Con más de cuatro décadas en el Canal de Panamá, Ilya Espino de Marotta se convirtió este 7 de septiembre en la primera mujer en dirigir los destinos de la vía acuática para el periodo 2026–2033.

Espino de Marotta comenzó su carrera en el Canal en 1985 como la única ingeniera del astillero de la entonces División Industrial.

A lo largo de su trayectoria ha ocupado responsabilidades técnicas, operativas y ejecutivas, entre ellas las de vicepresidenta de Negocios de Tránsito, vicepresidenta ejecutiva de Ingeniería, oficial de Sostenibilidad y subadministradora.

De igual manera, desempeñó un papel central en la ejecución del Programa de Ampliación del Canal.

La nueva administradora tendrá a su cargo la ejecución de la Visión Estratégica 2025-2035, orientada a garantizar la seguridad hídrica, fortalecer la resiliencia operativa y diversificar los servicios de la institución.

Entre sus iniciativas prioritarias figuran el lago de Río Indio, las terminales portuarias en el Atlántico y el Pacífico, el corredor energético y el corredor logístico, concebidos para preservar la competitividad del Canal y ampliar su contribución al desarrollo nacional.

“Tengan la seguridad de que voy a hacer lo mejor por el país como lo he hecho en estos 41 años en el Canal de Panamá”, fueron sus primeras palabras al asumir el cargo.

Acompañará a Espino de Marotta como subadministrador temporal del Canal, Rubén Gustavo Pérez Pinzón.

Pérez Pinzón ejercerá temporalmente el cargo hasta que la Junta Directiva culmine el proceso de selección y designación del nuevo subadministrador, con el propósito de asegurar la continuidad de las funciones y responsabilidades de esa posición.

Actualmente, Pérez Pinzón se desempeña como vicepresidente de Capital Humano y cuenta con 35 años de experiencia en el Canal de Panamá.

Uno de los mayores desafíos actuales y futuros del Canal es el agua, su mayor activo, que se ve amenazado por la presencia cada vez más palpable del fenómeno atmosférico de El Niño.

En días pasados la vía canalera anunció que mantendrá el calado máximo autorizado vigente para los buques neopanamax en 48 pies, basado en la más reciente evaluación de los niveles del lago Gatún y de las proyecciones meteorológicas.

La reducción previamente anunciada a 47.5 pies de calado, que estaba prevista para entrar en vigor el 1 de octubre de 2026, se pospone hasta nuevo aviso.

Mantener el calado actual brinda a los clientes mayor continuidad para la planificación de sus viajes y la programación de sus buques.

Asimismo, refleja, según el Canal, el compromiso de responder oportunamente a las condiciones cambiantes, atendiendo las necesidades de sus clientes sin comprometer la seguridad ni la eficiencia de sus operaciones.

El Canal continuará evaluando las condiciones hídricas y notificará con la debida antelación cualquier cambio futuro que pueda afectar los requisitos de calado de los buques.

Para el año fiscal 2027 (AF 2027) el Canal presentó ante el Consejo de Gabinete el proyecto de presupuesto que contempla ingresos por $5,555 millones.

Está orientado a asegurar la sostenibilidad de la operación, proteger el negocio y avanzar con las inversiones necesarias para preparar al Canal para el futuro.

El proyecto de presupuesto se sustenta en una proyección de 10,750 tránsitos de buques de alto calado y 457.3 millones de toneladas CP/SUAB.

Entre sus principales premisas considera un escenario de condiciones hídricas retadoras, con la posibilidad de un fenómeno de El Niño fuerte, y medidas operativas dirigidas a optimizar la gestión del recurso hídrico.

Para el AF 2027 se prevén aportes directos al Tesoro Nacional por $3,608 millones, $414 millones más que los $3,194 millones contemplados en el presupuesto aprobado para el AF 2026.

Adicionalmente, se estiman otros pagos al Estado por $329 millones, correspondientes al impuesto sobre la renta, seguro social y seguro educativo de los empleados del Canal y la cuota obrero-patronal.

En conjunto, los aportes directos y otros pagos al Estado alcanzarían $3,937 millones.

Las autoridades de Costa Rica detuvieron a 4 hombres presuntamente vinculados con estructuras criminales panameñas que intentaron entrar al país por el puesto fronterizo sur. Según informó el Ministerio de Seguridad Pública, los sospechosos tendrían nexos con organizaciones dedicadas al narcotráfico y al sicariato.

El operativo se produjo el sábado tras un trabajo de inteligencia que permitió identificar a los individuos antes de su ingreso al territorio costarricense. Los detenidos fueron identificados por sus apellidos como Gutiérrez, Jiménez, Santoya y González.

El Ministerio de Seguridad Pública indicó que los 4 hombres estarían relacionados con grupos conocidos como Los Terroristas de San Miguelito y Los Terroristas de Puerto Armuelles, dos estructuras criminales que operan en Panamá, de acuerdo con la información difundida por las autoridades.

La captura involucró a la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional, la Policía de Fronteras y la Policía Profesional de Migración. Las instituciones coordinaron el procedimiento en la zona limítrofe para impedir que los sospechosos avanzaran dentro del país.

Los detenidos serán entregados a las autoridades de Panamá

El viceministro de Gobernación, Omer Badilla, afirmó que la alerta surgió de información de inteligencia sobre la posible llegada de personas ligadas a redes delictivas panameñas.

“Los ahora detenidos intentaron ingresar al país este sábado por vía terrestre, en el puesto fronterizo sur. Esta información de inteligencia permitió identificar que estas personas estarían vinculadas con estructuras criminales panameñas relacionadas con actividades de narcotráfico y sicariato”, sostuvo Badilla, según recogió EFE.

El Ministerio de Seguridad Pública no informó las nacionalidades de los capturados. Medios de Costa Rica señalaron que se trataría de ciudadanos panameños, aunque esa versión no fue confirmada de forma oficial en el comunicado gubernamental.

Las autoridades costarricenses iniciarán las coordinaciones con sus pares de Panamá para trasladar a los detenidos a ese país y evitar que permanezcan en territorio costarricense.

Badilla señaló que la actuación forma parte de una política de control migratorio y seguridad basada en el intercambio de información, la coordinación entre organismos nacionales y la cooperación con otros países de la región.

“Costa Rica mantiene una política de control migratorio y de seguridad firme, basada en la inteligencia, coordinación interinstitucional y cooperación internacional, para impedir que personas vinculadas con estructuras criminales utilicen nuestro territorio”, expresó el funcionario.

Las autoridades alertan por el uso de Costa Rica como ruta del narcotráfico

El arresto ocurre en un contexto de preocupación de las autoridades por el avance de organizaciones vinculadas al tráfico internacional de drogas. Según el Gobierno costarricense, el país es utilizado como un punto de recepción y almacenamiento de cargamentos procedentes de Suramérica.

Parte de esa droga es enviada después hacia Estados Unidos y Europa, sobre todo a través de contenedores marítimos. La ubicación geográfica de Costa Rica y su conexión comercial por los puertos del Caribe y el Pacífico la han convertido en una ruta bajo vigilancia de las fuerzas de seguridad.

En los últimos años, el país también registró un aumento de los homicidios relacionados con disputas entre organizaciones narcotraficantes. Las autoridades atribuyen al narcotráfico más del 60% de esos crímenes.

Las fuerzas de seguridad han informado sobre la desarticulación de diversas organizaciones y la captura de varios de sus líderes. Entre ellas figura el Cartel del Caribe, señalado por las autoridades como la primera estructura local de narcotráfico establecida en Costa Rica.

La entrega de los 4 detenidos dependerá ahora de las gestiones que las autoridades costarricenses realicen con Panamá, mientras continúa la investigación sobre sus presuntos vínculos con las bandas criminales identificadas.

Panamá prevé mantener el abastecimiento interno de arroz, al menos, hasta abril del próximo año, pese a la reducción de la superficie sembrada por El Niño y el aumento de los costos agrícolas.

La proyección incluye el inventario disponible, las importaciones autorizadas por contingente y la cosecha que está en marcha, informaron las autoridades agrícolas.

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) elaboró esa estimación a partir de un inventario realizado en junio.

La entidad sumó a ese cálculo las compras externas aprobadas y el volumen esperado del actual ciclo agrícola.

El consumo mensual del país se ubica en alrededor de 778.000 quintales de arroz en cáscara, limpio y seco, según las cifras actualizadas por el MIDA.

Aparicio sostuvo que el sistema necesita una reserva por encima de la demanda habitual.

“Debemos mantener en inventario por lo mínimo 1,5 millones de quintales”, dijo el funcionario.

Esa reserva contempla el consumo de un mes y una cantidad adicional para responder ante eventuales problemas en la producción nacional o en la disponibilidad del grano.

El MIDA calcula que el actual año agrícola terminará con cerca de 60.000 hectáreas sembradas de arroz.

La superficie destinada al cultivo bajó en varias zonas del país. La mayor caída se registró en la provincia de Coclé, donde las siembras disminuyeron 60%, de acuerdo con lo señalado por Aparicio.

El descenso superó incluso al observado en el arco seco, una de las regiones más expuestas a los períodos de falta de lluvias.

El director nacional de Agricultura indicó que el resultado en Coclé contrasta con las condiciones de infraestructura de la provincia.

Allí se concentra la mayor cantidad de hectáreas bajo sistemas de riego.

La disponibilidad de esos sistemas puede limitar una parte de los daños asociados a El Niño, aunque no eliminó las dificultades de los productores.

El clima adverso coincidió con gastos vinculados a la guerra y con el encarecimiento de los combustibles.

La reducción de las siembras afectó el volumen previsto de la cosecha, pero la cartera agropecuaria considera que el conjunto de existencias, importaciones y producción permitirá responder al consumo interno durante el período calculado.

Por otro lado, en Panamá se proyectan perforar cerca de 500 pozos nuevos y ampliar la infraestructura para enfrentar la temporada seca, luego de detectar que una parte de las obras ejecutadas en administraciones anteriores funciona de forma limitada o quedó sin uso.

El plan oficial incluye la perforación de aproximadamente 500 pozos en áreas productivas. El objetivo, de acuerdo a la información, es mejorar el acceso al agua para las actividades agropecuarias durante los meses de menor precipitación.

La institución ya dispone de más de 60 abrevaderos, entre infraestructuras nuevas y espacios rehabilitados. Esas obras están destinadas a garantizar agua para el ganado y otros sectores rurales cuando disminuyen las lluvias.

Aparicio adelantó que en las próximas semanas llegarán equipos para reforzar la preparación ante la estación seca.

El funcionario planteó que la inversión pública debe apuntar a soluciones que se mantengan operativas con el paso del tiempo.

“Creemos en reservorios de agua que sean lo suficientemente amplios y grandes que resuelvan a futuro la solución”, sostuvo el director nacional de Agricultura.

La propuesta también contempla la creación de distritos de riego en diferentes regiones panameñas. El MIDA asegura que busca, además, acompañar a los productores que realicen inversiones privadas en sistemas destinados a asegurar la disponibilidad de agua.

La estrategia pretende reducir la dependencia de las lluvias y disminuir la exposición del sector agrícola a los efectos climáticos.

Para la entidad, los reservorios y la infraestructura de riego deben responder a necesidades permanentes, no solo a las urgencias de cada estación seca.

El incidente ocurrió en la Arena Roberto Durán, en Ciudad de Panamá, tras la pasarela en traje de noche y a pocos minutos del anuncio del Top 7. La transmisión en vivo se pausó de forma temporal mientras ingresaban paramédicos para atenderla.

De acuerdo con Red Uno, Ávila se tambaleó y cayó de frente sobre la tarima, con un golpe en la cabeza. El medio indicó que el desvanecimiento se habría vinculado con cansancio extremo.

La reanudación del certamen y la coronación

Tras recuperarse, la representante de Los Santos volvió al escenario y avanzó al Top 7. Según Realidad Noticias Panamá, el programa se retomó y, pasadas la 1:00 a. m., se anunció la lista de finalistas, en la que también estuvieron Panamá Centro, Colón, Penonomé, La Palma, La Chorrera y Chiriquí.

Vale mencionar que fue Gabriela Lineth González del Valle quien se coronó como Miss Universe Panamá 2026 tras la final celebrada en la Arena Roberto Durán, que comenzó el sábado 5 de septiembre y terminó en la madrugada del domingo 6. La representante de Chiriquí, de 20 años, obtuvo el título entre 28 aspirantes y llevará la banda del país al certamen internacional del 24 de noviembre en Puerto Rico.

Con apenas 19 años de edad y una imponente estatura de 1.83 metros, la joven chiricana conocida artísticamente como ‘Gabilineth’ deslumbró al jurado gracias a su soltura y seguridad en el escenario. Desde su llegada a la gran final, González del Valle se posicionó como una de las máximas favoritas del público y de los expertos en certámenes de belleza, destacando notablemente por su elegancia en la pasarela y su gran fluidez comunicativa para representar a Panamá a nivel internacional.

Gabriela domina con soltura el idioma inglés y se encuentra lista para emprender una nueva y exigente etapa formativa al iniciar sus estudios superiores en la carrera de medicina dentro de la Universidad de Panamá.

La definición llegó en el anuncio final, cuando González del Valle quedó tomada de las manos con la representante de La Chorrera, Emily Barahona, quien fue elegida virreina. La ganadora reaccionó con emoción al escuchar su nombre.

Premiaciones especiales y participación invitada

Durante el evento se entregaron cinco premiaciones especiales: Miss Taboga recibió Proyección social, Miss Bocas del Toro fue Embajadora digital, Miss Chiriquí Occidente obtuvo Miss fotogénica, Miss Colón ganó Mejor piel y Miss Panamá Norte fue elegida Miss amistad.

También participó Mirna Caballini, Miss Universe Panamá 2024, quien regresó al escenario nacional tras representar al país el año pasado en Tailandia.

La emocionante gala fue conducida por Analía Núñez y Sheldry Sáez, exrepresentantes panameñas en el concurso. La competencia incluyó pasarelas en traje de noche y traje de baño, la selección de un Top siete y una ronda de preguntas para evaluar el desempeño de las candidatas.

El fenómeno atmosférico de El Niño exige acción antes de que la escasez de agua comprometa el abastecimiento de las comunidades, la producción de alimentos, la generación de energía y las operaciones del Canal de Panamá.

Así lo plantea la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), organización que afirma valora la declaratoria de estado de emergencia hecha recientemente por el Gobierno, como una medida preventiva, aunque advirtió que su resultado dependerá de la ejecución de medidas concretas.

La emergencia busca anticipar los efectos previstos para la estación seca y acelerar la respuesta estatal ante los riesgos climáticos.

Para que esa decisión tenga impacto, el organismo empresarial manifiesta que las instituciones deberán proteger las reservas hídricas, asistir a los productores, atender las zonas vulnerables y garantizar que los recursos públicos se usen con transparencia y bajo fiscalización.

La organización sostiene que el fenómeno atmosférico no debe limitarse a una preocupación del sector agropecuario. El riesgo alcanza actividades vinculadas con el agua, desde la producción de cultivos y la cría de ganado hasta la industria y la infraestructura.

El abastecimiento para consumo humano figura entre las prioridades señaladas por la Apede. La disponibilidad del recurso también condiciona la generación hidroeléctrica y la continuidad de distintas actividades económicas.

En ese escenario, la operación del Canal de Panamá ocupa un lugar central. La entidad considera que cualquier afectación a esa vía estratégica puede tener consecuencias para la economía y la competitividad del país.

La Apede plantea que la gestión del agua debe asumirse como una responsabilidad ambiental, social, económica y estratégica. La preservación de las reservas para los meses secos aparece como una medida necesaria para reducir las consecuencias de una posible sequía.

La asociación recuerda que detrás de los indicadores climáticos existen impactos directos sobre la población.

Una inundación, señala, puede dejar a una familia sin vivienda o incluso causar muertes, mientras que la falta de lluvias puede llevar a un productor a perder cosechas, animales, ingresos y meses de trabajo.

La declaratoria de emergencia permite al Gobierno aplicar procedimientos especiales para contratar obras, equipos, insumos y servicios que resulten necesarios. Reconoce que las instituciones requieren capacidad de reacción ante una amenaza que puede avanzar con rapidez.

La entidad remarca que una intervención posterior al daño ya no cumple una función preventiva. Por ese motivo, señala que los próximos meses constituyen un período para preparar al país y orientar a los sectores expuestos.

La asociación anuncia la conformación de un equipo para seguir las medidas que adopte el Estado. Desde sus áreas de especialidad, buscará aportar propuestas para que las decisiones sean oportunas, eficientes y dirigidas a las personas y actividades que requieran atención.

También indica que seguirá la evolución del fenómeno mediante sus comisiones de Ambiente y Resiliencia y de Asuntos Agropecuarios. El objetivo, aduce la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, incluye evaluar las implicaciones para la actividad económica y abrir espacios de colaboración con las autoridades.

La organización pide que la prevención se traduzca en resultados en los territorios. La asistencia no debe quedar restringida a anuncios o planes generales, sino que debe alcanzar a comunidades, productores y sectores que dependan del recurso hídrico.

Afirma que la rapidez necesaria para responder a la emergencia no puede implicar una disminución de los controles. La organización menciona como antecedente las dudas que surgieron durante la pasada pandemia en torno al uso de procedimientos excepcionales.

La entidad reclama que la ciudadanía pueda conocer qué se contrató, quién fue el proveedor, cuál fue el monto y cuál era el propósito de cada gasto. También considera necesaria la trazabilidad de las decisiones tomadas por las instituciones responsables.

La cirugía cerebral profunda que se realiza en el Hospital Dr. Rafael Estévez de Aguadulce, provincia de Coclé, permite que pacientes con Parkinson recuperen funciones cotidianas afectadas por la enfermedad, como caminar, vestirse y comer. El procedimiento busca reducir síntomas motores y devolver autonomía a personas que cumplen criterios médicos específicos.

El neurocirujano Omar Gordón indicó que la estimulación cerebral profunda puede generar una mejoría de entre 50% y 80% en síntomas como el temblor, la rigidez y la lentitud de movimientos.

La técnica, según se explicó, está dirigida a pacientes seleccionados luego de evaluaciones médicas y neuropsicológicas, aunque no todos los casos de Parkinson son candidatos para este tipo de tratamiento.

La operación consiste en colocar un electrodo en el cerebro, conectado a un dispositivo implantado debajo de la clavícula. Ese sistema regula las señales vinculadas con el movimiento.

Tras la cirugía, el paciente suele recibir el alta hospitalaria entre uno y dos días después, y la activación del dispositivo se realiza cerca de un mes más tarde.

La enfermedad de Parkinson es una afección cerebral que causa trastornos del movimiento, mentales y del sueño, dolor y otros problemas de salud, que empeoran con el tiempo.

Aunque no hay cura, los tratamientos y los medicamentos pueden reducir los síntomas comunes como los temblores, las contracciones musculares dolorosas y la dificultad para hablar.

Da lugar a altas tasas de discapacidad y hace necesaria la atención, toda vez que muchas personas con la enfermedad de Parkinson también acaban padeciendo demencia.

Suele afectar a personas mayores, pero también puede darse en las más jóvenes, y suele afectar más a hombres que a mujeres.

Se desconoce qué causa la enfermedad, pero el riesgo de padecerla es mayor en las personas con antecedentes familiares.

Esta vez la intervención fue la primera de este tipo realizada mediante una colaboración entre el Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social (CSS), alianza que reunió capacidades de la red pública para atender patologías neurológicas que requieren procedimientos especializados.

Gordón señaló que una cirugía de estas características puede costar entre $90.000 y $100.000 en el sector privado, y el acceso dentro de la red estatal reduce esa barrera para los pacientes que requieren el tratamiento.

Las operaciones de estimulación cerebral profunda se practican en la institución desde 2014. El hospital de Aguadulce las realiza desde 2016.

En tanto, la Ciudad de la Salud realizó por primera vez una cirugía de reconstrucción ósea en el brazo izquierdo de un paciente de ocho años con un tumor maligno.

El procedimiento incluyó la extracción de un osteosarcoma convencional y la reconstrucción posterior de la zona afectada con hueso tomado del propio cuerpo del menor.

Se trata de un tumor óseo primario maligno más frecuente en el mundo, y la intervención permitió retirar la lesión y conservar una alternativa reconstructiva para el brazo del paciente.

El cirujano principal fue el ortopeda oncólogo panameño Ahmed Atterly, integrante de la Ciudad de la Salud, y el equipo sumó la colaboración ad honorem de dos especialistas del Instituto Ortopédico Rizzoli de Bolonia, Italia.

El instituto italiano al que pertenecen atiende patologías complejas y funciona como centro de referencia internacional. Costantino Errani, ortopeda oncólogo, y Paolo Sassu, microcirujano, participaron en la operación.

Fernando Boyd Galindo, ministro de Salud, sostuvo que se trató de un procedimiento de alcance regional. “Van a hacer una operación que es un hito en toda la región, porque este tipo de microcirugía, es muy complicada, muy compleja”, afirmó.

Añadió que los especialistas italianos viajaron a Panamá para aportar su experiencia en una intervención orientada a salvar la vida del niño.

Marcos Young, director ejecutivo nacional de Servicios y Prestaciones de Salud, vinculó el resultado con la cooperación entre las instituciones sanitarias públicas y los profesionales internacionales.

“El mensaje es que nosotros tenemos las capacidades, y que juntos, Minsa-CSS, con profesionales del resto del mundo, podemos hacer muchos cambios en favor de la salud de los panameños”, expresó Young.

La cirugía abrió una opción de tratamiento conservador para pacientes pediátricos con lesiones óseas complejas. La reconstrucción con tejido propio busca preservar la funcionalidad de la extremidad después de la extracción del tumor.

Panamá avanza con cautela hacia una posible incorporación a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), mediante un proceso de acercamiento que podría extenderse durante varios años.

El trabajo se organizará a partir de las prioridades nacionales, y el plan ahora contempla un memorándum de entendimiento y una hoja de ruta adaptada a las necesidades del país, señaló la viceministra de Economía del Ministerio de Economía y Finanzas, Eida Gabriela Sáiz.

“Panamá no está en un proceso de adhesión. Panamá no tiene una agenda impuesta por la OCDE. Panamá ha identificado prioridades internas dentro del país para ponerlas en una agenda y estructurarlas dentro de lo que viene a ser un memorándum de entendimiento y un plan de acción”, expresó.

En junio de 2025 se anunció como un hecho histórico que el país había formalizado su solicitud de adhesión a la OCDE, mediante una nota entregada por el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha Vásquez, al secretario general de la organización, Mathias Cormann, en París, Francia.

Sáiz manifestó que el proceso con la OCDE apunta a incorporar referencias internacionales para mejorar las capacidades estatales, las políticas públicas y las condiciones que favorecen la inversión.

Sostuvo que el objetivo no se limita a una posible adhesión futura al organismo, planteando que Panamá busca conocer y evaluar experiencias de otros países para ajustarlas a su propia realidad.

“Este proceso debe partir de nuestras propias prioridades y necesidades”, afirmó, al señalar que el conocimiento internacional puede servir como una herramienta para reforzar las capacidades nacionales.

La funcionaria disertó sobre las “Rutas hacia el acercamiento de Panamá a la OCDE: variables, beneficios, retos y oportunidades”, durante una actividad en la XI Cumbre Financiera Internacional, organizada por la Asociación Bancaria de Panamá.

El diseño de la estrategia, según explicó, deberá responder a los desafíos internos antes que a modelos externos, manifestando que la intención es utilizar las prácticas internacionales como insumos para identificar políticas que resulten aplicables en el país.

Indicó que Panamá inicia este acercamiento desde una posición favorable, teniendo entre los factores favorables la ubicación geográfica, el Canal de Panamá, la conectividad y las plataformas logística y financiera.

Esas condiciones, dijo, han contribuido a atraer inversiones y a sostener el crecimiento económico nacional, lo que en su opinión constituyen una base sobre la cual el país puede proyectar una nueva etapa de desarrollo.

El escenario internacional exige, de todos modos, avances en áreas que permitan ampliar la competitividad. Por lo que señaló que las transformaciones económicas y laborales demandan instituciones con mayor capacidad de respuesta.

Con anterioridad, el ministro del ramo, Felipe Chapman, sostuvo que una eventual incorporación a la OCDE ayudaría a consolidar la confianza en el país, al proyectar un entorno institucional más sólido y predecible.

La inversión aparece entre las prioridades de la agenda. También forman parte de ese grupo el sistema educativo, el desarrollo de competencias, la integridad pública, la gobernanza y el medio ambiente.

El fortalecimiento del capital humano ocupa un lugar central en el proceso de acercamiento a la OCDE, con una propuesta que incluye desarrollar habilidades, acelerar la adopción tecnológica, aprovechar los datos y mejorar el funcionamiento de las instituciones.

La innovación también figura como un componente de la estrategia. La funcionaria vinculó esa meta con la necesidad de preparar a la población para las competencias que requerirán los nuevos sectores de la economía.

En el ámbito educativo, Sáiz destacó durante su intervención en el foro bancario el valor del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA), herramienta que permite medir las competencias de los alumnos y compararlas con referencias internacionales.

José Gabriel Carrizo, exvicepresidente de Panamá, comparecerá este lunes 7 de septiembre ante un juez de garantías por enriquecimiento injustificado agravado, informan medios locales. La fiscalía sostiene que declaró un aumento patrimonial sin justificar de USD 1.9 millones y la audiencia definirá si el caso avanza a juicio oral.

La imputación fue dictada el 26 de enero de 2026 por la jueza de garantías Oris Medina. La diligencia de este lunes se celebrará en el Sistema Penal Acusatorio de Plaza Ágora y corresponde a la fase intermedia del proceso: la fiscalía presentará formalmente su escrito de acusación y anunciará sus pruebas, mientras la defensa expondrá sus propios elementos.

Qué se resolverá en la audiencia de este lunes

La comparecencia no resolverá si Carrizo es culpable o inocente. El juez deberá revisar la acusación, evaluar las pruebas anunciadas por ambas partes y resolver posibles controversias sobre su admisibilidad antes de determinar si existen condiciones para enviar el expediente a juicio oral.

Antes de llegar a esta etapa, la fiscalía pidió en dos ocasiones que el caso fuera declarado causa compleja para ampliar el tiempo de investigación. Ambas solicitudes fueron rechazadas y, una vez vencido el plazo legal, el Ministerio Público cerró la investigación y presentó la acusación.

La investigación formalmente cerrada obligó a la Fiscalía Anticorrupción a avanzar con el escrito de acusación para revisión judicial. Ese mismo expediente se originó en el reporte de la Contraloría General de la República, que detectó el supuesto incremento patrimonial atribuido al exvicepresidente.

En noviembre de 2025, el contralor Anel Flores ordenó el secuestro de bienes y cuentas bancarias de Carrizo por hasta USD 1.3 millones. La medida cautelar buscó asegurar fondos ante una eventual condena y un posible resarcimiento al Estado panameño.

Carrizo fue vicepresidente de Laurentino Cortizo entre 2019 y 2024. Ambos han intentado juramentarse como diputados al Parlamento Centroamericano, pero no lo han conseguido hasta ahora.

La fiscalía apeló el fallo que rechazó la aprehensión de un apartamento

El expediente sumó otro episodio el viernes 4 de septiembre, cuando la jueza Karolina Santamaría rechazó la solicitud del Ministerio Público para secuestrar un apartamento de Carrizo en Costa del Este. La fiscalía apeló esa decisión y la audiencia para resolver el recurso quedó fijada para el 23 de septiembre a las 14:00 horas.

Según publicó Destino Panamá, durante esa audiencia el Ministerio Público sostuvo que algunos de los últimos pagos del inmueble fueron hechos entre agosto y septiembre de 2019, cuando Carrizo ya ejercía como servidor público. La fiscalía alegó por esa razón que la propiedad guardaba relación con la investigación.

La defensa respondió que el apartamento había sido adquirido antes de la llegada de Carrizo al cargo. Según sus abogados, la promesa de compraventa fue suscrita el 23 de mayo de 2019, las escrituras fueron emitidas el 18 de junio de ese año y el exvicepresidente asumió funciones el 1 de julio de 2019.

El abogado Roberto Moreno sostuvo ante el medio que faltaba autorización judicial para ejecutar la medida: “La Fiscalía tenía que tener la autorización de un juez de garantía”. También defendió el origen previo del bien: “Ese apartamento es anterior a que el señor Carrizo fuera funcionario público”.

La jueza concluyó que la aprehensión era ilegal y señaló que la solicitud de secuestro del bien no cumplía las condiciones previstas en el artículo 351 del Código Penal de Panamá. Según la resolución reseñada por la publicación, aunque parte de los pagos se hizo durante el período en que Carrizo fue vicepresidente, esos fondos provenían de un plazo fijo que mantenía su familia por cerca de USD 2,3 millones.

La Cámara de Comercio de Panamá volvió a cuestionar los controles de precios y sostuvo que esa política provocó distorsiones en la cadena productiva, redujo incentivos para la oferta y terminó por trasladar costos hacia los consumidores.

La organización afirmó que advirtió esos efectos desde la creación de la medida y que mantuvo esa postura durante la administración anterior.

La regulación tuvo su origen en el Decreto Ejecutivo N.º 165, aprobado el 1 de julio de 2014, norma que estableció precios máximos de venta al por menor y márgenes brutos de comercialización para 22 alimentos.

El esquema nació en un período marcado por el aumento del costo de vida, y la intención oficial era contener incrementos considerados desproporcionados en los alimentos de consumo habitual.

La disposición también buscaba corregir situaciones que afectaban la competencia en el mercado. La legislación contemplaba este tipo de intervención como un recurso excepcional y temporal.

En 2025, el régimen todavía incluía ocho alimentos, y las decisiones posteriores dejaron bajo control únicamente la carne molida de primera, el aceite vegetal, la leche en polvo y el pan de molde blanco.

Según los comerciantes, la intervención no resolvió de forma estructural el costo de la canasta básica.

Para el gremio empresarial, el carácter temporal del control quedó desmentido por su duración.

La medida se instauró como una herramienta transitoria, pero se mantuvo durante más de una década.

En su nota dominical, que lleva como responsable a su presidente, Aurelio Barría Pino, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá indicó que el esquema generó subsidios cruzados entre productos y trasladó parte de los costos a otros artículos. También alertó que afectó las condiciones de abastecimiento.

La entidad sostuvo que Panamá ya atravesó esa experiencia y pidió no repetirla.

Su planteamiento es que los controles de precios restringen el funcionamiento de las cadenas comerciales, mientras que la competencia amplía las alternativas disponibles.

El Gobierno nacional busca mecanismos para reducir el gasto de los hogares en alimentos y productos esenciales y la Cámara considera necesario ese objetivo, pero propone alcanzarlo sin restablecer mecanismos de intervención directa sobre los precios.

La discusión se centra ahora en la iniciativa Canasta Básica pa’ Ti, que el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) conversa con representantes del sector privado.

El gremio describió esa propuesta como una alternativa basada en el diálogo, la adhesión voluntaria de las empresas y la búsqueda de precios más accesibles.

No obstante, consideró que ese método puede avanzar si respeta la competencia y las condiciones particulares de cada cadena de comercialización.

También señaló que el Estado debe actuar como facilitador de los acuerdos, sin imponer la participación empresarial.

La propuesta, según el pronunciamiento de los empresarios, debe apuntar a una fórmula basada en una mayor oferta, más competencia y opciones de compra que permitan reducir el gasto de los consumidores.

El desafío, añadió la organización, será transformar las conversaciones en resultados concretos.

Aduce que la iniciativa deberá definir qué productos formarán parte de la canasta, cuál será el ahorro efectivo para los hogares y si habrá existencias suficientes en los comercios.

El gremio también planteó que el programa deberá demostrar que puede sostenerse en el tiempo.

Para la Cámara, la evaluación no debería limitarse a los anuncios ni a la cantidad de productos incluidos.

Los dos indicadores centrales, remarcó, serán la disponibilidad y el precio final. El objetivo será que los consumidores encuentren los artículos contemplados y paguen menos por ellos.

La posición de la Cámara se mantiene: los controles de precios producen distorsiones, mientras que la competencia puede generar alternativas para el público.

La entidad propuso mantener un diálogo entre el sector público y el privado para desarrollar medidas sostenibles que alivien el bolsillo de los panameños.

La Declaración de Resultados de Alto Nivel y el Plan de Acción de Panamá serán los documentos centrales que buscará dejar el Congreso Mundial de Áreas Protegidas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), a realizarse en Panamá.

Las decisiones, según se informó, apuntarán a orientar las políticas de conservación durante la década siguiente.

El encuentro se realizará del 4 al 10 de septiembre de 2027 y reunirá a gobiernos, empresas, organizaciones civiles, pueblos indígenas y comunidades locales.

Entre los objetivos está acordar acciones para que las áreas protegidas respondan a la pérdida de biodiversidad, la crisis climática, los problemas de salud y las presiones económicas, con la mirada puesta en las metas internacionales de 2030.

Los organizadores indicaron que el Congreso Mundial de Áreas Protegidas se celebra una vez por década, y la edición panameña pondrá al país como sede de un debate internacional sobre la relación entre biodiversidad, clima, desarrollo y bienestar de las poblaciones vinculadas a los territorios conservados.

Se agregó que la convocatoria no se limitará a analizar la superficie bajo protección. La UICN propone evaluar si esos espacios cumplen sus objetivos, cuentan con recursos suficientes y garantizan la participación de las personas que viven en ellos o dependen de ellos.

La organización considera que parques nacionales, reservas y otras áreas conservadas pueden contribuir a enfrentar desafíos que coinciden en distintos territorios, entre los que figuran la contaminación, la degradación de los ecosistemas y las amenazas sobre especies y hábitats.

Grethel Aguilar, directora general de la UICN, definió al congreso como un ámbito de intercambio entre sectores con trayectorias diferentes.

“Es un espacio único para que personas con diversas experiencias y conocimientos se conecten”, afirmó.

Aguilar sostuvo que la discusión incluirá los problemas que afectan hoy a las zonas destinadas a la conservación, y también relacionó el encuentro con la necesidad de fortalecer el aporte de esos territorios a la paz, el progreso y la prosperidad después de 2030.

La propuesta de la UICN parte de una idea: declarar una zona protegida no garantiza, por sí sola, que la conservación funcione. La eficacia, afirma, dependerá de la administración, del cumplimiento de los objetivos ambientales y de la distribución de capacidades y recursos.

El segundo eje del encuentro llevará el nombre “Ampliando la conservación eficaz y equitativa”, donde la discusión buscará impulsar sistemas capaces de obtener resultados duraderos a gran escala.

Se plantea que el crecimiento de las áreas protegidas debe ir acompañado por mecanismos de gestión que contemplen criterios de equidad, bajo una perspectiva que incluye la protección de derechos y una mayor atención a las condiciones de quienes participan en el cuidado cotidiano de los territorios.

El primer tema será “Forjando un futuro resiliente y saludable”, donde se abordará el vínculo entre naturaleza, bienestar social y salud planetaria frente a los riesgos que enfrentan los ecosistemas.

La agenda analizará el aporte de las áreas conservadas a la protección de especies y hábitats, y también examinará su relación con las políticas climáticas, la salud humana y la capacidad de las economías para enfrentar crisis ambientales.

El tercer eje del congreso se denominará “Conservando juntos”, propuesta que pondrá la dimensión humana de la conservación en el centro de las conversaciones previstas para la cita panameña.

El debate abarcará los derechos, las responsabilidades, la gobernanza y las capacidades de las personas y entidades que administran o habitan los espacios protegidos. La UICN sostiene que una gestión inclusiva resulta necesaria para el futuro de estas áreas.

La organización reconoce el papel directo de los pueblos indígenas y las comunidades locales en la protección de los territorios. El encuentro buscará incorporar sus experiencias junto con las de autoridades, organizaciones y otros sectores involucrados.

El ministro de Ambiente de Panamá, Juan Carlos Navarro, advirtió sobre el escenario ambiental que deberá abordar el congreso. “El planeta agoniza ante una crisis de deforestación, contaminación, extinción de especies, calentamiento global y pérdida de biodiversidad”, sostuvo.

El 32,5% de un grupo analizado por las autoridades del Ministerio de Salud (Minsa) presentó VIH y/o alguna ITS.

El estudio alertó sobre la presencia de infecciones que pueden no causar síntomas y, por ese motivo, quedar fuera de los modelos de detección centrados solo en manifestaciones clínicas.

La información surgió de una investigación realizada con personas atendidas en servicios comunitarios de tamizaje.

La evidencia plantea la necesidad de ampliar de forma progresiva las capacidades de diagnóstico, prevención, tratamiento y seguimiento dentro del sistema sanitario.

Titulada “La carga oculta de las ITS en Panamá”, la información fue desarrollada por AHF Panamá y el Departamento de Microbiología Humana de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá.

El trabajo incluyó a 308 participantes captados en servicios comunitarios de tamizaje para ITS y VIH de AHF Panamá.

Los investigadores aplicaron pruebas serológicas y métodos de diagnóstico molecular, y las evaluaciones permitieron examinar la presencia de VIH, sífilis activa y distintos agentes vinculados a las infecciones de transmisión sexual.

El informe determinó que el 21,4% de los participantes tenía al menos un patógeno del panel molecular que podía interpretarse desde el punto de vista clínico.

La prevalencia combinada de VIH y/o ITS alcanzó el 32,5% en la cohorte estudiada, y el resultado aportó datos epidemiológicos para identificar brechas en la respuesta sanitaria nacional.

La presentación de los hallazgos se realizó durante una actividad vinculada al Día Mundial de la Salud Sexual, encuentro que reunió a especialistas para revisar prioridades y oportunidades de cooperación en prevención, diagnóstico y atención integral.

Yelkys Gil Mojica, directora general de Salud, quien integró un panel estratégico de expertos, encabezó la participación institucional integrando un panel estratégico de expertos.

La funcionaria aportó la mirada del Ministerio de Salud sobre los resultados de la investigación y sobre sus posibles efectos en las políticas públicas y los servicios sanitarios del país.

Carlos Chávez, jefe de la Sección de ITS/VIH/SIDA del Minsa, centró su intervención en los aspectos técnicos y programáticos de la respuesta nacional.

El análisis incluyó la prevención combinada, el diagnóstico oportuno, el tratamiento, la vinculación de las personas con los servicios de salud y el seguimiento de quienes tienen ITS o VIH.

Para el Minsa, los datos servirán como insumo para consolidar una respuesta diferenciada y basada en evidencia. La entidad planteó que las acciones deben integrar la prevención, el diagnóstico, la atención y el seguimiento.

Entre las herramientas mencionadas figuran la profilaxis preexposición, conocida como PrEP, la vacunación, el uso de preservativos y la consejería.

La institución sostuvo que la respuesta no debe limitarse al número de pruebas realizadas, toda vez que el enfoque busca contemplar el recorrido de cada persona dentro del sistema de salud, desde el acceso hasta el diagnóstico, el tratamiento, la prevención y los controles posteriores.

Uno de los puntos analizados fue el carácter asintomático de varias infecciones de transmisión sexual, pues una persona puede tener una ITS sin advertir señales clínicas, lo que dificulta la identificación de los casos cuando la atención depende solo de la aparición de síntomas.

El informe indicó que esta situación representa un desafío para los mecanismos de detección vigentes, ya que la ausencia de manifestaciones clínicas puede retrasar el diagnóstico y la vinculación con los servicios adecuados.

El Minsa señaló que la generación de información epidemiológica y el intercambio técnico ayudan a reconocer áreas que requieren mejoras, destacando la necesidad de que las medidas respondan a las condiciones reales de la población.

La estrategia requiere la intervención coordinada del sector público, la academia, las organizaciones comunitarias, la sociedad civil y otros actores vinculados con la salud sexual.

Mientras, la Región Metropolitana de Salud desarrolló una sesión educativa para trabajadoras sexuales a través del Centro de Salud de Pueblo Nuevo.

La actividad buscó reforzar los conocimientos sobre la prevención de enfermedades, la promoción de la salud y el cuidado personal.

Durante la jornada, el equipo abordó contenidos sobre la Clínica de Higiene Social y el Control, las infecciones de transmisión sexual, la realización del Papanicolaou y el cumplimiento del esquema de vacunación.

El evento alcanzó a 27 participantes, quienes recibieron material educativo y 184 preservativos como parte de las medidas de educación y prevención.

El Ministerio de Salud de Panamá (Minsa) y la Clinton Health Access Initiative (CHAI) firmaron un memorándum de entendimiento para fortalecer el análisis epidemiológico de la malaria.

El acuerdo busca mejorar el uso de los datos y orientar las decisiones de prevención, diagnóstico, vigilancia y tratamiento.

La firma extiende una cooperación iniciada hace más de una década, durante la cual CHAI ha brindado asistencia técnica y herramientas para organizar la información sanitaria. El nuevo documento pretende mantener ese acompañamiento mientras Panamá intenta reducir los contagios y avanzar hacia la eliminación de la transmisión local.

El comunicado oficial, sin embargo, no especifica la duración del memorándum, los recursos financieros comprometidos ni las metas cuantificables que deberán alcanzarse. Tampoco detalla un cronograma de ejecución, las regiones priorizadas o los mecanismos que se utilizarán para evaluar los resultados de la alianza renovada

Esos elementos serán relevantes porque el valor del acuerdo dependerá de su capacidad para transformar la información en intervenciones concretas. La vigilancia epidemiológica permite identificar dónde aparecen los contagios y cómo se desplazan, pero su utilidad disminuye cuando los registros llegan tarde o no activan respuestas rápidas en las comunidades afectadas.

CHAI trabaja con Panamá desde 2014 y apoya programas contra la malaria en otros países de América Latina y el Caribe. Su estrategia incluye fortalecer las redes de trabajadores comunitarios y los sistemas de detección, además de mejorar el diagnóstico, el tratamiento, el control del mosquito y la planificación basada en evidencia.

Uno de los aportes de esa cooperación fue el desarrollo de un módulo especializado dentro del sistema nacional de vigilancia. La plataforma integra datos sobre notificación, tratamiento, clasificación, investigación y seguimiento de pacientes, que pueden ser consultados por localidad, foco de transmisión, región o provincia.

El sistema permite que las autoridades observen la evolución territorial de la enfermedad con mayor precisión y decidan dónde concentrar personal, medicamentos, pruebas diagnósticas o acciones contra el mosquito. También ayuda a detectar posibles retrasos en el seguimiento y diferencias entre los registros regionales.

Antes de incorporar esas herramientas, parte de la vigilancia panameña dependía de formularios en papel y bases de datos separadas. Ese esquema generaba demoras, duplicidad de tareas e inconsistencias. La digitalización busca facilitar el acceso oportuno a los reportes, aunque requiere conectividad, capacitación y uso constante en campo.

Carlos Echeverría, director regional de operaciones de CHAI, señaló que Panamá fue el primer país que acogió la iniciativa regional dirigida a eliminar la malaria. La organización mantiene presencia principalmente en países donde la transmisión persiste dentro de comunidades rurales, indígenas o con acceso sanitario limitado.

En Panamá, esas condiciones dificultan la respuesta porque numerosos poblados están separados por ríos, montañas o extensas distancias. La detección temprana depende con frecuencia de la presencia de equipos de salud y colaboradores comunitarios, capaces de localizar casos, tomar muestras y facilitar el tratamiento completo de las personas diagnosticadas.

El memorándum fue firmado mientras el país registra 5.298 casos acumulados hasta la semana epidemiológica 34. La cifra es 50,3% inferior a los 10.663 casos reportados en igual periodo de 2024 y 31,7% menor que los 7.758 contabilizados durante 2025.

La reducción interanual muestra una mejora, pero no debe interpretarse como una disminución continua durante las últimas semanas. En la semana 32 se contabilizaban 5.062 casos, por lo que el total aumentó en 236 registros entre ambos cortes, incluyendo posibles notificaciones correspondientes a periodos anteriores.

La malaria se transmite mediante la picadura de mosquitos infectados del género Anopheles y puede provocar fiebre, escalofríos, cansancio y dolor de cabeza. El diagnóstico y tratamiento oportunos reducen el riesgo de complicaciones y ayudan a interrumpir la cadena de transmisión.

El Departamento de Control de Vectores participa desde 1956 en la estrategia nacional contra la malaria. Sus labores incluyen vigilancia, diagnóstico y control del mosquito, con especial atención a las zonas de difícil acceso donde la cobertura permanente de servicios médicos resulta más compleja y costosa.

La Organización Panamericana de la Salud mantiene como objetivo eliminar la enfermedad en las Américas hacia 2030. Alcanzar esa meta exige llevar a cero los contagios locales, investigar cada caso y conservar sistemas preparados para detectar rápidamente cualquier reaparición.

El nuevo memorándum proporciona una base para continuar la cooperación, pero sus efectos dependerán de objetivos verificables, recursos suficientes y presencia sostenida en las comunidades. La reducción de casos constituye un avance; el desafío será convertir mejores datos en respuestas capaces de cerrar definitivamente los focos de transmisión.

La Autoridad Aeronáutica Civil (AAC) introdujo cambios en las condiciones de participación y evaluación de la licitación para ampliar el Aeropuerto Internacional José Ezequiel Hall, en Isla Colón. La entidad mantuvo el precio de referencia de $25 millones, el alcance de las obras y el plazo de ejecución establecido en 24 meses.

Las modificaciones quedaron incorporadas mediante la Adenda 2 y un nuevo pliego de cargos, publicados después de la reunión de homologación del 21 de agosto. Los ajustes buscan ampliar la competencia entre los proponentes, al flexibilizar requisitos relacionados con la experiencia empresarial, el personal clave y determinados documentos técnicos.

Uno de los principales cambios beneficia a quienes aspiren a ocupar la gerencia del proyecto. La AAC redujo de diez a cinco años la experiencia profesional mínima exigida y amplió los tipos de obras que podrán acreditarse, incluyendo centros comerciales, edificios residenciales, oficinas, hospitales, instalaciones deportivas, aeropuertos y carreteras de alto tráfico.

La misma apertura fue aplicada al ingeniero civil o arquitecto residente. Además de proyectos aeroportuarios y viales, ahora podrán reconocerse trabajos realizados en distintas edificaciones de gran escala. Si el profesional no posee todavía el certificado del seminario PIRO, será admitida una carta que comprometa su presentación posteriormente.

Para los especialistas en pavimentos, la institución también redujo de diez a cinco años la experiencia mínima. El requisito continúa concentrado en carreteras de alto tráfico, con cuatro carriles o más, diseñadas para equipos pesados y con espesores específicos de rodadura en pavimento flexible, según establece el pliego modificado.

La experiencia del ingeniero electromecánico fue reformulada para aceptar trabajos de diseño, instalación, inspección o puesta en funcionamiento de sistemas de bombeo pluvial y sanitario. Antes, la redacción estaba centrada en la adecuación de esos equipos; ahora incorpora más etapas de ejecución dentro de proyectos de infraestructura.

La Adenda 2 eliminó además el límite máximo de certificaciones que podían aportar varios integrantes del equipo. Las constancias podrán ser emitidas por empresas, autoridades competentes, clientes o responsables directos, siempre que permitan comprobar las características, el valor, las fechas y las funciones desarrolladas por cada profesional.

También cambió la forma de acreditar la experiencia técnica de las compañías. El nuevo documento separa los antecedentes en diseño y construcción, acepta proyectos aeroportuarios, sistemas pluviales o carreteras de alto tráfico y establece que, para acumular experiencia, cada certificación deberá corresponder a una obra de al menos $3 millones.

La evaluación conserva una puntuación total de 100 puntos: 45 corresponden a la oferta económica, 34 a criterios administrativos, 15 a la capacidad financiera y seis al diseño conceptual. Dentro del componente administrativo, la trayectoria de la empresa representa 18 puntos y el personal clave aporta los otros 16.

En construcción, el máximo de 14 puntos será otorgado cuando las obras acreditadas acumulen $16 millones o más. Los antecedentes comprendidos entre $8 millones y $16 millones recibirán siete puntos, mientras que los montos inferiores obtendrán tres. Para diseño, la calificación máxima será de cuatro puntos.

Otro ajuste alcanza a las pruebas contra la corrosión para los sistemas de climatización. La AAC permitirá presentar ensayos sobre materiales y recubrimientos específicos, o reportes correspondientes a equipos similares fabricados con la misma tecnología. Los documentos deberán acreditar al menos 2.000 horas de exposición a niebla salina.

Esos certificados técnicos podrán tener una antigüedad máxima de cinco años y, cuando estén redactados en otro idioma, deberán presentarse con su correspondiente traducción al español. La precisión responde a las condiciones salinas de Isla Colón, donde la resistencia de equipos y componentes resulta determinante para su funcionamiento.

La ampliación mantendrá como pieza central una nueva terminal de pasajeros de al menos 2.400 metros cuadrados, con áreas para registro, espera, embarque, equipajes, Migración, Aduanas, aerolíneas y comercios.

El edificio podrá atender operaciones nacionales e internacionales y deberá incorporar una arquitectura tropical vinculada con Bocas del Toro.

El proyecto también contempla ampliar la pista de 25 a 30 metros de ancho, construir una extensión de 160 metros, rehabilitar pavimentos y colocar nuevas luces LED. Se añadirán una calle de rodaje, plataforma para aeronaves, estacionamientos, drenajes, tratamiento de aguas residuales y sistemas de abastecimiento y protección contra incendios.

La terminal actual será demolida después de que la nueva infraestructura pueda asumir las operaciones, para reducir las interrupciones a pasajeros y aerolíneas. Durante los trabajos, el contratista deberá coordinar las intervenciones en pista y plataforma, mientras el aeropuerto continúa prestando servicio al destino turístico.

La AAC indicó en una nota aclaratoria del 3 de septiembre que no responderá nuevas consultas sobre el procedimiento, porque el periodo para formularlas concluyó durante la homologación. Las propuestas deberán presentarse electrónicamente el 24 de septiembre, mientras la obra conservará cuatro meses para diseño y 20 para construcción.

La nueva terminal será levantada en el extremo opuesto a las instalaciones actuales, sobre un globo de terreno adquirido recientemente para desarrollar el proyecto. La ubicación permitirá construir el edificio sin paralizar el servicio y, cuando esté operativo, la terminal existente será demolida para completar la reorganización aeroportuaria.

Una pieza central de la ampliación será la construcción de una cerca perimetral alrededor de las áreas operativas, destinada a impedir la entrada de personas y animales a la pista. Este tipo de incursiones, registradas anteriormente, representa un riesgo para las aeronaves durante los despegues y aterrizajes y compromete la seguridad operacional.

La licitación despertó el interés de 13 empresas nacionales e internacionales, que participaron en la reunión de homologación convocada por la Autoridad Aeronáutica Civil. La concurrencia aumentó frente al proceso anterior y anticipa una mayor competencia por el contrato, aunque la participación no garantiza que todas presenten propuestas.

El Aeropuerto Internacional José Ezequiel Hall constituye la principal puerta de entrada aérea a Isla Colón, centro de la actividad hotelera, gastronómica y recreativa del archipiélago. Su ampliación busca fortalecer la conectividad de Bocas del Toro, considerado uno de los destinos turísticos más importantes de Panamá, y mejorar la experiencia de los visitantes.

Panamá permanecerá bajo un aviso de vigilancia por lluvias y tormentas significativas hasta las 6:00 p.m. del lunes 7 de septiembre. El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) incluyó todo el territorio nacional y sus zonas marítimas.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) también emitió un aviso de prevención para la población, ante la posibilidad de inundaciones, deslizamientos, crecidas repentinas de ríos y quebradas, ráfagas de viento, caída de árboles y reducciones de visibilidad en las carreteras.

La inestabilidad está relacionada con el paso de la onda tropical número 43, cuyo ingreso al istmo comenzó durante las primeras horas del sábado. Su interacción con sistemas de bajas presiones y la vaguada monzónica favorecerá la formación de lluvias y tormentas entre moderadas y fuertes.

El IMHPA anticipó que los episodios más intensos podrían producirse durante el sábado 5 y el domingo 6 de septiembre. El mapa de vigilancia presenta acumulaciones aproximadas de entre 50 y 200 milímetros en distintos sectores, aunque los registros variarán según cada distrito.

Las precipitaciones pueden estar acompañadas por actividad eléctrica y vientos capaces de desplazar objetos o derribar ramas. Las zonas con suelos saturados, pendientes pronunciadas y drenajes insuficientes enfrentan una mayor posibilidad de afectaciones, incluso cuando los aguaceros sean de corta duración.

El aviso ocurre mientras Panamá se encuentra bajo la influencia del fenómeno de El Niño, asociado al calentamiento anormal de las aguas del Pacífico ecuatorial. Este evento modifica la circulación atmosférica y suele generar temperaturas elevadas, lluvias irregulares y periodos secos más prolongados.

El Niño no significa, sin embargo, que dejará de llover durante toda la temporada. En Panamá suele reducir o alterar la distribución normal de las precipitaciones, pero ondas tropicales, bajas presiones y la vaguada monzónica todavía pueden coincidir y producir tormentas intensas en periodos relativamente cortos.

La diferencia está en la regularidad. Una temporada puede terminar con un déficit acumulado de agua, aunque determinados días registren aguaceros muy fuertes. Esas lluvias concentradas generan escorrentías rápidas, inundaciones y deslizamientos, sin garantizar necesariamente una recuperación sostenida de ríos, suelos y embalses.

