La continuidad de la alimentación escolar en medio de la emergencia invernal llegó a la Corte Constitucional con una solicitud de la Defensoría del Pueblo para respaldar el decreto que busca evitar que miles de estudiantes pierdan acceso al PAE por la suspensión de clases.

La intervención se centra en mantener la entrega de alimentos incluso cuando no haya presencialidad escolar, debido a afectaciones provocadas por lluvias, daños en infraestructura y dificultades de acceso en múltiples regiones del país.

De acuerdo con información citada por Blu Radio, la Defensoría defendió la constitucionalidad del Decreto Legislativo 176 de 2026, expedido en el marco de la emergencia económica derivada de la ola invernal, al considerar que busca proteger derechos fundamentales de estudiantes afectados.

La medida permite que niñas, niños, adolescentes y jóvenes beneficiarios del Programa de Alimentación Escolar continúen recibiendo apoyo nutricional incluso fuera de la jornada escolar y por fuera de las instituciones educativas cuando asistir a clases no sea posible.

El eje de la solicitud es evitar que la suspensión académica termine interrumpiendo un servicio que en muchos casos representa una parte esencial de la alimentación diaria de los estudiantes.

La Defensoría advirtió que los impactos climáticos han generado daños en colegios, uso de planteles como albergues, interrupciones del calendario escolar y problemas de movilidad derivados del deterioro vial y del transporte escolar.

Esas condiciones han afectado la prestación educativa y, con ello, el acceso ordinario al PAE, lo que elevó las alertas sobre posibles consecuencias en seguridad alimentaria y permanencia escolar.

“La intervención documentó que los mecanismos ordinarios de gestión del riesgo resultaron insuficientes para atender la magnitud de la crisis”, señaló la Defensoría, citado por Blu Radio.

La entidad insistió en que el decreto no amplía beneficiarios ni modifica la naturaleza del programa, sino que busca garantizar continuidad en condiciones excepcionales.

Según esa postura, la medida responde a una coyuntura extraordinaria y pretende evitar que la emergencia climática profundice vulneraciones relacionadas con alimentación, educación y desigualdad.

Uno de los argumentos centrales expuestos ante la Corte es que la norma no restringe derechos, sino que opera como mecanismo de protección frente a una contingencia que alteró condiciones normales de acceso al servicio educativo.

La Defensoría también presentó reportes regionales para sustentar la necesidad del decreto.

En Sucre, por ejemplo, se reportaron afectaciones en 14 instituciones educativas y 36 aulas en municipios como Majagual, Guaranda, San Marcos y Caimito, según la información conocida.

También se documentaron daños en Córdoba y situaciones en las que alimentos del PAE habrían sido redireccionados para responder a necesidades derivadas de la emergencia en zonas como Urabá Darién.

Esos casos fueron expuestos como evidencia de impactos concretos que, según la entidad, justifican medidas excepcionales para mantener cobertura alimentaria.

El debate tiene como trasfondo la revisión constitucional del decreto, cuyo aval definiría si la medida se mantiene como herramienta para garantizar continuidad del programa mientras persistan condiciones extraordinarias.

La Defensoría sostuvo que dejar sin efecto la norma podría agravar riesgos de hambre, deserción escolar y ampliación de brechas para estudiantes en territorios afectados por la temporada invernal.

“Sostenemos que el Decreto 176 de 2026 debe ser declarado constitucional para evitar que la crisis climática se traduzca en hambre, deserción o mayor desigualdad educativa”, indicó la entidad, citado por ese medio de comunicación.

El pronunciamiento pone en el centro la relación entre emergencia climática y derechos fundamentales, especialmente en zonas donde la infraestructura escolar y las condiciones de movilidad han resultado comprometidas.

Para la Defensoría, la discusión no es únicamente operativa sobre alimentación escolar, sino una respuesta frente a efectos sociales más amplios derivados de la crisis.

También plantea que, en territorios vulnerables, la continuidad del PAE puede convertirse en una barrera de contención frente a impactos más severos en permanencia educativa.

La solicitud ante la Corte se produce mientras persisten efectos de la ola invernal sobre comunidades e instituciones educativas, escenario en el que la alimentación escolar aparece como una de las prioridades de respuesta.

La revisión constitucional del decreto será determinante para establecer si esa continuidad puede mantenerse bajo el esquema excepcional planteado por el Gobierno y respaldado por la Defensoría.

Mientras eso ocurre, la discusión dejó sobre la mesa la necesidad de garantizar que una emergencia climática no termine traduciéndose en interrupciones alimentarias para estudiantes que dependen del programa.

El planteamiento defendido por la Defensoría apunta justamente a evitar que la suspensión de clases implique también la suspensión de derechos.

Las cifras no cuadran y las alertas se acumulan alrededor del Programa de Alimentación Escolar (PAE). Un informe de la Contraloría General de la República puso bajo la lupa la forma en que se están manejando los recursos y las condiciones laborales dentro de uno de los programas sociales más sensibles del país.

El documento no solo habla de dinero. También reveló una cadena de denuncias que, con el paso de los meses, fue creciendo hasta convertirse en un patrón difícil de ignorar. Entre 2024 y 2025, ciudadanos de distintas regiones acudieron a los canales oficiales para reportar fallas que van desde retrasos en pagos hasta irregularidades en la contratación.

En ese universo de quejas, hay un grupo que aparece de forma reiterada: las manipuladoras de alimentos. Son ellas quienes, según la Contraloría, estarían asumiendo las consecuencias más directas de las fallas del sistema, en medio de condiciones laborales que generan preocupación.

“Entre los años 2024 y 2025, se identificaron más de mil (1.069) reportes de peticiones ciudadanas asociadas al PAE, de las cuales al menos 312 advierten posibles afectaciones en materia laboral, incluyendo retrasos en los pagos, irregularidades contractuales e inestabilidad en la vinculación”, dijo el comunicado de la Contraloría.

La entidad también advirtió que no se trata de hechos aislados. “Cerca de medio centenar de estas denuncias hacen referencia directa a las condiciones de las manipuladoras de alimentos, lo que permite advertir un patrón que trasciende lo anecdótico”, añadió el informe, reforzando la idea de que el problema tiene un carácter estructural.

Pero las irregularidades no terminan en el frente laboral. Las auditorías adelantadas por el ente de control fiscal durante 2025 encendieron otra alarma: la del manejo de los recursos. “Durante la vigencia 2025, se detectaron cerca de 30 hallazgos en las Auditorías de Cumplimiento a nivel nacional”, de los cuales 20 son “por más de $18.600 millones por presuntos sobrecostos en el PAE”.

Detrás de esas cifras, la Contraloría planteó una hipótesis inquietante sobre la destinación del dinero público. Según el informe, al parecer, “no se le paga lo justo a las manipuladoras y los operadores de los programas se quedan con esos recursos que el Estado ya ha pagado para que se les brinde un salario digno”.

El panorama se amplía cuando se revisa un periodo más largo. “Entre 2022 y 2025, se han determinado 149 hallazgos con presunta incidencia fiscal por valor de $49.662 millones en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en el país”, señaló el comunicado. En ese total, los sobrecostos concentran la mayor parte de las irregularidades: “estas deficiencias obedecen a sobrecostos los cuales representaron $33.000 millones, es decir el 67% de todos los resultados fiscales. Otros relevantes se encuentran asociados al desarrollo y ejecución contractual (17%)“.

La distribución geográfica de los hallazgos también deja ver focos críticos. “Las regiones que presentan los resultados fiscales más preocupantes son la Centro Oriente (13.000 millones) y Caribe( $11.000 millones)“, precisa la entidad. En paralelo, el seguimiento a las condiciones de contratación vuelve a poner sobre la mesa prácticas que, aunque recurrentes, siguen generando dudas. El informe advierte que se han identificado “presuntas falencias en la formalización de los vínculos contractuales, retrasos en el pago de las remuneraciones y condiciones de inestabilidad laboral“.

Además, hay un elemento que se repite en distintos territorios y que podría explicar parte del problema. Según la Contraloría, “se han identificado prácticas asociadas a esquemas de vinculación recurrentes por periodos aproximados de cuatro meses“. Esto, lejos de ser un detalle menor, podría tener implicaciones de fondo.

De hecho, el organismo va más allá y plantea un posible uso estratégico de estas modalidades de contratación. “Esta dinámica podría estar siendo utilizada para fragmentar la relación laboral y diluir las obligaciones asociadas al reconocimiento integral de derechos, particularmente en lo relacionado con la afiliación y el pago de la seguridad social”. El informe, en suma, deja un mensaje claro: las fallas en el PAE no son nuevas, pero sí persistentes. Y aunque el programa sigue siendo clave para garantizar la alimentación de miles de estudiantes en Colombia, las alertas de la Contraloría evidencian que aún hay grietas profundas en su ejecución que están lejos de resolverse.

Marcos Bulgheroni, CEO de Pan American Energy (PAE), puso en el centro de la escena el modelo que permitió el desarrollo de Vaca Muerta y advirtió sobre la necesidad de no alterar ese equilibrio en un momento en el que el mundo busca nuevos proveedores de energía por fuera de zonas en conflicto. En un contexto atravesado por tensiones geopolíticas en Medio Oriente y una creciente competencia global por el gas, el empresario fue contundente “lo que hay que hacer es no cambiar”.

Lo dijo durante la presentación de Vaca Muerta. Tesoro y faro para la Argentina, el nuevo libro de Jorge Augusto Sapag, exgobernador de Neuquén. Bulgheroni, quien además escribió el prólogo del libro, aprovechó el encuentro para trazar un diagnóstico sobre el presente de la cuenca y, sobre todo, marcar las condiciones necesarias para sostener su crecimiento en el largo plazo.

“El mayor valor que tenemos es que se armó una sinergia entre Estado, provincias, empresas y sindicatos que no hay que cambiar”, afirmó. La definición sintetiza el consenso que, según el ejecutivo, permitió transformar a Vaca Muerta en uno de los activos energéticos más relevantes del mundo.

Para Bulgheroni, la estabilidad es la variable central. “El punto número uno es el precio del barril. Hoy más que nunca incide en este futuro”, advirtió. Y reforzó la idea con una frase que atravesó toda su exposición “lo que hay que hacer es no cambiar”.

En ese marco, remarcó que la estabilidad macroeconómica y regulatoria que consiguió el Gobierno Nacional resulta indispensable para sostener el desarrollo de la principal formación no convencional del país, en un escenario internacional cada vez más competitivo.

El empresario repasó además el punto de partida de la industria, cuando el agotamiento de los recursos convencionales ponía en jaque al sector. “Había problemas existenciales”, señaló. Frente a ese escenario, planteó, la salida fue apostar a “soluciones innovadoras, arriesgadas y difíciles, basadas en la tecnología”.

Ese proceso, explicó, implicó “convencer, entusiasmar y buscar soluciones”, y fue el que permitió atravesar momentos de fuerte incertidumbre y sentar las bases del desarrollo actual.

En paralelo, puso el foco en la escala del desafío global. Mencionó el desarrollo de los no convencionales en Estados Unidos y advirtió que la competencia es cada vez más intensa. “Hay 50.000 locaciones y otros tantos pozos a perforar. No queda mucho más”, señaló. Es por eso que destacó el posicionamiento de la Argentina: “No hay otro lugar en el mundo, salvo Canadá, que tenga la dimensión, la importancia y la madurez que tiene la cuenca argentina”.

La apuesta exportadora

Uno de los ejes centrales de su exposición fue el gas natural licuado (GNL), en momentos en que la Argentina busca posicionarse como exportador relevante en el mercado global.

En ese sentido, PAE avanza junto a otras compañías en el desarrollo de Southern Energy S.A. (SESA), el vehículo creado para llevar adelante el proyecto exportador conocido como Argentina LNG. La iniciativa contempla una primera etapa con la instalación del buque licuador Hilli Episeyo y una inversión inicial estimada en torno a los USD 7.000 millones en infraestructura.

En una segunda fase se incorporará un nuevo buque de licuefacción, el MKII, junto con la construcción de un gasoducto dedicado que conectará Vaca Muerta con la costa de Río Negro. Con ambas unidades operativas, la capacidad conjunta alcanzaría unas 6 millones de toneladas anuales.

En ese marco, el consorcio liderado por PAE —integrado también por YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG— firmó recientemente un contrato por más de USD 7.000 millones para exportar gas natural licuado argentino a Alemania.

La contraparte será la estatal Securing Energy for Europe (SEFE). El acuerdo establece la venta de 2 millones de toneladas anuales de GNL durante ocho años a partir de fines de 2027, un volumen que cubrirá cerca del 80% de la capacidad operativa del Hilli Episeyo, que operará frente al Golfo San Matías.

Sobre ese acuerdo, Bulgheroni dejó una de las definiciones más fuertes de su exposición, al poner el foco en la oportunidad de posicionar a la Argentina como proveedor global de energía.

“Tenemos que vender a la Argentina al mundo, vender el GNL de la Argentina al mundo”, sostuvo.

Y sumó una anécdota sobre la negociación. “El año pasado hicimos ese convenio con SEFE, que es el que compraron las primeras dos millones de toneladas. La verdad es que fue bastante complicado. En un momento dado yo estaba seguro de que me iban a llamar a las tres de la mañana para cambiar el precio y para decirme que esto no iba a andar”.

Sin embargo, el desenlace fue otro. “Hoy parecen héroes nacionales. Les han puesto una estatua en Berlín, porque encontraron un lugar lejos en el mundo que tiene gas”, ironizó.

El trasfondo de estas declaraciones es un escenario internacional atravesado por conflictos geopolíticos, en el que los países buscan diversificar sus fuentes de abastecimiento energético y reducir su dependencia de regiones inestables.

En ese contexto, Bulgheroni planteó que la Argentina tiene una oportunidad concreta de insertarse en el mercado global como proveedor confiable. “Tenemos que ser conscientes de que faltan oportunidades de crecimiento en otros mercados y que la experiencia de Estados Unidos puede conectarse con nuestro desarrollo”, sostuvo.

El salón de la torre de Bank of America, frente al Bryant Park de esta ciudad, se volvió a llenar en el cierre de la segunda jornada de Argentina Week, el evento con el que el gobierno de Javier Milei buscó seducir inversores en la Gran Manzana.

La transformación de la balanza comercial energética de Argentina, impulsada por el desarrollo de Vaca Muerta, concentró el debate del primer panel sobre energía del evento. Fue moderado por Daniel González, secretario Coordinador de Energía y Minería del Gobierno y reunió a tres altos ejecutivos internacionales del sector como Mark Nelson, vicepresidente de Chevron; Miguel Galuccio, fundador de Vista Energy; y Harold Hamm, fundador de Continental Resources. El panel abordó el salto exportador, los desafíos regulatorios y la visión de futuro para la industria petrolera local, en presencia de inversores globales y funcionarios.

González abrió el debate con un dato clave: “La balanza comercial energética de Argentina pasó de un déficit cercano a los USD 7.000 millones a un superávit de USD 8.000 millones el año pasado, y esperamos que ese número sea de USD 30.000 millones en cinco años”. El secretario destacó que solo se ha desarrollado el tres por ciento del potencial geológico de Vaca Muerta, considerado “de primer nivel, totalmente indiscutible”.

En ese contexto, Galuccio resaltó que la posición del país en el mercado global se afianza con el récord de producción logrado en 2025. “Si terminamos este año produciendo 1 millón de barriles, entraremos entre los veinte principales países productores del mundo, donde tenemos energía que no solo es competitiva, sino también confiable y provee al mundo”, afirmó el ejecutivo.

“Otro punto es la competitividad. Hemos reducido costos pero aun estamos un 30% por detrás de EEUU. Entonces necesitamos más competencia en términos de compañías de servicios y proveedores de productos. Nuestros costos laborales son más altos, y los impuestos también son más altos” aseguró. “Cuando uno empieza a descomponer ese 30%, hay muchas cosas que podemos hacer. Y si reducimos aún más los costos de perforación y completación, atraeremos inversión, aumentaremos la producción, crearemos más empleo y generaremos un mayor flujo de divisas para el país. Por lo tanto necesitamos seguir trabajando en ser más competitivos”, agregó.

Nelson subrayó la relevancia de la seguridad energética en el contexto internacional y valoró las flexibilizaciones regulatorias: “La libertad de exportación, la normalización del tipo de cambio y los programas de incentivos para acelerar la inversión marcan una gran diferencia cuando queremos llevar a Vaca Muerta a escala mundial”.

“Lo que cambió durante los últimos años es el contexto. Los inversores no solo buscan oportunidades, buscan oportunidades en el contexto adecuado. Y creo que todo lo que está pasando, con la decisión de eliminar las restricciones a las exportaciones, estabilizando la macroeconomía en términos de FX y permitiendo sacar los dividendos del país”, dijo Galucio.

Hamm, por su parte, enumeró como desafíos principales la generación de confianza y la necesidad de competencia en infraestructura: “Hay muchas grandes empresas upstream estadounidenses dispuestas a invertir, pero aquí todo recae en los operadores para desarrollar la infraestructura. Eso tiene que cambiar”.

Al cierre, González sintetizó el consenso del panel sobre la necesidad de inversiones en todas las etapas de la cadena de valor y la determinación estatal para acompañar el crecimiento del sector. “El Gobierno entiende esta oportunidad, ha estado creando condiciones para que el sector privado prospere. Si les va bien, nos va bien”, concluyó el funcionario.

Quién es Hamm

Continental Resources, la petrolera Hamm, desembarcó formalmente meses atrás en Vaca Muerta tras adquirir la participación mayoritaria en el área Los Toldos II Oeste a la compañía argentina Pluspetrol.

Hamm es fundador y el principal accionista de la petrolera y es reconocido en la industria como el “rey del fracking” por su papel en la expansión de la fractura hidráulica, técnica que revolucionó la extracción de hidrocarburos no convencionales en Estados Unidos. Forbes estima que posee un patrimonio personal de USD 16.000 millones, lo que lo posiciona entre los empresarios petroleros más acaudalados del país.

Su respaldo a figuras del Partido Republicano ha sido constante: fue asesor energético del ex candidato presidencial Mitt Romney, y el mayor donante de las campañas de Donald Trump en 2016, 2020 y 2024, año en el que organizó actos de recaudación de fondos en la residencia Mar-a-Lago con el objetivo de favorecer políticas de desregulación ambiental en el sector energético.

Los empresarios locales

El segundo panel energético fue moderado por Mariana Schoua, presidenta de AmCham Argentina, y reunió a Horacio Marín (YPF), Marcelo Mindlin (Pampa Energía) y Marcos Bulgheroni (PAE). El debate giró en torno al impacto de los grandes proyectos de GNL, la necesidad de infraestructura para liberar el potencial de Vaca Muerta y el salto exportador que atraviesa la industria.

Horacio Marín calificó a la etapa actual como “un hito en la historia de América Latina” y generó risas entre los presentes con sus apuntes y el tiempo que tenía para exponer. Destacó que el proyecto Argentina LNG, que lidera la compañía, se ubica como “el tercer proyecto nuevo más rentable del mundo en términos de punto de equilibrio, según la consultora Rystad Energy”.

Marín detalló que la hoja de ruta contempla inversiones por más de USD 100.000 millones entre 2025 y 2031, que incluyen USD 20.00 millones en infraestructura de GNL, USD 8.000 millones para el gasoducto y hasta USD 40.000 millones para el desarrollo upstream en Vaca Muerta. “Se crearán más de 40.000 nuevos empleos. El mayor aporte de la industria es ser el catalizador de todo el desarrollo en la década de 2030”, afirmó.

A su turno, Marcelo Mindlin, relató el cambio de paradigma vivido por el sector en los últimos quince años: “En ese momento, el reto era la geología, confirmar el potencial de la roca. Era operacional, conseguir los sets de fractura hidráulica, el agua, la arena. Ahora, Vaca Muerta es una realidad. ¿El desafío? Construir mucha infraestructura para permitir que siga creciendo”.

El fundador de Pampa, quien hoy anunció en esta ciudad una inversión de unos USD 3.000 millones para otra de las empresas de las que es accionista, TGS, subrayó la importancia de la colaboración entre privados: “El hub de Vaca Muerta, liderado por Horacio, logró algo que parecía imposible: sentar a todos los productores en una mesa y avanzar en inversiones de tres mil millones de dólares. El otro ejemplo es SESA, liderado por Marcos, que reunió a productores para el primer proyecto de GNL en el país”.

Además, destacó la primera iniciativa privada en la era Milei para ampliar los gasoductos con fondos propios, iniciativa que permitirá eliminar cuellos de botella y evitar la caída de la producción.

Mindlin advirtió sobre la urgencia de monetizar el gas: “Argentina, al ritmo actual de consumo, tiene gas para doscientos años. Todo lo que produzcamos después del año treinta, el valor presente neto es cero. Todo lo que podamos acelerar el consumo y generar valor agregado es muy importante. Analizamos una potencial planta de urea y otros usos petroquímicos”.

Marcos Bulgheroni, CEO de Pan American Energy, coincidió en que Argentina está en camino de convertirse en “un actor global en el mercado energético, productor del sur global, con todo lo que eso implica en seguridad geopolítica y energética”.

Explicó que SESA, el consorcio industrial para GNL, integrado por varias empresas y que encabeza PAE, ya alquiló dos grandes instalaciones flotantes para almacenamiento y regasificación que llevarán la producción a 18 millones de toneladas anuales hacia mediados de la década de 2030. Celebró la firma de un contrato a ocho años con SEFE, la mayor comercializadora de gas de Europa, como prueba de la proyección internacional del sector.

Bulgheroni remarcó el rol del Gobierno para mantener incentivos y reglas claras: “Es fundamental tener gobiernos y equipos de trabajo con fuerte involucramiento, muy prácticos. Ojalá esto sea la regla y no la excepción”.

El panel coincidió en que el desarrollo de la infraestructura es el gran desafío para no limitar el crecimiento, y que la industria del gas y el petróleo puede convertirse en el motor de empleo, exportaciones y nuevas industrias como la petroquímica y la IA. “Tenemos una gran oportunidad. Toma una decisión, invierte ahora. Será mucho peor si esperas”, concluyó Bulgheroni.

Finalmente, al cierre de la jornada, Daniel González dialogó con Alejandro Bulgheroni, presidente y fundador de Pan American Energy (PAE).

“Esta vez es diferente. Esta vez estoy seguro de que vamos a seguir creciendo… Esta vez, desde lo más alto, desde el presidente Milei, tenemos una idea clara”, dijo

Bulgheroni subrayó la importancia de atraer inversiones y fortalecer el sector: “Todos estos años hemos estado intentando abrir el sector de petróleo y gas. Queríamos que hubiera más inversores en el sector, porque mi idea era que si hay más personas invirtiendo, se fortalece el sector y nuestro trabajo”.

Además, compartió su visión sobre el cambio de clima para los negocios: “Cuando conocí al Presidente, antes de las elecciones, ya estaba un poco derrotado con todas estas historias. Tengo algunas otras inversiones fuera de Argentina, pero quiero invertir aquí. Pero no podía hacer más porque el país estaba mal. Él entendió muy bien cuál era el problema, tiene voluntad y coraje de hacerlo”.

Y cerró hablando del impacto de la coyuntura internacional en los precios: “Podemos vender nuestro petróleo un poco más caro ahora, pero es negativo para mucha gente. Cuando el precio del petróleo sube, todos piensan que tienen que ganar más dinero. Prefiero el barril a USD 75”, cerró.

El impacto de las lluvias atípicas ya no se mide solo en cifras de precipitación, sino en aulas cerradas, suelos saturados y comunidades que intentan recuperarse en medio de la incertidumbre. Frente a ese panorama, el Gobierno nacional expidió cinco decretos este 24 de febrero para definir las acciones que adoptarán distintos sectores bajo el estado de emergencia económica declarado en ocho departamentos del país.

Las medidas responden a una situación que, según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), dejó más de 115.000 familias afectadas en 161 municipios. Córdoba figura entre las zonas más golpeadas, con cerca de 78.000 damnificados.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Uno de los frentes prioritarios es el ambiental. En un decreto específico, el Ministerio de Ambiente detalló cómo financiará las intervenciones necesarias para la recuperación de las áreas impactadas. La ministra encargada, Irene Vélez, explicó durante el consejo de ministros en Cartagena que la estrategia apunta a los sectores con mayor capacidad económica.

“La decisión que hemos tomado para financiar las medidas es ir a los sectores de mayor capacidad económica, que en este caso son los generadores de energía. Lo que se propone es que se adicione el 2% de las ventas brutas de la energía del sector para la atención de las emergencias”, precisó Vélez.

La medida se formalizó mediante la adición de un parágrafo transitorio al artículo 45 de la Ley 99 de 1993, norma que rige la política ambiental del país. Según la ministra, “esto aplicaría solamente para aquellas áreas que están afectadas por las emergencias, y solamente para estos proyectos que claramente se deriven de la recuperación de la emergencia”.

El decreto también introduce ajustes técnicos. Entre ellos, la modificación de herramientas de monitoreo de las hidroeléctricas, la ejecución inmediata de obras prioritarias en reservas forestales y un procedimiento abreviado y temporal para trámites ambientales relacionados con agua y saneamiento. Además, contempla acciones de reconexión y restauración de ecosistemas hidrológicos que sufrieron alteraciones por la intensidad de las lluvias.

El documento oficial advirtió que, “la emergencia declarada [...] ha evidenciado una alteración extraordinaria de la dinámica hídrica en múltiples cuencas del territorio nacional, incluyendo aquellas en las que operan centrales hidroeléctricas de gran capacidad instalada, circunstancia que ha generado impactos severos sobre las cuencas hidrográficas, los sistemas regulados, las planicies de inundación, los ecosistemas asociados y las comunidades asentadas en dichas áreas”.

En el caso del río Sinú, una de las principales preocupaciones es la saturación del suelo aguas abajo y la disminución de la capacidad de amortiguación de la represa. Vélez señaló que la estructura se encuentra en un nivel muy alto respecto a su volumen, lo que incrementa los riesgos en la zona.

Mientras el sector ambiental concentra esfuerzos en contener y reparar daños, el sistema educativo enfrenta su propio desafío. En varios territorios, las inundaciones obligaron a suspender clases presenciales o a trasladar la enseñanza a modalidades remotas. Frente a este escenario, otro de los decretos habilitó a las entidades territoriales para garantizar la continuidad del Programa de Alimentación Escolar (PAE), incluso cuando no haya actividad académica presencial.

En los ocho departamentos cobijados por la emergencia económica, más de 1,1 millones de estudiantes son beneficiarios del PAE, según cifras de la Unidad de Alimentos para Aprender (UApA). Para muchos de ellos, ese apoyo representa un componente esencial de su nutrición diaria.

El ministro de Educación, Daniel Rojas, lo explicó así: “Desafortunadamente, en muchos territorios se ha suspendido el calendario escolar, o las escuelas, por haberse inundado, están fuera de funcionamiento. Y el PAE se tiene que garantizar, pues es a veces la única opción alimentaria que tienen niños y niñas en los territorios”.

De acuerdo con el decreto, esta medida se mantendrá “hasta el momento en que se normalicen las condiciones de prestación del servicio educativo.” En conjunto, las disposiciones buscan responder a una emergencia que desbordó lo climático y se instaló en lo social.

El objetivo es garantizar la seguridad alimentaria de niños y adolescentes afectados por las fuertes lluvias y asegurar que la interrupción de la educación presencial no implique la pérdida de su principal apoyo nutricional, de acuerdo al texto oficial divulgado por el Ministerio de Educación.

De acuerdo con datos de la cartera de Educación, entre el 5 y el 8 de febrero el número de sedes educativas con anormalidades pasó de 426 a 763, principalmente en Antioquia, Córdoba y Magdalena.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En total, la emergencia climática compromete el derecho fundamental a la educación de más de 1,4 millones de estudiantes registrados en el Simat en los departamentos incluidos en la declaratoria.

El decreto, expedido tras la declaración de emergencia económica, social y ecológica el 11 de febrero, permite que el PAE se entregue fuera del calendario y de las instalaciones escolares.

Los territorios alcanzados por la norma son Antioquia, Córdoba, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó, donde se reportaron daños en infraestructura educativa y condiciones que impiden mantener la presencialidad escolar.

El Ministerio de Educación Nacional, en coordinación con la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar - Alimentos para Aprender (UApA), estructuró la norma que habilita la entrega del PAE a estudiantes matriculados en establecimientos oficiales e incluidos como beneficiarios.

Si las condiciones obligan a suspender el calendario académico o adoptar el trabajo académico en casa, las entidades territoriales podrán mantener la distribución de alimentos, evitando que las lluvias priven a los estudiantes de este soporte clave.

Las modalidades de entrega se adaptarán al tiempo estimado de suspensión. Cuando la interrupción es menor a 10 días, se autoriza la entrega de ración industrializada. Si el período supera los 10 días, las autoridades podrán optar por la canasta alimentaria. Solo en casos excepcionales se otorgará bono alimentario.

Según explicó el ministro de Educación Nacional, Daniel Rojas Medellín, este mecanismo fue uno de los primeros decretos firmados tras la emergencia y su aplicación es de carácter inmediato. Rojas Medellín destacó que “en muchos casos, el PAE representa la única ración alimentaria diaria para niñas y niños en los territorios cobijados por la emergencia”, subrayando la urgencia de mantener el programa vigente aún a distancia.

El decreto modifica las leyes 2167/21 y 1176/07 para autorizar la atención alimentaria en hogares, abriendo la posibilidad de que el complemento nutricional llegue directamente a las familias de los estudiantes durante la contingencia. Esta decisión beneficiará a 1.168.808 niños, niñas, jóvenes y adolescentes focalizados en los municipios afectados.

La disposición tiene alcance exclusivamente en las jurisdicciones incluidas en el Decreto 150/26, y estará vigente mientras persistan las condiciones de emergencia y no se restablezca el servicio educativo presencial en cada territorio.

Los reportes oficiales del Ministerio de Educación indican que la emergencia hidrometeorológica ha causado daños relevantes en la infraestructura educativa, productiva y comunitaria de ocho departamentos. Además, la situación afecta también a estudiantes y trabajadores de instituciones de educación superior en La Guajira, Valle del Cauca y Atlántico, con riesgo de extender la suspensión del calendario académico en las zonas más críticas.

La reacción del Gobierno, encabezada por el presidente Gustavo Petro y ejecutada en articulación con el sector Educación, implica que, aun con las escuelas cerradas o en modalidad virtual, ninguna niña, niño, joven o adolescente de los territorios afectados quedará excluido del beneficio alimentario.

Un vocero del Gobierno Petro afirmó en un video publicado en redes sociales que la medida busca “seguir contribuyendo a la seguridad alimentaria de nuestros estudiantes, de nuestra juventud, y hacer un poco más llevadera esta situación tan triste”. La instrucción a las entidades territoriales es reactivar inmediatamente el PAE en las zonas donde la presencialidad se vea interrumpida por la emergencia.

El decreto entra en vigencia desde su publicación y permite ajustar los mecanismos de acceso al PAE frente a escenarios excepcionales derivados de la crisis climática. La decisión representa una respuesta extraordinaria para sostener la atención esencial de miles de familias mientras persistan las afectaciones provocadas por el frente frío en Colombia.

Una nueva controversia estalló entre la representante a la Cámara María Fernanda Carrascal, perteneciente al Pacto Histórico, y la secretaria de Educación de Bogotá, Isabel Segovia; una discusión que se provocó luego de que el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, asegurara que los paros y movilizaciones del magisterio causaron la pérdida de 185 días de clases desde 2012, lo que afectó la calidad de los estudiantes.

Frente a este anuncio del mandatario distrital, Mafe Carrascal no tardó en reaccionar y, a través de su cuenta en X, dejó claro su rechazo hacia las críticas al magisterio, por lo que resaltó su compromiso con la educación pública y señaló que sus acciones políticas están motivadas por el derecho a una educación digna y a la alimentación escolar.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De esta manera, en la plataforma digital, la legisladora escribió: “Secretaria @IsabelSegoviaO. Lo que mueve mi acción política son derechos a la educación y a la alimentación sana de las y los niños. Justamente por ello estoy del lado de las luchas del magisterio colombiano, porque son esas luchas y su insistencia las que han logrado que el Estado colombiano avance en la garantía de los derechos”.

La congresista también criticó fuertemente a la secretaria Segovia por lo que consideró una visión errónea sobre el papel de los maestros y las luchas sindicales.

“Por eso la invito a dejar de considerar a las y los maestros sindicalizados como sus enemigos, y a aprender que podrían ser sus aliados en señalar las deficiencias de las políticas públicas”, dijo Carrascal, al referirse a la necesidad de un enfoque más colaborativo entre los funcionarios del Gobierno y los maestros para lograr una mejor educación pública.

En su mensaje, Carrascal hizo hincapié en la calidad de la alimentación escolar y pidió a la secretaria de Educación poner su lupa sobre este tema: “Póngale atención a la denuncia que hoy hizo la concejala Ana Teresa Bernal respecto al mal estado de la alimentación que se les dio a las y los niños. Si se dedicara a escuchar más a quienes protestan por la garantía de sus derechos laborales, educativos y a la alimentación, en vez de estigmatizar, podría hacer mejor su trabajo”.

Esta fue la razón por la que inició la discusión en redes sociales entre las dos lideresas

Como se menciona anteriormente, el enfrentamiento se originó tras los comentarios del alcalde de Bogotá, que aseguró que el ausentismo docente, causado en gran parte por los paros y las movilizaciones, afecta directamente la calidad de la educación.

“Hay una demostración de estudios a que donde hay ausentismo de maestros, se impacta directamente la calidad de la educación que reciben los niños y tiene un impacto directo en las pruebas estatales”, declaró el alcalde.

Por lo que Carrascal no tardó en responder a esta acusación y en una publicación en redes sociales, la representante expresó: “El alcalde @CarlosFGalan, sus funcionarios y su partido el @NvLiberalismo demuestran cada que pueden el profundo desprecio que sienten por la acción colectiva de los sectores populares. Alcalde: ¡suelte a los maestros!”.

“El sindicalismo del magisterio no es enemigo de la educación pública. Las luchas de décadas que han llevado a cabo han logrado avances en alimentación escolar, infraestructura educativa, cobertura de rutas escolares y financiación a lo largo y ancho del país, también en Bogotá”, argumentó Carrascal.

“Bogotá necesita una administración que promueva el diálogo social, ¡no una que trate a las y los profesores como un chivo expiatorio!”, expresó en su post.

Esta fue la tajante respuesta de la secretaria de Educación que intensificó la disputa

Ante las fuertes críticas de la representante a la Cámara, la secretaria de Educación de Bogotá respondió rápidamente en redes sociales en defensa de la posición de su administración: “Representante, el discurso político siempre enfrascado, pensando en quién pone los votos y no en quién debe verse beneficiado de la eficiencia y eficacia del presupuesto público”.

“La prioridad es y será siempre poner a los estudiantes en el centro. Nos mueven los derechos de ellos, el respeto por su tiempo escolar y la garantía de una educación de calidad que les transforme la vida”, añadió a su mensaje.

La secretaria también hizo un llamado a Carrascal para que reconsiderara su enfoque: “Los avances en educación son gracias a la buena administración y al trabajo conjunto que se hace con los maestros hace años. Es inaceptable normalizar que los estudiantes del sector oficial tengan un año menos de escolaridad que los del sector privado. Representante, la invito cordialmente a pensar en las niñas y los niños”.

Con esta respuesta, Segovia intentó desmarcarse de las críticas de la congresista y reforzó la idea de que la gestión educativa del Distrito se enfoca en la mejora de la calidad educativa y en asegurar que los estudiantes no se vean perjudicados por factores externos como los paros.

Este fue el punto de quiebre que motivó el extenso mensaje de Carrascal, en el que expresó su postura y respondió directamente a la secretaria. Cabe recordar que ya en ocasiones anteriores, ambas habían tenido desacuerdos en redes sociales sobre temas similares.

La situación también afectaría a comunidades indígenas y afrocolombianas, en las que el inicio del programa aún no se ha garantizado.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La Unidad de Alimentación Escolar señaló que estas demoras representan un riesgo directo para la permanencia de los estudiantes en las aulas, dado que la alimentación escolar es un apoyo fundamental para que niñas, niños y jóvenes puedan asistir y mantenerse en el sistema educativo.

El director del programa de Alimentos, Sebastián Rivera, informó sobre la magnitud del problema: “A un día hábil del inicio de la jornada escolar en la mayoría del territorio colombiano (...) serían miles de niños y niñas que se verían afectados por esto en los siguientes territorios, en Antioquia, en Boyacá, en Cesar, en Facatativá, en La Guajira, en Magdalena, en Maicao, Palmira, en Pitalito y en Yumbo en el PAE convencional”.

Rivera agregó que el problema no se limita al PAE convencional: “Adicional a esto, Antioquia nuevamente, Boyacá nuevamente, Cesar nuevamente, La Guajira nuevamente, Maicao nuevamente, Pitalito nuevamente, más Buenaventura, Chocó, Quibdó, Santa Marta, Río Hacha, Valledupar y Uribia tampoco han adelantado las medidas necesarias para el PAE indígena. Ahí serían 199.000 niños y niñas”.

Ante este panorama, el funcionario hizo un llamado a las autoridades territoriales: “Un llamado muy respetuoso, pero muy vehemente, para que tomen las medidas de caso el día de hoy para que el lunes estos niños y estas niñas cuenten con su derecho a la alimentación escolar”.

Según el reporte de la Unidad de Alimentación Escolar del ministerio, las dificultades se ven agravadas por la desfinanciación del programa en varias entidades territoriales. “Hay 32 entidades territoriales que desfinanciaron el programa de alimentación escolar en $342.000 millones. También les decimos, cumplan con la norma, recuerden que este es un proyecto, un programa que tiene que ser financiado progresivamente y en términos reales”, afirmó Rivera.

La entidad indicó que, con el último reporte realizado por las ETC, 30 territorios disminuyeron los recursos destinados al PAE en comparación con 2024 y 32 no realizaron el aumento de recursos establecido en la ley 2167 con respecto al año pasado, generando un faltante de $342.000 millones que no fueron asignados al programa.

Medidas anunciadas por el Gobierno

El Ministerio de Educación y la Unidad de Alimentación Escolar reiteraron que desde el Gobierno se han brindado todas las orientaciones y condiciones para que el PAE iniciara desde el primer día de clases. “(...) se brindaron las orientaciones, se hicieron los llamados oportunos, se dieron a conocer los valores de referencia para una correcta planeación y se establecieron las condiciones necesarias para que el PAE iniciara desde el primer día. Ahora, corresponde a las entidades territoriales actuar con la misma responsabilidad y garantizar que ningún estudiante comience el año escolar sin su alimentación“, señaló la cartera, mediante un comunicado oficial.

Rivera también recordó que el Gobierno ha destinado para este año $3 billones, “para que se ejecuten en los territorios, para que atendamos más o menos, para que cubramos con estos recursos 6 millones de niños y niñas en el programa de alimentación escolar”, sentenció.

La cartera aseguró que desde la Unidad de Alimentación Escolar continuará realizando inspección y vigilancia sobre la correcta asignación y ejecución de los recursos para garantizar que ningún territorio desfinancie el programa y que todos los estudiantes reciban la alimentación desde el inicio del año escolar.

El Gobierno nacional oficializó una profunda transformación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) con la expedición de la Resolución 0003 del 7 de enero de 2026.

Los cambios no son menores. La resolución introduce ajustes en la forma en que se priorizan los beneficiarios, el tipo de alimentos que se entregan, las modalidades de atención, la participación de las comunidades y la contratación de los operadores.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Todo esto, según el Ministerio de Educación, busca fortalecer el derecho a la alimentación adecuada y contribuir a la permanencia escolar.

Estos son los cambios más importantes en el PAE para 2026

Uno de los cambios centrales es el nuevo enfoque del programa. La resolución reconoce explícitamente la alimentación adecuada como un derecho humano y asigna al Estado la responsabilidad de proveer alimentos de alto valor nutricional a niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

Además, el programa se articula con otros derechos fundamentales, como el acceso a la educación y el derecho a un ambiente sano. En la práctica, esto significa que el PAE no solo busca combatir el hambre, sino también mejorar el bienestar, el aprendizaje y la permanencia de los estudiantes en las instituciones educativas.

La nueva normativa establece con mayor claridad quiénes serán los beneficiarios y en qué orden se avanzará hacia la cobertura total. La prioridad absoluta la tendrán los niños y niñas de preescolar, quienes deberán ser atendidos en un 100 % en los grados de prejardín, jardín y transición.

En segundo lugar, el programa cubrirá a la totalidad de los estudiantes que se encuentren en jornada única. Luego se priorizarán las sedes educativas con mayor presencia de población indígena, afrocolombiana, raizal, palenquera, estudiantes con discapacidad y víctimas del conflicto armado.

Las zonas rurales, especialmente aquellas de difícil acceso, también tendrán prioridad. Solo después de cubrir estos grupos, el PAE avanzará progresivamente hacia los grados superiores y las áreas urbanas, con el objetivo de alcanzar la universalidad.

La resolución aclara que los jóvenes en extraedad y la población adulta solo serán atendidos cuando se logre la cobertura total de la educación regular.

Alimentación según la jornada y el territorio

Otro de los cambios clave tiene que ver con el tipo y la cantidad de alimentos que se entregan. El complemento alimentario deberá cubrir un porcentaje específico de las necesidades nutricionales diarias, dependiendo del nivel educativo y la jornada escolar.

Para estudiantes en jornada de mañana o tarde, el PAE cubrirá el 20% del requerimiento diario. En el caso del almuerzo, el aporte será del 30%. En preescolar, los porcentajes aumentan: 50% para jornadas de seis horas y 70% para jornadas de ocho horas.

En zonas rurales de difícil acceso y en jornada única, la modalidad será almuerzo. Además, la resolución promueve el uso de alimentos producidos localmente y adaptados a las tradiciones culturales de cada región, como parte de una apuesta por la soberanía alimentaria.

Menos alimentos industrializados y más comida preparada

La resolución también marca el inicio del desmontaje progresivo de la modalidad industrializada, que deberá desaparecer completamente en 2030. Las modalidades preferentes serán la preparación en sitio y la comida caliente transportada, consideradas más nutritivas y acordes con los hábitos alimentarios locales.

Durante los recesos escolares, se implementará la modalidad “Canasta PAE en casa”, que garantiza la continuidad del apoyo alimentario y cubre al menos el 25% del requerimiento nutricional diario. En situaciones excepcionales, se podrá entregar un bono alimentario equivalente.

La participación de la comunidad es otro de los pilares de la nueva resolución. Padres, madres y cuidadores tendrán un rol activo en la vigilancia y el control social del programa. Los estudiantes, por su parte, participarán formalmente en los Comités de Alimentación Escolar y podrán proponer mejoras.

En cuanto al personal manipulador de alimentos, la norma prohíbe su vinculación bajo esquemas voluntarios. Todos deberán contar con capacitación, derechos laborales y afiliación a la seguridad social, un cambio que busca dignificar su trabajo y mejorar la calidad del servicio.

El Vaca Muerta Oil Sur, VMOS, el gasoducto ya está construido un un 50%, anunció esta tarde el ministerio de Economía.

“La obra de infraestructura de energía más importante en 50 años sigue avanzando. Ya se completó más del 50% de esta obra de financiamiento privado que unirá Vaca Muerta con el mar argentino. Esto significa más exportación de petróleo y más crecimiento”, destacaron en X desde la cartera que comanda Luis Caputo.

“La nueva infraestructura se extenderá por 437 kilómetros y permitirá transportar 550.000 barriles diarios para 2027″, detalló Economía.

Los detalles de VMOS

El megaproyecto energético que, prometen en el Gobierno, unirá el corazón de la Patagonia con los mercados internacionales, tiene al Vaca Muerta Oleoducto Sur (VMOS) en el centro . Se trata de una obra de infraestructura privada diseñada para transportar el petróleo producido en la cuenca neuquina hasta un puerto de aguas profundas en Río Negro, desde donde podrá exportarse a gran escala. La iniciativa representa un cambio estructural en la matriz exportadora local y marca un hito en la historia del sector hidrocarburífero argentino.

El VMOS es un oleoducto de 437 kilómetros de extensión que conecta la localidad de Añelo, en la provincia de Neuquén, con la terminal portuaria de Punta Colorada, en la costa atlántica de Río Negro.

La obra, impulsada por un consorcio de empresas liderado por YPF e integrado por Vista, Pan American Energy, Chevron, Shell, Pluspetrol, Tecpetrol y Pampa Energía, demandará una inversión total de 3.000 millones de dólares. Su ejecución busca resolver uno de los principales cuellos de botella de la industria: la capacidad limitada para evacuar y exportar el crudo extraído de Vaca Muerta, considerada una de las principales reservas mundiales de hidrocarburos no convencionales.

El proyecto destaca por su escala y tecnología. El tendido principal utiliza caños de 30 pulgadas (76 centímetros) de diámetro, lo que equivale al tamaño de un aro de básquet, y permite transportar hasta 550.000 barriles diarios de petróleo una vez alcanzada su capacidad máxima en 2027. En una primera etapa, prevista para fines de 2026, la infraestructura permitirá despachar 180.000 barriles diarios. Eso representa, aproximadamente, la mitad de la producción total actual de crudo del país y abre la posibilidad de generar ingresos por exportaciones de hasta 20.000 millones de dólares anuales.

El sistema contempla un tramo submarino de 15 kilómetros que conecta la terminal de almacenamiento con dos monoboyas ubicadas mar adentro. Esto permitirá que buques de gran porte carguen el crudo directamente en alta mar, con capacidad para transportar más de dos millones de barriles por viaje. De esta manera, el VMOS facilitará la apertura de nuevas rutas de exportación y reducirá los costos logísticos de la industria.

