Rica se ordeñan los animales con bruselosis y nosotros no, igual acá procesamos los quesos crudos y ellos no lo hacen, lo que constituye un riesgo en materia de salud”, se informó desde el sector ganadero.

Por ello, bajo el argumento de que los ticos no cumplían con los requisitos sanitarios exigidos, en junio de 2020 la Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos inhabilitó unas 26 plantas costarricenses que procesaban productos cárnicos y lácteos.

Entre los productos vetados están las fresas, carnes de res, cerdo, piensos o alimentos para animales, aves de corral, bananas, piñas y banana.

Desde el 2014 Panamá venía dándole licencias de importación a industrias ticas, que ya habían vencido.

En julio de 2020 una noticia llegó al Servicio Nacional de Salud Animal del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Costa Rica: Panamá no extendería la habilitación para la exportación a una lista de establecimientos costarricenses previamente autorizados, los cuales habían exportado al país durante varios años.

Ante este balde de agua fría, un mes después las autoridades costarricenses notificaron al Comité de Agricultura de la OMC sobre el bloqueo que Panamá había impuesto a sus productos de origen animal.

El 11 de enero de 2021 oficialmente Costa Rica estableció un proceso ante el organismo internacional contra Panamá.

“Costa Rica debe esperar a que la OMC defina la apelación que presentó Panamá, todavía no está dicha la última palabra”, dijo una fuente del sector lechero.

Añadió que el país tiene el derecho soberano de mantener una posición de defensa, porque debe haber reciprocidad.

La Cámara Nacional de Productores de Leche de Costa Rica sostuvo que “la decisión de Panamá de recurrir al mecanismo de apelación que perpetúa el bloqueo en la práctica, sin duda alguna retrata las verdaderas intenciones de Panamá para continuar manteniendo prácticas proteccionistas injustificadas, resaltando la fragilidad de su argumentación técnica, tal cual demostró el panel arbitral”.

Ahora, la recién estrenada presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, manifestó que buscará resolver el conflicto con su homólogo panameño, José Raúl Mulino.

Advirtió que Panamá debe cumplir con las reglas comerciales y eliminar las trabas a productos cárnicos y lácteos.

Ante estas declaraciones, el ministro de Comercio e Industrias panameño, Julio Moltó, salió a aclararle a Fernández que Panamá está en disposición de sentarse a conversar “siempre sobre reglas que apliquen a ambas partes“.

“Coincido plenamente con el ministro Moltó. El respaldo a nuestros productores no es negociable, y la equidad e igualdad de derechos en este diferendo es una demanda justa”, dijo por su parte el ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares.

En lo que va del año el Cuerpo de Bomberos de Panamá ha atendido a nivel nacional un total de 5,639 casos de emergencias por abejas africanizadas, cifra que refleja un incremento significativo de este tipo de atenciones.

Originarias de África subsahariana y cruzadas con abejas europeas durante experimentos en Brasil, las abejas africanizadas fueron introducidas accidentalmente en el continente americano en 1956.

Desde entonces, se han dispersado a través del hemisferio, protagonizando episodios de ataques masivos tanto a humanos como a animales.

A diferencia de las abejas europeas, las más comunes en la apicultura,, las africanizadas son conocidas por su comportamiento altamente defensivo.

Un estudio publicado por el Smithsonian Institution, replicado por Infobae, manifiesta que estos insectos “han matado a unas 1,000 personas” desde su llegada a América, con víctimas que suelen recibir “diez veces más picaduras que en ataques de la cepa europea”.

Tan solo este fin de semana los bomberos acudieron a un llamado en el distrito de Chepo, al este de la ciudad de Panamá, donde en una finca se encontró a una persona sin signos vitales.

Debidamente equipados con material de apicultura, las unidades bomberiles confirmaron la presencia de abundantes abejas alrededor de la escena, donde se encontraba un hombre de aproximadamente 55 años de edad.

De igual manera, se informó que recientemente en la comarca Ngäbe Buglé, provincia de Chiriquí, se registró la defunción de una persona también producto de picaduras de abejas africanizadas.

En el sector de Burunga, en la provincia de Panamá Oeste, otra persona resultó afectada y cinco perros fallecieron tras otro ataque de estos insectos.

Julio Real, comandante primer jefe de la Zona Regional Panamá Este–Darién, explicó que durante esta temporada de verano se ha registrado un aumento considerable de atenciones por enjambres de abejas, por lo que reiteró el llamado a la población a mantener la precaución y reportar cualquier situación de riesgo.

Debido a esta situación, los bomberos mantienen operativos de atención y respuesta a nivel nacional, e instan a la ciudadanía a seguir las siguientes recomendaciones: no acercarse a enjambres, no intentar remover estructuras con abejas, evitar ruidos y movimientos bruscos, no usar perfumes u olores fuertes, resguardarse en lugares cerrados, proteger rostro y cabeza, y reportar de inmediato a la línea 103 cualquier emergencia.

Uno de los aspectos más preocupantes para los expertos en este tipo de insecto es su capacidad para perseguir amenazas percibidas durante largas distancias.

Mientras que las abejas europeas pueden seguir a una persona por unos 400 metros, las africanizadas han sido documentadas persiguiendo a víctimas por más de un kilómetro, aumentando así el riesgo de encuentros fatales.

Por otra parte, el Cuerpo de Bomberos de Panamá reveló que de enero a la fecha han atendido 1,080 accidentes de tránsito, debido en gran parte al exceso de velocidad, distracciones al volante, uso del teléfono celular mientras se conduce, irrespeto a las señales de tránsito y la conducción bajo efectos del alcohol.

Estas emergencias continúan dejando personas lesionadas, daños materiales y situaciones de alto riesgo que requieren la rápida intervención de los estamentos de emergencia.

Las autoridades bomberiles en una comunicación reiteraron el llamado a reforzar las medidas de prevención y mantener una conducta responsable en las vías para evitar tragedias que afectan a familias enteras.

Insistieron en que se debe respetar los límites de velocidad, utilizar siempre el cinturón de seguridad, en no utilizar el celular mientras se conduce, revisar periódicamente las condiciones del automóvil, mantener distancia prudente entre los carros y no manejar bajo efectos del licor.

Panamá puede avanzar en la captación de inversiones actuando con visión, determinación y sentido de país, afirma la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura.

El organismo hizo referencia a la reciente participación por primera vez de 38 líderes empresariales en el SelectUSA Investment Summit 2026, evento realizado en National Harbor, Maryland, para establecer nuevas conexiones y oportunidades de crecimiento mediante la inversión en Estados Unidos.

La Cumbre de Inversión SelectUSA 2026 registró según sus organizadores un récord de participación de más de 5,500 asistentes procedentes de 100 países y 55 estados y territorios estadounidenses, reunidos para aprovechar el networking presencial y la programación informativa sobre temas clave del sector que afectan a la comunidad de Inversión Extranjera Directa.

Anualmente, el evento tiene como principal objetivo promover la inversión extranjera directa conectando a empresas internacionales con organizaciones de desarrollo económico de Estados Unidos, expertos de la industria y líderes gubernamentales.

La participación de Panamá en el SelectUSA Investment Summit 2026 es una muestra de que el país tiene la capacidad de posicionarse estratégicamente ante el mundo, afirmó la Cámara de Comercio.

Alcanzar ese objetivo dependerá de nuestra capacidad colectiva para actuar con responsabilidad, construir consensos y ejecutar las decisiones que Panamá necesita.

Estados Unidos, de acuerdo a los organizadores, es una tierra de oportunidades diversas. “Nuestro gran mercado de consumidores, facilidad para hacer negocios, fuerza laboral, tecnologías, paisajes y recursos naturales, y fuentes de financiación son vastos y variados. Esta diversidad significa que existen oportunidades para empresas de todas las formas y tamaños”.

“Nuestra presencia en este importante escenario internacional reafirma el compromiso de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá con la promoción del país como una plataforma confiable para la inversión, los negocios y la innovación. También demuestra que, en un entorno global cada vez más competitivo, no podemos esperar a que las oportunidades lleguen; debemos salir a construirlas”, aseguró el presidente del gremio, Aurelio Barría Pino.

Describió que Panamá tiene fortalezas extraordinarias, entre las que describió su posición geográfica privilegiada, conectividad, estabilidad macroeconómica, un centro logístico de clase mundial y una economía con enorme potencial de crecimiento.

Pese a esto, el empresario hizo hincapié en que el mundo actual exige mucho más que ventajas naturales.

La confianza internacional, añadió que se fortalece con instituciones sólidas, políticas públicas efectivas y una visión estratégica compartida.

De acuerdo con Barría Pino, los países hoy día compiten por inversiones, talento y oportunidades.

En esa competencia, sostuvo, la capacidad de generar confianza marca la diferencia, y por ello resulta indispensable avanzar en la implementación de políticas públicas que fortalezcan la imagen internacional, que trasciendan períodos gubernamentales y respondan a objetivos nacionales de largo plazo.

“Panamá necesita decisiones consensuadas como país. Los desafíos relacionados con educación, empleo, competitividad y modernización institucional requieren diálogo, continuidad y ejecución eficiente. Construir crecimiento sostenible requiere planificación y consensos”, precisó.

En su comentario, Barría Pino puntualizó que la confianza también se construye garantizando reglas claras, fortaleciendo la seguridad jurídica y promoviendo un clima de inversión estable y predecible. Pero, sobre todo, se construye formando talento humano capaz de competir en una economía global cada vez más tecnológica y dinámica.

Para la Cámara de Comercio, los recientes debates sobre la calidad y credibilidad del sistema educativo deben servir para acelerar las transformaciones que el país necesita. Un hub logístico, financiero y tecnológico sostenible requiere capital humano preparado, aducen.

Panamá oficializó un nuevo sistema de códigos postales con cobertura nacional, que integra tecnología de geolocalización para substituir las referencias informales por direcciones precisas.

En el país es común que para tratar de ubicar un lugar la orientación que se reciba dependa de un comercio, una esquina y hasta de un árbol que se encuentre en los alrededores.

“Siga recto, doble en la primera calle, siga un poco más adelante, y donde hay un poste de energía eléctrica que siempre está encendido, dos casas después, al lado del palo de mango, allí está el lugar que anda buscando”, suele escucharse, por ejemplo, cuando se trata de ubicar un lugar de destino.

Ahora, mediante la plataforma www.codigospostalespanama.com.pa los ciudadanos podrán localizar domicilios exactos y obtener códigos específicos para agilizar el envío de mercancías, informó la Dirección de Correos y Telégrafos (COTEL).

El nuevo sistema también permitirá recibir paquetes, realizar compras en línea y enviar documentos de forma más rápida, segura y confiable, no solo para el servicio postal nacional, sino para cualquiera que necesite una dirección clara.

Este avance, agregó la entidad en una nota de prensa, es un paso fundamental hacia la formalización de los servicios postales y la eficiencia en las comunicaciones del país.

“Representa el inicio de la modernización y transformación del sistema postal en Panamá, comenzando por la correcta ubicación de las viviendas, explicó Omar Torres, director de Correos y Telégrafos.

Indicó que esta herramienta era una necesidad histórica y una deuda pendiente con el país.

Raúl Fernández, director general de la Autoridad de la Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme), manifestó por su parte que “la digitalización de los códigos postales en nuestro país es indispensable para que los marketplace de los emprendedores funcionen como funcionan en otros países”

Para Fernández, este avance se traducirá en incremento de ventas y crecimiento económico para el país.

El sistema, según se informó, cumple con estándares internacionales y para su implementación se tuvo la colaboración de la Unión Postal Universal y de la Unión Postal de las Américas, España y Portugal.

El uso del código postal es completamente gratuito, y para que los ciudadanos pueden acceder al sistema mediante el portal oficial existen tutoriales para aprender a utilizar la plataforma y conocer sus beneficios.

Además, es una ventaja competitiva para el país en materia de logística urbana y rural, homologando a Panamá con los más altos estándares internacionales en este rubro.

José Francisco García, director de Instituto Nacional de Estadística y Censo, manifestó que el sistema permitirá la geolocalización inmediata de los lugares, integrando tecnología moderna con los estándares internacionales de códigos postales ya utilizados en otros países del mundo.

Entre sus beneficios, García destacó una mayor precisión en las entregas, impulso al emprendimiento, reducción de errores y costos para empresas, y la organización total del territorio bajo un mismo esquema de alta utilidad estatal y para la empresa privada.

Este avance representa un paso fundamental hacia la formalización de los servicios postales y la eficiencia en las comunicaciones del país, puntualizó.

COTEL también anunció en marzo de este año la reactivación de los envíos a diversos destinos, entre ellos España, Francia, Italia, Alemania, Portugal, Bélgica y Gran Bretaña.

Se dijo que esta reactivación representa un paso importante en el proceso de modernización y ampliación de la red logística de la entidad.

De igual manera, la institución indicó que continúa trabajando en la optimización de sus procesos operativos y en la mejora de la atención al cliente, brindando asesoría personalizada a quienes deseen hacer uso de este servicio.

De entre 30,000 a 31,000 personas que en Panamá viven con VIH, aproximadamente 22,000 reciben tratamiento antirretroviral en clínicas de terapia que han mejorado en un 90% sus estándares de atención de infecciones oportunistas.

Estas enfermedades oportunistas son principalmente tuberculosis, criptococosis e histoplasmosis.

Para el tratamiento, que es completamente gratis, se han invertido $3.6 millones y el mismo es ofrecido en las 21 clínicas de terapia antirretroviral ubicadas en las 15 regiones de Salud.

Un informe del Ministerio de Salud, a través de la Sección de ITS/VIH/SIDA, presenta los resultados de la segunda medición de madurez del sistema para la atención del VIH avanzado e infecciones oportunistas en Panamá 2026.

La segunda medición tiene como objetivo establecer el grado de avance en el cumplimiento de los estándares para la atención integral de la enfermedad avanzada por VIH e infecciones oportunistas en las clínicas de terapia antirretroviral a nivel nacional.

Johny Castillo, jefe encargado de la Sección de ITS/VIH/SIDA, manifestó que en comparación con la primera medición realizada en 2024, se logró avanzar en ocho de los 10 estándares evaluados.

Esto permitió alcanzar un 90% de cumplimiento en las guías de manejo para enfermedad avanzada y en el abordaje de infecciones oportunistas.

Las 15 clínicas de terapia antirretroviral que participaron en la medición representan el 82% de los casos del país, es decir, unas 19,000 personas que viven con VIH y reciben tratamiento gratuito, explicó Castillo.

La medición de 2026, al igual que la realizada en 2024, es de tipo descriptivo y transversal.

A través de entrevistas a informantes clave, observación y revisión de datos, se identifican las principales brechas relacionadas con el abordaje del VIH avanzado y, en consecuencia, con el tamizaje, diagnóstico y tratamiento de infecciones oportunistas en pacientes con VIH.

El VIH es una infección viral crónica que ataca el sistema inmunológico, debilitándolo progresivamente y dejando a la persona vulnerable a diversas enfermedades.

La importancia de realizarse la prueba de VIH al menos una vez al año es vital, si se mantiene una vida sexual activa, señaló el Ministerio de Salud, recordando que la prevención y el diagnóstico temprano son clave para controlar la enfermedad.

En febrero de este año las autoridades de Salud aprobaron el Plan Estratégico Multisectorial para la Respuesta Integral al VIH y otras infecciones de transmisión sexual (ITS) 2025-2029, que define la hoja de ruta del país para fortalecer la prevención, diagnóstico, tratamiento y reducción del estigma asociado a la epidemia.

Entre los principales objetivos se establece el fortalecimiento del acceso universal a servicios preventivos, el incremento del diagnóstico temprano, la expansión de la cobertura del tratamiento antirretroviral y la eliminación de barreras estructurales que dificultan la atención integral de las personas que viven con VIH.

Las estimaciones más recientes indican que en el país entre 30,000 y 31,000 personas viven con el virus, con alrededor de 1,500 a 1,800 nuevos diagnósticos anuales, lo que evidencia una transmisión sostenida, especialmente en áreas urbanas y en población joven adulta.

Datos preliminares de 2025 reportaron 1,059 nuevos casos entre enero y octubre, con mayor incidencia en hombres y concentración en la región Metropolitana.

Los expertos en salud pública indican que uno de los principales desafíos en Panamá es la brecha en el acceso a tratamiento y continuidad terapéutica.

Informes oficiales reportan que más de 10,000 personas diagnosticadas con VIH en Panamá no reciben tratamiento antirretroviral, mientras que otras presentan interrupciones en la medicación, lo que aumenta el riesgo de progresión a sida y transmisión del virus.

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) dio la orden de proceder para la rehabilitación de la Carretera Panamericana Oeste, marcando el inicio formal de uno de los proyectos viales más relevantes bajo el modelo de Asociación Público-Privada (APP) en Panamá.

La obra, considerada estratégica por su conexión entre la capital y el interior del país, representa un paso clave en la modernización de la infraestructura vial y en la consolidación del esquema de participación privada en proyectos de gran escala.

El contrato, adjudicado al consorcio Vías del Istmo, S.A. por un monto de $312 millones, contempla la intervención de 192 kilómetros de carretera en dos tramos: Loma Campana–Penonomé y Penonomé–Santiago.

El consorcio está integrado por la Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructura, S.A. de C.V.,Calzada Construcciones, S.A.de C.V. eIngeniería Estrella, S.A., de origen dominicano.

La iniciativa incluye la construcción de retornos, señalización, estaciones de pesaje, cámaras de videovigilancia y paradas de autobuses, con el objetivo de mejorar la seguridad vial, la fluidez del tránsito y las condiciones operativas del transporte en uno de los corredores más utilizados del país.

El ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, destacó que durante la ejecución del proyecto se generarán más de 2,000 empleos directos y 4,000 indirectos, beneficiando a unas 282,000 personas.

Además, explicó que el contrato APP tendrá una duración de 20 años, que incluye fases de preconstrucción, construcción, operación y mantenimiento, bajo un esquema que busca garantizar estándares sostenidos en el tiempo.

Una vez concluida la fase de rehabilitación y construcción, la carretera quedará bajo concesión del consorcio ganador, que deberá garantizar el cumplimiento de estándares de calidad, seguridad vial y mantenimiento para recibir el pago semestral acordado con el MOP.

Según la resolución de adjudicación, el consorcio presentó la propuesta económica más competitiva: un compromiso firme de $41,347,000.00, monto que corresponde al pago semestral que hará el MOP, siempre que se cumplan los indicadores de desempeño previstos en el contrato.

Durante el primer año, el concesionario deberá cumplir con requisitos clave como la aprobación del estudio de impacto ambiental, el cierre financiero y la entrega de los diseños, además de realizar mantenimiento preventivo de la vía antes del inicio de las obras. Posteriormente, se desarrollará una fase de tres años de construcción y quince años de mantenimiento, bajo el cumplimiento de 14 estándares de desempeño, cuya falta implicará sanciones económicas.

El modelo APP establece que el contrato se regirá por la Ley 93 de 2019, incorporando mecanismos como supervisión independiente, garantías de cumplimiento y un fideicomiso, con el objetivo de asegurar la transparencia en el manejo de los recursos y la correcta ejecución del proyecto.

Además, la estructuración técnica y financiera cuenta con el respaldo de organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), lo que refuerza los estándares de gobernanza.

De acuerdo con la documentación del proyecto, el esquema contempla pagos condicionados al cumplimiento de indicadores de calidad, seguridad vial y niveles de servicio, trasladando parte del riesgo operativo al concesionario . Esto implica que el mantenimiento del pavimento, la señalización, el drenaje y la atención de fallas estructurales serán evaluados periódicamente, y cualquier incumplimiento podría derivar en penalidades económicas.

El proyecto de la Panamericana Oeste se convierte en el segundo contrato adjudicado bajo el modelo APP en Panamá, sumándose al proyecto de la Carretera Panamericana Este, que abarca más de 246 kilómetros entre Pacora y Yaviza y que actualmente se encuentra en ejecución .

El portafolio de APP en Panamá continúa expandiéndose con iniciativas en distintas fases de planificación, incluyendo proyectos como infraestructura penitenciaria, centros de servicios municipales y ampliaciones viales en corredores estratégicos . Entre estos destaca la futura licitación para la autopista Arraiján–La Chorrera y la Vía Centenario, que busca ampliar la capacidad de estas vías altamente congestionadas.

De acuerdo con el ministro del MOP, en junio se publicará el pliego de cargos para licitar la tercera APP, que contempla la ampliación y rehabilitación de 42.5 kilómetros de la Autopista Arraiján–La Chorrera y la Vía Centenario.

La obra ampliará de 4 a 6 carriles la Vía Centenario y de 6 a 8 carriles la Autopista Arraiján–La Chorrera, vías que actualmente registran altos volúmenes de tráfico en horas pico, generando congestiones que afectan la productividad, la calidad de vida de los usuarios y la seguridad vial.

A nivel regional, organismos internacionales han señalado que las APP se han convertido en una herramienta clave para cerrar brechas de infraestructura, especialmente en países con limitaciones fiscales. En el caso de Panamá, el uso de este modelo responde a la necesidad de mantener inversiones sostenidas sin comprometer de forma inmediata los recursos del Estado, al tiempo que se promueve la participación del sector privado.

El Servicio Nacional de Migración (SNM) emitió un comunicado dirigido a ciudadanos venezolanos que se encuentran en territorio panameño, informando que quienes deseen retornar voluntariamente a la República Bolivariana de Venezuela podrán acercarse a las oficinas de la institución a nivel nacional o comunicarse al número habilitado para recibir orientación sobre el proceso.

El comunicado establece que los interesados deberán cumplir con requisitos específicos, entre ellos presentar pasaporte, salvoconducto o cédula de identidad, así como la documentación correspondiente de sus acompañantes.

En caso de no contar con estos documentos, las autoridades indicaron que los ciudadanos permanecerán en albergues migratorios mientras se tramita el salvoconducto y el boleto comercial, como parte de un procedimiento que busca garantizar un retorno ordenado y seguro.

El SNM precisó que los ciudadanos venezolanos tendrán hasta el miércoles 13 de mayo para acercarse a las oficinas y completar el registro requerido, lo que permitirá coordinar el traslado correspondiente.

Este proceso será financiado en su totalidad como parte de un Memorando de Entendimiento Migratorio (MOU) suscrito entre los gobiernos de Panamá y Estados Unidos, en el marco de una estrategia regional para promover una migración ordenada, segura y regular.

En paralelo, en la ciudad capital se ha evidenciado un incremento en la presencia de migrantes venezolanos que retornan desde el norte del continente, muchos de los cuales han sido vistos en avenidas principales realizando buhonería o solicitando dinero para costear su regreso.

Este fenómeno refleja el impacto de las restricciones migratorias en Estados Unidos, que han reducido las posibilidades de ingreso y han generado un flujo inverso hacia países de tránsito como Panamá.

Las autoridades panameñas han reiterado que el objetivo de estas medidas es evitar que los migrantes queden en condición de vulnerabilidad en el país, facilitando mecanismos de retorno voluntario que permitan reducir la presión sobre los servicios públicos y mantener el control de los flujos migratorios. El programa también busca garantizar que los traslados se realicen bajo condiciones adecuadas, evitando situaciones de riesgo para los ciudadanos.

Deportaciones y expulsiones en 2026

Las estadísticas oficiales del Servicio Nacional de Migración muestran que, durante el primer trimestre de 2026, se registraron 284 casos de deportaciones y expulsiones, distribuidos en 142 deportaciones y 142 expulsiones, lo que evidencia la aplicación de medidas de control migratorio en distintos escenarios. Estas cifras reflejan un seguimiento constante de los movimientos migratorios en el país.

De acuerdo con los datos, el mes de enero concentró la mayor cantidad de casos con 172, seguido de febrero con 53 y marzo con 59, lo que indica una disminución progresiva en los meses posteriores.

Además, el informe revela que el 82% de las personas deportadas o expulsadas son hombres, mientras que el 18% corresponde a mujeres, lo que muestra una marcada diferencia por género en los procesos migratorios.

En cuanto a las causas, el principal motivo identificado es el ingreso irregular al país, con 134 casos, seguido por delitos vinculados a la seguridad colectiva, como el tráfico internacional de drogas, con 96 registros .

También se reportan casos relacionados con antecedentes penales, estadía vencida y tráfico ilícito de migrantes, lo que evidencia la diversidad de situaciones que enfrentan las autoridades migratorias.

Por nacionalidad, los datos muestran que la mayor cantidad de personas deportadas o expulsadas provienen de Colombia, Nicaragua y Venezuela, siendo este último país uno de los que mantiene presencia dentro de los flujos migratorios recientes en Panamá .

Este comportamiento se da en un contexto regional complejo, marcado por cambios en las políticas migratorias y el endurecimiento de los controles en rutas hacia el norte.

El llamado del Servicio Nacional de Migración se enmarca en este escenario, en el que Panamá busca gestionar de manera más efectiva los flujos migratorios, ofreciendo alternativas de retorno voluntario y reforzando las medidas de control. La combinación de asistencia humanitaria, coordinación internacional y supervisión institucional se perfila como el eje de la respuesta del país ante un fenómeno que continúa evolucionando en la región.

Panamá comenzó a incorporar robots quirúrgicos en hospitales públicos, con la llegada del primer equipo al Centro Hospitalario Especializado Dr. Rafael Hernández L., en David, Chiriquí, como parte de una compra de tres unidades que también serán instaladas en la Ciudad de la Salud y en el Hospital Dr. Gustavo Nelson Collado, en Herrera.

Esta adquisición marca un salto significativo en la modernización de los servicios médicos, al permitir realizar procedimientos con mayor precisión, menor invasividad y mejores resultados clínicos en diversas especialidades.

El equipo permitirá realizar cirugías complejas en áreas como urología, coloproctología, cirugía general y ginecología, especialidades donde la precisión milimétrica es clave para el éxito de los procedimientos.

A diferencia de la cirugía convencional, la cirugía asistida por robot ofrece mayor control de los instrumentos, mejor visualización en alta definición y reducción del margen de error humano, lo que se traduce en intervenciones más seguras y efectivas para los pacientes.

Uno de los principales beneficios de este tipo de tecnología es la reducción del trauma quirúrgico, ya que las intervenciones se realizan mediante técnicas mínimamente invasivas.

Esto permite menor sangrado, menos dolor postoperatorio y tiempos de recuperación más cortos, lo que impacta directamente en la calidad de vida del paciente.

En casos de cáncer de próstata, enfermedades colorrectales, patologías ginecológicas y procedimientos abdominales complejos, el uso de robots quirúrgicos ha demostrado mejorar la precisión en la resección de tejidos y preservar funciones importantes.

El doctor Erick Miranda, director médico institucional de la Caja de Seguro Social (CSS) en Chiriquí, destacó que la llegada de esta tecnología permitirá elevar el nivel de complejidad de los casos que podrán ser atendidos en la región, reduciendo la necesidad de referir pacientes a la capital.

Según explicó, un grupo de cirujanos ya inició el proceso de capacitación especializada para operar el equipo, lo que garantiza una adecuada implementación y uso de esta herramienta en beneficio de la población.

Otro de los avances que introduce esta tecnología es la posibilidad de realizar telecirugías, un modelo que permite que especialistas ubicados en otras regiones o incluso en otros países puedan participar o asistir en procedimientos quirúrgicos a distancia.

Este enfoque es especialmente relevante en países con desigualdad en el acceso a servicios de salud especializados, ya que facilita la atención oportuna sin necesidad de traslados, reduciendo costos y tiempos de espera para los pacientes.

Las telecirugías también permiten una mayor colaboración médica y transferencia de conocimiento en tiempo real, lo que contribuye a mejorar la formación de los profesionales de la salud y elevar los estándares de atención.

En situaciones complejas, un especialista puede guiar o supervisar una intervención de forma remota, lo que amplía las capacidades del sistema sanitario y fortalece la respuesta ante casos de alta complejidad.

La incorporación de este robot en Chiriquí forma parte de un plan más amplio que incluye la instalación de otros equipos en la Ciudad de la Salud y en el Hospital Dr. Gustavo Nelson Collado, en la provincia de Herrera, lo que permitirá expandir el acceso a esta tecnología en distintas regiones del país.

Esta estrategia busca descentralizar la atención especializada y reducir la brecha entre la capital y el interior, uno de los principales retos del sistema de salud panameño.

La llegada de la cirugía robótica y la telemedicina posiciona a Panamá en una ruta de modernización que apunta a elevar la competitividad del sector salud y ofrecer mejores resultados para los pacientes en el mediano y largo plazo.

La innovación estatal, transformación de gobiernos, CEPAL, Centroamérica y República Dominicana son los conceptos centrales del último informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), titulado Panorama de la Gestión Pública en América Latina y el Caribe 2025.

El documento plantea que los Estados de la región deben ir más allá de la mera reacción ante los problemas para anticipar, coordinar y liderar cambios estructurales, especialmente ante escenarios de incertidumbre y complejidad creciente.

En esta línea, la innovación pública deja de ser solo un complemento técnico y se convierte en el mecanismo para articular visión, capacidades y acción.

El informe enfatiza la necesidad de una arquitectura institucional sólida, reglas claras y equipos capacitados cuyo funcionamiento no dependa del impulso de una sola gestión.

La innovación fortalece la legitimidad democrática y permite la formación de alianzas sociales y políticas capaces de sostener reformas de mayor alcance.

A través de ejemplos concretos, la CEPAL muestra cómo la innovación ya se aplica en la región. En El Salvador y Guatemala, los Laboratorios de Aceleración del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo promueven respuestas colaborativas a desafíos como la migración y la gestión del agua, basándose en la experimentación y el aprendizaje conjunto.

En República Dominicana, la creación del Gabinete del Sector Agua y el Pacto Dominicano por el Agua 2021-2036 refuerzan la coordinación interinstitucional en el manejo de recursos hídricos y fomentan inversiones en infraestructura resiliente.

En Panamá, el programa Mujeres Indígenas Conectadas, desarrollado por la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental y el Banco Interamericano de Desarrollo, busca reducir la brecha digital de las mujeres indígenas y facilitar su acceso a servicios públicos digitales.

La Red de Evaluación de Tecnologías en Salud de las Américas (RedETSA), donde participa República Dominicana, destaca por su aporte en la toma de decisiones clínicas y regulatorias.

Las políticas de reinserción productiva para migrantes retornados en El Salvador y Guatemala impulsan la integración económica mediante certificación de competencias y desarrollo de habilidades para el empleo y el emprendimiento. En Belice, acuerdos para la conservación marina y la planificación espacial han recibido reconocimiento internacional como innovaciones en la gestión de recursos naturales.

El informe señala el impacto de la digitalización y la inteligencia artificial en la administración pública, abarcando desde la prestación de servicios hasta los mecanismos de toma de decisiones y la promoción de la participación ciudadana. La colaboración interinstitucional, la integración de tecnologías digitales y el enfoque territorial surgen como tendencias que permiten a los Estados responder de manera más eficiente y equitativa a los desafíos locales.

La CEPAL subraya la importancia de desarrollar métricas y mecanismos de evaluación para medir el impacto real de la innovación estatal. Considera que solo con una integración estratégica de la innovación en la gestión pública se logran cambios sostenidos que impactan en la vida de la población.

Aunque Centroamérica y República Dominicana han registrado avances en la modernización administrativa, la incorporación de tecnologías y la profesionalización del servicio civil, la región sigue sin lograr transformaciones estructurales capaces de superar el bajo crecimiento, la desigualdad y la debilidad institucional.

Esta situación pone en cuestión el paradigma incrementalista de la modernización, centrado en procesos y eficiencia, y plantea la necesidad de adoptar un enfoque donde las instituciones funcionen como sistemas adaptativos, preparados para liderar cambios estratégicos.

El aumento en los precios del combustible a nivel internacional ha llevado al Gobierno de Panamá a reforzar el subsidio dirigido a transportistas, en un intento por evitar incrementos en el costo del pasaje y contener presiones inflacionarias sobre la economía.

La medida, implementada desde abril de 2026, se ha convertido en una de las principales herramientas de mitigación económica, en medio de un entorno marcado por la volatilidad energética.

El administrador de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), Adolfo Fábrega, destacó que el sistema ha registrado cerca de un millón de transacciones en su primer mes de operación, lo que evidencia el alto nivel de adopción del subsidio entre transportistas.

El programa, que inició el 15 de abril de 2026, funciona mediante una plataforma digital que permite acceder a precios preferenciales, siempre que los beneficiarios cumplan con requisitos como registro, documentación vigente y validación de datos.

Actualmente existen aproximadamente 60 mil transportistas inscritos, lo que confirma la rápida expansión del subsidio en sectores como transporte de carga, pasajeros y actividades productivas.

Sin embargo, Fábrega advirtió que aún hay alrededor de 600 transportistas que deben completar información adicional, un paso necesario para asegurar la correcta focalización del beneficio, especialmente en el transporte de alimentos. Según explicó, en el 98% de los casos el sistema opera con normalidad, dentro de los parámetros establecidos.

El funcionario indicó que el uso del subsidio continuará creciendo en los próximos días, a medida que se integren los transportistas que aún no han completado su registro.

Esta incorporación progresiva permitirá ampliar la cobertura y mejorar la eficiencia del sistema, en un esquema que incluye controles como topes de consumo, monitoreo digital y validación en tiempo real, con el objetivo de garantizar la transparencia del proceso.

Desde el punto de vista fiscal, el subsidio representa un desafío para las finanzas públicas. El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, explicó que la estimación inicial del programa era de unos $10 millones mensuales; luego, debido a una demanda mayor a la esperada, se calculó que el costo podía acercarse a los $15 millones. Sin embargo, por ahora el gasto se mantiene en torno a los $10 millones mensuales, porque el aumento reciente en los precios del combustible ha sido menor al proyectado.

Esta variación responde al carácter dinámico del programa, que se ajusta periódicamente según el comportamiento del mercado.

Chapman detalló que el subsidio se revisa cada 15 días, periodo durante el cual se mantiene un precio congelado para los transportistas, lo que permite amortiguar el impacto de las fluctuaciones internacionales.

El objetivo es que el subsidio cubra una parte significativa del aumento en los costos, evitando que estos se trasladen directamente a los usuarios mediante incrementos en tarifas de transporte.

El ministro subrayó que el programa no solo depende del precio del combustible, sino también del volumen de consumo, una variable que puede variar según la actividad económica.

Esta combinación hace que el costo total sea difícil de anticipar con precisión, por lo que el Gobierno mantiene un monitoreo constante para ajustar el subsidio según la evolución de la demanda.

El esquema permite acceder a precios reducidos, con valores de $0.88 por litro para gasolina de 91 octanos, $0.90 para diésel y $1.00 para gasolina de 95 octanos, lo que representa un alivio frente al mercado internacional.

Este mecanismo ha sido clave para contener presiones inflacionarias, dado que el combustible es uno de los principales componentes en la estructura de costos del transporte y la logística.

Chapman reiteró que el subsidio es una medida temporal y de contención, cuyo principal objetivo es evitar aumentos en el pasaje y proteger el poder adquisitivo de los ciudadanos.

No obstante, advirtió que si los precios internacionales del combustible aumentan de forma significativa, el Estado tendría que evaluar un ajuste en el subsidio, lo que implicaría una mayor presión sobre las finanzas públicas.

El programa tendrá una duración inicial de 10 meses, periodo durante el cual se evaluará su impacto económico y social. En ese tiempo, el Gobierno buscará equilibrar la necesidad de apoyar a los sectores productivos con la sostenibilidad fiscal, en un contexto donde la evolución del mercado energético seguirá siendo un factor determinante para la economía panameña.

Un insólito episodio salió a la luz en las últimas horas en la provincia de Santa Fe, luego de que una pareja de pasajeros que viajaba en un vuelo internacional fuera acusada de haber intentado mantener relaciones sexuales a bordo de la aeronave.

El hecho ocurrió este sábado en un vuelo de Copa Airlines que partió desde Panamá y aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Rosario durante la madrugada. Según se informó, los pasajeros demorados son un hombre de 55 años y una mujer de 60, quienes fueron encontrados semidesnudos en sus asientos, ubicados en la fila F de uno de sus vuelos.

De acuerdo con fuentes cercanas al caso citadas por Infobae, ante la situación, la jefa de cabina elevó el reporte al supervisor de la compañía aérea y manifestó su intención de iniciar una acción penal por exhibicionismo.

En el marco de los protocolos establecidos para este tipo de incidentes, se dio intervención al Ministerio Público de la Acusación de la provincia de Santa Fe. Se indicó que los implicados fueran entregados a la comisaría para realizar las diligencias correspondientes.

Entre ellas, se incluyó la identificación formal de los pasajeros y la toma de fotos.

Qué dice el Código Aeronáutico

El Código Aeronáutico, regulado por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), no contempla una disposición puntual sobre la realización de actos sexuales en el interior de una aeronave. Este tipo de conductas, sin embargo, infringe las reglas que regulan el comportamiento de los pasajeros y puede obstaculizar la tarea del comandante, responsable de garantizar el orden y la seguridad durante el vuelo.

El comandante tiene la facultad de intervenir ante cualquier situación que ponga en riesgo la seguridad, la disciplina o el desarrollo normal de la operación. Cuando se trata de episodios de exhibicionismo, el hecho puede derivar en intervenciones contravencionales o penales, fuera del ámbito del Código Aeronáutico. Además, la ANAC cuenta con normativas específicas sobre conductas que alteren el desarrollo habitual del vuelo.

Por su parte, la aerolínea puede imponer sanciones a los pasajeros involucrados, e incluso restringirles la posibilidad de embarcar en futuros vuelos.

Un hombre de 36 años fue condenado a 12 años de prisión por violación agravada y tentativa de violación, en perjuicio de dos mujeres, en un caso ocurrido en Arraiján durante julio de 2025, mientras que en otro proceso, un ciudadano de 40 años recibió una pena de 15 años por violación agravada y actos libidinosos contra dos menores de edad en La Chorrera, reflejando la gravedad de los delitos sexuales que continúan siendo judicializados en el país.

Estas condenas se suman a otras investigaciones recientes, como la detención provisional de un imputado por actos libidinosos agravados y corrupción de menores, evidenciando una acción sostenida del Ministerio Público frente a este tipo de delitos, que mantienen alta incidencia a nivel nacional.

Las decisiones judiciales se producen en un contexto en el que los delitos sexuales siguen registrando cifras relevantes en Panamá, con un total de 1,441 denuncias en el primer trimestre de 2026, de acuerdo con estadísticas oficiales.

De ese total, 1,302 casos corresponden a violación y otros delitos sexuales, mientras que 139 están vinculados a corrupción de menores, explotación sexual y conductas relacionadas, lo que confirma que la mayor carga del sistema penal sigue concentrada en hechos de alta gravedad contra la integridad sexual.

Dentro de las condenas recientes, el caso ocurrido en Panamá Oeste detalla que el agresor utilizaba un vehículo como parte de un servicio de transporte alternativo, lo que facilitó la comisión de los delitos en horas de la noche.

El tribunal validó un acuerdo de pena entre las partes, además de imponer sanciones accesorias como la prohibición de conducir y la suspensión de la licencia por 12 años, medidas que buscan limitar la reincidencia y proteger a la población.

En el segundo caso, que involucra a dos menores de edad, uno de los hechos se extendió entre mayo y septiembre de 2021, afectando a una adolescente de 15 años con discapacidad, mientras que el otro ocurrió en febrero de 2022, cuando el agresor, aprovechando su cercanía con la familia, realizó tocamientos a una menor de 11 años.

La sentencia incluye la inhabilitación para ejercer cargos o actividades en espacios donde concurren menores, lo que refuerza el enfoque preventivo tras el cumplimiento de la pena principal.

Las cifras reflejan además cuáles son los delitos más frecuentes. Según el informe del Ministerio Público, el delito de acceso sexual con persona entre 14 y 18 años acumula 532 casos, seguido por 469 denuncias de violación y 224 de actos libidinosos, lo que evidencia patrones reiterados en la tipificación de estos hechos.

También se observa un aumento significativo en delitos como la pornografía infantil, que registra un crecimiento notable en comparación con el año anterior.

A nivel territorial, el fenómeno presenta una mayor concentración en áreas urbanas. El informe detalla que la provincia de Panamá registra 307 casos, seguida de Panamá Oeste con 180 y Chiriquí con 223 denuncias, lo que confirma que las zonas con mayor densidad poblacional también concentran la mayor cantidad de reportes.

No obstante, el problema tiene presencia en todo el país, incluyendo comarcas y regiones de menor población.

Aunque el total de denuncias muestra un incremento leve de 1% respecto al mismo período de 2025, las variaciones por tipo de delito revelan comportamientos distintos.

Mientras los casos de violación disminuyen 12%, otros delitos como la corrupción de menores aumentan 25% y la pornografía infantil registra un alza de hasta 700%, lo que refleja una evolución en las modalidades delictivas vinculadas al uso de tecnología y entornos digitales.

En este escenario, el Ministerio Público ha reiterado su compromiso de mantener investigaciones objetivas, transparentes y orientadas a garantizar justicia para las víctimas, al tiempo que continúa fortaleciendo la acción penal en los tribunales.

La combinación de condenas recientes, procesos en curso y estadísticas acumuladas confirma que los delitos contra la libertad e integridad sexual siguen siendo uno de los principales desafíos para el sistema judicial panameño.

El incremento sostenido de ataques cibernéticos contra instituciones del Estado panameño ha encendido las alertas sobre la capacidad de respuesta y el nivel de inversión pública en ciberseguridad, luego de que en 2026 se confirmaran múltiples incidentes que han afectado desde plataformas digitales hasta cuentas oficiales en redes sociales.

Ante este escenario, surge una pregunta clave: ¿cuánto destina realmente Panamá para proteger su infraestructura digital?. De acuerdo con datos oficiales, el país invierte alrededor de $26 millones en ciberseguridad, de los cuales $6 millones corresponden a la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) y cerca de $20 millones adicionales se distribuyen en el resto de las entidades del Estado, en medio de una creciente presión por fortalecer sistemas y cerrar vulnerabilidades.

El director de la AIG, Adolfo Fábrega, aseguró que el país mantiene un enfoque activo para cerrar vulnerabilidades y fortalecer la defensa de sus sistemas, al tiempo que destacó que el Estado no ha pagado rescates ante incidentes de ciberseguridad.

“El enfoque es claro: identificar y cerrar vulnerabilidades de forma constante”, explicó Fábrega, al detallar que existe un programa ambicioso de remediación que ya ha permitido ubicar la mayoría de las debilidades en los sistemas gubernamentales.

“Lo que tenemos es que simplemente terminar de cerrarlas”, indicó, al subrayar que este proceso no se detiene y evoluciona diariamente, debido a que las amenazas continúan surgiendo a medida que avanza la digitalización de los servicios públicos.

El funcionario insistió en que la estrategia del Gobierno busca evitar que los ataques se conviertan en incidentes con impacto operativo. “Ataques hay todos los días, pero el punto es cómo se gestionan”, afirmó, al destacar que el país ha reforzado su equipo de respuesta a incidentes (CSIRT), encargado de atender y mitigar eventos de seguridad.

Este equipo cuenta con capacitación especializada y apoyo internacional, lo que permite responder de forma más eficiente ante posibles vulneraciones.

El contexto reciente evidencia la presión que enfrentan las instituciones. En lo que va de 2026, al menos nueve entidades del Estado han sido blanco de ataques, incluyendo casos de ransomware, intrusiones y usurpación de identidad digital.

Entre los episodios más visibles se encuentran afectaciones en la Contraloría General, que sufrió dos incidentes en redes sociales, así como alertas en entidades como la Caja de Seguro Social (CSS) y plataformas digitales vinculadas al sector empresarial.

Fábrega explicó que el incremento de estos ataques no es exclusivo de Panamá, sino que responde a una tendencia global impulsada por la aceleración de la digitalización.

“A mayor digitalización, mayor superficie de ataque y mayor visibilidad para los ciberdelincuentes”, sostuvo, al indicar que el país ha avanzado rápidamente en la implementación de plataformas digitales en los últimos dos años, lo que ha obligado a fortalecer los esquemas de protección.

Uno de los pilares de esta estrategia es la gobernanza en ciberseguridad, orientada a ordenar procesos internos y establecer controles más estrictos. Según el director de la AIG, el objetivo es garantizar que, aunque los ataques continúen, los sistemas estén preparados para resistirlos y minimizar sus efectos.

En este sentido, reiteró que el Estado ha logrado contener los impactos más críticos sin recurrir al pago de rescates, una práctica que suele alimentar el ciclo del crimen digital.

Además de la protección de sistemas, la AIG impulsa proyectos para reforzar la confianza en los servicios digitales del Estado. Entre ellos destaca una plataforma en desarrollo junto al Ministerio de Educación, que permitirá certificar diplomas académicos y facilitar su validación por parte de empleadores, reduciendo el riesgo de fraude documental mediante herramientas tecnológicas.

El desafío, sin embargo, sigue siendo estructural. Panamá enfrenta una combinación de alta exposición digital, creciente dependencia tecnológica y ataques cada vez más sofisticados, lo que obliga a mantener inversiones sostenidas en ciberseguridad.

Aunque el monto actual de $26 millones representa un esfuerzo relevante, el entorno global sugiere que la protección de la infraestructura digital será un componente cada vez más crítico dentro del gasto público y de la estabilidad institucional.

Panamá enfrenta el reto de mejorar su competitividad para atraer más empresas multinacionales, pese a que ya cuenta con 192 compañías instaladas bajo regímenes especiales, un crecimiento que refleja el potencial del país, pero también sus limitaciones estructurales.

Así lo planteó Tony Roldán, presidente y director ejecutivo de la Cámara de Sedes de Empresas Multinacionales (CASEM), quien advirtió que, para sostener este dinamismo, el país debe avanzar en reformas clave como la actualización de la ley de estabilidad jurídica, la agilización de visados y el fortalecimiento del capital humano, especialmente en el dominio del idioma inglés.

Roldán subrayó que uno de los principales desafíos es la limitación de la estabilidad jurídica a un periodo de 10 años, lo que no se ajusta a la realidad de las inversiones de largo plazo.