El pronóstico más reciente asigna una probabilidad del 100% de persistencia de El Niño durante el resto de 2026 y hasta comienzos de 2027. Los modelos también anticipan un fortalecimiento del episodio durante los próximos meses.

En Panamá, sus efectos suelen sentirse con mayor fuerza en la vertiente del Pacífico y el Arco Seco, donde disminuye la disponibilidad de agua para actividades agrícolas y ganaderas. También pueden aumentar las temperaturas, el estrés sobre los cultivos y el riesgo de incendios durante los periodos secos.

La irregularidad de las lluvias mantiene además la atención sobre los lagos que abastecen al Canal de Panamá y a una parte de la población. Los aguaceros puntuales pueden elevar temporalmente algunos niveles, pero la recuperación depende de precipitaciones constantes dentro de las cuencas que alimentan los embalses.

Ante las condiciones previstas, Sinaproc pidió evitar ríos, quebradas y áreas inundadas, especialmente durante y después de las lluvias. También recomendó no permanecer en playas o espacios abiertos mientras haya tormentas eléctricas y mantener distancia de árboles, estructuras inestables y tendidos eléctricos.

Los conductores deberán reducir la velocidad y conservar una distancia prudente entre vehículos, debido a la disminución de visibilidad y la acumulación de agua sobre las vías. La institución también aconsejó evitar estacionamientos bajo árboles y asegurar objetos que puedan ser desplazados por las ráfagas asociadas a las tormentas.

En zonas propensas a inundaciones, las autoridades recomendaron identificar rutas seguras, proteger documentos y mantener disponibles linternas, baterías, agua y medicamentos. Si comienza una crecida, la indicación es trasladarse hacia un punto elevado y evitar atravesar corrientes a pie o en vehículos.

El Centro de Operaciones de Emergencias Nacional mantiene un monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas. La población debe seguir los comunicados del IMHPA y Sinaproc, mientras cualquier emergencia puede reportarse mediante la línea 911 o el teléfono 520-4426 habilitado por Protección Civil.

Las restricciones aplicadas por el Canal de Panamá están provocando cambios en el transporte marítimo internacional. Algunos buques gaseros han comenzado a modificar sus recorridos, mientras la competencia por los espacios disponibles elevó las subastas a cifras millonarias y el menor calado reduce la cantidad de carga transportada.

La presión combina dos fenómenos externos: el fortalecimiento de El Niño y las interrupciones en el estrecho de Ormuz. La menor disponibilidad de agua obliga al Canal a restringir su capacidad operativa, mientras los problemas en Medio Oriente desvían más embarcaciones hacia Panamá y aumentan la demanda por atravesar la vía interoceánica.

Un reporte de Bloomberg reveló que la congestión está obligando a algunos transportistas de gas licuado de petróleo a explorar rutas excepcionales.

Los buques neopanamax, utilizados habitualmente para llevar cargamentos desde el golfo de Estados Unidos hasta Asia, enfrentan los mayores aumentos en tarifas y tiempos de espera.

Uno de los casos corresponde al Gas Scorpio, un supertanquero que emprendió un recorrido poco frecuente alrededor de Sudamérica para dirigirse hacia Estados Unidos. El desvío, que lo llevó frente a las costas chilenas, puede agregar aproximadamente un mes al viaje. Una operación similar solo se había observado durante la sequía de 2023.

La congestión también generó movimientos de carga frente a Balboa. El buque panamax Energia Grandeur, que navegaba por el Pacífico hacia Japón, regresó para transferir gas al neopanamax Eneos Wisdom.

Según operadores consultados por Bloomberg, mantener la nave viajando durante un mes hasta Asia resultaba menos conveniente que utilizarla como transporte auxiliar a través del Canal.

Al momento del reporte existían 14 embarcaciones sin reserva esperando cerca de la vía, dentro de un total de 115 programadas para transitar. Los buques sin cupo que viajaban hacia el norte enfrentaban demoras máximas de ocho días, mientras aquellos con dirección sur podían esperar cuatro. Algunos operadores prefirieron pagar millones para abandonar la fila.

La competencia por esos espacios aumentó considerablemente. Ricaurte Vásquez, administrador saliente del Canal, explicó a gCaptain que la proporción de embarcaciones que llegaba sin reserva pasó de 10% a entre 20% y 25%. Cuando aparece un cupo disponible, las navieras interesadas presentan ofertas y gana la más alta.

En una de las subastas participaron hasta 18 embarcaciones por un solo espacio, frente a los dos o tres competidores registrados normalmente. Durante mayo y junio hubo un promedio de cuatro oferentes por cupo neopanamax; en julio aumentó a ocho y, durante agosto, llegaron a presentarse hasta 15 aspirantes en una misma jornada.

La escalada también quedó reflejada en los precios. Antes del conflicto con Irán, los cupos subastados se situaban entre $135,000 y $140,000. En marzo y abril aumentaron hasta aproximadamente $385,000, pero en agosto una oferta alcanzó el récord de $5.3 millones, superando los $4.6 millones pagados durante la semana anterior.

La administración canalera sostiene que no establece directamente el precio final de las subastas. Las tarifas resultan de la competencia entre las embarcaciones que llegaron sin una reserva y deciden participar cuando surge una plaza. Tres cupos diarios se reservan para segmentos como el gas natural y el gas licuado, que necesitan espacios con poca anticipación.

A la disminución de cupos se suma la reducción del calado máximo, es decir, la profundidad hasta la cual puede hundirse una embarcación. El límite para los neopanamax bajó de 15.24 metros, equivalentes a 50 pies, a 14.63 metros o 48 pies, obligando a algunos buques a transportar menos mercancía para navegar con seguridad.

El exadministrador Jorge Quijano explicó a AFP que un barco pierde alrededor de 200 contenedores por cada reducción de 30 centímetros en el calado. Como el ajuste aplicado fue de aproximadamente 61 centímetros, un portacontenedores podría dejar de movilizar cerca de 400 unidades, aunque el impacto exacto depende de su diseño y distribución de carga.

El cálculo resulta relevante para embarcaciones con capacidad de hasta 16,000 contenedores. De acuerdo con el reporte de AFP, una reducción prolongada puede traducirse en mayores costos de transporte y tiempos de entrega, con posibles consecuencias sobre los precios pagados finalmente por los consumidores.

El Canal había contemplado disminuir posteriormente el límite hasta 47.5 pies, pero esa nueva reducción fue pospuesta hasta otro aviso debido al nivel reciente del lago Gatún y las proyecciones meteorológicas. Por ahora se mantienen los 48 pies, lo que evita que los buques tengan que sacrificar aproximadamente otros 100 contenedores adicionales.

La reducción de la capacidad diaria añade otra presión. Desde septiembre, el Canal comenzó a disminuir los cruces de 36 a 34 embarcaciones, con una segunda etapa prevista para llevarlos a 32. Con menos espacios, más competidores y barcos obligados a reducir carga, cada tránsito adquiere un valor comercial considerablemente mayor.

El nuevo escenario muestra cómo el clima, la geopolítica y el comercio mundial están convergiendo en Panamá. Las navieras deben escoger entre esperar, pagar una subasta millonaria, transferir mercancía o realizar un recorrido mucho más largo. En cualquiera de esas opciones, la escasez de agua termina convertida en costos logísticos.

El Aeropuerto Internacional de Tocumen prepara dos proyectos estratégicos por aproximadamente $306,75 millones para ampliar la Terminal 2 y modernizar su campo de vuelo.

Las intervenciones buscan incrementar la capacidad de pasajeros y aeronaves, además de corregir deficiencias existentes en pavimentos y calles de rodaje.

La iniciativa de mayor tamaño corresponde al diseño, construcción y equipamiento del Muelle Sur de la Terminal 2, con un precio de referencia de $208,75 millones. La licitación fue publicada el 16 de julio y recibirá propuestas hasta el 28 de septiembre de 2026.

El proyecto despertó el interés de 26 empresas nacionales e internacionales, que participaron en la reunión previa y de homologación celebrada el 7 de agosto.

La asistencia no garantiza que todas entreguen ofertas, pero refleja la atención generada por una de las mayores contrataciones aeroportuarias recientes.

El Muelle Sur tendrá aproximadamente 21.097 metros cuadrados distribuidos en tres niveles y estará conectado física y operativamente con la Terminal 2.

Incorporará diez nuevas puertas de embarque en contacto, además de cuatro salas para posiciones remotas y un puesto destinado a autobuses de plataforma.

Las posiciones actuales 220, 221 y 222 serán reconfiguradas para integrarlas al nuevo alineamiento del edificio. En esas áreas se ejecutarán trabajos de pavimentación, señalización, drenaje, cimentaciones y canalizaciones, necesarios para instalar los puentes de abordaje y conectarlas con la ampliación prevista.

La obra incluirá una nueva plataforma para estacionar aeronaves, calles de rodaje, iluminación, ayudas visuales, drenajes pluviales y sistemas de abastecimiento de combustible.

También se extenderá la vía utilizada para acceder a la pista, mejorando la circulación entre las nuevas posiciones y el resto del complejo aeroportuario.

Una parte relevante del contrato será la sustitución de pavimentos flexibles por estructuras rígidas de concreto alrededor de la Terminal 2. La medida busca resolver las deformaciones detectadas en determinadas plataformas y reducir las reparaciones recurrentes que afectan el movimiento cotidiano de las aeronaves.

La Universidad Tecnológica de Panamá realizó estudios sobre las condiciones estructurales de los pavimentos afectados y entregó los resultados a Tocumen. Especialistas aeroportuarios analizaron posteriormente las causas de las irregularidades y determinaron las intervenciones técnicas incorporadas en el nuevo proyecto.

Los trabajos deberán desarrollarse por etapas para mantener el aeropuerto funcionando durante la construcción. Primero serán habilitadas las posiciones remotas 513 a 517 y las calles S8 y S9; posteriormente se intervendrán las posiciones 220, 221 y 222 para completar la integración del Muelle Sur.

El contratista dispondrá de 30 meses para diseños, permisos, construcción, equipamiento y pruebas, seguidos por un año adicional de mantenimiento. Hacia el mes 28 deberán estar sustancialmente terminados el nuevo edificio y su plataforma, mientras la entrega definitiva está prevista para el mes 30.

El segundo proyecto contempla una inversión estimada de $98 millones para modernizar integralmente el campo de vuelo. Las obras abarcarán pistas, plataformas y calles de rodaje, con el propósito de mejorar la seguridad, agilizar los movimientos y elevar la capacidad operativa del aeropuerto.

Esta intervención incorporará ocho posiciones remotas para aeronaves Clave C, categoría que incluye modelos como el Boeing 737, con una configuración que también permitirá atender aviones Clave E, como el Boeing 777. Los espacios estarán ubicados cerca del Muelle Norte de la Terminal 1.

El proyecto del campo de vuelo tendrá un plazo estimado de 27 meses, seguido igualmente por un periodo de mantenimiento de 12 meses. Tocumen no precisó en su comunicado la fecha de convocatoria, presentación de propuestas o adjudicación de esta segunda iniciativa, que permanece dentro de su planificación de infraestructura.

Con ambas ampliaciones, Tocumen proyecta alcanzar 64 puentes de embarque y 20 posiciones remotas, para un total de 84 espacios destinados a aeronaves. El aumento permitiría recibir más operaciones simultáneas y reducir presiones sobre plataformas que actualmente atienden un flujo creciente de vuelos y conexiones internacionales.

Durante 2025, la terminal aérea movilizó 20.978.865 pasajeros, un aumento de 8,6%, mientras para 2026 espera alcanzar aproximadamente 22,6 millones. Solo durante el primer semestre registró 11,53 millones de viajeros, alrededor de 15% más que en el mismo periodo del año anterior.

La planificación apunta a superar los 30 millones de pasajeros hacia 2030. Como más de tres cuartas partes de sus viajeros utilizan Tocumen para realizar conexiones, aumentar la capacidad permitirá acompañar nuevas rutas y frecuencias, fortalecer el turismo y mantener la posición de Panamá como centro aéreo regional.

La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) abrió una consulta para actualizar las reglas de calidad aplicables al servicio de internet en Panamá.

La propuesta incorpora nuevas mediciones, mayores obligaciones de información y compensaciones para consumidores afectados por interrupciones o degradaciones severas.

El documento todavía no constituye una regulación vigente. Actualmente continúan aplicándose las normas adoptadas mediante resoluciones de 2016 y 2017, junto con sus modificaciones. La ASEP evaluará los comentarios recibidos durante la consulta antes de aprobar, rechazar o modificar el texto definitivo.

La iniciativa responde a transformaciones como la expansión de la fibra óptica hasta los hogares, el internet fijo inalámbrico y los servicios satelitales. También considera el crecimiento de videoconferencias, plataformas audiovisuales, educación virtual y aplicaciones alojadas en la nube.

Uno de los cambios más visibles sería la obligación de acreditar dinero por interrupciones no atribuibles al usuario. La devolución se activaría cuando la falta de servicio supere 3,6 horas acumuladas, continuas o discontinuas, durante un mismo periodo de facturación.

El cálculo incluiría el cargo fijo de internet y otros servicios asociados, como telefonía fija o televisión pagada, mediante un prorrateo por el tiempo sin conexión. Si la interrupción atribuible al proveedor supera 24 horas, la compensación aumentaría progresivamente hasta duplicarse cuando exceda 72 horas.

Después de restablecer la conexión comenzaría un periodo de garantía de 48 horas consecutivas. Si durante ese plazo ocurre otra falla atribuible al operador y provocada por la misma causa, se consideraría una continuación del evento original y aumentaría el tiempo utilizado para calcular la devolución.

La regulación también consideraría una interrupción la degradación severa de la conexión, definida cuando la velocidad, latencia, variación de latencia o pérdida de paquetes registre un resultado igual o inferior al 40% contratado. Para reclamar, el cliente deberá efectuar mediciones durante dos días consecutivos.

Las pruebas deberán realizarse mediante una herramienta gratuita proporcionada por cada operador en su página web. El sistema mostrará velocidades de descarga y carga, latencia, fluctuación de la señal, pérdida de paquetes, fecha, hora y dirección IP, mientras conservará los resultados durante cuatro meses.

Las mediciones efectuadas por wifi no serían válidas para presentar ese reclamo. El usuario tendría que conectar directamente una computadora al equipo del proveedor mediante un cable Ethernet y desconectar otros dispositivos, con el propósito de evitar alteraciones en los resultados obtenidos.

Los contratos y facturas deberán identificar las velocidades de carga y descarga del plan adquirido, además de sus características comerciales. Los acuerdos vigentes necesitarán una adenda, que podrá tramitarse electrónicamente siempre que el proveedor pueda demostrar el consentimiento expreso del cliente.

La compensación deberá aparecer en la factura siguiente con el monto, la duración y la fecha del evento. Cuando la interrupción afecte un paquete de servicios, la devolución también alcanzaría cargos fijos asociados, una disposición que amplía el impacto económico para los operadores.

Ante una avería imprevista, las compañías tendrán que informar las áreas afectadas y el tiempo estimado de recuperación mediante páginas web, plataformas digitales o mensajes de texto. Además, deberán contactar directamente a los clientes perjudicados y mantener actualizaciones mientras continúe la interrupción.

Los proveedores también publicarían mensualmente sus indicadores de calidad de servicio. Cada trimestre divulgarían la cantidad de averías, fallas masivas, tiempos de reparación, incidentes informados a la ASEP y compensaciones realizadas, mediante contenidos fáciles de localizar y comprender.

La propuesta establece que las redes fijas deberán entregar al menos el 95% de las velocidades contratadas de carga y descarga. Para las conexiones inalámbricas fijas y satelitales de nueva generación, el umbral sería de 70%, debido a las diferencias entre estas tecnologías.

La latencia máxima sería de 50 milisegundos para redes fijas, 80 para conexiones inalámbricas y 100 para satelitales. Las instalaciones deberán completarse en tres días laborables y las averías atribuibles al concesionario repararse en dos, con un cumplimiento mínimo del 95% de los casos.

Las compañías tendrían que instalar una sonda por cada 5.000 clientes en cada provincia. Los equipos realizarían pruebas cada 30 minutos durante todo el día. Si una sonda incumple los parámetros durante dos meses consecutivos, se configuraría una violación de las normas de calidad.

Los operadores con menos de 5.000 clientes podrían quedar exceptuados de determinadas mediciones mediante una solicitud sustentada. Aunque la excepción busca evitarles cargas desproporcionadas, podría generar diferencias en la fiscalización disponible para los consumidores atendidos por empresas pequeñas.

La consulta comenzó el 4 de septiembre y permanecerá abierta hasta las 3:30 p.m. del 5 de octubre de 2026. Los comentarios podrán entregarse en la sede de la ASEP o enviarse a cpinternet@asep.gob.pa, antes de que la institución adopte una decisión definitiva.

En un túnel rodeado por los bosques de Gamboa, en Panamá, un grupo de murciélagos se prepara para convertirse en protagonista de una investigación poco común.

Los científicos quieren descubrir qué hacen cuando su sistema inmunitario detecta una amenaza: si descansan, modifican su alimentación, evitan a sus compañeros o buscan en la naturaleza algún remedio para recuperarse.

La investigación forma parte de SELFCURE, un proyecto internacional desarrollado con participación del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales (STRI).

El estudio comenzó en 2023 y reúne especialistas de Panamá, Alemania, Estados Unidos y Ucrania para responder una pregunta que parece sencilla, pero todavía no tiene una explicación científica definitiva: ¿los murciélagos se automedican?

La iniciativa está financiada por el Programa de Ciencias de la Frontera Humana y es dirigida por Rachel Page, Ralph Simon y Dan Becker, quienes combinan conocimientos sobre comportamiento animal, inmunología, ecología y tecnología de seguimiento.

La automedicación no es exclusiva de los seres humanos. Los chimpancés mastican determinadas cortezas para combatir parásitos intestinales, algunas orugas ingieren plantas tóxicas contra las moscas que las infectan y ciertas aves incorporan colillas de cigarrillos en sus nidos para repeler ácaros. El reino animal posee un botiquín sorprendente, aunque sus recetas no lleven instrucciones.

En experimentos piloto realizados antes del trabajo de campo, los investigadores ofrecieron diferentes frutas a murciélagos sanos y a ejemplares con síntomas de enfermedad inducidos de manera controlada.

De acuerdo con el material publicado por el STRI, algunos animales escogieron alimentos que normalmente no figuraban entre sus primeras opciones, pero que contenían compuestos medicinales o eran empleados en prácticas tradicionales. La elección despertó una sospecha fascinante.

Para comprobarlo en condiciones naturales, el equipo trabaja con murciélagos del género Carollia, frecuentes en los bosques tropicales panameños.

Entre ellos se encuentra el murciélago de cola corta de Seba, una especie que consume principalmente frutos del género Piper. Panamá alberga alrededor de 120 especies de murciélagos, con dietas y formas de buscar alimento extraordinariamente variadas.

La jornada comienza en un túnel de Gamboa, donde los investigadores colocan redes de niebla cerca de las entradas. Los ejemplares capturados son trasladados cuidadosamente en bolsas individuales hasta el laboratorio.

Solo se seleccionan machos y hembras adultos, mientras se excluyen las hembras preñadas y las madres lactantes para evitar riesgos innecesarios durante los procedimientos.

Cada murciélago recibe algo parecido a un chequeo médico: identificación, peso, temperatura, medidas corporales, hisopados de piel y boca, además de muestras de sangre y materia fecal.

Estos análisis permiten establecer si el animal se encontraba sano antes del experimento y conocer qué había comido. Aquí no basta con preguntar cómo se siente el paciente.

Después del examen, los ejemplares se dividen en tres grupos. Uno recibe una solución salina, mientras los otros son tratados con sustancias que simulan señales de una infección bacteriana o viral.

Los compuestos no provocan una enfermedad real, pero activan temporalmente el sistema inmunitario y pueden generar fiebre, cansancio o pérdida de apetito, como ocurre después de algunas vacunas.

La respuesta desaparece aproximadamente 24 horas después, pero ese intervalo ofrece a los científicos una oportunidad excepcional.

Pueden observar si los murciélagos permanecen en su refugio, vuelan menos, cambian sus zonas de alimentación o consumen plantas distintas de las habituales. También analizan si evitan el contacto con otros individuos mientras atraviesan el desafío inmunológico creado en el laboratorio.

Seguir a un animal pequeño y veloz durante la noche no es precisamente un paseo por el bosque. Los dispositivos GPS tradicionales resultan demasiado pesados para buena parte de los vertebrados de menor tamaño.

Por esa razón, cada murciélago lleva un transmisor VHF de aproximadamente 0.4 gramos, más pequeño que la uña del dedo meñique.

El aparato se coloca entre los omóplatos mediante un adhesivo soluble e inocuo, que se desprende entre diez y quince días después. Nueve estaciones de telemetría instaladas en Gamboa reciben una señal emitida cada segundo y permiten reconstruir los desplazamientos nocturnos.

Así se identifica cuánto tiempo permanece cada ejemplar cerca del refugio y qué sectores del bosque visita.

Dentro del túnel, cámaras infrarrojas graban continuamente durante dos días sin alterar la rutina de la colonia. Los investigadores distinguen a los animales tratados mediante pequeñas cintas reflectantes colocadas en el lomo.

La combinación de video, telemetría y análisis biológicos permite comparar el comportamiento individual con el estado inmunitario de cada murciélago observado.

El equipo ya ha seguido a más de 50 ejemplares y encontró patrones muy individuales. Las observaciones preliminares indican que probablemente cada murciélago busca alimento por su cuenta, en áreas diferentes.

Los científicos necesitan ahora identificar las plantas existentes en esos lugares y analizar las muestras fecales para determinar qué consumieron durante las noches posteriores al tratamiento.

La investigación también podría ayudar a definir qué tipos de bosque necesitan estas especies para obtener alimento y posibles recursos medicinales. Si determinadas plantas resultan importantes durante una respuesta inmunitaria, conservar solo los refugios no sería suficiente: también habría que proteger las rutas de vuelo y las zonas donde los animales encuentran los frutos necesarios para recuperarse.

Los murciélagos son animales sociales, poseen una notable memoria espacial y pueden aprender observando a otros miembros de su colonia.

Además, algunas especies intercambian información para localizar refugios o áreas productivas. SELFCURE intenta establecer si esa capacidad de aprendizaje también incluye conductas de autocuidado y si el conocimiento sobre ciertos alimentos puede transmitirse entre individuos.

Comprender estas respuestas ayudaría igualmente a estudiar la circulación de patógenos y a reducir encuentros riesgosos entre fauna y personas.

El Smithsonian advierte que las enfermedades zoonóticas están relacionadas con la destrucción de los hábitats, porque la deforestación y el crecimiento urbano empujan a los animales hacia zonas pobladas, aumentando el estrés y la posibilidad de contacto con los humanos.

Lejos de ser únicamente criaturas asociadas con cuevas, miedo y películas de terror, los murciélagos poseen sistemas inmunitarios eficientes y una longevidad extraordinaria.

El récord documentado para un ejemplar silvestre alcanza los 41 años, una edad notable para un animal tan pequeño. Descubrir cómo controlan las infecciones podría ofrecer nuevas pistas para la salud humana.

Los resultados definitivos todavía deberán esperar. El equipo procesa la información recogida en Gamboa y espera realizar otra ronda de seguimiento en Panamá.

Entretanto, queda abierta una posibilidad tan científica como intrigante: los murciélagos podrían conocer remedios naturales que los humanos aún ignoramos. Tal vez el próximo descubrimiento médico no esté en una farmacia, sino volando silenciosamente sobre el bosque tropical.

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) pospuso hasta nuevo aviso la reducción del calado máximo autorizada para los buques neopanamax, luego de evaluar el nivel del lago Gatún y las proyecciones meteorológicas más recientes. La medida permite mantener el límite vigente de 48 pies, equivalente a 14.63 metros en agua dulce tropical.

La disminución a 47.5 pies, o 14.48 metros, debía comenzar el 1 de octubre de 2026, según el calendario comunicado previamente a las navieras. Sin embargo, la ACP determinó que las condiciones actuales permiten conservar medio pie adicional de calado mientras continúa vigilando el comportamiento de las lluvias y los aportes a los embalses.

El aviso no establece una fecha nueva para ejecutar la reducción. La institución indicó que notificará oportunamente cualquier ajuste futuro que pueda modificar las condiciones de navegación, dependiendo de la evolución del lago Gatún y de las previsiones climáticas para la cuenca hidrográfica.

Los registros de la División de Hidrometeorología muestran que Gatún se encontraba en aproximadamente 84 pies durante la mañana del 5 de septiembre. Frente al techo de 89 pies utilizado en la escala del monitoreo, el embalse presentaba una diferencia cercana a cinco pies, lo que confirma que todavía permanece lejos de sus niveles superiores de almacenamiento.

La evolución mensual tampoco refleja una recuperación continua. Gatún comenzó agosto en 84.59 pies y descendió hasta 83.80 pies el día 26, su punto más bajo del periodo. Posteriormente experimentó una recuperación parcial de 0.28 pies, al alcanzar 84.08 pies el 30 de agosto, antes de estabilizarse alrededor de 84 pies.

Al comparar el inicio del mes con el registro del 4 de septiembre, cuando marcó 84 pies, el balance todavía representaba una disminución de 0.59 pies. Por tanto, la decisión de conservar el calado no responde a que Gatún haya recuperado todo lo perdido, sino a una estabilización reciente combinada con las proyecciones meteorológicas consideradas por la ACP.

El lago Alhajuela, identificado también como Madden en el sistema de monitoreo, registraba 237.55 pies durante la mañana del 5 de septiembre. Esa lectura se encontraba 12.45 pies por debajo de 250 pies, límite superior del rango favorable señalado por el tablero, y 17.45 pies debajo del techo de 255 pies mostrado en su escala.

Alhajuela cumple una función distinta, aunque complementaria, porque almacena agua que puede transferirse hacia Gatún mediante el río Chagres. Ambos embalses abastecen las operaciones del Canal y las plantas potabilizadoras que sirven a sectores de Panamá, Colón y Panamá Oeste, por lo que su manejo también debe proteger el consumo humano.

El calado determina la profundidad hasta la cual puede hundirse un buque con seguridad. Una reducción obliga a las embarcaciones, principalmente portacontenedores y graneleros, a disminuir la cantidad de carga transportada.

Mantener los 48 pies permite conservar mayor capacidad comercial y ofrece más previsibilidad a las navieras para organizar sus itinerarios.

La decisión representa un alivio operativo, pero no supone el retiro de las demás restricciones adoptadas frente a la reducción de las precipitaciones. La ACP había anunciado que los tránsitos diarios bajarían progresivamente, primero a 34 y después a 32, mientras las esclusas neopanamax quedarían limitadas a nueve cruces diarios.

Entre mayo y agosto, las lluvias acumuladas en la cuenca estuvieron 34% por debajo del promedio, mientras los aportes de agua a los embalses se redujeron 44%, según cifras divulgadas por la administración canalera. Ese déficit explica por qué la entidad mantiene una estrategia preventiva pese al repunte registrado al finalizar agosto.

La ACP ya había modificado dos veces el calendario. Primero trasladó la entrada en vigor de los 48 pies del 26 de agosto al 2 de septiembre y luego movió el recorte a 47.5 pies hasta octubre. Ahora deja esa reducción suspendida, una señal favorable para el transporte marítimo, aunque sujeta a un escenario hídrico todavía frágil.

En consecuencia, el Canal conserva una mayor capacidad de carga para los neopanamax, pero la amenaza de nuevas restricciones no ha desaparecido. El comportamiento de Gatún durante las próximas semanas será determinante, especialmente porque el embalse necesita acumular suficiente agua antes de la estación seca para sostener la navegación y el abastecimiento de la población.

Desde el 4 de septiembre, el Canal de Panamá redujo su capacidad diaria de 36 a 34 tránsitos, como parte de las medidas adoptadas ante el déficit de lluvias. El programa establece una segunda disminución a 32 cruces diarios desde el 15 de septiembre, mientras los cupos para buques neopanamax quedaron limitados a nueve por día.

Es la segunda vez en la historia reciente que el Canal de Panamá reduce los tránsitos diarios por una crisis hídrica asociada con El Niño. El antecedente ocurrió durante la sequía de 2023 y 2024, cuando la capacidad llegó a disminuir de 38 a 22 cruces diarios, acompañada de restricciones de calado y prolongados tiempos de espera.

Un ciudadano colombiano fue detenido en Chitré, en la provincia de Herrera, durante el Operativo Perseus, por su presunta vinculación con préstamos informales bajo la modalidad “gota a gota”.

El Servicio Nacional de Migración (SNM) informó que esa actividad era incompatible con el estatus migratorio que mantenía en Panamá.

El extranjero fue trasladado al Centro de Detención Administrativo Migratorio Masculino, mientras se realizan los trámites correspondientes. La información oficial no precisa cuánto dinero habría prestado, cuántas personas estarían involucradas ni si existen denuncias por amenazas, violencia o cobros relacionados con una posible estructura criminal.

El “gota a gota” consiste en entregar préstamos rápidos, generalmente sin contratos, garantías ni evaluación financiera. El dinero suele ofrecerse a comerciantes o personas sin acceso al sistema bancario, quienes deben realizar pagos diarios durante períodos cortos, con intereses que pueden resultar considerablemente superiores al capital recibido.

La modalidad no constituye automáticamente un delito únicamente por exigir pagos diarios. Sin embargo, puede adquirir carácter criminal cuando incorpora amenazas, intimidación, lesiones, extorsión, retención de documentos o daños a propiedades.

También puede generar responsabilidades cuando los prestamistas operan sin las autorizaciones exigidas por la legislación panameña.

La Dirección General de Empresas Financieras del Ministerio de Comercio e Industrias es la encargada de regular estas actividades, conforme a la Ley 42 de 2001. El MICI mantiene un registro de entidades autorizadas, por lo que prestar dinero de forma organizada y habitual exige cumplir requisitos legales y comerciales.

Además del posible incumplimiento financiero, un extranjero puede enfrentar consecuencias migratorias cuando realiza actividades remuneradas o comerciales distintas de las permitidas por su condición de permanencia. En este caso, el SNM señaló que el supuesto cobro diario no correspondía con su estatus, pero no anunció una imputación penal contra el colombiano.

El operativo ocurre después de que la Policía Nacional mencionara esta semana el “gota a gota” como una de las líneas investigadas por el asesinato de una pareja en Villa Lucre. La mujer estaba embarazada y falleció posteriormente por las heridas ocasionadas durante el ataque armado contra el vehículo.

Las autoridades, sin embargo, no han confirmado que una deuda originada mediante ese sistema fuera la causa del doble homicidio. El posible vínculo continúa bajo investigación y, hasta el momento, no se han reportado aprehensiones por el crimen, según la información divulgada sobre el caso.

El Servicio Nacional de Migración también informó sobre otros procedimientos desarrollados en diferentes puntos del país. En Los Santos fueron detectados dos ciudadanos nicaragüenses que presuntamente ingresaron por un puesto no habilitado.

Ambos quedaron remitidos a la Secretaría Judicial regional para continuar los trámites migratorios correspondientes.

En el Aeropuerto Internacional de Tocumen, las autoridades inadmitieron a un ciudadano estadounidense que, según el reporte oficial, mantenía antecedentes por hurto agravado y abuso sexual. El viajero habría presentado un pasaporte alterado, por lo que fue devuelto a Estados Unidos sin ingresar a Panamá.

En la terminal de Panamá Pacífico fue retenido un ciudadano colombiano que intentaba abandonar el territorio nacional. Al verificar sus datos, los funcionarios confirmaron que mantenía una orden de aprehensión vigente por delitos sexuales. Su salida fue impedida y posteriormente quedó a órdenes de la Dirección de Investigación Judicial.

Un procedimiento similar se desarrolló contra un ciudadano peruano cuando se disponía a salir del país. Una alerta migratoria reveló que era requerido por delitos contra la propiedad intelectual y la seguridad informática. El hombre también fue remitido a la DIJ para hacer efectiva la orden judicial pendiente.

Panamá investigó 297 casos relacionados con trata de personas entre enero de 2015 y el 30 de junio de 2026, informó la Procuraduría General de la Nación. La cifra comprende más de una década de investigaciones desarrolladas por la Fiscalía, aunque el reporte no presenta un desglose anual de los expedientes.

La información tampoco precisa cuántas investigaciones derivaron en imputaciones, condenas o archivos, ni la cantidad total de víctimas identificadas durante el periodo.

La Procuraduría destacó que las mujeres jóvenes figuran entre las principales afectadas, dentro de un delito asociado con la explotación y las organizaciones criminales transnacionales.

Los datos fueron divulgados durante el inicio del Mes contra la Trata de Personas, acompañado por la iluminación azul de la sede de la Procuraduría. La campaña busca promover la prevención y aumentar las denuncias, además de reforzar la protección y restitución de los derechos de las víctimas.

Entre los expedientes destacados aparece la Operación Kosovo, que permitió rescatar a dos mujeres panameñas y obtener una condena. También figura Luz de Esperanza, desarrollada para rescatar a cinco víctimas menores de edad, investigación que terminó con dos mujeres declaradas penalmente responsables.

Las autoridades describen estas estructuras como organizaciones que pueden operar en distintos países, movilizar dinero, falsificar documentos y aprovechar situaciones de vulnerabilidad.

La nueva Fiscalía Superior Especializada en Casos de Alta Complejidad pretende fortalecer la investigación de redes transnacionales y mejorar la identificación de sus integrantes y recursos financieros.

Durante 2025, la Operación Libertad permitió aprehender a tres personas investigadas por presunta trata con fines de explotación sexual.

El Ministerio Público realizó cuatro diligencias de allanamiento en edificios de la capital y rescató a 14 mujeres, según los resultados oficiales divulgados después del operativo.

Otro caso fue registrado en marzo de 2026 mediante la Operación Manos Protectoras, desarrollada en San Isidro, distrito de San Miguelito. Las autoridades aprehendieron a un hombre de 28 años investigado por captar menores y mujeres adultas, quienes eran promocionadas mediante catálogos digitales y aplicaciones como WhatsApp.

Según la Policía Nacional, el sospechoso recibía pagos mediante transferencias bancarias derivados de la presunta explotación sexual. Durante el allanamiento fueron incautados equipos tecnológicos que serían sometidos a análisis, con el propósito de identificar posibles víctimas, clientes y otros participantes.

Las investigaciones también alcanzaron una modalidad distinta: el supuesto reclutamiento de panameños para participar en la guerra entre Rusia y Ucrania. En julio, la Policía aprehendió en Tocumen a un hombre señalado de captar personas mediante falsas ofertas laborales y rescató a dos ciudadanos que se disponían a viajar.

El detenido mantenía en su poder los pasaportes de ambas personas, según el reporte policial. Las autoridades estiman que la red habría contactado a panameños desempleados ofreciendo salarios para combatir en el extranjero, mientras algunos documentos eran retenidos después del traslado, una práctica asociada con el control ejercido sobre las víctimas.

Un segundo investigado fue detenido en agosto por presuntamente participar en el mismo esquema. Las pesquisas señalan que alrededor de 18 personas habrían sido reclutadas, entre ellas un panameño que murió en el frente de batalla y otro cuyo paradero permanece desconocido, mientras el proceso continúa sin sentencia definitiva.

Los expedientes muestran que la trata no exige necesariamente cruzar una frontera ni se limita a la explotación sexual. El delito puede involucrar trabajo forzoso, servidumbre, reclutamiento para actividades criminales o conflictos armados, siempre que exista captación o sometimiento mediante engaño, amenaza, abuso, fuerza o coacción.

El panorama regional confirma la diversidad de estas modalidades. Datos citados por organismos internacionales señalan que el trabajo forzoso representa una parte importante de los casos detectados en América Latina, mientras mujeres, menores, migrantes y personas empobrecidas continúan entre los grupos con mayor exposición.

El Informe sobre Trata de Personas de 2025 del Departamento de Estado mantuvo a Panamá en el nivel 2. La clasificación significa que el país no cumple completamente los estándares mínimos para eliminar el delito, aunque desarrolla esfuerzos para mejorar la persecución penal, prevención y asistencia a sobrevivientes.

Las denuncias pueden presentarse en las sedes del Ministerio Público o mediante los teléfonos 505-3225 y 505-3266. Las autoridades recomiendan reportar retención de documentos, amenazas y situaciones de explotación, especialmente cuando las víctimas tienen limitada su libertad, dependen económicamente de terceros o temen represalias contra sus familiares.

Abraham Rico Pineda, hijo del diputado Raúl Pineda, continuará bajo arresto domiciliario luego de que una jueza rechazara modificar las medidas cautelares impuestas en su contra. El investigado está vinculado a la Operación Jericó por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales.

La decisión fue adoptada por la jueza de garantías Clara Montenegro, durante una audiencia celebrada en el Sistema Penal Acusatorio de Plaza Ágora. La juzgadora concluyó que los riesgos procesales identificados anteriormente no han disminuido y justifican mantener las restricciones vigentes.

La defensa particular solicitó eliminar el brazalete electrónico y reemplazar la detención domiciliaria por reportes periódicos los lunes, miércoles y viernes. También pidió autorización para que Rico Pineda pudiera trabajar, mientras permanecían vigentes la entrega del pasaporte y el impedimento de salida del país.

Montenegro negó las solicitudes después de escuchar los planteamientos de la defensa y del Ministerio Público. La jueza consideró que los elementos presentados no reducían los riesgos procesales, conforme al artículo 240 del Código Procesal Penal, y rechazó igualmente el permiso laboral solicitado por el imputado.

Uno de los aspectos valorados por el tribunal fue la información registrada mediante el sistema de geolocalización. De acuerdo con lo expuesto durante la audiencia, el brazalete electrónico detectó desplazamientos fuera del perímetro autorizado, pese a que Rico Pineda debía permanecer dentro de su residencia.

La jueza le advirtió sobre la obligación de cumplir estrictamente las condiciones establecidas. El Ministerio Público sostuvo que la vinculación del imputado se encuentra fortalecida y que no han desaparecido los riesgos relacionados con la gravedad de los hechos investigados y el peligro para la comunidad.

La defensa, encabezada por el abogado Víctor Orobio, anunció que apelará la decisión. La audiencia fue programada para el 18 de septiembre, a las 2:00 p.m., en el Sistema Penal Acusatorio de Plaza Fortuna, donde un tribunal superior revisará los argumentos sobre las medidas cautelares.

Orobio ha sostenido que la investigación ya concluyó y que mantener las restricciones podría representar una pena anticipada. También afirmó que un informe financiero permitiría justificar los bienes de su cliente, argumento que será nuevamente presentado durante la revisión anunciada ante el tribunal de apelaciones.

Rico Pineda fue aprehendido el 20 de agosto de 2024 como parte de la Operación Jericó y permaneció aproximadamente 17 meses en detención provisional.

El 2 de febrero de 2026, el tribunal le concedió arresto domiciliario con vigilancia electrónica, medida que ahora continuará vigente mientras avanza el proceso.

La Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas lo investiga por una transferencia de una elevada suma de dinero que presuntamente estaría relacionada con actividades ilícitas.

Según la tesis del Ministerio Público, los fondos habrían sido movilizados mediante estructuras empresariales para ocultar o dificultar la identificación de su origen.

Entre las sociedades investigadas figura Servicios Múltiples Rama S.A., vinculada a Rico Pineda y que mantuvo contratos con entidades públicas. Los fiscales sostienen que una de las compañías habría sido utilizada para estratificar dinero presuntamente procedente del narcotráfico, planteamiento que todavía deberá ser demostrado judicialmente.

La Operación Jericó comenzó formalmente el 30 de junio de 2023 para investigar una supuesta organización dedicada al tráfico internacional de drogas y al blanqueo de capitales. Las diligencias incluyeron interceptaciones telefónicas, seguimientos y análisis financieros, además de investigaciones sobre rutas, empresas, vehículos y propiedades.

La investigación reconstruyó una ruta que presuntamente comenzaba en Colombia y atravesaba Panamá y Costa Rica antes de continuar hacia México. Los cargamentos habrían ingresado por Guna Yala y Darién, para después ser trasladados mediante mochileros y vehículos con compartimentos ocultos hacia San Miguelito, Juan Díaz y Chiriquí.

Los operativos comprendieron más de 50 allanamientos en Panamá, Panamá Oeste, Colón, Chiriquí, Darién, Coclé y Los Santos. Las autoridades reportaron al menos 31 personas aprehendidas, además del decomiso de más de una tonelada de drogas, más de $300,000, vehículos y armas de fuego.

Cinco procesados aceptaron recientemente acuerdos de pena por reunión y conspiración para cometer delitos relacionados con drogas. Sin embargo, esos fallos no corresponden a Rico Pineda ni determinan su responsabilidad, pues su expediente continuará junto con otros imputados durante la etapa intermedia prevista para febrero de 2027.

A pocos días de que Ilya Espino de Marotta asuma la administración del Canal de Panamá, la Junta Directiva designó a Rubén Gustavo Pérez Pinzón como subadministrador temporal, una decisión que busca garantizar la continuidad operativa mientras concluye el proceso para escoger al titular permanente de esa posición.

Pérez Pinzón comenzará a ejercer el cargo el 7 de septiembre de 2026, fecha en la que Espino de Marotta dejará la subadministración y se convertirá en la primera mujer al frente de la vía interoceánica. Su periodo como administradora se extenderá hasta 2033.

La Junta Directiva adoptó la decisión mediante la Resolución ACP-JD-RM 26-1665 del 26 de agosto de 2026. La Autoridad del Canal de Panamá aclaró que el funcionario permanecerá en la posición hasta que finalice la selección y designación del nuevo subadministrador.

Por tanto, Pérez Pinzón acompañará inicialmente a Espino de Marotta durante la transición hacia una administración que enfrentará importantes desafíos operativos, climáticos y comerciales. Su nombramiento no significa que la estructura directiva para los próximos siete años esté completa, debido a que la designación definitiva continúa pendiente.

Pérez Pinzón se desempeña actualmente como vicepresidente de Capital Humano y acumula 35 años de experiencia en el Canal. Su trayectoria combina la gestión del personal con conocimientos sobre la operación marítima, una experiencia relevante para asegurar la continuidad institucional durante el cambio de administración.

A lo largo de su carrera ha liderado áreas relacionadas con reclutamiento, capacitación, salud y seguridad ocupacional y gestión del talento. También ha participado en negociaciones de convenciones colectivas y mesas de diálogo con las organizaciones sindicales que representan a los trabajadores de la vía acuática.

El subadministrador temporal ocupó anteriormente las gerencias de Capital Humano y Recursos de Tránsito, además de desempeñar posiciones directivas en Transporte Marítimo y Asistencia a Cubierta. Desde esas responsabilidades contribuyó con la planificación del relevo generacional y otros asuntos vinculados con la sostenibilidad operativa.

Es licenciado en Finanzas por la Universidad Católica Santa María La Antigua y posee maestrías en Ingeniería Industrial por la Universidad de Louisville y Administración de Empresas por INCAE. También cursó programas ejecutivos en INCAE y Wharton School de la Universidad de Pensilvania.

Espino de Marotta fue escogida en mayo de 2026 para sustituir a Ricaurte Vásquez Morales. La ingeniera marina tiene más de 40 años de experiencia en áreas técnicas, operativas y administrativas del Canal y desempeñó un papel relevante en el programa de ampliación inaugurado en junio de 2016.

Antes de ocupar la subadministración, ejerció como vicepresidenta de Negocios de Tránsito y vicepresidenta ejecutiva de Ingeniería. En 2024 fue nombrada además primera oficial de Sostenibilidad del Canal, con responsabilidades relacionadas con adaptación climática, reducción de emisiones y transformación de la operación marítima.

La nueva administración asumirá una cartera de más de $8,000 millones en proyectos estratégicos para la próxima década. Entre ellos figuran el lago de Río Indio, el corredor energético interoceánico, las terminales portuarias de Corozal y Telfers y una plataforma logística conectada mediante carreteras y ferrocarril.

El corredor energético contempla un gasoducto de aproximadamente 76 kilómetros y dos terminales marítimas, con capacidad proyectada para movilizar hasta 2.5 millones de barriles diarios de productos energéticos. La ACP cerró en julio la recepción de documentos para precalificar a las empresas interesadas.

El lago de Río Indio será otro de los retos centrales. El proyecto, estimado previamente en alrededor de $1,600 millones, busca reforzar el abastecimiento de agua para la población y el Canal. Para 2027 se programaron $82 millones destinados a reasentamientos, compensaciones y la licitación del diseño y construcción.

La seguridad hídrica cobra mayor relevancia ante la posibilidad de un fenómeno de El Niño fuerte durante el próximo año. La administración saliente advirtió que podrían aplicarse restricciones de calado y ajustes en las reservas diarias si disminuyen las lluvias y los niveles de los lagos.

La transición ocurre después de que el Canal registrara ingresos por tránsito de $4,802 millones entre octubre de 2025 y junio de 2026, un incremento interanual de 17%. Durante ese periodo, las utilidades alcanzaron $3,614 millones, lo que representó un crecimiento de 19% frente al año anterior.

Para el año fiscal 2027, la ACP proyecta ingresos por $5,555 millones y aportes directos al Tesoro Nacional por $3,608 millones. El presupuesto también reserva $341.3 millones para nuevas inversiones, contingencias y las primeras etapas de desarrollo de los proyectos estratégicos.

Pérez Pinzón participará inicialmente en esa transición, pero la responsabilidad de acompañar permanentemente a Espino de Marotta todavía no tiene un titular definido. La Junta Directiva deberá completar una selección clave para consolidar el equipo encargado de ejecutar la transformación del Canal hasta 2033.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, llegó este viernes 4 de septiembre a Guayaquil para reunirse con su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa Azín, en una visita de un día.

La agenda bilateral incluye seguridad, comercio, inversiones, migración, energía e intercambio de información financiera.

Mulino arribó a la Base Aérea Simón Bolívar, donde fue recibido por autoridades ecuatorianas y representantes diplomáticos. Antes del viaje, el mandatario panameño explicó que Noboa lo había invitado a compartir un almuerzo y conversar sobre asuntos de interés común para ambos países.

“Todos sabemos la difícil situación del Ecuador y el esfuerzo que estamos haciendo; lo que Panamá pueda hacer para colaborar con nuestros vecinos lo vamos a hacer”, afirmó Mulino. El presidente advirtió que existe una amenaza latente que continúa incrementándose y requiere unir esfuerzos regionales.

Uno de los principales asuntos será la cooperación contra las organizaciones criminales, las mafias y el narcoterrorismo. Noboa adelantó que ambos gobiernos buscan ampliar el intercambio de datos entre la Unidad de Análisis Financiero y Económico de Ecuador y organismos reguladores bancarios de los dos países.

La coordinación pretende facilitar la identificación de operaciones sospechosas, movimientos financieros y posibles vínculos con estructuras delictivas transnacionales.

Panamá y Ecuador enfrentan el uso de puertos, sistemas logísticos y circuitos comerciales por organizaciones dedicadas al tráfico internacional de drogas, lavado de dinero y otros delitos conexos.

Esta semana, los estamentos de seguridad panameños decomisaron 290 paquetes de droga dentro de un contenedor procedente de Ecuador y con destino a España.

En el ámbito comercial, representantes de ambos gobiernos suscribirán los términos de referencia de un Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica. El documento no constituye todavía un tratado comercial, sino que establece el marco político y técnico para comenzar las negociaciones bilaterales entre los dos países.

El proceso se desarrollará bajo la Asociación Latinoamericana de Integración y el Tratado de Montevideo de 1980, en consonancia con las obligaciones de la Organización Mundial del Comercio. Los términos serán firmados por el ministro panameño de Comercio e Industrias, Julio Moltó, y la ministra ecuatoriana Sahira Moya.

Noboa también mencionó la posibilidad de establecer un esquema de “empleo circular”, mediante el cual trabajadores podrían trasladarse temporalmente según las necesidades productivas de cada país. Ecuador podría enviar personal a Panamá durante determinadas temporadas y recibir mano de obra panameña cuando enfrente escasez en actividades específicas.

Otro punto planteado por el mandatario ecuatoriano es una eventual cooperación energética regional. Noboa sostuvo que Panamá podría vender electricidad a Ecuador durante periodos de excedentes, utilizando la futura interconexión eléctrica entre Panamá y Colombia y la conexión ya existente entre Colombia y territorio ecuatoriano.

La propuesta depende, sin embargo, de la culminación de la infraestructura que permitirá conectar eléctricamente a Panamá con Colombia. Por tanto, la posibilidad de exportar energía hacia Ecuador constituye un planteamiento de mediano plazo y no una operación disponible de manera inmediata entre los dos mercados.

La visita ocurre días después de que Panamá incluyera oficialmente a Ecuador en el listado de países amigos, mediante el Decreto Ejecutivo 16 del 31 de agosto de 2026. La decisión permite que los ciudadanos ecuatorianos puedan solicitar la residencia bajo esa categoría migratoria, siempre que cumplan las condiciones vigentes.

La incorporación fue presentada como una medida de reciprocidad después de que Ecuador excluyera a Panamá de su lista sectorial de jurisdicciones consideradas paraísos fiscales. El decreto panameño sostiene que esa decisión elimina barreras técnicas e impositivas y puede favorecer el comercio, la coinversión, la logística, el turismo y las actividades marítimas.

El beneficio migratorio no concede automáticamente la residencia permanente. Los solicitantes ecuatorianos deberán pasar por una fase de residencia provisional de dos años, además de cumplir los costos, depósitos de garantía y requisitos relacionados con actividad económica, ejercicio profesional o inversión establecidos por la normativa panameña.

El decreto aclara también que la residencia no sustituye el permiso de trabajo, que deberá gestionarse por separado ante el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. Tampoco autoriza a los beneficiarios a ejercer profesiones reservadas o reguladas por leyes especiales dentro de Panamá.

Como parte de la jornada, los cancilleres Javier Martínez-Acha y Roberto Kuri firmarán un acuerdo interinstitucional para intercambiar información migratoria. La comitiva panameña incluye además a la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, y a Jorge Vallarino, miembro de la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá.

La visita busca convertir el acercamiento diplomático reciente en mecanismos concretos de cooperación económica, migratoria y de seguridad. Tras concluir las reuniones y el almuerzo con Noboa, Mulino y su delegación tienen previsto regresar a Panamá durante la tarde del viernes.

La cartera de hipotecas de vivienda del Banco Nacional de Panamá finalizó el primer semestre de 2026 con cinco meses consecutivos de descensos, situando su saldo en $2,522.3 millones.

Esta variación representa el primer semestre negativo desde que existen registros en la entidad, en un contexto donde casi todos los grandes bancos hipotecarios panameños también experimentaron bajas.

El informe financiero divulgado por el banco estatal indica que, comparado con diciembre, la disminución en la cartera hipotecaria alcanzó los $24 millones, según detalla la publicación especializada Nexo.

El dato, agrega, contrasta con los incrementos registrados en los primeros seis meses de los años 2023, 2024 y 2025, cuando el crecimiento había sido de 7.1%, 5.5% y 1.7%, respectivamente. Para 2026, la variación es de -0.9%.

El descenso comenzó en febrero y se extendió durante cinco meses, con reducciones mensuales que oscilaron entre $6 millones y $6.9 millones.Aunque el saldo hipotecario del Banco Nacional cayó, la cartera total del banco logró un aumento de 5.5% en el semestre.

Sin embargo, Nexo detalla que el retroceso se concentró exclusivamente en el segmento de hipotecas de vivienda, mientras que el resto de los productos bancarios mantuvo un desempeño positivo.

Respecto a la pregunta sobre la situación reciente del crédito hipotecario en Panamá, los datos revelan que el Banco Nacional y la mayoría de los grandes prestamistas han reducido tanto el saldo como la colocación de nuevos créditos en el segmento de vivienda durante el primer semestre de 2026, pese a que la cartera global de la entidad no se vio afectada.

Según la presidenta de la Asociación Panameña de Corredores y Promotores de Bienes Raíces (Acobir), Katherine Reyes Espino, el acceso a la vivienda continúa siendo inaccesible para el 70% de la población.

Reyes Espino relaciona esta dificultad con cambios recientes en las condiciones bancarias, especialmente en lo que refiere a tasas y criterios para aprobar créditos.

El Banco Nacional de Panamá mantiene actualmente, siempre de acuerdo con Nexo, la tasa más alta para hipotecas de vivienda no preferencial entre los diez mayores bancos, con un 8.00%. Esta tasa ha permanecido sin cambios durante los primeros ocho meses de 2026.

La Superintendencia de Bancos aclara que estos porcentajes corresponden a los precios de lista, y que pueden variar en función del perfil crediticio del cliente.En agosto, apenas cuatro de los 24 bancos principales del país ajustaron sus tasas a la baja.

La Caja de Ahorros redujo su interés al 7.00%, mientras que el resto, incluido el Banco Nacional, optó por no modificar sus condiciones.

El análisis muestra que, para un préstamo de $250,000 a 30 años, la diferencia entre una tasa de 8.00% y una de 7.00% alcanza los $171 mensuales.

Entre los seis mayores bancos hipotecarios de Panamá, solo la Caja de Ahorros logró un crecimiento marginal en su saldo, del 0.77%, en el semestre. El total del mercado hipotecario apenas avanzó un 0.09%, una cifra muy inferior al crecimiento del semestre previo.

El Banco Nacional conserva la tercera posición en participación de mercado, aunque con una ligera baja, al pasar del 12.52% al 12.40% del total.