Financiación

La magnitud del emprendimiento exigió una estructura financiera inédita. El consorcio VMOS S.A. firmar un préstamo sindicado por 2.000 millones de dólares con un grupo de 14 bancos internacionales, encabezados por Citi, Deutsche Bank, Itaú, JP Morgan y Santander. El crédito cubrirá el 70% del capital requerido, mientras que el 30% restante será aportado por las empresas integrantes del consorcio. Se trata del mayor financiamiento comercial para infraestructura en la historia del país y uno de los cinco más importantes del sector petróleo y gas en América Latina.

El préstamo tiene un plazo de cinco años y pagará una tasa variable de referencia internacional (SOFR) más 5,5%. La modalidad de project finance adoptada para la operación marcó la reapertura del mercado internacional de financiamiento para obras de este tipo en Argentina, que permanecía cerrado desde 2019. El proyecto se encuentra adherido al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), lo que permite acceder a beneficios fiscales y facilitar la llegada de capitales extranjeros.

La finalización del tendido principal se alcanzó en noviembre de 2025, con la última soldadura automática en el ingreso a la Terminal Portuaria de Punta Colorada. Según explicó Gustavo Chaab, CEO de VMOS, la consolidación de Vaca Muerta como polo exportador, ahora con salida directa a través de Río Negro, proyecta la generación de 15.000 millones de dólares adicionales en exportaciones para los próximos años.

La infraestructura permitirá no solo incrementar la capacidad de exportación, sino también eliminar los cuellos de botella que hoy frenan la producción, fortaleciendo el flujo de inversiones y el desarrollo de la cadena de valor asociada a la explotación y comercialización de hidrocarburos.

El inicio de operaciones del Vaca Muerta Oleoducto Sur está previsto para fines de 2026, con la meta de posicionar a la región como un actor clave en el comercio energético internacional.

Vaca Muerta está a full. En medio de la promesa de salvación total para la economía argentina –un verdadero clásico de los últimos tiempos–, termina un año récord para los hidrocarburos locales, pero en medio de mundo que se vuelve cada vez más complejo y convulsionado y en el que asoman algunos interrogantes sobre lo que vendrá en el corto plazo.

“Hay algunos nubarrones en medio de la fiesta de Vaca Muerta”, reconoció ante Infobae el número uno de una de las empresas protagonistas del sector. A los petroleros, en general, les da cierto escozor escuchar que “Vaca Muerta nos va a salvar”. Prefieren hablar de tiempos de consolidación y previsibilidad, de eventualidades que siempre pueden ocurrir y del contexto internacional y, sobre todo, del local, que siempre podría cambiar. Saben que están comandando la joya de la economía local, pero prefieren evitar presiones y urgencias. Después de todo, la joya no deja de estar en Argentina: lo saben los locales y mucho más los extranjeros.

Los petroleros toman algo de aire cuando el foco de atención se lo llevan otros sectores: algunos revitalizados, como la minería, o las buenas noticias del agro, el histórico y hasta ahora solitario gran generador de divisas. Como sea, es innegable el potencial hidrocarburífero y los dólares que vendrán –ya empezaron a venir– de esa parte de la cuenca neuquina, segundo reservorio mundial de gas y cuarto de petróleo “no convencionales”.

El 2025 quedará en el recuerdo como el año en el que la producción de petróleo registró récords históricos. En octubre, por caso, de la mano de yacimiento no convencional estrella se registraron 865.000 barriles diarios y se superó una marca que casi había que ir a buscar a los libros de historia: 1998.

Según datos oficiales, el petróleo y el gas shale de Vaca Muerta ya dan cuenta del 70% de la producción total del país y las exportaciones también suben, con una balanza comercial energética que entre enero y noviembre, según el Iaraf, alcanzó un superávit de poco más de USD 6.900 millones, unos USD 2.000 millones más que en igual período del 2024. El año pasado se había registrado superávit comercial energético por primera vez desde el 2020.

Las exportaciones del sector a noviembre sumaron unos USD 10.000 millones y seguramente el año también será récord total. No solo eso. De todo el superávit comercial de la economía local, en 11 meses del año, el 74% proviene del sector energético.

Así, las exportaciones de energía del año representaron el 12% de las exportaciones totales y las importaciones el 4,4 por ciento. “Lo más impactante es que el saldo de dólares de la energía representó el 74% del saldo total de exportaciones. Esto obedece a lo siguiente: mientras las importaciones de energía representaron el 30% de las exportaciones, a nivel general de la balanza comercial del país, las importaciones representaron el 88% del total de exportaciones. Es decir que por cada dólar exportado de energía, se importa mucho menos que a nivel de la balanza comercial general”, detalló Nadín Argañarz, economista del Iaraf.

El fantasma de los precios

A pesar del boom que viene del sur, el mundo podría ir bastante más lento en 2026, lo que complicaría, en parte, los planes de expansión de Vaca Muerta. Y también cierta “urgencia” de privados y también de funcionarios del Gobierno para cerrar inversiones que sostengan ese auge.

Todo en un contexto de una Argentina que está volviendo al mapa energético global, que se prepara para ser un gran proveedor de gas natural y seguir exportando petróleo. Claro, si el mundo frena, todo se frena y eso es algo que no le conviene al proyecto de Javier Milei y tampoco a la industrial.

Daniel Montamat, consultor y ex presidente de YPF, remarcó algunos puntos centrales de lo que podría venir:

• No hay que olvidar que ahora Argentina es tomadora de precios del mercado internacional, algo a lo que no está del todo acostumbrada aún. O sea, todo impacta, todo afecta. Así, será condición excluyente aumentar la productividad y bajar costos.
• La cotización del crudo ICE Brent de primera línea a la que se referencian los crudos locales perforó los USD 65 por barril.
• Las previsiones de la Agencia Internacional de Energía de Estados Unidos (IEA) dan un promedio de USD 55 por barril para el año entrante. Muy bajo. Eso es igual a continuidad del debilitamiento de la demanda mundial (ralentización económica) y el freno a la política de almacenamiento estratégico llevada a cabo por China durante este año, que contribuyó a limitar la caída y pondrá presiones bajistas a los precios.

El viernes, a pesar del contexto aparente de suba por acciones militares de EEUU tanto en Venezuela y Nigeria, el Brent cayó 2,5% y cotizó en USD 60,6 dólares por barril. “A 12 meses, el crudo se encamina a su mayor caída anual desde 2020, con un descenso de 16%, debido a expectativas de un excedente en el mercado”, describió la agencia Bloomberg.

“La competitividad petrolera argentina está puesta a prueba. Los precios de referencia internacional que guían la producción de Vaca Muerta bajaron, pero los niveles productivos crecieron significativamente. Aún somos competitivos, en general, con precios de break even”, dijo Montamat, no sin antes señalar que pese a que la productividad local es 60% más alta, los costos locales suelen ser de hasta el doble que en Permian, el mega yacimiento de Estados Unidos donde nació el negocio shale.

“Por fundamentos económicos, todo tiende a la baja. Pero la geopolítica puede jugar también: hay que ver qué pasa con Rusia, Venezuela o si aparecen nuevos conflictos que podrían impactar en el mercado”, resumió Montamat.

Desde Economía y Energía, la consultora de Nicolás Arceo, advirtieron también por los precios a la baja para 2026 luego de varios años de expansión local. “En este contexto, la expansión de la producción hidrocarburífera podría ralentizarse durante el próximo año. De todas formas, aún considerando un escenario ácido en términos de crecimiento de la producción, la balanza comercial energética seguiría manteniendo un significativo superávit durante 2026”, destacó EyE.

Juan José Carbajales, director de la consultora Paspartú, coincidió con que un esquema de precios bajos podría quitarle dinamismo a los proyectos de inversión de las compañías operadoras y ralentizar el ritmo de crecimiento. “Es una preocupación, pero no va a modificar el signo positivo de las inversiones, con YPF a la cabeza. Los nubarrones que pueden avizorarse en el segundo anillo, la cadena de valor y las compañías industriales proveedoras de bienes y servicios. Ahí ya se ve preocupación por el ritmo de apertura de la economía con un tipo de cambio alejado del equilibrio que el sector industrial pretende, sobre todo por el ingreso de importaciones de origen chino”, destacó.

Carbajales insistió con que las “señales de preocupación” vienen por temas de logística, caminos, redes eléctricas, aprovisionamiento, acceso a energía y personal capacitado de cara a la duplicación de la producción que se espera para 2030-32.

Emilio Apud, consultor y exfuncionario, por su parte, es más optimista y afirmó que ve una aceleración del proceso inversor a pesar de los pronósticos sobre la baja del precio del Brent.

“La productividad alcanzada por la industria y el aumento de los volúmenes exportables seguirán haciendo atractivo el negocio. Por supuesto los precios a futuro del petróleo y el gas dependerán en gran medida de acontecimientos geopolíticos a la fecha difíciles de predecir, además de los previsibles aumentos en la producción atribuibles a nuevos jugadores por fuera de la OPEP+ y a la evolución de economías determinantes como la de China”, dijo.

Vaca Muerta atravesó un año excepcional, según la evaluación de Julián Rojo, especialista del Instituto Argentino de Energía General Mosconi: “Es muy difícil que un área, en este caso una formación geológica, crezca tanto por año”.

“Cada barril adicional se exportó y eso es espectacular para Argentina”, subrayó. Respecto al escenario de precios, Rojo consideró que la actividad resulta viable incluso con valores internacionales moderados. “No debería tener problemas con un barril hasta los 52 dólares”, explicó. Agregó que el precio del crudo funciona como habilitador de proyectos y que, mientras no ocurra un colapso, “son precios que alcanzan para seguir teniendo los yacimientos aún en producción”.

En materia de infraestructura y financiación, el economista del IAE observó avances relevantes, con desarrollo de oleoductos y ampliación de la capacidad de transporte para exportación. “No me preocupa demasiado la infraestructura porque veo que el financiamiento privado fluye y se están haciendo cosas importantes”, afirmó. No obstante, advirtió que el principal desafío para los próximos meses será “conseguir financiamiento para proyectos específicos”, especialmente por el tamaño de las inversiones requeridas y la importancia de que el apetito de los inversores se mantenga.

Grandes jugadores

En un contexto de dudas, YPF, la principal empresa de la industria, salió a ponerle el “pecho a las balas” y a reconfirmar inversiones.

Serán un 20% más en el año próximo, un total de USD 6.000 millones, y sustentadas por la venta de activos que declaró prescindentes y que son parte del Plan 4x4 que ideó su CEO y presidente, Horacio Marín. Entre ellos la venta de campos maduros de petróleo convencional en varias provincias –proceso que se denomina Plan Andes y está cerca de finalizar– y sus acciones en empresas como Profertil y Metrogas, entre otros.

Marín quiere mantener las inversiones a pesar de la previsión de precios bajos para aprovechar la suba que analistas y la propia IEA americana pronostican para 2027. Asegura que no quiere “perder el ritmo” de desarrollo de Vaca Muerta.

Para el proyecto de exportar gas licuado desde Río Negro, la empresa ya se asoció con la italiana ENI, tiene como socio a Adnoc, la petrolera de Abu Dabi (por medio de XRG) y busca socio para reemplazar Shell, que ya había reemplazado a Petronas y decidió bajarse de esta etapa del plan.

YPF –que construye el oleoducto Vaca Muerta Sur, VMOS, junto a PAE, Vista, Pampa Energía, Pluspetrol y Chevron– quiere alcanzar una producción anual de 12 millones de toneladas de gas natural licuado (GNL) mediante la utilización de dos buques en la costa de Río Negro, y prevé aumentar esa capacidad hasta los 18 millones de toneladas por año.

Marín está convencido de que el proyecto generará USD 200.000 millones en exportaciones en 20 años, unos USD 10.000 millones anuales. También anunció que JP Morgan comenzará a contactar a más de 200 bancos para iniciar el project finance de las 12 millones de toneladas, de las cuales 6 millones ya están listas. Por lejos, la inversión para este proyecto es la más grande en la historia del país. Solo el proyecto de 12 millones de toneladas por año implica 35.000 millones de dólares en un período de 4 años.

“Mi meta para el próximo año es comenzar las obras correspondientes y alcanzar las 18 millones de toneladas. Para ello, estamos trabajando con una empresa del exterior que analiza reemplazar las 6 millones de toneladas. Si eso no se concreta, tenemos un plan B, y si tampoco resulta, contamos con un plan C, que estoy seguro funcionará”, dijo Marín, quien insiste con que el objetivo del país es que Argentina logre exportar entre USD 40.000 y 50.000 millones a partir de 2033.

Otra de los grandes players del mercado es Pan American Energy (PAE), la petrolera de la familia Bulgheroni, que lleva más de 50 años invirtiendo en Neuquén y hoy es uno de los protagonistas del desarrollo shale. En la cuenca neuquina opera 7 áreas –6 en etapa de desarrollo– y participa como socio no operador en otras dos. En los últimos años, PAE perforó más de 270 pozos y en 2025 dio un paso estratégico: se expandió a Río Negro y asumió la operación de Loma Guadalosa, la primera concesión no convencional otorgada por esa provincia. Allí, junto a su socio, prevé invertir USD 36 millones en un piloto de dos pozos.

“En 2026 se avanzará con el proyecto de exportación de GNL de Southern Energy, una iniciativa innovadora donde PAE es pionera: la construcción del gasoducto en tierra que se integrará con el Gasoducto San Martín y los dos gasoductos costa afuera que se conectarán con los dos buques de licuefacción que comenzarán a operar en 2027 y 2028 durante 20 años en el Golfo San Matías. Para el desarrollo del GNL avanza en un plan de ampliación de capacidad que llevará el sistema de 16 a 28 millones de metros cúbicos diarios en 2028”, detallaron desde la empresa cuyo CEO es Marcos Bulgheroni.

También pisa fuerte en el sector Vista Energy, la empresa que fundó Miguel Galuccio, ex presidente de YPF.

Vista tuvo en 2025 un salto de escala a partir de la adquisición de la participación de Petronas en el bloque La Amarga Chica, uno de los principales activos de Vaca Muerta. Con esta operación, la compañía asegura haberse consolidado como el principal productor independiente de petróleo del país y el mayor exportador de crudo de la Argentina.

Desde su creación, Vista ya invirtió en Vaca Muerta más de USD 6.000 millones y proyecta invertir USD 4.500 millones adicionales en los próximos tres años. El objetivo es alcanzar una producción de 180.000 barriles diarios en 2028, con una visión de largo plazo que prevé llegar a los 200.000 barriles diarios en 2030.

Pampa Energía, en tanto, se encuentra actualmente desarrollando su joya en Vaca Muerta: el yacimiento Rincón de Aranda. Con una inversión total de 1.500 millones de dólares hasta 2027, la mayor en un solo proyecto de la compañía, Pampa proyecta multiplicar por diez su producción de petróleo y alcanzar los 45.000 barriles diarios.

La empresa que fundó Marcelo Mindlin cotiza en Wall Street y acaba de cumplir 20 años.

A partir de 2027, la proyección de Pampa indica que Rincón de Aranda generará exportaciones por el equivalente a USD 1.200 millones por año, algo que va a fortalecer el perfil exportador de la compañía. Este desarrollo complementa su posicionamiento como la cuarta productora de gas del país y consolida su expansión en el yacimiento neuquino.

Deste Tecpetrol, la petrolera del Grupo Techint, el holding que comanda Paolo Rocca, aseguraron que Vaca Muerta tiene el desafío de acelerar la inversión para una demanda global creciente en un escenario cada vez más complejo, tanto por la incertidumbre geopolítica como por la fluctuación de los precios. “Es por ello que buscar alternativas que garanticen confiabilidad y reduzcan los costos se ha vuelto esencial para ser más competitivos en la industria del petróleo y gas”, dijeron.

Dentro de sus grandes proyectos en el área la empresa destacó Fortín de Piedra, que se construyó en tan solo 18 meses, y hoy produce más de 25 millones de metros cúbicos, lo que equivale a casi el 20% del gas consumido por los argentinos en invierno.

Es el primer productor de gas no convencional en el país y ahora busca balancear su portfolio con un proyecto de petróleo, Los Toldos II Este, con una inversión superior a los USD 2.500 millones, lo que le permitirá aumentar la producción de 20.000 a 100.000 barriles por día en la Cuenca Neuquina.

También se activaron puertas de salida para el petróleo shale, como el de Oleoducto Trasandino (Otasa) a Chile y Oleoductos del Valle (Oldelval) hacia la zona de Bahía Blanca y otras “grandes” de sector, como Pluspetrol, TotalEnergies y Shell también se alistan para seguir con sus desarrollos e inversiones.

Salidas y entradas

Después de la salida de Petronas y de ExxonMobil, que le vendieron sus negocios a Vista y Pluspetrol, respectivamente, en la industria destacan el desembarco de la estadounidense Continental Resources, una petrolera mediana e independiente, el tipo de empresa “joven” que no pocos en el sector creen que es lo que le falta a Vaca Muerta para ganar en productividad y agilidad, y también como punta de lanza –si su negocio prospera– para la llegada de empresas similares de ese país y otros.

Continental firmó un acuerdo para comprar el 90% de la Unión Transitoria de Empresas Los Toldos II Oeste, perteneciente a Pluspetrol.

“Excelente noticia para Argentina y que seguramente será imitada por otras compañías petroleras independientes americanas que ven el potencial del shale en Argentina ahora tiene un marco político y económico que justifica la inversión”, celebró el ministro Luis Caputo en X la llegada de Continental.

Unos meses antes, Javier Milei se había reunido con Harold Hamm, el magnate dueño de la empresa y amigo de Donald Trump al que se lo conoce como “el rey de fracking”.

En el Gobierno miran todas las pantallas porque una de sus canillas de dólares podría tener algún tipo de freno por el contexto global. Mientras tanto: “Drill, baby, drill”, como reza el viejo mantra republicano que retomó Trump en su última campaña presidencial. Un “perfora, nena, perfora”, pero patagónico y con el sello de Vaca Muerta, la “joyita” que dejó de ser promesa para convertirse en una realidad concreta y millonaria... a pesar de los nubarrones globales.

La Corte Suprema de Justicia confirmó la condena de 21 años y 8 meses de prisión contra el exgobernador del Cesar Luis Alberto Monsalvo Gnecco, al hallarlo responsable como coautor de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación agravado por la cuantía.

La decisión se tomó en la Sala Especial de Primera Instancia, que también le negó los beneficios de ejecución condicional y prisión domiciliaria, ordenando su traslado inmediato a un establecimiento carcelario bajo custodia del Inpec.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El proceso judicial se originó por un contrato de suministro firmado el 21 de agosto de 2015 en el marco del Programa de Alimentación Escolar (PAE). El acuerdo fue suscrito entre el departamento del Cesar y el Consorcio Alimentación Escolar a Salvo 2015, con el fin de prestar servicio de alimentación a niños, niñas y adolescentes de zonas rurales y urbanas del departamento. El valor pactado fue de $17.145.105.000.

Irregularidades acreditadas en la contratación

De acuerdo con el fallo, la Sala encontró demostrado que durante la planeación, tramitación, celebración y liquidación del contrato se vulneraron los principios de planeación, responsabilidad y legalidad. Para el alto tribunal, estas irregularidades permitieron que terceros se apropiaran de recursos públicos, generando sobrecostos y un beneficio económico indebido para el contratista.

En la sentencia se afirma que “la ponderación integral de los medios de prueba transmiten a la Sala la certeza de la configuración del dolo en el comportamiento de Monsalvo Gnecco, como quiera que siempre fue consciente de la complejidad de la contratación relacionada con el PAE y por ello de la necesidad de estar atento a todo su desarrollo, sin embargo, a pesar de esto, abandonó deliberadamente sus deberes de orientación, vigilancia, control y supervisión”.

Según lo establecido por la Sala, Monsalvo Gnecco delegó funciones en sus subalternos, pero esto no lo eximía de las responsabilidades inherentes a su cargo. El fallo señala que, pese a estar al tanto de las características del proceso contractual, permitió la suscripción y liquidación del contrato sin garantizar que se cumplieran los requisitos establecidos por la normativa.

Durante el proceso, la defensa argumentó que el exgobernador delegó la contratación en funcionarios responsables del área. Sin embargo, la Sala consideró que este planteamiento no podía tener efectos exoneratorios, y en el fallo indicó que la delegación no elimina los deberes de dirección, orientación y control del mandatario, especialmente tratándose de un programa dirigido a la población escolar del departamento.

Para la Corte, los elementos probatorios evidenciaron que las decisiones adoptadas por el exgobernador permitieron que el contrato avanzara pese a las irregularidades detectadas desde su etapa inicial. El documento judicial concluyó que existió consciencia y voluntad de permitir la continuidad del proceso contractual en las condiciones acreditadas.

El fallo señala múltiples inconsistencias encontradas durante la ejecución del contrato. Entre ellas, se destaca que los estudios previos carecían de análisis fundamentales sobre la necesidad y conveniencia de la contratación. Además, el número de estudiantes proyectados como beneficiarios fue mayor al real, lo que incidió en el aumento del valor del contrato.

Asimismo, la Sala resaltó que el plazo de ejecución establecido fue de 59 días, aunque el convenio interadministrativo 842, suscrito previamente por Monsalvo Gnecco, disponía que la prestación del servicio debía abarcar la totalidad del calendario escolar, equivalente a 180 días. Pese a esta diferencia, el contrato fue suscrito sin ajustar las condiciones al convenio vigente.

El fallo también señala que la liquidación del contrato se llevó a cabo sin contar con la información y los soportes completos que permitieran verificar el cumplimiento del objeto.

Con la decisión de la Sala Especial de Primera Instancia, la condena queda en firme, lo que implica el cumplimiento efectivo de la pena impuesta y la ejecución de la orden de reclusión emitida en el fallo mayoritario.

El Programa de Alimentación Escolar (PAE) -exQali Warma- del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) anunció el inicio de la Convocatoria Pública para el Proceso de Contratación 2026, dirigido a proveedores interesados en suministrar alimentos a más de 4,2 millones de escolares de 67.000 instituciones públicas en todo el país.

Este proceso es fundamental para garantizar la distribución de alimentos nutritivos y de calidad, elemento clave en la política nacional contra la anemia, el sobrepeso y la obesidad infantil, luego de la desaparición del anterior programa debido a múltiples denuncias de corrupción e intoxicación por alimentos en mal estado y carne de caballo, lo que derivó en su reemplazo por Wasi Mikuna en 2024. La extinción de Wasi Mikuna fue oficializada en abril de 2025 para dar paso al PAE, que iniciará operaciones en 2026.

MIDIS: PAE 2026, exQali Warma, exige estándares más altos y transparencia en contratación

La convocatoria quedó formalmente abierta este martes 2 de diciembre, según informó el PAE. Desde hoy, los interesados podrán acceder a la difusión de las bases y registrarse como postores a través de su página web.

El calendario establecido detalla que las consultas y observaciones al proceso podrán ser presentadas el jueves 4 y viernes 5 de diciembre, y serán absueltas en forma oficial los días 10 y 11. Las bases integrarán los aportes recibidos y serán publicadas entre el 12 y el 15 de diciembre. La presentación de propuestas técnicas y económicas ha sido programada para el 16 y 17 del mismo mes.

De acuerdo con el comunicado del PAE, el cronograma prevé luego una etapa de evaluación y calificación de propuestas, culminando con la adjudicación, notificación, y, si corresponde, el periodo de impugnaciones y resolución de controversias.

El nuevo programa de alimentación subraya que, bajo el nuevo modelo de adquisición, se establecen reglas claras para la participación del mercado y se promueve una competencia transparente y equitativa.

MIDIS busca recuperar confianza en alimentación escolar tras crisis: ¿Y las empresas sancionadas?

Uno de los requisitos más estrictos del proceso es que no podrán inscribirse empresas que hayan ocasionado afectaciones a la salud en el pasado, estableciendo así un filtro sanitario indispensable en la protección de los estudiantes.

Además, solo podrán postular aquellas empresas inscritas en el Registro Nacional de Proveedores (RNP). El objetivo es asegurar que solo los oferentes responsables, con historial positivo y sin antecedentes negativos en salud pública, puedan concursar por los contratos.

En cuanto a la transparencia y control, el proceso contará con la supervisión de instituciones clave como la Contraloría General de la República, el Ministerio Público y el Ministerio de Salud a través de DIGESA.

Estas entidades verificarán el cumplimiento de los requisitos en todas las etapas, desde la preselección hasta la formalización de contratos. Así, se busca maximizar la vigilancia y minimizar los riesgos de irregularidades en un procedimiento que involucra recursos públicos vitales para la infancia.

Contraloría y Ministerio Público supervisarán proceso de selección de alimentos del PAE

Para elevar los estándares de calidad, el nuevo PAE utilizará fichas técnicas desarrolladas y validadas por Perú Compras. Estas definen las especificaciones nutritivas exigidas para cada alimento, con el fin de garantizar un menú balanceado que impulse el rendimiento físico e intelectual de los estudiantes y “fortalezca el combate a la anemia, el sobrepeso y la obesidad”, según el comunicado.

Además, uno de los propósitos centrales es cubrir las necesidades nutricionales específicas mediante insumos seleccionados y controlados bajo rigurosos parámetros de salud, de acuerdo con el PAE.

De esta manera, el MIDIS busca lavarle la cara a su programa de alimentación para escolares de todo el país, tras el escándalo de Qali Warma, cuyos operadores continúan siendo investigados por presuntos delitos de corrupción, y luego de varios casos de intoxicación de niños que consumieron alimentos en sus respectivas instituciones, como los ocurridos en Piura y Amazonas.

El municipio de Sincelejo expuso esta semana los resultados más recientes de la operación del Programa de Alimentación Escolar (PAE), en el marco de una audiencia pública que sirvió para presentar datos, testimonios y propuestas sobre el futuro del servicio.

El balance revelado por la alcaldía muestra que la cobertura del PAE pasó de 20.000 a 50.000 estudiantes, atendidos durante 160 días del calendario académico, con recursos compartidos entre la nación y el municipio.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La jornada, convocada por el alcalde Yahir Acuña, reunió a comunidades indígenas, familias en condición de vulnerabilidad y a integrantes del sistema educativo local, quienes escucharon y plantearon inquietudes sobre los cambios que ha experimentado el modelo. Uno de los temas centrales del encuentro fue el llamado colectivo para que la alimentación escolar deje de depender de ciclos políticos y se constituya como una política de Estado permanente.

La administración de Sincelejo detalló que el PAE ha tenido una transformación en su enfoque, al integrar criterios de inclusión en la selección del personal contratado para manipular los alimentos y operar el servicio.

Según Acuña, el programa sufrió una modificación profunda: “Antes el Programa de Alimentación Escolar no era inclusivo en Sincelejo, y cuando llegué dije que había que cualificar y calificar a la gente, para que los operadores no entreguen los puestos con criterio político, sino con criterio social. Convocamos a trabajadores sexuales y hoy trabajan en el PAE como manipuladoras”. En su intervención, añadió que “para trabajar en el PAE no se requieren etiquetas ni estigmas, no señor, gente es lo que hay que ser”.

El financiamiento del PAE fue otro de los ejes del balance entregado en la audiencia. Para 2024, la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar (UApA) destinó $12.000 millones y la alcaldía de Sincelejo aportó $40.000 millones. En el presupuesto de 2025, la contribución nacional se mantiene en $12.000 millones, mientras que el municipio comprometió una suma superior a $50.000 millones. Sin embargo, la administración local reconoció que aún existe una deuda por cerca de $20.000 millones relacionados con la operación y el cubrimiento de la demanda.

Frente a los desafíos en la cofinanciación, el alcalde Acuña propuso a la UApA implementar un nuevo esquema en la ejecución de los recursos. Según el mandatario, “sería un buen piloto, para ver a quién le sale mejor. Es un reto cordial y con respeto, porque aquí hacemos un PAE con calidad e inclusión para el que menos tiene, y eso no existe en otra parte de Colombia”. La iniciativa apunta a separar los procesos de administración de recursos nacionales y locales para medir de manera independiente la eficiencia y alcance real de cada fuente de financiación.

El modelo local del Programa de Alimentación Escolar está bajo la supervisión de la Procuraduría General de la Nación, pero los asistentes coincidieron en que la continuidad y la calidad de la estrategia no deben verse comprometidas por investigaciones o cambios administrativos.

La audiencia cerró con un compromiso institucional y ciudadano: “El objetivo es que la alimentación escolar en Sincelejo se consolide como política de Estado, para que los avances alcanzados no se pierdan con la alternancia de gobiernos y que la infancia sucreña mantenga condiciones de bienestar y estabilidad en su desarrollo”, concluyó el mandatario.

La expansión del PAE y su cobertura se perfila como uno de los pilares de la actual gestión local, mientras que la discusión sobre su blindaje y sostenibilidad financiera toma fuerza en los debates públicos. Las autoridades locales consideran que el futuro del acceso a la alimentación escolar depende ahora de incluir el tema en la agenda legislativa nacional y de lograr un consenso que garantice la operación del servicio más allá de los periodos de gobierno.

La Procuraduría General de la Nación inició una indagación previa contra el alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña Cardales, por hechos relacionados con posibles actos de corrupción en el Programa de Alimentación Escolar (PAE) durante 2025.

La apertura de la investigación se dio luego de la difusión de un video en el que se observa al mandatario explicando cómo opera el negocio del PAE y cómo se habrían recibido cuantiosas coimas procedentes de este programa.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“La indagación se inició tras un video publicado en un medio de comunicación en el que se mostraría al mandatario explicando los pormenores detrás del negocio del PAE y la manera como se han obtenido millonarias coimas con recursos de este programa, las cuales, al parecer, serían pagadas al investigado, por parte del proveedor, después de adelantarse el pago de nómina de los trabajadores”, indicó la Procuraduría.

El contenido expuesto plantea que el proveedor del PAE habría entregado parte de estos recursos al alcalde tras el pago de nómina a los trabajadores. La información contenida en el video impulsó a la Procuraduría a intervenir para determinar el alcance y la veracidad de las denuncias que involucran la administración de los fondos públicos destinados al programa.

El Ministerio Público informó que examinará si existieron irregularidades en el manejo del PAE, con el objetivo de establecer si se presentaron exigencias de dádivas o incrementos patrimoniales injustificados por parte del alcalde investigado. Esta revisión contempla la práctica de pruebas y la recopilación de testimonios relevantes.

“El Ministerio Público busca establecer si en el marco de este programa estatal se habrían presentado irregularidades, al parecer, por exigencias para el pago de dádivas e incremento patrimonial injustificado”, expresó la Procuraduría en su comunicado.

La Procuraduría destacó que el proceso estará orientado a identificar posibles responsables de actos irregulares en el programa de alimentación escolar, asegurando la transparencia en el uso de los recursos y la protección de los derechos de la niñez beneficiaria del PAE en Sincelejo.

Detalles de los hechos

Existe conmoción en el ámbito nacional tras la difusión de un video donde se observaría al alcalde de Sincelejo, Yair Acuña, refiriéndose a presuntas irregularidades en el Programa de Alimentación Escolar (PAE) en Sucre.

Inicialmente, solo circularon fragmentos; sin embargo, recientemente se habría hecho público el material completo, en el que el funcionario supuestamente describe detalles sobre manejos irregulares con los recursos del PAE.

En las imágenes se escucha a quien sería Acuña explicar, de forma directa, el presunto manejo indebido de fondos.

Según se escucha en la grabación, él recibiría al menos mil millones de pesos en sobornos: “Mira cómo se roba. Dos mil millones son de ellos, de utilidad desde el día cero, dos mil barras. Más los intereses, 2.500 millones. Mil millones que me deja a mí para el pago de nómina y no sé qué”. Estas declaraciones harían alusión a un acuerdo con la empresa que habría ganado la licitación.

También se observa en el video cómo el funcionario hablaría sobre nuevas exigencias financieras relacionadas con el contrato: “Porque yo le dije ‘marica dame siquiera algo’. Ahora en adelante da dos mil.

Ahora soy yo el que me saco dos mil. A partir del mes de julio, lo que facturo apenas es va a presentar porque la seguridad social son 800 millones. Se subió porque me tocó meter más gente. Se subió a 500 y punta millones”.

El protagonista del video, que guardaría similitud física con el alcalde, manifiesta que, tras descontar el pago de nómina y otros compromisos, las ganancias superarían los mil millones de pesos: “Entonces, como entra dos mil barras, más lo mil que me quedan a mí, y los intereses, serían 3.500 (millones). Y pongamos que la factura valga ocho mil millones, quedan 4.500 (millones) a la deuda. Todo es para ellos”.

En el tramo final, la persona señala que el pago adelantado de la nómina buscaría evitar reclamos sobre cifras: “Entonces yo tengo que buscar la plata semana para el funcionamiento y la nómina por adelantado, porque la nómina me la devuelven es cuando ya está la factura, cuando les pago. Yo tengo que pagarles antes para presentar la factura”.

En una decisión histórica para Sincelejo, el alcalde Yahir Acuña anunció cobertura universal del PAE durante el 100% del Calendario Escolar 2026. Cerca de 50 mil niños, niñas, jóvenes y adolescentes tendrán garantizada la alimentación escolar garantizada durante los 180 días del calendario escolar.

​El alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña Cardales, ha marcado un hito en la política pública municipal al anunciar la implementación de la cobertura universal del Programa de Alimentación Escolar (PAE) durante el 100% del calendario académico para el año 2026.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Esta ambiciosa iniciativa garantiza que todos los estudiantes de las instituciones educativas oficiales recibirán el complemento nutricional no solo durante todas las semanas de trabajo académico y anunció comenzar hacer gestiones para que también se pueda atender durante los periodos de receso estudiantil, lo que se conoce como el esquema PAE+, al tiempo que destacó la labor de la UAPA que acompaña con aportes importantes en esta materia, a la que dijo que le ha solicitado esfuerzo adicionales, para que de manera conjunta se pueda abrir la puerta al segundo beneficio para todos los estudiantes de instituciones oficiales en Sincelejo.

Este anuncio consolida el compromiso de la administración con la permanencia escolar y el bienestar integral de la niñez sincelejana. Anotó el mandatario. ​La decisión eleva el estándar del PAE en Sincelejo, ciudad que ya había demostrado avances significativos, como el inicio del programa desde el primer día de clases en 2025.

El paso a la cobertura universal y extendida impactará directamente en miles de estudiantes, asegurando la ingesta de nutrientes esenciales que a menudo se ven limitados en los hogares, especialmente en periodos de vacaciones.

Para contextualizar, la matrícula oficial de Sincelejo está compuesta por cerca de 50.000 estudiantes, todos ellos ahora beneficiarios del PAE extendido, un apoyo vital para las familias.

​A nivel nacional, la cobertura del PAE en Colombia se ha mantenido alrededor del 79% al 80% de la matrícula oficial, según cifras de 2023, beneficiando a cerca de 5.9 millones de estudiantes. No obstante, el desafío persistente radica en alcanzar la cobertura total y, crucialmente, la extensión de la atención durante el receso escolar.

Si bien el Gobierno nacional ha impulsado el esquema PAE+ para las vacaciones, beneficiando a más de un millón de estudiantes en 2023, este no es universal ni sostenido por todas las Entidades Territoriales Certificadas (ETC).

Sincelejo, con esta política, se posiciona a la vanguardia como una de las pocas ciudades que garantiza la universalidad y la atención continua durante todo el calendario, marcando una diferencia sustancial respecto al promedio.

​“La trascendencia de esta política no solo es nutricional; es una herramienta poderosa contra la deserción y la desigualdad. La alimentación garantizada durante el receso escolar se convierte en un fuerte incentivo para la matrícula y el regreso a clases” dijo el alcalde Yahir Acuña.

​La decisión del Alcalde Yahir Acuña es un compromiso fiscal y logístico sin precedentes para Sincelejo. Al asegurar el 100% de cobertura durante el 100% del calendario, el municipio asume un liderazgo nacional en la defensa de los derechos de la niñez.

La comunidad educativa y las familias sincelejanas celebran este anuncio, a la espera de ver materializada esta promesa histórica en beneficio de sus hijos.

Cabe anotar que con este anuncio La ciudad de Sincelejo entra el top 3 del selecto grupo de ciudades capitales que logran este importante avance, que es una de las metas más relevantes del plan de desarrollo nacional y municipal, anotó el mandatario local. Así mismo, el alcalde mencionó el gran esfuerzo fiscal que significa mantener este fundamental programa social al servicio de las comunidades.

Hay revuelo nacional tras la aparición de un polémico video en el que se mostraría al actual alcalde de Sincejelo, Yair Acuña, revelando pormenores de un presunto caso de corrupción en el Programa de Alimentación Escolar (PAE) en la capital del departamento de Sucre.

Aunque solo se habían conocido fragmentos del material audiovisual, en las últimas horas se reveló el contenido completo del video en el que Acuña, presuntamente, revelaría detalles detrás del negocio que se habría formado detrás del programa estatal.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En las imágenes, el mandatario habría expresado de forma expresa la manera en que “roba” el PAE, del que obtendría hasta mil millones de pesos de coimas para sus gastos personales.

“Mira cómo se roba. Dos mil millones son de ellos, de utilidad desde el día cero, dos mil barras. Más los intereses, 2.500 millones. Mil millones que me deja a mí para el pago de nómina y no sé qué”, habría comentado el funcionario, refiriéndose al acuerdo pactado con el ganador de la licitación.

Sin embargo, en el video también se observa el momento en el que el alcalde de Sincelejo asegura que, debido a las altas sumas otorgadas en el contrato, exige pago de coimas.

“Porque yo le dije ‘marica dame siquiera algo’. Ahora en adelante da dos mil. Ahora soy yo el que me saco dos mil. A partir del mes de julio, lo que facturo apenas es va a presentar porque la seguridad social son 800 millones. Se subió porque me tocó meter más gente. Se subió a 500 y punta millones”, dice la persona que aparece en el video y que presuntamente sería Acuña.

Según la explicación entregada por el protagonista del video y que tendría las mismas características físicas del alcalde de Sincelejo, con el nuevo pago del proveedor, menos los gastos de nómina de los trabajadores que están en función de la alimentación escolar, las ganancias netas del negocio presuntamente corrupto serían superiores a los mil millones de pesos.

“Entonces, como entra dos mil barras, más lo mil que me quedan a mí, y los intereses, serían 3.500 (millones). Y pongamos que la factura valga ocho mil millones, quedan 4.500 (millones) a la deuda. Todo es para ellos”, señala la persona del video.

Finalmente, la persona que protagoniza el material audiovisual señala que dichas coimas llegan después de que se haya adelantado el pago de nómina, al parecer, para evitar reclamos por cifras infladas por parte de los trabajadores.

“Entonces yo tengo que buscar la plata semana para el funcionamiento y la nómina por adelantado, porque la nómina me la devuelven es cuando ya está la factura, cuando les pago. Yo tengo que pagarles antes para presentar la factura”, concluye el video.

Entretanto, el video ha generado fuertes críticas desde varios sectores políticos, incluido el senador del Pacto Histórico Álex Flórez que, en su cuenta de X, fue de los primeros en pedir la renuncia del político sucreño.

En la plenaria del Senado de la República, Flórez Hernández reiteró su pedido, solicitando que Acuña Cabrales se ponga a disposición de los órganos de control y de la justicia.

El senador fundamentó su exigencia en el contenido de las grabaciones, donde, según sus palabras, se escucha al alcalde reconocer que tomó fondos destinados al PAE para su propio beneficio y no para la población de Sincelejo ni sus niños.

El congresista calificó como inadmisible que un funcionario público se apropie de recursos destinados a la alimentación infantil, señalando: “No hay acto más bajo que pueda cometer un funcionario público, un mal llamado político, que meterse con lo más sagrado que hay en una sociedad y es la plata de la comida de los niños”. Añadió que las imágenes y las declaraciones del alcalde “hablan por sí mismas”.

Flórez Hernández no precisó cómo obtuvo la grabación ni si dispone de un video más extenso, pero enfatizó que el material difundido es suficiente para sustentar su denuncia.

La Escuela del Programa de Alimentación Escolar (PAE) lanzó su campus virtual con acceso gratuito para todo el país.

La estrategia de cursos gratuitos está orientada a docentes, manipuladores de alimentos, padres, operadores y líderes comunitarios interesados en mejorar la operación del Programa de Alimentación Escolar.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El objetivo del programa se centra en la formación práctica para fortalecer la organización del servicio, la calidad e higiene de los alimentos y la veeduría por parte de la comunidad educativa.

¿Cómo inscribirse a la Escuela PAE?

El curso 100% virtual, gratuito y autogestionable, y otorga constancia digital tras completar todos los módulos. Para hacer parte del proceso debe seguir los siguientes pasos:

• Ingrese a www.alimentosparaaprender.gov.co
• Clic en la sección “Campus virtual”
• En la opción aulavirtual.paestaraldia.gov.co, debe registrarse para iniciar el proceso.

La oferta está dirigida a quienes tienen responsabilidades directas o interés en la gestión de la alimentación escolar.

La iniciativa se presenta como un campus virtual con cursos cortos, videos y guías enfocadas en la administración diaria del PAE.

Entre los contenidos, los usuarios pueden aprender:

• ABC del PAE.
• Qué es.
• Cómo funciona.
• Qué hace cada quien.
• Cómo organizar turnos y tiempos de atención.
• Higiene en el servicio.
• Control de temperaturas.
• Definición de menús con participación de la comunidad.
• Lineamientos para compras locales.
• Pautas para la gestión de dificultades operativas.

La Escuela PAE promueve una participación comunitaria que incluye la consulta y revisión colectiva de menús, el reporte de novedades, la promoción de compras a productores locales y el seguimiento a la prestación semana a semana.

Uno de los lineamientos del programa detalla: “El propósito es que la comunidad educativa y los padres vean cómo los recursos del PAE tienen trazabilidad y se monitorean sin complicaciones”.

Lanzamiento de los cursos del PAE

La apertura de este espacio se realizó en Sahagún (Córdoba) el 12 de noviembre de 2025 e incluyó actos culturales y la presencia de distintos actores del sector educativo local y regional.

Durante el evento, estudiantes de la Institución Educativa El Nacional interpretaron piezas musicales, mientras los asistentes compartieron expectativas y buscaban resolver dudas sobre el funcionamiento de la nueva plataforma.

Una manipuladora participante en la apertura de los cursos contó que espera que “las herramientas sirvan para que los alimentos lleguen en mejor estado a los estudiantes, sin filas largas ni devoluciones continuas”.

Un padre de familia destacó la utilidad de los módulos para “entender mejor cómo hacer seguimiento y dejar evidencia clara de lo que falta o puede mejorar cada semana”.

Los responsables de la plataforma subrayaron que la formación permite activar rutas rápidas para el reporte de irregularidades, resolver dudas sobre la compra y entrega de insumos y entender cómo activar mecanismos para proteger el derecho a la alimentación escolar de calidad.

El curso permanece abierto durante todo el año. La constancia digital que se entrega al completarlo acredita a los participantes en vigilancia y control ciudadano, lo que facilita su integración en comités escolares y veedurías. Las personas interesadas pueden consultar la información y registrarse desde cualquier región del país, con la posibilidad de acceso desde dispositivos móviles o computadoras.

La propuesta de que el café 100% colombiano sea obligatorio en las compras públicas y que el Programa de Alimentación Escolar (PAE) incorpore bebidas de leche con café tomó fuerza tras la intervención del gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros (FNC), Germán Bahamón Jaramillo, durante la 89 Cumbre Cafetera de Asoexport y Analdex.

El dirigente gremial planteó que estas medidas fortalecerían el consumo interno del grano, contribuirían a desmontar mitos sobre la salud del café en la infancia y consolidarían la identidad nacional en torno a uno de los productos más emblemáticos del país. La iniciativa surge teniendo en cuenta que la producción nacional supera con amplitud el consumo local y la economía rural depende en gran medida de la caficultura.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Bahamón Jaramillo fue enfático al señalar la necesidad de que el café colombiano ocupe un lugar central en las compras oficiales. “Ya que el Congreso de la República ya declaró el café como bebida nacional, ojalá Colombia Compra Eficiente exigiera que todas las compras de las instituciones públicas sean de café 100% colombiano”, afirmó.

Dicha propuesta incluye la incorporación de bebidas que mezclen leche y café en el PAE, siguiendo el modelo implementado en Brasil, con el objetivo de fomentar el consumo entre los niños y niñas del país. “Ahí hay una oportunidad de llegar al consumo futuro, especialmente entre los niños, y de desmontar la idea equivocada de que el café no es saludable para ellos”, sostuvo al resaltar la importancia de intervenir en la formación de hábitos de consumo desde la infancia.

Comparación internacional y cifras de consumo

El ejemplo brasileño fue central en la argumentación del gerente de la FNC. Brasil, principal productor mundial de café, destina 22 millones de sacos de los 65 millones que produce cada año al consumo interno, lo que equivale a una tercera parte de su producción total y se traduce en un consumo per cápita de 5,9 kilogramos. La cifra contrasta de gran manera con la situación colombiana, donde solo se consume un millón de sacos de los 14,8 millones producidos cada año.

Por eso, el líder destacó que, mientras en Brasil el café forma parte integral de la dieta nacional, en Colombia el consumo interno sigue rezagado, a pesar de la relevancia del sector para la economía y la cultura del país.

Y es que, en Colombia, la brecha entre producción y consumo interno es notoria. De los 14,8 millones de sacos de café que se producen cada año, apenas un millón se destina al mercado local, cifra que incluye también las importaciones. Esta situación adquiere mayor relevancia si se considera el impacto económico y social de la caficultura: la cosecha de los últimos 12 meses generó ingresos por $25 billones para los caficultores, recursos que resultan fundamentales para la economía de 611 municipios distribuidos en 23 departamentos.