“Las empresas no invierten por diez años, invierten de forma continua”, planteó, al insistir en la necesidad de armonizar la legislación panameña con estándares internacionales para mantener la competitividad frente a otros países.

La Ley 54 de 22 de julio de 1998, que establece el régimen de estabilidad jurídica para las inversiones en Panamá, garantiza a inversionistas nacionales y extranjeros que, una vez registrado su proyecto ante el Ministerio de Comercio e Industrias, no serán afectados por cambios posteriores en el régimen impositivo, laboral o aduanero vigente al momento de la inversión.

Roldán también indica que es necesario actualizar los procesos migratorios y de visado, que requieren mayor agilidad para facilitar la llegada de talento especializado que complemente el desarrollo de operaciones en el país.

Otro punto crítico es el déficit en capital humano, donde el idioma inglés se mantiene como la principal barrera para que más panameños accedan a empleos en multinacionales. Roldán advirtió que, además del idioma, se requieren habilidades digitales y competencias blandas, lo que ha llevado al sector privado a impulsar iniciativas como la Academia SEM, enfocada en conectar talento universitario con las necesidades de las empresas.

En ese contexto, el presidente del Sindicato de Industriales de Panamá, Rosmer Jurado, coincidió en que el país no puede “seguir haciendo más de lo mismo” y debe apostar por el fortalecimiento del capital humano y la diversificación económica.

Señaló que Panamá ha mostrado un rezago en esta área, lo que limita la capacidad de atraer inversiones de mayor valor agregado, especialmente en sectores como la industria y la manufactura, que ofrecen mayor estabilidad y mejores salarios.

Jurado también puso el foco en la necesidad de revisar el desempeño del régimen EMMA, que no ha tenido el mismo éxito que el régimen SEM. Mientras este último ha logrado atraer más de 190 multinacionales, EMA apenas ha captado 2 empresas, lo que evidencia fallas estructurales. Entre los factores señalados están la rigidez laboral, deficiencias en infraestructura y limitaciones en servicios básicos, como agua y energía, elementos clave para el desarrollo industrial.

El dirigente gremial destacó además la importancia de mantener reglas claras y estabilidad jurídica, tanto para inversionistas extranjeros como para empresas locales. “No podemos cambiar las reglas del juego constantemente”, advirtió, al señalar que la incertidumbre regulatoria puede frenar decisiones de inversión.

También insistió en que el país debe diversificar su matriz económica, reduciendo la dependencia de sectores tradicionales como construcción y servicios, e impulsando la producción de bienes con valor agregado para mercados internacionales.

Estas posiciones fueron parte del Foro Gobernabilidad, Transparencia y Competitividad, organizado por CASEM, el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) e INCAE, que reunió a más de 150 líderes del sector público, privado y multilateral para discutir los retos de Panamá en materia de inversión y desarrollo económico.

Durante el evento, se destacó que la competitividad depende no solo de incentivos, sino de la capacidad del país para eliminar barreras, agilizar procesos y fortalecer la coordinación institucional.

En esa misma línea, la viceministra de Comercio Exterior, Astrid Ábrego, enfatizó que en la economía global actual la confianza institucional se ha convertido en el principal activo de las naciones.

Señaló que las decisiones de inversión ya no dependen únicamente de beneficios fiscales o ubicación geográfica, sino de factores como la transparencia, la estabilidad jurídica y la predictibilidad a largo plazo, elementos clave para atraer capital de calidad.

Ábrego destacó que Panamá alberga actualmente 192 empresas multinacionales bajo el régimen SEM, con un impacto económico superior a $1,400 millones en inversión extranjera directa, lo que ha contribuido a la generación de empleo, la transferencia de conocimiento y el fortalecimiento del capital humano.

Sin embargo, subrayó que el objetivo del país no es solo atraer inversión, sino atraer inversión de calidad, que genere innovación, valor agregado y desarrollo sostenible.

La funcionaria también mencionó iniciativas impulsadas por el MICI para mejorar el entorno de negocios, como la digitalización de procesos, la reorganización de PROPANAMÁ y el fortalecimiento de los regímenes SEM y EMMA, con el fin de ofrecer mayor seguridad jurídica y eficiencia a los inversionistas.

Estas acciones forman parte de una estrategia más amplia para posicionar a Panamá como un hub regional de inversión, innovación y servicios globales, dijo la funcionaria.

En paralelo, el país avanza en su aspiración de integrarse a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), lo que implica adoptar estándares internacionales de gobernanza, transparencia y regulación.

Este proceso, según coincidieron los participantes del foro, es clave para mejorar la credibilidad internacional de Panamá y consolidar su posición como destino competitivo en un entorno global cada vez más exigente.

En conjunto, el mensaje del sector público y privado apunta a una misma dirección: Panamá tiene el potencial para seguir atrayendo inversión, pero necesita avanzar en reformas estructurales, fortalecer su capital humano y garantizar un entorno de negocios estable, transparente y predecible, capaz de competir con los principales centros de inversión del mundo.

Siete mujeres fueron imputadas por el delito de peculado doloso agravado en grado de complicidad primaria en Panamá, en un caso vinculado a la Junta Comunal de Belisario Porras, en el distrito de San Miguelito, como parte de una investigación que revela una presunta afectación económica al Estado por más de $7.3 millones.

La acción fue solicitada por la Procuraduría General de la Nación, a través de su Sección de Investigación y Juicio de Causas Complejas de la Fiscalía Anticorrupción, en el marco de la Operación Eco Distante, que ha puesto el foco en el manejo de fondos públicos en estructuras locales.

De acuerdo con el Ministerio Público, las imputadas habrían recibido cheques en más de una ocasión por supuestos servicios prestados a la junta comunal, sin que exista evidencia documental que respalde dichos trabajos.

La investigación, sustentada en una auditoría de la Contraloría General de la República, determinó que del total de $8,098,668.62 desembolsados, al menos $7,367,683.17 se destinaron a pagos por servicios no comprobados, lo que configura el núcleo del caso que ahora avanza en el sistema judicial.

Durante la audiencia, la juez de garantías ordenó la aplicación de medidas cautelares diferenciadas para las siete imputadas. Tres de ellas deberán cumplir detención provisional, mientras que otras dos quedaron bajo retención domiciliaria.

Las dos restantes deberán presentarse bajo notificación periódica, en una decisión que tomó en cuenta los planteamientos de la Fiscalía y las argumentaciones de las defensas, en un proceso que continuará en las siguientes etapas judiciales.

El caso se originó tras una denuncia presentada por la Autoridad Nacional de Descentralización, que alertó sobre irregularidades en el uso de fondos del Programa de Interés Social asignados a la junta comunal.

A partir de esta denuncia, el Ministerio Público inició una serie de diligencias investigativas, incluyendo la solicitud de una auditoría formal que evidenció un patrón de desembolsos irregulares mediante cheques a favor de un grupo de personas, incluidas las ahora imputadas.

El informe de auditoría también detalla el uso del resto de los fondos públicos, señalando que $262,021.18 fueron destinados a bolsas de comida y productos, $123,566.70 a materiales de construcción, $93,000.00 a apoyo deportivo, y $92,267.57 a apoyos económicos diversos.

Además, se identificaron $160,130.00 en desembolsos sin documentos, lo que refuerza las sospechas de manejo irregular de recursos públicos en distintas áreas de ejecución presupuestaria.

Según el sustento de la Fiscalía, las imputadas habrían recibido pagos individuales que oscilaban entre $1,000 y $2,000, en algunos casos con intervalos menores a 15 días, lo que levantó alertas sobre la frecuencia y justificación de los desembolsos.

Incluso, se detectó que tres de las imputadas recibieron pagos mientras mantenían cargos en otras instituciones del Estado, lo que agrava las sospechas de irregularidad en la asignación de estos recursos.

Durante el periodo investigado, la Junta Comunal de Belisario Porras estuvo bajo la administración de César “Pelé” Caballero, quien fue electo como representante del corregimiento para el periodo 2019-2024.

En esos años se realizaron la mayoría de los desembolsos que hoy son objeto de investigación, relacionados con pagos por supuestos servicios prestados que no cuentan con sustento documental suficiente, según las auditorías practicadas.

Caballero falleció el noviembre de 2023, tras ser asesinado a tiros frente a su residencia, en medio del ejercicio de su cargo. Este hecho ocurrió antes de que avanzaran las actuales fases del proceso judicial, por lo que las investigaciones se concentran en la gestión administrativa desarrollada durante su periodo.

Como parte del avance del caso, previamente se había vinculado a un extesorero de la junta comunal, procesado por su presunta participación en el manejo irregular de recursos del Programa de Interés Social y fondos de descentralización.

Este elemento ha sido clave para reconstruir la ruta de los desembolsos y establecer posibles irregularidades en el uso de dinero estatal.

Este caso no es aislado. En diciembre de 2025, por esta misma causa, fueron imputados y enviados a detención provisional dos exfuncionarios de la junta comunal, lo que indica que la investigación se ha ido ampliando para abarcar a distintos actores involucrados en la presunta trama.

La Fiscalía ha reiterado que las investigaciones continúan con el objetivo de deslindar responsabilidades y determinar la participación de otros posibles implicados.

El caso de Belisario Porras se suma a una serie de operativos anticorrupción realizados en 2026 en distintas partes del país. Entre ellos destacan la Operación Comuna en Arraiján, donde fueron detenidos exfuncionarios por una lesión patrimonial superior a $815,000, y la Operación Litus en Colón, que derivó en la captura de un exalcalde y otros implicados en desvío de fondos.

Asimismo, se han registrado imputaciones en juntas comunales como San Francisco y Ancón, evidenciando un patrón de investigaciones en gobiernos locales.

Las cifras reflejan un incremento significativo en las denuncias por corrupción, que aumentaron un 71% hacia el cierre de 2025, manteniendo presión sobre el sistema judicial en 2026. Actualmente, las fiscalías anticorrupción gestionan más de 4,700 causas activas, siendo el peculado el delito predominante, con más de 700 investigaciones en curso.

A nivel internacional, Panamá mantiene una puntuación de 33 sobre 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción, ubicándose en la posición 116 a nivel mundial.

Un ciudadano de nacionalidad mexicana, buscado por las autoridades de Estados Unidos por abuso sexual infantil, fue arrestado en Panamá cuando intentaba utilizar el Aeropuerto Internacional de Tocumen como punto de escala para escapar, según informó EFE. El operativo fue ejecutado por agentes de la Policía Nacional de Panamá y personal de Migración, quienes actuaron tras la activación de alertas internacionales de la Interpol.

De acuerdo con el comunicado difundido por la Oficina Central Nacional de Interpol Panamá, el sospechoso viajaba en tránsito desde Medellín con destino a México cuando fue interceptado por las autoridades panameñas. El hombre, cuya identidad no fue revelada, quedó bajo custodia de los organismos correspondientes a la espera de la solicitud formal de extradición por parte de Estados Unidos, a través de la Fiscalía de Asuntos Internacionales.

El Servicio Nacional de Migración confirmó que el extranjero tenía vigente una orden de arresto emitida por autoridades estadounidenses, vinculada a presuntos delitos relacionados con crueldad y abuso contra menor de edad. Según detalló EFE, el procedimiento se realizó en el principal aeropuerto panameño, considerado un importante centro de conexiones para la región.

“La persona requerida por las autoridades de Estados Unidos fue detenida cuando transitaba por el Aeropuerto Internacional de Tocumen, tras la activación de alertas internacionales”, señaló la Policía Nacional en su comunicado recogido por EFE. Las autoridades panameñas pusieron al detenido a disposición de los organismos judiciales competentes para el inicio del proceso de extradición, conforme los protocolos internacionales.

Hasta el momento, no se han dado a conocer más detalles sobre la identidad del sospechoso ni sobre el avance del proceso judicial, mientras las autoridades de Panamá y Estados Unidos mantienen la coordinación para la resolución del caso.

Otros casos de detención

Las autoridades de Panamá realizaron varias detenciones de alto perfil por solicitudes de extradición de Estados Unidos en el Aeropuerto Internacional de Tocumen durante abril y mayo de 2026. Los arrestos incluyeron a ciudadanos de Cuba, Irán, Honduras y México, quienes estaban vinculados a delitos como narcotráfico, lavado de dinero, abuso sexual y terrorismo.

La Policía Nacional de Panamá y la Interpol reforzaron los controles migratorios en la principal terminal aérea del país. En abril, un ciudadano cubano fue capturado en la Terminal 2 tras llegar de Surinam y mientras intentaba viajar a México. El individuo era requerido por las autoridades estadounidenses por delitos graves. El mismo mes, la policía detuvo a un ciudadano iraní acusado de fraude y lavado de dinero, también buscado por la justicia de Estados Unidos.

Entre los detenidos figura un ciudadano hondureño vinculado a una red internacional de cocaína y un mexicano en tránsito requerido por abuso sexual. Un portavoz de la Policía Nacional confirmó a Reuters: “Las operaciones en Tocumen permiten la captura de sujetos de interés internacional en tránsito o intento de ingreso a Panamá”.

El Aeropuerto Internacional de Tocumen se consolida como un punto clave para la cooperación judicial entre Panamá y Estados Unidos. Más de una decena de personas han sido capturadas en 2026 por pedidos de extradición internacional.

Panamá confirmó un segundo caso importado de sarampión, lo que refuerza la alerta sanitaria en el país en medio de un contexto regional de reemergencia de la enfermedad.

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que se trata de una viajera internacional de 19 años, de nacionalidad suiza, que ingresó recientemente por el Aeropuerto Internacional de Tocumen, procedente de Costa Rica, y que presentó síntomas compatibles con el virus, activando de inmediato los protocolos de vigilancia epidemiológica.

La confirmación de este segundo caso se produce horas después del anuncio del primer caso importado, detectado en un viajero que ingresó por la frontera de Costa Rica con Bocas del Toro, lo que evidencia un patrón vinculado a la movilidad internacional.

En ambos casos, el diagnóstico fue validado por el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (ICGES), mediante pruebas de laboratorio protocolizadas, lo que permitió confirmar la presencia del virus y activar las medidas de control correspondientes.

De acuerdo con el reporte oficial, la paciente presentó fiebre alta, erupciones cutáneas (exantema), tos y secreción nasal, síntomas característicos del sarampión. La joven recibió atención en un hospital privado, donde se le practicaron los estudios correspondientes y se mantiene bajo seguimiento clínico.

Las autoridades sanitarias reiteraron que se trata de un caso importado, y que hasta el momento no existe evidencia de transmisión comunitaria en Panamá, aunque se mantiene la vigilancia activa en todo el territorio.

Tras la notificación inicial, los Equipos de Respuesta Rápida de la Región Metropolitana de Salud activaron de inmediato un conjunto de acciones para contener cualquier posible propagación.

Entre las medidas implementadas se incluyen la investigación y seguimiento de contactos, la verificación de esquemas de vacunación, la aplicación de bloqueo vacunal en personas expuestas y la vigilancia epidemiológica en sitios identificados, además de la coordinación interinstitucional para reforzar la prevención.

El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que se transmite por vía aérea a través de gotículas respiratorias, lo que facilita su rápida propagación en entornos con baja cobertura de vacunación.

El virus afecta inicialmente las vías respiratorias, antes de extenderse al resto del cuerpo, generando síntomas como fiebre elevada, congestión nasal, ojos rojos, malestar general y una erupción cutánea rojiza característica.

En algunos casos, puede derivar en complicaciones graves, especialmente en niños y personas con sistemas inmunológicos debilitados.

En Panamá, la enfermedad se mantiene bajo control desde hace décadas. El país no reporta casos autóctonos de sarampión desde 1995, logro atribuido a la cobertura sostenida de vacunación y a un sistema de vigilancia epidemiológica robusto.

Sin embargo, se han registrado casos importados esporádicos, como los documentados en 2011 y los dos recientes en 2026, lo que refleja el riesgo constante asociado a la movilidad internacional y los brotes en otros países.

Ante este escenario, el Minsa reiteró que la vacunación es la principal herramienta de prevención, e instó a la población a mantener actualizado el esquema nacional de inmunización, especialmente en niños, adolescentes y personas que viajan al extranjero.

También recomendó que quienes presenten síntomas compatibles y antecedentes de viaje o contacto con viajeros internacionales acudan de inmediato a un centro de salud y eviten el contacto con otras personas para reducir el riesgo de contagio.

Las autoridades sanitarias subrayaron que se mantiene activa la vigilancia epidemiológica en todo el país, con el objetivo de detectar oportunamente cualquier nuevo caso y evitar la reintroducción sostenida del virus en la población.

En un contexto de mayor circulación global del sarampión, la respuesta rápida, el seguimiento de contactos y la inmunización siguen siendo las herramientas clave para preservar el estatus sanitario de Panamá frente a esta enfermedad.

Panamá confirmó un caso importado de sarampión en un viajero internacional que ingresó recientemente al país por la frontera con Costa Rica en Bocas del Toro, lo que activó los protocolos de vigilancia epidemiológica en medio de un contexto regional marcado por la rápida propagación de la enfermedad en América Latina.

El Ministerio de Salud (Minsa) detalló que el paciente, un ciudadano extranjero de 21 años, había realizado un recorrido por México y varios países de Centroamérica, incluyendo Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, antes de su llegada a territorio panameño.

La confirmación del caso fue realizada por el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (ICGES), mediante las pruebas de laboratorio protocolizadas para este tipo de enfermedades.

El paciente presentó síntomas compatibles con sarampión, entre ellos fiebre, erupciones cutáneas, tos y secreción nasal, por lo que acudió a un hospital privado, donde se le tomaron muestras para su análisis.

Actualmente, el caso se mantiene bajo seguimiento clínico y estricta vigilancia epidemiológica, mientras las autoridades sanitarias refuerzan las medidas de control.

El Minsa informó además que se encuentra bajo investigación epidemiológica una segunda viajera internacional con síntomas sospechosos, lo que ha elevado el nivel de alerta en el sistema sanitario.

Desde la notificación inicial, los Equipos de Respuesta Rápida en las regiones de Bocas del Toro y Metropolitana activaron acciones inmediatas, incluyendo la identificación y seguimiento de contactos, la verificación de esquemas de vacunación, la aplicación de bloqueo vacunal y la vigilancia en sitios identificados como posibles focos de exposición.

Las autoridades sanitarias enfatizaron que, hasta el momento, este evento corresponde a un caso importado y que no existe evidencia de transmisión comunitaria en Panamá, lo que mantiene al país fuera de un escenario de brote local.

Sin embargo, recordaron que el sarampión es altamente contagioso, con capacidad de propagarse por vía aérea, lo que obliga a mantener una respuesta rápida y coordinada para evitar su diseminación en la población.

Panamá no reporta casos autóctonos de sarampión desde noviembre de 1995, un logro atribuido a la alta cobertura de vacunación y a la fortaleza del sistema de vigilancia epidemiológica.

Desde entonces, solo se han registrado casos importados esporádicos, incluyendo cuatro en 2011. De acuerdo con cifras oficiales, hasta febrero de 2026 se han aplicado más de 7 millones de dosis de la vacuna contra el sarampión, con una cobertura histórica que oscila entre 80% y 94% en la primera dosis, aunque con una leve disminución en la segunda dosis en algunos grupos etarios.

En este contexto, el Minsa adelantó la semana de vacunación, realizándola del 23 al 30 de abril de 2026, con el objetivo de reforzar la inmunización comunitaria ante el aumento de casos en la región.

La estrategia incluyó el despliegue de personal en áreas con baja cobertura vacunal, así como en comunidades con dificultades de acceso, con el fin de cerrar brechas y evitar la reintroducción sostenida del virus en el país.

A nivel regional, el sarampión ha mostrado una reemergencia preocupante en América Latina, impulsada por la disminución en las tasas de vacunación, los movimientos migratorios y la persistencia de bolsones de población no inmunizada.

Organismos internacionales han advertido sobre la rápida propagación del virus, que puede generar brotes en comunidades con cobertura insuficiente, lo que incrementa el riesgo para países con alta movilidad de viajeros, como Panamá.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha reiterado que el sarampión sigue siendo una de las enfermedades infecciosas más contagiosas, aunque su letalidad global ha disminuido significativamente gracias a la vacunación.

Entre 2000 y 2024, la inmunización evitó cerca de 59 millones de muertes, lo que representa una reducción del 88% en la mortalidad mundial asociada a esta enfermedad. No obstante, la OMS advierte que cualquier descenso en la cobertura puede revertir estos avances y facilitar nuevos brotes.

El Minsa reiteró que la vacunación sigue siendo la medida más efectiva de protección, y recomendó a las personas que planean viajar a zonas afectadas que se inmunicen al menos 15 días antes del viaje, para garantizar una respuesta adecuada del sistema inmunológico.

Asimismo, recordó que los síntomas del sarampión incluyen fiebre alta, congestión nasal, malestar general, dolor corporal, ojos rojos y una erupción cutánea característica, por lo que cualquier persona con estos signos y antecedentes de viaje debe acudir de inmediato a un centro de salud.

Las autoridades mantienen activas las medidas de vigilancia epidemiológica en todo el país, al tiempo que instan a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y a completar sus esquemas de vacunación.

En un contexto de mayor movilidad internacional y circulación del virus en la región, la prevención y la respuesta oportuna se mantienen como los principales escudos para evitar el regreso del sarampión como problema de salud pública en Panamá.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, sostuvo una reunión bilateral con el rey de España, Felipe VI, en la ciudad de San José, Costa Rica, en el marco de la toma de posesión de la nueva presidenta costarricense, Laura Fernández Delgado, un evento que reunió a varios jefes de Estado de la región y que sirvió como escenario para fortalecer relaciones diplomáticas y económicas.

El encuentro se desarrolló en un contexto de alta relevancia política regional, donde Panamá buscó proyectar su posición como actor clave en comercio, logística y cooperación internacional.

Durante la reunión, ambos líderes abordaron temas vinculados a la cooperación bilateral, el comercio, las inversiones, la seguridad, la energía y el sector marítimo, así como asuntos de geopolítica internacional.

El rey Felipe VI destacó que España está abierta a seguir apoyando a Panamá, resaltando la relación histórica y estratégica entre ambos países. “Tenemos que apoyarnos mucho en el comercio, el derecho internacional y los valores que nos han permitido llegar hasta aquí”, expresó el monarca, quien además calificó a Panamá como un facilitador clave del comercio global.

Por su parte, Mulino aprovechó el encuentro para exponer el panorama económico de Panamá, destacando los esfuerzos de su administración para estabilizar las finanzas públicas. Según explicó, estas medidas permitirán que el país alcance un crecimiento económico entre 4% y 5% en 2026, posicionándolo como uno de los líderes en crecimiento en América Latina.

El mandatario subrayó que este desempeño responde a una combinación de disciplina fiscal, inversión pública y dinamismo del sector privado.

El presidente también resaltó el auge del turismo en Panamá, señalando que el Aeropuerto Internacional de Tocumen ha superado a México en el manejo de pasajeros en la región.

Este crecimiento, indicó, permitirá avanzar en la expansión de la terminal aérea, mientras que la aerolínea Copa Airlines proyecta la compra de 60 nuevos aviones, lo que fortalecerá la conectividad internacional del país y su rol como hub logístico en América Latina.

En materia de infraestructura, Mulino detalló que su gobierno ejecuta importantes inversiones en sectores clave, como salud, carreteras y transporte público, destacando especialmente la construcción de la Línea 3 del Metro de Panamá, que incluye un túnel bajo el Canal.

Esta obra busca reducir el tráfico entre la capital y el interior del país, mejorando la movilidad y apoyando el desarrollo urbano. Además, mencionó que se avanza en un programa estructurado para mejorar el sistema de distribución de agua potable, reconociendo que se trata de un desafío complejo pero prioritario.

En el ámbito de la seguridad, el mandatario afirmó que Panamá mantiene una estrategia firme contra el narcotráfico, el crimen organizado y la migración ilegal, asegurando que este último fenómeno ha sido reducido al mínimo.

Estas acciones, explicó, forman parte de una política integral orientada a garantizar la estabilidad interna y fortalecer la imagen del país como un destino seguro para la inversión y el comercio.

Mulino también agradeció a España por su respaldo en el proceso de salida de listas discriminatorias internacionales, señalando que Panamá ya ha logrado salir de dos de ellas y continúa trabajando para abandonar la lista fiscal, la última pendiente. Este apoyo, dijo, es clave para mejorar la reputación financiera del país y atraer mayor inversión extranjera.

El encuentro incluyó además un reconocimiento a los programas de cooperación social que España mantiene con Panamá, especialmente aquellos vinculados al Despacho de la Primera Dama, Maricel Cohen de Mulino, quien acompañó al presidente durante la gira. Estos programas se enfocan en áreas como desarrollo social, educación y apoyo a poblaciones vulnerables, consolidando una agenda de cooperación que trasciende lo económico.

La participación de Mulino en la toma de posesión de Laura Fernández Delgado también tuvo un componente regional. El mandatario fue recibido con honores oficiales al llegar a San José y destacó la importancia de este tipo de encuentros para fortalecer la integración entre países vecinos.

“Estamos aquí con el ánimo de seguir trabajando unidos como buenos vecinos, en beneficio del progreso de nuestros pueblos y del desarrollo comercial de la región”, expresó.

El evento reunió a ocho jefes de Estado, lo que lo convirtió en una plataforma clave para el diálogo político y económico en Centroamérica. En este contexto, Panamá buscó reafirmar su papel como un actor estratégico en la región, impulsando iniciativas de cooperación, comercio y desarrollo conjunto con países aliados.

Previo a su viaje a Costa Rica, el presidente José Raúl Mulino sostuvo en Panamá una reunión bilateral con el presidente de Israel, Isaac Herzog, quien también participó en la toma de posesión de Laura Fernández Delgado en San José. El encuentro formó parte de la agenda diplomática previa al evento regional y permitió reforzar los lazos de cooperación entre ambos países en un momento de creciente interés por fortalecer alianzas estratégicas.

Durante la reunión en territorio panameño, ambos mandatarios abordaron temas relacionados con la seguridad, innovación tecnológica, comercio, inversión y cooperación en materia de agua y agricultura, áreas en las que Israel tiene amplia experiencia.

También intercambiaron visiones sobre el contexto geopolítico internacional y la importancia de consolidar relaciones basadas en el desarrollo sostenible y la transferencia de conocimiento, con miras a impulsar proyectos conjuntos que beneficien a Panamá en sectores clave.

El mercado automotriz de Panamá mantiene un crecimiento sostenido en 2026, impulsado por una mayor dinámica de consumo, oferta de modelos y acceso al crédito, lo que abre la puerta a que el sector supere las proyecciones iniciales para este año.

De acuerdo con el presidente de la Asociación de Distribuidores de Automóviles de Panamá (ADAP), Raúl Civiello, la industria había estimado un crecimiento del 5% con 63 mil unidades vendidas, pero el comportamiento observado hasta abril apunta a un ritmo más acelerado, lo que obligará a revisar al alza esas expectativas.

Las cifras oficiales disponibles hasta marzo muestran que el país registró 16,407 autos nuevos inscritos en el primer trimestre de 2026, lo que representa un crecimiento acumulado de 17.6% frente al mismo periodo de 2025, según datos de la Contraloría General.

Este resultado confirma una tendencia positiva que ya se venía consolidando en años anteriores, con incrementos de 14.1% en 2025 y 4.9% en 2024, evidenciando una recuperación sostenida del sector tras la pandemia.

El dinamismo más notable se observó en marzo de 2026, cuando las ventas registraron un crecimiento interanual de 42.5%, alcanzando 6,473 unidades, el mayor salto mensual en lo que va del año.

Este repunte refleja un aumento significativo en la demanda interna, particularmente en segmentos como SUV y vehículos comerciales, que continúan liderando el mercado. El desempeño de marzo marca un punto de inflexión que anticipa un posible cierre anual por encima de lo proyectado inicialmente.

A estas cifras se suman los datos preliminares manejados por ADAP hasta abril, que reflejan la venta de 21,717 unidades acumuladas, lo que representa un crecimiento de 14.0%, incluso considerando el impacto estacional de la Semana Santa.

Solo en abril se comercializaron 5,312 unidades, lo que confirma que el mercado mantiene un ritmo constante de expansión, aunque con una leve moderación respecto al impulso observado en marzo.

“El crecimiento ha sido sostenido todos estos años”, destacó Civiello, al recordar que en 2025 se vendieron 60,233 autos nuevos, un aumento de 10.8% frente a 2024 (54,384 unidades), año que a su vez había crecido un 11% respecto a 2023.

Este comportamiento evidencia una tendencia estructural al alza, apoyada en factores como la diversificación de la oferta automotriz, la entrada de nuevas marcas y el fortalecimiento de los esquemas de financiamiento.

Uno de los elementos más relevantes en la evolución del mercado es el crecimiento de las marcas chinas, que ya representan cerca del 30% de las ventas totales en 2026.

Estas marcas han logrado posicionarse gracias a una combinación de precios competitivos, tecnología y mayor disponibilidad de modelos, lo que ha intensificado la competencia y ampliado las opciones para los consumidores panameños. Sin embargo, el liderazgo sigue en manos de Toyota, que mantiene una posición dominante en el mercado local.

En el segmento de lujo, el comportamiento también muestra señales positivas. Según ADAP, este mercado registra un crecimiento sostenido de 4.6%, algo que no se observaba de manera consistente desde hace casi cinco años.

Este repunte sugiere una recuperación del consumo en segmentos de mayor poder adquisitivo, en línea con la mejora de ciertos indicadores económicos y el acceso a financiamiento especializado.

Por otro lado, el mercado de vehículos eléctricos continúa rezagado en comparación con otros países de la región. En lo que va del año, se han vendido 283 unidades eléctricas (BEVs), lo que representa apenas el 1.3% del total de ventas, una proporción que se ha mantenido estable en torno al 1% en los últimos años.

Esta cifra contrasta con mercados como Costa Rica, donde los eléctricos alcanzan cerca del 17% de participación, evidenciando un rezago significativo en la adopción de movilidad sostenible.

Ante este escenario, desde ADAP se trabaja en conjunto con las entidades financieras para asegurar que el crecimiento del sector se sostenga sobre una base sólida.

“Buscamos que este dinamismo no solo esté impulsado por la oferta de modelos, sino también por el acceso al crédito bajo prácticas responsables y éticas”, explicó Civiello, subrayando la importancia de evitar desequilibrios en el mercado.

Con estos resultados, el sector automotriz panameño se perfila para cerrar 2026 con cifras superiores a las previstas inicialmente. El fuerte desempeño del primer trimestre, el repunte de marzo y la continuidad del crecimiento en abril apuntan a un año en el que la demanda podría superar las 63 mil unidades proyectadas, consolidando al sector como uno de los motores del consumo interno en el país.

Panamá se mantiene bajo aviso de vigilancia por temperaturas y sensación térmica elevadas, en un escenario que anticipa un ambiente caluroso extremo entre el 8 y el 10 de mayo de 2026, con condiciones que podrían escalar a niveles de “precaución extrema” y “peligro”.

De acuerdo con reportes del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), se prevén temperaturas máximas entre 30°C y 35°C, mientras que la sensación térmica podría alcanzar entre 32°C y 41°C, producto de la combinación de calor y humedad.

Este fenómeno se presenta en un contexto atípico, ya que, aunque los primeros meses del año corresponden a la estación seca en Panamá, en 2026 se han registrado lluvias persistentes fuera de lo habitual, alterando el comportamiento climático esperado.

Las condiciones descritas responden a un nuevo periodo seco con poca cobertura nubosa, lo que incrementa la radiación solar sobre la superficie terrestre y genera un entorno propicio para golpes de calor, deshidratación y agotamiento físico.

Durante la noche, el panorama no mejora significativamente, ya que se anticipan temperaturas entre 24°C y 27°C, con una humedad elevada de hasta 92%, lo que mantendrá una sensación térmica nocturna entre 26°C y 31°C, dificultando la recuperación del organismo tras la exposición al calor durante el día.

Las áreas bajo mayor impacto incluyen tierras bajas de Chiriquí, sur y centro de Veraguas, Los Santos, Herrera, Coclé, Panamá Oeste, Panamá, Darién, Colón y la comarca Emberá, además de sectores costeros de la comarca Guna Yala y Bocas del Toro.

En estas regiones, el calor se intensificará por factores como la baja nubosidad, la humedad y la exposición prolongada al sol, elevando los riesgos para la salud, especialmente en personas que realizan actividades físicas intensas o trabajan al aire libre.

Este aumento en las temperaturas se alinea con la perspectiva climática para mayo, junio y julio de 2026, que advierte un incremento de entre 1°C y 3°C por encima de los valores normales, junto con una sensación térmica que podría superar los 38°C en gran parte del país.

Este comportamiento está asociado a condiciones oceánicas que apuntan a un posible desarrollo del fenómeno de El Niño, lo que tiende a reducir las lluvias en varias regiones y a intensificar los episodios de calor.

A este escenario se suma la llegada de partículas de polvo del Sahara, cuyo ingreso al país también se mantiene bajo vigilancia durante el mismo periodo.

Según el pronóstico, se prevé el desplazamiento de la primera masa de polvo de la temporada hacia Centroamérica, un fenómeno recurrente entre mayo y septiembre, impulsado por los vientos alisios del Atlántico.

Las provincias bajo aviso por este evento incluyen Bocas del Toro, Colón, Panamá Oeste, Panamá, la comarca Ngäbe Buglé y la comarca Guna Yala, donde se estiman concentraciones de polvo entre 6 y 13 microgramos por metro cúbico.

En el resto del país, los niveles serían menores, oscilando entre 1 y 4 microgramos por metro cúbico, aunque igualmente perceptibles en la calidad del aire.

El impacto más inmediato será la presencia de un ambiente brumoso o ligeramente opaco, que podría generar molestias respiratorias en personas sensibles o con alergias, además de afectar la visibilidad en algunas zonas.

Aunque no se trata de un evento extremo, la combinación de polvo en suspensión y altas temperaturas podría intensificar la sensación de incomodidad térmica y afectar la salud de grupos vulnerables.

En paralelo, el comportamiento de las lluvias seguirá siendo irregular. Para el trimestre, se anticipa una disminución de entre 10% y 20% en las precipitaciones en varias regiones del país, mientras que otras zonas podrían registrar aumentos puntuales.

Este patrón confirma un inicio tardío y escalonado de la temporada lluviosa, con un retraso estimado de entre dos y tres semanas, pese a las lluvias aisladas que se han presentado en meses recientes.

El panorama climático para Panamá en 2026 refleja así una combinación de altas temperaturas, variabilidad en las lluvias y presencia de partículas en la atmósfera, en un contexto influenciado por factores regionales y globales.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada y tomar precauciones, especialmente ante un escenario donde el calor extremo y la calidad del aire podrían representar riesgos simultáneos para la salud.

Delegaciones técnicas de los 18 países miembros del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) analizan en Panamá las tendencias y buenas prácticas en materia de beneficiario final.

La transparencia sobre beneficiarios finales se ha convertido en uno de los pilares fundamentales para proteger la integridad de los sistemas financieros y combatir de manera más efectiva el lavado de activos, la corrupción, el financiamiento del terrorismo y otras formas de criminalidad organizada.

El encuentro, organizado en el marco de la presidencia pro témpore de Panamá en el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica para este 2026, reúne a autoridades, coordinadores, supervisores, ministerios de justicia y otras instituciones estratégicas de la región.

El objetivo es el de fortalecer las capacidades técnicas para la identificación del beneficiario final y la prevención del uso indebido de personas y estructuras jurídicas.

Isabel Y. Vecchio Arófulo, coordinadora nacional de Panamá ante el GAFILAT y actual presidenta pro témpore del organismo, indicó que conocer quiénes son las personas naturales que realmente poseen, controlan o se benefician de estructuras jurídicas es indispensable para impedir que estas sean utilizadas con fines ilícitos.

“La transparencia corporativa ya no es solamente una buena práctica: hoy constituye un estándar esencial de integridad, cooperación y confianza internacional”, añadió.

Panamá pertenece a este organismo desde el 2010, lo que le ha permitido robustecer su sistema anti-blanqueo e impulsar la conciencia ciudadana frente a la prevención de estos delitos.

Sobre el beneficiario final, Esteban Fullin, secretario ejecutivo de GAFILAT, manifestó que este constituye un tema prioritario para la región.

Explicó que la prioridad responde a dos razones principales: en primer lugar su carácter transversal dentro del sistema antilavado, ya que la falta de información impacta la evaluación de riesgos, la supervisión y la persecución del delito; y en segundo lugar que los resultados evidencian un bajo nivel de cumplimiento en el acceso a esta información, lo que representa un desafío significativo.

El secretario ejecutivo del GAFILAT añadió que estos espacios buscan fortalecer capacidades y compartir buenas prácticas entre los países.

Gabriela Rodríguez, experta técnica del organismo, presentó los objetivos y condujo la participación de las delegaciones que expusieron las principales fortalezas y debilidades de sus países en esta materia.

Bajo la presidencia de Panamá, el GAFILAT ha priorizado el fortalecimiento de los sistemas de beneficiarios finales, la cooperación regional y la preparación técnica de sus países miembros frente a los nuevos estándares internacionales.

Se informó que con el encuentro del organismo en el istmo, Panamá reafirma su compromiso con una agenda regional orientada a la transparencia, la cooperación internacional y el fortalecimiento de mecanismos que permitan identificar con mayor precisión a quienes ejercen el control real sobre estructuras jurídicas, contribuyendo así a la protección de la integridad financiera regional.

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica está conformado por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.

Apoya a sus miembros en la implementación de recomendaciones y en la creación de un sistema regional de prevención contra el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo.

Las herramientas principales que utiliza el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica para asistir a los países son las medidas de capacitación y asistencia técnica, mediante la elaboración de guías, informes y documentos de apoyo, y las evaluaciones mutuas.

La aprobación de 24 empresas y una inversión acumulada de más de $58.5 millones mantienen en un crecimiento sostenido a las zonas francas panameña.

A este crecimiento se le suman la aprobación de nueve licencias autorizadas en la reciente sesión de la Comisión Nacional de Zonas Francas.

Las empresas aprobadas totalizaron inversiones por $17,536,778.09 millones, mediante la participación de capital nacional e internacional proveniente de Estados Unidos, México, Costa Rica, Brasil, China, Alemania y Panamá, lo que reafirma, según una nota de prensa del Ministerio de Comercio e Industrias, el posicionamiento del país como plataforma para operaciones globales.

En 2025 se registró una inversión aprobada de $202,807,962.25millones, que van a generar 1,401 empleos directos.

Para este año la expectativa de crecimiento de la actividad es de 15%.

Hasta marzo de este año el país contaba en este segmento económico con 17 empresas activas y seis en desarrollo, que reciben exoneración de impuestos y derechos de importación sobre materiales, bienes y servicios requeridos para la operación, de acuerdo con las estadísticas del Ministerio de Comercio e Industrias.

En términos de empleo, la información indica que las empresas establecidas bajo este régimen contemplan la generación de 128 plazas directas iniciales y 83 indirectas, con proyecciones adicionales de crecimiento en su fase operativa.

Servicios logísticos, manufactura, procesamiento de productos terminados o semielaborados, alta tecnología y servicios vinculados al desarrollo inmobiliario dentro del régimen, son las actividades autorizadas.

Esto contribuye a ampliar la base productiva y fortalecer capacidades en áreas estratégicas.

Las operaciones de las empresas se realizarán en las zonas francas Panapark Free Zone, Zona Franca del Istmo, Zona Franca Albrook, Zona Franca Herinzone, Zona Franca Panexport y Zona Franca Ifza Panamá.

“Sin duda, el régimen muestra un desempeño positivo. No solo hemos iniciado el 2026 con inversiones superiores a $50 millones, sino que también estamos generando miles de empleos directos e indirectos, al tiempo que contribuimos al dinamismo de estos polos de desarrollo y a la articulación de encadenamientos productivos”, destacó la viceministra de Comercio Exterior, Astrid Ábrego.

Regidas bajo la Ley 32 de abril de 2011 y reglamentadas bajo el Decreto Ejecutivo 62 de 2017, estas áreas comerciales son definidas como zonas de libre empresa, específicamente delimitadas, dentro de las cuales se desarrollan todas las infraestructuras, instalaciones, edificios, sistemas y servicios de soporte, así como la organización operativa y la gestión administrativa que sean necesarias.

El objetivo inmediato de las zonas francas es proveer condiciones óptimas de eficiencia operativa y de ventajas comparativas para garantizarle a las empresas establecidas niveles elevados de competitividad en los mercados internacionales.

Las empresas que se acojan a este régimen pueden ser privadas, estatales o mixtas, y cuando el promotor obtiene la licencia de zonas francas está obligado a invertir en el desarrollo del área una suma no inferior a $250,000, y en un término no mayor a un año debe iniciar la inversión.

Sobre la fuerza laboral, la ley establece que en estos centros de producción esta debe estar compuesta por ciudadanos panameños, exceptuando los expertos, técnicos y personal de confianza que sean necesarios para el desarrollo de la respectiva actividad.

Generalmente, se desarrollan temas concernientes al certificado de reexportación, el reporte estadístico anual, la declaración de mercancía comercial, al igual que la reactivación de los controles aduaneros, en cumplimiento de los procedimientos establecidos.

La coordinación con el sector privado para mejorar la gestión operativa de las empresas instaladas en zonas francas es una garantía para su desarrollo.

Panamá fue admitido como miembro del Foro Internacional del Transporte (ITF), por sus siglas en inglés, durante la reunión del Consejo de Ministros de Transporte celebrada en Leipzig, Alemania, en el marco de la Cumbre Mundial del Transporte 2026.

El Foro Internacional de Transporte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es una organización intergubernamental con 72 países miembros, que actúa como centro de reflexión para la política de transporte y organiza la Cumbre Anual de ministros de transporte.

ITF es el único organismo global que cubre todos los modos de transporte y está administrativamente integrada con la OCDE, aunque se aclara que es políticamente autónoma.

Con esta incorporación, Panamá fortalece su posicionamiento como centro logístico y multimodal de relevancia mundial.

La ITF trabaja por políticas de transporte que mejoran la vida de las personas, que tiene como misión fomentar una comprensión más profunda del papel del transporte en el crecimiento económico, la sostenibilidad medioambiental y la inclusión social, así como elevar el perfil público de la política de transporte.

La ITF organiza un diálogo global para un mejor transporte, actúa como plataforma para la discusión y la negociación previa de cuestiones políticas en todos los modos de transporte.

De igual manera, analiza tendencias, comparte conocimientos y promueve el intercambio entre los responsables de la toma de decisiones en transporte y la sociedad civil.

La Cumbre Anual del ITF es la mayor reunión mundial de ministros de transporte y la principal plataforma global de diálogo.

José Luis Andrade, ministro de Obras Públicas de Panamá, destacó que el ingreso del país como miembro del Foro Internacional del Transporte (ITF) “marca un hito en nuestro compromiso con un transporte sostenible, eficiente e inclusivo”.

Agregó que como centro logístico global que conecta más de 170 rutas comerciales y hogar de una de las vías interoceánicas más importantes del mundo, Panamá aporta una perspectiva única a este foro.

La adhesión de la nación canalera fue aprobada por el Consejo de Ministros del ITF, máximo órgano de decisión de la organización, conformado por ministros y altas autoridades de transporte de los países miembros.

El secretario general del ITF, Young Tae Kim, dio la bienvenida a Panamá, que junto a Ghana y Perú se integran al foro, subrayando que la incorporación de estos países refuerza la visión del Foro como plataforma verdaderamente global.

Rashad Nabiyev, ministro de Desarrollo Digital de Azerbaiyán y Transporte, manifestó que los nuevos miembros aportan valiosas perspectivas regionales al foro.

Mencionó que Panamá, hogar estratégico del Canal, desempeña un papel clave en el ámbito internacional del comercio marítimo, mientras que Perú, con la reciente apertura del Puerto de Aguas Profundas de Chancay, en su costa del Pacífico, está desarrollando un corredor logístico que conecta Sudáfrica y Asia.

Al referirse a Ghana, indicó que esta nación está ampliando su papel como centro de transporte para África Occidental, invirtiendo en ferrocarril, puerto e infraestructura aérea para atender a vecinos sin salida al mar.

Nabiyev recalcó que “la adhesión de Ghana, Panamá y Perú subraya la creciente relevancia global del Foro Internacional del Transporte”.

Los resultados de hoy, aseguró, “transmiten un claro mensaje de que el futuro del transporte pertenece a sistemas que son digital, coordinado, fácilmente accesible y, lo más importante, centrado en las personas“.

Luego de las denuncias interpuestas por el Ministerio de Educación ante el Ministerio Público para que se investiguen supuestas faltas administrativas y presuntos delitos, más de 200 colaboradores han renunciado.

Mientras, un número no determinado de maestros y profesores han abandonado sus puestos.

Así lo dieron a conocer las autoridades de Educación, quienes indicaron que desde hace 2 años le han dado seguimiento a denuncias por supuestas personas fallecidas que seguían cobrando, hurtos en centros escolares, cobro indebido de salarios, uso de documentación falsificada, diplomas falsos y a una supuesta red de corrupción integrada por funcionarios.

Hasta el momento, la entidad gubernamental ha interpuesto 141 denuncias y siete querellas relacionadas con delitos contra la administración pública.

En cuanto al abandono de sus deberes por parte de los educadores, se informó que ya se avanza en el proceso para cubrir esas vacantes.

Las provincias de Bocas del Toro, Chiriquí, Herrera y las comarcas indígenas es donde se han registrado la mayor cantidad de estos casos.

Al referirse a la falsificación de diplomas, se explicó que se está trabajando en conjunto con las universidades para cotejar los supuestos títulos obtenidos.

Los presuntos responsables supuestamente inscribían títulos falsos en el Registro Permanente de Elegibles, con el objetivo de favorecer a determinados docentes que mediante esta práctica fraudulenta buscaban obtener mayor puntaje en los concursos, para así asegurarse una vacante.