La entrega de créditos nuevos también sufrió una contracción notable. Los bancos estatales, sumando Banco Nacional y Caja de Ahorros, otorgaron $114.8 millones en hipotecas nuevas, lo que representa una caída del 36.6% respecto al año anterior.

Para el conjunto del sistema bancario, la reducción de colocaciones fue del 12.4%.

Durante los primeros cuatro meses de 2026, la banca estatal casi se retiró del segmento de hipotecas preferenciales, generando apenas $28 millones, frente a los $536 millones otorgados en 2022.

La Superintendencia de Bancos de Panamá, tras una solicitud formal, permitió por primera vez diferenciar claramente entre créditos preferenciales y no preferenciales.

La reducción en la colocación de créditos hipotecarios golpeó con mayor fuerza a la banca estatal. En 2022, los bancos oficiales participaron en el 54% de las nuevas hipotecas preferenciales; en los primeros meses de 2026, la proporción bajó al 41%. En términos absolutos, la caída fue del 95%.

En menos de tres meses, el Gobierno de Panamá adjudicó la construcción y equipamiento de dos nuevos centros penitenciarios, que representarán una inversión conjunta de $267,100,631 y permitirán incorporar 5,500 plazas.

Ambas licitaciones fueron ganadas por Constructora Rigaservices, S.A., después de recibir solamente dos ofertas en cada proceso.

El proyecto más costoso corresponde al Complejo Penitenciario de Provincias Centrales, conocido como la cárcel de Divisa, que será levantado en Los Canelos, distrito de Santa María, provincia de Herrera.

El Ministerio de Gobierno adjudicó la obra por $181,1, pese al rechazo expresado por residentes, autoridades locales y organizaciones comunitarias.

La convocatoria fue publicada en PanamáCompra el 8 de junio de 2026 y la adjudicación se emitió el 1 de septiembre, mediante la Resolución RA-031. Entre ambas fechas transcurrieron 85 días calendario, periodo durante el cual se efectuó la homologación, se modificó el pliego, se recibieron las propuestas y se completó su evaluación

Aunque 18 empresas participaron en las etapas preliminares, solo dos entregaron propuestas cuando venció el plazo el 13 de agosto. Rigaservices ofertó $181,188,813, mientras que el Consorcio de Infraestructura Social Los Canelos propuso $181,629,000. La diferencia entre ambas ofertas fue de apenas $440,187, equivalente a 0.24%.

La propuesta ganadora superó en aproximadamente $3.99 millones el precio de referencia de $177.2 millones, pero permaneció por debajo del límite establecido para considerarla onerosa.

La comisión verificadora concluyó que Rigaservices cumplió los requisitos del pliego y presentó el precio más bajo, sin que se registraran observaciones o reclamos contra su informe.

El complejo de Los Canelos tendrá capacidad para 3,000 personas privadas de libertad y alojamiento para unos 450 custodios. Sus pabellones estarán diferenciados para internos de mínima, mediana y alta seguridad; los dos primeros grupos ocuparán dormitorios colectivos, mientras que las personas consideradas de alta peligrosidad permanecerán en celdas individuales.

La infraestructura contará con áreas administrativas, educativas, médicas, industriales y de custodia, además de tres anillos de seguridad.

También incorporará videovigilancia, controles biométricos y sistemas de inspección, destinados a controlar los accesos y la circulación interna. El plazo estimado de ejecución será de 36 meses desde la orden de proceder.

La adjudicación se produjo pese a que residentes de Santa María y Divisa han rechazado la ubicación del proyecto. Las comunidades sostienen que una inversión de esa magnitud debería atender primero las necesidades de agua potable, carreteras, escuelas, alcantarillados, instalaciones deportivas y actividades productivas de la región.

También han advertido sobre el posible impacto de la cárcel en la identidad agrícola y comercial de la zona. Miembros de la Asociación Nacional de Egresados del Instituto Nacional de Agricultura han señalado que unas 35 de las 45 hectáreas destinadas al proyecto presentarían condiciones de inundabilidad, situación que podría elevar su complejidad y costo.

La segunda adjudicación corresponde al Centro de Resarcimiento y Rehabilitación de Las Garzas, ubicado frente a La Joya, La Joyita y La Nueva Joya.

La convocatoria se publicó el 29 de junio y la resolución de adjudicación fue emitida el 21 de agosto, por lo que el procedimiento tomó 53 días calendario.

Rigaservices obtuvo este contrato por $85,911,818, frente a los $88,301,155.66 ofrecidos por el Consorcio de Infraestructura Social Las Garzas. La diferencia alcanzó $2,389,337.66. El precio de referencia era de $85 millones, de manera que la oferta adjudicada lo superó en $911,818, cerca de 1.1%.

Este centro albergará a 2,500 personas preliberadas o sometidas a un régimen diferenciado de confianza, además de 160 custodios. Los dormitorios serán diseñados para un máximo de seis internos e incluirán baños individuales, espacios de estudio y áreas de convivencia, con un modelo orientado hacia la preparación para recuperar la libertad.

El proyecto incorporará seis aulas, dos salones multipropósito, laboratorio de informática, biblioteca y espacios de apoyo académico.

También tendrá consultorios médicos y psicológicos, áreas de terapia grupal y talleres de herrería, soldadura, carpintería, ebanistería, panadería y fabricación de estructuras prefabricadas de concreto.

Las instalaciones incluirán dos canchas multiuso techadas, una cancha sintética de fútbol rápido y un gimnasio, junto con espacios para ajedrez, juegos de mesa, actividades culturales, atención familiar y oración.

Para los custodios se construirán dormitorios, áreas de descanso, servicios sanitarios, vestidores e instalaciones deportivas propias.

Los dos proyectos buscan responder a la sobrepoblación que durante años ha presionado el sistema penitenciario panameño. Las cifras oficiales registraban 24,553 personas privadas de libertad al cierre de julio de 2026, mientras que la capacidad instalada se estimaba en aproximadamente 14,700 plazas a comienzos del año.

Esa diferencia representa unas 9,853 personas por encima de la capacidad disponible y una ocupación cercana al 167%. Si las 5,500 nuevas plazas entraran en funcionamiento y la población penitenciaria permaneciera en el nivel actual, la capacidad nacional aumentaría a aproximadamente 20,200 cupos.

Aun así, persistiría un déficit superior a 4,300 espacios, lo que evidencia que construir cárceles aliviaría la presión, pero no eliminaría por sí solo el hacinamiento.

¿Quién es Constructora Rigaservices?

Las dos adjudicaciones penitenciarias se suman a una cartera de obras públicas obtenida por Constructora Rigaservices, fundada en 1995 y presidida por Ricardo Gardellini Escobar.

Una parte importante de esa contratación corresponde a proyectos de la Caja de Seguro Social, entre ellos la Ciudad de la Salud y las policlínicas de Aguadulce, Penonomé, David y San Antonio. También figuran el Hospital de Almirante y el Instituto de Salud de los Trabajadores, además de obras de adecuación y equipamiento médico.

La empresa también ha obtenido contratos para instalaciones deportivas, mercados y proyectos de infraestructura en diferentes provincias. Entre ellos aparecen la Ciudad Deportiva de Bocas del Toro, el estadio Mariano Rivera, las villas deportivas de Changuinola y el Mercado Periférico de Alcalde Díaz. Ahora, las dos cárceles agregan $267.1 millones a su cartera de adjudicaciones estatales.

La economía de Panamá atraviesa un cambio decisivo hacia un escenario más favorable, impulsado por la aceleración de la actividad, los ingresos del Canal y el ajuste de las finanzas públicas, según UBS.

El banco considera que las preocupaciones que dominaron el panorama durante los últimos dos años están perdiendo intensidad.

El informe Panama: Let the Good Times Roll, publicado por la oficina de inversiones de UBS Global Wealth Management, sostiene que el producto interno bruto crecerá alrededor de 5% en 2026.

La entidad incluso estima que la expansión podría superar ese nivel, apoyada por varios motores y no solamente por un efecto estadístico.

Durante el primer semestre de 2026, la actividad económica aumentó 5.5%, el desempeño más sólido entre las principales economías latinoamericanas, de acuerdo con el reporte. UBS señala que también constituye el mejor resultado semestral de Panamá desde 2017, excluyendo el rebote extraordinario registrado después de la pandemia.

El crecimiento ha estado respaldado por el consumo de los hogares, la recuperación de la construcción y los ingresos vinculados al turismo. A esos factores se suma el desempeño del Canal de Panamá, cuyas actividades se beneficiaron de la reorganización de rutas comerciales provocada por las tensiones en el estrecho de Ormuz.

La expansión ocurre después de que la economía creciera cerca de 4.5% en 2025, por lo que UBS descarta que el avance actual responda únicamente a una baja base de comparación. Sin embargo, advierte una paradoja: el crédito bancario permanece contenido mientras la actividad económica continúa acelerándose.

El banco considera que esa combinación indica que la demanda interna está siendo financiada con ingresos disponibles de los hogares o inversión extranjera. Desde 2024, los depósitos privados han aumentado entre $5,000 millones y $6,000 millones anuales, una suma equivalente a aproximadamente 5% del producto interno bruto.

Pese a esa disponibilidad de recursos, los bancos han destinado gran parte de la liquidez a inversiones financieras, principalmente fuera del país, en lugar de aumentar los préstamos locales. UBS explica que los proyectos nacionales podrían ofrecer rendimientos ajustados al riesgo menos atractivos que los activos internacionales, favorecidos por las elevadas tasas globales.

Panamá posee, por tanto, la capacidad financiera necesaria para sostener un ciclo crediticio más fuerte, pero todavía no cuenta con suficientes incentivos para generarlo. La liquidez no representa la principal limitación; el desafío consiste en canalizar esos recursos hacia actividades productivas y proyectos domésticos rentables.

El ajuste fiscal constituye otro de los puntos centrales. El déficit del sector público no financiero bajó de 6.4% del PIB en el primer trimestre de 2025 a 3.3% en el segundo trimestre de 2026. UBS califica la consolidación ejecutada por el Gobierno como una de las más profundas del continente.

La reducción se sustentó en recortes del gasto equivalentes a cerca de dos puntos porcentuales del PIB, distribuidos de forma similar entre funcionamiento e inversión. Paralelamente, los ingresos tributarios aumentaron aproximadamente 0.7 puntos porcentuales, mientras el déficit primario descendió hasta 0.3% del producto interno bruto.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, ha manifestado que el Gobierno pretende alcanzar un superávit primario durante 2026. Para UBS, el avance fiscal ha sido más rápido de lo esperado y permitió que la trayectoria de la deuda pública comenzara a estabilizarse, aunque todavía supera los niveles anteriores a la pandemia.

La deuda bruta se ha mantenido entre 65% y 67% del PIB durante los últimos cuatro trimestres, comportamiento que reduce los riesgos inmediatos sobre su sostenibilidad. UBS reconoce que las métricas siguen siendo imperfectas, pero considera que la magnitud del ajuste respalda la conservación del grado de inversión de Panamá.

El análisis incorpora también una advertencia política. Aunque la economía avanza, la aprobación del presidente José Raúl Mulino habría caído por debajo de 20%, más de 50 puntos porcentuales frente a dos años atrás. El deterioro estaría relacionado con la percepción de que el crecimiento no beneficia a la mayoría de la población.

Según UBS, los ciudadanos consideran que las mejoras se concentran principalmente entre los sectores de mayores ingresos, una desconexión que podría limitar el respaldo a las reformas. Aun así, el banco sostiene que los riesgos de gobernabilidad permanecen contenidos, porque la administración ha logrado impulsar su agenda pese a su menor popularidad.

Entre los avances menciona la aprobación de la reforma de la seguridad social, la reducción del déficit y la posibilidad de reabrir la mina de cobre. Este último punto representa una expectativa de UBS y no una decisión concretada. El informe añade que las relaciones con Estados Unidos permanecen sólidas y el Canal mantiene ingresos elevados.

En materia de inversión, Panamá conserva una calificación soberana compuesta de BBB- y sus bonos en dólares acumulan un retorno cercano a 3% durante 2026. La deuda ofrece rendimientos de entre 5% y 6%, aproximadamente 150 puntos básicos por encima de los bonos del Tesoro estadounidense.

UBS concluye que el panorama macroeconómico es considerablemente más sólido que hace algunos trimestres, cuando el deterioro fiscal y el cierre minero amenazaban la calificación del país. No obstante, identifica los fenómenos climáticos y los riesgos de gobernabilidad como amenazas capaces de afectar la economía y las operaciones del Canal.

Pese a la mejora registrada, la deuda pública mantiene al país con un margen fiscal reducido para responder a nuevas crisis. Un aumento del costo del financiamiento, una emergencia climática o una desaceleración internacional podrían obligar al Gobierno a realizar ajustes adicionales o buscar nuevas fuentes de ingresos.

El ajuste fiscal también plantea un desafío, debido a que los recortes se distribuyeron entre los gastos de funcionamiento y la inversión pública. Si la reducción del gasto de capital se prolonga, podría limitar la ejecución de infraestructuras, la generación de empleo y la capacidad productiva futura del país, señala el banco.

Otra vulnerabilidad procede de la dependencia de los ingresos turísticos, la inversión extranjera y las actividades relacionadas con el comercio internacional. Para la entidad bancaria, una desaceleración mundial, nuevos conflictos geopolíticos o cambios en las rutas marítimas podrían debilitar algunos de los motores que actualmente sostienen el crecimiento panameño.

Para el asesor empresarial René Quevedo, el informe de UBS plantea un panorama optimista para la economía panameña, sustentado en un ajuste fiscal más rápido de lo esperado, una leve mejora de los ingresos tributarios y reducciones del déficit y del gasto público.

Quevedo destaca que el reporte califica como paradójico “el crecimiento de la demanda interna sin una fuerte expansión del crédito”, situación que atribuye a la vigorosa recuperación del empleo formal privado, pese a que el financiamiento bancario no acompaña con la misma intensidad el dinamismo económico.

Asimismo, señala que el banco suizo destaca los altos niveles de liquidez del sistema bancario nacional, aunque esos recursos no se están canalizando hacia el crédito interno, sino principalmente hacia inversiones financieras y colocaciones en el extranjero.

De acuerdo con Quevedo, las cifras de la Superintendencia de Bancos de Panamá correspondientes a junio de 2026 muestran que un tercio de los créditos y dos terceras partes de las inversiones en valores del sistema bancario nacional, que en conjunto superan los $62 mil millones, están colocados en el extranjero.

Finalmente, Quevedo indicó que UBS considera probable la reapertura de la mina de Donoso, una perspectiva que coincide con un reciente pronunciamiento de JPMorgan Chase sobre el futuro del proyecto minero.

Tres personas fueron imputadas por homicidio doloso agravado tras una audiencia celebrada en Panamá por el asesinato del empresario y economista suizo-español Miguel González, ocurrido el 15 de abril de 2026. Las nuevas revelaciones apuntan a que el robo de 77 kilos de plata habría sido el móvil del ataque.

La jueza de garantías Oriz Medina ordenó la detención provisional de Cristopher Robert y Aristides Ardines Gómez, mientras que Yamizuri Elizabeth Gómez recibió arresto domiciliario.

Los tres quedaron formalmente vinculados a la investigación, aunque por el momento la imputación formulada corresponde únicamente al delito de homicidio doloso agravado.

Durante la audiencia, el Ministerio Público presentó elementos de convicción para relacionar a los investigados con la muerte de González, según explicó la representación legal de la familia.

La parte querellante señaló que otras personas también estarían involucradas en la planificación y ejecución del ataque y permanecen pendientes de captura.

La investigación sostiene que los responsables recibieron información sobre el traslado de aproximadamente 77 kilos de plata que estaría realizando el empresario. Ese supuesto “soplo” habría permitido organizar el seguimiento, interceptar el automóvil y apoderarse del cargamento, valorado dentro del proceso en cerca de $300 mil.

Los abogados de la familia describieron una operación presuntamente organizada desde varias horas antes del homicidio. Los sospechosos habrían permanecido reunidos y siguiendo los desplazamientos de González.

Videos incorporados a la investigación mostrarían una caravana de vehículos tanto durante el seguimiento como cerca del lugar donde ocurrió el ataque.

Según el relato presentado después de la audiencia, uno de los vehículos utilizados por los atacantes interrumpió el tráfico y se atravesó frente a un camión. La maniobra obligó a González a detenerse, mientras otro automóvil impactó por detrás el Kia Sportage gris que conducía en Llano Bonito, Juan Díaz.

Las puertas del lado del conductor y de la parte trasera presentaban un desperfecto que impedía abrirlas inmediatamente. Los atacantes habrían interpretado que González se resistía al robo y realizaron múltiples disparos contra el vehículo para poder ingresar, de acuerdo con la versión de los representantes de la familia.

El empresario recibió varios impactos de bala en la espalda, el muslo izquierdo y la cadera. Fue auxiliado y trasladado al Hospital San Miguel Arcángel, donde se confirmó su fallecimiento alrededor de las 12:25 p. m. Los peritos recuperaron más de 15 casquillos en la escena.

Las primeras versiones indicaron que los agresores viajaban en un sedán blanco y utilizaban prendas similares a las policiales. Algunos llevaban chalecos parecidos a los empleados por agentes de investigación. Esos elementos, junto con la persecución y la cantidad de disparos, reforzaron la hipótesis de un ataque planificado.

Los tres sospechosos fueron capturados casi cinco meses después mediante la Operación Destello, desarrollada en Pacora, Las Cumbres y San Miguelito. El operativo fue dirigido por la Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Metropolitana, con apoyo de la Dirección de Investigación Judicial y la Dirección de Inteligencia Policial.

González, de 60 años, acumulaba más de tres décadas de experiencia en banca internacional y mercados financieros. Era cofundador, director ejecutivo y miembro de la junta directiva de Firmus Financial Inc. Además, asesoraba a la Superintendencia de Bancos de Panamá y poseía licencias del mercado de valores desde 2015.

La Fiscalía deberá ahora acreditar que el robo del cargamento fue efectivamente el móvil del homicidio y precisar la participación atribuida a cada imputado. La investigación también busca establecer quién filtró la información sobre el traslado de la plata y localizar a las demás personas presuntamente involucradas.

Las autoridades panameñas aprehendieron a seis personas durante una investigación por tráfico internacional de drogas vinculada al decomiso de 1.180 paquetes de presuntas sustancias ilícitas en un contenedor que tenía como destino final Israel.

El cargamento, localizado en febrero de 2025 en un puerto del Pacífico, tendría un valor aproximado de $ 70 millones.

Entre los aprehendidos hay funcionarios y exfuncionarios de una terminal portuaria del Pacífico, y las diligencias se realizaron en las provincias de Panamá, Panamá Oeste y Colón.

La Policía Nacional y el Ministerio Público buscan establecer el grado de participación y la responsabilidad de cada uno de los detenidos en la ruta que siguió el contenedor.

El envío procedía de Chile y pasó por Panamá y Bélgica antes de dirigirse a Israel. Las autoridades indicaron que los seis aprehendidos quedaron a disposición de las instancias competentes para los trámites judiciales.

La investigación se concentra en un decomiso efectuado dentro de una terminal del Pacífico, donde las pesquisas apuntan a posibles vínculos entre los detenidos y el traslado internacional de la carga.

La Policía Nacional realizó los allanamientos y registros junto con el Ministerio Público, y las acciones formaron parte de una causa por delito contra la seguridad colectiva, en la modalidad de tráfico internacional de drogas.

Las autoridades no precisaron la identidad de los funcionarios y exfuncionarios aprehendidos. Tampoco informaron detalles sobre las funciones que habrían desempeñado dentro del puerto.

El caso quedó bajo investigación para definir las responsabilidades penales que correspondan. Los procedimientos judiciales continuarán ante las autoridades competentes.

En una diligencia aparte, las unidades policiales aprehendieron en el corregimiento de Curundú a un ciudadano de 40 años que tenía una condena de 96 meses de prisión por posesión y tráfico de armas de fuego y explosivos.

La captura se produjo durante un allanamiento y registro, donde el hombre fue puesto a órdenes de las autoridades para hacer efectiva la pena que le impusieron las instancias judiciales.

La acción integró las labores operativas y de seguridad destinadas a localizar a personas requeridas por la justicia. El objetivo también incluyó prevenir delitos vinculados con la tenencia y el tráfico ilegal de armas.

Las unidades del Servicio Policial Motorizado Linces aprehendieron en Llano Bonito, distrito de Chitré, a un ciudadano que mantenía vigente un oficio de captura por un delito relacionado con drogas.

Los agentes lo ubicaron durante recorridos de vigilancia y patrullaje preventivo, y tras la identificación, lo pusieron a disposición de las autoridades correspondientes.

En otra intervención, las unidades del Servicio Policial Motorizado Lince detuvieron a un hombre de 24 años en la barriada Santa Librada, distrito de Las Tablas.

Los uniformados verificaron sus datos y comprobaron que tenía una orden de captura vigente. El requerimiento había sido emitido por la Fiscalía Delegada Especializada en Delitos Relacionados con Drogas de Herrera y Los Santos.

La Policía Nacional señaló que mantiene operativos en la provincia de Los Santos junto con el Ministerio Público. Las tareas buscan reforzar la presencia policial en las comunidades y ubicar a personas que infringen la ley.

Una diligencia de allanamiento y registro en el corregimiento de Belisario Frías terminó con la aprehensión de tres personas presuntamente vinculadas con delitos relacionados con sustancias ilícitas.

Durante el procedimiento, las autoridades decomisaron presuntas sustancias ilícitas. Los indicios quedaron bajo custodia para las investigaciones y las diligencias judiciales.

Las tres personas detenidas también quedaron a órdenes de las autoridades competentes. No se informaron las cantidades ni el tipo de sustancia decomisada.

Por otra parte, el Departamento de Psicología de la Zona Policial de Arraiján desarrolló una actividad de sensibilización durante el Mes de la Prevención del Suicidio.

Los participantes prepararon y presentaron mamparas informativas sobre señales de alerta, cambios de comportamiento y formas de apoyar a una persona que atraviesa una dificultad emocional.

El fenómeno climático de El Niño volvió a poner bajo presión a una de las rutas marítimas más utilizadas del mundo. A partir de este viernes, y debido a la sequía provocada por El Niño, el Canal de Panamá limitará el paso de barcos por segunda vez en lo que va de su historia, lo que generará un nuevo tropiezo para las rutas comerciales a nivel global, destaca AFP.

La reducción de las lluvias y la caída en las reservas de agua obligan al Canal de Panamá a limitar el calado y el tránsito de los buques, una situación que amenaza con elevar los costos logísticos, demorar entregas y afectar las cadenas de suministro entre Asia y Estados Unidos.

La vía interoceánica depende de los lagos que abastecen sus esclusas para permitir el paso de los barcos entre el Atlántico y el Pacífico. Cuando las precipitaciones disminuyen, también baja el nivel de esos reservorios, lo cual reduce la profundidad disponible para la navegación y obliga a las embarcaciones a transportar menos carga.

El efecto alcanza de forma directa al comercio de contenedores, el segmento que aporta mayores ingresos a la ruta panameña. Según explicó a AFP el exadministrador del canal, Jorge Luis Quijano, cada reducción de 30 centímetros en el calado implica que un barco deje de transportar, en promedio, 200 contenedores.

En los buques de gran tamaño, capaces de trasladar hasta 16.000 contenedores, esa restricción puede traducirse en varios cientos de unidades menos por viaje. “Vamos a tener una afectación importante para el sector del contenedor”, afirmó Quijano a la agencia francesa.

Menos profundidad obliga a reducir la carga de los buques

El calado es la distancia entre la línea de flotación de una embarcación y la parte más baja de su casco. Cuanto menor es la profundidad de la vía navegable, menor debe ser el peso que transporta un barco para evitar que toque el fondo durante el cruce.

Para las navieras, esa limitación presenta dos alternativas: embarcar menos mercadería o dividir los cargamentos en más viajes. Ambas opciones pueden encarecer el transporte. También pueden aumentar la congestión en los puertos y alterar los cronogramas de llegada de bienes industriales, productos electrónicos, alimentos y materias primas.

La presidenta del centro de estudios Diálogo Interamericano, Rebecca Bill, advirtió que una prolongación de las restricciones puede tener consecuencias fuera de Panamá. “Cabe esperar mayores costos de envío y tiempos de espera más largos”, señaló a AFP. Esos cambios, agregó, podrían trasladarse a los precios que pagan los consumidores.

La naviera danesa Maersk evitó anticipar el alcance de las eventuales consecuencias. La compañía indicó que todavía es “demasiado pronto” para especular sobre el impacto de las medidas en sus operaciones y en el movimiento de carga.

Estados Unidos concentra siete de cada 10 contenedores que cruzan la vía

El canal tiene un peso central en el intercambio comercial entre las economías asiáticas y el mercado estadounidense. La ruta conecta en particular a China, Corea del Sur y Japón con Estados Unidos, país de origen o destino de siete de cada 10 contenedores que pasan por la vía.

Un encarecimiento del transporte o una demora en las entregas podría impactar en las importaciones y exportaciones estadounidenses. La analista de la Universidad de Essex, Natasha Lindstaedt, sostuvo ante AFP que las restricciones “afectarían potencialmente al comercio de Estados Unidos”.

Lindstaedt también planteó que el presidente Donald Trump podría utilizar la situación como argumento político y afirmar que el canal perdió parte de su previsibilidad y fiabilidad para el comercio internacional.

El problema ocurre en un escenario de tensión sobre otras rutas energéticas. La guerra entre Estados Unidos e Irán impulsó el tránsito por Panamá, ya que algunas navieras eligieron esa alternativa frente a los riesgos en el estrecho de Ormuz para trasladar petróleo y gas.

“Las dificultades en ambas rutas ejercen una presión real sobre las cadenas de suministro globales”, indicó Bill. El canal, que funciona como un atajo entre dos océanos, adquiere mayor relevancia cuando otros puntos de paso enfrentan conflictos o amenazas a la navegación.

El Ministerio de Educación tendrá un presupuesto recomendado de $3,757.4 millones para 2027, según el proyecto de ley 644 presentado por el Ejecutivo.

La cifra supera en $103.2 millones lo solicitado por la propia institución y representa un incremento cercano al 3%, en momentos en que persisten interrogantes sobre la capacidad para convertir los recursos asignados en obras, servicios y mejoras educativas.

Del monto total, $2,312.2 millones serán destinados al funcionamiento del sistema, incluidos salarios, servicios y necesidades operativas. Otros $1,445.1 millones corresponderán a programas de inversión, como mantenimiento preventivo, construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas, nutrición, educación básica y tecnología.

La distribución muestra que aproximadamente seis de cada diez dólares se utilizarán para sostener las operaciones institucionales.

El Meduca había solicitado $2,338.3 millones para funcionamiento y $1,315.8 millones para inversión. El Ministerio de Economía y Finanzas redujo el primer componente en $26.1 millones, pero elevó el segundo en $129.3 millones, una variación del 9.8%.

El ajuste coloca el principal aumento en proyectos y programas, precisamente el apartado donde la institución ha enfrentado mayores dificultades de ejecución.

El ministro Ventura Vega explicó ante la Comisión de Presupuesto que el dinero permitirá atender 82,751 posiciones dentro de la estructura institucional, de las cuales 65,412 corresponden a educadores.

Sostuvo que la transformación educativa no depende solamente de construir escuelas, sino también de fortalecer a los docentes, incorporar tecnología y respaldar la participación de las asociaciones de padres de familia.

La ejecución de los recursos constituye, sin embargo, uno de los principales desafíos del presupuesto educativo. Al 31 de mayo de 2026, el Meduca había utilizado $88.4 millones, equivalentes a solo 6.1% de su presupuesto anual de inversión, fijado entonces en $1,453.3 millones.

En funcionamiento, el avance reportado para el mismo período alcanzaba 35.8%.

La institución ha señalado que esa medición no considera el ritmo con el cual Hacienda asigna mensualmente los fondos. Según su explicación, la ejecución sobre los recursos efectivamente disponibles alcanzó 24% en mayo y subió a 37.5% en junio.

Aunque ambas cifras utilizan bases diferentes, el reducido avance respecto del presupuesto anual mantiene dudas sobre la capacidad para completar proyectos dentro de la vigencia fiscal.

La comparecencia también quedó marcada por las preguntas sobre 54,000 computadoras adquiridas para docentes mediante un contrato de $28.4 millones.

El diputado Jhonatan Vega señaló que uno de los equipos tenía 256 gigabytes de almacenamiento interno, pese a que las condiciones contractuales contemplaban 512 gigabytes. La computadora también cuenta con 16 gigabytes de memoria RAM y una pantalla de 14 pulgadas.

El director de Informática del Meduca, Roberto Espino, explicó que el almacenamiento se completa mediante una memoria USB externa de 256 gigabytes. La respuesta provocó cuestionamientos porque una unidad separada no ofrece las mismas condiciones que un almacenamiento interno integrado al equipo.

Corresponderá a las investigaciones establecer si esa configuración cumple integralmente las especificaciones y obligaciones incluidas en el contrato.

Hasta la sustentación presupuestaria habían sido entregadas 28,585 de las 54,000 computadoras contratadas, mientras otras 25,415 permanecían pendientes. El proceso es revisado por la Contraloría General y el Ministerio Público, que deberán examinar la contratación, los desembolsos y el cumplimiento técnico.

Vega afirmó que respetará lo determinado por las autoridades antes de adoptar decisiones sobre la continuidad del programa.

La controversia comenzó durante la administración de Lucy Molinar, quien renunció al Ministerio de Educación el 12 de agosto de 2026 después de reconocer que existía “mucho ruido” alrededor de las computadoras.

Molinar solicitó al Ministerio Público investigar el proceso y fue reemplazada por Ventura Vega, quien asumió el cargo el 13 de agosto con el compromiso de mantener el diálogo y respetar la ley.

El contrato cuestionado corresponde únicamente a los equipos para educadores. La compra de 531,250 computadoras destinadas a estudiantes, valorada inicialmente en $268.5 millones, fue declarada desierta porque ninguna propuesta cumplió todos los requisitos.

Para 2027, el reto del nuevo ministro será demostrar que el aumento de la inversión puede transformarse en resultados verificables, sin repetir problemas de planificación, contratación o ejecución.

El Consejo de Gabinete aprobó la transacción judicial que busca poner fin a la demanda presentada por la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) contra siete empresas dedicadas a la producción y comercialización de hielo en Panamá.

El acuerdo contempla aportes individuales de entre $10.000 y $20.000, que suman $66.000 para el Tesoro Nacional.

El desembolso quedará sujeto a que el tribunal emita y deje en firme el auto que apruebe la transacción, según se indicó.

La medida alcanza a Hielería Azuero, S.A.; Hielo Oriental, S.A.; Hielo Cristal Central del Istmo, S.A.; Hielo Cristal Las Tablas, S.A.; Producción Panameña de Hielo, S.A.; Hielo Ameglio y Hielo Express, S.A.

Fue en 2022 cuando la Acodeco presentó la acción judicial por la presunta comisión de prácticas monopolísticas absolutas en la venta minorista de bolsas pequeñas de hielo.

La investigación se concentró en las ciudades de Chitré, Las Tablas y Penonomé, donde las compañías habrían supuestamente acordado precios y una distribución del mercado para ese producto.

El proceso se inició a partir de indicios obtenidos por la Dirección Nacional de Libre Competencia de la Acodeco, luego de una denuncia anónima.

Según los antecedentes del expediente, esos elementos apuntaban a posibles acuerdos para fijar el valor de la bolsa de hielo pequeña y repartir clientes o zonas de venta.

La entidad llevó el caso ante el Juzgado Primero de Circuito Civil de la provincia de Los Santos, y en su demanda solicitó que se declarara la ilegalidad de las conductas investigadas.

También pidió que se reconociera la existencia de prácticas monopolísticas absolutas y que se habilitara la aplicación de sanciones administrativas en favor del Tesoro Nacional.

La conducta investigada está contemplada en la Ley 45 de 31 de octubre de 2007, que regula la protección al consumidor y la defensa de la competencia en Panamá.

Esa norma considera ilícitos, por sí mismos, los pactos entre competidores que busquen fijar precios, dividir territorios, repartirse clientes o limitar la oferta de bienes y servicios.

Las prácticas de esa naturaleza pueden recibir multas de hasta $1 millón, y la calificación legal responde a que los acuerdos entre empresas competidoras afectan la libre competencia y pueden trasladar costos al consumidor.

El caso no se centró en una disputa comercial ordinaria, toda vez que la demanda sostuvo que las empresas investigadas habrían actuado de manera coordinada dentro de un mercado de consumo cotidiano.

La bolsa de hielo pequeña fue el producto bajo análisis, y la investigación consideró que un posible pacto sobre su precio podía tener efectos directos sobre compradores de las zonas involucradas.

Las empresas propusieron compromisos para cerrar el expediente, y los representantes legales de cada compañía presentaron por escrito propuestas de compromiso ante el administrador de la Acodeco.

La finalidad de esos documentos, se informó, fue terminar el litigio mediante una transacción judicial, un mecanismo excepcional previsto para concluir procesos en curso.

Acodeco consideró que las responsabilidades ofrecidas resultaban favorables para los intereses del Estado, por lo que a partir de esas propuestas, las partes avanzaron hacia el acuerdo que luego recibió la aprobación del Consejo de Gabinete.

El pago conjunto deberá realizarse mediante cheques certificados a nombre del Tesoro Nacional, y cada empresa tendrá un plazo máximo de 30 días desde que quede ejecutoriada la decisión judicial que valide la transacción.

El acuerdo no elimina la necesidad de intervención judicial. Para que el tribunal lo apruebe, se requiere un concepto favorable de la Procuraduría General de la Nación y la autorización del Consejo de Gabinete.

Fuentes judiciales indicaron que el artículo 530 del Código Procesal Civil reconoce la transacción judicial como una vía excepcional para terminar un proceso.

Esa figura permite que las partes alcancen un entendimiento antes de que exista una sentencia definitiva, siempre que se cumplan las condiciones legales aplicables.

A su vez, el artículo 533 establece la necesidad de que el Consejo de Gabinete apruebe este tipo de acuerdos cuando intervienen intereses estatales.

El objetivo del acuerdo entre Panamá y la Clinton Health Access Initiative (CHAI) es mejorar el análisis de los datos para orientar las acciones de prevención, diagnóstico, tratamiento y control de la malaria en las zonas con mayor transmisión.

La enfermedad en el país acumuló 5.298 casos en la semana epidemiológica 34, una cifra inferior a la registrada durante el mismo período de los dos años anteriores.

El descenso aparece luego de un ciclo de aumento sostenido que afectó sobre todo a las comarcas indígenas y a comunidades rurales de difícil acceso.

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, informó que el país contabilizó 10.663 casos en el mismo tramo de 2024, y durante 2025 el registro llegó a 7.758 contagios.

La comparación muestra una disminución de los casos acumulados, aunque las autoridades sanitarias mantienen a la malaria como un desafío de salud pública.

La respuesta requiere sostener la vigilancia, la detección temprana y la atención de los pacientes en los territorios donde persiste la transmisión.

El nuevo Memorándum de Entendimiento busca fortalecer la calidad de la información epidemiológica.

Las instituciones apuntan a que los datos permitan identificar con mayor precisión los focos de transmisión y decidir dónde concentrar los recursos.

Boyd Galindo sostuvo que la cooperación con CHAI ha contribuido a la estrategia nacional durante más de una década.

El funcionario señaló que el acompañamiento técnico, la innovación y el uso de información sanitaria ayudaron a incorporar herramientas para mejorar las decisiones del sistema de salud.

“El acompañamiento técnico, innovación y evidencia han contribuido a fortalecer nuestras estrategias”, afirmó el titular del Minsa, quien vinculó ese aporte con la incorporación de nuevos instrumentos para analizar la evolución de la enfermedad.

El convenio entre el Minsa y CHAI forma parte de una estrategia centrada en sistemas de vigilancia con mayor capacidad de análisis.

La meta es disponer de información más útil para planificar intervenciones de eliminación en las comunidades afectadas.

Carlos Echeverría, director regional de operaciones y representante legal de CHAI, destacó la continuidad de la colaboración con las autoridades sanitarias panameñas.

También indicó que Panamá fue el primer país de la región que acogió esta iniciativa orientada a eliminar la malaria.

“Hoy estamos firmando un nuevo acuerdo con ustedes”, dijo Echeverría, quien señaló que la renovación del compromiso expresa la decisión de Panamá de continuar con las acciones contra la enfermedad.

El Departamento de Control de Vectores del Ministerio de Salud se incorporó a la Iniciativa Nacional de la Erradicación de la Malaria en 1956, y desde entonces los equipos encargados del control vectorial han mantenido labores de vigilancia, diagnóstico y control, incluso en zonas de acceso complejo.

La estrategia sanitaria se concentra en sostener la prevención y el tratamiento oportuno, por lo que el desafío incluye reducir las barreras que dificultan la llegada de los servicios médicos a poblaciones alejadas de los centros urbanos.

En Panamá las estadísticas mostraron un incremento desde 2015, luego de décadas con baja incidencia.

El mayor número de casos se concentró en comarcas indígenas y áreas rurales, donde la distancia, la pobreza, la movilidad interna y ciertas actividades económicas inciden en la transmisión.

El país alcanzó un máximo histórico en 2022. Luego registró nuevos repuntes durante 2023 y 2024, mientras que los datos disponibles para 2026 muestran señales iniciales de descenso.

Cerca del 90% de los casos de la última década se ubicaron en comunidades indígenas, pese a que esos territorios representan una proporción menor de la población nacional

La especie predominante en el país es Plasmodium vivax. Aunque la mortalidad se mantiene baja frente a otras regiones del mundo, la presencia de focos con resistencia a la cloroquina y los efectos asociados al cambio climático aumentan la presión sobre las autoridades sanitarias.

La necesidad de contar con sistemas interoperables y capaces de procesar información con rapidez respalda el acuerdo firmado.

Panamá celebra el Mes de los Océanos con una agenda de 48 actividades que incluirá monitoreo de tortugas marinas, restauración de manglares, jornadas de limpieza y encuentros científicos.

La programación se extenderá en las 10 provincias y la comarca indígena Ngäbe-Buglé.

Bajo el lema “Panamá: el latido de dos mares”, las acciones buscarán involucrar a instituciones, comunidades, estudiantes, empresas, investigadores y voluntarios en la protección del Pacífico y el Caribe.

El Mes de los Océanos reúne iniciativas ambientales y científicas en todo Panamá para fortalecer la conservación de los ecosistemas marino-costeros.

La agenda contempla actividades en ambos litorales, con participación ciudadana, estudios sobre especies marinas, recuperación de áreas naturales y espacios de discusión para especialistas y jóvenes.

“El Mes de los Océanos es el momento de recordar que en Panamá el Pacífico y el Caribe viven juntos, y que la responsabilidad de cuidarlos no puede esperar”, afirmó el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, durante la presentación del calendario.

Los biólogos realizarán tareas de seguimiento de tortugas marinas en Bastimentos, Jaqué y el Parque Nacional Coiba.

Estas acciones se concentrarán en especies que dependen de las costas panameñas para su alimentación, reproducción y desplazamiento.

La programación también prevé el inicio de una nueva fase de restauración de manglares en Santa Ana de Los Santos. Estos ecosistemas cumplen funciones vinculadas con la protección costera y la biodiversidad marina.

La directora nacional de Costas y Mares de MiAmbiente, Digna Barsallo, sostuvo que cada propuesta responde a una planificación técnica. “Toda actividad de este calendario nace de una estrategia técnica y científica pensada para generar información clave sobre nuestros ecosistemas marino-costeros”, explicó.

El programa cuenta con el trabajo de un comité multidisciplinario integrado por entidades públicas, universidades, institutos de investigación, compañías privadas, organizaciones de la sociedad civil y grupos comunitarios.

La articulación también incluye a colectivos de voluntariado que desarrollan acciones de conservación. La convocatoria busca que la protección del mar no quede limitada a las instituciones ambientales, sino que alcance a distintos sectores de la población.

El país será sede del Congreso Latinoamericano de Ciencias del Mar, conocido como COLACMAR 2026, entre el 21 y el 25 de septiembre, actividad que reunirá a especialistas de distintos países de la región.

La Estación Científica COIBA AIP organizará el encuentro, que se incorporará a las actividades previstas para el Mes de los Océanos, mientras que la cita permitirá abordar temas vinculados con los mares y las zonas costeras latinoamericanas.

La presencia del congreso dentro de la agenda nacional sumará un espacio dedicado al intercambio académico y científico. El calendario combinará ese tipo de instancias con actividades abiertas para ciudadanos y comunidades.

Los jóvenes tendrán una jornada propia el 26 de septiembre, cuando se realice el III Encuentro Nacional de Jóvenes por los Océanos. La iniciativa buscará dar lugar a las voces de nuevas generaciones interesadas en la defensa de los ecosistemas marinos.

La propuesta apunta a que los estudiantes y otros participantes puedan involucrarse en conversaciones sobre el futuro de las costas, los ríos y las áreas protegidas del país.

El Conjunto Monumental Histórico de Panamá Viejo albergará el 27 de septiembre la Gran Jornada de Limpieza de Playa. La convocatoria figura entre las actividades centrales del calendario ambiental.

La jornada continuará la movilización ciudadana que ya se registró en la edición nacional de limpieza de playas, costas y ríos realizada en 2025. En esa ocasión participaron más de 3.000 voluntarios.

Aquella actividad permitió recolectar 212,27 toneladas de desechos sólidos, una cantidad equivalente a unas 2.677 bolsas de basura. Entre los residuos retirados hubo electrodomésticos, neumáticos, metales y otros materiales.

Barsallo planteó que el objetivo de estas convocatorias debe ir más allá de la cantidad de basura recogida. La funcionaria señaló que el resultado esperado consiste en hallar menos residuos en los ecosistemas con el paso de los años.

El nuevo teleférico urbano de Panamá y San Miguelito pasó de una licitación sin ofertas a una contratación adjudicada a Doppelmayr Panamá Corp. Por $255.163.788,03.

El proyecto avanzó después de que el Gobierno dejara de lado el modelo de concesión administrativa que había planteado en un inicio.

Esta decisión permitió relanzar la contratación bajo un esquema distinto, tras las dificultades que enfrentaron los grupos empresariales para conseguir el financiamiento exigido.

La obra contempla un sistema de transporte por cable de unos 6,6 kilómetros. El recorrido incluirá seis estaciones y conectará zonas de Panamá y el distrito de San Miguelito.

El Metro de Panamá informó que la contratación se resolvió después de que concluyeran las etapas previstas en la Ley 22 de Contrataciones Públicas y su reglamentación. La compañía participó en la Licitación por Mejor Valor N.° 2026-2-80-01-08-LV-000002.

Se informó que la Comisión Evaluadora revisó la documentación presentada por Doppelmayr y concluyó que cumplía las condiciones fijadas en el pliego de cargos. El organismo recomendó que el contrato fuera otorgado a la empresa.

La firma había presentado el 18 de agosto la única oferta económica del nuevo proceso.

El monto no incluyó el Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Muebles y la Prestación de Servicios, debido a la exención tributaria aplicable al Metro de Panamá.

La propuesta recibió 962 puntos sobre 1,000, calificación permitió que continuara el trámite que desembocó en la adjudicación oficial.

El sistema tendrá paradas en Balboa, Cincuentenario, Samaria, Mano de Piedra, Valle de Urracá y Torrijos Carter.

La proyección inicial establece una capacidad de entre 2,800 y 3,600 pasajeros por hora en cada sentido.

Respecto a la integración con la red ya existente, se indicó que figura entre los elementos centrales de la iniciativa, puesto que teleférico enlazará con la Línea 2 del Metro en la estación Cincuentenario.

Desde allí, el recorrido se extenderá hasta el sector donde convergen la vía Cincuentenario y la vía España.

Las autoridades incluyeron a Samaria, Mano de Piedra, Valle de Urracá y Torrijos Carter entre las comunidades que recibirán la nueva alternativa de movilidad.

El proyecto, de acuerdo a las autoridades, busca sumar una conexión para áreas que concentran desplazamientos diarios hacia otros puntos de la capital. La futura red por cable se incorporará al sistema de transporte público que ya opera en ese corredor.

El camino hacia la nueva adjudicación comenzó con el fracaso de la convocatoria anterior.

El 28 de mayo de 2026, el acto de recepción y apertura de ofertas concluyó sin propuestas económicas ni técnicas.

Dos consorcios habían superado la fase de precalificación, pero ninguno presentó una oferta dentro del plazo. El proceso llevaba más de un año de preparación y había acumulado cambios en las condiciones de contratación.

La entidad introdujo 10 adendas al pliego de cargos para flexibilizar requisitos y atender consultas de los potenciales participantes. Una de las últimas modificaciones, identificada como Adenda N.° 10, llegó pocos días antes del cierre.

Entre los grupos precalificados estaba el Consorcio Teleférico SPE, formado por Sofratesa de Panamá y Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructura. El otro era el Consorcio Teleférico San Miguelito-TSM, integrado por la española Cointer Concesiones y Doppelmayr Panamá Corp.

El Metro de Panamá explicó en su momento tras el cierre de la primera licitación que los consorcios no lograron la bancarización del proyecto. En la práctica, eso implicaba que no pudieron estructurar el respaldo financiero requerido para ejecutar la obra bajo las condiciones de la concesión.

Las empresas contaban con experiencia técnica para desarrollar sistemas de transporte por cable, aunque el obstáculo estuvo en la obtención de garantías y créditos de bancos o entidades internacionales que permitieran cerrar el esquema económico.

Los cambios introducidos antes de que venciera el plazo buscaban responder a esas dificultades. Las modificaciones incluyeron ajustes en el cálculo de las fianzas y nuevas garantías para respaldar las inversiones del eventual concesionario.

También se revisaron las exigencias financieras, las condiciones para el cierre financiero y los mecanismos de indemnización. El pliego precisó las reglas aplicables ante incumplimientos o una terminación anticipada del contrato.

Las nuevas condiciones permitieron que los indicadores financieros fueran acreditados por uno o varios integrantes de cada consorcio. Pese a esas medidas, la convocatoria bajo concesión no recibió ofertas y el Estado optó por reformular el mecanismo de contratación.

Panamá fue incluido entre los países bajo seguimiento de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ante los riesgos de desplazamiento asociados con El Niño de 2026-2027.

El organismo solicitó $110 millones para proteger a 4.9 millones de personas en varias regiones, mientras los pronósticos advierten que el fenómeno podría prolongarse hasta febrero de 2027 y provocar sequías, inundaciones y calor extremo.

El informe coloca a Panamá dentro del grupo de vigilancia de la OIM junto con Costa Rica, República Dominicana, Jamaica y Cuba. Sin embargo, no lo clasifica entre los países de alta prioridad, categoría asignada en la región a El Salvador, Guatemala, Honduras y Haití.

Esta diferencia significa que el país debe mantener preparación y seguimiento, pero no que enfrente actualmente el mismo nivel de vulnerabilidad humanitaria.

Para América Latina y el Caribe, la organización solicita $22 millones destinados a proteger aproximadamente a un millón de personas y fortalecer el trabajo de 145 socios. El documento no especifica cuánto dinero correspondería individualmente a Panamá.

Los fondos se distribuirán conforme evolucionen los pronósticos, las necesidades operativas y los riesgos de movilidad identificados en cada territorio durante los próximos meses.

El Niño se produce por el calentamiento anormal de las aguas superficiales del Pacífico ecuatorial, capaz de alterar los patrones de lluvia y temperatura en distintas partes del mundo.

La Organización Meteorológica Mundial estima una probabilidad cercana al 100% de que continúe hasta febrero próximo, mientras el calentamiento global puede intensificar sus efectos al desarrollarse sobre temperaturas más altas que las registradas durante ciclos anteriores.

En Panamá, este fenómeno suele estar relacionado con una disminución de las precipitaciones y temperaturas más elevadas, aunque sus efectos no son uniformes ni eliminan la posibilidad de lluvias intensas.

Una temporada irregular puede combinar períodos secos prolongados con episodios capaces de ocasionar inundaciones, deslizamientos o daños locales. Por eso, la vigilancia debe cubrir tanto la escasez como los eventos extremos.

El Consejo de Gabinete declaró el 25 de agosto un estado de emergencia nacional por el comportamiento climático asociado con El Niño. La decisión permite adoptar acciones preventivas, reforzar la capacidad de respuesta de las instituciones y movilizar recursos con mayor rapidez.

El objetivo es proteger a la población, las viviendas y las actividades productivas antes de que las condiciones alcancen niveles críticos.

Uno de los principales riesgos para Panamá está relacionado con la disponibilidad de agua. Una reducción prolongada de las lluvias puede afectar los ríos, la agricultura, la generación eléctrica y el suministro para consumo humano.

También representa una amenaza para los embalses utilizados por el Canal de Panamá, cuya operación depende de agua dulce para el tránsito de buques y el abastecimiento de comunidades cercanas.

La Autoridad del Canal comenzó desde finales de 2025 a aplicar medidas de ahorro y mantuvo el lago Gatún en niveles altos como preparación.

El antecedente más cercano ocurrió en 2023, cuando el déficit de lluvias en la cuenca se aproximó al 30% y obligó a reducir los tránsitos diarios. Aquella crisis mostró que la sequía puede afectar los ingresos, el comercio y la economía nacional.

La OIM advierte que los impactos climáticos también pueden provocar movilidad humana. Las familias pueden verse obligadas a abandonar temporal o permanentemente sus comunidades cuando pierden cultivos, ingresos, viviendas o acceso al agua.

En Panamá, el seguimiento abarcará corredores migratorios, áreas fronterizas y centros urbanos que podrían recibir mayor presión si aumentan los desplazamientos internos o los movimientos desde otros países.

La región ya mantiene rutas migratorias activas y movimientos fronterizos dinámicos. Una sequía severa en el Corredor Seco Centroamericano o inundaciones en zonas vulnerables pueden incrementar la salida de personas hacia otras comunidades o países.

Panamá podría enfrentar efectos indirectos por su posición geográfica, especialmente si los desastres agravan la inseguridad alimentaria y destruyen medios de subsistencia en territorios vecinos.

Del llamamiento mundial, alrededor de 23% será utilizado en información sobre movilidad y análisis de riesgos, mientras 46% financiará preparación y acciones anticipatorias.

El 31% restante respaldará respuestas tempranas y operaciones inmediatas. La OIM busca combinar pronósticos climáticos con información sobre desplazamientos para identificar las zonas donde una emergencia puede generar mayores consecuencias.

Las medidas previstas incluyen fortalecer alertas tempranas, capacitar autoridades, preparar planes de contingencia y colocar suministros cerca de áreas vulnerables. También se contempla asistencia relacionada con alojamiento, agua, saneamiento, higiene, salud y protección.

El propósito es evitar que una comunidad quede aislada o sin ayuda cuando las condiciones meteorológicas dificulten el acceso y obliguen a evacuar familias.

Para Panamá, la preparación requiere revisar reservas de agua, sistemas de distribución, albergues, rutas de evacuación y mecanismos de comunicación.

Las autoridades también deberán coordinar acciones con productores, municipios, centros de salud y comunidades para anticipar pérdidas agrícolas, enfermedades vinculadas al calor y posibles inundaciones. La respuesta será más efectiva si las advertencias llegan con claridad y suficiente anticipación.

La OIM sostiene que actuar antes de una crisis reduce las pérdidas y el costo de la respuesta humanitaria. La advertencia no significa que todos los escenarios vayan a ocurrir, porque los efectos de El Niño pueden variar entre regiones y períodos.

Sin embargo, la experiencia demuestra que esperar hasta la emergencia deja menos opciones para proteger a las personas y evitar desplazamientos prevenibles.

El Gobierno de Panamá autorizó un fondo de hasta $80 millones para enfrentar los efectos de El Niño, mediante contrataciones especiales de obras, bienes y servicios.

La medida forma parte del estado de emergencia nacional aprobado por el Consejo de Gabinete el 25 de agosto y publicado el 2 de septiembre de 2026 en la Gaceta Oficial.

La declaratoria responde a las alteraciones climáticas registradas en el país y a los pronósticos del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá. El organismo anticipa un déficit de lluvias entre octubre de 2026 y marzo de 2027, acompañado de temperaturas elevadas, mientras los efectos del fenómeno podrían extenderse hasta mayo próximo.

El Gobierno sostiene que estas condiciones pueden afectar a la población, la producción agropecuaria, las fuentes de agua y la generación hidroeléctrica. También podrían reducir los niveles de lagos y embalses como Bayano, comprometer el abastecimiento para consumo humano y limitar la disponibilidad hídrica necesaria para las operaciones del Canal de Panamá.

La resolución indica que, entre enero y agosto de 2026, al menos 15,643 personas resultaron afectadas por inundaciones.

Más de 70% se concentra en las provincias de Bocas del Toro y Colón, mientras los demás casos corresponden principalmente a las comarcas Ngäbe Buglé y Naso Tjër Di. El escenario combina, por tanto, daños por lluvias con una próxima amenaza de sequía.

Los $80 millones no constituyen una asignación automática para una sola institución. El Ministerio de Economía y Finanzas deberá incorporar los recursos según la disponibilidad presupuestaria de 2026 y 2027, y colocarlos en un fideicomiso administrado por el Banco Nacional de Panamá.

Desde ese mecanismo se pagarán las contrataciones previamente autorizadas y refrendadas por la Contraloría General.