El sector cafetero, por tanto, también contribuye a la construcción del tejido social en amplias regiones del país.

Argumentos sobre salud y formación de consumidores

Uno de los argumentos centrales de Bahamón para impulsar la inclusión del café en el PAE es la necesidad de desmontar los mitos sobre su consumo en la infancia. El dirigente gremial insistió en que “ahí hay una oportunidad para entrar al mercado de los futuros consumidores, que hoy muy posiblemente, por historias erróneas del pasado, creen que el café no es una bebida saludable, cuando está demostrado lo contrario”.

Según él, la experiencia brasileña demuestra que es posible incorporar el café en la dieta escolar sin afectar la salud de los niños, y que esta medida puede contribuir a formar una nueva generación de consumidores informados y orgullosos de la producción nacional.

Riesgos de las importaciones y reputación internacional

El gerente de la FNC también advirtió sobre los riesgos que representan las importaciones para la calidad y la reputación del café colombiano. Si bien reiteró su respaldo a las políticas de mercado abierto, detalló que las importaciones deben destinarse de manera exclusiva a la transformación y no a distorsionar la calidad del producto nacional.

“Hay que evitar que, aprovechando los cambios arancelarios globales, se afecte la reputación de nuestro producto en los mercados internacionales”, añadió. La preocupación responde a la necesidad de proteger el prestigio del café colombiano, reconocido a nivel mundial por su calidad, frente a la competencia de productos importados que podrían no cumplir con los mismos estándares.

Además, el sector cafetero colombiano desempeña un papel fundamental en la economía y la sociedad del país. Los ingresos generados por la producción de café sostienen a miles de familias y dinamizan la economía rural en más de 600 municipios. Además, el café constituye un elemento central de la identidad nacional y un símbolo de la cultura colombiana. La propuesta de Bahamón busca también garantizar que los beneficios de la caficultura lleguen a las nuevas generaciones y contribuyan al desarrollo sostenible de las regiones productoras.

El concejal de Bogotá Daniel Briceño cuestionó severamente el incremento del gasto en personal de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar, conocida como Alimentos para Aprender, señalando que el presupuesto destinado a este organismo ha aumentado de manera desproporcionada en los últimos años.

A través de su cuenta de X, Briceño expuso que, aunque la entidad depende del Ministerio de Educación y fue creada con fines estrictamente técnicos, su nómina experimentó una expansión considerable desde el cambio de gobierno.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Mientras la contraloría advierte que no hay la suficiente plata para financiar y pagar la comida de los niños a través del programa de alimentación escolar, ese programa a nivel nacional con el cual se financia la comida que se le da a los niños más vulnerables y pobres en los colegios públicos de todo el país, pues el gobierno nacional, a través del Ministerio de Educación y de una entidad que ya les voy a contar, se está gastando la plata de la comida de los niños en, literalmente, burocracia”, señaló Briceño.

En palabras del concejal, la Unidad tiene como función principal brindar asistencia técnica y monitorear la ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en municipios y gobernaciones, sin responsabilidad directa en la contratación o el suministro de alimentos.

“Esta es una entidad únicamente de carácter técnico. Ellos no son los responsables ni de contratar el PAE, ni de contratar los alimentos, sino que únicamente lo que hacen es asistir técnicamente a los municipios y monitorear que en los municipios se contrate y se ejecute el PAE”, explicó Briceño, según lo publicado en su cuenta de X.

La controversia se centra en el hecho de que durante el gobierno anterior, bajo la administración de Iván Duque, fueron contratadas veintiocho personas a través de prestación de servicios, por un valor total de mil cuatrocientos noventa y dos millones de pesos. Este nivel de contratación, de acuerdo con Briceño, era suficiente para cumplir la función técnica de la Unidad.

Sin embargo, tras la llegada de Gustavo Petro a la Presidencia y con Daniel Rojas a la cabeza del Ministerio de Educación, el número de contratos se habría multiplicado de manera “alarmante”.

El concejal declaró que para 2025 la cifra asciende a 259 contratistas, con un presupuesto asignado de catorce mil novecientos sesenta y siete millones de pesos. “Pasamos de tener veintiocho contratos de prestación de servicios por mil cuatrocientos noventa y dos millones en 2022 a tener en el 2025 doscientos cincuenta y nueve contratistas por catorce mil novecientos sesenta y siete millones”, puntualizó Briceño.

El cabildante enfatizó el crecimiento porcentual, calificando de “exceso de burocracia” este aumento: “Esta contratación de personal en esta unidad, que únicamente es de apoyo y asesoría técnico, aumentó en un novecientos tres por ciento”.

Además, advirtió que solo entre 2024 y 2025 las órdenes de prestación de servicios subieron ciento noventa y siete por ciento y el valor de los contratos, ciento nueve por ciento.

Briceño manifestó su preocupación por el uso de los recursos dirigidos a la alimentación infantil, preguntándose: “¿Cuántas raciones de comida se pueden pagar con catorce mil millones de pesos que usted está gastando en politiquería a través de Alimentos para Aprender?”.

También sostuvo que mientras la Contraloría advierte sobre la insuficiencia de fondos para alimentar a los estudiantes más vulnerables, la actual gestión del Ministerio de Educación estaría usando dichos recursos para fines burocráticos y políticos.

Finalmente, el concejal insistió en la necesidad de una explicación pública por parte del ministro Rojas sobre el destino de estos fondos y el motivo detrás del aumento significativo en la contratación, reiterando: “El señor ministro de Educación, a través de Alimentos para Aprender, convirtió la plata de la comida de los niños en un fortín burocrático”.

El Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, en el marco del Foro “Una mirada a la Alimentación Escolar en Colombia” presentó los resultados de la Evaluación de la Ejecución de la Política Pública del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en el país. Durante su intervención, reveló preocupantes falencias en la implementación del programa, las cuales han afectado directamente el acceso a la alimentación escolar de niños, niñas y adolescentes en instituciones educativas oficiales del país.

Una de las principales problemáticas del Programa de Alimentación Escolar (PAE) es la recurrente desfinanciación del programa. En 2025, el PAE beneficia a 5.571.156 estudiantes, con un monto de $5,27 billones. Sin embargo, para cubrir a los 1.282.089 estudiantes que NO reciben el alimento escolar, se requerirían $1,21 billones adicionales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En las vigencias 2024 y 2025, en relación con el PAE, la Contraloría evidenció 30 hallazgos fiscales por cuantía de 7.974 millones, de los cuales el 48% corresponde a sobrecostos y el 47% a pagos sin soportes de ejecución; en el periodo 2020 a 1er semestre de 2025, el PAE ya suma más 813 hallazgos, de estos 185 con incidencia fiscal por más de $ 55.500 millones, de estos, más de $33.000 millones por sobrecostos, 61% del total detectado.

En estudio realizado por la Contraloría Delegada para el Sector Educación, Cultura y Deporte sobre la vigencia 2023, se evidenció que, aunque se han registrado mejoras significativas, todavía existen retos para garantizar una implementación equitativa y efectiva, especialmente en las regiones y poblaciones más vulnerables. Desde su implementación, el PAE ha enfrentado desafíos significativos, como retrasos en la contratación, problemas en el suministro de alimentos, suspensiones temporales y dificultades en la prestación del servicio.

También se detectó que, aunque el PAE presenta una distribución relativamente equitativa de los recursos, persisten disparidades significativas entre regiones, asociadas a factores geográficos, socioeconómicos y de inseguridad alimentaria. Regiones como Llanos, Pacífico y Centro Sur, que registran los niveles más bajos de seguridad alimentaria, reciben, en términos per cápita, menores asignaciones de recursos del programa.

En 2023 el PAE alcanzó una cobertura del 79% de los niños, niñas y adolescentes en edad escolar. Sin embargo, de los 32 departamentos, el 60% (es decir, 19 departamentos, más de la mitad) se encuentran por debajo del promedio nacional. Departamentos como Amazonas, Casanare y Guaviare no alcanzan ni el 50% del cubrimiento de la población estudiantil. De las entidades territoriales certificadas en Educación, Sahagún es un caso crítico con una cobertura de 23% aproximada de los estudiantes del sector oficial en el 2023. La CGR espera que esta última ETC aumente su cobertura a 50% en 2026, y que se siga avanzado en tal propósito a nivel nacional.

El Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, señaló la importancia de superar los desafíos en los mecanismos de supervisión, desfinanciación y control en la entrega de las raciones. La Contraloría encontró que las deficiencias en estos mecanismos son uno de los problemas más recurrentes, destacándose los mismos en regiones como los Llanos, Eje Cafetero y Centro Oriente de acuerdo con los hallazgos de control posterior y selectivo de la CGR.

Otra de las problemáticas identificadas se relaciona con la inoportunidad en la prestación del servicio en 2023. Las irregularidades detectadas evidenciaron que 2.570.291 niños, niñas y adolescentes no recibieron el servicio de alimentación escolar durante su jornada académica. Esta situación fue constatada tanto en los hallazgos de las auditorías de cumplimiento realizadas por la Contraloría General de la República como en los reportes de la Unidad Administrativa de Alimentación Escolar (UApA).

Del mismo modo, el Contralor llamó la atención en mejorar la infraestructura y condiciones de preparación de los alimentos. “Se evidenciaron problemas en la funcionalidad de las cocinas, comedores inadecuados, deficiencias en equipos de refrigeración, falta de acceso a agua potable y menaje insuficiente lo que puede ocasionar riesgo de inocuidad en los alimentos limitando la eficiencia del programa”. Esta situación de acuerdo con las visitas realizadas afecta en promedio a 135.629 estudiantes especialmente en las regiones Caribe y Centro Oriente, y 281.224 estudiantes según las encuestas realizadas.

Adicionalmente, existen disparidades en la priorización de productos locales en el PAE y no se está cumpliendo con el porcentaje mínimo de compra local establecido (30%). Regiones como Centro Oriente y Pacífico tienen alta dependencia de proveedores de otras regiones. Además, el 47% de las sedes no priorizan el uso de productos cultivados localmente.

Entre los aspectos positivos identificados, el Contralor General destacó que el Programa de Alimentación Escolar (PAE) ha contribuido de manera significativa a mejorar el rendimiento académico y la retención escolar, al reducir los índices de deserción y repetición de grado. Según análisis académicos, se evidencia una disminución significativa de la deserción escolar, entre el 10% y el 25%, lo que refuerza la tesis del impacto positivo del PAE en la permanencia estudiantil y el bienestar de los beneficiarios.

La Contraloría General de la República presenta todos estos análisis y reflexiones de política pública al PAE, buscado que se superen las problemáticas antes evidenciadas que afecten la calidad de vida de nuestros niños, niñas y adolescentes, y en este caso particular, conduce a que no se cumplan los propósitos de la alimentación escolar en el país. “La Contraloría General de la República insta a tomar medidas concretas y efectivas para mejorar la implementación de políticas públicas que garanticen el pleno desarrollo de todos los colombianos”.

La provincia de Río Negro dio un paso inédito en su desarrollo energético al aprobar la primera Concesión de Explotación No Convencional de Hidrocarburos (CENCH) en su territorio, una decisión que marca el inicio de una nueva etapa para la actividad hidrocarburífera local.

La autorización, formalizada mediante el decreto provincial N° 827/25, permitirá a Pan American Energy (PAE) y Tango Energy Argentina reconvertir el área Loma Guadalosa y avanzar en la exploración y eventual desarrollo de recursos no convencionales.

“Con este anuncio, PAE expande sus actividades en el upstream e ingresa como operador de un área en la provincia de Río Negro. La compañía también tiene operaciones en la Cuenca Neuquina y en el Golfo San Jorge, donde opera uno de los yacimientos más importantes del país, Cerro Dragón, en el cual recientemente anunció la ejecución de un plan piloto con objetivo no convencional que podría darle un nuevo horizonte de inversión a esta cuenca madura”, explicaron en la petrolera cuyo CEO es Marcos Bulgheroni.

El área Loma Guadalosa, situada en el sector este de la Cuenca Neuquina y a unos 60 kilómetros al norte de la ciudad de Cipolletti, abarca una superficie de 101 kilómetros cuadrados.

Según los datos oficiales, los recursos prospectivos no convencionales en esta zona se estiman en 48 millones de barriles equivalentes de petróleo (MMBOE), lo que motivó a PAE y TANGO a ejercer el derecho previsto en la Ley Federal de Hidrocarburos N° 17.319, la Ley Nacional N° 27.742 y el Decreto Nacional N° 1057/24 para solicitar la reconversión de la concesión convencional en una CENCH.

El plan piloto aprobado contempla una inversión de USD 36 millones para la perforación de dos pozos horizontales de 3.000 metros de rama lateral, con el objetivo de evaluar y delinear el potencial productivo del área durante un período de tres años. El primer pozo, que se perforará en 2026, incluirá además un pozo vertical de 3.000 metros de profundidad. De acuerdo con la información oficial, si los resultados del piloto resultan satisfactorios, se podría avanzar hacia un desarrollo más amplio que incluiría hasta 44 pozos horizontales adicionales.

La estructura de participación en la concesión quedó definida tras la aprobación de las cesiones correspondientes: PAE asume el rol de operador y detenta el 65% de participación, mientras que Tango posee el 35% restante.

demás, la provincia de Río Negro, a través de la Empresa de Desarrollo Hidrocarburífero Provincial S.A. (EDHIPSA), recibirá ingresos adicionales equivalentes al 2,5 % del volumen total de hidrocarburos producido en la CENCH Loma Guadalosa.

Antes de esta reconversión, la provincia había adjudicado a Petrolera Aconcagua Energía (actualmente Tango) y a EDHIPSA una concesión convencional sobre el área. La transición a la explotación no convencional, según lo dispuesto en el decreto, busca no solo incrementar la producción y las regalías asociadas, sino también fomentar el empleo local y atraer nuevas inversiones al sector energético provincial.

De Aconcagua a Tango

El socio de PAE en este proyecto es Tango Energy, la ex Aconcagua Energía.

En junio pasado, Aconcagua había anunciado la llegada de un nuevo accionista mayoritario que le permitía superar una crisis financiera tras declararse en default un mes antes.

El ingreso de Tango Energy, controlada por el ex-CEO de YPF Pablo Iuliano y con participación de Vista y Trafigura —ambos acreedores de la compañía— permitió la reestructuración de un pasivo de alrededor de USD 220 millones. El grupo liderado por Tango Energy tomó el 90% de las acciones de la petrolera, mientras que el 10% permanecerá en manos de los socios fundadores. El acuerdo incluyó una inyección de cerca de USD 36 millones y la designación de Iuliano como nuevo CEO para la empresa fundada en 2015 por los ex-YPF Diego Trabucco y Javier Basso.

Aconcagua Energía alcanzó una adhesión del 96,4% de los tenedores de obligaciones negociables, lo que habilitó el desembolso de fondos y la concreción del acuerdo.

El proceso de adjudicación de un contrato de $50.000 millones para el suministro de alimentos en la Cárcel Distrital de Bogotá generó controversia, luego de que se conociera que una de las empresas integrantes del consorcio ganador fue sancionada en 2022 por prácticas anticompetitivas en licitaciones del Plan de Alimentación Escolar (PAE).

La inquietud fue planteada desde el Concejo de Bogotá, que advirtió sobre la presencia de Proalimentos Líber S.A.S. en el consorcio Nutridistrital, responsable de la adjudicación.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El contrato, que se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2027, contempla la provisión de desayuno, refrigerio y almuerzo para las personas privadas de la libertad en la Cárcel Distrital, ubicada en la localidad de San Cristóbal. Con base en la información de la Alcaldía de Bogotá, el acuerdo fue estructurado bajo el esquema de vigencias futuras, en cumplimiento de las directrices de la Secretaría de Planeación y la Secretaría de Hacienda.

La polémica se centra en el historial de Proalimentos Líber S.A.S., que en 2022 recibió una sanción de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) por conductas anticompetitivas en procesos de contratación del PAE en Bogotá.

A pesar de este antecedente, la Secretaría de Seguridad emitió un comunicado en el que sostiene que el proceso de adjudicación se realizó conforme a los principios de la contratación estatal y que, tras la revisión correspondiente, “no encontró antecedentes o inhabilidades que afecten al consorcio”.

En relación con las sanciones impuestas por la SIC, la Secretaría de Seguridad precisó que “este tipo de sanciones no generan inhabilidad, ni contemplan la prohibición para participar en procesos contractuales o contratar con el Estado”.

Además, la entidad argumentó que el proceso contractual no puede ser suspendido, ya que “no existe mérito legal o contractual que lo impida”, y subrayó que la Unión Temporal Nutridistrital cumplió con todos los requisitos establecidos en el pliego de condiciones.

La adjudicación de este contrato millonario mantiene la atención sobre los mecanismos de control y transparencia en la contratación pública, especialmente cuando participan empresas con antecedentes de sanciones administrativas, aunque estas no representen impedimentos legales para su participación.

Continúa polémica por entrega de refrigerios diferentes a colegios públicos y privados en Bogotá

La entrega de refrigerios diferenciados a estudiantes de colegios públicos y privados durante la edición número 13 de la Simulación de la Organización de las Naciones Unidas (Simonu) en Bogotá continúa generando polémica por denuncias de discriminación. El evento, realizado el 11 y 12 de septiembre en el colegio Enrique Olaya Herrera, reunió a alumnos de 200 instituciones educativas de la ciudad.

El Ministerio de Educación calificó el hecho como un “acto de discriminación de la Alcaldía de Bogotá en contra de los niños y niñas” de colegios públicos. En un comunicado, la cartera advirtió: “Esta situación de confirmarse, vulnera el principio de igualdad que debe regir en todo espacio educativo y contradicen el sentido de convivencia y participación. La educación no puede reproducir lógicas de exclusión ni enviar mensajes de clasismo a los estudiantes”.

Además, el ministerio informó que envió un oficio a la Secretaría de Educación de Bogotá solicitando explicaciones y medidas para evitar que se repita.

Las denuncias surgieron cuando varios participantes reportaron en redes sociales que, durante uno de los recesos, los estudiantes de colegios públicos recibieron un refrigerio de menor calidad, incluso almacenado en bolsas de basura, mientras que los de instituciones privadas accedieron a alimentos diferentes y en un lugar aparte.

Un estudiante afirmó: “Los estudiantes de colegios públicos tenían sus alimentos almacenados en bolsas de basura, y se evidenciaba una clara diferencia nutricional frente a lo que recibieron aquellas personas de instituciones privadas”. Otra alumna señaló la “desigualdad en los alimentos” y la separación en la entrega.

El viernes 12 de septiembre, un grupo de estudiantes realizó una protesta exigiendo trato igualitario para los alumnos de colegios distritales. La Secretaría de Educación respondió calificando la manifestación y las denuncias como un “sabotaje con intereses particulares [que] afectaron la experiencia de cientos de estudiantes que se prepararon durante todo el año para este encuentro”.

En respuesta a la controversia, Diego Escallón, subsecretario de Integración Interinstitucional, explicó que los estudiantes de colegios públicos recibieron el refrigerio del Programa de Alimentación Escolar (PAE), mientras que la ley impide que los alumnos de instituciones privadas accedan a este beneficio, por lo que se contrató a un operador adicional.

“Como los alimentos fueron entregados por dos operadores distintos, sí hubo algunas diferencias en la entrega y en el empaque los refrigerios. Jamás nuestra idea fue tratar de manera diferente a los colegios públicos y privados”, aseguró Escallón. Añadió: “Queremos expresarles nuestras disculpas y decirles que esto no va a volver a presentarse”.

La periodista y candidata presidencial Vicky Dávila lanzó duras críticas contra el presidente Gustavo Petro y su Gobierno, al señalar directamente la falta de recursos para el Programa de Alimentación Escolar (PAE) como una de las evidencias más claras de la ineficacia y corrupción en su administración.

En un pronunciamiento en redes sociales, Dávila cuestionó la falta de acción del Ejecutivo frente a la crisis de desnutrición infantil que afecta a miles de niños y niñas en Colombia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El programa, que tiene como objetivo garantizar la alimentación de miles de estudiantes en todo el país, está en serio peligro de ser suspendido debido a la falta de fondos. Según las aletas de la misma Presidencia de la República, al menos 492.000 menores de edad podrían verse privados de este beneficio fundamental, lo que agrava aún más las ya críticas condiciones de vida de miles de familias colombianas en situación de vulnerabilidad.

Dávila, que se destaca por su postura crítica hacia el Gobierno de Petro, utilizó su cuenta de X para expresar su descontento con la gestión presidencial, calificando la situación como una muestra palpable de corrupción. En su mensaje, la candidata no solo abordó el tema del PAE, sino que arremetió contra la falta de voluntad política para resolver el problema, lo que, según ella, es un reflejo de la verdadera cara del actual gobierno.

Dávila fue tajante al señalar que la gestión de Petro falló en brindar soluciones a los problemas más urgentes del país, y la crisis del PAE es solo un ejemplo más. La periodista sostuvo que la falta de recursos para este programa vital pone en evidencia la incapacidad del gobierno para manejar los recursos del Estado de manera eficiente.

“Mientras en Colombia hay niños que siguen muriendo de desnutrición, no hay plata para el PAE y el transporte escolar, el presidente se gasta el presupuesto de los colombianos en autobombo. El problema es que todos sabemos quién es Petro y de dónde viene y por qué tiene al país así. Su Gobierno es corrupto, su campaña fue corrupta, lo confesó su hijo, y eso es lo que hay que derrotar en el 2026: LA CORRUPCIÓN (sic)”, escribió la periodista.

La crítica de Dávila se dio en un momento clave, justo cuando se anunció el estreno de un documental sobre la vida y carrera política del presidente Petro, que será lanzado por Rtvc en la noche del domingo 21 de septiembre.

El documental titulado Petro: décadas de lucha. Un pueblo decide, dirigido por el cineasta Sean Mattison, busca ofrecer una mirada detallada a la historia política de Gustavo Petro, desde su participación en la extinta guerrilla del M-19 hasta su ascenso a la Presidencia de la República en 2022.

La producción audiovisual, según los productores, pretende mostrar una perspectiva sobre la compleja dinámica política en Colombia y cómo las luchas y decisiones de Petro lo llevaron a convertirse en el mandatario actual del país; sin embargo, para Vicky Dávila, el lanzamiento de esta producción también refleja lo que considera un intento de ocultar las falencias y contradicciones del Gobierno nacional.

La crítica de la candidata se centra en lo que ella considera una contradicción en la forma en que Petro maneja su imagen pública y la realidad de su gestión gubernamental. Ella resalta que la falta de acción en el PAE es un reflejo de la corrupción y la ineptitud que, según ella, marcó toda la administración del jefe de Estado, teniendo en cuenta que lleva tres años de su periodo.

La Procuraduría General de la República alertó que el Programa de Alimentación Escolar (PAE) enfrenta serios riesgos que podrían derivar en su suspensión o terminación anticipada, lo que afectaría los planes nutricionales de miles de niños y adolescentes que se benefician de los alimentos que les proporciona el Estado por medio del programa.

Esta alerta surge tras la identificación de riesgos de financiación durante las labores de vigilancia que ejerce la entidad en torno a la continuidad y calidad del PAE, situación que se agrava por la falta de articulación y claridad entre las entidades responsables de su operación y sostenimiento.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Frente a las irregularidades, el ente de control convocó a una mesa de diálogo en la que participaron los ministerios de Educación y de Hacienda, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y la Unidad de Alimentos para Aprender (UAPA) con el objetivo de establecer acuerdos e implementar acciones concretas que eviten la interrupción del servicio.

Durante la reunión, la Procuraduría señaló la deficiente articulación entre las entidades encargadas y destacó las fallas en la asunción de la corresponsabilidad que cada una posee frente al programa. En paralelo, la entidad cuestionó la falta de coordinación y la ausencia de acciones concretas por parte de los organismos involucrados, aspectos que aumentan la incertidumbre sobre la permanencia del PAE hasta el final del calendario académico actual.

En la misma línea, la entidad destacó la necesidad de fortalecer los mecanismos de seguimiento, financiamiento y gestión para evitar daños irreparables en la cobertura alimentaria escolar, especialmente en territorios más vulnerables.

A la par, el encuentro giró en torno a los desafíos de cofinanciación que enfrentan las Entidades Territoriales Certificadas (ETC), por lo que el DNP, en su calidad de órgano clave para el flujo de recursos, se comprometió a analizar la opción de acelerar la revisión, aprobación y viabilidad de los proyectos financiados con regalías, los cuales han sido solicitados como fuente alternativa y complementaria para la sostenibilidad del PAE durante el resto del año.

No obstante, desde el ente de control se alertó que son en total 14 las ETC que presentan riesgos de suspensión del programa, debido a la disminución en la asignación de recursos municipales y departamentales para la cofinanciación, o por no haber materializado un aumento efectivo en los aportes, en contravía de lo dispuesto por la Ley 2167 de 2021.

Dicha ley establece la obligación de garantizar la prestación continua del PAE durante todo el calendario académico, por lo que su incumplimiento podría acarrear sanciones y medidas disciplinarias para los funcionarios responsables.

Bajo estos argumentos, el ente de control anunció que el Comité Especial de Seguimiento al Programa de Alimentación Escolar continuará ejerciendo acciones de vigilancia orientadas a individualizar las presuntas faltas cometidas por las entidades territoriales que han reducido su compromiso financiero o que claramente no han cumplido con las obligaciones legales impuestas para proteger el derecho a la alimentación y la permanencia escolar de los menores.

En este sentido, la entidad explicó que estas acciones incluyen la evaluación exhaustiva de las gestiones adelantadas por los responsables y la apertura de procesos disciplinarios en los casos en que se identifiquen omisiones graves y que puedan ser objeto de sanciones a los implicados.

Finalmente, la entidad reiteró su disposición para liderar y acompañar los esfuerzos destinados a salvaguardar el PAE, advirtiendo que mantendrá una estricta vigilancia sobre las gestiones interinstitucionales y sobre el cumplimiento de la normativa vigente.

En ese sentido, la Procuraduría reitera que no permitirá que la negligencia o la desarticulación pongan en riesgo el bienestar y los derechos fundamentales de millones de estudiantes que dependen del servicio.

Durante la alocución presidencial emitida en la noche del martes 2 de septiembre de 2025, el presidente Gustavo Petro denunció el presunto desvío de fondos públicos destinados a la nutrición de estudiantes en instituciones educativas del país.

Una de las regiones que el mandatario elevó sus críticas fue el departamento del Tolima, al considerar que el esquema de corrupción opera a través de la contratación de fundaciones que, lejos de cumplir una función social, actúan como intermediarias para apropiarse de los recursos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Se robaron la comida de los jóvenes y niños en los colegios. Por codicia, corrupción profunda en departamentos y municipios (...) aún tenemos gobernadores y gobernadoras que se quedan con la plata, porque contratan en los colegios unas fundaciones que no tienen función social, sino ganas de quedarse con la plata, que terminan trasladando a las campañas electorales y con la plata de la comida de los niños pobres, compran el voto de los padres de los niños pobres”, expresó el jefe de Estado en la alocución.

Adicional a ello, Petro expresó que esta situación deberá ser analizada por el Ministerio de Educación.

“Hay que apretar, ministro de Educación, porque aquí tiene que haber auditoría. El que haga eso se va para la cárcel. Nosotros no entregamos plata para que en el Tolima se la roben. El amor está en el presupuesto”, comentó.

Asimismo, justificó la reforma tributaria impulsada por su administración, dirigida a personas naturales de altos ingresos, y criticó a quienes “se llevan la plata a los paraísos fiscales”, señalando la inequidad del sistema tributario vigente.

En este sentido, el mandatario ilustró la distorsión fiscal con una comparación: “la secretaria de un banquero paga más impuestos que el banquero y eso no puede ser así”. Con este ejemplo, Petro buscó evidenciar que los trabajadores de menores ingresos terminan aportando proporcionalmente más que quienes cuentan con mayores recursos económicos.

Respuesta de la Gobernación del Tolima

Ante ello, la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, no solo rechazó las declaraciones del mandatario, sino que defendió su gestión frente al Programa de Alimentación Escolar (PAE) para los niños y niñas del departamento.

“Señor presidente, en el Tolima actualmente atendemos a 85.988 niños y niñas con alimentación escolar, llegando a 1.564 sedes educativas, de las cuales 1.400 están en zonas de difícil acceso. Todos los días escolares entregamos 50.184 raciones en el área rural y 35.804 en el área urbana. Eso está soportado y documentado”, escribió la mandataria departamental en su cuenta de X.

La mandataria insistió en que el esfuerzo para mantener el PAE ha sido compartido entre la Nación y el departamento, pero advirtió que la falta de recursos amenaza la continuidad del programa.

“Desde el primero de octubre, las niñas y niños del Tolima se quedarían sin alimentación escolar si no se apropian más recursos. Por eso hemos buscado soluciones conjuntas con el Gobierno Nacional, porque este esfuerzo ha sido compartido entre la Nación y el departamento”, señaló.

Frente a la escogencia de los operadores para el PAE, Matiz recalcó: “La escogencia de los operadores para atender el programa se ha realizado mediante licitación pública, selección apegada a la Ley 80 de 1993 y publicitada en debida forma en la plataforma de Secop2, y no con fundaciones directamente ni con fines políticos, como mal informó al país”.

Adicional a ello, la gobernadora enfatizó que “el PAE se está prestando desde el mes de enero a quienes lo necesitan en el Tolima; nadie se lo ha robado (...) Solicito que su equipo de gobierno, junto al de mi departamento, avance en las salidas a ese reto”.

En la parte final de su pronunciamiento, Matiz hizo un llamado a evitar que el debate sobre el PAE derive en confrontaciones políticas o acusaciones sin fundamento.

“Solicito que este tema sensible no se convierta en un revanchismo mediático-político ni en acusaciones sin fundamento con cálculos electorales. Nadie se ha robado el PAE en el Tolima”, concluyó.

Un cruce de declaraciones se registró este martes 2 de septiembre entre el presidente Gustavo Petro y la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, en torno a la financiación y cobertura del Plan de Alimentación Escolar (PAE).

El pronunciamiento de Toro, a través de su cuenta de X, surgió luego de la alocución televisada del jefe de Estado, en la que presentó los avances de su Gobierno en materia educativa.

Durante su intervención, el presidente señaló que en varios departamentos del país se estarían presentando irregularidades con el manejo de los recursos destinados a la alimentación de los estudiantes.

En su mensaje aseguró que en Tolima el dinero no llegaba a los beneficiarios y sugirió que situaciones similares ocurrían en otras regiones, entre ellas, el Valle del Cauca.

“Se están robando la plata en algunos departamentos. No en todos. Ahí gobernadores que saben lo que eso significa para la niñez y la juventud de su departamento, pero hay otros que son terribles. En el Tolima el dinero que entregamos del PAE no llega a los niños. Creo que pasa lo mismo en otros departamentos, como el Valle del Cauca, y otros. Se puede mirar claramente. Es un crimen. ¿Cómo así que el Gobierno da la plata y no se vuelve comida? ¿A dónde se va la plata, a comprar votos", dijo.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Poco después, la mandataria departamental utilizó su cuenta en la mencionada red social para aclarar el panorama en su departamento.

Toro explicó que el Valle del Cauca asegura cobertura total del programa, beneficiando a más de 111.000 estudiantes en instituciones educativas oficiales de los municipios no certificados.

Según precisó, el Departamento Nacional de Planeación le otorgó la máxima calificación a la ejecución del PAE en esa región.

En su pronunciamiento, la gobernadora también detalló la composición del financiamiento.

De acuerdo con las cifras expuestas, cerca del 76 % de los recursos provienen de la administración departamental, mientras que el aporte de la Nación alcanza aproximadamente un 24 %.

A juicio de Toro, esta inversión ha permitido garantizar continuidad y calidad en la operación del programa en el territorio vallecaucano.

“¿Sabía usted, Presidente, que el Valle del Cauca es el único departamento en el que se garantiza el PAE con cobertura total a 111.123 estudiantes? ¿Sabía usted que la cobertura impacta a los estudiantes de cero a once en todas instituciones de los municipios no certificados en el Valle? ¿Sabía que El PAE en el Valle del Cauca ha sido calificado con 100 sobre 100 por el DNP del Gobierno Nacional?” Si no lo sabía, se lo cuento y de paso, le cuento que el costo de ese programa lo asume en un 76 % el Departamento y los recursos que nos envía la nación son apenas un 24 % del programa, escribió.

El señalamiento de la mandataria fue interpretado como una corrección directa a las afirmaciones del presidente.

En su mensaje insistió en que las cifras son verificables y que la ejecución se realiza con criterios de transparencia.

“Esas son las cifras, señor Presidente, un plan ejecutado con trabajo, cumplimiento y transparencia, infórmese o pídale a sus asesores que le entreguen las cifras antes de señalar sin fundamento. Le pido que respete al Valle del Cauca y que me respete”, concluyó.

La controversia llegó hasta el Consejo de Ministros. El diario El Tiempo informó que el ministro del Interior, Armando Benedetti, leyó en esa instancia el mensaje publicado por Toro y pidió una explicación al ministro de Educación, Daniel Rojas.

Sin embargo, el jefe de esa cartera prefirió desarrollar su presentación sobre el sector sin referirse de inmediato al tema.

Solo al concluir su exposición, Rojas presentó un gráfico en el que se evidenciaba el aumento progresivo de los recursos de la Nación destinados al PAE en los últimos años.

Según dijo, el incremento de la inversión nacional respalda los avances en cobertura de la alimentación escolar.

El intercambio de mensajes entre el presidente Petro y la gobernadora del Valle refleja las tensiones alrededor de la financiación y ejecución del PAE, un programa que resulta fundamental para garantizar la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo y que suele estar en el centro del debate público por su alcance social y la magnitud de los recursos que administra.

Una de las primeras figuras en salir en defensa de la denominada “Ley de Financiamiento” fue la senadora Aida Avella, del Pacto Histórico, que se refirió ante los medios de comunicación argumentando que los recursos recaudados serán para atender las demandas de los colombianos e, incluso, de precandidatos presidenciales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con la congresista, que es una de las figuras más visibles de la izquierda, de no aprobarse la reforma tributaria, el Gobierno nacional no podría cubrir las necesidades de las comunidades de cada uno de los departamentos del país.

Según Avella, una de las demandas más comunes corresponde al fortalecimiento de las medidas de seguridad ante la ola de inseguridad en las regiones y los hechos de violencia que han afectado a congresistas y precandidatos presidenciales que ejercen oposición a las políticas impulsadas por el presidente Gustavo Petro.

El Ministerio de Defensa tiene un déficit superior a los $500.000 millones, mientras que en la Unidad Nacional de Protección (UNP) reposan más de 25.000 solicitudes por esquemas de seguridad para facilitar el ejercicio político.

“Es que si no hay ley de financiamiento, no podemos asegurar todo lo que están pidiendo en cada una de las comunidades de los departamentos, que piden seguridad, que piden más policía, que piden más ejército, pero el Ministerio de Defensa tiene un déficit de más de medio billón de pesos. La UNP tiene 25.000 demandas para escoltas y para tener todo lo que se necesita para cubrir la gente”, explicó la senadora.

En la misma línea, la congresista señaló que son más de 100 precandidatos presidenciales que han solicitado medidas de protección para su ejercicio político, ante lo cual sale a relucir la falta de un billón de pesos para cubrir dichas solicitudes, sumadas a los programas sociales que impulsa el Gobierno.

Según la senadora, desde la Administración gubernamental esperan que la nueva reforma tributaria sea aprobada, dado que, en caso contrario, sería “imposible” cubrir las necesidades de los precandidatos y de las comunidades beneficiarias de los programas sociales.

“Tenemos ciento dos candidatos presidenciales que piden, eh, pues, escoltas y demás para poder hacer su labor. Y eso nos ha dicho el jefe la semana pasada de las últimas, eh, sesiones de las comisiones económicas. Hay un déficit de un billón y un poquito más. Y si esa plata no llega, pues es realmente imposible cubrir semejantes condiciones”, declaró la congresista.

Qué propone la reforma tributaria

El proyecto radicado por el Ejecutivo busca recaudar $26 billones con el objetivo principal de “consolidar la estabilidad macroeconómica del país durante el próximo gobierno”, según palabras del ministro de Hacienda durante el acto de radicación de la iniciativa gubernamental.

El proyecto de ley, según explicó el jefe de la cartera, no solo responde a las necesidades de financiamiento para el año 2026, sino que también busca asegurar la estabilidad fiscal y macroeconómica a mediano plazo, independientemente del resultado de las próximas elecciones presidenciales. No obstante, Ávila manifestó su deseo de que el próximo gobierno continúe la agenda de transformación impulsada por el presidente Gustavo Petro.

Entre los puntos centrales de la reforma, citados por El Tiempo, destaca el fortalecimiento de la progresividad en los impuestos sobre renta y patrimonio, lo que implicaría que los contribuyentes con mayores ingresos y bienes asumirán una carga tributaria más elevada. Además, se contempla una revisión del impuesto al consumo, con especial atención a los llamados impuestos saludables, que desde 2023 gravan productos como bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados.

Realizar una pasantía puede marcar un antes y un después en la vida de muchos estudiantes universitarios. El paso desde la teoría estudiada en el aula a la práctica profesional abre nuevas perspectivas y brinda contacto directo con equipos de trabajo, proyectos y desafíos presentes en las organizaciones.

En este contexto, Pan American Energy (PAE) presentó la nueva edición de su programa de pasantías nacionales y seleccionará a más de 50 estudiantes de universidades públicas y privadas de la Argentina. La iniciativa ofrece una primera experiencia laboral en un entorno orientado al aprendizaje y al desarrollo de habilidades asociadas a disciplinas estratégicas en una industria que representa uno de los motores de crecimiento del país.

En cuanto a las carreras contempladas, el programa se orienta a los estudiantes que estén cursando a partir del tercer año de Ingeniería, Geociencias, Ciencias Económicas, Ciencias Ambientales, Ciencias de Datos, Abogacía, Comunicación, Marketing, Recursos Humanos, Sistemas de la Información, Seguridad e Higiene, Psicología y otras áreas afines.

Condiciones, requisitos y proceso de postulación

La propuesta está dirigida a estudiantes universitarios que residan en Buenos Aires, Comodoro Rivadavia, Neuquén y Campana, localidades donde la empresa desarrolla operaciones. Los interesados en postularse pueden completar el formulario de inscripción a través de sitio web oficial del programa hasta el 19 de septiembre

El programa comenzará en noviembre de este año y tendrá una duración de 6 meses con la posibilidad de prorrogarlo hasta alcanzar un máximo de 18 meses.

Impacto social, acompañamiento y alcance del programa

Desde 2019, más de 260 estudiantes participaron de esta propuesta que representa una vía directa desde la universidad hacia una primera experiencia profesional concreta. Cada año, el programa facilita la formación y el desarrollo de las personas que buscan aplicar en el terreno los conocimientos adquiridos durante sus estudios.

Por otra parte, el objetivo fundamental consiste en establecer un puente entre el ámbito académico y la actividad profesional a través de vínculos con universidades de distintos puntos del país. Al participar, los estudiantes acceden a herramientas prácticas, espacios de trabajo colaborativo y la posibilidad de integrarse a equipos en ambientes organizacionales actuales.

Uno de los aspectos destacados radica en las alianzas por la inclusión. En esta edición, PAE renueva su vínculo con la ONG BisBlick, organización que asiste a jóvenes de contextos vulnerables que desean ser los primeros profesionales en sus familias. Gracias a este convenio, cinco jóvenes de esta organización acceden al programa para enriquecer la diversidad de los grupos.

Pan American Energy ofrece tutoría continua, espacios de intercambio, aprendizaje y el respaldo de profesionales de cada área interna. Los pasantes asumen tareas reales en proyectos relevantes, aplican conceptos teóricos y suman nuevas herramientas directamente vinculadas a su desarrollo profesional.

“Buscamos promover el talento de los jóvenes y el desarrollo de las comunidades donde vivimos. Cada nueva edición es una oportunidad para generar experiencias transformadoras y abrir puertas al entorno laboral a estudiantes de todo el país”, expresa Victoria Traverso, gerente Corporativa de Atracción, Aprendizaje y Desarrollo de Talento de Pan American Energy.

La propuesta representa una vía concreta para acceder a primeras experiencias laborales, impulsar la inserción en espacios de desarrollo y brindar a estudiantes de todo el país las herramientas necesarias para afrontar los desafíos del presente y del futuro.

La Procuraduría General de la Nación confirmó, en un fallo de segunda instancia, la suspensión del exalcalde de Cartagena William Jorge Dau Chamatt por un periodo de nueve meses como medida disciplinaria debido a irregularidades en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE) durante el primer semestre de 2020.

La decisión se registró porque en ese periodo el PAE no se ejecutó en Cartagena dentro de los plazos establecidos por la ley, sino que inició con cuatro meses de retraso, es decir, debía comenzar el 27 de enero, pero arrancó a prestar el servicio a los estudiantes de colegios oficiales de esa ciudad el 11 de mayo.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

De acuerdo con el ente de control, el retraso en la ejecución del programa afectó notablemente el desarrollo de las actividades escolares de los menores de edad que, en 2020, tuvieron que adaptarse a las dinámicas de virtualidad ante la llegada de la pandemia por covid-19 al país, lo que agravó aún más la situación dado que muchos de los beneficiarios del PAE eran estudiantes en condiciones de vulnerabilidad.

Asimismo, la entidad precisó que la no prestación del servicio dentro de los plazos establecidos profundizó las condiciones de vulnerabilidad de los menores por cuenta de que buena parte de estos dependían de los alimentos que les eran proveídos por la administración de la ciudad, lo que terminó por afectar su bienestar, nutrición y por consiguiente su desarrollo.

Con base en estos motivos, el Ministerio Público argumentó que Dau Chamatt, en su calidad de alcalde del Distrito de Cartagena para el periodo 2020-2023, tenía la responsabilidad de asegurar que los niños, niñas y adolescentes de las instituciones educativas oficiales recibieran a tiempo la alimentación suministrada por el PAE.

En la misma línea, explicó que el retraso en la prestación del servicio fue considerado una falta disciplinaria, dado que impactó negativamente en la calidad de vida y el acceso a derechos fundamentales de la población escolar vulnerable, dentro de un contexto de emergencia que agudizó las condiciones de vulnerabilidad de los menores.

La sanción en contra del exmandatario cartagenero había sido impuesta en primera instancia por la entidad, que tradujo su decisión en una multa equivalente a los salarios devengados por Dau durante el periodo al que hace referencia el fallo. La cifra asciende a $112 millones y fue ratificada por la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular de la entidad de control.

El exmandatario apeló la decisión inicial y señaló dificultades logísticas y la complejidad del entorno generado por la crisis sanitaria. Frente a estos argumentos, la entidad argumentó que si bien la pandemia fue un contexto de incertidumbre para todo el país, existían rutas y mecanismos que permitían implementar el servicio, como lo hicieron otros entes territoriales durante el mismo periodo.

A su vez, la Procuraduría consideró que la Administración distrital debió prever alternativas para garantizar la continuidad del programa desde el inicio del calendario escolar, por lo que calificó la conducta de Dau Chamatt como “omisiva” y destacó que dio lugar a negligencia administrativa.

El caso del exalcalde de Cartagena vuelve a reiterar la importancia del PAE para el desarrollo de los menores en etapa escolar, lo que según la entidad, requiere una gestión eficiente, transparente y comprometida para evitar vulneraciones que puedan afectar el derecho fundamental a la alimentación de los estudiantes en condiciones de vulnerabilidad.

La medida de suspensión y la sanción económica impuesta a Dau Chamatt ahora quedan oficialmente confirmadas, destacando que la responsabilidad disciplinaria de los funcionarios públicos es indelegable, especialmente en situaciones que afectan derechos fundamentales de la ciudadanía.

La Contraloría General de la Nación advirtió que el Plan de Alimentación Escolar (PAE) enfrenta un déficit que pondría en riesgo la continuidad del programa en todo el país.

Según el ente de control, el faltante en el PAE alcanzaría los 500 mil millones de pesos, cifra que comprometería la entrega de raciones a más de 3 millones de estudiantes que dependen de este servicio en sus instituciones educativas.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

La alerta generó preocupación entre las familias y autoridades locales, ya que el PAE se ha convertido en un apoyo fundamental para garantizar la permanencia escolar de niños, niñas y adolescentes en Colombia.

Ante esta situación, la W Radio entrevistó el 26 de agosto al director de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar (UApA), Sebastián Rivera, quien entregó explicaciones sobre el manejo del programa y la búsqueda de alternativas para cubrir el déficit.

El funcionario aseguró que el Gobierno tenía conocimiento del riesgo financiero y que la alerta de la Contraloría coincidía con advertencias previas hechas por la misma administración. “Después de una reunión realizada en Buenaventura se solicitó ayuda a la Contraloría y así hallar una solución”, señaló Rivera en diálogo con W Sin Carreta.

El director de la UApA explicó que la responsabilidad del programa no recae únicamente en el Gobierno central, ya que se trata de una estrategia de carácter conjunto en la que participan tanto la Nación como las entidades territoriales.

Precisó que mientras el Ejecutivo destina recursos para la financiación global, son los departamentos y municipios quienes definen los estudios de cobertura y adelantan los procesos de contratación de los operadores encargados de entregar la alimentación.

La Contraloría había advertido que, sin una solución inmediata, los recursos disponibles no alcanzarían para finalizar el calendario escolar de 2025, lo que dejaría sin raciones alimenticias a millones de menores en colegios oficiales. Rivera respondió que se está trabajando en conjunto con los entes de control para encontrar salidas que permitan asegurar el servicio.

El jefe de la entidad destacó la importancia de la corresponsabilidad de los mandatarios locales y regionales en el uso adecuado de los dineros destinados al programa. “Este programa cuesta 5.2 billones de pesos, se hace un llamado a las entidades a que hagan un uso correcto de los recursos”, enfatizó Rivera en declaraciones recogidas por W Radio.