Con anterioridad se dijo que varias universidades, que no fueron identificadas, habían confirmaron que los diplomas detectados como irregulares no aparecen en sus registros.

A través del sistema de control del programa de vacantes en línea, conocido como el Programa de Vacantes en Línea (Provel), donde se gestiona el Concurso de Nombramiento de Maestros y Profesores, fue donde se observaron las incongruencias relacionadas con la posible venta de vacantes, uso de documentos falsos y participación de funcionarios en estas prácticas delictivas.

Las presuntas falsificaciones de diplomas no son nuevas en el Ministerio de Educación. En abril de 2025 un grupo de docentes de la zona educativa de San Miguelito, en las afueras de la ciudad capital, fue denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción por presuntamente utilizar diplomas falsos para obtener plazas y ascensos dentro de la entidad.

“La magnitud del tema ha sido una sorpresa, tanto para estas casas de estudios superiores, como para el propio Ministerio de Educación, donde las investigaciones también alcanzan al personal de la institución que presuntamente se prestó para estas irregularidades”, indica un comunicado del citado ministerio.

Por otra parte, estudiantes de centros educativos de las 16 regiones escolares se preparan para el inicio de los Juegos Intercolegiales Meduca y de la Copa Intercolegial Panamá de Fútbol, actividades que de acuerdo con las autoridades educativas buscan a través del deporte promover la formación integral, la sana competencia y el trabajo en equipo.

Durante el lanzamiento del evento, la ministra de Educación, Lucy Molinar, manifestó que los participantes en esta competencia demostrarán sus habilidades en diversas disciplinas, que inicia con el fútbol, destacándose no solo por su rendimiento físico, sino también por valores como el respeto, la disciplina y la solidaridad.

Más de 30 mil estudiantes participaron en la convocatoria, lo que para el Ministerio de Educación es una cifra histórica.

La Copa Intercolegial Panamá de Fútbol inicia este 11 de mayo, mientras que los Juegos Intercolegiales lo harán el 22 de julio, con 11 disciplinas deportivas, entre ellas béisbol, futsal, softbol, voleibol de playa, natación, ajedrez, atletismo, entre otras, rumbo a los Juegos CODICADER Honduras 2026.

Panamá intensificó sus acciones contra el narcotráfico tras el decomiso de 1,320 paquetes de presunta droga en Chiriquí, en un operativo que dejó cuatro personas aprehendidas y que forma parte de la ofensiva de las autoridades para frenar el traslado de sustancias ilícitas hacia la frontera con Costa Rica.

La diligencia fue coordinada por la Procuraduría General de la Nación, a través de su Fiscalía de Drogas, en conjunto con la Policía Nacional, en el marco de la Operación Horizonte.

De acuerdo con las autoridades, la droga era transportada en varios vehículos interceptados en el oriente chiricano, lo que permitió no solo el decomiso de los paquetes, sino también la incautación de cinco automóviles utilizados para el traslado del cargamento ilícito.

Durante la operación, los agentes también lograron decomisar un arma de fuego calibre 9 milímetros sin permiso, municiones, proveedores y dos antenas de comunicación satelital tipo Starlink.

Los cuatro detenidos, todos de nacionalidad panameña, fueron remitidos ante un juez de garantías, donde enfrentarán cargos relacionados con delitos de drogas.

Según las investigaciones preliminares, el cargamento tenía como destino la zona fronteriza entre Panamá y Costa Rica, lo que refuerza la hipótesis de que el país continúa siendo utilizado como corredor para el tráfico internacional de sustancias ilícitas.

Este operativo en Chiriquí se produce en paralelo a otras acciones recientes de las autoridades, como la Operación Courier, que permitió desarticular una estructura criminal dedicada al envío de drogas mediante servicios de mensajería.

En ese caso, se realizaron más de 17 allanamientos en Panamá Este y Bocas del Toro, con un saldo de al menos 14 personas aprehendidas y la incautación de equipos tecnológicos y documentos vinculados a las operaciones ilegales.

Las investigaciones sobre la red desmantelada en la Operación Courier apuntan a un grupo que utilizaba empresas de envíos comerciales para trasladar drogas hacia Norteamérica y Europa, ocultando las sustancias ilícitas entre paquetes regulares.

Entre los detenidos figuran tanto ciudadanos panameños como extranjeros, incluyendo personas de nacionalidad jamaiquina, lo que evidencia el carácter transnacional de estas organizaciones.

Las autoridades han señalado que esta estructura venía siendo investigada desde 2024, lo que permitió recopilar evidencia suficiente para ejecutar los operativos simultáneos y desarticular la red.

Los implicados, junto con los indicios recabados, fueron puestos a órdenes del Ministerio Público, que continuará con el proceso judicial correspondiente.

El decomiso en Chiriquí y la Operación Courier se suman a una tendencia al alza en las incautaciones de drogas en el país. Según cifras oficiales,

Panamá ha decomisado más de 25.5 toneladas de sustancias ilícitas hasta finales de abril de 2026, como resultado de acciones conjuntas entre la Policía Nacional, el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) y el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront).

El comportamiento mensual muestra un incremento significativo en comparación con el año anterior. Solo en enero de 2026 se reportaron más de 11 toneladas de droga incautadas, superando ampliamente las cifras del mismo mes en 2025. Para marzo, el acumulado ya alcanzaba 20.5 toneladas, tras la ejecución de al menos 24 operaciones estratégicas en distintos puntos del país.

Las incautaciones continuaron durante abril y mayo con operativos de gran magnitud, incluyendo uno cercano a una tonelada en un puerto del Pacífico y otro decomiso de más de 1,300 paquetes de droga a inicios de mayo, lo que confirma la persistencia de las rutas del narcotráfico que utilizan territorio panameño para el tránsito de sustancias ilícitas.

Las autoridades han reiterado que estos resultados responden a una estrategia de control territorial focalizado, que combina inteligencia, vigilancia y cooperación interinstitucional para identificar y desarticular estructuras criminales. No obstante, el volumen de droga incautada también refleja la presión constante de organizaciones dedicadas al narcotráfico en la región.

Con estos operativos, el Ministerio Público y los estamentos de seguridad buscan frenar el avance de estas redes, reforzando la vigilancia en puntos estratégicos del país y consolidando las acciones contra el crimen organizado, en un contexto donde Panamá sigue siendo un punto clave en las rutas del narcotráfico internacional.

El incremento en los precios del combustible en Panamá está teniendo un efecto directo en la movilidad urbana, impulsando a miles de usuarios a dejar sus vehículos particulares y optar por el Metro de Panamá como alternativa de transporte diario.

En las últimas semanas, el sistema ha registrado un aumento sostenido en la demanda, especialmente en los trayectos desde las afueras hacia el centro de la ciudad y viceversa, lo que ha obligado a la empresa operadora a implementar ajustes para garantizar la eficiencia del servicio.

Ante este escenario, el Metro de Panamá, S.A. anunció la puesta en marcha de un plan operativo a partir del lunes 11 de mayo, orientado a optimizar la gestión del servicio en horas pico. La medida busca mejorar el flujo de pasajeros en estaciones terminales, reducir la congestión en los andenes y ofrecer un servicio más ágil, ordenado y seguro, en respuesta al crecimiento reciente en la cantidad de usuarios.

El plan contempla la habilitación del abordaje de trenes en ambos andenes en estaciones terminales. En la Línea 1, esta operación se aplicará en Villa Zaita y Albrook, mientras que en la Línea 2 se implementará en la estación San Miguelito 2.

Esta modalidad permitirá una distribución más eficiente de los pasajeros, reduciendo la acumulación en puntos críticos del sistema.

Además, los trenes alternarán su llegada por ambos andenes, lo que permitirá optimizar los tiempos de maniobra en los cambios de dirección y aumentar la capacidad de transporte. Según la empresa, esto contribuirá a que los trenes lleguen con mayor espacio disponible a estaciones de alta demanda como Los Andes y San Miguelito, donde el flujo de pasajeros es más intenso durante las horas pico.

Las autoridades del Metro indicaron que la implementación de este esquema cuenta con los sistemas de control ferroviario necesarios para garantizar una operación segura en ambas líneas. Se trata de un procedimiento técnico previamente evaluado, que será ejecutado de forma controlada y bajo supervisión constante del personal operativo.

El aumento en la demanda es evidente en las cifras recientes. El sistema pasó de movilizar aproximadamente 380 mil usuarios diarios a 420 mil, lo que representa un crecimiento significativo en un corto periodo.

Este comportamiento también se refleja en estaciones específicas, como Villa Zaita, donde tras la entrada en operación del intercambiador se registró un incremento de cerca de 4,900 usuarios adicionales, equivalente a un aumento del 11% en la demanda.

En lo que va de 2026, la demanda del Metro de Panamá muestra un comportamiento variable, pero con una clara recuperación hacia el cierre del primer trimestre. En enero se registraron cerca de 8.7 millones de pasajeros, seguido de una caída en febrero a aproximadamente 8.2 millones, lo que representa uno de los niveles más bajos del periodo reciente.

Sin embargo, en marzo la demanda repunta con fuerza hasta superar los 10.3 millones de usuarios, evidenciando un incremento significativo en el uso del sistema. Este repunte en marzo coincide con el contexto de aumento en los precios del combustible.

El Metro de Panamá se ha consolidado como una alternativa económica frente al alza del combustible, con tarifas que se mantienen sin cambios en 2026.

El costo del pasaje en la Línea 1 es de $0.35, mientras que en la Línea 2 es de $0.50. El transbordo entre ambas líneas tiene un costo de $0.85, y existen tarifas especiales para estudiantes, jubilados y personas con discapacidad, quienes pagan entre $0.17 y $0.24 por viaje, dependiendo del caso.

Actualmente, la Línea 1, inaugurada en abril de 2014, cuenta con 15 estaciones y conecta sectores desde Villa Zaita hasta Albrook, atravesando puntos clave como Los Andes, San Miguelito y la vía Transístmica. Por su parte, la Línea 2, inaugurada en abril de 2019, dispone de 16 estaciones y recorre desde San Miguelito hasta Nuevo Tocumen, cubriendo zonas densamente pobladas del este de la ciudad.

El crecimiento del sistema no se detiene. En la actualidad, se construye la Línea 3 del Metro, que conectará la ciudad de Panamá con el sector oeste del país a través de un monorriel, ampliando la cobertura del sistema hacia nuevas áreas de desarrollo. Además, el plan maestro del Metro contempla la construcción de al menos ocho líneas en el largo plazo, con el objetivo de consolidar una red integral de transporte masivo.

El Metro también ha emitido recomendaciones a los usuarios para facilitar la implementación del nuevo esquema operativo. Entre ellas, seguir las indicaciones del personal en estaciones, utilizar los andenes habilitados, permitir la salida de pasajeros antes de abordar, mantener el orden en escaleras y planificar los viajes con anticipación.

Con estas medidas, el sistema busca adaptarse a un cambio estructural en los patrones de movilidad urbana, donde el transporte público gana protagonismo frente al aumento en los costos de operación de vehículos particulares. La evolución de la demanda en las próximas semanas será clave para determinar nuevos ajustes en la operación.

Panamá se prepara para licitar cinco nuevas terminales portuarias en el corto plazo, en un movimiento que busca elevar su capacidad logística en más de 7 millones de TEUs y reposicionar al país como un eje clave del comercio marítimo regional, según anunció el presidente José Raúl Mulino durante la inauguración de la Convención Marítima de las Américas 2026 en la ciudad de Panamá.

La estrategia incluye la concesión de los puertos de Balboa y Cristóbal, además de nuevas infraestructuras en Isla Margarita, Corozal y Telfers, bajo un esquema que prioriza la inversión privada y la transparencia.

El mandatario confirmó que los puertos de Balboa y Cristóbal, ubicados en ambas entradas del Canal de Panamá, serán licitados por separado tras haber sido tomados por el Estado luego del fallo de la Corte Suprema de Justicia, que declaró inconstitucional el contrato y su adenda firmados por la empresa Panama Ports Company, filial de la hongkonesa CK Hutchison, durante la pasada administración.

Mulino explicó que actualmente ambas terminales operan con normalidad bajo un esquema transitorio, mientras se avanza hacia un nuevo proceso competitivo internacional.

El proceso de licitación forma parte de una estrategia más amplia que contempla la incorporación de una nueva terminal en Isla Margarita, en la provincia de Colón, cuya convocatoria se espera lanzar antes de finalizar el año.

A este paquete se suman dos proyectos adicionales impulsados por la Autoridad del Canal de Panamá, correspondientes a las terminales de Corozal, en el Pacífico, y Telfers, en el Atlántico, lo que en conjunto elevaría de forma significativa la capacidad portuaria del país en los próximos años.

En total, las cinco terminales proyectadas permitirían añadir 7 millones de TEUs a la capacidad de manejo de carga, consolidando la posición de Panamá como un nodo logístico estratégico para el comercio global.

El presidente enfatizó que el objetivo es mejorar la competitividad del sistema portuario, ofrecer servicios de clase mundial y fortalecer la integración de la plataforma logística nacional, en un contexto de creciente competencia entre hubs regionales.

Mulino también abordó el impacto de las tensiones geopolíticas en el sector marítimo, particularmente en relación con el régimen chino, al señalar que Panamá ha enfrentado un incremento en la retención de buques con bandera panameña en puertos de ese país.

No obstante, aseguró que la situación ha comenzado a estabilizarse, destacando que la tensión “ha disminuido” y que existen señales, aunque leves, de disposición al diálogo para resolver las diferencias.

El mandatario subrayó que estos avances representan un paso importante para reducir fricciones en un sector altamente sensible a los factores geopolíticos, recordando que Panamá administra el registro de naves más grande del mundo. En ese contexto, reiteró que el país defenderá el respeto a las convenciones internacionales y el estado de derecho que respalda su bandera marítima en los mercados globales.

Mulino también anunció que su gobierno presentará en julio un proyecto de ley para modernizar la Dirección General de Marina Mercante, con el objetivo de hacerla más competitiva y eficiente frente a otros registros internacionales. La iniciativa busca reducir la burocracia, agilizar la toma de decisiones y adaptar la normativa a las nuevas exigencias del sector marítimo global, fortaleciendo así la posición de Panamá como uno de los principales registros de buques del mundo.

Durante el evento, el secretario general de la Organización Marítima Internacional (OMI), Arsenio Domínguez, destacó la participación del presidente en la convención como una señal clara del compromiso del Estado panameño con la industria marítima, subrayando que este sector moviliza más del 80% del comercio mundial. Además, advirtió sobre los efectos de las tensiones geopolíticas en la navegación internacional, incluyendo la situación de miles de tripulantes afectados en zonas de conflicto.

Advirtió que la actual situación en el estrecho de Ormuz refleja el nivel de vulnerabilidad del comercio marítimo ante los conflictos geopolíticos, al señalar que alrededor de 20 mil tripulantes y más de 1,500 buques permanecen afectados por restricciones y tensiones en esa zona estratégica.

Explicó que estos trabajadores, que forman parte esencial de la cadena logística global, se ven impactados por factores externos que escapan a su control, lo que evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos internacionales de coordinación y seguridad.

Domínguez subrayó que estas disrupciones no solo afectan la navegación, sino que también inciden directamente en los costos operativos, las rutas marítimas y las decisiones regulatorias a nivel global. En ese contexto, hizo un llamado a mantener un enfoque pragmático y colaborativo, que permita avanzar en soluciones sostenibles para el sector, sin perder de vista los objetivos de seguridad, protección ambiental y eficiencia operativa que impulsa la OMI.

Por su parte, el presidente de la Cámara Marítima de Panamá, René Gómez, resaltó que el país enfrenta un momento de transformación que exige mayor eficiencia, competitividad y transparencia en su plataforma logística. En su intervención, afirmó que Panamá no solo busca crecer en volumen, sino también en calidad de servicios, consolidándose como un socio confiable para la industria marítima global.

Mulino reiteró que la apuesta por ampliar la infraestructura portuaria está alineada con una visión de largo plazo para fortalecer la economía, que ya depende en gran medida del sector logístico. Actualmente, esta actividad genera más de 150 mil empleos directos y representa cerca del 30% del Producto Interno Bruto, lo que refuerza la importancia de mantener su competitividad frente a otros mercados.

El presidente también vinculó esta estrategia con la necesidad de atraer inversión extranjera en un contexto favorable, destacando la reciente reducción del riesgo país como un factor clave para generar confianza en los inversionistas. Según dijo, este tipo de señales será determinante para concretar las nuevas concesiones y garantizar el desarrollo de las terminales proyectadas.

Panamá registró 838 mil visitantes entre enero y marzo de 2026, con un crecimiento de 20.3% frente al mismo periodo de 2025, impulsado principalmente por el aumento en la llegada de turistas, excursionistas y pasajeros de cruceros, de acuerdo con cifras preliminares del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC).

Este comportamiento confirma una tendencia sostenida en la recuperación del turismo, con impactos directos en el gasto y la actividad económica.

Del total de visitantes, 734 mil corresponden a turistas, es decir, personas que permanecen más de 24 horas en el país, lo que representa cerca del 88% del total y un incremento de 19.7% en comparación con 2025.

Este grupo sigue siendo el más relevante para la economía, ya que concentra la mayor parte del gasto turístico y refleja una recuperación más sólida del turismo internacional.

En el caso de los excursionistas, aquellos visitantes que no pernoctan en el país, se contabilizaron 84 mil en el primer trimestre de 2026, con un crecimiento de 12.5% interanual. Aunque su aporte económico es menor en comparación con los turistas, este segmento mantiene una tendencia positiva, impulsado en parte por el aumento de visitas regionales y la conectividad terrestre y marítima.

Por su parte, el segmento de pasajeros de cruceros mostró uno de los mayores incrementos relativos, al alcanzar 21 mil visitantes, lo que representa un crecimiento de 130.9% respecto al mismo periodo del año anterior. Este repunte está vinculado al fortalecimiento de la operación portuaria y a la estrategia de posicionar a Panamá como punto de embarque y destino dentro de rutas internacionales de cruceros.

El comportamiento mensual refleja una evolución consistente en los tres segmentos del turismo panameño. En enero de 2026 ingresaron 273 mil turistas, en febrero 210 mil y en marzo 250 mil, mientras que los excursionistas sumaron 27 mil, 32 mil y 24 mil, respectivamente. En cruceros, el registro fue de 9 mil pasajeros en enero, 6 mil en febrero y 6 mil en marzo.

La composición de los visitantes internacionales mantiene una tendencia marcada por los mercados regionales. América del Sur representó el 38% de los ingresos por el Aeropuerto Internacional de Tocumen, seguida por América del Norte con 28%, Europa con 14.9%, América Central con 11.6%, Asia con 3.6% y Antillas con 3.4%. Esta distribución confirma el peso de la conectividad aérea como soporte del flujo turístico.

El crecimiento también se observó en todas las regiones emisoras. Frente a 2025, América del Sur aumentó 27.7%, Europa 24.7%, América del Norte 19.3%, Antillas 18.4%, Asia 16%, América Central 15.3%, Oceanía 14.3% y África 6.9%. Aunque se trata de datos preliminares, sirven como referencia de una tendencia que se ha mantenido durante los últimos años.

En términos económicos, el turismo continúa consolidándose como una fuente clave de ingresos para Panamá. Durante el primer trimestre de 2026, el gasto total de los visitantes alcanzó aproximadamente $1,975 millones, lo que representa un aumento de 15.6% en comparación con 2025. Este crecimiento no solo responde al mayor volumen de visitantes, sino también a un incremento en el consumo por parte de los turistas.

De acuerdo con estimaciones del sector, un turista permanece en promedio 8 días en el país y realiza un gasto cercano a $1,910 por estadía, equivalente a unos $239 diarios, lo que refuerza el impacto económico de este segmento frente a otros tipos de visitantes. Este nivel de gasto contribuye a dinamizar sectores como hotelería, gastronomía, transporte y comercio.

El impulso al segmento de reuniones y eventos también ha sido determinante en el desempeño del sector, con más de 100 congresos internacionales confirmados para 2026 tras la gestión del Fondo de Promoción Turística, lo que ha permitido elevar la ocupación hotelera en la ciudad de Panamá por encima del 60% durante el primer trimestre del año.

Este enfoque en el turismo MICE ha contribuido a atraer visitantes de mayor gasto y estadía, consolidando a la capital como un punto estratégico para congresos, convenciones y eventos de gran escala en la región.

Las autoridades atribuyen estos resultados a estrategias enfocadas en atraer visitantes de mayor valor, como el impulso del turismo de congresos y convenciones, así como programas que buscan convertir pasajeros en tránsito en turistas efectivos. La administradora de la Autoridad de Turismo de Panamá, Gloria De León, indicó que el país mantiene un crecimiento impulsado por alianzas con operadores turísticos y la promoción internacional.

Además, iniciativas como el fortalecimiento de destinos en el interior del país, incluyendo Playa Venao, Santa Catalina y Boquete, han contribuido a diversificar la oferta turística y ampliar el impacto económico en distintas regiones. A esto se suma el dinamismo del turismo urbano, con proyectos que buscan mejorar la experiencia del visitante en zonas clave.

El reto para Panamá será sostener este crecimiento en los próximos meses, especialmente en un contexto de alta competencia regional. La evolución de los segmentos de turistas, excursionistas y cruceristas, junto con el comportamiento del gasto, será determinante para medir la consolidación del sector como motor económico en 2026.

Además, mientras Panamá tiene un presupuesto anual de 20 millones de dólares para promoción internacional, países de la región como República Dominicana, destinan más de 100 millones de dólares anuales para seguir captando más visitantes.

Panamá proyecta reforestar 1,320 hectáreas en 2026 con especies nativas, distribuidas en la cuenca del río La Villa, así como en Panamá Metro, Este y Norte, además de Veraguas, Coclé, Chiriquí y la región de Ñokribo en la Comarca Ngäbe Buglé, en un esfuerzo que busca recuperar áreas degradadas y reforzar la cobertura forestal en zonas estratégicas del país.

La iniciativa forma parte de la campaña nacional liderada por el Ministerio de Ambiente de Panamá, que contempla la siembra de miles de plantones con alto nivel de adaptación a las condiciones locales, priorizando corredores biológicos y áreas protegidas.

El plan oficial establece que 750 hectáreas estarán concentradas en la cuenca del río La Villa, considerada una zona crítica por su importancia hídrica y ambiental, mientras que el resto de las áreas intervenidas se distribuirán en regiones con presión sobre sus recursos naturales.

Según explicó el ministro Juan Carlos Navarro, la campaña busca consolidar una estrategia articulada entre el sector público, la empresa privada y la sociedad civil, con el objetivo de generar impactos sostenibles en la recuperación de ecosistemas y la protección de fuentes de agua.

La ejecución de este programa se realizará mediante contratos adjudicados a empresas reforestadoras que participaron en procesos de licitación pública, bajo la supervisión de la Dirección Forestal y conforme a los lineamientos de la Dirección General de Contrataciones Públicas.

Como parte del lanzamiento, se entregó una orden de proceder a la empresa Ecos Panamá para iniciar la restauración de 50 hectáreas en áreas protegidas del Parque Nacional Soberanía, con una inversión superior a $131,000, marcando el inicio formal de las actividades a nivel nacional.

En paralelo, MiAMBIENTE cuenta con una red de viveros institucionales capaces de producir hasta 200,000 plantones de especies nativas al año, lo que permite garantizar la disponibilidad de material vegetal para sostener la meta de reforestación.

Durante la jornada inicial, se plantaron ejemplares de especies como cocobolo, guayacán, espavé, fruta pan y árbol Panamá, seleccionadas por su alta supervivencia, su capacidad de captura de carbono y su contribución a la biodiversidad y la protección de cuencas hidrográficas.

Este esfuerzo se enmarca dentro del Programa Nacional de Restauración Forestal 2026-2035 (PNRF-II), que establece una hoja de ruta para recuperar la cobertura boscosa del país mediante acciones sostenidas de restauración ecológica, manejo forestal sostenible y participación multisectorial.

El programa plantea metas de reforestación a gran escala, fortalecimiento de capacidades técnicas y generación de incentivos para la conservación, con énfasis en territorios vulnerables y corredores biológicos clave para la conectividad de los ecosistemas.

El contexto en el que se lanza esta campaña refleja un desafío significativo. De acuerdo con el Diagnóstico de Bosques y Otras Tierras Boscosas 2023, Panamá perdió 352,873 hectáreas de cobertura boscosa entre 2021 y 2023, lo que equivale a un promedio de 482 hectáreas diarias o cerca de 176,000 hectáreas por año, una cifra que evidencia una aceleración en la deforestación respecto a décadas anteriores.

Este ritmo supera ampliamente los registros históricos, donde entre 2012 y 2022 se estimaban pérdidas de apenas 3,014 hectáreas anuales, lo que confirma un deterioro más rápido del patrimonio forestal.

Las provincias más afectadas por esta pérdida de masa boscosa son Veraguas, Darién y Coclé, regiones donde la expansión agrícola, la tala ilegal y el uso no sostenible del suelo han generado impactos acumulativos en los ecosistemas.

Este descenso significativo en algunas regiones amenaza la biodiversidad y la sostenibilidad ecológica, exacerbando los efectos negativos en el medio ambiente.

En Panamá, hasta el año 2023, existían aproximadamente 325,666.78 hectáreas de rastrojos, mientras que en bosques se contabilizan 4,737,067 hectáreas.

Según la resolución N° DM-0148 del 21 de julio de 2022, el rastrojo es la vegetación secundaria de especies arbóreas, arbustivas y herbáceas que aparece naturalmente después de un uso agropecuario. Tiene una altura promedio menor a 5 metros.

Frente a este escenario, la estrategia de reforestación busca no solo recuperar áreas degradadas, sino también frenar la degradación futura mediante la restauración de funciones ecológicas clave, como la regulación hídrica y la captura de carbono.

La campaña también coincidió con el Día de la Cruz, una fecha tradicionalmente asociada al inicio de las siembras en el país, lo que refuerza el simbolismo de esta intervención ambiental. Con la participación de organizaciones como ANCON y ANARAP, el programa incorpora un enfoque colaborativo que apunta a ampliar el alcance de las acciones y fortalecer la conciencia ambiental en distintos sectores.

Aunque la meta de 1,320 hectáreas representa un avance frente a la pérdida reciente de bosques, el reto estructural sigue siendo considerable. La efectividad del programa dependerá de la continuidad de las acciones, la supervisión técnica y la capacidad de escalar las intervenciones en el tiempo, en un contexto donde la presión sobre los recursos naturales continúa en aumento.

Una delegación de 38 líderes empresariales panameños asistió por primera vez a la Cumbre de Inversión SelectUSA, el evento de mayor prestigio en Estados Unidos, tendiente a facilitar la inversión empresarial.

Esto, mediante la interacción para que miles de inversores, empresas, organizaciones de desarrollo económico y expertos del sector que realicen acuerdos.

Panamá presentó en la Cumbre de Inversión SelectUSA la delegación más grande de la región, en relación a la población nacional.

En el mercado de bienes Estados Unidos continúa siendo el primer socio comercial de Panamá, y las cifras oficiales del Ministerio de Comercio e Industrias indican que al 2024 las exportaciones panameñas hacia esa nación sumaron $168.9 millones, mientras que las importaciones fueron por un poco más de $601,469,435 millones, valor CIF.

Ambos países mantienen un Tratado de Promoción Comercial firmado en junio de 2007 y que entró en vigencia en octubre de 2012.

Fue aprobado por Panamá el 11 de julio de 2007, y el 21 de octubre de 2011 por Estados Unidos.

El tratado es un acuerdo global de libre comercio que prevé la eliminación de los aranceles y elimina las barreras a los servicios financieros y otros.

También incluye importantes disciplinas relacionadas con la administración aduanera y la facilitación del comercio, obstáculos técnicos al comercio, adquisiciones gubernamentales, inversiones, telecomunicaciones, comercio electrónico, derechos de propiedad intelectual y protección laboral y ambiental, de acuerdo con la embajada de Estados Unidos en Panamá.

Este 2026 la Cumbre de Inversión SelectUSA regresó a National Harbor, Maryland, para establecer nuevas conexiones y oportunidades de crecimiento mediante la inversión en Estados Unidos, sostiene una nota de prensa del evento empresarial.

Anualmente, el evento tiene como principal objetivo promover la inversión extranjera directa conectando a empresas internacionales con organizaciones de desarrollo económico de Estados Unidos, expertos de la industria y líderes gubernamentales.

Se informó que la Cumbre sirve como la plataforma de más alto perfil para facilitar la inversión empresarial en la nación norteña, destacando las ventajas competitivas del país y fomentando asociaciones que crean empleos.

Kevin Marino Cabrera, embajador de Estados Unidos en Panamá, enfatizó la importancia de este logro, señalando que “la primera participación de Panamá en la Cumbre de Inversión SelectUSA envía una señal poderosa: la relación comercial entre su país y Panamá es más fuerte que nunca y está fortaleciéndose rápidamente bajo el presidente Trump”.

“Estamos promoviendo la inversión, impulsando el crecimiento económico y creando empleos”, agregó.

Sectores clave como logística, finanzas, infraestructura y tecnología se ven beneficiadas con esta sólida participación de Panamá en el evento internacional.

Durante la Cumbre, añade la información, los presentes participaron en sesiones plenarias, reuniones enfocadas en la industria, oportunidades de networking y encuentros con representantes de desarrollo económico estatales y locales.

El programa proporciona información sobre el clima de inversión de EE.UU., el entorno regulatorio y las oportunidades emergentes en todas las industrias.

Desde su creación, la Cumbre de Inversiones de SelectUSA ha atraído a miles de empresas internacionales y representantes de desarrollo económico, generando más de $256.000 millones en nuevos proyectos de inversión estadounidenses que apoyan a más de 130.000 empleos en la nación norteña y sus territorios.

La anterior Cumbre de Inversión SelectUSA registró cifras récord con más de 5.500 participantes, incluyendo representantes de 54 estados y territorios estadounidenses, así como más de 2.700 inversores empresariales de 100 países.

Estados Unidos, de acuerdo a los organizadores, es una tierra de oportunidades diversas. “Nuestro gran mercado de consumidores, facilidad para hacer negocios, fuerza laboral, tecnologías, paisajes y recursos naturales, y fuentes de financiación son vastos y variados. Esta diversidad significa que existen oportunidades para empresas de todas las formas y tamaños”.

La posibilidad de firmar un acuerdo bilateral con Israel para que técnicos y expertos de esa nación asesoren a Panamá en la solución de la crisis de agua en la península de Azuero, fue planteada al presidente del Estado de Israel, Isaac Herzog, por el presidente panameño José Raúl Mulino.

“Herzog y su delegación mostraron total disposición para ayudar”, indica una nota de prensa de la presidencia panameña.

Panamá atraviesa por una severa falta de agua en distintas regiones, situación que se agrava en la península de Azuero, donde gran parte de sus habitantes no tienen acceso al agua potable, luego de que se detectara que dos de sus principales afluentes están contaminados.

En medio de la crisis del agua, se produjo la renuncia del director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), Rutilio Villarreal. Posteriormente, también renunciaría el subdirector, Luis Santanach.

Durante la visita del presidente del Estado de Israel a Panamá, la información oficial puntualiza que ambos gobiernos se comprometieron a ampliar y reforzar su Tratado de Libre Comercio, además de pactar acuerdos de cooperación y asesorías en temas de manejo y tratamiento de agua, ciberseguridad, medicina, logística, tecnología agrícola y turismo.

Panamá y el Estado de Israel mantienen un Tratado de Libre Comercio que está vigente desde el 1 de enero de 2020, lo que representa un hito histórico al ser el primer acuerdo de este tipo que Panamá firmó con una nación del Medio Oriente, según la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura Panamá- Israel.

Este tratado, añade el organismo empresarial, no es solo un acuerdo arancelario, sino una alianza estratégica que une la plataforma logística de Panamá con la vanguardia tecnológica de Israel.

El Tratado de Libre Comercio ofrece acceso preferencial para productos panameños, intercambio de alta tecnología, hub logístico y de servicios.

La visita de Herzog a Panamá es la primera que hace un presidente israelí a la nación canalera.

Panamá e Israel “comparten valores fundamentales, tales como la defensa de la democracia, y la visión de un desarrollo sostenible e inclusivo. Por ello, hoy podemos afirmar con claridad que nuestra relación evoluciona hacia una alianza fortalecida”, afirmó Mulino.

Por su parte, el presidente Herzog expresó que el sector privado de su país anticipa la oportunidad de invertir en diversos sectores de la economía panameña, para beneficio de ambos pueblos.

Ambos mandatarios acordaron fortalecer la cooperación en temas de ciberseguridad, uno de los grandes desafíos para los estados en la actualidad, de acuerdo con la información oficial.

La delegación israelí puso de manifiesto su gran interés en la oferta turística panameña, así como en las posibilidades de invertir en el sector logístico nacional.

En el tema Salud, se acordó avanzar hacia acuerdos de cooperación entre médicos panameños e israelíes para atención, asesoría e investigación.

La delegación panameña manifestó el interés de su sector exportador en aumentar los envíos de banano, piña y café a Israel.

“Este encuentro representa mucho más que un acto protocolar”, mencionó el presidente panameño, quien agregó que “es la reafirmación y el reencuentro de una sólida relación entre nuestras dos naciones, basada en la confianza, el respeto mutuo y una cooperación que se ha fortalecido en diferentes áreas por más de siete décadas”.

En su oportunidad, el presidente del Estado de Israel agradeció el apoyo que su país ha recibido del pueblo panameño desde el establecimiento del Estado de Israel en 1947, y por haber suscrito la Resolución Internacional de Naciones Unidas contra el antisemitismo.

La visita del presidente Herzog incluyó una reunión bilateral entre presidentes y un encuentro ampliado con los respectivos equipos de Gobierno.

Unos 26 nuevos voluntarios del Cuerpo de Paz se integran en Panamá al Programa de Conservación Ambiental Comunitaria, con el fin de trabajar junto a comunidades rurales del país en la promoción de prácticas sostenibles y la protección de los recursos naturales.

Esta es la nonagésima cuarta generación de voluntarios del Cuerpo de Paz que se integran en el país para apoyar en labores de conservación del ambiente, en un país donde la deforestación alcanza el 32% de su territorio.

Zoraida Jiménez, de la Dirección Nacional de Cultura Ambiental del Ministerio de Ambiente, destacó lo relevante de esta alianza y el impacto que tendrá en el voluntariado.

“Seremos testigos de un compromiso que trasciende fronteras, historia, idiomas y culturas. El Cuerpo de Paz no es solo un voluntariado, es la entrega genuina, la empatía en acción y la firme convicción de que el cambio verdadero se construye trabajando hombro a hombro con las comunidades”, manifestó.

El Cuerpo de Paz es una agencia del gobierno estadounidense que trabaja para crear una red de servicio internacional compuesta por voluntarios, miembros de la comunidad, socios del país anfitrión y personal que están impulsados por la misión de paz y amistad mundial de la agencia.

A través de los años y por invitación de los gobiernos, los voluntarios del Cuerpo de Paz trabajan generalmente junto a miembros de la comunidad en proyectos organizados en salud y bienestar juvenil, así como en desarrollo de liderazgo juvenil.

Mediante el servicio a la comunidad, los miembros de esta red desarrollan habilidades transferibles y perfeccionan competencias interculturales que los posicionan para ser la próxima generación de líderes mundiales.

Ory Abramowicz, subjefe de Misión Adjunto de la Embajada de los Estados Unidos en Panamá, resaltó el valor del programa como un puente de cooperación internacional.

“El Cuerpo de Paz resalta lo mejor de nuestro país: patriotismo, servicio y contribuciones globales. En Panamá, los voluntarios han trabajado junto a los panameños enseñando, aprendiendo y creciendo juntos, fortaleciendo áreas como la educación, la salud, la agricultura y las oportunidades económicas”, afirmó.

Dirigiéndose a los nuevos voluntarios, el subjefe de Misión Adjunto de la Embajada de los Estados Unidos en Panamá, sostuvo que “a través de sus acciones cumplirán la misión del Cuerpo de Paz de promover la paz, la amistad y el entendimiento multicultural. Permitan que esta experiencia los transforme y abracen la oportunidad de conocer Panamá a través de su gente”.

Jiménez, de la Dirección Nacional de Cultura Ambiental del Ministerio de Ambiente, subrayó que los voluntarios serán agentes clave en el fortalecimiento de capacidades locales, la educación ambiental y el acompañamiento de iniciativas comunitarias orientadas a la conservación de la biodiversidad en provincias como Panamá Oeste, Herrera, Los Santos, Chiriquí y el inicio de acciones en Coclé.

“Ustedes serán portadores de conocimiento, pero también de esperanza; puentes entre culturas y facilitadores de oportunidades. Su labor será fundamental para impulsar una ciudadanía más consciente, participativa y comprometida con el cuidado de nuestros recursos naturales”, añadió.

La funcionaria agradeció a los voluntarios que culminan su servicio en comunidades como Paritilla y La Colorada, en la provincia de Los Santos, donde colaboraron en el desarrollo de iniciativas en esas localidades junto a los lugareños.

También ponderó la labor de los integrantes del Programa de Voluntarios Responde, desarrollado en conjunto entre miembros del Cuerpo de Paz y el Ministerio de Ambiente, con miras al fortalecimiento del voluntariado en Panamá.

De un total de 3.168,632 ciudadanos panameños inscritos en el Registro Electoral, solo 1.542,218 se encuentran inscritos en partidos políticos, al corte del 29 de abril de 2026, según el último informe del Tribunal Electoral.

La cifra representa una leve baja respecto al corte anterior del 12 de marzo del año en curso, cuando 1.550,003 ciudadanos pertenecían a estos colectivos.

El documento del Tribunal Electoral de Panamá revela que el 48.67% de los panameños forma parte de alguna agrupación, ya sea legalmente constituida o en formación mientras que un 51.33% no mantiene ninguna afiliación partidista.

Al detallar el número de adherentes por colectivo, el informe de la entidad gubernamental indica que el Partido Revolucionario Democrático (PRD) registra 560,690 inscritos, el partido Realizando Metas, tiene 283,601, Cambio Democrático, 260,405 y el Partido Panameñista, 218,506.

De igual manera, el Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (MOLIRENA) presenta 79,735 adherentes, el Frente Amplio por la Democracia 47,460, el Movimiento Otro Camino 39,318 inscritos, 25,547 el Partido Alianza, y 21,216 inscritos el Partido Popular.

En cuanto a las agrupaciones políticas en formación, los datos indican que Acción Ciudadana Independiente cuenta con 2,933 inscritos, mientras que el Partido Nacional Humanitario registra 2,430 y el movimiento RADIX mantiene 377 adherentes.

Al referirse a la participación de las mujeres en los partidos políticos, se tiene que, por ejemplo, en el PRD hay inscritas 286,277, en el Partido Popular 10,123, en el MOLIRENA 37,774, y 104,689 en el Partido Panameñista, mientras que en Realizando Metas suman 135,360.

Una reciente encuesta del diario La Estrella de Panamá revela que una gran cantidad de los panameños encuestados no sienten simpatía con los partidos y movimientos políticos.

El 68,5% de los encuestados no simpatiza con ninguna organización política. Esta cifra, de acuerdo con el diario, se ha mantenido por encima del 63% desde el inicio del gobierno de José Raúl Mulino.

Para incentivar el conocimiento de los ciudadanos en su rol como parte activa de una sociedad democrática, el Tribunal Electoral realizó la semana de la educación cívica electoral 2026.

En la misma se insistió en que la democracia no es un concepto estático ni una meta alcanzada de una vez y para siempre, pues es un organismo vivo que requiere cuidado constante.

“Es una forma de vida que se construye día a día con el compromiso de cada uno de nosotros”, aseguró el magistrado presidente del organismo electoral, Narciso Arellano Moreno.

Agregó que el conocimiento y la práctica de los valores no son accesorios del sistema; son su esencia, constituyen cualidades que se deben poner en práctica dentro de cada grupo social, en la esfera pública y en la privada, para establecer y mantener el orden, progreso y buena relación entre los individuos.

Arellano Moreno añadió que sin integridad, sin tolerancia y sin respeto, la estructura democrática se debilita, se desmorona y, eventualmente, puede desaparecer, por lo que las jornadas programas constituyen verdaderos ejercicios prácticos de convivencia democrática.

Este año la formación y actividades se extiende a los estudiantes integrantes del programa de Educación de Personas Jóvenes y Adultas, que incluye centros penitenciarios, centros de custodia y cumplimiento, riesgo social, nocturnas, entre otros.

“Porque la democracia es inclusiva, o no es democracia. Reconocemos que el derecho a la educación cívica y la oportunidad de participar en la construcción de un país mejor pertenece a todos, sin distinción de horario o circunstancia de vida. Su participación hoy nos fortalece como sociedad”, manifestó el magistrado presidente del Tribunal Electoral.

La Procuraduría General de la Nación, a través de su Fiscalía Anticorrupción, en coordinación con la Dirección de Inteligencia Policial de la Policía Nacional, ejecutó la Operación ‘Eco Distante’, que dejó como resultado la aprehensión de siete personas por su presunta vinculación con el delito de peculado en perjuicio de la Junta Comunal de Belisario Porras, en el distrito de San Miguelito.

La investigación señala una lesión económica al Estado por $8,098,668.62, en uno de los casos más relevantes recientes relacionados con el manejo de fondos públicos.

Las diligencias incluyeron operativos simultáneos en distintos puntos del país, específicamente en áreas de San Miguelito, Las Cumbres y Panamá Este, donde las autoridades lograron ubicar a los sospechosos e incautar indicios clave para el avance de la investigación.

De acuerdo con el Ministerio Público, estas acciones forman parte de una estrategia para fortalecer la persecución de delitos contra la administración pública.

Entre los aprehendidos figuran exfuncionarios y particulares, quienes están siendo investigados por presuntamente haber recibido cheques sin justificación provenientes de la Junta Comunal.

La investigación se sustenta en un informe de auditoría de la Contraloría General de la República, que determinó que de los más de $8 millones afectados, al menos $7,367,683.17 fueron desembolsados bajo el concepto de “servicios prestados”, sin sustento válido que justificara dichos pagos.

Este caso se suma a una serie de operativos y procesos judiciales que se han intensificado en las últimas semanas en todo el país, en los que las autoridades han avanzado en la detención, imputación y condena de personas vinculadas al uso irregular de fondos públicos.

Los expedientes abarcan desde juntas comunales hasta instituciones educativas, reflejando un patrón de investigación enfocado en distintos niveles de la administración pública.

El delito de peculado, según el Código Penal panameño, se configura cuando un servidor público se apropia, distrae o permite el uso indebido de bienes o fondos del Estado, ya sea en beneficio propio o de terceros.

Dependiendo de la gravedad del caso, las sanciones pueden alcanzar penas de prisión de entre 4 y 10 años, además de la inhabilitación para ejercer funciones públicas, lo que convierte este delito en uno de los más severamente castigados dentro del ámbito de la corrupción.

En la mayoría de los casos recientes, incluyendo el de San Miguelito, las investigaciones están vinculadas al manejo de fondos provenientes del sistema de descentralización, un mecanismo mediante el cual el Estado transfiere recursos a juntas comunales y municipios para la ejecución de proyectos sociales, comunitarios e infraestructura local.

Aunque estos fondos buscan dinamizar el desarrollo territorial, su uso indebido ha sido uno de los principales focos de investigación en los últimos años.

Ejemplos recientes evidencian esta tendencia. En la provincia de Colón, el exalcalde Alex Lee y otros funcionarios permanecen en detención preventiva por su presunta vinculación con el manejo irregular de más de $1 millón en fondos públicos, mientras que otros expedientes apuntan a posibles irregularidades por más de $6 millones destinados a obras sociales en distintas comunidade

En paralelo, el sistema judicial también ha registrado condenas. En Coclé, un exrepresentante y un extesorero de junta comunal fueron sentenciados a 60 meses de prisión por peculado doloso, tras comprobarse la malversación de más de $301,000 en fondos públicos.

Estos fallos refuerzan la línea de acción de las autoridades en la aplicación de sanciones concretas contra la corrupción administrativa.

Otro caso reciente es la Operación Pupitre, en la que tres personas fueron aprehendidas por el presunto uso indebido de fondos de un centro educativo, con una afectación estimada en $130,000, lo que amplía el alcance de las investigaciones más allá de las juntas comunales y evidencia la diversidad de escenarios donde se detectan irregularidades.

La Operación Eco Distante se inscribe en este contexto de mayor presión institucional contra el uso indebido de recursos públicos, en un momento en que el Ministerio Público ha reiterado su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y la protección del patrimonio del Estado.

Los aprehendidos serán presentados ante un juez de garantías, quien deberá decidir sobre la legalización de las aprehensiones, la imputación de cargos y las medidas cautelares correspondientes.

El avance de estos procesos refleja una intensificación de la lucha contra la corrupción en Panamá, pero también deja en evidencia la magnitud de los recursos comprometidos y la necesidad de fortalecer los mecanismos de control.

En este escenario, el desafío no solo está en sancionar los delitos, sino en garantizar que los fondos públicos cumplan su objetivo de generar desarrollo y bienestar en las comunidades.

El Canal de Panamá reúne desde este 6 de mayo hasta el 8 de mayo, en Norfolk, Virginia, a su Junta Directiva y a la Junta Asesora, en un espacio estratégico donde se evaluarán los principales desafíos, tendencias y oportunidades que definirán el futuro de la vía interoceánica.

El encuentro reúne a líderes con experiencia global en logística, comercio, finanzas y geopolítica, en un momento clave para la planificación de largo plazo del Canal.

Durante la reunión, se presentará el informe de operaciones, mercado y desempeño financiero al 31 de marzo de 2026, junto con la actualización de la Estrategia 2025–2035, que guía la evolución del Canal en áreas críticas como sostenibilidad, competitividad y expansión de negocios.

También se revisarán iniciativas de gestión del talento, planificación de sucesión, liderazgo y transformación digital, elementos clave para fortalecer la eficiencia operativa.