Los ministerios y entidades podrán utilizar el procedimiento especial de adquisiciones de emergencia hasta el 30 de junio de 2027. Este mecanismo permite contratar con mayor rapidez que mediante una licitación pública ordinaria, siempre que los requerimientos estén vinculados directamente con situaciones provocadas por El Niño y los precios de mercado se encuentren debidamente justificados.

Cada solicitud y su monto deberán ser aprobados por la Comisión Interinstitucional de Alto Nivel. Además, los representantes legales de las instituciones serán responsables de sus actuaciones u omisiones durante la utilización de los fondos.

La resolución permite que el Consejo de Gabinete aumente o reduzca tanto la suma disponible como el período autorizado para efectuar las contrataciones especiales.

Las entidades tendrán que consultar primero la tienda virtual de PanamaCompra para determinar si los productos o servicios requeridos están disponibles. Las obras y proyectos también deberán ser inscritos ante el Ministerio de Ambiente, mientras los contratos necesitarán el refrendo de la Contraloría. Si quedan recursos después de finalizar la emergencia, el saldo del fideicomiso deberá regresar al Tesoro Nacional.

Una vez vencido el período de contratación, cada institución deberá presentar un informe con los bienes y servicios adquiridos, el contratista seleccionado, el objeto del gasto y el monto pagado.

Esa información será publicada en PanamaCompra, aunque la rendición de cuentas está prevista principalmente al finalizar el plazo, no necesariamente conforme se adjudique cada contrato, lo que reduce la capacidad de fiscalización ciudadana en tiempo real.

Panamá adoptó una medida parecida en 2023, cuando declaró una emergencia ambiental por la sequía y la posible llegada de El Niño.

En aquella ocasión se autorizaron $35 millones para contrataciones especiales, distribuidos entre el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, el Ministerio de Salud, MiAmbiente, la autoridad reguladora y el instituto encargado de la meteorología nacional.

El precedente más reciente ocurrió tras las lluvias de noviembre de 2024. El Gobierno aprobó inicialmente $100 millones para atender daños en carreteras, puentes y comunidades, pero posteriormente el límite fue elevado hasta $160 millones.

Informes oficiales presentados en 2026 señalaron que se ejecutaron aproximadamente $104.6 millones, equivalentes a 96.81% de los proyectos y contrataciones reportados bajo aquella emergencia.

La posibilidad de contratar sin los tiempos y la competencia de una licitación ordinaria vuelve a generar preocupación por los controles.

Transparencia Internacional y organizaciones de la sociedad civil han advertido que las emergencias aumentan los riesgos de sobreprecios, favoritismo y selección discrecional de proveedores, especialmente cuando la información se publica después de adjudicar o ejecutar los contratos.

Durante la pandemia de covid-19, las compras de emergencia en Panamá provocaron cuestionamientos por adquisiciones de insumos médicos, equipos e infraestructura.

La falta de información inmediata y varias operaciones suspendidas alimentaron las exigencias de mayor transparencia y trazabilidad del gasto público.

Aquella experiencia mostró que la urgencia puede justificar procedimientos rápidos, pero no debe eliminar la competencia, la publicidad ni la fiscalización independiente.

Para reducir esos riesgos, los organismos especializados recomiendan publicar cada necesidad antes de contratar, identificar a los propietarios de las empresas proveedoras y divulgar precios, cantidades, plazos y responsables.

También resulta necesario habilitar auditorías simultáneas y comparaciones públicas entre ofertas, en lugar de esperar hasta junio de 2027 para conocer un informe consolidado sobre el destino de los recursos utilizados durante la emergencia.

La incidencia del virus sincitial respiratorio (VSR) se triplicó en Panamá durante diez semanas, al pasar de 5 casos por cada 100,000 habitantes en la semana epidemiológica 23 a 15.6 en la semana 33.

La tasa permite comparar la frecuencia de la enfermedad dentro de la población, independientemente del número absoluto de habitantes, y confirma una circulación ascendente del virus.

El aumento representa un riesgo porque el VSR puede comenzar con síntomas parecidos a un resfriado, pero provocar bronquiolitis, neumonía y dificultad respiratoria.

Aunque cualquier persona puede contagiarse, los más vulnerables son los bebés, niños pequeños, adultos mayores y pacientes con enfermedades pulmonares, cardiovasculares o defensas debilitadas. En estos grupos, una infección respiratoria puede requerir hospitalización y suministro de oxígeno.

Hasta la semana 33, Panamá acumulaba 19 defunciones asociadas con el virus. Diez correspondieron a menores de un año, cinco a niños de un año, dos a menores de entre tres y cinco años y dos a adultos de 65 años o más. Los bebés concentraron más de la mitad de las muertes, incluida la de un niño de tres meses residente en Bocas del Toro.

La comarca Ngäbe Buglé registró seis fallecimientos, Bocas del Toro cuatro y Chiriquí tres. Panamá Oeste acumuló dos, mientras Panamá Norte, la región Metropolitana, San Miguelito y Coclé notificaron uno cada una.

La distribución muestra una mayor afectación en territorios occidentales y comarcales, donde las dificultades de acceso oportuno a servicios médicos pueden aumentar el peligro de complicaciones en niños pequeños.

El Ministerio de Salud explicó que el incremento coincide con la temporada de mayor circulación de enfermedades respiratorias y podría comenzar a disminuir durante las siguientes semanas.

Sin embargo, pidió buscar atención inmediata si un bebé presenta dificultad para respirar, rechazo de alimentos o decaimiento. El aleteo nasal y el hundimiento de la piel entre las costillas también indican un esfuerzo respiratorio que requiere evaluación médica urgente.

Como medida preventiva, el Minsa adquirió 13,700 dosis de un anticuerpo monoclonal y las distribuyó entre las 15 regiones sanitarias. Se administrará en las maternidades a recién nacidos cuyas madres no recibieron la vacuna durante el embarazo.

A diferencia de una vacuna, este producto proporciona directamente anticuerpos que ofrecen protección temporal durante los primeros meses de mayor vulnerabilidad.

Las embarazadas de entre 30 y 36 semanas de gestación pueden vacunarse para generar anticuerpos y transferirlos al bebé antes del nacimiento.

La inmunización también está disponible en Panamá para adultos de 60 años o más. Estas herramientas buscan reducir las formas graves y las hospitalizaciones, pero no sustituyen la vigilancia de síntomas ni las medidas destinadas a limitar los contagios respiratorios.

El panorama general de la semana epidemiológica 32, comprendida entre el 9 y el 15 de agosto, mostró una disminución de varios eventos de notificación obligatoria frente a 2025.

No obstante, las infecciones respiratorias agudas graves mantuvieron un acumulado superior al registrado el año anterior, mientras enfermedades como dengue, malaria y leishmaniasis continuaron generando cientos o miles de casos.

Los casos semanales de infecciones respiratorias agudas graves bajaron de 542 en la semana 31 a 483 en la 32. Su tasa disminuyó de 11.7 a 10.4 por cada 100,000 habitantes, aunque el acumulado anual aumentó de 12,301 a 12,833 casos. En el síndrome gripal fueron notificados 696 pacientes, cifra inferior a los 1,149 contabilizados durante la misma semana de 2025.

La influenza mantuvo un acumulado de 61 muertes, sin nuevos fallecimientos durante las semanas 31 y 32. El 63.9% correspondió a personas de 65 años o más y 8.2% a menores de un año.

Entre las víctimas, el 98.4% no tenía la vacuna de la temporada actual y 83.6% presentaba factores de riesgo asociados principalmente con edad avanzada y enfermedades metabólicas, cardiovasculares o renales.

El dengue pasó de 6,141 casos acumulados en la semana 31 a 6,616 en la siguiente, un aumento de 475 registros. Pese a ese avance, el total se mantuvo 35% por debajo del observado durante el mismo período de 2025.

De los casos actuales, 5,767 fueron clasificados sin signos de alarma, 810 presentaron señales de advertencia y 39 correspondieron a la forma grave de la enfermedad.

La malaria aumentó de 5,009 a 5,062 casos acumulados, después de notificarse 22 nuevos y actualizarse 31 correspondientes a semanas anteriores.

La leishmaniasis pasó de 1,680 a 1,719 registros, mientras el síndrome cardiopulmonar por hantavirus llegó a 16 casos. También se actualizaron 17 episodios de fiebre por hantavirus y 37 diagnósticos de leptospirosis durante el año.

La semana 32 cerró sin nuevos casos de zika, chikungunya, Oropouche ni viruela símica. Sus acumulados permanecieron en uno, cuatro, 19 y seis casos, respectivamente.

En cambio, fueron reportados dos casos de gusano barrenador en humanos. Aunque varios indicadores mejoraron frente a 2025, la subida del VSR exige especial atención, principalmente en bebés, adultos mayores y personas con condiciones médicas que aumentan el riesgo de una evolución grave.

El Gobierno de Panamá reglamentó la Ley 526 del 28 de mayo de 2026, que introduce requisitos de sustancia económica para determinadas entidades pertenecientes a grupos multinacionales.

El Decreto Ejecutivo 32, publicado en la Gaceta Oficial 30603-B, precisa cómo deberán demostrar que poseen operaciones reales en el país cuando reciban rentas pasivas procedentes del extranjero. Las disposiciones comenzarán a aplicarse en el período fiscal 2027.

La sustancia económica significa que una sociedad no puede limitarse a estar jurídicamente registrada en Panamá para beneficiarse de su sistema tributario.

Debe acreditar que detrás de su estructura existen personal calificado, instalaciones, gastos operativos y decisiones empresariales reales. En términos sencillos, la norma busca distinguir una empresa que funciona efectivamente desde el país de una sociedad utilizada únicamente para mantener activos o canalizar ingresos extranjeros.

El Gobierno impulsó la ley como parte de los esfuerzos para ajustar el sistema fiscal panameño a estándares internacionales y atender observaciones relacionadas con estructuras que pueden atraer beneficios sin actividad económica sustancial.

Panamá permanecía en febrero de 2026 entre las jurisdicciones no cooperativas en materia fiscal identificadas por la Unión Europea, cuya evaluación considera la transparencia, la tributación justa y las medidas contra la erosión de bases imponibles.

La legislación pretende, además, preservar el principio de territorialidad fiscal de Panamá, según el cual generalmente se tributa por ingresos obtenidos dentro del país.

La reforma no elimina ese modelo, pero establece una excepción: las entidades alcanzadas que no acrediten una presencia económica adecuada deberán pagar una tarifa única y definitiva del 15% sobre la renta neta gravable derivada de sus ingresos pasivos extranjeros.

El régimen se aplica a entidades constituidas o domiciliadas en Panamá que pertenezcan a un grupo multinacional y reciban las rentas previstas en el Código Fiscal.

El concepto de entidad comprende sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de personas, fideicomisos y fundaciones. Las rentas comprendidas incluyen regalías, ganancias de capital, rentas inmobiliarias y otras rentas de capital mobiliario, entre ellas determinados dividendos e intereses.

Para demostrar sustancia económica, la reglamentación exige como mínimo una persona empleada o contratada, debidamente calificada y remunerada, que participe en las actividades vinculadas con la generación o administración de los ingresos.

Su dedicación podrá ser completa o parcial, pero deberá resultar proporcional a la naturaleza y dimensión de las operaciones. Las instalaciones podrán ser propias, arrendadas o compartidas, siempre que su utilización esté documentada y cuenten con los recursos necesarios.

Las decisiones estratégicas también deberán adoptarse efectivamente en Panamá. La junta directiva u órgano equivalente tendrá que celebrar al menos dos reuniones presenciales durante cada período fiscal, conservar las actas y demostrar que sus integrantes poseen conocimientos suficientes para dirigir las actividades.

La administración de los activos y la gestión de los riesgos deberán realizarse desde territorio panameño y no podrán tercerizarse, delegarse ni subcontratarse.

Las compañías tendrán que incurrir en costos y gastos operativos relacionados directamente con sus actividades principales y conservar contratos, facturas, registros contables y demás soportes.

Estos desembolsos deberán guardar proporción con la escala y complejidad de cada operación. La evaluación no dependerá únicamente de cumplir cantidades mínimas, sino de que los recursos declarados resulten razonables frente a los ingresos y activos administrados.

El decreto permite tercerizar recursos humanos, instalaciones y determinadas actividades con proveedores domiciliados en Panamá, siempre que los servicios se ejecuten dentro del territorio nacional.

La entidad contratante deberá mantener la supervisión y el control, mientras que el proveedor tendrá que acreditar personal competente y medios adecuados. El tiempo asignado por un trabajador a una compañía no podrá utilizarse simultáneamente para justificar el cumplimiento de otra entidad.

Las sociedades de mera tenencia de participaciones patrimoniales y las dedicadas a conservar o enajenar bienes inmuebles de manera no habitual tendrán un régimen simplificado de cumplimiento.

Podrán acreditar el componente humano con un director, dignatario o administrador remunerado que resida en Panamá, además de instalaciones adecuadas. Sin embargo, perderán ese tratamiento si intervienen activamente en las operaciones cotidianas de otras compañías o desarrollan actividades comerciales, financieras o de inversión sustanciales.

Las entidades obligadas deberán incluir en su declaración jurada de renta información sobre personal, remuneraciones, instalaciones, gastos, tercerización, decisiones estratégicas y riesgos asumidos.

También reportarán los impuestos pagados en el extranjero y los ingresos provenientes de activos intangibles. Toda la documentación tendrá que conservarse física o digitalmente en Panamá durante cinco años y, cuando sea solicitada, deberá presentarse en idioma español.

El reglamento reconoce un crédito por impuestos pagados en otro país para evitar la doble tributación, pero exige documentación legalizada o apostillada que compruebe el pago.

El crédito no podrá superar el impuesto que correspondería cancelar en Panamá, trasladarse a períodos posteriores ni compensarse entre diferentes clases de rentas. Para los activos intangibles, además, se aplicará una fórmula que relaciona los gastos de desarrollo efectuados con la renta obtenida de cada activo.

Quedan fuera del régimen las actividades y entidades expresamente excluidas por la ley, entre ellas determinados participantes de la marina mercante y entidades financieras sometidas a supervisión sectorial.

El MEF podrá pedir a los reguladores constancias sobre la vigencia de sus licencias y el cumplimiento de requisitos prudenciales. Aunque las reglas regirán desde 2027, la primera declaración correspondiente a ese período se presentará en 2028, por lo que las multinacionales deberán revisar desde ahora sus estructuras y documentación.

El Tribunal Superior de Apelaciones confirmó de manera unánime la detención provisional de Bernardo “Nando” Meneses, exdirector del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu).

El exfuncionario es investigado por la presunta comisión de peculado agravado y corrupción de servidores públicos, debido a irregularidades atribuidas al otorgamiento y seguimiento de auxilios económicos entre 2021 y 2023.

Los magistrados rechazaron sustituir la detención por una medida menos severa al considerar que no fueron presentados nuevos elementos capaces de modificar las circunstancias que motivaron su encarcelamiento.

El tribunal coincidió con la Fiscalía Anticorrupción en que la investigación es compleja y la vinculación atribuida al exdirector no ha disminuido durante el avance de las diligencias.

La Fiscalía sostiene que Meneses tenía, como director general del Ifarhu, responsabilidad directa sobre la administración de los fondos públicos, aunque hubiese delegado determinadas tareas en otros departamentos.

Para el Ministerio Público, esa delegación no eliminaba su deber de supervisar la aprobación, ejecución y cumplimiento de los contratos financiados mediante el programa de auxilios económicos.

La investigación se concentra en más de $51 millones entregados a beneficiarios que presuntamente incumplieron las obligaciones establecidas en sus contratos.

Según la tesis fiscal, Meneses permitió que esas personas conservaran los recursos porque no ordenó cancelar los beneficios ni gestionó los reembolsos, lo que habría ocasionado una lesión económica al Estado panameño.

Los fiscales también le atribuyen haber permitido la aprobación de ayudas para personas que no demostraban necesidad económica ni méritos académicos suficientes. Además, investigan transferencias por más de $19,000 recibidas presuntamente de beneficiarios en una cuenta personal del exfuncionario.

Estas operaciones forman parte de la acusación por posible corrupción de servidores públicos, pero todavía deberán ser demostradas durante el proceso penal.

Meneses permanece detenido por este expediente desde enero de 2026. Sin embargo, ya estaba privado de libertad desde julio de 2025 por otra investigación relacionada con enriquecimiento injustificado.

Una auditoría patrimonial identificó un presunto incremento no justificado superior a $419,000 durante el período en que desempeñó funciones públicas, hallazgo que dio origen a una causa judicial distinta.

El exdirector mantiene varias investigaciones abiertas por supuestos delitos contra la administración pública. Entre ellas figuran expedientes por peculado, enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales, algunos de los cuales involucran a otras personas.

La defensa ha solicitado la acumulación de varias causas en un solo proceso, petición que deberá ser examinada en una audiencia prevista para octubre.

El programa de auxilios económicos se convirtió en una de las mayores controversias de la administración gubernamental anterior. Entre 2019 y 2024, el Ifarhu distribuyó aproximadamente $260.5 millones entre 9,237 beneficiarios para financiar estudios dentro y fuera del país.

El cuestionamiento no surgió únicamente por el volumen entregado, sino por la discrecionalidad aplicada para seleccionar a quienes recibieron las ayudas.

Las críticas aumentaron cuando se conocieron beneficios otorgados a familiares de políticos, empresarios, personas influyentes y ciudadanos con capacidad económica para pagar sus estudios.

Paralelamente, estudiantes de familias con recursos limitados esperaban oportunidades dentro de los programas regulares. Además, una parte de las identidades permaneció oculta, lo que alimentó los reclamos por falta de transparencia y controles efectivos.

Aunque los auxilios fueron creados para ampliar las oportunidades educativas, su condición de fondos no reembolsables y la ausencia de concursos públicos claramente definidos abrieron espacio para decisiones cuestionadas.

Las investigaciones posteriores también identificaron deficiencias en el seguimiento académico, el registro de incumplimientos y la recuperación del dinero cuando los beneficiarios abandonaban sus estudios o violaban los contratos.

Antes de enfrentar estas causas, Meneses buscó trasladar su influencia política a la Asamblea Nacional. En las primarias del Partido Revolucionario Democrático (PRD) de 2023, obtuvo 14,772 votos y ganó ampliamente la postulación para diputado por el circuito 13-1 de Arraiján.

Posteriormente participó en las elecciones generales de mayo de 2024, pero no consiguió los votos necesarios para obtener una curul.

Durante la campaña, Meneses renunció al fuero penal electoral después de que varias fiscalías anticorrupción solicitaran levantar esa protección para investigarlo. Su candidatura quedó marcada por los cuestionamientos relacionados con el Ifarhu, aunque su responsabilidad penal no había sido determinada.

La pérdida electoral lo dejó fuera del Legislativo y permitió que los procesos continuaran ante la justicia ordinaria.

La confirmación de la detención no representa una condena ni determina anticipadamente su culpabilidad. La medida busca asegurar su comparecencia y proteger el desarrollo de una investigación considerada compleja por las autoridades.

Meneses conserva el derecho a la presunción de inocencia y a controvertir las pruebas, mientras la Fiscalía deberá demostrar si las decisiones adoptadas durante su administración constituyeron delitos y provocaron el perjuicio económico señalado.

El sistema bancario panameño mantuvo una posición estable hasta julio de 2026, apoyado en el aumento de los depósitos, el fortalecimiento de su patrimonio y una amplia disponibilidad de recursos.

Sin embargo, las cifras también revelan que el crédito dentro de Panamá avanza con moderación, especialmente el financiamiento dirigido a las empresas.

Los depósitos del Centro Bancario Internacional alcanzaron $121,459.3 millones, tras crecer 7.37% frente al año anterior. Este aumento significa que personas, empresas y entidades financieras confiaron más recursos a los bancos establecidos en Panamá, una evolución que les permite mantener una base sólida para financiar préstamos y atender retiros.

La mayor parte del dinero depositado corresponde a particulares. Este grupo reunió $97,164.8 millones, equivalentes al 80% de las captaciones.

En Panamá aumentaron los depósitos a la vista, las cuentas de ahorro y los depósitos a plazo, lo que muestra una expansión distribuida entre los recursos utilizados diariamente y el dinero reservado por los clientes durante períodos más prolongados.

Las cuentas de ahorro locales crecieron 9.42%, mientras que los depósitos a la vista aumentaron 9.66% y los depósitos a plazo avanzaron 6.13%. En contraste, los fondos depositados por instituciones públicas y otros bancos disminuyeron.

Esto indica que el crecimiento de las captaciones internas estuvo sostenido principalmente por personas y empresas privadas, no por recursos oficiales.

El dinero procedente del extranjero mostró una expansión todavía mayor. Los depósitos externos sumaron $50,309.9 millones y crecieron 11.13%, por encima del aumento registrado en el mercado local.

De esta manera, más de cuatro de cada diez dólares depositados en el centro bancario provienen del exterior, confirmando el papel de Panamá como plataforma financiera para clientes y operaciones regionales.

Aunque esta entrada de recursos fortalece el sistema, también obliga a observar su estabilidad. Los depósitos extranjeros pueden responder con mayor rapidez a cambios en las tasas internacionales, decisiones de inversionistas o episodios de incertidumbre financiera. Por ello, el crecimiento es favorable, pero su concentración y permanencia deben mantenerse bajo vigilancia.

Del lado de los préstamos, la cartera total llegó a $104,332.9 millones, con un crecimiento de 4.88%. Sin embargo, aproximadamente 75% del aumento provino de créditos concedidos fuera de Panamá.

Esto significa que el principal impulso del negocio bancario estuvo en las operaciones internacionales, mientras el financiamiento dentro del país avanzó a menor velocidad.

La cartera local alcanzó $65,729.6 millones y aumentó solamente 1.76%. Además, buena parte de ese crecimiento fue explicada por los préstamos al sector público, que subieron más de 31%.

El crédito destinado al sector privado apenas creció 0.73%, un comportamiento que refleja una demanda moderada o mayor cautela para financiar actividades empresariales.

Entre los sectores económicos, aumentó el financiamiento dirigido a actividades financieras y seguros, agricultura, pesca, minas y comercio.

No obstante, varios de los crecimientos porcentuales más elevados corresponden a carteras relativamente pequeñas. La principal señal de debilidad estuvo en industria y construcción, cuyos saldos disminuyeron, provocando que el crédito corporativo retrocediera 2.35% frente al año anterior.

Los nuevos préstamos aprobados entre enero y julio sumaron $15,357.9 millones, apenas 0.8% más que en el mismo período de 2025.

Las colocaciones aumentaron en empresas financieras, consumo personal e industria, pero bajaron en comercio, construcción, hipotecas y financiamiento público. En otras palabras, la recuperación del crédito nuevo todavía es débil y desigual.

El consumo de los hogares presentó un comportamiento más activo. Los préstamos personales, de automóviles y tarjetas de crédito llevaron esta cartera hasta $15,422.2 millones, con un aumento de 5.48%.

Los financiamientos para comprar vehículos fueron los de mayor crecimiento porcentual, mientras los préstamos personales continuaron siendo la principal deuda de consumo de los clientes bancarios.

Las tarjetas de crédito alcanzaron $2,860 millones y crecieron cerca de 7%. Aunque su uso aumentó, los indicadores de pago mostraron una mejoría: la morosidad bajó de 3.5% a 3.1% y los saldos vencidos disminuyeron de 4.1% a 3.7%. Aun así, las tarjetas mantienen mayores niveles de atraso que otros créditos de consumo.

En términos generales, la calidad de los préstamos mejoró. La cartera vencida local disminuyó $121 millones y representó 3.1% del total, frente a 3.4% registrado un año antes.

Sin embargo, la construcción continúa siendo el sector más comprometido, pues 11.7% de sus créditos se encuentra vencido. También aumentó la morosidad en las actividades agropecuarias.

Los bancos mantienen recursos suficientes para enfrentar dificultades. La liquidez legal continúa muy por encima del mínimo obligatorio y el índice de adecuación de capital llegó a 15.72%, casi el doble del 8% exigido. El patrimonio también aumentó 14.02%, lo que proporciona un respaldo mayor para absorber pérdidas inesperadas.

Las autoridades panameñas decomisaron 290 paquetes rectangulares con presunta sustancia ilícita dentro de un contenedor transportado por un buque en la bahía de Panamá.

La carga había salido de Ecuador y tenía como supuesto destino Barcelona, España, según la trazabilidad establecida durante las investigaciones preliminares realizadas por la Fiscalía de Drogas y la Policía Nacional.

El hallazgo se produjo durante una diligencia de perfilamiento y control ejecutada por la Sección de Atención Primaria de la Fiscalía de Drogas, con apoyo de la Dirección Nacional Antidrogas y la Unidad Táctica de Operaciones Antidrogas.

Los paquetes fueron remitidos para las pruebas científicas que determinarán el tipo y peso de la sustancia, como exige el procedimiento penal.

El caso vuelve a colocar la atención sobre el uso de las rutas marítimas panameñas para transportar cargamentos procedentes principalmente de países productores de Suramérica.

La conectividad de los puertos y el volumen de contenedores que atraviesa el país son aprovechados por organizaciones criminales para ocultar sustancias ilícitas entre mercancías destinadas a mercados internacionales.

España figura entre los destinos recurrentes de las cargas detectadas en contenedores procedentes de Ecuador o movilizados a través de Panamá. Bélgica y Países Bajos también aparecen como puntos principales de entrada de cocaína a Europa, especialmente mediante los puertos de Amberes y Róterdam.

Estados Unidos continúa siendo otro de los mercados finales de las rutas que atraviesan Centroamérica y el Caribe.

Las organizaciones criminales suelen introducir los paquetes dentro de contenedores que transportan productos legales, algunas veces sin conocimiento de las empresas exportadoras o propietarias de la mercancía.

En otros casos, recurren a redes que incluyen transportistas, trabajadores portuarios y operadores logísticos para abrir, contaminar y posteriormente recuperar las cargas en los puertos utilizados como puntos de salida, tránsito o destino.

Los datos oficiales muestran la dimensión del movimiento de drogas por el territorio panameño. Entre enero y junio de 2026, las fiscalías especializadas, junto con los organismos de seguridad, reportaron la incautación de 47.04 toneladas de sustancias ilícitas.

Durante ese mismo período fueron aprehendidas 2,246 personas y se registraron 1,652 sentencias condenatorias relacionadas con estos delitos, según la Procuraduría General de la Nación.

Los puertos concentraron una parte importante de los decomisos. En las terminales del Pacífico y el Atlántico fueron incautadas 15.92 toneladas de clorhidrato de cocaína durante el primer semestre.

La Procuraduría señaló que aproximadamente 69% de las sustancias decomisadas en el país estuvo relacionado con zonas portuarias caracterizadas por un elevado movimiento de mercancías y contenedores.

Colón encabezó la lista de provincias con mayor incidencia de incautaciones, seguida de Panamá, Panamá Oeste y Chiriquí. También se reportaron decomisos en Los Santos, Veraguas, Coclé, Darién, Guna Yala, Herrera y Bocas del Toro.

La distribución confirma que el fenómeno no se limita a los grandes puertos, sino que utiliza costas, carreteras y comunidades como parte de su estructura logística.

Mientras los grandes cargamentos tienen como objetivo el tráfico internacional, las autoridades mantienen operaciones contra la venta y distribución de drogas dentro de las comunidades.

En Coclé, la Operación Llano Sur dejó 13 personas aprehendidas durante múltiples allanamientos realizados por la Fiscalía Regional y la Dirección Nacional de Inteligencia de la Policía Nacional.

De acuerdo con las investigaciones iniciales, algunos de los aprehendidos presuntamente utilizaban plazas comerciales, parques recreativos y sitios con alta concurrencia de personas para vender sustancias ilícitas.

Los detenidos deberán comparecer ante los tribunales para la legalización de las diligencias, la imputación de cargos y la aplicación de las medidas cautelares que correspondan en cada caso.

La respuesta penal también produjo condenas recientes. Un hombre recibió una sentencia de 72 meses de prisión por posesión agravada de drogas, luego de un allanamiento efectuado en un inmueble de la ciudad de Panamá.

El acuerdo de pena incluyó el decomiso de $1,190 en efectivo, presuntamente relacionado con la actividad ilícita investigada por la Fiscalía de Drogas.

Los resultados reflejan dos dimensiones distintas del problema: Panamá funciona como corredor para cargamentos destinados principalmente a Europa y Estados Unidos, pero también enfrenta redes dedicadas al abastecimiento del mercado interno.

El decomiso en la bahía interrumpió una operación internacional, mientras los allanamientos en Coclé muestran cómo parte del negocio llega a espacios públicos y zonas residenciales.

Panamá cuenta con 192 compañías acogidas al Régimen de Sedes de Empresas Multinacionales (SEM), según la Dirección de Sedes de Empresas Multinacionales del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI).

El país busca que la instalación de multinacionales se traduzca en empleos, capacitación y transferencia tecnológica para los profesionales locales.

El régimen SEM concentra empresas de diversos sectores y amplía las posibilidades de inserción en operaciones regionales y globales, con puestos vinculados a servicios especializados, gestión corporativa y nuevas tecnologías.

Las compañías instaladas bajo este esquema participan en actividades como tecnología, logística, servicios financieros, bienes de consumo y farmacéutica.

A esas áreas, las autoridades del MICI señalan que se agregan la manufactura avanzada, la economía digital y otros servicios profesionales que requieren perfiles técnicos y especializados.

Las oportunidades laborales abarcan funciones administrativas, financieras, tecnológicas, comerciales y de mercadeo.

También incluyen puestos en logística, asistencia técnica, investigación y desarrollo, procesamiento electrónico de operaciones y dirección regional.

El portal institucional también mantiene a disposición pública el registro de empresas de los regímenes SEM y de Empresas Multinacionales para la Prestación de Servicios Relacionados con la Manufactura (EMMA), correspondiente al período comprendido entre 2007 y mayo de 2026.

El aporte de estas empresas se indica que no se limita a las vacantes disponibles. El régimen también facilita que los trabajadores accedan a conocimientos especializados, procesos de innovación y tecnologías utilizadas por grupos empresariales con presencia internacional.

Durante 2024, las empresas amparadas por el régimen SEM registraron 8.359 puestos de trabajo directos. Además, desarrollaron capacidades de sus colaboradores en campos como inteligencia artificial, ciberseguridad y análisis de datos.

Las estadísticas indican que el panorama se fortaleció durante 2025, cuando el régimen captó 13 nuevas sedes multinacionales. A comienzos de 2026, el acumulado histórico alcanzaba 10 mil empleos registrados.

La mitad de esas plazas corresponde a trabajadores panameños. El dato oficial refleja la participación del talento local dentro de un ecosistema orientado a los servicios globales y al desarrollo profesional.

El texto también compara este resultado con Costa Rica, donde el sector multinacional registró un crecimiento neto de 3.259 nuevos empleos durante 2025, de acuerdo con reportes de inversión extranjera directa.

La Dirección General de Sedes de Empresas Multinacionales del MICI cumple la función de punto de contacto y Ventanilla Única para las compañías acogidas a los regímenes SEM y EMMA.

La dependencia facilita gestiones relacionadas con licencias, certificaciones y otros trámites requeridos para operar en Panamá. Entre sus objetivos figuran la promoción de inversiones, la creación de empleo y la transferencia de conocimientos y tecnología.

El MICI también informó que el sistema Coca-Cola incorporará el sello Hecho en Panamá en parte de su portafolio local, tras una certificación que reconoce la transformación industrial realizada en el país.

La medida alcanzará a 18 productos y 82 presentaciones de la compañía, mientras la operación local sostiene empleo directo para más de 1.300 colaboradores panameños y una red de más de 400 proveedores nacionales.

La autorización para usar el distintivo estatal fue concedida por el MICI, a través de la Dirección General de Industrias. La certificación estableció que los productos incluidos cumplen los parámetros y normas de transformación industrial exigidos por el programa nacional.

El Sistema Coca-Cola está integrado por la Compañía Coca-Cola y su socio embotellador Coca-Cola FEMSA. La incorporación del sello se aplicará de forma gradual, de acuerdo con los ciclos de producción de la planta local.

Las primeras presentaciones que llevarán el distintivo serán las latas de Coca-Cola Sabor Original y Coca-Cola Zero Azúcar. La implementación coincidirá con la actualización de imagen de la marca en el mercado panameño. “Hay manos panameñas, talento y trabajo”, manifestó el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, al referirse a la presencia del sello en una marca de alcance mundial.

Las quejas inmobiliarias ante la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) alcanzan 247 casos en lo que va del año, con una cuantía total de $10.611.974,26.

La devolución de dinero fue el principal motivo de reclamo presentado por los consumidores.

Acodeco informó que los conflictos se concentraron en pagos entregados, garantías y problemas no advertidos en las viviendas adquiridas. Los tres motivos reunieron cerca de ocho de cada 10 expedientes del sector.

Los consumidores presentaron 135 quejas para recuperar sumas entregadas a empresas inmobiliarias. Esa causa representó el 54,7% del total y acumuló una cuantía de $2.846.907,33.

Por incumplimiento de garantía las reclamaciones ocuparon el segundo lugar, con 33 casos y $2.106.092,97 involucrados. Los vicios ocultos dieron lugar a 29 expedientes por $1.529.072,73.

Las cifras muestran que los principales desacuerdos entre compradores y agentes económicos inmobiliarios se relacionaron con la restitución de pagos, el respeto de las garantías ofrecidas y defectos que no fueron advertidos antes de la adquisición de una vivienda.

El incumplimiento de contrato fue motivo de 16 quejas, por una cuantía de $1.328.428,37. La falta de información sumó 15 casos que representaron $1.166.048,35.

Mientras, las cláusulas abusivas originaron otros 13 reclamos, por $1.462.237,19. Estos expedientes se incorporaron al registro del sector inmobiliario durante los primeros siete meses del año.

Acodeco señaló que una parte de los conflictos se vincula con las condiciones bajo las cuales los consumidores contrataron o adquirieron los bienes. Los datos incluyen diferencias sobre obligaciones asumidas por las empresas y sobre la información suministrada durante la relación comercial.

Los departamentos de Conciliación, Decisión de Quejas y Defensoría de Oficio registraron 158 resultados favorables paraconsumidores en asuntos relacionados con inmobiliarias. El monto total asociado a esos desenlaces llegó a $7.709.975,14.

Mayor parte de los resultados correspondió a 82 acuerdos, por $4.723.885,74. Otros 66 procesos concluyeron por desistimiento, con una cuantía de $2.572.126,37.

La Defensoría de Oficio atendió seis fallos a favor del consumidor por $406.449,05. Además, se contabilizaron cuatro resoluciones por $7.513,98.

Acodeco precisó que los resultados cerrados entre enero y julio no corresponden únicamente a quejas presentadas en 2026. El registro también incorpora expedientes que ingresaron en años anteriores y finalizaron durante este período.

Se informó que su Juzgado Ejecutor recuperó $222.506,96 mediante procesos de cobro coactivo realizados en todo el país. La gestión abarcó 496 expedientes, entre obligaciones canceladas y arreglos de pago.

La vía coactiva se aplica después de que concluye la etapa administrativa y quedan firmes las resoluciones correspondientes. El mecanismo busca cobrar multas que los agentes económicos no pagaron de forma voluntaria.

El detalle indica que la autoridad puede gestionar pagos completos, acuerdos de pago y medidas cautelares cuando el proceso lo requiere. Entre esas medidas figura el embargo de bienes o fondos, luego de cumplir las etapas previstas y recibir las respuestas a los oficios de secuestro enviados a las entidades involucradas.

El artículo 107 de la Ley 45 de 2007 establece que un agente económico dispone de 10 días hábiles para pagar una sanción después de que la resolución administrativa queda ejecutoriada. Si no cancela la obligación dentro de ese plazo, la decisión adquiere mérito ejecutivo.

Esa condición permite a la Acodeco iniciar el cobro coactivo a través de su Juzgado Ejecutor. La institución cuenta con jurisdicción coactiva para procurar el cumplimiento de obligaciones derivadas de infracciones a las normas de protección al consumidor y defensa de la competencia.

Los recursos obtenidos a través de esos procedimientos pueden tener destinos distintos. La asignación depende de la naturaleza de cada sanción y de las disposiciones previstas en la legislación vigente.

Panamá mantiene gestiones diplomáticas por los siete ciudadanos panameños que continúan detenidos en Cuba desde febrero pasado, bajo sospecha de propaganda contra el orden constitucional cubano.

El ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha Vásquez, se reunió con los familiares de los detenidos para informarles sobre las acciones consulares y diplomáticas que impulsa el Gobierno.

Panamá sostiene el acompañamiento a los detenidos mediante su Cancillería y su embajada en Cuba. Las autoridades buscan garantizar asistencia consular, comunicación con las familias y respeto de los derechos de los ciudadanos, aunque cualquier medida depende de los procedimientos y de la legislación vigente en territorio cubano.

Durante el encuentro, el canciller explicó que una de las alternativas examinadas contempla que los panameños puedan cumplir una eventual condena en su país de origen.

Esa posibilidad solo se activaría si los procesos judiciales en Cuba terminan con sentencias condenatorias y si ambos Estados completan los trámites previstos en sus acuerdos e instrumentos legales.

“Panamá está haciendo todo lo que corresponde para acompañar a nuestros ciudadanos. Tenemos que respetar las leyes cubanas, porque ellos se encuentran en territorio cubano, pero eso no significa que Panamá deje de asistirlos y de velar por sus derechos”, afirmó Martínez-Acha Vásquez.

El jefe de la diplomacia panameña sostuvo que la posición del país combina el respeto por la jurisdicción cubana con el deber de brindar respaldo a sus nacionales.

“Estamos trabajando para encontrar todas las alternativas legales que permitan que, si existe una condena, esos ciudadanos puedan cumplirla en Panamá y estar cerca de sus familias. Es un proceso que requiere tiempo, coordinación y, sobre todo, respeto a las leyes”, indicó.

La reunión también abordó las necesidades que podrían surgir durante la detención de los panameños en Cuba.

La Cancillería estudia mecanismos para facilitar el envío de medicamentos y otros insumos que los ciudadanos puedan requerir ante una eventualidad.

El acompañamiento incluye el seguimiento de la Embajada de Panamá en Cuba, que permanece en contacto con el caso junto con la sede diplomática panameña.

El canciller señaló que las gestiones no se limitan a la atención de los detenidos. El Gobierno también mantiene reuniones con los familiares para recibir inquietudes y transmitirles los avances que permitan las circunstancias.

Entre las posibilidades analizadas figura un viaje del propio canciller a Cuba para reunirse con los ciudadanos detenidos.

La visita dependerá de que se concreten las condiciones necesarias para realizarla y permitiría al ministro conocer de manera directa la situación de los panameños.

El eventual desplazamiento se sumaría a las acciones que Panamá sostiene a través de su representación diplomática y de los mecanismos consulares disponibles. La posición oficial insiste en que el país continuará pendiente del proceso, sin apartarse de las normas y los procedimientos que rigen en Cuba.

Los ciudadanos panameños detenidos son José Luis Aguirre Baruco, Patrochiny Jerodany Joseph Arisarena, Omar Gilberto Urriola Vergara, Víctor Manuel Pinzón Cedeño, Anthony Williams Jules Pérez, Adalberto Antonio Navarro Asprilla y Maykol Jesús Pérez Almendra.

Ellos permanecen privados de libertad desde febrero pasado por una acusación vinculada con presunta propaganda contra el orden constitucional cubano.

A finales de abril pasado, las autoridades cubanas liberaron a las panameñas Evelyn Castro, Cinthia Camarena y Abigail Gudiño. La medida fue presentada como un gesto de humanidad y amistad. La situación de los siete hombres mantiene abierta la intervención de la diplomacia panameña, que busca sostener el acceso consular y la asistencia a las familias mientras avanzan las causas judiciales.

La relación entre Panamá y Cuba no se caracteriza por una confrontación abierta, aunque ambos países mantienen modelos políticos y económicos distintos.

Panamá cuenta con un sistema democrático plural y una economía abierta, conectada con el comercio y las finanzas internacionales. Cuba conserva un modelo de partido único, con control estatal sobre sectores productivos y sobre el ámbito político. Estas diferencias influyen en la manera en que ambas naciones abordan los casos de ciudadanos detenidos en el extranjero por asuntos de carácter político o ideológico.

Panamá retira topes a alimentos y deja sin regulación los últimos productos que permanecían bajo control estatal. El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, confirmó la finalización del régimen para la carne molida, el aceite vegetal, la leche en polvo y el pan de molde.

El Gobierno concluyó una política alimentaria que funcionó durante más de una década y que llegó a abarcar productos esenciales de la canasta básica.

Desde ahora, los valores de los cuatro bienes restantes quedarán sujetos a la dinámica del mercado, mientras el Estado conservará una herramienta distinta de referencia de precios para determinados medicamentos.

La regulación tuvo su origen en el Decreto Ejecutivo N.º 165, aprobado el 1 de julio de 2014, norma que estableció precios máximos de venta al por menor y márgenes brutos de comercialización para 22 alimentos.

El esquema nació en un período marcado por el aumento del costo de vida, y la intención oficial era contener incrementos considerados desproporcionados en los alimentos de consumo habitual.

La disposición también buscaba corregir situaciones que afectaban la competencia en el mercado. La legislación contemplaba este tipo de intervención como un recurso excepcional y temporal.

Para que el Estado pudiera aplicar la medida, debían existir condiciones que limitaran el funcionamiento eficiente del mercado, entre ellas figuraban posibles prácticas monopólicas que perjudicaran a los consumidores.

El mecanismo, pensado inicialmente para un período de seis meses, permaneció vigente a través de prórrogas y modificaciones. Con cada revisión, la lista de productos alcanzados por los precios máximos se redujo.

En 2025, el régimen todavía incluía ocho alimentos, y las decisiones posteriores dejaron bajo control únicamente la carne molida de primera, el aceite vegetal, la leche en polvo y el pan de molde blanco.

La confirmación del funcionario elimina esa última cobertura, y el sistema dejará de operar en los términos que mantuvo desde su creación.

La salida de esos bienes había sido anticipada por la reducción progresiva de la lista, siendo la eliminación del tope para el arroz parte de ese proceso.

Las autoridades vincularon el desmontaje con un conjunto de reformas económicas, donde la orientación oficial apunta a disminuir la participación estatal en la formación de los precios de mercado.

El cambio vuelve a poner en discusión el alcance de los controles, por lo que quienes respaldan estas herramientas sostienen que ayudan a preservar el acceso de los hogares a bienes básicos cuando suben los precios.

Las críticas se enfocan en la duración del mecanismo y en sus posibles efectos sobre la competencia. La permanencia de un régimen temporal durante tantos años fue uno de los puntos centrales de ese debate.

La finalización de los topes para alimentos no implica el retiro de todas las intervenciones estatales sobre precios. Panamá conserva un sistema específico destinado a medicamentos de uso frecuente.

La Ley 419 de 2024 creó el Sistema Nacional de Precios de Referencia de Medicamentos y el Observatorio Nacional de Medicamentos, ambas herramientas reúnen y analizan información del mercado.

El objetivo declarado es negociar condiciones más favorables para las compras públicas y el sistema también busca facilitar el acceso de la población a tratamientos médicos.

La política alcanza a medicamentos y a otros productos vinculados con la salud humana, mientras la prioridad se concentra en los tratamientos para enfermedades crónicas y en la carga que los gastos sanitarios representan para los hogares.

El Decreto Ejecutivo N.º 36, aprobado en septiembre de 2025, fijó referencias de precio para 51 medicamentos de uso frecuente, modelo que difiere del mecanismo que establecía valores máximos para la canasta básica. El Decreto Ejecutivo N.º 7, fechado el 16 de abril de 2026, prorrogó esa regulación durante seis meses. La extensión respondió a las presiones sociales relacionadas con el costo de los tratamientos.

El país pasa a utilizar dos enfoques distintos frente a los precios, donde los alimentos que aún estaban alcanzados por topes quedarán fuera de ese sistema, mientras los medicamentos seleccionados mantendrán referencias estatales.

Panamá firmó el Marco de Programa por País (MPP) 2026-2030, con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Este nuevo compromiso guiará y orientará la cooperación técnica, con una hoja de ruta para los próximos cinco años con miras al fortalecimiento de la agricultura familiar y el desarrollo rural panameño, afirmaron las autoridades.

René Orellana Halkyer, subdirector general y representante de la FAO para América Latina y el Caribe, insistió en garantizar la seguridad alimentaria, el desarrollo agropecuario y la sostenibilidad ambiental, como prioridades nacionales.

El nuevo Marco de Programa por País (MPP) 2026-2030 entre Panamá y la FAO es una hoja de ruta estratégica de cinco años que orienta toda la cooperación técnica del organismo internacional en el país.

Esta tiene como objetivo central transformar de manera sostenible los sistemas agroalimentarios panameños, fortalecer la seguridad alimentaria, combatir el hambre y promover un desarrollo rural inclusivo y resiliente al clima.

Este instrumento traduce las prioridades nacionales en programas, proyectos, inversiones y alianzas, articulando la acción de la FAO con el Estado panameño, el Sistema de las Naciones Unidas y diversos actores territoriales, con énfasis en la innovación, la agricultura familiar, la pesca y la acuicultura sostenibles, la gestión responsable de los recursos naturales, la sanidad agropecuaria y el acceso a dietas saludables.

Javier Martínez-Acha, ministro de Relaciones Exteriores, manifestó que para Panamá el Marco representa la renovación de una relación que ha acompañado al país durante décadas, aportando conocimiento, capacidad técnica y soluciones concretas a desafíos esenciales para su desarrollo.

“Este es el resultado de un proceso de construcción conjunta con las instituciones nacionales y busca acelerar la transformación de los sistemas agroalimentarios del país”, destacó.

Se indicó que estas prioridades contribuirán a impulsar oportunidades a productores, pescadores, comunidades rurales, mujeres, jóvenes y pueblos indígenas, fortaleciendo los sistemas agroalimentarios.

Recientemente, la FAO destacó lo que llamó importantes avances alcanzados por Panamá en materia de seguridad alimentaria.

Sostuvo que los datos más recientes del informe sobre el Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo muestran que la prevalencia de la subalimentación disminuyó de 23,3% en el período 2000-2002 a 4,7 % en 2023-2025.

Este progreso, de acuerdo con la FAO, significa que cientos de miles de personas han dejado atrás la condición de hambre y que Panamá se encuentra cada vez más cerca de salir del mapa mundial del hambre.

A pesar de los avances, la organización recordó que reducir el hambre no constituye el final del camino.

El desafío, dijo, es avanzar hacia un escenario en el que todas las personas puedan acceder diariamente a alimentos suficientes, inocuos, diversos y nutritivos, fortaleciendo al mismo tiempo los vínculos entre el campo y la ciudad, productores y consumidores, instituciones públicas, sector privado, academia, sociedad civil y cooperación internacional.

En el caso de Panamá, la institución ha venido trabajando mediante MPP sucesivos, como el Marco 2012-2014 y el MPP 2021-2025, lo que permite observar una evolución gradual hacia una agenda más integrada de transformación de los sistemas agroalimentarios y de acción climática.

El Marco de Programa por País se alinea con el Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible en Panamá 2026-2030, así como con el Plan Estratégico de Gobierno 2025-2029 y el Plan “Panamá 2030”, en consonancia con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), asegurando que la contribución de la FAO se inserte en la oferta colectiva del sistema de la ONU para el país.

La firma del MPP 2026-2030 marca así una nueva etapa de cooperación estratégica entre Panamá y la FAO, con la aspiración explícita de erradicar el hambre en el país en el horizonte de cinco años y consolidar sistemas agroalimentarios más eficientes, inclusivos, resilientes y sostenibles.

A pocos días de concluir sus siete años al frente, Ricaurte Vásquez aseguró que deja una vía interoceánica mejor que la recibida, pero lanzó advertencias sobre la defensa de su régimen institucional, la necesidad de administrar responsablemente el agua y los retos inmediatos de la próxima administración.

Vásquez presentó a los trabajadores del Canal un balance de su gestión, marcada por la pandemia, la crisis hídrica y tensiones geopolíticas que alteraron profundamente el comercio marítimo.

El administrador afirmó que los resultados financieros no surgieron solos, sino que fueron consecuencia de decisiones para fortalecer la operación y su capacidad competitiva global.

“La gratificación más grande es que dejamos un mejor Canal”, manifestó Vásquez sobre la institución que recibió y entrega. Explicó que durante su administración se buscó reconocer el valor del agua y la importancia comercial de la ruta, bajo la premisa de que Panamá debe capturar adecuadamente el beneficio de su posición geográfica privilegiada.

El funcionario colocó la institucionalidad como el legado que debe protegerse. Sostuvo que el sistema de mérito permite reconocer a las personas y destacó que la operación depende de una fuerza laboral motivada y responsable. “Esto no funciona sin la gente”, señaló al defender permanentemente el talento y la rendición de cuentas.

Vásquez recordó la importancia de mantener una visión de largo plazo, lo que incluyó actualizar la planificación del Canal hasta 2035.

A su juicio, la vía necesita una hoja de ruta capaz de responder a un mundo que cambia rápidamente, sin quedar atrapada en decisiones improvisadas ni en las presiones políticas del momento.

Esa preocupación estuvo dirigida a las propuestas de reforma constitucional que podrían modificar el régimen especial. Vásquez calificó el título constitucional del Canal como una creación panameña de escala global y advirtió que cualquier cambio debe considerar los resultados ofrecidos por ese modelo, así como las leyes que protegen su autonomía y funcionamiento.

El agua fue central en su mensaje. Vásquez afirmó que la aparente abundancia del recurso ha reducido la preocupación ciudadana, pese a las señales de escasez y deterioro observadas en distintas regiones.

Aseguró que proteger los ríos, mejorar el abastecimiento y utilizar tecnología en la agricultura deben asumirse como responsabilidades de alcance nacional.

“Si no tenemos agua, la razón de ser del país va a sufrir”, advirtió. El Canal puede aportar conocimiento, ingeniería y tecnología, pero la sociedad panameña debe comprender que el recurso sostiene tanto el consumo humano como la operación de la vía interoceánica y una parte decisiva de la actividad económica panameña.

La crisis de 2023 mostró el riesgo. Las restricciones aplicadas entonces redujeron los tránsitos en 21%, provocaron el paso de unos 2.700 buques menos y representaron pérdidas cercanas a $900 millones. Además del impacto financiero, la situación afectó la confianza de los clientes, que cuentan con rutas alternativas cuando el servicio pierde confiabilidad.

Vásquez defendió la capacidad del Canal para cumplir plenamente sus compromisos. Señaló que durante sus siete años la institución mantuvo sus operaciones y atendió a su fuerza laboral, mientras transfirió al Tesoro Nacional los recursos prometidos. Para el próximo año fiscal, los aportes directos y otros pagos al Estado podrían acercarse a $3.937 millones.

La transición dejará la administración en manos de Ilya Espino de Marotta, seleccionada para dirigir el Canal durante el periodo 2026-2033. La ingeniera, con más de cuatro décadas de trayectoria profesional dentro de la institución, será la primera mujer en administrarlo y tendrá entre sus principales desafíos la seguridad hídrica y competitividad de la ruta.

En su mensaje, Vásquez pidió a los trabajadores recordar de dónde viene la institución para comprender hacia dónde dirigir sus esfuerzos futuros. Su despedida dejó una idea central para el país: el Canal no solo debe producir ingresos, sino proteger el valor del agua y la ruta, junto con la defensa de su institucionalidad, activos que pertenecen a Panamá.

Los conductores en Panamá volverán a pagar más por los combustibles desde las 6:00 a.m. de este viernes 4 de septiembre. En Panamá y Colón, la gasolina de 95 octanos costará $1,28 por litro, mientras la de 91 se venderá en $1,19 y el diésel llegará a $1,40.

El nuevo ajuste amplía el incremento acumulado desde mediados de julio. En menos de dos meses, la gasolina de 95 se ha encarecido cerca de 9% y la de 91 alrededor de 8%. El mayor impacto corresponde al diésel, que registra un aumento cercano al 29%, según la comparación de los precios oficiales.

El aumento del diésel podría trasladarse a los precios de bienes y alimentos, debido a que es el combustible utilizado principalmente para transportar mercancías dentro del país. Un mayor gasto para movilizar productos desde puertos, centros de distribución y zonas agrícolas incrementa los costos de operación de las empresas, que eventualmente podrían ser asumidos por los consumidores finales.

La evolución comenzó con los valores vigentes desde el 10 de julio, cuando la gasolina de 95 costaba aproximadamente $1,17 por litro en Panamá y Colón. La de 91 se encontraba en $1,11 y el diésel se vendía en cerca de $1,09, precios considerablemente menores a los anunciados para septiembre.

El 24 de julio entró en vigor el primer incremento importante del periodo. La gasolina de 95 subió a $1,26 por litro, la de 91 alcanzó $1,18 y el diésel llegó a $1,27. En apenas dos semanas, este último combustible aumentó cerca de $0,18 por litro, superando ampliamente el avance de las gasolinas.

Agosto comenzó con otro ajuste al alza. Desde el día 7, la gasolina de 95 pasó a $1,27 por litro, mientras la de 91 se ubicó en $1,19. El diésel volvió a registrar el aumento más fuerte de la quincena al alcanzar aproximadamente $1,34 por litro en Panamá y Colón.

El movimiento cambió parcialmente el 21 de agosto. Las gasolinas registraron una reducción: la de 95 bajó a aproximadamente $1,23 por litro y la de 91 descendió a $1,16. Sin embargo, el diésel volvió a subir, aunque ligeramente, hasta situarse en alrededor de $1,35 por litro.