El déficit detectado ha puesto sobre la mesa la necesidad de revisar la planeación financiera del PAE y de fortalecer los mecanismos de control y seguimiento. En reiteradas ocasiones, los organismos de vigilancia han señalado dificultades en la contratación de operadores y en la calidad de los alimentos entregados, lo que refleja la urgencia de ajustes estructurales.

El Plan de Alimentación Escolar, creado para contribuir a la permanencia educativa y mejorar las condiciones nutricionales de los estudiantes de menores recursos, atiende a millones de beneficiarios en todas las regiones del país. La suspensión de este servicio tendría un impacto significativo, no solo en la asistencia a clases, sino también en la seguridad alimentaria de los hogares más vulnerables.

Rivera explicó que la UApA ha venido gestionando encuentros con autoridades locales para revisar la ejecución del presupuesto y promover buenas prácticas en la contratación. También se han planteado ajustes normativos para fortalecer la transparencia en los procesos de adjudicación de contratos.

La situación actual del PAE refleja, además, la dificultad que enfrentan algunos entes territoriales para garantizar la cobertura total de la población escolar. En varios departamentos se han registrado retrasos en los pagos a los operadores, lo que genera interrupciones en la prestación del servicio y afecta directamente a los beneficiarios.

El director de la UApA insistió en que el Gobierno trabaja para evitar que los estudiantes se queden sin alimentación escolar. Subrayó que, aunque el déficit es considerable, se están evaluando diferentes opciones para asegurar los recursos faltantes y mantener la operación del programa durante el año en curso.

Las declaraciones de Rivera se dan en medio de un debate nacional sobre la financiación del PAE, que ha sido objeto de controversias desde su creación. La Contraloría ha documentado irregularidades en contratos y sobrecostos en diferentes regiones, lo que ha llevado a la apertura de investigaciones administrativas y disciplinarias.

La Gobernación de Santander calificó de “falsas y malintencionadas” las recientes acusaciones que circularon en redes sociales sobre supuestas irregularidades en la gestión del Programa de Alimentación Escolar (PAE) y de la Empresa Santandereana de Licores (ESL).

Sobre el PAE, el despacho administrativo desestimó una serie de versiones que circularon en redes sociales y medios digitales las cuales advertían un presunto sobrecosto del 175% en el presupuesto destinado a la compra del agua dentro del plan.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En ese sentido, la Gobernación destacó que ha gestionado aumentos presupuestales del PAE, lo que según el despacho ha permitido ampliar la cobertura, mejorar la calidad y asegurar la permanencia escolar en los municipios no certificados de Santander. Este dato fue presentado por la Gobernación como evidencia del compromiso de la administración con el bienestar estudiantil y la gestión eficiente de los recursos públicos.

La postura institucional, difundida a través de la oficina de prensa de la Gobernación, enfatiza que tanto el PAE como la ESL se encuentran bajo la supervisión de los organismos de control y que toda la información relevante sobre su gestión está disponible en línea para consulta pública.

“Cada contrato, cada decisión y cada peso invertido están publicados en el SECOP y están sometidos al control fiscal y ciudadano. Nada se esconde: todo está a la vista”, subrayó la Gobernación en la comunicación escrita.

Rechazo de presunto desvío de recursos en la Empresa de Licores

En relación con la Empresa Santandereana de Licores, el comunicado sostiene que la entidad mantiene una situación financiera sólida y cumple con su función de generar recursos que benefician al departamento. La administración departamental desestimó las versiones que apuntan a presuntas dificultades económicas o de gestión relacionadas con presunta contratación irregular y desvío de recursos, asegurando que tales afirmaciones no se corresponden con la realidad.

La administración departamental también anunció que facilitará a los organismos de control toda la información que estos requieran, con el objetivo de mantener la transparencia como uno de los pilares de su gestión. El mensaje institucional remarcó que “la verdad siempre se impondrá sobre la mentira”.

El comunicado concluyó reiterando el compromiso del gobierno departamental con la transparencia y la responsabilidad administrativa, al afirmar que la ESL es un “ejemplo de transparencia y desarrollo institucional” y que el PAE garantizará “alimentación digna y permanencia escolar para nuestros estudiantes”.

La Gobernación de Santander instó a la ciudadanía a informarse a través de canales oficiales y reafirmó su determinación de enfrentar las informaciones infundadas que circulan en distintas plataformas.

Inversión del PAE en Colombia pasó de $1,93 a $2,47 billones

La Unidad de Alimentos para Aprender (UApA) detalló que el Programa de Alimentación Escolar (PAE) se ha consolidado como un instrumento esencial para combatir la desnutrición y favorecer la permanencia educativa. Entre 2022 y 2025, la inversión nacional destinada al PAE alcanzó los $2,47 billones, lo que representa un incremento del 28% en pesos constantes respecto a 2020 y supera ampliamente los $1,93 billones invertidos en periodos anteriores.

“Logramos que haya comida caliente; ahora los niños y niñas se alimentan mejor, incluso los sábados y domingos. Garantizamos que, al regresar al colegio, la niñez cuente con un respaldo institucional sólido en términos de nutrición”, aseguró el presidente Gustavo Petro durante un consejo de ministros en junio de 2025.

Además, anunció la gestión de una reunión con el director del Fomag para revisar el modelo preventivo de salud escolar, con la intención de que los recursos existentes beneficien tanto a maestros como a estudiantes.

La cobertura del programa también experimentó una expansión significativa, superando el 90% en zonas históricamente excluidas. Este avance responde a la directriz del Gobierno nacional de priorizar la alimentación escolar como pilar de la agenda social, con el objetivo de garantizar que ningún niño o adolescente quede fuera del sistema educativo por falta de acceso a una nutrición adecuada.

La Corte Constitucional volvió a pronunciarse sobre la situación de la niñez en la comunidad indígena wayuu y el derecho fundamental a la alimentación, al declarar que el nivel de cumplimiento de las órdenes emitidas desde 2017 continúa siendo bajo. El alto tribunal, a través de la Sala de Seguimiento Especial, advirtió que las acciones emprendidas por el Estado no se corresponden con los elementos centrales del mandato judicial que ordenó medidas estructurales para atender la grave crisis de desnutrición infantil en La Guajira.

En el año en mención, mediante la Sentencia T-302, la Corte Constitucional declaró un estado de cosas inconstitucional debido a la alta mortalidad infantil por desnutrición y enfermedades asociadas en comunidades wayuu. Como parte de esa decisión, el tribunal emitió órdenes basadas en ocho objetivos, entre los cuales se incluyó el de “mejorar la efectividad de los programas para garantizar la seguridad alimentaria”; desde entonces, la Sala de Seguimiento evalúa periódicamente el avance de estas medidas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

En el Auto 1179 de 2025, con ponencia del magistrado José Fernando Reyes, se señaló que el cumplimiento del objetivo de mejorar la efectividad y cobertura de los programas de seguridad alimentaria sigue en nivel bajo. El documento afirma: “La Sala valoró el objetivo constitucional mínimo segundo, que exige ‘mejorar la efectividad de los programas de atención alimentaria y aumentar la cobertura de los de seguridad alimentaria’, en el grado de cumplimiento bajo”.

El tribunal explicó que las medidas adoptadas no permitieron una mejora significativa en la efectividad de los programas, debido a fallas en la formulación de políticas públicas, inconsistencias en la información presupuestal, baja eficiencia en la implementación y deficiencias en el reporte de resultados.

Además, el auto establece que, respecto a la seguridad alimentaria, persiste la falta de garantía de una alimentación sostenible y soberana para la niñez wayuu. Se resaltó que aún existe un desequilibrio entre los proyectos formulados desde el Gobierno central en Bogotá y aquellos ejecutados a nivel local en los municipios.

La Corte precisó: “No existe un plan estructural dirigido a superar el asistencialismo, y la ausencia de la Encuesta Nacional de Situación Nutricional y de un Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional actualizado comprueban que no se ha conseguido un aumento constante en la cobertura de los programas”.

La Corte Constitucional identificó bloqueos institucionales

El alto tribunal evidenció cuatro bloqueos principales que impiden avances de fondo:

1. Ausencia de acciones dirigidas a resolver problemas estructurales.
2. Dificultades en la recopilación y reporte de información.
3. Carencia de una línea base y de indicadores expresados en términos de goce efectivo de derechos.
4. Falta de transparencia y sostenibilidad en las acciones implementadas.

Estos elementos, según la Corte, demuestran que los esfuerzos actuales no se ajustan a los parámetros judiciales establecidos para atender la emergencia humanitaria en La Guajira.

Ante la situación, la Corte dispuso que el Comité Técnico del Derecho Humano a la Alimentación y Desarrollo de Capacidades Productivas presente un Plan Estructural en materia de alimentación, junto con un informe que explique las inconsistencias detectadas en los programas vigentes. También ordenó adoptar acciones inmediatas en Riohacha para atender a las comunidades que aún no tienen acceso al Programa de Alimentación Escolar (PAE).

El auto indica: “Para remediarlos, se dispuso que el Comité Técnico del Derecho Humano a la Alimentación y Desarrollo de Capacidades Productivas presente un Plan Estructural en materia de alimentación y un informe que explique las inconsistencias detectadas en los programas existentes. Además, la toma de acciones inmediatas en el distrito de Riohacha para remediar la situación de comunidades sin acceso al PAE”.

Asimismo, se solicitó el acompañamiento de los órganos de control para garantizar la transparencia y la correcta ejecución de los recursos públicos destinados a la niñez wayuu.

Con estas conclusiones, la Corte Constitucional reitera que el cumplimiento de las órdenes de 2017 continúa siendo insuficiente, y que las iniciativas estatales no han logrado satisfacer las condiciones mínimas exigidas por el mandato judicial.

El Gobierno oficializó el lanzamiento del Programa de Alimentación Escolar (PAE), que tomará el lugar de Wasi Mikuna y busca garantizar que los estudiantes reciban alimentos seguros y nutritivos durante el año escolar. La iniciativa pretende llegar a millones de escolares de educación inicial, primaria y secundaria, incluyendo zonas rurales y amazónicas.

El nuevo PAE incorpora un sistema de alerta que identificará productos con posibles riesgos para la salud, fortaleciendo los controles de calidad en toda la cadena de distribución. La medida responde a la necesidad de mejorar la seguridad alimentaria y asegurar que los alimentos proporcionados contribuyan al aprendizaje y desarrollo de los niños.

Cobertura y estudiantes beneficiados

El Programa de Alimentación Escolar atenderá a 4,2 millones de estudiantes a nivel nacional, incluyendo regiones con dificultades de acceso. Se priorizarán zonas con alta vulnerabilidad, así como escuelas rurales y amazónicas, donde los niños dependen en gran medida de los programas de alimentación escolar para recibir nutrientes esenciales.

La implementación busca asegurar equidad en la distribución de los alimentos, garantizando que todos los estudiantes, sin importar su ubicación, puedan acceder a menús balanceados. La coordinación entre el Ministerio de Educación y los gobiernos locales será clave para que los recursos lleguen a cada institución sin retrasos ni irregularidades.

Sistema de alerta para alimentos inseguros

Una de las principales innovaciones del PAE es la activación de un sistema de alerta que identificará productos que puedan representar un riesgo para la salud. Este mecanismo permitirá a las autoridades supervisar en tiempo real los alimentos distribuidos en los colegios y garantizar su calidad antes de que lleguen a los estudiantes.

El sistema contempla controles desde la adquisición hasta la entrega final en los centros educativos. Se implementarán protocolos de acción rápida ante la detección de alimentos no aptos para el consumo, evitando cualquier riesgo de intoxicación. Además, se espera que esta medida fortalezca la confianza de padres y docentes en el programa, al demostrar que la seguridad alimentaria es prioritaria.

Nutrición y calidad de los alimentos

El PAE ofrecerá menús diseñados para cubrir las necesidades nutricionales de los estudiantes, con un enfoque en el desarrollo físico e intelectual. Se priorizarán productos locales y de temporada, fomentando la economía regional y asegurando que los alimentos sean frescos y de calidad.

Se incluirán capacitaciones para los responsables de la preparación de los alimentos, centradas en higiene, conservación y manipulación segura. Los menús estarán supervisados por especialistas en nutrición y salud, garantizando que los estudiantes reciban raciones equilibradas, con la cantidad adecuada de proteínas, carbohidratos, vitaminas y minerales.

Implementación y seguimiento del PAE

El Ministerio de Educación liderará la ejecución del PAE, coordinando con gobiernos regionales y locales para asegurar el cumplimiento de los lineamientos. Se prevé la elaboración de informes periódicos que permitan evaluar la eficacia del programa y ajustar procesos en función de las necesidades de cada zona.

La participación de padres y docentes será fundamental para el seguimiento del programa. Se habilitarán canales de comunicación que informen sobre los menús, protocolos de seguridad y medidas adoptadas ante cualquier incidencia. Esta transparencia permitirá mantener un control más riguroso y generar confianza en la comunidad educativa.

Impacto esperado y sostenibilidad

Se estima que el nuevo PAE no solo mejorará la nutrición de millones de estudiantes, sino que también tendrá un efecto positivo en el aprendizaje y la asistencia escolar. Al recibir alimentos seguros y balanceados, los escolares podrán concentrarse mejor y desarrollar habilidades cognitivas más sólidas.

Además, el enfoque en productos locales y sostenibles busca apoyar a los pequeños productores y reducir la huella ambiental del programa. La combinación de nutrición, seguridad alimentaria y sostenibilidad convierte al PAE en una iniciativa integral que apunta a mejorar la calidad de vida de los estudiantes y fortalecer la educación pública en todo el país.

El desarrollo del GNL representa una oportunidad concreta para aumentar la producción local de shale y, a su vez, revertir los históricos problemas de escasez de divisas, acceso restringido a financiamiento internacional y crecimiento económico estancado desde hace catorce años.

El consorcio Southern Energy (SESA), integrado por Pan American Energy, YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG, confirmó esta semana la decisión final de invertir en el segundo buque de licuefacción, “MK II”, en Río Negro. Este anuncio se suma al del buque “Hilli Episeyo”, conformando una inversión superior a USD 15.000 millones durante los 20 años de operación de ambas plantas flotantes.

Ambos barcos, propiedad de la empresa noruega Golar, tendrán una capacidad conjunta para producir 6 millones de toneladas por año (MTPA) de GNL, equivalentes a casi 27 millones de metros cúbicos diarios de gas natural para exportaciones. Según el presidente de YPF, Horacio Marín, estos buques conforman la fase I del proyecto “Argentina LNG”.

La primera planta flotante operará desde el último cuatrimestre de 2027 y el segundo buque se sumará a finales de 2028. Aunque el valor de las exportaciones dependerá del precio internacional, se estima que la Argentina podría superar los USD 20.000 millones en ventas entre el inicio de las operaciones y 2035, convirtiendo al GNL en una fuente relevante de ingreso de divisas. El consorcio prevé la generación de 1.900 puestos de trabajo directos e indirectos durante la construcción.

La consolidación de esta etapa exige infraestructura y financiamiento de una magnitud sin precedentes. Southern Energy planea construir un gasoducto de 36 pulgadas dedicado a abastecer al MK II y al Hilli Episeyo, que usará inicialmente la capacidad remanente del Gasoducto San Martín. Las alternativas en estudio incluyen la ejecución del ducto por parte de un “midstreamer” que cobraría tarifa de peaje, o bien, una licitación directa. La definición de este aspecto se tomará antes de fin de año, y la financiación combinará aportes de capital de los socios con crédito internacional, lo que podría implicar mayores ingresos de divisas.

El proyecto no se limita a la primera fase. YPF lidera, junto a otras compañías globales, dos etapas adicionales. El “Argentina LNG 2”, en alianza con Shell, contempla producir desde 2029 con dos buques en Río Negro, aportando 12 MTPA de GNL. El “Argentina LNG 3”, junto a la italiana ENI, prevé, desde 2028, otros dos buques con igual capacidad. Para ambas fases, YPF proyecta la construcción de un mega gasoducto de 48 pulgadas, que sería el mayor de la región y cuya licitación está prevista como máximo para mediados del próximo año.

De acuerdo con Wood Mackenzie, Vaca Muerta representa el mayor emprendimiento de hidrocarburos no convencionales fuera de Norteamérica y se distingue por la continua expansión de su capacidad exportadora y productiva. En tanto, Rystad Energy prevé que estos desarrollos de FLNG alcanzarán su máxima capacidad hacia fines de la década de 2030.

YPF lidera la concreción del proyecto Argentina LNG, que busca monetizar los recursos de gas de Vaca Muerta y convertir al país en un exportador energético confiable a nivel mundial, con el objetivo de generar exportaciones por más de 30.000 millones de dólares para 2030.

El marco político y regulatorio local también influyó en el posicionamiento del país para estos flujos de inversión. El Gobierno argentino impulsó en el último año y medio medidas de flexibilización cambiaria y eliminación de restricciones al ingreso de capital extranjero, además de promover incentivos sectoriales enfocados en proyectos de alta tecnología, recursos críticos y desarrollos energéticos, como fue el caso del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Southern Energy (SESA), integrada por Pan American Energy, YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG, confirmó hoy la decisión final de inversión para la incorporación del segundo barco de licuefacción, denominado “MK II”, en la provincia de Río Negro. Este movimiento se suma al ya anunciado buque “Hilli Episeyo”, consolidando una inversión total que superará los USD 15.000 millones durante los 20 años de operación de ambas plantas flotantes.

Este avance marca un hito en el desarrollo del proyecto destinado a producir gas natural licuado (GNL) en la Argentina utilizando caudales provenientes de Vaca Muerta, con el objetivo de posicionar al país como proveedor mundial de este combustible. El consorcio informó que “SESA generará exportaciones totales que podrían alcanzar los USD 20.000 millones entre 2027 y 2035 y creará 1.900 puestos de trabajo directos e indirectos durante la etapa de construcción”.

La compañía firmó la decisión final de inversión (FID, por sus siglas en inglés) para el segundo buque flotante de licuefacción (FLNG), que operará junto al Hilli Episeyo. Ambos buques tendrán una capacidad conjunta de producción de seis millones de toneladas anuales de GNL, lo que equivale a casi 27 millones de metros cúbicos diarios de gas natural destinados a exportación. “Los dos barcos de licuefacción serán operados por SESA, permitiendo generar sinergias en el desarrollo y operación del proyecto”, destacó la empresa en un comunicado.

El esquema de inversión se distribuye en dos etapas: la primera (2024-2031) prevé desembolsos superiores a USD 3.200 millones, y la segunda (2032-2035) casi USD 2.800 millones. Así, la inversión total estimada para ambas fases ronda los USD 6.000 millones. “Durante los 20 años de vida útil del proyecto, la inversión total superará los USD 15.000 millones en toda la cadena de valor, habilitando nuevas inversiones en Vaca Muerta y mayor actividad en el upstream”, señalaron los socios.

Las características del plan permiten un rápido acceso al mercado mundial de GNL: la primera planta flotante de licuefacción comenzará a operar en el último cuatrimestre de 2027 y el segundo buque se incorporará a fines de 2028. Aunque el valor de las exportaciones dependerá de la evolución de los precios internacionales del GNL, se estima superar los USD 20.000 millones entre el inicio de las operaciones y 2035, constituyendo una fuente genuina de divisas para la Argentina.

Detalles sobre los buques de licuefacción

Tanto el “Hilli Episeyo” como el “MK II” son propiedad de Golar LNG, empresa noruega dedicada al diseño, reconversión, propiedad y operación de infraestructura marítima para convertir gas natural en GNL. El Hilli Episeyo posee una capacidad de 2,4 millones de toneladas anuales de GNL, equivalente a 11,5 millones de metros cúbicos diarios de gas natural. Con una longitud cercana a los 300 metros, el buque fue construido en 1975 y modificado para procesar gas en 2017. Actualmente opera en Camerún y se prevé su llegada a Río Negro en 2027.

El MK II, habilitado inicialmente en 2004 como buque metanero, se encuentra adaptándose en un astillero de China, con llegada estimada a la Argentina en 2028. Este barco, de casi 400 metros de eslora, tendrá una capacidad de 3,5 millones de toneladas anuales de GNL, equivalente a casi 16 millones de metros cúbicos diarios de gas natural.

El proyecto contempla que ambas terminales flotantes puedan operar todo el año a partir de 2028, lo que requerirá infraestructura de transporte adecuada. Las empresas evalúan la construcción de un gasoducto de 48 pulgadas, con capacidad para transportar hasta 50 millones de metros cúbicos diarios, que sería el mayor de la región, tal como anticipó Infobae.

Con la aprobación de la FID para el segundo buque, Southern Energy, cuya composición accionaria es de Pan American Energy (30%), YPF (25%), Pampa Energía (20%), Harbour Energy (15%) y Golar LNG (10%), completa la primera fase del plan “Argentina LNG”, orientado a posicionar al país como exportador de GNL en sucesivas etapas.

En las siguientes fases, denominadas “Argentina LNG 2” (YPF-Shell) y “Argentina LNG 3” (YPF-ENI), el proyecto prevé la incorporación de socios estratégicos internacionales, consolidando el perfil exportador de la Argentina en el mercado global de gas natural licuado.

La Contraloría General de la República reveló hallazgos fiscales por $8.879 millones en la infraestructura educativa del municipio de Sopetrán, Antioquia, y la ejecución del Programa de Alimentación Escalar (PAE).

El informe divulgado involucra las obras inconclusas de un megacolegio, así como presuntas irregularidades en el PAE, que afectan a menores de tres municipios. Estas situaciones forman parte de las conclusiones presentadas tras una auditoría que el ente de control adelantó sobre los recursos públicos invertidos en el sector educativo en Antioquia.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

De acuerdo con la entidad, el megacolegio debía beneficiar a cerca de 960 estudiantes. No obstante, la construcción permanece inconclusa y no ha prestado el servicio educativo para el cual fue financiada.

El informe detalló que el contrato, suscrito en 2017, no logró concretar la terminación del plantel debido a múltiples incumplimientos del contratista y ausencia de control efectivo por parte de las autoridades competentes, por lo que fue suspendido y presenta abandono desde 2020.

La revisión de la Contraloría no solo evidencia problemas físicos en la edificación, sino también anomalías administrativas que comprometen a las entidades territoriales y al contratista, como la modificación de contratos; prórrogas sin suficiente sustento técnico; falta de seguimiento y ausencia de acciones oportunas para exigir el cumplimiento de las obligaciones.

Paralelamente, el proyecto de infraestructura educativa nunca tuvo un diagnóstico técnico adecuado ni un plan de ejecución claro. A esto se le sumó la improvisación y escasa planeación.

“Como resultado de esta auditoría se evidenció que la construcción del megacolegio para la integración de la Institución Educativa José María Villa, sede principal y la sede Marco Fidel Suárez del Municipio de Sopetrán, se encuentra sin terminar y no está prestando servicio alguno a la comunidad educativa del municipio, presentando deterioro por el transcurrir del tiempo y está siendo objeto de vandalismo y hurtos”, explicó la Contraloría a través de un comunicado.

La situación en Sopetrán se replica, en parte, en otros municipios de Antioquia, donde el organismo evidenció retrasos, sobrecostos y deficiencias en la gestión de recursos destinados a la educación. Una de las preocupaciones recurrentes en la auditoría tiene que ver con la operación del PAE. Según el ente de control, varias instituciones educativas experimentaron interrupciones en la prestación del servicio, entregas incompletas y calidad insuficiente de los alimentos suministrados a los estudiantes.

La entidad detalló que en los municipios de Cáceres, San Pedro de Urabá y Urrao, la ejecución del PAE se inició posterior a la fecha de ingreso a clase de los menores, lo que afectó la permanencia en el servicio educativo, así como el acceso de niños, niñas y adolescentes en condición de vulnerabilidad a una alimentación de calidad.

Según el documento, el PAE en Antioquia sigue presentando dificultades a causa de los criterios de contratación que son incumplidos por los operadores. Sumado a esto, se detalló que existen casos de raciones que no cumplen el valor nutricional mínimo o, en ocasiones, ni siquiera llegan a los colegios.

Frente a estos hallazgos, la Contraloría determinó iniciar procesos de responsabilidad fiscal contra los funcionarios y contratistas implicados en la ejecución de los proyectos. La entidad espera recuperar los recursos invertidos en las obras inconclusas y adoptar correctivos que prevengan hechos similares en el futuro.

En ese sentido, el organismo instó a la Gobernación de Antioquia y a las alcaldías municipales a fortalecer sus mecanismos de vigilancia y control sobre los contratos, además de exigir reparaciones a los responsables de las anomalías.

Pese a las acciones adelantadas por el ente de control, las repercusiones se extienden más allá del manejo administrativo, dado que afectan el acceso, la calidad y la permanencia de los estudiantes en el sistema escolar.

Las irregularidades detectadas en la auditoría refuerzan la necesidad de implementar medidas de transparencia, rendición de cuentas y seguimiento permanente a los recursos públicos destinados al sector educativo.

La Contraloría concluyó que continuará con las indagaciones para establecer la totalidad de los recursos comprometidos y garantizar que se repare el daño causado a la administración pública.

Un estudio de Boston Consulting Group (BCG), una consultora internacional, estimó que la recuperación terciaria de petróleo puede optimizar la producción y generar a las compañías petroleras entre 3 y 4 veces más de Ebitda (utilidades antes de impuestos, intereses y amortizaciones) que medidas de reducción de costos.

Si bien el estudio cita “regiones maduras” como el Mar del Norte, señaló Leonardo De Lella, managing director de BCG en la Argentina, “sus conclusiones son aplicables al caso argentino, en particular a las cuencas convencionales como el Golfo San Jorge, con décadas de historia productiva, que disponen de infraestructura ya existente y un grado de conocimiento del subsuelo que hacen posible desplegar iniciativa de optimización de alto impacto”.

Áreas como las recientemente transferidas por YPF en Chubut, Mendoza o Santa Cruz son casos concretos “Un entorno operativo predecible, reglas claras y procesos ágiles facilitan este tipo de inversiones. Muchas provincias ya vienen impulsando instancias de coordinación técnica, mesas de transición con nuevos operadores y esquemas para favorecer la continuidad operativa en los activos transferidos. Incluso en Mendoza se ha puesto sobre la mesa una potencial reducción de regalías”, resaltó De Lella.

El estudio global calcula eue un aumento del 5% en la producción de campos existentes hasta 2030 podría traducirse en ingresos adicionales de USD 600.000 millones a nivel global, amén de beneficios ambientales como reducciones de más del 10 % en emisiones y ahorros de hasta 52 % en impuestos de carbono vis- a-vis nuevos desarrollos.

Para la Argentina no hay una estimación puntual, pero aplicando el escenario global al caso local De Lella estimó el impacto en unos USD 500 millones de ingresos anuales adicionales. “Esto podría plantearse como una ambición aspiracional, aunque la prioridad hoy pasa frenar el declino. Aun así, detener esa caída implicaría generar ingresos que, de otro modo, se perderían”, señaló a Infobae.

De hecho, en el marco de su “Proyecto Andes” y de su Plan 4x4 YPF ya transfirió varias áreas a las provincias y antes de fin de años se desprendería también de sus dos principales áreas de recuperación terciaria o “mejorada”: Manantiales Behr, en Chubut, y Chachahuén, en Mendoza. Horacio Marín, presidente de YPF, está decidido a convertir a la empresa de mayoría estatal en una firma de gas y petróleo “100% no convencional”, enfocada integralmente en el desarrollo de Vaca Muerta.

En la etapa primaria de un pozo petrolero convencional se aprovecha la propia energía y presión inicial del yacimiento. A medida que los pozos se van agotando, la presión baja. Puede haber gas en el fondo que ayuda, pero la presión disminuye, como en un globo que se desinfla. En la recuperación secundaria se aumenta o mantiene la presión con inyección de agua, para barrer y “empujar” el petróleo hacia arriba. Y en la recuperación terciaria se mejora la eficiencia de la recuperación agregando polímeros al agua para lograr mayor viscosidad y mejorar el empuje.

Un informe de Gerardo Tennerini, de la consultora GtoG, destacó que la recuperación terciaria representó en mayo el 34% de la producción de Manantiales Behr, cerca de 43% de la de Chachahuén, que en el área del Golfo San Jorge la recuperación terciaria se aplica desde hace al menos 5 años en unos 1.200 pozos y que el bloque mendocino quintuplicó su producción terciaria con el uso de polímeros, para ubicarse entre las 10 áreas más productivas, incluidos yacimientos no convencionales.

En Cerro Dragón, la principal área de hidrocarburos convencionales de la Argentina con más del 10% de la producción nacional de petróleo, Pan American Energy (PAE) opera más de 4.400 pozos productores, la mayoría de ellos utilizando la técnica de recuperación secundaria, mientras continúa avanzando en la aplicación de técnicas que permitan seguir operando ese campo maduro de forma eficiente.

En ese marco, dijeron desde la empresa, “en Cerro Dragón se comenzó con el desarrollo y aplicación de la técnica de recuperación Terciaria/Mejorada llamada Polymer Flooding (Barrido con Polímero) en 2024. Actualmente la compañía cuenta con 2 Plantas de Polímeros con inyección continua en 8 pozos inyectores”. El plan estratégico, precisó la compañía, “es avanzar con más instalaciones de inyección de polímero, pero todo eso dependerá de encontrar un equilibrio entre la materia prima y la logística para viabilizar los proyectos”. Esta tecnología, explicaron, “podría bajar los costos operativos de la propia dinámica de perforación de pozos, y avanzar hacia zonas con petróleo remanente que las tecnologías actuales no logran alcanzar”.

La petrolera con más antigüedad en recuperación terciaria en la Argentina es Capsa, que empezó a aplicar esa técnica en 2007. “Fue el primer proyecto con resultado económico positivo en Latinoamérica”, dijo a Infobae un ingeniero en petróleo de la compañía, experto en técnicas de recuperación.

La “recuperación terciaria”, explicó, empezó al cabo de más de 25 años de inyección de agua. YPF lo hizo a partir de 2015,a una escala mayor, al cabo de un período de recuperación secundaria muy corta, de unos dos años, en Manantiales Behr. Actualmente, Capsa está haciendo recuperación terciaria en Diadema, que representa el 20% de su producción y tiene proyectos para seguir implementando en el futuro.

El especialista en recuperación de Capsa destacó la importancia del decreto 908/2024 que en octubre de 2024 liberó de aranceles la importación de polímeros. “Fue importante, porque nos igualó en aranceles con otros países del Mercosur y permitió reducir el costo de los polímeros y extender esta técnica a mayor cantidad de pozos”, explicó.

¿En qué medida estas técnicas pueden aumentar la producción petrolera en las provincias petroleras con yacimientos “convencionales”?

El especialista señaló al respecto el “factor de recuperación” qué porcentaje del petróleo original de un reservorio se puede extraer. “En la etapa primaria sacás entre 10 y 15% del petróleo, en promedio un 12%, como en la Cuenca Golfo San Jorge. Con recuperación secundaria agregás 8 a 12 puntos y te acercás al 25%. Y con recuperación terciaria agregás en promedio 8 puntos, como muestra la experiencia en Golfo San Jorge, una cuenca con más de 100 años de historia y muchos años de recuperación secundaria”. Así, al cabo de los procesos de recuperación secundaria y terciaria casi se triplica el volumen de petróleo extraído en la etapa inicial, en que el “empuje” venía del propio pozo petrolero.

La inversión para hacer recuperación terciaria depende del tamaño del yacimiento y de la cantidad de pozos. “Se necesita una planta de inyección de polímeros,para hidratar el polímero en polvo, mezclarlo bien con el agua y finalmente inyectarlo. En general una planta de inyección puede alimentar en promedio 20 pozos inyectores. En la cuenca Golfo San Jorge hay millares de pozos que podrían ser utilizados como inyectores para proyectos de recuperación terciaria”,dijo el experto de Capsa.

El polímero viene del exterior y el costo de implementar la técnica requiere un esfuerzo considerable de inversión, pues la respuesta puede tardar entre 6 meses y un año. “Además con el riesgo petrolero inherente que posee esta industria, por ejemplo hay zonas donde se ha implementado y no se ha obtenido respuesta o la misma fue marginal”, dijo el experto consultado.

La ventaja es que el uso de polímero puede bajar el costo unitario promedio por barril al permitir una extracción superior, debido a que se inyecta y produce menos agua. En la Cuenca Golfo San Jorge, precisó el ingeniero petrolero, el costo de extracción por barril está entre 30 y 45 dólares. “Con polímeros -dijo.- el costo total aumenta, pero el costo unitario por barril podría disminuir en un 15 a 20% debido al aumento de producción”.

El estudio global de BCG destaca que en un contexto en el que explorar nuevos yacimientos es “costoso e incierto” y por eso aconseja “optimizar producción en activos existentes” como un modo de “capturar valor y reducir riesgos”. ¿Acaso una empresa como YPF, que se retira de las áreas convencionales, no la ve?” planteó Infobae.

“Al contrario, es una decisión consciente y que tiene mucho sentido. Parte del proceso de desinversión de YPF responde a la decisión estratégica de concentrar su capital en Vaca Muerta, donde tienen una ventaja de escala y capacidades para el desarrollo del recurso ya descubierto. Eso no implica que los campos convencionales hayan perdido valor, sino que su desarrollo requiere un modelo operativo distinto. Ahí es donde entran otros actores, con estructuras más flexibles y foco específico en optimización de activos maduros. Aunque el mayor crecimiento vendrá del no convencional, el sector necesita de ambos perfiles para desarrollarse de forma integral”, respondió De Lella, el managing director de BCG en la Argentina.

Para provincias como Mendoza y Santa Cruz, que han conocido épocas de producción muy superior a la de los últimos años, la “recuperación terciaria” puede ser un factor de rejuvenicimiento petrolero. El estudio de Tennerini, de GtoG, precisa que en la provincia patagónica “el potencial sigue ahí; dormido, pero intacto” y detalla una producción efectiva de 5.106 m3/día de petróleo que podría mejorarse a partir de la licitación de varias áreas, a saber: Cañadón Escondido.-Las Heras, Cañadón León-Meseta Espinosa, Los Perales-Las Mesetas, Cañadón Yatel, Cerro Piedra-Cerro Guadal Norte, Barranca Yancowsky, Los Monos, El Guadal-Lomas del Cuy, Cañadón Vasco y Pico Truncado-El Cordón. En la provincia hay expectativa por los resultados de la licitación y apuesta a una iniciativa que arrimaría un importante grupo inversor.

La posible inobservancia en la gestión de recursos para el Programa de Alimentación Escolar (PAE) en Sipí, en el departamento de Chocó, durante julio y agosto de 2023, generó que niños, niñas, adolescentes y jóvenes de las instituciones educativas del municipio no recibieran los alimentos destinados a combatir la desnutrición infantil.

Así lo reportó la Procuraduría General de la Nación, que imputó cargos al exalcalde encargado Juan Wilmer Rivas Murillo por una supuesta omisión en el cumplimiento de sus funciones, impactando la cobertura y el propósito del programa de nutrición.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con la información proporcionada por el órgano de control, el exmandatario territorial habría incumplido el deber de apropiar y reservar los recursos públicos necesarios y suficientes para financiar el PAE en su jurisdicción. De acuerdo con el comunicado de la Procuraduría, esta omisión se habría producido pese a la obligación legal que recae en las administraciones municipales, sin que la ausencia de certificación en materia educativa eximiera dicha responsabilidad.

Fue la Procuraduría Regional de Instrucción de Chocó la que detectó esta posible falta disciplinaria tras evidenciar que Rivas Murillo, en calidad de mandatario encargado, no dispuso de los fondos requeridos para la ejecución del programa alimenticio. Esta acción habría generado la suspensión de la entrega de alimentos que el Estado debe asegurar para garantizar el bienestar y el derecho fundamental a una alimentación adecuada a la población infantil y juvenil escolarizada del municipio.

En la misma comunicación, la entidad destacó que el funcionario, que se encontraba a cargo de la Secretaria General y de Gobierno de Sipí antes de su nombramiento como alcalde encargado, podría haber comprometido el funcionamiento de la administración municipal. Según señaló el ente, su actuación habría vulnerado principios administrativos como la eficacia y la eficiencia, elementos esenciales para el desarrollo y cumplimiento de las funciones estatales.

La Procuraduría calificó provisionalmente la conducta como una falta disciplinaria grave cometida a título de culpa grave, por la presunta omisión de funciones. De comprobarse la responsabilidad disciplinaria de Rivas Murillo en este proceso, la decisión podría impactar su carrera en el sector público y derivar en sanciones conforme a la normativa vigente.

El Ministerio Público subrayó la importancia de que las administraciones territoriales, incluso aquellas no certificadas en temas educativos, cumplan con la obligación de garantizar la financiación y ejecución de programas sociales como el Programa de Alimentación Escolar, dada su relevancia en la lucha contra la desnutrición y el aseguramiento de derechos básicos para la niñez y juventud.

Cargos contra exalcaldesa de Cogua por supuesta adquisición de predios con recursos del municipio

En otro frente, la Procuraduría presentó pliego de cargos contra Flor María Murcia Murcia, exalcaldesa de Cogua, Cundinamarca (2020–2023), por un presunto perjuicio al patrimonio público. La exfuncionaria habría comprado dos terrenos con recursos del municipio por más de $5.000 millones, utilizando como base un avalúo que, según la Procuraduría Provincial de Instrucción de Zipaquirá, no cumplía con los requisitos técnicos exigidos.

Con base en la investigación, Murcia justificó la adquisición argumentando que en los lotes se construiría un centro cultural. Para ello, aseguró que el uso del suelo era compatible con este tipo de obra, lo cual, al parecer, contradice las normas urbanísticas vigentes en el municipio.

El Ministerio Público también señaló que los valores establecidos en el avalúo no reflejarían el precio real de los predios y que dicho documento carecería de los criterios técnicos requeridos. Esto habría implicado una violación de los principios de economía, eficiencia y responsabilidad en la administración pública. Por estos hechos, de manera provisional, la conducta de la exalcaldesa fue calificada como una falta gravísima, cometida con culpa grave.

La búsqueda de talento joven y calificado representa uno de los grandes desafíos recientes para el sector energético argentino. Por eso, Pan American Energy (PAE) presenta un programa de pasantías que une a estudiantes universitarios con empresas neuquinas de la cadena de valor, con el propósito de potenciar el desarrollo de talento local y fortalecer a las pequeñas y medianas empresas del rubro.

El programa, titulado “Energías que se potencian: Becarios & PyMEs”, ofrece la posibilidad de que becarios avanzados de carreras vinculadas a la energía de la Universidad del Comahue (UNCo) realicen sus primeras experiencias profesionales en pymes de Neuquén que integran el Programa PyMEs PAE.

Experiencia laboral inicial y acompañamiento personalizado

Con una duración inicial de seis meses y posibilidad de extensión, la propuesta contempla el acompañamiento de un mentor de la empresa y el soporte de la Fundación Cimientos –aliado estratégico en el programa Becas PAE–, que trabaja con los estudiantes en el desarrollo de habilidades socioemocionales para su desempeño laboral.

“Es una muy buena oportunidad para ingresar a la industria, aprender y aplicar todo lo que estudiamos desde hace años”, expresa Florencia Saavedra, estudiante de Ingeniería Mecánica, quien arranca su pasantía en la empresa Apolo.

La iniciativa es una de las más de 150 acciones de sustentabilidad llevadas a cabo por la compañía en la Argentina y busca responder a uno de los desafíos centrales del sector: potenciar el recurso humano calificado.

“‘Energías que se potencian’ busca generar un círculo virtuoso en el ecosistema regional que articula formación, experiencia y necesidades concretas del sector. A través de esta propuesta, los becarios de PAE tienen la oportunidad de desarrollar proyectos reales dentro de pymes neuquinas, lo que aporta nuevas miradas, conocimientos actualizados y soluciones innovadoras”, destacan desde la compañía energética.

Valoración de la articulación entre universidad, empresas y sector público

“Este tipo de actividades son una ganancia para todos. Siempre vamos a estar disponibles para colaborar en beneficio de nuestros estudiantes”, afirma la decana de la UNCo, Ana Basset. Asimismo, Amalín Temi del Ministerio de Educación de Neuquén, destaca la importancia de una labor conjunta entre lo público y lo privado.

Durante esta primera etapa, participan empresas como Equipel, Apolo, Meier&Fischer y Wellbore Petrol Services (WPS). Cuatro estudiantes de la UNCo—Giuliana Valenti, Florencia Saavedra, Lena Orellana y Emilia Garavito—inician sus pasantías en estas pymes, mientras que otros 20 estudiantes de la comunidad de becarios PAE ya manifestaron su interés en sumarse.

“Estamos muy comprometidos con el desarrollo y aprendizaje de los jóvenes talentos. Estos espacios no solo los enriquecen a ellos, sino también a nosotros. Su visión innovadora y compromiso nos aportan muchísimo”, comenta María Fernanda Vela, gerente de Talento de Equipel.

Por su parte, Gerardo Franchi, gerente operativo de Meier&Fischer, remarcó que la firma busca permanentemente estudiantes curiosos, con ganas de explorar distintas áreas y que encuentren en cuál pueden dar lo mejor de sí.

La propuesta resulta alineada con objetivos de largo plazo para la industria: fomentar la colaboración entre empresas, universidades y comunidad, facilitar la transferencia de conocimientos prácticos, incrementar la competitividad de las pymes y crear condiciones para que puedan sostener programas de pasantías propias a futuro.

“Creemos que vincular a las pequeñas y medianas empresas con el talento universitario es una manera efectiva de potenciar la educación, la empleabilidad y el crecimiento local”, afirma Daniela Antoci, gerente de Sustentabilidad de Pan American Energy.

De esta manera, “Energías que se potencian” construye puentes entre la formación académica y el empleo que generan valor compartido en la cadena de valor y aportan al entramado productivo regional.

A su vez, el Programa PyMEs PAE cuenta con más de 20 años de trayectoria. Desde su nacimiento en 2005, ya supera las 7.500 horas de formación, involucra a más de 2.500 PyMEs y fortalece la cadena de valor empresarial y promueve un ecosistema competitivo.

Para más detalles sobre el programa y las acciones desarrolladas, hacer clic acá.

El avance de la reforma laboral en Colombia alcanzó el martes 17 junio de 2025 un nuevo avance al superar el cuarto y último debate en la plenaria del Senado, lo que marca un paso decisivo en su trámite, pero no el final del proceso.

A pesar del cumplimiento de esta etapa, el proyecto de ley todavía debe enfrentar uno de los momentos más críticos de su recorrido: el proceso de conciliación entre el Senado y la Cámara de Representantes. La fecha límite para completar esta fase es el 20 de junio, lo que impone un margen de tiempo ajustado para los próximos pasos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Durante la sesión del martes, el Senado logró avanzar con celeridad. Solo quedaban pendientes 12 de los 77 artículos que conforman la ponencia mayoritaria. De estos, 62 ya habían sido aprobados y 3 eliminados, lo que permitió que el debate se concentrara en algunos de los puntos más sensibles y complejos del articulado.

Esta circunstancia permitió que la plenaria avanzara en la discusión integral de la iniciativa, aumentando las posibilidades de culminarla antes del vencimiento del plazo legal.

Entre los artículos que lograron ser avalados en debates anteriores, se incluyen medidas como la instauración del contrato laboral a término indefinido como regla general, normas orientadas a combatir la discriminación, y la formalización de trabajadores tradicionalmente informales, como los repartidores de plataformas digitales (Rappi, DiDi), trabajadores del Programa de Alimentación Escolar (PAE), deportistas y artistas.

También se aprobaron incentivos para la generación de empleo femenino y juvenil, así como esquemas de jornada laboral flexible dirigidos a cuidadores de personas con discapacidad y del hogar.

Los artículos eliminados incluyen propuestas que generaron controversia tanto por razones fiscales como jurídicas. Uno de ellos proponía una prima por crecimiento económico, que otorgaría hasta un 40% de un salario mínimo a los trabajadores en empresas que hubieran registrado un crecimiento superior al 4% en el último año. Esta medida no prosperó por carecer de aval fiscal, ya que se basaba en la entrega de beneficios tributarios.

En la parte final del debate, los temas abordados incluyeron algunos de los puntos más discutidos desde la presentación inicial del proyecto. Estos incluyen la modificación de la jornada nocturna (propuesta para iniciar a las 7:00 p. m. y culminar a las 6:00 a. m.); la jornada máxima legal, los recargos por trabajo en días de descanso obligatorio; los tipos de contratación y formas de remuneración para los aprendices del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena); y la vinculación laboral de las madres comunitarias al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf).

¿Qué es la conciliación legislativa?

Con la aprobación del texto en el Senado, el proceso legislativo ingresa en una nueva fase: la conciliación. Esta etapa tiene como propósito unificar los textos aprobados en ambas cámaras del Congreso. Aunque ambas instancias ya aprobaron la reforma, lo hicieron con versiones que presentan diferencias, por lo que se requiere una comisión accidental para acordar un texto único.

Esta comisión estará conformada por senadores y representantes designados por las mesas directivas de ambas cámaras. Su tarea será revisar cada discrepancia en los artículos y construir una versión conciliada que represente un consenso entre los textos aprobados.

Este informe de conciliación debe presentarse nuevamente a las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes para su votación. Si es aprobado en ambas instancias, el proyecto de ley será remitido al Presidente de la República para su sanción.

Sin embargo, si no se alcanza un acuerdo en esta comisión o si el informe de conciliación no logra el respaldo en las plenarias, la reforma podría enfrentarse a un escenario de archivo o de retorno a las cámaras para nuevas discusiones.

Este riesgo cobra relevancia debido al corto plazo con el que se cuenta, ya que el Congreso debe concluir todo el procedimiento antes del 20 de junio.