Uno de los temas centrales será la seguridad hídrica, con énfasis en el proyecto del lago de Río Indio, considerado una solución estructural para garantizar el suministro de agua tanto para la población como para la operación continua del Canal. Este aspecto cobra relevancia ante los desafíos climáticos y la posibilidad de eventos como el fenómeno de El Niño.

La agenda incluye además la evaluación del programa de diversificación de ingresos, que contempla el desarrollo de nuevos modelos de negocio en infraestructura logística y portuaria, incluyendo concesiones y proyectos estratégicos.

Este enfoque busca reducir la dependencia de los tránsitos tradicionales y ampliar las fuentes de ingresos del Canal en un entorno global competitivo.

En paralelo, la visita a Norfolk permitirá conocer mejores prácticas de clase mundial en logística, incluyendo centros de distribución, operaciones portuarias y proyectos de infraestructura como un túnel en construcción en la zona. El objetivo es incorporar aprendizajes que fortalezcan la capacidad operativa y estratégica del Canal de Panamá.

El encuentro se realiza en un contexto de resultados operativos positivos. Durante la primera mitad del año fiscal 2026, el Canal registró 6,288 tránsitos, lo que representa un incremento de 224 tránsitos respecto al mismo período anterior, mientras que el volumen alcanzó 254 millones de toneladas CP/SUAB, un crecimiento aproximado del 5% interanual. Estos datos reflejan una recuperación sostenida de la demanda.

El desempeño reciente también ha sido destacado, con promedios diarios de 34 buques en enero y 37 en marzo, además de jornadas pico que superaron los 40 tránsitos diarios, evidenciando la capacidad operativa del Canal en condiciones de alta demanda. A esto se suma el comportamiento del sistema de reservas, que permite programar tránsitos con mayor previsibilidad para los usuarios.

En cuanto a los ingresos, la ACP indicó que, si bien algunas subastas han superado el millón de dólares, estos valores responden a condiciones temporales del mercado. El precio promedio pasó de entre $135,000 y $140,000 antes del conflicto en Medio Oriente a cerca de $385,000, reflejando el impacto de factores externos en la demanda de tránsito.

La entidad ha señalado que ha adoptado medidas preventivas ante posibles sequías, entre ellas el monitoreo constante de los niveles de los lagos Gatún y Alhajuela, que actualmente se mantienen en niveles máximos debido a lluvias inusuales durante la estación seca. Estas acciones buscan garantizar la continuidad del servicio ante eventuales condiciones climáticas adversas.

La Junta Directiva del Canal de Panamá está presidida por José Ramón Icaza Clément, quien tiene rango de ministro para Asuntos del Canal, y está integrada por Jorge L. González, Nicolás González Revilla, Diego Herrera Dutari, Nelson Jackson Palma, Domingo Latorraca, Laury Anne Melo de Alfaro, Luis Navas Pájaro, Dora María Pérez Balladares Boyd, Enrique Sánchez Salmón y Jorge Enrique Vallarino.

Por su parte, la Junta Asesora, presidida por el almirante William J. Flanagan, está conformada por expertos internacionales como Mario Maffei, Hankyu Lim, Patrick Murphy, Eman Abdalla, Rick Gabrielson, Joe R. Reeder y Tommy Thomsen, quienes aportan su experiencia en comercio global, transporte marítimo, banca y desarrollo de infraestructura. Este órgano consultivo fue creado en 1999 para brindar recomendaciones a la administración del Canal.

La Junta Asesora está compuesta por profesionales panameños y extranjeros con amplia trayectoria internacional, lo que permite integrar distintas perspectivas sobre el comercio global, la logística y la economía marítima. Su rol es fortalecer la toma de decisiones estratégicas del Canal en un entorno cada vez más complejo.

La Policía Nacional logró la captura de Joshua Andrés Ruiz Batista, alias “Flapy”, uno de los más buscados por tentativa de homicidio, durante un operativo en el sector de Puente del Rey, en el corregimiento de Parque Lefevre.

El sujeto fue interceptado mientras se desplazaba en una camioneta blindada, un elemento que llamó la atención de las autoridades y que forma parte de los indicios levantados en el caso.

De acuerdo con el informe policial, la aprehensión se produjo en un punto de control, donde unidades detectaron un vehículo sospechoso y procedieron a verificar a sus ocupantes.

Durante la inspección, el individuo presentó un documento que no le pertenecía, lo que permitió confirmar posteriormente su identidad como uno de los requeridos por la justicia por delitos contra la vida y la integridad personal.

Las autoridades también ubicaron dentro del vehículo varios indicios relevantes, entre ellos un radio satelital, un router, un proveedor de arma de fuego con municiones y un pasaporte, elementos que fueron puestos a disposición del Ministerio Público para fortalecer la investigación en curso.

El detenido es requerido por un hecho ocurrido el 23 de junio de 2021 en la avenida Ernesto T. Lefevre, donde dos personas resultaron víctimas de un intento de homicidio.

Este caso se suma a una serie de operativos recientes ejecutados por la Policía Nacional y el Ministerio Público, que han derivado en la captura de varios sospechosos vinculados a delitos violentos en distintos puntos del país.

En el corregimiento Ernesto Córdoba Campos, por ejemplo, fue aprehendido un hombre requerido por tentativa de homicidio, tras ser identificado como presunto responsable de un ataque a tiros ocurrido el 12 de abril de 2026, en el que la víctima resultó gravemente herida.

De igual forma, en San Miguelito, dos personas fueron capturadas por su presunta vinculación con un ataque armado contra una unidad policial, registrado el 25 de abril en el sector de Valle de Urracá. Entre los detenidos figura alias “Estrellita”, de 27 años, así como otro implicado identificado como “Josefa”, ambos puestos a órdenes de la Fiscalía de Homicidio para su procesamiento.

En paralelo, la Procuraduría General de la Nación logró la detención provisional de un hombre por tentativa de homicidio y tentativa de femicidio en Panamá Oeste, en un caso ocurrido el 1 de mayo en el sector La Alameda, en Arraiján. Según la investigación, el imputado ingresó a una residencia e intentó causar la muerte a dos personas, quienes resultaron con heridas de gravedad.

Estos casos se producen en un contexto en el que las cifras oficiales reflejan la persistencia de la violencia. Según el informe del Ministerio Público, entre enero y marzo de 2026 se registraron 131 víctimas de homicidio a nivel nacional, con marzo como el mes más violento con 53 casos, seguido de enero con 42 y febrero con 36.

El análisis por región muestra que la provincia de Panamá concentra la mayor cantidad de víctimas con 53 homicidios, seguida por San Miguelito con 26 y Panamá Oeste con 17, lo que evidencia la presión que enfrentan estas zonas en materia de seguridad.

Además, el informe indica que el 94% de las víctimas fueron hombres, mientras que el uso de armas de fuego predomina en el 84% de los casos, consolidándose como el principal instrumento en estos delitos.

Las autoridades han intensificado los operativos y puntos de control en distintas áreas del país como parte de la estrategia de Intervención Control Territorial Focalizado, con el objetivo de ubicar a personas requeridas por delitos graves y reducir los índices de violencia. La captura de alias “Flapy” se enmarca en estas acciones, que buscan desarticular estructuras vinculadas a hechos criminales.

El Ministerio de Salud (Minsa) reportó tres nuevas defunciones por influenza durante la semana epidemiológica 14 de 2026, lo que eleva a 36 el total de muertes acumuladas en lo que va del año.

Las autoridades detallaron que la mayor proporción de fallecimientos se concentra en personas de 65 años y más, seguidas por menores de un año. La influenza suele presentar síntomas como fiebre alta, tos seca, dolor muscular, congestión nasal y fatiga, los cuales pueden agravarse en personas vulnerables.

El informe epidemiológico también revela que el 100% de las personas fallecidas no contaba con vacunación contra influenza en la temporada actual, mientras que el 81.8% tampoco había recibido la vacuna en 2025, lo que refuerza el llamado a cumplir con los esquemas de inmunización.

Además, el 75% de los casos presentaba factores de riesgo, principalmente enfermedades metabólicas, cardiovasculares y renales, que incrementan la probabilidad de complicaciones respiratorias graves.

En cuanto a otras afecciones respiratorias, el Minsa indicó que se registraron 796 casos de síndrome gripal en la semana, con un acumulado de 11,657 casos en el año, mientras que las infecciones respiratorias agudas graves (IRAG) alcanzaron 327 casos en la semana y 4,928 acumulados.

Estas condiciones suelen manifestarse con tos persistente, dificultad para respirar, fiebre y dolor en el pecho, pudiendo evolucionar a neumonía en casos severos.

Entre las enfermedades transmitidas por vectores, el reporte destaca una disminución en los casos de malaria, con 19 nuevos contagios en la semana 14 y un acumulado de 2,927 casos.

La malaria se caracteriza por episodios de fiebre intermitente, escalofríos, sudoración, dolor de cabeza y debilidad, y puede complicarse si no se trata a tiempo, especialmente en zonas rurales y de difícil acceso.

En contraste, el dengue mantiene una presencia relevante con 2,035 casos acumulados, de los cuales 13 son graves. El dengue presenta síntomas como fiebre alta, dolor detrás de los ojos, dolores musculares, sarpullido y náuseas, mientras que en su forma grave puede provocar hemorragias y afectación de órganos.

A esto se suma la leishmaniasis, con 703 casos acumulados, enfermedad que suele manifestarse con lesiones en la piel, úlceras o afectación de mucosas.

En el caso del hantavirus, el Minsa informó que no se registraron nuevos casos en la semana 14, aunque el acumulado asciende a 8 casos en 2026. Esta enfermedad puede iniciar con fiebre, dolor muscular y malestar general, evolucionando a un síndrome cardiopulmonar con dificultad respiratoria severa.

Actualmente, el mundo sigue el brote de hantavirus en un crucero trasatlántico, donde se reportan muertes y contagios entre pasajeros y tripulación, lo que mantiene la atención internacional sobre este virus).

Otras enfermedades bajo vigilancia muestran comportamientos variados. El zika reporta un solo caso en lo que va del año, con síntomas generalmente leves como fiebre baja, sarpullido, conjuntivitis y dolor articular.

Por su parte, chikungunya acumula tres casos, enfermedad que suele provocar dolor articular intenso, fiebre y fatiga prolongada, afectando la movilidad de los pacientes.

La leptospirosis registra 17 casos acumulados, infección bacteriana que puede causar fiebre, dolor muscular, vómitos y en casos graves daño renal o hepático.

En tanto, el gusano barrenador en humanos suma 37 casos, condición que se presenta cuando larvas infestan heridas abiertas, generando dolor, inflamación y destrucción de tejidos si no se trata a tiempo.

El informe también indica que no se han registrado nuevos casos de virus Oropouche ni de viruela símica (Mpox) en la semana evaluada. El Oropouche suele causar fiebre, dolor de cabeza y malestar general, mientras que la Mpox se manifiesta con lesiones cutáneas, fiebre y ganglios inflamados, por lo que ambas enfermedades continúan bajo vigilancia epidemiológica.

Las autoridades reiteraron que la prevención sigue siendo la herramienta más eficaz y menos costosa para evitar complicaciones de salud. En ese sentido, el Minsa enfatizó medidas como el lavado frecuente de manos, la vacunación, el uso de agua potable y la limpieza de entornos, acciones clave para reducir el riesgo de contagio y proteger a la población ante enfermedades prevenibles.

Antes de las 7:00 de la mañana en Panamá, específicamente a las 6:45 a.m., el avión que transporta al presidente del Estado de Israel, Isaac Herzog, aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, marcando un momento histórico en la relación bilateral entre ambos países.

Se trata de la primera visita oficial de un mandatario israelí a Panamá, en una gira que busca reforzar la cooperación estratégica, política y económica entre ambas naciones.

El presidente Herzog fue recibido por el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha Vásquez, en medio de un despliegue protocolar que destacó la relevancia diplomática de la visita.

La llegada del mandatario israelí, acompañado de su esposa Michal Herzog, dio inicio a una agenda oficial que incluye encuentros con autoridades panameñas, líderes empresariales y representantes de la comunidad judía en el país.

Durante su estadía, el jefe de Estado israelí sostendrá una reunión bilateral con el presidente José Raúl Mulino, junto a miembros de su gobierno, con el objetivo de fortalecer la alianza estratégica y ampliar las áreas de cooperación entre Panamá e Israel.

Entre los temas prioritarios figuran el desarrollo de tecnología aplicada al agua, innovación y cooperación técnica en sectores clave para el crecimiento económico.

Tras su llegada al país, Herzog realizó una visita al Canal de Panamá, donde recorrió las Esclusas de Miraflores en compañía del ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha Vásquez.

La visita al principal activo logístico del país formó parte de una agenda enfocada en destacar áreas de interés común, especialmente en gestión hídrica, infraestructura estratégica y sostenibilidad.

El embajador de Israel en Panamá, Mattanya Cohen, había adelantado que la visita permitiría explorar nuevas oportunidades de cooperación en sectores donde Israel cuenta con amplia experiencia, especialmente en innovación tecnológica, manejo eficiente del agua y cooperación técnica.

Estos temas adquieren relevancia para Panamá, en momentos en que el país busca fortalecer su capacidad de adaptación ante retos climáticos y productivos.

Además de los encuentros oficiales, el mandatario israelí tiene previsto reunirse con líderes de la comunidad judía en Panamá, fortaleciendo los vínculos culturales y sociales entre ambos países.

Este componente de la agenda busca consolidar una relación que trasciende lo político y económico, integrando aspectos históricos, comunitarios y diplomáticos.

La visita de Herzog se produce en un contexto de acercamiento entre Panamá e Israel, tras acuerdos previos orientados a ampliar la cooperación bilateral.

Este nuevo encuentro busca consolidar esos avances y posicionar a Panamá como un socio estratégico en la región, en momentos en que la innovación, la tecnología y la seguridad hídrica son factores cada vez más determinantes.

Hace unos días, el canciller panameño sostuvo una conversación telefónica con su homólogo del Estado de Israel, Gideon Sa’ar, en medio de un contexto internacional marcado por tensiones en el Medio Oriente.

Durante el intercambio, Panamá expresó su solidaridad con el pueblo israelí y manifestó su preocupación por la seguridad regional, al tiempo que reiteró su compromiso con la paz, el respeto al derecho internacional y la búsqueda de soluciones pacíficas, en línea con los principios de la Organización de las Naciones Unidas.

El traslado del presidente israelí se realizó a bordo del avión oficial “Wing of Zion”, un Boeing 767-300ER operado por la Fuerza Aérea de Israel. La aeronave está equipada con tecnología de defensa avanzada y sistemas de comunicación seguros, diseñados para misiones oficiales de alto nivel.

Tras concluir su visita en Panamá, Herzog continuará su gira regional hacia Costa Rica, donde participará en la toma de posesión de la presidenta electa Laura Fernández Delgado. La agenda regional busca reforzar la presencia diplomática de Israel en América Latina y ampliar su red de cooperación política, económica y tecnológica.

Isaac Herzog asumió la presidencia del Estado de Israel el 7 de julio de 2021, tras una larga trayectoria política que incluyó su paso como líder del Partido Laborista y jefe de la oposición. Durante su administración, ha mantenido un rol principalmente institucional y conciliador —propio del sistema político israelí—, enfocado en promover la unidad interna en un contexto de alta polarización, así como en fortalecer las relaciones internacionales de Israel, impulsando vínculos diplomáticos y cooperación en áreas como innovación, seguridad y desarrollo tecnológico.

La visita del presidente Herzog representa un paso significativo en la relación entre Panamá e Israel, al abrir una nueva etapa de cooperación bilateral con énfasis en innovación, sostenibilidad y desarrollo tecnológico. También confirma el interés de ambos países en fortalecer alianzas estratégicas en un escenario internacional donde la diplomacia económica y la cooperación técnica tienen cada vez más peso.

El Consejo de Gabinete de Panamá aprobó un aporte estatal de B/.64,6 millones al Fondo de Estabilización Tarifaria (FET), destinado a compensar a las empresas distribuidoras de energía eléctrica por los descuentos aplicados a clientes residenciales con consumos mensuales de hasta 300 kilovatios hora.

Esta medida, ratificada mediante la Resolución N.42-25, beneficiará a cerca de 930 mil usuarios durante el segundo semestre de 2025, según información oficial difundida por el gobierno panameño.

Esta asignación fue ratificada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Consejo de Gabinete. Generalmente, las asignaciones se revisan y aprueban de manera semestral, en función de la demanda social y las fluctuaciones del mercado eléctrico

De acuerdo con lo reportado por las autoridades, el monto aprobado responde a la notificación realizada por la Autoridad de los Servicios Públicos (ASEP) al órgano Ejecutivo, en la que se detalla que los fondos cubrirán los descuentos otorgados entre julio y diciembre de 2025 a los consumidores que no superen los 300 kWh en su factura mensual.

La asignación tiene como objetivo garantizar la continuidad del subsidio a una franja significativa de la población, en un contexto de ajustes tarifarios periódicos en el sector eléctrico.

La decisión del Gabinete se produjo tras la opinión favorable emitida por el Consejo Económico Nacional (CENA) el pasado 29 de abril de 2026. Las autoridades destacaron que la medida busca mitigar el impacto de las variaciones tarifarias en los hogares con menor consumo, consolidando un esquema de apoyo que, de acuerdo con cifras oficiales, ha beneficiado de manera sostenida a cientos de miles de familias en los últimos años.

El Fondo de Estabilización Tarifaria forma parte de los mecanismos implementados por el Estado para asegurar que los usuarios residenciales con consumos bajos puedan acceder a tarifas subsidiadas, en línea con las políticas públicas orientadas a la protección del poder adquisitivo de los sectores más vulnerables.

Según la ASEP, la asignación de los más de 64 millones de balboas permitirá mantener estables los descuentos durante el periodo señalado, evitando incrementos abruptos en las facturas eléctricas de los beneficiarios.

La resolución aprobada por el Gabinete se inscribe en el marco de las acciones gubernamentales para atender la evolución de los precios de la energía, así como para fortalecer la sostenibilidad financiera de las empresas distribuidoras, que reciben la compensación correspondiente por los descuentos aplicados a sus clientes.

El Fondo de Estabilización Tarifaria (FET) en Panamá es un mecanismo diseñado para mitigar los aumentos en las cuentas de electricidad y estabilizar el costo de la energía, especialmente para los clientes de menor consumo. Según la empresa distribuidora ENSA, este fondo beneficia a los usuarios de baja tensión que registran un consumo mensual igual o inferior a 300 kilovatios hora (kWh).

Además del FET, existe el Fondo de Occidente (FTO), que está dirigido a usuarios de áreas específicas como Bocas del Toro y partes de Chiriquí. Ambos mecanismos buscan evitar que los incrementos en los costos de generación eléctrica se trasladen de forma directa a la tarifa final de los usuarios residenciales pequeños, según lo informado por la Presidencia de la República.

Panamá logró una mejora relevante en la percepción de riesgo financiero internacional al ubicarse en abril de 2026 como el cuarto país con menor riesgo país de Latinoamérica, con un EMBI de 1.13% o 113 puntos básicos, solo por detrás de Uruguay, Chile y Paraguay.

El resultado marca un giro frente al deterioro observado entre 2023 y 2024, cuando la crisis minera, el déficit fiscal, la pérdida del grado de inversión y la sequía del Canal elevaron la presión sobre la deuda panameña.

El EMBI, sigla en inglés de Emerging Markets Bond Index, es un indicador elaborado por JP Morgan Chase & Co. que mide la diferencia entre el rendimiento de los bonos de países emergentes y los bonos del Tesoro de EU.

En términos simples, mientras más alto es el indicador, mayor es la percepción de riesgo; mientras más bajo, mayor confianza muestran los inversionistas en la capacidad del país para cumplir sus compromisos financieros.

La recuperación panameña contrasta con el momento más crítico registrado en febrero de 2024, cuando el EMBI alcanzó 303 puntos básicos, uno de sus niveles más altos de los últimos años. Ese deterioro coincidió con el cierre de la mina de cobre, la tensión social derivada del contrato minero, la rebaja de Fitch Ratings que retiró el grado de inversión y una sequía que redujo el tránsito de buques por el Canal de Panamá.

Según el asesor empresarial y consultor laboral René Quevedo, a pesar de la incertidumbre mundial y una tasa de desempleo de 10.4%, la confianza en Panamá sigue mejorando tanto en el frente externo como interno.

El comportamiento de los bonos panameños en abril de 2026 muestra que los mercados vuelven a observar al país como una economía relativamente estable dentro de la región, aunque todavía con desafíos fiscales y laborales pendientes.

La mejora ocurre en medio de una economía que mantiene señales de recuperación. El Fondo Monetario Internacional proyecta para Panamá un crecimiento real de 3.8% en 2026, mientras que para 2025 había previsto una expansión de 4.5%, impulsada por sectores no mineros tras el impacto del cierre de Cobre Panamá.

Esta trayectoria sugiere una economía con capacidad de rebote, pero todavía expuesta a decisiones clave sobre inversión, empleo y sostenibilidad fiscal.

Uno de los pilares de esa expectativa es el Canal de Panamá, que anunció un plan de inversiones por más de $8,000 millones en proyectos estratégicos para reforzar su competitividad, seguridad hídrica y capacidad logística.

Estos proyectos son relevantes para la lectura de riesgo porque el Canal sigue siendo una de las principales fuentes de ingresos del Estado y un activo crítico para la confianza internacional.

Otro factor bajo observación es la posible reactivación gradual de Cobre Panamá. El Gobierno autorizó en abril de 2026 el procesamiento y exportación de material almacenado en la mina, aunque la empresa aclaró que eso no implica una reapertura plena ni nuevas actividades de extracción.

La mina llegó a representar cerca del 5% del PIB y alrededor del 1% de la oferta mundial de cobre, por lo que cualquier decisión sobre su futuro incide en las expectativas económicas.

La recuperación de actividades productivas como el banano también suma a la narrativa de estabilización. Aunque no tiene el peso fiscal del Canal ni de la minería, el sector agroexportador contribuye a la generación de empleo regional y a la diversificación económica, dos elementos que los mercados valoran cuando evalúan la capacidad de un país para crecer sin depender de una sola fuente de ingresos.

Pero la reducción del riesgo país no elimina los focos de tensión. Panamá atraviesa una reestructuración del sistema portuario tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional la ley que aprobó el contrato de Panama Ports Company para operar los puertos de Balboa y Cristóbal. La decisión dejó en firme el cambio sobre dos terminales estratégicas para el comercio marítimo y la conectividad del Canal.

El caso escaló al plano internacional. Panama Ports Company, filial del grupo hongkonés CK Hutchison, inició un arbitraje contra el Estado panameño por $2,000 millones, luego de que se declararan inconstitucionales las concesiones portuarias y el Gobierno asumiera el control físico de las terminales. Este proceso agrega una capa de incertidumbre jurídica sobre un sector clave para la posición logística del país.

A esa disputa se suma la reacción de China. Reportes internacionales señalan que aumentaron las inspecciones y retenciones de buques con bandera panameña en puertos chinos, en medio de la controversia por el control de los puertos y la tensión geopolítica entre Estados Unidos y China. Para Panamá, el reto consiste en defender sus decisiones soberanas sin quedar atrapado en una rivalidad entre potencias.

En términos regionales, el desempeño de Panamá luce favorable. El promedio latinoamericano del EMBI se ubicó alrededor de 262 puntos básicos, más del doble del nivel panameño, mientras países como Argentina, Ecuador y Venezuela siguen mostrando indicadores mucho más elevados. Esa comparación fortalece el argumento de que Panamá recuperó parte de su atractivo financiero, aunque no significa que haya resuelto sus vulnerabilidades internas.

La lectura final es positiva, pero no cómoda. Panamá vuelve a aparecer entre los países de menor riesgo de América Latina, pero ese avance dependerá de que logre consolidar sus finanzas públicas, ejecutar los proyectos del Canal, resolver el frente minero, ordenar el conflicto portuario y transformar el crecimiento económico en empleo formal. El mercado está dando una señal de confianza; ahora el país tiene que demostrar que puede sostenerla.

El mercado laboral panameño mostró señales de recuperación en el inicio de 2026, con 84,067 nuevos contratos registrados en el primer trimestre, un crecimiento de 25.2% frente al mismo período de 2025.

Sin embargo, detrás de este repunte persiste una realidad estructural: la economía aún no logra recuperar los niveles de contratación previos a la pandemia, tomando en cuenta que en el primer trimestre de 2019 se alcanzaron 100,878 contratos, lo que evidencia que la reactivación del empleo sigue siendo incompleta y por debajo de su capacidad histórica.

La ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, informó que el aumento en la contratación refleja una mejoría en la dinámica económica, impulsada en parte por la inversión pública y la reactivación de sectores clave.

No obstante, el propio informe deja claro que el crecimiento no es suficiente para compensar la caída registrada en años anteriores, lo que mantiene a Panamá por debajo de su capacidad histórica de generación de empleo. Esta tendencia confirma que la recuperación laboral sigue siendo incompleta y desigual, a pesar de los indicadores positivos recientes.

El desglose de los contratos evidencia además una estructura laboral con predominio de empleos temporales o de menor estabilidad. Según el informe de la Contraloría, de los 84,067 contratos registrados entre enero y marzo de 2026, 43,878 corresponden a contratos definidos, mientras que 22,909 son indefinidos y 12,641 por obra determinada en la sede central, a los que se suman 23,416 definidos, 5,957 indefinidos y 10,816 por obra en las regionales.

Esto confirma que el crecimiento del empleo está concentrado en modalidades no permanentes, lo que limita la estabilidad laboral en el país.

La comparación histórica refuerza esta lectura. En 2022 se registraron 61,620 contratos, en 2023 unos 66,652, en 2024 69,152 y en 2025 67,144, lo que muestra una recuperación gradual pero aún insuficiente para alcanzar los niveles previos a la crisis sanitaria.

Aunque el salto de 2026 es significativo, el mercado laboral panameño sigue operando por debajo de su potencial, con una recuperación que depende en gran medida de factores coyunturales como la inversión pública y no de una expansión sostenida del sector privado.

En paralelo, el contexto laboral refleja tensiones estructurales. La tasa de desempleo nacional se ubicó en 10.4% en septiembre de 2025, un aumento frente al rango de 9.5% a 9.7% registrado en 2024, lo que representa un deterioro en la capacidad del mercado para absorber mano de obra.

En términos absolutos, la población desocupada alcanzó 227,302 personas, lo que implica más de 17,900 nuevos desempleados en un año, consolidando un escenario de presión sobre el empleo formal.

Las brechas también son evidentes por género y edad. Las mujeres registran una tasa de desempleo de 13.2%, superior al 8.1% de los hombres, mientras que en el segmento joven la situación es aún más crítica.

El desempleo entre mujeres de 14 a 29 años se ubicó en 16.8%, frente a 16.2% en hombres jóvenes, lo que evidencia un mercado laboral con barreras de entrada significativas para las nuevas generaciones.

A esto se suma el peso de la informalidad, que continúa siendo uno de los principales desafíos. En septiembre de 2025, la tasa se situó en 47.1%, lo que significa que aproximadamente 785,000 personas trabajan en condiciones informales, es decir, casi uno de cada dos trabajadores en el país carece de seguridad social o contrato formal. Esta realidad limita la productividad, reduce la recaudación y debilita la sostenibilidad del sistema económico.

Desde el Gobierno, la ministra Muñoz destacó que sectores como el comercio (36%) y la construcción (21%) lideran la generación de empleo, seguidos por actividades administrativas, hoteles y restaurantes e industrias.

Además, subrayó que la inversión pública superior a $11,000 millones está teniendo un impacto directo en la creación de puestos de trabajo, especialmente en regiones como Colón, Panamá, Panamá Oeste y Darién, donde se han registrado repuntes en las contrataciones.

En cuanto a las políticas activas, el programa Mi Primer Empleo ha beneficiado a 2,703 jóvenes, de los cuales 1,423 lograron insertarse en el mercado laboral, mientras que otras iniciativas como la Bolsa de Empleo digital y el proyecto Más Territorio, Más Empleo buscan ampliar las oportunidades laborales, especialmente para jóvenes y poblaciones vulnerables.

A pesar de estos esfuerzos, el diagnóstico de los gremios empresariales es claro. La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá advierte que el país enfrenta un reto estructural en materia laboral, donde el crecimiento de la contratación no necesariamente se traduce en empleos estables.

En este contexto, el sector privado insiste en que el empleo formal debe estar en el centro de las decisiones nacionales, promoviendo condiciones que faciliten la inversión, reduzcan la informalidad y permitan generar plazas sostenibles en el tiempo.

La ministra también destacó que el proceso de digitalización del Mitradel alcanza ya el 90%, lo que ha permitido agilizar trámites laborales y reducir tiempos en la gestión de expedientes.

Según explicó, más de 30,000 expedientes han sido migrados a plataformas electrónicas en el último año, incluyendo procesos en las Juntas de Conciliación, que ahora estarán conectadas con el Órgano Judicial. Este avance apunta a una modernización del sistema laboral, orientada a facilitar la relación entre empleadores y trabajadores.

Asimismo, subrayó que el Gobierno busca fortalecer la inserción laboral mediante herramientas tecnológicas, como la reinstalación de la Bolsa de Empleo digital, en la que ya participan más de 1,500 empresas.

Esta plataforma permite a los aspirantes postularse sin intermediarios y con el uso de inteligencia artificial, lo que, según la ministra, contribuye a eliminar barreras tradicionales como las largas filas en ferias de empleo y mejorar la conexión entre oferta y demanda laboral.

Desde el sector privado, la Cámara de Comercio también advierte que el reto no es solo generar empleo, sino asegurar su calidad. El gremio sostiene que la alta proporción de contratos temporales limita la estabilidad laboral, lo que impacta directamente en el consumo, la productividad y la confianza de los trabajadores. En este contexto, insiste en que no basta con aumentar las cifras de contratación si estas no se traducen en empleos sostenibles en el tiempo.

Además, la organización empresarial plantea que la solución al problema laboral pasa por mejorar el entorno para la inversión. Según su análisis, es necesario avanzar en agilidad institucional, seguridad jurídica y ejecución de proyectos, elementos clave para dinamizar la economía.

La Cámara enfatiza que cada sector productivo que se activa genera un efecto multiplicador en empleo, por lo que el crecimiento debe estar acompañado de condiciones que permitan a las empresas expandirse y contratar de forma estable.

En paralelo, las cifras oficiales también reflejan el peso del sector público en la generación de empleo reciente. De los contratos reportados en el primer trimestre, cerca de 10,589 trabajadores ingresaron a la planilla estatal, en su mayoría bajo la condición de eventuales, lo que evidencia que una parte relevante de la expansión laboral proviene del Estado y no del sector privado, un factor que limita la sostenibilidad del crecimiento del empleo en el mediano plazo.

Una mujer de 61 años de edad no resistió a las quemaduras y a las graves heridas propinadas con un arma punzocortante por su propio hijo, quien también intentó quemarla.

El violento ataque ocurrió en enero de este año en la ciudad de David, provincia de Chiriquí, y desde entonces la fémina se mantenía recluida en el Hospital Rafael Hernández, donde esta semana falleció.

La víctima había declarado que su hijo, de 25 años, la habría agredido con una tijera y posteriormente intentó prender fuego dentro de la residencia que ocupaban, con la aparente intención de causarle mayores daños, aunque hasta el momento se desconocen los motivos que originaron el ataque, reportó el diario El Siglo.

Aquella noche el agresor presuntamente atacó a su madre dentro de la vivienda, causándole varias heridas, y no conforme con eso habría rociado un líquido inflamable en el lugar, lo que provocó un incendio parcial que agravó aún más la condición de la mujer.

Tras el hecho, los informes policiales indican que el sospechoso se dio a la fuga, por lo que se dio una intensa búsqueda y días después fue aprehendido a orillas del río David en condiciones delicadas de salud, con signos de deshidratación, luego de varios días evadiendo a las autoridades.

El Ministerio Público informó que ahora con el deceso de la mujer se prevé una audiencia de control de garantías, donde incluso podría darse una reclasificación del delito.

Uno de los últimos casos de matricidio que se dio en Panamá ocurrió el 19 de mayo de 2020, en el apartamento N°4C, Residencial Parque del Este, corregimiento de Juan Díaz, cuando una mujer de 36 años le quitó la vida a su madre y luego la desmembró.

Posterior al hecho se conoció que la victimaria había estado recluida en varios centros de rehabilitación para personas que consumen drogas, e incluso hasta la propia madre la acompañaba a los cultos de rehabilitación.

Personas del entorno de la principal sospechosa afirmaron en su momento que unas semanas antes de la tragedia se habría dado un altercado entre la mujer y su madre, donde aseguraron que hubo agresión física.

Mediante un jurado de conciencia el Tribunal de Juicio del Primer Circuito Judicial de Panamá emitió una sentencia condenatoria de 30 años de prisión para la imputada.

Durante el acto de audiencia, el diario Critica informó que la mujer se mantuvo muy fría, seria, no demostró mucha emoción, habló poco, solo se limitó a su presentación y datos que para su registro le solicitaba el juez.

Otro caso de delito en contra de los progenitores en Panamá se dio esta semana cuando un adulto mayor de 71 años terminó sin un dedo de una mano y con graves heridas en la cabeza y un brazo, luego de ser agredido por su hijo.

El ataque tuvo lugar en El Copé, distrito de La Pintada, provincia de Coclé, donde después de haber cometido el hecho el agresor se dio a la fuga trasladándose en un transporte público hacia la ciudad capital.

Pero, no contaba con que ya estaba siendo buscado por las autoridades de Policía, quienes mediante un operativo establecieron un punto de control donde el presunto agresor fue ubicado dentro del colectivo.

Tras informarle de sus derechos y del motivo de su aprehensión, el hombre fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes, informó la Policía Nacional.

Recientes hechos de delincuencia común en las calles de la ciudad de Panamá, a cualquier hora del día, mantienen en zozobra a los miembros de la Asociación Panameña de Hoteles (APATEL), que expresó su preocupación ante esta situación cada vez más creciente.

Los delitos ya ocurren en zonas de alta circulación turística, por lo que advirtieron sobre las posibles repercusiones negativas que puedan tener en la percepción internacional del país.

Hace unos días dos turistas fueron brutalmente asaltados por tres delincuentes a la supuesta salida de un hotel en la transitada Avenida Balboa, sin que fueron auxiliados por seguridad alguna, que en muchas ocasiones brilla por su ausencia.

Las imágenes del asalto se difundieron por diversas redes sociales.

El gremio de hoteleros señaló que estos incidentes no solo afectan la seguridad ciudadana, sino que también inciden de manera directa en la imagen de Panamá como destino seguro, un atributo que según dijeron ha sido construido durante años mediante esfuerzos conjuntos entre el sector público y privado.

“El turismo es altamente sensible a la seguridad. Cada evento de esta naturaleza tiene un efecto multiplicador que trasciende el hecho puntual, impactando la confianza del visitante, la reputación del destino y la competitividad frente a otros mercados de la región”, indicó la organización en un pronunciamiento.

En este contexto, APATEL hizo un llamado respetuoso, pero firme a las autoridades panameñas para adoptar acciones inmediatas que refuercen la seguridad en el país.

Entre las medidas solicitadas destacan el incremento de la presencia policial preventiva en zonas turísticas, áreas hoteleras y puntos de alto tránsito de visitantes, así como el fortalecimiento de los mecanismos de inteligencia y la capacidad de respuesta oportuna ante incidentes.

El sector hotelero reiteró además su disposición de colaborar activamente con las instituciones del Estado en la implementación de estrategias conjuntas que garanticen la seguridad tanto de nacionales como de extranjeros, subrayando que este es un elemento indispensable para la sostenibilidad del turismo.

Los hoteleros advirtieron que Panamá no puede permitirse retroceder en uno de sus principales activos: la confianza de quienes visitan el país, en un contexto global donde la seguridad se ha convertido en un factor determinante en la elección de destinos turísticos.

De marzo a abril de este año el país experimentó un repunte en los hechos delincuenciales, cerrando el primer trimestre con 130 homicidios, de acuerdo con el Ministerio Público citado por medios de prensa.

Los hoteleros sostienen que hacen su esfuerzo para colaborar a mantener a flote la actividad turística. Recientemente rechazaron el Anteproyecto de Ley No. 131, que proponía la creación de una tasa de $10 para pasajeros en conexión en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, al advertir sobre sus posibles efectos adversos en la competitividad aérea y el desempeño del sector turístico.

El gremio manifestó su “profunda preocupación” por la iniciativa, denominada “Tasa de Uso de Instalaciones Aeroportuarias en Tránsito” (TUIAT), al considerar que sentaría un precedente negativo al utilizar un sector estratégico como fuente de recaudación para fines ajenos a su sostenibilidad.

De igual manera, firmaron con la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa un convenio de cooperación interinstitucional orientado a fortalecer el sector turístico como motor clave del desarrollo económico y territorial del país.

El acuerdo establece una hoja de ruta conjunta para promover la competitividad, la atracción de inversiones, la formación de talento humano y la consolidación de Panamá como un destino turístico sostenible y de alto valor.

La actividad bananera en la provincia de Bocas del Toro, fronteriza con Costa Rica, se recupera, luego de que en julio de 2025 la empresa transnacional Chiquita decidiera cerrar sus puertas, debido las fuertes protestas protagonizadas por los trabajadores, que rechazaban una ley que reformaba el sistema de pensiones.

Los disturbios, según dijo la empresa en esa oportunidad, la obligaron a cerrar sus puertas e irse del país, despidiendo a más de 5 mil trabajadores, lo que afectó seriamente la economía de una provincia donde el mayor empleador es la industria bananera.

Después de la firma de un memorándum entre el gobierno y la empresa, esta regresó, y ahora anuncia, en la voz del ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, que más de 5,000 trabajadores recuperaron sus empleos y que las exportaciones bananeras empiezan a recuperarse.

Uno de los puntos del acuerdo era la contratación inicial de unos 3,000 trabajadores para labores agrícolas de limpieza y recuperación, y posteriormente, una contratación adicional estimada de 2,000 obreros para las actividades de cosecha y empaque, dando prioridad a la mano de obra local.

“La recuperación ha ido avanzando”, expresó Moltó, quien agregó que la empresa está nuevamente en producción, la planta empacadora trabaja doble turno y el empleo empieza a estabilizarse.

El 17% de los trabajadores antiguos y nuevos son mujeres y el resto hombres, dio a conocer el ministro.

Por años, el banano era el primer producto de exportación del país, pasando a representar en marzo de 2025 un 17.5%, pero que al cierre de ese año cayó a 7.5%.

Esto, de acuerdo con el funcionario, evidenció el impacto que tuvo sobre la actividad las protestas que duraron cerca de cuatro meses.

En 2025 las exportaciones totales de Panamá cerraron en $980 millones, reflejando un incremento interanual frente a 2024, según cifras oficiales.

Se reiteró que antes del conflicto laboral, el banano se mantenía como el principal producto de exportación del país, luego de que a finales de 2023 se suspendieran los envíos de cobre tras el fallo de inconstitucionalidad contra la concesión de Minera Panamá, filial de First Quantum Minerals.

Uno de los puntos más relevantes fue la baja en las exportaciones de banano, producto de la huelga de trabajadores, que afectó la producción y el despacho hacia mercados internacionales.

El banano empieza a recuperar su capacidad de exportación y su participación dentro de la canasta exportadora de Panamá, afirmó.

Sobre el terreno el proceso de recuperación estuvo liderado por los ministros de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares, y por el propio Moltó, quienes presidieron una conferencia de prensa para dar a conocer la buena nueva.

La actividad exportadora en general también comienza a recuperarse, a mostrar másdinamismo, y en la provincia de Herrera, por ejemplo, la empresa Potuga Fruit logró enviar a los Países Bajos, al Reino Unido y a Portugal un total de más de 280 contenedores de sandía, según el ministro de Comercio e Industrias.

Esto generó más de 350 empleos directos e indirectos, que benefician sobre todo a los lugareños de las comunidades vecinas a donde opera la empresa.

Las exportaciones de bienes se están recuperando en un 22 a 23% en comparación con igual periodo del año pasado, afirmó el ministro, quien aseguró que esto muestra una tendencia al alza.

El enfoque que tenemos y queremos dar de fondo, anotó Moltó, es el sostenimiento de la actividad productiva, fortaleciendo nuestra capacidad exportadora, generando oportunidades que reflejen estabilidad para la gente mediante el empleo, porque de eso se trata, que la gente tenga trabajo, estabilidad, y que el país siga avanzando.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) puso sobre la mesa uno de los problemas más sensibles para las economías de la región: la falta de competencia en los mercados, un fenómeno que se traduce directamente en precios más altos para los consumidores y salarios más bajos para los trabajadores.

Durante la presentación del informe Mercados y desarrollo: cómo la competencia puede mejorar vidas, la representante del organismo en Panamá, Gloria Lugo, advirtió que el país no escapa a esta realidad, pese a sus fortalezas estructurales.

Según el informe, los mercados de América Latina y el Caribe presentan niveles de concentración hasta cuatro veces mayores que los de economías avanzadas, lo que limita la competencia efectiva y reduce el bienestar económico de la población .

Este fenómeno no es solo técnico: implica que menos empresas dominan sectores clave, con capacidad para influir en los precios, restringir la oferta y capturar una mayor proporción del valor generado en la economía.

Esa concentración tiene un impacto directo en los ingresos de las personas. En promedio, los trabajadores de la región reciben apenas 50 centavos por cada dólar de valor que generan, una cifra muy por debajo de los 81 centavos que se registran en economías desarrolladas.

En el caso de Panamá, el dato es incluso más bajo: 48 centavos por dólar, lo que refleja una brecha significativa entre productividad y remuneración.

Para Lugo, este resultado no es casualidad, sino el reflejo de mercados poco competitivos, donde el poder de las empresas limita tanto los precios como los salarios. “Ese es el costo silencioso de los mercados poco competitivos”, explicó, al señalar que este impacto no aparece en facturas ni indicadores tradicionales, pero se siente en la vida cotidiana de quienes compran medicamentos, contratan servicios o buscan financiamiento.

El informe, presentado por el economista del BID César Santos, profundiza en esta dinámica y explica que la falta de competencia permite a las empresas fijar precios por encima de sus costos, lo que genera mayores márgenes de ganancia, pero también menor producción y menor dinamismo económico . En términos simples, los consumidores pagan más, las empresas venden menos y la economía crece por debajo de su potencial.

El impacto no se limita a los precios. En el mercado laboral, la concentración también reduce la competencia por trabajadores, lo que se traduce en salarios más bajos y menor movilidad laboral. Según el análisis del BID, cuando las empresas tienen mayor poder de mercado, pueden restringir la contratación y mantener remuneraciones por debajo del valor real generado por los empleados.

Panamá presenta una contradicción clara en su sistema financiero. Aunque cuenta con uno de los centros bancarios más grandes de la región, con activos cercanos al 200% del PIB, una parte importante de las pequeñas y medianas empresas sigue sin acceso al crédito. La brecha de financiamiento alcanza el 41% del PIB, lo que evidencia que el tamaño del sistema no se traduce automáticamente en mayor competencia ni en un acceso más amplio al financiamiento.

El informe también identifica que sectores estratégicos como la banca y las telecomunicaciones concentran niveles elevados de poder de mercado, lo que impacta directamente en el costo del crédito y en los precios de servicios esenciales. En el caso bancario, la alta concentración de activos en pocas entidades se asocia con mayores tasas de interés, especialmente para segmentos de mayor riesgo como PYMES y emprendedores.

Sobre este punto, Javier Motta, director de Estabilidad Financiera de la Superintendencia de Bancos de Panamá, señaló que el país mantiene un sistema financiero profundo, pero con una brecha estructural en el acceso al crédito productivo.

Explicó que, de los cerca de $64,000 millones en crédito local, el 53% se dirige a los hogares y el 43% a empresas, una distribución distinta a la de hace dos décadas. También indicó que la cartera de mipymes representa solo 14% del crédito, decrece cerca de 5% y registra una morosidad de 9.5%, lo que limita su expansión y refleja las dificultades que enfrentan estos segmentos para integrarse plenamente al sistema financiero formal.

Por su parte, Carlos Berguido, presidente ejecutivo de la Asociación Bancaria de Panamá, sostuvo que el sistema bancario panameño es competitivo en número de actores, con 39 bancos de licencia general, pero advirtió que factores como la informalidad, la falta de educación financiera y debilidades administrativas siguen restringiendo el acceso al crédito.

También alertó que propuestas como la regulación de tasas de interés o la prescripción forzosa de deudas podrían generar un efecto contrario al esperado, al reducir la oferta de financiamiento y empujar a segmentos de mayor riesgo hacia el crédito informal, donde no existen mecanismos de protección.

Ambos ejecutivos participaron en un panel posterior a la presentación del informe del BID, documento que también señala que Panamá y la región enfrentan mercados fragmentados, baja movilidad empresarial y barreras que limitan la entrada de nuevos competidores.

El análisis advierte que en América Latina el 95% de las empresas tiene menos de cinco trabajadores y concentra el 57% del empleo, mientras que las firmas grandes, más productivas, representan apenas el 1% del total, lo que refleja un ecosistema con poco dinamismo y escasa escalabilidad empresarial.

El informe también destaca que la falta de competencia no solo se traduce en precios altos, sino en menor innovación, baja productividad y menor creación de empleo formal, debido a que las empresas dominantes enfrentan poca presión para mejorar o expandirse.

En Panamá, las empresas destinan apenas 0.12% de sus ventas a innovación, una cifra muy por debajo de estándares internacionales y del promedio de economías avanzadas . La falta de competencia reduce los incentivos para innovar, lo que limita la productividad y la capacidad de crecimiento a largo plazo.

En ese contexto, el BID subraya que la solución pasa por reducir barreras regulatorias, mejorar la integración de mercados y fortalecer la capacidad del Estado para hacer cumplir reglas de competencia, condiciones necesarias para lograr un entorno donde más empresas puedan crecer, competir y generar oportunidades económicas sostenibles.