Con el ajuste del 4 de septiembre, la gasolina de 95 subirá nuevamente hasta $1,28, superando el valor registrado a principios de agosto. La de 91 volverá a $1,19, mientras el diésel alcanzará un nuevo máximo de $1,40.

Al comparar los extremos del periodo, la gasolina de 95 aumentó cerca de $0,11 por litro, equivalente a unos $0,40 por galón. La de 91 acumula una subida aproximada de $0,09 por litro o $0,33 por galón. En cambio, el diésel se encareció $0,31 por litro y $1,18 por galón.

Con los nuevos valores, el galón de gasolina de 95 costará aproximadamente $4,84 en Panamá y Colón. El de 91 se ubicará en $4,52, mientras el galón de diésel llegará a $5,30. Los precios serán ligeramente mayores en otras localidades debido a los costos de traslado.

La Secretaría Nacional de Energía explicó que el último incremento responde principalmente a las tensiones en Medio Oriente, que han impulsado los precios internacionales del petróleo y sus derivados.

Los enfrentamientos y las dificultades para movilizar cargamentos por rutas estratégicas aumentaron la preocupación por el abastecimiento mundial durante las últimas semanas de agosto.

El West Texas Intermediate, conocido como WTI y negociado en Nueva York, también atravesó un periodo de fuertes movimientos durante agosto.

Después de registrar retrocesos al comenzar el mes, recuperó terreno durante las últimas jornadas y superó los $90 por barril al iniciar septiembre, presionado por los riesgos para el suministro.

Entre mediados de julio y el comienzo de septiembre, el WTI acumuló un aumento cercano al 13%, al pasar de aproximadamente $79,60 a más de $90 por barril.

Esa trayectoria ayuda a explicar el encarecimiento local, aunque los precios panameños no cambian inmediatamente ni reproducen exactamente cada movimiento internacional.

Panamá importa la gasolina y el diésel que consume, por lo que también influyen el valor de los combustibles ya procesados, su transporte hasta el país y la distribución interna.

Los nuevos precios permanecerán vigentes hasta las 5:59 a.m. del 18 de septiembre, cuando deberá realizarse la siguiente revisión quincenal.

La inteligencia geográfica busca anticipar decisiones sobre el territorio antes de que estas se ejecuten en el mundo físico. La idea recuerda a las interfaces de Iron Man, aunque ya cuenta con aplicaciones fuera de la ficción.

La Conferencia de Usuarios Esri 2026, que se realizará este 3 y 4 de septiembre en Panamá, planteará, según sus organizadores, cómo los modelos digitales pueden ayudar a estudiar una ciudad, una carretera, una cuenca o una red de servicios antes de intervenirlos. El encuentro espera reunir a más de 600 profesionales.

La propuesta, agregan, parte de una diferencia central: un mapa permite ubicar elementos, mientras que un modelo geográfico enriquecido con datos permite analizar sus relaciones, detectar cambios y evaluar escenarios.

Una representación digital de una zona de Ciudad de Panamá podría, por ejemplo, incorporar edificios, vías, topografía, infraestructura y capas de información, y a partir de ese conjunto las instituciones pudieran examinar posibles inundaciones, riesgos para obras existentes, efectos sobre la movilidad o áreas que requieren atención prioritaria.

Explican los organizadores de la Conferencia de Usuarios Esri 2026 que un gemelo digital no consiste únicamente en una imagen tridimensional atractiva, toda vez que su objetivo es representar componentes del mundo físico dentro de un entorno digital que permita observarlos, relacionarlos con datos y analizarlos.

El concepto incluye objetos, procesos y vínculos territoriales, donde la representación puede convertirse en un modelo que acompañe cambios sobre el terreno y que sirva para evaluar decisiones antes de aplicarlas.

Así, sostienen que el territorio deja de aparecer como una imagen estática, ya que el modelo puede mostrar cómo se distribuyen los elementos, qué transformaciones atraviesan y qué efectos podrían generar determinadas acciones.

La utilidad de esta tecnología, detallan los organizadores del evento, depende de las preguntas que pueda responder. Una administración pública, una empresa o un equipo técnico podría utilizarla para estudiar el impacto de una construcción, revisar el estado de una infraestructura o identificar alteraciones ambientales.

Manifiestan que el planteamiento no busca reemplazar la realidad con una copia digital, por el contrario, busca aportar herramientas para comprenderla con mayor información antes de decidir sobre ella.

Se hace la observación que Panamá concentra ciudades en expansión, corredores logísticos, puertos, carreteras, costas, cuencas y áreas protegidas, lo que hace que esa combinación abre posibilidades para representar digitalmente espacios con dinámicas urbanas, ambientales y económicas distintas.

Una institución, por ejemplo, podría revisar una obra antes de modificarla o estudiar la evolución de una zona urbana mediante información tridimensional. También podría analizar riesgos territoriales, cambios en la cobertura del suelo o condiciones que afecten los servicios públicos.

Estas aplicaciones no se limitan a las áreas vinculadas con la cartografía. La planificación urbana, la gestión de riesgos, la protección de recursos naturales, la movilidad y el desarrollo de infraestructura comparten una condición: sus decisiones ocurren en lugares concretos.

La información geográfica permite conectar esas variables con una ubicación precisa. Los gemelos digitales añaden la posibilidad de observarlas dentro de una representación integrada del territorio.

Los drones, las fotografías aéreas, las imágenes satelitales, los sensores remotos y las técnicas de fotogrametría generan datos sobre superficies, construcciones, relieves y transformaciones territoriales.

El Reality Mapping convierte ese material en productos geoespaciales derivados de imágenes y en representaciones que buscan reflejar las condiciones reales de un espacio.

Esri desarrolla esas capacidades a través de su ecosistema ArcGIS Reality. La secuencia, explicaron, reúne varias etapas: registrar la realidad, transformar los datos en información, analizarlos, comprender su significado y tomar una decisión. La acumulación de datos no garantiza por sí misma un mejor conocimiento del territorio.

La mayoría de los panameños se mantiene sin afiliación partidista, quedando fuera de los colectivos políticos en el país, según el informe más reciente de la Dirección Nacional de Organización Electoral (DNOE).

El registro, actualizado al 27 de agosto de 2026, contabilizó un total de 3,184,210 ciudadanos habilitados en el Registro Electoral.

El documento oficial indica que hasta el periodo de referencia 1,547,531 panameños estaban inscritos en partidos constituidos o en proceso de formación.

La cifra representa el 48.60% del Registro Electoral, mientras que el 51.40% restante no tiene adhesión a ninguna organización política.

La afiliación política en Panamá se mantiene dividida entre una minoría cercana a la mitad del electorado que integra colectivos partidistas y una mayoría sin inscripción.

El dato incluye tanto a los partidos legalmente reconocidos como a los grupos que todavía buscan completar su proceso de constitución.

El Partido Revolucionario Democrático (PRD) encabeza la lista de adhesiones, con 547,962 inscritos. Detrás quedaron Realizando Metas, con 276,152, y Cambio Democrático, que reunió a 260,127 personas.

El Partido Panameñista registra 236,823 afiliados. El Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena) alcanza 78,952 inscripciones en el corte difundido por la DNOE.

Entre las colectividades con menor cantidad de adherentes, el Movimiento Otro Camino suma 48,859 miembros. El Frente Amplio por la Democracia cuenta con 46,323, seguido por el Partido Alianza, con 25,989, y el Partido Popular, con 20,806.

El informe de la Dirección Nacional de Organización Electoral también incorporó a las agrupaciones que se encuentran en formación, donde Acción Ciudadana Independiente lidera ese grupo, con 2,829 afiliados.

El Partido Nacional Humanitario informó 2,344 adhesiones. Por su parte, el Movimiento Radix registra 365 personas inscritas durante el mismo período.

En medio del movimiento político, este 29 de agosto la Coalición Vamos anunció su próximo paso al transformarse en un partido político, marcando un nuevo capítulo para la agrupación creada el 5 de abril de 2022 por diputados independientes, con el propósito declarado de organizar, capacitar y promover nuevos liderazgos para competir hacia la Asamblea Nacional y en los gobiernos locales, a través de la libre postulación.

Desde su origen, el movimiento se presentó como una “coalición electoral” de candidatos independientes y no como un partido político, algo que dejó claro tanto en su discurso público como en su relación con el Tribunal Electoral, que nunca la reconoció como partido y se limitó a reconocer individualmente a sus integrantes bajo la figura de la libre postulación.

Sus voceros indicaron que la decisión de iniciar su conversión en partido político formal es el resultado de una combinación de factores institucionales, estratégicos, organizativos, materiales y políticos que se han ido acumulando desde su fundación en 2022 y, con especial intensidad, tras las elecciones de 2024 y en el actual ciclo de reformas electorales en Panamá.

Esta semana, en cumplimiento de un mandato constitucional, el Tribunal Electoral entregó a la Asamblea Nacional el proyecto de modificaciones al Código Electoral, para las elecciones generales del 6 de mayo de 2029.

El documento, para su discusión y aprobación, llegó de las manos de los magistrados Narciso J. Arellano Moreno, Luis A. Guerra Morales y Alfredo Juncá Wendehake.

Los cambios a la ley electoral, dijeron, se sostienen en los principios de transparencia, equidad, rendición de cuentas y justicia y son producto de un año de discusión en el seno de la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE).

Aseguraron que en ella participaron miembros de los partidos políticos legalmente constituidos, los partidos políticos en formación, representantes de la libre postulación, de la sociedad civil aglutinados en el Foro Ciudadano Pro Reformas Electorales, y de universidades e instituciones públicas.

El presidente de la CNRE, Narciso J. Arellano Moreno, indicó que en las mesas de trabajo se logró la aprobación de 59 artículos y el rechazo de 46.

El proyecto será discutido en primer debate en la Comisión de Gobierno y Asuntos Constitucionales de la Asamblea y posteriormente pasará al Pleno para su discusión y aprobación final. Además, los magistrados presentaron el proyecto de ley para la reconfiguración de algunos circuitos electorales en los comicios del 2029.

Panamá ha fortalecido su posición como centro regional de logística, almacenamiento y distribución ante el avance del nearshoring en América Latina, según el informe de mercado publicado esta semana por Maersk.

La naviera destaca que las empresas están reorganizando sus cadenas de suministro para acercar mercancías a los principales mercados de consumo.

El nearshoring consiste en trasladar operaciones productivas o proveedores hacia países próximos al mercado final, mientras la regionalización busca integrar cadenas dentro de una misma zona geográfica.

Ambas tendencias dejaron de ser respuestas temporales ante las crisis y se convirtieron en cambios estructurales del comercio internacional, sostiene Maersk.

En el caso panameño, la compañía identifica como ventajas la posición geográfica, las zonas francas, la conectividad y la infraestructura logística existente. Estas condiciones permiten utilizar el país como plataforma para almacenar inventarios, redistribuir productos y abastecer otros mercados latinoamericanos con menores tiempos de respuesta y mayor flexibilidad operativa.

Maersk señala que Panamá continúa ampliando su participación en las cadenas regionales de valor mediante sus operaciones de almacenamiento y distribución.

Las empresas pueden colocar mercancías más cerca de sus compradores, reducir la dependencia de proveedores distantes y responder con mayor rapidez ante interrupciones en las rutas internacionales de transporte.

La relevancia de Maersk para Panamá también está vinculada con su presencia en el transporte marítimo, los servicios logísticos y la actividad portuaria. La compañía ofrece conexiones semanales desde los puertos de Manzanillo y Balboa, tanto para carga convencional como refrigerada o sobredimensionada, integrando las costas atlántica y pacífica con su red internacional.

Una de sus unidades, APM Terminals, asumió temporalmente la operación del puerto de Balboa, en la entrada pacífica del Canal de Panamá, después de que el Estado tomara el control de las terminales administradas por Panama Ports Company, filial del conglomerado hongkonés CK Hutchison, tras un fallo de la Corte Suprema de Justicia.

APM Terminals inició una etapa de estabilización destinada a mantener la continuidad de las operaciones y desplegar un nuevo sistema de gestión portuaria. La empresa revisó el inventario de contenedores, las condiciones de la carga, las grúas, los equipos y la infraestructura, con atención especial sobre los productos perecederos almacenados en la terminal.

El informe de septiembre también anuncia cambios en las conexiones marítimas que tienen a Panamá como punto estratégico. El servicio West Coast Shuttle comenzará operaciones mediante una rotación de tres buques entre Ecuador, Panamá y México, con el propósito de fortalecer el movimiento regional de mercancías desde la costa del Pacífico.

Maersk aplicó además una rotación semanal actualizada en su servicio AC1, que conecta Shanghái, Yokohama, México, Colombia y Panamá. La configuración comenzó en agosto y continuará durante septiembre, ampliando las alternativas para movilizar carga entre Asia, Centroamérica y la costa occidental sudamericana mediante una red marítima con escalas regulares

La compañía considera que estas modificaciones generarán oportunidades para el transporte multimodal, la carga aérea, el almacenamiento y la distribución regional. El crecimiento de centros de manufactura y corredores logísticos obliga a coordinar puertos, carreteras, depósitos, terminales aéreas y pasos fronterizos para conseguir cadenas de suministro más integradas y resistentes.

El potencial económico podría ser considerable. Una estimación del Banco Interamericano de Desarrollo citada por Maersk calcula que el nearshoring podría generar $78,000 millones adicionales en exportaciones anuales para América Latina y el Caribe, divididos en $64,000 millones en bienes y $14,000 millones correspondientes a servicios.

Esta proyección comprende toda la región y no representa una estimación exclusiva para Panamá. Maersk advierte que aprovechar las nuevas oportunidades dependerá de inversiones sostenidas en infraestructura, conectividad, digitalización, preparación de la fuerza laboral y facilitación comercial, junto con mejoras en la eficiencia regulatoria y la seguridad jurídica.

Para Centroamérica, el reporte señala avances en la modernización aduanera, la coordinación de fronteras y la expansión de plataformas digitales de comercio. Estas iniciativas buscan reducir tiempos, aumentar la visibilidad sobre los movimientos de carga y facilitar el intercambio transfronterizo, mientras Guatemala atrae fabricantes interesados en abastecer con mayor rapidez el mercado norteamericano.

Costa Rica, por su parte, consolidó su participación en la fabricación de dispositivos médicos y otros productos de alto valor, mientras Panamá se especializa en distribución e inventarios.

La combinación muestra que los países centroamericanos pueden ocupar funciones diferentes pero complementarias dentro de las nuevas cadenas productivas y comerciales del continente.

El panorama también presenta obstáculos. Maersk identifica brechas de infraestructura, regulaciones complejas, problemas de seguridad y conectividad desigual frente a la competencia de economías del sudeste asiático.

Las empresas evalúan además la confiabilidad del transporte, la eficiencia de los puertos, el suministro energético y la estabilidad institucional antes de decidir sus inversiones.

La presencia de Maersk en Panamá también se amplió en abril de 2025, cuando APM Terminals, filial del grupo danés, adquirió Panama Canal Railway Company a Canadian Pacific Kansas City y Lanco Group/Mi-Jack.

La empresa opera el ferrocarril de aproximadamente 76 kilómetros que conecta las costas del Pacífico y el Atlántico, y que funciona como un puente terrestre para movilizar contenedores entre los complejos portuarios ubicados en ambos extremos del Canal.

Para Panamá, el desafío será convertir su ventaja geográfica en servicios logísticos más eficientes, competitivos y tecnológicamente integrados. La operación provisional de Balboa, las nuevas rutas marítimas y el crecimiento del almacenamiento refuerzan su función regional, pero sostenerla requerirá modernización continua y reglas claras para atraer inversiones de largo plazo.

Panamá impidió el tránsito por el Aeropuerto Internacional de Tocumen de un ciudadano venezolano presuntamente vinculado con la organización criminal Tren de Aragua.

El extranjero también mantenía antecedentes penales en Estados Unidos por posesión y distribución de narcóticos, de acuerdo con las verificaciones efectuadas por el Servicio Nacional de Migración.

El hombre llegó en un vuelo procedente de Valencia, Venezuela, y pretendía continuar su recorrido hacia Medellín, Colombia. Las alertas surgieron durante los controles migratorios realizados en la terminal aérea.

Tras confirmar la información, las autoridades panameñas impidieron su tránsito y ordenaron devolverlo a su país de origen.

Migración señaló que mantiene activos sus filtros en los puertos de entrada y tránsito para prevenir el desplazamiento de personas relacionadas con actividades delictivas.

La entidad no reveló la identidad del pasajero ni detalló los antecedentes que permitieron asociarlo con el Tren de Aragua, más allá de las alertas internacionales y su historial por narcotráfico.

El Tren de Aragua es una organización criminal transnacional surgida en la cárcel de Tocorón, ubicada en el estado venezolano de Aragua. Bajo el liderazgo de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, conocido como “Niño Guerrero”, el grupo extendió progresivamente sus operaciones fuera de Venezuela hacia distintos países de América.

Sus células han sido relacionadas con homicidios, secuestros, extorsiones, tráfico de drogas, trata de personas y explotación sexual. La estructura también ha aprovechado los movimientos migratorios para captar víctimas, controlar rutas clandestinas y establecer redes criminales en comunidades venezolanas, aunque su presencia y capacidad operativa varían entre los países.

Estados Unidos incluyó al Tren de Aragua en su lista de organizaciones terroristas extranjeras el 20 de febrero de 2025. La decisión fue adoptada después de una orden ejecutiva que abrió el proceso para clasificar como terroristas a determinados carteles y grupos criminales transnacionales considerados una amenaza para la seguridad nacional y regional.

La designación estadounidense se sustentó en la violencia atribuida al grupo y su participación en asesinatos, secuestros, extorsiones y tráfico de personas, armas y drogas. La medida permite bloquear bienes, perseguir fuentes de financiamiento y sancionar a quienes proporcionen apoyo material a la organización dentro de la jurisdicción de Estados Unidos.

En Panamá, al menos cinco personas señaladas por presuntos vínculos con el Tren de Aragua han sido detectadas, inadmitidas o expulsadas durante 2026.

El recuento incluye a dos venezolanos localizados inicialmente en un puesto de control en Divisa, quienes posteriormente fueron expulsados del territorio panameño hacia Venezuela.

Ambos extranjeros habían sido retenidos en abril durante una inspección realizada por unidades migratorias y del Servicio Nacional de Fronteras.

El 2 de junio, luego de completar los procedimientos legales establecidos en materia de migración, seguridad y orden público, abandonaron Panamá bajo custodia de funcionarios a través del aeropuerto de Tocumen.

Otro caso ocurrió el 12 de agosto, cuando un ciudadano colombiano fue rechazado al intentar ingresar como turista. Durante la entrevista migratoria manifestó pertenecer al Tren de Aragua y afirmó estar amenazado por La Inmaculada, otra estructura delictiva. Las autoridades consideraron que representaba un riesgo para la seguridad pública y lo devolvieron a Colombia.

El 21 de agosto, los supervisores migratorios identificaron en Tocumen a otro venezolano presuntamente relacionado con la organización transnacional. Había llegado desde Guatemala y viajaba hacia Venezuela.

Los funcionarios observaron tatuajes asociados con la banda y comprobaron que había sido deportado previamente desde Denver, Colorado.

Debido a sus antecedentes y a las alertas obtenidas durante las verificaciones, Panamá le negó el tránsito y dispuso su devolución a Guatemala, lugar de procedencia del vuelo.

Este caso y el registrado el 1 de septiembre muestran la utilización de Tocumen como conexión internacional y el reforzamiento de los controles sobre pasajeros en tránsito.

La actuación migratoria no implica que todos los extranjeros detectados sean procesados penalmente en Panamá. Cuando una persona no ha cometido un delito dentro del territorio nacional, pero existen alertas o motivos legales para impedir su entrada, las autoridades pueden inadmitirla, rechazarla o devolverla conforme a los procedimientos contemplados en la normativa migratoria.

Migración también informó sobre otras retenciones no relacionadas con el Tren de Aragua. Durante el Operativo Perseus, desarrollado en Guararé, provincia de Los Santos, un ciudadano colombiano con la estadía vencida fue detectado y remitido a la Secretaría Judicial, encargada de continuar el procedimiento administrativo correspondiente.

En otro control efectuado en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, los supervisores retuvieron a un colombiano que mantenía una orden de conducción por un presunto delito contra el orden económico. El extranjero fue puesto a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación judicial y cumplir la solicitud registrada en su contra.

El doble homicidio de una pareja dentro de un automóvil en Villa Lucre, en el distrito de San Miguelito, podría estar relacionado con redes de crimen organizado o con préstamos informales bajo la modalidad “gota a gota”, según las dos líneas de investigación que mantiene abiertas la Policía Nacional.

El director de la institución, Jaime Fernández, explicó que los investigadores recopilan videos de las cámaras de seguridad ubicadas alrededor de la escena. La Dirección de Investigación Judicial y la Dirección de Inteligencia Policial analizan ese material para identificar a los responsables y reconstruir sus movimientos antes y después del ataque.

Fernández aclaró que hasta ahora no existen personas aprehendidas por el doble homicidio, contrario a versiones que circularon inicialmente. Aseguró, sin embargo, que las autoridades cuentan con abundante evidencia y trabajan junto con el Ministerio Público para realizar las diligencias y los allanamientos que requiera la investigación.

El ataque ocurrió la tarde del 25 de agosto, cuando varios hombres armados se aproximaron a un vehículo estacionado en una plaza comercial de Villa Lucre y dispararon contra sus ocupantes.

El lugar se encuentra cerca de una estación del Metro y mantiene una circulación constante de peatones, conductores y repartidores.

El hombre murió en el sitio, mientras su acompañante, quien se encontraba embarazada, fue trasladada por unidades policiales a un centro hospitalario. La mujer falleció poco después debido a la gravedad de las heridas. El crimen provocó una tercera muerte al interrumpir violentamente el embarazo de la víctima.

La condición de la mujer agregó especial gravedad a un ataque cometido alrededor de las 5:00 p. m. y en un área ampliamente transitada. Funcionarios del Ministerio Público y agentes de la DIJ procesaron la escena, recopilaron indicios balísticos y comenzaron a revisar la ruta utilizada por los pistoleros para escapar.

Una de las hipótesis mencionadas por Fernández relaciona el crimen con el sistema de préstamos informales conocido como “gota a gota”, una modalidad que habría surgido en Medellín, Colombia, durante la década de 1990. Posteriormente, el mecanismo se extendió hacia otros países de América Latina y el Caribe.

El esquema ofrece dinero inmediato sin contratos formales, garantías, referencias bancarias ni evaluación de la capacidad de pago. Sus principales objetivos suelen ser pequeños comerciantes, trabajadores informales y personas excluidas del sistema financiero. A cambio de esa facilidad, los prestamistas imponen intereses elevados y cobros diarios.

El nombre “gota a gota” proviene precisamente de la entrega diaria de pequeñas cuotas que van pagando gradualmente la deuda. Sin embargo, los intereses y recargos pueden impedir que el compromiso disminuya. En algunos casos, el deudor termina entregando varias veces la cantidad recibida originalmente sin cancelar el préstamo.

Cuando una persona se atrasa, los cobradores pueden recurrir a intimidaciones, amenazas, agresiones, destrucción de negocios o ataques contra familiares. La información personal entregada al solicitar el dinero también puede utilizarse para ejercer presión. Estas acciones convierten una deuda informal en un mecanismo de control y explotación criminal.

El préstamo informal, por sí solo, no convierte automáticamente cada caso en un delito ni demuestra la actuación de una organización criminal. La conducta adquiere relevancia penal cuando intervienen prácticas como la extorsión, las amenazas, las lesiones, la asociación ilícita, el blanqueo de capitales o el homicidio utilizado como método de cobro.

Estos grupos suelen utilizar cobradores distribuidos por zonas y registros detallados de clientes, cuotas, domicilios y lugares de trabajo. La facilidad para entregar dinero en efectivo también les permite penetrar comunidades con limitado acceso al crédito, mientras el temor a represalias reduce las denuncias y dificulta rastrear las operaciones financieras.

En el caso de Villa Lucre, la Policía todavía debe establecer si alguna de las víctimas mantenía una deuda vinculada con esta modalidad o si el ataque respondió a otra actividad del crimen organizado. Fernández enfatizó que todas las posibilidades permanecen abiertas y calificó el doble asesinato como un hecho inusual dentro de ese sector de San Miguelito.

La investigación deberá determinar quiénes ejecutaron el ataque, cuál fue su motivación y si otras personas ordenaron el crimen. Los videos, peritajes balísticos, comunicaciones y movimientos previos de las víctimas serán determinantes para comprobar o descartar la hipótesis del “gota a gota”, que por ahora continúa siendo únicamente una línea investigativa.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, anunció que convocará la próxima semana una reunión en la Presidencia de la República con tres representantes de los gremios de jubilados y tres de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, para buscar alternativas que permitan aplicar el Proyecto de Ley 226.

Mulino informó que participará personalmente en el encuentro, cuyo objetivo será encontrar fórmulas que hagan viable la ampliación de los beneficios para jubilados, pensionados y personas de la tercera edad.

El mandatario expresó su confianza en alcanzar una salida para los problemas generados por la aprobación de la iniciativa legislativa.

El anuncio abre un espacio de negociación después de que la Cámara de Comercio solicitara al Ejecutivo vetar completamente el proyecto. El gremio empresarial considera que la reforma aumenta las obligaciones económicas de los comercios, especialmente de las micro, pequeñas y medianas empresas, sin resolver previamente cómo se financiará sosteniblemente esta política social.

La organización reconoció la necesidad de proteger a los adultos mayores, pero sostuvo que los descuentos obligatorios reducen directamente los ingresos de los negocios, mientras los costos de planilla, alquiler, electricidad, insumos, financiamiento e impuestos permanecen iguales o aumentan. Esta situación podría obligarlos a reducir márgenes o trasladar los costos a los consumidores.

Entre las posibles consecuencias, la Cámara mencionó aumentos de precios, aplazamiento de inversiones, reducción de contrataciones y cierres de empresas.

También planteó que los beneficios dirigidos a jubilados y pensionados no deben descansar de manera creciente sobre determinados sectores productivos, sino responder a una política pública compartida y financieramente sostenible.

El proyecto reconoce que los descuentos concedidos podrán utilizarse como crédito fiscal contra el impuesto sobre la renta, ampliando ese tratamiento a todos los sectores obligados a aplicar los beneficios. Sin embargo, la Cámara advirtió que el mecanismo necesita un análisis sobre su costo para las finanzas públicas y la capacidad del Estado para hacerlo efectivo.

Según el gremio, reconocer el 100% de los descuentos como crédito fiscal no elimina el impacto inmediato sobre el flujo de caja de las empresas. Los negocios deben aplicar la reducción al momento de vender, pero recuperarían posteriormente ese dinero mediante el sistema tributario, siempre que tengan suficientes obligaciones fiscales para compensar las cantidades acumuladas por los beneficios.

La Asociación Panameña de Hoteles también solicitó revisar la propuesta, aunque no rechazó el propósito social de ampliar la protección a los adultos mayores. Apatel pidió reconsiderar particularmente el aumento del descuento obligatorio en hospedaje al 40% durante viernes, sábados y domingos, por su posible efecto sobre la liquidez de la hotelería formal.

El beneficio hotelero se mantendría en 50% de lunes a jueves, mientras el porcentaje vigente durante los fines de semana aumentaría del 30% al 40%. Los descuentos se aplicarían sobre tarifas regulares y promocionales e incluirían expresamente a hoteles, moteles, pensiones y hostales dentro de los establecimientos sujetos al nuevo régimen.

Apatel señaló que los fines de semana concentran una parte importante de la facturación de hoteles pequeños, medianos e independientes, especialmente en el interior del país.

Esos ingresos permiten cubrir salarios, electricidad, proveedores, mantenimiento, seguros e insumos, por lo que una reducción inmediata podría comprometer la operación y las inversiones de los establecimientos.

El Proyecto de Ley 226 modifica la Ley 6 de 1987 y amplía descuentos en medicamentos, servicios básicos, productos financieros, equipos médicos y actividades recreativas. La iniciativa fue aprobada en tercer debate por la Asamblea Nacional con 47 votos favorables y uno en contra, pero todavía requiere la decisión del Órgano Ejecutivo.

Entre los cambios, el descuento en medicamentos aumentaría del 20% al 30%, mientras el servicio de agua recibiría una reducción del 30% cuando el consumo mensual no exceda $30. También se incorporaría un beneficio igual para internet y televisión por cable en contratos residenciales de hasta $50 mensuales a nombre del beneficiario.

La reforma establece descuentos del 20% para pañales desechables de adultos y del 25% para sillas de ruedas, muletas, bastones, andaderas y otros equipos de asistencia.

Además, elevaría del 1% al 2% la reducción aplicable a la tasa de interés de ciertos préstamos hipotecarios destinados a la adquisición de vivienda propia.

Los jubilados han defendido el proyecto y solicitado su sanción, al considerar que la ampliación responde al encarecimiento de medicamentos, servicios y productos esenciales.

Sus dirigentes también cuestionaron que algunos establecimientos aumenten previamente los precios para presentar promociones que terminan limitando el alcance real de los descuentos reconocidos legalmente a los beneficiarios.

La iniciativa incorpora una regla según la cual, cuando una promoción resulte inferior al precio obtenido mediante el descuento legal, el establecimiento deberá aplicar una reducción adicional del 10% sobre la oferta.

También aumenta las multas por incumplimiento, que pasarían del rango actual de $50 a $5,000 a sanciones de entre $500 y $10,000.

La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, advirtió a los restaurantes de Panamá que las propinas entregadas por los clientes no sustituyen el salario de sus trabajadores.

La funcionaria hizo el pronunciamiento después de participar en varias inspecciones y conocer incidencias relacionadas con el manejo de estas gratificaciones.

Muñoz explicó que el salario corresponde a la remuneración que el empleador debe pagar por el trabajo realizado, de acuerdo con las condiciones establecidas en el contrato laboral.

La propina, en cambio, procede de un tercero que decide reconocer voluntariamente la atención o el servicio recibido en un establecimiento.

“Las propinas no son parte del salario”, afirmó la ministra, quien aprovechó su intervención para hacer un llamado directo a propietarios y administradores de restaurantes.

Su declaración establece que los comercios no pueden utilizar las cantidades aportadas por los consumidores para completar o reemplazar el pago correspondiente al trabajador.

La titular de Trabajo también pidió a los empleados que denuncien cualquier situación en la que consideren vulnerados sus derechos laborales. Indicó que pueden acercarse al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral de manera anónima, con el propósito de solicitar una inspección y el acompañamiento de la institución.

Muñoz reiteró que cada colaborador debe recibir el salario pactado en su contrato, independientemente de las propinas obtenidas durante la jornada. Ese aporte adicional depende exclusivamente de la voluntad del cliente y no libera al empleador de cumplir con sus obligaciones salariales, prestaciones y condiciones contractuales.

Aunque la ministra concentró sus declaraciones en los derechos de los trabajadores, la legislación panameña también protege la decisión del consumidor. En Panamá, pagar propina no es obligatorio y los restaurantes solamente pueden sugerirla. El cliente conserva la facultad de aceptarla, rechazarla o modificar su monto.

La voluntariedad quedó establecida mediante la Ley 34 del 2 de agosto de 2016, que modificó disposiciones de la Ley 45 de 2007 sobre protección al consumidor. El artículo 56 señala expresamente que la propina o gratificación por el servicio prestado es voluntaria.

Esto significa que un restaurante puede preguntar al consumidor si desea agregar un porcentaje determinado como reconocimiento por la atención, pero no debe presentarlo como un cargo obligatorio. Tampoco corresponde incorporarlo automáticamente a la cuenta sin permitir que la persona decida libremente si quiere pagarlo.

En el país suele sugerirse un porcentaje al momento de cancelar el consumo, especialmente cuando el pago se realiza mediante tarjeta bancaria. Sin embargo, esa práctica comercial no convierte la recomendación en una obligación. El consumidor puede elegir otra cantidad o no entregar ninguna gratificación sin tener que justificar su decisión.

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia ha reiterado que los establecimientos deben informar los precios completos de los productos y servicios ofrecidos. Cualquier cobro exigido por el comercio debe estar debidamente reflejado, mientras que la propina conserva su carácter adicional y estrictamente voluntario.

La advertencia de Muñoz aborda otro aspecto del mismo proceso: el dinero aportado por el cliente no pertenece al restaurante ni reemplaza las responsabilidades del empleador. Si el trabajador recibe propinas, estas corresponden al reconocimiento de un tercero y deben mantenerse separadas de la remuneración acordada por la relación laboral.

Los empleados que detecten retenciones, descuentos o irregularidades pueden solicitar una inspección laboral sin revelar públicamente su identidad, según explicó la ministra. El Mitradel deberá verificar cada denuncia y determinar si la administración del restaurante incumple sus obligaciones o afecta los derechos económicos de su personal.

Para los consumidores, la norma permite denunciar ante la Acodeco el cobro obligatorio o irregular de una propina, para lo cual resulta importante conservar la factura fiscal. Este documento permite comprobar si el establecimiento agregó un porcentaje sin autorización o lo presentó engañosamente como parte indispensable de la cuenta.

La diferencia central es que el salario constituye una obligación contractual del empleador y la propina representa una decisión personal del cliente. Un restaurante no puede trasladar al consumidor la responsabilidad de remunerar a sus trabajadores ni convertir una gratificación voluntaria en un mecanismo para reducir sus costos laborales.

El llamado de la ministra busca que los trabajadores conozcan esta separación y reporten cualquier práctica que comprometa el pago íntegro de sus salarios. Al mismo tiempo, la normativa deja claro que agradecer un buen servicio mediante una propina continúa siendo una elección del consumidor, no una exigencia impuesta por el establecimiento.

Panamá renovó su categoría de país con riesgo insignificante frente a la Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB), conocida como la enfermedad de las “vacas locas”.

La distinción respalda el estatus sanitario nacional y favorece la inserción de la producción bovina en los mercados internacionales.

El reconocimiento quedó ratificado en junio de este año mediante la Resolución N.º 23 de la Asamblea Mundial de Delegados de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA).

Según informó el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), el país conserva esta condición desde 2011.

Ahora, el sistema panameño de trazabilidad asigna aretes rojos a los bovinos foráneos que ingresan al país, mientras que los animales nacidos en territorio nacional reciben, en cambio, aretes blancos.

La medida busca que cada ejemplar pueda ser identificado según su procedencia dentro de los mecanismos de control sanitario. Esta diferenciación facilita el seguimiento de los animales durante su permanencia y movilización en el país.

Panamá, se explicó, utiliza la plataforma Trazar Agro para registrar los datos del ganado y controlar su recorrido a lo largo de la cadena productiva. El sistema permite conocer el origen y los desplazamientos de los bovinos, lo que ayuda a actuar con rapidez ante una alerta sanitaria.

El MIDA sostiene que la identificación diferenciada de los animales importados y nacionales forma parte de una estrategia de prevención, vigilancia y control.

El objetivo, manifiesta la entidad estatal, es preservar la sanidad animal, proteger a los productores y reforzar la inocuidad de los alimentos destinados a los consumidores.

La renovación de la categoría de riesgo insignificante confirma que Panamá cumple los estándares internacionales exigidos para la prevención y el control de la EEB. La condición también constituye un respaldo para el comercio de bovinos, productos cárnicos y subproductos pecuarios.

La resolución de la OMSA volvió a ubicar al país dentro del grupo de naciones con las exigencias sanitarias requeridas para esta enfermedad.

El MIDA indicó por segunda vez que la permanencia en esa categoría responde al trabajo de las instituciones sanitarias, los médicos veterinarios, los productores ganaderos y los demás integrantes de la cadena agropecuaria.

La EEB es una enfermedad de notificación obligatoria en la República de Panamá. Por esa razón, la detección temprana de cualquier sospecha clínica es uno de los componentes centrales del esquema de prevención.

El Laboratorio de Diagnóstico e Investigación Veterinaria Dr. Gerardino Medina H. (LADIV) funciona como referencia nacional para la confirmación de casos sospechosos, para lo cual dispone de las metodologías recomendadas por la OMSA para emitir diagnósticos oficiales.

El uso de esos procedimientos permite obtener resultados bajo parámetros científicos internacionales. El laboratorio integra la estrategia nacional que busca detectar de forma temprana eventuales riesgos vinculados con la EEB.

Las autoridades mantienen además inspecciones y muestreos periódicos en distintos eslabones de la producción pecuaria. Los controles abarcan las fincas ganaderas, los establecimientos comerciales, las plantas de elaboración de alimentos y las instalaciones que procesan despojos para alimentación animal.

El seguimiento no se limita al ganado. También alcanza los insumos que pueden ingresar en la alimentación de los rumiantes, debido a que esa etapa es determinante para reducir riesgos sanitarios.

La normativa panameña impide suministrar a los rumiantes piensos con proteínas de origen animal, en especial harinas de carne y hueso provenientes de otros rumiantes. La prohibición también comprende el uso de gallinaza y porcinaza.

La restricción figura en el artículo 23 del Decreto Ejecutivo N.º 383, emitido el 27 de septiembre de 2010. El cumplimiento de esa disposición forma parte de los requisitos para conservar el reconocimiento sanitario internacional.

Se tiene que la fiscalización alcanza las plantas procesadoras, las explotaciones ganaderas y los comercios que venden insumos agropecuarios. El control procura evitar prácticas que puedan afectar la seguridad de la producción bovina.

Poco se conocía sobre los avances de la investigación por el asesinato del empresario suizo-español Miguel González, ocurrido en abril en la ciudad de Panamá.

Casi cinco meses después, el Ministerio Público informó que tres personas fueron aprehendidas por su presunta vinculación con el crimen, durante una operación desarrollada en varios sectores de la capital.

La denominada Operación Destello fue dirigida por la Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Metropolitana, con apoyo de la Dirección de Investigación Judicial y la Dirección de Inteligencia Policial.

Las autoridades realizaron diligencias en Pacora, Las Cumbres y el distrito de San Miguelito, donde capturaron a cinco personas por diferentes investigaciones.

Entre los aprehendidos se encuentran dos hombres y una mujer presuntamente relacionados con el homicidio doloso agravado de González.

Las capturas vinculadas directamente con este expediente fueron efectuadas en Pacora y San Miguelito, según detalló la Procuraduría General de la Nación, que también mencionó una investigación por el delito de asociación ilícita.

González, de 60 años, fue atacado el 15 de abril de 2026 en Llano Bonito, corregimiento de Juan Díaz, cerca de uno de los accesos al Corredor Sur.

El empresario conducía un vehículo Kia Sportage gris cuando fue interceptado y perseguido por sujetos armados, de acuerdo con los reportes conocidos después del crimen.

Las primeras versiones indicaron que los agresores viajaban en un sedán blanco y utilizaban vestimenta similar a la policial. Algunos portaban chalecos parecidos a los empleados por agentes de la Dirección de Investigación Judicial.

Después de cerrarle el paso, realizaron múltiples disparos contra el automóvil del ejecutivo financiero, quien perdió el control y chocó contra un poste.

El empresario recibió varios impactos de bala en la espalda, el muslo izquierdo y la cadera. Tras el ataque fue auxiliado en el lugar y trasladado en una ambulancia al Hospital San Miguel Arcángel, donde los médicos confirmaron su fallecimiento aproximadamente a las 12:25 p. m.

Durante la inspección de la escena, los peritos de Criminalística del Ministerio Público recuperaron más de 15 casquillos de arma de fuego. La cantidad de disparos, la persecución y la indumentaria utilizada por los atacantes reforzaron inicialmente la hipótesis de una acción planificada y dirigida específicamente contra González.

Pese a estas características, las autoridades evitaron adelantar públicamente cuál habría sido el móvil del homicidio o quién ordenó su ejecución.

En los días posteriores al ataque se conoció que los investigadores evaluaban distintas líneas, entre ellas un posible intento de secuestro o robo, sin confirmar oficialmente ninguna.

González tenía más de tres décadas de experiencia en la banca internacional y el mercado financiero. Era cofundador, miembro de la junta directiva y director ejecutivo de Firmus Financial Inc., una casa de valores con operaciones en Panamá. Además, poseía licencias como ejecutivo principal y corredor de valores desde 2015.

El financista se había graduado en Economía y Derecho en la Universidad de Ginebra, en Suiza, y desarrolló parte de su trayectoria profesional en entidades financieras con presencia en Bahamas.

Antes de establecerse en Panamá, ocupó cargos directivos y administrativos en compañías vinculadas con la banca privada internacional.

González llevaba más de una década residiendo en el país y mantenía sus oficinas en la Torre Financial Park, ubicada en Costa del Este. Según la información conocida después de su muerte, viajaba frecuentemente a países sudamericanos por razones laborales y no registraba antecedentes penales en Panamá. Su asesinato generó inquietud dentro del sector financiero.

La Operación Destello también permitió la captura de un hombre por otro homicidio ocurrido el 12 de julio de 2026, en el sector de Tierra Prometida, corregimiento de Ernesto Córdoba Campos. Esta aprehensión se produjo en Las Cumbres y corresponde a un expediente distinto del asesinato del empresario suizo-español.

En otra diligencia efectuada en Pacora, los fiscales localizaron una sustancia que presuntamente sería ilícita y aprehendieron a un quinto hombre. El Ministerio Público aclaró que los cinco capturados serán presentados ante tribunales de garantías, donde los fiscales formularán las solicitudes correspondientes según cada investigación.

Las audiencias permitirán conocer qué elementos de convicción relacionan a los tres sospechosos con el homicidio de González y si enfrentarán imputaciones y medidas cautelares. Aunque las aprehensiones representan el primer avance público relevante del caso, todavía no se ha identificado oficialmente el móvil ni la participación atribuida a cada detenido.

El Consejo de Gabinete aprobó el proyecto de Ley N. 32-26, que establece el Presupuesto de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) para el año fiscal 2027, que comprende del 1 de octubre de 2026 al 30 de septiembre de 2027, el cual proyecta ingresos totales por $5,555.3 millones, representando un incremento de 6.7% con respecto al año anterior.

La información oficial señala que el presupuesto, presentado por el ministro del Canal, Jose Ramón Icaza, y la sub administradora de la Autoridad del Canal de Panamá, Ilya Espino de Marotta, contempla un aporte directo al Estado panameño de $3,607.8 millones, unos $414 millones más que en el de 2026, como resultado de una gestión financiera y la capacidad del Canal, a pesar de los riesgos asociados a una posible ocurrencia del fenómeno de El Niño.

A los aportes, añade, se suman otros pagos al Estado en concepto de impuesto sobre la renta, seguro social, seguro educativo de empleados del Canal y cuota obrero patronal por $328.5 millones.

Se indica que el proyecto de Presupuesto 2027 del Canal también establece una utilidad neta proyectada de $3,249.5 millones, o 4.5% menos con relación al 2026.

En este presupuesto se afirma que la Autoridad del Canal de Panamá toma en cuenta los pronósticos de tránsito según las proyecciones del comercio, la industria marítima, la condición económica de los mercados y rutas que sirve el Canal, recalcando la posible ocurrencia del fenómeno atmosférico de El Niño y las restricciones hídricas que pueden limitar la capacidad operativa y moderar las expectativas de crecimiento del tráfico.

No obstante, se añade que la Autoridad del Canal de Panamá resalta en su exposición de motivos que el presupuesto para este nuevo periodo está orientado a fortalecer la competitividad de la ruta, avanzar en nuevos proyectos vinculados al desarrollo del negocio, consolidar la formación de capital humano y profundizar las acciones de sostenibilidad que aseguren las continuidad, eficiencia y rentabilidad de la vía interoceánica.

En cuanto al crecimiento de los ingresos, la información gubernamental explica que obedece, principalmente, al aumento de los ingresos de tránsito, estimados en $5,408.1 millones, superiores en $291.4 millones o 5.7% al año fiscal 2026 aprobado.

La Autoridad del Canal de Panamá reiteró durante la presentación en el Consejo de Gabinete, siempre según la información oficial, que el presupuesto responde a tres prioridades estratégicas: proteger el negocio, asegurar la operación y preparar el futuro.

En ese marco, agrega una nota de la Secretaría de Comunicación de la presidencia de la República, contempla recursos para la sostenibilidad operativa, la protección de activos y la gestión de riesgos; programas de mantenimiento, seguros, conservación y reforestación de la cuenca; ciberseguridad y continuidad tecnológica; así como inversiones en formación y bienestar del capital humano, relevo generacional y el fortalecimiento de capacidades.

También acompaña el avance de las principales iniciativas estratégicas del Canal, entre ellas el proyecto de lago de Río Indio, el corredor energético, las terminales portuarias y el corredor logístico, como parte de la estrategia de largo plazo para fortalecer la competitividad y sostenibilidad de la ruta.

Se advierte que la estructura de peajes del Canal de Panamá se mantiene sin cambios para el año fiscal 2027 y el proyecto de presupuesto no contempla modificaciones a las tarifas vigentes aplicables a sus clientes.

Tras la aprobación del Presupuesto del Canal 2027 por parte del Consejo de Gabinete, se autorizó al ministro para Asuntos del Canal, Jose Ramón Icaza, para que, junto a las autoridades de la Autoridad del Canal de Panamá, presente este proyecto de Presupuesto ante la Asamblea Nacional de Diputados, en cumplimiento del proceso establecido por la Constitución Política y la Ley Orgánica de la Autoridad del Canal de Panamá.

La Zona Franca Pesquera del Pacífico proyecta ampliar su superficie en cerca de una hectárea y media para incorporar empresas, elevar su capacidad comercial y abrir nuevas vacantes en Tanara, distrito de Chepo.

El recinto busca consolidar actividades de procesamiento, logística y exportación vinculadas con los productos del mar.

El proyecto reúne a compañías dedicadas a transformar pescado, aprovechar sus subproductos y prestar servicios comerciales dentro de un régimen especial.

La iniciativa fue autorizada por el Consejo de Gabinete en septiembre de 2025, con una inversión superior a $10,8 millones.

La zona franca procesa aproximadamente 300 mil libras semanales de pescado congelado, que se dirige a compradores de América, Europa y Asia. Los mercados europeos y asiáticos concentran una parte relevante de ese destino internacional.

El complejo se convirtió en pocos años en un punto especializado para la adecuación, la transformación y la valorización de productos pesqueros. Su actividad incluye la recepción de materia prima importada y de insumos procedentes del mercado local.

El gerente administrativo del recinto, Edgardo Pérez, explicó que la finalidad es facilitar la llegada de empresas relacionadas con el procesamiento y la comercialización posterior de pescado y sus derivados.

“Nuestras operaciones incluyen el ingreso de materia prima, tanto importada como proveniente del mercado local, para su procesamiento y transformación, con miras a su posterior exportación hacia diferentes mercados internacionales”, señaló Pérez.

La Zona Franca Pesquera del Pacífico funciona bajo el Régimen Especial de Zonas Francas, creado mediante la Ley 32 de 2011. Ese marco reúne incentivos fiscales, mecanismos aduaneros y servicios para compañías que elaboran productos destinados al comercio exterior.

La operación genera alrededor de 140 empleos directos y prevé ampliar esa capacidad con la expansión del recinto. La administradora Yariela Castillo indicó que cerca del 70% de la fuerza laboral está integrada por mujeres.

El impacto del proyecto también abarca acciones de responsabilidad social en Tanara. La administración informó que mantiene iniciativas de apoyo para centros educativos de la comunidad.

Durante un Consejo de Gabinete Extraordinario Ampliado realizado en Tortí, Chepo, el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, vinculó el desarrollo de la zona franca con la creación de actividades asociadas a la producción local.

“Este tipo de proyecto que genera empleos directos e indirectos muestra cómo una decisión de esta administración puede abrir nuevas actividades alrededor de lo que una región produce: procesamiento, transporte, logística, servicios, exportaciones y empleo”, expresó.

La expansión prevista apunta a atraer nuevos operadores y a reforzar el movimiento comercial del área. El crecimiento buscará extender la cadena de valor más allá de la captura y venta primaria de pescado.

La zona está integrada por Corporación Pesquera del Istmo, Biorenewal Rendering y Servicios Francos. Las empresas desarrollan tareas complementarias en el procesamiento pesquero, el uso de residuos y los servicios comerciales.

Corporación Pesquera del Istmo cuenta con túneles de congelación de alta tecnología. La compañía también avanza en la instalación de paneles solares para incorporar fuentes renovables de energía a su operación.

Biorenewal Rendering aplica un modelo de economía circular a partir de residuos generados por plantas procesadoras de pescados y mariscos. La empresa recolecta ese material y lo convierte en harina y aceite de pescado.

Ese proceso permite crear mercancías con valor comercial y reducir el impacto ambiental asociado a los desechos de la industria. El aprovechamiento de subproductos forma parte de la estructura productiva del recinto.

Servicios Francos, a su vez, integra la oferta de apoyo comercial que requiere la actividad exportadora. La combinación de estas compañías permite que la zona franca concentre distintas etapas de una misma cadena de producción.

El régimen de zonas francas forma parte de la estrategia panameña para fortalecer su papel como plataforma logística y de servicios para el comercio internacional. La ubicación del país y la presencia del Canal de Panamá son factores centrales de esa política.

Luego de un llamado de atención por parte del presidente José Raúl Mulino, la Junta Directiva de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) derogó la Resolución JD No. 012-2026, publicada en la Gaceta Oficial N° 30600 el pasado 28 de agosto.

La citada resolución establecía de acceso restringido por 10 años toda la información, documentación, actuaciones e informes técnicos, administrativos y legales contenidos en determinados expedientes tramitados ante la AMP.

Este 1 de septiembre la Junta Directiva de la AMP informó a la ciudadanía en general, al sector marítimo y portuario, así como a la comunidad nacional e internacional, que derogaba la medida.

No obstante, en un comunicado sostiene que la adopción de la Resolución JD No. 012-2026 “respondió a la necesidad de proteger los intereses del Estado y resguardar información de carácter confidencial y cuya divulgación pudiera incidir en procesos legales en curso y, consecuentemente, en la defensa del patrimonio público”.

En este sentido, señaló que el artículo 8 de la Ley 6 del 22 de enero de 2002 establece que: “Las instituciones del Estado están obligadas a brindar a cualquier personal que lo requiera, información sobre el funcionamiento y las actividades que desarrolla, exceptuando únicamente las informaciones de carácter confidencial y de acceso restringido”.

Asimismo, prosigue, el artículo 83 de la Ley N° 35 de 10 de mayo de 1996 reconoce la protección de la información industrial o comercial, que tenga carácter confidencial y que pueda representar una ventaja competitiva o económica frente a terceros.

Bajo este marco jurídico, la Junta Directiva de la AMP señala que consideró que la Resolución JD No.012-2026 estaba orientaba a proteger información cuya divulgación puede comprometer intereses jurídicos y patrimoniales del Estado, sin que existiera la intención de limitar el derecho de acceso a la información pública reconocida por el ordenamiento jurídico nacional.

Con esta decisión de derogar la referida resolución, la AMP alega que reafirma su compromiso con una gestión institucional abierta, transparente y apegada a la ley, promoviendo la confianza de la ciudadanía y del sector marítimo y portuario, así como la seguridad y claridad necesarias para continuar fortaleciendo la competitividad de Panamá en el ámbito marítimo.

La limitación derogada se concentraba en los procesos conocidos por la Dirección General de Puertos e Industrias Marítimas Auxiliares y abarcaba tres categorías centrales para la actividad portuaria panameña.

Esas categorías comprenden las concesiones de áreas, las licencias para prestar servicios marítimos auxiliares y las investigaciones administrativas por infracciones a las normas correspondientes.

La resolución establecía que la información permanecerá restringida durante 10 años, contados desde su clasificación, salvo que desaparezcan antes las circunstancias utilizadas para justificar la reserva.

Durante el periodo que se había establecido, el acceso, la consulta o la reproducción de los expedientes solo podían autorizarse a las partes formalmente acreditadas en cada procedimiento o a las autoridades competentes.

La divulgación, entrega o utilización indebida de la información podía generar responsabilidades administrativas, civiles o penales, según lo disponía expresamente el acto aprobado por la Junta Directiva y que este 1 de septiembre quedó derogada.

Restringir información de esta manera le resta a Panamá confianza, credibilidad y capacidad para atraer inversiones.

También dificulta la fiscalización ciudadana y genera incertidumbre sobre decisiones que deben sustentarse en reglas claras y procedimientos transparentes. En un momento en que el país necesita fortalecer sus instituciones y su competitividad, estas medidas pueden alimentar dudas que se evitan con información oportuna y rendición de cuentas, había indicado la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede).

“Reconocemos que determinados documentos pueden contener datos personales, secretos comerciales u otra información que amerite protección. Sin embargo, esa necesidad no justifica cerrar el acceso a la totalidad de los expedientes. La reserva debe ser excepcional, estar debidamente sustentada y limitarse a la información que efectivamente requiera resguardo”, señaló el gremio.

La Copa Centroamericana Concacaf 2026 cerró su fase de grupos el 27 de agosto de 2026 y definió a los ocho equipos que jugarán los cuartos de final. La ronda inicial dejó como principal sorpresa la eliminación de todos los clubes de Guatemala y Panamá, mientras Costa Rica colocó 3 clasificados, Honduras también 3 y El Salvador 2.

Los cruces de cuartos tendrán partidos de ida entre el 9 y 10 de septiembre y las revanchas del 16 al 17 de septiembre. Las llaves quedaron: Deportivo Saprissa ante CS Cartaginés, FC Motagua frente a Alianza FC, CD Marathón contra Liga Deportiva Alajuelense y Luis Ángel Firpo ante Club Olimpia.