En el marco del cuarto y último debate de la reforma laboral en la plenaria del Senado de Colombia, se discutieron los 77 artículos que componen esta iniciativa legislativa, de los cuales siete fueron eliminados.

El proceso enfrenta un plazo límite hasta el 20 de junio para ser votado y conciliado con el texto previamente avalado por la Cámara de Representantes. La discusión del martes 17 estuvo marcada por tensiones y desacuerdos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La plenaria aprobó, con 57 votos a favor y 31 en contra, el título del Proyecto de Ley No. 311 de 2024, una propuesta que busca implementar una reforma laboral orientada a garantizar condiciones de trabajo decentes y dignas en el país. Este proyecto unifica las iniciativas legislativas No. 166 de 2023 Cámara, No. 192 de 2023 Cámara y No. 256 de 2023 Cámara, y propone ajustes parciales a las normas laborales vigentes.

Bajo el título oficial “Por medio del cual se modifica parcialmente normas laborales y se adopta una reforma laboral para el trabajo decente y digno en Colombia”, el objetivo central es actualizar el marco normativo laboral para mejorar las condiciones laborales y proteger los derechos fundamentales de los trabajadores.

Se eliminó el artículo 9

Entre los puntos más controvertidos estuvo el artículo 9, que proponía una estabilidad laboral reforzada para trabajadores como madres gestantes y pre pensionados. Este artículo fue eliminado con 45 votos a favor y 23 en contra, bajo el argumento de que dichas protecciones ya están contempladas en el Código Procesal del Trabajo, aprobado recientemente por el Congreso. El Pacto Histórico, junto con los senadores ponentes, respaldó esta eliminación, destacando que no era necesario duplicar disposiciones legales ya existentes.

El debate estuvo acompañado de acusaciones sobre la existencia de un supuesto acuerdo entre el Gobierno y los senadores para agilizar la aprobación de los artículos más complejos. Sin embargo, Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, negó la existencia de tal acuerdo, afirmando que solo se habían discutido fórmulas preliminares que requerían la aprobación de las bancadas y del presidente de la República. “Es irresponsable acusar al presidente de querer violar un acuerdo que no se ha celebrado”, declaró Sanguino en la plenaria.

Debate sobre los aprendices del Sena

Uno de los artículos más debatidos fue el 23, que aborda la contratación de aprendices del Sena. Inicialmente, el Gobierno propuso transformar los contratos de aprendizaje en contratos laborales, otorgando a los aprendices derechos como cotización a salud, pensión, cesantías, vacaciones y primas.

Sin embargo, la Comisión Cuarta del Senado aprobó mantener el carácter de aprendizaje en estos contratos, pero con mejoras significativas: los aprendices recibirán el 75% del salario mínimo en su etapa lectiva y el 100% en la práctica, además de cobertura en salud, riesgos laborales y pensión. Finalmente, la plenaria aprobó este artículo con una proposición aditiva del senador Ariel Ávila (Alianza Verde), que establece un carácter laboral para estos contratos por un periodo no superior a tres años.

Aprobado el artículo 74

Otro artículo relevante aprobado fue el 74, que busca formalizar a los manipuladores del Programa de Alimentación Escolar (PAE), en su mayoría madres comunitarias. Según explicó el senador ponente Juan Felipe Lemos, este artículo garantiza que estas trabajadoras sean contratadas como empleadas oficiales de manera progresiva, sujeto a la disponibilidad presupuestal y al Marco Fiscal de Mediano Plazo.

Se eliminaron los artículos 37 y 38

En contraste, los artículos 37 y 38 fueron eliminados. El primero proponía permitir la cotización a seguridad social para trabajadores a tiempo parcial, mientras que el segundo planteaba la creación de una Unidad de Trabajo Especial para trabajadores con ingresos inferiores a un salario mínimo. Los críticos de estas iniciativas argumentaron que ya existen disposiciones similares en el Código Sustantivo del Trabajo y que podrían fomentar la precarización laboral.

Artículos 62 y 25, aprobados

El artículo 62, relacionado con la protección laboral en procesos de descarbonización y transición energética, fue aprobado con 67 votos a favor y 25 en contra. Este artículo establece que el Estado y las empresas en sectores como la minería y el petróleo deberán formular planes de cierre y reconversión laboral para proteger a los trabajadores afectados por estos procesos. Entre las medidas contempladas se incluyen incentivos y mecanismos de protección laboral.

Asimismo, artículo 25, que regula la cuota de aprendizaje, también fue aprobado con modificaciones. La propuesta sustitutiva del senador Ariel Ávila establece que las empresas que no cumplan con la contratación de aprendices deberán pagar una sanción equivalente a 1,5 salarios mínimos por cada aprendiz no contratado. Además, se eliminó un parágrafo que permitía a las empresas eximirse de esta obligación bajo ciertas condiciones, argumentando que podría ser utilizado como una vía para evadir responsabilidades.

Aprobado los artículos 11 y 15

El artículo 11, aprobado con 56 votos a favor y 40 en contra, redefine las jornadas diurnas y nocturnas. La jornada nocturna comenzará a las 7:00 p. m. y terminará a las 6:00 a. m., alcanzando un punto intermedio tras debates previos. Inicialmente, el Gobierno sugería iniciar esta jornada a las 6:00 p. m., lo que generó oposición debido al aumento en costos laborales por el recargo nocturno.

De otro lado, aprobado con 69 votos a favor y 23 en contra, el artículo 15 establece un recargo del 100% por trabajo en domingos y festivos, proporcional al tiempo laborado. Este aumento se implementará gradualmente: 80% desde julio de 2025, 90% en 2026 y 100% en 2027. Asimismo, permite que empleadores y empleados pacten por escrito trasladar el día de descanso, brindando mayor flexibilidad, siempre con acuerdos mutuos.

Modificación de la Jornada Laboral

En cuanto al artículo 12, aprobado con 59 votos a favor y 33 en contra, la jornada ordinaria se limita a ocho horas diarias y 42 horas semanales, distribuibles en cinco o seis días sin afectar salarios ni días de descanso. Se incorpora flexibilidad en la distribución de horarios, permitiendo jornadas de entre 4 y 9 horas continuas bajo acuerdo, siempre dentro del límite semanal. Trabajos insalubres pueden tener reducciones adicionales, y para menores de edad se fijaron límites específicos: seis horas diarias y 30 semanales para jóvenes de 15 a 17 años, y ocho horas diarias y 40 semanales para mayores de 17.

Además, el artículo elimina la modalidad de concentrar jornadas en cuatro días con tres días de descanso. Todo tiempo laborado fuera de los horarios pactados será considerado como tiempo extra. También se prohíbe asignar dos turnos diarios a un mismo empleado, salvo en cargos especiales. Para garantizar operaciones continuas, los turnos rotativos se limitarán a seis horas diarias y 36 horas semanales, manteniendo salarios y beneficios ordinarios.

Eliminación del artículo 76

Con 77 votos a favor y 1 en contra, el Senado eliminó el artículo 76, que proponía una política pública enfocada en la formalización y los derechos laborales de transportadores de carga y pasajeros. Esta decisión se tomó debido a posibles irregularidades en el procedimiento legislativo, señaladas por el senador John Jairo Roldán del Partido Liberal, que aclaró que el texto no había sido aprobado previamente por la Comisión Cuarta.

El artículo, parte de los acuerdos alcanzados tras el paro de transportadores de septiembre de 2024, buscaba mejorar las condiciones laborales en este sector. Sin embargo, la plenaria decidió suprimirlo para ajustarlo a lo aprobado en la Cámara de Representantes, asegurando que los compromisos previos con los transportadores serán respetados en una futura conciliación.

Aprobado el artículo 77

El Senado aprobó el artículo 77 con 59 votos a favor y 32 en contra, estableciendo que la nueva ley entrará en vigor tras su promulgación. Este artículo deroga normativas incompatibles con la ley, incluyendo el literal b) del artículo 162 del Código Sustantivo del Trabajo. También se otorga un plazo de 30 días para que la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada (o su reemplazo) ajuste la tarifa mínima regulada de servicios de vigilancia, asegurando la cobertura de las modificaciones laborales según el artículo 92 del Decreto Ley 135 de 1994.

La plenaria rechazó con 72 votos favorables y 7 en contra la inclusión de nuevos artículos propuestos durante el debate. Los senadores argumentaron que la incorporación de estas disposiciones podría complicar el proceso legislativo, considerando el límite de tiempo para la aprobación y conciliación con la Cámara de Representantes, cuyo plazo vence el viernes 20 de junio.

Las discusiones del Congreso se vieron interrumpidas brevemente debido a la presencia de personas no autorizadas en el recinto, situación que obligó a suspender la sesión. Según el presidente del Senado, Efraín Cepeda, las deliberaciones quedaron cerradas y se decidió avanzar con las votaciones de los artículos restantes.

El concejal étnico Óscar Bastidas puso en evidencia serias deficiencias en la implementación de los programas sociales del Plan Distrital de Desarrollo ‘Bogotá Camina Segura’. Según detalló el cabildante, las fallas no solo afectan la ejecución de políticas públicas, también están reflejando una desconexión entre las instituciones y las comunidades más vulnerables.

Durante un control político liderado por el Pacto Histórico, la Colombia Humana y Mais (Movimiento Alternativo Indígena y Social), Bastidas denunció la falta de compromiso institucional y la limitada efectividad de los programas sociales en localidades con alta necesidad, como Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy y Sumapaz.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

De acuerdo con el concejal, uno de los problemas más graves radica en el desconocimiento ciudadano de los programas sociales del distrito, lo que evidencia fallas en la divulgación y en la voluntad institucional para garantizar el acceso a derechos fundamentales.

Además, señaló que varias secretarías, como las de Cultura, Mujer, Hábitat, Ambiente e Integración Social, entregaron informes de gestión apenas un día antes de los debates de control político, mientras que la Secretaría de Desarrollo Económico ni siquiera respondió. La falta de diligencia obstaculiza el control político y plantea dudas sobre la transparencia y el trato hacia la ciudadanía.

En cuanto a los programas sociales, Bastidas destacó que, aunque el Programa de Alimentación Escolar (PAE) mantiene una buena cobertura, otros como el Programa de Movilidad Escolar (PME) enfrentan graves dificultades en zonas rurales, y el Programa de Bienestar Estudiantil (PBE) presenta deficiencias en el acompañamiento psicosocial. Por su parte, la Secretaría de Cultura reportó 30 programas, pero solo 13 tienen un enfoque poblacional claro, sin evidencia de resultados diferenciados.

El concejal también expresó preocupación por la asignación presupuestal. Mientras que la Consejería de Paz contará con más de 917.000 millones de pesos en 2025, la estrategia para la comunidad emebera recibirá apenas 490 millones, sin indicadores claros ni garantías de sostenibilidad. Asimismo, criticó que la Secretaría de la Mujer, a pesar de ofrecer programas importantes, tiene coberturas limitadas frente al tamaño de la población objetivo y carece de mecanismos para verificar la aplicación de enfoques diferenciales. En el caso de Integración Social, además de entregar información tardía, muestra bajos niveles de ejecución en programas clave como el Ingreso Mínimo Garantizado.

Bastidas subrayó que el enfoque diferencial no es una concesión, sino una obligación ética y política. Sin embargo, muchas personas con discapacidad y pueblos étnicos continúan enfrentando barreras estructurales que los excluyen de los programas sociales. También advirtió sobre la debilidad de los mecanismos de participación, como los Consejos Consultivos y las mesas poblacionales, que no están cumpliendo su función, lo que limita la incidencia de los líderes sociales y debilita la democracia.

Bogotá, la “ciudad más desigual de Colombia”

Por otro lado, la concejala Ana Teresa Bernal, del Pacto Histórico, también criticó duramente la política social de la Administración distrital durante un debate de control político sobre pobreza y exclusión social. En su intervención, titulada “Bogotá, la ciudad más desigual de Colombia”, Bernal señaló que los programas sociales del distrito no han superado un enfoque asistencialista y microfocalizado, lo que perpetúa la pobreza y la desigualdad.

Según la concejala, Bogotá tiene un índice de Gini de 0,53, lo que la convierte en la ciudad más desigual del país, superando a otras capitales como Cartagena y Quibdó. Bernal destacó que, aunque Colombia logró una reducción histórica de la pobreza multidimensional en 2024, Bogotá registró un aumento alarmante en esta condición, pasando de 283.000 personas en 2023 a 431.000 en 2024. El incremento de 148.000 personas en un año reflejó, según la cabildante, el fracaso de las estrategias gubernamentales para combatir la pobreza.

En cuanto al programa de Ingreso Mínimo Garantizado (IMG), Bernal criticó que los recursos se concentran únicamente en hogares en pobreza extrema, dejando desprotegidos a aquellos en pobreza monetaria, lo que aumenta el riesgo de que más familias caigan en pobreza extrema.

Según los datos entregados por Bernal, para este programa, el Concejo de Bogotá aprobó una inversión de 681.000 millones de pesos en 2025, dentro de un presupuesto general de 38,4 billones de pesos, de los cuales 2,3 billones fueron asignados a la Secretaría de Integración Social. Sin embargo, la concejala afirmó que esta estrategia no está cerrando las brechas sociales y, por el contrario, profundiza la desigualdad.

Bernal también cuestionó la efectividad del programa “Bogotá Sin Hambre 2.0”, que cuenta con una inversión de 4,6 billones de pesos, de los cuales 3,6 billones se destinan al PAE. Aunque celebró el fortalecimiento de este programa, advirtió que la expansión de comedores comunitarios carece de una fuente de financiación clara y que los recursos asignados son insuficientes para atender la magnitud del problema. Asimismo, señaló que las 77 millones de raciones alimentarias proyectadas para el cuatrienio solo alcanzarán a 17.800 personas, lo que representa apenas el 1,3% de los hogares clasificados en las categorías A, B y C del Sisbén.

En el ámbito de vivienda, Bernal criticó el Plan Terrazas, calificándolo como una estrategia que normaliza la desigualdad territorial y la informalidad habitacional. Aunque el Plan de Desarrollo promete 75.000 subsidios de vivienda, la línea base de 2023 fue de 19.600, lo que, según la concejala, hace que la meta parezca más simbólica que transformadora. También denunció que las víctimas del conflicto armado enfrentan condiciones críticas, con el 79,7% viviendo en arriendo y más del 40% de estas familias en condiciones de hacinamiento.

La concejala también señaló la falta de estrategias claras para la integración socioeconómica de la población migrante, que representa el 7,4% de la población de Bogotá, y denunció que los recursos destinados a esta población no tienen resultados claros. En cuanto a los habitantes de calle, Bernal afirmó que el censo oficial subestima su número, que podría superar los 17.000, y criticó la falta de una respuesta estructural al fenómeno.

Finalmente, Bernal cuestionó el Decreto 315 de 2024, que regula el aprovechamiento económico del espacio público. Según la cabildante, dicho decreto representa una amenaza para los trabajadores informales y vendedores ambulantes, al imponer cobros que no abordan las causas estructurales de la informalidad. También advirtió sobre el riesgo de que el espacio público sea privatizado, beneficiando a grandes marcas y desplazando a los comerciantes populares.

Como un acto de memoria e identidad cultural, los niños de comunidades indígenas en los municipios de Calarcá, Córdoba y Pijao, del departamento del Quindío, reciben desde el 14 de mayo del 2025, menús diferenciales Programa de Alimentación Escolar (PAE).

La medida se logró tras una serie de conversaciones entre el gobernador del Quindío, Juan Miguel Galvis Bedoya y los gobernadores de los resguardos, con el apoyo de la Unidad Administrativa para la Alimentación Escolar (UAPA).

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Según la coordinadora del PAE en el Quindío, Tatiana Coronado, los menús para niños indígenas de la región serán planeados de manera específica “para su cuidado y atención. Les estamos enviando muslos, pechugas, frijol, papa, cidra, entre otros alimentos que tienen una preparación específica para responder a sus necesidades en cantidad y calidad equivalente al que se le proporciona a un niño en el PAE mayoritario”.

Sus costumbres y requerimientos nutricionales no son iguales a los de niños que viven en la ciudad y es esa la razón principal de que el departamento ajuste cantidades e ingredientes con la ayuda de manos expertas, como las de mujeres pertenecientes a las comunidades indígenas que se verán beneficiadas.

Bogotá tuvo el mejor PAE durante el 2024: panorama es poco alentador en otras regiones

El Ministerio de Educación Nacional otorgó a Bogotá el reconocimiento como la ciudad con el mejor Programa de Alimentación Escolar (PAE) del país en la categoría de capitales, en la ceremonia denominada Noche de la Excelencia, que destaca la labor de quienes contribuyen al sector educativo. Este premio resalta el desempeño de la capital en términos de cobertura y calidad del servicio alimentario dirigido a los estudiantes.

En 2024, el programa cubrió a 874.000 estudiantes de la matrícula distrital, garantizando raciones diarias que incluyen refrigerios y comidas calientes. Este avance es resultado de más de dos décadas de perfeccionamiento continuo del PAE, que incorpora una estrategia ambiciosa denominada Bogotá sin Hambre 2.0, impulsada por la Secretaría de Educación y el alcalde Carlos Fernando Galán. Esta iniciativa busca incrementar la cantidad de comidas calientes ofrecidas a los estudiantes, con la meta de aumentar en un 55% las raciones diarias de comida caliente para el final del actual cuatrienio, lo que equivaldría a 490.000 raciones.

Actualmente, el 33% de las raciones entregadas corresponden a comida caliente; lo que evidencia un crecimiento significativo en el 2024, cercano a las 19.000 raciones. Abel Matiz Salazar, subsecretario de Acceso y Permanencia, señaló que este reconocimiento refleja el trabajo conjunto entre la Secretaría de Educación y otros actores del Distrito, enfatizando el impacto de Bogotá sin Hambre 2.0 en la mejora del PAE y la ampliación de la oferta alimentaria.

Para fortalecer la distribución de alimentos calientes, el programa ha sumado siete nuevos comedores escolares, alcanzando un total de 219 espacios para la alimentación dentro de las instituciones educativas. Además, se incorporaron 10 cocinas móviles, que operan tanto en zonas urbanas como rurales de la ciudad, garantizando la llegada de alimentos a todas las localidades, incluso en las más alejadas.

El componente nutricional es otro elemento destacado del programa. En ele 2024, el PAE cumplió con los requerimientos establecidos en la minuta patrón, suministrando entre el 20% y el 30% de los nutrientes diarios necesarios para los estudiantes. Los menús están adaptados a las necesidades específicas de cada grupo de edad, priorizando la diversidad y la aceptación de los alimentos. En las zonas rurales, como Usme, Sumapaz, Ciudad Bolívar, Usaquén y Suba, se implementan menús que incorporan las tradiciones gastronómicas locales.

“Nuestro objetivo es ofrecer comida más saludable, rica y nutritiva, porque sabemos que un niño bien alimentado es un niño que aprende mejor”, explicó Matiz Salazar, reafirmando el compromiso de la ciudad con la nutrición y la educación de sus estudiantes.

Con esta estrategia integral, Bogotá consolida su posición en la mejora continua del PAE, asegurando que los niños y jóvenes de la ciudad reciban la alimentación necesaria para su desarrollo físico y académico.

Los directivos de las principales compañías energéticas del país se reunieron en el panel “Seguridad energética: pilar para el desarrollo y la competitividad” que se realizó ayer en el AmCham Summit 2025, el tradicional encuentro empresario que organiza la cámara de empresas estadounidenses en el país.

Los cuatro ejecutivos presentes resaltaron el potencial del shale gas de Vaca Muerta para abastecer el mercado regional, especialmente Brasil, y la oportunidad para desarrollar el Gas Natural Licuado (GNL).

También advirtieron por la necesidad de bajar el costo argentino y que el país es hasta un 40% más caro que Estados Unidos, principal referente del shale global.

Participaron Catherine Remy, CEO de TotalEnergies; Fausto Caretta, managing director de Pan American Energy (PAE); Bernardo Andrews, CEO de Genneia; y Pablo Vera Pinto, cofundador y CFO de Vista Energy.

Andrews se refirió al desafío de transformar recursos naturales en energía competitiva. “El reto es cómo convertir ese recurso en energía realmente competitiva. Es mucho más que el recurso, se trata de desarrollo”, explicó. Planteó que Argentina necesita invertir en transmisión eléctrica, y alertó: “El Estado no tiene ni los recursos ni la vocación de construir la infraestructura. Hay que regular el monopolio natural para incentivar la inversión”.

Caretta, por su parte, abordó el tema desde la lógica de la abundancia. “Argentina, con Vaca Muerta, tiene un exceso de recursos. El desafío es cómo monetizarlos. Podemos hacerlo integrando los mercados del Mercosur o Chile, pero eso es muy chico comparado con lo que tenemos. El GNL nos permite llegar a otros mercados”, afirmó.

“La energía es lo que va a permitir el desarrollo, y este desarrollo es clave para un país como Argentina, que tiene un activo muy grande”, señaló Catherine Remy. “Vaca Muerta es una roca madre de clase mundial. Hay viento espectacular en el sur y sol perfecto en el norte. Es un recurso que está y que permite crecer”, agregó.

Sobre el proyecto “Argentina LNG”, Caretta indicó: “A través de PAE firmamos un contrato con Golar y después se sumaron YPF, Harbour Energy y Pampa Energía. Aseguramos el primer barco, el Hilli Episeyo, que vendrá en septiembre de 2027. Llevará 11 millones de metros cúbicos”.

También adelantó la próxima etapa: “En junio firmamos el segundo barco, el MK2, que llevará la capacidad a 27 millones. Eso requerirá un gasoducto directo desde Vaca Muerta, en Neuquén, hasta Río Negro. Es una inversión de 7 mil millones de dólares”.

Consultado sobre los destinos, el ejecutivo respondió: “Estamos mirando mercados de Asia y opciones spot como Brasil. Para llegar al norte brasileño, GNL es más competitivo que el gasoducto”.

Vera Pinto, de Vista Energy, trazó una línea de tiempo: “En 2012 importamos 100 barcos de GNL y dos barcos de crudo liviano. Imaginen si hubiéramos pasado la pandemia o la guerra de Ucrania importando 150 barcos a 20 dólares por MMBTU. Vaca Muerta fue clave y lo mejor aún está por venir”.

Luego, detalló el avance de la empresa: “Este año exportamos a Chile, al Atlántico, a Estados Unidos y Europa. Aprobamos un proyecto para un nuevo puerto de exportación en Río Negro. Va a permitir llegar a India y China. Es la primera vez que todos los operadores se alinean en un proyecto común”.

Respecto a los costos, fue contundente: “Hay una diferencia del 30 al 40% con Estados Unidos. Tenemos que renegociar contratos y mejorar la eficiencia operativa. Si no bajamos esa diferencia, vamos a limitar nuestra capacidad de crecer”.

Caretta coincidió: “Nuestro GNL compite con el de Estados Unidos. Tenemos que crear un ecosistema como el de ellos. La roca nos ayuda, pero si los costos son mayores, perdemos la competencia”. El ejecutivo agregó que la alineación entre sindicatos, política y operadoras es fundamental. “Vemos es un ejemplo: redujo a la mitad el costo de transporte del petróleo”, afirmó.

Remy también se refirió al offshore. “Total produce gas en la cuenca neuquina y en la austral. En septiembre pusimos en marcha la plataforma Phoenix, a 60 kilómetros de Tierra del Fuego. Tiene una intensidad de carbono por debajo del promedio global de nuestra compañía”.

Respecto al desarrollo regional, añadió: “Exportamos gas de Vaca Muerta a Brasil hace un mes. Vía gasoductos de Argentina, Bolivia y Brasil. Está alineado con el Memorando de Entendimiento firmado en diciembre. Hay demanda, infraestructura y recurso”.

Por último, destacó al aporte global de TotalEnergies: “Traemos lecciones de proyectos offshore y shale de otras partes del mundo, como Eagle Ford y Barnett, para mejorar lo que hacemos en Argentina”.

La Procuraduría General de la Nación anunció duras sanciones contra cinco exfuncionarios y el exgobernador de Arauca tras el hallazgo de irregularidades que produjo sobrecostos en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en ese departamento.

Los exfuncionarios y contratistas están involucrados en la gestión del contrato 469 de 2019, en el que se comprobaron sobrecostos y fallas en los estudios previos y la ejecución del programa, lo que afectó directamente los derechos fundamentales de los estudiantes beneficiarios.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

La Procuraduría determinó la destitución e inhabilidad del exsecretario de Educación de Arauca William Arévalo Quintero, y el exgerente de Contratación (e) Uriel Niño López, por un periodo de nueve años y seis meses.

El Ministerio Público indicó que Arévalo Quintero participó en la elaboración de los estudios previos del modificatorio uno y firmó un adicional al contrato inicial por un valor de $3.793’564.800, sin contar con análisis económicos completos que justificaran el costo de las raciones para preparar en casa, lo que generó sobrecostos por $898’121.782.

Por su parte, Niño López, según el ente de control, omitió garantizar que los estudios previos cumplieran con la normativa vigente y no ordenó la publicación de todos los documentos relacionados con el contrato.

“(...) intervino en la etapa contractual del modificatorio 1 al bilateral omitiendo garantizar que el contenido de los estudios previos, remitidos por la Secretaría de Educación se ajustaran a la normatividad vigente y, en segundo lugar, como líder de contratación omitió ordenar la publicación de la totalidad de los documentos que hacían parte del contrato”, detalló la Procuraduría en el comunicado.

En una decisión similar, la Procuraduría también destituyó e inhabilitó por nueve años a Maricel Ortiz Ramírez, exsecretaria de Educación departamental, por suscribir el adicional dos del contrato inicial, que ascendía a $4.242’584.008.

Según el ente de control, Ortiz Ramírez no elaboró estudios previos adecuados que cumplieran con los lineamientos establecidos por la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar, especialmente en el contexto de la pandemia por el covid-19.

Cabe precisar que, el entonces gobernador de Arauca durante el periodo 2020-2021, José Facundo Castillo Cisneros, también fue sancionado, al imponerle una suspensión de 12 meses, convertida en salarios devengados, por su participación en la celebración del modificatorio uno del contrato del PAE, que tenía un valor de $14.078’860.590.

La entidad explicó que Castillo Cisneros no garantizó la realización de estudios de mercado serios que evitaran sobrecostos en la transición de raciones servidas en instituciones educativas a raciones para preparar en casa.

En cuanto a los contratistas, la representante legal de la empresa interventora Invida SAS, Diana Susi Mahecha Herrera, recibió una multa equivalente a 20 salarios mínimos mensuales vigentes en la época de los hechos, además de una inhabilidad de 10 años para ejercer funciones públicas o contratar con el Estado.

Para la Procuraduría, Mahecha Herrera no cumplió con su deber de supervisar y controlar la ejecución del contrato del PAE. Asimismo, el supervisor del contrato de interventoría, Holman Jeffrey Ruiz Puerta, fue sancionado con una suspensión de tres meses, convertida en salarios básicos para el momento de la comisión de la falta, por no desempeñar adecuadamente las funciones asignadas.

El Ministerio Público concluyó que las conductas omisivas de los sancionados permitieron que el contratista del PAE, Unión Temporal Alimentar Arauca 2019, implementara raciones para preparar en casa con una cantidad insuficiente de ingredientes, incapaz de cubrir las necesidades alimenticias de los estudiantes. “(...) no alcanzaba para elaborar 20 almuerzos por estudiante“, añadió el ente de control.

“Con este actuar los sancionados afectaron los derechos fundamentales a la alimentación escolar y la educación en pandemia de los niños, niñas y adolescentes araucanos, generando sobrecostos en detrimento del patrimonio del Estado, de cara a los precios y condiciones reales del mercado”, anotó la entidad.

La Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 3 indicó que contra esta decisión procede el recurso de apelación ante la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores de Elección Popular.

En un contexto profundamente afectado por la violencia persistente, las disputas entre actores armados ilegales y el desplazamiento forzado de miles de personas, el Catatumbo, una de las regiones más golpeadas por el conflicto en Colombia, recibió una noticia alentadora en el ámbito educativo. El Ministerio de Educación confirmó que, por primera vez, la totalidad de los estudiantes de esta zona tendrán acceso garantizado al Programa de Alimentación Escolar (PAE), lo que representa un avance significativo en la atención a las poblaciones más vulnerables del país.

La decisión, presentada el 9 de mayo, es parte de una intervención integral del Gobierno nacional que busca aliviar las múltiples consecuencias del conflicto armado. Aunque las balas siguen resonando en la zona rural y los actores armados continúan disputándose el control territorial, más de 52.000 estudiantes que antes no recibían alimentación completa durante el calendario escolar ahora tendrán garantizados sus alimentos los 180 días del año lectivo. “Más de 170.000 estudiantes tendrán alimentación escolar los 180 días del calendario, no solo este año, sino en los que vienen”, explicó Sebastián Rivera Ariza, director de la Unidad de Alimentación Escolar (Uapa).

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

El anuncio se da en un contexto marcado por el recuerdo de los violentos hechos del 16 de enero de 2025, cuando el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las Farc protagonizaron una ofensiva que dejó más de 100 muertos, entre ellos seis excombatientes firmantes del Acuerdo de Paz. Los enfrentamientos también provocaron el desplazamiento forzado de cerca de 48.000 personas y el confinamiento de otras 25.000, lo que llevó al Ejecutivo a declarar el estado de conmoción interior en un intento por contener la violencia, garantizar la atención humanitaria y recuperar el control territorial.

Pese a la magnitud de la medida, la Corte Constitucional limitó su alcance. El 30 de abril declaró inconstitucionales varios apartes de la declaratoria, permitiendo únicamente aquellas acciones destinadas a mitigar la crisis humanitaria y fortalecer la seguridad en la zona. La tensión, sin embargo, no disminuyó. Tanto el ELN como las disidencias de las Farc mantienen su lucha por el dominio del Catatumbo, intensificando enfrentamientos armados, sembrando temor en la población civil y obstaculizando los procesos de estabilización regional.

En ese escenario, la educación se perfila como un frente estratégico de intervención estatal. La estrategia Ruta del Amor por el Catatumbo, liderada por el Ministerio de Educación, incluyó visitas a 41 instituciones educativas distribuidas en municipios como Tibú, El Tarra, Teorama, Convención, San Calixto, Ocaña, Sardinata y Hacarí. Producto de ese recorrido, se gestionaron $94.000 millones para expandir el alcance del PAE.

El Ministerio de Educación detalló cómo se asignaron los $94.000 millones invertidos en el Programa de Alimentación Escolar en la región: $47.000 millones fueron dirigidos a garantizar la continuidad del servicio en Norte de Santander, $44.000 millones se destinaron a Cúcuta para cubrir tanto a estudiantes antiguos como nuevos beneficiarios, y $2.000 millones fueron invertidos en el departamento del Cesar, con énfasis en las zonas priorizadas por su alta vulnerabilidad. Esta distribución busca asegurar una cobertura equitativa y sostenida en los territorios más afectados por el conflicto y la exclusión.

Pero el compromiso no termina con el calendario académico. “Además, el compromiso va más allá del calendario escolar. Durante las vacaciones, el Gobierno entregará una canasta alimentaria para cubrir los 30 días del receso, asegurando el bienestar de los estudiantes incluso fuera del aula”, detalló el ministerio en su comunicado.

La compañía Southern Energy, integrada por Pan American Energy (PAE), YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG, confirmó la incorporación de un segundo buque flotante de licuefacción para el desarrollo del plan “Argentina LNG”. La nueva planta flotante operará en el Golfo San Matías, provincia de Río Negro, y se sumará al primer barco anunciado, el “Hilli Episeyo”, como parte de un esquema que apunta a convertir al país en un proveedor relevante en el mercado mundial de gas natural licuado (GNL) a partir del desarrollo de Vaca Muerta.

El Gobierno además aprobó el ingreso de la primera fase del proyecto a los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), con una promesa de inversión de USD 7.000 millones en los próximos 20 años. El ministro de Economía, Luis Caputo, dio la noticia a través de un posteo en su cuenta oficial de X.

El anuncio fue luego de que Southern Energy y Golar LNG confirmaran un acuerdo por 20 años para incorporar el barco “MKII”, actualmente en construcción en un astillero de China. El buque tendrá una capacidad de producción de 3,5 millones de toneladas anuales de GNL, equivalente a casi 16 millones de metros cúbicos por día de gas natural. Las proyecciones indican que su operación comercial comenzará a finales de 2028.

Con esta incorporación, la capacidad conjunta de los dos buques confirmados alcanzará los 6 millones de toneladas anuales de GNL, lo que equivale a aproximadamente 27 millones de metros cúbicos diarios de gas natural. Para asegurar el abastecimiento, Southern Energy planificó la construcción de un gasoducto dedicado que conectará Vaca Muerta con el Golfo San Matías. Ambos barcos estarán destinados a exportaciones durante todo el año, lo que implica un paso clave para el posicionamiento del país como proveedor global de este tipo de combustible.

El proyecto forma parte de un plan por etapas que aspira a movilizar a la industria energética argentina a gran escala. En esta primera fase, Southern Energy avanzó con la decisión final de inversión (FID) para la instalación del “Hilli Episeyo”, lo que implicará una inversión de aproximadamente USD 7.000 millones en un horizonte de 20 años. Estos fondos cubrirán todas las instancias de la cadena de valor del GNL y permitirán escalar otras inversiones complementarias en la Cuenca Neuquina.

El consorcio además obtuvo la autorización de la Secretaría de Energía de la Nación para exportar GNL libremente durante 30 años, un hito normativo que brinda seguridad jurídica al proyecto. Además, el gobierno de Río Negro aprobó el Estudio de Impacto Ambiental, lo cual habilita el desarrollo de la infraestructura en la zona costera.

Con la llegada del segundo barco, se consolidó la composición accionaria de Southern Energy: PAE controla el 30%, YPF el 25%, Pampa Energía el 20%, Harbour Energy el 15%, y Golar LNG el 10%. El diseño del proyecto contempla un esquema de participación amplio y gradual que podría incorporar a otros actores del sector energético nacional en las próximas fases.

El nuevo esquema productivo impulsará exportaciones que no estaban presentes hasta el momento en la matriz comercial del país. Las terminales flotantes también generarán empleo, desarrollo de proveedores locales, e introducirán nuevos procesos productivos y tecnológicos, al tiempo que permitirán acceder a mercados internacionales aún no explorados por la Argentina en esta área.

El plan “Argentina LNG” se proyectó como una plataforma de crecimiento para la industria del gas natural con destino a la exportación, bajo un enfoque de escalabilidad y segmentación por etapas. El primer barco, el “Hilli Episeyo”, comenzará a operar en 2027 y marcará el inicio de los embarques regulares de GNL desde la Argentina.

La inversión en la infraestructura flotante y en el gasoducto conectivo representa una apuesta por la competitividad en un mercado global donde el GNL es un insumo clave para la transición energética. A diferencia de esquemas previos, este modelo combina tecnología offshore, acuerdos de largo plazo y mecanismos de incentivo a gran escala, como el RIGI. Southern Energy solicitó formalmente su adhesión al régimen como parte del esquema financiero y fiscal que respaldará la inversión en toda su extensión.

La ubicación en el Golfo San Matías respondió a criterios logísticos y ambientales. Desde esa zona, los barcos podrán operar durante todas las estaciones del año y acceder a rutas oceánicas estratégicas con destino a mercados de Europa y Asia. El emplazamiento también contempla el impacto en el desarrollo regional de Río Negro y su inserción en la economía energética.

Según informó la compañía, el proceso de construcción del “MKII” avanza según los plazos previstos y su arribo a la Argentina se proyecta para 2028. En paralelo, continúan las tareas de preparación para la recepción del “Hilli Episeyo”, que será el primero en entrar en funciones el año anterior. Con este despliegue, el país entra en una nueva etapa de su desarrollo energético con énfasis en exportaciones de valor agregado.

La Argentina tiene en Vaca Muerta la segunda reserva no convencional de gas natural y la cuarta de petróleo del mundo, por lo que el país cuenta con la oportunidad de aprovechar sus recursos durante la ventana que otorgue la transición energética. El presidente de YPF, Horacio Marín, suele afirmar que hay potencial para exportar de cara a 2031 unos USD 15.000 millones de GNL al año y otros USD 15.000 millones de petróleo. Esos USD 30.000 millones son equivalentes a lo que aporta el campo en buenos años de cosecha y podría resolver gran parte de los problemas de falta de dólares que históricamente enfrentó el país.

El jueves 1 de mayo de 2025, la Procuraduría General de la Nación anunció que inició una investigación disciplinaria contra varios exfuncionarios de la alcaldía de Purificación (Tolima), debido a presuntas irregularidades en la gestión de los recursos destinados al Programa de Alimentación Escolar (PAE) durante 2022.

De acuerdo con el ente de control, el caso involucra al exalcalde Cristhian Andrés Barragán Correa y a los exsecretarios de Educación del municipio, Oscar Eduardo Tafur Villarreal y Deisy Leticia Ospina Devia, que serán investigados por su posible responsabilidad en la falta de ejecución de los fondos asignados al programa.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Esto, a raíz de una auditoría de cumplimiento realizada por la Contraloría, en la que se detectaron hallazgos con presunta incidencia disciplinaria relacionados con el manejo de los recursos del Sistema General de Participación (SGP) destinados al PAE.

El informe reveló que el municipio no utilizó un total de $406.149.165, lo que afectó directamente a 1.579 niños priorizados en el programa.

“Esta situación se debió a la falta de gestión para coordinar el uso eficiente de los recursos y la escasa articulación con la Gobernación del Tolima para asegurar la continuidad del programa, resultando en una afectación directa a la población estudiantil", detalló el órgano de control.

El alcance de la investigación incluye esclarecer las razones detrás de la no ejecución de los recursos asignados y la ausencia de medidas para evitar la interrupción del programa desde septiembre de 2022.

Además, la Procuraduría busca determinar si las acciones u omisiones de los exfuncionarios constituyen una falta disciplinaria y, de ser así, proceder con las sanciones correspondientes.

Por último, la Procuraduría señaló que el proceso investigativo se centrará en determinar si los exfuncionarios incumplieron con sus deberes legales y administrativos al no garantizar el uso eficiente de los recursos públicos asignados al PAE.

Asimismo, se evaluará si hubo negligencia en la implementación de estrategias para coordinar con la Gobernación del Tolima, lo que habría permitido la continuidad del programa y evitado la afectación a los estudiantes.

Gobierno nacional convirtió PAE en política pública de Estado: en esto consiste

La Unidad de Alimentos para Aprender (UApA) y el Ministerio de Educación anunciaron la institucionalización del Programa de Alimentación Escolar (PAE) como una política de Estado, con el propósito de garantizar su sostenibilidad a largo plazo.

Esta medida pretende blindar el programa frente a cambios políticos y consolidarlo como un derecho esencial para los niños y jóvenes del país.

Sebastián Rivera, director de la Uapa, afirmó que este cambio es un logro histórico, ya que, por primera vez en seis décadas, la alimentación escolar es reconocida mediante una política pública formal.

En ese contexto, es preciso señalar que esta política está estructurada en cinco pilares fundamentales. Primero, la alimentación escolar se declara un derecho esencial para el desarrollo integral de los estudiantes.

En el segundo, se crean mecanismos de financiamiento a largo plazo para garantizar la estabilidad y ampliación del programa. En el tercer, se mejorará la calidad nutricional de los alimentos y las minutas alimentarias, incluyéndose criterios técnicos y la participación comunitaria.

Entre tanto, el cuarto se centrará en fomentar la participación ciudadana, invitando activamente a estudiantes, familias y comunidades a involucrarse en la toma de decisiones.

Finalmente, se implementarán sistemas de monitoreo y evaluación para fortalecer la transparencia y eficiencia en la gestión del programa.

Esta iniciativa, alineada con el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, también aborda retos estructurales relacionados con la seguridad alimentaria en el país. Para su construcción, se habilitaron espacios de consulta pública mediante un formulario en línea accesible en la web oficial www.alimentosparaaprender.gov.co y a través de las redes sociales de la entidad.

La Unidad de Alimentos para Aprender (UApA) dio un paso significativo al transformar el Programa de Alimentación Escolar (PAE) en una política de Estado, con el objetivo de garantizar su continuidad más allá de los cambios de gobierno y asegurar que todos los estudiantes del país reciban una alimentación adecuada durante su formación académica.

Según informaron desde la Unidad de Alimentos para Aprender y el Ministerio de Educación, la medida busca blindar el programa frente a los ciclos políticos y consolidarlo como un derecho fundamental para la niñez y la juventud en Colombia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El director de la UApA, Sebastián Rivera, destacó la importancia de este avance al afirmar que: “Después de 60 años, este Gobierno le dejará a Colombia su primera política pública de alimentación escolar. El Gobierno del Cambio tomó la decisión de elevar el PAE a política de Estado”. Para la entidad, el anuncio marcó un hito en la historia del programa, que ahora se regirá por una estructura más sólida y sostenible.

Estos son los ejes estratégicos de la nueva política PAE

La nueva política se fundamenta en cinco ejes estratégicos diseñados para maximizar el impacto del PAE en las comunidades educativas. En primer lugar, se reconoce la alimentación escolar como un derecho esencial para el desarrollo integral de los estudiantes.

En segundo lugar, se establecen mecanismos de financiamiento a largo plazo que permitan la continuidad y expansión del programa. Además, se prioriza la mejora de la calidad y el valor nutricional de los alimentos, mediante la actualización de las minutas alimentarias con criterios técnicos y la participación de las comunidades.

Otro de los pilares clave es la participación ciudadana, que busca involucrar a estudiantes, familias y comunidades educativas en la toma de decisiones, promoviendo la transparencia y adaptando el programa a las necesidades locales. Por último, se implementarán sistemas de monitoreo y evaluación rigurosos para garantizar la eficiencia, la rendición de cuentas y la transparencia en la gestión del programa.

De acuerdo con la UApA, esta política responde a los lineamientos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, que identifica la seguridad alimentaria como un desafío estructural en el país. Para fomentar la participación ciudadana en la formulación de esta política, se habilitó un formulario en línea y se han puesto a disposición las redes sociales de la entidad, con el fin de recoger aportes de diversos sectores de la sociedad. Las personas interesadas pueden hallar la información ingresando al siguiente enlace: www.alimentosparaaprender.gov.co.

Rivera subrayó que la iniciativa trasciende la simple entrega de alimentos en las escuelas, al señalar: “Esto va más allá de entregar alimentos en la jornada escolar. Hablamos de soberanía alimentaria, de nutrición saludable y de una política construida entre todos: sector público, privado, ONG, comunidad educativa y familias”. Para el director, dicho enfoque integral busca no solo garantizar la alimentación de los estudiantes, también promover hábitos saludables y fortalecer la soberanía alimentaria en las comunidades.

A pesar de los avances, la consolidación del PAE como política pública enfrenta desafíos significativos. Entre ellos, se destacan la gestión descentralizada, la mejora de la infraestructura y la capacitación de los actores involucrados. Sin embargo, la UApA consideró que estos retos son superables y que la nueva política representa un paso crucial para proteger los derechos de la infancia y la juventud en Colombia.

“Una nutrición saludable, también una cultura de nutrición saludable, que es lo que queremos profundizar en esta próxima política pública que formularemos en el transcurso de este año. Esperamos contar con todo el apoyo de toda la ciudadanía que está interesada y preocupada por la niñez colombiana“, concluyó Rivera.

La Secretaría de Energía de la Nación aprobó este lunes el certificado de Autorización de Libre Exportación de Gas Natural Licuado (GNL) por 30 años a Southern Energy, el consorcio que reúne a las principales petroleras locales. Se trata del primer proyecto para exportar este combustible desde la Argentina, a partir de 2027. El volumen y el plazo autorizados representan un hito sin precedentes: el país se sumará al selecto grupo de naciones exportadoras de GNL, según fuentes del sector consultadas por Infobae.

La medida fue oficializada mediante la Resolución 165/2025, firmada por la secretaria de Energía, María Tettamanti. La norma se enmarca en las recientes modificaciones impulsadas por el Gobierno en la Ley de Hidrocarburos, que otorgan mayor flexibilidad a los exportadores tras la sanción de la Ley Bases.

La solicitud de Southern Energy contempla un volumen máximo de exportación diaria de 385.000 millones de BTU (unidad térmica británica) o un máximo anual de 134,4 millones de MMBTU, lo que proyecta exportaciones totales por 3.840 millones de MMBTU en el período autorizado. La empresa prevé iniciar los envíos el 1 de julio de 2027 y continuar hasta el 30 de junio de 2057.

Fuentes empresarias destacaron que este permiso supone un hito histórico: en los años 90 hubo autorizaciones de exportación de gas, pero con volúmenes más reducidos y plazos significativamente más breves. Además, consideran que envía una señal de previsibilidad a los compradores internacionales de GNL, reforzando la confianza en el compromiso argentino de sostener las exportaciones.

El consorcio Southern Energy está integrado por Pan American Energy (40%), Pampa Energía (20%), YPF (15%), la británica Harbour Energy (15%) y la noruega Golar LNG (10%).

El desarrollo del proyecto “Argentina LNG” se estructurará en etapas. En una primera fase, prevista para 2027, se instalará el “Hilli Episeyo”, un buque de licuefacción flotante (FLNG) en la provincia de Río Negro. Esta instancia contempla producción de gas en bloques dedicados de Vaca Muerta, transporte mediante gasoductos específicos y procesamiento offshore. Aunque inicialmente se utilizarán unidades flotantes, no se descarta en el futuro construir una planta terrestre.

Southern Energy proyecta una inversión de USD 2.900 millones en los primeros 10 años. A lo largo de los 20 años de vida útil estimada del proyecto, la inversión total en la cadena de valor alcanzaría los USD 7.000 millones. La iniciativa fue ingresada dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que ofrece beneficios fiscales y cambiarios.