A nivel regional, el BID estima que si los países de América Latina lograran niveles de competencia similares a los de economías avanzadas, el PIB per cápita podría aumentar en aproximadamente 11% y la desigualdad reducirse en 6%.

En el mercado laboral, los efectos serían aún mayores, con incrementos cercanos al 25% en el producto y reducciones significativas en la desigualdad.

Frente a este panorama, el informe plantea tres líneas de acción clave. La primera es integrar los mercados, reduciendo la fragmentación mediante comercio, infraestructura y tecnología.

La segunda es diseñar regulaciones más inteligentes y procompetencia, eliminando barreras que protegen a empresas establecidas. Y la tercera es fortalecer las agencias de competencia, dotándolas de mayor independencia y capacidad para actuar.

En el caso de Panamá, Lugo destacó que el país cuenta con avances importantes, incluyendo la capacidad técnica de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco). Sin embargo, también persisten brechas relevantes, como la falta de revisión obligatoria de fusiones, la ausencia de tipificación penal para conductas de cartel y limitaciones en la capacidad de ejecución de la entidad.

El mensaje del BID es claro: la falta de competencia no es un problema abstracto, sino un factor estructural que limita el crecimiento, eleva los precios y reduce los ingresos de las personas. Para Panamá y el resto de la región, el desafío no es solo crecer, sino hacerlo con mercados más abiertos, dinámicos y competitivos, donde los beneficios del desarrollo se distribuyan de manera más equitativa.

El dengue en Panamá suma 2,035 casos acumulados a nivel nacional, por lo que las autoridades sanitarias reiteran el llamado a la población a reforzar las medidas de prevención y eliminación de criaderos del mosquito transmisor de esta enfermedad.

Al desglosar la cifra, correspondiente a la semana epidemiológica No. 14, que abarca del 5 al 11 de abril de este año, el Ministerio de Salud señala que 1,784 casos son sin signos de alarma, mientras que 238 presentan signos de alarma y se reportan 13 casos de dengue grave.

La enfermedad está presente en la Región Metropolitana, que encabeza la lista con 540 casos, seguido por la provincia de Colón con 331 casos, el distrito de San Miguelito con 198 y la provincia de Bocas del Toro registra 197 casos.

A la lista se suma la provincia de Panamá Oeste con 176 casos, la región de Panamá Este con 153 casos, mientras que en la provincia de Herrera se reportan 108, unos 94 casos en Panamá Norte y 82 en la provincia de Chiriquí.

El registro del Ministerio de Salud coloca a la provincia de Los Santos con 48 casos, 33 en la provincia de Veraguas, 32 en la comarca indígena Kuna Yala, en tanto que las provincias de Coclé, Darién y la comarca Ngäbe Buglé tienen 22,13 y ocho casos, respectivamente.

Sobre las hospitalizaciones a causa de este mal, el ministerio informa que en la semana de análisis se han dado un total de 248 en distintos nosocomios.

Hay seis defunciones, que se han registrado en las provincias de Bocas del Toro con tres, Los Santos con dos y uno en Coclé.

Los corregimientos con más casos hasta la semana observada son, en la región metropolitana, Tocumen (146 casos), 24 de diciembre (83), y Belisario Frías (68); en tanto que en Puerto Pilón se han dado 67casos, en Veracruz (66); Las Garzas (64), en Cristóbal (57) y en Cristóbal Este 49 casos, estos últimos en la provincia de Colón.

Las tasas de incidencia demuestran durante la semana que el grupo más afectado es el de 10 a 14 años, con una tasa de 61.2 casos por 100,000 habitantes.

El Ministerio de Salud continúa intensificando los operativos en todo el país, apoyándose en el equipo de Control de Vectores y en las estrategias de Promoción de la Salud para reducir los casos de dengue.

Las autoridades sanitarias insisten en la importancia de la participación ciudadana para la eliminación de todos los criaderos del mosquito, tanto dentro como alrededor de las viviendas.

De igual manera, se insta a la población a eliminar todos los recipientes en desuso que puedan acumular agua (latas, botellas, neumáticos, entre otros.), tapar los recipientes utilizados para la recolección de agua y limpiar los alrededores de las viviendas con regularidad.

Entre los principales síntomas del dengue se cuentan: fiebre, dolor de cabeza, malestar general, dolores musculares y dolor ocular.

Se recomienda a la población no automedicarse y acudir oportunamente a un centro de salud ante la sospecha de la enfermedad, prestando especial atención a los signos de alarma.

En otro orden de ideas, el Ministerio de Salud también informó que desde el 6 de abril está en funcionamiento la Sala de Cuidados Paliativos y Alivio del Dolor Oncológico del Instituto Oncológico Nacional, ubicada en el Hospital de Cancerología de la Ciudad de la Salud, que responde al incremento de casos de cáncer registrado en los últimos años.

Panamá aspira a distinguirse en la región por la solidez de sus instituciones y su conducta leal hacia los compromisos internacionales que ha asumido libremente, afirmó el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha Vásquez, durante el acto de instalación del 189° Período Ordinario de Sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Aseguró que esa aspiración implica, entre otras cosas, que las decisiones de Corte Interamericana de Derechos Humanos sean acatadas con la seriedad que corresponde a un Estado que cree en el sistema que ayudó a construir.

La Corte Interamericana es uno de los grandes logros institucionales de este hemisferio, acotó.

En tiempos en que el multilateralismo y el sistema internacional de protección de derechos están siendo cuestionados desde distintos flancos, la fortaleza y la independencia de este tribunal son más importantes que nunca, dijo el canciller panameño.

“Panamá los respalda. En su imisión y en su independencia”, afirmó.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos sesionó en Panamá por primera vez en su cuadragésimo tercero (43°) período extraordinario en 2011, y en 2017 volvió al istmo para celebrar su período extraordinario de sesiones número 58.

Ahora, desde este martes y hasta el viernes, el organismo internacional de justicia sesiona en el país, en un momento en que se conmemora el bicentenario del Congreso Anfictiónico de 1826, la primera reunión de Estados americanos convocada por el Libertador Simón Bolívar para cristalizar su sueño de una comunidad de naciones basada en la cooperación, en la igualdad soberana, en la resolución pacífica de conflictos.

“El Libertador tenía ya, en su esencia, una intuición poderosa: que los pueblos tienen derechos, y que esos derechos deben ser defendidos incluso más allá de las fronteras. Dos siglos después, esa intuición se ha convertido en institución”, apuntó Martínez-Acha Vásquez.

Para el juez Rodrigo Mudrovitsch, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no es casual que este período de sesiones de la Corte Interamericana se celebre aquí, en el año en que Panamá conmemora el Bicentenario del Congreso Anfictiónico.

Hace 200 años, entre el 22 de junio y el 15 de julio de 1826, en esta tierra, se firmó el Tratado de Unión, Liga y Confederación Perpetua, el primer esfuerzo deliberado por construir, una confederación de repúblicas hispanoamericanas, un nuevo orden internacional, basado en el derecho.

Mudrovitsch manifestó que Panamá ha sido y sigue siendo un espacio natural para el multilateralismo, por su ubicación geográfica, por su vocación histórica de puente entre los pueblos y por el papel protagónico que sus ciudadanos y ciudadanas han desempeñado en la construcción del orden jurídico internacional.

“Me permito recordar que fue precisamente la delegación panameña, encabezada por el diplomático, presidente y defensor de la dignidad humana Ricardo Joaquín Alfaro, la que presentó en 1945, en la Conferencia de San Francisco, la propuesta de una Declaración Universal de Derechos Humanos”.

Inauguramos este 189 Período Ordinario de Sesiones, agregó Mudrovitsch, en una coyuntura internacional particularmente compleja, en donde el orden construido tras la Segunda Guerra Mundial, basado en el respeto al derecho internacional, en la igualdad soberana de los Estados, en la prohibición del uso de la fuerza, en la solución pacífica de controversias y en la centralidad de los derechos humanos, atraviesa un momento de serio cuestionamiento.

Manifestó que en distintas partes del mundo avanza el unilateralismo, la relativización de los principios del derecho internacional y el debilitamiento de los espacios multilaterales. A ello se suman fenómenos que erosionan las bases de la democracia y el Estado de derecho.

La planilla estatal cerró marzo de 2026 con 263,627 funcionarios, lo que representa un aumento de 10,589 trabajadores frente a los 253,038 registrados en enero, marcando un repunte significativo en el primer trimestre del año tras la caída inicial de contrataciones al inicio del periodo.

Este comportamiento confirma el patrón histórico del sector público panameño, donde el año comienza con una reducción de personal —principalmente en contratos eventuales— y luego se recupera progresivamente con nuevas incorporaciones.

La caída de enero no fue menor. Ese mes se registró una disminución de 18,308 funcionarios en comparación con diciembre de 2025, concentrada en gran medida en la salida de personal eventual, que pasó a representar apenas 7,975 trabajadores, frente a los niveles que se recuperan rápidamente en los meses siguientes.

Este ajuste inicial responde a la finalización y renovación de contratos temporales, un fenómeno recurrente en la administración pública.

El repunte entre febrero y marzo confirma esa tendencia. Solo en marzo se sumaron 5,724 funcionarios adicionales respecto al mes anterior, con un impulso clave en la categoría de eventuales, que en el Gobierno Central aumentaron en 3,139 trabajadores en ese periodo.

Este crecimiento evidencia que la recuperación de la planilla en el primer trimestre no responde únicamente a plazas permanentes, sino a la reactivación del empleo temporal, especialmente en sectores operativos.

En cuanto a la composición de la planilla, los 247,464 funcionarios permanentes siguen concentrando la mayor parte del empleo estatal, mientras que los 16,163 eventuales muestran el mayor dinamismo relativo, con un crecimiento anual de 7.7%, muy por encima del 2.6% de los permanentes.

Esto sugiere una mayor dependencia del Estado en contrataciones flexibles, particularmente en áreas de ejecución de programas y servicios.

Desde el punto de vista salarial, la planilla de marzo alcanzó un total de $451.7 millones, lo que representa un incremento de $27.7 millones frente a enero, cuando se ubicó en $424.0 millones.

Este aumento refleja tanto el crecimiento en el número de funcionarios como el peso de los salarios de personal permanente, que representan la mayor carga del gasto público.

El desglose de marzo muestra que $429.8 millones corresponden a funcionarios permanentes y $21.9 millones a eventuales, consolidando una estructura donde el gasto está altamente concentrado en el personal estable.

En comparación con enero, cuando los eventuales representaban apenas $9.9 millones, el salto es evidente y confirma el retorno de contratos temporales durante el trimestre.

En términos anuales, la planilla de marzo de 2026 también muestra un incremento relevante frente a marzo de 2025, con un aumento de $25.9 millones en salarios, equivalente a un crecimiento de 6.1%, impulsado principalmente por el ajuste en los sueldos de funcionarios permanentes. Este dato refuerza la presión estructural que ejerce la masa salarial sobre las finanzas públicas.

Primer trimestre acumula más de $1,300 millones en salarios

En el acumulado del primer trimestre, el Estado pagó $1,306.8 millones en salarios, lo que representa un aumento de $42.7 millones respecto al mismo periodo de 2025, equivalente a un crecimiento de 3.4%. Este incremento consolida una tendencia de expansión del gasto en planilla, aunque con un ritmo menor al observado en meses individuales como marzo.

El análisis institucional muestra que el crecimiento del empleo en marzo se concentró en entidades clave del Estado. Entre las que más aumentaron personal destacan el Ministerio de Educación con 2,841 funcionarios, seguido del Ministerio de Seguridad Pública con 1,726, el Ministerio de Salud con 1,041 y el Órgano Judicial con 525.

También figuran el Ministerio de Gobierno, la Procuraduría General de la Nación y la Asamblea Nacional, esta última con un incremento de 147 funcionarios.

En términos estructurales, el Gobierno Central concentra 170,010 funcionarios, lo que representa más del 64% del total de la planilla, mientras que el resto se distribuye en el sector descentralizado, empresas públicas e intermediarios financieros . Este peso confirma que la mayor carga laboral del Estado sigue concentrada en las instituciones centrales.

Asimismo, el gasto en planilla también se concentra en el Gobierno Central, que en marzo destinó $284.2 millones en salarios, frente a los $167.5 millones del sector descentralizado . Este desequilibrio refleja la estructura administrativa del país y la alta dependencia de los ministerios y entidades centrales en la ejecución del gasto público.

Entre las instituciones con mayor peso en personal y gasto destacan el Ministerio de Educación, con 64,385 funcionarios en marzo y $327.8 millones acumulados en salarios durante el primer trimestre; la Caja de Seguro Social, con 35,391 trabajadores y $208.9 millones pagados entre enero y marzo; el Ministerio de Seguridad Pública, con 34,369 funcionarios y $136.6 millones acumulados; y el Ministerio de Salud, con 20,179 trabajadores y $127.6 millones en sueldos durante el trimestre.

A este grupo se suma la Asamblea Nacional, que registró 4,150 funcionarios en marzo y $21.5 millones acumulados en salarios en los tres primeros meses del año.

Mientras el número de funcionarios continúa creciendo, el reto sigue siendo cómo equilibrar la expansión del empleo estatal con la disciplina fiscal, en un contexto de presión sobre las finanzas públicas.

Este es un tema que preocupa a las calificadoras de riesgo, que han pedido reducir el tamaño de la planilla estatal para evitar una mayor presión sobre las cuentas del Estado, en medio de una caída en la recaudación de impuestos.

Nuevamente, un barco con bandera panameña se vio afectado durante su tránsito por el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más sensibles del mundo, luego de que el buque de carga general HMM Namu registrara una explosión e incendio en su sala de máquinas.

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) informó que los 24 tripulantes se encuentran a salvo y que la situación fue controlada técnicamente, aunque el incidente vuelve a colocar a la flota panameña en medio de la creciente tensión marítima en Oriente Medio.

De acuerdo con el comunicado oficial, el hecho ocurrió cuando la nave se encontraba fondeada cerca de la terminal petrolera Mubarek, en aguas de los Emiratos Árabes Unidos.

La AMP indicó que, tras el reporte del incendio, se activaron de inmediato los protocolos de seguimiento y respuesta, manteniendo comunicación constante con los operadores. El fuego se produjo después de una explosión en la sala de máquinas, mientras el buque permanece operando con generadores de emergencia.

La embarcación, operada por la compañía surcoreana HMM Co., Ltd., será trasladada a un astillero regional para recibir reparaciones, gestionadas por una empresa de salvamento marítimo.

La AMP señaló que las autoridades de Corea del Sur iniciaron una investigación oficial para determinar las causas del siniestro y reiteró que mantiene el seguimiento del caso para garantizar el cumplimiento de los protocolos internacionales de seguridad marítima.

Según Reuters, el incidente ocurre mientras Corea del Sur analiza su posible adhesión al plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para facilitar el tránsito de buques por el estrecho de Ormuz.

Trump atribuyó el episodio a un ataque iraní, aunque el Ministerio de Asuntos Exteriores surcoreano sostuvo que la causa solo podrá confirmarse cuando el buque sea remolcado a puerto y se complete la evaluación técnica.

El carguero de 35,000 toneladas se encontraba sin carga y anclado cuando se produjo la explosión. Reuters informó que el Ministerio de Océanos y Pesca de Corea del Sur pidió a los buques coreanos en la zona moverse hacia lugares más seguros, mientras las autoridades mantienen comunicación con navieras y embarcaciones afectadas. Seúl también enviará funcionarios al Golfo para investigar el caso, cuyo análisis podría tomar varios días.

El caso del HMM Namu no es aislado. En semanas recientes, otro buque de bandera panameña, el MSC Francesca, también resultó afectado en el estrecho de Ormuz, luego de que la Guardia Revolucionaria de Irán abriera fuego contra varias embarcaciones.

Ese portacontenedores, operado por Mediterranean Shipping Company (MSC), fue alcanzado por disparos a unas ocho millas náuticas al oeste de Irán, aunque no sufrió daños estructurales y su tripulación permaneció a salvo.

En ese mismo episodio también fue atacado el Epaminondas, con bandera de Liberia y operado por una compañía griega, que sí recibió impactos en su puente a unas 15 millas náuticas al noreste de Omán. Un tercer portacontenedores, igualmente con bandera liberiana, fue tiroteado en la zona, aunque pudo reanudar su navegación.

Los ataques incluyeron disparos directos y el uso de granadas propulsadas por cohete, según reportes de seguridad marítima.

A inicios de marzo, la AMP ya había emitido una alerta dirigida a la flota mercante panameña ante el aumento de tensiones en Medio Oriente.

La entidad recomendó reforzar medidas de seguridad a bordo, elevar los niveles de vigilancia y evaluar cuidadosamente las rutas de navegación, especialmente en áreas de alto riesgo como el Golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20% del petróleo y gas natural licuado mundial.

El estrecho de Ormuz se ha convertido en uno de los puntos más delicados de la crisis regional. Antes del aumento de las hostilidades, por esa vía transitaban unos 130 buques diarios, pero las restricciones impuestas por Irán y el bloqueo de rutas comerciales han reducido el flujo marítimo.

La situación ha elevado la preocupación de operadores, gobiernos y aseguradoras, ante el impacto que cualquier interrupción puede tener sobre las cadenas globales de suministro.

Para Panamá, el nuevo incidente representa otro llamado de atención sobre la exposición de su registro marítimo en zonas de conflicto. Aunque el país no participa directamente en la crisis, los buques bajo su bandera circulan por corredores estratégicos donde confluyen intereses militares, energéticos y comerciales.

Por eso, la AMP mantiene vigilancia sobre el caso del HMM Namu, mientras el comercio global observa con preocupación una ruta donde cualquier chispa puede incendiar mucho más que una sala de máquinas.

El presidente ejecutivo de la Asociación Bancaria de Panamá, Carlos Berguido, advirtió que la propuesta para regular las tasas de interés representa un riesgo directo de exclusión financiera, al señalar que, aunque quienes la impulsan aseguran que buscan reducir los costos para los clientes, en la práctica generará el efecto contrario.

“A primera vista, quienes lo proponen dicen que quieren ayudar a la gente a pagar menos intereses, pero la realidad es que cualquier intento de regular precios, especialmente tasas, va a crear barreras de acceso”, sostuvo, al referirse al impacto que tendría sobre los segmentos más vulnerables del sistema crediticio.

Berguido explicó que este tipo de medidas afectaría principalmente a pequeñas y medianas empresas, emprendedores, estudiantes, recién graduados e informales, al tratarse de perfiles considerados de mayor riesgo de repago.

Según detalló, estos clientes requieren tasas que reflejen ese nivel de riesgo, por lo que imponer topes o mecanismos de control provocaría que los bancos opten por reducir la oferta de crédito hacia estos grupos.

“Si se le pone un límite al precio del crédito, lo que vas a hacer es excluirlos del sistema formal”, indicó, al advertir sobre una contracción del financiamiento para quienes más lo necesitan.

El directivo también alertó sobre una consecuencia inmediata de esa exclusión: el desplazamiento de estos clientes hacia el mercado informal de préstamos, donde no existe regulación ni protección.

“Esas necesidades no desaparecen, entonces esas personas van a terminar buscando financiamiento con prestamistas informales, con agiotistas, que cobran hasta 10% diario”, señaló, al describir un escenario donde el acceso al crédito se vuelve más costoso y riesgoso para los usuarios.

A su juicio, este fenómeno no solo afecta a los clientes, sino que también debilita la estructura del sistema financiero.

Berguido agregó que la regulación de tasas tendría además un impacto directo en la capacidad operativa de los bancos, ya que implicaría una reducción de los recursos disponibles para prestar, especialmente en segmentos de mayor riesgo.

“Seguramente se reducirá la cantidad de recursos para prestar a esos sectores”, afirmó, al insistir en que la medida generaría un efecto contrario al buscado, al limitar el acceso en lugar de ampliarlo. Esta advertencia se suma a la preocupación del sector sobre posibles distorsiones en el mercado crediticio.

El proyecto de ley 552, impulsado por el diputado Ernesto Cedeño, fue aprobado en primer debate en la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional y busca introducir nuevas reglas de transparencia, equilibrio y control en los contratos de crédito del sistema bancario .

Entre sus principales disposiciones, plantea la obligación de detallar la tasa inicial, el método de cálculo, el índice de referencia y los límites aplicables, así como la incorporación del principio de simetría, que obligaría a reducir las tasas cuando bajen las condiciones del mercado.

La iniciativa también establece límites a las penalidades por incumplimiento, fijando un tope de hasta 20% del capital prestado, además de prohibir modificaciones unilaterales en los contratos y exigir mayor claridad en la liquidación final de las deudas.

Asimismo, propone la creación de una vía administrativa para la prescripción de deudas, lo que permitiría reducir tiempos y costos para los usuarios en comparación con procesos judiciales tradicionales.

Actualmente, el proyecto se mantiene en pausa, debido a que la Asamblea Nacional se encuentra en receso legislativo, por lo que será hasta el inicio de la próxima legislatura en julio cuando se defina si la propuesta avanza a discusión en el pleno del Legislativo.

Este escenario mantiene la incertidumbre sobre el futuro de la iniciativa, que enfrenta posiciones divididas entre sus promotores y el sector bancario.

El debate no es nuevo. Una propuesta anterior sobre prescripción de deudas, también impulsada por Cedeño, fue aprobada por la Asamblea, pero posteriormente vetada por el presidente José Raúl Mulino, tras fuertes cuestionamientos del Banco Nacional de Panamá y de la Asociación Bancaria, que advirtieron sobre su impacto negativo en la estabilidad del sistema financiero . Ese antecedente refuerza la tensión actual en torno a las reformas al crédito.

Mientras los impulsores del proyecto sostienen que la iniciativa busca proteger a los consumidores y corregir prácticas abusivas, el sector bancario insiste en que cualquier intervención en las tasas puede generar distorsiones, menor acceso al crédito y mayor informalidad.

Con el proyecto en espera, el tema se perfila como uno de los principales debates económicos de los próximos meses, en un contexto donde la inclusión financiera, la regulación y la estabilidad del sistema se encuentran en juego.

La incautación de 1,672 paquetes de presunta droga, el decomiso de tres embarcaciones y la aprehensión de cuatro hombres marcaron el resultado de cuatro operaciones antidrogas ejecutadas por el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) en distintas zonas del país, en un contexto de refuerzo de los controles marítimos en el Pacífico Central y el Caribe panameño.

Las acciones se desarrollaron en Panamá Oeste, Colón y Coclé, como parte de una estrategia orientada a interrumpir rutas del narcotráfico y reducir el flujo de sustancias ilícitas que transitan por el territorio nacional.

La primera operación se realizó al sur de Playa La Ermita, en el distrito de San Carlos, donde unidades aeronavales detectaron una lancha artesanal con dos ocupantes en actitud sospechosa. Durante la inspección se ubicó un bulto con presunta droga, además de un paquete adicional y un envoltorio plástico, lo que motivó la retención inmediata de la embarcación.

Los tripulantes, junto con los indicios recabados, fueron trasladados a la Base Naval Capitán de Fragata Noel Antonio Rodríguez Justavino, bajo coordinación de la Fiscalía de Drogas de Panamá Oeste, que asumió las investigaciones correspondientes.

En una segunda intervención, desarrollada al norte de Portobelo, provincia de Colón, las autoridades lograron la incautación de 700 paquetes de presunta sustancia ilícita y el aseguramiento de otra embarcación sospechosa con dos tripulantes.

Tras un seguimiento marítimo y posterior interdicción, se confirmó la presencia del cargamento ilegal y se procedió con la aprehensión de los ocupantes, quienes quedaron a órdenes del Ministerio Público.

El caso fue trasladado a la Base Aeronaval Almirante Cristóbal Colón, en Sherman, en coordinación con la Fiscalía de Drogas de Colón y Guna Yala, reforzando la articulación institucional en este tipo de operativos.

La tercera operación se concentró en la playa de Juan Hombrón, en la provincia de Coclé, donde unidades en tierra ubicaron 621 paquetes de presunta droga dispersos a orilla de playa, lo que evidencia el uso de métodos de abandono de carga para evadir a las autoridades.

La sustancia fue asegurada en el lugar y posteriormente trasladada a la Base Aeronaval de Aguadulce, bajo la supervisión de la Fiscalía de Drogas de Coclé, donde se realizó el conteo oficial del decomiso como parte del proceso investigativo.

En una cuarta acción, desarrollada en el sector de El Salado de Aguadulce, unidades aeronavales detectaron una embarcación que intentaba ingresar a un río, cuyos ocupantes huyeron hacia un manglar cercano al notar la presencia de las autoridades.

La nave fue abandonada y posteriormente asegurada, encontrándose en su interior 350 paquetes de presunta sustancia ilícita, que fueron trasladados igualmente a la Base Aeronaval de Aguadulce por instrucción de la Fiscalía de Drogas, consolidando así uno de los decomisos más relevantes de la jornada.

A estos resultados se suma un operativo paralelo ejecutado por la Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, denominado Operación Mustang, desarrollado en el corregimiento de Ancón, en la ciudad de Panamá.

Durante un control rutinario, los agentes realizaron un registro exhaustivo a un vehículo tipo mula, donde detectaron varias maletas camufladas en la parte inferior del chasis, que contenían un total de 125 paquetes con presunta droga. El conductor fue aprehendido y puesto a disposición de las autoridades judiciales, junto con la evidencia incautada.

Detenidos por microtráfico

En paralelo, las autoridades también reportaron avances en la lucha contra el microtráfico, un fenómeno que impacta directamente la seguridad ciudadana. En lo que va de 2026, un total de 108 personas han sido condenadas por este delito, mientras que 20 individuos permanecen en detención preventiva por un período de seis meses.

Estas acciones han permitido el decomiso de 7,888 carrizos de cocaína, 1,883 bolsitas de marihuana, 338 pastillas de éxtasis, 274 bolsitas de crispí y 613 fragmentos de piedra, evidenciando la magnitud del mercado local de drogas.

Además de las sustancias ilícitas, las autoridades han incautado balanzas digitales, materiales de embalaje y otros indicios vinculados a la distribución de drogas al menudeo, lo que apunta a la desarticulación de redes locales dedicadas a este tipo de actividad.

La Policía Nacional que continuará con estos operativos, en conjunto con el Ministerio Público, como parte de una estrategia integral para combatir el narcotráfico en todas sus escalas, desde el tráfico internacional hasta la venta en comunidades.

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Marino Cabrera subraya que la cooperación bilateral en materia de seguridad y comercio se mantendrá entre ambos países bajo el marco de la legalidad y el respeto mutuo.

Sin embargo, el diplomático advirtió sobre la poca fiabilidad que ofrecen los gigantes tecnológicos de China en temas de ciberseguridad, un asunto que considera estratégico para la seguridad nacional tanto de Panamá como de su propio país.

Las declaraciones del diplomático ocurren en un contexto de creciente atención a la infraestructura tecnológica y los riesgos asociados a la adopción de sistemas extranjeros, especialmente de origen chino.

A través de una entrevista con La Prensa, Marino Cabrera explicó que la ciberseguridad se ha convertido en una prioridad para el gobierno de Estados Unidos, debido a los riesgos que representan las plataformas tecnológicas “poco confiables”.

El embajador señaló que compañías como Huawei no ofrecen las garantías necesarias. “Yo diría que no es tecnología confiable. Y si fuera confiable, ellos firmarían convenios como el de Budapest, lo cual son uno de los pocos países que no han sido firmantes de ese convenio, porque no quieren adherir a las diferentes categorías de transparencia y de seguridad para los usuarios que estuvieran usando esta tecnología”, afirmó Marino Cabrera en la entrevista.

El Convenio de Budapest es un acuerdo internacional que regula la cooperación en materia de ciberdelincuencia y promueve estándares de transparencia y protección para los usuarios.

Según el embajador, la negativa de China a sumarse a este tratado pone en duda la transparencia y la seguridad de sus empresas tecnológicas. “Compañías como Huawei y de ese tipo no son confiables y nosotros sugeriríamos que no las usaran, que usaran tecnologías de países que son firmantes del convenio de Budapest, los cuales no solo son Estados Unidos, muchos europeos, países como Japón, Corea y otros”, sostuvo el diplomático.

La advertencia sobre el riesgo de la tecnología china

Marino Cabrera remarcó que la presencia de equipos e infraestructuras tecnológicas chinas en sectores claves de Panamá implica riesgos concretos para la seguridad nacional y la privacidad de los ciudadanos. La empresa llegó al territorio oficialmente en 2011.

Explicó que el carácter cerrado de los sistemas chinos y la ausencia de mecanismos internacionales de supervisión hacen vulnerable la información estratégica y aumentan la exposición a posibles actos de espionaje o ciberataques.

El embajador señaló que “muchos países han optado por no utilizar tecnología china en sus redes críticas precisamente porque no existen garantías de que la información no sea comprometida o utilizada con fines ajenos a los intereses nacionales”.

El diplomático enfatizó que la preocupación de Estados Unidos no se limita únicamente al caso de Panamá, sino que forma parte de una tendencia global en la que gobiernos y organismos internacionales han señalado los riesgos de depender de proveedores tecnológicos que no cumplen con estándares reconocidos de transparencia y seguridad.

“Nuestra posición es clara: preferimos trabajar con aliados y empresas que respeten los acuerdos internacionales y provean garantías de protección a los datos de los ciudadanos”, afirmó.

Advirtió, además, que la falta de participación de China en convenios como el de Budapest dificulta la cooperación internacional para investigar delitos informáticos y prevenir amenazas digitales.

Según Marino Cabrera, este aislamiento tecnológico por parte de China genera incertidumbre y limita las capacidades de los países para responder ante incidentes cibernéticos de gran escala.

La postura del embajador se enmarca en una estrategia más amplia de Estados Unidos para fortalecer los lazos con Panamá en temas de seguridad y economía, así como para contrarrestar la influencia de China en la región.

Desde su llegada a Panamá el 28 de abril de 2025, Marino Cabrera ha mantenido una agenda activa, enfocada en la cooperación bilateral.

En su intervención, descartó que el memorándum de entendimiento firmado recientemente entre ambos países permita la instalación de bases militares estadounidenses, subrayando: “Todo se va a hacer con la aprobación de Panamá”.

De acuerdo con el embajador, todos los memorándums firmados entre Estados Unidos y Panamá han sido revisados por abogados de ambos países y respetan la soberanía panameña.

“Cuando miré el memorándum que se firmó, tanto en inglés como en español, era lo mismo. Habrá habido una diferencia que fue un error en un comunicado de prensa, pero un comunicado de prensa no rige un acuerdo. Los acuerdos son los que rigen esa relación, no un comunicado de prensa”, indicó Marino Cabrera.

El tema de la relación con China sigue siendo un punto sensible en la agenda pública panameña. Al respecto, Marino Cabrera precisó que la decisión sobre los vínculos diplomáticos o comerciales con China corresponde exclusivamente al gobierno de Panamá.

No obstante, insistió en que la elección de proveedores tecnológicos debe realizarse con base en criterios de transparencia y seguridad.

En el marco de su estadía en el país, Marino Cabrera se ha reunido en varias ocasiones con el presidente Raúl Mulino para abordar temas de cooperación en seguridad, así como para promover la inversión de empresas estadounidenses en Panamá.

La embajada ha facilitado misiones empresariales y ha mantenido el diálogo con autoridades locales para reforzar la confianza en los tratados suscritos y en las posibilidades de colaboración bilateral.

Las preocupaciones expresadas por el embajador estadounidense reflejan la competencia global entre potencias y la importancia que Estados Unidos otorga a la protección de infraestructuras críticas en sus países socios.

“Queremos asegurar que los sistemas que se utilicen aquí sean seguros, confiables y transparentes”, puntualizó Marino Cabrera.

El Ministerio de Ambiente de Panamá abrió una consulta pública sobre el borrador de resolución que adopta un protocolo de contingencia para el manejo de las interacciones negativas entre el cocodrilo americano (Crocodylus acutus) y los seres humanos, en medio de un aumento sostenido de estos incidentes en el país.

El aviso, publicado el lunes 5 de mayo de 2026, invita a la ciudadanía a participar y presentar observaciones hasta el 5 de junio de 2026, mientras que el documento completo ya se encuentra disponible en el sitio web oficial de la institución.

La iniciativa busca establecer un marco técnico, legal y operativo que permita responder de manera estructurada a los casos donde la presencia de cocodrilos representa un riesgo real para la seguridad de las personas, sin comprometer la conservación de la especie, catalogada como vulnerable.

El borrador de resolución establece que el objetivo principal es proteger la vida humana y garantizar el equilibrio ecológico, mediante la aplicación de medidas que van desde la prevención y monitoreo hasta la captura, reubicación o control letal en casos extremos.

El documento reconoce que en Panamá existe un problema creciente: la superposición entre hábitats naturales y zonas urbanas o periurbanas, lo que ha incrementado los encuentros entre humanos y estos reptiles.

En ese contexto, se advierte que recientemente se han registrado reportes que reflejan un aumento en las interacciones negativas, lo que motivó la elaboración de este protocolo como una respuesta institucional basada en evidencia científica y criterios técnicos .

Esta situación no es aislada ni reciente. El propio borrador señala que durante los últimos cinco años se ha observado un incremento en la frecuencia de interacciones humano-cocodrilo, aunque con una debilidad clave: la falta de datos sistemáticos.

La información disponible proviene en gran medida de reportes de medios de comunicación y redes sociales, lo que limita la capacidad de análisis y planificación de políticas públicas más precisas.

Según el diagnóstico incluido en el documento, la mayoría de los incidentes se concentra en zonas urbanas de la bahía de Panamá, incluyendo áreas como Puerto de Coquira, Clayton, Albrook y Chame, así como en playas turísticas de Panamá Oeste, Coclé y Veraguas.

También se han reportado casos en sistemas fluviales como el río Santa María y el río La Villa, además de ataques registrados en la provincia de Darién, particularmente en las cuencas de los ríos Tuira y Balsas.

El problema, sin embargo, tiene una explicación más amplia que trasciende a Panamá. A nivel regional, el documento advierte que en América Latina se ha registrado un incremento de incidentes en países como Colombia, Costa Rica, México y Honduras, en gran medida debido a la recuperación poblacional de la especie y la expansión urbana hacia ecosistemas naturales.

Es decir, el conflicto no responde a un aumento de agresividad de los animales, sino a una mayor cercanía entre humanos y cocodrilos en espacios compartidos.

En ese sentido, el protocolo no plantea una lógica de eliminación de la especie, sino de coexistencia controlada. Se establece que los cocodrilos son depredadores tope fundamentales para el equilibrio ecológico, por lo que cualquier intervención debe ser proporcional al riesgo real y priorizar medidas no letales.

El enfoque incluye la educación comunitaria, la señalización de zonas críticas, la prohibición de alimentarlos y la creación de un registro oficial de avistamientos e incidentes, herramienta clave para corregir la actual falta de datos.

El protocolo también introduce un sistema de evaluación de riesgo basado en variables como el tamaño del animal, su comportamiento, la frecuencia de avistamientos y la cercanía a zonas pobladas.

A partir de esa evaluación, se definen cinco niveles de intervención: prevención, monitoreo, disuasión, captura y control letal, este último considerado únicamente como último recurso ante un peligro inminente para la vida humana.

Además, se identifican factores específicos que aumentan el riesgo, como la alimentación intencional por parte de personas, la acumulación de desechos o descartes de pesca, y la presencia de charcas temporales en áreas urbanas durante la temporada lluviosa, donde pueden aparecer ejemplares juveniles.

Estos elementos, denominados “atractores”, son señalados como una de las principales causas del aumento de interacciones.

El borrador también incorpora un componente institucional relevante: la coordinación interinstitucional y la creación de un sistema de respuesta a emergencias, que incluiría a autoridades ambientales, estamentos de seguridad y gobiernos locales.

A esto se suma la capacitación de funcionarios y la participación de comunidades, con la figura de “guardianes comunitarios” que ayudarían a prevenir incidentes desde el territorio.

Finalmente, el Ministerio de Ambiente abre este proceso de consulta pública como un mecanismo para recoger aportes ciudadanos, técnicos y académicos, antes de la adopción definitiva del protocolo.

La medida responde no solo a una obligación legal, sino a la necesidad de legitimar una política pública en un tema sensible, donde se cruzan la seguridad humana, la conservación ambiental y la convivencia con la fauna silvestre.

El desafío, en términos concretos, no es menor: Panamá enfrenta un escenario donde la expansión urbana, la presión sobre los ecosistemas y la falta de información estructurada han creado un terreno propicio para el conflicto.

El protocolo intenta ordenar esa realidad, pero su éxito dependerá de algo que el propio documento deja entrever: sin datos confiables y sin cambios en el comportamiento humano, cualquier estrategia será insuficiente.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) realizará su 189 Período Ordinario de Sesiones desde este martes hasta el viernes en Panamá, donde llevará a cabo tres audiencias públicas con casos de Guatemala, además de Venezuela y Argentina.

Los casos corresponden a un presunto acoso sexual policial en Guatemala; sobre 14 policías municipales de Venezuela que habrían sido victimas de detención arbitraria y tortura, y el último a un supuesto abandono de una mujer en un instituto geriátrico, por parte del Estado argentino.

Se especifica que el caso de Guatemala se refiere a la alegada responsabilidad internacional del Estado guatemalteco por los presuntos actos de acoso sexual cometidos en 2004 por el jefe de la subestación de policía de San Pedro Sacatepéquez contra Claudia Torres, así como a las presuntas represalias ejercidas por agentes policiales en respuesta a los rechazos de Torres a dichos actos.

También se analizará la responsabilidad internacional del Estado venezolano por presuntas violaciones a derechos humanos en perjuicio de 14 funcionarias y funcionarios policiales de la Policía Municipal de Chacao, ocurridas entre 2016 y 2018, en el contexto de la privación de libertad de la que fueron objeto, así como actos de tortura y otros malos tratos.

En el caso de Argentina se refiere a la alegada responsabilidad internacional del Estado de esa nación por el supuesto abandono y la desatención que habría sufrido Rosa Martino en un instituto geriátrico, donde estuvo internada desde el 26 de noviembre de 2005 hasta el 11 de abril de 2006 a causa de su diagnóstico de “demencia tipo Alzheimer con antecedente de deterioro cognitivo progresivo”.

“La Corte Interamericana celebrará las audiencias públicas de casos contenciosos relativos a los estados de Guatemala, Venezuela y Argentina, y además durante toda la semana tendremos reuniones protocolares con las altas autoridades del Estado”, expresó el presidente del organismo de derechos humanos, Rodrigo Mudrovitsch.

“Estas actividades expresan nuestra convicción de que la Corte Interamericana debe ser un tribunal de puertas abiertas y promotor del diálogo”, agregó Mudrovitsch, quien destacó el papel de Panamá como un espacio clave para el multilateralismo y la construcción del orden jurídico internacional.

Las sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se dan en el marco del Bicentenario del Congreso Anfictiónico de 1826.

De acuerdo con la Cancillería panameña, la celebración de estas sesiones en suelo panameño representa un altísimo reconocimiento al prestigio internacional del país y a su compromiso histórico con la promoción y defensa de los derechos fundamentales. Al albergar al tribunal de justicia más importante del continente, Panamá se posiciona nuevamente como el “Hub de la Diplomacia y la Justicia” en la región.

Se reiteró que durante esta jornada histórica, el tribunal celebrará tres audiencias públicas de casos de gran relevancia continental.

“Para Panamá, ser anfitrión de la Corte IDH no es solo un honor protocolario, es una oportunidad para fortalecer la cultura jurídica local y mostrar al mundo la solidez de nuestras instituciones y nuestra hospitalidad”, destacaron las autoridades locales.

Además de las audiencias, la visita incluirá un seminario académico abierto al público, diseñado para estudiantes, abogados y defensores de derechos humanos, promoviendo un intercambio directo entre la academia panameña y los jueces del Tribunal Interamericano.

El canciller panameño Javier Martínez-Acha apuntó que el país ha consolidado una voluntad nacional de promover y proteger los derechos humanos.

Este evento coloca a Panamá bajo los reflectores de la comunidad internacional, atrayendo a delegaciones diplomáticas, expertos en derecho y prensa internacional, lo que impacta positivamente en la imagen país y refuerza su liderazgo en la agenda de derechos humanos de la OEA. El acceso a las audiencias es gratuito.

Más de 280 atletas provenientes de 19 países se dieron cita en Panamá para lograr hazañas deportivas en las reconocidas olas de Playa Venao, en la provincia de Los Santos, consolidando al país como un referente del turismo deportivo en la región.

El país fue sede de los XIX Juegos Panamericanos de Surf, una competencia que no solo destacó por su alto nivel deportivo, sino también por su impacto positivo en la economía de la región.

Informes de los organizadores de la justa deportiva revelaron que durante los días del evento se alcanzó una ocupación hotelera del 100% en Playa Venao y comunidades aledañas de la provincia de Los Santos.

Esto, añadieron, generó una importante inyección de divisas que benefició directamente a toda la cadena de valor del sector turístico, incluyendo hoteles, restaurantes, operadores turísticos, transporte y comercios locales.

Jorge Correa, subadministrador de la Autoridad de Turismo de Panamá, ponderó el significado del evento para el continente y para Panamá, señalando que “Playa Venao no solo despide una competencia, despide una experiencia que marca al surf en nuestro continente.

Los atletas, agregó, nos demostraron que este deporte es pasión, disciplina y conexión. “Panamá ha sido, una vez más, punto de encuentro de América, gracias al trabajo conjunto y al compromiso de cada uno de ustedes”, manifestó el funcionario.

Subrayó que este tipo de eventos fortalecen la imagen de Panamá como un destino de clase mundial.

“Este evento consolida a nuestro país como un destino de clase mundial para el turismo deportivo, capaz de recibir grandes competencias y ofrecer experiencias únicas”, remarcó Correa.

Durante su intervención, el subadministrador de la Autoridad de Turismo de Panamá agradeció a los atletas panameños por su destacada participación y extendió un mensaje a los visitantes internacionales.

“Esperamos que se lleven más que una competencia: las olas de Playa Venao, sus atardeceres, su gastronomía, la calidez de su gente, la tranquilidad del pueblo de Pedasí y una muestra de todo lo que Panamá tiene para ofrecer”, puntualizó.

En su oportunidad, Bruno Sánchez, presidente de la Asociación Panameña de Surf, destacó la importancia de este tipo de eventos en el país, manifestando que “es una gran oportunidad para Panamá de poner sus atletas a competir con otros deportistas de alto nivel, además que albergar este tipo de eventos nos permite demostrar que el país puede albergar eventos deportivos de alto nivel”.

El evento culminó con la premiación de las distintas categorías, destacando el alto nivel competitivo de los atletas del continente.

Los XIX Juegos Panamericanos de Surf, según sus organizadores, no solo dejaron una huella en el ámbito deportivo, sino que también reafirmaron el potencial de destinos como Pedasí y Playa Venao para seguir atrayendo eventos internacionales que dinamicen la economía local y proyecten la riqueza turística de Panamá ante el mundo.

Con este tipo de competencias internacionales, dijeron, el país continúa fortaleciendo su estrategia de posicionarse como un hub regional de congresos, eventos y convenciones, apostando por el turismo deportivo como una plataforma clave para atraer visitantes, ofertar al país como un destino versátil, competitivo y preparado para albergar eventos de talla internacional.

Hace unos días, el país fue el epicentro del talento joven al convertirse en la sede de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud, organizados por la Organización Deportiva Suramericana (ODESUR) donde participaron más de 2,000 atletas, de entre 12 y 17 años, procedentes de 15 países, que compitieron en 23 disciplinas deportivas.

En el limbo, así quedó un proyecto de ley que proponía una pensión general de $600 para los jubilados que en Panamá reciben mensualmente menos de esa cantidad.

La pausa quedó sellada ante las críticas del presidente de la República, José Raúl Mulino, quien afirmó que el proyecto no había sido consultado lo suficiente.

Mulino advirtió que si este era aprobado por el Órgano Legislativo, podía vetarlo.

La iniciativa proponía la creación de un fondo para equiparar los ingresos de jubilados y pensionados que estuvieran por debajo de $600, financiado mediante un cargo fijo de $1.50 por cada contenedor de 20 pies (TEU) que ingrese al país a través de los puertos nacionales, lo que introduce un cambio significativo en la carga económica del esquema.

El dinero para esta nivelación sería de aproximadamente unos $104 millones anuales.

Ahora mismo Panamá se encuentra en una posición compleja, porque no es tan competitivo como los otros puertos de la región, donde muchos de ellos tienen el 86% de ocupación o de utilización y los de Panamá están por debajo del 50 0 60%, argumentó René Gómez, presidente de la Cámara Marítima de Panamá.

El movimiento de contenedores en Panamá mostró una leve contracción de 0.6% en el primer trimestre de 2026, al totalizar 2,353,235 TEU, frente a los 2,368,111 TEU del mismo período de 2025, reflejando un ajuste en la actividad portuaria en el inicio del año.

Este resultado se explica por una tendencia descendente en los últimos meses, ya que, aunque enero registró un crecimiento de 8.3%, el volumen cayó 2.7% en febrero y 7.2% en marzo, arrastrando el desempeño acumulado del trimestre.

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) había rechazado “enérgicamente” la aprobación del proyecto, calificándolo como una medida improvisada, peligrosa y carente de sustento técnico que pone en riesgo la estabilidad económica, la competitividad del país y la seguridad jurídica.

Aunque la intención de apoyar a los jubilados de menores ingresos es legítima, el gremio sostuvo que este proyecto constituye un grave error de política pública al intentar resolver un problema estructural mediante decisiones aisladas que trasladan costos a sectores productivos clave.

Según los empresarios, la imposición de un cargo por cada contenedor (TEU) representa un golpe directo a la competitividad internacional del sector logístico y portuario, uno de los principales motores de la economía panameña.

“Gravar la plataforma logística del país es atentar contra nuestra propia competitividad”, advirtió su presidente Aurelio Barría Pino.