En el Grupo A, el vigente campeón Liga Deportiva Alajuelense avanzó como líder y el segundo lugar fue para Luis Ángel Firpo, que lo aseguró tras empatar en la última jornada.

El Grupo C tuvo la mejor campaña de la fase: Club Olimpia pasó con paso perfecto, con 4 victorias, y Deportivo Saprissa se quedó con el otro boleto. El Grupo B lo encabezó Alianza FC y el segundo cupo fue para CD Marathón, resultado que dejó afuera a Herediano y a Real Estelí. En el Grupo D, la definición llegó por criterios de desempate tras un triple empate invicto: FC Motagua terminó primero y CS Cartaginés avanzó segundo por diferencia de goles general, con eliminación de Municipal pese a sumar tres empates.

Durante la fase que terminó el 27 de agosto en el torneo centroamericano hubo muchos jugadores destacados, por ello, se reveló el XI ideal de la fase de grupos de la Copa Centroamericana de la Concacaf 2026 reconoce a los futbolistas que se destacaron durante la primera etapa del torneo. La ronda inicial contó con rendimientos individuales que resultaron determinantes para los clubes que lograron avanzar a los cuartos de final.

Estos son los 11 integrantes elegidos para conformar el Mejor XI de la fase de grupos:

Sistema táctico: 3-4-3

Portero

Edrick Menjívar (Club Olimpia): 15 atajadas y solo tres goles recibidos en cuatro partidos.

Defensas

John Ruiz (LD Alajuelense): dos goles, seis intercepciones y 268 minutos disputados.

Luis Vega (Motagua): un gol, una asistencia y cinco intercepciones.

Clever Portillo (Motagua): 348 minutos y 11 intercepciones; Motagua recibió apenas dos goles en la fase de grupos.

Mediocampistas

Mauricio Cerritos (Firpo): dos goles, una asistencia y 322 minutos en cancha.

Brian Farioli (Marathón): un gol, una asistencia y cuatro intercepciones; fue titular en los cuatro encuentros.

Edwin Rodríguez (Club Olimpia): un gol y una asistencia en 343 minutos.

Mariano Torres (Saprissa): tres goles, una asistencia y 250 pases completados.

Delanteros

Alonso Hernández (CS Cartaginés): dos goles en cuatro partidos.

Ronaldo Cisneros (LD Alajuelense): cuatro goles, cifra máxima de la competencia durante la fase de grupos.

Jorge Benguché (Club Olimpia): tres goles y participación en la campaña perfecta de Olimpia, con cuatro triunfos.

La Fiscalía Regional de Chiriquí consiguió la detención provisional de un hombre de 54 años, imputado por falsificación de documentos en perjuicio de un adulto mayor de 88 años.

La causa está vinculada con una operación realizada en octubre de 2017. Según la investigación de la Sección contra el Orden Económico, la Personalidad Jurídica del Estado, el Honor de la Persona Natural y la Fe Pública, el imputado habría actuado con un cómplice para transferir una propiedad mediante documentos falsos.

El terreno tenía una extensión de 40 hectáreas y 4.050,94 metros cuadrados y estaba valorado en $200.000. La propiedad habría sido vendida por $246 tras el uso de una cédula y una firma falsas en una notaría de Chiriquí.

La investigación señala que, después de esa transacción, el inmueble fue traspasado a una sociedad anónima por medio de un fideicomiso. La Fiscalía considera que esa operación buscó consolidar el despojo patrimonial contra la víctima.

La denuncia fue presentada en 2022 por el adulto mayor afectado. Durante la audiencia, el juez legalizó la aprehensión, admitió la imputación y ordenó seis meses de detención provisional mientras concluye la investigación.

La Procuraduría General de la Nación sostuvo que la medida permitirá preservar el desarrollo de las diligencias pendientes en torno a la falsificación de documentos y al posterior traspaso de la propiedad.

Mientras, un hombre recibió 180 meses de prisión por un robo agravado cometido en una vivienda de Las Cumbres, donde las víctimas fueron sometidas con armas de fuego, sufrieron lesiones y permanecieron atadas durante más de dos horas y media.

La entidad de justicia informó que la sentencia también incluye la inhabilitación para ejercer funciones públicas durante 60 meses, una vez que el condenado cumpla la pena principal.

El fallo se dictó tras un juicio oral impulsado por la Sección Segunda de Delitos contra el Patrimonio Económico de la Fiscalía Metropolitana.

El caso se originó el 10 de enero de 2025 en una residencia del corregimiento de Las Cumbres, Panamá Norte. Allí, varias personas abordaron a las víctimas mediante violencia, intimidación y armas de fuego.

Los asaltantes realizaron detonaciones y se apoderaron de armas de fuego, prendas de oro, teléfonos celulares, tarjetas bancarias y un vehículo. Después dejaron a las dos personas amarradas de manos y pies dentro de un cuarto.

La investigación permitió aprehender al ahora sentenciado pocas horas después del ataque. La captura ocurrió tras una persecución policial al vehículo robado, que terminó en una colisión.

Dentro del automóvil, las autoridades localizaron parte de los bienes que pertenecían a las víctimas. Durante el juicio, la Fiscalía presentó su teoría del caso, las pruebas y los alegatos de cierre que llevaron a la declaración de culpabilidad.

En otro proceso, la Sección Segunda de Delitos contra el Patrimonio Económico de la Fiscalía Regional de San Miguelito logró la detención provisional de dos hombres imputados por robo agravado contra un conductor de taxi.

El hecho ocurrió el 28 de agosto de 2026, cerca de las 4.30 de la tarde, cuando el taxista llegó al sector de Alto de la Torre para recoger a un pasajero. En ese momento, los dos imputados lo abordaron y, según la investigación, utilizaron un arma de fuego para quitarle sus pertenencias y dinero en efectivo.

Las autoridades indicaron que, durante la audiencia, el juez legalizó la aprehensión de ambos sospechosos y admitió la formulación de cargos presentada por el Ministerio Público.

La Fiscalía sostuvo que la medida cautelar era necesaria ante los riesgos de afectación de pruebas, el peligro que los acusados podrían representar para la víctima y la comunidad, además de la gravedad atribuida al delito.

El tribunal aceptó el pedido de detención provisional. La causa continuará bajo investigación para esclarecer la participación de los dos hombres en el asalto denunciado por el conductor.

El Parque Nacional Chagres reabrió este martes 1 de septiembre a partir de las 8:00 a. m., después de permanecer cerrado preventivamente durante dos días por el aumento del caudal del río Chagres. La decisión permite retomar las visitas y actividades de uso público en los sectores previamente inhabilitados.

El Ministerio de Ambiente adoptó la medida tras evaluar las condiciones del río Chagres, el lago Alajuela y sus respectivas áreas de influencia. La inspección se realizó siguiendo las recomendaciones del Sistema Nacional de Protección Civil, que determinó la posibilidad de restablecer el acceso sin mantener el cierre completo del área protegida.

La restricción había comenzado el 30 de agosto debido a la crecida del río y el riesgo de corrientes repentinas en sus riberas. Mientras estuvo vigente, quedaron prohibidos el ingreso, la navegación, el baño y la permanencia en los sectores afectados, incluidos La Cascada y La Playita, dos espacios frecuentados por visitantes y operadores turísticos.

Aunque la reapertura elimina la prohibición general, las autoridades advirtieron que no supone la desaparición completa de los riesgos asociados con las lluvias. Los visitantes deberán atender las instrucciones de los guardaparques y evitar cualquier sector que presente corrientes fuertes, terrenos inestables u otras condiciones capaces de comprometer su seguridad durante los recorridos.

MiAmbiente confirmó que el horario habitual de visitas continuará de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. para nacionales y extranjeros. Antes de comenzar sus actividades, los usuarios deberán registrarse en la sede administrativa y gestionar el pago correspondiente por servicios ecosistémicos mediante la plataforma digital de la institución.

La reapertura también permite reactivar las actividades de los operadores turísticos y el desplazamiento hacia comunidades ubicadas en las inmediaciones del río y el lago.

Los recorridos suelen incluir navegación, senderismo, visitas a cascadas y experiencias culturales, aunque cada actividad dependerá de las condiciones meteorológicas e hidrológicas observadas durante la jornada.

El Parque Nacional Chagres se extiende por 131.260,77 hectáreas entre las provincias de Panamá y Colón. Sus bosques, ríos y quebradas forman parte del núcleo de cobertura vegetal de la cuenca hidrográfica del Canal, mientras el río Chagres constituye una de las principales reservas de agua dulce del país.

La conservación del parque resulta estratégica porque sus recursos hídricos contribuyen al abastecimiento de agua potable y al funcionamiento del Canal de Panamá. El lago Alajuela actúa como reservorio y permite regular el caudal durante diferentes períodos, por lo que las variaciones provocadas por lluvias intensas requieren vigilancia constante de las autoridades.

El área protegida también mantiene una estrecha relación con comunidades indígenas emberá, cuya actividad económica incluye servicios turísticos, recorridos en canoa, artesanías y presentaciones culturales para los visitantes.

Un cierre preventivo limita temporalmente esos ingresos, pero busca impedir que residentes y turistas queden expuestos a crecidas repentinas en sus rutas de navegación.

Creado para proteger los bosques y las fuentes de agua de la cuenca, el parque alberga una amplia diversidad de plantas, mamíferos, reptiles y aves tropicales.

También conserva segmentos del antiguo Camino Real, la ruta colonial empleada para trasladar mercancías entre el Pacífico y el Caribe, lo que añade valor histórico y cultural a su importancia ambiental.

La reapertura ocurre mientras Panamá permanece bajo condiciones de inestabilidad atmosférica por el paso de la onda tropical número 42 y una elevada concentración de humedad.

Estas condiciones pueden ocasionar aguaceros, tormentas eléctricas y aumentos repentinos del nivel de ríos y quebradas, incluso después de que una zona haya recuperado temporalmente condiciones seguras.

MiAmbiente y Sinaproc mantendrán el monitoreo de los niveles del río Chagres y el lago Alajuela. Si las lluvias vuelven a elevar el caudal, las instituciones podrán restringir sectores específicos o decretar nuevamente un cierre preventivo. Por ello, los operadores deberán comprobar los avisos oficiales antes de trasladar grupos hacia el parque.

Las autoridades recomendaron evitar desplazamientos fuera de las áreas habilitadas, respetar los horarios y no ingresar al agua cuando existan señales de corrientes rápidas o cambios de nivel.

También solicitaron informar cualquier situación irregular al personal del parque y seguir únicamente comunicaciones institucionales, especialmente durante jornadas con pronósticos de lluvias y tormentas.

El Municipio de La Chorrera en Panamá Oeste prepara una licitación con un precio de referencia de $114.5 millones para concesionar durante 20 años el servicio de aseo.

La cifra, sin embargo, no representa un pago municipal al contratista ni el monto que una empresa deberá desembolsar para obtener el contrato.

Los $114.5 millones corresponden a los ingresos brutos que el futuro operador podría recibir entre 2027 y 2047 mediante las tarifas cobradas a viviendas, comercios y otros usuarios. Para efectuar el cálculo, el municipio utilizó una recaudación mensual estimada de $477 mil durante los 240 meses de vigencia.

Con esos recursos, el concesionario deberá financiar el personal, la flota, el combustible, el mantenimiento y la disposición final de los desperdicios. También asumirá los costos administrativos, tecnológicos y ambientales de la operación. Por tanto, la cifra de referencia tampoco equivale a la ganancia que obtendrá la empresa adjudicataria.

El operador no conservará íntegramente todo lo recaudado, pues deberá entregar al municipio entre el 2.5% y el 3% de los cobros mensuales. Cada participante propondrá un porcentaje dentro de ese rango y la oferta económica formará parte de la evaluación para adjudicar la concesión por mejor valor.

La licitación busca sustituir el contrato que el municipio mantiene con Veolia Panamá, compañía que anteriormente operaba como EMAS Panamá. La concesión comenzó en 2007 y terminará el 17 de mayo de 2027, después de dos décadas, por lo que la selección anticipada pretende evitar interrupciones durante el cambio de operador.

El modelo enfrenta una dificultad heredada: los usuarios de la concesionaria vigente mantienen más de $38 millones en facturas pendientes por el servicio de aseo, según reportes periodísticos.

No es una deuda del municipio con Veolia, sino una cartera acumulada entre clientes residenciales y comerciales que no pagaron sus recibos.

Una tarifa emitida no significa necesariamente que el dinero haya sido recibido. Por ello, el nuevo operador deberá actualizar el catastro, clasificar las cuentas atrasadas y establecer acuerdos de pago.

Cuando un usuario ignore las gestiones durante al menos 90 días, podrá solicitar al municipio la activación del procedimiento de cobro coactivo.

La contratación abarcará los 18 corregimientos que integran el distrito de La Chorrera, con una población base de 258.221 habitantes. El estudio de mercado proyecta que el territorio podría superar los 369.000 residentes en 2047, lo que obligará a ampliar rutas, vehículos y personal conforme aumente la generación de desperdicios.

Puerto Caimito, Barrio Colón, Guadalupe y Playa Leona concentran aproximadamente el 62.4% de la población y buena parte de la demanda del servicio. Barrio Balboa, Herrera y El Coco forman otro bloque de elevada densidad, mientras las comunidades rurales necesitarán equipos y recorridos adaptados a sus condiciones de acceso.

El contrato incluirá la recolección y transporte de residuos domiciliarios, comerciales, industriales e institucionales, además del barrido de calles y espacios públicos. El adjudicatario también administrará la facturación y atenderá reclamos, mientras los desechos deberán ser trasladados hasta una instalación autorizada para su disposición final.

El pliego establece que las vías principales y comerciales tendrán recolección de lunes a sábado y las barriadas, tres veces por semana. Las zonas rurales serán atendidas dos veces semanalmente, mientras los sectores turísticos e institucionales recibirán cobertura diaria o según la demanda, con horarios comunicados previamente a cada comunidad.

Para comenzar, la empresa deberá disponer de una flota mínima de 18 vehículos, incluidos 12 camiones compactadores de diferentes capacidades. También necesitará un minicompactador, dos unidades Roll-On/Roll-Off, un camión cajetero y dos camionetas destinadas a supervisar las rutas y responder ante contingencias operativas.

La concesión contempla un período de transición de hasta 15 meses, aunque el servicio no podrá reducirse ni suspenderse durante esa etapa. En los primeros seis meses deberán incorporarse cuatro compactadores modelos 2026 o 2027, mientras la renovación restante avanzará conforme al cronograma aprobado por el municipio.

El proceso ocurre después de reiteradas quejas por retrasos y acumulaciones de basura en comunidades como El Coco. A comienzos de 2026, residentes denunciaron períodos de hasta un mes sin atención y las autoridades reconocieron deficiencias, además de reportar sanciones por $4.500 contra la concesionaria vigente.

El Concejo Municipal autorizó al alcalde Eloy Chong a desarrollar la contratación mediante el Acuerdo 06 del 17 de marzo de 2026. La adjudicación será global y no se permitirán propuestas parciales para componentes separados, de modo que un solo operador asumirá la inversión, la recaudación y los riesgos del servicio durante dos décadas.

Un brote de distemper canino registraron las autoridades de Salud al investigar la muerte de varios perros en el corregimiento de Boró, distrito de La Mesa, provincia de Veraguas.

La preocupación sanitaria se concentra en los animales y en la necesidad de frenar la transmisión entre mascotas.

Posterior a una denuncia ciudadana, el diagnóstico preliminar indicó que los perros evaluados presentaban hallazgos correspondientes al distemper, también llamado moquillo canino.

La enfermedad es viral y se transmite con facilidad entre perros, por lo que las autoridades pidieron evitar el contacto de animales enfermos con ejemplares sanos.

El jefe regional de la Dirección Nacional de Control de Alimentos y Vigilancia Veterinaria (DINACAV), Fidel Batista, explicó que los síntomas observados y las pruebas realizadas orientaron la investigación hacia esa infección.

El distemper puede afectar a perros de cualquier edad, aunque suele tener mayor impacto en cachorros y animales jóvenes. Su presencia se registra en numerosas zonas del mundo y puede derivar en cuadros que comprometen distintos sistemas del organismo.

La infección la provoca un virus de la familia Paramyxoviridae y del género Morbillivirus. El agente comparte características estructurales y biológicas con el virus del sarampión humano, aunque el Ministerio de Salud remarcó que el moquillo canino no representa un riesgo de contagio para las personas.

Los síntomas que deben motivar una consulta veterinaria incluyen secreción nasal u ocular, fiebre, tos, pérdida del apetito, decaimiento, vómitos, diarrea y alteraciones neurológicas. La atención temprana puede facilitar la evaluación del animal antes de que el cuadro avance.

El director regional de Salud, Xavier Antonio Torres Domínguez, señaló que la institución busca llevar tranquilidad a la comunidad. También insistió en que los propietarios deben mantener a sus mascotas vacunadas y bajo control veterinario.

Las autoridades recomendaron revisar y mantener vigente el esquema de vacunación de los perros. Esta medida constituye la principal herramienta para reducir la exposición de los animales a la enfermedad y limitar sus consecuencias en las comunidades.

El Ministerio pidió que los perros con síntomas no compartan recipientes de agua o comida con otros animales. También aconsejó limpiar y desinfectar los lugares donde permanecen las mascotas, debido a que la convivencia estrecha puede favorecer la propagación del virus.

Otra recomendación apunta a no trasladar animales enfermos hacia otras comunidades. La movilización de un perro con signos compatibles puede aumentar el riesgo de que otros ejemplares entren en contacto con la infección.

La veterinaria panameña Crissia Mendoza advirtió que el virus puede deteriorar el sistema nervioso central y provocar neumonías o enfermedades respiratorias graves. Los animales inmunocomprometidos o que reciben quimioterapia enfrentan una mayor vulnerabilidad, aunque cualquier perro sin inmunización adecuada puede enfermar.

Los reportes sobre casos clínicos en Panamá han alertado sobre desenlaces fatales, sobre todo entre mascotas no vacunadas. Algunos perros llegan a las clínicas veterinarias cuando la enfermedad ya se encuentra en una etapa avanzada, una condición que complica la recuperación.

El Ministerio de Salud y representantes de asociaciones veterinarias han señalado que pueden presentarse recurrencias de casos durante determinadas épocas del año. Pese a esos registros, las entidades sostienen que no existe evidencia estadística suficiente para declarar un brote de alcance nacional.

La vigilancia en Boró continuará mientras las autoridades mantienen la orientación a los residentes. El objetivo es que los propietarios reconozcan las señales de alarma, busquen asistencia veterinaria sin demoras y apliquen las medidas de prevención en sus hogares.

La exigencia de vacunación también forma parte de las reglas para el ingreso de mascotas a Panamá. Los perros que llegan al país deben contar con vacunas vigentes contra rabia, distemper, hepatitis, leptospirosis y parvovirus, con las fechas registradas de acuerdo con el período establecido por cada fabricante.

Empresas especializadas de Dinamarca están interesadas en participar en el tendido del cable submarino del proyecto de interconexión eléctrica Panamá–Colombia.

El proyecto cuenta con el respaldo de la Unión Europea, a través del Banco Europeo de Inversiones y fondos de origen danés.

Un encuentro entre el viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación de Panamá, Carlos Guevara Mann, con el embajador del Reino de Dinamarca concurrente en Panamá, Jens Godtfredsen, sirvió de marco para analizar los procesos de consulta, a fin de asegurar el desarrollo adecuado de la obra, según se informó.

El proyecto de interconexión Panamá–Colombia se sitúa en la historia reciente de la integración eléctrica en el continente americano, en particular en el espacio mesoamericano y centroamericano, donde la construcción de redes transfronterizas ha sido una pieza clave para profundizar los mercados regionales de energía.

En este contexto, el Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América Central (SIEPAC) y el Mercado Eléctrico Regional (MER) han sido las principales plataformas técnicas e institucionales para articular los sistemas de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, mediante una línea de transmisión regional y reglas comunes de intercambio.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en sus análisis sobre efectividad del desarrollo, ha destacado que la ampliación de las interconexiones de SIEPAC hacia México, así como nuevos enlaces con Panamá–Colombia y Belice–México, constituye una fase avanzada en la consolidación de un mercado eléctrico centroamericano robusto, capaz de aprovechar economías de escala y diversificar fuentes de generación.

Dentro de este esquema, la interconexión Panamá–Colombia se concibe como un eslabón que completa el puente entre Centroamérica y la región andina, lo que facilitaría la circulación de energía entre sistemas con estructuras de costos, matrices de generación y dinámicas de demanda distintas, incrementando las oportunidades de arbitraje y seguridad de suministro.

Durante la reunión entre Guevara Mann y Jens Godtfredsen se abordó el panorama del sector marítimo y el del Canal de Panamá, reconociendo el papel clave del consorcio danés Maersk como principal usuario de la vía interoceánica y actual administrador temporal del puerto de Balboa.

Godtfredsen también señaló el interés de empresas de su país en participar en modelos operativos a largo plazo que fortalezcan la seguridad y eficiencia logística.

En el plano fiscal y de política exterior, Guevara Mann reiteró la expectativa de Panamá de salir de la lista discriminatoria de la Unión Europea sobre países y territorios no cooperadores en materia fiscal, destacando los esfuerzos y medidas tangibles adoptadas, como la legislación en materia de sustancia económica, para reafirmar al país como un socio confiable.

Manifestó, además, el interés de Panamá por fortalecer los vínculos diplomáticos con Dinamarca y explorar la futura apertura de una misión diplomática en el país.

Ambas autoridades coincidieron en la relevancia de coordinar esfuerzos durante su presencia en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas.

El viceministro panameño también sostuvo un encuentro con la embajadora de la República de Polonia en Panamá, Jolanta Janek.

Durante el encuentro se abordó el desarrollo de nuevos espacios de intercambio que, a partir de las actividades conmemorativas del Bicentenario del Congreso Anfictiónico, han permitido redescubrir vínculos entre Panamá, Polonia y el resto de la comunidad internacional.

Los funcionarios destacaron el valor de la cooperación cultural y académica como herramienta para ampliar el diálogo entre naciones y generar nuevas perspectivas sobre asuntos relacionados con la libertad, la soberanía, la democracia, la seguridad.

Como parte de esa agenda, se prevé la realización de un panel académico que reunirá distintos puntos de vista sobre los desafíos que enfrentan las democracias contemporáneas, particularmente aquellos que pueden afectar la capacidad de las sociedades para ejercer plenamente su soberanía y tomar decisiones informadas.

La iniciativa busca propiciar un intercambio de ideas sobre la libertad, la cooperación entre las naciones y la necesidad de fortalecer la resiliencia democrática.

Joanna Gocłowska-Bolek, reconocida experta sobre América Latina del Centro de Análisis Político y Estudios de Seguridad de la Universidad de Varsovia, será una de las oradoras principales.

Doctora en Economía e investigadora de las relaciones entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe, Gocłowska-Bolek se ha desempeñado como directora del Centro de Estudios Latinoamericanos de la misma universidad y es autora de numerosas publicaciones sobre desarrollo económico, procesos de integración y cooperación interregional.

La justicia panameña impuso detención provisional a 12 personas investigadas por la presunta venta de credenciales académicas falsas, mientras otras 13 quedaron bajo retención domiciliaria.

Las decisiones corresponden a la Operación Credenciales 1.0, un expediente que examina posibles manipulaciones en los concursos de nombramiento docente del Ministerio de Educación (Meduca).

Las medidas fueron adoptadas después de cuatro días consecutivos de audiencias de solicitudes múltiples. El Tribunal de Garantías legalizó 24 aprehensiones y admitió la formulación de cargos contra los 25 investigados, aunque una detención no cumplió los parámetros legales establecidos. Esa decisión no implica una absolución ni excluye a la persona del proceso.

La Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada atribuyó a los imputados posibles delitos de falsificación de documentos, corrupción de servidores públicos y ejercicio ilegal de la profesión.

La investigación también contempla blanqueo de capitales y delincuencia organizada, figuras que reflejan la complejidad del esquema descrito por el Ministerio Público durante las audiencias.

La operación se ejecutó el 26 de agosto mediante allanamientos en Bocas del Toro, Chiriquí, Coclé, Panamá Oeste, Panamá, Colón y Darién. En las diligencias participaron la Policía Nacional, la Dirección Nacional de Inteligencia Policial y la Dirección de Investigación Judicial, bajo la coordinación de la fiscalía especializada que conduce el expediente.

El caso comenzó con denuncias presentadas por el Meduca tras descubrir irregularidades en el Sistema de Administración de Recursos Humanos, conocido como SIARHE.

Esa plataforma concentra las credenciales empleadas para evaluar aspirantes y asignar puntuaciones en los concursos, un proceso determinante para obtener nombramientos y traslados dentro del sistema educativo público.

La hipótesis fiscal sostiene que una estructura ofrecía títulos, créditos académicos y diplomas expedidos de manera irregular, utilizando los nombres de instituciones universitarias reconocidas.

Las credenciales presuntamente eran incorporadas a los expedientes para elevar puntuaciones, mientras algunos beneficiarios conseguían ventajas frente a aspirantes que sí cumplían los requisitos académicos.

Durante las audiencias surgieron testimonios que describieron pagos de hasta $4.000 por la obtención e incorporación de documentos cuestionados.

Una persona habría realizado inicialmente un desembolso de $800 y posteriormente recibió una solicitud de $1.200, supuestamente destinada a incrementar su puntuación dentro del sistema utilizado por el Meduca.

El expediente también examina un posible mecanismo de financiamiento. Quienes no disponían del dinero requerido habrían sido remitidos a una financiera para tramitar préstamos, según la información expuesta ante el tribunal.

La persona que gestionaba esas referencias presuntamente recibía comisiones, un elemento que ahora forma parte de las pesquisas por blanqueo de capitales.

La Fiscalía identificó además a funcionarios con acceso al SIARHE que presuntamente introdujeron información académica falsa en los registros oficiales.

Uno de los investigados habría efectuado 17 inscripciones relacionadas con supuestos títulos de la Universidad de Cartago, mientras otras dos personas estarían vinculadas con al menos 13 registros cuestionados.

La Universidad de Cartago aparece de forma recurrente en el expediente porque algunas personas favorecidas supuestamente nunca estudiaron en esa institución.

Las autoridades deberán verificar las fechas, programas y registros disponibles, debido a que existen versiones diferentes sobre su cierre, además de determinar si las credenciales fueron confeccionadas después del cese de operaciones.

El universo investigado podría superar ampliamente a las 25 personas imputadas. La información recabada por las autoridades apunta a cerca de 400 registros que presentan posibles irregularidades, aunque esa cifra no significa que todos sus titulares sean responsables.

Cada expediente deberá analizarse individualmente para establecer quién adquirió, utilizó o incorporó conscientemente documentación falsa.

Una estimación conocida durante el proceso sitúa en más de $767.000 el posible perjuicio económico asociado con salarios y bonificaciones de los casos examinados.

El monto todavía puede cambiar conforme avance la investigación, que deberá precisar cuánto dinero público fue pagado y durante cuánto tiempo permanecieron vigentes los nombramientos obtenidos mediante credenciales cuestionadas.

El alcance del caso no termina en la falsificación material de un diploma. La utilización de documentos fraudulentos puede desplazar a aspirantes legítimos, alterar concursos y comprometer la calidad del sistema educativo.

También obliga al Meduca a reforzar la verificación con las universidades, mientras la Fiscalía deberá probar individualmente las conductas atribuidas, respetando la presunción de inocencia.

Panamá reglamentó el Programa de Pasantía creado para facilitar la entrada de jóvenes al mercado laboral privado, mediante el Decreto Ejecutivo 1 del 31 de agosto de 2026. La iniciativa busca que los participantes adquieran experiencia práctica, desarrollen capacidades profesionales y mejoren sus posibilidades de conseguir empleo formal.

El programa fue establecido por la Ley 513 del 20 de marzo de 2026 y está dirigido a personas de entre 18 y 25 años provenientes de la educación media, técnica, vocacional o universitaria.

También podrán participar menores de edad que hayan terminado sus estudios secundarios y cuenten con autorización de sus representantes.

Las empresas, industrias, comercios y organizaciones sin fines de lucro podrán incorporarse voluntariamente. Cada participante recibirá una retribución mensual de $450 pagada por la entidad receptora, durante un periodo máximo de un año.

Ese monto no será considerado salario ni producirá prestaciones laborales, deducciones fiscales o cuotas de seguridad social.

La pasantía podrá extenderse hasta 40 horas por semana en jornadas diurnas o mixtas, de lunes a viernes, y los sábados únicamente durante el día. No se permitirán horas extraordinarias ni actividades en feriados o días de duelo nacional, mientras el acuerdo deberá precisar funciones, horario, duración, supervisión y modalidad de pago.

Antes del inicio, la empresa tendrá que contratar una póliza privada de riesgos profesionales o accidentes personales, debido a que el participante no estará cubierto por el régimen correspondiente de la Caja de Seguro Social.

La cobertura deberá identificar los riesgos incluidos, las exclusiones y los límites asegurados para las actividades asignadas.

La reglamentación dispone que cada pasante tendrá un tutor o mentor responsable de acompañar su formación, supervisar sus tareas, ofrecer retroalimentación y reportar incidentes.

Las funciones asignadas deberán relacionarse con el aprendizaje previsto y no podrán responder a necesidades permanentes ni reemplazar plazas regulares de la organización.

La cantidad permitida dependerá del tamaño de la planilla. Las empresas con hasta 50 trabajadores podrán incorporar dos pasantes; aquellas con 51 a 100, cuatro; y las que tengan entre 101 y 200, seis. Las organizaciones con más de 200 empleados podrán admitir hasta el 3% de su fuerza laboral.

Una empresa podrá pedir autorización para superar esos límites, pero tendrá que justificar la necesidad y declarar ante notario que no sustituirá empleos formales. El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral contará con 30 días para responder; si no emite una decisión dentro de ese periodo, la solicitud se entenderá aprobada automáticamente.

Las compañías deberán registrarse en una plataforma administrada por el ministerio y presentar aviso de operación con al menos un año de antigüedad, paz y salvo de la Dirección General de Ingresos y la Caja de Seguro Social, además de su planilla actual. La selección de los jóvenes corresponderá exclusivamente a cada entidad participante.

El acuerdo de participación deberá formalizarse antes del comienzo y contener las actividades, el lugar de prestación, la jornada y la identificación del supervisor.

Al finalizar, la empresa entregará una certificación con la duración, áreas, tareas y competencias observadas, que será reconocida como experiencia adquirida para fines laborales.

El presidente José Raúl Mulino presentó la iniciativa como una herramienta para ampliar las oportunidades de los panameños, especialmente de quienes buscan su primera experiencia.

Al sancionar la ley, el Gobierno destacó que pretende cerrar la brecha que enfrentan los jóvenes cuando las empresas les exigen trayectoria previa para acceder a una plaza formal.

El programa tendrá inicialmente una vigencia de tres años, con posibilidad de prórroga mediante otro decreto ejecutivo. Su funcionamiento no reemplazará las prácticas profesionales, el servicio social desarrollado por centros educativos ni Mi Primer Empleo.

La Dirección de Empleo deberá supervisarlo y publicar anualmente estadísticas sobre empresas, participantes y resultados alcanzados.

El Ministerio de Trabajo habilitará canales presenciales, virtuales o telefónicos para denunciar abusos, acoso, discriminación, exceso de jornada o tareas ajenas a la formación. Las inspecciones podrán verificar las condiciones y la naturaleza de las funciones, mientras el denunciante deberá quedar protegido frente a posibles represalias de la empresa involucrada.

La sustitución de trabajadores por pasantes o la incorporación de jóvenes por encima de los límites autorizados generará multas de $250 a $500, con suspensión del programa en casos de reincidencia. La cuantía ha sido cuestionada porque podría resultar insuficiente para disuadir abusos dentro de empresas de gran tamaño.

La norma enfrentó oposición durante su discusión legislativa. Las diputadas independientes Alexandra Brenes y Janine Prado cuestionaron que una jornada de hasta 40 horas semanales reciba $450 sin constituir salario, carezca de prestaciones y mantenga al joven fuera de la seguridad social, pese a reunir características cercanas a una relación laboral ordinaria.

La Ley 513 enfrenta una demanda de inconstitucionalidad presentada por la diputada Alexandra Brenes, mediante la abogada Martita Cornejo de Robles. La acción cuestiona las disposiciones que excluyen la relación laboral, las prestaciones y la cobertura de la Caja de Seguro Social, pese a que los pasantes podrán cumplir jornadas de hasta 40 horas semanales.

“Si en un término de 48 horas los grupos beligerantes no se reúnen y garantizan que el centro de salud tendrá seguridad, voy a ordenar que todo el equipo se retire”, advirtió el ministro de Salud de Panamá, Fernando Boyd Galindo, tras el asalto y los actos vandálicos registrados en Escobal, provincia de Colón.

El funcionario señaló que, si no existen condiciones para proteger al personal, los habitantes deberán desplazarse hasta otra comunidad para recibir atención médica. También extendió la advertencia al resto del país: los establecimientos asaltados podrían cerrar temporalmente porque el ministerio no expondrá a médicos, enfermeras, camilleros ni otros trabajadores.

El conflicto se concentra en el Centro de Salud de Escobal, ubicado en el sector del lago Gatún, donde personas ajenas a la institución lanzaron piedras y objetos contundentes contra el edificio. Los ataques causaron rotura de vidrios, golpes en las puertas y daños en la infraestructura, además de agresiones contra funcionarios.

Abraham Alvarado, director regional del Ministerio de Salud (Minsa) en Colón, explicó que las autoridades todavía desconocen con certeza qué motivó los ataques. Algunos incidentes podrían estar vinculados con reclamos comunitarios para construir un hospital en Escobal, pero esa posible relación no ha sido confirmada mediante una investigación oficial.

Boyd aclaró posteriormente que el Gobierno no quiere cerrar ningún establecimiento ni ha ordenado cambios de horario. La advertencia pretende obligar a que existan garantías antes de mantener al personal en lugares inseguros. “Yo los voy a proteger”, sostuvo al referirse a quienes trabajan durante extensas jornadas atendiendo a los pacientes.

El ministro pidió que las comunidades cooperen con las autoridades y protejan las instalaciones construidas para su propio beneficio.

Aseguró que el personal sanitario atiende por igual a toda persona que llega herida, sin preguntar las circunstancias, y consideró contradictorio que los trabajadores sean después intimidados cuando intentan prestar asistencia.

Según Boyd, reparar una instalación vandalizada representa un gasto adicional para un ministerio que trabaja con recursos limitados. El dinero destinado a sustituir cables, bombas, vidrios o equipos deja de utilizarse en medicamentos, mantenimiento y ampliación de servicios, mientras los pacientes enfrentan retrasos, traslados y suspensiones de consultas.

El caso de Escobal no constituye un hecho aislado. En el Policentro Dr. Juan Antonio Núñez, situado en la ciudad de Colón, delincuentes sustrajeron en julio cables eléctricos por segunda ocasión. El daño dejó sin funcionamiento sistemas esenciales y obligó a suspender temporalmente la atención regular de más de 400 pacientes diarios.

El hurto perjudicó las bombas de agua potable, el sistema contra incendios y el transformador principal utilizado por los equipos de rayos X. Las consultas programadas tuvieron que reprogramarse y los pacientes de medicina general fueron enviados al Centro de Salud Patricia Duncan, mientras las urgencias continuaron atendiéndose bajo un plan de contingencia.

En abril, esa misma instalación había reforzado su vigilancia después de otro robo de equipos durante el cual fue atacada una funcionaria. A finales de agosto volvió a sufrir daños en su sistema eléctrico y sus bombas de agua, pese a que el Minsa adelantaba la adquisición de equipos e insumos para fortalecer su funcionamiento.

La delincuencia también alcanzó el puesto de salud de Cerro Puerco, en la comarca Ngäbe-Buglé, que atiende cinco días por semana a aproximadamente 5,000 personas. Desconocidos forzaron sus puertas, dañaron mobiliario y equipos, y sustrajeron siete pacas de Nutri Crema destinadas a programas de nutrición.

En junio, el Centro de Salud de Barrio Bolívar, en David, sufrió daños en cinco consultorios y en parte de su planta central. Los responsables vandalizaron al menos cuatro acondicionadores de aire y robaron su cableado de cobre, dejando varias áreas sin climatización para niños, embarazadas y adultos mayores.

Otro episodio ocurrió el 11 de julio en el Subcentro de Salud de Don Bosco, perteneciente a la región sanitaria de San Miguelito. Una persona en condición de calle habría provocado un incendio en la estructura, que estaba en remodelación, y también se reportó el hurto de cableado eléctrico y daños en el cielo raso.

El Minsa informó en julio que los ataques recientes habían afectado instalaciones en Colón, San Miguelito y la comarca Ngäbe-Buglé, mediante robos de cables, equipos de diagnóstico y componentes de sistemas de agua y protección contra incendios. Estas acciones pueden interrumpir tratamientos, rehabilitación, prevención y atención especializada.

Aunque Boyd exigió que la comunidad garantice la seguridad, la prevención y persecución de los delitos corresponde a las autoridades estatales. Por ahora, el ministerio no ha anunciado el cierre de Escobal ni modificaciones en su horario. La continuidad dependerá de que existan condiciones para atender pacientes sin poner en riesgo al personal.

Un incendio de grandes proporciones consumió durante la noche del lunes 31 de agosto una galera de Productos Ultra, fabricante de los colchones Dreams, en el sector de Villa Zaita, corregimiento de Las Cumbres, al norte de la capital panameña. Las llamas fueron visibles desde distintos puntos y generaron una extensa columna de humo.

La fábrica está ubicada en las inmediaciones de la estación Villa Zaita de la Línea 1 del Metro de Panamá, junto a la vía Transístmica. La intensidad del fuego obligó a cerrar temporalmente los dos carriles hacia Los Andes, mientras los equipos de emergencia evitaban que las llamas alcanzaran estructuras cercanas.

El incendio adquirió grandes dimensiones debido a la presencia de espuma, componentes para colchones y otros materiales altamente combustibles almacenados dentro de la galera. Testigos reportaron explosiones y un resplandor anaranjado sobre la zona, mientras los bomberos trabajaban para contener un fuego que se propagó rápidamente por el área industrial.

Bomberos de la primera de la Zona Regional de Panamá, explicaron que unidades procedentes de diferentes estaciones atendieron la emergencia. Al momento de ofrecer el informe preliminar, los bomberos habían controlado el área afectada y mantenían labores para confinar el siniestro y evitar su extensión hacia otras instalaciones.

El operativo movilizó cinco vehículos de extinción, dos tanqueros y una unidad de rescate, según el reporte ofrecido en el lugar. Decenas de bomberos participaron en las tareas de contención, apoyados por personal de las estaciones de Alcalde Díaz, San Miguelito, Juan Díaz, Betania, Carrasquilla, Tocumen y Calidonia.

Como medida preventiva, las autoridades evacuaron a las personas que permanecían en los alrededores y al personal de seguridad. No se reportaron trabajadores lesionados porque la fábrica había concluido sus operaciones cuando comenzó el fuego, aunque algunos bomberos recibieron atención tras quedar expuestos al humo durante el operativo.

La emergencia afectó una de las dos galeras utilizadas por Productos Ultra, mientras la segunda estructura permaneció intacta y podría facilitar la continuidad parcial de las operaciones. En el complejo funcionan las actividades vinculadas con Dreams y Plastifoam, marcas relacionadas con la fabricación de colchones y componentes de espuma.

Julio Vásquez, gerente general de Productos Ultra, explicó que la parte destruida producía polifoam, uno de los elementos empleados en la elaboración de colchones. La empresa deberá importar maquinaria nueva, debido a que los equipos y varios insumos utilizados en el proceso no se fabrican en Panamá, según indicó el ejecutivo.

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“No se sabe todavía qué fue lo que sucedió”, declaró Vásquez en una entrevista concedida a Telemetro Reporta. Según su relato, el guardia de seguridad observó que comenzaba a salir una gran cantidad de humo desde la mitad de la fábrica, pero no pudo determinar cómo se originaron las llamas.

Vásquez confirmó que Productos Ultra cuenta con 115 trabajadores y destacó que ninguno se encontraba dentro de la planta al momento del incendio. “No le pasó absolutamente nada a ningún empleado o colaborador porque no estábamos a esa hora trabajando. Esa es la parte más importante”, manifestó al medio televisivo.

El gerente aseguró que la compañía posee una cobertura completa de seguros y espera mantener los puestos de trabajo mientras se evalúan los daños y comienza la recuperación. También afirmó que existe una cantidad de colchones almacenada en otro lugar, lo que permitiría atender parcialmente los compromisos adquiridos con sus clientes.

“Nos duele mucho, pero creo que nos vamos a recuperar”, expresó Vásquez, quien permaneció en el sitio desde la madrugada observando las labores de extinción. El empresario reconoció el impacto de las pérdidas, aunque sostuvo que la compañía buscará reactivar la producción y conservar su plantilla de colaboradores.

Una vez finalizadas las labores de enfriamiento, la Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios deberá inspeccionar la galera, recopilar evidencias y determinar el punto de origen del fuego.

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) anunció que someterá a revisión y reconsideración la Resolución J.D. No. 012-2026, cuestionada por el presidente José Raúl Mulino y organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, la entidad no informó que eliminará la medida ni suspendió sus efectos, por lo que continúa vigente mientras se realiza el análisis.

La AMP comunicó que convocaría este 1 de septiembre una reunión extraordinaria de su Junta Directiva, en atención a los principios de transparencia y estricta legalidad. El encuentro tendría como propósito revisar la resolución publicada el 28 de agosto en la Gaceta Oficial 30600, en respuesta a la solicitud formulada públicamente por Mulino.

La entidad sostuvo que pretende establecer mecanismos más eficientes para garantizar el acceso a la información pública, de acuerdo con la Ley 6 de 2002. También reafirmó su compromiso de trabajar con puertas abiertas y fortalecer la confianza de los inversionistas, pero no adelantó qué cambios propondrá ni fijó un plazo para decidir.

La precisión resulta importante: revisar o reconsiderar una resolución no equivale a derogarla. Mientras la Junta Directiva no apruebe y publique una decisión que modifique, suspenda o deje sin efecto la normativa, permanecen activas las restricciones establecidas. Organizaciones empresariales y ciudadanas han solicitado su eliminación, no solamente una revisión de sus alcances.

La Resolución J.D. No. 012-2026 fue aprobada por la Junta Directiva de la AMP durante su sesión ordinaria del 5 de marzo, pero apareció publicada casi seis meses después. El documento fue firmado por Virna Luque, viceministra de la Presidencia y presidenta de la Junta Directiva, y Luis Roquebert, administrador de la AMP y secretario de ese organismo.

La normativa declara de acceso restringido toda la información, documentación, actuaciones e informes técnicos, administrativos y legales contenidos en determinados expedientes tramitados ante la AMP. La limitación se concentra en los procesos conocidos por la Dirección General de Puertos e Industrias Marítimas Auxiliares y abarca tres categorías centrales para la actividad portuaria panameña.

Esas categorías comprenden las concesiones de áreas, las licencias para prestar servicios marítimos auxiliares y las investigaciones administrativas por infracciones a las normas correspondientes. La resolución establece que la información permanecerá restringida durante 10 años, contados desde su clasificación, salvo que desaparezcan antes las circunstancias utilizadas para justificar la reserva.

Durante ese periodo, el acceso, la consulta o la reproducción de los expedientes solo podrán autorizarse a las partes formalmente acreditadas en cada procedimiento o a las autoridades competentes. La divulgación, entrega o utilización indebida de la información podría generar responsabilidades administrativas, civiles o penales, según dispone expresamente el acto aprobado por la Junta Directiva.

La AMP justificó la decisión argumentando que esos expedientes contienen información comercial, contractual y técnica proporcionada por empresas en el marco de su relación con el Estado. No obstante, los críticos cuestionan que la entidad haya extendido la reserva a la totalidad de los documentos, en lugar de proteger únicamente los datos que realmente constituyan secretos comerciales.

Mulino reaccionó el 31 de agosto mediante su cuenta de X. “Desconozco las razones por las que AMP considera como confidencial o acceso restringido cierta información de la entidad. Les pido respetuosamente que reconsideren eso”, escribió el mandatario. Su pronunciamiento abrió una controversia dentro del propio Ejecutivo sobre una decisión adoptada por la directiva de la institución.

La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) exigió a la AMP explicar públicamente y dejar sin efecto la resolución, al considerar que impone una reserva generalizada sobre un sector estratégico. El gremio sostuvo que la confidencialidad debe ser excepcional, estar debidamente sustentada y aplicarse solo a la información que necesite una protección comprobable.

La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, calificó la actuación como un posible abuso de poder y una violación de la Ley de Transparencia. La organización advirtió que permitir a cada institución restringir ampliamente sus documentos vaciaría de contenido el derecho ciudadano de fiscalizar las decisiones, concesiones y actuaciones ejecutadas con recursos públicos.

La revisión anunciada abre la posibilidad de modificar la medida, pero todavía no satisface la petición de quienes reclaman su derogación. La decisión definitiva dependerá de la Junta Directiva de la AMP y deberá formalizarse mediante otro acto administrativo. Hasta entonces, la resolución cuestionada conserva su vigencia y limita el acceso público hasta 2036.

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) mantiene un aviso de vigilancia por lluvias y tormentas para todo el territorio nacional, incluidos ambos sectores marítimos, desde las 12:00 a.m. del 1 de septiembre hasta las 11:59 p.m. del jueves 3. El informe advierte sobre acumulados moderados y altos durante las próximas 72 horas.

La inestabilidad atmosférica está asociada con el desplazamiento de la onda tropical número 42, el elevado contenido de humedad, la activación de sistemas de baja presión y la vaguada monzónica. Las lluvias más intensas podrían concentrarse desde el Pacífico occidental hasta el sur de Veraguas y en sectores montañosos de la península de Azuero.

El pronóstico también contempla condiciones lluviosas en el sur de Darién, Panamá, Costa Arriba y el centro de Colón, así como en las costas del norte de Veraguas, la comarca Ngäbe-Buglé y las islas de Bocas del Toro. En el resto del país se anticipan acumulados menores, aunque acompañados de actividad eléctrica y ráfagas de viento.

Ante este escenario, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) emitió un aviso de prevención por lluvias y tormentas con el mismo periodo de vigencia.

La institución alertó sobre la posibilidad de crecidas repentinas de ríos, deslizamientos en terrenos saturados, inundaciones urbanas y rurales, tormentas eléctricas y desplazamiento de objetos por los fuertes vientos.

Sinaproc recomendó no cruzar ríos, quebradas ni áreas inundadas, mantenerse alejado de lugares propensos a deslizamientos y evitar permanecer debajo de árboles, estructuras metálicas o vallas durante las tormentas eléctricas.

También pidió asegurar los objetos que puedan ser arrastrados por el viento y seguir exclusivamente los avisos divulgados por las autoridades competentes.

Las condiciones registradas ya provocaron una emergencia en Chiriquí, donde unidades especializadas rescataron a una familia que quedó aislada por la crecida de una quebrada en la comunidad de La Laguna, Los Limones, distrito de Divalá. Las seis personas rescatadas —cuatro adultos y dos menores— fueron extraídas de manera segura y no presentaron afectaciones.

Aunque Panamá se encuentra bajo la influencia de El Niño, esto no implica la desaparición de las lluvias durante la temporada húmeda. El Imhpa mantiene una alerta por este fenómeno y señala que los modelos internacionales calculan una probabilidad superior al 95% de que sus condiciones continúen. El efecto esperado será desigual entre el Pacífico y el Caribe panameño.

Para septiembre, los mapas del Imhpa proyectan lluvias por debajo de los valores históricos en amplias zonas de la vertiente del Pacífico, especialmente en Chiriquí, el sur de la comarca Ngäbe-Buglé, Veraguas, Coclé, Panamá Oeste, el centro y este de Panamá y la cuenca del Canal. Esto significa que lloverá menos de lo habitual, no que dejará de llover.

En contraste, la vertiente del Caribe podría registrar acumulados normales o superiores a los promedios climatológicos, principalmente en Bocas del Toro, el norte de la comarca Ngäbe-Buglé, las zonas montañosas de Chiriquí, el norte de Veraguas, sectores de Colón y Guna Yala. Esta diferencia explica por qué pueden coexistir déficits regionales y episodios intensos de precipitación.

La perspectiva para el trimestre de agosto a octubre estima reducciones de entre 20% y 40% en buena parte del territorio, mientras que en Bocas del Toro, el norte de la comarca Ngäbe-Buglé, las tierras altas de Chiriquí, el norte de Veraguas, Costa Abajo de Colón y Guna Yala las precipitaciones podrían aumentar entre 15% y 25%.

Los años utilizados como referencia climática fueron 1997, 2015 y 2023, todos caracterizados por eventos de El Niño fuertes o muy fuertes. Los modelos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos calculan una probabilidad superior al 60% de que el fenómeno alcance una intensidad muy fuerte entre octubre de 2026 y enero de 2027.

El Imhpa también anticipa temperaturas entre 2 °C y 3 °C por encima de lo acostumbrado y sensaciones térmicas que podrían superar los 38 °C en numerosas regiones. Además, durante octubre y noviembre existe la posibilidad de afectaciones indirectas por al menos un sistema tropical, capaz de generar eventos extremos de lluvia aun dentro de un trimestre deficitario.

La Universidad de Panamá logra mantenerse entre las mejores universidades de la región, y de acuerdo con el QS World University Rankings, aparece en la posición 1,401 a nivel mundial.

En la edición 2026 del ranking se evaluaron 8 mil 467 universidades de 106 países, 2 mil 806 más que en 2025.

De ese total, solo mil 501 universidades fueron incluidas en la clasificación mundial de 2026, que también se publica regionalmente a través del QS Latin American University Ranking.

La Universidad de Panamá, según se informó, destaca en este ranking por ocupar el primer lugar en el país en los indicadores relativos a: citas por docentes, empleabilidad, redes internacionales de investigación y sostenibilidad.

Al detalle, se indica que el indicador investigación logró elevarse de 28.3 a 47.0. En citas por publicaciones de docentes subió de 25.4 a 40.3, y en reputación académica, de 36.5 a 36.8.

En la edición 2026 del referido ranking, el número de publicaciones suma 676, mientras que, en 2025, fueron 579 (97 más en este período), mientras que en referencia a las citas ascendió a 4 mil 210, en tanto que en 2025, fueron 2 mil 851 (mil 359 más que el anterior).

El ranking se publica desde el 2004 y la Universidad de Panamá participa desde el 2020.

De acuerdo con el rector saliente, Eduardo Flores Castro, la universidad mantiene presencia en siete rankings internacionales.

Agregó que “aún tenemos mucho por mejorar, y grandes desafíos por delante. Sin embargo, lo más importante es que mantenemos el rumbo y no nos detenemos en nuestro proceso de mejora continua, fortaleciendo cada día la calidad académica, la investigación y el impacto de nuestra institución.”

La también llamada Casa de Octavio Méndez Pereira igualmente conserva la primera posición en la región.

En 2026 supera a cinco universidades centroamericanas, y remonta a más del 60% de las 492 universidades latinoamericanas de 26 naciones participantes.

El QS World University Ranking, elaborado por la consultora Quacquarelli Symonds, es considerado como uno de los de mayor impacto en el ámbito mundial.

Las mediciones se efectúan a través de encuestas aplicadas a expertos académicos internacionales y nacionales.

Evalúa la reputación académica, la opinión que tienen los empleadores de los egresados, la relación docente/estudiante, la movilidad entrante y saliente y las citas y publicaciones registradas en la base de datos Scopus.

La información sobre los resultados de la citada edición 2026 del QS World University Rankings fue suministrada a través del Informe del Observatorio Ocupacional de la Dirección General de Planificación y Evaluación Universitaria (Digepleu), titulada “La Universidad de Panamá en los Rankings Académicos 2025-2026”.

El informe, que también cita otros rankings internacionales, resalta que en la edición 2026 la Universidad de Panamá es la única del país a la que le fueron evaluadas maestrías en los QS Global MBA Rankings y QS Business Master´s Rankings. En estas clasificaciones sobresalen los mejores programas de MBA y maestrías en negocios en todo el mundo.

Las maestrías de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad destacadas en estos rankings son: Maestría en Administración de Empresas, Maestría en Administración Financiera, Maestría en Mercadeo y Comercio Internacional y Maestría en Gerencia de Operaciones y Logística Empresarial.

El informe del Observatorio Ocupacional de la Dirección General de Planificación y Evaluación Universitaria cita otra clasificación, el Ranking Latinoamericano del Times Higher Education 2026, que evalúa a las universidades con intensidad en investigación.

La medición es una clasificación anual de universidades de América Latina, elaborada por la revista británica Times Higher Education, una de las más reconocidas a nivel mundial en evaluación universitaria, de acuerdo con información publicada en el semanario La Universidad.

Panamá reunirá en septiembre a 80 representantes de 16 países de América Latina y el Caribe para analizar los desafíos de la evaluación, el control y el cumplimiento ambiental y social.

El XIII Diálogo Regional de Política pondrá el foco en los proyectos de alto riesgo ambiental, la gobernanza digital, los estándares regulatorios y la eficiencia de las instituciones responsables de la gestión socioambiental. También abordará la participación ciudadana y la formación de capacidades para mejorar el cumplimiento de las normas.