A partir de 2028 se espera la expansión con “Argentina LNG 2” y “Argentina LNG 3”, que elevarán la capacidad instalada en unos 22 millones de toneladas por año (MTPA). En esta segunda fase (2029-2030), YPF actuará como operador junto a Shell y otros tres supermajors cuyos nombres aún no fueron revelados. La inversión estimada será de hasta USD 12.000 millones, incluyendo la construcción de dos nuevos buques FLNG y un gasoducto exclusivo.

Simultáneamente, “Argentina LNG 3” aportará otros 12 MTPA de capacidad entre 2028 y 2029, replicando la estructura accionaria, con YPF reteniendo el 25%. Además, la petrolera nacional confirmó que construirá cuatro unidades de GNL en China: dos en sociedad con la italiana Eni y otras dos con la angloholandesa Shell. Con esta expansión, Argentina podría alcanzar exportaciones equivalentes a 27 millones de m³/día, cerca del 20% de la producción nacional actual.

La Argentina tiene en Vaca Muerta la segunda reserva no convencional de gas natural y la cuarta de petróleo del mundo, por lo que el país cuenta con la oportunidad de aprovechar sus recursos durante la ventana que otorgue la transición energética. El presidente de YPF, Horacio Marín, suele afirmar que hay potencial para exportar de cara a 2031 unos USD 15.000 millones de GNL al año y otros USD 15.000 millones de petróleo. Esos USD 30.000 millones son equivalentes a lo que aporta el campo en buenos años de cosecha y podría resolver gran parte de los problemas de falta de dólares que históricamente enfrentó el país.

En paralelo, este mes Argentina comenzó a exportar gas natural a Brasil por primera vez en su historia, utilizando la infraestructura de Bolivia. TotalEnergies realizó el primer envío de gas de Vaca Muerta, seguido por Tecpetrol y Pluspetrol.

Este avance representa un paso clave hacia la integración energética regional, conectando la principal reserva de gas no convencional de Sudamérica, el mayor sistema de transporte de gas y el país con mayor demanda energética industrial de la región.

El Gobierno de la provincia del Chubut y la empresa Pan American Energy (PAE) firmaron este lunes un acuerdo para la reconversión del área de Cerro Dragón en una concesión no convencional de hidrocarburos, tras verificarse la existencia de shale gas en la formación geológica D-129, según informó el Ejecutivo provincial durante un acto celebrado en el Centro de Convenciones del Museo Egidio Feruglio, en la ciudad de Trelew.

El proyecto prevé una inversión inicial de aproximadamente 250 millones de dólares para ejecutar un plan piloto que busca desarrollar producción no convencional en la cuenca del Golfo San Jorge, una región sin antecedentes en este tipo de operaciones. La compañía confirmó la presencia de intervalos productivos de entre 70 y 150 metros de espesor, ubicados a menos de 3.500 metros de profundidad, que contienen gas húmedo y presentan niveles de sobrepresión favorables para su explotación.

PAE empleó técnicas como la sísmica 3D, análisis de pozos existentes y la perforación de un pozo exploratorio, el cual alcanzó los 1.500 metros de rama lateral con 25 etapas de fractura espaciadas cada 60 metros, para comprobar la viabilidad operativa del proyecto. La perforación confirmó tanto el tipo de hidrocarburo como las condiciones necesarias para su desarrollo en formaciones no convencionales.

Con base en estos estudios, la empresa solicitó formalmente al gobierno provincial la reconversión de la concesión convencional en una Concesión de Explotación No Convencional, en virtud de lo dispuesto en la Ley Federal de Hidrocarburos 17.319 y el Decreto Nacional N° 1057/24. El Ejecutivo chubutense autorizó la reconversión mediante un decreto que otorga a PAE un plazo de explotación de 35 años, ampliado en 10 años adicionales dada la magnitud de la inversión, conforme al artículo 35 de la ley mencionada.

Durante la firma del acuerdo, el Group CEO de Pan American Energy, Marcos Bulgheroni, señaló que “hoy somos los primeros en explorar la cuenca con objetivo shale y estamos confiados en poder desarrollarlo”, y agradeció al gobernador Ignacio Torres por su colaboración técnica. Bulgheroni subrayó que Cerro Dragón es la mayor área productora de hidrocarburos convencionales del país y que esta reconversión permitirá contrarrestar su declino natural.

Por su parte, el mandatario Torres destacó que se trata de “un hito histórico que abre la puerta a una nueva etapa en la provincia”, y aseguró que la iniciativa representa “una señal clara y previsible para que lleguen nuevas inversiones”. Añadió que este tipo de desarrollos permitirá mejorar la productividad y eficiencia de la cuenca, que actualmente cuenta con numerosos pozos maduros.

La provincia espera recibir ingresos por unos 90 millones de dólares durante los próximos cinco años como consecuencia directa de la reconversión, a los que se sumarán regalías por la nueva producción y el impacto económico de una mayor actividad hidrocarburífera. En paralelo, PAE implementará programas de formación profesional, fomentará la contratación de proveedores locales y sostendrá un sistema de garantías de préstamos para pequeñas y medianas empresas radicadas en Chubut.

Torres recordó que un tercio de los recursos provinciales dependen directamente de las regalías petroleras, por lo que la fuerte volatilidad internacional y local representa un riesgo significativo. Mencionó como factores de inestabilidad la existencia de una guerra arancelaria a nivel global, la incertidumbre sobre el valor del dólar, y la salida del cepo cambiario en el país. “Es imposible pensar en hacer inversiones a mediano y largo plazo en un contexto de tanta volatilidad”, expresó.

Pese a ese panorama, el mandatario provincial señaló que el Gobierno de Chubut optó por avanzar en sentido contrario. “En Argentina estamos acostumbrados a la incertidumbre, a estos cortoplacismos económicos de la macro. Sin embargo, como Estado soberano, como provincia, entendimos que podíamos dar muestra también de todo lo contrario, de previsibilidad, de calidad institucional y sobre todo, de confianza”, afirmó.

“Entendimos que quitándole la pata de encima a la producción y al trabajo, el efecto es multiplicador. Hay más inversiones y lejos de resentirse las arcas provinciales, también genera un aumento en la recaudación. Y lo más importante, genera trabajo”, agregó el gobernador.

Por último, reconoció que se trata de un proceso complejo, pero aseguró que Chubut cuenta con más de 100 años de experiencia en el sector energético. “Lo más importante es no solo ponderar esa experiencia, sino aprender de los errores. La fácil es quejarse, mirar para atrás y hablar de las herencias recibidas. A mí me hubiese encantado asumir la gobernación con un barril a más de 120 dólares y con la cuenca en auge. Sin embargo, me tocó asumir en un contexto muy complicado y en medio de este contexto complicado logramos algo que sí es verdaderamente histórico”, concluyó.

La contratación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en Sincelejo está generando una fuerte controversia debido a su alto costo y las condiciones en las que se adjudicó el contrato. Mientras la administración municipal resalta la cobertura universal del programa y su continuidad garantizada hasta 2027, diversos sectores manifiestan su preocupación por la falta de competencia en el proceso de selección y el incremento en los costos de operación.

Uno de los aspectos que despierta mayor inquietud es el valor del contrato. Con una inversión superior a los 256.000 millones de pesos, el PAE de Sincelejo es uno de los más costosos del país. Según datos de Colombia Compra Eficiente, se trata del octavo contrato más caro en el territorio nacional desde 2022 hasta febrero de 2025, superando incluso la inversión realizada por departamentos como Huila, Cesar, Chocó, Córdoba y La Guajira. En 2023, este convenio fue el segundo más grande firmado para el programa de alimentación escolar en Colombia.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

La falta de pluralidad de oferentes en el proceso de selección es otro punto de crítica. La alcaldía utilizó un “régimen especial con ofertas”, un mecanismo que, si bien permite una contratación más ágil que una licitación pública, también debería contemplar diversas opciones en el mercado. Sin embargo, en esta ocasión, la única propuesta presentada fue la de la Unión Temporal PAE Universal 2024-2027, conformada por las organizaciones sin ánimo de lucro Los Flamingos, Alcanzando Nuestros Sueños y Proniños de hoy para hombres del mañana. Su representante legal es Héctor José Chávez Rodríguez.

Los documentos del Secop revelan que el proceso de recepción de ofertas estuvo abierto apenas cuatro días, de los cuales dos correspondieron a un fin de semana. La convocatoria se abrió el 19 de febrero y cerró el 23 del mismo mes. Cuatro días después, la única oferta recibida fue declarada habilitada y, tras la subsanación de algunos documentos, el 4 de marzo le fue adjudicado el contrato, que comenzó a ejecutarse el 1 de abril.

A esto se suma el hecho de que la Unión Temporal solicitó y obtuvo un reajuste en el valor del contrato para la vigencia de 2025 por un monto de 8.680 millones de pesos, lo que representa un aumento de 2.000 millones de pesos sobre lo que inicialmente estaba presupuestado. De esta manera, el presupuesto anual para el PAE en Sincelejo pasará de 53.314 millones de pesos a 67.857 millones en 2025.

El aumento en los costos es justificado por la administración municipal y el contratista bajo diversas razones. Según el documento del contrato, algunas modificaciones en el servicio se deben a que varios menús no fueron aceptados por la población beneficiaria, lo que obligó a realizar ajustes. Además, en 11 instituciones educativas no se efectuaron mejoras presupuestadas para la adecuación de espacios de preparación de alimentos, lo que llevó a la necesidad de preparar la comida en otros lugares y transportarla hasta los colegios.

En este sentido, el operador del contrato solicitó la compra de 59 motocarros “cabinados de transporte ligero para carga con capacidad de 500 kilos”, los cuales deben contar con “estibas, canastillas, báscula, termómetro digital y conductor”. Además, el contrato también contempla la adquisición de seis busetas destinadas a transportar al personal que trabaja en la elaboración de la comida caliente.

A pesar de las críticas, la Alcaldía de Sincelejo defiende la contratación del PAE, argumentando que este modelo garantiza estabilidad en la alimentación escolar durante cuatro años, sin las interrupciones que se presentaron en otras regiones del país. “La contratación del PAE por cuatro años busca estabilidad en el programa, que los estudiantes no se vean afectados por las demoras del proceso”, señaló la administración en un comunicado oficial.

Asimismo, la alcaldía destacó que, desde el primer día de clases, más de 40.000 estudiantes recibieron su alimentación sin interrupciones, lo que representa una cobertura del 100% de la población estudiantil. Además, el contrato asegura la prestación del servicio hasta el 31 de diciembre de 2027, lo que, según el gobierno local, evita riesgos asociados a la falta de continuidad en la alimentación de los niños y jóvenes del municipio.

Mientras el calendario escolar avanza, miles de estudiantes de instituciones educativas públicas en la zona urbana de Riohacha continúan sin acceso al Programa de Alimentación Escolar (PAE), lo que encendió las alarmas en el Ministerio de Educación y en la Unidad de Alimentos para Aprender (Uapa). A pesar de que el Gobierno nacional ya giró los recursos correspondientes a la entidad territorial, la contratación de un operador que garantice la prestación del servicio es infructuosa hasta el momento, dejando a 30.200 niños, niñas y adolescentes sin el beneficio de alimentación que debería estar disponible desde el 3 de febrero.

El proceso de selección del operador enfrenta obstáculos desde el inicio del año. Dos intentos previos de licitación—Licitación LP-005-2024 y Selección Abreviada SAMC-01-2025—fueron declarados desiertos, ya que ninguna de las propuestas presentadas cumplía con los requisitos mínimos exigidos para su evaluación. Como resultado, no se pudo adjudicar el contrato a ninguna entidad que se encargue de la distribución de los alimentos, prolongando la incertidumbre entre la comunidad educativa.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

La Uapa, a través de su director, Sebastián Rivera, manifestó su preocupación ante la falta de un operador para el programa. “Nos preocupa que 30.000 niños, niñas y adolescentes de la zona urbana de Riohacha aún no cuenten con el Programa. Nosotros hemos puesto también la alerta a los entes de control y hemos invitado a la entidad territorial para que tome las medidas correctivas del caso”, declaró Rivera en un comunicado oficial. El llamado del Gobierno es claro: urge destrabar los procesos administrativos que impiden la ejecución del PAE y garantizar el derecho a la alimentación de los estudiantes afectados.

Además de los problemas contractuales, la Alcaldía de Riohacha señaló que los recursos asignados para el programa podrían no ser suficientes para cubrir el servicio en el segundo semestre del año. Aunque el Ministerio de Educación señaló que ya se destinaron $35.000 millones para la ejecución del programa, hasta el momento no recibieron una solicitud formal ni una actualización del Plan Financiero Territorial que permita evaluar la viabilidad de un refuerzo presupuestal.

De manera simultánea, el modelo de alimentación indígena, que es diseñado con el propósito de atender de manera diferenciada a las comunidades indígenas de la región, comenzó a implementarse de manera progresiva a partir del 14 de febrero.

No obstante, a pesar de este avance, persisten dificultades administrativas y contractuales que impiden su funcionamiento pleno. Hasta la fecha, aún quedan varios contratos pendientes de ser formalizados, lo que genera demoras en la prestación del servicio y afecta directamente a 1.800 estudiantes indígenas, quienes continúan sin recibir la alimentación escolar a la que tienen derecho.

Frente a este panorama de retrasos e incertidumbre en la implementación del PAE en Riohacha, el Ministerio de Educación y la Unidad de Alimentos para Aprender hicieron un llamado urgente a la administración municipal para que tome medidas concretas y efectivas con el fin de solucionar la problemática. En un comunicado conjunto, ambas entidades gubernamentales expresaron su preocupación por la falta de avances en la contratación de un operador y exigieron a la Alcaldía actuar con prontitud para evitar que más estudiantes se vean afectados por la ausencia del servicio.

En el documento, enfatizaron la necesidad de “priorizar y agilizar las acciones necesarias para superar los obstáculos administrativos y contractuales que impiden el inicio del PAE para la población mayoritaria” y, además, instaron a “culminar a la mayor brevedad los trámites pendientes para garantizar la atención de los estudiantes del modelo indígena”, quienes siguen a la espera de una solución que garantice su derecho a la educación en condiciones dignas y equitativas. Asimismo, hicieron un llamado a las autoridades competentes para que agilicen los procesos y eviten mayores afectaciones a la comunidad educativa.

Según Vásquez, se han distribuido productos vencidos y con gusanos, además de haberse adjudicado contratos millonarios en condiciones cuestionables, lo que ha desatado una ola de indignación en la comunidad.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Contratos irregulares y favorecimiento a una fundación

Las investigaciones de la congresista sobre la administración del PAE en Girardot revelaron un patrón alarmante en los procesos de adjudicación. Vásquez detalló que la licitación pública de 2024, por un monto de $5.000 millones, fue declarada desierta debido a la falsificación de documentos en las ofertas presentadas por la unión temporal Las Acacias, compuesta por Fombisol y Jerarquía Corporativa S. A. S.

Ante este fracaso, se declaró una urgencia manifiesta y se adjudicó un contrato directo por $2.000 millones a la Fundación Unidos Nutriendo Sueños, cuyo representante legal es Robinson Cely Cely. Vásquez señaló que esta fundación ha sido recurrentemente favorecida en la contratación del PAE en Girardot y otros departamentos, a pesar de sus antecedentes de corrupción.

En la siguiente fase del proceso, mediante una selección abreviada, se adjudicó un nuevo contrato por $3.724 millones, en el que nuevamente la Fundación Unidos Nutriendo Sueños tuvo una participación del 70%, esta vez en alianza con la unión temporal Uniendo Girardot. Finalmente, para 2025, el contrato de $5.979 millones fue otorgado a la unión temporal Por los Niños de Girardot, con la misma fundación a la cabeza, consolidando su dominio en la contratación del PAE en la región.

“Es curioso que esta empresa ha cambiado de nombre y razón social para quedarse con los contratos del PAE del 2024 y 2025, y también tiene investigaciones en la Fiscalía y en la Procuraduría”, denunció Vásquez en sus redes sociales.

La congresista también alertó sobre las conexiones de la Fundación Unidos Nutriendo Sueños con otros casos de corrupción en diferentes departamentos del país. Vásquez mencionó que Robinson Cely Cely ha estado vinculado en escándalos similares en Cesar, Santander, Norte de Santander, Bolívar y Córdoba. En algunos de estos casos, se ha denunciado que la fundación no ha pagado a las manipuladoras de alimentos y ha incurrido en prácticas fraudulentas en la adjudicación de contratos.

En Cesar, por ejemplo, la fundación fue señalada por haber sido favorecida durante la administración del exgobernador Luis Alberto Monsalvo Gnecco, que fue destituido y condenado por corrupción en la contratación del PAE durante su primer mandato, entre 2012 y 2015.

Alimentos en mal estado: una amenaza para la salud de los niños

Más allá de las irregularidades contractuales, la congresista reveló que la calidad de los alimentos entregados a los niños beneficiarios del PAE es alarmante. Según denuncias de padres de familia y veedurías, se han encontrado papas vencidas, alimentos con gusanos y productos en condiciones insalubres.

“Las denuncias de padres de familia y veedores evidencian un posible entramado de corrupción que afecta la alimentación de miles de niños en Girardot. Exijo una respuesta inmediata de las autoridades”, afirmó Vásquez.

Además, los operadores del programa han impedido el acceso de las veedurías a las bodegas y centros de almacenamiento, lo que genera aún más sospechas sobre el manejo de los recursos destinados a la alimentación escolar.

Ante estas graves irregularidades, la congresista ha solicitado a la Procuraduría General de la Nación que inicie investigaciones disciplinarias y refuerce la vigilancia sobre los contratos del PAE en Girardot. También pidió a la Fiscalía General de la Nación que investigue la falsificación de documentos en los procesos de licitación y adjudicación de los contratos.

“Con la alimentación de los niños no se juega”, sentenció Vásquez, exigiendo que las autoridades actúen con firmeza para garantizar que los estudiantes reciban alimentos de calidad y que se detengan estas prácticas de corrupción.

La Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación abrieron una investigación formal contra el alcalde de Neiva, Germán Casagua Bonilla, y varios de sus funcionarios, por presuntas irregularidades en la adjudicación del contrato del Programa de Alimentación Escolar (PAE) correspondiente al 2025.

De acuerdo con la información oficial, la investigación abarca presuntos delitos como tráfico de influencias, fraude procesal, conflicto de intereses e interés indebido en la celebración de contratos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El caso estaría relacionado con la adjudicación de un contrato que supera los 18.000 millones de pesos a la Unión Temporal UT Propae Neiva 2025, de la cual hace parte la empresa Comercializadora Disfruver S.A.S., según comunicó el medio Asuntos Legales.

Según la denuncia presentada por el abogado Kevin Oliver Keep, presidente de la Veeduría Jurídica Nacional a la Gestión Administrativa del Estado (Veerjurídica), esta empresa habría falsificado documentos para obtener el contrato.

“El alcalde actuó como abogado litigante de Veerjurídica, una entidad sin ánimo de lucro de la que fue presidente”, denunció Keep, que aseguró que esta situación configura un claro conflicto de interés.

Documentos falsificados y antecedentes sancionatorios

De acuerdo con lo que comunicó el medio Nación Colombia, uno de los puntos clave en la investigación es la presunta falsificación de un certificado de inexistencia de sanciones. La empresa Comercializadora Disfruver S.A.S. fue multada en 2019 por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) con 790.850.780 pesos por violaciones al régimen de libre competencia en contratos del PAE en Bogotá.

Sin embargo, en el proceso de contratación en Neiva, la empresa presentó un certificado donde no aparecía ninguna multa, lo que podría configurar fraude procesal y falsedad en documento privado.

Además, según la denuncia, contratistas de la Alcaldía, como Yaneth López Audor y Lisbet Paola Trujillo Rodríguez, contactaron a trabajadores y propietarios de bodegas para gestionar espacios y personal para la empresa beneficiada, antes de que la adjudicación fuera oficial. Esto refuerza la sospecha de un direccionamiento indebido en el proceso.

Funcionarios implicados y delitos investigados

Según la denuncia de Veerjurídica, dada a conocer por el medio mencionado, la Secretaría de Educación de Neiva habría negociado directamente con la empresa sancionada para garantizarle la adjudicación del contrato, lo que representa una posible violación a los principios de transparencia y libre competencia.

Los delitos que estarían siendo investigados incluyen conflicto de interés, tráfico de influencias, interés indebido en la celebración de contratos, fraude procesal, abuso de función público, falsedad en documento privado.

Llamado a la acción y solicitud de anular el contrato

Hasta el momento, el alcalde Germán Casagua Bonilla no ha emitido declaraciones sobre el proceso en su contra. Ante la gravedad de los hechos, Veerjurídica ha solicitado a la Procuraduría, la Fiscalía, la Contraloría General de la República y la Bolsa Mercantil de Colombia que realicen una investigación exhaustiva y adopten medidas inmediatas. Entre las acciones solicitadas, citada por el portal informativo, están:

• Apertura de una investigación penal contra el alcalde de Neiva, la Secretaría de Educación y los supervisores del contrato.
• Intervención disciplinaria por parte de la Procuraduría General contra los funcionarios involucrados.
• Revisión de la Bolsa Mercantil para determinar la autenticidad de los documentos presentados.
• Anulación del contrato y aplicación de sanciones a los responsables.

Irregularidades en el PAE dejan sin alimentos a 32.000 estudiantes en Neiva

La entrega del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en Neiva enfrenta una grave crisis que afecta a 32.000 estudiantes de zonas urbanas y rurales. Según informó el medio Alerta Tolima, la suspensión del programa se debe a presuntas irregularidades en el proceso de adjudicación, entre las que destaca la posible presentación de un documento falso por parte de la empresa contratista. Esta situación ha generado una paralización total en la entrega de alimentos, dejando a miles de niños y jóvenes sin acceso a una fuente esencial de nutrición.

El problema, que ya se extiende por más de 30 días desde el inicio del calendario escolar, ha causado preocupación entre padres de familia, estudiantes y autoridades educativas. Según detalló el medio, el retraso en la implementación del PAE ha provocado malestar generalizado, especialmente entre aquellos estudiantes que dependen de este programa para garantizar su alimentación diaria.

El impacto de esta suspensión no solo se limita a la nutrición de los menores, sino que también podría derivar en un aumento de la deserción escolar. Según declaraciones recogidas por el medio, algunos estudiantes asisten a clases únicamente para recibir los alimentos proporcionados por el PAE, lo que subraya la importancia de este programa como un apoyo fundamental para las familias más vulnerables.

La Contraloría General de la República expuso nuevamente una preocupante realidad sobre el Programa de Alimentación Escolar (PAE), revelando que en lo que va del año, 781.000 niños, niñas y adolescentes han resultado afectados por retrasos en la entrega de estos alimentos esenciales.

Según el ente de control, hasta el 14 de febrero de 2025, siete Entidades Territoriales Certificadas (ETC) en distintas zonas del país, junto con 13 municipios no certificados del departamento de Casanare, aún no habían puesto en marcha la prestación del servicio, afectando directamente a unos 307.000 estudiantes.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Los departamentos más afectados incluyen Neiva, Magdalena, Cauca, Sucre, La Guajira y la ciudad de Riohacha, donde los estudiantes no han recibido a tiempo su alimentación escolar, lo que agrava la situación de miles de familias que dependen de este beneficio.

A este panorama se suma que en otras 11 regiones, aunque el programa comenzó a implementarse, lo hizo con demoras, lo que ha perjudicado a 474.000 menores, quienes no han recibido los alimentos en los tiempos adecuados dentro de las instituciones educativas.

Frente a esta problemática, la Contraloría emitió una advertencia urgente a las entidades responsables de garantizar el PAE, instándolas a cumplir con sus compromisos.

“La Contraloría General de la República hace un llamado a todas las Entidades Territoriales Certificadas (ETC), para que cumplan con los procesos contractuales y al Gobierno Nacional para que garanticen los respectivos recursos de manera oportuna, y así, dar continuidad y calidad en la prestación del servicio del PAE en todo el territorio nacional”, señaló el organismo en un comunicado oficial.

El llamado del ente de control busca presionar tanto a las administraciones locales como al Gobierno Nacional para que aseguren los recursos y agilicen los procesos, con el fin de evitar que más estudiantes sufran la falta de este apoyo alimenticio.

El PAE es un programa clave para la nutrición y el bienestar de millones de niños en el país, especialmente en regiones vulnerables donde el acceso a una alimentación balanceada es limitado.

Sin embargo, cada año, se presentan problemas en su ejecución debido a fallas en los contratos, falta de planeación y asignación tardía de los fondos.

El atraso en la entrega de la alimentación escolar no solo pone en riesgo la salud y el desarrollo de los niños, sino que también impacta su desempeño académico, ya que muchos dependen de este servicio para recibir al menos una comida completa al día.

YPF oficializó este jueves un nuevo paso en su proyecto para exportar Gas Natural Licuado (GNL) a partir del desarrollo de Vaca Muerta. La petrolera de mayoría estatal firmó su incorporación en la iniciativa para la instalación del buque de licuefacción “Hilli Episeyo” en Río Negro que pertenece a la sociedad sociedad Southern Energy, creada por Pan American Energy (PAE) y Golar LNG.

El país se posicionaría como proveedor del mercado mundial de GNL a partir de 2027. La principal apuesta de YPF es que la Argentina llegue a niveles de venta de 30 millones de toneladas al año (MTAP) del combustible para 2031, equivalentes a unos USD 15.000 millones anuales.

La petrolera estatal tendrá una participación del 15% en la sociedad Southern Energy y se comprometió a suministrar el 16,67% de los volúmenes de gas natural desde sus operaciones en Vaca Muerta.

“Esta firma constituye otro paso importante para impulsar Argentina LNG que lideramos desde YPF pero que desarrollamos con todos los actores de la industria. Por eso, conformar esta alianza con PAE, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar es estratégico para concretar este proyecto que va a transformar al país en los próximos 10 años” afirmó Horacio Marín, presidente y CEO de YPF.

Los socios de Southern Energy tendrán la siguiente participación accionaria: PAE (40%), Pampa Energía (20%), YPF (15%), la británica Harbour Energy (15%) y la noruega Golar LNG (10%).

De la firma del acuerdo participaron Marin; Marcos Bulgheroni, Group CEO de Pan American Energy; Nicolás Mindlin, vicepresidente ejecutivo de Pampa Energía; y Mariano Cancelo, managing director de Harbour Energy.

El proceso para convertir a la Argentina en un país exportador de GNL está previsto en etapas. La instalación del “Hilli Episeyo” en 2027 constituye la primera fase del “Argentina LNG”, proyecto que prevé la participación de toda la industria local. Comprende la producción de gas en bloques dedicados en Vaca Muerta, su transporte a través de gasoductos dedicados y una terminal de procesamiento (offshore/onshore) en la provincia de Río Negro. En principio serán buques y no está descartado del todo una planta en tierra.

Southern Energy tiene previsto una inversión estimada de USD 2.900 millones durante los próximos 10 años. A lo largo de los 20 años de vida útil del proyecto, la inversión total estimada será de USD 7.000 millones en toda la cadena de valor. La iniciativa fue presentada en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) que impulsó el Gobierno de Javier Milei.

“El buque de licuefacción, instalado en la provincia de Río Negro, favorecerá la creación de empleo, el desarrollo de proveedores locales, la introducción de nuevos procesos productivos y tecnológicos y generará exportaciones de productos que actualmente no se exportan en mercados internacionales, accediendo a nuevos destinos de exportación”, dijeron desde PAE.

El buque de licuefacción “Hilli Episeyo” tendrá una capacidad de producción de 2,45 millones de toneladas anuales de GNL, equivalente a 11,5 millones de metros cúbicos día de gas natural, previéndose el inicio de la operación comercial en 2027.

YPF tiene prácticamente cerrado un compromiso de venta de gas licuado por USD 15.000 millones anuales a empresas de Europa y Asia. El monto representa las 30 millones de toneladas que contempla todo “Argentina LNG”. Los principales destinos serían empresas de India, China, Japón y Alemania según pudo reconstruir Infobae en base a fuentes con conocimiento de las gestiones. Recientemente hubo un acuerdo con Shell, que será socio en un barco y comprador de combustible.

Esos destinos son una gran oportunidad para la Argentina a la hora de pensar en la exportación de combustible. La guerra entre Rusia y Ucrania desde 2022 complicó el abastecimiento global de energía, pero la transición hacia fuentes más limpias apremia para aprovechar la ventana de tiempo. En la región, aparece Brasil como otro comprador del fluido para abastecer su demanda industrial a través de gasoductos e incluso de GNL.

Asegurar los contratos de venta es un paso fundamental para conseguir los fondos necesarios para, en una primera instancia, construir la infraestructura necesaria y traer a las costas Río Negro los primeros tres o cuatro barcos de licuefacción que tomarán el gas natural de Vaca Muerta. Los contratos se pondrán como garantía para conseguir entre USD 10.000 y USD 20.000 millones a través de bancos internacionales.

La Argentina tiene en Vaca Muerta la segunda reserva no convencional de gas natural y la cuarta de petróleo del mundo, por lo que el país cuenta con la oportunidad de aprovechar sus recursos durante la ventana que otorgue la transición energética. Marín suele afirmar que hay potencial para exportar de cara a 2031 unos USD 15.000 millones de GNL al año y otros USD 15.000 millones de petróleo. Esos USD 30.000 millones son equivalentes a lo que aporta el campo en buenos años de cosecha y podría resolver gran parte de los problemas de falta de dólares que históricamente enfrentó el país.

En la mañana del jueves 9 de enero de 2025, se conoció la solucitud expresa que realizó la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública al alcalde de Quibdó, Rafael Bolaños, para que suspendiera la licitación del Plan de Alimentación Escolar (PAE) para 2025 en la capital chocoana por $16.000 millones.

Se trata del proceso licitatorio número LP-004 de 2024 que hace parte de la vigencia de 2025, que de acuerdo con los hallazgos del procurador Marcio Melgosa, no se incluyeron algunos puntos de obligatorio cumplimiento.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El ente de control determinó que durante el procedimiento de evaluación de los aspirantes, no se consideraron aspectos obligatorios, como otorgar diez puntos a quienes adquieran productos de proveedores locales, seis puntos por el cumplimiento de las obligaciones parafiscales y seis puntos adicionales al postulante que sea un pequeño productor o proveedor directo.

“En ese sentido, el ente de control pidió al mandatario local un informe con los análisis por los que eximió los factores ponderables obligatorios de compra pública local, cuota parafiscal y proveedor directo, y otro con los realizados para no incluir en los documentos del proceso disposiciones como la inclusión de las zonas geográficas y la compra pública local de alimentos a pequeños productores agropecuarios”, expresó el Ministerio Público.

Asimismo, la Procuraduría advirtió riesgos en la adjudicación del contrato debido al uso de un pliego de condiciones definitivas vigente. “(...) por lo que solicitó también publicar el documento enviado a la plataforma transaccional Secop II, dentro del proceso y la correspondiente respuesta, de manera que sea visible para los interesados”, puntualizó.

Cabe señalar que, la audiencia de adjudicación del contrato estaba prevista para realizarse en la tarde del jueves 9 de enero de 2025, que deberá ser replanteada en vista de las recomendaciones y advertencias del ente de control.

Procuraduría citó a juicio disciplinario a jueza penal militar por falsificar un documento para obtener un crédito

Un documento laboral que habría sido firmado por un funcionario en periodo de vacaciones se encuentra en el centro de una investigación contra Francy Helena Castaño Barragán, jueza del Juzgado 186 de Instrucción Penal Militar.

Según informó la Procuraduría, el miércoles 8 de enero de 2025, la funcionaria habría utilizado esta certificación, presuntamente falsa, para gestionar un préstamo en el Banco Caja Social. Este hecho llevó al ente de control a formular un pliego de cargos en su contra, calificando la falta como gravísima y señalando que habría sido cometida con dolo.

De acuerdo con la información proporcionada por la Procuraduría, el documento en cuestión corresponde a una certificación laboral de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Militar y Policial, fechada en septiembre de 2021 y firmada por el director general de la entidad. Sin embargo, las investigaciones preliminares indicaron que el funcionario que aparece como firmante del documento no se encontraba en funciones en ese momento, ya que estaba disfrutando de un periodo de vacaciones. Este detalle generó serias dudas sobre la autenticidad del documento y el rol de la jueza en su elaboración y uso.

“El ente disciplinario confirma si la funcionaria aportó y usó una certificación laboral de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Militar y Policial, al parecer fechada para septiembre de 2021 y suscrita por el director General, con el objeto de obtener un préstamo en el Banco Caja Social, supuestamente firmado por un funcionario que para aquel momento se encontraba de vacaciones”, indicó puntualmente el ente de control.

Asimismo, señaló que la conducta atribuida a Castaño Barragán reviste una gravedad debido a su naturaleza dolosa. En términos legales, el dolo implica que la acción fue realizada con plena intención y conocimiento de su ilicitud.

Por el momento, la jueza enfrenta un proceso disciplinario que podría culminar en sanciones que van desde la suspensión hasta la destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos, dependiendo de los hallazgos que arroje la investigación.

Aumenta la preocupación en todo el territorio nacional, luego de que los alcaldes y gobernadores de todo el país recibieron una misiva de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar (Uaepa), institución encargada de administrar el Programa de Alimentación Escolar (PAE), sobre la falta de pago de los recursos destinados a la alimentación de millones de niños, niñas y jóvenes en Colombia.

Según la entidad, no cuentan con los $200.000 millones necesarios para financiar el PAE, ya que el Ministerio de Hacienda no les ha girado la cantidad mencionada para que los recursos sean remitidos a las administraciones locales.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

“En atención al cierre financiero para la vigencia 2024, que actualmente adelantan las entidades territoriales certificadas y considerando las dificultades y retrasos presentadas con el quinto giro, correspondiente a la asignación de recursos realizados por esta Unidad en el mes de enero de 2024, así como los giros de las asignaciones adicionales realizadas entre los meses de junio a noviembre de la presente vigencia; nos permitimos indicar que los mismos encuentran sujetos a la disponibilidad de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público”, se lee en el documento.

A propósito, la Uaepa sostuvo que por el déficit fiscal que tiene el Estado solo se han girado $292.000 millones, con el fin de asegurar la operación del Programa de Alimentación Escolar hasta la finalización del calendario académico 2024.

Sumado a las irregularidades en la entrega de recursos de la cartera liderada por Diego Guevara; la asignación de más recursos para cumplir con la entrega de alimentos para finales de 2024; y el aumento de los precios para entregar los productos para abastecer las canastas alimenticias, los expertos consideran que este panorama pondría en riesgo la continuidad del PAE en 2025.

“Es más, es probable que para el otro año gran parte de las regiones del país se presenten importantes retrasos en la contratación, y por ende, en la entrega del PAE. Muchos niños podrían quedar desprotegidos y sin recibir alimentación durante los primeros meses del 2025″, explicó Roberto Lozada, especialista en política pública de educación a El Tiempo.

¿Qué respondió el PAE?

Frente a este escenario y el creciente temor entre las administraciones locales, la Uaepa señaló que están trabajando para obtener los recursos necesarios y asegurar que el programa no quede desfinanciado para el próximo año.

“Esta Unidad continuará reiterando la solicitud durante la vigencia 2025 para que se cumplan con los compromisos adquiridos frente a las transferencias de recursos”.

Por su parte, Sebastián Rivera Ariza, director general de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar – Alimentos para Aprender, sostuvo que los recursos destinados a la alimentación de los niños, niñas y jóvenes no se verían afectados por la falta de entrega de recursos por parte del Ministerio de Hacienda.

“El Programa de Alimentación Escolar no estuvo en riesgo en 2024, ya se giraron $1,7 billones a las 97 Entidades Territoriales Certificadas. Solo nos resta girar 4,5% de la vigencia 2024. Es de aclarar que esto no pone en riesgo el desarrollo del PAE para 2025″.

En paralelo, resaltó que solicitó a los alcaldes y gobernadores “adelantar las gestiones administrativas, contables y presupuestales necesarias a que haya lugar en la constitución de reservas y/o cuentas por pagar”.

Así las cosas, River Ariza, dijo que en el momento que se apruebe la entrega de recursos por parte del Ministerio de Hacienda, se realizarán los pagos de manera inmediata para evitar crisis en las regiones.

“Finalmente, la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar - Alimentos para Aprender, se permite indicar que se encuentra en entera disposición de atender las solicitudes que se puedan elevar a esta Entidad; a través del cual, recibirán el apoyo profesional y técnico de la Uaepa que les permitirá resolver las inquietudes y/o solicitudes que se versen para el desarrollo de las actividades mencionadas”, mencionó.

Los CEOS´s de las siete principales petroleras que operan en la Argentina firmaron un acuerdo de asociación que dará inicio de forma inmediata al proyecto Vaca Muerta Sur (Vmos), liderado por la empresa estatal YPF en conjunto con Pan American Energy (PAE), Vista Energy, Pampa Energía, Chevron, Pluspetrol y Shell. Se trata de una iniciativa que prevé la construcción de la infraestructura necesaria para más que duplicar las exportaciones de petróleo no convencional y que fue ingresada al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) por un monto de USD 3.000 millones.

De la rúbrica que tuvo lugar el jueves en el piso 34 Torre YPF de Puerto Madero participaron Gerald Free (gerente de Planificación y Finanzas para LATAM de Chevron), Adrián Vila (gerente general de Pluspetrol Argentina), Germán Burmeister (presidente de Shell Argentina, Chile y Uruguay), Horacio Marín (presidente y CEO de YPF), Miguel Galuccio (presidente y CEO de Vista), Marcelo Mindlin (presidente de Pampa Energía) y Daniel Ciaffone (vicepresidente de PAE).

El Vmos fue la primera propuesta de desarrollo del sector oil & gas que ingresó al RIGI, además de ser la que hasta ahora la que implicará un mayor desembolso. Las empresas involucradas ya comenzaron a informar a sus inversores a través de la Comisión Nacional de Valores (CNV) la puesta en marcha de lo que definieron como “la obra de infraestructura de transporte de petróleo más importante de las últimas décadas”.

El proyecto prevé la construcción de un oleoducto con una extensión de 437 km, una terminal de carga y descarga con monoboyas interconectadas y una playa de tanques y almacenaje en la zona de Punta Colorada, Río Negro. Se espera que esté operativo en el cuarto trimestre de 2026.

El diseño del Vmos permitirá transportar hasta 550 mil barriles por día en los próximos dos años y medio, con la posibilidad de incrementar esta capacidad a 700 mil barriles por día en 2028 si fuera necesario.

Los accionistas YPF, Pan American Energy, Vista Energy y Pampa Energía comprometieron aproximadamente 275 mil barriles por día de capacidad. La sociedad VMOS, compuesta por las petroleras locales mencionadas, concedió opciones a Chevron Argentina, Pluspetrol y Shell Argentina, entre otros, para comprometer hasta 230 mil barriles por día adicionales.

La iniciativa ingresó al RIGI con un compromiso de inversión cercano a los USD 3.000 millones. Ese monto será financiado en un 30% por las compañías socias y para el 70% restante se buscará financiamiento local y/o internacional a ser otorgados en 2025, según fuentes que conocen de cerca el desarrollo que consultó Infobae.

“Es la primera vez en mucho tiempo que se va a abrir el mercado de préstamos sindicados para el sector privado en la Argentina. Un paso adicional a las colocaciones de obligaciones negociables”, mencionó una fuente de YPF.

“La concreción de esta obra de transporte es estratégica para el desarrollo de Vaca Muerta y, junto a otras iniciativas, permitirá abrir la puerta para la exportación con el objetivo de lograr 15.000 millones de dólares de ingresos anuales para el país en los próximos años, que con sus expansiones podría llegar a más de 20 mil millones de dólares”, dijeron en la petrolera de mayoría estatal.

Un informe de la consultora PwC dirigido a inversores internacionales consignó que la Argentina podría alcanzar para 2030 un superávit energético de USD 30.000 millones gracias al desarrollo de Vaca Muerta, un hito que pondría al sector al nivel de las divisas que genera el campo argentino e implicaría un alivio para un país que históricamente sufrió restricciones de oferta de dólares.

La consultora destacó que la construcción del oleoducto Vaca Muerta Sur y el puerto de aguas profundas en Río Negro, diseñado para reducir costos de transporte y facilitar el acceso a mercados internacionales serán claves para esas proyecciones. Lo mismo sucede con el desarrollo de proyectos como la ampliación del ex Gasoducto Néstor Kirchner (ahora Perito Moreno) y el proyecto Duplicar y Triplicar de OldelVal, “serán cruciales para superar los actuales cuellos de botella en la capacidad de evacuación”.

Lo habitantes de Santander están en alerta ante las condiciones sanitarias con las que se prepara la comida para los niños al interior de las instituciones educativas del departamento, debido a que se reveló que se encontraron heces de roedores en áreas de almacenamiento de alimentos al interior de las 2.220 sedes educativas.

Los hallazgos fueron confirmados después de una veeduría que se llevó a cabo con el apoyo del Comité de Transparencia de Santander, que encontró excrementos en zonas que deberían ser higiénicas para evitar enfermedades en los menores de edad que se benefician del consumo de este tipo de alimentos entregados bajo la figura del Programa de Alimentación Escolar (PAE).

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

De acuerdo con lo informado, esta situación fue descubierta desde hace tres meses por la veeduría ciudadana, que entregó su reporte a la Secretaría de Educación, la cual decidió responder ante el escándalo generado y anunció que se tomaron las medidas correspondientes para que el programa fuera solucionado.

El Comité de Transparencia de Santander estuvo liderado por Marcela Pabón y se encargó de verificar las condiciones en varias instituciones del departamento, donde se encontraron condiciones insalubres en las cocinas, incluyendo la presencia de heces de ratones.

Ante la gravedad de esta situación, Pabón se refirió a la necesidad de que las entidades educativas implementen controles de plagas efectivos para garantizar la seguridad alimentaria de los estudiantes, pues algunos de ellos podrían enfermarse y, en el peor de los casos, resultar con afecciones que terminen en fatalidad.

Cabe mencionar que, además de las instituciones educativas de Santander, los municipios de Floridablanca, Bucaramanga, Girón y Piedecuesta también fueron señalados por irregularidades similares, pues en estos lugares, se encontraron utensilios de cocina en mal estado y daños en la infraestructura, como techos y pisos, que podrían comprometer la calidad de los alimentos y preparaciones que se les da a los niños y adolescentes.

Por esta razón, el Comité de Transparencia propuso que se destinen recursos para mejorar las instalaciones de los colegios en estos municipios, con el objetivo de asegurar condiciones adecuadas para los más de 219.000 niños y niñas que dependen del Programa de Alimentación Escolar (PAE), un programa que es considerado fundamental para el bienestar de los estudiantes, pues muchos de ellos solo consumen los alimentos que les son suministrados durante su jornada escolar por la falta de recursos de sus familiares.

Siendo así, el comité anunció que planea continuar con la supervisión técnica el próximo año para garantizar su eficacia y evitar que los niños se vean afectados por el consumo de alimentos en mal estado y preparados bajo condiciones insalubres.

La Gobernación anunció medidas

Debido a esta denuncia se pronunció la Gobernación de Santander, que aseguró haber adelantado la activación de alarmas y la exigencia al operador del programa de implementar acciones correctivas. El Consorcio AS Santander 2025, encargado de la interventoría del PAE, también fue involucrado en la toma de medidas necesarias para abordar estos problemas.

“La Secretaría de Educación, junto con la interventoría y el operador, implementó estrictos protocolos de saneamiento básico, limpieza y control de plagas para garantizar la calidad e inocuidad de los alimentos distribuidos”, explicó la entidad tras el escándalo que estalló durante la jornada del 11 de diciembre de 2024.

Esta situación generó preocupación entre los padres y la comunidad educativa, que están a la espera de que las medidas adoptadas sean efectivas para evitar futuros hechos de este tipo que pueden poner en riesgo la salud de los estudiantes. “La Administración Departamental reitera su compromiso con el bienestar de los estudiantes y la correcta ejecución del Programa de Alimentación Escolar”, puntualizó la Gobernación de Santander.

El Ministerio de Educación Nacional reconoció a Bogotá como la ciudad con el mejor Programa de Alimentación Escolar (PAE) del país en la categoría de capitales, destacando el sobresaliente desempeño de la capital en la cobertura y calidad de los servicios alimentarios destinados a estudiantes.

En la reciente Noche de la Excelencia, evento que honra a los actores del sector educativo, la ciudad recibió este reconocimiento por su esfuerzo continuo y su contribución a la educación de calidad.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El Programa de Alimentación Escolar, que desde hace más de 20 años ha venido perfeccionándose, garantiza la cobertura total de la matrícula distrital, beneficiando en 2024 a 874.000 estudiantes con raciones diarias que incluyen refrigerios y comida caliente.

Este logro es fruto del compromiso de la Secretaría de Educación de Bogotá, liderada por el alcalde Carlos Fernando Galán, con su estrategia Bogotá sin Hambre 2.0, que busca aumentar significativamente el número de raciones de comida caliente para los estudiantes.

En el marco de este programa, el objetivo para los próximos años es incrementar las raciones de comida caliente en un 55%, alcanzando las 490.000 raciones diarias para el final del cuatrienio. Actualmente, el 33% de las raciones entregadas son de comida caliente, con un notable crecimiento este año, que se reflejó en casi 19.000 raciones adicionales.

“Este reconocimiento es el resultado de un trabajo arduo y coordinado entre la Secretaría de Educación y diversos actores del Distrito. Desde Bogotá sin Hambre 2.0, hemos dado un impulso significativo al PAE, con el objetivo de seguir avanzando en la estrategia de calidad que garantiza más comida caliente para los niños, niñas y jóvenes de nuestra ciudad”, comentó Abel Matiz Salazar, subsecretario de Acceso y Permanencia.