El gremio alertó que este tipo de medidas no se quedan en el sector afectado, sino que se trasladan a toda la cadena productiva, encareciendo bienes esenciales y golpeando directamente el bolsillo de los panameños.

Asimismo, cuestionó duramente el hecho de que se pretenda financiar obligaciones del sistema de pensiones con recursos ajenos a su estructura, sin estudios actuariales, sin claridad financiera y sin garantías de sostenibilidad. “Esto no es una solución: es trasladar el problema y agrandarlo”, señaló Barría Pino.

Ante el riesgo de que el proyecto sea vetado por el Ejecutivo, su proponente, la diputada Grace Hernández pidió la suspensión, aunque manifestó que solo se trata de una “pausa estratégica”.

“No retrocederemos, seguimos trabajando para garantizar que la ley se apruebe y se sancione. Esto no es un favor, es justicia”, aseguró, al tiempo que dejó saber que el proyecto puede retomarse en dos meses, cuando la Asamblea Nacional vuelva a sesionar.

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Con una deforestación que alcanza el 32% de un territorio de 75,517 km2, de los que 74,177.3 km2 corresponden a la superficie terrestre, Panamá se prepara para reforestar 1,320hectáreas durante este 2026.

Del total a reforestar 750 hectáreas se harán en la cuenca del río La Villa, en la provincia de Los Santos, mientras que el resto será en Panamá Metro, Este y Norte, en la provincia de Panamá, en la región de Ñokribo, Comarca Ngäbe Bugle, y en las provincias de Veraguas, Coclé y Chiriquí.

Esta campaña de reforestación a realizarse este año representa un paso concreto para cuidar y recuperar nuestra naturaleza, señaló el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, durante el lanzamiento de la campaña de restauración ambiental y reforestación 2026.

Con el trabajo conjunto entre el sector público, la empresa privada y la sociedad civil, “demostramos que cuando unimos esfuerzos, generamos impactos positivos reales”, señaló Navarro.

Explicó que la campaña de reforestación tiene contemplado reforestar todo el país con especies nativas, mediante una labor de la Dirección Forestal.

La labor estará enfocada principalmente en áreas protegidas, zonas de amortiguamiento, tierras nacionales y corredores a lo largo de los ríos a nivel nacional.

La reforestación se realizará con dos empresas reforestadoras que se ganaron las licitaciones públicas, bajo los lineamientos de la Dirección General de Contrataciones Públicas.

Este domingo, para inaugurar la campaña de reforestación, en el Parque Nacional Soberanía, en la cuenca hidrográfica del Canal de Panamá, se dio la entrega de la orden de proceder a la empresa Environmental Consulting & Services, Inc. (Ecos Panamá).

Se aprovechó para iniciar los trabajos de reforestación de 50 hectáreas de tierras degradadas en las áreas protegidas en la provincia de Panamá (Norte y Metro), en el marco del proyecto Fortalecimiento a la Reforestación, que tiene un monto de $131,877.50.

El 3 de mayo de cada año los campesinos y productores panameños celebran el Día de la Cruz, fecha en que tradicionalmente se inician las siembras agrícolas para aprovechar la llegada de las primeras lluvias.

La jornada de reforestación aporta a la recuperación del ecosistema natural del Parque Nacional Soberanía, donde los participantes plantaron 200 plantones de especies nativas de árboles incluyendo Cocobolo, Panamá, Guayacán, Fruta Pan y Espavé.

Estas tienen mayores índices de supervivencia con un mantenimiento mínimo y se adaptan mejor a suelos y lluvias locales.

Además de ser especies de rápido crecimiento, capturan carbono, contribuyen a la protección de fuentes de agua y favorecen la biodiversidad.

Sobre la situación actual de la mina de cobre ubicada en Donoso, provincia de Colón, el ministro Navarro dijo que la auditoría avanza y que la próxima semana espera recibir el sexto informe parcial.

Una vez sea entregado este documento quedaría el informe final que debe estar listo este mes, comentó el funcionario a TVN.

“Ahora no se está haciendo minería. Se está exportando el concentrado de cobre y se está terminando de exportar el nitrato de amonio que era el explosivo que estaba ahí que había que eliminar”, apuntó.

El titular de Ambiente explicó a la televisora que actualmente queda una pila de roca que debe ser procesada debido a su impacto ambiental. “Causa acidez en el agua superficial, así como en los acuíferos y agua subterránea, por lo tanto, se debe procesar, todo esto en espera de que termine la auditoría y se tome una decisión final de qué es lo que queremos hacer con esta mina”, declaró.

Con un aporte de aproximadamente el 10.4% del Producto Interno Bruto (PIB), el sector construcción acogió la aprobación de una mesa técnica nacional tendiente a dinamizar una actividad que genera más de 206 mil empleos directos.

La propuesta de la mesa técnica surgió en la Asamblea Nacional, y de acuerdo con la Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC) es un paso importante para atender los desafíos que enfrenta uno de los principales motores económicos del país.

Esta mesa, que estará integrada por empresarios, trabajadores, representantes del gobierno y del Legislativo, tendrá como meta principal propiciar medidas que busquen recuperar inversiones, adelantar proyectos y generar empleos.

Esta iniciativa representa una oportunidad para avanzar en soluciones concretas, a través de un diálogo constructivo entre el sector público, privado y los trabajadores, sostuvo el gremio de los constructores.

De igual manera, valoraron la inclusión del gremio en este espacio de trabajo, como un reconocimiento al aporte técnico de la industria.

Además de su efecto multiplicador, la industria de la construcción aporta en actividades diversas como el comercio, manufactura, transporte, servicios profesionales, ingeniería, arquitectura y banca.

Pese a su relevancia, la CAPAC indica que la industria ha enfrentado una desaceleración sostenida, marcada por la caída en la inversión, el incremento de costos, las restricciones crediticias y la paralización de proyectos.

La Cámara había proyectado para 2025 un crecimiento que le permitía alcanzar una participación del 16% del Producto Interno Bruto, pese a una contracción que en 2024 fue del 24% en la venta de las viviendas.

El declive se vio reflejado en el mercado inmobiliario, que experimentó retrasos en trámites, lentitud en permisos, un menor acceso al crédito y una disminución en la demanda de viviendas, de acuerdo con fuentes del sector.

Pese a no lograr la proyección estimada durante el año pasado, el sector ha propuesto un anteproyecto de ley de interés social preferencial que facilite la compra de viviendas a personas de menores ingresos, lo que podría ayudar a reactivar proyectos habitacionales.

Para tratar de revertir la caída en la actividad, la Cámara realizó en abril de este año la vigésima tercera edición de la Expo Vivienda CAPAC 2026, donde participaron más de 100 promotoras, entidades financieras y empresas del sector, que presentaron más de 300 proyectos habitaciones ubicados en diversas áreas del país.

También desarrolló la Capac Expo Hábitat, donde se presentaron igual cantidad de proyectos y esperaba generar $80 millones en transacciones hipotecarias.

En cuanto a la participación de la CAPAC en la mesa técnica, el gremio informó que lo hará en la agilización de permisos y trámites, como eje prioritario para destrabar proyectos, así como la reactivación de la inversión pública y privada.

Igualmente, el fortalecimiento del acceso a financiamiento, además de la simplificación del marco regulatorio.

En un pronunciamiento, la Cámara Panameña de la Construcción reiteró su disposición de contribuir con propuestas que permitan que esta instancia genere resultados positivos para el sector y el país.

“La reactivación de la construcción requiere coordinación, compromiso y acciones concretas. Este espacio representa una oportunidad para avanzar en esa dirección”, afirma en un comunicado Irene Orillac de Simone, presidenta de la CAPAC.

Los empresarios de la construcción recalcaron que su compromiso es con la generación de empleo formal, la dinamización económica y el desarrollo sostenible de Panamá.

En marzo, Orillac de Simone participó en el Encuentro Económico Panamá–Alemania, un espacio que reunió a empresarios de ambos países con el objetivo de impulsar inversiones, fortalecer el comercio y generar nuevas alianzas estratégicas que contribuyan al crecimientoeconómico y la generación de empleo.

La segunda participación consecutiva de Panamá en la principal plataforma del arte contemporáneo mundial, la Exposición Internacional de Arte – La Biennale di Venezia, será inaugurada este 9 de mayo.

Con su participación en esta 61ª edición de la Bienal, el país consolida su presencia en uno de los escenarios culturales más relevantes a nivel internacional.

“Hiperstición Tropical” es la propuesta panameña que proyecta la voz artística del país en un encuentro que reúne a más de 80 naciones y destaca el talento de artistas y curadoras panameñas con una exposición que conecta memoria, historia, sonido y pensamiento contemporáneo.

La muestra artística a presentar en esta 61ª Exposición Internacional de Arte – La Biennale di Venezia es una creación de los artistas Antonio José Guzmán e Iva Jankovic, integrantes del dúo Mensajeros del Sol, y cuenta con la curaduría de Ana Elizabeth González, directora del Museo del Canal y Mónica Kupfer, presidenta de la Fundación Arte y Cultura de Panamá.

Se informó que “Hiperstición Tropical” presenta una experiencia inmersiva compuesta por una instalación textil monumental de más de 20 metros, collages, imágenes históricas y una performance concebida como parte integral del proyecto artístico.

La exposición, de acuerdo con los participantes, evoca memorias vivas de comunidades afrocaribeñas y panameñas, explorando cómo los cantos de resistencia sobreviven, se transforman y encuentran nuevas formas de expresión a través del tiempo.

A partir de investigaciones de archivo y resonancias sonoras, la propuesta construye una lectura contemporánea de Panamá como territorio de memoria, creación y pensamiento crítico con resonancia global, afirman.

La participación panameña, de acuerdo con el Ministerio de Cultura de Panamá reafirma el compromiso del fortalecimiento de la diplomacia cultural y la proyección internacional del arte nacional.

“La Biennale di Venezia es una plataforma para mostrar que en Panamá existe un talento artístico de enorme profundidad y proyección, capaz de dialogar con el mundo”, expresó Gianni Bianchini, comisionado del pabellón panameño.

La inauguración del pabellón se realizará en Venecia como parte de esta edición bianual, considerada el principal escaparate del arte contemporáneo internacional.

El debut en 2024 de Panamá en la 60ª Bienal de Arte de Venecia fue un éxito rotundo, atrayendo a más de 45,000 visitantes a su pabellón “Surcos: En el cuerpo y en la tierra”.

La exposición exploró en esa oportunidad la migración y la crisis en el Darién a través de cuatro artistas destacados, logrando una significativa proyección internacional.

En 2024 el nombre de la exposición fue "Surcos: En el cuerpo y en la tierra" (Traces: On the Body and on the Land), y fue curada por Ana Elizabeth González y Mónica Kupfer.

Los artistas participantes fueron Brooke Alfaro, Isabel De Obaldía, Cisco Merel y Giana De Dier.

La temática giró en torno a la reflexión sobre la migración, la crisis del Tapón del Darién y las huellas de la diáspora afroantillana.

El impacto económico en cuanto a las visitas registró una recaudación de casi $300,000, entre apoyo mixto privado y público, mientras que el pabellón recibió a más de 45,000 personas.

Más de 70 publicaciones, siempre según los organizadores, destacaron la propuesta, que fue elogida por ArtReview y Artforum.

El pabellón se ubicó en el prestigioso contexto de la Bienal, marcando un hito cultural para Panamá, con miras a continuar su participación.

Más de 140 quejas y sanciones por $17 mil se han impuesto en Panamá durante el primer trimestre de este año contra de los comercios que incumplen con los beneficios que por ley deben recibir los jubilados.

Las principales irregularidades detectadas están relacionadas con la tasa de interés, que encabeza la lista con 55 denuncias, seguida del incumplimiento del descuento del 25% en restaurantes, unos 24 casos, y la falta en 21 casos de letreros informativos obligatorios.

También se reportaron 17 casos donde no se otorgó el descuento correspondiente, dejando en evidencias fallas directas en la aplicación de derechos claramente establecidos por ley, afirma la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco).

Anomalías en préstamos personales y comerciales, descuentos no aplicados en transporte aéreo, consumo en franquicias de comida rápida, transporte público, farmacias, así como en servicios médicos privados y técnicos, son otros de los incumplimientos detectados.

Al desglosar las faltas y sus sanciones, la entidad informó que se impusieron 13 sanciones en primera instancia, que suman $17,800.00.

Las multas más significativas están vinculadas a la tasa de interés, $11,200.00, y a irregularidades en préstamos personales y comerciales, que totalizan $5,600.00, lo que refleja que las infracciones no solo afectan beneficios básicos, sino también compromisos financieros más complejos.

La entidad gubernamental indicó que las recaudaciones totales por estas multas son depositadas a la cuenta del Fondo Especial de Jubilados y Pensionados.

Aunque las sanciones representan un avance en la fiscalización, para la institución las cifras de denuncias sugieren que el problema persiste y que aún existen debilidades en el cumplimiento voluntario por parte de algunos agentes económicos.

En Panamá los jubilados tienen derecho a descuentos obligatorios por ley de 50% en cines, teatros, conciertos y eventos deportivos, 30% en autobuses interurbanos, trenes y transporte marítimo, 25% en pasajes aéreos nacionales e internacionales, igualmente tienen beneficios de 50% de lunes a jueves y de 30% en fines de semana en hoteles, moteles y pensiones.

Los descuentos se extienden a 25% en restaurantes y 15% en comida rápida, así como 20% en consultas médicas y honorarios profesionales, además de 15% en servicios odontológicos, optometría y hospitalización, entre otros.

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia también reiteró a la ciudadanía sobre el reclamo de vicios ocultos en los productos, que no son visibles al momento de adquirir un bien, pero que con el tiempo afectan su uso, valor o funcionalidad.

Rolando Murgas, defensor de la Acodeco, detalló que estos casos no aplican cuando el daño ha sido previamente informado al consumidor y el producto se ofrece a un menor precio o con descuento.

“En estos casos, al ser aceptada la condición por el consumidor, no estamos ante un vicio oculto reclamable”, precisó.

Explicó que los vicios ocultos suelen presentarse en bienes inmuebles, como viviendas o apartamentos.

Entre los ejemplos más comunes mencionó fallas estructurales en cielorrasos de PVC o gypsum, que por una mala instalación pueden deformarse o colapsar con el tiempo. “A veces, por abaratar costos, no se respetan las distancias adecuadas en la estructura, lo que provoca que el material se pandee o ceda posteriormente”, indicó.

Otro caso frecuente ocurre cuando las dimensiones reales de una propiedad no coinciden con lo ofertado. “Si usted compra un terreno de 200 metros cuadrados y al medirlo resulta que tiene 180, está perdiendo una cantidad importante de dinero. Lo mismo sucede con apartamentos o viviendas donde cada metro cuadrado tiene un alto valor”, advirtió el funcionario de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia.

La Liga Panameña de Fútbol (LPF) anunció que abrió una investigación formal por el grave hecho ocurrido durante el partido del 2 de mayo en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez entre los equipos Alianza FC y Sporting San Miguelito, que podría comprometer la integridad de la competencia.

El hecho hace referencia a la polémica jugada cuando al minuto 90 el guardameta del Sporting, José Calderón, marcó un autogol que significó el tanto del triunfo para Alianza 3-2.

“Estamos solicitando a la Unidad de Integridad que proceda a citar a las partes involucradas para que rindan las explicaciones correspondientes, mientras se activan todos los mecanismos establecidos en el protocolo institucional, incluyendo la articulación inmediata de la fuerza de tarea conjunta”, menciona en un comunicado la LPF.

La Liga reconoce que en el fútbol pueden existir errores propios del juego.

Sin embargo, aclara que hay situaciones que exceden ese margen, por tanto, inaceptable dentro de los estándares de competencia profesional.

Además, sostiene que estarán enviando una carta formal a la Comisión de Disciplina de la Federación Panameña de Fútbol (FPF) para que emita, a la mayor brevedad posible, las sanciones correspondientes (de haberlas) derivadas de la investigación anterior.

Sin perjuicio de la presunción de inocencia, la Liga añade en el comunicado que actuará con la máxima rigurosidad y llevará la investigación hasta sus últimas consecuencias. De comprobarse responsabilidades, se solicitarán sanciones ejemplares, pondera la LFP.

Agrega que ninguna conducta individual puede poner en riesgo el trabajo, el esfuerzo y la credibilidad de cientos de profesionales, jugadores, entrenadores y gente muy responsable que sostienen este torneo.

Julio Dely Valdés, entrenador del Sporting, dijo que el partido fue “rarísimo”, asegurando haber visto situaciones extrañas desde el inicio del compromiso, en declaraciones a TVN.

Las consideraciones de Dely Valdés, un reconocido futbolista panameño que militó en Europa, hicieron rodar aún más la pelota de la situación que se presentó y aumentaron la polémica en torno a lo sucedido en el partido.

“Un partido rarísimo, rarísimo. Desde el minuto uno. Desde el minuto uno, cosas muy raras, muy raras. Y la verdad es que ya a esta altura no me sorprende”, manifestó el entrenador a la televisora local, mientras aseguró que lo que observó le generó frustración e incluso vergüenza desde el banquillo.

“Yo sentía vergüenza de estar allí dirigiendo un equipo que en ocasiones parecía que no quería ganar”, afirmó.

Antes del pronunciamiento de la LPF, el Sporting San Miguelito también emitió un comunicado denunciando la existencia de “indicios graves” vinculados a posibles amaños de partidos y solicitando investigaciones inmediatas por parte de los organismos que rigen el fútbol nacional.

“En el marco del presente campeonato, hemos identificado con preocupación indicios graves que podrían estar vinculados a posibles amaños de partidos, situación que atenta contra la integridad, transparencia y espíritu competitivo del futbol. Nuestro club ya ha presentado denuncias formales ante la Liga Panameña de Fútbol y la Federación Panameña de Fútbol, solicitando investigaciones inmediatas, exhaustivas e imparciales. Los hechos observados en la jornada más reciente refuerzan estas preocupaciones“, señala en su comunicado del Sporting de San Miguelito.

Continúa señalando que "somos enfáticos bajo prácticas irregulares o manipuladas, no es posible competir en igualdad de condiciones. El Sporting San Miguelito rechaza categóricamente cualquier forma de corrupción y reafirma su compromiso con un futbol limpio, justo y transparente. Un llamado a todos los clubes del país a unirse en defensa de la integridad del fútbol panameño, dejando de lado rivalidades deportivas".

El Club asegura que espera que se hagan las investigaciones y que si hay culpables se den las sanciones que correspondan.

El futuro del empleo en Panamá depende de una transformación educativa que responda a las necesidades reales del mercado laboral y prepare mejor a los jóvenes para los desafíos del siglo XXI.

Esta es la propuesta del Consejo del Sector Privado para la Asistencia Educacional (COSPAE), que sostiene que actualmente más de 120 mil niños y jóvenes están fuera del sistema educativo.

No confirme con esa realidad, el organismo agrega que solo 16 de cada 100 estudiantes logran comprender conceptos matemáticos básicos, reflejando la urgencia de fortalecer la calidad educativa y la preparación para la vida laboral.

En septiembre de 2025 la ministra de Educación, Lucy Molinar, anunció que la Ley Orgánica de Educación, vigente desde 1946 y modificada parcialmente en 1995 y el 2002, será sometida a una reforma integral como parte de un esfuerzo más amplio por modernizar el sistema educativo panameño, replicaron medios de prensa.

La modernización del sistema, la implementación de un rediseño curricular y la persistencia de brechas académicas aún mantienen en expectativa a la sociedad panameña.

“La educación debe dejar de verse como un proceso aislado del desarrollo económico del país. Si queremos hablar del futuro del empleo en Panamá, tenemos que hablar primero de una educación pertinente, actualizada y conectada con las oportunidades reales que tendrán nuestros jóvenes”, afirmó la presidenta de COSPAE, Carmen Sealy de Broce.

En 1979 el movimiento magisterial frenó la mayor gestión gubernamental destinada a transformar el sistema educativo de la nación, en un contexto de reivindicación por la recuperación del territorio de la entonces Zona del Canal, administrada por autoridades estadounidenses, según informes de la época.

Hoy día, para el COSPAE la reforma educativa no debe limitarse a cambios administrativos, sino a convertirse en una política de Estado orientada al desarrollo de talento humano competitivo, con mayor énfasis en habilidades técnicas, pensamiento crítico, orientación vocacional, dominio digital y una mejor articulación entre la formación académica y los sectores productivos del país.

“Necesitamos una educación que no solo forme para aprobar exámenes, sino para tomar decisiones, adaptarse al cambio y construir proyectos de vida. La preparación para la vida profesional comienza mucho antes del primer trabajo: inicia en el aula, con orientación adecuada, formación pertinente y herramientas que permitan a cada estudiante identificar su camino”, añadió Sealy de Broce.

A través de programas como Marca Tu Rumbo, que fortalece la orientación vocacional; EDUCA, enfocado en la gestión y administración de becas corporativas y académicas y Learning for Life, orientado al desarrollo de habilidades comerciales y de hostelería para jóvenes que buscan fortalecer su perfil profesional, el COSPAE informó que impulsa iniciativas que conectan educación, formación y oportunidades de crecimiento personal y laboral.

De esta manera, el organismo educativo reitera que Panamá tiene una oportunidad histórica para avanzar hacia una reforma educativa que prepare a las nuevas generaciones para enfrentar los retos del futuro, reducir brechas sociales y fortalecer la competitividad del país, entendiendo que invertir en capital humano continúa siendo la vía más sostenible para el desarrollo nacional.

Sobre la mesa también existe una propuesta del diputado Jorge Bloise, que pretende una transformación estructural del sistema educativo, abordando temas como la gestión administrativa, la inversión, la infraestructura y el currículo.

El proyecto de igual manera anexa la eliminación de artículos considerados obsoletos y la revisión de más de 100 leyes relacionadas con educación.

“Por primera vez, se consolida en un documento un esfuerzo integral para reformar el sistema educativo”, indicó Bloise en su oportunidad.

Para la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá en el país existe la necesidad de mirar de frente a los retos de la realidad laboral, conformada por el desempleo, la informalidad, las desigualdades de acceso y la obligación de generar plazas de trabajo para más panameños.

No obstante, indica que hay una señal “alentadora” en las cifras recientes dadas a conocer por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel).

En el primer trimestre de 2026, de acuerdo con la entidad gubernamental, se registraron 84,067 contratos laborales.

Estos resultados, destaca el Mitradel, evidencian un comportamiento positivo en la generación de empleo formal, en línea con los esfuerzos orientados a dinamizar el mercado laboral y ampliar las oportunidades para la población panameña, manteniendo una ruta de avance progresivo.

Para la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá la cifra representa un crecimiento de 25.2% al compararla con el 2025.

“Es una recuperación importante del empleo formal y una muestra de mayor dinamismo económico y empresarial”, manifestó Aurelio Barría Pino, presidente del gremio comercial.

Pero, apuntó que “el mensaje debe ser completo. De esos contratos, 55% fueron definidos, 23% por obra determinada y 22% indefinidos. Es decir, aunque hay más contrataciones, aún predomina una estructura laboral donde no todos los empleos ofrecen estabilidad sostenible”.

Por ello, sostuvo que el desafío está en consolidar empleos formales, productivos y sostenibles, que den seguridad a los trabajadores, fortalezcan a las empresas y permitan que más panameños salgan de la informalidad.

Esta es una realidad que para Barría Pino limita ingresos, reduce protección social, afecta la productividad y debilita la capacidad del país para crecer con inclusión.

El empleo formal debe ocupar el centro de las decisiones nacionales, no duda en afirmar la entidad empresarial en la voz de su presidente.

Detalló que el empleo formal surge cuando el país genera condiciones para producir, invertir y crecer, lo cual requiere confianza, agilidad institucional, proyectos en ejecución y empresas con capacidad de abrir nuevas plazas.

Cada sector que se activa mueve una cadena completa de proveedores, comercios, servicios, profesionales, técnicos y trabajadores, por lo que el gremio admite que la mejor política laboral es una economía que funcione y que permita transformar la actividad productiva en oportunidades concretas.

Es indispensable, proponen en su mensaje dominical los comerciantes, cerrar las brechas al mercado laboral de los jóvenes, alegando que la experiencia no debe ser una barrera de entrada, sino parte del proceso de formación.

En esa línea, reiteraron que la Ley de Pasantías debe convertirse en un mecanismo efectivo para acercar el estudiante a la empresa y facilitar el primer paso hacia un trabajo estable.

Desde la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá ampliaron que asumen este compromiso con responsabilidad. Agregan que seguirán promoviendo la participación del sector privado, la articulación con las autoridades y la adopción de buenas prácticas para que más panameños encuentren espacios reales de crecimiento, formación, empleo digno y sostenible.

“El trabajador panameño necesita oportunidades reales, y esas oportunidades solo se construyen con acción, responsabilidad y visión de país”, afirma la agrupación de comerciantes.

Este pasado 1 de mayo, agrupados en sindicatos y organizaciones sociales, los obreros marcharon por las calles de la ciudad de Panamá exigiendo estabilidad laboral, mejoras salariales y trabajos dignos, mientras denunciaban la persecución sindical.

Los trabajadores llegaron a esa celebración con un atomizado y descabezado movimiento obrero, producto de las medidas impuestas por el gobierno de José Raúl Mulino, que en los tribunales aún tramita la disolución de la mayor agrupación sindical del país, el Sindicato Único de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs).

Los estafadores en Panamá enfrentarán penas que van desde 4 a 6 años de prisión por la estafa simple, mientras que por estafa agravada serán castigados de 7 a 12 años de cárcel.

Esto, luego de que la Asamblea Nacional de Panamá diera paso en tercer debate a una reforma que cambia la manera radical las penas anteriores, que sancionan con 1 a 4 años de prisión para los casos simples, y de 5 a 10años cuando había agravantes.

El proyecto de Ley 277, que ahora espera la sanción del Ejecutivo para convertirse en ley de la República, modifica los artículos 220 y 221 del Código Penal.

El dinero involucrado en las estafas también fue motivo de reformas, pues antes para que una estafa fuera considerada agravada el perjuicio debía superar los $100 mil, y ahora se redujo a $50 mil.

Diariamente 17 panameños son víctimas de estafas financieras o bancarias, una cifra que deja claro que el problema dejó de ser esporádico para convertirse en una amenaza cotidiana.

El cambio, dijeron fuentes del Legislativo, abarcará más casos donde se vean involucrados los estafadores, entre esos las cada vez más crecientes estafas digitales.

Llamadas engañosas, mensajes falsos, suplantación de identidad en redes sociales, todo eso ahora tiene un tratamiento más severo dentro de la ley, especialmente cuando hay abuso de confianza o uso de herramientas tecnológicas, destaca el diario Critica.

En marzo de este año la Asociación Bancaria de Panamá advirtió sobre el avance cada vez más agresivo de los ciberdelitos financieros, en un escenario donde los intentos de fraude ya alcanzaban los $125 millones al año y donde alrededor de $20 millones terminan concretándose en perjuicio de clientes, bancos y empresas.

Los $125 millones corresponden a intentos de ataque, mientras que los $20 millones reflejan el impacto que finalmente se concreta, detalló durante el pasado VI Congreso Internacional de Ciberseguridad, Protección de Datos, Prevención de Fraudes y Seguridad Física, realizado en ciudad de Panamá, Ernesto Boyd, presidente de la junta directiva de la Asociación Bancaria de Panamá.

Agregó que esa diferencia, lejos de ser un alivio, muestra la presión permanente bajo la que operan la banca y sus clientes, obligados a reaccionar, verificar y reforzar sus defensas frente a una ofensiva que no da tregua.

El blanco final de estos ciberdelitos son los clientes bancarios, porque detrás de cada ataque dirigido a una entidad financiera lo que realmente se busca es llegar al dinero de los usuarios, dijo el presidente de la junta directiva de la Asociación Bancaria de Panamá.

Para tratar de hacerle frente al sofisticado esquema de delitos financieros la banca lanzó la campaña de concienciación “Pérate”, que básicamente trata de que los ciudadanos hagan una pausa antes de compartir información personal, hacer clic en enlaces o realizar transferencias.

Entre 2025 y lo que va del 2026 se ha registrado un incremento de más de 113% en ciberdelitos, una variación que confirma que el fenómeno está escalando con rapidez, indicó por su parte la Policía Nacional.

El director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, hizo en esa oportunidad una distinción entre los ataques sofisticados y los ataques más básicos pero masivos, que son precisamente los que más golpean a la población en su vida diaria. Entre estos últimos mencionó llamadas fraudulentas y otros contactos realizados incluso desde centros penales, una realidad que ha obligado a mantener operativos permanentes para sacar de circulación equipos de comunicación utilizados por delincuentes.

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La primera certificación de cacao “amigable con las aves” en Panamá marca un hito en la conservación ambiental y posiciona al país dentro de una tendencia global que busca producir alimentos sin sacrificar la biodiversidad, según destaca un artículo publicado por el Smithsonian Tropical Research Institute.

Este reconocimiento, otorgado en 2025 a una finca en Coclé, no solo valida prácticas agrícolas sostenibles, sino que también evidencia cómo la producción de cacao puede convertirse en una herramienta de protección ecológica en regiones clave para especies migratorias.

El concepto detrás de esta certificación parte de una idea sencilla pero poderosa: así como los humanos necesitan detenerse a descansar durante un viaje, las aves migratorias requieren espacios seguros para alimentarse y recuperar energía durante sus largas travesías entre el norte y el sur del continente.

Panamá, por su ubicación geográfica, funciona como un corredor biológico estratégico, donde los fragmentos de bosque actúan como refugios esenciales para estas especies, especialmente durante la temporada de migración que inicia en marzo.

El programa Smithsonian Bird Friendly, que originalmente se enfocaba en el café, amplió su alcance al cacao mediante un modelo que exige condiciones estrictas de sostenibilidad.

Para obtener la certificación, las plantaciones deben mantener una cobertura de sombra mínima, preservar una alta diversidad de especies arbóreas y evitar el uso de químicos sintéticos, lo que garantiza que el entorno agrícola funcione como un ecosistema activo y no como un espacio degradado.

En Panamá, la finca Cacao Cerro La Vieja, ubicada en Chiguirí Arriba, Penonomé, se convirtió en la primera en cumplir con estos estándares bajo un esquema piloto lanzado en 2023.

Su propietario, el biólogo panameño Samuel Valdés, ha impulsado durante más de una década un modelo basado en la agricultura orgánica y la conservación forestal, lo que permitió que su finca fuera reconocida internacionalmente por su aporte a la biodiversidad .

La finca tiene una característica clave: de sus nueve hectáreas, solo tres están destinadas al cultivo de cacao, mientras que las otras seis permanecen como bosque protegido, con especies nativas como higueras, acacias y laureles.

Este equilibrio permite la presencia de una gran diversidad de fauna, incluyendo más de 170 especies de aves, además de mamíferos como ocelotes, venados y coatíes, lo que demuestra que es posible combinar producción agrícola con conservación activa del ecosistema.

El cacao, conocido científicamente como Theobroma cacao, es la base del chocolate y se cultiva principalmente en zonas húmedas como Bocas del Toro, aunque también se produce en regiones como Colón, Darién y Panamá Este.

Su proceso de producción, desde la cosecha hasta la fermentación, es complejo y requiere condiciones específicas de temperatura y humedad para desarrollar los sabores y aromas característicos del grano.

En este modelo sostenible, el manejo del cultivo evita el uso de pesticidas y promueve el control natural de plagas mediante la acción de aves e insectos. Además, se utilizan fertilizantes orgánicos elaborados con hojarasca, microorganismos y técnicas como el bokashi, un método de origen japonés que mejora la calidad del suelo sin recurrir a químicos.

Este enfoque no solo protege el ambiente, sino que también mejora la calidad del producto final.

Otro elemento clave es la integración de la comunidad. En el entorno de Cerro La Vieja se ha desarrollado un modelo de economía sostenible, donde los habitantes participan en actividades como la producción de cacao y la cría de mariposas, generando ingresos sin necesidad de deforestar.

Este enfoque convierte la conservación en una oportunidad económica real, en lugar de una limitación para el desarrollo local.

El mariposario asociado a la finca, donde se crían unas 40 especies nativas, funciona como un centro de conservación y educación ambiental. Las mariposas, además de su valor ecológico, actúan como bioindicadores de la salud del ecosistema, lo que refuerza la importancia de mantener un entorno equilibrado.

La iniciativa también ha permitido capacitar a comunidades cercanas en prácticas sostenibles, ampliando el impacto del proyecto.

El caso de Cacao Cerro La Vieja demuestra que la sostenibilidad no es solo una tendencia, sino una necesidad frente a los desafíos del cambio climático y la pérdida de biodiversidad.

La certificación Bird Friendly abre la puerta a que otros productores panameños adopten este modelo, combinando producción agrícola de calidad con protección ambiental, y posicionando al país como un referente en la integración entre desarrollo y conservación.

En un contexto global donde los consumidores exigen cada vez más productos responsables, iniciativas como esta permiten que Panamá no solo exporte cacao, sino también un modelo de producción sostenible que protege los ecosistemas y garantiza la supervivencia de especies clave.

La experiencia documentada por el Smithsonian confirma que es posible producir sin destruir, siempre que se entienda que la naturaleza no es un recurso infinito, sino un sistema que debe ser cuidado, respetado y aprovechado con equilibrio.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) mantiene activo un aviso de prevención por lluvias y tormentas eléctricas en todo el país, vigente hasta el 4 de mayo de 2026, ante el incremento de la inestabilidad atmosférica provocada por la interacción de bajas presiones y ejes de vaguada.

La entidad, a través del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), hizo un llamado a la población a extremar medidas de seguridad y evitar situaciones de riesgo, especialmente en áreas propensas a inundaciones, deslizamientos y crecidas de ríos.

De acuerdo con el informe oficial, se prevén lluvias de moderadas a fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento, con acumulados diarios entre 10 y 70 milímetros, que podrían alcanzar hasta 210 milímetros en tres días.

Estas condiciones aumentan el riesgo de desbordamientos, caída de árboles y afectaciones estructurales, principalmente en provincias como Chiriquí, Veraguas, Herrera, Coclé, Panamá, Colón, Darién y Bocas del Toro, así como en Panamá Oeste y las comarcas indígenas.

Durante el fin de semana, las autoridades ya han atendido múltiples emergencias asociadas a estas condiciones climáticas, incluyendo el hallazgo del cuerpo sin vida de un joven de 20 años en el sector de Chanis, luego de labores de búsqueda iniciadas en San Miguelito.

El operativo, en el que participaron unidades de rescate y voluntarios, culminó tras ubicar el cuerpo debajo de un puente en el área del Corredor Sur, lo que marca uno de los incidentes más graves reportados en medio de las lluvias.

En paralelo, en la provincia de Chiriquí, específicamente en Playa La Barqueta, se reportó un incidente por riesgo de ahogamiento, donde residentes del área lograron rescatar a cuatro bañistas, dos de los cuales requirieron atención médica por parte de paramédicos del 911.

Este caso refleja el impacto de las condiciones marítimas adversas y la importancia de respetar las advertencias emitidas por las autoridades durante periodos de mal tiempo.

Otros eventos registrados incluyen el colapso parcial de estructuras en sectores de San Miguelito, producto de la saturación del suelo por las lluvias, así como la caída de árboles sobre viviendas en la ciudad de Panamá, dejando al menos dos residencias afectadas y una persona herida que fue trasladada a un centro médico.

En estos casos, el Sinaproc coordinó evaluaciones técnicas para determinar riesgos adicionales y prevenir nuevos incidentes.

El aviso de prevención también advierte sobre la posibilidad de deslizamientos de tierra en zonas vulnerables, especialmente en áreas con pendientes o donde se han registrado lluvias constantes en días recientes.

Las autoridades recomiendan evitar cruzar ríos o quebradas crecidas, asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento y mantener a la mano suministros básicos como agua, alimentos y linternas ante posibles interrupciones de servicios.

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá ha indicado que estas condiciones responden a un patrón típico de transición climática, pero con una intensidad superior a lo habitual para la época, lo que ha obligado a mantener una vigilancia continua en todo el territorio nacional. Los sistemas de monitoreo se mantienen activos para detectar cualquier cambio significativo que pueda agravar la situación en las próximas horas.

El Sinaproc reiteró que mantiene un monitoreo constante en coordinación con los estamentos de seguridad y respuesta, con el objetivo de atender de manera oportuna cualquier emergencia que se registre. La entidad recordó a la población que puede reportar incidentes a través de la línea 911, mientras continúan las labores preventivas y de respuesta en distintas regiones del país ante la persistencia de las lluvias.

El Canal de Panamá está operando hoy en uno de sus momentos más exigentes de los últimos años, no por una falla interna, sino por la presión del comercio mundial, la reconfiguración de rutas marítimas y el impacto de conflictos internacionales como la crisis en Medio Oriente.

En ese escenario, el sistema de asignación de cupos —y en particular las subastas de tránsito— ha cobrado protagonismo tras conocerse que un buque transportador de gas pagó cerca de 4 millones de dólares por asegurar su paso, generando la percepción de que el Canal elevó sus tarifas, algo que la propia autoridad ha desmentido.

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP), a través de su administrador Ricaurte Vásquez, ha sido clara: no ha habido aumentos de peajes y el Canal no está especulando con sus tarifas. Lo que ha cambiado es el entorno global y la forma en que los clientes valoran el tránsito.

“El precio no lo pone el Canal, lo pone el mercado”, explicó Vásquez, al dejar en claro que el monto pagado en una subasta responde a la urgencia de la carga y a las condiciones externas, no a una decisión institucional.

Para entender este fenómeno, hay que partir de la estructura actual de operación. El Canal mantiene un promedio de 41 tránsitos diarios, por encima de su capacidad nominal de 36, lo que implica una utilización intensiva de recursos humanos, equipos y, sobre todo, agua.

Este aumento no es permanente ni garantizado: responde a condiciones favorables recientes, incluyendo niveles de los lagos más altos de lo habitual para la estación seca, lo que ha permitido ofrecer cupos adicionales al mercado.

De esos 41 tránsitos, la gran mayoría —alrededor de 36 cupos diarios— se asigna mediante el sistema de reservas anticipadas, mientras que el resto surge de espacios que se liberan por cancelaciones o ajustes operativos.

Esos cupos adicionales son los que entran al mecanismo de subasta, que es donde se generan las cifras más llamativas y donde el mercado define cuánto está dispuesto a pagar por cruzar en un momento específico.

Cupo garantizado

El cambio estructural más importante ocurrió tras la crisis hídrica de 2023, cuando el Canal dejó atrás el modelo histórico de “primero en llegar, primero en pasar” y adoptó un sistema obligatorio de reservas.

Hoy, ningún buque transita sin un cupo asignado, lo que elimina la incertidumbre operativa y permite planificar con precisión tanto para el Canal como para las navieras.

En este nuevo esquema, el proceso comienza incluso antes de que el buque zarpe. El naviero solicita un tránsito para una fecha específica, compite con otros clientes en función de su historial, volumen de negocio y frecuencia de uso, y si no logra asegurar un espacio dentro de los periodos establecidos, debe recurrir a las subastas si desea pasar en una fecha específica.

Allí, el precio parte de un piso relativamente bajo —15 mil dólares para buques regulares, 55 mil para “super” y 100 mil para neopanamax— pero puede escalar según la competencia.

La lógica es simple y brutalmente eficiente: gana quien más necesita pasar. Si una carga energética debe llegar con urgencia a Asia, el naviero puede estar dispuesto a pagar millones para evitar retrasos. En cambio, otros segmentos como los graneleros, con menor margen financiero, rara vez participan en esas pujas. Es un sistema que prioriza el valor económico de la carga, no el orden de llegada.

Subastas

Los datos lo confirman. Más del 80% de las subastas se resuelve por debajo del millón de dólares, y menos del 1% supera los 3 millones, lo que demuestra que los casos de cifras extraordinarias son excepcionales.

Sin embargo, su impacto mediático ha sido enorme, sobre todo en un contexto de incertidumbre global en rutas como el estrecho de Ormuz, donde las tensiones han obligado a redirigir flotas y aumentar la presión sobre rutas alternativas como Panamá.

Este reacomodo del comercio también se refleja en el tipo de buques que están transitando. El Canal ha registrado un aumento en el paso de tanqueros, que han subido de 7 a más de 12 diarios, así como en buques de gas y graneleros.

En algunos casos, el volumen ha alcanzado entre 10 y 15 graneleros por día, niveles similares a los previos a la pandemia, lo que evidencia un cambio en la dinámica global del transporte marítimo.

A pesar de la alta actividad, la ACP rechaza la idea de que exista congestión. Actualmente hay más de 100 buques en área de espera, pero cerca del 90% ya tiene su reserva asignada, lo que significa que no están esperando un turno incierto, sino cumpliendo un calendario definido. La diferencia es clave: no es una fila caótica, sino una operación planificada.

Muchos de estos buques llegan con anticipación por decisión estratégica. Panamá ofrece servicios logísticos como abastecimiento, cambio de tripulación y mantenimiento, lo que convierte la espera en una oportunidad operativa.

Otros llegan antes para intentar adelantar su tránsito mediante subasta, lo que puede liberar cupos futuros y alimentar el mismo sistema dinámico.

Este modelo genera un efecto en cadena. Cuando un buque adelanta su paso, deja libre su espacio original, que puede ser ofrecido nuevamente al mercado. Es ahí donde el Canal introduce nuevos cupos en subasta, sin alterar la estructura base de 36 tránsitos, pero maximizando el uso de la capacidad disponible.

Factor clave: Agua

Sin embargo, hay un factor que el Canal no controla: el agua. Aunque hoy opera con holgura gracias a condiciones climáticas favorables, la sostenibilidad de los 41 tránsitos diarios dependerá directamente de las lluvias y del nivel de los lagos. El propio Vásquez lo ha advertido: la capacidad actual podría ajustarse si cambian las condiciones hidrológicas.

En paralelo, el Canal ha fortalecido su modelo comercial con herramientas como el programa LOTSA (Long Term Slot Allocation), que permite a clientes asegurar espacios a largo plazo. Este sistema ha alcanzado niveles de ocupación cercanos al 99%, reflejando la alta demanda y la necesidad de previsibilidad en un entorno global cada vez más volátil.

Desde el punto de vista financiero, el desempeño ha superado las expectativas. Aunque se proyectaba una caída en ingresos por el contexto económico global, el aumento en tránsitos y la presión del mercado han sostenido los resultados. Aun así, las autoridades evitan hacer proyecciones a largo plazo, conscientes de que el escenario puede cambiar rápidamente.

La Procuraduría General de la Nación logró la imputación de seis personas en Panamá por la presunta posesión de material de abuso infantil agravado, como resultado de la operación internacional “Aliados por la Infancia VI”, un despliegue coordinado que se ejecutó de forma simultánea en 15 países con el objetivo de combatir la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes.

Durante la audiencia de control de garantías, el juez Erick González ordenó detención provisional para tres imputados, mientras que los otros tres deberán cumplir medidas cautelares de reporte periódico e impedimento de salida del país.

El operativo, que tuvo su origen en Argentina, se extendió a Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, El Salvador, España, Francia, Honduras, Paraguay, Panamá, Puerto Rico, Uruguay, Guatemala, México, Perú y República Dominicana, con el objetivo de combatir redes dedicadas a la tenencia, producción, distribución o facilitación de material de abuso sexual infantil.

En el caso de Panamá, las autoridades confirmaron la captura de siete personas, como parte de allanamientos realizados en la provincia de Panamá y en Chiriquí, en coordinación con la Dirección Nacional de Inteligencia Policial (DNIP) y la Dirección de Investigación Judicial (DIJ).

De acuerdo con reportes internacionales, la operación dejó 84 detenidos: 26 en Argentina, distribuidos en 14 en Ciudad de Buenos Aires, tres en Córdoba, tres en Misiones, tres en Santa Cruz, dos en la provincia de Buenos Aires y uno en Formosa; además de 58 en el resto de los países, entre ellos 44 en Brasil, siete en Panamá, tres en Uruguay, tres en Perú y uno en Puerto Rico. La operación contó además con el respaldo de Homeland Security Investigations de Estados Unidos, así como con apoyo de embajadas y organismos de seguridad internacionales.

Las autoridades panameñas destacaron que este tipo de acciones forman parte de una estrategia para identificar redes de explotación sexual infantil que operan tanto a nivel local como transnacional, utilizando tecnología, foros clandestinos y canales en línea para compartir material ilegal.

Durante los allanamientos, se logró además la incautación de dispositivos electrónicos que serán sometidos a análisis forense, con el objetivo de ubicar posibles víctimas y ampliar las investigaciones en curso.

Delito en aumento

En paralelo, los datos del Ministerio Público reflejan un aumento en los delitos relacionados con la pornografía infantil, lo que refuerza la relevancia de este tipo de operativos.

Según el informe estadístico a marzo de 2026, se registraron 32 casos de pornografía infantil, lo que representa un incremento significativo frente a los 4 casos reportados en el mismo periodo de 2025, equivalente a un aumento del 700% . En cuanto a la posesión de este material, se reportaron 7 casos, manteniendo cifras similares al año anterior.

El mismo informe indica que, entre enero y marzo de 2026, se han registrado un total de 1,441 denuncias por delitos contra la libertad e integridad sexual en Panamá, con una leve variación del 1% en comparación con 2025, lo que evidencia una estabilidad general, pero con cambios importantes en la composición de los delitos.

Dentro de estos, destacan también incrementos en delitos como la corrupción de menores, que pasó de 71 a 89 casos, y el acoso sexual, que registró un aumento del 33%.

A nivel geográfico, el informe muestra que el Primer Distrito Judicial, que incluye la provincia de Panamá, concentra la mayor cantidad de denuncias con 673 casos, seguido por el Tercer Distrito Judicial con 496, lo que confirma la concentración del problema en áreas urbanas de alta densidad poblacional.

También se observan incrementos en regiones como Chiriquí, Coclé y Panamá Oeste, mientras que otras zonas presentan reducciones.