Durante cinco días, autoridades ambientales, expertos internacionales y representantes de redes regionales participarán en conferencias, paneles y mesas de trabajo. Las actividades estarán orientadas a compartir experiencias, identificar prácticas útiles y establecer criterios técnicos aplicables en distintos países.

La agenda incluirá asuntos vinculados con la evaluación y el control de proyectos complejos, además de herramientas para hacer más transparentes y eficientes los procesos institucionales. Las delegaciones también examinarán mecanismos para fortalecer la sostenibilidad de las decisiones ambientales.

La actividad contará con representantes de la Red Latinoamericana de Sistemas de Evaluación de Impacto Ambiental (RedLASEIA) y de la Red Latinoamericana de Fiscalización y Cumplimiento Ambiental (RedLAFICA).

Graciela Palacios, directora de Evaluación de Impacto Ambiental del Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE), afirmó que la reunión permitirá ampliar la cooperación regional y promover nuevas políticas ambientales.

“La realización del diálogo regional en Panamá constituye una oportunidad para impulsar la cooperación entre los países de la región”, señaló Palacios.

La funcionaria también planteó que el encuentro puede contribuir a consolidar a la RedLASEIA como referencia para el intercambio técnico sobre evaluación de impacto ambiental y social.

Para MiAmbiente, la participación en este tipo de espacios favorece el fortalecimiento institucional. Palacios sostuvo que el intercambio con los países miembros y la adopción de buenas prácticas internacionales pueden mejorar los procesos de evaluación y respaldar decisiones más transparentes.

La organización del diálogo fue precedida por varios meses de trabajo dentro del Plan Operativo Anual 2026 de la RedLASEIA. Las reuniones se realizaron bajo la presidencia temporal de Costa Rica y estuvieron centradas en la cooperación técnica, la transferencia de conocimientos y el intercambio de experiencias.

Las mesas analizaron la normativa general y los instrumentos de viabilidad ambiental. También revisaron alternativas para reducir y optimizar los tiempos de tramitación, en respuesta a los problemas operativos que enfrentan los Sistemas de Evaluación Ambiental.

Otro eje fue la equidad territorial y la identificación de impactos sociales diferenciados. Las discusiones incluyeron propuestas para ampliar la participación ciudadana y hacerla más inclusiva durante los procesos de toma de decisiones.

La agenda preparatoria también contempló la evaluación de proyectos en zonas costeras y altamar. Ese tipo de actividades plantea desafíos técnicos específicos debido a sus posibles efectos sobre espacios compartidos y recursos ambientales.

MiAmbiente y los demás participantes examinaron, además, el uso de inteligencia artificial y herramientas de transformación digital para modernizar los procedimientos de viabilidad ambiental. El objetivo fue analizar cómo esas soluciones pueden apoyar una gestión más ágil y ordenada.

Las reuniones abordaron también metodologías para medir impactos acumulativos. Estas herramientas buscan anticipar y gestionar las presiones ambientales que pueden producirse sobre recursos compartidos cuando intervienen varios proyectos o actividades.

En las discusiones participan el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la Red Internacional para el Cumplimiento y la Aplicación Ambientales (INECE), la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) y el Banco Mundial (BM).

La presencia de esas instituciones forma parte del intercambio técnico que antecede al encuentro de Panamá. Sus aportes se integran a una agenda regional que combina regulación, fiscalización, transformación digital y participación social.

El diálogo reunirá a países con sistemas ambientales distintos, pero con desafíos comunes en materia de evaluación de impacto y cumplimiento normativo. Las sesiones buscarán facilitar la cooperación y permitir que las experiencias nacionales puedan convertirse en insumos para nuevas herramientas de gestión.

Cerca de medio millón de personas dejaron atrás la condición de hambre en Panamá, tras una reducción sostenida de la subalimentación durante las últimas dos décadas.

La prevalencia pasó de 23,3% entre 2000 y 2002 a 4,7% en el período 2023-2025, según los datos más recientes del Informe del Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo 2026, elaborado por la FAO.

Panamá redujo de forma marcada la subalimentación y se encuentra más cerca de abandonar el mapa mundial del hambre.

El país deberá sostener ese avance y garantizar que toda la población acceda de manera permanente a dietas saludables, nutritivas y asequibles, mientras enfrenta el sobrepeso y la obesidad.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura destacó las cifras durante la firma del Marco de Programación por País 2026-2030, suscrito con el Gobierno panameño.

“Panamá se encuentra cada vez más cerca de salir del mapa mundial del hambre”, afirmó Rene Orellana Halkyer, subdirector general de la FAO y representante regional para América Latina y el Caribe.

El funcionario reconoció las políticas impulsadas por el Gobierno y sus instituciones en materia de seguridad alimentaria, desarrollo agropecuario y protección ambiental.

También valoró el trabajo del Ministerio de Desarrollo Agropecuario con productores y comunidades rurales para elevar la productividad y mejorar la capacidad de adaptación del sector.

La FAO resaltó, además, las acciones del Ministerio de Ambiente para proteger el agua, los suelos, los bosques y la biodiversidad frente a los efectos del cambio climático.

El acuerdo establece la hoja de ruta para la cooperación técnica de la organización con Panamá durante los próximos cinco años. El documento fue elaborado junto con instituciones nacionales y busca acelerar la transformación de los sistemas agroalimentarios.

“Para Panamá, la firma de este Marco de Programación por País 2026-2030 representa mucho más que la adopción de un documento de cooperación”, sostuvo el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha.

El canciller agregó que el vínculo con la FAO ha aportado conocimiento, capacidad técnica y soluciones para atender desafíos relacionados con el desarrollo nacional.

El nuevo ciclo de cooperación incluirá el fortalecimiento de la productividad agropecuaria, la agricultura familiar, la pesca y la acuicultura sostenibles.

También abarcará la sanidad agropecuaria, la innovación, la digitalización, la reducción de las pérdidas y el desperdicio de alimentos, además del acceso a dietas saludables.

Las acciones conjuntas contemplan la adaptación y la mitigación del cambio climático, la restauración productiva, la gobernanza territorial y el fortalecimiento de las economías rurales.

La FAO señaló que la disminución del hambre no cierra la agenda alimentaria del país. El reto será consolidar el acceso permanente a alimentos nutritivos y de precio asequible para toda la población.

Orellana Halkyer planteó la necesidad de orientar mejor los recursos mediante información territorial, investigación científica, innovación y gestión del riesgo.

“No se trata únicamente de invertir más. Se trata de invertir mejor”, expresó el representante de la FAO. La organización indicó que su cooperación deberá ayudar a generar conocimiento, fortalecer capacidades, movilizar inversiones y convertir las políticas públicas en resultados para las comunidades.

Con la firma del acuerdo, la FAO renovó su compromiso de trabajar con el Gobierno panameño, los productores, las comunidades, el sector privado, la academia y los socios para el desarrollo. El objetivo será consolidar los avances frente al hambre y avanzar hacia sistemas agroalimentarios más eficientes, inclusivos, adaptables y sostenibles.

En el acto participaron el ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto José Linares Tribaldos; la secretaria general del Ministerio de Ambiente, María del Carmen Silvera; la coordinadora residente del Sistema de las Naciones Unidas en Panamá, Ana Patricia Graça, y el representante de la FAO en Panamá, Adoniram Sanches Peraci.

Los países de Centroamérica acordaron permitir que el fabricante, el importador o el distribuidor coloquen la etiqueta complementaria de los alimentos previamente envasados, una modificación que busca unificar criterios comerciales y de control en la región. La disposición forma parte de la Resolución N.° 499-2026 del Consejo de Ministros de Integración Económica (Comieco) y entrará en vigor el 26 de febrero de 2027, con una excepción para Panamá.

La decisión actualiza el Reglamento Técnico Centroamericano (RTCA) sobre el etiquetado general de los alimentos previamente envasados. El cambio establece de forma expresa que la etiqueta adicional puede ser adherida por cualquiera de los tres eslabones de la cadena: quien fabrica, quien importa o quien distribuye el producto.

Hasta ahora, la identificación de quién podía incorporar esa información complementaria no figuraba con esa precisión en el texto regulatorio. La modificación brinda un marco común para productos que circulan entre Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá.

El acuerdo busca evitar diferencias regulatorias en el comercio regional

La principal implicación del acuerdo es que los operadores del comercio alimentario tendrán una regla regional sobre la colocación de etiquetas adicionales. Esa etiqueta puede resultar necesaria cuando un producto importado requiere adecuar su información al mercado de destino, por ejemplo, para incorporar datos exigidos por la normativa local o traducir información relevante para el consumidor.

El texto no modifica el contenido técnico que deben cumplir las etiquetas ni elimina las obligaciones sobre información alimentaria. Lo que cambia es la identificación de los actores autorizados para incorporar la etiqueta complementaria. Fabricantes, importadores y distribuidores podrán asumir esa tarea, siempre dentro de las exigencias del RTCA.

La medida puede tener efectos en la logística de empresas que importan productos desde fuera de la región o los trasladan entre los países miembros. En lugar de concentrar el etiquetado adicional en un solo participante de la cadena, el reglamento habilita que la colocación se realice en una etapa posterior, incluso antes de la distribución o venta.

La resolución fue adoptada el 26 de junio de 2026 en Ciudad de Guatemala y se publicó en el Diario Oficial de El Salvador el 17 de agosto de 2026. El documento fue suscrito por representantes de los ministerios y entidades de comercio de los seis Estados parte.

Panamá aplicará la medida cuando apruebe un acto administrativo propio

Aunque Panamá figura entre los países firmantes, la resolución prevé una entrada en vigor diferenciada. El acuerdo señala que la norma no tendrá vigencia en Panamá hasta que el Consejo apruebe el acto administrativo correspondiente.

La salvedad implica que la aplicación regional no será completamente simultánea. Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua deberán poner en vigor la modificación el 26 de febrero de 2027, mientras que Panamá dependerá de una aprobación posterior del Comieco.

El mecanismo refleja el funcionamiento de la integración económica centroamericana, donde las decisiones comunes requieren procesos nacionales de publicación y, en algunos casos, instrumentos adicionales para que surtan efecto en cada país.

El reglamento fija cómo se debe controlar el contenido de los envases

La modificación se incorpora a un reglamento que establece reglas para verificar que los alimentos preempacados contengan la cantidad declarada en sus etiquetas. El RTCA regula productos medidos por masa, volumen, longitud, área o número de unidades.

El sistema parte de una cantidad nominal, identificada como Qn, que corresponde a lo anunciado en el envase. A partir de muestras tomadas de un lote, las autoridades o responsables del control deben comprobar si el promedio de contenido se ajusta a esa declaración y si existen unidades con una cantidad menor a la permitida. Un lote puede ser rechazado por el promedio de llenado, por el porcentaje de unidades con déficit o por la presencia de envases con una insuficiencia mayor a la tolerada.

En Panamá, las mujeres sostienen la política local, pero continúan fuera de los principales espacios de poder.

Aunque superan la mitad del padrón electoral y de la militancia partidaria, su presencia en alcaldías, como representantes de corregimientos y en otros puestos políticos, permanece limitada.

La contradicción aparece desde las bases de los partidos hasta las urnas.

Las mujeres participan más que los hombres en los procesos electorales y movilizan votos en sus comunidades, pero rara vez son escogidas para encabezar las candidaturas a las alcaldías.

Esto lo afirma el informe Análisis de la participación política femenina en los gobiernos locales en Panamá, períodos 2009–2024, elaborado por Tamara Martínez Paredes, que sostiene que esta situación responde a barreras legales, económicas, culturales y políticas.

El documento plantea que la paridad establecida en las normas todavía no se convierte en una igualdad efectiva dentro de los gobiernos locales.

Los datos históricos y los resultados de las elecciones de 2019 y 2024 muestran que la proporción de mujeres electas como alcaldesas se mantiene cerca del 14,8%. En las concejos y en las representaciones de corregimiento, la presencia femenina apenas ronda el 12%.

Las cifras contrastan con el peso que tienen las mujeres en la estructura electoral. Ellas representan algo más del 50% del padrón, registran una participación superior a la de los hombres y componen más de la mitad de la militancia de los partidos políticos.

El problema no está en la falta de participación. La dificultad, siempre según el documento, aparece cuando llega el momento de definir quiénes competirán por los cargos de mayor jerarquía y quiénes tendrán acceso a los recursos necesarios para sostener una campaña.

El análisis identifica varias “válvulas de escape” en la legislación panameña. Se trata, dice, de excepciones y mecanismos que permiten a los partidos incumplir o debilitar las reglas de paridad durante los procesos de postulación interna, nacional y local.

Según el documento, el diseño institucional facilita que la igualdad formal en las listas no se refleje en los resultados. La norma puede exigir una proporción determinada de candidatas, pero las reglas internas y las excepciones terminan reduciendo sus posibilidades de llegar a los puestos principales.

Las campañas locales representan otra barrera para las mujeres. Informes recientes citados en el análisis señalan que muchas candidatas dependen de sus propios recursos, de redes informales de financiamiento y del apoyo económico de familiares.

Esta dependencia limita la competencia frente a candidatos que cuentan con estructuras partidarias más sólidas o con redes de respaldo financiero más amplias. La falta de fondos también afecta la capacidad de las mujeres para sostener actividades de campaña, visibilizar sus propuestas y disputar espacios dentro de los partidos.

A esa dificultad se suma la violencia política de género. Las agresiones buscan desalentar la participación, afectar la imagen pública de las candidatas y reducir su presencia en los procesos electorales.

Panamá cuenta con la Ley 184 de 2020, que previene y sanciona la violencia política contra las mujeres. Se advierte que el instrumento surgió del trabajo de mujeres políticas organizadas en distintos grupos y partidos, quienes impulsaron normas de igualdad en el ámbito público.

La existencia de la ley no ha eliminado el problema. Los monitoreos realizados antes y durante la campaña electoral de 2024 registraron un aumento de los ataques contra candidatas, con una presencia cada vez mayor en internet y en las redes sociales.

El Instituto Panameño de Derecho y Nuevas Tecnologías documentó esa situación en el estudio Seguras en línea: Edición Elecciones Panamá 2024. La investigación recopiló información sobre agresiones dirigidas a candidatas a la Presidencia, la Vicepresidencia, la Asamblea Nacional y las alcaldías de distrito, revela el informe.

Las comunidades afrodescendientes de Casaya, Casayeta y Bolaño, en el archipiélago panameño de Las Perlas, reclaman el retorno de las familias que dejaron las islas ante la pérdida de territorio, el cierre de la escuela y la falta de servicios básicos como agua potable, electricidad y atención sanitaria.

La situación ha fragmentado familias y redujo la presencia de habitantes en las islas, ubicadas en el municipio de Balboa, en el golfo de Panamá. Para quienes permanecen allí o debieron trasladarse a Ciudad de Panamá, el conflicto no se limita a la disputa por la propiedad: afecta la continuidad de la vida comunitaria, el acceso a la educación y la posibilidad de que niños y jóvenes crezcan en el lugar de origen de sus familias, de acuerdo a datos de la ONU.

“Es muy difícil haber crecido con tus primos, con tus hermanos, corriendo, saltando, brincando, nadando, visitando todo el archipiélago, poder pasar el verano y parte del año en este paraíso, y que de repente todo se desvanezca”, relató Nairobi Centeno, cuya familia proviene de Casayeta.

La población de estas islas desciende de personas africanas esclavizadas que fueron llevadas al archipiélago durante la colonia española para trabajar en la extracción de perlas. Con el paso de los años, las familias consolidaron comunidades dedicadas a la pesca, la agricultura y la artesanía.

Los habitantes sostienen que sus derechos sobre las tierras ancestrales fueron desconocidos pese a resoluciones y documentos que, según afirman, respaldan su posesión. Armando Pinto, vicepresidente del Comité Pro Rescate de las islas Casaya, Casayeta y Bolaño, denunció que autoridades locales vendieron parcelas a terceros y redujeron de forma progresiva el espacio disponible para la comunidad.

“Nos sentimos vulnerados en nuestros derechos ancestrales y en los derechos que todo pueblo y todo ser humano tiene aquí en la tierra”, afirmó Pinto.

El Movimiento Afropanameño informó en 2025 al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas que persiste la inseguridad jurídica sobre los territorios de Casaya, Casayeta y Bolaño. En su presentación, señaló que la entrega irregular de títulos a terceros provocó el cierre de la escuela, la falta de servicios básicos y la ausencia de un centro de salud, pese a la existencia de una sentencia firme y pronunciamientos de instituciones estatales que, según la organización, ordenan o respaldan la devolución de los terrenos a sus moradores.

Maritza Cajar, habitante de Casayeta de 66 años, resumió la situación con una frase: “La gente de plata nos quiere quitar la tierra y eso lo estamos peleando”.

El cierre de la escuela acentuó la salida de familias. Edward Sosa, residente de la isla desde su nacimiento, explicó que la ausencia de clases alteró la vida cotidiana de la comunidad. “Perder la escuela ha sido un golpe muy duro porque la comunidad se va convirtiendo en una comunidad vacía, sin niños. La comunidad no es igual”, dijo.

Jeffrey Pinto, un joven originario de Casayeta que hoy vive desplazado, recordó que la isla contó con electricidad y agua potable. Milagros Pérez, de 22 años y también desplazada, cuestionó el cierre de la escuela cuando aún había niños que requerían educación.

El apoyo local e internacional

La denuncia llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2024, con apoyo de la Defensoría del Pueblo de Panamá y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. La comunidad denunció apropiación irregular de territorios, despojo y exclusión.

Andrés Sánchez Thorin, representante de ONU Derechos Humanos en América Central, señaló que la oficina acompañó a los habitantes en coordinación con la Defensoría del Pueblo. Explicó que ese trabajo incluyó monitoreo de la situación, fortalecimiento de capacidades y herramientas para utilizar mecanismos nacionales e internacionales de protección.

Según Sánchez Thorin, la Defensoría emitió resoluciones que documentaron presuntas violaciones de derechos humanos, mientras distintas instituciones estatales abrieron expedientes sobre el caso. También mencionó avances en la reversión de tierras.

Una niña murió ahogada en una quebrada de Bugaba, Chiriquí, después de que la corriente la arrastrara en el sector de La Quinta, comunidad de Saratí.

El caso generó reacciones en redes sociales y llamados a no juzgar a sus padres.

La menor fue identificada como Lisbeth C. Palacios R., estudiante de tercer grado de la Escuela Mata de Bugaba, ubicada en el corregimiento de La Concepción.

Sus familiares localizaron el cuerpo en el cauce, pero los equipos de emergencia no lograron reanimarla.

De acuerdo con una versión difundida por una internauta, según el diario Critica, Lisbeth tenía autismo y se habría escapado de sus padres.

La mujer sostuvo que la niña pudo ingresar accidentalmente al río sin medir el peligro, aunque esa explicación no ha sido confirmada oficialmente y también circula entre residentes del distrito.

Cuando sus padres advirtieron lo ocurrido, la corriente ya arrastraba a la niña. Los familiares iniciaron la búsqueda y lograron ubicarla en el cauce de la quebrada.

Las unidades del Sistema Nacional de Protección Civil, el Cuerpo de Bomberos, la Policía Nacional y el Sistema Único de Manejo de Emergencias acudieron al lugar. Los socorristas le practicaron reanimación cardiopulmonar, pero Lisbeth no respondió y fue declarada muerta.

Familiares y amigos pidieron a la población evitar señalamientos contra los padres. Según allegados, ambos atraviesan una profunda afectación por la pérdida, especialmente la madre, a quien describieron como una mujer luchadora.

La Dirección Regional de Educación de la provincia de Chiriquí también expresó su pesar por el fallecimiento de la estudiante. En un comunicado, señaló que Lisbeth cursaba el tercer grado y extendió sus condolencias a sus familiares, compañeros, docentes y a la comunidad educativa.

La entidad aseguró que acompaña “en oración a su familia” y manifestó sus “más sinceras condolencias” a los seres queridos de la menor.

En otro caso ocurrido en la ciudad de Panamá, las autoridades continuaron este lunes con el operativo para localizar a un adolescente de 15 años arrastrado por una fuerte corriente en el sector 18 de Veranillo, en San Miguelito.

Después de más de 72 horas de búsqueda, los equipos de emergencia no lograron ubicarlo. El operativo incluyó recorridos por varios puentes y puntos de la ciudad, además de inspecciones en el mar.

Los rescatistas realizaron barridos en los puentes de Puente Rojo, en Samaria; el puente de la Cárcel de Mujeres; el puente de Los Gemelos, en Chanis; el puente de Campo Limberg, en Juan Díaz, y el puente de Costa del Este.

La búsqueda marítima contó con la lancha Niña Isis y una embarcación del Servicio Nacional Aeronaval. Una de las hipótesis de las autoridades es que la fuerza de la corriente pudo llevar al adolescente mar afuera.

Con la suspensión momentánea de las labores operativas, el caso quedó bajo investigación del Ministerio Público. Los familiares y las autoridades mantienen la expectativa de obtener información sobre su paradero.

Las autoridades solicitaron a pescadores, tripulantes de embarcaciones y ciudadanos informar de inmediato cualquier posible avistamiento relacionado con el adolescente.

A principios de agosto, un niño de cuatro años murió ahogado en el río de la comunidad Igandi-Aguas Claras, en la comarca Guna de Madugandí.

Según los informes preliminares, el menor acudió al río con su madre para bañarse alrededor de las 5:00 p. m. El niño se alejó nadando de la orilla y la mujer intentó rescatarlo cuando advirtió que se estaba ahogando, pero no pudo salvarlo.

El hecho provocó consternación entre los habitantes de Igandi, donde los residentes suelen acudir al río para bañarse. Las autoridades reiteraron el llamado a extremar las precauciones cerca de ríos y quebradas. También recomendaron no perder de vista a los menores durante este tipo de actividades.

La Autoridad Marítima de Panamá ha resuelto que toda la información y documentación relacionada con los expedientes administrativos gestionados por la Dirección General de Puertos e Industrias Marítimas Auxiliares tendrá acceso restringido por 10 años.

Esta decisión abarca tres procedimientos: concesiones de áreas, licencias operativas para servicios auxiliares marítimos e investigaciones sobre infracciones administrativas.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, manifestó que desconoce las razones detrás de la confidencialidad establecida por la Autoridad Marítima de Panamá, y a través de su cuenta de X pidió a la entidad reconsiderar la restricción.

“Les pido respetuosamente que reconsideren eso”, escribió el mandatario.

La resolución de la Autoridad Marítima de Panamá indica que la restricción se mantendrá hasta 2036, salvo que desaparezcan los motivos que llevaron a establecerla.

Este acto administrativo lleva las firmas de Virna C. Luque, viceministra de la Presidencia y presidenta de la junta directiva de la Autoridad Marítima de Panamá, y Luis A. Roquebert, administrador de la entidad.

De acuerdo con medios locales, la junta directiva de la Autoridad Marítima de Panamá ya había aprobado esta medida el 5 de marzo de 2026, poco después de que la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional la Ley 5 de 1997, que había permitido la prórroga automática de la concesión a Panama Ports Company (PPC), filial de la hongkonesa CK Hutchison, para operar los puertos de Balboa y Cristóbal.

Ante la anulación de la prórroga automática, la Autoridad Marítima de Panamá otorgó contratos temporales de hasta 18 meses a APM Terminals Panamá (filial de Maersk) y TIL Panamá (brazo portuario de MSC) para administrar los puertos de Balboa y Cristóbal mientras se prepara una licitación pública, señala el diario La Prensa.

Estos contratos, aduce, finalizan el 23 de julio de 2027 y el gobierno anunció que la adjudicación formal de nuevas concesiones, con plazos de entre 25 y 30 años, se realizará antes de mediados de 2027.

En la práctica, esto significa que cualquier ciudadano u organización que solicite información sobre concesiones, licencias o investigaciones en el ámbito portuario recibirá una negativa hasta el 2036, respaldada por la resolución vigente, sin importar el propósito de la petición, menciona el diario.

En marzo de 2026, la Autoridad Marítima de Panamá también solicitó un presupuesto de $1,27 millones para contratar a la firma Icaza, González Ruiz y Alemán (IGRA) para analizar alternativas de prórroga y asesorar sobre la futura concesión portuaria.

Por otro lado, APM Terminals cuenta con representación legal de la firma Alemán, Cordero, Galindo & Lee, fundada por Aníbal Galindo, quien tiene vínculos de asesoría con el presidente Mulino.

La resolución cita un fallo de la Corte Suprema del 28 de agosto de 2025, donde se establece que la información restringida debe contar con una declaración previa y específica del funcionario custodio antes de cualquier petición, para que la negativa de acceso sea válida.

Solo las partes acreditadas en el procedimiento o las autoridades competentes pueden acceder a los expedientes, y la divulgación indebida puede derivar en sanciones administrativas, civiles o penales.

La Ley de Transparencia, utilizada como fundamento de la medida, exige que las instituciones públicas proporcionen información sobre su funcionamiento y actividades, salvo que se trate de datos confidenciales o restringidos.

Cualquier persona tiene derecho a solicitar estos documentos y, en caso de negativa, recurrir a los tribunales mediante una acción de habeas data.

El artículo 10 de la citada ley establece la obligación de transparencia en los actos públicos relacionados con contrataciones públicas, por lo que la restricción sobre los procesos para nuevos concesionarios portuarios, por parte de la Autoridad Marítima de Panamá, podría entrar en contradicción con la normativa.

Dos recién nacidos recibieron nirsevimab, el primer anticuerpo monoclonal de acción prolongada contra el virus respiratorio sincitial (VRS), en la Maternidad del Hospital Santo Tomás.

La aplicación marcó el inicio de una nueva estrategia del Ministerio de Salud destinada a proteger a recién nacidos y lactantes frente a las formas graves del VRS.

Esta medida se enmarca en una política que prioriza a los bebés cuyas madres no recibieron la vacuna contra el VRS durante el embarazo o no cuentan con comprobante de inmunización.

También se incluyen los recién nacidos de madres que fueron vacunadas menos de 14 días antes del parto, ya que pueden no haber adquirido una protección adecuada.

El programa contempla una fase de recuperación para menores de tres meses en zonas priorizadas durante el primer año.

La inversión inicial supera los $3,5 millones e incluye la adquisición de 13.790 dosis de nirsevimab a través del mecanismo de compra de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

El personal del Hospital del Niño José Renán Esquivel fue responsable de la administración de las primeras dosis.

El Ministerio de Salud confirmó que la vacunación materna continuará como estrategia principal para proteger a los recién nacidos, aplicándola entre las semanas 30 y 36 de gestación desde 2025.

El uso de nirsevimab funcionará como complemento para cubrir brechas de cobertura, y su implementación se irá extendiendo a más centros de salud y regiones.

Hasta la semana epidemiológica 31, el VRS ha provocado 18 muertes en Panamá, de las cuales 16 corresponden a menores de cinco años y dos a personas mayores de 65, según datos oficiales.

La distribución geográfica muestra que la comarca indígena Ngäbe Buglé concentra seis decesos, mientras que Bocas del Toro y Chiriquí registran tres cada una. Panamá Oeste reportó dos muertes y el resto se reparte en distintas regiones.

La nueva estrategia sanitaria, según se indicó, busca disminuir los casos graves y las muertes en los grupos más vulnerables. La protección de los recién nacidos frente al VRS es prioritaria, especialmente para quienes no han recibido inmunidad suficiente por medio de la vacunación materna.

El enfoque progresivo permitirá ampliar el alcance de la protección a un mayor número de bebés en el país.

Por otra parte, las autoridades sanitarias han señalado que Panamá está adaptando sus políticas siguiendo las recomendaciones internacionales, con especial atención a la tecnología y la mejora de los servicios.

Entre los avances mencionados por Yelkys Gil, directora general de Salud Pública, destacan la telemedicina y la utilización de drones para entregar insumos y medicamentos en áreas remotas. Estas herramientas facilitan el acceso y mejoran la oportunidad de la atención sanitaria.

Gil resaltó la reciente firma de la estrategia “Una Sola Salud”, que integra los ámbitos de salud humana, animal y ambiental. Además, subrayó que Panamá ha sido designada con la vicepresidencia en el programa de administración presupuestaria de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“Trabajamos para cerrar brechas geográficas, culturales y económicas. Mediante la teleconsulta, la reducción en costos de medicamentos y una atención orientada al trato humano, llevamos soluciones concretas a la población mientras analizamos el contexto internacional”, afirmó Gil en sus intervenciones.

La Atención Primaria de Salud ocupa un lugar central en la transformación del sistema, explicó en su oportunidad Jennifer Almanza, de la Dirección Nacional de Enfermería y estudiante de doctorado en Salud Pública. La clave, dijo, está en fortalecer la atención en las comunidades, con un enfoque integral y centrado en las familias y su entorno.

Durante una simulación reciente, los participantes analizaron tanto los procesos de toma de decisiones como la cooperación internacional en salud. La actividad permitió identificar los desafíos que enfrenta Panamá para avanzar hacia un sistema más accesible, cohesionado e innovador.

El conjunto de estas iniciativas refleja la apuesta por combinar inmunización, tecnología y atención comunitaria como ejes de una política sanitaria orientada a reducir desigualdades y responder con mayor eficacia a los riesgos emergentes en salud pública.

El reciente debate sobre el aumento de los descuentos obligatorios en el sector hotelero panameño ha puesto en alerta a la Asociación Panameña de Hoteles (APATEL), que advierte sobre los posibles efectos adversos en la liquidez y la estabilidad de la pequeña y mediana hotelería.

La propuesta, incluida en el Proyecto de Ley N.°226, contempla que los hoteles ofrezcan un descuento del 50% de lunes a jueves y del 40 % los fines de semana a jubilados, pensionados y personas de la tercera edad.

La APATEL indica que reconoce el valor social del proyecto y respalda la intención de ampliar beneficios a estos grupos, pero plantea que la medida puede afectar directamente la capacidad del sector para sostener empleos e inversiones, especialmente en los establecimientos independientes o localizados fuera de la capital.

Según el gremio hotelero, la principal preocupación radica en que la reducción de ingresos provocada por los nuevos descuentos se produciría de manera inmediata, mientras que el beneficio fiscal aprobado como compensación - el reconocimiento del 100 % de los descuentos como crédito fiscal transferible y aplicable al Impuesto Sobre la Renta-solo se haría efectivo a mediano o largo plazo.

“Esta diferencia entre el impacto inmediato y la compensación diferida podría complicar el cumplimiento de obligaciones operativas como salarios, energía eléctrica, proveedores y mantenimiento”, afirman.

En respuesta a la pregunta sobre el impacto del proyecto en la hotelería nacional, la APATEL sostiene que el aumento de los descuentos obligatorios tendría una incidencia directa en la liquidez de los hoteles, comprometiendo la capacidad de los pequeños y medianos establecimientos para sostener su plantilla y mantener inversiones, especialmente en el interior del país, donde la mayor actividad comercial se concentra los fines de semana.

El gremio resaltó que el sector hotelero y gastronómico sostiene unos 120.000 empleos formales, con especial peso en la incorporación de jóvenes y la dinamización económica en distintas regiones.

Destacó que, solo en el primer semestre de 2026, Panamá recibió 74 eventos internacionales que generaron una ocupación de 47.854 habitaciones y un impacto económico de $91,5 millones.

Las proyecciones para el cierre del año son aún más elevadas, con cerca de 110 eventos previstos y un impacto cercano a $159,7 millones.

La asociación considera que estos resultados demuestran que la hotelería no solo ofrece alojamiento, sino que actúa como motor para sectores como el transporte, la conectividad aérea, la gastronomía y la logística.

El gremio insiste en que, aunque la compensación fiscal representa un avance, la realidad operativa de los hoteles exige medidas que equilibren el beneficio social con la sostenibilidad financiera.

“Si bien el crédito fiscal y su eventual cesión permiten una compensación, el costo del servicio y la reducción de ingresos se materializan en tiempo real”, sostuvo, alertando que muchos establecimientos podrían enfrentar presiones de caja difíciles de sobrellevar.

Durante los fines de semana, los hoteles pequeños, medianos e independientes, especialmente en el interior del país, dependen de la mayor afluencia de huéspedes para cubrir gastos esenciales. Una reducción significativa en la facturación, advirtió, no siempre puede ser compensada a corto plazo con el crédito fiscal propuesto.

La asociación también subrayó el aporte del sector formal al Estado a través del pago de impuestos y tasas municipales, además de las cuotas a la seguridad social.

Reafirmó la disposición del sector privado a seguir invirtiendo en Panamá, con más de 20 hoteles ejecutando o planificando mejoras y ampliaciones por más de $100 millones en los próximos tres años.

Instó a las autoridades correspondientes a ponderar y reconsiderar el incremento del descuento al 40% durante los fines de semana.

El gremio aclaró que su posición no busca restar beneficios a los adultos mayores, sino propiciar una fórmula que haga compatibles la protección social, la sostenibilidad de las empresas, la preservación del empleo y la continuidad de las inversiones turísticas.

La APATEL concluyó que “proteger el flujo de caja operativo significa también proteger los miles de puestos de trabajo y la capacidad de inversión de una industria estratégica para Panamá”.

Reiteraron su disposición a participar en un diálogo constructivo con el Gobierno y las autoridades para encontrar una solución que asegure la viabilidad y el desarrollo del sector hotelero nacional.

La detención provisional de una ciudadana colombiana marca uno de los recientes avances de la Procuraduría General de la Nación en el combate a delitos vinculados a la seguridad informática y la propiedad intelectual.

La mujer fue interceptada en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, tras una alerta roja generada por investigaciones iniciadas en 2020.

Las autoridades la relacionan con la supuesta venta de bases de datos pertenecientes a entidades estatales, incluido el Tribunal Electoral.

En la audiencia respectiva, la Fiscalía presentó cargos por delitos contra la seguridad informática y blanqueo de capitales.

El Ministerio Público argumentó la necesidad de una medida cautelar, resultando en la orden judicial de detención provisional para la imputada. La decisión busca asegurar la presencia de la acusada durante la investigación y evitar riesgos procesales.

En otro proceso, la Fiscalía Superior Anticorrupción consiguió que se imputaran cargos a la misma ciudadana por un supuesto delito contra la administración pública, bajo la figura de peculado agravado.

Este expediente se relaciona con la operación “Cimiento Cero”, que llevó a la aprehensión de la extranjera en Tocumen.

La investigación apunta a un perjuicio económico al Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades), con un daño estimado de $612,629.07, derivado de presuntas irregularidades en proyectos sociales en los distritos de Macaracas y Guararé, provincia de Los Santos.

Durante la audiencia, la jueza determinó que la detención provisional es la medida más adecuada y proporcional mientras se desarrollan las investigaciones. La investigación sigue su curso, con la ciudadana bajo custodia hasta que se esclarezcan los hechos.

Otros casos judiciales

En la provincia de Chiriquí, la Fiscalía Regional logró la imputación y detención de un hombre de 41 años, vinculado a dos casos de hurto agravado contra una mujer de 52 años y un hombre de 42.

Los delitos ocurrieron en el distrito de David, el 28 de julio de 2025 y el 26 de junio de 2026, afectando a las víctimas con pérdidas de $3,000 y $2,300, respectivamente.

El imputado empleaba tecnología para vulnerar la seguridad de los vehículos tras seguir a sus víctimas desde el banco hasta sus automóviles. La representante del Ministerio Público presentó todas las pruebas al juez de garantías, quien admitió las solicitudes de la Fiscalía.

Este individuo no es ajeno al sistema penal: cuenta con antecedentes por hurtos en varias provincias y sentencias previas por pandillerismo dictadas en 2008 y 2019.

El Tribunal de Apelaciones de Panamá Oeste ratificó la detención provisional de dos hombres y una mujer, vinculados a un caso de robo agravado ocurrido el 8 de agosto de 2026 en La Chorrera.

Según la investigación, los hombres ingresaron armados a una residencia en la barriada La Revolución, apoderándose de bienes de las víctimas antes de huir en un vehículo.

La Sección Segunda de Delitos contra el Patrimonio Económico sustentó ante los magistrados los riesgos de destrucción de pruebas y la posibilidad de represalias contra las víctimas. Estos argumentos motivaron la confirmación de la medida cautelar para los tres acusados.

De acuerdo con lo expuesto en la audiencia, la Policía Nacional logró la aprehensión de los sospechosos mediante el uso de cámaras de videovigilancia, reforzando el caso presentado por el Ministerio Público.

De igual manera, el Tribunal de Garantías legalizó la aprehensión, formuló imputación y ordenó la medida cautelar de detención provisional por el término de 6 meses para un hombre de 23 años de edad, por su presunta vinculación con el delito contra el orden jurídico familiar y el estado civil, en la modalidad de violencia doméstica, en perjuicio de su pareja de 22 años.

Durante el desarrollo de la audiencia de solicitudes múltiples, la Fiscalía presentó los elementos de convicción recabados; se sustentó el informe del Centro de Salud de Soloy, las entrevistas a la víctima, las medidas de protección emitidas, el informe de atención y el informe pericial del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el cual confirmó que la dama tenía varias lesiones en su cuerpo y estableció una incapacidad médico-legal de 15 días.

La introducción de penas de prisión por manipulación digital en Panamá ha encendido el debate público.

Diversos gremios periodísticos han advertido sobre los riesgos de las nuevas reformas al proyecto de ley 51, que propone modificar el artículo 196 del Código Penal para sancionar con cárcel la generación y difusión de material creado mediante inteligencia artificial o edición digital cuando se dañe el honor de una persona.

La propuesta, defendida por la diputada oficialista Dana Castañeda, apunta a combatir delitos como la clonación de voz o la alteración de imágenes. Establece penas que van de tres a seis años de cárcel para quienes elaboren o distribuyan este tipo de contenido. Si la infracción ocurre por redes sociales, plataformas digitales o de forma anónima, la pena puede aumentar hasta siete años.

Según la impulsora de la reforma, la actual legislación resulta insuficiente ante los desafíos de la tecnología moderna. La diputada ha señalado que el objetivo es proteger especialmente a menores, familias y personas con discapacidad frente a los riesgos de la manipulación tecnológica.

La legisladora explicó que estas tecnologías, utilizadas de forma indebida, pueden hacer que alguien aparezca diciendo o haciendo cosas que nunca dijo ni hizo, o que sea colocado falsamente en situaciones vergonzosas, ofensivas, deshonrosas o perjudiciales para su vida personal, familiar, profesional o pública.

La iniciativa establece que cuando los supuestos ofendidos sean alguno de los servidores públicos de que trata el artículo 304 de la Constitución Política, funcionarios de elección popular o gobernadores, no se impondrá la sanción penal, lo cual no excluye la responsabilidad civil derivada del hecho.

Esta exención no será aplicable cuando el autor atribuya al servidor público un hecho falso, a sabiendas de su falsedad, con el propósito de dañar su honra, y lo difunda públicamente a través de redes sociales o plataformas digitales.

El punto que ha generado mayor inquietud entre los principales gremios de prensa es la posibilidad de que la nueva normativa termine restringiendo la crítica pública y la fiscalización a funcionarios.

El Consejo Nacional de Periodistas, el Foro de Periodistas, la Asociación Panameña de Radiodifusión y la Asociación de Periodistas de Chiriquí han manifestado que una ley pensada para delitos tecnológicos podría utilizarse para criminalizar la opinión o la denuncia ciudadana.

Esto, sobre todo en un país donde los funcionarios, entre ellos ministros, diputados, directores y hasta el propio presidente de la República son más proclives al halago que a la critica de la población.

Estos colectivos periodísticos consideran esencial que los servidores públicos permanezcan bajo control social y mediático, dada su responsabilidad en el manejo de recursos y decisiones que afectan a toda la sociedad.

En su análisis, señalan que el mayor peligro reside en que la reforma pueda convertirse en un instrumento de intimidación dirigido a periodistas, medios y ciudadanos críticos.

En las discusiones actuales sobre el proyecto, diversos medios de comunicación han planteado una pregunta clave: ¿la reforma busca proteger a las víctimas de abusos tecnológicos o puede terminar como un obstáculo al ejercicio libre del periodismo en Panamá?

El temor es que, bajo el pretexto de combatir la desinformación y los “deepfakes”, se reinstalen sanciones penales contra quienes cuestionen a las autoridades, lo que supondría un retroceso en derechos fundamentales.

Los gremios periodísticos no niegan la urgencia de regular la suplantación digital ni el uso fraudulento de inteligencia artificial. Sin embargo, insisten en que cualquier discusión sobre estos temas debe evitar restringir la crítica pública y el debate democrático, dos pilares de la labor periodística y del derecho ciudadano a denunciar.

En este contexto, la pregunta sobre si la nueva ley representa una protección necesaria o una amenaza encubierta a la libertad de prensa permanece sin respuesta definitiva.

Mientras el debate legislativo continúa, los periodistas y comunicadores reclaman garantías para que las respuestas legales a la era digital no comprometan la fiscalización pública ni el derecho de la sociedad a cuestionar a quienes detentan el poder.

Las advertencias sobre la baja productividad y el escaso interés juvenil en el agro se han convertido en señales de alarma para los académicos.

Esta preocupación se suma a otros desafíos, como los efectos del cambio climático, la competencia de productos importados y la dificultad para acceder a financiamiento.

Recientemente, el ministro de la cartera agropecuaria, Roberto Linares, dijo que el personal de esa entidad está jubilado y algunos colaboradores superan los 80 años de edad.

Aseguró que contar con funcionarios retirados implica un retraso operativo, ya que muchos deberían realizar tareas en campo y no permanecer en oficinas.

Según el pronunciamiento de los académicos, el sector agrícola enfrenta obstáculos que limitan su aporte a la economía, el empleo rural y la seguridad alimentaria. La falta de inversión, junto con la poca modernización, agrava la situación.

Ante esta situación proponen soluciones que incluyen la planificación eficiente del uso de la tierra y la diversificación de la producción.

Además, recomienda incorporar innovaciones tecnológicas, como la agricultura vertical, la hidroponía, la acuaponía y los cultivos en ambientes controlados.

Entre las recomendaciones, figura la necesidad de motivar a las nuevas generaciones para formarse en áreas vinculadas al agro. Se destaca la urgencia de mejorar las condiciones de los colegios agropecuarios y actualizar la infraestructura y los equipos de la Facultad de Ciencias Agropecuarias.

El documento también plantea la importancia de fortalecer el acceso al agua, impulsar la mecanización agrícola y avanzar en investigación, financiamiento, titulación de tierras y mejora de caminos rurales.

Se suma la creación de centros de acopio y redes de comercialización más sólidas, así como el refuerzo de los controles fitosanitarios y el fomento del consumo de productos nacionales.

El desarrollo hídrico en la cuenca del Río Indio aparece como un tema central. El Consejo Académico de la Universidad de Panamá resalta la importancia estratégica de la obra para asegurar la disponibilidad de agua en el futuro, pero advierte sobre el impacto ambiental y social que podría generar.

El proyecto prevé la construcción de un lago artificial de cerca de 4.600 hectáreas, una presa y un túnel de 9 kilómetros para trasladar agua al lago Gatún. Se estima un costo de $1.600 millones, una duración de cuatro años y el reasentamiento de unas 600 familias.

Frente a estos datos, proponen que sus unidades especializadas, como el herbario y los museos, realicen estudios sobre biodiversidad y aspectos sociales, para evaluar científicamente las posibles afectaciones del proyecto.

El Consejo Académico también considera fundamental escuchar las preocupaciones de las comunidades potencialmente afectadas y garantizar que cualquier proceso de reasentamiento o expropiación se realice de manera justa, previa y transparente, respetando la Constitución, las leyes, el debido proceso y los mecanismos de participación y compensación establecidos.

El pronunciamiento dedica un apartado a la relación entre Panamá y Estados Unidos, subrayando la importancia de analizarla desde una perspectiva soberana y equilibrada. La defensa de los intereses nacionales y la cooperación internacional, sostiene la Universidad, deben estar en el centro del vínculo bilateral, sostienen los académicos

El ente universitario recuerda el proceso que culminó en la transferencia del Canal de Panamá el 31 de diciembre de 1999 y defiende que la protección de la vía interoceánica debe apoyarse en el Derecho Internacional y en los tratados vigentes.

Sobre el tránsito de buques de guerra estadounidenses sin pago de peajes, el documento cita el Tratado de Neutralidad Permanente, que establece igualdad de condiciones y costos para todos los países.

La Universidad añade que la seguridad del Canal no solo debe centrarse en su infraestructura, sino también en la gestión sostenible de los recursos hídricos, la prevención de riesgos cibernéticos, y la atención a tensiones geopolíticas y escenarios de contingencia.

Panamá busca afrontar los desafíos del cambio climático al validar, por decisión unánime, el Protocolo Nacional de Reubicaciones Planificadas.

Esta herramienta legal, desarrollada bajo la coordinación del Ministerio de Ambiente y con el apoyo de entidades públicas, sociedad civil y socios internacionales, busca responder a la necesidad de reubicar comunidades expuestas a riesgos ambientales, pero solo como última opción, privilegiando antes la reducción del peligro y la adaptación en el lugar de origen.

El protocolo, aprobado en la IV Reunión Ordinaria de 2026 del Comité Nacional de Cambio Climático de Panamá, define criterios claros y procedimientos para identificar, evaluar y ejecutar reubicaciones de manera ordenada. Incluye seis fases que van desde la detección de riesgos hasta el cierre del proceso, abarcando también la estabilización y el seguimiento de las comunidades desplazadas.

A través de nueve principios rectores, el instrumento garantiza la protección de los derechos humanos, la no discriminación, la participación efectiva y la accesibilidad universal.

Además, establece salvaguardas para los pueblos indígenas, quienes deberán otorgar su consentimiento libre, previo e informado antes de cualquier traslado.

La transparencia, la gestión integral del riesgo y la sostenibilidad ambiental también forman parte del enfoque adoptado.

El protocolo fomenta la colaboración entre instituciones nacionales y actores locales, mediante una Mesa Nacional de Coordinación y mesas en los territorios, respetando las competencias de cada autoridad.

La directora nacional de Cambio Climático, Ana Aguilar, recalcó que la validación “no es el punto de llegada”, sino el inicio de una etapa orientada a la adopción legal y la puesta en marcha del instrumento, lo que requerirá un esfuerzo conjunto de todas las instituciones involucradas.

Para responder a la pregunta central sobre el avance, la validación del Protocolo Nacional de Reubicaciones Planificadas en Panamá marca el comienzo de una fase centrada en su implementación legal y operativa, con el objetivo de convertirlo en una herramienta eficaz y coordinada para proteger a las comunidades vulnerables ante el cambio climático.

La versión final del protocolo incorpora aportes recogidos durante un proceso de consulta pública realizado entre abril y mayo de 2026.

Este proceso incluyó tres sesiones virtuales y trece jornadas presenciales en diez provincias y dos comarcas, con la participación de 515 personas, de las cuales el 56 % fueron mujeres y el 18% se identificó como población indígena.

El documento validado busca fortalecer tanto las capacidades institucionales como los mecanismos de coordinación y las herramientas de seguimiento.

Con ello, el Estado aspira a anticipar riesgos, tomar decisiones informadas y acompañar los procesos de reubicación de manera que se proteja a las comunidades y se eviten nuevas situaciones de vulnerabilidad.

Durante la misma reunión, la Autoridad del Canal de Panamá expuso ante el Comité los avances en el monitoreo climático e hidrológico del país, así como las medidas adoptadas frente al Fenómeno de El Niño, mostrando que la gestión integral del cambio climático es una prioridad en la agenda nacional.

Panamá enfrenta impactos crecientes del cambio climático que ya están generando pérdidas, daños y desplazamientos, particularmente en comunidades rurales, costeras e indígenas.

Entre 2012 y 2024, el país registró más de 15,000 desplazamientos internos asociados a eventos hidrometeorológicos, lo que evidencia la necesidad de contar con herramientas de política pública que permitan actuar de manera anticipada, coordinada y basada en evidencia.

En este contexto, el Protocolo propone una respuesta estructurada que prioriza soluciones en el territorio de origen, como medidas de adaptación y reducción de riesgos, y establece la reubicación como una opción excepcional, aplicable únicamente cuando no es posible garantizar condiciones de seguridad y vida digna.

El documento ha sido construido mediante un proceso técnico y participativo que incluyó la revisión de marcos normativos, consultas sectoriales, trabajo de campo y el análisis de experiencias recientes de reubicación en el país, como en la comarca Guna Yala y en las provincias de Chiriquí y Bocas del Toro.

Unos 2,000 corredores provenientes de 41 países, que podrán elegir entre distancias de 5, 10, 21 y 42 kilómetros, además de una modalidad especial para niños, participarán del maratón adidas Panama City, evento a celebrarse el próximo 20 de septiembre.

Con el Centro de Convenciones ATLAPA como epicentro de la salida y llegada, los organizadores del evento señalaron que la cita deportiva contará con una participación internacional notoria, donde destacan atletas de Costa Rica y Colombia.

Más allá del aspecto competitivo, los organizadores han subrayado la apuesta por convertir a Panamá en un referente para el turismo deportivo en América Latina, aprovechando la visibilidad que genera un evento de este calibre.

Uno de los principales atractivos para los corredores de élite, de acuerdo a la información, será la posibilidad de clasificar oficialmente al Maratón de Boston a través de la distancia de 42 kilómetros.

La organización informó que la prueba cuenta con certificaciones de World Athletics y la Association of International Marathons and Distance Races (AIMS), lo que garantiza la validez internacional de los tiempos registrados.

Estas acreditaciones técnicas aumentan el interés tanto de atletas locales como extranjeros que buscan marcas oficiales en un circuito homologado.

La ruta de la competencia recorrerá lugares emblemáticos de la ciudad de Panamá, como Vía Israel, la Cinta Costera y el tramo marino con vistas al Casco Antiguo, hasta la Calzada de Amador.

Durante la jornada, la maratón no solo será un reto deportivo, sino también un impulso para la economía local. La llegada de corredores y visitantes repercutirá en sectores como hotelería, la gastronomía, el comercio y el entretenimiento. Así, el evento refuerza la posición de Panamá como anfitrión de competencias internacionales.

La carrera, organizada por Razzpao Latam y con Adidas como patrocinador principal, se ha diseñado para ofrecer una experiencia inclusiva.

De acuerdo con la información proporcionada, habrá alternativas para corredores experimentados y para quienes se inician en el running, incluyendo una prueba para niños.

La propuesta, dijeron, busca consolidar los valores de integración social y bienestar personal a través del deporte.

De igual manera, dijeron que la seguridad está garantizada mediante un operativo conjunto que involucra a la Policía Nacional, la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, el Servicio de Protección Institucional, la Policía Municipal, el Sistema Nacional de Protección Civil y los Bomberos de Panamá.

Más de 100 efectivos estarán desplegados para custodiar el recorrido, apoyados por servicios médicos y paramédicos de Hospiten Paitilla.

Algunas zonas del circuito serán de acceso exclusivo para los participantes, mientras que otras permitirán una convivencia regulada con el tráfico regular.

De este modo, los organizadores indicaron que la logística apunta a garantizar tanto el desarrollo óptimo de la carrera como la seguridad de atletas y espectadores.

Quienes participen en la Panama City Marathon disfrutarán de un circuito de dos vueltas con escenarios representativos de la capital.

Los organizadores han resaltado que el país reúne condiciones esenciales para consolidarse como sede de grandes eventos deportivos: moderna infraestructura, conectividad aérea, atractivos turísticos y una comunidad de corredores en crecimiento.

La alianza con Adidas y la certificación internacional del evento refuerzan la proyección de Panamá en el mapa del running regional. El maratón se presenta como una oportunidad para que atletas de diferentes niveles y edades vivan una experiencia de alto nivel, persigan nuevos retos y contribuyan al desarrollo del deporte en el país.

Panamá, reafirman los entendidos, cuenta con todos los elementos para posicionarse como referente del turismo deportivo regional. Su conectividad aérea, infraestructura hotelera de primer nivel y diversidad geográfica, con playas, montañas, selvas y el emblemático Canal, le otorgan una ventaja natural frente a otros países de la región.

La presencia de un fósil excepcionalmente conservado en la Formación Chagres ha permitido a un grupo de investigadores panameños desentrañar detalles hasta ahora desconocidos sobre la evolución marina en torno al Istmo de Panamá, según un reciente estudio publicado en Scientific Reports.

El fósil corresponde a la cabeza de un pez volador, clasificado como Dactylopterus decrozi, una especie hasta ahora desconocida.

El equipo de la Universidad de Panamá, dirigido por Carlos De Gracia y con la participación de Yostin Añino, junto a colaboradores internacionales, identificó al pez como parte de la familia Dactylopteridae.

Esta familia está integrada actualmente por cinco especies vivas en el Indopacífico y una sola en el Atlántico.

La investigación revela que la divergencia entre los linajes del Pacífico y el Atlántico de estos peces ocurrió hace 10 millones de años.

Los datos aportados sugieren que la formación del Istmo de Panamá y el cierre de la Vía Marina Centroamericana (CAS, por sus siglas en inglés) resultaron decisivos para separar ambos linajes y favorecer la especiación por vicarianza, es decir, por la creación de una barrera geográfica que aisló poblaciones antes conectadas.

De acuerdo con el estudio, la migración original del linaje se produjo a través de aguas profundas, utilizando la antigua conexión marina entre ambos océanos.

El cierre definitivo de esas rutas, provocado por la elevación del istmo, según se indica, generó la evolución independiente del género Dactylopterus en el océano Atlántico.