Además, se destaca la apertura de 7 nuevos comedores escolares, alcanzando un total de 219, lo que ha permitido garantizar la distribución de comida caliente tanto en las instalaciones educativas como a través de transporte.

La implementación de 10 cocinas móviles en las zonas urbanas y rurales de Bogotá también ha sido un factor clave para asegurar la distribución de alimentos en todas las localidades.

El componente nutricional del PAE es otro de los aspectos sobresalientes del programa. Este año, el servicio ha logrado cumplir con los requisitos nutricionales establecidos en la minuta patrón, proporcionando entre el 20% y el 30% de los nutrientes diarios necesarios para los estudiantes, con menús adaptados a las necesidades de cada grupo etario y enfocados en la diversidad y aceptación de los alimentos.

“Nuestro objetivo es ofrecer comida más saludable, rica y nutritiva, porque sabemos que un niño bien alimentado es un niño que aprende mejor”, destacó Matiz Salazar, quien también subrayó que en las zonas rurales, como Usme, Sumapaz, Ciudad Bolívar, Usaquén y Suba, se están implementando menús que responden a las tradiciones gastronómicas locales.

Con esta estrategia integral, Bogotá sigue avanzando en su compromiso con la educación y la nutrición de sus estudiantes, garantizando que cada niño de la ciudad reciba la alimentación necesaria para crecer sano y desarrollar todo su potencial.

Escuela Técnico Central de Bogotá destaca como único colegio público con alto puntaje en Pruebas Saber 11

Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central en Bogotá ha destacado como el único colegio público de la capital con un puntaje alto en las Pruebas Saber 11, alcanzando los 343 puntos. Estas pruebas, administradas por el Icfes, son una herramienta clave para evaluar la calidad educativa de los estudiantes que culminan su bachillerato en Colombia.

En el ámbito nacional, el máximo puntaje individual fue de 495 puntos, logrado por un estudiante de Floridablanca. Los siguientes mejores puntajes fueron obtenidos por estudiantes de Barranquilla y Cartagena, con 480 y 477 puntos, respectivamente. Estos resultados reflejan el desempeño sobresaliente de ciertos estudiantes en diferentes regiones del país.

El Icfes también ha publicado una tabla que muestra los puntajes por colegios, destacando instituciones de diversas ciudades como Bogotá, Barranquilla, Neiva, Floridablanca y Pamplona.

Sin embargo, la entidad aclaró que esta información no constituye un ranking de los mejores colegios, sino que simplemente presenta los puntajes globales obtenidos por los estudiantes de estas instituciones.

Mario Francisco Calafell Loza, referente de la industria del petróleo y el gas de la Argentina, falleció el pasado 3 de diciembre.

Había nacido el 29 de junio de 1941 en Buenos Aires, estudió en el Colegio Nacional de Buenos Aires y se recibió de abogado en la facultad de Derecho dependiente de la misma Universidad, mostrando una particular sensibilidad hacia los temas sociales y políticos.

Conformó con otros estudiantes con ideas afines, diversos grupos de estudio y fundaciones dedicadas a promover el intercambio de ideas, tendientes a fomentar el desarrollo cultural y económico del país.

Al mismo tiempo, formó parte de las filas del partido Conservador Popular, cuyo líder era Vicente Solano Lima.

También desarrolló tareas profesionales en el estudio familiar y posteriormente, a fines de la década de 1970, se incorporó al grupo Bridas, donde ocupó altos cargos directivos durante más de 40 años, finalizando su carrera profesional en Pan American Energy, empresa continuadora de Bridas.

Reconocido por sus pares como un destacado ejecutivo de empresa, Calafell Loza acompañó a Carlos Bulgheroni en toda su vida profesional.

Dotado de un espíritu afable y dialoguista, usó esas características personales para forjar estrechos lazos con el mundo empresario, político y sindical.

Del mismo modo, se constituyó en referente de funcionarios, legisladores y demás actores de la sociedad política nacional y provincial –como así también de muchos otros de la sociedad civil–, y participó de innumerables entidades de bien público; destacándose su prolongada y fructífera actuación como Secretario de la Fundación de la Policía Federal Argentina.

La petrolera inglesa Harbour Energy es la segunda empresa en asociarse con Pan American Energy (PAE) y la noruega Golar LNG en el proyecto para comenzar a producir desde 2027 Gas Natural Licuado (GNL) con fluido de Vaca Muerta, por el cual la Argentina podrá ingresar al selecto grupo de países exportadores de este combustible. Así fue confirmado este lunes por la compañía a través de un comunicado de prensa.

El acuerdo contempla que Harbour Energy se quedará con un 15% de participación en la iniciativa que prevé la instalación del buque de licuefacción “Hilli Episeyo” en el Golfo San Matías, provincia de Río Negro, y que fue ingresada hace dos semanas al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) con una inversión prevista de USD 3.000 millones.

La semana pasada Pampa Energía informó su asociación con una participación del 20% en la sociedad Southern Energy, en la que con el ingreso de la firma inglesa PAE mantendrá el 55% y Golar el 10% restante. En los próximos días se sumará YPF, según anticipó recientemente el presidente de la petrolera estatal, Horacio Marín.

Harbour Energy completó en septiembre la compra de los activos globales de la alemana Wintershall Dea, que operaba en la Argentina, proceso que había sido anunciado en diciembre del año pasado. Así comenzó a operar en Vaca Muerta, en particular en el proyecto de gas natural y petróleo crudo offshore a 60 kilómetros de la costa de Tierra del Fuego, a unos 400 kilómetros de las Islas Malvinas, ocupadas ilegalmente por el Reino Unido de Gran Bretaña.

Esa situación despertó polémica en esa región del país, por las exploraciones que había realizado la firma inglesa en territorio cercano a las Malvinas. El gobernador fueguino, Gustavo Melella, se había expresado en contra de su llegada a finales del 2023.

La primera etapa (2025-2031) del proyecto prevé instalar un buque de licuefacción de Golar LNG, el “Hilli Episeyo”, en el Golfo de San Matías, Río Negro, para el que se necesitará un desembolso superior a los USD 1.650 millones, según informó PAE. El barco tiene una capacidad de producción equivalente a 11,5 millones de metros cúbicos diarios. La segunda fase (2032-2035) prevé una ampliación y asciende a USD 1.250 millones.

Desde PAE resaltaron que el proyecto favorecerá la creación de más de 600 nuevos puestos de trabajo directo e indirecto, predominantemente de origen local, durante la fase de construcción. En tanto en la etapa de operación, se generarán alrededor de 850 puestos de trabajo en forma directa e indirecta. Habrá una elevada participación de proveedores locales, que aportarán más del 50% de los bienes y servicios requeridos durante la operación del proyecto. También se desarrollará una activa política para desarrollar proveedores locales con el objetivo de promover la generación de valor agregado al país.

Se trata del sexto proyecto ingresado al RIGI, que suma inversiones por casi USD 8.000 millones, y el segundo vinculado al sector de los hidrocarburos. Hasta el momento, habían solicitado el régimen de beneficios cambiarios e impositivos que impulsó el Gobierno las mineras Minas Argentinas S.A (San Juan) con USD 1.000 millones; Galán Lithium (Catamarca) USD 200 millones; Posco (Salta) USD 1.000 millones; e YPF Luz (Mendoza) con USD 220 millones para un parque solar. El último en hacerlo había sido YPF, con su proyecto petrolero “Vaca Muerta Sur” por más de USD 2.500 millones.

La Argentina tiene en Vaca Muerta la segunda reserva no convencional de gas natural y la cuarta de petróleo del mundo, por lo que el país cuenta con la oportunidad de aprovechar sus recursos durante la ventana que otorgue la transición energética. La administración de Milei aceleró las gestiones para las exportaciones por gasoductos a Chile y recientemente a Brasil, socio comercial con el que se firmó un acuerdo para definir los pasos a seguir en términos de desarrollo de infraestructura gasífera a partir de 2025. Con el proyecto liderado por PAE y Golar, el país podrá ingresar al club de las naciones exportadoras de GNL junto a Estados Unidos, Rusia, Qatar y Australia, entre otros.

Por otro lado, YPF planea construir una planta de licuefacción en Punta Colorada, Río Negro, para poder exportar GNL desde 2031, según el objetivo de la compañía de mayoría estatal. Marín reconoció que la continuidad de Petronas en la iniciativa “Argentina LNG” está en duda y se espera una definición antes de que termine el año, cuando deben abonarse USD 200 millones para ingeniería de detalle.

La petrolera estatal mantiene conversaciones con Shell y con otras majors, comentaron fuentes del sector a este medio, además de otros jugadores de la industria local entre los que se encuentran Pampa Energía y PAE. Desde YPF señalan que firmaron una veintena de contratos de venta de GNL con los que buscarán financiamiento para “Argentina LNG” y afirman que continuará su marcha “más allá de Petronas”.

Pampa Energía se asoció ficialmente al proyecto de Pan American Energy (PAE) y a la noruega Golar LNG en el proyecto para comenzar a producir desde 2027 Gas Natural Licuado (GNL) con fluido de Vaca Muerta, por el cual la Argentina podrá ingresar al selecto grupo de países exportadores de este combustible. Así lo comunicó este viernes la petrolera del empresario Marcelo Mindlin a sus inversionistas, a través de un Hecho Relevante publicado en la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Según explicaron a Infobae fuentes del mercado, en las próximas semanas se sumará otra de las petroleras que opera en el país además de la estatal YPF cuyo presidente, Horacio Marín, ya anticipó que ingresarán en las próximas semanas.

En el caso de Pampa Energía, la compañía se convertirá en el segundo mayor accionista del proyecto que prevé la instalación del buque de licuefacción “Hilli Episeyo” en el Golfo San Matías, provincia de Río Negro, y que fue ingresado la semana pasada al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) con una inversión prevista de USD 3.000 millones. La firma de Mindlin se quedará con el 20% de la sociedad Southern Energy, creada por PAE (70%) y Golar (10%), mientras que se comprometió a aportar el 22% de los volúmenes de gas natural desde sus yacimientos en la cuenca neuquina.

Gustavo Mariani, CEO y vicepresidente de Pampa Energía, destacó: “Decidimos sumarnos porque consideramos que es un proyecto muy importante para que el país se transforme en exportador mundial de gas natural licuado”.

“Esto ayudará a la consolidación de la estabilidad macroeconómica, transformando las inconmensurables reservas que tenemos bajo tierra en divisas que agigantarán la política de superávit comercial” agregó.

Por su parte, Rodolfo Freyre, vicepresidente de gas, energía y desarrollo de negocios de PAE, sostuvo: “El gas natural no convencional de Vaca Muerta es competitivo con los mejores recursos a nivel mundial y necesita desarrollar nuevos mercados para consolidar su crecimiento. El GNL nos abrirá la puerta al mundo y con Southern Energy buscamos ser un proveedor confiable para el mercado global. Este proyecto, al que hoy se suma Pampa Energía, es el primer paso de un camino que se desarrollará en etapas y que debe involucrar a toda la industria”.

La primera etapa (2025-2031) del proyecto prevé instalar un buque de licuefacción de Golar LNG, el “Hilli Episeyo”, en el Golfo de San Matías, Río Negro, para el que se necesitará un desembolso superior a los USD 1.650 millones, según informó PAE. El barco tiene una capacidad de producción equivalente a 11,5 millones de metros cúbicos diarios. La segunda fase (2032-2035) prevé una ampliación y asciende a USD 1.250 millones.

Desde PAE resaltaron que el proyecto favorecerá la creación de más de 600 nuevos puestos de trabajo directo e indirecto, predominantemente de origen local, durante la fase de construcción. En tanto en la etapa de operación, se generarán alrededor de 850 puestos de trabajo en forma directa e indirecta. Habrá una elevada participación de proveedores locales, que aportarán más del 50% de los bienes y servicios requeridos durante la operación del proyecto. También se desarrollará una activa política para desarrollar proveedores locales con el objetivo de promover la generación de valor agregado al país.

Marcos Bulgheroni, CEO de PAE, sostuvo que “el RIGI permitió fortalecer el marco regulatorio, para que sea estable y promueva la seguridad jurídica de las inversiones. Todo esto es esencial para dar señales claras a una industria que invierte sostenidamente a largo plazo y para que proyectos como el nuestro se hagan realidad”.

Se trata del sexto proyecto ingresado al RIGI, que suma inversiones por casi USD 8.000 millones, y el segundo vinculado al sector de los hidrocarburos. Hasta el momento, habían solicitado el régimen de beneficios cambiarios e impositivos que impulsó el Gobierno las mineras Minas Argentinas S.A (San Juan) con USD 1.000 millones; Galán Lithium (Catamarca) USD 200 millones; Posco (Salta) USD 1.000 millones; e YPF Luz (Mendoza) con USD 220 millones para un parque solar. El último en hacerlo había sido YPF, con su proyecto petrolero “Vaca Muerta Sur” por más de USD 2.500 millones.

La Argentina tiene en Vaca Muerta la segunda reserva no convencional de gas natural y la cuarta de petróleo del mundo, por lo que el país cuenta con la oportunidad de aprovechar sus recursos durante la ventana que otorgue la transición energética. La administración de Milei aceleró las gestiones para las exportaciones por gasoductos a Chile y recientemente a Brasil, socio comercial con el que se firmó un acuerdo para definir los pasos a seguir en términos de desarrollo de infraestructura gasífera a partir de 2025. Con el proyecto liderado por PAE y Golar, el país podrá ingresar al club de las naciones exportadoras de GNL junto a Estados Unidos, Rusia, Qatar y Australia, entre otros.

Por otro lado, YPF planea construir una planta de licuefacción en Punta Colorada, Río Negro, para poder exportar GNL desde 2031, según el objetivo de la compañía de mayoría estatal. Marín reconoció que la continuidad de Petronas en la iniciativa “Argentina LNG” está en duda y se espera una definición antes de que termine el año, cuando deben abonarse USD 200 millones para ingeniería de detalle.

La petrolera estatal mantiene conversaciones con Shell y con otras majors, comentaron fuentes del sector a este medio, además de otros jugadores de la industria local entre los que se encuentran Pampa Energía y PAE. Desde YPF señalan que firmaron una veintena de contratos de venta de GNL con los que buscarán financiamiento para “Argentina LNG” y afirman que continuará su marcha “más allá de Petronas”.

YPF se sumará a Pan American Energy (PAE) y a la noruega Golar LNG en su proyecto para comenzar a producir desde 2027 Gas Natural Licuado (GNL) con fluido de Vaca Muerta, por el cual la Argentina puede ingresar al selecto grupo de países exportadores de este combustible. Así lo confirmó este domingo el presidente de la petrolera estatal, Horacio Marín, a través de un posteo en su cuenta de la red social Linkedin.

La noticia se conoce en medio de las dudas sobre la continuidad de Petronas en el megaproyecto para construir una planta de GNL en el país, que se definirá antes de que finalice el año, y la búsqueda de otras majors que quieran acompañar la iniciativa.

“Desde YPF nos vamos a unir a esta iniciativa que marca un hito en la industria energética de nuestro país y que representa un gran paso para poder llevar adelante nuestro proyecto Argentina LNG, con el que esperamos exportar USD 15.000 millones en GNL para 2030″, escribió Marín en un posteo en el que felicitó a PAE por el ingreso al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) de su proyecto para instalar un buque de licuefacción en el Golfo San Matías, Río Negro.

“Muchas gracias Horacio. Vamos a trabajar juntos con YPF para hacer el gran proyecto de Argentina LNG y que la Argentina sea un gran proveedor de GNL al mundo”, respondió Marcos Bulgheroni, CEO de PAE, en Linkedin.

La principal productora privada de petróleo y gas de la Argentina junto a Golar anunciaron que la iniciativa demandará una inversión de casi USD 3.000 millones durante los próximos 10 años en el marco del RIGI, el régimen de beneficios fiscales y cambiarios que puso en marcha el Gobierno de Javier Milei para acelerar la puesta en marcha de negocios en un país con un largo historial de problemas de acceso al financiamiento, inestabilidad macroeconómica e inseguridad jurídica.

La primera etapa (2025-2031) del proyecto prevé instalar un buque de licuefacción de Golar LNG, el “Hilli Episeyo”, en el Golfo de San Matías, Río Negro, para el que se necesitará un desembolso superior a los USD 1.650 millones, según informó PAE. El barco tiene una capacidad de producción equivalente a 11,5 millones de metros cúbicos diarios. La segunda fase (2032-2035) prevé una ampliación y asciende a USD 1.250 millones.

PAE y Golar LNG, a través de su sociedad Southern Energy, se encuentran en negociaciones con otras compañías productoras de gas para que puedan sumarse al joint venture. Según comentaron fuentes del sector a Infobae, hay al menos dos empresas muy cerca de anunciar su asociación en las próximas semanas.

Es el sexto proyecto ingresado al RIGI, que suma inversiones por casi USD 8.000 millones, y el segundo vinculado al sector de los hidrocarburos. Hasta el momento, habían solicitado el régimen de beneficios cambiarios e impositivos que impulsó el Gobierno las mineras Minas Argentinas S.A (San Juan) con USD 1.000 millones; Galán Lithium (Catamarca) USD 200 millones; Posco (Salta) USD 1.000 millones; e YPF Luz (Mendoza) con USD 220 millones para un parque solar. El último en hacerlo había sido YPF, con su proyecto petrolero “Vaca Muerta Sur” por más de USD 2.500 millones.

La Argentina tiene en Vaca Muerta la segunda reserva no convencional de gas natural y la cuarta de petróleo del mundo, por lo que el país cuenta con la oportunidad de aprovechar sus recursos durante la ventana que otorgue la transición energética. La administración de Milei aceleró las gestiones para las exportaciones por gasoductos a Chile y recientemente a Brasil, socio comercial con el que se firmó un acuerdo para definir los pasos a seguir en términos de desarrollo de infraestructura gasífera a partir de 2025. Con el proyecto liderado por PAE y Golar, el país podrá ingresar al club de las naciones exportadoras de GNL junto a Estados Unidos, Rusia, Qatar y Australia, entre otros.

Por otro lado, YPF planea construir una planta de licuefacción en Punta Colorada, Río Negro, para poder exportar GNL desde 2031, según el objetivo de la compañía de mayoría estatal. Marín reconoció que la continuidad de Petronas en la iniciativa “Argentina LNG” está en duda y se espera una definición antes de que termine el año, cuando deben abonarse USD 200 millones para ingeniería de detalle.

La petrolera estatal mantiene conversaciones con Shell y con otras majors, comentaron fuentes del sector a este medio, además de otros jugadores de la industria local. Desde YPF señalan que firmaron una veintena de contratos de venta de GNL con los que buscarán financiamiento para “Argentina LNG” y afirman que continuará su marcha “más allá de Petronas”.

Southern Energy, actualmente propiedad de Pan American Energy (PAE) y Golar LNG, presentaron este jueves la solicitud de adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para el proyecto con el que prevén instalar una barcaza para producir en la Argentina Gas Natural Licuado (GNL) y exportar desde 2027 el fluido de Vaca Muerta. Se trata de una inversión estimada de USD 2.900 millones en los próximos 10 años y que llegará a USD 7.000 millones en los 20 años de vida útil esperada.

Desde PAE destacaron que el proyecto cumple con las condiciones que se especifican en la Ley Bases y el decreto reglamentario 749/2024 para ser considerado como “Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo”. En este sentido, indicaron, “posicionará a la Argentina como un nuevo proveedor en un mercado global en donde nuestro país aún no tiene participación y generará exportaciones de productos que actualmente no se exportan en mercados internacionales, accediendo a nuevos destinos de exportación”.

La primera etapa (2025-2031) del proyecto prevé instalar un buque de licuefacción de Golar LNG, el “Hilli Episeyo”, en el Golfo de San Matías, Río Negro, para el que se necesitará un desembolso superior a los USD 1.650 millones según informó PAE. El barco tiene una capacidad de producción equivalente a 11,5 millones de metros cúbicos diarios. La segunda fase (2032-2035) prevé una ampliación y asciende a USD 1.250 millones.

PAE y Golar LNG, a través de Southern Energy, se encuentran en negociaciones con compañías productoras de gas para que puedan sumarse al joint venture. Una de ellas es la petrolera estatal YPF.

“De esta forma, se prevé una inversión en las dos etapas de alrededor de USD 2.900 millones. A lo largo de los 20 años de vida útil, la inversión total prevista es de casi USD 7.000 millones”, detallaron. Las firmas destacaron que las condiciones del Golfo San Matías son similares a las que existen en las cercanías de Kribi, Camerún, donde el “Hilli Episeyo” ya produjo más de 8 millones de toneladas de GNL y cargó más de 120 buques metaneros.

Desde PAE resaltaron que el proyecto favorecerá la creación de más de 600 nuevos puestos de trabajo directo e indirecto, predominantemente de origen local, durante la fase de construcción. En tanto en la etapa de operación, se generarán alrededor de 850 puestos de trabajo en forma directa e indirecta. Habrá una elevada participación de proveedores locales, que aportarán más del 50% de los bienes y servicios requeridos durante la operación del proyecto. También se desarrollará una activa política para desarrollar proveedores locales con el objetivo de promover la generación de valor agregado al país.

Marcos Bulgheroni, CEO de PAE, sostuvo que “el RIGI permitió fortalecer el marco regulatorio, para que sea estable y promueva la seguridad jurídica de las inversiones. Todo esto es esencial para dar señales claras a una industria que invierte sostenidamente a largo plazo y para que proyectos como el nuestro se hagan realidad”.

El de GNL es el sexto proyecto ingresado al RIGI, que suma inversiones por casi USD 8.000 millones, y el segundo vinculado al sector de los hidrocarburos. Hasta el momento habían solicitado el régimen de beneficios cambiarios e impositivos que impulsó el Gobierno las mineras Minas Argentinas S.A (San Juan) con USD 1.000 millones, Galán Lithium (Catamarca) USD 200 millones, Posco (Salta) USD 1.000 millones, e YPF Luz (Mendoza) con USD 220 millones para un parque solar. El último en hacerlo había sido YPF, con su proyecto Vaca Muerta Sur por más de USD 2.500 millones.

La Argentina tiene en Vaca Muerta la segunda reserva no convencional de gas natural y la cuarta de petróleo del mundo, por lo que el país cuenta con la oportunidad de aprovechar sus recursos durante la ventana que otorgue la transición energética. Con el proyecto de PAE y Golar el país podrá ingresar al club de las naciones exportadoras de GNL junto a Estados Unidos, Rusia, Qatar y Australia, entre otros.

Por su parte, YPF planea construir una planta de licuefacción en Punta Colorada, Río Negro, para poder exportar GNL desde 2031 según el objetivo de la compañía de mayoría estatal.

El Consejo Distrital de las Juventudes de Medellín denunció que más de 48.000 estudiantes de los colegios públicos de la ciudad estarían recibiendo raciones de “contingencia”, pues se encuentran sin restaurante escolar por problemas de infraestructura.

La cifra corresponde al 21% de los 232.000 beneficiados con el PAE, esto genera incertidumbre con la continuación de la entidad en las instituciones. De acuerdo con lo denunciado por los jóvenes, ante la falta de habilitación de 65 restaurantes, los alumnos no estarían recibiendo la alimentación preparada que se brinda desde la entidad; en vez de eso se les da a penas una porción provisional que consiste en un producto lácteo, un producto panificado y una fruta.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

“Aunque desde pandemia se inhabilitaron los restaurantes por la cuarentena, a raíz de los problemas de infraestructura en los colegios las cocinas siguen cerradas. Desde la pelea en el Concejo por vigencias futuras se vienen entregando raciones de contingencia en los colegios con restaurantes cerrados. Pero, muchos de esos colegios deberían entregar comida preparada en sitio, ya sea porque ya tienen las cocinas remodeladas o porque los estudiantes enfrentan jornadas muy largas. El año pasado yo misma llevé una ración de contingencia al Concejo y le pregunté a los presentes si ellos consideraban que con esa comida un estudiante podía aguantar casi 12 horas de jornada”, indicó María Camila Arango, consejera distrital de juventudes, en diálogo con El Colombiano.

Esta situación se estaría presentando tanto en instituciones rurales como urbanas. Andrés Felipe Galeano, estudiante de la Institución Educativa Juvenil Nuevo Futuro, denunció que desde hace cuatro meses no tienen servicio de cocina como resultado de daños en la infraestructura.

“Aproximadamente, hace cuatro meses no contamos con el servicio de cocina, por una fuga en el sistema de gas, por lo cual se suspendió el restaurante y se dio inicio con la movilidad de alimento empaquetado, la institución inició la gestión realizando la petición EPM para una revisión y reparación del sistema, como respuesta nos dijeron que por problemas de nomenclatura en los contadores no se podía realizar las reparaciones”, manifestó el joven.

El CDJ afirmó que una de las situaciones más preocupantes es que la mayoría de colegios están ubicados en las comunas del nororiente y del noroccidente de la ciudad, en donde vive la población más pobre de la capital antioqueña.

Las comunas nororientales de Santa Cruz, con seis colegios sin restaurante, y Manrique, con ocho instituciones, así como la noroccidental de Robledo, con siete, son las más afectadas. Corregimientos como San Antonio de Prado y San Cristóbal también generan gran preocupación.

De acuerdo con el CDJ, pese a que tratan de mantener un balance actualizado de los colegios con esta problemática, hay un subregistro. “Hace unos días fuimos al INEM de El Poblado y estando allá nos dimos cuenta de que tampoco tienen el restaurante escolar habilitado. Lo curioso es que el INEM no aparecía en la lista de colegios entregada por la alcaldía, vía derecho de petición”, agregó Arango.

Según el secretario de Educación, Luis Guillermo Patiño, pese a que existía el compromiso de entregar 187 colegios renovados para finales de 2023, no se entregó ninguno. “Además, 90% de instituciones educativas tenían graves problemas, había un déficit $90.000 millones y hasta se debían los servicios públicos de los colegios de los últimos tres meses de 2023″, comentó.

El funcionario argumentó que en la actual administración se han entregado 112 obras de remodelación en colegios, mientras que otros 75 se encuentran en etapa de culminación. “No nos podemos quedar atrás llorando y quejándonos. Por eso, para educación esta administración va a destinar $8.9 billones, 22% de toda la inversión que va a tener todo el distrito. Acá no vamos a tener disculpas para cumplir”, añadió.

El CEO de Pan American Energy, Marcos Bulgheroni, aseguró que la industria energética apoya el plan económico del Gobierno de Javier Milei y resaltó las medidas para bajar la inflación y el déficit fiscal. “Para que podamos tener un ambiente de inversión sostenida en el tiempo necesitamos ordenar la macroeconomía”, dijo.

El ejecutivo habló ante inversores en el evento “El futuro de los negocios en el Cono Sur de América Latina”, que organizó Puente y Economist Impact, y del cual Infobae es media partner. “Nosotros, como Pan American Energy, estamos comprometidos a ser parte de esta revolución, a ser protagonistas. Eso se hace a través de la inversión sostenida en el tiempo”, dijo Bulgheroni.

En ese sentido, planteó que “la industria ha venido invirtiendo para incrementar la producción. Esto se refleja también en el caso particular del gas, en el hecho de que el año que viene vamos a dejar de importar gas de Bolivia”, aseguró. “Se ha venido invirtiendo mucho dinero para crear la infraestructura necesaria para poder poner moléculas de gas, en particular de Vaca Muerta, en las fronteras del Mercosur y de Bolivia y Chile”, agregó el principal ejecutivo de PAE. “En la medida que podamos finalmente hacer este anillo energético que vincule todo el Mercosur, Bolivia y Chile, vamos a poder reequilibrar la balanza comercial”, agregó.

Y respecto a las posibilidades de que la Argentina desarrolle una industria como la del gas natural líquido, Bulgheroni aseveró que “el GNL no solo nos puede conectar con Brasil. El GNL nos va a conectar con el mundo”. “Están pasando cosas en Argentina que hay que aprovechar. Nosotros, los inversores argentinos, lo vamos a hacer. Esperemos que también inversores de afuera lo hagan. Esto va a cambiar la naturaleza del tejido económico del país”, consideró.

En una referencia a la coyuntura económica argentina, Bulgheroni apuntó: “La inversión sostenida en el tiempo tiene como base la confianza. En este sentido, en la industria reconocemos, vemos y apoyamos esta visión del gobierno de estabilizar la macro Argentina. Eso es muy importante, y se hace y está haciendo con políticas para bajar el déficit, la baja de inflación y también el reequilibramiento de macro precios esenciales de la economía”.

Y por último concluyó: “No quiero minimizar con esto el esfuerzo que está haciendo toda la sociedad argentina respecto de estas políticas, pero para que podamos tener un ambiente de inversión sostenida en el tiempo necesitamos ordenar la macroeconomía”. “Está en nosotros como inversores, está en la provincia, está en el gobierno nacional y en los sindicatos, el trabajar en pos de que se mantenga la paz social, que es algo esencial para la inversión”, cerró el ejecutivo PAE.

En el mismo panel, el gobernador neuquino Rolando Figueroa dijo que “estamos enfocados en ordenar la provincia para redistribuir oportunidades”. “Creemos fundamental eliminar todos los gastos superfluos del Estado. Este año vamos a disminuir 851 millones de dólares, si lo anualizamos, en distintos gastos que no eran oportunos que el Estado realizara. Este monto es el 85% de la deuda pública total que tiene la provincia”, consideró.

Además, el mandatario provincial comentó: “Somos una provincia que tiene una alta calificación en cuanto al cumplimiento de compromisos, nunca nos hemos atrasado en un compromiso de pago de un bono. Tenemos estabilidad y proyección económica. Todo el financiamiento que estamos obteniendo lo estamos volcando al desarrollo de infraestructura de la provincia. Elevaremos el presupuesto de inversión a 700 millones de dólares”, opinó.

El gobernador anticipó que la provincia se sumará al régimen de incentivo a las inversiones, que tiene al sector energético como uno de los candidatos a sumar proyectos. “En Argentina los recursos naturales son de las provincias, por eso intervenimos en la inversión que se quiere realizar en la provincia. Neuquén adherirá al Régimen de Incentivo de las Grandes Inversiones (RIGI) cuando se reglamente la Ley de Hidrocarburos”, adelantó.

“Es muy importante atraer inversiones incluso más allá del gas y del petróleo, como en el turismo, la producción de alimentos, lo que agregue valor a los hidrocarburos, generar centros de procesamientos de datos, trabajo con inteligencia artificial. Tenemos estabilidad en la provisión de energías y estamos buscando otros horizontes para que Neuquén no sea solo sinónimo de energía. El gas va a ser fundamental”, concluyó Figueroa.

De ese panel también formaron parte Catherine Remy, directora general de TotalEnergies Argentina y Coen Weddepohl, gerente de desarrollo de Negocios, Américas, Schroders Greencoat.

Por tercera ocasión este año, delincuentes han saqueado los alimentos destinados al Programa de Alimentación Escolar (PAE) en una escuela de la vereda Toldas, Guarne, Antioquia, dejando a 91 niños y niñas sin acceso a sus raciones diarias, de acuerdo con información obtenida por El Espectador.

En esta oportunidad, los ladrones forzaron las puertas de la institución y vaciaron por completo la nevera que almacenaba los insumos alimentarios. Este robo afecta gravemente a los estudiantes, quienes dependen de este programa para recibir una comida balanceada que contribuye a su bienestar y rendimiento académico.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El incidente no es un hecho aislado, ya que se han registrado otros dos robos en los últimos tres meses. Además de los alimentos, los ladrones también sustrajeron herramientas pertenecientes a un contratista que realizaba labores de mantenimiento en la escuela. Las constantes pérdidas generan preocupación en la comunidad educativa y las autoridades locales.

Frente a esta situación, la secretaria de gobierno de Guarne, Elisaria Torres, anunció la implementación de medidas para reforzar la seguridad de la escuela afectada. Entre las acciones planificadas se incluyen elevar la altura de los muros perimetrales, instalar rejas y mejorar los sistemas de seguridad en puertas y candados. A esto se sumarán patrullajes más frecuentes en la zona, realizados en conjunto con la Policía.

Fredy Urán, secretario de infraestructura de Guarne, también se pronunció sobre el problema, mencionando que se programará una reunión con las autoridades pertinentes para establecer estrategias que eviten nuevos incidentes.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El Programa de Alimentación Escolar (PAE) tiene como principal objetivo asegurar una alimentación sana y equilibrada para estudiantes de instituciones educativas públicas. En muchas áreas rurales del país, esta comida es la única que reciben los niños durante el día, por lo que su entrega es crucial.

La comunidad afectada en la vereda Toldas solicita una pronta solución para evitar que este tipo de hechos vuelva a ocurrir y garantizar que los estudiantes puedan continuar recibiendo su alimentación sin interrupciones.

Las autoridades locales y la comunidad educativa se mantienen vigilantes ante los recientes robos, trabajando en conjunto para garantizar la seguridad de los insumos y del personal que trabaja en la escuela.

Con la implementación de nuevas medidas de seguridad, esperan que estos actos delictivos se detengan y que los recursos del PAE lleguen de manera segura a quienes más lo necesitan.

Pan American Energy (PAE) y Golar LNG informaron este lunes que será en el Golfo San Matías, Río Negro, donde instalarán el buque de licuefacción “Hilli Episeyo” con el que esperan producir Gas Natural Licuado (GNL) para exportar a partir de 2027 el combustible proveniente de Vaca Muerta. El barco tiene una capacidad de producción equivalente a 11,5 millones de metros cúbicos diarios.

El proyecto de la principal petrolera privada de la Argentina, dirigida por Marcos Bulgheroni, y de su socia noruega implica un compromiso de inversión anual de USD 300 millones desde el momento en que entre en operación en 2027.

Según comunicaron ambas empresas, la decisión de la locación se tomó tras un trabajo conjunto para analizar técnicamente la mejor ubicación para el buque teniendo en cuenta las condiciones marítimas, logísticas y los costos de desarrollo de infraestructura.

“Como resultado del análisis técnico, el Golfo San Matías en la provincia de Río Negro fue reconocido como la mejor locación disponible para el buque Hilli Episeyo”.

“La ubicación se definió en función a las propias características de operación del buque, los estudios de batimetría (medición de las profundidades marinas para determinar la topografía del fondo del mar) y las condiciones oceanográficas (mareas, olas, vientos y corrientes) del sitio”, enumeraron PAE y Golar.

Las firmas destacaron que las condiciones del Golfo San Matías son similares a las que existen en las cercanías de Kribi, Camerún, donde el “Hilli Episeyo” ya produjo más de 8 millones de toneladas de GNL y cargó más de 120 buques metaneros.

En ese sentido, explicaron que la disponibilidad operativa en el Golfo San Matías es muy elevada y fue determinante para la elección del sitio: “Su profundidad de fondeo de aproximadamente 35 metros permite una operación segura y sin restricciones de calado”.

“Los estudios de oleaje y de vientos también fueron considerados para la elección. El buque, los equipos y los sistemas instalados a bordo, están diseñados para garantizar su operatividad con olas de hasta 4 metros. En el Golfo San Matías se espera que en el 99% del tiempo las olas no superen los 2,5 metros, por lo que se garantiza una operación segura”, aseguraron PAE y Golar.

En julio pasado PAE y Golar LNG firmaron un acuerdo por 20 años para la instalación en Argentina del buque “Hilli Episeyo”, propiedad de Golar LNG. El barco tiene una capacidad de producción de 2,45 millones de toneladas anuales de GNL, equivalente a 11,5 millones de metros cúbicos día de gas natural.

Inicialmente el buque se abastecerá de gas natural utilizando la capacidad existente del sistema de transporte en los meses del año con menor demanda local. En esta etapa se requerirá la construcción de infraestructura: la interconexión a los gasoductos troncales; una estación compresora para asegurar una presión óptima de gas en el buque; un gasoducto terrestre hasta la costa; un gasoducto submarino que se conecte con el barco; y el sistema de amarre.

Posteriormente, el objetivo es que el buque de licuefacción pueda operar todo el año para lo cual se prevé la construcción de instalaciones de transporte, siendo el Golfo San Matías el sitio más cercano desde Vaca Muerta.

PAE y Golar LNG, a través de Southern Energy, se encuentran en negociaciones con compañías del sector para que puedan sumarse al joint venture. Recientemente se conoció que YPF está muy cerca de sumarse al proyecto.

La Argentina tiene en Vaca Muerta la segunda reserva no convencional de gas natural y la cuarta de petróleo, por lo que el país cuenta con la oportunidad de aprovechar sus recursos durante la ventana que otorgue la transición energética. Con el proyecto de PAE y Golar el país podrá ingresar al club de las naciones exportadoras de GNL junto a Estados Unidos, Rusia, Qatar y Australia, entre otros.

Por su parte, YPF planea construir una planta de licuefacción en Punta Colorada, Río Negro, para poder exportar GNL desde 2031 según el objetivo de la compañía de mayoría estatal. El presidente de la firma, Horacio Marín, anticipó que el proyecto se llevará adelante más allá de que participe o no la malaya Petronas, tal como se preveía originalmente.

En los primeros ocho meses del año las exportaciones de Combustibles y Energía aportaron USD 6.407 millones a la Argentina, 25,5% más que en igual período de 2023 y 12,3% de las exportaciones totales. Del lado de las importaciones, las de Combustibles y Lubricantes sumaron USD 3.250 millones, 45% menos que en igual lapso de 2023 y apenas 8,4% del total importado.

De resultas, el saldo energético acumulado hasta agosto fue de USD 3.157 millones, equivalente al 22% del superávit comercial del periodo, que fue de USD 14.151 millones. El mes pasado, además, se registró la producción mensual de hidrocarburos más grande de la historia argentina: casi 720.000 barriles diarios de petróleo (14% más que en agosto de 2023) y 153 millones de metros cúbicos diarios de gas natural (aumento interanual de 6,3%).

Fenómeno geológico

A esta altura, estas cuestiones generan una respuesta casi refleja: Vaca Muerta, fenómeno que partió casi perfectamente en dos el desempeño hidrocarburífero argentino de los últimos 20 años. De 2003 a 2013 la producción petrolera se redujo 20% y la de gas 18%, hasta llegar en el último caso a 41,7 millones de m3 diarios, 73% menos que el mes pasado. En otras palabras, la producción gasífera diaria casi se cuadruplicó respecto de 2013.

Todo lo cual suena paradójico, de cara a un verano del cual el gobierno ya advirtió que será complicado tanto en generación como transporte y distribución de electricidad, de la cual el petróleo y el gas, mal que le pese a la “transición energética”, siguen siendo las principales fuentes primarias.

El potencial y las expectativas en torno de Vaca Muerta van incluso más allá de las versiones, reconocidas incluso por el presidente de YPF, Guillermo Marín, del posible retiro de Petronas, la estatal petrolera de Malasia de la mano de la cual la petrolera argentina quiere llevar a cabo el megaproyecto “Argentina GNL”, de unos USD 30.000 millones para construir un gasoducto de Vaca Muerta a Río Negro, una planta de licuefacción y un puerto de aguas profundas en la costa rionegrina a fin de exportar Gas Natural Licuado (GNL) en gran escala al mercado mundial, en el que Petronas es ya un gran actor. Pero incluso si la firma malaya confirmara que desiste de participar, el proyecto GNL, ya sin comillas, sigue adelante, porque la producción gasífera tiene todavía mucho aumento que recorrer.

Por de pronto, Pan American Energy (PAE) firmó un contrato por 20 años con Golar LNG, una compañía de origen noruego especializada en licuefacción de gas, para licuar partir de 2027, en una plataforma flotante y a 162 grados bajo cero, gas natural que PAE enviará a través del Gasoducto San Martín, hoy con capacidad ociosa. El GNL obtenido se inyectará a buques metaneros que lo llevarán a los compradores en el mercado mundial (off takers, en la jerga del negocio). Brasil ya manifestó interés en el GNL argentino.

El proyecto de PAE con Golar es complementario -y eventualmente sustitutivo- del de YPF con Petronas. Son de diferente escala, al punto que en este último caso se hablaba de USD 30.000 millones, mientras que para poner en marcha el primero alcanza con USD 300 millones, para derivar hacia allí unos 11,5 millones de m3 diarios de gas natural. Pero la idea es escalarlo, sumando hacia fines de la década un segundo barco de licuefacción y nuevos compañías locales sumándose al proyecto como proveedoras de Gas Natural, para lo cual ya se necesitaría un gasoducto dedicado en exclusiva a la operación.

En un reciente evento de la Cámara de Comercio de EEUU en Argentina (AmCham), Fausto Caretta, gerente de Upstream de PAE explicó la iniciativa de su compañía. “Se alinearon los planetas y el barco estaba disponible, dijo amén señalar que la empresa tiene un plan para reemplazar el gas del sur argentino con shale gas. La ventaja del proyecto, explicó, es que PAE produce gas en la Cuenca Marina Austral y también está en el Gasoducto San Martín, lo que hace posible un “swap de gas” con Vaca Muerta. Y todo a partir de una inversión inicial de solo el 1% de los USD 30.000 millones involucrados en el proyecto “Argentina GNL” de YPF y Petronas.

Mientras tanto, la Argentina exporta casi 30% del petróleo que extrae, unos 200.000 barriles día de los 720.000 diarios que extrajo en agosto.

Escala

Una fuente dijo que el GNL será el vehículo que realmente dará escala al sector hidrocarburífero argentino, hoy limitado por la capacidad de transporte. “El gran salto”, subrayó, será exportar GNL El sector energético, precisó,, cerrará este año con un superávit comercial cercano a los USD 5.000 millones, una reversión de casi USD 10.000 millones respecto del déficit de USD 4.500 millones de hace dos años.

El crecimiento del mercado mundial del GNL se aceleró con la invasión de Rusia y la guerra en Ucrania, que produjo el corte del abastecimiento ruso por gasoductos a Europa continental. Entre 2019 a 2023, precisa un reciente informe de la consultora Economía y Energía, de Nicolás Arceo, el comercio mundial de gas vía GNL creció a una tasa del 3,2% mientras el de gas por gasoductos retrocedió 4,1% anual. Pero el impulso venía de antes. Como puede apreciarse en el gráfico de arriba: en 2010 el GNL explicaba solo el 31% del comercio mundial de gas, mientras que en 2023 llegó al 45% y se prevé que su parte de la torta siga creciendo.

La clave para jugar en el mercado mundial (más allá de la cercanía del mercado brasileño) dijo la fuente, es ser competitivo a un precio de USD 8 el millón de BTU al que vende EEUU. Y hay optimismo al respecto. Gastech, una reciente tenida gasífera en Houston, notó el diario británico Financial Times, desbordaba de entusiasmo sobre el presente y futuro del GNL Los precios del mercado asiático, uno de los grandes demandantes, oscilan en torno de los USD 13 el millón de BTU y Sindre Knutsson, de la consultora Rystad Energy, calculó que el próximo invierno en Europa y en Asia, que se anticipan fríos, crearán una demanda adicional de 35.000 millones de metros cúbicos, un aumento del 4 al 8% respecto de las importaciones de esos mismos grandes mercados el año pasado. Es cuestión de tiempo para que la Argentina se sume como proveedor.

El ministro de Educación, Daniel Rojas, reiteró su llamado de atención al Congreso sobre las posibles consecuencias que tendría el rechazo de la ley de financiamiento que se encuentra en discusión en el Legislativo.

Rojas destacó que quienes más sufrirían el impacto de esta decisión serían los niños y jóvenes del país, puesto que afectaría a varios ejes críticos de la educación pública .

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El jefe de la cartera de Educación explicó que, sin los recursos adicionales que proveería la nueva legislación, se vería comprometida la expansión de la gratuidad en la formación pública superior.

Además, mencionó que dicho rechazo limitaría las capacidades para aumentar la cobertura del Programa de Alimentación Escolar (PAE), así como para mejorar la formación docente.

Esta situación, según el ministro, impactaría en la calidad educativa y en varios procesos de formación integral, incluyendo planos de alfabetización e infraestructura educativa en niveles preescolar, básico y media.

“Niegan posibilidad de aumentar cobertura del PAE, niegan posibilidad de formación docente para aumentar calidad, desfinancian procesos de formación integral, de capacidades territoriales, de alfabetización e infraestructura en educación preescolar, básica y media”, dijo Rojas a través de su cuenta de X.

Detalladamente, la posición del ministro incluye una crítica fuerte sobre la negativa de ampliar la cobertura del PAE, un programa esencial para el soporte nutricional de muchos escolares.

Así mismo, sin los fondos previstos, no sería posible impulsar la formación continua de los docentes , lo que dificultaría la mejora de la calidad educativa. También resaltó la importancia de financiar adecuadamente los procesos de desarrollo de capacidades territoriales y la infraestructura educativa esencial para un aprendizaje dinámico.

“Ponen a la niñez y a la juventud a pagar las consecuencias del sectarismo, garantizan eso si, que se le pague cumplidamente la abultada deuda pública a un sector financiero que siempre encuentra apoyo. Ojalá la juventud colombiana contara con el mismo apoyo con el que cuentan los banqueros”, mencionó el ministro de Educación.

El impacto de no aprobar la ley se traduciría, según Rojas, en un desfinanciamiento que abarcaría varias áreas críticas de la educación que el Ministerio ha priorizado.

En el Congreso de la República, Rojas ya había expresado preocupaciones durante un reciente debate de control político, en el cual urgió a los congresistas a aprobar la iniciativa. Los argumentos presentados apuntan a que el sector educativo experimentará una serie de limitaciones significativas que afectarían el progreso y la calidad del sistema educativo nacional si la reforma no avanza.