En cuanto al total de delitos sexuales, las cifras reflejan que la mayoría corresponden a violación y otros delitos sexuales, que representan 1,302 casos, frente a 139 casos vinculados a corrupción de menores y explotación sexual comercial, lo que evidencia la amplitud del problema más allá del entorno digital.

No obstante, el crecimiento en los delitos asociados a pornografía infantil marca una tendencia que preocupa a las autoridades.

Las investigaciones continúan en Panamá y en el resto de los países participantes, mientras los organismos de seguridad reiteran que la cooperación internacional es clave para enfrentar este tipo de delitos, que operan sin fronteras.

Las autoridades han señalado que la identificación de nuevas víctimas, el rastreo de redes digitales y la judicialización de los responsables seguirán siendo prioridades dentro de esta ofensiva global contra la explotación sexual infantil.

La visita técnica de ejecutivos de All Nippon Airways (ANA) y personal de The Boeing Company al Aeropuerto Internacional de Tocumen puso en marcha la evaluación real de un vuelo directo entre Panamá y Tokio, una conexión que ha sido discutida a nivel político y empresarial en los últimos años.

Durante el recorrido, los equipos revisaron las especificaciones de la pista, incluyendo longitud, resistencia y márgenes de seguridad, ante la posibilidad de operar aeronaves de ultra largo alcance, lo que implicaría ajustes en los extremos de la pista para cumplir con estándares internacionales de seguridad aérea.

La presencia de ANA en Panamá responde a una estrategia de expansión hacia nuevos mercados intercontinentales, considerando que actualmente la aerolínea japonesa no tiene operaciones directas en América Latina continental, más allá de conexiones indirectas vía Estados Unidos o México.

En la región, las rutas de largo alcance desde Asia se concentran principalmente en ciudades como Ciudad de México y São Paulo, lo que posiciona a Panamá como una posible puerta de entrada al continente, aprovechando su rol como hub regional y su conectividad con más de 80 destinos en América.

El interés por establecer esta ruta no es reciente. Durante la visita oficial del presidente José Raúl Mulino a Japón en septiembre de 2025, el tema del vuelo directo fue abordado con el primer ministro Shigeru Ishiba, quien confirmó haber trasladado la propuesta al Ministerio de Transporte japonés para su evaluación.

En ese encuentro también se planteó la posibilidad de un esquema de conexión que incluya Panamá, Tokio y Canadá, lo que ampliaría el alcance comercial y logístico de la ruta.

Más allá de la conectividad aérea, el acercamiento entre Panamá y Japón responde a intereses económicos más amplios. Un grupo de armadores japoneses ha manifestado su intención de invertir en un centro de mantenimiento marítimo en Puerto Armuelles, lo que refuerza el vínculo entre ambos países en sectores como logística, transporte y comercio internacional.

Este tipo de inversiones complementa el interés por fortalecer la relación bilateral y ampliar la presencia japonesa en la región.

Japón, además, es uno de los principales usuarios del Canal de Panamá, utilizando la vía interoceánica para el tránsito de buques de carga, energía y manufactura entre Asia y la costa este de Estados Unidos.

Esta relación estratégica convierte a Panamá en un socio clave para el comercio japonés, lo que añade peso a la viabilidad de una conexión aérea directa que facilite no solo el turismo, sino también el movimiento de ejecutivos, carga aérea y operaciones logísticas.

En el ámbito empresarial, Panamá mantiene una presencia relevante de compañías asiáticas bajo el régimen de Sedes de Empresas Multinacionales (SEM). De acuerdo con el listado oficial actualizado a abril de 2026, se identifican empresas como Yamaha Motor Co., Ltd. Panamá, Hino Motors, Ltd., Hazama Ando Corporation e Itochu Panamá, S.A., lo que evidencia una presencia puntual pero estratégica de capital japonés en el país .

Esta base empresarial podría fortalecerse con una conexión aérea directa que facilite operaciones regionales.

A nivel técnico, la evaluación de la pista y de las condiciones operativas es determinante para definir la viabilidad del proyecto. Las aeronaves que podrían cubrir la ruta Panamá-Tokio, como el Boeing 787 o el 777 de largo alcance, requieren parámetros específicos de despegue, peso y combustible, lo que obliga a analizar factores como temperatura, elevación del aeropuerto y distancia disponible para maniobras. Estos aspectos fueron parte central de la visita técnica realizada por ANA y Boeing.

All Nippon Airways es miembro pleno de Star Alliance, al igual que Copa Airlines, lo que facilitaría acuerdos de código compartido entre ambas compañías y permitiría una conexión más eficiente entre el vuelo procedente de Tokio y las rutas regionales que opera Copa desde el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

Para Panamá, este punto es clave porque el atractivo de la ruta no dependería únicamente del tráfico directo entre Tokio y la capital panameña, sino de la capacidad de conectar a los pasajeros japoneses con destinos en América Latina. A través del hub de Tocumen, los viajeros provenientes de Japón podrían enlazarse con la red de Copa Airlines hacia Centroamérica, Sudamérica y el Caribe, fortaleciendo el papel del país como punto de conexión entre Asia y la región.

Aunque no existe una fecha confirmada para el inicio de operaciones, la visita representa un avance concreto en un proceso que combina intereses diplomáticos, técnicos y comerciales. La posible apertura de esta ruta no solo ampliaría la conectividad de Panamá con Asia, sino que también reforzaría su posición como hub estratégico entre continentes, en un contexto donde la competencia por atraer rutas de largo alcance es cada vez más intensa.

El decomiso de 194 paquetes de presunta droga dentro de un contenedor procedente de Jamaica y con destino final a Irlanda marca un nuevo golpe de las autoridades panameñas contra las redes del narcotráfico internacional que utilizan los puertos del país como punto de tránsito.

La operación fue ejecutada por la Dirección Nacional Antidrogas y la Unidad Táctica Antidrogas de la Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, tras ubicar la carga ilícita en un puerto del Atlántico, reforzando las alertas sobre el uso de rutas marítimas comerciales para el traslado de sustancias ilegales.

Este tipo de incautaciones no es aislado. En lo que va de 2026, los estamentos de seguridad han reportado el decomiso de 3,307 paquetes con sustancias ilícitas en distintos puertos panameños, en operaciones dirigidas contra estructuras criminales transnacionales.

Las investigaciones han evidenciado que Panamá sigue siendo un punto estratégico para el trasiego internacional de drogas, especialmente en contenedores que salen de países del Caribe o Suramérica con destino a Europa, donde el valor de la mercancía ilícita se multiplica.

Las autoridades han detectado en los últimos meses múltiples casos en los que organizaciones criminales utilizan el método de contaminación de contenedores, introduciendo droga en cargas legales sin conocimiento de las empresas exportadoras.

Este patrón se repite en rutas que conectan con destinos como Bélgica, Países Bajos y España, además de Irlanda, consolidando a los puertos del Atlántico panameño como un punto de interés para las mafias internacionales. La articulación entre inteligencia policial, controles portuarios y cooperación internacional ha permitido interceptar cargamentos antes de que salgan del país.

Condena por microtráfico

En paralelo al combate del tráfico internacional, las autoridades han intensificado las acciones contra el microtráfico, entendido como la venta, distribución y comercialización de drogas en pequeñas cantidades dentro de comunidades locales.

Este fenómeno, aunque de menor escala que el narcotráfico internacional, tiene un impacto directo en la seguridad ciudadana, al estar vinculado a delitos como robos, homicidios y violencia comunitaria.

Un ejemplo reciente es la Operación Panamá Este Seguro, desarrollada en sectores como Pacora y otros corregimientos, donde fueron aprehendidas 21 personas vinculadas al microtráfico.

De estas, 14 recibieron condenas mediante acuerdos de pena de entre 80 y 90 meses de prisión, mientras que 6 permanecen en detención provisional y una persona fue capturada por mantener una condena pendiente de 120 meses. Estos resultados reflejan una estrategia enfocada en desarticular puntos de venta y redes locales de distribución.

Las cifras operativas refuerzan esta tendencia. Solo en los últimos 15 días de abril, se reportó la aprehensión de 54 personas por microtráfico, en el marco de la Operación Intervención Control Territorial Focalizada, que se ejecuta en zonas previamente identificadas por su incidencia delictiva.

Esta estrategia busca concentrar recursos policiales en áreas críticas, aumentando la presencia y la capacidad de respuesta frente a actividades ilícitas.

Durante el mes de marzo, la Policía Nacional realizó 252 operativos contra el microtráfico, logrando la incautación de dinero en efectivo por un total de 136,142.16 dólares, además de sustancias ilícitas y otros indicios vinculados a estas actividades.

Estos operativos forman parte de un enfoque sostenido que combina acciones de inteligencia, allanamientos y compras controladas, con el objetivo de debilitar las estructuras que operan a nivel comunitario.

En la fase más reciente de la Operación Intervención Control Territorial Focalizada, las autoridades informaron la aprehensión de 84 personas en las primeras horas de despliegue, incluyendo capturas por oficios judiciales, flagrancia, faltas administrativas y delitos de microtráfico.

Asimismo, se realizaron ocho allanamientos, se decomisaron cuatro armas de fuego, 21 municiones y se recuperó un vehículo con reporte de robo, evidenciando la conexión entre el microtráfico y otras actividades delictivas.

En el ámbito judicial, los casos recientes reflejan la aplicación de mecanismos como acuerdos de pena dentro del Sistema Penal Acusatorio. El juez de garantías Erick González validó la sentencia N°756 del 29 de abril de 2026, mediante la cual se condenó a dos hombres de 27 y 33 años a 80 meses de prisión por el delito de comercialización de sustancias ilícitas.

Además, se impusieron penas accesorias, incluyendo multas y comisos de dinero, como parte de las sanciones establecidas.

En esa misma audiencia, un tercer implicado de 24 años fue imputado por posesión simple de droga, pero recibió una suspensión del proceso sujeta a condiciones, entre ellas mantener un domicilio fijo, abstenerse del consumo de sustancias, someterse a tratamiento y conservar un empleo durante un año.

Este tipo de medidas busca diferenciar entre perfiles delictivos, aplicando sanciones más severas a quienes participan en la comercialización y alternativas en casos de menor gravedad.

Las autoridades han reiterado que la combinación de operaciones internacionales, intervenciones comunitarias y decisiones judiciales es clave para enfrentar el problema de las drogas en Panamá. Mientras los decomisos en puertos reflejan la magnitud del narcotráfico global, las acciones contra el microtráfico evidencian el impacto local de estas redes, consolidando un enfoque integral que abarca desde la interdicción hasta la sanción penal.

El ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, anunció que el Gobierno proyecta la compra de 10 mil chalecos antibalas para la Policía Nacional, en respuesta a cuestionamientos sobre el uso de equipos vencidos dentro de la institución.

La declaración se dio tras consultas sobre denuncias relacionadas con la vigencia y estado del equipo de protección, en un contexto marcado por el reciente fallecimiento de un agente en funciones, lo que reactivó el debate sobre las condiciones de seguridad del personal policial.

Ábrego reconoció que actualmente la Policía cuenta con alrededor de 5 mil chalecos, los cuales deben ser distribuidos entre las unidades en servicio, lo que implica que el equipo no está asignado de manera permanente a cada agente.

Explicó que las unidades que participan en operativos de alto riesgo o peligrosidad sí tienen acceso prioritario a estos chalecos, pero admitió que, como ocurre en otras instituciones, existe equipo que ha superado su vida útil, situación que ha generado preocupación dentro y fuera de la entidad.

El titular de Seguridad indicó que la compra proyectada responde al aumento del índice delincuencial y a la necesidad de fortalecer la protección del personal en campo.

Según detalló, la adquisición de los nuevos chalecos se encuentra en fase de coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), y forma parte de un plan para ampliar la cobertura de protección y reducir la dependencia de equipos compartidos o en condiciones no óptimas.

El anuncio se produce en un momento sensible para la institución, luego de que en abril de 2026 se reportara el fallecimiento del sargento segundo Alvis Espinoza, quien murió tras recibir disparos mientras brindaba servicio en el sector de El Chorrillo.

El caso generó cuestionamientos sobre si el equipo de protección utilizado cumplía con los estándares requeridos y si existían fallas en la dotación de chalecos para el personal operativo.

En respuesta a estas inquietudes, la Policía Nacional emitió un comunicado en el que aclaró que los chalecos balísticos utilizados cumplen con estándares de protección, diseñados principalmente para resguardar órganos vitales.

Sin embargo, la institución también recordó que ningún chaleco ofrece cobertura total del cuerpo, debido a limitaciones operativas relacionadas con la movilidad, lo que deja expuestas áreas como el rostro, los brazos y las piernas.

La entidad detalló que, en el caso del sargento Espinoza, el disparo se produjo en una zona del cuerpo no cubierta por el chaleco, específicamente entre la tetilla y el antebrazo del lado izquierdo, lo que resultó en una lesión fatal. Esta explicación buscó contextualizar el hecho y responder a versiones que apuntaban a posibles fallas en el equipo utilizado durante el operativo.

En su comunicado, la Policía Nacional también hizo referencia a un hecho reciente ocurrido en el distrito de San Miguelito, donde un agente de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) logró salvar su vida gracias al uso del chaleco balístico durante un operativo.

Más allá del caso puntual, el Ministerio de Seguridad ha reiterado que se mantienen gestiones para reforzar la dotación de equipos de protección, incluyendo chalecos antibalas, como parte de las estrategias para enfrentar el aumento de la criminalidad.

Estas acciones se enmarcan dentro de operativos como el Plan Firmeza, orientado a fortalecer la presencia policial en áreas identificadas como de mayor riesgo.

El tema de los chalecos antibalas ha cobrado relevancia en la discusión pública debido a su impacto directo en la seguridad de los agentes. Especialistas señalan que la renovación periódica de estos equipos es clave, ya que los materiales pierden efectividad con el tiempo, especialmente bajo condiciones de uso constante.

En ese sentido, la compra anunciada busca no solo ampliar el inventario, sino también actualizar el equipo existente.

Mientras avanzan las gestiones para la adquisición de los nuevos chalecos, la Policía Nacional insiste en que continuará reforzando sus capacidades operativas y garantizando la seguridad de sus unidades.

El impacto del combustible en el sector productivo panameño comienza a reflejarse con mayor claridad en la cadena de alimentos, y todo apunta a que sus efectos serán más visibles en el segundo trimestre del año, cuando lleguen al mercado las cosechas sembradas bajo costos más altos de producción.

Así lo advirtió Yoris Morales, presidente de la Asociación de Comerciantes de Merca Panamá, quien señaló que el alza del diésel no solo afecta el transporte, sino también cada fase del proceso agrícola, desde la siembra hasta la cosecha.

Morales explicó que el combustible incide directamente en la producción agrícola, ya que la maquinaria utilizada en el campo —como tractores, cosechadoras y equipos de fumigación— depende completamente de este insumo.

A esto se suma el impacto en el transporte de mercancías desde las zonas de cultivo hacia los mercados, lo que eleva aún más los costos. “El sector agropecuario enfrenta dos vertientes: el aumento del combustible y el aumento de los costos de producción”, señaló, al advertir que esta presión ya se está trasladando a los precios de algunos productos.

En el mercado, los efectos ya comienzan a sentirse. Según el representante de Merca Panamá, productos como el tomate, los pimentones y la zanahoria han registrado incrementos importantes en sus precios, incluso en una época en la que tradicionalmente deberían mantenerse bajos.

“Tenemos precios de invierno cuando deberíamos tener precios de verano”, indicó, al explicar que condiciones como la sequía y el mayor uso de riego, que también depende de combustible, están elevando los costos en campo.

El impacto, sin embargo, será más evidente en los próximos meses. Morales advirtió que las cosechas que se están sembrando actualmente para junio y julio ya están incorporando estos costos más altos, lo que inevitablemente se traducirá en precios más elevados para el consumidor.

“Sembrar una papa o una zanahoria hoy cuesta más, y eso se reflejará cuando llegue al mercado”, explicó, al subrayar que el segundo trimestre será clave para medir el efecto real del aumento del combustible en los alimentos.

A esta presión se suma otro factor crítico: el aumento en los insumos agropecuarios, como fertilizantes y productos químicos, cuyos precios están vinculados al comportamiento del mercado internacional. Morales indicó que estos insumos ya han registrado aumentos de entre $4 y $5, y que se espera un nuevo incremento en mayo.

“Todo el mundo apunta a que los insumos van a subir, y eso será un golpe muy fuerte para la producción nacional”, advirtió.

El origen de este incremento está en factores globales, como la disrupción en mercados internacionales de fertilizantes y el impacto de conflictos geopolíticos en la producción de materias primas.

Panamá, al depender de la importación de estos insumos, enfrenta una presión adicional que no puede controlar directamente. En este contexto, el sector productivo ha pedido al Gobierno acelerar medidas para garantizar el acceso a fertilizantes a precios más competitivos.

Otro elemento que agrava el panorama es la posibilidad de un fenómeno de El Niño, que podría intensificar la sequía en varias regiones del país.

Morales explicó que la falta de lluvias obligaría a aumentar el uso de sistemas de riego, lo que implicaría un mayor consumo de combustible y, por ende, un incremento adicional en los costos. “Todas estas variables hacen que tengamos una incertidumbre fuerte para los meses de junio en adelante”, sostuvo.

El comportamiento de algunos productos ya ilustra esta dinámica. El caso del ají es uno de los más evidentes: su precio pasó de $11 a casi $30 por saco de 25 libras, impulsado por plagas asociadas al clima seco.

De igual forma, el tomate ha registrado incrementos significativos, pasando de menos de $1 a más de $1.50 por libra en algunos casos. Estos aumentos no solo afectan al consumidor final, sino que también generan un efecto en cadena sobre otros productos sustitutos.

En Merca Panamá, principal centro de distribución de alimentos del país, el flujo de compradores se mantiene estable, impulsado por la búsqueda de precios más competitivos.

Morales destacó que, a pesar de los aumentos, aún existen productos con precios accesibles, como la papa y la cebolla, lo que permite a los consumidores encontrar alternativas. Sin embargo, advirtió que la tendencia general dependerá de cómo evolucionen los costos en el campo en los próximos meses.

Frente a este escenario, el sector productivo ha reiterado la necesidad de incluir a la agricultura dentro de los programas de apoyo al combustible, ya que actualmente muchos de los subsidios no cubren maquinaria agrícola ni equipos clave para la producción.

Morales enfatizó que el objetivo no es solo proteger al productor, sino también garantizar la seguridad alimentaria del país, evitando que los alimentos se vuelvan inaccesibles para la población.

Pese al panorama complejo, el sector mantiene una visión optimista. Morales aseguró que los productores seguirán trabajando para garantizar el abastecimiento, aunque insistió en la importancia de que los consumidores apoyen el producto nacional.

“Si el productor no tiene ingresos suficientes, no puede seguir en el campo”, advirtió, al subrayar que el consumo local es clave para sostener la producción y evitar una mayor dependencia de las importaciones.

El comportamiento del combustible, los insumos y las condiciones climáticas marcarán la evolución de los precios en los próximos meses. Por ahora, el mensaje del sector es claro: el impacto ya comenzó, pero su verdadero alcance se verá en el segundo trimestre, cuando el costo de producir alimentos en Panamá termine reflejándose en la mesa de los consumidores.

Los casos de peculado en Panamá continúan en el centro de la agenda judicial, con una seguidilla de detenciones, condenas y nuevas investigaciones que abarcan distintas regiones del país y niveles de la administración pública.

En las últimas semanas, las autoridades han avanzado en procesos vinculados al presunto uso irregular de fondos públicos, con expedientes que involucran desde juntas comunales hasta centros educativos, reflejando un patrón de actuaciones que mantiene bajo escrutinio la gestión de recursos estatales.

El último día de abril, el Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial decidió mantener la detención preventiva del exalcalde de Colón, Alex Lee, así como del representante de corregimiento de Barrio Norte, Javier Lynch, y del tesorero Orlando Salazar, todos investigados por la presunta comisión del delito de peculado.

La decisión se adoptó tras una audiencia en la que los magistrados evaluaron los argumentos de las partes y concluyeron que existen riesgos procesales suficientes, entre ellos el riesgo de fuga y la gravedad del delito imputado, que justifican la medida cautelar más severa mientras avanzan las investigaciones.

En el caso específico de Alex Lee, el tribunal consideró que su permanencia en detención es necesaria debido a la naturaleza de los hechos investigados y a su presunta vinculación con el manejo irregular de fondos públicos.

Lee fue imputado por peculado por hechos ocurridos cuando se desempeñaba como tesorero de la Junta Comunal de Barrio Sur, en la provincia de Colón, donde la Fiscalía le atribuye el manejo irregular de aproximadamente $1 millón asignado por la Autoridad Nacional de Descentralización para programas de interés social. La investigación apunta a posibles irregularidades en la ejecución de estos recursos, lo que motivó su imputación formal.

El proceso judicial contra Lee también incorpora antecedentes relevantes. En mayo de 2024, el exalcalde fue aprehendido en el Aeropuerto Internacional de Tocumen cuando intentaba salir del país, pese a mantener un impedimento de salida relacionado con otra investigación por peculado, vinculada a la presunta malversación de $214 mil cuando fungía como representante del corregimiento de Barrio Sur.

Además, enfrenta una denuncia presentada por el actual alcalde de Colón, Diógenes Galván, por la supuesta pérdida de vehículos municipales que habrían sido entregados a terceros sin justificación.

La decisión del tribunal también alcanzó a Javier Lynch y Orlando Salazar, quienes continuarán bajo detención preventiva por su presunta participación en irregularidades relacionadas con el manejo de aproximadamente $6 millones destinados a obras sociales en la comunidad.

En este caso, la defensa había solicitado la revisión de la medida cautelar impuesta inicialmente por el juez de garantías, pero el tribunal determinó que se mantienen los elementos que justifican la privación de libertad mientras se desarrolla la investigación penal.

Durante la audiencia de apelación, los magistrados evaluaron distintos elementos probatorios, incluyendo informes de la Contraloría General de la República y documentación financiera vinculada al caso.

En uno de los expedientes analizados se mencionan cheques por más de $458 mil girados a una empresa sin sustento válido, lo que refuerza la hipótesis del Ministerio Público sobre posibles irregularidades en el manejo de fondos públicos.

Además, el tribunal valoró el hecho de que algunos de los imputados han ejercido cargos públicos durante varios períodos, lo que podría traducirse en influencia dentro de la comunidad, otro factor considerado al momento de evaluar el riesgo procesal.

Condena por peculado en Coclé

En paralelo a estos procesos, el sistema judicial registró recientemente una condena por peculado en la provincia de Coclé, donde la jueza de garantías Liliana Ortiz validó un acuerdo de pena consensuado entre las partes. Mediante la sentencia N.° 105 de abril de 2026, se declaró penalmente responsables a un exrepresentante y un extesorero de la Junta Comunal de Río Indio por el delito de peculado doloso, en perjuicio de dicha entidad.

Como parte de la decisión judicial, el tribunal impuso una pena de 60 meses de prisión, así como la inhabilitación para ejercer funciones públicas una vez cumplida la condena principal. El caso está relacionado con la malversación de fondos públicos por un monto de $301,959.52, correspondiente a un período comprendido entre julio de 2009 y junio de 2014.

Este fallo se suma a otros procesos recientes que evidencian el avance de las investigaciones por delitos contra la administración pública en distintas regiones del país.

Operación Pupitre y detenciones en centro educativo

A estos casos se suma la operación “Pupitre”, desarrollada por la Procuraduría General de la Nación a través de la Fiscalía Anticorrupción, en la que fueron aprehendidas tres personas, entre ellas dos exfuncionarios y un particular, por la presunta comisión de peculado en perjuicio del Instituto Profesional y Técnico Don Bosco.

Según las autoridades, la investigación apunta a una lesión económica aproximada de $130 mil, vinculada al manejo de fondos de matrícula, bienestar estudiantil y recursos de autogestión del plantel.

Las diligencias incluyeron allanamientos en residencias ubicadas en Nuevo Belén y Don Bosco, donde se incautó documentación relevante para la investigación. El caso se sustenta en un informe de auditoría de la Contraloría, recibido por la Fiscalía el 15 de abril de 2026, en el que se identifican irregularidades en la gestión de los recursos del centro educativo.

Los aprehendidos serán presentados ante un juez de garantías, quien deberá decidir sobre la legalización de la aprehensión, la imputación de cargos y las medidas cautelares correspondientes.

En conjunto, estos casos reflejan una intensificación de las investigaciones por peculado en Panamá, con procesos que abarcan desde juntas comunales hasta instituciones educativas.

Las decisiones judiciales recientes evidencian un enfoque orientado a fortalecer la rendición de cuentas y sancionar el uso indebido de fondos públicos, en un contexto donde el Ministerio Público ha reiterado su compromiso con la lucha contra la corrupción y la protección de los recursos del Estado.

Panamá se prepara para superar las 771 especies de aves registradas en 2025 durante el Global Big Day, que se realizará el 9 de mayo de 2026, una jornada mundial de 24 horas de observación intensiva en la que miles de participantes saldrán a documentar aves en todo el país.

El reto de este año no solo apunta a mejorar la cifra histórica alcanzada el año pasado, sino también a consolidar el posicionamiento del país como uno de los principales destinos de avistamiento de aves en el mundo, impulsado por su extraordinaria biodiversidad y variedad de ecosistemas.

En 2025, Panamá logró 771 especies registradas, alcanzando la posición número 7 a nivel mundial, con un total de 4,563 listas de observación cargadas en la plataforma eBird, cifras que marcaron un récord nacional y consolidaron el entusiasmo de la comunidad de observadores.

Este desempeño estuvo respaldado por una amplia participación ciudadana y por la diversidad de hábitats que permiten observar especies en distintas regiones del país en un mismo día.

Para 2026, la expectativa es superar estos números mediante una mayor cobertura territorial y un incremento en la cantidad de observadores activos.

Uno de los factores clave que podría impulsar el resultado este año es la incorporación de nuevos territorios a la jornada. Por primera vez, la comarca Naso aportará registros propios, lo que ampliará el alcance geográfico del monitoreo y permitirá documentar especies en zonas con alta riqueza biológica que hasta ahora no participaban de forma directa.

Este elemento representa un avance importante en la inclusión de comunidades locales en iniciativas de ciencia ciudadana y en la generación de datos para la conservación.

Como parte de la preparación para el evento, en comunidades cercanas al Parque Internacional La Amistad Caribe y el Bosque Protector Palo Seco se desarrolló una capacitación en avistamiento de aves dirigida a guardaparques, técnicos y organizaciones locales.

Durante una semana, los participantes recibieron formación en identificación de especies, monitoreo de aves y uso de herramientas digitales, con el objetivo de fortalecer sus capacidades para registrar información de calidad durante el Global Big Day.

La jornada será coordinada a través de eBird, una plataforma digital desarrollada por el Laboratorio de Ornitología de la Universidad de Cornell, que permite a los usuarios registrar en tiempo real las aves observadas o escuchadas.

Durante el Global Big Day, esta herramienta se convierte en el eje central de la actividad, ya que todos los registros son cargados y procesados para generar un conteo global en el que participan cientos de miles de observadores en distintos países.

Panamá, que fue sede del lanzamiento mundial del evento en 2015, mantiene una participación activa y competitiva en esta iniciativa.

El análisis de los resultados de 2025 muestra que el desempeño del país estuvo concentrado en varias provincias con alta diversidad. Chiriquí lideró el conteo con 213 especies, seguido por Darién con 129, Panamá con 107, Colón con 76 y Coclé con 70 especies, mientras que otras regiones como Bocas del Toro, Veraguas y Panamá Oeste también aportaron cifras relevantes.

Este patrón evidencia la importancia de la distribución territorial en el resultado final, por lo que la incorporación de nuevas áreas en 2026 podría marcar una diferencia significativa.

El Global Big Day es considerado el evento de ciencia comunitaria más grande del mundo en su tipo y se ha convertido en una herramienta clave para el monitoreo de la biodiversidad. Durante 24 horas, los participantes recorren distintos ecosistemas para registrar aves, generando información que luego es utilizada por científicos, organizaciones ambientales y autoridades para evaluar el estado de las poblaciones y los hábitats.

En el caso de Panamá, esta actividad también tiene un componente estratégico al contribuir con la promoción del turismo de naturaleza y la conservación de áreas protegidas.

Las autoridades ambientales, a través del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), han destacado que este tipo de iniciativas permite fortalecer el vínculo entre comunidades, ciencia y conservación.

Además, fomenta la creación de redes locales de monitoreo que pueden continuar operando más allá del evento, generando datos útiles de forma permanente. La participación de guardaparques y organizaciones comunitarias en la preparación de este año apunta precisamente a consolidar esa capacidad técnica y comunitaria en territorio.

Con la suma de nuevos actores, mayor preparación técnica y una expansión en la cobertura geográfica, Panamá se perfila para mejorar su desempeño en el Global Big Day 2026. El desafío será superar el récord de especies registrado el año pasado y escalar posiciones en el ranking global, en una competencia que combina ciencia, participación ciudadana y conservación ambiental en una sola jornada.

El Centro Bancario Internacional de Panamá (CBI) mantuvo durante el primer trimestre de 2026 un desempeño estable y resiliente, con crecimiento moderado del crédito, expansión sostenida de los depósitos y niveles de liquidez y capital holgados, en un contexto marcado por tasas internacionales elevadas y mayor costo de fondeo.

Los datos del Informe de Actividad Bancaria de la Superintendencia de Bancos de Panamá reflejan que el sistema sigue operando con márgenes ajustados, pero con capacidad de adaptación y gestión prudente, lo que ha permitido sostener su papel como plataforma regional de intermediación financiera.

El comportamiento del crédito muestra una dinámica mixta, donde la cartera total interna se mantuvo prácticamente estable (-0.1%), pero con un crecimiento del crédito privado de 1.3%, impulsado principalmente por consumo personal (+5.3%), comercio (+2.7%) e hipotecario (+1.5%).

En contraste, sectores como construcción (-9.6%), actividades financieras (-14.8%) e industria (-2.1%) registraron caídas, reflejando una mayor selectividad crediticia en actividades más sensibles al ciclo económico.

Este comportamiento evidencia un sistema que no se contrae, pero sí asigna el crédito con mayor cautela y foco en segmentos de menor riesgo relativo.

En cuanto al flujo de financiamiento, las nuevas colocaciones disminuyeron 3.9%, afectadas principalmente por la fuerte caída del crédito al sector público (-67.8%). Este resultado no responde a un deterioro general del financiamiento, sino a una menor demanda o utilización de crédito por parte del Estado y sus entidades, que en este período recurrieron en menor medida a la banca local para cubrir sus necesidades.

En términos prácticos, implica que los bancos otorgaron significativamente menos préstamos al Gobierno Central, instituciones públicas y empresas estatales, lo que distorsiona la lectura del resultado agregado.

De hecho, al excluir este componente, el financiamiento al sector privado muestra una dinámica positiva, con un crecimiento de 5.6%, lo que confirma que hogares y empresas continúan accediendo al crédito, aunque bajo criterios más selectivos en un entorno financiero más exigente.

Destaca el protagonismo del sector comercio, que concentró más del 50% de las nuevas colocaciones, seguido por consumo personal e industria, consolidando una tendencia hacia el financiamiento de la actividad comercial y la demanda interna.

La calidad de la cartera se mantiene contenida, con señales mixtas pero bajo control. La morosidad temprana disminuyó de 1.64% a 1.50%, lo que indica una mejor gestión del riesgo en etapas iniciales del crédito.

No obstante, la cartera vencida aumentó ligeramente en términos nominales, aunque se mantuvo prácticamente estable en 2.15% del total, lo que sugiere que el crecimiento del crédito ha absorbido ese incremento.

A su vez, la cobertura de provisiones se mantiene robusta en 132%, aunque la cobertura contable bajó a 95.16%, un elemento que el regulador considera clave de seguimiento.

Del lado del fondeo, los depósitos continúan siendo el principal motor del crecimiento del balance, alcanzando $118,521.6 millones (+6.59%), con un fuerte impulso de los depósitos externos (+13.03%), frente a un crecimiento más moderado de los internos (+2.40%).

Los depósitos de particulares representan el 79.2% del total y explican el 95.6% del aumento del fondeo, lo que evidencia una base de captación diversificada y menos dependiente de financiamiento mayorista. Este cambio fortalece la estructura de pasivos y reduce riesgos asociados a fuentes más volátiles.

La liquidez del sistema se mantiene holgada, con un índice de liquidez de 55.51%, muy por encima del mínimo regulatorio de 30%, lo que refleja una alta capacidad para enfrentar choques de corto plazo.

Sin embargo, se observa una recomposición hacia depósitos a la vista, tanto internos como externos, lo que mejora la disponibilidad inmediata de recursos, pero puede presionar la rentabilidad del portafolio. A pesar de ello, el sistema ha logrado mantener un equilibrio entre liquidez y asignación hacia activos productivos.

En materia de rentabilidad, los indicadores muestran una leve moderación, con una utilidad neta de $678.3 millones (-0.7%), afectada principalmente por un incremento del 36% en provisiones, lo que refleja un enfoque prudencial y preventivo.

A pesar de ello, la utilidad antes de provisiones creció 5.2%, confirmando que el negocio bancario mantiene capacidad de generación operativa. El ROA se ubicó en 1.69% y el ROE en 14.35%, niveles todavía positivos, aunque inferiores a los del año anterior.

En términos de solvencia, el sistema bancario panameño mantiene una posición sólida, con un índice de adecuación de capital de 16.27%, el doble del mínimo regulatorio de 8%.

Este nivel de capital, junto con el fortalecimiento de las provisiones dinámicas y la recuperación en la valuación de inversiones, configura un sistema con capacidad para absorber riesgos y enfrentar escenarios adversos sin comprometer su estabilidad.

El balance general del CBI muestra una expansión ordenada, con activos por $164,208.5 millones (+4.5%), impulsados por el crecimiento de la cartera crediticia (+3.9%) y de las inversiones (+8.3%).

Esta expansión ha sido financiada principalmente con depósitos, mientras que las obligaciones financieras se redujeron (-1.79%), reforzando una estructura menos dependiente de financiamiento externo. Además, el crecimiento de la cartera externa (+10.3%) confirma el rol del sistema como centro financiero regional.

En conjunto, el desempeño del sistema bancario panameño en el primer trimestre de 2026 evidencia un crecimiento prudente, con crédito selectivo, fondeo fortalecido por depósitos, liquidez elevada y capital suficiente, aunque con presiones en rentabilidad por mayores provisiones y costos financieros.

El principal reto hacia adelante será mantener este equilibrio en un entorno internacional aún exigente, donde la evolución de las tasas, la calidad del crédito y la estabilidad del fondeo seguirán marcando la ruta del sistema financiero.

La compañía de cruceros Carnival Corporation & plc obtuvo la aprobación del tribunal del Reino Unido para ejecutar su plan de reorganización corporativa, un paso clave que le permitirá unificar su estructura de empresa con doble cotización y concretar el traslado de su domicilio legal desde Panamá hacia Bermudas.

La decisión marca un cambio relevante en la historia de la empresa, que durante décadas mantuvo una estructura jurídica compleja con presencia simultánea en Estados Unidos y el Reino Unido, y que ahora busca simplificar su modelo operativo y financiero en un entorno global más exigente.

El proceso recibió el respaldo de los accionistas el pasado 20 de abril de 2026, quienes aprobaron tanto la unificación de la estructura DLC (dual listed company) como el cambio de domicilio.

Según el cronograma divulgado por la empresa, la orden judicial será registrada en el Reino Unido, lo que permitirá que el plan entre formalmente en vigor en los primeros días de mayo, con una fecha estimada de culminación el 7 de mayo de 2026.

A partir de ese momento, Carnival operará bajo una estructura corporativa más simple, con una sola entidad principal cotizando en la Bolsa de Nueva York, mientras la filial británica quedará como una subsidiaria de propiedad total.

La transición también implica ajustes operativos en los mercados financieros. La empresa informó que el último día de negociación de las acciones de Carnival plc en Londres será previo a la entrada en vigor del plan, tras lo cual los títulos serán suspendidos y retirados del mercado.

Asimismo, las acciones quedarán inhabilitadas en el sistema CREST, el mecanismo de compensación utilizado en el Reino Unido, consolidando así el cierre de la etapa de cotización dual. Este movimiento responde a una estrategia dirigida a reducir costos administrativos, eliminar duplicidades y mejorar la eficiencia en la gestión corporativa.

Carnival explicó que la decisión de avanzar hacia una estructura unificada busca eliminar las distorsiones de precios entre las dos acciones que cotizaban en distintos mercados, así como simplificar la gobernanza, la presentación de informes financieros y los procesos regulatorios.

Además, la compañía espera que este cambio aumente su peso en los principales índices bursátiles de Estados Unidos, lo que podría traducirse en una mayor visibilidad para inversionistas y un acceso más eficiente a capital. La empresa también destacó que la nueva estructura permitirá fortalecer su capacidad para generar valor a largo plazo para los accionistas.

El traslado del domicilio desde Panamá hacia Bermudas introduce un elemento adicional de análisis en la decisión corporativa. Aunque la empresa no atribuye el cambio a un único factor, el contexto internacional en materia fiscal y regulatoria resulta relevante.

Bermudas fue excluida en 2022 de la lista de jurisdicciones no cooperantes de la Unión Europea, mientras que Panamá se mantiene en esa lista a febrero de 2026, pese a haber salido en 2025 de la lista de alto riesgo en materia de blanqueo de capitales.

Este entorno puede influir en la percepción de riesgo y en la relación con inversionistas institucionales, particularmente en mercados europeos.

La decisión también representa el cierre de una etapa histórica para la empresa en Panamá. Carnival Corporation fue constituida en 1972 bajo las leyes panameñas, coincidiendo con el inicio de sus operaciones en el sector de cruceros.

A lo largo de las décadas, la compañía mantuvo su base legal en el país, incluso después de la fusión con P&O Princess Cruises en 2003, que dio origen a la actual estructura dual. El traslado a Bermudas implica dejar atrás más de 50 años de vínculo jurídico con Panamá, aunque no necesariamente afecta sus operaciones comerciales en la región.

Desde el punto de vista estratégico, la unificación y el cambio de domicilio reflejan una tendencia más amplia entre grandes corporaciones multinacionales que buscan estructuras más ágiles, menor complejidad regulatoria y optimización de costos.

En el caso de Carnival, esto se vuelve especialmente relevante en un sector como el de cruceros, que ha enfrentado presiones financieras significativas en los últimos años y que ahora busca consolidar su recuperación mediante decisiones de eficiencia corporativa y fortalecimiento financiero.

El movimiento de Carnival se produce en un contexto en el que las empresas globales evalúan con mayor detalle la ubicación de sus domicilios legales, considerando factores como la regulación internacional, la reputación de las jurisdicciones y el acceso a mercados de capital.

Aunque la compañía enfatiza que el objetivo principal es la simplificación de su estructura, el entorno fiscal y regulatorio internacional sigue siendo un elemento que incide en este tipo de decisiones estratégicas.

En Panamá, solo el 17% de las personas trabajadoras ejerce la profesión que soñaba en su niñez, según un reciente estudio de Konzerta, lo que convierte al país en el de peor desempeño en la región en esta medición.

El informe revela una brecha significativa entre las aspiraciones infantiles y la realidad laboral, en un contexto donde la mayoría de los trabajadores no ha logrado alinearse con sus objetivos profesionales iniciales.

El estudio indica que el 83% de los trabajadores en Panamá no ejerce la profesión que soñaba, una cifra que además aumentó ocho puntos porcentuales respecto a 2025, cuando el 75% manifestaba lo mismo.

Este incremento refleja una tendencia creciente de desconexión entre vocación y empleo, posicionando al país por encima de otros mercados laborales como Argentina, Chile o Ecuador, donde también se observa el fenómeno, pero con menor intensidad.

La consecuencia directa de esta situación es un impacto en la satisfacción laboral, ya que el 50% de las personas encuestadas asegura sentirse frustrada por no haber alcanzado sus sueños profesionales.

Sin embargo, el estudio también revela matices: un 42% afirma no sentirse frustrado, argumentando que sus intereses cambiaron con el tiempo, mientras que un 8% considera que su aspiración original era demasiado difícil de lograr.

A pesar de esta realidad, el deseo de cambio sigue presente en una amplia mayoría. El informe señala que el 84% de los trabajadores cambiaría su empleo actual por el que soñaba en su infancia, si tuviera la oportunidad, lo que evidencia un nivel significativo de insatisfacción latente en el mercado laboral.

Solo un 16% se mantiene conforme con su situación actual, lo que confirma una tendencia de baja realización profesional.

El estudio también pone en evidencia una desconexión entre la formación académica y el empleo real, ya que solo el 36% de las personas estudió algo relacionado con lo que soñaba, mientras que el 64% no siguió esa línea.

Incluso entre quienes sí lo hicieron, el 58% no trabaja en un área vinculada a su formación, lo que profundiza la brecha entre educación y mercado laboral.

Jeff Alejandro Morales, gerente de Marketing de Konzerta.com en Jobint, explicó que “el estudio refleja una realidad desafiante”, al evidenciar la brecha entre aspiraciones y empleo, lo que impacta directamente en la satisfacción laboral de los trabajadores.

En términos de género, los datos muestran patrones interesantes. Entre las mujeres, el 25% soñaba con ser médica, el 13% profesora y el 8% diseñadora, mientras que actualmente muchas se desempeñan como cajeras (38%) o vendedoras (28%).

En el caso de los hombres, el 18% aspiraba a ser ingeniero y el 14% médico, pero hoy predominan ocupaciones como vendedor (28%) y cajero (18%), lo que evidencia un desplazamiento hacia actividades distintas a las aspiradas.

Este desajuste también se refleja en la percepción emocional de quienes no trabajan en su área de estudio. El informe destaca que el 43% se siente agradecido por tener empleo, aunque no sea en su campo, mientras que un 23% expresa frustración por no ejercer su profesión.

Otros grupos se muestran esperanzados (16%) o insatisfechos (15%), lo que refleja una diversidad de respuestas frente a una misma realidad.

Más allá de la profesión, el estudio identifica cuáles son las habilidades más valoradas en el mercado laboral actual. Entre ellas destacan el trabajo en equipo (30%), las competencias tecnológicas (27%) y el manejo de idiomas (16%), lo que sugiere que el mercado prioriza habilidades prácticas por encima de la formación vocacional original.

El informe, en el que participaron 2,391 trabajadores de Panamá y otros países de la región, plantea una reflexión sobre el funcionamiento del mercado laboral y la forma en que las personas construyen sus carreras.

La evidencia muestra que, aunque los sueños de infancia siguen presentes, la realidad económica, educativa y social termina moldeando el rumbo profesional de la mayoría.

En este contexto, el desafío para Panamá no solo está en generar más empleo, sino en crear oportunidades que permitan una mayor conexión entre vocación y trabajo, reduciendo la brecha entre aspiraciones y realidad.

Mientras tanto, los datos reflejan una constante: la mayoría de los trabajadores sigue construyendo su carrera lejos de lo que alguna vez imaginó.

La torre principal del nuevo Hospital del Niño, ubicado en ciudad de Panamá, presenta en su fase uno un avance de 55.17%, y su fecha de entrega está programada para diciembre de 2027, cuando se procederá con el traslado de los pacientes.

Luego se demolerá el edifico actual, para dar paso a la construcción de la torre de estacionamientos, informaron fuentes del Ministerio de Salud.

El proyecto contempla una estructura de 23 niveles que abarcan un área cerrada de 89,518.50 m², agrega una nota informativa del citado ministerio

Esta obra de alta complejidad, que beneficiará directamente a una población de un millón 102 mil 487 personas, tiene un costo estimado de $705,8 millones, cifra que incluye el equipamiento médico y no médico de última generación, necesario para el funcionamiento del nosocomio.

El contrato contempla además de la maternidad del cercano Hospital Santo Tomás y áreas anexas, la restauración de los jardines y la remodelación del edificio La Abeja.

La obra incluye un edificio cerrado de 23 pisos, con 463 camas de hospitalización, 116 consultorios y 17 quirófanos.

Solo la torre correspondiente al Hospital del Niño abarca 89,518.5 metros cuadrados, con consulta externa, urgencias, hospitalización, radiología, fonoaudiología, banco de sangre, odontología, neonatología, laboratorios, cirugía, cuidados intensivos, terapia intensiva, medicina física, rehabilitación, sala de quemados, nefrología, sala de adolescentes, farmacia, morgue, clínica de investigación y departamento de biomedicina, entre otros.

Durante un recorrido por las estructuras, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, adelantó que actualmente existen decenas de proyectos para nuevas y remodeladas instalaciones de salud a lo largo del país, que comenzarán a licitarse en mayo próximo, para posteriormente ir comenzando los trabajos en lo que resta del 2026.

El funcionario destacó la demolición y reconstrucción del Centro de Salud de Curundú, a un costo de $14.5 millones, el Hospital de Cañazas por $35.5 millones, el Edificio No. 7 de servicios complementarios del Hospital Santo Tomás, por una cuantía de $47 millones y el Hospital Regional de Panamá Norte, con una inversión de $72.5 millones.

Mencionó el nuevo Hospital Joaquín Pablo Franco ($82 millones), el Hospital de Tonosí ($22 millones), el Hospital de Metetí, en la provincia de Darién ($110 millones), el Hospital Anita Moreno, en Los Santos ($58 millones) y el Hospital de Especialidades de Nuevo Veranillo, en la ciudad capital por $13.8 millones.

También se prepara la licitación de la nueva sede de la Región Metropolitana de Salud ($32 millones), el Policentro de Tocumen ($22 millones) y el Hospital Nicolás A. Solano ($78 millones), entre otros.

El ministro de igual manera dijo que las inversiones incluyen los Minsa-Capsi que se proyecta licitar, entre ellos el de Cuipo ($17 millones), Nueva Italia ($15 millones), Río Sereno ($14.9 millones), Llano Cartí ($22.9 millones) y Puerto Caimito ($11.7 millones).