Según los investigadores, el descubrimiento del Dactylopterus decrozi en el Caribe panameño aporta pruebas directas de cómo el surgimiento del Istmo de Panamá influyó en la transformación y diversificación de las especies marinas, al aislar poblaciones que antes compartían un mismo hábitat.

El análisis detallado de la roca que contenía el fósil, realizado con técnicas avanzadas de espectroscopía y difractometría en laboratorios de Brasil, determinó que el pez vivió en un ambiente de aguas profundas y poco oxígeno.

Mediante la implementación de tomografías computarizadas realizadas en el Laboratorio de Instrumentación Nuclear de la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ), el equipo de investigadores logró identificar el fósil como una nueva especie

La abundancia de andesina y la presencia de pirita en microfósiles indican que el ejemplar fue sepultado cerca del lugar donde murió, con escaso transporte posterior.

Los investigadores atribuyen la excelente preservación del fósil al constante aporte de ceniza y materiales volcánicos, producto de la intensa actividad tectónica y volcánica durante la elevación del Istmo de Panamá.

Esta condición geológica favoreció la rápida sepultura y conservación del pez, permitiendo su posterior estudio millones de años después.

La nueva especie lleva el nombre de Dactylopterus decrozi en honor al biólogo marino Luis D’Croz, quien dedicó su vida a la formación de científicos panameños y fue una figura central en la biología marina del país.

De Gracia y el resto del equipo consideraron que esta denominación constituye un homenaje a sus aportes científicos y educativos.

La publicación del estudio en una revista de alto impacto internacional como Scientific Reports, representa un reconocimiento adicional al trabajo de los investigadores panameños y sus colaboradores.

Este hallazgo aporta nuevas piezas al complejo rompecabezas de la historia natural de Panamá y subraya el valor de la colaboración científica internacional para comprender procesos evolutivos ocurridos hace millones de años.

Los Dactylopteridae, siempre según el estudio de la Universidad de Panamá junto a colaboradores internacionales, son peces marinos distribuidos en aguas tropicales y subtropicales, compuestos por dos géneros: Dactyloptena, en el océano Índico y el Pacífico occidental y central, y Dactylopterus, en el Atlántico oriental y occidental.

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá sostiene que proteger a los jubilados, pensionados y adultos mayores” es una responsabilidad que compartimos”, aunque se decanta por que hay que “discutir es cómo hacerlo de manera sostenible y viable”.

La posición de los comerciantes surge luego de que la Asamblea Nacional aprobara ampliar los beneficios a los jubilados, pensionados y personas de la tercera edad, incorporando nuevos descuentos y aumentando otros ya existentes.

Esto, aducen, “amerita una decisión clara del Ejecutivo”, por lo que “el proyecto debe ser vetado en su conjunto”.

El Proyecto de Ley 226 recibió 47 votos favorables y uno en contra, pero todavía no constituye una norma vigente, pues debe ser sancionado y promulgado por el Ejecutivo.

La propuesta modifica la Ley 6 de 1987, cuyos beneficios alcanzan a las mujeres desde los 55 años y a los hombres desde los 60, además de todos los jubilados y pensionados, independientemente de su edad. Para los extranjeros, el nuevo texto especifica que deberán contar con permiso de residente permanente en Panamá.

Un cambio de mayor alcance fiscal establece que todos los beneficios concedidos podrán reconocerse como crédito fiscal contra el impuesto sobre la renta.

La legislación vigente limita ese tratamiento principalmente a restaurantes y establecimientos de comida rápida, tras la modificación introducida mediante la Ley 192 de 2020.

Los empresarios alegan que para una micro, pequeña o mediana empresa, un descuento obligatorio no es una cifra en una ley.

“Es una reducción directa sobre una venta mientras la planilla, el alquiler, la energía, los insumos, el financiamiento y los impuestos siguen costando lo mismo o inclusive más”, afirman.

Afirman que las MiPymes no tienen capacidad ilimitada para absorber nuevas cargas, sobre todo cuando los costos aumentan de manera permanente, las alternativas son pocas: reducir márgenes, subir precios, posponer inversiones, limitar contrataciones o dejar de operar.

Ninguna de esas opciones beneficia a los panameños en su conjunto, se queja la Cámara de Comercio en su acostumbrada nota dominical.

Reconocer fiscalmente los descuentos es un tema pendiente que debe atenderse, señala el gremio empresarial, y agrega que durante años distintos sectores han asumido beneficios establecidos por ley sin un reconocimiento fiscal equivalente.

“Incorporar un crédito fiscal del 100% no corrige por sí solo el problema de fondo”, manifiestan.

“Primero debe determinarse su viabilidad, su costo para las finanzas públicas y la capacidad del Estado para hacerlo efectivo. Y aun si ese mecanismo funcionara, seguiría pendiente la pregunta principal: ¿es sostenible continuar ampliando una política social mediante obligaciones impuestas al tejido empresarial?, se preguntan.

Pese a la queja, reconocen que la solidaridad con nuestros adultos mayores es responsabilidad de toda la sociedad, por lo que “no debe descansar de forma creciente y permanente sobre determinados sectores productivos”.

Antes de imponer nuevas cargas, los empresarios se inclinan por evaluar el régimen vigente, su impacto inflacionario sobre precios, empleo, inversión y MiPymes, así como la participación que debe asumir el Estado en su financiamiento.

También apuntan que se debe fortalecer el cumplimiento de los beneficios que ya existen y atender las causas que obligan a muchos adultos mayores a buscar en el sector privado respuestas que deberían encontrar oportunamente en los servicios públicos.

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura reitera que su posición respecto al Proyecto de Ley 226 es clara: pedimos al presidente de la República vetar esta iniciativa y abrir una revisión integral, técnica, fiscal y económica.

Añaden que proteger a nuestros adultos mayores es necesario, aunque hacerlo poniendo más presión sobre las MiPymes no es sostenible.

Actualmente, negar los beneficios puede generar multas de $50 a $5,000, mientras que la reforma eleva ese rango a entre $500 y $10,000, y cada reincidencia duplicará la sanción anterior

Panamá agregó 475 casos de dengue entre las semanas epidemiológicas 31 y 32, al pasar de 6,141 a 6,616 contagios acumulados. La variación equivale a un aumento de 7.7% en el registro total, un movimiento que obliga a observar la evolución reciente más allá de la comparación anual favorable.

El Ministerio de Salud destacó que los casos acumulados disminuyeron 32.4% frente al mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaban 9,791. Sin embargo, el incremento semanal confirma que la transmisión continúa activa en diferentes puntos del país, especialmente durante la temporada lluviosa.

Las cifras de ambos informes muestran que los casos sin signos de alarma aumentaron de 5,348 a 5,767, mientras que aquellos con señales de advertencia pasaron de 753 a 810. Los casos graves bajaron de 40 a 39.

El aumento también se reflejó en las hospitalizaciones acumuladas, que pasaron de 718 a 753, lo que significa 35 ingresos adicionales entre los dos reportes. En la semana 32 fueron hospitalizadas 26 personas, frente a 58 en igual periodo de 2025, una disminución interanual superior al 50%.

Hasta el último informe, Panamá mantenía 16 muertes asociadas con el dengue, la misma cantidad comunicada en la semana anterior. Por tanto, no se incorporaron nuevas defunciones entre ambos balances, aunque 39 pacientes habían desarrollado la modalidad grave de la enfermedad durante el año.

Bocas del Toro y Los Santos registran tres fallecimientos cada una. Las regiones Metropolitana, Colón y Chiriquí acumulan dos por territorio, mientras que San Miguelito, Coclé, Panamá Norte y Veraguas reportan una muerte cada una, según la distribución presentada por las autoridades sanitarias.

La Región Metropolitana concentra la mayor cantidad de casos, con 1,780, seguida por Colón, con 1,595; Panamá Oeste, con 637; Chiriquí, con 617; y San Miguelito, con 539. Estas cinco zonas reúnen más de tres cuartas partes de los contagios nacionales.

Entre los corregimientos con más afectados aparecen Veracruz, con 654 casos; Puerto Pilón, con 350; Tocumen, con 273; y Sabanitas, con 229. También sobresalen Cristóbal Este, 24 de Diciembre, Burunga y Cristóbal, todos con más de 180 registros acumulados.

El grupo de 10 a 14 años continúa como el más afectado por la enfermedad, con 795 casos y una incidencia de 214.5 por cada 100,000 habitantes. En el ámbito nacional, la tasa acumulada alcanzó 143.1 casos por cada 100,000 personas durante la semana 32.

El dengue es una infección viral transmitida principalmente por la picadura de mosquitos hembra Aedes aegypti. El insecto adquiere el virus al alimentarse de una persona infectada y posteriormente puede contagiar a otras, pero la enfermedad no suele transmitirse directamente entre seres humanos.

Los síntomas más frecuentes incluyen fiebre alta, dolor intenso de cabeza, molestias detrás de los ojos, dolores musculares y articulares, náuseas, vómitos y sarpullido. Las señales de alarma comprenden dolor abdominal intenso, vómitos persistentes, sangrado, cansancio extremo, dificultad respiratoria o inquietud.

Ante síntomas compatibles, las autoridades recomiendan acudir a una instalación sanitaria y evitar la automedicación. La Organización Mundial de la Salud desaconseja el consumo de aspirina e ibuprofeno por el riesgo de sangrado; la detección temprana y una hidratación adecuada reducen la posibilidad de complicaciones graves.

La prevención depende principalmente de eliminar criaderos: vaciar, limpiar o cubrir semanalmente recipientes que almacenen agua, desechar objetos capaces de acumular lluvia y mantener patios despejados. También se aconseja utilizar repelente, instalar mallas en puertas y ventanas y vestir ropa protectora, especialmente durante el día.

En América Latina y el Caribe, el comportamiento también muestra un descenso general frente a 2025, pero persisten focos de crecimiento. Hasta la semana epidemiológica 29, las Américas acumulaban 1.47 millones de casos sospechosos, aproximadamente 60% menos que en igual periodo del año anterior.

Costa Rica, Honduras, El Salvador y Ecuador presentaron aumentos recientes, mientras Panamá figura entre los países donde circulan simultáneamente los cuatro serotipos del virus: DENV-1, DENV-2, DENV-3 y DENV-4. Una infección previa no protege completamente contra los restantes y una segunda exposición puede elevar el riesgo de dengue grave.

Trece empresas nacionales e internacionales manifestaron interés en la ampliación del Aeropuerto Internacional José Ezequiel Hall, ubicado en Isla Colón, durante la reunión de homologación celebrada por la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá el 21 de agosto.

La cantidad representa un aumento del 62,5% frente a las ocho compañías que participaron en la convocatoria anterior. Aunque asistir a la homologación no garantiza la presentación de propuestas, la concurrencia muestra una mayor atención empresarial sobre el proyecto aeroportuario.

El renovado interés apareció después de que la institución incrementara el precio de referencia de $20 millones a $25 millones. El ajuste de $5 millones respondió, entre otros factores, al costo de los materiales, la logística insular y la complejidad de construir sin suspender las operaciones aéreas.

La primera convocatoria fue cancelada luego de recibir numerosas observaciones y solicitudes de aclaración. En el nuevo procedimiento, las empresas podrán presentar ofertas hasta un 20% superiores al valor oficial, lo que establece un techo cercano a $30 millones, siempre sujeto a la evaluación técnica y económica correspondiente.

Entre las participantes aparecen Constructora Urbana, S.A. (CUSA), Constructora Meco, S.A., Grupo Soletric y Equibal, S.A. También asistieron representantes de Bagatrac, S.A., Eleconinsa y ETERC Panamá, compañías relacionadas con obras civiles, infraestructura y servicios especializados.

El listado se completa con ARCAC Construcciones, S.A., Toronto Global Holding, Terra Selecta y Desarrollo y Construcciones Urbanas, S.A. de C.V. (DYCUSA). Asimismo, figuran Empresa y Técnica y Proyectos, S.A., identificada como TICSA en el acta, y ETERC Brasil, sucursal Panamá.

Durante la reunión, los interesados formularon consultas sobre la experiencia exigida a las empresas y al personal clave, las certificaciones profesionales, los estados financieros, los plazos de diseño y los mecanismos de pago. La entidad aceptó revisar algunos puntos y anunció ajustes que deberán formalizarse mediante adenda.

Uno de los cambios admitidos corresponde a la experiencia del ingeniero electromecánico. El documento será ajustado para reconocer tanto trabajos de adecuación como la construcción de sistemas de bombeo pluvial o sanitario, una precisión que amplía las posibilidades de participación sin eliminar los requerimientos técnicos del proyecto.

La obra deberá ejecutarse en 24 meses e incluye cuatro meses para estudios, diseños, permisos y aprobaciones. Los otros 20 meses estarán destinados a la construcción, con el desafío adicional de mantener el aeropuerto funcionando mientras avanzan las intervenciones en sus áreas operativas.

El componente más visible será una nueva terminal de pasajeros de al menos 2.400 metros cuadrados, construida en terrenos adquiridos frente a las instalaciones actuales. Tendrá espacios para Migración, Aduanas, registro, espera, embarque, equipajes, aerolíneas, comercios y operaciones nacionales e internacionales.

El proyecto también contempla ampliar de 25 a 30 metros el ancho de la pista, rehabilitar pavimentos y construir una extensión de 160 metros en la cabecera. Las mejoras permitirán atender con mayor seguridad aeronaves como el Fokker 50 y el Dash 8 Q400.

A esas intervenciones se sumarán una nueva calle de rodaje, plataforma para aeronaves y sistemas de luces PAPI LED, además de adecuaciones en la torre de control y en los servicios de salvamento y extinción de incendios. También serán renovados el drenaje y el tratamiento de aguas residuales.

El alcance incorpora estacionamientos, una vía de acceso, abastecimiento de agua, cerramiento perimetral y medidas para impedir cruces indebidos cerca de la pista. La terminal existente será demolida cuando la nueva estructura pueda asumir las operaciones, evitando interrupciones prolongadas para pasajeros y aerolíneas.

La modernización resulta especialmente relevante porque Isla Colón constituye la principal puerta aérea del archipiélago de Bocas del Toro, uno de los destinos caribeños más reconocidos de Panamá. Sus playas, arrecifes, actividades náuticas y oferta hotelera atraen alrededor de 100.000 visitantes cada año.

Documentos del proyecto que el turismo genera aproximadamente $50 millones anuales en la provincia. Una terminal más amplia podría mejorar la experiencia del visitante, facilitar conexiones con el transporte marítimo y sostener un crecimiento turístico que actualmente enfrenta limitaciones de espacio, comodidad y capacidad operativa.

La recepción de propuestas está prevista para el 24 de septiembre. Hasta entonces, la atención estará puesta en cuántas de las trece interesadas entregarán finalmente una oferta y si la competencia permitirá adjudicar una obra largamente esperada para convertir el aeropuerto en una entrada más moderna al Caribe panameño.

Panamá alcanzó el 100% de sus compromisos internacionales para congelar y reducir los hidroclorofluorocarbonos, gases utilizados principalmente en sistemas de refrigeración y aire acondicionado que deterioran la capa de ozono.

El país avanza ahora hacia tecnologías más eficientes y controles sobre otras sustancias peligrosas para la salud y el ambiente.

Los resultados fueron examinados durante una Junta de Proyecto entre el Ministerio de Salud y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, presidida por el viceministro Carlos Guevara Mann. La reunión evaluó la ejecución presupuestaria y los avances de cuatro iniciativas desarrolladas mediante financiamiento y cooperación internacional.

Los proyectos permiten cumplir obligaciones incluidas en los convenios de Montreal, Estocolmo y Minamata. Aunque sus nombres remiten a ciudades distantes, sus disposiciones alcanzan productos y actividades presentes en la vida cotidiana, como refrigeradores, acondicionadores de aire, pesticidas, lámparas y artículos que contienen mercurio.

El Protocolo de Montreal, adoptado en 1987, busca proteger la capa de ozono mediante la eliminación gradual de sustancias que la deterioran. Este escudo atmosférico filtra buena parte de la radiación ultravioleta del Sol, cuya exposición excesiva puede aumentar el riesgo de cáncer de piel y daños oculares.

Entre los compuestos controlados se encuentran los hidroclorofluorocarbonos, conocidos como HCFC. Durante décadas fueron utilizados en equipos de refrigeración, climatización y fabricación de espumas, pero sus emisiones afectan el ozono y contribuyen al calentamiento global, lo que obligó a establecer calendarios internacionales para reducir progresivamente su consumo.

El siguiente desafío corresponde a la Enmienda de Kigali, incorporada al Protocolo de Montreal en 2016. Su objetivo es disminuir los hidrofluorocarbonos o HFC, que no destruyen directamente la capa de ozono, pero poseen un elevado potencial de calentamiento y continúan siendo empleados ampliamente en refrigeración y aire acondicionado.

La transición contiene una ironía química: varios HFC fueron introducidos para sustituir sustancias que dañaban el ozono, pero luego se comprobó que podían intensificar el cambio climático. Kigali intenta corregir esa consecuencia mediante refrigerantes más seguros y equipos que, además, consuman menos electricidad durante su funcionamiento.

Como parte del plan, Panamá desarrolla un proyecto piloto para reemplazar equipos contaminantes por sistemas que utilizan dióxido de carbono como refrigerante en la cadena de frío. Esta infraestructura permite conservar alimentos, medicamentos y otros productos sensibles durante el almacenamiento, transporte y comercialización.

El cambio no consiste simplemente en retirar un gas y colocar otro. Los nuevos sistemas requieren equipos compatibles, protocolos de seguridad y mantenimiento especializado, además de trabajadores preparados para operarlos. Si incorporan eficiencia energética, también pueden reducir el consumo eléctrico y los costos acumulados durante su vida útil.

Panamá también digitalizó el sistema de cuotas aplicado a 51 empresas importadoras de sustancias controladas. La herramienta permite conocer cuánto producto ingresa, quién lo comercializa y si respeta los límites autorizados, fortaleciendo la fiscalización y transparencia del mercado.

El programa certificó a 205 oficiales de aduanas y bomberos, responsables de identificar sustancias reguladas y actuar ante incidentes. Además, capacitó a 193 técnicos de refrigeración y climatización y sensibilizó a más de 1,500 personas sobre tecnologías relacionadas con el agotamiento de la capa de ozono.

El Convenio de Estocolmo aborda otra familia de amenazas: los contaminantes orgánicos persistentes, denominados COP. Estas sustancias pueden permanecer durante años en el ambiente, recorrer grandes distancias y acumularse en los tejidos de personas y animales, generando efectos que pueden prolongarse entre generaciones.

El acuerdo obliga a eliminar o restringir determinados pesticidas y compuestos industriales, además de reducir aquellos producidos involuntariamente durante algunos procesos. La exposición a los COP se ha relacionado con cáncer, alteraciones reproductivas y daños neurológicos, según la Secretaría del Convenio de Estocolmo.

El Convenio de Minamata se concentra en las emisiones y liberaciones de mercurio, un metal capaz de afectar el cerebro, los riñones y el desarrollo neurológico infantil. Su nombre recuerda la tragedia ocurrida en una bahía japonesa, donde vertidos industriales contaminaron peces consumidos por la población y provocaron una grave enfermedad neurológica.

El tratado regula fuentes de suministro, comercio, actividades industriales, almacenamiento, residuos y determinados productos con mercurio. Panamá revisó el cambio de ejecución del proyecto para gestionar racionalmente este metal y los contaminantes persistentes, respaldado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial y el Ministerio de Ambiente.

Los tres instrumentos se conectan en un mismo punto: sustancias útiles para la economía pueden causar daños cuando su fabricación, importación o eliminación carecen de vigilancia. Montreal y Kigali se ocupan principalmente de refrigerantes; Estocolmo controla químicos persistentes y Minamata establece medidas específicas para reducir la contaminación por mercurio.

Las autoridades propusieron presentar los avances el 16 de septiembre, durante el Día Mundial de la Capa de Ozono, en el Palacio Bolívar. Bajo el lema “Acción global por un planeta más fresco”, la actividad buscará acercar a la ciudadanía una agenda frecuentemente atrapada entre siglas, porcentajes y documentos técnicos.

El cumplimiento no debe medirse únicamente por reuniones o metas declaradas. El resultado dependerá de que Panamá consiga retirar tecnologías perjudiciales, controlar las importaciones y manejar correctamente los residuos, sin trasladar los costos de la transición hacia consumidores, trabajadores o comunidades expuestas a sustancias peligrosas.

El Aeropuerto Internacional de Tocumen extendió hasta el 28 de septiembre el plazo para recibir propuestas de la licitación destinada a diseñar, construir y equipar el Muelle Sur de la Terminal 2, una ampliación valorada en $208.75 millones que ha despertado el interés de 26 empresas y profesionales.

La Adenda 2 modificó la fecha de presentación y apertura, inicialmente programada para el 31 de agosto. Los participantes tendrán 20 días hábiles adicionales para preparar sus ofertas, aunque 10 compañías habían solicitado una prórroga de 60 días y Mota-Engil pidió una extensión de 30 días.

Entre quienes reclamaron más tiempo aparecen ICA Constructora, AIA Project Managers, Ingeniería Estrella, T.Y. Lin, GAMI, Constructora Nova, Constructora Meco, Desarrollo y Construcciones Urbanas, Mota-Engil y Mallol & Mallol Arquitectos. Tocumen aceptó ampliar el calendario, pero no por el periodo solicitado.

La adenda también flexibilizó la forma de acreditar la experiencia empresarial. Ahora podrá utilizarse la trayectoria de una casa matriz, filial o subsidiaria, siempre que se demuestre documentalmente la relación corporativa y, cuando corresponda, se presente un compromiso de solidaridad ilimitada de la compañía principal.

Pese a esa apertura,, Tocumen mantuvo una de las mayores barreras del concurso: cada interesado deberá demostrar al menos un proyecto individual por $75 millones, ejecutado y recibido completamente durante los últimos 25 años. No será permitido sumar varios contratos para alcanzar el monto requerido.

También fue ampliado el tipo de antecedentes aceptados. La versión anterior mencionaba únicamente ampliaciones de terminales aéreas, mientras la nueva redacción admite proyectos de construcción o ampliación de terminales de pasajeros desarrollados en aeropuertos internacionales que permanecieran operativos durante la ejecución.

Otro cambio afecta al ingeniero residente o superintendente. En lugar de acreditar dos proyectos, podrá presentar un proyecto ejecutado dentro de sus 12 años de experiencia profesional, aunque se conserva el valor mínimo equivalente al 30% del precio de referencia y la idoneidad expedida por la autoridad panameña.

La revisión permite, además, que un mismo profesional sea postulado por varios proponentes sin que esa coincidencia provoque el rechazo de las ofertas. Cada candidato deberá cumplir individualmente los requisitos académicos, de experiencia e idoneidad establecidos para el cargo técnico que pretenda ocupar.

Tocumen introdujo escalas más precisas para evaluar el plan de trabajo y la memoria descriptiva. Los puntos dependerán de elementos verificables como entregables vinculados con fechas, responsables, medidas de mitigación y planes de contingencia, reduciendo el margen de interpretación subjetiva de la comisión evaluadora.

Las principales consultas también abordaron las condiciones financieras. El pliego mantiene la obligación de presentar cartas que respalden el 100% de la propuesta económica, estados financieros auditados de 2024 y 2025, capital de trabajo equivalente al 15% del presupuesto y facturación anual mínima de $150 millones.

Para documentos expresados en otras monedas, la Adenda 2 permite utilizar las tasas publicadas por la Reserva Federal de Estados Unidos, además de certificaciones del Banco Nacional de Panamá o de un contador autorizado. La fuente, el periodo utilizado y la operación de conversión deberán quedar identificados.

No todas las peticiones recibieron una respuesta favorable. Tocumen mantuvo la multa contractual de 4% y rechazó ampliar más allá de tres días hábiles el periodo para subsanar documentos. Tampoco liberará para descarga general los planos originales, aunque permitirá consultarlos mediante el procedimiento habilitado para los interesados.

La ejecución tendrá condiciones distintas según la proximidad de las obras a las operaciones aéreas. En áreas sin afectación podrán realizarse trabajos durante las 24 horas, mientras que cerca de pistas y calles de rodaje prevalecerá un horario nocturno entre las 10:00 p.m. y las 5:00 a.m.

La ampliación comprende un edificio de aproximadamente 21.097 metros cuadrados distribuidos en tres niveles, conectado con la actual Terminal 2. Incorporará 10 nuevas posiciones de contacto, reconfigurará otras tres, añadirá cuatro puertas remotas y habilitará un control de seguridad One Stop Security.

El contratista también deberá reacondicionar y trasladar tres puentes de abordaje, construir plataformas, drenajes, instalaciones y sistemas aeroportuarios. El proyecto será desarrollado por fases durante 30 meses para evitar interrupciones, dentro de una terminal que opera permanentemente y concentra gran parte de las conexiones internacionales de Panamá.

La expansión responde al crecimiento acelerado del aeropuerto, que movilizó casi 21 millones de pasajeros en 2025 y proyecta recibir 22,6 millones durante 2026. Tocumen calcula que podría superar los 30 millones de viajeros hacia 2030, convirtiendo el Muelle Sur en una infraestructura necesaria para evitar nuevas limitaciones de capacidad.

Al menos 29 ciudadanos colombianos y dos panameños fueron aprehendidos durante agosto en tres operativos contra la minería ilegal ejecutados por el Servicio Nacional de Fronteras en Darién.

Las intervenciones permitieron localizar campamentos clandestinos, presunto oro, dragas, motobombas, municiones, pólvora y otros implementos utilizados para sostener las actividades extractivas.

Las acciones fueron desarrolladas por unidades de la 1.ª Brigada Oriental mediante el Plan Firmeza y la operación Escudo de Acero. Los procedimientos se concentraron en sectores selváticos y de difícil acceso de la provincia, donde las condiciones geográficas pueden facilitar la instalación de estructuras alejadas de los principales centros poblados.

El caso más reciente ocurrió en el sector de Cañas Blancas, en Tuqueza, donde integrantes de la Fuerza de Reacción Inmediata para el Control Territorial ubicaron dos campamentos presuntamente utilizados para la extracción ilegal. En el lugar fueron aprehendidos tres ciudadanos colombianos: una mujer y dos hombres.

Durante la inspección, los agentes incautaron varios gramos de material identificado preliminarmente como oro. La cantidad exacta no fue revelada y deberá ser sometida a análisis para confirmar su composición y determinar su procedencia, antes de ser incorporada como evidencia dentro del proceso seguido contra los tres investigados.

En uno de los campamentos también fueron encontradas municiones de distintos calibres, pólvora y una motobomba, además de otros implementos logísticos. Senafront no informó si había armas de fuego en el sitio ni precisó para qué era utilizada la pólvora encontrada durante el recorrido de las unidades fronterizas.

Los materiales podrían ayudar a establecer cuánto tiempo llevaban funcionando los campamentos y qué capacidad operativa tenían. Las autoridades también deberán determinar si otras personas participaban en la actividad, suministraban equipos o recibían el mineral extraído antes de su posible traslado y posterior comercialización.

En una intervención anterior, unidades de la 1.ª Brigada Oriental aprehendieron a cinco colombianos en Caña Blanca, distrito de Cémaco. Los extranjeros fueron señalados preliminarmente por su posible vinculación con actividades de minería ilegal y remitidos, junto con los indicios, a las autoridades competentes.

En este segundo procedimiento fueron recuperados diversos gramos de presunto oro y una pesa digital. Ese objeto podría resultar relevante para establecer si el material era pesado o dividido en el lugar, aunque corresponderá al Ministerio Público demostrar su utilización y la relación que mantenía con cada uno de los detenidos.

Senafront no detalló si en Caña Blanca fueron encontradas dragas, excavadoras u otros equipos de extracción. Tampoco informó la extensión del área presuntamente intervenida, el tiempo que habría permanecido activa ni el volumen de material removido por las personas ubicadas durante la operación fronteriza.

El primer gran despliegue del mes se produjo el 18 de agosto en la cabecera del río Pito, en el norte de Darién. En esa zona fueron aprehendidos 21 ciudadanos colombianos presuntamente vinculados con minería ilegal, la mayor cantidad registrada dentro de los tres procedimientos reportados.

Los agentes encontraron campamentos improvisados, dragas, motobombas y otros equipos empleados para remover sedimentos y buscar minerales. La presencia de 21 personas y maquinaria especializada evidencia una estructura con capacidad logística, aunque las investigaciones deberán individualizar la participación y responsabilidad de cada uno de los aprehendidos.

Las dragas permiten extraer y procesar sedimentos del fondo de ríos u otros cuerpos de agua, mientras las motobombas facilitan el movimiento del recurso. Su utilización sin controles puede modificar los cauces y aumentar la sedimentación, afectando la estabilidad de las riberas y la calidad del ecosistema acuático.

La minería ilegal puede provocar pérdida de vegetación, erosión y alteraciones en zonas utilizadas por especies silvestres. Sus efectos alcanzan a las comunidades que dependen de los ríos para abastecerse, pescar, transportarse o realizar actividades productivas, incluso después de que los campamentos sean abandonados.

En Panamá, la extracción ilegal puede ser procesada mediante el artículo 399 del Código Penal, que establece de tres a seis años de prisión para quien destruya, extraiga, contamine o degrade recursos naturales. La sanción puede aumentar cuando la conducta afecta áreas protegidas, humedales, ecosistemas costeros o cuencas hidrográficas.

Senafront aseguró que mantendrá patrullajes constantes para impedir la reapertura de los puntos intervenidos y proteger los recursos naturales. El reto incluye vigilar rutas de abastecimiento y traslado de maquinaria, debido a que la extracción clandestina necesita combustible, alimentos, equipos y mecanismos para movilizar el mineral obtenido.

La extensión de Darién, su cobertura selvática y la red de ríos dificultan una presencia institucional permanente. Estas características pueden ser aprovechadas para ocultar campamentos y trasladar suministros, por lo que las operaciones requieren recorridos prolongados, unidades especializadas y coordinación con las autoridades ambientales y judiciales.

Investigaciones señalan que las operaciones de minería ilegal en la frontera de Darién son financiadas por el Clan del Golfo, organización criminal colombiana que utiliza la extracción y comercialización de oro como fuente de ingresos para sostener sus actividades ilícitas.

El grupo proporciona recursos para maquinaria, combustible, alimentos y logística, mientras otras personas realizan la extracción en campamentos instalados en zonas selváticas y cercanas a ríos. El mineral obtenido puede ser trasladado y vendido mediante intermediarios, dificultando la identificación de su origen ilegal.

Los principales embalses del Canal de Panamá muestran comportamientos diferentes al cierre de agosto. Mientras Alhajuela ha recuperado parte del nivel perdido durante las últimas semanas, Gatún permanece relativamente estable, pero todavía lejos de su máximo operativo, en medio de un déficit de precipitaciones que ya provocó ajustes en la vía interoceánica.

Los registros automáticos de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) indicaban que, a las 6:30 a.m. del 29 de agosto, el lago Gatún se encontraba en 83.89 pies, equivalentes a 25.57 metros. Alhajuela, también conocido como Madden, marcaba 233.06 pies, unos 71.04 metros, según el portal hidrometeorológico del Canal.

El nivel máximo operativo de Gatún se sitúa en 87.50 pies, equivalentes a 26.67 metros, por lo que el embalse se encontraba 3.61 pies por debajo de ese límite. En el caso de Alhajuela, el máximo operativo alcanza 252 pies o 76.81 metros, una diferencia de 18.94 pies frente al registro más reciente.

Estas comparaciones se refieren a la elevación del agua y no representan directamente el porcentaje de capacidad almacenada. La cantidad disponible depende de otros factores, como la superficie inundada, la profundidad y el volumen utilizable. Los máximos operativos también funcionan como límites de seguridad para ordenar vertidos preventivos cuando las lluvias elevan demasiado los reservorios.

Durante el último mes, Gatún se mantuvo alrededor de los 84 pies, con fluctuaciones moderadas. Alhajuela mostró una recuperación más clara al pasar de niveles cercanos a 226 pies al finalizar julio hasta superar los 233 pies en agosto, favorecido por las precipitaciones recibidas en su subcuenca.

La propia plataforma advierte que los registros más recientes son generados automáticamente y todavía no han sido revisados por especialistas de la Sección de Meteorología e Hidrología. Por ello, deben considerarse datos preliminares, aunque permiten observar la tendencia general de ambos embalses y su respuesta ante las lluvias.

El comportamiento climático de 2026 ha sido irregular. La cuenca pasó de una temporada seca con lluvias superiores a lo normal a una estación lluviosa con acumulados inferiores a los previstos. Desde mayo comenzó a profundizarse el déficit, reduciendo también los aportes de los ríos hacia los lagos.

Entre mayo y agosto, la precipitación acumulada en la Cuenca Hidrográfica del Canal estuvo 34% por debajo del promedio histórico, mientras las entradas de agua registraron un déficit mayor, cercano al 44%. La diferencia evidencia que no toda la lluvia se transforma inmediatamente en almacenamiento, debido a su intensidad, distribución y localización.

La situación ya tuvo consecuencias operativas. Aunque el Canal venía ofreciendo 38 tránsitos diarios durante 2026, desde el 4 de septiembre la disponibilidad se reducirá a 34 cupos: nueve para las esclusas neopanamax y 25 para las panamax. Será la segunda reducción por razones hídricas en su historia.

El ajuste se profundizará desde el 15 de septiembre, cuando los cupos de las esclusas panamax disminuirán de 25 a 23. De esa forma, la capacidad total quedará en 32 tránsitos diarios, seis menos que los ofrecidos anteriormente, mientras se mantienen nueve espacios para buques neopanamax.

La ACP también modificó las restricciones de calado. El límite de 48 pies para los buques neopanamax continuará el 2 de septiembre, mientras el descenso posterior hasta 47.5 pies fue aplazado para el 1 de octubre. Las fechas podrían revisarse nuevamente según el nivel proyectado de Gatún y las precipitaciones.

Las perspectivas para los próximos meses mantienen elevada la incertidumbre. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos confirmó que El Niño continúa fortaleciéndose en el Pacífico tropical y estimó una probabilidad superior al 90% de que alcance una intensidad muy fuerte durante el otoño y el invierno boreales de 2026-2027.

En Panamá, un episodio intenso de El Niño suele relacionarse con menores precipitaciones en la vertiente del Pacífico, aunque sus efectos pueden variar y no impiden aguaceros puntuales. Para los embalses, el factor determinante será el volumen acumulado sobre la cuenca durante septiembre, octubre y noviembre.

Esos meses concentran buena parte del agua requerida para llenar los reservorios antes de la estación seca. Si las precipitaciones continúan por debajo del promedio, Gatún podría comenzar 2027 con reservas limitadas, aumentando el riesgo de nuevas reducciones de tránsito o restricciones de calado.

La recuperación de Alhajuela representa un alivio parcial, pero no elimina la presión hídrica. El escenario dependerá de que las lluvias restantes sostengan ese aumento y permitan recuperar Gatún antes de diciembre. Por ahora, el Canal conserva agua anticipadamente para atender la navegación y el consumo humano.

Dos mujeres quedaron bajo detención provisional por investigaciones completamente independientes en Panamá: una fue imputada por el homicidio y robo contra un estadounidense de 84 años, mientras una ciudadana colombiana enfrenta cargos por la presunta comercialización de información de entidades públicas y blanqueo de capitales.

Las decisiones fueron adoptadas por juzgados de garantías después de que el Ministerio Público presentara los elementos reunidos en cada expediente. Ambas mujeres permanecen bajo investigación y conservan la presunción de inocencia, debido a que las imputaciones y medidas cautelares no equivalen a una sentencia condenatoria.

El primer caso se relaciona con el crimen registrado el 24 de agosto de 2026 en un edificio de Punta Pacífica, una exclusiva zona de la ciudad de Panamá. La víctima fue identificada por las autoridades como un ciudadano estadounidense de 84 años, encontrado sin vida dentro de su apartamento.

El examen forense determinó que el hombre murió por heridas provocadas con un arma blanca, entre ellas una lesión en el cuello. Durante las primeras diligencias también se confirmó el faltante de una cantidad considerable de dinero que la víctima mantenía en el inmueble.

La investigación estableció que una mujer de 29 años habría ingresado al apartamento durante la noche anterior al hallazgo. Posteriormente, fue aprehendida cuando presuntamente intentaba volver al lugar, después de que los investigadores corroboraran la sustracción del dinero, según los antecedentes incorporados al expediente.

Durante una audiencia de solicitudes múltiples, la Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Metropolitana consiguió la legalización de la aprehensión y la imputación por homicidio doloso agravado y robo agravado. La mujer fue señalada como presunta autora de ambos delitos, informó el Ministerio Público.

La Fiscalía solicitó la medida cautelar más severa al considerar que existe una vinculación fortalecida con el hecho investigado, además de la gravedad y forma de ejecución del crimen. También argumentó que la imputada podría fugarse, desatender el proceso o interferir con testimonios y otros medios probatorios.

El juzgado valoró igualmente el posible riesgo para la comunidad, tomando en cuenta la naturaleza del homicidio y la concurrencia de dos delitos graves. Con esos elementos ordenó que la investigada permanezca recluida mientras la Fiscalía continúa reuniendo pruebas para determinar las circunstancias completas del crimen.

Robo de datos

El segundo proceso está bajo responsabilidad de la Fiscalía Superior Especializada en Delitos contra la Propiedad Intelectual y Seguridad Informática. Una ciudadana colombiana fue imputada por delitos contra la seguridad informática y blanqueo de capitales, relacionados con una investigación abierta por las autoridades panameñas en 2020.

La extranjera es investigada por la presunta venta y comercialización de bases de datos que contenían información del Tribunal Electoral y de otras instituciones del Estado. El Ministerio Público no ha detallado públicamente qué datos fueron comprometidos, cuántos registros incluían ni quiénes habrían adquirido la información.

Su aprehensión se produjo cuando ingresaba a Panamá por el Aeropuerto Internacional de Tocumen. Las autoridades migratorias y policiales detectaron que mantenía una alerta roja de Interpol, activada como parte de las actuaciones internacionales desarrolladas para localizarla y ponerla a disposición de la justicia panameña.

En la audiencia, la fiscalía especializada presentó los elementos que, a su juicio, justificaban imponer una medida cautelar personal. Después de escuchar los argumentos de las partes, el tribunal ordenó la detención provisional de la ciudadana colombiana, mientras continúa la investigación sobre el presunto uso y comercialización de la información.

El delito contra la seguridad informática se relaciona con conductas que afectan sistemas, redes o información almacenada digitalmente. En este expediente también se investiga la posible legitimación de recursos obtenidos mediante actividades ilícitas, aunque las autoridades no han revelado el monto asociado al supuesto blanqueo ni el mecanismo utilizado para movilizar el dinero.

En el caso de Punta Pacífica, las diligencias se concentran en reconstruir los movimientos de la sospechosa, verificar la sustracción del dinero y analizar los indicios recuperados dentro del apartamento. En el proceso informático, los fiscales deberán establecer el origen de las bases, su contenido y la ruta seguida para comercializarlas.

La detención provisional podrá revisarse durante el proceso si cambian las circunstancias que la justificaron. Mientras tanto, el Ministerio Público deberá presentar evidencia suficiente para sostener ambas acusaciones, y las defensas podrán cuestionar los elementos incorporados a los expedientes, solicitar otras medidas cautelares y ejercer los recursos reconocidos por la legislación panameña.

Panamá puso en vigor un protocolo obligatorio para responder a las interacciones negativas entre cocodrilos y seres humanos, con criterios que permiten diferenciar un avistamiento común de una situación peligrosa.

La regulación prioriza la prevención y las medidas no letales, aunque contempla intervenciones excepcionales cuando existe una amenaza comprobada.

La Resolución DM-0445-2026, publicada el 28 de agosto en la Gaceta Oficial, encarga al Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) la aplicación y fiscalización del procedimiento en todo el territorio nacional.

El documento busca proteger la integridad de las personas y, simultáneamente, garantizar la conservación de estos reptiles mediante decisiones sustentadas científicamente.

En Panamá habitan dos especies de crocodilianos: el cocodrilo americano (Crocodylus acutus), también denominado cocodrilo aguja, y el caimán de anteojos o babillo (Caiman crocodilus). El primero está clasificado como vulnerable, mientras el segundo posee un perfil de riesgo menor por su tamaño y comportamiento.

El cocodrilo americano puede superar los cuatro metros y presenta un hocico estrecho y alargado en forma de V. El babillo alcanza aproximadamente 2.5 metros, tiene el hocico más ancho y redondeado, además de una cresta ósea entre los ojos que produce la apariencia de unos anteojos.

La regulación amplió el alcance del borrador sometido a consulta pública, inicialmente centrado en el cocodrilo americano. La versión definitiva incorpora expresamente a las dos especies presentes en el país y establece escalas de tamaño diferenciadas para determinar el peligro y seleccionar la respuesta institucional correspondiente.

El formulario analiza la longitud, el comportamiento, la ubicación, la frecuencia de los reportes y los incidentes con animales domésticos. También considera la temporada del año y la existencia de fuentes de alimento, además de intentos anteriores de reubicación o afectaciones documentadas sobre actividades turísticas, recreativas o pesqueras.

La evaluación no trata igual a ambas especies. El resultado correspondiente al cocodrilo americano conserva la puntuación completa, mientras al babillo se le aplica un factor reductor de 0.6. La diferencia responde a su menor tamaño, fuerza de mordida y escaso historial de ataques graves contra personas.

La conducta tiene un peso determinante. Si el ejemplar huye al detectar personas mantiene un comportamiento evasivo normal; si no se aleja cuando alguien se aproxima a menos de diez metros, se considera habituado. La puntuación aumenta cuando se acerca activamente o exhibe cargas, embestidas o apertura de las fauces.

También eleva el riesgo que el animal acepte comida, responda a llamados o se acerque a embarcaciones esperando descartes de pesca. Por ello, la resolución prohíbe alimentar, provocar o atraer deliberadamente a estos reptiles, prácticas que pueden eliminar su temor natural y relacionar la presencia humana con alimento.

La ubicación aporta otros elementos. La presencia de un ejemplar a menos de 50 metros de escuelas, centros de salud, parques infantiles o áreas de trabajo suma tres puntos. También se evalúan playas turísticas, zonas de pesca, muelles, marinas, sectores urbanos y espacios frecuentados por niños.

La reiteración de los encuentros tampoco se considera un detalle menor. Dos reportes independientes durante siete días agregan un punto; tres o más avistamientos en ese periodo suman dos, mientras la presencia diaria durante más de dos semanas recibe tres. La residencia documentada por más de un mes agrava nuevamente la valoración.

Los nidos activan un procedimiento separado. Las autoridades deberán establecer un perímetro de seguridad mínimo de cinco metros, instalar advertencias con pictogramas y vigilar diariamente el área. Si no existe un peligro inminente, deberá esperarse la eclosión y salida de las crías antes de evaluar otras intervenciones.

El protocolo clasifica los casos en cuatro rangos. Entre uno y ocho puntos corresponde riesgo bajo; de nueve a 15, medio; y de 16 a 22, alto. Una puntuación de 23 o más representa riesgo muy alto, pero no significa que el ejemplar pueda ser eliminado automáticamente.

Para el nivel bajo se aplicarán señalización, educación comunitaria y monitoreo cada siete días. El riesgo medio requiere disuasión, barreras y eliminación de atractores, con inspecciones cada tres días. Si la situación persiste durante 14 días, el caso podrá avanzar hacia la captura y reubicación.

El riesgo alto permite trasladar al animal mediante un equipo especializado y con autorización previa de MiAMBIENTE. El ejemplar deberá ser medido, identificado, marcado y liberado en un hábitat apropiado, seguido de verificaciones a los siete, 14 y 30 días para detectar su posible regreso al área.

Cuando el resultado sea muy alto, deberá reunirse inmediatamente un comité técnico. La captura continúa siendo la primera opción y puede considerarse el cautiverio permanente en una instalación autorizada. Si el traslado resulta demasiado peligroso, el protocolo ordena priorizar barreras permanentes y manejo en el sitio.

El control letal queda reservado como último recurso cuando fracasen las alternativas anteriores, no existan lugares adecuados para liberación o haya conducta agresiva documentada y peligro inminente para las personas. Fuera de una defensa inmediata, solo podrá ejecutarlo personal autorizado, con justificación técnica y criterios de bienestar animal.

Los restos quedarán bajo custodia de MiAMBIENTE y no podrán poseerse, procesarse ni comercializarse. Cada actuación deberá documentarse y los casos de eliminación serán sometidos a auditorías externas cada dos años. La institución también publicará estadísticas anuales y una base pública de incidentes.

La norma fija como meta responder en menos de 24 horas a los eventos de riesgo muy alto. Los reportes podrán realizarse mediante la línea de emergencia ambiental 311, mientras cualquier captura o traslado deberá coordinarse previamente con la dirección regional correspondiente del Ministerio de Ambiente.

Los antecedentes incluidos en el protocolo ubican reportes en Puerto de Coquira, Clayton, Albrook y Chame, además de playas de Panamá Oeste, Coclé y Veraguas. También se mencionan los ríos Santa María y La Villa, así como las cuencas del Tuira y Balsas, en Darién.

La regulación parte de que el aumento de encuentros no responde necesariamente a una mayor agresividad, sino a la recuperación de las poblaciones y la expansión urbana sobre sus hábitats. Su eficacia dependerá de aplicar los criterios técnicos y de que la ciudadanía evite alimentar animales, respete la señalización y reporte oportunamente los avistamientos.

Panamá inició una nueva ronda de revisión técnica con especialistas de Corea del Sur sobre el ferrocarril Panamá–David–Frontera, mientras siguen sin conocerse públicamente documentos decisivos sobre el costo definitivo, la demanda y la rentabilidad esperada.

Esos elementos determinarán si el proyecto insignia del presidente José Raúl Mulino puede pasar de los estudios a la construcción.

La Secretaría Nacional del Ferrocarril sostiene reuniones con la Corporación Coreana de Infraestructura y Desarrollo Urbano, conocida como KIND. La agenda comenzó el 28 de agosto y se extenderá hasta el 2 de septiembre, período durante el cual ambos equipos desarrollarán mesas de trabajo sobre los estudios y la transferencia tecnológica del denominado Corredor Económico Ferroviario.

La agenda contempla visitas a diferentes puntos del trazado de la primera fase y una reunión con el equipo de ingeniería de la Autoridad del Canal de Panamá. Este último encuentro resulta relevante porque el proyecto requerirá una estructura ferroviaria para cruzar la vía interoceánica y conectar la capital con Panamá Oeste y el interior.

La Corporación Coreana de Infraestructura y Desarrollo Urbano (KIND) es una entidad pública creada en 2018 por el Gobierno de Corea del Sur para apoyar proyectos internacionales mediante asociaciones público-privadas. Su participación puede abarcar estudios de factibilidad, estructuración financiera, inversión y gestión de riesgos, además de la coordinación entre autoridades, empresas constructoras e instituciones financieras coreanas.

En América Latina, KIND registra una inversión en una planta solar de 10,4 megavatios en Talca, Chile, desarrollada bajo un modelo de construcción, propiedad y operación.

La entidad también ha mantenido acercamientos con autoridades de Colombia y Perú, y participó en conversaciones sobre el proyecto vial Los Chorros, en El Salvador, aunque esas gestiones no equivalen necesariamente a inversiones o contratos adjudicados.

El comunicado señala que las jornadas estarán centradas en la revisión de los estudios, la transferencia tecnológica y las visitas a puntos del trazado. La información divulgada no especifica los documentos que serán analizados ni contempla anuncios sobre licitaciones, fuentes de financiamiento o nuevas fechas de ejecución.

La primera fase se desarrollaría desde el área de Panamá hasta Divisa, con conexiones hacia Albrook, Panamá Pacífico, La Chorrera, Chame o Coronado, Río Hato y Penonomé. La planificación también contempla la incorporación de Ciudad de la Salud y otros puntos del área canalera dentro de una red ferroviaria y logística más amplia.

Esta etapa buscará integrar los puertos del Atlántico y el Pacífico, la Línea 3 del Metro y el Panama Canal Railway. En Capira se proyecta una terminal multimodal o puerto seco, mientras el trazado requerirá un nuevo puente ferroviario sobre el Canal de Panamá, cerca del Puente Centenario.

Las etapas siguientes extenderían la vía desde Divisa hasta David, pasando por Santiago, Soná y San Félix. Posteriormente, el corredor continuaría por Bugaba hasta alcanzar Paso Canoas, en la frontera con Costa Rica, aunque todavía no se han divulgado presupuestos ni cronogramas independientes para esos tramos.

La agenda con KIND abre ahora una nueva etapa de intercambio técnico y transferencia de conocimientos. Los recorridos de campo y las reuniones con la Autoridad del Canal permitirán revisar componentes de la primera fase, mientras permanecen pendientes mayores precisiones sobre el financiamiento, los costos y el calendario de ejecución.

Antes de comenzar las obras deberán completarse los estudios que definirán el trazado definitivo, la factibilidad, los costos y el modelo de operación.

Actualmente se desarrollan evaluaciones de demanda, impacto ambiental e ingeniería conceptual, junto con estudios financieros, geotécnicos, hidrológicos y de modelación hidráulica.

En los trabajos participan firmas internacionales como AECOM, Renfe, KPMG y WSP, encargadas de diferentes componentes de la estructuración.

El procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez Rudy, concluyó que el acuerdo que organiza la Policía Municipal de la capital panameña es inconstitucional y solicitó al Pleno de la Corte Suprema de Justicia que lo declare contrario a la Carta Magna.

Su posición quedó incorporada al expediente que examina la legalidad de la estructura impulsada por el alcalde Mayer Mizrachi.

El pronunciamiento se refiere al Acuerdo Municipal 162 del 17 de junio de 2025, aprobado por el Consejo Municipal de Panamá y publicado en la Gaceta Oficial el 7 de agosto de ese año. La norma establece la organización, los niveles de mando y las funciones de la Dirección de Policía Municipal de la Alcaldía de Panamá.

Gómez Rudy consideró que varias atribuciones incluidas en el documento podrían representar la puesta en funcionamiento de un cuerpo policial paralelo al establecido mediante leyes nacionales.

Entre las facultades cuestionadas figuran el reclutamiento, las requisas corporales, el registro de vehículos, la aprehensión, la detención preventiva y el uso de fuerza letal y no letal.

El acuerdo también permite que los agentes puedan portar armas de fuego cortas y largas que no sean de guerra, además de equipos de letalidad reducida. La estructura contempla rangos como agente, cabo, sargento, subteniente, teniente, capitán y mayor, características que han alimentado los cuestionamientos sobre el alcance de las competencias municipales.

La opinión fue emitida después de que la Corte admitiera una demanda de inconstitucionalidad presentada por el diputado y abogado Ernesto Cedeño. La acción solicita anular íntegramente el acuerdo porque, según el demandante, un gobierno local no puede crear mediante una disposición municipal un organismo con atribuciones reservadas a los servicios nacionales de policía.

La participación del procurador forma parte del procedimiento establecido para resolver este tipo de acciones. La Constitución dispone que el Pleno de la Corte conocerá las demandas de inconstitucionalidad con audiencia del procurador general de la Nación o del procurador de la Administración, dependiendo del funcionario al que corresponda emitir concepto dentro del proceso.

El concepto presentado por Gómez Rudy no equivale a una sentencia ni obliga a los magistrados a adoptar la misma conclusión. La Corte puede coincidir con la posición del procurador, rechazarla o desarrollar fundamentos diferentes al momento de examinar el acuerdo frente a todos los artículos constitucionales que considere aplicables al caso.

Después de incorporarse la vista fiscal, el expediente debe avanzar hacia la etapa de alegatos y la preparación del proyecto de fallo. La decisión definitiva corresponde a los nueve magistrados que integran el Pleno de la Corte Suprema, quienes deberán determinar si el Consejo Municipal excedió sus facultades al aprobar la organización y las atribuciones del cuerpo municipal.

Mientras no exista un fallo de fondo, el Acuerdo 162 continúa vigente y la Policía Municipal puede seguir operando bajo esa normativa. La opinión del procurador tampoco suspende automáticamente sus funciones ni elimina sus atribuciones, porque únicamente una resolución de la Corte puede declarar la inconstitucionalidad del acto y retirarlo del ordenamiento jurídico.

La demanda de Cedeño no es el primer cuestionamiento judicial contra la reorganización de ese organismo. Una acción anterior, presentada por la Policía Nacional, no fue admitida por la Corte en mayo de 2026. Esa decisión respondió a aspectos procesales y no representó un pronunciamiento sobre la constitucionalidad del contenido del acuerdo.

De forma paralela, el Ministerio de Seguridad Pública promovió una acción de nulidad ante la Sala Tercera de la Corte, proceso que analiza la legalidad del acto administrativo. Esa causa es distinta de la demanda constitucional examinada por el Pleno, aunque ambas se concentran en las competencias asignadas a los agentes municipales de la capital.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, también se pronunció abiertamente contra el nuevo modelo de Policía Municipal impulsado por la Alcaldía de Panamá y aseguró que espera que la iniciativa sea revertida.

La controversia se originó después de que el antiguo cuerpo de vigilancia fuera transformado en una organización con estructura jerárquica y mayores facultades operativas. La Corte tendrá ahora la última palabra sobre si esa ampliación podía realizarse mediante un acuerdo municipal o si requería una ley aprobada por la Asamblea Nacional de Panamá.