Para Rojas, este tema trasciende aspectos económicos y se convierte en una cuestión de justicia social; las reformas apuntan a asegurar que todos los estudiantes, independientemente de su origen social, puedan acceder a una educación de calidad y cuenten con los recursos necesarios para su desarrollo integral.

Nueva ley de financiamiento incrementa deuda y afecta perfil de riesgo de Colombia: Anif

El director del centro de pensamiento Anif, José Ignacio López, manifestó su preocupación acerca del nuevo proyecto presentado por el Gobierno para lograr un presupuesto de $523 billones para 2025. Según López, la iniciativa presentada no cumple con el objetivo de generar un mayor recaudo tributario, fundamental para cumplir con los compromisos del Presupuesto General de la Nación .

López, a través de un comunicado, explicó que el proyecto en cuestión amplía, ante todo, el cupo de deuda del Gobierno. Entre las medidas destacadas está el adelanto en un año de la aplicación de los nuevos estándares de la regla fiscal, permitiendo con ello un mayor endeudamiento. Además, incluye un artículo que permite que la deuda contraída para proyectos verdes no se contabilice dentro de los cálculos de la regla fiscal.

El economista señaló que “el Gobierno está hablando de una ley de financiamiento, pero este instrumento debería incorporar nuevas rentas fiscales al presupuesto”. Recalcó que gran parte de lo planteado no corresponde a nuevos ingresos sino a una mayor autorización para el endeudamiento. Esto, añadió, “no es una ley de financiamiento, sino una ampliación del cupo de crédito”.

Además del cupo adicional de endeudamiento, otro aspecto criticado por Anif es el período anticipado de transición de la regla fiscal, el cual, según López, incrementaría la capacidad de endeudamiento del Gobierno y generaría un mayor déficit fiscal. Esto no atrae ingresos adicionales y deja a la ley de financiamiento incapaz de cumplir con su propósito.

Desde Anif, se advierte que estos cambios pueden afectar negativamente el perfil de riesgo del país. Colombia podría enfrentar mayores tasas de interés en los mercados internacionales, lo cual impactaría directamente los costos financieros asumidos por todos los colombianos mediante impuestos. López subrayó que la experiencia del presupuesto anterior, que estuvo desfinanciado en más de 60 billones de pesos y con altos recortes, debería ser una lección aprendida.

“Nos preocupa presentar presupuestos ambiciosos sin considerar la realidad fiscal del país. Esto sólo lleva a ajustes ya pagar tasas de interés más altas”, concluyó López, enfatizando que cometer el mismo error en 2025 sería muy negativo para la estabilidad económica del país.

La Procuraduría General emitió pliego de cargos contra José Facundo Castillo Cisneros, que se desempeñó como gobernador de Arauca durante el periodo 2020-2021, junto con cinco individuos adicionales. Esta acción se basa en presuntas irregularidades relacionadas con la contratación para el suministro de alimentos del Programa de Alimentación Escolar (PAE) durante la emergencia sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19.

Las acusaciones sugieren que durante la ejecución del programa se produjeron serias irregularidades que llevaron a un sobrecosto significativo de $1.783 millones. Este monto corresponde a los gastos adicionales generados por las anomalías en el proceso de contratación, lo que provocó una revisión exhaustiva de las acciones realizadas en el marco de la emergencia sanitaria.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Además de Cisneros, la Procuraduría General formuló cargos contra cinco personas adicionales, involucradas en el mismo proceso de contratación. Entre ellos se encuentran William Arévalo Quintero y Maricel Ortiz Ramírez, quienes desempeñaron funciones como exsecretarios de Educación del departamento de Arauca durante el período en cuestión.

También se incluye a Uriel Niño López, que ocupó el cargo de exgerente de Contratación, y Holman Jefrey Ruiz Puerta, que actuó como supervisor del contrato. Finalmente, se señaló a Diana Susi Mahecha Herrera, representante legal de Invida SAS, la empresa encargada de la interventoría.

La Procuraduría indicó que las acciones de estos individuos podrían haber infringido los principios de economía y responsabilidad en la contratación pública. Según la entidad, la conducta de los implicados habría comprometido la transparencia y eficiencia en el manejo de los recursos destinados al PAE.

Según el informe del organismo, el contrato destinado al suministro de alimentos para el PAE “se habría firmado sin que previamente se exigieran estudios técnicos y financieros precisos, serios y completos que justificaran el valor de las raciones, lo que ocasionó el sobreprecio que se habría pagado durante la ejecución de los trabajos”.

El órgano de control identificó que, específicamente en lo que respecta al valor de las raciones de alimentos destinadas a la preparación en el hogar y entregadas por el contratista entre abril de 2020 y 2021, se detectó un posible sobrecosto que asciende a $898 millones.

Además, se habrían observado otras posibles irregularidades relacionadas con la publicidad del contrato, así como con el proceso y la ejecución de las modificaciones y ajustes de valor realizados posteriormente. Estas inconsistencias incluyen aspectos tanto en la transparencia del contrato como en la gestión de sus modificaciones.

El órgano de control señaló que los indicios de sobreprecios revelan que al momento de firmar el contrato no se priorizó “la necesidad de maximizar el uso eficiente de los recursos públicos con los que se financiaría el suministro del complemento alimentario para los niños, niñas y adolescentes beneficiarios del programa, que son sujetos de protección especial por parte del Estado”.

A raíz de estos incidentes, el Ministerio Público indicó que los implicados podrían haber infringido los principios de eficiencia y responsabilidad en la contratación pública, debido a su presunta conducta inapropiada. Como resultado, se formularon dos cargos disciplinarios contra el exgobernador Castillo Cisneros y los exsecretarios de despacho Arévalo Quintero y Ortiz Ramírez. Estas faltas fueron clasificadas como extremadamente graves, imputándose una responsabilidad significativa en su conducta.

El Tribunal Superior de Bogotá decidió ordenar la liberación de José Facundo Castillo Cisneros en 2023, que fue encarcelado en 2021 y enfrentaba cargos por concierto para delinquir agravado y financiación de grupos de delincuencia organizada, había estado privado de libertad durante más de dos años.

La defensa de Castillo argumentó que debía ser puesto en libertad debido al vencimiento de los términos procesales. Según su alegato, desde el 18 de febrero del 2022 hasta el 22 de agosto de 2023, fecha en que se llevó a cabo la audiencia preliminar, había transcurrido un plazo superior a los 500 días sin que se iniciara el juicio oral, superando así el límite legal establecido para el inicio del proceso.

Tras varias denuncias de líderes políticos de Medellín frente a posibles sobrecostos en el Programa de Alimentación Escolar de Medellín (PAE) liderado por el alcalde Federico Gutiérrez, la Contraloría General de la República abrió una investigación formal para investigar si el programa presenta irregularidades frente al valor de los alimentos destinados a los niños, niñas y jóvenes de la capital antioqueña.

El anuncio fue dado a conocer en un informe publicado por el contralor delgado para el sector Educación, Ciencia y Tecnología, Cultura y Recreación y Deporte, Andrey Geovanny Rodríguez, quien respondió a un derecho de petición interpuesto por el representante a la Cámara del Pacto Histórico, Alejandro Toro, donde denunció que, en el PAE, un vaso de leche costaría 6.600 pesos, cuando en el mercado, una bolsa cuesta alrededor de 4.000 pesos.

“Qué acciones ha tomado la Contraloría General de la República respecto a la denuncia pública efectuada por Daniel Quintero y varios medios de comunicación, en relación con las presuntas irregularidades en el contrato celebrado por el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín para la prestación de servicios de atención alimentaria a población escolar, toda vez que presuntamente se pagó 6.900 pesos por vaso de leche cuando una bolsa de leche de 900 ml, tiene un valor comercial de 4.240 pesos colombianos, lo que representa un sobrecosto del 36 por ciento”, se lee en la demanda del representante antioqueño.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Ante esta petición, el ente de control fiscal le notificó a Toro que los resultados de la investigación al programa de la alcaldía de Medellín serán presentados en el informe final de auditoría el cual se estima publicar a finales del mes de diciembre de 2024 o a más tardar en enero de 2025 en la página web de la Contraloría General“.

La denuncia de los sobrecostos en el PAE

Toda la polémica inició cuando usuarios de redes sociales compartieron unos contratos que hacen referencia al Programa de Alimentación Escolar de Medellín, donde se observa varias irregularidades frente al costo de algunos alimentos, y que tendría un valor aproximado de 164.200 millones de pesos.

Según el portal web Nación Paisa, no solo existirían irregularidades en un vaso de leche, también habría inconsistencias en el precio de una bolsa de yogur, un mango verde y un pastel alto en sodio, azúcares y grasas saturadas, que estarían por encima del valor comercial en el mercado.

Frente a ello, la veeduría ciudadana Todos por Medellín denunció que los contratistas Nutriser Colombia SAS, AGG S.A.S. (Alirio Gómez G Servicios de Alimentación) y GR Logística Integral, quienes operarán la alimentación de los estudiantes de Medellín, son los mismos que tienen cuestionamientos frente a los manejos del PAE durante la administración de Daniel Quintero.

“A inicios de 2023 presentamos un derecho de petición a la Secretaría de Inclusión Social consultando, entre otros aspectos, por el valor de las raciones. Queda claro que es en 2023 cuando se pasa de un valor de $2.300 hasta $6.600 para la modalidad de Vaso de Leche. Sobre este asunto haremos las respectivas solicitudes de información, tanto para los contratos del PAE de 2023 como los de 2024 que la administración de Quintero dejó en proceso de adjudicación, y otros que en adelante suscriba el Distrito”, explicó la veeduría en sus redes sociales.

La defensa de la Alcaldía de Medellín

Ante las denuncias presentadas, la alcaldía de Medellín aclaró que la modalidad Vaso de Leche no consiste a un vaso de leche como tal, sino que se refiere a una ración industrializada, es decir, un lácteo, un panificado y una fruta para cada niño o niña de la ciudad antioqueña.

Además, la administración de Federico Gutiérrez sostuvo que el valor individual de esta ración está dividido en dos grupos, para grados menores, es decir, jardín, preescolar y transición, la ración tiene un valor de $4.297, mientras que para los adolescentes, tiene un costo de $6.810. “Este precio incluye la logística, el transporte y la entrega de los alimentos”, señalaron.

Igualmente, la alcaldía señaló que esta modalidad está vigente desde el 2002, mediante el acuerdo 033 del Concejo de la ciudad.

En el departamento de Córdoba se suspendió desde junio de 2024 la prestación del Programa de Alimentación Escolar (PAE), por supuestas demoras del Gobierno nacional en una respuesta requerida para adelantar el respectivo proceso contractual. La interrupción de la medida preocupa a las familias beneficiarias de la iniciativa, pues 156.000 estudiantes se quedarán sin comer.

Sin embargo, en un comunicado que emitió la Gobernación de Córdoba señaló que “en el semestre pasado adelantó varias acciones con el propósito de asegurar la continuidad del Programa de Alimentación Escolar a la población mayoritaria para toda la vigencia 2024″.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

A su vez, indicó que para que el programa comenzará en el segundo semestre del calendario escolar, la Administración departamental presentó de manera oportuna en marzo un proyecto al Gobierno nacional para continuar con la prestación del servicio.

A pesar de las intenciones de la Gobernación, “no fue posible iniciar el proceso contractual a tiempo debido a la demora en esta respuesta, como lo informó públicamente, en su momento, el gobernador Erasmo Zuleta Bechara”, se puede leer en el comunicado.

En ese sentido, explicó que cuando el Ministerio de Educación Nacional dio luz verde a la implementación del proyecto, el mandatario departamental “gestionó y logró la aprobación en el Órgano Colegiado de Administración y Decisión Regional Caribe (OCAD) de más 73 mil millones de pesos para la continuidad del PAE en el segundo semestre escolar”.

Pero, solo hasta el martes 16 de julio de 2024 se “recibió el acto administrativo en el que se designa a la Gobernación de Córdoba como ejecutor del proyecto y ya se adelantan los trámites administrativos para iniciar el nuevo proceso de contratación”.

A la par, el 31 de mayo de 2024 la Gobernación departamental, por medio de la secretaría de Educación, realizó una solicitud a la Unidad Administrativa de Alimentación Escolar – Alimentos para Aprender (UApA), adscrita al Ministerio de Educación, para obtener más incentivos con el fin de prestar el servicio del complemento alimentario mientras se aclaraba el futuro del proceso de licitación.

En respuesta a la solicitud, la entidad gubernamental “el 11 de julio de 2024, autorizó una adición para 9 días por un valor superior a los 5.600 millones de pesos”. Según la gobernación, el uso de estos recursos “están sujetos a la armonización del presupuesto del departamento vigencia 2024, conforme al Plan de Desarrollo Departamental, proyecto que se tramita en la Asamblea de Córdoba”, agregó.

Para la Administración departamental, el funcionamiento del PAE es un componente fundamental en la educación de los niños, adolescentes y jóvenes. En consecuencia, todos los esfuerzos del departamento están concentrados en que la operación del servicio se reinicie lo antes posible.

La suspensión del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en el departamento de Córdoba es un reflejo de las inconsistencias que presenta el Estado colombiano en la ejecución del proyecto en todo el territorio nacional. En la actualidad, diez zonas del país presentan irregularidades en la operación del programa. Entre ellas, Sucre, Sincelejo, Girardot, Antioquia; además varias comunidades indígenas ubicadas en Buenaventura, Cesar, Valledupar, Santa Marta, Huila, La Guajira y Riohacha.

Ante la situación, la Contraloría General de la República avanza en investigaciones para determinar cuáles son las causas que impiden la prestación del servicio y encontrar una hoja de ruta efectiva para mejorar la calidad. En ese sentido, el vicecontralor Carlos Mario Zuluaga aseguró que el órgano de control lleva a cabo un ejercicio de seguimiento al PAE en todo el país, en el que encontraron presuntos sobrecostos por $23.220.000.000, y con falencias en la ejecución contractual por un valor de $15.863.000.

La principal petrolera privada de la Argentina, Pan American Energy (PAE), firmó un acuerdo con la noruega Golar para instalar en el país un buque que permitirá comenzar a exportar el gas de Vaca Muerta a partir de 2027, en forma de Gas Natural Licuado (GNL), según informaron este viernes desde ambas compañías.

Con este proyecto, PAE será la primera empresa local en vender GNL al mundo aunque podría expandirse a más barcos y otros jugadores de la industria. De hecho, hay negociaciones en curso para sumar a la estatal YPF, la más grandes del mercado argentino.

El anuncio se conoció tras la sanción del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) contenido en la Ley Bases que impulsó el Gobierno de Javier Milei. Uno de los principales interesados en hacerse del fluido de la cuenca neuquina es Brasil, tal como adelantó esta semana su ministro de Minas y Energía, Alexandre Silveira de Oliveira, pero en la industria local esperan llegar a la mayor cantidad de mercados posibles.

Al respecto, Marcos Bulgheroni, CEO de PAE, afirmó: “Buscamos ser protagonistas del desarrollo de los recursos de gas natural de Argentina. El acceso a los mercados mundiales a través de este barco flotante de licuefacción es un primer gran paso para que nuestro país se convierta en un polo exportador generador de divisas. Estamos en negociaciones con YPF y otras compañías del sector para que se sumen al joint venture que formamos con Golar”.

Asimismo, Bulgheroni sostuvo que “la Ley Bases y el RIGI permitirán iniciar un camino de crecimiento y fomentar las inversiones que el país necesita para desarrollar su enorme potencial energético y la generación de nuevos puestos de trabajo”.

Según informaron ambas empresas, el barco flotante se abastecerá de gas natural utilizando la infraestructura y capacidad existente del sistema en los meses del año con menor demanda local, es decir, en verano. Posteriormente, el objetivo es que pueda operar todo el año.

El buque, denominado Hilli Episeyo, tiene una longitud de casi 300 metros. Fue construido en 1975 y reconvertido para el procesamiento de gas en 2017. Tendrá una capacidad de producción de 2,4 millones de toneladas anuales de GNL, equivalente a 11,5 millones de metros cúbicos día de gas natural, previéndose el inicio de la operación comercial en 2027.

“PAE y Golar firmaron un acuerdo por el que PAE suministrará el gas natural al barco flotante de licuefacción de GNL, mientras que Golar proveerá el servicio de licuefacción (enfriando el combustible a menos de 160 grados) mediante el alquiler del buque con una estructura de tarifa base y un beneficio adicional sujeto a los precios internacionales del commodity”, detallaron.

El director ejecutivo de Golar, Karl Fredrik Staubo, afirmó: “Estamos entusiasmados de asociarnos con Pan American Energy, una de las empresas energéticas líderes de América Latina. El proyecto ofrecerá una salida internacional para las vastas y atractivas reservas de gas natural de Argentina, lo que creará valor para Argentina y sus accionistas en el sector del gas. El proyecto amplía la presencia global de Golar y le brinda un mayor potencial de crecimiento”.

Golar LNG es una empresa noruega de infraestructura marítima de GNL. A lo largo de sus 75 años de historia, la compañía ha sido pionera en infraestructura marítima de GNL, incluida la primera terminal flotante de licuefacción de GNL (FLNG) y proyectos de unidad flotante de almacenamiento y regasificación del mundo basados en la conversión de buques de GNL existentes. Golar posee la flota de unidades FLNG más grande del mundo por capacidad de licuefacción anual, con un historial operativo líder en el mercado.

Golar LNG fue fundada hace 75 años en Noruega y es una pionera en infraestructura marítima de producción de GNL, ya que construyó la primera terminal flotante de licuefacción al tiempo que mantiene proyectos de unidades flotantes de almacenamiento y regasificación del mundo. Posee la flota más grande de unidades flotantes de licuefacción medidas por capacidad de producción anual.

En Argentina, PAE es el principal productor, empleador, inversor y exportador privado del sector energético. La firma produce 112.000 barriles de crudo por día, exporta el 65% de ese total y unos 19 millones de metros cúbicos de gas natural (8 millones en Chubut y 11 millones en la cuenca neuquina).

La Argentina tiene en Vaca Muerta la segunda reserva no convencional de gas natural y la cuarta de petróleo, por lo que el país cuenta con la oportunidad de aprovechar sus recursos durante la ventana que otorgue la transición energética. Con el proyecto de PAE y Golar el país podrá ingresar al club de las naciones exportadoras de GNL junto a Estados Unidos, Rusia, Qatar y Australia, entre otros.

Por su parte, YPF planea construir junto a la malaya Petronas una planta de licuefacción en territorio argentino que aún no fue confirmada pero que en las próximas semanas podría oficializarse, debido a la sanción del RIGI. Allí la inversión será para una planta que podría incrementar las exportaciones para 2030 en USD 15.000 millones según las previsiones de la firma estatal.

Desde Novo Horizonte, Brasil - Pan American Energy (PAE), segunda mayor productora de energía de la Argentina, inauguró este miércoles el Complejo Eólico Novo Horizonte, ubicado en el Estado de Bahía, al nordeste de Brasil, uno de los 10 principales parques que tiene ese país y que desde marzo comenzó a despachar energía. La obra atraviesa seis municipios, requirió una inversión superior a los USD 600 millones, llevó 20 meses de trabajo y tiene una capacidad instalada total de 423 megavatios, es decir, suficiente para abastecer con electricidad a cerca de un millón de hogares.

Es la primera inversión que realiza el Grupo de la familia Bulgheroni en suelo brasileño, en busca de consolidarse como uno de los principales jugadores de la energía renovable en Latinoamérica pero con la expectativa de convertirse en una firma de talla global según explicó a Infobae su CEO, Marcos Bulgheroni.

“Estamos contentos porque es un desafío grande para una compañía como PAE. Este proyecto es otra cosa”, se sinceró el empresario.

El acto de inauguración contó con la presencia del ministro de Energía y Minas de Brasil, Alexandre Silveira; el gobernador de Bahía, Jerónimo Rodrigues; Marcos Bulgheroni; y el director general de PAE en Brasil, Alejandro Catalano, entre otras autoridades nacionales, estaduales y municipales.

El imponente complejo se ubica en un predio que se despliega a lo largo de seis municipios bahienses, luego de una búsqueda que incluyó 30 locaciones: Novo Horizonte, Boninal, Ibitiara, Piatá, Oliveira dos Brejinhos y Brotas de Macaúbas. Cuenta con 94 aerogeneradores Vestas de 4,5 megawatt, una subestación eléctrica propia y una línea de alta tensión de 80 kilómetros de extensión para conectarse al Sistema Interligado Nacional del Brasil (SIN).

El complejo alcanzará los 2.000.000 megawatts / hora de energía entregada por año, equivalentes a una reducción anual de más de 500.000 toneladas de CO2e.

La inversión total fue de 3000 millones de reales, con financiamiento del Banco Nacional de Desarrollo del Brasil (BNDES) y del Banco del Nordeste.

La zona en la que está ubicado tiene potencial de transformarse en un gran proyecto híbrido con energía solar, aunque por el momento el protagonista será el viento. De hecho, tuvieron que construir o mejorar, debido a la extensión, unos 75 kilómetros de carretera que son mojados con caminos dos veces al día para evitar que el polvo de la tierra colorada en la sabana brasileña entorpezca el camino.

“Buscamos ser protagonistas del proceso de transición energética en la región y la puesta en marcha de este complejo eólico significa un paso concreto en esa dirección. Asimismo, en Argentina seguiremos creciendo en la producción de gas natural, combustible que puede tener un rol fundamental en el desarrollo económico de la región y, a su vez, acompañar a las diferentes economías del mundo en sus procesos de descarbonización debido a sus bajas emisiones de gases de efecto invernadero”, dijo Bulgheroni.

Por su parte, Catalano sostuvo: “tenemos un compromiso de largo plazo con Brasil y las comunidades que rodean nuestras operaciones, donde queremos seguir creciendo con nuevos proyectos. Agradezco a nuestros colaboradores y contratistas porque logramos construir el complejo eólico según lo planificado, cuidando a las personas y al entorno, siguiendo los más altos estándares de seguridad y ambiente”.

Durante los 20 meses de obra, PAE generó más de 3.200 puestos de trabajo priorizando la mano de obra local. Lo mismo sucedió con los insumos: 95% de ellos fueron producidos en Brasil.

Para conseguir los permisos gubernamentales fue necesario que los propietarios de las zonas aledañas estuvieran de acuerdo. Es por eso que PAE firmó primero unos 680 contratos como parte de su coordinación con la comunidad, además de que fue un requisito clave para conseguir la autorización.

Actualmente el Grupo tiene unos 70 años en la industria energética y opera en 6 países: Argentina, Brasil, México, Bolivia, Uruguay y Paraguay. En la región, PAE alcanza una producción de 250.000 barriles de petróleo equivalentes / día (MBOED), mantiene una inversión promedio anual que supera los USD 1.500 millones en los últimos años y emplea a más de 21.000 personas en forma directa e indirecta.

En Argentina, PAE es el principal productor, empleador, inversor y exportador privado del sector energético después de la estatal YPF. En renovables participa desde 2018 y tiene en marcha tres parques eólicos en la Patagonia con capacidad instalada total de caso 200 megavatios, menos de la mitad del que inauguró este miércoles.

En upstream, la compañía es la mayor productora de hidrocarburos convencionales y, además, mantiene una actividad e inversión sostenida en Vaca Muerta, la segunda reserva mundial de shale gas y la cuarta de shale oil, siendo uno de los principales operadores en dicha formación. En el sector de downstream, PAE opera la refinería Campana, una de las más modernas de Sudamérica, tras una inversión mayor a los 1.500 millones de dólares. La compañía posee una red de 600 estaciones de servicio bajo la marca Axion energy. A eso se suma su desarrollo en renovables.

Paloma Valencia, senadora del Centro Democrático, destacó en su cuenta de X la importancia de garantizar la alimentación y nutrición adecuada de los niños de Colombia.

Para ello, la senadora de oposición enfatizó que los recursos deben ser destinados de la mejor manera posible. Según Valencia, la supervisión de este objetivo debería estar en manos de los padres de familia, quienes, de acuerdo con sus palabras, serían los más indicados para vigilar y asegurar que los niños reciban la mejor alimentación.

“Debemos garantizar la alimentación y nutrición adecuada de nuestros niños. Tenemos que asegurar que los recursos se destinen de la mejor manera y que reciban la mejor alimentación: ¿Y qué mejor manera que sean los padres de familia quienes hagan esta vigilancia?”, escribió Paloma Valencia en su publicación.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Adicionalmente, en dicha publicación la congresista de oposición compartió un video en el que explicaba su opinión con respecto al tema.

“El PAE es una de las cosas fundamentales para garantizar la equidad en el país, porque usted no puede educar a un niño que tiene hambre y no puede dejar que los niños colombianos no se nutran, ya que la nutrición en los primeros cinco años es fundamental para desarrollar el cerebro, y de ahí en adelante, para el rendimiento y la capacidad”.

En el material audiovisual la legisladora enfatizó en la importancia de garantizar que los recursos destinados a la alimentación de los niños sean utilizados de la mejor manera. Según Valencia, una de las soluciones podría ser que las propias asociaciones de padres de familia se encarguen de la contratación o la elaboración de los alimentos.

Valencia sostiene que cuando los contratistas son externos y desconocidos, como suele suceder con muchos que operan desde Bogotá, la calidad de los alimentos puede ser deficiente, insuficiente y carecer de proteínas, sin que haya a quién reclamar. Por este motivo, propone acercar los contratos a quienes realmente se benefician, permitiendo así un mejor cuidado de cada recurso y de cada niño, en su opinión.

“Por eso tenemos que cuidar que esos recursos y esos alimentos vengan de la mejor manera. Yo siempre he creído que nosotros vamos a tener que buscar que sean las propias asociaciones de padres de familia las que se encarguen de la contratación o la elaboración de los alimentos, porque lo que termina pasando con esos contratistas que todos son de Bogotá y que nadie conoce es que, cuando vienen mal, cuando los alimentos están feos, cuando son insuficientes o cuando no traen proteína, no hay a quién reclamar. Por eso acerquemos los contratos a quienes benefician, para que podamos cuidar cada recurso y cada niño”, comentó la senadora en el video antes mencionado.

La publicación de Valencia generó todo tipo de comentarios, uno de estos fue el del usuario @dav1d_torres quien se mostró de acuerdo con la propuesta de la senadora. “Totalmente de acuerdo. Los padres de familia deben vigilar. Pero sabe ud donde se daño lo del PAE? Cuando se lo dieron a los privados. Ellos se quedan con un alto porcentaje de los recursos. De nuevo los privados quedándose con recursos públicos”, dijo.

Paloma Valencia pronosticó que las próximas elecciones será una contienda entre mujeres

En otra publicación reciente de la congresista, Valencia compartió un video en el que predice que las elecciones de 2026 en Colombia estarán marcadas por la participación de mujeres diversas. Nombró a destacadas figuras del Pacto Histórico como Francia Márquez y María José Pizarro, además de mencionar a Claudia López, María Fernanda Cabal, Vicky Dávila y a sí misma como parte de esta futura competencia electoral.

Además, mencionó que el año 2026 ofrecerá una oportunidad excepcional para que los ciudadanos, quienes según las encuestas prefieren una mujer presidente, puedan evaluar y distinguir entre las diversas aspirantes, entendiendo el significado y las propuestas de cada una. Enfatizó que no se debe votar únicamente por el género, sino por las ideas y los principios que cada candidata defiende.

Aunque el Gobierno nacional asegura haber ampliado la cobertura del PAE a nivel nacional, durante el primer semestre de 2024 la Contraloría identificó varios problemas que han afectado a más de 229.000 niños por no recibir el servicio de alimentación en el país.

El ente de control señaló que con corte a mayo, solo 6 de las 97 Entidades Territoriales Certificadas (ETC), que son la división del servicio educativo a nivel nacional, presentaron problemas en la administración del PAE, lo que representa a 229.000 estudiantes de los 5.9 millones de niños, niñas y adolescentes son beneficiarios del servicio de alimentación escolar.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Uno de los mayores problemas se encuentra en Bolívar, donde la Contraloría identificó que no se está prestando el servicio desde el 28 de mayo 2024, lo que ha afectado a 153.499 estudiantes de ese territorio, pese a que se había establecido su extensión incluso durante las vacaciones escolares.

En Cauca también existe alerta debido a que el servicio PAE Indígena se suspendió el 10 de abril y solo hasta el 17 de mayo la autoridad departamental dispuso el presupuesto para que se iniciaran los trámites de contratación con las 27 autoridades indígenas. Esta situación perjudica alrededor de 65.000 estudiantes.

En el departamento del Magdalena, se identificó que 848 beneficiarios de Fundación no recibieron atención del servicio de alimentación. En Santa Marta no se ha realizado la concertación del PAE con los pueblos indígenas Kogui, Arhuaco, Chimila y Wiwa lo que ha afectado a 3.664 estudiantes.

En Huila, otro de los casos con alerta de la Contraloría, se encontró que en el municipio de Algeciras el PAE se suspendió el 29 de abril, debido a problemas de orden público, y desde esa a 3.208 estudiantes no se les está entregando la alimentación.

En Antioquia los municipios de Titiribí, Argelia, Jardín y Yalí no recibieron alimentación entre el 15 y 31 de mayo, cuando inició la suspensión del servicio, por lo que se han visto afectados 3.474 estudiantes.

Durante el seguimiento del ente de control al PAE también se identificaron otras irregularidades como, por ejemplo, que 36 entidades territoriales no iniciaron a tiempo el servicio. En Antioquia, Caquetá, Córdoba, Montería, Girardot, Sucre, Sincelejo y Popayán, Popayán, Cesar, La Guajira, Norte de Santander, Chocó, Buenaventura y Córdoba, del PAE Indígena) incluso demoraron la dispersión de alimentos hasta con 30 días de retraso.

“Es preocupante que 10 ETC del PAE Mayoritario (La Estrella, Barranquilla, Florencia, Casanare, Yopal, Cauca, Cesar, Lorica, Huila y Neiva) y 11 ETC del PAE Indígena (Arauca, Casanare, Cauca, Córdoba, Guainía, Guaviare, Huila, Maicao, Sincelejo, Sucre y Valle del Cauca) iniciaron con un retraso mayor o igual a 10 días calendario, incumpliendo con lo establecido en la Ley 2167 de 2021″, alertó la Contraloría.

Los retrasos en el inicio del programa afectaron a 1.5 millones de estudiantes de todo el país, de acuerdo con los hallazgos de la Contraloría. La población afectada además es mayoritariamente menores vulnerables, en áreas urbanas y rurales, que tienen pocas posibilidades de acceder al sistema escolar y para quienes la alimentación es una garantía de permanencia.

Hallazgos fiscales

La Contraloría identificó además 11 hallazgos con incidencia fiscal por un valor de $4.181 millones en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE) correspondiente a la vigencia de 2023. Los hallazgos presentan fallas en varias áreas clave de la administración del programa.

Entre las deficiencias más significativas encontradas se destacan las relacionadas con la ejecución contractual, representando el 63% de los hallazgos totales. Se han observado fallos específicos en la operación del PAE Indígena en el departamento de Nariño, y una parte considerable de los problemas están relacionados con la vigilancia y control del programa, donde se han reportado irregularidades en el suministro de raciones alimenticias durante los períodos de receso escolar.

El informe de la CGR también revela sobrecostos en la prestación del servicio, indicando que se pagaron mayores valores a las manipuladoras de alimentos y hubo errores en el cálculo de los costos operativos. Estos hallazgos fiscales se concentran mayoritariamente en la Región Pacífico, específicamente en la Entidad Territorial Certificada (ETC) Nariño (84%) y en la Región Eje Cafetero en la ETC Quindío (14%).

El análisis, con fecha de corte del 30 de mayo de 2024, advierte un riesgo potencial: “Las acciones contractuales necesarias aún no se han completado, lo que pone en peligro la continuidad del PAE para el segundo semestre de 2024, afectando a unos 1.1 millones de estudiantes regulares y aproximadamente 73 mil niños, niñas y adolescentes indígenas”, según la CGR. Con esta advertencia, la entidad hace un llamado a las 19 Entidades Territoriales Certificadas que presentan contratos vencidos o con vencimiento inferior a 30 días para que garanticen la prestación, continuidad y calidad del servicio.

Las ETCs afectadas por esta situación son: Antioquia, Apartadó, Bello, Soledad, Duitama, Tunja, Yopal, Cauca, Chocó, Funza, Magdalena, Santa Marta, Meta, Pasto, Cúcuta, Quindío, Cartago, Valle del Cauca y Vichada. Estas regiones deben tomar medidas urgentes para evitar la interrupción del servicio educativo alimentario.

En lo que podría ser considerada una grave denuncia que salpica al Gobierno del presidente Gustavo Petro, la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, expuso el lunes 10 de junio de 2024 la delicada situación que se estaría registrando con el Plan de Alimentación Escolar (PAE) en uno de los departamentos más alejados del centro del país. Una realidad que generó preocupación en redes sociales.

A través de su perfil de X (antes Twitter), la congresista, que aspiraría al primer cargo de la nación en los comicios del 2026, dejó en evidencia cómo se estaría afectando la alimentación de los niños que asisten a las instituciones educativas públicas del Vaupés. Y no solo eso: tampoco se habrían entregado kits escolares, lo que acrecentaría aún más la problemática en esta región a la que se destinan pocos recursos.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

“Hay más de un mes de atraso y no ha llegado la alimentación de nuestros niños. Y esto es sumamente grave, porque hay que recordar que, en el Vaupés, muchas de estas son comunidades indígenas, sumamente pobres, cuya nutrición depende de estos alimentos que suministra el Estado”, afirmó Valencia en un video que publicó en sus redes sociales y que no pasó desapercibido por los opositores de Petro.

Dardos a las autoridades locales por falencias del PAE

Del mismo modo, evidenció lo que sería el incumplimiento de la Gobernación del Vaupés con respecto a los kits, por lo que no ocultó su angustia por las demoras que se han registrado no solo en la nutrición, sino también en la formación educativa de estas poblaciones. Con ello, adjuntó un testimonio de una persona que ha estado al tanto de lo que acontece en este departamento de la Amazonía colombiana.

“¿Cómo es posible que los niños indígenas de las instituciones educativas del área rural del departamento del Vaupés tengan que hacer videos y solicitarle al suscrito que los comparta y los haga virales, solicitándole al señor gobernador que les envíe los mercados, los alimentos que el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Educación, le gira al departamento“, indicó el coronel (r) Jhon Freddy Suárez, de esta región.

Y es que algunos de los núcleos educativos a los cuales el Gobierno central no le ha hecho el debido seguimiento, según se expuso en el video, se encuentran en la selva profunda. El tema genera incertidumbre, toda vez que el calendario escolar ya se retrasó por cerca de tres meses, y el PAE en el área urbana presenta desajustes en más de un mes. “¿Qué está sucediendo con los recursos?”, agregó el oficial.

Aunque las principales críticas apuntan al gobernador Luis Alfredo Gutiérrez, el Ejecutivo también estaría implicado en esta problemática, sin que se conozca aún un pronunciamiento oficial. Es por esto por lo que pidieron a los organismos de control, como la Fiscalía General de la Nación, al igual que la Procuraduría y la Contraloría, para que investiguen qué es lo que está sucediendo con el programa de alimentación.

“Es grave que se violente y se irrespete el derecho a la educación de los niños indígenas del departamento del Vaupés”, remarcó el oficial retirado, en declaraciones replicadas en el video de Valencia. Este video haría parte de las piezas con las que la hoy congresista quiere promover sus aspiraciones a la Casa de Nariño y convertirse en la sucesora de Petro, pues tienen el lema “Paloma por Colombia”.

Así como desde el ministerio no se ha efectuado una respuesta ante esta denuncia, las autoridades locales tampoco han expresado su posición en relación con la actualidad del Plan de Alimentación Escolar (PAE) en la región.

En la tarde del lunes 20 de mayo de 2024, fue aprobado en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes un proyecto de ley con el que se busca dignificar la labor de los miles de trabajadores que están vinculados al Programa de Alimentación Escolar (PAE) en el país.

El proyecto, presentado por el representante Juan Daniel Peñuela Calvache, también tiene como objetivo “fortalecer los mecanismos de control y participación ciudadana del programa e incrementar el porcentaje mínimo de compra de alimentos local a pequeños productores y productores de la agricultura campesina, familiar y comunitaria”.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Al respecto, la representante María Fernanda Carrascal Rojas celebró la aprobación del proyecto de ley, pues aseguró que ayudará a las personas que manipulan los alimentos para el programa.

“Me alegra acompañar este PL porque va orientado hacia la dignificación laboral de quienes ejercen la labor de manipulación de alimentos para los operadores del PAE, donde por ejemplo se excluye del voluntariado el ejercicio de dicha labor. #Avanzamos “, comentó la representante.

Así celebró el representante Peñuela

“ATENCIÓN 🚨 Buenas noticias para quienes se desempeñan en manipulación de alimentos en la operación del PAE!! Aprobado en 1er debate proyecto q dignifica su labor, NO más contratos que violenten su dignidad humana, principalmente de 47.000 mujeres en el país y 3.000 en #Nariño 👇”, publicó el representante Juan Daniel Peñuela.

A través de un video que compartió en su cuenta de X, el representante por Nariño calificó como un paso importante la aprobación del debate en la Comisión Séptima, pues beneficiará a más de 47.000 mujeres que están vinculadas al programa.

“Dimos un paso muy importante hacia adelante en la dignificación laboral de quienes se desempeñan en la manipulación de alimentos en la operación de los Programas de Alimentación Escolar en Colombia 47.000 mujeres, la mayoría madres cabeza de familia y cerca de 800 hombres”, aseguró el representante.

En cuanto al trabajo en la Comisión Séptima, Juan Daniel Peñuela le agradeció al ponente del proyecto de Ley, Alexander Vásquez, y a varios congresistas porque “le dijeron sí dignificar laboralmente a quienes se desempeñan en la manipulación de alimentos”.

De acuerdo con el representante, las personas vinculadas al PAE han sido violentadas en su humanidad, pues la forma en la que trabajan con el programa desconoce sus derechos como trabajadores, lo que lleva a que se aprovechen de su condición.

“Quienes hoy son contratados bajo unas formas que violentan su dignidad humana, que desconocen sus derechos y garantías laborales, que se aprovechan de sus condiciones de vulnerabilidad y de indefensión y que necesitan una protección social, a través de una dignificación laboral”, agregó.

Por lo tanto, el hecho de que el proyecto de ley haya sido aprobado significa garantías laborales, protección social y otros derechos que están estipulados en la ley, como por ejemplo, cotización en salud y pensión, entre otras.

“Con esta iniciativa, vamos a trabajar para que se les contrate respetando los derechos y garantías laborales, que tengan protección social integral para que le reconozcan un salario, para que le reconozcan sus prestaciones sociales, para que tengan cotización en salud, en pensión, protección de riesgos laborales a los que están expuestos”, comentó Peñuela.

Por último, el representante Peñuela se refirió a los cerca de 3.000 manipuladoras mujeres que se encuentran en Nariño y que serán protegidas gracias al proyecto de ley.

“Cerca de 3.000 manipuladores de alimentos son del departamento de Nariño, mujeres en su gran mayoría, con esta iniciativa estamos protegiendo una labor tan bonita en labor de nuestros niños y en favor de construir un mejor país desde nuestras instituciones educativas”, concluyó el representante.

En Colombia, el Programa de Alimentación Escolar (PAE) es un complemento alimentario que reciben los niños y adolescentes que hacen parte del Sistema de Matrícula Simat, que los convierte en estudiantes financiados con recursos del Sistema General de Participaciones.

Sin embargo, este solo se hace presente en instituciones públicas, por lo que en los colegios privados existen programas independientes que en algunos casos son acordados con los padres de familia, y en algunos espacios incluye desayuno y almuerzo cuando se trata de colegios en los que se estudia jornada completa.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Es por ello que un caso en el que un menor de seis años no recibió almuerzo en el Colegio Colombo Inglés de Huila, ha generado gran indignación. El hecho se debió a una decisión administrativa de la institución como respuesta a la ausencia del pago del servicio de restaurante por parte de sus padres.

La madre del menor, que no reveló su identidad, confirmó a La Última, que el 8 de mayo se acercó a la institución para realizar el pago, pero debido a un cambio de horario que desconocía no la atendieron; sumado a esto, un problema familiar impidió que el menor asistiera a las clases del 9 y 10 de mayo; sin embargo, pensó que no habría ningún problema por dejar el pago para la siguiente semana.

La mujer afirmó que envió al menor de edad al colegio el 14 de mayo y sobre la 1:00 p. m. se acercó para realizar el pago del servicio de restaurante, pero fue ese el momento en el que descubrió que su hijo se encontraba aislado en un salón de clases a pesar de que manifestaba que tenía dolor de estómago y mareo.

Al preguntarle a los trabajadores del restaurante por esta situación, estos le informaron que la coordinadora de la institución había ordenado no entregar alimentación al niño de seis años, porque sus padres no habían realizado el pago del servicio.

“Un niño más o un niño menos no afecta al colegio”, afirmó la mujer, que fue la respuesta que recibió por parte de la coordinadora cuando le cuestionó por lo que había hecho con su hijo. “No hay derecho de negarle la alimentación más cuando se ha demostrado pagos oportunos y firmados unos compromisos donde los padres se hacen responsables de las deudas por dicho concepto”, declaró la madre a La Última.

Sumado a esto, la madre del menor informó que luego del altercado inició un proceso de denuncia contra la institución y expuso el caso ante el Ministerio de Educación Nacional y la Secretaria de Educación de Neiva.

A pesar de que este caso se registró en una institución privada, los problemas en los colegios públicos también fueron expuestos en las últimas semanas, esto luego de que la contraloría afirmara que hay más de 150.000 menores que no reciben servicio de PAE en la actualidad.

Entre los detalles de la denuncia se resalta que serían los PAE en Sucre, Girardot, Sincelejo, Antioquia, Buenaventura, Cesar, Valledupar, Santa Marta, Huila, La Guajira y Riohacha los que más afectaciones registran al respecto.

De acuerdo con la entidad, con corte del 18 de marzo, son alarmantes las entidades que no han comenzado con el programa, aunque el calendario escolar ya lleva más dos meses; un ejemplo de ello es Antioquia, en donde se informó la contratación e inicio de atención en 105 municipios, pero en 11 de ellos siguen los estudiantes sin recibir el alimento.

Es por ello que la Contraloría ha pedido la intervención del Gobierno nacional en estos casos para que los menores dejen de ser afectados.

El presidente de Pan American Energy, Alejandro Bulgheroni, aseguró que el Gobierno de Javier Milei “va por buen camino” en su hoja de ruta de desregulación que transformaron a “esta nueva Argentina en una tierra de oportunidades”. También destacó la importancia de la aprobación en el Congreso del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) contenido en la Ley Bases, proyecto que por estas horas es debatido en el Senado.

El empresario, uno de los hombres más ricos del país, participó del VI Foro Nacional de Energía, Libertad & Seguridad Energética organizado por LIDE, celebrado en el Alvear Palace Hotel.

“El Gobierno del presidente Milei va por buen camino. Es el primer presidente que veo en 60 años que tiene en claro cuáles son las problemáticas y cuáles son las soluciones y tiene la firmeza para avanzar en ellas”, dijo Bulgheroni. En ese sentido, se refirió a los potenciales de los sectores “dinamizadores de la economía para los próximos años” como la energía, la minería, el agro y la economía del conocimiento.

“Milei habló de liberar mercados y permitir la libertad que necesitan los inversores. Esta nueva Argentina es una tierra de oportunidades por el cual hay sectores económicos con ganas de desarrollarse e invertir”, sostuvo.

“Esto no será posible si el Congreso no sanciona las leyes para dar previsibilidad a las inversiones”, afirmó Bulgheroni en referencia al RIGI contenido en la Ley Bases.

Horas antes, en el mismo evento, el presidente de YPF Horacio Marín había dicho que sin el régimen de inversiones no sería posible materializar el proyecto con Petronas para una planta de gas natural licuado, GNL, para exportar gas y potenciar definitivamente a Vaca Muerta.

Recientemente, en una exposición que realizó ante el foro empresario IEFA Latam Forum, Bulgheroni había dado su opinión sobre la coyuntura económica, además de una perspectiva sectorial en la Argentina y a nivel global. “Argentina tiene una matriz energética bastante limpia”, dijo y aseguró que todavía hay una ventana de tiempo para desarrollar la industria del gas y petróleo antes de que se concrete la transición hacia energías más limpias en todo el mundo.

En términos políticos, el mandamás de PAE, una de las compañías del sector energético más importantes entre las que operan en la Argentina, consideró que en el país “los problemas de los recursos es que están disponibles mucho mas de lo que podemos usar”. “El tema son las condiciones de superficie, de la macroeconomía. Se están llevando adelante rápido los cambios macro, pero no va a ser tan directo y tan fácil”, mencionó Bulgheroni.

“Si bien (Javier) Milei hace lo mejor que se puede hacer, tengo que ser claro. Cuando lo conocí y supe lo que pensaba como economista, vi que la oportunidad de que la Argentina salga adelante estaba, ya que propone cambios que van en la dirección correcta, aunque por ahora no tienen el apoyo del Congreso. Pero si no se votan las leyes, el cambio va a tardar más, no va a haber una buena situación en el futuro”, señaló. Y agregó que “están las cosas dadas, la mente clara en el Presidente y es un factor muy importante porque a la larga los otros miembros del Gobierno se van a dar cuenta de que ese es el camino”.

Por otra parte, había comentado que “el sistema de elecciones cada 2 años es muy inestable para algunas inversiones. Los últimos 60 años han sido todas políticas de parche. Solo con Frondizi y Menem hubo políticas razonables. Estamos viviendo una hiperinflación que está tratando de resolverse. Se está yendo al fondo de la cosa, que es combatir lo que genera este problema y se está haciendo muy bien”, dijo Bulgheroni.