Mientras, se informó del establecimiento de 10 salas de lactancia materna institucionales en la provincia de Chiriquí, iniciativa que representa un importante avance para la salud y calidad de vida de madres e infantes, estimó la coordinadora del Programa de Niñez y Adolescencia del Ministerio de Salud, Aura Sousa.

“La leche materna es el mejor alimento que puede recibir un infante al nacer, ya que además de nutrirlo fortalece sus defensas inmunológicas contra enfermedades y aumenta su capacidad de desarrollarse satisfactoriamente de forma física, mental y emocional”, señaló.

Indicó que el establecimiento en centros de trabajo de espacios adecuados para que las madres amamanten a sus hijos o extraigan leche para llevarla a casa está contemplado en la Ley 498, del 13 de noviembre de 2025.

Se estima que actualmente en Panamá solo una de cada cuatro mujeres cumple con la lactancia materna exclusiva.

Un financiamiento por $60 millones para apoyar a Panamá en la trasformación de su sistema catastral, aprobó el Banco Mundial.

El préstamo va dirigido para que el país modernice el trámite de tierras y el acceso a los servicios de propiedad, y contribuir a fortalecer las condiciones para la inversión y generar empleo durante su implementación.

De acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el programa de transformación del catastro de Panamá por resultados permitirá desarrollar un sistema nacional de catastro multipropósito, moderno e integrado.

Se busca que la información sobre terrenos y propiedades esté consolidada en una plataforma digital compartida, actualizada y accesible para ciudadanos, municipios y entidades públicas.

La información oficial señala que hoy día solo el 36 % del territorio nacional cuenta con datos catastrales, que en su mayoría se encuentran desactualizados.

Mientras, apenas el 19 % de las propiedades está titulada, principalmente en las áreas urbanas.

Juan Pablo Uribe, director de División del Banco Mundial, manifestó que para muchas personas, no tener un título de propiedad significa vivir con inseguridad y sin acceso a oportunidades.

“Un sistema de tierras más confiable crea mejores condiciones para la inversión y la generación de empleo en las comunidades beneficiadas”, comentó.

Este programa, según una nota de prensa del MEF, facilitará el acceso a servicios de tierras confiables que fortalezcan los derechos de las personas y su capacidad de generar ingresos

Agrega que a través de este proyecto se intenta mejorar el acceso a los servicios catastrales y de tenencia de la tierra en áreas seleccionadas, reduciendo tiempos en los trámites de propiedad y facilitando el acceso a información confiable, contribuyendo a fortalecer la seguridad jurídica y el uso productivo del suelo.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, aseguró que “la modernización del catastro nacional es una pieza clave para fortalecer la gestión del Estado y avanzar hacia un sistema más transparente y ordenado”.

Este programa, agregó, permitirá contar con información actualizada y confiable sobre la propiedad, mejorar la valoración y ordenar los procesos vinculados a la tierra.

A través de este proyecto, Chapman indicó que el país continúa avanzando hacia una administración pública más eficiente y al fortalecimiento de las finanzas públicas de manera equitativa y transparente, en beneficio de la población.

Los principales beneficiarios de esta iniciativa serán los usuarios de los servicios catastrales y de tenencia de la tierra en las áreas de intervención del programa, quienes contarán con mayor seguridad jurídica sobre la tierra y mejor acceso a información de propiedad.

De acuerdo con la proyección gubernamental, se espera que el programa genere alrededor de 1,200 empleos directos durante su implementación, vinculados a la modernización catastral.

Además, que de manera indirecta beneficie al sector privado y a los tenedores de tierras al mejorar las condiciones para la inversión productiva, el acceso al crédito y la planificación territorial. Igualmente, fortalecerá la capacidad del Estado para planificar e invertir de manera más eficiente.

La operación se financiará mediante un Programa por Resultados (PforR), por el cual los desembolsos estarán vinculados al cumplimiento de metas específicas, como mejoras en los servicios catastrales, reducción de tiempos en los trámites y ampliación del acceso a información de tierras confiable y actualizada.

Esta operación, siempre según la información oficial, respalda un programa para modernizar el catastro nacional multipropósito de Panamá, que asciende a $95.15 millones, y que combina recursos del Banco Mundial y del Gobierno panameño, y será implementado por la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (ANATI).

Panamá busca convertir el turismo de reuniones en uno de los motores de mayor impacto para su economía, apoyándose en su conectividad aérea, infraestructura hotelera y capacidad para atraer congresos internacionales en un mercado regional cada vez más competitivo.

El director general de Promtur Panamá, Salomón Shamah, aseguró que el país ya cuenta con más de 100 eventos internacionales confirmados para 2026, consolidando la estrategia de posicionar a Panamá como un destino clave para congresos y convenciones en la región.

El funcionario destacó que esta agenda incluye eventos de gran escala, como el Congreso Panamericano de Reumatología, uno de los más importantes del hemisferio en su especialidad, realizado esta semana en la ciudad de Panamá.

Durante el primer cuatrimestre del año, Panamá también fue sede del Congreso Ibero-Latinoamericano de Cirugía Plástica, que reunió a más de 6,000 especialistas de 22 países, generando un impacto significativo en la ocupación hotelera, el consumo local y la actividad turística.

Este tipo de encuentros forma parte del segmento MICE, que agrupa reuniones, incentivos, congresos y exposiciones, y que se ha convertido en una de las principales apuestas del país para atraer visitantes de alto valor.

Shamah explicó que Panamá ha desarrollado una estrategia agresiva para captar eventos internacionales que han sido cancelados en otros países, ya sea por temas de seguridad, conflictos o imprevistos logísticos.

Para lograrlo, Promtur implementó un esquema en el que aporta un 5% del valor del evento a los organizadores, mientras que el hotel sede cubre otro 5% adicional, creando un incentivo directo para trasladar estos encuentros al país.

“Si el evento vale un millón de dólares, nosotros ponemos cincuenta mil y el hotel otros cincuenta mil”, detalló Shamah, al explicar que este mecanismo ha permitido captar eventos que de otra forma se habrían perdido.

La estrategia se apoya en alianzas entre cadenas hoteleras internacionales, que coordinan entre sus sedes para redirigir congresos hacia Panamá cuando surgen cancelaciones en otros mercados.

Según estimaciones del propio sector, esta estrategia podría generar alrededor de $400 millones en la economía panameña, además de unas 800,000 noches de hotel, lo que refleja el impacto del turismo de reuniones.

El concepto de “noche de hotel” se refiere a una unidad de ocupación equivalente a una persona hospedada durante una noche, por lo que no implica 800,000 visitantes distintos, sino la suma acumulada de estancias generadas por múltiples eventos a lo largo del año.

Este indicador es clave porque permite medir el nivel de actividad hotelera y el flujo económico asociado, considerando que los congresos suelen durar varios días. Por ejemplo, un evento de 2,000 participantes que se quedan cuatro noches genera 8,000 noches de hotel, lo que explica cómo se alcanzan cifras elevadas cuando se suman múltiples encuentros internacionales.

Además del volumen, el gasto de este tipo de visitante es significativamente mayor. Datos internacionales indican que los viajeros de negocios y congresos pueden gastar alrededor de $160 diarios por persona, cifra que supera al turismo tradicional y se distribuye en alojamiento, alimentación, transporte, entretenimiento y compras .

Incluso, estudios muestran que el turismo MICE puede generar un gasto hasta dos o tres veces superior por visitante en comparación con el turismo convencional .

Otro elemento central de la estrategia es el uso del Panama Convention Center como incentivo, ya que el Gobierno mantiene la política de ofrecer el recinto sin costo para eventos de gran escala que cumplan con metas de ocupación hotelera.

Por ejemplo, congresos que generen 7,500 noches de hotel pueden acceder a varios días de uso gratuito, mientras que eventos más pequeños reciben beneficios en otros espacios.

Shamah también destacó que el país continúa mejorando su posicionamiento internacional en el segmento de reuniones. Panamá ocupa actualmente el puesto 9 en América Latina según el ranking de la ICCA, y el quinto lugar a nivel de ciudades, con la meta de seguir escalando posiciones. Además, fue nominado como Mejor Destino de Incentivos de Latinoamérica en los World MICE Awards 2025.

De cara a 2027, Promtur proyecta un escenario aún más favorable, con una cartera de eventos en crecimiento y una estrategia que seguirá enfocada en atraer congresos de alto impacto. Mientras tanto, el turismo de reuniones se posiciona como uno de los principales motores económicos del país, con capacidad de generar empleo, inversión y dinamismo en múltiples sectores.

El reto será sostener este crecimiento y traducirlo en beneficios concretos para la economía local, en un entorno cada vez más competitivo. Panamá apuesta por consolidar este segmento como parte central de su estrategia turística, aprovechando su conectividad, infraestructura y capacidad para atraer eventos de clase mundial.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, convocó a la Asamblea Nacional a sesiones extraordinarias, del 4 de mayo al 5 de junio, para tratar exclusivamente el proyecto de “Ley de Sustancia Económica”.

Esta legislación pretende lograr que Panamá salga de la última lista discriminatoria en la que aún permanece.

Mulino indicó que la discusión en la Asamblea Nacional permitirá que Panamá avance en su estrategia de inversión extranjera en Europa para octubre próximo y logre salir de la mencionada lista.

Durante este mes, el equipo técnico del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) mantendrá reuniones para explicar los alcances de la ley y absolver dudas, indicó una nota de prensa del Ministerio de la Presidencia.

“Estoy mandando la carta al presidente de la Asamblea [Jorge Herrera] convocando… He conversado con dos bancadas y la próxima semana hablaré con las bancadas Panameñista y de Cambio Democrático para la docencia necesaria por una ley que es muy técnica, para que se nutran de esa información y se logre una discusión de altura, sobre un tema que no es un capricho, es una necesidad del país”, dijo el mandatario.

En días pasados, Mulino expresó que la Ley de Sustancia Económica debe aprobarse “sí o sí”, ya que permitirá que Panamá salga de la restricción que le tiene la Unión Europea.

La Unión Europea considera que el sistema tributario panameño es pernicioso por existir una exclusión de gravamen sin condiciones sobre las rentas pasivas de fuente extranjera, entendiéndose como intereses, dividendos, ganancias de capital y regalías obtenidas por entidades que forman parte de un grupo multinacional.

La ley no afecta a todas las empresas ni a todos los ingresos de fuente extranjera, toda vez que su objetivo son las estructuras corporativas multinacionales que podrían utilizar el sistema panameño para recibir rentas pasivas que no tributen ni en Panamá, por ser fuente extranjera, ni en el país donde se generaron, explica el sitio panamaway.com.

Para que estas rentas pasivas sigan exentas de impuestos, la entidad en Panamá debe ser considerada una “entidad calificada”, lo cual se logra demostrando una sustancia económica en el territorio nacional.

En su conversatorio de los jueves, el mandatario panameño también se refirió al impacto social que en su opinión ha tenido el uso de la partida discrecional bajo su administración.

Enfatizó que estos fondos son manejados con estricto control, transparencia y responsabilidad, tras un análisis de cada uno de los casos en los que ha sido necesario.

Manifestó que el Gobierno recibe diariamente múltiples solicitudes de ayuda, muchas de las cuales corresponden a urgencias médicas de alta complejidad que solo pueden tratarse en el extranjero, resultando en costos sumamente altos para familias que no pueden afrontar esos gastos.

Sobre el tema de las partidas discrecionales, un proyecto reciente del diputado Luis Duke, de la facción independiente Vamos, busca impedir que funcionarios asignen recursos para ayudas o beneficios sin tener un sustento institucional.

Desde 1994 hasta el presente, la partida discrecional de los distintos presidentes de la República suma $201.5 millones, según TVN.

Al desglosar la cifra, de mayor a menor gasto, se tiene que el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014) utilizó $55.7 millones en partida discrecional, el de Juan Carlos Varela (2014-2019) $41.7 millones, Laurentino Cortizo (2019-2024) $31.2 millones, Ernesto Pérez Balladares (1994-1999) $25 millones, Mireya Moscoso (1999-2004) $23 millones, Martín Torrijos (2004-2009) $22.3 millones, y José Raúl Mulino $2.6 millones, entre julio de 2024 a febrero de 2026.

La Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el Proyecto de Ley 510, que tipifica el fraude de paternidad como delito en Panamá, una iniciativa que ahora queda en manos del presidente José Raúl Mulino, quien deberá decidir entre sancionarla o vetarla, en un contexto donde el Ejecutivo ha vetado múltiples leyes en las últimas semanas.

La propuesta introduce cambios significativos en el Código Penal y busca llenar un vacío legal que hasta ahora no tenía una regulación específica.

El proyecto establece que el fraude de paternidad será castigado con penas de prisión de dos a cinco años, además de multas que van de 100 a 500 días-multa, cuando una persona induzca, mediante engaño u ocultamiento, a un hombre a reconocer como hijo a un menor que no es biológicamente suyo.

La iniciativa también contempla agravantes que pueden incrementar la pena hasta en la mitad, especialmente si el engaño se mantiene por más de cinco años o si hay múltiples menores afectados .

De acuerdo con el contenido aprobado, el delito se configura cuando existe una conducta dolosa orientada a ocultar, alterar o falsear información sobre la paternidad biológica, generando consecuencias patrimoniales, jurídicas y emocionales para la persona afectada.

La norma deja claro que no se trata de un simple error o disputa civil, sino de una acción deliberada que busca engañar y obtener beneficios o imponer obligaciones indebidas.

Uno de los elementos centrales del proyecto es que introduce el principio de la verdad biológica como base del estado civil de las personas, estableciendo que en casos de fraude la acción para impugnar la paternidad será imprescriptible, es decir, que podrá ejercerse en cualquier momento si se demuestra que existió engaño. Esto busca evitar que el paso del tiempo consolide situaciones injustas basadas en la mentira .

Además, la propuesta establece que en todo proceso judicial relacionado con este tipo de casos, el juez deberá ordenar pruebas científicas como el ADN, lo que refuerza el carácter técnico y objetivo del proceso.

Incluso, la negativa injustificada a realizarse estas pruebas podrá ser considerada como indicio grave en contra de la persona que se oponga, fortaleciendo así el sistema probatorio.

En caso de que un tribunal declare probado el fraude, la ley establece que se procederá a la cancelación de la filiación en el Registro Civil, el cese de todas las obligaciones legales futuras del afectado, y se garantizará el derecho del menor a reclamar su verdadera filiación biológica.

Sin embargo, el proyecto incorpora salvaguardas para asegurar que el niño o niña no quede en estado de desprotección, manteniendo la tutela del Estado sobre sus derechos fundamentales .

Otro punto relevante es que el afectado podrá ejercer un derecho de repetición contra el verdadero padre biológico, en caso de que este haya tenido conocimiento de su paternidad y haya permitido el fraude.

Este mecanismo busca trasladar la responsabilidad hacia quien corresponde, evitando que el impacto económico y legal recaiga únicamente sobre la persona engañada.

El proyecto surge, según su exposición de motivos, ante la ausencia de una regulación clara en el ordenamiento jurídico panameño, donde actualmente solo existe la figura de la impugnación de paternidad en el ámbito civil, la cual está sujeta a plazos y limitaciones que resultan insuficientes cuando el reconocimiento del menor fue producto de un engaño doloso.

En la práctica, muchos casos se descubren años después, cuando ya se han generado vínculos afectivos y obligaciones económicas sostenidas.

Durante el debate legislativo, el proponente del proyecto, el diputado Jairo Salazar, sostuvo que la iniciativa tiene un carácter principalmente disuasivo, más que punitivo, y busca prevenir este tipo de conductas mediante la existencia de una sanción penal.

También se dejó claro que la norma no pretende ir en contra de la mujer, sino sancionar una conducta específica que afecta a la familia, al menor y al sistema jurídico.

El texto aprobado subraya que el objetivo es armonizar derechos, protegiendo tanto el interés superior del menor como los principios de buena fe, seguridad jurídica y justicia material, evitando que el fraude quede impune.

La iniciativa también reconoce el derecho del niño a conocer su verdadera identidad biológica, en línea con estándares internacionales en materia de derechos humanos.

De ser sancionada, la ley representaría un cambio estructural en la forma en que Panamá aborda los conflictos de filiación y las responsabilidades derivadas de estos.

La discusión sobre el fraude de paternidad abre un nuevo frente en el debate jurídico y social del país, al introducir el ámbito penal en un tema tradicionalmente tratado en la esfera civil.

Mientras algunos lo ven como un avance en materia de justicia, otros advierten sobre sus implicaciones legales y sociales, en un contexto donde la decisión final estará en manos del Ejecutivo.

“Violencia escolar enciende alarmas y moviliza a las autoridades”, “Cuatro estudiantes son apuñalados dentro del salón de clases”, estos son solo algunos de los titulares de la prensa local que a través de los años reflejan el aumento de la violencia estudiantil en Panamá.

Tan solo hace unos días un estudiante de una escuela secundaria en la provincia de Veraguas fue herido con un cuchillo en un brazo por otro alumno, mientras que dos estudiantes de un colegio en Penonomé, provincia de Coclé, se enfrascaron en una riña. Una profesora que intentaba mediar en la gresca fue lanzada al piso.

En el primer caso la situación fue atendida de manera inmediata por los profesores de disciplina, garantizando la seguridad de ambos estudiantes, aseguró Ada Cornejo de Osses, directora del plantel educativo. En el segundo caso nada se ha informado hasta el momento.

En apego a los principios de confidencialidad y protección integral de la niñez y adolescencia, no se divulgan las identidades de las personas involucradas.

La Unión Nacional de Padres de Familia ha advertido reiteradamente del aumento de la violencia, de la venta de drogas y de la ausencia de protocolos efectivos de las autoridades educativas para atender estos casos en los centros escolares de todo el país.

Ante estos señalamientos, desde el Ministerio de Educación (Meduca) se defienden indicando que existen los llamados gabinetes psicopedagógicos, estructuras de apoyo técnico dentro del sistema educativo, que están formados por equipos multidisciplinarios que brindan asesoramiento y orientación a estudiantes, docentes y familias.

En el periodo escolar 2024 el Meduca informó que contaba con el servicio de 159 gabinetes psicopedagógicos, y proyectaban que al culminar este quinquenio la cobertura llegue a 459 centros educativos, con psicólogos y trabajadoras sociales disponibles no solo para las escuelas, sino también para ofrecer apoyo a colegios cercanos de cualquier sector.

Las autoridades del referido ministerio manifestaron que durante el 2025 los gabinetes psicopedagógicos detectaron en los centros educativos del país unos 300 casos relacionados con hechos de violencia, abuso sexual y embarazos adolescentes.

Estas situaciones trascendieron lo académico y reflejan problemáticas sociales profundas que impactan directamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje, dijo a medios locales Verushka Ordás, psicóloga y directora nacional de Servicios Psicoeducativos del Meduca.

Pero, para el dirigente de la Unión de Padres de Familia, Ariel Hughes, las medidas de estos gabinetes psicopedagógicos por lo general son reactivas y no preventivas.

Al inicio del año escolar la Defensoría del Pueblo instó a las comunidades educativas del país a reforzar las acciones necesarias para garantizar entornos escolares libres de discriminación, violencia y exclusión.

El 2 de marzo un total de 876,605 estudiantes, de los cuales 737,200 pertenecen al sector oficial y 139,405 al sector particular, iniciaron el periodo lectivo 2026, que culmina en diciembre.

La Defensoría del Pueblo destacó en un comunicado que en las escuelas debe prevalecer el respeto a la dignidad humana, la igualdad y la convivencia pacífica entre estudiantes.

El derecho a la educación, agregó que no se limita al acceso al sistema escolar, pues comprende su ejercicio en condiciones de equidad y no discriminación. La Constitución Política, la Convención sobre los Derechos del Niño y la legislación nacional vigente establecen la obligación del Estado de proteger el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes y de prevenir cualquier práctica que vulnere su dignidad por razones de origen étnico, condición social, sexo u otras circunstancias.

La entidad reiteró su disposición de acompañar técnica y pedagógicamente estos esfuerzos, señalando que el derecho a la educación debe consolidarse como un espacio de inclusión, reconocimiento y desarrollo pleno.

El secretario del Ferrocarril, Henry Faarup, aseguró que los estudios principales de ingeniería y factibilidad del tren Panamá-David-Frontera estarán listos en junio, marcando un hito en uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos del país.

Según explicó ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, estos avances permitirán definir la viabilidad técnica, económica y operativa de una iniciativa que busca transformar la conectividad nacional y el modelo logístico panameño .

El funcionario detalló que actualmente se ejecutan múltiples estudios especializados, incluyendo análisis de demanda, impacto ambiental, ingeniería conceptual y evaluación financiera, liderados por firmas internacionales como AECOM, Renfe, KPMG y WSP, lo que refleja el nivel de complejidad del proyecto.

Estos estudios permitirán establecer el trazado definitivo, costos estimados y modelo de operación, elementos clave antes de pasar a la fase de construcción.

Dentro de los componentes técnicos en desarrollo, se incluyen estudios de batimetría, geotecnia, hidrología y modelación hidráulica, necesarios para definir las condiciones del terreno y reducir riesgos estructurales en la construcción de puentes y tramos ferroviarios. Esta fase forma parte del Estudio de Impacto Ambiental y busca garantizar la sostenibilidad y seguridad del proyecto.

Uno de los aspectos más relevantes abordados por Faarup fue el futuro del aeropuerto de Albrook, que actualmente se proyecta como punto inicial del sistema ferroviario.

El secretario indicó que esta terminal aérea tendrá un margen de entre cinco y siete años para continuar operando, periodo durante el cual se planificará el traslado progresivo de sus operaciones hacia otras instalaciones como Panamá Pacífico o Tocumen, en función del desarrollo del proyecto .

La decisión de no intervenir de inmediato el aeropuerto responde a ajustes recientes en el diseño, particularmente el traslado del patio de contenedores hacia la futura terminal de Corozal, lo que permite mantener la operación aérea mientras se reorganiza la infraestructura logística.

Esta reconfiguración busca optimizar el uso del espacio y garantizar una transición ordenada sin afectar la conectividad aérea.

El proyecto ferroviario contempla que una de las primeras obras a ejecutar, una vez adjudicado, será la construcción de un puente ferroviario sobre el Canal de Panamá, ubicado aproximadamente a 185 metros al norte del Puente Centenario.

Esta estructura será clave para conectar los sistemas logísticos del lado Pacífico y Atlántico, integrando los puertos y facilitando el movimiento de carga a nivel nacional.

En ese sentido, el desarrollo del patio de contenedores en Corozal adquiere un rol estratégico, ya que permitirá la conexión directa con los puertos de Balboa y con la futura terminal portuaria que licitará el Canal de Panamá. Esta infraestructura fortalecerá la capacidad del país como hub logístico, al integrar transporte marítimo y ferroviario en un solo sistema.

Además, el tren tendrá una conexión directa con el ferrocarril Panamá-Colón, lo que permitirá cerrar un circuito logístico continuo desde el Pacífico hasta el Atlántico y, posteriormente, hacia el interior del país. Esta integración facilitará el transporte de carga y pasajeros, reduciendo tiempos y costos en comparación con el sistema carretero.

El trazado completo del proyecto contempla una extensión aproximada de 475 kilómetros, con estaciones en puntos estratégicos como Albrook, Panamá Pacífico, La Chorrera, Penonomé, Santiago, David y Paso Canoas, en la frontera con Costa Rica.

En total, se proyectan al menos 14 estaciones, diseñadas para atender tanto el transporte de pasajeros como de mercancías.

Desde el punto de vista económico, el costo del proyecto aún no ha sido definido con precisión, aunque estimaciones preliminares lo sitúan por encima de los $5,000 millones.

Las autoridades han indicado que el financiamiento se encuentra en fase de estructuración, con interés de organismos multilaterales, banca de desarrollo y esquemas de asociación público-privada, lo que podría cubrir hasta el 85% del valor de la obra.

Faarup señaló que la construcción del ferrocarril podría tomar entre siete y ocho años, dependiendo de factores técnicos, financieros y logísticos. La ejecución se desarrollaría por fases, iniciando en el área del Canal para luego avanzar hacia el interior del país, priorizando los tramos con mayor impacto en la conectividad y el desarrollo económico.

El proyecto también contempla la implementación de un tren de cercanía en áreas como Arraiján y La Chorrera, complementando la Línea 3 del Metro de Panamá y contribuyendo a descongestionar el tráfico en la capital. Esta integración de sistemas de transporte busca mejorar la movilidad urbana y reducir la presión sobre la red vial.

En conjunto, la iniciativa apunta a consolidar un corredor logístico ferroviario que conecte Paso Canoas, en la frontera con Costa Rica, con la provincia de Colón, donde se ubica la Zona Libre, integrando puertos, centros de distribución y plataformas industriales. Este modelo permitiría fortalecer la competitividad del país y posicionarlo como un eje estratégico en el comercio regional.

El avance de los estudios y la planificación del proyecto reflejan un proceso progresivo de estructuración, en el que los aspectos técnicos, ambientales y financieros serán determinantes para definir su ejecución. Mientras se completan las evaluaciones en junio, el tren Panamá-David-Frontera se mantiene como una de las apuestas más ambiciosas para transformar la infraestructura y la economía del país.

La Asociación Industrial de la Caña de Azúcar de Panamá (AZUCALPA) reaccionó a la decisión de la Asamblea Nacional de suspender la discusión del Proyecto de Ley 443, que propone el uso obligatorio de etanol en la gasolina, destacando la necesidad de aprovechar el receso legislativo para ampliar las consultas y fortalecer el debate técnico sobre una iniciativa que considera clave para el desarrollo del país.

El gremio planteó que este periodo debe servir para construir consensos, informar a la población y aclarar dudas sobre el alcance de la propuesta.

La medida legislativa, aprobada con 55 votos a favor y una abstención, detuvo el segundo debate de un proyecto que busca establecer una mezcla obligatoria de 10% de etanol en los combustibles, en un contexto donde los diputados argumentaron que la ciudadanía requiere mayor información sobre sus impactos.

La principal preocupación de algunos diputados es el carácter obligatorio de la medida, que, en su opinión, podría vulnerar el derecho de la población a escoger. También advierten que la iniciativa no establece un proceso claro de reclamo ni define qué entidad sería responsable de tramitar eventuales quejas en caso de desperfectos en vehículos, si se lograra atribuir la causa al combustible.

Igualmente, se ha cuestionado que pocos actores participarían en el negocio del etanol. Incluso, durante el debate público se han mencionado señalamientos sobre presuntos intereses personales de autoridades actuales en la aprobación de la iniciativa, aunque esas afirmaciones no han sido sustentadas públicamente con pruebas concluyentes.

El Órgano Legislativo entró en receso y retomará sus funciones el 1 de julio, lo que extiende la discusión de una política que ha sido objeto de debate durante más de una década.

Desde AZUCALPA, se valoró la pausa como una oportunidad para profundizar el diálogo, insistiendo en que el proyecto representa una política pública moderna basada en evidencia técnica, con potencial para generar beneficios económicos, sociales y ambientales.

El gremio subrayó que los próximos meses serán determinantes para alcanzar acuerdos, en medio de cuestionamientos que han desplazado la discusión hacia aspectos políticos.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, también se refirió a la suspensión del proyecto, señalando que el debate fue desviado de su base técnica hacia la especulación.

“El tema del etanol se sacó completamente del contexto técnico para llevarlo al ámbito de la maledicencia y la confrontación”, afirmó el mandatario, quien confirmó que sostuvo conversaciones con diputados ante la preocupación generada por el rumbo del proyecto.

Mulino reconoció que, tras la decisión legislativa, no se implementará el uso obligatorio del etanol en el corto plazo, lo que —según indicó— representa un impacto directo en la generación de empleo.

El mandatario advirtió que la medida implicaba inversiones multimillonarias y la posibilidad de abrir nuevas oportunidades para productores agrícolas, especialmente en el sector de la caña de azúcar.

“Por lo pronto no va a haber etanol, con el consiguiente perjuicio a la enorme cantidad de empleos que esa industria hubiera generado para el país”, sostuvo el presidente, al tiempo que cuestionó que la discusión se haya centrado en intereses y especulaciones en lugar de evaluar los beneficios técnicos del proyecto.

En ese contexto, AZUCALPA destacó que la implementación del programa podría generar cerca de 10,000 empleos directos y 20,000 indirectos, especialmente en zonas rurales, donde el acceso a oportunidades laborales es más limitado. El gremio advirtió que cada mes de retraso en la discusión implica menos inversión, menos crecimiento y menos desarrollo económico para el país.

El proyecto también contempla un impulso significativo a la producción agrícola, con estimaciones que apuntaban a la incorporación de 35,000 hectáreas adicionales de cultivo de caña, ampliando la temporada de zafra y diversificando la producción hacia el mercado de biocombustibles.

Esto cobra relevancia en un contexto donde el área sembrada ha venido en disminución en los últimos años, pasando de más de 40,000 hectáreas a cerca de 24,000 en el periodo reciente.

Además del componente económico, el gremio resaltó que el uso de etanol permitiría avanzar hacia una mayor resiliencia energética, reduciendo la dependencia de combustibles fósiles y contribuyendo a una transición energética más sostenible. Este enfoque también tiene implicaciones en materia ambiental y de salud pública, al promover combustibles con menor impacto contaminante.

La discusión del proyecto se produce en un escenario donde Panamá ha intentado implementar el uso de biocombustibles desde 2013, sin lograr concretar la medida en distintos intentos legislativos.

La actual propuesta representa uno de los esfuerzos más estructurados, respaldado por instituciones como la Secretaría Nacional de Energía, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) y el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI).

En medio de este panorama, AZUCALPA reiteró su disposición a mantener un diálogo constructivo con autoridades, sector privado y sociedad civil, con el objetivo de aportar información técnica y evidencia que permita retomar el proyecto con mayor respaldo. El gremio insistió en que el debate debe centrarse en datos verificables y análisis integral, evitando que factores externos desvíen una discusión que considera estratégica para el país.

La pausa legislativa, lejos de cerrar el tema, abre un nuevo capítulo en el debate sobre el etanol en Panamá. El reto será equilibrar las preocupaciones sociales, económicas y técnicas, en busca de una decisión que defina el rumbo de la política energética y agrícola en los próximos años.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, aseguró que su gobierno no mantiene un conflicto con China, en medio del aumento de retenciones de buques con bandera panameña en terminales asiáticas, tras la decisión del Estado de asumir el control de los puertos de Balboa y Cristóbal.

El mandatario dejó claro que la actuación del Ejecutivo respondió exclusivamente al fallo de la Corte Suprema de Justicia, que declaró inconstitucional la extensión del contrato de concesión bajo Panama Ports Company, y no a una decisión política dirigida contra el país asiático.

“No puedo decir que Panamá tenga un problema con China”, afirmó Mulino, quien calificó la situación como un escenario complejo y coyuntural, vinculado a factores externos que trascienden al país.

El presidente sostuvo que Panamá se encuentra en medio de una dinámica geopolítica entre potencias, en referencia a las tensiones entre Estados Unidos y el régimen chino, lo que ha coincidido con la transición en la administración de las terminales portuarias.

Mulino explicó que el Estado panameño actuó conforme al derecho nacional, luego de que el contrato de concesión llegara a su fin por orden judicial.

“Se acabó el contrato de Panama Ports y Panamá tenía que asumir el control de esos puertos inmediatamente”, enfatizó, al tiempo que defendió que la decisión fue legal, necesaria y previamente planificada por el Gobierno.

El mandatario también rechazó que la medida implique una expropiación, al señalar que los puertos no fueron confiscados, sino que pasaron a control estatal tras quedar sin contrato vigente.

“No hemos expropiado los puertos, ocupamos los puertos porque se quedaron sin contrato”, puntualizó, en un intento por aclarar las interpretaciones que han surgido en el ámbito internacional.

En paralelo, el presidente reveló que recibió una comunicación oficial del gobierno chino, a través de la embajada en Panamá, en la que se reconoce que la controversia se está tramitando en tribunales arbitrales en Nueva York, donde tanto la empresa como el Estado panameño están presentando sus argumentos.

Mulino destacó que este mensaje incluye una disposición a mantener una relación más estable, lo que consideró un elemento positivo en medio de la tensión.

“Celebro que ese mensaje venga acompañado de uno de llevar más tranquila la relación”, indicó el jefe del Ejecutivo, quien reiteró que Panamá no tiene interés en escalar el conflicto y que será en el ámbito legal donde se definan las responsabilidades.

Según explicó, ambos procesos arbitrales permitirán que las partes presenten pruebas y argumentos en derecho, para ser evaluados por los árbitros correspondientes.

Las declaraciones se producen en un contexto donde el sistema marítimo panameño enfrenta un incremento inusual en la retención de embarcaciones, particularmente en puertos chinos.

Datos oficiales indican que al menos 92 buques con bandera panameña fueron retenidos en marzo, una cifra superior al promedio habitual de entre 40 y 60 detenciones mensuales, lo que ha generado preocupación en el sector logístico .

Este comportamiento ha sido interpretado por distintos actores internacionales como una presión indirecta sobre Panamá, en respuesta a la decisión soberana de asumir el control de los puertos. En ese sentido, al menos 11 países han expresado respaldo al país, destacando la importancia de proteger la libre navegación y la estabilidad del comercio marítimo internacional .

Entre los países que han manifestado su apoyo se encuentran Estados Unidos, Israel, Ucrania, Chile, Costa Rica, Honduras, Paraguay, Perú, Bolivia, Guyana y Trinidad y Tobago, quienes han advertido que cualquier acción que afecte a Panamá podría tener repercusiones en las cadenas globales de suministro y en la seguridad del comercio marítimo.

Mulino insistió en que la situación no debe interpretarse como un enfrentamiento directo con China, sino como un efecto colateral de una disputa mayor entre potencias, en la que Panamá se ve arrastrado por su posición estratégica. “Estamos en una marea producto de un problema de dos grandes”, afirmó, al explicar el contexto internacional en el que se desarrolla la situación.

El presidente también subrayó que la operación de los puertos bajo control estatal se mantiene sin interrupciones ni demoras, destacando que el Gobierno se preparó durante un año para asumir la administración de estas terminales. Esta planificación permitió garantizar la continuidad de un sector clave para la economía nacional.

En este escenario, Panamá vuelve a situarse en el centro de la geopolítica del comercio marítimo global, donde decisiones jurídicas, intereses económicos y tensiones internacionales convergen en un mismo punto. Mientras avanzan los procesos arbitrales y se mantienen los contactos diplomáticos, el país enfrenta el reto de defender su soberanía sin comprometer su posición como hub logístico internacional.

La Procuraduría General de la Nación confirmó la aprehensión de cuatro personas en la tercera fase de la operación “Fraude Total 3.0”, vinculadas a la presunta comisión de delitos financieros en perjuicio de un banco de la localidad, en un caso que vuelve a evidenciar la evolución de las estructuras criminales en Panamá.

Las diligencias se desarrollaron en las provincias de Panamá y Chiriquí, donde también se ubicaron equipos tecnológicos, tarjetas bancarias y una billetera digital, elementos clave para el avance de las investigaciones.

Según las autoridades, el esquema delictivo consistía en la presentación de avalúos falsificados para sustentar solicitudes de préstamos bancarios, generando un perjuicio económico que supera los $786,171.98.

Este tipo de modalidad refleja el uso de documentación fraudulenta para engañar a las entidades financieras y acceder a recursos mediante mecanismos ilegales.

Por estos hechos, ya son seis las personas llevadas ante audiencias de garantías, donde se han imputado cargos por delitos financieros y se han aplicado medidas cautelares, mientras el proceso continúa en fase de investigación.

Las autoridades no descartan que el caso tenga ramificaciones adicionales, dada la naturaleza organizada de este tipo de operaciones.

Este caso se produce en un contexto donde los fraudes financieros en Panamá mantienen una tendencia creciente, con intentos que alcanzan los $125 millones al año, de los cuales aproximadamente $20 millones logran concretarse, afectando directamente a clientes, bancos y empresas.

Las cifras reflejan no solo el impacto económico, sino también la presión constante que enfrenta el sistema financiero.

La magnitud del problema se agrava al considerar que, según el sector bancario, diariamente siete panameños son víctimas de estafas, lo que confirma que este tipo de delitos se ha convertido en una amenaza cotidiana.

Los esquemas incluyen phishing, suplantación de identidad, llamadas fraudulentas y enlaces maliciosos, diseñados para manipular a las víctimas en cuestión de minutos.

Superintendencia de Bancos advierte sobre estafas y refuerza recomendaciones al público

En este escenario, el superintendente de Bancos de Panamá, Milton Ayón Wong, advirtió que la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) ha detectado esquemas fraudulentos en los que se utiliza indebidamente el nombre, el logo y la imagen institucional de la entidad para engañar a ciudadanos.

La entidad fue enfática en señalar que no solicita dinero, transferencias, pagos ni inversiones, ya sea de forma directa o a través de intermediarios, por ningún canal de comunicación.

El regulador indicó que cualquier mensaje, llamada o contacto que invoque a la institución para gestionar trámites urgentes, evitar sanciones o prometer beneficios económicos debe considerarse como un posible intento de fraude o usurpación de identidad.

Este tipo de estrategias busca generar presión emocional para que las personas actúen sin verificar la información.

Como parte de sus recomendaciones, la SBP exhortó a la población a no compartir datos personales o bancarios, no realizar pagos sin validación previa y verificar siempre que las personas o empresas involucradas cuenten con autorización o licencia para operar.

También insistió en que no es habitual que una entidad financiera legítima condicione un préstamo al pago previo de dinero.

La institución reiteró que el primer anillo de seguridad es el propio usuario, por lo que la protección del patrimonio depende en gran medida de la capacidad de detectar señales de alerta. En caso de sospecha, recomendó acudir al Ministerio Público o a la Casa de Justicia Comunitaria de Paz para interponer la denuncia correspondiente.

Este llamado cobra mayor relevancia ante el crecimiento de los ciberdelitos, que han aumentado más de 113% entre 2025 y 2026, según datos de la Policía Nacional, evidenciando una rápida expansión de estas estructuras criminales. Las autoridades han intensificado operativos y acciones conjuntas con el sector bancario para enfrentar una amenaza que evoluciona constantemente.

Uno de los factores que impulsa este crecimiento es el uso de tecnologías cada vez más avanzadas, incluyendo herramientas de inteligencia artificial para simular voces, generar mensajes creíbles o incluso producir contenido falso con apariencia legítima. Esto eleva el nivel de riesgo, ya que los fraudes son cada vez más difíciles de identificar para los usuarios.

En este contexto, la prevención se posiciona como un elemento clave. Las autoridades coinciden en que detenerse, verificar y no actuar bajo presión puede marcar la diferencia entre evitar una estafa o convertirse en víctima. La combinación de acciones judiciales, regulación y conciencia ciudadana se perfila como la principal defensa frente a un fenómeno que sigue en expansión en Panamá.

El rechazo al Proyecto de Ley 491, que propone la imposición de un cargo económico al movimiento de contenedores en los puertos panameños, sigue escalando entre los principales gremios empresariales del país, que advierten sobre sus posibles efectos negativos en la competitividad, la inversión y la estabilidad económica.

A la postura inicial de la Cámara Marítima de Panamá se han sumado ahora organizaciones como la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) y la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), consolidando un frente común en contra de la iniciativa.

El proyecto, que se encuentra en discusión en la Asamblea Nacional, busca crear un fondo para equiparar las pensiones de jubilados que reciben menos de $600 mensuales, financiado a través de un cargo fijo de $1.50 por cada contenedor de 20 pies (TEU) que ingrese al país.

Este cambio representa una modificación significativa respecto a su planteamiento original, trasladando el peso del financiamiento hacia el sector logístico, uno de los pilares de la economía nacional.

La Cámara Marítima de Panamá fue el primer gremio en alzar la voz, alertando que cualquier incremento en los costos operativos del sistema portuario podría provocar un desvío de carga hacia otros hubs regionales, afectando directamente el volumen de mercancías que transita por el país.

El gremio destacó que Panamá compite con otras plataformas logísticas en condiciones altamente sensibles al precio, por lo que cualquier alteración en su estructura de costos puede generar impactos inmediatos en su posición estratégica.

A esta preocupación se sumó APEDE, que expresó su rechazo al considerar que el proyecto introduce distorsiones en un sector altamente expuesto a la competencia internacional. El gremio recordó que el sector logístico representa cerca del 11.8% del Producto Interno Bruto (PIB), siendo además un motor clave de inversión, empleo y encadenamientos productivos.

En ese sentido, advirtió que encarecer la operación portuaria afecta no solo a grandes operadores, sino también a pequeñas y medianas empresas que dependen de la dinámica del comercio exterior. La presidenta de APEDE, Giulia De Sanctis, subrayó que en un entorno global competitivo, Panamá debe proteger cuidadosamente su propuesta de valor como hub logístico, basada en eficiencia, confiabilidad y costos competitivos.

Según el gremio, trasladar cargas económicas a sectores estratégicos puede resultar contraproducente, ya que reduce la capacidad del país para atraer inversión y mantener su posición en el comercio internacional.

Por su parte, la CCIAP adoptó un tono aún más crítico, calificando la iniciativa como una medida improvisada, peligrosa y sin sustento técnico, que pone en riesgo la seguridad jurídica del país.

Su presidente, Aurelio Barría Pino, advirtió que gravar el movimiento de contenedores equivale a impactar directamente el corazón de la plataforma logística panameña, lo que podría desencadenar efectos en cadena sobre toda la economía.

El gremio empresarial también alertó que este tipo de medidas no se limitan al sector afectado, sino que terminan trasladándose al resto de la cadena productiva, provocando un aumento en los costos de bienes y servicios, con impacto directo en el consumidor final.

En otras palabras, lo que se plantea como una solución social podría derivar en presiones inflacionarias y pérdida de competitividad en múltiples sectores.

Otro punto crítico señalado por la CCIAP es la falta de estudios actuariales y de sostenibilidad financiera que respalden el mecanismo propuesto. Según el gremio, el proyecto intenta resolver un problema estructural del sistema de pensiones mediante una fuente de financiamiento ajena a su naturaleza, lo que podría generar desequilibrios a mediano y largo plazo. “No es una solución, es trasladar el problema”, enfatizó Barría Pino.

Adicionalmente, los gremios han advertido sobre posibles implicaciones legales, particularmente en relación con los contratos de concesión portuaria.

La imposición de nuevos cargos podría interpretarse como una modificación indirecta de las condiciones contractuales vigentes, abriendo la puerta a litigios y afectando la confianza de inversionistas nacionales e internacionales en el país.

El sistema portuario panameño movilizó 2,353,235 TEU en el primer trimestre de 2026, una caída de 0.6% frente al mismo período de 2025.

En medio de este escenario, tanto APEDE como la CCIAP han coincidido en la necesidad de someter el proyecto a un análisis técnico integral, que evalúe sus impactos económicos, regulatorios y competitivos antes de su eventual aprobación.

Ambos gremios han reiterado que no se oponen al objetivo de mejorar las condiciones de los jubilados, pero insisten en que las soluciones deben ser sostenibles, bien estructuradas y alineadas con la estrategia país.

Mientras el proyecto avanza en su trámite legislativo, el debate vuelve a poner sobre la mesa una tensión recurrente en la política pública panameña: cómo equilibrar la atención de necesidades sociales urgentes sin comprometer los sectores que sostienen el crecimiento económico.

En este caso, la advertencia de los gremios es clara: tocar la logística no es

un ajuste menor, es intervenir uno de los principales motores del país.

La protección de los ecosistemas marinos estratégicos de Panamá, particularmente los arrecifes coralinos y los pastos marinos, ha quedado en duda por una iniciativa que debilita la Ley 304 de 31 de mayo de 2022, referente a la protección integral de los sistemas de arrecifes coralinos, ecosistemas y especies asociadas en el país.

Proteger, conservar, generar acciones de uso sostenible, restaurar, prevenir la contaminación y rehabilitar los ecosistemas de arrecifes de coral, tales como los peces de arrecifes, los humedales y los pastos marinos, entre otros, eran los propósitos iniciales de esta norma.

Ahora, se modificó lo referente a la prohibición de cualquier tipo de construcción o intervención en arrecifes, pastos marinos y zonas vinculadas.

El nuevo elemento coloca en el Ministerio de Ambiente la responsabilidad de liderar la elaboración de un plan de acción, incluyendo las acciones priorizadas, bajo el supuesto de proteger, evitar el daño ambiental, conservar y restaurar los ecosistemas de arrecifes de coral, sus ecosistemas y especies asociadas, así como promover la investigación científica en beneficio de estos ecosistemas.

No obstante, se pasa de una prohibición expresa de construcciones y afectaciones —directas e indirectas— sobre corales y pastos marinos, a un modelo en el que estas intervenciones podrían ser evaluadas y eventualmente aprobadas por el Ministerio de Ambiente, dijeron biólogos al diario La Prensa.

En Panamá se estima que hay 280 km2 de arrecifes a lo largo de las costas del Caribe y del Pacífico, según la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá.

La mayor diversidad, 68 especies de coral duro, se encuentran en el Caribe, mientras que en el Pacífico hay 25 especies de coral duro.

Las áreas del litoral, junto con la parte oeste del istmo de Panamá muestran unas interacciones ecológicas de especies endémicas y migratorias altamente complejas, debido en parte a la sobreposición continental.

La Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá indica que los arrecifes coralinos son ecosistemas altamente productivos y diversos que cumplen funciones importantes en el mantenimiento de la zona costera, beneficiando directamente a los asentamientos humanos adyacentes y a las economías de muchas naciones, al igual que la producción de alimentos, la utilización de corales para medicamentos y el turismo recreativo, entre otros.

Actualmente, asegura la entidad gubernamental que la falta de protección de estos ecosistemas es la causa principal de deterioro indirecto en Panamá.

El manejo inadecuado de la zona litoral y la deforestación de áreas adyacentes, agrega, han incrementado la destrucción de todos los arrecifes a nivel local, mientras el país se prepara para un desarrollo que contempla entre otros planes, el uso recreativo de la zona costera, particularmente los arrecifes de coral.